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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 305, de 29/11/2007
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 305
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 283
celebrada el jueves, 29 de noviembre de 2007


ORDEN DEL DÍA:

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 151-1, de 14 de noviembre de 2007. (Número de expediente 121/000151.)... (Página 15180)

Veto del Senado:

- Proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 135-1, de 11 de mayo de 2007.
(Número de expediente 121/000135.)... (Página 15190)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de Ley de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 133-1, de 27 de abril de 2007. (Número de expediente 121/000133.)... (Página 15201)

Página 15176


Proyecto de Ley de modificación de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 141-1, de 22 de junio de 2007. (Número de expediente 121/000141.)... (Página 15210)

- Proyecto de Ley para la regulación del régimen de las empresas de inserción. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 144-1, de 6 de julio de 2007. (Número de expediente 121/000144.)... (Página 15214)

- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 146-1, de 7 de septiembre de 2007. (Número de expediente 121/000146.)... (Página 15221)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales:

- Acuerdo de Sede, Privilegios e Inmunidades entre el Reino de España y la Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión, hecho en Madrid el 28 de junio de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 444, de 26 de octubre de 2007. (Número de expediente 110/000267.)... (Página 15229)

- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de la India al Convenio sobre obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 433, de 21 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000262.)... (Página 15229)

- Convenio entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 19 de junio de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 435, de 28 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000263.)... (Página 15229)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Ghana para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Madrid el 6 de octubre de 2006. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 436, de 28 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000264.)...
(Página 15230)

- Convenio entre el Reino de España y la República de Sudáfrica para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y Protocolo, hecho en Madrid el 23 de junio de 2006. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 437, de 28 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000265.)... (Página 15230)

- Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, hecho en México el 10 de octubre de 2006. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 438, de 28 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000266.)...
(Página 15230)

- Decisión del Consejo de la Unión Europea, 7 de junio 2007, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas (2007/436/CE, EURATOM). "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 445, de 26 de octubre de 2007. (Número de expediente 110/000268.)... (Página 15230)

- Enmienda al artículo XII, párrafo (c) (ii) del Acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (ITSO), adoptada en la trigésima primera reunión de la Asamblea de las partes de la ITSO, hecho en París el 23 de marzo de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 446, de 26 de octubre de 2007. (Número de expediente 110/000269.)... (Página 15230)

- Acuerdo entre España y la Secretaría de la Convención de Naciones Unidas, hecho en Madrid el 30 de julio de 2007, de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África (CNULD), en relación con el octavo período de sesiones de la Conferencia de las Partes de la CNULD (COP8) (Madrid 3 al 14 de septiembre de 2007). "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 449, de 5 de noviembre de 2007. (Número de expediente 110/000270.)... (Página 15230)

Página 15177


Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales entre ambos Estados, hecho en Nuakchott el 25 de julio de 2007. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 452, de 16 de noviembre de 2007. (Número de expediente 110/000271.)... (Página 15230)

- Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Israel de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Jerusalén el 19 de abril de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 453, de 16 de noviembre de 2007. (Número de expediente 110/000272.)... (Página 15230)

- Convenio sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República del Yemen, hecho en Madrid el 18 de octubre de 2007.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 454, de 16 de noviembre de 2007. (Número de expediente 110/000273.)... (Página 15230)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas...
(Página 15180)

Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra... (Página 15180)

Presenta el proyecto de ley el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira), en nombre del Gobierno. La iniciativa refleja los elementos acordados entre la Administración General del Estado y la Comunidad Foral de Navarra en la comisión negociadora del convenio económico. El presente proyecto de ley y el convenio que viene a modificar constituyen la máxima expresión del Régimen Foral navarro que la disposición adicional primera de la Constitución ampara y respeta. La modificación del convenio en sus aspectos tributarios deriva del hecho de que aunque tiene un carácter indefinido ha de adaptarse a las modificaciones del sistema tributario del Estado.


Finaliza exponiendo las modificaciones tributarias que se incorporan, esperando de la Cámara su aprobación.


En turno a favor de la iniciativa interviene el señor Del Burgo Tajadura, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Castillejo Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Veto del Senado... (Página 15190)

Proyecto de ley para el desarrollo sostenible del medio rural... (Página 15190)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila y el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Muñoz de Diego, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Madero Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Enmiendas del Senado... (Página 15201)

Página 15178


Proyecto de ley de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio... (Página 15201)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila y el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bonàs Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de ley de modificación de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil... (Página 15210)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Oliva i Peña, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); los señores Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Garre López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y González Serna, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de ley para la regulación del régimen de las empresas de inserción... (Página 15214)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Carro Garrote, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 24/1998, de 28 de julio, del Mercado de Valores... (Página 15221)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Muñoz de Diego, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y señores Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Erías Rey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Declaración institucional... (Página 15226)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas.
(Votación.)... (Página 15226)

Sometida a votación la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, es aprobado por 323 votos a favor.


Veto del Senado. (Votación.)... (Página 15227)

Sometido a votación, conforme al artículo 122 del Reglamento de la Cámara, se aprueba por mayoría absoluta, con 180 votos a favor y 143 en contra, levantar el veto del Senado al proyecto de ley.


Enmiendas del Senado. (Votaciones.)... (Página 15227)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto Ley de modificación de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley para la regulación del régimen de las empresas de inserción.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.


Página 15179


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales... (Página 15229)

Acuerdo de sede, privilegios e inmunidades entre el Reino de España y la Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión, hecho en Madrid el 28 de junio de 2007.... (Página 15229)

Sometido a votación el acuerdo reseñado, se aprueba por 306 votos a favor y 10 en contra.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales... (Página 15229)

Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de la India al Convenio sobre obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970... (Página 15229)

Convenio entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 19 de junio de 2007... (Página 15229)

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Ghana para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Madrid el 6 de octubre de 2006... (Página 15230)

Convenio entre el Reino de España y la República de Sudáfrica para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y Protocolo, hecho en Madrid el 23 de junio de 2006... (Página 15230)

Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, hecho en México el 10 de octubre de 2006... (Página 15230)

Decisión del Consejo de la Unión Europea, 7 de junio 2007, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas (2007/436/CE, EURATOM.)... (Página 15230)

Enmienda al artículo XII, párrafo (c) (ii) del Acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (ITSO), adoptada en la trigésimo primera reunión de la Asamblea de las partes de la ITSO, hecho en París el 23 de marzo de 2007... (Página 15230)

Acuerdo entre España y la Secretaría de la Convención de Naciones Unidas, hecho en Madrid el 30 de julio de 2007, de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África (CNULD), en relación con el octavo período de sesiones de la Conferencia de las Partes de la CNULD (COP8) (Madrid 3 al 14 de septiembre de 2007.).... (Página 15230)

Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales ente ambos Estados, hecho en Nuakchott el 25 de julio de 2007... (Página 15230)

Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Israel de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Jerusalén el 19 de abril de 2007... (Página 15230)

Convenio sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República del Yemen, hecho en Madrid el 18 de octubre de 2007...
(Página 15230)

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Sometida a votación conjunta la aprobación del resto de los dictámenes sobre convenios internacionales, se aprueban por asentimiento.


Se levanta la sesión a las tres de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 28/1990, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONVENIO ECONÓMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. (Número de expediente 121/000151.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Punto VIII del orden del día: Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. Señor vicepresidente, tiene la palabra en nombre del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor presidente, señorías, tengo el honor de presentar para su tramitación en lectura única el proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, que aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. Este proyecto de ley, cuya remisión a las Cortes Generales fue aprobada en Consejo de Ministros el pasado 8 de noviembre, refleja los elementos acordados entre la Administración General del Estado y la Comunidad Foral de Navarra en la comisión negociadora del Convenio Económico celebrada en Pamplona el 5 de noviembre de este año 2007.


El presente proyecto de ley y el convenio que viene a modificar constituyen la máxima expresión del Régimen Foral navarro, que la disposición adicional primera de la Constitución ampara y respeta, al tiempo que prevé su actualización en el marco de la propia Constitución y de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, Ley de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. En el Convenio Económico se concretan las relaciones de orden tributario entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, así como los criterios de fijación de la aportación por la que esta comunidad contribuye al sostenimiento de las cargas generales del Estado. Con el proyecto de ley que tengo el honor de presentar hoy a SS.SS. se actualizan ambos aspectos, tanto el tributario como el financiero. La modificación del convenio en sus aspectos tributarios deriva del hecho de que, aunque tiene un carácter indefinido, ha de adaptarse a las modificaciones del sistema tributario del Estado.
Específicamente, la disposición adicional tercera del convenio prevé la adecuación del mismo en caso de producirse una reforma sustancial en el ordenamiento jurídico tributario del Estado. Teniendo en cuenta que la última modificación del convenio se llevó a cabo por la Ley 25/2003, de 15 de julio, y que desde ese momento se han producido distintas modificaciones de naturaleza tributaria, se ha hecho uso de la previsión citada en dicha norma para su adaptación. Específicamente, se trataría de las últimas reformas llevadas a cabo en el impuesto sobre el valor añadido derivadas de la Ley de medidas para la prevención del fraude fiscal. Asimismo, hay que hacer referencia al incremento de competencias normativas de las comunidades autónomas en el impuesto especial sobre determinados medios de transporte y en el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos en el marco de la II Conferencia de Presidentes. Otra de las modificaciones sería la introducción en el sistema tributario estatal del impuesto sobre el carbón y de la devolución del impuesto sobre hidrocarburos a profesionales, agricultores y ganaderos en determinados supuestos. Asimismo, se ha mejorado la colaboración entre el Estado y la Comunidad Foral en materia de intercambio de información para el cumplimiento de los tratados internacionales. Para ello se prevé que ambas administraciones arbitren los procedimientos de intercambio de información para asegurar el adecuado cumplimiento de los tratados y convenios internacionales y, en especial, de la regulación de la Unión Europea referida a la cooperación administrativa y asistencia mutua. Finalmente, por lo que se refiere a las modificaciones tributarias que se incorporan, la disposición adicional segunda del Convenio Económico determina la actualización quinquenal de la cifra del volumen de operaciones que sirve de umbral para la tributación compartida entre ambas administraciones en el impuesto sobre sociedades y en el impuesto sobre el valor añadido. Esta se ha articulado mediante la elevación de dicho umbral de 6 a 7 millones de euros, lo que implicará menores obligaciones formales para los contribuyentes.


Por su parte, las modificaciones de los aspectos financieros del convenio que se proponen son consecuencia del carácter quinquenal de la aportación, ya que, según establece el convenio, esta debe fijarse cada cinco años mediante acuerdo entre ambas administraciones, lo que se ha realizado para el quinquenio 2005-2009. A tal fin se ha fijado la aportación líquida definitiva de la Comunidad Foral de Navarra para el año base 2005 en 553,49 millones de euros y se han efectuado las adaptaciones necesarias en el índice de actualización de la aportación que permite la determinación de la misma durante el resto de años del quinquenio. También se han introducido las previsiones para regular la participación de Navarra en las disposiciones de carácter financiero para la configuración del sistema para la autonomía y atención

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a la dependencia, para el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación y las de financiación sanitaria derivadas de la II Conferencia de Presidentes.
Las cuantías que correspondan a Navarra se compensarán con cargo a su aportación.


Por todo ello, señorías, las modificaciones y adaptaciones realizadas reflejan la responsabilidad del Gobierno para mantener actualizadas las competencias tributarias y la potestad tributaria de la Comunidad Foral como elemento fundamental del convenio y de la autonomía de Navarra.
Asimismo se cumple lo previsto para el cálculo de la aportación, aprobando su importe para el año 2005 y los criterios que permitan determinarla en el resto de años del quinquenio 2005-2009. Ello es la expresión de la continuidad del convenio y de la aportación como parte esencial del mismo así como del compromiso de este Gobierno con su respeto y permanente actualización. Espero de SS.SS. la aprobación de la norma que hoy les transmitimos y agradezco su atención.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Turno a favor de la iniciativa. Fijación de posición, no, turno a favor.
Señor Del Burgo. (La señora Barkos Berruezo pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: ¿Usted pide también un turno a favor? (La señora Castillejo Hernández pide la palabra.) El problema es que cuando hay turnos a favor concurrentes la intervención es de mayor a menor. Si lo pide el Grupo Parlamentario Socialista, sería el Grupo Parlamentario Socialista. Lo que pasa es que sobre este tipo de delicatessen procedimentales se debería haber tratado antes de empezar y lo podíamos haber arreglado. Pero tal como es el procedimiento, le corresponde el turno al señor Del Burgo. Lo lamento, señora Barkos.


Adelante, señor Del Burgo. Un cuarto de hora. (El señor Del Burgo Tajadura pronuncia palabras que no se perciben.) No, margen no, quince minutos es mucho tiempo.


El señor DEL BURGO TAJADURA: Muchísimas gracias.


Señor presidente, señorías, no voy a consumir este turno a favor del texto convenido en reiterar todo cuanto, muy acertadamente, ha dicho el señor ministro de Economía y Hacienda sobre su contenido, su oportunidad y la naturaleza de las modificaciones pactadas respecto al Convenio Económico de Navarra. Solo dejaré constancia de que el Grupo Parlamentario Popular, integrado, como es bien conocido, por dos partidos políticos, el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro, va a votar a favor de esta norma jurídica paccionada como demostración de su compromiso con Navarra, con su foralidad histórica y con la Constitución española.


Señorías, en los últimos tiempos observo con cierta preocupación que después de treinta años de bonanza surgen voces contrarias al convenio navarro y al concierto vasco, a los que se califica de privilegios fiscales. En el último número de una prestigiosa revista del pensamiento de la izquierda se puede leer este comentario, revelador de la más supina ignorancia de su autor: La más insidiosa simiente confederal, aunque legitimada y garantizada por la Constitución, es -y cito textualmente- la sobrevivencia -así dice- del privilegio foral que Franco había otorgado a la nueva Covadonga insurgente de las provincias de Álava y Navarra para premiar su decidido apoyo al alzamiento, pero que la democracia consagró ampliándolo a las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, con la fallida esperanza de apaciguar al independentismo y al terrorismo vasco. Hace unos días, en Pamplona, un jurista de reconocido prestigio que desempeñó altas responsabilidades constitucionales denunció la opacidad en la negociación del convenio de Navarra y del concierto del País Vasco a la hora de concretar la cuantía de su contribución a las cargas generales del Estado. Esto, concluyó, está creando en el resto de España una sensación de agravio comparativo porque la financiación por habitante es escandalosamente superior en las comunidades forales, y en el colmo del dislate, hay quien, al constatar que la Constitución ampara los supuestos privilegios fiscales de vascos y navarros en virtud de su disposición adicional, ha llegado a sostener que esta norma reparadora de la foralidad histórica es una norma constitucional inconstitucional, lo que no deja de ser una contradicción en sus propios términos. Hoy mismo, la prensa publica el resultado de un estudio, entre comillas, sobre la balanza fiscal de 2005 que no tiene en cuenta, entre otras cosas, que los ingresos tributarios pueden no haberse generado en la ventanilla recaudatoria ni que una inversión estatal, como por ejemplo una gran infraestructura hidráulica o ferroviaria, puede estar situada en un territorio pero rebasar el interés del mismo. Se dirá que estas voces discrepantes no pasan de ser otra cosa que elucubraciones doctrinales producidas en foros intelectuales o jurídicos y carentes, por ahora, de trascendencia política, como lo prueba que la práctica totalidad del arco parlamentario no pone en cuestión la existencia del convenio navarro ni del concierto vasco. Pese a esta circunstancia tranquilizadora para el Régimen Foral de Navarra, me parece oportuno hacer algunas puntualizaciones sobre la naturaleza del convenio y el alcance de la disposición adicional primera de la Constitución.


Para no aburrir a SS.SS., comenzaré por hacer un relato sucinto de los fundamentos históricos del Régimen Foral. Recordaré tan solo que en 1515 Navarra se incorporó a la Corona de Castilla manteniendo su condición de reino de por sí y su naturaleza propia tanto en leyes como en jurisdicción y gobierno. Navarra conservó sus instituciones legislativas, sus tribunales de justicia y su propio derecho, incluida la facultad de establecer y recaudar los tributos. Todos los monarcas de la Casa de Austria y de la Casa de Borbón, hasta bien entrado el siglo XIX, reconocieron el carácter eque-principal de la unión entre Navarra y Castilla. A la caída del absolutismo monárquico, tras el triunfo definitivo en 1839 de

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la revolución liberal, Navarra acomodó sus fueros históricos a las exigencias de la unidad constitucional. La Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841 integró al antiguo reino navarro en la estructura unitaria del Estado español, pero al mismo tiempo configuró para Navarra un régimen de autonomía al que se dio en llamar Régimen Foral. Rasgo propio de dicho régimen, dada su naturaleza pactada, es que cualquier modificación del mismo solo podría hacerse mediante nuevo pacto o coacuerdo entre el Estado y las instituciones navarras. Las provincias vascongadas siguieron derroteros distintos. En 1839 jugaron al todo o nada, se negaron a convenir la adaptación de sus regímenes forales a la unidad constitucional y perdieron sus fueros en 1876, aunque la perspicacia de Cánovas los sustituiría por el régimen de conciertos económicos, de los que en 1937 el régimen franquista despojaría a Guipúzcoa y Vizcaya. Lo cierto es que gracias a la Constitución de 1978 los conciertos vascongados, reestablecidos con plena justicia en Guipúzcoa y Vizcaya, han dejado de ser un sistema de mera descentralización recaudatoria para convertirse en un régimen de plena autonomía tributaria similar al que disfrutaba Navarra desde 1841, y no por ninguna gracia, merced o privilegio otorgado por su postura en la guerra de 1936, sino por tratarse de una institución inherente a su Régimen Foral histórico.
Volviendo a Navarra, ninguna Constitución española durante el periodo comprendido entre 1812 y 1978 tuvo en cuenta el régimen navarro. Por este motivo, el reconocimiento de su carácter paccionado atravesó por momentos de dificultad. La doctrina jurídica española, desarrollada al calor del Estatuto centralista, no veía con buenos ojos el singular estatus de Navarra. No hay leyes paccionadas, venían a decir, porque nada ni nadie puede condicionar la soberanía de estas Cortes. El episodio más grave se produjo en 1893, cuando una ley de presupuestos trató de eliminar la autonomía fiscal de Navarra para someterla a las leyes generales. La movilización del pueblo navarro en defensa del fuero conmovió a la opinión pública española, y la dimisión del ministro de Hacienda, Valentín Gamazo, evitó la consumación del contrafuero, al que los navarros llamamos la gamazada.


La autonomía fiscal de Navarra tropezó también con el Gobierno de la II República y hubo de sortear situaciones peligrosas durante el régimen franquista que serían resueltas en el convenio de 1969. Con la instauración de la democracia todo cambió. La Ley de medidas urgentes para la reforma fiscal, promovida en 1977 por el ministro Fernández Ordóñez, reconoció, sin renuencia alguna por parte de la izquierda parlamentaria, la autonomía fiscal de Navarra. Los gobiernos democráticos reconocerán desde entonces, sin reserva alguna, el carácter paccionado del Régimen Foral. Finalmente, la Constitución de 1978 establecerá una sólida garantía para la pervivencia del régimen navarro en su disposición adicional primera, cuyo primer párrafo dice así: La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La respuesta del pueblo navarro a tan rotundo pronunciamiento sería la de refrendar por mayoría absoluta el censo electoral, la Constitución de la libertad y la concordia. Algunos invocan los derechos históricos amparados por la Constitución para esconder tras ellos sus sueños independentistas. Otros tratan de fundamentar regímenes de soberanía compartida e incluso se ha pretendido configurar los derechos históricos como un título autónomo del que colgarían competencias que desbordarían la unidad constitucional; pero no es así. Los constituyentes, en su afán por dar satisfacción a las legítimas aspiraciones vascas y navarras, establecieron un cauce para permitir, de una parte, la reintegración de los regímenes forales en el caso vascongado y, de otra, el fortalecimiento por vía de amejoramiento en el caso navarro. En el segundo párrafo de la disposición adicional se establece con claridad meridiana que derechos históricos y Régimen Foral son la misma cosa. Mejor aún, los derechos históricos son el derecho a la posesión del Régimen Foral. La Constitución utiliza ambas expresiones para referirse a la misma realidad. De ahí la previsión de que la actualización general del Régimen Foral se llevará a cabo, en su caso, es decir, allí donde hubieran sido suprimidos por aplicación de las leyes abolitorias de los siglos XIX y XX, en el marco de la Constitución y los estatutos de autonomía. Y dado que en el momento constituyente Navarra disfrutaba de un Régimen Foral vivo y en ejercicio, su amparo y respeto por la Constitución llevaba implícito el derecho a perfeccionar dicho régimen conforme a su naturaleza paccionada. Esta es la razón por la que en el Estado autonómico Navarra tiene un estatus singular. El amejoramiento, fruto del acuerdo entre la Diputación Foral y el Gobierno, permitió a la Comunidad Foral de Navarra no solo mantener sus competencias históricas sino integrar en su régimen todas aquellas competencias que no fueran inherentes a la unidad constitucional, al margen de lo dispuesto tanto en el artículo 143 como en el 151 de la Constitución.


Pues bien, en virtud de su Régimen Foral histórico, amparado y respetado por la Constitución, la actividad económica y financiera de Navarra se regula por el sistema tradicional del Convenio Económico. No se trata, en consecuencia, de ningún privilegio sino de un derecho histórico que no nace de la Constitución sino que encuentra en ella un cauce adecuado para su pleno desenvolvimiento. La autonomía tributaria de Navarra es un elemento esencial del Régimen Foral. Permite a Navarra mantener, establecer y regular su propio régimen tributario, sin más limitaciones que las establecidas en el Convenio Económico, que fija las reglas de armonización y los puntos de conexión para determinar la competencia de una u otra Administración y evitar la doble imposición. Navarra forma parte del Estado español y, por tanto, debe contribuir al sostenimiento de las cargas generales del mismo. El Convenio Económico es el instrumento para determinar la cuantía de las aportaciones de Navarra y establecer el procedimiento adecuado para su actualización, todo ello de acuerdo con el principio de solidaridad. El acuerdo que hoy se somete a la aprobación de esta Cámara no supone una reforma

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integral del convenio de 1990, sino la introducción de modificaciones parciales, al igual que se hizo en 2003 y en 1998. Lo sustancial en el acuerdo suscrito el pasado 5 de noviembre es la fijación de la aportación de Navarra a las cargas generales del Estado para el periodo comprendido entre 2005 y 2010. Por tanto, no hay ninguna opacidad a la hora de determinar la cuantía de la aportación. Navarra financia el 1,6 por ciento de los gastos del Estado que no se corresponden con las competencias ejercidas por la comunidad. Este índice de imputación se eligió en 1990 por constituir básicamente la renta relativa de Navarra, y es bastante superior al porcentaje que hubiera correspondido siguiendo el criterio de la población. La autonomía tributaria y financiera exige una gran responsabilidad a las instituciones navarras a la hora de definir tanto su política fiscal como el gasto público. Actuaciones manirrotas podrían conducir a la Hacienda foral a la bancarrota, de la que habría de salir con sus propios y exclusivos medios.


Llegado a este punto, debo hacer referencia a la postura de nuestro grupo en relación con las recientes leyes del concierto y del cupo vasco.
Nuestra abstención no fue un voto de rechazo al concierto, sino una llamada de atención sobre las negativas consecuencias que pudieran derivarse de la introducción de dos preceptos susceptibles de plantear problemas en Bruselas a la luz de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre la fiscalidad de las islas Azores. Fue una decisión de nuestros diputados vascos que nosotros secundamos. Se ha dicho ya fuera de aquí que somos incongruentes, quizá se vuelva a decir, porque nos abstuvimos entonces y ahora vamos a decir que sí, pero no hay ninguna contradicción. La disposición adicional cuarta de la Ley del cupo vasco no tiene equivalencia con la disposición adicional novena del convenio navarro, y tampoco la tiene el apartado cuarto del artículo 11 de la Ley del Concierto con nuestra disposición adicional décima. No tengo tiempo para desarrollar lo que acabo de decir, aunque se desprende de la simple lectura de los textos en cuestión. Dejo constancia tan solo de que no tenemos ninguna duda de la adecuación a los tratados de la Unión de nuestro régimen de convenio, y por ese motivo los diputados de UPN hemos recabado y obtenido el apoyo del Grupo Popular.
Nos gustaría, eso sí, que el Gobierno de la nación, a la hora de negociar el nuevo tratado de la Unión, tratara de incorporar una referencia a la plena conformidad de la autonomía fiscal de Navarra y del País Vasco con los fines y objetivos del mercado comunitario.


Termino ya, señor presidente. El ministro José Calvo Sotelo, que negoció el Convenio Económico de 1927, se sorprendió de que en esa negociación los miembros de la comisión navarra mostraran mayor intransigencia en la discusión de las cuestiones de principio que en las de cifrado. Dicho en román paladino, para los representantes navarros el fuero era más importante que el huevo. Esto ha sido así, entre otras razones, porque el principio de lealtad constitucional ha inspirado siempre las negociaciones entre el Estado y Navarra. Navarra se siente orgullosa de su foralidad histórica, pero también de pertenecer a esta gran nación de ciudadanos libres e iguales que es España.


Ahora, como portavoz de Unión del Pueblo Navarro, me dirijo finalmente al señor vicepresidente del Gobierno para decirle que la mayoría de los navarros se congratula por el hecho de que en esta ocasión la voluntad de consenso haya prevalecido sobre el interés puramente partidista. Es esta, sin duda, la mejor manera de ser fieles al espíritu de la Constitución.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Del Burgo.


Fijación de posiciones. En primer lugar, la señora Barkos, por favor.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor vicepresidente del Gobierno, subo a la tribuna para exponer y fijar la posición de Nafarroa Bai en torno al proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/1990 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. (El señor vicepresidente, Martínez Sieso, ocupa la Presidencia.) Es una fijación de posición que parte, lógicamente, de expresar el voto afirmativo de Nafarroa Bai, como no puede ser de otra manera, ante la herramienta que más profundamente expresa el pacto, más allá del Régimen Foral, señor vicepresidente, lo que hoy votamos expresamente, y además con hondura, el pacto de Navarra con el Estado, y lo vamos a hacer más allá de nuestro acuerdo o desacuerdo con lo transado, en este caso nuestro desacuerdo por lo poco pactado. Porque hoy, señorías, como representante de la Comunidad Foral he de decir, y con pena por cierto, que podríamos dar por reproducido el debate del pasado 27 de septiembre que en esta misma Cámara mantuvimos cuando votamos el concierto que afecta a los otros tres territorios forales: Guipúzcoa, Álava y Vizcaya. Podríamos dar por reproducido el debate en lo que respecta estrictamente al texto que hoy analizamos porque muy poco, o prácticamente nada, ha cambiado el texto que aquel día votamos respecto al que votamos hoy.


Sinceramente, señor vicepresidente del Gobierno, no sé si se ha encontrado usted a lo largo de la legislatura trabajo más fácil y en más breve tiempo; creo que no se ha encontrado trámite que con mayor agilidad se haya llevado a cabo en bien pocos días. No quiero que vea en mis palabras, señor Solbes, en absoluto, crítica alguna a su posición. Lo que sí me preocupa, y de ello quiere dejar constancia Nafarroa Bai en el "Diario de Sesiones", es la falta de ambición en el texto que hoy votamos, falta de ambición que han expresado en este texto los responsables del Ejecutivo de mi comunidad, del Gobierno foral de Navarra. Para explicar esta crítica basta un dato, y es bien simple: el estricto tracto temporal en que se ha negociado esta reforma del convenio. Fíjense, señorías, antes señalaba que el pasado 27 de septiembre votábamos en la Cámara la nueva Ley del Concierto. Tras su

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trámite por el Senado, el 26 de octubre exactamente se publicó en el Boletín Oficial del Estado, y el 30 de octubre, tan solo cuatro días después, se convocaba en Navarra la comisión negociadora designada por el Parlamento, a la que ya se le presentó el texto, que es -comprenderán que tampoco había tiempo para mucho más- copia literal de la reforma aquí votada para el Concierto Económico de la Comunidad Autónoma vasca, eso sí, con el correspondiente cambio de las denominaciones. Si no fuera porque hablamos de una herramienta fundamental, de un asunto que tanto nos incumbe a los ciudadanos de Navarra, si no fuera porque hablamos del convenio, podríamos decirles, señores del Grupo Parlamentario Popular -también del Grupo Parlamentario Socialista-, que con actuaciones como esta nadie como ustedes para unificar Euskal Herria, que tanto les preocupa en estos momentos, aunque, eso sí, con atajos mal hechos. Esa es la crítica de Nafarroa Bai. Hablamos de un texto tan poco trabajado en la especificidad de los intereses generales de los ciudadanos de Navarra, que tras esa convocatoria -yo señalaba el 30 de octubre de la comisión negociadora del Parlamento de Navarra-, tan solo seis días después, el 5 de noviembre, la dos delegaciones, Estado y Navarra, firmaban el texto de la actualización que hoy votamos. Creo que no se me puede negar, señor vicepresidente del Gobierno, que a pocos trámites tan breves como este se ha enfrentado en su departamento en estos cuatro años; breve y supongo que enormemente fácil para la defensa de los intereses del Gobierno central. Ha faltado confrontación legítima en la articulación y defensa de intereses encontrados, que no necesariamente contrarios, como en este caso los que defiende la parte del Estado y los que con más ardor y detenimiento debía haber defendido la parte navarra. Sinceramente, en diez días poco más se puede hacer que cortar y pegar. Eso, y concluir la firma de este texto con la retirada del recurso contra la Ley de Dependencia, presentado en su día en el Constitucional por el Ejecutivo foral. Porque esa es la otra parte de la adenda en el texto que firmamos hoy. No parece una manera seria de trabajar, de defender los intereses de los ciudadanos y menos con materia tan sensible como esta que he citado, la atención a la dependencia. Materia sensible lo es también, y muy especialmente, la herramienta que hoy actualizamos, el Convenio Económico, y en este momento del trámite, como señalaba al principio, Nafarroa Bai va a dar -faltaría más- su sí al texto. Insisto en que no es un sí satisfecho el que hoy damos -y eso explica que en nuestra instituciones la abstención de Nafarroa Bai puso el dedo en la llaga-; de hecho, nos hemos abstenido en aquellos trámites negociadores en Navarra y lo hemos hecho con los mismos argumentos con que hoy exponemos nuestra actitud crítica a este proyecto de ley. Pero es precisamente en el debate en Cortes Generales donde nuestra posición no puede ser otra que la de reivindicar el Convenio Económico dando luz verde a su actualización.


Termino ya, señor presidente. Nos preguntábamos antes del Pleno -y lo hacíamos, se lo advierto, con una enorme curiosidad- cómo iban a articular hoy los señores del Grupo Parlamentario Popular su defensa de este texto, cuando no lo consideraron suficiente para la Comunidad Autónoma vasca. Nos señalaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que no ha tenido tiempo; quince minutos parecía tiempo más que sobrado para haber expresado esta posición. En definitiva, solo puedo decir que sigo sin comprender por qué no siendo bueno el original redactado para Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, sí es buena la copia para los navarros.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora Barkos.


Continuamos con el turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, queremos aprovechar la ocasión desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds para un doble objetivo: en primer lugar, para apoyar el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad navarra y, al mismo tiempo, para hacer una encendida defensa en esta Cámara del modelo autonómico desde una perspectiva, la nuestra, de carácter federal. ¿Por qué esa encendida defensa del modelo autonómico? Porque hoy hemos tenido la satisfacción de conocer a través de la información de una entidad privada lo que podríamos denominar balanzas fiscales, que reafirman a mi grupo parlamentario en la indisoluble compatibilidad entre heterogeneidad del Estado autonómico o del Estado federal y solidaridad entre los territorios del Estado. Eso es lo que hemos visto hoy en los datos de balanzas fiscales, que por supuesto están sujetos a ajustes, a cambios, pero demuestran una buena evolución del sistema autonómico, de nuestro modelo de Estado, que permite expresar la identidad plural de nuestro país y, al mismo tiempo, mantener e incrementar los lazos de solidaridad entre los distintos territorios y entre los ciudadanos del Estado. En ese informe hay un dato muy importante, la convergencia territorial, un dato que resulta paradójico, pues, mientras que en nuestro país se produce una fuerte convergencia territorial, que nosotros apoyamos con matices y seguramente con ajustes, que además permite decir en estos momentos que el índice de convergencia en España, con un modelo plural, es superior a la mayor parte de los países de la Unión Europea, es decir, que nuestro país funciona incluso mejor desde el punto de vista plural para la solidaridad que otros países de modelo centralizado, mientras eso se produce entre los territorios, hay una campaña inaceptable contra el modelo autonómico y contra la heterogeneidad, una campaña que dice que los españoles entre territorios no son iguales. Pues nosotros decimos lo contrario, los españoles son más iguales entre los territorios que entre sí. El problema de España no es la igualdad territorial o es menos problema la igualdad

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territorial que la desigualdad social. Ustedes, sectores de la derecha en este país, confunden a veces en esta Cámara la igualdad con la homogeneidad y no es lo mismo. La demostración es este modelo autonómico, que es heterogéneo e igualitario. Se oculta demagógicamente la realidad de nuestro país, que es más difícil y más paradójica en relación con la igualdad social. Ahí es donde está el problema de nuestro país, porque, mientras que entre los territorios los índices de desigualdad son menores y además convergen, entre los ciudadanos esos índices son gravísimos, muy amplios y además divergen, aumentan, señorías. Es lo que se oculta continuamente en esta Cámara, que tenemos una fuerte polarización social en nuestro país y, a pesar del crecimiento económico, hay diferencias sociales insostenibles, un 20 por ciento de pobreza todavía. Eso hay que manifestarlo hoy aquí, pues corren vientos electorales en contra de nuestro sistema fiscal y nosotros no estamos de acuerdo con que se sigan haciendo rebajas en este país. Nuestro sistema fiscal garantiza la igualdad territorial y las medidas, aún más necesarias en nuestra opinión, para hacer converger y conseguir la igualdad social entre los ciudadanos de este país, que por desgracia todavía se encuentra muy lejos; la igualdad laboral en un sistema que polariza entre trabajadores de alta cualificación y trabajadores escasamente cualificados, la igualdad social a que me he referido con anterioridad, que polariza en nuestro país de forma muy importante entre ciudadanos de altas rentas y ciudadanos con unas rentas que ni siquiera permiten la supervivencia, y la desigualdad territorial, que, a pesar de la demagogia populista -esto sí, populista-, es menor de lo que se denuncia públicamente.


Mi grupo parlamentario también quiere expresar su satisfacción porque, a pesar de estas campañas, que tienen un claro aire electoral y un claro aire de amenaza y miedo sobre la división de las Españas, la mayor parte de los grupos parlamentarios respaldan hoy esta iniciativa. Debe ser por aquello de -digamos- la anomalía Navarra por lo que hoy apoyamos todos esta iniciativa, porque hace pocos días el concierto vasco no obtuvo en esta Cámara los mismos apoyos, extrayéndose prácticamente de la misma filosofía histórica y siendo además muy parecido en su contenido a la actual propuesta que viene a esta Cámara. En todo caso, en el Convenio Económico Navarra-Estado acordado entre el Gobierno central y el de Navarra y ratificado por el Parlamento de Navarra el pasado 22 de noviembre vamos a votar a favor, como votaron a favor en el Parlamento navarro nuestro compañeros de Izquierda Unida de Navarra recientemente.
Las razones de nuestro voto favorable son las siguientes. En primer lugar, el Convenio Económico es una pieza esencial del autogobierno financiero y fiscal de la Comunidad Foral de Navarra. Está amparado, pues, por la Constitución española y por el Amejoramiento del Fuero y por eso tiene nuestro apoyo. Además, el sistema acordado garantiza el autogobierno y es compatible con la solidaridad económica y presupuestaria entre los distintos territorios del Estado, solidaridad de la cual estamos satisfechos si bien tiene que tener necesarias modificaciones que se han visto en recientes estatutos, como el Estatuto de Cataluña, el Estatuto de Andalucía y otros estatutos que hemos aprobado en esta legislatura, que no van en el camino de la insolidaridad sino que van en el mismo camino y en la misma lógica de un Estado autonómico heterogéneo y, al mismo tiempo, solidario. El modelo que se nos propone funciona de la siguiente manera en ciclos de cinco años. En primer lugar, en el año base del quinquenio la aportación de Navarra a los presupuestos se calcula aplicando el 1,6 por ciento a los gastos presupuestarios del Estado en competencias y funciones no asumidas por Navarra: Interior, Defensa, Exteriores, Fondo de Solidaridad Interterritorial, etcétera. Así, en el año 2008, por ejemplo, la aportación del Estado es de 708 millones de euros; el índice del 1,6 representa la riqueza relativa de Navarra en el conjunto de España. En segundo lugar, en años sucesivos del quinquenio la aportación se actualiza en un porcentaje del incremento de la recaudación por impuestos directos e indirectos del Estado. Por tanto, en nuestra opinión, compatibiliza autogobierno, corresponsabilidad con los gastos e inversiones del Estado y solidaridad interterritorial. En tercer lugar, es significativo que algunas fuerzas nacionalistas se hayan abstenido por estar en desacuerdo con el índice 1,6. Ellos defienden un criterio poblacional -la población de Navarra representa el 1,3 por ciento del total del Estado- frente al de riqueza relativa que nosotros defendemos.
En comunidades como Navarra -en cuarto lugar- con una riqueza per cápita superior a la media estatal, el criterio poblacional es, en nuestra opinión, más insolidario o menos solidario que el criterio que se ha escogido y que consideramos acertado. Defendemos aportar en función de nuestra riqueza y, por suerte, esto es lo que se ha acordado en el pacto.


En fin, señorías, creemos que el contenido del convenio pactado es defendible desde nuestras posiciones, desde posiciones de izquierdas y defensoras de la solidaridad entre territorios pero, sobre todo, en un país como el nuestro, con una gran disparidad social, defensoras de la solidaridad entre ciudadanos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Llamazares.


Grupo vasco. El señor Azpiazu tiene la palabra.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señor vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, al igual que hace tan solo dos meses aprobamos en esta Cámara y por artículo único la modificación del Concierto Económico y la Ley Quinquenal de Cupo, hoy, por el mismo procedimiento, aprobamos la modificación de la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. Me apresuro a decir que el Grupo Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, va a votar,

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como no puede ser de otra forma, de manera favorable a este proyecto. Para nuestro grupo parlamentario, el Concierto Económico y el Convenio Económico son instrumentos singulares, propios, que no dudaremos nunca en apoyar. Creemos que el Convenio Económico y este acuerdo son positivos para los ciudadanos navarros; regulan las relaciones económico-financieras entre la Comunidad Foral de Navarra y el Gobierno del Estado, a la vez que contribuyen a la necesaria estabilidad institucional y política. Lo respetamos profundamente porque es un pacto entre el Gobierno foral y el Gobierno del Estado, a pesar de que el acuerdo alcanzado lo haya sido entre el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español y el Gobierno de UPN. Además, nos alegramos de que este acuerdo, en esencia, sea prácticamente idéntico al del Concierto Económico y a la Ley de Cupo.


La disposición adicional novena -aquí me quiero detener un breve instante para detallar lo que el señor Del Burgo no ha dicho- de este convenio dice: La aplicación a Navarra de las disposiciones de carácter financiero para la configuración del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación y las acordadas en la Conferencia de Presidentes, celebrada el día 10 de septiembre de 2005, para la financiación de la sanidad, se determinará por aplicación de lo previsto en los acuerdos de la Comisión Coordinadora. Y la disposición adicional décima dice: En el caso de que se produjese una reforma del régimen de cesión de tributos del Estado o una modificación sustancial en los Presupuestos Generales del Estado como consecuencia de las reformas del sistema de financiación de las comunidades autónomas o de los entes locales, se reunirá la Comisión Coordinadora para analizar y determinar, si procede, la revisión de la aportación líquida del año base del quinquenio y del índice de actualización del mismo, surtiendo, en su caso, la revisión efectos a partir del año en que se produzca dicha reforma. Estas cláusulas son de idéntico contenido y calado político que las que hace dos meses tan solo fueron duramente criticadas por el diputado Popular, señor Azpiroz, señalando que el Partido Nacionalista Vasco estaba poniendo en riesgo el fondo del concierto. Hoy, en cambio, el señor Del Burgo, Unión del Pueblo Navarro-Partido Popular, defiende con argumentos de todo tipo el modelo de convenio y mantiene entusiásticamente, como no puede ser de otra manera, la defensa del mismo. Señores del Partido Popular, lo que ustedes no respetan es que el Partido Nacionalista Vasco sea el protagonista de los acuerdos. Esto es lo que no respetan. Reconozcan humildemente que se han equivocado, y no pasa nada, pero al menos reconozcan que no han sido coherentes porque eso es algo que lo puede ver cualquiera. No voy a entrar en argumentos de mayor calado en este sentido porque todos ustedes pueden leerlos en el "Diario de Sesiones" de hace tan solo dos meses.
Entonces, el PP y también UPN se abstuvieron a la hora de votar la Ley Quinquenal del Cupo 2007-2011; hoy, en cambio -insisto-, fijan su posición entusiásticamente. Nuestro grupo no va a actuar de la misma manera. Nosotros votamos que sí al Convenio Económico navarro, sin reservas y sin paliativos, porque no estamos votando a favor o en contra de UPN o del PP, sino que estamos votando a favor o en contra de los navarros, y los navarros se merecen nuestro máximo respeto y nuestro voto afirmativo. A pesar de ser criticado hace dos meses, nuestro acuerdo sirvió para que los navarros avanzaran por el mismo camino, aprovechando el acuerdo que se había alcanzado en materia de Concierto Económico, e -insisto- nos felicitamos profundamente por ello. Creo que no merece la pena adentrarnos en los detalles del acuerdo, que ha sido firmado por las autoridades competentes que respetan el espíritu y la esencia del convenio. A diferencia del Partido Popular hace dos meses, nuestro voto afirmativo es la mejor defensa del convenio.


Eskerrik asko. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Azpiazu.


A continuación, Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya. Tiene la palabra el señor Puig.


El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente del Gobierno, señorías, asistimos hoy, de buena mañana, a la aprobación de la renovación del concierto navarro, como hace algunas semanas lo hicimos del concierto vasco.


Yo no tendría que salir hoy aquí y nuestro grupo no tendría que manifestarse, pero creo que es bueno hacer algunas reflexiones tras oír y leer la prensa de esta mañana. Señor Solbes, vicepresidente del Gobierno, creo que no le queda más remedio que publicar de una vez por todas las balanzas fiscales para no asistir al hipócrito debate que se produce en cierta prensa; en la prensa amiga del señor Del Burgo, en la prensa amiga del Partido Popular, que hoy publica que los Conciertos Económicos vasco y navarro son insolidarios con el resto del Estado. Lo publica la prensa amiga del Partido Popular. No lo decimos nosotros, lo dice hoy esa prensa. Por tanto, señor Solbes, para hacer un debate sereno sobre la financiación de las comunidades autónomas no le queda más remedio que sacar del cajón las balanzas fiscales, las verdaderas balanzas fiscales.
No podemos asistir hoy a que esta prensa amiga diga que Madrid paga el doble que Cataluña del déficit fiscal cuando esto es falso, cuando en el mismo informe figura que el déficit fiscal de Madrid no tiene en cuenta las grandes inversiones que el Estado hace como capitalidad en Madrid.
Por tanto, señor Solbes, señorías del Partido Socialista, publiquen ya las balanzas fiscales y dejemos de hacer hipócritos comentarios sobre el modelo de la financiación. La nueva Lofca que hay que negociar a partir del próximo año tiene que ser negociada con los datos encima de la mesa para no asistir a un debate en el cual cada comunidad autónoma, cada partido político mira su interés y no se fija realmente en lo que es la solidaridad en la financiación de las comunidades autónomas.


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Hoy, señor Del Burgo, hemos asistido a un acto de su partido en el cual ha defendido el Concierto Económico para Navarra, felicidades. Felicidades, señor Del Burgo. Pero no podemos entender que usted dé apoyo a un partido que se atreve a llevar al Tribunal Constitucional el Estatuto de Cataluña. (El señor Del Burgo Tajadura pronuncia palabras que no se perciben.) No, no, hablemos claro. ¿Cómo se atreven ustedes a defender su convenio en Navarra y llevar al Tribunal Constitucional el Estatuto de Cataluña? Esto es hipocresía política. Señor Del Burgo, tiene todo el derecho a defender los intereses de Navarra, pero sea valiente de una vez y reniegue de presentar el Estatuto de Cataluña al Tribunal Constitucional. Esto sería hacer verdadera política solidaria. Nosotros vamos a dar apoyo a su convenio, felicidades, pero su política hipócrita en este aspecto demuestra la situación en la que nos encontramos. Por tanto, creo que es hora de que, cuando hablemos de financiación de las comunidades autónomas, asistamos realmente a un debate serio. Porque usted hoy no dice nada de su prensa amiga, que dice que su concierto es insolidario con el resto del Estado. Se lo dice su prensa; su prensa amiga le dice esto, y usted hoy calla. (El señor Del Burgo Tajadura: Eso es falso.) Claro que es falso; claro que es falso, pero lo dice así

Por tanto, señor vicepresidente del Gobierno, señores del Grupo Socialista, sean valientes, saquen del cajón las balanzas fiscales, hagamos un debate serio sobre la financiación de las comunidades autónomas porque de esta manera no podemos seguir. Como decía el presidente de la Generalitat, a ese paso se nos va a llevar a los catalanes a la desafectación de España. Por eso el próximo sábado se van a manifestar miles de ciudadanos por la desafectación hacia España, por la insolidaridad de España hacia Cataluña.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Puig.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar favorablemente este proyecto de ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, como también lo hizo cuando se aprobó, hace un mes, el concierto con el País Vasco.
Vamos a votar favorablemente porque esa es nuestra línea política en materia competencial, nuestra visión y nuestra forma de entender la estructura del Estado. También daremos nuestro voto afirmativo a la ley que hoy debatimos por coherencia con los diferentes posicionamientos que hemos tenido desde los años ochenta en materia de traspasos y respecto a una mayor capacidad política y financiera para las diferentes comunidades autónomas. Nuestro grupo parlamentario siempre ha dado apoyo a todas aquellas iniciativas políticas y legislativas que han permitido ganar en competencias y en recursos tanto al País Vasco como a Navarra. Hemos dado un apoyo incondicional y nunca hemos coartado estos acuerdos; todo lo contrario, nos satisface que dos administraciones, la del Estado y la de la Comunidad Foral de Navarra, por medio de una comisión negociadora, acuerden el contenido del Convenio Económico. Hay una segunda motivación, señorías, y es que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) siempre ha respetado en esta Cámara los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno central. Para el desarrollo de Navarra el Convenio Económico es un aspecto importantísimo y por este motivo vamos a dar soporte a esta iniciativa. Nuestro grupo apoyará con satisfacción este proyecto de ley. Lo que más nos satisface es que dos administraciones, como he dicho anteriormente la del Estado y la de Navarra, acuerden de forma bilateral por medio de una comisión negociadora el contenido de este convenio autonómico. Y queremos que este motivo de satisfacción también sea extrapolable al futuro convenio, a la negociación que se va a establecer en la próxima legislatura entre la Administración Central y el Gobierno de Cataluña, en la que se pondrán encima de la mesa, en cumplimiento del Estatuto de Cataluña, aspectos relevantes que van a configurar el nuevo sistema de financiación de la comunidad autónoma.


Después de que nuestro grupo parlamentario haya mostrado la satisfacción por la aprobación de este Convenio Económico entre el Estado y la Administración Foral de Navarra, quisiera hacer un comentario, una reflexión, una puntualización y plantear una serie de reivindicaciones, aprovechando la visita del señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía ante este Pleno del Congreso de los Diputados. Es cierto que en todas las informaciones políticas y económicas de ayer por la tarde y de esta mañana se hace referencia a la publicación por dos catedráticos, los señores Uriel y Barberán, de las balanzas fiscales.
Había dos posibilidades a la hora de publicar las balanzas fiscales y nosotros respetamos los planteamientos de dos profesores universitarios que formaron parte de la comisión de expertos y que han presentado unos resultados. Pero nosotros vamos un poco más lejos, señor ministro, y le hacemos un ruego que es al mismo tiempo una exigencia. Nosotros exigimos al Gobierno que por dignidad, por seriedad, por transparencia -esta es una cuestión que nosotros siempre hemos obviado-, por justicia y por una mayor política de solidaridad de una vez por todas deje de ser opaco, que es lo contrario que determina la Constitución, para fijar políticas de solidaridad. En este sentido, tomando como base los resultados y los planteamientos que hemos podido observar desde ayer en los medios de comunicación, volvemos a pedirle, le exigimos que, de una vez por todas, su Gobierno

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publique las balanzas fiscales por los dos criterios que ha determinado la comisión de expertos a instancias de nuestro grupo parlamentario, soportado y apoyado por todos los grupos parlamentarios y mandatado por las Cortes Generales. De una vez por todas, antes de que finalice esta legislatura -todavía estamos a tiempo-, antes de que se pongan encima de la mesa los nuevos sistemas de financiación de las diferentes comunidades autónomas, pedimos que el Gobierno publique las balanzas fiscales por los dos sistemas: por el sistema de carga-beneficios, que es el sistema utilizado por los profesores Uriel y Barberán, por el cual el gasto se distribuye entre los potenciales beneficiaros españoles -en este caso, por ejemplo, las inversiones que se están destinando al Museo del Prado tienen como beneficiaros a todos los españoles a pesar de que se ubican y materializan en Madrid-, y por el sistema de flujos monetarios, que es el sistema -como usted sabe perfectamente- por el que todos los gastos se distribuyen allí donde radican efectivamente. Volviendo a poner el ejemplo del Museo del Prado, en este caso los gastos se imputarían única y exclusivamente a Madrid o a la Comunidad de Madrid. Por tanto, señor ministro, repito: más transparencia equivale a más, muchísima más democracia. Uno puede llegar a la conclusión o tener la sensación después de analizar cuál ha sido la actitud de su Gobierno ante la publicación de estas balanzas fiscales de que en este caso su Gobierno, señor vicepresidente, su departamento, ha optado por la opacidad y la opacidad es lo contrario de lo que determina la Constitución para fijar criterios de solidaridad. Y entendemos también, señorías, señor vicepresidente, que si ustedes no son capaces o no se atreven a publicar las balanzas fiscales por los dos sistemas, repito, el de carga-beneficios y el de flujo monetario, van a ser cómplices de esta opacidad que, en definitiva, va a contribuir a muchísima menos democracia de la que en realidad nos merecemos todos los españoles.


Finalizo mi intervención, señor vicepresidente, recalcando nuestra satisfacción por la aprobación de esta ley que va a beneficiar a la Comunidad Foral de Navarra. Lo hicimos también con la misma intensidad y profundidad cuando dimos el apoyo al concierto vasco, y exigimos al mismo tiempo -en aras a una mayor transparencia, para potenciar muchísimo más la democracia, una virtud inherente a todos los grupos parlamentarios que configuran esta Cámara- que de una vez por todas publiquen las balanzas fiscales. Demos más efectividad y más potencialidad a esta democracia y que todos los españoles sepamos, según estos dos criterios que han determinado y dictaminado los expertos fiscales bajo la supervisión y el paraguas de su ministerio, de una vez por todas cómo son las balanzas fiscales por los dos sistemas, carga-beneficios y flujos monetarios. Será el momento, señor vicepresidente, para aplicar moderada y objetivamente los nuevos criterios y las nuevas modalidades para poder configurar, de acuerdo con los estatutos respectivos, los nuevos sistemas de financiación en la próxima legislatura.


Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Sánchez i Llibre.


Para finalizar este turno de fijación de posiciones y por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Castillejo.


La señora CASTILLEJO HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente, señor consejero de Relaciones Institucionales y portavoz del Gobierno de Navarra, señorías, sin duda es para mí un honor y una gran satisfacción como socialista y como Navarra intervenir en este debate sobre la modificación de una de las piezas fundamentales del autogobierno de la Comunidad Foral de Navarra, a cuyos ciudadanos represento desde las filas del Grupo Socialista. El proyecto de ley que debatimos adapta y actualiza en este momento político y legislativo un instrumento, el Convenio Económico, que forma parte sustancial de la historia de Navarra desde la Ley paccionada de 1841, que ha desarrollado hasta nuestros días ininterrumpidamente la autonomía tributaria, fiscal y financiera de la Comunidad Foral y que en 1990, gobernando el Partido Socialista en Navarra y en España -creo que es de justicia recordarlo-, toma la forma de la ley que hoy discutimos con el objeto de adaptarla a las nuevas realidades y a las nuevas necesidades. El Convenio Económico es por tanto una herramienta que cuenta con un gran arraigo y con una muy elevada aceptación social en la comunidad foral, puesto que es el instrumento que nos ha permitido a instituciones y a ciudadanos contribuir a nuestro desarrollo socioeconómico, a nuestro progreso social y a la redistribución de renta y riqueza para el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra. Pero además, y no es menos importante, el Convenio Económico constituye el mejor y el más eficaz instrumento de solidaridad de Navarra con el conjunto de los ciudadanos españoles. Se ha dicho ya desde esta tribuna que esta ley tiene carácter paccionado. Nace del pacto entre dos gobiernos, el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España; cuenta con el trabajo, la participación y el amplio consenso de las fuerzas políticas con presencia en el Parlamento de Navarra y representadas en la comisión negociadora y es refrendado por el Parlamento de Navarra y por estas Cortes Generales, donde radica la soberanía del conjunto de los españoles, un hecho por el cual se pone de manifiesto una vez más la voluntad de acuerdo en torno a esta institución del conjunto de los ciudadanos navarros y del conjunto de los ciudadanos españoles. Porque, señorías, no podemos negar la evidencia de que hay quienes piensan que el régimen fiscal y financiero de Navarra es un privilegio e incluso que nos convierte en una especie de paraíso fiscal, pero la realidad no es otra que el hecho de que Navarra mantiene un modelo diferente de relación tributaria y financiera, pero que siempre ha estado, está y estará basado en la corresponsabilidad y en la solidaridad

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con el conjunto de España. De estas cualidades, corresponsabilidad y solidaridad, hemos sido y somos garantes los socialistas, como actores fundamentales en la construcción de la arquitectura constitucional de este país, al igual que del desarrollo del autogobierno de la Comunidad Foral de Navarra. Así lo hemos acreditado a lo largo de nuestra historia, a pesar de los avatares políticos, a pesar de las intoxicaciones interesadas, a pesar de las falsedades vertidas especialmente durante los últimos años, algunas de ellas pronunciadas en esta misma tribuna. Estas falsedades y manipulaciones nos han llevado a decir en voz alta en más de una ocasión una obviedad que la ciudadanía conoce de sobra, que los socialistas no entendemos, ni comprendemos, ni concebimos nunca una España sin Navarra ni una Navarra sin España. (Aplausos.)

El vicepresidente del Gobierno ya ha explicado detalladamente en su intervención los aspectos principales de esta modificación del convenio en la que se dan circunstancias que nos parecen importantes. En primer lugar, se han cerrado las liquidaciones de la aportación navarra a las cargas generales del Estado de años pasados y se han establecido las bases para el quinquenio 2005-2009. Efectivamente, estamos finalizando el año 2007, y SS.SS. deben saber que estas cuestiones no estaban pendientes por diferencias en la interpretación de las obligaciones de cada cual, sino simple y llanamente porque el Gobierno de Navarra ha estado todo este tiempo dedicado a otras cosas, principalmente empleando todos sus esfuerzos y todo su empeño en desgastar y erosionar la labor del Gobierno de España. (Aplausos.) La historia demuestra que la responsabilidad, el acuerdo, el consenso y la lealtad entre gobiernos siempre significan para los ciudadanos de la comunidad foral más desarrollo, más progreso y más bienestar. En todo este tiempo ha sido el Gobierno socialista el que ha estado en la misma posición: queriendo negociar, queriendo acordar, exentos del sectarismo o del interés partidista que caracteriza a otros, y buscando el mayor beneficio y el mayor bienestar de los ciudadanos, en este caso particular, de los ciudadanos de Navarra. Pero ha habido un cambio de actitud en el Ejecutivo navarro, seguramente forzado por los acontecimientos de los últimos meses. Un cambio de talante que nosotros celebramos y que supone que lo que no se ha podido hacer en mucho tiempo, se haya acordado en poco. Es este cambio de actitud el que va a llevar aparejado no solo un buen convenio económico, que renueva la aportación de Navarra en las cargas generales del Estado en los mismos parámetros, sino que además conlleva un buen acuerdo para la financiación de cuestiones tan importantes como la Ley de Dependencia o la Ley Orgánica de Educación, de tal manera que los ciudadanos navarros también se beneficien de las medidas progresistas impulsadas por el Gobierno de España. O por poner otro caso, la financiación del tren de alta velocidad en Navarra donde, por cierto, a pesar de las acusaciones vertidas desde la derecha navarra y también desde otras formaciones políticas, se cumplirá lo que aquí hace ya muchos meses el propio vicepresidente Solbes manifestó en esta Cámara, que el tratamiento financiero será similar al de la Comunidad Autónoma vasca. Por otra parte, nos llama la atención que el señor Del Burgo se ponga la venda antes que la herida. Otra circunstancia es la paradoja que se produce con el sentido de voto del Grupo Popular, que para que no suscite ninguna duda nosotros aplaudimos que sea favorable y de hecho entendemos que no podría ser de otra manera.
Es paradójico porque, como decía y recordaba el señor Azpiazu, muchos de los aspectos que recoge el convenio son exactamente idénticos a los recogidos en el concierto vasco y llevaron en su momento al Grupo Popular a abstenerse. No sabemos si esta posición es fruto de la contradicción permanente en la que ustedes envuelven su actuación política diaria, pero, en cualquier caso, serán ustedes quienes tengan que responder ante los ciudadanos.


Encierra otro contrasentido la postura de quienes basándose en una supuesta defensa acérrima de los derechos de Navarra frente a falsas imposiciones del Gobierno central, han venido adoptando hasta el día de hoy una posición de abstención que es incongruente con su posición para otras situaciones similares, que no iguales, y me refiero de nuevo al concierto vasco. Una abstención -insisto- hasta el día de hoy que a lo mejor ha disfrazado sencillamente la vocación de otro tipo de relación con el conjunto de España. A esto quiero responder que si lo que se busca es mayor unilateralidad, o mayor independencia, nosotros no vamos a converger con estas posiciones en ningún caso. Este Convenio Económico es el que defendemos y es el modelo que sin duda ha dado grandes frutos para la ciudadanía de Navarra. Quizás el motivo de este cambio sea no escenificar también en esta Cámara las contradicciones dentro de la coalición nacionalista, particularmente con la posición del Partido Nacionalista Vasco.


Por último, se han hecho algunas alusiones a la retirada del recurso de inconstitucionalidad de la Ley de la Dependencia. A este respecto solo quiero manifestar que durante mucho tiempo ustedes, UPN y Nafarroa Bai, han formado una pinza esgrimiendo argumentos competenciales identitarios, queriendo cercenar la magnitud inconmensurable de los derechos que para los ciudadanos supone la Ley de Dependencia con la única y auténtica vocación de erosionar al Gobierno de España. Creo que con la retirada del recurso sencillamente las cosas han vuelto a un punto del cual no debieron salir. En definitiva, y para finalizar, quiero felicitar a la comisión negociadora por el trabajo desarrollado y mostrar la satisfacción del Grupo Socialista con los acuerdos alcanzados que, sin duda, contribuirán a que la Comunidad Foral siga desarrollando su singular autogobierno, su progreso social y económico, y también su solidaridad con el conjunto de España. Unos acuerdos que están basados en el consenso, en la cooperación, en la lealtad que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero siempre ha demostrado con Navarra y que el Gobierno que preside Miguel Sanz nunca debió dejar de practicar.


Muchas gracias. (Aplausos.)

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El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora Castillejo.


VETO DEL SENADO.


- PROYECTO DE LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL. (Número de expediente 121/000135.)

El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Veto del Senado. Proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural.


Fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Tratamos en este punto el veto que nos llega del Senado al proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. Evidentemente, nosotros tenemos que posicionarnos ante esta cuestión, pero previamente queremos exponer algunas de las cuestiones que justifican la posición que ya de antemano expongo, que es la de no apoyar el veto del Senado y quiero explicar por qué. Este proyecto de ley ya contó con enmiendas de devolución en esta Cámara. Una de ellas presentada también por el Bloque Nacionalista Galego, que retiramos en el debate parlamentario o con anterioridad al mismo porque las conversaciones que habíamos tenido tanto con el Gobierno como con el grupo mayoritario, nos hacían considerar que era posible mejorar la ley, sobre todo en aquellas cuestiones que fundamentaban nuestra enmienda de devolución, que eran las relacionadas con las cuestiones competenciales y lo que nosotros entendemos injerencia de la Administración del Estado, del Gobierno del Estado, en las competencias de las comunidades autónomas. Esa fue la razón por la que retiramos la enmienda de devolución y la que orientó las enmiendas que presentamos al proyecto de ley.


Finalmente, cuando votamos este mismo proyecto en esta Cámara, antes de su paso al Senado, nos abstuvimos porque en el proceso de debate de las enmiendas en ponencia consideramos que no se recogían todas aquellas cuestiones que, desde nuestro punto de vista, eran necesarias. Nos abstuvimos porque considerábamos que el proyecto de ley que votábamos no era el mismo que llegó a esta Cámara presentado por el Gobierno, ya que en el trámite de enmiendas y de trabajo en ponencia se mejoró sustancialmente la propuesta del Gobierno, no solamente en aquellas cuestiones relacionadas con el sector social al que iba dirigido tanto desde el punto de vista económico como social -las personas que viven en las zonas rurales-, sino también en la cuestión competencial. Tenemos que decir que en las mejoras que se recogen en este proyecto de ley en relación con las competencias autonómicas y del Estado nuestro grupo tuvo también su papel, ya que muchas de nuestras enmiendas fueron incorporadas o transaccionadas con otros grupos. Si bien esta cuestión nos hizo considerarlo y por eso no votamos en contra, también es verdad que, aun reconociendo esas mejoras que desde nuestro punto de vista hacen que el proyecto de ley no tenga que contar con nuestro voto en contra, no eran suficientes como para que nuestro voto fuera afirmativo, entre otras cosas, porque seguimos manteniendo que sería conveniente que en el proyecto de ley se recogiera que el Consejo de Ministros aprobase el programa de desarrollo rural después de que existieran los acuerdos correspondientes con las comunidades autónomas en las cuestiones a desarrollar por este programa en el territorio de competencia del Gobierno autonómico. No pudimos llegar a un acuerdo con el Gobierno, igual que en otras cuestiones que quedaron pendientes, y esa fue la razón por la que en su momento nos abstuvimos en la votación. Precisamente por la trayectoria de nuestra posición en relación con este proyecto de ley, nos posicionamos en contra del veto que nos presenta el Senado, porque en su momento no votamos que no al proyecto elaborado por esta Cámara, por el Congreso de los Diputados. Asimismo, aprovechando la presencia de la ministra y que estamos otra vez manifestando nuestro voto en contra del veto del Senado, queremos dejar clara nuestra preocupación respecto a que, tal como queda el proyecto, pueda generar conflictos entre la Administración central y las administraciones autonómicas en lo relativo a las competencias. Nos preocupa -lo dijimos en el debate en Pleno en su momento- que el Gobierno del Estado entre en conflicto con los gobiernos autonómicos en aquellas materias que son de exclusiva competencia de estos gobiernos, tanto en la cuestión agraria como en la sanitaria, en la educación o en los servicios sociales; materias, en definitiva, que son de exclusiva competencia de las comunidades autónomas, que tienen que ser desarrolladas en el programa de desarrollo rural que regula esta ley.
Queremos manifestar esta preocupación a fin de evitar que esto ocurra. En todo caso, vamos a hacer un seguimiento del desarrollo de esta ley por -parte del Gobierno central y de la colaboración con las comunidades autónomas, en concreto la que corresponde a Galicia. Evidentemente nos queda una próxima legislatura y si lo consideramos necesario presentaremos las modificaciones que nos parezcan oportunas para que mejore algo un proyecto de ley o una ley que nosotros pensábamos mejorar en el Senado con algunas de las enmiendas que presentamos. El hecho de que prosperase el veto hizo que no fuera posible, por lo que después de estas matizaciones volvemos a repetir nuestra posición en contra del veto del Senado.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora Fernández Davila.


Señor Mardones, tiene la palabra.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


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Señorías, señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, llega procedente del Senado una figura que no es habitual en las votaciones de esta Cámara, como es la votación sobre un veto impuesto por la Cámara Alta; digamos que se sale de lo habitual, que es raro que lleguen proyectos de ley que tengan el veto del Senado.


En las circunstancias actuales, este diputado quiere ser consecuente con la postura que ya adoptó en nombre de Coalición Canaria cuando entró en la Cámara el proyecto enviado por el Consejo de Ministros, cuando hicimos una defensa del mismo. No presentamos enmiendas de oposición por entender que el desarrollo sostenible del medio rural es ya una demanda generalizada y las distintas administraciones públicas tienen que dar respuesta a ello, tanto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, y creemos que hay un lugar de encuentro para que eso se pueda realizar. Voy a votar en contra del veto del Senado y a favor del mantenimiento, con puntos y comas, del texto del proyecto que entró en la Cámara y tal y como salió en su día camino del Senado. ¿Por qué? Sencillamente porque una ley permite su desarrollo a través de decretos y de órdenes ministeriales, y sobre todo por el respeto al Estado de las Autonomías, porque ya hay un foro de encuentro entre las dos administraciones, la central y la autonómica o periférica, que es la conferencia sectorial. Por esta vía de la conferencia sectorial se tratan todos esos aspectos, incluso los que se salen del marco de la pura competencia agraria de las distintas administraciones públicas porque tienen efectos sobre cuestiones horizontales, bien sea deporte, sanidad, etcétera, que son competencia, a nivel de Estado, de otros ministerios y, a nivel de las consejerías, de los consejeros o consejeras respectivos.
Por tanto, tal y como va a quedar el texto de esta ley no hace daño porque, de aceptarse un bloqueo de la misma, a mi juicio generaría insatisfacción en este medio rural que necesita un desarrollo sostenible.
Porque, ¡cuidado!, no es que esto nos lo esté demandando tan solo una especie de conciencia ecologista que tengamos, es decir que nos preocupemos por el medio rural. No, yo voy más allá, porque nuestra experiencia funcionarial en el Ministerio de Agricultura hace que nos demos cuenta de que la mejora de un medio agrario es la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Nuestro objetivo en política es incidir sobre el ciudadano, en este caso sobre el ciudadano español que está viviendo en el medio rural y que se ve privado de líneas telefónicas o de servicios de agua potable o corriente, o con una contaminación del medio ambiente, etcétera. Este ciudadano al que van dirigidas las leyes -porque las leyes deben ir dirigidas a las personas y no a las cosas- no entendería que no se haga el desarrollo sostenible del medio rural que él demanda. Sea quien sea la administración que se lo facilite, si hay mejora, la mejora será general porque estamos en el Estado de las Autonomías. Me tengo que remitir -y me consta la buena voluntad que pueda expresar aquí la señora ministra- a que se trata sencillamente de un respeto genérico a todas las competencias y a que la Conferencia sectorial de ministros y consejeros y consejeras de Agricultura de todo el Estado español pueda encontrar las líneas de desarrollo positivo. Por esta razón quiero ser consecuente con la postura que mantuve en el trámite anterior al del Senado en esta Cámara y que nuestro voto sirva de apoyo y de impulso del sentido común y la racionalidad, porque los que hemos tenido ocasión de servir a la Función pública sabemos dónde están las responsabilidades de destino final. De aquí que mi voto sea en contra del veto y, por tanto, a favor del mantenimiento, ya que no caben otro tipo de enmiendas en este momento, para que en la nueva andadura que empieza el año que viene el medio rural obtenga también un mensaje positivo de las administraciones en el desarrollo sostenible en el que a todos, de la ciudad o del campo, nos va mucho en la calidad de vida.


Muchas gracias, señor presidente

El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Mardones.


A continuación, turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Tiene la palabra la señora Muñoz.


La señora MUÑOZ DE DIEGO: Señor presidente, señora ministra, señorías, en primer lugar quería destacar, respecto al tema que estamos debatiendo que no es otro que el veto del Senado a la ley de desarrollo sostenible rural, que nuestro grupo parlamentario, como bien conoce la Cámara, votó favorablemente a este proyecto, por varias razones. La primera porque considerábamos imprescindible que en esta legislatura fuéramos capaces de dar respuesta desde el ámbito legislativo a una parte de la población española muy importante, al 35 por ciento, que está en una situación desfavorable desde el punto de vista social y económico. Por tanto, era obligado abordar esta cuestión desde una óptica transversal, integral y globalizada. Además, porque pensábamos y pensamos que el mundo rural tiene unas potencialidades realmente interesantes en nuestro país que es necesario ponerlas en valor y que una ley debía contribuir a que fueran potencialidades de desarrollo de la población rural pero también del conjunto del Estado. Pensábamos, en consecuencia, que los objetivos que la ley debía cumplir eran: evitar la despoblación de la zona rural; establecer un modelo de desarrollo de la zona rural moderno, atractivo, arriesgado y con criterios de sostenibilidad; cubrir los déficits sociales y de servicios públicos que sin duda padece la zona rural, y respetar el espacio competencial que -lo dijimos en el debate de totalidad y lo repetimos en el debate de la ley- no nos parecía un tema baladí. Pensábamos que un buen encaje competencial podía garantizar en muchísima mejor medida que esa ley fuera eficaz y que sirviera a los objetivos para los que se estaba diseñando.


En consecuencia, en el trámite parlamentario se hizo un esfuerzo por parte de nuestro grupo, como lo hicieron también otros grupos de esta Cámara, para aportar un buen número de enmiendas y una buena parte de ellas

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fueron recogidas. Con el debate en ponencia, en Comisión y, posteriormente, en el Pleno del Congreso se consiguió una ley que probablemente no cubría las expectativas al cien por cien de ninguno de los grupos de esta Cámara, pero que servía por lo menos como punto de partida en un tema que llevaba demasiado tiempo esperando, que era el desarrollo del mundo rural. Nosotros incorporamos enmiendas que trataban, sobre todo, de dar coherencia social al proyecto, de que hubiera igualdad entre todos los ciudadanos, de mejorar el espacio competencial y de dar ese contenido de sostenibilidad que creemos sinceramente que es el futuro del desarrollo rural en nuestro país. En ese trámite también quedaron enmiendas que no fueron recogidas, que no fueron aprobadas por el Congreso, algunas muy importantes que nosotros esperábamos y deseábamos que se hubieran podido debatir en el Senado. Entre otras, voy a destacar la que tenía que ver con la definición de agricultor profesional.
Manifestamos en el debate en esta Cámara que pensábamos que la definición que se había incluido en la Ley de desarrollo rural implicaba una enorme confusión respecto a la Ley de modernización aprobada desde hacía tiempo y que había consolidado una definición de agricultor profesional que había funcionado bien. No entendíamos ese cambio. Pensábamos y seguimos pensando que ese tema hay que clarificarle para evitar confusiones, para evitar dobles definiciones y para evitar tener que volver a construir un modelo de agricultor profesional que pueda contraponerse con el que ya se ha venido construyendo en los últimos tiempos. Había también otras enmiendas que hubiéramos deseado debatir en el Senado, que tenían que ver con criterios de sostenibilidad, con modelos de desarrollo, etcétera. No pudieron ser admitidas en el Congreso pero nos habría gustado poder debatirlas en el Senado. No ha sido así. Nos hemos encontrado con que prosperó el veto en el Senado y por lo tanto ese debate sobre las enmiendas que podría haber enriquecido este texto no se va a poder hacer en este momento.


Nuestro grupo parlamentario votó a favor de la ley y votará en contra de veto del Senado porque pensamos que deben primar los objetivos que perseguíamos. Hay que poner encima de la mesa, como prioridad absoluta, que no termine la legislatura sin que el 35 por ciento de la población española tenga al menos la expectativa de que se puede trabajar de otra manera. Nuestro grupo parlamentario no duda que será una ley que tendrá una difícil tramitación. No duda tampoco que exigirá del Ministerio de Agricultura y de las comunidades autónomas un enorme esfuerzo para hacer confluir los intereses y para que no haya choques de competencias que la hagan inviable. Asimismo no dudamos que esta ley será eficaz si finalmente se aprueban los recursos económicos que precisa y si se tiene en cuenta no solo la opinión de las instituciones y de los espacios competenciales, que es fundamental, sino también la opinión de la población civil y de las entidades organizativas o representativas del sector.


Por estas razones, porque pensamos que es importante que esta legislatura culmine con una ley que al menos dé expectativas o sea un punto de partida para el desarrollo del mundo rural, porque creemos que la ley que fue aprobada en el Congreso tenía ya poco que ver con la que trajo el Gobierno y que nosotros no compartíamos, porque se mejoró sustancialmente y sobre todo porque hay una expectativa social de que esta ley se apruebe, no apoyaremos el veto del Senado. Esperamos de la ministra de Agricultura y del Grupo Socialista que algunos de los temas que quedan pendientes de solución en el Senado se solucionen. Desde esta tribuna queremos confiar en la lealtad de la ministra y en la del Grupo Socialista para que eso se acabe de culminar, porque haciéndolo, sin ninguna duda, estaremos en mejores condiciones de abordar el futuro.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora Muñoz.


A continuación es el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra el señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.


Señorías, hoy asistimos a un debate excepcional; excepcional no necesariamente por su excelencia, sino por su inhabitualidad; no por la calidad o el elevado nivel de las intervenciones que vayan a tener lugar a lo largo del debate -lo cual no descarto pero por el momento no está garantizado-, sino porque nos encontramos ante algo que es poco habitual, porque es infrecuente que el Congreso de los Diputados haya de enfrentarse a un veto que ha prosperado en el Senado en relación con un proyecto de ley aprobado aquí, en la Cámara Baja. De hecho, este es el segundo veto que yo conozco en mi experiencia parlamentaria durante los últimos ocho años, pero alguien que tiene una experiencia parlamentaria notablemente más dilatada que yo, como el señor Mardones, ha dejado constancia en su intervención de que, efectivamente, es muy extraño que nos encontremos aquí afrontando un veto aprobado en el Senado sobre una iniciativa legislativa formalmente aprobada en esta Cámara y remitida en su momento a la Cámara Alta.


Señorías, para que prospere un veto en el Senado tienen que cumplirse dos condiciones. Una, que las mayorías imperantes en la Cámara Alta sean diferentes a las que se imponen aquí, de manera que sea numéricamente posible que quienes han ganado aquí una votación la pierdan allí. Por tanto, una disociación en el régimen y en el juego de mayorías entre las dos Cámaras. Dos, segunda condición, que quien ostenta la mayoría que soporta al Gobierno, que normalmente coincide con las mayorías que se imponen en la Cámara Baja, sea incapaz de construir consensos o no tenga interés en hacerlo y no haya sido capaz de ganarse adhesiones suficientes para hacer prosperar en el Senado algo que ha conseguido que saliera limpiamente con votos favorables aquí, en el Congreso de los Diputados.
En el caso que nos

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ocupa, en relación con este proyecto de ley del desarrollo sostenible del medio rural, se dan ambas condiciones, se dan las dos condiciones.
Efectivamente vivimos, a nadie se le oculta esto, una legislatura en la que el juego de mayorías es diferente en el Congreso y en el Senado, el grupo mayoritario de la oposición aquí ocupa posiciones preeminentes en el Senado e incorpora el mayor número de senadores. Además, se constata que, por lo menos en lo que se refiere a este proyecto de ley y en relación con nuestro grupo parlamentario -no sé si no había capacidad o no había voluntad-, no se ha hecho el más mínimo intento serio de aproximación y de búsqueda de encuentro y de transacción.


Mi grupo parlamentario, cuando el proyecto llegó a la Cámara procedente del Gobierno, presentó una enmienda a la totalidad, una enmienda a la totalidad en la que denunciábamos lo que, a nuestro juicio, eran gravísimas vulneraciones competenciales y que eran perpetradas por aquel texto normativo. La enmienda a la totalidad fue rechazada, pero lo fue con la promesa del grupo parlamentario mayoritario de que se iba a intentar una aproximación durante la tramitación del proyecto, que se esforzarían en alcanzar un acuerdo. Presentamos 34 enmiendas parciales; fueron rechazadas todas y de plano. Todas fueron rechazadas de plano y cuando digo de plano quiero decir de plano, es decir, sin una sola reunión, sin un solo argumento, sin una sola razón justificativa y sin un solo intento de aproximación o de transacción; fueron rechazadas las 34 de plano. No sé si hubo capacidad para construir un consenso, pero desde luego es evidente que no hubo voluntad para hacerlo, por lo menos en lo que se refiere a nuestro grupo parlamentario. Alguien consideró que contaba ya con los apoyos suficientes en esta Cámara para salvar el trámite del Congreso de los Diputados y pensó que no merecía la pena hacer un esfuerzo añadido y complementario para ganar nuevas adhesiones o para propiciar nuevas incorporaciones.


El proyecto de ley, aunque ligeramente retocado en sus aspectos competenciales -no lo voy a negar rotundamente- fue remitido al Senado, pero el proyecto de ley incorporaba, seguía incorporando, toda su carga vulneradora de competencias autonómicas, porque no se desactivó desde ese punto de vista durante el trámite en el Congreso de los Diputados. Y como cabía esperar, como nosotros esperábamos, la Cámara Alta lo ha vetado y, además, lo ha vetado haciendo suya una enmienda a la totalidad en la que precisamente se insistía en este aspecto del proyecto de ley, en esta dimensión vulneradora de competencias autonómicas. Con estos antecedentes, ustedes comprenderán que la posición de mi grupo parlamentario, ahora, aquí, en el Congreso, en este trámite excepcional, haya de ser la de apoyar el veto del Senado, o la de favorecer, si prefieren que utilice otra expresión, el rechazo del proyecto de ley. Por tanto, esta es la posición de mi grupo. Además, es una posición que voy a defender ahora invocando las mismas razones competenciales, exactamente las mismas, que a lo largo del iter parlamentario han fundamentado nuestra posición contraria a la tramitación del proyecto.


Me preguntarán cuáles son estas razones. Muy brevemente diré que el proyecto vetado pretende justificarse, desde el punto de vista competencial, apelando a la necesidad de ajustarse a las directrices comunitarias. Muy bien. Parece que, dentro de la Unión Europea, las directrices comunitarias son requerimientos a los que necesariamente han de adecuarse los Estados miembros y por tanto es un referente insoslayable, que hay que tomar necesariamente como punto de partida a la hora de configurar el ordenamiento interno. Pero, claro, este argumento es en realidad un embozo, más que un argumento es una coartada, porque lo que los redactores de este proyecto de ley han pretendido en realidad es utilizar los compromisos y directrices comunitarias como pretexto para atraer a favor del Estado unas competencias sectoriales que se encuentran total o parcialmente en manos de las comunidades autónomas.


Fíjense bien. ¿Cuáles son los títulos competenciales que invoca el Estado para justificar estas norma? Básicamente dos: el recogido en el artículo 149.1.1ª de la Constitución y el recogido en el apartado 13ª del punto uno del mismo artículo del texto constitucional. La primera habilita al Estado para establecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales, algo que, como parece evidente, tiene una estrecha conexión con el desarrollo rural: la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales, algo íntimamente ligado con el desarrollo rural; la segunda habilita al Estado para fijar las bases y la coordinación de la ordenación general de la actividad económica. En la medida en que el desarrollo rural tiene una dimensión económica, este título competencial podría habilitar muy genéricamente para dictar algunas normas orientadoras de lo que puede ser la promoción del ámbito rural, pero poco más. Estamos hablando de dos títulos competenciales muy genéricos, muy amplios, que muy difícilmente pueden justificar aprobar una normativa tan pormenorizada y tan detallada con respecto a los planes que tiene la Administración del Estado en relación con el desarrollo rural.


En ninguna parte está dicho que la adecuación de la normativa interna de los Estados miembros a los requerimientos del ordenamiento comunitario haya de llevarse a cabo a través necesariamente de disposiciones dictadas por el Estado, por las instituciones centrales del Estado. Todo lo contrario. El Tribunal Constitucional, en una ya dilatada jurisprudencia, ha venido a decir en reiteradas ocasiones que la incorporación de los requerimientos comunitarios al ordenamiento jurídico interno se llevará a cabo en función del reparto competencial vigente entre el Estado y la comunidad autónoma. Cuando se trata de requerimientos competenciales que afectan a materias incluidas en el ámbito competencial de titularidad del Estado, será el Estado el que lo haga, pero cuando corresponda esa competencia a las comunidades autónomas, serán las comunidades autónomas las competentes. Por

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lo demás, en esto se puede decir que el Tribunal Constitucional no es original ni es novedoso, sigue la estela marcada por los órganos equivalentes de otros Estados miembros de estructura política descentralizada; tomemos como referencia, por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán, que marcó en su día las pautas en las que se ha venido a inspirar en buena medida el Tribunal Constitucional cuando fija este criterio.


¿Qué competencias invoca el Estado aquí para poder justificar aprobar una normativa exhaustiva en relación con el desarrollo rural? Los títulos a los que antes he hecho referencia: el 1.1ª y el 1.13ª de la Constitución, ordenación general de la economía y establecimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los ciudadanos en el ejercicio de los derechos constitucionales. Pero es que se pasan estos títulos competenciales genéricos por encima de competencias sectoriales exclusivas de las comunidades autónomas, como agricultura, asistencia social, cultura, turismo, ordenación del territorio, desarrollo comunitario, condición femenina, política infantil y juvenil y tercera edad, porque todo este abanico de materias toca un programa de desarrollo rural. Cuando hablamos de desarrollo rural, no hablamos solamente de desarrollo agrario, aunque nos refiramos a ámbitos territoriales en los que la actividad económica primordial sea la agrícola; estamos hablando de programas amplios de promoción territorial, de promoción de ámbitos comunitarios, en los que la economía principal puede ser la agraria, pero que el desarrollo comunitario exige tocar múltiples competencias sectoriales que son de titularidad autonómica. Y por encima de todas estas pretende pasar algo tan genérico, tan impreciso, tan vago, tan evanescente como la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales; repito, por encima de todas esas competencias sectoriales. Además de competencias sectoriales de titularidad exclusiva de las comunidades autónomas, hay algunas de titularidad compartida; por ejemplo, medio ambiente, educación, ordenación del transporte terrestre, sanidad interior, etcétera, que son competencia compartida por lo menos de las comunidades autónomas y que se saltan a la torera en esta norma.


Señorías, si en el caso del Estatuto de Gernika, que es el que voy a citar como referencia, esta vulneración competencial es ostensible, es manifiesta, en el caso de estatutos de la última generación, en los que el blindaje de las competencias ha permitido una más perfecta definición de todas las facultades que incluye cada título competencial, no es que la vulneración sea ostensible, es que es flagrante, y cuando digo flagrante casi incluyo toda la carga delictiva que implica la expresión.
La vulneración es flagrante, repito. En el caso de los estatutos de Andalucía o de Cataluña, esta violación no es que sea evidente, ostensible y palmaria, es que es flagrante, señorías.


No voy a hablar, porque sería entrar demasiado en la materia y no dispongo de tiempo suficiente para ello, de la técnica que utiliza el proyecto de ley para hacer efectiva esta vulneración competencial, esta articulación en torno a la técnica de subvención, algo que ignora también una amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que viene diciendo que la facultad de gasto no es una competencia autónoma ni en manos del Estado ni de las comunidades autónomas, de manera que la subvención no puede atraer para sí los espacios competenciales que corresponden, en virtud del reparto constitucional de competencias, a otros entes territoriales.
La subvención no atrae competencias. La subvención se puede conceder cuando el ente que pretenda otorgarla tenga competencias y, si no las tiene, no lo puede hacer. Por tanto, no puede utilizarse como pretexto para invadir competencias ajenas.


El voto de mi grupo, señorías, va a ser favorable al mantenimiento del veto, contrario por tanto a su levantamiento. Y la razón es clara. Este proyecto de ley, con toda su carga vulneradora de competencias autonómicas, está, a nuestro juicio, mucho mejor en el cajón del Ministerio de Agricultura que publicado en el Boletín Oficial del Estado.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Erkoreka.


A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor Ramón.


El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.


Señorías, acabamos hoy, por fin, la tramitación de este proyecto de ley, el ya conocido proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, un proyecto de ley que empezábamos de la mejor manera posible, pidiendo comparecencias del sector en esta Cámara, para que nos dieran su visión y para que nos ayudaran a los grupos parlamentarios a intentar elaborar, en la tramitación parlamentaria subsiguiente a estas comparecencias, un texto de desarrollo rural que fuera el texto de todos.
Nuestro grupo pidió que compareciese la Unió de Pagesos, la organización profesional mayoritaria en nuestro país, y varias organizaciones más. Y las organizaciones profesionales agrarias que quisieron venir a estas comparecencias nos alertaron básicamente de dos cosas. Primero, de algo que mi grupo había comentado en debates previos, que teníamos que intentar mejorar la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, porque existía la posibilidad de que la invasión competencial fuera muy elevada. No lo decía solo Esquerra Republicana, sino que muchas de las organizaciones que comparecieron ya alertaron de que esa buena coordinación sería uno de los factores claves para el éxito de esta ley.


Uno de los errores que hemos cometido en la tramitación de esta ley creo que ha sido que no hemos tenido presente que no es una ley totalmente agraria. Era una ley de desarrollo rural, donde el mundo agrario tenía una implicación importantísima, pero no solo era una ley agraria. Pero sí que es verdad que las asociaciones profesionales agrarias que quisieron venir a las comparecencias

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nos alertaron de que cambiar la definición del profesional agrario, del agricultor profesional, podía ser un problema y que también sería una de las cosas que teníamos que mejorar para que, cuando se pusiera a trabajar esta ley, no tuviéramos problemas con su ejecución. Nuestro grupo, escuchadas estas comparencias y después de analizar este proyecto de ley, entendió -y lo ha dicho en más de un debate en esta Cámara- que era una ley que nos parecía adecuada, que era necesario intentar aprobar una ley que impulsara el medio rural, pero que el proyecto de ley que venía a esta Cámara era tremendamente mejorable. Por eso, nuestro grupo presentó 81 enmiendas, porque -ya lo he dicho en más de una ocasión en esta tribuna en el debate de esta ley- había que mejorar la invasión de competencias que incluía el texto que se había presentado en esta Cámara.
Nuestro grupo ya ha dicho también en más de una ocasión que son innumerables las leyes que vienen a este Congreso que invaden competencias y entendíamos que esta no era una excepción. Hemos dicho muchas veces también que era necesaria la remisión reglamentaria para el desarrollo de distintos planes que consideraba el texto que llegó a esta Cámara, porque el Estatuto de Cataluña obliga a considerar que las bases fijadas en reglamento deben tener el carácter de excepcional y por tanto deben ser aplicadas de forma muy restrictiva y como verdaderas excepciones. Finalmente, entendemos que así ha sido reconocido en el texto y hemos podido mejorar esa situación.


El proyecto de ley tampoco garantizaba las competencias ejecutivas de la Generalitat de Catalunya en relación con la ejecución de programas de desarrollo rural sostenible. Entendíamos que el artículo 18 de la ley preveía que la Ley de Presupuestos Generales del Estado debía contener la declaración de interés general de las obras de infraestructuras, sin contar con el informe de las comunidades autónomas, vulnerando las competencias de la Generalitat previstas en el artículo 140 del Estatuto de Cataluña. Entendíamos también que con respecto a las medidas concertadas incluidas en el programa de desarrollo rural sostenible que fuesen financiadas por el Estado y que fuesen territorializables debía corresponder a las comunidades autónomas fijar los objetivos concretos, regular las condiciones de otorgamiento y su gestión, para respetar la distribución competencial del nuevo estatuto de autonomía. Propusimos la corrección competencial, vía enmienda, a la disposición final cuarta, respecto al amparo de las competencias estatales en el apartado primero del artículo 149.1 de la Constitución, ya que las condiciones básicas allí referidas nada tenían que ver con las normas o con la legislación básica.


Nuestro grupo, fruto de la negociación, básicamente en el Congreso, ha mejorado todos estos aspectos competenciales y ha podido salvaguardar todos aquellos puntos que invadían competencias, lo que preocupaba no solo a nuestro grupo parlamentario sino también a otros grupos parlamentarios y a las organizaciones profesionales agrarias, porque entendían que una mala coordinación entre comunidades autónomas y el Estado hubiera llevado a una mala ejecución de esta ley. Nuestro grupo también ha intentado mejorar esta ley en muchos aspectos. Hemos incorporado la protección del paisaje, hemos incorporado normas de igualdad de género y hemos incorporado mejoras en relación con los discapacitados. En definitiva, nuestro grupo no solo ha intentado salvaguardar las competencias de las comunidades autónomas, sino que también, en el resto del texto, ha intentado hacer una Ley de Desarrollo Rural que nos parecía que era necesario mejorar y sobre todo que era necesario que fuera una ley de todos. Me he cansado de decir en esta tribuna en varios debates que la buena disposición del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Alejandro Alonso, ha ayudado mucho en ese sentido. Hemos tenido una ponencia -y lo decía también antes la compañera doña Olaia Fernández Davila- donde los grupos parlamentarios hemos podido debatir, hemos podido poner de manifiesto nuestras inquietudes, hemos podido incorporar todas aquellas enmiendas que nosotros entendíamos que mejoraban la ley. Y es verdad que, en la tramitación en el Congreso, muchas de estas preocupaciones han ido desapareciendo.


Para acabar con el debate competencial, es verdad que el Grupo Parlamentario Vasco y Convergència i Unió, que tenían las mismas dudas que nosotros, han intentado boicotear esta ley en el Senado, porque entienden que aún invade competencias. Nuestro grupo ha estado trabajando, en coordinación con el Institut d'Estudis Autonòmics de Catalunya, a nivel jurídico para que esta ley no invadiera competencias.
Al final, en el Senado podíamos haber mejorado mucho más esta ley para que no invadiera las pocas competencias que había invadido este texto. Lo que no ha comprendido nuestro grupo es que el Grupo Popular y el señor Madero hayan esgrimido el argumento competencial para oponerse a esta ley. Un partido que tiene en el Tribunal Constitucional el Estatuto de Cataluña ¿cómo puede venir hoy aquí y decir que esta ley invade competencias y que no es respetuosa con el Estatuto de Cataluña? Señor Madero, ustedes hagan la política que hagan, hagan la demagogia que hagan, pero no es de recibo que ustedes tengan el Estatuto de Cataluña en el Constitucional y que vengan a dar lecciones a nuestro grupo parlamentario, y en este caso también al Partido Socialista, de respeto de competencias. Ustedes que, a mi entender, no las han respetado nunca.


Quedaba solo el último trámite del Senado. Nuestro grupo en el último debate sobre esta ley dio un voto de confianza al Partido Socialista, porque entendíamos que había dos aspectos de la ley que salía del Congreso que era necesario mejorar en el Senado. El Partido Socialista se comprometió a buscar una solución en el Senado para retirar -por decirlo de alguna manera- la disposición final, que derogaba el artículo 2 de la Ley de Modernización, porque nos parecía que de esa manera nos cargábamos la definición de agricultor profesional que siempre habíamos tenido, definición que, además, las organizaciones profesionales nos habían exigido que mantuviéramos; así lo dijeron en sus comparecencias. Es verdad

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que el Partido Socialista se comprometió a derogar esa disposición final, pero también nos comprometimos a buscar una solución al artículo 16, que, a nuestro entender, no satisfacía a nadie. No satisfacía al Partido Socialista, no satisfacía a Esquerra Republicana y no satisfacía a las organizaciones profesionales agrarias.


El veto del Senado no nos ha dado la oportunidad de llevar a efecto el compromiso que teníamos con el Partido Socialista. Hoy nuestro grupo va a dar otro voto de confianza. El Partido Socialista se ha comprometido con nosotros a buscar una solución antes de acabar esta legislatura para derogar esa disposición final, para recuperar el artículo 2 de la Ley de Modernización, que es el que define qué es el agricultor profesional, y también a modificar el artículo 16 de esta ley, como pedíamos en las enmiendas que presentamos a esta ley en el Congreso, como hicimos en las enmiendas que presentamos en el Senado. Así lo hemos acordado con el Partido Socialista y con el Gobierno.


Por la tramitación que hemos tenido de esta ley y por la actitud que ha tenido el Grupo Socialista, en especial el señor Alonso, nos hace hoy dar ese voto de confianza, nos hace hoy creer que el compromiso que ha asumido el Gobierno y el Partido Socialista para modificar esta ley en el trámite del Senado antes de acabar la legislatura podemos llevarlo a cabo. En definitiva, que entre todos podamos hacer una ley que satisfaga a todos los grupos parlamentarios, que satisfaga a las organizaciones profesionales agrarias y que solucione el problema que hemos creado entre todos en esta ley. No se trata de que con esta ley queramos ayudar solo al que es agricultor profesional. Nosotros lo que queremos es que, en esas prioridades que en esta ley nos hemos marcado -vamos a dar prioridad a los agricultores jóvenes, a las mujeres agricultoras-, también el agricultor profesional esté en una situación de privilegio. No porque entendamos que tenemos que establecer una situación de privilegio corporativa, sino porque entendemos que esos agricultores que están ganando el 50 por ciento de su renta en la actividad agraria tienen que ser también prioritarios, como lo han sido siempre en las ayudas del PDR.
Entendemos que eso no debe cambiar, entendemos que el compromiso y el acuerdo que hemos firmado esta mañana con el Partido Socialista no cambiará esa disposición y que en definitiva vamos a tener una ley que ayude al desarrollo rural, una ley totalmente general para ayudar a ese 35 por ciento de la población que vive en el 90 por ciento del territorio y para que, entre todos -sobre todo también las comunidades autónomas y el Estado, como no podía ser de otra manera, en coordinación con las comunidades autónomas- podamos conseguir lo que todos deseamos: que el desarrollo en el mundo rural sea cada vez más entendido desde las administraciones públicas, que todos aportemos algo para que estas personas que viven del campo puedan tener un porvenir mayor y que entre todos podamos hacer que este territorio tenga un porvenir económico.


Muchas gracias, señoras y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Ramón.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Grau.


El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, señora ministra, en este trámite en el que hoy nos vuelve esta ley del Senado, con el veto que presentó nuestro grupo en el Senado y que fue apoyado por los otros grupos, consiguiendo el veto a la totalidad, estamos obligados lógicamente a mantener nuestra línea coherente de actuación en relación con ese veto que presentamos en esta Cámara, que fue derrotado, que reiteramos en el Senado y que ha permitido que esta ley vuelva en los términos en los que salió de esta Cámara. Es preciso que insistamos en la dificultad que tiene poder aprobar esta ley -y me referiré a ello- por los problemas que hemos tenido en su tramitación. Nuestra argumentación se ha basado sobre todo en las invasiones competenciales que esta ley presenta. También quería destacar de entrada que la tramitación en el Senado ha sido tan apresurada, o quizás más, como lo fue aquí, en esta Cámara, y que el resultado ha sido que el equilibrio político que existe allí, que es diferente al de esta Cámara, le ha permitido prosperar. No ha sido posible que la segunda lectura de este texto legislativo resolviera los problemas del artículo 16, que se transaccionaron, pero que no resultaron de forma suficientemente satisfactoria para los afectados. Tanto es así que, hace dos días, incluso, la propia Unió de Pagesos manifestaba su disgusto por la posición de este artículo 16 y parece ser que hoy un voto de confianza va a permitir, por otra vía, resolver el tema del agricultor profesional. Y quiero decir que esto es una situación in extremis, porque siempre se ha llegado hasta las últimas consecuencias, hasta los últimos términos de la negociación, para poder conseguir como sea resultados.


Una de las argumentaciones en la que basamos nuestra posición de invasión competencial es que entendemos que esta ley tiene un dirigismo encubierto por parte del Estado hacia las políticas agrarias de las diferentes autonomías y que ha tenido poca sensibilidad respecto a las acciones de desarrollo rural existentes ya en algunas comunidades y que ya estaban funcionando desde hace tiempo. Por ejemplo, en el artículo 16.2 de esta ley se regulan los llamados contratos territoriales, que en Cataluña ya tienen su propia normativa y que tienen más de una aplicación y funcionamiento. Continúo diciendo que con el voto de confianza quizá, por vía de presupuestos, se podrá resolver la cuestión del agricultor profesional, pero esta ley no lo resuelve. Entendemos que la agricultura no es una cosa etérea, sino que es el elemento base o el elemento de trabazón de todas las políticas que tiene el desarrollo rural. Así lo ha manifestado el portavoz del Grupo Vasco, que ha dicho que, lógicamente, esta transversalidad genera el hecho de que se necesite una relación interministerial -trece ministerios afectan a las acciones de esta ley-.
Se requería -y me referiré a ello

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más adelante- otro tratamiento. Esta ley intenta pasar desde una pretendida o una presumible posición de complementariedad a una posición dirigista, a la que nuestro grupo se opone desde que se presentó esta ley. A resultas de la iniciativa del portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, Convergència i Unió propuso un debate en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado. Era una Comisión idónea para generar un debate territorial y multidisciplinar a nivel ministerial, porque esta incidencia en las actuaciones de trece ministerios daba a la Comisión todo su contenido y un peso adecuado en el dictamen que pudiera haber salido del Senado, que es una Cámara territorial.


Esta ley, con los acuerdos a los que se ha llegado a última hora en lo relativo a la resolución del artículo 16, que ya cité, con la inclusión en los presupuestos, deja visible a la agricultura -tal como expresó nuestro portavoz en el Senado- como verdadero motor del desarrollo rural.
La prisa, que siempre es una mala consejera, ha sido enemiga de obtener unos resultados parlamentarios suficientes y los necesarios consensos para que esta ley tuviera continuidad en el futuro. Diferentes consejeros de Agricultura comparecieron y manifestaron la injerencia de esta ley que conlleva, según el consejero de Galicia, por ejemplo, panoramas competenciales ya superados y supone, por tanto, un retraso en el camino recorrido en el Estado de las autonomías. Queda claro que el proyecto invade competencias y que no es una ley de posible desarrollo, pues se soporta básicamente en el artículo 149.1.13ª de nuestra Constitución, que tiene su vigencia restringida a casos extraordinarios. En todo caso, el desarrollo por parte del Estado de cualquier competencia que se apoye en el citado artículo precisará -lo recuerdo- disposiciones que tengan rango de ley, y no valdrán los reales decretos. No es legislativamente correcto que de los cuarenta artículos de la ley, treinta y siete se apoyen en este artículo de la Constitución, el 149.1.13ª, y solamente tres lo hagan en otros artículos determinados. Asimismo, en aplicación de la Constitución, no será posible hacerlo mediante normas de carácter básico.
La alternativa será la realizada por normativa autonómica, que no puede ser coartada por leyes como la que hoy se pretende aprobar. En virtud de ello, anunciamos que de levantarse el veto a esta ley en esta votación, nuestro grupo se reserva el derecho a presentar la misma a consulta del Consell Consultiu de la Generalitat, que de seguir la dinámica de sus resoluciones, no tardará mucho tiempo en emitir dictamen y posiblemente nos dé la razón. Tampoco renunciamos a presentar un recurso de invasión competencial ante el Tribunal Constitucional, que podrá demorarse tres años o más en emitir dictamen.


Quisiera remarcar que esta ley carece de un trabajo parlamentario riguroso. No se han buscado consensos. Nos consta que el proyecto de ley que se ha presentado a esta Cámara no es fruto ni del primero ni del séptimo borrador, pues hemos ido conociendo, no por vía del ministerio, ni por vía del Gobierno, ni por vía del Grupo Socialista, los diferentes proyectos que se estaban negociando con interlocutores y con algunos agentes sociales, pero no con esta Cámara. En esta legislatura se han constituido diferentes subcomisiones de estudio, dentro de las diversas Comisiones, como economía social, responsabilidad social corporativa o responsabilidad social de las empresas, pero en Agricultura, teniendo este calado la ley que se nos presentaba, no se ha creado una subcomisión para desarrollo rural. Paralelamente a las acciones del Gobierno, se podían haber hecho unos trabajos parlamentarios importantes para definir los marcos de actuación complementarios a todas las acciones de política europea que tiene que cumplir el Gobierno y que, buscando una solución como el Pacto de Toledo para las pensiones, marcáramos una política de consenso futuro sobre el desarrollo rural. Esta era la garantía de que estas actuaciones hubieran tenido el complemento de una acción del Ejecutivo y del Legislativo. Todo esto se ha concentrado en unas pocas semanas, al final del periodo de sesiones y rápidamente porque no quedaba calendario, siempre trabajando in extremis para buscar acuerdos finales.
Lo lamentamos porque este grupo siempre ha sido proclive a estos entendimientos y no estamos en contra del desarrollo rural. En Cataluña, las experiencias en desarrollo rural vienen ya de unas acciones previas de Gobierno, no se han descubierto en estos últimos años; se continúan, hay una experiencia y éramos garantes de la buena voluntad de este desarrollo rural para compartirlo y generalizarlo aquí.


En segundo lugar, estas actuaciones parlamentarias, cuando ha habido voluntad del Gobierno, han sido modélicas, como ha sucedido con el Pacto de Toledo y somos un referente en la Unión Europea respecto a la política de pensiones. En estas comparecencias deberíamos haber recibido mayor sosiego y efectividad, de esta manera no habríamos tenido la negativa a comparecer ante esta Cámara de determinadas organizaciones. Los grupos catalanes pedimos la de Unió de Pagesos y, en realidad, ha sido uno de los elementos decisivos para los acuerdos de última hora y para el buen fin del artículo 16 con los acuerdos alcanzados. Se ha esperado alcanzar soluciones in extremis, pues la propia Unió de Pagesos hacía unas declaraciones hace cuarenta y ocho horas mostrando su desacuerdo con la ley. Parece ser que ahora acepta los planteamientos y da un voto de confianza a la aprobación de esta ley en las condiciones actuales. En nuestra opinión, era algo que tenía que hacer esta Cámara, no el propio Gobierno. Lo lamentamos, porque no se trata de una apuesta programática, sino de una solución de interés general y de una legitimidad que tenemos que dar al mundo rural, a este 35 por ciento de la población, a este 90 por ciento del territorio, que se ha citado tantas veces en el debate, para que tuviera un marco legal coordinado, propio y específico para esta complementariedad de la agricultura como motor, y un marco de residencia y de servicios sociales como complemento. La ambigüedad del uso de la palabra convenio, que se determina como un precepto no impositivo en el texto de la ley, esconde un cierto dirigismo que invade competencias

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y que deja el sistema de desarrollo rural fuera de un marco competencial.


Lo malo -y termino- es que se ha perdido una legislatura y la percepción que transmite el Gobierno es la de pasar página a este punto y resolver este compromiso como sea. ¿No hubiera sido más integrador, por ejemplo, incorporar las acciones de desarrollo rural emprendidas con experiencia por determinadas comunidades autónomas como Cataluña, el País Vasco y, quizá, Andalucía, analizando su especificidad y propiciando su coordinación a nivel estatal? ¿No hubiera sido más coherente establecer los elementos de proyección a las comunidades autónomas que no tienen política de desarrollo rural, y solo después crear el Consejo General de Desarrollo Rural que pretende esta ley? Nuestro grupo se ciñe a sus planteamientos y, lógicamente, vamos a votar a favor del veto del Senado pues se mantiene una invasión competencial que la ley no resuelve, con el espíritu que hemos mantenido en el debate de esta ley, tanto en Comisión como en el Pleno de esta Cámara.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Grau.


Señorías, les comunico que en la tribuna están como invitados los presidentes de la Comisión de Agricultura del Congreso y del Senado mexicanos; también el subsecretario de Desarrollo Rural y siete senadores y diputados, a los cuales trasladamos un cordial saludo. (Aplausos.)

Continuamos con el debate en turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Madero.


El señor MADERO JARABO: Gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar quiero reiterar la bienvenida y saludar nuevamente y de manera afectuosa a nuestros colegas, los legisladores mexicanos, que nos acompañan esta mañana y que tan interesados están en esta Ley de Desarrollo Rural que hoy debatimos, que es también un punto de debate importante en su país. Asimismo, señora ministra, saludamos su presencia y la de las autoridades de los ministerios de Agricultura de México y de España en este Pleno.


Vuelve aquí esta ley desde el Senado con un veto impuesto por amplia mayoría de senadores, como muestra de que ni el Gobierno ni el Grupo Socialista han hecho las cosas adecuadamente. De entrada, expresaré mi perplejidad por lo escuchado esta mañana a algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. A algunos grupos no les gusta la ley, así lo han dicho, pero hacen auto de fe y votarán a favor. Otros dicen que es un punto de partida. No sabemos cómo está tipificada esa figura parlamentaria del punto de partida, pero entendemos que es un apoyo con minúscula, un auto de fe. Lamento que no esté aquí mi amigo, el portavoz de Coalición Canaria, pues nos tendrá que explicar cómo su grupo político vota contra la ley en el Senado y, sin embargo, en el Congreso dice que va a votar a favor. Nos preguntamos qué pócima mágica hay en ese kilómetro que separa ambas Cámaras. Seguramente son misterios de la política. Esto es lo que tenemos.


Empezaremos nuestra intervención diciendo que se ha frustrado una esperanza. Hace dos meses, cuando se presentó esta ley aquí en Pleno, dijimos que era una ley de gran importancia para nosotros y que debió presentarse a principios de legislatura para que pudiera hacerse una tramitación sosegada, meditada y dialogada. Nada de esto ha ocurrido. En nuestra opinión, el Gobierno remite a las Cortes Generales esta ley al final de la legislatura sin querer dialogar ni pactar nada con nadie. Y nos preguntamos: ¿Por qué, señores diputados socialistas, no han querido dialogar con nadie y no han querido saber nada de las opiniones de mi grupo, del Grupo Popular? ¿Por qué legislan contra la mitad del Congreso y contra la mayoría del Senado? Sinceramente, no lo entendemos. Nuestro grupo parlamentario hizo el oportuno ofrecimiento para el diálogo -ahí está el "Diario de Sesiones"- y todavía está esperando la contestación.
Señorías, la soberbia y la descortesía ha sido la tónica dominante. El colmo del desvarío fue citar aquí -lo ha dicho el portavoz de Esquerra Republicana- a organizaciones agrarias, patronal, sindicatos y redes de desarrollo rural para oír su opinión y cerrar el plazo de enmiendas antes de escucharlos. Es decir, cometemos la descortesía de escucharlos sin que su opinión valga ya para nada, porque no podemos plasmarla, si es que nos ha convencido, en algún tipo de enmienda, porque el plazo de enmiendas se ha cerrado antes de escuchar a quienes aquí hemos llamado. A pesar de todo esto, en el Pleno de hace dos meses volvimos a reiterar nuestro deseo de diálogo y nuestra intención de acordar y consensuar una norma que entendemos que es importante que salga de las Cortes apoyada por una gran mayoría, por una mayoría amplia, porque si sale, como nos tememos, con escasos apoyos parlamentarios será una ley de poca eficacia.


Señorías, en la mañana de hoy nos limitaremos a hacer un sucinto resumen de las causas por las que en su momento votamos negativamente la ley en este Congreso y por las que nos parece oportuno el veto con el que viene del Senado. De una parte, a mi grupo esta ley le parece un ejercicio de voluntarismo, lo hemos dicho y lo reiteramos. Su principal instrumento, el programa de desarrollo rural sostenible no es otra cosa que un compendio de actuaciones ya previstas que se están realizando o se van a realizar por las distintas administraciones. De otra parte, deseamos expresar y reiterar nuestra disconformidad con el aspecto financiero descrito en la memoria. De entrada, hay un desfase financiero de 1.000 millones de euros en la memoria, que nadie ha explicado. Se parte de un presupuesto de 21.800 millones de euros para el sexenio 2007-2013, imputable al medio rural y perteneciente -que ya están- a los presupuestos de los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente. Hasta aquí nada nuevo, la novedad empieza en los 3.000 millones de euros adicionales para

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el citado sexenio 2007-2013 que, a razón de 500 millones al año, aportará el Ministerio de Agricultura para el fomento del desarrollo rural, de la ganadería, de la agricultura, del medio ambiente, infraestructuras, sanidad, educación, urbanismo, deportes, telecomunicaciones y un largo etcétera. Pues bien, dijimos y reiteramos que son demasiadas cosas a realizar para tan escasa dotación financiera. Señorías, nos encontramos -así lo dijimos en su momento en el debate de presupuestos- con la cruda realidad de que en los Presupuestos Generales de 2008 en vez de 500 millones de euros, apenas se aporta un 20 por ciento de esa cantidad, es decir, el Gobierno no cumple en los presupuestos lo que dice en la Ley de Desarrollo Rural. En definitiva, mi grupo entiende que el Gobierno socialista no cree en el desarrollo rural por mucho que nos quiera convencer de lo contrario. Esto nos lleva a pensar que si hoy se levanta el veto de esta ley -cosa que nos tememos- saldrá capitidisminuida, sin fuerza, sin garra y sobre todo sin dinero porque el Gobierno que lo ha elaborado -repetimos- no cree en ella. Repito, sale sin garra, sin fuerza y sin la savia que tiene que tener una ley que es una dotación financiera adecuada. Siguiendo con la financiación ya dijimos, y lo ratificamos ahora, que no estamos de acuerdo en que se dote esta ley con medios económicos a través de la modulación. Lo digo muy claramente, y lo reitero una vez más: Nos oponemos de forma clara a que se detraigan fondos que son de los agricultores y ganaderos para financiar el desarrollo rural, pues entendemos que los fondos de los agricultores y los ganaderos deben ser intocables y donde mejor están es en el bolsillo de los profesionales del campo. Sin embargo, nos tememos lo peor, pues el Gobierno socialista tratará de disimular su fracaso negociador en la Unión Europea, que ha supuesto ni más ni menos para España, en el sexenio 2007-2013, una pérdida de 3.000 millones de euros en pagos directos y más de 4.000 millones de euros en apoyo al desarrollo rural.


Cambiando de tono y en otro de orden de cosas, dijimos y ratificamos ahora que esta ley sigue sin definir adecuadamente múltiples conceptos y, por tanto, no ofrece seguridad jurídica a los presuntos sujetos de la misma.
Es preciso definir con concreción lo que es el medio rural, que no está definido; lo que entendemos por escasa población; por bajos niveles de renta; por elevada significación de la actividad agraria; importante aislamiento; dificultades de vertebración, etcétera. Mientras no definamos nítidamente este conjunto de conceptos, la aplicación de esta ley no dejará de ser un mero ejercicio de voluntarismo, como decía al principio de mi intervención. Y desde luego auguramos múltiples problemas de interpretación de la norma. Lo mismo podemos decir del número de unidades de dimensión económica, las famosas UDE, que dejan fuera a la mayoría de los profesionales de la agricultura y la ganadería.


Quiero señalar asimismo una importante carencia que tiene esta ley que, en nuestra opinión, la hace inviable. Me refiero, cómo no, al tema competencial. He leído en alguna publicación del Partido Socialista que el Partido Popular y los nacionalistas se oponen a la ley. O algunos de los que apoyan al Partido Socialista no son nacionalistas, señores del Bloque, señores de Esquerra Republicana, o la publicación no dice la verdad porque el entusiasmo que este portavoz tiene por los nacionalismos es perfectamente descriptible. Simplemente hay una norma, nos guste más o menos, y hay que cumplirla. Por eso, en nuestra opinión, la ley nace inviable porque invade claramente las competencias transferidas a las comunidades autónomas. A otros corresponde insistir y profundizar más en este tema, pero una ley que afecta a once ministerios y a más de cincuenta consejerías de las comunidades autónomas, exige para su elaboración un diálogo previo -que no ha habido- y una predisposición al consenso -que tampoco ha habido- y exige, por supuesto, una predisposición a la colaboración que, ni de lejos, ha mostrado el Partido Socialista. Manifiesto, asimismo, mi perplejidad ante la posición de algunos grupos nacionalistas que dicen que esta ley es inadmisible y otros que el tema competencial está superado. Permítanme que responda -se me ha acusado de demagogia con mi nombre y citando a mi grupo- que no es demagogia sino perplejidad. Unos dicen que invade competencias y otros que no; lo dicen los nacionalistas.


Finalmente, señorías -y termino señor presidente-, por esta cuestión competencial que he referido, que hace inaplicable la ley por el cúmulo de deficiencias técnicas que sucintamente he narrado y por las importantes carencias financieras es por lo que pedimos al Gobierno que retirara la ley que, en este caso, es pedir al Pleno que debemos votar no -que es votar a favor del veto que el Senado nos ha impuesto- a una Ley de Desarrollo Rural que -estén seguros de ello- se mejorará sustancialmente en la próxima legislatura cuando el Gobierno, a partir de marzo, sea del Partido Popular.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Madero.


A continuación, turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Alonso.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, en nombre del Grupo Socialista, quiero saludar a las autoridades del Ministerio de Agricultura que nos acompañan y, especialmente, a los diputados y senadores mexicanos pertenecientes a las Comisiones de Agricultura y de Desarrollo Rural en visita por España e interesados también en la aprobación de esta ley. Una Ley de Desarrollo Rural que, curiosamente, tiene también México, un país de estructura federal y que viene desarrollando desde hace unos años.


Como han dicho todos los portavoces, ultimamos hoy la tramitación del proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. En esta ocasión tenemos una misión sencilla, de poco debate: decidir si levantamos o

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no el veto aprobado por el Pleno del Senado la semana pasada. Tenemos que decidir sobre el futuro de un proyecto de ley que entró en este Congreso de los Diputados allá por el mes de abril, hace ocho meses. Hemos discutido, debatido, pactado y aprobado mucho sobre esta ley; son cientos los folios que hay escritos en relación con los debates. Querría rechazar algunas de las manifestaciones de algún portavoz en el sentido de la falta de voluntad política y de la falta de acuerdo. El proyecto que entró en el Congreso de los Diputados ha sido modificado ampliamente. El Grupo Socialista ha incorporado más de cien enmiendas de todos los grupos parlamentarios. Alguien puede pedir más voluntad de consenso, pero nadie puede negar que, efectivamente, la ley ha sido modificada introduciendo incorporaciones positivas de todos los grupos parlamentarios. Como decía, la cuestión de hoy es bien sencilla: si se mantiene el veto del Senado no habrá ley para el desarrollo rural; no habrá ley para el medio rural. Si lo levantamos -como espera el Grupo Socialista- tendremos la oportunidad en España, por primera vez en la democracia, de aplicar, a partir del 1 de enero, una ley específicamente para el desarrollo rural. La ley, como ha dicho perfectamente el portavoz del Partido Popular, tiene programa y crédito presupuestario para que pueda aplicarse desde el 1 de enero del próximo año.


Lo primero que quiero expresarles, señores portavoces de los grupos políticos que promueven el veto, es que sepan que si prospera su posición estarán perjudicando al medio rural. Esto es así. Perderá una inyección económica importante de esta ley, una inyección económica para hacer desaparecer los déficit en infraestructuras y en servicios. La memoria económica de la ley fija en 500 millones de euros anuales la aportación de la Administración General del Estado para su aplicación, cantidad que se verá incrementada hasta prácticamente duplicarse con las aportaciones de las administraciones autonómicas y locales. Así pues lo que está en juego, con independencia del contenido de la ley, con independencia de otros debates, es que a partir del 1 de enero al medio rural puedan llegar recursos económicos en una cantidad en torno a 1.000 millones de euros anuales para corregir carencias estructurales en los municipios de los medios rurales.


Ante un debate como el de hoy, tan simple desde mi punto de vista, y después de llevar hablando ocho meses -¡ocho meses!-, que cada uno explique aquí y en el medio rural su responsabilidad, que cada uno explique su posición. Algunas preguntas habría que contestar. Señor Madero, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ustedes tendrían que contestar a la siguiente pregunta: ¿Es bueno para España -para España- que tengamos una política de Estado para el medio rural? (Aplausos.-Rumores.) Segunda pregunta; contesten ustedes: ¿Es posible que España, en el actual marco competencial, pueda tener, pueda aprobar y pueda desarrollar una política de Estado para el medio rural? Y la contestación es sencilla: Sí. (El señor Madero Jarabo: ¡No ésta!) Sí, sí podemos, y precisamente por eso estamos buscando apoyos para que la ley se apruebe y pueda aplicarse.


Hemos hablado mucho del medio rural. El medio rural ha avanzado muchísimo en estos últimos años y es verdad que ha comenzado a percibir los efectos positivos del Estado del bienestar. Pero es evidente -sin hacer análisis catastrofistas, que en alguna ocasión a lo largo del debate se han hecho- que el medio urbano en España está avanzando más deprisa que el medio rural, está avanzando más deprisa en consolidación de derechos y en oportunidades y esta diferencia de progreso económico y social de lo urbano en relación con lo rural es la causa del despoblamiento en muchas zonas rurales del interior de España. Cuando un joven de un pueblecito de cualquier zona de montaña de cualquier comunidad autónoma de España decide abandonar el lugar donde ha nacido y donde se ha criado, no lo hace en muchas ocasiones porque crea que su economía va a ser peor en el medio rural que en el medio urbano. Abandona su pueblo, su zona, porque considera que él y sus hijos van a tener menos oportunidades en educación, en servicios sanitarios, en servicios asistenciales, en cultura, en deporte, etcétera. En definitiva, decide marcharse por un sentimiento de desamparo ante las dificultades que tiene, que percibe y que le hacen imposible estar por dificultades geográficas, climáticas, de escasa densidad de población y de insuficiencia de servicios. Hasta ahora en España se ha hecho mucho en el medio rural y estamos haciendo muchísimo en materia de políticas rurales, pero la realidad es que en política rural todo lo que hemos hecho ha sido desarrollando reglamentos comunitarios, hoy a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y antes con otras medidas de política europea.


Lo que pretendemos hacer con esta ley es algo más, algo adicional a lo que está establecido en la política europea. Lo que pretendemos hacer con esta ley es agregar recursos adicionales, dinero fresco de Presupuestos Generales del Estado, sin cofinanciación europea, dinero de Presupuestos Generales del Estado para hacer desaparecer estas diferencias. Aprovecho para desmentir de nuevo a los portavoces del Grupo Popular, tanto en el Congreso como en el Senado, que han manifestado que esta ley se va a financiar con recursos procedentes de la modulación. Eso no es cierto.
Esta es una ley que tiene recursos propios, presupuesto propio, presupuesto nacional y no nace ni se financia con medidas de la política agraria europea. Estamos aquí para aprobar una ley, un producto legislativo que, como he dicho al principio, también tienen otros países desarrollados de nuestro entorno de estructura federal o cuasifederal. Y también en este asunto habría que preguntarle a quien se opone por qué España no va a poder tener una política general para el desarrollo rural como tienen otros países desarrollados de nuestro entorno.


Quisiera hacer una breve referencia al tema competencial, que justifica la posición contraria del Grupo Vasco y del Grupo Catalán de Convergència i Unió. Desde mi punto de vista, ustedes han magnificado el

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tema competencial, al menos en el marco de esta ley. Vuelvo a reiterar hoy aquí que ni el Gobierno ni el Grupo Socialista pretenden invadir competencias ni de las comunidades autónomas ni de los ayuntamientos. En concreto, haré una breve referencia al Grupo Vasco y simplemente les sugiero que lean esta ley, porque en relación con su aplicación en la Comunidad Autónoma vasca, la ley dice en su disposición adicional primera que, en virtud del Régimen Foral, la aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra de lo previsto en esta ley se realizará de acuerdo con el sistema de concierto y convenio, respectivamente. Creo que la ley en sus justos términos aclara y hace diluir cualquier intento de invasión competencial. Otra cosa es que no se quiera que haya política de Estado de desarrollo rural, lo que respeto pero que no puedo compartir. Existe en la ley un escrupuloso respeto competencial; a las comunidades autónomas se les atribuye en la ley un papel preponderante: aprobarán -lo dice la ley- las directrices estratégicas de desarrollo rural, fijarán las zonas donde se va a actuar en el marco de esta ley, aprobarán los planes de desarrollo rural para cada una de estas zonas y ejecutarán todas las medidas que contemple que sean de su competencia y las que pueda delegarles el Estado en el marco de convenios o conciertos de colaboración. Por tanto, en esta línea de hacer preguntas para que se contesten, ¿alguien puede negar, como dice la ley, que el Gobierno de España cree una comisión interministerial para el medio rural que no existe en este momento? ¿Alguien puede negar que exista, que se apruebe, por medio de un decreto, en coordinación con las comunidades autónomas, un programa nacional para el desarrollo rural? ¿Alguien puede negar que el Gobierno decida destinar nuevos recursos económicos y los enmarque en una ley para el desarrollo rural para cubrir las carencias o deficiencias? Porque este es el papel que se reserva el Estado en esta ley, la coordinación, la aprobación del plan nacional y el establecimiento de medidas de colaboración y cooperación con las comunidades autónomas.


Desde mi punto de vista, es difícil justificar esa posición de invasión competencial, pero creo realmente que lo que es absolutamente imposible, señor Madero, absolutamente esperpéntico, es justificar la posición del Partido Popular, ni desde los pocos argumentos que ha dado ni, desde luego, desde el punto de la invasión competencial. Ni en el trámite del Congreso ni en el Senado, señores del Partido Popular, ustedes han dado ni una razón objetiva para oponerse a esta ley. Su posición con esta ley, como con el resto de iniciativas legislativas que han venido a lo largo de toda esta legislatura, es una posición de obstrucción. (Aplausos.) Ustedes no quieren que haya ley de desarrollo rural, esa es la realidad.
Díganlo. Dígalo en su pueblo, señor Madero; dígalo, senador Lapazarán, también en Navarra; díganlo ustedes en todos los municipios rurales, porque no han dado ni una sola razón que justifique su posición de obstrucción, de veto de enmienda de totalidad a la tramitación de la ley.


Tenemos, por tanto, una buena ley, una ley que tiene objetivos claros, una ley que se ha mejorado en su tramitación, una ley que, como ya se ha señalado, plantea unos objetivos económicos, sociales y medioambientales: objetivos económicos para mantener y ampliar la actividad económica en las zonas rurales; objetivos sociales para mantener y mejorar el poblamiento y elevar el bienestar social de la población que vive en estas zonas y objetivos medioambientales para hacer, conservar, preservar y recuperar el patrimonio natural y cultural de estas comarcas. Creo que es una buena ley, que se ha mejorado efectivamente en el trámite parlamentario y es por lo que espero que en este Pleno del Congreso de los Diputados tengamos votos suficientes para levantar el veto aprobado en el Senado. Si lo conseguimos, estoy seguro de que el medio rural español nos lo va a agradecer y, si no, espero que a los promotores del veto, además de exigirles explicaciones, les exijan responsabilidades, y como tenemos una próxima confrontación electoral, tendremos la oportunidad de escuchar en el medio rural si la gente quiere que haya una ley para el desarrollo rural o prefiere que no la haya, como ustedes promueven con su veto. Desde mi punto de vista, como decía al principio, su posición, señores portavoces del veto, perjudica a los municipios rurales y perjudica, específica y directamente, a los habitantes que viven en el medio rural, y esa posición, si prosperara, estoy seguro -ya les adelanto- no les iba a salir gratis.


Termino mi intervención agradeciendo los apoyos que a lo largo de la tramitación hemos tenido, las aportaciones que se han realizado desde los grupos que han manifestado su apoyo a la ley, específicamente a Esquerra Republicana de Cataluña, a Izquierda Unida, al Bloque Nacionalista Galego y a Coalición Canaria. Pongo de manifiesto, en cualquier caso sin criticar, la posición del resto de los grupos parlamentarios de no apoyo, posición que en esta ocasión lamentamos y que espero que en otros trámites legislativos podamos recuperar.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Alonso.


ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN LA CONTRATACIÓN DE BIENES CON OFERTA DE RESTITUCIÓN DEL PRECIO. (Número de expediente 121/000133.)

El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Pasamos al punto siguiente del orden del día, punto VII: Enmiendas del Senado. Proyecto de Ley de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio. Fijación de posiciones. Grupo Parlamentario Mixto. La señora Fernández Davila tiene la palabra.


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La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Intervengo para posicionarnos -y ya lo decimos inicialmente- a favor de las enmiendas que nos llegan del Senado, pero queremos hacer especial mención a la disposición adicional nueva, que está relacionada con medidas de apoyo a los afectados por los procesos de Fórum Filatélico y Afinsa. Somos conscientes de una problemática tan grande como esta para aquellas personas afectadas por la situación de Fórum Filatélico y Afinsa y que son unas personas que no son responsables en absoluto de lo que está pasando. Las medidas que se recogen en esta disposición adicional nueva pueden ser importantes aunque -somos conscientes de ello- no suficientes. Nos parece importante lo que se recoge en el punto número 1 de esta disposición, que es la necesidad del informe para hacer un balance de las medidas hasta ahora adoptadas por el Gobierno, al hilo además de lo que fue aprobado el 25 de mayo en esta misma Cámara, porque probablemente en ese informe y en ese balance nos demos cuenta de que las medidas no fueron suficientes, pero sobre todo que no fueron debidamente trasladadas de manera que pudiera incorporarse a ellas la mayoría de los afectados, de acuerdo incluso con las limitaciones que las medidas recogían. Quiero decir que hay una queja de las personas afectadas en el sentido de que las condiciones para poder acceder a las ayudas hasta ahora puestas a disposición eran no solo limitadas sino complicadas, lo que hizo que muchas de esas personas incluso no estuvieran interesadas en optar a las ayudas por esa incomodidad, dificultad y hasta imposibilidad de acceder a ellas.


También consideramos oportunas las medidas del punto número 2, tanto la ampliación de los créditos de la línea ICO y de los anticipos como el incremento del límite contemplado hasta el momento y pasarlo de 3.000 a 6.000, así como la ampliación que se hace al 40 por ciento de la cantidad reconocida. Repito que apoyamos esta enmienda del Senado porque es una transacción que se hace entre los distintos grupos y nosotros teníamos presentada una enmienda para apoyar a los afectados del Fórum. Así como apoyamos esta enmienda del Senado -y lo dijimos ya al inicio de esta intervención-, no consideramos que sean medidas suficientes para resolver y al mismo tiempo paliar los problemas de los afectados, sobre todo porque quedan pendientes muchas cuestiones; no todas están sujetas a resoluciones de las Cortes Generales, ni son medidas que tengan que ser resueltas por el Gobierno sino por las autoridades judiciales, por el Poder Judicial, en definitiva, por la resolución a la que lleguen sobre Fórum Filatélico y Afinsa en su momento los jueces. Tenemos preocupación en este tema porque vemos que efectivamente hay más sombras que luces en todo el trámite judicial. Nos gustaría que esto se hiciera con la mayor rapidez posible, de manera que todas aquellas personas que tienen que recuperar las inversiones que tienen en estas dos entidades financieras lo hagan a la mayor brevedad. Por ahí deberían ir todas las medidas que por parte del Gobierno se pudieran adoptar para agilizar desde la instancia judicial esta cuestión. Sabemos que los poderes son independientes, pero queríamos mostrar nuestra preocupación por las sombras de lentitud que el trámite judicial está sembrando en este momento en la opinión pública y concretamente en los afectados.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señora Fernández Davila.


A continuación tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Intervengo con brevedad. Asumimos los motivos de las enmiendas que nos llegan de la Cámara Alta a este todavía proyecto de Ley de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio. Queremos destacar tres enmiendas fundamentalmente. En primer lugar, la referida al artículo 31, que obliga a empresas y a profesionales a poner a disposición de los consumidores y usuarios la información sobre la oferta de restitución y el compromiso de revalorización; junto a ello, la obligación de elevar el contrato a escritura pública, aparte de las cuestiones de menor detalle sobre obligación de mantenimiento, plazos, gastos de otorgamiento, etcétera.
También destacamos, porque es otra enmienda de tipo garantista a favor de los consumidores y usuarios, la disposición adicional nueva -es el caso ya concreto de Fórum Filatélico y Afinsa Bienes Tangibles-, que obliga al Gobierno a presentar un informe sobre las medidas adoptadas -es casi una secuencia histórica de todos los actos habidos al amparo de las leyes en este momento, sobre todo la Ley Concursal-, así como la enmienda a la disposición transitoria única. Por estas razones las votaremos favorablemente.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Mardones.


Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Tiene la palabra la señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, en cuanto al proyecto de ley que hoy vamos a aprobar en este Pleno de forma definitiva, que regula la protección de los consumidores y usuarios en la contratación de bienes con oferta de restitución posterior de todo o parte del precio y en su caso con ofrecimiento de revalorización, hemos de decir en primer lugar que la razón fundamental por la que este proyecto de ley finalmente hoy ya se aprueba, y por tanto ha sido debatido en esta Cámara y en el Senado, es por la situación fundamentalmente dramática en que se encontraron y que todavía en estos momentos siguen padeciendo miles de personas en todo el Estado español.
Aunque es muy frío hablar de proyectos y el nombre de esta ley además es

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más frío todavía, no quisiera que se perdiera de vista que como consecuencia de la inexistencia de una regulación y de una ley como esta anteriormente, estamos hablando verdaderamente de algunas situaciones, aunque no de todas. Dije muy claro cuando debatimos aquí la ley en el Congreso que me parecía que no podíamos generalizar y hablar de igual dramatismo en unas situaciones que en otras. Ha habido personas que realmente habían invertido todos sus ahorros, personas de procedencia trabajadora y humilde, y ha habido también personas que invirtieron pensando que una parte, en todo caso pequeña a lo mejor, de sus ahorros la ponían a través de esta vía para conseguir quizá más beneficios. Por tanto, la situación es diferente. Desde mi grupo, en primer lugar, quiero decir que siempre hemos entendido esta situación dramática, pero hemos intentado separar, como así ha de ser, las responsabilidades. Por tanto, hemos de decir que el Estado realmente intervino por presunto fraude con estafa en estas dos sociedades, que estaban actuando como si desarrollaran actividades financieras cuando eran entidades mercantiles.
A nosotros nos gusta llamar al pan pan y al vino vino y entendemos que esa fue una buena intervención por parte del Estado. Fue una intervención acertada, porque protegió a los afectados de otros posibles males que podían haberse producido de haber continuado la misma situación, que la estafa hubiera continuado, con lo que habría habido más aportaciones y más personas que en un momento u otro hubieran podido ver cómo sus ahorros se perdían. Por eso se tenía que producir esta intervención.


También ha quedado claro que, lamentablemente, hasta la fecha la única regulación existente en esta materia estaba contenida en la disposición adicional cuarta de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, que fue aprobada en la pasada legislatura. Sin embargo, los últimos acontecimientos a los que me he referido, de intervención judicial de estas empresas del sector, han evidenciado la necesidad de complementar esta regulación. Por tanto, esta regulación se tenía que hacer. Ahora bien, durante el trámite en el Senado los grupos parlamentarios han llegado al acuerdo a través de una enmienda transaccional, con carácter extraordinario y dado que el proyecto de ley regula el sector de los bienes tangibles, de adoptar medidas adicionales de apoyo, que no eran realmente el objeto de esta ley, pero que bienvenidas sean para mejorar e intentar solventar aún más las situaciones personales a las que antes me refería. Son medidas adicionales de apoyo más ágiles y efectivas en aras de paliar la situación que en estos momentos padece un gran número de familias afectadas por el fraude de las entidades Fórum y Afinsa. En definitiva, lo que se pretende con esta enmienda introducida en el Senado es intentar que los afectados recuperen lo máximo posible de sus inversiones a coste cero para el propio Estado. No se puede garantizar que se recupere una rentabilidad ofertada en su día por empresas que no han sido transparentes en su actuación y que incluso están bajo sospecha de presuntos delitos que en su momento la justicia habrá de aclarar. Por supuesto, nosotros deseamos que esa aclaración suponga el mejor resultado posible para las personas afectadas, pero no podemos olvidar, y debemos separarlo, que los únicos responsables, señorías, son quienes ostentaban la titularidad de dichas empresas. Por este motivo, la enmienda transaccionada en el Senado intenta atender la situación de los miles de afectados por el supuesto fraude de estas empresas.


Señorías, se debe atender a las personas en función de su situación personal, pero no se debe generar un precedente que pueda utilizarse en situaciones futuras y que la compensación tenga que venir por parte del Estado. Siendo muy dura la situación, que lo es, hemos de intentar atender al máximo a estas personas, pero a la vez también ha de prevalecer el sentido de responsabilidad y dejar claro lo que corresponde al Estado y lo que no debe corresponder al Estado. Por ello, lo que hoy vamos a aprobar aquí, fundamentalmente, y la resalto, esta enmienda transaccional, pretende entre otras cuestiones una mejora de la línea ICO, de anticipos a cuenta aprobados el año pasado por el Consejo de Ministros, ampliando del 15 al 17,5 por ciento y de 3.000 a 6.000 euros los límites contemplados en el actual diseño, y también, y es muy importante para los colectivos en situación de especial dificultad, ampliarlos hasta un máximo del 40 por ciento de la cantidad reconocida en el concurso y con un límite máximo de 15.000 euros. Estamos, por tanto, aprobando una ley que pretende, por un lado, establecer garantías para el futuro en este tipo de actividades y, por otro, intentar solucionar situaciones personales muy dolorosas en este momento.


Nuestro grupo parlamentario entiende que el consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios se acerca a una solución razonable y justa.
Evidentemente no es la solución perfecta que querrían las personas afectadas, pero aun no siendo esa solución perfecta, a pesar de no satisfacer a los afectados por el fraude de las entidades Fórum y Afinsa, sí es la que han considerado el Congreso y el Senado que puede significar una solución. También quiero decir que a pesar de todo esto, mi grupo parlamentario presentó en los Presupuestos Generales del Estado que recientemente hemos debatido una enmienda para una disposición adicional, la cual -también lo digo, debo informar de ello en este momento- fue rechazada, que proponía que se formalizara una mesa estable de seguimiento de la situación de los afectados, en la que, evidentemente, estuvieran el Ministerio de Economía y los representantes de los afectados. Con esta disposición pretendíamos que en esta mesa se sometiera a debate permanente la evolución de este problema y del proceso judicial y en definitiva que hubiera las máximas garantías, pues es cierto -quiero dejar constancia de ello- que hay un malestar importante entre los afectados, porque parece ser que ni llega toda la información a su debido tiempo ni tienen todo el asesoramiento que deberían tener para que individualmente todas las familias supieran en qué momento se está.
Entendíamos que esta disposición adicional, en la que también planteábamos que se incrementara un depósito para las situaciones

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más graves, hubiera sido beneficiosa para este proceso. No obstante, en este momento quiero resaltar que lo que pretendía la ley, que en definitiva es lo que vamos a aprobar hoy, además de esta disposición adicional que mejora la situación individual, era clarificar el ámbito de aplicación de la norma al incluir todas las actividades que consisten en la comercialización por empresarios o profesionales de bienes con oferta de restitución posterior de todo o parte del precio pagado por el consumidor, con o sin promesa de revalorización, independientemente de la forma jurídica que pueda revestir el contrato. En la ley se restablecen garantías de información fijando que las comunicaciones comerciales y la publicidad deberán hacer mención expresa de que los bienes no tienen garantizado ningún valor de mercado y asimismo deberá quedar claro que no se trata de una actividad de carácter financiero, pues no hay captación de fondos reembolsables del público en los términos de la Ley de disciplina e intervención de las entidades de crédito. Hay toda una serie de medidas evidentemente también importantísimas que la ley recoge y que por falta de tiempo no puedo desglosar, pero en todo caso es una ley que, lamentablemente, no existía y que era necesaria, la cual pretende mejorar la situación de las personas afectadas. Deberemos seguir de cerca el proceso que en este momento se encuentra en vía judicial de todas las personas afectadas y esperemos que no se den más situaciones lamentables como la que se ha producido para todas estas personas afectadas en todo el Estado.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora García Suárez.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.


Señoras diputadas y señores diputados, hoy concluye el periplo de este proyecto de Ley de protección a los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio, que supongo que en contra de lo que piensan los inspiradores del proyecto será tristemente conocida como la ley del escándalo de Afinsa y Fórum Filatélico. Ya no voy a referirme a si el carácter de estas operaciones es mercantil o financiero. En nombre de mi grupo he defendido en más de una ocasión el carácter financiero de estas operaciones que ahora se denominan mercantiles. Creemos que cuando se invierte una cantidad de dinero y al final de un periodo te devuelven un importe mayor sobre la base de un contrato, esa es una operación financiera sin matices. También hemos denunciado -así consta en los diarios de sesiones- que en todo este problema que se ha generado a más de 450.000 ciudadanos existen responsabilidades políticas y, como tal, el Gobierno, sea cual sea su color, no puede llamarse a andanas. El Partido Popular cuando observó en su día que podía estallar el tema de Fórum y Afinsa trató de derivar responsabilidades a las comunidades autónomas mediante una modificación, a través de una disposición adicional de la Ley 35/2003, canalizando estas operaciones como mercantiles cuando son claramente financieras. Los organismos reguladores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España o el Ministerio de Economía y Hacienda no se han caracterizado en este asunto por su agudeza y acierto; más bien al contrario, se nos hace difícil aceptar que no hayan detectado con mayor antelación lo que estaba pasando. Recordemos que eran entidades que garantizaron durante más de veinticinco años unos intereses fuera de mercado. No eran además chiringuitos desconocidos. De ahí que nos sorprenda la inacción del Gobierno durante tantos años; de ahí que nuestro grupo parlamentario observe también responsabilidades políticas en este comportamiento.


Este proyecto incorpora una transacción que trata de solventar en parte, en una parte muy reducida, el problema de miles y miles de ciudadanos y sus familias. No somos ajenos, ni mucho menos, a este problema y creemos que la transacción que hoy incorpora el proyecto ha de servir para aliviar las situaciones más extremas. Siendo pragmáticos, creemos que es mejor aceptar esta transacción que no tener nada en absoluto, que sería la otra alternativa. Por eso nuestro grupo ha negociado en el Congreso y en el Senado para llegar a un acuerdo. Nos hubiera gustado avanzar más, pero en este tema no se puede avanzar en contra de la voluntad del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista que lo apoya. Aquí no se acaba el problema, pero tampoco se acaba la posibilidad de ir mejorando en el futuro la situación de los afectados. Desde el Grupo Parlamentario Vasco seguiremos trabajando junto con los afectados para ir avanzando en soluciones más aceptables para los ciudadanos en el marco de la sensatez política y económica. En breve finaliza la presente legislatura, pero después de esta habrá otra legislatura en la que se podrá retomar el asunto. Nos comprometemos a seguir trabajando en el futuro. Sin embargo, hoy creo que ha sido posible -en gran parte merced al Grupo Vasco- llegar a un acuerdo de mínimos que puede solucionar en parte, aunque sea -insisto- mínima, la situación de los más necesitados en este proceso. La aceptamos y seguiremos trabajando.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Azpiazu.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra la señora Bonàs.


La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señor presidente.


Señorías, llegamos al trámite final de este proyecto de ley que viene a cubrir un vacío legal como es la contratación de bienes con ofertas de restitución del precio. Era importante cubrir este vacío legal, que ha afectado a muchas personas. Esquerra Republicana, como ha sido

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la tónica durante toda la legislatura, ha colaborado con los demás grupos para conseguir textos legales en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas. De nuestra aportación queremos destacar que hemos incluido la prohibición expresa de la palabra interés, para que no hubiera dudas de qué tipo de contratos se trata, y que el texto legal debe incluir que la información que debe suministrar la empresa debe ser clara y concisa.
Cómo no, hemos introducido mejoras en relación con las invasiones competenciales, porque ya es una tónica a lo largo de la legislatura. No entendemos cómo los juristas de los ministerios no han tenido tiempo durante cuatro años de estudiar las legislaciones autonómicas.


Respecto a las enmiendas del Senado, la mayoría son técnicas y vamos a votar todas a favor. Queremos destacar la enmienda al artículo 3.1, que va en la línea que nosotros hemos propuesto de que la información sea más clara y más concisa, de obligar a las empresas a informar a los consumidores sobre el tipo de la oferta de restitución, sobre el compromiso de revalorización; hay obligación de elevar el contrato a escritura pública, con indicación expresa de a quién corresponden los gastos de otorgamiento, y de mantener un plazo de quince días durante los que se prohíbe la celebración del contrato. Con ello hemos querido que ese vacío legal que existía sea eliminado y que las personas que se decidan por este tipo de contratos estén más informadas de a qué se arriesgan.


Respecto a la disposición adicional que se ha transaccionado en el Senado votaremos a favor, aunque queremos decir que esta ley -aún proyecto de ley- no se ha elaborado para solucionar solo un caso concreto de estafa.
Este proyecto de ley se ha elaborado para cubrir un vacío legal. Por tanto, si el Gobierno tenía voluntad política de solucionar el problema de los afectados de Afinsa, debía haber recurrido a los medios habituales, que son los reales decretos, y no utilizar ese texto legal, porque es discriminatorio hacia otros afectados de otras empresas que se ven apartados. En un texto legal no puede haber nombres y apellidos de un caso concreto. Creemos que es discriminatorio y sienta un precedente que pondrá al Gobierno en situaciones muy difíciles de solucionar para otras estafas que pueda haber en otros casos. Con estas reservas, vamos a apoyar también la disposición adicional, aunque durante el debate hemos manifestado muchas veces que no podía concretarse en una ley un caso concreto. Si el Gobierno realmente reconocía que tenía alguna responsabilidad política respecto a este caso de Afinsa, debería haber recurrido a lo que hace siempre, que son los reales decretos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora Bonàs.


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán para fijar la posición final respecto a esta ley de mejora de la protección de los consumidores, que supone un incremento de los elementos garantistas a favor del tráfico mercantil y de los consumidores, pero que evidentemente tiene una trascendencia muy relevante referida a los casos de los últimos meses que han afectado a 460.000 ciudadanos vinculados con las empresas Fórum Filatélico y Afinsa. Esta no es una ley para un caso único, esta es la ley que profundiza en la definición de un nuevo marco legal de protección de los consumidores en el tráfico de bienes tangibles, especialmente los consumidores que tengan ofertas de restitución relacionadas con la compraventa de sellos, también con la de obras de arte, con la de antigüedades, con la de joyas e incluso con la de productos provenientes de bosques naturales. Pero, señorías, era y es responsabilidad de los poderes públicos, de las administraciones, del Parlamento, del Gobierno liderar y hacer frente a la situación que se produjo ante la gestión de Fórum Filatélico y Afinsa. Los poderes públicos deben coadyuvar -y una enmienda incorporada a partir de la enmienda 33 de Convergència i Unió en el Senado así lo hará posible- y liderar este proceso para intentar que los afectados salgan de la penosa situación a la que les ha llevado la gestión empresarial. Después haré referencia a esto.


También podríamos decir -y este es un elemento no para la legislación, pero sí para el debate político y quizá para el debate jurídico en sede judicial- que existía una responsabilidad in vigilando por parte de las administraciones públicas y que esta responsabilidad se prolonga transversalmente en distintas legislaturas. Como sea, señorías, en estos momentos estamos ante un proceso concursal que está haciendo su trámite a la luz de lo previsto en el derecho mercantil y en el ámbito del Poder Judicial. También hay personas y colectivos que plantean eventuales y posibles responsabilidades penales de los gestores de las empresas y, justo en la otra cara de la moneda y en un planteamiento diametralmente opuesto, otros colectivos plantean responsabilidades de las administraciones por una forma inapropiada de actuar ante esta grave afectación de 460.000 personas. Pero, señorías, estas cuestiones en todo caso y eventualmente se ventilarían en el ámbito judicial y no son responsabilidad del Poder Legislativo. El Poder Legislativo ha intentado actuar, y hemos conseguido mejorar y dar respuesta al colectivo de afectados por la situación de Fórum Filatélico y de Afinsa, especialmente en el trámite del Senado. Aquí viene la relevancia de lo que hoy discutimos en este debate final en el Congreso de los Diputados. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y otros grupos parlamentarios no encontraron la interlocución suficiente durante el trámite de discusión de esa ley en el Congreso de los Diputados para introducir mejoras. Ha sido en el trámite del Senado y ha sido en el diálogo, que como toda negociación ha sido un diálogo duro y ha sido una negociación dura, en el ámbito del Ministerio de Economía y Hacienda y, concretamente, en la Secretaría de Estado de Economía, donde hemos

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conseguido desarrollar algo que no satisface, evidentemente, al cien por cien ni al 50 por ciento nuestros planteamientos, pero sí que da salida y respuesta a la situación, especialmente a las situaciones más críticas y a las humanamente más difíciles. Señorías, hago referencia a la nueva disposición adicional incorporada en el Senado y que hoy votaremos en el Congreso su aceptación o rechazo, y ya les avanzo el voto afirmativo de Convergència i Unió a la incorporación. Es una nueva disposición adicional que, como ya se ha referenciado por parte de otros portavoces, supone algunas medidas de mejora para los afectados. Concretamente, un incremento de los créditos ICO del 15 al 17,5 por ciento, a interés cero y cubriendo hasta 6.000 euros de los depositados en estas dos empresas, y una cobertura de hasta el 40 por ciento de la cantidad reconocida en el concurso con un límite máximo de 15.000 euros en los casos de desempleo, jubilación o discapacidad y algunas otras condiciones que tienen que concurrir.


Quiero poner especial énfasis en el apartado tercero de esta enmienda transaccional, el que hace referencia al mandato que las Cortes Generales hacen al Gobierno para que, en el plazo de seis meses, elaboren un estudio en el que se analice el impacto de las medidas previstas en el apartado anterior y las posibles alternativas que coadyuven a la devolución máxima posible a los afectados por la declaración de concurso de las entidades Fórum Filatélico y Afinsa, en los ejercicios económicos correspondientes entre los años 2008 y 2011. En este apartado quiero destacar también que, a través de una ley, el Estado, a través del Gobierno, se compromete a que podrá admitir, en la adjudicación de pago de las cantidades que pudiera corresponderle, como créditos concursales, bienes muebles cuya liquidación pudiera resultar compleja y dilatada en el tiempo. Esto evidentemente también facilita la recuperación de patrimonio por parte de los afectados y pone al Gobierno y al Estado en una situación claramente secundaria en el concurso de acreedores. ¿Esto da satisfacción al cien por cien a los planteamientos de Convergència i Unió? No, señorías, pero estamos bastante satisfechos en que desde una fuerza parlamentaria con diez diputados en el Congreso de los Diputados y con seis senadores hayamos podido hacer esta propuesta y este avance. Nos comprometemos desde esta tribuna a hacer un seguimiento del cumplimiento estricto de lo acordado y de todas las medidas que puedan mejorar y beneficiar a los afectados. Nos comprometemos a incorporar en el programa electoral de las elecciones generales del próximo mes de marzo nuevas medidas que estén en coherencia con los artículos 32 y 33 de las discutidas en el Senado. Señorías, a cada cual su responsabilidad, y este grupo parlamentario con su peso en este Cámara ha podido incorporar, conjuntamente con otros grupos parlamentarios, medidas claramente de mejora de la situación de los afectados.


Señorías, estos últimos días, estas últimas semanas, hemos tenido un diálogo largo con amplios colectivos de afectados, con multitud de asociaciones y sólo nos ha guiado y nos guía el deseo de facilitar las situaciones de los afectados. Pero la decisión final corresponde soberanamente a este Parlamento, a estas Cortes Generales. Señorías, este grupo parlamentario desde un ejercicio de responsabilidad, de serenidad y, sobre todo, de honestidad, nunca optará por generar expectativas que conduzcan a la frustración inmediata; nunca. Este grupo parlamentario no entrará en el juego de crear en el Senado un fondo de compensación que habría tenido exactamente siete días de vida, porque a la luz de las intervenciones de otros grupos parlamentarios se ve claramente que, primero, conceptualmente tendríamos un debate, pero que, segundo, no hay mayoría parlamentaria en este Congreso para la consolidación de este fondo, más allá de un discurso más de fondo y de un debate más de fondo.
La mayor irresponsabilidad que se puede cometer en la esfera política y que, sin duda, contribuye también a su descrédito, es generar expectativas a la buena gente afectada -no hablo de las asociaciones ni de los directivos de algunas asociaciones-, a las 460.000 personas afectadas por el caso Fórum Filatélico y Afinsa. Por eso, nos preguntamos qué intereses puede haber para poner en boca de algunos portavoces, de algunos grupos parlamentarios algo que nunca se ha planteado a través de las enmiendas de estos portavoces y de estos grupos parlamentarios. ¿Qué intereses pueden existir? Nuestro interés es dirigirnos directamente a los afectados para explicarles aquello que hemos conseguido, pero también, a estas alturas del debate y con la dureza con la que se ha producido, los intereses de algunos otros que preferían generar expectativas falsas a buscar el bien y la solución posible en el trámite parlamentario.


Señor presidente, termino haciendo una breve referencia a otro aspecto de esta ley. Vamos a votar favorablemente al conjunto de las modificaciones introducidas en el Senado, pero el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta sus reservas, para que consten en el "Diario de Sesiones", sobre la medida extremadamente garantista de hacer pasar cualquier contrato a través de escritura pública. Como la ley del péndulo, hemos pasado de un extremo al otro. Este grupo parlamentario presentó enmiendas en el Congreso para intentar modular la necesidad de escritura pública en función de la cantidad del objeto de la relación comercial. No ha sido así y habrá escritura pública en todos los casos.
Será una cantidad que se incrementará en la relación comercial y que se imputará por partes iguales a la empresa y al comprador -al final, al comprador-, y nosotros habíamos presentado reservas sobre este extremo.
En todo caso, les anuncio el voto afirmativo al conjunto de las enmiendas incorporadas en el trámite del Senado.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Xuclà.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Merino.


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El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, asistimos hoy al último trámite parlamentario del proyecto de Ley de protección a los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio, una vez que ha sido tramitado en el Senado. Pero para hablar del final de este proyecto de ley es necesario hablar del origen, del desarrollo de los acontecimientos, de las consecuencias, de las relaciones y, sobre todo, de los ciudadanos, y de los ciudadanos quiere hoy hablar el Grupo Parlamentario Popular, porque el Gobierno Socialista ha ocasionado a unos 460.000 afectados y a sus familias un daño generado por una intervención judicial de las empresas Fórum y Afinsa propiciada por una actuación de un órgano del Ministerio de Economía y Hacienda. El acta de una inspectora tributaria generó una intervención judicial que provocó, además, un hecho único, y es que estas dos empresas no pudieran seguir desarrollando su actividad empresarial, y eso provocó que los trabajadores de Fórum y Afinsa fueran al paro, que sus clientes perdieran sus ahorros -no son especulaciones, como ha dicho el Gobierno socialista- y que un sector económico haya desaparecido en la práctica, aunque ahora con este proyecto de ley quieren regular un sector que el propio Gobierno socialista se ha encargado de liquidar con actuaciones irresponsables y precipitadas. Señorías, de lo que hoy debemos hablar es de los ciudadanos, de los 460.000 afectados de Fórum y Afinsa y de sus familias, y de qué soluciones damos a estos ciudadanos. Para ello nos votan en las elecciones, para que les representemos y demos soluciones a los problemas, y no para crearles un problema, como ha hecho en esta ocasión el Partido Socialista, que en muchos casos ha llevado a familias a la ruina, en otros casos a graves situaciones económicas a final de mes y en otros muchos a enfermedades derivadas de la situación económica que les ha creado el Gobierno socialista a los afectados de Fórum y Afinsa.


El Partido Popular y el Grupo Popular, desde el primer día de la intervención judicial, dijimos y decimos que a los afectados de estas empresas hay que darles una solución. El Gobierno socialista, el día de la intervención, dijo que era un problema de especuladores, en concreto, el secretario de Estado, señor Moraleda; y parece que esas palabras y ese pensamiento lo han cumplido y ejecutado a rajatabla el Grupo Socialista y el Partido Socialista en este proyecto de ley y en su trato a los 460.000 afectados de Fórum y Afinsa. Los han tratado como a especuladores y no como víctimas y afectados. Señorías, después de un año y medio desde la intervención, el Gobierno socialista no ha dado una sola solución al problema generado por el propio Gobierno. Es más, diría que ha maltratado, insultado y, sobre todo, engañado a los afectados de Fórum y Afinsa. Desde el Grupo Popular siempre hemos defendido la necesidad de dar solución a estos 460.000 ciudadanos, y ello pasa -y siempre lo hemos dicho- por crear un fondo que permitiera a los ciudadanos recuperar su dinero y al Estado recuperarlo con el paso del tiempo, pero evitando el sufrimiento de todas estas familias. Y frente a esta propuesta permanente del Grupo Popular, el Gobierno socialista siempre se ha negado a ello, ha votado en contra, y lo que es peor, ha engañado a los afectados y no les ha dado solución alguna. ¿Qué ha hecho el Gobierno socialista? Publicidad y engaño, crear una línea de créditos ICO que no cubre las necesidades de los afectados y negar, una y otra vez, la propuesta del Grupo Popular de creación de un fondo.


La tramitación de este proyecto de ley en el Senado ha sido la visualización más clara del engaño y del abandono del Gobierno socialista a estas 460.000 familias, en este caso -y lamento decirlo- acompañado en el Senado por CiU y Partido Nacionalista Vasco. En la Comisión de Sanidad del Senado, este proyecto de ley salió con el veto, quedándose solo el Grupo Socialista en esa Cámara en la defensa del proyecto de ley que hoy estamos debatiendo. Entre la celebración de la Comisión y el Pleno del Senado, el Gobierno socialista -y digo Gobierno, no digo Grupo Socialista, ya que la negociación la dirigieron altos cargos del Ministerio de Economía y Hacienda- negoció con CiU y PNV una enmienda relativa a los créditos ICO para los afectados, que más que aportar solución, genera en estas 460.000 familias la sensación de engaño y frustración. Las contrapartidas obtenidas por CiU y PNV a cambio del sufrimiento de los ciudadanos, solo ellos y el Gobierno socialista lo saben. Lo único cierto es que ni el PSOE, ni CiU, ni PNV y, en este caso, el resto de la Cámara, excepto el Grupo Popular y el Partido Popular, pueden mirar a los ojos de los afectados de Fórum y Afinsa y decirles..., y si no, reto a la señora portavoz que mire a los afectados de Fórum y Afinsa cuando suba a esta tribuna y les diga: hemos resuelto vuestro problema con este proyecto de ley. Le invito a que les mire a los ojos y se lo diga a ellos.


La única solución para estos afectados es la del Grupo Popular, la defendida y manifestada desde el primer día: la creación de un fondo. Y a eso, el Grupo Socialista y el Partido Socialista se han negado de forma constante y permanente. ¿Qué es lo que ha aprobado y qué se va a aprobar hoy aquí en esta Cámara, en esa enmienda negociada por PSOE, CiU y PNV? Lo siguiente, señoras y señores diputados, para que todos lo sepamos.
Supone que 237.254 afectados van a poder percibir entre 175 a 875 euros y que 124.807 afectados van a poder percibir entre 2.000 y 2.600 euros, a través de la línea de préstamos ICO. ¿Es está la solución al problema de los afectados de Fórum y Afinsa? Es evidente que esta no es la solución que el Grupo Popular ofrece a los afectados. La nuestra es crear un fondo que les permita recuperar su dinero, porque eso es lo que necesitan y desean los afectados de Fórum y Afinsa. En este proyecto de ley el Gobierno socialista y sus socios, en este caso el resto de la Cámara excepto el Grupo Popular, han perdido la oportunidad de dar una solución a los afectados de Fórum y Afinsa, y no han querido llevarla a cabo, por mucho que hoy hayan dicho todos y cada uno

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de los portavoces. ¿Qué objetivo persigue este proyecto de ley? Está claro que resolver el problema de 460.000 familias de Fórum y Afinsa no es el objetivo, porque la solución es de voluntad política y el Gobierno socialista y todos los grupos que le apoyan no la han tenido. El Grupo Popular y el Partido Popular sí tienen esa voluntad política de solucionar el problema a través de la creación de un fondo, porque esa es la necesidad que tiene Juan Antonio, que tiene Mónica, que tiene José María, que tiene Pilar, y así, hasta 460.000 personas con nombres y apellidos, con sentimientos, con familias y, sobre todo, con sufrimientos desde hace un año y medio, cuando el Gobierno socialista provocó una intervención judicial de Fórum y Afinsa. Intentar regular el sector de bienes tangibles sin tener voluntad de resolver el problema de 460.000 familias es un engaño masivo o, como se dice en la calle, una tomadura de pelo, que en este caso hiere los sentimientos de los afectados, y de ello son culpables todos ustedes con el voto que van a llevar a cabo dentro de unas horas. La enmienda pactada por ustedes en el Senado, la disposición adicional nueva, medidas adicionales de apoyo, ha sido una gran oportunidad perdida para resolver un problema social. Yo les pregunto: ¿Qué diferencia hay entre un afectado por una catástrofe natural y un pensionista afectado por Fórum y Afinsa? ¿Por qué a uno se le ayuda y al pensionista de Fórum y Afinsa se le niega la ayuda? El Grupo Popular, a lo largo de la tramitación de este proyecto de ley tanto en el Congreso como en el Senado, ha hecho el mismo planteamiento, la creación de un fondo para los afectados de Forum y Afinsa, y el Gobierno socialista y los grupos que le acompañan, sus socios, lo han negado de forma reiterada. Pero el Gobierno socialista, además del engaño y el abandono de las 460.000 familias, tiene otro problema, la discrepancia entre el Ministerio de Economía, que considera que es una actividad financiera, y el Ministerio de Sanidad, que considera que es una actividad mercantil. Y yo les pregunto: ¿Va a anular la Agencia Tributaria las actas de inspección a Fórum y Afinsa tras la aprobación de esta ley? Depende de a quién pregunten ustedes del Gobierno, les dirá que sí o les dirá que no.
Esa es la demostración de la descoordinación, de la irresponsabilidad y de la insensatez del Gobierno socialista con las familias y los afectados de Fórum y Afinsa. Quiero decirles aquí, y que conste en el "Diario de Sesiones", que a partir de marzo del año 2008, cuando el Partido Popular vuelva al Gobierno de España, llevaremos a cabo todos los cambios y actuaciones normativas necesarias para resolver el problema de los afectados de Fórum y Afinsa, porque el Gobierno socialista y el resto de los grupos políticos que van a apoyarle en este proyecto de ley han impedido que se le dé una solución en esta legislatura. Además, lo hacemos porque entendemos que dar solución a los afectados de Fórum y Afinsa es un hecho de justicia social.


Quiero terminar, señorías...


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Señor Merino, debe concluir ya.


El señor MERINO LÓPEZ: Voy a terminar, señor presidente. Muchas gracias.


El Grupo Parlamentario Popular no va a votar a favor de estas enmiendas, porque nosotros no somos cómplices de este engaño que ustedes van a llevar a cabo a 460.000 familias. Recomendaría a todas SS.SS. que navegaran por los foros de los afectados y pensaran sobre lo que dicen y sienten los ciudadanos afectados por Fórum y Afinsa.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Merino.


Finalmente, turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Montón.


La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, hoy concluimos el trámite parlamentario de este proyecto de Ley de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio, cuyo objetivo, como dice el título, es la protección de los consumidores. Con la aprobación de esta ley estamos cumpliendo el mandato de esta Cámara de 25 de mayo de 2006, y se ha hecho mediante la regulación de las comunicaciones comerciales exigiendo una información precontractual completa, imponiendo la obligación de formalizar el contrato en escritura pública y de constituir seguros de caución y otras garantías suficientes, cuando el contrato lleve aparejado ofrecimiento de revalorización o garantía de restitución. Este es un proyecto con el que están de acuerdo la Conferencia Sectorial de Consumo y también el Consejo de Consumidores y Usuarios de España y que cuenta con el consenso de todos los grupos parlamentarios, a excepción nuevamente del Grupo Popular; grupos parlamentarios a los que quiero agradecer la voluntad y el esfuerzo importante de diálogo y acuerdo que entre todos hemos ido construyendo y consiguiendo en el Congreso y en el Senado. Fruto de esa voluntad, en el Senado se han pactado transaccionales que desde mi grupo vamos a apoyar porque son beneficiosas. Aparte de las mejoras técnicas estamos de acuerdo en que se especifique si existe oferta de restitución o compromiso de revalorización en la información precontractual, así como que los gastos de escritura corran por cuenta de la empresa o profesional y por parte del consumidor ya cuando se trate de la primera copia, porque nos parece que es poner la balanza más al lado del consumidor. Con igual intención también estamos a favor de que los contratos previos a la aprobación de esta ley se adecuen según sus características y condiciones para que tengan iguales garantías.


Hasta aquí estas enmiendas hablan de futuro, pero esta ley no se olvida del presente, porque también hay lugar para los afectados de Fórum y Afinsa. En concreto, se ha creado una disposición adicional nueva de medidas adicionales de apoyo, para que los afectados puedan mejorar su situación y adelantar la recuperación de las cantidades que determine la justicia, y que son medidas que vienen

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a complementar y reforzar las ya existentes, como el Real Decreto de concesión de subvenciones a asociaciones de consumidores, el impulso de las solicitudes del complemento a mínimos de aquellos pensionistas que no han podido solicitarlo por tener ingresos preferentes de Fórum y Afinsa y la creación de una red rápida de información. De las medidas adicionales quiero entresacar la mejora de la línea ICO de anticipos a cuenta, a la que pueden acceder los afectados de forma inmediata y gratuita, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril, y que ahora se amplía al 17,5 por ciento y a 6.000 euros. Quiero destacar sobre todo que para colectivos en situación de especial dificultad económica y vulnerabilidad, como desempleados, jubilados o personas con discapacidad, entre otros citados en el texto, se podrá ampliar hasta el 40 por ciento de la cantidad reconocida en el concurso, con un límite máximo de 15.000 euros, además de aceptar por parte del Estado la adjudicación en pago en el proceso concursal de los bienes muebles, lo que facilita que los afectados puedan recuperar en mayor medida sus ingresos.


Durante la elaboración de esta ley se ha tenido muy presente a los afectados y se ha pensado constantemente en que esta situación no vuelva a producirse. Desde el Grupo Socialista hemos apostado por el mayor consenso posible, porque llegar a un acuerdo significa que los afectados mejoren su situación. Sin embargo, tengo que decir que el Grupo Popular no ha querido ningún acuerdo, y repito: no ha querido, porque el resto de grupos sí hemos querido y sí hemos hecho esto pensando en los afectados.
Una ayuda eficaz no se hace con propuestas demagógicas, sino con propuestas que se puedan realizar. Siendo realistas y pragmáticos y estando en un procedimiento concursal y penal, la mejor salida que tiene esta situación son las medidas que ha tomado el Gobierno hasta ahora y las incluidas como apoyo en esta ley, que son las que se pueden tomar. Si estuviera el Partido Popular en el Gobierno, sinceramente pienso que no tomaría ninguna de las medidas que predica, aunque eso es política-ficción que no vamos a comprobar. Pienso esto porque al igual que, por un lado, dice que quiere el bien de los afectados, por otro, ha intentado que esta ley no salga adelante, primero, con la enmienda a la totalidad en esta Cámara y, después, con el veto en el Senado. El balance nos muestra que ha querido que esta ley no existiera, porque cualquier acción que retrasara el trámite hubiera imposibilitado la tramitación de ninguna ley por algo tan simple como el calendario parlamentario. Por eso concluyo que ustedes, señorías del PP, no querían ninguna ley y, por extensión, hubieran imposibilitado conscientemente también las medidas de apoyo a los afectados incluidas en ella.


No voy a malgastar ni un solo segundo en rebajar el listón o en distraer el debate en cuestiones como decir que alguien pueda creer que los afectados son especuladores, o en agravios comparativos entre catástrofes naturales y personas estafadas y otras afirmaciones desorbitadas y falsas que quedan en el "Diario de Sesiones" y que se van a contestar solas.
Además de esta contradicción y de no querer bajar el nivel, quiero hacer una precisión y hablar sobre el Fondo de Garantía. Voy a hacer una puntualización con una pregunta: ¿Cómo se puede explicar a los ciudadanos que ahorran sin asumir riesgos y, sobre todo, al 40 por ciento de las familias españolas que tienen dificultades para llegar a final de mes que sus impuestos se destinen a financiar las pérdidas de otros colectivos que sí han podido ahorrar e invertir aceptando voluntariamente un riesgo aparejado al beneficio? ¿No puede ser esto insolidario con el resto de ciudadanos? Pues bien, además de esta contradicción, por no llamarlo intento de engaño, el PP también indica o desliza, con más o menos sutileza en función del portavoz de turno, que de esta situación el culpable es el Gobierno. Eso es falso. Las empresas han sido intervenidas como consecuencia de que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado dos querellas ante la Audiencia Nacional tras una investigación de la Agencia Tributaria, por lo que culpabilizar al Gobierno de la situación que se ha producido es falso. Quizá un ataque tan fuerte, tan demagógico, tan falto de razón sea porque al PP el verdadero origen le incomoda. Señorías, durante el Gobierno del PP -y esto se lo voy decir, señor portavoz del PP, mirándole a usted a los ojos-, en 2002, la Fiscalía General del Estado envió al Ministerio de Economía una denuncia sobre Afinsa por actividades encubiertas; como consecuencia de ella, su Gobierno no tomó ninguna medida. En 2002 se presentó al Ministerio de Economía una denuncia sobre Fórum y Afinsa en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en el Banco de España, y de nuevo no se tomó ninguna medida. Es evidente que de esta situación los culpables son los que han cometido el presunto delito y que de ello se encarga la justicia, que dirá quiénes son esos culpables. Después de los dos datos que acabo de enumerar, otra cosa son las responsabilidades políticas, de las cuales han intentado deshacerse y, de paso, trasladarlas a los demás sin importarles la inconsistencia de sus argumentos. Después de esto, el PP tiene menos legitimidad a la hora de exigir a nadie fuera de sus filas responsabilidades políticas.


Termino agradeciendo la aproximación de posturas de todos los grupos en esta ley y la unión de esfuerzos para adoptar medidas a favor de los afectados y para proteger de posibles futuras estafas. Al contrario, el PP ha querido utilizar esta situación de una forma partidista y electoralista, repito, partidista y electoralista. Lo cierto es que no ha apoyado ni una sola de las medidas que esta Cámara o el Gobierno han aprobado a favor de los afectados, ni una sola. En la práctica, con los hechos, el PP no ha hecho ningún favor a los afectados, ni en 2001 y 2002, cuando volvió la vista hacia otro lado ante las denuncias, ni ahora, en 2007, no apoyando esta ley y las medidas que ella contiene.
Señorías, solo falta el PP en esta ley. Desde esta última intervención les hago un llamamiento a sumarse a la sensatez y al rigor y a los principios generales de esta ley, que son la seguridad, la protección y la transparencia.


Gracias. (Aplausos.)

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El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora Montón.


- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 42/1999, DE 25 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 121/000141).


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Pasamos al punto siguiente del orden del día: Proyecto de Ley de modificación de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de régimen del personal del cuerpo de la Guardia Civil.
Fijación de posiciones. Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Del Senado nos llegan a este proyecto de Ley de régimen del personal del cuerpo de la Guardia Civil tres enmiendas sustantivas de tres planteamientos que allí se han realizado. Nosotros vamos a votar favorablemente las dos primeras enmiendas por entender que se dan unos principios aclaratorios más garantistas, por ejemplo la modificación del artículo 83 con el punto 3, en el que los supuestos que se contemplan en el texto se dan como derechos del afectado para el reingreso en una plaza o destino análogo al anteriormente ocupado siempre que exista vacante de la misma. Insistimos en que es muy importante en la estructura de ocupación de vacantes en las Fuerzas Armadas, igual que en la Guardia Civil, que nunca se pueda producir un ascenso o un destino si no hay vacante del mismo. Por tanto, en esta enmienda se respeta y se matiza el principio de existencia de vacante para realizar el derecho que le corresponde al miembro de la Guardia Civil. Y lo mismo respecto a la modificación que se hace del artículo 97 de la ley con la enmienda número 2 en cuanto a que el afectado podrá cesar en su destino, si lo tuviere, en el supuesto de que después de la correspondiente valoración de la enfermedad, la patología afectada, se puedan hacer las reevaluaciones convenientes al respecto. Esta enmienda también la votaremos favorablemente.


En cambio, nos oponemos a la tercera enmienda que viene del Senado, que ha acarreado la supresión de la disposición derogatoria única como derogación normativa. Creemos que no se puede prescindir del referente de la Ley 54/1961 por la comparación de los devengos, que han tenido incluso repercusión a través de los principios de pensiones de jubilación de miembros de la Guardia Civil y de la entonces Policía Armada -ya que estamos hablando de una ley de 1961-, y esto podría cancelar o suprimir determinados derechos legales que tuviera personal ya jubilado y en clases pasivas de la Guardia Civil y de la Policía. Por eso votaremos en contra de esta tercera enmienda.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Mardones.


¿Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? Tiene la palabra la señora Oliva.


La señora OLIVA I PEÑA: Gracias, presidente.


La Ley orgánica contra de violencia de género estableció el derecho de la mujer funcionaria a solicitar una excedencia por razón de violencia de género con reserva de puesto de trabajo durante los seis primeros meses y siéndole computable dicho periodo a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos, pudiendo prorrogarse estos derechos por periodos de tres meses, con un máximo de dieciocho, cuando la efectividad del derecho de protección lo exigiera. Por otra parte, como recoge la exposición de motivos del proyecto de ley, la Ley orgánica de igualdad efectiva entre hombres y mujeres reconoció, en primer lugar, el derecho de la mujer funcionaria en excedencia por razón de violencia de género a percibir durante los dos primeros meses de dicha excedencia las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. En segundo lugar, dicha ley amplió hasta los tres años el periodo máximo de excedencia para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, ampliando a los dos primeros años la reserva del puesto de trabajo que se estaba desempeñando. En tercer lugar, también amplió la situación de excedencia en caso de acogimiento de menores hasta seis años, entre otros casos. Y finalmente, también se amplió la situación de excedencia para los casos de reagrupamiento familiar. El proyecto de Ley de modificación de la Ley 42/1999, del régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, extiende a los miembros de la Guardia Civil las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar y las medidas de protección de la mujer en situación de violencia de género previstas por la Ley orgánica integral contra la violencia de género y la Ley orgánica de igualdad efectiva entre hombres y mujeres que ya se han actualizado en el ámbito de la Función pública.


Por lo que respecta a las enmiendas que vienen del Senado, la primera, al apartado 3 del artículo 83, mejora precisamente este artículo al vincular la situación de excedencia voluntaria, cuando sean designados como candidatos a elecciones para órganos representativos públicos en ejercicio del derecho de sufragio pasivo o resultaran elegidos en las mismas, al derecho de reingreso en un puesto análogo al anterior ocupado en la misma localidad, siempre que existiera vacante. Se equipara, pues, al régimen general de la Función pública, porque de otra manera se dificultaría que los guardias civiles pudieran ejercer el derecho constitucional contenido en el artículo 23 de la Constitución española a la participación en los asuntos públicos. La segunda enmienda del Senado modifica el apartado 2 del artículo 87, de manera que precisa los requisitos por los

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cuales puede optarse por el cese de destino del personal en el supuesto de inicio de un expediente por insuficiencia de condiciones psicofísicas. En tercer lugar, para terminar, el Senado ha aprobado una enmienda de supresión de la disposición derogatoria única. En la memoria justificativa del proyecto de ley se dice textualmente que seguir manteniendo solamente para cabos y guardias civiles la gratificación económica de permanencia en el servicio atenta al principio de igualdad.
Asimismo, aporta elementos de comparación como que los oficiales y suboficiales obtienen la Orden de San Hermenegildo y que los cabos y guardias civiles obtienen la Cruz a la Constancia en el Servicio. Aunque no son órdenes pensionadas, nos parece que son cuestiones atemporales, y por ello el voto de nuestro grupo parlamentario respecto a esta enmienda será el de abstención, no así al resto del proyecto de ley, en el que nuestro voto será favorable. (La señora vicepresidenta, Calvo Poyato, ocupa la Presidencia.)

Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Oliva.


Es el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y tiene la palabra el señor Maldonado.


El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señora presidenta.


Señorías, comparezco en nombre de Convergència i Unió para defender la enmienda presentada por dicho grupo en el Senado al apartado 2 del artículo 97, que se aprobó en el Senado y que hoy retorna a este hemiciclo. Es una enmienda que intenta preservar los derechos laborales y profesionales de los guardias civiles que se vieran inmersos en un expediente por insuficiencia de condiciones psicofísicas, y con ella se pretende que, aun cuando se adopte esta medida preventiva de cese en su destino, se debería mantener la misma situación administrativa hasta que finalice el expediente. Es una enmienda, señorías, que cubre el posible retorno del guardia civil o de la guardia civil a su mismo puesto de trabajo si al finalizar el expediente éste así lo permitiera, o sea que Convergència i Unió intenta, de alguna forma, evitar la indefensión de unos trabajadores cuya situación, por motivo de un expediente, pudiera quedar interrumpida durante un tiempo y al retorno encontrarse con un problema de ubicación laboral.


Respecto a la ley, nuestro grupo votará a favor de la misma tal y como ha llegado del Senado, por lo que votaremos a favor de todos los aspectos que creemos que son mejoras técnicas de una ley a la que nosotros hemos aportado todo lo que nos ha parecido positivo para aquellos a quienes iba dirigida. Votaremos a favor de esta ley que cierra un ciclo, que significa mejorar y democratizar el trabajo de los guardias civiles, del colectivo y de sus familias. Convergència i Unió cree que esta ha sido una legislatura positiva desde algunos puntos de vista y no tanto desde otros. Aprovecho para hacer mención una vez más de leyes aprobadas que han invadido las competencias autonómicas de Cataluña, de Euskadi, de Galicia, etcétera, con el apoyo algunas veces incluso del tripartito, otras de la pinza PP-PSOE, pero también es cierto, señorías, que esta ha sido una legislatura en la que entre todos los grupos -hablo de derechas, izquierdas, nacionalistas, mixtos, etcétera-, repito todos, hemos conseguido que hubiera un ciclo de leyes sobre los militares y la Guardia Civil, ciclo que hoy acabamos. Se ha llevado a cabo un ciclo legislativo importante. Esta ha sido una legislatura en la que entre todos -creo que ha sido un periodo de consenso legislativo desde el punto de vista de leyes que afectan a los militares y a los guardias civiles- hemos conseguido democratizar el Ejército y la Guardia Civil y modernizar sus condiciones laborales. Hemos conseguido aspectos muy importantes. Es verdad que nos hemos quedado cortos -es verdad- en lo relativo al asociacionismo, a las manifestaciones, etcétera, pero es verdad también que el Ejército y la Guardia Civil tienen hoy instrumentos legislativos que dignifican su trabajo desde el punto de vista laboral y que democratizan su labor. Y esto, señorías, Convergència i Unió lo valora favorablemente.


Una vez dicho que votaremos las tres enmiendas que nos llegan, dos del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y una del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y que votaremos tal como llega el proyecto de Ley de modificación de la Ley de régimen del personal del cuerpo de la Guardia Civil 42/1999, de 25 de noviembre, quiero acabar mi intervención diciendo que mi grupo valora favorablemente la voluntad de consenso que ha habido entre todos los grupos. Hoy toca hacer valoraciones; creo que esta será la última ley que aprobamos de este ámbito -como decía antes, este ciclo se cierra hoy-, y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) valora la voluntad de consenso que ha habido con los ministerios, con el partido del Gobierno y con el partido de la oposición. En temas de Guardia Civil y de Ejército hemos actuado muy al unísono. A nosotros nos ha movido solo el deseo de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y el futuro de sus familias y, cómo no, avanzar en la democratización de dos estamentos, Ejército y Guardia Civil, que vienen de lejos pero que tenían leyes del inicio de la democracia que había que adecuar y democratizar, y queremos agradecer públicamente esta voluntad de consenso de todos los grupos presentes en el hemiciclo en la mayoría de leyes. Este consenso se inició -aunque esté ausente creo que es de justicia mencionarlo- con el ministro Bono. Creo que él demostró una voluntad de renovación y democratización del Ejército de una manera pactista, y vaya también mi recuerdo y agradecimiento a su voluntad de pacto en temas que democratizaban y mejoraban el Ejército, lo que fue continuado por el ministro Alonso y también por el ministro Rubalcaba. Por tanto, hoy se cierra un ciclo legislativo importante en el cual un partido nacionalista podría haber estado ausente en un debate que podría parecer ajeno a nuestros intereses políticos, electorales, etcétera, pero no ha sido así por nuestra voluntad permanente de estar allí donde

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haya gente que necesite el apoyo de Convergència i Unió. Aquí había trabajadores, hombres y mujeres que trabajaban, unos en el Ejército y otros en la Guardia Civil, y por tanto nuestro grupo no ha estado ausente, sino que ha tenido voluntad de mejorar todas esas leyes. Muchas enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se han incorporado, al igual que las de otros grupos parlamentarios. Por tanto, hoy, cuando se cierra el ciclo de mejora legislativa de la Guardia Civil y del Ejército, queremos dejar constancia de que nosotros, a pesar de que no valoramos bien esta legislatura en cuestiones autonómicas, competenciales, etcétera, sí la valoramos bien desde el punto de vista de estas leyes en las que nosotros hemos intentado, en la medida de las posibilidades, estar presentes para mejorar y aportar aquello que desde el punto de vista de mejora de la ley podía ser aceptado. Se nos ha aceptado muchas veces, la mayoría de ellas, y por eso queremos agradecer la voluntad de pactos de consenso mayoritario entre todos los grupos que hemos tenido aquí durante estos cuatro años.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Maldonado.


Tiene la palabra el señor Garre en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


El señor GARRE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, es el turno de fijación de posiciones del Grupo Parlamentario Popular, al que ahora represento, en torno al proyecto de Ley de modificación de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de régimen del personal del cuerpo de la Guardia Civil.


Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, el señor Maldonado, que me ha precedido en el uso de la palabra, decía que efectivamente ha habido un alto grado de consenso en torno al proyecto de ley que el Gobierno de España presentó. Durante toda la mañana se ha hablado y dialogado en este hemiciclo sobre el diálogo y el consenso de los distintos grupos parlamentarios, y es que en ocasiones, aunque no se busque de propósito, con motivo de cualquier iniciativa parlamentaria o de un proyecto de ley como el que ahora nos ocupa, se pone de manifiesto que los pueblos, las ciudades, las regiones o una nación, aun seccionada artificialmente por los que la habitan o por sus legítimos representantes, son, además de un espacio físico, el marco de convivencia de seres humanos que se relacionan entre sí. Es solo eso, pero ni más ni menos que eso. Esta convivencia y esta relación deben alimentarse de las ideas que nacen de la reflexión en viva voz, del intercambio sosegado de pareceres en la contraposición de las ideas y, en suma, del diálogo y su elemento básico, la palabra, instrumento fundamental del parlamentario.
Señorías, como si todos los ponentes hubiésemos coincidido en la reflexión anterior, el proyecto de ley a cuya reforma nos contraemos y su proceso parlamentario se han constituido en el vivo exponente del diálogo y el consenso, tan necesarios a la actividad legislativa, que, a nuestro juicio, además de otras virtudes, debe estar investida siempre de permanencia para evitar disfunciones normativas en el tiempo, y el consenso propicia precisamente esa deseada permanencia.


Señora presidenta, para nuestro grupo el proyecto de ley procedente del Ministerio del Interior y las enmiendas que lo han enriquecido hasta ahora suponen una iniciativa legalmente necesaria, socialmente aceptada y sobre todo políticamente compartida, con independencia del resultado de la votación que se produzca tras el debate de las tres enmiendas procedentes del Senado. Nosotros vamos a apoyar estas enmiendas. La primera, la transaccional surgida en el Senado entre Entesa y el PSOE, al artículo 83.3, nueva, porque añade un nuevo inciso para preservar al guardia civil que se presente a elecciones, salga o no elegido, el derecho al reingreso en plaza, puesto o destino análogo al anteriormente ocupado en la misma localidad, siempre que exista vacante. Vamos a apoyar también la enmienda de Convergència i Unió, similar a la número 8, que se debatió ya en el Congreso, al artículo 97.2, en la que entonces nos abstuvimos ya que el término podrá, derivado de una presunción, no precisa un criterio objetivo y podría dar lugar a discriminaciones, pero la enmienda de Convergència i Unió que ahora sugiero que apoyemos contempla y añade el término más riguroso se apreciare, entendemos que facultativamente, criterio mucho más preciso. Por último, apoyamos y vamos a votar afirmativamente la enmienda que se opone a la derogación de la Ley 54/1961, sobre devengos del personal de la Guardia Civil y de la Policía Armada, porque si la memoria del proyecto sostiene como objetivo la igualdad efectiva, la supresión de esta ley, si no la igualdad, sí que quiebra la equidad establecida en dicha ley.


Si ahondamos en el proyecto de ley, podemos decir que es un texto legalmente necesario porque, aprobadas la Ley 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, e incluidas esas normas en la Ley 7/2007, del Estatuto básico del empleado público, se hace necesaria la reforma del artículo 83 de la ley a modificar para que también la mujer guardia civil pueda disfrutar de los periodos de excedencia y prestaciones recogidos en las citadas leyes en orden a su vida personal, familiar y laboral y, por tanto, a la igualdad entre hombres y mujeres dentro del cuerpo de la Guardia Civil. De otra parte, el proyecto y las enmiendas planteadas al artículo 97.2, relativas al expediente por insuficiencia de condiciones psicofísicas del personal, también ha sido abordado de manera suficiente y ampliamente consensuado para impedir el cese ab initio y automático del sujeto a expediente poco razonado, como ocurría hasta ahora, para que en su lugar se haya de atender al informe emitido por facultativos competentes, preservando para el afectado su situación anterior a la apertura del expediente.


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Por eso decimos que esta era una reforma legalmente necesaria.


Decimos también que esta modificación es socialmente aceptada, porque difícilmente podría entenderse que la normativa encaminada a proteger a las víctimas de violencia de género -con independencia de su mayor o menor fracaso- o a la que contempla la igualdad entre mujeres y hombres, con todas las reservas que afectan al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no tuviese su incardinación en la totalidad de los sectores de la sociedad española. Por último, decimos que este proyecto de ley y su trámite parlamentario han sido excepcionales y políticamente compartidos, porque a nadie escapa que esta legislatura -aunque es verdad, como decía el señor Maldonado, que en cuestiones referidas a los institutos armados nos hemos puesto con mucha frecuencia de acuerdo- no ha sido precisamente un cúmulo de consensos. Es gratificante observar que el deseado consenso se produzca precisamente en torno a una institución de naturaleza militar, creada hace ahora 173 años por un navarro, don Francisco Javier Girón Ezpeleta, segundo duque de Ahumada, y a la que nuestra Constitución encomendó en su artículo 104 proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los españoles y garantizar la seguridad ciudadana. Es además una institución muy valorada por la sociedad española, conocida vulgarmente como la Benemérita, que todavía tiene acuartelamientos en casi toda España, en cuya fachada siempre ondea y va a seguir ondeando la bandera española y en cuyo frontispicio puede leerse su divisa: Todo por la patria. Quiero mostrar nuestra satisfacción por el hecho de que, aun mínimamente, podamos devolver todos los grupos de la Cámara, como hacemos en el día de hoy a través de los derechos que la modificación contempla, tanto valor y tanta entrega por España y por todos los españoles del benemérito cuerpo de la Guardia Civil. Ojalá sepamos encontrarnos otra vez en el acuerdo si por desgracia, Dios no lo quiera, la Guardia Civil se viese atacada por el terror de los asesinos.


Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Garre.


Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor González Serna.


El señor GONZÁLEZ SERNA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, en primer lugar quisiera destacar que el proyecto sobre el que nos encontramos debatiendo supone para la Guardia Civil continuar avanzando por el camino del aumento de derechos y de la mejora de las condiciones sociolaborales, un camino que se ha impulsado con decisión y con claridad por el Gobierno y por la mayoría de esta Cámara durante la presente legislatura. Podría pensarse que por ser esta una ley que consta de un artículo único es una ley de importancia menor, pero a mi juicio, a juicio del Grupo Socialista, no es así y no lo es porque este es un proyecto legislativo que supone la incorporación a la esfera de los derechos de los hombres y mujeres que trabajan en la Guardia Civil de importantes avances que traen causa en los cambios normativos derivados de la entrada en vigor de normas jurídicas, como la Ley de Igualdad, la Ley de protección contra la violencia de género o el mismo Estatuto básico del empleado público.


Permítanme, señorías, que enfatice dos aspectos concretos que a este grupo, al Grupo Socialista, le merecen especial atención. El primero, que con esta ley se dota de una protección especial al personal femenino de la Guardia Civil que pudiera ser víctima de la violencia de género. Y el segundo, que con esta ley se impulsa la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el cuerpo de la Guardia Civil. Ambos aspectos se consiguen mediante una regulación más amplia del derecho a la excedencia voluntaria, una regulación desde ahora análoga a la del resto de los funcionarios públicos, y ello con la finalidad de favorecer la igualdad efectiva entre los hombres y mujeres, también en el instituto armado.


En apretada síntesis y de forma muy concreta, señorías, la ley supone incorporar al ámbito de los derechos de los y las guardias civiles, fundamentalmente y en primer lugar, el derecho a solicitar la excedencia por razón de violencia de género con reserva del puesto de trabajo. En segundo lugar, el derecho a percibir las retribuciones íntegras durante un periodo de la excedencia por tal razón. En tercer lugar, la ampliación del periodo máximo de excedencia para atender al cuidado de un familiar a su cargo. Y, por último, el supuesto de excedencia voluntaria por agrupación familiar.


Dedicaré unos instantes a referirme a la tramitación parlamentaria.
Sinceramente, considero que las aportaciones de los distintos grupos en el Congreso y en el Senado han servido para mejorar la ley técnicamente y desde la perspectiva del contenido. En definitiva, su paso por ambas Cámaras ha servido para perfeccionar la ley, lo que agradezco en nombre del Grupo Socialista, como también agradezco el esfuerzo por aproximar posturas que ha hecho la mayoría de los grupos de la Cámara tanto en el trámite en el Congreso como en el Senado. En consecuencia, ya les anuncio que votaremos favorablemente las enmiendas procedentes del Senado números 1 y 2, si bien votaremos en contra de la número 3, que es la que suprime la disposición derogatoria única, pues supone la derogación expresa de algo ya derogado de forma tácita.


Finalmente, señorías, me gustaría acabar mi intervención resaltando lo que considero más importante. La ley que vamos a aprobar supone dar otro impulso a las profundas reformas legales experimentadas en la Guardia Civil durante la presente legislatura. Supone continuar avanzando por un camino cuyos primeros y más importantes tramos fueron la aprobación de la Ley orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil y la aprobación de la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario, dos leyes -permítanme que

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lo repita- que no solo han supuesto la generación de un nuevo marco legal, sino que también han situado a los hombres y mujeres de la Guardia Civil en el siglo XXI en lo que a su régimen de derechos y deberes se refiere, dos leyes que sobre todo han supuesto dar respuesta a las aspiraciones de miles de hombres y mujeres que prestan sus servicios en la Guardia Civil.


Acabo ya, señorías, diciendo que esta legislatura que pronto va a finalizar se ha caracterizado fundamentalmente por la buena marcha de la economía, por la intensa creación de empleo y por la ampliación del Estado de bienestar, pero especialmente se ha distinguido por la ampliación de derechos a los ciudadanos. Esta ha sido, como ninguna otra, la legislatura de ampliación de derechos para los ciudadanos. Todos y todas tenemos en la retina el amplio elenco de normas jurídicas con rango de ley aprobadas por esta Cámara que han supuesto más derechos de ciudadanía. En consonancia con esa dinámica general, también la Guardia Civil, también los hombres y mujeres que velan por nuestra seguridad, han visto cumplidas sus expectativas de modernización de su régimen jurídico y de ampliación de derechos. Esta ley, señorías, contribuye a ello.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor González Serna.


- PROYECTO DE LEY PARA LA REGULACIÓN DEL RÉGIMEN DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN. (Número de expediente 121/000144.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Iniciamos el punto 37, debate de las enmiendas presentadas al proyecto de Ley para la regulación del régimen de las empresas de inserción. Es el turno del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Fernández Dávila, pero no la veo. ¿Grupo Parlamentario de Izquierda Unida? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Olabarría? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señores diputados, en lo referente a las enmiendas del Senado, y salvando aquellas que suponen una mejoría en el texto, vamos a manifestar lo siguiente. Consideramos adecuada la inclusión realizada en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la ley. No podía ser de otra manera, porque la inclusión de que las comunidades autónomas puedan determinar otras funciones que deben realizar las empresas de reinserción en su relación con los servicios sociales públicos y los servicios públicos de empleo, más allá de las estrictamente comprendidas en el texto de la ley, va en la línea de lo que ha defendido nuestro grupo parlamentario. Hemos defendido desde el inicio de la legislatura la protección y, si cabe, el incremento de las competencias de las comunidades autónomas y, en particular, las competencias que la Generalitat de Catalunya tiene atribuidas en el nuevo Estatut.


Respecto a la modificación comprendida en el apartado 1 del artículo 12, entendemos la filosofía de la modificación propuesta y la compartimos. Es decir, por su propia naturaleza, el contrato de trabajo entre las empresas de inserción y los trabajadores en situación de exclusión no puede tener una vigencia indefinida, pues lo que se pretende es una transición de dichos trabajadores hacia el mundo laboral y, por tanto, hacia la consecución de un contrato ordinario de trabajo. No obstante, si bien este es el objetivo de esta enmienda, creemos que el redactado no excluye la contratación indefinida ya que no se excluye de forma expresa; simplemente se omite.


No nos parece adecuada la modificación del apartado 1 del artículo 13. No nos gusta que, en los supuestos de modificación de la jornada inicialmente pactada, la empresa de inserción -tal como se pretende- tan solo tenga que comunicar la modificación a los servicios sociales públicos. Preferimos el texto aprobado en el Congreso, es decir, que sea necesario el informe de los servicios sociales públicos competentes.


De igual manera, no se entiende la desconfianza hacia los servicios sociales públicos, porque de nuevo se insiste en suprimir el apartado 2 del artículo 13. Se parte, a nuestro entender, de una total desconfianza -repito- hacia los servicios sociales públicos. Entendemos que, por la propia naturaleza del trabajador con problemas de exclusión social, es razonable que las ausencias al trabajo por distintas causas tengan razones terapéuticas y deban ser justificadas cuando así lo determinen los servicios sociales competentes. No entendemos esta orientación de nuevo cuño que a nuestro entender se da en las enmiendas del Senado de querer desligar las empresas de inserción laboral de los servicios sociales públicos. Creíamos que esta era precisamente una de las grandes ventajas y lo que hacía progresista la ley en tanto en cuanto obligaba también a las empresas a no caer en la trampa. Además, ustedes saben que hay al acecho algunos tiburones que quieren sacar ganancias y ven que se abre un nuevo mercado. Los servicios sociales públicos tienen que vigilar la evolución de las empresas de inserción laboral en tanto en cuanto exigimos un compromiso por parte de la Administración pública en su protección y fomento.


También debo manifestar, en lo referente a las enmiendas introducidas en el apartado 4 del artículo 15, que no creemos necesaria su incorporación.
Entendemos que establecer doce meses de contratación mínima y tres años de máxima es correcto, máxime cuando en el redactado inicial se posibilita poder establecer otros contratos de duración menor, siempre con un tope de seis meses. Por supuesto, insistimos en esta orientación de control por parte de los servicios sociales públicos. Nos parece adecuada la introducción de un párrafo nuevo en la letra a) del apartado 3 del artículo 16, toda vez que el texto aprobado en el Congreso no establecía los requisitos que debían cumplir las empresas de inserción para beneficiarse

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de las bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social. Este vacío legal podía impedir o dificultar a estas empresas acceder a estas ayudas.
Con ello, por tanto, se clarifican los requisitos para acceder a dichas ayudas. Asimismo nos parece adecuada la inclusión, mediante una nueva disposición adicional, la quinta concretamente, de un requisito temporal para que los servicios sociales públicos competentes emitan los informes que se le solicitan al amparo de lo dispuesto en la ley. Establecer un límite de diez días hábiles para emitir dichos informes aporta mayor seguridad jurídica tanto a las empresas de inserción como a los propios trabajadores. En la medida que nosotros pedimos que las empresas no puedan actuar al margen de los servicios sociales públicos, también la ley tiene que apremiar a los servicios sociales para que sean diligentes y no se atrincheren en la burocracia para sabotear -dicho sin mayores intenciones- el proceso productivo de las empresas, que ya es muy dificultoso porque tienen que competir en una sociedad de mercado donde muchas veces no están en igualdad de oportunidades.


También consideramos adecuado lo previsto en una disposición adicional nueva, la sexta, de abrir la puerta para que, vía reglamento, las inversiones para crear, desarrollar o consolidar las empresas de inserción puedan gozar de un trato fiscal específico. Ello debe servir de estímulo para la creación y consolidación de dichas empresas, tan necesarias. Es evidente que hay que dotar -y en el marco de la nueva legislatura habrá que afrontarlo- de mayores capacidades y mayores posibilidades a las empresas de inserción laboral para que puedan competir en un marco de mayores ventajas respecto a las empresas que acceden, por ejemplo, a las contrataciones públicas que realiza la Administración General del Estado.


Finalmente, daremos apoyo a la modificación de la disposición final quinta. Ya hemos dicho al principio de nuestra intervención cuál ha sido nuestra posición como grupo parlamentario republicano en los temas competenciales. Además, en la defensa de las enmiendas presentadas ya dijimos lo mismo que en la enmienda que se propone desde el Senado; es decir, defender las competencias exclusivas en materia de asistencia social que tienen atribuidas determinadas comunidades autónomas. Lo que no acabamos de entender -de hecho, no lo entendemos y nunca podrá entenderse- es que el Partido Popular en el Senado apruebe unas enmiendas que pretenden ir más allá o al menos blindar lo que pudiera ser una invasión competencial y, en cambio, aquí tenga otra posición. Supongo que se trata de un juego estrictamente parlamentario de ir poniendo escollos a las tramitaciones parlamentaria, puesto que hoy veremos cómo estas enmiendas incorporadas en el Senado, que de alguna manera blindan la cuestión competencial con el apoyo del Partido Popular, serán rectificadas por los compañeros de partido presentes en esta Cámara, lo cual no deja de ser una esquizofrenia. Es un juego parlamentario que se establece de forma recurrente, con una dialéctica perversa, entre el Congreso y el Senado.


En definitiva, nos ratificamos en que esta ley era necesaria y estamos orgullosos y satisfechos de haber contribuido a acelerar y a comprometer al Gobierno en su aprobación. Es una ley reivindicada desde hace muchos años por las empresas que pretenden sacar de la exclusión social y de la pobreza a tantos ciudadanos que han tenido la desgracia de caer en ella por razones estrictamente de mercado, de sociedad capitalista.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Tardà.


Señorías, esta Presidencia no encuentra ningún inconveniente para que, aunque ha decaído su derecho reglamentariamente, la señora García Suárez, en nombre de su grupo, utilice un turno en defensa de las enmiendas. ¿Hay algún grupo que se oponga a ello? (Pausa.)

Señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchísimas gracias, señora presidenta, y muchísimas gracias a todos los grupos parlamentarios.


Ante todo, quiero manifestar la satisfacción de mi grupo por que esta ley vea finalmente la luz en la presente legislatura. En España, las empresas de inserción llevan veinticinco años sobreviviendo en una situación de alegalidad, pero a pesar de sus dificultades han tenido un papel vital en las políticas de lucha contra la exclusión social en nuestro país. Ahora seguirán teniendo este papel vital, sin duda, pero en mejores condiciones y dentro de un marco que ampara y promueve su creación y desarrollo.
Nuestro grupo hubiera querido que en algunos aspectos de la ley, concretamente en el fomento del sector, se hubieran dado pasos más valientes y se hubieran podido prever ayudas para las propias empresas y no tan solo para los trabajadores. En cualquier caso, se trata de una deuda pendiente, de un paso adelante importante y de un compromiso con el sector desde la década de los noventa. Debo decir aquí que nuestro grupo ya en el año 1995 registró una proposición de ley en este sentido y hoy, doce años más tarde, doce años después, aprobamos por fin una ley que tiene como punto fuerte el reconocimiento real y efectivo de las empresas de inserción.


En el trámite del Senado se han incorporado trece enmiendas y dos enmiendas transaccionales, respecto de las cuales nuestro grupo va a apoyar prácticamente todas. Me explicaré. La enmienda número 2, incorporada por el PNV a la exposición de motivos, al apartado II, pone de manifiesto que el germen y el verdadero sentido de las empresas de inserción está en el territorio y que es quien mejor conoce las necesidades de su población en el ámbito social y laboral. La enmienda número 29, del Grupo Parlamentario Socialista, también la vamos a apoyar.
Se trata de reflejar, también en la exposición de motivos, los colectivos que son objeto de las empresas de inserción. Las enmiendas números 25 y 26 introducen en el artículo 10 la debida salvaguarda competencial, en el sentido de que las empresas de inserción se relacionarán

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con los servicios sociales públicos según lo previsto en las respectivas normativas autonómicas. La enmienda número 28, del Grupo Parlamentario Popular, también la vamos a apoyar. Dicha enmienda contempla que el contrato de trabajo pueda celebrarse por duración determinada. Nosotros también teníamos una enmienda en este sentido que no prosperó en su momento aquí, en el Congreso. La enmienda número 50, de Convergència i Unió, al artículo 15.4, permite una mayor flexibilidad en la duración del contrato, planteando que puede concertarse por un periodo entre seis meses y cuatro años, en lugar de doce meses y tres años, por lo que en este sentido también nos parece positiva. Las enmiendas números 31 y 32, del Grupo Parlamentario Socialista, a los artículos 15.6 y 16.3 respectivamente son de mejora técnica y también las votaremos a favor. La disposición adicional quinta, transaccionada con todos los grupos, nos parece fundamental porque establece un plazo de diez días hábiles para que los servicios sociales puedan emitir informe. La enmienda número 52, de Convergència i Unió, prevé que, mediante reglamento, se puedan establecer beneficios fiscales para favorecer las inversiones de creación y mantenimiento de las empresas de inserción. La enmienda 19, del PNV, es de salvaguarda de competencias autonómicas en lo relativo a infracciones.
La enmienda 53, de Convergència i Unió, también otorga mayor concreción competencial al conjunto de la ley.


Aparte de estas modificaciones, quisiera recordar las ya introducidas en el primer trámite en el Congreso. Me permito destacar como más relevantes las relativas a las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, que finalmente se establecen en 850 euros anuales, y la posibilidad de que las empresas de inserción se organicen en una estructura asociativa y puedan recibir ayudas económicas para su promoción y funcionamiento.


Nuestro grupo también mejoró sustantivamente el proyecto de ley. No voy a repetir la intervención que hicimos en la Comisión, en la que reflejábamos todas nuestras enmiendas particulares, pero sí quiero decir que lamentamos que no haya sido posible llegar a un acuerdo en algunas de ellas, concretamente en la enmienda 50 al artículo 2.1, que recogía la posibilidad de ampliar los colectivos susceptibles de acogerse a esta ley en función del criterio de los servicios públicos competentes. Era el cajón de sastre de los colectivos. Lamentamos que no haya sido posible, pero vamos a seguir insistiendo. Hoy aprobamos esta ley, pero eso no quiere decir que no tenga posibilidades de mejora si todos llegamos a la conclusión de que nos hemos dejado un tema importante en el tintero.
También lamentamos que no se haya aceptado nuestra enmienda 52, al artículo 5, que perseguía eliminar el requisito de que al cuarto año el 50 por ciento de la plantilla tenga que estar en proceso de inserción.
Este porcentaje nos parece demasiado elevado; el tiempo nos dirá si estamos equivocados o no. Finalmente, la enmienda 53, también al artículo 5, iba dirigida a que la totalidad de beneficios obtenidos por la actividad económica revirtiera íntegramente en la propia empresa de inserción para evitar intrusismos en este campo y, por tanto, que no fuera solo el 80 por ciento, como ahora recoge la ley. Pero, a pesar de que hay enmiendas importantes que no han sido introducidas, lo cortés no quita lo valiente y, por las conversaciones que hemos ido manteniendo con los representantes del sector, sabemos que todos estamos satisfechos con esta ley. Hemos dado un paso adelante y entre todos iremos mejorándola.


Quiero dar las gracias a todas las empresas de inserción y a todos los colectivos. No quiero dejarme ninguno; en la Comisión hice una larga relación y me dejé a tres, y ahora no quisiera que me pasara lo mismo.
Por tanto, felicito a todos por el trabajo realizado durante todos estos años y les invito a continuar trabajando.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora García Suárez.


Es el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Efectivamente, en esta ocasión el trámite en el Senado ha mejorado de manera sustancial la propuesta que salió del Congreso de los Diputados, por lo que ya anuncio que Convergència i Unió votará a favor de todas y cada una de esas mejoras que el Senado ha introducido. No sucede tan a menudo que nos sintamos satisfechos con las modificaciones que el Senado introduce en los proyectos de ley que esta Cámara le remite, pero el texto que ha llegado del Senado responde con bastante exactitud a nuestras pretensiones en relación con la cuestión que estamos abordando, que es el marco global de las empresas de inserción. Lo supone desde la perspectiva de un pleno respeto al reparto competencial que establecen la Constitución y los estatutos de autonomía, lo supone desde la perspectiva que implica una adaptación del contrato laboral de las personas en proceso de inserción a las necesidades específicas de ese supuesto tan concreto y lo supone desde la perspectiva de un mayor compromiso de las administraciones públicas con relación a las empresas de inserción como instrumento de lucha contra la fractura social, de lucha contra la exclusión social, de consideración de políticas activas de empleo.


Desde el punto de vista competencial, la disposición final quinta que el Senado ha incorporado deja muy claro, señorías -y sería una pena que este Pleno lo rechazase-, que la normativa que regula estrictamente la figura de la empresa de inserción en este proyecto de ley tiene carácter supletorio frente a las normativas ya existentes en diversas comunidades autónomas. A nuestro grupo le preocupa que esta ley obligue a una intervención del Parlament de Catalunya para modificar la Ley de Empresas de Inserción que aprobamos hace unos cuantos años y con el redactado que establecemos en esa disposición final quinta garantizamos que en ningún caso la normativa catalana de la Ley de Empresas de Inserción deba modificarse.


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También se han introducido mejoras en el artículo 10 del proyecto de ley que refuerzan esa capacidad, tanto en materia de servicios sociales como en servicios de empleo, de adaptarse a lo que se establezca por parte de las comunidades autónomas, y alguna enmienda que afecta al ámbito del régimen sancionador que también refuerza esa perspectiva autonómica.
Insito en que el proyecto de ley, tal y como nos llega del Senado, refuerza que en ningún caso esta ley suponga una invasión de competencias.


Señorías, también decía que se produce una mayor adaptación del contrato de trabajo, de las relaciones laborales del trabajador, de la persona en proceso de inserción, a las necesidades del propio proceso. Hay que destacar la incorporación en el artículo 12 de la consideración de que el contrato es de una duración determinada; ha desaparecido la referencia a la contratación indefinida que nos parecía poco realista. La propia característica del proceso de inserción no puede conllevar la existencia de un contrato de duración indefinida y, por tanto, ahí nos adaptamos a la realidad. Son también interesantes las modificaciones que introducimos en el artículo 13 porque evitan, señorías, que la desconfianza de las administraciones públicas, el mal funcionamiento de los servicios sociales, de los servicios públicos de empleo, impidan el normal funcionamiento de la actividad de las empresas de inserción. Necesitamos que las empresas de inserción tengan la flexibilidad necesaria para que procesos complejos que a menudo deben realizarse puedan ser exitosos en su configuración.


También son interesantes las modificaciones introducidas en el artículo 15 del proyecto de ley. Nuestro grupo apuesta sin ningún tipo de complejos por la eliminación de la indemnización por cese de la relación. No tiene sentido que en un proceso de inserción establezcamos una indemnización por finalización de la relación laboral. No estamos hablando de un contrato al uso ordinario y normal, sino de un proceso orientado a la inserción y ahí introducimos un coste añadido para las empresas de inserción que no compartimos. Y además, señorías, en la formulación que hacemos en ese artículo 15 damos una mayor flexibilidad para la duración del contrato, de seis meses a un máximo de cuatro años, siendo conscientes de que va a haber supuestos en los que con una actividad de seis meses pueda ser posible garantizar una inserción y en algunos otros sean necesarios hasta cerca de cuatro años. Partiendo también de la idea de que la inmensa mayoría de las entidades, de las empresas, de las iniciativas que trabajan en el campo de la inserción trabajan de manera seria. Esas desconfianzas que algunos sectores sociales han tenido históricamente en relación a las empresas de inserción, y que explican el retraso histórico en la aprobación de esta normativa, requieren un planteamiento más flexible, positivo y confiado en la seriedad y la profesionalidad de las empresas de inserción. En este sentido, la formulación del artículo 15 queda reforzada de manera muy clara con las modificaciones que el Senado ha introducido.


Decíamos también que las enmiendas del Senado implican un reforzamiento del compromiso de las administraciones públicas en relación con las empresas de inserción. En este sentido, el Senado ha introducido una disposición adicional quinta muy importante que establece que los informes que se soliciten a los servicios sociales deberían emitirse en un plazo máximo de diez días desde la recepción de la correspondiente solicitud y que, transcurrido dicho plazo, la empresa de inserción podrá adoptar la decisión que en cada caso corresponda, respetando lo establecido en la legislación laboral. Esos diez días deben evitar que la ineficacia del funcionamiento de muchas de nuestras administraciones impida que las empresas de inserción puedan realizar sus propias actividades. La disposición adicional sexta establece el compromiso de impulsar a través de la fiscalidad las inversiones destinadas a favorecer la creación, el desarrollo y la consolidación de las empresas de inserción. Señorías, lo que justificaba la existencia de este marco legal no era tanto la regulación legal de las empresas de inserción en sentido estricto, porque -repito- eso está regulado en algunas comunidades autónomas y podría ser regulado en muchas otras. Esta ley necesitaba, eso sí, la existencia de una relación laboral adaptada a un proceso de inserción y un compromiso de la Administración General del Estado de apoyo a esas iniciativas, apoyo por la vía de las bonificaciones que establecemos en el proyecto de ley -quizás nos hubiera gustado que hubiera más bonificaciones que las que contempla finalmente el proyecto-, pero también compromiso desde una política fiscal activa de apoyo a este tipo de iniciativas. En este sentido, la disposición adicional sexta que ha introducido el Senado refuerza el mandato de que nuestra fiscalidad se oriente a facilitar este tipo de iniciativas. Por tanto, señorías, como les decía al principio, Convergència i Unió va a votar todas y cada una de las enmiendas que el Senado ha introducido, porque responden más al modelo de ley que a Convergència i Unió le hubiese gustado.


Más allá de eso, señorías, en esta Cámara se van a ejercer las mayorías existentes, incluso mayorías contradictorias con aquello que se votó en el Senado. Respetamos las posiciones que cada grupo mantenga, pero es evidente que para Convergència i Unió hoy es un día importante y significativo. Nos alegramos de que por fin finalice la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de empresas de inserción. Como recordaba doña Carmen García, llevamos muchos años -en el caso de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, desde el año 1995, en nuestro caso desde 1996- reclamando la existencia de este marco regulador, de esta política de ámbito estatal de apoyo a las empresas de inserción. En esa demanda nos acompañan hoy en esta sesión los sectores de la sociedad civil que llevan décadas comprometidos en la lucha contra la pobreza y la fractura social y en la lucha por la inclusión, reclamando políticas sociales y de empleo orientadas a los sectores excluidos de nuestra sociedad. Han sido demasiados años de frustración, demasiados años en los que íbamos a empezar la elaboración

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de este proyecto de ley y las presiones de unos y la falta de voluntad política de otros lo impedían. Por tanto, hoy nos alegramos. No es exactamente el proyecto de ley que Convergència i Unió hubiese apoyado con total entusiasmo, pero es el proyecto de ley posible hoy y que puede permitir que consolidemos un instrumento al servicio de la lucha contra la pobreza y la exclusión social en nuestra sociedad. Ese instrumento de las empresas de inserción que pone el acento en el empleo, que pone el acento en el trabajo como mejor fórmula para garantizar la inserción de las personas en la sociedad y que pone el acento también en la responsabilidad de las personas excluidas nos parece la política social moderna que España va a necesitar en los próximos años, basada en la responsabilidad y en facilitar las oportunidades de empleo a quienes el mercado ha excluido. Esperemos que este instrumento que hoy sancionamos sea útil para los objetivos que nos marcamos. Felicitamos a los sectores de la sociedad civil, que han sido persistentes y pacientes durante tantísimos años y han trabajado para que llegase por fin este día.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Campuzano.


Es el turno del Grupo Popular. Señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.


La primera palabra que quiero decir en esta Cámara es satisfacción, alegría por la aprobación en este Pleno del Congreso de los Diputados del proyecto de Ley de Empresas de Inserción, proyecto de ley que debatimos finalmente aquí porque ha sido objeto de diversas enmiendas incorporadas por el Senado, habida cuenta de que el texto que le remitimos fue aprobado por la Comisión con competencia legislativa plena. En el Senado ha seguido el trámite de urgencia, una sesión de la Comisión debatió hasta altas horas de la noche, lo cual indica -en contra de lo que algunos previamente han manifestado- que no siempre es fácil deducir el sentido del voto en todas y cada una de las enmiendas porque simplemente no está argumentado, no está expresado y, por tanto, nos dispensa de que nosotros hagamos valoraciones al respecto. Simplemente vamos a fijar nuestra posición en relación a dichas enmiendas y al fondo del texto que hoy se va a aprobar. Que nadie lo tome como descortesía en la Cámara Alta, porque entendemos que gracias al trámite de urgencia va a ser posible que definitivamente haya un proyecto de ley; gracias a sus enmiendas que haya unas determinadas mejoras; gracias también a ello que lo podamos debatir hoy aquí, pero eso no implica necesariamente que nosotros tengamos que aprobar todas las enmiendas que allí se aprobaron o incluso que nuestro voto sea homogéneo al voto que nuestros compañeros populares mantuvieron en el Senado. Ya se ha dicho que básicamente ha habido quince modificaciones que el Senado nos ha remitido, algunas son obvias mejoras técnicas que, por supuesto, vamos a apoyar; otras son cuestiones de carácter competencial, y las últimas son cambios varios.
Nosotros apoyaremos seis, por supuesto las relativas al párrafo del preámbulo en el apartado 3, que nos parece que mejoran y adaptan el preámbulo del mismo, y al artículo 12.1, que fue objeto de una enmienda del grupo al que me honro en representar que no pudo salir en Comisión, pero que hoy va a salir aquí y nos congratulamos por ello. No me extenderé demasiado porque ya lo hice in extenso en Comisión, pero se refiere al hecho de considerar que en el contrato de trabajo que se define en dicho artículo era inconveniente fijar la expresión de carácter indefinido o por tiempo determinado, habida cuenta que es un tema conceptual. Nosotros entendemos que el contrato de inserción es un instrumento que utilizan las empresas de inserción para dotar de empleabilidad a las personas que lo realizan, de tal forma que puedan incardinarse posteriormente en el mercado laboral ordinario o en la misma empresa de inserción con un contrato normal porque ya han pasado la fase de exclusión social y han hecho el trámite de inserción y, por tanto, están en plenitud de condiciones de tener una relación laboral, por expresarme de alguna forma, plena.


Me voy a detener, sin embargo, en un par de enmiendas porque quiero hacer una valoración más de carácter global. En primer lugar, nosotros aquí discrepamos con el portavoz de Convergència que acaba de intervenir en el sentido en que vamos a votar en contra de una modificación del Senado al artículo 15, relativa a la supresión de las indemnizaciones de 12 días por la extinción del contrato. A nosotros nos parece que dotar de indemnización al colectivo de personas que tienen un contrato de trabajo de inserción es plantear una discriminación injustificada en relación a otros colectivos y no solo eso, sino que también supone una desincentivación al atractivo que debe de tener justamente una persona que tras un proceso, duro, dificultoso, particular y arduo consigue normalizarse y posteriormente intentar su inserción en el mercado de trabajo. Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta supresión y entendemos que el proyecto original era acertado y razonable en esta cuestión.


Por otra parte, se ha planteado una cuestión en una disposición adicional, la sexta en concreto, que se refiere a la posibilidad de establecer determinados marcos fiscales que incentiven la actuación de las empresas de inserción. Nosotros ya enmendamos -y se aceptó en su momento- que había que apoyar a las empresas de inserción. Creo que contribuimos a mejorar de alguna forma el artículo que a ello se refería, e incluso contemplábamos la posibilidad de buscar ayudas no solo fiscales sino financieras para la propia adaptación a la ley de las empresas ya existentes o para su asociacionismo y la defensa colectiva de los intereses del sector. Por lo tanto, no seremos nosotros quienes mostremos ninguna discrepancia en cuanto a la eventual posibilidad de que haya determinadas políticas, y se demostrará con la voluntad de cada Gobierno, que incentiven fiscalmente la cuestión. Nos parece innecesario porque esto se puede hacer conste ahí o no y además hacerlo constar podría entenderse

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no solo como un mandato hacia el Gobierno, que ha sido el autor de este proyecto de ley, sino también contra las posibilidades libres de las comunidades autónomas, que de acuerdo con la libertad fiscal que tienen sus tramos de IRPF, etcétera, pueden o no también establecer. De manera que este es un campo que no nos atañe exclusivamente aquí, sino que atañe al conjunto del Estado y lo que hay que hacer -si hay voluntad política- es que eso se traduzca final y eficazmente en apoyos al gasto fiscal, a la deducción fiscal, a la mejora tributaria de las empresas de inserción.


Nuestra posición en estas enmiendas parte una triple consideración. En primer lugar, queremos respetar al máximo -se ha mejorado y nosotros también hemos contribuido a ello- el grado de acuerdo que hubo dentro del diálogo social, porque nos parece importante; diálogo social del cual ha derivado un proyecto de ley que el Gobierno ha hecho suyo y que fue objeto de un mandato -no lo olvidemos- de esta Cámara, es decir, de nosotros mismos. Ya era hora que lo hiciéramos y, afortunadamente, ahora lo estamos concluyendo. En segundo lugar, porque entendemos que debemos movernos dentro del contexto parlamentario que se ha producido en este proyecto, que ha sido un esfuerzo por parte del grupo mayoritario y de los demás grupos -todo hay que decirlo-, yo creo que de todos los grupos intervinientes, de intentar pactar, de llegar a acuerdos y de mejorar, dentro de lo que decía hace un momento, este proyecto. Quiero felicitar al señor Campuzano, que durante años ha perseguido esta iniciativa -y creo que es justo que públicamente yo lo reconozca como representante popular- y también quiero hacerlo a doña Esperanza Esteve y al señor Carro -que ahora intervendrá- por su voluntad de llegar a pactos, a los que hemos llegado; creo que hay que reconocerlo porque esto es bueno.
También esto nos obliga a movernos dentro de esos límites. Concluía alguien su intervención manifestando que este proyecto de ley no era el suyo; probablemente el de nadie, pero quizás esa sea la virtualidad que tenga este proyecto de ley, que no es escorado, no es unilateral, no es de una parte, sino que al final es de todos y, por encima de todos, es un proyecto en pro del sector. En tercer lugar, porque con carácter general hemos sido sensibles, hemos escuchado, promovido, aportado y apoyado las iniciativas que nos han llegado desde el sector. Ha habido cuestiones que nos ha manifestado el sector y que unos grupos han recogido con más intensidad y otros con menos; y ha habido otras que probablemente unos hemos recogido con menos intensidad y otros lo han hecho con más convicción.


Las empresas de inserción juegan un papel excepcional en la sociedad.
Prácticamente todos los que estamos siguiendo este debate lo conocemos.
Alguno, tal vez, no conozca esta materia y, en todo caso, por recordar el viejo aforismo de quod non est in actis, non est in mundo, yo haré una reflexión, como hice en su momento también en la Comisión. Quiero destacar el carácter instrumental de las empresas de inserción, nacidas de la iniciativa solidaria de la sociedad y de ustedes, que están aquí representados en la tribuna de invitados de este hemiciclo, y no de las responsabilidades públicas de ninguno de nosotros; ustedes han sido los autores, los protagonistas, los motores de una acción que me parece -lo decía también en Comisión- que tal vez cuantitativamente no sea muy numerosa pero que cualitativamente a mí me parece fundamental. Se están dedicando a dotar de empleabilidad, a dotar de dignidad humana, a dotar de autonomía económica y a dotar de trabajo a gente que está en la exclusión social, a gente que está en la pobreza, a gente que está en la marginalidad. Si están ahora con unos ratios de casi 4.000 trabajadores, ojalá esta ley les sirva no solo en lo simbólico, sino en lo material para poder crecer y hacer una labor más extensa a la hora de recuperar para la sociedad, en una auténtica terapia social -porque hacen una terapia social-, a todas estas personas que si no, podrían estar desahuciadas de la sociedad. Es fundamental en su quehacer que todo político -y lo estamos haciendo todos los intervinientes en esta tribuna hoy aquí- expresemos nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y nuestro apoyo. Hoy se pega un empujón, creo que importante, para el futuro. Obviamente, habrá que caminar. Tal vez, algunas de las cosas que hoy hemos pensado que tenían una vocación de estabilidad haya que reconsiderarlas dentro de unos años. Para eso estamos. Lo que importa es que ustedes hacen una función fundamental para la sociedad española, que nosotros lo reconozcamos y que desde la política y desde la voluntad de acompañarles, de facilitarles y de remover los obstáculos puedan continuar esa fantástica labor.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Azpiroz.


Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Carro.


El señor CARRO GARROTE: Gracias, señora presidenta.


Señorías, nos encontramos ante el último trámite parlamentario que nos permitirá aprobar el proyecto de Ley para la regulación de las empresas de inserción. Antes de nada quisiera agradecer a los grupos parlamentarios su trabajo y sus posiciones, que han permitido un resultado final con un amplio grado de consenso. También debo reconocer la importancia de los debates previos y las aportaciones de los representantes de las propias empresas de inserción, Fedei especialmente, y de los interlocutores sociales, sindicatos y patronal. Tanto los que han dado lugar al dictamen favorable del CES como los que se han producido con los propios grupos parlamentarios. Esta fase previa del debate ha orientado el contenido de muchas de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios y también el propio resultado del proyecto de ley.


Del Senado nos llegan algunas enmiendas que estimamos deben ser aceptadas porque mejoran técnicamente el texto, como son las números 2 y 19, del Grupo

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Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); 25 y 26, del Grupo Parlamentario Mixto; 29, 31 y 32, del Grupo Parlamentario Socialista y dos transacciones que afectan al artículo 13.1 y a una nueva disposición adicional quinta. No me detendré en la explicación porque ya ha sido expuesta por los portavoces anteriores. Sin embargo, rechazaremos las enmiendas de CiU porque pensamos que se apartan de la orientación que el Gobierno y la mayoría de los grupos hemos conferido al proyecto. Ni entendemos ni compartimos que se pretendan recortar los derechos de los trabajadores de las empresas de inserción, precisamente personas con problemas de integración social y laboral que necesitan niveles de protección mayor.
No es aceptable la pretensión de CiU de suprimir el derecho de los trabajadores de las empresas de inserción a percibir una compensación económica a la finalización de su contrato temporal, que equivale a 12 días de salario por año. Si esto fuese aprobado serían los únicos trabajadores y trabajadoras excluidos de este derecho dentro de todo el abanico de posibilidades de contratación laboral existente. Comprenderán que no podamos compartir esta propuesta, que supondría una grave discriminación precisamente para un colectivo muy necesitado de protección y apoyo. Personalmente, señorías, no alcanzo a entender qué razones se pueden aducir para semejante pretensión.


Del mismo modo no aceptaremos la supresión que CiU propone del párrafo segundo del apartado 2 del artículo 13, según el cual se permite considerar como justificadas las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo cuando así lo determinen los servicios sociales públicos. Parece lógico pensar, señorías, que si por ejemplo la persona en cuestión tiene problemas de sometimiento a un horario y a una rutina laboral o está sujeta a las consecuencias de un proceso de desintoxicación o superación de la toxicomanía, es predecible que se pueden producir faltas de puntualidad o de asistencia que deben considerarse justificadas, máxime cuando los propios servicios sociales así lo determinan.


Finalmente en relación a las enmiendas, me referiré específicamente a la número 28, del Grupo Parlamentario Popular. Ya en la tramitación del Congreso el Grupo Parlamentario Popular ha pretendido excluir la posibilidad de que se utilizase la contratación indefinida en este tipo de empresas. Es cierto, señorías, que si estamos hablando de itinerarios de inserción que tienen por objeto no la continuidad en la empresa de inserción de forma indefinida, sino facilitar el tránsito a la contratación ordinaria en el mercado de trabajo, lo normal sería la utilización de la contratación de duración determinada, equivalente a la duración del proceso de inserción. Pero desde el Gobierno y desde el Grupo Parlamentario Socialista no queremos excluir esta posibilidad aun en este proyecto de ley en un momento en el que la estabilidad en el empleo es un eje prioritario de la política laboral del Gobierno y es además una política concertada con los agentes sociales. Pero, señorías, estudiando con detalle la enmienda del Grupo Parlamentario Popular que viene del Senado, creemos que su aprobación no impide la utilización de contratos indefinidos. Se dice que el contrato de trabajo podrá celebrarse por duración determinada, ajustándose a las modalidades de contratación previstas en la legislación laboral. Por esto aceptamos la enmienda, aunque no nombre la contratación indefinida porque, a nuestro entender, de hecho no la excluye. Confiamos en que la aceptación de esta enmienda nos permita ampliar y fortalecer el consenso alcanzado durante la ponencia de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales.


Permítanme que una vez explicada nuestra posición en relación a las enmiendas me detenga un poco en el contenido de la ley y en la realidad a la que pretende dar respuesta. Señorías, las empresas de inserción cumplen un papel muy importante en la sociedad y esta ley en sí misma supone un reconocimiento a más de veinte años de trabajo en una situación de precariedad, falta de reconocimiento e incluso cierta alegalidad. Creo que es de justicia reconocer su labor y las circunstancias de su nacimiento en unos tiempos en los que las tasas de paro eran el doble de las actuales y donde cualquier intento de inserción de personas con problemas de marginación social chocaba contra un mercado de trabajo excedentario de mano de obra. Pues bien, en esas adversas circunstancias iniciativas de empresas con carácter y conciencia social fueron poco a poco tomando cuerpo y confirmando que el empleo es un elemento esencial para la integración social de las personas en situación de exclusión. Hoy en día estamos ante una realidad que afecta a todas las comunidades autónomas y a miles de trabajadores. Por tanto, es de justicia rendir hoy un homenaje con esta iniciativa legislativa a todos aquellos que han dedicado tantos esfuerzos a construir un modelo de empresas que contribuyen a la inserción laboral y social de los más necesitados. La presente ley, señorías, pretende definir claramente los colectivos susceptibles de ser contratados por las empresas de inserción, elaborar itinerarios de inserción personalizados, establecer un régimen jurídico específico de las empresas de inserción, determinar un porcentaje de trabajadores en proceso de inserción, crear un registro en el Ministerio de Trabajo con carácter informativo, definir una relación laboral con características especiales, poner a disposición de las empresas una serie de medidas de promoción y ayudas económicas, y favorecer la organización de asociaciones de empresas de inserción para la defensa de sus legítimos intereses. Desde el Grupo Socialista creemos que el texto resultante de la iniciativa legislativa y los debates del Congreso y del Senado configuran una ley ajustada a la realidad, una ley consensuada con los agentes sociales y con las propias empresas de inserción, una ley que va a permitir el crecimiento sostenido de este importante sector, una ley mediante la cual se mejorará la creación de empleo y la inserción laboral y social de las personas en situación de exclusión social y, en definitiva, señorías, una ley con la que daremos respuesta a una necesidad larga e intensamente demandada.


Acabo, señorías, agradeciendo de nuevo su colaboración a los grupos parlamentarios, a los miembros de la

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ponencia, especialmente a mis compañeras Esperanza Esteve y Margarita Pin, a los representantes de los sindicatos y los empresarios y, de un modo muy especial, a los representantes de Fedei que hoy nos acompañan en la tribuna. Como reza el título del libro de nuestro compañero diputado José Antonio Pérez Tapias, aquí presente, debemos transitar del bienestar a la justicia y esta ley es un buen camino para que muchas personas actualmente excluidas del entramado de derechos y beneficios que la sociedad del bienestar ofrece puedan incorporarse a este bienestar, ampliando así la justicia del sistema. Este es, sin duda, uno de los fundamentos éticos que han orientado la acción del Gobierno en esta legislatura.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE VALORES. (Número de expediente 121/000146.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Iniciamos el debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Para la fijación de posiciones y en nombre del Grupo Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Muñoz.


La señora MUÑOZ DE DIEGO: Señora presidenta, señorías, estamos debatiendo en este momento el proyecto de ley que modifica la Ley del Mercado de Valores, cuya pretensión básicamente es adecuar este texto a la normativa europea con relación a los mercados de instrumentos financieros, los requisitos organizativos o las condiciones de funcionamiento de las empresas de inversión. Al ser una trasposición de directivas europeas es verdad que el margen legislativo propio era limitado. En ese sentido, en el trámite de Comisión se incorporaron una parte importante de enmiendas.
De las que presentó nuestro grupo parlamentario algunas fueron recogidas, aunque tengo que decir que muy pocas. Nos han parecido interesantes en este proyecto las modificaciones que han intentado mejorar la protección del inversor, potenciar la cooperación transfronteriza entre supervisores o también, en lo que respecta al supervisor español, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, mejorar en buena medida sus potestades de control y supervisión.


El proyecto de ley que hoy estamos debatiendo después de su paso por el Senado obliga a las empresas de servicios de inversión a divulgar en el mercado información sobre su actividad en lo que respecta a la exposición al riesgo y a las formas de gestión del mismo. Esta información obligatoria debe ir contenida en un documento denominado información sobre solvencia, de periodicidad anual. Esta cuestión, a nuestro juicio, ha sido muy importante porque puede ayudar a mejorar la confianza y protección del inversor. También lo ha sido que se exija a las empresas de servicios de inversión llevar un registro de las operaciones que realizan para una mejor supervisión y control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Al intercambio de información entre supervisores se han sumado las acciones de colaboración en actividades de investigación o supervisión, para lo que cada Estado miembro designa a una sola autoridad competente encargada de centralizar la política de cooperación, en nuestro caso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Había, por tanto, en este proyecto de ley algunos elementos positivos que tenían que ver con la transparencia y la seguridad jurídica para los inversores, pero en buena medida nos parecía que se podía haber sido más ambicioso a la hora de incorporar más elementos de seguridad jurídica que no se incluyeron y por esa razón nos abstuvimos en Comisión.


No obstante, respecto a las enmiendas que vienen del Senado, voy a señalar muy brevemente aquellas con las que estamos en desacuerdo y una con la que estamos de acuerdo. En primer lugar, respecto a las que estamos en desacuerdo, quiero mencionar la enmienda al artículo único, apartado 28, que introduce un nuevo párrafo en el apartado 1 del artículo 59 bis, que exime de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la transmisión de participaciones de instituciones de inversión colectiva.
Desde nuestro grupo parlamentario consideramos que esta cuestión va en contra de la transparencia en los mercados, estén organizados o no, y que, en consecuencia, empeora el texto tal y como salió de la Comisión del Congreso. La enmienda al artículo único, apartado 49, en la redacción del artículo 79 bis, apartado 8, letra a), reduce también la protección del inversor frente al texto que aprobó el Congreso. En todo caso seguimos pensando que todo lo que suponga titulación debería considerarse como un instrumento financiero complejo porque las deudas titulizadas pueden ser peligrosas para el inversor, incluido también el inversor profesional. La enmienda al artículo único, apartado 49, en la redacción del artículo 79 ter, segundo párrafo, pretende que reglamentariamente puedan establecerse excepciones a la obligación de hacer constar por escrito los contratos celebrados por clientes minoristas. En nuestras enmiendas nosotros propusimos incluir la obligación de que en el registro esté el texto literal e íntegro de los contratos y también la obligación de mantener la inscripción durante quince años por ser el plazo de prescripción ordinario de las acciones de reclamación. Además, en nuestras enmiendas propusimos incluir la posibilidad de acceso al registro por parte de los clientes y de obtener también gratuitamente una copia de los documentos al considerar que esta debía ser la finalidad última de dicho registro, dar transparencia y seguridad jurídica.
Propusimos, por último, la obligatoriedad de que constaran por escrito todos los contratos sin omitir a los clientes profesionales. Nada de esto fue admitido en el Congreso y por ello nos parece inaceptable que aún se relaje más, con la enmienda que ha resultado aprobada en el Senado, la obligación de que consten por escrito los contratos, porque pensamos que eso es restar garantías a los inversores y que va en contra de la propia exposición de motivos que se planteaba como razón fundamental para tramitar esta ley.


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En cuanto a la enmienda que introduce una nueva disposición adicional modificando el artículo 40.2 y añadiendo un nuevo número 3 al artículo 62 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva, consideramos que su contenido elimina también transparencia, al no conocerse el inversor final, cuando las tendencias en gobierno corporativo y en materia fiscal son justamente las contrarias. Se atribuye un derecho de separación absoluto en caso de concurso a las instituciones de inversión colectiva que no podemos en ningún caso apoyar desde nuestro grupo. Igual ocurre con la enmienda a la disposición transitoria primera, que pensamos que contiene una errata al hablar de instrumentos jurídicos cuando, desde nuestro punto de vista, debería hablar de instrumentos financieros.


En nuestro grupo parlamentario pensamos que todas estas enmiendas empeoran el texto que salió aprobado del Congreso y no van a contar con nuestro apoyo. Sí resaltamos como enmienda positiva la nueva disposición adicional sobre obligaciones en materia de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Vamos a votar favorablemente esta enmienda y las restantes enmiendas que han sido aprobadas en el Senado, porque a nuestro juicio no plantean cambios sustantivos y entran dentro de la lógica de lo que significa este proyecto de ley.


En todo caso, para finalizar, sí queremos manifestar que nosotros pensamos que, con las enmiendas que han sido aprobadas en el Senado, este proyecto de ley empeora sus objetivos fundamentales, o por lo menos los fundamentales para nuestro grupo parlamentario, que eran garantizar transparencia y seguridad jurídica al inversor.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Muñoz.


No está el señor Azpiazu. Grupo de Esquerra Republicana. Señor Puig, tiene la palabra.


El señor PUIG CORDÓN: Muchas gracias, señora presidenta.


Hoy llega a esta Cámara el texto normativo cuya finalidad era trasponer al ordenamiento jurídico diversas directivas comunitarias y, como tal, deja poco margen para la decisión a voluntad del Gobierno para legislar sobre esta materia, más allá de las propias disposiciones de estas directivas.
Con dicha trasposición se persigue modernizar el mercado de valores para su adaptación a las necesidades actuales así como reforzar las medidas dirigidas a la protección de los inversores. Además, se adaptan los requisitos de organización exigibles a las entidades que prestan servicios de inversión, para garantizar que su organización se adecua a los servicios que prestan. Finalmente, se mejoran las potestades supervisoras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


En el trámite del Senado se ha introducido una serie de enmiendas a las que nuestro grupo parlamentario no va a dar apoyo, porque nos parece que van más allá de la regulación prevista por dichas directivas y que no se adecuan a las mismas, además de que nuestro grupo parlamentario tampoco está conforme con su contenido. No obstante, sí que apoyaremos algunas, porque entendemos que mejoran el texto que salió del Congreso de los Diputados. Daremos apoyo a la enmienda referida al apartado 12 del artículo único de la ley, por la que se vuelve a incorporar al texto la exigencia de garantizar la devolución de los valores prestados mediante constitución de las debidas garantías, que pueden ser determinadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, al efecto de dar mayor seguridad jurídica a este instrumento financiero. La supresión que se produjo en el Congreso no nos parecía adecuada y por tanto consideramos necesario recuperar dicha garantía. También apoyaremos la enmienda por la que se modifica el apartado 27 del artículo único, cuya finalidad no es otra que dotar al actual sistema de registro de las posiciones abiertas en los mercados MEF, que es llevado directa y exclusivamente por la sociedad rectora del mercado mediante la creación de un registro de detalle que deberá ser llevado por los intermediarios financieros, sean estos entidades de crédito o sean empresas de servicios de inversión.
Este registro vendrá a complementar el registro único existente hasta la fecha.


La enmienda al apartado 28 persigue excluir la obligación que tienen las entidades de inversión de comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores todas las operaciones realizadas por ellas sobre instrumentos financieros, aquellas operaciones sobre acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva no negociadas en mercados regulados, ya que podría perjudicar el funcionamiento del sistema de comunicación de operaciones al sobrecargar los datos del sistema. Creemos que es conveniente introducir dicha modificación, que nos viene del Senado, al apartado 51, y que exige que los emisores elaboren un reglamento interno de conducta, en el que se recojan todas las medidas que la entidad debe adoptar para proteger la información relevante.


Estas son las cuatro enmiendas que presentó nuestro grupo del Senado y, como entendemos que mejoran el proyecto, vamos a votarlas favorablemente.
Sin embargo, votaremos en contra del resto de las enmiendas que han sido introducidas en el Senado.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Puig.


Turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo, y que con toda seguridad se va a aprobar, es un proyecto en el que se traspone una directiva que va a incidir profundamente en la estructura organizativa de las empresas, en la política de los conflictos de interés, en la relación con los clientes, en la

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función de control interno y en los riesgos correspondientes que tienen los servicios financieros con los ciudadanos o con las empresas que puedan asumir riesgos financieros con las entidades. En resumen, el proyecto de ley incrementa la protección de los inversores, ya que va a haber mucha más información de las entidades financieras a los clientes, nuevos registros de contratos y muchos más mecanismos de control, para que toda persona a la que se le pueda plantear una operación financiera pueda tener los elementos de información que le ayuden a conformar una decisión más solvente. En definitiva, significa una modernización de los mercados financieros considerando las nuevas necesidades, ya que en ellos se adaptan nuevos requisitos de organización de las empresas de servicios de inversión a las nuevas exigencias de solvencia y de funcionamiento interno; también se mejora en algunos artículos la potestad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


Esta es una ley que hemos consensuado y que hemos pactado con el Grupo Parlamentario Socialista, que da apoyo al Gobierno. En esta negociación, a la que también se han incorporado otros grupos parlamentarios, hemos conseguido introducir todas aquellas matizaciones y todos aquellos aspectos que diferentes organizaciones financieras habían hecho llegar a nuestro grupo para poder complementar esta ley, para poder mejorarla y modernizarla, con el fin de someterlas a la misma competitividad en cuanto a normas y mecanismos de control que están vigentes en otros países de la Unión Europea. De todas formas, en esta negociación que hemos mantenido a lo largo de estos últimos meses de legislatura, es cierto que quedaron algunas enmiendas pendientes, sobre las que acordamos con el Grupo Parlamentario Socialista, que da soporte al Gobierno, que intentaríamos consensuarlas en el trámite del Senado. Este ha sido otro de los éxitos de esta negociación, ya que también ha sido posible acordar con el Grupo Parlamentario Socialista -en algunos casos con el apoyo asimismo del Grupo Parlamentario Popular- aspectos que, desde nuestro punto de vista, son importantes, ya que afectaban a algunos sectores financieros, entre los que se encuentran, por poner algún ejemplo significativo, las diferentes bolsas que existen en España.


En el Senado hemos acordado algunos aspectos que nos preocupaban y que por ello motivaron la presentación de algunas enmiendas, como era la de la gestión de los sistemas multilaterales de negociación vinculados a los mercados secundarios oficiales. Las enmiendas que hemos presentado y que se han aprobado atienden al principio de flexibilización de la directiva, al prever que la gestión de los sistemas multilaterales de negociación vinculados a mercados secundarios oficiales pueda ser asumida por los órganos y entidades constituidos al efecto por las sociedades rectoras de los correspondientes mercados. Vale la pena clarificar que a través de estas enmiendas vamos a conseguir que las diferentes bolsas que actúan en España, como es la Bolsa de Bilbao, la de Barcelona, la de Madrid o la de Valencia, puedan asumir, a través de sus sociedades respectivas, las cotizaciones de los mercados secundarios, de las pequeñas y medianas empresas. Esta era una cuestión que nos preocupaba y que finalmente hemos podido consensuar en el Senado con el Grupo Parlamentario Socialista.


Otro aspecto en relación con el cual hemos llegado a un acuerdo esta mañana es el que hace referencia a la comunicación de la identidad de los clientes de operaciones, ya que entendemos que la directiva recoge el contenido mínimo de las comunicaciones de operaciones y su plazo. Además, prevé que los Estados miembros exijan más datos y en concreto la identidad de los clientes por cuenta de quienes se hayan efectuado las operaciones, sin prever que se comuniquen en el mismo plazo. El proyecto de ley preveía la comunicación en el mismo plazo y las enmiendas aprobadas en el Senado prevén una remisión reglamentaria de la forma, detalle y plazos de comunicación, de estos datos adicionales. Desde esta perspectiva, con la aprobación de esta enmienda vamos a implementar un mecanismo similar al que opera en las respectivas bolsas y reglamentaciones financieras que existen en los demás países de la Unión Europea, para no obligar en este caso a las bolsas en funcionamiento en España a que en el mismo día identifiquen a los clientes de las diferentes operaciones, dándose también un plazo, que se fijará reglamentariamente, para que pueda ser asumido con la máxima facilidad, con la máxima transparencia y con la máxima eficacia.


Había otro punto que nos preocupaba y que también hemos sido capaces de consensuar. Me refiero a la ampliación de la actividad de los servicios de liquidación. Desde nuestro punto de vista, el artículo 7 de la Ley del Mercado de Valores supone una grave limitación para los servicios de liquidación creados por las bolsas de las diferentes comunidades autónomas, al prever que únicamente podrán ejercer la actividad sobre valores admitidos a negociación en esta bolsa. Además de suponer un perjuicio muy grave a dichos servicios, que verían completamente imposibilitado el crecimiento de la prestación de sus servicios, el contenido del proyecto de ley permite que otros sistemas de liquidación de cualquier país europeo puedan competir libremente y sin ningún tipo de restricción. Por eso, con el fin de que pueda existir la necesaria reciprocidad y evitar una situación de manifiesta desigualdad de trato y de desventaja competitiva se elimina la mención de la limitación de la actividad de los servicios de liquidación creados por las comunidades autónomas a los valores admitidos a la negociación en una única bolsa.
Este es un aspecto que nos preocupaba muchísimo y en relación con el cual finalmente hemos sido capaces de llegar a un acuerdo, con lo que el Grupo Parlamentario Socialista nos ha comunicado que votará afirmativamente la enmienda aprobada por el Senado.


Otra enmienda hace referencia a la cooperación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y los auditores o expertos. Existen numerosas labores de supervisión e inspección que en la práctica no puede acometer la Comisión Nacional del Mercado de Valores por falta

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de medios humanos y técnicos y parecía necesario incorporar a los auditores o expertos a esa cooperación con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para que pudieran llevar a cabo verificaciones o investigaciones cuando la CNMV reciba una solicitud de cooperación de la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea.


Estas han sido, señorías, en definitiva, las enmiendas que hemos sido capaces de consensuar con el Grupo Parlamentario Socialista y nos damos moderadamente por satisfechos con su negociación y tramitación, tanto en el Congreso como en el Senado.


Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Sánchez i Llibre.


Turno de fijación de posiciones del Grupo Popular. Señor Erias.


El señor ERIAS REY: Señora presidenta, señorías, el proyecto de ley que estamos debatiendo hoy en esta Cámara y que consiste básicamente en la trasposición de la Directiva 2004/39/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, es relativa a los mercados de instrumentos financieros, más conocida por sus siglas en inglés -Mifid- y que ha sido desarrollada posteriormente por el Reglamento 1287/2006, de la Comisión, y por la Directiva 2006/73/CE, de la Comisión. También se ha incorporado al proyecto de ley que debatimos, como se señala en la propia exposición de motivos, la trasposición parcial de la Directiva 2006/40/CE.


En primer lugar me gustaría señalar que es tal el cambio que introduce, no solamente en la normativa española sino también en la de todos los países de la Unión Europea, que algunos expertos señalan que será como un big bang en el sistema financiero europeo. No quiero reiterar lo que ya he expresado en intervenciones anteriores sobre el retraso en la trasposición de la directiva, que entró en vigor el día 1 de noviembre, y que obliga al Gobierno a tener que presentarla en este momento y por el trámite de urgencia. A pesar de esto, el Grupo Parlamentario Popular desarrolló cooperación y consenso con el Grupo Parlamentario Socialista y una amplia negociación del texto, aportando importantes contribuciones en la actualización de la norma. Agradecemos el diálogo y la cooperación y consideramos que serán muy beneficiosos en el resultado final que alcanzará sin ninguna duda la nueva ley.


Centrándonos en lo que es el propio proyecto de ley y en las enmiendas del Senado, quisiera volver a destacar la importancia del proyecto de ley en la medida en que afecta a cuestiones tan importantes como el establecimiento del pasaporte transfronterizo, la mejora en la transparencia, la introducción de las obligaciones de la mejor ejecución y la declaración de las operaciones realizadas en los mercados de valores o la fijación de las condiciones para la prestación de los servicios de inversión. Además, la nueva normativa afectará a entidades a las que hasta ahora la directiva de servicios de inversión no consideraba, como es el caso de los bancos de inversión y las gestoras de carteras, por citar dos ejemplos; incorpora también mejoras sustanciales en la protección de los inversores. El proyecto de ley también tiene otro importante papel en la medida en que la normativa europea en esta materia -como en otras- tiene como objetivo final la creación de un mercado único, en este caso, un mercado de servicios financieros único, ágil, eficiente y competitivo. También quisiera destacar que ha sido un proyecto de ley que, como ya he dicho y debido a la importancia que tiene, ha permitido llegar a través de la negociación a un importante número de transaccionales, aprobadas por unanimidad tanto aquí en el Congreso de los Diputados, donde se transaccionaron doce enmiendas de los distintos grupos parlamentarios, como en el Senado, donde el número de transaccionales aprobadas por unanimidad ha sido 14, más otras 4 enmiendas que fueron aprobadas por unanimidad. Junto a las enmiendas incorporadas por unanimidad, se han aprobado otras 27 enmiendas, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y 3 más presentadas por otros grupos y apoyadas por nuestro grupo en el Senado. Esto deja en evidencia la necesidad de introducir un mayor número de modificaciones en el proyecto de ley, para conseguir un texto final de mayor calidad y que pueda de alguna manera adecuarse mejor a la problemática del sistema financiero español sin dejar de ajustarse a la directiva.


La primera de nuestras enmiendas aprobada en el Senado es la número 2 y plantea la necesidad de hacer una mención explícita en la exposición de motivos a que la norma no es aplicable a los productos bancarios. Con el fin de evitar posibles dudas interpretativas, dado que estos se rigen por normas distintas, creemos conveniente mantenerla. Las enmiendas números 4 y 5 se refieren al artículo 59 bis. La primera, la número 4, modifica el segundo párrafo del apartado 2 y con ella pretendemos que se precisen los términos en que las entidades de servicios de inversión o entidades de crédito pueden ser eximidas de la obligación de comunicar a la CNMV las operaciones sobre instrumentos financieros en que intervengan. La segunda enmienda, la número 5, modifica los apartados 1 y 3, de manera que el plazo de identificación del cliente final se remita al desarrollo reglamentario, lo que permitirá la adecuada flexibilidad para tratar los distintos casos. Debe tenerse en cuenta que en el anteproyecto que se sometió a consulta pública ya se preveía que los plazos y el detalle para la remisión de la información sobre las operaciones se fijarían reglamentariamente.


Las enmiendas 6, 7 y 8 están referidas al artículo 63. La primera modifica el apartado 1, letra b). Con ella se busca la exclusión de considerar servicios de inversión las órdenes de suscripción y reembolso o de adquisición y transmisión de participaciones y acciones de las instituciones de inversión colectiva, con el fin de que se respete su régimen específico. La segunda enmienda modifica la letra a) del apartado 2 y con ella se ha eliminado,

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respecto de la redacción vigente, la referencia a la eliminación de la llevanza de registro contable de los valores anotados, cuestión que debe incluirse en aras de una mejor redacción de la norma. En coherencia con esta enmienda es necesaria la supresión del segundo párrafo del apartado 7 del artículo 64, como se indica en la enmienda número 9. La tercera enmienda a este artículo 63 afecta al apartado 6 y con ella se busca permitir la utilización de mediadores que no tengan la condición de agentes de la entidad de crédito para desarrollar la actividad de promoción de los servicios financieros.


La enmienda número 10 afecta al apartado 2 del artículo 65; se excluye de la aplicación de las normas de la ley a las sociedades gestoras de fondos de pensiones y a las entidades de capital riesgo. El apartado 4 del artículo 66 se modifica en la enmienda número 11; en la enmienda se defiende que, dado que es previsible la solicitud de un número elevado de autorizaciones por las empresas de asesoramiento financiero que presten únicamente asesoramiento en materia de inversión o de servicio de recepción y transmisión de órdenes, se puede sobrecargar en exceso el trabajo de la CNMV en los próximos años. De ahí que, acogiéndose a la previsión del artículo 5.5 de la Mifid, los Estados miembros podrán permitir que la autoridad competente delegue funciones administrativas, preparatorias o auxiliares, relacionadas con la concesión de una autorización y que se permita la delegación de funciones auxiliares en los términos de la directiva, para tratar de agilizar la autorización en este punto. Hay que recalcar que siempre la supervisión de la actividad de estas entidades colaboradoras debe recaer sobre la CNMV.


La enmienda número 15 establece la supresión de la letra k) del apartado 2, porque en la práctica se ha demostrado de poca utilidad este requisito, que se refiere a la denegación de la autorización y los requisitos de acceso. En relación con el artículo 79 bis, en el Senado se han presentado y aprobado dos enmiendas: las números 16 y 17, que son básicamente mejoras técnicas. La enmienda número 18 modifica el artículo 79 quáter y pretende incorporar la legislación nacional, y no solamente la europea, en materia de protección al cliente. El artículo 79 ter se modifica en la enmienda 19, al considerarse que no parece acorde con el principio de la protección de inversor minorista que, para la prestación del servicio de asesoramiento en materia de inversiones, baste con la constancia escrita o fehaciente de la recomendación personalizada realizada, tal y como reza en el anteproyecto de ley. La enmienda número 20 es una mejora técnica, que posibilita habilitar a la CNMV en el establecimiento del carácter complejo para determinados instrumentos financieros no previstos en el apartado 8.a) in fine. La enmienda número 22 modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 85 y simplemente se sustituye el término congelación de activos, por no ser un concepto de nuestro ordenamiento jurídico. La enmienda número 23 añade una nueva letra, la l), y la enmienda número 24 modifica el apartado q)bis del artículo 99. La enmienda número 25 modifica el artículo 120.3.4, letra c) y en ella se establece que la entidad rectora debe comunicar a la CNMV, no solo las posibles infracciones a la Ley del Mercado de Valores, sino también aquellas relativas a su propio reglamento de funcionamiento. Las últimas enmiendas tienen que ver con la introducción de determinados umbrales que es necesario mantener.


Quiero recalcar que nos parece que las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha introducido en el Senado mejoran de manera considerable y claramente el texto del proyecto de ley y que por tanto creemos que esta Cámara debería considerarlas muy positivas. Por este motivo pedimos el voto favorable para las mismas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Erias.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Torres.


El señor TORRES BALAGUER: Gracias, señora presidenta.


Señorías, estamos ante una ley de gran trascendencia y aplicación práctica para los mercados financieros, que modifica la Ley, del año 1988, del Mercado de Valores. Como acaban de comprobar SS.SS., la dureza de su contenido es alta, pero igual de alta es la importancia que tiene para toda la sociedad española. Ha sido una ley trabajada y muy costosa de elaborar. Muchos meses, verano incluido, han tenido a los ponentes trabajando con todos los afectados, con todos los actores de los mercados financieros. Quiero hacerles una reflexión: imagínense ustedes si esta ley tuviese alguna deficiencia en el futuro, cómo nos responsabilizarían de la falta de transparencia, de la falta de regulación o de la falta de seguridad para los inversores. En este país, en los últimos años, hemos tenido muchos casos de fraudes, de estafas, en los que se ha sentido en carne propia la falta de regulación. Porque, señorías, el regulador somos todos nosotros y el supervisor son los diferentes órganos e instituciones que tienen que aplicarla, pero sin una buena norma, sin un detalle de cómo actuar, sería imposible que los mercados funcionaran eficientemente y que los inversores estuvieran suficientemente protegidos. Por eso, señorías, les quiero resaltar la importancia de esta ley.


Se modernizan los mercados financieros y se adaptan a las nuevas necesidades de los actores; se pretende reforzar las medidas dirigidas a la protección de los inversores; se pretende adaptar los requisitos de organización exigibles a las empresas que se dedican a la inversión, sobre todo en materia de solvencia; y, por último, se mejoran las potestades supervisoras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El detalle ha sido relatado por los grupos que me han precedido y lo más importante -lo más importante, señorías- es que ha habido un amplio acuerdo de esta Cámara en el detalle de esta trasposición. Porque no podemos olvidarnos de que estamos igualándonos a Europa en el

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funcionamiento de los mercados financieros y que estamos trasponiendo varias directivas. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Perdón, señor Torres, perdón.


Señorías, yo creo que somos todos conscientes de que el último interviniente, acercándose la hora de la votación, vive un verdadero calvario para hacer su trabajo. (El señor Martínez-Pujalte López: ¡El calvario es otro!-Un señor diputado: ¡Ricardo, habla más alto!-Pausa.) Señor Torres, continúe.


El señor TORRES BALAGUER: Entiendo también que es un día duro. No me extenderé y voy a resumir.


Se ha hecho un gran esfuerzo por la protección de los clientes, de los inversores. Se ha hecho un gran esfuerzo por mejorar las potestades supervisoras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se potencian los instrumentos para fomentar la cooperación transfronteriza entre supervisores. Por tanto, asistimos -repito- a la creación del mercado europeo de los servicios financieros, un mercado que interesa a todos los ciudadanos y que si es ágil, eficiente y competitivo, como creemos que lo va a ser, va a dar seguridad a todos los inversores y a unos costes lo más económicos y eficientes posible.


Este sería el contenido más relevante de lo que vamos a aprobar, pero lo más relevante de todo es que los grupos nos hemos puesto de acuerdo en el interés general, en la protección del inversor, en que las empresas de servicios de inversión tengan las garantías suficientes. Estoy seguro de que esta dura sesión será recordada en el futuro cuando los inversores se vean protegidos por este regulador que ha pensado en los ciudadanos y en los inversores por encima de todo. Muchas gracias a los grupos políticos por haber sido valientes y haber llegado a un acuerdo. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Torres.


Terminado el debate de este punto del orden del día, llamamos a votación a sus señorías. (Pausa.-El señor presidente ocupa la Presidencia.)

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se va a proceder, por parte de la secretaria primera, a la lectura de la declaración institucional que ha sido acordada por la Junta de Portavoces. Gracias.


La señora SECRETARIA (Sainz García): Con ocasión del 30º aniversario de la entrada de España en el Consejo de Europa, el Congreso de los Diputados declara: En 1977 España se convirtió en el miembro número veinte de la organización que vela en el continente por la protección de los derechos humanos, la salvaguarda de las libertades democráticas y la preeminencia del derecho. El ingreso en un organismo, que ya cuenta con 47 miembros y representa 800 millones de personas, fue un paso de gran importancia para la transición de España a la democracia.


En octubre de 1977, por invitación del presidente de la Asamblea Parlamentaria, las Cortes españolas nombraron una delegación de alto nivel, de la que formaron parte Fernando Álvarez de Miranda como presidente del Congreso, Felipe González y Santiago Carrillo, que intervinieron ante el pleno de la Asamblea abogando por la incorporación de nuestro país ante el Consejo de Europa. La declaración común de todos los partidos representados en las Cortes, comprometiéndose a que la preeminencia del derecho y los ideales recogidos por la Convención Europea de Derechos Humanos serían garantizados por la nueva Constitución española, hicieron que el Consejo de Europa otorgara toda su confianza al proceso democratizador en España. Se habían celebrado ya las primeras elecciones democráticas (el 15 de junio de 1977), pero todavía no se había elaborado la Constitución, que sería aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. (Rumores.-Un señor diputado: No se oye.) Este hecho en cierto modo anómalo puesto que se apartaba de la norma por la que se regía el Consejo de Europa, la admisión en su seno de un país que todavía no contaba con una Constitución democrática, fue señalado y agradecido por Su Majestad el Rey, cuando el 8 de octubre de 1979 se dirigió a la Asamblea Parlamentaria de Estrasburgo agradeciéndoles el papel decisivo que habían jugado al mostrar su plena confianza sobre la transición democrática española.


España ha trabajado con entusiasmo en una institución que, desde el año 1949 en que fue creada, viene jugando un papel determinante en el impulso de la unidad del continente, asentada en los principios y valores democráticos: el Estado de derecho, el pluralismo político, la protección de los derechos humanos, la tolerancia, el respeto a las minorías lingüísticas y étnicas, la erradicación de la xenofobia y del racismo. A estos trabajos España se sumó con un relevante protagonismo: ha aportado al Consejo de Europa un secretario general, Marcelino Oreja, que ejerció su mandato entre 1984 y 1989; dos presidentes de la Asamblea Parlamentaria, José María de Areilza, de 1981 a 1983, y Miguel Ángel Martínez, de 1992 a 1996; y el primer comisario de Derechos Humanos, Álvaro Gil-Robles, que desarrolló su labor de 1999 a 2006.


Al conmemorar el 30º aniversario de la entrada de España en el Consejo de Europa, el Congreso de los Diputados desea renovar el compromiso de España con los valores que defiende y representa el Consejo de Europa.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
(VOTACIÓN.)

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 28/1990, DE 26 DE DICIEMBRE,

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POR LA QUE SE APRUEBA EL CONVENIO ECONÓMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. (Número de expediente 121/000151.)

El señor PRESIDENTE: Procedemos a votar. En primer lugar, votación de la tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas.
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 323.


El señor PRESIDENTE: Aprobado.


VETO DEL SENADO. (VOTACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL. (Número de expediente 121/000135.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos el veto del Senado al proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. Conforme al artículo 122 del Reglamento de la Cámara, se someterá a votación el texto inicialmente aprobado por el Congreso de los Diputados. Por tanto, votar sí supone votar el texto que el Congreso aprobó y envió al Senado; votar no supone votar en contra del texto aprobado por el Congreso y que ha sido vetado por el Senado. Si dicho texto fuere ratificado por la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, 176 diputados, quedará levantado el veto; si no, se aplicará lo dispuesto en el artículo 122.2 del Reglamento del Congreso.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 180; en contra, 143.


El señor PRESIDENTE: Así, pues, la mayoría absoluta ha sido acordada y se levanta el veto del Senado. (Aplausos.)

ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIONES.)

- PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES DE LA CONTRATACIÓN DE BIENES CON OFERTA DE RESTITUCIÓN DEL PRECIO. (Número de expediente 121/000133.)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de Ley de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio.


Votamos en bloque las enmiendas del Senado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 197; en contra, 126.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 42/1999, DE 25 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 121/000414.)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de Ley de modificación de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de régimen del personal del cuerpo de la Guardia Civil.


Enmienda al artículo único, uno, por el que se modifica el artículo 83 de la Ley 42/1999.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 323.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmienda al artículo único, dos, por el que se modifica el artículo 97.2 de la Ley 42/1999.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 321.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Por último, enmienda a la disposición derogatoria única.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 140; en contra, 178; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


- PROYECTO DE LEY PARA LA REGULACIÓN DEL RÉGIMEN DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN. (Número de expediente 121/000144.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de Ley para la regulación del régimen de las empresas de inserción.
Enmiendas al párrafo segundo del apartado II del preámbulo y a la disposición final primera.


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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 199; abstenciones, 124.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas al artículo 15.4 y a la disposición adicional sexta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 15; en contra, 177; abstenciones, 131.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmiendas a los artículos 13.2 y 15.5.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, ocho; en contra, 308; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmiendas al artículo 10.2 d) y 10.3 d).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 196; en contra 126.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmienda a la disposición final quinta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 22; en contra, 293; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Resto de enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 321.


El señor PRESIDENTE: Aprobado.


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE VALORES. (Número de expediente 121/000146.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Enmiendas al apartado III del preámbulo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 125; en contra, 184; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmiendas al apartado IV del preámbulo y al apartado tres bis nuevo del artículo único.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 308; en contra, siete; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a los siguientes apartados del artículo único: doce; veintisiete; treinta y cinco en lo que se refiere al apartado 3 del artículo 66 de la ley; treinta y seis en lo que se refiere a los apartados 3 y 4 d) del artículo 67 de la ley; cincuenta y uno; setenta y dos en lo relativo a los artículos 118, 119, 120 apartado 1, 125 y 126 de la ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 317; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas al artículo único, apartado veintiocho en lo que se refiere a la introducción de un nuevo párrafo en el apartado 1 del artículo 59 bis de la ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 317; en contra, cuatro; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas al artículo único, apartado veintiocho en lo relativo al resto del apartado 1 del artículo 59 bis de la ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 316; en contra, cinco; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


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Enmiendas al artículo único, apartado veintiocho en lo que se refiere al apartado 3 del artículo 59 bis de la ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 308; en contra, seis; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas al artículo único, apartado cuarenta y nueve en lo que se refiere al primer párrafo del apartado 8 a) del artículo 79 bis de la ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 309; en contra, 10; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmienda al artículo único, apartado cuarenta y nueve en lo relativo al resto del apartado 8 a) del artículo 79 bis de la ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 126; en contra, 187; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas al artículo único, apartado cuarenta y nueve en lo relativo al segundo párrafo del artículo 79 ter de la ley; enmienda por la que se introduce una nueva disposición adicional que modifica el artículo 40 apartado 2 y añade un nuevo número 3 al artículo 62 de la Ley 35/2003 y a la disposición transitoria primera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 125; en contra, 186; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas por la que se incluye una nueva disposición adicional sobre obligaciones en materia de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 141; en contra, 170; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Votamos el resto de enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 126; en contra, 182; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Rechazado.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.


El señor PRESIDENTE: Votación de los dictámenes de la Comisión Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales. Hay un acuerdo por el que se ha solicitado que se vote un punto por separado. (El señor Llamazares Trigo pide la palabra.) Sí, señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Pido votación separada del número 45.


- ACUERDO DE SEDE, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA EMPRESA COMÚN EUROPEA PARA EL ITER Y EL DESARROLLO DE LA ENERGÍA DE FUSIÓN, HECHO EN MADRID EL 28 DE JUNIO DE 2007. (Número de expediente 110/000267.)

El señor PRESIDENTE: Votación separada del Acuerdo de sede, privilegios e inmunidades entre el Reino de España y la empresa común europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión, hecho en Madrid el 28 de junio de 2007.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 306; en contra, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE LA INDIA AL CONVENIO SOBRE OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.
(Número de expediente 110/000262.)

CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE ARABIA SAUDÍ PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN MADRID EL 19 DE JUNIO DE 2007. (Número de expediente 110/000263.)

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ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE GHANA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN MADRID EL 6 DE OCTUBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000264.)

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 23 DE JUNIO DE 2006. (Número de expediente 110/000265.)

- ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, HECHO EN MÉXICO EL 10 DE OCTUBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000266.)

- DECISIÓN DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 7 DE JUNIO 2007, SOBRE EL SISTEMA DE RECURSOS PROPIOS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2007/436/CE, EURATOM). (Número de expediente 110/000268.)

- ENMIENDA AL ARTÍCULO XII, PÁRRAFO (C) (II) DEL ACUERDO RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE (ITSO), ADOPTADA EN LA TRIGÉSIMO PRIMERA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE LAS PARTES DE LA ITSO, HECHO EN PARÍS EL 23 DE MARZO DE 2007. (Número de expediente 110/000269.)

- ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LA SECRETARÍA DE LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS, HECHO EN MADRID EL 30 DE JULIO DE 2007, DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN EN LOS PAÍSES AFECTADOS POR SEQUÍA GRAVE O DESERTIFICACIÓN, EN PARTICULAR EN ÁFRICA (CNULD), EN RELACIÓN CON EL OCTAVO PERÍODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES DE LA CNULD (COP8) (MADRID 3 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2007). (Número de expediente 110/000270.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE MAURITANIA RELATIVO A LA REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS LABORALES ENTE AMBOS ESTADOS, HECHO EN NUAKCHOTT EL 25 DE JULIO DE 2007. (Número de expediente 110/000271.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO DE ISRAEL DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN JERUSALÉN EL 19 DE ABRIL DE 2007. (Número de expediente 110/000272.)

- CONVENIO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL YEMEN, HECHO EN MADRID EL 18 DE OCTUBRE DE 2007.
(Número de expediente 110/000273.)

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación conjunta y por asentimiento de la Cámara la aprobación del resto de los dictámenes sobre convenios internacionales reproducido en el orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)

En consecuencia, quedan aprobados los referidos dictámenes. Se levanta la sesión. Que tengan un buen fin de semana.


Eran las tres de la tarde.

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