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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 293, de 18/10/2007
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 293
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 271
celebrada el jueves, 18 de octubre de 2007


ORDEN DEL DÍA:

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 95-1, de 8 de septiembre de 2006. (Número de expediente 121/000095.)... (Página 14406)

- Proyecto de Ley para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio (antes Proyecto de Ley de normas básicas sobre explotación, transporte, experimentación y sacrificio para el cuidado de los animales). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 123-1, de 9 de febrero de 2007. (Número de expediente 121/000123.) .... (Página 14413)

- Proposición de Ley de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 188-1, de 27 de mayo de 2005. (Número de expediente 122/000157.)... (Página 14416)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales:

- Tratado sobre traslado de personas condenadas entre la República de Filipinas y el Reino de España, hecho en Madrid el 18 de mayo de 2007.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 391, de 15 de junio de 2007. (Número de expediente 110/000227.)... (Página 14425)

Página 14398


Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 429, de 14 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000258.)...
(Página 14426)

- Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 431, de 14 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000260.)... (Página 14429)

- Protocolo Facultativo a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 432, de 14 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000261.)... (Página 14429)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 142-1, de 22 de junio de 2007. (Número de expediente 121/000142.)... (Página 14430)

- Proyecto de Ley por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de la Seguridad Social. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 145-1, de 7 de septiembre de 2007. (Número de expediente 121/000145.)...
(Página 14440)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:

- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Número de registro 205336.)... (Página 14458)

Enmiendas del Senado. (Votaciones.)... (Página 14458)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales. (Votaciones.):

- Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 429, de 14 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000258.)... (Página 14461)

- Declaración de aceptación por España de la adhesión de Ucrania al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 389, de 8 de junio de 2007. (Número de expediente 110/000226.)... (Página 14459)

- Tratado sobre traslado de personas condenadas entre la República de Filipinas y el Reino de España, hecho en Madrid el 18 de mayo de 2007.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 391, de 15 de junio de 2007. (Número de expediente 110/000227.)... (Página 14459)

- Protocolo de 2005 relativo al Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Londres el 14 de octubre de 2005. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 392, de 15 de junio de 2007.
(Número de expediente 110/000228.)... (Página 14459)

- Protocolo de 2005 relativo al Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Londres el 14 de octubre de 2005. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 393, de 15 de junio de 2007. (Número de expediente 110/000229.)...
(Página 14459)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República de El Salvador sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en San Salvador el 27 de marzo de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 394, de 15 de junio de 2007. (Número de expediente 110/000230.)... (Página 14459)

Página 14399


Acuerdo General de Seguridad entre el Reino de España y la República Italiana relativo a la protección de la información clasificada intercambiada entre ambos países, hecho en Madrid el 19 de abril de 2007.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 395, de 15 de junio de 2007. (Número de expediente 110/000231.)... (Página 14459)

- Acuerdo Marco de cooperación entre el Reino de España y la República de Níger, hecho en Madrid el 7 de marzo de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 397, de 29 de junio de 2007. (Número de expediente 110/000232.)... (Página 14459)

- Acuerdo sobre privilegios y ventajas referidos a la celebración de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, celebrado entre el Reino de España y la Oficina Internacional de Exposiciones (O.E.I.), hecho en Madrid el 19 de abril de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 398, de 29 de junio de 2007. (Número de expediente 110/000233.)...
(Página 14459)

- Convenio de extradición entre el Reino de España y la República de Cabo Verde, hecho en Madrid el 20 de marzo de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 399, de 29 de junio de 2007. (Número de expediente 110/000234.)... (Página 14459)

- Acuerdo Marco de cooperación en materia de inmigración entre el Reino de España y la República de Cabo Verde, hecho en Madrid el 20 de marzo de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 400, de 29 de junio de 2007. (Número de expediente 110/000235.)... (Página 14459)

- Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en Madrid el 20 de marzo de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 401, de 29 de junio de 2007. (Número de expediente 110/000236.)... (Página 14459)

- Convenio sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de Cabo Verde, hecho en Madrid el 20 de marzo de 2007.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 402, de 29 de junio de 2007. (Número de expediente 110/000237.)... (Página 14459)

- Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular, hecho en Argel el 13 de marzo de 2007.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 403, de 29 de junio de 2007. (Número de expediente 110/000238.)... (Página 14459)

- Protocolo número 12 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 2000. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 404, de 29 de junio de 2007. (Número de expediente 110/000239.)... (Página 14459)

- Acuerdo entre el Reino de España y Nueva Zelanda sobre el ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en Madrid el 12 de abril de 2007. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 405, de 29 de junio de 2007.
(Número de expediente 110/000240.)... (Página 14459)

- Canje de Notas relativo al Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajstán sobre transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera, hecho en Madrid el 30 de octubre de 2000. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 407, de 6 de julio de 2007. (Número de expediente 110/000241.)... (Página 14460)

- Acuerdo Euromediterráneo de Aviación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, hecho en Bruselas el 12 de diciembre de 2006. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 409, de 13 de julio de 2007. (Número de expediente 110/000242.)... (Página 14460)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio, hecho en Argel el 13 de marzo de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 410, de 13 de julio de 2007. (Número de expediente 110/000243.)... (Página 14460)

- Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas relativo a la remodelación y renovación de la Sala de Conferencias XX en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, hecho en Madrid el 28 de febrero de 2007.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 413, de 7 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000244.)... (Página 14460)

Página 14400


Convenio entre el Reino de España y la República de Chipre sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Nicosia el 30 de abril de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 414, de 7 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000245.)...
(Página 14460)

- Acuerdo de Cooperación sobre un sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) civil entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra, hecho en Kiev el 1 de diciembre de 2005. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 415, de 7 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000246.)... (Página 14460)

- Actas aprobadas por el XXIII Congreso de la Unión Postal Universal (UPU), hecho en Bucarest el 5 de octubre de 2004, y Declaración que España formuló en el momento de su firma. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 416, de 7 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000247.)... (Página 14460)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República Federal de Alemania sobre protección mutua de la información clasificada, hecho en Madrid el 21 de mayo de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 417, de 7 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000248.)...
(Página 14460)

- Enmienda al Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Sofía el 27 de febrero de 2001.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 418, de 7 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000249.)... (Página 14460)

- Canje de Notas, hecho los días 7 de octubre, 29 de noviembre de 2004 y 11 de enero de 2005, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa por el que se establecen las modificaciones al Reglamento de caza en las aguas y márgenes del tramo internacional del río Miño. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 419, de 7 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000250.)... (Página 14460)

- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de San Marino al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 420, de 7 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000251.)... (Página 14460)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Madrid el 21 de junio de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 421, de 7 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000252.)... (Página 14460)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Letonia para la protección mutua de información clasificada, hecho en Madrid el 12 de junio de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 424, de 14 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000253.) .... (Página 14460)

- Convenio entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 25 de junio de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 425, de 14 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000254.)... (Página 14460)

- Enmienda al Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la Justicia en materia de medio ambiente, hecho en Almaty (Kazajstán) el 27 de mayo de 2005.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 426, de 14 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000255.)... (Página 14461)

- Convenio entre el Reino de España y la República de Senegal para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia del impuesto sobre la renta, hecho en Dakar el 5 de diciembre de 2006. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 427, de 14 de septiembre de 2007.
(Número de expediente 110/000256.)... (Página 14461)

- Acuerdo general de cooperación entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí, hecho en Madrid el 22 de febrero de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 428, de 14 de septiembre de 2007.
(Número de expediente 110/000257.)... (Página 14461)

Página 14401


Acuerdo de Cooperación sobre un sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) civil entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, hecho en Bruselas el 12 de diciembre de 2006. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 430, de 14 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000259.)...
(Página 14461)

- Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 431, de 14 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000260.)... (Página 14461)

- Protocolo Facultativo a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 432, de 14 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000261.)... (Página 14461)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas.
(Votaciones.):

- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 142-1, de 22 de junio de 2007. (Número de expediente 121/000142.)... (Página 14461)

Votación de conjunto... (Página 14462)

- Proyecto de Ley por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de la Seguridad Social. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 145-1, de 7 de septiembre de 2007. (Número de expediente 121/000145.)...
(Página 14463)

Votación de conjunto... (Página 14466)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Enmiendas del Senado... (Página 14406)

Proyecto de Ley de contratos del sector público... (Página 14406)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Malaret García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de Ley para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio (antes proyecto de Ley de normas básicas sobre explotación, transporte, experimentación y sacrificio para el cuidado de los animales)... (Página 14413)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Ramón Torres, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proposición de Ley de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear... (Página 14416)

Página 14402


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Gómez Darmendrail, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Velasco García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


El señor Herrera Torres pide la palabra por alusiones, que no le es concedida.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales... (Página 14424)

Tratado sobre traslado de personas condenadas entre la República de Filipinas y el Reino de España, hecho en Madrid el 18 de mayo de 2007...
(Página 14425)

Intervienen los señores Ricomá de Castellarnau, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007... (Página 14426)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Ricomá de Castellarnau, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Aburto Baselga, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006... (Página 14429)

Protocolo facultativo a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006...
(Página 14429)

Intervienen los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Ricomá de Castellarnau, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas...
(Página 14430)

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas .... (Página 14430)

Presenta el proyecto de ley el señor ministro de Justicia (Fernández Bermejo), en nombre del Gobierno. Señala que este proyecto de ley se inscribe en la política general emprendida por el Gobierno de reforzamiento de control de nuestras fronteras y en la protección de los derechos humanos. La llegada de embarcaciones procedentes de las costas africanas está siendo interceptada con más éxito que nunca por nuestras patrulleras y por las de Frontex, pero tras esas embarcaciones se esconden los autores del tráfico de personas y la inmigración clandestina. Para luchar contra esta lacra se ha planteado la necesidad de despejar definitivamente la polémica acerca de si nuestros tribunales eran o no competentes para conocer de estos delitos, aun cuando la detención de las embarcaciones se llevara a cabo fuera de nuestras aguas territoriales.


Finaliza señalando que el texto que hoy saldrá de la Cámara es mejor que el texto que entró gracias a la aprobación de muchas enmiendas y al esfuerzo de todos por apoyar un proyecto que ya no es del Gobierno, sino el que legítimamente corresponde a esta Cámara.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Página 14403


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto.


Proyecto de Ley por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de la Seguridad Social... (Página 14440)

Presenta el proyecto de ley el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán), en nombre del Gobierno. Señala que este es un momento importante porque la Cámara va a aprobar un proyecto de ley que necesitan las familias españolas y que viene a modificar de forma sustancial, en positivo, el panorama de los apoyos a la familia, siendo esta la primera ocasión en la que se aborda una prestación universal de ayuda a la familia en España. Esto viene a completar de modo muy significativo el conjunto de importantes medidas que se han desarrollado en esta legislatura para proteger a las familias españolas.
Cree que esta medida ha sido muy bien acogida por la sociedad española y permitirá ir construyendo un edificio de derechos que permitan a los padres tener garantías suficientes para el cuidado de sus hijos, para darles la mejor educación y para desarrollar todo ello sin tener que renunciar en ningún momento a su trabajo.


Hace un repaso a las políticas de protección a la familia llevadas a cabo por el Gobierno, manifestando su voluntad de definir una política de apoyo a las familias que se caracterice por hechos concretos.


Finaliza agradeciendo la colaboración y el apoyo de la Cámara.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Labordeta Subías y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Oliva i Peña, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados... (Página 14458)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los señores diputados... (Página 14458)

Enmiendas del Senado. (Votaciones.)... (Página 14458)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de Contratos del Sector Público.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de Ley para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.


Se someten a votación las enmiendas del Senado a la proposición de ley de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votaciones.)... (Página 14459)

Sometido a votación el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007, se aprueba por 294 votos a favor, cuatro en contra y una abstención.


Declaración de aceptación por España de la adhesión de Ucrania al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980... (Página 14459)

Tratado sobre traslado de personas condenadas entre la República de Filipinas y el Reino de España, hecho en Madrid el 18 de mayo de 2007...
(Página 14459)

Protocolo de 2005 relativo al Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Londres el 14 de octubre de 2005...
(Página 14459)

Página 14404


Protocolo de 2005 relativo al Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Londres el 14 de octubre de 2005... (Página 14459)

Acuerdo entre el Reino de España y la República de El Salvador sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en San Salvador el 27 de marzo de 2007... (Página 14459)

Acuerdo General de Seguridad entre el Reino de España y la República Italiana relativo a la protección de la información clasificada intercambiada entre ambos países, hecho en Madrid el 19 de abril de 2007... (Página 14459)

Acuerdo Marco de cooperación entre el Reino de España y la República de Níger, hecho en Madrid el 7 de marzo de 2007 .... (Página 14459)

Acuerdo sobre privilegios y ventajas referidos a la celebración de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, celebrado entre el Reino de España y la Oficina Internacional de Exposiciones (O.E.I.), hecho en Madrid el 19 de abril de 2007... (Página 14459)

Convenio de extradición entre el Reino de España y la República de Cabo Verde, hecho en Madrid el 20 de marzo de 2007... (Página 14459)

Acuerdo Marco de cooperación en materia de inmigración entre el Reino de España y la República de Cabo Verde, hecho en Madrid el 20 de marzo de 2007... (Página 14459)

Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en Madrid el 20 de marzo de 2007 .... (Página 14459)

Convenio sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de Cabo Verde, hecho en Madrid el 20 de marzo de 2007...
(Página 14459)

Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular, hecho en Argel el 13 de marzo de 2007...
(Página 14459)

Protocolo número 12 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 2000... (Página 14459)

Acuerdo entre el Reino de España y Nueva Zelanda sobre el ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en Madrid el 12 de abril de 2007... (Página 14459)

Canje de notas relativo al Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajstán sobre transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera, hecho en Madrid el 30 de octubre de 2000... (Página 14460)

Acuerdo Euromediterráneo de Aviación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, hecho en Bruselas el 12 de diciembre de 2006... (Página 14460)

Página 14405


Acuerdo entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio, hecho en Argel el 13 de marzo de 2007... (Página 14460)

Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas relativo a la remodelación y renovación de la Sala de Conferencias XX en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, hecho en Madrid el 28 de febrero de 2007... (Página 14460)

Convenio entre el Reino de España y la República de Chipre sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Nicosia el 30 de abril de 2007... (Página 14460)

Acuerdo de Cooperación sobre un sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) civil entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra, hecho en Kiev el 1 de diciembre de 2005...
(Página 14460)

Actas aprobadas por el XXIII Congreso de la Unión Postal Universal (UPU), hecho en Bucarest el 5 de octubre de 2004, y Declaración que España formuló en el momento de su firma... (Página 14460)

Acuerdo entre el Reino de España y la República Federal de Alemania sobre protección mutua de la información clasificada, hecho en Madrid el 21 de mayo de 2007... (Página 14460)

Enmienda al Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Sofía el 27 de febrero de 2001...
(Página 14460)

Canje de notas, hecho los días 7 de octubre, 29 de noviembre de 2004 y 11 de enero de 2005, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa por el que se establecen las modificaciones al Reglamento de caza en las aguas y márgenes del tramo internacional del río Miño... (Página 14460)

Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de San Marino al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980...
(Página 14460)

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Madrid el 21 de junio de 2007... (Página 14460)

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Letonia para la protección mutua de información clasificada, hecho en Madrid el 12 de junio de 2007... (Página 14460)

Convenio entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 25 de junio de 2007... (Página 14460)

Enmienda al Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la Justicia en materia de medio ambiente, hecho en Almaty (Kazajstán), el 27 de mayo de 2005...
(Página 14461)

Página 14406


Convenio entre el Reino de España y la República de Senegal para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia del Impuesto sobre la Renta, hecho en Dakar el 5 de diciembre de 2006... (Página 14461)

Acuerdo general de cooperación entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí, hecho en Madrid el 22 de febrero de 2007... (Página 14461)

Acuerdo de Cooperación sobre un sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) civil entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, hecho en Bruselas el 12 de diciembre de 2006... (Página 14461)

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006... (Página 14461)

Protocolo Facultativo a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006...
(Página 14461)

Sometidos a votación conjunta el resto de los dictámenes sobre convenios internacionales reproducidos en el orden del día, se aprueban por asentimiento.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas.
(Votaciones.)... (Página 14461)

Se someten a votación las enmiendas al proyecto de Ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina.


Votación de conjunto... (Página 14462)

Sometida a votación de conjunto por tramitarse la iniciativa por el procedimiento de lectura única y tener además carácter orgánico, se aprueba por 293 votos a favor y cuatro abstenciones.


Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de la Seguridad Social.


Votación de conjunto... (Página 14466)

Sometida a votación de conjunto por tramitarse la iniciativa por el procedimiento de lectura única, se aprueba por 177 votos a favor y 116 abstenciones.


Se levanta la sesión a las tres y treinta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Les comunico que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento, habida cuenta de que tendremos la votación de una ley orgánica y para la organización de ustedes mismos esta mañana, la votación en ningún caso tendrá lugar antes de las dos y media de la tarde.


ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente 121/000095.)

El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día: Enmiendas del Senado.
Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público.


Los grupos parlamentarios han solicitado fijar posición. Empezamos por el Grupo Mixto, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Los diputados que representamos al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, dentro del Grupo Mixto, vamos a votar favorablemente las enmiendas que nos llegan del Senado, excepto la enmienda que se ha introducido en la Cámara Alta a la disposición adicional quinta, sobre los límites a la contratación de empresas de trabajo temporal, porque entendemos que era preferible

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el sentido positivo en que se había aprobado en la Cámara Baja, en este Congreso de los Diputados, esta disposición adicional quinta, que ya en el propio enunciado, con un sentido positivo de la frase, decía: podrán celebrarse contratos de servicios. Existe un sentido positivo de reconocimiento de un derecho. En cambio, en la enmienda introducida en el Senado, con la cual no estamos conformes porque introduce una perturbación, una limitación, un encorsetamiento, incluso empieza con el sentido negativo de: No podrán celebrarse contratos de servicios con empresas de trabajo temporal, salvo cuando se precise la puesta a disposición de personal con carácter eventual para la realización de encuestas, toma de datos y servicios análogos. Esto es un galimatías, señor presidente, en relación con lo que se trata aquí de consagrar jurídicamente. Por tanto, nos oponemos a esta enmienda a la disposición adicional quinta de este proyecto de Ley de Contratos del Sector Público.
Sería mucho más positivo, mucho más garantista, mucho más clarificador dejar el texto que se había aprobado en el Congreso que meternos en una acción que va a terminar en todos los tribunales del contencioso administrativo o de la jurisdicción laboral. Esta es la razón por la cual nosotros pediremos -y ya se lo indicamos a los servicios de la Cámara- votación separada de esta enmienda del Senado a la disposición adicional quinta, referida a los límites a la contratación con empresas de trabajo temporal.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.


La Ley de Contratos del Sector Público tuvo una dura negociación en esta casa y algunas de las enmiendas planteadas por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds fueron admitidas; muchas menos, evidentemente, de las que nos hubiera gustado. Nos hubiera gustado que se admitieran nuestras enmiendas respecto al medio ambiente, que eran propuestas de la organización Greenpeace y no tuvieron acogida por el grupo mayoritario, por el Grupo Socialista; por otra parte, tampoco se consiguieron avances en cuanto al control y limitación de la cadena de subcontratación de las administraciones públicas para evitar la precariedad laboral y la siniestralidad. Estas reivindicaciones formaban parte del informe del CES y tampoco tuvieron acogida. La verdad es que no se acaba de entender por qué, a no ser que se trate de una visión totalmente ajena a las reivindicaciones de estabilidad en el empleo y de acabar con la siniestralidad. Sí que se consiguió por Izquierda Unida incorporar la necesaria comunicación a los representantes de los trabajadores de las subcontratas existentes. Ya comentamos en su día que las administraciones públicas están dando subcontratas, subcontratas de las subcontratas, y nos encontramos con que los empleados públicos ya no saben para qué empresa trabajan. Van todos los días a un edificio, que es una Administración pública, y desconocen prácticamente con quién tienen la relación contractual porque la cantidad de subcontratas de subcontratas, lo que genera muchísima inestabilidad e inseguridad. Y los sindicatos, los representantes de los trabajadores, tampoco podían tener hasta la fecha un control a este respecto, precisamente para salvaguardar los derechos de los trabajadores. En ese sentido, consideramos que es un avance importante.


También planteamos enmiendas que tuvieron acogida en forma de transaccional respecto al comercio justo. Sin embargo, la transaccional que se recoge, si bien supone un avance sustancial porque por primera vez esto va a estar incluido en la ley, no es exactamente lo que pedían las organizaciones de comercio justo puesto que precisamente se recoge así, organizaciones de comercio justo, y no se recogen las que están reconocidas internacionalmente, con los estándares establecidos, y que garantizan que sí se trata de productos derivados del comercio justo, los que tienen la certificación IFAT, FLO y la estatal CECJ. El avance es importante, pero es una lástima que el Grupo Socialista no haya tenido a bien incluir los parámetros internacionales a este respecto.


Respecto a la enmienda que viene del Senado, nos sentimos muy satisfechos puesto que es una iniciativa planteada por nuestro representante en el Senado por parte de Izquierda Unida dentro del Grupo de la Entesa. Era sustancial que se aprobara y esperamos que tenga la acogida necesaria por parte de todos los grupos de la Cámara, porque no tiene ningún sentido que en las administraciones públicas se pueda acudir a empresas de trabajo temporal. En las administraciones públicas existe la figura, como todo el mundo sabe, del funcionario interino para las causas excepcionales, y así se recoge en el Estatuto del empleado público. Esta posibilidad extraña, contra natura, de acudir a empresas de trabajo temporal para los contratos de servicios no era más que una puerta abierta a la más absoluta precariedad e inestabilidad de los trabajadores. Nosotros la rechazamos y por eso planteamos esta enmienda en el Senado, que espero que tenga suficiente acogida por parte de los grupos y que quede incorporada a la ley porque es lo más razonable para aquellos que nos preocupamos por garantizar buenos servicios para los ciudadanos en las administraciones públicas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.


Grupo Parlamentario Vasco. Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, tenía razón la señora Navarro al decir que esta ley ha sido muy debatida en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Sin embargo, hay que decir también que, aunque ha sido un debate intenso, ha sido

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un tanto atribulado y desordenado. Todavía recuerdo algo que seguramente carece de precedentes en esta institución como es que las enmiendas transaccionales últimas me fueran entregadas por la señora Malaret cinco minutos antes de tener que intervenir, la traditio se produjo exactamente cinco minutos antes y en ese tiempo tuvimos que repentizar una intervención afirmándolas y apoyándolas prácticamente solo porque sonaban bien, por falta de tiempo material para poder leerlas. Esperemos que en el futuro la señora Malaret, el Grupo Parlamentario Socialista, tengan a bien dárnoslas con una cierta anticipación que nos permita por lo menos la lectura material de las transacciones ofertadas, que sin embargo eran buenas. Esta es una ley cuyo proyecto era competencialmente lesivo, no se identificaban como básicos aquellos preceptos que debían serlo por su propia naturaleza en virtud del desarrollo jurisprudencial del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, pero todo esto se fue allanando mediante una posición que yo quiero alabar del Grupo Socialista y del entonces ministro señor Sevilla que posibilitó que esta ley no produzca graves lesiones competenciales, algo relevante para un grupo como el que yo represento, salvo una que desafortunadamente no se ha podido resolver, que es la consignada por el artículo 57. Seguimos con el problema del artículo 57, señora Malaret; sigue todavía centralizándose y considerándose básico un precepto que no lo puede o no lo debe ser por su propia naturaleza: que el registro de empresas contratantes se determina solo en el ámbito del Estado, se determina por el Estado mediante la tramitación de las empresas que han de ser contratantes por las comisiones consultivas del Estado y, a su vez, por la Junta consultiva de contratación administrativa de la Administración del Estado, que es la que establece en exclusiva el registro de empresas contratantes.
Comprendo las prevenciones del Gobierno y del Grupo Socialista respecto a la perversión que se pretende evitar, que órganos homónimos a este en administraciones en ámbitos autonómicos creen registros de empresas contratantes más permisivos en los requerimientos para contratar con la Administración del Estado, pero a mi grupo no le parece un buen procedimiento, para evitar esta pretendida perversión, vulnerar títulos competenciales y declarar básicos preceptos que por su naturaleza, por las previsiones de la jurisprudencia constitucional en desarrollo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, no deben tener esa consideración de básicos. Es más, se retrocede respeto a lo que preveía la ley previgente, la ley que esta va a sustituir, que es la Ley de contratos con las administraciones públicas, y en concreto su artículo 34.3, que sí reconocía a las administraciones autonómicas establecer registros de empresas contratantes.


Tampoco se ha avanzado mucho en contratación telemática o informática; se podía haber hecho mucho más de lo que se ha hecho. Quizá los aspavientos de la señora Malaret tengan cierta justificación ya que el trabajo ha sido intenso, pero al final no ha sido fructífero y no se han conseguido cosas que debían haberse conseguido mejorando, en primer lugar, los criterios de acreditación de los licitadores electrónicos, cuando utilicen estos procedimientos, incorporando a la licitación electrónica documentos validados por la firma electrónica reconocida y, en segundo lugar, la recepción de esta firma, donde se debe señalar una fecha y una hora cierta para la recepción de la oferta. Esto no está bien articulado, no está bien configurado en el proyecto y, por lo tanto, tenemos ciertas reservas respecto al resultado final de algo tan importante y que moderniza tanto el sistema de contratación administrativa como es la licitación o la contratación telemática o electrónica. El esfuerzo ha sido importante pero no ha sido fructífero en nuestra opinión o, cuando menos, no ha sido lo suficientemente fructífero.


Por último, hay una enmienda del Senado, la relativa a la disposición adicional quinta, que prohíbe a las empresas de trabajo temporal realizar contratos de puesta a disposición con la Administración pública a los efectos previstos en esta ley. Esto no es lo que se acordó en el Congreso y vulnera un principio consagrado, el principio de libertad de mercado, el principio de libre concurrencia, respecto a la cual en el ámbito del sector laboral del ordenamiento jurídico no hay ninguna exclusión específica respecto a las empresas de trabajo temporal. Esta específica prohibición nos parece injusta y carente de legitimidad y, por lo tanto, vamos a votar en contra de esta enmienda aprobada por el Senado.


Este cúmulo de discrepancias -que no son de entidad profunda pero que sí son bastantes- va a provocar la abstención de mi grupo en relación a un proyecto de ley que, sin embargo, es muy importante, muy relevante y garantiza un derecho de ciudadanía, de los llamados de nueva generación.
Este sí que es de verdad un derecho de nueva generación: el derecho al buen gobierno. Aquí todos los derechos nuevos que se invocan pretendidamente son de nueva generación. Este sí está consagrado como tal, el derecho al buen gobierno. Es un acto en cierto modo fallido el que se ha cometido y por ello mi grupo se va a abstener en relación a este proyecto de ley.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.


Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Pausa.) Llamo otra vez a Esquerra Republicana.(Pausa.)

Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, tal y como ha dicho el diputado del Partido Nacionalista Vasco, señor Olabarría, este es un proyecto de ley muy importante, en el cual nuestro grupo parlamentario trabajó intensamente durante su tramitación en el Congreso en la Comisión de Administraciones Públicas. Trabajamos intensamente al fin y efecto de conseguir un pacto que posibilitara que

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un proyecto de ley de esta envergadura saliera con el máximo consenso de las formaciones políticas que integramos actualmente el hemiciclo. Se hizo, sinceramente, un esfuerzo importante por parte de todos los grupos parlamentarios; también por parte del Grupo Parlamentario Socialista que apoya al Gobierno; también por parte del Gobierno que intentó recoger las sensibilidades de todas las formaciones políticas. Nuestro grupo parlamentario en esta fase de negociación consiguió introducir alrededor de 50 enmiendas que considerábamos importante incorporar al dictamen de dicha Comisión porque mejoraban y complementaban el actual proyecto de ley. Había una serie de enmiendas que para nosotros eran fundamentales para poder llegar a un acuerdo, como era el de mejorar y clarificar el régimen de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de contratación. Considerábamos que el texto propuesto por el Gobierno, en aquellos momentos no atendía a la vigente regulación y a la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña. A través de esa negociación conseguimos aproximar posiciones y finalmente nuestro grupo dio su voto positivo prácticamente a la totalidad del proyecto y retiró todas las enmiendas que no consiguieron el consenso del Grupo Socialista.


Entre las enmiendas que también calificamos de relevantes y que fueron aceptadas por todos los grupos de la Cámara, se encontraban las referidas a la mejora en la participación de la subcontratación de las pequeñas y medianas empresas; al fraccionamiento del objeto del contrato cuando una de sus partes pueda ser realizada por empresas que cuenten con la necesaria habilitación personal y la adecuada clasificación; al establecimiento de mayor competencia en la licitación y contratación pública, no solo para facilitar el acceso de más empresas a la misma, sino también por lo que supone de mejora de mecanismos de control del contratista y a la mejora de la definición del responsable del contrato, en la línea puesta de manifiesto por el Consejo Económico y Social en su dictamen del anteproyecto. También hemos introducido el refuerzo de todos aquellos elementos de naturaleza social en la contratación pública, con la inclusión de criterios de comercio justo; la incentivación de la integración laboral de personas con discapacidad y la accesibilidad universal. También hemos conseguido introducir mejoras en la regulación de las garantías: agilización de la devolución, neutralidad de las modalidades de prestación de las mismas y exoneración en supuestos vinculados al contrato de suministro por prestación por medio de la retención por parte del pago del precio e instrumentación de la compensación de terceros por la iniciativa en la elaboración de proyectos que posteriormente no les sean adjudicados, etcétera.


Dentro de este paquete de cincuenta enmiendas, había una que para nuestro grupo parlamentario era relevante. Con ella se intentaba conseguir un acuerdo para que las administraciones en general, tanto la del Estado como las autonómicas, pudieran contratar personal de las empresas de trabajo temporal. Hubo una serie de comparecencias en ponencia, previas al debate en Comisión, y casi todos los comparecientes, por no decir todos, llegaron a la conclusión de que sería interesante que en una ley del siglo XXI, innovadora y modernizadora, todas las formaciones políticas pudiéramos llegar a un acuerdo que permitiera a todas las administraciones contratar personal a las empresas de trabajo temporal.
Nuestro grupo parlamentario, siempre atento a la innovación y la modernización de las administraciones públicas, recogió el guante y presentó la enmienda para que esto fuera una realidad. Es cierto que fue una negociación dura. Entablamos una negociación con el Gobierno, con representantes del ministerio y con el Grupo Parlamentario Socialista, a la que se sumaron, todo hay que decirlo, el resto de formaciones políticas hoy presentes, porque todos considerábamos que era importante dar este paso hacia la innovación y la modernización. Además, entendíamos que la sociedad y los agentes económicos y sociales iban a estar de acuerdo con una enmienda de este calado. Se trataba de una enmienda de máximos. Llegamos a un acuerdo con el Grupo Socialista y, minutos antes de la votación, se nos entregó una transaccional, que dimos por buena, aunque podría llegar a superarse. Entendimos que este era un pacto de caballeros, porque si se llega a un acuerdo respecto a un tema tan importante como este del que les estoy hablando, en este caso con el Grupo Socialista, que da apoyo al Gobierno, y uno, en virtud de este pacto, renuncia a las enmiendas que no le han aceptado, las retira y no las presenta en el Senado, lo lógico es pensar que el Gobierno cumplirá con la palabra de caballeros -entre comillas, porque es una palabra política y ya sabemos que la palabra política no coincide a veces con la palabra de caballeros que puede existir en una transacción comercial- y, si no prosperan las enmiendas en el Senado, cuando el proyecto llegue al Congreso de los Diputados, respetará el acuerdo al que llegamos todas las formaciones políticas -porque quiero incorporar a todos los grupos que votaron la enmienda de Convergència i Unió- y cumplirá con lo estipulado.
Yo no sé qué va a hacer el Gobierno. En el Senado se pasó por una situación desgraciada, a la que ya nos ha acostumbrado la Cámara Alta por otros proyectos de ley que se han acordado, pero cuando llegan al Congreso estos proyectos de ley procedentes del Senado, aunque las votaciones hayan sido diferentes de las acordadas en el Congreso de los Diputados, finalmente el Gobierno y la oposición en temas tan importantes como el que hoy estamos hablando siempre volvemos al acuerdo político -y yo añado: y de caballeros- que se produjo en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso. Señorías, hoy estamos aquí debatiendo esta serie de enmiendas, algunas de las cuales vienen del Senado ya con el consenso de todas las formaciones políticas -nosotros nos vamos a sumar-, pero en esta enmienda de la posibilidad de que las administraciones puedan contratar con las empresas de trabajo temporal nosotros vamos a apelar a la sensibilidad del Gobierno y vamos

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a reclamar que cumplan con lo pactado. A mí no me sirve que me digan que yo presenté otra enmienda. Sí, la presente porque ellos me entregaron aquí una enmienda en el último momento que no coincidía con lo que previamente se había pactado. Pero el final de la película es que aquí se ha de cumplir con lo pactado con todas las formaciones políticas. Y aquí se ha de decir también que nuestro grupo renunció a muchísimas enmiendas, con las que no habíamos llegado a un acuerdo, en función del acuerdo pactado aquí. Por tanto, ahora no es de recibo que nos vengan y nos cambien la transacción a la que llegamos en la Comisión de Administraciones Públicas, vulnerando un pacto político, y yo añado que de caballeros. Nosotros no estamos dispuestos a renunciar y que ahora se nos cambie lo acordado en el Congreso de los Diputados en función de una enmienda del Senado, sin un previo debate. Repito que este debate, intenso y extenso, del proyecto de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se desarrolló a lo largo de seis o siete meses entre todas las formaciones políticas para llegar a un consenso. En su momento también reconocí la labor, la gestión, la colaboración y la sensibilidad de la diputada señora Malaret, del Partido Socialista, pero debatimos durante siete meses y lo que no vale ahora es que lo cambien y que me digan que no. Hay que cumplir los pactos. Las leyes hay que cumplirlas, pero los pactos entre los grupos parlamentarios son sagrados y si alguien los vulnera que se atenga a las consecuencias. Yo reclamo aquí a todos los grupos parlamentarios que sean consecuentes con lo que aprobamos en la Comisión de Administraciones Públicas, que se piense que muchos grupos renunciamos a presentar muchísimas más enmiendas en aras del consenso. No nos vale ahora que nos cambien una enmienda relevante, que este grupo apoyó. No solamente la apoyó este grupo sino que el Gobierno y el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno también la apoyaron profundamente con el resto de las fuerzas parlamentarias. Que ahora nos cambien aquí lo acordado, señorías, no es de recibo. Esto no es de recibo si no se produce un cambio de criterio en la votación por parte del Grupo Socialista. Señorías, apelo a esta responsabilidad, apelo a ese pacto de caballeros y reclamo la sensibilidad de todas las fuerzas políticas para que volvamos al texto inicial de este proyecto de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Grupo Parlamentario Popular. Señor Ayala, por favor.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, llegamos al último trámite de una ley importante en este final de legislatura y he de señalar, al igual que han hecho los compañeros de otros grupos parlamentarios, que llegamos a una ley que se ha consensuado gracias al esfuerzo de todos. El Partido Popular fue muy crítico con este proyecto. El Partido Popular mantiene que hay cuestiones en las que no se ha llegado a una solución satisfactoria, pero esas críticas no son incompatibles con haber intervenido de buena fe, con haber tenido un espíritu constructivo y haber intentado que de los debates en el Congreso y en el Senado salga una ley que mejore sustancialmente el proyecto que remitió el Gobierno.
Hay cuestiones que siguen siendo discutibles, pero también he de señalar que una Ley de Contratos que tiene una aplicación horizontal y que afecta a tantos sectores no puede ser objeto de una oposición frontal por el grupo mayoritario de la oposición. Por tanto, siendo una ley instrumental vamos a seguir apoyándola aunque mantengamos nuestra crítica, y esa crítica se basa de entrada -hay que repetir que es la única vez que esta ley se ha debatido y se va a conocer en el Pleno del Congreso- en que esta ley es innecesaria en cuanto a su extensión. Es una ley íntegramente nueva que en definitiva pretendía únicamente incluir las novedades de la Directiva 2004/18 del Parlamento Europeo, de 31 de marzo de 2004, y podía haber dado lugar a una modificación parcial del texto refundido del año 2000 y que ha tenido una buena trayectoria dentro de nuestro ordenamiento jurídico y en la regulación de los contratos en España. A mí me gustaría que en realidad la pretensión de la directiva europea, que no era otra que responder a las necesarias exigencias de simplificación y modernización tanto por los poderes adjudicadores como por los operadores económicos en el marco de las respuestas al libro verde de la Comisión Europea del 27 de noviembre de 1996, se hubiera conseguido plenamente.
Ciertamente tenemos nuestras dudas en cuanto a la no exigencia tan clara como nosotros pretendíamos de que los criterios de ámbito medioambiental y social estuvieran vinculados permanentemente al objeto del contrato y que no otorguen al poder adjudicador una libertad de elección ilimitada.
En cualquier caso, el texto, como digo, ha tenido una redacción que no satisface plenamente las propias disposiciones de la directiva, y por otra parte tampoco debemos olvidar que la Unión Europea ya advirtió de la posibilidad de que estuviéramos ante una mala transposición de su propia directiva. Asimismo, criticó con carácter importante cuestiones no menores como la exclusión de los contratos de préstamo o de crédito, la definición de los contratos de obras o gestión de servicios públicos, incluso el autoabastecimiento y el recurso especial en materia de contratación.


Dijimos en su momento y debemos mantener que esta es una ley innecesariamente intervencionista. Por poner un ejemplo, nos parece que la regulación de la subcontratación demuestra la existencia de una desconfianza patente y que introduce una gran rigidez en la contratación de las administraciones públicas, de la misma manera que el carácter intervencionista se ve directamente reflejado en la cuestión de la utilización de los criterios medioambientales y sobre todo sociales.
Desde luego, considerando que estas políticas son adecuadas, su introducción en el ámbito de la contratación pública y su incidencia potencial en la elección de la mejor oferta

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no dejan de ser una cuestión problemática especialmente cuando parece que no se respeta íntegramente la idea de la directiva de guardar relación con el objeto, como he señalado anteriormente.


Señorías, estamos ante una ley de la que me gustaría destacar fundamentalmente la novedad esencial de la introducción de los contratos de la colaboración público-privada en la que el Partido Popular ha aportado su grano de arena en este país. La colaboración público-privada, con independencia de su origen inglés y de las experiencias inglesas, en España ha permitido la construcción, mantenimiento y explotación de infraestructuras, y dada nuestra experiencia podríamos haber logrado una mejor regulación y deberíamos haber ahondado más en una figura que tiene una franca expansión en España y que nos podría haber permitido separarla suficientemente del contrato de concesión de obra pública que ya se había insertado en la Ley de Contratos de las administraciones públicas en la pasada legislatura.


Quiero señalar una última cuestión de carácter general, y es que en este ánimo consensual que estamos expresando en cuanto al contenido básico de la ley hemos perdido la ocasión -podrá ser en otro momento- de eliminar el carácter potestativo de las modificaciones de los contratos cuando existen alteraciones sustanciales de los proyectos, pero, como digo, será en otra ocasión.


Hoy nos toca debatir las enmiendas que se han introducido en el Senado, donde hemos visto que ha habido debates importantes y ha habido algunos cambios de opinión en algún momento determinado. Finalmente viene con dos únicas modificaciones. La primera se refiere solo a la remisión al desarrollo reglamentario del régimen a aplicar a las ofertas con valores anormales pertenecientes a empresas vinculadas, que fue consensuada por todos los grupos parlamentarios en el Senado, y no tenemos nada que decir sobre ella. Y la segunda modificación es a la disposición adicional quinta, en la que también mi grupo sorpresivamente ve que se retoma una redacción que había sido rechazada por la totalidad de los grupos parlamentarios en el Congreso, y que curiosamente es la redacción inicial del proyecto del Gobierno, con la que nosotros estamos claramente en desacuerdo. Algunos compañeros lo han manifestado de una forma más vehemente que yo, pero esta regulación que habíamos hecho de la disposición adicional quinta respondía a un consenso importante de todos los grupos. Además, señorías, cuando existe una regulación extensa e intensa de las empresas de trabajo temporal, cuando están sometidas a un régimen, a mi juicio, muy transparente, cuando estamos en una economía en la que se ha acreditado y demostrado que es útil, eficaz y eficiente la intervención en el mercado laboral de las empresas de trabajo temporal, que se vuelva a limitar su intervención a la realización de encuestas, toma de datos y servicios análogos, nos parece -dicho sea con todos los respetos- un despropósito. Por tanto, también mi grupo espera y desea que en la disposición adicional quinta podamos volver al consenso que salió de esta Cámara y que permitió la redacción que se remitió al Senado. Nos gustaría que el grupo mayoritario pensara si la redacción original, que por cierto es a la que se ha llegado literalmente por la enmienda de Entesa en el Senado, es la buena para una ley en la que, como digo, las empresas de trabajo temporal merecen no solo un respeto sino además el reconocimiento de que están participando de forma importante en el desarrollo de una sociedad como la nuestra en la que yo creo que esa agilidad, eficacia y eficiencia en el mercado laboral es indiscutible.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ayala.


Grupo Socialista. Señora Malaret.


La señora MALARET GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Hoy aprobamos definitivamente una reforma sustancial de la contratación pública en España. Modernizamos uno de los instrumentos cuantitativamente más importantes de los que disponen las administraciones públicas contemporáneas para desarrollar las políticas públicas: los contratos de adquisición de bienes y servicios, los contratos para la construcción de equipamientos públicos y los contratos para encomendar la prestación de servicios públicos a entidades privadas. Es una reforma ambiciosa que tiene dos grandes objetivos. En primer lugar, introducir más eficiencia en la gestión pública mediante el perfeccionamiento de los procesos de compras públicas, mejorando los mecanismos y principios que posibilitan una mayor apertura a la competencia y una mayor transparencia en las adjudicaciones. Y, en segundo lugar, favorecer la toma en consideración de requerimientos de carácter ambiental o de tipo social en la contratación pública, mediante la creación de un marco jurídico que suministre seguridad a las administraciones y a las entidades privadas contratantes.


No podemos ahora realizar una presentación ni tan siquiera sucinta a las novedades más significativas que introduce ese proyecto, y solo cabe recordar que este texto incorpora las reformas introducidas en el derecho comunitario a la contratación pública, y aprovecha este proceso necesario para modernizar el derecho español introduciendo cambios sustanciales. Se introducen nuevos contratos, nuevos procedimientos, nuevo vocabulario, nueva sistemática; se perfilan mejor los sujetos y los contratos para hacer frente a determinadas prácticas no adecuadas a una administración moderna.


El procedimiento de elaboración y aprobación de esta ley pone de manifiesto la situación paradójica por la que discurre el debate en el espacio público español. En efecto, este texto tiene a primera vista un carácter eminentemente técnico y, por ello, a algunos les parece farragoso y pesado. Si bien esto es seguramente cierto, no podemos desconocer que tiene, por encima de todo, una importancia social y económica de primera magnitud, y buena prueba de ello es que el procedimiento de

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elaboración, primero en fase gubernativa y luego en la tramitación parlamentaria, ha tenido una impronta participativa muy alta. Han formulado propuestas y se ha debatido el proyecto con colectivos de distinta naturaleza y significación, organizaciones no gubernamentales de protección del medio ambiente, de promoción y desarrollo del comercio justo, de apoyo al empleo de discapacitados o de otros colectivos con riesgo de exclusión social, con organizaciones empresariales y profesionales de distintos sectores, con los sindicatos y con expertos.
El debate y discusión han conocido formatos muy diversos, siendo especialmente útil el trámite de comparecencias celebrado en Comisión, que permitió identificar con precisión las discrepancias y ayudó a generar respuestas adecuadas a las distintas demandas. Este procedimiento, que ha sido tan fructífero, está seguramente en el origen del gran consenso al que hemos llegado todos los grupos parlamentarios de esta Cámara y del Senado. En efecto, el proyecto se aprobó por unanimidad, con la salvedad de algunos preceptos, en Comisión con competencia legislativa y esta unanimidad se ha extendido luego al Senado, donde se ha ampliado significativamente el número de preceptos aprobados por unanimidad. Por ello, hoy causa cierta sorpresa, ciertos comentarios y aspavientos hoy, cuando el acuerdo que adoptamos en Comisión de no presentar enmiendas en el Senado -porque nos parecía que el texto que salió de la Cámara era equilibrado, era muy coherente con todo el procedimiento sosegado de elaboración- se rompe en el Senado, y no por el Grupo Parlamentario Socialista, que no presentó ninguna enmienda en coherencia con el consenso adoptado y formulado en esta Cámara. Es en la ruptura de este consenso donde está el origen de las enmiendas que hoy nos llegan del Senado, por tanto, que quien rompe el consenso lleve la carga que supone la ruptura del consenso y los cambios introducidos por esta ruptura en el Senado. Seguramente era mejor el texto que salió de la Cámara, era más equilibrado, fue más consensuado, pero no es el Grupo Parlamentario Socialista el que ha roto este equilibrio y este consenso.


Esta es una reforma no solo discutida con distintos colectivos y agentes sociales, sino que también fue discutida con las comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios y Provincias. Es respetuosa con las competencias de unas y otras instancias de Gobierno. Por eso, como bien sabe el señor Olabarría -no don Emilio-, no se introdujeron más prescripciones en torno a cuestiones relativas a la contratación electrónica. Es una ley que solo en una parte tiene carácter básico, por ello deberá ser completada por leyes autonómicas; si bien, cabe señalar que algunos de los apartados que no tienen carácter básico están tan enraizados en el derecho a la contratación administrativa española que no cabe imaginar desarrollos muy diferenciados. Pero no se agota aquí el desarrollo de la ley en las leyes autonómicas necesarias, sino que cabe contemplar el desarrollo que supone todo el ciclo contractual. Por ello, hay que hacer una llamada a que las administraciones públicas establezcan de manera más rigurosa las necesidades colectivas a satisfacer y, consecutivamente, esto permita determinar de manera más precisa el contenido de los pliegos de condiciones.


En definitiva, hay que establecer de manera clara y precisa la demanda para que las ofertas formuladas por las entidades privadas sean también más rigurosas, evitando modificaciones posteriores de los contratos. Esta es una condición esencial pero no suficiente para que el proceso sea efectivamente competitivo, para que el mercado cumpla su papel en aras de una mayor eficiencia en la asignación de recursos. Como sabemos que la publicidad, la transparencia, la igualdad y la competencia cumplen un importante cometido en la contratación pública, a lo largo del proceso de tramitación se han ido introduciendo mejoras para garantizar la efectividad práctica de estos principios. En esta dirección es importante señalar el papel que necesariamente deben desarrollar la Comisión Nacional de la Competencia y los órganos autonómicos. Ellos disponen de los instrumentos adecuados para vigilar el comportamiento de las empresas y las administraciones públicas. La práctica desarrollada en los países de nuestro entorno así lo evidencia.


Con el texto que hoy aprobaremos hemos querido diseñar y poner a disposición de las distintas administraciones públicas, unos procedimientos y unos tipos contractuales que permitieran una autorización más eficiente en los recursos públicos, y una mayor sostenibilidad social y ambiental de la provisión de infraestructuras y servicios públicos. Señorías, con el texto que hoy aprobamos cerramos un capítulo de reformas institucionales emprendido en esta legislatura, una agenda de reformas de gran calado. Las reformas institucionales han formado un aspecto relevante de las tareas desarrolladas por este Parlamento. Hemos llevado a cabo un programa ambicioso en este ámbito tan significativo para el desarrollo económico y social. Unas reformas institucionales destinadas a mejorar las relaciones entre los ciudadanos y las empresas, reconociendo derechos, sentando las bases para el desarrollo de una administración electrónica; unas reformas institucionales destinadas a rediseñar las estructuras de la Administración General del Estado mediante la creación de agencias, a modernizar el sistema institucional de defensa de la competencia, a perfeccionar los instrumentos de la acción pública, a actualizar el marco legal de los empleados públicos, a dotar de credibilidad la televisión pública. Porque creemos en lo público, porque estamos firmemente convencidos de la importancia que tienen las administraciones públicas para la competitividad de las empresas y del sistema productivo, porque sabemos y creemos que la modernización permanente de las administraciones públicas es clave para la cohesión social y la calidad democrática, estamos orgullosos de la tarea realizada, y podemos hoy afirmar con voz muy

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alta que el balance de esta legislatura en el ámbito de las reformas institucionales ha sido muy fructífero.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Malaret.


- PROYECTO DE LEY PARA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES, EN SU EXPLOTACIÓN, TRANSPORTE, EXPERIMENTACIÓN Y SACRIFICIO (ANTES PROYECTO DE LEY DE NORMAS BÁSICAS SOBRE EXPLOTACIÓN, TRANSPORTE, EXPERIMENTACIÓN Y SACRIFICIO PARA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES). (Número de expediente 121/000123.)

El señor PRESIDENTE: Siguiente punto, proyecto de Ley para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio (antes proyecto de Ley de normas básicas sobre explotación, transporte, experimentación y sacrificio para el cuidado de los animales).


Fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Respecto a las enmiendas que nos remite el Senado, fundamentalmente todas de un carácter técnicogramatical, se ha hecho una mejora, atendiendo a la sintaxis correcta en el lenguaje de nuestra lengua, y de todas las que tienen la misma raíz gramatical con las normas que a veces se olvidan de poner sujeto, verbo y predicado. Aquí se hacen estas correcciones, algunas incluso pasan caracteres tipográficos de letras minúsculas a mayúsculas, porque se entiende que se están refiriendo no a cuestiones genéricas sino a organismos, instituciones o administraciones públicas de cualquier rango estatal, autonómico o local. Quiero destacar la reforma que supone, por su alcance y justificación fundamentalmente gramatical en cuanto a la sintaxis de la lengua, el cambio de título de este proyecto de ley todavía, en la que ya se racionaliza la explicación, diciendo que es para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.


Valoramos positivamente este proyecto de ley, señor presidente. Viene a recoger lo que fundamentalmente ha sido desde hace varios años una serie de reglamentos y de directivas de la Unión Europea, ya incluso desde los momentos en que pasa de ser Comunidad Económica Europea a Unión Europea, pues se va generando en toda Europa, y concretamente también en España, un sentido de conciencia colectiva, de protección de los animales frente al maltrato. Ya incluso esta Cámara legisló hace varias legislaturas la introducción en el Código Penal y en los tipos penales la figura delictiva del maltrato a los animales, toma de conciencia en la sociedad española en sintonía con la europea, de no causar daños y dolores a los animales domésticos o no, de experimentación en laboratorio que producían sufrimientos innecesarios, contraproducentes y que no decían nada de un comportamiento ético y estético del ciudadano frente a los mismos.


Por tanto, creemos que ha acertado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España al recogerlo en este proyecto de ley, en sintonía con disposiciones que algunas comunidades autónomas vienen dictando en esta misma línea de protección de los animales domésticos o de compañía, incorporando los principios de todas las directivas de la Unión Europea. Nosotros nos encontramos cómodos para dar nuestro voto favorable a todas las enmiendas del Senado por esta racionalidad gramatical que he dicho, mostrando nuestro apoyo al fondo, la forma y el contenido de este proyecto de ley, que dice mucho a favor de la toma de conciencia del Poder Legislativo de lo que tiene que ser una norma de conducta del ciudadano respecto a los animales, sean de compañía, sean de abastecimiento o de abasto público o sean de experimentación laboratorial.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Iniciativa per Catalunya Verds, señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Quiero anunciarles que como fuerza ecologista que somos, como Iniciativa per Catalunya Verds, nuestro voto va a ser negativo a la ley, y ustedes lo saben, porque esta es una ley parcial, sesgada e incompleta. En este país necesitamos una ley de protección de los animales, pero no una ley que se restrinja a los animales en materia de producción o de experimentación; no necesitamos una ley limitada en su afectación a los animales domésticos. No tiene sentido alguno que, por ejemplo, en la ley que vamos a aprobar hoy la sanción por la práctica del abandono se limite a 600 euros, cuando es una práctica extendida y que afecta al abandono de muchos animales. Lo que demuestra que la ley es parcial, sesgada e incompleta, y si me permiten un pelín hipócrita, es que la ley excluye el maltrato de animales en espectáculos que no por muy arraigados que estén dejan de ser por ello maltrato a animales. Ustedes han visto en imágenes lo que es el maltrato al toro de Tordesillas; estoy seguro. Es más, algunos de ustedes habrán asistido a corridas donde el maltrato a los animales es más que evidente. Pues bien, una ley de protección de los animales no puede excluir el espectáculo, en este caso el espectáculo taurino, de la aplicación de la ley, porque eso hace que la ley sea claramente sesgada.


No podemos apoyar una ley que no acompaña con una reforma del Código Penal la modificación de la actual tipificación penal del maltrato animal, porque existe un problema: en España hay maltrato animal; y existe una realidad: el Código Penal se tiene que actualizar precisamente teniendo en cuenta esas prácticas. Para nosotros

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no pueden quedar excluidas de su regulación prácticas que tienen como objeto la tortura y la muerte de un animal; tortura y muerte que son objeto de diversión, y no entendemos que se preserven esas conductas sin criterios científicos ni institucionales ni sociales. Por eso denunciamos la ley como parcial, insuficiente e incompleta, y por eso entendemos que esta es una ley que no se puede aprobar.


Queremos además trasladarles la falta de valentía de esta Cámara. En España existe un problema, una tradición extendida que vulnera las directivas de la Unión Europea, y hay que llamarlo por su nombre, y ante una tradición extendida que vulnera las directivas de la Unión Europea, que supone un evidente maltrato animal, un maltrato animal en espacio público, haciendo del espectáculo del maltrato algo que llega a todo el mundo, lo que debería hacer esta Cámara es abrir el debate.


Yo sé que el debate no es sencillo y que aquí habrá muchos taurinos que no entiendan nuestra postura, pero el debate se tiene que abrir. Porque no es normal que en el año 2007 la España moderna sea el país de la Unión Europea que hace del maltrato animal un espectáculo en las plazas de toros. No es normal. Por eso entendíamos que esta ley era una oportunidad histórica. Existe una manifestación ancestral en España. Yo creo que además de ancestral, es una manifestación atávica. Por tanto, nosotros entendíamos y entendemos que ante estas manifestaciones lo que teníamos que hacer era abrir el debate para que este país, para que este Congreso, obedeciese a una sociedad moderna, porque no es propio de una sociedad moderna, contemporánea, que una tradición que hace de la tortura un espectáculo renuncie a cambiar de forma radical aquello que, desde nuestro punto de vista, no debería caber en una ley de protección animal.
No entrar en esta materia resulta incompleto y demuestra que el Parlamento no ha afrontado con madurez un debate que le exige la sociedad. La sociedad exige un debate a fondo sobre el maltrato de animales, incluso en aquello que algunos consideran cultura y que nosotros entendemos que son simplemente costumbres que tienen que evolucionar. Por eso, entendiendo que la ley puede tener elementos positivos, parciales y avances, queremos considerar la parcialidad de la ley y queremos poner encima de la mesa que vamos a aprobar una ley de maltrato de animales, que va a obviar lo que es hoy la práctica más extendida de maltrato animal en España, que es el toro y la fiesta del toro.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias señor Herrera.


Grupo Vasco. (Pausa.)

Grupo de Esquerra Republicana. Señor Ramón.


El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.


Terminamos hoy la tramitación de esta ley después de su paso por el Senado, paso en el que no se ha introducido ningún cambio en enmiendas, por lo que diferentes grupos de esta Cámara habíamos acordado no intervenir hoy porque ya se había dicho todo en los sucesivos debates que hemos tenido de este proyecto de ley en esta Cámara. Pero hoy el señor Herrera ha abierto un debate que pasó de puntillas en esta ley. Nuestro grupo ya manifestó en contactos que hemos tenido con otros grupos, que esta ley era eminentemente agraria o ganadera, y que era necesario trasponer en ese ámbito unas directivas europeas como así lo acordamos y se aprobó en esta Cámara. Nosotros no denunciamos, pero sí alertamos la dificultad de introducir en esta ley algún aspecto, como los que hoy ha referido el señor Herrera, respecto a la protección de los animales, y dijimos que si se introducía eso en la ley podríamos infringir las competencias de las comunidades autónomas que tienen transferida la potestad de regular la protección de los animales domésticos o alguna de las funciones que alguien había introducido en esta ley. En las enmiendas que presentamos en esta Cámara intentamos retirar todos aquellos aspectos que no hicieran referencia específica al tema ganadero y dijimos, después de los contactos que tuvimos con alguna de las asociaciones no gubernamentales de protección de animales, que este no era el ámbito, que no era el marco, pero que estábamos dispuestos a intentarlo en otro tipo de leyes en negociaciones con las comunidades autónomas, que son las que tienen competencia en mejorar estos aspectos.


En definitiva, señor Herrera, estamos abiertos a entrar en el debate taurino.Ya sabe nuestra posición, defendida en muchas de las mociones que hemos presentado no solo en el Parlament de Cataluña, por ejemplo, en el ayuntamiento de Barcelona. Estamos dispuestos a ese debate. Un debate serio, necesario, como ha comentado el señor Herrera, pero este proyecto de ley acabará regulando aquello que tenía que regular que es el transporte, el sacrificio y, básicamente, los aspectos ganaderos y agrarios de esta ley. Nuestro grupo ya apoyó favorablemente esta reforma en el Congreso. Ha aceptado no introducir ninguna enmienda en el Senado porque el texto había salido con un amplio consenso de esta Cámara. En definitiva, hoy vamos a dar nuestro apoyo para que se acabe de tramitar este proyecto de ley necesario para el sector y para los ganaderos que tenían algún aspecto que modificar y que se modifica en esta ley.


Gracias, señores diputados. Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Popular. Señora Vázquez.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señor presidente.


Voy a ser muy breve. Quiero agradecer en primer lugar la oportunidad que nos ha dado el Grupo Socialista, tanto en el Congreso como en el Senado, al aceptar prácticamente todas las enmiendas de las 36 presentadas por nuestro grupo. Han quedado algunas pendientes, como la relativa al plazo de entrada en vigor de esta ley, que

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considerábamos insuficiente porque creíamos que debía ser un plazo más extenso de adaptación de los ganaderos a esta ley. No obstante, quiero manifestar nuestra satisfacción por que en el Senado se llegase a un acuerdo y se aprobasen estas modificaciones que se han introducido de mejora técnica y algunas de competencias de las comunidades autónomas.


Por otra parte, ya es la segunda vez en el Congreso de los Diputados que se vuelve a hablar de los espectáculos taurinos. El señor Herrera o se ha equivocado de ley, y quiere que sea un cajón de sastre, o de Comisión, porque se trata de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Cuando esta ley se debatió en la Comisión, tuvimos la ocasión de instarle a que presentara una ley sobre los espectáculos taurinos, que fuese valiente y que lo hiciese. En aquel momento no la presentó, a día de hoy tampoco, y viene ahora a que se introduzca en esta ley este maltrato de animales, según él, de los espectáculos taurinos. Simplemente quiero hacerle una puntualización. Esta ley es un paso importante en la protección de esos animales. Pero les voy a contar, si me permiten, una historia. Había una alcaldesa un día en Galicia a la que le abandonaron un burro en su ayuntamiento. Lo primero que hizo esa alcaldesa fue llamar a la Administración competente, que era una administración a la que, al igual que a usted, no le gustan los espectáculos taurinos y, al igual que usted, nos prohíbe lo que allí llamamos la chega de bois. Llamé al delegado de esa Administración -la alcaldesa era yo- para decirle que tenía un burro abandonado en mi ayuntamiento y que qué hacía con él. A día de hoy ese burro todavía está en mi ayuntamiento, está abandonado y todos los vecinos tenemos que darle de comer. Si esta ley hubiera aparecido antes, a lo mejor me hubiera dado una solución. No vengamos aquí a hacer demagogia de ser todos más proteccionistas que ninguno, y después a la hora de gobernar y de resolver un caso concreto como es el abandono de un animal, me diga el señor consejero que si quiere que se lo lleve a Santiago, que iba a ser la opción. Menos mal que ahora no soy alcaldesa, porque hubiera estado dispuesta a cogerlo por la cuerdecita y llevárselo al señor consejero a la Xunta de Galicia para que atendiese bien al burro. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta ley es un paso y tenemos que proteger a los animales. Por supuesto, pero a todos, no solo a los toros. Ustedes son los primeros que tenían que dar ejemplo y cuando gobiernen en las administraciones proteger a todos los animales. Le insto a que presente una ley en contra de los espectáculos taurinos, que es lo que usted tiene en mente las veinticuatro horas del día, y tráigala aquí con toda la valentía del mundo. Si se apoya, adelante y si no, reconozca usted su error.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Alonso.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Gracias, señor presidente.


Intervengo brevemente porque el turno de hoy corresponde a la ratificación o no de las enmiendas del Senado a este proyecto de ley de normas para la explotación, transporte, experimentación y cuidado de los animales. La ley salió del Congreso de los Diputados con un amplísimo nivel de consenso y en el trámite del Senado podemos decir, simple y llanamente, que no se ha modificado. Lo que hoy viene al Pleno son unas enmiendas técnicas, aprobadas en Comisión, a propuesta de la ponencia. La expresión política de los grupos parlamentarios significada en la votación de la Comisión en el mes de julio sigue permanente, podríamos decir que este debate es de trámite administrativo y no de fondo sobre el tema que nos ocupa.


En cuanto a la intervención que ha realizado el portavoz de Izquierda Unida, de los Verdes, tengo aceptar y respetar su criterio. Transmite la opinión de grupos ecologistas en España, respetable, que demandan varias cosas. Por un lado, un posicionamiento antitaurino de nuestro país, que no es el momento de debatir. Esta no es una ley que tenga que resolver el tema de los espectáculos públicos y específicamente de la fiesta taurina, que tiene una regulación específica y que está expresamente excluido en esta ley. Por otro lado, las asociaciones de protección animal, con las que he mantenido y mantengo múltiples contactos, señor Herrera, apoyan esta ley. Lo que están reclamando es una regulación más profunda y más específica sobre el maltrato de animales domésticos, animales de compañía. Señor Herrera, tanto S.S. como yo tenemos que reconocer que los legisladores estamos para cumplir las normas y este es un tema de competencia autonómica. Ellos lo saben, lo reconocen y en este momento las asociaciones de protección animal están desarrollando un trabajo intenso de negociación y consulta con aquéllas para perfeccionar y, en su caso, elaborar -si no la hay- legislación autonómica, toda la legislación que tiene que ver con la protección y el maltrato animal. El tercer tema se refiere a la modificación el Código Penal. Señor Herrera, usted sabe que el Grupo Socialista participa de esa misma inquietud, que hemos manifestado nuestra posición favorable a incluir en los debates que en su momento tengamos sobre la reforma del Código Penal los temas que tienen que ver con el maltrato, pero tiene que reconocer que ni la fiesta taurina ni la protección animal ni la modificación del Código Civil son de esta ley ni de este debate.


Vamos a aprobar hoy una ley importante y necesaria. El sector ganadero, el sector de la producción del sacrificio, del transporte y de la experimentación necesitan una ley que garantice todas estas actividades, que evite los requerimientos que en este momento está recibiendo España de la Unión Europea por incumplimiento de normativas comunitarias.
Entramos en una senda de normalidad en relación con todas estas actividades y esta ley, salvo esta opinión discrepante que usted transmite, señor Herrera, va a salir con el consenso y el apoyo

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unánime de todos los sectores, de todos los grupos parlamentarios. Por ello, le ruego que reconsidere su posición. Entiendo su justificación, pero tengo que decirle que no es de este debate. Esta ley requeriría la unanimidad de la Cámara, la tiene en los distintos sectores y no entiendo por qué se introducen asuntos que no pertenecen a este debate, que no tienen por qué discutirse en este momento.


Agradezco las aportaciones y la posición del resto de los grupos parlamentarios. En la Comisión del Agricultura del Congreso hicimos un excelente trabajo. Se incorporaron al texto de la ley muchísimas enmiendas de los grupos políticos, como decía al principio, y en el Senado se ha vuelto a ratificar ese espíritu de consenso de todos los grupos parlamentarios. Espero que la ley se apruebe con la casi unanimidad de todos los grupos políticos, salvo esta posición discrepante de los Verdes, que están planteando temas que no son de este debate.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- PROPOSICIÓN DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 15/1980, DE 22 DE ABRIL, DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. (Número de expediente 122/000157.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposición de ley de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. Para fijar su posición tiene la palabra el señor Herrera del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds

El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Estamos discutiendo una ley fruto de una proposición de ley de nuestro grupo parlamentario, que tenía como objeto cambiar la forma de funcionar y la transparencia del Consejo de Seguridad Nuclear. Trabajamos esta iniciativa con diferentes grupos ecologistas después del incidente de Vandellòs y de que se demostrase que el Consejo de Seguridad Nuclear no había funcionado en uno de los principales incidentes producidos en una central nuclear durante esta legislatura. Presentamos esta proposición en mayo de 2005. Se tomó en consideración en septiembre del mismo año. Se presentaron las enmiendas al cabo de poco tiempo y, lamentablemente, tuvo que esperar más de una año en la Comisión de Industria para que se pudiese tramitar. Empezó la tramitación y en debate en Comisión a la ley se le dio un vuelco importante. Lo dijo en su día el portavoz del Partido Popular: Hemos dado la vuelta a la ley como a un calcetín, haciendo que la ley que se aprobaba en Comisión tuviese poco que ver con la proposición de ley que nosotros presentamos.


Una vez transcurrido el debate en Comisión, desde mi escaño le pregunté al presidente Zapatero si había cumplido con su compromiso, porque el presidente tenía el compromiso con nuestro grupo parlamentario de sacar la ley de acuerdo con lo que habíamos planteado. El presidente Zapatero dijo que sí, pero la realidad fue que el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular habían pactado en Comisión y que con nuestro grupo no se quiso pactar. A instancias previas de una pregunta del portavoz que les habla al presidente Zapatero, conseguimos volver a pactar para reincorporar al texto enmiendas fundamentales que garantizasen que no se desnaturalizaba la proposición de ley de nuestro grupo parlamentario. Esas enmiendas se llevaron al Pleno. Saben ustedes que para que una enmienda transaccional se incorpore al Pleno se necesita la unanimidad, y parecía que el Partido Popular no estaba dispuesto a incrementar los elementos de transparencia, de control y de participación del Consejo de Seguridad Nuclear; propuestas que existen en la legislación comparada, por ejemplo, en la NRC norteamericana. Finalmente, esas enmiendas fueron al Senado y solo prosperó una de las pactadas, pero no el resto. Los votos contrarios fueron del Partido Popular y de Convergència i Uniò, sorprendentemente, porque lo que significaban algunas de ellas era una mayor participación de comunidades autónomas y más transparencia. Nosotros dijimos que si el Partido Socialista -si me permiten la expresión- se hubiese remangado, creo que hubieran prosperado las enmiendas en el Senado, simplemente porque Convergència i Unió está pendiente de la renovación de su consejero. Dejando las cosas claras, estoy seguro de que esas enmiendas hubiesen prosperado. Finalmente no prosperaron, y ustedes lo saben bien.


No voy a relatar ahora las enmiendas, pero sí voy a hacer una propuesta.
Para nosotros la ley que viene del Senado no es satisfactoria. No lo es porque no ha incorporado los elementos básicos que tenía que tener. Por eso proponemos un acuerdo al Grupo Parlamentario Socialista. El acuerdo tiene que ser doble. Primer compromiso, que las enmiendas, con toda su literalidad -toda su literalidad-, que no se han incorporado en el Senado, se incorporen en el estatuto que tiene que aprobar el consejo en los próximos meses; antes de que empiecen las elecciones. Todas aquellas enmiendas que no se han incorporado y que afectan al funcionamiento del consejo, que incrementan la transparencia y la participación, que se incorporen en el Estatuto. Que ese compromiso se adquiera por el Grupo Parlamentario Socialista y se plasme -con toda la literalidad de las enmiendas- en una proposición no de ley que firmaremos conjuntamente en las próximas horas. Para que sea una ley satisfactoria, no en su texto pero como mínimo sí en su espíritu, tiene que haber ese compromiso.


Segundo compromiso -les he dicho dos-, que todo lo que hace referencia al régimen sancionador, que era un régimen sancionador disuasorio, tal como que habíamos pactado, para evitar que las centrales nucleares operen con las condiciones de seguridad degradadas, se apruebe antes de disolver las Cortes en un real decreto-ley, permitiendo que ese régimen sancionador sea aplicable.


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Lo digo porque de las enmiendas transadas una se incorporó, la que permitía un canal para que aquellos trabajadores subcontratados tengan que denunciar cuando una central funciona con las condiciones de seguridad degradadas. Esta fue una buena noticia, un pequeño avance que se produce en la ley que sale del Congreso y que luego se incorpora en el Senado. Pero después hubo elementos que no se incorporaron. La creación del comité asesor externo para la información y la participación pública sobre la seguridad nuclear no se incorporó y ese comité existe en el derecho comparado, en la NRC e incomprensiblemente Convergència i Unió votó en contra. ¿Saben ustedes que el comité asesor externo permite la participación de las comunidades autónomas donde hay una central nuclear, que permite la participación de organizaciones sociales, grupos ecologistas, fuerzas políticas y que nos da un instrumento poderosísimo para que el Consejo de Seguridad Nuclear funcione de la mejor manera? Queremos que la enmienda número 16, presentada por el Grupo Entesa y también por el Grupo Parlamentario Socialista, se incorpore en el Estatuto, con toda su literalidad -toda-, porque fue lo que pactamos.


Segunda enmienda sobre procedimientos y competencias. Queremos que se incorpore en toda su literalidad la enmienda al artículo único 12, al artículo 91, sobre procedimientos y competencias, que planteaba el otorgamiento de licencias al personal de las instalaciones nucleares y radiactivas que así lo requiera pues es un avance importante en esta materia. Queremos que se incorpore también la enmienda número 15, presentada por Entesa Catalana de Progrés, al objeto de asegurar la credibilidad y efectividad de las medidas que se contemplan en la proposición de ley en cuanto al derecho y obligación de los trabajadores de poner en conocimiento de las instalaciones y del CSN las deficiencias de seguridad. Señor Maldonado, no entendemos cómo Convergència i Unió votó en contra de esto, no lo entendemos. Queremos que se incorpore en toda su literalidad al Estatuto. Queremos asimismo incorporar la enmienda número 19, que habla del régimen sancionador y establece la posibilidad de que la sanción ascienda al doble del beneficio económico cuando la infracción muy grave resulte de una omisión o acto alevoso cuyo objeto fuese la obtención de un beneficio económico, en caso de ser éste cuantificable. Queremos que esto se incorpore en un real decreto-ley, porque ustedes saben que las centrales nucleares operan y que la máxima sanción va a ser equiparable ahora -para mí no es nada revolucionario- a la de una central térmica de ciclo combinado. Queremos una sanción que sea realmente disuasoria, para que si opera con las condiciones de seguridad degradadas durante meses y meses no le salga mejor pagar la sanción que funcionar con las condiciones de seguridad degradadas, como ha pasado en diferentes centrales nucleares españolas. Queremos que esto se incorpore en un real decreto-ley, porque es una cláusula disuasoria para la industria nuclear. Queremos que la enmienda número 17, de Entesa Catalana de Progrés, presentada en el Senado sobre la cualificación de las sanciones, que hacía que la ley no fuese un queso gruyere por el que escapase la industria nuclear, se incorpore también en un real decreto-ley. Señor Maldonado, no entendemos por qué Convergència i Unió votó en contra de esta enmienda o, si lo entendemos, nos preocupa. Lo comprendemos del Partido Popular, ya sabemos que en esta materia han sido muy condescendientes. Respecto a la enmienda número 18, presentada por Entesa Catalana de Progrés y que hace referencia a los procedimientos y competencias que he citado antes, esperamos asimismo que se incorpore al real decreto-ley.


Esta ley ha tenido un trámite tortuoso, por una razón: el Partido Socialista no ha tenido claro con quién pactar. Es mi sincera opinión. En Comisión se pactó con el Partido Popular, don Jordi Ramón también ha tenido una postura muy cómplice con nuestro grupo parlamentario -se lo quiero agradecer-; a partir de mi pregunta, hay una rectificación del Grupo Socialista, va al Senado, pero en la Cámara Alta parece que no hay preocupación por que las enmiendas salgan y, finalmente, se pierden, con lo cual se continúa con una ley muy desnaturalizada. Pues bien, nosotros queremos un final feliz. Nuestro grupo parlamentario solo ha querido tener relaciones con un grupo, pero ese grupo no ha querido tenerlas con nosotros. Por eso les pedimos hoy ese doble compromiso: que se apruebe en el Estatuto y que se apruebe en un real decreto-ley. Para nosotros -acabo ya, señor presidente- hoy sería muy fácil decir: La ley que ustedes han aprobado en el Senado no cumple. Lo que me pide el cuerpo -se lo tengo que confesar- es seguir con la pataleta, pero somos un grupo responsable.
Esta era una ley importante de la legislatura y, para que finalmente tengamos un buen marco regulador -no el óptimo- y demos un paso adelante, pedimos estas dos condiciones. Si se dan estas dos condiciones, habremos acabado no casadísimos pero sí con una relación amigable en esta ley, y, si no se dan, no habrá nada. Por eso les pedimos ese doble compromiso, que ayer mismo le trasladaba a la portavoz socialista.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.


Esquerra Republicana. Señor Ramón.


El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Senado nos envía de retorno enmiendas a la proposición de ley de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. Esta proposición fue presentada en esta Cámara hace más de dos años y fue tomada en consideración. El enorme lapso de tiempo transcurrido hasta su aprobación final hoy ilustra el poco interés de los grupos parlamentarios mayoritarios a modificar a fondo esta institución.
El texto que hoy aprobamos tiene poco que ver con la proposición original después de la introducción de numerosas

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enmiendas del Grupo Socialista, que modificaron este texto inicial. En su momento nuestro grupo manifestó que el texto original, tanto en el fondo como en las formas, nos parecía mucho más adecuado que el que hoy se va a aprobar. Al final, el texto que se mandó al Senado terminaba pasando de puntillas sobre los grandes temas de fondo y, por ello, el Consejo de Seguridad Nuclear continuará adoleciendo de la ausencia de transparencia y, sobre todo, de la ausencia de neutralidad, unas características que arrastra desde su creación en 1980. El servilismo del Consejo de Seguridad Nuclear a la industria nuclear continuará, y esto es particularmente grave tratándose de una de las industrias, si no la que más, que conlleva un fuerte riesgo para esta sociedad. Los numerosos incidentes de los últimos meses así lo demuestran. Este trato privilegiado a los generadores de electricidad nuclear nunca ha tenido justificación, pero menos la tiene hoy, si cabe, cuando otras energías sucias, las generadas a partir de fuentes fósiles, están -aunque demasiado tímidamente- empezando a asumir parte de los costes ambientales que ocasionan a raíz de las obligaciones derivadas del Protocolo de Kioto. A la industria nuclear se le continúa tolerando todo. El pasado 4 de octubre se aprobó definitivamente en esta Cámara la Ley de Responsabilidad Ambiental. ¿Adivinan cuál es la principal excepción? La energía nuclear. También sigue sin respuesta una de las reivindicaciones que mi grupo lleva tiempo realizando: la definición de un calendario de cierre progresivo de las plantas existentes. Seguiremos insistiendo y, asimismo, reiteramos que nos opondremos a cualquier intento de potenciar este tipo de energía.


La otra gran cuestión que la reforma no resuelve adecuadamente es el régimen sancionador ante la posibilidad de vincular el importe de las sanciones al beneficio obtenido con el incumplimiento, lo cual sería disuasorio y permitiría atender al principio de proporcionalidad. El esquema de sanciones se mantiene en un formato tradicional. En estas circunstancias que nadie se extrañe si a las centrales les sigue siendo más rentable pagar multas que cumplir la legislación, como en ocasiones ya ha sucedido en el pasado. Nuestro grupo presentó diferentes enmiendas a esta proposición de ley, entre las que destaca la obligatoriedad de cumplir las resoluciones, dictámenes o mandatos aprobados en el Congreso de los Diputados. Estos mandatos -como ustedes saben- en breve volverán a ser protagonistas en esta Cámara, y volveremos a tener la no obligación de cumplir esas resoluciones que aprueba esta Cámara, que es la representante de todos los ciudadanos del Estado.


La ampliación del número de cinco de los consejeros es otra de las enmiendas que nuestro grupo presentó. Entendíamos que estos consejeros debían ser designados por los parlamentos de las cinco comunidades autónomas en las que hay centrales nucleares. Otra de las propuestas que nuestro grupo había presentado, vía enmiendas, a este proyecto de ley era la reforma de la figura del inspector residente. Todo ello fue desestimado por el grupo mayoritario de esta Cámara. Queda mucho recorrido en lo que se refiere a la transparencia del Consejo de Seguridad Nuclear. Cuestiones tales como la posibilidad de solicitar la investigación de supuestos de mal funcionamiento de las instalaciones nucleares o radiactivas, el acceso a cierta documentación o la obligación de resolver motivadamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos son aspectos que estaban en la propuesta inicial y que han caído por obra y gracia de los grupos mayoritarios en esta Cámara.


Señorías, Esquerra Republicana votó negativamente el texto que se remitió al Senado. Persistía la mayoría de los problemas de fondo y no fue atendida ninguna de nuestras propuestas. No teníamos ninguna otra opción y, definitivamente, nuestro grupo decidió votar en contra de esta proposición no de ley que estuvo tanto tiempo en discusión y paralizada en esta Cámara. Las enmiendas que nos llegan del Senado, y que hoy discutimos, en nuestra opinión de naturaleza eminentemente técnica, mejoran el texto remitido. Nuestro grupo no tendrá ninguna objeción a votarlas favorablemente para que se aprueben, aunque ya hemos votado en contra de este proyecto en todas las fases de este debate. Como les decía, estas mejoras técnicas pueden perfeccionar el ya débil texto, y por eso nuestro grupo va a votarlas hoy todas favorablemente.


Queremos dejar constancia de que para nosotros la reforma del Consejo de Seguridad Nuclear va a continuar siendo una asignatura pendiente. Como les digo, si no en esta legislatura, los próximos representantes de Esquerra Republicana que vengan a esta Cámara van a seguir reclamando la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad Nuclear, que a nuestro entender tiene que ser más transparente y mucho más beligerante con las empresas de energía nuclear. Tenemos que dejar abierta esta asignatura pendiente que debatimos hoy en esta Cámara. Parece ser que el futuro Estatuto puede mejorar alguna de las reclamaciones pendientes de los grupos que votamos negativamente en esta Cámara. Es posible que se mejore la posición del inspector residente; es posible que se mejoren, aunque no del todo, las sanciones; es posible que muchas de las reclamaciones que habíamos hecho en esta Cámara puedan mejorarse poco, pero significativamente en este Estatuto. En definitiva, esperamos que en otros debates sobre esta necesaria reforma del Consejo de Seguridad Nuclear las enmiendas de nuestro grupo tengan más suerte, porque se mejorarán esos aspectos que quedan negativamente reflejados en el Consejo de Seguridad Nuclear.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente, por su amabilidad al permitirme intervenir en este momento.


Mi grupo va a votar a favor de las modificaciones que en el Senado ha tenido la proposición de ley que hoy

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debatimos en su trámite final. Lo hacemos básicamente por la misma razón por la que hemos estado de acuerdo con otras modificaciones que la proposición de ley 15/1980, que hoy aprobamos, ha introducido en la Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. No tenemos nada que objetar sobre determinadas modificaciones y mejoras, que nos atreveríamos a calificar de técnicas, que se han introducido en el trámite del Senado, pero lo hacemos con el mismo espíritu de escepticismo y decepción que manifestamos en el momento en que debatimos el texto en este hemiciclo, previo a su remisión al Senado, que nos llevó a votar en contra del informe de la Comisión. Lo decíamos entonces y lo volvemos a repetir hoy.
Nuestro voto negativo final no se debió a que estuviéramos en contra de esta o de aquella modificación que se introducía, sino más bien al hecho de que nos parecía profundamente decepcionante el discurrir de la proposición de ley en el Congreso y el resultado final. En efecto, para nadie es un secreto no solo que el texto final acordado no respondía prácticamente en nada al espíritu, a las intenciones y a los propósitos de la proposición originaria, proveniente del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sino que tampoco respondía a las expectativas y oportunidades que, puestos a modificar la Ley reguladora del Consejo de Seguridad Nuclear, se habían despertado, ni -esto es lo más grave- a las auténticas y principales necesidades actuales y futuras de un consejo, el de Seguridad Nuclear, que se había creado ya hace diecisiete años como pieza central y básica de la política de seguridad y, por lo mismo, de la confianza de los ciudadanos en la energía nuclear y en su gestión. Es evidente, por motivos varios, que esta labor del consejo, la forma en que la misma estaba siendo llevada a efecto por él, era cuestionada en mayor o menor medida por diferentes motivos, principalmente su autonomía, real independencia y determinados procedimientos con los que operaba. La aceptación a trámite del texto original de la proposición de ley, que decía lo que decía, dio carta de naturaleza política a este cuestionamiento. Esa era la situación allá por octubre de 2005, cuando echó a andar. Hoy, dos años largos después, cerramos este camino. SS.SS. conocen nuestra opinión. Esta proposición de ley y su resultado final han constituido algo así como una cierta salida en falso a efectos de subsanar las principales deficiencias y necesidades que podían haberse cubierto en el Consejo de Seguridad Nuclear tras los más de veinte años transcurridos desde su creación.


Como es sabido y mi grupo ha repetido en muy diversas ocasiones, esta crisis no resuelta del Consejo de Seguridad Nuclear tiene similitudes y analogías con las crisis que se han manifestado en otros organismos reguladores supuestamente autónomos e independientes. La reforma anunciada y prometida por este Gobierno en relación con los mismos con el fin de dotarles de más autonomía e independencia, o no se ha llevado a cabo, o se ha llevado a cabo de forma tan deficiente que no puede sino provocar la decepción a la que aludía anteriormente en relación con la proposición de ley que ultima hoy su camino legislativo en esta Cámara.
En este tiempo político, que empieza a ser tiempo de balance de legislatura, he aquí un campo en el que evidentemente el Gobierno no se va a llevar ningún sobresaliente, en algunos casos ni un aprobado, y en este, en el que hoy debatimos, un aprobado raspado en el mejor de los casos y ello tanto por contenido, tal como ya he explicado, como por forma. Al escaso, al insuficiente contenido de la reforma emprendida y ya concluida, debe añadírsele en efecto el larguísimo recorrido parlamentario. Como ya he señalado, se tomó en consideración ni más ni menos que hace más de dos años, el 19 de septiembre de 2005, para al final acabar en este exiguo fruto y en algún sentido para acabar más o menos en el mismo punto de partida del que se arrancó. En resumen, todo sigue más o menos pendiente y el camino termina más o menos en el mismo punto desde el que se echó a andar hacer ahora más de dos años. Por lo mismo queda -no sé para cuándo, si para alguna vez- la, sin embargo, necesaria consolidación de la autonomía e independencia del Consejo de Seguridad Nuclear. En ausencia de tal autonomía e independencia, seguiremos sin poder contar con un organismo capaz de constituirse en elemento central y pieza fundamental sobre la que levantar con solidez la confianza de la sociedad en la seguridad del uso de las tecnologías nucleares en sus diversas modalidades. Una lástima, en resumen.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Maldonado.


El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.


Señorías, desde el inicio de la tramitación de la proposición de ley compartimos los objetivos perseguidos por esta, que eran la recuperación del prestigio del Consejo de Seguridad Nuclear, muy deteriorado por los últimos hechos acaecidos en el seno del mismo, y la modernización del articulado de la ley de creación del mismo órgano. Sin embargo, como manifestamos en la toma en consideración, mostramos nuestra oposición a algunos puntos por falta de debate. Creemos que se han superado muchos aspectos y esperábamos -seguimos esperando- que el consenso pudiera reinar en la votación última en esta Cámara. Decía que han quedado sin resolver muchas de las pretensiones de nuestro grupo parlamentario, pretensiones que hemos defendido en la Comisión, en el Senado, en el Congreso y desde el inicio de la tramitación de la ley. Por un lado, ha quedado sin resolver un mayor protagonismo de las comunidades autónomas en la estructura y desarrollo de funciones del consejo y, por otro, la conversión del comité asesor para la información y la participación pública en un órgano consultivo, a semejanza del Consejo Consultivo de Electricidad

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y del Consejo Consultivo de Hidrocarburos que asesoran a la Comisión Nacional de Energía en el desarrollo de sus actuaciones, siendo necesario preceptivamente su informe en relación a determinadas funciones del Consejo de Seguridad Nuclear. Señor Herrera, lo repito porque no sé si me ha escuchado esta parte final: nos preocupa que no se haya reconvertido este consejo asesor en lo que nosotros queríamos.


En relación a las enmiendas aprobadas por el Senado daremos apoyo a la mayoría de ellas, a excepción de la correspondiente a la adición de una nueva disposición adicional tercera. Daremos apoyo al artículo 2, letras t) y u), la última de las cuales viene a decir que en cuanto a las competencias del Consejo de Seguridad Nuclear se realiza una mejora técnica y se incluyen las funciones de inspección y control de instalaciones nucleares derivadas de tratados y acuerdos internacionales.
Esta segunda parte corresponde a la necesidad de acuerdo con la ratificación del Tratado de No Proliferación, así como de control adicional de habilitar al Consejo de Seguridad Nuclear para la inspección de salvaguardia que actualmente se canalizaba a través de Euraco. También votaremos a favor de la enmienda al artículo 4.3, que habla de la necesidad de precisar los principios en los que se deben basar las relaciones entre los diferentes órganos de dirección del consejo, no suficientemente previstos en la redacción aprobada en este Congreso.
Estas relaciones deben basarse en los principios de cooperación, ponderación y respeto al ejercicio legítimo de competencias de cada órgano. También al artículo 4.5, sobre la necesidad de incluir en el texto de la ley la asistencia al consejo tanto de órganos internos del mismo consejo como, en su caso, externos, siempre que se prevea en los estatutos. Artículo 5.1, necesidad de que el texto de la ley prevea de forma previa a la designación del presidente y consejeros la necesaria solvencia de los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear en las materias y actividades relacionadas con las funciones que desarrolla el organismo. También al artículo 7.1, que prevé un modelo para superar la interinidad. La enmienda al artículo 11 persigue dos objetivos: por un lado, refuerza la función del control por parte de las Cámaras sobre el Consejo de Seguridad Nuclear, y por otro, la obligación de informar a las comunidades autónomas con instalaciones nucleares. Artículo 86.b), apartado 5, la extensión del concepto de infracción a las acciones u omisiones que impidan o dificulten al personal de empresas externas que presten servicios en la instalación. Respecto al artículo 89 es meramente una corrección de estilo, y anuncio que votaremos en contra de la nueva disposición adicional tercera, donde desde nuestra perspectiva la corrección que efectúa esta enmienda no nos parece adecuada. Las previsiones contenidas en los apartados 1. d) y 2. c) provocan que por aplicación del reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas la Generalitat de Catalunya dejaría de poder ejercer las funciones ejecutivas sobre el laboratorio de luz de Sincrotrón vinculado al Instituto de Física de Altas Energías de la Universidad Autónoma de Barcelona. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con la instalación que se proyecta en Euskadi en relación con la fuente de espalación europea por neutrones. Además la actividad radiactiva de estas instalaciones es mucho menor a las consideradas como instalaciones radiactivas de segundo grado, por lo que no tiene ningún sentido que se consideren de primer grado. Por todo ello, no daremos apoyo a esta enmienda.


Señorías, a continuación permítanme que a pesar de que mi intervención podría haber acabado, y a pesar del respeto y aprecio que tengo al señor Herrera, intente contestarle. Me ha sorprendido esta intervención monotemática dirigida a Convergència i Unió y a su portavoz. Quizás, señor Herrera, es que como su intervención ha estado muy dirigida al tendido y allí seguramente había personas que querían saber qué iba a decirles usted, lo que ha hecho es, como se dice en rugby -yo soy un hombre del mundo del deporte; lástima que no esté el diputado Alex Sáez que también es un conocedor del rugby-, patada a seguir. Usted ha dicho: la conciencia no está tranquila, no es lo que queríamos, habíamos pactado con los socialistas con oscuridad y con nocturnidad, los socialistas se han entendido con el PP, no me han hecho mucho caso, no voy a encontrar lo que yo quería... ¿Qué voy a hacer? Convergència i Unió. Señor Herrera, ¿Convergència i Unió puede votar en contra de enmiendas a favor de Cataluña? ¿Usted cree que Convergència i Unió puede votar en contra de Cataluña? Señor Herrera, por favor. ¿Dónde están las cuatro enmiendas de Entesa con aspectos competenciales tres de las cuales retiraron ustedes? ¿Se lo pregunta a la senadora Elices? ¿Por qué retiraron tres y votaron en contra de una? ¿Por qué, señor Herrera? Lo siento, nunca me he dirigido a un diputado, nunca; siempre me he dirigido a SS.SS., pero usted ha convertido su intervención en una especie de patada a seguir contra Convergència. ¿Sabe lo que pasa? Que a nosotros no nos obsesiona el régimen fiscalizador porque no queremos introducir tintes comunistas en la ley. Nos obsesiona la seguridad, insisto, nos obsesiona la seguridad. El régimen sancionador está y es alto, pero en las comisiones usted decía: es que ganan mucho y pueden pagar mucho. Si ganan mucho o ganan poco es problema de la empresa; esta ley no está para sancionar mucho o poco. Hay sanciones graves del más alto nivel y se incorporan. No nos preocupa el perfil empresarial en una ley, nos preocupa la seguridad, nos preocupa el ámbito territorial y nos preocupan, señor Herrera, las competencias. Algunas de las enmiendas que hemos votado en contra es porque son, desde el punto de vista territorial, lights, muy lights. No me ha dicho qué hará con la disposición adicional tercera, que sí que afecta gravemente a una entidad como es la Autónoma de Cataluña y como es una instalación que está proyectando en Euskadi. No me ha dicho qué hará aquí; no ha anunciado voto en contra. Nosotros sí, señor Herrera, nosotros lo hemos hecho; lo hemos hecho, a más a más, con el convencimiento de

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que no es la ley que queríamos. ¡Claro que no! ¿Que no nos gusta? ¡Claro que no! ¿Que estuvimos a punto de votar en contra? ¡Y tanto! ¿Que la hemos mejorado? ¡Y tanto! ¿Por qué votaremos a favor? Porque mejora la que hay y, como mejora la que hay, vamos a apoyarla. No es la ideal, seguro, ni para ustedes ni para nosotros, pero no me diga que es una ley que Convergència i Unió vota en contra de Cataluña. No se lo acepto, y no se lo acepto cuando usted se dirige tan personalmente a un grupo y a un portavoz. Si tiene que disculparse o que justificarse hacia el tendido, y después va a decir que es que el Partido Socialista no les ha hecho caso y después harán un decreto ley... Háganlo ahora, pacten ahora. Si ya han pactado, pacten ahora. Lo que pasa que como no han pactado pero habían pactado, y no pactarán porque no habían pactado porque ya habían pactado, donde dije digo, digo diego. Entonces, dice: ¿qué voy a decir? Voy a decir que Convergència i Unió vota en contra de los intereses de Cataluña. No es verdad. Y no es verdad porque usted ha caído en su propia trampa. Ha dicho: Solo hemos pactado con un grupo. ¡Y tanto! Son palabras suyas y puede comprobarlo en el "Diario de Sesiones". Y con el grupo que han pactado después o no se han entendido o estos se han entendido con otros. Nosotros sí que hemos pactado con ellos y nos hemos entendido con el Partido Socialista. ¡Claro que sí! Y desde aquí digo que ha habido voluntad de consenso. ¡Claro que sí! Y se han incorporado muchas enmiendas nuestras. ¡Claro que sí! No las que quisiéramos, no. ¿Que se puede mejorar? Sin duda. ¿Que estaremos para mejorar? Sin duda. Pero no venga a decir que nosotros votamos en contra de enmiendas territoriales.
¿Dónde están aquí hoy sus enmiendas de ámbito territorial? ¿Dónde están? No están. En el Senado, de cuatro enmiendas, retiraron tres y una la votaron en contra. ¿Sabe qué pasa, señor Herrera? Que en política todo es manipulable, todo; sobre todo el diálogo, sobre todo el discurso. El papel lo aguanta todo, pero las realidades son otras, y son otras porque usted sabe que esta es una ley que mejora muchísimo la anterior, que se hace con voluntad de que el consejo recupere el prestigio, que se hace con la voluntad de que este sea un instrumento de seguridad y de fiabilidad para los ciudadanos. Porque aquí no hablamos de ciudadanos.
¿Sabe lo que pasa? Que los ciudadanos tienen miedo a la energía nuclear.
La energía nuclear es segura, la energía nuclear existe, y mientras la haya -y la tenemos- tenemos que hacerla segura, y este es un incremento de la seguridad. Por eso nosotros hemos dado nuestro apoyo, la hemos mejorado, hemos consensuado, hemos hablado con todos los grupos, no con uno, con todos, y no por detrás, haciendo futuros decretos-ley. Esto es lo que a nosotros no nos ha gustado. Tampoco nos ha gustado que dijera que Convergència i Unió había votado en contra. No es verdad. Nunca Convergència i Unió ha votado en contra de Cataluña, ni lo hará, señor Herrera. No votará en contra porque estamos aquí para esto, para defender Cataluña y colaborar con el Estado, sin duda. No tenga ninguna duda de que mientras estemos en España nosotros seremos coherentes con nuestra presencia aquí, pero priorizando los derechos y las libertades de los catalanes.


El señor PRESIDENTE: Señor Maldonado.


El señor MALDONADO I GILI: Voy acabando, señor presidente.


Siento la intervención, pero ha sido una intervención monotemática. Creo que fuera del ámbito parlamentario, fuera de la teoría que siempre ha estado vigente en este Parlamento, la ley usted la tenía que haber dirigido al grupo con el cual...


El señor PRESIDENTE: Señor Maldonado, se está animando otra vez. Por favor, concluya. (Risas.)

El señor MALDONADO I GILI: Dejo de animarme.


Esta es una ley que usted sabe que la pondrá en marcha el Gobierno, y la tiene que dialogar con el partido del Gobierno, no con un partido de diez diputados que lo que ha hecho ha sido mejorarla, y también en el ámbito territorial.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Maldonado.


Grupo Popular. Señor Gómez Darmendrail, por favor.


El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, en todos los países en los que se utiliza la energía nuclear para la producción de energía eléctrica existe un marco regulador que determina las condiciones en las que es aceptable dicho uso. Con el objeto de asegurar desde los poderes públicos de que dicho marco sea respetado por los propietarios de las instalaciones, se estableció en 1980 un organismo regulador, el Consejo de Seguridad Nuclear, encargado de la supervisión de las actividades de los propietarios para asegurar que cumplen lo establecido en ese marco regulador. Han sido, señorías, veintisiete años de funcionamiento de una ley, decana entre las homólogas del resto de organismos reguladores, en los que ha demostrado su eficacia, su eficiencia y su capacidad de adaptación a los nuevos retos que han ido surgiendo, fruto de la continua evolución de una tecnología puntera en lo que a energía se refiere. En este tiempo, y como la tecnología sobre la que el consejo ejerce su supervisión y control está, como he dicho, en una constante evolución favorable a la consolidación de la energía nuclear y la garantía de suministro, el Consejo de Seguridad Nuclear no se ha quedado estático sino que se ha ido adaptando a la realidad en la que convive. Incluso, como dije desde esta tribuna el pasado 28 de junio, en virtud de las demandas evidenciadas por una sociedad española más moderna y más sofisticada, el consejo en estos años anteriores ha reaccionado y ha desarrollado sus competencias más allá de

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las que tenía configuradas en su original Ley de creación de 1980. Es verdad, señorías, que a todas las actividades que el consejo llevaba desarrollando había que darles el carácter de legal en el marco apropiado, en su Ley 15/1980. En eso el Grupo Parlamentario Popular ha puesto todo su interés, todo su empeño y -si me permiten, señorías- toda su ilusión. Sobre todo porque el contenido de la propuesta inicial de la reforma de la ley no tenía ni pies ni cabeza. No tenía ni pies ni cabeza, señorías, porque el interés -lícito, por otra parte- de algunos grupos de esta Cámara por eliminar la energía nuclear del mix energético español pasaba por su irresponsable deseo de destruir los pilares fundamentales de ese organismo que son la independencia y el rigor de sus actuaciones.
Eso, señorías, no lo podíamos permitir. Buena muestra de ello es que el proponente ya no sabe qué proponer para no tener que votar en contra de su propia propuesta. Ha tenido una intervención de aurora boreal, ha pedido al PSOE que saque en el reglamento y a través de un decreto-ley, señorías, lo que no ha conseguido en el Parlamento. Es decir, cada uno tiene su propio concepto de la democracia.


Señorías, esta reforma de la ley que hoy aprobamos mantiene su vigente ley de actuación y actualiza su contenido en varios aspectos en los que cabe destacar la transparencia y la participación pública. La primera, a través de la aplicación de la Ley 27/2006, sobre el derecho a la información en materia de medio ambiente, y la segunda, a través de la creación de un comité consultivo no vinculante que aportará sin duda nuevos incentivos en el funcionamiento del Consejo de Seguridad Nuclear.
Con esta reforma el consejo pone el acento en la importancia de cuatro factores imprescindibles en el funcionamiento eficiente de todo organismo regulador: una buena base jurídica, un staff técnico de primera fila, una garantía de independencia y un mejor proceso de transparencia de decisiones y de comunicación con los ciudadanos y con los demás organismos homólogos a nivel mundial.


Señorías, respecto a esto último, la comunicación con homólogos, el Grupo Parlamentario Popular también quiere destacar que la cooperación internacional, tanto multilateral como bilateral, la relación con Iberoamérica, la participación en los foros de debate y decisión de la Unión Europea y de otros organismos internacionales y la aplicación de los estándares que emanan de convenciones y tratados internacionales forman parte estructural de la ley. No solo forman parte estructural de la ley, señorías, sino que son el pórtico, la vía de entrada en la consolidación de dos aspectos bien conocidos por el Consejo de Seguridad Nuclear desde su anterior legislatura. Primero, la experiencia operativa y, segundo, el desarrollo de un cuerpo europeo de normativa de seguridad.
En el primer caso, el intercambio de la experiencia operativa tanto en instalaciones nucleares como radiactivas, desde mi punto de vista, es fundamental en la prevención de accidentes y, en el segundo caso, son numerosos los temas comunes o globales que deben ser abordados por una legislación de rango europeo. Así, a modo de ejemplo, citaría la gestión de los residuos de alta actividad, los planes de asignaciones económicos, la cobertura de riesgos y la percepción y armonización de la seguridad, entre otros importantes. Para todo ello, el Consejo de Seguridad Nuclear no debe dejar de participar en todos los foros competentes y no debe volver a ocurrir lo que ya ha pasado recientemente y que SS.SS. deben saber, y es que España ha sido excluida de participar en tres importantísimos foros de debate. En primer lugar, hemos sido excluidos del programa multinacional para la evaluación de diseños, que es una iniciativa cuyo principal objetivo es el establecimiento de regulaciones para aumentar la seguridad de los nuevos reactores en todo el mundo y cuyo director general casualmente es un español. En segundo lugar, también España ha sido excluida de su participación en el Foro Internacional de Generación IV, encargado de elaborar los estudios técnicos y de gestión de los reactores nucleares de cuarta generación; sí, señorías, los reactores que, junto a los llamados reactores avanzados G-III y los reactores pasivos G-III plus, son los que con toda probabilidad van a preceder a la energía nuclear de fusión procedente del desarrollo del ITER. En tercer lugar, también hemos sido excluidos en la propuesta global de los Estados Unidos para la energía nuclear, que ha surgido para dar solución tecnológica al problema de los residuos mediante los procesos de separación y transmutación y de la expansión de la energía nuclear para satisfacer la demanda de modo sostenible para el mundo.


Pues bien, señorías, esto es lo que hay. Esto es lo que se recoge después de esa desafortunada campaña de desprestigio del Consejo de Seguridad Nuclear por parte de algunos grupos de esta Cámara; también por la irresponsabilidad que supone, por un puñado de votos, el autoproclamarse más antinuclear que nadie y más ecologista que ninguno prometiendo lo imposible, que es cerrar las centrales nucleares españolas y a la vez cumplir el Protocolo de Kioto. En fin, señorías, quizás estas sean las razones por las que España es hoy día el segundo país más contaminante de la OCDE y el más energéticamente dependiente del exterior.


No quiero terminar mi intervención sin mencionar que esta ley que hoy aprobamos no puede caminar sola, sin cuatro elementos que han sido puestos en marcha en la legislatura anterior del Consejo de Seguridad Nuclear y que son los siguientes: el desarrollo de la eficiencia del proceso regulador, el cumplimiento del Plan estratégico del Consejo de Seguridad Nuclear 2005-2010, la aprobación de un nuevo reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas y, finalmente, una adecuación a la seguridad de las miles de instalaciones radiactivas protagonistas del 95 por ciento de exposiciones a la radiaciones ionizantes en España. Para concluir, señorías, quiero decir que las enmiendas que se han aprobado en el Senado son mejoras técnicas razonables, por lo que mi grupo las va a apoyar.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Darmendrail.


Grupo Socialista. Señora Velasco, por favor.


La señora VELASCO GARCÍA: Muchas gracias señor presidente.


Señorías, recibimos del Senado esta proposición de ley presentada por Izquierda Unida y cuya toma en consideración prosperó en el Pleno de esta Cámara en septiembre de 2005 con el apoyo, por supuesto, del Grupo Parlamentario Socialista. Como manifestamos en aquel momento, valoramos la propuesta en positivo, puesto que compartíamos la necesidad de adaptar la ley a las realidades del momento y porque compartíamos muchos de los objetivos de la propuesta, si bien anunciábamos también que debería ser recogida de forma sustancial y cambiada en el trámite parlamentario.


Han sido dos años de trabajo y no ha sido fácil, las distancias que nos separaban en muchos de los aspectos a unos y a otros grupos, así como la crisis de credibilidad por la que atravesó el Consejo de Seguridad Nuclear como consecuencia del incidente de Vandellòs, fueron factores que influyeron directamente en el proceso de negociación y en la disposición de los grupos parlamentarios. Todos queríamos aportar lo mejor y todos queríamos hacer una buena ley, pero todos estábamos tentados de legislar desde la experiencia vivida, y eso nos alejaba de la objetividad. Creo que lo superamos, y tengo que reconocer en esta tribuna el esfuerzo de todos los grupos parlamentarios y su aportación al debate de esta proposición de ley. Asimismo y de forma especial quiero agradecer a todas las personas y organizaciones que nos ayudaron con sus aportaciones como expertos, como regulados o como usuarios del Consejo de Seguridad Nuclear: los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear, los consejeros que comparecieron con nosotros, Enresa, Enusa, Ciemat, Amat, catedráticos e ingenieros, responsables y expertos de las universidades, Greenpeace y Ecologistas en Acción, así como los expertos que en el ámbito de la mesa de energía nuclear creada por el Ministerio de Industria presentaron unas magníficas ponencias sobre aspectos regulatorios y de seguridad nuclear e instalaciones radiactivas.


Ha merecido la pena, hemos elaborado un texto que cumple con los objetivos que nos planteábamos: modernizar la regulación en materia de seguridad nuclear, adaptarla a los convenios internacionales suscritos por el Estado español, como el convenio de Arus, dar instrumentos que mejoraran la independencia del Consejo de Seguridad Nuclear, reforzar al regulador como órgano colegiado, mejorar y posibilitar la mejora de la transparencia en la gestión del Consejo de Seguridad Nuclear, garantizar el derecho de información a la sociedad, redefinir el régimen sancionador aumentando de forma significativa las sanciones por incumplimiento, crear un órgano, en fin, de participación con representantes de las comunidades autónomas, sindicatos, municipios y representantes de la sociedad civil interesados, definir nuevas competencias del Consejo de Seguridad Nuclear en el ámbito de las nuevas instalaciones científicas y médicas -por cierto, señor Maldonado, en ningún caso la disposición adicional a la que se refiere entra en un problema competencial-, definir un mayor y mejor sistema de control parlamentario... En fin, hemos logrado dar forma legal a una necesidad de la sociedad española, sentirse segura, porque el organismo que debe garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares y radiactivas, el CSN, tiene instrumentos legales para esa función, y esto, la seguridad, también es un derecho de ciudadanía.


Respecto a las enmiendas incorporadas en el Senado que se refieren a Convergència i Unió, no podemos votar a favor de la 31 y la 32 porque hacen alusión a funciones del CSN en el ámbito de sus competencias fuera de nuestro territorio, compete a otros organismos hacerlo, si bien el CSN está presente y colabora siempre en estas actuaciones de inspección. En cuanto a otra enmienda del Partido Popular en la que se propone definir cómo debe funcionar un órgano colegiado, entendemos que es redundante y refleja esa desconfianza ante situaciones previas que hemos vivido, pero no debe aparecer en la ley. No obstante -y nuestro grupo ha hablado con el resto de los grupos parlamentarios-, si el resto de los grupos parlamentarios entiende que garantiza más la posición, la votaremos a favor. Respecto al resto de las enmiendas, las vamos a votar favorablemente porque entendemos que mejoran la ley y la posibilidad de consenso, puesto que son enmiendas votadas por la mayoría de los grupos parlamentarios en el Senado.


Quiero hacer una reflexión respecto a una enmienda. Cuando se refiere a la información que el Consejo de Seguridad Nuclear debe realizar a las comunidades autónomas, bien remitiendo el informe anual o bien informando a las comunidades autónomas de los incidentes o hechos acaecidos en instalaciones en el ámbito territorial de dichas comunidades autónomas, tengo que decir que eso ya lo está haciendo el Consejo de Seguridad Nuclear, pero no nos parece mal que se explicite también en esta ley. Sí que quiero dejar muy claro, y así se interpreta en el texto de la ley, que el control parlamentario del Consejo de Seguridad Nuclear es competencia del Parlamento nacional.


Respecto a la posición de Esquerra Republicana sobre la proposición de ley, nosotros decíamos, con referencia a alguna de las enmiendas que presentaron y que rechazamos, que era competencia del Estatuto definir los aspectos a los que ellos hacían referencia, con relación al inspector residente y a otros aspectos que la mayoría de los grupos entendíamos que no deberían figurar en la ley y que el Estatuto era el marco adecuado para regular esas situaciones. Ya le he dicho al señor Ramón que en mejorar la situación en ese ámbito estamos con él, y creo que también la mayoría de los grupos parlamentarios.


Por lo que se refiere a la posición del señor Herrera, tengo que decirle, con toda cordialidad, que los nombramientos de consejero en el Consejo de Seguridad Nuclear

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son temas serios, lo es mucho esta ley, y en ningún caso son moneda de cambio para negociar o no con un grupo parlamentario. El chantaje no es estilo de este grupo. Creemos, además, que es tan serio nombrar representantes en el órgano regulador que en ningún caso justificaría este estilo de actuaciones por parte de nuestro grupo. Entiendo también, no obstante, su cierto grado de frustración, cómo no lo voy a entender.
Usted ha traído una proposición de ley que se ha modificado. Todos los grupos decíamos, ya cuando la tomamos en consideración, que había que hacer muchas enmiendas para aceptarla, pero nuestro grupo entendía que era necesario tomarla en consideración porque compartíamos los conceptos a los que usted se refería cuando la defendía. Queríamos mayor transparencia, mayor control parlamentario. Era necesario adaptar la ley del año 1980 a las circunstancias del Estado español y por eso la tomamos en consideración.


No me parece justo, y es una percepción personal, decir si hemos pactado con el PP o si no lo hemos tenido en cuenta, porque yo creo que no es malo pactar en esta Cámara con ningún grupo parlamentario. Estoy orgullosa de que el Partido Popular también haya entrado a mejorar esta proposición de ley, así como el resto de los grupos, sobre todo por una razón: respetamos tanto su proposición y el espíritu de la misma que en las enmiendas del Grupo Socialista ya iban incluidos muchos de los anhelos y aspiraciones que ustedes tenían en su propuesta; de hecho, tuvimos reuniones previas no solo con las portavoces, con la señora Mendizábal y conmigo, sino con el propio ministerio y con los propios técnicos y expertos del Consejo de Seguridad Nuclear. También entiendo que no sea suficiente, que prefiera lo óptimo y quiera llegar hasta el final. Y como creo que tiene derecho, como parlamentario y como proponente, a que le demos y le tendamos la mano, sí le pediría, con todo respeto, que apoye su proposición de ley, porque es mejor. Igual no es la ley que nos gustaría a cada uno de los grupos, ni siquiera la que redactaríamos cada uno de los grupos, pero sí es una proposición de ley muy consensuada y sería una pena que usted quedara fuera. Yo no puedo prometerle un real decreto-ley, no puedo. Sería engañarle a usted a estas alturas de la legislatura. Además, el Gobierno, este Gobierno es muy serio y no entendería traer un real decreto-ley, pero sí digo que podemos trabajar en una proposición no de ley que podemos negociar e incorporar esos aspectos -aspectos, por cierto, de los que hemos hablado con muchos grupos parlamentarios; podrían compartir cuál es el comité y la unidad de denuncias- y también aspectos del régimen sancionador que sean más garantistas en el sentido que usted propone, para que pueda dar muchísima más seguridad a la hora de percibir por parte de la sociedad que estamos exigiendo esa cuestión a las centrales nucleares.


Quiero decir una última cosa. Perdone, señor presidente, ya termino. El objetivo es incorporar la cultura de seguridad en la operación de las instalaciones. Tenemos que prevenir y el objetivo es trabajar en la prevención, en que no se incumplan las normas, para evitar así tener que sancionar.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Velasco. (El señor Herrera Torres pide la palabra.) Dígame, señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Por alusiones, señor presidente. A partir de lo que ha explicitado el señor Maldonado.


El señor PRESIDENTE: No cabe turno de alusiones, señor Herrera. Lo lamento.


El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Cada uno de los intervinientes ha tenido la posibilidad de expresarse con absoluta libertad en el debate. Incluso yo le he dado más tiempo del que estaba fijado en el orden del día. Es normal que se citen entre los diputados -señora Velasco, señor Maldonado, señor Gómez-, pero eso en ningún caso abre el turno de alusiones. No he notado en la intervención ninguna falta al decoro de la Cámara, ningún ataque a su grupo parlamentario y ningún ataque de tipo personal. En consecuencia no cabe el turno de alusiones y lo lamento profundamente. Si no, se lo daría, puede usted estar seguro de que se lo daría, si se hubiera producido alguna de las circunstancias que justifican un turno de alusiones. (El señor Herrera Torres: Gracias.)

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.


El señor PRESIDENTE: Dictámenes de convenios internacionales. Normalmente, este punto, IX del orden del día, suele producirse por asentimiento, pero comunican a la Mesa que al menos dos grupos parlamentarios -¿es así?- desean intervenir en el punto, si digo bien, número 70. (El señor Moscoso del Prado Hernández pide la palabra.)

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: En el punto 39, también.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo parlamentario? (Pausa.) Corremos un riesgo, señorías. Me explicaré. En los acuerdos internacionales, todos los grupos parlamentarios tienen derecho a intervenir, por supuesto. Este es un punto que se hace por asentimiento. Comprendo que, si se pone en marcha la mecánica de que un grupo interviene, automáticamente: y yo, y yo, y yo. Antes de comenzar, por favor, digan al letrado exactamente

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cuáles son los puntos y cuáles son los convenios y organizamos el debate enseguida. (Pausa.)

Les comunico la organización del debate, que será la siguiente: en primer lugar -cito el número de ordenación-, punto 39. Interviene el Grupo Socialista y el Grupo Popular. ¿Algún grupo parlamentario más? (Pausa.) Punto 70. Coalición Canaria, Izquierda Unida, Grupo Socialista y Grupo Popular. Díganme en este momento si es así. También CiU incorpora dos más, 72 y 73. Bien. Gracias. ¿En los puntos 72 y 73 intervendrán otros grupos? (Pausa.) Esto no volverá a pasar. Será obligatorio comunicar antes de empezar el debate dónde se interviene, porque si no esto es muy complicado de gestionar.


Voy a cerrar la agenda. Repito. Punto 39, socialistas y populares; punto 70, Canarias, Izquierda Unida, socialistas, populares; puntos 72 y 73, CiU.


- TRATADO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE LA REPÚBLICA DE FILIPINAS Y EL REINO DE ESPAÑA, HECHO EN MADRID EL 18 DE MAYO DE 2007.
(Número de expediente 110/000227.)

El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el punto 39. Señor Ricomá.


El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Señor presidente, perdón, pero no tenía delante el orden del día y todavía no he podido cuadrar los puntos en los que va a haber debate. En todo caso, lo que manifestamos es que con seguridad vamos a intervenir en los puntos 39 y 70.


El señor PRESIDENTE: Señor Ricomá, estamos iniciando el debate sobre el punto 39. Adelante.


El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Gracias, señor presidente, intervendré con muchísima brevedad.


Es cierto que el trámite de aprobación de convenios internacionales no suele desarrollarse a nivel de posicionamientos en el Pleno, si bien hay algunas cuestiones que, por su importancia, requieren darle este tratamiento. En concreto, el punto que ahora nos ocupa, que es el Tratado sobre traslado de personas condenadas entre la República de Filipinas y el Reino de España, al abordar una cuestión importante, como es el criterio de reinserción social, creemos que sí merece esta atención. Es un tratado que ya tiene precedentes, es un tratado forma, un tratado tipo, similar al que ha firmado España con otros países; me vienen a la cabeza, por ejemplo, Costa Rica y otros países sudamericanos. Lo que se pretende es conseguir que las personas nacionales, en este caso españolas, detenidas fuera de nuestro territorio puedan cumplir condena en nuestro país y, lógicamente, lo mismo en la situación recíproca.
Entendemos que esto es un avance, una garantía para todas aquellas personas que se ven involucradas en esta situación. Obviamente, la situación penitenciaria en nuestro país garantiza plenamente el objetivo, por un lado, de cumplimiento de pena y, por otro, de reinserción. En consecuencia, queremos conseguir que nuestros ciudadanos tengan garantía, si son detenidos y sentenciados -eso sí, con sentencia firme- en el extranjero, de poder desarrollar y cumplir la pena en nuestro país, con todo lo que conlleva, aparte de por el propio condenado, por el círculo familiar y de amistad, en cuanto a la facilidad que ello supone de régimen de visitas y de contacto con una persona que está en una situación delicada, cumpliendo una pena, preso, sin libertad.


Sencillamente quiero dejar constancia de esto. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ricomá.


Señor Moscoso, adelante, por favor.


El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para subrayar la importancia de la autorización que vamos a conceder hoy en esta Cámara al ratificar el Tratado sobre el traslado de personas condenadas entre la República de Filipinas y el Reino de España.


Esta ratificación, señorías, es una historia de éxito, pero que ha exigido mucho esfuerzo y mucho trabajo. Como decía el señor Ricomá, es importante intervenir hoy porque, desgraciadamente, en demasiadas ocasiones, el inmenso esfuerzo y el inmenso trabajo que lleva la negociación, discusión y aprobación de numerosos convenios y tratados internacionales, pasa desapercibido a los ojos de la opinión pública y a los ojos de SS.SS., porque son procesos que duran años y que, en su conclusión, implican importantes realidades y situaciones para ciudadanos españoles o ciudadanos de otros países.


Señorías, este tratado es un éxito de la sociedad y de las instituciones, tanto españolas como filipinas, dos sociedades amigas y que tienen mucho que compartir. Hay que recordar que Filipinas fue el primer país que abolió la pena de muerte; lo hizo hace un año, siendo el primer país de Asia que así lo hacía. Primer y único país de Asia en el que no existe condena de muerte. Un éxito de Filipinas. Hay que recordar también la intensidad con la que la abolición de la pena de muerte en Filipinas ocupó la agenda de todas las instituciones del Estado, desde la Jefatura del Estado, la Corona, pasando por el Gobierno, todos sus ministerios, con especial atención al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Congreso, el Senado, así como por numerosos estamentos de la sociedad civil. A todos ellos agradezco en nombre de mi grupo todas las gestiones realizadas en estos años. Quiero recordar también que este mes el ciudadano español Francisco Larrañaga cumple diez años de encarcelamiento en Filipinas. Gracias a este tratado, Paco Larrañaga podrá cumplir lo que le queda de pena en España y podrá disfrutar de sus derechos como ciudadano español en igualdad de condiciones;

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ello merece la alegría y el reconocimiento de todos. Dentro de una semana se va a producir la ratificación en el Senado de Filipinas de este tratado, con lo cual, cuando se produzca la visita de Estado de la presidenta, Gloria Macapagal, a España, en diciembre, esta cuestión estará ya cerrada. Confiamos en que Paco Larrañaga pueda venir pronto a España y que ambos países sigan cooperando, colaborando y desarrollando acuerdos en materias tan importantes como esta.


En definitiva, es un importante tratado que, en opinión de mi grupo, debía y merecía ser mencionado en el Pleno.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS SOBRE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN DE LA EMIGRACIÓN ILEGAL DE MENORES NO ACOMPAÑADOS, SU PROTECCIÓN Y SU RETORNO CONCERTADO, HECHO EN RABAT EL 6 DE MARZO DE 2007. (Número de expediente 110/000258.)

El señor PRESIDENTE: Punto 70. Señor Mardones, por favor.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente, y con brevedad, dado que, coincidiendo plenamente con lo advertido por el señor presidente de la Cámara, hemos solicitado esta intervención al tener conocimiento de que otro grupo, en uso de sus derechos reglamentarios, quería intervenir.


Desde Coalición Canaria queremos dejar constancia clara y contundente de nuestro inequívoco apoyo y así votaremos favorablemente este acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, de cooperación en el ámbito de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, que se ha hecho en Rabat el pasado día 6 de marzo. Conocemos perfectamente la problemática que existe en Canarias, ha venido a esta Cámara a debate entre parlamentarios y representantes de la Administración General del Estado el tema de los menores emigrantes ilegales, sobre todo los procedentes de África, tanto del Magreb como del área subsahariana.


La legislación española obliga a un determinado comportamiento de nuestras autoridades administrativas, civiles y policiales, respecto a los menores no acompañados. Hoy se ha conseguido este acuerdo entre el Reino de España y el Reino alauita de Marruecos. Nosotros lo recibimos con satisfacción, porque viene a tratar de resolver uno de los problemas más graves que tenemos en este momento en Canarias, como también en otras partes del sur de la Península, de España, con todos los consentimientos que se pueden hacer. Pero, en el área de los menores, se introduce un concepto muy adecuado, que es el retorno concertado. Hasta ahora era prácticamente imposible retornar a Marruecos a los menores no acompañados, era imposible localizar sus municipios o localidades de origen. Este acuerdo viene a solventar este problema de los retornos concertados entre ambos gobiernos. De aquí, y termino, señor presidente, nuestro apoyo inequívoco. Votaremos favorablemente este acuerdo entre ambos gobiernos y ambos Estados.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Izquierda Unida. Señor Llamazares, por favor.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Mi grupo parlamentario, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, ha pedido una votación separada de este acuerdo España-Marruecos sobre repatriación de menores, no para glosar este acuerdo, sino para rechazarlo. Creemos que en estos momentos, en Europa, y también en España, estamos asistiendo a una regresión de la política migratoria, donde se subordinan los derechos humanos al control de la inmigración. No hay más que ver el proyecto Sarkozy, en Francia, con el control del ADN; no hay más que ver la iniciativa, que hoy discutiremos, de persecución internacional, no solamente de las redes clandestinas, sino de la inmigración, y no hay más que ver que esta iniciativa que hoy se propone no plantea, como dice su título, una repatriación concertada, no es cierto, sino una repatriación, mediante la expulsión, sin garantías de control y de derechos humanos, de los menores, en este caso a Marruecos.


Nuestro grupo parlamentario quiere poner de manifiesto su oposición a la ratificación del acuerdo bilateral suscrito entre España y Marruecos sobre cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal y protección y retorno de los menores no acompañados. Nos sumamos así a la denuncia que se está haciendo desde los movimientos de derechos humanos, especialmente desde asociaciones de defensa internacionales, como Human Rights Watch. Consideramos que este acuerdo es un paso más en la política restrictiva europea de lucha contra la inmigración clandestina, pero vulnerando gravemente los derechos de los menores y la legislación de protección de los menores vigente.


Este acuerdo, en primer lugar, responde a una política global de gestión controlada de los flujos migratorios, en vez de vincularse con una medida de protección y respeto de la integridad del menor desamparado. Este acuerdo, además, en segundo lugar, abre la vía a la expulsión pura y simple de los menores extranjeros no acompañados, protegidos en España, hacia su país de origen, violando así el propio espíritu y principio del Convenio europeo sobre los derechos del niño. En tercer lugar, este acuerdo hace del menor en desamparo, tutelado por ley, un inmigrante en situación irregular en el territorio español, con todas las consecuencias que esto implica sobre su situación administrativa, emocional, escolar, etcétera, lo que rompe por completo el proceso de integración, escolarización y formación de los inmigrantes,

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además de criminalizar la condición de menor extranjero en desamparo. En cuarto lugar, este acuerdo supone un retorno, nada concertado, sino forzoso del menor, que debería ser oído en cuanto a toda decisión que le afecte y no es así, corriendo de esta forma el riesgo de que no asuma esta decisión ajena, intentando emigrar de nuevo, poniendo en riesgo de nuevo, su integridad física. En quinto lugar, libra de manera arbitraria a España de su responsabilidad internacional y nacional en cuanto al deber de protección hacia todo menor declarado desamparado en su territorio, sin distinción de situación administrativa o de nacionalidad.


En sexto lugar, este acuerdo supone un peligro para el menor desamparado al devolverle a un país que no posee ni el sistema ni las estructuras adaptadas para la acogida de menores en desamparo, ni menos todavía la voluntad política de hacer de la protección a la infancia un tema prioritario en Marruecos. En séptimo lugar, España se sirve de la financiación de centros para menores, devueltos desde sus costas en Marruecos: Tánger, Nador, Marrakech, para atenuar esta evidente carencia del sistema de protección marroquí, con el objetivo de irresponsabilizarse de su deber de protección hacia los menores desamparados y de cerrar sus fronteras. En octavo lugar -y último-, España desvirtúa el concepto de cooperación al desarrollo al presentar la construcción de estos centros dentro de este marco, siendo esta una medida clara de externalización de las políticas europeas de inmigración y en ningún caso una política de cooperación internacional.


En consecuencia, queremos reiterar nuestra oposición, junto con la de muchas organizaciones de derechos humanos, a acuerdos de este tenor, en coherencia con la postura que hemos venido defendiendo en esta materia, confluyendo con las reivindicaciones, como decimos, de las organizaciones internacionales de derechos humanos. Nos oponemos a las repatriaciones no voluntarias, es decir, obligatorias, y sin garantías de menores no acompañados y tutelados por razones, no solamente políticas, sino jurídicas y de derechos humanos. Los menores extranjeros no acompañados son ante todo menores y, por supuesto, todo ello antes que inmigrantes.
Estos menores tienen derechos fundamentales, en virtud de la norma internacional y nacional vigente, que hay que respetar en nombre del interés superior del menor, como bien lo recuerdan las últimas sentencias de nuestros jueces, parando repatriaciones ilegales o la declaración del fiscal de Extranjería. Se vulnera en particular el derecho a la notificación de toda decisión que afecte al menor, el derecho del menor a ser oído y a opinar sobre cualquier situación que le afecte, el derecho del menor a la tutela judicial efectiva, el derecho del menor a la intimidad y al respeto de su integridad física, el derecho del menor a una protección efectiva en un país con capacidad logística y voluntad política de acogerle, el derecho del menor al reagrupamiento familiar efectivo y con garantías siempre y cuando estén reunidas todas las condiciones para mejorar la situación del menor.


Nosotros nos oponemos a la creación de centros para menores devueltos a Marruecos como medida que confunde protección y política represiva y policial frente a la voluntad del menor de emigrar, ya que la falta de perspectiva y la total ausencia de protección a la infancia en el país de origen no se va a solucionar con la creación de algún centro, a pesar, entre comillas, de la generosidad de la cooperación española. Solo un auténtico trabajo de fondo a nivel internacional y un trabajo sociopolítico podrán asegurar a largo plazo la protección efectiva de estos niños en su país de origen, al igual que solo un retorno preparado con el menor, la familia y los servicios sociales in situ, combinado con alternativas de reinserción, garantizaría una verdadera protección y seguridad del menor en desamparo. Queremos recordar al Gobierno que todas las ONG que trabajan con menores extranjeros no acompañados coinciden en decir que la práctica totalidad de las repatriaciones hoy de España a Marruecos se realizan sin garantías, más aún con esta norma.
Lamentablemente, este acuerdo no va a significar una mejora respecto a este marco actual significativamente mejorable.


Por todas estas razones, no solo reiteramos nuestra preocupación y nos hacemos eco de las manifestadas por los colectivos sociales que trabajan con menores, sino que anunciamos nuestro voto en contra de este acuerdo, que nos parece regresivo en materia migratoria y del mismo tenor que la política de Sarkozy u otras políticas que tanto rechazamos en nuestro país.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor Ricomá.


El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo con brevedad para fijar nuestra posición y anunciar el voto afirmativo del Grupo Parlamentario Popular a este acuerdo entre España y Marruecos, sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado. De hecho, se trata de un convenio que se formaliza a raíz de la semilla plantada ya en diciembre de 2003, en época del Gobierno del Partido Popular, mediante un memorando de entendimiento que se estructuró entre los dos países y que ya enfocaba una de estas cuestiones como prioritaria a la hora de atenderla. Es realmente un instrumento para hacer frente a una situación muy grave, que además afecta a un colectivo muy delicado, muy sensible, como son los menores de edad. Todos tenemos presente desgraciadamente las imágenes cotidianas del drama. A todos se nos viene a la cabeza la sensación que deben sentir estos menores cuando abandonan a sus familias, emprenden un viaje a lo desconocido en unas condiciones de riesgo terribles y se enfrentan con la situación de lo desconocido al llegar al destino, que tampoco saben cuál es. Por tanto, consideramos que era totalmente necesaria la articulación de un instrumento que pudiera hacer frente a esta situación

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y que pudiera paliar en la medida de lo posible que se repitan imágenes como las que estamos viendo.


Este convenio considera una acción integral en las tres cuestiones que son básicas para intentar solucionar este asunto: la de la prevención, la de la protección y la del retorno. Obviamente, la de la prevención es la más importante. Hay que actuar siempre en origen y hay que seguir el dictado de: enséñales a pescar y no les regales alimentos. Esta deber ser sin duda una de las atenciones prioritarias y ahí exigimos al Gobierno que tutele y que esté vigilante para poder hacer frente a esta parte del convenio, que es la que tiene que dar resultados a medio y largo plazo, pero la más eficaz. La segunda es lógica. Estamos hablando de protección, estamos hablando de menores, estamos hablando de personas frágiles y débiles que lo que necesitan al llegar es, evidentemente, que se esté encima de ellos, que se los atienda, que tengan un tratamiento personalizado y que en todo momento, después de la tragedia y el drama, se sientan lo más cómodos posible. Y después el retorno. Obviamente, cuando hablamos de retorno no lo podemos hacer sin matizar. Creo que el convenio especifica de forma clara que el retorno solo es posible cuando existan plenas garantías en cuanto a las condiciones de reagrupación y, si no es así, que esté garantizada al menos la tutela por parte del Estado. Insisto en la fragilidad de los protagonistas de este convenio, que son los menores, y, por tanto, en que debe estar siempre presente el máximo nivel de garantías. Insisto en que se trata de un instrumento y, por tanto, nosotros lo celebramos, bienvenido sea. Otra cosa es saber utilizarlo, es optimizarlo, es sacarle el debido provecho. En la intervención anterior, el señor Llamazares enfocaba esto. Entiendo que no es criticable el convenio como tal, sino que puede -y Dios no lo quiera, y hablo en futuro- ser criticable la utilización o la interpretación que se hace del mismo.


No podemos esconder que desde el Grupo Parlamentario Popular tenemos nuestras dudas. Obviamente, la inmigración no es uno de los temas que el actual Gobierno esté tratando con el rigor, con la seriedad y, sobre todo, con la eficacia posible. En consecuencia, instamos a que dada la sensibilidad, traten los apartados que recoge este convenio con todo el esfuerzo y el interés del mundo y que, al menos en el tema de los menores, el Gobierno haga una excepción a lo que está siendo realmente una mala política en el ámbito de la inmigración.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Grupo Socialista. Señora Aburto.


La señora ABURTO BASELGA: Gracias, señor presidente.


Intervengo en nombre del Grupo Socialista para anunciar nuestro voto favorable al acuerdo de cooperación en el ámbito de la prevención de la inmigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado. Señorías, este acuerdo se negoció en la séptima reunión de alto nivel hispano-marroquí y fue firmado por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de España y el ministro de Desarrollo Social, de la Familia y de la Solidaridad de Marruecos. Se enmarca en la política de cooperación que afronta el problema de los menores extranjeros no acompañados que llegan a España, de los cuales los marroquíes forman la mayor parte, sustituye al memorando de entendimiento de 2003 -creemos que con muchas mayores garantías- y dependerá naturalmente de cómo se lleve a cabo su puesta en marcha, pero el acuerdo sienta las garantías totales para la protección y el buen tratamiento de este tema. Por tanto, todo lo que se ha expresado hasta ahora se refiere a lo llevado a cabo hasta ahora, pero no al acuerdo concretamente que debatimos en este trámite.


Quiero destacar que en el acuerdo se pide el respeto tanto a la legislación nacional de ambos países como a la internacional, y muy especialmente a la Convención de los derechos de los niños y sus protocolos adicionales. Es evidente que lo más importante del acuerdo -y estoy de acuerdo con el señor Ricomá- es la prevención de los riesgos que corren estos menores -todos tenemos las imágenes de estos menores en los bajos de los camiones o en las pateras- y, desde luego, la prevención del tráfico de personas a cargo de mafias. Todos sabemos que estos niños son muchas veces empujados por sus propias familias pensando que así resuelven el futuro no solamente de los niños sino, fundamentalmente, de las familias, ya que estos niños no vienen aquí con ánimo de formarse y de estudiar, son ya mayorcitos y tienen muy claro -sobre todo porque han madurado en unos países donde sus condiciones son mucho más duras que las nuestras- que a lo que vienen es a trabajar y resolver el problema económico de sus familias y, por tanto, caen muy fácilmente en la explotación y en la corrupción de las mafias.


Se prevé después la protección y la identificación de estos menores con plazos muy claros, cosa que no ocurría antes, que garantizan que esto ocurra bajo la legislación de nuestro país y les asegura la misma protección jurídica que a nuestros propios nacionales. El acuerdo de retorno solo se produce en esos plazos cuando se garantiza la reunificación familiar o la institución de tutela. Quiero resaltar que todos los gastos corren a cargo de la parte española, excepto los correspondientes, muy importantes también, a la cooperación al desarrollo de las regiones de donde proceden estos menores, que son compartidos con el país de origen. El seguimiento del acuerdo se hace mediante un comité, que intercambia información, propone cualquier actuación necesaria que mejore procedimientos y vigila su correcto cumplimiento. Por tanto, presenta todas las garantías, previene un problema, unos riesgos, el tráfico de personas, y garantiza la protección de los menores, su repatriación en condiciones de seguridad y su reinserción sociolaboral.
Por todo ello, el Grupo Socialista votará afirmativamente a este convenio. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


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CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, HECHO EN NUEVA YORK EL 13 DE DICIEMBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000260.)

- PROTOCOLO FACULTATIVO A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, HECHO EN NUEVA YORK EL 13 DE DICIEMBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000261.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a debatir los puntos 72 y 73.
El primero es un convenio y el segundo es un protocolo, pero ambos tratan del mismo objeto, así es que haremos el debate acumulado. Tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Efectivamente, Convergència i Unió ha tenido interés en intervenir en este punto que permite ratificar aquello que se acordó en la Comisión de Asuntos Exteriores, en relación con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y el correspondiente protocolo facultativo.
Lo hemos querido hacer porque creo que toda la Cámara es consciente de la trascendencia de este instrumento jurídico internacional. Va a ser la primera convención que aborde globalmente los derechos de las personas con discapacidad. Quizá visto desde España esto tenga una trascendencia menor, pero visto desde la mayoría de los países del mundo, donde no existen leyes que protejan, amparen y no discriminen a las personas con discapacidad, va a tener en el futuro una enorme trascendencia. Estamos hablando de más de 650 millones de discapacitados en el mundo, que a partir de la entrada en vigor de esta normativa internacional y de su difusión van a encontrar una regulación que les va a proteger. Además, señorías, es significativo que esta convención de Naciones Unidas incorpore algunas de las innovaciones más significativas en el ámbito de la protección y del enfoque de las políticas relacionadas con las personas con discapacidad. Me estoy refiriendo a principios como el de vida independiente o el de diseño para todos, que en el caso español hemos incorporado muy recientemente a nuestra legislación, concretamente en el año 2003, con motivo de la discusión de la denominada Liondau. Esta convención recoge las mejores prácticas, las mejores innovaciones legislativas de los países avanzados en materia de protección de las personas con discapacidad. Además, señorías, en el caso del Estado español, esta convención ha sido impulsada de manera muy significativa por el Cermi. El Cermi planteó a todos los grupos parlamentarios la necesidad de que España fuese de los primeros Estados del mundo que apostase por el proceso de ratificación de la misma, y de ello nos alegramos, nos alegramos de que España figure en el pelotón de Estados que están participando en este proceso.


Desde la perspectiva de Convergència i Unió, tiene una fuerte carga simbólica que en este año en el que vamos a ratificar nuestra adhesión a esta convención, también estemos celebrando los veinticinco años de la aprobación de la Ley de integración social de los minusválidos, la Lismi, que fue impulsada en esta Cámara por el ya fallecido y llorado Ramon Trias Fargas. La Lismi fue en su día una ley absolutamente innovadora, avanzada a su tiempo, que recogía las mejores prácticas de Estados Unidos y Europa en materia de integración de las personas con discapacidad y que veinticinco años después continúa vigente en sus principios fundamentales. Pues bien, Convergència i Unió quería hoy recordar en el momento de este debate, que va a contar con el apoyo de todos los grupos, a Ramon Trias Fargas, que fue quien hizo compartir a toda esta Cámara el compromiso para trabajar para una sociedad que no discriminase ni excluyese a las personas con discapacidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor Ricomá.


El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Gracias, señor presidente, también con brevedad.


Nos parece muy acertada la iniciativa en este caso de Convergència i Unió de abrir también fijación de posiciones en este tema, porque si antes hablábamos de un colectivo sensible, ahora no nos quedamos tampoco atrás, como es el caso de las personas con discapacidad. Este es uno de los temas en los que obligatoriamente hay que mirar atrás. No hace muchos años ver a personas con discapacidad generaba un tipo de sentimientos en muchísimas personas, seguramente fruto del desconocimiento y de la incultura, que evidentemente no favorecía en nada el tratamiento digno y de igualdad que debe tener este colectivo. No ha pasado pues tanto tiempo y se ha avanzado muchísimo en este asunto tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La convención que hoy ratificamos es un buen ejemplo de ello. Desde luego, da gusto ver que el propósito no es otro que el de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente.
Esta es una expresión que representa un valor universal, que suscribimos absolutamente todos y que además se sustenta jurídicamente en recomendaciones de la totalidad de organismos, de instituciones del acervo internacional vinculadas a derechos humanos, a igualdad, a no discriminación y a accesibilidad. Es una convención global que afronta la situación de forma integral, en todos sus aspectos, y además tiene capítulos especiales sobre aquellas personas que, al margen de lo que les pueda generar su condición de discapacidad, se encuentran en otra situación de fragilidad, como pueden

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mujeres, niños y niñas. También hace referencia a situaciones que desgraciadamente aún son práctica habitual en algunos países, como pueden ser asuntos vinculados a tortura, a no disponer de igual reconocimiento ante la ley, a explotación, a abuso, a falta de libertad de expresión, etcétera.


No me voy a extender porque evidentemente todos los artículos que contiene esta convención son interesantes. Quizá sean de lógica y de sentido común, pero desgraciadamente todavía en nuestro tiempo hay que certificar que la lógica y el sentido común se instauren en el sentimiento, en la percepción y en la forma de actuar de todas las personas. En este sentido, creemos que esta convención es un avance hacia ello y le deseamos larga vida y, sobre todo, eficacia y para ello que lógicamente se vayan sumando ratificaciones y adhesiones de todos los países.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Deduzco del conjunto de sus intervenciones que el único caso donde procederá votación separada de la treintena de acuerdos internacionales que va en el bloque del punto IX debiera ser el punto 70, referente al acuerdo con el Reino de Marruecos. Así pues, propondremos la votación por asentimiento de todo el bloque y al final votaremos por separado el punto 70, que corresponde al acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos. Gracias.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA PERSEGUIR EXTRATERRITORIALMENTE EL TRÁFICO ILEGAL O LA INMIGRACIÓN CLANDESTINA DE PERSONAS. (Número de expediente 121/000142.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto X del orden del día: Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. En primer lugar, proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas. Interviene para presentar el proyecto de ley el señor ministro de Justicia. Señor ministro. (La señora vicepresidenta, Calvo Poyato, ocupa la Presidencia.)

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Señor presidente, señorías, concurro aquí en esta mañana para agradecer a la Cámara el gran trabajo realizado en este proyecto de Ley del Gobierno de reforma de la del Poder Judicial para perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o inmigración clandestina. Es una medida que se inscribe en la política general emprendida por el Gobierno de reforzamiento de control de nuestras fronteras, sin duda, pero más importante que eso, en la protección de los derechos humanos, en este caso de víctimas de esos delitos tan execrables.


La llegada de embarcaciones procedentes de las costas africanas está siendo interceptada con más éxito que nunca por nuestras patrulleras y por las de Frontex, pero tras esas embarcaciones se esconden los autores de uno de los delitos más necesitados de persecución que conocemos: el tráfico de personas y la inmigración clandestina, que no es otra cosa que la nueva forma de explotación, la nueva forma de esclavitud del siglo XXI. Para luchar contra esa lacra se ha planteado la necesidad de despejar definitivamente la polémica en torno a si nuestros tribunales eran o no competentes para conocer de estos delitos, aun cuando la detención de las embarcaciones se llevara a cabo fuera de nuestras aguas territoriales. El problema no es sencillo en la medida en que ha dado lugar a decisiones contradictorias de los tribunales, lo que hace necesario aclarar la situación. Es el objetivo de la reforma que hoy se aprueba en trámite de lectura única, que afortunadamente ha contado con el máximo consenso al que el Gobierno podía aspirar al remitirlo a la Cámara. Este consenso es fruto sin duda alguna del esfuerzo de todos los portavoces, que han sabido hacer aportaciones constructivas al texto y mejoras técnicas anteponiendo el esfuerzo por alcanzar el objetivo común a cualesquiera reparos que pudieran, legítimamente por cierto, haberse planteado.


El texto que hoy saldrá de la Cámara es previsiblemente -por lo que anuncian los portavoces- mejor que el texto que entró, gracias a la aprobación de muchas enmiendas, algunas en sus propios términos y otras transaccionales. Además se ha aprovechado la reforma de la ley orgánica para corregir algunas deficiencias arrastradas por la aprobación de otras leyes como la de Igualdad o la del Estatuto básico de la Función pública, que reconocían algunos derechos sociales a los funcionarios de la Administración General del Estado pero no a los de la Administración de Justicia, que tienen reservado su estatuto a la regulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.


Termino por donde empecé. Gracias, señorías, por el esfuerzo de todos ustedes por apoyar un proyecto que ya no es del Gobierno, que ya es el que legítimamente corresponde a esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor ministro.


Iniciamos el turno de defensa de enmiendas. Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.


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Desde Izquierda Unida queremos manifestar nuestra total discrepancia con lo que ha sido defendido por parte del ministro. A pesar de que los argumentos sean buenos, la realidad es otra, señor ministro. Tenemos serias dudas acerca de la necesidad y la conveniencia de reformar el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir un nuevo supuesto que permita la persecución extraterritorial del tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas y por tanto no la vamos a apoyar. En nuestra opinión hay motivos suficientes para cuestionar tanto la oportunidad de la iniciativa como el fondo del propio proyecto, a pesar de su brevedad, ya que consta únicamente de un artículo.Como digo, hay argumentos políticos y reparos técnicos importantes al respecto. Por un lado, a nuestro juicio este proyecto de ley refleja el sometimiento del Gobierno al modelo de política de inmigración basado en la represión de la inmigración irregular relegando los aspectos sociales y los derechos humanos a un segundo plano. Esa es la triste realidad y, como siempre, se le pueden poner muchos discursos, pero después la aplicación práctica y lo que vemos en el día a día sobre lo que hace su Gobierno es muy distinto y muy lejano al respeto por los derechos humanos. Como digo, aunque en la exposición de motivos -al final por la puerta de atrás- se pretenda relacionar la reforma con el trato digno a los inmigrantes y la protección de los derechos humanos, la realidad dista mucho de ello.
Parece que el Gobierno, en realidad, se siente a gusto en la práctica jugando el papel de policía gendarme en la puerta de Europa y esto, aunque lo hayamos puesto de manifiesto en diferentes ocasiones -ahora mismo lo ha hecho el coordinador general de Izquierda Unida-, no deja de preocuparnos viniendo de un Gobierno progresista que asume el discurso alarmista e interesado del Partido Popular.


Por otro lado, entrando en el debate técnico, hemos de señalar, en primer lugar, que el proyecto de ley trata de resolver por la vía legislativa una cuestión que, como bien sabe, se encuentra sub iudice actualmente respecto de varios recursos de casación ante el Tribunal Supremo. En segundo lugar, los informes tanto del Consejo General del Poder Judicial como de la Fiscalía General del Estado cuestionan la inclusión de un nuevo supuesto en el apartado 4 del artículo 23, principio de justicia universal, considerando que hubiera sido más ajustado incorporarlo en el apartado 3 del mismo artículo, que confiere jurisdicción a los órganos jurisdiccionales españoles para juzgar delitos cometidos en el extranjero por afectar a intereses esenciales. A nuestro entender, este proyecto esconde una interpretación extensiva del derecho penal del enemigo aplicada a la inmigración irregular. De forma coloquial, parece que el Gobierno quiere matar moscas a cañonazos o, según nos dice el propio informe del fiscal general del Estado, es discutible que tales problemas justifiquen una solución tan radical. O más técnicamente, como recoge también este informe, la interceptación o salvamento de embarcaciones fuera de las aguas jurisdiccionales españolas y la persecución de los traficantes de personas puede ser resuelta sin recurrir a una nueva ampliación del principio de jurisdicción universal. Coincidimos con el informe del fiscal general del Estado.


Al final, esta reforma corre el riesgo o, mejor dicho, seguramente es la intención que tiene, de hacer que se apliquen a la simple inmigración irregular las reglas del tráfico ilegal de seres humanos y convertirla en un delito de persecución universal, y esto el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds no lo puede aceptar. Al parecer, como en aguas internacionales impera la regla del derecho internacional público de libertad de navegación y como en aguas territoriales de otros países impera lógicamente la regla de la propia soberanía, se trata de salvar tales obstáculos para así poder actuar de policía gendarme global y capturar las embarcaciones tanto en aguas internacionales como de soberanía territorial de otros países.


Conviene no olvidar que actualmente, desde hace más de dos años, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, aviones y barcos militares, ya están violando reglas básicas del derecho internacional público y actuando en aguas internacionales y de soberanía de terceros países para así interceptar y capturar a los inmigrantes irregulares. Si se les intercepta y captura no lejos de los límites de las aguas españolas, se les traslada a territorio español, y si se les captura en zonas lejanas, se les traslada a países como Senegal, Marruecos o Mauritania, que son con los que se han firmado los convenios. Queremos recordar y destacar que tales prácticas suponen en numerosas ocasiones una vulneración de las reglas más elementales del derecho internacional público, como por ejemplo del artículo 13.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se establece que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio; o del artículo 14.1 de la Declaración universal en relación con el asilo, ya que se impide el derecho a buscar el asilo, imposibilitando sencillamente poder solicitarlo. Después, a aquellos que pueden solicitarlo, su Gobierno siempre se encarga en la mayoría de los casos de denegarlo, pero a muchos ni siquiera se les permite solicitar el asilo. Así ha ocurrido que muchas personas se han visto privadas de esta posibilidad al ser devueltas bien a su país de origen o bien a terceros países como Marruecos o Mauritania, donde, a su vez, se los retorna al país al que arbitrariamente se los mande o simplemente -como pudimos ver en televisión- se los abandona en zonas desérticas.


Por otra parte, como la gran mayoría de los juzgados y tribunales españoles ya han resuelto que el simple transporte irregular de personas no es constitutivo de tráfico ilegal de personas sino a lo sumo de favorecimiento de la inmigración irregular, el proyecto pretende asimilar el simple transporte irregular al delito de tráfico ilegal de seres humanos, que tiene su razón de ser exclusiva para casos como los de tráfico para la prostitución forzada o el tráfico para la venta de personas o para la esclavitud. Debería tener esta razón única, pero ustedes

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lo quieren cambiar. Conviene recordar en este sentido la sentencia del Tribunal Supremo 645/2006, de 20 de junio, que recogiendo precisamente la doctrina del derecho internacional público, condiciona la jurisdicción de un Estado sobre hechos extraterritoriales a una conexión de los hechos con el Estado de que se trate para hacerlos compatibles con los principios de no intervención y proporcionalidad. Asimismo el proyecto parece olvidar la propia realidad de los cayucos, en los que son identificados como patrones personas que simplemente han pagado menos por el transporte en la embarcación haciéndose responsables de guiar la misma. Esa es la realidad. Del mismo modo, no creemos que se pueda equiparar el esclavismo y la coacción, que conforman el conjunto de delitos relativos al tráfico ilegal de seres humanos, con el complejo fenómeno de la inmigración irregular -o los llamados sin papeles- para así buscar una interesada coartada legitimadora del racismo institucional subyacente apelando a la necesidad de proteger a las víctimas para proponer el castigo a estas, porque eso es lo que ustedes hacen. Dicen vamos a protegerlos, pero en realidad buscan mecanismos para perseguirlos, castigarlos y después dejarlos abandonados en los desiertos. El proyecto de ley está muy alejado de la sensibilidad humanitaria que trata de predicar y parece desconocer o quiere olvidar que la mayoría de los inmigrantes sin papeles y las corrientes migratorias irregulares se articulan en vías voluntarias de salida de esos países; ni son forzados a hacerlo ni desconocen los riesgos que supone embarcarse en pateras o cayucos o embarcaciones vetustas.
Ciertamente, la salida y el transporte o viaje en tales medios -que no en aviones o autobuses- constituyen modos irregulares de transporte o viaje, pero no es menos cierto que en su gran mayoría son los propios inmigrantes quienes construyen o compran sus embarcaciones mediante aportaciones colectivas de diversa índole y que son los propios inmigrantes quienes, con rudimentarios conocimientos de navegación y el auxilio de los instrumentos de navegación que puedan tener, tratan de alcanzar las costas europeas, tratan de alcanzar una esperanza. ¿Qué queremos decir con esto? Que es cierto que operan las mafias y que existen redes organizadas de inmigración clandestina, pero tampoco podemos caer en la trampa y utilizar esta coartada para justificarnos ante la opinión pública por la adopción de medidas represivas o policiales, cuando todos sabemos que la realidad va mucho más allá y las soluciones requieren sensibilidad humanitaria pero real, sin maquillajes.
Lamentablemente, de forma consciente o inconsciente, se está contribuyendo a la intensificación de la pseudocultura del miedo y a la confusión en partes importantes de la ciudadanía mediante la infundiosa asimilación de delincuencia a inmigración irregular o sin papeles. Ya di en una intervención en esta Cámara las estadísticas al respecto y no existe ninguna relación, por mucho que otros partidos pongan la voz en esto, por mucho que se quiera fomentar este tipo de acusaciones y generar, como digo, esta cultura del miedo. La lástima es que su Gobierno lo apoye, lo legisle y ejecute este tipo de políticas. Esa es la verdadera lástima. Nosotros en ningún caso lo vamos a apoyar.


Respecto a nuestras enmiendas, tratan fundamentalmente de trasladar las objeciones técnicas que encontramos, que se recogen también por parte del informe de la Fiscalía General del Estado. Son tres enmiendas. La primera trata de buscar la conexión razonable que justifique la jurisdicción de nuestros tribunales y, para ello, debe introducirse una redacción que incluya la necesidad de indicios racionales de que el tráfico ilegal tiene como destino España. La segunda cuestiona que deba ser la Audiencia Nacional la que conozca de estos asuntos, excepto cuando se acredite la participación de bandas organizadas o mafias, siendo necesario excepcionar la competencia de la audiencia para abrir la posibilidad de que, a través de la reforma oportuna de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la competencia sea de los juzgados de Instrucción más próximos al lugar de los hechos. La tercera es meramente técnica porque incorpora sencillamente, si es aceptada, una disposición final de entrada en vigor de la ley, que se les había olvidado. Finalmente, nuestro grupo aprovechó la tramitación de esta ley para introducir la modificación del Código Civil en materia de nacionalidad para dar cumplimiento a una deuda histórica con el colectivo de nietos de españoles. Esta propuesta ha sido incorporada en el día de ayer en la Ley de la Memoria Histórica y, por tanto, la retiramos no sin celebrar el hecho de que ya forme parte de la tramitación de una ley y esperamos que después de completar esa tramitación forme parte de nuestra legislación.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Navarro.


Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, el presente proyecto de Ley Orgánica tiene por objeto modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, su artículo 23.4, para introducir un nuevo apartado, el g), tráfico ilegal de inmigración clandestina de personas, y en consecuencia se modificarían correlativamente los sucesivos. Con ello se pretende introducir en la Ley Orgánica del Poder Judicial un nuevo supuesto sobre el cual la jurisprudencia penal española puede conocer incluso en aquellos casos en que los hechos susceptibles de integrar dicho tipo delictivo hayan sido cometidos por españoles o extranjeros fuera de los límites territoriales españoles. Se introduce, en definitiva, en la ley un nuevo supuesto de excepción al principio básico de jurisdicción penal fundamentado en la soberanía que el Estado ejerce sobre su territorio, que tiene su base en el principio de justicia mundial o universal.


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La principal motivación de la reforma viene dada por la proliferación de casos de salvamento de naves ocupadas por inmigrantes ilegales realizados más allá del territorio español, es decir, más allá de las 12 millas adyacentes a las costas españolas que delimitan el citado territorio, y con ello del ámbito en el que la jurisdicción penal española puede enjuiciar las conductas constitutivas de delito que en el mismo se han producido. Existen diversos pronunciamientos judiciales que han señalado la falta de jurisdicción de los tribunales penales españoles para entender de las citadas conductas delictivas tipificadas como delito de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas en el artículo 318 bis del Código Penal vigente, por haberse producido fuera del territorio español y por delincuentes no españoles u organizaciones criminales formadas por no españoles. Dichos pronunciamientos han sido al parecer recurridos por la fiscalía en casación ante el Tribunal Supremo, estando a la espera del correspondiente pronunciamiento. La reforma mira la extraordinaria proliferación de tratados internacionales actualmente producida bajo el vigente derecho penal internacional, adoptados con la finalidad de articular la cooperación entre los Estados en la represión de determinados delitos de trascendencia internacional como los citados.
El proyecto tiene su origen en la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la correspondiente resolución, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de inmigrantes por tierra, mar y aire que complementa la convención anterior, y según señala la exposición de motivos del proyecto concretamente en lo dispuesto en el artículo 15 letra c), lo que más bien debe referenciarse al artículo 15.2 c) de la citada convención, que señala que cada Estado adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente convención, cuando el delito sea uno de los delitos tipificados con arreglo al párrafo uno del artículo 5 de la presente convención, penalización de la participación en un grupo delictivo organizado, y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión de un delito grave dentro de su territorio.


El aspecto esencial que plantea la presente reforma, y que hemos considerado a la hora de plantear nuestras enmiendas al texto, es el de la aplicación del principio de justicia universal y la exigencia o no de la concurrencia de puntos de conexión de los hechos con España a la hora de la plasmación en el texto legal. Por ello, hemos atendido a la polémica planteada por la sentencia del Tribunal Constitucional 237/2005, que anula la sentencia del Supremo 327/2003 y que señala que contrariamente a lo manifestado por el Tribunal Supremo, que desestima el planteamiento de la acción por genocidio al carecer los hechos planteados de puntos de conexión con España, el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no contiene ninguna limitación del principio de jurisdicción universal y que una interpretación que redujera teleológicamente la extensión literal del texto, que actualmente no exige expresamente en dichos puntos de conexión, exigiendo un punto de conexión de los hechos con España, es incompatible con el 24.1 de la Constitución por ser en extremo rigorista y abiertamente restrictiva, aunque también admite que este no es el único canon de aplicación del precepto ni significa que su exégesis no pueda venir precedida por ulteriores criterios reguladores que incluso vinieran a restringir su ámbito de aplicación. En las palabras del Tribunal Supremo, en su sentencia 645/2006, se trata de un principio universal absoluto que no obstante toleraría ser relativizado para restringir su ámbito de aplicación. La sentencia del Tribunal Constitucional otorga el amparo a los promotores de la acción de genocidio y ordena a la Audiencia Nacional la admisión de la acción aun sin puntos de conexión. La sentencia del Tribunal Supremo que he citado, la 327/2003, anulada, había decidido que el artículo 23.4, que establece el principio de la jurisdicción universal respecto de los delitos de genocidio, debe ser interpretado de tal manera que no elimine otros principios vigentes del ordenamiento jurídico nacional e internacional, en particular el principio de no interdicción previsto en la Carta de Naciones Unidas. De ello se dedujo que la extensión de la jurisdicción española a los hechos extraterritoriales de genocidio se justificaba, aunque implicara una intervención en asuntos de otro Estado, cuando exista un punto de contacto o referencia entre los hechos cometidos fuera del territorio e intereses españoles. El Tribunal Supremo ha vuelto a plantear el problema y ha dictado recientemente la sentencia a la que también he aludido, la 645/2006, de 20 de junio, en la que resuelve un nuevo caso de inadmisión por la Audiencia Nacional de una querella presentada por un ciudadano chino contra varias personas por diversos hechos acaecidos fuera de España y realizados por no españoles susceptibles de integrar el tipo penal de genocidio. En la citada sentencia se vuelve a plantear la necesidad de requerir de puntos de conexión adicionales que limiten el alcance del principio de jurisdicción universal.


Al hilo de la jurisprudencia citada y extensa, de la que solo en este momento y desde la tribuna se pueden plantear los puntos principales, no debemos olvidar que la convención internacional de la que nace la reforma legislativa que hoy pretendemos establece ya el punto de conexión, que es el siguiente. En el artículo 15.2.c) se señala que cada Estado adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente convención cuando el delito -lo he leído antes- sea uno de los delitos tipificados con arreglo al párrafo uno del artículo 5 de la presente convención, penalización de la participación en un grupo delictivo organizado, y se cometa fuera del territorio con miras a la comisión de un delito grave dentro de su territorio. De acuerdo con este planteamiento general hemos presentado cinco enmiendas al texto del proyecto. Las numeradas

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en el cuadernillo como primera y tercera, que nos han sido aceptadas, lo son a la exposición de motivos de la ley y pretenden aclarar la aplicación de la convención a los delitos de tráfico ilegal de personas e inmigración ilegal de personas por la alusión expresa al protocolo contra el tráfico ilícito de emigrantes por tierra, mar y aire, que precisamente complementa aquella convención y que en ningún lado estaba citado hasta nuestras enmiendas. Conocemos que van a ser aceptadas -todavía el trámite no se ha producido, hablamos de un procedimiento en lectura única-, y quiero hacer aquí un inciso para referirme a las buenas maneras y el rigor utilizado en el trabajo técnico por el portavoz del Grupo Socialista, el diputado Pedro Muñoz, supongo que con el apoyo del personal del ministerio. Si otras veces suelo quejarme, en esta justo es que reconozca que la tramitación se ha hecho, al menos en esta parte de la ley, en lo que es el tronco de la ley, de una manera exquisita.


La segunda enmienda que planteábamos, la número 2 en el cuadernillo, hacía referencia al párrafo cuarto de la exposición de motivos también, de acuerdo con lo señalado al respecto en el informe de la Fiscalía General del Estado al proyecto de ley orgánica, y pretende corregir la contundente afirmación allí contenida por cuanto creemos que no está resuelta en la actualidad la controversia sobre la jurisdicción penal sobre los casos de naves con inmigrantes ilegales aprehendidas fuera de los límites territoriales españoles. No ha sido aceptada y lo volveremos a intentar en el Senado.


La enmienda planteada al artículo único, la que era número 4, quiere reflejar el requisito que la convención establece para adoptar las medidas de ampliación de la jurisdicción nacional en relación con este tipo de delitos, que no se refleja actualmente en el proyecto, y además quiere acoger la reciente jurisprudencia que señala que es preciso tener presente que la doctrina del derecho internacional público en general condiciona la jurisdicción de un Estado sobre hechos extraterritoriales a una determinada conexión de estos con el Estado de que se trate. Se nos ha ofrecido una transacción -hemos manifestado ya que la aceptamos- que no solo supone modificación de lo que nosotros pretendíamos, estableciendo una determinada conexión, sino que se traslada también a la exposición de motivos y al artículo 23.4.g) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y finalmente lleva a un lugar, reconocemos que más correcto, el punto de conexión, que es el del tipo penal concreto, modificando la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, en el apartado primero del artículo 313. Hemos indicado que la aceptamos y por tanto retiraríamos la que era nuestra cuarta enmienda.


La última de las que presentamos es coincidente con las de otras formaciones políticas e intentábamos obedecer la sugerencia que se hacía en el informe de la Fiscalía General del Estado para la entrada en vigor inmediata del proyecto de ley, que también nos ha sido aceptada.


Señorías, hasta aquí lo que consideramos correcto, pero dejaríamos de ser nosotros, dejaríamos de ser los chapuceros legisladores que somos -aunque en este caso creo que se lo debo imputar al grupo mayoritario socialista, si bien en una parte va a ser objeto de votación también por nuestro grupo-, si además del contenido propio del proyecto no hubiesen sido introducidas otras modificaciones, lo que no sé si imputárselo al grupo mayoritario o al Gobierno. Hablo de las enmiendas 24, 25 y 26 presentadas por el Grupo Socialista. Mediante la primera se procede a atribuir competencia a los juzgados de lo Mercantil en determinadas cuestiones, de forma que nos parece correcta. La enmienda número 25 en parte nos parece bien y en parte mal. Es una nueva trampa que se nos hace a las comunidades autónomas en cuanto a las competencias que tenemos asumidas.
Es correcto lo que se pretende respecto de los secretarios sustitutos no profesionales, puesto que este personal no depende, aun teniendo transferencias, de ninguna comunidad autónoma. La enmienda que hace referencia a la modificación del artículo 489.2 de la ley y que regula la percepción de trienios por otros funcionarios que tengan el carácter de interinos nos parece que va en contra de las competencias que las comunidades autónomas han asumido. La fijación de la cuantía del trienio y la posibilidad de negociación en el ámbito respectivo de la negociación funcionarial -en nuestro caso sería el ámbito vasco de negociación- quedan vulneradas por esta competencia que se atribuye de acuerdo con el Estatuto básico del empleado público, que creemos que no llega hasta donde el ministerio pretende. La sorpresa en las comunidades autónomas con competencias asumidas en materia de medios personales ha sido grande, según he tenido ocasión de constatar. Como es una única enmienda que no puedo trocear -aceptarles la parte primera y no la segunda- creo que, con intención de modificar y salvaguardar la competencia de las comunidades autónomas en el Senado, en este trámite nos abstendremos respecto a la misma. Aceptamos la 24, nos abstendremos en la 25 y corregiremos la salvaguarda de las competencias propias. La enmienda número 26 lo que pretende es trasladar, no en la ley que se debiera aunque nos parece correcto, el derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años a los funcionarios para atender al cuidado de familiares, que es una modificación que viene impuesta por la Ley de igualdad. Es justo y quizás -insistiendo en los defectos de técnica legislativa en que incurrimos- debiéramos también en el Senado modificar el título de la ley orgánica diciendo que la Ley Orgánica del Poder Judicial no se modifica solo para perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal de inmigrantes, sino que quizá debiéramos introducir un añadido en el que se dijera: y otros asuntos varios.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Uría.


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Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Ramón.


El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.


Señorías, nuestro grupo votará favorablemente este proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas. En este año 2007, la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo ha estimado ya las sentencias 554, 561, 582, 618, 620 y 628, de 2007, varios recursos de casación formulados por el ministerio fiscal en los que se declara la competencia de la jurisdicción española basándose en la previsión legal del anterior apartado h) y del actual apartado i) de persecución extraterritorial de delitos que, según los tratados o convenios internacionales, deban ser perseguidos en el Estado español. Pero la Audiencia Provincial de Canarias y de alguna manera el Tribunal Supremo en dichas sentencias reconoce la falta de previsión específica y concreta de la posibilidad de persecución extrajudicial en los casos de tráfico de personas y la inmigración clandestina. Este proyecto de ley contribuye a perseguir judicialmente el tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, de perseguir las mafias que controlan las redes de tratas de personas, que fomentan el fraude y la explotación laboral de las mismas y que son responsables de la muerte de cientos de personas que pierden la vida en el mar.


El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana únicamente ha presentado una enmienda técnica que fija la entrada en vigor de la ley, puesto que el contenido normativo del proyecto entendemos que es adecuado y, por tanto, votaremos favorablemente al mismo.


Respecto a las enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios y que a nuestro entender, señorías, no tienen nada que ver con el objetivo del proyecto de ley, no van a tener el respaldo de nuestro grupo parlamentario. Entendemos que es un procedimiento evasivo del debate parlamentario y que impide la posibilidad de presentar enmiendas a las propuestas, que perfectamente se hubieran podido debatir y negociar a lo largo de la legislatura en el marco de otros proyectos de ley. Por ello votaremos en contra, como decía, de las enmiendas de reforma del Código Penal presentadas por Convergència i Unió y nos abstendremos en las enmiendas del Grupo Socialista que reforman aspectos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que también hubieran podido encauzarse en los dos proyectos de ley de reforma de la misma ley y que después de casi cuatro años desde que se presentaron en esta Cámara han quedado pendientes de tramitación. En definitiva, señorías, como les decía, vamos a apoyar este proyecto de ley y vamos a desestimar estas enmiendas que a nuestro entender se escapan del objetivo de este proyecto de ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Ramón.


Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió el señor Guinart tiene la palabra.


El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, el presente proyecto de Ley Orgánica que hemos valorado positivamente y cuyo contenido hemos pretendido mejorar con nuestras enmiendas tiene como objetivo combatir más eficazmente el tráfico ilegal de la inmigración clandestina de personas, eliminando los resquicios de impunidad que pudiera haber -y la práctica nos demuestra que los hay- en aplicación del criterio general de territorialidad establecido en el vigente artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere a los límites de la jurisdicción española.
No cabe duda de que para respaldar esa iniciativa parlamentaria, que abunda en la línea trazada por la comunidad internacional, a todos nos mueve un impulso de humanidad al constatar en qué medida se hallan en juego la vida y la integridad física de tanta gente detrás de semejante tráfico irregular de personas; pero también rige un criterio de interés por cuanto conviene establecer un control adecuado de las corrientes migratorias para una integración también adecuada del fenómeno inmigratorio en nuestra sociedad.


En cuanto a nuestras enmiendas a este proyecto de ley orgánica anunciamos que retiramos las números 14 al 20, lamentando que en este final de legislatura no se haya podido entrar a fondo en la regulación de nuevas formas de perseguir el delito organizado y la pornografía infantil y de incapaces, así como de mejorar la investigación en relación con los delitos en materia de seguridad vial. Todo ello en contraste con la receptividad constatada respecto a nuestra enmienda número 21, referida a la atribución de competencias a los juzgados de lo Mercantil, que coincide con la 24 del Grupo Socialista, receptividad que agradecemos.
Por el contrario, mantenemos nuestras enmiendas números 11, 12, 13, 21 y 22 con las que pretendemos, respectivamente, adecuar el título de la ley orgánica que estamos abordando, que no modificara solo la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, acotar el alcance de la jurisdicción española mediante un punto de conexión razonable en cuanto a los delitos que son objeto de consideración, calificar la competencia objetiva y territorial de nuestros órganos jurisdiccionales haciéndola razonable, incrementar las competencias de los juzgados de lo Mercantil, que antes he citado, y finalmente marcar una fecha de entrada en vigor de la ley orgánica que también otros grupos han enmendado. Anunciamos de entrada que aceptamos la transaccional a nuestra enmienda número 12, que coincide con la número 4 del Grupo Vasco, la número 6 del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, la número 9 del Grupo Parlamentario Popular y la 23 del Grupo Socialista. En este aspecto hemos coincidido

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prácticamente todos. En cuanto a las demás enmiendas anunciamos que votaremos a favor de las que sigan vivas -alguna ha sido retirada- del Grupo Parlamentario Vasco, así como la 7 y la 8 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, la 27 del Grupo de Esquerra Republicana -la única que ha presentado- y la 24 del Grupo Socialista, que como decíamos coincide con la nuestra número 21. Respecto a este último grupo parlamentario no podemos votar a favor de sus enmiendas 25 y 26, sí de la 24, aunque podamos compartir en parte su contenido, así como los argumentos de la señora Uría, del Grupo Vasco, en tanto en cuanto entendemos que estas enmiendas no son de recibo porque no podemos aceptar que mediante la presente iniciativa parlamentaria se pretenda legislar para todas las comunidades autónomas en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia, cuando esta materia pertenece competencialmente a la Generalitat de Catalunya o al Estatuto vasco, según se ha comentado hace un momento. Cabe recordar que en este punto el Estatut, que es ley vigente, atribuye en su artículo 103.1 a la Generalitat de Catalunya la competencia normativa sobre el personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia. Por tanto, no podemos votar a favor de esas dos enmiendas. Lógicamente votaremos a favor del dictamen y también del conjunto de la ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Guinart.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Mariscal.


El señor MARISCAL ANAYA: Señora presidenta, señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Partido Popular en el proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente el tráfico o la inmigración clandestina de personas. El Gobierno ha tenido que remitir a la Cámara este proyecto -y cito textualmente- a la vista del inabarcable flujo migratorio en nuestro país, por tanto incontenible. Es decir que el proyecto que nos envía el Gobierno dice que este es incapaz de dar respuesta a esta crisis.


Los inmigrantes son los nuevos españoles, ya que la esperanza de vida cada vez es más alta, la mujer se ha incorporado al mercado laboral y la tasa de natalidad es cada día más baja. Por tanto, la inmigración es positiva para nuestra sociedad. El reto es convertir lo que puede ser entendido como una amenaza en una oportunidad y en una fortaleza para nuestro país.
Nadie quiere estar en una situación de ilegalidad en un país nuevo, no es algo deseado por el inmigrante; pero ya dijimos y decimos que con regularizaciones masivas, con la opinión contraria del Partido Popular, del Consejo Económico y Social y de buena parte de nuestros socios en la Unión Europea, el resultado iba a ser el contrario al deseado. Se han emitido las peores señales que desde un Gobierno de la Unión Europea se pueden trasladar a las mafias y a las organizaciones criminales que trafican con personas, no solo de que van a llegar a su destino sino que además se les va a garantizar una regularización. Creemos que hay una relación directa entre la regularización masiva y la crisis de los cayucos, y les voy a poner dos ejemplos. Entre los años 1995 y 2005 el número de inmigrantes que llegaban a nuestras costas era de diez por día; desde el primer semestre de 2005 -regularización masiva- hasta el verano de este año han llegado más de 75 inmigrantes por día. En el continente africano se ha pasado de 150 millones de personas que obtienen menos de un dólar al día a 300 millones; por tanto, a solo 100 millas de las costas canarias hay una zona potencialmente inestable. Necesitamos un Gobierno fuerte que pueda plantear en Europa un Plan Marshall bis en África, como se ha propuesto por el vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, quien ante la dejación del Gobierno con la Comunidad Autónoma de Canarias está impulsando proyectos de inversión empresarial en Marruecos para generar empleo y contribuir a frenar los flujos de inmigración ilegal hacia las islas. A lo largo del año 2006, 31.859 inmigrantes en situación irregular procedentes del África subsahariana alcanzaron las costas canarias, superando más de siete veces la cifra de 2005; en este año 2007, hasta este verano habían llegado más de 6.500. La dimensión, señorías, es dramática, incontestable y dolorosa.
La Asociación pro derechos humanos de Andalucía ha documentado la muerte de 1.167 personas en el trayecto entre África y España, aclarando que nunca se sabrá el número exacto de muertes, calculando que pudieron ser 7.000 las reales. Según la Asociación marroquí de comunicación, las rutas marítimas entre África y Europa se han cobrado en lo que va de año 2007 entre 2.500 y 3.500 vidas. Por último, la Media Luna Roja afirma que de cada tres cayucos que salen de las costas africanas solamente llegan dos a las islas canarias. Además, esta situación se ha agravado en el año 2007 puesto que cada vez salen de países más lejanos.


Necesitamos un Gobierno fuerte, insisto, que pueda exigir que el operativo de la Agencia de Fronteras Externas de la Unión Europea, conocido como Frontex, sea permanente y no quedarnos solo para afrontar este fenómeno en aguas del Atlántico. Recientemente decía el director del Centro de Coordinación Regional de Canarias, el general Cándido Cardiel, que es España quien aporta todos los medios y que además son insuficientes. ¿No decía el señor presidente del Gobierno que habíamos vuelto al corazón de Europa? Se ve que adonde seguro que no hemos llegado es a la cartera ni al reparto de fondos, aunque seamos el país que más aporta en términos absolutos. Les recuerdo señores del Grupo Socialista -es lo que tiene la memoria- que por iniciativa e impulso del Gobierno español, en el año 2002, en la cumbre de Sevilla ya se aprobaron medidas para luchar contra la inmigración ilegal, la puesta en marcha

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de una gestión coordinada e integrada en las fronteras exteriores y la integración de la política de inmigración en las relaciones de la Unión con terceros países. Eso sí que era tener capacidad de influencia en Europa, señorías. ¿Qué continuidad le han dado ustedes a esas políticas? Los datos y las cifras demuestran que ninguna. Señorías, falta liderazgo para conciliar las políticas europeas en materia de inmigración. Mientras las costas no se encuentren bien protegidas seguiremos siendo el coladero de la inmigración ilegal del África subsahariana en Europa. Es imposible, además, continuar hoy este debate sin destacar que los cayucos siguen llegando a nuestras costas. El martes -no hace falta ir muy lejos en el calendario- se localizó a 25 metros de la costa de la isla de La Palma un barco con 161 personas, 18 de las cuales eran menores -esto hacía dos años que no ocurría en la isla de La Palma-, contando con la tremenda hipótesis de que un barco nodriza acercó al cayuco a cien millas de la costa. Nuestras costas tienen que estar vigiladas. El Servicio de Vigilancia Exterior, conocido como SIVE, es necesario para todas las islas. El Gobierno ha vuelto a prometer en la última comparecencia de presupuestos que antes de fin de año estará instalado en todas las islas, y en el Grupo Parlamentario Popular nos tememos que es una promesa más que espera su incumplimiento correspondiente.


Hemos presentado una enmienda al artículo 23.4.g), objeto de la reforma.
Leo textualmente: Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas.
Nosotros hemos añadido: sean o no trabajadores. Creemos que cuando la inmigración ilegal se destina al mercado de trabajo se puede producir colisión y posible interconexión entre el artículo 318 bis. 1 y el artículo 313.1 del Código Penal. Con nuestra enmienda se trata de dejar claro que no se excluyen de la nueva regulación las infracciones previstas en el artículo 313.1 del Código Penal, relativas a la inmigración clandestina de trabajadores a España. En estos momentos existe una enmienda transaccional que recoge nuestra propuesta y que, como es obvio, votaremos a favor. En cuanto a las enmiendas de los demás grupos, las referidas a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial las vamos a votar a favor todas menos la número 2 del Partido Nacionalista Vasco y la 7 de Izquierda Unida. Las enmiendas que pretenden convertir este proyecto en una especie de ley de acompañamiento de presupuestos, introduciendo reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal y el Código Civil, no las votaremos a favor.


Para concluir, quisiera hacer referencia a la prensa de hoy donde encontramos titulares como el que tengo delante del periódico El Mundo, que dice que España es el país con mayor porcentaje de inmigrantes de la Unión Europea, por delante de Francia, con cerca del 9,9 por ciento. Voy a hacer una reflexión en la que invito al Gobierno a que rectifique en su errónea y errática política migratoria. Controlar los flujos migratorios permitirá una mejor integración. Crear con decisiones políticas desafortunadas la imagen de que existen flujos descontrolados de inmigrantes es destructivo para la integración y genera miedo y desconfianza en las sociedades de acogida, reacciones no queridas por nadie. Somos sabedores de que el Gobierno es rehén de sus desaciertos y por eso le invitamos a la sensatez y a la toma de decisiones responsables. Se hacen necesarios los cambios normativos allí donde la realidad es dramática, y este es el caso. Es necesario que el Partido Socialista llegue a acuerdos con el Partido Popular en aquellos asuntos que trascienden la mera táctica y que suponen decisiones estratégicas para el futuro de este país, como cuando aprobamos conjuntamente la Ley de Extranjería en el año 2003. Los españoles necesitamos un proyecto político de futuro para España que aborde los problemas que realmente nos afectan, que nos devuelva la ilusión y la confianza y que nos ayude a superar las incertidumbres y la inestabilidad actual, que crea en un país de ciudadanos libres e iguales en derechos y en obligaciones. Para eso es para lo que trabajamos los diputados de este grupo parlamentario.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Mariscal.


Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Muñoz, tiene la palabra.


El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, señor ministro, el Gobierno presenta hoy el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal y la inmigración clandestina de personas. Antes de nada tendría que decir que nuestro grupo, desde el principio de esta intervención, quiere valorar el esfuerzo que se ha realizado por todos los grupos parlamentarios, con las lógicas discrepancias -me referiré a algunas de ellas-, pero especialmente quiero valorarlo porque nos encontramos en la tramitación de un proyecto de ley en lectura única y, por ello, hay que hacer hincapié en esto, por la complejidad que podría haber supuesto que no hubiéramos sido capaces de buscar compromisos y acuerdos, cediendo cada uno de los grupos hasta aquello en que hemos podido hacer, en pos de conseguir que hoy salga de este Congreso de los Diputados camino del Senado, en esta tramitación en lectura única, un proyecto de ley que es importante, que es significativo, como se ha dicho desde las diversas perspectivas por todos los grupos parlamentarios que me han precedido, y, sobre todo, que tiene trascendencia porque contempla los efectos de unos hechos especialmente perversos, odiosos, como son las acciones de las mafias poniendo en peligro la vida de las personas que están en situación de profunda desesperanza, y no podemos calificar sino de esa forma la situación de las personas que tienen que salir de su país, de aquel sitio que les vio nacer porque no tienen ningún tipo de posibilidad de desarrollo, para tener que venir a un país como

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el nuestro o a otros países de la Unión Europea a los que luego se extenderá esta aplicación de la ley. Vienen por la situación -especialmente, económica- en la que viven y por la falta de perspectivas de futuro en el sitio de donde proceden. Por ello, es importante que los grupos tengan la sensibilidad que requiere un problema como este y que un país como España, que siempre ha estado a la vanguardia en aquello que tiene que ver con el principio de extensión de la jurisdicción universal, haya acogido, y el Parlamento acoja hoy de forma tan masiva como nos han dado a entender el resto de los grupos, la extensión de la jurisdicción española para aplicar la extraterritorialidad al castigo del tráfico ilegal y la inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores, como luego diré en el trámite que ocuparé en relación con las enmiendas que se han transado y las que vamos a aceptar. Nos parece que eso es lo primero que tenemos que poner en valor: que haya sido posible un alto clima de consenso en este proyecto. Pero, como no podía ser de otra forma -está también en la lógica de las cosas-, el Partido Popular ha hecho una intervención en la que ha confundido el objeto de aquello que hoy nos convoca; también me referiré a eso en esta intervención. Quisiera también trasladarle a la diputada del Grupo de Izquierda Unida que ha intervenido que aquello por lo que ella ha cargado contra este proyecto es precisamente lo contrario de lo que se pretende con este proyecto. Por eso es por lo que el Gobierno compromete en el proyecto y la Cámara aprueba -si es que así lo hacemos, que en virtud de lo que se ha expuesto creemos que será así- la acción de toda la justicia, de todo el poder de este Estado, de la soberanía de España en pos de conseguir criminalizar estas actuaciones que a nosotros nos parecen especialmente execrables, como son el tráfico ilegal y la inmigración clandestina de personas.


Refiriéndome a los datos de inmigración que se han trasladado por parte del Grupo Parlamentario Popular, tenemos que buscar dónde está el origen de esta cuestión. Como he dicho antes, el fenómeno de la inmigración se explica fundamentalmente por la enorme diferencia que hay entre el bienestar en que se vive, afortunadamente, en países como el nuestro, España, y la falta de oportunidades existente en otras regiones, en otros países. Y eso en España es mucho más grave porque somos frontera exterior de la propia Unión Europea, frontera marítima y frontera con el continente africano, Canarias, el Estrecho, Ceuta y Melilla, puntos clave y destino de la inmigración no solo en relación con nuestro Estado, sino en relación con el resto de la Unión Europea. Por tanto, hay que prevenir esa salida de cayucos, a los que se ha referido el diputado señor Molina, y de pateras mediante un esfuerzo de control fronterizo y el patrullaje en las costas y hay que garantizar la identificación y la repatriación posterior de las personas, pero en las condiciones en las que hay que hacerlo. En el orden del día de hoy se incluye el ratificar la aprobación de un tratado en relación con los menores con el Reino de Marruecos. Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno.


Señores del Partido Popular, se están reforzando los controles y mejorando los mismos; se están reforzando los procedimientos de expulsión y devolución con todas las garantías, no como aquellas repatriaciones de inmigrantes en aquellos vuelos con los productos sanitarios; se están creando centros de internamiento de extranjeros -en esta legislatura alrededor de cien millones de euros en proyectos de ampliación y acondicionamiento-; se está cooperando, porque la cooperación es fundamental en estos términos; se están reforzando las unidades policiales -desde que entró el Gobierno del Partido Socialista hay un 25 por ciento más de efectivos dedicados a este tipo de tareas-; se está creando y extendiendo el sistema integrado de vigilancia exterior, el SIVE, y adquiriendo material para el mismo; se está adquiriendo material en lo que tiene que ver con el reforzamiento de los perímetros fronterizos en Ceuta y Melilla. En definitiva, se están llevando a cabo tres objetivos: disuadir a los inmigrantes irregulares de la idea de lanzarse a una travesía en la que ponen en peligro su vida; interceptarlos antes de que viajen a las costas españolas, logrando que los que consigan iniciar la travesía vuelvan a su país de origen, y conseguir que los que logren acceder a España sean repatriados en las condiciones de dignidad que merecen. El Gobierno español, señores del Partido Popular, es el que ha trabajado fundamentalmente dentro de la Unión Europea para poner en marcha la Agencia Europea de Fronteras, el Frontex. Y, frente a la ausencia de medios a la que usted se refería, nada más lejos de la realidad. España percibirá, entre 2007 y 2008, 87 millones de euros procedentes de fondos europeos del programa de solidaridad y gestión de flujos migratorios. El Gobierno de España fue el principal impulsor de este fondo en Bruselas y recibirá del fondo de fronteras más de 60 millones de euros en estos dos años, alrededor del 22 por ciento del total del mismo. El Ministerio del Interior -habla usted de datos que no son los adecuados- repatrió desde 2004 hasta el primer trimestre de 2007 a 341.726 inmigrantes ilegales en virtud de las diversas figuras recogidas en la Ley de Extranjería -retornos, readmisiones, expulsiones y devoluciones-, un 33 por ciento más de repatriaciones que en la etapa de gobierno del Partido Popular. Esos son los datos, no las soflamas que nos ha lanzado desde esta tribuna. El resultado, por tanto, es claro. En 2006 se desarticularon 96 redes dedicadas a favorecer la inmigración ilegal y se detuvo a 380 responsables, frente a 59 redes y 163 detenidos en 2003. Lo mismo ocurre con las mafias relacionadas con los fraudes en procesos de documentación: en 2006 fueron desarticuladas 426 mafias y detenidos 1.821 responsables; en la etapa de su Gobierno, en 2003, solo fueron desmanteladas 69 mafias y detenidos 221 de sus componentes. Por tanto, los datos que usted ha dado son absolutamente erróneos. En relación con Canarias, a la que usted se ha referido, la situación era especialmente grave cuando el Gobierno de

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España pasó a manos del Partido Socialista, pero se ha realizado un notable esfuerzo para reforzar los dispositivos marítimos y aéreos; se ha desplegado el Frontex, que se ha creado, como he dicho, a instancia del Gobierno socialista; se ha credo el Plan integral de seguridad ciudadana en Canarias de junio de 2006; se ha creado el Centro Regional de Coordinación en Canarias, cuyo éxito ha sido inequívoco puesto que ha puesto en evidencia un descenso importante en la llegada de inmigrantes: en el primer tercio del año 2007 respecto al año 2006 ha llegado a las costas una tercera parte de inmigrantes; se ha puesto en marcha el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior que, como usted dice, se acabará extendiendo -no tenga en ello ninguna desconfianza- a las estaciones fijas, que ya están en Fuerteventura y Lanzarote, y se convertirán las que actualmente son móviles, que por cierto están desplegadas en todas las islas del Archipiélago. Por tanto, eso, junto al esfuerzo que se ha hecho en relación con los centros de internamiento de extranjeros y algunas otras actuaciones, deja en evidencia las palabras de crítica -que no correspondía hoy hacer- a la política de inmigración en relación con este proyecto de ley.


Centrándonos en las enmiendas, hemos presentado la enmienda número 24 que atribuye la competencia a los juzgados de lo Mercantil en litigios de aplicación del derecho comunitario, que -como han dicho otros grupos parlamentarios- es un compromiso que existía, por unanimidad, cuando se produjo la reforma en la Ley de defensa de la Competencia. Nuestras enmiendas números 25 y 26 son enmiendas de ampliación de derechos. Es verdad que se ha hecho alguna objeción, no de fondo sino de forma, en algunos grupos nacionalistas. Quiero decir que con ello se va a resolver un problema que actualmente tienen, no solo aquella parte del territorio español donde están sin transferir las competencias de Justicia, sino también aquellas comunidades autónomas que tienen transferidas esas competencias. Para nosotros es especialmente importante la enmienda número 26, para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral.
Todo ello tiene ahora un desarrollo -por eso no ha podido hacerse antes- tras la aprobación de la Ley 7/2007 del Estatuto del empleado público. Es la primera ocasión en la que hemos podido hacerlo.


Vamos a rechazar la enmienda número 3 por entender, señora Uría -y le agradezco sus palabras-, más apropiado el párrafo de la exposición de motivos que se contiene en el proyecto que aquel que nos propone usted en su enmienda. El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha retirado todas aquellas enmiendas que se correspondían con el proyecto del Código Penal por entender -como entendemos también nosotros- que este no era el lugar. Agradecemos esa retirada de las enmiendas del Grupo de Convergència i Unió. En relación con las enmiendas 7 y 13 de Convergència i Unió y 7 de Izquierda Unida, creemos que este no es el momento de hablar sobre las competencias o no de la Audiencia Nacional y que si hay algún delito cuya persecución tiene que estar residenciada en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y en los juzgados centrales de instrucción ha de ser este, por tratarse de defendernos de la actuación de las mafias organizadas. En este caso, técnicamente, lo que habría que hacer -porque si no, no tendría sentido- es modificar antes el artículo 65.1.e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.


Aceptamos el resto de las enmiendas a las que me referiré, excepto la enmienda número 4 del PNV, 6 de Izquierda Unida, 9 del PP y 12 de CiU. No las aceptamos porque hemos firmado una transacción con nuestra enmienda número 23, que da solución a algo fundamental en este tema: los puntos de conexión. Señora Navarro, usted ha leído el informe, no del fiscal general del Estado sino del Consejo Fiscal. Pero el informe del Consejo Fiscal predica que es necesaria esta reforma precisamente por aquello que han dicho algunos portavoces anteriores, porque todavía estamos pendientes de que haya un pronunciamiento del Alto Tribunal y puede decantarse porque en estos casos el delito cometido en el extranjero no pueda da ser enjuiciado; por ello, dice el Consejo Fiscal: por tanto, desde esta perspectiva no cabe sino valorar positivamente la reforma.
Todo lo contrario a aquello que usted ha manifestado. Por ello, hemos llegado a perfilar bien el punto de conexión, que creíamos que es mejor perfilarlo en relación con los tipos penales que en relación con el propio artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.


En relación con las enmiendas aceptadas del Grupo Parlamentario Vasco, en la enmienda número 1 -que tiene que ver con la exposición de motivos- entendemos que esa referencia que se hace a la Convención -lo digo como corrección técnica- de Naciones Unidas para la delincuencia organizada transnacional, al tratarse de un tratado internacional que ya ha sido celebrado y válidamente publicado y aprobado por esta Cámara, debería ser a la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000, ratificado por España mediante instrumento de 21 de febrero de 2002, y publicado en el BOE el 29 de septiembre de 2003. Digo esto a efectos de corrección técnica. En cuanto al párrafo quinto de la exposición de motivos, donde también se incorporan las enmiendas que le hemos dicho, creemos que debe referirse, no en la forma en que aparece sino, concretamente al artículo 15.2.c) de esa convención.


Señorías, termino agradeciendo el trabajo de los grupos y, como ha dicho el ministro cuando ha hecho la presentación, estamos ante un proyecto que ya corresponde al conjunto de los grupos parlamentarios. Agradecemos ese voto casi mayoritario a favor de este proyecto y, desde luego, creemos que el Gobierno cumplió con su labor y hoy el Parlamento ha vuelto a hacerlo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Muñoz.


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Para el turno de fijación de posiciones el Grupo Mixto ha pedido la palabra. Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


En nombre de Coalición Canaria, quiero dejar constancia aquí de que vamos a apoyar favorablemente, con nuestro voto positivo, este proyecto de ley orgánica. Bienvenido sea, porque la realidad es que los tribunales de justicia se estaban encontrando con un problema. Si en aguas internacionales, entre África o América y Canarias, las patrulleras de la Guardia Civil, de la Armada Española o de la Agencia Tributaria interceptaban una embarcación con droga, los tribunales de justicia españoles ubicados en Canarias tenían competencia para entrar en el asunto, pero si lo que interceptaba la patrullera de la Guardia Civil, la fragata de la Armada o cualquier otro navío oficial español eran embarcaciones con personas, los tribunales de justicia no tenían competencia para entrar en la materia por una cuestión de extraterritorialidad, dado que el apresamiento o el embargo de la embarcación se hacía en aguas internacionales. ¿Cuál era el obstáculo? Sencillamente, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, en cuyo apartado 4, no se señalaba el tipo correspondiente que podía ser merecedor de competencia judicial española a través de los tribunales de justicia. Sin embargo, junto al genocidio, al terrorismo, etcétera, sí estaba reconocido el tráfico de droga, y por tanto en las incautaciones hechas en aguas internacionales por navíos españoles sí que podían entrar en materia los tribunales de justicia. ¿A qué hemos tenido que recurrir? Sencillamente, a la Convención de Naciones Unidas de noviembre de 2000, que afortunadamente ha permitido la extensión a los delitos de tráfico de personas, dado que la competencia de los tribunales españoles estaba antes limitada solamente a cuestiones de sexo, de tráfico de blancas. España ratificó la Convención de Naciones Unidas del año 2000, en cuanto que recogía el parecer mayoritario de la Asamblea General de la ONU y permitía aplicarlo a los delitos de tráfico ilegal de personas. Vamos a suscribir esta enmienda, porque los tribunales españoles, como habían denunciado las audiencias provinciales de Canarias, se estaban encontrando con que en los casos de apresamiento de navíos con cayucos o pateras procedentes de África, no existía una jurisdicción clara, ni siquiera para poder rebatir a los abogados defensores, lo que hacía imposible la lucha disuasoria contra las mafias que se dedican a la exportación de estas personas que, huyendo de la guerra, del hambre y de la miseria de África, llegaban a España a través de Canarias o del sur de la Península o a cualquier destino europeo al que pudieran acceder. Por tanto, entramos en un concepto de extraterritorialidad competencial de los tribunales de justicia españoles.


También creemos muy oportuno que se haya introducido una enmienda transaccional que produce, no una modificación como la del texto anterior, que modifica el artículo 23.4, de la Ley Orgánica del Poder Judicial para reconocer la figura delictiva del tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores, sino la modificación del tipo penal. No solo había que dar competencia a los tribunales españoles sobre la base de la Convención de Naciones Unidas, sino producir al mismo tiempo un efecto disuasorio sobre las mafias, dado que los que apresan las patrulleras españolas en aguas internacionales no son directivos de mafias, porque el que más llega ahí es a patrón de cayuco. Era necesario reforzar el Código Penal al respecto. Quiero señalar a todos los proponentes y a los servicios de la Cámara, que aceptando como vamos a aceptar esta enmienda transaccional para modificar los artículos 313 y 318.bis de la Ley 10/1995, del Código Penal, para fijar el tipo, creemos necesario añadir este segundo apellido al título de la ley, dado que se está refiriendo exclusivamente a la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Ahora no solo estamos modificando la ley orgánica, sino que estamos modificando, aunque sea en un solo artículo, la Ley Orgánica del Código Penal, y esto debe recogerse con claridad en el título de la ley.


Vuelvo a decir, señora presidenta, señorías, que nos congratulamos de la llegada de esta modificación, que va a dotar a los tribunales de justicia españoles de un instrumento legal para que puedan entrar en la incoación de sumarios y en todo el procedimiento judicial correspondiente. Además quiero poner énfasis en que el acuerdo de la Asamblea de Naciones Unidas trataba y trata de luchar contra las mafias y proteger a las víctimas de las mismas. También este proyecto de ley viene a proteger una serie de derechos de todas estas personas que, repito, huyendo del hambre, de la guerra y de la miseria tienen derecho a encontrar en territorio español la misma protección a los derechos humanos que tenemos los nacionales de cada Estado de la Unión Europea. De ahí, señora presidenta, que nuestro voto será favorable. Nos congratulamos de la llegada de este nuevo instrumento de lucha contra uno de los delitos más execrables que en este momento estamos padeciendo nacional e internacionalmente.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Mardones.


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE LA DEDUCCIÓN POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000145.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Pasamos, dentro de este punto del orden del día, al apartado

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75: proyecto de Ley por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de la Seguridad Social.


Para la defensa del proyecto de ley tiene la palabra el ministro de Trabajo y Asuntos sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, creo que este es un momento importante para la Cámara porque vamos a aprobar un proyecto de ley que necesitan las familias españolas y que viene a modificar de forma sustancial, en positivo, el panorama de los apoyos a la familia. Quiero que tengan ustedes en consideración un hecho: esta es la primera ocasión en la que se aborda una prestación universal de ayuda a la familia en España. Esta es la primera vez. Digo esto porque las ayudas existentes hasta ahora, todas estaban condicionadas: ayudas de carácter fiscal, a quienes declaran fiscalmente; ayudas contributivas de Seguridad Social, a quienes contribuyan a la Seguridad Social; ayudas no contributivas, a quienes no tienen recursos suficientes. Por tanto, todo el régimen de ayudas existente hasta este momento tenía unos condicionantes. Esta será la primera vez que se apruebe, si así lo deciden ustedes -y así lo espero-, una medida de carácter universal para todos los niños y niñas que nazcan en España o para aquellos niños y niñas que puedan ser adoptados por familias españolas. De este modo venimos a completar de modo muy significativo -repito- el conjunto de importantes medidas que se han desarrollado en esta legislatura para proteger a las familias españolas.
Quiero decirles también que hay normas importantes, como la Ley de la Dependencia, que también entran en el campo de la universalidad. Por tanto, es un paso muy importante el que se ha dado en esta legislatura aunque ahora hablamos de una ayuda directa, a eso me refería cuando decía que es la primera vez que una ayuda directa a las familias se desarrolla con carácter universal. El presidente del Gobierno -como recordarán ustedes- comprometió en el debate sobre el estado de la Nación esta nueva medida, que es una medida que además de conformar un derecho universal incidirá de modo positivo, creemos, en las pautas demográficas de nuestro país. Tengo aquí una estadística de los últimos treinta años. En el año 1976 nacieron en España 677.000 niños y en el año 1996, que fue el punto más bajo, solo nacieron 362.000 niños. Desde entonces hasta ahora hemos ido aumentando ligeramente ese número hasta los 480.000 niños que nacen en estos momentos. Por eso decimos que este tipo de medidas, la protección a la familia, puede incidir de forma positiva en nuestras pautas demográficas, aquellas que tienen que ver con el incremento de los índices de natalidad y en el proceso de reequilibrio generacional necesario para el desarrollo cierto de la cohesión social.


El proyecto de ley ha sido mejorado por esta Cámara, nosotros se lo agradecemos. En nombre del Gobierno quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios su disposición, su cooperación y la mejora en ciertos aspectos de este proyecto de ley que establece una deducción fiscal que puede percibirse de forma anticipada y subsidiariamente una prestación no contributiva de la Seguridad Social para aquellas familias que no puedan ser beneficiarias por la vía fiscal, por eso es universal. Todas las familias recibirán esta ayuda; todas, y a este respecto serán beneficiarias de la deducción no solo las personas que realicen una actividad económica por cuenta propia o ajena, sino aquellas otras que sin realizar esa actividad hubieran obtenido durante el periodo impositivo anterior algún tipo de ingresos y también las personas que transitoriamente -eso espero- no tengan ingresos o no tengan actividad económica. Por eso la norma es universal.


De otra parte, esta norma respeta las competencias de los territorios forales, por lo que en tanto no se establezca en los mismos una deducción fiscal en términos semejantes a los que contempla esta ley, las familias residentes en los mismo, es decir, en Euskadi y en Navarra, percibirán la misma ayuda por nacimiento o adopción por la vía de la prestación no contributiva de la Seguridad Social. (Rumores.) Les decía antes que ha habido mejoras...


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Perdón señor ministro.


Señorías, les pido silencio, que al mismo tiempo es respeto a quien interviene.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señora presidenta.


Ha habido mejoras en el texto que les agradezco. Hemos incrementado hasta 11.000 euros el límite de la renta disponible por las familias para que puedan ser perceptoras de asignaciones económicas por hijo a cargo, lo que permitirá que familias con pocos recursos -200.000 familias más- disfruten de este beneficio. Hemos duplicado el importe de la asignación económica a favor del hijo a cargo no discapacitado menor de 3 años que pasa a situarse en 500 euros al año. Se ha duplicado el importe de la prestación económica a favor de las familias con hijo a cargo discapacitado menor de 3 años, situando la misma en 1.000 euros, y hemos más que doblado -pasa situarse en 1.000 euros frente a los 475 actuales- la prestación por nacimiento o adopción a favor de las familias numerosas, prestación compatible con la de 2.500 euros, con lo cual cuando el niño nazca en una familia que sea considerada por la ley como numerosa la percepción será de 3.500 euros. Por último, también se concederá esta ayuda de 3.500 euros en caso de nacimiento o adopción cuando los mismos se originen en el seno de una familia monoparental.


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Señorías, en mi opinión ha sido muy bien acogida por la sociedad española esta medida de protección a las familias, de impulso de las políticas sociales con carácter universal. Ello nos permitirá ir construyendo un edificio de derechos que permitan a la madre y al padre tener garantías suficientes para el cuidado de sus hijos, para darles la mejor educación desde el momento en que nacen y para desarrollar todo ello sin tener que renunciar en ningún momento a su trabajo y a su aportación económica y social al desarrollo del país. Estas expectativas son las que han alentado los importantes avances producidos en el ámbito de la protección y promoción de las familias desde el comienzo de la legislatura, profundizando en espacios en los que, como dije al principio, no se había entrado nunca y que sin embargo establecían una gran divergencia con la mayoría de los países de nuestro entorno. Señorías, esa divergencia se ha cerrado. Con las medidas sociales dirigidas a la familia en esta legislatura verán ustedes que cuando se evalúe por parte de la Oficina de Estadística de la Unión Europea el compromiso de las instituciones españolas con la familia nos situaremos a la cabeza de Europa y habremos dado un salto espectacular, porque cuando llegamos al Gobierno las ayudas a la familia se situaban en el 25 por ciento de la media europea. Cuando acabe esta legislatura habremos cubierto ese trecho y, por tanto, la Ley de Dependencia, la Ley de Igualdad, las mejoras en la atención a los hijos y, por supuesto, la ayuda directa por nacimiento de hijo nos permitirán situarnos a la cabeza de los países europeos. El Gobierno, por convicción democrática y ética, ha impulsado medidas en esta legislatura que favorecen el desarrollo de las familias: protección de situaciones de riesgo durante embarazo, subsidio por maternidad para las madres trabajadoras que no reúnan el mínimo de cotización para acceder al permiso por maternidad y permiso de paternidad de 15 días que, por cierto, señorías, hasta la fecha lo han disfrutado ya 120.000 padres.
Quiero que sepan ustedes, y se sientan satisfechos -yo diría que incluso orgullosos, como me siento yo- porque ustedes aprobaron esa ley en este Parlamento, que las previsiones de utilización del permiso de paternidad que estableció la memoria de la ley ya se están viendo superadas en solo en seis meses de aplicación, y en septiembre más del 60 por ciento de los padres con posibilidades de elegir el permiso de paternidad lo hicieron, y estoy seguro de que se incrementará en octubre, en noviembre y en diciembre. Por tanto, habremos alcanzado también una cobertura muy elevada en la protección para las familias.


Hemos incrementado la protección en situaciones especiales: discapacidad del niño y problemas de salud del neonato. Hemos generado una nueva prestación en caso de riesgo para la lactancia a través de un permiso y subsidio del 75 por ciento de la base reguladora. Se han ampliado los beneficios por excedencia de cuidado de hijos. En definitiva, medidas todas positivas para las familias. Y, por último, la clave del arco de los servicios de apoyo a la familia, que es la Ley de promoción de la autonomía personal y de la atención a las personas en situación de dependencia.


Señorías, el conjunto de medidas de políticas desplegadas por el Gobierno para dotar a las familias de recursos para el ejercicio de sus derechos, estaría incompleto si no me refiriera a un derecho, que esperamos sea universal en el futuro en España. Desde luego, el Gobierno que preside el presidente del Gobierno -hoy aquí presente- así lo hará. Nos estamos refiriendo a la universalización, en un plazo de tiempo razonable, porque se precisa un tiempo, para el acceso a la educación infantil temprana en el tramo comprendido entre los 0 y 3 años, que es una verdadera necesidad para las familias españolas. Saben ustedes que este espacio educativo ya ha incrementado su cobertura en esta legislatura del 20 al 27 por ciento de las plazas, pero tenemos que seguir haciendo enormes esfuerzos para conseguir que todo padre y toda madre que desee disponer de una plaza infantil de 0 a 3 años pueda acceder a ella, y estoy seguro de que en los próximos cinco, seis o siete años España verá universalizado ese derecho y nos situaremos de nuevo -insisto, de nuevo nos situaremos- a la cabeza de Europa. (Aplausos.) En este sentido, ya hemos acordado, señorías, incorporar en este proyecto de ley un precepto que incrementa las partidas presupuestarias destinadas a financiar, mediante convenios entre el Estado y las comunidades autónomas y otras actuaciones, nuevas inversiones y la puesta en marcha de nuevos centros y servicios que posibiliten la extensión y generalización de la red de escuelas infantiles para los menores de 3 años. Concretamente, el próximo año podrá verse incrementada la red en 50.000 plazas. Es un gran esfuerzo que lleva tiempo, pero ese esfuerzo tendrá continuidad en el futuro.


Señorías, este proyecto de ley, incorporando una medida de carácter universal, mejora los niveles de protección en todos los casos, y tiene una incidencia significativa en las familias que se sitúan, como consecuencia de sus menores ingresos, por debajo del nivel de pobreza. Es una medida sencilla en su formulación pero potente en sus consecuencias sociales; una medida compatible con todas las ayudas establecidas hasta la fecha: maternidad, paternidad, tercer y siguientes hijos, entre otras; una medida respetuosa, como no podía ser de otra forma, con los títulos competenciales del Estado y las comunidades autónomas; en definitiva, una medida esta, la nueva ayuda universal de 2.500 euros por nacimiento de hijo, que evoca innovación social y, por lo tanto, invoca también y garantiza el desarrollo de nuevas prácticas que por sí mismas introducen fermentos de evolución de las sociedades, es decir, cambio social en positivo; una medida, y con esto acabo, que supone un paso adelante al contar ya con un suelo universal de ayudas desde el que se aplican además medidas adicionales a colectivos más vulnerables, como debe ser, en función de la justicia social, por su nivel de renta u otras circunstancias. Así, las familias numerosas, monoparentales tendrán más ayudas; los hijos discapacitados tendrán más ayudas;

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aquellos que tengan bajo nivel de recursos tendrán más ayudas. Al mismo tiempo, es una medida que incentiva el derecho de los padres a garantizar que puedan tener los hijos que deseen y, por supuesto, incentiva también al mantenimiento de la actividad de las madres y de los padres trabajadores.


El Gobierno de España, señorías, manifiesta una vez más su voluntad de definir una política de apoyo a las familias que huyendo de retóricas se caracterice por hechos concretos, que sin imponer un modelo de familia favorezca que el libre deseo de los progenitores se haga realidad sin dilaciones ajenas a su voluntad, y que haga frente al envejecimiento de la población con políticas activas, sin intervencionismos, proporcionando los medios a las familias para que puedan hacer compatibles sus deseos de paternidad y maternidad con la realidad social y económica del país. Pero tampoco somos un simple espectador que no interviene. Intervenimos desarrollando fuertes políticas sociales a favor de la familia. Este fin merece la pena y les agradezco de nuevo su cooperación y el apoyo que van a dar a este texto.


Muchas gracias. (Aplausos.-El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Comenzamos el turno de defensa de las enmiendas; quince minutos. En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta y, a continuación, señora Fernández Davila, pues entiendo que se reparten el tiempo entre ustedes.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Señor presidente, señoría, la intervención de Chunta Aragonesista es para defender las enmiendas parciales presentadas a este proyecto de ley. Antes también nos gustaría hacer una serie de consideraciones generales sobre esta propuesta del Gobierno. Creemos que es y debería ser solo un primer paso que, aunque bienvenido sea, no puede ser el árbol que nos oculta ver el bosque de la realidad. Estamos en los últimos lugares de la Europa moderna y civilizada en cuanto a ayudas para políticas demográficas, y ojalá se cumpla la esperanza que el señor ministro nos ha dicho hoy, de que pronto estaremos a la cabeza. Ojalá se cumpla su esperanza; estaremos todos de verdad contentísimos. La cifra de ayudas al nacimiento y fase posterior hasta la mayoría de edad no se aproxima al 3,9 por ciento que, por ejemplo, destina Dinamarca, ni tampoco a la cantidad prometida por este Gobierno que garantizó llegar al 1,5 por ciento en su primera legislatura para luego ampliarlo al 2,2. En Alemania, por ejemplo, a partir de enero de este año se ofrecen más ayudas fiscales a los padres que se dedican al cuidado de sus hijos, y antes de 2013 se deberán crear 450.000 nuevas plazas en guarderías.
Mientras, en Suecia, las madres tienen una baja por maternidad que puede llegar a alcanzar las 96 semanas. Este debería ser nuestro referente, pero partimos de una situación muy complicada, mucho peor de la que ellos han partido porque ya llevan muchísimos años intentando mejorar la situación de las familias.


En lo que se refiere a las tres enmiendas parciales, pedimos fundamentalmente que este cheque bebé tenga una discriminación positiva con el mundo rural. Pedimos el apoyo de la Cámara para incrementar hasta 4.500 euros las ayudas para todas aquellas personas que residan en municipios con menos de 2.000 habitantes pertenecientes a comunidades autónomas que presenten porcentajes de baja densidad de población, 30 puntos por debajo de la media del número de habitantes por kilómetro cuadrado de todo el Estado. Se trata, a través de esta medida, de aprovechar este tipo de ayudas si se quieren transformar las políticas natalistas en una auténtica política demográfica y territorial.
Entendemos que las dificultades de todo tipo que se presentan para la adopción o nacimiento, para los padres y madres que están empadronados y viven en pequeñas localidades, son mayores que las de los núcleos con un porcentaje de población más elevado. Este incremento de las ayudas establecidas podría servir para ayudar a fijar población y rejuvenecer el medio rural, que en algunos territorios presenta altísimas tasas de despoblación y un alto grado de envejecimiento de su pirámide de edad. De todos modos, señor ministro, como pensamos que es un paso adelante, vamos a retirar la enmienda número 12, donde pedíamos que se estableciera en el plazo de seis meses un reglamento para la percepción de estas ayudas y deducciones del IRPF, donde se realizase un baremo en función de criterios de renta patrimonial del beneficiario; y también, la enmienda número 13, en la que pedíamos que se estableciera conjuntamente con comunidades autónomas y demás instituciones públicas, un programa de política demográfica en el que se incluyeran una serie de medidas que sirvan de ayuda para las personas que adopten o tengan un niño o una niña. Estas dos enmiendas, las números 12 y 13, las retiramos y mantenemos con alguna esperanza la enmienda número 11, a ver si de verdad conseguimos que la población aumente en esas zonas donde cada día hay menos gente.


Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Labordeta.


Tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, dado que la fórmula escogida para el debate de este proyecto de ley ha sido, también con nuestro voto favorable, la tramitación en lectura única, no tuvimos la oportunidad de conocer la posición de los distintos grupos políticos en relación con las posibilidades de modificación del proyecto que presenta el Gobierno, de acuerdo con las enmiendas presentadas por todos nosotros. Tampoco tuvimos ninguna relación de diálogo, de conversación, para que efectivamente parte de lo que nosotros pretendemos con nuestras

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enmiendas pudiera ser recogido en acuerdos de otros grupos o con enmiendas de otros grupos parlamentarios. Lo único que tenemos como orientación para saber qué puede ocurrir en el día de hoy, en relación con las posibles modificaciones al proyecto de ley que debatimos, son las enmiendas que están firmadas por el Grupo Socialista, Esquerra Republicana y una de Izquierda Unida, o las propias del Grupo Socialista.
Con estas enmiendas el grupo mayoritario de esta Cámara tiene previsto incorporar estos nuevos conceptos y cuestiones al proyecto presentado por el Gobierno.


Por esa falta de diálogo que decimos no ha existido, subimos a esta tribuna para defender las dos enmiendas que presentamos al proyecto de ley y que pretenden modificar los artículos 2 y 3, ya que son enmiendas de modificación, porque desde nuestro punto de vista la propuesta que nos presenta el Gobierno no responde a criterios que desde nuestro punto de vista -repito y valga la redundancia- son muy importantes, como es la igualdad entre hombres y mujeres o el criterio de la equidad social.
Señorías, para avanzar en la igualdad de géneros y en las políticas de compatibilidad laboral y familiar, es imprescindible avanzar en la asunción de la corresponsabilidad de todo aquello que forma parte de los compromisos inherentes a la convivencia compartida. Si se quieren reconocer los derechos de igualdad entre hombres y mujeres, es imprescindible igualar la maternidad y la paternidad al mismo nivel en el compromiso, la responsabilidad, los derechos y deberes, las dificultades y los privilegios que el hecho en sí representa. Por eso, presentamos nuestra enmienda número 1, con la que pretendemos igualar el derecho a solicitar y a percibir la prestación a los padres y las madres, lo que en el proyecto se manifiesta, y de alguna manera eliminar ese privilegio que solo se da a una de las partes, porque hay cosas que en nuestra sociedad también es necesario modificar, para avanzar en la igualdad y romper esas barreras culturales donde se privilegia la maternidad; al tiempo que se privilegia la maternidad no solo se está negando la posibilidad de ese privilegio a la paternidad, sino que a su vez no se están reconociendo las obligaciones que la paternidad debe tener en igualdad con la maternidad. Por eso, nuestra enmienda es positiva, correcta y debería tenerse en cuenta por parte de la mayoría de esta Cámara.


La enmienda número 2 está basada en lo que carece la propuesta presentada por el Gobierno, que es una cuestión de equidad social. La equidad, señor ministro, señorías, introduce un principio ético o de justicia en la igualdad, nos obliga a plantearnos los objetivos para avanzar hacia una sociedad más justa. Una sociedad que aplique la igualdad de manera absoluta será una sociedad injusta, ya que no tiene en cuenta las diferencias entre personas y grupos. Esta definición, señor ministro, señorías, no la hemos inventado nosotros, es la definición de lo que representa la equidad, y la reproducimos porque nos parece adecuada en la medida en que puede permitir entender mejor las razones que justifican esta enmienda número 2.


Según se recoge en la exposición de motivos de este proyecto de ley, con la prestación que se pretende introducir en nuestra sociedad, a través del acuerdo que hoy se puede alcanzar en esta Cámara, se busca compensar los gastos ocasionados por la incorporación de un nuevo hijo a la unidad familiar. En una justa distribución del gasto social, una prestación paliativa como esta ha de tener en cuenta la progresividad de los ingresos familiares -es decir, el principio de equidad al que hemos hecho alusión- y así poder considerarla como una medida orientada a avanzar hacia una sociedad más justa, objetivo éste que debería ser de toda organización que se precie de izquierdas y con idearios socialistas.


Se lo dijimos, señor ministro, cuando compareció en Comisión para explicarnos esta propuesta del Gobierno que había sido anunciada por el presidente durante el debate sobre el estado de la Nación. Le dijimos que no compartíamos la universalización de una prestación económica, cuando aún no se había garantizado la universalización de servicios tan importantes para la familia como aquellos destinados al cuidado de menores o personas con dependencia. Una plaza en una escuela infantil es una necesidad de todos los niños y niñas por igual; dinero para comprar papillas o pañales, no. ¿Acaso, señor ministro, cree usted que significa lo mismo ese gasto en una unidad familiar con ingresos anuales de 12.000 euros que en otra con 20.000, 30.000 ó 60.000 euros? No es lo mismo, y por tanto ese principio que se recoge en la exposición de motivos y que acabo de leer no se ajusta a lo que ustedes proponen, y que nos acaba de exponer otra vez hoy en su intervención como la gran novedad de una prestación universalizada.


Como se acaba el tiempo y mi garganta tampoco me permite mucho más, vamos a votar favorablemente las enmiendas del Grupo Socialista, porque nos parece que incorporan aspectos positivos, y las firmadas con Izquierda Unida y Esquerra Republicana, pero vamos a mantener las nuestras.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, dada su dificultad, si quiere haga constar a los letrados el objeto de sus enmiendas y así se resuelve el problema. Ya sé que usted no puede hablar. (Pausa.)

Gracias. Así se hará, señora Fernández.


Izquierda Unida, señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro -veo que en este momento está ausente-, el debate de este proyecto de Ley por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de la Seguridad Social, para mi grupo parlamentario tiene como mínimo un gusto agridulce. Me

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hubiera dado mucha satisfacción que hubiera estado el señor ministro y más aún el presidente del Gobierno. (El señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Caldera Sánchez-Capitán, entra en el hemiciclo.) Está aquí.
Bien. Adelanto que vamos a votarla, pero, señor ministro, ahora sí, no lo hacemos ni con ilusión ni nos sentimos, para nada, implicados en esta ley. Es más, lo diremos de verdad muy claro. Señor ministro, señorías, no nos esperábamos y nos ha decepcionado muchísimo que un Gobierno llamado progresista haya traído este tipo de ley. Lo voy a explicar detenidamente porque creo que me va a dar tiempo.


En primer lugar, creemos que ha sido una precipitación producto de las cercanas elecciones, una promesa sacada de la manga directamente del presidente del Gobierno, que va a costar a las arcas del Estado cada año alrededor de 1.200 millones de euros. Señor ministro, ya lo hemos dicho y lo repetimos aquí, anunciar cheques nunca ha sido, desde nuestro humilde punto de vista, una política de izquierdas, pero anunciar cheques, además para todos por igual, sin diferenciar las condiciones sociales y económicas y, por tanto, sin introducir criterios de equidad, nos parece que tiene bastante de políticas, como mínimo, de centro derecha.


Señorías, entendemos que el Gobierno en este tema ha empezado la casa por el tejado y, además, no ha jugado con lealtad hacia los grupos que le hemos dado nuestro apoyo en las principales leyes sociales, habiendo pactado leyes como la Ley de la dependencia y de la autonomía personal, la Ley de Igualdad, la Ley de la Lengua de Signos, la LOE y otras iniciativas. No ha habido lealtad por diversos motivos. Nuestro grupo, y otros también, hemos planteado a lo largo de estos años reiteradamente, que nuestro país está muy a la cola de los sistemas sociales de los países de la Unión de los Quince, tanto en pensiones contributivas como en no contributivas, tanto en prestaciones y servicios para las personas con diferentes niveles de falta de autonomía personal, como también que hacían falta mayores compromisos para incrementar las prestaciones familiares de la Seguridad Social. Han sido desleales también porque ha habido cuatro leyes, como mínimo, donde una propuesta podía haber sido debatida e intentado consensuar. La primera, la más importante, la LOE.
En el artículo 15 la LOE reconoce la promoción del incremento progresivo en la oferta de plazas públicas en la etapa de 0 a 3 años. Nosotros queríamos avanzar en la LOE para dotarla de recursos para universalizarla. Ustedes en aquel momento se negaron. Ahora lo hemos conseguido, ya lo explicaré. En la Ley de Igualdad en la que intentamos que se diera un salto en el 0 a 3 años para crear condiciones más favorables en la incorporación de la mujer al mercado laboral, también ustedes allí se negaron. En la Ley de la Dependencia tuvimos largas discusiones, y seguro que usted lo recordará muy bien, para que entrara el concepto de cobertura a los menores dependientes a partir de su nacimiento, porque el Gobierno planteaba que no fuera así. ¿Qué decían ustedes en aquel momento? Decían: No queremos introducir que haya también prestaciones de 0 a 3 años porque esto puede llevar a que se pida una ayuda para cualquier menor. Esto no podía ser. Suerte que se introdujo que pudiera ser. Otra ley, ley que está tan caliente que está en el Senado, todavía no ha vuelto, la Ley de las medidas en materia de Seguridad Social consensuada con los agentes sociales. Bien, los agentes sociales no han podido ni opinar aquí, en una ley que está todavía en el Senado y que ahora la modificamos, deprisa y corriendo, en este trámite.
El Consejo Económico y Social -lo tengo que decir, es lamentable- es demoledor, demoledor en su dictamen. Dice ni más ni menos que es una ley que está desvinculada de un marco global de apoyo a las familias que priorice la superación de las carencias actuales en servicios, en equipamientos y en infraestructuras de apoyo al cuidado de los niños.
Dice muchas más cosas, pero todo el mundo debe tener el informe del CES.


Cuando decimos que han empezado la casa por el tejado queremos decir lo siguiente. En Dinamarca, en Luxemburgo, las prestaciones para ayuda a las familias en sentido amplio son más elevadas que en nuestro país; por supuesto, esto ya lo sabemos todos, en este hemiciclo lo hemos discutido muchísimas veces. En el concepto de ayuda a la familia, la Unión Europea destina de media el 2,1 del PIB. Dinamarca el 3,9; Luxemburgo, el 3,7; Italia, el 1 por ciento; y España está ni más ni menos que en la cifra del 0,5 por ciento. En estos países, además de que nos pasan la mano por la cara en cuanto a prestaciones directas a las familias, tienen resuelto de una manera que nosotros no le llegamos ni a la suela de la sabata, que dicen en Cataluña, los servicios en las redes públicas en general para la infancia. ¿No parece que el sentido común nos habría de llevar a priorizar primero precisamente esto? ¿Qué preferiría la mayoría de los españoles? ¿Un cheque de 2.500 euros una vez en la vida o la garantía de tener plazas infantiles durante los años que las necesiten? La ayuda, el cheque, la subvención cuando no hay servicios públicos es pan para hoy y hambre para mañana. Esto para las familias de rentas bajas o medias, porque con su política de cheque universal para las rentas altas -y no digamos para las muy altas- el cheque de los 2.500 euros servirá para hacer seguramente un regalito al bebé, en el mejor de los casos.


El efecto del cheque es, como mínimo, relativo. Un cheque lo puedes destinar a muchas cosas en función de las necesidades y de tu criterio e índice de prioridades. Yo pregunto -porque fue una discusión muy larga con el señor ministro en la Ley de Dependencia-: ¿A qué creen que destinarán los nietos de la familia del señor Botín los 2.500 euros? Porque en la Ley de Dependencia oímos hablar del señor Botín y de que no podía ser universal porque de ninguna manera podíamos aceptar esto, pero durante el año del discurso de la Ley de Dependencia. ¿Qué harán los nietos del señor Botín con los 2.500 euros? (Aplausos.)

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Nosotros queremos que se prioricen los servicios públicos en general y los sociales en particular. Generan múltiples economías externas positivas porque sus efectos no se limitan exclusivamente a sus beneficiarios directos, sino que se extienden a la sociedad. Una economía con mayores grados de igualdad, mayor cohesión, mayor gasto social en servicios puede ser -y usted lo ha dicho muchas veces, señor ministro- una economía más eficiente desde el punto de vista productivo. ¿Por qué? Porque el incremento de la cobertura pública de ciertos programas y servicios sociales resulta ser una importante fuente de ocupación, de empleo directo, y sus efectos positivos se extienden al crear condiciones más favorables para la incorporación de la mujer al mercado laboral. Esto es avanzar hacia la Europa moderna. (El señor presidente del Gobierno entra en el hemiciclo.) Lo que necesita hoy nuestro país son políticas sociales que estructuren el sistema de bienestar social, que desarrollen y consoliden una red educativa y social homologable a la de nuestros socios comunitarios más avanzados en materia social.


Quiero plantearles una cuestión: ¿Saben qué cuesta una plaza de guardería o llar infantil en mi país, en Cataluña? Una pública del ayuntamiento de Barcelona para el curso 2006-2007, 241 euros mensuales - 140 euros de escolarización y 101 euros para el desayuno, comida y merienda-. Una privada puede oscilar entre 300 y 500 euros. Si la familia lo destina a esta necesidad tendrá para diez meses en una guardería pública y entre cinco y ocho meses en una privada. Pero primero tendrá que tener una gran suerte y es que haya plazas de guardería allí donde resida porque ni eso tenemos resuelto en nuestro país.


Por todas estas razones, razones de fondo, de modelo, de forma y de falta de forma, no nos gusta esta ley. No nos gusta esta ley; nos parece una propuesta claramente electoral y vacía de sentido, más allá de que las primeras familias, con nombre y apellido concreto, y directamente desde el Estado, empezarán a recibir los 2.500 euros unos días, quizá unos meses antes de las elecciones. Esta es la realidad.


En los últimos cinco minutos que me quedan voy a explicar y a justificar por qué vamos a votar a favor de esta ley, porque con esta crítica sería difícil de entender. Hemos conseguido dar un pequeño pero importantísimo giro a la ley. La enmienda que hemos pactado, que supone la incorporación en el presupuesto de 100 millones de euros para iniciar la universalización del período educativo de 0 a 3 años -es nuestra enmienda número 36- tiene un alto calado; esta enmienda de gran calado es la que justifica, por su gran valor estratégico, que votemos a favor. Como lo cortés no quieta lo valiente -y miro en este caso al señor López Garrido-, agradezco que nos hayamos puesto de acuerdo, porque realmente es una enmienda importantísima. A nuestro juicio, esta línea deberá incrementarse año tras año en los Presupuestos Generales del Estado sin excusas y sin argumentos de disponibilidad. Con una sola promesa del presidente del Gobierno ha habido una disponibilidad, de un día para otro, de 1.200 millones de euros para el próximo año y de 600 millones para éste. ¿Quién va a tener moral en el próximo Gobierno para cuestionar el incremento de esta partida, que ha de ir dirigida a crear los servicios y a universalizar el 0 a 3 años? No creo que haya moral para escatimar en la próxima legislatura la aportación necesaria para la universalización de 0 a 3 años. ¿Merece la pena dar nuestro voto a esta ley por una sola enmienda, porque en el resto nos han dicho que no? Sí, merece la pena. ¿Por qué? Porque marca una línea diferente. Nosotros somos un grupo parlamentario que nos comprometemos con el presente y con el futuro del país, así como con las políticas que pueden traer progreso a nuestro país. Por eso vale la pena y lo vamos a hacer.


Hay una cuestión que quiero señalar que no nos satisface. Lamentamos que no se nos haya admitido una enmienda que garantizaba, como mínimo, solventar la falta de equidad tan importante que tiene esta ley, ya que no hay progresividad en la aportación de los 2.500 euros o los euros correspondientes en función de las diferentes situaciones de las familias. Nuestra enmienda propone esa progresividad, que se garantice esa equidad, añadiendo al artículo 2 un nuevo apartado mediante el cual fijamos un límite de renta para recibir la ayuda, concretamente 65.000 euros anuales por pareja. ¿Nos parecen suficientes 65.000 euros anuales por pareja? Creo que sí. En un país en el que tenemos un nivel como el nuestro, con personas que no llegan o que están rozando los 1.000 ó los 1.200 euros mensuales, y que están enormemente felices con 1.400 euros, 65.000 euros anuales por pareja es una cantidad suficiente como para que todos decidiéramos marcar ahí como mínimo el límite. En esa cantidad está prácticamente el 75 por ciento de la ciudadanía, y con el ahorro que podría suponer ese otro 25 por ciento, que supera con creces y que en algunos casos duplica y triplica esta cantidad, podríamos destinar, como vamos a hacer ahora, no solo 100 millones de euros para el tramo de 0 a 3 años, sino que podríamos dar un empuje importantísimo. Lamentamos profundamente que el Grupo Socialista y el Gobierno no hayan sido valientes para rectificar en parte el contenido poco progresista de esta propuesta que han traído y que hoy estamos debatiendo. Lo lamentamos enormemente.


Agradezco al Grupo Mixto su intención de votar a favor de nuestras enmiendas que, por supuesto, vamos a mantener en su totalidad. Votamos esta ley con un sentimiento agridulce, pero esperamos que no haya más sorpresas de aquí al mes de marzo en leyes que desvían absolutamente un planteamiento progresista y de izquierdas. Bien está lo que bien acaba, pero nunca debería haber comenzado. (Aplausos.)

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García Suárez.


Grupo Vasco. Señor Olabarría.


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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, este proyecto de ley tiene una propensión a provocar ataques de tos que no sé si dimana de su contenido material o de las situaciones climatológicas en las que nos encontramos. Intentaré acabar con más suerte que la señora Olaia Fernández, siguiendo la metodología de la señora García, que me ha precedido en el uso de la palabra. Voy a explicar lo que mi grupo piensa de esta ley y luego en un escorzo intelectual, que espero que sea creíble, vamos a explicar por qué votamos que sí, a pesar de las reflexiones que van a anteceder al sentido del voto.


Señor ministro, se han encontrado de repente, súbitamente, con las políticas natalistas y sus virtualidades. Con la mitad de ellas, por lo menos, porque usted sabe que las políticas natalistas se configuran a través de un doble contenido: el promocional, las subvenciones, los cheques, que es lo que usted regala o propone en este proyecto de ley. La expresión regalar o donar sería pertinente. Desde una perspectiva técnico-jurídica, sería ajustada. Por otra parte, se configuran a través de medidas de conciliación de la vida laboral y familiar que están ausentes de ese proyecto de ley y que son las más relevantes de las políticas natalistas. Son las que han impedido lo que va a ocurrir en el año 2050 en el Estado español: que va a haber más ciudadanos con más de 100 años de edad que niños con menos de 14 años. Tenemos que atajar y abordar este problema. Este sí que es un problema de Estado. Lo tenemos que abordar desde una perspectiva de consenso, no con leyes en virtud de las cuales parece que mediante una especie de estilo pauliano, se han caído del caballo y han descubierto súbitamente las bondades de las políticas natalistas, o de la mitad de ellos, las subvenciones, por el hecho del alumbramiento, de tener hijos. Esto recuerda un poco a las obras de Mateo Alemán, a Las Germanías, y la famosa figura del arbitrista, que cuando las tropas españolas no podían tomar Sicilia, proponía cosas como secar el Mediterráneo con esponjas para que pudiese atacar Sicilia a través de las tropas de caballería. Algo así es lo que están sugiriendo en este momento.


En primer lugar, el proyecto de ley es arbitrista, en el sentido técnico-jurídico y político de la expresión también, porque solo consigna la mitad de las políticas natalistas. Se olvidan de temas tan importantes como la necesidad de incorporar al contenido normativo de los convenios colectivos normas de conciliación de la vida laboral y familiar: la ampliación de los permisos por razones familiares, los permisos familiaristas; la estimulación de los contratos a tiempo parcial, en detrimento de los contratos de jornada completa, etcétera. Tantas políticas de conciliación que hemos debatido en esta Cámara, que no se han incardinado en un texto normativo que ustedes podían haber traído.
Por cierto, le voy a hacer una pregunta. Si tanta profundidad y tanta relevancia tiene este proyecto de ley, ¿por qué se les ocurre traerlo en el último suspiro de la legislatura? ¿Por qué no lo han traído en el primer o en el segundo año y estaríamos disfrutando todos, sobre todo las parejas o las uniones familiares que alumbren hijos, de las bondades, de la profundidad y relevancia que usted atribuye a este proyecto de ley? Lo hacen en el último suspiro de la legislatura, justo antes de unas elecciones, de unos comicios importantes, y esto provoca todas las especulaciones que usted puede intuir razonablemente. Usted sabe que las cosas son como son. Lo que está en la naturaleza de las cosas no se puede modificar, y las reflexiones políticas pertinentes son las que les estoy haciendo. Por eso digo que es una política arbitrista la que ustedes están articulando.


Agradezco la presencia del presidente del Gobierno porque por su boca tuvimos noticia en el debate del estado de la Nación -no voy a hacer clinics, noticia solo- de que estas medidas se iban a proponer. Ustedes pervierten nociones o conceptos jurídicos que están sedimentados solidamente en nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, entregan una subvención -a la que denominan deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas- o un cheque a una persona que tiene un hijo o una hija -o adopta un hijo o una hija- y le dicen: Aquí le entrego una deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Usted sabe que metafísicamente esto es imposible. Las deducciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas no son esto. Las deducciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas se invocan en el momento de realizar la declaración, producen el efecto de minorar la deuda tributaria cuando concurre un hecho imponible o un ingreso en cuenta o una retención. Pero usted no puede entregar un cheque y decir: Aquí le entrego una deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esto es considerar que se está prostituyendo profundamente el concepto tributario del impuesto sobre la renta de las personas físicas.


En Euskadi, para los que no tienen derecho porque están por debajo del umbral por el que es necesario declarar por IRPF, pretenden atribuir a esta subvención la naturaleza de pensión no contributiva. Tampoco es una pensión no contributiva -perdone que sea tan crítico en esta materia, señor ministro-, porque para ser una prestación no contributiva necesitaría que concurrieran los requisitos de periodicidad en el pago -todas las pensiones contributivas se pagan mes a mes-; de atención a una situación de necesidad -que no siempre concurre, el ejemplo de los nietos de la señora Botín, que ha dado la señora García, es muy pertinente en este momento- y de suficiencia, porque puede ocurrir, sensu contrario, que una ayuda de 2.500 euros no atienda suficientemente a los requerimientos que respecto a las pensiones no contributivas consagra o configura el contenido esencial del artículo 41 de la Constitución. Están prostituyendo conceptos jurídicos que eran indiscutibles y pacíficos, doctrinal e incluso políticamente. Parece que en la política cabe todo.
Me va a perdonar que haga una reflexión severamente crítica sobre la utilización de estos malabarismos intelectuales jurídico-políticos. Por último, como

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han hecho en la Ley de Dependencia y en otras leyes, prescinden de los requerimientos del bloque de constitucionalidad. No tienen competencia para penetrar en esta materia. No la tienen porque la competencia en materia de asistencia social y de protección de la infancia y de la juventud es exclusiva prácticamente de todas las comunidades autónomas; y en concreto es de Euskadi, en virtud de lo previsto en los artículos 10.11, 10.18 y 10.39 del Estatuto de Autonomía de Gernika, que hacen referencia al título competencial o a la competencia exclusiva -que posibilita legislar- y excluyente de la del Estado, en materia de asistencia social y en materia de protección de la infancia y de la juventud. Ustedes que invocan su constitucionalismo permanentemente prescinden del bloque de constitucionalidad como si no fuera relevante, cuando estamos hablando de derechos sociales de estas características.


Señor ministro, le voy a hacer la pregunta de forma descarnada y frontalmente: ¿Cuando estamos hablando de derechos sociales, la Constitución para ustedes no existe, los estatutos de autonomía no existen o son irrelevantes? ¿No son normas coercitivas de obligado cumplimiento, no tenemos que atender -los llamados constitucionalistas- a los requerimientos del bloque de constitucionalidad? Esta es la cuestión, señor ministro, lo demás son cosas que no puedo evitar calificar, por seguir buscando calificativos o epítetos, porque luego tengo que explicar por qué voy a votar que sí al proyecto de ley y estoy llegando a un nivel de dificultad que el escorzo intelectual va a tener que ser realmente rayano en el malabarismo.


Señor ministro, aquí el problema -se lo han dicho ya otros portavoces- es que el Estado español dedica el 0,5 por ciento de su producto interior bruto a las políticas asistenciales, incluyendo las familiares, que no han existido articuladamente nunca -esto no se puede considerar una política familiar integrada estructural- y siguen sin existir. La familia sigue siendo la asignatura pendiente. Solo ustedes han descubierto la virtualidad electoral -con todo respeto se lo digo, permítamelo, señor ministro- de esta medida, prostituyendo conceptos jurídicos, prescindiendo de los requerimientos del bloque de constitucionalidad y buscando solo la mitad de lo que debe ser una estructurada política familiarista o natalista, es decir, solo lo subvencional. Además, mediante deducciones fiscales a las que les falta -como ya se ha dicho por otros portavoces- el elemento de progresividad, que es consustancial a la propia naturaleza de este tributo. Este tributo se basa en la progresividad como ocurriría con las pensiones no contributivas.


Hemos transado numerosas enmiendas con ustedes. Usted ha dicho también una cosa curiosa: Que gracias a los grupos parlamentarios se ha mejorado el proyecto de ley. No sé en qué trámite, señor ministro, porque el procedimiento que estamos siguiendo de lectura única no posibilita trámites anteriores, aunque ha habido conversaciones -se lo reconozco- extra forma. Lo hemos mejorado notablemente desde la perspectiva del respeto a los títulos competenciales y, sobre todo, a dos particularmente dilectos para mi grupo parlamentario: el respeto a los requerimientos del concierto económico en materia normativa, la soberanía fiscal de las haciendas forales vascas, que se respetan, pero sobre todo algo que es particularmente relevante, que es que en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra estas ayudas van a ser pensiones no contributivas para no penetrar o perturbar la competencia normativa de las juntas generales o del Gobierno foral navarro. Tengo que halagar la sensibilidad que en este ámbito concreto del proyecto de ley ustedes han demostrado. Me agrada. Lo que pasa es que si hemos dado el primer paso, también vamos a dar el segundo, señor ministro. Tratándose de prestaciones no contributivas, también tenemos competencias en Euskadi.
Para la regulación de las competencias de las pensiones no contributivas y para habilitar al legislador estatal ustedes invocan lo previsto en el artículo 149.1.14ª y 149.1.17ª de la Constitución. Esto habilita al legislador estatal solo a dos cosas: a articular la legislación básica y al régimen económico de las prestaciones no contributivas, pero no a la ejecución y desarrollo de las mismas, no al reconocimiento del derecho, no al abono de la prestación, no a la fiscalización de la pertinencia del abono de la fiscalización, no a la gestión de la prestación.


Yo no sé por qué esta enmienda no ha sido objeto de aceptación. No sé si el señor López Garrido, el señor Fernández Marugán o las personas con quienes hemos pretendido mejorar el proyecto de ley me pueden dar alguna explicación razonable de por qué no se reconoce una competencia de ejecución que está prevista en los propios preceptos que invocan para habilitar al legislador estatal el artículo 149.1.14.ª y 149.1.17.ª Esto es lo que falta, porque lo demás está bien. Se respetan las competencias forales en materia de regulación. Las juntas generales de los territorios vascos decidirán si esto va a ser una prestación no contributiva siempre o algún día se va a convertir en una deducción del IRPF, por esta cuantía o por otra, porque la soberanía fiscal significa esto y podría ser por otra cuantía también. Asimismo se consigue compatibilizar otras ayudas fiscales existentes previstas por las haciendas forales vascas y por la Comunidad Foral de Navarra con estas ayudas de naturaleza tributaria o con esto que usted llaman deducción de la renta de las personas físicas.


Como esto se ha logrado salvar, señor ministro, y en este momento, dado lo que está ocurriendo en esta legislatura, no estamos tampoco para ser particularmente exigentes en materia de respeto a los títulos competenciales -me refiero a precedentes inmediatos: recuérdese lo que pasó en la Ley de Dependencia y en la Ley de Igualdad-, solo con esto nos vamos a dar por satisfechos y vamos a votar a favor de una ley que desprende inequívocamente este tufo electoral, invocada incluso con la boca pequeña hasta por ustedes mismos y presentada en el último suspiro de la legislatura por un procedimiento extraordinario como el de lectura única, pervirtiendo

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conceptos jurídicos que nadie había usado, no ya doctrinal o jurisprudiencialmente, ni siquiera políticamente, hasta el límite en que lo han sido. Aun así, cuenta con nuestro apoyo, señor ministro, y adelanto a la Cámara que voy a retirar la enmienda número 9 de mi grupo parlamentario que hace referencia a la retroactividad, es decir, a la invocación que hacen algunos grupos de que se empiecen a aplicar estas ayudas desde el 1 de enero. Comprendo que esto es complicado, porque si ya desde cuando se va a aplicar va a afectar a 623.700 niños y estamos pensando en el 1 de enero, no vamos a hacer la suma de cuántos niños son y del quebranto presupuestario que esto significa. Vamos a retirar estas enmiendas y vamos a aceptar las transacciones que han sido ofertadas mediante procedimientos extra forma por el Grupo Socialista a los artículos 3 y 8 y prácticamente a todos los demás de este proyecto de ley. Estas son las razones que nos llevar a votar a favor de una ley que -vamos a terminar diciendo alguno bueno- es una aproximación a algo que por fin se hace en esta institución. Por fin estamos acercándonos, siquiera parcialmente, a la articulación de políticas natalistas. Si no, al final nos vamos a encontrar con el problema con el que empezaba y con el que acabo: en el año 2050 va a haber más personas con más de 100 años que con menos de 14. Este es un problema que tenemos que arreglar entre todos.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olavaria.


Esquerra Republicana. Señora Oliva.


La señora OLIVA I PEÑA: Gracias, señor presidente.


Señorías, mi grupo parlamentario ya expresó desde el inicio del trámite de esta ley que no estaba de acuerdo ni con la filosofía de este proyecto legislativo ni, mucho menos, con las formas de su presentación y tramitación. Por lo que respecta a la filosofía, Esquerra no comparte la idea de equiparar las políticas de apoyo a las familias con las políticas de cheque, ya que nos parece una mera simplificación el hecho de basar estas políticas exclusivamente en las prestaciones económicas. Los cheques y, en general, determinadas políticas de subvenciones, a nuestro entender, están más cerca del asistencialismo que del desarrollo de un verdadero Estado del bienestar que entiende desde la transversalidad y desde la integridad las políticas en favor de las familias, ya que terminan por ser poco generosas y, sobre todo, poco progresivas.


El PSOE siempre criticó la política del cheque por considerarla de derechas. ¿No se acuerdan de que las izquierdas combatimos a las derechas por esta cuestión en la Ley de Dependencia? ¿Han dejado de ser socialistas o es que estamos en campaña electoral? La verdad, no sé qué es peor. Lo verdaderamente eficaz es una política integral que contemple servicios de escolarización de 0 a 3 años, medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, descuentos en los transportes, en determinados servicios, etcétera. Por otra parte, compartimos la universalización de determinadas ayudas sociales, pero creemos que es poderosamente injusto quedarnos en la simplicidad de éstas. Sin menoscabo de que determinadas ayudas para las familias deban ser universales, en nuestra sociedad hay personas que padecen determinadas circunstancias que les llevan a estar discriminadas respecto de otras y a no gozar de una verdadera igualdad de oportunidades si no pueden beneficiarse de ayudas específicas que tengan por objetivo la superación de las condiciones de vulnerabilidad o de especial dificultad en las que se encuentran.


Para Esquerra las políticas de apoyo a las familias deberían ser progresistas, entendiendo por ello el hecho de que se deben complementar las ayudas universales para determinadas familias, ya que requieren una atención especial para corregir las situaciones de desventaja con las que se encuentran, por ejemplo, las familias numerosas, las que tienen hijos e hijas con discapacidad, las monoparentales y las de rentas más bajas.
Por este motivo, partiendo de la universalización de la ayuda de los 2.500 euros por nacimiento o adopción, los poderes públicos tenemos la obligación y la responsabilidad social de discriminar positivamente a determinados núcleos familiares como los que he citado. Las familias monoparentales, las numerosas y las que tienen menores a cargo con discapacidad deben cobrar un suplemento a estos 2.500 euros. En este sentido han ido una serie de enmiendas presentadas por mi grupo a las que más tarde me voy a referir. En este modelo de políticas familiares, basadas casi exclusivamente en prestaciones económicas que está desarrollando actualmente el Estado español, hay una cuestión que nos preocupa sumamente y es el hecho de basar estas prestaciones bien en desgravaciones fiscales, bien en pensiones no contributivas. Esta política termina por ser poco universal y poco progresista. Por este motivo, nos vamos a abstener en algunas enmiendas que van en este sentido.


Hechas estas consideraciones, partiendo de las mismas y con la voluntad de mejorar el texto del Gobierno, Esquerra ha presentado un paquete de enmiendas -algunas de ellas conjuntamente con el PSOE- a este proyecto de ley. Todas ellas responden a anteriores intervenciones e iniciativas parlamentarias como es, sobre todo, la moción presentada por Esquerra que aprobamos hace un mes, aproximadamente, y que fue aprobada por unanimidad en esta Cámara. Por lo que respecta a las iniciativas presentadas por mi grupo parlamentario, hay dos enmiendas, las números 55 y 56, que hacen referencia a la necesidad de corregir este proyecto de ley con el fin de evitar el lenguaje sexista. No se entiende cómo una ley que sitúa a la mujer como principal beneficiaria se exprese en todo su articulado con términos como, por ejemplo, beneficiarios, en lugar de personas beneficiarias, como proponemos. La enmienda 56 propone que en los supuestos de adopción a los que se refiere la ley se sustituya el concepto territorio español por autoridad española competente, ya que las adopciones internacionales se materializan no por realizarse en territorio español sino

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por estar acreditadas por las autoridades españolas competentes. Con el redactado original se podrían entender excluidas las adopciones internacionales. La enmienda 57 trae a debate la necesidad de contemplar una serie de realidades por lo que respecta a la limitación de la condición de residencia para poder obtener la prestación por natalidad.
Alguna de estas realidades, por ejemplo las de las personas que deben ausentarse del Estado español por motivos laborales, porque trabajan en el ámbito de la cooperación, o por motivos académicos. El Grupo Socialista ha presentado una enmienda, pero entendemos que no va en el mismo sentido de la que nosotros proponemos. En la enmienda 58 pretendemos que quede claro y explícito en el articulado de la ley que la deducción por lo que respecta al IRPF se aplicará con cargo al tramo estatal de este impuesto, para evitar un perjuicio mayor a las comunidades autónomas que comparten con la Administración General del Estado la gestión y recaudación de un tramo del IRPF. En la enmienda 59 proponemos que las prestaciones que se establecen mediante la presente ley sean actualizadas anualmente en la Ley de Presupuestos. No nos valen excusas. Otro tipo de reducciones y modificaciones del IRPF, como por ejemplo la adquisición de la vivienda habitual, se actualizan año a año.


Por lo que respecta a las enmiendas 60, 61, 62 y 63, tal y como fijaba la moción a la que antes me he referido, hemos incluido en esta ley la coordinación en materia de política familiar entre el Estado y las comunidades autónomas, la necesidad de tender hacia la universalización de la escolarización de 0 a 3 años y, finalmente, la necesidad de tener en cuenta la perspectiva de género en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas familiares. Una puntualización. En la enmienda 62 hay una errata. Donde pone estatal, debería poner personal, para que la frase diga: conciliación laboral, personal y familiar. En la enmienda 64 pedimos que se contemple la exención fiscal de todas las ayudas.


En cuanto a las enmiendas presentadas conjuntamente con el Grupo Socialista, quiero hacer otra puntualización, ministro Caldera. No se atribuya como propio del Gobierno lo que ha sido propuesto por mi grupo parlamentario y hemos llegado a un acuerdo con ustedes. Las enmiendas que Esquerra y el Grupo Socialista hemos presentado conjuntamente derivan de la moción que aprobamos hace aproximadamente un mes. Como se votó por unanimidad, pedimos que el resto de los grupos parlamentarios sea coherente y apoye estas enmiendas. Así, la enmienda 48 propone aumentar de 9.279 euros a 11.000 el umbral de la renta para poder recibir las actuales prestaciones a las que se refiere el artículo 182 de la Ley General de Seguridad Social. De esta forma, lograremos que muchas más familias puedan gozar de estas ayudas al ampliar el universo de beneficiarios.


En la enmienda 49 proponemos incrementar hasta 500 euros la cuantía de las prestaciones en los casos de hijos e hijas menores de 3 años, actualmente fijadas en 291 euros. Por lo que respecta a las actuales ayudas para las familias numerosas y con hijos con discapacidad de grado igual o superior a un 33 por ciento, proponemos que se incrementen hasta 1.000 euros; además, y en referencia a los casos de menores con discapacidad, sin limitaciones de edad, es decir, para todos, de 0 a 18 años. También proponemos incluir en este grupo de beneficiarios a las familias monoparentales, una tipología familiar cada vez más extensa y que requiere una atención especial dadas sus particulares necesidades. Todas estas propuestas quedan incluidas en las enmiendas 50, 51, 52 y 53.
Algunos grupos parlamentarios han presentado enmiendas que van en una dirección similar, pero proponiendo cuantías mucho más grandes. Sin perjuicio de que se vaya incrementando este tipo de prestaciones económicas hasta alcanzar los niveles europeos, creemos que se debe evitar caer en un regateo mercantil basado en la política del quién da más. Es por este motivo por el que ante algunas de estas enmiendas, especialmente las del Grupo Popular, no nos vamos a posicionar favorablemente.


Por lo que respecta a las enmiendas de otros grupos parlamentarios, me gustaría comentarlas todas ellas, pero la limitación de tiempo de mi intervención me lo impide. Déjenme que haga una sola alusión a una transaccional presentada por el Grupo de Convergència i Unió a nuestras enmiendas 51 y 52, que propone incluir en el grupo de beneficiarios de este aumento de 1.000 euros a las madres que tengan hijos con una discapacidad igual o superior a un 75 por ciento. Estamos absolutamente de acuerdo, creemos que es un paso. El próximo paso será que sea cualquiera de los progenitores, pero como es un paso adelante hemos aceptado la transaccional y, por tanto, vamos a darle nuestro apoyo.


Tal y como decía al comienzo, desde Esquerra Republicana criticamos esta ley tanto por su filosofía como por su metodología, pues creemos que se trata de una verdadera maniobra electoral. Desde hace unos meses la ciudadanía asiste perpleja a la lluvia de propuestas -alguna de ellas hilarantes- que desde el Gobierno se están haciendo por parte de determinados ministerios. Señores diputados del Grupo Socialista, su Gobierno, el Gobierno del señor Zapatero, con esta actitud está rayando el ridículo por pensar que a través de grandes propuestas populistas van a poder comprar los votos de la ciudadanía. Por suerte, esta es mucho más lista de lo que a algunos les gustaría. Pero lo que es más importante, con actitudes como las que están demostrando, con el anuncio de ayudas electoralistas, nos están perjudicando a todos los partidos y, en general, a todas las personas que creemos en las ideologías y en el valor de la política, porque esta actitud es lo que provoca la desafección de la ciudadanía para con la política. Así se consigue que la política cada día esté más desacreditada. Cheques bebé, cheques bucodentales, cheques para la vivienda, en fin, un reparto electoralista de un superávit económico del Estado que se ha gestado con el esfuerzo de todos los contribuyentes, pero, sobre todo, con el esfuerzo fiscal de determinadas comunidades autónomas

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sobre la base de este mal entendido sentimiento de solidaridad. Nos parece tremendo, injusto y absolutamente frívolo. Reflexionen, por favor.


Voy terminando. El Grupo de Esquerra Republicana criticó este proyecto de ley porque, entre otras cuestiones, se basaba en una arbitrariedad brutal en cuanto a la entrada en vigor de su contenido. Seguimos pensando que, como se trata de una medida básicamente fiscal, debe de hacer referencia a todo el año fiscal y, por tanto, el universo de personas beneficiarias debe de extenderse a todo el año 2007. Aun pensando de esta forma, hemos creído conveniente utilizar los recursos económicos que se deberían de abocar para que la ley tuviera efectos de retroactividad para mejorar y consolidar de cara al futuro el actual modelo de prestaciones económicas del Estado español. Que las familias que más lo necesitan, como las numerosas o las que tienen hijos con discapacidad, puedan recibir 3.500 euros; que centenares de miles de familias puedan acceder a estas prestaciones por ampliar los criterios de renta para poder beneficiarse de estas ayudas; que haya un considerable aumento en las prestaciones actuales congeladas desde el año 2000, y que por primera vez en la historia del Estado español se reconozca a la familia monoparental y además puedan beneficiarse de estos 3.500 euros que propone el Grupo de Esquerra, son avances de tal calado social que bien merecían este esfuerzo. Por eso, desde el Grupo Parlamentario de Esquerra vamos a dar nuestro apoyo a este proyecto de ley.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oliva.


Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Señor presidente del Gobierno, señor ministro, señorías, termina la legislatura con una serie de anuncios por parte del Gobierno de un alto contenido electoral, creo que todos los portavoces lo han manifestado en sus intervenciones; discursos que se alejan de la construcción de las políticas sociales innovadoras que seguramente necesitaríamos construir en los próximos años y que no refuerzan una concepción de la ciudadanía basada en derechos y libertades, deberes y responsabilidades; medidas anunciadas que además refuerzan esa concepción paternalista y clientelar de las políticas sociales. Señorías, tenemos la sensación de que con estos anuncios nos acercamos más a Venezuela que a Suecia. Nos acercamos más a aquellas políticas basadas en el clientelismo que a aquellas en las que el Estado del bienestar es el fruto de un equilibrio entre derechos y deberes del conjunto de los ciudadanos. Lo hacemos, además, en un contexto en el que el resto de Europa se está planteando agendas de reforma del Estado del bienestar para que ese Estado del bienestar pueda hacer frente a los grandes retos que tenemos planteados como sociedad. La Agenda de Lisboa del año 2000 pretende construir una política en el marco de la Unión Europea que sea capaz de hacer sostenible nuestro Estado del bienestar, que sea capaz de modernizar el modelo social de la Unión Europea. Esas reformas que se impulsan en el conjunto de los países más avanzados no han formado parte precisamente de las prioridades de esos anuncios electorales del Gobierno en estas últimas semanas y en estos últimos meses.


Señorías, es en este contexto donde el conjunto de los portavoces que han intervenido hasta ahora han puesto de relieve de manera muy evidente la insuficiencia de políticas de apoyo a las familias jóvenes en España, de políticas de apoyo a aquellas familias que quieren tener hijos, y que es necesario que España incremente sus actuales tasas de natalidad y sus actuales tasas de fertilidad para dar respuesta a esa necesidad que las familias manifiestan en todos los estudios de opinión donde afirman que quieren tener más hijos de los que pueden tener. En el contexto de las reformas y de las políticas que nuestro Estado del bienestar necesita -políticas orientadas a aumentar la tasa de fertilidad y de natalidad así como a incrementar la presencia de mujeres activas en el mercado de trabajo- es donde deberíamos de haber enmarcado esa política, convencidos de que en el terreno de la política de pensiones las políticas que nos convienen para garantizar la sostenibilidad futura de nuestro sistema de pensiones deben basarse precisamente en un incremento de nuestras tasas de natalidad. En este sentido recomendaría al presidente del Gobierno y a los diputados del Grupo Socialista que fuesen a sus clásicos; que consultasen las intervenciones del señor Griñán en esta Cámara en el contexto de los debates del Pacto de Toledo donde planteaba esa política global de atención a las familias jóvenes, lo cual no es una medida aislada como la que ustedes han planteado en este proyecto de ley.
Señorías, vayan a sus clásicos.


Por otra parte, en el contexto de las reformas que el conjunto de los gobiernos europeos están impulsando, en el conjunto de algunas de las reflexiones que, por ejemplo, Anthony Giddens está situando en el debate en Gran Bretaña y en el conjunto de la Unión Europea, también estamos convencidos de que hay que reforzar las inversiones en materia de infancia y para combatir la pobreza infantil. Como decíamos en algún otro debate, los últimos estudios tanto de La Caixa como de Unicef abundan en los problemas de pobreza infantil que se viven en nuestra sociedad. Una concepción moderna del Estado del bienestar actual exige invertir en infancia. Pero, señorías, todos los observadores ajenos al Gobierno socialista y al Grupo Parlamentario Socialista: editoriales de periódicos, expertos en políticas públicas de apoyo a las familias y el propio dictamen del Consejo Económico y Social, han puesto de manifiesto que esta es una medida aislada que no responde a una política pública orientada a incrementar nuestras tasas de natalidad, a incrementar las oportunidades y la libertad de las familias de tener hijos. Se trata simplemente de una medida

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aislada que responde a un planteamiento electoral de un Gobierno al final de su legislatura. Eso sí, en la correspondiente comparecencia del señor Caldera mi grupo defendió que esa medida tenía que tener un carácter universal. En ese punto compartimos la necesidad de incrementar este tipo de ayudas, pero no se trataba de inventarse una medida pocos meses antes de finalizar la legislatura, sino de construir esa política pública de apoyo a las familias ausente en España.


Además, en la liturgia que ha construido el anuncio de la decisión hemos vivido un caso sin precedentes, al menos en España en lo que yo recuerdo, con un tono claramente cesarista. El presidente del Gobierno comparece en el debate de política general y dice graciosamente que a partir del anuncio que él está realizando todos los niños y las niñas que nazcan en España van a llegar con un cheque de 2.500 euros. Es cesarismo. Las políticas sociales modernas no responden a la buena voluntad del presidente del Gobierno, a las ganas del presidente del Gobierno de ganar las elecciones y la entrada en vigor de estas políticas no debe depender del anuncio del presidente. Eso no sucede en ninguna sociedad democrática, avanzada, basada en reglas y en el respeto a la ley. Ahí también, señorías, me parece más cercano a Venezuela que a Suecia, responde más a una república bananera que a una sociedad del conjunto de la Unión Europea. En este sentido, hemos planteado una enmienda muy claramente. Reclamamos que si esta, tal como figura en el proyecto de ley, es una deducción fiscal avanzada, corresponda a todos los niños y las niñas nacidos en el ejercicio fiscal en curso, o sea a todos los nacidos a partir del 1 de enero del presente año. No compartimos esa visión cesarista de la política que supedita la entrada en vigor de una medida al anuncio gracioso del presidente del Gobierno en un debate de política general.


Señorías, en el debate que se ha planteado en estas últimas semanas en relación con estas cuestiones, también nos han preocupado de manera significativa algunas afirmaciones del ministro Caldera en relación con la cobertura en el sistema educativo de la franja de edad de cero a tres años a través de guarderías, un debate muy interesante que habrá que abordar. Ahí, señor Caldera, señor presidente del Gobierno, señorías, mi grupo anuncia que en la siguiente legislatura nos vamos a oponer a repetir una ley de la dependencia dos aplicada al tramo de cero a tres años. Nos vamos a oponer a la creación de un sistema como el que se ha configurado en la Ley de la Dependencia, de invasión de competencias autonómicas por parte del Estado, de asfixia económica a las comunidades autónomas en el marco de la implementación de esa ley y de responsabilidad del Estado, que se cuelga las medallas del éxito de la ley pero que atribuye a las comunidades autónomas las dificultades en su aplicación. Nos vamos a oponer. Vamos a defender que el Estado se implique en la financiación de las políticas relacionadas con la educación en el tramo de cero a tres y que se cree un fondo estatal que reparta recursos en el conjunto de las comunidades autónomas para poder desarrollar esa política, pero nos vamos a oponer a una ley de dependencia dos vinculada al tramo de cero a tres años.


Señorías, nuestro grupo parlamentario ha planteado una serie de enmiendas a este proyecto de ley, que modestamente han pretendido empezar a configurar de una manera mucho más amplia una visión global de esa política de atención a las familias jóvenes que no hemos tenido, y queremos hacerlo reforzando la fiscalidad, reforzando los instrumentos de la política fiscal para permitir opciones a las empresas y a las familias, para satisfacer las necesidades en materia de servicios vinculados a los tramos de edad iniciales de las niñas y los niños, en un contexto en el que todos los observadores mínimamente informados destacan esa ausencia de servicios de guarderías en esos tramos de edad antes de la escolaridad obligatoria. Asimismo, apostaremos muy claramente para que las empresas mantengan las deducciones fiscales en la creación de servicios para sus trabajadores de estas características, poniendo el acento en que, junto con las ayudas directas monetarias del Gobierno, se necesitan políticas de servicios. Y el mínimo análisis comparado de las políticas de más éxito en Europa vinculadas a los aumentos de las tasas de natalidad han tenido más que ver con la buena oferta de servicios públicos y privados vinculados a las empresas y a los ayuntamientos, que con las transferencias monetarias puras y duras. Por tanto, apuesta por la creación de servicios.


En tercer lugar, hemos presentado enmiendas que van en la línea de mejorar las prestaciones del sistema de la Seguridad Social, en la línea de algunas cuestiones que el Grupo Parlamentario Socialista ha acordado con otros grupos pero yendo más allá de lo que se plantea en esas enmiendas respecto de los tramos de acceso de ese nivel de renta y respecto de las cuantías que se nos ofrecen, y planteando muy expresamente que, para el supuesto de las familias numerosas, las prestaciones de la Seguridad Social de carácter no contributivo no tuviesen necesidad de los límites de renta para poder acceder a las mismas. Porque también se ha generado una cierta confusión en la opinión pública que sería bueno que esta conociese. Las medidas de mejora para familias monoparentales, personas nacidas con algún tipo de discapacidad, madres con algún tipo de discapacidad y familias numerosas no son medidas de carácter universal que afecten al conjunto de las personas con discapacidad, al conjunto de las familias numerosas, al conjunto de las familias monoparentales, sino que van a afectar exclusivamente a las familias monoparentales con determinados niveles de ingresos y, por tanto, las familias con niños con discapacidad con ingresos superiores a 11.000 euros no se van a beneficiar de esas mejoras, que se han explicado como si fuesen de carácter universal. En este sentido, algunas de las enmiendas de Convergència i Unió plantean precisamente la necesidad de aumentar la cifra de los 2.500 euros de la deducción fiscal avanzada en los supuestos de niños con discapacidad.


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En cuarto lugar, en la línea de una de las propuestas que formula el Consejo Económico y Social y que nos choca que el Grupo Parlamentario Socialista no haya querido aceptar, reclamamos el compromiso del Gobierno de elaborar un libro blanco sobre las políticas globales de familia que necesitamos. Señorías, lo ha dicho la señora García, el informe del Consejo Económico y Social es absolutamente demoledor respecto a este proyecto de ley. Lo es por el simple hecho de que el Gobierno se ha saltado la obligación legal de pedir dictamen al Consejo Económico y Social y lo es por el contenido. En este sentido, reclamamos que este proyecto de ley incorpore un compromiso de elaboración de un libro blanco que nos permita desarrollar las políticas que necesitamos en esta materia.


En quinto lugar, debemos empezar a adaptar el sistema de la Seguridad Social al modelo de Estado autonómico que nos hemos atribuido, que ha configurado la Constitución de 1978. En este sentido, señor presidente, señorías, señor ministro, planteamos la necesidad de que el conjunto de prestaciones no contributivas del sistema de la Seguridad Social, incluidas las prestaciones familiares, pasen a ser gestionadas por las comunidades autónomas. Hoy no tiene sentido que las pensiones no contributivas estén siendo gestionadas por las comunidades autónomas, sin haber roto los sacrosantos y preconstitucionales principios de unidad de caja y de solidaridad financiera, y que, en cambio, las prestaciones familiares no contributivas del sistema de la Seguridad Social continúen en manos del Estado. Tenemos la necesidad, señorías, de adaptar nuestro sistema de Seguridad Social al modelo de Estado autonómico y que el principio de autonomía política que consagra la Constitución también tenga reflejo en el sistema de la Seguridad Social. Finalmente, planteamos también enmiendas orientadas a garantizar que los ciudadanos españoles que viven en el extranjero por razones laborales -cooperantes, estudiantes, trabajadores desplazados de empresas españolas- puedan beneficiarse de estas ayudas. Según el proyecto de ley, los españoles que residan en el extranjero no van a poder beneficiarse de las mismas.


Señorías, termino. Mi grupo hoy no va a rechazar este proyecto de ley, lo dijimos en la comparecencia del señor Caldera. La opinión pública no entendería otra cosa. No deja de ser sorprendente también que hoy este proyecto de ley pueda salir con una mayoría más que amplia con los votos que va a tener en función de las intervenciones que hemos oído hasta el momento. Alguna cosa entre todos habremos hecho mal, porque existe una coincidencia unánime en esta Cámara -con la excepción del Grupo Parlamentario Socialista- y en la calle de que la peor manera de empezar a construir la política de apoyo a las familias que hasta ahora no tenemos es a través de este proyecto de ley. Han perdido la oportunidad de plantear de verdad la política que España necesita en las próximas décadas.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.


Grupo Parlamentario Popular. Señor Barrachina.


El señor BARRACHINA ROS: Muchas gracias, señor presidente.


Decía el ministro Caldera, ejerciendo mucho más de responsable de la campaña electoral que de ministro, que esta medida nos situaba a la cabeza de Europa, y tiene razón. Somos los únicos de Europa en que una medida fiscal no obedece al calendario fiscal, que empieza el 1 de enero, sino al calendario electoral. Tiene razón, porque esta medida, que es una modificación del IRPF, no la presenta el ministro de la cuestión fiscal o el vicepresidente sino el responsable electoral del Partido Socialista.
Como han afirmado con reiteración todos los grupos, esta medida es mucho más próxima a las que se toman en zonas caribeñas que en las sociedades modernas europeas, que lo que dan son derechos y no los sustituyen por talones navideños, como vamos a ver en los dos próximos meses, tratando de torcer la voluntad que los ciudadanos inequívocamente manifestaron en las pasadas elecciones municipales y autonómicas.


Decía el señor ministro y responsable electoral del Partido Socialista que esta era una gran cuestión que nos situaba a la cabeza de Europa, y es verdad. Solamente un país en Europa, y es España, es capaz de solemnizar con la presencia del propio presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero que el Gobierno va a incumplir sus programas electorales, y además nos pide no solo que nos sumemos, sino que jaleemos al Gobierno. La página 73 del programa electoral del Partido Socialista en vigor dice que habrá 1.000 millones de euros para nuevas guarderías, para nuevas escuelas infantiles. Esos 1.000 millones que ustedes proponen como fondo inicial lo dejan en 100, es decir, incumplen el 90 por ciento del programa electoral y vienen aquí para que además, señor ministro, les hagamos la ola. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Bravo!) Por tanto, a esos 900 millones que usted se ahorra porque engaña a los españoles, incumpliendo la página 73 de su vigente programa electoral, hay que añadirles los 700 millones de euros que se ahorran por incumplir la palabra dada de Rodríguez Zapatero cuando en Santiago de Compostela, el 22 de febrero, días antes de las elecciones, anunció en el Congreso nacional de las familias numerosas que extendería a todas las mujeres españolas la paga de 100 euros que lleva cuatro años congelada; 700 millones de euros se ha ahorrado usted por incumplir la palabra dada por el presidente del Gobierno, 900 millones de euros se ha ahorrado usted por incumplir la página 73 de su programa electoral, y después de todos esos ahorros nos propone una masiva entrega de talonarios que no alcanzan el importe de su ahorros. Además, lo quiere hacer -y en esto también somos los primeros de Europa- por lectura única y urgente, es decir, un debate que empieza hoy y se termina hoy para la medida con mayor impacto presupuestario del Gobierno, porque ahora lo único urgente es que llegan las elecciones y lo

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único realmente indispensable es que los españoles olviden el fracaso absoluto de las políticas sociales a las que hacía referencia el responsable de la campaña electoral, el señor Caldera. Lo importante es que con esa entrega de aguinaldos navideños en forma de talones de 2.500 euros los españoles olviden que usted anunció que en inmigración poníamos el contador a cero, y hoy leemos un informe financiado por usted que dice que ya somos los primeros en Europa en porcentaje de inmigrantes. Este anuario de comunicación del inmigrante se añade a los informes de la OCDE y de Eurostat, que nos sitúan como el peor país del mundo en la lucha contra la inmigración irregular. Señor Caldera, llegan más personas sin papeles que nunca, desgraciadamente fallecen más inmigrantes que nunca, y lo que usted no nos ha contado es que si hoy hay dos millones más de inmigrantes en España, el doble, desgraciadamente ellos son sus primeras víctimas: 376.000 inmigrantes parados en España. Recibió 40.000, ha multiplicado por diez en tres años el número de inmigrantes en paro en España. (Una señora diputada: ¡Qué barbaridad!) Eso es lo urgente de esta ley, que la gente olvide su fracaso en inmigración y en violencia de género. Decía el presidente del Gobierno en su discurso de investidura que la mayor vergüenza nacional era la que producía la muerte de mujeres.
Es verdad, pero ahora, tres años después, en esta legislatura ya se supera en 17 la legislatura en la que más víctimas hubo de la etapa popular, y ahora aquella vergüenza nacional ha dejado de ser una vergüenza y evidentemente no es nacional, porque esto es un concepto discutido y discutible, sino que esto de la muerte de las mujeres se ha convertido, según ustedes, en un fenómeno sociológico ajeno al Gobierno.
Por tanto, lo urgente de esta medida es que los españoles olviden su política en materia de inmigración, de violencia de género y de dependencia.


Hoy mismo, el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia, el señor Echevarría, decía literalmente: un fracaso, un chasco para las familias, que están viviendo verdaderos dramas y que tenían grandes expectativas en la ley. Nosotros se lo advertimos, le dimos un cheque en blanco apoyando esta ley, y usted la ha gestionado desastrosamente. Por tanto, señor Caldera, la única urgencia de esta norma que ustedes no llevaban en el programa electoral era que los españoles olviden el estrepitoso fracaso de sus políticas sociales en inmigración, violencia de género y dependencia, en todo aquello que usted ha osado tocar. Pero bienvenido, señor Caldera, aunque sea a través de aguinaldos navideños, a la ayuda directa a la familia, la misma que nosotros pusimos en marcha en España en el año 2001. También es cierto que en esta ayuda somos los únicos en Europa que la aprueban en el tiempo de descuento de esta legislatura. Esta norma va ahora al Senado y llegará aquí en el mes de noviembre o diciembre, se hace por lectura única para que el momento de entregar el talón y el de depositar el voto estén lo más cerca posible. Ningún país propone que esta medida que se entrega toda en un pago único no coincida con el año fiscal, sino cuando tuvieron lugar las graciosas palabras del presidente Rodríguez Zapatero un día 3 de julio. Tan bochornoso era que las ayudas comenzaran un 3 de julio, cuando el presidente del Gobierno tuvo a bien lanzar aquel gracioso ofrecimiento, que ustedes mismos han enmendado la fecha del 3 de julio para correrla dos días y que sea el 1 de julio, y no el 1 de enero, como propone el Partido Popular y como haría cualquier país con medidas fiscales razonables, el único país del mundo cuyas medidas fiscales no responden al calendario fiscal, que empieza el 1 de enero, sino que se corresponden con el calendario electoral. Lo tenían bien fácil, solamente con copiar la forma en que el Partido Popular puso la ayuda de 3.600 euros -no de 2.500- que suponen los 100 euros mensuales lo habrían hecho bien, porque nosotros no lo entregábamos de una vez, sino que lo dosificábamos mensualmente durante tres años, que probablemente sea menos efectista electoralmente, pero es mucho más efectivo en términos de generación de empleo. Por cierto, estos 3.600 euros, que el año pasado, según respuestas de su ministerio, recibieron 733.000 mujeres españolas, con un importe de 880 millones de euros, llevan cuatro años congelados; hoy deberían estar por encima de los 4.000 euros, en lugar de los 3.600, con pago mensual y no con pago único, no al final de la legislatura y forzando procedimientos urgentes y por lectura única, sino a principio de la legislatura, y además con el año fiscal y no caprichosamente, cuando electoralmente conviene. Además, ustedes solo tenían que haber respetado, que haber mimetizado, que haber copiado la puesta en práctica de nuestra medida para hacer las cosas bien. Esto, que es su principal medida social de la legislatura, en función del impacto presupuestario -anuncian que serán 1.200 millones de euros, mucho menos de lo que se ahorran con los incumplimientos de la palabra dada de extender la paga de 3.600 euros, de cien euros mensuales, y de cumplir los 1.000 millones de fondo para las guarderías-, ustedes lo solemnizan hoy para que este incumplimiento gigante de programa y de palabra se convierta en uno de los primeros actos de la precampaña.


Nosotros -y el ministro Caldera ha ejercido más como responsable de programa electoral, como jefe de esa campaña, que como ministro- reconocemos que, aunque la finalidad y el objetivo sea ganar las elecciones, si el medio es que un solo español reciba algo más de lo que tenía, no nos opondremos. No estaremos en contra nunca de que ningún español reciba un céntimo más de lo que tenía. Pero le digo que, si el próximo mes de marzo el presidente del Gobierno es Mariano Rajoy y hoy nuestras enmiendas no son aceptadas, serán convertidas en medidas, si los españoles lo deciden, a partir del próximo mes de marzo. Propondremos entonces, como hoy lo hemos hecho a través de 49 enmiendas -de las que no han aceptado ninguna; alguna la han transaccionado de forma idéntica, literal, copiando la nuestra, pero apartándonos y ninguneándonos de este debate-, lo que

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ya llevábamos en nuestro último programa electoral, en la propuesta 127, que decía: 3.000 euros mínimo. Además, lo aumentaremos un 40 por ciento, hasta 4.200, para niños nacidos con discapacidad o celíacos.


Nuestras ayudas empezaran siempre con el año fiscal y no cuando electoralmente convenga al partido del Gobierno. Implicaremos también a las empresas y a los ciudadanos, para que esa red de guarderías públicas y concertadas se extiendan, y haremos de la responsabilidad social de la empresas, de la implicación de los agentes privados, una parte importante de este conjunto de medidas que el CES ha descalificado como medida aislada. Nosotros hoy ofrecemos como texto alternativo un paquete de 60 propuestas, despreciadas por el actual Gobierno. Entre otras cosas, que aquellas empresas que construyan sus propias guarderías, que satisfagan la escolarización infantil a sus empleados y empleadas, vean deducido un 30 por ciento en su impuesto de sociedades y que, además, esa percepción que recibe el empleado no tribute en el IRPF. Propondremos asimismo un conjunto de medidas de flexibilidad horaria en la entrada y salida en el empleo, de distribución irregular de la jornada de trabajo a lo largo de todo el año y estimularemos esa red pública y concertada de escuelas infantiles de 0 a 3 años. Actualizaremos la congelada por cuatro años paga de cien euros, que son 3.600, no los 2.500 actuales, que llevan cuatro años padeciendo una injusta congelación, que han sufrido, en el año 2007, 733.000 mujeres españolas perceptoras de esa paga de cien euros que, en tres años, se transforma en 3.600. Ese conjunto de medidas, que incluye además tarifas especiales en el consumo del agua, en el transporte, en el consumo de energía y en el uso de instalaciones deportivas y de ocio para las familias numerosas, forma parte de nuestra enmienda de totalidad, de nuestras 48 enmiendas parciales y también de los futuros compromisos electorales de nuestro partido. La política y el gasto social creció en ocho años un 60 por ciento y un 70 por ciento el gasto en pensiones, un millón de pensionistas más vio cómo se aprobaba la Ley de Familias Numerosas, la Ley de Conciliación, el Plan integral de ayudas a las familias. Todo eso tendrá felizmente continuidad a partir del próximo mes de marzo. Aquellas medidas que permitieron hace ocho años que, en el presupuesto de 2004, el gasto social ocupase el 52 por ciento de la tarta presupuestaria, y no el 50 como en la actualidad, volverán a ser una realidad. Las ayudas a la familia, que aumentaron en ocho años 3,75 veces las que recibimos del Gobierno socialista, volverán también a tener continuidad.


Termino ya, presidente, diciéndoles que entenderán que esta medida es muy escasa en comparación con las que nosotros aprobamos, 3.600 euros, para las madres trabajadoras -hoy debieran ser más de 4.000 euros-, es escasa en función de nuestras pasadas actuaciones y de nuestros presentes compromisos electorales, nace electoralmente viciada, con una entrega masiva de talones en las próximas navidades a modo de compra de votos, a dos meses de que los españoles puedan ejercer libre y democráticamente su derecho al voto. Por tanto, entenderán que nosotros podamos plantear nuestras medidas, mucho más ambiciosas, a partir de marzo de 2008 y no pretenderán, señor ministro, que después de haber ninguneado nuestras propuestas, después de haber anunciado caciquilmente que un 3 de julio comenzarían nuevas prestaciones, podamos aceptar que venga usted aquí a reclamar que le hagamos la ola. El Partido Popular no le hace la ola a ningún responsable de campaña electoral socialista y por tanto no nos opondremos, porque no nos oponemos a que ningún español reciba un céntimo más, pero tampoco apoyaremos esta electoralista propuesta.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrachina.


Finalmente, Grupo Socialista. Señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, señoras y señores diputados, el señor Barrachina ha terminado su intervención tratando de justificar algo que es muy difícil de justificar: la política social del Partido Popular cuando estuvo en el Gobierno. Digo que es difícil de justificar porque esa política nunca existió, porque la política social para el Gobierno del Partido Popular nunca fue una política preferente ni constituyó un eje central de su acción de gobierno.


Sin pretender hacer aquí una valoración histórica, me atrevería a decir que el señor Aznar no llegó a La Moncloa con el propósito de hacer de España una sociedad más justa y que dejó el poder haciendo y viendo cómo la sociedad española era una sociedad más desigual (Aplausos.), más desigual que cuando el llegó en el año 1996 al ejercicio del poder. Hacer una sociedad más justa requiere más precisión y más mimo que el que ustedes emplearon entre los años 1996 y 2004. Esa desatención a la cuestión social es un tema relevante porque en España, desde el año 1978, hemos querido avanzar en la dirección de las políticas de igualdad. Hemos querido que los indicadores económicos así lo reflejaran y también que los indicadores sociales se fueran aproximando. Esa política se interrumpe con la llegada al Gobierno del Partido Popular. El señor Barrachina ha eludido decir que fue con el Gobierno del Partido Popular cuando dejamos de converger con la Unión Europea y que nosotros vimos cómo el gasto social perdía dos puntos entre los años 1996 y 2003, cuando en la Unión Europea tan solo perdían dos décimas. Por lo tanto, cuantitativamente, los extremos de la comparación son: dos décimas de caída en Europa, dos puntos de caída en España. Alguien podría decir que la situación económica no era buena. No es verdad. Los años de Gobierno del Partido Popular fueron años de bonanza, de crecimiento económico, de aumento de la riqueza material. Fue una época que contribuyó al éxito económico de España y donde -¿por qué no decirlo?

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algunos conceptos sensatos, como el de estabilidad presupuestaria, se pusieron en circulación.


Esta época también es una época de bonanza. Por tanto, hay un debate lógico y clásico entre un partido conservador, como es el Partido Popular, y un partido de izquierdas, como es el Partido Socialista. Y ese debate clásico es el que compara cómo se hace la combinación entre crecimiento y distribución. Hay una primera etapa, que es la que les corresponde a ustedes, en la que esa mayor prosperidad se acumula, se concentra y no se distribuye; y hay una segunda etapa, que es la que nos corresponde a nosotros, en la que también hay prosperidad y auge material, pero nosotros ponemos en marcha un conjunto de derechos y un conjunto de prestaciones. Y tengo que decir que ese conjunto de derechos y de prestaciones, como se ha puesto de relieve a lo largo de esta mañana, tiene un eje fundamental: las políticas de igualdad y las políticas de familia. Comparado con lo que nosotros hemos hecho a lo largo de estos tres años, los ocho años de Gobierno del Partido Popular son una época de silencio legislativo, en la que lo único que pudimos escuchar fue una retórica huera, una retórica vacía, con apelaciones sistemáticas en las que se enfatizaba la centralidad de la familia, pero en la que eran muy escasas y muy pobres las intervenciones a favor de ayudar a vivir en mejores condiciones a esa misma familia. (Aplausos.)

Voy a pasar por alto una fiscalización que existe en este momento del Tribunal de Cuentas, donde dicen que ustedes trataron de extender una idea a través de una política de propaganda, creando un programa y una campaña publicitaria con el fin de ocultar la realidad en esta sociedad.
Nosotros hemos procedido de otra manera, nosotros creemos que era necesario poner en marcha una serie de políticas que evitaran ese declinar de las políticas sociales, que cerraran el período de divergencia social que tuvimos que vivir con el Partido Popular, y pusimos en marcha una serie de políticas en favor de la igualdad y a favor de la familia. El ministro de Trabajo ha relatado los cambios normativos, y hay leyes tan importantes como la de la Dependencia, la de la igualdad, la del Estatuto de los autónomos, que tienen un enorme calado social, que marcan un surco profundo en las sociedades que las proclaman, que dejan una huella indeleble que reconcilia a muchos ciudadanos con la política, que sirven de revulsivo, que tienen tal entidad que se llevarán por delante a ese tipo de políticos, como puede ser doña Esperanza Aguirre, que se dedican con placer y con satisfacción a sortearlas. (Aplausos.) En materia de prestaciones, nos quedan días intensos a la hora de debatir los presupuestos, y, en materia de servicios de apoyo, hemos de destacar los avances que se han producido en los planes de acción de las personas discapacitadas y de las personas mayores. Hay otro avance en el que hay que seguir profundizando, que son los programas de actuación en las escuelas en los tramos de 0 a 3 años.


En general, creemos que esta ha sido una legislatura que ha supuesto un avance ambicioso, una realización poderosa de políticas sociales, y en ese contexto se sitúa la norma que estamos debatiendo. Tuve la suerte de encontrarme algunas reflexiones sobre esta cuestión; una de ellas corría a cargo de una directora de cine relativamente conocida, que ha dirigido un film, que está hoy en los cines, dedicado a esa cuestión: doña Icíar Bollaín. Icíar Bollaín hace un análisis de la actitud y del comportamiento de las mujeres actuales y pone de relieve que hacen más cosas y en menos tiempo que lo hacían otro tipo de mujeres españolas.
Focaliza la reflexión en las trabajadoras, pero también lo hace en esas madres que deciden tener un hijo cuando tienen una edad relativamente avanzada. Habla asimismo de las dudas y de las angustias de estas mujeres; relata la necesidad de tener que apañárselas para resolver muchas cuestiones, el esfuerzo que tenían que llevar a cabo. Y en un momento de esa entrevista, le preguntan a ella: ¿qué piensa usted sobre ese asunto de los 2.500 euros? Y lo dice claro y directo: Este es un país donde tener un hijo es una travesía en el desierto, por lo que todo tipo de ayuda es bienvenida.


Si esa es la opinión de una mujer que se sitúa en un tramo de edad algo avanzada, no menos se puede decir de algunos colectivos de mujeres que son más jóvenes y que cultivan valores posmaterialistas, donde las opiniones sobre el matrimonio, las opiniones sobre la formación de la familia, las opiniones sobre la sexualidad de los individuos son muy diferentes. Hoy nos encontramos con mujeres jóvenes que transitan desde la edad joven a la edad madura en otras condiciones. Estudian más, están más vinculadas al mercado de trabajo, tienen otros estilos de vida y hacen frente a un dilema muy importante, que es compaginar su condición de trabajadora con su condición de mujer. No todas tienen la libertad para decidir el número de hijos y las modalidades de incorporación en el trabajo que tienen que realizar. Estamos asistiendo a un descenso de la tasa de fecundidad; la sociedad española tiene menos hijos que los que se tenían hace algunos años y las madres los tienen a edad más avanzada.
Pero si hace algunos años se decía que en las familias españolas nacían más hijos que los deseados, hoy podemos decir que ocurre lo contrario, que nacen menos. Esta es una situación contradictoria, dialécticamente contradictoria, porque la infancia ocupa un lugar central en el imaginario colectivo de la sociedad española. La sociedad española quiere a los niños, quiere gozar de la felicidad que proporcionan, pero la sociedad española ha privado a los niños y a su familia de redes de protección social importantes. Esta ley supone un avance muy destacado, como lo era la Ley de la Dependencia, como lo era la Ley de la Igualdad.
Por tanto, abrimos el paso a una nueva prestación que, como ha dicho el ministro de Trabajo, por primera vez es una prestación universal, que nos va a permitir disponer de un suelo de ayudas a partir del cual podemos maniobrar decidiendo apoyar a determinados colectivos.


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Ayudas públicas y servicios sociales son una buena condición.


Y, si este es el contexto en el cual queremos nosotros situar las políticas sociales, la política de familia y la política de ayuda a la infancia, tenemos que hablar de cuestiones relacionadas con el trabajo parlamentario que hemos hecho estos días atrás. De antemano, señalamos que, como otros grupos, también hemos cometido algunos errores materiales. La enmienda número 42 se refiere a dos disposiciones que tienen un contenido similar, pero que hay que corregir adecuadamente. Una es una adicional única y, otra, una disposición final que debería decir que está referida a la disposición final, primero, tres, y que dice que es una referencia a una transitoria segunda. Pero no me quisiera quedar ahí. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, hay demasiado ruido ya. Por favor.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: El debate ha tenido algunos elementos de crítica política a la decisión del Gobierno. Respetando las opiniones de todos los grupos parlamentarios, de los que han apoyado más y de los que han apoyado menos, de los que se han sentido cómodos o incómodos con esta ley, me atrevería a decir que se incorporan a este proyecto de ley más de 30 modificaciones, que permiten ilustrar el contenido de la norma, delimitando la competencia de las comunidades autónomas; precisar el carácter legal de la residencia; determinar qué tramo de financiación corre a cargo de esta disposición; qué porcentaje del IRPF financia esta disposición y en qué medida corre a cargo del segmento de la Seguridad Social; descongela una serie amplia de prestaciones sociales que no se habían tocado desde el año 2002; amplia el colectivo de los beneficiarios; contempla nuevas formas de familia y, por último, fija un compromiso para extender la red de escuelas infantiles. Lo que fue inicialmente una prestación monetaria, instrumentada a través del IRPF, es hoy un conjunto de medidas que se extienden a una gama amplia de servicios sociales.


Termino, señor presidente, con una reflexión que a mí me parece importante. En Europa, sobre todo en el norte de Europa, hay un conjunto de naciones donde la tasa de fecundidad es alta y la tasa de participación femenina en el mercado de trabajo es elevada. Y en el sur de Europa, en países como España, la tasa de participación es baja y la tasa de fecundidad ha disminuido a lo largo de los últimos años. Esto tiene alguna consecuencia que deberíamos ser capaces de ver en una perspectiva de largo plazo: la ausencia o el abandono de la relación laboral por las mujeres españolas es una pérdida cualitativa de capital humano que esta sociedad no se debería permitir. (Aplausos.) En segundo lugar, la prolongación en el tiempo de esas tasas de fecundidad, que yo dije una vez que eran las más bajas del mundo y que competían con las del Estado Vaticano, nos lleva a unas tasas de fecundidad que no garantizan la viabilidad de los mecanismos de protección social. Esta ley trata de romper esa dialéctica, trata de romper ese dilema, hace un avance y supone un hito significativo. No me cabe la menor duda de que en la próxima legislatura hablaremos -y mucho- de estas cuestiones, que estarán en el programa electoral de todos y cada uno de los grupos políticos que se presenten a las elecciones. Ahora solo me atrevería a decir -para terminar- que el objetivo que hemos pretendido es un objetivo bien simple: que la aparición de la infancia se haga en mejores condiciones y que de esta forma podamos aumentar el bienestar conjunto de la sociedad española.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Llamamos a votación. (El señor Fernández Marugán pide la palabra.) Señor Marugán, dígame, por favor.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Simplemente quiero hacer una aclaración sobre las referencias que debemos tener en cuenta a la hora de tramitar la enmienda transaccional que hemos formulado a tres grupos parlamentarios.
Me explico. Nosotros hemos presentado una enmienda transaccional a CiU, con la enmienda número 16; a nosotros mismos, con la enmienda número 44, y a Esquerra Republicana de Catalunya y el Grupo Parlamentario Socialista, con las enmiendas número 51 y 52. Esta enmienda transaccional es idéntica y sostiene las mismas tesis que la enmienda número 106 del Grupo Parlamentario Popular. Ha habido un fallo a la hora de confeccionar esa transaccional, pero no tengo ningún inconveniente en reconocer que esto es así y holgarme de que el señor Del Burgo quiera unirse a nosotros en la aprobación de esa disposición. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Marugán, señor Del Burgo, si es sobre si la enmienda está bien numerada o mal numerada, háganme el favor de acercarse a los letrados de sala y lo arreglamos en un pispás. (El señor Del Burgo Tajadura pide la palabra.) Señor Del Burgo, ¿me confirma el número?

El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor presidente, quiero solicitar votación separada de la enmienda número 106, del Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación, habiendo resuelto este problema de naturaleza de orden en las votaciones. Votaremos dentro del bloque del Grupo Popular la enmienda 106 con una votación separada.
No hay problema, ya está todo entendido.


Continúa la sesión con carácter secreto.


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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES DIPUTADOS. (NÚMERO DE REGISTRO 205336.)

Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que queda aprobado.


Se reanuda la sesión de carácter público.


ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIONES.):

- PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente 121/000095.)

El señor PRESIDENTE: Sesión pública.


Comenzamos con la votación de las enmiendas del Senado. En primer lugar, enmiendas del Senado al proyecto de Ley de Contratos del Sector Público.
Enmiendas al artículo 129.4.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 289; en contra, diez.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas a la disposición adicional quinta, punto 1.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 170; en contra, 125; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


- PROYECTO DE LEY PARA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES, EN SU EXPLOTACIÓN, TRANSPORTE, EXPERIMENTACIÓN Y SACRIFICIO (ANTES PROYECTO DE LEY DE NORMAS BÁSICAS SOBRE EXPLOTACIÓN, TRANSPORTE, EXPERIMENTACIÓN Y SACRIFICIO PAPRA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES). (Número de expediente 121/000123.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de Ley para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. Votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 296; en contra, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


- PROPOSICIÓN DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 15/1980, DE 22 DE ABRIL, DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. (Número de expediente 122/000157.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado a la proposición de ley de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. Todas las enmiendas son a distintos apartados del artículo único de la proposición de ley que reforman los siguientes artículos de la Ley 15/1980. Enmiendas a los artículos 2.e); 4.3; 5.1; 7.1; 11 y 86.b) 5.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor 298; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a los artículos 2.t), u), i), v).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 128; en contra, 162; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmiends al artículo 4.5.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 292; en contra, cuatro; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas al artículo 89.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 293; en contra, cuatro; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmienda de adición de una disposición adicional tercera nueva a la proposición de ley, que modifica la disposición adicional primera de la Ley 15/1980.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 284; en contra, 13; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


DICTAMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIONES.):

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE UCRANIA AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980. (Número de expediente 110/000226.)

- TRATADO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE LA REPÚBLICA DE FILIPINAS Y EL REINO DE ESPAÑA, HECHO EN MADRID EL 18 DE MAYO DE 2007.
(Número de expediente 110/000227.)

- PROTOCOLO DE 2005 RELATIVO AL PROTOCOLO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS ILÍCITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LAS PLATAFORMAS FIJAS EMPLAZADAS EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL, HECHO EN LONDRES EL 14 DE OCTUBRE DE 2005.
(Número de expediente 110/000228.)

- PROTOCOLO DE 2005 RELATIVO AL CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS ILÍCITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA, HECHO EN LONDRES EL 14 DE OCTUBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000229.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN SAN SALVADOR EL 27 DE MARZO DE 2007. (Número de expediente 110/000230.)

- ACUERDO GENERAL DE SEGURIDAD ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ITALIANA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA INTERCAMBIADA ENTRE AMBOS PAÍSES, HECHO EN MADRID EL 19 DE ABRIL DE 2007.
(Número de expediente 110/000231.)

- ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE NÍGER, HECHO EN MADRID EL 7 DE MARZO DE 2007. (Número de expediente 110/000232.)

- ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS Y VENTAJAS REFERIDOS A LA CELEBRACIÓN DE LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ZARAGOZA 2008, CELEBRADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA OFICINA INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES (O.E.I.), HECHO EN MADRID EL 19 DE ABRIL DE 2007. (Número de expediente 110/000233.)

- CONVENIO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CABO VERDE, HECHO EN MADRID EL 20 DE MARZO DE 2007. (Número de expediente 110/000234.)

- ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE INMIGRACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CABO VERDE, HECHO EN MADRID EL 20 DE MARZO DE 2007. (Número de expediente 110/000235.)

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CABO VERDE RELATIVO A LA ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL, HECHO EN MADRID EL 20 DE MARZO DE 2007. (Número de expediente 110/000236.)

- CONVENIO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CABO VERDE, HECHO EN MADRID EL 20 DE MARZO DE 2007.
(Número de expediente 110/000237.)

- ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR, HECHO EN ARGEL EL 13 DE MARZO DE 2007.
(Número de expediente 110/000238.)

- PROTOCOLO NÚMERO 12 AL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, HECHO EN ROMA EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000239.)

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y NUEVA ZELANDA SOBRE EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL

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DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN MADRID EL 12 DE ABRIL DE 2007. (Número de expediente 110/000240.)

- CANJE DE NOTAS RELATIVO AL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS POR CARRETERA, HECHO EN MADRID EL 30 DE OCTUBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000241.)

- ACUERDO EUROMEDITERRÁNEO DE AVIACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y EL REINO DE MARRUECOS, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 12 DE DICIEMBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000242.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y DE SERVICIO, HECHO EN ARGEL EL 13 DE MARZO DE 2007. (Número de expediente 110/000243.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LAS NACIONES UNIDAS RELATIVO A LA REMODELACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA SALA DE CONFERENCIAS XX EN LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA, HECHO EN MADRID EL 28 DE FEBRERO DE 2007.
(Número de expediente 110/000244.)

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CHIPRE SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN NICOSIA EL 30 DE ABRIL DE 2007. (Número de expediente 110/000245.)

- ACUERDO DE COOPERACIÓN SOBRE UN SISTEMA MUNDIAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE (GNSS) CIVIL ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y UCRANIA, POR OTRA, HECHO EN KIEV EL 1 DE DICIEMBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000246.)

- ACTAS APROBADAS POR EL XXIII CONGRESO DE LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL (UPU), HECHO EN BUCAREST EL 5 DE OCTUBRE DE 2004 Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA FORMULÓ EN EL MOMENTO DE SU FIRMA. (Número de expediente 110/000247.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA SOBRE PROTECCIÓN MUTUA DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 21 DE MAYO DE 2007. (Número de expediente 110/000248.)

- ENMIENDA AL CONVENIO SOBRE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE EN UN CONTEXTO TRANSFRONTERIZO, HECHO EN SOFÍA EL 27 DE FEBRERO DE 2001.
(Número de expediente 110/000249.)

- CANJE DE NOTAS, HECHO LOS DÍAS 7 DE OCTUBRE, 29 DE NOVIEMBRE DE 2004 Y 11 DE ENERO DE 2005, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CAZA EN LAS AGUAS Y MÁRGENES DEL TRAMO INTERNACIONAL DEL RÍO MIÑO. (Número de expediente 110/000250.)

- DECLARACION DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE SAN MARINO AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980.
(Número de expediente 110/000251.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN MADRID EL 21 DE JUNIO DE 2007. (Número de expediente 110/000252.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LETONIA PARA LA PROTECCIÓN MUTUA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 12 DE JUNIO DE 2007. (Número de expediente 110/000253.)

CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA,

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HECHO EN MADRID EL 25 DE JUNIO DE 2007. (Número de expediente 110/000254.)

- ENMIENDA AL CONVENIO SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO EN LA TOMA DE DECISIONES Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, HECHO EN ALMATY (KAZAJSTÁN), EL 27 DE MAYO DE 2005.
(Número de expediente 110/000255.)

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SENEGAL PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, HECHO EN DAKAR, EL 5 DE DICIEMBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000256.)

- ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE ARABIA SAUDÍ, HECHO EN MADRID EL 22 DE FEBRERO DE 2007. (Número de expediente 110/000257.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS SOBRE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN DE LA EMIGRACIÓN ILEGAL DE MENORES NO ACOMPAÑADOS, SU PROTECCIÓN Y SU RETORNO CONCERTADO, HECHO EN RABAT EL 6 DE MARZO DE 2007. (Número de expediente 110/000258.)

- ACUERDO DE COOPERACIÓN SOBRE UN SISTEMA MUNDIAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE (GNSS) CIVIL ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y EL REINO DE MARRUECOS, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 12 DE DICIEMBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000259.)

- CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, HECHO EN NUEVA YORK EL 13 DE DICIEMBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000260.)

- PROTOCOLO FACULTATIVO A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, HECHO EN NUEVA YORK EL 13 DE DICIEMBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000261.)

El señor PRESIDENTE: Votación de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Se ha solicitado votación separada para el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la inmigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007. Votamos pues este acuerdo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 294; en contra, cuatro; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


A continuación se somete a votación conjunta y por asentimiento de la Cámara la aprobación del resto de los dictámenes sobre convenios internacionales reproducidos en el orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, quedan aprobados los referidos dictámenes.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
(VOTACIONES.):

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA PERSEGUIR EXTRATERRITORIALMENTE EL TRÁFICO ILEGAL O LA INMIGRACIÓN CLANDESTINA DE PERSONAS. (Número de expediente 121/000142.)

El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas. Es una ley de tramitación directa y en lectura única.


En primer lugar, Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, enmienda transaccional a la enmienda 6, que también lo es a la 4 del Grupo Vasco, a la 12 del Grupo Convergència i Unió, 9 del Grupo Popular y 23 del Grupo Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 298; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmienda 8.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 294; abstenciones, cuatro.


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El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmienda 7.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 15; en contra, 272; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmienda 10.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, cuatro; en contra, 284; abstenciones, diez.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Enmienda 2.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 18; en contra, 277; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 293; en contra, uno; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Enmienda 27.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 298; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Enmiendas 11 y 21.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 290; en contra, seis; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmienda 22.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 290; en contra, cuatro; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmienda 13.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, nueve; en contra, 279; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Enmienda 25.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 274; en contra, 12; abstenciones, diez.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 290; en contra, cuatro; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: Votación final de conjunto, con las correcciones técnicas distribuidas, por tramitarse la iniciativa por el procedimiento de lectura única y por tener además carácter orgánico.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 293; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


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PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE LA DEDUCCIÓN POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000145.)

El señor PRESIDENTE: Votamos el proyecto de Ley por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de la Seguridad Social. Esta ley también es de tramitación directa y en lectura única.


Comienzas las votaciones. Votación a la enmienda a la totalidad de texto alternativo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 111; en contra, 178; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: La enmienda, pues, ha sido rechazada. Al rechazarse la enmienda, procedemos ahora a votar las enmiendas al articulado. En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto (señor Labordeta). Enmienda 11.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, ocho; en contra, 275; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez Sánchez). Enmienda número 1.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 17; en contra, 167; abstenciones, 115.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmienda número 2.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 11; en contra, 278; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Enmienda 34.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 13; en contra, 167; abstenciones, 116.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmienda 35.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, nueve; en contra, 165; abstenciones, 123.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmienda 36.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, cinco; en contra, 287; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmienda 37.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 121; en contra, 163; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmienda 38.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, seis; en contra, 168; abstenciones, 123.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Enmienda transaccional a las enmiendas 3 y 8.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 177; en contra, dos; abstenciones, 118.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


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Enmienda transaccional a las enmiendas 4, 5 y 6.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 290; en contra, uno; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmienda 7.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 130; en contra, 163; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Votamos la enmienda número 10 del Grupo Parlamentario Vasco.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 19; en contra, 163; abstenciones, 114.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Enmiendas 55, 56, 58 y 60.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 183; en contra, dos; abstenciones, 113.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas 57 y 59.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 125; en contra, 161; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmienda 64.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 292; en contra, cuatro; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Votamos el resto de las enmiendas de Esquerra.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 290; en contra, dos; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Enmienda transaccional a la enmienda 16, que también lo es a las enmiendas 44 del Grupo Socialista y 51 y 52 de los grupos Socialista y de Esquerra Republicana.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 289; en contra, dos; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmienda 14.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 14; en contra, 165; abstenciones, 118.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas 15, 18, 20, 24 y 30 a 33.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 127; en contra, 168; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmiendas 17, 19, 25 y 26.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 126; en contra, 167; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmienda 21.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 18; en contra, 167; abstenciones, 113.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmienda 27.


Página 14465


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 15; en contra, 167; abstenciones, 115.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 131; en contra, 166; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Enmiendas 65, 86, 90 y 91.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 116; en contra, 169; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmienda 106.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 290; en contra, siete; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Votamos el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 121; en contra 175; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Enmienda 39.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 282; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmienda 40.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 281; en contra, seis; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmienda 41.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 290; en contra, cuatro; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmienda 42.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 177; en contra, 109; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmienda 43.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 291; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmienda 45.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 172; en contra, dos; abstenciones, 122.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas 46 y 47.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 285; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Votación de la enmienda.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor 285; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Grupos parlamentarios Socialista del Congreso y de Esquerra Republicana.
Votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor 282; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: Votación final de conjunto, con las correcciones técnicas distribuidas, por tramitarse la iniciativa por el procedimiento de lectura única.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor 177; abstenciones, 116.


El señor PRESIDENTE: Queda, pues, aprobada. (Aplausos.)

Se levanta la sesión.


Eran las tres y treinta minutos de la tarde.

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