BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 39, de 23/06/2008
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
IX LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
23 de junio de 2008
Núm. 39
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
Comisiones, Subcomisiones y Ponencias
041/000016 Baja de doña Arantza Mendizábal Gorostiaga y designación de
doña Pilar Unzalu Pérez de Eulate como Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio... (Página 8)
Personal
299/000003 Personal eventual como Asistente para la atención de los
señores Diputados de los Grupos Parlamentarios del Congreso. Ceses... (Página 8)
Reglamento del Congreso y normas complementarias
412/000002 Acuerdo de la Mesa de la Cámara en relación con la composición
de la Diputación Permanente... (Página 8)
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Pleno
162/000047 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, sobre el sector platanero. Retirada... (Página 9)
Comisión de Interior
161/000220 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, sobre la situación del centro penitenciario de Pamplona... (Página 9)
Comisión de Defensa
161/000208 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
sobre los vuelos de la CIA en territorio español... (Página 10)
161/000211 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), sobre la cesión del dominio y titularidad
de los terrenos de la antigua base LORAN al Ayuntamiento de Torroella de
Montgrí (Girona), para que los destine a equipamientos de interés
cultural y natural... (Página 11)
Comisión de Economía y Hacienda
161/000209 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a las incidencias que han afectado a la
confección de los borradores de declaración del IRPF del ejercicio
2007... (Página 12)
161/000216 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
sobre medidas para luchar contra los paraísos fiscales... (Página 13)
161/000231 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la creación de un punto de inspección
fronteriza (PIF) en el muelle de Puerto del Rosario, Fuerteventura... (Página 14)
161/000232 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la creación en Fuerteventura de una
Oficina de Gestión Territorial del Catastro... (Página 15)
Comisión de Fomento
161/000218 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, relativa a los plazos temporales de finalización de la totalidad
del Eixo Atlántico ferroviario y la conexión por alta velocidad de
Galicia con la Meseta... (Página 15)
161/000219 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la modificación de la Orden
PRE/760/2008 para la inclusión del Ayuntamiento de Ciudad Real en la
Comisión de Seguimiento Ambiental del aeropuerto Don Quijote de Ciudad
Real... (Página 16)
161/000225 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
sobre el trazado del AVE en el tramo Vilademuls-Bàscara... (Página 17)
161/000229 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a infraestructuras de Galicia... (Página 18)
161/000234 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, relativa a la necesidad de abrir al tráfico comercial el puerto
comercial de San Cibrao (Lugo)... (Página 19)
161/000242 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la construcción de una rotonda iluminada en el Km 154
de la antigua carretera N-1 en el municipio de Fuentespina (Burgos)... (Página 20)
Comisión de Educación, Política Social y Deporte
161/000223 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
relativa a la defensa, consolidación y refuerzo de la educación
pública... (Página 20)
161/000239 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), para territorializar la asignación
tributaria del IRPF destinada a otros fines de interés social... (Página 22)
Comisión de Trabajo e Inmigración
161/000222 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
sobre actualización del salario mínimo interprofesional... (Página 23)
161/000233 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la creación de una Administración de
la Seguridad Social en Puerto del Rosario, capital de Fuerteventura, y
dos agencias del mismo organismo, una en Gran Tarajal y otra en Morro
Jable... (Página 23)
161/000246 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre modificación de la legislación vigente para
prohibir las regularizaciones masivas... (Página 24)
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
161/000221 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
sobre el cierre de las centrales nucleares y, particularmente, la de
Ascó-1... (Página 25)
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
161/000006 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, relativa a la construcción de un paseo marítimo desde Vilagarcía a
Vilaxoan. Retirada... (Página 26)
161/000008 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, relativa a la recuperación medioambiental de la "Illa de
Samertolameu". Retirada... (Página 26)
161/000017 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, relativa a la consolidación del Plan Nacional de Salvamento
2006-2009. Pasa a tramitarse ante la Comisión de Fomento... (Página 26)
161/000094 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, sobre el sector platanero. Retirada... (Página 26)
161/000224 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a incrementar el
Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y destinarlo a
actuaciones preventivas contra incendios forestales... (Página 27)
161/000228 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre medidas para que la inversión de 12.000.000
de euros prevista para la realización de obras de emergencia para
facilitar la utilización de los recursos de la desalinizadora de
Carboneras (Almería), se reinviertan en la provincia de Almería en
actuaciones destinadas a incrementar la disponibilidad y a mejorar la
gestión de sus recursos hídricos... (Página 28)
161/000230 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un plan de
desarrollo propio para la Ribeira Sacra... (Página 29)
161/000240 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), para la sustitución de las bombillas poco
eficientes... (Página 30)
161/000243 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre desarrollo de la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad... (Página 31)
161/000244 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al incremento de los costes energéticos en las
flotas de la Unión Europea... (Página 32)
161/000245 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la plantación de árboles... (Página 32)
Comisión de Cultura
161/000227 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la rehabilitación del Santuario de
Nosa Señora das Ermidas, en el Ayuntamiento de O Bolo (Ourense)... (Página 33)
161/000235 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a
impulsar, en el marco de la Unión Europea, una reducción del IVA para los
productos culturales en cualquier formato o soporte... (Página 34)
161/000188 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), relativa a la asistencia psicológica a las
personas enfermas de cáncer. Retirada... (Página 34)
161/000212 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), relativa a la asistencia psicológica a las
personas enfermas de cáncer... (Página 35)
Comisión de Vivienda
161/000247 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre dotación a los Ayuntamientos de la
capacidad financiera suficiente que les permita impulsar el desarrollo de
los suelos destinados a viviendas sujetas a cualquier régimen de
protección... (Página 36)
161/000248 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la revisión de los impuestos que
gravan la vivienda y que inciden negativamente en su precio... (Página 37)
161/000249 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre medidas para dinamizar el mercado de
alquiler y de dotar al contrato de arrendamiento de la flexibilidad y
seguridad jurídica de la que hoy carece... (Página 38)
Comisión de Ciencia e Innovación
161/000215 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
relativa al incremento de financiación de la UNED... (Página 39)
161/000217 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
sobre medidas para mejorar las condiciones de formación e investigación
del personal investigador... (Página 40)
Comisión de Igualdad
161/000236 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), de presentación del plan de medidas
destinadas a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral... (Página 42)
161/000237 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), de presentación del plan de medidas que
incorpore las conclusiones del informe de la ponencia sobre la
prostitución... (Página 43)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000210 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
sobre financiación de proyectos destinados a prevenir, tratar e
investigar la malaria... (Página 43)
161/000238 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a
incorporar a la India como país de actuación en el plan director de la
cooperación española que se está elaborando y que sustituirá al
correspondiente al período 2005-2008... (Página 44)
161/000241 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
relativa a la modificación del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)... (Página 45)
181/000258 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez
González (GMx), sobre previsiones acerca de denunciar al Estado de
Venezuela ante la Corte Internacional de La Haya por incumplimiento de
sus obligaciones internacionales con relación a las actividades de ETA en
su territorio, así como con respecto a la extradición de los miembros de
ETA que residen en dicho país o de promover ante el Consejo de Seguridad
la adopción de sanciones hacia dicho Estado por su notorio incumplimiento
de la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad... (Página 47)
181/000263 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez
Molina (GP), sobre previsiones acerca de invitar a las reuniones de Alto
Nivel o Cumbres Bilaterales que puedan celebrarse en Marruecos y en las
que se traten temas de interés que afecten a las Ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla, a sus respectivos Presidentes... (Página 47)
Comisión de Interior
181/000255 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos González Serna
(GS), sobre previsiones acerca de la implantación del SIVE (Sistema
Integrado de Vilancia Exterior) en la provincia de Alicante... (Página 47)
181/000259 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Navarro Cruz
(GP), sobre consecuencias del derrumbe de una parte de las instalaciones
del centro penitenciario "El Acebuche" de Almería, el mes de mayo de
2008... (Página 48)
181/000271 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos González Serna
(GS), sobre valoración del sistema API (Sistema de Información Avanzada
de Pasajeros) para la vigilancia de las listas de embarque... (Página 48)
181/000272 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos González Serna
(GS), sobre valoración de la lucha contra la pornografía infantil... (Página 48)
Comisión de Defensa
181/000261 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez
Molina (GP), sobre líneas generales de la instrucción enviada por la
Secretaría General de Política de Defensa a los Estados Mayores de
Tierra, Armada, Aire y Guardia Civil, titulada "Actuaciones del
Ministerio de Defensa en el Plan Nacional de la Alianza de
Civilizaciones"... (Página 48)
181/000262 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez
Molina (GP), sobre interpretación del concepto "necesidad de garantizar
la formación del personal militar docente en los principios, valores y
objetivos de la Alianza de Civilizaciones"... (Página 48)
181/000264 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez
Molina (GP), sobre prioridades del Gobierno en la cultura de la
Defensa... (Página 48)
181/000265 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez
Molina (GP), sobre criterios objetivos del Gobierno para otorgar las
subvenciones que se convocan anualmente por parte de la Dirección General
de Relaciones Institucionales... (Página 49)
181/000266 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez
Molina (GP), sobre cronología de las Misiones de Paz, actualizada a 27 de
febrero de 2008... (Página 49)
181/000267 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez
Molina (GP), sobre número de militares a los que se les ha concedido el
uso del distintivo de mérito por operaciones de mantenimiento de la paz
en Iraq... (Página 49)
Comisión de Fomento
181/000246 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos González Serna
(GS), sobre actuaciones del Ministerio de Fomento en la provincia de
Alicante, con cargo al llamado 1 por ciento cultural... (Página 49)
181/000247 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Pezzi Cereto
(GS), sobre situación del trazado del AVE a su paso por la provincia de
Granada... (Página 49)
181/000248 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Pezzi Cereto
(GS), sobre previsiones acerca de la ejecución de la segunda
circunvalación de Granada... (Página 49)
181/000249 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Pezzi Cereto
(GS), sobre grado de ejecución del Plan Director del aeropuerto
Granada-Jaén... (Página 49)
181/000253 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Pezzi Cereto
(GS), sobre grado de ejecución de la autovía A-7 a su paso por la
provincia de Granada... (Página 50)
181/000254 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Pezzi Cereto
(GS), sobre previsiones acerca de la nueva estación de ferrocarril de
Granada... (Página 50)
181/000268 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce
Calleja (GP), sobre previsión del Gobierno para la mejora del ferrocarril
del tramo de la estación intermodal de San Roque y las industrias del
Polo Químico de la bahía de Algeciras... (Página 50)
181/000269 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce
Calleja (GP), sobre previsión del Gobierno para la mejora del ferrocarril
del ramal de Isla Verde en el puerto de Algeciras... (Página 50)
Comisión de Educación, Política Social y Deporte
181/000256 Pregunta formulada por la Diputada doña Soledad Becerril
Bustamante (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de la tendencia
descendente, a lo largo de los últimos años, del número de alumnos
matriculados en bachillerato, muy especialmente en la Comunidad Autónoma
de Andalucía... (Página 50)
Comisión de Trabajo e Inmigración
181/000273 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Buen
Lacambra (GS), sobre fecha en la que se tiene previsto establecer un
"complemento de solidaridad" a las personas viudas, que vivan solas y con
bajos ingresos... (Página 50)
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
181/000257 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez
González (GMx), sobre justificación de la inversión de dinero público en
un proyecto como la Refinería Balboa... (Página 51)
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
181/000250 Pregunta formulada por la Diputada doña María Luisa Lizarraga
Gisbert (GS), sobre medidas para paliar los efectos del cambio climático
en el delta del Ebro... (Página 51)
181/000251 Pregunta formulada por el Diputado don Antonia García Valls
(GS), sobre resultado del desarrollo del programa AGUA en cuanto a sus
reservas hídricas en la provincia de Castellón, así como mejoras que
supondrán las obras de las dos desalinizadoras previstas en la
provincia... (Página 51)
181/000252 Pregunta formulada por la Diputada doña María Luisa Lizarraga
Gisbert (GS), sobre medidas para paliar los daños causados a los
agricultores de la zona de Les Illetes de Miravet (Tarragona) afectados
por la liberación de 2.200 m3/s de agua del Ebro durante tres días... (Página 51)
181/000260 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Javier Floriano
Corrales (GP), sobre valoración y conclusiones de la reunión Diálogo
Internacional de Alto Nivel sobre Políticas de la Convención de Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación, celebrada en Bonn, el día 17
de mayo de 2008... (Página 52)
181/000270 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos González Serna
(GS), sobre valoración del hecho de que la Generalitat Valenciana esté
instando y promoviendo a que los Ayuntamientos de la Comunidad
cofinancien la construcción y equipamiento de centros de salud... (Página 52)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/000277 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Juanes Barciela
(GS), sobre política de cooperación cultural que se está impulsando desde
la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional... (Página 52)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
181/000274 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS), sobre variación de los contratos fijos en personas con
discapacidad desde marzo de 2004... (Página 52)
181/000275 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS), sobre medidas para impulsar el empleo para las personas con
discapacidad... (Página 52)
181/000276 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS), sobre variación de los contratos temporales en personas con
discapacidad desde marzo de 2004... (Página 53)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales de la designación por el Grupo Parlamentario
Socialista, con fecha 3 de junio de 2008, de doña Pilar Unzalu Pérez de
Eulate como Portavoz de dicho Grupo en la Comisión de Industria, Turismo
y Comercio. Dicho cargo está vacante como consecuencia de la renuncia al
acta de Diputado, con fecha 22 de mayo de 2008 de doña Arantza Mendizábal
Gorostiaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2008.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
PERSONAL
299/000003
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del
Personal de las Cortes Generales, con fecha 11 de junio de 2008 el Excmo.
Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el
cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. Ramón Jáuregui Atondo, con efectos de
12 de junio de 2008, del personal eventual que a continuación se
relaciona en el cargo de Asistentes para la atención de los señores
Diputados del Grupo Parlamentario Socialista:
- Doña Pilar Fernández Koall.
- Doña María del Carmen Cuadrado Gutiérrez.
- Doña María Rafaela García López.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara,
se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del
BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2008.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del
Personal de las Cortes Generales, con fecha 12 de junio de 2008 el Excmo.
Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el
cese, a propuesta del Excmo. Sr. don José Luis Ayllón Manso, con efectos
de 12 de junio de 2008, de doña Carmen García Tortosa como personal
eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores
Diputados del Grupo Parlamentario Popular.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara,
se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del
BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2008.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
REGLAMENTO DEL CONGRESO Y NORMAS COMPLEMENTARIAS
412/000002
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de la fecha, oída la Junta de
Portavoces, ha acordado que la Diputación Permanente del Congreso de los
Diputados, esté integrada, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Presidente
de la Cámara, por 51 miembros, con la siguiente distribución: 24 del
Grupo Parlamentario Socialista, 19 miembros del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 2 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), 2 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), 2 del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds y 2 del Grupo Parlamentario Mixto.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2008.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Retirada de su Proposición no de Ley sobre el sector platanero.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de
referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa
y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2008.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de
los Diputados", serie D, núm. 15, de 16 de mayo de 2008.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes
Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las
iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que
se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2008.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Interior
161/000220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de la Diputada de Nafarroa Bai,
Uxue Barkos Berruezo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El Centro Penitenciario de Pamplona, construido en 1901, presenta un
estado obsoleto que impide alcanzar los fines que la Institución
Penitenciaria demanda a principios del siglo XXI, y que aconseja su
sustitución, con la mayor brevedad posible, por un Centro que pueda
satisfacer las necesidades penitenciarias de Navarra.
Por lo tanto, la situación de las actuales instalaciones de la Cárcel de
Pamplona hacen urgente y necesaria la construcción de un nuevo centro
penitenciario que atienda de la mejor manera posible a los intereses de
los reclusos y sus familias y permita desarrollar una auténtica política
de reinserción social.
El 6 de abril del año 2000 se firmó un convenio entre la Administración
del Estado y la Comunidad Foral de Navarra para impulsar la construcción
de un nuevo emplazamiento.
En este sentido, son 9 los emplazamientos que se han tenido en cuenta, y
siguiendo las recomendaciones de la empresa pública SIEP S.A., se ha
optado por la ubicación de la nueva cárcel en los terrenos denominados de
Santa Lucía-Soltxate.
Desde Nafarroa Bai no obstante consideramos que las instituciones públicas
encargadas de ello deben continuar valorando otros emplazamientos para la
cárcel, ya que existen dudas medioambientales y urbanísticas razonables
sobre la idoneidad de la elección de la Colina de Santa Lucía como el
mejor de los emplazamientos posibles para la ubicación de la nueva
cárcel.
En este sentido, es preciso indicar que la Colina de Santa Lucía es una de
las 10 Reservas Paisajísticas del área Metropolitana de Pamplona,
incluida en las Normas Urbanísticas Comarcales. Estas Normas Urbanísticas
Comarcales no posibilitarían, a nuestro juicio, una instalación de tales
características teniendo en cuenta los puntos 8.2.1.2, 8.3.1, 8.3.2.2 y
8.4.1.2 de esta normativa aprobada por Decreto Foral 80/99 y renovada su
vigencia este mismo año.
En la citada norma, las reservas paisajísticas tratan de "conseguir una
adecuada relación entre territorio,
población, actividades, servicios e infraestructuras", y buscar entre
otros objetivos "mejorar la calidad de vida de sus habitantes, en base a
los principios de cohesión económica y social, el desarrollo urbano
sostenible".
Estas Reservas Paisajísticas se consideran precisas "para una correcta
estructuración del territorio comarcal, tanto desde el punto de vista
funcional como paisajístico y medioambiental".
Son áreas "cuya geografía y valores paisajísticos actuales deben
mantenerse, impidiendo acciones de ocupación urbana masiva, de manera
que, en el futuro, puedan incorporarse a la trama y tejidos urbanos, como
espacios mayormente libres, para equilibrar los "llenos y vacíos"
edificados, resaltando a su vez el relieve característico de colinas,
laderas, mesetas, vegas, ripas, etc.".
Abundando en este aspecto, la Homologación y adaptación del Plan Municipal
de Pamplona a la Ley Foral 25/2002, de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, los terrenos correspondientes a las parcelas concretadas están
clasificadas como suelo no urbanizable dentro de la categoría de
preservación y de la subcategoría de Valor Paisajístico y ambiental.
Por lo tanto las especiales características de estos terrenos, requieren
un adecuado y suficiente estudio del conjunto de los emplazamientos
existentes.
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Con el objetivo de mejorar cuanto antes la calidad de vida de los
reclusos de la vieja cárcel de Pamplona, y facilitar una mejor
reinserción y política social se realizará cuanto antes un nuevo análisis
de los nuevos emplazamientos posibles, teniendo en cuenta criterios
sociales y medioambientales.
2. Especialmente sobre la ubicación de la cárcel de Pamplona en el paraje
denominado de Santa Lucía-Soltxate se realizará cuanto antes un estudio
de impacto medioambiental según lo establecido en el artículo 3.2 del
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 enero."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2008.-Uxue Barkos
Berruezo, Diputada.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.
Comisión de Defensa
161/000208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda UnidaIniciativa per
Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
solicitud de informe del Gobierno sobre los vuelos de la CIA, para su
debate en la Comisión de Defensa.
En relación con los vuelos de la CIA, las sucesivas comparecencias del
Presidente del Gobierno ante el Pleno y del Ministro de Asuntos
Exteriores en comisión ante el Congreso de los Diputados, han puesto en
evidencia la posesión, por parte del Gobierno, de informaciones y
documentos relativos a la posible utilización ilegal de aeropuertos
españoles por parte de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU.
(CIA), directamente o a través de compañías aéreas privadas encubiertas.
De otra parte, la Vicepresidenta primera del Gobierno ha afirmado que el
Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la CIA trabajan de manera
"permanente y continua" en la lucha común contra el terrorismo
internacional.
Una de las aeronaves implicadas, que aterrizó y despegó de aeropuertos
españoles en distintas ocasiones, el avión "Gulfstream IV", fue utilizada
para el secuestro en Milán y el traslado a Egipto el 18 de febrero de
2003 de Abu Omar, cuyo caso es objeto de una investigación judicial
abierta por el juez Spataro de Milán. Nuestro país está directamente
involucrado en el traslado del ciudadano alemán Jaled el-Masri,
secuestrado en Macedonia el 31 de diciembre de 2003 y trasladado a Kabul
en el avión Boeing 737 de matrícula N313P. Este caso está sometido a
investigación judicial en Munich (Alemania).
En el informe elaborado por el presidente de la Comisión de Asuntos
Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa, Dick Marty, y publicado por esta Institución el 7 de junio de
2006, se concluye que 14 Estados europeos, entre ellos España,
consintieron en mayor o menor grado que la CIA secuestrara, trasladara y
encarcelara a sospechosos de terrorismo tras los atentados del 11-S.
Según el mencionado informe, Palma de Mallorca fue el lugar elegido por
los servicios secretos de EE.UU. para que sus equipos prepararan sus
misiones y descansaran después de cumplirlas.
En el difícil equilibrio entre libertad y seguridad, importa que los tres
poderes garanticen un funcionamiento regular y normal de todas las
instituciones del Estado de Derecho, con la mayor transparencia posible,
de tal forma que no pueda producirse una erosión de las libertades y
derechos fundamentales de las personas, sin que la lucha contra el
terrorismo socave los valores democráticos y los Derechos Humanos. De ahí
la importancia del control policial y judicial, así como el
establecimiento de disposiciones legislativas y administrativas de
Derecho interno y acuerdos internacionales que permitan la prevención,
investigación y sanción de este tipo de actividades ilegales en
territorio español.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a que, sin perjuicio de
las diligencias que se instruyan en los órganos jurisdiccionales:
1. De acuerdo con el compromiso adquirido en el Parlamento, informe al
Congreso de los Diputados de cualquier novedad de que disponga, en
relación a actividades ilegales de los vuelos de la CIA en territorio
español.
2. Elabore un informe detallado con la colaboración de los ministerios
afectados y la información del Gobierno norteamericano en el que se
incorporen todas las nuevas informaciones en poder del Ejecutivo sin
perjuicio de las diligencias judiciales sobre la utilización ilegal de
aeropuertos españoles por parte de las Fuerzas Armadas de EE.UU. y/o de
la Agencia Central de Información (CIA) estadounidense, directamente o a
través de compañías privadas encubiertas; dicho informe incluirá
expresamente la información disponible sobre autorización de vuelos desde
las bases militares de utilización conjunta a Guantánamo u otros posibles
centros de detención irregular; una vez recopilados los datos y
elaboradas las conclusiones, el Gobierno remitirá el informe con toda su
documentación al Congreso de los Diputados.
3. Desclasifique toda la información existente en el Centro Nacional de
Inteligencia (CNI) en relación al caso, sin que ello implique menoscabo
para la seguridad y la defensa nacionales.
4. Garantice que en lo sucesivo ni los aeropuertos civiles, ni las bases
militares de utilización conjunta, puedan ser utilizadas por la CIA o el
gobierno norteamericano al margen del derecho internacional.
5. Revise y actualice con el mayor rigor los procedimientos de control e
inspección del interior de los aviones, del pasaje y del plan de vuelo,
así como los demás requerimientos de tránsito que aseguren el
cumplimiento de la legislación internacional de navegación aérea y,
singularmente, la Convención de Chicago de 1944 sobre los vuelos civiles
en territorio español, de tal forma que las aeronaves extranjeras no
puedan utilizar nuestros aeropuertos para la realización de actividades
no civiles, ilegales o que concurran en ellas.
6. Instruya a los representantes españoles de los Ministerios de Defensa y
Asuntos Exteriores en el Comité Permanente Hispano-Norteamericano para
que ejerzan la mayor vigilancia en la autorización previa e
individualizada de sobrevuelo o escala de aeronaves estadounidenses en
misión oficial sobre nuestro espacio aéreo o terrestre, de acuerdo con
las disposiciones del Protocolo de enmienda suscrito el 10 de abril de
2002 al Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y EE.UU. de
1988, y estudie la conveniencia de promover la supresión del mencionado
Protocolo en el caso de que se considere que produjo un relajo en el
control de este tipo de vuelos oficiales.
7. Oriente la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para
que incrementen la frecuencia de los controles motivados y aleatorios de
las aeronaves civiles matriculadas en EE.UU. que aterricen en aeropuertos
españoles.
8. Prohíba el uso del espacio aéreo y de los aeropuertos españoles a las
aeronaves fletadas por encargo de la CIA que figuran en los informes del
Parlamento Europeo y del Consejo de Europa por su presunta implicación en
actos delictivos de traslado ilegal de presuntos terroristas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2008.-Joan Herrera
Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds.
161/000211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta, para su discusión ante la Comisión de Defensa del Congreso de
los Diputados, una Proposición no de Ley para la cesión del dominio y
titularidad de los terrenos de la antigua base LORAN al Ayuntamiento de
Torroella de Montgrí (Girona) para que los destine a equipamientos de
interés cultural y natural.
Antecedentes
En 1961, en plena Guerra Fría, y en el marco de los pactos de cooperación
iniciados casi una década antes entre el Régimen dictatorial del general
Franco y el Gobierno de los Estados Unidos de América, se acordó la
instalación de una base militar estadounidense en el término municipal de
Torroella de Montgrí (Girona).
La base, de tipo LORAN, que estuvo en funcionamiento más de treinta años,
fue clausurada en 1994, coincidiendo con el fin de la guerra fría y la
caída del muro de Berlín. El cierre fue debido a la pérdida de valor
estratégico de la zona para el control y orientación de las
comunicaciones con los países antiguo bloque comunista, así como por la
obsoleta tecnología de que estaba dotada. No obstante, hasta el año 2000,
fecha de su desmantelamiento debido a la sustitución de la tecnología de
ondas de radio que empleaba por las modernas comunicaciones por satélite,
siguió desempeñando tareas de control y orientación de los buques de la
Marina estadounidense en el Mediterráneo.
Sin embargo, en los ocho años que han pasado desde su desmantelamiento, ni
el Ministerio de Defensa ni el Gobierno en su conjunto han hecho nada
para dotarla de nuevo uso. En esta tesitura su degradación ha sido cada
vez mayor. Aunque las estructuras básicas se mantienen en buen estado; la
base está completamente abandonada (con poca vigilancia), lo que facilita
su ocupación temporal por parte de transeúntes que generalmente pernoctan
en ella.
No obstante, su excepcional situación estratégica en el corazón del
Montgrí y delante de las Illes Medes la convierten en el centro de uno de
los parajes naturales más bellos de la geografía gerundense y catalana.
Por esta razón, en 2004 el Pleno municipal del Ayuntamiento
de Torroella de Montgrí instó a la Generalitat para que negociara con el
Gobierno español su cesión y así, junto con el Ministerio de Medio
Ambiente, poder convertirla en el Centro de Estudios del Paisaje, la
Fauna y la Flora del Parque Natural del Montgrí-Illes Medes-Baix Ter. El
proyecto no se ha llevado a cabo, principalmente por la escasa voluntad
negociadora que hasta el momento han tenido las administraciones que
debían impulsarlo.
Por ello, retomando la voluntad del Ayuntamiento y de la población el
Grupo Parlamentario Catalán (convergència i Unió) propone proceder a la
cesión de los terrenos e instalaciones de la antigua base LORAN al
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí, con el fin de proceder a su
recuperación y rehabilitación como equipamiento de preservación del
medioambiente y de los recursos naturales, paisajísticos, sociales y
turísticos de l'Ampurdá y de la Costa Brava.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ceder al Ayuntamiento de
Torroella de Montgrí (Girona) los terrenos e instalaciones de la antigua
base LORAN para su rehabilitación y reconversión en bienes de
equipamiento de interés cultural y natural para el municipio y toda la
comarca, atendiendo a su privilegiada posición en el marco del futuro
Parque Natural del Montgrí-Illes Medes-Baix Ter."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2008.-Josep Antoni
Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Comisión de Economía y Hacienda
161/000209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a las incidencias
que han afectado a la confección de los borradores de declaración del
IRPF del ejercicio 2007, para su debate en la Comisión de Economía y
Hacienda.
Exposición de motivos
La aplicación efectiva de los principios de capacidad económica, justicia,
igualdad, progresividad y no confiscación que en relación con nuestro
sistema tributario establece el artículo 31 de la Constitución requiere
de una Administración tributaria eficaz en la gestión de los tributos y
en la atención a los contribuyentes. En este sentido ha sido reconocida
en multitud de ocasiones la Agencia tributaria, destacando la
incorporación intensiva de las nuevas tecnologías a los procedimientos
tributarios.
A partir de 1996 se introdujo un cambio en la orientación de la gestión
tributaria que, a la vez que impulsó la imprescindible lucha contra el
fraude fiscal, supuso la realización de muy importantes esfuerzos para la
reducción de los costes de cumplimiento y la mejora de las relaciones con
los contribuyentes.
En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en
aquellos años se introdujeron avances tan importantes para facilitar la
declaración por parte de los contribuyentes como la remisión de los datos
fiscales en poder de la administración, la posibilidad de presentación
telemática de declaraciones a través de Internet, los convenios con
administraciones autonómicas y locales para multiplicar los puntos de
asistencia a los contribuyentes y el desarrollo de los procesos de
devolución rápida a los contribuyentes.
Este proceso de simplificación culminó con la introducción para el
ejercicio 2003 (campaña de IRPF desarrollada en 2004) de los cambios
normativos y de todo un nuevo sistema informático y de relación con el
ciudadano a través de medios tradicionales y telemáticos, que permitieron
desde entonces que los contribuyentes puedan solicitar que la propia
administración tributaria elabore y les remita un borrador de
declaración, que una vez comprobado podrán confirmar. Se trata de un
sistema pionero en el orden internacional, magníficamente valorado por
los contribuyentes, que la administración debería haber cuidado y
mejorado al máximo en los últimos años.
Un sistema en el que los contribuyentes aceptan el borrador de declaración
que les propone la administración sólo puede funcionar sobre la base de
la plena confianza en los datos que proporciona la administración. Es por
eso que transcurridos ya cuatro ejercicios desde la implantación del
nuevo sistema y estando en marcha la campaña de renta 2007 parece
obligada una evaluación de las mejoras que se deberían haber ido
introduciendo en el sistema de remisión de borradores de declaración que
está alcanzando una implantación masiva, siendo millones de
contribuyentes los que lo solicitan y los que lo confirman. Diversas
fuentes han denunciado además que la existencia de errores en la
información que se remite a los contribuyentes puede inducir a la
presentación de buena fe de una declaración de IRPF que no se corresponda
con la verdadera situación tributaria del contribuyente y en perjuicio de
este. La propia Agencia tributaria, si bien en las cifras oficiales que
se contienen en las memorias publicadas no hace referencia al porcentaje
de borradores rectificados por los contribuyentes ni a las incidencias
que han ocasionado dichas rectificaciones, recientemente ha informado a
los medios de comunicación de que una cifra próxima al treinta por ciento
de los borradores confirmados por el contribuyente han sido objeto de
rectificación. Si se tiene en cuenta además que el porcentaje de
borradores confirmados por el contribuyente no alcanza el cuarenta por
ciento de los solicitados y enviados por la administración cabe pensar
que son muchos millones los borradores que contienen errores.
Por otra parte, esta relación de confianza se vería reforzada si la
Administración tributaria procediese a devolver de manera inmediata las
cantidades correspondientes a los borradores de declaración confirmados,
Hoy la tecnología disponible lo permite.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, propone la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
- Remita, para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda del
Congreso de los Diputados, un estudio completo y exhaustivo, desglosado
por ejercicios y conceptos impositivos, relativo a todas las incidencias
que han afectado a la confección de los borradores de declaración del
IRPF y a las medidas que piensan adoptarse para eliminar las deficiencias
y restaurar la imprescindible relación de confianza entre la
Administración tributaria y los contribuyentes.
- La Agencia Tributaria adopte las medidas necesarias para que se
practiquen con carácter inmediato las devoluciones correspondientes a
borradores de declaración confirmados por los contribuyentes.
- La Agencia Tributaria revise de oficio los datos de las declaraciones de
IRPF correspondientes a todos los borradores confirmados en los últimos
años, para subsanar errores y compensar a los contribuyentes que hayan
podido resultar perjudicados al confirmar de buena fe un borrador con
datos erróneos.
- La Agencia Tributaria haga una propuesta de cambios normativos y de
gestión en el IRPF que puedan permitir una mayor extensión del sistema de
borrador de declaración de dicho Impuesto."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2008.-María Soraya
Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/000216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas
para luchar contra los paraísos fiscales, para su debate en la Comisión
de Economía y Hacienda,
La red de paraísos fiscales es un espacio opaco de las finanzas que
proporciona gran poder de acción internacional a las corporaciones
transnacionales, a la banca de inversiones y a las grandes fortunas,
desde que la supresión de los controles sobre los cambios de divisas y la
liberalización de los movimientos exteriores del capital produjo el gran
desarrollo e hipertrofia de los mercados financieros. Según los cálculos
de los expertos Tax Justice Network, solamente los activos financieros de
las grandes fortunas en paraísos fiscales representan unos 11,5 billones
de dólares. Otras estimaciones de la OCDE calculan que los paraísos
fiscales atesoran un patrimonio de entre 5 y 7 billones de dólares, un 13
por ciento del PIB mundial valorado por el FMI al final de 2007.
Las características de opacidad y anonimato de los paraísos fiscales los
convierten en territorios que se utilizan para ocultar todo tipo de
rentas, incluidas las provenientes de actividades delictivas, eludiendo
las responsabilidades penales al blanquear sus beneficios.
Estas facilidades propician el desarrollo del crimen organizado. Según el
Atlas de la criminalidad financiera publicado por la editorial Akal en
2002, el Producto Criminal Bruto (PCB) no era inferior a 800.000 millones
de dólares.
El 24 de junio de 2004 el entonces secretario de Estado de Hacienda y
Presupuestos, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, confirmó ante la Comisión
de Economía y Hacienda del Senado que el blanqueo de capitales procedente
de las operaciones del tráfico de droga, según los datos del departamento
de Aduanas, genera en España un volumen superior a los 7.500 millones de
euros.
En junio de 2006, el Informe del GAFI (Grupo de Acción Financiera
Internacional) sobre la tercera evaluación de España, en cuanto a las
recomendaciones para combatir el blanqueo de capitales y la financiación
del terrorismo, "aprobó" al Gobierno de España en cuanto a la
incorporación a la legislación nacional de las recomendaciones, pero
"suspendió" al Gobierno de España en cuanto a su aplicación efectiva.
Recientemente han trascendido las investigaciones llevadas a cabo por las
autoridades fiscales alemanas en relación con el fraude cometido mediante
la utilización de Liechtenstein en su condición de paraíso fiscal, donde
también figuran implicados ciudadanos o empresas españolas, según ha
reconocido nuestra Agencia Tributaria.
Las Técnicos del Ministerio de Hacienda y los Inspectores de Hacienda del
Estado han declarado no sorprenderse ante el descubrimiento del caso de
Liechtenstein, ni siquiera cuando se hagan públicos los detalles de las
personas implicadas o de los volúmenes de fondos de dinero negro
canalizados hacia dicho país, porque, según estos profesionales, la
utilización de los paraísos fiscales para evadir impuestos, en cuantías
que suponen la cuarta parte de toda la riqueza mundial, es una práctica a
la que ningún Estado parece dispuesto a poner límites.
En el ámbito de la Unión Europea existe una evidente hipocresía en este
tema. Cuando se descubre un caso como el de Liechtenstein todos los
países implicados manifiestan su interés por llevar la investigación
hasta sus últimas consecuencias, incluido nuestro país, pero la realidad
es que no se han adoptado medidas previas para evitarlo.
El artículo 56 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea prohíbe
las restricciones a los movimientos
de capitales y a los pagos entre Estados miembros, y también entre éstos y
terceros países. Esto facilita que los ciudadanos y empresas de los
países pertenecientes a la Unión Europea puedan utilizar países como
Liechtenstein, Gibraltar o Andorra, para la evasión de impuestos. Es más,
ningún Estado miembro que desease adoptar de forma unilateral medidas que
supongan la restricción de movimientos de capitales con los países
calificados como paraísos fiscales, podría hacerlo.
Resultaría enormemente positivo lograr que la Unión Europea excluyese del
principio de libertad de los movimientos de capitales a los efectuados
entre los Estados miembros y los territorios calificados como paraísos
fiscales, y conseguir también identificar a los verdaderos titulares de
esos capitales. Pero hasta que la Unión adoptase medidas en ese sentido,
el gobierno español debe desarrollar políticas que contribuyan a limitar
la utilización de los paraísos fiscales y luchar contra el fraude
fiscal.
Por este motivo, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Proponer a las Instituciones Europeas la modificación del artículo 56
del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea para establecer como
excepción al principio de libertad de los movimientos de capitales, los
movimientos efectuados entre los Estados miembros y los territorios
calificados como paraísos fiscales. Proponer igualmente que las
Instituciones Europeas lideren las negociaciones con las distintas
Organizaciones internacionales de carácter político o financiero para
controlar e identificar a los verdaderos titulares de esos movimientos de
capitales.
- En el ámbito nacional y hasta que el punto anterior se haga efectivo,
desarrollar las siguientes medidas:
1. Establecer un impuesto especial sobre los movimientos de capitales con
los territorios calificados como paraísos fiscales,
2. Instar a la Agencia Tributaria del Estado, al Servicio de Prevención
del blanqueo de capitales, al Ministerio del interior y a la Fiscalía
General del Estado a que averigüen la identidad de las personas que
utilizan en España los bienes y derechos de los que son titulares las
empresas domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración
de paraíso fiscal, así como el título jurídico que les permite su
utilización o disfrute.
3. Obligar a las empresas que operan en España, y especialmente en el
sector financiero, a informar a las autoridades tributarias de las
operaciones de sus filiales o sucursales en paraísos fiscales, en los
mismos términos que sus propias operaciones realizadas en territorio
nacional.
4. Instar al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder
Judicial a que aclaren que en la regulación del delito fiscal en el
Código Penal es un motivo de agravamiento de las penas cometer fraude
fiscal mediante la utilización de empresas domiciliadas en territorios o
paraísos fiscales.
5. Llevar a cabo un plan de comprobación de sociedades, empresarios,
profesionales, artistas y deportistas con residencia en paraísos
fiscales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2008.-Joan Herrera
Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds.
161/000231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa
a la "creación de un punto de inspección fronteriza (PIF), en el puerto
de Puerto del Rosario, Fuerteventura", para su debate en la Comisión de
Economía y Hacienda.
Exposición de motivos
A lo largo de los últimos quince años Fuerteventura viene registrando una
dinámica de crecimiento poblacional importante, atraída por el desarrollo
económico que se genera en torno a la actividad turística y de la
construcción, con una evolución que ha significado un crecimiento del 103
por ciento sólo en el período comprendido entre 1998 y 2006.
Si atendemos a las previsiones, nos indican que en un horizonte
considerado medio, Fuerteventura crecerá hasta el año 2015 alrededor de
un 82 por ciento, lo que unido al 103 por ciento registrado en el período
anterior, nos lleva a completar dos décadas que colocan a nuestra
sociedad en unos parámetros de aumento poblacional que difícilmente
encuentran parangón en Europa, e incluso en el ámbito de Occidente.
Esto ha generado un gran avance económico y social, pero en el afán de
seguir avanzando, entendemos que es necesario apostar por la expansión de
nuestro mercado laboral y empresarial fuera de nuestras fronteras.
Somos conscientes de que necesitamos mejorar las infraestructuras
existentes, pero también alcanzar nuevas infraestructuras que nos
permitan adquirir mayor autonomía.
Si bien, de forma reciente, hemos logrado la declaración del muelle de
Puerto del Rosario como Puerto Shenguen, que ha posibilitado que podamos
recibir cruceros de terceros países y en consecuencia abrirnos a un
turismo
que antes era impensable, se hace necesario seguir avanzando,
complementando este logro con la creación de un Punto de Inspección
Fronteriza que nos permita la obtención de productos procedentes de
países no comunitarios, de forma directa, en la isla de Fuerteventura.
En la actualidad, los únicos Puntos de Inspección Fronteriza con los que
contamos en el archipiélago canario, se encuentran en el puerto de Las
Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Ello hace que la mercancía procedente de
terceros países que llega a Fuerteventura, previamente, haya tenido que
tocar obligatoriamente alguno de los puertos de Las Palmas o Santa Cruz
de Tenerife, encareciendo con ello los costes de transporte a los
importadores de la isla de Fuerteventura, con respecto a los importadores
de las islas capitalinas.
Un sobrecoste que finalmente repercute en el turista y en el residente, y
en consecuencia afecta de manera negativa a nuestra principal actividad
económica, el turismo, y el comercio insular.
Si a esto le unimos, que Fuerteventura se encuentra a 100 Km escasos del
continente africano, uno de los continentes que en la actualidad cuenta
con una de las economías más emergentes, se pone de manifiesto el gran
avance que significaría no sólo para la economía del archipiélago canario
sino para la economía del país, el que Fuerteventura contara con la
creación del punto de inspección fronteriza.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la creación de un Punto
de Inspección Fronteriza (PIF), en el puerto de Puerto del Rosario,
Fuerteventura."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2008.-María Soraya
Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/000232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa
a "la creación en Fuerteventura de una Oficina de Gestión Territorial del
Catastro", para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.
Exposicion de motivos
La isla de Fuerteventura ha alcanzado en estos últimos años un elevado
nivel de desarrollo, fruto de una considerable expansión del sector
servicios -principalmente orientado a la industria turística-, lo que a
su vez ha incidido sobre otro de los grandes sectores industriales que
actúan como catalizadores del gran dinamismo experimentado por la isla,
como es el de la construcción, cooperante imprescindible como proveedor
de los activos inmobiliarios necesarios para la prestación de los
servicios del sector terciario.
Esta expansión del tejido industrial ha logrado impulsar también la
vertiente del empleo, constituyéndose esta isla en receptora de ingentes
cantidades de mano de obra procedente del exterior. Lo cual supone que el
número de trabajadores que prestan sus servicios en la isla, haya sufrido
un alza considerable a lo largo de los últimos años, en consonancia con
la evolución del sector empresarial. Todo ello tiene como resultado final
el incremento de residentes de esta isla.
Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos que la implantación de
una Oficina de Gestión Territorial del Catastro en Fuerteventura seria un
instrumento eficaz, imprescindible y carente de sustituto en materia
inmobiliaria, reduciendo de manera muy significativa el tiempo medio que
a los ciudadanos de esta isla les supone obtener la información catastral
solicitada.
En la actualidad, las personas residentes en esta isla deben esperar un
tiempo medio de dos meses, para la obtención de la información catastral
requerida, y más de doce meses para la tramitación de cualquier
modificación o alta. Y si bien, disponen, de forma alternativa, de la
posibilidad de acudir personalmente a la Gerencia Territorial de Las
Palmas de Gran Canaria para la gestión personal de los trámites oportunos
en materia catastral -reduciendo de esta forma los plazos de resolución
de solicitudes-, el alto coste que representa desplazarse a otra isla es
un motivo que los predispone a decantarse de forma mayoritaria por la
primera de las opciones.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que inicie las acciones
oportunas para que se cree en Fuerteventura una Oficina de Gestión
Territorial del Catastro."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2008.-María Soraya
Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Fomento
161/000218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Francisco Jorquera
Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes
del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposicion no de Ley
relativa a los plazos temporales de finalización de la totalidad del Eixo
Atlántico ferroviario y la conexión por alta velocidad de Galicia con la
Meseta, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Los horizontes temporales para la finalización de los proyectos de alta
velocidad ferroviaria para Galicia deberían mantenerse en sus términos
actuales, en las fechas comprometidas por el mismo Presidente del
Gobierno, evitando alterarlas e incurrir en demoras y retrasos que
ahondarían en la idea de la existencia de dos Españas ferroviarias, con
dos velocidades distintas y dos desarrollos ferroviarios diferentes: uno
avanzado y otro obsoleto y atrasado.
Sin embargo, en una comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso
de los Diputados celebrada el pasado 4 de junio, la Ministra de Fomentó
eludía la concreción a la hora de fijar los plazos de finalización de la
alta velocidad ferroviaria de Galicia, tanto en lo concerniente a la
conexión con la Meseta como al Eixo Atlántico en su totalidad que
comprende desde Ferrol hasta Tui (frontera con Portugal).
La titular de Fomento evitaba la precisión en lo referente a los plazos
temporales de estos importantes proyectos ferroviarios gallegos,
situación que provocó preocupación, dudas y malestar en Galicia por el
temor de que, una vez más, los planes de altas prestaciones ferroviarias
en nuestro territorio van a acumular retrasos que alejarán de nuevo su
finalización de las fechas comprometidas últimamente que establecían el
fin de la totalidad del Eixo Atlántico para el año 2013 y la conexión con
la Meseta en el horizonte de 2012.
Debe reconocerse que en la pasada legislatura se produjeron importantes
avances en materia de infraestructuras para Galicia, progresos a los que
sin duda contribuyó el BNG en las negociaciones de los Presupuestos
Generales del Estado para los ejercicios de 2006, 2007 y 2008. Pero no
debe olvidarse que es fundamental ejecutar todo lo presupuestado para el
presente año y. consolidar el incremento de las inversiones en Galicia en
los siguientes ejercicios para que las obras estén concluidas en los
plazos convenidos.
En concreto, conviene señalar que lo idóneo para evitar retrasos en estas
actuaciones, es que las obras entre Zamora y Lubián y entre Lubián y
Ourense se inicien en próximo año 2009. No es justificable que la
práctica totalidad de los tramos entre Zamora y Ourense se encuentren
todavía en fase de redacción de proyectos.
De igual modo, la totalidad del Eixo Atlántico, es decir, la conexión
desde Ferrol hasta la frontera con Portugal en Tui, debería estar
terminado en el plazo comprometido del año 2013. Al mismo tiempo, deben
ejecutarse las partidas consignadas para este año 2008 y comenzar las
obras entre Ferrol y A Coruña, en los subtramos Ferrol-Betanzos y
Betanzos-Uxes en el año 2009. Así como las obras de la salida sur de Vigo
para la conexión con la frontera portuguesa.
La necesidad de aclarar las dudas y despejar la incertidumbre que tal
indefinición e inconcreción generó, es lo que motiva esta proposición no
de ley.
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
- Comprometerse con todos los medios materiales y económicos precisos para
el cumplimiento de los plazos de finalización de la totalidad del Eixo
Atlántico ferroviario, fijados para el 2013, y de la conexión de alta
velocidad de Galicia con la Meseta, fijada para 2012.
- En lo que respecta al Eixo Atlántico, que se inicien las obras del AVE
entre Ferrol y A Coruña, en los subtramos de Ferrol-Betanzos y
Betanzos-Uxes, en el próximo año 2009. De igual modo, que comiencen en el
2009 las obras de ejecución de la denominada salida sur de Vigo hasta la
frontera con Portugal en Tui.
- En lo que concierne a la conexión con la Meseta, comenzar la ejecución
de las obras entre Zamora y Lubián y entre Lubián y Ourense en el año
2009.
- Asegurar la ejecución del 100 por ciento de las partidas consignadas en
los Presupuestos Generales del Estado 2008 para las actuaciones de la
alta velocidad ferroviaria de Galicia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2008.-Francisco
Xesús Jorquera Caselas, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la modificación
de la Orden PRE/760/2008 para la inclusión del Ayuntamiento de Ciudad
Real en la Comisión de Seguimiento Ambiental del Aeropuerto Don Quijote
de Ciudad Real, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El 20 de marzo de 2008 se publicó en el "Boletín Oficial del Estado" la
Orden PRE/760/2008, de 17 de marzo, por la que se crea la Comisión de
Seguimiento Ambiental del Aeropuerto Don Quijote (Ciudad Real). Dicha
Orden, en su artículo 3, referido a la composición, establece que:
"Formarán parte de dicha Comisión dos representantes de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha, de entre los cuales se nombrará al Vicepresidente y al
Secretario; un representante de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y un representante de la Dirección General para la
Biodiversidad; un representante del Ministerio de Fomento o de sus
organismos dependientes o adscritos al mismo; dos representantes del
promotor; un representante de cada uno de los Ayuntamientos de Villar del
Pozo, Ballesteros de Calatrava y Cañada de Calatrava; dos representantes
nombrados a propuesta de las organizaciones no gubernamentales que
presentaron alegaciones en el trámite de información pública de la
declaración de impacto ambiental aprobada por Resolución de 16 de febrero
de 2006, y un representante de las asociaciones agrarias" ("BOE" núm. 69,
de 20 de marzo de 2008 página 16723).
Se da la circunstancia de que en torno al 80 por ciento de la superficie
que ocupa el Proyecto de singular interés -que es como está considerado
el Aeropuerto ciudadrealeño- pertenece al término municipal de Ciudad
Real, por lo que no se entiende que el Ayuntamiento de esta ciudad no
esté incluido ni cuente, por tanto, con ningún representante en la
Comisión de Seguimiento Ambiental del Aeropuerto, que es la encargada de
velar por que el desarrollo del proyecto sea adecuado a lo establecido en
la Declaración de impacto Ambiental del mismo, con las importantes
implicaciones económicas, sociales, ambientales y de modificación de uso
de suelo que ello conlleva.
Ante esta situación, desde el Ayuntamiento de Ciudad Real se ha remitido
por escrito en varias ocasiones tanto al Ministerio de Fomento como al
Ministerio de Medio Ambiente solicitud para ser incluido en la citada
Comisión, petición que le ha sido denegada.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, entendemos que la no inclusión de un
representante del Ayuntamiento de Ciudad Real en la Comisión de
Seguimiento Ambiental del Aeropuerto es discriminatoria para esta ciudad,
dentro de cuyo término municipal se encuentra la práctica totalidad de la
superficie de este Proyecto de Singular Interés.
Por tanto, entendemos también que su inclusión en dicha Comisión es a
todas luces necesaria, al igual que el resto de los Ayuntamientos de los
municipios a los que afecta este proyecto ya que en dicha Comisión se
abordarán temas de absoluta importancia que pueden influir de forma
notable en el desarrollo futuro de este proyecto y, por extensión, de
esta ciudad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Modificar el artículo 3 de la Orden PRE/760/2008, de 17 de marzo, por al
que se crea la Comisión de Seguimiento Ambiental del aeropuerto de Ciudad
Real, con el fin de que se incluya a un representante del Ayuntamiento de
Ciudad Real en la composición de dicha Comisión."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2008.-María Soraya
Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/000225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el
trazado del AVE en el tramo Vilademuls-Báscara, para su debate en la
Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Varios ayuntamientos afectados por el trazado del AVE en el tramo desde
Riells-Viabrea hasta la frontera francesa, así como asociaciones
ciudadanas y entidades ambientales, han denunciado las graves
irregularidades que afectan al trazado del subtramo entre
Vilademuls-Borrassá, que pasa por el oeste de Báscara, en la demarcación
de Girona. A esta denuncia se ha sumado la Diputació de Girona, así como
varios consejos comarcales.
El problema consiste en que el actual trazado destruye el corredor
biológico natural, atentando gravemente contra varias especies protegidas
del ecosistema del arroyo Cassinyola, que conecta las cuencas
hidrográficas del Ter y del Fluviá, perteneciendo éstas y una parte del
mismo arroyo a la Red Natura 2000. Así mismo, el trazado de este tramo
afecta gravemente el entorno urbano y monumental del municipio de Báscara
y los entornos de gran interés natural de dicho núcleo y sus entornos.
La declaración de impacto ambiental establece, previo al inicio de las
obras, la presentación de medidas preventivas, correctoras y
compensatorias. La empresa AD1F presentó el 24 de julio de 2006 dicho
documento.
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
detectó que las medidas propuestas no se correspondían con las
conclusiones de los estudios de conectividad realizados, debido
principalmente a las variaciones de trazado entre el proyecto
constructivo y el estudio informativo.
La "Associació per a la defensa del territori de les comarques gironines"
ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo y este considera que
hay motivos para iniciar actuaciones en lo relativo a los impactos
ambientales ante los Ministerios de Medio Ambiente y Fomento.
Dado que ya se han iniciado las obras del tramo entre Sant Julià de Ramis
y Figueres, sin que el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya haya informado favorablemente sobre el proyecto
de medidas preventivas, correctoras y compensatorias, se está
incumpliendo la legalidad vigente, siendo así que la Declaración de
Impacto Ambiental aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente impuso
como condición ineludible la incorporación de las prescripciones
contenidas en los informes del organismo ambiental de la Generalitat de
Catalunya.
En el mismo sentido, la Dirección General de Politiques ambientals i
Sostenibilitat (Políticas ambientales y sostenibilidad) del Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, ha remitido
reiterados informes denunciando el incumplimiento de las prescripciones
ambientales y patrimoniales en este subtramo y requiriendo la adopción de
las medidas preventivas
El Ministerio de Medio ambiente requirió de forma reiterada a ADIF el
cumplimiento de dichas disposiciones y ha llegado a advertir a ADIF de la
suspensión de las obras en caso de incumplimiento de dichas
prescripciones.
Las administraciones locales afectadas han propuesto una variante en el
trazado del AVE en dicho subtramo de acuerdo con un proyecto formulado
por el organismo de las entidades locales de la provincia de Girona CILMA
(Consell d'Iniciatives Locals del Medi Ambient), que se sitúa junto al
corredor de las infraestructuras viarias ya existentes, que evita los
problemas ambientales y patrimoniales detectados, y que es perfectamente
asumible desde el punto de vista técnico y económico.
De hecho, el Pleno del Senado aprobó el 14 de diciembre de 2007 en las
conclusiones y recomendaciones de la Ponencia de Estudio sobre la Red de
Alta Velocidad atender las alegaciones de la plataforma CILMA sobre el
trazado de la línea de alta velocidad Barcelona-Figueres-frontera
francesa a su paso por el término municipal de Báscara (Girona), que
posee un alto valor paisajístico.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Suspender las obras del AVE comprendidas entre Vilademuls y Borrassá hasta
que se modifique el trazado del AVE a su paso por los municipios de
Vilademuls, Báscara, Pontós, Garrigés y Borrassá, de manera que se
incorporen las recomendaciones establecidas en la declaración de impacto
ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y -en
su caso- se formule propuesta de modificación del trazado en dicho
subtramo, que permita reconsiderar aquellos puntos del trazado que
producen graves afectaciones ambientales y sociales todavía corregibles,
asumiendo la modificación del trazado propuesto que tienen un amplio
consenso de las autoridades locales, ambientales y de las entidades
económicas y sociales del territorio, asumibles desde el punto de vista
técnico y económico."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2008.-Joan Herrera
Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds.
161/000229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa
a infraestructuras de Galicia, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
En este momento se están ejecutando las obras de la linea de Alta
Velocidad entre Ourense y Santiago, que se subdividen en varios
subtramos.
Uno de ellos es el que va desde O Irixo, Ourense hasta Lalín (Abeleda),
Pontevedra, de 6,7 km. Atraviesa este nuevo trazado ferroviario el pueblo
de Lama do Campo, de tal suerte que deja a este pueblo del municipio de O
Irixo, incomunicado por el lado este por el que discurre un camino que es
el más importante para el acceso de vehículos de mayor tamaño, como
ambulancias o bomberos. La entrada oeste a este pueblo es insuficiente
por su estrechez para el acceso de esos vehículos.
Además esa entrada Este, ahora inutilizada por las obras del AVE, era
empleada por las personas de los pueblos limítrofes para acudir a los
servicios religiosos o para desplazarse a pie a la vecina parroquia de
San Cosme.
El Concello de O Irixo, con fecha 30 de noviembre de 2006, presentó un
escrito ante la dirección de las obras del AVE, GETINSA, pidiendo la
construcción de una pasarela peatonal en las inmediaciones del citado
camino Este. Dicha compañía contestó que no tiene competencias para la
reposición de esta entrada y que era un tema de ADIF.
Ante esta respuesta en abril de 2007, el Sr. Alcalde de O Irixo dirigió un
escrito al ADIF, planteándole el problema e interesando con urgencia la
construcción de una pasarela en las inmediaciones del camino este, de
modo que se evite que la nueva línea del AVE divida este pequeño pueblo en
tres barrios distintos.
Lamentablemente, pasado un año, ADIF no se dignó contestar a este
Ayuntamiento, razón por la que nuevamente esta corporación local con
fecha de abril de 2008 reiteró la petición anterior, aduciendo además que
ya este pueblo con ocasión hace décadas de la línea férrea Zamora-A
Coruña, se vio dividida en dos barrios y que de consumarse las actuales
obras del AVE se dividiría en tres barrios.
Es imprescindible que se dé con urgencia respuesta a tan justas
peticiones, bien con la construcción de una pasarela peatonal y/o un paso
subterráneo que evite el aislamiento de ese pueblo y, por todo lo
expuesto, se presenta la siguientes
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar en el pueblo de
Lama do Campo, en el término municipal de O Irixo, al paso de la línea de
AVE entre Ourense y Santiago, una pasarela peatonal y/o paso subterráneo
que evite el aislamiento de los distintos barrios de la citada
localidad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2008.-Celso
Delgado Arce, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Francisco Jorquera
Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposicion no
de Ley relativa a la necesidad de abrir al tráfico comercial el puerto
comercial de San Cibrao (Lugo) para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La multinacional Alcoa, explota en régimen de concesión, el puerto
comercial de San Cibrao, Lugo, construido por el INI, con una concesión
cuya fecha de caducidad se sitúa en el año 2023. Hay que decir que Alcoa
sólo utiliza el dique sur de dichas instalaciones quedando libre el dique
norte que muy bien podría adaptarse para abrirlo al tráfico comercial.
Existe una propuesta en este sentido, elaborada por la Diputación de Lugo,
y se estima que se precisaría de una inversión de entre 6 y 9 millones de
euros, obra perfectamente asumible, ya que se podría autofinanciar. Debe
tenerse presente que en los últimos años se recaudaron en el Puerto de
San Cibrao más de 18,8 millones de euros.
El puerto de San Cibrao (Lugo) tiene una importante actividad comercial.
Genera el 47,5 por ciento de la cuota de negociación de la Autoridad
Portuaria de Ferrol-San Cibrao, aunque aproximadamente la mitad de sus
ingresos son absorbidos directamente por Puertos del Estado, lo que
supone que se queda con un beneficio neto del 40 por ciento de lo que se
recauda.
Las inversiones de la Autoridad portuaria en el puerto de A Mariña sólo
representan el 6,2 por ciento de los ingresos del Puerto de San Cibrao.
Desde el año 1997 las inversiones de la Autoridad Portuaria alcanzaron la
cifra cercana a 10 millones de euros, y de esa cantidad sólo se
invirtieron en la comarca lucense 99.520 euros.
Es decir, el nivel de gasto y de inversiones de la Autoridad Portuaria en
el puerto de San Cibrao han sido verdaderamente insuficientes y
raquíticos. Los beneficios que genera el puerto de A Mariña deberían
revertir en beneficio del desarrollo económico de esta comarca del norte
de Lugo. De ahí que la adaptación del dique norte para abrirlo al tráfico
sería una buena oportunidad para resarcir al puerto de tantos años de
déficit en sus inversiones.
Sin olvidar que el hecho de habilitar un muelle de atraque de 500 metros
de largo en el dique norte permitiría la entrada de barcos mercantes de
más de 62.000 toneladas. Se trata de un proyecto que tendría una
importante aportación a la dinamización socioeconómica de la comarca de A
Marina.
En este sentido hay que tener en cuenta que no contar con una
infraestructura portuaria significa un grave prejuicio para el tejido
empresarial de la zona que se ve obligado a desarrollar su labor de
internacionalización a través de Vigo y A Coruña.
Además debe tenerse presente que esta propuesta cuenta con un amplio
respaldo social, económico y político puesto que el mismo Parlamento de
Galicia aprobó en el pasado mes de abril, y por unanimidad, una
proposición no de ley que solicita la apertura al tráfico comercial el
dique norte del puerto de San Cibrao.
Esta es la razón por la que se formula la siguiente Proposición no de
Ley.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Realizar las negociaciones oportunas con la empresa multinacional Alcoa
para abrir al tráfico comercial general el Puerto comercial de San
Cibrao."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2008.-Francisco
Xesús Jorquera Caselas, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de
dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la construcción de una
rotonda iluminada en el km 154 de la antigua N-I en el municipio de
Fuentespina (Burgos), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La antigua carretera N-I, que une la localidad de Aranda de Duero con la
A-1, atraviesa el casco urbano de Fuentespina. Desde la misma en el km
154 se accede a la BU-945 de Alcoba del Pinar a Fuentespina.
Por este cruce de carreteras transitan a diario un gran número de
vehículos y camiones que tienen su origen/destino en:
- Aranda de Duero a las poblaciones ubicadas a lo largo de la BU-945 y a
la conexión por el acceso sur a la autovía A-1.
- Al polígono industrial del municipio de Milagros.
- Y a los parajes de interés turístico del Cañón del Riaza/Montejo de la
Vega.
Debido al tráfico generado por las poblaciones e industrias y dado que es
la vía de penetración sur a la ciudad de Aranda de Duero, dicha
confluencia se ha convertido, por el elevado tráfico existente y la
escasa visibilidad, en un tramo peligroso para la seguridad vial. La
solución es construir una rotonda iluminada impidiendo así los giros
peligrosos de los vehículos.
En consecuencia con lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y votación.
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la construcción de una
rotonda iluminada que reduzca la peligrosidad que supone la intersección
de la antigua N-1 con la BU-945 en el término municipal de Fuentespina
(Burgos)."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2008.-María del Mar
Arnaiz García y Luis Tudanca Fernández, Diputados.-Ramón Jáuregui Atondo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación, Política Social y Deporte
161/000223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
defensa, consolidación y refuerzo de la educación pública, para su debate
en la Comisión de Educación Política Social y Deportes.
Desde mediados del siglo xx, fruto de las luchas sociales y
democratizadoras del movimiento obrero, empezará a desarrollarse un
Estado de Bienestar que tendrá entre sus principales pilares un sistema
educativo universal, laico, público y gratuito. Gracias a este proceso,
la educación se convirtió en factor clave para compensar desigualdades
sociales, así como para el desarrollo personal y la promoción social de
amplios sectores de las clases populares.
En España, el punto álgido de este desarrollo, tras un importante acceso
de las clases populares al viejo bachillerato, fue la aprobación de la
Ley del Derecho a la Educación (LODE, 1985) y la puesta en marcha de la
escasamente financiada LOGSE (1990). A pesar de su precaria aplicación,
supuso -entre otros avances- la prolongación de la escolaridad hasta los
16 años, un innegable progreso que nos igualó a los países europeos que
habían tenido un desarrollo del bienestar más normalizado.
La llegada del PP al gobierno central, coincidiendo con los vientos
neoliberales dominantes, junto a la tradicional presión del clericalismo
y del elitismo conservador, empezaron a poner serias trabas a esos
avances. Los datos son conocidos: reducción del gasto público educativo,
privatización creciente de la educación, marginación y abandono de la
enseñanza pública, concentración en sus centros del alumnado con más
dificultades sin poner los medios necesarios.
En este contexto, la Convergència con la iglesia católica y con la
patronal de la enseñanza privada se produce a través del mantra de la
"libre elección de centro". El derecho constitucional de la libertad de
enseñanza, que permite la apertura de centros privados y el derecho a
asistir a los mismos, se ha transformado en una supuesta obligación
estatal de financiar centros privados, mediante un sistema de conciertos
que ha desembocado en una doble red de centros sostenidos con fondos
públicos cada vez más segregadora. Por un lado, la formada por los
centros de titularidad pública, abocada en la práctica a convertirse en
una red asistencial dirigida a los sectores más desfavorecidos de la
población; y por otro, la integrada por los centros privados concertados,
cuyo peso e influencia es cada vez mayor, que mayoritariamente
selecciona a su alumnado por motivos ideológicos y económicos, imponiendo
idearios confesionales y estableciendo cobros indebidos o abusivos de
actividades y servicios supuestamente "voluntarios".
El resultado está siendo un sistema educativo -financiado con fondos
públicos- dual y clasista que ha dado al traste con la necesaria equidad,
lo que producirá a medio plazo una quiebra en la cohesión social. Las
consecuencias de estas políticas para la calidad del sistema también son
nefastas.
Como se ha demostrado en los países anglosajones, tras una primera fase de
destrucción del sistema público, en el que las clases medias acceden a
centros privados subvencionados de "más prestigio", se produce una
segunda fase en la que lo público es marginal, el sector privado
subvencionado se deteriora y sólo a través de los centros privados se
accede a una educación de calidad.
En nuestro país, las políticas que propiciaron esta tendencia,
especialmente en algunas CCAA, generaron una oposición que se traducirá
en la aparición de las Plataformas por la Escuela Pública, que
protagonizaron amplias movilizaciones en torno al cambio de siglo.
Tras las elecciones del año 2004, la llegada de los socialistas al poder
generó expectativas en todos los defensores de una educación pública,
laica y democrática, que albergaron la esperanza de dar un giro a las
nefastas políticas de la derecha. Lamentablemente, las esperanzas se
vieron frustradas por la debilidad del gobierno socialista que, una vez
más, optó por pactar la nueva ley educativa con la patronal de la
enseñanza, mayoritariamente católica, y con CIU.
La Ley Orgánica de Educación (LOE) corrigió algunos aspectos de la LOCE
(itinerarios selectivos, religión evaluable...), pero por otro lado
reforzó los conciertos, extendiéndolos a etapas no obligatorias -como
antes hizo el PP-, mantuvo la religión en el currículo y no restableció
plenamente el carácter educativo de toda la educación infantil, cuyo
ciclo de cero a tres años está siendo objeto de una ofensiva sin
precedentes y graves afrentas en algunas Comunidades Autónomas, como
sucede en Madrid.
El momento actual es de insatisfacción y preocupación, ya que el proceso
de privatización se ha acelerado hasta el extremo de que en muchos
lugares se suprimen unidades y centros públicos a la vez que se extienden
los conciertos educativos, o incluso se ceden suelos públicos a empresas
privadas para que creen centros concertados de antemano, al margen de
cuáles sean las necesidades existentes.
Por otro lado, los apetitos dogmáticos del clero siguen presionando. A
pesar de que los obispos y sus aliados políticos rechazan la asignatura
de Educación para la Ciudadanía y promueven la desobediencia a la Ley, la
negociación de su currículo con la patronal religiosa de centros
concertados ha terminado por reforzar su ideario.
Ante esta situación, es urgente la puesta en marcha de políticas públicas
para revertir este proceso en defensa de una educación pública y laica de
calidad en condiciones de igualdad. Uno de los principales peligros que
afronta la red pública de centros educativos es su marginalización y su
fuerte deterioro, que pone en grave riesgo el futuro de la red. Por este
motivo, el Gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de defender,
mantener y consolidar la enseñanza pública como eje vertebrador del
sistema educativo y como elemento fundamental de cohesión social del
país, y no puede permitir que la escuela pública se convierta en
subsidiaria de la red privada concertada.
Por todo ello se propone la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas
legislativas necesarias para:
1. Preservar el carácter público de la red transferida a las Comunidades
Autónomas frente a las estrategias de privatización en marcha.
2. Vetar el cambio de titularidad, la enajenación o privatización del
patrimonio que integra la red de centros públicos existente.
3. Promover y garantizar que el suelo público destinado a la creación de
centros docentes se utilice de forma exclusiva para la creación de
centros docentes públicos; así como exigir el cumplimiento del artículo
109 de la LOE que garantiza la creación de centros educativos públicos en
las zonas de nueva población.
4. Establecer una moratoria de los conciertos educativos, determinar su
carácter subsidiario, equiparar su funcionamiento y las condiciones
laborales de su personal al de los centros públicos y desarrollar
mecanismos de integración voluntarios y negociados de estos centros en la
red pública.
5. Establecer un sistema de escolarización que garantice una racional y
equitativa asignación de plazas e impida la selección del alumnado por
parte de los centros concertados. Para ello, se procederá a la creación
por ley de comisiones de escolarización centralizadas, con participación
de todos los sectores de la comunidad educativa, y con competencias
plenas en la materia a lo largo de todo el proceso.
6. Garantizar una red pública de Escuelas Infantiles con una oferta de
plazas suficientes para los menores de seis años, especialmente en el
primer ciclo de Educación Infantil, asegurando su carácter estrictamente
educativo, mediante los correspondientes desarrollos normativos de ámbito
estatal que establezcan el currículo básico y los requisitos mínimos de
centros, ratios y profesionales para toda la etapa.
7. Garantizar una educación laica, plural ideológica y culturalmente, que
no practique el adoctrinamiento y que garantice la libertad de
conciencia. Para ello, se tomarán las medidas oportunas para que las
enseñanzas
de religión queden fuera del horario lectivo y del currículo escolar."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2008.-Joan Herrera
Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds.
161/000239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta,
para su discusión ante la Comisión de Educación, Política Social y
Deporte, del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para
territorializar la asignación tributaria del IRPF destinada a otros fines
de interés social.
Antecedentes
El porcentaje del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
destinado a otros fines de interés social ha sido objeto de diversas
iniciativas parlamentarias en la pasada legislatura. Además de su
incremento, pasando del 0,52 al 0,7 por ciento finalmente establecido, se
ha solicitado en varias ocasiones, a través de múltiples iniciativas
presentadas por más de un grupo parlamentario, la territorialización de
estos recursos.
La reiterada demanda se justifica por diversas razones: posibilitar el
ejercicio de las competencias exclusivas de las CC AA en materia de
acción social y de asociaciones y fundaciones; garantizar la dotación de
recursos para programas sociales de entidades de ámbito local y
autonómico; hacer efectivo el principio de proximidad como elemento
rector de la política social; y vincular recaudación y distribución para
evitar el desincentivo que provoca la inexistencia de esta relación.
Por todos es sabido que la Comunidad Autónoma más solidaria en este
contexto, el de la asignación tributaria del IRPF destinada a otros fines
de interés social, es Catalunya. El porcentaje de declarantes del IRPF
que desean destinar una parte de su renta a esta finalidad, es el más
elevado de todas las comunidades autónomas y se sitúa siempre por encima
de la media para el conjunto del Estado.
Sin embargo, la distancia entre lo que se recauda en Catalunya y lo que
efectivamente se distribuye es muy grande. Como consecuencia de ello, los
ciudadanos residentes en Catalunya, pueden interpretar que no se está
cumpliendo con su voluntad, pues no se destina la parte de sus impuestos
que voluntariamente determinan se dirija a finalidades sociales a este
objetivo.
En cumplimiento de la Proposición no de Ley 161/000667 de la VIII
legislatura, el Gobierno elaboró un estudio sobre el programa de
Subvenciones con cargo al 0,52 del IRPF, con el propósito -de acuerdo con
el texto aprobado- de establecer un mecanismo para incentivar y reducir
la distancia entre lo que se recauda y lo que se distribuye, con
determinación de una fórmula de territorialización de los recursos.
Sin embargo, el estudio lejos de configurar el mecanismo o de determinar
una fórmula, argumenta entre otras razones, para no proceder a la
territorialización, que ésta supondría la desaparición de un instrumento
de solidaridad estatal. No se permitiría al Estado realizar la función
social igualadora que hoy le permite la citada asignación tributaria.
Pero es evidente, que territorializar la asignación tributaria del IRPF
destinada a otros fines de interés social no impide al Estado llevar a
cabo políticas públicas de igualdad para el efectivo ejercicio de los
derechos. Otro tipo de políticas, alternativas a este programa, pueden
tener el mismo efecto. La citada asignación no es el único instrumento a
través del cual el Estado puede desarrollar sus objetivos y materializar
sus valores.
Tal y como se expone en el referido estudio, el IRPF como el conjunto del
sistema impositivo, está dirigido a la satisfacción de necesidades
colectivas vía gasto público y todos los ciudadanos tienen el deber de
contribuir a financiar estas necesidades. Ahora bien, el tramo del 0,7
tiene una autonomía conceptual y procedimental que va dirigido a la
satisfacción de necesidades específicas de determinados colectivos o al
desarrollo de acciones y objetivos funcionales que las facilitan. Ésta
autonomía conceptual y procedimental hace precisamente posible su
territorialización.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a territorializar por
Comunidades Autónomas los recursos recaudados en la asignación tributaria
del IRPF destinada a otros fines de interés social y a ceder a cada
Comunidad un mínimo del 50 por ciento de la recaudación que se haya
obtenido en las declaraciones efectuadas en su territorio, en concepto de
la citada asignación, garantizando que los recursos correspondientes al
referido tramo sean gestionados íntegramente por los respectivos
gobiernos autonómicos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2008.-Josep Antoni
Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
actualización del Salario Mínimo Interprofesional, para su debate en la
Comisión de Trabajo e Imigración.
La Carta Social Europea, que fue ratificada por el Estado español en 1980,
tiene carácter de convenio internacional promovido por el Consejo de
Europa y su objetivo es la protección de los derechos sociales y
económicos, dentro de los cuales se encuentra el derecho a una
remuneración justa. Se considera que el salario mínimo neto no debe ser
inferior al 60 por ciento del salario medio neto estatal.
En la legislatura anterior el Gobierno recuperó parte del poder
adquisitivo perdido por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en
etapas anteriores y situó su cuantía para 2008 en 600 euros mensuales. En
paralelo, se eliminaron las referencias al SMI en las políticas
presupuestarias no laborales, creándose el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM) como indicador para calcular el umbral de
ingresos a efectos de ayudas para vivienda, becas, subsidios por
desempleo, etc.
Así, se ha eliminado un vínculo que, se suponía, impedía un crecimiento
racional del SMI por su impacto en el gasto público. Esto es muy
discutible pero, en todo caso, otra cuestión a abordar además de
dignificar definitivamente el SMI, es fijar correctamente el IPREM con su
correspondiente actualización automática mediante una cláusula de
revisión salarial. Porque el crecimiento del IPREM desde 2005 ha sido
inferior al de la inflación. No es de recibo que avancemos en la
dignificación del SMI y precaricemos el IPREM.
En términos de salario medio neto, el SMI neto representaba el 40,3 por
ciento en 2000 y en 2008 representará aproximadamente el 43 por ciento
del salario medio neto. Esto significa que, aún reconociendo los avances
de la anterior legislatura, el SMI se encuentra muy por debajo del 60 por
ciento establecido por la Carta Social Europea.
Nuestro SMI sigue muy alejado de una gran parte de paises desarrollados de
la Unión Europea y de otros países desarrollados. En Holanda y Francia el
salario mínimo supera los 1.200 euros al mes, Gran Bretaña y Bélgica
superan los 1.100 euros y en Irlanda y EE.UU. son más de 1.000 euros
mensuales.
La realidad nos ha demostrado en la anterior legislatura, refutando los
reproches de la derecha económica, que las subidas del SMI ni frenaron la
creación de empleo ni el crecimiento económico. Ahora, con el ciclo
económico adverso, las mejoras salariales pueden contribuir a reactivar
la demanda.
Es posible y urgente fijar nuestro salario mínimo en el 60 por ciento del
salario medio, y también regular su actualización automática mediante una
cláusula de revisión salarial. Y es urgente hacerlo porque el SMI es una
garantía establecida en el Estatuto de los Trabajadores, configurándose
en nuestro derecho laboral como una obligación que los poderes públicos
imponen a los empresarios para no permitir salarios por debajo de un
umbral, igual que se limita la jornada laboral o la edad legal para
trabajar.
Es esta función primordial del SMI como remuneración mínima del trabajo la
que exige un salario mínimo digno que también contribuya a alejarnos de
un modelo económico basado en bajos salarios y condiciones laborales
precarias.
Por este motivo, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acometer las medidas
oportunas para:
- Equiparar en esta legislatura la cuantía del SMI al 60 por ciento del
salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea. El SMI
quedará establecido en 2009 en 700 euros mensuales y alcanzará en 2012
una cantidad no inferior a 1.100 euros al mes.
- Establecer un mecanismo permanente de revisión automática del SMI y del
IPREM, de forma similar a lo que sucede en el caso de las pensiones para
mantener el poder adquisitivo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2008.-Joan Herrera
Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds.
161/000233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa
a "la creación de una Administración de la Seguridad Social en Puerto del
Rosario, capital de Fuerteventura, y dos agencias del mismo organismo,
una en Gran Tarajal y otra en Morro Jable", para su debate en la Comisión
de Trabajo e Inmigración.
La isla de Fuerteventura ha experimentado en los últimos años un
crecimiento poblacional que se podría calificar de desmesurado. El
desarrollo de su industria turística así como el crecimiento de la
industria de la construcción, ha llevado a una isla que contaba con
25.000 habitantes no hace diez años, a contar en la actualidad con
120.000 habitantes de hecho y unos 65.000 de derecho.
Si a eso unimos su especial perfil geográfico -Fuerteventura es una isla
estrecha, de veinte kilómetros de promedio de ancho, siendo su parte más
angosta de cinco kilómetros y la mas ancha de cuarenta kilómetros, y
ciento veinte kilómetros de longitud-, es fácil entender el problema que
supone contar con una sola Delegación sita en la capital de la isla, lo
que obliga a los habitantes del sur de Fuerteventura, uno de los lugares
de desarrollo turístico más importantes, a tener que llevar a cabo
trayectos de más de doscientos kilómetros cuando se ven obligados a
realizar cualquier tipo de gestión que tenga que ver con la Agencia de la
Seguridad Social.
En Gran Canaria, la isla que cuenta con la capital de provincia, se
encuentra una Administración de la Seguridad Social en las Palmas de Gran
Canaria, otra en Gáldar, población, que en su tiempo, recibió la
Administración que estaba destinada a la isla de Fuerteventura, a esa
Administración hay que añadir la de Telde que además cuenta con dos
Agencias del citado organismo.
Para cualquiera que haga una comparacion entre la población de Gáldar y la
de Fuerteventura y la actividad laboral e industrial que se lleva a cabo
en esa población y la que se realiza en Fuerteventura, verá que es de
pura lógica y justicia que se conceda una Administración de la Seguridad
Social a Fuerteventura y que además se abran agencias del mismo organismo
en Gran Tarajal, principal núcleo poblacional del sur de Fuerteventura y
otra en Morro Jable, donde se encuentra el núcleo más importante de la
industria turística del sur de Fuerteventura.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la nación, al objeto de
que adopte medidas urgentes conducentes a la creación de una
Administración de la Seguridad Social en Puerto del Rosario, capital de
Fuerteventura, y dos agencias del mismo organismo, una en Gran Tarajal y
otra en Morro Jable, ambas poblaciones situadas al sur de Fuerteventura a
más de 100 kilómetros de la capital".
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2008.-María Soraya
Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/000246
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre modificación de la legislación vigente para
prohibir las regularizaciones masivas.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y
entendiendo que se insta al Gobierno al ejercicio de su iniciativa
legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento
por la Comisión de Trabajo e Inmigración. Asimismo, dar traslado del
acuerdo al Gobierno, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación, de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2008.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, con el
objeto de prohibir por ley las regularizaciones masivas, para su debate
en la Comisión de Trabajo e Inmigración.
Exposición de motivos
La inmigración se ha convertido en el tercer problema que más preocupa a
los españoles según el GIS. En el 2004 ocupaba el noveno lugar y ahora ha
pasado a ocupar el tercero.
En el año 2006 llegaron a nuestro país 670.000 inmigrantes y en el año
2007 fueron 725.000. Estas cifras superan el número de inmigrantes
llegados a Alemania, Reino Unido y Francia juntos.
Una de cada diez personas empadronadas en España son extranjeras.
Concretamente 4,5 millones personas registradas en los padrones
municipales, según los
datos correspondientes a 1 de enero de 2007 publicados por el Instituto
Nacional de Estadistica.
La proporción de inmigrantes es similar a su crecimiento en el último año
(un 9 por ciento), mientras que el número de españoles apenas creció un
0,2 por ciento.
En febrero de 2005, el Gobierno llevó a cabo un proceso de regularización
de casi 600.000 inmigrantes irregulares, en contra de los principales
países de la Unión Europea, y que ocasionó el conocido "efecto llamada".
Esto dio lugar a que 1as mafias traficaran con los inmigrantes, que
llegaban a nuestro país en busca de un futuro mejor.
Durante el año 2006, llegaron más de 31.000 inmigrantes ilegales a las
costas canarias. A día de hoy, los cayucos siguen llegando y los centros
de internamiento se encuentran saturados y al límite de su capacidad. Las
Islas Baleares, la costa andaluza, Murcia y Valencia se han convertido en
nuevas rutas de pateras.
La Encuesta nacional de inmigrantes 20007, sin embargo, confirma que el
medio de transporte más utilizado para entrar en España es el avión (62,7
por ciento), seguido de los medios terrestres. Los cayucos o pateras
apenas representan el 1,0 por ciento del total.
La realidad nos muestra, que tras más de tres años desde que se llevó a
cabo el proceso de regularización masiva, el "efecto llamada" continúa y
los inmigrantes siguen arriesgando sus vidas en las aguas del Atlántico y
del Mediterráneo con la esperanza de encontrar una vida mejor.
El Gobierno ha llevado a cabo una política de inmigración poco previsora,
irresponsable e ineficaz durante la legislatura pasada. Ha puesto en
marcha numerosos planes que no han dado resultado. De la Unión Europea no
se ha conseguido una implicación real por parte de los paises miembros,
prevaleciendo la opinión de que si España había creado el problema, era
España quien debía arreglarlo. Esta falta de interés ha provocado que no
haya medios ni recursos suficientes a día de hoy para combatir la
inmigración ilegal.
Debido al estrepitoso fracaso de la regularización del año 2005 se calcula
que hoy puede haber cerca de 1.500.000 inmigrantes ilegales, es decir más
irregulares que cuando se inició el proceso. Por ello, el Grupo
Parlamentario Popular considera necesario garantizar por ley que no se
van a producir nuevas regularizaciones masivas, para acabar para siempre
con el "efecto llamada".
Por todo ello, es por lo que presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la Ley
Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, con el fin de establecer una disposición
adicional donde se prohiba por ley las regularizaciones masivas,
transmitiendo así un mensaje claro e inequívoco de rechazo a la
inmigración ilegal, y fundamentalmente a las mafias que trafican
ilegalmente con estas personas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2008.-Rafael Hernando
Fraile, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
161/000221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds, a iniciativa del Diputado Francesc Canet i Coma, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre el cierre de las centrales nucleares y particularmente la de Ascó-1
para su debate en la Comisión de Industria.
Exposición de motivos
En 2004 se produjo en Vandellós-2 el accidente más grave en una central
nuclear después del ocurrido en 1989 en Vandellós-1 y que alcanzó el
nivel 3. El CSN reconoció, en la investigación llevada a cabo por el
Congreso de los Diputados, que la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós
(ANAV) primó la producción a la seguridad y que Vandellós-2 continuó
funcionando durante meses en condiciones de "seguridad degradada".
Vandellós-2 recibió la multa más grande impuesta a una central, pero a
pesar de ello el CSN quedó en cuestión. Fruto de esta situación, se
produciría una reforma para aumentar el control de las administraciones
sobre la actividad nuclear. No obstante este mayor control, lejos de
tranquilizar la situación, dejó en evidencia los múltiples fallos que se
producían. Y puso de relieve que más de .la mitad de los sucesos de que
se informa, se producen en las centrales nucleares gestionadas por ANAV.
A pesar de una mayor preocupación por parte del CSN en el control de la
actividad de estas centrales nucleares, los problemas se suceden hasta el
punto que ANAV ha sido la responsable de dos niveles 2 en la Escala
Internacional de Sucesos Nucleares (INES) en los últimos tres años. El
último caso conocido se produjo el 27 de noviembre de 2007 en Ascó-1,
aunque no se hizo público hasta el 5 de abril de 2008, meses más tarde, y
gracias a Greenpeace y no al control del CSN. De hecho ANAV, como
reconoce el propio CSN, ocultó información, incluso después de conocerse
el incidente, hasta el punto de que el CSN se vio obligado a aumentar la
calificación del accidente del nivel 1 al 2 en el INES.
La ocultación de la información puso en cuestión la seguridad de la
central y de las personas que trabajan o la visitan, a la vez que impidió
un reconocimiento y atención médica urgente. En este sentido, el
descubrimiento de la ocultación o manipulación de la información ha
llevado a ampliar la cantidad de población examinada. Esto es
absolutamente preocupante porque se permitió la visita de un centro
escolar en una situación de riesgo de radioactividad, porque no se ha
podido detectar la incidencia de partículas como el cobalto-60 que es uno
de los isótopos más peligrosos por sus efectos biológicos y porque se ha
mantenido a población expuesta durante tiempo a los elementos
radiactivos.
Por otro lado, el Presidente del gobierno español se comprometió en el
debate del Estado de la Nación de 2005 a establecer un calendado de
cierre nuclear, aunque desde el Ministerio de Industria -corrigiendo al
Presidente- consideraron más oportuno dejarlo para la siguiente
Legislatura. En esta línea, el Presidente del gobierno insistió, en el
debate de investidura de la presente Legislatura, en el cierre de las
centrales nucleares al final de la vida de éstas, pero no presentó ningún
calendario al respecto.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados manifiesta su compromiso con la
investigación y difusión de energías más limpias y seguras y por la
sustitución de la energía nuclear, e insta al Gobierno español a:
1. Establecer un calendario para el cierre de las centrales nucleares del
Estado español.
2. Cerrar definitivamente, y de manera anticipada, la central nuclear de
Ascó-1 por no garantizar las oportunas medidas de seguridad.
3. Impulsar con las administraciones locales y autonómicas un plan de
desarrollo económico y social que garantice un modelo de desarrollo
social y territorial perdurable en el territorio, y en particular en la
Ribera d'Ebre, que suponga una alternativa para las personas afectadas
por el cierre de las nucleares.
4. Prohibir las visitas escolares a las centrales nucleares."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2008.-Francesc Canet
i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
161/000006, 161/000008 y 161/000094
Mediante escrito de fecha 11 de junio de 2008, el Grupo Parlamentario
Mixto ha retirado las siguientes Proposiciones no de Ley:
- La construcción de un paseo marítimo desde Vilagarcía a Vilaxoan (núm.
expte. 161/000006), publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados",
serie D, núm. 13, de 13 de mayo de 2008.
- La recuperación medioambiental de la "Illa de Samertolameu" (núm. expte.
161/000008), publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D,
núm. 13, de 13 de mayo de 2008.
Asimismo, mediante escrito de fecha 12 de junio de 2008, dicho Grupo ha
retirado la Proposición no de Ley siguiente:
- Sobre el sector platanero (núm. expte. 161/000094), publicada en el
"BOCG. Congreso de los Diputados" serie D, núm. 19, de 23 de mayo de
2008.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del
Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2008.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
161/000017
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Solicitud de que su Proposición no de Ley relativa a la consolidación del
Plan Nacional de Salvamento 2006-2009, sea tramitada en la Comisión de
Fomento en lugar de en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y
Pesca.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, trasladar a la Comisión de Fomento y
comunicar este acuerdo a la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y
Pesca, al Gobierno y
al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2008.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de
los Diputados", serie D, núm. 13, de 13 de mayo de 2008.
161/000224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, por la
que se insta al Gobierno a incrementar el Fondo para el Patrimonio
Natural y la Biodiversidad y destinarlo a actuaciones preventivas contra
incendios forestales, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La importancia de la política forestal y el valor de nuestros montes como
sumideros de dióxido de carbono, para combatir el cambio climático, se ha
puesto de manifiesto en los últimos informes del IPCC. En ellos se
destaca, como aspectos esenciales para reducir el calentamiento global,
la importancia de la forestación, reforestación y gestión de los bosques
como sumideros de carbono; la importancia de la gestión de producción de
madera y el uso de materiales forestales para obtener bioenergia que
pueda reemplazar el uso de combustibles fósiles. Asimismo, y en el
apartado de áreas clave planeadas para estar disponibles comercialmente
antes de 2030, se resalta la mejora de tecnologías de medición para
análisis del potencial de captura de CO2 del suelo y vegetación, y los
cambios en el mapa de usos del suelo.
Asimismo, es de destacar la importancia de incrementar el consumo de
madera, por sus propiedades de almacén de carbono a medio y largo plazo,
y como material alternativo a otros de utilización común como el acero,
el aluminio y el PVC que, además de no ser renovables, consumen enormes
cantidades de energía en su fabricación.
La Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, horizonte
2012, aprobada por el Consejo de Ministros el 6 de noviembre de 2007,
dedica un apartado a los sumideros de CO2, destacando la necesidad de
aumentar la capacidad de absorción de CO2 de la atmósfera por las
formaciones vegetales y el cumplimiento del objetivo fijado en los Planes
Nacionales de Asignación, que prevén la compensación del 2 por ciento de
las emisiones del año base por actividades de uso de la tierra, cambio de
uso de la tierra y selvicultura.
Entre las medidas que se proponen para alcanzar estos objetivos destacan:
- Aumento de la superficie forestal.
- Restauración de la cubierta forestal.
- Establecimiento de acciones preventivas para evitar los incendios
forestales.
- Establecimiento de un marco institucional y legislativo para incentivar
la participación del sector privado en el aumento de la capacidad de
captación de carbono de los sumideros españoles.
Además de su valor como sumidero de CO2, para luchar contra el Cambio
Climático, los montes son un gran reservorio de biodiversidad (el 79,44
por ciento de la Red Natura terrestre española es terreno forestal), son
imprescindibles para la regulación del ciclo del agua, para evitar la
erosión y la desertificación, y proporcionan innumerables productos y
servicios, importantes, como generadores de empleo rural.
El Gobierno socialista ha mantenido en el olvido la política forestal y la
aplicación del Plan Forestal Español y de la Estrategia Española de la
Biodiversidad, aprobados durante los gobiernos del Partido Popular. Se
acuerda del monte solo cuando arde, en verano, y cuando esto ocurre se
apresura a aprobar decretos en los que establece una serie de
prohibiciones, la mayoría de competencia autonómica, que posteriormente
debe matizar y contemplar excepciones, tal como ocurrió tras el incendio
de Guadalajara en julio de 2005, o los incendios de Galicia del verano de
2006.
Las acciones de Gobierno insisten en aumentar los gastos de extinción, sin
concretar una política de prevención, de entidad suficiente, al desafio
que constituye la superación de este problema endémico. Bien es cierto
que la gestión forestal y la extinción de incendios forestales es
competencia de las Comunidades Autónomas pero en los Presupuestos
Generales del Estado existen partidas presupuestarias dedicadas a las
Comunidades Autónomas, claramente insuficientes, si consideramos el papel
esencial de los montes para absorber dióxido de carbono.
En España existen 25 millones de hectáreas de monte que suponen el 50 por
ciento de la superficie española; de ellos, cerca del 70 por ciento son
de propiedad privada. El monte generalmente, salvo determinadas especies
de crecimiento rápido, no es rentable, y por ello, los montes españoles
no están cuidados. En España, el monte arde, y lo hace favorecido por la
abundancia de biomasa forestal que se acumula, año tras año, de manera
incontrolada en los bosques aumentando sin cesar el riesgo de incendios
forestales.
No podemos esperar pasivamente que, un año más, los incendios vuelvan a
ser la noticia de este verano y parece evidente que un objetivo de la
política forestal, a plantear a medio plazo, debe ser realizar
actuaciones en
el monte que eviten, o al menos disminuyan de forma apreciable, los
incendios forestales y sus daños; con ello, se conseguirá de manera
simultánea:
- Crear empleo en zonas rurales.
- Conservar los bosques mediante su gestión sostenible.
- Luchar contra el cambio climático.
- Reducir la dependencia de abastecimiento energético exterior.
Desde el Partido Popular planteamos como esencial la necesidad de valorar
los montes a través de un acto de justicia y solidaridad como es la
compensación de las externalidades que los montes aportan a la sociedad
(biodiversidad, reguladores del ciclo del agua, lucha contra la
desertización y erosión, ocio, cultura, sumideros de CO2...), mediante la
contribución a la financiación de los gastos de mantenimiento y
conservación.
De todas las externalidades del monte hay una cuyo valor ya está fijado en
el mercado. El valor del derecho de emisión de CO2 y, pese a su
oscilación permanente, ronda en la actualidad los 25 euros par tonelada.
Por consiguiente, el valor de las 75 millones de toneladas de CO2 que
fijan nuestros montes cada año es de 1.875 millones de euros anuales.
Para valorar nuestros montes proponemos que se dote, inicialmente, el
Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad creado en la Ley de
Patrimonio Natural y Biodiversidad, con 470 millones de euros anuales (la
cuarta parte de lo que el monte aporta anualmente a la sociedad), para
inversiones en trabajos preventivos contra incendios forestales,
aprovechamiento de biomasa forestal y gestión forestal sostenible de
nuestros montes con lo que, a medio plazo, se conseguiría evitar los
incendios forestales. Como una gran parte de los montes españoles,
privados y públicos, se encuentra incluida en la Red Natura, dicho fondo
también tendría aplicación en la mejora y conservación de la Red, ya que
la parte forestal de la Red Natura supera el 79 por ciento del total
terrestre.
Estos 470 millones de euros anuales destinados a más de la mitad de la
superficie española representan un punto de inflexión para resolver el
problema de los incendios forestales y suponen, solamente, la cuarta
parte del valor de mercado del secuestro de CO2 que realizan.
La inversión de los 470 millones de euros anuales debería centrarse en dos
áreas: Actuaciones Preventivas contra incendios Forestales y Gestión y
Aprovechamiento Sostenible de los Montes, que son dos acciones
complementarias. Tenemos experiencias contrastadas que muestran que la
puesta en valor de los montes acaba con los incendios forestales. Cuando
el monte empieza a generar recursos, especialmente empleo, los incendios
van disminuyendo. Cuando la cultura de aprovechamiento sostenible del
monte sustituye a la cultura del uso del fuego, los incendios se acaban.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dotar con 470 millones de euros anuales el Fondo para el Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, para inversiones en trabajos preventivos
contra incendios forestales, aprovechamiento de biomasa forestal y
gestión forestal sostenible de nuestros montes.
2. La inversión citada debería centrarse en dos áreas: Actuaciones
preventivas contra incendios forestales y Gestión y Aprovechamientos
sostenibles de los Montes.
3. En el apartado de Actuaciones preventivas contra incendios forestales
hay que considerar prioritarias, al menos, la inversión en tratamientos
selvícolas preventivos de incendios; en fomentar el aprovechamiento de la
biomasa forestal; propiciar la capacitación del personal dedicado a la
lucha contra incendios; efectuar programas de prevención en el medio
rural; establecer programas de gestión silvopastoral y potenciar acciones
de formación en nuevas profesiones ligadas al aprovechamiento
multifuncional de los montes.
4. En el apartado de Gestión y Aprovechamiento sostenibles de los Montes
se considerará la necesidad de fomentar la planificación forestal
comarcal y los proyectos de redacción de Montes; el apoyo a los procesos
de agrupación de propietarios y el establecimiento de beneficios fiscales
para impulsar el sector; fomentar el uso de la madera como producto
renovable y potenciar los aprovechamientos de los montes; establecer un
plan de apoyo a las PYMES de transformación de productos forestales y
fomentar la forestación y reforestación".
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2008.-María Soraya
Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/000228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en
la Comisión.
Exposición de motivos
El Consejo de Ministros, en su reunión celebrada el 28 de marzo de 2008,
dió el visto bueno "a las obras de emergencia que el Ministerio de Medio
Ambiente
está llevando a cabo para la ejecución de las actuaciones que faciliten la
utilización de los recursos de la desalinizadora de Carboneras
(Almería)". La inversión destinada para esta actuación fue cifrada por el
Consejo de Ministros en 12.000.000 euros.
El Real Decreto-ley 3/2008, de 21 de abril, de medidas excepcionales y
urgentes para garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por
la sequía en la provincia de Barcelona, declara "de interés general las
obras de la infraestructura conducción CAT-ATLL necesaria para hacer
efectivos el abastecimiento de poblaciones y la derivación de caudales
autorizados por este Real Decreto-ley".
Como consecuencia de la aprobación de dicho Real Decreto-ley 3/2008, de 21
de abril, a la que se le une el aumento de las precipitaciones caídas en
el noreste de la Península Ibérica durante las últimas semanas, se hacen
innecesarias las obras de emergencia que visó el Consejo de Ministros el
pasado 28 de marzo de 2008, consistentes en la construcción de distintas
instalaciones en la localidad almeriense de Carboneras.
El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, establece como
"Nuevas actuaciones de interés general" a realizar en la Cuenca
Hidrográfica del Sur la puesta en marcha de desaladoras en Níjar, Bajo
Almanzora y Poniente Almeriense.Asimismo, califica de "actuaciones
prioritarias y urgentes" a realizar en la misma Cuenca Hidrográfica del
Sur las actuaciones en incremento de la disponibilidad de recursos
hídricos consistentes en la puesta en funcionamiento de desaladoras en el
Campo de Dalías, Níjar, Bajo Almanzora, Carboneras (segunda fase) y
Poniente Almeriense. Del mismo modo, dicho Real Decreto Ley contempla
"actuaciones prioritarias y urgentes" consistentes en la mejora de la
gestión de los recursos hídricos: actuaciones complementarias de
reutilización de aguas residuales en el Campo de Dalías; actuaciones de
reutilización de aguas residuales en Almería; conexión presa Cuevas de
Almanzora-Poniente Almeriense (sector norte); mejora de las
infraestructuras hidráulicas de los riegos de la zona de Poniente de
Adra; y conducciones en la zona regable del embalse de Cuevas de
Almanzora.
A pesar de que han transcurrido cuatro años desde la aprobación del Real
Decreto Ley 2/2004, de 18 de junnio, por el que se modifica la Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, aún no se han
realizado la totalidad de las actuaciones que dicho Real Decreto Ley
contempla para la provincia de Almería.
Por las razones expuestas, el Grupo Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para que la inversión de 12.000.000 euros que había previsto
destinar a la realización de obras de emergencia para facilitar la
utilización de los recursos de la desalinizadora de Carboneras (Almería),
se reinviertan en la provincia de Almería en actuaciones destinadas a
incrementar la disponibilidad y a mejorar la gestión de sus recursos
hídricos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2008.-María Soraya
Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/000230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa
a la elaboración de un plan de desarrollo propio para la Ribeira Sacra,
para su debate en la Comisión.
Exposición de motivos
La Denominación de Origen (DO) Ribeira Sacra se creó en 1996, ocupando un
área geográfica de 17 municipios, situados a lo largo de las Riberas del
Miño y del Sil, en el sur de la provincia de Lugo y norte de Ourense. Los
viñedos se ubican en terrazas de superficies mínimas lo que prácticamente
imposibilita ningún tipo de mecanización. Las cosechas son además muy
bajas en cantidad, aunque de una calidad altísima.
La viticultura es, sin embargo, en esta zona la principal fuente de
ingresos de su población; una viticultura que se ha ganado merecidamente
el calificativo de viticultura heroica por las dificultades que supone a
los viticultores las pendientes, la altitud, la imposibilidad de la
mecanización y la exigencia de unos cuidados específicos.
Precisamente, sólo la Ribeira Sacra realiza en todo el Estado este tipo de
producción vitícola.
En el último Congreso internacional CERVIM (Centro de Investigación,
Estudio, Salvaguarda, Coordinación y Valorización de la Viticultura de
Montaña), organismo internacional, creado con el patrocinio de la OLV -la
Organización Internacional de la Viña y el Vino-, el Comité Científico
hizo un llamamiento para que se adopten iniciativas públicas que permitan
revalorizar y conservar este tipo de viñedos. Según el profesor Mario
Fregoni, reconocida autoridad en viticultura: "Se trata de evitar que
desaparezca toda una forma de vida, de civilización, proteger un
patrimonio natural y cultural de estas zonas montañosas, que no sólo
pertenece a sus habitantes, sino a toda la humanidad".
Los cambios que se avecinan con la reforma de la OCM que entrará en vigor
el 1 de agosto de 2008 supondrán, según las valoraciones del sector, unas
pérdidas de más de trece millones de euros para los viticultores de
Ribeira Sacra, sólo en concepto de derechos históricos, a los que habrá
que añadir los derivados de la bajada de precios.
La liberalización de los derechos de producción va a provocar un enorme
perjuicio a los más de 6.000 viticultores del sector productor de la
Ribeira Sacra que trabaja una extensión de 2.500 hectáreas de viñedo. El
sector está muy preocupado teniendo en cuenta que con la OCM se
depreciará el valor de los derechos históricos de las viñas y de las
fuertes inversiones que se hicieron estos años adquiriendo derechos para
nuevas plantaciones. Además consecuentemente traerá un descenso del
precio de la uva, en una zona donde la viticultura constituye una
importante fuente de ingresos y juega un papel fundamental en términos de
protección del medio ambiente, paisaje, cultura y fijación de población.
A nuestro juicio, la reforma de la OCM tampoco protege a las
denominaciones de origen, ya que la mayor flexibilidad en el etiquetaje
de los vinos va a permitir poner la variedad y añada que quieran a los
que carezcan de indicación geográfica.
Se plantea, pues, un escenario que traerá cuantiosas pérdidas económicas y
perjuicios a las más de cien bodegas asentadas en la DO Ribeira Sacra.
Teniendo en cuenta además que la DO se extiende por los territorios más
envejecidos de España, con municipios en los que la población mayor de
sesenta años supera el cincuenta por ciento de la población, y todo ello
con fortísimas pendientes que prácticamente imposibilita los cultivos
alternativos, a la vez que dificulta las labores vitícolas y encarece
enormemente la producción.
Pero a la vez son estas características del terreno y.su aprovechamiento
para el cultivo de la vid lo que convierte a la zona en un paisaje
excepcional, con reconocimientos y fuertes protecciones medioambientales
como la Red Natura 2000 o la reciente de "paisaxe protexida". Por lo
tanto, es clara y decisiva la contribución de la vitivinicultura a la
conservación de la biodiversidad, la protección del medio ambiente,
evitando la desertización y la preservación de nuestro valioso patrimonio
cultural y natural, y la defensa de nuestra riqueza paisajística.
Es necesario, pues, un tratamiento específico que reconozca sus especiales
dificultades derivadas de la imposibilidad de mecanización y de los
mayores costes de producción y que garantice su competitividad y su
supervivencia estableciendo ayudas a los viticultores para compensar el
mantenimiento y los costes o pérdidas que les supone la red de espacios
protegidos.
Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta que la propia OCM del vino da a
los Estados miembros la posibilidad de establecer medidas compensatorias
en territorios concretos y que el propio documento estatal español
"Estrategia Vino 2010" (para su aplicación en el periodo 2007-2010), en
el eje estratégico 1 incluye la necesidad de favorecer el mantenimiento
de cultivos en las zonas tradicionales donde esté estrechamente ligado al
medio ambiente y al mantenimiento del tejido social, con un fuerte
impacto en la economía rural.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que con carácter
inmediato, con fondos de la Administración Central y, en su caso, con
fondos comunitarios (en el marco de los establecido en la OCM del vino),
y con la colaboración de la Comunidad Autónoma de Galicia, elabore un
plan de desarrollo propio para la Ribeira Sacra, que garantice su
competitividad y su supervivencia, que incluya entre otras, medidas de
formación e incorporación de jóvenes al sector vitivinícola, ayudas para
hacer frente a los gastos adicionales generados por el mantenimiento del
paisaje cultural y a la renta perdida por este concepto, así como apoyos
a la comercialización, reestructuración y reconversión de viñedos y otras
medidas de protección del medio ambiente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2008.-Raquel Arias
Rodríguez, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000240
A la Mesa del Congreso
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta,
para su discusión ante la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y
Pesca, del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para la
sustitución de las bombillas poco eficientes.
Antecedentes
El mecanismo de la bombilla clásica es tan sencillo como poco eficiente.
Una corriente eléctrica atraviesa un filamento metálico y éste se
calienta tanto que finalmente produce luz. Así que el 90 por ciento de la
energía que consume la bombilla se emite en forma de calor.
Un mecanismo que no ejemplifica el ahorro energético y que no resulta
adecuado en un momento en el que es urgente impulsar actuaciones contra
el cambio climático. Las bombillas que inventó Thomas Edison en 1879 son
ineficientes y emiten CO2 a la atmósfera de forma innecesaria.
De acuerdo con un informe de la Agencia Internacional de la Energía, si la
mitad de las bombillas del mundo fueran sustituidas por lámparas de bajo
consumo en 2030, se ahorraría cada año cinco veces el consumo anual de
Australia. Y según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en
España hay unos 350 millones de bombillas, unas 25 por hogar. El 20 por
ciento de la factura doméstica de electricidad la consumen las bombillas,
así que sustituyendo todas las bombillas se ahorrarían unos 10.000
gigavatios-hora cada año, un 3 por ciento de la electricidad que se
produce en España al año. Una cantidad que equivale a 6,5 millones de
toneladas de dióxido de carbono al año.
Aunque a priori pueda parecer una cuestión de poca trascendencia es
importante por razones ecológicas. La sustitución de las bombillas poco
eficientes por las de bajo consumo, puede ser una medida más para hacer
frente al cambio
Además, en el contexto del Debate sobre el Estado de la Nación, el
Congreso de los Diputados aprobó el día 4 de julio de 2007, una
resolución que instaba al Gobierno a establecer medidas para la promoción
y generalización del uso de bombillas de bajo consumo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Conver éncia | Unió)
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un Plan antes de
finalizar el año 2008 y de acuerdo con las Comunidades Autónomas, para la
sustitución progresiva y definitiva, en el plazo de tres años, de las
bombillas de filamento incandescente y otras de baja eficiencia, salvo
las imprescindibles, por bombillas de bajo consumo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2008.-Josep Antoni
Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
161/000243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre desarrollo de la Ley de Biodiversidad y
Patrimonio Natural, para su debate en Comisión de Medio Ambiente,
Agricultura y Pesca.
Exposición de motivos
La reciente aprobación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, supone una respuesta a la cada
vez mayor preocupación ciudadana por los problemas relativos a la
conservación de nuestro medio natural.
La nueva ley supone un paso adelante en la garantía de la buena gestión de
los recursos naturales, y que la misma no suponga una merma para las
generaciones futuras. Vela por el mantenimiento y la conservación de
nuestra rica biodiversidad, así como por la restauración de los recursos
renovables.
Con esta Ley se refuerzan los instrumentos necesarios para garantizar los
procesos de planificación, protección, conservación y restauración de
nuestro patrimonio natural. Todo ello de una manera participada por la
sociedad civil y desde una apuesta por la cooperación
interinstitucional.
Debemos trabajar en el desarrollo de todos los mecanismos de los que
dispone la Ley para hacer efectivo el cumplimiento de los objetivos y
finalidad de la misma.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, dando cumplimiento a la
Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, poner en marcha lo más
rápidamente posible los siguientes órganos:
1. Creación de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad como órgano consultivo y de cooperación entre el Estado y
las Comunidades Autónomas.
2. Creación del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad como órgano de participación pública en el ámbito de la
conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y la
biodiversidad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2008.-Soraya
Rodríguez Ramos, Diputada.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al incremento de
los costes energéticos en las flotas de la Unión Europea, para su debate
en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
Motivación
El sector pesquero está atravesando un momento difícil desde el punto de
vista de su rentabilidad. Muchas empresas centradas en el sector
extractivo obtienen ingresos por la venta de pescado que cubren con
dificultades sus costes de producción. Esto es así porque el precio del
pescado en origen permanece prácticamente estancado mientras los costes
de producción se elevan fuertemente como consecuencia del rápido y fuerte
incremento de los costes energéticos.
Teniendo en cuenta que la evolución de los precios de los productos
energéticos escapan al control del Gobierno y del sector, la viabilidad
del sector, a medio plazo, hay que buscarla por el lado de los ingresos.
El incremento de los precios percibidos por los pescadores es la vía
normal por la que se pueden y deben equilibrar las cuentas del sector.
Vender producto en lugar de materia prima, participar en el proceso de
comercialización y ajustar oferta a demanda son vías para una mejor
valorización de los productos pesqueros.
Valorizar los productos de la pesca reduciendo los costes de
intermediación es uno de los desafíos fundamentales del sector; también
lo es la racionalización y reducción de los consumos energéticos teniendo
en cuenta que carecemos de control sobre los precios de estos productos.
A corto plazo, de inmediato hay que afrontar el problema de los costes
energéticos con poco margen de maniobra y la competencia desleal de
productos pesqueros procedentes de países terceros.
Los problemas derivados del incremento de los costes energéticos son
comunes al conjunto de los países de la Unión Europea, también los
derivados de las crecientes importaciones de pescado que generan
sobreoferta en los mercados y que no siempre pasan los controles
previstos por la Unión Europea.
En consecuencia, si tenemos en cuenta que los problemas citados afectan a
las diferentes flotas de la Unión Europea, que existe una Política
pesquera común y una OCM para los productos pesqueros que hasta ahora no
pudieron dar soluciones a los problemas planteados, creemos que hay que
demandar a la Comisión de la Unión Europea que se implique en ayudar a
afrontar la crisis de un sector estratégico por formar parte de la cadena
alimentaria. Desmantelar las flotas de la Unión Europea no puede ser la
solución de las autoridades comunitarias.
Por todo ello proponemos la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Demandar de la Unión Europea para que se implique en ayudar a un sector
estratégico como el pesquero ante el problema generado por el rápido
incremento de los precios del combustible.
- Defender una política común respecto a las condiciones laborales y
sociales de los trabajadores del sector.
- A demandar de la Unión Europea la aplicación rigurosa de la normativa
que regula la entrada de productos pesqueros en los mercados
comunitarios
- Seguir apoyando al sector pesquero en las iniciativas que contribuyan a
valorar el producto.
- Seguir apoyando al sector en todas las medidas de mejora que signifiquen
ahorro energético."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2008.-Manuel
Ceferino Díaz Díaz, Diputado.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/000245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la plantación de árboles, para su debate
en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
Exposición de motivos
Las masas arbóreas tienen en nuestra sociedad un valor multifuncional
contribuyendo entre otros a la regulación del ciclo del agua, protegen
las tierras de inundaciones, avenidas y aludes y mejoran su calidad,
frenan procesos de erosión y desertificación; regulan el intercambio de
gases atmosféricos, absorben y fijan el carbono y generan oxígeno;
salvaguardan la biodiversidad de especies de fauna y flora, y conservan
el paisaje; además de otros importantes valores culturales y de disfrute
humano.
El sector forestal es también un importante yacimiento de empleo, según el
Primer Dictamen del Comité
Económico y Social de la UE, contribuye a la creación y mantenimiento de
empleo, al logro de la cohesión y bienestar social e incide claramente
sobre el desarrollo local sostenible de las áreas rurales.
Hay que destacar el importante papel que desempeñan los árboles en la
mitigación del cambio climático. El Protocolo de Kioto reconoce el
decisivo papel de los bosques en el ciclo del carbono, considerando los
bosques como sumideros de carbono
El IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático) de Naciones
Unidas reconoce esta actividad forestal como vital en la estrategia
global de mitigación del cambio climático y recomienda su utilización en
el cumplimiento de la normativa.
España ha hecho una fuerte apuesta en estos años y según se desprende de
los primeros datos del Tercer inventario Forestal Nacional se han
producido incrementos del 35 por ciento con respecto a hace una década en
importantes territorios de España. Se han puesto en marcha diferentes
mecanismos e instrumentos como por ejemplo la aprobación de la Ley de
Montes, que están favoreciendo estos incrementos de las masas arbóreas,
así como su protección.
Aunque desde el Gobierno se está llevando a cabo políticas en esta materia
que están dando unos buenos resultados y dada la importancia que el
aumento del conjunto de las masas forestales tiene directamente sobre el
medio ambiente es preciso seguir actuando.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que a lo largo de esta
legislatura financie con carácter adicional a los programas ya existentes
la plantación de cuarenta y cinco millones de árboles de especies
autóctonas, preferentemente en bienes patrimoniales y dominios públicos
gestionados por el Gobierno, y en montes comunales y montes propios
gestionados por Ayuntamientos y corporaciones locales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2008.-Soraya
Rodríguez Ramos, Diputada.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/000227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la rehabilitación
del Santuario de Nosa Señora das Ermidas, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El Santuario de Nosa Señora das Ermidas, en el Ayuntamiento ourensano de O
Bolo, se encuentra enclavado entre los macizos de las Sierras de Queixa,
do Eixo y San Mamede, en una profunda garganta del río Bibei, y próximo a
una de las antiguas rutas de penetración en Galicia, la Vía Romana de
Astorga a Ourense, no lejos del cruce con la Vía de Braga a Astorga.
Goza de un enclave privilegiado, localizado en un anfiteatro natural que
realza su arquitectura barroca, ya que los edificios que componen el
Santuario se asientan en un reborde abrupto de la empinada montaña, sobre
una plataforma artificial excavada en la roca viva, desde la que se
domina la ribera encajada por la que discurre el Bibei.
Las Ermidas, célebre por su milagrosa imagen, se convirtió desde antiguo
en un importante lugar de peregrinación, sobre el que se erigió la
primera iglesia, una sencilla ermita, a finales de la Edad Media. En 1624
comenzó la construcción de una nueva iglesia con una única nave y una
casa para el administrador, y se amplió el mesón de peregrinos ya
existente, creándose el núcleo para el posterior desarrollo del Santuario
en fases sucesivas hasta el complejo existente en la actualidad.
El Santuario de Nasa Señora das Ermidas estaría formado por la iglesia, su
plaza, el crucero y la edificación de soportales, la casa de la
administración, la hostería y las dependencias anexas, el vía crucis, sus
figuras y capillas, el cementerio y la capilla neogótica de la
Resurrección, la fuente de Dormiñona y las demás construcciones
relacionadas con la tradición del Santuario y su mantenimiento y
actividades productivas, así como el puente y los caminos que de él
parten.
Por Decreto 75/2006, de 20 de abril, la Xunta de Galicia declaró Bien de
Interés Cultural, con la categoría de Monumento, el Santuario de Nosa
Señora das Ermidas, Ayuntamiento de O Bolo y su contorno delimitado, en
los Ayuntamientos de O Bolo y Manzaneda.
Este importante Santuario necesita de una completa rehabilitación, pues
sufre un constante deterioro que debe frenarse de inmediato.
En este sentido, y con independencia de las actuaciones que competen a la
Xunta de Galicia, hay que recordar que la Ley de Patrimonio Histórico
establece la obligación de destinar en los contratos de obras públicas
una partida de, al menos el 1 por ciento, a trabajos de conservación o
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español.
Previo a la firma de los convenios, los proyectos a subvencionar se
deciden en la Comisión Mixta formada por los Ministerio de Fomento y
Cultura, en base al Acuerdo de colaboración entre ambos departamentos,
para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico Español a través
del 1 por ciento cultural.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir entre los
proyectos a subvencionar con cargo al 1 por ciento cultural, el de la
rehabilitación del Santuario de Nosa Señora das Ermidas, en el
Ayuntamiento de O Bolo, en la provincia de Ourense."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2008.-Celso Delgado
Arce y Jesús Vázquez Abad, Diputados.-María Soraya Sáenz de Santamaría
Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta, para su discusión ante la Comisión de Cultura, una Proposición
no de Ley por la que se insta al Gobierno a impulsar, en el marco de la
Unión Europea, una reducción del IVA para los productos culturales en
cualquier formato o soporte.
Antecedentes
La Cultura es un elemento que permite la realización y el enriquecimiento
individual y colectivo. Supone progreso y bienestar en ambos niveles y
constituye un entramado de ideas y valores que permiten a personas y
sociedades interpretar su entorno y el mundo.
De acuerdo con la Constitución, los poderes públicos promoverán y
tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. Pero si
bien dicha competencia corresponde a las Comunidades Autónomas, no todos
los mecanismos que pueden facilitar el acceso a la misma dependen de
estas Administraciones. De hecho, como en otros ámbitos, algunos de los
mecanismos para facilitar el acceso a la cultura dependen de la normativa
comunitaria.
Es el caso de la normativa europea relativa a la aplicación del Impuesto
sobre el Valor Añadido. El IVA es un impuesto armonizado en el seno de la
Comunidad Europea, constituyendo la norma básica de armonización la
Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre, del Consejo, relativa al
Sistema Común del IVA. El artículo 98.2 de la citada Directiva, en
relación con el anexo III de la misma, establece la relación de bienes y
servicios a los que se pueden aplicar tipos reducidos. Entre dichos
bienes y servicios se incluyen determinados productos culturales como
libros o revistas impresos pero no otros productos y servicios culturales
en formato o soporte electrónico.
La normativa señalada ha sido modificada de manera periódica. De hecho, la
Directiva 2006/112/CE refunda la Directiva 77/388/CE en aras de la
claridad y la racionalización, por haber sido esta última modificada de
forma sustancial en numerosas ocasiones.
Además, respecto a la necesidad de incluir los productos y servicios
culturales en cualquier formato o soporte, en la anterior legislatura, la
Comisión de Cultura ya debatió este tema y aprobó una Proposición no de
Ley por la que se instaba al Gobierno a impulsar, en el marco de la Unión
Europea, una reducción del IVA para los productos culturales, sin que por
el momento la Cámara haya tenido conocimiento de las actuaciones que se
han emprendido para hacer efectivo el mandato. Es por ello que,
reiterando el acuerdo parlamentario, se impulsa asimismo el seguimiento
por parte de la Comisión de los trabajos que se desarrollen en su
consecución.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Continuar impulsando, en el seno de la Unión Europea, una modificación
de la Directiva 2006/112/CE que permita aplicar a través de un mecanismo
flexible u optativo para los Estados miembros, un IVA reducido a los
productos y servicios culturales en cualquier formato o soporte.
- Presentar ante la Comisión de Cultura en el plazo de dos años desde la
aprobación de la Proposición no de Ley, un informe relativo a los
trabajos desarrollados por parte del Gobierno en relación a su
cumplimiento."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2008.-Josep Antoni
Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000188
Mediante escrito de fecha 10 de junio de 2008 se ha retirado por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la Proposición no de Ley
relativa a la
asistencia psicológica a las personas enfermas de cáncer, publicada "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, núm. 34, de 16 de junio de 2008.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del
Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2008.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
161/000212
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta, para su discusión ante la Comisión de Sanidad y Consumo, la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la asistencia psicológica a
las personas enfermas de cáncer.
Exposición de motivos
En España, el cáncer es la primera causa absoluta de muerte por
enfermedad, siendo responsable del 25 por ciento de los fallecimientos
que ocurren anualmente. Cada año, más de 160.000 personas son
diagnosticadas de una enfermedad oncológica y se estima que actualmente
más de 500.000 familias conviven con esta enfermedad. La tasa de
supervivencia relativa al cáncer en nuestro país se sitúa en el 49,5 por
ciento para los hombres y en el 59 por ciento para las mujeres, cifras
algo más elevadas que la media de supervivencia relativa en Europa en
ambos casos. Cada vez más personas sobreviven a un cáncer y, dado el
progresivo envejecimiento de la población española y a que la máxima
incidencia del cáncer ocurre en etapas maduras de la vida, el número de
personas que conviven con esta enfermedad irá en aumento. De ahí que
cobren especial importancia las condiciones en que se produce la
supervivencia al cáncer, es decir, la calidad de vida de las personas
afectadas.
La salud, según la definición establecida por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), es un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta
definición nos aproxima a un modelo bio-psico-social en la forma de
entender el binomio salud-enfermedad. Cuando una persona enferma,
restablecer su salud implica lograr el equilibrio entre las tres
dimensiones (biológica, emocional y social). Por tanto, el tratamiento de
la enfermedad no puede ser entendido unidimensionalmente y reducido
únicamente a la recuperación de un funcionamiento biológico correcto.
En el caso particular de las enfermedades oncológicas, el abordaje de las
mismas desde el paradigma bio-psico-social se muestra especialmente
necesario. Ha sido claramente establecido que las repercusiones del
cáncer van más allá de la esfera de lo biológico. La propia complejidad
de estas enfermedades, en su origen (que plantea aún numerosos
interrogantes), su curso insidioso, su tratamiento (de larga duración,
con intensos y duraderos efectos secundarios en muchas ocasiones), su
pronóstico (incierto en la mayoría de los casos) y el deterioro que puede
provocar en todas las dimensiones de la calidad de vida de los afectados,
hace que no se pueda considerar desde una única perspectiva sino que sea
necesario ofrecer un abordaje integral al paciente con el objetivo de
minimizar el impacto que genera y facilitarle el afrontamiento del
tratamiento y una recuperación óptima.
La evidencia científica muestra que entre 20-35 por ciento de los
pacientes presentan morbilidad psicopatológica tras el diagnóstico de
cáncer. Estos porcentajes se incrementan durante los tratamientos y la
hospitalización llegando hasta 35-50 por ciento de los casos. Ahondando
en este aspecto, más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer, si
bien no cumplen criterios para recibir un diagnóstico psicopatológico o
psiquiátrico, sí experimentan elevados niveles de distrés o malestar
emocional que merma su calidad de vida y precisaría de intervención
especializada para su manejo.
Este malestar emocional, en función del grado de severidad que presente,
puede producir efectos negativos potenciales en todas las áreas de
funcionamiento personal del enfermo mermando su calidad de vida, su
tolerancia a los tratamientos, y provocando desajustes emocionales que
pueden mantenerse de manera prolongada en el tiempo tras la finalización
de los tratamientos oncológicos.
Algunos de estos efectos negativos descritos en la literatura científica
son: cronificación de efectos secundarios, dificultad en la adherencia a
los tratamientos, alargamiento de la hospitalización, menor tolerancia al
dolor, menor eficacia de la quimioterapia, expectativa de supervivencia
más corta, disminución de la autoestima, alteraciones en la imagen
corporal como consecuencias de la asimetría corporal y los cambios
físicos que el enfermo sufre tras los tratamientos oncológicos: pérdida
de miembros, cicatrices, cambios en la morfología corporal, alopecia,
etc., miedos y preocupaciones (ante una posible recidiva de la
enfermedad, ante la posibilidad de morir, etc.), aislamiento social,
problemas de relación de pareja y funcionamiento sexual, dificultades en
el desempeño y adaptación laboral asociados a las secuelas de los
tratamientos (dolor, linfedema, limitación en la movilidad, etc.).
Existe, además, evidencia científica que demuestra los efectos positivos
de las intervenciones psicológicas en el afrontamiento y ajuste emocional
a la enfermedad, así como en la calidad de vida del enfermo.
Por ende, un diagnóstico de cáncer no sólo afecta a la persona que lo
padece sino también a todo el entorno próximo. La dinámica familiar sufre
alteraciones, la familia necesita adaptarse a las exigencias del proceso
de enfermedad y tratamiento y es necesario que pueda encontrar apoyo que
facilite este proceso de adaptación.
La atención psicológica especializada permite, por un lado, aliviar y
resolver aquellos trastornos psicopatológicos, alteraciones cognitivas,
conductuales y/o emocionales tanto de los enfermos de cáncer como de sus
familiares, que surjan a lo largo de todo el proceso, tratamiento y
recuperación de la enfermedad oncológica, así como en la fase terminal de
la misma y en el afrontamiento del duelo en los familiares, y, por otro,
ayudar a los enfermos de cáncer y sus familiares en la resolución de
problemas y en el afrontamiento de situaciones difíciles que aparecen a
lo largo del proceso de enfermedad, facilitando la adaptación a la misma
y favoreciendo que la persona pueda alcanzar el nivel óptimo de calidad
de vida en las circunstancias de cada caso.
La atención psicológica también posibilita detectar precozmente
alteraciones emocionales relacionadas con la enfermedad oncológica y su
tratamiento e impedir su cronificación. Asimismo, contribuye a mejorar la
información y la participación de los pacientes en la toma de decisiones,
y a facilitar la comunicación entre pacientes y personal sanitario y en
el seno de la unidad familiar y con el entorno cercano, facilitando de
este modo el ajuste social del paciente y la reinserción social y laboral
tras el alta médica y previniendo el aislamiento y las posibles secuelas
a nivel psicosocial.
Es de especial relevancia señalar que la Estrategia en Cáncer del Sistema
Nacional de Salud (SNS), aprobada por el Consejo Interterritorial del SNS
en el mes de marzo de 2006, establece como objetivo prioritario único del
capítulo sobre Calidad de Vida: Proporcionar atención psicológica al
paciente y sus familiares (23). Esta recomendación es recogida también en
numerosos documentos relevantes en el ámbito europeo como el Informe
sobre el cáncer de mama en Europa del Parlamento Europeo, Carta de
derechos del paciente de cáncer y Directrices para su implementación de
la Asociación de Ligas Europeas contra el Cáncer y en la Carta de París
contra el Cáncer firmada en la UNESCO en el año 2000, entre otros.
Cabe asimismo destacar que la necesidad de contar con apoyo psicológico es
una de las demandas manifestadas reiteradamente por los pacientes de
cáncer españoles como se contempla en el estudio "Necesidad y Demanda del
Paciente Oncológico" realizado por la Fundación Salud, Innovación, y
Sociedad con la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer y
en una encuesta realizada por esta última entidad a más de 750 mujeres
diagnosticadas de cáncer de mama.
La morbilidad psicológica asociada al diagnóstico y tratamiento del cáncer
y los efectos positivos de las intervenciones psicológicas en el ajuste a
la enfermedad, en la recuperación y en la mejora de la calidad de vida
del enfermo y sus familiares, justifican la necesidad de facilitar a los
afectados, siendo así demandado por ellos mismos como una prioridad,
acceso a intervención especializada en los centros donde se realiza el
tratamiento de esta enfermedad.
En España, las necesidades psicológicas de los enfermos oncológicos y sus
familiares no están aún adecuadamente contempladas dentro del Sistema
Nacional de Salud.
Por todo ello, correspondiendo a las Comunidades Autónomas la competencia
en materia de sanidad y al Estado el marco de bases y principios, el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, dentro del Sistema Nacional de Salud y de acuerdo con el
Consejo Interterritorial, la fijación de las bases generales a
desarrollar por las Comunidades Autónomas en relación al tratamiento
integral de las personas enfermas de cáncer desde una perspectiva
bio-psico-social.
2. Promover, a través del Consejo Interterritorial del SNS y en
colaboración con la Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad y
Consumo, la realización de un estudio sobre la situación de la atención
psicológica a las personas enfermas de cáncer y sus familiares en el
Sistema Nacional de Salud.
3. Contemplar la constitución de un grupo de trabajo en el seno del
Consejo Interterritorial del SNS, para que, a la vista de los resultados
de dicho estudio, analice y formule propuestas de posibles actuaciones
para garantizar a los y las pacientes de cáncer y sus familiares el
acceso al derecho a la atención psicológica."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2008.-Josep Antoni
Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Comisión de Vivienda
161/000247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley para dotar a los
Ayuntamientos de la capacidad financiera suficiente que les
permita impulsar el desarrollo de los suelos destinados a viviendas
sujetas a cualquier régimen de protección, para su debate en la Comisión
de Vivienda.
Exposición de motivos
Todas las organizaciones políticas, y también todas las Administraciones
públicas, hemos planteado la necesidad de incrementar la construcción de
viviendas sujetas a cualquier régimen de protección, llámese vivienda
protegida, vivienda de precio concertado o vivienda de precio limitado.
En definitiva, viviendas a precio asequible.
El incremento de construcción de este tipo de viviendas se hace aún más
necesario en la actual situación de crisis económica, con destrucción de
empleo, extrema dificultad del acceso a la vivienda y crisis del sector
inmobiliario.
El principal problema al que se enfrenta la necesidad de incrementar la
construcción de viviendas sujetas a protección es la escasez de suelo con
un precio adecuado a este tipo de viviendas.
Y en España hay suelo urbanizable, clasificado y destinado a vivienda
protegida suficiente para satisfacer la demanda.
Y no por la reserva para vivienda protegida, el 30 por ciento de suelo,
que establece la vigente Ley del Suelo, sino porque la práctica totalidad
de las Comunidades Autónomas -desde hace muchos años- ya establecían
porcentajes de reserva de suelo mucho mayores. La Comunidad de Madrid,
con un 50 por ciento de reserva de suelo para vivienda protegida,
constituye un magnífico ejemplo.
Lo que ocurre es que los Ayuntamientos no tienen capacidad suficiente para
impulsar el desarrollo de estos suelos. Por ello, transcurren los años
sin que estos suelos se incorporen al mercado a un precio adecuado para
viviendas sujetas a protección.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco de la
reforma de financiación de las Corporaciones Locales, dote a los
Ayuntamientos de la capacidad financiera suficiente que les permita
impulsar el desarrollo de los suelos destinados a viviendas sujetas a
cualquier régimen de protección, incentivando a aquellos que -en
proporción a sus capacidades y con la mayor transparencia- desarrollen
más suelo, en los plazos más breves, para la construcción de viviendas a
precios asequibles."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2008.-Pablo Matos
Mascareño, Diputado.- María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000248
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la revisión de los impuestos que gravan
la vivienda y que inciden negativamente en su precio.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y
entendiendo en relación con aquellos apartados en que se insta al
Gobierno a modificar determinadas leyes, que se insta al mismo al
ejercicio de su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite
como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y
disponer su conocimiento por la Comisión de Vivienda. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo proponente y publicar en el
"Boletín Oficial de las Cortes Generales".
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2008.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la revisión de los
impuestos que gravan la vivienda y que inciden negativamente en su
precio, para su debate en la Comisión de Vivienda.
Exposición de motivos
Todas las Administraciones públicas, de forma constante, manifiestan
públicamente la necesidad de contener el precio de la vivienda. Ello
debería tener como consecuencia la decisión de evitar todos los elementos
que inciden negativamente en su precio.
Sin embargo, si analizamos la carga fiscal que grava la vivienda, nos
encontramos un conjunto de impuestos que encarecen notablemente el precio
de la vivienda y que, según distintos análisis económicos, puede alcanzar
un 17 por ciento de incremento.
En las transacciones entre personas físicas, el Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales se paga, al menos, dos veces: en la compra del solar y en
la venta de la vivienda. Además, se vuelve a pagar en las ventas
sucesivas incorporándose su importe al precio final.
El Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados se paga, al menos, cuatro
veces: en la Declaración de Obra Nueva, en la División Horizontal, en la
constitución del préstamo hipotecario y en la subrogación por parte del
adquirente.
El Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (Impuesto de Plusvalía) se paga en cada una de las
transmisiones.
Además por la construcción de la vivienda se paga el Impuesto sobre
Construcciones y Obras y, una vez adquirida, el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, sin apenas diferencia de tratamiento entre la vivienda libre y
la vivienda protegida.
Sin duda alguna todos los impuestos citados constituyen una fuente de
ingresos fundamental para nuestra Comunidades Autónomas y nuestros
Ayuntamientos. Pero, también sin duda alguna, la vivienda no puede seguir
siendo el objeto de los diversos impuestos si de verdad se pretende que
llegue al ciudadano al menor precio posible.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, dentro de la
modificación del marco de financiación autonómica y de las corporaciones
locales, proceda a la revisión de los impuestos que gravan la vivienda y
que inciden negativamente en su precio. Y en particular:
1. Modifique el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, evitando el
efecto cascada y evitando la múltiple tributación en los casos de
compraventas sucesivas.
2. Elimine el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados sobre todas las
operaciones relacionadas con la vivienda.
3. Reduzca progresivamente el Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana en las transmisiones de vivienda.
4. Permita a los Ayuntamientos el establecimiento de exenciones y
bonificaciones para las viviendas sujetas a cualquier régimen de
protección, en el Impuesto sobre Construcciones y Obras y en el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2008.- Pablo Matos
Mascareño, Diputado.- María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000249
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley sobre medidas para dinamizar el mercado de alquiler
y de dotar al contrato de arrendamiento de la flexibilidad y seguridad
jurídica de la que hoy carece.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y
entendiendo que en sus apartados 1 y 2 se insta al Gobierno al ejercicio
de su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y
disponer su conocimiento por la Comisión de Vivienda. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo proponente y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2008.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley con el fin de dinamizar el
mercado de alquiler y de dotar al contrato de arrendamiento de la
flexibilidad y seguridad jurídica de la que hoy carece, para su debate en
la Comisión de Vivienda.
Exposición de motivos
Al comienzo de la pasada legislatura se publicó la estadística del
Instituto Nacional de Estadística sobre vivienda, que arrojaba un dato
realmente preocupante: la existencia en España de 3.091.596 viviendas
vacías.
Este dato, que -sin duda- hay que tomar con cautela pues se computan como
vacías las viviendas posiblemente usadas como segunda residencia por sus
propietarios, evidencia la existencia en España de un altísimo número de
viviendas que, pudiendo incorporarse
al mercado del alquiler, ni se arriendan ni se usan por sus propietarios.
Además la citada estadística pone de manifiestos que cerca del 20 por
ciento de los tres millones de viviendas vacías se encuentra en un estado
deficiente, malo o ruinoso.
Cuando se le pregunta a cualquier propietario de una vivienda distinta de
la que constituye su residencia habitual, por qué prefiere mantenerla
vacía renunciando voluntariamente a la obtención de una renta por pequeña
que sea, la respuesta siempre es la misma: porque hoy en día convertirse
en arrendador constituye una auténtica aventura.
El estancamiento del mercado de alquiler es el fruto del fracaso cosechado
por el Gobierno de la Nación a lo largo de los últimos cuatro años.
En la pasada legislatura, desde el Grupo Parlamentario Popular presentamos
múltiples iniciativas dirigidas a fomentar la rehabilitación aislada de
edificios y viviendas, así como para dotar de mayor seguridad jurídica la
relación contractual entre arrendatario e inquilino.
Entre ellas, la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la creación de los
Juzgados de Vivienda. Todas y cada una de nuestras propuestas fueron
rechazadas por el Gobierno y por el Partido Socialista.
En su primera comparecencia ante la Comisión de Vivienda, la nueva
Ministra de Vivienda dejó entrever su deseo de corregir la errática
política llevada a cabo por sus antecesoras, y acometer las
modificaciones normativas reclamadas por el Partido Popular.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados, con el fin de dinamizar el mercado de
alquiler y de dotar al contrato de arrendamiento de la flexibilidad y
seguridad jurídica de la que hoy carece, insta al Gobierno a adoptar las
siguientes medidas:
1. Modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, flexibilizándola y dejando
una mayor libertad de pactos entre las partes.
2. Crear los Juzgados de Vivienda y modificar la Ley de Enjuiciamiento
Civil, con el fin de dotar al contrato de arrendamiento de una total
seguridad jurídica, y de resolver de forma inmediata los conflictos
derivados del incumplimiento de sus obligaciones tanto por parte del
inquilino como por parte del propietario.
3. Flexibilizar los requisitos, así como incrementar las ayudas públicas,
para la financiación estatal de los programas de rehabilitación aislada
de viviendas y edificios.
4. Impulsar la generalización de los seguros que cubran el impago de la
renta y los daños en la vivienda arrendada."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2008.- Pablo Matos
Mascareño, Diputado.- María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Ciencia e Innovación
161/000215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al
incremento de financiación de la UNED, para su debate la Comisión de
Ciencia e Innovación.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) dependiente de la
Administración General del Estado es la garantía del acceso universal a
la educación superior de calidad para muchos ciudadanos sin distinción,
en el interior y a nivel internacional, y con un efecto vertebrador y que
contribuye a contrarrestar la creciente desigualdad social existente en
la sociedad, incluida la inmigración.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en los
artículos 55 y 69, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, por la que se modifica la anterior, prevé el establecimiento de
retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales docentes, de
investigación, de desarrollo tecnológico, de transferencia de
conocimiento y de gestión para el profesorado contratado y funcionario de
las universidades.
La UNED es la única Universidad afectada por la mencionada normativa que
depende directamente de la Administración General del Estado. El retraso
en el desarrollo de lo contemplado en dicha normativa ha supuesto que sea
la UNED, desde hace ya varios años, la única universidad española, de
entre las 50 universidades públicas del sistema universitario español, en
la que no se ha implantado todavía el complemento retributivo por méritos
individuales.
Por todo lo expuesto, resulta conveniente dotar al Ministerio de Ciencia e
Innovación de una cantidad específica para la asignación de un
complemento retributivo que tendrá carácter singular, individual,
variable y no consolidable, y que estará ligado a méritos individuales
por actividades docentes, investigadoras y de gestión. Los criterios que
se propongan por la Universidad para la asignación del complemento no
podrán ser
ni automáticos ni con componente fijo. En todo caso, deberán contar con la
conformidad del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar de forma decidida a la UNED en sus importantes funciones de
educación superior, sin perjuicio de la necesaria colaboración de las
Comunidades Autónomas y de las Administraciones Locales.
2. Incrementar la financiación a través de la fórmula de
Contrato-Programa, que, especificando compromisos expresos de mejora,
garantice a la UNED los recursos necesarios para ofrecer un servicio de
calidad creciente que pueda repercutir el conjunto la sociedad y, en
especial, estudiantes, en las localidades en que estén presentes sus
centros y en el conjunto del sistema universitario español.
3. Adoptar las medidas necesarias para que en los próximos Presupuestos
Generales del Estado se incrementen las cantidades que fijan los límites
máximos del gasto en Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal de
Administración y Servicios (PAS) en el presupuesto la UNED.
4. Adoptar las medidas necesarias para asignar al Ministerio de Ciencia e
Innovación una cantidad específica para la asignación de un complemento
retributivo que tendrá carácter singular, individual, variable y no
consolidable, y que estará ligado a méritos individuales por actividades
docentes, investigadoras y de gestión. Los criterios que se propongan por
la Universidad para la asignación del complemento no podrán ser ni
automáticos ni con componente fijo. En todo caso, deberán contar con la
conformidad del Ministerio Ciencia e Innovación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2008.-Joan Herrera
Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds.
161/000217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas
para mejorar las condiciones de formación e investigación del personal
investigador, para su debate en la Comisión de Ciencia e Innovación.
El Consejo Europeo de Lisboa fijó para la Comunidad Europea el objetivo de
convertirse antes de 2010 en la economía basada en el conocimiento más
competitiva y dinámica del mundo. El llamado "Programa de trabajo para
2010" relativo a los sistemas educativos y de formación fue
posteriormente ratificado durante el Consejo Europeo celebrado en
Barcelona (2002). El cumplimiento de este objetivo tiene como piedra
angular la disposición de recursos humanos suficientes y bien
desarrollados. Dentro de este ámbito, la Comisión de la Comunidad Europea
establece en su Recomendación 2005/251/CE, de 11 de marzo de 2005,
relativa a la Carta Europea del Investigador y al Código de conducta para
la contratación de investigadores:
a) Reconocimiento de la profesión. Todos los investigadores que siguen una
carrera de investigación deben ser reconocidos como profesionales y
tratados en consecuencia. Esto debe comenzar al principio de sus
carreras, es decir, a nivel de postgrado, y debe incluir todos los
niveles independientemente de su clasificación a nivel nacional (por
ejemplo, empleado, estudiante de postgrado, doctorando, becario de
postgrado, funcionario público).
b) Estabilidad y permanencia en el empleo. Los empleadores y/o
financiadores deben velar porque el rendimiento de los investigadores no
sea socavado por la inestabilidad de los contratos de empleo, y deben por
tanto comprometerse, en la medida de lo posible, con la mejora de la
estabilidad de las condiciones laborales de los investigadores, aplicando
y respetando las disposiciones y principios establecidos en la Directiva
1999/70/CE del Consejo, relativa al trabajo de duración determinada.
c) Financiación y salarios. Los organismos que emplean y/o financian
investigadores deben velar por que éstos gocen de condiciones de
financiación y/o salariales justas y atractivas con disposiciones de
seguridad social adecuadas y equitativas (incluyendo prestaciones por
enfermedad y paternidad, derechos de pensión y subsidio de desempleo) de
conformidad con la legislación nacional vigente y con los convenios
colectivos nacionales o sectoriales. Este principio debe aplicarse a los
investigadores en todas las etapas de su carrera, incluidos aquellos en
fase inicial, de forma proporcional a su situación jurídica, rendimiento,
su nivel de cualificaciones y/o sus responsabilidades.
d) Participación en órganos decisorios. Los organismos que emplean y/o
financian investigadores deben considerar legítimo, y de hecho deseable,
que los investigadores estén representados en los órganos pertinentes de
información, consulta y toma de decisiones de las instituciones para las
que trabajan, a fin de proteger y defender sus intereses profesionales
individuales y
colectivos y contribuir activamente a los trabajos de la institución.
Nuestro país continúa sin cumplir con las recomendaciones citadas
anteriormente, a pesar de que existe una creciente preocupación en la
Comunidad Europea en relación al impacto que este incumplimiento pueda
tener en el logro de los objetivos marcados en Lisboa y Barcelona.
La Ley 13/1986, del 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la
Investigación Científica y Técnica, significó un paso adelante en el
desarrollo científico y tecnológico y subrayó la relevancia de la
formación del personal investigador. A partir de ahí, tanto los
Ministerios como las diversas Comunidades Autónomas, las Universidades,
Organismos Públicos de Investigación, fundaciones e incluso entidades
privadas han desarrollado diferentes iniciativas destinadas a la
potenciación de programas de becas para la formación de los
investigadores.
No obstante, los programas de becas han dado lugar a la existencia de un
vacío legislativo que, en la práctica, deja al investigador indefenso y
en diferente situación según el programa de becas al que esté adscrito o
según de qué universidad dependa su programa de doctorado. A este
respecto, el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba
el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), que no afecta
al sector privado, supuso una tímida e insuficiente iniciativa para
regular la situación del personal investigador durante su fase inicial,
ya que no recoge las recomendaciones de la Comisión Europea, y la
adscripción al mismo por parte de las entidades financiadoras de estos
programas de becas depende únicamente de que en la convocatoria defina su
finalidad de realizar una tesis doctoral, y propone una selección no
justificada de contingencias protegidas y no protegidas.
Consecuentemente, la heterogeneidad de condiciones laborales de los
investigadores no desaparece y el único factor común en todos los
programas de becas es que los investigadores en formación, inicial o
postgrados, no son considerados trabajadores de pleno derecho.
Actualmente nos encontramos con que una parte importante del desarrollo
científico en nuestro país está en manos de este personal en fase inicial
que, a pesar de una extensa formación científica y académica y a pesar de
ser la base del sistema de I + D + i del Estado, sufre un alto grado de
precariedad laboral y profesional.
Así, podemos destacar como elementos que configuran esta precariedad los
siguientes aspectos:
a) Los Investigadores en Fase Inicial (IFIs) no tienen la condición de
trabajadores por cuenta ajena Sólo los investigadores en fase inicial
-siempre que la ayuda recibida sea para hacer la tesis doctoral- que
hayan tenido dos años de beca y hayan obtenido el Diploma de Estudios
Avanzados (DEA) pueden acceder a la fase de contrato en prácticas,
siempre y cuando no incurran en alguna de las múltiples restricciones que
ese estricto régimen laboral supone: fecha límite de finalización de la
licenciatura, duración mínima y máxima del contrato, etc. Dicho contrato,
que suele implicar exclusividad y ni siquiera queda contemplado en los
convenios laborales vigentes, tan sólo puede consumarse si la ayuda
recibida está destinada a la consecución de una tesis doctoral, hecho que
ocurre en la práctica totalidad de los casos a pesar de que en las bases
de algunas convocatorias no se halle esta finalidad definida. Es por esto
que muchos de los investigadores en fase inicial, realizando el mismo
trabajo, lo hacen en condiciones totalmente diferentes.
Los investigadores que realizan la tesis están cubiertos durante su primer
y segundo años por un régimen especial de cotización a la Seguridad
Social que excluye determinadas coberturas sociales y presenta una base
especial de cotización.
El colectivo más desfavorecido, que sigue en el limbo de una situación
calamitosa, es el de aquellos becarios que no hacen tesis. Estos
trabajadores, de hecho, no cotizan a la Seguridad Social (con la
excepción de los investigadores comprendidos en el ámbito de aplicación
del Real Decreto 63/2006) y por tanto no se les aplican las garantías de
las que goza el resto de trabajadores; quedan fuera del sistema de la
sanidad pública (algunos tendrán un seguro privado, sin derecho a
medicamentos subvencionados, con restricciones en la cobertura y las
terapias...); no pueden acceder a las prestaciones de desempleo una vez
finalizada su labor; los años destinados al trabajo de investigación no
computarán a efectos de una futura pensión de jubilación o de una posible
pensión de invalidez; no está prevista la posibilidad de una incapacidad
temporal por enfermedad o accidente y en muy pocas becas están regulados
los permisos de maternidad o paternidad; pueden recibir o no una
remuneración económica por su labor investigadora, pero su cuantía será
muy inferior a la de un trabajador de similar titulación y ocupación; no
tienen derecho a vacaciones reguladas o, en muchos casos, el periodo y
duración de las mismas están sujetos a la voluntad de sus directores de
tesis; y el tiempo trabajado (incluyendo el que se destina a docencia) no
se considera como experiencia profesional sino como prolongación de los
estudios.
A pesar de todas estas exclusiones y de no ser considerados trabajadores,
los investigadores becados tienen estipulada una jornada laboral y una
dependencia jerárquica, con frecuencia tienen prohibido inscribirse en el
INEM como desempleados y realizan un trabajo productivo para la entidad
que los acoge.
La mayor precariedad dentro de los investigadores en fase inicial la
sufren los investigadores Sin Remuneración Regulada (ISRR), un colectivo
demasiado numeroso para un país que pretende dar un impulso definitivo a
su sistema de I + D + i. Los ISRR trabajan en universidades y Organismos
Públicos de Investigación (OPIs) realizando la misma labor investigadora
que
cualquier otro investigador en fase inicial que sí percibe una
remuneración por ello. Sin embargo, los ISRR carecen no sólo de una
retribución salarial por su trabajo, sino que en gran parte de los casos
carecen también de un seguro de accidentes, no pueden asistir a los
cursos que oferta su centro de investigación, y por supuesto también
carecen de asistencia sanitaria pública y del resto de garantías sociales
que deberían corresponderles como a cualquier trabajador más.
b) La única retribución económica que existe es la beca (a excepción de
los IFIs incluidos en el EPIF y que cumplan con los requisitos para un
contrato en prácticas), que, en algunos casos, está sujeta a declaración
dentro del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas en calidad de
Rendimientos de Trabajo; es decir, la actividad no tiene consideración de
trabajo, pero la remuneración tributa como si lo fuera, incluyendo las
ayudas por viajes que no tienen la condición de dietas. Además, el
importe de esta beca es muy inferior al salario de un contratado para un
trabajo similar e inferior también al que su condición de licenciado
implicaría.
c) La carencia de legalidad y la arbitrariedad que significa la beca
provoca situaciones muy diferentes tanto respecto al trabajo a
desarrollar como en relación a los "derechos y deberes" de los diferentes
tipos de becas existentes. Eso suele conducir a que se asuman tareas que
no son competencia del becario y no sólo al encubrimiento de una relación
laboral sino también a verdaderos abusos de explotación laboral.
d) En la mayoría de los casos, y en especial en organismos públicos de
investigación, se sufre una falta de representación como colectivo en los
órganos de gobierno.
e) Falta de una clara política de futuro. Al no existir una línea
gubernamental estratégica y planificada, se hace difícil la integración
una vez acabada la beca, el proyecto o la tesis doctoral, dentro del
sistema investigador español. Esto implica a menudo la pérdida del
potencial investigador por la marcha de estos investigadores a otros
países con más infraestructuras, lo que se conoce popularmente como "fuga
de cerebros", o al abandono del mundo de la investigación.
f) Falta de una clara respuesta del sector privado. El personal
investigador tampoco encuentra un lugar dentro de las empresas en el que
aplicar sus conocimientos y capacidades de manera productiva.
Como consecuencia de esta precariedad laboral, la elección por parte de
los licenciados de desarrollar la carrera investigadora en nuestro país
se convierte en un verdadero ejercicio de vocación, por lo que se
constata una importante escasez de investigadores, particularmente en
determinadas disciplinas fundamentales, que planteará en un futuro
próximo una grave amenaza para la fuerza innovadora, capacidad de
conocimiento y el crecimiento de la productividad, y puede provocar que
nuestro país quede relegado a una categoría que no le debiera
corresponder en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo científico
y tecnológico fijados en Lisboa y Barcelona por la Unión.
Por este motivo, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas
oportunas para:
- Cambiar la actual política de becas, tanto en el sector público como en
el privado, por una política de contratos dignos para el personal
investigador en fase inicial, con la necesaria protección social de los
investigadores predoctorales y postdoctorales, y un reconocimiento social
y laboral más justo que el existente en la actualidad.
- Corregir la gran heterogeneidad existente, tanto a nivel de Comunidades
Autónomas, como a nivel de los centros de realización de la
investigación, con una normativa de mínimos que unifique criterios y que
procure mejores condiciones de formación e investigación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2008.-Joan Herrera
Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds.
Comisión de Igualdad
161/000236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta, para su discusión en la Comisión de Igualdad una Proposición no
de Ley de presentación del Plan de medidas destinadas a facilitar la
conciliación de la vida personal, familiar.
Antecedentes
La Subcomisión para la emisión de un informe que analice la ordenación y
adecuación del tiempo de trabajo, la flexibilidad horaria y de la
jornada, así como de las posibilidades de adecuación del horario laboral
a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, creada durante
la pasada legislatura, aprobó, en sesión celebrada el 28 de febrero de
2007, el Acuerdo de la Comisión por el que se aprueba con modificaciones
el Informe.
En el apartado relativo a las constataciones y recomendaciones de la
Subcomisión el epígrafe VII, Plan
de medidas destinadas a facilitar la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, preveía que el Gobierno presentase un Plan de medidas
destinadas a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral, planteadas en base a las constataciones y recomendaciones del
mencionado Informe.
Dicho Plan había de ser presentado ante el Congreso de los Diputados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, en el plazo
máximo de un año, el Plan de medidas destinadas a facilitar la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, planteadas en base
a las constataciones y recomendaciones del informe de la Subcomisión que
analizó la ordenación y adecuación del tiempo de trabajo, la flexibilidad
horaria y de la jornada, así como de las posibilidades de adecuación del
horario laboral a la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal, aprobado en su sesión del día 28 de febrero de 2007."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2008.-Josep Antoni
Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
161/000237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de Cámara,
presenta, para su discusión en la Comisión de Igualdad, una Proposición
no de Ley de presentación del Plan de medidas que incorpore las
conclusiones del informe de la ponencia sobre la prostitución.
Antecedentes
La Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de Igualdad de
Oportunidades creó, durante la pasada legislatura, una ponencia para
elaborar un dictamen informativo sobre la situación actual de la
prostitución en nuestro país.
Dicha Comisión Mixta, mediante acuerdo adoptado en sesión celebrada el día
17 de abril de 2007, aprobó el informe de la ponencia sobre el estudio de
la prostitución en nuestro país.
En el apartado relativo a recomendaciones dirigidas al Gobierno y
concretamente las recomendaciones generales, se preveía que el Gobierno
elaborase, en el plazo de seis meses, un Plan de medidas que incorporara
las conclusiones del mencionado informe. Dicho Plan debía recoger las
recomendaciones de ámbito general que se hacen en el informe y aquellas
medidas específicas de sensibilización, de formación y de atención
integral a las víctimas, las medidas legislativas policiales y las
medidas de actuación en el ámbito internacional.
Por todo ello, y dado que ha transcurrido el plazo de seis meses previsto
inicialmente, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, en el plazo
máximo de seis meses, el Plan que incorpore las recomendaciones de ámbito
general que se hacen en el informe de la ponencia sobre el estudio de la
prostitución en nuestro país y aquellas medidas específicas de
sensibilización, de formación y de atención integral a las víctimas, las
medidas legislativas policiales y las medidas de actuación en el ámbito
internacional, aprobado por la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer
y de la Igualdad de Oportunidades mediante acuerdo de fecha 17 de abril
de 2007."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2008.-Josep Antoni
Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
financiación de proyectos destinados a prevenir, tratar e investigar la
malaria, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para
el Desarrollo.
La Alianza Europea contra la Malaria es una unión de 10 organizaciones de
cinco países que se propusieron impulsar decididamente la lucha contra
esa enfermedad. El paludismo es, junto con el sida y la tuberculosis, uno
de los mayores problemas sanitarios en países en desarrollo: cada año
mueren unos tres millones y enferman 500 millones de seres humanos de
malaria. Unos 3.200 millones de personas están amenazadas por la
enfermedad en todo el mundo.
Los grupos con el mayor riesgo son las mujeres embarazadas y los niños
menores de cinco años. Una amenaza de muerte representa el paludismo
sobre todo en África. UNICEF indica que en ese continente muere un niño
de malaria cada treinta segundos. En los países africanos más pobres la
malaria es una de las causas de muerte infantil más frecuente: casi el 20
por ciento de la mortalidad de niños menores de cinco se debe a la
malaria.
Según la Organización Mundial de la Salud, el paludismo se expandió en
África durante los años ochenta y noventa debido a una resistencia a los
antipalúdicos empleados habitualmente, la degradación de los servicios de
atención primaria de salud en muchas regiones y el desarrollo de
resistencia de los mosquitos a los insecticidas.
El paludismo reapareció o se intensificó en el sureste de Asia durante la
última década cuando se interrumpieron las campañas de erradicación, y
también reapareció en varios países de Asia central y transcaucásicos.
También en América Latina los principales problemas de sanidad son la
malaria, el sida y la tuberculosis. En la región hay paludismo en nueve
países que comparten la selva amazónica y en ocho países de América
Central y el Caribe. Los desplazamientos de población asociados a la
explotación de minas de oro y bosques han provocado epidemias aisladas.
Todos los países afectados recurren al rociamiento de insecticidas de
acción residual y/o la aplicación de larvicidas en zonas de riesgo.
Según la Organización Panamericana de la Salud, anualmente se notifican
cerca de un millón de casos de paludismo en la región. Cerca de 40
millones de personas están en riesgo moderado o alto de contraer la
enfermedad. La OPS señala además que 250 millones de latinoamericanos
viven en áreas expuestas al riesgo ecológico de transmisión.
Hay marcadas diferencias en los logros alcanzados en la región para
reducir los casos. La malaria sigue siendo endémica en 21 de los países
miembros de la OPS. De ellos, 15 anunciaron disminuciones de casos en el
período 2000-2004. En más de la mitad de esos países la disminución
sobrepasó el 50 por ciento. Con todo, seis países notificaron aumentos en
el mismo período: Colombia (9 por ciento), Guyana (20 por ciento), Panamá
(392 por ciento), Perú (23 por ciento), República Dominicana (94 por
ciento) y Venezuela (57 por ciento).
La primera vacuna contra la malaria fue descubierta por el médico
colombiano Manuel Elkin Patarroyo, pero aún no posee un 100 por ciento
de efectividad.
Miembros de la alianza son la Cruz Roja Alemana y la fundación Deutsche
Stiftung Weltbevölkerung (DSW). La alianza es patrocinada por la ministra
de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), Heidemarie Wieczorek-Zeul.
EL BMZ anunció que aumentará los fondos destinados a la lucha contra las
tres "grandes enfermedades" (sida, tuberculosis y malaria) en 100
millones, a 400 millones de euros por año. La Alianza contra la Malaria
ha saludado ese paso, pero indica que no se sabe exactamente qué fondos
se dedican a combatir la malaria en el mundo, ya que se consignan por lo
general a proyectos de salud en general.
"Llamamos por ello al Gobierno alemán, la OMS y el Banco Mundial a
asegurar más transparencia en la concesión de fondos para la lucha contra
la malaria", dice el Dr. Jörg F. Maas, director del DSW. "En el futuro
debe poder seguirse mejor cuánto dinero se pone a disposición de la
malaria y cómo se emplea", agrega.
La Alianza Europea contra la Malaria exige transparencia en la
distribución de los fondos, la sostenibilidad de los proyectos y el libre
acceso de todos los seres humanos a medicamentos contra el paludismo,
para alcanzar el objetivo final de la Alianza: un mundo sin malaria.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas
necesarias para que:
- Se destinen mayores recursos para el control de la malaria en los países
donde la enfermedad es endémica persiguiendo el cumplimiento de los
objetivos de Desarrollo del Milenio.
- Se garantice a las comunidades en riesgo el acceso a herramientas
preventivas y a tratamiento médico eficaz y asequible.
- Apoye las campañas de sensibilización y formación en materia de control
de la malaria en los países en donde la enfermedad es más difundida.
- Se vigile que los programas de control de la malaria se integren en los
servicios de atención primaria de salud y por lo tanto contribuyan al
fortalecimiento del sistema de salud en su conjunto."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2008.-Joan Herrera
Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds.
161/000238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència a i Unió), y al amparo de lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta, para su discusión ante la Comisión de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, una Proposición
no de Ley por la que se insta al Gobierno a incorporar a la India como
país de actuación en el plan director de la cooperación española que se
está elaborando y que sustituirá al correspondiente al período
2005-2008.
Antecedentes
La Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, establece en sus artículos 5 y 6 las prioridades geográficas
para la ejecución de la política de cooperación. De acuerdo con ella, la
ayuda responderá a los objetivos de la política exterior del Estado y se
dirigirá con especial atención a los países menos desarrollados económica
y socialmente, y dentro de éstos a los sectores más desfavorecidos. La
definición tanto de las prioridades geográficas como sectoriales, tal y
como explicita, deberán establecerse periódicamente en los sucesivos
Planes Directores.
Resulta imprescindible, por tanto, establecer criterios que permitan
identificar a los países de menor desarrollo económico y social,
recurriendo para ello a los indicadores socioeconómicos comúnmente
aceptados por los organismos internacionales. Así, la orientación hacia
los países más pobres se establece utilizando, no sólo indicadores de
renta per capita, servicio de deuda externa o capacidad de acceso a la
financiación de los mercados, sino indicadores como el Índice de
Desarrollo Humano (IDH) u otros adecuados para medir la composición
multidimensional de la pobreza, o que permitan establecer
discriminaciones territoriales o por sectores en un país o región.
En función de los criterios mencionados, en el Plan Director 2005-2008 se
establecen tres categorías de áreas geográficas y países de actuación:
prioritarios, con atención especial y preferentes. Entre ellos y
respondiendo a la voluntad perseguida por la presente iniciativa, cabría
destacar la presencia de Vietnam entre los países prioritarios y de China
entre los preferentes. En el IDH publicado en 2007, con datos de 2005,
Vietnam ocupa la posición 105 y China se sitúa en el puesto 81. Sin
embargo, la India, país que no es objeto de actuación por parte de la
cooperación española de acuerdo con el citado Plan Director, ocupaba la
posición 128 y, sin duda, se trata de un territorio en el que existen
sectores de la población en condiciones de bajo desarrollo económico y
social. Un ejemplo de ello podría ser la región de Anantapur, la segunda
zona más árida de la India después del desierto del Rajasthán, donde no
existen graves conflictos puntuales sino una carencia extrema y
continuada, y actúan ONGs como la Fundación Vicente Ferrer.
Con la voluntad de sumar o añadir, sin que otros países tengan que dejar
de ser objeto de la cooperación española, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir a la India como
prioridad geográfica o país de actuación de la política de cooperación
española, en el Plan Director que se está elaborando y que sustituirá al
correspondiente al período 2005-2008."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2008.-Josep Antoni
Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
161/000241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
modificación del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), para su debate la
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Los créditos FAD se crearon a partir de un Real Decreto Ley 16/1976, de 24
de agosto, núm. 16/76, (Jefatura del Estado), Ordenación Económica, De
medidas fiscales, de fomento de la exportación y del comercio interior.
Las operaciones crediticias gestionadas por este Fondo están, a su vez,
reguladas por el Acuerdo General sobre Líneas Directrices en Materia de
Crédito a la Exportación con Apoyo Oficial, conocido comúnmente como
Consenso OCDE, del cual España es signataria desde el año 1978. Con
posterioridad, este Consenso ha sido modificado a fin de reducir las
subvenciones oficiales encubiertas, siendo la más importante el llamado
Paquete de Helsinki, aprobado en 1991 y que entró en vigor el año
siguiente.
En sus inicios, los créditos FAD surgen como créditos bilaterales de tipo
concesional y de carácter ligado, dirigidos a financiar bienes y
servicios españoles. Bien es cierto que con el paso del tiempo, este
Fondo amplía sus finalidades, convirtiéndose en un instrumento capaz de
financiar ayudas humanitarias y de emergencia, llegando incluso a ser
utilizado para sufragar cuotas, suscripciones y aportaciones a
instituciones financieras internacionales, estudios de viabilidad, así
como gastos derivados del control, seguimiento, evaluación e
identificación de operaciones empresariales. Hoy por hoy, el FAD se ha
convertido así en el cajón de sastre de la cooperación española ante la
ausencia de una regulación legal efectiva sobre el mismo y las sucesivas
modificaciones que se han venido haciendo a través de las Leyes de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social que acompañan a los
Presupuestos Generales del Estado en los últimos años.
La descripción técnica de este instrumento es sumamente compleja, si bien
surge en los años setenta como un elemento esencial de
internacionalización de la economía española en un contexto de fuerte
crisis económica, con el objeto de permitir a las empresas españolas y
especialmente a las grandes empresas estatales acceder a nuevos mercados
en los países en desarrollo, colocando a estas empresas en una posición
de mayor competitividad frente a sus rivales. De esta forma, desde sus
inicios, los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo surgen como un
poderoso mecanismo comercial con la finalidad de abrir mercados en los
países del Tercer Mundo, potenciando con ello la venta de bienes
estratégicos producidos por las grandes empresas españolas, promocionando
así las relaciones económicas, políticas y estratégicas con los Gobiernos
del Sur.
Si bien desde su nacimiento se ha denominado como Fondo de Ayuda al
Desarrollo, hay que destacar que en los años en que fueron creados España
carecía de política oficial de ayuda al desarrollo hasta el punto de ser
todavía país receptor de ayudas y estar considerado como País en Vías de
Desarrollo por las instituciones internacionales. Recordemos que la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional se crea nueve años
después de la aparición del FAD, en 1985, mientras que nuestra entrada en
el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE no se produce hasta diciembre
de 1991, es decir, quince años después de la creación de este instrumento
crediticio. Todo ello no ha evitado que a lo largo de los cerca de
treinta años de vigencia del FAD, estos créditos se han situado como el
principal instrumento de la política de cooperación española, a pesar de
las notables insuficiencias del mismo desde la perspectiva del desarrollo
y la lucha contra la pobreza. Tengamos en cuenta que estamos ante un
importante mecanismo generador de deuda por cuanto es responsable del
origen del 47 por ciento de toda la deuda externa que los países del Sur
mantienen con el Estado español. No se debe olvidar que los países del
Sur han hecho un importante esfuerzo en los últimos treinta años para
devolver sus créditos, hasta el punto que a nivel global están pagando
mucho más de lo que se les está cancelando. Al mismo tiempo, la dimensión
empresarial y comercial de los proyectos que financia ha sido en buena
medida responsable de muchas de las deficiencias y pérdidas de
efectividad de nuestra Ayuda Oficial al Desarrollo, algo reiteradamente
señalado incluso por las evaluaciones realizadas por instituciones
internacionales en los últimos años.
En repetidas ocasiones, el Parlamento se ha pronunciado en el sentido de
solicitar una adecuada regulación legal de los créditos FAD a través de
una reforma en profundidad del instrumento para adecuarlo así a los
nuevos retos y compromisos de la política española de cooperación y
ayuda. Más recientemente, el 2.º Plan Director de la Cooperación
Española, 2005-2008, aprobado por Consejo de Ministros el 28 de enero de
2005, ha definido e identificado nuevos compromisos de España, como país
donante, en la lucha contra la pobreza en el mundo y la ayuda para un
desarrollo social y humano sostenible, respetuoso y duradero, donde
muchas de las inercias y de las operaciones económicas y comerciales que
venía financiando este Fondo concesional de ayuda ligada se sitúan fuera
de la misma, por lo que urge una reformulación de este instrumento para
adecuarlo a los nuevos objetivos señalados en este nuevo Plan Director, y
en especial en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Al mismo tiempo, diferentes instituciones internacionales, como Naciones
Unidas y el PNUD, han solicitado la progresiva eliminación de la ayuda
ligada como los FAD españoles, en la medida en que supone una ayuda
encubierta a la industria de los países donantes mientras que resta valor
a la lucha contra la pobreza, significando así un uso ineficaz de los
recursos de los contribuyentes.
De esta forma, España tiene pendiente una profunda reforma legal de los
créditos FAD, y por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas
legislativas necesarias para reformar los créditos FAD con los siguientes
criterios:
- Suprimir el conjunto de la AOD financiada desde el FAD y que pertenecen
a instrumentos, objetivos y prioridades tan distintas como dispares,
tales como donaciones, ayudas humanitarias, cuotas a instituciones
financieras internacionales, aportaciones voluntarias a instituciones
financieras y no financieras de carácter multilateral y ayudas de
emergencia, resituándola en sus programas específicos.
- Reconducir las ayudas a la exportación de empresas españolas en el
exterior hacia otros instrumentos comerciales específicamente creados al
efecto que impidan desvirtuar el conjunto de la AOD española,
condicionándolas a criterios de responsabilidad social, medioambiental y
de cumplimiento de los derechos humanos.
- Proceder a una eliminación progresiva de la ayuda ligada en la
cooperación española, en línea con lo que han hecho otros países donantes
y han pedido reiteradamente instituciones y organismos internacionales.
Evitar la utilización masiva de instrumentos crediticios en la AOD que
aumenten la situación de endeudamiento en los países pobres y exijan
posteriormente actuaciones de envergadura para aligerar, reducir o
refinanciar esta deuda, que tantos problemas origina en países pobres
altamente endeudados.
Impedir que actuaciones urgentes de la política de cooperación
internacional, como las derivadas de la ayuda humanitaria y de
emergencia, se vean distorsionadas y retrasadas por la naturaleza y
complejidad de instrumentos comerciales como el FAD.
- Detener la pérdida de calidad y eficacia en nuestra AOD originada por el
peso de un instrumento de naturaleza estrictamente comercial utilizado
habitualmente para la apertura de mercados y la internacionalización de
empresas españolas en países y áreas ajenas a las prioridades marcadas
por los documentos estratégicos aprobados por el Parlamento y por el
propio Gobierno para la cooperación española."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2008.-Joan Herrera
Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes
preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por
las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2008.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000258
Grupo Parlamentario Mixto (UPyD)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores
Diputada doña Rosa Díez González
Texto:
¿Tiene el Gobierno español la intención de denunciar al Estado de
Venezuela ante la Corte Internacional de La Haya por el notorio
incumplimiento de sus obligaciones internacionales con relación a las
actividades de ETA en su territorio, así como con respecto a la
extradición de los miembros de ETA que residen en dicho país e incluso se
encuentran empleados dentro de su Administración, o, en su caso, tiene el
Gobierno español la intención de promover ante el Consejo de Seguridad la
adopción de sanciones hacia el Estado de Venezuela por su notorio
incumplimiento de la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2008.-Rosa Díez
González, Diputada.
181/000263
Grupo Parlamentario Popular
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
Texto:
¿Es propósito del Gobierno invitar a las Reuniones de Alto Nivel o Cumbres
Bilaterales, que puedan celebrarse en Marruecos, y en las que se traten
temas de interés que afecten a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla,
a sus respectivos Presidentes, como es costumbre cuando se trata de temas
de otras Autonomías con países terceros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2008.-Antonio
Gutiérrez Molina, Diputado.
Comisión de Interior
181/000255
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Carlos González Serna
Texto:
¿Qué previsiones contempla el Gobierno para la implantación del SIVE, en
la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2008.-Carlos González
Serna, Diputado.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputada doña Carmen Navarro Cruz
Texto:
¿Se ha visto comprometida de algún modo la seguridad en el centro
penitenciario "El Acebuche" de Almería, como consecuencia del derrumbe de
una parte de sus instalaciones que tuvo lugar el pasado mes de mayo de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2008.-Carmen Navarro
Cruz, Diputada.
181/000271
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Carlos González Serna
Texto:
¿Qué valoración hace el Gobierno del sistema API (Sistema de Información
Avanzada de Pasajeros) para la vigilancia de las listas de embarque, tras
su primer año de funcionamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2008.-Carlos González
Serna, Diputado.
181/000272
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Carlos González Serna
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno la lucha contra la pornografía infantil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2008.-Carlos González
Serna, Diputado.
Comisión de Defensa
181/000261
Grupo Parlamentario Popular
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
Texto:
¿Puede explicar el Gobierno las líneas generales de la instrucción enviada
por la Secretaría General de Política de Defensa a los Estados Mayores de
Tierra, Armada, Aire y Guardia Civil, titulada "Actuaciones del
Ministerio de Defensa en el Plan Nacional de la Alianza de
Civilizaciones"?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2008.-Antonio
Gutiérrez Molina, Diputado.
181/000262
Grupo Parlamentario Popular
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
Texto:
¿Qué entiende el Gobierno como "necesidad de garantizar la formación del
personal militar docente en los principios, valores y objetivos de la
Alianza de Civilizaciones"?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2008.-Antonio
Gutiérrez Molina, Diputado.
181/000264
Grupo Parlamentario Popular
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
Texto:
¿Qué prioridades tiene el Gobierno en la cultura de la Defensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2008.-Antonio
Gutiérrez Molina, Diputado.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
Texto:
¿Qué criterios objetivos tiene el Gobierno para otorgar las subvenciones
que se convocan anualmente por parte de la Dirección General de
Relaciones Institucionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2008.-Antonio
Gutiérrez Molina, Diputado.
181/000266
Grupo Parlamentario Popular
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
Texto:
¿Puede el Gobierno informar de la "Cronología de las Misiones de Paz"
actualizada a 27 de febrero de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2008.-Antonio
Gutiérrez Molina, Diputado.
181/000267
Grupo Parlamentario Popular
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
Texto:
¿Puede el Gobierno informar a cuántos militares se les ha concedido el uso
del distintivo de mérito por operaciones de mantenimiento de la paz en
Irak?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2008.-Antonio
Gutiérrez Molina, Diputado.
Comisión de Fomento
181/000246
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Carlos González Serna
Texto:
¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Ministerio de Fomento en la
provincia de Alicante, con cargo al llamado 1 por ciento cultural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2008.-Carlos González
Serna, Diputado.
181/000247
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Manuel Pezzi Cereto
Texto:
¿En qué situación se encuentra el trazado del AVE a su paso por la
provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2008.-Manuel Pezzi
Cereto, Diputado.
181/000248
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Manuel Pezzi Cereto
Texto:
¿Qué previsiones existen para la ejecución de la Segunda Circunvalación de
Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2008.-Manuel Pezzi
Cereto, Diputado.
181/000249
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
¿Cuál es el grado de ejecución del Plan Director del Aeropuerto
Granada-Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2008.-Manuel Pezzi
Cereto, Diputado.
181/000253
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Manuel Pezzi Cereto
Texto:
¿Cuál es el grado de ejecución de la A-7 a su paso por la provincia de
Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2008.-Manuel Pezzi
Cereto, Diputado.
181/000254
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Manuel Pezzi Cereto
Texto:
¿Qué previsiones hay para llevar a cabo la nueva estación de ferrocarril
de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2008.-Manuel Pezzi
Cereto, Diputado.
181/000268
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno, y, si es así, en qué fecha, la mejora del
ferrocarril del tramo de la Estación lntermodal de San Roque y las
industrias del Polo Químico de la Bahía de Algeciras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2008.-José Ignacio
Landaluce Calleja, Diputado.
181/000269
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno, y, si es así, en qué fecha, la mejora del
ferrocarril del ramal de Isla Verde en el Puerto de Algeciras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2008.-José Ignacio
Landaluce Calleja, Diputado.
Comisión de Educación, Política Social y Deporte
181/000256
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Política Social y
Deporte
Diputada doña Soledad Becerril Bustamante
Texto:
¿Qué opinión le merece al Gobierno la tendencia descendente, a lo largo de
los últimos líos, del número de alumnos matriculados en bachillerato, muy
especialmente en la Comunidad Autónoma de Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2008.-Soledad
Becerril Bustamante, Diputada.
Comisión de Trabajo e Inmigración
181/000273
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
Fecha en la que tiene previsto el Gobierno establecer un "complemento de
solidaridad" a las personas viudas, que vivan solas y con bajos
ingresos.
Motivación.
En el programa electoral, con el que el Partido Socialista Obrero Español
ganó las elecciones generales de marzo de 2008, se establece "que las
personas viudas, pensionistas, que vivan solas y con bajos ingresos,
percibirán un ""complemento de solidaridad"" que mejore sus condiciones
de vida, facilitando el pago de los costes de vivir sólo, como el
mantenimiento de la vivienda y otras necesidades".
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2008.-Miguel Ángel
Buen Lacambra, Diputado.
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
181/000257
Grupo Parlamentario Mixto (UPyD)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Turismo y
Comercio
Diputada doña Rosa Díez González
Texto:
¿Le parece justificada la inversión de dinero público en un proyecto como
la Refinería Balboa que, atendiendo a las previsiones más optimistas
difundidas por la empresa promotora, tiene un coste de 833.000 euros por
cada puesto de trabajo y teniendo en cuenta otros criterios más realistas
tendría un coste de 4.690.431 euros/puesto de trabajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2008.-Rosa Díez
González, Diputada.
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
181/000250
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura
y Pesca
Diputada doña María Luisa Lizarraga Gisbert
Texto:
¿Qué medidas está aplicando el Gobierno para paliar los efectos del cambio
climático en una zona tan delicada como es el Delta del Ebro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2008.-María Luisa
Lizarraga Gisbert, Diputada.
181/000251
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura
y Pesca
Diputada doña María Antonia García Valls
Texto:
¿Cuál ha sido el resultado para la provincia de Castellón el desarrollo
del programa AGUA en cuanto a sus reservas hídricas? ¿Qué supondrán las
obras de las dos desalinizadoras previstas en la provincia, cuyas obras
comenzarán este mismo año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2008.-María Antonia
García Valls, Diputada.
181/000252
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura
y Pesca
Diputada doña María Luisa Lizarraga Gisbert
Texto:
¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio para paliar los daños causados a
los agricultores de la zona de Les Illetes de Miravet (Tarragona)
afectados por la liberación de 2.200 m3/s de agua del Ebro durante tres
días por parte de la CHE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2008.-María Luisa
Lizarraga Gisbert, Diputada.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura
y Pesca
Diputado don Carlos Floriano Corrales
Texto:
¿Cuál es la valoración y conclusiones de la reunión Diálogo Internacional
de Alto Nivel sobre Políticas de la Convención de Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación, celebrada en Bonn el pasado 17 de mayo
de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2008.-Carlos Floriano
Corrales, Diputado.
Comisión de Sanidad y Consumo
181/000270
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo
Diputado don Carlos González Serna
Texto:
¿Qué valoración política hace el Gobierno sobre el hecho de que la
Generalitat Valenciana esté instando y promoviendo a que los
Ayuntamientos de la Comunidad confinancien la construcción y equipamiento
de centros de salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2008.-Carlos González
Serna, Diputado.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/000277
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional
para el Desarrollo
Diputada doña Carmen Juanes Barciela
Texto:
¿Cuál es la política de cooperación cultural que se está impulsando desde
la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional para el desarrollo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2008.-Carmen Juanes
Barciela, Diputada.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
181/000274
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión para las Políticas Integrales
de la Discapacidad
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Cuál es la variación registrada de los contratos fijos en personas con
discapacidad desde marzo de 2004 hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2008.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputado.
181/000275
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión para las Políticas Integrales
de la Discapacidad
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Qué medidas contempla el Gobierno para impulsar el empleo para las
personas con discapacidad durante la presente legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2008.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputado.
