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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 288, de 02/10/2007
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 288
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 266
celebrada el martes, 2 de octubre de 2007


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas:

- Del Parlamento de La Rioja, sobre solidaridad financiera y modificación de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 197-1, de 15 de julio de 2005. (Número de expediente 125/000023.)... (Página 14137)

Juramento o promesa de acatameinto de la Constitución por nuevos señores diputados... (Página 14147)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas.
(Votación.)... (Página 14148)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de la Renta Básica. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 154-1, de 4 de febrero de 2005. (Número de expediente 122/000134.)... (Página 14148)

- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de Creación de la Renta Básica de Ciudadanía. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 176-1, de 22 de abril de 2005. (Número de expediente 122/000152.)... (Página 14148)

Página 14134


Avocación por el Pleno:... (Página ) - Del proyecto de Ley de patrimonio natural y de la biodiversidad. (Número de expediente 121/000140.)... (Página 14160)

Tramitación directa y en lectura única:

- Del proyecto de Ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas. (Número de expediente 121/000142.)... (Página 14161)

- Del proyecto de Ley por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de la Seguridad Social. (Número de expediente 121/000145.)... (Página 14161)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votaciones.)... (Página 14163)

Proposiciones no de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández y Sr. Rodríguez), relativa a la transferencia de los fondos de la formación profesional continua a las Comunidades Autónomas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 107, de 19 de noviembre de 2004. (Número de expediente 162/000201.)... (Página 14163)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el acuerdo para incrementar la inversión del Estado en Cataluña. (Número de expediente 173/000215.)... (Página 14169)

- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas del Gobierno frente a la siniestralidad laboral.
(Número de expediente 173/000216.)... (Página 14174)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política del Gobierno en relación con la puesta en servicio de nuevos tramos de AVE.
(Número de expediente 173/000217.)... (Página 14181)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas...
(Página 14137)

Del Parlamento de La Rioja, sobre solidaridad financiera y modificación de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial... (Página 14137)

Defienden la proposición de ley del Parlamento de La Rioja, para su toma en consideración los señores Cuevas Villoslada, del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de La Rioja; Martínez Aldama Sáenz, del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de La Rioja y Toledo Sobrón, del Partido Riojano.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Muñoz de Diego, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Bermejo Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados... (Página 14147)

Página 14135


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas.
(Votación.)... (Página 14148)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de La Rioja, sobre solidaridad financiera y modificación de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, se aprueba por 272 votos a favor y 18 abstenciones.


Toma en consideración de proposiciones de ley... (Página 14148)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de la renta básica.... (Página 14148)

Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de creación de la renta básica de ciudadanía... (Página 14148)

Defienden la toma en consideración de las proposiciones de ley de la renta básica el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Tomé Muguruza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Millán Carrascosa, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Interviene la señora García Suárez.


Avocación por el Pleno... (Página 14160)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de Ley de patrimonio natural y de la biodiversidad. Al no existir unanimidad, se somete a votación y se rechaza por 123 votos a favor, 165 en contra y cinco abstenciones.


En turno de explicación de voto interviene el señor Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Tramitación directa y en lectura única... (Página 14161)

La Presidencia informa de que la Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de Ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas, lo que se aprueba por asentimiento.


La Presidencia informa de que la Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de ley por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de la Seguridad Social. Al no existir unanimidad se somete a votación y se aprueba por 178 votos a favor y 119 en contra.


En turno de explicación de voto intervienen los señores Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y López Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votaciones.)... (Página 14163)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), de la renta básica, se rechaza por 16 votos a favor, 274 en contra y seis abstenciones.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de creación de la renta básica de ciudadanía, se rechaza por 15 votos a favor, 274 en contra y seis abstenciones.


Proposiciones no de ley... (Página 14163)

Página 14136


Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila y señor Rodríguez Sánchez), relativa a la transferencia de los fondos de la formación profesional continua a las comunidades autónomas... (Página 14163)

En defensa de la proposición no de ley interviene la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto. Manifiesta que en la exposición de motivos de esta iniciativa se hace referencia a que desde hace más de 15 años se viene arrastrando un conflicto político y jurídico en torno a la competencia sobre la gestión de la formación continua. Indica que el Tribunal Constitucional, a través de las sentencias de 25 de abril y 17 de octubre del año 2000, dictadas en recursos promovidos por la Generalitat de Catalunya y la Xunta de Galicia, respectivamente, declaró que las competencias de ejecución en materia de formación ocupacional, modalidad formación continua, de los trabajadores en activo corresponde a las citadas comunidades autónomas. En las sentencias se señala que la gestión de los fondos destinados a la formación profesional continua no puede ser encomendada a favor de un órgano de la Administración General del Estado u organismos intermedios de ésta, sino que las partidas deben ser territorializadas en los Presupuestos Generales del Estado mediante criterios de reparto objetivo.


Finaliza señalando que en estos momentos sigue vigente un modelo de financiación y gestión centralista de la formación profesional continua, incumpliendo claramente la doctrina sobre el reparto competencial en la materia fijada por el Tribunal Constitucional.


En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Muñoz de Diego, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Caracuel del Olmo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Torres Mora, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, interviene la señora Fernández Davila.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la transferencia de los fondos de la formación profesional continua a las comunidades autónomas, se rechaza por 26 votos a favor, 258 en contra y una abstención.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes... (Página 14169)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el acuerdo para incrementar la inversión del Estado en Cataluña... (Página 14169)

Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Vilajoana Rovira, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Cunillera y Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Utrera Mora, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene el señor Vilajoana Rovira.


Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas del Gobierno frente a la siniestralidad laboral... (Página 14174)

Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Muñoz de Diego, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Martín Mendizábal, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila y el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría

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Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene la señora Muñoz de Diego.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política del Gobierno en relación con la puesta en servicio de nuevos tramos de AVE...
(Página 14181)

Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de la Enmienda presentada interviene el señor De la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Andreu Domingo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Jané y Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el acuerdo para incrementar la inversión del Estado en Cataluña, con la enmienda de adición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), se rechaza por 22 votos a favor y 258 en contra.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas del Gobierno frente a la siniestralidad laboral, con la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, se aprueba por 271 votos a favor y ocho abstenciones.


Sometida a votación la letra a) de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política del Gobierno en relación con la puesta en servicio de nuevos tramos del AVE, se aprueba por 268 votos a favor, ocho en contra y cuatro abstenciones.


Sometida a votación la letra b) de la misma moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se aprueba por 269 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones.


Sometido a votación el resto de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se rechaza por 110 votos a favor, 151 en contra y 19 abstenciones.


Se suspende la sesión a las diez y quince minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

- DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA, SOBRE SOLIDARIDAD FINANCIERA Y MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/2001, DE 27 DE DICIEMBRE, REGULADORA DE LOS FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL. (Número de expediente 125/000023.)

El señor PRESIDENTE: Comenzamos la sesión correspondiente al Pleno del Congreso del martes 2 de octubre de 2007. Primer punto del orden del día: Proposiciones de ley de comunidades autónomas. Del Parlamento de La Rioja sobre solidaridad financiera y modificación de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial.
Saludamos a la representación de la Asamblea proponente, compuesta por don Carlos Cuevas del Grupo Parlamentario Popular, don Francisco Martínez Aldama del Grupo Parlamentario Socialista y don José Toledo del Grupo Parlamentario Mixto. Las condiciones del debate son ya conocidas: 15 minutos, que se repartirán amablemente los tres intervinientes, y eventualmente un turno en contra o fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. Sin más, vamos directamente al debate. Tiene la palabra don Carlos Cuevas.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA (Cuevas Villoslada): Muchas gracias, señor presidente del Congreso.


Es un honor para mí subir hoy a esta tribuna del Congreso de los Diputados en representación del Parlamento de La Rioja y de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, en ese Parlamento. Permítanme agradecer, aunque en este momento sea un invitado en esta casa, la presencia del consejero de Hacienda del Gobierno de La Rioja que hoy nos acompaña. Es un honor esperado estar ahora en esta tribuna puesto que ha costado más de dos años que hoy pueda hablar aquí el Parlamento de La Rioja para defender esta proposición de ley, puesto que en enero de 2005 mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de La Rioja,

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presentó esta proposición no de ley ante el Parlamento y en el debate celebrado en el mes de junio del año 2005 el Parlamento la aprobó por unanimidad. Conocen el objetivo de la ley, que no es otro que el que la Comunidad Autónoma de La Rioja participe del Fondo de Compensación Interterritorial, un fondo que, tal y como establece la Constitución española, se creó con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales -véase que la Constitución habla de territorios y no de comunidades autónomas-.Traemos hoy esta proposición de ley porque el excluyente criterio de renta per cápita no hace justicia con La Rioja, como posiblemente tampoco la hace con otras comunidades autónomas.


Señorías, cualquier comunidad autónoma o cualquier región española, con independencia de que goce de unos niveles de renta media por encima de la renta media europea, puede tener territorios que requieran de la solidaridad del conjunto de los españoles. En el caso de La Rioja las razones son evidentes. Nuestra comunidad autónoma con apenas 308.566 habitantes -es el último dato oficial del Instituto Nacional de Estadística- cuenta con 174 municipios y casi 250 núcleos de población.
Todo ello produce un doble efecto de concentración y dispersión de la población, por cuanto la capital aglutina el 50 por ciento de la población riojana, repartiéndose el resto, como he dicho, en 174 municipios. El 76 por ciento de los municipios riojanos reúne escasamente al 7 por ciento de la población. El tercio sur de nuestra comunidad tiene una densidad de población de cinco habitantes por kilómetro cuadrado, la décima parte que la comunidad y mucho menos todavía que el conjunto de España. La Rioja además es una de las comunidades con la población más envejecida, así como la séptima con mayor porcentaje de población inmigrante. Asimismo, hay razones económicas que nos llevaron a presentar en su día esta proposición de ley, y que hoy nos traen aquí a defenderla, por ejemplo que en el actual periodo de fondos europeos 2007-2013 La Rioja va a recibir 130 millones de euros menos, señorías. Además desde 1995 La Rioja se ha beneficiado de los fondos de eficiencia, es decir el Gobierno regional ha invertido, y lo ha hecho bien, todos los fondos europeos. Señorías, tengan la seguridad de que si La Rioja es incluida en el Fondo de Compensación Interterritorial el dinero que reciba -que a nadie mermará sustancialmente sus recursos porque somos los que somos, en cuanto a número- tendrá un buen fin y será bien gestionado. La Rioja es una comunidad solidaria con el resto de España y del mundo. Somos ejemplo en materia de cooperación al desarrollo; somos solidarios también internamente, es decir dentro de nuestra comunidad. El Gobierno de La Rioja está realizando un esfuerzo muy importante en el destino de los fondos dirigidos al medio rural de nuestra comunidad, a aquellas zonas de nuestra comunidad en las que hay que invertir más para dar unos servicios con unos parámetros iguales en cuanto a calidad. Se están invirtiendo las mayores cifras en materia de carreteras. Es mucho más caro invertir en una carretera de zona de montaña, de sierra, que en una carretera en el valle. Se están llevando a cabo numerosas inversiones en nuevos servicios, en nuevas infraestructuras, en servicios sociales, en atención sanitaria primaria, etcétera. Les voy a poner un ejemplo: el 25 por ciento del Plan de obras y servicios de nuestra comunidad está dirigido a cien municipios que apenas representan el uno por ciento de la población.
Termino señor presidente. El Gobierno de La Rioja ha creado recientemente un fondo especial para estos pequeños municipios de concejo abierto, es decir de menos de 100 habitantes.


Por último, señorías, los Presupuestos Generales del Estado para 2008 vuelven a perjudicar a nuestra comunidad. Yo no discuto las cifras que se ponen, negro sobre blanco, en los anexos de inversiones; lo que me preocupa es el escasísimo nivel de ejecución que se está llevando a cabo a lo largo de los últimos años en nuestra comunidad. Por todo ello señorías, porque es una cuestión de justicia, les pido el apoyo para esta proposición de ley, para que La Rioja, el medio rural riojano especialmente, pueda verse beneficiado también del Fondo de Compensación Interterritorial, que no es sino el elemento de solidaridad que consagró nuestra Constitución.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuevas.


Tiene la palabra el señor Martínez Aldama.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA (Martínez Aldama Sáenz): Señor presidente, señorías, quiero comenzar mi intervención reconociendo que es un honor para mí intervenir desde esta tribuna, que tanto significa para la democracia de nuestro país, representando al Parlamento de La Rioja y también al Grupo Parlamentario Socialista.


Señorías, de entrada solicito la toma en consideración de esta proposición de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de La Rioja, y la solicito por dos motivos fundamentales: en primer lugar, por coherencia política con la posición que mantuvimos durante el trámite parlamentario, apoyando y votando favorablemente esta proposición de ley; y, en segundo lugar y sobre todo, porque vengo aquí, a la sede de la voluntad popular, a defender los intereses de mi comunidad autónoma, los que no ha defendido durante muchos años el Partido Popular. En la defensa del interés de mi comunidad autónoma solo tenemos un límite: hacer compatible esa defensa con el principio de solidaridad que la Constitución y nuestra voluntad garantiza. Señorías, no tengo ninguna duda de que mi comunidad autónoma, La Rioja, debe ser merecedora de estos fondos de compensación, y debe serlo por datos que son claramente reveladores. En poco más de 5.000 kilómetros cuadrados vivimos 310.000 riojanos, lo que significa una densidad de población de 60 habitantes por kilómetro cuadrado, muy lejos de la media nacional. Además de esta baja densidad de población la distribución de la misma no es homogénea: en la capital, Logroño, y en su área metropolitana, que solo es el 6 por ciento del territorio, vive

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el 60 por ciento de la población y, en sentido contrario, en más de 160 municipios solo residen uno de cada cuatro riojanos. Esto quiere decir que hay un fenómeno doble de concentración y de dispersión demográfica: la población se concentra en el valle y apenas existe en La Rioja media y en la sierra, de forma que hay comarcas prácticamente despobladas, como la de Cervera del Río Alhama, los Cameros, el Alto Najerilla o el Alto Cidacos. Convendría añadir a estas circunstancias, señorías, dos más que argumentan la necesidad de que La Rioja se beneficie de estos fondos: el alto porcentaje de población inmigrante, uno de los más elevados de todo el país, y la tasa de envejecimiento de nuestra población. Somos un exponente claro de lo que los expertos llaman la cuarta generación, es decir los hombres y mujeres que superan los 85 años de edad, cuyo porcentaje en La Rioja es de los más elevados del país. Señorías, estos datos no son nuevos, ya existían cuando gobernaba España el Partido Popular; es más, la ley que hoy pretendemos modificar la hizo el Partido Popular, y cuando la elaboró pudo incluir a La Rioja en el Fondo de compensación, pero no lo hizo, con el silencio cómplice del Partido Popular y del Gobierno de La Rioja, que son sin duda los únicos responsables de los problemas y desequilibrios que he citado, porque suya ha sido y es la responsabilidad de gobernar mi tierra desde hace trece años.


Señoras y señores diputados, La Rioja tiene un problema serio de desequilibrio territorial, y el único responsable es el Partido Popular, que no ha sabido o no ha querido reequilibrarla desde la acción política.
Trece años de Gobierno y más de un billón de las antiguas pesetas han sido gestionadas durante este tiempo por el Partido Popular, pero no han sido aprovechadas para apostar por el progreso global de la comunidad autónoma y el reparto equilibrado del crecimiento. La prueba más evidente de que la responsabilidad política de esta situación pertenece en exclusiva al mal Gobierno del Partido Popular es que hace ya siete años, en junio de 2000, el Parlamento de La Rioja aprobó la Ley de Desarrollo Rural, una ley que después de siete años todavía no ha sido puesta en marcha. Señorías, al igual que el artículo 39 de nuestra Constitución reconoce que todos los españoles tenemos los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del Estado, yo les digo que todos los riojanos tenemos también los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte de nuestra comunidad autónoma. Acabo con una reflexión y una petición. La reflexión es que las circunstancias para distribuir el fondo han cambiado, que la realidad ha cambiado, que el reparto de los fondos europeos se ha modificado. Por eso pienso que merece la pena estudiar si los criterios de reparto deben cambiar también. Desde el Grupo Parlamentario Socialista de La Rioja pensamos que ha llegado el momento de modificar y adaptar los instrumentos de solidaridad. La petición es que SS.SS. tomen en consideración esta proposición de ley del Parlamento de La Rioja desde la creencia en el futuro de mi comunidad y desde la satisfacción personal del autogobierno conseguido en estos veinticinco prósperos años.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Aldama.


Señor Toledo, su turno.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA (Toledo Sobrón): Gracias, señor presidente.


Quien tiene la satisfacción de dirigirse a SS.SS. como parte de la delegación del Parlamento de La Rioja que por prescripción reglamentaria defiende la procedencia de la toma en consideración de la reforma de la Ley 22/2001, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, lo hace en representación del Partido Riojano, una de las tres formaciones que conforman el Parlamento de La Rioja. Representando los intereses de los riojanos esta proposición de ley es producto de una reflexión profunda sobre el trato que las leyes reguladoras de la distribución de fondos, llámense de compensación interterritorial, Objetivo 1, Objetivo 6 u otro tipo de nombres, y las consecuencias de la total exclusión de La Rioja ocasionan a su economía y a sus ciudadanos.
La Rioja está en estos momentos al margen de cualquier apoyo que provenga de fondos tendentes a corregir desequilibrios económicos interterritoriales, sin embargo estos existen. En consecuencia, es necesario tramitar esta modificación de ley que en 2005 aprobó ya el Parlamento de La Rioja. La Comunidad Autónoma de La Rioja se asienta en distintos territorios, diferentes entre sí, y con unas peculiaridades que hacen que su renta, su población y sus infraestructuras nada se parezcan entre unos y otros. Siguiendo las intervenciones anteriores, les hablo de La Rioja, territorio español al que la naturaleza se ha esmerado en dotar de un pequeño paraíso de algo más de 5.000 kilómetros cuadrados, que en su mayor parte enmarcan políticamente la Comunidad Autónoma de La Rioja, pero cuyo terreno natural se extiende a otras comunidades vecinas. Este territorio cobija a unos 300.000 riojanos de pleno derecho, aunque otros de diferente vecindad también utilizan sus servicios por proximidad geográfica y por simpatía natural. La población de La Rioja se asienta mayoritariamente en las proximidades de la ribera del Ebro y desde tiempo inmemorial ha desarrollado una actividad que le ha permitido estar en una situación económica estable, posibilitanto que sus ciudadanos gocen de una alta calidad de vida. Puede que alguna de SS.SS. considere al menos atrevido que desde La Rioja con este nivel de presentación se busque a través de la modificación de una ley la solidaridad del resto de España hacia ella, cuando lo característico de nuestra comunidad es que el concepto de solidaridad ha presidido su actuación política en los últimos años: solidaridad hacia afuera y también con los que desde dentro lo necesitan. Aunque desde fuera parezca que en La Rioja se atan los perros con longanizas,

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también es cierto que hay otra Rioja más allá del sur del Ebro, cuyos datos la hacen lamentablemente estar muy lejos de la bonanza de La Rioja del norte, de La Rioja del valle, y que objetivamente reúne los requisitos que la hacen acreedora de fondos de ayuda interterritoriales.
Me estoy refiriendo, señorías, a territorios con un índice de población que no llega a cinco habitantes por kilómetros cuadrado; que tienen serias dificultades para acceder a sus núcleos urbanos; con población muy envejecida; pueblos de montaña que a pesar del esfuerzo que realiza la propia comunidad autónoma necesitan gozar de ayudas externas, entre otras cosas porque en justicia les corresponde. A pesar de la situación de estas pequeñas poblaciones sus habitantes se mantienen en su territorio y cumplen uno de los objetivos de la Unión Europea: evitar la despoblación, sin embargo no cuentan con esas ayudas económicas que necesitan. Cuando hablamos de justicia, mencionamos argumentos, estadísticas objetivas y situaciones reales que La Rioja reconoce a territorios situados en otras comunidades y que a estos territorios de La Rioja se le niegan. Cuando se habla de solidaridad, rechina de forma estridente que haya algunos territorios del norte de Europa o del Reino Unido que reciban ayudas y que de forma más próxima haya territorios de otras comunidades autónomas españolas que también las reciban cuando sus índices estadísticos son más boyantes que los propios de La Rioja rica. Pocas veces encontrarán SS.SS.
una exposición de motivos tan amplia, tan contundente, con datos tan concretos y tan llena de argumentos objetivos para modificar apenas una palabra de un texto legal; es más, ni de un texto legal tan siquiera, de una disposición adicional única, pero para los territorios de La Rioja afectados esa palabra supone el ser o no ser en el futuro. En su día se excluyó a la Comunidad Autónoma de La Rioja por motivos puramente estadísticos -por cierto, datos estadísticos que no son inalterables en el tiempo-, y se hizo olvidando que la ley compensa situaciones interterritoriales, pero nadie se acordó de que en la flamante Rioja de la excelencia y del buen vivir, La Rioja de las bodegas catedrales del siglo XXI, La Rioja de las autopistas y de los aeropuertos, existen territorios que necesitan ayudas económicas aunque solo sea para subsistir. Cuando los oasis de la abundancia son cada vez más frecuentes, las islas de la pobreza son más duras, y en nombre de estas venimos a pedir a SS.SS. el reconocimiento de ayudas en la modificación de esta ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Toledo.


¿Algún grupo parlamentario desea ejercer el turno en contra? (Pausa.) Si no es así, fijación de posiciones. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto; turno de diez minutos que se repartirá entre el señor Labordeta y el señor Rodríguez.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señor presidente.


La intervención es fundamentalmente para mostrar el apoyo a la propuesta planteada por el Parlamento de La Rioja, pero también para recordar que ya hay en tramitación una proposición de ley de solidaridad financiera y modificación del Fondo de Compensación Interterritorial. Fue aprobada en este Pleno a iniciativa de las Cortes de Aragón y se tomó en consideración por unanimidad por el Pleno del Congreso el pasado 5 de octubre del año 2004. Está ahora en el Senado esperando que le llegue el turno, pero con los plazos de tiempo que estamos manejando se ha tenido tiempo más que suficiente para aprobarla. Estos fondos solidarios se basaron en los criterios de Objetivo 1 de la Unión Europea y excluyeron injustamente a territorios como las zonas rurales de Aragón o La Rioja, que necesitaban estas ayudas del Estado al menos tanto como otros beneficiados. Ahora, con la ampliación de la Unión Europea, muchas comunidades españolas van a salir del Objetivo 1, pero eso no va a suponer que se les excluya del Fondo de Compensación Interterritorial.
Por tanto, la causa que excluyó a Aragón de este fondo de hecho se ha abandonado, y parece razonable aprovechar esta oportunidad para corregir la situación anómala que se dio en Aragón, La Rioja y otros lugares al dejarlos fuera del Fondo de Compensación Interterritorial. La singularidad territorial y demográfica exige a los poderes públicos del Estado que le demos una solución. Recientemente, el informe de una prestigiosa entidad indicaba que Teruel ha perdido el 44 por ciento de su población en el periodo comprendido entre 1900 y 2000. ¿Es justo que no puedan acceder a estos fondos? Además recuerdo que de las 33 comarcas aragonesas 15 presentaban una densidad inferior a los 10 habitantes por kilómetro, como en las zonas más al norte de Escandinavia. De los 730 municipios aragoneses 620 tienen menos de 1.000 habitantes y 237 municipios aragoneses presentan una tipología de municipios terminales porque cuentan con más de un 40 por ciento de población mayor de 65 años.
¿Hace falta decir más?

Finalizo esta intervención recordando que, si el Congreso reconoce por unanimidad que Aragón tiene derecho a beneficiarse de esos fondos por su escasa densidad demográfica, no podemos entender cómo se dejan pasar tres años sin tomar medidas, habiendo un instrumento legislativo en tramitación. Esperamos que el empuje de la presentación hoy del Parlamento de La Rioja sirva también para apoyarnos, para que podamos salir y entremos en el Fondo de Compensación Interterritorial.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Labordeta.


Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. Comenzaremos por saludar la presencia de

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la digna delegación del Parlamento de La Rioja en este Congreso de los Diputados y por anunciar que el Bloque Nacionalista Galego se va a abstener ante esta propuesta, y lo hacemos basándonos en tres criterios fundamentales. Los señores diputados que hoy nos acompañan conocen que las formas de repartir el Fondo de Compensación Interterritorial están prefijadas por la Ley 22/2001, que afecta precisamente a las comunidades autónomas que en aquel entonces eran Objetivo 1, además de las ciudades de Ceuta y Melilla; hoy estas comunidades autónomas están convertidas en Objetivo convergencia y después de me referiré a ello. Lo que está claro, y nosotros lo compartimos, es que en el año 2007 se debe revisar esta situación, ver cuáles fueron las comunidades autónomas que salieron peor tratadas del reparto de fondos comunitarios, tarificar la posición de cada una y establecer cuáles van a ser las comunidades autónomas que en el futuro podrán participar del Fondo de Compensación Interterritorial.
En todo caso, por los datos que tenemos hasta ahora, sabemos que las comunidades autónomas Objetivo convergencia, y en particular las de convergencia plena, que son las que participan activamente del Fondo de Compensación Interterritorial, tienen menos del 75 por ciento del PIB de la Unión Europea a Veintisiete. Por lo tanto, hay que volver a analizar y establecer la situación para cambiar no solamente el número sino también qué comunidades autónomas deben formar parte de este reparto. Hay un último tema que la delegación de La Rioja debía considerar. El Fondo de Compensación Interterritorial no es un instrumento de solidaridad adecuada, solamente les voy a dar un dato. Galicia, con más de 2.700.000 habitantes, con problemas de envejecimiento enormes, con problemas de dispersión muchísimo más grandes que los de La Rioja, con una concentración de población en una parte del eje atlántico y con despoblamiento muy grande de otra parte, goza de la solidaridad de España, entre comillas, por una cantidad de 195 millones de euros. Si esto es solidaridad que venga Dios y lo vea. En todo caso, compartimos el criterio de que esto se debe revisar, pero hay que hacerlo con una técnica jurídica y también con un acuerdo, y este no es el momento más oportuno ni el más adecuado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.


Señora Muñoz, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, su turno.


La señora MUÑOZ DE DIEGO: Señor presidente, señorías, en primer lugar, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds quiero saludar a la delegación del Parlamento de La Rioja y decir que para nosotros siempre es una satisfacción que lleguen aquí iniciativas de las comunidades autónomas, porque expresa también el contenido territorial de nuestro país y que va en el camino que nosotros defendemos, que no es otro que el de la participación federal del Estado.
Además saludamos esta iniciativa porque entrar a discutir los fondos de compensación interterritorial abre un debate que sin duda está lleno de matices. En todos los debates presupuestarios que se han celebrado en los últimos años nuestro grupo parlamentario ha defendido enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado orientadas hacia un aumento sustantivo de las transferencias a comunidades autónomas por los fondos de compensación interterritorial, un aumento que se ha fijado año tras año en torno a un 10 por ciento. Esto supondría incrementar progresivamente los fondos de compensación interterritorial en el horizonte de alcanzar el 0,20 por ciento del producto interior bruto como referente del compromiso de solidaridad de la Administración General del Estado con la corrección de los desequilibrios territoriales.


Respecto al tema que nos ocupa La Rioja y otras comunidades autónomas han vivido en los últimos años un incremento relativo de la renta hasta alcanzar su producto interior bruto per cápita uno de los primeros puestos del país. Con ello han cruzado el umbral mínimo señalado por la Unión Europea y han perdido su definición como regiones europeas de Objetivo 1. La Rioja viene registrando un incremento paulatino de la renta por habitante hasta rebasar también la renta media española, lo que la ha excluido de los beneficios de los fondos de compensación interterritorial, según dispone la Ley 22/2001 cuya modificación hoy se plantea. Si bien es cierto que la renta es uno de los principales indicadores de prosperidad, no significa por sí sola ni debe significar una garantía absoluta de desarrollo. Los desequilibrios económicos territoriales no se resumen exclusivamente en los niveles de renta; también se producen en función de la pérdida de población, del preocupante envejecimiento y de la desventaja que representa el enclave geográfico, donde muchas comarcas permanecen todavía alejadas de los principales ejes de desarrollo, y en concreto en La Rioja del eje del corredor del Ebro.


La Rioja, como otras comunidades de la España interior, no ha cesado de perder población a lo largo del siglo XX, al menos en proporción relativa, registrando en la actualidad una baja densidad de población con tan solo 58 habitantes por kilómetro cuadrado, cifra muy inferior a la media estatal de 80 habitantes. Además, La Rioja, siendo una comunidad de carácter uniprovincial, no puede recurrir al argumento de otras comunidades autónomas de desequilibrios de distribución de la renta entre las diferentes provincias. La realidad, sin embargo, demuestra en La Rioja un reparto muy desigual de la población y también de la renta entre las diferentes comarcas y pueblos de esta comunidad autónoma.


A nuestro juicio, no se trata de promover aquí una modificación específica para una sola comunidad que podría generar sin duda agravios comparativos con otras que se encuentren en situaciones similares a las de La Rioja, pero sí puede ser esta una ocasión para estudiar la conveniencia de una reforma de mayor calado en el propio sistema de distribución del Fondo de Compensación

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Interterritorial y de un aumento significativo de su asignación presupuestaria con el fin de atender correctamente los nuevos factores de desequilibrio, como es la pérdida de población, la dispersión interna y compensar también las distorsiones que se producen en las comunidades autónomas que han perdido además su condición de regiones europeas de Objetivo 1.


La Unión Europea ha sabido complementar los factores estructurales y de fondos de cohesión con otras ayudas en función de otros criterios distintos al de la renta, por ejemplo, la situación periférica o la escasa población. La propia ley española del año 2001 de la que estamos hablando introdujo un conjunto de variables tales como la población activa, el saldo migratorio, el desempleo, la superficie y la dispersión de población, debidamente corregidos por la inversa de la renta per cápita y el factor de insularidad. No obstante, parece que esto no ha sido suficiente.


Otra de las cuestiones que también se plantea por el Parlamento de La Rioja, y que a nuestro juicio parece razonable, es la de complementar el destino de los fondos asignados a los gastos de inversiones reales nuevas para atender los gastos corrientes derivados de las mismas. De hecho, ya existe esta posibilidad en el fondo complementario que financia gastos de puesta en marcha o funcionamiento de inversiones. Además, habría que precisar el destino y el tipo de gestión que la Administración debe hacer de los remanentes de crédito de los fondos de compensación interterritorial de ejercicios anteriores. Lo más lógico sería que se incorporaran automáticamente al presupuesto del año siguiente y estuvieran a disposición de la Administración correspondiente que no hubiera podido ejecutar en su totalidad los proyectos.


Pensamos que con esta proposición de ley no solamente se trata de abordar el problema de una comunidad autónoma, sino que se pone encima de la mesa, como también decían los representantes del Bloque Nacionalista Galego y de la Chunta Aragonesista, un problema en cuanto al Fondo de Compensación Interterritorial. Creemos, por ello, que es conveniente que este tema se debata, y que se debata con los múltiples matices que se tienen que tomar en cuenta. En consecuencia, votaremos favorablemente, porque la consideramos una oportunidad para seguir reflexionando y profundizando en una reforma razonable de los actuales fondos de compensación, con el fin de mejorar su eficacia en la corrección de todos los factores de desequilibrio territorial. Esperamos y deseamos que si esta propuesta se toma en consideración y se tramita, no tarde lo mismo que otras que todavía están esperando, como se ha expresado desde esta tribuna.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Grupo Vasco. Señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, en primer lugar, saludo a los representantes del Parlamento de La Rioja, que traen hoy a esta Cámara la toma en consideración de una proposición de ley relativa a la solidaridad financiera, con el objeto de modificar la Ley reguladora del Fondo de Compensación Interterritorial. El Parlamento de La Rioja por unanimidad, tal y como han comentado, pretende cambiar los criterios e indicadores de reparto del fondo, de manera que La Rioja reciba recursos del Fondo de Compensación Interterritorial.


Como se indica en el preámbulo de la proposición, las sucesivas renovaciones han ido dejando a La Rioja fuera del reparto. En la propia proposición se especifican las características socioeconómicas de La Rioja, como la dispersión territorial, la reducida dimensión de los municipios -con la baja densidad que ello supone-, el envejecimiento de la población, etcétera, y se dice que por ello la provisión de servicios públicos está encarecida por estas características socioeconómicas. Se dice que es de justicia que La Rioja cobre del Fondo de Compensación Interterritorial. Todas y cada una de las comunidades autónomas beneficiarias y no beneficiarias del fondo seguro que son capaces de argumentar en beneficio de su comunidad, en función de las características socioeconómicas y de las peculiaridades, al igual que lo hace La Rioja, con más o menos razones. Por tanto, es difícil seleccionar los indicadores relevantes que conduzcan a un reparto más justo. Lo que es justo para La Rioja puede no serlo para otra comunidad y viceversa. El indicador del PIB por habitante, que es un criterio básico para repartir el fondo, no es en este sentido un indicador menor. La Rioja tiene una elevada renta por habitante y eso es positivo para los riojanos, de lo cual nos alegramos todos, pero tiene efectos negativos a la hora de recibir los recursos del fondo. Por tanto, en opinión del Grupo Vasco, la renta por habitante también debe ser un indicador importante en el futuro a la hora de distribuir los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial. Además, lo que recibe de más una comunidad lo recibe de menos otra, con lo cual esto es un juego de suma cero en el que todas las comunidades autónomas tienen que manifestar lo que opinan en este sentido. Se trata, por tanto, de debatir y establecer unos nuevos indicadores que sirvan para el reparto del fondo de compensación, pero para el conjunto de las comunidades autónomas.


Nuestro grupo parlamentario no se va a oponer a que este debate se lleve adelante. Queremos respetar una iniciativa mayoritariamente aprobada por el Parlamento de La Rioja porque somos respetuosos con las instituciones, y no nos vamos a oponer a pesar del comportamiento del Gobierno de La Rioja en relación con la Comunidad Autónoma de Euskadi, su Gobierno y las diputaciones forales. No es así curiosamente con la Comunidad Foral de Navarra, por cuestiones estrictamente partidarias. El Gobierno de La Rioja recurre por

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sistema todas las medidas fiscales adoptadas por las diputaciones forales, tanto al Tribunal Supremo como a la Comisión Europea. Se persona en todos estos casos. El propio artículo 46 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, tal y como se señala en el preámbulo de la proposición de ley, habla de la corrección de desequilibrios producidos en La Rioja por los efectos derivados de su situación limítrofe con otros territorios, en alusión clara a la Comunidad Autónoma de Euskadi. Me parece increíble que cuando existen buenas relaciones de vecindad entre los vascos y los riojanos, al margen de los responsables políticos, existan coletillas de este cariz.
Quisiera, pues, denunciar el comportamiento del Gobierno de La Rioja en relación con Euskadi y su concierto económico, y espero que esta denuncia la trasladen los representantes aquí presentes hoy. Sin embargo, a pesar de todo esto, no queremos obstaculizar el debate sobre los indicadores económicosociales que han de tenerse en cuenta a la hora de repartir el Fondo de Compensación Interterritorial, siendo conscientes de que la renta per cápita tendrá que ser un indicador también importante en el futuro.


Con profundo respeto a lo aprobado por la mayoría del Parlamento riojano, avanzamos que nuestro grupo parlamentario se abstendrá al votar la toma en consideración de la presente proposición de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.


Esquerra Republicana. Señor Puig.


El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, damos la bienvenida a los representantes del Parlamento de La Rioja.


Nuestro grupo no se va a oponer a la toma en consideración de esta proposición, nos vamos a abstener, y voy a intentar explicar el motivo de nuestra abstención. Ya han dicho antes otros oradores que al inicio de esta legislatura se tomó en consideración una proposición no de ley del Parlamento de Aragón en el mismo sentido; llevamos tres años de legislatura y el tema aún está en el Senado. No creo que a pocos meses de finalizar la legislatura sea el momento idóneo para realizar este debate, de ahí nuestra abstención. No nos oponemos a ello, creo que es bueno debatir, pero con todos los datos encima de la mesa, porque, a pesar de que nuestro grupo parlamentario lo ha pedido en diversas ocasiones y ha sido aprobado, estamos al final de la legislatura y no están todos los datos encima de la mesa. Pedimos la publicación de las balanzas fiscales para hacer un debate sereno sobre la solidaridad interterritorial. A partir de aquí podremos hablar con los números encima de la mesa, repito.
Esta Cámara ha aprobado en diversas ocasiones, no solo en esta legislatura, sino en anteriores, que se publiquen sistemáticamente las balanzas fiscales, pero parece que esto es imposible.


Estamos de acuerdo en que hay que revisar los diferentes principios del Fondo de Compensación Interterritorial, pero hay que hacerlo bien. Como ha dicho antes el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, cualquier modificación de este fondo afecta a las comunidades que están en él y a las que no. Por tanto, creemos que el debate tiene que ser serio, con todos los datos encima de la mesa. Me parece que es necesario hacer de una vez por todas y serenamente el debate de la solidaridad interterritorial.


Parece que esta proposición que viene del Parlamento de La Rioja va a ser tomada en consideración por los dos grupos mayoritarios; nos alegramos de que sea así, pero me parece un brindis al sol hacerlo ahora porque, por ejemplo, la nueva Lofca, que afectaría a toda la financiación de las comunidades autónomas, debería entrar en vigor en el año 2008, pero el Gobierno no está por la labor y se va a retrasar su aprobación. Ahí es donde se tendría que hacer este debate, y a partir de ese momento hablar de la solidaridad financiera y de posibles modificaciones del Fondo de Compensación Interterritorial. Por tanto, nuestro grupo se va a abstener, pero como se va a aprobar la toma en consideración lamentablemente a final de la legislatura, el debate va a quedar interrumpido y vamos a tener que empezar de nuevo en la futura legislatura para afrontar con realismo, con todos los números delante, el tema de la solidaridad interterritorial y la financiación de las comunidades autónomas. El debate sigue abierto y lo estará hasta la próxima legislatura.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.


Convergència i Unió. Señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quisiéramos dar la bienvenida a los diputados del Parlamento de La Rioja, que han defendido ante el Congreso de los Diputados una proposición de ley aprobada por el Parlamento de La Rioja sobre la solidaridad financiera y la modificación de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los fondos de compensación interterritorial.


La posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a ser exactamente la misma que cuando se debatió una iniciativa similar que las Cortes de Aragón presentaron ante esta Cámara, y es votar favorablemente la admisión a trámite de la proposición de ley. Es una tradición histórica de nuestro grupo votar favorablemente todas las proposiciones de ley, y es en Comisión donde planteamos todas aquellas enmiendas que, a juicio de nuestro grupo, puedan modificarlas o complementarlas en función de los intereses que históricamente hemos defendido desde Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados.


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La proposición de ley que hoy debatimos pone de relieve, desde nuestro punto de vista, varios problemas. En primer lugar, que en todas las comunidades autónomas existen determinadas zonas en las cuales el desequilibrio económico, la dependencia, la población envejecida, etcétera, respecto al resto del territorio autonómico es más que notorio, y cuando estas comunidades autónomas superan en su conjunto todos aquellos parámetros por los cuales se considera que deben ser destinatarios de fondos de compensación interterritorial, como podría ser, por ejemplo, la renta per cápita, la tasa de emigración, la tasa de desempleo, la superficie, etcétera, estas zonas dejan de percibir sumas que son necesarias para su desarrollo económico.


En segundo lugar, esta proposición de ley pone de manifiesto lo que hemos venido reiterando desde el inicio de esta legislatura por parte del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que es la insuficiencia del sistema de financiación actual de las comunidades autónomas. Como venimos reclamando en el caso de Cataluña, tal como prevé nuestro nuevo Estatuto, el sistema de financiación de Cataluña debe basarse en los principios de bilateralidad, responsabilidad fiscal plena, financiación global, plena capacidad en la gestión tributaria, reconocimiento de la adecuada capacidad normativa, solidaridad interterritorial, suficiencia de los entes locales y transparencia. Estos son los principios que nosotros reclamamos para Cataluña y, lógicamente, estamos de acuerdo en que puedan ser de vigencia para lo que pueda ser de aplicación en el territorio correspondiente a la autonomía de La Rioja. Por este motivo, deberíamos tener claro que es el actual Gobierno socialista el que ha decidido, de forma absolutamente unilateral, posponer su aplicación más allá de 2008, manteniendo las dificultades económicas del conjunto de las comunidades autónomas. Partiendo de la base de que el sistema de financiación va a expirar en el año 2007, lo normal hubiera sido haber podido debatir en esta legislatura todas las formaciones políticas el nuevo sistema de financiación que ha de regir en los próximos cinco años en las diferentes comunidades autónomas. Si hubiéramos debatido y aprobado este sistema, probablemente alguna de las cuestiones que ustedes plantean hoy se hubieran podido resolver en la proposición de ley que ustedes presentan en estos momentos.


Hay un tercer punto relevante que, desde nuestro punto de vista, pone de manifiesto esta proposición de ley, y es que existe una similitud entre los criterios de distribución de los fondos de compensación estatales y los fondos estructurales europeos. Solo se consideran como comunidades autónomas beneficiadas por los fondos las de Objetivo 1 a efecto de los fondos estructurales europeos. Esto hace que podamos afirmar que España no dispone de una política propia de solidaridad territorial. Esta deficiencia se pondrá más de manifiesto, señorías, cuando dejemos de percibir en un futuro muy próximo, y como ya está ocurriendo ahora de forma gradual, los fondos estructurales de la Unión Europea. Esta es una problemática que desgraciadamente se va a extender a otras comunidades autónomas españolas.


Un cuarto punto interesante es que cuestiones como la planteada en la proposición de ley, la reforma del sistema de asignación y repartición de los fondos de compensación interterritorial, deben incluirse en el proceso del debate general del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, un sistema como el que reclama La Rioja que respete los principios de solidaridad territorial.


Otro aspecto relevante es que técnicamente, desde nuestro punto de vista, no parece correcta la modificación que propone el Parlamento de La Rioja, toda vez que no se trata de incluir en cualquier caso y para siempre a La Rioja, aspecto que sería totalmente contrario al fin mismo de los fondos estatales, sino que se trata de modificar debidamente los criterios de asignación y de repartición.


Atendiendo a las cuestiones que planteaba al inicio de mi intervención sobre la base de la tradición que históricamente ha manifestado nuestro grupo, vamos a aceptar a trámite esta proposición de ley para que sea en la Comisión donde podamos plantear todas las modificaciones que he expuesto en mi intervención y puedan ser escuchadas por los representantes del Parlamento de La Rioja. Hay otro aspecto que desde nuestro punto de vista es muy importante, aunque no obedece a ninguno de los que han planteado desde su Parlamento para que pueda ser debatido hoy en esta Cámara, y que nosotros hemos venido reclamando reiteradamente a lo largo de las últimas legislaturas. Me refiero a los últimos 14 ó 15 años, en los que nuestro grupo parlamentario ha instado en reiteradas ocasiones, tanto cuando gobernaba el Partido Popular como ahora cuando gobierna el Partido Socialista, la posibilidad de que de una vez por todas se puedan publicar las balanzas fiscales que existen en España en el sentido de que podamos plantear con la máxima transparencia cuales son las aportaciones que realizan las diferentes comunidades autónomas al PIB estatal y cuáles son las compensaciones que se pueden recibir por aquellas inversiones que desde el Estado puedan revertir a las comunidades autónomas. Se trata de plantear un acuerdo de pérdidas y ganancias y de cuáles son los saldos de las balanzas fiscales entre las diferentes comunidades autónomas y la Administración del Estado. Es una cuestión que está perfectamente planteada de forma reiterada y asumida porque todos conocemos cuáles son los diferentes estados de las balanzas fiscales entre la Unión Europea y los diferentes Estados miembros. No comprendemos cómo, a pesar de que en este Parlamento se han aprobado mociones en siete u ocho ocasiones instando al Estado a que se publiquen las balanzas fiscales, tanto cuando gobernaba el Partido Popular como ahora que gobierna el Partido Socialista, ha sido imposible llegar a conocer cuál es el saldo de estas balanzas fiscales. Continuaremos insistiendo en lo que queda de esta legislatura y también en la próximas, ya que queremos un Fondo de Compensación

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Interterritorial que sea justo, que sea equitativo y que de forma objetiva y programática pueda plantear una solidaridad justa de todas las comunidades autónomas, desde las que más puedan aportar a las que menos actividad económica tengan, para que el Estado puede hacer ese papel de regular y equilibrar lo que puede denominarse un Fondo de Compensación Interterritorial perfectamente ajustado a la realidad, y eso no se podrá hacer si no se publican las balanzas fiscales. Es posible que podamos llegar a un acuerdo efectivo en la próxima legislatura con un nuevo sistema de financiación pero, sin la publicación de estas balanzas fiscales, no se va a conseguir un trabajo como el que plantean en esta proposición de ley que, repito, vamos a aprobar. Esperaremos el debate en Comisión para proponer todas las cuestiones que he mencionado en mi intervención.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.


Grupo Parlamentario Popular. Señor Bermejo.


El señor BERMEJO FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Saludo a los diputados autonómicos de mi región, La Rioja, y al consejero de Hacienda, con todo el respeto y cariño.


Señoras y señores diputados, esta tarde debatimos una proposición de ley referente a la solidaridad financiera y modificación de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, emanada del Parlamento de La Rioja y remitido al Congreso de los Diputados para su tratamiento, debate y posterior votación. Una ley cuyo bloque nuclear es la inclusión de la Comunidad Autónoma de La Rioja entre las comunidades autónomas beneficiarias de los fondos de compensación interterritorial, dado que nuestra comunidad en estos momentos está fuera de este fondo de compensación.


Sus señorías conocen que el marco de nuestra vigente Constitución señala, en el artículo 1, la enumeración de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Y en el artículo 2 los principios básicos políticos, siendo uno de ellos e importante el de la solidaridad entre las nacionalidades y las regiones del Estado español. Asimismo, en el artículo 138 de la Constitución, y garantizado por el Estado, se señala el equilibrio adecuado y justo entre todas las partes del Estado y se propugna la igualdad sustancial de los españoles, de modo que todos tengan los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del Estado.


El principio constitucional de la solidaridad interterritorial, como no podía ser de otra manera, está fuertemente arraigado en La Rioja y asegurado en el ejercicio de la política riojana. En muchas situaciones de carácter excepcional y de urgencia, la sociedad riojana ha dado muestras de ello. Sin embargo, porque nos sentimos españoles de pleno derecho, no estamos dispuestos a ceder en el principio de la igualdad de todos los españoles, comenzando por nuestras obligaciones y por el reconocimiento de nuestros derechos, que tienen -o deberían tener- la misma categoría en todas las comunidades autónomas. Señalo esto porque tenemos la percepción de que parece que existen comunidades de varias categorías, y a la vista está. Hay una gran diferenciación entre distintas comunidades españolas, y es flagrante que esta diferenciación la ejercite el Gobierno según sus intereses y objetivos políticos. Prueba palpable la vamos a tener en el debate de los Presupuestos Generales del Estado en la asignación de las distintas partidas económicas territoriales. Hoy, la filosofía que traslucen los artículos 1, 2 y 138 de la Constitución que he enumerado, a nuestro juicio, quedan paniaguados y pasados de soslayo al acomodarse a los intereses del Gobierno socialista.


Señorías, La Rioja ha quedado excluida del Fondo de Compensación Interterritorial desde el año 1990. Que la comunidad autónoma de La Rioja es la más pequeña en extensión de España, con 5.034 kilómetros cuadrados, es una realidad; que nuestra población no llega a 310.000 habitantes, es verdad; que el desarrollo económico, nuestros indicadores económicos, marcan un signo positivo, también es verdad. Pero estos parámetros, señorías, no deben servir para relegarnos del derecho de estar incluidos en el reparto del Fondo de Compensación Interterritorial. Sin embargo, la Comunidad Autónoma de La Rioja quedó excluida del Fondo de Compensación Interterritorial en 1990 por la renta, y en 2001- textual- porque ni tiene un extenso territorio ni padece graves problemas de infraestructura. Pero ¿se conoce de verdad lo que es La Rioja? ¿Se conoce el envejecimiento poblacional de La Rioja, que trae como consecuencia el aumento de población inmigrante -el 11 por ciento- que deriva en la creación necesaria de servicios públicos y de nuevas y costosas inversiones para atenderlos? ¿Se sabe que existe un grave desequilibrio de concentración-dispersión de la población riojana, viviendo en Logroño -la capital- el 50 por ciento del total, o en el corredor del Ebro -en 7 kilómetros- el 72 por ciento, y en el interior -que corresponde al 90 por ciento del territorio- solo vive el 21 por ciento? Señorías, en La Rioja hay zonas deprimidas. Hay 174 municipios y la mayoría, 102, con menos de 250 habitantes; 50 municipios con menos de 100 habitantes, algunos de ellos, paradójicamente, administrando otros núcleos poblacionales como pequeñas aldeas y barrios, y lógicamente tenemos muchísimas dificultades para financiar los servicios públicos básicos.


Podría seguir diseccionando el panorama riojano, pero ya lo han hecho los anteriores oradores. Los tiempos, señorías, están cambiando y al esfuerzo que realiza el gobierno autonómico -que es mucho- deberían sumarse las ayudas del Fondo de Compensación Interterritorial, a las que La Rioja hoy no tiene derecho.


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Señorías, un territorio, una comunidad autónoma, siempre tiene carencias económicas debido a la creciente actividad de nuevos servicios públicos, por la dotación de los equipamientos modernos, por la necesidad de generar nuevas infraestructuras y de compartir servicios colectivos, que los hacen menos gravosos, con todos y cada uno de los municipios; en este caso 174 municipios en 5.000 kilómetros cuadrados. Para los riojanos, señorías, esta proposición de ley es muy importante, por eso esperamos su pronta promulgación. Adelanto, además, que desde mi grupo parlamentario enviaremos una carta de solicitud de agilización de los plazos de presentación del expediente y las enmiendas a la misma; solicitud de un plazo de dos semanas para que se agilice esta tramitación y sea efectiva, si es posible, antes de finalizar la presente legislatura. Asimismo, con esta proposición de ley queda claro que los recursos provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial serían muy positivos y de justo derecho para La Rioja. Hoy reitera La Rioja, señorías -y pido su voto a favor-, por medio de esta proposición, el derecho a ser incluida entre las comunidades autónomas beneficiarias de los fondos de compensación interterritorial, respetando el equilibrio territorial y financiero de todas las comunidades autónomas, tal y como señala nuestra Carta Magna.
Termino diciendo al señor Labordeta que también tiene toda la razón.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor presidente, señorías, en primer lugar, quiero saludar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a los representantes de la Comunidad Autónoma de La Rioja, hoy ponentes en esta proposición de ley, así como al consejero de Hacienda, que nos acompaña durante este debate. Se trata de un debate importante y político en el que por primera vez el Parlamento de La Rioja defiende su capacidad legislativa en el Congreso de los Diputados. También me hubiese gustado haber saludado en esta sesión al presidente de mi comunidad autónoma, La Rioja, y al presidente de su Parlamento con ocasión de un debate tan importante como este.


Para mí, diputado por la circunscripción de La Rioja, es un honor fijar la posición de mi grupo parlamentario y valorar esta iniciativa presentada de modificación de la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial. El Parlamento de La Rioja ha querido ejercer su derecho constitucional, como todas las comunidades autónomas, y el derecho emanado del artículo 19.i) de su Estatuto, de presentar la iniciativa legislativa, cosa que ha hecho. El Parlamento de La Rioja, con mayoría absoluta del Partido Popular, ha presentado una iniciativa parlamentaria, durante el mandato del Partido Socialista, tendente a modificar ahora la Ley 22/2001, que fue aprobada en la legislatura pasada, con mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso, y lo hace -como he dicho- ejerciendo un derecho democrático y constitucional, de la misma manera que lo han ejercido otras comunidades autónomas. Es más, de la misma forma y casi con el mismo texto legislativo con el que lo hicieron el 5 de octubre de 2004 las Cortes de Aragón, que también solicitaron la modificación de la Ley 22/2001, solicitud que fue aprobada mayoritariamente por esta Cámara y también por el Grupo Parlamentario Socialista. Por ello, nuestro pensamiento, nuestra valoración, nuestros argumentos no pueden apartarse de aquello que defendió el 5 de octubre de 2004 mi compañero Gerardo Torres.


El fundamento legal de los actuales fondos de compensación se encuentra en la propia Constitución, que en su artículo 138.1 dice que el Estado debe velar por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre diversas partes del territorio español, concretándolo más en el 158.2 a través del Fondo de Compensación Interterritorial; tuvo su nombramiento este, como se ha dicho, a partir de la Ley del Fondo de 1990, definiendo el Fondo de Compensación Interterritorial exclusivamente como un instrumento de política regional. Posteriormente, con el Gobierno del señor Aznar, con mayoría absoluta del Partido Popular, y de acuerdo con el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 27 de julio de 2001, también con el voto afirmativo del representante del Gobierno de La Rioja, se aprobó el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común que dio lugar a la modificación del FCI y a la nueva Ley de 27 de diciembre de 2001. Ahora bien, como los criterios que se establecieron entonces no pueden ser inmutables, de la misma manera que fueron aprobados podrían modificarse por el Parlamento y de acuerdo también con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como nos recordaba el señor Azpiazu.


Entendemos que lo que quiere solicitar la Comunidad Autónoma de La Rioja, que en la actualidad no es perceptora de dichos fondos, con esta iniciativa presentada por su Parlamento es la modificación de los criterios de reparto e inclusión para que La Rioja pudiera estar dentro de ellos. Sin embargo, y al igual que dijimos al debatir la iniciativa de Aragón, esta propuesta adolece de errores de carácter material y formal que habría que subsanar en una posterior tramitación parlamentaria en el órgano que se encarga de su debate, discusión y aprobación que es el Senado de España. El Fondo de compensación, instrumento de solidaridad interterritorial, constituye una pieza del actual sistema de financiación de las comunidades junto a otros fondos nacionales y europeos; fondos estos últimos que en el nuevo escenario 2007-2013 han sufrido una serie de cambios importantes tanto en su definición como en su cuantía. Estos cambios también se enmarcan en un contexto de modificaciones normativas de los estatutos de autonomía de nuestro país, en el debate acerca de la distribución de los fondos inversores desde los Presupuestos Generales del Estado y en el permanente debate acerca de la financiación de las autonomías.


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En este contexto queremos valorar el espíritu de la iniciativa proveniente del Parlamento riojano porque, señoras y señores diputados, tal y como se ha dicho, La Rioja, que no recibe aportación del FCI ni de otros fondos europeos, y aun siendo en algunas cuestiones y en algunos baremos una región privilegiada comparándola con otras, presenta en la actualidad algunos elementos preocupantes coyuntural y estructuralmente después de más de doce años de Gobierno del Partido Popular. Según el informe de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial del Ministerio de Administraciones Públicas de fecha junio de 2007, La Rioja con una población a 1 de enero de 2006 de 306.377 habitantes, presenta una densidad de población de 60,9 habitantes por kilómetro cuadrado, muy inferior a la media española. Se trata de una población desigualmente repartida. Podríamos hablar de una comunidad y de una región dual. Si bien el PIB per cápita es ligeramente superior a la media nacional en 1.200 euros, este indicador crece en el periodo 2000-2006 a una tasa del 4,7 por ciento, muy inferior al 6 por ciento de la media española.
También ha descendido la renta bruta disponible per cápita, según este informe del Ministerio de Administraciones Públicas, pasando de un índice de 115,6 a 110,9. Los datos de contabilidad regional constatan también que el ritmo de creación de riqueza se ha ralentizado, ya que en el periodo 2000-2006 la tasa media anual de aumento de la actividad productiva ha sido del 2,87 por ciento frente al 3,34 por ciento del conjunto del país, entre otras razones por el escaso nivel de desarrollo de la I+D+i y la caída de la productividad en esta región.


A pesar de estos datos y del desequilibrio interno, como muchas otras comunidades autónomas españolas, tan solo está vinculada dentro de la política regional a los programas de cooperación económica local y a las zonas Objetivo de competitividad regional y empleo comunitario en el periodo 2007-2013, además de a los fondos Feder y al Fondo Social Europeo. Los desequilibrios coyunturales pueden ser corregidos mediante políticas sectoriales y programas específicos, tanto desde el Gobierno nacional como desde la Administración autonómica. Sin embargo, la persistencia de desequilibrios endógenos y estructurales a veces exige esfuerzos locales desproporcionados para una comunidad, sea esta La Rioja u otra de características similares. Aquí es cuando entra en juego de verdad el principio de la solidaridad como principio político, pero señorías solidaridad en un Estado autonómico también es asumir la cuota-parte de responsabilidad con otras comunidades autónomas cuando hay problemas comunes como la inmigración de los menores. Solidaridad también es asumir junto con el Gobierno central la puesta en marcha y la aplicación de leyes que este Parlamento aprueba y no utilizarlas como instrumento político de confrontación. Solidaridad también es buscar el diálogo y el acuerdo con otras comunidades y no utilizar exclusivamente los tribunales para atacar a otras. Solidaridad también es hacer una política tributaria razonable y responsable y no pedir a otros lo que no se está dispuesto a pedir a uno mismo.


Junto a este principio político de la solidaridad institucional existe la solidaridad económica. Señor Azpiazu -y lo digo con cariño-, la comunidad autónoma también tiene el derecho justo y legítimo, como todas las comunidades autónomas, de defender sus intereses también donde crea oportuno. Estamos en un Estado igualitario desde el punto de vista jurídico y no se pueden hacer políticas de confrontación en razón de unos determinados recursos. Decía que, junto al principio de solidaridad política, debemos de hablar, cuando hablamos de solidaridad interterritorial, de financiación. Este es un tema delicado y siempre de actualidad. La realidad política pone en primera línea de discusión intelectual no pocas veces la actualización de los mecanismos de solidaridad, sus instrumentos de ponderación y los efectos directos y colaterales sobre el sistema financiero; porque tras la existencia de un nuevo marco financiero en la Unión Europea, en relación con los mecanismos económicos con incidencia en las comunidades autónomas, y tras el rodaje de seis años del marco actual de solidaridad interna, surge el debate del necesario y más idóneo sistema; porque tras unos años de incremento importante de la inversión pública del Estado, con crecimientos superiores a dos dígitos y con una incidencia clara en la superación de desequilibrios, puede ser momento para hacer un balance sosegado; o porque tras la futura aprobación y aplicación de leyes, como la de desarrollo rural, con una gran incidencia en el área rural y en las regiones y zonas más despobladas y con menores servicios y nivel de riqueza, puede ser interesante ver los mecanismos que afectan a las zonas más despobladas y rurales. Por todo ello puede ser interesante, como se planteó tras la discusión de la proposición del Parlamento de Aragón, seguir profundizando en el debate y en las alternativas de los mecanismos de solidaridad interterritorial, tanto desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera como desde la Comisión General de Autonomías del Senado, a donde debe de ir esta proposición de ley del Parlamento de La Rioja, una vez que este Congreso la pueda tomar en consideración también con el voto afirmativo del Partido Socialista.


Muchas gracias.(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Sanjuán.


Concluido el debate, llamamos a votación. Agradezco a la delegación de la Asamblea proponente, el Parlamento de La Rioja, su presencia aquí para defender el texto de la proposición de ley. Muchas gracias. (Pausa.)

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.


El señor PRESIDENTE: Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución. Conforme al artículo 20 del Reglamento, se procede al llamamiento del diputado

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proclamado electo por la Junta Electoral Central don Francisco Andrés Veiga Soto, en sustitución de doña María Josefa Porteiro García, para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.


¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor VEIGA SOTO: Sí, prometo.


El señor PRESIDENTE: Don Francisco Andrés Veiga ha adquirido la condición previa de diputado. Enhorabuena. (Aplausos.)

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
(VOTACIÓN.)

- DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA, SOBRE SOLIDARIDAD FINANCIERA Y MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/2001, DE 27 DE DICIEMBRE, REGULADORA DE LOS FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL. (Número de expediente 125/000023.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición de ley de comunidad autónoma del Parlamento de La Rioja, sobre solidaridad financiera y modificación de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 272; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), DE LA RENTA BÁSICA. (Número de expediente 122/000134.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE CREACIÓN DE LA RENTA BÁSICA DE CIUDADANÍA. (Número de expediente 122/000152.)

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Debido a su identidad de objeto, se debatirán acumuladamente los puntos 2 y 3, proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, de la renta básica, y proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de creación de la renta básica de ciudadanía.
(Rumores.)

Por favor, el debate continúa. Les ruego que evacuen la sala con la rapidez necesaria para que las condiciones de debate permitan a los oradores hacer su trabajo. (Continúan los rumores.)

Señorías, el Pleno continúa. Les ruego que evacuen la sala y permitan que el debate progrese, porque perdemos una cantidad enorme de tiempo.


Turno a favor, de quince minutos. Para la defensa de la proposición de ley presentada por su grupo tiene la palabra el señor Tardà. Adelante, por favor.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, conocen ustedes que nuestro grupo parlamentario ya en el debate sobre política general del año 2005 planteó la necesidad de incorporar a la hoja de ruta de las políticas sociales de un Gobierno socialdemócrata, que contaba además con apoyos claros de Esquerra Republicana de Catalunya y de Izquierda Unida, la renta básica universal. Decía entonces Joan Puigcercós desde esta misma tribuna que vale la pena que la izquierda reformule fórmulas, vale la pena reflexionar y empezar a estudiar la posibilidad de que en un futuro podamos establecer una renta universal básica. A raíz de aquella intervención planteamos una resolución que fue aprobada y que instaba a la creación de una subcomisión en el marco de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, a fin y efecto de proceder a la elaboración de un estudio completo sobre la renta básica universal y su posible aplicación. Han transcurrido muchos meses desde aquel día, la subcomisión no ha llegado a constituirse y posiblemente ya no estamos a tiempo de proceder a ello. No queremos decir que hayamos encontrado resistencias para su constitución, lo cierto es que había otras comprometidas anteriormente que dada su importancia se han alargado en el tiempo y ahora mismo existe otra dedicada a un tema tan importante como de urgente resolución, me refiero a todo lo relativo a los fenómenos migratorios y a la inmigración en el Estado español. Insisto en esta aclaración a manera de justificación, creo que honrada, por cuanto nadie relacionado con la renta básica universal, ya sea en el mundo asociativo, ya sea en el mundo académico, debería sacar conclusiones equivocadas respecto al grado de compromiso de Esquerra Republicana en cuanto a la renta básica universal. Es más, ya les avanzamos que vamos a presentar una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, que vamos a debatir en las próximas semanas, para que se incorpore una partida destinada a la elaboración de un estudio, datando el periodo de su realización que a nuestro entender no debería alargarse más de seis u ocho meses, sobre la posible aplicación parcial de la renta básica universal en el Estado español, estudio que debería llevarse a cabo, como mínimo, en colaboración con la renta básica del Estado español.


Quiero sentar la idea de que para Esquerra Republicana se trata de un tema de calado que conformará parte

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de nuestro guión de actuación en la próxima legislatura, es decir, estaría encima de la mesa si se diera el caso de mantener acuerdos de acción conjunta en los próximos años con el Grupo Socialista. De hecho, reclamaremos que la primera subcomisión que pueda crearse en la próxima legislatura en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales sea la referida a la renta básica universal. (El señor vicepresidente, Martínez Sieso, ocupa la Presidencia.)

No les escondo una cierta preocupación. Hemos visto en las últimas semanas cómo el vértigo que produce a los partidos políticos que están en el Gobierno ver acercarse las nuevas elecciones, les lleva a apretar el acelerador a fin de consolidar el apoyo popular recibido anteriormente.
Así, nos hemos encontrado con que el Gobierno español ha tomado iniciativas como los 2.500 euros por hijo nacido con posterioridad a la fecha en que el presidente habló en esta Cámara. No nos engañamos. De entrada representaba asumir por parte de la izquierda, por parte del Partido Socialista, la filosofía del cheque, tan denostada por parte de la izquierda. De hecho, recordarán que una de las razones por las cuales tanto Esquerra Republicana como Izquierda Unida nos pudimos entender con el ministro Caldera en la configuración de la Ley de la Dependencia fue porque relegamos veleidades a favor del cheque y criticamos a quienes pretendían lo contrario durante el trámite de la ley. Hemos tenido que enfrentarnos a los hechos consumados con el cheque y nos ha costado, aun cuando creemos que hemos conseguido corregirlo con la introducción de otras variables que traducían la incorporación del término de progresividad, atendiendo en mayor medida a los colectivos más desfavorecidos, familias monoparentales, familias numerosas, familias por hijos discapacitados, nuevas inversiones sociales destinadas a las personas del tramo cero a tres años, etcétera. Es decir, señores del Grupo Socialista, ustedes a veces saltan la valla y juegan con los del otro lado, y luego hay que correr a arreglar el desaguisado.


Todo ello viene a cuento aquí, en el día de hoy, cuando Esquerra Republicana de Catalunya trae a debate una propuesta profundamente republicana: la renta básica universal. Frente a los peligros que entraña la hipotética consolidación del cheque planteamos la renta básica universal. Hablamos de algo ciertamente nuevo, hablamos de una idea nacida no hace muchos años en la Universidad Católica de Lovaina, que ha ido creciendo y germinando y que hoy día ha traspasado los estrictos ámbitos universitarios y académicos. Hablamos de una herramienta que no resolverá todos los problemas de nuestra sociedad -el más importante, a nuestro entender, es el de la acumulación de riqueza en pocas manos-, pero sí puede permitir resolver una de sus consecuencias más perversas, es decir, acabar con la pobreza y la exclusión social. Hablamos del establecimiento de una prestación económica universal no condicionada, inembargable, para cada ciudadana o ciudadano, que persigue una mejor redistribución de la renta en un sentido progresivo, una progresiva socialización de la riqueza en clave de búsqueda de una sociedad más justa y más igualitaria, y sin que todo ello sea a costa de las conquistas sociales ya alcanzadas del Estado del bienestar: educación y sanidad básicamente.


Una vez más debemos dar respuesta a las dos preguntas más recurrentes cuando se habla de la renta básica universal. Primera, ¿es justo que quien no quiera trabajar perciba una asignación adicional? Segunda, ¿es una quimera, desde el punto de vista económico? Es evidente que los sectores más reaccionarios al progreso social, más reacios a la socialización de la riqueza, pretenden ignorar que existe el trabajo no remunerado -véase si no el trabajo de las mujeres en sus domicilios-, y que dentro del concepto de parasitismo también debería incluirse a todos aquellos que viven a costa de otros. De hecho, la historia demuestra que los ricos siempre se han opuesto a beneficiar a los pobres argumentando que ello conllevaría la ineptitud de aquellos para el trabajo. Asimismo, pretenden contaminar el debate asociando renta básica universal a catalizador de la indolencia, o lo que es lo mismo: los que no cobran no hacen nada. Son los mismos que equiparan exclusivamente trabajo a trabajo económicamente remunerado.


En primer lugar, no puede negarse que en el trabajo se busca además del salario reconocimiento social y felicidad personal, en la medida en que un ciudadano puede ejercer una actividad deseada. Hoy día vemos cómo ciudadanos que disponen de un salario suficiente incluso trabajan más de lo debido para poder alcanzar un mayor nivel de consumo, o personas que aun estando jubiladas o prejubiladas continúan trabajando. Posiblemente existiría quien -sobre todo aquellas personas que llevan a cabo trabajos duros, desagradables y mal pagados- desistiera de continuar ejerciéndolos, pero no es menos cierto que también habría otras que hoy cobran prestaciones sociales y que gozarían del estímulo de trabajar, por cuanto podrían acumular ambos ingresos, o incluso quizás si estas tareas más desagradables cotizasen más, lo cual nos lleva a un nuevo debate como es el del reparto social del trabajo y el de la capacidad de negociación, a nuestro entender mayor, de los trabajadores, en la medida en que la existencia de la renta básica universal configuraría una independencia socioeconómica de los trabajadores respecto a los empresarios. En particular afectaría de manera beneficiosa a las mujeres y a los jóvenes, las grandes víctimas del trabajo precario y, por ende, de la dependencia familiar.


Entendemos que su implantación puede ser viable con una modificación de la fiscalidad, y en concreto del impuesto de la renta de las personas físicas. Diversos estudios demuestran la viabilidad de su implantación, a destacar el más reciente llevado a cabo en Cataluña por parte de diversos economistas ligados a la renta básica a partir de una muestra de 210.000 declaraciones de IRPF del año 2005. Como digo, en estos estudios se demuestra claramente su viabilidad. ¿Cuánto gasta el Estado en medidas sociales contra la pobreza, a favor

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del empleo, en el subsidio de desempleo, en pensiones, en los distintos subsidios condicionados, así como en su gestión administrativa? ¿A qué podríamos aspirar si distribuyéramos todo ello entre los ciudadanos mediante una renta universal básica? ¿Qué repercusiones tendría frente a la exclusión social, la pobreza, la marginación social y otras calamidades que se abaten sobre las sociedades del mundo desarrollado? Añádase otro valor, a nuestro entender, fundamental: la renta universal actúa como preventiva, no así las ayudas actuales que actúan sobre las personas ya excluidas.


Permítanme mencionar todavía otra consecuencia benefactora para quienes aspiramos a un modelo de sociedad bien distinto del actual. Nos referimos al incremento del grado de autonomía y de libertad de la población en la elección del trabajo. A grandes trazos, debo decirles que nuestra proposición de ley pretende reconocer un nuevo derecho de ciudadanía.
Todos los ciudadanos recibirían una cuantía no sujeta a fiscalidad, no inferior a la que marca el umbral de la pobreza, aun cuando se podrán establecer diferentes cuantías en función de la edad del perceptor. Así distinguimos los menores de 18 años, receptores del 50 por ciento de la cantidad fijada como umbral de la pobreza. El tramo 18-65, que tendría a su alcance el cien por cien de la cantidad que conforma el umbral de la pobreza, y los de más edad, más de 65 años, que deberían percibir un porcentaje mayor, en definitiva, superar un 10 por ciento de los anteriores, atendiendo a su dificultad para gozar de ingresos adicionales. Un derecho pues que actuaría dialécticamente sobre el mismo concepto de ciudadanía en el siglo XXI. En el contexto de la Unión Europea del siglo XXI, el derecho de ciudadanía no puede ir desligado de la garantía de la seguridad económica de las personas para ser verdaderamente autónomas.


Hablamos pues de la renta básica universal como elemento constitutivo de un derecho de ciudadanía. La renta básica es la concreción política de los valores republicanos a los que debe aspirar ver culminados nuestra actual democracia, es decir, los de libertad, igualdad y fraternidad.
Fraternidad en cuanto a que la sociedad reparte una porción de la riqueza que genera entre toda la ciudadanía como manera de garantizar su derecho a la existencia, a la vida. Igualdad porque se otorga a toda la ciudadanía, independientemente de cualquier otra condición socioeconómica. Libertad a garantizar unas condiciones de vida mínimas que permita a las personas decidir verdaderamente sobre su desarrollo personal o sobre las condiciones de acceso al mercado laboral, sin tener que hipotecar estos derechos ante el chantaje permanente de los poseedores de la riqueza, que la utilizan como una herramienta de sumisión. En ese sentido, la renta básica universal es dotar de contenido, con categoría de derecho, la gran conquista de la Revolución francesa en que se inspiran las democracias europeas. Sin las condiciones mínimas de vida que se establecen con una renta básica universal, las clases trabajadoras están obligadas no ya a trabajar sino a hacerlo en las condiciones que le imponen aquellos que, más por injusticias históricas que por méritos, son los grandes poseedores de la riqueza. Si ello es así, no existe ni libertad para la persona que se ve obligada a vender hasta su alma para sobrevivir, ni igualdad a la hora de establecer unas condiciones justas y dignas para empleado y empleador.


Por otro lado, no se trata de estimular la ociosidad, no se trata de estimular el parasitismo sino de garantizar el derecho a la vida.
Asimismo, hay que señalar que la renta básica universal no otorga lujos a nadie ni permite el acceso de la ciudadanía a bienes de consumo más allá de aquellos que garantizan la supervivencia de la persona. Por lo tanto, es demagógico y tendencioso afirmar que se pretende otorgar una paga para la gente que no trabaje. Al contrario, la necesidad de trabajar sigue siendo imperativa para conseguir un nivel de vida aceptable; pero en un sistema socioeconómico en que no se garantiza el acceso al trabajo para toda la población, y menos aún en condiciones dignas, la renta básica universal persigue que la negación de este derecho no conlleve también la negación del derecho a la vida. Hay que señalar que el establecimiento del derecho a la renta básica universal no cuestiona ni ataca al sistema capitalista en que nos encontramos; al contrario, la redistribución de la riqueza que plantea permite el acceso de una parte de la población a unos determinados bienes de consumo y puede suponer un estímulo a la economía, sobre todo si se tiene en cuenta que esta riqueza estaría destinada a la adquisición de productos de un valor añadido pequeño que incentivan la productividad y el empleo.


Señores del Grupo Socialista, les pedimos que voten a favor de la proposición de ley de Esquerra Republicana. No es casualidad que esta proposición de ley venga acompañada de otra de nuestros compañeros del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Sabemos que votar a favor de dar luz a su trámite parlamentario no significa que su resultado final sea el contenido de nuestro proyecto. Es más, sabemos incluso que, aun votando a favor, el proyecto no sería debatido puesto que una ley de este calado exige una tramitación lenta y de una enorme complejidad. Evidentemente, no sería debatida en esta legislatura, luego -termino, señor presidente- ¿por qué razón les pedimos que aprueben su admisión? No pueden negar que hacerlo sería visualizar un mínimo compromiso intelectual y político. Ya veríamos bajo qué parámetros, en qué condiciones, qué etapas y cuándo. ¿Es posible llevar a cabo la implementación de la renta básica universal en algún tramo de edad? ¿Es preferible incorporar una renta básica universal mínima para que fuera creciendo con el tiempo a medida que se consolidara ideológicamente entre la población como un valor democrático?

Deseamos, en definitiva, incorporar en la hoja de ruta de las izquierdas de este Parlamento para los próximos años un mínimo compromiso de trabajo conjunto a favor

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de la renta básica universal, y sin duda votando hoy a favor, aun sabiendo cuál es la realidad que compartimos, nos haríamos un gran favor. Nosotros -como el diputado Jordi Sevilla, hasta hace bien poco ministro del Gobierno, defensor de la renta básica universal- pedimos este apoyo, apoyo progresivo por supuesto, porque creemos en ella.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Tardà.


A continuación, turno a favor de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Tiene la palabra la señora García.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.


En nombre de mi grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, quisiera empezar diciendo que esta intervención pretende poner de manifiesto dos cosas: una voluntad, insistir en una cuestión, la renta básica, que se ha debatido poco en el Congreso, y un deseo, que sea uno de los debates más intensos de la próxima legislatura. Sabemos que vamos a llegar a poco hoy en este debate, lamentablemente, pero ningún debate debería caer en saco roto y muchas otras iniciativas, leyes y acciones gubernamentales han empezado muchas veces con un debate que tenía poca resonancia y que con el tiempo se han convertido en pieza casi fundamental. En segundo lugar, quisiera decir que es un homenaje y un reconocimiento a todas las personas, profesores, estudiosos, ciudadanos de todo tipo, que han hecho un trabajo riguroso, sistemático y académico sobre la renta básica. No quisiera dejarme ningún nombre, son muchos y muchas, aunque debo reconocer que una de las fuentes donde más he basado mi intervención -y también mi grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya- es la de Daniel Raventós, presidente de la Red de renta básica, y en concreto en su libro Las condiciones materiales de la libertad. Por tanto, nada o casi nada de lo que diré en mi intervención me pertenece. Quiero empezar diciendo esto porque, lamentablemente, la reflexión sobre la renta básica es todavía muy incipiente en nuestro país. La Red de la renta básica pertenece, en definitiva, a todos los que la han hecho posible y en todo caso he añadido mis reflexiones particulares y también, cómo no, reflexiones que tienen que ver con mi actividad, no solamente política sino también profesional, a lo largo de muchos años, que me ha hecho ver y vivir de cerca nuestro sistema de bienestar social. Espero que mi intervención sea complementaria a la del compañero diputado Joan Tardà y que, entre la una y la otra, consigamos ampliar un poco más lo que pretendemos exponer.


Respecto a esta proposición de ley que hoy debatimos, nuestro grupo -ya se ha dicho-, en marzo de 2005, solicitó la constitución de una subcomisión en esta Cámara para estudiar la creación de una renta básica de ciudadanía y Esquerra Republicana, en mayo de 2005, presentó la misma solicitud. Lamentablemente, no ha sido posible en esta legislatura -ahora ya dudamos de que lo sea- hacer este debate, que es preciso para una propuesta de tanto calado como sin duda es la renta básica. Por tanto, antes de proceder a cualquier implantación -y así insistíamos en ello- de una medida como esta, debe hacerse un análisis en profundidad, ya que se trata de una propuesta con un enorme potencial de redefinición social estratégica, y no se puede hacer evidentemente de un día para otro ni tan siquiera de un año para otro. Por tanto, sabemos que estamos introduciendo un debate de tiempo. No es una pequeña reforma, sino que innova a fondo, cuestiona en definitiva, y va más allá de los fundamentos normativos y programáticos de nuestro Estado de bienestar social.


Para decirlo gráficamente, el sufragio universal en el siglo XX quizás representó algo que podría ser parecido para la democracia a lo que la renta básica podría suponer en el siglo XXI para este Estado de bienestar social, o sea, un salto verdaderamente cualitativo en la concepción de ciudadanía social; de ahí, nuestra insistencia en crear dicha subcomisión como paso previo a su desarrollo legislativo. De hecho, nuestro programa electoral -también quiero plantearlo- para las generales de 2004 ya sugería de manera tímida -también lo hemos de decir- la propuesta de una pensión básica y de una asignación para jóvenes, que sería una renta básica, aunque limitada a los menores de 25 años y a los mayores de 65.
Concretamente, hablábamos en nuestro programa de la pensión básica universal para mayores de 65 años y de la renta mínima garantizada para las personas en edad laboral.


¿Por qué planteábamos esto ya en el programa de 2004? Por varias reflexiones. A lo largo de los últimos años, todos los modelos de Estado de bienestar social europeos han presentado serios déficits de inclusión social desde nuestro punto de vista; es decir, colectivos importantes de población han quedado al margen de los mecanismos clásicos de protección social. ¿Por qué ha pasado esto desde nuestro punto de vista? Porque que se ha producido un cambio acelerado en los principales parámetros de la estructura social; es decir, una diversificación étnico-cultural, un envejecimiento y dependencia, nuevas formas de convivencia familiar -tema muy importante-, itinerarios de emancipación juvenil muy complejos y paro de personas adultas de larga duración, y todo esto articulado en una fase de predominio ideológico neoliberal desde nuestro punto de vista. ¿Cómo se ha hecho frente a esta situación? Muy sintéticamente, desde diferentes mecanismos. Se han reforzado las políticas activas de ocupación, desde unas estrategias de reparto del trabajo y nuevos yacimientos de ocupación; en segundo lugar, se produce el surgimiento generalizado de las rentas mínimas de inserción -las famosas Pirmi en algunos lugares y las RMI en otros- como instrumento de garantía de ingresos. ¿Cuáles han sido los resultados desde nuestro punto de vista? Avances, pero también límites muy claros. Las

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nuevas políticas activas son, en definitiva, palancas insuficientes para lograr la plena ocupación de calidad. Tampoco ayudan a afrontar el debate de la validez del trabajo asalariado como eje de la ciudadanía social.
Las Pirmi o las RMI presentan tasas muy bajas de cobertura. Son familiaristas y no resuelven la vulnerabilidad de las personas beneficiarias. Ninguna de estas dos medidas restablece en un nivel satisfactorio el carácter cohesionador del Estado de bienestar. No se trata, por tanto, hoy de entrar a definir la articulación de la renta básica, pero sí de poner de manifiesto que nuestro sistema actual no responde ni de lejos a las demandas ciudadanas. Por ello, es necesario un replanteamiento del Estado de bienestar social, y un instrumento clave para ello puede ser la renta básica, el consenso de todos en esta renta básica.


La verdad es que hoy en día nuestro sistema, como diríamos en catalán, es un poti-poti total de prestaciones sociales y de otras ayudas económicas que reclaman un mayor grado de coherencia y de integración. Les pondré unos ejemplos. Sin ir más lejos, el nivel de fragmentación de nuestro sistema es tal que cualquiera de ustedes -igual ya lo han hecho- puede hacer un listado enorme de todas las prestaciones -familiares, contributivas, no contributivas, sociales y económicas de la Lismi- y sumando todo esto nos vamos a más de 33 tipos de prestaciones, cada una de ellas con sus criterios y requisitos, con sus sistemas de adjudicación y seguimiento, con un ejército -permítanme que lo diga- de personas que tienen que estar dedicadas no a dar este bienestar social, sino al control incluso de estas prestaciones. Esta es la vivencia personal que he tenido.


En un estudio interesantísimo que les recomiendo, que se llama Viabilidad financiera e impacto distributivo de una renta básica a Cataluña, de hace dos años, todas estas pensiones que acabo de mencionar -contributivas, no contributivas, todas las existentes- ascienden a 8.162 millones, sin llegar a cubrir las necesidades reales de unos amplios colectivos. La propuesta y la microsimulación que se realiza con una renta básica es un presupuesto de 8.041 millones de euros, es decir, inferior. Este estudio es verdaderamente recomendable. Esto es un detalle de que lo que estamos planteando no es una utopía ni el sueño de la izquierda o de unos cuantos locos de izquierda, por decirlo de alguna forma, ni tampoco es el paradigma del Estado del bienestar social, sino que simple y llanamente es una manera diferente de entender cómo se han de garantizar unas prestaciones básicas de ciudadanía para todo el mundo y cómo se han de financiar; eso sí, no voy a engañar y en los minutos que me quedan tampoco quiero esconder la financiación. Dicho sea de paso, aquí se irán sumando algunas prestaciones no existentes, como por ejemplo la última del cheque bebé, que no estaba y que deberíamos contabilizar, que todo el mundo sabe que nuestro grupo no ha compartido aunque finalmente hemos llegado a un acuerdo para garantizar unos servicios, en este caso de las llars infantiles o de las guarderías infantiles.


Por lo que respecta a la renta básica, es un tema que se ha trabajado muy a fondo a nivel académico y que empieza a tener propuestas programáticas avanzadas en la Unión Europea. Ya hay sectores muy importantes, incluso económicos, que están diciendo que es un tema serio a replantearse. La definición concreta de la renta básica, del basic income network, es una renta incondicionalmente garantizada a todos de forma individual sin necesidad de una comprobación de recursos o de estar realizando algún tipo de trabajo. Es una renta incompatible con otras pensiones en el momento en que se cobren y que sean superiores, pero no con las rentas del trabajo, porque esta no es una renta del trabajo. Dicho también en palabras de Daniel Raventós, es una forma de renta mínima garantizada que difiere en varios aspectos de las que existen actualmente en varios Estados europeos. ¿En qué difiere? Primero, en que es pagada a los individuos y no a los hogares, el derecho es del individuo, no de las familias. Segundo, es pagada independientemente de otras fuentes de renta. Finalmente, es pagada sin requerir el desempeño de ningún trabajo o la voluntad de aceptar un empleo ofrecido. Por tanto, ¿cuál es, entre otras muchas cosas, el objetivo? Desmercantilizar a las personas, que todo el mundo pueda vivir sin precariedad, no con lujo, dignamente, con independencia de su relación en el mercado de trabajo. Es importante destacar que, a pesar de que todo el mundo la recibe, no todo el mundo gana con este sistema. Hemos de decirlo muy claro ya que las rentas más altas, es decir, los ricos, los muy ricos, pagarán más. No hay que engañarnos. Esto solo se puede financiar así. Esto no es una utopía. Es una necesidad que cada vez será más y más importante. ¿Por qué han de pagar más? Para hacer posible una financiación de la propuesta de aquellos que han de recibir la renta básica. Existe ya un estudio, que se ha realizado en Cataluña por los investigadores que antes comentaba, sobre la viabilidad y el impacto de una renta básica de ciudadanía, que se basa en una renta básica de 5.414 euros al año -cifra que viene a ser lo que era antes el salario mínimo interprofesional multiplicado por 14- para todos los adultos censados y de 2.707 euros para los menores.
¿Mediante qué? Pues mediante una reforma del IRPF y la supresión de cualquier otra prestación monetaria pública de una cantidad inferior. Es decir, si la prestación pública es superior, la renta básica queda completada hasta llegar a la cuantía que representa esta prestación. Los resultados del estudio ponen de manifiesto que el porcentaje de personas que salen beneficiadas con esta reforma sería del 63,3 por ciento, al que habría que añadir una altísima porción del 26 por ciento de la población no cubierta hoy por el IRPF. El estudio concluye diciendo que no es exagerado decir que con la renta básica el 80 por ciento sale beneficiado. En definitiva, estamos hablando de un 20 por ciento que sale perdiendo, si es que esta es la palabra que aceptamos, que es quien aporta más a esta renta básica. Por tanto, el resultado comporta una redistribución de la renta entre ricos y pobres. Así de claro y así de sencillo.


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Termino, a pesar de que hay mucho más para explicar, porque no tengo tiempo. Creo que debemos quitarnos el complejo, sobre todo una parte importante que nos consideramos progresistas y de izquierdas, de llamar a las cosas por su nombre. En todo caso, hay que plantear que las personas con un nivel altísimo de renta, es decir, los ricos muy ricos, ayuden a que haya una renta básica de ciudadanía para todo el mundo. Esto no debería de suponer rasgarse las vestiduras porque, aunque hoy pueda parecer descabellado, estoy segura que en diez o quince años será el debate de profundidad en nuestro país y en Europa.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora García.


Para turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Mixto la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señor presidente.


En un debate tan importante como el que acaban de presentar los compañeros de Esquerra Republicana e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, nuestro grupo quiere dar su opinión y manifestar su postura. Postura que, en principio, apoya la consideración de la propuesta para su trámite como proyecto de ley. Nuestra posición no está basada en un total y absoluto acuerdo con las exposiciones que se acaban de hacer sino en el principio de la propuesta o, cuando menos, la parte fundamental de la misma, que es la que se refiere a tomar medidas destinadas a eliminar las situaciones de pobreza. En este sentido, somos conscientes de que hay algo más de un 19 por ciento de ciudadanos en situación de pobreza en el Estado español, una media muy superior a la de la Unión Europea sin los países de la última ampliación, que debe estar aproximadamente entre un 14 y un 15 por ciento. También es verdad que, a pesar de que no sé si en todas las comunidades autónomas se ha legislado, creo que en la mayoría sí, concretamente en Galicía sí y, por tanto, los gobiernos están obligados a asumir rentas destinadas a paliar fundamentalmente aquellas situaciones de pobreza extrema, rentas orientadas a situaciones de exclusión social, a pesar, repito, de que estas rentas existen en distintas comunidades, el hecho de su existencia también ha demostrado que esa renta, con todas las limitaciones que se ponen para poder acceder a ella, concretamente la condición de persona necesitada de proyectos de inserción social, es injusta para una población que necesita de esa ayuda económica o de esa participación económica y no está en situación de exclusión y, por tanto, no necesita proyectos de inserción social. De hecho, en la renta de Galicia se tuvieron que hacer modificaciones porque en la práctica los informes de los trabajadores y trabajadoras sociales incidían en que a estas personas que están en situación económica desfavorecida, que están en desventaja social, desde el punto de vista económico pero no desde otros puntos de vista, se les tenía que reconocer este derecho a estas rentas, sobre todo porque algunos pensamos que este tipo de rentas deben estar orientadas a eliminar, evitar o prevenir los casos de exclusión; es decir, entendemos que es necesario actuar en aquellas situaciones de desventaja social que no signifiquen exclusión, pero sí necesidad el apoyo de la Administración para, precisamente, no llegar a la situación de exclusión. Esas son las razones por las que vemos con buenos ojos la propuesta que acaban de exponer los portavoces de Esquerra y de Iniciativa per Catalunya. Por lo tanto, apoyamos su toma en consideración como proyecto de ley, aunque, atendiendo a las exposiciones de los dos diputados, nos parece que es una cuestión que requiere mucha reflexión.
Nosotros, en el momento en que se inicie el trámite parlamentario y la posibilidad de presentar enmiendas, las plantearemos porque entendemos que hay cuestiones que deben tener unos límites o, cuando menos, unas consideraciones que limiten los derechos. La señora García decía que hoy nos puede parecer descabellado hablar en esos términos, pero que dentro de 15 ó 20 años esto sería algo natural. Yo no me aventuraría a proyectar el pensamiento en esta cuestión a tantos años porque esta posibilidad está condicionada a los desarrollos económicos que podamos tener en los años futuros. Evidentemente, esto que estamos hablando es algo posible en una situación económica como la que vivimos en este momento, que nos debería obligar a todos y, desde luego, a aquellos que defendemos una sociedad con una distribución de la riqueza justa, de tal manera que se garantice el bienestar a todas las personas que vivimos en ella. De acuerdo con las circunstancias en las que vivimos actualmente, efectivamente es una renta que deberíamos tener en cuenta, pero yo no haría ahora una proyección de futuro porque son cosas que hay que valorar en presente. Pensamos que, dadas las circunstancias del presente, la propuesta que acaban de hacer los dos grupos políticos es acertada, independientemente de los matices que en el debate podamos poner sobre la mesa, y nos gustaría que pudiera ser así.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Muchas gracias, señora Fernández Davila.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señor Tardà, con el cariño y el afecto que sabe que le profeso voy a tener que discrepar con su argumentario -no en todo, en algunas cuestiones- y con el de la señora García también. La señora García casi me ha liberado de realizar reflexiones de carácter más extenso porque ella misma ha comentado -y me parece haber interpretado bien sus palabras- que la propuesta puede resultar hoy descabellada y que quizá sea una propuesta para debatir dentro de diez o quince años. Si estamos

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aquí ambos dentro de ese tiempo quizás, en términos de mayor racionalidad conceptual, la podamos debatir.


Señor Tardá, le tengo que decir que no termino de comprender su propuesta.
Quizá me falten algunas clases en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la cátedra del señor Raventós, para poder inmiscuirme, para poder realizar una inmersión conceptual más razonable en esto que usted propone, porque preconiza en el artículo 1 de su proposición de ley algo que resulta terriblemente vidrioso en estos momentos. Dice ahí que serán perceptores de la renta universal -que usted articula o configura en esta proposición de ley- incluso aquellos que no quieran trabajar remuneradamente. No se refiere -como ha hecho en su discurso político- a determinadas rentas a las que la ciencia política se refiere hace tiempo y que son las llamadas rentas no monetarizadas: el trabajo doméstico, el voluntariado y otro tipo de rentas que contribuyen a la creación de producto interior bruto pero que no tienen una remuneración a través de la alienidad y de la retribución que caracteriza el contrato de trabajo.
Lo que se le ha olvidado decir -pero ya lo decían Ricardo, Adam Smith, Keynes y todos los economistas posteriores- es que estas personas simultanean este trabajo con rentas remuneradas también. Lo que usted está preconizando es la incorporación al ordenamiento jurídico de un derecho subjetivo nuevo, que usted llama de ciudadanía, que no existe en ningún país del mundo. Si me equivoco, dígame en cuál. No existe en ningún tratado comunitario ni en el acervo comunitario, lo que se llama l'acquis communautaire. No existe en el Tratado de Amsterdam que establece el primer catálogo de derechos fundamentales de carácter social de los ciudadanos europeos por la circunstancia de ser europeos y que habla de lo mismo que el artículo 41 de la Constitución española: protección adecuada, suficiente y pública ante cualquier situación de necesidad. Pero no se preconiza en ningún sitio el derecho a trabajar siendo este trabajo subvencionado por los que trabajan. Ahí entramos en un elemento dialéctico complejo, terriblemente vidrioso y, en mi opinión, insolidario -permítame que utilice esta expresión- en un país donde más de dos millones de personas están intentando penetrar en el mercado de trabajo, están intentando trabajar. El derecho a no trabajar es un derecho que no sé en qué ordenamiento jurídico se ha sacramentalizado como tal. No conozco ninguna constitución del mundo donde se consigne ni como derecho fundamental ni como derecho ordinario el derecho a no trabajar. Es más, ni siquiera se podría considerar un derecho dimanante del derecho de gentes o del derecho natural; ni siquiera San Agustín o los grandes preclaros, los prebostes del derecho de gentes declaraban el derecho a no trabajar. Usted habla de que es un derecho de carácter republicano, que tiene una impronta republicana. He estado leyendo mucha literatura de autores caracterizados por su republicanismo y el valor del trabajo se ha considerado un valor con connotaciones siempre positivas, nunca peyorativas. Es más, si nos retrotraemos a épocas anteriores en el tiempo, ya Juan Calvino, el gran reformista y uno de los prebostes de uno de los segmentos de la religión protestante, decía que la regeneración del ser humano se realiza a través del trabajo, no a través del: Dios proveerá, que era el elemento metacultural característico de la religión católica, y de ahí deducía Calvino -y se ha deducido posteriormente empírica y experimentalmente- la hegemonía y la preponderancia económica de los países de metacultura protestante sobre los de metacultura católica. Usted no se refiere a que Dios proveerá, se refiere a que el Estado proveerá, pero el Estado proveerá ¿cómo?, ¿con qué recursos? Pero si ya vamos a tener dificultades para la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones tal como está convencionalmente articulado en la actualidad, pretendidamente contemplando el contenido esencial de lo que prevé el artículo 41 de la Constitución, que dice que será atendida de forma suficiente y a través de un sistema público de pensiones cualquier situación de necesidad. A esto es a lo que hay que referirse, pero no se puede crear un derecho subjetivo de ciudadanía. Aquí se habla con mucha alegría de nuevos derechos de ciudadanía, de derechos de nueva generación, de derechos subjetivos, pero que no dimanan de ningún sitio más que de las especulaciones, en ocasiones rayanas en lo onírico, de algunos catedráticos de universidad que no tienen ningún tipo de constatación empírica y que no han sido tomadas en serio en ningún país del mundo, porque no están en el ordenamiento jurídico de ningún país del mundo ni constituyen el debate político de ningún parlamento civilizado de los que yo conozco. Igual usted me puede decir lo contrario, pero yo no conozco ninguno. Desde luego, en ningún sitio se preconiza el derecho a no trabajar como derecho subjetivo de una persona que constituya una opción de vida, pero subvencionada por los que trabajan, porque esa es una dialéctica diabólica. Si elevamos la pensión de los que se acogen a este pretendido derecho subjetivo de ciudadanía de no trabajar, si la elevamos sobre el umbral de la pobreza y le damos una dimensión digna -porque la definición técnica del umbral de la pobreza también está sujeta a refutación; hay ya convenciones y métodos para medir el umbral de la pobreza. Hay quien habla, como ustedes lo hacen en el preámbulo de su proposición de ley, del 50 por ciento de las rentas medias; la Unión Europea utiliza otro criterio, que es el 60 por ciento de los salarios medios del país donde se debe determinar el umbral de la pobreza- muchos se acogerían a esto. Yo he hecho una pequeña encuesta -permítame la inmodestia-, de las que se pueden hacer con un universo absoluta y manifiestamente insuficiente, entre los compañeros aquí presentes, sobre quiénes optarían por acogerse a este derecho subjetivo a no trabajar de forma subvencionada, siendo receptores o recepcionarios de esta renta universal si tuviera una dimensión cuantitativa suficiente, y no me he encontrado con nadie que quiera seguir trabajando. Esta es una aproximación estadísticamente acientífica, pero estamos hablando de un tema serio, porque la Constitución española -con mucha

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frecuencia a mi partido se le acusa de ser un partido con escasas sensibilidades constitucionalistas; sin embargo, citamos la Constitución más que nadie, y algunas veces incluso con más pertinencia que muchos de los que la citan aquí, en esta Cámara- establece lo siguiente. En materia de derecho al trabajo establece que el trabajo es un derecho-deber, artículo 35 de la Constitución; existe un derecho a trabajar y también un deber de trabajar. Las obligaciones, el corolario negativo de este derecho que se vincula a la política de los poderes públicos del Estado, se establecen en el artículo 40 de la Constitución: los poderes públicos del Estado orientarán sus políticas a la consecución del pleno empleo.
Por último, el artículo 41 de la Constitución habla de atender a aquellas personas que a través de estos requerimientos constitucionales, cuyo contenido esencial está perfectamente desarrollado por la Constitución, no pueden acogerse a este derecho-deber a trabajar; por cierto, reproducido en sus propios términos por el Tratado de Ámsterdam, que nos provee de la versión actualizada o consolidada del Tratado de Roma, originario de la Unión Europea, y del Tratado de Niza, que reproduce exactamente como derecho fundamental de todo ciudadano europeo el derecho-deber a trabajar, no el derecho a trabajar siendo su no trabajo, su actitud vital de no trabajar subvencionable o subvencionada por los que tienen que trabajar o por los que optan como opción de vida por trabajar, que es una dialéctica perversa y que yo no he visto en ningún país del mundo. Desde esta perspectiva, señor Tardà, tengo que indicarle que no termino de comprender, salvo que usted me lo explique mejor, que en el artículo 1 de su proposición de ley se diga que este derecho acogerá incluso a quien no quiera trabajar remuneradamente, independientemente de otras posibles fuentes de renta que pueda poseer y sin importar con quién conviva.


Los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, señor presidente, han hecho una serie de reflexiones relativas a la dialéctica entre ricos y pobres, entre el carácter o la impronta republicanista de esta proposición de ley y a que este es un debate seguramente inmaduro todavía, pero que puede ser el debate dentro de diez o quince años.
¿Quién sabe lo que va a ocurrir dentro de diez o quince años? Como decía un ilustre político que ocupó la tribuna en esta Cámara en muchas ocasiones: dentro de diez o quince años, posiblemente todos calvos.
Incluso algunos de forma anticipada o precozmente. En este momento este debate es absolutamente inmaduro; es un debate que no se ha planteado en serio en ninguna institución parlamentaria del mundo. Crea dialécticas absolutamente contradictorias con el perfil constitucional del derecho al trabajo y los requerimientos de un sistema público de pensiones que prevé lo que prevé; por cierto, pensiones convalidadas por los tratados, los últimos el de Amsterdam y el de Niza, y también el frustrado tratado constituyente de la Unión Europea establecía el derecho-deber de trabajar y, por lo tanto, esto forma parte del acervo comunitario.


Por último, me preocupa que usted preconice estos derechos, señor Tardà.
Un día le espeté que me extrañaban algunas posiciones de su grupo siendo un partido nacionalista y usted me matizó convenientemente que no son nacionalistas sino que son independentistas y republicanos. Me parece raro que un partido independentista y republicano no respete los títulos competenciales previstos en el bloque de constitucionalidad. En todo caso, aunque ustedes tuvieran razón -que no la tienen-, las competencias en esta materia son exclusivas de las comunidades autónomas, del País Vasco, de Cataluña y de numerosas comunidades autónomas. El debate competencial no debería ser irrelevante. Bastante irrelevante está siendo cuando se están utilizando títulos transversales para invadir sistemáticamente competencias, no lo hagamos también con esta propuesta que, como ustedes han tenido la honestidad científica de decir, es para dentro de diez o quince años. Señor Tardà, ojalá que dentro de diez o quince años usted y yo podamos debatir en serio sobre una cuestión que en este momento desmembra, desarticula y desfigura todo el sistema de protección social que está previsto en todos los países europeos y particularmente en el Estado español en virtud de las previsiones de la Constitución, de la Ley General de la Seguridad Social y de todas las leyes relativas a la asistencia social.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Olabarría.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Señorías, comprendo que hoy los grupos de Esquerra Republicana y de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya nos planteen la toma en consideración de esta proposición de ley. Llevamos arrastrando desde hace un tiempo, cerca de dos años, la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales precisamente para debatir esta propuesta. Supongo que la falta de acuerdo con el Grupo Socialista no ha permitido que esa subcomisión que estos dos grupos plantearon haya empezado sus trabajos y, por tanto, hoy nos presentan esta iniciativa que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a rechazar. Lo va hacer por la filosofía que contiene y por las consecuencias prácticas de esa filosofía. (El señor vicepresidente, Vilajoana Rovira, ocupa la Presidencia.)

Ustedes nos están planteando una paga universal, un cheque para todos los ciudadanos, con independencia de sus esfuerzos y con independencia de sus responsabilidades. Ustedes nos están planteando -y creo que el señor Olabarría lo formulaba de una manera muy clara- que con el esfuerzo de todos, con los recursos

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públicos que entre todos generamos, paguemos a quienes no están trabajando. Esa es la consecuencia práctica de su propuesta y es evidente que mi grupo no puede compartirla. Es más, estamos convencidos de que las reformas que tanto la izquierda como la derecha están impulsando en Europa para adaptar el Estado del bienestar a los nuevos retos que tenemos por delante como sociedades no pasan precisamente por la filosofía que contiene esta iniciativa. Hoy no hay ningún Gobierno en la Unión Europea del centro izquierda ni del centro derecha que esté planteando reformas de sus modelos de protección social en esa dirección, y no hablemos ya del conjunto de directrices que emanan en el marco de la Unión Europea y me remito, por ejemplo, a las consideraciones formuladas alrededor de la estrategia de Lisboa.


Hoy las reformas en el terreno de lo social insisten, entre otras cosas, en la necesidad de capacitar a los ciudadanos; en la necesidad de, por ejemplo, protegerlos frente a los riesgos del desempleo y no de proteger los puestos de trabajo, o de ser capaces de construir políticas que den a los ciudadanos la capacidad para adaptarse a un entorno de mercados cada vez más competitivos. Al mismo tiempo, todas las reformas en los Estados del bienestar en el marco europeo pasan por reforzar la responsabilidades del individuo, considerando que el modelo social europeo ha sido un modelo exitoso pero que en algunas de sus consecuencias negativas ha desresponsabilizado a los ciudadanos. Buena parte de las reformas van orientadas a facilitar el esfuerzo de las personas para salir de su situación de exclusión social, a crear entornos que hagan posible que las personas en situación de exclusión social o en riesgo de exclusión social tengan oportunidades a lo largo de su vida; a crear un sistema de protección social que establezca garantías para que quienes tienen dificultades a lo largo de su evolución vital y queden excluidos puedan reingresar en el mercado de trabajo y puedan ejercer sus derechos; a compatibilizar prestaciones sociales con empleo remunerado. Es más, señorías, en esta legislatura Convergència i Unió ha impulsado una modificación de la Ley de Prestaciones no Contributivas que va en la dirección de hacer posible que las personas discapacitadas que cobran una pensión no contributiva puedan compatibilizar esa pensión con un empleo.
Nuestra legislación, hasta este momento, negaba esa posibilidad. No hay que condenar a vivir subsidiado por el Estado, sino hacer compatible un ingreso con el empleo remunerado para facilitar esa incorporación, esa autonomía de verdad de las personas. En esta fase final de la legislatura estamos tramitando un proyecto de ley, el proyecto de ley que regula las empresas de inserción, todas ellas lideradas por activistas sociales, emprendedores sociales que vienen del campo, de luchar contra la pobreza, y que llegaron a la conclusión de que se trataba de integrar por la vía del mercado del trabajo, por la vía de la empleabilidad, a las personas excluidas o en riesgo de exclusión social; no se trataba de darles una paga, un cheque o una subvención, sino de garantizar sus condiciones para que se incorporasen al mercado del trabajo. Todos compartíamos -el proyecto de Ley de empresas de inserción responde a eso- que hoy el trabajo es lo que permite la integración de las personas en nuestra sociedad.


Señorías, los retos del Estado del bienestar están ahí, no en lo que ustedes nos plantean. Pero aún nos choca más que ustedes nos planteen esa propuesta en un momento en que las pensiones no contributivas son tan extremadamente bajas en España que condenan a cientos de miles de ciudadanos a vivir en la pobreza, en un momento en que el Estado ha inventado una prestación, llamada renta activa de inserción, de difícil encaje en el actual sistema y en un momento en que Cataluña está en pleno proceso de revisión del funcionamiento de las rentas mínimas de inserción. Es una propuesta que en términos conceptuales supone una invasión plena y absoluta de las competencias de carácter social de las comunidades autónomas. Nos choca eso. Ustedes, quizás de manera ingenua -insisto-, están volviendo a reforzar esa idea tan perversa que el Grupo Socialista ha ido imponiendo en esta legislatura de que el único que puede garantizar la cohesión social, la igualdad de los ciudadanos, es el Estado central, negando nuestra capacidad de autogobierno, de generar cohesión social, de generar progreso y de fortalecer el Estado de bienestar. La diputada Marisol Pérez decía la semana pasada, respondiendo a los diputados del Partido Popular: hacemos patria igualando en derechos a todos los ciudadanos. Ustedes, con esta propuesta de hoy, vuelven a caer en esa trampa. Señorías, los profesores universitarios, los intelectuales, pueden tener ideas, incluso pueden tener ideas malas, como es el caso de esta propuesta. Cuando son ideas malas de intelectuales -y cito a Michael Ignatieff en un fantástico artículo publicado en la prensa española hace unos días-, cuando los intelectuales o los profesores tienen ideas malas, no sucede nada, incluso puede ser divertido. Pero cuando los políticos compran ideas malas de los intelectuales y pretenden aplicarlas en la vida real, tiene consecuencias para los ciudadanos.
Señora García, estamos convencidos de que esta es una idea mala, una idea que no va con los tiempos que nos toca vivir en los próximos años, una idea que no va con las necesidades de las sociedades europeas, una idea que no nos sirve para hacer frente a los grandes retos de nuestro modelo de bienestar: el reto del envejecimiento; el reto de la competencia con las economías emergentes de Asia; el reto de una mayor exigencia de los individuos de ver adaptadas las prestaciones del Estado de bienestar a sus sociedades; el reto del cambio de nuestros modelos de familia, donde las mujeres han emergido como un nuevo actor definitivo del mercado de trabajo, modificando sustancialmente las políticas basadas en una concepción de la familia hoy seguramente no existente; los retos derivados de la diversidad cultural y de la adaptación de nuestro modelo de Estado del bienestar a la diversidad cultural. Esas son las grandes cuestiones que los modelos sociales europeos

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de centro izquierda y de centro derecha están reformando. La idea de una paga universal sin exigir contrapartidas, sin plantear la responsabilidad de los ciudadanos, sin plantear el esfuerzo de los ciudadanos, es muy poco republicana.


Señorías, el Estado del bienestar se fundamenta básicamente en la idea del pacto social, en la idea del contrato social. Ustedes no nos plantean ningún contrato social; simplemente nos plantean que papá Estado le garantice al ciudadano unos ingresos para ir viviendo, y eso, señora García y señor Tardá, es simplemente reaccionario. Nosotros vamos a rechazar con mucha rotundidad su propuesta.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Campuzano. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Tomé.


El señor TOMÉ MUGURUZA: Señor presidente, señoras y señores diputados, me corresponde fijar la posición del Grupo Popular sobre las proposiciones de ley de Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que tienen como finalidad la introducción de una renta básica de ciudadanía. Como han explicado los grupos proponentes, se trataría de que con cargo al Estado se pagase a todos los ciudadanos un subsidio vitalicio desde el mismo momento de su nacimiento y con independencia de cuál sea su renta, su riqueza o las circunstancias personales de necesidad o no que puedan concurrir, con independencia de que se trabaje o no, se haya cotizado o no, o de que concurran o no situaciones de necesidad. Un subsidio compatible con la percepción de todo tipo de rentas del trabajo o del capital. Todo ello se justifica en nombre de la autonomía, de la libertad personal y de la lucha contra la pobreza. Es obvio que un subsidio que se reivindica igual para todos, ricos o pobres, poco puede tener que ver con el alivio de las situaciones de pobreza o de exclusión que desgraciadamente existen en nuestra sociedad. Lo que queda es un sueldo por no trabajar. Se quiere introducir, presentándolo como una expansión de la libertad individual, nada menos que el derecho a vivir sin trabajar a costa de quienes sí lo hagan. Serán estos, y no el Estado como se dice en la propuesta, los que en forma de mayores impuestos tendrían que pagar la renta de ciudadanía.
Más que la materialización del espíritu republicano, al que ha aludido el señor Tardá, parece un intento de enmendarle la plana a Samaniego el fabulista cambiando el final del cuento de La cigarra y la hormiga.


Quiero anunciar que el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de la toma en consideración de las proposiciones de ley que discutimos. Nuestra posición es clara al respecto y no podría ser de otra forma. Sin embargo, la propuesta merece un análisis detallado. Iniciativas como esta ponen claramente de manifiesto la diferencia entre los principios objetivos, las políticas del centro reformista y liberal que representa el Partido Popular, y la desorientación de una izquierda que, una vez caídos sus referentes totalitarios y fracasadas las políticas de despilfarro de la socialdemocracia, buscan nuevas vías de intervención y control social.
Pocas iniciativas ejemplifican como esta -y se han visto muchas- el carácter de una legislatura en la que los grupos de la mayoría que apoya al Gobierno han dado la espalda a los intereses, problemas y aspiraciones reales de la gente. Esta propuesta nos permite abrir un debate sobre las auténticas políticas económicas y sociales que contribuyen a hacer una verdadera sociedad del bienestar, donde las oportunidades para desarrollar una vida autónoma estén al alcance de todos. Viendo los números, hay veces en que la magnitud de las cifras tiene valor cualitativo, y esta es una de ellas. Se nos dice que la renta básica de ciudadanía universal nunca será inferior al umbral de pobreza, umbral que en la propia exposición de motivos de la proposición se fija en el 50 por ciento de la renta per cápita. Pues bien, si adoptamos con criterio conservador la renta neta nacional disponible per cápita en lugar del PIB per cápita y tomamos los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística para 2006, la renta media ascendió en ese año a 18.211 euros.
De ahí resultaría una renta básica de ciudadanía de 9.106 euros al año, 4.553 para los menores de 18 años, con un coste total de 361.154 millones de euros, nada menos que el 36,8 por ciento del producto interior bruto.
Si proyectásemos estas cifras sobre el presupuesto que acaba de presentar el Gobierno, necesitaríamos para financiar la renta básica de ciudadanía más de 412.000 euros, cifra nada despreciable si tenemos en cuenta que el presupuesto total del Estado, incluyendo la Seguridad Social, asciende a 349.000 euros. La señora García Suárez nos decía ahora que la renta básica de ciudadanía se podría cuantificar en 5.400 euros al año, nada menos que 218.000 millones de euros para el total de los españoles, casi el 20 por ciento del producto interior bruto, más del doble del presupuesto de la Seguridad Social.


¿Cómo se financian en las proposiciones que estamos estudiando estas exorbitadas cantidades? No parece que los grupos proponentes hayan encontrado petróleo; así es, por ejemplo, como financia Arabia Saudita el sueldo que tienen todos los súbditos saudíes independientemente de que trabajen o no. La proposición dice que lo pagarán el Estado y las comunidades autónomas mediante una reforma de la imposición directa e indirecta, es decir, no puede estar más claro, subiendo los impuestos y, sorpresa, con el presupuesto de la Seguridad Social, ya que el artículo 12 prevé expresamente la incompatibilidad entre la percepción de la renta básica y cualquier cantidad a cargo de la Seguridad Social y demás ayudas de carácter social que pagan las administraciones. Parece que los pensionistas, los parados, las personas dependientes o en situación de exclusión se pagarán la renta básica, mientras que al resto de los ciudadanos se la pagará el Estado, como si el Estado no fuésemos todos en cuanto que contribuyentes.


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Esta propuesta nada tiene que ver, como estamos viendo, con la mejora o reforma de los sistemas de protección social, con la reforma de los sistemas de renta social, salarios de integración o demás instrumentos que hoy aplica el Estado o las comunidades autónomas con el fin de aliviar situaciones de pobreza y exclusión social; estos se refieren a colectivos muy determinados y, para ser eficaces, deben ir acompañados de otras medidas de apoyo y formación. Tampoco se nos está proponiendo una reforma radical de los servicios públicos que conforman nuestro Estado social. Del texto de la propuesta y de la exposición de motivos de sus patrocinadores queda claro que son ajenos a cualquier veleidad libertaria- igualitaria de sustitución de los servicios públicos de nuestro Estado social por la renta básica. Nada tiene que ver la renta básica de ciudadanía que hoy nos ocupa con los impuestos negativos sobre la renta de los que tanto se ha discutido en la teoría de la Hacienda pública y que en parte se introdujeron en nuestro país con los gobiernos del Partido Popular, con las ayudas en favor de las madres trabajadoras y el no gravamen de los mínimos vitales en el IRPF. Todo se reduce al final a una propuesta para hacer una sociedad de ciudadanos dependientes de los subsidios públicos, con un incremento monstruoso del gasto social y de la presión fiscal que arruinaría nuestro sistema productivo, incrementaría el paro y nos empobrecería a todos, haciendo imposible la financiación de los servicios públicos y sociales. No parece la forma más conveniente de favorecer la libertad individual ni la cohesión y la paz social. Lo más grave de la propuesta, sin embargo, es que cuenta con el aval del presidente del Gobierno, quien en el año 2003, en vísperas de las últimas elecciones generales, en un artículo publicado en el informe anual de la Fundación Hogar del Empleado, propugnó, en aras de lo que llamaba socialismo de los ciudadanos, la implantación progresiva de una renta básica de ciudadanía hasta alcanzar un carácter general universal. Hacen bien, por tanto, los grupos proponentes en reclamar que el Grupo Socialista sea coherente con los postulados de su jefe, pero el Grupo Socialista haría mucho mejor en rechazar la propuesta no solo por prudencia financiera o respeto al sistema de protección social que hemos construido entre todos, sino sobre todo por simple sentido común. Se ha hablado mucho esta tarde de pobreza, igualdad, autonomía personal, política social o de los riesgos que plantea la globalización. Señorías, la mejor política social es la que favorece la creación de empleo, la libertad, la responsabilidad, el mérito y la iniciativa individual y social, la que ayuda a la creación de riqueza, la que da sólidas bases fiscales a la sociedad del bienestar. Ese es el modelo social del Partido Popular, el que le permitió pasar de un déficit del 7 por ciento del producto interior bruto al superávit presupuestario, de una Seguridad Social en quiebra al Fondo de Reserva, de una tasa de paro del 23 al 11 por ciento, con cinco millones de nuevos empleos creados, la que permitió superar la quiebra que había dejado el socialismo. Señorías, España se enfrenta a grandes retos. El mundo global plantea oportunidades que no podemos permitir dejar pasar, pero para ello hacen falta políticas eficaces que favorezcan que más españoles se incorporen al mercado laboral, facilitando sobre todo mayores oportunidades a las mujeres. Hace falta una política de formación a lo largo de toda la vida laboral para hacer posible empleos de calidad que combinen seguridad y flexibilidad.
Hace falta un sistema educativo que permita competir entre los mejores.
Estos son los objetivos por los que lucha el Partido Popular. Los partidos de la mayoría gubernamental mientras tanto pretenden hoy liberarnos de la maldición del trabajó, así seremos todos más pobres y dependientes, eso sí, cobrando sin trabajar en un nuevo camino de servidumbre.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Millán.


El señor MILLÁN CARRASCOSA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, desde el Grupo Socialista quisiéramos poner de manifiesto algunas incompatibilidades que hemos encontrado en estas proposiciones de ley presentadas por los grupos de Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. En primer lugar, querríamos hacer referencia, como señala el artículo 3 de ambas proposiciones, a que el derecho a la percepción de esta renta básica es inherente a la condición de ciudadano de pleno derecho, es decir, vinculada al concepto de ciudadanía, y su duración es desde el nacimiento hasta el fallecimiento de cada ciudadano; no se encuentra sujeta a ningún condicionamiento, es decir, que aunque el ciudadano no quiera trabajar, tiene derecho a la prestación. De igual forma el artículo 5 de la proposición establece el carácter no condicionado de esta prestación a los posibles ingresos económicos o rentas que se tengan, ya sean personales o familiares. Hay que decir que esta iniciativa parlamentaria no establece cuantificación económica de su coste. En este sentido, señorías, con total respeto a las tesis del profesor Raventós, estableciendo una aproximación económica y atendiendo al criterio de cuantía que establece el artículo 9 de la proposición, que señala como límite mínimo de la renta el umbral de la pobreza en cada comunidad autónoma, aunque es un concepto económico indeterminado, la proposición en el párrafo tercero de la exposición de motivos lo define como el 50 por ciento de la renta per cápita. Por tanto, haciendo esa aproximación, si la renta per cápita española en 2007 es de 23.000 euros, el umbral de la pobreza no sé si se podría situar en 11.500 euros. Si pudiéramos atender con total normalidad al criterio de la familia de tres miembros, padre, madre e hijo mayor, estos 11.500 euros se convertirían en 34.500 euros por familia y año. Haciendo una aproximación grosso modo y entendiendo que en España puede haber

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en torno a nueve millones de familias, el coste aproximado de esta renta básica puede ser de 310.500 millones de euros, lo que supone 51 billones de las antiguas pesetas, que superaría los ingresos para el ejercicio 2008 establecidos en los Presupuestos Generales del Estado por el Gobierno de la nación. En pocas palabras, que la Administración del Estado dé más de lo que recibe.


En otro orden de cosas, la proposición establece unas implicaciones tributarias, ya que el artículo 13 indica que estas prestaciones económicas se considerarán no contributivas y quedarán exentas de la aplicación del IRPF, exigiendo para ello la disposición adicional una modificación del texto refundido del impuesto sobre la renta de las personas físicas aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2004, en materia de rentas exentas. Sin querer entrar en el coste añadido que esta exención supondría a la implantación de esta renta básica, haremos un breve análisis de las circunstancias de la modificación exigida. Esta modificación no podría realizarse desde un punto de vista aislado, ya que en caso de adoptarse la medida tributaria contenida en esta ley y configurarse la renta básica como renta de sustitución, incompatible con otras prestaciones económicas provenientes del régimen general de la Seguridad Social o con otra prestación pública de carácter social, personal y no contributiva, plenamente sujetas al impuesto y su sistema de retenciones, se estaría dando un tratamiento tributario diferente a situaciones inicialmente similares, vulnerando los principios de generalidad e igualdad recogidos en la normativa del impuesto. Desde el punto de vista competencial, asunto que a los grupos proponentes -tanto a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalanya Verds como a Esquerra Republicana de Catalunya- les importa en demasía, se entiende que el concepto de renta básica se refiere a una prestación no contributiva según el artículo 148.1.20ª de la Constitución española, la competen-cia de su regulación corresponde a las comunidades autónomas. En este sentido se pronuncia la sentencia 239/2002, del Tribunal Constitucional, que reconoce la competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia de prestaciones no contributivas. De igual forma, en materia de financiación, si atendemos a lo establecido en el artículo 14 de la proposición, donde se vinculan aportaciones de las distintas comunidades autónomas, podría haberse vulnerado el principio de autonomía financiera de estas comunidades autónomas proclamado en el artículo 156.1 de la Constitución española de 1978. Es por ello que el establecimiento de esta renta básica necesitaría, como no puede ser de otra forma, un amplio consenso de las comunidades autónomas. En otro orden de cosas cabría analizar la proposición en el marco de los principios rectores de la política social y económica que establece la Constitución en sus artículos 39 y siguientes, a los que ha hecho referencia con anterioridad el señor Olabarría, donde se establece la obligación de los poderes públicos de realizar una política orientada al pleno empleo y a la formación y readaptación profesionales, así como al mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social que garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. Es decir, crear una red para evitar una caída ante cualquier contingencia personal o profesional. Y en este punto me paro.


Tras la intervención del portavoz del Grupo Popular, señor Tomé, en la que hacía referencia a la política social, voy a profundizar en lo que ha significado la política social del Gobierno para las rentas más bajas. A partir de este momento me gustaría hacer un breve análisis.
Evidentemente, todos estamos absolutamente de acuerdo en la creación de empleo y en la potenciación de las políticas activas de empleo, no hay ningún tipo de problema al respecto, pero hay algo a lo que el portavoz del Grupo Popular no ha hecho ningún tipo de referencia y sí me gustaría hacerla a mí. Estamos hablando de renta básica, pero dentro del debate de la misma hay algunos conceptos que se nos olvidan. Para ello, habría que estudiar la situación en la que nos encontramos con relación a esas prestaciones y la gestión del Gobierno en estos últimos tiempos, fundamentalmente la subida del salario mínimo interprofesional, las ayudas que se conceden a las mujeres y a las mujeres trabajadoras, dentro de la Ley de Igualdad. Por todo ello, podemos decir que esta legislatura es la legislatura social y la legislatura donde se han conseguido los mayores logros de la democracia.


Volviendo otra vez al concepto de renta básica, podemos decir que se necesita un análisis más sosegado del derecho a su percepción, desvinculado de otras rentas o ingresos y a la ausencia de disponibilidad para trabajar, ya que podría crear situaciones fácticas que cuando menos resultarían repudiables. Dicho lo anterior, cabe destacar que es necesario articular mecanismos tendentes a asegurar las protecciones ante situaciones de necesidad representadas por un nivel de ingresos inferior al umbral de la pobreza, y ahí es donde se orienta la acción de las administraciones públicas con criterios de cooperación y transversalidad, bajo el principio de atención a las distintas situaciones que configuran el Estatuto de los derechos del ciudadano. En este sentido, señores del Grupo Popular, la acción continua de los poderes públicos dirigida por este Gobierno ha provocado grandes avances hacia la igualdad de la mujer y la conciliación de la vida familiar y laboral, hacia el pleno empleo, así como la dignificación del salario mínimo mediante recientes y progresivos aumentos, la elevación muy importante de los mínimos en las pensiones, las medidas complementarias como la renta activa de inserción, para paliar las situaciones derivadas de la dificultad de hallar empleo, las ya existentes, así como las que ya se hallen en preparación a favor de discapacitados y de las personas dependientes. También ha contribuido al incremento de las dotaciones para programas sociales, en especial el Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales y, cómo no, desde luego, el Plan nacional para la inclusión social del Estado. En este plan se introducen, entre otras actuaciones, el incremento en términos reales del salario

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mínimo interprofesional hasta el horizonte de los 600 euros en el año 2008; el incremento de las pensiones mínimas del nivel contributivo en una cuantía superior a la revalorización general de las pensiones, con un objetivo de crecimiento del 26 por ciento en el periodo 2004-2008; el incremento de las cuantías de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación para garantizar un nivel de subsistencia acorde con la satisfacción de las necesidades básicas; mejorar las deducciones por hijo a cargo en la legislación tributaria de las prestaciones económicas del nivel contributivo de la Seguridad Social y de las prestaciones familiares del nivel no contributivo, lo cual garantizará un refuerzo de las políticas de apoyo a las familias con menores ingresos y, finalmente, la regulación con carácter permanente, en vez de anual, de la renta activa de inserción, configurándola como un derecho subjetivo y con cotización a la seguridad social en las mismas condiciones que el subsidio por desempleo. Señores del Grupo Popular, esta renta activa de inserción incrementa las oportunidades de retorno al mercado de trabajo de los trabajadores desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, pero teniendo el horizonte claro de la búsqueda del trabajo. A todo ello hay que añadir el sistema de rentas mínimas o salarios sociales de las comunidades autónomas, en los cuales no voy a entrar.


En definitiva, el establecimiento de la renta básica en el marco establecido por las proposiciones de ley supondría una variación global del sistema público de servicios sociales. Es por todo ello, por el difícil encaje financiero de la propuesta, por su choque con el actual sistema público de servicios sociales, por las dudas que ofrece desde el punto de vista competencial, sin entrar en mayores disquisiciones sobre el posible impacto inflacionista que esta renta básica podría producir, y por el posible efecto desmotivador en la búsqueda de empleo, por lo que el Grupo Parlamentario Socialista no votará a favor de las proposiciones de ley de los Grupos Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. De todas formas, señor Tardà, señora García, aunque la letra no suena bien, la música sí nos gusta.
Además, señor Tardà, usted nos ha emplazado al debate presupuestario y allí nos veremos, ya que si hay una posibilidad para mejorar las condiciones de las rentas más desfavorecidas, allí estará siempre el Partido Socialista Obrero Español.


Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señora García, me dice el señor vicepresidente Martínez Sieso que había solicitado unos segundos para aclarar un tema que se ha producido durante el debate en un momento en que yo no presidía.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente. He pedido la palabra solamente porque el señor Olabarría ha insistido varias veces en que no había ningún país y que, si hubiera alguno, se le informara. Pues sí, le podemos informar. Al menos uno, pero hay bastantes más; Alaska, por ejemplo, señor Olabarría. Alaska, el Estado de Alaska, entre otros que lo están estudiando, desde el año 1982. Usted lo puede comprobar.El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora Suárez.
Hecha la aclaración, vamos a pasar a la votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

AVOCACIÓN POR EL PLENO:

- DEL PROYECTO DE LEY DE PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD (Número de expediente 121/000140.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones de toma en consideración, pero previamente hay tres votaciones diferenciadas. En primer lugar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de Ley de patrimonio natural y de la biodiversidad. No existe unanimidad y, en consecuencia, lo someto a votación.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 123; en contra, 165; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta de avocación. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)

Dígame, señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: De acuerdo con el artículo 89, pedimos que se pueda intervenir ahora.


El señor PRESIDENTE: La avocación, según el artículo 149, se somete a consideración del Pleno, como dice expresamente el Reglamento, sin debate previo. En consecuencia, no cabía el debate. Entiendo que lo que usted me está pidiendo, en cualquier caso, sería una explicación de voto y, en ese caso, tiene usted derecho a esta explicación de voto.


Adelante, señor Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, mi grupo ha pedido -y luego lo volveremos a hacer- la palabra para explicar el voto por lo que está sucediendo esta tarde. Nos parece absolutamente antidemocrático que se esté privando a la Cámara de un debate por la mayoría. Creemos que es bueno

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que, si el grupo mayoritario de la oposición solicita la avocación por el Pleno de un proyecto de ley para que pueda haber un debate con luz y taquígrafos, ese debate se celebre. Eso ha sucedido siempre y en esta legislatura estamos cambiando las costumbres y usos parlamentarios. Se está sustrayendo el debate, se está impidiendo que con luz y taquígrafos podamos en la Cámara...(Rumores.) Sí, señorías, sí. Nos parece que se está actuando de manera...


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Voy a acabar, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: La posición de su grupo ha quedado clara.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Concluyo.


Señor presidente, nosotros solicitaríamos al grupo que apoya al Gobierno que no haga más este uso del Reglamento. Entiendo que puedan tener interés en que se acaben las tramitaciones parlamentarias en esta legislatura.


El señor PRESIDENTE: Por favor, explique su voto, porque usted está refiriéndose a otro tipo de situación que excede con mucho. Ha explicado su voto, está claro, y si no tiene más que decir pasaríamos a otro punto del orden del día. (Aplausos.)

El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, acabo leyendo el artículo 89 para que S.S. también lo conozca (Protestas.): "Verificada una votación ..., cada grupo parlamentario podrá explicar el voto por tiempo máximo de cinco minutos."

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Perfectamente. En la medida en que se podrían crear unas condiciones de debate no queridas, no me parece trascendental que se proceda a siete explicaciones de voto -es mi punto de vista-, entre otras razones porque, como es obvio y evidente, todos los grupos parlamentarios se han opuesto en esta legislatura de una manera pública y notoria a una avocación. Eso es lo que estima el presidente, con lo cual creo que no se está lesionando el interés legítimo de ningún grupo parlamentario, porque esta es una opción reglamentaria que se ha usado en esta legislatura por otros grupos parlamentarios, por lo cual creo que vamos a levantar un debate innecesario. Es el punto de vista del presidente. Ahora bien, si los grupos parlamentarios quieren explicar su voto háganlo, pero mídanlo.
Creo que es innecesario, francamente. (Pausa.) Gracias por su comprensión.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA:

- DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA PERSEGUIR EXTRATERRITORIALMENTE EL TRÁFICO ILEGAL O LA INMIGRACIÓN CLANDESTINA DE PERSONAS. (Número de expediente 121/000142.)

El señor PRESIDENTE: Segunda votación. Acuerdo de tramitación directa y en lectura única. La Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de Ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno del proyecto de ley de referencia.


- DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE LA DEDUCCIÓN POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000145.)

El señor PRESIDENTE: Segundo acuerdo de tramitación directa y en lectura única. La Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de Ley por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de la Seguridad Social. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Denegaciones.) No. En este caso procedemos a la votación.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 178; en contra, 119.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno del proyecto de ley de referencia. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)

Señor Martínez-Pujalte.


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El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, el proyecto anterior de avocación al Pleno en lectura única ...


El señor PRESIDENTE: ¿Qué solicita usted?

El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: El artículo 89, explicación de voto, por un tiempo máximo de cinco minutos. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Máximo, usted lo dice bien. El presidente es el que administra. Explique su voto. (Rumores.)

El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, que usted administra las sesiones es evidente, pero mi grupo quiere hacer constar que, sin entrar en el fondo de la ley, lo que se ha hecho hoy, primero, ha sido evitar un debate en el Pleno porque no le interesaba al grupo que apoya al Gobierno, y ahora en esta ley se quiere evitar el debate en Comisión y en Pleno. Nos parece... (Protestas.-Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Silencio. Yo pediría, por favor, un cierto grado de comprensión, porque no es fácil dirigir los debates. Ajústese, por favor, al Reglamento, explique su voto, usted tiene legitimidad, el resto de la Cámara escucha atentamente y cerramos este punto y continuamos.


Señor Martínez-Pujalte, adelante.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, pueden escuchar atentamente o no, que hagan lo que quieran. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, explique su voto.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Pero lo que yo entiendo, señor presidente...


El señor PRESIDENTE: Explique su voto, y es la última vez que se lo digo, con toda cordialidad. Explique su voto.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, estoy explicando mi voto. (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Explique su voto.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Sí, estoy explicando mi voto, señor presidente. Estoy explicando que mi grupo ha votado que no sin entrar al fondo de la cuestión porque entiende que se está sustrayendo un debate en Comisión y en Pleno. (Aplausos.) Creemos que se están utilizando métodos antidemocráticos por parte del Grupo Socialista. Han tenido este proyecto parado en plazo de enmiendas porque no llegaban a acuerdos con sus socios. Entiendo que se puede llegar a acuerdos en el despacho del portavoz del Grupo Socialista, pero será mucho más importante que haya debate en Comisión y en Pleno, que eso es la esencia del Parlamento.
(Aplausos.) Si el Grupo Socialista no quiere debates, que lo diga. Mi grupo, sin entrar en el fondo de la cuestión, cree honestamente que este proyecto de ley se tendría que debatir en Comisión y en Pleno para poder analizar sosegadamente las enmiendas que han presentado todos los grupos y mejorar el proyecto de ley.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.


¿Algún otro grupo parlamentario desea explicar su voto? (Pausa.)

Grupo Socialista.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señor presidente.


En esta legislatura ha habido una serie de debates en Comisión y en Pleno y en pocas ocasiones se ha producido el sistema de lectura única que está previsto en el Reglamento. Es un procedimiento absolutamente reglamentario que está previsto por algo; cuando se hizo el Reglamento se hizo por algo, porque por determinadas circunstancias de los proyectos de ley y por sus características, como dice el Reglamento, se puede proceder por una votación democrática en este hemiciclo a un procedimiento de lectura única; una votación aquí en este hemiciclo plenamente democrática y aprobada por todos los grupos parlamentarios salvo uno; una votación absolutamente democrática, como es este caso. Nosotros, por esa razón, hemos votado a favor de la tramitación en lectura única de este proyecto de ley que cumple, por tanto, todos los trámites reglamentarios y que consideramos que es plenamente democrático. No creemos que tengan mucha autoridad para hablar en este sentido quienes inventaron las leyes de acompañamiento, en las que había de todo para que no pudiera ser debatido nada en este hemiciclo. (Aplausos.) Nosotros, señor presidente, tenemos mucho interés, como la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios de la Cámara, en que un proyecto de ley tan importante para las familias españolas, para los niños y niñas españoles entre en vigor lo antes posible. El Grupo Popular no quiere que entre en vigor lo antes posible.
(Protestas.) Por eso quiere retrasar esta tramitación.
(Aplausos.-Protestas.) Nosotros creemos que este es un proyecto de ley de suma importancia, por lo que queremos que lo antes posible, en este periodo de sesiones, esté en vigor y así favorecer a las familias y a los niños y niñas a los que va dirigido. (Protestas.) Esa es la razón por la cual nuestro grupo parlamentario ha votado con otros grupos la tramitación en lectura única.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIONES.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), DE LA RENTA BÁSICA. (Número de expediente 122/000134.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, de la renta básica.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 16; en contra, 274; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE CREACIÓN DE LA RENTA BÁSICA DE CIUDADANÍA. (Número de expediente 122/000152.)

El señor PRESIDENTE: Votación de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de creación de la renta básica de ciudadanía.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 15; en contra, 274; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ Y SEÑOR RODRÍGUEZ), RELATIVA A LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente 162/000201.)

El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Proposiciones no de ley.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández y señor Rodríguez), relativa a la transferencia de los fondos de la formación profesional continua a las comunidades autónomas. Para la defensa de la proposición no de ley tiene la palabra doña Olaia Fernández. (La señora vicepresidenta, Calvo Poyato, ocupa la Presidencia.)

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, a pesar de que esta proposición no de ley fue presentada en noviembre de 2004 y desde entonces en esta Cámara se han realizado diferentes debates en relación con el asunto del que se trata, incluso se han convalidado reales decretos como el 7/2005, por el que se modifica la Ley 2/2004, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 en materia de financiación de la formación continua, o el real decreto de 2006 que regula el sistema de formación profesional para el empleo, lamentablemente, las propuestas que se hacen en esta proposición no de ley siguen siendo un objetivo a alcanzar por las comunidades autónomas.
Hacemos referencia en nuestra exposición de motivos a que desde hace más de quince años se viene arrastrando un conflicto político y jurídico en torno a la competencia sobre la gestión de la formación continua. El Tribunal Constitucional, con un notable retraso, a través de las sentencias de 25 de abril y 17 de octubre de 2002, dictadas en recursos promovidos por la Generalitat de Catalunya y la Xunta de Galicia, respectivamente, declaró que las competencias de ejecución en materia de formación ocupacional, modalidad formación continua, de los trabajadores y trabajadoras en activo corresponde a las citadas comunidades autónomas... (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Perdón, señoría. Guarden silencio, por favor, aunque solo sea por deferencia a quien en este momento tiene el uso de la palabra. Continúe, señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Decíamos que, por lo tanto, son inconstitucionales las previsiones de los acuerdos tripartitos firmados por el Estado y las organizaciones representativas de los agentes sociales a nivel estatal, así como las normas impugnadas que atribuyen la transferencia de los fondos al ente paritario estatal para su organización y gestión de forma centralizada, sin contar con la participación autonómica.


La consecuencia inmediata que se señala en las aludidas sentencias del Tribunal Constitucional es que la gestión de los fondos destinados a la formación profesional continua no puede ser encomendada a favor de un órgano de la Administración General del Estado u organismos intermedios de esta, sino que las partidas deben ser territorializadas en los Presupuestos Generales del Estado mediante criterios de reparto objetivo.
Los reales decretos a los que hemos hecho referencia aumentan, efectivamente, los fondos a transferir a las comunidades autónomas para la gestión de la formación continua, según manifestaciones del señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el señor Caldera, en línea con las sentencias del Tribunal Constitucional. Evidentemente, no podemos estar de acuerdo con estas manifestaciones del ministro hechas en esta misma tribuna. Desde nuestro punto de vista, el hecho de incrementar a las comunidades autónomas hasta un tercio de los fondos de la

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formación continua no da respuesta a lo que se ha dictado por el Alto Tribunal. El propio Gobierno hizo alarde de que el contenido del real decreto era fruto de los acuerdos de la mesa de diálogo sobre formación continua entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales. Primera cuestión a aclarar: de esa mesa están excluidas las centrales sindicales de ámbito autonómico, lo que significa no solo discriminación sino también arbitrariedad en la consideración del papel que tienen los representantes de los trabajadores y trabajadoras. Sin ir más lejos, la Confederación Intersindical Galega representa casi al 30 por ciento de los asalariados y asalariadas de Galicia. Segunda cuestión a tener en cuenta: se mantienen los acuerdos tripartitos; cuestión esta que en las sentencias a las que hemos hecho alusión se considera inconstitucional, ya que la ejecución de estos fondos correspondería a las comunidades autónomas y no, como se recoge en los mencionados reales decretos, solo el 37 por ciento, que en definitiva es lo que se transfiere a las comunidades autónomas. El real decreto así como las órdenes consecutivas no introducen la objetividad -que la sentencia también reclama, como en ellas se alude- en la aplicación de los fondos adjudicados y se persiste en la línea de reserva estatal del fondo, a pesar -y no es la primera vez que lo decimos- del gran volumen de inejecuciones y devoluciones de los mismos año tras año. Por poner un ejemplo en relación con los datos referentes a lo que decimos de las comunidades autónomas, vamos a utilizar los que nosotros tenemos y que se refieren a Galicia; esto es, la estimación en función de datos oficiales por salario medio y número de cotizantes de formación continua, lo que significaría en el caso gallego, como estoy diciendo, el 5,90 por ciento de la población ocupada del Estado. Galicia, según estos datos, aportaría en el año 2006 al fondo 39.377.237 euros, habiéndosele transferido 22.521.050. Estos mismos datos podemos transponerlos al año 2007. Si hablamos de la distribución del Fondo Social Europeo volvemos a no concordar con los criterios de reparto del Gobierno, ya que no tiene en cuenta las prioridades correspondientes al Objetivo 1, cuando menos las prioridades territorializadas del mismo.


Señorías, no tenemos tiempo de poner muchos más ejemplos sobre la mesa, pero sí queremos decir una cosa. A pesar de las modificaciones que respecto a lo tratado en esta proposición no de ley se han hecho en estos tres últimos años por el Gobierno, nos vemos obligados a defender la proposición porque en estos momentos sigue vigente un modelo de financiación y gestión centralista de la formación profesional continua, incumpliendo claramente la doctrina sobre el reparto competencial en la materia fijada por el Tribunal Constitucional. De ahí que el punto número 1 de esta proposición no de ley sea dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Constitucional de 25 de abril y de 17 de octubre del año 2002 y diseñar un nuevo modelo de formación continua en el que las comunidades autónomas con competencias en ejecución de la legislación laboral sean las que gestionen íntegramente los fondos destinados a la formación profesional continua, así como contemplar en un futuro inmediato la territorialización completa de las partidas que integran los fondos procedentes de la cuota de formación profesional y de los fondos asociados a la formación continua.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señora Fernández, vaya terminando, por favor.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En definitiva, las dos propuestas contenidas en nuestra proposición de ley, a pesar del tiempo transcurrido, de los debates mantenidos, incluso de las modificaciones hechas por el Gobierno, siguen vigentes porque continúan sin cumplirse las sentencias del Tribunal Constitucional.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Fernández.


Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ha presentado tres enmiendas. Previamente debo decir -y con esto me ahorro ser demasiado repetitivo o recurrente- que coincidimos, como hemos tenido ocasión de comprobar a lo largo de esta legislatura, en tanto en cuanto ese tema se ha debatido en infinidad de ocasiones, en términos generales, con lo planteado por el Bloque Nacionalista Galego.


Nuestra primera enmienda se refiere a la letra b) del apartado 1. Nosotros desearíamos que se suprimiera la frase que dice "... que serán fijados de común acuerdo con las comunidades autónomas...", porque entendemos que la transferencia debe hacerse en función de las cuotas recaudadas en cada comunidad autónoma. Creemos que no ha lugar -aunque tampoco es un tema troncal-, que no es necesario hacer esta aseveración. Por otro lado, deseamos plantear ante la Cámara la posibilidad, a través de nuestras enmiendas, de añadir dos puntos nuevos. En nuestra segunda enmienda solicitamos del Gobierno que derogue el Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por cuanto posibilita la invasión de competencias en materia de formación profesional continua según los fallos de las sentencias del Tribunal Constitucional a las que ha hecho referencia la diputada gallega. En tercer lugar, planteamos una enmienda relativa a los Presupuestos Generales del Estado que vamos a debatir en las próximas semanas. Pensamos que debería incorporarse una disposición adicional para garantizar la distribución a las comunidades autónomas de los fondos destinados a formación continua en relación con las cuotas aportadas por cada una de ellas.


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Entenderán así por qué en la primera enmienda les he solicitado la posibilidad de anular en la letra b) lo relativo a la necesidad de que sean fijados los criterios de territorialización de acuerdo con las comunidades autónomas. Ustedes saben que este es uno de los temas más conflictivos que ha habido en los últimos años. Creo que el real decreto que solicitamos que se derogue fue el que alteró el régimen competencial.
Me parece que estaba todo bastante claro: competencia exclusiva por parte del Estado en lo relativo a la legislación laboral; corresponde sin embargo a las comunidades autónomas la ejecución en su territorio de la normativa establecida con carácter general y, en su caso, la gestión de las materias relacionadas con este ámbito. Por lo que se refiere a las subvenciones y fondos de promoción de la formación, dado que la competencia relativa a las subvenciones no está relacionada con la titularidad patrimonial de los fondos sino con la titularidad de la competencia, se ha determinado que es de competencia autonómica la gestión de los fondos destinados. Y en esto andamos, aquí está la madre del cordero y el conflicto.


Por otro lado, el destino directo de las ayudas a las empresas mediante detracciones en las liquidaciones mensuales de la Seguridad Social es, a nuestro entender -y es la enésima vez que lo decimos-, una derivación de los fondos de formación a la caja única de la Seguridad Social, y así evitan la participación competencial, reconocida por el Tribunal Constitucional, de las comunidades autónomas en todo aquello que afecta a las subvenciones y a la financiación. Ustedes saben que esta es la situación ahora: una tercera parte directamente a las empresas, una tercera parte a las comunidades autónomas -reconocemos que se ha ido incrementando en los últimos años- y una tercera parte a los agentes sociales. No ponemos esto en cuestión; ponemos en cuestión que no se ejecute aquello fallado por el Tribunal Constitucional en sentencias que en más de una ocasión han sido objeto de debate en esta Cámara a lo largo de esta legislatura en relación con la falta de cumplimiento por parte del Ejecutivo. Esta es nuestra posición, consabida y archisabida.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Tardà.


En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds la señora Muñoz tiene la palabra.


La señora MUÑOZ DE DIEGO: Señora presidenta, señorías, como muy bien han dicho quienes han intervenido con anterioridad, este es un tema que ya se ha debatido en bastantes ocasiones en esta Cámara y que tiene que ver con una cuestión en la que probablemente hay grandes intereses y todos ellos probablemente legítimos: intereses de las administraciones públicas, de las comunidades autónomas por gestionar en el ámbito competencial y de los agentes sociales, que entienden -como no puede ser de otro modo- que la formación continua es también muy importante en nuestro país para el reciclaje profesional de los trabajadores, muy importante para conseguir un capital humano imprescindible para la modernización y la competitividad de nuestro país. En consecuencia, no es un tema poco importante ni que se pueda dejar de lado, y probablemente por ello se lleva tanto tiempo esperando una solución que parece no llegar.


A nuestro juicio, en este debate existe una tensión entre los agentes sociales, que no quieren -como también es entendible- ceder el liderazgo y la gestión de unos fondos que provienen de la cuota de formación profesional que pagan las trabajadoras y los trabajadores y que ha formado parte tradicionalmente del ámbito de la negociación colectiva y, en consecuencia, del propio debate social entre trabajadores y empresarios. Ahora mismo las cuotas de los trabajadores en España van a un fondo común que se controla en una fundación tripartita para la formación continua en la que están presentes Gobierno central, sindicatos y empresarios y en la que algunas centrales sindicales no han participado tradicionalmente. Si bien esto es así y hay una ausencia de las comunidades autónomas que pensamos que genera un profundo déficit en esta materia, creemos que la solución final a esta situación no puede venir más que desde un profundo acuerdo, desde el cumplimiento de las sentencias -porque en este país el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional o de cualquier otro tribunal es obligado para las administraciones públicas-, pero también desde un gran acuerdo con los agentes sociales para intentar coordinar, como no puede ser de otro modo, esos intereses legítimos y esa cooperación -a nuestro juicio imprescindible- para que la formación continua no sea exclusivamente un problema competencial sino que cumpla el papel que debe cumplir, y en el que cualquier aliado puede ser bueno si forma parte de ese entramado social que también debe dar cobertura a esa formación. El hecho de que las cuotas de los trabajadores de formación profesional se estén recaudando a través del régimen general de la Seguridad Social y vayan a esa caja única probablemente esté detrás de todo este conflicto. Lo más acertado sería poner en marcha mecanismos de cooperación y coordinación en los que, desde el respeto a las competencias y al ámbito legislativo existente, se dé también el espacio que corresponde a los agentes sociales. Sin ese espacio se podría estar cumpliendo la materia competencial, pero estaríamos desaprovechando un enorme potencial para apoyar una formación continua dirigida a trabajadores y empresas y gestionada por los propios sindicatos, como ha venido siendo hasta ahora.


Decía antes el representante de Esquerra Republicana de Cataluña que se han ido haciendo repartos de estos fondos cada vez más aproximados para que haya una gestión compartida de los mismos. Ese reparto no ha dado todavía satisfacción ni a las comunidades autónomas, ni a la Administración del Estado, ni a los agentes sociales. Desde mi grupo parlamentario queríamos aprovechar

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esta intervención para poner encima de la mesa lo que para nosotros es fundamental. La formación continua es un elemento estratégico para la competitividad de la sociedad española, por ello el cauce por el que se debe llevar adelante es el acuerdo entre agentes sociales, Administración del Estado y comunidades autónomas, a las que nadie va a negar la gestión o la capacidad competencial que las leyes les otorgan, pero que pueden y deben buscar ese amplio acuerdo para conseguir que la formación continua no sea siempre un espacio de discusión, sino un gran espacio de colaboración, en el que no se debe despreciar la enorme labor que hacen los sindicatos para contribuir a que la formación continua llegue a los centros de trabajo y para gestionar cuotas de los trabajadores que deben revertir también en la formación continua de los que están en activo. Ese potencial no se debe despreciar y abogamos por ese gran acuerdo, con el que la proponente también podría estar de acuerdo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señora Muñoz.


Turno del Grupo Parlamentario Vasco. El señor Olabarría tiene la palabra.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Este es un debate recurrente -en esta Cámara se ha debatido casi ad náuseam- pero es un debate diferenciado. No estamos hablando de un problema de transferencia de competencias, sino de otra cuestión en la que ni siquiera están involucradas las sentencias del Tribunal Constitucional citadas por la señora Fernández. El tema de la formación ocupacional es relevante. La formación profesional ocupacional es de las pocas medidas estructurales que en periodos económicos no alcistas o declinantes de la economía pueden realizar ese efecto llamado anticiclo, para mejorar las prestaciones o la situación del mercado de trabajo, del mercado del empleo, del ámbito del empleo. Es algo en lo que debemos trabajar desde la perspectiva del consenso, reproduciendo las palabras de la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra. La realidad de Euskadi es diferente, por una razón muy importante: la formación profesional se gestiona por entidades que dimanan de acuerdos interprofesionales entre interlocutores sociales que ostentan la condición jurídica de mayor representatividad sindical. En este momento hay dos: una en la Comunidad Autónoma del País Vasco y otra en el Estado español. Este gestiona la formación profesional ocupacional, financiada por cuotas finalistas de empresarios y trabajadores destinados a este fin, dimanante de un acuerdo interprofesional suscrito por UGT, Comisiones Obreras, la CEOE y la Cepyme, los que están legislando, usurpando casi funciones legislativas, en esta legislatura, en el ámbito laboral de forma casi exclusiva; sin embargo, hay otro acuerdo que tiene la misma naturaleza jurídica que el anterior en el ámbito vasco, firmado por sindicatos que ostentan también la condición jurídica de más representativos, por ostentar un número de representantes en las últimas elecciones sindicales superior al 15 por ciento del total de los electos y más de 1.500, como son ELA-STV, LAB y Confebask, la patronal de Euskadi. Desde esa perspectiva este acuerdo interconfederal, que tiene una naturaleza jurídica idéntica a la que ha dado lugar a la Forcem, y del que ha dimanado también una entidad similar a la Forcem en su naturaleza jurídica, que es Obetus, no está siendo financiado por las cuotas que deben abonar o aportar los empresarios y trabajadores destinadas a la formación profesional continua. Está siendo financiado por los recursos presupuestarios ordinarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, lo cual provoca una disfunción y una injusticia que vulnera entre otras cosas el requerimiento del principio de igualdad previsto por los artículos 9 y 14 de la Constitución. Esta es la situación que queremos solucionar y que debería estar ya resuelta, señora presidenta.
Le recuerdo que en el debate sobre el estado de la Nación del año 2006 hay una resolución aprobada por unanimidad en esta Cámara con el número 56, que establece que todos los acuerdos interprofesionales existentes en el Estado español se financiarán de la misma manera; es decir Obetus, la formación continua que se aplica en Euskadi, debe ser financiada con las cuotas de los empresarios y trabajadores vascos que están destinadas de forma finalista, teleológica, a este aspecto; y esto no es así. En este momento sólo los presupuestos ordinarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco están financiando la formación continua. Nosotros invocamos la singularidad que dimana del ordenamiento jurídico no del bloque de constitucionalidad en este caso, sino del ordenamiento jurídico laboral, de las previsiones de la Constitución y de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. A algunos no les gustará pero está en la naturaleza de los hechos. En Euskadi hay sindicatos que tienen la condición jurídica de más representativos sindicalmente y hay patronales que en virtud de los requerimientos de la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores ostenta también la condición de más representatividad sindicalmente; y esto se está incumpliendo. Los valedores del ordenamiento jurídico constitucional, que deben ser todos menos nosotros, por lo que se dice, están incumpliendo la ley, y nosotros, que somos los sedicentes, que nos negamos pretendidamente al incumplimiento del ordenamiento constitucional, estamos invocando de nuevo el cumplimiento de la Constitución. Lo dejo aquí por no seguir por otros derroteros y con otras cuestiones que podrían llevarnos a polémicas seguramente innecesarias en este momento.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Olabarría.


Por Grupo Parlamentario Catalán de Convèrgencia i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.


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El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidenta.


Mi grupo quiere agradecer a los diputados del Bloque Nacionalista Galego y a su portavoz en este caso, la señora Fernández, esta iniciativa, porque permite de nuevo a la Cámara debatir y pronunciarse ante el incumplimiento más grave, evidente e inaudito de dos sentencias del Tribunal Constitucional que seguramente nunca hemos vivido en estos años.
Saben que estamos hablando de una problemática que se sitúa en el año 1991; que en el año 2002 el Tribunal Constitucional resolvió dando la razón a los recursos que habían presentado la Xunta de Galicia y el Gobierno de la Generalitat; que el Gobierno del Partido Popular incumplió, desarrollando un nuevo sistema de formación ocupacional que continuaba invadiendo las competencias de las comunidades autónomas en esta materia y negando la plena gestión de esos recursos por las comunidades autónomas; y que el Gobierno socialista ha vuelto a incumplir configurando un nuevo sistema que también va a estar en los tribunales.
Es bueno recordar que el Gobierno de Cataluña se ha opuesto a este sistema y ha iniciado el procedimiento de recurso. Por lo que nos consta, otros gobiernos autonómicos, en este caso de comunidades gobernadas por el Partido Popular, van en esa misma dirección. Señorías, es grave que el Grupo Socialista, que estos días enarbola la bandera de la Constitución en defensa de principios y de valores que quizás todos, poco o mucho, compartamos, en esta materia continúe incumpliendo sistemáticamente no solo la Constitución, sino también dos sentencias del Tribunal Constitucional que dejan meridianamente clara la necesidad de que sean las comunidades autónomas quienes gestionen el conjunto de los recursos del sistema de la formación ocupacional, del conjunto y no solo de una parte. El Estado puede configurarlo, pero debe ser gestionado por las comunidades autónomas. Además, en el caso concreto de Cataluña, el Estatuto de Autonomía que votaron las Cortes, que votó el Grupo Parlamentario Socialista, hace mención específicamente a la gestión de los recursos de formación continua como una de las competencias expresamente atribuidas a la Generalitat de Cataluña. Esta proposición no de ley que nos ofrece el Bloque Nacionalista Galego va a encontrar nuestro apoyo, pues responde a una reivindicación que Convergència i Unió ha venido defendiendo a lo largo de estos últimos años y vuelve a poner en evidencia la situación que veníamos denunciando, en un contexto además de mal uso de las cuotas de trabajadores y empresarios en esta materia.
Cada año hemos venido denunciado que parte de los recursos que trabajadores y empresarios pagan para satisfacer la formación de los trabajadores no se gasta. Impuestos de cotizaciones destinados específicamente a la formación de trabajadores no se están gastando en la formación continua, señorías. Además, la Cámara debe realizar una reflexión. Con la cantidad de recursos que el Estado español ha gastado desde 1991 en la formación continua de sus trabajadores hoy deberíamos tener un contingente de trabajadores perfectamente empleables y capaces de responder a las realidades de la competencia global en la economía de esta época. Señorías, somos conscientes de que este no es el caso; nuestro mercado de trabajo continúa teniendo un grave déficit de empleabilidad de sus trabajadores. Deberíamos preguntarnos si esos recursos que han gestionado los agentes sociales en materia de formación continua han sido bien empleados.


Finalmente, mi grupo quiere apelar en esta sesión a la conciencia de todos los diputados catalanes, muy especialmente a los del Grupo Socialista que son miembros del PSC. La consejera de Treball de la Generalitat, Mar Serna, se ha opuesto a este decreto, y el Gobierno ha presentado los correspondientes recursos. Sería razonable, serio que hoy los diputados del Partido Socialista de Cataluña votaran con el Bloque Nacionalista Galego y otros grupos a favor de esta proposición no de ley en defensa del autogobierno que, en este caso sí, el Gobierno de Cataluña está defendiendo. A eso apelamos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Caracuel.


La señora CARACUEL DEL OLMO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, subo a la tribuna para defender la postura de mi grupo ante la reincidencia del Grupo Mixto en un tema como el de las transferencias de los fondos de la formación profesional continua a las comunidades autónomas. Digo reincidencia, porque esta proposición no de ley es una reclamación reiterada de todos los partidos nacionalistas, cuyo debate aquí no es nuevo, ya que este tema ha sido objeto de interpelaciones, proposiciones no de ley y preguntas en Pleno durante esta legislatura.
Una vez más les diremos que la proposición no de ley que se somete hoy a la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados sorprende a este grupo en cuanto a su petitum. En primer lugar, reclama el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional de 25 de abril y de 17 de octubre de 2002. Estas sentencias declararon inconstitucional el sistema de formación establecido por el Gobierno socialista en 1993. Ustedes han hablado de diseñar un nuevo modelo de formación continúa. Le tendría que recordar que con posterioridad y mediante el acuerdo social de 2004 con la CEOE y los agentes sociales UGT, Comisiones Obreras y comunidades autónomas se estableció un nuevo sistema de formación profesional; era un modelo muy descentralizado, ya que permitía que las empresas independientemente de donde estuvieran establecidas, ya fuera en Galicia, Cataluña, Madrid o Andalucía, fueran las auténticas gestoras de los fondos destinados a la formación, pero ustedes nunca han estado de acuerdo con este modelo, ni con el anterior, ni seguramente como ya se ha demostrado con este que está ahora en vigor, porque a ustedes lo único que

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les interesa es el dinero que por este concepto de la formación va a gestionar las comunidades autónomas. No les importa ni la eficiencia ni la eficacia del sistema. Señorías, con relación al segundo petitum ustedes reclaman un nuevo sistema de formación continua, pero como ya sabrán el Gobierno ha aprobado un nuevo modelo de formación profesional, el Real Decre-to 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo. Señorías, no se puede reclamar, como ustedes hacen, la territorialización completa de las partidas que integran los fondos procedentes de la cuota de formación profesional y los fondos asociados a la formación continua, sencillamente porque ustedes pretenden algo que no reconocen las sentencias del Tribunal Constitucional del 25 de abril y del 17 de octubre de 2002. En ellas no se establece que haya que territorializar todos los fondos de la formación. En cuanto a la reclamación de un nuevo modelo de formación profesional, quiero reiterarle que ya existe y que está regulado en el Real Decreto 395/2007; no obstante, mi partido no está totalmente de acuerdo con el contenido de este último decreto de formación. Por ello ha procedido a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por los distintos gobiernos de comunidades autónomas representadas por el Partido Popular, al entender que se produce una invasión de competencias por el Estado, ya que el propio decreto tiene una regulación tan exhaustiva que señala por quién se gestiona y cómo se financia.


Por otro lado, hay que recordar también que este decreto ha sido recurrido por comunidades autónomas regidas por el Partido Socialista, como es el caso de Galicia y de Cataluña; sin embargo este no es el debate que ustedes plantean, el suyo por desgracia es el de la financiación.
Señorías, ustedes muestran una vez más su falta de interés por los resultados de la formación. No es el número de trabajadoras y trabajadores españoles que se puedan formar todos los años lo que les interesa; descubro que a los grupos nacionalistas los resultados de la formación les da igual, les da lo mismo la eficacia y la eficiencia del sistema. Por esa misma razón mi grupo no puede apoyar esta proposición no de ley, ya que en ustedes lo que prima más es la gestión de las partidas destinadas para ello. En definitiva, lo que a ustedes les preocupa es que por sus arcas autonómicas pase la mayor cantidad posible de dinero.
Ustedes se fijan solo en lo accesorio, en lo instrumental, pero a mi grupo le sigue preocupando la eficacia y la adaptación cada vez más a la realidad socioeconómica del país. Nos interesa que el sistema sea eficaz, funcional y práctico. Es muy distinto el sistema de financiación que ustedes reclaman con esta proposición no de ley.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Caracuel.


Por el turno del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Torres Mora.


El señor TORRES MORA: Gracias, señora presidenta.


La proposición no de ley que ha defendido la señora Fernández fue presentada en noviembre de 2004, y efectivamente desde entonces han ocurrido muchas cosas en el campo de la formación profesional continua y de la formación profesional ocupacional. Básicamente lo más importante es que el decreto-ley que regulaba entonces la formación profesional ha sido sustituido por una normativa a lo largo de la legislatura, en particular por el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, que precisamente establece una reforma en el sentido de las sentencias del Tribunal Constitucional de 2002 y en la orientación que propone la PNL respecto a las comunidades autónomas. Señorías, con el nuevo sistema las comunidades autónomas gestionarán alrededor de cinco de cada seis euros recaudados por cotizaciones de formación profesional. Si eliminamos las bonificaciones que cada empresa se deduce de su cotización, cuando ella misma realiza acciones de formación para sus empleados, el 85 por ciento de todos los fondos para la formación profesional serán gestionados por las comunidades autónomas. Cuando se presentó esta PNL, los fondos que el Estado destinaba a las comunidades autónomas para la formación profesional ascendían a 1.000 euros; 1.000 euros para las diecisiete comunidades autónomas. Este año, 2007, los fondos para la formación profesional en las comunidades autónomas asciende a 400 millones euros.
Con ello queda claro que la situación en el plano financiero ha sufrido un cambio drástico, así como en el campo regulador. Por ejemplo, ahora una comunidad autónoma que tenga exceso de fondos en formación profesional para desempleados puede dedicarlo a la formación de los ocupados, o al revés según sea la evolución de su tasa de desempleo o las necesidades de su sistema productivo. En realidad, los únicos gastos que son ejecutados desde el Estado en formación profesional son aquellos programas que con amparo en la negociación colectiva sectorial estatal son realizados por los sindicatos y organizaciones empresariales más representativos. Eso supone el 15 por ciento de los ingresos que no son directamente ejecutados por las comunidades autónomas, pero que naturalmente se distribuyen desde el punto de vista territorial con arreglo a los criterios que marcan las comisiones sectoriales paritarias de acuerdo con el convenio colectivo sectorial estatal de que se trate.
Si la negociación colectiva sectorial estatal no es una rara avis en nuestro modelo de relaciones laborales es porque ella, junto a otras instituciones básicas como el salario mínimo, asegura que las condiciones salariales vigentes en una u otra comunidad autónoma tengan un nivel de cohesión suficiente. Sabemos que los salarios medios son más altos en Cataluña que en Galicia, y eso responde a las diferentes resultados de las empresas en una y otra comunidad, pero sin la negociación colectiva estatal es también seguro que la distancia de sus salarios seguiría creciendo y cada vez sería más importante, así como la de la formación profesional. Por eso el 15 por

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ciento de los fondos que se destinan a formación profesional son gestionados por la negociación colectiva estatal. No solo no es un despropósito, sino que a algunos incluso nos podría parecer una cifra insuficiente; claro que esos algunos somos socialistas. Por otra parte, hay una cosa con la que no podemos estar de acuerdo. Ustedes dicen que lo recaudado en formación profesional por cada comunidad autónoma debe volver íntegro a ella, y no podemos estar de acuerdo porque de ese modo las comunidades autónomas con menor desempleo, con mayor tasa de ocupación y con mayor renta serían las que recibirían mayores fondos para formación. En un país en el que algunas comunidades autónomas tienen todavía dos dígitos de paro, eso no es justo y es importante que haya una redistribución de dinero para la formación para que otras comunidades puedan prosperar. Esa es una razón por la que merece la pena tener una visión de conjunto y tener instrumentos para ello.


Señorías, de verdad, a lo largo de la legislatura los socialistas hemos hecho un severo ejercicio de comprensión para entender sus razones y para aproximarnos a ellas y a sus intereses. Yo les ruego que atiendan y entiendan nuestras razones. Finalmente, señorías, se ha pedido aquí reiteradamente, por ejemplo, la derogación del Decreto 1046/2003. Ese decreto no lo podemos derogar ahora porque lo fue ya por el decreto que está vigente, el Decreto 395/2007. Por tanto, antes de criticar que no hemos cambiado -siguen ustedes diciendo lo mismo- comprueben que nosotros no seguimos diciendo lo mismo, hemos cambiado.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Torres Mora.


Señora Fernández, su turno de aceptación o rechazo.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señora presidenta, teniendo en cuenta que nuestra proposición no de ley se refiere a la formación profesional continua, vamos a aceptar la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya, el punto número 4, relativo a incluir en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 una disposición adicional que garantice la distribución a las comunidades autónomas de los fondos destinados a formación continua en relación con las cuotas aportadas por cada una de ellas. Repito que estamos hablando de formación continua, no de formación profesional.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Fernández.


Terminado el debate, llamamos a votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la proposición no de ley.


Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández y señor Rodríguez, relativa a la transferencia de los fondos de la formación profesional continua a las comunidades autónomas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 26; en contra, 258; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA Y UNIÓ), SOBRE EL ACUERDO PARA INCREMENTAR LA INVERSIÓN DEL ESTADO EN CATALUÑA. (Número de expediente 173/000215.)

El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el acuerdo para incrementar la inversión del Estado en Cataluña.


Para la defensa de la moción consecuencia de la interpelación urgente interviene, en un turno de siete minutos, el señor Vilajoana. (La señora vicepresidenta, Calvo Poyato, ocupa la Presidencia.)

El señor VILAJOANA ROVIRA: Muchas gracias, señora presidenta.


Paso a defender, señoras y señores diputados, la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), consecuencia de la interpelación urgente sobre el acuerdo para incrementar la inversión del Estado en Cataluña. La moción tiene dos puntos. En el primero de ellos, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar la metodología de aplicación de la disposición adicional tercera del Estatuto de autonomía sobre inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras. El objetivo es adecuarla a lo que establece el Estatuto de Autonomía de Cataluña en la citada disposición adicional tercera, y a estos efectos la base de cálculo para la aplicación del porcentaje de inversiones en infraestructuras del Estado en Cataluña no debe tener las limitaciones por área de gasto que contempla la metodología acordada brevemente, sino que debe comprender todas las inversiones territorializadas del Estado y del sector público estatal. En este sentido, en los presupuestos del año 2007, se consideraba que las inversiones en infraestructuras en Cataluña cumplían el Estatuto cuando solo contemplaban las inversiones de Fomento y de Medio Ambiente. En el acuerdo reciente de 17 de septiembre de este año, hemos pasado de estos dos ministerios a ampliarse a los de Agricultura, Pesca y Alimentación;

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Energía, Comercio, Turismo e Investigación y Desarrollo; es decir, lo que llama el ministro Solbes área económica. Nosotros creemos -ya lo dijimos en la interpelación- que no tiene sentido. Como se hace en otros estatutos que tienen la misma cláusula, entendemos que las inversiones han de comprender todas las inversiones reales del Estado en cualquier tipo de infraestructura, y recordábamos el otro día que las infraestructuras culturales deben formar parte de estas inversiones, así como la defensa, etcétera.


Por otra parte, también planteamos en esta moción que la materialización de la inversión que corresponda a Cataluña se efectuará exclusivamente en inversiones reales del Estado o en inversiones directas de las diferentes empresas públicas, con independencia de que exista un flujo de transferencias de capital del Estado hacia Cataluña. Esta es la fórmula con la que el año pasado se conciliaban estas inversiones, donde las transferencias de capital no se computaban, y este año, en el acuerdo que se hizo entre el Gobierno español y el Gobierno de la Generalitat, se consideraban las transferencias de capital en su interior. Por otra parte, cuando el otro día el vicepresidente segundo, el señor Solbes, nos decía que había una parte de las inversiones que no estaban computadas en las inversiones reales...


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Perdón, señor Vilajoana.


Señorías, guarden silencio. ¿Entienden que no puede hacer su trabajo quien está en la tribuna en este momento?

El señor VILAJOANA ROVIRA: Decía que en aquel momento nos manifestaba el ministro Solbes que los 740 millones previstos se irían invirtiendo a medida que hubiera proyectos que lo soportaran, cuando la disposición adicional tercera, en su parte final, dice que dichas inversiones podrán también utilizarse para la liberación de peajes o la construcción de autovías alternativas. Defendemos que esto sea posible, tal como señala el Estatuto. Finalmente, pedimos que en los siete años comprendidos en este acuerdo el volumen de transferencias de capital destinado a Cataluña no disminuya respecto a ejercicios anteriores. La preocupación que tenemos al juntar inversiones reales y transferencias es que con esto vayamos jugando con elementos que no nos parecen los adecuados.


En el segundo punto de la moción decimos que el Congreso de los Diputados manifiesta su voluntad de modificar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008 para incrementar específicamente la inversión del Estado destinada a Cataluña y dar cumplimiento así al Estatuto de autonomía catalán, tal como se da cumplimiento en este ámbito a otros estatutos de autonomía aprobados. Es decir, después de nuestra preocupación al conocer el acuerdo, cuando lo hemos visto reflejado en los presupuestos nos encontramos -el otro día el señor Duran se lo planteaba al presidente Rodríguez Zapatero- con que Andalucía cumple estrictamente lo que marca su Estatuto y las inversiones reales que tiene Andalucía son el 17,8, que corresponden exactamente a su población, y en cambio nosotros en estas inversiones reales estamos en el 14,9. En la página 290 de este informe económico y financiero nos encontramos con que está prevista una inversión de 740 millones de euros, que sumados a esta inversión real dan esos 4.365 millones de euros que teóricamente cubrirían ese 18,72 por ciento del PIB que debería cubrir la inversión real. Nosotros entendemos que las inversiones reales del Estado, de los organismos autónomos del sector público estatal, han de incrementarse en estos 740 millones para alcanzar esos 4.365 y que además este incremento volverá a mover la masa global de inversiones, con lo cual tenemos que volver a crecer. El otro día el señor Duran le decía al señor vicepresidente que nosotros queríamos cobrar como otras autonomías, al contado, y no diferidamente, como se plantea.


Hay otro elemento que nos parece de una gran importancia. Nosotros conseguimos el año pasado que hubiera en la Ley de presupuestos de 2007 una disposición adicional, exactamente la cincuenta y siete, donde se pedía que se revisara el acuerdo de financiación. En esta revisión han surgido 827 millones de diferencia que tiene que invertir el Estado en Cataluña para cumplir el acuerdo que no se cumplió el año anterior. Estos 827 millones no están en el presupuesto de 2008 y pedimos que estén de una forma clara. En el acuerdo se habla de dos años y en los presupuestos no está lo correspondiente a un año ni está la cifra de los 827 millones.


Finalmente, uno de los problemas que tenemos en Cataluña, aparte del histórico déficit de inversiones en infraestructuras, es el nivel de ejecución. Nos hemos encontrado con que la ejecución se sitúa entre el 75 y el 78 por ciento. ¿Qué pedimos? Que para que esto no acabe siendo una prima, para que no acabe resultando interesante para el Estado no ejecutar, esta diferencia de ejecución se pueda aplicar directamente en los presupuestos, es decir, que la no ejecución de 2007 esté en el presupuesto de 2008. Este es el planteamiento que hacemos en esta moción y lo que nos gustaría que ustedes apoyaran, y sabemos que algún grupo lo va a hacer. También les avanzo que la enmienda que presenta el Grupo Socialista no va a ser aceptada por nuestro grupo y sí lo va a ser la que plantea Esquerra Republicana.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señor Vilajoana.


En el turno de defensa de las enmiendas presentadas a la moción tiene la palabra, por el Grupo Socialista, la señora Cunillera.


La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señora presidenta.


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Señor Vilajoana, se lo digo de buen rollo, si esta moción tuviera un título distinto al que le han puesto ustedes se podría llamar cinematográficamente: Guión de un grupo parlamentario en busca de un lugar al sol. No otra cosa ha sido la interpelación del otro día, ni la moción a la que hoy hemos asistido. ¿Por qué? Porque la moción consecuencia de interpelación tuvo su origen en el acuerdo que tuvimos en el Estatuto de Cataluña cuando pactamos la adicional tercera y también en un segundo momento importante, del que ustedes se reclaman protagonistas y yo no les voy a discutir el protagonismo, cuando se introduce en los presupuestos de este año la revisión de la metodología donde se dice de qué estamos hablando cuando nos referimos a infraestructuras. En ese momento, ustedes y nosotros adoptamos un acuerdo, y el Gobierno ha cumplido ese acuerdo. El Gobierno se ha reunido con el Gobierno de la Generalitat; se creó un grupo de trabajo en el seno de la Comisión bilateral Estado-Generalitat y se determinó ese cumplimiento de la adicional el día 17 de septiembre, fecha de su cumpleaños, y ahí se decidió cuál era la metodología a aplicar en el desarrollo de esa adicional tercera. Ahí se decidió, como usted ha dicho, que para ese cómputo se aplicaban nuevos conceptos -política industrial, agricultura, inversión en I+D-, con lo cual será de justicia reconocer que se ha ampliado de manera notable la base del cálculo de inversiones que, en cumplimiento una vez más de la adicional tercera, deben ir a paliar el déficit inversor que en ella se reconoce y que ustedes han reclamado. Por tanto, reconocido ese protagonismo que han tenido ustedes en esos acuerdos, sería también lógico que reconocieran el cumplimiento que se ha dado a lo reclamado por ustedes, sobre todo por una cosa que aquí no se dice pero que a mí me gustaría recordar, y es que Convergència i Unió presentó en algunos ayuntamientos de Cataluña mociones para que esos ayuntamientos reclamaran del Estado una inversión para los presupuestos de año que viene de 4.300 millones de euros. Pues bien, el acuerdo entre los dos gobiernos ha superado la expectativa que ustedes fijaban como máximo. Por tanto, reconocerá que es muy difícil entender que ustedes estén en desacuerdo con aquello que se ha pactado. Ustedes han tenido otras ocasiones de reclamar el protagonismo en la acción política bastante mejores que la actual. En esta, habrán de reconocer, no han estado muy brillantes. Por mucho que hagan un empeño decidido en desdibujar lo que ha sido un buen acuerdo entre los dos gobiernos, ha superado el tope máximo de su petición, ha dado cumplimiento al Estatuto de Cataluña y a lo acordado en esta Cámara respecto a los presupuestos de este año.


Después de haber leído atentamente la moción que hoy presentan ustedes y también las intervenciones que hubo en la interpelación de la semana pasada, le tengo que decir, señor Vilajoana, que a nosotros nos parece profundamente injusto lo que ustedes han hecho en esa interpelación y en esta moción por aquellos, también de su grupo, que han trabajado en este acuerdo. Por eso nos ratificamos en lo que le decía al principio. Esta interpelación y esta moción tiene más sentido en la búsqueda al sol de querer seguir teniendo un protagonismo que se les desdibuja por el acuerdo, que por la razón de ser de la interpelación.


Nuestra enmienda es absolutamente constructiva y siento mucho que ustedes, nacionalistas, no acepten una enmienda como la nuestra que consta de tres puntos que reflejan fiel, escrupulosa y literalmente lo que han sido los acuerdos adoptados por el Parlament de Catalunya la semana pasada en el debate de política nacional. Es un texto que refleja la voluntad política más representativa del conjunto de los políticos de Cataluña, que tiene el aval de lo que podríamos llamar la parte catalana en la negociación y el acuerdo, y que, caso de ser aceptada -desgraciadamente ya ha anunciado usted que no lo van a hacer-, reflejaría la voluntad política que animó en su momento y sigue animando a mi grupo en la negociación y posterior acuerdo que dio lugar al Estatuto de Cataluña, después a la disposición quincuagésima séptima de la Ley de presupuestos de 2007 y que ha dado lugar a un buen acuerdo, les guste a ustedes o no, entre los gobiernos para Cataluña.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Cunillera.


Turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. El señor Puig tiene la palabra.


El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en una cuestión voy a estar de acuerdo con la portavoz del Partido Socialista. Si no hubiese habido un acuerdo entre el señor Zapatero y el señor Mas, seguramente hoy no estaríamos debatiendo esta interpelación. Si el acuerdo hubiese sido mucho más claro, las cosas hubiesen quedado muy bien reflejadas en los presupuestos de este año. Lo digo por similitudes. Lo ha dicho el señor Vilajoana; en los presupuestos de este año, Andalucía, al milímetro. Tienen una adicional en el estatuto que lo deja clarísimo.


Hemos presentado tres enmiendas a la moción de Convergencia y Unió, que intentan hacer un poco de justicia a lo que sucedió el año pasado, ya que coincidimos en que los presupuestos no cumplían la adicional tercera y por eso no los votamos, aunque nos dijeron que sí, lo dijo el conseller Castells. Este año nos encontramos con que ha habido un acuerdo entre el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y el Gobierno del Estado por el que se ha mejorado, y hay que decirlo. Se ha producido un acercamiento mucho más concreto a la interpretación de la adicional tercera que se aprobó en el Estatuto de Cataluña. Por eso nuestras enmiendas son muy concretas. La primera es un punto nuevo que dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ser leal en la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado en los próximos siete ejercicios,

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con la metodología de aplicación de la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña sobre la inversión del Estado en Cataluña, pactada con el Gobierno de la Generalitat. Dicha metodología aumenta significativamente la concreción del texto estatutario, sin perjuicio de que en un futuro se puedan pactar bilateralmente modificaciones que garanticen plenamente el cumplimiento de dicha disposición. Esta aportación es una mejora que hay que reconocer, pero hay que abrir la puerta para seguir mejorando porque las cosas no están de por vida. Por tanto, si hay acuerdos con posterioridad para seguir mejorando en la interpretación, ya que es justo reconocer que es un poco más confusa y no tan clara como la que tiene el estatuto de Andalucía, mejorémoslo entre todos hasta conseguir una interpretación que nos pueda beneficiar a todos. La segunda enmienda es de modificación del apartado 2 a) de la moción, en la que concretamos la cifra de ese apartado que está inconexo y sin definir. Pedimos que se establezcan mecanismos para reflejar esa partida de 740 millones de euros pendiente de definir. La tercera enmienda va dirigida al actual punto 1, y decimos que a partir del año 2009 se pueda hablar de una mejora de esta interpretación del contexto de inversiones.


Nuestro grupo quiere ser coherente con la interpretación que ha hecho.
Entendemos que ha habido una mejora en el acuerdo entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, pero hay que trabajar en el blindaje. A diferencia de lo que sucede con Andalucía, que incluso existe una adicional específica para Andalucía en los presupuestos generales, en el caso de Cataluña esto no aparece. Ya hemos anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad de los presupuestos. Uno de los puntos más importantes es el blindaje o la garantía de que se cumpla ese acuerdo que ha significado una mejora y que quede consolidado en el proyecto de Ley de presupuestos. Por eso hemos querido hacer constar estas tres enmiendas que contextualizan la moción de Convergencia, la clarifica y consideramos que la mejora.


El portavoz de Convergència i Unió ha dicho que acepta nuestras enmiendas tal como las hemos presentado, y nuestro grupo votaría la moción que han presentado.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Puig.


En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds, señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


Señoras diputadas, señores diputados, desde nuestro punto de vista, el acuerdo al que llegó hace muy pocos días el Govern de la Generalitat y el Gobierno del Estado ha supuesto un cambio cualitativo; un cambio cualitativo porque estábamos acostumbrados en esta Cámara a que la negociación en torno a la inversión en Cataluña se hacía desde la defensa de los diferentes grupos catalanes. Era un método. Pero entendíamos que esto suponía una carta de presentación en el conjunto de España en la que se decía que cuánto se llevan los catalanes, cuando a efectos prácticos durante muchos años la realidad es que en Cataluña ha habido un déficit en inversiones. Había una sobredimensión de lo que se invertía en Cataluña y había una realidad: un déficit estructural en inversiones. Ese fue uno de los motivos por el que todos hicimos el Estatuto y por el que algunos coincidimos en el sí al Estatuto; porque había un cambio cualitativo que significaba la relación bilateral entre Generalitat y Gobierno de España. Creo que lo más relevante del acuerdo de hace pocos días es que eso se ha materializado. Lo que habíamos planteado en el Estatut Convergència i Unió, Partido Socialista, Esquerra Republicana en un principio, e Iniciativa per Catalunya Verds, finalmente se materializó. Para nosotros esa materialización es, sin lugar a dudas, el mayor de los avances. Una materialización que hemos valorado como muy positiva por una razón, porque supone una fuerte inversión, muy por encima de la que habíamos tenido en anteriores ocasiones. Es verdad que siempre se puede poner el listón más alto. Claro que sí. Pero la realidad es que va a haber una inversión de 4.300 millones con un problema que conocen ustedes, y es que hay más de 700 millones de euros que no sabemos cómo invertir porque, simplemente, no hay proyectos.


Nosotros entendemos que aquí hay una doble responsabilidad: Gobiernos anteriores que no tenían proyectos y gobiernos actuales que, después de tres años en inversiones que afectan tanto a la vida cotidiana de la gente como son los Cercanías, hoy aún no tienen proyectos. Esa es la doble responsabilidad. Para nosotros lo fundamental es que haya garantías para que se compense lo no invertido en el presupuesto anterior, dando por buena la cifra del acuerdo entre Govern de la Generalitat y Gobierno del Estado. Lo que queremos es que aquello que se ha concretado en el pacto se materialice también en los Presupuestos y vamos a batallar por ello con las enmiendas que proponemos e, incluso, con la enmienda a la totalidad si finalmente la presentamos. Además, entendemos que tiene que haber una garantía para aquello que no se ejecuta porque, en definitiva, tenemos una experiencia contrastada de no ejecución. Y, sobre todo -esa es la ausencia que vemos en la moción de Convergència-, tiene que haber una reorientación de la inversión porque en Cataluña ha habido muchos problemas, como la falta estructural de inversión, por supuesto que sí, pero también la mala orientación de la inversión en la que todos los huevos de la cesta se han puesto en la cesta del AVE y casi ninguno en la de Cercanías. No lo decimos hoy, lo decíamos en 2004 y 2005, cuando casi nadie en esta Cámara nos hacía caso.


Desde nuestro punto de vista, ¿cuál es el problema de esta moción? Ya lo saben. Para nosotros, esta moción

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tiene un pecado de base, y es que no da por bueno el acuerdo entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno del Estado. Y nosotros sí que lo damos por bueno. Para nosotros supone un paso adelante. Creemos, además, que se han equivocado porque ustedes son en parte artífices de que hoy el Estatuto sirva, y es que lo más relevante del acuerdo es que demuestra precisamente a aquellos agoreros que el Estatuto sirve, y sirve de mucho.
Por eso no compartimos la moción. Podemos compartir una parte, pero no coincidimos en la valoración negativa del acuerdo. Eso sí, entendemos que hoy, en esta Cámara, es necesario que haya una fuerte presión para que se produzca una reorientación de la inversión y para conseguir que esos 4.300 millones no solo se inviertan sino que se inviertan bien, y se inviertan, por tanto, en la infraestructura cotidiana. Por eso, con toda cordialidad, y sabiendo cuáles son las posturas de cada uno, nosotros creemos que no ha lugar al apoyo. Es más, aceptando la enmienda -como se ha aceptado- de Esquerra Republicana, hay partes con las que no estamos de acuerdo, con otras solo parcialmente y con otras sí; pero entendiendo que, en definitiva, lo que hace la moción es negar el acuerdo de Gobierno a Gobierno, siendo nosotros socios del Govern de la Generalitat y pensando que ese ha sido un paso adelante, finalmente no daremos nuestro apoyo a esta moción.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Herrera.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Utrera.


El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señora presidenta.


He oído con atención las opiniones que sobre esta moción han puesto de manifiesto los distintos grupos parlamentarios, y creo que ha faltado una observación que, a mi modo de ver, es la más importante. Para algunos es la bilateralidad en las relaciones Estado-Generalitat; para otros, que haya más dinero y que se cobre antes, y para otros que se vigilarán los presupuestos para que el Estado cumpla. Sin embargo, lo más importante de todo, fruto no tanto del debate de la moción de hoy sino del debate de la interpelación de la semana pasada, es saber que el concepto de infraestructura ha pasado también a ser un concepto discutido y discutible. El relativismo, igual que ha embargado el concepto de la nación española, que es discutido y discutible, o el funcionamiento de la justicia, que ha de adaptarse al contexto en el cual se inscribe y, por tanto, ha de moverse al vaivén de los vientos, según soplen de sur o de norte, ha llegado también a las infraestructuras, que pasan a ser un concepto relativo; un concepto relativo que como chicle admite casi todas las cosas. Por ejemplo, el pasado año el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía nos aseguraba y garantizaba que el concepto de infraestructura que él utilizaba para determinar este porcentaje, esta porción de inversión con destino a una región concreta, Cataluña, debería basarse en lo que siempre hemos entendido por infraestructura. Había quizá alguna duda, quizá podríamos considerar algunas infraestructuras, pero cosa muy menuda, muy pequeña, de naturaleza educativa, cultural, sabiendo que esas competencias están básicamente transferidas a las comunidades autónomas y que, por tanto, no tienen apenas cifra significativa en los presupuestos; quizá podríamos discutir, porque es verdad, como mencionaba el señor Vilajoana, que se trata de ciertas infraestructuras, aunque sean acometidas por un ministerio distinto de los propios que invierten en infraestructura material, y que podría ser. No, el acuerdo ha ido muchísimo más lejos.
Por tanto, señor Vilajoana, no estamos conformes con su afirmación de que quiere cobrar más y además quiere cobrar al contado. Creemos que, efectivamente, usted está haciendo un debate por otras razones y no por el acuerdo, porque el acuerdo ciertamente es muy satisfactorio. Bien es verdad que la pasada semana el señor Solbes en ningún momento dijo que el concepto de infraestructura utilizado en el pasado ejercicio 2007 fuera inconveniente o incorrecto, simplemente dijo que era un concepto relativo y que, por tanto, admitía interpretaciones diferentes. Y la interpretación que toca este año es la buena, la flexible. Estamos en año de regalías, de dádivas, estamos en un momento en el que conviene hacer una política intensa de gestos, y ya veremos si eso luego termina traduciéndose en hechos.


¿Qué es lo que se incluye ahora? Si hubiera que ampliar la inversión del Estado por un desastre natural, por una catástrofe, habría un porcentaje que necesariamente tendría que ir destinado a una comunidad autónoma; si asistiéramos a la voladura con explosivos por un acto terrorista de una terminal aeroportuaria, inmediatamente eso también generaría un porcentaje. Si ustedes se fijan, esta metodología tiene elementos absolutamente disparatados. Incluir las transferencias de capital como infraestructura no deja de ser un elemento que violenta absolutamente el concepto; pero existen actualizaciones anuales, fruto, por ejemplo, de las derivas o de las desviaciones que se pueden producir en infraestructuras que están proyectadas a unos valores y resulta que luego por las condiciones del terreno, etcétera, se dificulta su ejecución a esos valores y hay que ampliar, con lo que automáticamente eso generaría porcentaje. Eso quiere decir que hemos llegado a una situación que tiene muy difícil solución.


Yo pediría a todos los grupos parlamentarios sensatez, que esto lo enfriáramos parcialmente pero parece ser que no va a ser así, que el Gobierno y el presidente del Gobierno que entendían que el concepto de nación también era relativo no van a dar marcha atrás a unos presupuestos y a un debate en esta Cámara a la que se ha privado de la soberanía que le corresponde. No nos sirve decir que hay una ley orgánica porque nunca una ley orgánica determinaba las inversiones a realizar por el Estado.
Cosa distinta son las transferencias que en determinados

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casos pactados e incluidos en leyes convenga hacer a determinados territorios para que presten determinados servicios a los ciudadanos, pero siempre desde la perspectiva de la prestación del servicio al ciudadano. Aquí no estamos hablando de eso; aquí estamos hablando de porcentajes. Hay que mantener una lógica porcentual en la bilateralidad a la que antes ha hecho referencia el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra.


Como comprenderán por mi intervención, pero además porque conceptualmente esto no se sostiene, votaremos en contra de la moción como en su momento votamos en contra de la disposición adicional tercera del Estatuto, que, no lo olvidemos, dice lo que dice; dice inversión en infraestructuras, no dice otra cosa. Quiero dejar esta frase para su reflexión.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señoría.


¿Por el Grupo Parlamentario Mixto va a tomar la palabra, señor Rodríguez? (Pausa.) ¿Señora Fernández? (Pausa.)

Es el turno del señor Vilajoana para aceptar o rechazar las enmiendas.


El señor VILAJOANA ROVIRA: Intervengo muy brevemente porque ya lo he manifestado en mi anterior exposición. Vamos a aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y vamos a rechazar la enmienda del Grupo Socialista.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Vilajoana.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE MEDIDAS DEL GOBIERNO FRENTE A LA SINIESTRALIDAD LABORAL.
(Número de expedien-te 173/000216.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Pasamos al punto 6, a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas del Gobierno frente a la siniestralidad laboral. Para la defensa de esta moción consecuencia de interpelación tiene la palabra la señora Muñoz.


La señora MUÑOZ DE DIEGO: Señora presidenta, señorías, la semana pasada nuestro grupo parlamentario presentó una interpelación urgente sobre las medidas que el Gobierno iba a adoptar para frenar los datos o los altos índices de siniestralidad laboral en nuestro país. De aquella interpelación deviene la presente moción. Nuestro grupo parlamentario ha expresado reiteradamente en esta Cámara la profunda preocupación que nos generan los datos de siniestralidad laboral que presenta nuestro país; datos preocupantes en su número y desastrosos en sus consecuencias para muchas familias y para la sociedad en general. Es, sin duda, una lacra de nuestro modelo de crecimiento económico que, si bien permite a algunos lanzar las campanas al vuelo sobre los datos macroeconómicos, esconde en su seno un coste social y ambiental realmente alarmante. Dentro de ese coste social las cifras de siniestralidad laboral en nuestro país resultan escalofriantes. Por dar algunos datos, en el año 2006 casi novecientos trabajadores perdieron la vida en accidente laboral; cada día muere en nuestro país una media de tres trabajadores desempeñando sus obligaciones laborales; seguimos a la cabeza de la mortalidad laboral en Europa, acumulando el 20 por ciento del total de víctimas mortales en la Unión Europea de los Quince, y el número de accidentes laborales en nuestro país asciende anualmente a más de novecientos mil. Estos datos nos ayudan a reflexionar sobre las causas profundas, complejas y variadas que nos han llevado a esta situación y nos obligan a priorizar la lucha contra la siniestralidad laboral y la defensa de la salud y seguridad en el trabajo. A la escasa cultura en materia de prevención por parte de las empresas españolas habría que unir los altos índices de precariedad laboral y la ausencia de medios adecuados para combatir los incumplimientos. Estas razones, entre otras, están detrás de la situación actual, en la que se constata que a pesar de que en 1995 se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, doce años después seguimos con estas tasas de siniestralidad. Algunos datos facilitó también el ministro en su contestación a la interpelación que se le realizó la semana pasada.
Desgraciadamente, nuestro país, como consecuencia de múltiples factores, es el único de la Europa de los Quince que no ha conseguido desde 1984 reducir su índice de siniestralidad laboral.


Si bien la situación es preocupante, reconocemos que en esta legislatura se han tomado algunas medidas que pueden ir en la buena dirección, como, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Subcontratación, que fue una iniciativa de nuestro grupo parlamentario y de los agentes sociales, el incremento de recursos de la inspección o el protocolo de colaboración que se ha suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y los ministerios de Trabajo e Interior para investigar y perseguir los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores. Son ejemplos de que se va en una dirección correcta, pero no son suficientes.


Por ello planteamos una moción que trata de englobar y transversalizar todas las acciones de las administraciones públicas y los agentes sociales. Estamos convencidos de que si somos capaces de ponernos de acuerdo en el objetivo y aglutinar esfuerzos, estaremos más cerca de reducir más y en menor tiempo las tasas de siniestralidad que desgraciadamente padece nuestro país. Hay medidas de todo tipo, como habrán comprobado en la moción. Las hay dirigidas al ámbito judicial, en las que

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nuestro grupo plantea impulsar el cumplimiento del protocolo al que antes hemos hecho referencia, dotar de mayores medios a los fiscales provinciales, establecer mecanismos estables de coordinación entre la Inspección de Trabajo y la Fiscalía, así como el estudio -a ello queremos hacer especial mención- de una reforma del Código Penal para que haya también reproche penal hacia las actitudes de aquellas empresas que sistemáticamente y de un modo flagrante vienen incumpliendo la legislación laboral y poniendo en gravísimo riesgo a los trabajadores.
Ese reproche penal es importante, y así lo denunció el fiscal general en su discurso de apertura del año judicial. Esta medida puede ayudar a que no sea más barato incumplir que cumplir, a que no sea más barato la multa que poner en riesgo a los trabajadores. Planteamos también medidas en el ámbito de la Inspección de Trabajo, ampliando las plazas de inspectores, como hemos venido haciendo a lo largo de toda esta legislatura, así como medidas en relación con las empresas, para desarrollar programas dirigidos a las pequeñas empresas que reciban el apoyo en materia de prevención por parte de la propia Administración o concretando el sistema bonus-malus para primar o penalizar a quien cumple o incumple la normativa en materia de prevención. Proponemos también limitar la concesión de subvenciones a las empresas que incumplen sistemáticamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Hay otras medidas que tienen que ver con las condiciones de trabajo, porque nuestro grupo piensa que es necesaria una mayor calidad en el empleo y una menor precariedad, con el fin de que haya también mayor seguridad y salud.


En nuestra moción pedimos también que se cumpla estrictamente la Ley de Subcontratación y el reglamento, aprobado hace poco, que debe incidir favorablemente en mejorar las condiciones de salubridad e higiene en el trabajo, especialmente en el sector de la construcción. Planteamos asimismo medidas dirigidas a las mutuas con el fin de que se pongan los medios adecuados para que se declaren todas las enfermedades profesionales y no ocurra lo que ha sucedido hasta este momento, que ha caído la declaración de enfermedades profesionales un 60 por ciento en los seis primeros meses. Medidas para la formación, medidas para el control parlamentario de los temas de siniestralidad laboral y también medidas presupuestarias. Todas estas medias pueden servir para mejorar la situación actual, para reducir las tasas de siniestralidad y para aglutinar esfuerzos. Con ellas, la salud de los trabajadores, sin duda, estará más protegida.


Termino, señora presidenta, expresando mi agradecimiento a los grupos parlamentarios que han presentado las enmiendas: al Grupo Socialista, cuya enmienda responde a un acuerdo con el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y que trata sobre todo de mejorar el texto; también al Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, cuyo contenido de las enmiendas reconocemos, aunque pensamos que están ya incluidas en la estrategia nacional de seguridad e higiene y salud en el trabajo, y creemos que alguna de ellas puede estar reflejada en la enmienda del Grupo Socialista; y también al Grupo Popular, porque creemos que es bueno hacer aportaciones en una materia que sin duda debería ser una materia de Estado, porque en ella nos estamos jugando mucho y, sobre todo, se están jugando mucho más de 900 trabajadores que van a su puesto de trabajo cada año.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias señora Muñoz.


Para la defensa de las enmiendas a la moción en debate, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Martín.


La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Gracias, señora presidenta.


Subo a esta tribuna para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y asimismo fijar su postura respecto a la moción. Lo primero que quiero es resaltar la importancia de la salud laboral y, por tanto, de la siniestralidad por el drama humano que supone más allá de los aspectos sociales y económicos. Decía la portavoz de Izquierda Unida que probablemente esta fuera su última interpelación en esta legislatura y que se habían decidido por este tema; pero también fue la última en la pasada legislatura, por lo que parece que ya es una tradición o una costumbre. Sin embargo, en este caso, tengo que decir que la moción recoge muchos de los aspectos y de las medidas que tiene la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2007-2012, la cual está acordada con los agentes sociales y con el Gobierno, incluso dando cauce a los gobiernos autonómicos, lógicamente.


Permítanme que antes de hablar de las enmiendas deje constancia de la actitud del ministro, que tengo que calificar de sectaria, en la interpelación. El ministro hablaba -y consta en el "Diario de Sesiones"- de la mayor sensibilidad del Partido Socialista en esta materia que la parte derecha de la Cámara, olvidándose que fue el Gobierno del Partido Popular el que realizó todo el desarrollo reglamentario, los primeros acuerdos sociales y los planes de acción sobre siniestralidad que incluyen medidas que la nueva estrategia continúa profundizando.
Pregunto, ¿dónde estaba la sensibilidad del Partido Socialista del año 1989 al año 1995, señorías? Porque la Ley de Prevención de Riesgos del año 1995 es una trasposición de una directiva comunitaria de 1989; seis años de tardanza, seis años de retraso, señorías, con un índice de accidentes de trabajo mortales del 14,2 en 1990, que ha ido descendiendo al 7,4 en 2003, y al 6,1 en el 2006. Es verdad que ha descendido pero, lejos de esa actitud, pensamos que ha descendido con las aportaciones de todos, del Gobierno del Partido Popular, del Partido Socialista, de los agentes sociales y del Gobierno autonómico. También es verdad que queda mucho por hacer. Así, de enero a julio de 2007, según datos del Ministerio

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de Trabajo, ha habido 606.090 accidentes, de los cuales 681 han sido accidentes de trabajo mortales. Por ello tengo que decir que hay que continuar avanzando y que compartimos básicamente la moción, si bien hemos presentado enmiendas que mejoran el texto. Me voy a referir, por falta de tiempo a las más significativas.


En cuanto a la primera, en el punto 1.e), no creemos que haya que promover directamente una modificación del Código Penal, sino que el Gobierno debe estudiar la posibilidad de modificarlo, valorarla y, en su caso, incluirla. En ese sentido, se acerca a la enmienda presentada por el Grupo Socialista. También opinamos que en vez de sancionar continuamente sería mejor primar a las empresas que tengan una buena política de prevención de riesgos por sus resultados. Por otro lado, cuando hablan de limitar la contratación a las empresas, nos gustaría que se les estimulara, favoreciendo a aquellas que obtuvieran unos buenos resultados en salud laboral, porque podemos cambiar la cultura del papel por la cultura del dinero, en vez de por la cultura de la salud laboral. También hemos presentado una enmienda de supresión, porque el Gobierno no puede instaurar directamente los nuevos agentes sectoriales de prevención, que son competencia de la negociación colectiva. No obstante, entendemos que irá en el sentido de facilitar que se produzca esa negociación colectiva.


En cuanto al resto de la moción, tengo que decir que se refiere al cumplimiento de la ley, a la investigación rápida de los delitos, a dotar mejor a la Inspección de Trabajo, a una mayor dotación para prevención de riesgos y a que se dé cuenta a la Comisión de trabajo sobre los resultados de la estrategia. Es decir, recoge básicamente, como decíamos -y concluyo como empecé-, las medidas de la estrategia 2007-2012, aunque quizás sea positivo un refuerzo parlamentario.


Por último, señora presidenta, quiero indicar que si se votara de forma independiente la moción de Izquierda Unida pediríamos votación separada del punto 1.e).


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Martín.


En el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana el señor Tardà tiene la palabra.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Esta misma tarde hemos hablado sobre la formación profesional, sobre la formación ocupacional, que son temas, conjuntamente con el que nos ocupa ahora, recurrentes a lo largo de esta legislatura. Ello me da pie para poder ahorrar la explicación de algunos posicionamientos que son ya conocidos, puesto que tanto el Grupo Socialista, como el Grupo de Izquierda Unida y nuestro propio grupo, Esquerra Republicana de Catalunya, han trabajado al unísono en temas relacionados con la siniestralidad, como se pudo apreciar en los acuerdos a los que llegamos en la ley que regulaba la subcontratación en el ámbito de la construcción y en otras cuestiones relacionadas con este cáncer del mundo del trabajo que es la siniestralidad laboral.


Debo decirles que nos parece bien el acuerdo al que al parecer han llegado, porque entendemos que refleja una voluntad y un recorrido en este ámbito. Aun así, hemos presentado unas enmiendas que nos parecen llenas de sentido común. Por esta razón, aunque sea solamente a efectos de que queden registradas en el "Diario de Sesiones", en tanto en cuanto que tarde o temprano volverán a ser motivo de trabajo y de debate, creemos que debemos mencionarlas. En el punto 1, en lo que se refiere al ámbito judicial, estamos a favor de la presentación de un proyecto de ley integral de siniestralidad laboral. Precisamente porque ya existe un corpus de leyes muy diverso que actúa sobre la siniestralidad laboral, entendemos que tarde o temprano, mejor pronto que tarde, debemos ir hacia una ley que sea capaz de actuar de forma transversal para poder aunar toda la legislación en materia de siniestralidad. La verdad es que ahora estamos en un escenario con bastantes disfunciones. A veces no se sabe exactamente cuándo empieza y dónde acaba la actuación de los cuerpos de seguridad, cuándo existe un siniestro laboral, ni cuándo empiezan y cuándo acaban las funciones del inspector laboral y a veces incluso quedan terrenos en donde la acción confusa de ambas funciones deja la casa sin barrer. Ustedes saben que la casuística es múltiple y todas actúan en el mismo sentido, creando una cierta confusión en las actuaciones. Por eso nosotros entendemos que sería interesante instar al Gobierno a la presentación de un proyecto integral de siniestralidad laboral. También entendemos que en el apartado 2, letra c) -nosotros lo hemos dejado reflejado en una interpelación que presentamos hace pocos meses al ministro Caldera- es fundamental impulsar los procesos de transferencia de la Inspección de Trabajo a las comunidades autónomas. Es cierto que esta interpelación a la que me refiero actuaba específicamente en el nuevo marco estatutario catalán, pero entendemos que ello debe abarcar por extensión a todas las comunidades autónomas. Es una sinrazón el hecho de que nos impida de una manera categórica, rotunda y acelerada la transferencia, puesto que estamos ante un problema que requiere mayor funcionalidad por parte de la Administración.


También quisiera hacer mención al punto número 3. Nosotros entendemos -ya dejamos nuestra opinión marcada el día que discutimos la Ley de Subcontratación en el ámbito de la construcción- que a todas aquellas empresas que infringen la ley no es suficiente limitarlas, hay que impedirlas que puedan acceder a según qué obras públicas. También debo decirles que en el punto número 5 sobre las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales hay que añadir la coletilla de sin perjuicio de las competencias autonómicas. Aun cuando estemos hablando de mutuas, que atañen a la legislación estatal, sí es cierto que tiene una connotación colateral de carácter sanitario que afecta al sistema de salud que está transferido

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a las comunidades autónomas. Algunas de nuestras enmiendas están relacionadas con la representación de los agentes sociales. Entendemos que todos los mecanismos para la representación territorial...


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señor Tardà, vaya terminando.


El señor TARDÀ I COMA: Termino, señora presidenta.


Entiendo que todos los mecanismos para la representación territorial de los agentes sociales tienen que tener su origen en las propias comunidades autónomas. En definitiva, planteamos un conjunto de enmiendas, algunas de las cuales tal como decía la diputada del Grupo de Izquierda Unida han sido recogidas en el acuerdo entre el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida y otras formarán parte de la hoja de ruta de la discusión en los próximos meses.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Señora presidenta, señorías, la moción presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre siniestralidad laboral recoge en gran parte el contenido de la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2007-2011, firmada recientemente por el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales. Las enmiendas que nuestro grupo ha presentado no tienen otro objetivo que el de ajustar el texto inicial y acercarlo a la realidad de las políticas que en este tema está manteniendo el Gobierno. Señorías, hablar de accidentes laborales significa hacerlo del derecho a la vida, del derecho a la integridad física que todos los españoles tenemos. Por eso, este Gobierno viene manteniendo medidas para mejorar tanto la seguridad como la salud, ya que preservarla es un objetivo prioritario al cual no vamos a renunciar.


Actualmente tenemos un marco jurídico sobre prevención de riesgos y salud laboral perfectamente homologable con la Unión Europea. La Ley de Prevención de Riesgos Labores es una magnífica ley con doce años de desarrollo; sin embargo, es una ley que no ha podido rebajar por sí sola los accidentes en las distintas actividades productivas de este país.
Aunque los índices de siniestralidad se están reduciendo de forma sostenida en los últimos años -75 accidentes mortales menos-, esta caída para nosotros es insuficiente; es preciso seguir trabajando para su erradicación. De ahí nuestro apoyo al texto consensuado con Izquierda Unida, porque todos sabemos que las causas de esta accidentabilidad son en gran parte estructurales, derivadas de un mercado de trabajo muy precario, con una escasa cultura de prevención y con abundancia de subcontratas en sectores como el de la construcción. En cualquier caso, señorías, aparte de estos condicionantes estructurales, esa Ley de Prevención de Riesgos Laborales que generó grandes expectativas está muy lejos de satisfacerlas. La ley no contó con el respaldo económico suficiente en el periodo de Gobierno anterior. No contó con el respaldo económico ni para ponerla en marcha ni para coordinar las distintas políticas en este tema de las comunidades autónomas. Hoy hay una dispersión normativa generalizada en esta materia que ha restado efectividad a la norma, y por tanto el Gobierno viene desarrollando una serie de iniciativas que intentan mejorar aquella ley y al mismo tiempo su aplicación, consensuando todas las actuaciones en esta materia para buscar el mayor grado de complicidades sociales y empresariales que permitan incidir en la sociedad. Señorías, mientras no seamos capaces de movilizar a la sociedad en contra de los accidentes y a favor de una cultura de prevención los resultados de cualquier normativa serán escasos. Por eso, hemos impulsado una ley de subcontratación en el sector de la construcción y esperamos resultados en ese ámbito. Por eso hemos impulsado también una modificación del mercado de trabajo a través de una nueva ley de empleo, potenciando la contratación estable, y por eso en estos momentos hemos impulsado la estrategia española de seguridad laboral 2007-2011.


Para nosotros este es un instrumento importante, porque además de ser fruto del consenso presenta actuaciones que van a subsanar deficiencias en sectores y en empresas respecto de los que hasta ahora había dificultades para incidir. Estamos hablando de una estrategia que actúa de forma diferente según se trate de empresas de menos de cincuenta o de menos de diez trabajadores o autónomos, cosa que hasta ahora no existía.
Estamos hablando de una estrategia que va a desarrollar un plan prevea para las pymes, para aquellos sectores que tienen un alto índice de siniestralidad, para aquellos equipos de prevención propios en las empresas; que plantea campañas de concienciación y sensibilización social; que plantea campañas de formación en prevención y salud laboral en todo el sistema educativo; que impulsa más efectivos en la inspección, más colaboración con los fiscales especializados en esta materia. Es decir, un cúmulo de medidas concretas que se han desarrollado en el Comité Nacional de Seguridad y Salud del 25 de julio, que, como decía anteriormente, en parte quedan reflejadas en esta moción. Señorías, el apoyo a la misma es un paso importante en este proceso de concienciación social en contra de los accidentes laborales. Estas medidas preventivas en gran parte tienen ese objetivo, sabiendo además que las empresas y los trabajadores son una parte fundamental para la realización de las mismas.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Membrado.


En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Fernández tiene la palabra.


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La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta. Vamos a compartir este turno el diputado señor Mardones y yo.


Paso a fijar la posición de nuestro grupo en relación con esta moción que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y quiero decir inicialmente que vamos a apoyar tanto la moción como los acuerdos a los que pueda llegar la señora diputada con cualquiera de los otros grupos, exceptuando alguna propuesta del Grupo Parlamentario Popular. Nos parece positivo lo que acabamos de oír al diputado del Grupo Parlamentario Socialista, que parece que hay acuerdo entre la proponente de la moción y la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. En ese sentido, quiero decir que nuestra posición favorable a este acuerdo se debe a que entendemos, por un lado, que cualquier debate que se haga de estas características incide en la necesidad de mejorar todas las medidas en relación con la siniestralidad laboral y, por otro lado y sobre todo, porque en la moción se presenta una serie de cuestiones que, desde luego, nos parecen muy positivas, tanto aquellas que están dentro del ámbito judicial como otras en materia de inspección.
Nosotros siempre hemos considerado que una de las cuestiones que hicieron que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no actuara debidamente en lo que se refiere a disminuir la siniestralidad, no solamente fue la cuestión económica -que también- sino la -y vuelve a ser una cuestión económica- incipiente y poca inspección que se hace de sectores como el de la construcción, por ejemplo, donde si se hiciera una buena inspección no se podrían ver cosas como las que vemos los ciudadanos en las obras de construcción que además son públicas y notorias. En esta temporada hemos tenido accidentes tremendos en la propia construcción del AVE o del eixo atlántico en Galicia, pero también los hemos tenido en el sector naval.


Otra cuestión que nos parece también interesante de la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y respecto de la cual acaba de fijar su posición el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, es el punto número 4, en relación con las condiciones de trabajo y el cumplimiento legislativo. Desde luego, en el conocimiento que nosotros tenemos...


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Señora Fernández, perdone que le interrumpa, pero si quiere compartir su tiempo con el señor Mardones...


La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Finalizo. En las investigaciones que nosotros hacemos y en la comprobación de estos accidentes, desde luego la precariedad laboral está influyendo de una manera más que notable.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Fernández.


Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.


Seré breve. Mi grupo se congratula de esta iniciativa, la va a votar favorablemente, aceptando, por supuesto, lo que la diputada proponente por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds haga con respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, que nos parecen de sentido común. Hace dos años precisamente que tenemos vigente la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, una magnífica ley. Necesita una serie de proyecciones, de logística, de apoyo, y la sistemática de actuaciones a realizar con mayor o menor intensidad y competencia, bien de la Administración General del Estado bien de las comunidades autónomas, que se plantean en la moción consecuencia de interpelación que ha defendido la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a nosotros nos parecen muy racionales y muy didácticas. Habrá que matizar una serie de desarrollos complementarios, por ejemplo, las responsabilidades dentro del ámbito judicial. Es importante lo que aquí se dice. Creemos que las responsabilidades ante la fiscalía o ante los tribunales tienen que delimitarse. Y una cosa muy importante, así como nos hemos acostumbrado a que en un accidente de tráfico inmediatamente actúan agentes de la autoridad -guardia municipal o agrupación de tráfico de la Guardia Civil- y levantan un atestado -en un accidente de tráfico el cadáver lo levanta el juez y el atestado lo levanta la Guardia Civil de Tráfico o la Policía municipal-, es muy importante que nos vayamos acostumbrando a que todo accidente laboral tenga el mismo tratamiento que un accidente de tráfico y se levante un atestado. Quiero también señalar que, junto a estos atestados, la calidad de la inspección es fundamental.
Los inspectores de Trabajo de la Administración General del Estado y los servicios técnicos de inspección de las comunidades autónomas tienen que tener una actuación de calidad y tener en cuenta las circunstancias al realizar la inspección de las empresas.


El punto 5 es muy interesante. Quiero resaltar aquí una intervención que me pareció muy acertada de la señora Muñoz de Diego, hace unas semanas, en la comparecencia del secretario general de la Seguridad Social en la Comisión de Trabajo, sobre el papel de las mutuas en la prevención de riesgos laborales; añadamos los servicios de prevención ajenos. Es un sector fundamental para determinar, con la formación y la calidad, la lucha contra esta tremenda plaga que tenemos, que hace que España esté ocupando un lugar lamentablemente muy alto en la siniestralidad laboral entre los países de la Unión Europea. Creemos que medidas como esta contribuyen a la prevención de riesgos laborales, pero tienen que entrar en liza competencias y

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sobre todo instrumentos como las mutuas y los servicios de prevención ajenos.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Mardones.


Señor Olabarría, por el Grupo Parlamentario Vasco.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Como han indicado ya varios portavoces, este tema es recurrente porque es una de las grandes patologías relativas al mercado de trabajo con las que nos tenemos que confrontar. Estamos en índices de siniestralidad absolutamente intolerables. Es difícil discrepar de lo propuesto por el Grupo de Izquierda Unida y de lo transado, a su vez, con otros grupos de esta Cámara porque en los diagnósticos, en la etiología y en la terapia a aplicar todos estamos de acuerdo; otra cosa son las medidas concretas, su presupuestación, la implementación de recursos humanos, etcétera. Pero hay dos problemas que nos preocupan particularmente, señora presidenta, y que voy a indicar.


Parece que está en la naturaleza de las cosas que competencias que el bloque de constitucionalidad reconoce a las comunidades autónomas ya ni siquiera se pueden plantear ni son negociables. Aquí están reclamando, mediante una especie de ejercicio de retroacción del título competencial, la transferencia de la inspección de trabajo. Pero qué inspección de trabajo, si es que a la Comunidad Autónoma vasca y a todas las demás les corresponde la ejecución de la legislación laboral en todo, no solo la inspección de trabajo. ¿Hay que renunciar a esto? Pues si hay que renunciar a esto, hay que replantearse el bloque constitucional desde su origen. Los acuerdos interconfederales ya siempre están firmados solo por Comisiones Obreras, UGT, la CEOE y la Cepyme. ¿Qué pasa con los demás, no existen, no hay otros sindicatos en el Estado español? Si está esto en la naturaleza de las cosas, habrá que plantearse muchas cosas, desde luego algunos lo vamos a hacer.


Cambiando de tercio, señora presidenta -porque no es el momento oportuno para hablar de lo que ya parece, parafraseando a Lucrecio, que es inevitable-, respecto al tipo penal para reprimir esta conducta o este injusto penal, el Consejo General del Poder Judicial, estando yo presente como vocal del Consejo General del Poder Judicial, emitió un informe sobre el nivel de cumplimiento en el año 2002 del Código Penal de 1995 y, en relación con el tipo penal relativo a los delitos contra la integridad y la salud de los trabajadores, dijo que el precepto penal era un precepto en blanco y de imposible aplicación. ¿Por qué? Porque la determinación de la responsabilidad subjetiva, tal como estaba configurado este injusto penal, era de imposible determinación, cosa que sí podía hacer paradójicamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que atribuye la responsabilidad en materia de subcontrataciones en cascada al empresario principal, al contratista, al subcontratista, a los siguientes subcontratistas, etcétera, y por último a los trabajadores físicos o personas físicas por ellos contratados. Lo cual ya acredita que aquí hay una patología que la ley contra la subcontratación que se está debatiendo no sé si va a ser suficiente para acabar no solo con la precariedad, que no es lo más importante, sino con la subcontratación en cascada, que hace que el que está realizando materialmente la obra no tenga ni idea de quién es el empresario que obtuvo la adjudicación o que se le encargó que realizara la obra en cuestión.


En relación con las empresas, en el punto número 3 de la moción que presentan se habla de instar a las empresas a que declaren los recursos anuales invertidos. Instar, ¿por qué, con qué título de legitimidad se puede instar a una empresa, en un sistema de libertad de mercado, a entregar documentación alguna? Podríamos sustituir esta expresión por se recomendará, se solicitará o algo así, pero es que la instancia tiene un componente coercitivo respecto al cual ni esta institución tiene legitimidad alguna.


Para acabar, en materia de mutuas de trabajo, de enfermedad profesional y accidentes de trabajo, hay un problema que nos preocupa: hay determinados colectivos de trabajadores que no habrán sido objeto de encuadramiento laboral en las antiguas y derogadas ordenanzas de trabajo, no están clasificados ni calificados profesionalmente; algunos de ellos están sufriendo una actitud de las mutuas, pero también de las entidades gestoras de la Seguridad Social, consistente en que enfermedades que son manifiestamente profesionales se declaran o tipifican como enfermedades comunes, con la falta de protección que eso supone. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las rederas vascas y a otro tipo de colectivos que son muy conocidos y que no tienen ni siquiera identificada la clasificación o el tipo de trabajo que realizan. Desde esa perspectiva, invitaría a que en este ámbito se mejore la protección no de las mutuas sino del sistema público de Seguridad Social para que enfermedades que en estos momentos se tipifican como comunes se conviertan en lo que realmente son por la propia naturaleza de las cosas, también en enfermedades profesionales.


Por lo demás, estamos de acuerdo en términos generales con la etiología de un problema patológico para nuestro mercado de trabajo que tenemos que erradicar. ¿La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es buena? Sí. ¿Se ha aplicado bien? No, tenía razón el señor Membrado. Pues vamos a intentar aplicarla bien. A ver si lo podemos hacer entre todos, pero cuando digo entre todos no me refiero a todos los que se consignan aquí.
A ver si alguna vez es entre todos de verdad, y ya sabe perfectamente el señor Membrado a qué me estoy refiriendo.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Campuzano tiene la palabra.


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El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Como afirmaban el señor Tardà y el señor Olabarría, esta ha sido una materia recurrente a lo largo de estos años y me atreveré a decir a lo largo de las últimas legislaturas; en todo caso, Convergència i Unió el 30 de octubre del año pasado -casi hace ya un año- consiguió la aprobación de una moción sobre esta misma materia. Estamos, por tanto, ante una cuestión planteada y discutida. El Gobierno ha aprobado hace poco tiempo una estrategia en esta materia y otros portavoces se han referido a ella.


Del conjunto de la moción que Izquierda Unida plantea, de las enmiendas que han planteado otros grupos, es evidente que hay aspectos en los que coincidimos y otros en los que quizás discreparíamos en matices, pero hay cuestiones que nos preocupan de algunos de los discursos que se vienen realizando en las últimas semanas, meses e incluso años en esta materia.
En primer lugar, creernos que el Código Penal puede ser un buen instrumento para hacer frente a los problemas de siniestralidad en nuestro mercado de trabajo. Hay una tendencia en demasiados campos de la vida pública, de la vida en sociedad, a que el Código Penal hoy se va a convertir en la solución a problemas que quizás tienen más que ver con funcionamientos de fondo, en este caso, del mercado de trabajo, con responsabilidades individuales de trabajadores y empresarios, y con insuficiencia del conjunto de las políticas públicas. Tenemos dudas de que por la vía de criminalizar al empresariado vayamos a resolver los problemas en esta materia.


En segundo lugar, el Gobierno anuncia en diversas ocasiones medidas que votamos en esta Cámara, pero luego no terminan de trasladarse a las políticas reales y concretas. Por ejemplo, hemos votado en diversas ocasiones -figura en la estrategia de salud laboral que aprobó el Gobierno- el famoso bonus-malus. Estamos pendientes del desarrollo de ese tipo de actividades. Quizás entre todos, menos mociones, menos anuncios y mayor concreción.


En tercer lugar -y hacia referencia a ello el señor Olabarría-, en materia de políticas de empleo, de políticas contra los accidentes de trabajo, las comunidades autónomas son las principales responsables. En la moción que nos ofrece la señora Muñoz y en los textos que se nos trasladan, el papel que se reconoce a las comunidades autónomas es absolutamente residual, como si ese problema hoy ya tuviese que resolverse a través del Gobierno del Estado y no de las comunidades autónomas.


En cuarto lugar, se ha hecho desde la tribuna un elogio de la Ley de las contrataciones en el sector de la construcción. Mi grupo, junto con el Grupo Vasco, no votó aquel proyecto de ley, convencidos de que era una mala ley, que iba a crear problemas y no iba a resolver ninguna de las cuestiones. Van pasando los meses y hace escasas semanas se nos dijo que por fin la ley iba a tener plena eficacia porque se iba a aprobar ya su reglamento. Van pasando las semanas y los meses y nos hemos dotado de una legislación más intervencionista, basada en la desconfianza hacia las empresas, que penaliza a los trabajadores autónomos que se constituyen con iniciativa económica en este campo, y tenemos la sensación de que esa ley no va a resolver nada y que, igual que hicimos en la Ley de Prevención de Riesgos, hacemos leyes absolutamente alejadas de la realidad del mercado y de las relaciones laborales.


Hay cuestiones importantes. En la moción que aprobamos en octubre del año pasado hacíamos referencia a las cuestiones de los accidentes in itínere, y esa moción se ha incumplido por parte del Gobierno. Planteábamos -y en aquella ocasión no pudimos conseguir que se aprobase- una vieja reivindicación de Convergència i Unió desde el año 1995, como es territorializar el fondo para la prevención de riesgos. La moción que se va a someter a votación tiene aspectos positivos, creo que la portavoz de Izquierda Unida ha hecho un buen trabajo parlamentario, pero Convergència i Unió tiene suficientes elementos de reserva que nos van a llevar a abstenernos en su votación.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Campuzano.


Señora Muñoz.


La señora MUÑOZ DE DIEGO: Muchas gracias, señora presidenta.


En el turno que me corresponde para fijar la posición respecto de las enmiendas quiero manifestar que, como antes he anticipado en la tribuna, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha llegado a un acuerdo con el texto de la enmienda presentada por el Grupo Socialista que, como pueden haber comprobado, es prácticamente el texto de la moción con los matices necesarios para llegar a ese acuerdo, por lo que vamos a aceptar dicha enmienda. Por lo que respecta a las enmiendas de Esquerra Republicana de Catalunya, he manifestado también a su portavoz que entendemos que una parte está subsumida en la enmienda que hemos pactado con el Grupo Socialista y, en consecuencia, estaría perfectamente cubierta. Otra parte, que es el tema competencial, es un espacio que está en los estatutos de autonomía correspondientes o bien en la propia estrategia de seguridad y salud. Por lo que respecta al Grupo Popular, tampoco la recogemos porque una parte está incluida en la moción y otra parte no la compartimos. Respecto a la propuesta que se ha hecho de que hubiera una votación separada, no podría darse al recoger una enmienda de uno de los grupos, que es prácticamente sustituir la totalidad del texto de la moción.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Muñoz.


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DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA PUESTA EN SERVICIO DE NUEVOS TRAMOS DE AVE.
(Número de expediente 173/000217.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Pasamos a la moción consecuencia de la interpelación del Grupo Parlamentario Popular sobre la política del Gobierno en relación con la puesta en servicio de nuevos tramos del AVE.
Para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Ayala, por el Grupo Parlamentario Popular, por siete minutos, como es lo habitual.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, la interpelación que debatimos el miércoles pasado fue suficientemente elocuente. Yo creo que en el "Diario de Sesiones" ha tenido el reflejo que corresponde a lo que aquí debatimos.
(El señor vicepresidente, Martínez Sieso, ocupa la Presidencia.) También quedaron evidenciados los planteamientos que había hecho el Partido Popular acerca de que la situación en la que podía llevarse a cabo la puesta en servicio de los AVE que se había anunciado por el Gobierno tenía algunas dificultades. Asimismo quedaron patentes las prisas de la señora ministra por cumplir con esos compromisos.


El Grupo Popular dijo en la interpelación, y mantiene hoy en toda su amplitud, que nosotros no nos oponemos a que los AVE se pongan en servicio. Antes al contrario, queremos que se pongan en servicio. Pero ustedes convendrán conmigo en que la intervención de la ministra obligaba a instar al Gobierno en el sentido de nuestra moción, sobre todo mirando a los ciudadanos, que es nuestro objetivo máximo, y que no pueden estar al albur y a los avatares de unas actitudes que, permítanme que lo diga sin acritud, pueden ser tildadas de electoralistas. No es ocioso que señalemos que este encarte, que se había producido en los dominicales del fin de semana anterior, es ciertamente una propaganda electoral.


Mi grupo, en ese sentido constructivo que dijimos y mantenemos, ha presentado una moción cuyos puntos se pueden clasificar en tres grupos: Cuatro de ellos, el a), b), g) y h), son tendentes al respeto, a la seguridad y a la garantía de los ciudadanos, es decir, lo que debe estar en el frontispicio de nuestra actuación política; otros dos, el d) y e), para que se corrijan las deficiencias existentes, que fueron más que evidentes y que son conocidas por todos nosotros, entre otras, que no se ha terminado la infraestructura; y los dos últimos, el c) y f), para que no se deterioren los protocolos y los procedimientos de pruebas y del personal que han permitido que durante 15 años haya habido cero accidentes en nuestros AVE.


La situación no es fácil. Como he dicho, están sin terminar las infraestructuras; no se tienen homologados ni uno solo de los 58 jefes de tren que son necesarios; no están probados los trenes, y esas pruebas tradicionalmente han durado muchos meses. Si encima tenemos en cuenta los servicios que la ministra había dicho que quería poner en las relaciones con cada uno de los destinos, que eran -les recuerdo- 29 relaciones Madrid-Barcelona, 15 relaciones Madrid-Valladolid, y 18 relaciones con Málaga, había de tenerse sumo cuidado en cuáles eran las condiciones en las que los AVE se van a poner en servicio.


La grata sorpresa de este grupo -y tengo que decirlo así- es que el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de sustitución en la que básicamente recoge todos nuestros puntos, si bien es verdad, más dulcificados como corresponde, no puede ser de otra manera, al grupo que defiende al Gobierno. Pero hay puntos importantes en esa enmienda que ha presentado el Grupo Socialista porque, primero, reconoce la dificultad de la situación y establece, además, un principio básico y es que no se inaugure una infraestructura si no se va a poner en servicio al día siguiente, que era uno de los planteamientos de respeto a los ciudadanos que tenía este grupo. En segundo lugar, reconociendo la necesidad de cumplir con todos los protocolos, en cuanto a pruebas, homologaciones y formación de personal y también, lo hemos de destacar, renunciando a establecer ninguna fecha de puesta en servicio de los AVE porque, entre otras cuestiones, no nos corresponde a nosotros. También he de señalar que había otras cuestiones más distantes de nuestros planteamientos y que no han podido ser objeto de debate, ni posteriormente de la transacción que tengo la satisfacción, junto con el portavoz del Grupo Socialista, de anunciar a los distintos grupos de la Cámara y que si ninguno de ellos se opone a su tramitación, votaremos de forma conjunta porque, como he dicho, hemos llegado a una enmienda transaccional que hemos hecho llegar también a la Mesa de la Cámara, cuyo contenido son los cuatro puntos.


Hemos prescindido en esa enmienda transaccional de que sea el Congreso el que establezca la prevalencia de la regulación laboral que ha de imponerse para el acceso y selección de los mandos intermedios, jefes de trenes e interventores, puesto que creemos que es una cuestión estrictamente de relación entre empresa y trabajadores, pero eso no evita que sí hayamos señalado que la formación del personal y las prácticas a realizar han de respetar los protocolos para la selección y habilitación de personal que en la cuestión de los trenes AVE es muy importante, trascendental. Por tanto, tal como he dicho al principio y como dijimos en la interpelación, el Grupo Parlamentario Popular acredita que sí queremos que los AVE se pongan en servicio, entre otras razones, porque los iniciamos nosotros, y con gran satisfacción vemos que se culmina una obra y que se pone en servicio. Y no de cualquier manera. Pero en eso también estamos de acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista.


Una última cuestión, señor De la Encina. Los que deciden poner en servicio los AVE son ustedes, es decir, el Gobierno. Nada justifica que se ponga en servicio si no la seguridad y las garantías de ese momento. Eso es

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lo que instamos desde el Congreso. Querer buscar excusas en el pasado no es más que una excusa, que no limita la responsabilidad de quien lo pone en servicio.


Muchas gracias. Espero que todos los grupos parlamentarios acepten la transacción a la que hemos llegado en relación con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos.-La señora vicepresidenta, Calvo Poyato, ocupa la Presidencia.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Ayala.


Para la defensa de la enmienda presentada a la moción por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor De la Encina.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Ayala, hay un dicho que dice que todos los días se acuesta uno aprendiendo algo nuevo. Hoy no solo aprendo sino que me sorprendo, porque creo haberle oído decir que los AVE se iniciaron con el Partido Popular.
Yo pensé que había sido con un pedigüeño que me parece que se llamaba Felipe González. (Aplausos.-El señor Ayala Sánchez: Los de ahora.) Me sorprende, usted. Pero lo importante no es el pasado, sino lo que ha dicho en el presente el presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, que se ha comprometido públicamente a que los días 21, 22 y 23 de diciembre se pongan en funcionamiento, de nuevo con un gobierno socialista, nuevos tramos de alta velocidad. Concretamente el día 21 de diciembre el Tarragona-Barcelona; el día 22, la línea Madrid-Segovia-Valladolid y el día 23, Antequera-Málaga. Tras la interpelación del otro día y por lo que he oído hoy entiendo que el Partido Popular se haya puesto algo nervioso y pidan en esta moción que no se inauguren esas líneas en diciembre, como ha anunciado el presidente del Gobierno, si no se ponen en servicio al día siguiente y en condiciones de seguridad. Conociéndole como le conozco, porque somos los dos portavoces en Infraestructuras, donde usted representa muy dignamente al Partido Popular, lo que me ha dado pie durante estos años a conocerlo, sé que usted está preocupado por la ministra de Fomento, a la que también aprecia mucho, y no quiere que le ocurra lo que le ocurrió a su querido amigo y compañero Álvarez-Cascos, quien anunció el 10 de enero de 2003 que semanas más tarde se pondría en servicio la línea Madrid-Lleida y tardó diez meses, hasta el 27 de octubre, en ponerla en funcionamiento, y además a 200 kilómetros por hora, es decir, ni siquiera en alta velocidad. Por cierto, fallos que hemos arreglado nosotros con la aportación de todos los españoles, con muchos miles de millones de euros; ha hecho falta mucho dinero para corregir el fiasco que fue aquella puesta en servicio. Hoy le quiero tranquilizar, y más al haber aceptado una enmienda; tenemos que tener concordia. Le quiero tranquilizar porque, al igual que hizo la ministra de Fomento la semana pasada, este Gobierno garantiza la puesta en servicio en las condiciones que usted pedía. Pero no por electoralismo, señor Ayala, sino porque este gobierno socialista, desde el mismo día que gano las elecciones en 2004, se puso a planificar las actuaciones para ofrecer a los ciudadanos españoles compromisos serios de puesta en servicio de las líneas encomendadas al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y desde entonces, señor Ayala, se ha trabajado durante 40 meses para establecer un plan de obra que se está cumpliendo escrupulosamente y que ha supuesto una inversión de 12.500 millones de euros, 4.500 más que lo que ustedes aportaron en los ocho años de su época de gobierno. Por lo tanto, señor Ayala, esté tranquilo.
Vamos a cumplir nuestro objetivo. Se están llevando a cabo los planes conforme a los calendarios previstos, se ha dispuesto de planificación detallada para la finalización en el plazo correspondiente, según el calendario de ejecución que se ha marcado.


Este tema no le debería sorprender, señor Ayala, porque este Gobierno socialista -lo mismo que hizo ese pedigüeño que usted ha olvidado esta noche aquí, Felipe González, en 1992, poniendo el AVE Madrid-Sevilla, que ustedes calificaron en su momento de rapidillo y dijeron que no iba a ir a 350 kilómetros por hora- ya ha hecho en esta legislatura lo propio con la apertura de la línea Madrid-Toledo, le recuerdo; Madrid-Lleida-Tarragona, le recuerdo, funcionando como AVE, y Córdoba-Antequera. Por tanto, los próximos AVE que entren en servicio los días 21, 22 y 23 saldrán al día siguiente de la inauguración. No va a pasar como le ocurrió a su amigo Álvarez-Cascos, que tuvimos que esperar diez meses y, además, a 200 kilómetros por hora. Pero esto es así no porque lo diga este modesto portavoz, esto es así porque con este Gobierno se cumplen las normas de circulación y las especificaciones de interoperatividad, que es lo que puso sobre la mesa la ministra de Fomento al día siguiente de ser nombrada y que se ha cumplido en todos y cada uno de sus ámbitos. Por tanto, esté tranquilo. El informe, para su conocimiento, se va realizar a comienzos del próximo mes -es decir, con un mes y medio de antelación-, la última fase de las pruebas, la prueba de simulación comercial en la que se chequean durante todo este tiempo las condiciones reales de explotación de los trenes y de las líneas y, por tanto, se van a cumplir los compromisos que anuncia nuestro presidente del Gobierno.


No quiero terminar sin agradecerle la aceptación de la enmienda, al igual que espero de los demás grupos, enmienda que en síntesis, en palabras sencillas, significa que este Gobierno va a hacer lo que ha venido haciendo durante toda la legislatura: poner en condiciones de seguridad y de uso comercial, tanto para los pasajeros como para los trabajadores, las tres líneas nuevas que se abrirán en nuestro país los días 21, 22 y 23, llegando el AVE a Barcelona, por fin; a Málaga, por fin, y a Valladolid, por fin.


Muchas gracias. (Aplausos.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor De la Encina.


En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Rodríguez tiene la palabra.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


La verdad es que temíamos que el desenlace de este debate fuese otro y estamos muy satisfechos, como Bloque Nacionalista Galego, de que no haya sido así. Es cierto que este debate responde a una tensión electoral y partidista, y seguramente tiene las siguientes connotaciones: el grupo parlamentario apoya al Gobierno, con el objetivo de situar propagandísticamente sus logros llegando a Valladolid, a Barcelona y a Málaga en fecha navideña como un regalo para las familias y el Partido Popular, sin duda exacerba sus exigencias que daban a entender que estaría muy contento con que esto se retrasase, no se sabe muy bien con qué justificación. Porque lo que está claro es que tanto la línea Madrid-Valladolid como los itinerarios a Barcelona y a Málaga llevan suficientes años en ejecución como para que merezcan ser acabados precisamente a finales de este año. Otra cosa es que realmente esto a los demás nos cree, no una envidia -sentimiento que desde luego yo nunca profeso-, pero sí una cierta sensación de abandono y también de hacer virtud de la limitación o de las deficiencias. Esperemos que esa llegada a Valladolid valga, por lo menos, para que los gallegos podamos no ir a 200 kilómetros por hora, sino aproximarnos a 90 por hora de media; podamos llegar en siete horas en vez de en ocho y esperemos que en el 2012-2015, aunque haya elecciones, nos inauguren la llegada a Coruña o a Vigo, aunque sea a 150 kilómetros por hora, lo que, vuelvo a repetir, sería muy positivo.


En todo caso, es cierto que toda inauguración debe de llevar previamente prevención, previsión, cautela, aplicación de las normas y, sobre todo, seguridad. En la medida en que esta moción ayude a que el ministerio calcule con tiempo previo todos los aspectos que figuran en ella, será muy positiva. Y efectivamente estoy de acuerdo con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en que se trata de una transacción que recoge lo esencial, aunque sea de una forma más eufemística o más light. Pero, en definitiva, lo que interesa es que el Gobierno esté atento y sin duda la moción lo logra.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Rodríguez.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.


La verdad es que después de leer la propuesta de moción que presenta el Grupo Popular parece que se trata de un relato de lo que debe ser la inauguración del transporte público, en muchos casos una obviedad detrás de otra, pero no deja de ser una sorpresa cuando viene del Grupo Popular, porque la verdad es que también es un manual de lo que ustedes han incumplido una y otra vez, son los reyes de las inauguraciones peligrosas. Luego le dicen al Gobierno lo que debe hacer, y yo digo: será porque tienen mucha experiencia en lo que no se debe hacer y por eso dan esas indicaciones al Gobierno para las inauguraciones. Aunque parece que, en realidad, lo que hay detrás no es más que una preocupación porque al final determinadas líneas del AVE se inauguren antes de las elecciones; es decir, lo que llaman ustedes electoralismo. Es curioso, porque en mi tierra a Aznar le gustaba mucho colocar las primeras piedras al azar, en el primer campo de naranjos que encontraba, para decir que estaban iniciando unas obras y después, por supuesto, todo desaparecía. El señor Camps, actual presidente de la Generalitat, cuando hizo su primera campaña como candidato a la Presidencia, sacó un cartel electoral en el que detrás de él se veía el AVE, y aquello fue en 2003, cuando además se trataba de unas elecciones autonómicas y sin que se tuvieran competencias en el AVE. Es muy curioso que ustedes hablen de electoralismo.


En cualquier caso, todo este debate nos lleva a la gran trampa: ¿qué es el AVE? El AVE no es más que una marca comercial que pagamos entre todos y que disfrutan unos pocos -ahora mismo dicen que lo disfruta el 2 por ciento de la población-, y que está significando en el Estado español el abandono del ferrocarril convencional, que ni se arregla ni crece para vertebrar el territorio. En la práctica, encima, alcanza velocidades que, por ejemplo, en el trayecto Madrid-Zaragoza hacen que se llegue diez minutos antes. Eso ha representando un coste económico y medioambiental intolerable. Eso es lo que significa. Y a eso se unen los dos partidos mayoritarios de esta Cámara -porque en el AVE tanto monta, monta tanto-; se sumergen en una pelea por capitalizar las obras de un tren que no es más que un despropósito medioambiental y que en el caso de Valencia no se sabe ni por dónde va a entrar ni por dónde va a salir, porque no hay espacio, no hay lugar, no lo quieren hacer subterráneo porque cuesta mucho dinero y nos están destrozando todo el territorio, están dividiendo las comarcas e impidiendo en determinadas poblaciones el acceso de los ciudadanos al mar. Eso es lo que significa el AVE en el País Valenciano: el abandono y el cierre de líneas de la red ferroviaria que se utilizan en el día a día. Los trabajadores y los estudiantes merecen acceder al transporte público real, el que necesitan todas las personas y no únicamente los grandes elegidos a los que defiende el Partido Popular y a lo que, por desgracia, se suma en esta política el Partido Socialista.


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En cualquier caso, también quiero aprovechar para reivindicar la necesidad de que se elimine la discriminación histórica existente en el ferrocarril hacia las personas con discapacidad, implantando la accesibilidad universal; que se acondicione el ferrocarril de manera adecuada y segura para el uso de las bicicletas en las estaciones y en los trenes, y que se rechace una política de transporte insostenible, guiada por intereses económicos particulares y contraria a los intereses de la sociedad.
Exigimos la potenciación y la mejora del ferrocarril, pero del ferrocarril para todos, el que la gente necesita utilizar en el día a día para mejorar su calidad de vida. Ese es el transporte público que necesitan los ciudadanos españoles y no electoralismos ni falsas marcas.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señora Navarro.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, la historia de esta moción hasta este momento es una historia en tres tiempos, pero mi duda es si va a acabar en tres tiempos o va a tener un cuarto tiempo, y se lo voy a explicar. El primer tiempo es el del debate que tuvo lugar aquí la pasada semana. Fue un debate áspero, un debate que a este parlamentario le sonó desazonador. Estoy seguro de que si los ciudadanos y ciudadanas hubieran escuchado el debate en los términos en los que tuvo lugar la pasada semana hubieran sentido una profunda desazón. ¿Por qué? Porque yo le entendí a usted decirle a la ministra que las ganas de inauguración de los AVE que tienen les están llevando a comprometer incluso la seguridad de los viajeros. Yo se lo entendí así. Y le entendí a la ministra responderle: usted, peor. Y citó el caso del señor Melis y lo que el señor Melis había testificado en torno al metro de Madrid. Que estemos ante los ciudadanos señalándoles que peligra su seguridad porque un gobierno quiere hacer una inauguración me parece francamente terrible. Este es el primer tiempo de esta moción.


El segundo tiempo es el de las mociones que ustedes han presentado y, a la vista de las mociones, ya se ve que ustedes se alejan del primer tiempo.
Poco tienen que ver las mociones hoy presentadas con el debate de la pasada semana. En el punto primero de la moción que ustedes han presentado decían que la puesta en servicio de los AVE prevista para los días 21, 22 y 23 de diciembre se haga en las condiciones de garantía óptimas para la seguridad de los usuarios, absolutamente normal. Pero es que el Grupo Socialista les decía, con lógica, en el punto 2, que la puesta en servicio comercial de las nuevas líneas de alta velocidad previstas para el día siguiente a su inauguración se hará con todas las garantías de seguridad. Es decir, hablan ustedes en la interpelación del tema de la seguridad, nos cuestionan la seguridad y después están los dos de acuerdo en que, efectivamente, no es de eso de lo que veníamos a hablar. Porque el segundo tiempo de esta moción es que ustedes venían a hablar de cómo un grupo desea que el otro no inaugure y el grupo que sustenta al Gobierno dice: yo, quieran o no, voy a inaugurar. En el fondo estábamos hablando de un debate que, en términos generales, podemos calificar de preelectoral o de un tiempo que cabe calificar casi de electoral. Si se leen con detalle los términos de las mociones, es evidente que a eso iban. Uno intentaba poner todas las chinas del mundo para que la inauguración no se produjera y el otro intentaba que la seguridad se garantizara pero que evidentemente se pudieran producir las inauguraciones. Un segundo tiempo, pues, que poco tiene que ver con el primero.


El tercer tiempo es el de la transaccional que ustedes se sacan de la manga, unos y otros, y que tampoco tiene nada que ver ni con el primero ni con el segundo tiempo. Nos dejan francamente perplejos porque tres tiempos tan alejados y tan sin relación entre ellos para acabar en una transaccional nos parece absolutamente increíble. Entre otras cosas nos parece increíble porque todo el debate está en torno a inauguración sí o inauguración no. Usted sabe y los ciudadanos saben que este tema de las inauguraciones constituye una auténtica chanza de la política por parte de la sociedad. No sé cuál es la ecuación que cada cual tiene sobre inauguración y votos, pero hoy los ciudadanos ya saben que las inauguraciones se hacen porque hay que hacerlas y creo que poco tienen que ver con los resultados electorales. De forma que el tercer tiempo es difícil de concluir del segundo, y el segundo del primero. ¿Y cuál puede ser el cuarto tiempo? Pues no me extrañaría nada que algún grupo dijera: no voy a aceptar la transaccional entre ustedes por la falta de lógica absoluta que está habiendo en esta moción y en la interpelación de la que trae causa la misma.


A mí grupo le es igual que se produzcan las inauguraciones o que no se produzcan. Lo que creo que hay que garantizar es, en primer lugar, la seguridad, que nunca debe ponerse en cuestión. En segundo lugar, en cuanto a las inauguraciones sí o no, lo que los ciudadanos sí quieren es que los trenes echen a andar cuanto antes mejor, en perfectas condiciones o en no tan perfectas condiciones, pero que echen a andar. En tercer lugar, allá cada cual con las inauguraciones si las desea y cree que eso le trae resultados. A mí no me importaría nada que antes de estas elecciones inauguraran la Y griega. Lamentablemente no lo van a hacer.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Beloki.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU DOMINGO: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, con el eco del debate del pasado miércoles aún presente en esta Cámara entre el

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señor Ayala y la señora ministra de Fomento los debates de hoy me parecen esperpénticos. Señor Ayala, usted acababa la intervención el pasado miércoles con un catastrofismo extraordinario, poniendo en tela de juicio la seguridad de los AVE en Barcelona, Valladolid y Málaga. Le voy a leer el "Diario de Sesiones": Ya sabemos que no dispone usted de tiempo.
Inaugure y no ponga en servicio si lo que quiere es cortar la cinta, pero no ponga usted a los españoles a 200 kilómetros por hora cuando no tiene garantías del servicio que se va a prestar, porque no están probadas ni la maquinaria, ni el personal, ni las vías. Así acababa usted, señor Ayala. Y hoy hacen una moción en la que dicen que todo está bien. Le diré más. En el debate, le decía la señora ministra de Fomento: Durante todo el tiempo de la interpelación el señor Ayala no ha dado un solo dato cierto. Y seguía diciendo la señora ministra de Fomento: Ahora le daré todo el calendario de pruebas que ustedes hicieron. De todas las maneras, ustedes podían haber hecho las pruebas hace un siglo. ¡Si dejaron el AVE hecho una auténtica porquería! ¡Si no funcionaba! ¡Cómo van a decir ustedes que lo hacen bien! Por tanto -continuaba la señora ministra-, antes de recurrir al catastrofismo, creo que tienen ustedes que resignarse a reconocer que nosotros sí sabemos hacer AVE y ustedes no.
Esto lo dice literalmente la señora ministra. Y seguía diciendo la señora ministra: Señorías, señor Ayala, yo tengo todo el apoyo de mi grupo y la verdad es que para enfrentarme a usted en una interpelación me quedo sola y ni siquiera me doy cuenta.


Pues yo creo que se ha quedado sola la ministra de Fomento en el tono de la interpelación del miércoles pasado. ¿Cómo se puede aceptar esto? ¿Cómo puede haber un debate el miércoles pasado de esa virulencia y hoy en esta Cámara es como si no hubiera pasado nada? Hubo una interlocución directa a mi persona por parte del señor Ayala. Antes he mencionado el punto 540, donde el señor Andreu es alcalde, y él ya sabe cuál es el problema y se ha ocultado a los ciudadanos la gravedad en la que se encuentra la línea, que tiene que tener una limitación de 80 kilómetros por hora cuando es de 275, porque está a la salida de un túnel. Usted ha ocultado eso y está aguantando con palicos y cañicas hasta el día 21 de diciembre para poder inaugurar la línea de Barcelona. Y ahora eso ha desaparecido en la transacción que ustedes hacen. ¡Hombre, que sé leer! (Risas.) El miércoles pasado había un grave peligro y con el pacto que han hecho ustedes ha desaparecido absolutamente. Me parece que en esto del AVE ustedes se acercan a los debates del patriotismo ferroviario; de aquellos que cuando se discutía el ancho ibérico y el UIC acabaron diciendo que ponían ancho ibérico por patriotismo español. (Risas.) Para estas andadas no nos busquen a los de Esquerra Republicana de Catalunya. Y sepan que tienen un grave problema en el Pont de Candí, que lo hizo el señor Álvarez-Cascos y que ustedes no supieron detectar en tres años y lo detectaron hace tres meses. Esta es la realidad. Yo no escondo nada.
(Risas.-Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Andreu.


Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, tiene razón el señor Andreu cuando constata aquí hoy que el tono final de la moción que se pacta nada tiene que ver con las descalificaciones globales, la crispación y los tonos absolutamente dispares que presidieron el pasado miércoles la interpelación. Solo hace falta releer el "Diario de Sesiones". No obstante, señor Ayala, sabe bien que mi grupo se apunta fácilmente a los consensos, siempre les da la bienvenida y agradece que se produzcan. Por tanto, si fruto de ese debate tan crispado hoy es posible que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo en un texto que todos los grupos puedan aprobar, no será Convergència i Unió la que lo impida.
Al contrario, nos alegramos de que, a pesar de la discrepancia, finalmente el acuerdo pueda ver la luz en esta Cámara. Por tanto, vamos a votar que sí, si finalmente la transacción encuentra vía libre y puede ser votada en este Pleno.


Señorías, al inicio de esta legislatura, en junio del año 2004, nuestro grupo parlamentario presentó una interpelación a la ministra de Fomento y también entonces pactamos la moción. En la moción pactada se daban unas fechas en las que nos comprometíamos a la llegada de la alta velocidad en distintos tramos. Entonces, nos comprometimos a que antes de que finalizara el año 2006 llegaría la alta velocidad a las comarcas de Tarragona, y así fue; se cumplió ese punto de la moción. Nuestro grupo se congratula de ello. También nos comprometimos en junio del año 2004, y se votó en esta Cámara, a que antes de finalizar el año 2007 la alta velocidad tendría su entrada a la ciudad de Barcelona. Así lo acordamos en junio de 2004, en esta legislatura, y así entendemos que debe intentar cumplirse. Por tanto, mi grupo siempre se ha sumado a ese compromiso, a esa fecha, y entendemos que se está trabajando para que pueda ser una realidad. Eso es lo que acordamos en 2004 y eso es lo que hoy deberíamos también ratificar en esta Cámara. También acordamos -y debemos recordarlo hoy aquí- que llegaría la alta velocidad a la frontera francesa antes de finalizar el año 2009, plazo al que mi grupo sigue sin renunciar. Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista sabe que no renunciamos tampoco a ese compromiso que ahora se ha visto dramáticamente alterado. Cumplamos los plazos, sí; cúmplanse los plazos, pero, evidentemente, como pone en la moción del Grupo Popular, con las debidas garantías. Debe primar siempre la garantía de que habrá la máxima seguridad posible en cada momento para el usuario. Por tanto, el plazo sí, pero la máxima garantía también. Que no nos lleve el cumplimiento de un plazo a recortar la garantía. En eso todos estamos de acuerdo; creo que puede haber unanimidad.


Sobre el punto número 1 de la moción no creo que nadie renuncie al mismo, ya que simplemente insta a que

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el Gobierno vele para que las inauguraciones se realicen desde los máximos y estrictos parámetros de seguridad para el usuario. ¿Quién va a renunciar a ello? Por supuesto que no. Si no se llegara a tramitar una transacción, mi grupo votaría a favor del punto a), porque ¿cómo no vamos a garantizar la máxima seguridad de los usuarios? Todos estamos de acuerdo en eso, y también lo estamos en un segundo aspecto, que es evitar inauguraciones publicitarias, inauguraciones que solo sirven de autobombo, cuando al día siguiente no funciona la línea. Por tanto, poner como se hace en el texto de la moción que si inauguramos un día, al día siguiente esa línea sea operativa para los usuarios -así lo recoge también la enmienda transaccional- es algo que nadie puede negarse a votar. Nuestro grupo se alegra del consenso. A pesar de la mutación del debate, que ha pasado de las desavenencias de la pasada semana a la anuencia de hoy, es mejor que exista consenso y, por tanto, mi grupo va a votar hoy a favor de esta transacción. Si no fuera posible, votaríamos favorablemente solo los dos primeros apartados, porque entendemos que son un mínimo común denominador que todos podemos aceptar. Por último, quiero recordar una vez más que ese compromiso de la frontera francesa en el año 2009 sería aún posible si replanteáramos algún trazado de los actualmente establecidos.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor Jané.


Terminado el debate de la moción correspondiente al punto 7 del orden del día, llamamos a votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, vamos a votar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el acuerdo para incrementar la inversión del Estado en Cataluña, con la enmienda de adición de Esquerra Republicana.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 22; en contra, 258.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas frente a la siniestralidad laboral, con la enmienda de sustitución del Grupo Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 271; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política del Gobierno en relación con la puesta en servicio de nuevos tramos de AVE. Se ha presentado una enmienda transaccional. ¿Algún grupo parlamentario se opone a su tramitación?

El señor ANDREU DOMINGO: Nos oponemos.


El señor PRESIDENTE: Se opone el Grupo de Esquerra Republicana. Así pues, se vota la moción en sus términos iniciales. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)

Señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Queremos votar el punto 1 y 2 por separado y luego el resto.


El señor PRESIDENTE: Señorías, estamos intentando arreglarlo, porque la moción del Grupo Popular tiene a), b), c), d), y no 1, 2 y 3. (Rumores.) Así pues, supongo que tanto el Grupo Popular como CiU al hablar de los puntos 1 y 2 se están refiriendo a la letra a) y a la letra b). Muchas gracias. (Aplausos.)

En primer lugar, votación, por separado, de la letra a).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 268; en contra, ocho; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de la letra b).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 269; en contra, siete; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos el resto de la propuesta del Grupo Parlamentario Popular en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 110; en contra, 151; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se suspende la sesión.


Eran las diez y quince minutos de la noche.

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