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DS. Senado, Pleno, núm. 113, de 07/03/2007
 

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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2007 VIII Legislatura
Núm. 113
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 7 de marzo de 2006


ORDEN DEL DÍA:

Primero

PREGUNTAS

-- De D. JOSÉ MENDOZA CABRERA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre las principales conclusiones extraídas por el Gobierno tras las reuniones mantenidas en Marruecos, especialmente en aquellos asuntos que afectan a la Comunidad Autónoma de Canarias.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001172).


-- De D. JOSÉ RAMÓN URRUTIA ELORZA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la forma de cerrar el pasado en relación con la banda terrorista ETA y terminar con el conflicto político existente. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001173).


-- De D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si puede explicar el Presidente del Gobierno su decisión acerca del cambio en la situación penitenciaria del asesino José Ignacio de Juana Chaos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007).
(Núm. exp. S. 680/001182).


Página 6834


-- De D. CARLES ALFRED GASÒLIBA I BÖHM, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno para asegurar en la fecha comprometida la aplicación en España de la Directiva de la Unión Europea sobre los mercados de instrumentos financieros (MiFID). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007).
(Núm. exp. S. 680/001178).


-- De D. AGUSTÍN CONDE BAJÉN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la opinión que le merece al Ministro de Justicia el último acuerdo del Consejo General del Poder Judicial referido a la legalidad de sus decisiones. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007).
(Núm. exp. S. 680/001183).


-- De D. ANTONIO GERMÁN BETETA BARREDA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las instrucciones que ha dado el Ministerio de Justicia para que desde la fiscalía se esté entorpeciendo la investigación del presunto cobro irregular de comisiones llevado a cabo por dos ex alcaldes de Ciempozuelos (Madrid). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007).
(Núm. exp. S. 680/001186).


-- De D. ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO LEDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante el recrudecimiento de la ofensiva talibán en Afganistán. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001185).


-- De D.ª MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ PARDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración que hace el Gobierno, desde el punto de vista laboral, del horario de trabajo al que están sometidos los Médicos Internos Residentes (MIR). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001184).


-- De D.ª MARÍA DEL ROSARIO CASADO SOBRINO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración que hace el Gobierno del desabastecimiento de medicamentos en las oficinas de farmacia tras la aplicación del nuevo sistema de precios de referencia. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001187).


-- De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre las medidas previstas por el Gobierno para corregir las deficiencias en el servicio de solicitud y renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte en la isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001159).


-- De D. JOSÉ LUIS PERESTELO RODRÍGUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la fecha prevista por el Gobierno para la aprobación de la declaración del puerto de Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife) como frontera exterior, según el Acuerdo de Schengen. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007). (Núm. exp. S.
680/001175)

-- De Dª. ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las medidas concretas que tiene previsto impulsar el Gobierno para combatir las altas tasas de siniestralidad vial como consecuencia de atropellos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001176).


-- De D. ENRIQUE FEDERICO CURIEL ALONSO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno para prevenir la violencia en los espectáculos deportivos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001191).


-- De D. EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la valoración del Gobierno acerca del funcionamiento de las instituciones del Estado. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007). (Núm. exp. S.
680/001162).


-- De D. MANUEL ARJONA SANTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre si las Comisiones bilaterales puestas en marcha significan una alteración de nuestro modelo de desarrollo autonómico. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001192).


Página 6835


-- De D. RAMÓN COMPANYS I SANFELIÚ, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre si considera el Gobierno que la mejor forma de asegurar la calidad de los productos ibéricos elaborados en España es utilizar únicamente criterios basados en las inspecciones de campo, eliminando los actuales controles que permiten comprobar el perfil lípido del animal. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007).
(Núm. exp. S. 680/001179).


-- De D. PEDRO RODRÍGUEZ CANTERO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las principales conclusiones y recomendaciones de futuro que aporta el estudio sobre la incidencia de las actuales normas de ordenación de explotaciones de porcino. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007).
(Núm. exp. S. 680/001194).


-- De D.ª MARÍA TERESA DEL CARMEN CAMACHO VÁZQUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre el calendario previsto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la entrada en vigor del Marco Nacional de Desarrollo Rural y de los Planes Regionales. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001195).


-- De D.ª INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno en relación con los menores extranjeros no acompañados.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001177).


-- De D.ª MARÍA JOSÉ ELICES MARCOS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las acciones que desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se están llevando a cabo para que el progreso de la mujer en las libertades, el trabajo, la seguridad y la garantía de los derechos sea cada vez más una realidad. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001180).


-- De D.ª MARÍA ASSUMPTA BAIG I TORRAS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las medidas previstas por el Gobierno para evitar imágenes publicitarias que vulneren derechos humanos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001181).


-- De D. FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las previsiones temporales del Gobierno para integrar a la ciudad de Lugo en las redes ferroviarias de alta velocidad. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001174).


-- De D.ª ELENA VÍBORAS JIMÉNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Gobierno acerca de la cantidad de sangre de cordón umbilical (SCU) almacenada en España. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001189).


-- De D. JUAN JOSÉ PALACIOS ROJO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las principales implicaciones de la entrada en vigor el pasado uno de marzo de la Orden SCO/3997/2006, de 28 de diciembre, por la que se determinan los conjuntos de medicamentos y sus precios de referencia.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001193).


-- De D. JUAN ANTONIO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las acciones que está llevando a cabo el Gobierno para el fomento y la difusión de la arquitectura. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001190).


-- De D. JOSÉ BLAS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para hacer frente a la pérdida de puestos de trabajo en la bahía de Cádiz.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 680/001188).


Página 6836


Segundo

INTERPELACIONES

-- De D.ª BELÉN MARÍA DO CAMPO PIÑEIRO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las iniciativas que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para atender las necesidades reales de las familias españolas.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 670/000148).


-- De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre los planes, proyectos, inversiones y calendario de actuación previstos por el Gobierno para la mejora del eje subpirenaico y sus conexiones. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 670/000146).


-- De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre el tránsito de buques con mercancías peligrosas, tras la entrada en vigor de la Zona Marina de Especial Sensibilidad (ZMES) de la Comunidad Autónoma de Canarias, especialmente en lo que se refiere al protocolo de las comunicaciones interadministrativas entre el Estado y el Gobierno de Canarias. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 666, de fecha 5 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 670/000147).


Tercero

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

-- De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto de Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 84, de fecha 7 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 621/000084).
(Núm. exp. C.D. 121/000092).


-- De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de transparencia de las relaciones financieras entre las Administraciones Públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 80, de fecha 2 de marzo de 2007). (Núm. exp. S. 621/000080). (Núm. exp. C.D. 121/000085).


-- De la Comisión de Medio Ambiente en relación con el Proyecto de Ley de la Red de Parques Nacionales. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 81, de fecha 22 de febrero de 2007). (Núm. exp. S. 621/000081). (Núm. exp. C.D. 121/000087).


Página 6837


SUMARIO

Se abre la nueve horas y treinta minutos.


PREGUNTAS (Página 6844)

De D. JOSÉ MENDOZA CABRERA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre las principales conclusiones extraídas por el Gobierno tras las reuniones mantenidas en Marruecos, especialmente en aquellos asuntos que afectan a la Comunidad Autónoma de Canarias (Página 6844)

El señor Mendoza Cabrera formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Mendoza Cabrera. En turno de dúplica, lo hace el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).


De D. JOSÉ RAMÓN URRUTIA ELORZA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la forma de cerrar el pasado en relación con la banda terrorista ETA y terminar con el conflicto político existente (Página 6846)

El señor Urrutia Elorza formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Urrutia Elorza. En turno de dúplica, lo hace el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).


De D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si puede explicar el Presidente del Gobierno su decisión acerca del cambio en la situación penitenciaria del asesino José Ignacio de Juana Chaos (Página 6849)

El señor García-Escudero Márquez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor García-Escudero Márquez. En turno de dúplica, lo hace el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).


De D. CARLES ALFRED GASÒLIBA I BÖHM, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno para asegurar en la fecha comprometida la aplicación en España de la Directiva de la Unión Europea sobre los mercados de instrumentos financieros (MiFID) (Página 6857)

El señor Gasòliba i Böhm formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Gasòliba i Böhm. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


De D. AGUSTÍN CONDE BAJÉN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la opinión que le merece al Ministro de Justicia el último acuerdo del Consejo General del Poder Judicial referido a la legalidad de sus decisiones (Página 6858)

El señor Conde Bajén formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Justicia (Fernández Bermejo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Conde Bajén. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Justicia (Fernández Bermejo).


De D. ANTONIO GERMÁN BETETA BARREDA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las instrucciones que ha dado el Ministerio de Justicia para que desde la fiscalía se esté entorpeciendo la investigación del presunto cobro irregular de comisiones llevado a cabo por dos ex alcaldes de Ciempozuelos (Madrid) (Página 6859)

El señor Beteta Barreda formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Justicia (Fernández Bermejo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Beteta Barreda. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Justicia (Fernández Bermejo)

De D. ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO LEDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante el recrudecimiento de la ofensiva talibán en Afganistán (Página 6861)

El señor Muñoz-Alonso Ledo formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor

Página 6838


Ministro de Defensa (Alonso Suárez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Muñoz-Alonso Ledo. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (Alonso Suárez).


De D.ª MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ PARDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración que hace el Gobierno, desde el punto de vista laboral, del horario de trabajo al que están sometidos los Médicos Internos Residentes (MIR) (Página 6862)

La señora Fernández Pardo formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Fernández Pardo. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).


De Dª. MARÍA DEL ROSARIO CASADO SOBRINO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración que hace el Gobierno del desabastecimiento de medicamentos en las oficinas de farmacia tras la aplicación del nuevo sistema de precios de referencia (Página 6864)

La señora Casado Sobrino formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Casado Sobrino. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).


De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre las medidas previstas por el Gobierno para corregir las deficiencias en el servicio de solicitud y renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte en la isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) (Página 6865)

El señor Melchior Navarro formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Melchior Navarro. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).


De D. JOSÉ LUIS PERESTELO RODRÍGUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la fecha prevista por el Gobierno para la aprobación de la declaración del puerto de Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife) como frontera exterior, según el Acuerdo de Schengen (Página 6866)

El señor Perestelo Rodríguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Perestelo Rodríguez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).


De Dª. ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las medidas concretas que tiene previsto impulsar el Gobierno para combatir las altas tasas de siniestralidad vial como consecuencia de atropellos (Página 6868)

La señora Etxegoyen Gaztelumendi formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Etxegoyen Gaztelumendi. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).


De D. ENRIQUE FEDERICO CURIEL ALONSO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno para prevenir la violencia en los espectáculos deportivos (Página 6869)

El señor Curiel Alonso formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).


De D. EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la valoración del Gobierno acerca del funcionamiento de las instituciones del Estado (Página 6871)

El señor Cuenca Cañizares formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura).


En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cuenca Cañizares. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura).


Página 6839


De D. MANUEL ARJONA SANTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre si las Comisiones bilaterales puestas en marcha significan una alteración de nuestro modelo de desarrollo autonómico (Página 6871)

El señor Arjona Santana formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura).


De D. RAMÓN COMPANYS I SANFELIÚ, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre si considera el Gobierno que la mejor forma de asegurar la calidad de los productos ibéricos elaborados en España es utilizar únicamente criterios basados en las inspecciones de campo, eliminando los actuales controles que permiten comprobar el perfil lípido del animal (Página 6872)

El señor Campanys i Sanfeliú formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Companys i Sanfeliú. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).


De D. PEDRO RODRÍGUEZ CANTERO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las principales conclusiones y recomendaciones de futuro que aporta el estudio sobre la incidencia de las actuales normas de ordenación de explotaciones de porcino (Página 6874)

El señor Rodríguez Cantero formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).


De D.ª MARÍA TERESA DEL CARMEN CAMACHO VÁZQUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre el calendario previsto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la entrada en vigor del Marco Nacional de Desarrollo Rural y de los Planes Regionales (Página 6875)

La señora Camacho Vázquez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).


De D.ª INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno en relación con los menores extranjeros no acompañados (Página 6876)

La señora Loroño Ormaechea formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Loroño Ormaechea. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán).


De D.ª MARÍA JOSÉ ELICES MARCOS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las acciones que desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se están llevando a cabo para que el progreso de la mujer en las libertades, el trabajo, la seguridad y la garantía de los derechos sea cada vez más una realidad (Página 6877)

La señora Elices Marcos formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán).


De D.ª MARÍA ASSUMPTA BAIG I TORRAS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las medidas previstas por el Gobierno para evitar imágenes publicitarias que vulneren derechos humanos (Página 6879)

La señora Baig i Torras formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán).


De D. FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las previsiones temporales del Gobierno para integrar a la ciudad de Lugo en las redes ferroviarias de alta velocidad (Página 6880)

El señor Jorquera Caselas formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de

Página 6840


réplica, interviene de nuevo el señor Jorquera Caselas. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D.ª ELENA VÍBORAS JIMÉNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Gobierno acerca de la cantidad de sangre de cordón umbilical (SCU) almacenada en España

Esta pregunta ha sido aplazada.


De D. JUAN JOSÉ PALACIOS ROJO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las principales implicaciones de la entrada en vigor el pasado uno de marzo de la Orden SCO/3997/2006, de 28 de diciembre, por la que se determinan los conjuntos de medicamentos y sus precios de referencia

Esta pregunta ha sido aplazada.


De D. JUAN ANTONIO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las acciones que está llevando a cabo el Gobierno para el fomento y la difusión de la arquitectura

Esta pregunta ha sido aplazada.


De D. JOSÉ BLAS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para hacer frente a la pérdida de puestos de trabajo en la bahía de Cádiz

Esta pregunta ha sido aplazada.


INTERPELACIONES (Página 6881)

De D.ª BELÉN MARÍA DO CAMPO PIÑEIRO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las iniciativas que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para atender las necesidades reales de las familias españolas (Página 6881)

La señora Do Campo Piñeiro realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán). Vuelve a intervenir la señora Do Campo Piñeiro. Cierra el debate el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán).


De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre los planes, proyectos, inversiones y calendario de actuación previstos por el Gobierno para la mejora del eje subpirenaico y sus conexiones (Página 6887)

El señor Mur Bernad realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). Vuelve a intervenir el señor Mur Bernad. Cierra el debate la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre el tránsito de buques con mercancías peligrosas, tras la entrada en vigor de la Zona Marina de Especial Sensibilidad (ZMES) de la Comunidad Autónoma de Canarias, especialmente en lo que se refiere al protocolo de las comunicaciones interadministrativas entre el Estado y el Gobierno de Canarias (Página 6892)

El señor Melchior Navarro realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). Vuelve a intervenir el señor Melchior Navarro. Cierra el debate la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


Se suspende la sesión a las quince horas.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 6896)

De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto de Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (Página 6896)

La señora Rubial Cachorro, presidenta de la Comisión, presenta el dictamen. A continuación hace uso de la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán).


Comienza el debate del articulado.


Página 6841


El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende sus enmiendas números 4 a 14 , 16 a 26, 31 a 59, 62, 63, 67 a 71 y 111.


El señor Jorquera Caselas defiende las enmiendas 72 a 75, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Mendoza Cabrera defiende las enmiendas números 76 a 79, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.


La señora Aleixandre i Cerarols defiende las enmiendas números 113, 114, 118, 120, 122, 128, 129 y 131, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


La señora Loroño Ormaechea defiende las enmiendas números 94, 97 a 100 y 104 a 110, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


La señora Baig i Torras defiende las enmiendas números 169, 182 y 183, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


La señora Martínez García defiende la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 115 y 124 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y por la número 177 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así como las enmiendas números 191, 192, 207 y 214, del Grupo Parlamentario Socialista. Las señoras Fúnez de Gregorio y Do Campo Piñeiro defienden la vuelta a la redacción del artículo 60.1 aprobada por la ponencia en lo modificado por la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista aprobada en comisión y las enmiendas números 221 a 230, 234, 236 a 239, 241 a 255, 258, 260 a 267 y 275 a 320, del Grupo Parlamentario Popular.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Martínez García.


En turno de portavoces, intervienen las señoras Aleixandre i Cerarols, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Loroño Ormaechea, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Baig i Torras, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Martínez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández-Delgado y Cerdá, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 113, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 7 votos a favor, 116 en contra y 116 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 118, del mismo grupo parlamentario, por 7 votos a favor, 116 en contra y 116 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 128, también del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 7 votos a favor, 116 en contra y 115 abstenciones.


Se aprueban las enmiendas números 191, 192 y 207, del Grupo Parlamentario Socialista, por 124 votos a favor y 115 en contra.


Se rechaza la enmienda número 214, del mismo grupo parlamentario, por 115 votos a favor, 121 en contra y 2 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 280, del Grupo Parlamentario Popular, por 115 votos a favor y 123 en contra.


Se aprueban las enmiendas números 229 y 304, del mismo grupo parlamentario, por 120 votos a favor y 118 en contra.


Se rechaza la enmienda número 283, también del Grupo Parlamentario Popular, por 115 votos a favor, 118 en contra y 6 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 285, del Grupo Parlamentario Popular, por 115 votos a favor, 118 en contra y 6 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 281, del Grupo Parlamentario Popular, por 115 votos a favor y 124 en contra.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Popular por 114 votos a favor, 124 en contra y 1 abstención.


Se aprueba por asentimiento de la Cámara la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 85631.


Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 85632 por 124 votos a favor, 2 en contra y 113 abstenciones.


Se aprueba por asentimiento de la Cámara la propuesta de modificación con número de registro 85633.


Se aprueban las partes del proyecto de ley enmendadas en Comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por 123 votos a favor, 2 en contra y 114 abstenciones.


Se aprueba el resto del proyecto de ley por 124 votos a favor y 114 abstenciones.


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El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de transparencia de las relaciones financieras entre las Administraciones Públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas.


El señor Gasòliba i Böhm, presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


La propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, es defendida por el señor Gasòliba i Böhm.
En turno en contra hace uso de la palabra el señor Chivite Cornago.


En turno de portavoces, intervienen los señores Urrutia Elorza, por el Grupo Parlamentario Mixto; Gasòliba i Böhm, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Maqueda Lafuente, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, así como la señora Aroz Ibáñez, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y el señor Beteta Barreda, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por 7 votos a favor, 216 en contra y 9 abstenciones.


Se procede al debate de las enmiendas.


El señor Gasòliba i Böhm defiende las enmiendas números 11 a 20, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


El señor Chivite Cornago defiende las enmiendas números 6, 7 y 10, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Beteta Barreda defiende las enmiendas números 1 a 3 y 5, del Grupo Parlamentario Popular.


En turno de portavoces, intervienen los señores Urrutia Elorza, por el Grupo Parlamentario Mixto; Gasòliba i Böhm, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Maqueda Lafuente, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, así como la señora Aroz Ibáñez, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y los señores Chivite Cornago, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Beteta Barreda, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 11 a 20, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 16 votos a favor, 212 en contra y 3 abstenciones.


Se aprueban las enmiendas números 6, 7 y 10, del Grupo Parlamentario Socialista, por 116 votos a favor, 7 en contra y 107 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1, 2 y 3, del Grupo Parlamentario Popular, por 108 votos a favor y 123 en contra.


Se aprueba la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Popular, por 222 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueban las partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por 223 votos a favor y 8 en contra.


Se aprueba el resto del proyecto de ley por 223 votos a favor y 6 abstenciones.


El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


De la Comisión de Medio Ambiente en relación con el Proyecto de Ley de la Red de Parques Nacionales.


El señor Mur Bernad, presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


Comienza el debate del articulado.


El señor Cuenca Cañizares defiende las enmiendas números 2 a 9, 11 y 12, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Companys i Sanfeliú defiende las enmiendas números 71, 73 y 75, anunciando la retirada de la número 70, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


El señor Aleu i Jornet anuncia la retirada de las enmiendas 61 a 68, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


La señora Maestre Martín de Alamagro defiende la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la incorporación las enmiendas 1 del señor Mur Bernad (Grupo Parlamentario Mixto), 10 del señor Cuenca Cañizares (Grupo Parlamentario Mixto) y 26 del Grupo Parlamentario Popular, así como las enmiendas números 51, 53 a 56 y 58 a 60, del Grupo Parlamentario Socialista.


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El señor Sopeña Velasco defiende las enmiendas números 22 a 25 y 27 a 48, del Grupo Parlamentario Popular.


La señora Maestre Martín de Almagro consume un turno en contra.


En turno de portavoces, intervienen el señor Mur Bernad, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Loroño Ormaechea, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; los señores Bella Galán, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Sopeña Velasco, por el Grupo Parlamentario Popular. Vuelven a hacer uso de la palabra la señora Maestre Martín de Almagro y el señor Sopeña Velasco.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 2 y 7, del señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por 5 votos a favor y 194 en contra.


Se rechazan las restantes enmiendas del señor Cuenca Cañizares por 5 votos a favor, 186 en contra y 7 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 71, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 10 votos a favor, 187 en contra y 2 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 73, del mismo grupo parlamentario, por 11 votos a favor, 187 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 75, también del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 5 votos a favor, 187 en contra y 7 abstenciones.


Se rechaza la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la incorporación de la enmienda número 1 del senador Mur Bernad, por 97 votos a favor y 102 en contra.


Se rechaza la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la incorporación de la enmienda número 10, del señor Cuenca Cañizares, por 97 votos a favor y 102 en contra.


Se rechaza la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la incorporación de la enmienda número 26, del Grupo Parlamentario Popular, por 98 votos a favor y 101 en contra.


Se aprueban las enmiendas números 55 y 56, del Grupo Parlamentario Socialista, por 103 votos a favor y 96 en contra.


Se aprueba la enmienda número 60, del Grupo Parlamentario Socialista, por 199 votos a favor.


Se aprueban las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista por 104 votos a favor y 95 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 22 a 25 y 27 a 48, del Grupo Parlamentario Popular, por 96 votos a favor y 103 en contra.


Se aprueban las partes del proyecto de ley enmendadas en Comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por 197 votos a favor y 1 en contra.


Se aprueba el resto del proyecto de ley por 196 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.


El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


Se levanta la sesión a las veintiuna horas y cincuenta minutos.


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Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


Punto primero del orden del día: Preguntas

Señorías, las preguntas de los senadores Fernández Sánchez y Álvarez Fernández han sido aplazadas.


PREGUNTAS:

-- DE DON JOSÉ MENDOZA CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES EXTRAÍDAS POR EL GOBIERNO TRAS LAS REUNIONES MANTENIDAS EN MARRUECOS, ESPECIALMENTE EN AQUELLOS ASUNTOS QUE AFECTAN A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (S.680/001172).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Mendoza Cabrera, que tiene la palabra.


El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señor presidente del Gobierno. ¿Cuáles son las principales conclusiones de la octava cumbre hispano-marroquí que culminó ayer, con especial referencia a aquello que pueda afectar a la Comunidad Autónoma de Canarias?

Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente, y gracias también a usted, senador Mendoza Cabrera, por su pregunta.


En primer lugar quisiera hacer una valoración positiva de los resultados de la reunión de alto nivel que hemos celebrado ayer y anteayer con Marruecos. En el plano político hemos reforzado el clima de confianza y se han fortalecido todos los campos de intensa cooperación que presiden nuestras relaciones bilaterales, que son prioritarias para el Gobierno, al igual que con nuestros vecinos, por intereses estratégicos y políticos que todo el mundo puede entender.


Quiero destacar el avance en la cooperación judicial y policial contra el terrorismo, el crimen organizado... (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio. Todas las preguntas son igual de importantes. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Señorías, apenas se puede oír lo que dice el señor presidente del Gobierno.


Tiene la palabra, señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.


Hacía referencia a la cooperación en el ámbito del terrorismo, del crimen organizado y del tráfico de estupefacientes y personas. Hay resultados tangibles, como la aceleración de las comisiones rogatorias, la coordinación policial en tiempo real o el marcado descenso del número de embarcaciones y ciudadanos marroquíes interceptados intentando entrar de forma irregular en nuestro país. En concreto durante el último año la reducción de la inmigración irregular proveniente de Marruecos ha sido del 60 por ciento, y más concretamente del 65 por ciento en las islas Canarias. Ello es sin duda fruto, en primer lugar, de una buena cooperación entre ambos países, y en segundo lugar -todo hay que decirlo-, de un progresivo desarrollo y creación de empleo en el norte de Marruecos, lo que sin duda contribuye a esa menor presión de la inmigración irregular.


De igual manera suscribimos un acuerdo sobre el problema de la inmigración de los menores no acompañados. Hemos dado, por tanto, un paso importante; de un memorándum que regía las relaciones en ese ámbito hemos pasado a la firma de un acuerdo que consta de tres partes: una preventiva para evitar la inmigración de menores no acompañados; otra que se ocupa del tratamiento de esos menores que recoge los principios básicos de las convenciones internacionales a ese respecto, y una tercera parte que se ocupa del retorno de esos menores algo que, como usted sabe, constituye un elemento esencial en Canarias, y que tras la firma de este acuerdo va a tener otra perspectiva claramente más eficaz y más rápida.


Como su señoría sabe, el Gobierno de España está colaborando con el de Marruecos para la puesta en marcha de cuatro centros de atención a menores en el país marroquí, y tras la firma de este acuerdo y del compromiso político de acelerar el retorno de menores, podremos abordar esta delicada situación con más eficacia.


Los aspectos económicos y comerciales han sido también objetivo de esa reunión de alto nivel. Y a este respecto le voy a facilitar de forma breve algún dato: la relación comercial bilateral entre España y Marruecos en el último año ha aumentado un 20 por ciento; 500.000 españoles hacen turismo en Marruecos y hay 1.000 empresas españolas instaladas allí. Esos datos ponen de manifiesto que, desde el punto de vista económico, Marruecos tiene para España un interés especial.


Para continuar y profundizar en esa línea, en la reunión de alto nivel se acordaron una serie de créditos blandos para incentivar la concesión a empresas españolas de grandes proyectos marroquíes, como, por ejemplo, la construcción de un gran parque eólico en Tánger que harán empresas españolas o la central termosolar en Ain Beni Mazar.


Asimismo, y tras el gesto político de Marruecos de proceder en vísperas de la reunión de alto nivel a la ratificación del acuerdo pesquero con la Unión Europea, el Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros una línea de ayuda por valor de 16 millones de euros para la reestructuración de la flota pesquera artesanal marroquí. Como bien sabe su señoría, esto va a representar que cien barcos españoles van a poder faenar en aguas marroquís, si recuperando la vieja tradición, muy apreciada por nuestro sector, de poder desarrollar su trabajo en aguas de

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Marruecos. Es verdad que la recuperación de este acuerdo es fruto de la recuperación de un clima político de entendimiento y de confianza, y que la perspectiva, que en su día era tan difícil, de volver a ver barcos españoles faenando en aguas marroquí se ha conseguido gracias a la política y a la política de entendimiento.


También en el área social y cultural esta cumbre ha puesto de manifiesto algunos nuevos compromisos: España va a abrir un nuevo Consulado General en Marruecos, y un Instituto Cervantes en Tánger, ciudad cuya candidatura intenta acoger la Expo 2012, candidatura que nos hemos comprometido a apoyar.


Y por último, me referiré a dos aspectos que han tenido un avance también importante en la reunión de alto nivel... (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, señor presidente. Rogaría silencio, es muy difícil oir al presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.


De un lado, la construcción en Marruecos de la Universidad de los dos Reyes y, de otro, el avance en ese gran proyecto del enlace fijo, es decir, la construcción de una conexión a través de un túnel ferroviario que cruzará el Estrecho y que permitirá sin duda una transformación económica, y un beneficio para el progreso, por supuesto de Marruecos, pero también de España, y muy especialmente de toda la zona de la provincia de Cádiz. El proyecto ha culminado su etapa de estudio geológico y ahora se iniciará la elaboración de un proyecto para su construcción. La previsión es que en su día, a través de esa nueva comunicación que va a unir de una manera directa, mucho más rápida, Europa y África, lleguen a circular hasta nueve millones de personas al año y ocho millones de toneladas anualmente.


En definitiva, señoría, hemos firmado seis acuerdos: dos en el área de Trabajo, relativos a la inmigración; dos en Industria; uno en Justicia y, además, uno para la construcción de un colegio español en Rabat.
Conclusión: ha sido una cumbre positiva, tan positiva como en estos momentos son las relaciones entre España y Marruecos que, sin duda alguna, constituyen una prioridad estratégica para nuestro país.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


Tiene la palabra el senador Mendoza.


El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señor presidente.


Señor presidente del Gobierno, muchas gracias por su extensa información, aunque me gustaría saber por qué se ha interrumpido la presencia del Gobierno de Canarias, sobre todo en los temas de emigración, que fue una iniciativa estupenda por parte de su Gobierno, pero que se ha visto interrumpida en esta cumbre. Valoro muy positivamente las cuestiones que ha comentado y de forma especial una que, como usted sabe, nos tenía profundamente preocupados: la posibilidad de llegar a acuerdos en el retorno de menores no acompañados. Me parece que lo que ha comentado es un paso que va a aliviar la situación en Canarias y, por tanto, lo considero extraordinariamente positivo, así como las cuestiones de cooperación económica y esa posibilidad de unir más la Península con Marruecos, la cooperación en materia pesquera, etcétera. Todo nos parece tremendamente positivo y creo que hablan, efectivamente, de un clima de buenas relaciones con este país vecino, que son fundamentales.


También nos preocupa -no ha comentado nada, y me temo que ahí no vamos a estar de acuerdo-, si ha habido o no por parte del Gobierno un cambio de posición respecto a la cuestión del Sahara.


No acabamos de entender las señales que está tratando de dar el Gobierno.
Pensando mal, podemos creer que han cambiado de posición. Nos gustaría que nos lo explicara porque es un tema que nos preocupa en Canarias, y seriamente.


Señor presidente, agradezco la extensa información que nos ha dado y los resultados positivos que ya he comentado, pero quisiéramos saber por qué se ha interrumpido la colaboración con el Gobierno de Canarias o, dicho de otra forma, por qué no hay presencia del Gobierno de Canarias en este tipo de cumbres en los temas que nos afectan, y si hay o no cambio de posición respecto de la cuestión del Sahara.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchísimas gracias, señor presidente.


En relación con la primera y última cuestión que ha sido recurrente en su pregunta, he de decirle que las cumbres bilaterales, en este caso la reunión de alto nivel entre España y Marruecos, tienen lógicamente un contenido que ha de ser acordado y también un formato. En esta ocasión el anfitrión era Marruecos. La próxima reunión de alto nivel será en España y el formato será distinto. El formato que más satisface al Gobierno, desde luego, es que haya participación de las comunidades autónomas. Por la naturaleza y el contenido de esta cumbre quizás no era el formato más adecuado, pero, desde luego, reitero mi compromiso en lo que afecta al futuro y, por supuesto, en lo que afecta a la próxima reunión de alto nivel.


En segundo lugar, le agradezco la valoración positiva que ha hecho del conjunto de acuerdos. Comparto con usted que lo más importante, desde mi punto de vista, en esta reunión de alto nivel ha sido la firma del acuerdo para el retorno de menores. Con diferencia, es una cuestión por la que hemos trabajado todos mucho, en la que Canarias de manera singular está siendo un ejemplo de solidaridad y de compromiso con los derechos humanos. También muchas comunidades autónomas están arrimando el hombro; y, por supuesto, para el Gobierno de España y para los intereses de todos ésta era una cuestión central.


Por último, haré una referencia al Sahara en relación con lo que usted planteaba sobre si había cambio de posición, o había una interpretación equívoca. Lo voy a repe-

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tir. Desde el primer día este Gobierno ha establecido dos principios en torno al conflicto y a la resolución del conflicto del Sahara. Primer principio: acuerdo de todas las partes. Sin acuerdo no hay solución.
(Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, pediría silencio. (Rumores.)

Señorías, por favor, pido silencio. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias.


Segundo principio: respeto a la legalidad internacional y, por tanto, a la doctrina de las resoluciones de Naciones Unidas. En este momento, después de toda una trayectoria sin acuerdos, sin que los representantes de Naciones Unidas hayan conseguido avances entre las partes, Marruecos ha presentado una nueva iniciativa que ha de formalizar ante Naciones Unidas. Posición del Gobierno de España: vemos con interés una iniciativa que pueda abrir la puerta al diálogo y a un acuerdo final. Esa posición se mantiene dentro de lo que son las resoluciones de Naciones Unidas, y el Gobierno de España contribuirá activamente a la búsqueda de un consenso, de un gran acuerdo entre las partes, manteniendo los principios esenciales de Naciones Unidas que forman parte de nuestro caudal de posición como país, desde el convencimiento profundo de que necesitamos ese gran acuerdo. Todos sabemos las partes que integran la solución del conflicto y, por supuesto, no hay cambio de posición. Lo que hay cada día es una posición más constructiva para que España pueda, por responsabilidad, por sentido histórico y también por lo que representa para el futuro de todo el Magreb, dar una solución a la cuestión del Sahara. Debemos y vamos a mantener una posición constructiva para que todas las partes puedan llegar a un acuerdo.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, presidente.


-- DE DON JOSÉ RAMÓN URRUTIA ELORZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA FORMA DE CERRAR EL PASADO EN RELACIÓN CON LA BANDA TERRORISTA ETA Y TERMINAR CON EL CONFLICTO POLÍTICO EXISTENTE (S.680/001173).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Urrutia Elorza.


Tiene la palabra su señoría.


El señor URRUTIA ELORZA: Egun on gustioi eta ongi etorri, presidente jauna.


Buenos días a todos, señorías, y bienvenido presidente.


ETA es una herencia del pasado. ¿Cómo cerramos ese pasado mirando hacia un futuro en paz y terminamos con el conflicto político e histórico existente?

Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Urrutia, quiero expresarle algunas ideas al respecto. En primer lugar, ETA es, en efecto, una herencia del pasado, una pesada herencia del pasado y algo más, es una organización terrorista, que ha practicado la violencia, que practica la violencia y que ha de dejar de practicar la violencia porque es radicalmente incompatible -radicalmente incompatible- con lo que supone la democracia, el Estado de Derecho... (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio.


Ruego silencio y vuelvo a repetir que todas las preguntas tienen que tener el mismo respeto, no solamente las que le convienen a uno. Pido respeto a la Cámara y pido respeto a sus señorías.


Tiene la palabra, presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Y, por tanto, para ese deseo inmensamente mayoritario, por supuesto del pueblo vasco y del conjunto de los ciudadanos españoles, de ver el fin de la violencia, los principios que el Gobierno ha establecido son claros y contundentes: primero, para hablar de paz hay que dejar atrás y abandonar definitivamente la violencia.


Segundo, todo proceso que pueda contribuir al fin de la violencia y a ese escenario de paz ha de transitarse a través de la legalidad, del respeto al Estado de Derecho en todos sus ámbitos para poder estar representado en las instituciones y, por supuesto, para poder defender unas u otras ideas, todas las ideas, porque todas las ideas caben en democracia si se defienden con la palabra y con métodos democráticos.


Tercero, la sociedad vasca tiene todas las posibilidades, y desde mi punto de vista la necesidad, de llegar a grandes consensos, teniendo en cuenta su pluralidad evidente, teniendo en cuenta la necesidad -si es que la violencia formara parte dentro de poco del pasado, que es el deseo de todos- de que aquellos que nunca han aceptado la legalidad democrática, las instituciones y el Estado de Derecho, tengan que aceptarlas y jugar libremente en democracia con los demócratas, y eso sólo se puede conseguir a través del respeto a la ley y, por supuesto, afianzando un futuro sin violencia y con un amplio acuerdo democrático.


Convivir, que es el fundamento de la democracia, es acordar los principios esenciales de un marco político que, por supuesto dentro del ordenamiento constitucional, permite dar pasos en la búsqueda de ese gran consenso de convivencia que, sin duda alguna, haría que el destino de Euskadi -que tiene tantas posibilidades, tantas potencialidades para su progreso y el bienestar de sus ciudadanos y para el afianzamiento de su fuerte identidad, de su tradición y de su amplísima vocación de autogobierno- se viera aún más realizado.


Señoría, desde mi punto de vista, la violencia sólo tiene un destino: el final. ETA sólo tiene un destino: el final. Y

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aquellos que dicen querer usar la palabra para defender sus ideas -sean éstas cuales sean- en torno a la configuración del País Vasco tienen que demostrar lo que tiene que demostrar todo aquel que sólo cree en la palabra: que rechazan la violencia con toda la fuerza y toda la convicción. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


Tiene la palabra su señoría.


El señor URRUTIA ELORZA: Eskerrik asko, presidente jauna. Gracias, señor presidente.


Comparto prácticamente todo lo que ha comentado, pero me gustaría hacer algunas puntualizaciones. Coincido con usted en que el problema de ETA es complejo y antiguo, y que varios gobiernos han intentado terminar con él, pero la violencia nos sigue azotando.


Últimamente, el 30 de diciembre, hace dos meses y unos días, hubo dos víctimas inocentes más, Carlos Alonso y Diego Armando -un recuerdo cariñoso para ellos, así como para toda la lista interminable de la violencia de uno y otro signo, sus familiares y amigos-. En este sentido, quisiera que toda la Cámara y sus señorías tuviéramos un recuerdo para ellos. (Protestas y rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-) (El señor Conde Bajén: ¡Y Ambrosio Fernández!)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


Les ruego a sus señorías silencio y respeto.


El señor URRUTIA ELORZA: ETA ha deshecho y sigue deshaciendo la convivencia y la vida política e intenta romper las esperanzas de futuro.


ETA ya dilapido en 1989 la ocasión que se le brindó en Argel; también tiró por la borda la de 1998 y, por ello, señor presidente, he de pedirle que no cerremos en falso el paso dado por ETA el 22 de marzo de 2006.


El atentado del pasado 30 de diciembre, y el posterior comunicado de ETA, han puesto en evidencia su intento de manipulación del proceso político; una pretensión que no es nueva. Sin embargo, desde Eusko Alkartasuna -mi partido-, y desde la sociedad vasca lo único que queremos es que dejen la violencia, que dejen las armas y que dejen el proceso político y el proceso de normalización en manos de los partidos políticos; de todos los partidos políticos. Eso es lo que lo le queremos pedir y lo que le pediré durante el tiempo que me deje el señor presidente.


Eso es lo que explicitó Batasuna en la propuesta de Anoeta y así lo reconoció usted, señor presidente, el 29 de junio de 2006 cuando anunció en el Congreso de los Diputados la intención de su Gobierno de iniciar contactos con ETA, así como su voluntad de respetar el acuerdo que alcanzaran las fuerzas políticas de Euskalerria y la decisión de la sociedad vasca. ¿Por qué este acuerdo que se inició no ha concluido? Desde mi punto de vista, no ha concluido porque las propuestas de ambas partes, a pesar de sus ganas de resolver el problema, han carecido del cariño correspondiente.


El Gobierno, señor presidente -y lo tengo que decir con todo el cariño y respeto-, ha sido cicatero en varios aspectos; por ejemplo, en lo relativo al acercamiento de los presos, que creo que hubiera sido un aspecto positivo para usted.


A pesar de que tal vez las personas situadas a mi izquierda me digan que con respecto a Iñaki de Juana me confundo, me parece que ha sido positivo y que es un elemento que puede iniciar o continuar este proceso con más calma y más tranquilidad.


Sin embargo, creo que el Gobierno se ha equivocado por lo que respecta a la ofensiva legal y judicial, de común acuerdo antes con el PP, en lo relativo a la situación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos.


También creo que la presión del Partido Popular, así como la del aparato mediático y el judicial no están favoreciendo una situación positiva para este proceso. (Protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Tampoco las próximas elecciones.


Por otro lado, la ilegalización, la situación de la violencia callejera, los juicios pendientes y las sentencias politizadas tampoco han acercado; han creado un problema de desconfianza.


Usted, señor Rodríguez Zapatero, creo que es el único presidente -y se lo digo así- que ha intentado, y a cara descubierta, procurar un proceso de paz en Euskadi, pero muchas veces, en mi opinión, han existido ciertas contradicciones en su forma de actuar.


Usted ha comentado dos aspectos en los que tal vez sea un poco crudo, y en los que no coincido totalmente. Usted siempre habla de un acuerdo entre los partidos, según la decisión de los ciudadanos vascos. Estoy de acuerdo, y ese es el refrendo soberano del pueblo vasco. Pero a continuación siempre pone la coletilla: en el marco de la Constitución.


Y al respecto dejéme comentarle algo en quince segundos. Sabe usted, señor presidente, que la Constitución fija la soberanía en el pueblo español, no en el vasco. (Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y fija además la unidad de España como algo inviolable. Las aspiraciones soberanistas del pueblo vasco, o al menos de una mayoría de él, no caben en la Carta Magna. Y si lo que realmente se intenta es solucionar el conflicto histórico político vasco no se deben poner límites previamente a la auténtica voluntad de los ciudadanos vascos. (Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor URRUTIA ELORZA: Creo que respecto al tema de la violencia, señor presidente, usted ha sido claro y rotundo, y comparto su opinión al cien por cien: no se puede avanzar con violencia en ninguna situación de resolución de conflictos. Pero también le diré que la violencia en el País Vasco está arraigada de una forma totalmente profunda y compleja. Y las situaciones son dramáticas y preocupantes. Vamos a dar pasos adelante, señor presidente, no sea cicatero.


Respecto a la izquierda abertzale, tenemos un grave problema con la Ley de Partidos -se lo digo de corazón-. Creo que la masa democrática vasca puede primar o quitarle peso específico a la izquierda abertzale con sus

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votos en las próximas elecciones. Deje que sea el pueblo vasco el que diga si ha de tener cabida o no. El pueblo vasco le va a responder positivamente. Confíe en él, señor presidente. Por favor, confíen usted, su Gobierno y su partido en el pueblo vasco.


Después de los más de 40 años de conflicto y de las generaciones que venimos sufriendo el conflicto desde hace más de un siglo, creo que el pueblo vasco está dando un salto muy importante en su situación social, económica, cultural y -si me permite- hasta política, pero todavía nos falta conseguir la reconciliación, la convivencia en paz total, sin extorsiones ni chantajes, y la posibilidad de que la ciudadanía decida libremente su futuro.


En estos momentos, como usted ha dicho, señor presidente, y estoy de acuerdo, el pueblo vasco está apostando por la innovación, el desarrollo tecnológico, el cambio técnico; estamos invirtiendo en educación y en investigación, en formación continua, en centros tecnológicos, en sociedad del conocimiento...(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio.


El señor URRUTIA ELORZA: Tenemos una preocupación máxima por los aspectos sociales y la solidaridad, por un reparto más equitativo y justo de la riqueza para maximizar el Estado del bienestar, al objeto de que desaparezcan las bolsas de pobreza y marginación -que las tenemos y es otro elemento que también puede generar violencia-; estamos planificando el cambio demográfico, estamos planificando el futuro, estamos planificando la salida para que no haya violencia.


Por ello, ETA debe dejar las armas, debe retirarse, debe concluir su vida.
Es fundamental, señor presidente, que normalicemos y pacifiquemos este país. Eusko Alkartasuna también lo dice y modestamente seguirá exigiendo y comprometiéndose con una salida política del conflicto, lo que implica consenso con las demás fuerzas políticas del Estado y de Euskadi.


Es evidente que nuestro proyecto, en un punto de partida o como programa de transición, pasa por pactar con el Estado un nuevo marco de relación en similares o parecidos términos de la nueva propuesta del nuevo estatuto, que fue aprobado el 30 de diciembre de 2004 por la mayoría absoluta del Parlamento vasco y rechazada por el Congreso de los Diputados el 1 de febrero del 2005.


Voy terminando, señorías. (Rumores En el Grupo Parlament Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.


El señor URRUTIA ELORZA: Fue rechazada sin dar la mínima oportunidad. La respuesta fue un no porque no, despachando una iniciativa -se lo digo, señoría y señor presidente- que tiene un perfecto encaje en el sistema siempre que se quiera interpretar de una manera flexible y abierta. Voy terminando, señor presidente, y le agradezco su flexibilidad con el tiempo. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.


El señor URRUTIA ELORZA: Sea valiente. Mire adelante. No retroceda.
Acuérdese de sus palabras respecto al proceso: Largo, duro. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio.


El señor URRUTIA ELORZA: No caiga en la provocación de la oposición, no caiga en esa provocación. Retome o reinicie el proceso de paz. Siéntese otra vez en la mesa de pacificación con ETA para dialogar y resolver de verdad todos los temas vigentes en la estrategia antiterrorista y el problema de los presos, y ver cómo dejan y abandonan las armas definitivamente. Estamos en un momento culminante.


Los partidos políticos, para normalizar la situación, para resolver el conflicto, para mirar al futuro y olvidarnos del siglo pasado, tenemos que buscar una profunda reconciliación y normalización, una convivencia en paz, sin violencia, viviendo al mismo tiempo, pudiendo decidir libremente sobre el futuro y resolviendo de una vez por todas el conflicto vasco.


Esta es la petición de un modesto senador de un pequeño partido de Eusko Alkartasuna. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.


El señor URRUTIA ELORZA: Pero es el sentir de la inmensa mayoría del pueblo vasco. Tal vez haya cierta oposición, que es como la campana de Gauss, pero olvídese de los elementos físicos, vaya a las mayorías.


Si usted, señor presidente, el Gobierno y su partido, va por este camino, cuente con nosotros, con nuestra ayuda, con nuestro apoyo, con nuestra colaboración; como solemos decir en Euskera: bene benetan, de verdad, de la buena. Aukera ona, dugu aurrean, aprovecha dezagun. (Rumores.) Tenemos una muy buena oportunidad delante. Vamos a aprovecharla, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, he de expresarle que tengo discrepancias de fondo en algunas de las ideas que ha expuesto, pero que se acompañan con mi máximo respeto democrático porque usted las defiende exclusivamente con la palabra, acatando las decisiones democráticas de las instituciones democráticas.
En eso consiste el proceso de paz y el fin de la violencia, en eso y en dos principios que son esenciales, que forman parte de lo que cualquier país tiene que poner encima de la mesa cuando aborda la posibilidad -como ha recordado-, siempre difícil -y la historia en nuestro país así lo enseña-, de un proceso de paz o de un final de la violencia. Señorías, no hay paz por política. Hay paz -punto- y luego política. Ese es el principio esencial que mantenemos. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

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Y, en segundo lugar, sobre la discrepancia de fondo en torno a Euskadi y a la Constitución y la responsabilidad última de la palabra para decidir.
Este es un debate que tuvimos cuando se presentó el plan Ibarreche en las Cortes Generales, concretamente en el Congreso de los Diputados. No voy a reproducir, lógicamente, todas las ideas que allí expuse. Solamente quiero trasladarle una reflexión. Euskadi es una sociedad plural desde el punto de vista político y cultural, y más allá de lo que representa mi convicción constitucional y el respeto que todos debemos tener a la Constitución, más alla de eso, tengo otra convicción, y es que solo el acuerdo de aquellos que tienen ideas distintas, identidades distintas, sentimientos diversos en una sociedad como Euskadi, solo el acuerdo de fondo es lo que llevará a un tiempo, ojalá largo, de estabilidad en el terreno político y de aceptación global de un marco político.


Convivir no es decidir, convivir es acordar, es ceder y es respetar una parte de las ideas que los demás tienen para llegar a un punto de encuentro que sea plenamente admisible por todos, y le puedo asegurar que el Gobierno si algo no está siendo es cicatero para intentar ver una Euskadi en paz, una España en paz, un gran acuerdo de convivencia político en Euskadi, no estamos siendo cicateros (Algunos señores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Huy que no!)

Si nuestra actitud se midiera por el grado de insultos y de descalificaciones que recibimos ante el problema del terrorismo de ETA y de la violencia más bien nuestra actitud debería ser considerada como de bastante valiente desde el punto de vista de intentar el fin de la violencia (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular,-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


-- DE DON PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI PUEDE EXPLICAR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO SU DECISIÓN ACERCA DEL CAMBIO EN LA SITUACIÓN PENITENCIARIA DEL ASESINO JOSÉ IGNACIO DE JUANA CHAOS (S. 680/001182).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador García-Escudero.


Tiene la palabra su señoría.


El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señor presidente del Gobierno, señorías, buenos días.


Permítame, señor presidente, antes de formular la pregunta, expresar el sentimiento de pesar de mi grupo parlamentario por la muerte el pasado sábado de una persona víctima de la violencia terrorista del entorno de ETA.


Refiriéndome a la pregunta, ¿puede explicar el presidente del Gobierno su decisión sobre el cambio en la situación penitenciaria del asesino De Juana Chaos?

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor García-Escudero, quiero compartir la expresión de solidaridad y de condena por la víctima que ha fallecido recientemente (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular,-Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular: Un accidente).


El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señoría, no le quepa duda de que puedo y voy a explicar la decisión en torno a la situación penitenciaria de De Juana Chaos, y lo voy a hacer basándome en el respeto más exigente al Estado de Derecho, en la aplicación de la política antiterrorista más adecuada y responsable (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). Se lo voy a explicar, y además a lo largo de esta respuesta le voy a exponer una breve trayectoria de lo que ha sido la política penitenciaria en este país, y espero que eso sirva para considerar inexplicables algunas de las posiciones y voces que hoy se escuchan en nuestro país (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Señoría, no voy a entrar en la valoración y en el rechazo moral que a todo ciudadano nos merece la trayectoria de De Juana Chaos, en eso no vamos a discrepar. Se trata de un terrorista que ha cometido de manera inclemente y execrable 25 asesinatos. Pero conviene que todos recordemos -ustedes lo saben, pero quiero recordarlo a toda la opinión pública- que De Juana Chaos cumplió hace tiempo la condena por los 25 asesinatos, que la cumplió conforme a la legislación vigente, y que cumplió el tiempo de condena previsto en las leyes y resultado de determinadas decisiones del Gobierno que en ese momento estaba dirigiendo el país, que era el Gobierno del Partido Popular.


Esta conducta, la de matar a 25 personas, está castigada y sustanciada y no puede bajo ningún concepto determinar jurídicamente sus actos posteriores en un Estado de Derecho. Es un principio básico, elemental de las reglas constitucionales del Estado de Derecho.


De Juana Chaos se encontraba en este momento en prisión por haber publicado unos artículos de opinión juzgados amenazantes. La Audiencia Nacional le condenó a 12 años de prisión. El Tribunal Supremo le condenó en sentencia ya firme como autor de un delito de amenazas, en concurso ideal con otro de enaltecimiento del terrorismo a tres años de prisión (Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Que los cumpla!) En el momento de condena firme, el preso había cumplido más de la mitad de esos tres años, por tanto, le restaba apenas un año y medio... (Fuertes rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.


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Como decía, le restaba apenas año y medio sin que existiera ninguna otra causa pendiente contra él, como usted bien conoce y quiero subrayar ante la Cámara y ante toda la opinión pública.


Resumo, porque conviene resumir después de todo lo que se ha dicho: De Juana Chaos asesinó a 25 personas. Cumplió la condena establecida por las leyes y concretada por Instituciones Penitenciarias gobernando el Partido Popular. De Juana Chaos tenía pendiente una condena de tres años, de la que había cumplido un año y medio y le quedaba, por tanto, por cumplir un año y medio. (Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista ¡Hipócritas!)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor. Silencio todos. Se le pregunta al presidente del Gobierno y después no se le quiere escuchar.
No lo entiendo, señorías.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.


En definitiva, señorías, De Juana Chaos ha sido, es un asesino pero no cumplía condena por asesinar, cumplía condena por un delito de amenazas castigado con tres años. En esa condena es sobre la que se ha producido la decisión del Gobierno. Y esa decisión se ha producido de acuerdo con la legislación vigente (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Ya, ya! ¡No, no!)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Quiero recordar que siempre que hay una sentencia judicial firme, como la emitida por el Tribunal Supremo, la Junta de Tratamiento Penitenciario, compuesta por profesionales del centro correspondiente, debe revisar el tratamiento penitenciario del recluso; para hacerlo, se valoran todas las circunstancias que concurren en el interno, y así se hizo en esta ocasión. A la vista de los informes médicos, la Junta, de acuerdo con las previsiones del Reglamento penitenciario, propuso el tratamiento individualizado que se ha denominado prisión atenuada. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias prestó su conformidad a la propuesta con el informe favorable del Ministerio Fiscal. (Rumores.) Finalmente, el juez de la Audiencia Nacional en funciones de vigilancia penitenciaria aprobó la propuesta de la Junta de Tratamiento -y permítame que le lea algunos párrafos- razonando en su auto la medida adoptada del auto del juez, y en un sistema democrático, en un Estado de Derecho el juez es quien tiene la última palabra en la interpretación y en la aplicación de la ley. (Protestas y Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Que no, que no!)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Se puede mantener cualquier otro debate, pero sinceramente para quien se ha aproximado, con más o menos tiempo, a los fundamentos del Estado de Derecho, saber que el juez tiene la última palabra es algo absolutamente elemental. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El auto del juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional dice textualmente: No constituye ningún beneficio penitenciario (Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Una señora senadora desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular: ¡No!) puesto que se aplica un tratamiento individualizado previsto en el reglamento penitenciario por estrictas razones fundamentadas en informes médicos.
(Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) En consecuencia, el auto del juez concluye que se ha producido un estricto cumplimiento de la legalidad vigente (Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Un señor senador en los escaños del Grupo Parlamentario Popular: ¡Todos a la huelga!), y con él una afirmación del Estado de Derecho.


Señorías, esto lo dice el juez competente de la Audiencia Nacional (Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) en materia penitenciaria, no lo dice ni el Gobierno ni ninguna otra instancia. Es la voz constitucional y legalmente autorizada para hacer la valoración y el juicio de una decisión de Instituciones Penitenciarias.


En síntesis, señoría, todos los informes técnicos y jurídicos, incluida la decisión final del juez, han sido favorables a la solución adoptada, pero la resolución judicial dice algo más que el Gobierno ha valorado especialmente. Dice que el Estado de Derecho no puede renunciar a aplicar las disposiciones legales que encuentran su fundamento en el respeto pleno del derecho a la vida... (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): ...aunque sea para proteger la de quienes no respetaron la de otros. (Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Señor presidente, señorías, ello es así porque en nuestro Estado de Derecho la ley siempre obliga a tener en consideración la vida para ponderar una decisión. (Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). Y en este caso quiero recordarle cuál es la decisión: un año y medio por cumplir como consecuencia de una sentencia de amenazas por escribir un artículo, no por cometer asesinatos.
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Un año y medio y una situación...


El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, silencio.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero):...y una situación de evidente riesgo para la vida del recluso. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Señor presidente, señorías, ésta es la verdad de los hechos. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Tu verdad!) Todos cuantos han intervenido en aplicación de la legalidad, en aplicación del Estado de Derecho se han mostrado favorables a la solución adopta-

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da (Fuertes rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) y la verdad es que también ésta es la decisión más responsable.


Señor presidente, señoría, ahora estoy interesado en conocer las razones por las que ustedes están tan empeñados en ocultar estas verdades (Fuertes rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor...


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Estoy interesado en conocer cuáles son las razones por las que quieren ocultar... (Fuertes rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)...
ocultar estas verdades con el aluvión de irresponsable demagogia que están haciendo todos los días. (Fuertes rumores, silbidos y pateos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular. -Varios señores senadores de ese mismo grupo parlamentario: ¡Fuera, fuera, fuera!- Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador García-Escudero.
(Rumores.)

Pediría silencio, por favor.


El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Señor Rodríguez Zapatero, la verdad es que el terrorista De Juana Chaos no estaría hoy con un pie en la calle si usted no lo hubiera querido así. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) La verdad es que la suya ha sido una decisión política, una decisión arbitraria, una decisión que no era inevitable y una decisión que supone un fraude de ley. La verdad, señor Zapatero, y usted lo ha dicho, es que el etarra De Juana Chaos está cumpliendo condena por amenazas y por enaltecimiento del terrorismo, pero por su parte no ha habido arrepentimiento, ni ha habido condena de la violencia, ni ha pedido perdón a las víctimas. Y la verdad también, señor Zapatero, es que el terrorista De Juana Chaos no está sufriendo una enfermedad en estado terminal. Esa es la verdad, señor Zapatero.


La situación de De Juana Chaos es voluntaria. Huelga de hambre, dieta blanda, pero es voluntaria, y no es verdad que su vida corra peligro. Así lo demuestra el vodevil de cama y ducha del anterior fin de semana.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y así lo demuestra también su entrada en el hospital de San Sebastián por su propio pie. Por lo tanto, señor Zapatero, no invoque la legalidad de la manera en que lo está usted haciendo porque la ley no le obliga a atenuar su prisión. Usted puede hacerlo, claro que sí, pero no está obligado a hacerlo, y la ley también contempla el cumplimiento íntegro de las condenas.


Señor Rodríguez Zapatero, ustedes han estado hablando también de un tratamiento humanitario. ¿Qué diferencia de trato hay entre el Doce de Octubre y el hospital de San Sebastián? Aquí en Madrid estaba recibiendo un trato muy humanitario, bajo estricto control médico y con enormes privilegios. Además, sabe usted como yo que De Juana Chaos en ningún caso iba a morir porque es un cobarde de los que matan por la espalda, de los que ponen bombas a traición, y ese tipo de cobardes nunca llegan hasta el final cuando es su propia vida la que está en juego. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Dice usted que ha sido una medida valiente. Valiente. Ceder al chantaje de un terrorista que amenaza con quitarse la vida es valiente. ¿Qué fue entonces resistir hasta el final la amenaza de una huelga de hambre como hizo Felipe González con un preso del GRAPO, medida que usted apoyó y sobre la que usted dijo que las huelgas de hambre eran un desafío al sistema democrático? ¿Qué fue entonces resistir el chantaje de un secuestro y de un asesinato como hizo José María Aznar con Miguel Ángel Blanco? ¿Es que ellos no fueron valientes? ¿Es que la sociedad española que les apoyó tampoco fue valiente? Señor Rodríguez Zapatero, ustedes están ahora en una maniobra de distracción intentando sembrar confusión sobre lo que fue la política antiterrorista del Gobierno de Aznar. Sepa usted una cosa, señor Zapatero: nosotros estamos muy orgullosos de la política antiterrorista del Gobierno de José María Aznar. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y yo le pregunto a usted, señor Zapatero: ¿está usted igual de orgulloso de la política antiterrorista de otros gobiernos socialistas que usted apoyó? Y para mayor rechifla, señor Zapatero, el terrorista deja en evidencia al valiente al abandonar su huelga de hambre, o su dieta blanda, nada más llegar a San Sebastián. Sáqueme usted de una duda, señor Zapatero: ¿va a volver entonces el terrorista a la cárcel? Porque ya no existe la causa que se supone ponía en peligro su vida. ¿Va a volver a la cárcel, señor Zapatero? La ley también lo contempla.


Las mentiras, señor Zapatero, le están llegando a usted hasta el cuello, porque toda esta sórdida historia no ha sido nada más que un cúmulo de mentiras convenientemente jaleado por su aparato de intoxicación, como siempre hacen, como siempre hacen. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Lo suyo ahora es defenderse haciendo una oposición retroactiva, que es lo único que han hecho desde que llegaron al Gobierno, y es lo único que saben hacer para justificar sus comportamientos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Usted hablaba de la verdad, señor Zapatero, pero la verdad, la auténtica realidad es que usted, el presidente de Gobierno de una democracia, ha cedido por primera vez al chantaje de un terrorista. La verdad es que a usted ETA le exigió en un comunicado después del atentado de Barajas la libertad de De Juana Chaos, y lo ha conseguido. La verdad, señor Zapatero, es que, por primera vez en la historia de la democracia española un Gobierno hace un pago político a ETA (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Esa es la verdad, señor Zapatero, y eso es gravísimo, señor Zapatero. A usted le ha echado un pulso un terrorista y usted se ha dejado doblegar. No había que hacer un mártir y lo que ha hecho usted es un héroe: había que ver cómo le jaleaban al llegar a San Sebastián. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Y ahora usted tiene miedo, señor Zapatero, usted tiene miedo a la reacción de la sociedad española, a la que usted ha humillado, señor Zapatero (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular. ¿Se da usted cuenta de lo que ha hecho, señor Zapatero? Usted ha ofendido y ha

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humillado a una sociedad que estaba orgullosa de no haber cedido nunca a los chantajes de los terroristas, que estaba orgullosa de haber apoyado a aquellos gobiernos que prefirieron luchar antes que rendirse. Usted tiene miedo a una sociedad que sabe que en los anteriores casos el Estado siempre salía fortalecido frente a ETA y que en este caso su Gobierno tiene la posición más dramáticamente débil que ningún Gobierno ha tenido frente a ETA (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Usted tiene miedo, señor Zapatero, a una sociedad que se está preguntando qué le está haciendo usted a nuestra democracia: qué democracia es esta en la que un asesino sale de la cárcel antes de cumplir su condena jaleado como un auténtico héroe (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) Qué democracia es esta en que las víctimas del terrorismo están llorando su derrota despreciados y vilipendiados por su Gobierno (Fuertes rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Qué democracia es esta en que la mayoría de los ciudadanos están clamando por la ignominia que usted ha cometido (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Qué democracia es esta en que la política antiterrorista se ha convertido en una farsa siniestra y en un trueque repugnante. Qué democracia es esta, señor Zapatero, en la que un Gobierno que libera a un terrorista dice que comparte la indignación de los ciudadanos, lo cual es una auténtica provocación llena de cinismo, señor Zapatero (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Usted, señor Zapatero, tiene miedo a una sociedad que se ha dado cuenta de que usted es un presidente de Gobierno sin sentido de Estado, incapaz de defender los principios más sólidos de nuestra democracia. Usted tiene miedo a una sociedad que se ha dado cuenta de que el atentado del 30 de diciembre, con dos muertos asesinados por ETA, no ha servido para nada, que otra vez el proceso de negociación ha vuelto a ofrecer su verdadero rostro: impunidad de Batasuna, a diario, como si fuera legal -lo acabamos de ver este fin de semana en el acto de Pamplona: o Navarra o nada-. ¿Les va a usted a decir nada, señor Zapatero? (Risas y aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

¿Certeza de que Batasuna se va a presentar a las próximas elecciones? ¿Lo va a impedir usted, señor Zapatero? (Varias señoras y señores senadores del Grupo Parlamentario Popular:¡No, no, no!.-Una señora senadora del Grupo Parlamentario Socialista: ¿Sois adivinos?)

Marginación y vilipendio del Partido Popular y de las víctimas, ausencia de detenciones de terroristas desde no se sabe cuándo. Nada, señor Zapatero, absolutamente nada sobre el endurecimiento de la política antiterrorista que usted prometió después del atentado del 30 de diciembre.


Usted, señor Zapatero, tiene miedo de una sociedad que sí ha entendido el mensaje que usted le ha enviado a ETA con esta decisión: el chantaje funciona, el Gobierno se doblega. Usted tiene miedo a una sociedad que se avergüenza de un presidente de Gobierno al que un batasuno humilla diciéndole que no le va a restregar la bandera de su victoria por la cara, y usted es incapaz de responderle. (Varias señoras y señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Qué vergüenza!)

Usted tiene miedo a una sociedad que todavía recuerda las manifestaciones de miembros de su Gobierno hace escasamente dos años, cuando había la posibilidad de que el etarra De Juan Chaos pudiera quedar en libertad.
Escandaloso, indignante, repugnante, reírse del Estado. Hace solo dos años, señor Zapatero. ¿Dónde están esos ministros que hacían entonces esas declaraciones? ¿Dónde están hoy? (Varias señoras y señores senadores del Grupo Palamentario Popular: ¡En Canarias!)

Usted, señor Zapatero, tiene miedo a una sociedad que piensa que usted es capaz de darle a ETA todo lo que le pida con tal de que no vuelva a matar. Usted, señor Zapatero, tiene miedo a una sociedad que tiene la certeza de que la verdad es que usted le tiene auténtico pánico a ETA (Varias señoras y señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Sí señor, sí, sí!.- Aplausos.)

Ya no le vale, señor Zapatero, arremeter contra el Partido Popular y contra las víctimas como los culpables de todo lo que pasa, porque eso es patético.


Señor Zapatero, ustedes dicen que nuestro comportamiento es obsceno e indigno pero todo el mundo sabe que lo auténticamente obsceno es el trato que ustedes les han dado a las víctimas en los últimos tres años, equiparándoles a los terroristas como acaba de hacer un socialista en el Parlamento vasco al decir que los asesinos también sufren igual que las víctimas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Todos los españoles saben también, señor Zapatero, que lo auténticamente indigno es ceder al chantaje de un terrorista que amenaza con una dieta blanda a todo un Estado. Pero sepa usted una cosa, señor Zapatero, y que lo sepan también los terroristas de ETA: la democracia española es infinitamente más fuerte que usted, infinitamente más fuerte que los terroristas de ETA: La sociedad española es infinitamente más fuerte que usted y que los terroristas de ETA y la sociedad española no le va a consentir a usted ni una sola cesión más a ETA.


Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos de los señores senadores del Grupo Parlamentario Popular puestos en pie.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (Rumores.)

Ruego silencio.


Tiene la palabra el presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor García-Escudero, quiero hacerle algunas matizaciones y consideraciones más de fondo. La primera matización que quiero hacerle es que, en absoluto y bajo ningún concepto, estamos ante la primera vez que ningún Gobierno cede a un chantaje de ETA. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: Sí, sí. )

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No, no. No estamos ante la primera vez que un Gobierno cede ante un chantaje de ETA. Estamos ante la primera vez... (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular- Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio y que el mismo respeto que se le ha tenido al senador García-Escudero se le tenga al presidente del Gobierno cuando habla. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Eso es lo que debiéramos tener todos claro en esta Cámara.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Es la primera vez!-Rumores.)

Señorías, ruego silencio. (El señor Carracao Gutiérrez: Silencio a ellos.) Señorías, pido silencio a todo el mundo, por favor. (El señor Carracao Gutiérrez: No, a ellos.) Senador Carracao. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Pido silencio, señorías.


Señorías, uno tiene la impresión, y creo que quienes nos están escuchando también, de que aquí no se quiere escuchar nada, salvo a nosotros mismos.
(Rumores.) Esa es la sensación que uno tiene. Yo la tengo como presidente de la Cámara y esa es la impresión que espero que tenga la sociedad española que nos está escuchando. ¡Esto es una vergüenza, señorías! (Rumores.-Protestas.)

Como representantes de los ciudadanos españoles, no podemos dar esta imagen que estamos dando. Lo digo como lo siento, señorías. (Rumores.) Ha hablado el senador García-Escudero y ahora tiene la palabra el presidente del Gobierno, que se merece el mismo respeto, les guste o no.


Tiene la palabra el señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, intentaba decir que no es la primera vez que el Gobierno haya cedido ante un chantaje de ETA. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: Sí, sí.) No. Es la primera vez que un partido político democrático responsable se atreve a decir que un Gobierno ha cedido al chantaje de ETA. ¡Es la primera vez! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Señor presidente, señor García-Escudero, usted ha hablado de fraude de ley, al mismo tiempo que reconoce que el Gobierno podía tomar esta decisión u otra decisión. ¿En qué quedamos? Cuando los argumentos conducen al absurdo y están plagados de falsedades se llega a esa contradicción inasumible, señor García-Escudero. En efecto, el Gobierno podía tomar esta u otra decisión, y ha tomado aquella que, desde el punto de vista del Gobierno, se ajusta más a los principios del Estado de Derecho y a nuestra legalidad, decisión que, como le decía, ha sido avalada por un juez, el juez que tiene a su cargo la responsabilidad del control de las decisiones del Ejecutivo en materia penitenciaria.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¿Está usted diciendo que las consideraciones y conclusiones a las que llega el auto de un juez son un fraude de ley? (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡No, no!) ¿Está usted afirmando eso? (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: (No, no!.-Rumores.) No me extrañaría... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): No me extrañaría, después de la continua actitud de escaso respeto que han mostrado a las decisiones judiciales, no del Gobierno, (Rumores en los escaños del Grupo Parlamenterio Popular.), sino a las decisiones judiciales que se han venido tomando en este caso.


Señor presidente, señor García-Escudero, el Gobierno ha respetado en todo momento la legalidad y el Estado de Derecho y, desde nuestro punto de vista, ha hecho la aplicación más adecuada de los valores constitucionales y del Estado de Derecho teniendo en cuenta los intereses contrapuestos en una decisión como esta, que, evidentemente, era una decisión difícil. El Gobierno respetó las calificaciones que hizo el Ministerio Fiscal en su día, respetó la sentencia de la Audiencia Nacional, respetó la sentencia del Tribunal Supremo y respeta y se atiene a la resolución del juez de vigilancia penitenciaria. Ustedes criticaron la calificación del Ministerio Fiscal y después de la sentencia del Tribunal Supremo se movilizaron en la calle contra ella (Protestas.-Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡No, no!), adoptando... (Rumores.-Protestas)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Lo han visto todos los ciudadanos (Protestas.-Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular : (No, no!), todos los ciudadanos. Y ahora, para culminar ese recorrido tan poco responsable en su actitud (Rumores.), nada más y nada menos que desprecian o consideran un fraude de ley la resolución del juez de la Audiencia Nacional competente en esta materia.
(Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: (No!.- Rumores.-Protestas.- El señor Conde Bajén pronuncia palabras que no se perciben.-Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular: (Un poco más de imaginación!)

Señor presidente, señorías, hay una cosa de la que me siento orgulloso (Rumores.). Por encima de su afirmación, al hablar de uno u otro Gobierno en la lucha contra el terrorismo, en la defensa de los valores democráticos, de los valores de la vida y de la libertad, yo me siento orgulloso de la sociedad española, antes que nada, y, después, de todos los Gobiernos que han trabajado con ese objetivo y con ese afán. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Esto es evidente y pone de manifiesto lo que estamos viviendo ahora y el debate que nos trae hoy a esta Cámara, un debate que nunca se ha producido en democracia...
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-La señora Contreras Olmedo: Es la primera vez.-Rumores)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): ¿Saben por qué no se ha producido...? (Rumores.)

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El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): ¿Saben por qué no se ha producido nunca un debate de esta naturaleza en democracia? (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor presidente. Ruego silencio con el fin de que podamos escuchar todos. Es dificilísimo poder entender el discurso. Señorías, no permiten que se escuche. Ruego silencio, por respeto a nosotros mismos. La sensación que uno tiene es la de que no queremos que se escuche, que haya ruido y que los ciudadanos no sepan qué es lo que estamos diciendo aquí. Señorías, por favor, ruego silencio.
Hasta que no haya silencio, no hablará el presidente del Gobierno, y una parte de nuestras obligaciones es estar en silencio escuchando. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Tiene la palabra el señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Intentaba decir, aunque a algunos les cueste escuchar, que si se está produciendo este debate es porque es la primera vez que el principal partido de la oposición centra toda su estrategia de oposición -toda- en la política antiterrorista, materia en la no debería haber ninguna actitud de oposición sino de leal colaboración, como todas las oposiciones en democracia. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Señorías, voy a demostrarles por qué estamos ante un debate plagado de hipocresía y de cinismo, y solo fruto de una estrategia política que tiene como objetivo únicamente hacer oposición con el terrorismo, con las consecuencias que eso representa para la convivencia, con las consecuencias que eso tiene para la fortaleza del Estado de Derecho y con las consecuencias que eso tiene para el sentido de la responsabilidad que los españoles nos exigen cuando estamos representando aquí su voluntad democrática. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Chantaje!)

Señor presidente, señor García-Escudero, en la historia de la democracia, en la lucha contra el terrorismo, y en una de las partes que afectan a esa lucha contra el terrorismo, que es la política penitenciaria, han pasado muchas cosas. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Sí, han pasado muchas cosas que, o bien no son conocidas por los ciudadanos o no se recuerdan, porque en su día no ocuparon grandes titulares ni fueron objetivo ni objeto de ninguna iniciativa ni parlamentaria ni de protesta en ningún sitio. Pero, señor presidente, señor García-Escudero, los españoles tienen derecho a saber (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.), tienen derecho a conocer y tienen derecho a que ustedes escuchen, que es el primer paso para reflexionar y para, en su caso -que sería lo deseable-, poder volver a un clima de racionalidad en torno a lo que tiene que ser la relación entre Gobierno y oposición ante la política antiterrorista en una democracia y en un Estado de Derecho.


Señor presidente, quiero recordar algunos datos, y quiero hacerlo con dos objetivos. El primero de ellos para que los españoles puedan conocer que, en su momento, decisiones de política penitenciaria o de otra naturaleza no fueron nunca objeto ni de debate ni de polémica; en segundo lugar -insisto-, ni de titulares en los medios de comunicación y, en tercer lugar, los españoles deben conocer también que ante todas las decisiones que todos los gobiernos -el suyo también- tomaron en materia de política penitenciaria, todos los partidos políticos las respaldaron, nunca las cuestionaron y menos se atrevieron a hacer afirmaciones tan inaceptables e indignas como las de que un Gobierno cede ante un chantaje de una banda terrorista. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Señor presidente, señorías, cuando gobernaba el Partido Popular se produjeron 306 excarcelaciones anticipadas de miembros de ETA; 54 de esos miembros cumplían condenas de entre 30 y 327 años. Ninguna de estas excarcelaciones anticipadas, ni siquiera las de quienes cumplían graves condenas, fueron objeto ni de polémica ni de crítica por ningún partido ni por la opinión pública. En la mayoría de los casos ni fue objeto de comentario ni de información, y por todos se apoyó la aplicación de la política penitenciaria del Gobierno del Partido Popular. Ésa es la realidad. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señor presidente, un preso etarra, Iñaki Bilbao, fue excarcelado cuando no había cumplido más que 17 años de los 52 a los que había sido condenado. (Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Entonces era vicepresidente del Gobierno Mariano Rajoy, ministro del Interior, Mayor Oreja, y ministro de Justicia, Ángel Acebes; dos años después de esa excarcelación asesinó a un concejal socialista. (Apalusos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Señor presidente, señorías...


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): ¿Se imaginan por un momento que nosotros hubiéramos tenido un comportamiento parecido al que están teniendo ustedes? (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La realidad es que no lo tuvimos. A ninguno de los compañeros del Partido Socialista ni a nadie en la democracia se nos pasó por la cabeza siquiera analizar la trayectoria ni por qué este etarra había cumplido tan pocos años de condena en la cárcel a pesar de lo que dos años después hizo cuando salió. Ni siquiera se nos pasó por la cabeza. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popu-

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lar.) Porque para ello señorías, para estar en la oposición o en el Gobierno, ante el terrorismo, ante el dolor, ante el sufrimiento de las víctimas, hay que tener un principio que se le supone a todo demócrata...
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)..., a todo ciudadano que comparte, que lucha y que ha defendido -y en este grupo con mucho dolor- los mismos valores, la vida y la libertad; y todo demócrata, ante el terrorismo, en la lucha contra el terrorismo actúa y debe actuar de buena fe. Así hemos actuado nosotros siempre. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) No sé si otros podrán decir lo mismo.


Señorías, ustedes concedieron la libertad condicional, que es mucho más beneficioso que la prisión atenuada, a 21 presos etarras por motivos de salud. En algún caso no habían cumplido ni la décima parte de la condena, y les reitero, lo traigo aquí a colación para que lo conozca la opinión pública. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y recuerde que cuando se produjeron todos estos casos nadie hizo una crítica, nadie hizo una pregunta; todos apoyamos las decisiones que en materia penitenciaria y de lucha antiterrorista hacía y decidía el Gobierno del Partido Popular. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Señor García-Escudero, escúcheme usted bien. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Escúcheme usted bien ahora, señoría: De Juana sólo ha obtenido beneficios penitenciarios bajo su Gobierno. (Una señora senadora desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular: ¿Y en el suyo?) Fue trasladado desde Melilla a una cárcel de la península; su Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, concedió a De Juana dos redenciones extraordinarias máximas de 175 días cada una, es decir, 350 días de redención extraordinaria de la condena por escribir en la cárcel un presunto libro que es un panfleto.


Un libro o panfleto en el que se enaltece la actividad terrorista, denigra a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ataca a la Fiscalía, amenaza y desafía a funcionarios. Por ese libro al que consideraron un esfuerzo literario, por ese libro que amenaza, que condena, que exalta la lucha armada, por ese libro ustedes concedieron una redención de condena de 350 días al asesino De Juana Chaos. ¿Cómo pueden tener ahora la valentía de decir aquí nada sobre el proceso de aplicación penitenciaria de De Juana Chaos? ¡Por favor! (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Sí, señor García-Escudero, y no vi a ninguno de ustedes llevándose las manos a la cabeza, ni poniendo el grito en el cielo porque su Gobierno, nada más y nada menos, tomó la decisión de quitarle un año de condena a De Juana Chaos cumpliendo por los 25 asesinatos, nada más y nada menos que por escribir un libro que enaltece el terrorismo, la lucha armada y ataca a los funcionarios de las instituciones del Estado de Derecho. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): ¿Recuerda que esta noticia apareciera en los medios de comunicación? Yo sinceramente no lo recuerdo, pero permítame que le diga dos cosas: me cuesta entenderla, pero tratándose de un Gobierno democrático y tratándose de la lucha antiterrorista, estoy dispuesto a aceptarla y apoyarla.


Señor presidente, vuelva a escucharme bien, señoría: una de esas redenciones indebidamente concedida por ustedes, la anuló este Gobierno, una de las dos de 175 días. Cuando ustedes gobernaban, señor García-Escudero, mientras estaba secuestrado Ortega Lara, su Gobierno reagrupó a 43 presos de ETA en cárceles del o próximas al País Vasco.
(Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Ahora, ahora!) Escuchen...


El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): La banda había exigido ese reagrupamiento, y los responsables políticos del PP dijeron entonces que tomaban esa medida para quitarle a ETA argumentos con los que eventualmente pudiera justificar el asesinato de Ortega Lara. Su ministro del Interior, Mayor Oreja, dijo -cito textualmente-: Los miembros de ETA, en el supuesto de que en un momento determinado decidieran una actuación, que ojalá no se produzca, lo tienen más complicado en el sentido de que no pueden justificar que aquí se ha producido una cerrazón y una intransigencia por parte de Interior.


Señorías, se podría discutir si se trataba o no de una medida inteligente acercar a presos en pleno secuestro de Ortega Lara, pero en aquel entonces acercar presos con la coacción de un secuestro por medio podía ser una medida inteligente de política antiterrorista; ahora tomar una decisión se llama chantaje. La diferencia es que antes gobernaban ustedes y ahora gobernamos nosotros. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Señor presidente, señorías, todas estas cosas sucedieron, son hechos, es la verdad ... (Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Pido silencio, por favor, señorías.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Es la verdad, igual que es cierto que cuando estas cosas sucedieron todo el mundo, todos los partidos

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políticos las apoyaron, nunca las cuestionaron, nunca las criticaron y nunca exigieron ningún tipo de responsabilidad política por las decisiones. Y le digo más. Si hoy tengo que volver a pronunciarme al respecto volvería a dar mi apoyo a todos estos casos que acabo de referir aquí y que son -como es lógico- una parte de hechos, de actuaciones de la política penitenciaria bajo el Gobierno del Partido Popular.


Señorías, la diferencia es que entonces había una oposición que respaldaba al Gobierno en la lucha antiterrorista. Esa es la verdad. Había una oposición que se corresponsabilizaba con las decisiones del Gobierno.
Entonces había una oposición que intentaba fortalecer al Estado, que intentaba fortalecer a la democracia, poniéndose al lado del Gobierno y no en contra del Gobierno, como hacen ustedes, a quienes parece que no les importa que fortalezcamos el Estado y la democracia en la defensa de los valores principales de la libertad y de la vida. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Señor presidente, señorías, quiero terminar con dos consideraciones.


El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): La primera de ellas: lamento profundamente que en esta legislatura su objetivo central haya sido hacer oposición, una dura oposición con la política antiterrorista. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Lo lamento profundamente. No va a ser beneficioso para nada ni para nadie. Hay una explicación de por qué ha sucedido esto, una explicación que es bastante evidente, señor presidente, señorías, y que yo se la quiero trasladar no para incrementar ni el nivel de confrontación ni el nivel de tensión. Se la quiero trasladar desde un convencimiento democrático y desde la responsabilidad que tengo como presidente del Gobierno de España y desde la que tuve en su momento como líder de la oposición en los cuatro años de la legislatura anterior.
Señor García- Escudero, créame, los errores del pasado no se sanan ante los ciudadanos intentando trasladar errores graves a quien gobierna en este momento. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Créame, no se sanan así. La experiencia democrática nos lo dice. Ustedes perdieron las elecciones del 14 de marzo de 2004, y las perdieron...
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Sí, perdóneme que se lo diga y se lo recuerde.


El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Las perdieron, entre otras cosas, por cometer, desde mi punto de vista, graves errores.
Dos de ellos: uno, la guerra de Irak y las mentiras en torno a la guerra de Irak y a las armas de destrucción masiva. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El segundo error en el que han persistido durante toda esta legislatura es la reacción ante el gravísimo, trágico atentado del 11 de marzo de 2004.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Es el segundo gran error. Un error a la hora de decir a los ciudadanos lo que estaba sucediendo con ese atentado y un error tan grave de haber estado durante estos tres años tratando de defender y de convencer a la opinión pública de que detrás de esa catástrofe, de ese atentado brutal que sufrimos todos, había algo raro. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Había algo raro detrás del atentado del 11-M, alguna conspiración. Está en las hemerotecas del Congreso de los Diputados y del Senado lo que han venido diciendo en torno a ese atentado terrorista, siempre con el terrorismo, y estará a la luz de todos los ciudadanos lo que va a ser el proceso judicial, lo que están siendo la sentencia, los hechos y la verdad, como son... (Fuertes rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: ¡Señorías!

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Como son dos graves errores, gravísimos errores: en vez de hacer... (Fuertes rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio, por favor. (Continúan los rumores y las protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señorías ruego silencio.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señor presidente, termino ya.


Señoría, en vez de hacer la autocrítica... (Fuertes rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: ¡Señorías!

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): En vez de hacer la autocrítica necesaria e iniciar una nueva etapa, han elegido un camino profundamente equivocado (Fuertes rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.), que es la huida hacia adelante y utilizar la lucha contra ETA como eje de la oposición. Esta es la explicación.
(Fuertes rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Termino, señor presidente. Antes o después, señor García-Escudero, esta profunda separación que hay entre el Partido Popular y el Partido Socialista en torno a la política antiterrorista y en torno a la defensa de los valores que compartimos, antes o después esta separación tendrá que tener punto final, antes o después. (Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Sí, porque lo necesita el país y lo quieren los españoles, por eso precisamente. Antes o después será así.
(Aplausos en los

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escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Antes o después. Seguramente eso dependerá en gran medida de los eventos electorales, no entiendo de otra manera su actitud. Pero como en el sistema democrático el Partido Popular y el Partido Socialista, en la posición en que estemos cada uno, vamos a continuar después de los eventos electorales, hagamos lo posible desde hoy mismo, desde mañana, para que esa separación, que no gusta a los españoles y que provoca crispación, dure lo menos posible y recuperemos la racionalidad, la responsabilidad, el sentido de Estado, lo que es compartir los mejores objetivos y valores democráticos. (Fuertes rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Le puedo decir, señor García-Escudero, que eso es, en coherencia con la trayectoria que desarrollé al frente de la oposición, lo que va a hacer el Gobierno todos los días y cada minuto, hagan lo que hagan ustedes. Y quiero decirles que no tengo ningún miedo a la sociedad española, al revés, tengo una gran confianza.... (Fuertes rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Tengo una gran confianza en la sociedad española. Y les digo que no se consigue el respaldo de la sociedad española empujando, sino convenciendo; no se consigue el respaldo de la sociedad española con gritos, insultos y descalificaciones (Fuertes rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.), se consigue seduciendo. Ese es el problema que ustedes tienen.


Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños de la izquierda, con las senadoras y senadores puestos en pie.)

El señor PRESIDENTE: Gracias. señoría.


-- DE DON CARLES ALFRED GASÒLIBA I BÖHM, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LAS ACTUACIONES PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA ASEGURAR EN LA FECHA COMPROMETIDA LA APLICACIÓN EN ESPAÑA DE LA DIRECTIVA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LOS MERCADOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (MIFID) (S. 680/001178).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Gasòliba.


Tiene la palabra su señoría.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.


Señorías, la pregunta que hemos presentado hace referencia a las actuaciones previstas por el Gobierno para la aplicación en España de la directiva europea sobre el mercado de instrumentos financieros.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, la directiva 2004/39 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de dicho año, relativa al mercado de instrumentos financieros, contiene novedades importantes en el ámbito del mercado de valores de gran complejidad técnica, lo que ha requerido un esfuerzo excepcional de análisis. Dichas novedades afectan a distintos ámbitos de nuestra actual regulación: a instrumentos financieros, a mercados o plataformas de negociación, a servicios y actividades de inversión y a la protección de inversores.


La directiva recoge algunas disposiciones complejas, que han tenido que completarse por la propia Comisión Europea mediante medidas de ejecución.
La necesidad de que los Estados miembros dispusieran de estas medidas antes de hacer la transposición motivó que, en abril del año 2006, se aprobase la nueva Directiva 2006/31 por la que se modificaban los plazos inicialmente previstos. Por esta razón, como su señoría ha indicado, la directiva debe resultar aplicable en España en noviembre de 2007.


Desde la publicación de la directiva, el Ministerio de Economía y Hacienda ha estado trabajando en su incorporación al ordenamiento jurídico español, y puedo anunciarle que precisamente hoy, como culminación de esos trabajos, se inicia el trámite de audiencia pública del anteproyecto de ley por el que se modifica parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.


Este trámite permitirá conocer con mayor precisión la futura regulación para poder adaptarse a ella, y permitirá al ministerio conocer de primera mano las inquietudes y aportaciones de los distintos interesados. Con posterioridad al cumplimiento del trámite de audiencia, el anteproyecto se someterá al preceptivo dictamen del Consejo de Estado e, inmediatamente, se remitirá a las Cortes para su debate y, en su caso, aprobación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Gasòliba.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.


He de agradecer la información que nos ha facilitado el señor vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda sobre una cuestión que, en principio, el próximo mes tendría que estar resuelta, según los acuerdos adoptados en la propia Unión Europea.


Por ello, quiero trasladar al señor vicepresidente una doble inquietud: la primera, de los operadores financieros afectados por el ámbito de la directiva ya que, como usted sabe, existe una gran confusión puesto que, al menos hasta el día de hoy, desconocíamos cuál era la posición del Gobierno en cuanto al desarrollo y la aplicación de la transposición de esta directiva que, evidentemente, no se podrá aplicar en el plazo previsto.


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La segunda es que esta misma inquietud y confusión existe también en la Unión Europea, como sabe muy bien el vicepresidente, señor Solbes, donde los trámites para la aplicación de esta directiva sobre instrumentos financieros está teniendo un desarrollo desigual.


Por eso, le traslado mi preocupación como expresión de esa confusión o desigualdad en los procedimientos, no sea que nos encontremos con los operadores en nuestros mercados financieros en una situación de desigualdad respecto de otros, es decir, que precisamente en cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Unión Europea, puedan quedar en condiciones de inferioridad.


Como el señor vicepresidente es el máximo responsable para llevarlo a cabo en el Estado español pero también participa en las reuniones de Ecofin, la pregunta es si en la Unión Europea existe un acuerdo que sirva para evitar que algunos Estados, incluido el español, queden en inferioridad de condiciones con respecto a otros con la aplicación de esta directiva.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Tiene la palabra el señor ministro de Economía y Hacienda.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias.


Es posible que con el barullo no me haya entendido usted. Le he dicho que en abril del año 2006 modificamos el plazo de entrada en vigor de la directiva, por tanto, no será hasta el mes de noviembre del año 2007. En consecuencia, tenemos tiempo por delante.


Segundo punto, ¿va a ser conocida por los operadores? A partir de hoy. Por tanto, a partir de hoy ya pueden acceder a la web del Ministerio y saber exactamente en qué consiste el proyecto e irse preparando.


Tercer punto, ¿cuántos países la han aplicado ya? Solamente dos: el Reino Unido, como transposición directa, y Rumanía, como incorporación al acervo comunitario en el marco de esa incorporación a la Unión. Por tanto, a nuestros efectos, sólo el Reino Unido, y no habrá problemas de discriminación.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente del Gobierno.


-- DE DON AGUSTÍN CONDE BAJÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA OPINIÓN QUE LE MERECE AL MINISTRO DE JUSTICIA EL ÚLTIMO ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL REFERIDO A LA LEGALIDAD DE SUS DECISIONES (S.680/001183).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Conde Bajén.


Tiene la palabra su señoría.


El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, hay personas que tienen la rara virtud de conseguir poner a todo el mundo en contra de sí mismo, y en esto, señor Bermejo, parece que es usted el campeón nacional.


En su toma de posesión, discutió la legitimidad del Consejo del Poder Judicial y ha sido usted capaz de conseguir lo que parecía imposible, es decir, que el Pleno del Consejo del Poder Judicial se pusiera de acuerdo, cosa que ha sucedido rara vez en estos cinco años, para emitir un comunicado en el que lo desmiente, lo desautoriza y lo deja en ridículo, cosa que, por otra parte, tampoco es nueva en su señoría.


¿Qué valoración hace, señor ministro, de este comunicado del Consejo?

Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Gracias.


Señoría, me temo que está usted un poco retrasado de noticias, entre otras cosas, porque no sé si sabe que el acuerdo que realmente aprobó el Pleno del Consejo fue de bienvenida, caluroso, cortés, como se acostumbra en esos ámbitos de donde yo procedo y no rige quizás en otros.


Le aconsejo que lea y entienda, si puede, lo que dice el acuerdo, y verá en el error tan grave en que usted se acaba de meter. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Conde Bajén.


El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, lo he leído. No creo ser tan inteligente como su señoría, que parece ser que es el más listo de la nación, pero, en fin, me alcanzan mis luces como para poder entender un acuerdo tan sencillo. Le pido disculpas por no llegar a su altura intelectual, con la que todas las mañanas viene aquí a deslumbrarnos. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Señor ministro, en democracia, la legitimidad procede de la decisión soberana del pueblo, libremente expresada a través de sus representantes en forma de ley, de tal manera que lo legal resulta ser legítimo.


Esto es así, salvo que se reconozcan otras fuentes de legitimidad. Me gustaría que su inteligencia me ilustrara sobre cuáles son las que usted reconoce.


Pero, dejénme que les diga cuáles son las que apunta el señor ministro, la fatal arrogancia de la izquierda: solo es legítimo lo que sirve a los coyunturales intereses de la verdad dogmática, previamente definida por los señores de la izquierda.


Déjenme que les ponga un ejemplo. La doctrina Bermejo en relación con el Consejo consiste en lo siguiente. Dice -y consta en el «Diario de Sesiones» del Congreso de los Diputados-: El Consejo agotó su mandato; está en

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funciones, luego carece de legitimidad. No puede adoptar decisiones de nombramientos judiciales.


Simultáneamente, anteayer, el grupo que sostiene al Gobierno ha propuesto una modificación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional para conseguir que, terminado el mandato de la Presidenta del Tribunal Constitucional, esta permanezca en funciones y pueda utilizar, nada más y nada menos, que su voto de calidad. ¡Vaya por Dios, señor ministro! Qué modo tan hipócrita tienen ustedes de definir las verdades. Qué modo tienen de que lo que no vale en un sitio tenga que valer, sin embargo, en otro. Es la pura y simple conveniencia de la izquierda la que define la legitimidad.


Señor ministro, en contra de su doctrina, en contra de lo que usted ha dicho de que el Consejo no puede proceder a nombramientos judiciales, se ha dictado recientemente una resolución por el Tribunal Supremo, la dictada en el recurso 309/2004, en cuyo fundamento jurídico segundo se dice y se reconoce que el Consejo, pese a estar en funciones, tiene toda la legitimidad para producir los nombramientos que considere oportuno y conveniente.


Pero, claro, señorías, el señor ministro de Justicia, demostrando la brillantez que como jurista tiene, no acude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Nos leyó -termino inmediatamente, señor presidente- en el Congreso de los Diputados dos artículos del periódico del Expansión, lo cual demuestra, insisto, la altura intelectual y jurídica del señor ministro. Termino, señor presidente.


No me extraña, señor ministro, que usted, cuando inundó de querellas al Gobierno del Partido Popular, las perdiera todas, sin duda fundadas en Derecho después de leer sesudamente El Marca. (Risas y aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

Parece, señor ministro, que usted tenía.


El señor PRESIDENTE: Le ruego que termine.


El señor CONDE BAJÉN: Inmediatamente, termino. Gracias, señor presidente.


Señor ministro, parece ser que usted de joven tenía dos pasiones, el Derecho y la guitarra eléctrica. Hágale un favor a la justicia y vuelva a tocar la guitarra. (Aplausos y risas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Gracias, señor presidente.


Me emociona su señoría trayéndome desde el recuerdo aquellos inolvidables momentos de música y de fútbol.


Le recomiendo a usted que no me sobrevalore. No creo que sea especialmente inteligente, pero tengo suficientes luces para estar atento a lo que ocurre e interpretar lo que leo. Le recomiendo, por eso, que esté usted atento a lo que ocurre en cada momento y no confunda deseos con realidades.


El Consejo no me reprobó, como ustedes hubieran deseado. Les salió mal la operación a sus chicos de allí. (Risas.) Y usted parece que no se ha enterado todavía, pero yo, que sé leer, le voy a leer lo que dijo el Consejo, que es exactamente esto: El pleno del Consejo General del Poder Judicial, reunido en su sesión de hoy, 28 de febrero, -dice literalmente- quiere dar la bienvenida al nuevo ministro de Justicia, ofreciendo su plena y leal colaboración para coadyuvar en el ejercicio de las funciones que constitucional y legalmente tiene encomendadas. Asimismo, y ante la situación de en funciones en que nos encontramos a partir del 7 de noviembre del 2006, en que se cumplieron cinco años de mandato, queremos hacer una llamada a las fuerzas políticas para que, a la mayor brevedad, acometan el nombramiento de un nuevo Consejo General del Poder Judicial -¿le suena, verdad?-. En este sentido, no podemos por menos de recordar que este Consejo ha realizado con plena diligencia todas las actuaciones que la ley le atribuye para su propia renovación. Más aún, en un régimen de leal cooperación institucional, que ha merecido el reconocimiento expreso de la mesa del Congreso, el Consejo ha colaborado con las Cámaras en un amplio conjunto de actividades que iban más allá de sus deberes legales. Y concluye: Finalmente, y ante el mandato legal de prórroga de funciones que el artículo 115.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece para el Consejo saliente, expresamos nuestra intención de seguir desempeñando con plena legalidad -que no legitimidad, señor Conde- las misiones encomendadas por el ordenamiento jurídico en garantía de la independencia del Poder Judicial, elemento básico de nuestro Estado de derecho. (Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Supongo que lo ha entendido todo, porque se entiende por lo claro, y es exactamente lo que yo vengo diciendo. Se cumplió el plazo, pierde unidades, actúa en la legalidad, pero ha perdido su legitimidad (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON ANTONIO GERMÁN BETETA BARREDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS INSTRUCCIONES QUE HA DADO EL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA QUE DESDE LA FISCALÍA SE ESTÉ ENTORPECIENDO LA INVESTIGACIÓN DEL PRESUNTO COBRO IRREGULAR DE COMISIONES LLEVADO A CABO POR DOS EX ALCALDES DE CIEMPOZUELOS (MADRID) (S. 680/001186).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Beteta Barreda.


Tiene la palabra su señoría.


El señor BETETA BARREDA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro de Justicia, el denominado caso Ciempozuelos -supongo que sabrá que es un municipio del sur de Madrid muy próximo al municipio de Seseña, en Cas-

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tilla-La Mancha- afecta a dos antiguos alcaldes del Partido Socialista Obrero Español, y los afecta en buena medida porque, a través de ciertas actitudes que se están demostrando y de ciertos fallos reiterados de distintos escalones del Gobierno de la nación, no se está contribuyendo a esclarecer los graves hechos allí acaecidos, y es, sin duda, el caso de mayor corrupción urbanística, la mayor conocida en la historia de este país. Estamos hablando de 40 millones de euros, que son 6.000 millones de las antiguas pesetas.


Por todo ello, señorías, a este senador le interesa conocer qué instrucciones se han dado por el Ministerio de Justicia para que la Fiscalía esté entorpeciendo la investigación del asunto por el cobro irregular de comisiones llevado a cabo por estos dos ex-alcaldes socialistas del Ayuntamiento de Ciempozuelos.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Gracias, señor presidente.


Creo que no debo recordar a su señoría lo que dice la ley, en este caso el artículo 81 del Estatuto del Ministerio Fiscal. El Gobierno no puede dirigir instrucciones al fiscal general del Estado, y como no puede, no lo hace, este Gobierno al menos, y no lo hace, además, porque no hace ninguna falta, la Fiscalía General del Estado está actuando con todo rigor y profesionalidad en esta cuestión a la que usted se refiere.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el senador Beteta.


El señor BETETA BARREDA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, el Gobierno de la nación está fallando clamorosamente en este asunto. Son trece las cuestiones concretas y específicas que le voy a plantear sobre este tema, trece grandes interrogaciones que ponen de manifiesto que lo que ustedes dicen no es verdad.


Primera. El Sepblac tiene conocimiento desde el mes de mayo de 2006 de la gravedad del asunto del que se está hablando, y lo guarda en un cajón.
¿Por qué, señor ministro?

Segunda. Tras estar durante cinco meses en un cajón, el 3 de octubre se recibe la documentación en la Fiscalía, y ¿qué ocurre? Se tarda trece días en recibir y en abrir las diligencias. ¿Eso es correcto, señor ministro? Se declara la competencia de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Para qué, señor ministro? ¿Para cerrar el asunto de la corrupción urbanística? ¿Para centrarlo exclusivamente en el blanqueo de capitales? ¿Para tapar la corrupción del Partido Socialista Obrero Español? ¿Para tapar una trama del Partido Socialista?

Explíquenos, señor ministro ¿Por qué la Fiscalía solicita que se rebajen las fianzas establecidas por el juez para que los imputados abandonen la prisión? ¿Por qué, señoría? ¿Para favorecer al Partido Socialista Obrero Español? Menos mal que el juez lo deniega. ¿Por qué pretende que se tramite este asunto de los policías imputados, señor ministro, los que guardaron todo en el cajón, en una pieza separada? ¿Por qué casualmente coincide la postura de la Fiscalía con la del Partido Socialista Obrero Español? Porque beneficia directa y exclusivamente no a los intereses generales sino al Partido Socialista Obrero Español. Menos mal que el juez también lo deniega.


¿Por qué, señorías, se dio un trato de favor a estos alcaldes, con teléfonos y visitas, cuando estuvieron en la prisión de Valdemoro? ¿Por qué, señoría? Convendría mucho que se aclarara este asunto. ¿Por qué se ha sabido que el hijo del fiscal general del Estado habla por teléfono y se reúne con Pedro Torrejón, el hijo del procesado en este asunto?

Convendría explicar si no se ha caído en este caso en un claro asunto de abstención por parte del fiscal general, en función de lo dispuesto en el Estatuto del Ministerio Fiscal.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.


El señor BETETA BARREDA: Acabo, señor presidente.


¿Por qué el fiscal se adhiere a la petición de defensa de que se devuelvan los pasaportes a estos ex alcaldes? (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor BETETA BARREDA: ¿Por qué no acude el Ministerio Fiscal a los interrogatorios clave, como el del representante del Banco andorrano, ni formula preguntas al imputado Alfonso Menéndez, que lo lleva a Andorra, y es adjudicatario de concesiones municipales? ¿Por qué tampoco pregunta a la hija del señor Torrejón, quien tiene cuentas en Andorra, España...


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.


El señor BETETA BARREDA: Termino, señor presidente.


¿Por qué, señoría, la Fiscalía General del Estado, en lugar de defender los intereses generales, se ha convertido en el abogado del Partido Socialista Obrero Español? (Aplausos en los escaños del grupo parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Gracias, señor presidente.


Señoría, tengo alguna noción de geografía, bastante buena, de la Comunidad de Madrid. Sé donde está Ciempozuelos. Efectivamente, está cerca de Seseña, lejos de Mallorca, bastante lejos del municipio de Andraix, bastante lejos de Las Palmas, pero cerca de Alcorcón y Majadahonda.
(Risas.) Si quiere seguimos haciendo geografía, y se lo explico luego.
Pero no vengo aquí a dar geografía. Vengo a explicarle a usted lo que ocurre, y me he ilustrado, señoría. Yo no hablo con el fiscal General del Estado y menos para preguntarle esas cosas, porque no hace falta, actúa con todo rigor.


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Para hacer una pregunta que realmente acabe convenciendo a alguien de que las cosas se están haciendo mal hace falta un poco más de peso político y un poco más de talla intelectual. Le han faltado ambas cosas, y verá por qué. Nadie se puede creer que la Fiscalía no está actuando bien en un asunto en que, desde el primer momento, recibidas las voluminosas actuaciones, en 12 días ya se habían incoado diligencias, se había acordado la práctica de 13 diligencias que posteriormente asumió el juez.
Se judicializó el tema, y la Fiscalía solicitó nada menos que se acordara la intervención y grabación de las conversaciones de las líneas telefónicas de los procesados -para favorecerlos, seguramente-, pero además se pidió la entrada y registro en sus domicilios -para favorecerlos, seguramente- y la entrada y registro en la sociedad Esprode, Sociedad Limitada, por posible cohecho y blanqueo de capitales.
El fiscal ha estado en todas y cada una -no sea usted inexacto, señoría- de las diligencias de declaración de todos los imputados -que son 12- y de todos los testigos -más de 10- y hubo tres a las que no pudo asistir: una, por enfermedad; otra, porque estaba fuera del país; y una tercera, porque estaba efectuando una diligencia urgente en la sede social de Telefónica, que es la del 26 de febrero de 2006, del Banco de Andorra, en el caso Sintel.


Señoría, ¿sabe el problema que tiene? Que cuando usted dice lo que dice y cuestiona a la Fiscalía General del Estado incurre -y perdóneme la expresión- en un punto de obscenidad cuando se atreve a referirse al hijo del fiscal general del Estado que, como usted sabe muy bien, mantuvo una relación con el ayuntamiento de Ciempozuelos. Fue abogado de un taxista en una reclamación por la retirada de su licencia. Es obsceno utilizar ese dato como usted lo ha utilizado. Y voy a añadir algo más: en estos momentos, la Fiscalía General del Estado está en las manos que está, y a usted le está traicionando el subconsciente porque cree que sigue Cardenal, pues no, señoría, no sigue Cardenal, que fue quien impidió la investigación de los chanchullos de la Asamblea de Madrid que lo llevaron al poder. No se olvide, señoría.


Muchas gracias.(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

-- DE DON ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO LEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE EL RECRUDECIMIENTO DE LA OFENSIVA TALIBÁN EN AFGANISTÁN (S.680/001185).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Muñoz-Alonso.


Tiene la palabra su señoría.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro de Defensa, dejo formulada la pregunta en los términos en que aparece en el orden del día, que su señoría ya conoce.


El señor PRESIDENTE : Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.


Señoría, la participación de las Fuerzas Armadas en la misión del ISAF de las Naciones Unidas responde justamente a eso, al mandato de las Naciones Unidas. Se lo voy a citar textualmente. El punto central de la resolución dice que la misión se lleva a cabo para el mantenimiento de la seguridad a fin de que las autoridades afganas, el personal de las Naciones Unidas, y otro personal civil internacional dedicado particularmente a operaciones humanitarias y de reconstrucción, puedan actuar en un entorno seguro.


Este Gobierno, como bien sabe usted, siempre ha referido los riesgos de la misión. Estamos tratando de conseguir una sociedad en paz en una zona evidentemente insegura por la presencia, como tantas veces he dicho, de talibanes, de narcotraficantes y de estructuras tribales armadas.


Por lo demás, senador, las medidas de seguridad no han dejado de mejorar y siguen mejorando con este Gobierno, según la estimación de riesgos y amenazas y de acuerdo con los indicadores que evalúa constantemente el mando de operaciones.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor misnistro.


Tiene la palabra su señoría.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señor ministro, por recordarme el mandato de Naciones Unidas que, por supuesto, conozco muy bien, pero debe reconocerme que la situación en Afganistán va empeorando. Sé que hay cosas que han mejorado en aspectos de salud, de educación, de igualdad de la mujer, de vuelta de refugiados... Lo conozco bien. Pero lo cierto es que en el campo de batalla -y es que ya podríamos hablar así- la situación es cada vez más complicada. Incluso algunos expertos hablan ya de iraquización, puesto que la situación entre los dos países es cada vez más parecida.


Desde luego, se ha venido abajo aquella idea de que nuestra presencia allí era en misión humanitaria, cosa en la que el Gobierno ha insistido durante muchísimos meses, cuando ya había motivos para pensar que lo de humanitario se quedaba, evidentemente, muy corto; como se ha venido también abajo la idea de que nuestra zona era de máxima tranquilidad. Sé que últimamente usted, señor ministro, ha reconocido que ya había riesgos, y por desgraciada la muerte de la soldado Idoia Rodríguez y la anterior del soldado Hernández Seminario nos han vuelto a mostrar que es una zona de muchos riesgos, algunos mortales.


Por tanto, la seguridad de nuestras tropas, que es algo en lo que ha insistido siempre el Partido Popular, se convierte en una preocupación básica que nosotros hemos expresado en las dos Cámaras siempre que hemos podido. Va a hacer ahora un año que ustedes mismos enviaron un contingente de 150 hombres, y la motivación de ese aumento era fundamentalmente la seguridad. No sé si eso es bastante, porque yo sigo oyendo en los medios de la

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OTAN que hay que aumentar los efectivos. Se lo he oído a altos militares españoles hace muy poco, algunos de los cuales decían que la zona al norte de Qala i Naw está poco poblada y en ella las infiltraciones de los talibanes son muy posibles. Después se lo he oído al general Craddock; usted mismo se lo oyó en Sevilla y yo se lo oí decir después en Mons en una reciente visita de parlamentarios. Algunos países están respondiendo y van a enviar una nueva brigada británica y otra polaca. Nosotros, sin embargo, estamos insistiendo en que el número de efectivos que tenemos es suficiente. Sé que han hecho otras cosas y que van a hacer otras cosas, como el envío de los aviones no tripulados, los UAV, pero por lo que sé esos aviones, no van a llegar hasta final de año o principios del próximo.


Señor ministro, creo que en este aspecto nos estamos quedando descolgados del esfuerzo colectivo de la OTAN. Están haciendo todos nuestros aliados unos esfuerzos adicionales, y nosotros, que éramos el quinto país contribuyente en tropas, hemos bajado al décimo lugar, y ésta es una cifra oficial. Yo ya la conocía pero también se la oí el otro día aquí al secretario de Estado en una comparecencia en comisión. Por tanto, creo que la preocupación por la seguridad debemos plantearla porque sigue siendo algo muy importante. Parece ser que incluso dentro de los ámbitos oficiales españoles está muy extendida la idea de que hay que enviar más tropas, pero se dice que el presidente del Gobierno no quiere ni oír hablar de ello por aquello de no rebasar los 3.000 efectivos que tenemos en el exterior. Señor ministro, esa cifra a mí me parece muy respetable, pero si hay que superarla por la seguridad de nuestros soldados, supérenla, que contarán, evidentemente, con nuestro apoyo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Alonso Suárez): Muchas gracias de nuevo, señor presidente.


Senador, usted es una persona inteligente y, como comprenderá, yo no hablaba inocentemente del mandato de las Naciones Unidas. Justamente esto es lo que caracteriza esta misión, y lo que caracterizaba la guerra de Iraq es que no había ese mandato de las Naciones Unidas. Y conste que yo no he hablado de la guerra de Iraq ni he establecido ningún término comparativo. Lo ha hecho usted. Por tanto, legitimación en un caso, Afganistán, con las Naciones Unidas, y no en el otro, en Iraq, donde se montó una guerra equivocada, como han analizado bien no solo los analistas demócratas, sino incluso el partido republicano de los Estados Unidos.


Aquí no estamos en una guerra, porque la Organización de las Naciones Unidas, senador, de toda la vida no hace la guerra, hace la paz. Y si hacemos la lectura que usted sugiere estaremos deslegitimando fuertemente a las Naciones Unidas, y eso es lo único que tenemos, la Organización de las Naciones Unidas, para introducir paz, estabilidad y seguridad en un mundo ciertamente cambiante y cada vez más complejo.


En punto a la seguridad tengo que reiterarle que este Gobierno se ha preocupado por la seguridad de nuestros militares y ha atendido a todas las peticiones que ha hecho el Estado Mayor de la Defensa y va a seguir atendiendo a todas las peticiones en ese sentido. Sabe usted que hemos añadido una unidad de protección del PRT de Qala i Naw, equipos de estabilización médica, equipos de desactivación de explosivos, una compañía de reacción rápida, hemos mejorado el destacamento y los aviones de transporte a Herat, hemos incrementado el personal de apoyo, los vehículos blindados, los escudos protectores y los inhibidores.


Hemos retirado los vehículos no suficientemente protegidos; hemos mejorado la protección y blindaje de los helicópteros, la protección del perímetro de nuestras bases; hemos mejorado también las prendas de protección individual, etcétera. Y así lo seguiremos haciendo en el futuro porque efectivamente pondremos aviones no tripulados en cuanto sea posible.


Tan solo 10 segundos más, señor presidente. Todo esto, senador, es para decirle que todo ese esfuerzo en seguridad es para la seguridad de nuestros militares y también, lo que es tan o más importante, para la seguridad, como nuestros militares dicen, de nuestros civiles que están haciendo la obra de reconstrucción civil e institucional. Por lo tanto, estamos creando seguridad en una zona ciertamente insegura e inestable por los motivos que he apuntado.


Y acabo, señor presidente. Al incremento de efectivos tengo que decirle que ni he recibido ni tengo previsto recibir ninguna petición al respecto del Estado Mayor de la Defensa. Como me ha informado reiteradamente el Estado Mayor y los servicios de inteligencia, la seguridad, senador, no se vincula con el número de efectivos, porque la seguridad de nuestras tropas y de nuestros civiles depende de la naturaleza del riesgo, y por el momento estamos hablando de riesgos de naturaleza terrorista. Por decírselo claramente, una mina la ponen con 700 efectivos o con 7.000 efectivos, y es más probable que pongan más minas cuando tienes 7.000 efectivos que cuando tienes 700. Las cifras lo demuestran claramente y la realidad lo demuestra. Le daré dos o tres datos. Francia tiene 800 efectivos y ha tenido siete bajas en acciones intencionales; Suecia tiene 164 y ha tenido las mismas que España, dos bajas; Italia tiene 1.800 y ha tenido seis bajas. Por lo tanto, no haga esa vinculación porque es manifiesta y claramente incorrecta.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DOÑA MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ PARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO, DESDE EL PUNTO DE VISTA LABORAL, DEL HORARIO DE TRABAJO AL QUE ESTÁN SOMETIDOS LOS MÉDICOS INTERNOS RESIDENTES (MIR). (S. 680/001184).


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El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Fernández Pardo. Tiene la palabra su señoría.


La señora FERNÁNDEZ PARDO: Muchas gracias, señor presidente.


¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno desde el punto de vista laboral, repito, desde el punto de vista laboral, del horario de trabajo al que están sometidos los médicos internos residentes (MIR)?

Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, fija la jornada máxima de los médicos en 48 horas semanales en cómputo semestral sumando la jornada ordinaria y la complementaria y sin concretar las horas de una y de otra. En su disposición transitoria, como sabe, establece que esta jornada se aplicará al personal en formación mediante el sistema de residencia paulatinamente, 58 horas en cómputo anual hasta el 31 de julio de 2007, 56 horas en cómputo semestral hasta el 31 de julio del 2008 y desde esa fecha 48 horas en cómputo semestral. Esta es una ley, como le recuerdo, tramitado por la señora Pastor.


Desde el principio este Gobierno consideró necesario regular la relación especial de residencia para la formación de especialistas en ciencias de la salud, y el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, informado -quiero recordarle- favorablemente por todas las comunidades autónomas sin excepción en el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos, establece y ajusta la jornada de los residentes por debajo, bastante por debajo, de la contemplada en esa ley.


Por tanto, señoría, le diré que este Gobierno está satisfecho de que por primera vez se haya regulado no solo la jornada sino todas las condiciones laborales de los residentes en nuestro país.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


Tiene la palabra su señoría.


La señora FERNÁNDEZ PARDO: Muchas gracias, señora ministra.


La verdad es que cuando nosotros formulamos esta pregunta, y he insistido en que es desde el punto de vista laboral, se la hacíamos al ministro de Trabajo y esperábamos que fuera él quien nos respondiera en la mañana de hoy. Sin embargo nos vemos sorprendidos por su presencia y su contestación.


Creo que a la señora ministra no se le escapa el hecho de que en estos momentos se está tramitando el estatuto del médico interno residente, un estatuto que contempla, entre otras cuestiones, la jornada laboral de nuestros médicos internos residentes. Y le quiero recordar también que es un colectivo de alrededor de 2.000 personas a las que usted ha obviado total y absolutamente. Les ha dado la espalda y en ningún momento les ha ofrecido diálogo para este estatuto.


Se han admitido también dos recursos por parte del Tribunal Supremo donde se contemplan las reivindicaciones de los MIR, reivindicaciones a las que se suma en este momento el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Creemos que la jornada laboral es excesiva, y cuando en este estatuto se está contemplando la posibilidad de hasta siete guardias al mes, es decir, 148 horas al mes, cuando su reivindicación es de 99, nos haría llegar a la conclusión también de que donde en el artículo 5 se dice que el máximo de horas semanales sería de 37,5, usted permitiría, si esto se lleva a cabo, que el número de guardias semanales, el número de horas de trabajo semanales, fuera de 79,5. Sinceramente, señora ministra, si estamos hablando de conciliar la vida familiar y laboral, dígame usted si con el número de horas y de guardias que se contemplan es posible esa tan traída y llevada conciliación.


Por otro lado, tampoco se contempla el riesgo al que están sometidos los médicos internos residentes y los pacientes, ya que después de trabajar 24 horas seguidas tienen que cumplir otras ocho horas de trabajo.


Haciendo referencia al lema que utilizan: Llevo 32 horas trabajando sin dormir, ¿te opero?, dígame usted, señora ministra, si usted se dejaría operar por un médico que ha estado trabajando hasta 32 horas seguidas y si se pondría en sus manos. Creo que la petición que hacen los MIR y que en este momento está haciendo el Grupo Parlamentario Popular es muy razonable. En todo caso, lo que hay que hacer es dialogar con los profesionales y con el sector.


Para terminar, en un sexto punto nosotros reivindicamos la responsabilidad civil que debe tener el centro con respecto a estos médicos en formación, algo que ahora mismo tampoco se contempla.


Finalmente, creo que todavía tiene usted una posibilidad excelente en sus manos porque mañana, día 8 de marzo, se celebra la reunión de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. Usted no contempla en el orden del día un punto que aborde, precisamente, la jornada laboral de los MIR, pero tiene en sus manos esa posibilidad. Inclúyalo, señora ministra.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Sanidad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, quiero recordarle algo que ya he dicho, que el decreto que regula por primera vez en nuestro país las condiciones laborales de los médicos internos residentes recibió la aprobación de todas las comunidades autónomas, incluidas por supuesto las gobernadas por el Partido Popular.


Además, quiero decirle que en la situación anterior no existía ninguna limitación del número de guardias, mientras que actualmente ese número de guardias está, como usted dice, establecido en siete como máximo. Es una limitación por exceso, no por defecto; no hay por qué

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hacer siete guardias todos los meses, pero nunca, ni en verano, se podrán superar.


En cuanto al descanso, como seguramente también sabe, el real decreto supone una mayor garantía que el estatuto marco -debería saberlo- y solo será posible vulnerar esa obligación de descanso en casos de gran interés formativo sin que en ningún caso eso suponga un incremento de la jornada máxima. Le recuerdo que es una regulación de mínimos y que puede mejorarse por las comunidades autónomas, puesto que no se puede obviar el derecho a la negociación colectiva y los empleadores son las comunidades autónomas.


Pero, señoría, quiero decirle que estamos satisfechos y me sorprende que defienda usted en este momento un lema que está ocasionando intranquilidad entre los usuarios y que está, además, sometido a los códigos de deontología profesional de los colegios médicos, que tendrán que opinar al respecto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DOÑA MARÍA DEL ROSARIO CASADO SOBRINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO DEL DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS EN LAS OFICINAS DE FARMACIA TRAS LA APLICACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE PRECIOS DE REFERENCIA. (S.680/001187)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Casado Sobrino.


Tiene la palabra su señoría.


La señora CASADO SOBRINO: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, doy por formulada la pregunta en los términos en que viene redactada.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría su pregunta es sobre la valoración que hace el Gobierno del desabastecimiento de medicamentos en las oficinas de farmacia tras la aplicación del nuevo sistema de precios de referencia, y entiendo que no quiera usted repetirla. Sin duda, me ha sorprendido esta pregunta porque no hay ningún dato que avale ese desabastecimiento y, sobre todo, porque usted plantea la valoración que hace el Gobierno de desabastecimiento apenas unas horas después de la entrada en vigor de la orden.


Señoría, aunque a usted y a su grupo parezca molestarles, hasta el día de hoy, una semana después de la entrada en vigor de esa orden, no se tiene noticia de desabastecimiento en las oficinas de farmacia. Pero esto no es fruto de la casualidad, sino de la colaboración entre administraciones, profesionales, industria y distribución. Todos los agentes implicados en la cadena farmacéutica han dado amplias muestras de su compromiso con el Sistema Nacional de Salud.


En este caso concreto, como seguramente sabe, se alcanzó un gran acuerdo entre los representantes de la industria farmacéutica, la distribución y las oficinas de farmacia, bajo el auspicio del Ministerio de Sanidad y Consumo y siguiendo las recomendaciones unánimes de la Comisión Permanente de Farmacia del Sistema Nacional de Salud. En virtud de ese acuerdo se comprometieron los agentes responsables a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de medicamentos a la población española, con el fin de dar cumplimiento a las exigencias de la normativa vigente; asimismo, la Asociación de fabricantes de genéricos garantizó el abastecimiento de estos medicamentos en todo el territorio.
Así ha sido -lo lamento por usted, señoría-: una semana después de la entrada en vigor de la orden de precios de referencia no hay ninguna noticia de desabastecimiento de medicamentos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la senadora Casado.


La señora CASADO SOBRINO: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, con negarlo no va a solucionarlo usted. Evidentemente existe un desabastecimiento, lo ha explicado la prensa, y concretamente tengo aquí un albarán del día 5 de marzo, de hace dos días, donde puede usted ver que hay más líneas en falta que líneas en existencia. Eso es desabastecimiento, eso lo sabemos en las oficinas de farmacia y lo que implica es que ese desabastecimiento lo que está haciendo es quitar un derecho al paciente, el derecho de poder disponer de cada medicamento, del medicamente prescrito, en cualquier lugar y en cualquier momento.


Señora ministra, desde luego nosotros no podemos estar en contra de la orden de precios de referencias. ¿Cómo iba a ser así si la pusimos en marcha nosotros? Es una buena medida, pero le diré que desde que llegó usted al Ministerio de Sanidad hasta que por fin se decidió a hablar de política farmacéutica lo primero que hizo usted fue derogar esta orden de precios de referencia mediante decreto. Y es una buena orden de precios de referencia porque, por ejemplo, sirvió para contener el gasto farmacéutico en el año 2004 rebajándolo en un 5 por ciento. Pero, claro, como era una medida del Partido Popular a usted no le servía y lo que hizo fue optar por una bajada lineal de precios. Debería haber sabido que esta medida tenía un recorrido muy corto, es decir, no podemos estar bajando continuamente año tras año los precios porque al final resulta que no tenemos nada que bajar.


Usted misma demostró hacer gala de una política farmacéutica revanchista y de no tener claro qué es lo que pretendía hacer en el sector, y ahora ha decidido poner en marcha otra vez el sistema de precios de referencia, algo, como le digo, con lo que estamos de acuerdo y que nos parece bien, pero no desde luego con la forma en que lo ha

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puesto en marcha, absolutamente ineficaz, lo que ha provocado un desconcierto en el sector ante la nula información por parte de su ministerio.


Los medios de comunicación han hablado de que la orden de precios de referencia ha entrado en vigor con flecos de última hora y es que, como le digo, la ha puesto en marcha sin una adecuada planificación y, lo que es muchísimo más grave, ha comunicado al sector los precios definitivos de los medicamentos tan solo siete días antes del 11 de marzo; siete días antes de que entrase en vigor la orden no había precios de los medicamentos. Evidentemente, señora ministra, si no hay precios, ¿cómo va a haber medicamentos? Además ni siquiera ha permitido que hubiera un período de convivencia o de coexistencia de los precios, del antiguo y del nuevo, y ya sabrá usted que algunos colegios oficiales de farmacéuticos han presentado recursos contra los plazos de esta orden, y es que la falta de este período de convivencia lo que hace es que haya una dificultad en el abastecimiento ya que los precios cambian de un día para otro.


Todo esto hace que, como le digo, el sector esté muy desconcertado y que los pacientes vean vulnerado ese derecho de poder disponer del medicamente prescrito en cada momento y en cualquier lugar. A usted se le avisó de esta posibilidad y no hizo absolutamente nada, y han tenido que ser otros los que se pongan manos a la obra para solucionar este desabastecimiento: como usted muy bien ha dicho, han sido los colegios profesionales, la distribución, la industria y las comunidades autónomas las que han puesto mecanismos en marcha como, por ejemplo, flexibilizar la sustitución por el farmacéutico o incluso hacer que convivan los precios durante un período de tiempo.


Termino, señor presidente. Como le digo, señora ministra, todos los agentes quieren solucionar el problema del desabastecimiento, todos los agentes se han puesto manos a la obra y es algo que se podría haber evitado simplemente con haber planificado mejor y con que usted hubiese escuchado al sector y al usuario.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Sanidad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, no insista: no existe desabastecimiento y además de eso quiero recordarle que en la reunión de la Comisión Permanente de Farmacia del Sistema Nacional de Salud del pasado 15 de febrero los representantes de todas las comunidades autónomas valoraron positivamente el papel desempeñado por el ministerio en la consecución de ese acuerdo al que he hecho mención; un acuerdo que han firmado los que tenían que firmarlo: los agentes presentes en toda la cadena del medicamento, desde la industria hasta las oficinas de farmacia.


En esa reunión de la Comisión de Farmacia el Ministerio de Sanidad y Consumo presentó el Programa Coordinado de Control de Abastecimiento de Medicamentos, cuyo objetivo es garantizar un suministro regular de los fármacos en el mercado y que se va a elevar al próximo pleno del Consejo Interterritorial para su aprobación definitiva. Para el desarrollo de ese programa -que va a ser con carácter permanente- se está contando con una aplicación informática, Seguimed, que ya está operativa y que va a servir para disponer de los datos de entradas y salidas de todos los medicamentos en laboratorios farmacéuticos, almacenes de distribución y oficinas de farmacia.


Señoría, lamento decirle que, una vez más, confunde usted la realidad y el deseo. La realidad es que el gasto farmacéutico está contenido desde hace tres años -no como en la época del Partido Popular-, que más de 4.200 medicamentos han bajado de precio y que habrá más de 636 millones de ahorro, y que la medida no ha ocasionado ningún trastorno a los ciudadanos, sino todo lo contrario, por mucho que le moleste a usted y a su grupo.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


Las preguntas de las senadora Víboras y del senador Palacios han sido aplazadas.


-- DE DON RICARDO MELCHIOR NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO DE SOLICITUD Y RENOVACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) Y EL PASAPORTE EN LA ISLA DE TENERIFE (SANTA CRUZ DE TENERIFE) (S.680/001159).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la pregunta formulada por el senador Melchior Navarro.


Tiene la palabra su señoría.


El señor MELCHIOR NAVARRO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, el nuevo DNI electrónico comenzó a expedirse en la España peninsular el 16 de marzo de 2006 y en Canarias, aproximadamente, 14 días más tarde. Este nuevo DNI fue publicitado por el Gobierno como la panacea de la celeridad, y yo lo creo. Sin embargo, los habitantes de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna y el resto de los habitantes de Canarias vienen sufriendo desde hace meses una situación insostenible para la obtención o renovación del DNI y el pasaporte. En la comisaría de La Laguna solo se atiende a 25 personas diariamente y de forma similar ocurre en las restantes comisarías de Tenerife y del resto de Canarias.


El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna ha aprobado una moción en la que insta al Gobierno a solucionar estos problemas, para que la obtención o renovación del DNI o del pasaporte deje de ser un auténtico calvario, que es lo que es actualmente.


Mi pregunta es la siguiente: ¿Qué medida prevé aplicar el Gobierno del Estado ante estas importantes deficiencias?

Gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Melchior, efectivamente, el Gobierno anunció la puesta en marcha del DNI electrónico como una medida de enorme trascendencia para el desarrollo en España de la sociedad de la información y así seguimos pensando que va a ser. Al margen de este objetivo de carácter general, va a tener muchísimas ventajas para los ciudadanos, porque van a poder efectuar con mucha más seguridad sus transacciones bancarias, sus gestiones ante la Administración o sus compras, en definitiva, van a poder tener una vida más fácil.


Es verdad que el proceso de confección de este nuevo DNI es más complejo que el anterior, entre otras cosas, porque exige la inclusión de datos biométricos y, por tanto, más tiempo. Sin embargo, tiene alguna ventaja, y es que el ciudadano solo tiene que ir una vez a la comisaría y no dos como en el caso anterior. Es cierto, y esto es lo más importante, que ha habido un incremento de la demanda muy superior al que pensábamos que se iba a producir. No solo se trata de gente de renueva el carné de identidad, sino también de ciudadanos que quieren el nuevo carné de identidad; este segundo segmento de ciudadanos ha aumentado extraordinariamente y es cierto que se han producido algunos atascos en nuestras comisarías.


Por ello, en este momento estamos desarrollando un programa completo con el Ministerio de Administraciones Públicas para que estos atascos desaparezcan y los ciudadanos dispongan de un servicio adecuado. En todo caso, quiero decirle que en Canarias, en concreto, el desarrollo de la puesta en marcha del nuevo carné de identidad electrónico está más avanzado que en el resto de comunidades autónomas.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Tiene la palabra el senador Melchior Navarro.


El señor MELCHIOR NAVARRO: Muchas gracias, señor ministro.


Agradezco su contestación, pero me habría gustado más que me hubiese dicho que en el mes de marzo, abril o mayo cesaría este calvario para los ciudadanos canarios. De todas formas, le agradezco la celeridad de las medidas que se hayan de tomar para solucionar este problema.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor presidente.


Señoría, le puedo precisar alguna cosa más respecto a varios de nuestros objetivos. En primer lugar, estamos organizando los flujos de forma distinta, básicamente estamos utilizando el sistema de números, que ha funcionado muy bien en la Seguridad Social. En segundo lugar, estamos trabajando con la cita previa, lo que alivia mucho a los ciudadanos. En tercer lugar, estamos ampliando el horario de las comisarías, en concreto, la comisaría de Tenerife Sur va a ampliar su horario vespertino de 5 a 8 de la tarde. En cuarto lugar, estamos incrementando el personal y, finalmente, estamos dotando de instrumentos mecánicos -llamémoslos así-, de dispositivos de personalización biométrica e impresoras de tarjetas de DNI a las comisarías. En concreto, en Canarias está previsto dotar de esta infraestructura a cinco puestos: dos en Santa Cruz, uno en La Laguna, uno en el sur de Tenerife y otro en el Puerto de la Cruz.


En resumen, señoría, ha habido más aceptación de lo que pensábamos -eso es una buena noticia-, y lo que tiene que hacer la Administración, como su señoría indicaba, es tratar de mejorar nuestra gestión para que los ciudadanos no sufran colas y para que el DNI electrónico entre en vigor cuanto antes.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON JOSÉ LUIS PERESTELO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA LA APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE) COMO FRONTERA EXTERIOR, SEGÚN EL ACUERDO DE SCHENGEN. (S. 680/001175).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Perestelo Rodríguez.


Tiene la palabra su señoría.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señor ministro.


La declaración del puerto de Santa Cruz de La Palma como frontera exterior es una demanda de los sectores económicos y sociales de la isla. Existen razones históricas y sociales que justifican la demanda de la sociedad palmera. A nadie se le escapa la importancia que puede tener el hecho de que Santa Cruz de La Palma sea el primer puerto a tocar por cualquier crucero, lo que significaría una potenciación del sector del comercio, que es el que más empleo da en la isla de La Palma.


Varias han sido las iniciativas que se han planteado a lo largo de los últimos años. Le voy a mencionar las más recientes en esta Cámara. El 4 de octubre de 2004 se debatió una moción presentada por Coalición Canaria, por la que se instaba al Gobierno a realizar el estudio necesario para la inclusión del Puerto del Rosario y de Santa Cruz de la Palma como puertos de frontera exterior. Transcurrido un año, en noviembre de 2005, a una pregunta oral formulada por este senador, el entonces ministro del Interior señaló que los estudios avanzaban la posibilidad de que Santa Cruz de La Palma fuera frontera exterior, que se había incorporado en el anexo IV de la orden de julio de 2005 y que, por tanto, existía sensibilidad por parte del

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Gobierno para conseguir ese objetivo. Sin embargo, hace aproximadamente una semana, usted mismo contestaba una pregunta del diputado señor Mardónez, del Grupo Coalición Canaria, manifestando más o menos lo mismo que nos había trasladado en noviembre de 2005 el entonces ministro del Interior, señor Alonso.


En los últimos dos años, según un informe de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, se han producido ocho escalas no posibles de cruceros que venían de países terceros. Para el próximo 27 de marzo estaba prevista la llegada del Milenium, un crucero de 294 metros de eslora, procedente de Estados Unidos, que no podrá tocar Santa Cruz de La Palma como primer puerto comunitario si no conseguimos ese objetivo.
Asimismo, otros cruceros tienen previsto tocar Santa Cruz de La Palma como primer puerto comunitario a lo largo de este año.


Por ello, entenderá nuestra insistencia en cuanto a que se establezcan plazos para que Santa Cruz de La Palma sea un puerto de frontera exterior y se puedan posibilitar esos atraques en la isla.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Perestelo.


Usted mismo ha señalado -y es verdad- que la semana pasada contesté en el Congreso a una pregunta del señor Mardones, de su grupo parlamentario, en relación con el Puerto del Rosario e, indirectamente, con el de Santa Cruz de La Palma. Recordaba usted también -y es cierto- que se presentó una moción, aprobada en esta Cámara, por la que se le daba al Gobierno el plazo de un año para realizar los estudios correspondientes con el fin de impulsar la declaración de estos dos puertos como puertos frontera exterior y, por lo tanto, en el marco de Schengen, pero sin fecha determinada; es decir, teníamos un año para impulsar estos estudios pero no un plazo determinado para la declaración de puerto Schengen. De hecho, efectivamente, en la tramitación -que no depende solo de mi ministerio y tiene que tener en cuenta datos de distintos tipos, entre otros, económicos y de fronteras- ha habido una decisión para el Puerto del Rosario, lo que no quiere decir que la tramitación en relación con el puerto de Santa Cruz de La Palma esté parada, ni mucho menos; seguimos trabajando en ella en la perspectiva que señaló el ministro Alonso en esta misma Cámara y que usted recordaba hace un momento.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Tiene la palabra el senador Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, si bien es cierto que la moción se aprobó en los términos expuestos por su señoría, no era lo que pedía cuando fue presentada.
Indudablemente, en los debates, dentro de la cortesía parlamentaria y para conseguir los apoyos suficientes se hablaba del estudio pero se entendía cuál era un objetivo prioritario. No parece razonable que la respuesta del señor ministro Alonso indicara que los estudios del Puerto del Rosario no aconsejaban esa declaración y sin embargo hoy parece ser que el Puerto del Rosario ya está y que en el de La Palma, que en noviembre de 2005 tenía los estudios positivos en cuanto a su declaración, su fecha esté más lejana.


Señor ministro, yo le agradezco su respuesta, pero me gustaría que se hiciera un esfuerzo importante para conseguir ese objetivo, ya que las consignatarias están preocupadas y pendientes de que Santa Cruz de La Palma pueda ser declarado en este año puerto de frontera exterior. Me gustaría obtener una respuesta rápida de forma que las consignatarias pudieran planificarse; porque sabe usted perfectamente que éstas planifican con más de un año de antelación para conseguir el objetivo importante y para reforzar ese comportamiento económico que puede significar para el sector del comercio que el puerto de Santa Cruz de la Palma sea frontera exterior.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Perestelo, tal y como decía, el que un puerto haya -por decirlo de alguna manera- adelantado al otro no significa que estemos parados.
Estamos trabajando en relación con Santa Cruz de la Palma que, como dijo el ministro Alonso, y yo recordé también el otro día en el Congreso, será frontera exterior, y por tanto, puerto Schengen en el menor tiempo posible. En concreto hemos hecho tres cosas que a continuación le voy a relatar para que vea que el asunto no está parado. En primer lugar, a través de la Delegación del Gobierno y del Ministerio de Administraciones Públicas hemos canalizado todos los trámites referidos a la autorización de un nuevo puesto de inspección fronteriza en el citado puerto de Santa Cruz de la Palma. Así pues, estamos creando esta infraestructura de personal, y en este caso un puesto de inspección fronteriza, estando en marcha los expedientes correspondientes.


Hemos insistido ante la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife para agilizar los trámites encaminados a la ejecución del proyecto de edificación de dicho puesto de inspección fronteriza, y en breve -no puedo precisar el plazo porque no depende únicamente de nosotros, aunque estamos detrás de ello- comenzará la redacción del correspondiente proyecto de instalaciones aduaneras.


Y finalmente estamos demandando del Organismo Público Puertos del Estado y del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria un informe sobre la situación actual del puerto, así como sobre las necesidades de nuevas infraestructuras para posibilitar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, como usted sabe, tienen que estar allí una vez el puerto se declare frontera exterior.


En resumen, señoría, estamos trabajando con celeridad para que el puerto de Santa Cruz de La Palma sea cuanto

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antes una frontera exterior, o de acuerdo con la terminología europea, puerto Schengen.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro del Interior.


-- DE DOÑA ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS MEDIDAS CONCRETAS QUE TIENE PREVISTO IMPULSAR EL GOBIERNO PARA COMBATIR LAS ALTAS TASAS DE SINIESTRALIDAD VIAL COMO CONSECUENCIA DE ATROPELLOS (S.680/0001176).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Etxegoyen, que tiene la palabra.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos.


Tal vez la pregunta de esta senadora les parezca de menor entidad si la comparamos con alguna otra de hondo contenido político y con un enfoque absolutamente equivocado, a mi entender, que ha ocupado gran parte de nuestro tiempo en la sesión de control al Gobierno de la mañana de hoy. Y es que a la vista está lo que importan algunas cuestiones al grupo mayoritario de esta Cámara.


Sin embargo toda cuestión que afecte a la siniestralidad vial y a la prevención y lucha contra los accidentes y muertes en materia de tráfico nunca es baladí, pues, por pocos que hubiere, siempre serán demasiados, y porque desgraciadamente siguen siendo siempre temas de plena actualidad.


En este contexto las estadísticas nos indican que la accidentalidad peatonal en núcleos urbanos de este país es la primera causa de muerte de la población de entre uno y 34 años, superior incluso a los casos de peatones ancianos. O dicho de otro modo, que como regla general dentro de los accidentes de tráfico, aquellos en que se ve implicado un peatón tienen una gravedad particular, y sin olvidar los atropellos en vías interurbanas que estadísticamente también quedan subrayados, son las zonas urbanas en las que más se manifiesta la vulnerabilidad del peatón; cuatro de cada 10 víctimas mortales, señorías.


De ahí, pues, la pregunta concreta que, señor ministro del Interior, formulo a su Gobierno en el día de hoy.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señora Etxegoyen.


Comparto lo que ha dicho en la primera parte de su intervención, y le daré algún dato adicional. En el ejercicio 2005 hubo 4.442 fallecidos en carretera y en zonas urbanas, es decir, en todas las carreteras españolas, tanto en las que dependen del Estado como en las que dependen de ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones, siendo el 15 por ciento de ellos, es decir 680, peatones. Éste es, pues, un número relevante de muertos y un porcentaje suficientemente alto como para que estemos preocupados y hablando hoy usted y yo de cómo trabajar conjuntamente para tratar de que estas cifras bajen.


Quisiera decirle que dentro del plan de actuaciones para 2007, que se contempla en el Plan Estratégico de Seguridad Vial, hay dos concretas que tienen que ver con su pregunta. Una primera es la promoción de la elaboración de planes de seguridad vial urbana, planes de seguridad parecidos a los que hacen el Estado y las comunidades autónomas, realizados por las ciudades donde, lógicamente, van a aparecer como un elemento central los atropellos, ya que -no lo he dicho antes, pero es bastente evidente- la mayoría de los atropellos o fallecimientos por esta razón se producen en las ciudades. Y en segundo lugar, la incorporación de la seguridad vial a nuestro sistema educativo que, ciertamente, es una medida a medio y largo plazo.


Para apoyar la primera de las acciones, la elaboración de planes de seguridad vial a nivel municipal, hemos firmado un convenio con la Federación de Municipios, concretamente lo firmé personalmente el 20 de febrero, hemos constituido una Comisión Mixta de Seguridad Vial, hemos buscado fórmulas de coordinación de la Policía Municipal con el resto de las policías, en concreto, en materia de seguridad vial, y estamos ofreciendo la colaboración de la Dirección General de Tráfico con las policías locales.


Por tanto, es uno de los objetivos de este año, y creo que las distintas actuaciones conseguirán, como en el caso de los fallecimientos por siniestralidad en nuestras carreteras, que baje este número porque, como señalaba su señoría en la pregunta a la que estoy respondiendo, es muy dramático.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Tiene la palabra la señora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, no voy a poner ni una sola coma a su respuesta. Sí quisiera poner sobre la mesa de todos ustedes que, efectivamente, este fue también el enfoque que dio la Dirección de Tráfico de Euskadi a esta cuestión. Llevamos algunos años, no sé si de ventaja, pero sí de una experiencia sobradamente conocida. Y tanto es así, que la lucha contra los atropellos junto al exceso de velocidad ha sido una de las dos prioridades en seguridad vial del Gobierno Vasco para el año 2006. Y hoy se está en disposición de afirmar que, como consecuencia de las medidas concretas implementadas a tal fin, en Euskadi se ha reducido sensiblemente la mortalidad por atropellos en calles y carreteras. A los datos de la Ertzaintza y policías locales me remito. Por dar unas cifras, en el año 2006 el número de muertos en este tipo de siniestros bajó de 39 a 19, lo que supone un descenso del 43 por ciento frente a la media de 33'4 muertes durante el período 2001-2005. Asimismo, los heridos bajaron un 34 por ciento comparando la media de 225'6 de los últimos cinco años y la de 149 en el año 2006.


Más allá de las estadísticas, que usted seguro que conoce, lo que me interesa subrayar es que este balance positi-

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vo se produce tras una década de reducción de la accidentalidad vial en Euskadi, en un contexto de incremento del parque móvil y la circulación.
Y son fruto y consecuencia de actuaciones y medidas concretas desarrolladas por el Gobierno Vasco, la Diputación Foral y los ayuntamientos dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Y si ello ha tenido alguna virtualidad positiva en Euskadi, estoy convencida de que esta visión de elemento estratégico, a la hora de atajar o de trabajar por la lucha y la prevención de los accidentes de tráfico, es el camino a recorrer.


Y dado que todos somos además de los ciudadanos del mundo, impenitentes usuarios de vías y carreteras a lo largo y ancho de la geografía española, pongo sobre la mesa, señorías, señor ministro, la metodología y la experiencia del Gobierno Vasco en esta materia porque es positiva, no para que aprendan, evidentemente, porque ustedes ya saben cómo trabajar, sino sencillamente para que tomen nota.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, conozco los datos de siniestralidad en Euskadi, conozco el trabajo que se ha realizado. Creo que en alguna ocasión he dicho que una de las cosas buenas que tiene el Estado autonómico es que las comunidades autónomas hacen cosas que otras comunidades autónomas y el propio Estado podemos mirar, y cuando las cosas que hacen salen bien, no debíamos tener ninguna duda, sencillamente hay que copiarlas. Me parece que es lo más razonable y, en ese sentido, nos enriquecemos todos. Por tanto, créame no me duelen prendas en reconocer que algo va bien en una comunidad autónoma, aunque no esté gobernada por el Partido Socialista; al contrario, me alegro y a continuación le digo lo copiamos, sin ningún tipo de problema.


Le señalaré tres cosas más en relación con esta pregunta. La primera se refiere a una moción que estamos estudiando y que ha aprobado el Senado, concretamente aquella que pretende que hagamos obligatorio circular, incluso de día, con las luces puestas. Sabe usted que es una medida que sobre todo tiene que ver con los atropellos y, por tanto, que camina justo en la dirección de eliminar el problema que discutimos esta mañana.
Tiene algunos elementos negativos y hay que valorarlo cuidadosamente, pero lo estamos haciendo porque, repito, junto a esas ventajas tiene inconvenientes de todo tipo, básicamente de carácter energético. Pero, en fin, estamos estudiándolo en este momento.


En segundo lugar, hay una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que hemos aprobado en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, que justamente obliga al Gobierno y a los responsables de las comunidades y de los ayuntamientos a mejorar la señalización de los pasos de peatones.


Estamos trabajando en la misma dirección para atender este problema de los atropellos con muerte o con graves heridos que se producen en nuestras ciudades.


En tercer lugar, hoy mismo, el director general de Tráfico está presentando un plan tipo de seguridad vial que pretendemos que los ayuntamientos puedan utilizar a la hora de establecer estos planes de seguridad que en el País Vasco, como en algunas otras comunidades autónomas, ya funcionan desde hace tiempo y que -como su señoría decía- están dando excelentes resultados.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON ENRIQUE FEDERICO CURIEL ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS (S.680/0001191).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Curiel Alonso.


Tiene la palabra su señoría.


El señor CURIEL ALONSO: Gracias, señor presidente.


Gracias, señor ministro.


Como sabe, la pregunta está referida a las medidas que piensa adoptar el Gobierno en relación con los problemas crecientes que estamos teniendo con la violencia en las actividades deportivas, especialmente en el fútbol. Empezaré por decirle muy brevemente que por si no estaba clara la situación después de lo ocurrido en el partido Betis-Sevilla de hace unos días, las imágenes de ayer noche al terminar el partido entre el Valencia y el Inter fueron espeluznantes, es decir, los jugadores del Inter llegaron a entrar en el vestuario del Valencia y si no ocurrió una desgracia realmente fue por suerte. Verlo produce estupor y plantea, incluso, preguntas sobre los propios dispositivos de seguridad de los clubes dentro del propio campo.


Naturalmente la pregunta estaba referida especialmente a lo ocurrido en Sevilla. Los hechos hablan por sí solos. Yo estoy seguro de que usted comparte el criterio, y también el señor Lissavetzky como secretario de Estado para el Deporte, de que así no podemos seguir. Estoy persuadido de que los poderes públicos, especialmente el Gobierno, los ministerios que tienen competencia en alguna de las cuestiones referidas a este tema están adoptando las medidas oportunas, incluso, se acelera el proyecto de ley que está pendiente en el Congreso sobre xenofobia, violencia, etcétera, que tiene también mucho que ver con lo que estamos viviendo.


No me voy a referir mucho a los incidentes del Sevilla. Ha habido algo que ha salido en los medios de comunicación en la última semana que me ha preocupado: la idea de reducir lo ocurrido a la agresión que sufre el señor Juan de Ramos. Yo creo que es un error. El problema está en lo que sucedió en los últimos 15 días, en el clima que se generó -luego me referiré a ello- por los dos presidentes de los clubes, y alguna persona que aunque no está ahora mismo como presidente del Betis algo tiene que ver con lo ocurrido, en los incidentes ocurridos antes del par-

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tido, durante el partido y después del partido. Por cierto, sería importante -recojo una sugerencia del delegado del Gobierno en Andalucía- decirle a los españoles cuánto y qué coste económico tiene, por ejemplo, el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en ese partido, es decir, cuánto nos cuesta a los españoles, a la Hacienda Publica, un despliegue de esas características. Hablo de ese partido porque el propio delegado del Gobierno dijo que naturalmente era excepcional porque había previsión de que pudieran ocurrir incidentes y me pregunto:) cuánto cuesta todo el esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante los fines de semana precisamente en previsión de estos acontecimientos? Conocer el coste de lo ocurrido en ese partido será bueno a efectos pedagógicos para que los españoles sepan el esfuerzo que se está haciendo desde el punto de vista económico. Incluso, quiero decirle, señor ministro, existe la preocupación, también por parte del club, de que pudieron entrar bengalas.


El señor PRESIDENTE: Termine.


El señor CURIEL ALONSO: Termino, señor presidente. Un minuto nada más.


El señor PRESIDENTE: Señoría.


El señor CURIEL ALONSO: Déjeme terminar, señor presidente, que la mañana ha sido tensa.


Le pido, señor ministro, tolerancia cero. El señor Javier Aguirre lo ha dicho: tolerancia cero con estos acontecimientos, con los responsables de estos acontecimientos y más medidas de seguridad. Termino diciéndole que coincido con la dirección de la UEFA en que consideró muy suave el castigo o la sanción que el Comité de Competición, y no el de Antiviolencia, impuso a los dos partidos.


Creo que por ese camino no vamos. Yo instaría a que estos organismos sean muy contundentes. Repito: tolerancia cero y que los medios de comunicación ayuden.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor presidente.


Señor Curiel, en primer lugar, quiero decirle que coincido con usted en la condena de este tipo de actos violentos, que tiene que ser inequívoca.
Coincido con usted también en que están básicamente circunscritos al fútbol, y no a todo el fútbol porque fútbol hay mucho y se juega en muchas partes y juega mucha gente. Pero es verdad que esos incidentes no se registran habitualmente ni en el baloncesto ni en el balonmano.
Igualmente coincido con usted en que lo importante es acertar cuando se producen las sanciones correspondientes, porque con frecuencia en esta materia acaban pagando justos por pecadores. Por tanto, todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué hay que hacer? Como en todo programa de seguridad, hay que tratar de prevenir y si se producen los actos, hay que tratar de sancionar duramente para que no se vuelvan a producir.


Efectivamente, sabe usted que tenemos un entramado organizativo que nos permite prevenir y un entramado coercitivo que nos permite sancionar. A nivel organizativo los ciudadanos deben saber que hay un delegado de seguridad, coordinador de seguridad en cada acontecimiento público deportivo importante, desde luego en los partidos de fútbol de primera y segunda división, y que ese delegado, ese coordinador de seguridad tiene un dispositivo que controla todo el dispositivo de seguridad y que está apoyado por una oficina nacional. Por consiguiente, tiene un dispositivo a nivel del partido que se está celebrando, también a nivel provincial y a nivel nacional. Ese delegado levanta las actas correspondientes, que van, entre otras cosas y al margen de la disciplina deportiva, a la Comisión nacional contra la violencia y espectáculos deportivos, que se reúne cada semana, que valora lo que ha pasado y pone en marcha las sanciones correspondientes.


Hay medidas preventivas. Usted señalaba básicamente la que se refiere a la llamada declaración de partido de alto riesgo, que obliga a los clubes de fútbol, por ejemplo, a organizar un sistema de venta de entradas que permita separar a las aficiones, a reforzar los controles para evitar que entren en el estadio bengalas o botellas y, finalmente, a reforzar los controles de permanencia de los espectadores en el recinto deportivo. De hecho, estos partidos de alto riesgo suponen un esfuerzo policial enorme, porque es verdad que hay que vigilar la entrada y la salida de los espectáculos deportivos. Y luego están las medidas sancionadoras.


Le diré dos cosas para terminar. Me parece bien lo que usted dice, que se sepa lo que nos gastamos en seguridad en estos acontecimientos. Creo que sería pedagógico para los ciudadanos y de alguna manera se produciría un reproche social, si cabe, más fuerte frente a los violentos que los hay.


Le voy a dar un dato, que tengo aquí y que no pensaba utilizar, pero a raíz de su intervención se me ha ocurrido que puede ser útil. En la temporada 2005-2006, en relación con la liga de primera y segunda división A, se movilizaron los siguientes efectivos de seguridad: 34.082 vigilantes de seguridad; 21.980 miembros del Cuerpo Nacional de Policía; 751 de la Guardia Civil; 5.798 policías autonómicos y 9.669 policías locales. Verdaderamente es un esfuerzo de seguridad espectacular.


Tenemos distintos elementos encima de la mesa para trabajar: un observatorio creado recientemente; un protocolo de actuaciones, que firmó el secretario de Estado para el Deporte voluntariamente con asociaciones, clubes, etcétera y tenemos una ley, a la que usted se refería, que es verdad que está en trámite y que culminará dentro de poco en este Senado su tramitación, que creemos que va a dar un impulso a la seguridad en el deporte porque perfecciona el sistema, tanto el sancionador como lo que son las obligaciones que con carácter general tenemos unos y otros, y finalmente el régimen aplicado al incumplimiento de estas obligaciones.


Por tanto, con todo este esfuerzo legislativo, con el reproche social que mencionaba y con sanciones que, estoy de acuerdo con usted, tienen que ser duras y tajantes, creo que conseguiremos que este fenómeno, que en España no es brutal si lo comparamos con otros países del mundo, se pare, porque el problema es que siguiera aumentando, ese es el riesgo que corremos. Ciertamente, los espectáculos que uno ve los fines de semana en otros países de Europa, yo personalmente no los quiero para mi país.


Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (S. 680/001162).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Cuenca Cañizares.


Tiene la palabra su señoría.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, presidente.


¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señor presidente y señoría.


Hasta donde se me alcanza, es una valoración razonablemente satisfactoria, aunque sin duda mejorable.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra su señoría.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, presidente.


Señor ministro, la pregunta que le hago esconde una serie de interrogantes que nos hacemos muchos españoles y españolas, preguntas que, por cierto, formulamos por escrito al Gobierno y que no pudieron salir de la tramitación de esta propia Cámara. Pero la pregunta, repito, que nos hacemos muchos españoles es cuáles son las retribuciones que percibe el Rey por el desempeño de su cargo o cuáles son las retribuciones que perciben los integrantes de la Casa Real. Asimismo, si se somete la Casa Real a la intervención y fiscalización pública de sus gastos; si la Casa Real se somete a la ley de contratos del Estado; si conoce el Gobierno y se puede publicar cuál es la distribución y asignación anual del presupuesto de la Casa Real; e incluso, si el Rey y los integrantes de la Casa Real realizan declaración de intereses y de bienes como altos cargos.


Señor ministro, si conocemos el salario de un mileurista, de un pensionista, e incluso el suyo o el del presidente del Gobierno porque se publican en el Boletín Oficial del Estado, ¿por qué no es posible conocer las retribuciones del Rey y de los integrantes de la Casa Real?

En otros países de Europa se conocen las propiedades que los Estados ponen a disposición de sus casas reales e incluso hay casas reales que pagan impuestos. ¿Por qué en este país no es posible conocer esos datos?

Mi pregunta es, señor ministro, si el Gobierno tiene previsto iniciar la reforma necesaria para que los miembros de la Casa Real tengan las mismas obligaciones que el resto de los españoles y para que se conozcan los bienes y el patrimonio que se pone a su disposición. En resumen, señor ministro, la cuestión es si el Gobierno va a propiciar que la Casa Real tenga obligaciones y que sea transparente, si van a acabar con la opacidad y si van a proponer algún régimen fiscal para que el Rey y los integrantes de la Casa Real sean como todos los españoles.


Parece lógico que esta institución, de una vez por todas, entre de lleno en la democracia y eso significa que todos los españoles seamos iguales.
Hay algunas personas en este país que, de momento, no lo son porque no hacen declaración de bienes como altos cargos, no se someten a la ley de contratos del Estado y no se conocen sus retribuciones. Es necesario evitar los problemas que cotidianamente conocemos; y, en este sentido, podemos ver en algunas revistas los negocios en los que participan miembros de la Casa Real.


Todo lo que se paga con fondos públicos debe ser transparente y conocido por todos los españoles pero, por encima de todo, es necesario cumplir la Constitución y que todos seamos iguales, se sea quien se sea, desde el primero -como el señor presidente del Gobierno-, hasta cualquier mileurista. Sin embargo, en este caso faltan unas cuantas personas: el Rey y los integrantes de la Casa Real.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, el artículo 56.3 de nuestra Constitución establece: «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados...» Asimismo, el artículo 64.1 dispone: «Los actos del Rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes.» Y, en el artículo 64.2: «De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.»

El tratamiento de la Casa Real, que es distinto al del Rey, está regulado, entre otros, por el Real Decreto-ley 434/88 que establece textualmente: El régimen de incompatibilidades del personal de alta dirección y Dirección de la Casa Real será el vigente para los altos cargos de la Administración. Al restante personal le será de aplicación el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.


No dude en ningún momento que este Gobierno cumple con toda la legalidad, incluido este precepto.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON MANUEL ARJONA SANTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI LAS COMISIONES BILATERALES PUESTAS EN MARCHA SIGNIFICAN UNA ALTERACIÓN DE NUESTRO MODELO DE DESARROLLO AUTONÓMICO (S. 680/001192).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Arjona Santana.


Tiene la palabra su señoría.


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El señor ARJONA SANTANA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, una de las novedades de la reforma de la mayor parte de los estatutos de autonomía que ha tenido ocasión de debatir esta Cámara, así como de las reformas que todavía se están tramitando en el Congreso de los Diputados, son las comisiones bilaterales entre el Estado y la respectiva comunidad autónoma.


Estas comisiones se configuran como órganos de cooperación para aquellos asuntos que afectan singularmente a las competencias y a las relaciones entre el Estado y la comunidad autónoma, encuadrándose dentro del marco general de la cooperación entre administraciones públicas; sin embargo, estas apreciaciones obvias y llenas de sentido común no son recibidas ni percibidas de igual forma. Incluso, olvidando la época anterior a estas comisiones bilaterales de cooperación, ahora son fuertemente criticadas desde la oposición, alegando que la creación de las comisiones bilaterales por los estatutos supone el anuncio de una serie de males, tales como la quiebra del modelo de Estado autonómico en cuanto a que establecen relaciones privilegiadas en perjuicio de las demás, la vuelta a un modelo asimétrico de Estado descentralizado, con comunidades autónomas de primera y de segunda, contrario a la previsión de la Constitución, y, como consecuencia de ello, afirman el riesgo que supone la plena aplicación de principios constitucionales esenciales de nuestro Estado autonómico, como la igualdad entre todos los españoles y la garantía que para hacer efectiva esa igualdad supone la competencia reservada al Estado, aludiendo también a la quiebra del principio de solidaridad entre territorios.


También aseguran que con la creación de estas comisiones bilaterales el Gobierno renuncia a hacer una verdadera política de Estado fundamentada en los intereses generales, para sustituirla por políticas particulares de pacto con las comunidades autónomas según los intereses partidistas de proximidad política o rentabilidad electoral.


Ante este panorama, señor ministro, tan catastrofista como interesado, mi grupo considera necesario que el Gobierno explique en esta Cámara, en el lugar idóneo de encuentro de los territorios del Estado español, el sentido, el alcance de las comisiones bilaterales y si las que están puestas en marcha significan una alteración de nuestro modelo de desarrollo autonómico.


Esta es la explicación que hoy le pedimos desde el Grupo Parlamentario Socialista, señor ministro.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señoría.


La verdad es que uno se queda sorprendido con determinados ejercicios de amnesia que se hacen, y uno de ellos tiene que ver con la evolución y la implantación de nuestro modelo autonómico, de nuestro Estado constitucional de la España de las autonomías, que ha estado basado fundamentalmente en una inteligente combinación de instrumentos de cooperación multilateral con instrumentos de cooperación bilateral.


A lo largo de estos más de veinticinco años de historia se han ido poniendo en marcha conferencias sectoriales en el Consejo de Política Fiscal y Financiera o el Consejo Interterritorial de Salud como expresión de los mecanismos de cooperación multilateral entre las distintas administraciones que configuran el Estado español, según nuestra Constitución, y simultáneamente se han ido poniendo en marcha mecanismos de relación bilateral entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España, el Gobierno central, la primera de las cuales, por cierto, se creó en el año 1983. En 1987, hubo un incremento a otras comunidades autónomas y en el año 2000 el Gobierno del Partido Popular consideró -y consideró bien- la necesidad de extender las comisiones bilaterales a todas las comunidades autónomas que todavía no tenían este instrumento, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y desde entonces, con normalidad, sin aspavientos, hemos ido funcionando con esos dos pilares, uno basado en la multilateralidad y otro en la bilateralidad, que tienen mucha fuerza en nuestro modelo constitucional, hasta el punto -y traigo a colación un tema importante- que alguna vez ha ocurrido que la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, aprobada multilateralmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y por las Cortes Generales, no ha sido aceptada por una comunidad autónoma en una de estas comisiones bilaterales y no se le ha podido imponer. Por tanto, no se ha aplicado un modelo de financiación autonómica a una comunidad autónoma que bilateralmente ha dicho que no estaba de acuerdo y no quería que se le aplicara. Hasta ese nivel tiene y ha tenido fuerza la relación bilateral en nuestro país.


Y ese es el modelo con el que queremos seguir trabajando, perfeccionando los dos niveles de cooperación: el nivel de cooperación multilateral, con actuaciones tan importantes como la Conferencia de Presidentes, y también reforzando el nivel de cooperación bilateral con las nuevas definiciones que figuran en los nuevos estatutos que poco a poco estamos aprobando en estas Cámaras. No tengan duda de que los próximos veinticinco años seguirá el mismo éxito que en los pasados en cuanto al desarrollo de una España constitucional y autonómica.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE D. RAMÓN COMPANYS I SANFELIÚ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE SI CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LA MEJOR FORMA DE ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS IBÉRICOS ELABORADOS EN ESPAÑA ES UTILIZAR ÚNICAMENTE CRITERIOS BASADOS EN LAS INSPECCIONES DE CAMPO, ELIMINANDO LOS ACTUALES CONTROLES QUE PERMITEN COMPROBAR EL PERFIL LÍPIDO DEL ANIMAL (S. 680/001179).


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El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Companys i Sanfeliú.


Tiene la palabra su señoría.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, la calidad y la credibilidad de nuestros productos es el bien más preciado que tenemos y, por lo tanto, le formulo la siguiente pregunta que doy por reproducida en sus propios términos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señoría, coincidirá usted conmigo en que la trazabilidad de los productos derivados del porcino ibérico debe ser una exigencia en todas las fases: producción, transformación, almacenamiento y distribución. Y para ello se plantea establecer un doble control. La administración competente realizará los controles oficiales y, además se exige un autocontrol por parte de los operadores que incluye un control externo por organismos de inspección y certificación independientes. Así, el control de la alimentación la efectuarán entidades de inspección autorizadas de acuerdo con un protocolo; el control en campo lo realizarán las actuaciones de inspección; y los controles en mataderos, salas de despiece o industrias de elaboración, las entidades de certificación. Consideramos que este modelo de doble control puede ser válido. No obstante, estamos abiertos a cualquier sugerencia que mejore el actual control del factor alimentación.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


Tiene la palabra su señoría.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Muchas gracias, señor presidente.


En principio, le agradezco la contestación, pero, señora ministra, en la anterior legislatura con mayoría absoluta del Partido Popular -pero hay que decir también que con una cierta aquiescencia del Partido Socialista-, se logró que en España a algunos postres lácticos les llamaran yogur, que es un verdadero engaño a los consumidores, pero los intereses de unos pocos lograron que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en aquel momento modificase a la baja el código alimentario. Ahora estamos en una situación que no es igual, pero que puede ser preocupante. Por eso le he formulado la pregunta y por eso queremos explicaciones al respecto.


Evidentemente estamos de acuerdo en que hay que poner todos los medios para asegurar a los ciudadanos que los productos del cerdo ibérico en realidad cumplen con los mínimos de calidad, que es lo que entiendo que pretende el real decreto que está preparando su ministerio.


¿Qué sucede en este momento, señora ministra? Pues que para evaluar la calidad de la materia prima han de tenerse en cuenta dos parámetros: los controles de campo y los análisis de lípidos.


Por lo que hace referencia al primero, los informes de campo son pieza clave en el momento de la evolución, pero no podemos olvidar que de las veinte entidades inspectoras que operan en el sector del cerdo ibérico, sólo tres en este momento están acreditadas por la ENAC y a la mayoría de las otras, después de llevar más de dos años de actividad sin acreditarse, se les debía haber suspendido de su actividad, hecho que no ha sucedido y, por tanto, continúan actuando. Como consecuencia, un mecanismo básico para el control de la calidad no está funcionando suficientemente bien. Y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Y el ministerio, consciente -creo- de esta realidad, presenta un borrador de real decreto que pretende, por un lado, el reforzamiento del control de campo, así como una recopilación de la legislación vigente en un texto.
Por tanto, nos parece bien esta propuesta.


Lo que me cuesta entender, señora ministra, es por qué, por un lado, se pretende potenciar los mecanismos que aseguran los controles de calidad, en lo que estamos, como he dicho antes, absolutamente de acuerdo, y por otro, se eliminan unos elementos que aportan seguridad y ponen en evidencia si las observaciones en el campo se han realizado adecuadamente, como pueden ser los análisis de ácidos grasos.


Podemos estar de acuerdo, señora ministra, en que los análisis de lípidos se ampliaran en otros componentes, se aplicaran técnicas de análisis multivariables en los resultados, o se aplicase la tecnología NIRS, cuyos valores tratados convenientemente mediante algoritmos de análisis multivariables permiten establecer modelos de clasificación objetiva. Por tanto, señora ministra, estas cosas están muy adelantadas y además hay mucha seguridad.


Si además, como usted sabe perfectamente, la Unión Europea impone que se apliquen criterios científicos y objetivos para el establecimiento de las diferentes cualidades, no se entiende que aquí se desprecien, mientras se da la máxima fiabilidad a unas inspecciones de campo realizadas por empresas que en algunos casos ni siquiera están debidamente acreditadas.


Por lo tanto, señora ministra, yo le pido en este momento el máximo sentido común al respecto. Usted va a cerrar el debate, pero ya le adelanto que si a continuación usted no entra en el núcleo del tema y, por tanto, no ayuda a que haya menos confusión en este momento en el sector...


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Termino en un segundo, señor presidente.


...ante la posibilidad de que se termine con los análisis, en los próximos meses convertiríamos esta pregunta en una interpelación y en una moción.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.


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La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señorías, un gran número de estudios científicos y técnicos han constatado que el método analítico empleado hasta ahora conduce a clasificaciones erróneas, y es un poco lo que usted, aunque no lo ha dicho, sí parece que está reconociendo. Por este motivo creemos que es necesario buscar una solución a esta cuestión que satisfaga tanto al sector productor como al comercializador o al industrial. Por eso se propone una prórroga de un año y se crea la Mesa del Ibérico que, entre otras cuestiones, deberá analizar los estudios que actualmente se están llevando a cabo para poner a punto métodos que permitan determinar con toda fiabilidad el factor alimentario. Además, aunque la norma no se contemple, la analítica de ácidos grasos en el ámbito privado, es decir entre ganaderos e industriales, podrá seguir empleándose.


Por otra parte, quiero asegurarle que se han tenido en cuenta todas las observaciones y sugerencias realizadas tanto por las comunidades autónomas como por los sectores productor e industrial, y de hecho se ha contemplado en el texto la gran mayoría de las propuestas. En el caso concreto del sector industrial se han aceptado muchas de sus reivindicaciones, manteniéndose como único punto de discrepancia el de la analítica de ácidos grasos.


Respecto al funcionamiento de las entidades de inspección y certificación, en relación al doble control, se les exige que se acrediten ante ENAC en el plazo máximo improrrogable de 24 meses desde su autorización por las comunidades autónomas. Tanto las autorizaciones como las acreditaciones así como sus fechas de obtención y revocación están recogidas en el registro informativo que se crea al efecto, cuyo contenido se publicará en la web del ministerio como elemento de transparencia.


Espero que con esto haya dado respuesta a su pregunta, aunque entramos en campos muy técnicos y algunas de las aclaraciones nos llevarían mucho más tiempo.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE D. PEDRO RODRÍGUEZ CANTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE FUTURO QUE APORTA EL ESTUDIO SOBRE LA INCIDENCIA DE LAS ACTUALES NORMAS DE ORDENACIÓN DE EXPLOTACIONES DE PORCINO (S. 680/001194).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Rodríguez Cantero.


Tiene la palabra su señoría.


El señor RODRÍGUEZ CANTERO: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, buenos días.


Desde la entrada de España en el Mercado Común Europeo y la paulatina supresión de las barreras al comercio, el sector porcino español inició una línea de crecimiento que no ha parado hasta hoy y que lo ha convertido en uno de los principales productores de Europa.


Sin duda, señora ministra, las intensas campañas de saneamiento de las explotaciones de porcino realizadas a finales de los años ochenta y principios de los noventa del siglo pasado consiguieron erradicar algunas enfermedades que estaban impidiendo el acceso de los productos del cerdo español a los mercados exteriores y sobre todo consiguieron asentar las bases para el definitivo despegue del sector. Un sector, el porcino, que es el que mayor peso económico aporta a la balanza final de la producción ganadera -en 2006 aportó un 34 por ciento-; que en los últimos años ha incrementado su cabaña en un 40 por ciento, alcanzando la cifra de 25 millones de cabezas y que produce al año 3 millones y medio de toneladas de carne.


Pues bien, señora ministra, junto a esta excelente realidad, hay que reconocer que el sector del porcino español tiene sombras, amenazas y debilidades, y no todas se derivan del ciclo alternativo de subida y bajada de los precios o de las necesidades de abrir nuevos mercados fuera del ámbito europeo. Son debilidades y amenazas que unas veces nacen en el legítimo ejercicio que las comunidades autónomas hacen del marco competencial que les es propio. En otras ocasiones, vienen derivadas de determinados impedimentos que algunos problemas sanitarios sin resolver le ponen, y no puedo olvidar, por su especial incidencia, aquellas debilidades y amenazas que se relacionan con las exigencias medioambientales que obligadamente han de cumplir las explotaciones de porcino, o el creciente empuje que las urbanizaciones realizan en determinadas zonas sobre las bases territoriales de las explotaciones porcinas, hasta el extremo de que llegan a expulsarlas de la zona. Todo ello, señora ministra, con independencia del sistema de explotación, da igual que sea extensivo o intensivo.

Pues bien, para detectar y tratar de corregir todas estas negativas incidencias, su ministerio, en colaboración con la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino y las Organizaciones profesionales agrarias ha realizado un estudio sobre el sector del porcino español.


Y esta mañana, señora ministra, le pregunto cuáles son las conclusiones y recomendaciones de futuro recogidas en dicho estudio.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señoría, cuando en junio de 2004 presenté en esta Cámara las líneas generales de actuación para la legislatura, planteé como una de mis prioridades el establecimiento de una estrategia dirigida a favorecer el desarrollo y consolidación del sector porcino en España.


Este compromiso se ha cumplido, y tres años después podemos decir que este sector es el de mayor peso en la economía ganadera que, como usted bien ha dicho, representa un tercio de la producción, y que ha aumentado

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cinco puntos desde el año 2004. Debemos reconocer también el esfuerzo que ha realizado el sector y su trabajo de colaboración con el ministerio.


Es un sector que ha sabido adaptarse a los nuevos retos que impone la apertura creciente de los mercados exteriores, habiendo utilizado de forma óptima el Plan del año 2005 sobre medidas para la mejora del acceso de los productos ganaderos a esos mercados. En este sentido, quiero decir que en el último año han concluido con éxito las negociaciones para el acceso de nuestros productos a los mercados de Argentina, Australia, Costa Rica y Cuba, a los que se añaden los de Japón, Méjico o Estados Unidos, donde la demanda es cada vez mayor.


Teniendo en cuenta la excelente situación, el ministerio y el sector productor han realizado un estudio para conocer el crecimiento de las explotaciones del porcino y para analizar las medidas sanitarias y medioambientales que se deben contemplar. Sobre la base de la información obtenida, el estudio recoge una serie de recomendaciones que van a ponerse en marcha en colaboración con los representantes del sector y de las comunidades autónomas. Las principales son: Establecer un plan de control de explotaciones porcinas que enfoque de manera armónica las exigencias en todo el ámbito nacional; poner en marcha ventanillas únicas para la realización de los distintos trámites administrativos; apoyar la reubicación de las granjas que han quedado demasiado cerca de los núcleos de población; y apoyar las inversiones dirigidas a la mejora medioambiental de las explotaciones.


En resumen, queremos que el porcino, tanto en intensivo como en extensivo, continúe siendo motor de crecimiento de amplias zonas del medio rural donde el componente medioambiental debe seguir jugando un papel importante.


Estoy segura de que contando con el apoyo del sector vamos a lograrlo y, además, posiblemente, vamos a iniciar también una nueva etapa de investigación, desarrollo e innovación vinculada a temas de alimentación, aunque no está recogido en este estudio, para tratar de buscar nuevos productos que rebajen los costes de la alimentación y, como consecuencia, favorezca también el incremento de productividad de este sector.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DOÑA MARÍA TERESA DEL CARMEN CAMACHO VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL CALENDARIO PREVISTO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN PARA LA ENTRADA EN VIGOR DEL MARCO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LOS PLANES REGIONALES (S.680/001195).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Camacho Vázquez. Tiene la palabra su señoría.


La señora CAMACHO VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, el Reglamento comunitario relativo a la ayuda al desarrollo rural a través de los fondos FEADER establece para el periodo 2007-2013 una programación basada en un plan estratégico nacional que recoja las prioridades de esta política a nivel de los Estados miembros y en los programas de desarrollo rural.


En el caso de España, una programación acorde con su marco competencial obliga a redactar 19 programas regionales, uno por cada comunidad autónoma, más Ceuta y Melilla. Además, con el fin de incorporar elementos comunes y medidas horizontales de obligada inclusión en los 19 programas de desarrollo rural regionales, su ministerio debe elaborar el marco nacional de desarrollo rural que debe ser aprobado por decisión comunitaria.


Señora ministra, es indudable que dar cumplimiento en plazo razonable a esta complejidad planificadora y de programación no es tarea fácil ni sencilla. Menos aún si su ministerio ha de hacerlo en colaboración con Medio Ambiente, las comunidades autónomas y los agentes económicos y sociales. Aún así, transcurridos sólo dos meses desde el periodo de vigencia del programa de ayudas comunitarias al desarrollo rural 2007-2013, su ministerio ya ha mandado a Bruselas el plan estratégico y creo que está a punto de concluir la elaboración del documento sobre el marco nacional.


Si esto es así y lo confirma su respuesta a mi pregunta sobre cuál es el calendario previsto para la entrada en vigor del marco nacional y de los planes regionales de desarrollo rural, puede asegurarse que la ejecución de dichos planes se podría iniciar a corto plazo, y en todo caso antes del próximo mes de octubre, mes de octubre del año 2000 en que se inició la ejecución de ayudas al desarrollo rural para el período 2000-2006 gestionado por el Gobierno del Partido Popular.


En resumen, señora ministra, espero que su respuesta desmienta una vez más a los agoreros del Grupo Parlamentario Popular que le acusan injustificadamente de retrasos en las actuaciones para la puesta en marcha de los programas de desarrollo rural 2007-2013. No hay retrasos, y lo saben. Y en el Grupo Parlamentario Popular también saben que el gasto público previsto para este período será mayor que el realizado en el período 2000-2006. Lo saben, pero afirman con machaconería todo lo contrario. Lo que quizá ignoren, señora ministra, es que el reparto de fondos para el desarrollo rural que usted ha realizado entre las comunidades autónomas no responde al favoritismo entre amiguetes utilizado por el Gobierno del Partido Popular sino a estrictos y justos criterios de solidaridad y cohesión territorial que la Unión Europea fija para reparto de los fondos FEADER.


En esa tarea a favor del desarrollo sostenible del medio rural es en la que está empeñado el Gobierno de Rodríguez Zapatero. A usted le toca afinar un magnífico instrumento tan insustituible como los fondos FEADER para cofinanciar los programas de desarrollo rural. Seguro que lo hace con diligencia y eficacia.


Gracias, señora ministra.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.


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La MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, el lunes de esta misma semana hemos mantenido una reunión con responsables de la Comisión Europea en la que se han analizado los contenidos generales del marco nacional y el calendario de programación en España. El próximo viernes vamos a mantener una reunión con las comunidades autónomas con el fin de concluir el documento sobre este marco nacional.


Quiero que todos ustedes sepan que hemos realizado un enorme esfuerzo de diálogo con las comunidades autónomas y con todos los agentes económicos y sociales implicados para lograr de este modo un amplio consenso respecto de las directrices sobre las que se asentará la política de desarrollo rural en España. En este sentido quiero destacar que se ha incorporado un conjunto de medidas horizontales y de elementos comunes entre lo que es prioritario el aumento de la competitividad de las explotaciones agrarias y de la agroindustria. Se han incluido medidas tales como la gestión de los recursos hídricos encaminada a la modernización y al ahorro de agua, el aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales, la incorporación de agricultores jóvenes enmarcada en una política de relevo generacional o las ayudas para el asesoramiento a las explotaciones. Además, son también prioritarias las medidas dirigidas a conservar y mejorar el medio natural, así como el apoyo a la producción ecológica o a zonas de montaña o con dificultades naturales. Y quiero añadir también que se contempla a la mujer rural de forma transversal en todas las medidas establecidas en el marco nacional como un instrumento más a favor de la igualdad.


Acordadas estas líneas, queda por cerrar definitivamente el documento del marco nacional y remitirlo en el mes de marzo a la Unión Europea. Una vez sea enviado, podrán comenzar a presentarse los programas regionales de las 17 comunidades autónomas con las que ya se están manteniendo reuniones bilaterales para este fin. Por ello, señora Camacho, podemos confirmar que estamos cumpliendo con los plazos y que vamos a poner en marcha la programación de desarrollo rural este mismo año.


Finalmente, me gustaría señalar que a la espera de conocer la aportación de las comunidades autónomas a sus respectivos programas de desarrollo rural, el gasto público previsto para el programa 2007-2013 va a superar el del período 2000-2006. Es algo que me han oído decir en esta Cámara en más de una ocasión. Estoy segura de que esto va a confirmarse cuando dispongamos de los datos de todas las comunidades autónomas.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


La pregunta a la ministra de Vivienda del senador Álvarez Fernández ha sido aplazada.


-- DE DOÑA INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS ACTUACIONES PREVISTAS POR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS (S.
680/001177).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de la senadora Loroño Ormaechea.


Tiene su señoría la palabra.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor ministro.


¿Cuáles son las actuaciones previstas por el Gobierno en relación con los menores extranjeros no acompañados?

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, el Gobierno defiende el interés del menor, como no podría ser de otro modo.


Como sabe su señoría, las competencias de guarda y tutela corresponden a las comunidades autónomas, y los principios de actuación del Gobierno en esta materia son: luchar contra la inmigración irregular, especialmente contra las mafias que trafican con menores; coordinar la actuación y facilitar la mejor información entre comunidades autónomas y facilitarles fondos a través del Fondo de integración; y mejorar la coordinación con los países de origen para proceder al regreso de los menores mediante la agilización de su identificación, localización de la familia y refuerzo de los medios de acogida en sus países de origen. En este sentido, estamos firmando convenios, y tengo que decirle con satisfacción que ayer mismo, en Marruecos, firmamos un acuerdo que supera el memorándum actual y que tiene tres líneas de actuación. Primero, trabajar en la prevención en las zonas de origen de estos menores para que no tengan que recurrir a la inmigración ilegal; en segundo lugar, garantizar su protección de acuerdo con nuestras normas, una protección total -estos jóvenes tienen la misma protección que los menores no acompañados españoles-; y en tercer lugar, facilitar las políticas de retorno que, una vez que se aplique este acuerdo, serán mucho más ágiles y más intensas.


Por otra parte, como sabe, tenemos un programa con Canarias para financiar el traslado y mantenimiento de 500 menores en otras comunidades autónomas, y tengo que decirle también con satisfacción, señoría, que ya están comprometidas las 500 plazas, de las cuales han sido ocupadas 337 y 163 están en periodo de ocupación. Por lo tanto, no solo cumpliré mi compromiso de trasladar 500 menores de Canarias a la península, sino que este compromiso se verá ampliado: vamos a trasladar a más de esos 500 menores.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, cuando planteé esta pregunta no tenía conocimiento de la cumbre hispano-marroquí que se ha celebrado estos días. Incluso esta mañana el presidente del Gobierno nos ha informado en esta Cámara con motivo de una pregunta formulada por el senador Mendoza, de

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Coalición Canaria. Pero, señor ministro, yo hoy le voy a pedir responsabilidad, seriedad, rigor y hechos concretos para abordar la actuación con los menores inmigrantes no acompañados. No es de recibo, señor ministro, que no conozcan cuántos hay en cada comunidad autónoma.
Inmigración es su competencia, y aunque sean menores, llegan a nuestro país con las expectativas de un adulto y ustedes deben conocer los datos reales existentes en cada comunidad autónoma, antes incluso de tachar de insolidarias a algunas comunidades autónomas, como recientemente ha hecho la secretaria de Estado de Inmigración, que ha tachado de insolidaria a la Comunidad Autónoma del País Vasco, más concretamente a las diputaciones forales, que son las competentes en materia de protección de menores en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y ha añadido además que no suponen costo pues es el Gobierno central el que lo paga todo. No todo se resuelve con dinero, señor ministro, sino que hacen falta también recursos materiales, humanos e infraestructuras para dar acogida y cabida a estos menores en condiciones y con garantías.


Señor ministro, le voy a decir, como vasca y como vizcaína, que es difícil medir la solidaridad. Baste como dato que hay 281 menores inmigrantes no acompañados en tres centros y siete pisos en el territorio histórico de Vizcaya, lo que supone un gasto de siete millones de euros en su atención y sin un euro del Gobierno central. Euros y solidaridad de los vizcaínos, y me siento orgullosa de poder manifestarlo así. Sin embargo, señor ministro, lo que más me preocupa es que la protección que les dispensamos no les sirve. En su país son adultos y llegan con expectativas totalmente distintas a las que les ofertamos en el marco de la Ley de protección jurídica. Se rebelan y generan conflictos y rechazos innecesarios.


Siéntese con todos quienes ostentan competencias en esta materia -comunidades autónomas, diputaciones forales en el caso del País Vasco y cabildos insulares en el caso de Canarias, que son los que cuentan con la competencia en materia de protección-, y, teniendo en cuenta las expectativas de estos menores, diseñen conjuntamente un plan integral de actuación más acorde con sus necesidades, y apoye con recursos y medios a quienes están atendiendo a estos menores. Le pedimos hechos concretos, y sería bueno que se agilizaran también los procesos de reagrupamiento familiar.


Concluyo, señor presidente. Poco o nada se está haciendo, y cuando le pido seriedad y rigor lo pido con el máximo respeto porque, señor ministro, recientemente han llegado a Vizcaya cinco menores, tres de Senegal y dos de Ghana, procedentes de Canarias, y han sido acogidos en Vizcaya habiendo llegado desde Canarias a Madrid y habiéndoles dicho en Madrid que donde mejor estaba era en Bilbao; más otros siete que llegaron de Barcelona. Transparencia en los traslados también, señor ministro, y oficialidad y agilidad en los procesos de reagrupamiento familiar.


Nada más.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Muchas gracias, señor presidente.


Señora senadora, espero que no me diga que no estamos haciendo nada porque le he explicado la cantidad de programas que están en marcha, como el acuerdo con Marruecos o el de traslado de menores de Canarias a la península.


Quiero decirle que somos totalmente ajenos a ese traslado que su señoría ha descrito. Desde luego, no tengo ninguna responsabilidad y, además, no me parece bien, por lo que creo que en este caso está justificada su queja. Señoría, repito que el Gobierno de la nación es absolutamente ajeno a esos hechos, y quiero que quede muy claro.


Respecto a lo que usted plantea, estamos comportándonos con responsabilidad y rigor. Claro que sí. Pero ustedes sí que reciben algunos fondos del fondo de integración para inmigrantes, que uno de los requisitos que utiliza es el número de menores en cada comunidad, y nos guiamos por los datos que nos dan las comunidades autónomas.


Evidentemente, en el caso de Euskadi, tienen la competencia las diputaciones forales; de hecho, la de Vizcaya ya ha ofertado diez plazas, que espero entren en funcionamiento próximamente. Por tanto, señoría, le invito a que desde su Gobierno y desde los gobiernos de las diputaciones forales se ejerzan esas competencias. Para mí es una satisfacción poder contar con la solidaridad, de todas las comunidades; en este caso, con la del País Vasco.


Ojalá podamos, con los recursos que aporta la Administración del Estado, garantizar del mejor modo posible los derechos de todos estos jóvenes.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DOÑA MARÍA JOSÉ ELICES MARCOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÈS, SOBRE LAS ACCIONES QUE DESDE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES SE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA QUE EL PROGRESO DE LA MUJER EN LAS LIBERTADES, EL TRABAJO, LA SEGURIDAD Y LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS SEA CADA VEZ MÁS UNA REALIDAD (S. 680/001180).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Elices.


Tiene la palabra su señoría.


La señora ELICES MARCOS: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, nos encontramos en vísperas del 8 de marzo, día que en todo el mundo, desde principios del siglo XX, tiene lugar la jornada de reivindicación por antonomasia del papel de la mujer como ciudadana de primera.


El 8 de marzo, lo llamemos Día Internacional de la Mujer Trabajadora o simplemente día de la mujer, mujeres de los cinco continentes exigimos algo tan elemental como no ser ciudadanas de segundo nivel, ciudadanas relegadas a un papel subsidiario en una sociedad en la que el varón tiene las riendas. Aún hoy, incluso en lugares

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como España, las mujeres sentimos la necesidad de alzar la voz y reivindicar nuestros propios valores.


Digo que sentimos esta necesidad en lugares como España porque somos conscientes de que en este país, sobre todo desde la década de los sesenta y gracias al trabajo muchas veces anónimo de miles de mujeres y -hay que decirlo- de muchos hombres que han sentido y sienten que una sociedad desigual es una sociedad mutilada, hemos avanzado. En España, aun sabiendo que queda mucho trabajo por hacer en la lucha por la igualdad social, cultural, económica, política y familiar, sería cínico no admitir que las cosas han cambiando, siguen cambiando y deberán cambiar mucho más. Baste decir que en esta Cámara algunas compañeras habrán conocido los tiempos en que una mujer ni podía solicitar la expedición de su pasaporte sin el consentimiento de un hombre, ni abrir una cuenta corriente.


Conviene recordar estas cosas, sobre todo, para que las generaciones más jóvenes sepan que la actual situación de igualdad jurídica de la que disfrutan no ha existido siempre y que no nos ha sido regalada por nadie.
Bien al contrario, es fruto de esfuerzos, luchas, sacrificios y abnegaciones.


Desde aquí también quiero hacer un reconocimiento a estos cientos de mujeres que en un momento de sus vidas, a buen seguro dramático, optan por hacer la maleta y, para sacar adelante a sus familias y labrar para ellas y los suyos un porvenir más próspero, toman el tren, el avión o la patera y parten hacia un futuro incierto dejando atrás familia, hogar y en muchas ocasiones lo peor que puede dejar una mujer: sus hijos. En este momento solemne, víspera del 8 de marzo, quiero aprovechar la ocasión para rendir un homenaje sincero a todas estas mujeres que son ejemplo de entrega y a las que no siempre tratamos con la deferencia que deberíamos y que también con frecuencia son objeto de ignominia, desprecio altivo e incomprensión. Estas mujeres, hoy más que nunca, son claro ejemplo de lo que hemos venido llamando la doble discriminación: la económica y la de género.


Desde el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, creemos que todos y todas -y hay que pedir mayor grado de exigencia a aquellos que tienen más responsabilidad- debemos ocuparnos con rigor de hacer partícipes a estos miles, quizá millones, de mujeres inmigrantes de un conjunto de valores de los que colectivamente estamos orgullosas y que entendemos como dignos del progreso: la libertad e igualdad. Desde el respeto más escrupuloso a las peculiaridades culturales, sociales e incluso religiosas de esas mujeres que llegan hasta nosotros, debemos implicarnos en compartir con todas ellas lo que las mujeres hemos alcanzado con una lucha llevada a cabo durante siglos; puesto que creemos que es bueno para nosotras, pensamos que también lo es para ellas.


El 8 de marzo, aunque con frecuencia no somos rigurosos con las palabras, no celebramos nada, conmemoramos la lucha de las mujeres; es un recuerdo solemne, sentido y no una celebración. Pero esta conmemoración carece de lógica y razón de ser si no somos capaces de comprometernos a que el 8 de marzo próximo...


El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.


La señora ELICES MARCOS: Ya acabo, señor presidente.


... haya más mujeres que por encima de cualquier cosa se sientan y todos las sintamos ciudadanas de primera.


¿Y qué mejor día que hoy para que usted, señor ministro, que tanto se ha significado en esta legislatura por la lucha por la igualdad y la solidaridad, nos explique los ejes principales que su ministerio está aportando al reconocimiento de los valores y los derechos de las mujeres en nuestro país?

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señoría, por su pregunta, que comparto íntegramente.


Permítame que en nombre del Gobierno de España -y estoy convencido de que en el de todos los españoles- rinda hoy aquí un tributo sentido a la inteligencia, a la creatividad, al talento y a la contribución de las mujeres al desarrollo de la humanidad; sin ellas hubiera sido imposible.
Es por eso, señoría, que todas y cada una de las medidas que desarrolla mi Gobierno, todas y cada una de las medidas -repito- que desarrolla mi Gobierno van dirigidas a conseguir la igualdad entre el hombre y la mujer. Todas. No hay política que desarrolle el Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero que no vaya dirigida a la consecución de esas prácticas de igualdad, de esas políticas de igualdad, todas ellas. Por ejemplo, en lo que se refiere al empleo, tengo que decir con satisfacción que en el año 2006 el 59 por ciento del empleo creado en España -y fue el mayor de toda la Unión Europea- estuvo ocupado por mujeres. Tengo que decirle con satisfacción que en los tres años que llevamos de legislatura más de un millón de mujeres han encontrado empleo en España -fíjese, solo en tres años más que en los cinco años anteriores-. Ese es el camino hacia la libertad, hacia la independencia, hacia la realización de la mujer.


También estamos desarrollando políticas sociales que favorecen a la mujer: el incremento de las prestaciones sociales básicas, como las políticas que incrementan las pensiones mínimas, que sufren normalmente mujeres más que hombres; mejora de las prestaciones mínimas; compatibilidad de la pensión del SOVI con la de viudedad -que sufren mujeres-, incrementando estas prestaciones más de un 25 por ciento en lo que va de legislatura; la ley para combatir la violencia que se ejerce contra la mujer y todas las normas que estamos desarrollando -es verdad que sigue existiendo este grave problema, pero ha dejado de ser privado y se ha convertido en una responsabilidad de toda la sociedad española y de sus poderes públicos-; el plan de sensibilización que aprobamos el otro día con nuevas medidas como ampliar hasta 20.000 las unidades de teleasistencia a teléfonos gratuitos disponibles para las mujeres víctimas de violencia de género; creación de 43 juzgados durante este año; cesión a las asociaciones y organizaciones de inmuebles públicos para el desarrollo de sus tareas; la Ley de Dependencia, señorías, una ley

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dirigida a incrementar la protección social de los españoles, pero también a favorecer la igualdad porque liberará a una parte importante de las mujeres españolas de esa particular esclavitud que han tenido que asumir cuidando mayoritariamente -lo hacen con mucho cariño, sin duda alguna- a sus familiares dependientes; por último, la Ley de igualdad, ese icono que hoy es reconocido internacionalmente y que ustedes aprobarán esta tarde en el Senado haciendo posible que el camino hacia la igualdad real cada día lo tengamos más presente en España y más accesible.


Muchas gracias por ese trabajo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DOÑA MARÍA ASSUMPTA BAIG I TORRAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA EVITAR IMÁGENES PUBLICITARIAS QUE VULNEREN DERECHOS HUMANOS (S.
680/001181).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Baig i Torras. Tiene la palabra su señoría.


La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, presidente. Buenos días, ministro.


Todos los días las personas estamos rodeados de campañas publicitarias a través de imágenes y frases, a veces sencillas pero muy pensadas para inscribirse en nuestro subconsciente.


Los estereotipos vinculados a la publicidad no son inofensivos, modelan nuestras identidades, nuestras conductas y nuestras relaciones sociales, y lo hacen sin tener en cuenta la edad ni en muchas ocasiones la madurez intelectual y personal. En edades determinadas -por ejemplo, la adolescencia- o en momentos difíciles para las personas la publicidad modela e incluso deja secuelas posteriores. Y qué decir de determinadas publicidades o fotos que utilizan la imagen de la mujer como reclamo sexual insertadas en espacios concretos y muy calculados en periódicos deportivos.


Durante años, como escribía el lunes en un artículo Antoni Puigverd, luchar contra estos refinados métodos de control formó parte del gran combate por la libertad. Ahora, tras el rechazo que produce la palabra censura, todo es posible o se enmascara con arte y creación para conseguir el objetivo: dar a conocer la marca que publicita. Dos casos significativos estos últimos días. Una marca de moda presentaba a una mujer rodeada de hombres en actitud dominante y violenta con la mujer. El Gobierno español y el Institut Català de la Dona pidieron su retirada, como también lo hizo el Gobierno italiano y, recientemente, Amnistía Internacional. Además, el Gobierno pidió la retirada de otra publicidad con utilización gratuita de violencia que nada tenía que ver con el objeto publicitado, pues se trataba de imágenes de un crudo accidente de tráfico que anunciaban la emisión de un partido de fútbol. El Gobierno, es cierto, cumple con la retirada de estas publicidades, pero como mujer y como maestra que trabaja para educar personas libres, rechazo cualquier anuncio que atente contra la dignidad de la persona o vulnere valores o derechos reconocidos en la Constitución, especialmente si se refieren a la infancia, la juventud y la mujer, tal y como está contemplado en el artículo 3 de la Ley General de Publicidad.


Hoy, que aprobaremos esta ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que seguro complementará muchos aspectos con los que hemos soñado hace años las mujeres, -y además, mañana es el Día Internacional de la Mujer-, pregunto al ministro qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para evitar que casos como estos vuelvan a suceder.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


Gracias, señoría, por la altura ética de su intervención, que comparto plenamente en nombre del Gobierno de España. Como sabe, el Observatorio de Imagen de la Mujer vela desde el año 1994 en nuestro país por que los medios de comunicación y la publicidad no transmitan una imagen sexista y estereotipada de la mujer. Primero, porque este tipo de publicidad, ha de quedar claro, es radicalmente ilegal, es contraria a nuestro ordenamiento jurídico. Nuestras leyes no son indiferentes a la imagen que se transmite de las mujeres en nuestra sociedad; al contrario, declaran ilícita la publicidad que atenta contra los valores fundamentales de las personas y su dignidad, reconocidos en nuestra Constitución, y también aquella publicidad que, bajo el señuelo de la modernidad, induce a expandir la violencia contra las mujeres. Por eso, cada vez que se produce un hecho de esta naturaleza se desatan los mecanismos legales. Solicitamos de inmediato y con contundencia la retirada de ese tipo de campañas publicitarias. Entre 2004 y 2007 hemos actuado frente a las campañas más flagrantes de vulneración de derechos fundamentales, -unas 15 al año-, y hemos conseguido que en el 80 por ciento de las ocasiones los anunciantes hayan retirado su publicidad o la hayan rectificado. Pero tiene usted razón, no basta solo con medidas represivas, no son las únicas posibles.
El propio sector debe avanzar en la autorregulación de los contenidos y los mensajes de la publicidad, para que, en lugar de retirar campañas denunciadas por sexistas, esas campañas no lleguen siquiera a producirse.
Más que sancionar, señor presidente, señorías, es necesario alcanzar un compromiso social para promover en la publicidad una imagen igualitaria de hombres y mujeres. Por eso, premiamos cada año a las empresas que transmiten ese valor de la igualdad y, en breve, vamos a firmar un protocolo con todos los agentes implicados -medios de comunicación, agencias de publicidad, canales de televisión, etcétera- para crear una comisión asesora de la imagen de las mujeres, a fin de erradicar, desde el propio sector, campañas que transmiten valores contrarios a la igualdad. Somos firmes defensores de la libertad de expresión y de la creatividad, sin duda, pero creemos que no están reñidas con la igualdad, al contrario: si defienden la igualdad, tendrán más éxito creati-

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vo. La imagen más creativa y rentable del futuro es la imagen de hombres y mujeres que caminan el uno al lado de la otra, la otra al lado del uno, compartiendo roles sociales y sin que haya el más mínimo resquicio por donde pueda colarse la violencia y la dominación. Eso se llama política de igualdad, y vuelvo a celebrar que ustedes esta tarde aprueben una gran ley que va en esa dirección.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS PREVISIONES TEMPORALES DEL GOBIERNO PARA INTEGRAR A LA CIUDAD DE LUGO EN LAS REDES FERROVIARIAS DE ALTA VELOCIDAD (S.680/001174).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Jorquera Caselas.


Tiene la palabra su señoría

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, ¿qué horizonte temporal maneja el Gobierno para la integración de la ciudad de Lugo en las redes de alta velocidad?

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señoría, en el PEIT hemos incluido a Lugo en la red de altas prestaciones.
Esto significa que su red ferroviaria tendrá una doble vía: electrificada, alta velocidad y ancho UIC, con una doble conexión: por un lado, con A Coruña y, por tanto, con el Eje Atlántico y Portugal y, por otro, con Ourense y, por tanto, con la Meseta. Todas estas actuaciones, que integran a Lugo en la red de altas prestaciones, ya están iniciadas.
En el Ministerio de Fomento se trabaja con la mayor celeridad para que estas conexiones sean una realidad en el menor tiempo posible, si bien en cada uno de los tramos la fecha de su finalización depende de las distintas fases por las que atraviesa su ejecución.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, le agradecería que fuese más precisa en la concreción de los plazos. Digo esto porque, desde nuestro punto de vista, hasta el momento no se han dado los pasos que permitan constatar una voluntad clara por parte del Gobierno central para acometer estas infraestructuras en un horizonte temporal razonable. El tramo A Coruña-Betanzos, y la conexión de alta velocidad Lugo-Ourense se encuentran, desde el año 2003, a la espera de la declaración de impacto medioambiental, a excepción de la variante de Láncara. Respecto al tramo Betanzos-Lugo, y en la línea Monforte-Ponferrada, la primera partida presupuestaria para los estudios informativos de estos proyectos datan del año 2003, y esta es la situación en la que se encuentran en la actualidad.


Señora ministra, sin lugar a dudas, usted es consciente de la actitud constructiva que en esta cuestión ha mantenido el Bloque Nacionalista Galego, sustanciada sobre todo en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Reconocemos un mayor esfuerzo inversor del actual Gobierno con Galicia, al que el BNG ha contribuido negociando con el Partido Socialista enmiendas que han mejorado sensiblemente alguna de las dotaciones previstas. Además, somos conscientes de que los recursos públicos no son elásticos y todas las obras no pueden ser acometidas al mismo tiempo y con la misma celeridad. Pero, desde nuestro punto de vista, la provincia y la ciudad de Lugo necesitan compromisos verificables que eviten la sensación de que las promesas pueden acabar en el cesto de los papeles o muy indefinidas en el tiempo.


Señora ministra, no tengo que convencerla de la importancia de las infraestructuras en la vertebración del territorio y como factor de dinamización económica y social. Sabe que en Galicia existe una gran brecha demográfica, social y económica entre la Galicia costera y la Galicia interior. Lugo es una provincia en regresión demográfica, con una población en constante envejecimiento, y a esta situación no son ajenas sus infraestructuras. Lugo padece unos servicios ferroviarios de viajeros claramente deficientes tanto en sus conexiones con España como con el resto de las ciudades gallegas; la adaptación a las altas prestaciones ferroviarias de la red convencional para Lugo no es solo importante para el tráfico de viajeros, sino que también lo es para el tráfico de mercancías, dado que hay proyectos, como la instalación de distintas plataformas logísticas que van a tener una gran importancia futura en la dinamización económica de la ciudad de Lugo y su provincia. Por este motivo, señora ministra, Lugo no puede quedar descolgada de la modernización de la red ferroviaria de las altas prestaciones ferroviarias y de su conexión con la alta velocidad, razón por la que le solicito compromisos claros y tangibles que los ciudadanos de Lugo puedan verificar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señoría, le agradezco su espíritu constructivo y ratifico la voluntad del Gobierno central de integrar a Lugo en la red de alta velocidad en un plazo razonable, tal y como usted ha planteado.


Por lo que se refiere a las declaraciones de impacto ambiental, le contestará la ministra de Medio Ambiente. En relación con su planteamiento sobre las infraestructuras, sí me permito recordarle que hay una resolución aprobada, a propuesta de su grupo, en junio de 2006 -que además comparto- que establecía una serie de prioridades en alta velocidad; prioridad que también beneficia a Lugo, ya que para llegar a Lugo desde el eje Atlántico

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tenemos que haber llegado antes a A Coruña y, para llegar a Lugo desde la Meseta, hemos tenido que llegar antes a Ourense. Por lo tanto, comparto, impulso y ejecuto esa resolución.


Quiero decirle que desde Lugo a Ourense, en todo el corredor, hemos multiplicado por 60 el nivel de ejecución. Concretamente, señoría, hemos invertido 368 millones de euros frente a los seis millones que nos encontramos invertidos en todo ese corredor. Le recuerdo que en el tramo Ourense a Lubián hemos obtenido la declaración de impacto ambiental, hemos aprobado el estudio informativo, y en dos tramos hemos licitado y adjudicado la redacción de los proyectos. En los tramos restantes vamos a licitar todos los proyectos constructivos en ese ámbito temporal que usted me pide, en el primer semestre de 2007. Entre Medina y Zamora ya vamos a iniciar las obras en 2007, entre Lugo y Ourense en abril de 2004, y le recuerdo que ningún tramo tenía estudio informativo ni tampoco declaración de impacto ambiental. Hemos hecho grandes avances en la variante de la Puebla de San Julián, muy importante porque, como ustedes saben, con esta variante hemos suprimido 14 pasos a nivel. Por tanto, hemos obtenido la declaración de impacto ambiental, hemos aprobado el estudio informativo y el proyecto y hemos iniciado las obras. En cuanto a la variante de Canabal, hemos obtenido la declaración de impacto ambiental y, además, el estudio informativo. En definitiva, señoría, estamos avanzando y también estamos cumpliendo nuestros compromisos con Lugo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


INTERPELACIONES

-- DE DOÑA BELÉN MARÍA DO CAMPO PIÑEIRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS INICIATIVAS QUE TIENE PREVISTO LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA ATENDER LAS NECESIDADES REALES DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS (S. 670/000148).


El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno de preguntas, pasamos al punto segundo del orden del día: Interpelaciones. En primer lugar, interpelación de doña Belén María Do Campo Piñeiro, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las iniciativas que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para atender las necesidades reales de las familias españolas. Para su exposición, tiene la palabra la senadora Do Campo.


La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, un año después de interpelarle en esta Cámara sobre políticas familiares, el Grupo Parlamentario Popular nos vemos obligados una vez más a interpelarle sobre la misma materia. La razón es que usted y el Gobierno no han llevado a cabo lo que se aprobó en esta Cámara en febrero de 2006 en una moción consecuencia de interpelación.


Señorías, en los últimos años hemos asistido tanto en los Estados europeos como en las instancias supranacionales -entiéndase Parlamento Europeo, Consejo de Europa, Organización de Naciones Unidas- al surgimiento de una fuerte preocupación por los problemas de la familia. Y esto obedece a la creciente sensibilidad social ante la necesidad de proteger a la familia y al entorno de la vida familiar. Señor ministro, señorías, la política familiar ha pasado, por tanto, a ser entendida como una prioridad social y pública. Y esta realidad contrasta con otra que evidencia que la preocupación por la familia en España tiende a ser mayor que en el resto de la Unión Europea, por una razón tan clara como la que supone que las políticas públicas de apoyo a las familias en nuestro país son de las más insuficientes en Europa.


Señor ministro, no le voy a decir nada que no conozca, España es el país de la Unión Europea de los Quince que menos ayuda a la familia. En concreto, dedica el 0'5 por ciento del PIB, hecho que está provocando una importante desconvergencia en materia social con Europa. Pero, además, podemos hacernos una idea de esta brecha viendo el abismo claro que existe entre países como Luxemburgo, Dinamarca, Austria o Suecia, por una parte, y Polonia, Lituania, Letonia o España, por otra. Fíjense ustedes quiénes son nuestros compañeros de viaje en materia de política familiar.
Los países de la ampliación en general se encuentran por debajo de la media de la Unión Europea, ya que ocupan los últimos lugares de los Quince, sólo España se encuentra entre ellos. Pero hay algo más claro, España, Italia, Portugal y Grecia, por este orden, son los países de la Unión Europea que menos ayudan a la familia. Las cifras no son engañosas, pero son muy generalistas. Si bajamos al detalle, una familia con dos hijos recibiría en Luxemburgo una prestación de 611 euros al mes, en Alemania 308 euros al mes, en Reino Unido 270 euros al mes y en Austria 256 euros al mes. Por el contrario, esa misma familia con dos hijos en España recibiría, y con muchas restricciones de renta, una prestación de 49 euros al mes, en Chequia 38 euros al mes y en Polonia 22 euros al mes.
Las restricciones de renta son tan grandes que la mayoría de las familias españolas, en concreto de estas naciones a las que he hecho referencia, no tendrían siquiera acceso a esta prestación. Si hablamos ya de una familia con tres hijos, en Luxemburgo recibe una prestación de 1.394 euros al mes, en Alemania de 462 euros al mes, en el Reino Unido de 439 euros al mes y en Austria de 478 euros al mes. Por el contrario, esa misma familia recibiría en España, insisto, con muchas restricciones de renta, una prestación de 73 euros al mes. Como decía aquel anuncio, si mal no recuerdo, vean, comparen y si encuentran algo mejor, cómprenlo. En materia de prestaciones de familia esta senadora no tendría dudas. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)

Señor ministro, entienda que después de conocer estas cifras y de leer en varios diarios que en España tendríamos que tener doce hijos para obtener las mismas ayudas que una familia en Alemania con dos hijos, la política familiar sea para el Partido Popular uno de los puntos más importantes de nuestro programa político y de acción. Pero tengo que decirle más, señor ministro, el balance de la actual política de familia en España desde las últimas elecciones generales de 2004 se puede considerar muy negativo para las familias, ya que no sólo se ha producido un retroceso sustancial en sus derechos, sino que se ha produ-

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cido un incumplimiento sistemático de muchas de las promesas electorales que usted, señor Caldera, y el presidente, el señor Rodríguez Zapatero, hicieron en campaña electoral. Precisamente, muchas de estas promesas se recogieron en el programa electoral y se incluyeron en el discurso de investidura.


Y por si la memoria le falla, señor Caldera, he de recordarle los principales compromisos electorales del señor Zapatero a las familias.
Señor Caldera, ¿dónde está la secretaría de Estado de políticas familiares que ustedes iban a crear? ¿Por qué todavía no han creado el consejo estatal de políticas de familia? Usted me dirá que están elaborando un borrador. Parece que este borrador es peor que el parto de un elefante, ya lo han presentado a las asociaciones, éstas incluso ya han presentado alegaciones en el mes de noviembre, y seguimos sin tener ni consejo estatal, ni observatorio estatal. ¿Por qué las madres con hijos menores de tres años no se ven beneficiadas con la paga de los cien euros o -como a usted le gusta decir que, lógicamente, es lo más técnico, aunque los ciudadanos lo conozcan como la paga de cien euros- la deducción fiscal anticipada? Una medida que puso en marcha el Gobierno del Partido Popular, que ustedes iban a incrementar para todas las madres y que tres años después siguen sin verse beneficiadas por esta medida.


Yo le pregunto también, señor Caldera, ¿dónde están las magníficas modificaciones que ustedes iban a introducir en el nuevo IRPF y dónde se beneficia a las familias? ¿Dónde están las ayudas a la natalidad y el apoyo a las familias en los Presupuestos Generales del Estado? Año tras año, el Grupo Parlamentario Popular se ve obligado a presentar una enmienda a la totalidad a la Sección 19, concretamente a las políticas en el ámbito de la familia. Ya sabemos que usted nos va a hablar de la Ley de Dependencia. Estamos de acuerdo en que la Ley de Dependencia va a beneficiar a muchas familias con personas mayores o discapacitadas, pero también le preguntamos dónde están los mil millones que inicialmente se iban a incluir en los presupuestos para la puesta en marcha de la Ley de Dependencia. ¿Y dónde está la ley de apoyo a las familias con necesidades especiales? Porque al menos en el Senado aún no ha entrado. ¿Dónde está el plan integral de apoyo a la familia? El plan 2001-2004 ya se ha acabado, ¿dónde está el plan que usted nos iba a presentar?

Señor Caldera, podríamos seguir enumerando muchas promesas de las que ustedes alardeaban y que tres años después vemos que nada de nada. Señor ministro, esto no lo dice sólo este grupo parlamentario, sino que también lo denuncian las organizaciones, lo denuncian las asociaciones y lo denuncian las fundaciones que trabajan por la familia, reclamándole una rectificación inmediata del Gobierno y de su ministerio en política familiar. En muchos casos le invitan a imitar a otros países europeos vecinos que sí están haciendo otro tipo de política familiar. Para ponerle un ejemplo, vemos cómo el Instituto de Política Familiar exige al Gobierno una drástica rectificación de hasta el momento su nula política familiar y denuncia que España es el país que menos ayuda a la familia en la Unión Europea. Insisto, sólo el 0,52 por ciento del PIB se invierte en prestaciones a la familia, lo que nos está situando muy por debajo de la media europea.


Señor ministro, no alcanzamos siquiera el 1 por ciento del PIB cuando la media está en un 2,2 por ciento. Y si hablamos de la prestación por hijo a cargo, como ustedes saben, señorías, la asignación económica se reconoce por cada hijo a cargo menor de 18 años o mayor afectado de una minusvalía en grado igual o superior al 65 por ciento, siempre que no supere el límite de ingresos establecido.


Señor Caldera, en España el 89 por ciento de los matrimonios españoles que tienen hijos no pueden acogerse a ninguna prestación ya que tienen el límite de renta para recibir esa ayuda en 9.328 euros al mes frente a la gran mayoría de los países de la Unión Europea en los que esta prestación es universal. Por lo tanto, no hay límite de ingresos.


Este dato le obliga a reflexionar a usted sobre que la familia debe tener un mejor trato y, por tanto, hay que dedicar más recursos públicos para atenderla, como se hace en la mayoría de los países de la Unión Europea.
Le recuerdo, por ejemplo, que en muchos países de la Unión Europea este tipo de prestaciones es universal. Es universal en Alemania, en Austria, en Bélgica, en Dinamarca, en Francia, en Grecia, en Irlanda, en Reino Unido y en Suecia, entre otros.


Además, quiero recordarles que el señor Zapatero se comprometió a incrementar los recursos. Se lo leo tal cual él nos lo decía: Si obtenemos la confianza de la mayoría de las familias mi Gobierno incrementará los recursos para protección a las familias hasta llegar a la media europea en los próximos años. Nuestro objetivo es multiplicar por tres la inversión destinada a la protección familiar. Esto lo dijo el señor Rodríguez Zapatero en 2004. También nos decía en la última campaña electoral: El Gobierno que yo presida, si así lo quieren los españoles, implantará ayudas directas y universales -se lo recuerdo señor Caldera, y universales- por hijo a cargo destinadas a todas las familias independientes del nivel de renta. Parece que para ustedes las palabras se las lleva el viento y que dicen unas cosas en campaña electoral y cuando llegan al Gobierno nada de nada.


Le vuelvo a recordar, señor ministro, que el límite de edad para poder percibir esta prestación en muchos países es más amplio que en España. En Alemania es hasta los 27 años, en Austria hasta los 26, en Grecia hasta las 22 y en Portugal hasta los 24.


Tengo que recordar también que precisamente el estudio publicado por el Instituto de Política Familiar sobre la evolución de la familia en España en 2006 denuncia que hay que tener esos 12 hijos para obtener las mismas ayudas que una familia de dos en otros países. Esa es la realidad, señor Caldera. Por lo tanto, señor ministro, hay un abismo entre países como Luxemburgo y Dinamarca, y por otro lado Polonia, Lituania, España o Letonia.


Señor Caldera, las familias españolas están cansadas de escucharle a usted y al señor Zapatero decir que ustedes se comprometen a ayudar a las familias en foros, en congresos, en sus programas electorales, en sus intervenciones públicas y, al mismo tiempo, les niegan reiteradamente aquellos derechos e incumplen sistemáticamente sus compromisos electorales.


Voy a recordarle, señor Caldera, que ustedes -como decía antes- no han creado la secretaría de estado de políticas familiares. El órgano encargado en el ministerio para las políticas de familia es la Dirección General, con-

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cretamente la Dirección General de Familias e Infancia que es un órgano de cuarto nivel y que no responde a su compromiso electoral, no al compromiso del Partido Popular, sino al del señor Zapatero. Y por cierto, señor ministro, le recordamos por enésima vez que seguimos esperando desde 2004 -se lo vuelvo a reiterar- la comparecencia de la Directora General de Familias en la Comisión de Trabajo para que comparezca en esta Cámara y a la que usted impide venir. Se lo volvemos a reiterar y a solicitar desde esta tribuna.


Señor Caldera, no ha creado el consejo estatal de políticas de familia ni tampoco ha puesto en marcha el observatorio de la familia aprobado en noviembre de 2003 en la Ley de Protección a las Familias Numerosas, aprobada por el Gobierno del Partido Popular, otra propuesta incumplida.
La familia en España necesita, señorías, de un trato mucho más claro. La familia necesita de un trato mucho más contundente y, por tanto, hay que dedicar -insisto- más recursos públicos a atender a las familias como se hace en el resto de los países de la Unión Europea y como el propio Consejo de Estado de la Unión Europea también lo ha denunciado. Lo ha denunciado en un informe publicado sobre el cumplimiento de los derechos de la Carta Social Europea, publicado hace un año, donde criticaba la insuficiencia de las prestaciones familiares en España.


El Consejo de Europa alertaba de que estas ayudas sólo habían llegado a 1,3 millones de ciudadanos cuando en España había más de nueve millones de niños y jóvenes menores de 19 años. La crítica del Consejo de Europa abarcaba también la cuantía de la prestación que fijaba en 24 euros al mes y que denunciaba que resultaba realmente muy escasa para cubrir las necesidades básicas de una persona en comparación con otros países de la Unión Europea.


En España, por desgracia, el Partido Socialista ha considerado históricamente que el tema familia pertenecía al patrimonio ideológico del Partido Popular, reproduciendo así una actitud atípica dentro de lo que son sus homólogos europeos y de Centroeuropa, donde la socialdemocracia se ha caracterizado precisamente por lo contrario, ofreciendo apoyo a las familias y proveyéndolas de servicios.


La familia, señor Caldera, no es patrimonio ideológico de nadie y desde el Partido Popular le aseguro que no tenemos la intención de monopolizar la familia. Lo que les pedimos desde el Grupo Parlamentario Popular es que se sumen a sus homólogos europeos, que se dejen de política de escaparate para determinados colectivos y que afronten el reto de la mayoría.


Esta senadora, señor ministro, siempre procuró decirle lo mismo: sea valiente, atrévase a impulsar el desarrollo de las políticas públicas con perspectiva de familia en España e implante una verdadera y eficaz política integral de familia, de carácter universal y ya verá cómo salimos del furgón de cola de Europa en política familiar.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, senadora.


Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores senadores, gracias, señora Do Campo, por su intervención, que me permite reafirmar de nuevo nuestro más profundo compromiso con un concepto de familia o familias más amplio que el que tienen ustedes, pero que es el que asume la sociedad española. Ha empezado usted diciendo que España tenía pocas ayudas a la familia en el año 2004. Tiene usted razón. El dato que usted ha utilizado del 0,52 por ciento del PIB corresponde al ejercicio del año 2004 cuando en España había otro Gobierno. Desde entonces están cambiando las cosas y muy rápidamente, lo verá usted cuando se analice este período de legislatura, estos cuatro años, y cuando Eurostat, los organismos comunitarios, calculen el porcentaje de PIB que España destina a políticas de familias en sentido amplio y no solo la política que usted ha relatado aquí de ayuda económica por hijo. Esa es una parte de la política de familia, pero sin duda hay otras políticas de familia que también contribuyen a favorecer a éstas.


Nosotros tenemos un carácter abierto sobre la familia, señoría, muy abierto y desde el comienzo de la legislatura hicimos una serie de compromisos que estamos cumpliendo a rajatabla. A lo que el presidente del Gobierno se comprometió se está cumpliendo y lo que dice nuestro programa electoral también, no lo que usted dice que dice, sino lo que dice nuestro programa electoral.


Nosotros empezamos diciendo a la sociedad española lo siguiente: que aceptamos plenamente el reconocimiento legal y social de la diversidad de los modelos familiares, son diversos en España, y hoy están plenamente reconocidos; que vamos a desarrollar con un impulso decidido el cuarto pilar del Estado del bienestar, basado en un sistema de atención a la dependencia. Usted habla muy poquito de la dependencia, pero creo que es una ley que se puede calificar, sin ninguna duda, como de protección de las familias, sin ninguna duda es una ley para las familias, para ayudar a las familias a llevar adelante sus propias responsabilidades. Por tanto, es una ley importantísima, que va a movilizar más del 1 por ciento del PIB, como usted sabe, y no existía con gobiernos anteriores y existirá con este Gobierno.


Tampoco ha citado usted el desarrollo de las políticas de igualdad de género, que incluyen la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, ley de igualdad. ¿No es política de familia favorecer la conciliación de la vida personal y laboral? ¿No es política de familia favorecer los ascensos profesionales de las mujeres? ¿No es política de familia favorecer o impedir que el hecho de ser madre suponga un obstáculo en la carrera profesional de una mujer? ¿No es política de familia los planes de igualdad en las empresas? Sí lo son, en nuestra opinión, así como el apoyo a colectivos familiares con necesidades específicas, desde luego familias numerosas, monoparentales, homoparentales e inmigrantes entre otras.


Eso es creer en las familias, señoría, con mayúsculas; eso es, a diferencia de lo que creo que ustedes piensan legítimamente, favorecer el desarrollo constitucional del pluralismo en una sociedad avanzada y democrática como es la española en el siglo XXI. En estos tres primeros años de legislatura hemos puesto en marcha, por lo tanto,

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muchas iniciativas referentes a estos principios que le he descrito.
Empezaré por los cambios normativos. Así, por ejemplo, en materia de divorcio hemos flexibilizado el procedimiento posibilitando su solicitud directamente. Ya sé que para ustedes ésta no es una política aceptable, pero sin duda es un modo de reconocer que debemos proceder a la disolución de un vínculo cuando las personas así lo desean, sin que haya mayores contratiempos, mayores males para esas familias. Lo hemos hecho; y es que eso es lo que quiere la inmensa mayoría de los españoles.


Hemos posibilitado el matrimonio entre personas del mismo sexo con plena igualdad jurídica. Ya sé que esto no le gusta a la derecha española, pero sí al 70 por ciento de los españoles, que consideran que esta ley es justa, que es lógica y que es razonable. Y el reconocimiento de este tipo de uniones es política de familia; ¡claro que lo es!

La dignidad y la seguridad de las mujeres y sus hijos frente a las agresiones se concretó a finales de 2004 en una ley integral contra la violencia de género aprobada por unanimidad -algo que agradezco a todos los grupos parlamentarios-, y eso también es política de familia. Estamos buscando una mejor protección tanto de las mujeres como de sus hijos amenazados y, por tanto, ésa es una pieza que también influye en la política de familia. Y lo son también las mejoras en los procedimientos de adopción -algo importantísimo-, así como la participación y colaboración de las familias. Todo ello se ha concretado en el Consejo Consultivo de Adopción Internacional con la aprobación del reglamento que desarrolla la ley que desarrolla este consejo consultivo, que es muy importante, así como la aprobación del reglamento que desarrolla la protección a las familias numerosas, que ya está aprobado y contiene, por cierto, elementos importantes que aumentan la efectividad de la acción protectora dispensada a las familias; el plan estratégico de ciudadanía e integración 2007-2010 dirigido al conjunto de la población y orientado a potenciar cohesión social a través de políticas basadas en la igualdad de oportunidades, y la igualdad de derechos y deberes, y la conciliación de la vida laboral y familiar.


Como decía anteriormente, esta tarde esta Cámara aprobará el proyecto de ley orgánica para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres que introduce reformas en materia de conciliación, permisos, prestaciones por razones familiares, y especialmente un nuevo permiso por paternidad; la promoción de la mujer en la contratación cuando esté sub representada; el favorecimiento de su ascenso profesional; el acogimiento a cargo del sistema de Seguridad Social del coste de la Seguridad Social para bajas del padre o de la madre para cuidado de los hijos durante sus dos primeros años de vida, derechos todos ellos que hasta ahora no existían y que implican, por cierto, un elevado gasto público.


De otra parte está el Plan Concilia, que afecta a más de 500.000 empleados públicos, un plan que tampoco existía en 2004 y que incluye mejoras en permisos, reducción de jornadas, excedencias, flexibilización de horarios, destacando el nuevo permiso de paternidad de diez días de duración.


Y también está el empleo, señoría. ¿Cómo no considerar la incorporación de la mujer al empleo como un impulso al apoyo del espacio familiar? ¡Claro que de este modo se mejora la política de familia! Hace más de un cuarto de siglo sólo el 21 por ciento de las mujeres casadas trabajaban fuera de su hogar, y hoy son cerca del 50 por ciento las que lo hacen estando muy próximos a alcanzar las tasas de actividad europeas en empleo femenino.


El Plan de Acción para el Empleo establece, como saben, que el 60 por ciento de las acciones se dirija a mujeres. El acuerdo con las organizaciones profesionales agrarias ha supuesto el reconocimiento de la cotitularidad de las explotaciones; el ritmo de crecimiento del empleo femenino en 2005 y 2006 es del 5,2 por ciento, el doble que el masculino; y hemos conseguido que un millón de mujeres firmen contratos indefinidos en 2006, la mitad de ellos desde la firma del acuerdo para el empleo, para la reforma laboral. También esto ayuda, señorías, a la protección de la familia. Por último, el 59 por ciento del empleo creado ha sido ocupado por mujeres y el 52 por ciento de altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos fueron también mujeres.


Política de rentas. Hemos incrementado las pensiones mínimas, señorías. La mayoría de los perceptores son mujeres. Se ha experimentado el mayor aumento de todo el período democrático; ya hemos llegado a un 25 por ciento para estas pensiones mínimas, que continuarán creciendo muy por encima de la inflación también en los próximos años, y hemos subido el salario mínimo.


Prestaciones de Seguridad Social por razones familiares: maternidad y paternidad, permitiendo al padre disfrutar de la totalidad del permiso si fallece la madre, aunque ésta no tuviera derecho al mismo; mejora de las pensiones mínimas de viudedad, que afecta fundamentalmente a mujeres, en un 20 por ciento, y establecimiento de la compatibilidad de la pensión de viudedad con el SOVI, que afecta a más de 100.000 mujeres. Asimismo, la próxima ley de reforma de la Seguridad Social contemplará novedades y mejoras en la pensión de viudedad al ampliar sus beneficiarios a las parejas de hecho. Espero que estén de acuerdo con esa medida porque también es política de familia el reconocer la pensión de viudedad cuando falte un miembro de la familia, aunque se trate de una pareja de hecho.


Vaya usted sumando todo este gasto al 0,52 por ciento del PIB que nos dejaron ustedes y podrá comprobar que la suma es muy elevada, que estamos incrementando esos niveles de protección social y, además, creando nuevas prestaciones sociales. Por ejemplo, el permiso de paternidad -independiente del de la madre-; el permiso y subsidio por riesgo durante la lactancia en el que el sistema financia el 75 por ciento de la base reguladora -espero que coincida conmigo en que esto es política de familia, antes no existía-; un nuevo subsidio por maternidad destinado a aquellas trabajadoras que no reúnan el período de cotización mínima para acceder a la prestación habitual; así como beneficios en las cuotas de la Seguridad Social por razones familiares, por la contratación o reincorporación de mujeres en los 24 meses siguientes al parto o por la contratación de cuidadores al servicio de familias numerosas -por cierto, con una bonificación del 45 por ciento en las cuotas del régimen de empleados de hogar-. Es decir, si una familia numerosa contrata a una persona para ayudar en el hogar disfrutará de una bonificación del 45 por

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ciento -prácticamente, la mitad del coste de Seguridad Social-, mientras que cuando ustedes gobernaban no tenían ninguna bonificación, señora Do Campo, y tenían que pagar el 100 por ciento. No quiero discutir a este respecto porque creo que en ese punto estamos todos de acuerdo, pero se ha aplicado ahora, se ha puesto en marcha con este Gobierno, lo mismo que ha ocurrido con las deducciones por familiares a cargo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.


Señoría, no ha hecho usted bien las cuentas cuando ha comparado nuestra situación con la de otros países europeos. El IRPF incrementa notablemente los mínimos personales: el primer hijo, en 400 euros más al año; el segundo, en 500 euros más al año; el tercero, en 1.400 euros más al año; y, el cuarto, en 1.800 euros más al año. Igualmente, en el caso de menores de tres años, se incrementa de 1.200 a 2.200 euros, 1.000 euros más.


Voy a hacer una cuenta sencilla. Usted dice que una familia con dos hijos recibe 49 euros en España pero no es así, este año va a recibir mucho más porque con dos hijos hay 3.800 euros de mínimo personal que no tributa; además, si son menores de tres años hay que añadir 4.400 euros de mínimo personal por el que tampoco se tributa. Esas cantidades suman 8.200 euros, y supongo que sus conocimientos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas le permitirán distinguir que cuando se produce una deducción en el mínimo personal, dado que éste se deduce de la base, se tributa al tipo marginal. Por lo tanto, si calculamos un tipo marginal medio del 30 por ciento sobre estas cantidades, el resultado es que esta familia con dos hijos -que usted dice que percibe 50 euros al mes-, percibe 200 euros al mes. Además, si se trata de una familia en la que la madre tenga un empleo por cuenta ajena y perciba como deducción anticipada otros 100 euros al mes, estamos ya hablando de 300 euros al mes. Por lo tanto, no diga usted que estamos tan lejos de la media de la Unión Europea.


Ésa es la situación actual, derivada de la aplicación del nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. De igual modo, he de decir que este aumento de la deducción en el caso de los menores de tres años afecta a todas las madres, las que trabajan y las que no trabajan. Un aumento de 1.000 euros representa un porcentaje importante de desgravación fiscal, de no pago de impuestos y, por lo tanto, es una especie de deducción anticipada del impuesto y, en consecuencia, una ayuda.


Por lo que se refiere a prestaciones para hijos discapacitados, usted sabe que las hemos hecho compatibles con el empleo. Esa medida la ha adoptado este Gobierno y eso ayuda a las familias que tienen hijos discapacitados para que cuenten con una mejor protección.


Durante la etapa de gobierno de su partido esta situación era incompatible y, aunque no discuto la medida ni pretendo juzgar moralmente esa decisión, lo cierto es que ahora lo hemos hecho compatible, así como en el caso de la prestación por hijo a cargo discapacitado y la pensión de orfandad. Tampoco quiero hacer un juicio moral en este caso, señoría, pero ustedes hicieron estas prestaciones incompatibles y el gobierno del que formo parte las ha hecho compatibles. Es decir, un joven con más de un 65 por ciento de discapacidad y que además se quede huérfano, mientras que durante la etapa de gobierno del Partido Popular sólo podía optar por una de las dos ayudas, ahora podrá acumularlas. Eso también es política de familia.


Por tanto, una vez conseguida la universalización de derechos para todos los españoles por parte de los gobiernos socialistas, hoy tenemos también la ley de autonomía personal y protección a la dependencia. Creo que es una de las mejores piezas de defensa de los derechos de la familia, de todas las familias, y además va a generar cientos de miles de empleos, mayoritariamente femeninos.


En servicio de atención a la primera infancia, estamos alcanzando una tasa de cobertura cercana al 27 por ciento, muy próxima al 30 por ciento, objetivo de la Unión Europea para el año 2010. Por tanto, estamos haciendo un importante esfuerzo. Aumentan los servicios de orientación familiar, mediación familiar y puntos de encuentro familiar, planes de acción para personas con discapacidad y personas mayores, medidas de sensibilización y divulgación de nuevos valores.


Para acabar, señoría, le diré que en fechas próximas tenemos previsto crear el consejo estatal y el observatorio estatal de familias como órganos que sirvan de cauce formal de participación social en estas materias, con representación de la Administración general del Estado y del movimiento asociativo familiar. Incluirán las funciones previstas en la Ley de Protección a las Familias Numerosas, así como otras competencias más amplias.


Señorías, creo que pueden observar ustedes la amplitud del compromiso con las familias: ayudas por hijo a cargo, claro; desgravaciones fiscales, claro; ley de igualdad, claro; ley de dependencia, claro. Por tanto, fomento de servicios que estén a disposición de las familias que permitan conciliar mejor la vida personal y familiar.


Ya verá cómo cuando la Unión Europea analice este periodo nos dirá que el gasto en España se ha incrementado mucho en protección a las familias.
Ese era nuestro compromiso y lo estamos cumpliendo.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor ministro.


La senadora interpelante tiene la palabra.


La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, la primera conclusión que saco de su intervención es que usted no escucha, porque usted no ha contestado a lo que aquí se le ha preguntado, por lo que han sido sus incumplimientos del programa electoral. Usted no ha contestado sobre la creación de la secretaría de estado de políticas familiares y la creación del consejo estatal de políticas de familia. No ha contestado por qué no se extiende la paga de los cien euros o se lleva a cabo la deducción anticipada para todas las madres de hijos menores de tres años, señor Caldera; contésteme a eso.


Contésteme por qué no incrementa las prestaciones por hijo a cargo, que es de lo que le he estado hablando. Según la tabla, la prestación por hijo a cargo en España es de 24,25 euros al mes, frente a otros países, como Dinamarca, que alcanzan los 120,78 euros por hijo a cargo. Y usted no me ha contestado a esto. Era otro compromiso electoral suyo y del señor Rodríguez Zapatero que iba a ser uni-

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versal, para todas las familias, sin considerar el nivel de renta, y a eso usted no me contesta, como tampoco respecto a los incrementos que ustedes dijeron que iban a hacer realidad. Incluso, decían que iban a incrementar la edad de los niños para poder percibir estas prestaciones. Pero usted no ha contestado nada sobre eso.


No me contesta qué pasa con la prestación económica por nacimiento, qué pasa con la reforma fiscal, dónde está la reducción en la imposición indirecta -me refiero al IVA- por los gastos familiares, como decían en su programa electoral. No me lo estoy inventando. Al próximo día le doy a usted, en mano, su programa electoral, bien subrayado. Le pido que se lo lea.


¿Dónde están sus ayudas a la natalidad? ¿Dónde están los apoyos a la familia en los Presupuestos Generales del Estado, señor Caldera? Usted sigue sin contestar, es decir, usted no tiene autoridad moral para darnos aquí ninguna lección, sobre todo cuando ustedes están haciendo un incumplimiento reiterado de sus promesas.


Se ha referido usted a la ley de igualdad, que no nombré porque tendremos toda la tarde para hablar de ella, pero, ya que cree que están avanzando tanto, le anticipo que diga a sus compañeros de grupo que esta tarde voten a favor de nuestras enmiendas, mediante las que ampliamos las prestaciones económicas para las mujeres, el horario de lactancia hasta las dos horas -no una hora, como se contempla en la ley- y el permiso de paternidad.


Usted viene aquí a presumir del permiso de paternidad. ¿Por qué no lo pone en las cuatro semanas? Nos vamos a quedar con los quince días. ¿Por qué no aceptan nuestra enmienda sobre el permiso por maternidad, donde pedimos que a partir del segundo hijo sean 20 semanas, en lugar de las 16 semanas actuales?

Señor Caldera, de verdad que está repitiendo el discurso que hace un año nos expuso en esta Cámara, ni más ni menos. No ha dicho nada nuevo. Y esto es así porque no tienen compromiso con la familia. Y se lo reitero: no lo dice sólo el Grupo Parlamentario Popular, lo están diciendo las asociaciones y los colectivos que están trabajando por la familia, porque podríamos ponernos a leer muchísimas declaraciones que se están haciendo en los medios de comunicación y que están diciendo eso, es decir: España es el único país de la Unión Europea que destina menos del 1 por ciento del PIB a la familia. El Gobierno maltrata a las familias. Todo esto ha salido en los medios de comunicación. Su Gabinete no se lo da y usted no se entera.


Le vuelvo a reiterar -se lo dije ya el 21 de febrero-: ¿Dígame usted dónde está el plan integral de la familia? Usted no contesta, y usted nos había dicho en septiembre del 2004, en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en esta Cámara -y le leo lo que usted ha dicho-: Se prevé la elaboración de un nuevo plan integral de apoyo a las familias que incluye distintas perspectivas y agentes implicados, teniendo en cuenta, naturalmente, las posibilidades presupuestarias de cada momento.


Me está dando la razón, señor Caldera. No hay aumento de presupuesto en políticas de familia. Hay una congelación presupuestaria en sus políticas. Y por eso usted no puede llevar a cabo ni este plan ni ninguna otra de las propuestas que ustedes alardean que van a hacer. Y al final nada, de nada, de nada.


Señor Caldera, yo le pido que vuelva a releer lo que se aprobó en esta Cámara hace un año, una moción consecuencia de interpelación -le adelanto que la semana que viene, en el próximo Pleno presentaremos una moción consecuencia de interpelación-, pero le digo que ustedes se han tomado a la torera lo que se aprobó en esta Cámara por mayoría, es decir, que pusieran en marcha el observatorio de la familia; que elaboraran un nuevo plan integral de apoyo a la familia, dotado de más medios y de recursos necesarios en conjunto con las comunidades autónomas en su diseño, al objeto de garantizar su posterior ejecución; y que analizaran y establecieran con comunidades autónomas medidas dirigidas a equiparar esas ayudas a las familia con el resto de países de la Unión Europea. Y ustedes de eso nada de nada.


Y por lo tanto, no nos venga a dar lecciones, porque nosotros sabemos muy bien la situación que tenía España en gasto en política social en 1996.
Por ponerle un ejemplo le diré que nosotros en los tramos de 1996 al 2002 -y no le doy un dato del Grupo Parlamentario Popular, sino que es un dato que se publicó en Eurostat- se incrementó el gasto social por habitante a un ritmo del 8,2 por ciento frente al 7 por ciento de la Unión Europea.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Senadora, por favor, vaya concluyendo.


La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Termino, señor presidente.


Nosotros hemos tenido una situación heredada en el año 1996 y nosotros hemos puesto a la familia donde la tuvimos que poner.


Con esa ley de familias numerosas y con su reglamento usted presume. ¿Pero cuánto tardaron en hacer el reglamento de la ley de familias numerosas, señor Caldera? Se aprobó la ley en noviembre de 2003; a mediados de marzo de 2004 ustedes ganaron las elecciones y ustedes tendrían que haber hecho el reglamento de desarrollo de familias numerosas y, sin embargo, tardaron año y medio en hacerlo. Por cierto, ni las propias familias numerosas están satisfechas con ese reglamento que ustedes han aprobado.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora senadora.


Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Muchas gracias, señor presidente.


Lo que yo sé muy bien es que en el año 2004, como usted ha recordado -usted misma ha hecho su autocrítica-, efectivamente el gasto en protección familiar en España era del 0,52 por ciento del PIB. Yo sólo le digo a usted que espere a que salgan las cifras del año 2007, y le digo que esa cifra será muy superior -lo verá su señoría-. Por cierto, sí la escucho. Señora Do Campo, le he explicado que crearemos el consejo estatal y el observatorio estatal de familias en fechas próximas.


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Y claro que hay una secretaría de Estado de políticas de familias, la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias -no familia- y Discapacidad. Sí que tengo una secretaría de Estado. Por tanto, no sé a qué viene echarnos en cara incumplimientos que no existen.


Y sobre IRPF se lo he dicho. Hemos elegido el camino de incrementar los mínimos por circunstancias personales y familiares, que lo que suponen es que el ciudadano paga menos impuestos y, por tanto, se libera renta a su favor. Y se lo he explicado: En el mínimo personal por cada persona se aumenta 1.650 euros desde este año. Una familia con dos padres, padre y madre, son ya 3.000 euros. Por cada hijo, por el primero se aumenta 400 euros el mínimo personal, así hasta 1.800 en el cuarto. Además, en el caso de menores de tres años, en su reforma no se aplicaba a las madres que no tuvieran trabajo por cuenta ajena, y ahora se aplica a todas, y si usted incrementa 1.000 euros al año el mínimo personal y familiar, quiere decir que si, por ejemplo, en marginales es de un 30 por ciento, está entregando 300 euros al año; si es de un 40, está entregando 400 euros al año adicionales a los que existen actualmente. Por tanto, es una importante ayuda en términos económicos. Aquí está, en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que se aplicará desde este año. Y no me hable del programa electoral porque yo mismo lo coordiné y, como le estoy indicando, estamos sobrecumpliendo, estamos yendo incluso mucho más allá, por fortuna, de las medidas comprometidas también en protección a la familia, como ocurre con la ley de igualdad. Y le he explicado, señoría, las nuevas prestaciones que se incorporan como el permiso de paternidad, ahora de quince días pero que en seis años será de treinta días, y con ustedes no había nada. Ahora nos piden que alcancemos todo de golpe cuando ustedes no pusieron nada en marcha. Por tanto, está el permiso de paternidad pero, además, se han introducido mejoras en la protección del derecho de la madre a la lactancia, en contra de lo que ocurría anteriormente; ayudas, íntegramente con cargo al sistema de la Seguridad Social, si se decide utilizar los permisos hasta los dos años para el mantenimiento y la crianza de los hijos, y otras ayudas que le he explicado de forma pormenorizada y que incorporan, sin duda, elementos de protección notable para la familia.


Yo lamento que usted tenga una visión estrecha de la familia, nosotros la tenemos mucho más amplia, como la sociedad española, y lamento que no considere la ley de igualdad ni la ley de dependencia o que no considere la política en favor de escuelas infantiles, que está creciendo, como le he indicado, como elementos que benefician y protegen a la familia y como gastos directamente dirigidos a las familias españolas. Porque si usted va sumando esos gastos verá que solo en el año 2007 se produce un incremento de más de 2.500 millones de euros entre la aplicación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las aportaciones estatales y de las comunidades autónomas en dependencia y el presupuesto que acompaña a la ley de igualdad, lo que supone casi tres décimas de nuestro producto interior bruto en solo un año -estoy hablando de 2007-, tres décimas más de gasto en familia sobre nuestro producto interior bruto, cuando nosotros recibimos una situación de gasto del 0,52 por ciento. O sea, que sólo en un año hemos hecho un esfuerzo superior al 50 por ciento al que hicieron ustedes cuando gobernaban. Por tanto, no parece que puedan recriminar a este Gobierno esas políticas de familia.
El Gobierno está con la familia y seguiremos incrementando la protección y las ayudas porque ese es nuestro compromiso con la sociedad española.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor ministro.


-- DE D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LOS PLANES, PROYECTOS, INVERSIONES Y CALENDARIO DE ACTUACIÓN PREVISTOS POR EL GOBIERNO PARA LA MEJORA DEL EJE SUBPIRENAICO Y SUS CONEXIONES (S.
670/000146).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Interpelación del senador Mur sobre planes, proyectos, inversiones y calendario de actuación previstos por el Gobierno para la mejora del eje subpirenaico y sus conexiones.


Tiene la palabra el senador Mur.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señora ministra.


Espero que la incidencia meteorológica nos deje terminar la sesión de la mañana, yo voy a intentar ser lo más breve y conciso posible en un asunto que es muy amplio.


La señora ministra sabe perfectamente que las comunicaciones, tanto por carretera como por ferrocarril, son elementos determinantes para el desarrollo de los Pirineos, una zona con identidad propia y con problemas propios, contemplados con una visión de conjunto, es decir, en sentido Este-Oeste, Cataluña, Aragón, Navarra y el País Vasco, y también en sentido Norte-Sur y sus conexiones con Europa a través de Francia.


Los Pirineos, según nuestro concepto, son un conjunto montañoso con altitudes de más de 3.000 metros, en un área integrada que se extiende a lo largo de tres Estados: Francia, España y Andorra, en el mediodía de Europa, con más de 200.000 kilómetros cuadrados de superficie, en un rectángulo de cien kilómetros de ancho y 600 de largo y donde habitan más de 18 millones de habitantes.


Esta es la realidad de los Pirineos, pero no se preocupe, señora ministra, que voy a hablar solo de la parte de los Pirineos que afecta al Estado español aunque todo está muy integrado. Usted me dirá, con razón, que si construimos carreteras que luego no continúan por Francia será un esfuerzo no del todo satisfactorio. Por tanto, la política de comunicaciones debe hacerse con una visión de conjunto y, sobre todo, contando con la política de comunicaciones de nuestros vecinos, con quienes queremos comunicarnos.


Esta realidad del desarrollo de esa zona pirenaica y de sus habitantes está fuertemente condicionada por las comunicaciones. Y diría más: en este momento, y desde el punto de vista relativo, las comunicaciones están peor que hace cien años; hace cien años todas las comunicaciones eran malas, por supuesto, también en el Pirineo, pero por muchas razones -y las orográficas cuentan mucho- en otros lugares han avanzado más.


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Sé que se han hecho grandes esfuerzos para avanzar en las comunicaciones norte-sur, en los grandes ejes de penetración, sobre todo en aquellos que por los extremos nos comunican con Europa a través de Francia, en el centro y en los aledaños de la periferia, que todavía son insuficientes porque, evidentemente, una frontera tan extensa -una línea divisoria, puesto que ya no hay fronteras- debe tener muchos más pasos transfronterizos de alta capacidad. Pero, señora ministra, hoy no toca hablar de esto. Es una materia en la que ustedes están trabajando, que nosotros seguimos e impulsaremos en la medida en que sea necesario.


Tampoco toca hablar del ferrocarril, aunque, como usted sabe perfectamente, estos días está muy de moda nuevamente por la visita de los comisarios europeos el ferrocarril de Canfrac, siempre controvertido, siempre deseado y nunca alcanzado, y con esa travesía de baja cota cuya ubicación definitiva no acabamos de encontrar.


Pero, repito, hoy no toca esto. Hoy toca presentar mi interpelación y que usted nos diga usted cuáles son los planes, los proyectos, las inversiones y el calendario que tiene previsto -que sé que lo hay, así como algunas actuaciones que me gustaría que nos concretara- para ver en qué medida hay que acelerarlas, complementarlas, darles mayor financiación y, sobre todo, acotar los plazos.


Es esa carretera que en la mayor parte de su tramo es la antigua N-260, no sé si con las nuevas terminologías seguirá siendo la misma , pero estoy seguro de que la señora ministra sabe exactamente a qué tramos me estoy refiriendo.


La problemática que hoy estoy planteando, que es mucho más amplia, como he dicho antes, quedó claramente puesta de manifiesto en la ponencia de estudios sobre comunicaciones y desarrollo del Pirineo que tuvo lugar en esta Cámara, que produjo algunas conclusiones que fueron aprobadas por este Pleno, y que estoy seguro de que la señora ministra conoce y consulta de vez en cuando, porque hay mucha información, muchos datos, muchas demandas históricas y, sobre todo, propuestas de actuación que necesitan ser asumidas, establecer un calendario, fijar un pazo y dotarlas de presupuesto.


En esa ponencia ha jugado un papel fundamental, y lo debe volver a jugar, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, una entidad un tanto extraña, heterogénea, formada por comunidades autónomas de España, por regiones de Francia, por el Estado andorrano, y que hasta ahora ha sido más bien un gabinete de relaciones, de estudio, de proximidad, de intercambio de ideas, pero que ahora, como la señora ministra sin duda conoce, ha logrado una figura jurídica de consorcio con capacidad de obra y con presupuesto, lo cual vendría muy bien para lo que posteriormente plasmaré en la moción subsiguiente a esta interpelación.


La Comunidad de Trabajo de los Pirineos, aparte de tener una visión de conjunto y conocer muy detalladamente los problemas y las soluciones a las comunicaciones en el Pirineo, a partir de este momento puede y debe ser un instrumento importante en la tarea de ejecución de todo este tipo de obras del propio ministerio si logran evidentemente hablar, dialogar, concordar y ponerse de acuerdo.


Ya sé que, además, el tema competencial es complejo, porque algunos de los ejes transversales en la N-260, la N-230 que sube desde Lleida hasta el Valle de Arán, son competencia del Estado, y también hay una cantidad de carreteras o carreterillas -empleo este diminutivo cariñoso por su anchura- que son competencia de las comunidades autónomas, de las diputaciones provinciales y de otros entes; por tanto, la solución al problema no resulta del todo fácil.


Evidentemente, lo que pido a la señora ministra es lo que concierne a su responsabilidad, a sus competencias, y en ese sentido, la unión, la mejora del tráfico entre el Cantábrico y el Mediterráneo, fundamentalmente en Navarra, Aragón y una gran parte de Cataluña, que es donde está el meollo del problema y, sobre todo, en tramos -y ahora me refiero a la provincia de Huesca, es decir, a la Comunidad Autónoma de Aragón- que son muy sensibles, que padecen un abandono histórico por muchas razones, y ahora es el momento de impulsarlos, de darles velocidad porque, además de comunicar zonas que ya están comunicadas en los ejes norte-sur, la comunicación este-oeste nos vendría muy bien y porque, sobre todo, están vinculadas a obras hidráulicas. Y me refiero al tramo de comunicación de la unión de Navarra con Aragón, con Jaca, en una zona afectada por el embalse de Yesa, que está en una construcción indefinida y respecto del que creo que no se está actuando bien. El Ministerio de Fomento, aparte de hacer la carretera, la autovía o lo que se considere más oportuno para comunicar Navarra con Jaca y por tanto con Sabiñánigo, y por tanto con Biescas, y por tanto con Boltaña, y por tanto con Aínsa, y por tanto con Pont de Suert, y por tanto con Pobla de Segur, ese eje sufre allí ese atasco, pero ahora que se va a hacer la obra del pantano de Yesa, anticípense ustedes, porque si no va a ocurrir lo siguiente, que el pantano de Yesa se va a hacer utilizando la carretera actual -que es muy deficiente- como carretera de servicio para hacer las obras. El caos está asegurado. Pero como después hay que hacer la autovía -porque hay que hacerla ya que la cota del pantano va a obligar a ello-, hagámosla cuanto antes y hagamos lo beneficioso de una obra hidráulica -en este caso una nueva carretera, una nueva autovía- antes que lo que puede resultar más complicado y que es el embalse.


Y lo mismo ocurre en otro tramo de esa carretera, en el de Fiscal a Boltaña, a los túneles de Balupor. Ese es un tramo que tiene pocos problemas orográficos, pero ha estado muy condicionado por un pantano que, afortunadamente, se ha desechado en el Plan Hidrológico Nacional, el pantano de Jánovas. Precisamente a causa de ese pantano no estaba definido por dónde iba la carretera. Pues bien, ya no hay problema; ya sabemos que no hay pantano; ya sabemos que la carretera irá más o menos por donde va la actual. Aquello es una enorme llanura de 14 kilómetros, señora ministra, y, desde luego, merecería que los 40 años de retraso y de hipoteca que ha tenido en aquella comarca el pantano, ahora, la mejora de ese tramo de carretera, que enlazaría con dos tramos determinados, el de Boltaña y el que espero que terminen pronto, el de Yebra a Fiscal, que es una obra que están haciendo y que si hay suerte espero que se terminará dentro de unos meses, también daría continuidad a un eje muy necesario y a unas zonas que, como le digo, han estado muy condicionadas por los pantanos.


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Después tenemos que resolver el tramo de Campo hasta Pont de Suert, un tramo muy complicado por su orografía contrariamente a lo que le decía del anterior. Porque cuando llegamos a Pont de Suert nos encontramos con el eje que sube de la carretera 230 de Lleida al Valle de Arán que sí nos permite subir desde abajo, pero luego, la gente que sube de Lleida al Valle de Arán no puede ir fácilmente al valle de Benasque ni al Sobrarbe ni a la Ribagorza porque nos falla la comunicación horizontal.


En definitiva, señora ministra, ya sé que usted nos va a proporcionar información y estoy seguro de que va a ser relevante. Ese eje conlleva mejorías en los trazados, ensanches en muchos tramos de la carretera, arcenes -hay tramos en la nacional 260 que son tercermundistas, señora ministra-, rotondas, iluminar algunos pasos que están cerca de poblaciones que tienen un riesgo añadido, hacer áreas de descanso. Usted seguramente no sabe que hay un proyecto aprobado desde hace diez años en esa carretera en el tramo que va de Sabiñánigo a Biescas. Por cierto, tenemos en esta Cámara como senador al alcalde de Sabiñánigo y seguramente lo conoce. Es una zona estupenda. Hay allí una antigua casilla totalmente deshabitada y hay redactado un proyecto desde 1996 para hacer un área de descanso sobre esta carretera, y además me consta que el presupuesto es pequeño. Es decir, son una serie de cuestiones que una a una quizá no parezcan relevantes, pero que en conjunto estoy seguro de que nos ayudarían mucho a mejorar ese eje subpirenaico, a comunicarlo con los ejes norte-sur, a comunicar los valles entre sí y, en definitiva, a colaborar al desarrollo del Pirineo en su concepción integral.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Para contestar a esta interpelación tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Aza): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, el eje subpirenaico en su itinerario transversal, que discurre al sur de los Pirineos a través de las comunidades de Cataluña y Aragón -no voy a hablar del País Vasco ni de Navarra porque saben ustedes que las carreteras de los Pirineos son de titularidad autonómica- tiene una longitud de 579 kilómetros y prácticamente todo él está formado por carreteras convencionales a excepción de 14 kilómetros de autovía entre Argelaguer y Olot.


Sus conexiones norte-sur, además del eje subpirenaico que le he descrito y cuya importancia usted ha resaltado, son las de Huesca-Somport, Lleida-frontera francesa, conexión con Andorra-Puigcerdà-Francia y Girona-frontera francesa.


Si me permite, voy a dividir mi respuesta a su interpelación en dos partes. Vamos a hablar primero del eje subpirenaico, y vamos a agrupar las actuaciones que estamos haciendo en cuatro clases distintas. Por un lado, los tramos que se están transformando en autovía. Por otro, aquellos en los que las actuaciones consisten en los acondicionamientos de las carreteras, que saben ustedes que son mejoras de los trazados sobre la base de proyectar curvas de radio amplios y de disminuir las rampas y las pendientes, para lo cual en muchas ocasiones hay que construir viaductos o túneles. Un tercer tipo de actuación es hacer variantes de población, que tiene como novedad frente a lo anterior que es un nuevo trazado totalmente distinto para sustituir la variante que pasa por los núcleos urbanos por otra conexión que evita pasar por ellos.
Y por último, otro tipo de actuación que estamos llevando a cabo es construir tramos completamente nuevos por un itinerario distinto al de la carretera actual. En este caso solamente hay que resaltar una actuación, y ahora le daré los detalles.


Además de estas actuaciones, y como es natural, en todo el eje se llevan a cabo actuaciones de conservación y seguridad vial ordinaria, que son reparaciones y refuerzos de firme, corrección de taludes que puedan producir desprendimientos, colocación de barreras de seguridad, renovación y reparación de la señalización y pequeñas obras para mejorar intersecciones, estrechamientos o puntos que puedan representar algún peligro.


A continuación les voy a dar algunos datos sobre lo que estamos haciendo en cada caso para modernizar este eje. En primer lugar, en relación con la transformación en autovía, le diré que de todo ese eje subpirenaico estamos transformando en autovía 130 kilómetros en dos zonas que, además, suponen 17 tramos en total. Entre el límite de Navarra y Sabiñánigo, por el que usted me ha preguntado, hay 80 kilómetros, y entre Olot y Figueras, 47 kilómetros. En todos estos casos lo estamos transformando en autovía. En 2004, cuando llegamos al Gobierno, estaba en servicio un tramo, Montagut-Olot, y obras en otros dos, Besalú-Argelaguer y Argelaguer-Montagut, pero el resto, catorce tramos, no tenían ni siquiera proyecto. Nosotros hemos puesto en servicio un tramo más, Argelaguer-Montagut, y hemos impulsado notablemente las obras de un tramo, Besalú-Argelaguer, que ha pasado del 2 por ciento de ejecución en el que nos lo encontramos al 80 por ciento en 2007, de tal manera que ya le puedo decir que lo vamos a poner en servicio en este año 2007. Además, hemos licitado e iniciado las obras de dos tramos más, Barranco de las Colladas-enlace con la A-1601, y Sabiñánigo oeste-Jaca este, y estamos redactando todos los proyectos que faltan para completar la transformación en autovía de estos 130 kilómetros en 11 proyectos, con la única excepción, señorías, de 25 kilómetros en el tramo catalán entre Figueres y Cabanelles, que está pendiente de terminar el estudio informativo, aunque ya le puedo también avanzar que lo tenemos prácticamente finalizado.


Hay un segundo grupo de actuaciones que consiste en el acondicionamiento de las carreteras existentes. En el eje subpirenaico se van a acondicionar todos los tramos que carecen de las condiciones técnicas adecuadas. Estas actuaciones, frente a lo que sucede a la variante -ya se lo he comentado antes- discurren por el mismo corredor que la carretera actual, aunque en ocasiones su mejora requiere separarse del trazado existente. Todo ello presenta dificultades adicionales a lo que supone la construcción de una nueva carretera, porque además de trabajar sobre la carretera existente tenemos que hacer compatible el tráfico con las obras que se están realizando. En este caso vamos a actuar sobre 130 kilómetros en el eje subpirenaico, de los cuales ya tenemos en proyecto 70. Del resto se están haciendo los estudios informativos, alguno de los cuales ya está aprobado, como el de Ribes de Freser y La

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Molina, por lo que se iniciará en breve la redacción de los proyectos este mismo año 2007.


En relación con las actuaciones realizadas en esta legislatura, quiero comentarle que las hemos impulsado notablemente. Hemos iniciado el estudio informativo de un nuevo tramo que abarca 16 kilómetros, Adrall-Canturri, y hemos puesto en servicio un tramo de 11 kilómetros, Colera-Portbou. Asimismo, en este año 2007 vamos a licitar las obras de un tramo, Castejón de Sos-Congosto del Ventanillo; tramo del que ya le comento, y usted lo sabe, que existía un proyecto antiguo que hemos procedido a actualizar antes de licitar las obras.


En cuanto a las variantes de población, como su señoría sabe, suponen hacer nuevos tramos de carretera para sustituir los existentes y evitar así el paso por las zonas urbanas. Quiero destacar que existen normalmente, y más en la zona geográfica de la que estamos hablando, importantes obras como viaductos, túneles, grandes terraplenes y desmontes. Todo ello se realiza a fin de disponer de carreteras, aunque convencionales, modernas y con trazados óptimos que faciliten la movilidad y proporcionen buenas condiciones de seguridad. La diferencia con los acondicionamientos es que los trazados son completamente nuevos.


El impulso que estamos dando se puede apreciar a la luz de los datos. Está prevista la construcción de cinco variantes de población: Aínsa, la Pobla de Segur, Gerri de la Sal, Portbou y La de Urgel y Ribes de Fresser.
Estamos elaborando los proyectos y los estudios informativos de todas ellas y uno de ellos, el la variante de La Seo de Urgel, ha sido iniciado por nosotros. En el año 2007 vamos a licitar las obras de Gerri de la Sal.


Respecto a las nuevas carreteras, para terminar con esta panorámica sobre lo que estamos haciendo en el eje subpirenaico, voy a referirme a una actuación singular: una carretera completamente nueva entre Sabiñánigo y Fiscal, en Huesca, por la que usted ha preguntado expresamente. Este nuevo trazado unirá directamente estas dos poblaciones a través de un tramo de 23 kilómetros que sustituirá al actual, de 55 kilómetros, y cuya terminación está prevista para el 2009.


No obstante, señoría, en relación con este mismo tramo cabe decir que, mientras se pone en servicio la nueva vía y para mejorar las condiciones de seguridad y circulación de estos 55 kilómetros actuales, vamos a actuar sobre la carretera actual entre Sabiñánigo y Fiscal. Están previstas importantes actuaciones de conservación, como el refuerzo del firme y la adecuación de las barreras de seguridad. Para ello, ya hemos iniciado la redacción del proyecto y puedo avanzarle que vamos a licitar las obras en 2007, siendo la inversión prevista de 19 millones de euros.


Para terminar mi exposición sobre las actuaciones que van a llevarse a cabo en el eje subpirenaico, permítanme comentarle el acuerdo suscrito con la Generalitat de Cataluña para intercambiar la titularidad entre Olot y Ripoll de la N-260 y la C-26, que pasará a denominarse N-260. Este intercambio se hace en razón al tráfico y a las conexiones. De todas maneras, le anuncio que el Consejo de Ministros autorizó el traspaso el pasado 23 de febrero de 2007 y que el acuerdo se firmará en las próximas semanas.


Respecto a las conexiones transversales, a las que su señoría también ha hecho referencia, quiero comentarle que está previsto realizar una serie de actuaciones para la mejora de cinco conexiones entre el norte y el sur que cruzan este eje, como ya he citado antes. He de decirle que vamos a transformar la conexión de Huesca-Somport en autovía entre Huesca y Jaca y a mejorar la carretera convencional entre Jaca y la frontera francesa.


De este tramo entre Huesca y Jaca cabe decir que desde el año 2004 hasta la fecha se han iniciado obras en tres tramos: Nueno-Congosto del Isuela, Alto del Monrepós y Jaca-Sabiñánigo. Hemos licitado las obras de un tramo, Congosto del Isuela-Arguis, e iniciado la redacción de todos los proyectos que no se habían iniciado con anterioridad desde el Alto de Monrepós hasta Sabiñánigo en un total de seis tramos. Además, en el 2007 vamos a licitar las obras de uno de los tramos que están en proyecto, el de Caldearenas-Lanave.


En cuanto al tramo Jaca-Somport-frontera francesa, tenemos en redacción el estudio informativo y en él se integran las variantes de Villanúa y de Castiello de Jaca.


Respecto al eje Lleida-frontera francesa, quiero comentarle que en el PEIT hemos previsto transformarlo en autovía, concretamente entre Lleida y Sopeira, al sur del eje subpirenaico, y acondicionarlo en carretera convencional al norte, entre Sopeira y la frontera francesa.


En lo relativo a la transformación en autovía entre Lleida y Sopeira, quiero comentarles que hemos aprobado el estudio informativo, y ya hemos iniciado la redacción de los proyectos de los tres tramos de la provincia de Lleida. Además, este año 2007 vamos a iniciar la redacción de los proyectos de los seis tramos de la provincia de Huesca, de tal manera que a finales de 2007 vamos a licitar las obras del primer tramo entre Lleida y Roselló.


Entre Sopeira y la frontera francesa tenemos dos estudios informativos en redacción: Sopeira-Túnel de Vielha y Túnel de Vielha-frontera francesa.
Tenemos un tramo en obras empezado en 2004, el nuevo túnel de Vielha, que se terminará en el cuarto trimestre de este año 2007.


Sobre la conexión del Eje pirenaico con Andorra, he de comentarle que se lleva a cabo a través de la N-145, que conecta La Seo de Urgel con la frontera. Está previsto el acondicionamiento de este tramo, y para ello estamos terminando el proyecto y las obras se licitarán en este mismo año 2007.


En la conexión de Puigcerdà con Francia se ha previsto la mejora de la carretera existente mediante la variante de Puigcerdà, de la que estamos redactando el proyecto. Esta variante conecta con un tramo en Francia que todavía está en una fase muy anterior a la nuestra, equivalente a nuestro estudio informativo.


Y entre Girona y la frontera francesa me referiré a dos vías, que son las que realizan la actual conexión. En primer lugar, la carretera N-II, cuya transformación en autovía está prevista, hemos aprobado el correspondiente estudio informativo y tenemos un proyecto en redacción entre Mendiya y Bàscara. En segundo lugar, la autopista AP-7, sobre la que firmamos un convenio con ACESA el 20 de abril de 2006, y acordamos incrementar el número de carriles de esta autopista entre Girona y la frontera francesa para disponer de cuatro carriles en la variante de Girona y de tres desde esta a la frontera.


Para concluir, permítame que le comente el nuevo corredor de alta capacidad previsto al sur del eje pirenaico, la futura autovía Huesca-Lleida, la A-22, que plantea-

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mos como una alternativa a la actual N-240, con casi 90 kilómetros de longitud. Esta autovía servirá, igual que el eje subpirenaico, para facilitar la conexión entre la cornisa cantábrica y el Mediterráneo. Como su señoría sabe, hemos impulsado notablemente esta actuación, de tal manera que hemos pasado de un tramo con obras licitadas en abril de 2004 a 10 tramos con obras licitadas o en ejecución en marzo de 2007.


En resumen y para terminar, señoría, como ha podido comprobar, el Gobierno ha apostado decididamente por la mejora tanto de las comunicaciones en el eje pirenaico como de sus conexiones con los corredores que la atraviesan transversalmente. En los tres años que llevamos de Gobierno hemos puesto en servicio tres tramos iniciados en la legislatura anterior. Hemos licitado e iniciado obras en seis tramos. Hemos licitado e iniciado proyectos en otros 23 tramos. Hemos licitado o iniciado dos estudios informativos y, como es lógico, hemos continuado todo lo que estaba en marcha de la legislatura anterior. Además, y como le he adelantado, en el presente año 2007 vamos a licitar las obras de otros cinco tramos.


Todas estas actuaciones que tenemos previstas y que les he detallado ponen de manifiesto que consideramos este eje un elemento esencial para el desarrollo económico y social de los Pirineos y de las poblaciones situadas en las proximidades de la N-260.


Señoría, le pido disculpas si en algún detalle no he sido lo precisa que usted me había planteado, pero repito que estamos hablando de casi 600 kilómetros en los Pirineos y que los tramos en muchas ocasiones van de nueve en nueve kilómetros; por tanto, he hecho el mayor esfuerzo posible para darle los datos con el mayor detalle. No obstante, espero que en el turno de dúplica usted me diga si tiene interés en conocer algún tramo con mayor precisión, porque ya le avanzo que he traído todos los tramos, ficha por ficha, detallados.


Muchas gracias (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Tiene la palabra el senador interpelante, el señor Mur.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra.


Descuiden sus señorías que no voy a seguir interrogando a la señora ministra, que ha venido muy bien preparada, no esperaba menos de ella, y por tanto no voy a pedirle más detalles.


Me importan los detalles, por supuesto, pero me importan sobre todo la filosofía y el compromiso. Valoro muy positivamente lo que usted ha dicho aquí, los avances que se han producido y la visión de conjunto que tienen de este tramo carretero que, quizá por estar un poco alejado y ser transversal -parece que en España solamente son importantes los ejes radiales, o por lo menos hasta ahora-, estaba un poco olvidado. Sin embargo, he comprobado que tiene usted perfectamente calendados y fichados todos los tramos de un eje que resulta complicado en algunos momentos por la orografía o por otras condiciones del terreno. En ese aspecto no tengo nada que decirle, sino pedirle, en la medida de lo posible -ya sé que no es solo cuestión de voluntad política, sino que intervienen otros muchos factores-, que acelere algunos de los proyectos.
Creo que es preferible empezar y terminar cuanto antes los proyectos que no dar por empezados muchos y no terminar ninguno. Yo me estoy refiriendo a un proyecto que nos preocupa en concreto, en el que su responsabilidad es solo parcial, porque procede el Gobierno anterior, que seguramente no hizo las cosas bien y se están pagando las consecuencias: el tramo de carretera nueva que va desde Yebra de Basa, al lado de Sabiñánigo -lo digo para que no se enfade nuestro alcalde y senador- hasta Fiscal; me refiero a Fiscal porque su alcalde también merece ser nombrado en este Pleno. Este es un tramo complicado, en el que ha habido que hacer un túnel y unas modificaciones. Sin embargo, me ha alarmado que usted haya dicho que las obras no se terminarán hasta el año 2009, porque yo pensaba que finalizarían este año o, quizá, en las elecciones de 2008. Me alarma que no esté terminado todavía. Sé que existen algunas dificultades técnicas y, quizá, alguna herencia difícil, pero sí le pediría un mayor esfuerzo. Ya sé que, al final, son las empresas contratistas las que hacen las obras y el ministerio puede hacer poco, pero yo sí le pido que presione allí, porque son demasiados años para la culminación de las obras de un tramo de carretera que, si tiene alguna dificultad, hoy la tecnología nos permite vencerla.


Por otra parte, le animo a seguir con unas obras que a mí me congratulan mucho, pues he peleado mucho por ellas, como es el tramo de Biescas a Fiscal de la actual N-260, porque es la carretera que va a quedar fuera de servicio cuando se ponga en marcha el tramo del que le hablo. A mí me alarmaba mucho que, siendo una carretera de una enorme importancia turística -entre otras cosas, porque da acceso al Parque Nacional de Ordesa-, ustedes la dejaran y la transfirieran al Gobierno de Aragón tal y como estaba, pues nos transferían ustedes una hipoteca. Veo que han hecho caso de las peticiones que le hemos venido haciendo al respecto, proponiendo incluso alguna partida presupuestaria para ello, y que tienen ustedes un proyecto y un presupuesto para llevarlo a cabo. Me parece una buena medida, y el día que usted lo haga, señora ministra, yo la felicitaré esté donde esté, porque eso demuestra que van más lejos de sus estrictas obligaciones. El día en que ustedes terminen estas obras de mejora, esta carretera no será competencia del Gobierno de la nación, sino que será transferida al Gobierno de la comunidad autónoma. Me parece que eso evitará, entre otras cosas, problemas y malos entendidos.


Compruebo, y me congratulo por ello, que usted tiene muy avanzados algunos tramos complicados en Cataluña. Por eso, en este caso no solo he actuado como senador de la Comunidad Autónoma de Aragón, pues para nosotros las carreteras tienen que tener una continuidad. Por lo tanto, me parece estupendo que usted mejore las carreteras en el tramo aragonés para que los valles interpirenaicos se comuniquen, pero a mí me interesa mucho también que pueda llegar la gente del País Vasco, de Cantabria, de Navarra y de Cataluña, y que los que entran en España, tanto por Portbou como por la frontera del País Vasco, puedan venir con facilidad por ese eje subpirenáico a conocer todos los valles del Pirineo. Ese es un eje de gran desarrollo para el Pirineo, para el Pirineo de Huesca y para

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toda España. Cuando yo hablo del Pirineo de Huesca lo hago con pasión, porque soy de allí, pero es una zona que merece mejor suerte que la que ha tenido hasta ahora, porque, aparte de ser una gran reserva ecológica por sus paisajes y sus parques, es una reserva cultural y, sobre todo, algo muy importante y alejado de las carreteras, señora ministra: es también una manera de entender la vida de las gentes que vivimos en el Pirineo.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.


Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señoría, coincidimos en los planteamientos. Efectivamente, las carreteras unen territorios y la conexión de la que estamos hablando es una conexión transversal que va desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo a través de los Pirineos y une muchas comunidades autónomas; por ello, esa transversalidad está especialmente impulsada por este Gobierno, que ha entendido que había que compensar y paliar la excesiva radialidad con la que nos hemos comunicado en este país, que tiene una influencia directa en nuestras relaciones económicas, sociales y territoriales; es decir, que va mucho más allá de lo que significa el uso directo de una carretera.


Brevemente, debo señalar que estamos dando un gran impulso a la Autovía de Jaca, en su límite con Navarra; que los proyectos que se encuentran en fase de redacción se terminarán en 2007 y que en diciembre de 2006 hemos licitado una obra, que es la del tramo Barranco de las Colladas en su intersección con la A-1601. Además, hay una zona por la que usted pregunta, de gran interés también para otro señor senador, que es alcalde de Sabiñánigo, que por los datos que tengo tranquilizarán a sus señorías en cuanto al impulso que se está dando a esta conexión.


Concretamente, en cuanto a la que usted me ha preguntado, la nueva de Sabiñánigo-Fiscal, debo decirle que hemos triplicado el nivel de ejecución desde que llegamos al Gobierno. Por lo tanto, tenemos que hacer 23 kilómetros para sustituir los 55 kilómetros, pero la hemos dado un impulso que solo se pone de manifiesto en el grado de ejecución. Lo que sí es verdad es que, tratándose de una inversión de 60 millones de euros, los períodos de maduración son largos y es prácticamente imposible hacer una previsión. Ya quisiéramos nosotros tenerla terminada para las próximas elecciones, que es un horizonte que los políticos tenemos muy claro; si pudiéramos, lo haríamos. Ahora bien, en el ministerio tenemos claro que la seguridad y una obra bien hecha van por delante de las prisas, que son malas consejeras, sobre todo en materia de infraestructuras. Tenemos un gran volumen de inversión, pero tenemos que hacer lo que sea más provechoso para los ciudadanos en lugar de fijar unas fechas que políticamente pudiera resultar más útil. Por lo tanto, puedo trasladarle que estará para finales de 2009, con la prevención de que no surja ningún tipo de imprevisto, que estoy segura de que no va a suceder; y si hablo de imprevistos no es por adelantarme a un acontecimiento esperado, sino porque el límite de las obras siempre está en lo que pueda pasar en su ejecución.


Efectivamente, mientras tanto, vamos a realizar actuaciones de aquí a 2009 en una carretera que tiene dificultades para su uso, como son esos 55 kilómetros actuales, y vamos a reforzar el firme, vamos a adecuar las barreras de seguridad y vamos a licitar las obras en este año 2007.
Tenemos el proyecto muy avanzado -no digo que esté terminado, pero casi- para poder licitar las obras en 2007. Una muestra clara de nuestro interés por mejorar esa carretera se pone de manifiesto con la previsión de su inversión, que es de 19 millones de euros. Todos ustedes, que son doctos en la materia, saben que 19 millones dan para muchos refuerzos de firmes, para muchas barreras de seguridad, para mejorar mucho esa conexión de los 55 kilómetros entre Sabiñánigo y Fiscal.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


-- DE DON RICARDO MELCHIOR NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE EL TRÁNSITO DE BUQUES CON MERCANCÍAS PELIGROSAS, TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ZONA MARINA DE ESPECIAL SENSIBILIDAD (ZMES) DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, ESPECIALMENTE EN LO QUE SE REFIERE AL PROTOCOLO DE LAS COMUNICACIONES INTERADMINISTRATIVAS ENTRE EL ESTADO Y EL GOBIERNO DE CANARIAS (S.
670/000147).


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Interpelación del senador don Ricardo Melchior, sobre el tránsito de buques con mercancías peligrosas, tras la entrada en vigor de la Zona Marina de Especial Sensibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, especialmente en lo que se refiere al protocolo de las comunicaciones interadministrativas entre el Estado y el Gobierno de Canarias.


Tiene la palabra su señoría.


El señor MELCHIOR NAVARRO: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora ministra.


Vamos a pasar de las carreteras y de la tierra a las rutas marítimas y al mar; al mar de las islas, al mar de los archipiélagos, al mar de Canarias, que forma parte del mismo concepto de su existencia.


Una de las características de nuestro mar, el mar de Canarias, es su alta biodiversidad específica y variedades de fondos y ecosistemas. De los 168 hábitats naturales citados en el anexo I de la Directiva Europea, 24 se encuentran en Canarias; es decir, aproximadamente el 15 por ciento. El banco de datos de biodiversidad recoge un total de 12.700 especies, de las que más de 3.500 son endémicas.


Todos somos en mayor o menor medida conscientes de la enorme importancia y trascendencia que la protección del medio ambiente marino tiene, no sólo desde un punto de vista estrictamente ambiental, sino también económico

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y social. Por ello es preciso poner en marcha iniciativas para nuestro archipiélago en lo que respecta a la incorporación de garantías para la protección ambiental de nuestras aguas y costas.


El día 2 de abril de 2004 la Comunidad Autónoma de Canarias dio un primer paso fundamental en materia de ordenación, gestión y protección de su territorio, ya que en estas fechas el Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional aprobó la designación de las islas Canarias como Zona Marina de Especial Sensibilidad que permitirá el establecimiento de medidas especiales de protección para evitar sucesos de contaminación marina que pudieran afectar y dañar a las aguas y costas de Canarias.


La declaración de la OMI, de la Organización Marítima Internacional, nos acercaba por primera vez al reconocimiento internacional de nuestras aguas, contemplando la posibilidad de ordenar y controlar el intenso tráfico marítimo y contar con el aval suficiente para prevenir o evitar un posible derrame contaminante. Sólo en lo que se refiere al tráfico de hidrocarburos cruzan anualmente las aguas canarias más de 1.500 buques tanque de gran tonelaje. Además, transita una gran cantidad de buques con todo tipo de mercancías, peligrosas y no peligrosas, de los que en la mayoría de las ocasiones no tenemos información en Canarias. No olvidemos que entre las islas, dentro del propio archipiélago, existen aguas internacionales.


La cada vez más frecuente detección de incidentes en el ámbito marino, la inexistencia de un protocolo de actuación, la indefinición jurídica de aguas canarias, etcétera, nos sitúan en una zona de alto riesgo y requieren de medidas urgentes y de coordinación entre las administraciones que permitan prevenir la contaminación y la seguridad de la navegación.


Desde el día 1 de diciembre del pasado año 2006 es operativa la Zona Marina de Especial Sensibilidad de Canarias. Desde esa fecha se pusieron en marcha los controles de vigilancia de los buques con mercancías peligrosas. El Gobierno de Canarias ha expresado la necesidad de que el Estado participe activamente en el desarrollo de los planes de contingencia y de que se establezca una estrecha colaboración y cooperación entre ambas administraciones en el diseño de acciones tan significativas como la puesta en marcha del protocolo de las comunicaciones interadministrativas y todas aquellas operaciones que conllevan la protección de la zona y el control de la navegación, un convenio que recoja todas las actividades y protocolos de coordinación en seguridad marítima en los que, lógicamente, participe el Ministerio de Fomento con la Dirección General de Marina Mercante, los centros de coordinación y seguridad marítima situados en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, por un lado, y el Gobierno de Canarias, la Viceconsejería de Medio Ambiente, los cabildos y todos los que puedan aportar soluciones a los casos extremos que se puedan producir, por otro.


Por todo ello, señora ministra, estimamos que se deben ratificar todas estas medidas a través de un convenio bilateral, motivo por el que el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria interpela al Gobierno sobre el protocolo de las comunicaciones interadministrativas entre el Estado y el Gobierno de Canarias acerca del tránsito de buques con mercancías peligrosas tras la entrada en vigor de la zona marítima de especial sensibilidad de Canarias.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.


Para responder a la interpelación en nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señoría, coincido plenamente con sus planteamientos respecto de la importancia de defender de la contaminación las aguas canarias. Para su tranquilidad le diré -aunque imagino que ya lo sabe- que no estamos empezando a trabajar en ello, sino que las actuaciones a las que ha hecho referencia en relación con lo que ha aprobado la OMI se han iniciado a propuesta del Gobierno español. Ha pensado las medidas que había que tomar para que internacionalmente se respetaran las aguas canarias. Ha analizado las medidas, las ha propuesto, las ha defendido y ha conseguido que se aprueben en este organismo internacional y, por tanto, ha establecido los mecanismos que ahora vamos a analizar.


Tendríamos que saber, señorías, porque si no parece que podemos confundir los términos e incluso lo que se está diciendo, qué es la Zona Marina de Especial Sensibilidad de Canarias, que ha tenido un proceso de aprobación por la Organización Marítima Internacional, la OMI. Además, tenemos que ver cuáles son las medidas que se están aplicando para llevar a cabo esta Zona Marina de Especial Sensibilidad a partir de su entrada en vigor.
Después vendrán otra serie de medidas como el Plan Específico de Contingencia por Contaminación Marina Accidental de Canarias, el Pecmar, que es un plan que entra de lleno en el ámbito de las competencias del Gobierno canario. Y, por último, está la propuesta del Gobierno canario de llevar a cabo un convenio entre los dos gobiernos para cooperar y coordinar una serie de actuaciones, concretamente, la puesta en marcha de un protocolo de comunicaciones interadministrativas en relación con el tránsito de buques con mercancía peligrosa en la Zona Marina de Especial Sensibilidad.


Si usted me lo permite, señoría, me voy a referir a cada una de estas cuestiones por separado porque tienen relación en cuanto que todas defienden a las aguas canarias de una posible contaminación, pero son niveles muy distintos con competencias y responsabilidades muy distintas, aunque efectivamente suponen una coordinación entre una y otra como ahora veremos.


La Zona Marina de Especial Sensibilidad fue aprobada -se lo recordaba antes- a propuesta del Gobierno con carácter definitivo en julio de 2005, después de que se estudiaran y se aprobaran lo que se llaman medidas de protección asociadas a ella, también propuestas por el Gobierno español y aprobadas en la OMI en febrero de 2005.


Estas medidas de protección asociadas a la Zona Marina de Especial Sensibilidad entraron en vigor en nuestro país el 1 de diciembre de 2006.
¿Y qué suponen? Suponen que los buques tanque mayores de 600 toneladas de peso

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muerto que transporten hidrocarburos pesados y que estén en tránsito por la Zona Marina de Especial Sensibilidad tienen la obligación de notificar a las autoridades marítimas sus entradas y salidas por esta zona. Dichas notificaciones se hacen a los centros de coordinación de Salvamento Marítimo del Ministerio de Fomento en la isla de Gran Canaria y Tenerife.
Además, tienen obligación de navegar por dos rutas o dispositivos de separación que han sido aprobados por la OMI a propuesta del Gobierno español y que están equidistantes de las costas de Gran Canarias, de Fuerteventura y de Tenerife.


Lo anterior era para los buques que tienen esas características. Para los buques que transportan hidrocarburos de cualquier clase o cualquier otra mercancía peligrosa a granel, la OMI, también a propuesta del Gobierno español, ha establecido cinco zonas a evitar, que significa que solo pueden navegar por esa zona determinados barcos, y ahora vamos a ver cuáles son.


En esta zona, como medida de protección del ecosistema y preservación de la biodiversidad, solo está permitida la navegación para la pesca artesanal y el tráfico marítimo interinsular con origen y destino en puertos situados en el interior de dicha zona. Estas medidas de protección entraron en vigor el 1 de diciembre de 2006, es decir, se han acotado áreas con las cuales o bien hay que navegar o bien no se puede navegar, pero para que esto se aplique hay que controlar que, efectivamente, se respete. Para ello, se ha establecido como norma que hay que notificar que se entra o se sale por la zona determinada.


El ámbito competencial, la responsabilidad de controlar que esto sea así, es de la dirección General de la Marina Mercante, como usted ha dicho.
Por lo tanto, hemos tenido que poner unos medios adicionales para comprobar que esto se haga así.


¿Qué se ha hecho en primer lugar? En relación con el control de la navegación de buques, hemos puesto a disposición de la autoridad marítima el Sistema de Identificación Automática, el AIS, que es necesario para la cobertura de los dispositivos de separación de tráfico, y esto ya estaba disponible, operativo, el 1 de diciembre de 2006, cuando entró en vigor la Zona Marina de Especial Sensibilidad de Canarias.


Asimismo, estamos ultimando una completa renovación de equipos electrónicos en los centros de coordinación, tanto de Las Palmas como de Santa Cruz de Tenerife, de tal manera que la inversión total es de cinco millones y medio de euros para aumentar la cobertura y la capacidad de control de estos centros.


A este respecto, permítame que le diga lo que hemos hecho en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife. En Las Palmas, se está procediendo a la renovación y modernización del equipamiento existente en el propio centro, en la estación remota de La Isleta y en la estación remota de El Silo. Además, vamos a crear una nueva estación repetidora en la Monte Vigía para mejorar el enlace con la estación de La Isleta.


En el centro de coordinación de salvamento de Santa Cruz de Tenerife se está procediendo, asimismo, a la renovación y modernización del equipamiento existente en el propio centro y en la estación remota de Montaña de La Altura. Vamos a completar, además, la cobertura del sistema con la creación de tres nuevas estaciones remotas en Montaña de Talavera, en El Palmito y en la Izaña. Con los nuevos equipamientos se tendrá cobertura completa de los dispositivos de separación de tráfico entre Tenerife-Gran Canaria, Gran Canaria-Fuerteventura, tanto desde radar como desde las comunicaciones VHF. Asimismo y para atender de manera adecuada el seguimiento y control de los dispositivos de separación de tráfico, hemos ampliado la dotación del personal, con un 20 por ciento más de efectivos.


En relación con las medidas de acción directa, que ya no tiene nada que ver con la Zona Marina de Especial Sensibilidad, pero son actuaciones que estamos llevando a cabo en todas las islas Canarias para prever un posible incidente de contaminación, quiero comentarle que estamos llevando a cabo el Plan Nacional de Salvamento Marítimo 2006-2009 y me gusta decirle, señoría, porque sé que está preocupado por este asunto, que en menos de tres años, en los dos años y pico que llevamos de legislatura, el archipiélago canario cuenta con más del doble de unidades marítimas y aéreas que tenía en la anterior legislatura. Hemos incrementado las unidades en un 125 por cien.


En este sentido, señoría, y llamo su atención porque me parece especialmente importante, hemos establecido una base logística provisional en Tenerife y otra complementaria en Gran Canaria, que supone -y no la había antes- el almacenamiento, mantenimiento y gestión de todo el material de lucha contra la contaminación, que antes lo teníamos que traer de la península. Ambas están operativas, aun cuando la base de Tenerife, que está ubicada en el Puerto de Santa Cruz, es provisional hasta que se construya una base definitiva, prevista en Granadilla. A esta base se ha destinado una inversión de seis millones y medio de euros.


Además, hemos asignado -tuve ocasión de estar allí- el Luz de Mar, que es un buque polivalente, con una capacidad de recogida de residuos de 300 metros cúbicos. Tengan en cuenta que en la legislatura anterior la capacidad total de recogida de residuos era de 90 metros cúbicos para toda España. Solamente en el archipiélago canario tenemos una capacidad de recogida de 300 metros cúbicos y está operativo desde el 15 de diciembre de 2006. Ha supuesto una inversión de 16 millones de euros y está destinado a atender emergencias derivadas de incidente de buque, muy especialmente de aquellas relacionadas con episodios de contaminación. Le he comentado que cuando llegamos al Gobierno la capacidad era mucho más reducida, pero también hemos incrementado la capacidad de tiro, que es muy superior a la de los remolcadores existentes en Canarias cuando llegamos al Gobierno.


Además, señoría, hemos dispuesto de un avión de ala fija Baron Beechcraft desde abril de 2006 y está provisional hasta que entre en servicio la nueva aeronave, que ha supuesto una inversión de 30 millones y medio de euros, una nueva aeronave que ya ha sido entregada el 26 de febrero de 2007, que está dotada de los más modernos equipos de la tecnología para el control, posicionamiento y caracterización de vertidos y que estará destinada al seguimiento preventivo y la lucha contra la contaminación, así como a las tareas de localización y rescate, para lo cual está prevista una rampa para el lanzamiento de balsas salvavidas.


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Se trata de un avión cuya puesta en servicio está pendiente de las pruebas necesarias del sofisticado equipamiento que incorpora y del adiestramiento y formación práctica de las tripulaciones y observadores en la operación de dichos equipos.


Igualmente, en este mismo año, ubicaremos un nuevo helicóptero dotado de la última tecnología, que se añade a la actual, y que ha supuesto una inversión de 11 millones de euros.


Por último, también debo hacer referencia a los restantes medios previstos para Canarias en el Plan Nacional de Salvamento Marítimo, que refuerzan y potencian el operativo de salvamento y lucha contra la contaminación, que comprende un total de nueve buques Salvamar, dos embarcaciones rápidas polivalentes y un remolcador. Estos medios, junto con los anteriores, suponen una inversión total de 200 millones de euros, lo que representa el 20 por ciento del Plan Nacional de Salvamento Marítimo.


Su señoría también ha preguntado por la coordinación entre el Gobierno central y el Gobierno de Canarias en relación al Plan Específico de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Canarias, Pecmar. En este sentido, me gustaría señalar que este plan se ha aprobado como consecuencia de la puesta en marcha de un plan nacional que establece que las comunidades autónomas tienen que disponer de un plan específico de contingencia. Fue aprobado por el Gobierno canario en julio del pasado año 2006 y es totalmente independiente de la designación de la Zona Marina de Especial Sensibilidad de Canarias. El mencionado plan se aprobó para hacer frente a una posible contaminación del litoral, de acuerdo con las competencias de la comunidad autónoma recogidas en el propio Estatuto de Autonomía de Canarias, que recoge como competencia del Gobierno canario la protección medioambiental de su litoral.


Permítame centrarme en una cuestión sobre la que usted ha hecho hincapié: su preocupación por la coordinación. En este sentido, me gustaría señalar que la coordinación ha sido total porque los mejores expertos del ministerio han participado en la redacción de este plan, a petición del Gobierno canario. Por lo tanto, se ha elaborado teniendo en cuenta el plan nacional, que fue aprobado en el año 2001.


Por otro lado, he de resaltar que esa voluntad de coordinación también se recoge en el PEIT de una manera específica. Así, como línea prioritaria se establece la necesidad de la coordinación y cooperación con otras administraciones; y, por otro lado, el Plan Nacional de Salvamento Marítimo incluye un programa específico de coordinación para aplicar con la máxima intensidad el principio de coordinación entre administraciones que estén involucradas en la misma temática. Desde nuestro punto de vista, la coordinación es fundamental para la eficacia de todas las acciones que lleven a cabo las distintas administraciones.


Su señoría me ha preguntado sobre el posicionamiento del Ministerio de Fomento en relación al convenio propuesto por el Gobierno canario. En este sentido, he de decir que el Gobierno canario nos ha remitido un borrador sobre el que hemos estado trabajando y ya les hemos enviado la respuesta. Siempre ocurre de esa manera, señoría: alguien tiene la iniciativa, presenta un texto y sobre ese texto es sobre el que se trabaja. Estoy segura de que la voluntad de ambas partes es seguir avanzando y fijar una posición común para la firma de ese convenio.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Tiene la palabra el senador interpelante.


El señor MELCHIOR NAVARRO: Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señora ministra, por su exhaustiva exposición y relación de todos y cada uno de los hitos fundamentales de la Zona Marina de Especial Sensibilidad de Canarias. Los trabajos se iniciaron el día 8 de octubre de 2002 y casi cinco años más tarde, el 1 de diciembre de 2006, entró en vigor. Le agradezco además la inversión que para ello está llevando a cabo el Ministerio, así como la separación que realiza, como es lógico, del Plan Específico de Contingencias de Contaminación Marina Accidental, que está prácticamente terminado y en el que ha participado el Gobierno de Canarias, en colaboración con su Ministerio.


Pero eso no resta nada al tercer punto, y créame, señora ministra, que es muy importante. El borrador tiene fecha de 13 de noviembre de 2006 y simplemente propone un protocolo para estar coordinados, con actuaciones a desarrollar, la creación de un grupo de trabajo principal y subgrupos formados por quien corresponda del Ministerio de Fomento, del Gobierno de Canarias y de los cabildos insulares, así como la creación de una comisión de desarrollo y seguimiento, etcétera.


Y créanme que es importante, tanto como que anteayer, en mi calidad de presidente del Patronato del Parque Nacional del Teide, sin tener información previa alguna, evitamos que se tirase una torre que precisamente es necesaria para la comunicación en Izaña de Salvamento Marítimo. Pero le puedo asegurar que ni el Cabildo de Tenerife, ni el Gobierno de Canarias, ni siquiera los representantes del Ministerio de Medio Ambiente presentes en el Patronato tenían información al respecto.


Por ello, este convenio es importante, señora ministra, y le pido que se agilice su tramitación, porque todos queremos colaborar y entendemos que es muy necesario proteger la zona marítima de Canarias, el mar de nuestro archipiélago, nuestro mar. Y para ello lo mejor que podemos hacer es estar perfectamente informados y coordinados, lógicamente cada uno ejerciendo sus competencias, pero todos sumando.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que ocurre es que no partimos de cero y creo que es bueno que los ciudadanos sepan -además de contestarle a usted, este es un medio para que los ciudadanos reciban información- que no solamente tenemos interés por coordinarnos, sino que estamos coordinados y funciona la coordinación.


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De hecho, hay un convenio con Canarias de 2002 por el que se constituyó una comisión para programar y desarrollar medidas tendentes a mejorar los protocolos de coordinación y actuación conjunta y la aplicación de este convenio es modélica. Además, estoy citando un convenio que no se ha firmado en la legislatura en que gobierna el Partido Socialista y yo soy ministra de Fomento, sino en la legislatura anterior. Y lo mismo sucede respecto a las medidas que usted ha citado.


Por tanto, cuente usted con la voluntad de que firmaremos un protocolo que mejore el existente, pero también hay que trasladar a los ciudadanos la idea de que la coordinación es un hecho, que además hasta ahora se ha desarrollado con todas las garantías y resultados positivos y que hemos ido articulando sucesivas medidas para que sea así.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Concluido el debate de esta interpelación, se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.


Eran las quince horas.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

-- DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES ( S. 621/000084) (C.D. 121/000092).


El señor PRESIDENTE: Señorías, punto tercero del orden día: dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.


De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, en relación con el proyecto de ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.


Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la senadora Rubial.


La señora RUBIAL CACHORRO: Señor presidente, señor ministro, señora secretaria de Políticas de Igualdad, y resto del personal de su gabinete que le acompaña, buenas tardes a todos.


Me cabe el honor de presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del proyecto de ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.


Este Proyecto de Ley Orgánica tuvo su entrada en el Senado el pasado día 29 de diciembre de 2006, siendo publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en la misma fecha. El plazo de presentación de enmiendas concluía el pasado 10 de febrero y fue ampliado hasta el día 16 del mismo mes. Se tramita por el procedimiento ordinario.


A este proyecto de ley se formularon 321 enmiendas: 72 por parte de don Eduardo Cuenca y cuatro por don Jesús Jorquera; del Grupo Parlamentario Mixto; 17 por el Grupo Parlamentario de senadores de Coalición Canaria; 16 por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; 20 por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; 50 por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; 36 por parte del Grupo Parlamentario Socialista y 100 por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales dictaminó dicho proyecto en su sesión del día 5 de marzo del 2007, incorporando enmiendas de los grupos parlamentarios Mixto, Convergència i Unió, Senadores Nacionalistas Vascos, Entesa Catalana de Progrés, Socialistas y Popular. Para su debate ante el pleno se han formulado diez votos particulares.


Mañana las mujeres españolas celebraremos otro 8 de marzo, pero éste será diferente porque contaremos con esta ley. Se lo debíamos a nuestras madres y a nuestra abuelas, pero también a nuestros padres y a nuestros abuelos que nos han precedido en la lucha por la conquista de nuestros derechos.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por parte del Gobierno, tiene la palabra el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores senadores, acabamos de escuchar que mañana es el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Permítanme que en nombre del Gobierno -estoy convencido que todos ustedes comparten conmigo estos valores- rinda un homenaje a la inteligencia, al talento, a la creatividad de las mujeres, absolutamente decisiva en el logro de las grandes transformaciones de la humanidad. Este es un día importante para la sociedad española y viene en un buen momento; hoy aprobarán ustedes el proyecto de ley de Igualdad Orgánica para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres.


Mañana, 8 de marzo, es el Día Internacional de las Mujeres, como les decía, un día para reconocer y valorar el lugar que ocupan en la sociedad por derecho propio, y también -lo repito- para rendir homenaje a los millones de mujeres que a lo largo de la historia y todavía hoy luchan en favor de la igualdad. Y nosotros, todos ustedes, señoras y señores senadores, vamos a rendir ese homenaje y a reconocer ese lugar aprobando en esta Cámara la ley de igualdad. Es tiempo, por tanto, de optimismo, tiempo de compromiso social en favor de la mujer, tiempo de crear por fin un marco de convivencia en igualdad para todos los hombres y mujeres de nuestro país.


El valor de la igualdad entre hombres y mujeres ha arraigado ya en toda la sociedad española. Sin embargo, basta con mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que todavía persisten diferencias, diferencias de trato que

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no tienen ninguna justificación, y discriminaciones hacia la mujer que carecen por completo de sentido. Y es posible que el discurrir del tiempo pudiera acabar con estas situaciones, pero no podemos esperar. Estoy convencido de que ustedes no pueden esperar. Tenemos la obligación política y moral de adelantar la llegada del futuro porque la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres debe conseguirse aquí y ahora.
Debe ser ya una realidad. Nos lo ordena, por cierto, nuestra Constitución y lo demandan las mujeres, que constituyen más de la mitad de nuestra sociedad, pero también lo piden los hombres, señorías.


Este es el valor primero y esencial de la ley de igualdad, una ley que incide directamente en la realidad social para derribar todos los obstáculos que impiden a las mujeres ser realmente iguales que los hombres, para eliminar cualquier tipo de discriminación que puedan sufrir y para erradicar de una vez por todas de nuestra sociedad prejuicios, estereotipos y diferencias de trato entre hombres y mujeres, que nunca debieron existir porque jamás tuvieron fundamento alguno.


En esta Cámara la ley de igualdad no solo ha preservado las señas de identidad de la ley que remitió el Congreso de los Diputados, sino que las ha mejorado. Por tanto, vamos a llevar la igualdad efectiva y real de las mujeres a todo orden vital, y lo vamos a hacer, señorías, entrando en todas las esferas, públicas y privadas. Queremos más igualdad real en la sanidad, en la educación, en la cultura, en la creación artística, en la vivienda, en el deporte, en la cooperación internacional y en el empleo.
Por tanto, habrá igualdad.


Aspiramos a conseguir la igualdad para que las mujeres que viven y trabajan en el mundo rural la alcancen igual que aquellas que viven y trabajan en las ciudades. Habrá igualdad para las mujeres que trabajan en la cadena de producción y para aquellas que lo hacen en los despachos de las grandes empresas, para las que lo hacen en la Función Pública, en las Fuerzas Armadas o en el mundo de la política. Habrá igualdad para acceder a la sociedad del futuro, a la sociedad de la información, a las tecnologías y para vivir sin discriminación en la sociedad del presente.


La ley, por tanto, aspira a conseguir esa emancipación real de la mujer, y es en el mundo del trabajo y de la protección social, señorías, donde está su eje central, porque podrán negociarse medidas de acción positiva que favorezcan la formación y la contratación de mujeres y el desarrollo de su carrera profesional. Allí donde las mujeres sean un grupo minoritario, y siempre que sus méritos sean iguales que los de sus compañeros hombres, que habitualmente lo son, tendrán preferencia para ser contratadas y ascender de categoría profesional. No podemos, como país, desaprovechar el talento de nuestras mujeres, tenemos que rentabilizar la inversión en futuro que hemos hecho en el ámbito de la educación, señorías, donde más del 60 por ciento de las licenciadas universitarias son mujeres. Debemos hacerlo, en primer lugar, por razones de justicia, por supuesto, pero también por razones de eficiencia económica, porque la economía de nuestro país no alcanzará los objetivos de crecimiento económico y de empleo que tenemos marcados si dejamos fuera del mercado de trabajo o en situación laboral precaria a miles, a cientos de miles o a millones de mujeres.


También se negociarán planes de igualdad. Hay pruebas evidentes y testimonios del mundo empresarial que reconocen abiertamente que la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito de la empresa se ha convertido en un factor decisivo para el logro de una mayor productividad, un factor decisivo para que las empresas funcionen mejor.
Nadie reconoce, por supuesto, que se discrimina a las mujeres, y posiblemente -yo lo creo así- nadie tenga voluntad de discriminarlas, pero para poder acabar con situaciones de discriminación no queridas no hay mejor forma que hacer un diagnóstico de lo que sucede en la empresa, comprobar si se produce o no alguna situación de desigualdad y planificar medidas que supriman toda diferencia de trato entre hombres y mujeres.
Nada más que eso, pero también nada menos que eso, constituyen los planes de igualdad.


La ley prevé también medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que nos ayudarán a todos, hombres y mujeres, además en pie de igualdad, a combinar de la mejor forma posible nuestra actividad profesional con nuestras responsabilidades familiares. Todas ellas son medidas que tienden a la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el cuidado de hijos y familiares y por ello evitarán que las mujeres deban abandonar su trabajo o renunciar a sus carreras profesionales por el hecho de ser madres o por tener familiares que necesitan cuidados.


Pero aquí en el Senado, señorías, hemos ahondado aún más en los derechos de hombres y mujeres, y yo quiero agradecer a todos los grupos, en nombre de mi Gobierno y de toda la sociedad, el trabajo que han realizado para agrandar los espacios de la igualdad. Hace 75 años que tenemos permiso de maternidad, uno de los logros de la Segunda República española, y hoy, 75 años después, tendremos también permiso de paternidad. El permiso de paternidad, más allá de cuál sea su duración, que será de 15 días inmediatamente, y de cuatro semanas, un mes -estaremos a la cabeza de Europa, señorías- dentro de seis años, constituye una auténtica revolución social.


Es el primer paso que damos en nuestro país para hacer a los hombres realmente corresponsables en el cuidado de sus hijos, lo que beneficia sin duda a los hombres y a sus hijos, pero también a toda la sociedad española, porque una sociedad sólo es plenamente libre cuando hombres y mujeres conviven y asumen las responsabilidades familiares y de cualquier otro tipo en pie de igualdad.


Hemos mejorado también sustancialmente la protección de la maternidad.
Cada vez hay más niños y niñas que nacen de forma prematura y que necesitan de cuidados hospitalarios y del calor y el contacto con su madre y su padre para vivir con normalidad. El tiempo que dure la hospitalización será, por ello, y gracias a ustedes, señoras y señores senadores, un tiempo a sumar al permiso de maternidad.


Hay un ámbito en el que la ley de igualdad se une al esfuerzo de toda la sociedad para acabar de una vez con la lacra social que representa la violencia contra las mujeres. Estamos haciendo un esfuerzo, créanme, sobrehumano por erradicar la violencia de género, que es la expresión más horrible y extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres y supone un déficit de democracia y ciudadanía en nuestro país, porque supone negar a miles de mujeres

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los derechos fundamentales, y más aún, que no puedan alcanzar su propia dignidad.


Por ello, en la ley de igualdad avanzamos un paso más en la lucha sin tregua que mantenemos contra la violencia de género y creamos -créanme ustedes- 43 nuevos juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer, que vendrán a sumarse a los 40 existentes a día de hoy. Por tanto, 83 juzgados dedicados en exclusiva a amparar a las mujeres víctimas de la violencia machista. Proteger a la mujer, reforzar su presencia en la sociedad son, por tanto, las metas de la ley de igualdad.


Tengo aquí una información, señorías, que demuestra cómo estamos avanzando en los últimos años. Por ejemplo, les diré que el número de mujeres que están encontrando empleo en España y están afiliadas a la Seguridad Social roza ya los 8 millones, y en estos algo menos de tres años de legislatura el número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado en un millón 132.000. Para que se hagan una idea, en algo menos de tres años se ha conseguido un incremento de la ocupación de la mujer superior al de los cinco años anteriores. Este es el camino, el modo de conseguir la vía hacia la independencia y la promoción profesional.


Por tanto, mejor empleo y mayor y mejor presencia en la sociedad. Estas son las metas de la ley de igualdad. Su presencia en la vida pública, donde tienen un lugar propio que reconocemos y valoramos como lo que es: un avance en la calidad de nuestra democracia. Las mujeres deben tener la presencia que les corresponde en las listas electorales. La mitad de la población de nuestro país debe estar representada en todos los centros donde se toman decisiones políticas. No hemos aceptado ni aceptaremos rebajar nuestra pretensión en este ámbito.


La democracia no se subvenciona, señorías, se conquista, y con la ley, con la expresión suprema de la soberanía popular; y hoy y aquí la estamos conquistando en este terreno para las mujeres, que también llegarán en igualdad a las altas esferas del poder privado, a los consejos de administración de nuestras empresas, porque en ocho años ,y a medida que vayan venciendo los mandatos de los anteriores consejeros, las empresas incorporarán mujeres a sus consejos de administración, de manera que poco a poco se alcance una representación equilibrada, lo que significa la presencia de al menos un 40 por ciento de mujeres. El número de mujeres en los centros donde se toman las decisiones empresariales, muy bajo hoy, 3,69 por ciento del total de consejeros, demuestra que sin una intervención que estimule la presencia de mujeres en los órganos de dirección de las empresas existe, aunque no nos guste -y no nos gusta a nadie- un techo de cristal que las mujeres no logran romper, a pesar de sus luchas y sus esfuerzos. Es por eso por lo que las acciones positivas, de acuerdo incluso con la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, son particularmente adecuadas a este propósito para romper esos techos que de otro modo no conseguiremos traspasar. Además, señorías, la presencia de las mujeres en la toma de decisiones de la empresa, como he dicho anteriormente, es un factor inestimable, primero de justicia pero, segundo, de competitividad. Y les pondré un ejemplo: los países que están en los primeros puestos del ránking de competitividad mundial son a su vez los mismos que encabezan las listas del ránking de igualdad. Por algo será. Será por algo que hay una unión, un vínculo entre los países más igualitarios y aquellos que obtienen más eficiencia económica y productividad en sus actividades económicas.
Igualdad y competitividad van de la mano en el mundo y tienen que ir de la mano en España. Porque somos un país moderno y desarrollado que no puede estar a la cola de Europa en su presencia en los centros de poder empresarial. Porque tenemos ya un significativo número de mujeres con suficiente mérito y con suficiente capacidad como para poder alcanzar en condiciones de igualdad todos y cada uno de los espacios de la empresa.


Termino ya, señoras y señores senadores, no sin antes convocarles nuevamente al consenso. Han hecho sus señorías una ley de igualdad que abre a las mujeres las puertas a la libertad que todavía tenían cerradas.
Son muchas las mujeres y son muchos los hombres que esperan impacientes ver florecer esta primavera en nuestro país: la primavera de una mayor igualdad real de las mujeres, que nos miran para ver cumplidos sus deseos y esperanzas de un mundo mejor. No podemos defraudarles y creo que ustedes, señorías, no les han defraudado. Unámonos a todos ellos, a todos los que esperan esta primavera con la igualdad como bandera para que mañana, día 8 de marzo, sea un Día Internacional de la Mujer en el que, después de tantos de lucha podamos tener algo importante que celebrar. Es algo importante. Nuestro país se dota por primera vez de una ley para remover aquellos obstáculos que aún impiden la plena igualdad real y efectiva del hombre y la mujer.


Señoras y señores senadores, créanme. Para mí es un día emocionante, y les felicito calurosamente por el trabajo que han desarrollado.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señorías, comienza el debate de totalidad.


¿Turno a favor? (Pausa.)

¿Turno de portavoces? (Pausa.)

¿Pasamos directamente al turno de enmiendas? (Asentimiento.)

Empezamos, en primer lugar, con las enmiendas del senador Cuenca. Tiene su señoría la palabra.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, decía la senadora socialista que ha hecho la introducción del texto, que mañana se celebra un día importante. Coincido con ella.
Aparte de que mañana es un día significativo de lucha para las mujeres -un día que debería ser también un elemento de lucha para los hombres-, mañana tendremos posiblemente un texto muy bueno, muy rico, que habrá salido de esta Cámara -hay que reconocerlo de antemano-, pero quiero decirles que a punto de cumplirse 30 años de democracia, hoy nos vemos todavía debatiendo aquí una ley para corregir desigualdades entre mujeres y hombres.


Se dice pronto: 30 años de lucha de las mujeres; 30 años prácticamente se han necesitado para convencer fundamentalmente a los varones -que, por cierto, se han ido resistiendo por diferentes motivos- para compartir ele-

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mentos de decisión, de toma de posicionamientos, de poder legítimamente.
Por tanto, casi 30 años de democracia y 30 años de lucha de las mujeres.
Yo al menos me siento identificado con esa lucha, pero es verdad que mañana, siendo aún un día de lucha ya que todavía queda mucho camino por recorrer y mucho que trabajar, podremos decir que al menos se ha dado un paso importante.


Tengo que decir que con el proceso de esta ley, con el consenso que ha habido en el Congreso de los Diputados, y posteriormente con el consenso que la ha mejorado en el Senado, nosotros, como Izquierda Unida, nos sentimos satisfechos.


Muchas cosas se nos han quedado -y ahora las recordaré brevemente-, pero creo que es importante destacar que si hay que tener en cuenta el ejemplo de lucha de las mujeres, también habría que reflexionar, sobre todo yo como varón, sobre cuánto nos ha costado a los hombres entender lo que planteaban las compañeras. Pero esa reflexión nos la hacemos en todos los lados. Da igual que nos la hagamos en casa, en el trabajo, en el partido o en el sindicato, porque siempre nos hemos hecho esa reflexión y siempre hemos tenido que ver a las compañeras peleando y luchando. Algunos pensaban que era porque les quitaban poder o porque les quitaban espacios, pero era simplemente porque se deberían compartir esos espacios, y además, seguro que nos enriquecemos todos -en este caso concreto los varones- si compartimos los espacios con las mujeres.


Les decía que mantenemos vivas algunas enmiendas. El compendio de las enmiendas de Izquierda Unida tenía varios apartados. Algunas pretendían mejoras técnicas del texto en cuanto a los conceptos, las definiciones, etcétera; otros pretendían garantizar la existencia de los recursos necesarios para aplicar esta ley -ese es siempre el debate que tenemos-.
Creemos que ahí podríamos haber dado un empuje, señor ministro, aunque también tengo que reconocer que a última hora hemos conseguido cosas y, en este sentido, el Gobierno se ha retratado económicamente hablando, aunque no solamente era un tema económico, sino también de medios para garantizar el cumplimiento y desarrollo de esta ley.


Un apartado de enmiendas pretendía impulsar varios principios, incorporándose el de coeducación y el de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Por lo tanto, también hemos tratado de trabajar para evitar la discriminación entre los que ya están discriminados, por ejemplo, en el caso de los colectivos específicos de mujeres con algún tipo de discapacidad.


Asimismo, hemos planteado unas enmiendas en relación con las cuales nos ha quedado un mal sabor de boca por no haber conseguido convencer al Gobierno sobre su incorporación. Es el caso de la número 33, que es la que hace referencia a los planes de igualdad en empresas de más de 250 trabajadores. Nosotros creíamos que se debería haber universalizado, porque la inmensa mayoría de trabajadoras están en empresas de menos de 250 trabajadores. Por lo tanto, creemos que el número de 250 no debería ser un techo, sino que debería haberse generalizado o habernos planteado mecanismos que asegurasen que los planes de igualdad en aquellas empresas de menos de 250 trabajadores también se iban a llevar a cabo.


En la enmienda número 38 pretendíamos rebajar el tiempo para garantizar la plena incorporación de la mujer en los consejos de administración. La ley plantea ocho años y nosotros enmendamos proponiendo cuatro, entendiendo que hay roles o hay tensiones que hay que romper y se rompen con un acuerdo y con un texto. Por eso nosotros empujamos hacia cuatro años, pero no lo hemos conseguido.


En cuanto a la enmienda número 41, que habla del consejo estatal de participación de la mujer, lo hemos debatido tanto en el Congreso como aquí, pero no hemos conseguido su aprobación. En cuanto a las candidaturas -algo muy importante-, hubiéramos preferido que más que del 60-40 o el 40-60, depende del género, hubiera sido del 50-50 como un elemento de definición. Creemos que eso hubiese sido muy importante.


En la misma línea planteábamos las enmiendas números 43 y 44 para no excluir de las próximas convocatorias electorales la cuestión de los municipios de menos de 5.000 habitantes, porque las mujeres se van a dar cuenta cuando aprobemos esta ley de que no somos capaces de hacer candidaturas con unas características en aquellos municipios de menos de 5000 habitantes, y lo van a entender. Por lo tanto, deberíamos haber dado ese ejemplo para decir también en el mundo de la empresa, en el mundo del deporte, y al resto de la sociedad, que se debe garantizar y se deben dar los mecanismos necesarios para la plena incorporación de la mujer en los órganos ejecutivos, de dirección o de toma de decisiones allí en donde estén. Nosotros hemos intentado eliminar, aunque no hemos convencido al partido en el Gobierno ni tampoco al Gobierno, ese condicionante en relación con los municipios de menos de 5.000 habitantes.


En la enmienda número 48 planteamos la ampliación del permiso de maternidad a 20 semanas, para ir equiparándolo al de nuestro entorno europeo.


En la número 63 hablamos de reformar la LOE y la LOU para establecer una representación paritaria en los órganos correspondientes. Nos parece un tema interesante porque, si lo estamos haciendo en el resto, es lógico que también se refleje esta iniciativa en los órganos de representación de la comunidad educativa. Asimismo, planteamos la eliminación de los conciertos con aquellos centros educativos que segreguen por sexo. Tengo conocimiento de colegios, porque ha sucedido en la Comunidad de Madrid -es más, se han potenciado colegios de esas características-, en los que todavía se piensa que hay que separar a los chicos y las chicas, y creo que esta ley viene en buen momento para resolver y eliminar de una vez por todas esos conciertos educativos. Igualmente, en la misma enmienda planteamos la necesidad de garantizar la plena escolarización de 0 a 3 años; sin duda, este es un elemento clave para facilitar la incorporación al mundo laboral y también para una política de igualdad.


Varias enmiendas se refieren a la incorporación de la mujer a todos los espacios de decisión y ámbitos de la sociedad: entidades locales, instituciones, etcétera.


Señorías, este es el compendio de las enmiendas. Quiero insistir en que nos hubiera gustado que las empresas de menos de 250 trabajadores también tuvieran la obligación de implantar los planes de igualdad, como he dicho antes. De hecho, creemos que se ha perdido una oportunidad,

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porque ello resulta clave para el desarrollo de elementos de igualdad en el mundo de la empresa.


Quizá tendríamos que haber corregido algunas otras cosas, pero hay que tener en cuenta la intensidad y la rapidez con la que hemos trabajado en los últimos días. Tendríamos que haber eliminado algunos conceptos que pueden ser sexistas, y de hecho lo son; por ejemplo, se habla del permiso de maternidad cuando tendría que hacerse alusión al permiso de natalidad para no utilizar un concepto que encierra un sentido que todos ustedes conocen.


En definitiva, señorías, desde Izquierda Unida hacemos una valoración positiva de la ley que puede salir adelante en el día de hoy. Por ese motivo, en este momento retiramos todas y cada una de las enmiendas que nos quedan vivas.


Pero antes de terminar quiero manifestar mi agradecimiento y felicitación a las compañeras senadoras de los diferentes grupos parlamentarios y a aquellos senadores que han participado en este trabajo, porque para mí ha sido un placer trabajar con ellos. A mí me ha servido, me ha enriquecido y me ha ayudado a ser más como persona, por lo importante que resulta un trabajo de esta envergadura y características. Por ello, quiero dar las gracias a todas las compañeras senadoras y a todos los que han trabajado en esto, fundamentalmente a María Antonia, que ha derrochado curro y nos ha ayudado mucho con su síntesis y trabajo. No es por nada, María Antonia, pero yo las cosas las digo en manchego, y ya me hubiera gustado haber encontrado a otras maría antonias en los trabajos de otras leyes.
(Risas.) Muchas gracias, porque nos has ayudado mucho, has hecho un buen trabajo por tu parte y has colaborado. Gracias a todos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías, voy a empezar resaltando el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a este proyecto de ley. Somos plenamente conscientes de que la igualdad jurídica entre hombres y mujeres no se traduce en una igualdad efectiva y real si ese principio jurídico no se acompaña de políticas decididas que remuevan los obstáculos ideológicos, culturales, sociales y económicos que siguen perpetuando situaciones de desigualdad y discriminación. A nuestro juicio, la ley avanza en esta dirección.


Además, valoramos muy positivamente la admisión, a través de transacciones, de enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego en el Congreso de los Diputados, porque han supuesto importantes mejoras; en particular, el reconocimiento del derecho de las mujeres trabajadoras autónomas o afiliadas a los regímenes especiales de la Seguridad Social al mismo disfrute de los permisos por maternidad y las prestaciones económicas que ello conlleva.


No obstante, consideramos que el proyecto de ley sigue siendo mejorable.
Por este motivo, mantenemos vivas cuatro enmiendas.


La enmienda número 72 propone que las excedencias que sean inferiores a un año cuenten con la garantía de la reserva del puesto de trabajo. Hay que tener en cuenta los casos de las personas dependientes del trabajador o trabajadora, ya que, a pesar de que la Ley de dependencia y autonomía personal garantiza el acceso a servicios como residencias o la asistencia a personas de movilidad reducida, transcurre un plazo de tiempo hasta que se produce el acceso al servicio demandado. Durante ese tiempo es el trabajador o trabajadora quien tiene que hacerse cargo y, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, debe existir la garantía de la reserva de puesto de trabajo en excedencias inferiores a un año para atender esta contingencia.


Las enmiendas números 73 y 74 proponen que siempre y cuando en la distribución acordada el padre suspenda su contrato laboral por más de ocho semanas -el período de suspensión por supuesto, de parto tenga una duración de 24 semanas. En definitiva, de lo que se trata es de ampliar la duración del período de suspensión por supuesto de parto e introducir la corresponsabilidad en la tarea del cuidado de un hijo o hija. Desde nuestro punto de vista, desde el momento en que las bajas por nacimiento de un niño o niña se distribuyan entre el padre y la madre y el coste laboral para las empresas sea el mismo se estará contribuyendo a evitar discriminaciones en las políticas de contratación de las empresas.


Por último, la enmienda 75 propone la adición de una nueva disposición adicional que pretende ampliar el concepto de explotación agraria compartida, así como los derechos de sus titulares. Se trata de asentar el derecho de cotitularidad de una explotación agraria a fin de eliminar todo tipo de discriminaciones sexistas, ya que en los casos de explotaciones familiares -como es habitual en la estructura del campo gallego- a cargo de dos cónyuges solo figura como titular de la explotación uno de ellos, que en la mayoría de los casos es el marido. Es preciso extender este derecho a ambos cónyuges puesto que son los dos los que se dedican a la actividad agraria de modo profesional. El no reconocimiento de la cotitularidad de una explotación agraria supone para las mujeres dedicadas a la agricultura la negación de derechos como el de poder percibir la ayuda de 100 euros mensuales por hijo o hija menor de tres años, ya que el Ministerio de Economía y Hacienda argumenta que estas mujeres no figuran como titulares del desempeño de una actividad, aunque de facto la realicen.


Es cierto que en el artículo 30 de este proyecto de ley se mandata al MAPA y al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para que se cree la figura jurídica de la titularidad compartida. No obstante, si estamos discutiendo una ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, no entendemos por qué no se puede resolver ya en el marco de esta ley una cuestión tan sensible para las mujeres de nuestro mundo rural.


En cualquier caso, reitero nuestro apoyo de fondo a este proyecto de ley que, consideramos que avanza en la dirección positiva; y si en el transcurso de la sesión no llegamos a ninguna transacción para que prosperen estas enmiendas, como muestra de buena voluntad anunciaré también la retirada de las enmiendas presentadas por el BNG.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Mendoza.


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El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.


El Grupo de Senadores de Coalición Canaria ha mantenido cuatro enmiendas vivas para el Pleno, cuatro enmiendas cuya base es la misma: se trata de sustituir, donde se especifique, principio jurídico por: el derecho constitucional a la igualdad. Entendíamos que esto era más rotundo, y por eso presentamos estas enmiendas al preámbulo y a algunos artículos, por considerar, repito, que era preferible que apareciera lo que en el artículo 11 ciertamente está recogido, que es el derecho constitucional a la igualdad. En fin, creemos que eso podría dar una mayor seguridad jurídica; en cualquier caso, no hacemos bandera de estas enmiendas y, por tanto, en estos momentos las damos por retiradas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.


Señorías, hoy debatimos una ley muy importante que no habríamos tenido necesidad de elaborar si nuestra sociedad fuese la que debe; ahora bien, en una sociedad donde la paridad todavía no es real parecía necesaria.


La igualdad entre hombres y mujeres es un principio jurídico universal, reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos; es un elemento de justicia inspirador y fundamento del orden constitucional, del principio democrático de que todos los hombres y mujeres son iguales.


Es una ley compleja la que debatimos hoy, pues modifica hasta 22 leyes en distintos ámbitos. Pero dejo las consideraciones de la ley para el turno de portavoces, y paso directamente a la defensa de las enmiendas.


La llamada ley de igualdad llega a este punto mucho mejor de lo que entró, con muchas enmiendas integradas por unanimidad. Esta integración por unanimidad tiene un nombre: la senadora doña Antonia Martínez, que ha trabajado incansablemente, no solo para conseguir los acuerdos necesarios, sino para que estos supusieran un gran avance en la igualdad en este país.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió presentó 21 enmiendas, de la número 112 a la número 132, de las cuales han sido retiradas dos, e incorporadas cuatro, dos de las cuales podrían llamarse técnicas pues venían a llenar un vacío dejado a su paso por el Congreso; y es que no se había contemplado a las mujeres que prestan servicio en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil, -quizá porque hacía poco que se incorporaron a ellas-, de forma que, tal como llegó la ley del Congreso, serían las únicas mujeres que no podrían solicitar las ventajas que esta ley atribuye a las demás mujeres trabajadoras. Por eso, todos los grupos las asumieron por unanimidad desde el primer momento en ponencia.


Las otras dos enmiendas incorporadas en comisión lo fueron por la ampliación de derechos de los padres en caso de los neonatos prematuros.
Esta fue nuestra bandera. Se trata de ampliar las prestaciones, para el caso de prematuros que requieren hospitalización, hasta su alta hospitalaria. Eran dos enmiendas muy importantes, dado que la viabilidad de los neonatos actualmente se situá alrededor de las 24 semanas -recientemente, ustedes han podido conocer un caso recogido en los medios de comunicación que habla de las 22 semanas, pero son casos especiales, porque, verdaderamente viables lo son a partir de las 30 semanas.- Y como se considera un embarazo a término a las 37 semanas, tendríamos un máximo de 13 semanas en el caso de prematuridad.


Señorías, ustedes saben que cada vez existen más niños prematuros y prematuros viables debido, tanto al entorno social, como a la edad de la madre -las embarazadas primíparas tienen cada vez más años, con una edad de inicio al parto superior a los 30 años de media-, el estrés o la vida cotidiana de estas mujeres; pero también la evolución de la tecnología, la fecundación artificial o los tratamientos de maduración del neonato, totalmente innovadores, hacen que cada vez haya más prematuros viables.
Además, estos neonatos necesitan el contacto físico, la dedicación permanente de los padres, y muy especialmente de su madre, hasta llegar a su desarrollo normal. Está más que demostrada la relación de viabilidad entre el neonato y el contacto físico con sus progenitores, muy especialmente con la madre, que le tranquiliza y le da la seguridad del claustro materno. En muchas ocasiones todo ello supone para la madre perder el puesto laboral, madre que, afectada por un niño prematuro, por un niño que no sabe si sobrevivirá, debe volver al trabajo. Reconocemos que esta es una acción cara, pero era uno de los grandes objetivos.


En cuanto al resto de las enmiendas, se han transaccionado nueve en total.
De ellas, seis son semejantes a las presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Mixto y el Grupo de la Entesa. Se trataba de añadir en los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, el acogimiento simple, un tipo de acogimiento que está contemplado en el Código Civil de algunas comunidades, entre ellas Cataluña, añadiendo otros supuestos, como el caso de menores de 6 años o menores de edad mayores de 6 años, cuando se trate de menores discapacitados o que, por circunstancias o experiencias personales, o por provenir del extranjero -ya saben ustedes que el número de adopciones internacionales cada vez es más alto-, tengan especial dificultad en la inserción social, siempre que ello sea acreditado por los servicios competentes. Sin embargo, parece que quedó sin incorporar la segunda parte en alguno de los tres supuestos, por eso hemos mantenido hasta este momento las enmiendas relativas a las situaciones protegidas y las prestaciones.


En cuanto a las presentadas a la exposición de motivos, ya dijimos que se trataba de enmiendas técnicas, porque ya se pactaron en el Congreso de los Diputados. Solo cuando por error o por el motivo que fuese no fueron incorporadas, se presentaron en el Senado. Precisamente por este motivo, muchos grupos parlamentarios plantearon enmiendas parecidas.


Además de estas enmiendas, se transaccionaron dos más, puramente semánticas, era únicamente cuestión de utilizar unas u otras palabras.
Por ello, dichas enmiendas se aceptaron e incorporaron rapidísimamente, quedando solo vivas la enmienda número 113, la número 118 y la número 128, que paso a defender.


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La número 113 podría resultar poco popular, por lo que la explicaré. Sólo en casos excepcionales se concederá la excedencia por razón de afinidad, obligando a la pareja -mayoritariamente hombres-, a que se haga cargo de sus obligaciones y al cuidado de sus familiares, favoreciendo así la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y rompiendo los roles preestablecidos que ha mantenido durante siglos nuestra sociedad. Todos sabemos que cuando le pasa algo a la madre, al padre, a uno de los progenitores del esposo, es la esposa, es la madre, es la compañera la que se hace cargo. Por ello decimos que solo en casos excepcionales será necesaria la condición de afinidad; prevalentemente será necesaria la consanguinidad.


En cuanto a la número 118, propone un apartado nuevo c) en la disposición adicional décimo primera introduciendo permisos de carácter flexible para adaptarse a situaciones imprevistas, como los días no lectivos laborales"

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego vaya terminando.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Termino, señor presidente.


... o por enfermedad leve del menor, con un límite de horas anuales para cada progenitor. Es algo parecido a los moscosos, que algunos disfrutamos como funcionarios o como estatutarios.


Por último, reconocemos que la número 128 es una enmienda quizá excesiva, ya que, como queda claro tanto en esta ley como en todas las leyes sociales, contemplar la figura del prematuro tiene un fuerte componente económico, y extender las prestaciones de esta ley a las personas que ya están disfrutando del permiso puede resultar excesivamente caro, por lo que entendemos que posiblemente, el Gobierno no la acepte.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.


En primer lugar, quiero dar la bienvenida a las personas que nos acompañan en la tribuna pública y están siguiendo el debate de un proyecto de ley que va a marcar en este país un antes y un después, lo mismo que hizo la ley de Protección Integral contra la Violencia de Género.


Esta ley llegó a la Cámara con un contenido importante, contemplando situaciones que incluso podían ser interpretadas de forma errónea, y aquí, aparte de ordenar algunos aspectos que no habían sido recogidos de forma muy precisa en su trámite en el Congreso, hemos sido capaces de introducir cuestiones de importancia que, de hecho, van en la línea de la propia definición de la ley, esto es, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.


El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos durante el trámite de ponencia y comisión consiguió incorporar cinco enmiendas, unas en su literalidad y otras transaccionadas, trasladando al texto del proyecto de ley aspectos que la mejoran. Por ejemplo, se ha recogido que tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación, cualquier persona pueda recabar el ejercicio a una tutela judicial efectiva del derecho a la igualdad, recogido en el artículo 14 de la Constitución, que nos parece que mejora sustancialmente el contenido de este artículo. Esto ha sido fruto de todos los grupos parlamentarios porque, aunque sea uno el que presenta la enmienda, es la generosidad del resto de los grupos parlamentarios lo que hace que aquellos aspectos que consideramos importantes y fundamentales introducir porque mejoran sustancialmente la ley, se incorporen al texto del proyecto.


Asimismo, en el artículo 14.6, en el que se hace referencia a que entre los criterios generales de actuación de los poderes públicos está la consideración de determinados colectivos de mujeres dadas las singulares circunstancias en que se encuentran y su especial vulnerabilidad, proponemos que, también por su situación de especial vulnerabilidad, se incluya a las mujeres viudas y, cómo no, a las mujeres víctimas de la violencia de género. Considero que esta introducción supone un avance y un aspecto importante a tener en cuenta.


También es una mejora el hecho de haber podido transaccionar e incorporar en lo relativo a contratos y subvenciones que las administraciones públicas realizan, que las distintas actuaciones se hacen en el ejercicio de sus competencias, máxime cuando al hablar de subvenciones hablamos más bien de una herramienta de gestión propia de las políticas públicas y que, como tal, no constituye un título competencial autónomo.


En coherencia con esta cuestión, mi grupo parlamentario mantiene viva la enmienda número 110, referida al fundamento constitucional del conjunto de la ley, lo que, según lo planteado, debe suponer que el artículo 35 no sea considerado como básico invocando el artículo 149.1.18.ª, tal y como se recoge en el fundamento constitucional de la disposición final primera.


Las once enmiendas que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos mantiene vivas para este debate, además de la anteriormente mencionada, se pueden agrupar en varios bloques según los aspectos a los que se refieren.


En un primer bloque se encuentran las enmiendas referidas a cuestiones competenciales. La Ley, en su artículo 28, en el marco de la acción administrativa para la igualdad, aborda la sociedad de la información, considerando que el Estado debe dictar normas básicas al amparo del artículo 149.1.1.ª de la Constitución, cuando son las comunidades autónomas las que ostentan competencias exclusivas en un ámbito material como es el de la sociedad de la información.


Es razonable lo que en el artículo se plantea, pero ello no justifica que se le otorgue el carácter de básico al amparo del artículo 149.1.1.ª de la Constitución, que al final siempre sirve para encajarlo todo, de ahí, señorías, que solicitemos su supresión en la enmienda número 99.


Y lo mismo sucede respecto del artículo 30, sobre el desarrollo rural. No se respeta en absoluto el reparto competencial. El lograr una igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el medio rural es un verdadero reto que supone un serio compromiso, pero ello no es excusa para que, sobre la base del precepto constitucional antes mencionado, se invada el espacio competencial de las comunidades

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autónomas. En nuestra enmienda número 100 pretendemos centrar la cuestión en el ámbito que compete al Gobierno, que no es otro que promover y adaptar aquellas medidas necesarias para que las mujeres agricultoras, las mujeres del medio rural puedan acceder a la protección de la Seguridad Social en igualdad y, por tanto, puedan tener los mismos derechos y prestaciones.


Otro bloque de enmiendas se refiere, señorías, al paso que la ley da respecto de una real conciliación de la vida personal, familiar y laboral con el establecimiento del permiso de paternidad. En opinión de mi grupo parlamentario se da un paso importante en la línea de la conciliación, porque a través del permiso de paternidad se está instaurando a la par, y desde el nacimiento del hijo, un ejercicio de corresponsabilidad en el entorno familiar que hará más factible y viable a posteriori que ese proceso de conciliación sea efectivo, de forma que no suceda lo que ocurre actualmente, y a lo que he aludido desde distintas tribunas y en distintos momentos. Me refiero al hecho de que, al final, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral supone que las mujeres nos conciliemos con nosotras mismas para abordar los tres ámbitos: el personal, el familiar y el laboral. Por ello, hay que establecer mecanismos y medidas concretas y eficaces que ahonden y profundicen en la corresponsabilidad, porque esa va a ser la vía por la cual al final será factible y efectiva esa conciliación.


En este sentido, señorías, mi grupo parlamentario plantea, por un lado, que el derecho a la suspensión del contrato por paternidad tenga una duración de tres semanas y, por otro, que el objetivo de cuatro semanas previsto en la disposición transitoria novena se alcance en dos años y no en ocho, como se plantea en el texto del proyecto de ley. Ello supondría dar un paso decidido y decisivo en el ámbito de la corresponsabilidad familiar y, cómo no, en esa tarea que a todas y a todos nos compete, como es la de conciliar la vida personal, la vida familiar y la vida laboral.
No obstante, he de decir desde esta tribuna que, con el mismo espíritu de generosidad y de entendimiento que ha imperado durante todo el trámite que ha seguido la ley en esta Cámara, hemos firmado una transaccional en la que admitimos que ese período de transitoriedad, hasta alcanzar las cuatro semanas previstas en la disposición transitoria novena, se consiga, en vez de en ocho años, en seis. Entre todos hemos conseguido que se reduzca el plazo en dos años. Eso es algo positivo que merece destacarse.


Las enmiendas números 94 y 107 tienen relación con la interpretación de la directiva del Parlamento y del Consejo de Europa relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, la formación y la promoción profesional y condiciones de trabajo. Una de ellas se refiere al artículo 7 de la ley, en el cual se define el acoso sexual y, acoso por razón de sexo. Pues bien, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos plantea que se introduzcan los mismos términos que se utilizan en la directiva y que, por tanto, «no deseado» «hostil» y «humillante» figuren también en las definiciones.


En la enmienda, número 107, a la disposición adicional vigésimo quinta, planteamos que, al hablar de la designación de los organismos responsables, además del Instituto de la Mujer, sean también competentes los organismos autonómicos que desarrollan políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres a efectos de los dispuesto en el artículo 8.1 bis de la directiva, puesto que esta prevé la designación de uno o más, y eso es acorde con el actual reparto competencial.


La última de las enmiendas propone una nueva disposición adicional por la que se modifica el Real Decreto de 26 de diciembre de 2003, de mejora de las pensiones de viudedad. La enmienda pretende corregir una situación que afecta a un número de mujeres importante que percibe pensiones de viudedad cuyo limitado importe hace que se encuentren muchas veces en situación de precariedad económica y con incapacidad para hacer frente a las necesidades diarias y el día a día.


Señorías, estoy segura de que para decir no a esta enmienda me dirán que no toca en el marco de esta ley. Yo les digo que sí, puesto que la desigual situación y capacidad económica tradicionalmente establecida para la mujer viene derivada del trato desigual que en el marco laboral y de la protección social y de la Seguridad Social se le ha dado. Trabajo remunerado el hombre. Trabajo no remunerado la mujer. Pensión de jubilación el hombre. Pensión de viudedad la mujer.


Las generaciones de mujeres que nos han precedido y que han luchado para que se abrieran las puertas a las mujeres merecen ser reconocidas, y donde mejor podemos hacerlo es en una ley de igualdad, puesto que en su pensión debe reconocerse la aportación que han hecho día a día y situarlas en plano de igualdad con los hombres. Esto supone situar en plano de igualdad las posibles prestaciones derivadas del trabajo remunerado y las posibles prestaciones derivadas del trabajo no remunerado, no tenido en cuenta, y que, sin embargo, no nos olvidemos señorías, aporta, y mucho, al producto interior bruto de este país.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Concluyo, señor presidente.


Si no, analicen los distintos estudios que así lo reflejan.


Por mi parte nada más, señor presidente. Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo de Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra la senadora Baig.


La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señor presidente.


Buenas tardes. Voy a intentar explicar las enmiendas de mi grupo, Entesa Catalana de Progrés, a la ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, una ley muy esperada, una ley valiente, una ley que hubiéramos deseado tener ya hace unos años, aunque nunca es tarde si la dicha es buena.


Entesa empezó el trámite de esta ley en el Senado con el acuerdo de que ya habían alcanzado en la Cámara Baja los tres grupos que forman esta coalición. Por esto, nuestras enmiendas iban encaminadas principalmente a concretar y defender aspectos autonómicos, no porque no estuvieran antes en el texto de la ley, sino para reforzar, en unos casos, el respeto que tenemos hacia las competencias

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autonómicas y, en otros casos, para que su concreción no nos hiciera encontrar peligros o distorsiones en el momento de su desarrollo. Nos ha sido tan difícil alcanzar las competencias autonómicas que a veces puede parecer repetitivo. Nosotros estamos muy atentos, porque aquello que más cuesta alcanzar es lo que realmente valoramos y no queremos perder.


La enmienda número 135 propone que se contemple el acogimiento simple tal como está regulado en el Código Civil catalán, con regulaciones distintas ante situaciones similares, acogimiento permanente o acogimiento simple de larga duración.


Otras enmiendas iban dirigidas a aspectos de la educación. Nos parece que deberíamos afrontar, -y en esta ley queda implícito en todo el articulado- la coeducación y no confundirla con la educación mixta. Y digo coeducación porque debería ser -y me parece que ha de ser- el pilar básico para que esta igualdad sea efectiva desde la educación y de cara al futuro entre mujeres y hombres. Algún día veremos este aspecto reflejado totalmente e impulsado por el Gobierno y por las propias autonomías.


Mi grupo abre un tema en el Senado que no había sido tratado en el Congreso de los Diputados conjuntamente con el Grupo de Convergència i Unió, seguramente porque recibimos este encargo a través de una asociación catalana de padres y madres de bebés prematuros. Impulsamos el asunto, que fue bien visto en la ponencia y por tanto incorporado. En aquel momento no fue apoyado, creo que más por aspectos económicos que por el contenido propio de la enmienda, pero sí obtuvo la abstención del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya.


La señora BAIG I TORRAS: Ahora hemos podido llegar a acuerdos. Nosotros agradecemos el esfuerzo realizado por la ponente del Grupo Parlamentario Socialista y cuando exprese la posición respecto a la ley, avanzaré más en este asunto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Veo algunas mujeres en la tribuna, algunas muy comprometidas en la lucha por los derechos de la mujer, y quiero decirles al inicio de esta intervención que espero que cuando termine esta noche puedan decir lo mismo que reza esa inscripción de la magnífica escultura que tenemos en la Sala Clara Campoamor: «Y las señoras de las tribunas se ponen muy contentas». Espero que así sea, como hace 75 años, porque hoy tenemos entre manos un debate importante que va a afectar a todas las mujeres y a todos los hombres de este país.


Señor presidente, me corresponde defender los dos votos particulares del Grupo Parlamentario Socialista: el primero, el mantenimiento de las enmiendas números 191, 192, 207 y 214; y, el segundo, la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 115 y 124 de Convergència i Unió, y la número 177 de Entesa Catalana de Progrés, si bien ya anuncio que se ha presentado una propuesta de transacción que ha sido firmada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Parlamentario Popular, que no sé si al final habrá cambiado de opinión.


Señorías, voy a explicar sucintamente el contenido de estas enmiendas, según la importancia de cada una de las cuestiones que abarcan.


Las enmiendas números 191 y 192 fueron calificadas, y lo sigo manteniendo en el día de hoy, como enmiendas técnicas. Realmente, las citadas enmiendas no alteran en absoluto el texto que nos remitió el Congreso de los Diputados; sencillamente, nos hemos limitado a ubicarlas convenientemente, es decir, dentro de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en lugar de hacerlo en las disposiciones finales de la ley, como estaba hasta este momento.


En resumen, la enmienda número 191 propone la modificación de la disposición adicional segunda, dos, eximiendo a los municipios con un número igual o inferior a 3.000 habitantes, de la obligatoriedad de componer sus candidaturas con participación equilibrada. Por supuesto, lo pueden hacer, no se trata de una prohibición, pero se les exime de esa obligatoriedad. Quiero hacer hincapié en esta cuestión porque cualquier mujer que quiera y pueda, y cualquier partido que quiera o pueda seguir la línea de participación que la propia Constitución establece, podrá contar con mujeres en sus listas. En segundo lugar, introducimos una disposición transitoria en esta ley, con el fin de que hasta las elecciones municipales del año 2011, ese límite de 3.000 habitantes se eleve a 5.000 habitantes, con la sana voluntad -como se hizo en el Congreso de los Diputados- de dar facilidades a los partidos políticos, que constitucionalmente tienen la responsabilidad de elaborar las candidaturas, de aproximarse con solvencia y que sus listas no sean rechazadas por las juntas electorales correspondientes.


No entiendo por qué sigue viva la enmienda número 207 que, desde mi punto de vista, debería haber quedado ya incorporada ya que, lisa y llanamente, se trata de una ampliación de derechos que creo que todos compartimos pero, como ha señalado el senador Cuenca, hemos trabajado de forma un tanto acelerada. En este sentido, se trata de modificar el artículo 133 noníes, de la Ley General de la Seguridad Social, con el fin de ampliar a los supuestos de adopción y acogimiento los períodos mínimos de cotización exigidos por tramos de edad que estaban reservados en el texto que nos envió el Congreso de los Diputados simplemente a la maternidad biológica. Extendemos esos tres tramos a todos los supuestos, de manera que hasta los 21 años no se les exige cotización alguna, entre los 21 y los 26 años se exigen 90 días en los últimos siete años o 180 días a lo largo de su vida laboral y, en el último tramo, a partir de los 26 años, se exigen 180 días en los últimos siete años o 360 días a lo largo de su vida laboral. Por tanto, se trata de una ampliación de derechos que creo es muy beneficiosa y que, además, da cumplimiento al propio objeto de la ley: eliminar discriminaciones directas.


Señorías, quiero llamar su atención en relación con la enmienda número 214, que mantiene viva el Grupo Parlamentario Socialista. Esta enmienda pretende eximir de la

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dispensa que en este momento está prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a las víctimas de violencia de género o a las víctimas de violencia doméstica comprendidas en el artículo 173.2 del Código Penal: cónyuge, compañero o compañera con una vinculación afectiva similar, descendiente, ascendiente, hermano, sólo en el caso de que sean los denunciantes. Quiero remarcar esta cuestión porque en el supuesto de que exista otra vía de denuncia de la que el fiscal o los poderes públicos tengan conocimiento dentro del seno de la familia o de la violencia que llamamos de género, no necesitan de la declaración de la mujer. Por tanto, se exime de esta dispensa de declarar solo a las víctimas que sean denunciantes.


¿Y por qué, señorías, traemos hoy la defensa de esta enmienda? Sé que existe una preocupación real, una sensación de indefensión de las víctimas de la videncia de género, y hay indefensión porque en muchos de los casos es solo la mujer la que, con su denuncia y porque es la única conocedora de la situación de violencia que está viviendo, bien sea física o psicológica, puede ayudar al fiscal y a su propio abogado defensor a que siga adelante la acción penal. Si siendo ella la denunciante la única conocedora de la situación de violencia, no acompaña a quienes tienen la obligación de velar por la tutela judicial efectiva, realmente se producirá un fracaso en la Justicia.


Sé que existen reservas, que quiero manifestar en voz alta. Creo que hoy estamos todos muy preocupados, fundamentalmente las mujeres, por el riesgo que sabemos que muchas corren a partir del momento de la denuncia.
Por tanto, todo lo que hagan los podres públicos para apoyar a la mujer desde el mismo momento en que se decide a poner esa denuncia -más aún, previamente a su presentación- será poco.


Pero, una vez que la denuncia está en marcha, hay que hacer que el proceso siga adelante y que quien tan cruelmente manifiesta esa violencia sea castigado debidamente. Dispongo de datos realmente preocupantes: de las 258 actuaciones que ha archivado la Fiscalía, que, como saben sus señorías, tiene la obligación de fundamentar muy bien, más del 33 por ciento han sido archivadas porque no hay manera de seguir adelante.


Me parece que esto es muy preocupante y que debemos ser conscientes de que tenemos que ayudar a que la acción de la Justicia sea efectiva, porque también en eso nos jugamos mucho respecto a la eficacia de la ley que con tanto esfuerzo y esmero estamos intentando hacer prosperar desde todos los ámbitos responsables, no solo privados sino también públicos.


Cuando el Grupo Parlamentario Socialista anunció esta enmienda, automáticamente salieron apoyándole, en su defensa, asociaciones prestigiosas que durante muchísimo tiempo se han dedicado a defender los derechos de la mujer. Me estoy refiriendo a la Asociación de Mujeres Juristas Themis y a la propia Federación de Mujeres Progresistas, y también sé que jueces y fiscales apoyan y quieren que esta medida salga adelante.


Señorías, apelo a su responsabilidad. Nos podemos equivocar, pero también podemos rectificar. El Legislativo tiene ese poder: hacer las leyes, modificarlas y derogarlas. Vamos a ayudar a la Justicia para que pueda llevar adelante todos estos casos y que así los fiscales puedan llegar hasta el final. Por tanto, señorías, pido de manera muy especial el apoyo a esta enmienda.


A continuación, paso a defender el voto particular al que antes hacía referencia.


En primer lugar, me interesa mucho concretar el ámbito que esta modificación solicita. En estos momentos hay que saber que la enmienda de Entesa y CiU que figura en el dictamen que hoy nos llega al Pleno supone una modificación insuficiente para conseguir los objetivos que muy bien han expuesto las senadoras Baig y Aleixandre. El texto del dictamen no sirve para solucionar lo que ambas pretenden.


Y quiero decir de antemano que el Grupo Parlamentario Socialista se abstuvo tanto en ponencia como en comisión, no porque no comparta ese objetivo...


El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.


La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Señor presidente, le pido un poquito de benevolencia. Voy terminando.


Compartimos ese empeño. Nos abstuvimos porque queríamos buscar la solución idónea y creo que la enmienda transaccional que presentamos viene a suplir los defectos que el texto presenta: en primer lugar, incorporando parte del párrafo cuarto del artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores, que ha sido suprimido por la enmienda, manteniendo el reconocimiento y la opción de la mujer a que pueda optar por disfrutar del tiempo de permiso de forma sucesiva o compartida con su pareja; en segundo lugar, establecemos una reserva imprescindible de desarrollo reglamentario de la Seguridad Social para establecer las condiciones, porque, si no se produce ese desarrollo reglamentario por parte de la Seguridad Social, no se puede percibir la prestación.


Por último, añadimos una disposición adicional nueva, para que este derecho, que hemos introducido solo para trabajadores y para funcionarios, se amplíe a todos los colectivos que han quedado excluidos.
En ella se dice que se adoptarán las medidas necesarias para aplicar lo que señala la disposición adicional decimoprimera.diez, en lo relativo a partos prematuros, a los colectivos no incluidos en el ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores. Tenemos aquí una ley de la Función Pública, para la que incorporaremos una transaccional; tenemos en el Congreso la ley de autónomos, para la que incorporaremos también una transaccional; y así, una a una, iremos revisando las normas y colectivos a los que ha de aplicarse.


Señor presidente, aquí termino la presentación de mis enmiendas, pero pido su benevolencia para defender dos transaccionales, que se han presentado en la Mesa y en el registro; así ahorraríamos un turno posterior. Me refiero a la transaccional que mantenemos sobre la percha de las enmiendas 111 del Grupo Parlamentario Mixto -de Izquierda Unida-, 129 de Convergència i Unió, 183 de Entesa Catalana de Progrés, 109 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y 320 del Grupo Parlamentario Popular. (La señora Fúnez de Gregorio y la señora do Campo Piñeiro: No.) Perdón, esta última la tengo en el registro original pero ha sido suprimida, ya que el Grupo Parlamentario Popular es el único que no apoya esta transaccional. En la Mesa y en el registro está debidamente presentado. Les ruego que me disculpen. Quiero

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que quede clara la postura de cada uno, sin ningún tipo de duda.


Aquí damos respuesta a un debate que se ha reabierto en el Senado. Cuando vino la ley nos dijeron que había un acuerdo entre el Gobierno y los grupos parlamentarios por el que habían quedado zanjadas las diferencias sobre los permisos de paternidad con los 15 días, puesto que en la ley del Gobierno figuraban con ocho días, y que en un período de ocho años el permiso llegaría a ser de un mes. Con esta enmienda transaccional se modifica la disposición transitoria novena y se acorta el período al que me refiero, de modo que al cabo de seis años, en vez de al cabo de ocho, los hombres podrán disfrutar plenamente del derecho de permiso de paternidad, compatible con el disfrute de lo que acuerden con su mujer o su compañera sobre el permiso de maternidad.


La segunda y última transacción se fundamenta en la enmienda número 131 de CiU. Recogemos un mandato vivo tras un acuerdo del Congreso de los Diputados, pero nos ha parecido oportuno materializarlo ya que estamos tramitando esta ley. En esta disposición final nueva, de medidas para posibilitar los permisos de maternidad y paternidad de las personas que ostentan un cargo electo, instamos al Gobierno a que, a partir de la entrada en vigor de esta ley, promueva los acuerdos necesarios para iniciar un proceso de modificación de la legislación vigente, con el fin de posibilitar los permisos de maternidad y de paternidad de las personas que ostenten un cargo electo. Sería una modificación de vasto alcance, ya que afectaría a todos nuestros concejales y concejalas, alcaldes, parlamentarios autonómicos y miembros de las Cámaras de estas Cortes Generales.


El mandato que hacemos al Gobierno es duro, dado el clima político imperante. Sin embargo y para nuestra sorpresa, es posible que esto salga adelante, porque el Grupo Popular se ha sumado a la transacción. Como es algo que tienen que hacer los grupos parlamentarios, y no el Gobierno, le pedimos al Gobierno que empiece a trabajar para que se materialice la reforma.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Fúnez, que compartirá su tiempo con la senadora Do Campo.


La señora FÚNEZ DE GREGORIO: Buenas tardes, presidente y señorías.


Es una satisfacción subir esta tarde a la tribuna, en representación del Grupo Parlamentario Popular, para defender unas enmiendas que han nacido de tres actitudes, de tres sentimientos, de tres realidades fundamentales. La primera de ellas refleja el deseo de enriquecer la ley de igualdad que llegó al Senado. La segunda nace de los principios básicos y convicciones que defendemos en nuestro partido. Entendemos que hay cuestiones y principios fundamentales que tienen que estar presentes en todas las leyes y, por tanto, también en esta ley de igualdad. Y el tercer grupo de enmiendas nace de haber escuchado a asociaciones, a colectivos, a representantes de sectores de la sociedad española, pues también nosotros en esta Cámara tenemos la obligación de representarles y de que su voz sea escuchada y oída por todos.


Siguiendo estos tres bloques, señorías, voy a defender las enmiendas, y espero que sean benevolentes, que las escuchen, que las entiendan y, por supuesto, que voten a favor.


El primer bloque de enmiendas nace de la necesidad de enriquecer esta ley en torno a las medidas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Para mí es una obligación, como mujer joven que ya ha crecido y se ha educado en una sociedad en igualdad, que sobre el principal reto que tenemos por delante, que es la conciliación de la vida familiar y la vida laboral, también aparezcan medidas concretas en esta ley. No me corresponde a mí defender estas enmiendas, sino a la senadora Do Campo, pero sí quiero hacer referencia, al menos, a dos de ellas. La primera es la número 222 que se formula al preámbulo de la ley y cuyo fin fundamental es reflejar en el mismo la necesidad y la normativa vigente actual realtiva a la conciliación. La segunda enmienda es la número 271 que seguimos manteniendo porque, aunque se presenta al artículo 60.1, que se refiere a las acciones positivas de formación, el Grupo Parlamentario Popular cree necesario que se mantenga que el permiso de paternidad sea de cuatro semanas.


El segundo bloque de enmiendas, como les decía al principio de mi intervención, responde a los principios básicos y a las ideas que se defienden y en las que cree el Partido Popular, y que giran en torno a la libertad y a la no obligatoriedad. En esta ley aparece demasiadas veces la obligación y la imposición, cuando se ha demostrado que las sociedades crecen más, realizan y generan más progreso cuando existe más libertad, más promoción, más apoyo, más fomento y más incentivación a través de medidas políticas y de medidas de igualdad, con beneficios laborales y con beneficios fiscales. Conseguiremos más si fomentamos y no obligamos.
Y algunas de las enmiendas a las que voy a hacer referencia a continuación van en esta línea. La primera de ellas es la número 224, al apartado IV del preámbulo. La segunda enmienda es la número 261; la 263, formulada al artículo 49, apoya la implantación de planes de igualdad en las empresas. El Grupo Parlamentario Popular que se dé ese apoyo a todas las empresas, poniendo especial énfasis en las de dimensiones más reducidas. Asimismo la enmienda número 265, al artículo 53, y la enmienda 266, al artículo 54, que también pretende eliminar la obligación no sólo a las empresas, sino a la Administración general del Estado en los órganos de selección y en las comisiones de valoración.


Les ruego, señorías, que recapaciten su voto sobre la enmienda número 275, al artículo 75, en la que el Grupo Parlamentario Popular pide, en primer lugar, que se elimine la obligatoriedad, pero que se promueva la presencia equilibrada de mujeres no sólo en los consejos de administración de las empresas, sino en todos sus órganos de gobierno. El segundo punto de esta enmienda hace referencia a que se elimine el plazo de consecución de esa presencia equilibrada de mujeres, ya que en la ley aparece en los ocho años siguientes desde su entrada en vigor. Y el tercer punto de esta enmienda pretende promover, que no imponer, la presencia equilibrada de mujeres no sólo en las empresas, sino también en las asociaciones, en las fundaciones, en los sindicatos y en las ONG.


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Y llego al tercer bloque, el último, el que vengo a defender con una mayor convicción y con un mayor sentido de la responsabilidad. Son aquellas enmiendas que han nacido de nuestro contacto con la sociedad, de escuchar a asociaciones y a colectivos que querían participar en el debate de la ley y que, aun no estando presentes en esta Cámara, aun no sentándose en los escaños que nosotros ocupamos, también quieren luchar por nuestro objetivo, que compartimos todos los grupos políticos, y es que esta ley consiga romper y eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres.


Defiendo estas enmiendas por convicción, y las defiendo -como decía antes- por obligación. En esta Cámara se tiene que escuchar, a través de nuestras palabras, la voz de todos los ciudadanos, y por eso defiendo las enmiendas que mediante un documento nos hizo llegar CERMI, referido a las desigualdades que encuentran las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, pero de manera más acentuada aquellas mujeres que tienen una discapacidad. Debido a esas desigualdades, y a esas injusticias que aún se dan en la sociedad española hemos presentado las enmiendas números 230, 238, 241, 245, esta última relativa a los problemas que encuentran las mujeres discapacitadas en el mundo rural; la 246, para facilitar y favorecer el acceso de las mujeres discapacitadas a la vivienda; las números 250, 251, 260 y 262, que pretenden favorecer el acceso de las mujeres discapacitadas al empleo, tanto en el sector privado como en público. Seamos conscientes, señorías, de que hay muchas personas que tienen serias dificultades, que se encuentran en situaciones de desigualdad y que están esperando, por justicia, que esta tarde también las escuchemos.


Para terminar, si me lo permite, señor presidente, quiero hacer referencia a tres enmiendas más. En primer lugar, la número 264, en la que se solicita el distintivo para las empresas en materia de igualdad, pero nosotros no queremos que ese distintivo solo se quede en una foto, en una imagen en el texto de esta ley, sino que apostamos por que vaya acompañado por más medidas fiscales. Y, en segundo lugar, las enmiendas números 248 y 249, a los artículos 36 y 38, respectivamente. En la Sociedad Española actual, la sociedad de la información, el papel que tienen los medios de comunicación es esencial. Estos artículos se refieren al papel de Radiotelevisión Española y de la Agencia Efe.
Nosotros queremos con estas enmiendas que se apueste con mayor determinación no solo -como dice el texto de la ley- por velar por la transmisión, sino directamente por incidir con mayor determinación sobre la necesidad de transmitir la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres.


Para terminar, la enmienda número 236, al artículo 20, trata sobre las estadísticas y los estudios que se hacen en España. Solicitamos que todos los ciudadanos tengan acceso a los estudios y a las estadísticas que se hacen sobre mujeres y que dichos estudios estén perfectamente coordinados por el Instituto de la Mujer con todas las comunidades autónomas.


Estas son las enmiendas, estos son los principios y estas son las ideas que yo tenía la obligación y la convicción de defender esta tarde. Quiero sumarme a las palabras de agradecimiento de la presidenta de la Comisión de Trabajo, la senadora Rubial, hacia todas las mujeres de España por el trabajo y por la lucha que llevaron a cabo, a nuestras madres y a nuestras abuelas, a miles y miles de mujeres que nos permitieron a las mujeres de hoy encontrarnos y defender otras desigualdades distintas a las suyas.


Es importante que hoy aquí nos acordemos de las mujeres que lucharon, pero también es muy importante que cuando se aprueba una ley que va a tener vigencia en el futuro, nos acordemos y tengamos muy presentes a las mujeres del futuro, que ojalá no se tengan que encontrar con las desigualdades que nos hemos encontrado nosotras. Por ellas es por lo que hoy he defendido estas enmiendas, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las mujeres del futuro y de intentar que las desigualdades que encuentren sean menores que las que encontramos nosotras.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la senadora Do Campo.


La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, como se ha dicho en esta tribuna, mañana se celebra un día importante, pero sin lugar a dudas esa celebración podría haber sido mayor si este proyecto de ley fuese distinto y si se hubiese consensuado con todos los grupos parlamentarios.


El Grupo Parlamentario Popular lamenta que el Gobierno no haya querido pactar nada de esta ley con el Partido Popular, con el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el grupo principal en esta Cámara. No han hecho ni el más mínimo esfuerzo de diálogo y no han aceptado ninguna de nuestras enmiendas sustanciales, salvo las expresadas anteriormente con respecto a la eliminación del lenguaje sexista en lo que se refiere al articulado.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado 100 enmiendas en esta Cámara, de las que quedan vivas ochenta y cinco. Y las hemos presentado con la idea clara de mejorar la situación y los derechos de las mujeres. Por eso, presentamos esta batería de enmiendas dirigidas a conseguir una conciliación de la vida familiar y laboral, y un bloque dirigido a la eliminación de la modificación en la ley electoral del porcentaje del 40-60 por ciento.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular es coherente con su política de oposición a las cuotas. Creemos en la política de la promoción de la participación equilibrada de hombres y mujeres; por ello, defendemos una presencia equilibrada, tanto del hombre como de la mujer, en las listas electorales, pero no debe hacerse de una manera impuesta, como recoge la ley, razón por la cual presentamos una enmienda de modificación a esa disposición adicional segunda.


Y creemos necesario hablar de nuestro compromiso con la incorporación de las mujeres en la vida política; prueba de ello es que la primera mujer que presidió esta Cámara era del Partido Popular, y que la primera mujer que presidió el Congreso era también del Partido Popular. Y lo hemos hecho sin imposiciones y sin cuotas. Por ello, creemos necesario seguir fomentando el liderazgo de las mujeres, asegurando, sobre todo, la visibilidad de las mismas en esos puestos.


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La paridad del Grupo Parlamentario Socialista se queda siempre en gestos y en pura propaganda. No hay más que ver la formación del último Gobierno catalán; no hay más que ver los últimos nombramientos de los consejeros de Radiotelevisión Española. Por tanto, les pregunto dónde está su paridad, dónde está la paridad del Gobierno socialista y dónde está la paridad de sus propuestas.


Además, queremos dejar claro que esta modificación de la ley va a implicar que en muchos municipios de España no se puedan presentar listas de mujeres. Ayer mismo, nuestro secretario general del partido, el señor Acebes, nos decía que en el municipio tinerfeño de Garachico no se podía presentar con esta ley que vamos a aprobar hoy una lista íntegramente formada por mujeres. Esa es la ley que hoy van ustedes a aprobar. Por tanto, esa discriminación no se resuelve con más discriminación sino con más libertad.


Señorías, antes de defender las enmiendas, queremos dejar claro que no entendemos la postura del Grupo Parlamentario Socialista ni la del Gobierno para decir no a las propuestas del Grupo Parlamentario Popular, a pesar de que este grupo sí ha tenido en cuenta algunas enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y, por responsabilidad, quiero referirme sólo a una, a la enmienda que propone la creación de nuevos juzgados de violencia de género.


Quiero decir de antemano que no vemos conveniente que esa modificación de la Ley de planta judicial se hiciese por una disposición adicional de esta ley y, por ello, también anunciamos que este grupo parlamentario va a presentar una propuesta en el Senado para modificar la Ley de planta judicial y revisar todo lo que haya que revisar con respecto a los juzgados de violencia de género que, insisto, deben estar bien dotados.
No se trata de crear por crear, han de estar bien dotados.


Y pasando ya a la defensa de nuestras enmiendas -no me voy a referir a todas pero sí quiero hacer hincapié en unas cuantas-, quiero decirles que, como dijo también la senadora Fúnez, nosotros consideramos conveniente en este texto que haya un título exclusivo para la Ley de conciliación. Por eso presentamos una batería de enmiendas en la línea de mejorar todas aquellas medidas que vayan en pro de la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, en la línea de mejorar esos derechos de conciliación para que se les reconozca a los trabajadores y a las trabajadoras sus derechos, y asimismo en la idea de fomentar una asunción equilibrada de responsabilidades familiares haciendo también referencia al permiso y a la prestación de maternidad y paternidad.


Y también hemos presentado la enmienda número 278 en la que hablamos de la excedencia para el cuidado de menores. Señorías, la propuesta del Grupo Parlamentario Popular va más allá. Lo que viene recogido en el proyecto de ley es que se reconoce un período de excedencia no superior a dos años. En nuestra enmienda el Grupo Parlamentario Popular, pensando en las mujeres, en los hombres y en la conciliación proponíamos una excedencia de tres años.


Con respecto a la suspensión del contrato por maternidad también presentamos otra enmienda en la línea de conciliación. Como saben todas sus señorías, la suspensión que hay en la actualidad es de 16 semanas.
Nuestra propuesta es que se amplíe a 20 semanas para el segundo hijo y a 24 para el tercer hijo y sucesivos. Creemos que hay que extender ese derecho; creemos que para esos casos de maternidad se debe ampliar, como también creemos que el permiso de paternidad en exclusividad para el hombre, a lo que luego me referiré, debe ser de cuatro semanas.


Señorías, vemos que ustedes nos traen una enmienda transaccional y que se ha eliminado la referencia que hacía a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Pero nosotros no podemos firmar una disposición transitoria en la que ustedes plantean que la suspensión del contrato por paternidad se haga dentro de seis años. Ocho años es lo que se había introducido en el proyecto de ley en esta Cámara, y resulta que ustedes ahora se ponen de acuerdo para que eso se haga dentro de seis años.


Señorías, el Partido Popular no puede apoyar esto porque nosotros vamos más allá. En primer lugar, nosotros queremos un permiso de paternidad de cuatro semanas y no de 13 días como se recoge en el proyecto. En segundo lugar, nosotros queremos un permiso de paternidad que se inicie ya, cuando entre en vigor la ley. Por tanto, nuestro grupo, en coherencia con nuestras enmiendas y con nuestra forma de pensar, y también en coherencia con lo que nosotros consideramos que es bueno para los padres y para las madres, no podemos suscribir esa transaccional.


Y proponemos también otras medidas que consideramos son importantes para ir incorporándolas en todas las leyes para que faciliten la conciliación siempre a través de convenios colectivos. Me refiero concretamente a una enmienda en que se solicita que se dé un permiso para acompañar a familiares a consultorios médicos o a centros hospitalarios. Y me refiero también a una enmienda que va en el sentido de que se pueda crear una bolsa de horas para incidencias derivadas del cuidado de un menor o incluso del cuidado de un familiar dependiente. Esas son nuestras enmiendas de conciliación. Y nos parece también que es necesario modificar el contrato para el cuidado de menores o mayores dependientes.


Ustedes saben que lo que queremos con esta enmienda es que el trabajador o la trabajadora puedan hacer una reducción de jornada o puedan transformar un contrato completo a tiempo parcial para hacerse cargo del cuidado de menores de nueve años. El proyecto de ley solo habla del cuidado de menores de hasta ocho años, pero nosotros ampliamos un año más porque consideramos que también es necesario por los propios menores.


Presentamos también otras medidas importantes que ustedes nos han rechazado tanto en el trámite de ponencia como en el de comisión. Me refiero a una prestación por riesgo durante la lactancia en la que se modifica lo que está regulado dentro de la propia ley. Nos parece que es necesario. Y presentamos otra enmienda en la línea de protección en situaciones de riesgo durante el embarazo y la lactancia. Creemos que es necesario reconocer como situaciones especialmente protegidas el embarazo y la lactancia en la nueva redacción del proyecto ya que no está recogido. Por eso hacemos esta propuesta de modificación de la Ley General de la Seguridad Social, así como de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.


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También creemos importante que se amplíe la deducción por maternidad. De eso hemos estado hablando esta mañana, y precisamente hemos debatido en la Comisión de Trabajo una enmienda con la que se pretendía la ampliación de esa deducción fiscal de los 100 euros a todas las madres con hijos menores de tres años. Esta enmienda va más allá, en la misma línea que tiene el Partido Popular. Nosotros creemos que esos 100 euros o que esa paga de 1.200 euros se puede incrementar a 1.800 euros por el segundo hijo y a 2.400 euros por los hijos sucesivos. Esas son las propuestas del Partido Popular en materia de conciliación.


También creemos importante tener en cuenta la movilidad funcional, que no se recoge en la ley. Por ello queremos que se modifique uno de los artículos del Estatuto de los Trabajadores para que se favorezca esa conciliación de la vida familiar y personal mediante la movilidad funcional, siempre a través de la negociación colectiva.


Asimismo, creemos importante la retribución por objetivos, y por eso pretendemos fomentarlo como un instrumento fundamental para la conciliación.


Por otra parte, pensamos que es importante que existan bonos guarderías y bonos dependientes, como presentamos en otra de nuestras enmiendas, para hacer frente a los costes del cuidado profesional tanto de menores como de mayores. Creemos que es importante que ustedes también lo tuviesen en cuenta.


Como importante es una enmienda que nosotros dirigimos al fomento de la construcción de guarderías de empresa. Creemos que hay que modificar la Ley del Impuesto sobre Sociedades para el fomento de esa construcción de guarderías en empresas para que se puedan compatibilizar esos horarios de mujeres y hombres trabajadores con los horarios de las guarderías. Por tanto, promovemos con esta enmienda que haya acuerdos desde la Administración pública con las diferentes administraciones de las comunidades autónomas, que también son competentes, y también a través de convenios con los propios ayuntamientos para una reserva de suelo público para construir estas guarderías.


Y como no podía ser de otra manera, pedimos que en los Presupuestos Generales del Estado haya un fondo para implantación y creación de guarderías. Creo que en eso deben estar de acuerdo porque han votado favorablemente en la Comisión de Trabajo el pasado lunes una moción en la que pedíamos incrementar las plazas de guarderías en nuestro país.


También creemos importante -y ya lo dije al principio de la presentación- la imposición de la paridad en las listas electorales. Por eso proponemos una modificación de esa disposición adicional segunda, porque pensamos que hay que plantear otros incentivos para que haya presencia de mujeres y hombres en las listas. Para ello creemos importante el incremento de las subvenciones electorales para aquellos partidos políticos que tengan mayor presencia de mujeres en las listas o que haya un tiempo gratuito en los medios de comunicación públicos para aquellos partidos de los que se tenga constancia que cuentan con presencia femenina.


Podíamos seguir hablando de muchas más enmiendas, como las que se refieren a la eliminación del lenguaje sexista. Es verdad que nos han aceptado todas las referidas a los artículos de la ley, pero nos han dicho que no iban a eliminar el lenguaje sexista en todas las disposiciones adicionales porque hacían referencia a otras leyes. Señores del Grupo Parlamentario Socialista, yo creo que por algo se empieza y que hay que dar ejemplo. Por lo tanto, habrá que ir modificando esas disposiciones, pero qué menos que ya en la propia ley de igualdad, en lo que hace referencia a esas disposiciones, se corrigiera ese lenguaje sexista. Por lo tanto, seguimos proponiendo que se haga esa eliminación.


Sí me gustaría hacer referencia a otra enmienda que va en la línea de lo expuesto por la senadora Fúnez con respecto a enmiendas presentadas por el Cermi. Es verdad que el Cermi ha trasladado enmiendas a diferentes grupos parlamentarios de esta Cámara, y también es verdad que el Grupo Parlamentario Popular parece que ahora es el más sensible a ese respecto porque seguimos manteniendo esas enmiendas y no vamos a dar marcha atrás, a pesar de que ustedes tengan un acuerdo. Así, nosotros creemos conveniente que se haga referencia a la discapacidad en este proyecto de ley, a pesar de que parece ser que hay portavoces que no están de acuerdo, en la línea de que las políticas y programas deben tener en cuenta, aparte del principio de igualdad de hombres y mujeres, las discriminaciones que pueden darse por diferencias físicas, estereotipos sociales o por la propia discapacidad. Por tanto, nosotros seguimos manteniendo las enmiendas relativas a la discapacidad en todo el texto, incluidas las disposiciones adicionales.


Quiero finalizar haciendo referencia a las enmiendas transaccionales. En este sentido, anuncio que no vamos a firmar la enmienda transaccional presentada a la disposición transitoria novena, pero sí otras dos.


Por un lado, hemos suscrito la enmienda transaccional presentada sobre la número 131 de Convergència i Unió para que el Gobierno promueva un acuerdo para posibilitar permisos de maternidad y paternidad para las personas que ostenten un cargo público. Vemos razonable esta propuesta y, por eso, sí la hemos firmado.


De la misma manera he de decir que también hemos firmado, porque somos sensibles con el tema, la enmienda transaccional con respecto a los prematuros, pero quiero puntualizar algo. Podemos decir que esta enmienda transaccional la podemos debatir hoy en esta Cámara gracias, por supuesto a que se ha presentado, pero también a que el Partido Popular la apoyó en el trámite llevado a cabo en ponencia y comisión. Si no, hoy no estaríamos hablando del permiso de maternidad para prematuros, porque el Partido Socialista, señorías, se abstuvo.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


¿Turno en contra? (Pausa.)

Tiene la palabra la senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Espero de su buen hacer que me administre bien el tiempo porque creo que es de cortesía parlamentaria intentar dar respuesta, si no a todas, sí a muchas de las reflexiones que han hecho aquí los distintos grupos parlamentarios.


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Este es un turno en contra, evidentemente, pero va a ser especial, va a ser un turno en contra sui géneris. Quiero empezar diciendo, compañeros y compañeras senadores, que hemos hecho un buen trabajo. Hemos mejorado una ley de forma considerable. Hemos hecho la segunda lectura que nos mandata la Constitución con responsabilidad, con rigor y sin perder ni un momento de vista el artículo 1 de la propia ley, el objetivo de la ley.


No quiero hacer distinciones de grupos y no las voy a hacer a la hora de defender las posiciones de unos y otros, y explico por qué. Porque para mí el trabajo de todos los ponentes ha sido bueno. Creo que incluso, a pesar del Partido Popular, esta ley es suya. La senadora me indica que no con la cabeza pero la situación resulta curiosa. Quiero decir que, aunque no quieran, la ley es suya porque van incorporadas 18 enmiendas de las que presentaron. Yo no voy a calificarlas, ni voy a hablar de su trascendencia porque cada grupo, al presentar sus enmiendas, decide la trascendencia o intrascendencia de las mismas. Pero quiero que sepan sus señorías que en el texto que hoy sometemos a debate y, después, a votación van incorporadas 18 enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


Quiero hacer una reflexión de entrada precisamente por eso. Estoy contenta con el trabajo que hemos hecho. Creo que aquí recibimos una ley que venía del Congreso en unas condiciones, las de un acuerdo político de apoyo al dictamen del Congreso de todos los grupos parlamentarios a excepción del Grupo Parlamentario Popular. Yo les prometí en la comisión dedicar más tiempo en el Pleno para fundamentar y poner frente a frente los principios y directrices de unos y otros, pero quiero ser honesta y de entrada tengo que decirles que a mí los trabajos inútiles no me gustan; nunca me he permitido el lujo de dedicar un minuto a la melancolía. Digo esto porque, a pesar del trabajo de la ponencia -no voy a entrar en si ha sido mayor o menor- y del buen hacer de todos, da la casualidad de que cuando llegó la hora de votar en comisión el Grupo Parlamentario Popular pidió votación separada y en aquella parte del dictamen donde estaban incorporadas sus enmiendas se abstuvo y donde no lo estaban voto en contra. Por tanto, yo puedo esforzarme -y lo voy a hacer- para convencerles de algunas cosas, pero sé de antemano que no va a ser posible. Por eso, prefiero acortar un poquito y evitar a sus señorías una hora de debate que, evidentemente, no va a servir de mucho.


Quiero recalcar que hemos trabajado bien y voy a seguir todo el debate hasta el final intentando sumar y poniendo sobre la mesa lo que nos une y no lo que nos separa -y el artículo 1 ha sido asumido por todos los grupos parlamentarios, no estoy muy segura de si el Grupo Parlamentario Popular también, pero lo vamos a ver con el resultado de la votación-, y voy a dar unos datos muy breves, pero quiero que sus señorías los conozcan porque creo que es interesante que los conozcan los que no han estado en el día a día del trabajo de la ponencia.


A pesar del gran acuerdo político que esta ley trajo del Congreso, aquí, en esta Casa, de las 321 enmiendas que se presentaron, 111 lo fueron nuevas, se presentaron por primera vez después del acuerdo político que hubo allí. Y quiero que sepan que de todas las enmiendas de todos los grupos parlamentarios están incorporadas al texto del dictamen en estos momentos 88, 68 de forma directa y 20 de forma implícita en las enmiendas de otros y dentro del espíritu de las enmiendas que se han ido incorporando.


Por tanto, señorías, la mejora de la ley ha sido importante, pero no sólo en su extensión, sino en su contenido. Hemos ampliado derechos, hemos intentado cubrir vacíos, olvidos del Congreso, pero también hemos ampliado y recogido de una forma muy interesante algunos principios que merece la pena resaltar. Yo especialmente me siento muy orgullosa de cómo ha quedado el artículo 14 en su apartado 4 y de que hayamos dejado el artículo 11, donde se reglamentan en la ley las medidas de acción positiva, de una forma espléndida: legible para todo el mundo, desde el ciudadano y ciudadana que menos sepa de leyes hasta el Tribunal Constitucional, que nos interesa que las aprenda bien. En el artículo 14, además de esas acciones positivas, en su apartado 6 hemos introducido un punto a través del cual les mandatamos a todos los poderes públicos, a todos, que tengan en cuenta la consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad, como son -quiero resaltar el «como son» porque no es un artículo que excluya otra situaciones, pero aquí se ha hecho referencia a los que nos parecen más significativos-: minorías, mujer migrante, las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las mujeres viudas y las mujeres víctimas de la violencia de género. Y para todas estas y para las que puedan quedar fuera pero también tengan un punto de vulnerabilidad específico, les decimos a todos los poderes públicos que podrán adoptar igualmente medidas de acción positiva; son medidas de acción positiva sobre medidas de acción positiva porque aquí hay una doble discriminación.


Y aquí, señorías, están incluidos todos los mandatos que esta ley -que es una ley de igualdad entre hombres y mujeres- debe dar a la discapacidad, pero esta no es la ley de discapacidad. La ley de discapacidad -espléndida- la ha promocionado el Gobierno socialista y está ahí, pero parece que aquí se quiere representar de una forma singular las posiciones del Cermi. Y las posiciones del Cermi son compartidas por todos los grupos parlamentarios, con los que se han reunido, con los que han debatido, incluido el Gobierno, y llegaron a unos acuerdos en el Congreso. Y aquí hay un mandato para todos los poderes públicos, pero no vamos a ir poniéndolo en cada artículo porque tienen la obligación de tenerlo en cuenta.


Voy hacia delante y hacia atrás porque con tanta transacción he tenido un tiempo escaso para ordenar el debate, pero no quiero pasar sin hablar de la importancia del contenido de lo que hemos modificado aquí: a su paso por el Congreso y por el Senado, en estas modificaciones hemos adicionado a los 400 millones de euros con que fue presupuestada la ley más de 90 millones de euros, y de esos 90 millones de euros 12,5 van destinados anualmente a lo que supone la incorporación de la atención especial a las madres de niños prematuros. Y aquí, señorías, no quiero echar flores a nadie de forma especial, pero tampoco ni mucho menos que se atribuyan paternidades que no lo son.


Señoría, con su apoyo o sin su apoyo -el del Grupo Parlamentario Popular- el tema de los prematuros habría salido adelante porque saben ustedes muy bien -aunque no me extrañaría que no lo supieran porque no son muy fieles con lo que escuchan- que dije insistentemen-

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te que seguía abierta a la transacción y que estaban negociando con el Gobierno. Y hoy aquí quiero agradecer de forma especial el esfuerzo que han hecho las senadoras Nuria Aleixandre y la senadora Assumpta Baig, que en representación de sus grupos parlamentarios han presentado la enmienda. Pero también quiero manifestar mi agradecimiento de forma expresa al señor ministro de Trabajo y al secretario de Estado de Seguridad Social, don Octavio Granado, quienes hasta el último momento han intentado hacer números y cuajar las fórmulas más idóneas para que esto pudiera salir adelante. Por eso le digo que con su apoyo o sin su apoyo habría salido, pero desde luego con el dinero de los Presupuestos Generales del Estado, en este caso de la Seguridad Social. Eso quiero que lo tengamos en cuenta porque hay cosas que no se deben confundir.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Señalaré algunas cuestiones de principio porque nos afectan a todos los grupos. Por ejemplo, el tema de la participación equilibrada. La ley que llegó aquí lo hizo con las modificaciones necesarias en la Ley General Electoral para que la participación equilibrada de ambos sexos sea preceptiva y obligatoria a partir de la entrada en vigor de esta ley, es decir, al día siguiente, porque es legislación básica. Por lo tanto, todos los partidos que están haciendo listas tienen que saber que esta ley, al día siguiente de su publicación, obliga a todos los partidos políticos. Mi partido ya lo ha aplicado, no tenemos problemas. Mujeres hay, ¡ya lo creo que las hay!; hasta en los pueblos más pequeñitos hay una asociación de amas de casa dispuestas a participar en los asuntos públicos, lo que falta es que se les dé la oportunidad. Esta ley vino aquí con un principio de acuerdo de participación en ese sentido, acuerdo que fue muy meditado, muy sentido y muy de principio, porque entendemos que es un principio de justicia, de derecho, un principio constitucional que deben perseguir todos los gobiernos que hasta ahora no lo han hecho, porque les obligan los convenios y acuerdos internacionales que se están suscribiendo a lo largo de estos años. ¿O acaso este país no suscribió y se comprometió a llevar adelante la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer? ¿Acaso no se suscribió la Declaración de Beijing y todas las conferencias donde se pide la participación más directa de la mujer? Aquí se vino con esa premisa, pues así venía recogido ya en la ley. Nosotros, además de modificar la Ley Electoral en base del Senado, lo hemos introducido como principio general en el artículo 14, para que sea un mandato a todos los poderes públicos. Pero, claro, ustedes dicen que no están por la obligación, sino por la promoción. Sin embargo, señorías, llevamos ya unos pocos años promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres, pues ya hace mucho tiempo desde que los gobiernos preautonómicos empezaron a abrir los centros asesores de la mujer y de la familia de entonces -ahora también, porque la mujer sigue siendo un tronco importante de la familia-; han pasado 28 años de Constitución y es verdad que ha habido muchísimos avances, en los que han colaborado, además, todos los gobiernos democráticos de este país, pero tenemos que reconocer que siguen existiendo muchísimas dificultades, muchísimos ámbitos -político, social, económico, cultural, científico, artístico, etcétera- donde la discriminación sigue siendo una realidad. Sin embargo, aquí ha habido un Gobierno socialista que ha dicho: ¡hasta aquí hemos llegado! La Constitución no puede seguir quedándose fuera de la empresa, de los sindicatos, de la educación, de todos los ámbitos de la sociedad y de los hogares, tal y como nos propusimos con la Ley de Violencia de Género.
Vamos a seguir promocionando muchas cosas, pero además de promocionar, vamos a reconocer lo que es de justicia reconocer, y es que la democracia se enriquece con la participación de más de la mitad de la población de este país: las mujeres. Y no se preocupen las mujeres conservadoras ni aquellas que votan al PP, porque nosotras las vamos a representar y van a estar en las listas aunque su partido no quiera. Ellas van a estar ahí, porque lo vamos a sacar adelante. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Estos eran los dos temas de principio que quería plantear: el de la imposición, como dicen ellos, del principio de la participación equilibrada y el asunto de los prematuros, cuyo trabajo quería reconocerle a las senadoras que se han dedicado a ello.


Quisiera hacer un breve recorrido sobre algunas observaciones que han hecho los distintos grupos parlamentarios. Izquierda Unida ha realizado un discurso muy coherente con su trabajo en la ponencia. Realmente, el número de enmiendas incorporadas de Izquierda Unida en el trámite del Senado es importante; no voy a cuantificarlo, por no hacer comparaciones entre los grupos, pero es importante. Además de las que se han incorporado directamente mediante transacciones, se han incorporado otras muchas, sobre todo la relativa al acogimiento simple y otras, aunque no entraré en la calificación de las mismas, pero las hemos presentado todos los grupos y me parece interesante señalarlo. Además, con la enmiendas de Izquierda Unida se han mejorado muchísimos extremos. Tal y como le dije a su portavoz en la ponencia, le vuelvo a repetir que el debate de la educación en relación con la igualdad sigue siendo para mí un debate vivo que habrá que abrir antes o después cuando esta Cámara tenga el sosiego necesario, porque el machismo es cultural y está inmerso en la sociedad.
Los poderes públicos están trabajando para erradicarlo, pero sigue estando ahí. Desde luego, cuando nos sentamos seriamente a hablar de desigualdad, topamos siempre con la educación, topamos con el freno que, no solo las mujeres, sino los hombres, han tenido a lo largo de la historia con determinadas instituciones. La educación juega un papel básico e importante que tenemos que afrontar. Yo estoy cansada de hacer artículos de literatura. Hace falta entrar de verdad en los colegios, en los institutos, y si estas Cortes Generales decidieron que en cada consejo escolar hubiera un agente de igualdad, cada consejo escolar debe tener un agente de igualdad, y si no lo hacen las comunidades autónomas y lo hacen los ayuntamientos, habrá que hacer un balance. Nos queda poco tiempo. Pasaron años para abordar el tema de la violencia y tenemos que abrir este debate y ver por dónde lo llevamos. Le dije que me gustaría estar en ese debate. Por lo pronto, no hemos podido poner la coeducación como principio esencial porque no está en las leyes orgánicas, pero sí la hemos recogido donde debe estar, que es en el fomento y en su difusión dentro del ámbito universitario.


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En cuanto al asunto de más o menos número de habitantes para aplicar el tope, no podemos discutir nada. Considero que el acuerdo que vino del Congreso era real, pues hay partidos que, evidentemente, tienen algunos problemas para hacer leyes, entre ellos el Partido Popular, como todos los demás. En el pueblo que ha mencionado no, porque no tiene ningún concejal ni lo ha tenido nunca, ahí no va a tener problema. Pero todos los partidos tenemos problemas para hacer las listas y muchos participamos como voluntarios en otros territorios donde realmente falta gente. Considero que hemos sido comprensivos con la situación. Se han mantenido por principio -yo no lo entiendo y lo respeto- las enmiendas, pero la solución a la que hemos llegado es interesante.


El BNG, del Grupo Parlamentario Mixto, ha mantenido unas enmiendas muy interesantes dirigidas directamente a la mujer del ámbito rural.
Considero que ha hecho un gran esfuerzo. Tal vez se podría haber recogido algún aspecto más, pero considero que el fundamento de sus enmiendas, los objetivos que quieren lograr, están perfectamente recogidos en el artículo 30 del proyecto de ley. La lectura de este artículo por sí solo muestra el alcance que esta ley ha querido alcanzar al romper y eliminar desigualdades de la mujer en el ámbito rural, empezando por algo esencial, que es plantear la cotitularidad de las explotaciones agrícolas para que las mujeres puedan ser no solo dueñas de lo que trabajan, sino también tener acceso al reconocimiento de su trabajo y a todos los beneficios de la Seguridad Social. Creo que una lectura reposada del artículo 30 hará sentirse al BNG satisfecho de la aportación de sus reflexiones al proyecto de ley tanto en el Congreso como en el Senado.


En relación con Coalición Canaria, sus enmiendas me han producido una cierta frustración, porque ha trabajado magníficamente en la ponencia apoyando todo aquello que suponía mejorar la ley y, sin embargo, he encontrado dificultad para encajar sus enmiendas en el texto, pero es verdad que su fundamento también está recogido. Lo que las enmiendas del senador Mendoza querían incorporar al texto era que cada vez que la ley hace referencia al principio de igualdad delante se añadiera: derecho fundamental a la igualdad o que se hiciera reconocer el derecho constitucional a la igualdad. Pero es verdad que el establecimiento de este concepto nos obliga a hacer una comparación con algo. Estamos de acuerdo con el contenido del principio, pero ha sido difícil su encaje literal. Ahora bien, considero que el espíritu de sus enmiendas está recogido en el texto.


Respecto a Convergencia i Unio, considero que ha explicado perfectamente cuál ha sido su trabajo en la ponencia, que agradezco como al resto de los ponentes. Me parece que ha colaborado de una forma directa para que el proyecto de ley se mejore y podamos devolver al Congreso un texto del que nos podamos sentir orgullosos y podamos ver reconocido nuestro trabajo cuando examinemos los artículos que cada cual aportamos. Sé que va a mantener algunas enmiendas vivas y, aunque haré una reflexión final para todos, debo señalar que respeto, cómo no, con mucho gusto y placer, la posición que adopte.


Sí quiero hacer algunas reflexiones concretas en relación a la intervención de la senadora Loroño, del grupo vasco, porque me parece interesante. Hemos tenido la posibilidad de hablarlo despacio pero, tal vez porque hemos trabajado un poco aceleradamente estos últimos días, no hemos encajado del todo el sentido de algunas delimitaciones competenciales que ha hecho, al igual que Entesa Catalana de Progrés.
Ambas partes hemos llegado a un acuerdo -y hemos modificado algunos artículos en la ponencia- en el sentido de que la actividad subvencionadora de la Administración -sea cual sea- no es un título competencial; es una actividad que se ejerce dentro de una competencia.
Por lo tanto, no podemos buscar amparo en el 149 de la Constitución respecto a la actividad subvencionadora, no solo del Estado sino de ninguna administración, porque cada una de ellas, en el ejercicio de sus legítimas competencias, subvenciona y realiza sus planes estratégicos de subvenciones. Ahí está el quid de la cuestión.


¿Por qué yo sí entiendo que la enmienda que mantiene vive se ajusta al fundamento constitucional? Pues por esa misma precisión, porque, en relación con el artículo 35, la disposición que reconoce el basamento constitucional de toda la ley introduce ese artículo en lo básico, no lo hace por la actividad subvencionadora, no lo hace por las competencias de cada administración. Lo hace porque, en esa actividad subvencionadora dentro de las competencias de cada administración, el Estado sí tiene competencia -porque a ello lo obliga el artículo 149.1.1ª- para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes. Y ahí sí entra el Estado a decir a todos los poderes públicos que allí donde su plan estratégico subvencione, tengan en cuenta este principio de igualdad. Por ello, señorías, entiendo que el fundamento constitucional sigue siendo correcto, y creo que si hubiéramos tenido más tiempo, lo habríamos podido asumir de otra manera.


Un tema que también me preocupa porque ha quedado un poco ambiguo es la definición del acoso sexual. La senadora Loroño tiene razón cuando dice que la definición que ella da se ajusta de una forma más literal a la directiva, pero su señoría sabe que, como legisladores, nosotros tenemos la facultad de adaptar las directivas respetando, eso sí, sus requisitos y sus objetivos.


Considero que el texto está bien como está. Su señoría quiere ser rigurosa con la aplicación de la directiva, pero esta dice que, además de que el acoso sea no deseado, tiene que ser hostil y humillante. Yo creo que estas son muchas pruebas para una mujer. Con que sea no deseado es suficiente, y ahí creo que nosotros, como legisladores, dejamos el artículo mucho más a favor de que la mujer pueda denunciar y para que se persiga ese acoso sexual que si la sometiéramos a tantos requisitos.


Otro tanto me sucede con el órgano responsable. Efectivamente, la directiva reconoce que cada Estado puede designar a uno, dos o más órganos responsables. Tiene usted razón, y España lo puede hacer, pero dentro de sus órganos internos. El órgano que representa al Estado, que garantiza el cumplimiento de toda la normativa en materia de derechos de la mujer a través de la Secretaría de Estado de Igualdad, es el Instituto de la Mujer de España. Eso no quiere decir que en las reuniones y en las actuaciones conjuntas con el instituto se puedan acreditar organismos de aquella comunidades autónomas que se decidan en los

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órganos internos del Estado. Pero si decimos que serán dos tendremos que elegir entre una u otra comunidad autónoma y eso no puede ser, porque depende de la reunión y depende de la actividad.


Sé que el Instituto de la Mujer tiene políticas avanzadísimas en el País Vasco, y estoy segura de que a la directora del Instituto de la Mujer estatal le encantará estar acompañada por la representante del Instituto en el País Vasco, pero ello debe decidirse dentro de las normas que nos damos para responder de lo que hace nuestro país en organismos internacionales, y no de forma directa en una ley, pues ello sería excluyente para el resto de las administraciones.


En cuanto a las pensiones de viudedad, su señoría decía que yo le iba a responder que no venía al caso. Pues no, senadora Loroño, la voy a defraudar porque sí viene al caso, y hasta tal punto sí viene al caso que por eso lo hemos incluido en el artículo 14.6, porque hemos dicho a los poderes públicos que en su actividad -las pensiones le corresponden al Estado- deben tener presente la situación de dificultad en que se encuentra esta ayuda. Sabe que lo incluimos, y ahí está, y no es que no corresponda incluirlo aquí, pero cuando modifiquemos la Ley de pensiones o se revisen anualmente los presupuestos todos debemos estar al quite para que realmente haya un compromiso político con las pensiones de viudedad, respecto de las cuales, efectivamente, hay discriminación, y está recogido en la propia ley. Y ahora que no está delante el ministro de Trabajo le aseguro que mi grupo parlamentario lo va a apoyar sin ninguna duda, porque pensamos que esas pensiones son absolutamente paupérrimas, aunque hay que reconocer que ya se está haciendo un esfuerzo, pero hay que avanzar en ese sentido.


En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, quiero hacer solo una referencia. También hay mucho suyo en la ley, señoría, incluido el tema de los prematuros, en el que ha jugado un papel importante junto con CiU. Pero quisiera decirle, una vez referenciado el tema de los títulos competenciales, que según decía un profesor de Derecho muy sabio -sobre todo porque era ya muy mayor-, siempre que una ley dice «sin perjuicio de», quiere decir «en perjuicio de algo». Si usted revisa esos artículos en los que le he dicho que no era posible poner ese «sin perjuicio de» verá que en el artículo ya pone: en el ámbito de sus respectivas competencias. En cualquier materia que estemos regulando y respecto de la que se diga expresamente que ejercerá cada administración en el ámbito de sus respectivas competencias, ya está salvaguardada la competencia de cada cual y el respeto a la del otro. No hace falta poner «sin perjuicio de» porque huele a «en perjuicio de algo». Por lo demás, señoría, le repito mi agradecimiento por su trabajo.


Antes de hacer un repaso a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, y puesto que ya he hecho un breve recorrido por todos los grupos parlamentarios que han apoyado el dictamen del Congreso y de la comisión, quiero hacer una petición, siempre con el afecto y el respeto que les tengo. Ustedes harán lo que estimen oportuno, por supuesto, pero yo me siento en la obligación de hacerles una súplica. Yo les pediría que después de este trabajo bien hecho, con el que hemos incorporado todo aquello que mejoraba la ley y hemos profundizado en los instrumentos de utilidad para eliminar desigualdades entre hombres y mujeres, agotada esta capacidad de trabajo que hemos tenido, retiren las enmiendas que les quedan vivas. Les voy a decir por qué. En mi opinión, en mi modesta opinión, si ustedes mantienen las enmiendas es posible que algún grupo las vote, aunque luego no vote el dictamen. Esa es la paradoja. Votan las enmiendas, pero el dictamen a lo mejor no. ¿Con eso qué conseguimos? ¿Decirle al Congreso que le devolvemos una ley en la que tienen que cambiar algunas cosas porque no hemos hecho bien el trabajo? Pues yo les digo: hemos hecho bien el trabajo y podemos terminarlo muy bien, retirando las enmiendas que no han entrado, y si a algunos les parece poco lo que hemos conseguido ya tendremos tiempo de avanzar. Estoy segura de que muchos hombres lo van a hacer, pero también estoy segura de que va a haber miles y miles de mujeres que van a seguir luchando para que esto no se quede aquí y para que se siga profundizando en la eliminación de desigualdades entre hombres y mujeres.


Les pido eso. Si no lo quieren hacer tienen mi respeto y mi afecto, pero se lo pido para evitar que nadie nos censure, porque nos merecemos un reconocimiento en el Congreso consistente en no tocar ni una coma después del trabajo que en ponencia se ha hecho.


Paso a hacer algunas consideraciones respecto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. No voy a entrar en el tema de la participación equilibrada. Tampoco voy a comentar ese voto particular que han presentado para llamar la atención sobre que yo cometí un error, cosa que reconocí en la comisión. Reconozco mis errores. Algunos no lo hacen, pero yo sí. Cometí un error y lo reconocí.


El artículo 60 se dedica a regular la formación. Le admití la enmienda en sus propios términos porque me equivoqué y lo dije, porque ese artículo regula la formación. No regula el permiso de maternidad ni su duración.
Eso se hacía en otros artículos y en otras partes de la ley. Pero es que, además, entre leales compañeros ponentes sabemos que quedamos en que solo se incorporaba a la ponencia aquello en lo que estábamos todos de acuerdo. Pero, señor mío, ¿habrá algo en lo que estemos más de acuerdo que en el permiso de paternidad? Prueba de ello es que viene de una transacción y que hay seis posiciones distintas. Pero no voy a entrar en ello. No voy a entrar en la forma porque me parece que se están usando algunas formas que a mí, que llevo casi doce años en esta casa, me disgustan muchísimo.


Sobre la discapacidad he contestado debidamente y no voy a entrar más en el tema. Sobre la promoción y el Cermi, tampoco, y de pactar, nada. No voy a crearme mal clima, porque me siento feliz y contenta del trabajo que hemos hecho. El trabajo es recíproco. Va y viene. Porque mi grupo así lo decidió, yo he estado dedicada en cuerpo y alma a esta ley. No he tenido ninguna otra obligación excepto representar a mi país con mucha honra, junto con el Grupo Parlamentario Popular, en una convención de la ONU. Si hemos trabajado más o menos depende de cada cual. Desde el primer momento -lo saben sus señorías-, le he dado a todo el mundo el mismo trato y ya me hubiera gustado a mí que trabajáramos más. Ya me hubiera gustado a mí que me hubieran sorprendido en la comisión y

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que no solo se abstuvieran, sino que votaran, por lo menos a favor, la parte de las enmiendas que le hemos incorporado al texto de la ley.


Llamo la atención respecto a una cuestión en particular sobre la que tengo que hacer una reflexión. Me refiero a la censura que se hace de la incorporación de la reforma de la Ley de Demarcación y Planta en esta ley. En primer lugar, me llama la atención porque fue la única enmienda que apoyaron en la ponencia. Quiero que lo sepan sus señorías. Fue la única enmienda que apoyó en la primera ronda de la ponencia: la modificación de la Ley de Demarcación y Planta. Quiero aclarar -y ahí están los «Diarios de Sesiones»- que no me gusta traer a las leyes elementos extraños a ellas. Aquí hemos visto muchas cosas, algunas tropelías y muchas chapuzas. Pero es que este no es el caso. Esta es una ley de igualdad. Y en el artículo 14, entre los mandatos que hacemos a los poderes públicos, decimos que sigan tomando todas las medidas necesarias para luchar y erradicar la violencia de género y, al mismo tiempo, nos encontramos con una propuesta de reforma del anexo XIII de la Ley de Demarcación y Planta, que ha sido debidamente informado, favorablemente informado, por el Consejo General del Poder Judicial en junio del año pasado. Si tenemos esas dos cosas y la oportunidad, ¿vamos a esperar a que siga la tramitación ordinaria en el Congreso para crear los nuevos juzgados que necesitamos? ¡Pero si son las comunidades autónomas las que presionan al gobierno para crearlos! Tengo declaraciones de todas las comunidades, con independencia del signo político. Por eso digo que no extraña que critique esto. Por supuesto que puede traer cuantas propuestas quiera para crear más juzgados. Lo que sí quiero manifestar es que está anunciada la creación de más jugzados incluso para este año, y los criterios de creación no pueden ser otros que los que marcan el volumen de trabajo y los requisitos que establece el Consejo General del Poder Judicial. Pero a lo mejor se olvida de que lo han apoyados y si es posible no lo critiquen, porque la enmienda también es suya.


Hay un grupo de enmiendas, muy cuantiosas por cierto, que son como una enumeración de más, y más, y más, porque todo les parece poco de la ley, que afectan fundamentalmente a toda la panoplia de reconocimiento de nuevos derechos, permisos, bonificaciones, situaciones que inciden en la conciliación de la vida laboral con la familiar, permiso de maternidad, paternidad, excedencia, etcétera. Quiero recordar dos cosas: la primera es el difícil equilibrio con que esta ley fue negociada con los sindicatos y los empresarios. Esto no solo afecta -que también- al equilibrio económico de la Seguridad Social, por el que -convendrán todas sus señorías- debemos velar todos, no dejando que el Pacto de Toledo se hunda en este país, aunque sea lo poco que quede. Lo digo por mi edad, porque a mí sí me preocupa ya poder cobrar la pensión, aunque no vaya a beneficiarme, desgraciadamente, de todos estos derechos, que me habrían gustado cuando era más joven.


Además de eso, de velar por ese equilibrio de la Seguridad Social, también tenemos que velar por el equilibrio del esfuerzo que supone para las empresas, porque les supone mucho esfuerzo, señorías. Todos conocemos no la cultura empresarial de este país, sino la cultura de la sociedad entera, y no es que aquí la empresa tenga una cultura distinta al resto de la sociedad, no quiero discriminar en este caso. Ha costado trabajo.
Sabemos que incluso no comparten al cien por cien muchas de las medidas que proponemos. Seamos respetuosos, porque ha costado mucho trabajo. El señor Cuenca tenía muchas enmiendas que iban en ese sentido, pero hemos sido respetuosos con el equilibrio económico interno de la ley, el equilibrio de la Seguridad Social y los compromisos adquiridos con sindicatos y empresarios. Esa es la primera reflexión.


La segunda reflexión es que ese más y más y más nos lleva a un final indeseado, que es cargarse la ley, porque una ley que no se sostiene económicamente no sirve para nada, y si tanto les interesa el más, apoyen lo que tenemos, porque ya tendremos tiempo de avanzar más. No se queden atrás, apoyen lo que tenemos, porque está costando muchísimo trabajo.
Ustedes lo saben porque han estado gobernando durante ocho años y no han hecho muchas de las cosas que dicen ahora. Siguen empeñados en traer a esta ley todo el bloque de su ley de conciliación de la vida laboral y familiar. Pero señorías, si esa ley no está derogada, si el Gobierno socialista ha respetado todo lo que es bueno para este país y para las mujeres, si la ley está ahí, enmiéndenla, pidan que suprimamos cosas, pero la ley está ahí. ¿Por qué quieren traer su ley a la ley de igualdad? No lo entendemos, so pena de que quieran cargarla de una manera que, desgraciadamente, no sea sostenible.


En cuanto a las transacciones, me alegro enormemente del apoyo que el Grupo Popular ofrece tanto a las situaciones de prematuros como al hecho que alguna vez sea posible que todos los cargos electos tengan derechos o permisos de paternidad y maternidad. Espero, ya que lo van a apoyar, que hagan lo posible, para que el clima político cambie un poco y podamos llegar a algunos acuerdos muy necesarios.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


¿El Grupo Mixto? (Pausa.)

¿El Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.


Señorías, como decía en mi intervención anterior, es una ley que no debía haber llegado a esta Cámara porque no deberíamos haber necesitado una ley solo para mujeres, como no las hay para los hombres altos, bajos, rubios o morenos. Si queremos que el sexo tenga la misma importancia que ser rubio, alto, moreno o gordo para la elección de un cargo de responsabilidad, debemos empezar porque una ley los proteja. ¿Su motivo? Establecer las medidas de acción positiva en favor de las mujeres a fin de corregir situaciones de patente desigualdad existente en distintos ámbitos, medidas -como dijo el ministro en su presentación- que han de ser razonables, proporcionadas al fin que se debe cumplir.


Es una ley que exige igualdad de méritos entre hombres y mujeres, una ley comprometida con la política educativa, que cobra, como no podía ser de otro modo, una

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importancia capital, porque solo cuando la educación en igualdad llegue a los niños desde la escuela -importante-, desde la familia, desde la sociedad y desde los medios de comunicación, solamente entonces serán adultos iguales. Sí, señora Martínez, solo en este momento será realidad nuestro objetivo.


Esta ley establece, entre otras medidas, la de facilitar en el sentido más amplio que las mujeres que quieran puedan tener hijos y los puedan tener atendiendo y compaginándolos con la vida laboral. No olvidemos que normalmente no es el sexo lo que está penado sino la maternidad. La asunción de responsabilidades familiares es el obstáculo que ha impedido a muchas mujeres, en multitud de ocasiones, llegar a alcanzar el lugar que merecen y que les corresponde pero, señorías, posiblemente esos obstáculos continuarán existiendo, porque nuestra biología así lo provoca. En cualquier caso, no queremos tener niños probeta porque sería lo peor que podría hacer la humanidad: privar de la maternidad a una mujer que quiera ser madre.


Es una ley transversal, integral, que afecta a organismos públicos y privados y, por primera vez, a las empresas, que son parte fundamental de nuestra sociedad. Pretende fomentar la responsabilidad social, promoviendo el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los centros de toma de decisiones, pero debe quedar claro que con ella no se solicita a los empresarios que abandonen el principio de mérito y de capacidad, de gestión del capital humano o que prescinda de la eficiencia y de la competitividad como objetivos centrales de la empresa. Es evidente que por méritos propios, sin ayuda de leyes como esta, muchas mujeres han logrado llegar a lugares de responsabilidad públicos y privados y a la dirección de grandes empresas, pero muchas de ellas continúan teniendo vetado el acceso a determinados cargos sin ninguna explicación aparente.


Llegados a este punto, permítanme que como mujer sea poco optimista respecto a esta ley porque, por sí sola, no podrá hacer nada. El cambio, señorías, debe proceder de la evolución social; solo con ella será esto posible.


La ley intenta corregir los efectos de las listas electorales, de las que ya se ha hablado, pero también de los nombramientos realizados por los poderes públicos. Alguien dijo que la igualdad solo se conseguirá cuando en los lugares de dirección existan tantas mujeres incompetentes como hombres hay en la actualidad; sin embargo, yo preferiría que este país alcanzase la igualdad cuando los mejores, los más competentes estuvieran liderando las empresas, las administraciones y, por qué no, la vida política, con independencia de sus características biológicas; es decir, de su sexo real o aparente.


Como he dicho, una ley no es nada si no logra penetrar en la sociedad, pero también es cierto que las leyes, con el tiempo, son capaces de hacerla cambiar. Así, por ejemplo, el Derecho civil catalán reconoce desde el siglo XVIII la propiedad de los bienes patrimoniales de la mujer, incluso dentro del matrimonio y, sin embargo, no fue hasta finales del siglo XX cuando esta medida se implantó en el resto del Estado; lento y tarde, pero se logró, y ahora es impensable lo contrario.


Me gustaría destacar de esta ley muchas cosas: la protección a las mujeres inmigrantes o pertenecientes a minorías étnicas o con discapacidades, que sufren múltiples discriminaciones; el reconocimiento de la condición de refugiada a todas las mujeres que huyan de sus países víctimas de la violencia sexual y de género; que por primera vez se reconozca a las trabajadoras autónomas; el incremento de las prestaciones y la reducción de jornadas que no supondrán la bajada de cotizaciones, lo cual ha reforzado la igualdad de las mujeres en el acceso a las nuevas tecnologías, y hay que tener en cuenta la importancia de la sociedad de la información, que es tanto como dar a las mujeres el acceso al futuro; la introducción de las mujeres a este futuro en el mundo rural, donde siempre han constituido un apoyo, pero siempre se las ha marginado; la elevación a 15 días la duración del permiso de paternidad, lo que representa una ampliación de derechos para el padre con el fin de que pueda cuidar a sus hijos. En este sentido, como ha dicho el señor ministro, estamos en uno de los lugares más avanzados de Europa; pues solamente Finlandia nos supera con 18 días y cuando después de seis años -que es cierto que son muchos, señores del Grupo Parlamentario Popular, pero eran peores los ocho años establecidos inicialmente- lleguemos a las cuatro semanas, nos pondremos por delante de todos ellos.


En este punto, quiero recordar que esta Cámara fue la primera que aprobó el permiso por paternidad de cuatro semanas hace casi dos años, aunque sin plazo de entrada en vigor y, por tanto, debemos reclamar la maternidad del permiso de paternidad, aunque en aquel momento algunos no votaran a su favor.


Por lo que se refiere a las enmiendas de los demás grupos parlamentarios, he de decir que la mayoría de las propuestas del Grupo Parlamentario Popular son irrefutables, pero personalmente no comparto la reforma del lenguaje que ustedes consideran sexista porque si lo admitiésemos, con el tiempo deberemos buscar nombres de ambos sexos para pediatras, anestesistas, optometristas y un largo etcétera, o nos acusarán de sexistas, y esta vez será en sentido contrario.


Por lo que se refiere al resto de las enmiendas, insisto en que serían irrefutables si no fuese por el coste económico que implican. Estando en la oposición es fácil prometer si no se ha de pagar, pero espero que no caigan en esa trampa.


El Partido Socialista, cuando estaba convencido de no gobernar, cayó en ella y ahora es prisionero de su programa y de las promesas que no puede cumplir. No hagan lo mismo. Ustedes gobernarán tarde o temprano, porque es parte de la democracia, y entonces tendrán que cargar con las consecuencias, y eso no favorece en absoluto a la clase política.
Prometer en la oposición y no cumplir en el Gobierno es malo para todos.


Por ello, como somos coherentes y responsables, no apoyaremos algunas de sus enmiendas. Y miren que habría sido fácil, en lugar de aceptar el periodo establecido, votar a favor de las cuatro semanas, con lo que hubiésemos quedado bien con la mayoría de las asociaciones, pero al final, habrían sido ocho años.


Senador Cuenca, su modelo de sociedad y el nuestro están muy distantes, pero en el apoyo a los desfavorecidos siempre nos encontraremos.


Apoyaremos las enmiendas del Grupo Vasco, como no podía ser de otro modo.


Por último, señorías del Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno, nos alegramos de que hayan retirado sus

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votos particulares en contra de las enmiendas incorporadas y acompañadas de una transaccional firmada por todos los grupos. En ella se recoge prácticamente lo que pedíamos sobre el permiso de maternidad en el caso de prematuros. Restan ustedes siete días. De acuerdo, hemos cedido en función del consenso. Es el tiempo, más o menos, que está la madre ingresada por un parto.


El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Acabo, señor presidente.


Lo único que nos preocupa es la última frase: en los términos en que reglamentariamente se desarrollen. Sabemos que es necesario tal reglamento. Solo esperamos y confiamos en que ocurra pronto, sin que sea excusa para retrasar su entrada en vigor.


Nos alegramos de la unanimidad lograda sobre la enmienda transaccional referente a los cargos electos.


No votaremos a favor de la enmienda número 214. Conocemos sus argumentos, senadora, pero si las mujeres maltratadas son obligadas a declarar y no lo hacen serán acusadas de desacato, con lo cual la víctima se puede convertir en culpable. Tenemos un problema, es cierto, pero creemos que esa no es la solución.


Me gustaría terminar manifestando la esperanza de que la mayoría de los artículos de esta ley no serán necesarios dentro de pocos años y que la igualdad se convertirá en realidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.


Señorías, prácticamente estamos ya concluyendo el debate de una importante ley, necesaria y obligada para que nuestra sociedad sea más igualitaria, justa y solidaria. Va a suponer un paso importante para hacer realidad esa igualdad efectiva que todos deseamos y anhelamos.


Ha sido un gran honor para mí participar como miembro de la comisión en el debate de esta ley en esta Cámara y haber podido compartir con los distintos portavoces de los grupos parlamentarios el debate sobre las legítimas opciones que cada uno de nosotros dejaba sobre la mesa, nuestros puntos de encuentro y de desacuerdo e intentar entre todos -creo que eso ha quedado patente- que el texto de la ley realmente reflejara todas las cuestiones que permitieran dar pasos decididos hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres que, como objetivo, plantea la ley. Creo que se ha hecho un gran trabajo entre todos.


En particular, quisiera agradecer a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, a la senadora Martínez García, el trabajo realizado en la tramitación de esta ley en esta Cámara tratando de conciliar las expectativas, totalmente legítimas, de los distintos grupos parlamentarios, e incluso diría más, hasta las de su propio grupo con las indicaciones del Gobierno.


Creo que entre todos, usted como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y por lo que le tocaba a través de la presión ejercida, y los demás grupos como oposición para poder presionar al Gobierno, hemos conseguido introducir aspectos muy importantes en esta segunda lectura de esta ley que hemos realizado en la Cámara.


Se han incorporado mejoras de importancia y se han subsanado ciertas discriminaciones entre las mujeres, como decía usted, según el ámbito laboral o el régimen de cotización, por ejemplo, o según se considerara la maternidad únicamente en un sentido biológico o en un sentido más amplio. Hemos conseguido un proyecto de ley más acorde con la realidad social. Por mi parte, solo pido a los grupos parlamentarios que se mantenga en el Congreso lo que ha incorporado esta Cámara, que no se modifique. Lo digo porque las posturas de los grupos han cambiado, a veces, en el Congreso, también la de mi grupo parlamentario.


Permítanme ahora que exprese lo que siento: la ley que hoy vamos a aprobar en esta Cámara propicia que las mujeres puedan ejercer sus derechos en un plano de igualdad con los hombres. Necesitamos de los hombres para que sea efectiva, para que las mujeres dejen de conciliar los distintos aspectos de su vida consigo mismas. Estamos en la víspera del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y trabajadoras son todas las mujeres, independientemente de dónde estén y de qué hagan. Ojalá que dentro de un año sean visibles los efectos de esta norma.


Hago un llamamiento a todas las administraciones implicadas en su ejecución, a las empresa implicadas en su desarrollo, a los agentes sociales implicados en su seguimiento, y, sobre todo, a todos los hombres y mujeres, para que trabajen codo con codo en el desarrollo de esta ley de modo que lleguen a ser efectivos todos los mecanismos y acciones que contiene. Esta ley hace visible la sociedad que tenemos pero, a la vez, perfila la del futuro como consecuencia de su aplicación: una sociedad más igualitaria, solidaria y justa. Hará posible que no tengamos que discutir si algo es cosa de mujeres o de hombres, porque lo que discutamos será cosa de todos y de todas y así habrá que solucionarlo.


Concluyo ya. Si por algo ha destacado el trabajo de esta Cámara en el trámite de esta ley ha sido por la generosidad con la que han trabajado todos los grupos parlamentarios para buscar puntos de aproximación y de encuentro con el fin de introducir mejoras sustanciales en el texto. Por esa generosidad, quiero que la ley contenga definitivamente todas las cuestiones que hemos concretado entre todos. Así que, para que no suceda nada que no debería suceder, nuestro grupo parlamentario retirará las enmiendas que mantiene vivas, aunque decepcione un poco a la senadora Aleixandre que, en nombre de Convergència i Unió, había anunciado que las votaría a favor. (Aplausos.)

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Loroño.


Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Baig.


La señora BAIG I TORRAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, empiezo anunciando la retirada de las enmiendas que nuestro grupo mantenía vivas. (Aplausos.) Eran pocas, pero vale la pena hacerlo.


Además, quiero agradecerles a todos los grupos su apoyo a las enmiendas transaccionales sobre prematuros o neonatos, como los llama ahora la transaccional. Queremos agradecérselo a todos los grupos porque nos parece

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un ejemplo real de que vamos a una sociedad donde hombres y mujeres cuiden a sus bebés, a sus hijos y a sus hijas, no solamente desde el ámbito de la salud en términos físicos, sino también psicológico y de la educación emocional. Si desde la más tierna infancia atendemos a nuestros pequeños, niños y niñas, desde un aspecto emocional, de tranquilidad de la madre y de responsabilidad del padre, seguro que avanzaremos a una sociedad mejor. Éste es realmente el motivo por el que nosotros hemos llenado este vacío que existía en el proyecto tras su paso por el Congreso de los Diputados.


Quiero también agradecer especialmente al Grupo Parlamentario Socialista que la haya ampliado a todos los colectivos con el fin de que realmente no cree desigualdades una ley que es para la igualdad; no lo habíamos hecho incluso por desconocimiento del término jurídico. Por lo tanto, lo agradecemos y creemos que así hemos colaborado todos los grupos a mejorar esta ley, una ley que evidentemente nos da satisfacción, personalmente la misma satisfacción que cuando se aprobó la Constitución en España porque a las mujeres en aquél momento se nos empezó a considerar como personas, fue una gran conquista respecto a la etapa anterior, de triste recuerdo.
Esta senadora que les habla pasó por la experiencia de que una vez casada tuvo que pedir permiso o consentimiento a su marido para poder renovarse el pasaporte. Este es un ejemplo claro de que la libertad de la mujer estaba supeditada al hombre. Por suerte esto ha avanzado, pero hemos tenido que ver cómo pasaban veinticinco años de la carta magna para que nos tomáramos definitivamente en serio el mandato constitucional del artículo 14 en relación con el artículo 9.


Por eso nos parece que esta es una ley valiente. Es una ley que aborda la igualdad en todos los ámbitos: en el empleo, en la educación, en la salud, en los medios de comunicación, en la participación social y en la política. Es una ley que define principios sobre igualdad de trato y no discriminación. Es una ley que remueve obstáculos para que la igualdad sea real y efectiva en los planes de igualdad, en la paridad en las listas electorales, superando el debate de las cuotas. Esta no es la ley que consolida cuotas, sino que las supera, porque permite avanzar hacia una sociedad para compartir cargos y cargas en todos los ámbitos públicos y privados. Es una ley que servirá para mejorar la democracia a partir de la participación de hombres y mujeres. Es una ley que garantiza nuevos derechos, como el derecho de la paternidad y la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la paternidad como derecho de los padres varones a estar con su hijo recién nacido para corresponsabilizarse tal y como le corresponde. Cuando doy charlas a jóvenes, a los hombres siempre, desde hace años, les invito a no perderse este tiempo de crecimiento físico, psíquico y emocional inolvidable de su hijo o hija. Con esta ley ya dispondrán de este derecho y me gustaría que muchos padres, hombres, se acogieran a él no como una baja laboral, sino como un compromiso y una corresponsabilización en el trabajo familiar y del hogar, porque esta es una forma de conciliar, de compartir y de tener tiempo para la vida familiar y también para la vida pública. Hoy ponemos la base.


Es una ley importante, pero sabemos -como han dicho otras senadoras que me han precedido en el uso de la palabra- que única y exclusivamente con la ley no vamos a avanzar, tenemos que continuar cambiando actitudes y valores para que la igualdad sea realmente efectiva, y eso no lo podemos hacer las mujeres solas. Esta no es una ley solo para las mujeres. Hoy las mujeres estamos contentas, pero lo estaremos mucho más si este trabajo lo podemos compartir con los hombres porque así podremos alcanzar esta sociedad de igualdad efectiva de hombres y mujeres.


El señor ministro ha afirmado que esta primavera será más igualitaria.
Evidentemente, pero mi deseo sería que no fuera únicamente en la primavera, porque después de la primavera vienen el verano y el invierno, y las cosas no pueden cambiar. Esta primavera ha de continuar siendo más igualitaria, pero no solo como una primavera estacional sino una primavera para todo un siglo, un siglo que no sea solo de mujeres sino que sea el siglo de la igualdad efectiva de hombres y mujeres.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señorías, mañana es el Día Internacional de la Mujer y, por desgracia, lo va a seguir siendo durante muchos años porque es mucha la discriminación, la desigualdad y la injusticia que en la relación hombre-mujer existe en el mundo. Hoy precisamente se está celebrando, bajo el auspicio de nuestro Gobierno, un encuentro entre mujeres españolas y africanas, mujeres africanas, a las que tengo el gusto de tratar en las reuniones interparlamentarias, que saliendo de unas condiciones absolutamente increíbles en cuanto a formación, estado de salud físico y mental y situación del entorno socioeconómico, están tomando las riendas de sus países y los están sacando adelante con una responsabilidad y un ejemplo admirables.


Decía que durante muchos años se seguirá celebrando ese día internacional porque es mucho lo que hay que avanzar en el mundo, pero yo creo que con la ley que vamos a aprobar hoy aquí llegará pronto el día que en España tengamos que celebrar el día nacional de hombres y mujeres, de mujeres y hombres, porque la ley que vamos a aprobar y que esperamos que el Congreso ratifique en todos sus términos, va a suponer un avance importante en la lucha contra la discriminación y contra la desigualdad, un equilibrio entre hombres y mujeres en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural y en todos los ámbitos de nuestra sociedad.


Sabemos que a efectos mediáticos, sin duda durante mucho tiempo, y sobre todo ahora que vamos a tener elecciones municipales y autonómicas, el debate se centrará en las modificaciones que hemos introducido sobre la Ley General Electoral. No me parece mal, lo que sí me parece mal es que no salgan a la luz ni se conozcan muchas de las innovaciones que esta ley incorpora para hacer posible esa igualdad entre hombres y mujeres. Digo que no me desagrada que ese sea el debate durante algún tiempo, no, porque estoy convencida, lo mismo que mi grupo parlamen-

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tario y todos los grupos que apoyan esta ley, que con la participación activa de la mujer en los asuntos públicos también mejorarán y avanzarán los asuntos privados en todos los ámbitos. Sin duda, allí donde haya mujeres tirarán de muchos hombres, ¿o acaso no lo hacemos aquí en nuestro trabajo diario parlamentario? Somos la representación del pueblo español.
Aquí, señorías, también tenemos déficit -tenemos que reconocerlo- entre hombres y mujeres, y en nuestro trabajo diario, somos el reflejo de la sociedad a la que representamos. (Varios señores senadores: ¡La Mesa!.)

Entre todos los compañeros senadoras y senadores que estamos interviniendo, hemos resaltado, hemos sacado a la luz de este debate -y así constará en el Diario de Sesiones- las incorporaciones, las modificaciones que hemos hecho a la ley en esta Cámara. Pero no voy a entrar en ellas. Simplemente, me van a permitir que agradezca el trabajo de todos los ponentes, aunque de forma singular tengo que referirme a los dos hombres que nos han acompañado en esta ponencia, el senador Mendoza, y el senador Jorquera, que ha estado debidamente representado por el señor Cuenca, y también a las ponentes del resto de los grupos parlamentarios: la señora Loroño, la señora Aleixandre, la señora Baig y, cómo no, a las tres portavoces del Grupo Parlamentario Popular que han intervenido, la señora Fernández-Delgado, la señora Do Campo y la señora Fúnez. Repito mi agradecimiento por su trabajo; con independencia de que hayamos colaborado más o menos, tiene el sello de todos esta ley que vamos a aprobar hoy en esta Cámara.


Pero, además de agradecer el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho en la ponencia, como precisamente mañana celebramos el Día Internacional de la Mujer, me vais a permitir que cuente una anécdota que creo viene al caso: Cuando íbamos a ordenar el debate de la tramitación de esta ley, alguien dijo: Ya empiezan las prisas y el correr porque se quiere llegar electoralmente al Día Internacional de la Mujer. Y dije yo: ¿Y por qué no? ¿Por qué no vamos a brindar a todas las mujeres y hombres de España, que van a luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, una ley como la que hoy vamos a aprobar? ¿Por qué no? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Creo que es el mejor regalo que les podemos hacer. Mañana los hombres y las mujeres de este país van a saber que cuentan con instrumentos nuevos, y me parece muy bien traída la reflexión y el llamamiento de la senadora Loroño a todo el compromiso social, sindical, empresarial que necesita que una ley de esta naturaleza tenga éxito.


Por tanto, repito, quiero brindar nuestro trabajo y nuestro agradecimiento a las mujeres, porque es un camino de ida y vuelta. Los hombres y las mujeres tienen mucho que celebrar mañana, pero también debemos agradecer y reconocer que si hoy nosotras hemos podido hacer este trabajo, si esa ley ha venido al Parlamento porque la ha traído un Gobierno, es debido al trabajo de muchos colectivos de mujeres que están detrás, día a día, empujando a todos los niveles, cada una desde su responsabilidad; y dentro de todos los estamentos sociales asociativos de mujeres no puedo dejar de resaltar a las mujeres que hoy en día comparten y tienen responsabilidad en el Gobierno de España. Me parece que están haciendo un papel muy meritorio, tanto a nivel de Gobierno como al de las distintas escalas de la Administración de Justicia.


Por ello, señorías, termino como he empezado. Hoy se está celebrando un encuentro internacional importante entre mujeres; mujeres que quieren un mundo mejor, en paz. Pero, además de sentirme orgullosa de este evento y agradecida y honrada porque mi grupo me haya permitido defender esta ley, quiero decir que por encima de todo me siento orgullosa de pertenecer a un país que está liderando en Europa y en el mundo la igualdad entre hombres y mujeres. Se está haciendo un trabajo espléndido, y lo estamos viendo día a día en las reuniones que mantenemos a nivel internacional, allá donde vamos. Es un compromiso por tanto que España ha asumido en su conjunto y por el que creo que merece la pena trabajar el día a día, buscar encuentros y apoyos.


Termino agradeciendo el apoyo de todos los grupos parlamentarios al dictamen y, cómo no y fundamentalmente, el trabajo de cada uno de los ponentes.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupos Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Fernández Delgado.


La señora FERNÁNDEZ-DELGADO Y CERDÁ: Gracias, señor presidente.


Señorías, tomo la palabra esta tarde como portavoz del Grupo Parlamentario Popular de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades en esta Cámara para manifestarles nuestra posición respecto a esta ley que hoy se presenta.


El Grupo Parlamentario Popular ha compartido con el resto de los grupos del Senado y del Congreso la necesidad de una ley que busque la igualdad de derechos y oportunidades real y efectiva entre mujeres y hombres. Y, desde luego, señorías, hemos trabajado, y bien, cada grupo desde su opción política, y eso lo saben todas sus señorías, por lo que no me parece adecuado hacer referencia desde este estrado a si se ha trabajado más o menos o a cuál es la posición de cada uno, la cual es bien conocida por todas las personas que componen este Parlamento.


Sin embargo, señorías, en este día 7 de marzo de 2007 y con el texto de este proyecto de ley delante, tengo que decirles que el señor Rodríguez Zapatero y su Gobierno han perdido otra vez la oportunidad de hacer una ley para todas las mujeres de España, una ley fruto del consenso y de la necesidad de seguridad jurídica que pide a gritos la realidad social de las mujeres que estamos viviendo en este país.


Señorías, ante todo ustedes presentan hoy una ley de oportunidad política, una ley que no resuelve los problemas de las mujeres, los problemas que de verdad estamos sufriendo las mujeres. Y sin embargo, y a pesar de esto, señor ministro, a pesar de que no nos gusta esta ley -ahora les diré por qué-, les hemos tendido una mano, como venimos haciendo a lo largo de esta legislatura en todas las cuestiones que pensamos pueden ayudar a mejorar la situación de cualesquiera personas que viven en España -como es nuestra obligación por otra parte- en el ejercicio de nuestra responsabilidad como partido mayoritario en la oposición.


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Pero ustedes, señorías, señor ministro, no han querido negociar esta ley con el Grupo Parlamentario Popular, y además con ello han roto una máxima que siempre ha funcionado entre las mujeres a la hora de conseguir derechos para ellas, y es que, independientemente de las ideologías, siempre hemos defendido que eran más las cosas que nos unían que las que nos separaban. Y esta vez, señorías, no ha sido así porque ustedes no han querido que lo fuera. Ustedes hablan de paridad -mejor dicho, hablaban, porque ahora no lo hacen- sin saber seguramente que la paridad significa equivalencia, pero esto no es algo que pueda salir de una ley. Esto debe salir de un cambio de mentalidad, de cultura, y ustedes mejor que nadie, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, deberían saber que hacer un cambio de cultura a fuerza de ley es ineficaz y no produce resultados satisfactorios, como ha ocurrido ya con la Ley integral contra la violencia, porque, desgraciadamente, seguimos viendo cómo cada día mueren más y más mujeres.


Además, señorías, la paridad aritmética es vejatoria para las mujeres, ya que no se trata de acceder a la igualdad como una concesión sino como un derecho a disfrutar en función de la capacidad y sin que se produzcan interferencias discriminatorias contra la mujer por el mero hecho de serlo. Y fíjense, señorías, si desde el Grupo Parlamentario Popular queríamos verdaderamente una ley fruto del acuerdo y del consenso, que les hemos apoyado el que ustedes introduzcan aquí una modificación de la Ley de planta y partidos judiciales en la que se proponía la creación de diferentes juzgados con competencia en violencia sobre la mujer, los mismos juzgados que ustedes no han creado y que se contemplaban en la ley sobre violencia, los mismos juzgados que proponía el Grupo Parlamentario Popular y en contra de los cuales votaron ustedes en los Presupuestos Generales para el ejercicio de 2007, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) En cambio, ustedes los meten en la ley y nosotros se los apoyamos, porque todos los instrumentos que puedan ser eficaces para luchar contra la lacra de la violencia van a ser apoyados por nuestro partido y por nuestro grupo parlamentario.


Lo que no sabemos, señorías, es de dónde van a sacar el dinero para la creación de los juzgados ni para todo lo demás. Señorías, en esta ley no se visualizan en ningún sitio los costes a la Seguridad Social de las medidas que ustedes proponen, ni en permisos ni en licencias, ni se sabe, señorías, cuál es el papel del Ministerio de Economía y Hacienda o dónde está el dinero que se necesita para hacer frente a un sistema que propone modificaciones y exenciones a las trabajadoras y a las empresas, no solo a las de ámbito privado, sino también a las de ámbito público.


En esta ley, señorías, pasan la pelota al tejado de las empresas cuando hablan de elaboración de planes de igualdad de manera impositiva y encima no proporcionándoles a los empresarios y empresarias instrumentos para poder elaborarlos. Solo proporcionan condecoraciones, como el distintivo 30 del Ministerio de Trabajo que, además, queda pendiente del desarrollo del reglamento, como mucho parte de esta ley.


Nosotros creemos que tratándose de subvenciones o de distinciones sería importante clarificar los criterios todo lo posible para evitar fraudes a entidades falaces que, lamentablemente, no ayuden al principio de igualdad real. En esta ley, señorías, ustedes conceden puestos a las mujeres en las listas electorales y en los consejos de administración, y desde el Grupo Parlamentario Popular tenemos la sensación... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.


La señora FERNÁNDEZ-DELGADO Y CERDÁ: ... de que todavía no se han enterado de que los derechos de las mujeres no se conceden, sino que se reconocen.
Y para este reconocimiento no hacen falta cuotas, ni listas paritarias, ni nada que se le parezca porque, además, este principio que ustedes enarbolan como emblema en esta ley limita las posibilidades de las mujeres a un tope aritmético, cuando desde criterios de no discriminación, y atendiendo a la capacidad, se pueden encontrar resultados de mayor porcentaje de mujeres que de hombres en muchos puestos. Señorías, no me puedo creer que en ninguna de las 17 comunidades autónomas que hay en España, menos en las que gobierna mi partido, el Partido Popular, no encuentren ustedes ni una sola mujer digna de ser candidata a la presidencia de una de estas comunidades autónomas. No me lo puedo creer, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular-Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Claro que teniendo en cuenta que la directora general de la Mujer de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha -y si no me equivoco en Castilla-La Mancha gobiernan ustedes- acaba de decir que cree que esa comunidad no está preparada para ser gobernada por una mujer, me lo creo todo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular-Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Comprendo que les escueza.


El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio, por favor. Es difícil escuchar a la persona que está en el uso de la palabra. Ruego silencio, por favor.


La señora FERNÁNDEZ-DELGADO Y CERDÁ :Mi partido, señorías, tiene dos candidatas a la presidencia de una comunidad autónoma. (Rumores.) Y durante el Gobierno del Partido Popular ha habido dos mujeres en la más alta representación del Estado: la Presidencia del Congreso y la del Senado.


Es más, señorías, no es concluyente tener un Gobierno paritario con ocho ministras, que, por otra parte, creemos que sufren el síndrome de la abeja reina, y esta no es una definición nuestra, señorías, es lo que dice su compañera la diputada doña Carmen Alborch, que define así a las mujeres que cuando llegan al poder quieren estar solas y sin otras mujeres. Porque, Señorías, no pueden ustedes negar que en los puestos de toma de decisión de estos ocho ministerios no hay prácticamente mujeres y abundan los hombres en los segundos y terceros escalones.
(Rumores-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.


La señora FERNÁNDEZ-DELGADO Y CERDÁ: Señorías, personalmente creo, como muchas mujeres de

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cualquiera de los grupos parlamentarios de esta Cámara aunque ustedes ahora estén un poco removidas, que después de llevar muchos años luchando y trabajando por los derechos de las mujeres y de las personas más desfavorecidas dentro y fuera de la política no es de recibo que, al aprobar esta ley, mañana nosotras seamos cuota de algo. La verdad es que lo encuentro ofensivo e insultante para las mujeres de esta Cámara.
(Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, senadora Delgado, es que no se le oye.


Ruego silencio porque es difícil entender a la senadora que está haciendo uso de la palabra. (Rumores.)

Señorías, yo entiendo que quien no ha estado en el hemiciclo no sabe cómo han ido los tiempos. Se ha tenido flexibilidad con los ponentes de cada formación política. Por tanto, respeten a la persona que está en el uso de la palabra. (Rumores.-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora FERNÁNDEZ-DELGADO Y CERDÁ: Gracias, señor presidente, por su benevolencia. Su actitud es democrática y permite escuchar a todos los grupos, y nosotros no hemos puesto problemas para escuchar al resto de los grupos. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Señorías, ustedes presentan hoy una ley para las clases privilegiadas y la clase funcionarial, para la elite de las mujeres, pero no una ley que acabe con la discriminación real que sufren las mujeres, sobre todo aquellas que han visto menoscabados sus derechos a lo largo de la historia: las viudas, las mujeres con discapacidad, las amas de casa, las mujeres inmigrantes, las mujeres trabajadoras de las fábricas y las que no tienen trabajo, las madres de familias numerosas y las mujeres rurales.


El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego termine.


La señora FERNÁNDEZ-DELGADO Y CERDÁ: Ustedes, con esta ley, no resuelven los problemas cotidianos que encuentran todas estas mujeres, que son la falta de recursos de proximidad, la armonización de horarios, la conciliación de la vida personal, laboral y profesional y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.


Ustedes no aceptan la propuesta del Grupo Parlamentario Popular que intenta solucionar estos problemas porque, señorías, su arrogancia les está impidiendo reconocer que fue el Partido Popular el que hizo la primera ley de conciliación en 1999. Y no les gusta recordar que la corresponsabilidad la inició también un Gobierno del Partido Popular, al incorporar al padre en el permiso de paternidad. (Fuertes rumores.)

Señorías -y voy acabando, señor presidente, pero le pido que tenga conmigo la misma benevolencia que ha tenido con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-, el gran reto es lograr transformar las relaciones de poder; lograr la equidad en los diferentes roles públicos y domésticos, pero si no hay transformación en los hombres esto no es posible. Ustedes, en su partido y en su grupo parlamentario, no han hecho nada para conseguir esta transformación, y si no, señorías, me remito a cosas evidentes -que no voy a decir porque el tiempo se me echa encima-: todo el mundo ve cómo hemos retrocedido en la presencia de mujeres , por ejemplo en la Mesa de esta Cámara (Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular. Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Desde luego, señorías...


El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.


La señora FERNÁNDEZ-DELGADO Y CERDÁ: Desde luego, señorías, ustedes no nos pueden dar lecciones de igualdad a las mujeres, no pueden darnos lecciones de igualdad a las mujeres del PP porque siempre hemos ido delante en las medidas que ustedes proponen (Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Señorías, ustedes proponen una cosa peligrosa, que es modificar la Ley electoral general, ustedes proponen modificar esta ley electoral sin el acuerdo de la mayoría parlamentaria. Y como ya les dijimos en el Congreso de los Diputados y nos gustaría recordarles aquí, esto no ha pasado nunca en los 21 años de democracia que llevamos. Si ustedes rompen el acuerdo tácito de modificar la Ley electoral general sin el concurso y sin la aprobación del grupo mayoritario de la oposición será su responsabilidad (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Ustedes la rompen unilateralmente, no nosotros.


El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego termine, por favor.


La señora FERNÁNDEZ-DELGADO Y CERDÁ: Señorías, en el Grupo Parlamentario Popular no necesitamos justificar nada sobre la incorporación de las mujeres y nuestro compromiso de incorporar mujeres en las candidaturas.


El señor PRESIDENTE: Senadora Fernández Delgado, le ruego termine.


La señora FERNÁNDEZ-DELGADO Y CERDÁ: Concluyo, señor presidente.


Lo hemos hecho siempre por convencimiento y no por imposición legal, pero de verdad, señorías, no me creo que ustedes se crean esta tarde que esta es una ley de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, porque esta ley no soluciona el problema que tienen las mujeres. Y si no háblenles de paridad, de consejos de administración y de permisos a las mujeres del verdeo de Andalucía, a las manipuladoras de fruta de Murcia (Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular: A las del PER), a las manufacturadoras de zapatos y de artesanía, a las mujeres rurales de cada rincón de cada comunidad autónoma de España, díganles que están hablando de una ley que concede privilegios solo a la élite, señoras; no es una ley de igualdad.


Muchas gracias (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular. Rumores y protestas en las del Grupo Parlamentario Socialista.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Vamos a proceder a la votación del dictamen de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el proyecto de ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.


Empezamos con las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


En primer lugar votamos la enmienda 113.


Se inicia la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, siete; en contra, 116; abstenciones, 116.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 118, también de Convergència i Unió.


Se inicia la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, siete; en contra, 116; abstenciones, 116.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 128 de Convergència i Unió.


Se inicia la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, siete; en contra, 116; abstenciones, 115.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Las enmiendas números 114, 120 y 122 han sido retiradas.


Las enmiendas números 129 y 131 soportan transaccionales.


Votamos, a continuación, las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, las enmiendas números 191, 192 y 207.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 124; en contra, 115.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos la enmienda número 214 del Grupo Parlamentario Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 115; en contra, 121; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Las enmiendas de vuelta al texto del Congreso soportan transaccionales.


Votamos, a continuación, las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
(El señor Sanz Pérez pide la palabra.)

Adelante, señoría.


El señor SANZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.


Solicitaría votación separada de los siguientes bloques. La enmienda número 280 en un bloque; las enmiendas números 229, 231 y 304 en otro bloque; en otro bloque las enmiendas números 283 y 285 y el resto en otro.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


En primer lugar, la enmienda número 280.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 115; en contra, 123.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 229 y 304.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 120; en contra, 118.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos la enmienda número 283 del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 115; en contra, 118; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 285, del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 115; en contra, 118; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 281, del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 115; en contra, 124.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 114; en contra, 124; abstenciones, una.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos, a continuación, la propuesta de modificación del dictamen, con el número de registro 85.631, firmada por todos los grupos parlamentarios.


¿Puede considerarse aprobada por asentimiento? (Asentimiento.)

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen, con el número de registro 85.632, firmada por todos los grupos parlamentarios, con la excepción del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 124; en contra, dos; abstenciones, 113.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos, a continuación, la propuesta de modificación del dictamen, con el número registro 85.633, firmada por todos los grupos parlamentarios.


¿Puede considerarse aprobada por asentimiento? (Asentimiento.)

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por asentimiento.


Señorías, sometemos a votación, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en Comisión y no comprendidas en la votación anterior.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 123; en contra, dos; abstenciones, 114.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos el resto del proyecto de ley.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 124; abstenciones, 114.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Señorías, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey. (Aplausos.)

-- DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA DE LAS RELACIONES FINANCIERAS ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS, Y DE LA TRANSPARENCIA FINANCIERA DE DETERMINADAS EMPRESAS (S. 621/000080) (C.D. 121/000085).


El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos, a continuación, al debate del dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley de transparencia de las relaciones financieras entre las administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas.


Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Gasòliba.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.


Señorías, vengo a presentar ante el Pleno, como presidente de la Comisión de Economía y Hacienda del Senado, este proyecto de ley de transparencia de las relaciones financieras entre las administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)

El proyecto de ley tuvo su entrada en esta Cámara el día 26 de diciembre de 2006, tramitándose por el procedimiento ordinario y terminando el plazo de presentación de vetos y enmiendas el 7 de febrero de 2007, que se amplió hasta el día 13 del mismo mes.


A este proyecto de ley se presentaron un veto y un total de un veto y 20 enmiendas distribuidas de la siguiente manera: el veto fue presentado por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; de la enmienda número 1 a la 5, por el Grupo Parlamentario Popular; de la número 6 a la número 10, por el Grupo Parlamentario Socialista, y de la número 11 a la número 20, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


La ponencia se reunió el día 14 de febrero de 2007 y estos fueron sus acuerdos: La ponencia, por mayoría, ha acordado rechazar la propuesta de veto número 1 presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Ha acordado igualmente diferir el debate de las enmiendas a una fase ulterior del procedimiento, manteniendose en este trámite el texto remitido por el Congreso de los Diputados.


La comisión se reunió el día 27 de febrero y aceptó como dictamen el texto propuesto por la ponencia, aplazando el debate de las enmiendas para el Pleno, salvo las números 8 y 9 del Grupo Parlamentario Socialista y una transaccional sobre la número 4 del Grupo Parlamentario Popular, que fue firmada por todos los grupos parlamentarios y que se incorpora al dictamen.


Se han presentado tres votos particulares a través de los cuales se mantienen para su debate y votación en Pleno las siguientes enmiendas: en el voto número 1, las enmiendas 6,7 y 10 del Grupo Parlamentario Socialista; en el voto número 2, el veto y las enmiendas 11 a 20 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y en el voto número 3, las enmiendas 1 a 3 y 5 del Grupo Parlamentario Popular.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha presentado una propuesta de veto a este proyecto de ley. Para su defensa tiene la palabra el senador Gasòliba.


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El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.


Señorías, esta ley es una transposición y la adecuación de una serie de directivas de la Unión Europea que quiere asegurar, como su título indica, la transparencia de relaciones financieras entre las administraciones públicas y las empresas públicas y la transparencia financiera de determinadas empresas.


No tenemos ninguna observación que hacer al espíritu ni incluso diría que a la letra de estas directivas. Pero -como ustedes saben- una directiva es lo que podíamos llamar una ley marco, una ley de bases que cada Estado miembro está obligado a adecuar y también da un margen para su adopción al marco legislativo de cada Estado. Cuando hay una ley de la Unión Europea que se ha de aplicar literalmente, entonces es un Reglamento. No estamos hablando de un Reglamento. Estamos hablando de una serie directivas y de su adaptación. Por lo tanto, se trata de transponer esta directiva, estas propuestas normativas en un marco que sea armónico en la Unión Europea y que se adapte a las situaciones y muchas veces, incluso, a la tradición jurídica de cada Estado miembro.


Nuestro grupo parlamentario no tiene posición contraria al espíritu y al objetivo que anima a las directivas que se traducen en la correspondiente transposición en el proyecto de ley que aquí nos ocupa; pero tenemos que hacer una observación básica que es la que nos impide votar a favor de este proyecto de ley tal como ha sido presentado, y lo que nos lleva a presentar esta propuesta de veto. Y es que simplemente no tiene en cuenta la estructura competencial que existe en el Estado español. El proyecto de ley pone de manifiesto una posición que continúa sin contemplar correctamente las competencias autonómicas que en materia financiera y de fiscalización ostentan los órganos competentes de las diferentes administraciones públicas.


Y a pesar de que el grupo parlamentario que da apoyo al Gobierno ofreció en el trámite en el Congreso diversas propuestas para solventar estos aspectos, el conjunto del texto remitido al Senado mantiene los extremos que motivaron la presentación en el Congreso de una enmienda a la totalidad por parte de nuestro grupo parlamentario, razón por la cual y, en coherencia con nuestra posición, presentamos de nuevo en el Senado este veto, dado que, a pesar de las manifestaciones sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo en forma de enmiendas o de negociaciones entre los grupos parlamentarios de Convergència i Unió y Socialista, la verdad es que en todo este proceso no se ha llegado a ningún acuerdo. Al contrario, como diré respecto de un tema muy específico, ha habido un claro retroceso.


Nosotros entendemos, desde una perspectiva catalana, que después de la aprobación del nuevo estatuto de autonomía estas competencias que tienen claramente las comunidades autónomas deberían observarse en este proyecto de ley. Tengan en cuenta, por ejemplo, que uno de los grandes aspectos innovadores que se han puesto negro sobre blanco el nuevo estatuto de autonomía es la capacidad de relaciones directas del Gobierno y las instituciones catalanas con las instituciones europeas. Y así se ha reconocido.


Hace poco, concretamente el pasado mes de febrero el presidente del Gobierno catalán, insistió en la presencia de dicho Gobierno en las instituciones europeas de manera oficial a través de la correspondiente delegación en Bruselas. Pues bien, ese espíritu y esa letra no se observa ni se respeta en este proyecto de ley, y nosotros contestamos con esta propuesta. Por ejemplo, en el artículo 3, apartado 1, ¿qué dice el proyecto de ley? Que las empresas públicas remitirán esa información a la Intervención General de la Administración del Estado, bien directamente, cuando se trate de empresas públicas estatales, o bien por conducto del órgano competente de la comunidad autónoma o de la entidad local, cuando se trate de empresas públicas, autonómicas o locales. Pero siempre se pasa a través de la Intervención General de la Administración del Estado.
Y nosotros, en la enmienda correspondiente al artículo 3, ¿qué es lo que decimos? Que las empresas públicas la remitirán a la Intervención General de la Administración del Estado cuando se trate de empresas públicas estatales, o al órgano competente de la comunidad autónoma cuando se trate de empresas públicas autonómicas o locales.


Entendemos que, en el reconocimiento del marco y competencias del Estatuto, en el caso catalán, pero hay otros, se debe respetar esta capacidad de relación directa entre los organismos competentes de las comunidades autónomas y las propias instituciones de la Unión Europea.
Este es el meollo de la cuestión, y de ahí la justificación de nuestra enmienda de veto, por una parte, y de las distintas enmiendas que hemos presentado al proyecto de ley, todas para subsanar esta grave deficiencia y esta falta de respeto a las competencias de las comunidades autónomas.


Hay un asunto que quiero resaltar, que para nosotros habría dado lugar igualmente a la presentación de un veto. Me refiero, tal como he leído cuando he presentado el proyecto de ley, a las disposiciones adicionales nuevas que se han incorporado a este proyecto de ley en el trámite de comisión sobre la base de la enmienda número 8, del Grupo Parlamentario Socialista, caso en el que tampoco ha habido ninguna aproximación a nuestro grupo. Nosotros defendemos que se fuerce la devolución de una deuda a instituciones sanitarias públicas o privadas sin ánimo de lucro en el mismo momento que destaca que dichas instituciones atraviesan dificultades económicas. Aparte de que en el momento procesal oportuno pediremos votación separada, creemos que lo que se establece va absolutamente en contra de lo que nosotros proponemos desde hace tiempo y reiteramos, y es la condonación de la deuda pura y simplemente a estas entidades que se contemplan en este proyecto de ley en las nuevas disposiciones adicionales, sobre las cuales hubo un acuerdo básico entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular. Por lo tanto, como he dicho, esto habría llevado también a justificar nuestro veto, porque creemos que es una decisión grave, que atenta injustamente contra unas instituciones sin ánimo de lucro, claves, por otra parte, en la administración sanitaria.


Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.


En turno en contra tiene la palabra el senador Chivite. (Pausa.)

El señor CHIVITE CORNAGO: Gracias, señor presidente.


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Por economía de tiempo, si me lo permite, acumularía los dos turnos, es decir, el turno en contra y el de portavoces.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Puede acumularlo, en el sentido de que usted puede utilizar los 15 minutos que le corresponden ahora, en el turno en contra, y luego renunciar al otro turno, pero no para que le dé ahora 25 minutos.


El señor CHIVITE CORNAGO: No me hace falta. Gracias, señor presidente, por su comprensión.


Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para anunciar nuestro voto en contra de la propuesta de veto que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Trataré de justificar y exponer nuestros argumentos en la confianza, señor Gasòliba, de que, tal y como ocurriera en el Congreso de los Diputados, el grupo parlamentario autor del veto no lo someta a votación y opte, finalmente, por su retirada.


Usted hablaba del encuadre del proyecto. Efectivamente, el proyecto de ley que estamos tramitando contiene la transposición al ordenamiento jurídico español de varias directivas de la Comisión Europea: la 80/723, actualizada por la 2000/52, por la 2005/81 y, finalmente, por esa nueva Directiva Europea 2006/111, de 16 de noviembre de 2006, que ha sido aprobada precisamente durante el trámite de este proyecto de ley y que actualiza la primera.


Todas estas directivas, señorías, se refieren a la transparencia de las relaciones financieras en un doble sentido: de los Estados miembros y las empresas públicas y de determinadas empresas que anteriormente actuaban en régimen de monopolio y ahora lo hacen en un sistema de competencia.


Por lo tanto, este proyecto de ley tiene una perspectiva europea, tiene su raíz en la Unión Europea, pero además engloba a todas las regiones de Europa y, en España, también a las comunidades autónomas. ¿Cuáles son los fundamentos de este proyecto de ley? Señor Gasòliba, como usted mismo decía, la razón de ser de esta normativa es transponer al ordenamiento jurídico español todo aquello que recoge la directiva a la que hacemos alusión, que dice que las complejas situaciones derivadas de los diversos tipos de empresas públicas o privadas a las que se han concedido derechos especiales o exclusivos, o a las que se ha confiado la gestión de servicios de interés económico general, la variedad de actividades que puede ejercer una misma empresa y los diferentes grados de liberalización del mercado en los distintos Estados miembros, pueden dificultar la aplicación de las normas de competencia y, en particular, del artículo 86 del Tratado. Ése es precisamente el fundamento de la Directiva 873, actualizada por la del año 2006, y ante esa situación es necesario que los Estados miembros y la propia Comisión dispongan de datos pormenorizados sobre la estructura financiera y organizativa interna de las empresas a las que antes se refería y de cuentas separadas y fidedignas sobre las diversas actividades desarrolladas por una misma empresa.


Por su parte, como usted conoce muy bien, el dictamen motivado 2004/2128 de la Comisión recogía las recomendaciones de la Unión Europea ante las divergencias observadas entre la norma comunitaria y la legislación nacional española, especialmente en varios aspectos: primero, la definición de empresas públicas; segundo, la delimitación de la influencia dominante, directa o indirecta por parte del Estado u otras administraciones territoriales; tercero, la transparencia de las actividades y las ayudas a empresas públicas; cuarto, la separación de cuentas en función de las diferentes actividades de las empresas públicas, así como la metodología de asignación de ingresos y de gasto; y, quinto, la delimitación y obligación de información de las empresas que operan en el sector manufacturero.


Precisamente es en incumplimiento del citado dictamen y de sus recomendaciones es donde radica la esencia, la raíz y el fundamento de este proyecto de ley.


¿Cuáles son, señor Gasòliba, los objetivos de la ley? Usted los conoce igual que yo. Primero, el cumplimiento de la obligación de adaptar la legislación española a la legislación europea, e imagino que el Grupo Catalán, de espíritu europeísta, compartirá con el Grupo Parlamentario Socialista este objetivo, al igual que creo que harán el resto de los grupos de la Cámara, como ha quedado demostrado en los trámites precedentes: Segundo, garantizar la transparencia financiera entre las empresas que gestionan servicios de interés económico general. Tercero, evitar los abusos de posición dominante por parte de las empresas que gestionan servicios de interés económico general. Cuarto, controlar las relaciones financieras existentes entre las empresas que gestionan esos servicios de interés general y las administraciones públicas, tanto en el ámbito estatal como el ámbito autonómico y en el local; Quinto, garantizar que las normas sobre competencia del Tratado Constitutivo de la Unión Europea al que antes se hacía referencia se cumplan y apliquen de manera eficaz y equitativa, en ciertos sectores de la economía, aquellos que en el pasado actuaban en régimen de monopolio y hoy están sometidos a un régimen de competencia. Y, sexto, definir y determinar las empresas obligadas a llevar las cuentas separadas, especialmente las encargadas de gestionar servicios de interés general.


¿Dónde se produce el impacto de esta ley, senador Gasòliba? Usted lo sabe tan bien como yo, si no mejor. En empresas públicas vinculadas a cualquiera de las administraciones públicas en cualquiera de los ámbitos, estatal, autonómico o local, en las empresas a las cuales las diferentes administraciones públicas hayan concedido derechos especiales o exclusivos, o les hayan confiado la gestión de servicios de interés general, y en aquellas empresas públicas que desarrollan actividades en el sector manufacturero. Estamos hablando de la libre competencia, y usted sabe como yo que hay empresas públicas que están compitiendo con empresas de titularidad privada en el ámbito de la empresa productiva industrial o de servicios normal.


Me centraré en su argumento principal, casi el único o exclusivo, por el que nos ha dicho que presentaba este veto: Ha hablado usted del ordenamiento constitucional y del régimen competencial. Señoría, las directivas europeas -y usted lo sabe- no predeterminan por sí ni alteran la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Se respeta el espíritu de la participación y la representación. No quiera decirnos que con esto se coarta la participación y representación de Cataluña en la Unión Europea, porque simplemente no es cierto.


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El proyecto de ley, que tiene rango de norma básica, se dicta sobre la base del artículo 149.1.3º y 18º de la Constitución. Ya sé que a veces no les gusta que recurramos a este artículo, pero es la realidad, es nuestra Constitución, es la norma básica que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases de la actividad económica y las bases de régimen jurídico de las administraciones públicas. Y esto no significa recortar, sino simplemente cooperar.


El proyecto de ley es plenamente respetuoso con el régimen competencial autonómico y local. Y si bien los diferentes estatutos de autonomía, los vigentes y los recientemente actualizados, reconocen cierta capacidad a las comunidades autónomas para aplicar el Derecho comunitario, ello no puede suponer en ningún caso, como parece que usted pretende con este veto, la negación al Estado de la plena competencia -subrayo, la plena competencia- de relacionarse con la Unión Europea y ser básicamente, no de forma exclusiva, el único canal de relación entre España y las instituciones comunitarias. De ahí que en la ley se plantee que la Intervención General de la Administración del Estado es la encargada de recopilar la información, agregarla en el ámbito español y transmitirla a la Comisión Europea. Este parece ser el talón de Aquiles, el elemento en que ustedes están en desacuerdo.


Sin perjuicio de lo anterior, fíjese, señoría, que en este proyecto de ley se salvaguardan, por ejemplo, las singularidades del régimen del Convenio Económico de Navarra o de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Sin embargo, también para estas es de obligado cumplimiento la directiva comunitaria, lo es para todas las administraciones; también en este ámbito, a expensas de esos regímenes singulares.


Senador Gasòliba, usted sabe que la estructura de la ley consta de cuatro capítulos, que recogen 16 artículos, disposiciones adicionales, disposiciones finales, y un anexo. En el Capítulo sobre, el objeto de la Ley, en su único artículo se dice que dicho objeto es garantizar la transparencia a través del suministro de información sobre la puesta a disposición de fondos, directa o indirectamente, por parte de las administraciones públicas a las empresas de ambito estatal, autonómico o local que gestionan servicios de interés económico general, así como su motivación y la utilización efectiva y eficiente de estos fondos, y, en segundo lugar, garantizar la transparencia en la realización de actividades en virtud de la concesión por parte de las administraciones públicas de cualquier ámbito.


El Capítulo II habla de las obligaciones de las empresas públicas, el capítulo III, de la obligación de las empresas de presentar cuentas separadas cuando sus actividades sean diferentes, y el capítulo IV, de la obligaciones de las empresas públicas manufactureras.


En el trámite en el Congreso, en la Comisión de Economía, que actuaba con competencia legislativa plena, se debatió la enmienda a la totalidad, hoy veto en esta Cámara. Finalmente, se retiró. Por cierto, allí se incorporaron varias enmiendas, la mayoría transaccionadas -también con su grupo, señor Gasòliba, y usted lo sabe-, que contribuyeron a eliminar algunas dudas, especialmente las referidas a la distribución competencial, y a aclarar y precisar los diferentes ámbitos competenciales. A propósito, no restan competencias a la comunidades autónomas: las respetan todas. Claro que tampoco se puede pretender que recorten las que corresponden a la Administración General del Estado.


La propuesta de veto que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió reproduce miméticamente -clónicamente- y en su totalidad la que se presentó en el Congreso. Creo que habría que ver si es realmente oportuna. Ahora, incomprensiblemente, la recuperan, y parece que no haya existido trámite alguno, que no se haya apoyado ninguna enmienda o que no se haya transaccionado nada. Pero usted, como yo, sabe que eso no es cierto. Se ha buscado el punto de encuentro, de equilibrio, entre las competencias de las comunidades autónomas y las responsabilidades y competencias estatales.


La justificación del veto se fundamenta en un supuesto -que no real- conflicto competencial, porque ustedes siguen entendiendo que el texto del proyecto no trata correctamente las competencias autonómicas en materia financiera y de fiscalidad. Yo le ruego que lea los dictámenes de la Comisión Europea, las directivas, la Constitución Española e incluso los estatutos porque la argumentación que ha expuesto en la tribuna no se corresponde para nada con la realidad.


Alude en el veto a que las modificaciones en relación con los procedimientos de información y las justificaciones sobre la determinación de los procedimientos no se ajustan al marco competencial vigente, al atribuir exclusivamente a la Intervención General de la Administración del Estado la participación en la Comisión Europea. Usted sabe que con este proyecto de ley no se limita tal presencia ni la participación, pero sí se racionaliza la información para centralizarla y agruparla.


Ninguno de los argumentos resulta comprensible ni aceptable para nuestro grupo. Por eso le repito, señor Gasòliba, que el voto del Grupo Parlamentario Socialista se opondrá al veto que nos proponen. Desde luego, los catalanes y las catalanas se pueden sentir tranquilos. Este proyecto de ley no recorta ninguna de las competencias que tienen reconocidas. Comparte las competencias con el Gobierno de España, para que sean no solo más catalanes y más españoles, sino también más europeos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.


¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Urrutia.


El señor URRUTIA ELORZA: Gracias, señor presidente.


La verdad es que el proyecto de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista solo pretende, en principio y teóricamente, transponer dos directivas y una última que llegó durante el trámite de comisión. Con una de las transposiciones se trata de hacer un seguimiento exigente de ciertos sectores que realizaban actividades en régimen de monopolio y que actualmente, por diversas circunstancias, han pasado a trabajar en régimen de competencia o de libre concurrencia con otras empresas. Se trata de evitar abusos. Se trata de evitar que las empresas que eran monopolistas adquieran una posición dominante al pasar a trabajar en régimen de libre concurrencia. Además, se

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intenta controlar y vigilar las relaciones financieras, las relaciones de tesorería, que se puedan producir entre las empresas que fueron monopolistas y las administraciones.


Con la otra transposición se intenta llevar a cabo un estudio de cuentas separadas, es decir, que en la contabilización tanto patrimonial, como financiera se separen perfectamente las actividades que realizan las empresas que tengan de algún tipo de subvención o de compensación por esos servicios públicos de aquellas otras actividades ajenas a esa situación. En definitiva, lo que se intenta es que desde el punto de vista de la información, el seguimiento y el contraste de documentación estén perfectamente separadas y deslindadas las cuentas relativas a actividades propias del servicio público de aquellas correspondientes a actividades por cuenta ajena. Nos parece perfecto y creemos que esta transposición se ha hecho a su debido tiempo.


Con la disposición adicional primera se plantea una problemática -como siempre, el senador Gasòliba ha puesto el dedo en la llaga- respecto de asuntos de carácter básico. Creo que se está aprovechando la transposición de unas competencias recogidas en los estatutos de autonomía, refrendados por cada uno de los parlamentos a principios de 1900, tanto sobre aspectos relacionados con los criterios financieros como de fiscalización, pasen al Estado: es decir, hay una retención de esas competencias, que pasan a poder de la autoridad del Estado, y las autoridades autonómicas quedan en posición secundaria. Y esto no nos parece correcto.


Comentaba el representante del Grupo Parlamentario Socialista que las comunidades autónomas con esta transposición no pierden carácter ni esencia ni posición. Yo no comparto esa opinión totalmente, porque anteriormente la relación de la comunidad autónoma era directa porque su competencia era total, mientras que ahora todas las relaciones, todas las comunicaciones, todas las informaciones, todas las actuaciones con la Comisión Europea tienen que hacerse a través de la autoridad estatal. Por tanto, hay una cierta pérdida de actuación, de competencia y de poder de las comunidades autónomas, que antes eran responsables.


Entonces -y termino ya, señor presidente-, estas empresas públicas que pueden ser tanto autonómicas, como locales, como territoriales, en este momento han perdido un escalón en la relación con respecto a la comunidad autónoma.


A mí me parece que la enmienda de veto planteada por el senador Gasòliba, representante de CIU, tiene su razón de ser, y el Grupo Parlamentario Mixto, en el que hay diferentes opiniones, tomará sus posiciones; pero la posición de este senador ha sido claramente expuesta.


Milesker.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batlllori): Muchas gracias, señoría.


¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Gasòliba.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Muchas gracias, señor presidente.


Voy a utilizar este turno para contestar a las objeciones del senador Chivite.


Señoría déjeme que vuelva a insistir. Una directiva europea no es un reglamento europeo, lo que significa que lo que se propone en una directiva son orientaciones y que cada Estado tiene la capacidad de adaptar esa directiva a su ordenamiento jurídico. Cuando se ha de aplicar directamente, entonces es un reglamento.


Por tanto, estamos ante una directiva europea, lo cual quiere decir que hay margen para adaptar una norma jurídica que se ha de aplicar en toda la Unión pero adaptada a su realidad.


En esas directivas, con las cuales -insisto- estoy absolutamente de acuerdo, no se predetermina la cuestión, de cómo llega a las instituciones de la Unión Europea la información que se pide a empresas públicas. Por tanto, desde una perspectiva española habría dos caminos: continuar dando la primacía y la exclusividad a la Administración pública española, siguiendo la tradición jacobina y centralista que, evidentemente, tiene un largo recorrido histórico pero que no debería observarse ya porque tendrían que respetarse las competencias autonómicas, o continuar estando en contra -tal como defienden el Grupo Socialista y el Grupo Popular; ya veremos en las votaciones cómo habrá una sintonía total-, de que facilite la relación directa para lo que pide esta directiva, que es proporcionada una serie de datos e información a la Comisión Europea en aras de la transparencia y para asegurar la competitividad, y que no haya distorsiones en el mercado por parte de las empresas públicas.


He puesto como ejemplo el artículo 3, pero hay otros.


El apartado 1 del Artículo 3 comienza: «Las empresas públicas remitirán a la Intervención General de la Administración del Estado, bien directamente, cuando se trate de empresas públicas estatales, o bien por conducto del órgano competente de la comunidad autónoma o de la entidad local...».


El apartado 2 dice: «La remisión de la información anterior a la Intervención General de la Administración del Estado se realizará a los solos efectos de evitar la dispersión de datos y de facilitar a la Comisión Europea dicha información de manera agregada».


Ya les he dicho que en Bruselas, oficialmente, de acuerdo con el nuevo Estatuto, hay una delegación del Gobierno de la Generalitat. Por tanto, ¿Por qué no puede, por ejemplo, la empresa pública Ferrocarrils de Catalunya enviar esos datos a través de esa delegación a la Comisión Europea? No hay ninguna directiva europea que lo impida. Es el ordenamiento jurídico, que simplemente sigue la tradición. Porque supongo que cuando se presentó nuestra propuesta la Intervención General del Estado y el Ministerio de Economía debieron decir ¡No! De ninguna manera.
Va de retro. ¿Cómo es posible que una autonomía pase los datos a Bruselas sin que pasen por nosotros?

Entiendo que esta sea la tradición que defienden el Ministerio de Economía y la Intervención General del Estado, pero eso no debería impedir la aceptación de una ordenación diferente de la estructura competencial en función de los estatutos de autonomía y del respeto de la reorganización territorial del Estado, que también está en la Constitución.


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¿Puede haber una vía, como ha dicho el senador Chivite? Sí; la centralista. Evidentemente, usted se ha referido a un artículo, pero hay otros. Y no hay ninguno que diga nada en contra de que se pueda aceptar que las comunidades autónomas con las correspondientes competencias envíen sus datos siguiendo las directrices de las directivas y de acuerdo con una ley que es perfectamente española y que podría reconocerlo. Son dos visiones diferentes. Ustedes defienden una que, por otra parte, ya hemos visto reiteradamente en la difícil negociación del Estatuto, y nosotros, evidentemente, defendemos otra, que es el respeto a las competencias y al reconocimiento de la capacidad de las comunidades autónomas, entre otras cosas, para enviar unos datos de unas empresas públicas a través de sus gobiernos a Bruselas.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.


Voy a intervenir únicamente para indicar que, a pesar de que compartimos en gran medida lo expuesto por el senador Gasòliba -posteriormente en el turno en contra de las enmiendas me extenderé un poco más en este sentido-, ya anuncio que la posición de nuestro grupo a este veto va a ser de abstención.


Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Aroz.


La señora AROZ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.


A juicio de mi grupo parlamentario, con el debate de este veto asistimos a un acto de incongruencia, porque el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha recuperado, como ha señalado el senador Chivite, al final del trámite parlamentario la enmienda de totalidad que presentó, debatió y retiró al inicio de su trámite en el Congreso; además, a lo largo de todo el trámite parlamentario expresó su apoyo a este proyecto de ley y votó favorablemente en el Congreso el dictamen de la Comisión de Economía .


El apoyo favorable a este proyecto de ley es más lógico que la presentación del veto porque, como ha señalado el senador Gasòliba, no cuestiona el contenido ni el alcance del proyecto de ley, y su crítica, su objeción es muy precisa y concreta a un precepto, el artículo 3 y, por conexión, el artículo 4 y quizá algún otro aspecto.


Señorías, el proyecto de ley que estamos debatiendo , como se ha dicho, supone la expresa transposición a la legislación española de las nuevas directivas de la Comisión Europea relativas a la transparencia de las relaciones financieras entre administraciones y empresas públicas y otro tipo de empresas, en concreto las que prestan servicios públicos por encomienda de las administraciones y reciben fondos públicos. Se trata de garantizar la transparencia financiera de las relaciones con las administraciones públicas, bien sean de ámbito estatal, autonómico o local. La transposición, como se ha dicho, se realiza con carácter básico, de acuerdo con el artículo 149.1.13a y 18a de la Constitución Española.


Muy resumido, y en la línea de lo expuesto por el senador Chivite, quiero subrayar que, contrariamente a lo que sostiene el veto, la redacción del proyecto es respetuosa con la distribución competencial en cuanto a las competencias en materia financiera y de fiscalización que se atribuyen a los órganos pertinentes de las diferentes administraciones públicas.


Hay sin duda un error de apreciación por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en cuanto al papel que ejerce la Intervención General del Estado. Señorías, no se atribuye ningún poder de control o de fiscalización a la Intervención General del Estado. La ley no establece una relación directa entre las empresas de ámbito autonómico, local y el Estado, sino que lo hace siempre mediante los órganos que establezca la correspondiente comunidad autónoma. Es respetuosa con el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. No hay ninguna invasión de competencias autonómicas.


¿Cuál es el papel de la Intervención General del Estado? El mismo senador Gasòliba lo ha recordado, y el artículo 4 así lo dice: establece taxativa y de manera precisa, con todo rigor, que la actuación de la Intervención General de la Administración del Estado es sólo para evitar la dispersión de datos y facilitar una información agregada, así como para conservar y mantener a disposición de la Comisión Europea esta información durante cinco años.


No existe, señorías, pues, ningún poder de control o fiscalización de la IGAE sobre las entidades públicas, locales o autonómicas. No hay un plus de competencias al hilo de esta atribución del poder de recoger la información. Es un precepto totalmente respetuoso con las competencias autonómicas, que respeta de manera muy clara y muy concisa el título competencial en que se ampara el proyecto que es, como he dicho anteriormente, el artículo 149.1.13a.


Por tanto, señorías, repito, objetivamente, más allá de que le guste o no al senador Gasòliba -que finalmente lo que ha venido a decirles que no le gusta que haya esta recopilación de información por parte de la IGAE- no hay ninguna invasión de competencias. Es un proyecto de ley muy respetuoso con la distribución competencial y el orden constitucional.


Por tanto, señorías, nuestro voto es contrario a este veto. Y adelanto ya la posición favorable, lógicamente, al proyecto de ley en su conjunto.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.


Veo que el representante del Grupo Parlamentario Socialista considera que ya ha intervenido en este debate de totalidad.


El senador Beteta tiene la palabra para manifestar la posición de su grupo parlamentario ante la propuesta de veto.


El señor BETETA BARREDA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular se opondrá a la propuesta de veto anunciada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


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Estamos ante un proyecto de ley con el que parece que toda la Cámara está de acuerdo. Estamos viendo la modificación contenida -como bien se dice en la exposición de motivos- en la Directiva 2052 de la Comisión Europea, que subraya la importancia de garantizar que las normas sobre competencia del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se apliquen de manera eficaz y equitativa a ciertos sectores de la economía que realizaban sus actividades en régimen de monopolio y que actualmente desempeñan su labor en régimen de competencia con otras empresas. Y por otro lado también se analizan las modificaciones introducidas en la Directiva 2005/81, también de la Comisión, que se refiere a la definición de las empresas que están obligadas a llevar cuentas separadas, de modo que matiza que esa obligación lo será para aquellas empresas que están encargadas de la gestión de servicios de interés económico general y que reciban cualquier tipo de compensación por el servicio público y que realicen también actividades ajenas al mismo.


Señorías, nosotros estamos a favor de esta norma porque supone esa transmisión de la directiva europea, y estamos a favor de ese carácter básico porque entendemos que se ajusta al artículo 149.1.130 y 180 de la Constitución Española. Así pues, pensamos que es bueno para el ordenamiento jurídico español cumplir con esta transposición de las directivas comunitarias, que verdaderamente llevan un cierto retraso en este sentido y que deben incorporarse, por tanto, al Derecho interno.


La cuestión que estamos debatiendo y que nos lleva tanto tiempo consiste exclusivamente en definir la solución que el proyecto de ley proclama. Es decir, estamos hablando de una competencia del Estado que reside en la Intervención General del Estado: facilitar a la Comisión Europea información que la directiva va a exigir -y dentro de poco esta ley-, tal y como debe remitirse.


Yo creo, por tanto, que estamos ante un asunto que está bastante claro. Y en este sentido tengo que coincidir con lo expresado por el vicepresidente del Gobierno en el debate celebrado en el Congreso de los Diputados cuando decía a tal respecto que la Intervención General del Estado tiene como fin la remisión y centralización de la información, y no tiene como fin fiscalizar o controlar los datos recibidos. Su único trabajo es evitar la dispersión de interlocutores y, en consecuencia, ofrecer a la Comisión Europea un conjunto de información agregada de las empresas receptoras en cualquiera de sus formas y que reciban fondos públicos. La competencia del Estado para canalizar la información hacia las instituciones comunitarias -es bueno recordarlo en esta sede- ha sido expresamente reconocida en distintos pronunciamientos por el Tribunal Constitucional, y especialmente en la Sentencia 172/1992, de 29 de octubre.


Creo, señorías, que es importante que este proyecto de ley se apruebe en los términos en que es una transposición de la directiva comunitaria.


En el turno de enmiendas hemos hecho algunas aportaciones en las que, a través de una transaccional, se ha buscado igualar cuáles eran los sin perjuicio -no con perjuicio, como se decía anteriormente-, protegiendo tanto el Derecho Foral navarro como el correspondiente respeto al Concierto Económico Vasco. Esto se ha posibilitado a través de esa enmienda transaccional por parte de nuestro grupo parlamentario.


En el resto de los asuntos esperamos que en las enmiendas parciales se puedan alcanzar acuerdos, puesto que en el debate abierto con el Grupo Parlamentario Socialista existe una sintonía clara en el fondo de la cuestión.


Muchas gracias, señor presidente, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a votar la propuesta de veto de Convergència i Unió al proyecto de ley de transparencia de las relaciones financieras entre las administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a favor, siete; en contra, 216; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, a continuación, pasamos al debate de las enmiendas.


En primer lugar, procede la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


Tiene la palabra el senador Gasòliba.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, nosotros hemos presentado una serie de enmiendas pero no únicamente a los artículos 3 y 4 a los que se ha referido la senadora Aroz, sino que hemos presentado más.


En la defensa del veto he citado el artículo 3 como un ejemplo, pero el hecho de que una comunidad autónoma con competencia en las empresas de su sector público tenga capacidad de enviar directamente la información que requiere la directiva a las autoridades de la Unión Europea no se agota en el citado artículo 3.


Por ello, especialmente a la senadora Aroz quiero recordarle que desde la número 11, que hace referencia al preámbulo -a este último presentamos varias, tres-, planteamos una serie de enmiendas que se formulan a los artículos 3, 4, 9, 10, 15. Insisto en que lo que se pretende es asegurar que el Gobierno o la administración de una comunidad autónoma pueda dirigirse directamente cuando se trata de defender los principios de transparencia y de competencia de las empresas públicas.


Sinceramente, senadora Aroz, creo que precisamente el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tendría que votar a favor de estas enmiendas, porque lo que defendemos es, para entendernos, que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya pueda llevar la información requerida a las instituciones de Bruselas. En este sentido, le recuerdo que el presidente del Gobierno catalán, el señor Montilla, puso el acento en la capacidad de las relaciones exteriores y con las instituciones europeas, de acuerdo con el

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nuevo Estatut, en su presencia el pasado mes de febrero en la delegación del Gobierno catalán ante las instituciones europeas en Bruselas.


Si tenemos estos instrumentos, )por qué no utilizarlos? Pero su señoría dice que no, que para eso está la Intervención General del Estado. No es verdad. )Para hacer de qué? Usted dice que es la encargada de recoger todos los datos y llevarlos a Bruselas.)Es que los catalanes, a diferencia de lo que se reconoce aquí para vascos y navarros, no son capaces de llevar sus datos a Bruselas? )Es que esto de hacer de cartero de los datos de las comunidades autónomas es tan esencial para comunidades autónomas ya mayorcitas, maduritas y con capacidad para relacionarse con las instituciones europeas? Este es el quid de la cuestión.


Entonces, usted alude a lo que recoge la directiva. No. La directiva habla de los principios y de cómo se han de observar y presentar los datos. De esto habla la directiva e insisto en que la transposición de una directiva no es un reglamento. La transposición de una directiva es adaptar una norma comunitaria al ordenamiento jurídico en un Estado miembro y, por lo tanto, existe la posibilidad de adaptarse.


Entonces dicen: Es que ustedes en el Congreso votaron a favor. Sí, pero si miran los diarios de sesiones del debate en el Congreso verán que quien defendió este tema -el diputado Vilajoana- dijo que lo retiraba...(La señora Aroz Ibáñez: Fue el diputado Sánchez i Llibre.) Mire los diarios de sesiones, mírelos y verá que fue el señor Vilajoana, que decía: Esperamos llegar a unos acuerdos en el trámite del Senado (La señora Aroz Ibáñez muestra un Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados.) Ya se lo enseñaré, es el señor Vilajoana (La señora Aroz Ibáñez: Fue Sánchez i Llibre) Senadora Aroz, usted hace referencia al debate de totalidad y yo hago referencia a la intervención final del diputado Vilajoana cuando se aprueba la ley en comisión.


Recuerda el diputado Vilajoana que se retiró la enmienda a la totalidad porque se esperaba llegar a unos acuerdos con el Grupo Socialista para superar precisamente los temas que yo estoy defendiendo aquí, mejor dicho, el tema que estoy defendiendo aquí. Lo que pasa es que después de que se aprobó en el trámite en el Congreso ya no ha habido ningún intento de llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque, como se ha hecho evidente, la sintonía entre el PP y el Grupo Socialista -y por lo que veo Entesa Catalana de Progrés también- es total, cosa que en el caso de Entesa Catalana no entiendo. Porque, señorías, lo único que estamos haciendo es defender una mayor capacidad de ejercicio de la autonomía en un tema que no es menor y en el cual se tendría que reconocer la capacidad no únicamente del Gobierno catalán ni de la administración catalana, sino de las administraciones de las comunidades autónomas para tener una relación directa, que es posible y perfectamente viable en el marco de la directiva y, evidentemente, en el espíritu, en las capacidades y en las competencias que tiene el estatuto que mejor conozco, que es el Estatuto de Cataluña.


Recuerdo que existe esta posibilidad, insisto en que es una transposición, que no es un reglamento, que es perfectamente viable y que lo que pasa es que se impone la visión centralista típica de la Administración del Estado, a la que le va muy bien siempre -y lo ha demostrado así en la realidad, no en las declaraciones, en la realidad; no quiero recordar algunos compromisos adquiridos con respecto al texto del estatuto que saldría del Parlamento de Cataluña, ni las ya no sé cuántas propuestas y proyectos de ley después de haber sido aprobado el Estatuto de Cataluña en los cuales el actual Gobierno no respeta las competencias ya vigentes-. Pero que cada cual asuma su responsabilidad política, y esto quedará, evidentemente, como una muestra más de que entre dos posibilidades, una el reconocimiento de competencias y otra la de continuar asegurando la tradición de la Administración Central del Estado, se ha optado por esta última, cosa con la cual nosotros no estamos en absoluto de acuerdo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Chivite.


El señor CHIVITE CORNAGO: Gracias, señor presidente.


Empezaré por el final, señor Gasòliba, sobre todo porque he hecho un ejercicio de lectura rápida de lo que usted planteaba sobre sus enmiendas y, efectivamente, en el Diario de Sesiones del Congreso, el 29 de noviembre de 2006, en la comisión con competencia legislativa plena, el señor Vilajoana decía: En el debate de totalidad se alcanzó un acuerdo con el Grupo Socialista; ahora bien, sin haber llegado al cien por cien de lo que deseábamos, resuelve en gran parte los problemas que plateábamos y, por tanto, nuestra posición será la de aceptar esta transaccional y retirar las enmiendas que habíamos presentado.


Señor Gasòliba, coherencia, solo le pido eso. Por lo tanto, y en referencia a lo que decía el señor Vilajoana, cumpla usted con lo que él planteó, promovió y, desde luego, a lo que se comprometió en la comisión.


Nos encontramos ante el trámite de enmiendas en el Senado y es cierto que el Grupo Parlamentario Socialista había presentado varias enmiendas. Las números 8, 9 y 10 fueron admitidas en el trámite de ponencia, donde también aprobamos una transaccional soportada en la enmienda número 4 del Grupo Parlamentario Popular. En consecuencia, se mantienen vivas tres enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, junto a diez del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y cuatro del Grupo Parlamentario Popular.


Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, les diré que se trata de mejoras técnicas de adaptación y ajuste a los textos europeos, con la incorporación de la referencia a la nueva directiva europea, ni más ni menos, puesto que la 2006/11 se aprobó el 16 de noviembre y no figura en el texto original, pues ha sido aprobada y publicada justo durante el trámite parlamentario de este proyecto de ley.
Se trata en ambos casos de modificar los preámbulos, sustituyendo la referencia a la 2005 y a la 2000 por la 2006.


Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, anuncio nuestro voto en contra. Sin embargo, mi grupo aceptará y votará a favor de la enmienda número 5

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-respecto de la que pediremos votación separada-, de supresión de la disposición adicional segunda.


Respecto a las enmiendas números 11 a 20 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tal y como he dicho en el turno anterior del veto, me remito a lo ya expresado, y no me refiero a mis palabras, sino al compromiso adquirido por el portavoz en el Congreso, el señor Vilajoana, que se comprometía a retirar las enmiendas que hoy usted ha recuperado y reproducido para esta comisión.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Beteta.


El señor BETETA BARREDA: Muchas gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Popular votará en contra de las enmiendas que ha defendido en este trámite el portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Consideramos que en este asunto el señor portavoz está haciendo una lectura exagerada del Estatut de Cataluña. Señor senador, no es para tanto, y conste que mi posición personal no es la de un partidario ferviente del Estatut de Cataluña; no lo soy, es algo evidente y lo reconozco, como tampoco los ciudadanos de Madrid tienen una opinión muy positiva de esa norma, aunque es una norma que está vigente -ciertamente recurrida- y habría que respetarla. Sin embargo, creo que la cuestión que estamos debatiendo aquí no atenta contra el Estatut de Cataluña. Lo que sí se está produciendo, como antes expliqué, es un claro y explícito reconocimiento de competencias por parte de la Constitución Española a la Administración del Estado, que han sido discutidas y debatidas por el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones y que, además, produce el efecto de ser un buzón organizador de cuestiones que tienen que remitirse a Bruselas, en su caso, para su examen y análisis.
Digo a Bruselas y no a la Administración General del Estado, porque si así fuera, nosotros no estaríamos de acuerdo en que esto se analizara de esta forma, teniendo en cuenta las nuevas obligaciones que devienen de la transposición de esta normativa para las empresas públicas de carácter estatal, autonómico o local. Por lo tanto, consideramos injustificados sus recelos y votaremos en contra. Si usted tuviera razón, votaríamos en contra aun con mayor vehemencia, pero, en este caso, simplemente, pensamos que su planteamiento está equivocado.


En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, nos abstendremos de las cuestiones que en ellas se indican, tal y como había acordado con el señor Chivite. Nosotros entendemos que es discutible que sea una mejora de tipo técnico la que se plantea en este orden de cosas, por lo que incluir, apresuradamente, esa mención a la nueva directiva comunitaria quizá no sea la técnica más adecuada y habría que haberlo trabajado algo más.


Por lo tanto, no existe razón de fondo suficiente como para plantear un voto contrario, sino que consideramos que esa mejora técnica no nos parece que avanza en relación con el fondo del proyecto de ley, con el cual nosotros estamos de acuerdo y, por lo tanto, votaremos a favor del dictamen.


En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular -y voy terminando, señor presidente-, hay dos bloques distintos. El primero y el constituido por la número 5, que ha indicado el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista su disposición a votarla favorablemente. Pues bien, esta enmienda trae causa de la aceptación de esa disposición adicional segunda en el Congreso. Pero es una disposición adicional segunda que asombra que esté dentro del ordenamiento jurídico, y se la voy a leer a todos ustedes. Dice textualmente: La presente ley se aplicará a todas las comunidades autónomas respetando las competencias compartidas y exclusivas reconocidas en los respectivos estatutos de autonomía de acuerdo con la Constitución.


Pues bien, esto es una obviedad enorme.¿Qué es lo que quiere decir? ¿Que hay que ponerlo en todas y cada una de las leyes a partir de ahora? No parece sensato que exista una cláusula de esta naturaleza; lo sensato es que, puesto que los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas tienen carácter de ley orgánica y forman parte del bloque constitucional, todo el ordenamiento jurídico debe estar sometido a las normas inspiradoras de la Constitución Española. En consencuencia, ¿por qué naturaleza?

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.


El señor BETETA BARREDA: O, si se quiere decir algo que no está claro y explícito, debería retirarse.


Las otras tres son sencillas, se trata de que se defina y clarifique entre la pura obligación de transmitir la información y la responsabilidad que se deriva si esa información no llega a la Intervención General de la Administración del Estado y, en consecuencia, no se remite a la Comisión Europea.


Consideramos que es una clarificación positiva. Así lo hemos defendido en el Congreso y en los distintos trámites en el Senado y entendemos que puede contribuir a una mejora técnica del proyecto de ley.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


¿Turno en contra? (Pausa.)

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Urrutia.


El señor URRUTIA ELORZA: Gracias, señor presidente.


Muy brevemente, intervengo para fijar mi posición con respecto a las enmiendas. Este senador va a apoyar las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió porque considera que fundamentalmente guardan un respeto a las competencias autonómicas. La directiva se refiere a transponer una documentación, una información relacionada con aquellas empresas públicas que dejen de ser monopolistas y se conviertan en un mercado de libre concurrencia, en el caso de aquellas que tienen que llevar cuentas separadas, y no estamos de

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acuerdo con que se determine en la directiva y en el proyecto de ley quién es el que tiene que mandar la información, quién es el que tiene que determinar el contenido de esa información y quién tiene que conservar esa información. En nuestra opinión, la directiva interviene e incorpora, arañando competencias que estaban ya perfectamente determinadas dentro del Estatuto. Esto nos parece que es hacer de menos a las comunidades autónomas, porque estas pueden cubrir las labores de remisión de información y de contenido.


Por todo ello, vamos a apoyar las enmiendas, al menos este senador. El resto del Grupo Parlamentario Mixto actuará en consecuencia.


Eskerrik asko.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.)

¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?

Tiene la palabra el senador Gasòliba.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.


Como además de defender las enmiendas, los grupos que han intervenido anteriormente, a excepción del senador Urrutia, al cual agradezco su apoyo, han vuelto a comentar la posición respecto de las del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, quiero insistir en tres aspectos, uno dirigido al señor Beteta. Es evidente que no esperaba el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. Evidentemente no esperaba que el partido que ha recurrido el Estatuto de Cataluña nos prestara su apoyo en unas propuestas que profundizan en el ejercicio de las competencias recogidas en el mismo, que, insisto, tiene un capítulo específico dedicado a la capacidad de las relaciones exteriores y de las instituciones europeas; y ya he hablado de la presencia oficial del Gobierno de Cataluña ante dichas instituciones.


Pero me preocupa más que me diga que ustedes atacan con más vehemencia, cuando más razón tiene, a quien no está de acuerdo con sus planteamientos. Y me preocupa muchísimo porque esto quiere decir que cuanto más racional sea una posición, con más vehemencia la atacarán ustedes.


Por otra parte yo he dicho que había dos opciones. Yo no digo que la opción que recoge este proyecto de ley no sea válida; no, señorías, sólo que es la opción centralista, y entiendo que es la que a ustedes les va bien. Y entiendo que no pudan comprender que una comunidad autónoma pueda llevar los datos, las informaciones que requieren estas directivas directamente a Bruselas y que piensen que se ha de pasar por la Intervención General del Estado, al cual, por otra parte, quitan ustedes importancia, aunque dicen que es el mejor servicio de correos que tenemos para esto. Sin embargo, desde la perspectiva de las comunidades autónomas con competencias exclusivas plenas, muchas de ellas precisamente en el ámbito relacionado con las empresas públicas, eso es lo que nosotros defendemos.


Entiendo que al Partido Popular y al Partido Socialista les guste más la opción centralista, pero caben las dos opciones y yo propongo una de ellas. Así pues, no es que mi propuesta no sea válida, lo es y es también perfectamente racional y, por tanto, en su turno podrá actuar en contra de ella con más vehemencia.


Insisto en que celebro ver ese temor reverencial por parte de sus señorías hacia la posición que se mantiene en el Congreso. Y también insisto en que en el Congreso se dejó la puerta abierta a una negociación precisamente para aquellos aspectos que no nos satisfacían. Esa negociación no se ha producido, y evidentemente tengo la suficiente información como para saber que en los aspectos que estoy defendiendo aquí no ha habido ni el más mínimo avance ni ninguna propuesta para llegar a un acuerdo porque, tal y como he comentado, el Grupo Parlamentario Socialista tiene al Popular para aprobar este proyecto de ley sin contemplar nuestras propuestas. Es evidente que, una vez obtenido lo que interesaba al grupo que apoya al Gobierno en el Congreso, es decir, conseguir nuestro apoyo para intentar avanzar en el trámite del Senado, ya no ha habido ningún otro avance. Pero nosotros tenemos la oportunidad de defender nuestras propuestas en este trámite.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.


Quiero intervenir muy brevemente para indicar que en relación con las nueve enmiendas que nuestro grupo parlamentario presentó al proyecto de ley en el Congreso de los Diputados se llegó a un acuerdo con el resto de los grupos parlamentarios y, en consecuencia, unas fueron aceptadas y otras retiradas. El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no ha presentado en esta Cámara ninguna enmienda a este proyecto de ley.
Ahora bien, quisiera comentar sucintamente, al igual que hizo nuestro portavoz en el Congreso de los Diputados, que las directivas cuya trasposición contiene este proyecto de ley en absoluto concretan cuáles son los diferentes órganos encargados de cumplimentar y transmitir a las instituciones europeas la información que se requiere de ellos.


Como ha dicho el senador Gasòliba, creemos que las comunidades autónomas son capaces de mandar esta información por sí sola sin necesidad de la tutela del Estado. Pensamos que el partido del Gobierno ha optado por un modelo claramente centralizador, ignorando una vez más a las comunidades autónomas.


Quisiera fijar, por último, la posición de nuestro grupo en relación con las enmiendas presentadas. Vamos a votar a favor de las presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en el Senado, las enmiendas números 11 a 20. Vamos a votar también a favor de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, las enmiendas números 6, 7 y 10, por entender -como ha dicho el senador Chivite- que son claramente técnicas . En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, votaremos a favor de la número 5 y en contra de las enmiendas números 1, 2 y 3.


Nada más y muchas gracias, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Maqueda.


Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Aroz.


La señora AROZ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.


Comprendo que el senador Gasòliba esté disgustado porque Entesa Catalana de Progrés no apoye sus propuestas, pero -como bien sabe- nosotros tratamos de ser rigurosos en la defensa del Estado autonómico y en aras de ese rigor hoy no toca que coincidamos.


Voy a hacer un breve comentario sobre la apreciación que ha hecho usted de mi intervención. Señor senador, tanto en mi intervención como en el debate que se hizo en el Congreso quedó de manifiesto que lo que a ustedes les preocupaba realmente a la hora de presentar el veto era el artículo 3 y conexos. Y esto no es contradictorio con que ustedes hayan presentado también algunas enmiendas parciales. Sobre estas enmiendas parciales mi grupo parlamentario también va a votar en contra por las mismas razones.


Pero quiero decirle, porque usted ha estado insistiendo continuamente sobre el tema del centralismo, que es todo lo contrario, senador Gasòliba. En este caso es todo lo contrario porque precisamente -como ya se ha dicho- esta transposición se hace con carácter básico y amparada en el artículo 149.1.18ª. Podemos afirmar claramente, coincidiendo con la posición de la diputada catalana socialista Malaret, que es la primera vez que el Estado utiliza este precepto de manera tan limitada y comedida ella se refería a la utilización del 149.1.13ª. Es el supuesto más limitado de utilización de este precepto. No hay ninguna invasión de competencias autonómicas. Es más, es una prueba evidente, una muestra más del firme compromiso del Gobierno con el Estado de las autonomías, del firme compromiso del Gobierno con el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Estas eran las palabras de mi compañera en el Congreso y yo las subrayo totalmente.


Por lo tanto, vamos a votar en contra de sus enmiendas y vamos a votar a favor de la enmienda número 5 del Grupo Parlamentario Popular.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Chivite.


El señor CHIVITE CORNAGO: Gracias, señor presidente.


Brevemente quiero agradecer, en principio, a los grupos parlamentarios y especialmente a sus portavoces su comprensión, el talante negociador y el talento político para entender la necesidad de este proyecto de ley y apoyarlo aunque haya sido con matices. La verdad es que las directrices europeas, señor Gasòliba -como usted mismo decía- son un marco flexible, tanto es así que respetan la descentralización política y, desde luego, apuestan por la eficiencia en su aplicación.


Usted está empeñado en hacer de esto un debate territorial cuando realmente nuestro discurso, el discurso del Partido Socialista, es el de la eficiencia con el respeto y el reconocimiento a las competencias, pero fíjense ustedes que son bidireccionales -no se olviden-, son tanto de allá para acá como de acá para allá. Y por eso, a usted, que hacía referencia al ferrocarril, le voy a poner un simil para terminar. El recorrido que plantea esta ley es el natural. Una estación de origen con auténtica y plena competencia: las entidades locales y las comunidades autónomas. Una estación intermedia: la Intervención General de la Administración del Estado; y una estación término: la Unión Europea.


Por tanto, la competencia necesita transparencia, la transparencia llega con la información y las empresas públicas deben ser el ejemplo. Creo que con este proyecto de ley avanzamos en esa dirección desde el total y absoluto respeto al ámbito competencial.


Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Beteta.


El señor BETETA BARREDA: Muchas gracias, señor presidente.


Voy a ser breve. Coincido con los anteriores portavoces a la hora de analizar el ajuste constitucional que tiene el proyecto que ahora debatimos. El artículo 149.1, en sus incisos 13ª y 18ª, da un marco claro, que además se ajusta perfectamente a la Sentencia del Tribunal Constitucional 172/1992 y conexas, señorías. Eso es una cosa que está clara. Entiendo, y está claro y coincido con el senador Gasòliba, cómo no, que la directiva no establece un modelo. ¡Claro que no establece un modelo! Es un modelo abierto en cuanto al método de comunicar una información. Está clarísimo en el término de la directiva qué información es la que hay que hacer y qué empresas están sujetas a remitir una información, pero no quién tiene que remitirlo. Tiene razón el señor Gasòliba y tiene razón en que hay varias posibilidades de llevarlo a cabo. El señor Gasòliba está apostando por un modelo en el cual parece que nos olvidamos de que el Estado también existe.


El Grupo Parlamentario Popular defiende el Estado de las autonomías, pero también al Gobierno de España. Puede que no nos guste muchas veces lo que haga el Gobierno de España, pero el Gobierno de España es también nuestro Gobierno, tiene sus derechos, tiene que ejercerlos y tiene que llevarlos a cabo en los términos en que la Constitución y el Estatuto de Autonomía así lo decida y toda la normativa del Estado y no vamos a abdicar de esos principios.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beteta.


Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de ley de transparencia de las relaciones financieras entre las administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas.


En primer lugar, vamos a votar las enmiendas números 11 a 20, presentadas por Convergència i Unió.


Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 231; a favor, 16; en contra, 212; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de las enmiendas números 6, 7 y 10, del Grupo Parlamentario Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 230; a favor, 116; en contra, siete; abstenciones, 107.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación de las enmiendas números 1, 2 y 3, del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 231; a favor, 108; en contra, 123.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 231; a favor, 222; en contra, siete; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


A continuación, vamos a votar aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones que acabamos de realizar.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 231; a favor, 223; en contra, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación del resto del proyecto de ley.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 223; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


-- DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE LA RED DE PARQUES NACIONALES. (S.621/000081) (C.D. 121/000087).


El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente en relación con el proyecto de ley de la red de parques nacionales.


Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Mur.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor presidente.


Señorías, me cabe el honor de haber sido designado para presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente al proyecto de ley de la red de parques nacionales.


Este proyecto de ley fue remitido al Senado por el Congreso de los Diputados y publicado el pasado 26 de diciembre de 2006. El plazo de presentación de enmiendas concluyó el día 7 de febrero de 2007 y han sido presentadas 75 enmiendas por parte de los distintos grupos parlamentarios: la enmienda número 1 es del senador Mur Bernad; las enmiendas 2 a 12, del senador Cuenca Cañizares; las enmiendas 13 a 21, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; las enmiendas 22 a 49, del Grupo Parlamentario Popular; las enmiendas 50 a 60, del Grupo Parlamentario Socialista; las enmiendas números 61 a 68, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y las enmiendas 69 a 75 corresponden al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


La comisión procedió a dictaminar el proyecto de ley el día 20 de febrero, adoptando los acuerdos que se relacionan a continuación.


Fueron aprobadas las siguientes enmiendas: la número 1, del senador Mur Bernad; la 10, del senador Cuenca Cañizares; la 26, del Grupo Parlamentario Popular y las números 52 y 57, del Grupo Parlamentario Socialista.


Asimismo, se acordó aprobar una transacción entre la enmienda 69, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y la número 50, del Grupo Parlamentario Socialista.


Se retiraron las enmiendas números 13 a 21, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; 72 y 74, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; y la número 49, del Grupo Parlamentario Popular. Las demás enmiendas fueron rechazadas.


Por último, para su debate ante el Pleno, se han formulado seis votos particulares, que se defenderán a continuación: el correspondiente a las enmiendas números 2 a 9 y 11 y 12, originariamente presentadas por el senador Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto; el relativo a las enmiendas números 70, 71, 73 y 75, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; el del Grupo Parlamentario Socialista solicitando la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 1, 10 y 26; el del Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente a las enmiendas 51, 53 a 56 y 58 a 60; el relativo a las enmiendas números 22 a 25 y 27 a 48, del Grupo Parlamentario Popular; y el correspondiente a las enmiendas números 61 a 68, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


Con estas palabras, señor presidente, creo haber resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Comienza el debate de totalidad. (Pausa.)

No hay intervenciones.


Pasamos a los votos particulares.


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En primer lugar, el relativo a las enmiendas del senador Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto.


Su señoría tiene la palabra.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente.


Doy por defendidas las enmiendas que mantengo vivas, de la 2 a la 9, 11 y 12.


Finalmente, deseo mostrar mi sorpresa por el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista a la enmienda número 10, una enmienda que además de considerar que no afecta a la ley no creía que fuera tan importante.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Companys.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero anunciar que retiramos la enmienda número 70.


He de reconocer que con la aprobación de la enmienda número 69, con la que se hace patente la obligación de que todos los parques nacionales tengan zona periférica, creo que damos un paso importante para mejorar el buen funcionamiento de los parques nacionales. Es cierto que, a pesar de la obligación, algunos no disponen de ese tipo de protección, aunque sin prisas pero sin pausa habrá que hacer los esfuerzos necesarios para resolver la cuestión.


La enmienda número 71 hace referencia a competencias de representación exterior. Algunas comunidades tienen competencias al respecto, sobre todo a partir del nuevo Estatuto, y, por tanto, creemos que la proyección exterior también la podemos llevar a cabo desde la comunidad autónoma.


En cuanto a la número 73, creo que sería relevante que el Senado pudiera jugar un papel importante en la aprobación del plan director de la red de parques nacionales, pues por algo es Cámara de representación territorial.


Por último, la enmienda número 75 hace referencia a la disposición final tercera: habilitación para el desarrollo reglamentario. En este punto podríamos tener problemas de inconstitucionalidad, porque esta es una ley básica y, por tanto, el Gobierno no puede desarrollarla mediante reglamentos, sino que deben ser las comunidades autónomas las que ejerzan su potestad estatutaria. De modo que presentamos una enmienda para clarificar este asunto y evitar que tengamos que volver al Tribunal Constitucional. Confío en la magnanimidad del Gobierno para evitar que suceda esto.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores senadores.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor presidente.


Anuncio nuestro voto favorable al texto y la retirada de todas nuestras enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

parte 1      parte 2     


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