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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 256, de 16/05/2007
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 256
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 238
celebrada el miércoles, 16 de mayo de 2007


ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre cumplimiento íntegro de la sentencia impuesta al etarra José Ignacio de Juana Chaos.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 515, de 2 de marzo de 2007. (Número de expediente 162/000567.)... (Página 12806)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la pérdida de credibilidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. (Número de expediente 173/000193.)... (Página 12813)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), sobre el cumplimiento de los compromisos de la Carta Municipal de Barcelona.
(Número de expediente 173/000194.)... (Página 12819)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 126-1, de 23 de febrero de 2007. (Número de expediente 121/000126.)... (Página 12825)

Proposiciones no de Ley. (Votación.)... (Página 12841)

Página 12800


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votaciones.)...
(Página 12841)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.)... (Página 12842)

Avocación por el Pleno... (Página 12842)

- Proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 126-1, de 23 de febrero de 2007. (Número de expediente 121/000126.)... (Página 12842)

Preguntas... (Página 12842)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Lasagabaster), sobre la transferencia de la competencia en materia de política penitenciaria a la Comunidad Autónoma del País Vasco. (Número de expediente 172/000272.)...
(Página 12862)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impedir el regreso de ETA a las instituciones democráticas a través de partidos materialmente instrumentalizados por la organización ilegal Batasuna. (Número de expediente 172/000273.)... (Página 12867)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre el despliegue de los artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña dedicados al ámbito laboral. (Número de expediente 172/000274.)...
(Página 12873)

SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve de la mañana.


Proposiciones no de Ley... (Página 12806)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre cumplimiento íntegro de la sentencia impuesta al etarra José Ignacio de Juana Chaos... (Página 12806)

Defiende la proposición no de ley el señor Ballestero de Diego, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Oliva i Peña, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); los señores Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


El señor Ballestero de Diego solicita la palabra al amparo del artículo 72.2 del Reglamento.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes... (Página 12813)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la pérdida de credibilidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores... (Página 12813)

Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Martínez-Pujalte López, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el cumplimiento de los compromisos de la Carta Municipal de Barcelona...
(Página 12819)

Página 12801


Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Jané i Guasch, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Malaret García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; los señores Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Jané i Guasch.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas... (Página 12825)

Proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social... (Página 12825)

Presenta el proyecto de ley del señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán), en nombre del Gobierno. Manifiesta que este proyecto de ley sigue fielmente las directrices del Pacto de Toledo, fruto del acuerdo unánime de las fuerzas políticas. Este proyecto de ley es el primero en la historia de nuestra democracia que cuenta con el apoyo y el respaldo unánime de todos los agentes sociales, por lo que es el modelo de Seguridad Social que quiere tener la sociedad española, todos los grupos políticos y todos los agentes sociales, calificándolo como primer valor del proyecto de ley.


Hace un repaso de las incorporaciones, garantías y prestaciones del proyecto, así como de los beneficios que acarreará cada año a los nuevos pensionistas.


Finaliza recordando que las reformas de la Seguridad Social nunca construyen solo el presente, sino también el futuro de la Seguridad Social. El punto de equilibrio alcanzado entre los elementos de sostenibilidad financiera del sistema y el grado de cobertura social avalan que tanto en la actualidad como en el futuro nuestro sistema público de pensiones seguirá cumpliendo el fin que ha tenido siempre, que no es otro que garantizar que no haya nadie en nuestro país en situación de necesidad.


En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Lasagabaster Olazábal y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proposiciones no de Ley. (Votación.)... (Página 12841)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre cumplimiento íntegro de la sentencia impuesta al etarra José Ignacio de Juana Chaos, se rechaza por 117 votos a favor y 168 en contra.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votaciones.)...
(Página 12841)

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, excepto el punto 4, sobre la pérdida de credibilidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se rechaza por 117 votos a favor, 168 en contra y una abstención.


Sometido a votación el punto 4 de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la pérdida de credibilidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se rechaza por 115 votos a favor, 168 en contra y tres abstenciones.


Sometido a votación el punto número 3 de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el cumplimiento de los compromisos de la Carta Municipal de Barcelona, se rechaza por 18 votos a favor, 265 en contra y tres abstenciones.


Sometidos a votación el resto de los puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el cumplimiento de los compromisos de

Página 12802


la Carta Municipal de Barcelona, se rechaza por 19 votos a favor, 264 en contra y dos abstenciones.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.)... (Página 12842)

Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución del proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social, se rechazan por 129 votos a favor, 147 en contra y nueve abstenciones.


Avocación por el Pleno... (Página 12842)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social, lo que se aprueba por asentimiento.


Se suspende la sesión a las dos y veinte minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas... (Página 12842)

Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al Señor Presidente del Gobierno: ¿Piensa el Gobierno liderar un Pacto de todas las fuerzas políticas frente a la especulación y la corrupción urbanística? (Número de expediente 180/001902.)... (Página 12842)

Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cree usted buena para los intereses generales la actuación del Gobierno permitiendo que ANV se presente a las elecciones municipales, tras las declaraciones de representantes de Batasuna apoyando a dicha formación? (Número de expediente 180/001903.)... (Página 12843)

Del Diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Piensa el Gobierno territorializar la asignación del 0,7 por ciento del impuesto sobre la renta, que los contribuyentes decidan destinar a fines de interés social en las declaraciones que vamos a presentar durante las próximas semanas? (Número de expediente 180/00001893.)... (Página 12844)

Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno, Ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno: ¿Puede mantener la Vicepresidenta que "el Gobierno no ha intervenido, ni interviene, ni intervendrá en la marcha de las empresas de este país"? (Número de expediente 180/001889.)... (Página 12845)

Del Diputado don Jorge Moragas Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué opinión le merece al Señor Ministro que haya sido rechazada por esta Cámara la defensa de la libertad de los presos políticos en Cuba? (Número de expediente 180/001884.)... (Página 12847)

Del Diputado don José Luis Galache Cortés, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Señor Ministro de Justicia: ¿En qué situación se encuentran las negociaciones sobre transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de justicia? (Número de expediente 180/001894.)... (Página 12848)

De la Diputada doña M.ª Fátima Báñez García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Señora Ministra de Fomento: ¿Con qué fecha exacta se iniciarán las obras de construcción de la nueva estación del AVE de Huelva? (Número de expediente 180/001883.)... (Página 12848)

Página 12803


Del Diputado don Agustí Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que formula a la Sra. Ministra de Fomento: ¿La agenda política de su Gobierno contempla la construcción del eje ferroviario del corredor mediterráneo? (Número de expediente 180/001892.)... (Página 12849)

Del Diputado don Victorino Mayoral Cortés, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Fomento: ¿En qué situación se encuentra la autovía A-58 que unirá las ciudades extremeñas de Cáceres y Trujillo? (Número de expediente 180/001895.)...
(Página 12851)

De la Diputada doña M.ª Soledad Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia? (Número de expediente 180/001896.)... (Página 12851)

Del Diputado don José Ramón Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Tiene previsto el Gobierno localizar en Euskadi, durante esta Legislatura, la sede de algún organismo regulador? (Número de expediente 180/001880.)... (Página 12852)

Del Diputado don Ángel Jesús Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cómo valora el Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía la actuación de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno en los últimos tres años? (Número de expediente 180/001890.)... (Página 12853)

Del Diputado don Miguel Arias Cañete, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Considera el Gobierno que el nombramiento de don Julio Segura como Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores es acorde con sus promesas electorales? (Número de expediente 180/001862.)... (Página 12854)

Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Por qué el Gobierno se opuso a que la Comisión Nacional del Mercado de Valores sancionase a ENEL y Acciona? (Número de expediente 180/001863.)... (Página 12855)

Del Diputado don Francisco Utrera Mora, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Va a compensar el Gobierno a aquellos accionistas de Endesa que siguieron las recomendaciones del Gobierno y vendieron sus acciones a 21 euros? (Número de expediente 180/001864.)...
(Página 12856)

Del Diputado don Carlos Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Considera el Vicepresidente, tal y como ha dicho el Sr. Sebastián, que "Conthe no fue un buen nombramiento"? (Número de expediente 180/001867.)... (Página 12857)

Del Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Por qué no ha instruido su Ministerio el correspondiente expediente de cese del Vicepresidente de

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la Comisión Nacional del Mercado de Valores por incumplimiento grave de sus obligaciones, como establece la Ley del Mercado de Valores? (Número de expediente 180/001888.)... (Página 12858)

Del Diputado don José Folgado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Garantiza el Vicepresidente que desde la Oficina Económica del Presidente del Gobierno no se entregaron al Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, don Carlos Arenillas, dossiers sobre el presidente del BBVA, don Francisco González? (Número de expediente 180/001887.)... (Página 12859)

Del Diputado don Fernando Vicente Castelló Boronat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cómo valora el Gobierno que el nuevo Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores se haya referido a su antecesor utilizando el calificativo de "majadero"? (Número de expediente 180/001886.)... (Página 12860)

De la Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Piensa el Vicepresidente cumplir el encargo que le hizo el Parlamento relativo al nombramiento del Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores? (Número de expediente 180/001885.)... (Página 12861)

Interpelaciones urgentes... (Página 12862)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), sobre la transferencia de la competencia en materia de política penitenciaria a la Comunidad Autónoma del País Vasco... (Página 12862)

Presenta la interpelación urgente la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto. Manifiesta que su grupo no pretende con esta iniciativa que se realice la transferencia de la competencia ni que se produzca un determinado acto administrativo o actuación por parte del Gobierno realmente difícil, lo único que pretende es que se proceda a convocar la Comisión mixta de transferencias para hablar de un tema que es urgente y necesario. Por ello, considera casi imposible que no se pueda llegar a un acuerdo para determinar que hay que reunirse y ver qué pasa con este tema. Menciona el Estatuto de Autonomía del País Vasco, en alguno de cuyos artículos se habla de la competencia exclusiva de esta comunidad autónoma en lo que se refiere a organización, régimen y funcionamiento de las instituciones penitenciarias.


Hace un repaso a los datos de la población reclusa en el País Vasco, con unos centros penitenciarios deplorables, con un alto índice de suicidios.
Señala que pese a no tener transferida la competencia, el Gobierno vasco, de su propio presupuesto, dedica cuatro millones de euros a este tema, desglosándolos por ministerios.


Interviene el señor ministro del Interior (Pérez Rubalcaba), en nombre del Gobierno. En su opinión la interpelante se basa en cuatro cosas fundamentalmente: el elevado índice de fallecimientos por causas no naturales, la situación de los centros penitenciarios en la comunidad vasca, la imposibilidad de que existan políticas reinsertadoras que respeten los derechos y la dignidad de las personas internadas y la denuncia del convenio marco de prisiones suscrito por el Gobierno vasco y el Gobierno de España hace ya 13 años. Respecto a los fallecimientos señala que las cifras han mejorado considerablemente, y aporta datos, comparándolos con otras cárceles. En cuanto a las infraestructuras, el plan 2006-2012 contempla la construcción de dos nuevos centros penitenciarios en el País Vasco. En cuanto a la posibilidad de reinserción, en el conjunto de las cárceles españolas se han puesto en marcha programas específicos de tratamiento. En cuanto al convenio firmado, no se refiere solo a competencias estrictamente penitenciarias sino también a políticas que corresponden al Gobierno vasco, y que tienen ya asumidas, como las políticas de integración social dirigidas a colectivos de internados en centros penitenciarios.


Finaliza señalando que el Gobierno está haciendo cosas que permiten tener una política penitenciaria

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dinámica, humanitaria y flexible, cosas que caminan en la buena dirección.
El escollo del convenio espera que se pueda superar en los próximos meses.


Replica la señora Lasagabaster Olazábal y duplica el señor ministro del Interior.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impedir el regreso de ETA a las instituciones democráticas a través de partidos materialmente instrumentalizados por la organización ilegal Batasuna... (Página 12867)

Presenta la interpelación urgente el señor Astarloa Huarte-Mendicoa, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señala que a pesar de las repetidas advertencias por parte de su grupo, se han cumplido los peores augurios y es que cuatro años después de haberlos expulsados de las instituciones, en uno de los mayores logros de la democracia española contra el terrorismo, ETA va a volver a los ayuntamientos, pues ha colado más de 400 listas, centenares de agrupaciones electorales han pasado el listón. Por otro lado, existe la gravísima cuestión de ANV, con su confusa renuncia a la violencia contenida en sus estatutos. En su opinión, las evidencias existentes avalarían la aplicación del artículo 12 de la Ley de Partidos, declarando fraudulentas las listas presentadas por ANV, por lo que no debería presentarse a las elecciones.


Finaliza haciendo una serie de preguntas al señor ministro, y señalando que lo suyo sería que hoy mismo anunciase que va a solicitar la ilegalización de ANV y que no va a tolerar ni un acto más de los batasunos.


Contesta el señor ministro de Justicia (Fernández Bermejo), en nombre del Gobierno. Señala al interpelante que se siente defraudado por su intervención. Disiente de su concepción del sistema democrático y del concepto de lealtad al Gobierno desde la oposición. Cree que con su actitud el Partido Popular da oxígeno a ETA, porque lo único que le interesa es atacar al Gobierno. Manifiesta que es el Constitucional el que ha ido indicado el camino, y el que ha dicho que la Ley de Partidos tiene límites y que su interpretación tiene que ser coherente con la Constitución.


Finaliza refiriéndose a las candidaturas ilegalizadas y a sentencias del Tribunal Constitucional.


Replica el señor Astarloa Huarte-Mendicoa y duplica el señor ministro de Justicia.


Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre el despliegue de los artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña dedicados al ámbito laboral... (Página 12873)

Presenta la interpelación urgente el señor Tardà i Coma, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). Señala que su grupo pretende que el ministro fije qué tiene diseñado el ministerio para hacer efectivo el despliegue de todas las potencialidades que confiere el nuevo Estatuto de Cataluña en algunos ámbitos de su responsabilidad ministerial, así como el calendario. Este es el objetivo de la interpelación, para poder culminarla con la aprobación de una moción.


Finaliza haciendo un repaso a los nuevos capítulos introducidos en el nuevo estatuto.


Contesta el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán), en nombre del Gobierno. Agradece la interpelación en la medida en que le va a permitir explicar lo que está haciendo el Gobierno, y señala que es voluntad del ministro y del Gobierno cumplir estrictamente lo que dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que es una ley orgánica avalada y refrendada por los ciudadanos de Cataluña.


Manifiesta que el Gobierno tiene el convencimiento de que la consolidación de nuestro Estado del bienestar pasa sin ninguna duda por una mayor implicación de las comunidades autónomas en el desarrollo de las políticas sociales, y comprende que desde las comunidades autónomas se trate de impulsar con la máxima celeridad la asunción de las competencias en materia laboral, pero ello exige que al mismo tiempo esté garantizado un mínimo de igualdad, solidaridad y cohesión social. De ahí que el proceso esté siendo abordado con una cierta planificación que lleva su tiempo pero que dará mayor garantía y seguridad.


Finaliza señalando que van a seguir trabajando con toda intensidad y el diálogo y el consenso serán las mejores herramientas para garantizar los intereses de todos los ciudadanos.


Replica el señor Tardà i Coma y duplica el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


Se levanta la sesión a las siete y treinta minutos de la tarde.


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Se abre la sesión a las diez de la mañana.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA IMPUESTA AL ETARRA JOSÉ IGNACIO DE JUANA CHAOS.
(Número de expediente 162/000567.)

El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión correspondiente al miércoles 16 de mayo de 2007.


Punto primero del orden del día. Proposiciones no de ley: del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre cumplimiento íntegro de la sentencia impuesta al etarra José Ignacio De Juana Chaos. Para la defensa de la proposición no de ley presentada por su grupo, tiene la palabra el señor Ballestero en un turno de siete minutos.


Adelante, por favor.


El señor BALLESTERO DE DIEGO: Gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar, quiero agradecer la presencia en el hemiciclo de una serie de víctimas del terrorismo, entre ellas un familiar y una víctima del terrorista De Juana Chaos. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor Ballestero, discúlpeme.


Por favor, guarden silencio.


El señor BALLESTERO DE DIEGO: Cuando hace meses presentamos esta PNL ya manteníamos que no nos sorprendería ver a De Juana en la calle haciendo campaña con Batasuna. Hoy toda España sabe que el presagio es un hecho incontestable que trae causa de dos decisiones personales del presidente del Gobierno: poner a De Juana en la calle y permitir a ETA-Batasuna la vuelta a las instituciones. El motivo es también conocido: el presidente, incumpliendo los compromisos que tenía con este Parlamento, está inmerso en una negociación con la banda, donde su papel principal está siendo ceder al chantaje de los terroristas hasta extremos humillantes. En las informaciones recientemente aparecidas se desvela no solo la evidente negociación para permitir la presencia de Batasuna en las elecciones, sino el interés del Gobierno por saber si ETA va a volver a atentar, eso sí, antes de las elecciones. Tenemos un presidente que ha decidido que la tabla de salvación de su nefasta gestión es que ETA le haga de salvavidas; así, él da oxígeno a ETA mientras confía que ETA le dará oxígeno a él. Porque, si no, ¿qué es lo que va a dar el presidente del Gobierno a ETA? ¿Navarra? ¿Más independencia al País Vasco? ¿Autodeterminación? ¿Cuál de las exigencias de ETA es la que está dispuesto a cumplir? Y si no pretende entregarle nada a ETA, ¿qué está haciendo? ¿Engañarle? ¿A qué precio? Señorías, el futuro de España a día de hoy está en buena parte en manos de ETA, porque el presidente del Gobierno está a la deriva y pendiente de que ETA sople las velas de su barco. El presidente y ETA solo quieren tiempo, el primero para seguir intentando engañar a los españoles y vendernos fotos del Ulster o de donde sea que, junto con algún gesto de la banda, le permita salvar la cara antes de las elecciones y, luego, ya se verá; y ETA, para conseguir estar en las instituciones y avanzar en sus objetivos separatistas o, en su defecto, para seguir rearmándose y matando.


Ante este panorama, entenderán, señorías -o no, pero al menos deberían intentarlo-, que el silencio sería una indecencia, y por eso hoy levantamos la voz para pedir algo tan sencillo como que se cumpla la ley y De Juana vuelva a la cárcel. Hace solo dos años los socialistas tenían clarísimo que era impensable excarcelar a De Juana. El señor López Garrido lo descartaba diciendo que compartía la indignación de las víctimas, y que según él sería un escándalo. El ministro de Justicia proclamaba que la excarcelación no podía darse sin arrepentimiento previo, y el ministro de Interior calificaba de objetivamente indignante la excarcelación, para remarcar que ya disponían de medios normativos que harían imposible que se produjera una redención desmesurada. Menos mal, señorías; si no llegan a disponer de ellos, De Juana encabeza las listas de ANV.


Para excarcelar al etarra y a pesar del atentado de la T-4, en solo dos años hemos pasado de esto a una serie de mentiras del PSOE y del Gobierno que avergonzarían casi a cualquiera, con el único objetivo de intentar justificar lo injustificable: que si no es una cesión al chantaje; que si es escrupulosamente legal; que si es una decisión judicial; que si es por razones humanitarias; que si es política; que si había varias opciones encima de la mesa; que si es una decisión personal; que se moría ya. En fin, no se acaba la hemeroteca. Detrás de tanta mentira hay tres evidencias que nos hacen exigir que el Gobierno rectifique. Primero, la decisión es un fraude de ley, al concederle a un preso, que claramente tendría que ser clasificado como de primer grado y, por tanto, estar en la cárcel, un tercer grado encubierto o, para ser más exactos, una libertad condicional encubierta, que no prisión atenuada, pues en cuanto tenga el alta donde se va es a su casa -aquí tengo el auto-. Segundo, para mandar a De Juana a su casa, vía Hospital de Donostia -curiosamente el mismo donde entraba Miguel Ángel Blanco muerto porque un Gobierno no cedió al chantaje-, (Rumores.) se inventaron un segundo grado flexibilizado. Pues bien, en la concesión de esta medida, si la analizamos, hay al menos cuatro irregularidades. Primero, la propuesta no expresa, como es obligatorio, el tratamiento médico de especial penosidad que debe recibir De Juana. Segundo, no expresa la razón del traslado, esto es, qué tratamiento no se podía administrar en el Doce de Octubre.
Además, no acota la vigencia de ese sistema flexible, es decir, cuál es el plazo necesario para la administración del tratamiento específico. Y, por

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último, no ordena el reingreso en prisión una vez terminado el tratamiento, es más, hace lo contrario, diciendo que después de causar alta permanecerá en su domicilio. La decisión es fraudulenta, irregular y, por si esto fuera poco, ilegal, como mantengo en este Parlamento y no me desmienten.


El procedimiento del 100.2 exige, primero, que el equipo técnico de De Juana haga una propuesta a la junta de tratamiento y, segundo, que la medida se fundamente en un programa específico de tratamiento. Pues bien, el equipo técnico no mantuvo reunión alguna para proponer nada, como es preceptivo, porque, saltándose la ley, no les convocaron. Obviamente, al no reunirse el equipo técnico es imposible que hicieran propuesta alguna.
Por eso, cuando sin orden del día y de modo ilegal reunieron, eso sí, a la junta de tratamiento, cuatro de los ocho miembros que la forman -curiosamente, los cuatro del equipo técnico- votaron en contra, y solo el voto de calidad del director salvó el empate. Si les queda un poquito de vergüenza, cumplan la ley, que los españoles ya sabemos de sobra que en terrorismo los atajos no son buenos.


En segundo lugar, pedimos que se disculpen por la constante actitud que tienen hacia las víctimas. Me tendrán que permitir que, ya que ustedes están empeñados en darle la voz, el protagonismo y la presencia en las instituciones a ETA-Batasuna, yo ponga hoy la de mi grupo en la casa del pueblo a disposición de aquellos a quienes más están humillando con su política: a las víctimas del terrorismo. Algunas de ellas, junto con la AVT, hoy nos acompañan. Quiero destacar la presencia de Manuela Lancharro, a cuyo hermano Antonio asesinó De Juana en la plaza de la República Dominicana, y la de Gerardo Puente, víctima del sanguinario etarra, que quiere decir lo siguiente, señorías: Soy policía Tedax, en realidad lo fui hasta el 12 de junio de 1985. Mi vida quedó marcada el día que Ignacio de Juana Chaos acabó con la vida de mi compañero Esteban del Amo, que me salvó la vida. Les aseguro que mi existencia no ha sido nada fácil durante todos estos años. A pesar de eso, he tratado de salir adelante. De un tiempo a esta parte, todo mi sufrimiento y mi dolor han rebrotado como en los primeros días después del atentado. El motivo es claro: he visto al indeseable que acabó con la vida de veinticinco compatriotas mucho más fuerte que al Gobierno; he contemplado cómo un ser despreciable ha logrado doblegar políticamente, hasta la inmundicia y la indecencia, al Gobierno de España. Me he horrorizado al descubrir cómo se pasea tranquilamente protegido por las calles de San Sebastián, cuando debería estar tras las rejas de una celda; he visto cómo a sus cómplices de Batasuna-ETA se les ha permitido volver a respirar cuando estaban casi ahogados. Este Gobierno ha conseguido lo que no han conseguido los terroristas: que sufra los insultos, las vejaciones y los desprecios que nunca esperé del Gobierno de España, de su presidente, de sus ministros, de sus altos comisionados. Señores diputados, lo diré con sencillez, para que nadie el busque tres pies al gato: tengo a veces la sensación de que en el Gobierno hay algunos más dispuestos a brindar con champán y langostinos con De Juana que a escuchar, siquiera con una mínima atención, estas palabras; en definitiva, la indignidad de quienes nos presiden, porque no están a la altura moral ni política de los ciudadanos. Rendición, en mi nombre, ¡no! De Juana, a la cárcel. Gerardo Puente.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Grupo Mixto. Son cinco minutos que entiendo que se repartirán amigablemente.


Adelante, señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.


El Grupo Popular nos presenta una iniciativa que fue objeto de debate el 13 de marzo a lo largo de cinco horas. Fue una sesión en la que tuvimos oportunidad no solo de conocer la opinión de todos los grupos parlamentarios, sino también, obviamente, la del propio Gobierno. Durante cinco horas dijimos casi todo lo que se podía decir, aunque no pudimos convencernos los unos a los otros. Es difícil en cinco minutos volver a repetir las cuestiones técnicas, pero sí me gustaría reseñar tres temas importantes. En primer lugar, la iniciativa del Grupo Popular y la intervención que se ha realizado hoy parten de premisas que no son reales, por no decir que no se ajustan para nada a la realidad. Aquí no hablamos de la condena por veinticinco asesinatos del señor De Juana. No sé si quieren que quite o no el término señor, pero sigue siendo un señor. (Rumores.) Esta condena fue impuesta bajo el Código Penal del año 1973, que era el código franquista. Gustará o no ese código, pero es la realidad y la legalidad. En la actualidad está condenado por unos artículos, cuando curiosamente una serie de magistrados del Tribunal Supremo establecieron en sus votos particulares incluso que no cabría hablar de la existencia de delito; existen votos particulares al respecto. Por tanto, no hablamos de lo que ustedes quieren hablar, hablamos de otra cosa.


Además, la iniciativa del Grupo Popular pretende suplantar a todos los poderes, porque se olvidan de que aquí ha habido un Poder Judicial, un juez central de vigilancia penitenciaria -por cierto, un sistema que ustedes mismos, Partido Popular, dispusieron, propusieron y aprobaron, en su mayoría absoluta- que ha determinado en qué condiciones y en qué régimen tiene que estar el señor De Juana. Por tanto, no le corresponde a este Parlamento decidir cuál es el régimen jurídico en relación a su estancia penitenciaria. Ustedes quieren suplantar no solamente al Poder Judicial, al juez central de vigilancia penitenciaria, sino que incluso ustedes quieren determinar un análisis médico, un análisis técnico, sobre cuál es la manera que tiene que establecerse, desde el punto de vista clínico y médico, para una persona. Lamento decirles que no les corresponde a ustedes. Por tanto, no suplanten a los demás poderes. El problemas, señoras y señores del Grupo Popular, es que a ustedes lo que no les gusta consideran

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que no vale, y en la vida hay que aceptar y acatar lo que gusta y lo que no gusta.


Tercera cuestión: respeto a las víctimas. Evidentemente, respeto a las víctimas que hoy nos acompañan; respeto a las víctimas que no nos acompañan, y que a lo mejor no piensan igual que otras víctimas, porque no todas las víctimas piensan lo mismo; y también respeto y protección a aquellas personas que pudieran ser potenciales víctimas, que no lo son ahora, pero que quizás en el futuro pudieran serlo. Esta es nuestra obligación y nuestra responsabilidad, en esta Cámara y en todas las instituciones: conseguir que no haya más víctimas.


Señorías del Grupo Popular, ustedes no nos están ayudando para nada en esa materia. Lo que no hay que hacer es utilizar a las víctimas. Respetarlas, sí; utilizarlas, no. Nos gustaría que tuviéramos su ayuda, y no la utilización partidista y electoral de esta serie de temas, para que no solamente protejamos a las víctimas, que existen desgraciadamente, sino para que nunca más haya ninguna otra víctima. Evidentemente, nuestro voto será negativo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Para el Bloque Nacionalista Galego no hay nada peor, en una situación y en un tema como este, que la manipulación sentimental o ideológica que se pueda hacer precisamente de un asunto de este tipo. En todo caso, queremos dejar claro que nuestra posición está guiada por un criterio que se basa en no concebir los sistemas penitenciarios como sistemas que están fundamentados en la venganza, sino precisamente en la capacidad de establecer cumplimiento de penas y aplicación de las normativas penitenciarias que estén vigentes. En este caso, tenemos que decir que, aunque pueda ser discutible, tenemos un caso de prisión atenuada, precisamente provocado por el peligro de muerte y, por tanto, para salvar una vida humana. Puede parecer que no se debe salvar la vida humana de un asesino, pero los asesinos en los Estados de derecho deben de gozar precisamente de todas las garantías propias de ese Estado de derecho. Sin embargo, al Bloque Nacionalista Galego lo que más le preocupa es que su utilice, como una presa que no se suelta, para provocar los instintos menos bondadosos en la población en relación con un tema conflictivo como este. Por tanto, nos merece un total rechazo la actuación que está teniendo el Partido Popular en este aspecto, porque además pensamos que no le va a ser rentable políticamente, precisamente por empacho, por hartazgo. No puede emplearse continuamente con otro tipo de finalidades.
Por tanto -señor presidente, acabo ya-, desde luego yo siento dolor y pena por las víctimas, pero siento mucho bochorno por la manipulación que se pueda hacer del dolor ajeno.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, una vez más el Grupo Popular conduce el debate parlamentario a su dialéctica de mentiras de Estado desde el Gobierno y desde la oposición: (Protestas.) demagogia y falta de lealtad al Estado de derecho y a la verdad; falta de lealtad a la democracia con esta proposición no de ley. Señorías del Grupo Popular, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? (Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) ¿Se pueden decir más estulticias en una iniciativa parlamentaria? Hablan ustedes de pedir perdón, pero, ¿saben quiénes deberían pedir perdón? Ustedes, por permitir que sus candidatos corruptos se presenten a las elecciones municipales: (Protestas.) el señor Díaz Alperi, el señor Fabra; (Rumores.-Protestas.) ustedes, por atentar contra la credibilidad de las instituciones democráticas. (Fuertes protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señora Navarro, un momento, por favor.


Señorías, vamos a intentar mantener el tono del debate.
(Protestas.-Rumores.) Solicito tranquilidad al hemiciclo, porque si no el presidente simplemente... (Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Por favor, dejen esta actitud de uno y otro; eso no conduce a nada. El presidente, para poder llevar adelante una sesión, necesita el respeto de todos los miembros de la Cámara; les ruego, por favor, que dejen que se exprese a quien está en el uso de la palabra, y al final, cuando termine, si lo desean, objeten lo que tengan que objetar, pero permitan el uso de la palabra. Eso es todo.
(Rumores.-El señor De Luis Rodríguez: ¡Que se atenga a la cuestión!) Adelante.


La señora NAVARRO CASILLAS: Son ustedes quienes deberían pedir perdón por atentar, día tras día en su actividad política, contra la credibilidad de las instituciones democráticas; por haber mentido; por mentir una y otra vez: (Rumores.-Protestas.-Un señor diputado: ¡Venga, hombre!) por mentir en el 11-M, por mentir en la Comisión de investigación, por mentir con las armas de destrucción masiva; (La señora Castro Masaveu: ¡Ya está bien! ¡Ya está bien!) por mentir una y otra vez, señorías del Grupo Popular, aunque nadie les crea. Ustedes, por manipular a las víctimas del terrorismo, por utilizar su sufrimiento. Ustedes, por utilizar el terrorismo como arma electoral -veámoslo hoy que estamos en plena campaña de elecciones municipales-, hasta la saciedad. Ustedes, por hacer demagogia con la convivencia libre, con la paz y con el respeto a los derechos humanos; por haber roto la unidad de acción contra el terrorismo. (Protestas.) Pidan perdón a los ciudadanos por mentirles, por intentar manipularles, y por la corrupción que llevan a cuestas, (El señor

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Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.) y así recobrarán la dignidad y podrán hablar de confianza en el futuro, porque confianza, hoy en día, no tienen ninguna, por su presente y por su pasado, con lo cual, poca se les puede otorgar para el futuro.
(Rumores.-Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) La realidad y no sus mentiras son los hechos, y los hechos a los que se enfrentan es el historial de De Juana, que se encuentra con seiscientos días de redención extraordinaria de pena concedida por su Gobierno, cuando cumplía pena por la condena de veinticinco asesinatos. La realidad es que la actual condena de De Juana no es por esos veinticinco asesinatos, aunque ustedes siempre pretendan confundir a los ciudadanos.
La realidad, señorías del Grupo Popular, es que en nuestro país no existe la cadena perpetua, y la realidad es que De Juana está bajo prisión atenuada en domicilio con vigilancia especial, sin ningún beneficio penitenciario y bajo el pleno respeto a la legalidad.


Señorías, a Izquierda Unida De Juana nos parece un asesino sanguinario despreciable, pero en el Estado de derecho no se cogen las antorchas y se sale a la calle a buscarle para quemarle vivo, al más puro estilo western; se le juzga, se le condena, y se le otorga un régimen penitenciario conforme a derecho. Esto es legal, pero a ustedes no les importa legal o ilegal, mentira o verdad, con tal de volver al poder que tanto añoran. Son capaces de todo, como lo fueron sus antepasados, (Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) y traen hoy este debate dejando claro lo poco que les importa la democracia local, y el poco o ningún argumento que tienen para debatir sobre ello. Señorías del Grupo Popular, tienen ustedes dos opciones: una, seguir dando coba y propaganda al terrorismo, y dos, unirse al resto de fuerzas políticas, a la lucha contra el terrorismo, bajo el pacto de Izquierda Unida, bajo el pacto del Partido Nacionalista Vasco o de quien quieran, pero volviendo al histórico trabajo de lucha y unidad para garantizar entre todos la fortaleza de la democracia y del Estado de derecho. Les pedimos que se unan a la cordura, a la legalidad y a la verdadera batalla para acabar con el terrorismo, sin manipulación ni demagogia; para trabajar por la vida, por la libertad y por la paz. Todos sabemos que este es un conflicto de fácil instrumentalización, porque ha arruinado la vida de miles de personas, pero ese camino, el camino que ustedes han tomado, no es el de la solución. Miren hacia Irlanda del Norte (Rumores.) y reencuentren, señorías del Partido Popular, el camino de la paz. Izquierda Unida tiene claro que apuesta por la paz. ¿Por qué apuestan ustedes? (Aplausos.-Rumores y protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, silencio. (Rumores.) Absténganse, desde la tribuna, de tomar la palabra, por favor.


Grupo Vasco. Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, tiene que comprender que no es fácil mantener la serenidad en un debate de esta naturaleza, que tiene tan manifiesta impronta electoral, que caracteriza el pedimento de esta proposición no de ley. Mi grupo no está en campaña electoral con esta materia, como usted sabe, y va a intentar incorporar elementos de serenidad, de concordia, en la medida de sus posibilidades.


Señor Ballestero, usted ha acabado su locución con una invocación a que, en su nombre, no a la libertad del señor De Juana. Yo le voy a responder con otra invocación...(Rumores.) Le voy a responder a usted, con todos los respetos a los que están oyéndonos, a los que yo respeto tanto como usted. Usted no tiene legitimidad para mesurar el respeto que unos y otros tenemos a los que nos acompañan en la tribuna, ninguna, ni a patrimonializar el dolor. (Aplausos.) Usted no tiene ninguna legitimidad para patrimonializar el dolor de las víctimas. (El señor Villarrubia Mediavilla: ¡Muy bien!) No hay un solo grupo en esta Cámara que no tenga unas víctimas entre sus afiliados, también el nuestro tiene víctimas, y ustedes no pueden monopolizar ese tipo de sentimientos. Eso es una vergüenza, señor Ballestero. (Rumores.) Dicho esto, señor Ballestero, ha acabado diciendo: No a la libertad en mi nombre. Yo le voy a decir: en mi nombre, no a la patrimonialización del dolor de las víctimas, y menos en campaña electoral, señor Ballestero.


Yo no sé si tomarme en serio la proposición no de ley que ustedes han presentado, primero por su contexto... (Rumores.) Sí, me la tomaré en serio porque algo hay que responder cuando se presentan, aunque sea por respeto a la tradición de su grupo parlamentario y, sobre todo, por el pedimento, cambiado en el día de hoy. Ustedes pretenden nada menos que se le haga regresar al primer grado penitenciario a un preso que está ya en una situación de cumplimiento especial, previsto en el artículo 102 del reglamento penitenciario. ¿Qué quieren, que esta Cámara se subrogue en la posición de la administración penitenciaria? ¿Ustedes creen que esta Cámara tiene legitimidad para subrogarse en la posición de la administración judicial penitenciaria, del juzgado central de la administración penitenciaria? ¿Qué es lo que ustedes pretenden? ¿Pretenden que nosotros le hagamos regresar al primer grado penitenciario? Podemos también ponerle un cepo, si quieren, de aquellos que se ponían antaño en el cuello y en las muñecas. ¿Cuál es su pretensión? Es que la pretensión es manifiestamente ilegítima, desde una perspectiva solo jurídica, y también política.


Decía el señor Saramago -señor presidente, ya le he prometido brevedad- que a ustedes no les interesan (Rumores.) -no me lo reprochen a mí, repróchenselo a Saramago, que es el que hacía esta invocación- las víctimas, ni les interesa la violencia, ni les interesa ETA, ni les interesa la paz. A ustedes solo les interesa el poder. Reflexiones del señor Saramago. (Rumores.) Señor presidente, a veces uno tiene dudas respecto a reflexiones de esta naturaleza y su veracidad. ¿Por qué? Porque cuando oye, la semana pasada, al portavoz del Partido Popular aquí presente, en un debate sobre la Ley del Suelo -una ley muy atinente para hablar de política

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penitenciaria- acabar su locución hablando del señor De Juana Chaos; cuando se establece por ilustres portavoces del Partido Popular paralelismos con la detención de una conocida tonadillera y la situación de De Juana Chaos, mediante un folklorismo que recuerda más la Carmen de España y no la de Mérimée, un folklorismo que ya no debe ser el propio del racionalismo moderno que debe caracterizar los debates parlamentarios en esta época; pero sobre todo cuando nos encontramos con que ustedes no se cargan de razón, no se proveen de legitimidad para hacer este tipo de peticiones, porque si a alguien debe favores el señor De Juana Chaos es a ustedes. El señor De Juana Chaos estuvo condenado en su día por una sentencia que le condenaba a una pena de privación de libertad de 3.514 años, que con el Código Penal del año 1973 se refundió en una pena de 30, y ustedes le concedieron -sus gobiernos, los gobiernos del Partido Popular- más beneficios y más redenciones que nadie. Ustedes le concedieron 600 días de redenciones extraordinarias, con un componente absolutamente discrecional. Si a alguien debe favores el señor De Juana Chaos es a ustedes, señor Ballestero. (Aplausos.) Ustedes le concedieron 175... (El señor Ballestero de Diego hace signos negativos.) Tengo aquí la documentación y se la voy a trasladar, si usted dice que no es verdad.
Le concedieron 175 días, señor Ballestero, de redención extraordinaria de carácter discrecional concedida por su administración penitenciaria, por excluir un libro, cuyo título era Egunak, libro que no le voy a glosar, pero que a ustedes les pareció correcto porque le dieron la máxima redención extraordinaria permitida por el ordenamiento jurídico; otros 175 días por la calidad literaria de este libro; 117 días por asistir a un curso de redacción literaria, y 86 días más, hasta hacer un total de 600 días de redenciones extraordinarias, de carácter discrecional, por las facultades intelectuales demostradas por el señor De Juana en la participación de determinados cursos. (Un señor diputado: Todavía le quedan dos mil.) Ustedes deben proveerse de legitimidad. (La señora Cortajarena Iturrioz: ¡Sí! ¡Sí!) Ustedes excarcelaron a 82 presos entre los años 1997 y 2003 mediante la aplicación de redenciones equivalentes a 192 años.


En definitiva, señor presidente, solo voy a acabar diciendo que esas decisiones y la situación de De Juana Chaos están convalidadas por dos autos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que usted debe conocer: el auto de 1 de marzo de 2007 y el auto de 25 de abril de 2007, convalidando tanto la progresión de grado como la situación de cumplimiento en la que se encuentra el señor De Juana Chaos. Ustedes convocaron contra estos autos y contra una opinión que debería ser relevante para ustedes -la opinión del presidente de la Sala segunda del Tribunal Supremo, el señor Saavedra, que no es una persona peligrosa, no es ninguna especie de terrorista sedicente, sino un ilustre magistrado que preside la Sala segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, que decía que la actuación de la administración penitenciaria española había sido correcta en relación a lo ocurrido- una manifestación -vamos a hablar de manipulación, y con esto acabo, señor presidente- multitudinaria en Madrid, en donde, por cierto -no vine, no, porque el señor De Juana estaba ausente de esta manifestación-, no se escuchó ningún grito ni eslogan contra la situación penitenciaria del señor De Juana; se escucharon otros eslóganes. Por ejemplo, yo recuerdo algunos: Mariano presidente; Aznar presidente, otro eslogan que se coreó, y otro de carácter macabro, que me cuesta mucho decir en su literalidad: ...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, concluya, por favor.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ:... Zapatero, al foso con tu abuelo. Esos son los eslóganes y las peticiones de algunas jovencitas que, sin ser inquiridas para ello, decían: no somos fascistas, estamos aquí por otra razón.


Mi partido lleva 117 años luchando por las libertades (Rumores.) y para nosotros luchar por las libertades...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: El tiempo está tasado. Lo lamento, usted ya se ha excedido. Concluya, por favor.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... significa no hacer de la política penitenciaria un arma de actuación o de obtención de rendimientos electorales. Esa es la quintaesencia de la democracia. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra, señora Oliva, por favor.


La señora OLIVA I PEÑA: Gracias, presidente.


Después de pasearse unas semanitas por la opa, el Partido Popular vuelve a las andanadas con su tema estrella: De Juana Chaos. Los señores y señoras del Partido Popular vuelven a pedir a esta Cámara que vulneren la división de poderes para inmiscuirnos en los asuntos de la Justicia, además en asuntos zanjados, en expedientes cerrados, y de qué forma tan fea, utilizando a las víctimas una vez más.


El ministro del Interior ya explicó en su momento los motivos, tanto de salud como judiciales, de la situación de privación de libertad de De Juana Chaos. ¿Qué nos reclaman, pues? De Juana Chaos ya cumplió pena; fue conforme al anterior Código Penal, que establecía -y debiera establecer en la actualidad- beneficios penitenciarios. En el caso que nos ocupa, hablamos de 20 años sin salir apenas de las rejas, que es lo que suele ocurrir en casos de presos por terrorismo. ¿No es ello una cadena perpetua? Una vez cumplida la condena según la legislación vigente,

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el Código Penal de 1973, el pasado 12 de febrero, como ustedes dicen, fue condenado a tres años de prisión por el Tribunal Supremo, después de un debate público motivado por la finalización de su condena. Ustedes citan en su exposición de motivos los artículos 90 y 70.2 de la Ley General Penitenciaria, relacionados con los beneficios penitenciarios. ¿Qué beneficios penitenciarios se han concedido? Entendemos que ninguno. En el caso concreto, el juez de Vigilancia Penitenciaria concedió prisión atenuada, después de haber pasado casi dos años en prisión preventiva, debido a su estado de salud y en cumplimiento del reglamento penitenciario. Le quedaba poco más de un año de condena, había cumplido casi dos años de prisión preventiva y su estado de salud era débil.
Repito, ¿qué beneficios penitenciarios encuentran ustedes ahí? Ante estas evidencias, les preguntamos: ¿Qué política penitenciaria quieren ustedes en el caso De Juana Chaos? ¿Cadena perpetua? ¿Pena de muerte? No es que defendamos a De Juana Chaos, lo que defendemos es la legalidad; justicia sí, pero venganza no. Debieran revisar su preciada Constitución y, si no quieren revisarla, tengan claro y respeten lo que establece la legislación vigente que, les recuerdo, ustedes aprobaron. ¿O es que el tema De Juana Chaos es un pretexto? ¿Es que consideran el actual Código Penal y la Ley General Penitenciaria benevolentes? Porque si es así no pierdan más el tiempo, traigan alguna propuesta legislativa en este sentido y no busquen excusas que enmascaran este propósito. Dedíquense a explicar su programa electoral y dejen atrás, aunque sea durante dos semanas de campaña electoral, la crispación y la confrontación, las mentiras y las demagogias a las que nos tienen acostumbrados y, por qué no decirlo, cansados. No sean hipócritas y respeten el Estado de derecho, ese Estado que según ustedes está amenazado, y empiecen por respetar la libertad de voto de las ciudadanas y los ciudadanos vascos.


Déjenme que les haga un apunte, no solo al Partido Popular, sino también al Partido Socialista. ¡Qué curioso, ahora el rey y el presidente nos dan la razón a los de Esquerra Republicana! El escenario de Irlanda, que ahora todos se apuntan a imitar, incluso los dos máximos mandatarios españoles, cuando no hace ni dos días criminalizaban a las fuerzas de izquierda independentistas tanto vascas como catalanas y a sus líderes, que los citábamos, no se consigue sin respetar la libertad de dar pasos a favor de la paz. Esquerra siempre ha demostrado su solidaridad con la izquierda abertzale. El no acercamiento de presos, la aplicación indebida de la Ley antiterrorista y la ilegalización de fuerzas políticas dejando huérfanos electorales a miles y miles de ciudadanos y ciudadanas no son buenas sendas para abonar el diálogo y lograr la paz. Debates como los que se producen constantemente en esta Cámara sobre ETA, De Juana Chaos, Batasuna, la ilegalización de EHAK, etcétera, no contribuyen para nada a llegar a este escenario, el de Irlanda. Si quieren, pueden. Si no están dispuestos, no comparen y no utilicen demagógicamente casos como el de Irlanda, que no son para bromear ni para utilizar electoralmente. Hay demasiado en juego.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oliva.


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Grau.


El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.


Tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar nuestra posición sobre esta proposición no de ley que nos presenta nuevamente el Grupo Popular sobre este asunto. Esta proposición no de ley entró en esta Cámara el 2 de marzo y el 13 del mismo mes celebramos una Comisión de Interior con el ministro, que explicó durante cinco horas, como ya se ha dicho anteriormente, las razones y las actuaciones del Gobierno, que fueron objeto de amplio debate. Entiendo que las dos acciones cabalgan sobre el mismo tiempo, que el debate, que es lo que nos correspondía aquí, ha tenido lugar y que esta proposición no de ley tendría que haber sido retirada. Nuestro grupo entiende que el Gobierno está legitimado para tomar esta decisión. El Partido Popular -ya lo ha recordado algún otro portavoz- llevó a cabo acciones similares durante su Gobierno porque son situaciones legales y legítimas que lo permiten. Nuestro grupo siempre ha manifestado que los temas de terrorismo no son para el Pleno sino que requieren discreción, no ruido, compartir y estar todos juntos frente a esta lacra, a estas fuerzas que hacen de las armas y de los asesinatos su fuerza cuando no tienen la razón. Esta es nuestra fuerza, la fuerza del Estado de derecho, de la democracia y la de estar todos unidos. Nuestro grupo manifestó asimismo en la Comisión con el señor ministro que posiblemente hubo un fallo del Gobierno en la explicación de su actuación, en si lo hizo o no en el momento oportuno y en si lo hizo o no en la forma correcta. Cumplió con el trámite y quedó claro que el Gobierno tenía argumentos suficientes para tomar una u otra decisión. Nuestro grupo valora la defensa de la vida, aunque el desprecio por la misma del señor De Juana Chaos es manifiesto. Tenemos una diferente valoración. Por otra parte, nos sentimos al lado de las víctimas del terrorismo que hoy nos acompañan y las sentimos nuestras. Señores del Partido Popular, no son patrimonio de ustedes sino que las entendemos también como nuestras.


Nuestra posición en este tema siempre ha sido la del diálogo, la del entendimiento y la del respeto a la actuación judicial. En este caso no estamos dirimiendo sobre la pena que corresponde a 25 asesinatos, sino sobre unas declaraciones instando al terrorismo, declaraciones que fueron revisadas y objeto de una condena de tres años que ha tenido una revisión judicial y un entendimiento del Gobierno para atenuar la pena, todo lo cual no nos corresponde a nosotros reiterar en esta Cámara. Lógicamente no podemos estar de acuerdo con la propuesta del Grupo Popular que nos presenta esta proposición no de ley como un sistema nuevo de actuación, una reprimenda al Gobierno o un entendimiento distinto de la actuación judicial. No participamos de los principios contenidos en la iniciativa parlamentaria ni tampoco de los que subyacen en la enmienda que a última hora han presentado.


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Dado que estamos en campaña electoral y se van a celebrar las elecciones municipales en este momento, estimamos que se ha querido patrimonializar o alterar el sentido de esta proposición no de ley. Nuestro grupo no dará soporte a esta iniciativa del Grupo Popular y reitera que el terrorismo debe ser objeto de mayor diálogo y acuerdo. En definitiva, apoyamos al Gobierno dándole nuestro voto de confianza como hemos manifestado en todas las ocasiones.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Grau.


Grupo Parlamentario Socialista. Señor Muñoz.


El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, el Partido Popular traslada hoy al Parlamento su caravana electoral, en un Pleno con varias secuencias donde vamos a poder ver cómo se utiliza hoy un Pleno, la institución parlamentaria, para fines puramente electorales en una actuación que al Grupo Parlamentario Socialista le parece deleznable y sin parangón en la democracia española. (Rumores.) Con este tipo de iniciativas demuestran que les da igual utilizar el terrorismo con fines partidistas, que es lo que vienen haciendo durante esta legislatura.
Saben del daño que crean en la sociedad con este tipo de actuaciones, pero siguen en ello en su estrategia de desgaste al Gobierno. En una estrategia donde curiosamente hay que decir que solo les acompañan los violentos. Señores del Partido Popular, necesitan desesperadamente a los violentos para mantener esta estrategia. Y la actuación que ha tenido hoy el diputado interviniente del Grupo Parlamentario Popular tiene mucho de vileza política en términos parlamentarios. No hay más que mirar a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara para darnos cuenta de que en todos hay reflejo y secuelas de víctimas del terrorismo. Y si mira especialmente en el nuestro, verá cómo hay víctimas del terrorismo sentadas entre nosotros. (Aplausos.)

Señores del Partido Popular, De Juana fue condenado por 25 asesinatos a la pena de 3.153 años, que refundida, en virtud del Código Penal franquista de 1973, se convirtió en una condena de 30 años. Pero fue la negligencia del Gobierno del Partido Popular -como se lo ha dicho el representante del PNV- quien, ofendiendo a las víctimas, concedió redenciones extraordinarias por seiscientos días al etarra De Juana Chaos. Esas redenciones tienen que ver, como se les ha dicho aquí, con una novela que no era sino una apología del terrorismo, que no suficientemente catalogada por ustedes con 175 días de redenciones extraordinarias, la catalogaron con 175 más. Si no, hoy el etarra De Juana Chaos estaría cumpliendo la condena que ustedes le acortaron por las redenciones extraordinarias. (Aplausos.) Fue el Gobierno socialista quien en 2004 hizo una instrucción para poder poner pie en pared en relación con esa actuación suya que permitió el desprecio más absoluto a las víctimas.
Pero esa pena en virtud de las normas del Estado de derecho quedó extinguida, porque el Gobierno, la sociedad y el Parlamento están para respetar el Estado de derecho. Ahora está extinguiendo una pena por un delito de amenazas no condicionadas en concurso con enaltecimiento de terrorismo. Pero les recuerdo que los sujetos de este delito son especialmente la institución penitenciaria y los jueces y tribunales.
Léanse los artículos por los cuales fue condenado. A las víctimas de ese delito por el que está ahora extinguiendo la condena se refieren ustedes vilipendiándolas con este tipo de iniciativas. Porque, si no, no se puede entender la forma en que se están pronunciando en este caso. La junta de tratamiento, señor Ballestero- repase sus papeles-, lo calificó de segundo grado por unanimidad. Esa calificación y esa medida en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario se hace con la conformidad y siendo validada por el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. No hay presos que con una condena única de tres años, como es el caso, estén en primer grado. Su proposición no de ley ofende a las víctimas, que son las amenazadas en este caso por el delito por el que está cumpliendo condena De Juana. ¿O es que ustedes piensan que los médicos del hospital de Madrid, los del hospital de San Sebastián, los médicos forenses, los jueces, el juez de Vigilancia Penitenciaria son todos unos confabulados con el Gobierno socialista? ¿Piensan que la junta de tratamiento es una panda de confabulados contra el Estado? Eso no puede ser así. Pero ustedes siguen en este lenguaje y con este mensaje porque es lo que les interesa. Están manipulando a la opinión pública porque saben que la aplicación del artículo 100.2 no es la aplicación de beneficios penitenciarios. El artículo 202 del reglamento penitenciario establece que solo tienen carácter de beneficio penitenciario el adelantamiento de la libertad condicional y el indulto particular, que no es el caso. Por tanto, se está manipulando.


El segundo apartado de su autoenmienda es todavía peor, porque dicen que pida perdón el Gobierno. Son ustedes los que tienen que pedir perdón contra el Estado de derecho por la actuación que están llevando a cabo.
Señores del Partido Popular, la gente es sabia y siempre apostará por el Estado de derecho. Entre el Estado de derecho y el estado virtual de los que gobiernan el Partido Popular en la calle Génova, se elegirá siempre el Estado de derecho. Para los que están gobernando actualmente el Partido Popular lo único que existe es la capacidad de supervivencia basada en el odio, en el enfrentamiento y en la mentira.


Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Ballestero de Diego pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Dígame, señor Ballestero.


El señor BALLESTERO DE DIEGO: Señor presidente, pido la palabra al amparo del artículo 72.2 del Reglamento, para leer un documento que aclara dos cuestiones que no parecen estar claras en el debate.


El señor PRESIDENTE: Si es un documento legislativo o judicial.


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El señor BALLESTERO DE DIEGO: Es el auto.


Se han dicho dos cosas. Primera, que el Gobierno no tiene nada que ver.
Dice el auto en su parte dispositiva: Acuerdo. Aprobar la propuesta de modelo de ejecución efectuada por la junta de tratamiento del centro penitenciario Madrid VI, ratificada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Primero, decisión del Gobierno. Segunda, se ha dicho que era una prisión atenuada y se pretende confundir.


El señor PRESIDENTE: Lea el texto.


El señor BALLESTERO DE DIEGO: La resolución del auto dice: Después de causar alta permanecerá en su domicilio. Esto es, en cuanto pasen las elecciones por el Gobierno, De Juana en la calle. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. (Número de expediente 173/000193.)

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la pérdida de credibilidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


Para la defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente, en un turno de siete minutos, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


Después de asistir a un debate en el que el Grupo Socialista niega la realidad, voy a presentar una enmienda donde seguro que siguen negando la realidad. He escuchado la intervención del Grupo Socialista y me acordaba de cuando el señor Rubalcaba decía en televisión: Ha sido una decisión mía la de que De Juana se vaya; estaba al borde de la muerte; era para evitar males mayores. Ahora resulta que no era suya, que no era judicial y que no era para evitar males mayores. Señorías, no se puede decir una cosa y la contraria.


Hoy presentamos una moción que también les pone a ustedes en una contradicción. Planteamos cuatro puntos, duros pero claros, que se hacen necesarios tras la situación que se ha generado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la Oficina Económica del presidente Zapatero y que debería estar bajo la responsabilidad del señor Solbes. Este fin de semana, si han leído los periódicos -estoy seguro de que sí- habrán visto que todos estaban llenos de CNMV, Oficina Económica del presidente del Gobierno, etcétera. Voy a empezar con unas aseveraciones que pueden sonar fuertes, pero que son las que estaban en los medios de comunicación: Ha existido corrupción; la corrupción estaba instalada en Moncloa; se ha actuado cuasi delictivamente utilizando el poder contra personas privadas para desestabilizar empresas y hacerse con el control de las mismas; se ha presionado a órganos reguladores y a órganos supervisores, y además se ha presionado para conseguir los objetivos que pretendía el Gobierno; se ha dilapidado el crédito económico de España en el exterior... Señorías, el Partido Socialista está utilizando la conocida teoría del avestruz: esconder al cabeza debajo del ala, negar que pasa algo, decir que no pasa nada y esperar a ver si escampa. ¿Pueden escampar unas denuncias tan graves como las que ha hecho el presidente de la CNMV, que hoy sigue reiterando en los periódicos, donde se habla de corrupción, de manipulación, de presiones, de cucarachas -corrupción- que indican que hay otras muchas cucarachas? ¿Se puede negar un dosier que han confirmado Conthe, Arenillas, el periodista, el propio Solbes? Decía hoy el señor Conthe en un periódico: Yo no dije nunca que lo habían hecho en la Oficina Económica de Zapatero; yo dije que lo trajeron de la Oficina Económica de Zapatero; yo dije que se había transmitido desde la Oficina Económica de Zapatero. Y eso no hay nadie que lo haya negado. ¿Se pueden negar unas actuaciones tan graves como las ocurridas en el asalto al BBVA -lo sabíamos, pero ahora nos lo han confirmado- o en la opa, primero de Gas Natural sobre Endesa, que ha acabado siendo de ENEL?

En la interpelación me refería a cuatro capítulos distintos y todos ellos graves. Oficina Económica de Zapatero: se ha utilizado la oficina para hacer lobby, para actuar como broker, para mangonear en actividades privadas, para decir a empresarios: Aquí los que mandamos somos nosotros, pero no en el Gobierno, sino en empresas privadas y en negocios privados; para decir: Tienen que pasar por mi chiringuito. ¿Y qué hacía el señor Solbes que era el vicepresidente económico? ¿Por qué el señor Solbes no lo cortaba? ¿Por qué el señor Solbes no ponía orden? ¿Por qué el señor Solbes dejaba que esto funcionara y cuando podía evitarlo, sin embargo, no lo hizo? Por ejemplo, en la opa tuvo un momento. Es cuando el Tribunal de Defensa de la Competencia le dice que no autorice la opa y es el señor Solbes quien lleva un informe al Gobierno diciendo: La autorizo en contra del tribunal. Señorías, se ha querido que la Oficina Económica de Zapatero, con la aquiescencia del vicepresidente Solbes, fuera una oficina por la que había que pasar para los negocios, y eso es corrupción.


Segundo punto. Está la CNMV que es responsabilidad del señor Solbes. Si un vicepresidente de la CNMV incurre en incompatibilidad y el señor Solbes no le abre un expediente, hay responsabilidad del señor Solbes. Si hay un vicepresidente en la CNMV que usa su cargo para tráfico de influencias, para colocar a su hermano en una empresa supervisada, para que la empresa de la cual procede pueda hacer negocios con aquella con la que va

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a cenar, es responsabilidad del señor Solbes si no abre expediente. Es responsabilidad del señor Solbes que funcionen los órganos reguladores y, en este caso, el órgano supervisor, porque él ha nombrado a todos, desde el primero al último, los miembros de la CNMV: al presidente, al vicepresidente, a los tres vocales y a los dos natos, al subgobernador del Banco de España y a la directora general del Tesoro. Y ya no hablo de la cena porque eso ya es obsceno. El señor Arenillas ha pedido perdón, pero es que ya se ha puesto de unidad de medida la botella de vino. Las viudas van a pedir para su pensión lo que vale la botella de vino del señor Arenillas, que es el doble de a lo que asciende una pensión de viudedad.


Tercero, el nuevo clan de la beautiful de Zapatero alrededor de Intermoney. (Rumores.) Hay un nuevo clan; está en la prensa, están haciendo negocios al amparo del PSOE. Y de la opa ni hablamos, señorías.
Se empieza con Gas Natural y se acaba con una empresa pública italiana.
Se desestabiliza presionando a los órganos reguladores y todo ello presidido por el señor Solbes, que es el vicepresidente económico, que hoy no está, que el otro día no estaba contestando a las preguntas, que esta tarde viene a una hora a la que ya no hay prensa, que se está escondiendo porque es responsable. Nosotros pedimos la reprobación del señor Solbes por omisión y por acción, no solo por hacer de don Tancredo -en eso me darían la razón todos los periódicos-, sino también por acción, porque está incumpliendo sus mínimos deberes de responsabilidad, como los ha incumplido siempre. Por eso ha tenido líos siempre por donde ha pasado. Tuvo líos en 1995 con unos expedientes de Hacienda, tuvo líos en la Comisión Europea, y siempre por no cumplir con sus responsabilidades. Pedimos que se cierre de manera inmediata la siniestra oficina del señor Zapatero, porque en un país democrático no hay que tener oficina para que la gente pase por ahí a ver qué hay de lo mío. Eso es corrupción dirigida por el presidente Zapatero. Pedimos que se cese de inmediato al señor Arenillas, aunque sea por un mínimo de dignidad de la clase política.


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, termine.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Pedimos que el señor Sevilla -acabo- cumpla con lo que dijo en el código del buen gobierno y haga un informe sobre el comportamiento de los que han participado en los casos Conthe y CNMV.


Señorías, la corrupción ha llegado nuevamente con el PSOE, la corrupción está en Moncloa y el responsable se llama Solbes.


El señor PRESIDENTE: Termine, por favor.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Asuman ustedes sus responsabilidades.


Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Turno de fijación de posiciones.


Grupo Mixto. Señor Rodríguez, cinco minutos.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Es un debate que tiene mucho que ver con las guerras de familia. Es una pena que la discusión no se centre en el funcionamiento del sistema económico respecto a la concentración oligopólica a la que está llegando y al proceso de trasnacionalización que hay en la Unión Europea. Si centrásemos el debate en estos términos, sin duda alguna sería más productivo desde el punto de vista social y político, aquellos que no participamos de las familias podríamos tener una posición clara y contundente, y seguramente habría una diversidad de opiniones en este Pleno del Congreso de los Diputados. Pero cuando se nos obliga a debatir sobre un conflicto en el que subyacen intereses económicos y hay unos protagonistas que, vuelvo a repetir, pertenecen a familias muy determinadas, el Bloque Nacionalista Galego, que no pertenece a esas familias, se ve excluido de ser connivente con alguna de las partes.


Vamos a analizar la cuestión en concreto. No nos cabe la menor duda de que en el terreno de la economía confluyen muchos personajes que participan directa o indirectamente en política entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. El señor Solbes es un buen ejemplo de persona flemática que no llega nunca en sus posicionamientos políticos a confrontarse con la clase empresarial o las simpatías ideológicas y políticas de empresarios en el Estado español y aboga por un buen entendimiento entre todas las partes. Vimos su posición con las opas.
Pero cuando el conflicto llega a ser tan agudo que, a pesar de los intereses en juego, todos defienden el mismo sistema y parece que tiene que haber vencedores y vencidos, sin duda la vida política palidece. No entendemos por qué razón el Partido Popular, a raíz de estos sucesos, quiere llevar las cuestiones hasta el extremo de hacer inviable la Oficina Económica del presidente del Gobierno, como tampoco entendemos que quiera convertir todo en el problema de una bestia negra que se llama el señor Arenillas. Ninguno de los miembros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores es autónomo ni independiente; creer otra cosa sería tomarnos por imbéciles. El problema es que habría que exigirles a todos que guardasen las formas, que fuesen correctos en sus actuaciones y que obrasen, aunque tendenciosamente, con argumentaciones que se sustentasen ética y formalmente. En todo caso, son debates de carácter subjetivo.


La otra semana todo el Congreso de los Diputados mayoritariamente, a excepción del Partido en el Gobierno, apoyó que había que reformular la forma de elegir la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A ese objetivo nos seguimos apuntando, pero al objetivo de participar en posicionamientos -vuelvo a repetir-, en quién es connivente con quién, nos parece que no solamente es absurdo, sino contraproducente. Para ello

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el Grupo Popular no contará con nuestro voto y, mucho menos, cuando al debate político que intentan magnificar sin entrar en el fondo de la cuestión, que es lo grave, lo acompañan de iniciativas de carácter judicial. Por tanto, señorías, el Bloque Nacionalista Galego se va a mantener al margen de esta liorta que, repito, tiene una causalidad de fondo que sería interesante analizar y no reducirlo a este drama de villanos y gentes honorables, que en absoluto pensamos que sea así.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.


Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


En la CNMV ha pasado alguna cosa y, ante lo que ha pasado, a nuestro grupo no le vale quedarnos de brazos cruzados y obviar o banalizar lo que viene pasando. Por eso mantenemos lo que decíamos la semana pasada: adecuar ese órgano regulador a un modo de elección que garantice la independencia; por eso hoy decimos lo que decíamos la semana pasada y por eso hoy decimos lo que decíamos cuando se aprobó la ley, y es que el Parlamento tiene que nombrar al presidente de la CNMV. Aquí hacemos un ejercicio de coherencia con lo que siempre hemos dicho y siempre hemos hecho. No nos vale quedarnos de brazos cruzados ante lo que ha pasado, pero tampoco nos vale el desgaste por el desgaste ante una crisis como la que hemos vivido en la CNMV. El mal funcionamiento de los últimos días puede tener muchas razones, pero la razón principal y poderosa es la ley en que se fundamentan los nombramientos de la CNMV; una ley cuyo diseño aprobado por el Partido Popular vemos que hoy rectifican, pero que cuando discutíamos cómo tenía que funcionar la CNMV avalaban que el Gobierno decidía y la independencia no se garantizaba. Tenemos que conseguir la independencia, pero en ningún caso puede ser neutralidad. Independencia significa que sea el Congreso de los Diputados el que elija los miembros y el presidente; independencia significa que no exista un derecho de veto por el principal partido de la oposición a la hora de escogerlos; e independencia significa no solo respecto al Gobierno sino precisamente a aquellos que regula. A nuestro grupo le preocupa más la falta de independencia respecto a los regulados que al Gobierno, y precisamente eso es lo que tenemos que abordar. Hoy podemos decir que no nos gusta que el Gobierno se quede de brazos cruzados, que no nos gusta que el Gobierno no cumpla con sus compromisos electorales. Nos gustaría que el Gobierno liderara un cambio en el marco legislativo de la CNMV y que los nombramientos pudieran efectuarse por el Congreso. Pero nos gusta menos aún el papel de aquellos que hoy reclaman lo que a nosotros nos negaron -en el año 2002 se nos negó precisamente lo que aprobamos la semana pasada-, nos gusta menos aún el papel de aquellos que intentan aprovechar lo que ha pasado en la CNMV para decir lo que no habían dicho hasta el momento, y es que la moción desde el primer punto hasta el último intenta el desgaste por el desgaste del Gobierno, no intenta avanzar y cambiar el marco regulador para conseguir la independencia real y efectiva ante los regulados. Hoy se ponen a criticar al ministro señor Solbes -señor Martínez-Pujalte, yo se lo he oído en sus palabras-, ministro al que ustedes han loado. (El señor Martínez-Pujalte López: ¡Don Tancredo!) El objetivo de la moción es pura y estrictamente el desgaste electoral, y en ello nosotros no entramos. Nosotros entramos a transformar la realidad y a modificar el mal funcionamiento, pero no vamos a caer en la trampa de ese discurso claramente electoral de paro y corrupción, que es precisamente el signo de su moción y de su intervención. El Gobierno tiene que articular la política económica desde la Oficina del presidente del Gobierno, de Moncloa, claro que sí, y el Gobierno tiene que tener liderazgo en este caso para garantizar, en definitiva, que aquello que está en el programa, aquello que era un compromiso de todos cuando estaban ustedes en el Gobierno y que negaban, que era precisamente que los miembros de la CNMV se eligieran desde el Congreso, pueda efectuarse de esta manera. Por eso decimos que no les vamos a seguir el juego. El problema de fondo es cómo avanzamos en el mejor funcionamiento de la CNMV. La realidad no es la que ustedes describen. El juego que aplican en campaña electoral y fuera de ella -todo hay que decirlo- es el desgaste por el desgaste, y nosotros no vamos a entrar en esa moción del desgaste por el desgaste.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, desde que el señor Conthe cobró máxima notoriedad pública denunciando supuestas irregularidades en el funcionamiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y condicionando su dimisión a su comparecencia pública ante la Comisión de Economía del Congreso, el tema de la CNMV ha pasado directamente a la agenda política del Partido Popular y de su grupo parlamentario. Son ya múltiples la iniciativas que en torno a este asunto ha presentado el PP: comparecencia, proposición no de ley, interpelaciones múltiples, preguntas en Pleno, hoy esta moción y a la tarde continuarán con más preguntas en el Pleno. Si no conociéramos sus intenciones, daría la sensación de que de verdad quieren llegar al fondo de la cuestión para recuperar el buen funcionamiento, el prestigio y la credibilidad de la CNMV, pero a nuestro juicio, señores del PP, ustedes están instrumentalizando y magnificando de manera demagógica las denuncias realizadas por el señor Conthe con el fin de obtener réditos electorales. No seré yo quien les diga cómo deben convencer a los ciudadanos españoles para que les voten -cada uno hace la política como entiende que debe hacerla-, lo único

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que les digo es que con este asunto de la CNMV están ustedes en clave electoral, y esa clave electoral les lleva a proponer cosas un tanto desmedidas como las que recoge la moción que estamos debatiendo. Si la moción hubiera ido en otros términos posiblemente hubiéramos llegado a un acuerdo. De esta manera, en un primer momento pensamos en el Grupo Vasco que sería oportuno presentar una enmienda que recondujera la moción a términos razonables, pero posteriormente desechamos esa opción porque la distancia entre lo que plantea su moción y nuestra posición es prácticamente insalvable. Con la información disponible hasta el momento, plantear como ustedes hacen la reprobación del vicepresidente segundo y ministro de Economía me parece realmente impresentable. ¿Creen de verdad, señores del Partido Popular, que se puede solicitar la reprobación de un miembro del Gobierno amparándose en indicios, sospechas y rumores? ¿Lo creen de verdad? Eso es desestabilizar, eso es aplicar la regla del todo vale, como cuando no hace mucho se equiparaba nacionalismo con terrorismo. No todo vale, señores del Partido Popular. También hay que ser serio en política; no se puede y no se debe jugar con los sentimientos de los ciudadanos. Hay que utilizar criterios éticos en la política, y solicitar la reprobación de un vicepresidente sí puede afectar a la imagen y a la seguridad jurídica. Con su propuesta están haciendo un flaco favor a la credibilidad de las instituciones.


Plantean en el punto 2 instar al presidente a que cierre la oficina económica. Si instaran al presidente del Gobierno a depurar responsabilidades políticas, si las hubiere, y a que informara con detalle sobre el comportamiento y los pasos dados por los responsables de la oficina económica en lo relativo a las denuncias realizadas por el señor Conthe, nuestro grupo parlamentario les podría apoyar, pero decirle al presidente si debe tener o no en Moncloa una oficina económica, aparte de que no nos parece importante, es una cuestión organizativa que afecta exclusivamente al Gobierno. Igualmente he de decirles con sinceridad que nos parece un tanto prematuro instar al cese del vicepresidente señor Arenillas, porque sería preciso conocer con detalle previamente su papel en el proceso. Si de las pruebas se derivan responsabilidades políticas sería el momento de exigirlas con toda seriedad. No negamos desde el Grupo Vasco que se puedan exigir responsabilidades políticas, pero creemos que hay que exigirlas con más pruebas; si en un futuro -insisto- las pruebas evidencian responsabilidades habrá que exigirlas. Pero no nos pongamos nerviosos antes del 27 de mayo, porque también podemos seguir trabajando después de esa fecha. Invitamos al Grupo Popular a presentar iniciativas consensuadas para ahondar en lo que ha pasado en la CNMV y buscar soluciones efectivas.


El punto 4, señores del Partido Popular, nos parece más sensato y sosegado. Conforme al punto 4 del código de buen gobierno, el ministro de Administraciones Públicas podría y debería informar sobre los eventuales incumplimientos de los principios éticos y de conducta realizados por los responsables de la CNMV e iniciar un proceso de depuración de responsabilidades en la medida que se detecten irregularidades al respecto. Este camino podría ser acertado. El propio Gobierno tendría que estar interesado en aclarar lo que realmente ha ocurrido -en nuestra opinión lo debe hacer-, asumiendo lo que tenga que asumir. No se puede permitir que la sospecha y la especulación campen sobre asuntos de esta índole sin hacer nada. El Gobierno tiene la gran responsabilidad de explicar a fondo lo que ha ocurrido. Con nuestro voto en contra a esta moción no estamos protegiendo al Gobierno. Muy al contrario, al Gobierno le exigimos transparencia y explicaciones. Con nuestro voto en contra estamos rechazando una propuesta maximalista, electoralista y demagógica.
Si quieren debatir, señores del Partido Popular, hagámoslo con serenidad a partir del 27 de mayo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Grupo Parlamentario de Esquerra, señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo brevemente porque creemos que el contenido de la moción, con todo respeto, no merece más comentarios que los que de forma sucinta voy a exponer ante esta Cámara. Les avanzo que no daremos apoyo a la moción presentada por el Partido Popular, de la que incluso nos avergonzamos por su poca rigurosidad. Señores del Partido Popular, señor Pujalte, no me equivoco si les decimos que no están en condiciones de dar lecciones ni al Gobierno ni a nadie de cómo se utiliza la Comisión Nacional del Mercado de Valores u otros organismos de carácter parecido.
El Partido Popular dio lecciones de cómo se hacen las cosas, pero nosotros estamos en condiciones y tenemos todo el derecho a recordar, cuando existe tanto oportunismo, su papel en el intento de opa de Gas Natural con Iberdrola y su implicación directa para evitar que Gas Natural pudiese configurar un gran grupo eléctrico, toda una lección de neutralidad y de intentar influenciar de forma negativa al mercado buscando la manera de poder beneficiar mejor a según quién. Todo esto estuvo empañado por aquello que durante meses y meses hemos ido denunciando: crear el escenario más oportuno y las condiciones objetivas más adecuadas para que se pudiera llevar a cabo el hostigamiento permanente en el tránsito parlamentario previo, durante y posterior a la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por un cierto rigor científico de análisis nosotros no vamos a descontextualizar las situaciones. Además, aunque queda un poco lejos, también podríamos recordar Gescartera, todo un ejemplo de comportamientos absolutamente impresentables llevados a cabo por personas no ajenas al Partido Popular en un órgano como la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este es un organismo que debe ser independiente, pero cuando ustedes tuvieron responsabilidades de gobierno se podía predicar respecto a él cualquier cosa menos que era independiente e imparcial.


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Para referirnos al trasfondo de su moción, acaso sirva recordar aquella frase castellana que sería extraño que no se le hubiera ocurrido a algún diputado igual que se le ha ocurrido a este que les habla: Piensa el ladrón que todos son de su condición. Sin embargo, debo darles la razón en una cuestión, y es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores es un organismo falto de credibilidad en estos momentos. Esta situación no es novedosa pues se viene dando desde hace tiempo, desde que ustedes gobernaban. Es por ello que hace escasos días dimos nuestro apoyo a una proposición en origen del Grupo Parlamentario Popular, en la que se proponía que el presidente de la comisión fuera escogido por una mayoría de los representantes de esta Cámara -esto le daría mayor imparcialidad-, como ocurre con los miembros de otros organismos reguladores. No obstante, no es desacertado pensar que la comisión debe sufrir un cambio profundo para que vuelva a ser un órgano respetado, imparcial y que merezca total credibilidad. Como ya hemos apuntado algunos grupos, también es deseable que las comunidades autónomas puedan participar en la elección de sus miembros, es decir, que exista una mayor pluralidad en su composición. Ahora bien, ello no se conseguirá con la actitud del Grupo Popular, pues su comportamiento tanto en este como en otros temas dista mucho de ser la actitud responsable de un partido que pretende ser de Gobierno -ojalá no ocurra nunca- y pretende hacer políticas de Estado. Su actitud merece más bien el calificativo de impresentable, si no de irresponsable, y en este caso puede afectar a la buena marcha de la economía del Estado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Vilajoana.


El señor VILAJOANA ROVIRA: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, no vamos a apoyar esta moción que nos propone el Grupo Popular, y no lo vamos a hacer porque no estamos de acuerdo con las medidas concretas que pretende para solucionar un tema que compartimos. Señor Martínez-Pujalte, con mucho afecto tengo que decirle que nosotros no estamos en campaña en Madrid, mientras que ustedes sí se juegan cosas aquí. En cualquier caso, repito que no la vamos a apoyar.
Sin embargo, señor Martínez-Pujalte, compartimos que el comportamiento del Gobierno, de la CNMV y de su presidente, señor Conthe, en todo lo sucedido en torno a la opa de Endesa ha hecho que el organismo regulador del mercado de valores esté atravesando la etapa de mayor descrédito desde su creación, lo que sin duda ha afectado a la imagen internacional del Gobierno y de sus organismos económicos y ha sido mal visto por la prensa internacional y los mercados. También tengo que decirle, señor Martínez-Pujalte, que en algún momento, a partir de la primera opa de Gas Natural sobre Endesa, algunas manifestaciones de algún político de su grupo tampoco fueron en absoluto afortunadas. La teoría de que era mejor alemanes que catalanes, como catalán pero también como ciudadano de este país no me pareció la más adecuada ni la más clarificadora de lo que queremos y nos merecemos desde el punto de vista económico.


Dicho esto, queremos profundizar en un tema que nos parece grave. Ya dijimos el pasado día 3 de mayo en la comparecencia de don Julio Segura, y en la anterior del señor Conthe, que el prestigio de la CNMV estaba bajo mínimos y que lamentábamos que no se aprovechara la dimisión del señor Conthe para afrontar una renovación en profundidad de la comisión.
Reprochábamos al Gobierno que no aprovechase esta ocasión para recuperar para la CNMV credibilidad, independencia y solvencia, con el nombramiento de su presidente y de su vicepresidente consensuado en esta Cámara e incluso aprobado por este Parlamento. El Gobierno no lo ha hecho y entendemos que ha sido un error. Por ello el pasado 8 de mayo apoyamos claramente, como otros grupos -se aprobó y estamos satisfechos de que así fuera-, una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular con una enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que nosotros también apoyamos, en la que se explicitaba que el Gobierno en el año 2007 nos tiene que proponer un mecanismo, una ley, que permita la modificación de la elección del presidente y del vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de manera que sean nombrados por una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados; que explicite que el presidente y la comisión estarán controlados parlamentariamente por la Comisión correspondiente de este Congreso de los Diputados, y que regule que el presidente y el vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrán ser cesados en sus cargos por mayoría cualificada del Congreso de los Diputados en caso de incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso. Por tanto, estos son mecanismos que van por el buen camino para reconstruir esta imagen y solvencia que creemos imprescindibles.


Nuestro grupo se abstuvo en la comparencia del señor Segura, aceptando y reconociendo su solvencia, su competencia y su experiencia, aunque entendíamos que no daba el nivel adecuado de independencia del Gobierno.
Además, marcaba una línea de continuidad que nosotros no considerábamos positiva, ya que pensábamos que era mucho mejor -repito- que se hubiese afrontado una renovación global. Por otro lado, solicitamos el 27 de abril y el 3 de mayo al señor Segura que presentara a esta Cámara las actas a las que aludía el señor Conthe, en las que se reflejaba la presión o la intromisión del Gobierno en decisiones que se estaban adoptando en la CNMV. Hemos pedido estas actas al señor Segura, se las vamos a volver pedir y sobre ellas vamos a trabajar. También queremos avanzar y que el señor Segura avance en la denuncia que efectuó el señor Conthe, el día de la toma de posesión del señor Segura, respecto a que la Oficina

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Económica del presidente había presentado un informe sobre el actual presidente del BBVA. Nosotros queremos investigar estos temas y vamos a pedir al señor Segura que nos informe adecuadamente. Repito que nosotros no damos por concluido este tema. Creemos que sus propuestas no van en la línea con la que debemos afrontar la solución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sino que deben ir por la línea de la independencia, la credibilidad y el trabajo transparente que desde este Congreso seremos capaces de efectuar, sin -repito- las soluciones que usted propone, querido señor diputado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vilajoana.


Grupo Socialista, señor Torres.


El señor TORRES BALAGUER: Gracias, señor presidente.


Señorías, en medio de una campaña electoral, el Grupo Popular trae a esta Cámara el debate de una moción que tiene como objetivo tender una cortina de humo sobre la buena marcha de la economía española. Si recordamos las predicciones del Grupo Popular cuando se constituyó el actual Gobierno está claro que no puede tolerar que la economía española vaya mejor que bien. Las predicciones eran muy negras. Sin embargo, según los datos del primer trimestre avanzados por el INE tenemos un crecimiento económico del 4 por ciento, una inflación que ha bajado al 2,4, un empleo que crece, la inversión extranjera en cartera que superó el año pasado el 30 por ciento, con más de 184.000 millones de euros, y una serie de indicadores -el IBEX a la cabeza- que hacen pensar que las cosas se están haciendo razonablemente bien. Por tanto, estas nubes son de interés exclusivamente partidista. ¿Qué ocurre? Que aquí todo vale. Cómo no va a valer, cómo no se va a utilizar la CNMV si ya se han utilizado cuestiones tan delicadas como el 11-M o la política antiterrorista. El buen hacer del vicepresidente queda claro. Él ha dicho en esta Cámara que el éxito es de todos: del Gobierno, de esta Cámara, de los agentes sociales, de todo el mundo; pero no, para ustedes esto no es suficiente.


¿Qué argumentos utilizan en esta moción para pedir la reprobación? Están utilizando los argumentos que ha traído a esta Cámara el ex presidente de la CNMV. Quiero recordarles que pretendió venir aquí a dimitir vulnerando el procedimiento de esta Cámara, el presidente de la Comisión se opuso, y ahí comenzó la cortina de humo acusándonos de querer ocultar, de querer impedir que se dijera lo que se tenía que decir, lo cual no fue así porque compareció libremente en esta Cámara. En la Comisión de Economía dijo que no tuvo ninguna presión y que simplemente dimitía porque discrepaba de una decisión relacionada con la OPA ENEL-Acciona-E.ON porque se sintió solo, pero también dijo que el resto de los consejeros argumentaron solidamente. (El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.) Lo único que argumentó fue esto que les acabo de decir. Al mismo tiempo pidió la dimisión del vicepresidente por diversos motivos. Como no lo consiguió, cuando tomó posesión el nuevo presidente, el señor Segura, volvió a hacer unas manifestaciones según las cuales se le había entregado un presunto dosier. Pues bien, este dosier fue cerrado 72 horas después de su aportación por el registro oficial de la CNMV, y asimismo el señor Conthe dijo que actuó con total independencia y sin ningún tipo de presión. Por tanto, los hechos son los hechos y lo que ha traído aquí el Grupo Popular son historias sin ningún fundamento objetivo. La moción dice que por una parte el vicepresidente ha estado pasivo y por otra parte se le pide que actúe en la CNMV, lo cual supone una contradicción esperpéntica. Conforme a lo regulado en los estatutos que como organismo independiente posee, en relación con cualquier hecho grave que se detectara en el funcionamiento de la CNMV sería la propia comisión la que tendría que instar este procedimiento para juzgar estos hecho graves y no el vicepresidente. Repito que es una contradicción esperpéntica decir que es pasivo y al mismo tiempo que actúe. Como ha dicho otro portavoz, el ladrón piensa que todos son de su condición. (El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.) No es posible que el vicepresidente actúe en la CNMV; no es posible, se han pasado totalmente. Al mismo tiempo piden que se cierre la Oficina Económica del presidente simplemente porque su ex director es candidato en esta campaña. No hay ni un solo argumento, ese es el único motivo. Ustedes están elevando esta crítica hasta lo imposible de justificar. Le recuerdo que usted la semana pasada llegó a decir que se estaba engañando, que se estaba haciendo fraude fiscal con la Sicav, lo cual es tremendo. Tenga en cuenta usted que las instituciones de inversión colectiva en este país tienen 9.200.000 partícipes con la misma tributación. ¿Cómo puede usted acusar? Esto sí es crear incertidumbre y sembrar dudas sobre el funcionamiento del sistema económico español.
¿Cómo puede decir que un señor que cumple escrupulosamente la ley está cometiendo fraude fiscal y que tiene la misma regulación que 9.200.000 españoles. Esto es el todo vale.


Señorías, debe rechazarse rotundamente esta moción porque se basa en la interpretación partidista y sesgada de las recientes manifestaciones del ex presidente de la CNMV, que les recuerdo que son contradictorias con las que ha pronunciado en esta Cámara y que son las que deberían tener valor para estos parlamentarios que defienden el interés general. Con ello lo único que hacen ustedes es poner en cuestión la objetividad y la profesionalidad de los actuales responsables de la CNMV, y en el camino intentan ensombrecer los éxitos de la economía española. ¡Vaya patriotas! (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.


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DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LA CARTA MUNICIPAL DE BARCELONA.
(Número de expediente 173/000194.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre el cumplimiento de los compromisos de la Carta Municipal de Barcelona. Para la defensa de la moción, por un tiempo de siete minutos, interviene en nombre del grupo proponente el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.


Señorías, Convergència i Unió trae hoy a votación ante el Pleno de la Cámara siete puntos concretos que afectan de manera directa a la ciudad de Barcelona y que nuestro grupo parlamentario entiende que deben impulsarse con un ánimo decidido de que se cumpla lo que en la ley se aprobó por unanimidad en esta misma legislatura, una ley que hace más de un año que está publicada en el BOE y que no se cumple. En el primer punto pedimos su cumplimiento en materia de justicia de proximidad. Basta ya de deslealtades. En justicia de proximidad se está produciendo una deslealtad a los compromisos adquiridos en esta Cámara. Saben SS.SS. que la Ley por la que se regula el régimen especial del municipio de Barcelona se aprobó y se publicó en el BOE el 14 de marzo y saben que dos meses antes de que se aprobara la ley ya teníamos en esta Cámara el proyecto de ley para hacer efectiva la justicia de proximidad. Se nos dijo entonces: No estará en la Ley por la que se regula el régimen especial del municipio de Barcelona, estará en una ley general. Estará en una especie de café para todos que, al final, lo que provoca es que Barcelona no va a tener esa justicia de proximidad. ¿Qué pedimos? Simplemente, que acordemos el compromiso de que en esta legislatura vamos a aprobar el proyecto de ley que entró en la Cámara hace más de un año y que lleva más de sesenta prórrogas, lo que demuestra por parte del grupo mayoritario una voluntad de no tramitarla. Nosotros decimos que esto es un fraude al compromiso adquirido y, por tanto, pedimos que se vote ese compromiso, porque el propio Gobierno municipal de Barcelona, en sus revistas, decía que íbamos a tener ya los diez juzgados de proximidad en cada uno de los distritos. (Pronuncia palabras en catalán.) Ni uno vamos a tener; no en todos, en ningún distrito, porque no se cumple ese compromiso. Nosotros pedimos que se cumpla. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)

Pedimos también que se concrete de qué cesión de impuestos vamos a hablar cuando Barcelona tenga ese régimen financiero especial. ¿De qué estamos hablando? El anterior alcalde, señor Clos, dijo: 30 por ciento del IVA, 20 por ciento de los impuestos especiales, 10 por ciento del IRPF. ¿Cuál es la propuesta del actual alcalde de Barcelona, señor Hereu? No existe.
Por dos veces, en el debate de la interpelación se le pidió al señor Sevilla que concretara la propuesta de cesión que le ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, y el señor Sevilla no pudo contestar porque no había ninguna propuesta concreta, como sí había existido anteriormente por parte del señor Clos. Por tanto, doble lenguaje: en Barcelona, ambiciosos; aquí, conformistas. Aquí conformistas porque conformista es -y no es electoralista, señor Fernández, es conformista- la posición que hoy defiende el tripartito reeditado. Hoy tenemos aquí un tripartito reeditado con una enmienda conjunta que no habla para nada de la justicia de proximidad. Si simplemente tenemos que comprometernos. ¿Es que no están de acuerdo en que se concrete que vamos a aprobar en esta legislatura lo que era un compromiso y una lealtad? No estamos de acuerdo porque ni lo citan. Hablan de fomentar y promover, que todo está bien, que se está desarrollando y se desarrollará más. Y no hablemos de electoralismo, porque electoralista sí que fue el alcalde Hereu pactando una cesión condicionada del castillo de Montjuïc en el último momento.
Por cierto, la Carta de Barcelona prevé la cesión de inmuebles propiedad del Estado. Pues bien, ustedes pactan unilateralmente esa cesión y hoy pedimos -veo al señor Ramón, de Esquerra Republicana, y al señor Herrera, de Iniciativa per Catalunya- la cesión sin condiciones. Ustedes tampoco quieren esas condiciones en Barcelona, pero aquí ni hablan de ello; aquí simplemente votan que todo está bien, que seguiremos avanzando. Esto para nosotros es claudicación, es conformismo. Si piden allí que se produzca esta cesión sin condiciones, vótenlo hoy aquí. También pedimos, tanto Convergència i Unió como una gran mayoría en la ciudad de Barcelona, que se cumpla el compromiso reiterado de ceder gratuitamente al ayuntamiento suelo público que ahora es propiedad de la Administración General del Estado y ponemos dos ejemplos concretos: el cuartel del carrer Roger y el cuartel del Bruc. Este último se podría destinar evidentemente y vincular a los campus universitarios que están en esa zona. Pedimos esa cesión y también el compromiso que habíamos adquirido en hacer en la Guardia Urbana los cambios necesarios para que pueda ser policía de seguridad, policía asistencial y policía administrativa y judicial. En Barcelona todos defendemos estos compromisos y nos gustaría hoy poder coincidir en esa defensa, porque si los defendemos allí, es bueno impulsarlos aquí.


El momento actual es de compromiso, porque la Carta se ha aprobado con esa unanimidad. Lleva ya un año y no se desarrolla con los ritmos y calendarios que estaban previstos. Ante ese no desarrollo, este Congreso tiene la obligación moral de pedírselo al Gobierno y a la propia Cámara, reafirmándonos en la necesidad de no ampliar más el plazo de enmiendas al proyecto de ley por el que se regula la justicia de proximidad y de que este se tramite. Hay meses suficientes para hacerlo y para dar esa respuesta que el Ayuntamiento de Barcelona y la sociedad en Cataluña piden. Por tanto, con esta moción, con estos seis puntos, pedimos lealtad, coherencia y sobre todo que al final la ley que se aprobó no quede en

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letra muerta, en una proclamación genérica que no se plasma en realidades concretas. No hay justicia de proximidad, no hay régimen financiero, no hay una nueva concepción de la Guardia Urbana. ¿Qué nos queda? No nos comprometemos a ceder inmuebles. ¿Habremos hecho el esfuerzo en balde? Esperemos que no. Convergència i Unió pide coherencia y que todos los que votaron esa ley voten hoy esta moción, que no va contra nadie sino a favor de la ciudad de Barcelona y de los compromisos que se adquirieron.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señor Jané.


Se han presentado tres enmiendas. Comenzaremos por la del Grupo Parlamentario Socialista y será la señora Malaret quien la defienda en su nombre. (Pausa.) Señora Malaret, ¿no es usted quien defiende esta enmienda? (La señora Malaret García pronuncia palabras que no se perciben.) Señora Malaret, se defienden por orden de presentación de las mismas y el Grupo Socialista ha sido el primero en presentarla y, por tanto, es su turno. Si lo desea, la defiende y si no me lo dice. (Pausa.) Adelante, cuando quiera.


La señora MALARET GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, tenía una confusión sobre el trámite. La Ley por la que se regula el régimen especial del municipio de Barcelona fue aprobada tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado por unanimidad. Este amplio respaldo parlamentario, esta unanimidad, especialmente significativa en un contexto político como el de la actual legislatura, es el fruto de un doble consenso: primero, un consenso trabado en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona y, luego, un consenso construido en esta Cámara mediante el trabajo de todos los grupos parlamentarios; un consenso basado en el pragmatismo y en el gradualismo en la implementación de las propuestas y los compromisos alumbrados con la ley de régimen especial, pero los compromisos están en la ley, y no los innova ni les aporta nada la moción que hoy presenta el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Precisamente en aras de este pragmatismo y de este gradualismo el plenario del Ayuntamiento de Barcelona de 17 de junio de 2005, en el que se aprobó el anteproyecto de ley, adoptó el acuerdo de crear una comisión especial para el desarrollo de la Carta Municipal de Barcelona con la finalidad de estudiar, hacer propuestas y hacer el seguimiento de la implementación de las medidas contempladas en la ley.
En los anexos que acompañan al acuerdo y que debe conocer el señor Jané ya se explicitaba claramente que el desarrollo de la Carta debería acompasarse con el desarrollo de las previsiones estatutarias recogidas en el, en aquel momento, proyecto de Estatuto de autonomía y por ello se aludía a la necesidad de analizar las repercusiones de los distintos textos aprobados en procesos que previsiblemente iban a transitar casi en paralelo. Esa visión de conjunto era especialmente necesaria con relación a los modelos de financiación. Era ineludible, puesto que nadie en su sano juicio puede pensar que quepa establecer un sistema de financiación para Barcelona al margen del sistema de financiación de la Generalitat de Catalunya, del sistema de las comunidades autónomas y de las haciendas locales, de la Ley de Haciendas Locales de ámbito español y de la ley catalana. Por ello, tanto la ley que se aprobó en el Parlament de Catalunya como la que aprobamos aquí contemplan un juego de remisiones para acompasar las reformas necesarias.


Pues bien, si, como hemos visto, el consenso, el gradualismo y el pactismo presiden hasta la fecha los pasos realizados, puede entonces entenderse que cause gran sorpresa la actuación unilateral de Convergència i Unió.
Seguramente solo las urgencias electorales explican la precipitación de la moción que hoy debatimos. Permítanme preguntarles, señores de CiU, si realmente creen que este oportunismo es conveniente para los intereses de Barcelona y de sus ciudadanos, si apartarse del consenso y del gradualismo es fructífero en términos no de réditos electorales, sino de rendimientos institucionales, pero seguramente esto último no está contemplado en la moción que hoy nos ocupa. ¿De verdad, señor Jané, usted cree que la tarea de un ministro en este Congreso es desvelar las propuestas que le hace un alcalde? ¿Por qué no lo pregunta directamente el señor Trias en el Ayuntamiento de Barcelona? Además, tranquilo, lo podrá continuar haciendo como jefe de la oposición después de las próximas elecciones. (Aplausos.)

Es una moción cuya precipitación aparece nítidamente cuando se lee su contenido y se contrasta con lo que se ha avanzado, sobre todo si recordamos, como bien sabemos todos, que hace poco más de un año se publicó la Ley por la que se regula el régimen especial del municipio de Barcelona, el 14 de marzo de 2006, y en este corto periodo de tiempo, sobre todo si pensamos en el tiempo de las instituciones y no en el de los pimpampum electorales, se ha recorrido un camino no despreciable. No hemos perdido el tiempo en discusiones estériles, hemos avanzado y el avance es todavía más apreciable si tomamos como referencia lo que ocurrió después de haber aprobado la ley en el Parlamento de Cataluña, pero ese es un debate para aquel Parlamento. Se ha constituido la Comisión de colaboración interadministrativa trece días después de la entrada en vigor de la ley y ya en esa reunión se aprobó el primer convenio de financiación para las infraestructuras culturales de ámbito supramunicipal, y posteriormente se aprobó el segundo convenio para 2007, en total 40 millones de euros aportados por el Estado sobre la base de las previsiones y de los compromisos de la citada ley. También se ha aprobado el convenio para la gestión integrada del litoral, que posibilita el control municipal sobre esta franja relevante del término municipal, y la creación del grupo de trabajo previsto en la propia ley -por tanto, otro compromiso- para estudiar la modificación del impuesto sobre el incremento de

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terrenos. Por cierto, no debemos olvidar que este es un instrumento eficaz en la lucha contra la especulación.


Señor Jané, se cumplen los compromisos y se cumplen todos: se cumple el compromiso de devolver el castillo de Montjuïc a la ciudad, se cumplió ya el compromiso, que llevaba muchos años pendiente, de aprobar la Carta Municipal, y el AVE, señor Jané, llegará a Barcelona atravesando la ciudad, no dejando de lado a la ciudad del recorrido del mismo. Pues bien, para retomar la senda del consenso hoy le pedimos que acepte nuestra enmienda de sustitución suscrita por los otros grupos que también desde el inicio trabajaron para que viera la luz la Ley que regula el régimen especial y le dieron su más firme y decidido apoyo. Si esta aceptación no se produce vamos a tener que rechazar una moción que rompe unilateralmente los acuerdos y no respeta los cauces institucionales trazados por todos en el Ayuntamiento de Barcelona. Para nosotros el respeto a los acuerdos y a los pactos es un compromiso esencial para la calidad de la democracia y para la decencia en la esfera pública, y por eso, si no la aceptan, vamos a tener que rechazar la moción.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Malaret, muchas gracias.


La siguiente enmienda presentada es de Esquerra Republicana y será el señor Ramón quien en su nombre, señorías, acceda a esta tribuna y tome su turno para defenderla.


El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.


Señorías, nos presenta hoy Convergència i Unió esta moción sobre el cumplimiento de los compromisos de la Carta Municipal, curiosamente en medio de la campaña municipal, circunstancia que ha provocado que hoy el señor Jané, en nombre del señor Trias, nos presente esta moción. Quiero hacer dos comentarios sobre el texto que hoy nos proponen porque entiendo que son significativos en cuanto al origen de esta moción de Convergència i Unió. En primer lugar, sobre los plazos que establece la iniciativa, que marca tres meses para la cesión de los tributos estatales y seis meses para la participación en la gestión de infraestructuras, desde Esquerra creemos que es necesario que haya un compromiso claro del Gobierno. Entendemos también la complejidad del despliegue de estos compromisos que establece la Carta Municipal y que es más riguroso comprometer al Gobierno a cumplirlos en esta legislatura. Los plazos que nos marca hoy Convergència i Unió tienen una finalidad victimista, para que dentro de tres meses puedan presentarse en esta Cámara y decir que el Gobierno no cumple, que no es verdad que se están cumpliendo estos compromisos y hacer un papel victimista en el tema de la Carta Municipal.
Desde Esquerra Republicana creemos que esto no es serio y que lo único que hace es romper el consenso y la necesidad de seguir avanzando en los compromisos que aprobamos en esta Cámara, con los que el Gobierno se había comprometido. Por tanto, entendemos que son poco rigurosos los plazos que marca y que la finalidad es su utilización de forma victimista en breve plazo.


En segundo lugar, sobre la cesión del castillo de Montjuïc, estamos todos de acuerdo en que el Ministerio de Defensa salga del castillo de Montjuïc. Nosotros lo hemos dicho en más de una ocasión -el señor Puig lo ha dicho aquí más de una vez-. Nosotros no queremos que el Ministerio de Defensa esté en ningún consorcio del castillo de Montjuïc, pero sí que es verdad que todas las fuerzas políticas de Barcelona están de acuerdo en hacer un consorcio en el que estén el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para que entre todos podamos financiar el nuevo proyecto. La propuesta que hace Esquerra Republicana es que sea el Ministerio de Cultura quien entre en ese consorcio y que entre las tres administraciones podamos financiar el nuevo proyecto del castillo de Montjuïc que tanto interesa a la ciudad de Barcelona y a sus ciudadanos y ciudadanas.


Usted nos presenta hoy esta moción sobre la Carta financiera y yo le voy a decir para qué es importante la misma y qué es lo que el grupo municipal de Esquerra Republicana de Barcelona entiende que es necesario. En primer lugar, es necesario para fomentar la coordinación interadministrativa. En demasiadas ocasiones Estado, Generalitat, y Ayuntamiento de Barcelona han de actuar de manera separada cuando se trata de afrontar las diferentes dimensiones de un mismo problema. Al margen de la distribución competencial entre administraciones, y Esquerra Republicana va a defender a ultranza todas las competencias que tengan las diferentes administraciones, entendemos que es fundamental mejorar y ampliar las instancias de coordinación entre todas las administraciones para dar respuestas conjuntas y globales a los problemas que superen la capacidad de intervención estrictamente municipal. Esta coordinación es completamente necesaria. La aportación de la Carta financiera de Barcelona y la constitución de los consorcios con la Generalitat de Cataluña han dado paso a instancias estables de colaboración y coordinación para la implementación de políticas conjuntas y la mejora de su financiación. La creación de la Comisión interadministrativa a tres bandas, derivada de esta Carta Municipal, o la constitución de los consorcios, por ejemplo, de educación, servicios sociales y vivienda, son buenos ejemplos de esta buena y necesaria coordinación. Pero hay más ámbitos y necesidades que requieren de mecanismos eficaces de colaboración y coordinación, principalmente en situaciones extraordinarias y de emergencia, y por eso es tan importante esta coordinación. Es necesario profundizar en los mecanismos de colaboración y establecer uno o más protocolos de actuación entre las tres administraciones para prevenir situaciones de urgencia y emergencia relacionadas con la inmigración. Es necesario agilizar la gestión de los fondos estatales y autonómicos destinados a políticas de acogida y de inclusión social y creemos también en la necesidad de hacer una reedición seria del

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mapa de locales y equipamientos de seguridad situados en la ciudad de Barcelona para llegar a una cesión concreta y real de aquellos equipamientos que están en esta ciudad: la caserna del Bruc y la caserna de la Verneda, que estas cesiones sean totalmente gratuitas y que impliquemos a la Generalitat en los usos públicos posteriores. En definitiva, Esquerra quiere que se produzca un despliegue completo de la Carta Municipal de Barcelona durante este mandato, porque es necesario para que la ciudad de Barcelona vea garantizada su capacidad y plena autonomía para gestionar todas las necesidades que tiene que afrontar en el futuro.


El señor Jané nos ha querido explicar que con la enmienda que hemos presentado hoy se daba la reedición del tripartito. Yo no sé si habrá un nuevo tripartido. De lo que sí estoy convencido es de que don Jordi Portabella va a formar parte del nuevo gobierno del Ayuntamiento de Barcelona y que los concejales de Esquerra Republicana van a trabajar para que esta Barcelona sea la Barcelona del futuro y pueda afrontar con mayor garantía los retos que tiene en cuanto a ciudadanía e inmigración, que son, en definitiva, los que nos llevaron a aprobar la Carta Municipal de Barcelona.


Muchas gracias, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Ramón, muchas gracias.


La última enmienda la ha presentado Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y será el señor Herrera quien para defender esta enmienda a la moción tomará la palabra.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


Señor Jané, desde Iniciativa per Catalunya Verds, usted lo sabe, nosotros somos de aquellos que hemos creído ahora y antes en el municipalismo.
Somos de aquellos que hemos entendido que era desde el municipalismo desde donde se transformaba mejor la realidad. Lo decimos ahora que estamos en el Gobierno de la Generalitat y lo decíamos antes cuando no estábamos en dicho Gobierno. Somos de los que creemos que el Gobierno tiene que cumplir en justicia de proximidad, en cesión de tributos estatales, en ceder gratuitamente al ayuntamiento espacios como el del Bruc, como el de la caserna de la Verneda, al lado de institutos como el Joan d'Austria. En definitiva, lo que tiene que hacer el Gobierno es desplegar la Carta de Barcelona. La pregunta es quién tiene que liderar y cómo se tiene que liderar ese despliegue. Nosotros entendemos que tiene que liderarlo el próximo Gobierno de la ciudad de Barcelona, que van a elegir los ciudadanos y las ciudadanas el próximo 27 de mayo, y lo tiene que hacer desde una perspectiva unitaria, como se hizo la Carta. Nos parece que es un mal estilo entrar en estos debates -donde se está avanzando en algunos elementos y donde en otros el Gobierno va demasiado lento-, a diez días de que la gente decida qué Gobierno tiene que exigirle al Gobierno del Estado que desarrolle la Carta y de qué manera se tienen que desarrollar esos nuevos instrumentos, si desde una perspectiva progresista o desde una perspectiva más conservadora. Lo digo porque ustedes y nosotros hemos coincidido poco en la campaña, pero hemos coincidido en una cosa. ¿Saben en qué? En el uso electoral que se ha hecho de la cesión del castillo de Montjuïc y del encuentro, claramente electoral, entre el señor Hereu y el señor Rodríguez Zapatero. Si hemos criticado ese uso electoral, la pregunta es por qué hoy nos sumamos al electoralismo, por qué hoy nos sumamos a un electoralismo que lo que hace es reproducir esas fórmulas que hemos censurado cuando ceden un castillo con condiciones que Iniciativa per Catalunya Verds no acepta ni asume.
Nosotros lo que queremos es que las cosas se hagan de forma diferente y se lo exigimos a aquellos con los que gobernamos -se lo hemos dicho al Partido Socialista-, pero lo que no vamos a hacer es aceptarles a ustedes aquello que exigimos al Partido Socialista. Y lo que hacen ustedes hoy es reproducir formas y fórmulas claramente electoralistas que nosotros censuramos y a nosotros esas formas y esas fórmulas no nos valen. ¿Qué esperamos desde Iniciativa Verds? Que el próximo Ayuntamiento de Barcelona, que tienen que elegir los ciudadanos y las ciudadanas, tenga una actitud exigente frente al Gobierno del Estado en el desarrollo de la Carta y entendemos que eso se garantiza precisamente con más presencia nuestra. Queremos que sea exigente y que los instrumentos los utilice para hacer una política progresista y creemos que quienes mejor representan esa combinación de progresismo y exigencia somos nosotros.


Lo cierto es que un año después de aprobarse la Carta se ha empezado a andar, aunque nosotros quisiéramos ir aún más rápido. El día 13 de marzo -exactamente un año después de la aprobación de la ley- se acordaban tres cuestiones directamente relacionadas con la Carta -usted lo sabe-: un convenio con el Ministerio de Economía y Hacienda de 20 millones de euros para la financiación de instituciones con amplia proyección y relevancia; un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Generalitat y el Ayuntamiento para la gestión integrada del litoral -el litoral de Barcelona ya se gestiona por el Ayuntamiento de Barcelona, elemento importante y claramente positivo- y la constitución de un grupo de trabajo para estudiar la modificación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Asimismo usted sabe que la Comisión mixta Generalitat de Catalunya-Ayuntamiento de Barcelona lo que ha hecho ha sido trabajar conjuntamente en el desarrollo de la Carta Municipal en los paquetes que antes le mencionaba. También sabe que la Carta aprobada tiene vinculación con el Estatut, un Estatut que precisamente dice -artículo 219- que esa participación en tributos y subvenciones tiene que ser percibida por medio de la Generalitat.
Tendremos que hacerlo adecuando también la Carta Municipal a ese nuevo Estatut. En cuanto a una de las propuestas que ustedes han introducido, usted sabe

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que, por ejemplo, la participación del ayuntamiento en las infraestructuras del Estado tendrá algo que ver, digo yo, con el grupo de trabajo que hemos creado en materia de Cercanías y con ese mandato que hemos dado al Gobierno, a partir de la moción aprobada hace quince días, para que se transfieran los Cercanías.


Digo todo esto porque nosotros lo que esperamos es que el próximo 27 de mayo salga un Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona muy exigente y muy progresista. Creemos que se están dando pasos adelante y que, a la vez, el Gobierno va excesivamente con el freno de mano puesto, también se lo digo. Pero lo que no vamos a hacer va a ser entrar en ese juego electoralista; juego electoralista que tuvo su primera parte en una cesión del castillo de Montjuïc que a nosotros no nos ha gustado nada, ni en el contenido ni en las formas, pero lo que no vamos a hacer es una segunda parte, una reedición de ese juego electoralista aprobando hoy una moción cuyo desarrollo dependerá del Gobierno que tengamos, del Gobierno que los ciudadanos decidan tener el próximo 27 de mayo. Por eso les digo que nosotros no nos vamos a sumar ni a esta lógica ni a ese estilo, y al igual que dijimos al Partido Socialista que no nos gustaba cuando hizo lo que hizo con el castillo de Montjuïc, le tengo que decir con toda honestidad que censuramos una moción que tiene los tintes que tiene. Por tanto, no nos vamos a sumar a ella.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Herrera, muchas gracias.


¿Grupos parlamentarios que desean fijar posición sobre este asunto? (Pausa.) Señor Olabarría, comenzamos con usted en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Adelante.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Yo no sé si esta moción tiene tintes electoralistas o no; la he leído desde una perspectiva neutra y aséptica y nos parece que está bien configurada, por tanto, la vamos a votar en sus propios términos. La verdad es que la Carta Municipal de Barcelona es exigente y tiene bastantes elementos transversales que fueron comentados en su día y que la hacen de difícil cohonestación con leyes como la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo atinente a la justicia de proximidad; con la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en relación con competencias policiales; con el ordenamiento tributario... La verdad es que incluso se atribuyen a la corporación metropolitana de Barcelona algunas competencias que ya quisieran para sí algunas comunidades autónomas, que incluso las tienen previstas en su estatuto de autonomía, no obstante lo cual se aprobó en las condiciones y con los requerimientos con los que se aprobó, y a mí me parece bien que el Grupo de Convergència i Unió inste a la configuración de un calendario que posibilite el cumplimiento de esos acuerdos, que son acuerdos que no son disponibles, una vez aprobados por esta Cámara. Por esa razón, señora presidenta, nos parece correcta la presentación de la moción y la votaremos en sus propios términos.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Olabarría.


Finalizamos con el turno del señor Fernández Díaz en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, yo no sé si es electoralista o no; en todo caso, me parece que estamos en el Congreso de los Diputados, que tiene una relación directa con las elecciones municipales en el Ayuntamiento de Barcelona, faltaría más, pero yo que no soy, ni mi grupo, el promotor de esta iniciativa considero que podría tacharse de electoralista una iniciativa que se planteara por ejemplo en la Cámara de Comercio, pero que en el Congreso de los Diputados se traten temas e iniciativas políticas que tengan una conexión directa con la actualidad política del momento, que pasa por una campaña electoral, me parece que está en la naturaleza de las cosas. Creo que ir contra el sentido común y contra la naturaleza de las cosas es, con todos los respetos, hacer el ridículo. Por tanto, nosotros, que no vamos a apoyar esta moción, decimos que su conexión con las elecciones municipales al Ayuntamiento de Barcelona es evidente, pero eso nos parece legítimo, normal y natural.


Dicho eso, señor Jané, con todo afecto, quien con niños se acuesta dicen que mojado se levanta. Ustedes pactaron el Estatuto de Autonomía con el señor presidente del Gobierno, el famoso pacto Zapatero-Mas, y han visto lo que ha pasado. Aquí hubo un acuerdo que se votó por consenso en el Congreso y en el Senado, y es evidente que lo que requiere el desarrollo de la Carta municipal es lealtad institucional. Ustedes han roto el consenso al plantear esta iniciativa unilateralmente. No le acuso de electoralismo; le acuso de haber roto el consenso al presentar en estos momentos una iniciativa que quiebra el acuerdo unánime que habíamos obtenido en las Cortes Generales para aprobar por consenso la Carta municipal. Bien es cierto que esa lealtad institucional se la pedimos también al Gobierno, que creo sinceramente que no está desarrollando la Carta municipal con el espíritu y en la literalidad de su contenido.
Ahora, nosotros, que no apoyaremos esta moción, lo decimos con los mismos argumentos que utilizamos en esta tribuna allá por finales del año 2005, cuando se aprobó en el Congreso de los Diputados el régimen especial para el Ayuntamiento de Barcelona. En el preámbulo de su iniciativa ya plantean -usted lo ha hecho hoy, como lo hizo el otro día con ocasión de la defensa de la interpelación de la que trae causa esta moción- la defensa de la justicia de proximidad. Quien hablaba en nombre de mi grupo, el Grupo Popular, dijo entonces, y reitero hoy: Nosotros estamos radicalmente en contra de la llamada

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justicia de proximidad. No quiero repetir los argumentos, pero sí digo que, tal y como preveíamos en su momento, el proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial efectivamente cae en los gravísimos errores que, en nuestra opinión, dan contenido a esa justicia de proximidad que, en la práctica, se constituye como una justicia de afinidad política. Otra cosa son los juicios rápidos y los procedimientos abreviados, de los que, por cierto, desde los Juegos Olímpicos de 1992 Barcelona sabe mucho. Avanzar en esa senda nos parece muy positivo porque es evidente que una justicia que no sea rápida no es justicia. De hecho, en la práctica se puede vulnerar el artículo 24 de la Constitución que establece la garantía de la tutela judicial efectiva, pero una cosa es una justicia rápida y otra cosa es una justicia politizada. El proyecto de ley diseña unos jueces titulares de los juzgados de proximidad y sinceramente nos preocupa enormemente que los nombren los gobiernos autonómicos, que promuevan y convoquen los correspondientes concursos de méritos, que no concurso-oposición, los consejos de Justicia autonómicos.
Me parece que esto no va en la línea de lo que debe ser la garantía de la tutela judicial efectiva, con un juez predeterminado y sobre todo con una garantía de independencia y neutralidad de quien ha de impartir justicia.
Lo digo así de claro.


Por otra parte, la lógica del discurso nos parece errónea de raíz.
Identificar más y mejor justicia con proximidad no tiene ningún sentido y, de hecho -se lo digo por el tema conceptual-, cuando vemos aquellas famosas películas del Oeste en las que se aplica la ley de Lynch, es decir, el linchamiento, vemos lo que significa la justicia de proximidad; no es garantía de más justicia, como la proximidad no es garantía de que se resuelvan mejor, por ejemplo, los expedientes urbanísticos. Esa es una lógica que conceptualmente está viciada de raíz.


Por último, en relación con otros puntos de la moción, el famoso del castillo de Montjuïc, estamos en desacuerdo en el contenido material de su propuesta. A nosotros no solo no nos molesta, sino que nos gusta que en el consorcio que ha de gestionar el denominado Centro de la Paz, ubicado en el castillo de Montjuïc, esté presente el Ministerio de Defensa. Nos gusta porque nos parece razonable y no nos molesta que las Fuerzas Armadas y el Ejército estén en aquellos ámbitos institucionales donde históricamente han estado y deben seguir estando; como no nos molesta en absoluto ni nos parece ocioso que se haga en la famosa orden ministerial referencia explícita al cumplimiento de la Ley de Banderas de 1981, porque en Barcelona no se está cumpliendo. En muchas dependencencias municipales no están las banderas. Es más, no se pone ninguna bandera para que no esté la bandera de España, y tenemos los datos de las dependencias municipales donde el tripartito está incumpliendo la Ley de Banderas. Por tanto, que en un edificio tan emblemático y del que se ha hecho tanta polémica en relación con esta cuestión como el castillo de Montjuïc se reitere el cumplimiento de la Ley de Banderas no nos parece ocioso, sino necesario. Dicho esto, sinceramente creo que en este caso ya se ha rizado el rizo del electoralismo porque es el señor Rodríguez Zapatero, candidato a la Presidencia del Gobierno, quien en campaña electoral general, en un mitin en el palau Sant Jordi, dijo: Voy a ceder el castillo de Montjuïc a Barcelona. Y lo había cedido Franco hace ya 40 años, fíjese usted. La prueba está en que esa cesión se ha podido hacer modificando simplemente sus condiciones con una orden ministerial. Nunca se había llegado a tanto, a un proyecto de ley presentado en esta Cámara, que está en esta Cámara durante más de dos años y al final resulta que se retira el mismo y se cambia por una orden ministerial que firma por delegación la subsecretaria del departamento del Ministerio de Economía. Esa es toda la promesa de la cesión del castillo de Montjuïc que en el palau Sant Jordi, en plena campaña de las generales de 2004, hizo el señor Rodríguez Zapatero. Para tanto ruido no hacía falta menos que una orden firmada por la subsecretaria del departamento, con todos los respetos.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe terminar, señor Fernández, por favor.


El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Por último, en relación con algunas cuestiones concretas, podríamos discutir las que hacen referencia a la financiación; en los convenios de colaboración del suelo público de titularidad del Estado a efectos de promocionar viviendas sociales, etcétera, nos podríamos poner de acuerdo si se quitara el cuartel del Bruc y si se dejara abierta la puerta a que se cumpla la ley en cuanto a que haya un precio justo, porque nos parece que el Ayuntamiento de Barcelona ha de tener su financiación por otras vías y no por esa vía, que crearía agravios comparativos en relación con el cumplimiento general de la norma en cuanto a la cesión de suelo de titularidad pública para darle un uso y un destino de interés social.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe terminar, señor Fernández Díaz, por favor.


El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Termino ya, señora presidenta, diciendo que el señor Vilajoana ha dicho que no estaban en campaña en Madrid como nosotros. Nosotros estamos en campaña en Madrid, en Barcelona y en toda España por las elecciones municipales y también autonómicas, y por eso decimos aquí lo que dijimos en Barcelona en su momento: que se cumpla la Carta municipal de Barcelona en sus propios términos, en el espíritu y en la letra. Señores de Convergència i Unió, aprendan que pactar con el Partido Socialista y con este Gobierno, por desgracia, suele ser como mínimo arriesgado.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Fernández.


¿Entiendo, señor Jané, que se vota en sus justos términos la moción?

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El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, la enmienda conjunta presentada por el Grupo Socialista, por el Grupo de Esquerra Republicana y por el Grupo de Grupo de Iniciativa per Catalunya, si fuera de adición como preámbulo, podríamos aceptarla; si es de sustitución a los seis puntos, solo esas cuatro líneas, no podemos aceptarla como enmienda de sustitución. Pediríamos que se votara en sus propios términos y votación separada del punto número 3.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muy bien, así se hará, señor Jané.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000126.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos, señorías, al punto III del orden del día de esta mañana de hoy, referido a los debates de totalidad de iniciativas legislativas y, en particular, al proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social. Será el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales quien inicie este punto presentando este proyecto de ley. Cuando desee, señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Señora presidenta, señoras y señores diputados, presento el proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social que sigue fielmente las directrices del Pacto de Toledo, que afianza nuestro Estado social y que mira con decisión y con esperanza al futuro. Ustedes saben que el Pacto de Toledo es fruto del acuerdo unánime de las fuerzas políticas y este subraya el valor del consenso en el diseño de políticas de Seguridad Social. Consenso político, por tanto, y acuerdos sociales son la mejor garantía para que el sistema público de pensiones camine en la dirección correcta y, sobre todo, en la dirección que desean los ciudadanos españoles.


Hoy les presento un proyecto de ley que es el primero en la historia de nuestra democracia que cuenta con el apoyo y el respaldo unánime de todos los agentes sociales. Es la primera vez que todas las partes sociales, todas, están completamente de acuerdo con la dirección que debe seguir nuestro sistema de Seguridad Social. Tenemos, por tanto, el modelo de Seguridad Social que quiere tener la sociedad española, todos los grupos políticos y todos los agentes sociales. Este es el primer valor de este proyecto de ley, señorías, que no debemos ni podemos ignorar. En segundo lugar, este proyecto de ley se elabora en un momento en que la Seguridad Social no tiene problemas económicos ni amenaza de déficit, al contrario, vive nuestra Seguridad Social el mejor momento de su historia. Hoy tenemos, señorías, 19.300.000 afiliados, un superávit que equivale al 1,2 por ciento del producto interior bruto, de la riqueza del país, y un Fondo de Reserva con más de 40.300 millones de euros. Hemos sabido que en el primer trimestre de este año el crecimiento del PIB en España ha sido muy elevado, del 4 por ciento. Nuestro ritmo de creación de empleo -que es la mayor y mejor garantía para asegurar las pensiones del futuro- es del 3,4 por ciento, el triple, señorías, del ritmo de crecimiento del empleo en la Unión Europea. Con estas cifras puede haber quien piense que la reforma de la Seguridad Social debería haber sido otra, pero esa visión -lo digo con respeto- es miope, no ve más allá de lo que sucede hoy. La Seguridad Social debe estar garantizada ahora, claro que sí, pero es tanto o más importante que lo esté también en el futuro porque es fruto, y lo ha sido siempre, de un pacto entre generaciones. Por eso, otra de las claves de este proyecto de ley es el equilibrio que logra alcanzar entre la mejora de las pensiones y los elementos de viabilidad económica del sistema. Sin menoscabo de la solidaridad -que es el principio matriz de la Seguridad Social- preservamos el equilibrio financiero del sistema, que no es, no ha sido nunca un fin en sí mismo, sino el único medio para ser capaces de afrontar con éxito los desafíos a los que se enfrentará en el futuro nuestro sistema de Seguridad Social.
Un tercer dato que quiero destacar antes de entrar a explicarles brevemente el proyecto de ley es que este proyecto no es una pieza aislada, sino que forma parte de una política de Seguridad Social que tiene puesta la mira en las personas que tienen más dificultades. Durante esta legislatura se ha hecho compatible la pensión del SOVI con la pensión de viudedad, lo que ha mejorado la calidad de vida de más de 100.000 pensionistas, casi todas mujeres, viudas. En algunos casos, el incremento de la pensión para estas viudas ha supuesto más de 500 euros al mes. Ha sido, por tanto, una decisión notable. También hemos hecho compatible la pensión de invalidez no contributiva con el trabajo remunerado; para que nos entendamos, hemos hecho compatible la pensión que percibe un discapacitado con alto grado de discapacidad con el salario, porque estas personas necesitan más ayuda y más medios que los demás. Y asimismo hemos hecho compatible la pensión de orfandad con la asignación económica por hijo a cargo con discapacidad mayor de 18 años.
Piensen ustedes en estas personas, señorías, discapacitados que además son huérfanos. Antes eran incompatibles las dos ayudas, ahora no lo son, ahora pueden percibir la pensión del hijo a cargo discapacitado mayor de 18 años y la pensión de orfandad. Creo que es una buena decisión de justicia social. Se han destinado casi 500 millones de euros para garantizar desde la Seguridad Social los permisos de maternidad y paternidad, el riesgo durante el embarazo y la lactancia y que el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida familiar y laboral no perjudiquen más las pensiones que en el futuro reciban hombres y mujeres. Se han incluido en la Seguridad Social, señorías, a los cuidadores no profesionales de personas dependientes, miles de mujeres que antes no tenían nada después de cuidar toda su vida a sus familiares y que ahora podrán tener sus propias pensiones,

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además de una ayuda económica cada mes si deciden atender o continuar atendiendo a sus familiares dependientes. Hemos decidido incorporar a los agricultores por cuenta propia dentro del régimen de autónomos, lo que supondrá una mejora sustancial de las pensiones de los agricultores y ganaderos más veteranos, que hoy apenas alcanzan el 50 por ciento de las pensiones que reciben los demás trabajadores. Pero, sobre todo, señorías, hemos garantizado el poder adquisitivo de más de 8.200.000 pensionistas y subido, con el acuerdo también de esta Cámara, las pensiones mínimas de más de tres millones de pensionistas de nuestro país entre un 13 y un 25 por ciento en estos tres años (Aplausos.), con subidas mensuales que en algunos casos alcanzan la cantidad de 121 euros y una nómina mensual de pensiones que supera ya los 5.500 millones de euros.


Es en este marco en el que debemos entender y ubicar este proyecto de ley, un proyecto global que repasa una a una todas las prestaciones del sistema, todas, y mejora sustancialmente algunas de ellas, que incentiva la correspondencia entre aportaciones y pensiones, que mejora la gestión y el control de los recursos de la Seguridad Social, que se suma a la creación de empleo y a la mejora de la competitividad de las empresas. Ha habido en nuestro país, señorías, cientos de sentencias que denegaban la pensión de viudedad a las parejas de hecho, cientos, muchas de ellas del propio Tribunal Constitucional. Pues bien, esta ley, la que hoy discutimos, reconoce este derecho. Las parejas de hecho, por primera vez en nuestra historia, van a tener pensión de viudedad, lo que incrementará el número de pensiones de viudedad del sistema de Seguridad Social casi en un 3 por ciento. Este es un elemento clave de igualdad y de modernidad, señorías. Los modelos de familia que hoy existen en nuestro país son muy diferentes de los que existieron en el pasado y también lo es, por fortuna, el rol, el papel de las mujeres en el entorno familiar.
Todo ello deja su huella en esta nueva regulación de la pensión de viudedad que está, sin ninguna duda, a la altura de los tiempos. ¿Saben cuántos trabajadores han perdido su prestación por desempleo por estar de baja por enfermedad? Muchos, señorías, pero esto no va a volver a suceder más, porque este proyecto de ley impide que los trabajadores en baja por enfermedad derivada de accidente de trabajo puedan perder su prestación por desempleo. Se subirán, señorías, las pensiones de los casi 500.000 trabajadores despedidos antes del 1 de enero del año 2002, con subidas que podrán alcanzar hasta los 756 euros al año, una medida que tendrá un coste anual para la Seguridad Social de casi 300 millones de euros.
Estará garantizada una pensión mínima para las personas que tengan una incapacidad permanente total y no puedan volver a trabajar y se reduce la exigencia de cotización para tener derecho a esta pensión a los menores de 31 años, que van a tener pensión por incapacidad aunque hayan tenido una carrera profesional muy corta. El incremento de la pensión de viudedad, cuando esta constituya la principal o única fuente de ingresos de la unidad familiar, no se deducirá ya, como ha venido sucediendo hasta ahora, de las pensiones de orfandad, de modo que también éstas se incrementan con este proyecto de ley que garantiza, además, la total igualdad de las prestaciones de Seguridad Social a todos los huérfanos, a todos, con independencia de la relación afectiva que una a sus padres, porque a un huérfano no se le puede minorar un derecho por la simple razón de que sus padres no hubieran contraído formalmente matrimonio; lo que importa, señorías, es el amor, la relación afectiva entre dos personas y, por tanto, sus hijos, contrajeran o no matrimonio sus padres, tienen los mismos derechos que las demás personas. (Aplausos.) Por fin, señor Tardà, en un síntoma de modernidad, sin duda, esta ley recoge ese principio, que todos los huérfanos, con independencia de la relación afectiva de sus padres, serán iguales. También será mejor la situación de los mayores de 52 años que estén en el paro, porque ahora vamos a cotizar por el 125 por ciento del salario mínimo interprofesional, para asegurar a los más de 170.000 trabajadores que están en esa situación una mejor pensión de jubilación en el futuro. La propia pensión de jubilación tendrá también mejoras importantes. Para empezar, hemos reducido a un 7,5 por ciento el coeficiente reductor que se aplica a las pensiones de las personas que se jubilan de manera anticipada con 30 años de cotización.
Esta medida beneficiará a muchos nuevos pensionistas cada año, que verán incrementada su pensión inicial en un 4,17 por ciento. Estamos hablando de personas que en muchas ocasiones se ven casi obligados a acceder a la jubilación antes de los 65 años. Al reducir los coeficientes reductores mejorará su pensión. Es una reivindicación histórica de las personas que atraviesan por esta situación de dificultad. Por otra parte, las personas que decidan jubilarse más allá de los 65 años tendrán incrementos muy sustanciales en su pensión de jubilación. Debemos estimular, debemos favorecer más tiempo de trabajo y debemos hacerlo mejorando los derechos de las personas, de manera que si un ciudadano o una ciudadana españoles deciden continuar trabajando a partir de los 65 años ahora tendrán mejores pensiones, ahora verán incrementadas sus pensiones, sus derechos.
Cada vez vivimos más tiempo y puede ser una opción positiva que el ciudadano decida trabajar más y de ese modo percibir mejor pensión.
Incluso cuando la pensión sea la máxima del sistema también podrá destoparse y aumentar la pensión actual. Es un hecho incontestable que hoy, como les decía, sea mucho más larga la esperanza de vida que en el pasado y por ello es lógico que adoptemos medidas políticas que incentiven la prolongación de la vida laboral. Es la única forma que tenemos de aprovechar la capacidad, la experiencia y el talento de los trabajadores de mayor edad y de poner en valor el capital humano y el potencial productivo que todavía representan para la economía de nuestro país todos estos trabajadores. Con ese fin la pensión de jubilación que transcurra después de cumplir los 65 años se incrementará un 2 por ciento cada año y si la persona ha acreditado

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40 años de cotización el incremento cada año será del 3 por ciento.
Imaginemos que una persona decide trabajar hasta los 68 años y que tiene más de 40 años cotizados. Esa persona verá incrementada su pensión en un 9 por ciento. Si lo hace hasta los 70 años, verá incrementada su pensión en un 15 por ciento. Por tanto, es una buena disposición para favorecer el mantenimiento en el empleo. Todas estas medidas que mejoran la protección social de nuestros pensionistas se acompañan de otras que tratan de conseguir una mayor equidad entre las cotizaciones que realizan los ciudadanos y las pensiones que reciben. De manera progresiva se harán efectivos los 15 años de cotización necesarios para tener pensión de jubilación y también la modificación de los requisitos para acceder a la jubilación parcial, sin que por ello se reduzca el nivel de protección social de los trabajadores de mayor edad ni la posibilidad de rejuvenecer nuestras plantillas mediante la jubilación parcial.


Termino, señorías, no sin antes recordar que las reformas responsables y solidarias de la Seguridad Social -y esta lo es- nunca construyen solo el presente. Construyen al mismo tiempo el presente y el futuro de la Seguridad Social. En este proyecto de ley el punto de equilibrio que hemos logrado alcanzar entre los elementos de sostenibilidad financiera del sistema y el grado de cobertura social es tal que bien podemos proclamar que ahora y en los tiempos que habrán de venir nuestro sistema público de pensiones seguirá cumpliendo el fin que ha tenido siempre: garantizar que no haya nadie en nuestro país en situación de necesidad.
Así será si ustedes apoyan este proyecto de ley.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


Abrimos los turnos a favor de las enmiendas a la totalidad que se han presentado. Comenzamos por la de Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y, en particular, por el turno del diputado Emilio Olabarría. Adelante.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señorías, señor ministro, señores representantes de las múltiples asociaciones de prejubilados y viudas que nos acompañan en este debate, parafraseando una de las invocaciones del señor ministro, la invocación a las bondades del amor, realmente hay que tener mucho amor para no enmendar un texto de estas características. Usted ha hecho una reflexión apologética, cumpliendo los requerimientos de su rol institucional, pero es perfectamente consciente de que esta ley tiene déficits importantes que vamos a denunciar, como es también nuestra obligación como partido de la oposición.


La primera disfunción de esta ley es que no está elaborada por su ministerio ni por su Gobierno, sino que está validada. Es una ley que, en algo que empezamos a calificar de preocupante, que es la usurpación de funciones legislativas, dimana de un acuerdo interprofesional suscrito por los cuatro interlocutores de siempre, sin ninguna connotación peyorativa en la expresión. Esto lo aprueban la Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras, la CEOE y la Cepyme y se lo reenvían a usted. Usted le pone los pertinentes sellos del ministerio para darle validez oficial y lo remite a su vez; después se convierte en proyecto de ley aquí y en estas Cámaras no se le toca una sola coma. Al fin y al cabo, los que están legislando son estos interlocutores sociales, tanto en esta como en todas las leyes anteriores -que no han sido pocas- que han dimanado de su ministerio, que afectan al sector laboral del ordenamiento jurídico y que están provocando entre otras cosas su cuarteamiento absoluto, también en materia de Seguridad Social, como le voy a explicar a continuación.


Los sindicatos más representativos -ni siquiera están todos, porque tendrían que estar los que ostentan la condición jurídica de mayor representatividad de ámbito no estatal, como ELA-STV o la Intersindical Gallega- no se caracterizan más que por defender los intereses de los trabajadores en activo; no pueden acreditar en sus activos sociales y políticos o en la invocación al cumplimiento de su función constitucional, que es la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, la defensa de trabajadores que no estén en activo. No se han caracterizado, ni se caracterizarán, ni se están caracterizando en proyectos de ley como este por defender intereses como los de las viudas -que usted ha citado-, los de los prejubilados, los de los incapaces e incluso los de los jubilados. No les interesa, porque la Ley Orgánica de Libertad Sindical impide la afiliación de estas personas o de estos colectivos a un sindicato. A un sindicato, a tenor de los requerimientos del artículo 5 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, solo se puede afiliar un trabajador con empleo, y estos son los intereses económicos y sociales que le resultan propios, a tenor de lo que estamos observando sistemáticamente en acuerdos interprofesionales, que se transforman en proyectos de ley, que por cierto traspasan estas Cortes de forma virginal, de forma inmaculada. Aquí, en una manera de entender el amor muy peculiar, no se toca una sola coma del contenido material de estos textos que nos mandan los interlocutores sociales. Fíjese, señor ministro, que son varios los déficits que este proyecto de ley consigna, hasta el punto de que su propia alocución inicial ha tenido que referirse no solo a sus contenidos materiales, sino también al crecimiento de la economía, del empleo y de la afiliación a la Seguridad Social -datos que no le voy a refutar, porque son ciertos- y a la Ley de Dependencia, que no tiene nada que ver con esta ley. Ha hablado sobre cuestiones absolutamente colaterales a lo que aquí se consigna, pero no ha hablado de las reformatios in peius que en esta ley se establecen expresamente en relación con la protección de determinadas contingencias. Vamos a empezar por la primera, como corresponde a la metodología que nuestro grupo acostumbra a utilizar. La reformatio in peius está incluso prohibida por la jurisprudencia constitucional, porque cuando se reforma in peius -a peor- y se empeoran las condiciones de acceso a la

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protección de una contingencia o la cuantía de la protección de una contingencia se incurre en lo que se provee en la sentencia de 7 de julio de 1987, del Tribunal Constitucional, que es la confiscación normativa de funciones públicas, y una de las funciones públicas es proveer a una determinada cuantía de pensión. Usted conoce esa sentencia del Tribunal Constitucional, que, por cierto, delimita perfectamente el contenido esencial del derecho que proclama el artículo 41 de la Constitución. El sistema público de pensiones tiene que ser universal, público y suficiente, y cualquier reforma tiene que ser irregresiva. Solo caben reformas que mejoren el sistema de protección o lo mantengan, no caben reformas que endurezcan las condiciones de acceso a las contingencias protegidas o disminuyan la cuantía de la protección. Le voy a decir en qué aspectos se disminuye la cuantía de la protección de ciertas contingencias -importantes la mayoría, o todas prácticamente de las que se consignan en el proyecto de ley- o se endurecen los requisitos de acceso a la protección de dicha contingencia. Quisiera exponer una cuestión preliminar. De nuevo estamos a punto, aunque nunca vamos a tirar la toalla en esta materia, de ignorar el debate competencial en este tema. Usted sabe que la Comunidad Autónoma del País Vasco y otras tienen competencias en materia de Seguridad Social. La Comunidad Autónoma de Euskadi tiene competencias en virtud de dos preceptos. El artículo 18 del Estatuto de Gernika confiere a las instituciones vascas competencias de desarrollo legislativo y ejecución y la disposición transitoria quinta prevé que en virtud de convenios no disponibles, que usted debería firmar o cualquier Gobierno del Estado con las instituciones vascas, se transferirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Sin embargo, usted no solo no hace eso sino que por primera vez -es la primera ley laboral que se incardina en nuestro ordenamiento jurídico- en la exposición de motivos se proclama muy enfáticamente el principio de caja única. Es la primera ley que proclama en la exposición de motivos el principio de caja única que, por cierto, es un concepto metajurídico. No es concepto ni jurídico ni jurisprudencial; es un puro concepto de conveniencia política, señor ministro. Dicho esto quiero decirle que las reformas son a peor. Tenemos que empezar con la protección de la incapacidad, de la cual usted se ha jactado. ¿Cómo se puede jactar de que se protege mejor la incapacidad cuando en este momento se hace durar la incapacidad temporal, antes llamada transitoria, de los seis meses en los que la legislación previgente posibilitaba que se nove esta incapacidad temporal en una permanente a los veinticuatro meses, a los que se les retiene ahora en la condición de incapaces transitorios e incapaces permanentes, cobrando menos pensión y con el correspondiente ahorro para el sistema de pensiones de Seguridad Social? ¿Cuál es el elemento ontológico que ha servido para hacer una reforma tan regresiva de esta naturaleza? ¿Es que usted piensa que la virgen de Lourdes o la invocación a algún santo o alguna institución paranormal puede provocar la recuperación de las personas que están afectas por una enfermedad de trabajo o por un accidente laboral y que, por tanto, tienen que aguantar no seis meses sino veinticuatro meses por si la recuperación fuera posible y, además, si se recuperan, tienen que reincorporarse al puesto de trabajo, salvo que hayan cumplido por ser de profesiones que tienen anticipada la edad de jubilación como policías, bomberos u otros, la edad de jubilación? Esta no es una reforma progresista, señor ministro, ni se acoge a los requerimientos constitucionales. Aquí de nuevo podemos invocar la sentencia de julio de 1987 del Tribunal Constitucional.
Estamos hablando de la expoliación o de la confiscación normativa de funciones públicas.


En segundo lugar, la jubilación. Hasta ahora, para jubilarse, bastaba con haber cotizado durante 4.700 días. Una vez que entre en vigor esta ley habrá que haber cotizado 5.475 días. Es decir, estamos incrementando de nuevo el periodo de carencia para causar derecho a la protección por jubilación. ¿Esto no es una reformatio in peius, señor ministro? ¿Endurecer las condiciones de acceso mediante el alargamiento del periodo de carencia no significa empeorar la condición de los que van a ser futuros prestatarios o beneficiarios de esta protección? Sí lo es. Lo dijo expresamente el Tribunal Constitucional en la sentencia de julio de 1987. Estamos hablando de una confiscación legislativa de funciones públicas. Estamos endureciendo las condiciones de acceso a una prestación concreta y muchas personas, por este alargamiento, no van a causar derecho a la protección por jubilación. ¿Qué medidas tiene usted previstas para proteger a las personas que no encuentren protección a esta concreta contingencia, solo por la circunstancia del alargamiento del periodo de carencia? ¿Tiene usted prevista alguna medida, señor ministro?

En tercer lugar, ha hablado usted con prolijidad de las viudas.
Honestamente me parece mal que lo haya hecho, señor ministro. Si algo se empeora en esta reforma de la Seguridad Social con este proyecto de ley es la situación de la pensión de viudedad. Primero porque se nova, se modifica la naturaleza jurídica de la misma. Lo que hasta la entrada en vigor de esta ley era una pensión de naturaleza contributiva se convierte - es a la única pensión a la que se le denomina así- en una renta de sustitución. Se traslada una pensión del ámbito contributivo de protección al ámbito asistencial, y la determinación por tanto de su cuantía a la arbitrariedad de los poderes públicos. Usted ha hablado de las parejas de hecho, de los matrimonios homosexuales, heterosexuales, etcétera. Muy bien. Hay que resolver estos problemas, por cierto, en parte corregidos por la reforma del artículo 97 del Código Civil, pero ¿por qué no habla del coeficiente de imputación para el cálculo de la pensión de viudedad, que sigue siendo el 52 por ciento en la generalidad de los casos? ¿Por qué no incrementa este coeficiente, cumpliendo su programa electoral? Ustedes se presentaron a las últimas elecciones generales prometiendo que iban a incrementar el coeficiente de imputación a aplicar a la base reguladora del cónyuge fallecido hasta el 70

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por ciento, pero seguimos en el 52 por ciento. Señor ministro, lo que le proponemos sí es una reforma progresista, y no la otra -que también lo es y es necesaria-; esta es la relevante y la que preocupa de verdad a las asociaciones de viudas aquí presentes, que no han sido debidamente defendidas por los sindicatos que han convalidado este proyecto de ley.


Por último, señor ministro -y esto es algo que nos molesta particularmente-, ha hablado de los prejubilados. Ha hecho usted una apología de lo que se prevé en materia de prejubilación en este proyecto de ley. Usted recordará que su señoría está afecto por un mandato parlamentario que dimana de una proposición no de ley presentada por nuestro grupo parlamentario y que fue aprobada por unanimidad -también con los votos de su grupo parlamentario-, dirigida a aquellos prejubilados que hubieran sido expulsados del mercado de trabajo contra su voluntad, normalmente en virtud de expedientes de regulación de empleo -fruto o víctimas de la reconversión industrial que sufrimos, particularmente en algunos lugares como Euskadi, Asturias, Andalucía, etcétera, en la época más dura de la reconversión industrial, donde caían sectores maduros enteros, como el siderometalúrgico, el de la construcción naval, etcétera- que ellos no negociaron, ni siquiera supieron que se estaba negociando por los sindicatos y la patronal en su nombre hasta que se enteraron de que iban a ser expulsados de su empresa, y que hubieran cotizado 35 años. Pues bien, para estos se aprobó por unanimidad una proposición no de ley presentada por nuestro grupo en virtud de la cual, cumplidos por estos los 65 años, se elevaría su pensión, removiendo los coeficientes reductores que les habían aplicado -porque los prejubilados están cobrando una media del 60 por ciento de la pensión de los que se han jubilado en activo-, a aquella cuantía correspondiente a la de los que se jubilaron en activo de su sector, nivel y categoría profesional. ¿Sabe usted, que tanto se jacta de lo consignado en este proyecto de ley sobre la prejubilación, con qué cuantías va a cumplir el requerimiento normativo de esta Cámara? Con el siguiente: primero va a restringir el universo de los afectos por los incrementos de pensiones de los prejubilados, limitando el incremento de las pensiones de prejubilación al universo constituido a los que se prejubilaron entre los 60 y los 64 años; solo a este colectivo, que no llega al 30 por ciento del total de los prejubilados. Y no solo eso, señor ministro, sino que además el incremento no es, tal como le mandata el Congreso de los Diputados, hasta que llegue al total de la cuantía de los que se jubilaron en activo con 65 años, sino que el sistema prevé que a los que se prejubilaron con 60 y 61 años se les incrementará mensualmente la pensión en 54 euros, a los que se prejubilaron con 62 y 63 años, en 36 euros, y a los que se prejubilaron con 64 años, en 18 euros. Señor ministro, ¿me podría responder -y esto no es un programa de televisión-, cuántos cafés se pueden pagar con 18 euros? Esta es una duda metodológica que me surge.


Señor ministro, yo esperaba de los sindicatos y de las organizaciones empresariales, y sobre todo de un partido -permítame que le reproduzca su expresión; le voy a parafrasear- fenotípicamente progresista, como usted se preocupa de recordarnos recurrentemente en esta Cámara, una reforma del sistema de pensiones también progresista. Y no solo progresista, sino que también tenga explicaciones conceptualmente razonables y comprensibles, que no obedezca a intereses corporativos de solo cuatro interlocutores sociales, y que acoja los requerimientos más elementales de la justicia social y de los derechos constitucionales que precisamente no se reconocen y no se protegen debidamente en relación con aquellos colectivos que no son protegidos ni por los sindicatos ni por la patronal, y usted, señor ministro, no lo ha hecho, lo cual nos produce una profunda decepción.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Olabarría.


La segunda enmienda que se ha presentado es la de Esquerra Republicana de Catalunya, para cuya defensa tiene la palabra el señor Tardá.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, en nuestra opinión, no procede la modificación en estos términos, lo cual no significa que la modificación propuesta no contenga elementos que compartamos, pero, en términos generales, tenemos algunas dudas que nos han llevado a plantear este debate de totalidad para llamar la atención a fin de que durante el trámite parlamentario podamos llegar a acuerdos. Creemos que era necesario poder plantear las divergencias, que son de suficiente calado como para justificar, al menos de manera procedimental, esta enmienda a la totalidad.


A nuestro entender, se trata de una reforma en materia de prestaciones del sistema de Seguridad Social que podríamos considerar, en algunos ámbitos, de carácter regresivo, no solo porque la realidad del sistema y de nuestra economía no lo justifican puesto que estamos inmersos en un ciclo económico alcista -ustedes mismos han publicitado, y lo compartimos, que la economía va bien-, sino porque nos parece poco razonable que estas medidas de carácter regresivo surjan precisamente de su ministerio que, sin duda -y no nos duelen prendas-, forma parte del ala más progresista e izquierdista del Gobierno. Por eso lo entendemos todavía menos, aunque es lo que nos hace concebir esperanzas.


La justicia social, la socialización de la riqueza, la redistribución de los recursos de subsistencia dependen en gran medida, como usted sabe, de la generosidad del sistema público de protección social. Por ello, las medidas que introduzcan barreras al acceso al mismo o que limiten los derechos de los futuros beneficiarios no pueden ser compartidas por aquellos que creemos en estos principios; de hecho, no pueden ser compartidas por el republicanismo catalán. Vaya por delante que debemos catalogar el proyecto de ley como la moderna instauración -quizá exagero un poco, pero déjeme que lo

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diga- de un cierto estado policial en el sistema de Seguridad Social. ¿Por qué decimos esto? Porque el proyecto en su conjunto se configura como una clara persecución de aquellas supuestas vías -que las hay- por las que algunos pueden acceder al sistema de protección sin acreditar importantes carreras profesionales, porque de lo que se trata no es de introducir medidas de fiscalización o de mayor control, sino de instaurar medidas legales que limiten y coarten el paso a la protección de un conjunto de ciudadanos que en su mayor parte, si no gozaran de la protección, quedarían en la más absoluta pobreza.


Nos preguntamos si el actual estado de cuentas del sistema de la Seguridad Social, el alcance de su fondo de reservas y las previsiones de futuro, justifican la dureza de algunas de las medidas. A nuestro entender, no; además, nos parece que mal contribuye a los fines del Pacto de Toledo por cuanto algunas de las medidas no siguen sus directrices. En el Pacto de Toledo se habla de reformas futuras, de la necesidad de ampliación de las vidas laborales, de la mejora de los cálculos derivados de ciertas vicisitudes en las vidas profesionales, etcétera, pero en ningún punto del Pacto de Toledo se cita la ampliación de carencias para el acceso a prestaciones ni la necesidad de limitar las prestaciones de incapacidad; no se mencionan periodos trampa para el acceso a prestaciones ni de convertir en prestación de ahorro, en relación con el tiempo de cotización como si de jubilación se tratara, una prestación de riesgo como es la de incapacidad, y tampoco se mencionan estos periodos trampa para aquellos que no pudieron acceder a determinadas prestaciones. En el Pacto de Toledo no se habla de todo esto, no podría hablarse de ello, porque la estabilidad futura del sistema de Seguridad Social pasa por reformas ciertamente de mayor calado, pero no por la instauración de la persecución sin cuartel de determinados colectivos -cito a los dependientes y a las viudas, por ejemplo-, aun reconociendo en algunos ámbitos algunas mejoras. Incrementar las carencias para el acceso a algunas prestaciones o el establecimiento de periodos transitorios trampa, repito, entre comillas, para el acceso a otras son cuestiones no puede incluirse en una reforma progresista. Es más, detectamos que el beneficiario del sistema es tratado como un potencial pícaro, como alguien que pretende lucrarse con la protección, como especulador de las imperfecciones del sistema. Si añadimos a eso la limitación en el importe inicial de prestaciones para colectivos de discapacitados y otras medidas que pueden ser anticonstitucionales, estamos ante un panorama ciertamente preocupante, y más preocupante por cuanto lo patrocina, repito, un gobierno progresista.


Los parámetros de sostenibilidad -en esto estamos de acuerdo; yo lo he aprendido de hablar con personas de su partido que entienden mucho de esto, como la diputada Isabel López i Chamosa- y el avance de la acción protectora de la Seguridad Social pueden resultar opuestos. También pueden parecerlo los tres pilares de los sistemas públicos: contributividad, justicia redistributiva y equidad. Luego la conveniencia de establecer medidas de ordenación no justifica que algunas de las contenidas en el proyecto sean necesarias, porque no atentan contra la sostenibilidad, no atentan contra la equidad y tampoco atentan contra la contributividad. Es cierto que se proponen algunas medidas de avance, como la mejora en el acceso de prestaciones de incapacidad de determinados jóvenes o la apertura de las prestaciones de viudedad a las parejas de hecho, tal como usted ha mencionado, pero la introducción de estas medidas no debe justificar el coste global que se pretende imponer.


Respecto a la incapacidad permanente, a tenor de lo que se cita en la exposición de motivos, no podemos estar de acuerdo con ninguna reforma que pretenda perseguir a aquellos que, teniendo carreras profesionales insuficientes, pretendan supuestamente esconderse en estas prestaciones.
Mejor sería, empero, que el Gobierno se preguntara por qué todavía hoy día hay personas con escasas carreras profesionales; quizá por falta de políticas efectivas que los haya hecho ocupables. Nos parece insensible y fuera de lugar que en la era de la protección de los discapacitados, de la protección con políticas transversales de todo tipo destinadas a las personas discapacitadas -en las que este Gobierno tanto ha hecho-, se instituyan barreras en el acceso a la prestación en algunos ámbitos. No es poner -si me permite la expresión- la guinda al pastel. Hay que poner la guinda al gran pastel que se ha hecho, y lo digo ensalzando la obra de Gobierno de ustedes en esta legislatura, también con nuestra ayuda.


Fuera de cualquier lógica está la propuesta de que para el cálculo de prestaciones de incapacidad permanente por enfermedad común se tengan en cuenta parámetros de cálculo a partir de años de cotización. Si bien en la prestación por jubilación es lógico el parámetro de los años, para la incapacidad, una prestación producto del riesgo del azar o del infortunio, es irracional establecer parámetros de años de cotización para el cálculo de esta prestación. No existe una lógica interna que lo explique. Sin duda alguna solo se explica desde una óptica de reducción de la protección a cualquier coste; por ello, a nosotros nos sabe mal que esta variable no sea incluida, aun cuando tenemos la esperanza de corrección en el trámite parlamentario. También nos parece inconstitucional que para determinadas profesiones no pueda accederse a las prestaciones de incapacidad permanente total; inconstitucional por cuanto el sesgo de edad se prohíbe en el artículo 14 de la Constitución española. Sin lugar a dudas, la reducción de facto de la prestación de gran invalidez no puede tener más que una mención de reprobación. Que se pretenda reducir el importe de prestación a los más necesitados, a los que sufren las más importantes incapacitaciones, nos parece susceptible de corrección.


Para la jubilación y concretamente para el cálculo de la carencia mínima para el acceso a la prestación apelamos al cumplimiento de los mandatos judiciales que dieron lugar a la aparición de la llamada teoría de los días días/cuota, sentencia del año 1974, del siglo pasado, que da lugar a que se computen los días cotizados por pagas para el acceso a las prestaciones porque previamente

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los trabajadores han abonado cotizaciones por ellas. Eliminar esta asociación cuota/día cotizado significa incrementar injustamente el precio del acceso al sistema. Otra medida inaceptable es la modificación de la jubilación parcial relativa a la antigüedad en la empresa de más de seis años para acceder a la prestación. Es una medida que limita la libre circulación de trabajadores a partir de los 54 años, con el peligro de que, si lo hacen, pierden el derecho de acceder a la jubilación parcial.
Es sin duda una medida que, con el afán de perseguir al presunto defraudador, se excede. Fíjense lo que antes he dicho de esta percepción relativo a ver al ciudadano como un potencial pícaro que, desde que se levanta hasta que se acuesta, piensa cómo aprovecharse del sistema. Desde el republicanismo es inaceptable concebir que el ciudadano es sinónimo en sus comportamientos de potencial sujeto defraudador.


Las prestaciones de viudedad también merecen un análisis pormenorizado.
Nos congratulamos de que se adapte la prestación parcialmente a los nuevos tiempos y se reconozcan las prestaciones a las nuevas realidades de uniones estables, tal como mencionaba el señor ministro, pero este reconocimiento para muchos gays, lesbianas, transexuales y otras parejas que decidan unirse fuera del sistema tradicional establecido por los valores dominantes no puede revertir, a nuestro entender, en el recorte que se contiene en el proyecto de ley. La limitación al acceso a la prestación de viudedad para matrimonios de más de dos años o con hijos comunes introduce de facto -y este es otro factor que no entendemos- la casta, entre comillas -si se me permite la expresión-, en los matrimonios. Que alguien aproveche la prestación de viudedad para lucrarse con una prestación del sistema no puede justificar bajo ningún concepto la medida que se pretende instaurar y que no dejará opción a muchas parejas de jóvenes, y mucho menos a las parejas de hecho, a las que se pretende requerir cinco años. Se da, pues, un trato diferente -nosotros nos preguntamos si no es anticonstitucional- a quien por razones ideológicas ha decidido utilizar una fórmula de unión distinta.
Se propone la medida de la prestación temporal para el caso de que no pueda acceder a la misma, pero no tiene nada que ver con la prestación vitalicia que se venía concediendo.


Si quedara alguna duda de lo tendencioso de algunas de las propuestas, nos remitimos a lo que se ha propuesto en el régimen transitorio para prestaciones no generadas. A aquellos que han sufrido un agravio por no poder solicitar prestación, por no reconocérseles el derecho anteriormente -parejas de hecho, parejas homosexuales, etcétera-, se les solicita un periodo mayor de convivencia, a nuestro entender excesivo, quince años, pero además se les concede un periodo trampa de tan solo seis meses para solicitar la prestación.


Permítame, señor ministro, relacionar aquellos déficit que justifican nuestro inicial rechazo. Aunque sabemos perfectamente que durante el trámite parlamentario vamos a intentar ponernos de acuerdo, le apunto algunas cuestiones para que queden fijadas y poder discutirlas en las próximas semanas. Entendemos, primero, que habría que eliminar la exclusión del cómputo de los días/cuota por pagas extraordinarias.
Segundo, eliminar las medidas regresivas con discapacitados, que hay algunas. Tercero, igualar las prestaciones de viudedad y eliminar la casta de matrimonios. Cuarto, revisar la jubilación parcial. Quinto, mejorar la prestación de auxilio por defunción, que ya sé que es un tema menor. Sexto, reducir la edad de acceso a prestación de jubilación para los bomberos, policías y miembros de protección civil; otro tema sobre el que quisiéramos trabajar. Séptimo, cómo se puede reconocer el derecho civil catalán que nos afecta en el despliegue estatutario y que afecta también a temas de carácter laboral. Octavo, mejorar las incompatibilidades de los huérfanos. Noveno, mejorar la protección y la cotización de los artistas. Décimo, flexibilizar la protección de los trabajadores estatutarios. Undécimo, equiparar -quizá podríamos introducir este debate- las pensiones no contributivas al Iprem. Y, por supuesto, dar cumplimiento a la proposición no de ley que aprobamos aquí por unanimidad, a la cual hacía referencia el diputado Olabarría, del Partido Nacionalista Vasco, respecto a los prejubilados.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe terminar, señor Tardà, por favor.


El señor TARDÀ I COMA: De este paquete de propuestas surgirá, sin ninguna duda, nuestro apoyo o no, nuestro trabajo parlamentario en las próximas semanas. Esperamos que podamos tener una relación fluida con usted.
Huimos de una política fácil de proposiciones maximalistas. Creo que nuestro grupo parlamentario ha dado buena muestra de ello en su relación con el ministerio que usted preside. Vamos a ver hasta qué punto ustedes están dispuestos a facilitar un diálogo a efecto de que podamos tener una modificación del sistema de Seguridad Social, tal y como se requiere, en beneficio de todos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Tardà.


Señorías, ¿algún grupo parlamentario desea ejercer turno en contra de estas enmiendas? (Pausa.) Comenzaremos con las fijaciones de posición y lo haremos con el Grupo Mixto. En primer lugar, con la señora Lasagabaster y a continuación con la señora Fernández.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, curiosamente, ha iniciado su intervención al presentar este proyecto de ley como lo solían hacer en muchas ocasiones los ministros del Partido Popular. En esto no ha cambiado nada. Los ministros del anterior Gobierno de sentido político distinto decían lo mismo que usted: El proyecto que traemos a la Cámara

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tiene el acuerdo unánime de todos los agentes sociales y, por tanto, sería difícil entender que en esta Cámara tengamos que hacer un proyecto distinto. Usted ha dicho lo mismo: Tiene la unanimidad de las partes. En este caso ha hablado de partes, no de agentes, pero ha dicho lo mismo; en definitiva, que no toquemos el proyecto porque los agentes sociales saben, al parecer mucho mejor que nosotros, que cuestión beneficia a la sociedad. Lo mismo que el Partido Popular.


Segunda apreciación que usted ha realizado y que coincide en muchos casos también con lo que decían los anteriores ministros de Trabajo: Tenemos una buena situación de la Seguridad Social, no tiene problemas económicos y no tiene déficit. Exactamente igual. Esto nos sorprende porque nosotros siempre estuvimos en contra de dos cuestiones que nos parece que no se pueden utilizar y aquí se ha dicho en esta tribuna. En primer lugar, el hecho de que los agentes sociales puedan sustituir a los diferentes representantes de la ciudadanía que estamos aquí representados, porque, desde el punto de vista institucional de representación sindical, por ejemplo, en Euskadi la mayoría sindical no la tienen los agentes que han participado a la hora de aprobar este proyecto de ley, con lo cual curiosamente nos encontraríamos en una situación en la que su propia afirmación no tendría sentido. En segundo lugar, porque hay muchos representantes de la sociedad, muchos agentes sociales aunque no tengan la representación sindical, que no están conformes con este proyecto de ley como no lo estaban con otros y también hay que oírles -algunos de ellos están aquí hoy y nos congratulamos de que puedan oír directamente toda la sesión- porque el hecho de que no tengan esa representación sindical no significa que no sean parte de la sociedad y, además, están tan afectados como nosotros en el sentido de contribuir a hacer unas leyes lo mejor posible. Por tanto, no compartimos estas dos cuestiones.
Segundo. Si la Seguridad Social no tiene problemas económicos, no habrá ningún inconveniente en el trámite parlamentario para proceder a realizar algunas consideraciones, que lo único que pretenden, desde nuestra perspectiva, es equilibrar una situación de injusticia en una situación de justicia.


Compartimos muchísimas -por no decir casi todas- de las justificaciones que han apoyado tanto el Partido Nacionalista Vasco como Esquerra Republicana de Cataluña, a la hora de presentar sus enmiendas de totalidad. La razón de no haberlas presentado nosotros ha sido porque entendíamos que era un gesto de buena voluntad para proceder a una tramitación parlamentaria donde se recogieran algunas de las cuestiones en las que no se da precisamente lo que ha dicho el señor Ministro: señorías, esto tiene unanimidad de los agentes sociales, aquí no vamos a introducir nada. Precisamente, al contrario, creemos que hay elementos claves, cuestiones vitales, que son el esqueleto de este proyecto de ley en materia de medidas de régimen de Seguridad Social, que deben ser objeto de modificación y que, por tanto, nosotros tenemos ya las enmiendas parciales que presentaremos para que se incorporen.


¿Cuáles son los ejes centrales de nuestra aportación, porque creemos que no está bien regulado en este proyecto? En primer lugar, el tema competencial. Sabe el señor ministro, porque lleva once años escuchándome por activa y por pasiva, que no compartimos la gestión, la aplicación y la interpretación que se hace del artículo 18 y de la disposición quinta del estatuto. A veces parece que nos estamos inventando algo. Para que no haya ningún elemento interpretativo, les leería lo que dice el artículo 18 del Estatuto de Autonomía: En materia de Seguridad Social corresponderá al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado. Y, b) La gestión del régimen económico de la Seguridad Social. No es una interpretación de esta diputada, son las palabras literales del Estatuto. Además, si aludimos a la disposición quinta, habla incluso de la comisión mixta de transferencias que se debe crear para la aplicación del estatuto, y que debe establecer los oportunos convenios, que también los pediríamos para Navarra, mediante los cuales la comunidad autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Nada diferente a lo que proponemos.


Hay tres elementos más que nos parecen absolutamente vitales. En primer lugar, el tema de los prejubilados. Queremos hacer entender, porque a veces parece que estamos hablando de personas que como decidieron que ya habían trabajado mucho y que tenían mucho dinero, libremente se iban a casa con una prejubilación. No hablamos de este tipo de personas.
Hablamos de personas a las que no les quedó más remedio que proceder a una jubilación anticipada, por la situación de declive industrial y de reconversión industrial, que tuvieron que acatar, no decidir, la jubilación anticipada que les ha creado muchisimas desigualdades e injusticias.


¿Qué proponemos? Que a misma generación de derechos, misma igualdad a la hora de la prestación. Creemos que debe ser acogido, porque si parece que no hay problemas económicos y que es una cuestión de justicia, no parecería razonable el hecho de que el Gobierno o el partido que apoya al Gobierno no lo aceptaran. Proponemos que la pensión, después de alcanzada la edad oficial de jubilación, sea la misma sin que les afecten los coeficientes reductores, y que no se acepte esta situación desigual e injusta de una jubilación anticipada que fue obligada. No compartimos tampoco, aunque sí hay elementos positivos, el concepto de viudedad que aparece en esta ley, aunque no me puedo extender. Hay otros elementos, por ejemplo la jubilación parcial, que creemos que desincentiva el contrato de relevo, que en Euskadi es importante. Por último, algunas cuestiones relativas a los agentes de aduanas, a personas secularizadas que no pudieron cotizar en su momento, que deben ser restituidos en un acto de justicia. Confiamos, señor ministro, que en la tramitación parlamentaria podamos influir, y aunque los agentes sociales, no todos, se hayan puesto de acuerdo, también nosotros representamos a los ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta.


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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted. Finalizamos el turno del Grupo Parlamentario Mixto, y lo hacemos con la señora Olaia Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta. Queremos empezar agradeciendo a Esquerra Republicana y al PNV estas enmiendas de devolución, porque aunque digamos inicialmente que no las vamos a apoyar, nos permiten debatir en el Pleno la totalidad de este proyecto de ley que nos presenta el Gobierno, y que forma parte de otros acuerdos como los que se recogen en la reforma laboral aprobada hace unos meses en esta Cámara. Evidentemente, escuchamos con atención al ministro cuando nos exponía el proyecto de ley, y de igual manera que en otras ocasiones dijimos que podíamos compartir algunas cuestiones de las que se plantean en esta modificación, no podemos participar de otras. Cuando el ministro compareció para explicarnos el conjunto de estos acuerdos que, como acaba de decir, se enmarcan en el diálogo social y tienen el aval de la representación social -y esto además forma parte de los argumentos positivos que nos da el Gobierno para avalar el objetivo de esta reforma-, dijimos y volvemos a decir ahora -como ha señalado con anterioridad el señor Olabarría- que, aunque consideramos muy importante ese diálogo social, no responde realmente a un diálogo social de acuerdo con la pluralidad que en el Estado español se manifiesta, cuando menos en lo que representa al mundo laboral o a las centrales sindicales.


Si nosotros no presentamos una enmienda de devolución a este proyecto de ley es porque esperamos que en el tránsito del debate del proyecto, de acuerdo con las enmiendas que cada grupo parlamentario presente, haya el suficiente diálogo y disposición del Gobierno y del grupo mayoritario, el Grupo Socialista, para mejorar el texto que se nos presenta; un texto que, repito, podemos compartir en algunas de las cuestiones que nos presentó el Gobierno, pero no en otras, como que se siga incidiendo en el recorte de las pensiones y que no se recojan, por otro lado, cuestiones tan importantes como dar solución a los problemas suscitados por las prejubilaciones. Se recogen asuntos relacionados con el ERE y, en cambio, se dejan fuera las prejubilaciones consecuencia de convenios y aquellas jubilaciones que podríamos denominar forzosas, así como otros aspectos sobre los que presentaremos las enmiendas en el día de hoy, cuando se acaba el plazo.


Señor ministro, queremos aprovechar este debate para volver a plantear la necesidad de que en el diálogo y en la discusión parlamentaria de las enmiendas haya la mejor disposición para mejorar este texto, y que las enmiendas que presentemos los grupos puedan ser introducidas definitivamente.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Fernández.
Muchas gracias.


Turno del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Será el señor Mardones quien tome en su nombre la palabra.


El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.


Quiero dirigir un saludo cordial a las personas que están aquí hoy observando este debate, porque les afecta en alguno de sus aspectos fundamentales.


Mi grupo considera este proyecto de ley de alta importancia en la política social de un Estado democrático de derecho, que consagra el Estado del bienestar como uno de los derechos de todos los españoles en todo el territorio. Hemos estudiado el fondo de la cuestión del propio texto, y queremos ser respetuosos con los argumentos de las dos enmiendas a la totalidad presentadas, pero no vamos a apoyarlas. Votaremos a favor de este proyecto de ley del Gobierno por las siguientes razones. En primer lugar, porque lo que ha planteado el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) es un contencioso que debe estar fuera de este proyecto de ley, como es la reivindicación de que un artículo determinado -como ha señalado bien la señora Lasagabaster- dé unas competencias en cuestiones de Seguridad Social por el Estatuto de Gernika al Gobierno vasco. Para nosotros eso está dentro de otro escenario. Aquí estamos discutiendo una serie de medidas que afectan a unos sectores de la población laboral española que vienen avalados fundamentalmente por acuerdos previos. Afortunadamente, en España nos encontramos con una situación de paz laboral muy evidente; no hay una conflictividad reivindicativa por cuestiones genéricas. Se dan los clásicos conflictos laborales de pérdida de empleo porque una determinada empresa, como Delphi en Cádiz, cierra su actividad, y existe el derecho de manifestación de los trabajadores que pueden perder su puesto de trabajo, como ocurre en cualquier otra comunidad autónoma de España. Aquí estamos hablando de otra cosa: de una serie de medidas que tratan de beneficiar, en una línea de prudencia que mi grupo apoya, porque al final todo esto tiene un coste presupuestario que se repercute en los presupuestos del Estado, y concretamente en los presupuestos de la Seguridad Social. ¿Estas medidas tienen capacidad financiera para sostenerse? Sí, mi grupo lo quiere entender así. El ministro Caldera se ha referido precisamente a que en estos momentos hay una falta de problemas de déficit y a que hay una solvencia económica. Los 19.300.000 cotizantes, el 1,2 por ciento del producto interior bruto, y sobre todo el fondo de reserva de 40.300 millones de euros, están avalando en este momento el soporte financiero de estas medidas, que no son gratuitas. No estamos hablando aquí de una entelequia de felicidad de los trabajadores españoles, de sus viudas o viudos, en una línea puramente benéfica, retórica y sin soporte presupuestario; lo hay. Si se tiene que complementar con fondos de pensiones sabemos que esta es una medida abierta a un futuro inmediato, para que la llegada de la jubilación no sea un trauma económico.


Queremos apoyar las medidas que aquí se han planteado sobre este Estado del bienestar porque, en primer

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lugar, mantienen el criterio de caja única. Mi grupo y este diputado siempre hemos mantenido el criterio, dentro del Estado español, de la caja única porque si no la Seguridad Social flaquea. Lo hemos mantenido y repetido en todas las reuniones del Pacto de Toledo. En la última del año 2003, sobre la nueva renovación de los componentes del Pacto de Toledo, se establecieron ya estos criterios del Estado del bienestar en unas cuestiones que afectan fundamentalmente no a la población activa, sino a la población pasiva del mundo laboral. Tenemos los avales del acuerdo de medidas en materia de Seguridad Social de julio del pasado año 2006 al que llegan los interlocutores sociales. Mi grupo quiere respetar precisamente este acuerdo sensato y prudente. Algunos dirán que son medidas muy suaves y muy light. Son las que posibilitan una financiación segura y adecuada. Aquí no podemos embarcarnos en regalar fondos que no existen y costear servicios que no se pueden financiar. En esta línea la Secretaría de Estado de la Seguridad Social hace una labor de sentido común y de racionalidad. El otro día citaba aquí tanto la línea del señor Caldera en estas medidas, que mi grupo apoya, como la de don Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, que imprime a un documento que llega del acuerdo de medidas en materia de Seguridad Social, que han suscrito la CEOE, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la representación de las pymes, que es donde está todo el tejido empresarial y laboral del Estado español, y fundamentalmente donde se van a acoger unas medidas que mi grupo impulsa, porque están contenidas en este proyecto de ley. ¿Cuáles son fundamentalmente? Las que se dirigen a su finalidad. Para nosotros está perfectamente expresado lo que ya se había dicho en los foros sobre el acuerdo de medidas de Seguridad Social del año pasado, cuando se dice que la finalidad de esta ley viene constituida por la necesidad de dar el adecuado soporte normativo a buena parte de los compromisos relativos a acción protectora incluida en el referido acuerdo, y que afectan sustancialmente a incapacidad temporal, a incapacidad permanente, a jubilación y supervivencia, a las cuestiones de viudedad, pensiones de viudedad y prestación temporal de viudedad.
Posiblemente respecto a estos dos aspectos últimos que he citado tengamos que presentar, en los trámites de ponencia y de comisión, las adecuadas enmiendas porque no son temas fáciles de establecer, ni presupuestaria ni jurídicamente. Pero hay que dejar ya que desaparezca la acción aleatoria, dentro de la justicia, en que determinadas reclamaciones de viudos o de viudas con matrimonio civil, religioso, parejas de hecho o no, en cualquiera de sus modalidades que el derecho español permite hoy para la formación de parejas, se encuentren con que no tienen otro recurso legal que irse al juzgado de guardia correspondiente y presentar las reclamaciones. Estamos viendo sentencias de distintas partes de España, y observamos cómo un juez de una comunidad autónoma en una sentencia pronuncia una cosa sobre pensiones de viudedad, otro la contraria y otro está en una línea totalmente desarmonizada en derecho. Precisamente este proyecto de ley atiende ese tema.


Hay cuestiones técnicas, pero en el fondo hay una cuestión política, ya que estamos hablando de jubilación. Cuando vayamos a discutir todo lo que es la muerte y la supervivencia, donde se hace un escalón que estaba ya recogido en las voluntades que habíamos expresado en el Pacto de Toledo -legislar sobre el auxilio por defunción, legislar sobre una pensión vitalicia de viudedad, de una prestación temporal de viudedad, de una pensión de orfandad, de una pensión vitalicia o, en su caso, subsidio temporal a favor de familiares, incluidas las cuestiones que se van a debatir, y posiblemente las más enconadas, como son los derechos a pensión de viudedad con carácter vitalicio o no, el límite de los dos años, dos años menos un día, no, y dos años más un día, sí-, tendremos ocasión -y mi grupo se presta perfectamente- de debatir sobre cómo graduamos una pensión de viudedad, si debe de tener carácter temporal o debe de tener carácter vitalicio, y dónde ponemos el listón de cotización, en los dos años o en los dos años y medio o en los tres años.
Son temas discutibles, pero no quitan el fondo social que tiene el proyecto de ley, que mi grupo va a apoyar porque entiende que contiene los principios del Estado de solvencia y solidaridad, y dentro de la línea de la prudencia precisamente para ir avanzando. Dice el refrán que lo mejor es enemigo de lo bueno. Nosotros tenemos aquí una cosa buena que, si no es la mejor, el tiempo dirá si podemos irla financiando, porque todo paso que se dé en la Seguridad Social requiere un soporte, una garantía, un aval de financiación. Este es el meollo.


En una comunidad autónoma como Canarias, con altas tasas de longevidad y, por tanto, con un gran envejecimiento, la población laboral tiene derecho a una serie de reivindicaciones justas, en un Estado de derecho, sea cual sea la administración que se las dé: la Administración General del Estado, a través de la caja única de la Seguridad Social, o por la vía de las medidas complementarias de las competencias de las comunidades autónomas, porque no solamente se agota el Estado del bienestar en estas medidas que trae el proyecto de ley, están todas esas residencias para la tercera edad, están todos los centros de geriatría tan demandados hoy en día, están las acciones que se hacen sobre una población muy longeva que genera problemas, que es necesario que llevemos adelante con los principios de solidaridad y de justicia social. Todo ello nos puede permitir -y coincidimos plenamente con lo que ha dicho el señor ministro, don Jesús Caldera- que no haya nadie en España en situación de necesidad en un futuro; precisamente lo que refleja un Estado del bienestar con sensatez, con prudencia, con sentido común y con sentido de solidaridad, es lo que dice la Constitución que hemos votado.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones, muchas gracias.


Continuamos, señorías, con el turno de la señora Navarro, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


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La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.


El ministro ha dicho en la presentación que los agentes sociales están completamente de acuerdo con este texto. Yo no voy a hablar en nombre de los sindicatos, no me corresponde, pero, en cualquier caso, cuando uno llega a un acuerdo, no significa que esté completamente de acuerdo con todo el texto, sino que ha habido una negociación y que finalmente se ha alcanzado un pacto, y cuando hay negociación significa que todas las partes renuncian a reivindicaciones.


Por mi parte, en nombre de mi grupo parlamentario, le digo que hubiéramos apostado claramente por una reforma socialmente más ambiciosa y justa. El proyecto de ley que se nos presenta, aun recogiendo aspectos positivos, incorpora elementos regresivos no compartidos por nuestro grupo parlamentario. Tampoco compartimos el método que se ha utilizado para abordar este conjunto de medidas parciales; hubiéramos preferido que se abordara sometiéndolo a debate parlamentario en el ámbito del Pacto de Toledo. ¿Se acuerda del Pacto de Toledo? Nos hubiéramos gustado que esa fuera también una línea de trabajo. Como decimos, es posible una reforma socialmente más ambiciosa y justa, y precisamente justificada en la situación económica a la que el propio ministro ha hecho referencia.


El crecimiento económico sostenido en los últimos trece años hubiera justificado un salto cualitativo para abordar el importante diferencial que en materia de gasto social, y en especial en el capítulo de pensiones, existe respecto a nuestros países vecinos. Nuestro país continúa gastando, de promedio, más de 1.000 euros por habitante y año menos que la Unión Europea de los Quince, y más de 800 euros de diferencia si la comparación la efectuamos con la Unión Europea de los Veinticinco.


Los cambios demográficos, los compromisos de separación de fuentes de financiación, y la confianza en un crecimiento económico sólido en los próximos años precisamente permiten favorecer un mayor compromiso con nuestra política de pensiones, sin aventurismos y sin descuidar la sostenibilidad financiera del sistema, por supuesto. Pero hoy es racional pensar que lo prioritario es invertir en lo social, abordar un mayor compromiso social, y favorecer una mayor cohesión social ante la obsesiva política de superávit financiero en las cuentas públicas. Todo esto sin minusvalorar por supuesto los esfuerzos importantes que durante la presente legislatura ha realizado el Gobierno para mejorar las pensiones más modestas -impulsados y apoyados también por nuestro grupo parlamentario-, que quedan minimizados ante otras reformas de profundo calado económico, como ha sido la reforma fiscal efectuada, que significa una restricción potencial para las políticas públicas. El nivel económico medio de nuestras pensiones hoy es bajo, sencillamente bajo, y se está generando una brecha social de empobrecimiento agudo en un importante número de hogares con una pensión como única renta, especialmente, como digo, si consideramos los parámetros de nuestros vecinos comunitarios y la evolución de la inflación, unido a un déficit excesivo en gasto social con respecto a la media europea, que ya se ha señalado.


Nuestro país tenía el compromiso histórico de abordar su déficit social y esta legislatura era óptima para haber planteado un cambio de lógica, desde una visión progresista y de izquierdas, en la necesidad de evitar una ruptura social y económica entre las rentas más beneficiadas del crecimiento económico y los sectores socialmente más desfavorecidos. El otro día se publicaba en El País que estamos a mínimos históricos en cuanto a la participación de las rentas de los trabajadores en los beneficios empresariales de las grandes empresas. Se va abriendo, no solamente en el ámbito de las pensiones, sino también en los salarios, una brecha cada vez mayor entre los distintos sectores sociales. Es cierto, en cualquier caso -ya se ha dicho-, que el proyecto de ley contiene un conjunto de medidas que mejoran parcialmente el acceso de los beneficiarios a mejores prestaciones, como es el caso de la ampliación del derecho a la pensión de viudedad, mejoras en la pensión de orfandad, en incapacidad temporal o tímidos avances en lo que respecta a la jubilación anticipada, pero también existen elementos francamente regresivos que en ningún modo pueden ser compartidos por nuestro grupo parlamentario, y que estamos dispuestos a corregir a través de enmiendas parciales. Así es como abordamos este proyecto: formulando un conjunto de enmiendas que aspiran a fortalecer los aspectos positivos recogidos en el proyecto de ley e incorporando nuevas propuestas para mejorar, cualitativa y cuantitativamente, nuestro sistema público de pensiones.


Desde nuestro punto de vista, el proyecto de ley gravita en exceso alrededor del tan manido concepto de la contributividad, y lo hace sin tener en cuenta el subempleo, sin tener en cuenta determinados empleos menos estables que marcan la realidad de nuestro mercado laboral. Por tanto, se observa una visión parcial de la contributividad orientada solamente hacia los sectores laborales de cotización más estable. Una visión más abierta nos debe llevar, de forma insoslayable, a la consideración de aquellas cotizaciones que no alcanzan el periodo mínimo de carencia en la cotización, ampliado en esta reforma. Consideramos inaceptable el crecimiento en más de dos años del tiempo efectivo de cotización para acceder a la pensión contributiva. Esta modificación representa enmendar la plana a la jurisprudencia más progresista que había obligado a la Seguridad Social a computar los días correspondientes a las pagas extraordinarias. Nuestro grupo propondrá, como enmienda parcial, la creación de una pensión mixta para aquellos trabajadores que hayan cotizado entre 365 días y quince años, creando una compensación gradual en función de la cotización realizada, y que no alcanza el tope mínimo que complementaría a la pensión no contributiva. La diferencia iría a cargo de los gastos de los presupuestos de la Seguridad Social, ya que es un derecho que se adquiere a través de un determinado

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periodo cotizado. Esta medida favorecería especialmente a las mujeres hoy mayores de 65 años que tienen periodos cotizados e inutilizados, y que se vieron obligadas a perder su continuidad en el trabajo precisamente por las reformas que pretendemos adoptar, hoy por hoy, con la Ley de igualdad y con otras medidas legislativas en relación con la compatibilidad entre la vida familiar y laboral. De forma especial afecta a trabajadoras subempleadas, que han trabajado durante casi toda la vida, pero que han sido objeto de ausencia de cotizaciones en sectores donde predomina la economía sumergida y el concepto clásico de mano obra barata, como el conservero, el del servicio doméstico y un triste largo etcétera. Esta es una realidad a la que todavía, aunque en menor medida, hay que enfrentarse.


La decidida apuesta del proyecto de ley por estimular la prolongación de la vida laboral hasta los 70 años entraña, en opinión de nuestro grupo, una contradicción severa con la realidad de lo que ocurre en nuestro mercado laboral. De una parte, se favorecen, se auspician y se permiten acuerdos de prejubilación a partir de los 50 ó 52 años, a veces desde la propia Administración y en sectores económicos muy solventes, como el sector financiero y grandes empresas de servicios o de la industria. De otro lado, se obvian las importantes dificultades que los jóvenes tienen para acceder a un empleo de carácter estable y con derechos. Carece de toda lógica estimular la prolongación de la vida laboral para los mayores de 65 años y ampliar la edad de jubilación anticipada a los 61 años cuando millones de jóvenes buscan su primer empleo o están en condiciones de subempleo, como los llamados mileuristas -en realidad la mayoría no son ni siquiera mileuristas, sino que cobran salarios de 600 euros; se lo digo yo, señor ministro, que conozco a muchos de ellos-. Por otra parte, siendo positivo el reconocimiento de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, no se produce una homologación entre matrimonio y pareja de hecho, que, por cierto, es lo que se pedía en las proposiciones de ley que están tomadas en consideración en esta Cámara desde el inicio de la legislatura, y bloqueadas ya durante casi tres años. Estábamos esperando a esta reforma y nos encontramos con que existen todavía importantes discriminaciones. Señor ministro, se discrimina entre los tipos de amor, fíjese usted, después de lo que ha dicho aquí. Parece ser que en el texto legislativo no es lo mismo el amor en el matrimonio que el amor fuera del matrimonio, porque fuera del matrimonio se exige que el nivel de dependencia de los ingresos represente el 50 por ciento, si hablamos de existencia de hijos, o el 75 por ciento en ausencia de hijos.
Es decir, no se equipara. Habrá que trabajar por equiparar esos tipos de amor dentro y fuera del matrimonio.


También encontramos aspectos negativos en la jubilación parcial y, como ya se ha comentado, en la prolongación voluntaria de la vida laboral y en los escasos avances en la jubilación anticipada. Por último, quisiera señalar que estimamos muy negativo que el proyecto de ley no recoja el reconocimiento del periodo del servicio militar o prestación social obligatoria con tiempo efectivo a efectos de cotización, tal y como se reclamaba, por unanimidad de los grupos parlamentarios, en la Comisión de Defensa del 28 de febrero de 2006, es decir, en esta misma legislatura.
No recoger esto a efectos de cotización implica un grave incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos del Congreso de los Diputados.


Estas y otras cuestiones deberán ser debatidas en la tramitación del proyecto de ley, a través de las enmiendas parciales. Esa es nuestra visión ante las enmiendas de totalidad de devolución que se han presentado por los grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra. El proyecto de ley contiene luces y sombras, y pensamos que lo más razonable y efectivo es trabajar para fortalecer los aspectos positivos, y debatir nuestras propuestas para mejorar nuestro sistema público de pensiones. Esa es la apuesta de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señora Navarro.


Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y, en particular, con el del señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Quisiéramos también saludar a los diversos representantes de colectivos de trabajadores jubilados y prejubilados que nos acompañan en esta sesión.


Agradecemos las enmiendas a la totalidad, que mi grupo no va a apoyar, porque, eso sí, nos permiten mantener una discusión a fondo sobre el estado actual de nuestro sistema público de pensiones, y las reformas que es necesario impulsar en los próximos años, en el marco de las reformas que impulsa este proyecto de ley. Convergència i Unió quiere hacerlo recordando que este proyecto de ley es hijo de un acuerdo social que forma parte del desarrollo del Pacto de Toledo; Pacto de Toledo que fue impulsado en la última legislatura del Gobierno socialista a través de una iniciativa de Convergència i Unió; que fue desarrollado durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular con importantes acuerdos sociales y con consenso en esta Cámara, y que el actual Gobierno socialista continúa desarrollando; que es un instrumento fundamental de éxito para hacer sostenible nuestro sistema público de pensiones; que hoy, en el contexto de la Unión Europea, es modelo de referencia de cómo deben impulsarse las reformas en los sistemas de pensiones. Este proyecto de ley responde a las cuestiones de fondo que plantea el Pacto de Toledo: reformas para hacer sostenible el sistema, para hacerlo más equitativo y más justo. Convergència i Unió coincide plenamente con ese planteamiento de fondo. Si queremos garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, es necesario tomar hoy medidas que racionalicen

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el gasto y, al mismo tiempo, impulsar otras que garanticen una efectiva protección social a los colectivos más débiles. Señorías, hoy cualquier política de progreso debe poner necesariamente el acento en aquellos más débiles, en aquellos menos protegidos por nuestro sistema de Seguridad Social -el proyecto de ley contiene medidas que van en esa dirección- y, al mismo tiempo, debe garantizar el derecho a las pensiones de las generaciones futuras, porque sin hacer esto no hay política de progreso posible. Hay que aceptar que nuestro sistema público de pensiones, basado en las cotizaciones sociales que pagan empresarios y trabajadores, afecta al funcionamiento de la economía. El ingreso vía cotizaciones sociales está vinculado a la marcha de la economía. No podemos diseñar mejoras del funcionamiento de nuestro sistema de protección social olvidando las consecuencias que ello tiene para el conjunto de nuestro sistema productivo.


El proyecto de ley tiene que hacer frente a los retos de futuro para hacer sostenible el sistema en función del problema demográfico que hoy tenemos y que no va a tener corrección a corto plazo; a la realidad de nuestro modelo productivo basado en la creación de puestos de trabajo de baja calidad y por tanto asociados a un nivel de cotizaciones bajo, que configurará previsiblemente pensiones bajas para esos futuros pensionistas, en función de la dinámica de la jubilación anticipada. Es evidente que la reforma de 2002 ha dado buenos resultados y hemos empezado a recuperar las tasas medias de permanencia en nuestro mercado de trabajo -la edad media de jubilación actual está en 63,7-, pero, como tuvimos ocasión de debatir hace pocos días en una moción, aún tenemos demasiada gente que abandona su puesto de trabajo antes de los 65 años.
Teniendo en cuenta ese paquete demográfico, de productividad y de abandono del mercado de trabajo de trabajadores en edades maduras, nos parece que la reforma debería haber avanzado más. Al mismo tiempo, nuestro sistema de Seguridad Social continúa identificando hoy sectores no suficientemente protegidos. En términos de equidad, nuestro sistema de protección social continúa siendo injusto frente ciertos colectivos, de manera muy significativa frente a los dos con menor protección social: el de viudas y el de perceptores de pensión no contributiva. Hace pocos días los medios publicaban que una viuda recibe a partir del fallecimiento de su esposo un 44 por ciento menos de ingreso. En esa unidad familiar la renta cae de media un 44 por ciento. Hace escasos días el Instituto de Estadística de Cataluña hacía una radiografía de la pobreza de Cataluña y junto a los hijos de familias monoparentales, situaba como otro núcleo de pobreza a mujeres que vivían solas con escasísimas pensiones.


Reconociendo los avances que se producen en materia de parejas de hecho, desde la perspectiva de la necesidad de ese colectivo de mujeres solas, el proyecto de ley queda lejos de las expectativas que todos hubiésemos querido tener en esta legislatura. Nos queda pendiente una reforma a fondo de la pensión de viudedad que garantice a las mujeres que no pudieron crear sus propias carreras de cotización una pensión digna. Hoy nuestro sistema no garantiza eso. Para esos colectivos que perciben la pensión no contributiva, personas que tienen a veces historias laborales complejas y difíciles que a lo largo de su vida han sido capaces de trabajar y aportar al conjunto de la sociedad, la cuantía de la pensión continúa siendo insuficiente. Seguramente también lo sea para los pensionistas no contributivos que viven en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao.


Señorías, el debate de hoy -el señor Olabarría lo ha esbozado en parte- también tiene otra dimensión, que es nuestro modelo de Estado autonómico.
Mi grupo estima que no es el momento adecuado para abordar este asunto al final de esta legislatura, pero necesitamos abordar la dimensión territorial de nuestro sistema de Seguridad Social. En el caso de Cataluña porque hay un artículo en el Estatuto de Autonomía, el número 165, que es muy claro otorgando competencias compartidas al Gobierno de Cataluña, al Parlament de Catalunya, en materia de Seguridad Social.
Competencias compartidas que incluyen el despliegue, la ejecución de la legislación estatal, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, la ordenación y el ejercicio de las potestades administrativas sobre las instituciones, empresas y fundaciones que colaboren con el sistema de la Seguridad Social, el reconocimiento y la gestión de las pensiones no contributivas..., un paquete que el Estatuto de Autonomía de Cataluña en el artículo 165 mandata que forma parte del paquete de competencias de la Generalitat y cuyo despliegue es necesario abordar de una vez por todas.


Señoría, existen otras cuestiones como el empobrecimiento de los pensionistas en aquellos territorios donde el nivel de vida, los precios, son superiores a la media del conjunto del Estado. Un reciente informe del Departament d'Economía i Finances de la Generalitat de Catalunya, coordinado por el catedrático de Hacienda Pública de la Universitat Pompeu Fabra, don Guillem López-Casasnovas, afirma que la media de la pensión de un pensionista catalán corregida por el índice de precios existente en Cataluña se sitúa por debajo de la media española y por debajo de la media de diez de las comunidades autónomas. Tal como está articulado, el sistema empobrece al pensionista catalán con relación al conjunto de los pensionistas de España. En ese propio estudio de la Consellería d'Economía i Finances se plantea que nuestro sistema de pensiones presenta fuertes diferencias entre territorios. Hay territorios donde la relación de cotizantes y pasivos es altamente exitosa y existen otros donde el número de pensionistas es superior, de manera significativa, al número de activos presentes en el mercado de trabajo.
Esa dimensión de solidaridad entre territorios de nuestro sistema de la Seguridad Social es relevante y también forma parte de nuestras reflexiones.


Mi grupo no va a poyar las enmiendas a la totalidad que se han presentado.
Optamos por plantear enmiendas parciales con la voluntad de alcanzar un amplio consenso

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en la Cámara que permita mejorar el texto que el Gobierno ha presentado: enmiendas que deben afectar al colectivo de viudas, a los prejubilados, a las personas con discapacidad, a los perceptores de la pensión no contributiva, a la consideración de los periodos del servicio militar a efectos del cálculo de la pensión, al tratamiento de las pensiones de orfandad, etcétera. En cuanto al texto que el Gobierno ha presentado existe un camino a recorrer de mejora con el que Convergència i Unió piensa trabajar para que, en términos de equidad y de justicia social, esta sea una mejor ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Campuzano.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Señor Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, presentar esta ley diciendo desde el principio que no excluye otras medidas de reforma necesarias en el futuro próximo no parece ni muy responsable ni muy serio, porque sin duda da pie a preguntarse inmediatemante: ¿Y si se sabía que ya eran necesarias las medidas incluidas y esta era la ocasión, es decir, ahora que abordamos la reforma de la Ley de la Seguridad Social, porque no se ha hecho? Si al salir de la firma uno de los firmantes dice que el texto es insuficiente, el otro que las pensiones necesitaran más reformas y el otro que el diálogo social no es únicamente una colección de fotos, muchos pensionistas españoles se preguntarán: Y entonces, ¿qué han hecho estos señores? ¿Para qué se han juntado? ¿Para qué se han reunido? ¿Para qué han dialogado?

Como hemos visto en la mañana con las dos enmiendas de totalidad y a través de las intervenciones de los distintos portavoces, ninguna fuerza política, ningún sindicato, ninguna patronal, ninguna organización de mayores o ninguna asociación de pensionistas o de prejubilados ha defendido la reforma con mucho entusiasmo. Eso sí, los únicos calificativos que ha concitado han sido los de decepcionante, ineficaz, limitada, y lo peor del asunto es que esta es una ocasión perdida en la medida en que nos encontramos ya a unos pocos meses de unas elecciones generales y, por tanto, la de Rodríguez Zapatero en materia de seguridad y pensiones ha sido una legislatura perdida.


Señorías, lamento decirles -ya sé que no lo van a creer- que los miembros del Pacto de Toledo de este Parlamento nos hemos enterado de esta ley por la prensa. Si algún español en su sano juicio piensa razonablemente que una reforma de esta envergadura debería tener la obligación de pasar, de ser desmenuzada, de ser consensuada por el órgano que representa la esencia del acuerdo en materia de pensiones, el Pacto de Toledo, lamento decirle en estos momentos que se equivoca; que ni el ministro ni ninguno de los agentes sociales firmantes del acuerdo han pasado por esta casa para dar explicaciones del contenido o de cada una de las disposiciones incluidas, y que en ningún momento se ha solicitado el concurso de la Comisión del Pacto de Toledo en esta gestación. Por si estos dos antecedentes fuesen poco, resulta que dos grupos parlamentarios de esta Cámara -uno de ellos socio del Gobierno- han solicitado que se devuelva el proyecto de ley. Ante estas condiciones, muchos pensarán -los invitados que asisten hoy a la tribuna-: Y si en el anterior acuerdo del año 2001 y en la ulterior reforma del año 2002 el Grupo Socialista ejerció la disidencia -decía el señor Griñán en quellos términos que la podía ejercer-, y al final se abstuvo en el proyecto de ley, lógicamente el Grupo Popular debería hacer lo mismo. Pues bien, esto no va a ser así porque en este país hay un partido serio, un partido responsable que siempre dice lo mismo, que no cambia de discurso ni de opinión y que prefiere la prudencia y la responsabilidad al electoralismo en los temas importantes que afectan a los españoles. Así pues, mucho meterse con el PP, mucho cordón sanitario, mucho Pacto del Tinell contra el PP, pero cuando hay que sacar adelante un tema importante en este país ustedes se tientan la ropa y vienen corriendo a pedir árnica y responsabilidad. Lo único que les pedimos a cambio -y no es mucho pedir- es que nos dejen la Seguridad Social como nosotros se la dejamos a ustedes, es decir, saneada, con fondos de reserva, con reformas, y no como lamentablemente nos la dejaron en el año 1996, con un déficit de 500.000 millones de las antiguas pesetas, con un paro del 24 por ciento y una afiliación bajo mínimos; con la imposibilidad en aquellos momentos de llegar a fin de mes y sin dinero para consignar la paga extraordinaria del mes de junio de aquel año. Señorías, la situación social y demográfica que vive España en este momento como consecuencia del envejecimiento relativo de la población, de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, de la inmigración o de la baja natalidad, ha generado preocupación y alerta en la práctica totalidad de las organizaciones multilaterales que monitorizan las economías y los sistemas públicos de pensiones, y los últimos datos no producen precisamente más tranquilidad. La coordinadora del estudio global sobre envejecimiento y salud adulta de la Organización Mundial de la Salud acaba de decir que en el año 2050 España tendrá la población más envejecida del mundo, el 33 por ciento de los españoles tendrá más de 65 años, uno de cada tres españoles será mayor de 65 años; es decir, tendremos más gente mayor -nosotros probablemente- cobrando pensiones más altas, cobrándolas durante más tiempo, y desde luego menos gente joven para pagarlas. Por eso son tan importantes la natalidad y las medidas a favor de la familia y de la conciliación que tanto ha olvidado este Gobierno, porque los sistemas de Seguridad Social de reparto están diseñados para poblaciones iguales o crecientes y la nuestra en este momento no lo es.


El director de la Oficina Económica del Gobierno, que tan de moda está, ha publicado un artículo afirmando el estrangulamiento del sistema a partir del año 2011, es

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decir, en cuatro años, y anunciando, además, su entrada en déficit para el año 2015. El señor Almunia lo ha calificado de bomba de relojería. Frente a esto, ustedes se preguntarán qué es lo que tenemos en el Gobierno.
Tenemos el discurso triunfalista del señor ministro, del señor Caldera, que ya sabemos a qué nos condujo en materia de inmigración clandestina y de cayucos y que ahora en Seguridad Social, una vez más, desincentiva la atención de los ciudadanos a la previsión de su futuro, y tenemos también el texto de ley que hoy discutimos. Un texto cuyo problema no está en lo que hace sino en lo que deja de hacer; un texto que no tiene ni la amplitud ni la profundidad en los cambios que requiere en estos momentos el sistema; un texto que no entra en los grandes problemas del sistema de Seguridad Social, ni en el desequilibrio de las modalidades de protección, ni en la generación de pasivos artificiales por las jubilaciones anticipadas, ni en la configuración de la pensión de viudedad, que tanto le preocupaba a la portavoz en el debate del anterior acuerdo, que estaba en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, en la disposición adicional quincuagésima octava, y que también estaba en el acuerdo social de julio del año pasado. Señor ministro, señora portavoz, ¿dónde está la pensión de viudedad? Nos alejamos del principio de proporcionalidad del Pacto de Toledo, no asumen compromisos a largo plazo y no producen reequilibrio entre cotizaciones y prestaciones, a la vez que no elevan las pensiones de orfandad ni incentivan los instrumentos de previsión social complementaria. Y como era de esperar en un Gobierno que no es responsable de sus actos, la memoria económica que debería reflejar el coste y los ahorros de las medidas es más que insuficiente. El ministro ha tenido la amabilidad de decirnos en la mañana de hoy que las medidas de mejora de los coeficientes correctores van a suponer 300 millones de euros. Pues muchas gracias, señor ministro, pero lo podía haber puesto en la memoria económica de la ley y así los grupos parlamentarios podríamos haber tenido acceso al coste de las medidas que incorpora esta ley. No han querido hacer más pensando, como siempre, en el potencial coste político de las medidas antes de unas elecciones. Una vez más, antes el partido que la sociedad, que el país. Aquí no basta con las reformas posibles sino que es imprescindible abordar las reformas necesarias y, cuando haya que tomarlas, o llegarán tarde o habremos perdido un tiempo precioso, como en el año 1995. La historia se repite con ustedes como el mito de Sísifo y por eso también sabemos que habrá de tomarlas un gobierno responsable y serio, un gobierno popular.


Señoras y señores diputados, en cuanto a la culminación de la separación de fuentes financieras en materia de complementos a mínimos, a su portavoz en el anterior acuerdo del año 2001, por aquel entonces el señor Griñán, le parecía muy largo el periodo de doce años y pedía reducirlo a cuatro, justo a los de aquella legislatura para, literalmente, ahorrarle tres billones de pesetas a la Seguridad Social; además, lo pidió el secretario general de la Unión General de Trabajadores, el señor Cándido Méndez, pero hoy, seis años después, se les ha olvidado -es un lapsus de esos de los suyos- y, cuando entonces se exigía un compromiso de que no se incrementase el plazo del cálculo de las pensiones, son estos mismos responsables quienes lo afirman a efectos del cómputo de periodo mínimo de cotización al eliminar la parte correspondiente a las pagas extras.
Curiosa forma de entender la congruencia en política. Como incongruente y contradictorio es también intentar alargar de forma voluntaria la vida laboral y simultáneamente favorecer determinados supuestos de jubilación anticipada, cuando el único secreto que existe para esto, como todo el mundo sabe menos ustedes, es que trabajar sea rentable.


Hay dos elementos que han levantado más inquietud e insatisfacción en la ley. En primer lugar, las prejubilaciones. A las exiguas mejoras en la penalización de los coeficientes reductores se ha sumado el tratamiento del concepto de involuntariedad, que es injusto y que nada tiene que ver con la realidad en la medida en que no solo es involuntario el cese de un trabajador mediante un expediente regulador de empleo. En segundo lugar, el de la viudedad, con el que consiguen meter el dedo en el ojo a dos millones de viudas españolas. Incorporan a las parejas de hecho -eso sí-, que tras las divorcios exprés y el matrimonio entre personas del mismo sexo cada vez tiene menos sentido práctico porque han hecho que casarse o divorciarse en términos burocráticos sea igual de fácil o de complicado que inscribirse o darse de baja en un registro de parejas de hecho o ante un notario, pero a la vez le han quitado la pensión a las viudas que estaban casadas y con matrimonios de duración inferior a dos años. Esto es así, señorías. Este retroceso, este auténtico retroceso en materia social es el más grave que se ha producido en los últimos años. Y mientras ustedes les quitan las pensiones a las viudas, el Tribunal de Cuentas de este país denuncia que la Seguridad Social está perdiendo dinero en cantidad por el pago de pensiones a personas fallecidas. Sin duda, no hay forma de hacer carrera de ustedes.


Señoras y señores diputados, por estos y otros motivos, el Grupo Parlamentario Popular va a presentar un conjunto de enmiendas que pretende dar valor a esta ley, transformar algunas de sus notables carencias, de sus ausencias, incluso de sus errores y hacer de esta una ley útil y justa para todos los ciudadanos.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Echaniz.


Finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario Socialista, en cuyo nombre tiene la palabra la señora López i Chamosa.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, al igual que han hecho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, quiero dar

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la bienvenida a las asociaciones de prejubilados porque, después de discutir mucho con las personas, como tengo esa virtud, termino haciéndome su amiga. En ese grupo tengo buenos amigos que espero seguir conservando en el futuro, ya que, como dice aquél, hay que tener amigos en todas partes porque te salvan de situaciones difíciles. También, cómo no, quiero agradecer personalmente la presencia en la tribuna del secretario de Estado de la Seguridad Social, porque espero que oyendo aquí a los distintos portavoces de los grupos entienda lo que tenemos que sufrir cuando hay que debatir temas como este y su única palabra es no a algunas peticiones. Le agradezco enormemente que empiece a vernos en activo.


Señorías, le decía antes al señor Olabarría que no sabía si enfadarme con él o ponerme contenta, porque me he pasado varios días mirando las sentencias constitucionales y he pedido a técnicos de la Seguridad Social que me dieran argumentos, porque pensé que íbamos a hacer aquí un debate de transferencia de la Seguridad Social a las comunidades autónomas. Pero luego ha subido a la tribuna y ha hecho un debate del contenido de esta ley. Estoy encantada, porque vamos a entrar en los contenidos de la ley, que para mí son lo más importante. Quiero decirle simplemente una cosa.
Hemos de ir pensando que hace treinta años podía tener sentido la transferencia de la gestión de la Seguridad Social, pero hoy no la tiene.
¿Por qué? Porque hace treinta años se trataba de rellenar las solicitudes, de rellenar unos papeles que había que transmitir, etcétera, y ahí había una gestión administrativa. Hoy un empresario puede dar de alta o baja a un trabajador esté en China, en Mondoñedo -donde yo nací- o en Ripoll, Girona, porque lo hace a través de un ordenador y desde cualquier lugar. Por lo tanto, es muy difícil decir que tenemos que trocear un programa informático para que unos lo hagan de una manera y otros de otra. Debemos reflexionar en profundidad y ver qué podemos reclamar.


Entro en otro concepto, del que también han hablado varios portavoces como el señor Campuzano, y sobre el que me encantaría debatir un día. Dice S.S. que los pensionistas de Cataluña pierden porque el IPC catalán es más alto que el de la media del conjunto del Estado. Lo era más en el pasado, con este Gobierno lo es menos porque hay menos diferencial, lo cual quiere decir que en el pasado habría una gestión económica peor, pero no ese es el tema. Lo es también para un trabajador. A un trabajador del metal se le sube el IPC en su convenio igual que se le sube al de Madrid, o al del textil, más propiamente estatal el convenio. Cualquier persona que cobre a través de un convenio estatal que tenga un incremento común lo pierde en función de la inflación. No es especialmente el prejubilado ni el jubilado, es el trabajador en función de la inflación.
Igual le pasa a un comerciante, a un señor de un comercio o de una tienda. Por lo tanto, a lo mejor hemos de celebrar un debate sobre este asunto algún día.


Entrando en los temas que se han suscitado, por dar respuesta porque no tengo todo el tiempo del mundo. Primera cuestión: no es cierto que cambiemos el contenido de la pensión de viudedad. No hay ningún cambio sustancial de la pensión de viudedad. Solo vamos a exigir dos años de matrimonio en caso de fallecimiento por enfermedad común y que no haya hijos. Solo en esos términos. No hay ninguna asociación de viudas -y me precio de tener relación con ellas- que ponga pegas a establecer un periodo de carencia de dos años, porque si hay una muerte por accidente sea laboral o de tráfico ya no entra la exigencia de ningún día, se puede casar por la mañana y si hay un accidente por la tarde seguirá cobrando igualmente. No hay ningún cambio en el tema de viudedad. El único cambio es la exigencia de esos dos años. El segundo cambio que existe se da, en caso de divorcio, para garantizar a la última viuda por lo menos el 50 por ciento, porque no es razonable que unas personas que llevan 20 años sin verse, que están viviendo el uno al margen del otro, por el hecho de que una se muera la otra pase a cobrar una pensión y a la última viuda, que a lo mejor es la que ha sufrido los últimos años, le queden, como en algún caso, siete euros. Eso es lo que hay que corregir, eso es lo que se pretende corregir.


Vamos a hablar del porcentaje de viudedad: pasar del 52 al 70, y con esto creo que contesto a varios portavoces. No es posible pasar al 70 por ciento mientras tengamos un 1.100.000 pensiones de viudedad mínimas porque ese 1.100.000 viudas, que son mayores de 65 años y cobran la pensión mínima no tendrían un céntimo de aumento y solo estaríamos incrementando a las que cobran más pensiones. Mi grupo no está de acuerdo ni comparte eso. (Aplausos.) ¿Queremos subir las pensiones? Sí. ¿Qué queremos hacer? Lo que estamos haciendo: subir las pensiones mínimas por encima del IPC. Y entonces le estamos subiendo realmente a la viuda que cobra pensión mínima un 19 y pico por ciento en estos tres años. ¿Que es una miseria? Sin ninguna duda, porque 493 euros son una miseria, pero 360 euros eran mucha más miseria hace tres años. (Aplausos.) Le digo más.
Preguntaba el señor Echániz qué estamos haciendo. Nosotros hemos subido la pensión mínima con cónyuge a cargo un 25 por ciento en tres años, pasando de algo más de 400 euros a 606 euros. Es poco, sí, pero si en los ocho años de dos legislaturas ellos hubieran subido lo mismo habrían subido un 50 por ciento, y no llegaron al 15 por ciento. Esa es la diferencia. (Aplausos.) Podemos hacer un discurso pensando en ellos, pero se han tirado ocho años reclamando al Partido Popular, que fue el que creó la diferencia entre los anteriores a 2002 y los demás, que lo arreglara y no lo arregló. (Rumores.) ¿Quién lo va a arreglar? Un Gobierno socialista. ¿De acuerdo con todo lo que quieren? No, seguramente no vamos a hacer todo lo que ellos quieren, pero sean 60 ó sean 65 euros lo hará este Gobierno, no ese ni ningún otro. (Aplausos.) Esta es la diferencia. Dice que dejemos la Seguridad Social como la dejaron ustedes.
De las pensiones ya hemos hablado. El Fondo de Reserva ustedes lo dejaron en 9.000 millones de euros porque el excedente iba cuatro para aquí, cuatro para allí y cuatro para el otro lado. Nosotros decimos que

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todo el excedente al Fondo de Reserva, y ahora mismo está en 40.000 millones de euros en tres años. Eso es gestión. Señor Martínez-Pujalte, me va a permitir que le diga un proverbio que dije un día al señor Echániz: Las grandes obras las sueñan los genios, las ejecutan los inteligentes, las disfrutan los felices. (El señor Martínez-Pujalte López: ¡Arenillas!) y las critican los inútiles crónicos. Sitúese usted donde quiera. (Aplausos.-Protestas.) Esa es la realidad.


Termino porque no tengo más tiempo. Este es el proyecto que es posible, que sale del Pacto de Toledo y del acuerdo con los agentes sociales. No es el que yo quisiera ni el que quisiera la CEOE ni el que quisieran ustedes o el otro; es el posible, el de consenso, y a partir de ahora vamos a mejorarlo. (El señor Martínez-Pujalte López: ¡A que votamos que no!) Yo convoco a todos a que con buena voluntad nos dediquemos a mejorar el acuerdo y las condiciones para las viudas, los prejubilados y para el futuro. Yo también quiero cobrar pensión, y tenemos que garantizar que ellos cobran, que yo cobre y que sus hijos cobren. Eso es lo que está haciendo este Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora López i Chamosa.


Señorías, llamamos a votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA IMPUESTA AL ETARRA JOSÉ IGNACIO DE JUANA CHAOS.
(Número de expediente 162/000567.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre cumplimiento íntegro de la sentencia impuesta al etarra José Ignacio de Juana Chaos, con la enmienda del propio grupo autor de la proposición no de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 117; en contra, 168.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIONES.):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. (Número de expediente 173/000193.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Solicito votación separada del punto 4.


El señor PRESIDENTE: ¿Se refiere a la suya? (Asentimiento.) Gracias.


Votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la pérdida de credibilidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Votamos la generalidad de la moción excepto el punto 4, que votaremos a continuación.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 117; en contra, 168; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Votamos el punto 4 de la citada moción.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 115; en contra, 168; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LA CARTA MUNICIPAL DE BARCELONA.
(Número de expediente 173/000194.)

El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre el cumplimiento de los compromisos de la Carta Municipal de Barcelona. En primer lugar, votamos el punto 3.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 18; en contra, 265; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Votamos el resto de la moción.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 19; en contra, 264; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Rechazado.


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DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.):

- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000126.)

El señor PRESIDENTE: Votación del debate de totalidad de iniciativas legislativas. Enmiendas de totalidad de devolución del proyecto de ley de medidas en materia de Seguridad Social.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 129; en contra, 147; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


AVOCACIÓN POR EL PLENO:

- DEL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000126.)

El señor PRESIDENTE: Avocación por el Pleno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de medidas en materia de Seguridad Social. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la propuesta de avocación.


Se suspende la sesión hasta esta tarde a las cuatro.


Eran las dos y veinte minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO LIDERAR UN PACTO DE TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS FRENTE A LA ESPECULACIÓN Y LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA? (Número de expediente 180/001902.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Punto IV del orden del día: Sesión de control al Gobierno. Preguntas al señor presidente del Gobierno. En primer lugar, del diputado don Gaspar Llamazares.


Adelante, por favor.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, igual que se dice que el sueño de la razón produce monstruos, la pesadilla de la especulación produce corrupción política. Es una cuestión que debilita de manera profunda el sistema democrático y la credibilidad de nuestras instituciones. Por eso, señor presidente, le pregunto: ¿Piensa liderar algún tipo de alternativa unitaria o de pacto de Estado frente a la especulación y la corrupción urbanística?

El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Llamazares, comparto plenamente con usted la preocupación sobre esta cuestión. La especulación y las conductas irregulares en el ámbito urbanístico son absolutamente intolerables, atentan a la salud democrática, la decencia política y además dificultan el acceso de los ciudadanos a la vivienda. Quiero indicarle que el Gobierno ha puesto en marcha distintas iniciativas como la creación de fiscales específicos dedicados a perseguir los delitos contra el medio ambiente y el urbanismo, que se ha reforzado significativamente la Fiscalía Anticorrupción y los resultados están a la vista. A nadie le gusta lo que estamos viendo, pero lo vemos porque hemos decidido no mirar a otra parte y luchar contra ello. Le quiero dar un dato. La Fiscalía Anticorrupción está interviniendo en este momento en 43 procedimientos judiciales abiertos por corrupción urbanística y además las fiscalías territoriales han participado en la apertura, solo en 2006, de 1.363 diligencias de investigación sobre infracciones en materia de ordenación del territorio.
Por tanto, hay un gran esfuerzo para combatir y perseguir los posibles delitos en relación con infracciones urbanísticas. Además, como sabe S.S., hemos aprobado recientemente en esta Cámara la Ley de Suelo, que contiene importantes instrumentos para combatir la especulación y la corrupción urbanística, y, por supuesto, el Gobierno está abierto a sugerencias e iniciativas de cualquier grupo parlamentario, singularmente del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que puedan reforzar el combate por un urbanismo cívico y contra la corrupción y la especulación en ese ámbito.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, la situación es tan grave y tan extrema que las soluciones normales son claramente insuficientes. Ha sido conveniente y necesaria una Ley de Suelo, es necesario potenciar también la fiscalía, pero todas estas medidas, con ser necesarias, no son suficientes. En nuestra opinión, es preciso tomar medidas urgentes y ejemplares frente a la corrupción y frente a la especulación. La corrupción y la especulación en nuestro país no solamente niegan

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derechos fundamentales, como el derecho a la vivienda o el derecho al medio ambiente, sino que además corrompen nuestras instituciones y debilitan la credibilidad de la democracia. Por tanto, necesitamos soluciones ejemplares, y en ese sentido, señor presidente, le emplazo a liderar un pacto de Estado contra la corrupción. En su momento el Gobierno lideró un Pacto de Estado contra el transfuguismo político. Era necesario y era imprescindible. Pero hoy la corrupción política y la especulación son mucho más graves, y el Gobierno debería liderar un pacto, por ejemplo, para que, más allá de la Ley de Suelo, se penalicen de forma más clara todo tipo de medidas irregulares en esta materia, se elabore una ley de financiación de las administraciones locales y se elabore también un pacto que vaya mucho más allá en los mecanismos preventivos y, sobre todo, se llegue a un pacto entre las fuerzas políticas democráticas, a un código ético de las fuerzas políticas democráticas que separe las manzanas podridas de la gran mayoría, que son las manzanas sanas. Es decir, que no pueda haber ningún candidato imputado, como ocurre de manera escandalosa en estas elecciones municipales y autonómicas. Señor presidente, le insto a que lidere un pacto de Estado contra la corrupción y medidas excepcionales. No es solamente necesario ser en este caso, sino también parecer desde el punto de vista público.


El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Llamazares, la lucha contra la corrupción urbanística exige una voluntad y un acuerdo continuos. Eso es lo que ha llevado a cabo el Gobierno desde el primer día. Acabo de citar la actuación de la fiscalía y creo que en ningún momento de la etapa democrática ha habido una acción tan intensa y tan sistemática para perseguir el delito en el ámbito urbanístico. La Ley de Suelo es otro gran ejemplo, y estamos abiertos a que el acuerdo continuo que debe haber contra la lucha en el ámbito urbanístico siga enriqueciéndose con nuevas iniciativas que espero que sean presentadas por su grupo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


- DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CREE USTED BUENA PARA LOS INTERESES GENERALES LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO PERMITIENDO QUE ANV SE PRESENTE A LAS ELECCIONES MUNICIPALES, TRAS LAS DECLARACIONES DE REPRESENTANTES DE BATASUNA APOYANDO A DICHA FORMACIÓN? (Número de expediente 180/001903.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Mariano Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Gracias, señor presidente.


Que los representantes de ETA no estuvieran en las instituciones fue uno de los mayores golpes de la democracia española a la organización terrorista. Usted, señor Rodríguez Zapatero, lo apoyó en su día, ahora no. Usted no ha querido impugnar un sinfín de candidaturas y por eso el mundo de ETA vuelve a los ayuntamientos. ¿Por qué lo ha hecho?

El señor PRESIDENTE: Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rajoy, le quiero recordar que el Gobierno impugnó 386 candidaturas amparándose en la Ley de Partidos, de las cuales prácticamente la totalidad, salvo siete, fueron anuladas en primera instancia por el Tribunal Supremo, tal como establece nuestro ordenamiento, y en segundo lugar por el Tribunal Constitucional, al amparo de la ley, en el marco de la Ley de Partidos, sin permitir que nadie que no cumpla y respete la Ley de Partidos pueda estar en estas elecciones (Rumores.), pero tampoco asumiendo al interés particular o al interés del capricho político lo que puede ser su opinión sobre cómo ha de ser la aplicación de la Ley de Partidos (Protestas.) sino respetando lo que dicen el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Rajoy, su turno, por favor.


El señor RAJOY BREY: Muchas gracias.


Señor presidente del Gobierno, su decisión fortalece a ETA. (Varios señores diputados: ¡Hala!) Usted no ha impugnado las candidaturas porque no ha querido (Varios señores diputados: ¡Hala!) y por eso los tribunales de Justicia, que afirmaron que el proceso de elaboración de las listas de ANV lo había dirigido Batasuna, dijeron también que no podían entrar en el análisis de las que usted no impugnó. Usted no las ha impugnado porque no ha querido, (Una señora diputada: ¡Hala!) sabiendo que había personas de Batasuna en esas listas electorales, sabiendo que Batasuna las había apoyado públicamente, sabiendo que se manifestaban juntos porque son lo mismo. Usted ha dejado vía libre en muchísimos municipios a las candidaturas de Batasuna, curiosamente en aquellos donde no tenía más apoyos. Aún no ha explicado por qué no les permite ir al Parlamento de Navarra y sí al Ayuntamiento de Pamplona. El espectáculo que se ha dado desde el punto de vista del Estado de derecho es lamentable, señor presidente. El fiscal general del Estado dijo que la petición

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de voto por parte de Batasuna era un indicio adicional para la ilegalización; como quiera que lo pidieron, luego tuvo que rectificar.
Ustedes han intentado manipular -su portavoz, la señora vicepresidenta- una decisión del Tribunal Constitucional, que luego tuvo que aclarar.
Quiero decirle que su posición no se sostiene; que usted no puede culpar a los demás, ni al Partido Popular ni a todos aquellos que se oponen a sus decisiones; que esas decisiones son suyas, que las ha tomado usted, y que si usted quiere que vuelvan a las instituciones, por lo menos debería tener la gallardía y la valentía de explicárselo así a los españoles. Lo que dijo usted ayer en Vitoria, señor presidente del Gobierno, es lisa y llanamente negar la realidad. Usted no ha aplicado la Ley de Partidos.
Usted, a su conveniencia, ha impugnado algunas candidaturas y en otras no ha querido hacerlo, y no acepto que le eche la culpa al Partido Popular.
El Partido Popular tan solo le ha pedido que aplique el pacto que usted firmó y que cumpla escrupulosamente el programa electoral con el que usted y su partido se presentaron a las elecciones, pero no engañe a los españoles. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor presidente, su turno, por favor.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rajoy, algunas son 386 candidaturas (Protestas.) -eso es en su terminología algunas-, y la impugnación de la fiscalía y de la Abogacía del Estado ha sido plenamente respaldada por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional. (Protestas.-Varios señores diputados: ¡No!) No tenga la osadía, por su interés político, de intentar ponerse por encima o al margen de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, que es el tribunal autorizado para respaldar las decisiones e iniciativas que ha tomado el Gobierno. (Aplausos.) Por último, señorías, es la primera vez que un líder democrático de la oposición dice en este Parlamento que un gobierno toma una decisión para reforzar a ETA, la primera vez.
(Rumores.) Tengo que decirle que no es la primera vez...


El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. ¡Silencio!

Continúe, por favor.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


No es la primera vez que usted bate el récord de hacer algo que nadie había hecho: hacer sólo oposición con la lucha contra el terrorismo, algo que nadie hizo en democracia y menos a quien usted exige responsabilidades, que en mis cuatro años de oposición les di apoyo plenamente en todas las circunstancias (Rumores.), en todas, en las más fáciles y en las más difíciles. Eso es ser leal y lo que usted hace es ser irresponsable. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


- DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONIO DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO TERRITORIALIZAR LA ASIGNACIÓN DEL 0,7 POR CIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, QUE LOS CONTRIBUYENTES DECIDAN DESTINAR A FINES DE INTERÉS SOCIAL EN LAS DECLARACIONES QUE VAMOS A PRESENTAR DURANTE LAS PRÓXIMAS SEMANAS? (Número de expediente 180/001893.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado Josep Antoni Duran, por favor.


El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.


Mientras se echan recíprocamente las culpas en torno a la política antiterrorista... (Rumores.) Decía que mientras se echan recíprocamente las culpas sobre ETA, consciente de que cuanto más se habla de una cosa peor para el objetivo que se persigue y a nosotros nos interesa hablar de... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Espere, señor Duran.


Comenzamos de nuevo. Si no hay silencio no hay forma de trabajar. Pido silencio, por favor. Comenzamos de nuevo.


El señor DURAN I LLEIDA: A nosotros, señor presidente, nos interesa hablar de cuáles son las intenciones del Gobierno respecto a las aportaciones que mediante el IRPF hacen los ciudadanos a los fines de interés social.


El señor PRESIDENTE: Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Estoy de acuerdo con una de las cosas que ha dicho en su introducción, pero no con otra. Estoy de acuerdo con que no es conveniente el debate, pero tengo que hacer un matización, y es que unos preguntan y otros tienen la obligación de responder. (Aplausos.) Nunca antes había sucedido esto en la historia de la lucha contra el terrorismo, y como usted es un hombre de experiencia en esta Cámara y un hombre leal y honesto a la verdad, seguramente no podrá refutar la afirmación que acabo de hacer.


Entrando en su pregunta en concreto, voy a hacer una matización. La reforma sobre el incremento de la asignación tributaria para fines sociales, del 0,52 al 0,7 por ciento, entra en vigor en el ejercicio fiscal para las declaraciones de 2008. Lo que ha hecho el Gobierno ha sido adelantar la cuantía en el reparto. Ese aumento de la cuantía nos debe permitir avanzar hacia una cuestión que

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viene siendo disputada entre comunidades autónomas, singularmente con la Generalitat y el Gobierno del Estado, es decir, cómo abordar el reparto de las subvenciones no territorializadas teniendo en cuenta la participación de las comunidades autónomas y en este caso de manera singular de la Generalitat de Catalunya. Estoy convencido de que el incremento de la cuantía, que además incorpora los problemas medioambientales como objeto de posibles subvenciones, contribuirá a alcanzar un acuerdo sobre fórmulas de colaboración con comunidades autónomas en los fondos correspondientes. Esta es una cuestión que se ha planteado en diversas ocasiones en esta legislatura, pero que solo con ese incremento de fondos estamos en condiciones reales de solucionar.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor Duran.


El señor DURAN I LLEIDA: Gracias, señor presidente.


Respecto a sus primeras palabras, yo no tenía intención alguna de valorar la posición de unos y otros (Rumores.); he constatado un hecho objetivo.
Creo que mi posición es sobradamente conocida, tengo muy claro que mis adversarios no están aquí, están en ETA y nada más que en ETA. (La señora Blanco Terán: ¡Ah!) ¡Ah! Sí, están solamente en ETA.


Yendo al fondo de la cuestión, usted es consciente, señor presidente del Gobierno, de que no todos los contribuyentes responden por igual a la petición de colocar su señal a efectos de ingreso a fines sociales. Tiene usted razón -entre paréntesis- respecto al contenido de la pregunta, está más bien pensada en el futuro, es cuestión de adelantarse, que no a la realidad presente. Tan diferente es el comportamiento que, por ejemplo, en Cataluña normalmente hay diez puntos más en cuanto a la media española de personas que hacen la cruz para aportar parte de su renta a los fondos sociales que en el conjunto del Estado. De hecho, buscando criterios que nos den cuenta de que la aportación y el reparto no es equitativo, Cataluña aporta un 27 por ciento y solo recibe un 13 por ciento. El Gobierno distribuye estos recursos a partir de criterios propios y, en cualquier caso, sin tener en cuenta el criterio de la territorialización del gasto. Por poner un caso extremo, si en una comunidad autónoma, la que sea -porque la demanda es para todas las comunidades autónomas-, el cien por cien de sus ciudadanos indicaran que quieren hacer esta aportación y en otra el cero o el diez por ciento, sería injusto, con proporciones distintas, sin duda, el reparto con los criterios actuales del Gobierno. Consecuentemente, y siguiendo, por otra parte, los criterios de la Generalitat y de muchos partidos aquí representados, y también del llamado tercer sector en Cataluña, nos gustaría que se cambiara esa posición del Gobierno y que se territorializaran esos recursos. No es excusa el hecho de que ustedes puedan recurrir a algún tipo de argumento jurídico. El Tribunal Constitucional ha dejado claro que el gasto debe ir acompañado de la competencia, y las competencias en materia de política social y en materia de medio ambiente que han incluido ustedes en el último Consejo de Ministros les corresponde a las comunidades autónomas. Consecuentemente, deseamos una distribución transparente y objetiva, para que se sepa realmente quién aporta y dónde se distribuye, gestionada por las comunidades autónomas y, finalmente, señor presidente, con una distribución de recursos proporcional a lo que aportan los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas para tener auténticamente una distribución más justa y que se corresponda con las ONG que trabajan en el ámbito social y que realmente distribuyan y ejecuten bien sus fondos.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Duran, el Gobierno defiende la existencia de una competencia estatal para decidir y gestionar programas de fomento en materia social a cargo de la asignación tributaria. Entendemos que así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, que así lo reconoce el Estatuto de Autonomía de Cataluña en su artículo 114, que prevé la existencia de subvenciones no territorializables, y además estamos de acuerdo en que es conveniente que desde la existencia de esas competencias estatales se pueda hacer una gestión compartida de los fondos, con un porcentaje del Estado y otro de las comunidades autónomas. Esta es nuestra posición política y deseamos que pueda llegarse a un acuerdo... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias. El tiempo terminó.


- DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿PUEDE MANTENER LA VICEPRESIDENTA QUE "EL GOBIERNO NO HA INTERVENIDO, NI INTERVIENE, NI INTERVENDRÁ EN LA MARCHA DE LAS EMPRESAS DE ESTE PAÍS"? (Número de expediente 180/001889.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora vicepresidenta primera, del diputado don Eduardo Zaplana.


Adelante, por favor.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.


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Señora vicepresidenta, entre la habitual descalificación que nos dedica y me dedica en sus respuestas y la pedagogía que hoy considere oportuna S.S., me gustaría -siempre que no le parezca mal- que encontrara un hueco para responder a mi pregunta y para explicar por qué si en su programa decían que se comprometían a renunciar al monopolio gubernamental en el nombramiento de los directivos de la CNMV han nombrado a sus amigos; por qué, si en su programa decían que reforzarían los mecanismos de control parlamentario directo, se niegan ahora a abrir una comisión de investigación sobre este escándalo -y tiene una buena oportunidad esta tarde también para pronunciarse al respecto-; por qué, si en su programa se comprometieron a respetar la autonomía de los órganos reguladores, han abierto una verdadera cacería contra el señor Conthe por denunciar en esta Cámara, en los medios y, según él ha dicho, donde sea necesario la persecución a empresas españolas acudiendo a dosieres, a presiones a órganos independientes o a tráfico de influencias; por qué, señoría, mintieron cuando afirmaron que el Gobierno no ha intervenido, ni interviene, ni intervendrá en la marcha de las empresas mientras se presionaba a la CNMV o se distribuían dosieres. Ya sabemos, señora vicepresidenta, lo perverso que es mi partido, lo perverso que es este grupo y lo perverso que soy yo, se lo digo para ahorrar tiempo y para que pueda contestar a las cuestiones sobre las que le pregunto y que han originado el mayor escándalo económico sin precedentes en nuestro país.
(Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Hay que ver, se pone siempre la venda antes de la herida. Señor Zaplana, le contesto siempre, aunque no le guste lo que le contesto. Le diré que el Gobierno se ocupa y se preocupa de las empresas, no interviene jamás en ellas. (Rumores y Protestas.) Es curioso cómo a veces las preguntas pierden o ganan significado en función de quién las formula, evidentemente, y este es uno de esos casos. Tranquilo, porque no me voy a referir a sus experiencias pasadas como animador de aventuras empresariales. (Aplausos.) No, hablo en general de aquellas personas que están tan habituadas a determinados comportamientos que siempre creen que los demás hacemos lo mismo. A pesar de su memoria selectiva, le voy a recordar -y toda la Cámara lo va a recordar- algunas de las cosas no ya que ustedes dijeron sino que hicieron cuando estaban en el Gobierno, porque es el mejor método para comparar. (Rumores.) Para comparar les diré que todos recordamos aquellas privatizaciones que favorecían a viejos amigos de la infancia, de pupitre. ¿Se acuerdan? (Rumores.-Una señora diputada: ¡A su lado!) Todos recordamos, señorías, las famosas stock options con las que se beneficiaron, y todos recordamos aquel empeño por hacer y deshacer grupos de comunicación, incluso recordamos la persecución penal a algunos empresarios o aquellas iniciativas recreativas en su tierra; míticas, por cierto. (Aplausos.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Su turno, señor Zaplana.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señoría, yo conozco mis limitaciones perfectamente y nunca aceptaría que me hicieran juez por el cuarto turno.
(Un señor diputado: ¡Oh!-Rumores.) Al margen de eso, señora vicepresidenta, no solamente incumplen sus compromisos, como ha quedado demostrado, y no solamente faltan a la verdad, sino que niegan la evidencia y para conseguir sus objetivos no reparan en medios, que es lo peor. El señor Conthe ha pasado de ser un funcionario competente cuando le nombraron a que le llamen majadero el día de su dimisión, solo por denunciar sus prácticas e intentos de atropello. Señora vicepresidenta, hubo un tiempo en que cuando se prescindía de alguien se le enviaba a un motorista; aquello era intranquilizador, pero, desde luego, no lo es menos saber que ahora el Gobierno se dedica a distribuir dosieres.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta, su turno.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Sí, señoría, aparte de que saqué el cuarto turno, fui el número uno. Señor Rajoy, ya sé que se lo ha soplado usted. Lo que deberían ustedes decir... (Rumores.-Un señor diputado: ¡Es la verdad!) Sí, señoría. Por cierto que, puestos a manipular, señor Rajoy, fíjese lo que ha tenido que ocurrir, que el Tribunal Constitucional sacara una nota de prensa por unanimidad para señalar que usted estaba manipulando. (Protestas.) Pero les diré que han manipulado siempre y ahora ya no pasa. (Aplausos.) Hoy el Gobierno respeta la libertad de empresa; sí, faltaría más, y la de las empresas.
(El señor Rajoy Brey: ¡Tranquila!-El señor Martínez-Pujalte López: ¡Tranquila, Tranquila!-Rumores.) Lo decimos y lo hacemos. El Gobierno se ocupa y se preocupa de establecer la tranquilidad necesaria para que nuestra economía esté en octavo lugar en el mundo. Pero nosotros no decimos que eso sea un milagro, como decían ustedes, porque no creemos en los milagros, creemos en el trabajo riguroso y serio. Por eso las empresas españolas van hoy como van. Los números de las grandes empresas cantan, de la misma forma que también cantan sus míticos juegos recreativos. Esa es la realidad de lo que hoy sucede en España, señoría.
Le guste o no le guste. Para manipulación, la suya, antes, entonces y ahora, señor Zaplana. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.-El señor Martínez-Pujalte López: ¡Número uno!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.


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DEL DIPUTADO DON JORGE MORAGAS SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE AL SEÑOR MINISTRO QUE HAYA SIDO RECHAZADA POR ESTA CÁMARA LA DEFENSA DE LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS EN CUBA? (Número de expediente 180/001884.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. (Rumores.) Señor Moragas, por favor. (Rumores.)

Espere, señor Moragas, por favor. Silencio, otra vez. (Un señor diputado: El Gobierno de la nación.-Rumores.)

El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Señora vicepresidenta, no se vaya. Vamos a hablar de Cuba, que, gracias a Dios, es muy distinto el régimen constitucional de su... (Rumores.-El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Señor Moragas, disculpe. O hay silencio o no hay forma. Señor Martínez-Pujalte, no calla incluso cuando intervienen sus compañeros de bancada. ¿Sería usted capaz de mantener silencio, por favor, que son sus compañeros de bancada? Adelante, señor Moragas.


El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Señor ministro, usted viajó a Cuba para suscribir unos acuerdos bilaterales entre el Gobierno de España y el Gobierno del régimen dictatorial de Cuba. En la rueda de prensa conjunta que ofreció con su homólogo cubano este anunció solemnemente ante la opinión pública internacional que en Cuba no existían presos políticos ni de conciencia, incluso cuando fue repreguntado calificó a estas personas de terroristas y mercenarios. Usted estaba a su vera y se quedó callado.
Ese silencio -perdone, señor ministro- vergonzante y otorgante provocó la apertura de una profunda herida con la disidencia cubana y el movimiento democrático cubano. Hoy tiene usted aquí una oportunidad, y yo le aconsejo que la aproveche: intente cerrar esa herida y diga públicamente a ese exegeta unilateral de los acuerdos bilaterales entre Cuba y España, ese que interpretó las obligaciones del Gobierno de España, que sí que hay presos políticos y de conciencia en Cuba, y dígale a la opinión pública internacional que usted va a exigir la inmediata liberación de esos presos políticos en Cuba. Despeje las dudas, las sospechas, las sombras que se ciernen sobre el Gobierno Zapatero cada vez que hay que distinguir entre dictadura y democracia, entre represión y derechos humanos, entre tiranía y libertad. Rompa esa situación insostenible del Gobierno Zapatero, que navega sobre la equidistancia y la ambigüedad cuando están en juego los principios y valores, y conteste a la pregunta que figura en el orden del día.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.


No, señor Moragas. Su pregunta, que se refiere a que ha sido rechazada por esta Cámara su moción relativa a una interpelación de su grupo, significa únicamente que lo que quiere su grupo, y usted en particular, es poner obstáculos, obstruir la nueva política del Gobierno hacia Cuba. Ustedes cambiaron la política de consenso que habían mantenido todos los gobiernos anteriores en materia de relaciones con Cuba. No vamos a permitir que ustedes traten de manipular y de difundir la imagen de que este Gobierno no se ha preocupado ni ocupado de la defensa de los presos políticos en Cuba. No tengo la menor duda en señalar ante la Cámara, porque lo he hecho ya en múltiples ocasiones -lo he hecho en Cuba y lo he dicho en todas mis intervenciones-, nuestra defensa de los presos políticos. La diferencia es que con la política de su grupo y la del anterior Gobierno no se obtenía ningún resultado; con la política del Gobierno salen presos políticos a la calle y con la suya no sale ninguno.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Moragas.


El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Señor ministro, usted y el Gobierno Zapatero se equivocan, porque usted se ha creído que el señor Pérez Roque puede ser el Adolfo Suárez de Cuba, y como mucho a lo que puede aspirar ese caballero es a convertirse en una suerte de copia de la triste figura de Arias Navarro en el tardo franquismo. Por tanto, su error de análisis es absoluto. Lo que se constata, en todo caso, es que el Gobierno Zapatero negocia (Protestas.) -sí, negocia- con dictadores y también con terroristas, y de ese modo lo que hace es traicionar a los demócratas cubanos, igual que traiciona a los demócratas españoles que se encuentran en el País Vasco. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!) La pregunta es: ¿Por qué lo hacen? Porque para ustedes la libertad es negociable. Este es el drama. La pregunta final es: ¿Dónde están los principios del Partido Socialista Obrero Español? Le contesto yo: Están encerrados en un cofre en el fondo del mar. (Aplausos.)

Muchas gracias. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.


Señoría, no voy a aceptar en esta Cámara que usted ponga en duda la defensa, los principios y valores de un

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partido histórico como el Partido Socialista Obrero Español.
(Rumores.-Aplausos.) No se lo voy a aceptar porque es falso y contrario a lo que se está llevando a cabo por parte del Gobierno. Está usted utilizando como arma arrojadiza, como siempre hacen ustedes, un elemento esencial, que es la vida, es el desarrollo y es la defensa de los derechos de los presos políticos, que estamos haciendo con mayor eficacia. Si han salido a la calle opositores ha sido gracias a este Gobierno, precisamente por el empeño de buscar. (Protestas.) Usted ignora lo que está ocurriendo en Cuba. Usted solo fue a Cuba con una mochila para ser expulsado, no para defender la política y los intereses de España en Cuba. (Aplausos.-Rumores.)

- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS GALACHE CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRAN LAS NEGOCIACIONES SOBRE TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE JUSTICIA? (Número de expediente 180/001894.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Justicia, de don José Luis Galache.


El señor GALACHE CORTÉS: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, le hago una pregunta en este turno de control, no convulsiva, sino constructiva, sobre traspasos de competencias y Administración de Justicia. Como breve antecedente, significativo para poder centrar bien el contenido de la pregunta que le formulo en este acto, he de decirle que los estatutos de autonomía acometieron a principios de los años noventa reformas para incorporar importantes competencias en materia de Administración judicial, esto es, medios personales no judiciales y medios materiales, tanto infraestructuras como herramientas informáticas al servicio de la justicia, y todo ello, como no puede ser menos, señor ministro, respetando la exclusividad competencial del Estado en la Administración de Justicia, según ordena el artículo 149 de nuestra Constitución.


Por otro lado, se ha venido manifestando que el Gobierno ha realizado grandes esfuerzos en esta legislatura por intentar culminar el proceso traslado de competencias en esta materia a las comunidades autónomas. Nos consta que hasta el momento ocho de las diecisiete comunidades que conforman nuestro marco autonómico -a la novena le falta parte de estas competencias- las tienen asumidas en su totalidad. Mi grupo entiende que el impulso de las transferencias del servicio público de la justicia no solo significa cumplimiento de mandatos constitucionales y desarrollo estatutario, sino que conduce, en primer lugar, a promover la cercanía de las instituciones al justiciable; en segundo lugar, a una práctica de descentralización en ese binomio eficacia-celeridad, y por último, a una mejor armonización y aprovechamiento de los recursos financieros disponibles. Estas tres consideraciones llevan aparejadas dos conclusiones, que son: por un lado, mejorar la calidad del servicio público de la justicia, y por otro, hacer más ágil su respuesta. En definitiva, las transferencias de las competencias de justicia a las comunidades refuerzan el Estado autonómico. No se imponen, sino que se negocian y se dialogan. Desde esta perspectiva, quiero conocer la situación actual de las ponencias técnicas o de las comisiones para traspaso, las previsiones de culminación del proceso y el número de comunidades que están implicadas en este esfuerzo colectivo.


Muchas gracias, señor ministro, por anticipado.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor ministro, su turno.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Señor presidente, señoría, hoy, respondiendo a su pregunta, tengo la satisfacción de anunciarle que hemos cerrado la negociación en dos de las comunidades autónomas que estaban avanzadas, en la de Cantabria y en la de Aragón.
Cantabria fue la primera en cerrarse, con un coste efectivo de 26,4 millones de euros y una inversión de 5 millones de euros por una sola vez. Luego sigue Aragón, donde el acuerdo asciende a 47,5 millones de euros de coste y 5 millones de euros como inversión por una sola vez. Los acuerdos serán formalizados, como corresponde, en las comisiones mixtas de transferencias antes del verano, lo que significa que el 1 de enero de 2008 las competencias en materia de Administración de Justicia estarán en manos de esas comunidades autónomas. Asturias está en un estado muy avanzado -ya ha cerrado el coste en 16,5 millones-, pendiente solo de algunos flecos en materia de personal. Últimamente han surgido algunos problemas que han impedido que la tengamos ya cerrada. También hay ofertas a Castilla-La Mancha, La Rioja y Murcia, con contactos ya muy avanzados y con precisiones de costes. Esperamos hacer avances significativos en lo que queda de legislatura, desde la convicción de que la Administración de Justicia en manos de las comunidades significa acercamiento de la gestión y, por tanto, mejora de la misma.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿CON QUÉ FECHA EXACTA SE INICIARÁN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN DEL AVE DE HUELVA? (Número de expediente 180/001883.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Fomento, de doña Fátima Bánez.


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La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, el 6 de junio de 2005 su ministerio firmó con la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento de Huelva un convenio para la construcción de la nueva estación del AVE a Huelva. Bien, señora ministra, el ayuntamiento puso los terrenos a disposición, como se comprometió en dicho convenio, y hasta el día 7 de abril de este año no hemos vuelto a tener ninguna noticia de la estación del AVE a Huelva. Y digo el 7 de abril porque fue el propio presidente del Gobierno de España, el señor Rodríguez Zapatero, el que, en Huelva, anunció la licitación de las obras de construcción de la nueva estación para finales de abril. Pues bien, señora ministra, esa promesa del presidente no se ha cumplido; estamos a mayo y no se han licitado las obras de construcción de la nueva estación. Señora ministra, los onubenses queremos saber la verdad, sin demagogia, con tranquilidad. Queremos que nos hable de futuro, que no nos hable del pasado ni de las responsabilidades del Partido Popular, que se las descuento ya en la introducción de esta pregunta. Queremos saber de verdad el compromiso del Gobierno de Zapatero y suyo, como ministra de Fomento, con Huelva, con los onubenses. Por eso le formulo la pregunta que figura en el orden del día.


El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señoría, está usted no mal informada sino muy mal informada. El Ayuntamiento de Huelva no ha puesto ni un metro cuadrado para la construcción de la estación. Y no me diga que da por descontado lo que hizo el PP porque, si usted se avergüenza de su pasado y de sus hechos (El señor Campos Arteseros: Ahí, ahí.), yo tengo la obligación de recordárselo para que se sepa todo lo que estamos haciendo nosotros. (Un señor diputado: ¡Muy bien!- Aplausos.) Le informo de que ya hemos iniciado la primera fase del proceso para la ejecución de la nueva estación: el 20 de abril de 2007 licitamos la redacción del proyecto constructivo de la nueva estación en lo referente a su infraestructura ferroviaria y, una vez finalizada la redacción, procederemos con carácter inmediato a la licitación de las obras.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora Báñez, por favor.


La señora BÁÑEZ GARCÍA: Señora ministra, la estación y el AVE a Huelva llegan gracias al Partido Popular. (Aplausos.) La que no está informada es usted. Le cuento lo que dice ADIF. Señor ministra, el 27 de abril se licita un proyecto de 350.000 euros, de 30 millones de euros que vale la estación y solo para obras técnicas. En la misma nota de ADIF se recoge lo siguiente, que le leo textualmente: En ese proyecto no está incluido el edificio de viajeros de la nueva estación de Huelva, actuación que será objeto de una próxima licitación. No falte a la verdad, señora ministra. Las obras de construcción de la estación no se han licitado por parte del ministerio. Lo que le pregunto y lo que queremos saber los onubenses simplemente es la verdad: la fecha exacta de la licitación de la construcción de esas obras. Porque, si usted se refiere a lo que pasó en abril, hay un uno por ciento de verdad frente a un 99 por ciento de mentira, que es lo que licitó usted en abril pasado. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señoría, es muy fácil. Si el AVE a Huelva es gracias al PP, ¿dónde está el AVE a Huelva? ¿Ha llegado? (Risas.-Aplausos.) Lo que no están ustedes ya es en el Gobierno. Todavía no hay, señoría, ni un metro cuadrado puesto a disposición para la construcción de la estación. El Partido Popular y S.S. pretenden que yo construya la estación encima de las casas habitadas, que construya la estación encima de las industrias que tienen actividad económica, y se permiten el lujo de mentir en este Parlamento.
Mire, frente al impulso que este Gobierno le ha dado a esa actuación, su intervención no corresponde a los hechos que ha llevado a cabo su partido mientras que ha estado en el poder, en un sitio o en otro. Cuando fue Gobierno responsable de la nación o Gobierno de la nación, porque responsable no sé si ha sido alguna vez (Risas.), no hizo absolutamente nada, señoría, un paripé, una raya en el agua, porque el ministro del Gobierno del Partido Popular, el señor Cascos, firmó un convenio sin estar autorizado para ello por la comisión delegada de política autonómica. (La señora Báñez García hace gestos negativos.) Lo que usted quiera, señoría. Eso es tan fácil como ir a verlo y tan fácil como que el alcalde de su partido volvió a firmar con nosotros un convenio válido porque había pasado todos los trámites reglamentarios. El alcalde de Huelva no ha cumplido ninguna de las obligaciones del nuevo convenio. Es más, el PAU, que es donde se recogen los acuerdos para las expropiaciones de los terrenos que nos tiene que dar, está en los tribunales, señoría.
En el mismo momento en que nos den los terrenos, nosotros empezaremos las obras.


Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien!- Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON AGUSTÍ CERDÀ ARGENT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿LA AGENDA POLÍTICA DE SU GOBIERNO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DEL EJE FERROVIARIO DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO? (Número de expediente 180/001892.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Agustí Cerdà. Por favor.


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El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, el 17 de enero de 2007 se suscribió la Declaración de Castelló por los alcaldes de Tarragona, Castelló, Valencia, Alacant, Murcia, Almería, Granada y Cádiz. La Declaración de Castelló tenía como objetivo respaldar la construcción de los proyectos relativos a mercancías y a alta velocidad para pasajeros por el corredor mediterráneo.


Señora ministra, el transporte ferroviario tiene gran relevancia en las actividades económicas netamente exportadoras de los territorios que integran la eurorregión del arco mediterráneo y en el nivel de relación comercial entre las estructuras de los tejidos productivos. El corredor mediterráneo acoge importantes puertos comerciales y centros logísticos, como el de Valencia y el de Barcelona. Los puertos del País Valencià mueven buena parte del comercio internacional que entra por mar en la península Ibérica; de alguna manera es la espina dorsal de una economía abierta, volcada a un proceso de globalización de sus industrias y servicios, con gran volumen de exportaciones. Se trata de comunidades autónomas que generan más del 57 por ciento del producto interior bruto del Estado y nuestra pregunta es si el Gobierno español tiene intención de impulsar la inclusión del desarrollo del corredor ferroviario de mercancías como trazado prioritario en la revisión de las redes de transportes transeuropeos que tendrá lugar en 2008.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señoría, no era esa su pregunta. Yo le voy a contestar primero a su pregunta y después a lo que usted me ha planteado. El Gobierno ha contemplado, contempla y está trabajando en esta materia, consciente precisamente de la importancia económica y del impacto positivo del corredor mediterráneo en la vertebración territorial de España. Hemos planificado y estamos ejecutando todas las actuaciones precisas para conseguir que este corredor ferroviario sea de alta velocidad y de tráfico mixto en todo su recorrido, y así lo hemos recogido en el PEIT.
Respecto a nuestras prioridades, en la definición de esas actuaciones se han tenido en cuenta las siguientes cuestiones: primero, solucionar los puntos conflictivos o cuellos de botella actuales y futuros del corredor y, segundo, completar los itinerarios, garantizar la capacidad y prever la adecuada compatibilidad entre las líneas existentes y las de nueva ejecución.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Cerdà.


El señor CERDÀ ARGENT: Señora ministra, creo que se nos abre una oportunidad nueva que debemos afrontar, y en ese sentido le instamos a insistir, a reclamar y a conseguir ante la Comisión Europea la inclusión del trazado ferroviario de mercancías del corredor mediterráneo y el trazado de alta velocidad para pasajeros como ejes prioritarios de transporte y de comunicaciones por línea férrea con el norte de Europa.
No somos solo nosotros, son las cámaras de comercio, las autoridades portuarias, las asociaciones profesionales como Acerval o Fermet las que han demostrado que se debe priorizar esta línea porque por ella pasa más de la mitad de las mercancías del Estado y más del 60 por ciento de las exportaciones, y afecta a más del 50 por ciento de la población del conjunto del Estado. Le instamos a que inicie la redacción de los proyectos destinados a dichas infraestructuras y a que destine en los Presupuestos Generales del Estado de 2008 las cantidades necesarias para su ejecución. Ya le avanzamos que para nuestro grupo parlamentario esta va a ser una de las prioridades en la negociación presupuestaria del próximo ejercicio. La economía, entre otras la del País Valencià, no solo es de sol y playa. Necesitamos un acceso adecuado al mercado, y el mercado se llama Europa, a donde desde nuestro punto de vista se llega en tren.


El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señoría, efectivamente en la lista que se había aprobado cuando llegamos al Gobierno -fue justo el 29 de abril de 2004 en el Consejo y en el Parlamento Europeo, pero había tenido todo un trámite anterior- no se había incluido el corredor. Este Gobierno, yo concretamente, hemos solicitado su inclusión a la Comisión y hemos conseguido que en la Conferencia Euromediterránea celebrada en Marrakech el comisario Barrot reconociera la importancia de este corredor. Por tanto, le ruego que tenga tranquilidad, pero también la seguridad de que estamos trabajando en el sentido que usted nos ha planteado. La importancia que este Gobierno le da al corredor mediterráneo se pone de manifiesto solamente con conocer las cifras de lo que hemos invertido en esta legislatura: 2.450 millones de euros en un corredor de algo más de 1.000 kilómetros de longitud. Esta cantidad, 2.450 millones de euros, es más del doble de lo invertido por el Gobierno anterior. Entre la frontera francesa y Tarragona estamos construyendo una nueva línea de alta velocidad con doble vía electrificada y ancho UIC, y hemos invertido 1.700 millones de euros, y el tramo entre Tarragona y Vandellòs se hará de tráfico mixto de alta velocidad. Asimismo, quiero comentarles que cuando llegamos, al principio de esta legislatura, de los seis tramos que componen el corredor solamente se habían iniciado las obras en uno de ellos y el resto no tenía proyecto. Ahora mismo tenemos los seis proyectos y todas las obras estarán contratadas antes de que termine el año. Estoy segura de que en otra pregunta le podré contestar en relación con el resto de los tramos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


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DEL DIPUTADO DON VICTORINO MAYORAL CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRA LA AUTOVÍA A-58 QUE UNIRÁ LAS CIUDADES EXTREMEÑAS DE CÁCERES Y TRUJILLO? (Número de expediente 180/001895.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Victorino Mayoral.


Adelante, por favor.


El señor MAYORAL CORTÉS: Señora ministra, es ya una realidad, que desde luego llena de satisfacción a los ciudadanos de Cáceres, que han comenzado las obras de la autovía A-58, que enlaza Trujillo con Cáceres.
Esta comunicación tiene la trascendencia de que enlaza Cáceres con la autovía A-5, que es la que transcurre entre Madrid y Lisboa, pasando por Badajoz. Pero el interés que esta vía tiene para nosotros, señora ministra, no se cifra solamente en la mera comunicación, sino que se trata de una vieja aspiración del pueblo cacereño que no supieron satisfacer gobiernos del Partido Popular anteriormente; se trata también de una comunicación rápida entre dos ciudades que tienen un altísimo potencial histórico, cultural, artístico y de servicios, y desde luego se trata de la aproximación entre la capital de la provincia y comarcas tan significativas y tan amplias como la de Trujillo, los Ibores, las Villuercas, Guadalupe, sus pueblos, sus ciudadanos, sus servicios, repito, entre comarcas amplísimas y la capital de la provincia.


Por todo ello, y por el deseo de los ciudadanos de la ciudad y de la provincia de Cáceres de ver valorado e impulsado este proyecto por el Gobierno de la nación, le hago la siguiente pregunta, señora ministra de Fomento: ¿en qué situación se encuentra en este momento la autovía A-58, que unirá las ciudades de Cáceres y Trujillo?

Muchas gracias, señora ministra. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: La señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señoría.


Efectivamente, esta conexión es una alternativa a la convencional N-521; es una nueva autovía que supone un importante avance tanto en términos de conectividad como de seguridad y la vamos a construir con total respeto al valor ambiental del territorio por el que discurre. En relación a la seguridad, eliminamos intersecciones, mejoramos las características de la vía con calzadas separadas, trazado de amplio radio de curvatura, carriles de aceleración y desaceleración, señalización actualizada. En cuanto a la conectividad, hay que tener en cuenta que en Extremadura se establecen dos vías de gran capacidad, la autovía A-5, eje radial que conecta el centro de la Península con Extremadura, y la Ruta de la Plata, eje Norte-Sur entre Asturias y Andalucía, pasando Extremadura. Además, vamos a llevar a cabo importantes medidas medioambientales. Es una autovía que tiene casi 50 kilómetros y supone una inversión por encima de los 117 millones de euros. A la luz de las cifras verá usted la importancia que le estamos dando, de tal manera que ya le puedo resumir que al finalizar el año 2007 la inversión ejecutada superará los 49 millones de euros; que en 2008 vamos a poner en servicio la mitad de los tramos que la integran, los situados entre la autovía A-5 y Plasenzuela, y que en el año 2010 toda la autovía estará terminada. Teniendo en cuenta que cuando llegamos al Gobierno ningún tramo tenía proyecto y que ni siquiera se había licitado la redacción de dos de ellos, creo que con este compromiso se pone de manifiesto la importancia que le estamos dando a esta conexión viaria.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SOLEDAD PÉREZ DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA LEY DE DEPENDENCIA? (Número de expediente 180/001896.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de doña Soledad Pérez Domínguez.


Adelante, por favor.


La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, las políticas sociales puestas en marcha esta legislatura han marcado la gran diferencia entre los gobiernos del Partido Popular y el Gobierno socialista. En estos tres años de Gobierno, las leyes aprobadas en este Parlamento a iniciativa del Gobierno socialista han generado nuevos derechos de ciudadanía que han mejorado y mejorarán la vida de las personas, y entre ellas está la Ley para la autonomía personal y promoción y atención a las personas en situación de dependencia, que da respuesta a las necesidades de las personas mayores, de las personas con discapacidad, de las familias y, en especial, de las mujeres; ciudadanos y ciudadanas que fueron ignorados durante ocho años del Gobierno del Partido Popular.


El desarrollo de esta Ley de autonomía personal, para que los ciudadanos disfruten de los derechos reconocidos en la misma, depende por una parte del Gobierno de España, que ha dotado para el desarrollo de la misma 400 millones de euros en los presupuestos generales de este año 2007, cantidad que viene a sumarse a los 250 millones de euros ya aprobados en anteriores presupuestos y destinados a este fin; pero la puesta en marcha

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de los servicios y prestaciones exige la toma de decisiones del consejo territorial del sistema -en el que están representados, además de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos- y la aprobación de los decretos que la desarrollen.


Esta ley, señor ministro, que ha sido una prioridad del Gobierno, aprobada por amplia mayoría también de este Parlamento y que entró en vigor en el mes de enero, va a suponer una auténtica revolución social en España y un punto de inflexión en la atención a más de 1.200.000 personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal. Por eso, señor ministro, el Grupo Socialista quiere conocer qué valoración hace el Gobierno de la puesta en marcha de esta importante ley.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor ministro, su turno.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


Gracias, señora diputada. La valoración, como estoy seguro que es la que hacen los ciudadanos españoles, no puede por menos que ser muy positiva.
Es cierto que esta ley, que está basada en la cooperación entre Estado y comunidades autónomas, tiene una articulación compleja. Aun así, el Gobierno está cumpliendo uno tras otro todos los compromisos que asumimos al aprobar la ley este Parlamento.


Desde el 22 de abril está en vigor el baremo que sirve para medir el grado y nivel de dependencia. De hecho, muchas comunidades han empezado ya a evaluar a las personas dependientes para que puedan acceder cuanto antes a las prestaciones y servicios que establece la ley. En el consejo territorial del 9 de mayo, el Gobierno y las comunidades autónomas acordamos las prestaciones y servicios a que tienen derecho todos los ciudadanos en situación de gran dependencia, que son los que tendrán cobertura este año 2007. Los servicios son todos los del catálogo: teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y noche, centros de atención residencial y las prestaciones, 780 euros mensuales para la prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio y la prestación de asistencia personal, y 487 euros mensuales para la prestación de cuidados en el entorno familiar. También se acordó la distribución de los 220 millones de euros que va a destinar el Gobierno a la financiación del nivel de protección acordado entre el Estado y cada una de las comunidades autónomas, 100 de ellos para la creación de infraestructuras suficientes. También se acordó la participación que tendrá el beneficiario en el coste de los servicios. Por último, desde el 13 de mayo están en vigor los dos reglamentos que culminan la puesta en marcha de este sistema de atención a la dependencia, el nivel mínimo de protección garantizado por el Estado a todas las personas en situación de gran dependencia, que en 2007 será de 507 euros mensuales que, sumados a los 507 que aportarán las comunidades autónomas, da un total de 1.014 euros mensuales por cada persona dependiente. El otro gran reglamento ha sido el relativo a la inclusión de los cuidadores no profesionales en la Seguridad Social, lo que supondrá una financiación con cargo al Estado del coste del alta en Seguridad Social de los cuidadores informales, para que tengan una prestación económica y también, en su día, una pensión.


En definitiva, señoría, el Gobierno ha cumplido todos los compromisos.
Este año destinamos 438 millones de euros y, lo que es más importante, todos los ciudadanos tienen ya plenamente garantizados sus derechos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON JOSÉ RAMÓN BELOKI GUERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO LOCALIZAR EN EUSKADI, DURANTE ESTA LEGISLATURA, LA SEDE DE ALGÚN ORGANISMO REGULADOR? (Número de expediente 180/001880.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio de don José Ramón Beloki.


Adelante, por favor.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿tiene previsto el Gobierno localizar en Euskadi durante esta legislatura la sede de algún organismo regulador?

El señor PRESIDENTE: Su turno, señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Señor diputado, disculpe mi voz; hace un par de horas que estoy casi sin ella.


Este Gobierno tiene voluntad de avanzar en la localización descentralizada de órganos de supervisión y regulación sectoriales. Lo hemos hecho con la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones, con el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, con el Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación y vamos a estudiar posibles localizaciones posteriores de otros entes y organismos, cosa que haremos evidentemente conforme el calendario y las circunstancias políticas lo permitan y lo aconsejen.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Beloki.


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El señor BELOKI GUERRA: Señor ministro, esta es una pregunta que podía usted haber respondido con su voz de forma muy simple, diciendo sí y nada más o, alternativamente, no y nada más, pero ha optado usted por el sí y no, y no sé muy bien, y ya veremos, con el tiempo, qué pasa. Hace ya más de once meses mi grupo interpeló a su antecesor sobre este mismo tema, hace ya veintinueve meses en este mismo Congreso aprobamos una moción que instaba al Gobierno a fijar criterios y adoptar medidas que posibilitaran dar pasos en esta dirección, hace más de 32 meses que otro ministro, compañero suyo, dijo aquello de que esta -el traslado de la CMT a Barcelona- no será la única ni la última, sino la primera de un conjunto de iniciativas que se desarrollarán en esta legislatura, y debe hacer más de 40 meses que ustedes escribieron en su programa de Gobierno que iban a hacer esto. Ya solo quedan once meses escasos, y qué once meses políticamente hablando, para que se acabe esta legislatura. Usted me vuelve a hablar de lo que ya me habló el señor Montilla, de que van a gestionar los tiempos. Gestiónelos, pero ahora ya son muy escasos, no quedan ni once meses, y, como digo, qué meses políticamente hablando.


Permítame un par de consideraciones antes de terminar. Una es que gestionar los tiempos no es dejar que el tiempo pase y mirar para otro lado. Los vascos tenemos un escritor emblemático que escribió un libro que se llama Gero, que significa luego, que tiene un argumento único: cómo dejando las cosas para luego no se solucionan, sino se empeoran.
Venimos, pues, con esa lección aprendida. La segunda consideración es que el tiempo se va, se acaba -es lo que le está pasando a esta legislatura-, y el tiempo se suele llevar muchas cosas, no así las exigencias y los problemas, esos quedan, perduran y empeoran. Pero sí se lleva las confianzas, señor ministro. Cuando el tiempo pasa y las promesas no se cumplen y se vuelve a decir que más tarde, que ya veremos, el tiempo se lleva algunas cosas muy importantes, como la confianza en la palabra. Yo se la di hace once meses, ahora me queda muy escasa. Espero que en la segunda parte me dé usted una respuesta más tajante que me vuelva a hacer renacer la confianza.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Le reitero el compromiso del Gobierno en la descentralización de organismos reguladores. Le aseguro que somos muy sensibles a la solicitud realizada por el Gobierno vasco y le pido que comparta la necesidad de ser prudentes, hacer el análisis pertinente e impulsar la mejor solución para todos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, ¿está usted en condiciones de continuar? Se puede posponer esto a otra semana, no pasa nada. Lo digo por si está usted sufriendo con la voz.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu): Yo agradecería que se pospusiese para la próxima semana.


El señor PRESIDENTE: Si les parece, atendiendo a la situación del ministro, que es un poco penosa, podríamos posponer las preguntas. (La señora Mendizábal Gorostiaga pide la palabra.) No quiero privar a nadie, señora Mendizábal.


La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Señor presidente, yo solo quería decir que los vascos estamos por la localización descentralizada, y de hecho este Gobierno así lo ha hecho, y precisamente iba a decir al señor ministro que yo retiraba mi pregunta por la situación en la que se encuentra.


El señor PRESIDENTE: Así las cosas, confirmo que las preguntas al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio de la señora Mendizábal, del señor Corcuera y de la señora De Armengol quedan retiradas. Creo que es lo más correcto, porque no está usted, señor ministro, en condiciones de tener un debate al no tener una mínima capacidad para responder.


Atendiendo a la situación que se ha generado, si algún diputado no hubiera llegado, esperaríamos.


- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL JESÚS ACEBES PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CÓMO VALORA EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMÍA LA ACTUACIÓN DE LA OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS? (Número de expediente 180/001890.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al vicepresidente segundo.


Pregunta del diputado don Ángel Jesús Acebes. Adelante, por favor.


El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, presidente.


Señoría, han bastado tres años de Gobierno de Zapatero para que los escándalos de despilfarro y corrupción vuelvan a las portadas de los periódicos: Marbella, Ciempozuelos, Ibiza, Sevilla, Barbastro son algunos de los casos que afectan al Partido Socialista. (Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores.) Pero de una especial gravedad, porque aquí la corrupción afecta directamente a La Moncloa, es el caso Sebastián. Según se desprende de las denuncias del

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señor Conthe, a quien usted nombró al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Oficina Económica de La Moncloa ha actuado como una camarilla de conspiradores al servicio del Gobierno y sus amigos.
Desde allí se ha metido mano en operaciones entre empresas privadas y se ha intentando echar al presidente de uno de los principales bancos de Europa a golpe de dosieres. Como ministro de Economía y responsable directo de la CNMV, usted no puede ponerse de perfil. Hasta ahora se ha limitado a decir una cosa y la contraria sobre la difusión del dosier.
Suponemos que desde entonces se habrá ocupado de investigar y aclarar lo ocurrido. No le pregunto por la elaboración del dosier, señoría. Lo que usted tiene la obligación de explicar es qué papel tuvo la Oficina Económica de Moncloa y muy en concreto el señor Sebastián en la difusión de un dosier para desacreditar al presidente del BBVA.


El señor PRESIDENTE: Su turno, señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, presidente.


Ni que decir tiene que no comparto los exabruptos de la parte inicial de su pregunta, que nada tienen que ver con las declaraciones del señor Conthe. En cuanto a la segunda parte de su pregunta, más correcta, lo único que tengo que decir es que quien tiene que explicar el tema, y lo ha hecho ya, es el señor Sebastián y comparto su punto de vista.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Acebes, su turno.


El señor ACEBES PANIAGUA: No, señor vicepresidente. Quien tiene la obligación de explicarlo en este Congreso de los Diputados es usted.
Usted ya fue ministro de Economía en el trienio de la corrupción de González y sabe que no actuar es una gravísima irresponsabilidad. En este caso, además, la omisión es culpable. Por eso le exigimos, además de información, tres medidas urgentes: Primero, el cierre de la Oficina Económica de Moncloa por ser un nido de chanchullos. Segundo, que cese al señor Arenillas por los casos de despilfarro y corrupción que le afectan.
Y tercero, que acepte la creación de una comisión de investigación, dado que usted no quiere dar explicaciones en esta Cámara, requisito imprescindible para devolver el prestigio a las instituciones económicas de este país. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Yo creo, señoría, que si quieren ustedes que hablemos de despilfarro, corrupción, intervención en las empresas públicas, lo podemos hacer con todo lujo de detalles. Nos podemos explayar y podemos pasar horas. La vicepresidenta ha hecho ya algún comentario esta tarde, según me han comentado, sobre cómo llegaron ustedes a las empresas públicas, cómo se quedaron con ellas, cómo luego persiguieron ustedes a algún grupo mediático para crear algo de oposición al Gobierno, cómo el señor Piqué hizo referencia a las decisiones que se tomaban en el Consejo de Ministros para que algunas empresas no siguieran adelante. Por tanto, lecciones sobre estos temas pocas, señor Acebes.
Ahora tenemos un tema más divertido, que es el caso Ecclestone, que no sabemos si es público, privado, empresas, amigos de alguien, sobrinos, familia. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.-Rumores.) Yo creo que son temas divertidos para ver. A partir de ahí lo que S.S. pretende es que yo haga ilegalidades como, por ejemplo, tomar decisiones que ni me corresponden ni corresponden a la ley. Por tanto, señor Acebes, yo eso no lo voy a hacer. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ARIAS CAÑETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE EL NOMBRAMIENTO DE DON JULIO SEGURA COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES ES ACORDE CON SUS PROMESAS ELECTORALES? (Número de expediente 180/001862.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del Diputado don Miguel Arias Cañete.


El señor ARIAS CAÑETE: Gracias, presidente.


¿Considera el Gobierno que el nombramiento de don Julio Segura como presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores es acorde con sus promesas electorales?

El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Considero que es absolutamente acorde con la legislación vigente. Creo que cumple todos los requisitos que establece la Ley de 1988, en cuanto a que es una persona de reconocida competencia en relación con el Mercado de Valores. Además, hemos introducido como novedad importante en este período en la Ley 5/2006, que los altos cargos comparezcan ante este Parlamento en la Comisión de Economía, cosa que hizo el señor Segura, avanzando claramente en términos de control democrático respecto al sistema del período anterior en el que ustedes gobernaban. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Señor Arias Cañete.


El señor ARIAS CAÑETE: Señor ministro, me asombra la frivolidad de su respuesta, que no se corresponde con la seriedad que se le supone. El programa electoral socialista con el que su partido compareció a las elecciones el año 2004, llamado Hacia una economía más productiva, no sé si usted lo conoce, pero lo hizo el señor Sebastián, bajo la rúbrica Por una mayor transparencia, afirmaba que el presidente y los consejeros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores serían nombrados por el Pleno del Congreso a propuesta de la Comisión de Economía por una mayoría cualificada de tres quinto de sus miembros. Eso no es lo que la Ley de incompatibilidades de altos cargos establece. Establece la soberanía del Parlamento y el nombramiento del Parlamento. Un programa electoral es un contrato con los ciudadanos. Ustedes ofrecieron transparencia y nombramientos democráticos con amplios consensos. Han hecho todo lo contrario. Han roto su contrato con los españoles y los han engañado tres veces. Los engañaron cuando designaron a los consejeros de la CNMV sin consenso y todos ellos de la cuerda socialista, pese a su compromiso electoral. Los engañaron cuando nombraron al señor Conthe como presidente. Y los han vuelto a engañar cuando han nombrado sucesor al señor Segura. Presidente que llega a la CNMV con el exclusivo apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, ya que ningún grupo parlamentario votó a favor de la compatibilidad de un candidato con tan reducida independencia política. Ustedes están convirtiendo la Comisión Nacional del Mercado de Valores en una sucursal de la Oficina Económica del presidente del Gobierno. Pero España necesita otra cosa, no un juguete del Gobierno socialista para facilitar sus operaciones económicas de intervención en nuestra economía, sino un organismo independiente con credibilidad interna y externa y con prestigio internacional, hoy gravemente deteriorado, como refleja toda la prensa internacional. Hoy España aparece ante la opinión pública como un país donde no hay seguridad jurídica, poco atractivo para la inversión exterior y expuesto a que nuestro rating pueda ser reducido por las agencias de calificación, con las consecuencias nefastas que tendría de endurecimiento el acceso al crédito e incremento de los intereses para familias y empresas. Señor vicepresidente, usted es el responsable de la economía española, usted es el responsable de garantizar que funcionen las instituciones supervisoras y reguladoras. Deje usted de mirar al tendido. Afronte la corrida y coja el toro por los cuernos. Ejerza de vicepresidente económico. No hace usted reformas económicas, no pone orden en su casa y consiente...
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: El tiempo concluyó.


El señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.


Comprendo que es muy fácil dar lecciones desde fuera y torear desde la barrera. Evidentemente, se puede comentar la independencia del señor Ramallo, la independencia de doña Pilar Valiente, de tan insigne memoria, y algún otro caso más. Es cierto que hay una propuesta en el programa del partido a la que usted ha hecho referencia. Su señoría recordará -lo recuerda perfectamente porque lo hablamos en su momento usted y yo- que en febrero de este año les propusimos hacer una revisión de los órganos de supervisión de la CNMV. En aquel momento no encontramos ni un apoyo, ni afirmativo ni entusiasta, por una serie de razones que no vienen al caso comentar. Yo soy de los que piensa que un planteamiento de este tipo debe hacerse en un contexto global y que, por tanto, tiene que hablarse de la revisión en esas condiciones, y ese es el momento que, en mi opinión, se tiene que plantear. Son ustedes los que han cambiado de posición. En este momento han aprobado la propuesta de Izquierda Unida, que no la suya, y tienen una posición distinta. Por otra parte, todo ese tipo de afirmaciones que ustedes hacen de que se nos hunde el mundo, que prácticamente toda la prensa internacional nos ataca, que tenemos falta de credibilidad, la verdad es que no la percibo. Acabo de venir hace unos minutos de presidir la sesión de la OCDE ministerial de este año. Mi sensación es más bien la contraria. Lo que les sucede a ustedes es que les molesta que el crecimiento siga al 4 por ciento, que la inflación siga bajando, que la economía no se hunda, que parece que es lo que ustedes desean, y parece que eso les sienta mal. Lo lamento. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿POR QUÉ EL GOBIERNO SE OPUSO A QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES SANCIONASE A ENEL Y ACCIONA? (Número de expediente 180/001863.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Vicente Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor vicepresidente, lejos de molestar, que se crezca y que se cree empleo, eso no es óbice para que haya corrupción en el Gobierno. Que se crezca y que se cree empleo no tiene nada que ver con que haya una oficina en Presidencia de Zapatero donde se pida a los empresarios que si no pasan por ahí se les niega el pan y la sal y que para conseguir negocios hay que pasar por ahí. Lejos de decir que no nos gusta el crecimiento, nos gusta que España crezca y que cree empleo, pero nos gustaría más si además no hubiera gente que se valiera del crecimiento

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para beneficio personal. Eso es lo que está pasando con el Gobierno socialista, que hay una nueva beautiful de Zapatero que está beneficiándose de los negocios y eso es la Oficina Económica del presidente. Y hablamos cuando quiera de lo que quiera, señor Solbes, pero no eluda su responsabilidad, porque es verdad que en la Oficina Económica de Zapatero se están haciendo negocios y el señor Conthe lo ha contado en este Parlamento. Ha dicho que hay una cucaracha, pero hay muchas cucarachas y hay muchas corrupciones, señor Solbes. ¿Y usted qué hace? Mirar para otra parte y decir: Esto no va conmigo, que responda el señor Sebastián o que responda quien quiera. No, la responsabilidad es suya, señor Solbes. Porque en la CNMV se les ha presionado en beneficio de algunas operaciones económicas que se diseñaban en Moncloa y que usted debería conocer y responsabilizarse de ellas. Porque, ¿le parece a usted bien que se engañe al mercado y a los accionistas y que el ministro de Economía esté en la OCDE presidiendo reuniones para decir que España va bien? ¿Le parece a usted bien que se pidan ayudas gubernamentales para sacar operaciones económicas que se denuncien y aquí se utilice la teoría del avestruz de decir que aquí no pasa nada? No, señor Solbes; usted tiene la responsabilidad como vicepresidente del Gobierno de la credibilidad del control de los órganos supervisores. Porque, si no, señor Solbes, usted volverá a irse del Ministerio de Economía con otro caso de corrupción como se fue cuando ya fue ministro y como se fue de la Comisión Europea cuando era comisario.


Muchas gracias. (Rumores.-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Veo que su pregunta nada tiene que ver con lo que usted plantea. Usted plantea que ahora hay corrupción y antes no existía. De eso es de lo que le he dicho que cuando quiera hablaremos con detalle. Su señoría habla de un caso de corrupción anterior a mi época. (Rumores.-Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) No, si voy a hablar con toda tranquilidad. Un caso de corrupción sobre el que ustedes fueron capaces de montar una comisión de investigación que no dio ningún resultado, excepto que se puso de relieve que el señor Bermejo y la señora Valiente entraron por la noche para llevarse unos expedientes de la Agencia Tributaria (El señor Campos Arteseros: ¡Qué fuerte!), que le costó el cargo al señor Bermejo; eso sí, la señora Valiente luego fue retribuida nombrándola presidenta de la CNMV, con tal mala fortuna que terminó con el tema Gescartera. (Aplausos.) Evidentemente, eso es lo que usted llama corrupción del periodo anterior. A partir de ahí, usted habla de una acusación muy grave y es que dice que hay corrupción en el Gobierno y que se llevan a cabo operaciones en la oficina del presidente. Hay que leer menos confidenciales y menos periódicos de este tipo y demostrar los hechos. Nada de eso responde a la realidad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO UTRERA MORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿VA A COMPENSAR EL GOBIERNO A AQUELLOS ACCIONISTAS DE ENDESA QUE SIGUIERON LAS RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO Y VENDIERON SUS ACCIONES A 21 EUROS? (Número de expediente 180/001864.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Francisco Utrera.
Adelante.


El señor UTRERA MORA: Señor vicepresidente, al oírle, no solamente hoy aquí en el Pleno del Congreso de los Diputados, sino en sus múltiples declaraciones, podríamos llegar a la conclusión de que usted no sabe nada o casi nada, no decide nada o casi nada, no se implica en nada, esto sí que es en nada, y son otros los que al parecer han tomado las riendas y el control de las relaciones económico-empresariales en nuestro país y no solamente en nuestro país, sino también en el ámbito europeo y en el ámbito más general internacional. El problema, señor Solbes, es que un ministro de Economía y Hacienda que además preside la Comisión Delegada para Asuntos Económicos no puede, aunque quiera, ser un mero espectador en una extraña función de teatro en la que unos pocos ganan -y eso sí está demostrado, quién gana- y otros muchos pierden. Perdemos, en primer lugar, todos los españoles, perdemos la cara en el exterior, perdemos imagen exterior, por más que usted pretenda hoy aquí decirnos que eso no es así, puesto que bien claro está en los titulares de los principales periódicos internacionales que tratan temas económicos que el rating intelectual de España ha bajado ya en los dos últimos años, y ha bajado mucho y deprisa. En segundo lugar, han perdido credibilidad los tres reguladores -no me extraña que usted proponga ahora una rápida revisión de cada uno de ellos-, puesto que los tres que han entrado en contacto con la operación Endesa han caído fulminados -los tres- por distintas razones: la Comisión Nacional de Energía, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y también el Tribunal de Defensa de la Competencia.
Han perdido dinero los accionistas, accionistas que viendo la beligerancia -lo que los cursis dirían la actitud manifiestamente pro activa del Gobierno, y eso también lo podemos demostrar, y si quiere hablamos después de ello- del Gobierno a favor de una opa inicial que se valoró como muy baja en precio, esa actitud pro activa inicial pudo inducir e indujo a accionistas a la venta a precio muy inferior al de mercado. Por eso, responda, por favor, a esa pregunta. Ustedes han

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empeñado no solamente el crédito de España, sino también el patrimonio de bastantes españoles.El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Comprendo que los períodos preelectorales son propicios a decir cosas. Comprendo que usted diga que no sé lo que hago, que no decido y que no me entero. Está bien, aceptemos ese tipo de afirmaciones. Sin embargo, se me hace más difícil entender cosas como eso del rating intelectual, de lo que no había oído hablar nunca. (Risas.) A lo mejor por eso es por lo que hemos perdido ese tipo de rating. La realidad es que usted en su pregunta se limita a decir -y la leo-: ¿Va a compensar el Gobierno a aquellos accionistas de Endesa que siguieron las recomendaciones del Gobierno y vendieron sus acciones a 21 euros? Eso hecho por un catedrático de economía es una pregunta dura, sobre todo hecho por alguien que formaba parta del Gobierno cuando se produce la operación Terra, con vinculación a Telefónica y todo lo demás.
(Aplausos.) Señorías, seamos un poquito consecuentes. Si usted es consecuente, reconocerá que ahora se vende a 41,3 euros, por tanto, la gente ha ganado dinero y es todo lo contrario de lo que usted dice.
(Rumores.) Señorías, volvemos al problema que ustedes señalaban anteriormente, que nosotros no hacemos nada. Es verdad que hemos tenido que resolver el problema de astilleros -que ustedes dejaron pendiente-, el de la tarifa eléctrica, el de Televisión Española, la regulación del mercado de emisiones contra el cambio climático, la reducción del consumo energético, y podemos seguir con un largo etcétera; esas son las cosas que ustedes hacían. El problema es que haciendo el don Tancredo, como ustedes pretenden decirme -y vuelvo a decirlo-, tenemos un crecimiento del 4 por ciento, estamos creciendo en el empleo al 3 por ciento, tenemos un superávit del 1,8 y la inflación está al 2,4. Yo comprendo que no les guste, pero qué le vamos a hacer; la verdad es que a lo mejor esta política no va mal. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


- DEL DIPUTADO DON CARLOS MANTILLA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CONSIDERA EL VICEPRESIDENTE, TAL Y COMO HA DICHO EL SEÑOR SEBASTIÁN, QUE "CONTHE NO FUE UN BUEN NOMBRAMIENTO"? (Número de expediente 180/001867.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Carlos Mantilla.


El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, el señor Sebastián, hasta hace poco director de la Oficina Económica del Presidente -que tantos quebraderos de cabeza le ha causado a usted y le está causando-, ha manifestado públicamente que el nombramiento del señor Conthe como presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores había sido un error. Teniendo en cuenta que es competencia suya su nombramiento, me gustaría saber cuál es su opinión.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias.


Señoría, el nombramiento del señor Conthe se hizo como se tenía que hacer, se ajustó a lo establecido en el artículo 17.a) de la Ley del Mercado de Valores, que establece que se nombre por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, entre personas de reconocida competencia en relación con materias del Mercado de Valores, cosa que se produjo; sin embargo, la renuncia del señor Conthe es lo que no se ha ajustado a lo establecido en el artículo 20.b) de esa misma ley. Esa fue la razón de mi crítica en un momento determinado, en ningún otro caso respecto a las actuaciones del señor Conthe.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Mantilla, por favor.


El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, como usted bien sabe, el espectáculo que está dando a nivel nacional e internacional la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o el órgano regulador de nuestro mercado, es bochornoso. Tanto es así, que estamos perdiendo la credibilidad internacional de nuestro mercado; tanto es así, que hay revistas internacionales que están recomendando prudencia a las inversiones que puedan tener otros capitales extranjeros en nuestros capitales nacionales, y eso es preocupante, señor ministro.


Señor ministro, yo le he escuchado atentamente las respuestas que usted ha dado a mis anteriores compañeros de partido y hay una cosa que es cierta.
Cuando usted fue nombrado ministro, muchos españoles, incluso el que está interviniendo en este momento, teníamos confianza, porque dentro de la mediocridad del equipo de Gobierno, con honrosísimas excepciones, usted parecía que era una esperanza, pero resulta que está usted totalmente missing en el Gobierno. Un compañero suyo de escaño, que hoy no está aquí, decía que estaba de

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oyente y que realmente mandaba, pero usted está totalmente missing, está pasando de todo. Le están pasando por todos lados y usted no está tomando ninguna medida. Está diciendo que la economía crece al 4 por ciento y le recuerdo, señor ministro, que pocas medidas económicas y de política fiscal y monetaria se han adoptado en su Gobierno. Ustedes están recibiendo una herencia que, lógicamente, era válida para aquel momento y en estos momentos, como usted bien sabe y le están recomendando desde muchos lugares, hay que acometer medidas que usted no es capaz de acometer. Usted se deja llevar por compañeros suyos de Gobierno que quieren aplicar determinadas leyes, como la Ley del Vino o la Ley de Suelo, que usted sabe que no son precisamente medidas económicas.
Perjudican a la economía y usted, sin embargo, no toma ninguna decisión.
Desde esa oficina, vamos a llamarle siniestra, pretendían una reforma fiscal que no era la adecuada. Señor ministro, le vuelvo a repetir que es mejor perder una guerra que no perder la dignidad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Mantilla.


Acepto con interés sus comentarios, pero no estoy de acuerdo con usted. No veo esa pérdida de credibilidad externa. No es la primera crisis -lo he dicho anteriormente- de la CNMV. La diferencia es que la renuncia anterior fue por un caso, ese sí, de corrupción (El señor Campos Arteseros: Sí, señor. ¡Muy bien!) y esta no. (Aplausos.) Esta es porque el señor Conthe pierde una votación por minoría en función de un argumento que el señor Segura explicó muy claramente en la Comisión de Economía, que es si se puede poner en marcha un expediente sancionador cuando no hay una sanción tipificada en la norma. Ese es el problema.
Unos opinan que sí, otros que no y el propio señor Conthe reconoció que los argumentos de la otra parte eran fundados. Por tanto, por ese camino mal vamos. Ustedes consideran que no hemos hecho nada. Podemos ser muy críticos sobre lo que ustedes hicieron y lo que no hicieron. Decir que no hemos hecho nada y minusvalorar, como han hecho siempre, el plan de dinamización, el programa de reformas, los cambios laborales, los cambios en pensiones, ya sé que a ustedes les hubiera gustado ir más lejos, pero les puedo asegurar que están dando buen resultado en la economía. Y les digo lo que les digo siempre, que sobre la economía se puede hablar de dos formas: O los ministros que son responsables de la economía algo tienen que ver con lo que se produce en el momento o son los anteriores.
Elijan ustedes el modelo que quieran, a mí me convienen los dos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿POR QUÉ NO HA INSTRUIDO SU MINISTERIO EL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE DE CESE DEL VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES POR INCUMPLIMIENTO GRAVE DE SUS OBLIGACIONES, COMO ESTABLECE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES? (Número de expediente 180/001888.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Rafael Antonio Hernando, por favor.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente.


El presidente de Gobierno, el señor Zapatero, dijo hace unos días que el Partido Socialista es el partido de los humildes. Hemos conocido hace unos días que el humilde señor Arenillas, vicepresidente de la CNMV, accionista mayoritario de una humilde Sicav que gestiona un humilde patrimonio de casi 6 millones de euros, acudió a un humilde restaurante, donde fue invitado a una humilde cena por un humilde especulador financiero. La cena costó 1.429 euros, más de lo que ganan al mes cientos de miles de jóvenes españoles, y consumieron una humilde botella de vino francés de 654 euros, algo más del humilde salario mínimo interprofesional de muchos españoles. A los tres meses el humilde especulador contrató al humilde hermano del vicepresidente de la CNMV y, al cabo de dos meses, este dio el visto bueno a la creación y funcionamiento de un fondo especulativo y de alto riesgo de su propiedad.
También hemos conocido que el señor Arenillas, en ausencia de su domicilio de la señora ministra de Educación, organizó un montaje a petición del humilde Sebastián y en colaboración con el habitual y humilde equipo mediático de comunicación al que ustedes han regalado una tele en abierto, y difundieron un dosier difamatorio contra el presidente del BBVA para favorecer el asalto al banco, al BBVA, fabricando una denuncia ante la CNMV. ¿Por qué, si el señor Zapatero dice que ustedes ahora van a luchar contra la corrupción con todas sus fuerzas, no ha procedido ya el ministerio a instruir el cese del humilde vicepresidente de la CNMV? (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Después de toda la basura que acabo de oír (Rumores.), voy a intentar devolver el tema a una cierta

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racionalidad. (El señor Martínez- Pujalte López: ¿Basura? Basura es...-Rumores y protestas.)

El señor PRESIDENTE: Por favor, orden, orden, orden.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): La Ley del Mercado de Valores en su artículo 20 y en el 9 del Reglamento de régimen interior establecen que el vicepresidente cesará en su cargo, entre otras causas, por separación acordada por el Gobierno por una serie de causas tasadas: incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso previa instrucción del expediente por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Supongo que usted pretende basarse en la existencia del incumplimiento grave de sus obligaciones, y para eso no hay que hablar única y exclusivamente, sino que hay que probar hechos, cosa que ustedes no hacen. Ustedes van a la Audiencia Nacional con un planteamiento, que veremos el resultado espero que en pocos días.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Su turno, señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente.


Habla usted de basura. Sí, su basura, señor vicepresidente, su basura. El señor Arenillas ni es trigo limpio ni es fiable. Compatibilizó su cargo en Tagomago con su cargo de supervisor de la CNMV usando accionistas de paja para crear una sicav, que tributa al 1 por ciento en vez de al 35, como hace el patrimonio de la mayoría de los españoles. Ha usado su cargo para colocar a su hermano a cambio de favores a un fondo especulativo. Ha urdido conspiraciones mafiosas contra empresas y empresarios al servicio de la oficina presupuestaria y en contra de los intereses de los accionistas del BBVA. Ha violentado la Ley de incompatibilidades y está cuestionado por tráfico de influencias. Tras el acuerdo de la CNMV de 2 de febrero, además tiene ahora más poderes de los que tenía antes, porque ustedes le han hecho copresidente. El señor González montó la bodeguilla y en el mismo lugar el señor Zapatero ha montado la cueva de Alí Sebastián y los cuatro de Intermoney... (La señora Cunillera i Mestres: Indecente.-El señor Fernández Marugán: ¡No se puede decir eso, hombre!-Rumores y protestas.-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: El tiempo ha concluido.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor Hernando, con ese tipo de afirmaciones, prefiero no dar ninguna respuesta. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Protestas.-Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON JOSÉ FOLGADO BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿GARANTIZA EL VICEPRESIDENTE QUE DESDE LA OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO NO SE ENTREGARON AL VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, DON CARLOS ARENILLAS, DOSSIERS SOBRE EL PRESIDENTE DEL BBVA, DON FRANCISCO GONZÁLEZ? (Número de expediente 180/001887.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don José Folgado Blanco.


El señor FOLGADO BLANCO: Gracias, señor presidente.


¿Garantiza el vicepresidente que desde la Oficina Económica del presidente del Gobierno no se entregaron al vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, don Carlos Arenillas, dosieres sobre el presidente del BBVA, don Francisco González?

El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Folgado, por el tono y por la forma.


Yo dispongo de la información que ha facilitado el señor Sebastián, y para mí tiene total credibilidad. El señor Sebastián ha sido muy claro, y creo lo que dice. A mí lo que me interesan son los hechos, y los hechos son claros: un medio de comunicación da entrada en la CNMV a una documentación, se analiza en 72 horas y se cierra el expediente. Esos son los hechos. Todo lo demás son comentarios con ánimo, evidentemente, de introducir basura -les guste o no les guste- en el debate actual. Yo creo que los hechos son la decisión final que sobre dicho tema adopta la CNMV como órgano colegiado independiente, y la posterior comunicación por unanimidad. Contra FG -lo he dicho y lo vuelvo a repetir-, de acuerdo con la información de la que yo dispongo, y creo que es toda, no se ha elaborado ningún informe en ningún órgano de gobierno, como ya he tenido ocasión de repetir con anterioridad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Folgado.


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El señor FOLGADO BLANCO: Señor Solbes, desde luego yo no quiero introducir ninguna basura y creo que aquí no se ha introducido basura con independencia del tono más o menos enfático. Quiero poner de relieve una secuencia de hechos. El pasado 8 de mayo, usted, señor Solbes, admitió en una primera intervención ante los medios -creo que fue en Bruselas- que un dosier contra el presidente del BBVA había salido de la Oficina Económica del Presidente, presidida entonces, enero de 2005, por don Miguel Sebastián, con destino a la CNMV, en la persona del vicepresidente, don Carlos Arenillas. Poco importa su puntualización, señor Solbes, de que no se había elaborado en La Moncloa y de que se trataba de un papel informal, porque lo importante es el reconocimiento de la implicación de la OEP y de la CNMV con un dosier que representa una campaña de acoso a don Francisco González; tiene que admitirlo, señor Solbes. Es decir, es una injerencia inadmisible en un Estado de derecho en la dirección de una empresa privada por parte de instituciones públicas que implican políticamente al presidente del Gobierno y al señor vicepresidente económico. Pienso, señor Solbes, que usted estaba diciendo la verdad en esa declaración, cuya trascendencia no se le oculta, y por eso quiso resaltar el doble matiz del carácter informal del dosier y de que no se había elaborado en La Moncloa. Sin embargo, le dio vértigo pensar incluso en las consecuencias penales de tales hechos, porque, como se ha recogido en medios de comunicación -y yo lo suscribo-, estamos ante uno de los mayores escándalos de las últimas décadas, pues se intenta instrumentalizar instituciones como la OEP y la CNMV contra personas e interferir en la dirección de las empresas. Por eso usted, al poco tiempo de aquellas declaraciones, se corrigió en una nueva declaración contradiciéndose con la anterior, porque dijo que lo que había dicho entonces eran afirmaciones del señor Conthe, no suyas. No sabía yo que su función era repetir la de otros. Si después de la declaración del señor Conthe -realmente quiero insistir en esto-, usted afirmó que lo único que sabe es que se presentó un documento a la CNMV sin saber quién lo entregó o de dónde procedía, debería decirnos que usted garantiza que no salió de Moncloa, porque, si no, lo hubiera sabido. ¿Verdad? (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Su tiempo ha concluido, lo lamento.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Le voy a admitir que cometí un error el día 8 de mayo y que en mi declaración inicial no hice referencia, posiblemente porque en la vorágine en la que estábamos esos días me pareció que era evidente, a que mis comentarios iniciales se basaban en lo que el señor Conthe había comentado. El señor Conthe dijo, de forma expresa, que no me había informado a mí de este tema, cosa que es cierta, y evidentemente yo hice esa referencia sobre las del señor Conthe. Cuando posteriormente vi que en la interpretación, sacada de contexto, se quería dar a entender que yo conocía el tema, etcétera, fue la aclaración que intenté hacer. Le podrá parecer convincente o no, pero fueron los hechos tal como se produjeron.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON FERNANDO VICENTE CASTELLÓ BORONAT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO QUE EL NUEVO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES SE HAYA REFERIDO A SU ANTECESOR UTILIZANDO EL CALIFICATIVO DE MAJADERO? (Número de expediente 180/001886.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Fernando Vicente Castelló.


El señor CASTELLÓ BORONAT: Gracias, señor presidente.


Señor Solbes, sus contestaciones de esta tarde no nos están defraudando, están en el mismo tono de lo que ha venido haciendo durante estos años como vicepresidente económico: Mirar para otro lado y no impedir los escándalos que se han venido produciendo sobre la opa de Endesa o ahora sobre la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Decía usted hace un momento que era fácil dar lecciones desde fuera y desde la barrera. Señor Solbes, usted ni siquiera está en la barrera, está en los palcos -como mínimo- de la plaza de toros y debería bajar a la arena y, por lo menos, impedir que todos los escándalos que se están produciendo paren de una vez, porque si no, va a ser verdad lo que venimos denunciando, que el problema del señor Zapatero y del Gobierno viene incrementado porque el responsable en materia económica del Gobierno no hace nada para impedir esos escándalos, para impedir que se transgreda el Estado de derecho o el buen nombre de la economía que tenía nuestro país hasta que llegaron el señor Zapatero, el señor Clos, el señor Montilla, y, posteriormente, lo que viene denominándose como la banda de Intermoney, el señor Arenillas, el señor Sebastián y, ahora, el señor Segura, que han venido haciendo y deshaciendo lo que han querido para conseguir sus intereses. Esta es la reedición, como venía diciendo uno de mis compañeros, de la beautiful people de los años noventa, que usted bien ha conocido, pero en versión Zapatero. Mientras tanto, señor Solbes, usted mira para otro lado y en las contestaciones de hoy está la claridad en ese juicio.


El otro día el recién elegido presidente, nombrado presidente por usted, de la Comisión Nacional del Mercado

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de Valores, señor Segura, calificaba al anterior presidente, señor Conthe, también nombrado por usted, de majadero. Si vamos al diccionario de la lengua, majadero significa necio y porfiado, es decir, ignorante, que no sabe o podía saber. Por tanto, el actual presidente dice del anterior presidente que es un necio o un ignorante. Lo que queremos saber es si usted está de acuerdo con esas manifestaciones y si respalda al señor Segura o no. En cualquier caso, sabremos su opinión sobre el señor Conthe, y no me diga, como ha venido diciendo, que lo ha defraudado, porque creo que es algo más que eso. Le pido claridad, señor Solbes. No se vaya por la tangente, como viene haciendo esta tarde en las respuestas... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: El tiempo ha concluido, lo siento.


Señor vicepresidente, por favor.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Le voy a responder con toda claridad. Tan falso es lo que usted dice que ha dicho el señor Arenillas sobre el señor Conthe como todas sus afirmaciones anteriores. Basta simplemente leer textualmente lo que dijo el señor Segura. El señor Segura dijo exactamente, sin referirse a nadie: Solo a un majadero se le ocurriría pensar que las decisiones mejores son las tomadas de forma autista, con la menor información posible. Es no solo un derecho sino una obligación de quienes toman decisiones y asumen las consiguientes responsabilidades disponer de toda la información relevante, conocer los argumentos y opiniones en primer lugar de los técnicos de la casa, pero también de todos los agentes implicados, lo que incluye a la industria y, en su caso, a otros supervisores, y también al regulador, es decir, al Gobierno. Esto fue estrictamente lo que dijo el señor Segura. En ningún caso aparece el señor Conthe. La vinculación la ha hecho usted.
(Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA LOURDES MÉNDEZ MONASTERIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿PIENSA EL VICEPRESIDENTE CUMPLIR EL ENCARGO QUE LE HIZO EL PARLAMENTO RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES? (Número de expediente 180/001885.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Lourdes Méndez.
Adelante.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, en las contestaciones que ha dado a los diputados compañeros de mi grupo parlamentario como siempre habla de gobiernos anteriores, pero el Gobierno anterior entonces tenía un nivel de transparencia extraordinario. (Risas.) Las crisis existentes se resolvían con absoluta transparencia y -ríanse, señores- la credibilidad del Mercado de Valores de nuestro país era equiparable a la del más importante del mundo. Me preocupa que ustedes se rían y que el ministro diga que no se percibe ningún dato como para preocuparse. Ahora la inversión extranjera se desploma en España y no hablan de esto, señor Solbes. Usted no habla de la inversión extranjera, de cómo lo van a solucionar. Ustedes en estos debates, que debían aprovechar para reafirmarse en explicar su gestión, se equivocan absolutamente, convirtiéndolos en un control a la oposición. Ustedes son el Gobierno, señor ministro, y no se puede gobernar sin tomar determinadas decisiones.
Lamento profundamente la situación en la que se encuentra esta tarde. Su gran error fue no darse cuenta a tiempo de que la Oficina Económica se había hecho con el control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Debía de haber sido más diligente, porque usted no es un político novato y sabe que la responsabilidad política es suya. Si lo siento por usted puede imaginarse la tristeza que produce que sus decisiones y sus omisiones arrastren la credibilidad de la economía española. Pero hoy le quiero preguntar sobre si van a cumplir el mandato del Congreso para que el nombramiento del presidente y el vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sea por una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados, porque en su proyecto de ley no lo recogen. Permítame que lo dude, porque su grupo parlamentario votó en contra de esta iniciativa, que está recogida literalmente en la página 133 de su programa electoral. Puede que sean ustedes, salvo omisión, el único partido en la historia del parlamentarismo democrático que se queda solo votando contra una de sus promesas electorales. Señor Solbes, de nada sirve que ustedes recorran España prometiendo agua para nuestros campos o viviendas para nuestros jóvenes si luego llegan a votar en contra de sus propuestas. Es conveniente que los españoles sepan, ahora que estamos en periodo electoral, cuáles son las políticas que pretenden aplicar: si esas que llevan en sus programas o las que se deciden en oscuras oficinas absolutamente ajenas a la democracia y sin ningún control parlamentario. Es conveniente que los españoles sepan cuánto vale su palabra. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias.


La transparencia del Gobierno anterior era evidente. Algunos casos buenos los tenemos, por ejemplo, en las semimemorias del señor Piqué sobre algunas actuaciones en el pasado.


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Ustedes sacan conclusiones voluntaristas de una realidad que no es como a ustedes les gustaría. Yo lo siento, se lo vuelvo a decir, pero la economía no va mal, va bien. Comprendo que a ustedes les vendría mejor políticamente que fuera mal, pero no es así. Yo analizo algo muy simple todos los días, que es el diferencial de la cotización del bono a diez años en los mercados internacionales, que es el producto más equiparable, y le puedo asegurar que dicha cotización sigue teniendo el mismo comportamiento este año que el pasado. Por tanto, las únicas modificaciones que se han producido son de orden técnico, y esos son los mercados; no son los mercados los que usted dice, ni son las opiniones de la prensa las que usted dice.


La inversión extranjera ha caído en España y en muchos otros sitios. Se está produciendo una desviación de la inversión extranjera hacia los países emergentes, especialmente hacia Asia, pero también se está produciendo algo muy positivo, y es que hay mayor inversión española en el exterior, y eso es consecuencia de la buena situación de las empresas y de los beneficios.


Contestando a la pregunta que me plantea sobre qué vamos a hacer con el nombramiento del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, le vuelvo a decir que, en mi opinión, hay que plantear el tema dentro de esa revisión que ofrecimos en su día, a principios de año, a su partido y que ustedes consideraron que no era oportuno hacer en ese momento por una serie de razones en las que no voy a entrar. Cuando la hagamos será el momento de analizar este tema. Si me pregunta mi opinión personal, después de ver la elección por tres quintos en algunos cuerpos muy importantes responsables en este país, creo que merece la pena hacer una reflexión sobre si es la mejor de las soluciones posibles.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA LASAGABASTER), SOBRE LA TRANSFERENCIA DE LA COMPETENCIA EN MATERIA DE POLÍTICA PENITENCIARIA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. (Número de expediente 172/000272.)

El señor PRESIDENTE: Punto V: Interpelaciones urgentes. Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la transferencia de la competencia en materia de política penitenciaria a la Comunidad Autónoma del País Vasco.


Señora Lasagabaster, por favor.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, buenas tardes, aunque nos acabamos de ver en una reunión sobre seguridad vial. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)

El objetivo de esta interpelación es una cuestión que debiera ser muy fácil, que es una reunión. En esta interpelación, como verán ustedes en la moción, no pretendo que se realice la transferencia de la competencia ni que se produzca un determinado acto administrativo o actuación de Gobierno realmente difícil, lo único que pretendo es que se proceda a convocar la Comisión mixta de transferencias para hablar de un tema que es urgente y necesario, como ha sido descrito no solamente por esta portavoz y su partido político, sino también por la propia directora de Instituciones Penitenciarias. Por esta razón creo que sería difícil, casi inadmisible o imposible, que no pudiéramos llegar a un acuerdo para determinar que hay que reunirse para ver qué pasa con este tema, aunque solo sea reunirse.


La realidad de esta cuestión es ciertamente grave. No voy a citarles -lo he hecho muchas veces- dos artículos del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En uno de ellos se habla de manera muy clara de esta competencia exclusiva de la comunidad autónoma en lo que se refiere a la organización, al régimen y al funcionamiento de las instituciones penitenciarias; es más amplio, pero lo reduzco. En el otro artículo se habla de la ejecución de la legislación penitenciara en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por tanto, título hay. No se le escapará a nadie que título no nos falta para poder demandar, exigir o solicitar esta competencia. De hecho, hay otra comunidad autónoma, Cataluña, que la tiene transferida, y no parece que haya sido una situación difícil, ni complicada, ni con más o menos problemas de los que pueda tener cualquier dirección de una institución penitenciaria, que es difícil de por sí. Lo cierto y verdad es que durante muchísimos años ha sido una cuestión unánimemente solicitada, al menos por todas las fuerzas políticas que han pasado por la responsabilidad de tener cercanía con esta materia. Me voy a explicar. No es una cuestión que pida Eusko Alkartasuna como tal, la ha pedido Eusko Alkartasuna cuando ha tenido la responsabilidad de esa competencia o cercana que es materia de justicia; la ha pedido el Partido Nacionalista Vasco; y la ha pedido su propio partido, el Partido Socialista de Euskadi. El diputado Ramón Jáuregui envió una carta como consejero de Justicia en su momento del Gobierno vasco pidiendo que se convocara esta Comisión mixta de transferencias.
Por tanto, no estamos hablando de algo que sea interpretativo o que sea una posición absolutamente única o excepcional, sino que, muy al contrario, es una posición absolutamente consensuada por todos aquellos que hasta el momento han tenido esta responsabilidad. En consecuencia, parecería razonable que en coherencia con sus propias posiciones cuando han sido Gobierno y han tenido esas responsabilidades en la Comunidad Autónoma del País Vasco y han podido ver la dificultad y la problemática que existe realmente, hoy no dijeran que no. ¿Cuál es la problemática? Quizás me la hayan

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oído muchas veces, pero habría que recordarla porque la verdad es que cada vez vamos a peor. Tenemos una población reclusa de alrededor de 1.100, 1.200 ó 1.300, no sabría decirlo exactamente porque va cambiando, y tenemos tres centros penitenciarios realmente deplorables, y con cada una de las letras que describen esta situación creo que hasta me quedo corta.
Estos centros les llevan a una situación de poca dignidad, por no decir a una situación francamente difícil para las personas que están ahí. Eso hace que haya una situación complicada, primero, para ellos; segundo, para los propios funcionarios que tienen que llevar a cabo sus tareas y su trabajo en estas situaciones; y tercero, para una cuestión básica, que es la responsabilidad de tener una buena custodia de esas personas, su dignidad personal y a partir de ahí la ejecución penal penitenciaria correspondiente, que sería la resocialización o la reeducación.


Desde el verano llevamos seis muertes en alguna de las prisiones de Euskadi, un nivel tremendamente alto de suicidios. Muertes que no son razonablemente lógicas, en el sentido de que pueden ser muertes naturales, derivadas de una situación vital de cada una de esas personas realmente difícil. Esto no es admisible. Llevamos tiempo solicitando la comparecencia de la directora general de Instituciones Penitenciarias, y no lo digo porque pueda hacer quizás más en este momento. No se me trate de demagoga, porque lo que intentamos hacer ver es que no hay que atajar simplemente un elemento de un plan de suicidios, que claro que hay que hacerlo, sino que hay que atacar al núcleo central de lo que está pasando. Tres centros penitenciarios que no cumplen los mínimos. Lo primero que dijo la señora Gallizo cuando fue a visitarlos es que si en su mano estuviera, cerraría los tres centros penitenciarios porque son inadmisibles. Esto es lo que tenemos. ¿Quién realiza el trabajo de asistencia y aporta el dinero para asistir? El Gobierno vasco, al que no se le transfiere la competencia, pero que dedica cada ejercicio presupuestario en una competencia que no tiene 4 millones de euros, que se dice rápido. Lo razonable sería que se produjera la transferencia de los servicios y del material, de los recursos tanto personales como materiales, para que pudiera hacerlo. Pero de su propio presupuesto, sin tener la competencia transferida, dedica 4 millones a este tema: 805.000 euros en el departamento de Justicia para turno de asistencia legal penitenciaria y servicio de asistencia a la reinserción; Sanidad dedica más de 1.600.000 para ingresos hospitalarios, consultas especializadas, urgencias, pruebas diagnosticadas, vigilancia epidemiológica, control alimentario de aguas y gastos de farmacia; Educación destina dieciocho profesores para impartir clases a adultos en las prisiones, 676.500 euros en profesores de primaria y de secundaria, entre 1999 y 2002, 123.000 euros para adquisición de material didáctico, 40.000 euros para atención a jóvenes penados; el departamento de Empleo y Seguridad Social destinó 55.000 euros más; y Asuntos Sociales alcanzó 675.000 euros. Todo esto sin que les corresponda hacerlo, es decir, ellos dedican este dinero sin tener la competencia, habiéndola solicitado, sin tener el dinero que le corresponde para ello, simplemente por pura atención a mil personas que no tienen por qué estar en esta situación de indignidad. Esta es la grave situación. Indignidad en el sentido de que están en situaciones deplorables. Esto es lo que hay. ¿Qué ocurre? Estamos en esta circunstancia desde hace trece años, que se dice rápido, por un convenio firmado por el ministro de Justicia e Interior, señor Belloch. Después de trece años de haber pedido por el Partido Nacionalista Vasco, por Eusko Alkartasuna y por el Partido Socialista de Euskadi una reunión para convocar la Comisión mixta para que se transfiera, se ha dado la callada por respuesta, ni una respuesta. ¿Qué ha ocurrido? Que después de trece años han dicho: nosotros damos por denunciado y por finiquitado este convenio para que por lo menos nos hagan caso, pero, a pesar de todo, sin convenio van a seguir poniendo casi 4 millones de euros, ya que estas personas no se pueden quedar en el desamparo. Porque, señor ministro, ¿va a poner el Gobierno 4 millones de euros este año o el año que viene? ¿Qué va a hacer? Esto es lo que hay que resolver.


Señorías, no señalo nada ajeno a la realidad si les digo que en los periódicos vascos cada mes aparece una noticia sobre un fallecimiento o sobre una denuncia en este sentido. Vuelvo a decir que no hablo de actuaciones irregulares o ilegales, que alguna podrá haber -y eso estará denunciado, examinado o investigado-, sino de situaciones en las que por falta de medios las personas que allí habitan tienen problemas. Por tanto, realmente queremos dos cosas: una, que se solucione este problema, y otra, estudiar qué vamos a hacer en el futuro. Ustedes están pensando en ejecutar la construcción de grandes centros penitenciarios, y este es un tema que deberíamos discutir con aquellos que realmente tienen o van a tener en el futuro la responsabilidad de proceder a la ejecución penal penitenciaria en esta materia. También hay estudios diseñados por parte del Gobierno vasco, pero deberían ponerse en contacto unos y otros para decidir si lo mejor es establecer tres macrocentros penitenciarios o bien establecer un modelo penitenciario con centros no tan grandes -luego podré explicarlo en la réplica-, que realmente atiendan necesidades determinadas, ya sean centros dependientes, centros para jóvenes o para situaciones específicas, más relacionadas con elementos médicos que con un centro penitenciario, centros para personas que puedan tener enfermedades y que a lo mejor no tienen que estar en un centro penitenciario stricto sensu, sino en un centro especializado en ciertas materias relativas a enfermedades mentales, etcétera. Esto es lo que deberíamos hacer: primero, resolver el problema urgente, y segundo, ponernos de acuerdo sobre cuál es exactamente el mejor modelo penitenciario.


Señor ministro, vuelvo a señalar lo que decía al principio. El objetivo de esta interpelación, más allá del contenido y del fondo, es uno: que se convoque la Comisión

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mixta de transferencias para poder hablar de este tema. No es razonable que haya unos responsables administrativos que establezcan determinadas materias como educación, sanidad, justicia, etcétera, y no solamente por la cuestión financiera, que lógicamente también es importante, ya que lo que destinamos a ese tema no lo destinamos a otras cosas, lo cual es obvio para cualquier administración, pero sí para decidir exactamente dónde vamos a ir en el futuro, tanto desde el punto de vista de esta urgencia, de este convenio que está denunciado y finiquitado a 18 de abril, como para establecer en el futuro un modelo que sea acorde a la población reclusa en Euskadi, que podrá ser mayor, menor o la misma -esta es una cuestión que no podemos establecer ahora-, pero que en definitiva se haga una previsión para el futuro, que es lo que razonablemente deben hacer los responsables políticos.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Lasagabaster.


Señorías, continuamos con la contestación a esta interpelación del señor ministro del Interior. Cuando quiera, señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señora presidenta.


Señora Lasagabaster, le agradezco una vez más, puesto que no es la primera vez que discutimos en esta Cámara esta materia, su interpelación, que viene a solicitar la transferencia de las instituciones penitenciarias y su correspondiente ejecución en términos de política al País Vasco. En su interpelación argumenta usted esta transferencia en dos pilares: una primera tiene que ver con la situación de los centros penitenciarios del País Vasco, en concreto recoge usted una expresión que incorporo literalmente. Habla de que están mal, lo cual implica que se disponga de un instrumento necesario para realizar una política penitenciaria que usted califica de humanitaria, renovada, dinámica y flexible. Y en segundo término, incorpora un segundo argumento para solicitar esta transferencia, que es la ejecución de los artículos 10.14 y 12.1 del Estatuto de Autonomía de Euskadi. Me voy a referir por separado a los dos argumentos, en el bien entendido que respecto al segundo no voy a dar grandes novedades; conoce usted nuestra posición y ya le anuncio -creo que no esperará usted otra cosa de mí esta tarde-, que sigue siendo la misma que ha sido en las 20 veces que hemos discutido este tema en estas Cámaras, en el Congreso y en el Senado. Yo lo he hecho algunas veces, el ministro Alonso, que me precedió en este cargo, lo hizo muchas más y la directora general de Instituciones Penitenciarias, prácticamente cada vez que comparece aquí. Me referiré, por tanto, a la primera situación. Usted basa su expresión, cuya literalidad he mencionado anteriormente, en cuatro cosas fundamentalmente: el elevado índice de fallecimientos por causas no naturales en las cárceles del País Vasco, la situación de los centros penitenciarios en esa comunidad, la imposibilidad de que existan políticas reinsertadoras que respeten los derechos y la dignidad de las personas internadas y, finalmente, algo a lo que se ha referido extensamente en su intervención, que es la denuncia del convenio marco de prisiones que suscribieron el Gobierno vasco y el Gobierno de España hace ya, como usted señalaba, 13 años.


En relación con la primera cuestión, la de los fallecimientos, usted hace referencia a seis muertes por causas no naturales en las cárceles vascas desde el pasado verano. Es verdad que se podría matizar este dato, puesto que en los cuatro primeros meses del presente año no ha habido ninguna, pero hay una segunda matización que sí me gustaría introducir y es que no todas ellas son debidas a suicidios; de hecho, solo hay dos suicidios, que fueron por sobredosis, un fallecimiento por VIH o sida y el siguiente por causas naturales. Por tanto, los suicidios son solo dos y, si usted compara estos datos con la serie histórica en concreto en Nanclares, que es la cárcel en la que se han producido más incidentes de esta naturaleza, verá que las cifras han mejorado considerablemente, entre otras cosas, porque se puso en marcha un plan de emergencia específico de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en este centro que creo, y los datos lo avalan, que está dando unos buenos resultados.


En segundo término, habla usted de las infraestructuras. Dice usted que las infraestructuras son malas, que están en mal estado y por esa razón, que nunca hemos dejado de asumir en esta Cámara, hicimos un plan de infraestructuras no solo para el País Vasco, pero también -porque es verdad que lo que usted aduce para el País Vasco se podría predicar de muchas otras cárceles españolas-, repito, un plan de infraestructuras 2006-2012, que en el País Vasco se concreta en la construcción de dos nuevos centros penitenciarios, para cumplimiento penitenciario en régimen ordinario y cerrado, y tres centros de inserción social, para cumplimiento penitenciario en régimen de semilibertad y para gestión de los servicios penitenciarios externos. Con estas actuaciones se va a producir una renovación completa de las instalaciones penitenciarias en el País Vasco, se va a ampliar la capacidad de intervención en medio abierto, tanto de cumplimiento en centros de inserción social como de seguimiento y gestión del cumplimiento penitenciario en comunidad, mediante medidas alternativas al internamiento, que sabe usted que estamos poniendo en marcha en el conjunto del sistema penitenciario español.


En relación con las instalaciones, tienen distinto grado de avance desde el punto de vista de su tramitación administrativa y presupuestaria. En concreto, la de Álava está muy avanzada, hay un proyecto que está en fase de redacción, mientras que en la de San Sebastián hay una previsión en el Plan general de ordenación urbana para ubicar la nueva cárcel que sustituiría a Martutene; ambos centros tienen prevista su entrada en funcionamiento en

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el año 2010. Y en relación con los centros de inserción social, en este momento estamos en fase de localización y ubicación del correspondiente proyecto. Es verdad que adicionalmente hay un plan de amortización de las viejas instalaciones, que ha sido objeto de discusión y lo seguirá siendo probablemente en los próximos años, puesto que estamos sin duda en el más ambicioso proyecto de renovación de las instalaciones penitenciarias que nunca se ha hecho en el País Vasco; y no es menos cierto también que, con carácter general, este plan al que me refiero 2006-2012, que va a dar como resultado la existencia en los próximos, le voy a poner una fecha, 14 meses -creo que me he dejado el margen suficiente para que no se nos pueda acusar de que no hemos cumplido lo que acabo de decir ahora aquí-, en concreto, de 4.032 nuevas celdas funcionales en régimen ordinario y 842 complementarias en otras prisiones del resto del Estado, lo que sin duda nos va a permitir aliviar la situación de algunas cárceles vascas a las que usted se refiere, que es verdad que tienen en este momento un grado de saturación que no es deseable.


Hablaba también de la imposibilidad de políticas penitenciarias de reinserción. Esa imposibilidad creo que no es tal, o al menos se está paliando a través de medidas que no se están aplicando específicamente en las cárceles del País Vasco pero sí en el conjunto de las cárceles españolas, con la puesta en marcha de programas específicos de tratamiento, con la implementación de recursos para la aplicación de medidas alternativas -a las cuales he hecho referencia de pasada en esta intervención-, a la reforma que está en curso del sistema penitenciario en medio abierto y finalmente, con carácter general, el incremento del empleo productivo y de acciones positivas de inserción en el mercado de trabajo de las personas encarceladas o internadas. Todos ellos son, repito, proyectos que también se están desarrollando, cómo no, en los dos centros penitenciarios que en este momento existen en el País Vasco. En resumen, no se puede afirmar, como usted hace, que la situación que existe en este momento en las cárceles del País Vasco esté impidiendo el desarrollo de una política penitenciaria que usted calificaba de humanitaria, renovada, dinámica y flexible; adjetivos que comparto y que están informando en la práctica la política penitenciaria del Gobierno.


He dejado para el final el tema de la renovación del convenio marco, que no puedo dejar de calificar como un incidente que no es positivo -y lo digo suavemente-, porque es verdad que había un convenio en marcha o en funcionamiento desde hace 13 años, que es cierto -y no me duelen prendas reconocerlo en esta Cámara- que implicaba un esfuerzo presupuestario por parte del Gobierno vasco, que nunca ha dejado de contar con el agradecimiento explícito de los distintos gobiernos de España. En conjunto, ese convenio ha permitido muchas actividades, algunas de las cuales están hoy en suspenso en razón de esta no renovación que me apresuro a decir que ha sido no hablada y de la que nos hemos enterado cuando la decisión se había tomado ya. Es verdad que eso nos va a obligar a hacer algunos reajustes presupuestarios en nuestros capítulos para intentar que en la medida de lo posible esta no renovación o esta denuncia del convenio no lleve consigo que haya dificultades de gestión o que algunas políticas que estamos poniendo en marcha o desarrollando en el País Vasco no puedan llevarse a cabo. No es menos cierto que el convenio no se refiere solo a las competencias estrictamente penitenciarias, a las que me referiré en la última parte de esta intervención; también se refiere a políticas que propiamente corresponden al Gobierno vasco y que tienen ya asumidas políticas de integración social dirigidas específicamente a colectivos que están sujetos a condiciones de exclusión, en concreto a colectivos internados en centros penitenciarios. Por tanto, cuando el Gobierno vasco firma este convenio, está haciendo dos cosas al tiempo: está facilitando la gestión penitenciaria del Gobierno, que en este momento la tiene atribuida, y también está cumpliendo en parte sus competencias en lo que se refiere a colectivos que están privados de libertad. Está haciendo las dos cosas al tiempo. Usted ha dicho algo que yo desconocía y que no quiero ocultar que me satisface, y es que el Gobierno vasco va a seguir dotando presupuestariamente algunos de los programas que teníamos financiados a través de ese convenio, lo cual va a aliviar la presión a la que me refería anteriormente, y, por tanto, nos permite que la situación pueda tener, al menos hasta que renegociemos el convenio, una vía de abordarlo conjuntamente, que, repito, es buena, sobre todo para quienes están internados, al margen lógicamente de que también es buena para la Administración penitenciaria del Estado. Por tanto, la no renovación del convenio no es algo que nos satisfaga, pero es una decisión unilateral del Gobierno vasco. Nosotros tomamos nota y, repito, si eso implica que el Gobierno vasco no deja de invertir en algunos de los programas que estamos haciendo, eso nos aliviará presupuestariamente y probablemente no tendrá consecuencias tan negativas como a priori una denuncia de este convenio, en los términos en los que creíamos que estaba hecha, podría suponer.


En resumen, señoría, no creo que se pueda decir lo que usted dice en su interpelación. Estamos haciendo cosas que nos permiten tener una política penitenciaria dinámica, humanitaria, flexible; exactamente en los términos que usted planteaba en su interpelación. Estamos haciendo cosas, muchas de las cuales caminan en la dirección que usted señala, aunque tenemos el escollo del convenio al que me he referido y que espero que podamos superar en los próximos meses.


No me queda sino entrar muy brevemente en la segunda de sus argumentaciones: el desarrollo del correspondiente Estatuto de autonomía del País Vasco. Sabe usted la posición del Gobierno en esta materia. No tenemos previstas transferencias en materia penitenciaria en esta legislatura a ninguna comunidad autónoma y las razones las conoce usted porque han sido sobradamente discutidas en esta Cámara. No hay ninguna razón adicional que nos haya hecho cambiar de posición y

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seguimos en la misma. Por tanto, poco más puedo añadir a lo que usted ya sabe, que no es tradicional, porque llevamos tres años gobernando, pero sí conocido en esta Cámara como posición del Gobierno socialista.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señor ministro.


Abrimos el turno de réplica. Comenzamos de nuevo con la señora diputada interpelante, Begoña Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, voy a centrarme en los cuatro puntos que ha planteado usted y que no acierto a entender. El objetivo de EA era convocar una reunión y usted, al parecer, no está por la labor. Vayamos por partes. Me dice usted que no va a entrar en por qué no transfieren una competencia porque ya se sabe, porque se conoce su posición. Sí, sabemos y conocemos la posición, que para los que no la conozcan es: porque consideramos que no hay que transferir la competencia. Es decir, una cuestión de voluntad política. He dicho muchas veces que me parece que esto no es base jurídica, legal ni política suficiente. Podría decirme usted que no comparten la extensión de la transferencia que se está pidiendo, que no es el momento en el sentido de que acabamos de aprobar el Estatuto y tenemos dificultad para poner en marcha determinadas cuestiones o porque hay otra razón que hace que necesitemos tiempo. Llevamos 28 años. ¿Por qué? Además, uno no llega a entender por qué la Comunidad Autónoma de Cataluña tiene la transferencia realizada y nosotros no. Yo nunca pensé que las leyes se cumplían o no en función de la voluntad política de alguien. Las leyes se cumplen o no se cumplen y la voluntad política determina que el incumplimiento tiene unas consecuencias, pero decir que no lo cumplo porque no quiero, podrá ser así, pero es injustificable.
Esta es mi posición, y aquí coincido con el Partido Popular. No cumplir una ley porque no se quiere es injustificable, pero es así. Ustedes tienen la sartén por el mango; aquí no hay competencias negativas o posibilidad de ir al Tribunal Constitucional y decir: el Gobierno del Estado no está cumpliendo esta competencia, ¿qué creen ustedes que hay que hacer? En este ordenamiento jurídico no hay esa posibilidad y, por tanto, las comunidades autónomas no tienen ni un solo recurso para poder acudir a ninguna parte si el Gobierno del Estado no cumple. Esto no parece razonable, pero es así.


Segunda cuestión. Usted incluso ha dicho que es verdad que determinadas políticas de reinserción no se están cumpliendo en Euskadi y sí en el resto del Estado. Repasaré el acta, a lo mejor me he equivocado, pero he creído entenderlo así. Usted me está dando la razón. Hay una deficiencia sustancial en una política penitenciaria. De cómo está la situación y la ejecución de la política penitenciaria no le podría hablar yo, sino los funcionarios -no ya los reclusos-, que están desesperados. Ya no es solo un problema de los reclusos, que sería suficiente por el deber de custodia de la Administración, es un problema de los funcionarios. La realidad es que la situación es tan difícil por las infraestructuras, no ya por otra cosa, que incluso las políticas que tienen que llevar a cabo los funcionarios son difíciles. Es vox pópuli para cualquier ciudadano que lea los periódicos en Euskadi -se lo podrán decir sus compañeros de partido- que una vez al mes como mínimo en un diario o en un medio de comunicación aparece alguna noticia sobre alguno de los centros penitenciarios de Euskadi, pero no ya por cuestiones políticas, sino por cuestiones de infraestructuras, por problemas de atención y por problemas de los funcionarios. Es así.


Me dice usted que agradecen el sacrificio financiero que ha hecho el Gobierno vasco durante todos estos años. Me alegro que conste en el "Diario de Sesiones" que, a pesar de no tener la transferencia de competencias realizada, encima se ocupan de ello. Me dirá usted: Tendrían que hacerlo porque es una cuestión de dignidad humanitaria. Bien, pero lo humanitario es para todos, no solamente para unos.


Le pidieron la reunión hace diez años. Ya le he comentado antes que el señor Jáuregui le trasladó una carta a quien fuera en aquel momento ministro de Interior que no tuvo contestación. En concreto, y para no centrarme en tan largo plazo, la petición de esta reunión que yo le realizo hoy la ha hecho el Consejo del Gobierno vasco el 26 de septiembre de 2006; la ha vuelto a realizar el 6 de febrero de este año; el Parlamento de Gasteiz ha respaldado esta petición de reunión el pasado 30 de marzo. Pues bien, no se les ha respondido. No se les ha dicho nada.
Aunque solo fuera por educación quizá corresponde a la gente contestar.
Usted dice que denuncia unilateral. ¿Dígame usted que quiere que hagan? Si piden una reunión y no se les dice nada, si siguen pidiendo y no les dicen nada, si el Parlamento pide lo mismo y no se les dice nada, al final dicen: lo único que puedo hacer es denunciar bilateralmente el convenio. Pero a pesar de todo, de manera pública, el consejero de Justicia dijo en una convocatoria que las personas privadas de libertad no se preocuparan que el dinero iba a estar ahí para resolver sus problemas. Porque usted sabe como yo que si este dinero no se pone, usted, como responsable del tema, está en un aprieto para sacar de los Presupuestos Generales del Estado, de repente, una cantidad de dinero tan importante en un ejercicio presupuestario. No lo vamos a hacer. Nunca haremos nada de eso. Pero sí creo que en compensación solo una reunión podría ser razonable. No me ha contestado a lo que le pedía sobre la reunión. Deduzco que no va a reunirse la comisión mixta de transferencias y, francamente, aunque solo fuera por agradecerles el dinero que prestan los ciudadanos vascos sería suficiente. Los ciudadanos vascos se lo van a agradecer. Reunirse cuesta poco.


Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Finalizamos con el turno de dúplica final del señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Señora Lasagabaster, voy a hacer cuatro o cinco comentarios a su segunda intervención. En primer lugar, que las cárceles de Euskadi no están bien se lo he dicho yo desde esta tribuna. La prueba de que no están bien es que hay un plan de infraestructuras que hizo este Gobierno, que tiene una extensión temporal de seis años, 2006-2012, y que aborda este problema no solo en Euskadi, porque es verdad que tenemos unas instituciones penitenciarias muy deterioradas y una población reclusa que, después de las últimas modificaciones del Código Penal, ha crecido. Por tanto, ha habido que hacer un plan donde hay muchos millones de euros invertidos y por invertir y que usted conoce bien porque ha sido objeto de debate en esta Cámara en distintas ocasiones. Por tanto, no he negado nunca que la situación no es buena, desde luego que no lo es, y el primero que lo nota es el ministro del Interior y, sobre todo, la directora general de Instituciones Penitenciarias.


En segundo término, no conocía las declaraciones del consejero de Justicia y debo decir que me alivian personal y presupuestariamente. Le he dicho antes, y tampoco es una cuestión en la que quiera entrar, que es verdad que cuando el convenio se firma el Gobierno vasco hace dos cosas: echa una mano, si me permite la expresión coloquial, al Gobierno del Estado y, al mismo tiempo, cumple una parte de sus competencias porque tiene competencias específicas en esa materia. Pero creo que esto es lo de menos. Lo más importante es que hay un convenio denunciado y si usted me dice que hay voluntad política por parte del Gobierno vasco de mantener el dinero, no le oculto que me alivia presupuestaria y sobre todo políticamente, porque es verdad que hay un conjunto de programas que se están haciendo en el País Vasco gracias a esos recursos que se van a poder seguir manteniendo, lo cual es una buena noticia y no me duelen prendas -ya lo he dicho dos veces- reconocerlo aquí. Como no tengo ningún inconveniente, por supuesto, en hablar con el consejero de Justicia como hablo con el de Interior habitualmente. Creo que tenemos unas relaciones correctas y cordiales con el Gobierno vasco, lo que no quiere decir que no haya algunas discrepancias conocidas como la que usted plantea esta tarde aquí, que no por conocidas son menos discrepancias, pero que en todo caso son conocidas.


En tercer lugar, no creo haber dicho que haya dificultades en la política de reinserción específicamente en las cárceles del País Vasco. No. Lo que he dicho es justo lo contrario, que todas las políticas que estamos poniendo en marcha en el conjunto del sistema penitenciario también se están poniendo en marcha en Euskadi en lo que se refiere a régimen abierto. Las he mencionado antes. Por tanto, lo que estamos haciendo en el conjunto del Estado también se está haciendo en Euskadi. No hay dificultades específicas en Euskadi, por mucho que hayamos tenido en Nanclares algunos incidentes que nos han obligado a hacer un plan específico para combatir una tasa de suicidios que era alarmantemente alta y que creo que en este momento está bajando considerablemente. Por tanto, no hay una especificidad negativa en el País Vasco. He querido argumentar justo lo contrario, que todo lo que se está haciendo en el conjunto de España se está haciendo también en el País Vasco.


Finalmente, dos cosas más. Es verdad que estamos diseñando, y en la práctica está muy avanzado, una nueva estructura penitenciaria en el País Vasco de la que entiendo que no hay ninguna dificultad para hablar con el Gobierno vasco, en absoluto. Todo lo contrario. Tomo nota de la propuesta que usted hace y le aseguro que así se hará en los próximos días. El tema de fondo, el segundo que usted ha tocado en parte y desde una perspectiva estrictamente jurídica, que yo respeto y comparto, faltaría más, tiene otros elementos adicionales que usted conoce perfectamente, que su prudencia política le ha llevado a no abordar estrictamente en esta Cámara y que la mía, que debe ser al menos como la suya, me va a llevar a no abordar aquí. Simplemente le digo que creo que no es el momento oportuno de hacer la transferencia en política penitenciaria. Lo que no quiere decir que se pueda hablar y que alguna vez haya que hacerlo. Pero creo que no es el momento oportuno, y usted me entiende tan perfectamente que se ha ahorrado unos buenos argumentos en esta tribuna, que yo le agradezco que no hayan salido hoy aquí porque creo que no deben formar parte de este debate, por mucho que últimamente hablemos de ello más de lo que hubiera querido el Gobierno. Muchas gracias, señora Lasagabaster.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro, muchísimas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA IMPEDIR EL REGRESO DE ETA A LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS A TRAVÉS DE PARTIDOS MATERIALMENTE INSTRUMENTALIZADOS POR LA ORGANIZACIÓN ILEGAL BATASUNA. (Número de expediente 172/000273.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con la siguiente interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impedir el regreso de ETA a las instituciones democráticas a través de partidos materialmente instrumentalizados por la organización ilegal Batasuna.
Para formular esta interpelación tiene la palabra el señor Astarloa.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Muchas gracias, señora presidenta.


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Señorías, señor ministro, a pesar de las repetidas advertencias que este grupo parlamentario ha hecho durante meses, se han cumplido los peores augurios. Cuatro años después de haberlos expulsado de las instituciones, en uno de los mayores logros de la democracia española contra el terrorismo, ETA va a volver a los ayuntamientos. Esto va a ocurrir no porque ETA haya encontrado un ingenioso mecanismo para burlar la ley, sino porque el que ha burlado la ley ha sido el Gobierno de la nación, incumpliendo todos los compromisos expresados en esta Cámara y su repetida retórica y falsa afirmación de que hace cumplir las leyes.


Es cierto que ETA ha lanzado una ofensiva especialmente intensa. Ha presentado el nuevo partido ASB, ha presentado cientos de agrupaciones electorales y ha rescatado para la ocasión a uno de sus viejos partidos, ANV, fundador de la ilegal Batasuna en 1978. Pero todo ello era previsible, y así lo denunciamos, como anunciamos en su día que el Estado de derecho tenía los recursos jurídicos y policiales para evitar el fraude de la sucesión de Batasuna por nuevas organizaciones instrumentalizadas por esta para evitar las consecuencias de la ilegalización. Lo que ha llevado al fracaso final, señor Bermejo, de tener cientos de listas de Batasuna concurriendo a los comicios es que el Gobierno haya hecho un uso tramposo de sus capacidades, mintiendo además repetidamente para justificar su conducta. ETA vuelve a las instituciones porque Rodríguez Zapatero ha querido y solo por eso. El balance es desolador. Colando una sola lista ETA habría obtenido ya un inmenso triunfo, pero lo cierto es que ha colado más de 400. De un lado, centenares de agrupaciones electorales han pasado el listón sin objeción alguna del Gobierno. Son casi cuatrocientas y abogacía y fiscalía solamente impugnaron ocho y sin demasiado interés de probar nada porque el tribunal solo ha aceptado la impugnación de una. Pero del otro lado está la gravísima cuestión de ANV. Fiscalía y abogacía, señor Bermejo, se lo reconozco, han acreditado suficientemente que han sido instrumentalizadas en las presentes elecciones por Batasuna y que esta ha controlado y copado la elaboración de sus listas electorales. Fiscalía y abogacía han admitido que el jefe de ETA, Mikel Antza, ya programó todo esto, que para ello se firmó en su día un protocolo de colaboración en el año 2003, que a distintos detenidos etarras se les han incautado los planes de ejecución con las directrices, personas, medios y financiación de Batasuna y hasta las listas luego presentadas por ANV. Por tanto, fiscalía y abogacía han desenmascarado algo sencillo, y es que de la noche a la mañana un partido residual de unas decenas de miembros, hibernado durante años, sin un solo rostro conocido, sin infraestructura, financiación ni militancia ha sido capaz de presentar centenares de listas, incluso en Navarra, donde nunca se había presentado. Es un partido fantasma que ahora está haciendo una campaña masiva con los programas, los mensajes y los militantes de Batasuna, un partido en el que los dirigentes de Batasuna están volcando ya todos sus esfuerzos, un partido que el día electoral utilizará a los interventores de la Batasuna de siempre y cuyos resultados serán jaleados como propios por los líderes batasunos la noche electoral, un partido que desarrolla el proyecto político de la organización ilegalizada y que a día de hoy no condena la violencia terrorista de ETA.


La confusa renuncia a la violencia contenida en los estatutos, señor ministro, quedó en el olvido tras la incorporación de ANV a Batasuna, allá por el año 1978. Hoy no hay ni rastro de condena de la violencia de ETA por ANV. Véanse, si no, las ruedas de prensa de sus dirigentes estos días y recuérdese que celebra todos los años el día del soldado vasco plantando un roble por cada muerto etarra, del mismo modo que ayer mismo homenajeó a los presos de ETA.


Ante todas estas evidencias, y con el añadido de que ANV ha incluido en sus listas innumerables candidatos y cargos de Batasuna, repartidos en paralelo a los incluidos en las agrupaciones y evitando cuidadosamente que no se produzcan duplicidades, procedía aplicar el artículo 12 de la Ley de Partidos y declarar que dicha utilización es fraudulenta y que ninguna de las listas presentadas por ANV puede ser proclamada ni presentarse a las elecciones. Pero es aquí donde fiscalía y abogacía han recurrido a la manipulación para evitar actuar contra la totalidad de ANV. En lugar de impugnar el partido fagocitado, como marca la ley, han procedido a la aberración legal y política de impugnar alguna de sus candidaturas permitiendo la presentación de 138 de ellas. La ley no ha previsto, entre otras cosas porque es un disparate, que un partido legal pueda verse privado de alguna de sus candidaturas por ser solo medio legal. Una parte del partido sí y otra no. (El señor Michavila Núñez: ¡Sí señor!) Para la ley, lo decisivo es que respecto de un partido político se constate la operación de sustitución por otro ilegalizado y disuelto como consecuencia de una suma de elementos acreditativos de ello. (El señor Michavila Núñez: ¡Muy bien!) La contaminación personal de algunas listas no es ni la única ni la principal razón de su impugnación ni menos aún un objeto de recursos separable, sino un elemento más para la declaración de ilegalidad del partido mismo en su conjunto.


Han mentido, señor Bermejo, al decir que no les daba tiempo a impugnar el partido. El propio Conde-Pumpido acaba de decir que todavía pueden hacerlo antes de las elecciones. Han mentido al decir que interpretaban la ley, cuando la ley no necesitaba interpretación y lo que han hecho es forzarla, generando un gran problema a unos tribunales, a los que han maniatado. Y ahora vuelven a mentir repitiendo lo que ya hicieron con el PCTV, diciendo que si aparecen nuevos datos, como que Batasuna pida el voto, se pedirá la ilegalización, para desmentirlo al día siguiente. No sé, señor ministro, si va a cesar a Conde-Pumpido, pero lo que es seguro es que no puede desprestigiarse más a sí mismo y a todos ustedes.
(Aplausos.)

La última de esta larga serie de falsedades es de usted, señor Bermejo, que ha acabado siendo, en efecto -y se

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lo dije-, el enterrador de una ley que nunca le ha gustado, y tiene ahora la desfachatez de apelar al derecho de sufragio individual, cuando su impugnación, la del derecho individual, es precisamente la que les ha servido a ustedes para cuestionar candidaturas en lugar de impugnar el partido. (El señor Michavila Núñez: ¡Muy bien!) El propio Tribunal Supremo, sobre cuyo auto también han mentido, les ha tenido que dar un auténtico repaso, de entrada, cuestionando el procedimiento que eligieron para impugnar, sobre el que les tuvo que pedir incluso aclaración -para su bochorno-, y luego en la sentencia, dejando claro que hay pruebas de sucesión y, en consecuencia, pruebas sobradas para ilegalizar a ANV. Se estaba, dice el Supremo, ante un incidente de ejecución en el que lo correcto habría sido instar la ilegalización del partido, de forma que se ha forzado la interpretación de la normativa recurriendo solo algunas candidaturas. Y del Constitucional, señor Bermejo, mejor no hablar, porque el ridículo que han hecho ustedes glosando como un triunfo una frase inexistente y manipulada de su sentencia es un escándalo insuperable, por el que hoy podría usted por lo menos tener la decencia de disculparse. (El señor Michavila Núñez: ¡Muy bien!)

¿Y ahora qué, señor ministro? ¿Piensan que pueden seguir presentando informes policiales contradictorios contra todas la evidencias? ¿Creen que pueden seguir engañando a la gente mientras Otegi y los suyos hacen la campaña electoral de ANV-Batasuna? ¿Creen que nadie se entera de que las listas admitidas están en los feudos batasunos o de que los mismos nombres que han servido para ilegalizar la lista del Parlamento de Navarra no los han utilizado para impugnar la del Ayuntamiento de Pamplona? ¿No se dan cuenta de que cuanto más ceden al chantaje de ETA más se envalentonan, y que están volviendo a convertir la calle y esta pervertida campaña electoral en instrumento de multiplicación del terror, que es lo que pronto van a hacer con las instituciones que ustedes les van a dejar recuperar? (El señor Michavila Núñez: ¡Muy bien!) Lo suyo sería que hoy mismo anunciase que van a solicitar la ilegalización de ANV, ante el clamor de una sociedad estupefacta y, de paso, que no van a tolerar ni un acto más de Batasuna ni un desmán más de los batasunos en la calle, pero parece claro que están dispuestos a dejar que el daño sea irreparable. Nada de lo que ha ocurrido es casual. Ustedes han buscado afanosamente una fórmula para relegalizar Batasuna, intentando salvar la cara ante la opinión pública, como antes buscaron normalizar su presencia y convertirlo en interlocutor político de sus negociaciones. Lo que han hecho es destrozar la ley, y además es un inmenso error político que va a tener consecuencias gravísimas. Ahora sobre ustedes pesan las más graves acusaciones, sin que a día de hoy sean capaces de desmentir ni una sola de ellas. Tienen que explicar si han hecho ese ridículo por miedo insuperable al chantaje de los pistoleros; tienen que aclarar incluso si lo han pactado previamente con ellos, tal y como se les ha imputado; tienen que aclarar hasta dónde piensan llegar en este camino de cesiones a los terroristas, y tienen que aclarar por qué están hundiendo la lucha antiterrorista y permitiendo que el mundo del terror recupere todos los espacios. Además, señor Bermejo -termino-, no crea que con ello van a aplacar a la fiera. Todo lo contrario. Este camino sin retorno en el que ustedes se han metido solo tiene dos posibles finales, la cesión máxima al terror o el máximo sufrimiento a manos de unos criminales reconstituidos. Esa es la triste responsabilidad histórica que ustedes han asumido y por la que van a rendir cuentas ante todos los españoles.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Astarloa.


Para contestar a esta interpelación, señorías, tiene la palabra el señor ministro de Justicia.


Adelante, cuando quiera.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Señora presidenta, señorías, una vez más, señor Astarloa, me defrauda. Ya estoy acostumbrado. Parece inútil esperar de usted lo que debiera uno esperar de un alto cargo del Ministerio del Interior, que era nada menos que secretario de Estado el luctuoso día 11 de marzo de 2004, alguien que estaba allí y que conocía los entresijos de la lucha antiterrorista, de la lucha antiterrorista contra ETA, porque me da la impresión de que a la del terrorismo internacional no la conocían demasiado ni la prestaban demasiada atención. Quizá en ello está una de las claves de su actitud, la actitud de todos los que en este momento dirigen el Partido Popular -es un decir- y han hecho de la confrontación en el área del terrorismo su único tema de debate. En lo que llevamos de legislatura, hace hoy el número 616 de preguntas formuladas entre proposiciones, interpelaciones, mociones, etcétera. Podríamos llegar a las mil si añadimos todo el conjunto y siempre poniendo el dedo allí donde nunca debieron ponerlo. Es evidente que su tema es el terrorismo y es evidente que todavía no se han enterado o no quieren enterarse de quién es el adversario. Es verdad que es tiempo de elecciones, puedo aceptarlo, pero, aun en tiempo de elecciones, la ética política rige o debiera regir y debiera saber cualquiera quién es el adversario.


Disentimos en casi todo, señor Astarloa. No voy a entrar en el chascarrillo ni en la enumeración, pues lo importante no está ni en lo uno ni en lo otro. Disentimos en la concepción del sistema democrático y en el concepto de lealtad al Gobierno desde la oposición. Disentimos en ambas cosas porque usted suspende y suspende porque no es leal al Gobierno cuando ejerce la oposición en el ámbito terrorista, dando oxígeno a todos esos terroristas que usted dice que vuelven a las instituciones. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!) Es usted quien les está dando oxígeno, es su partido el que desde hace tres años da oxígeno a ETA con este ataque frontal al Gobierno, porque es lo único que les interesa. (Aplausos.) Les interesa el ataque al Gobierno y no otra

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cosa. Lo hacen una y otra vez en el tema que no debieran y lo saben sobradamente. Le decía que disentimos en la concepción del sistema democrático. No es banal lo que yo digo del derecho de sufragio, no son invocaciones vacías, señor Astarloa. Usted sabe como yo que la Ley de Partidos es una ley que nace en el contexto en el que nace y que toca la fibra sensible del sistema democrático, el derecho de sufragio. Sabe muy bien que empezó su andadura en 2003 -supuso la gran sorpresa en aquel momento-, que tuvo un recorrido y que, a medida que hemos ido avanzando, la Sala del 61 y sobre todo el Tribunal Constitucional han sido quienes nos han ido indicando el camino. ¿Y sabe lo que nos han dicho? Se lo simplifico por no cansarle: que no todo vale en la interpretación de la ley. Sin embargo, usted no quiere entenderlo. Vamos, creo que lo entiende sobradamente, pero no lo reconoce desde esta tribuna porque no puede, porque se caería toda su argumentación. Es, en definitiva, el Tribunal Constitucional, no Bermejo, el que ha dicho que la Ley de Partidos tiene límites y que su interpretación tiene que ser coherente con la Constitución. ¡Vaya descubrimiento: tenemos Constitución! Parece que no se han enterado todavía. Ni vale todo ni son posibles cualesquiera pruebas y lo hemos ido descubriendo proceso electoral tras proceso electoral cuando los que siempre están enfrente, nuestros verdaderos adversarios, señor Astarloa -yo no me siento el suyo-, hacen regates, una y otra vez, para meterse allí donde no queremos que se metan. ¡Qué se va a hacer! Es así y cada vez han ido subiendo ellos el listón al tiempo que el Tribunal Constitucional nos hacía más angosta y más difícil la persecución.


No diga usted cosas raras acerca de quién burla la ley o quién miente.
Usted acaba de mentir aquí y lo ha hecho con toda naturalidad: Se han colado cuatrocientas agrupaciones. Yo tenía un abuelo profesor que cuando acabábamos un teorema así: cuatrocientas, sonreía, se quitaba las gafas y ¿sabe lo que decía?: Y media. Nos quería indicar que cuando algo no es redondo, porque no está probado, lo mejor es callarse, que es lo que usted debería haber hecho y ser coherente con una realidad que sí está probada. Esa sí. Hubo siete agrupaciones electorales que se quedaron fuera. ¿Dónde están sus cuatrocientas, señor Astarloa? ¿Dónde está la prueba? Desde la barrera se torea bien, pero no diga usted esas cosas, porque sabe que no son ciertas. Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han manipulado absolutamente nada ni han hecho nada aberrante. Y no le voy a explicar que no tenemos ese miedo que nos imputa, no le voy a andar precisando nada en esos ámbitos. Le voy a explicar por qué creo que hemos hecho los deberes bien y por qué no hay tal fracaso.


Ahora acabamos de saber, porque ya nos lo han notificado, que por unanimidad el Tribunal Supremo acaba de ratificar la decisión del Ministerio del Interior de no inscribir Abertzale Sozialisten Batasuna.
Ya sé que esto no le impresiona porque, según usted, esto estaba poco menos que pactado. Debería probar esa afirmación usted, difícilmente puedo yo hacer una prueba negativa, la probatio diabolica, que usted ha estudiado, aunque veo que no se lo ha aprendido -¡qué se va a hacer!-. Se prueban los hechos positivos, no los negativos. Sé que le hace gracia, pero es así. No entremos en ese tipo de probatio. (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: ¡Qué chorrada!) No, no es una chorrada, es una realidad que no le gusta. Pero, aunque se sonría, yo sé que no se ríe por gracia, sino simplemente porque no sabe qué otra actitud adoptar ante estas verdades como puños. (Aplausos.) No me impresiona, señor Astarloa, no me impresiona su sonrisa. No puede. Para que me impresione algo de usted debe cambiar el chip, debe situarse en un hombre de Estado como fue en algún tiempo y entonces lo logra... (El señor Martínez-Pujalte López: La prueba de inversión negativa.-El señor Cuesta Martínez: ¡Dios te ampare!-El señor Martínez-Pujalte López: Le mandas a De Juana.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Pujalte, por favor.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Pero en el registro que tiene ahora, en ese registro no puede usted; no se moleste, de verdad.
Mire por qué le digo que no hay fracaso. Se ha celebrado la vista y por unanimidad la Sala del 61 del Tribunal Supremo ha ratificado nuestra decisión. Ya supimos que en sentencia 247 agrupaciones electorales, siete menos que las impugnadas, quedaron fuera. Tampoco parece tener la más mínima importancia. Ciento treinta y tres candidaturas de ANV ilegalizadas tampoco importan nada, a pesar de que ahí está -ahí sí- el núcleo de Batasuna. Debería usted reflexionar acerca de que la acción del Gobierno supone que en las municipales del País Vasco no puede acceder el 54,3 por ciento de candidatos de ANV y que significa que no pueden entrar en localidades que agrupan el 70 por ciento del censo. En las Juntas, en los territorios históricos -¡fíjese!- no pueden entrar en localidades que representan el 63,5 por ciento del censo. No estarán en Guipúzcoa. Les hemos hecho decaer el 72,7 por ciento de candidaturas. En el Parlamento de Navarra no estarán. Lo sabe muy bien. Esto parece que no existe. Pues sí existe, señor Astarloa. Ustedes querían más, porque como vale todo...
Pero no vale todo, porque ya sabe que el Constitucional ha reiterado que no vale cualquier prueba. Y ahora ha dicho algo más.


Ustedes pueden decir lo que les parezca, pero lo que importa es la realidad, no lo que usted diga. Sacan jugo a una modificación, por auto, de la sentencia del Tribunal Constitucional que quita un párrafo del fundamento sexto, pero usted oculta que ese párrafo deja intacto todo lo dicho, porque era un párrafo de introducción a tres que lo siguen, que desarrollan exactamente las dos ideas básicas de ese párrafo y le voy a decir cuáles son. La primera idea básica, en la que el Tribunal Constitucional está razonando acerca de la viabilidad de la anulación de candidaturas sin ilegalizar el partido, a usted le parecerá que eso es imaginación de la Fiscalía General del Estado ni del servicio jurídico.
Todo eso que ha dicho de aberrante, atribúyaselo -se lo está usted atribuyendo,

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ya lo sabe- a la sentencia del Tribunal Constitucional, que dedica todo su fundamento jurídico precisamente a razonar cómo es viable anular candidaturas de un partido sin ilegalizar el partido. Es el Tribunal Constitucional el que nos da la razón, señor Astarloa, y lo razona diciendo: No basta con la toma de control de un número significativo de candidaturas -leo literalmente-, se requiere además -comillas- otras circunstancias que abonen ese juicio de manera suficiente y razonable.
Esto se dice en las páginas 40 y 41 de la sentencia, ya lo sabe, pero añade: No alcanzando el punto de que la trama defraudatoria se confunda con la dirección formal del partido, la disolución del partido pudiera haber resultado desproporcionada. Esto es lo que tanto les asombró del párrafo que quitaron. Miren por dónde, aunque lo quitaran en el párrafo de introducción, aquí sigue en el párrafo de desarrollo. No basta, hubiera sido desproporcionado ir a por el partido. Lo dice el Tribunal Constitucional, no la Fiscalía General del Estado ni el servicio jurídico. Está en la página 41 del auto, párrafo segundo, líneas sexta y séptima. Por favor, señor Astarloa, cuando cite, procure decirnos dónde está, dígaselo a la gente, porque quizás ellos no lo han leído. El Tribunal Constitucional añade: Pero hay que evitar el abuso de la personalidad jurídica ajena. Le remito a las páginas 41 in fine y a la 42 para que vea el desarrollo que hace el Tribunal Constitucional de la idea que en definitiva maneja. Se pueden impugnar candidaturas sin impugnar el partido, lo cual resultaría desproporcionado en un caso como este.


No le quepa duda de que seguimos atentos, pero no es la cuestión, señor Astarloa, ya no es cuestión de seguir atentos. La cuestión es que partimos -como le digo- de bases diferentes. El respeto al derecho de sufragio de todos aquellos que dentro de un partido, que es legal, dentro de un partido en cuyos estatutos se repudia la violencia y cuyos estatutos han sido ratificados. No lo silencie usted, dígalo. No ha dicho la verdad, señor Astarloa. No quedó enterrado en el año 2001, lo han ratificado los representantes de este partido precisamente al inicio del periodo electoral. Lo siento, señor Astarloa, pero realmente ante lo que estamos es mucho más profundo. Insisto, esa falta de lealtad de la que ustedes hacen gala no va a hacernos cambiar la visión del sistema democrático, necesita de la savia del derecho de sufragio interpretado de acuerdo con el Tribunal Constitucional. No es cosa nuestra, se lo aseguro, es del Tribunal Constitucional.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Bermejo, muchas gracias, señor ministro.


Abrimos el turno de réplica y de nuevo tiene la palabra el señor Astarloa.
Cuando quiera, adelante.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Gracias, señora presidenta.


Entiendo, señor Bermejo, que ya no saben qué decir para encubrir a ANV y blindarlo. Tengo aquí la lista de las cosas que han ido ustedes diciendo sucesivamente. Hoy esencialmente me ha leído un trozo de la sentencia del Tribunal Constitucional y sobre lo demás no se ha referido a nada. Lo cierto y verdad es que son argumentos ad hoc para cada día, para el problema de cada día. Le enumero: Que condena al terrorismo; que no tenían tiempo; que la cuota admisible de dos o tres etarras por lista es el baremo; que los informes policiales no son suficientes; que el Tribunal Supremo no dice lo que dice -naturalmente usted no ha querido hablar del Tribunal Supremo-; que los etarras tienen derecho individual a presentarse y a votar a quien quieran; que no es relevante que Otegi y los suyos den los mítines de ANV y pidan el voto; que tampoco es relevante que ANV homenajee a los presos o a los etarras en general y que tampoco es significativo que ANV asuma íntegro el programa de Batasuna ni que Batasuna se reúna para acordar votar a ANV, incluso donde está ilegalizado, y para boicotear las otras candidaturas. Incluso decía uno de sus dirigentes el otro día -fíjese- que les atacan porque no han cedido, cuando les atacan a ustedes y a los demás porque se sienten fuertes gracias a ustedes y a lo que están haciendo, y cada día más envalentonados.


Lo cierto es, señor Bermejo, que todo vale con tal de salvar el objetivo principal, que es que Batasuna esté en las elecciones- de eso es de lo que estamos hablando-, como ellos querían y para lo que han amenazado.
Tenemos un Gobierno que en lugar de aplicar la ley -algo tendrá que decir sobre esto, señor Bermejo- negocia con los terroristas para su no aplicación. (La señora Cortajarena Iturrioz: ¡Anda ya!) Algo tendrá que decir sobre esto a los ciudadanos, no a mí. Algo tendrá que decir de un Gobierno que permite a los terroristas que vulneren la ley todos los días. Algo tendrá que decir de que ahora se retuerza la ley hasta destruirla y dejarla ineficaz, con el daño irreparable de permitir que el mundo del terror recupere incluso su espacio institucional. ¿Sabe lo que pienso, señor Bermejo? En lo que le dije el día de su comparecencia en Comisión. Lo que pasa es que hoy le reconozco que nunca pensé que llevaría usted tan lejos en un tema tan delicado y tan impropio su concepción personal sobre el uso alternativo del derecho y la manipulación de la ley.


Termino, señora presidenta. Repitiendo constantemente como respuesta los ataques al PP y despreciando las aportaciones de la oposición -como llevan tres años- en materia antiterrorista no pueden encubrir que están jugando con la vida y con la libertad de miles de personas (Un señor diputado: Vosotros sí.) y que están llevando la lucha antiterrorista hacia el fortalecimiento de los terroristas y el debilitamiento del Estado y de la sociedad. Frente a eso quieren imponer silencio. Ustedes decretan silencio, que de eso no se hable, que no se le ocurra a nadie hablar de eso, pero lo cierto, señor Bermejo, es que estamos donde estamos porque ustedes han revitalizado a una organización que hace tres años, entre el trabajo de ustedes y el nuestro, estaba en la máxima situación de debilidad. (Varios señores diputados:

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¡Muy bien!) Esa es su inmensa responsabilidad, por la que les decía antes que estos días están rindiendo cuentas y más que van a rendir.
(Rumores.)

Déjeme que le deje claras dos cosas. Tome usted los fármacos que quiera pero no va a dejar de oír todos los días el clamor, que no es del Partido Popular sino de toda la sociedad, de que esto es una inmensa equivocación que hay que corregir de forma inmediata. Y le añado: Este disparate no va a durar ni un día más que este Gobierno, porque al minuto siguiente de estar en el Gobierno, de que los ciudadanos nos den la confianza, cambiaremos esta política entreguista y débil, que está permitiendo a ETA volver a enseñorearse del País Vasco y de Navarra. Y tenga por seguro que, cuando nos toque, vamos a proteger a los españoles ante la ETA crecida que ustedes están dejando. (La señora Cortajarena Iturrioz: A mí no.)

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Astarloa.


Finalizamos, señorías, con la dúplica del señor ministro de Justicia.
Cuando quiera, señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Voy a empezar por el final, señor Astarloa. Cuando yo era más joven y se tramitó la Ley del Divorcio del año 1981, con la UCD y Francisco Fernández Ordóñez, tuve ocasión de oír decir al entonces jefe de Alianza Popular, su antecesor: Acabaremos con esta ley de separación y divorcio en cuanto lleguemos al poder. Luego ocurrió con el aborto y también ocurrirá con la Ley de Igualdad. Cuando ustedes volvieron al poder no solo no derogaron la ley sino que la utilizaron profusamente. Hicieron bien, pero no me cuente ahora lo que van a hacer cuando vuelvan al Gobierno, que yo ya estaré mayor en esa época. (Aplausos.) ¿Y saben por qué estaré mayor? Porque van a tardar ustedes un poco, y usted lo sabe. Van a tardar demasiado. ¿Sabe por qué? Porque montar toda una oposición durante tres años en la mentira y en la manipulación para tapar las propias vergüenzas es algo que no cuela. ¡Qué le vamos a hacer, señor Astarloa! Yo les comprendo, se lo he dicho muchas veces. Un estado de frustración como el suyo debe dar lugar a un estado personal difícil, y lo lamento, pero se cura en casa, sin fármacos, señor Astarloa. Un poco de música y un poco de relax viene bien. (Aplausos.-El señor Martínez-Pujalte López: Y un poco de vino del de Arenillas.) Se lo recomiendo, porque usted además tiene motivos para saber música y para deleitarse con ella, como yo también. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): ¡Silencio!

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): La música es eso que amansa a las fieras, pero solo a algunas fieras; las hay que ni con música. (Risas.-Aplausos.) Es tremendo.


Ustedes han atacado al Gobierno con el terrorismo durante todo este tiempo. Lo hacen desde el día 11 de marzo de 2004, porque tienen que ocultar aquella vergüenza profunda; aquella vergüenza que consistió en que mientras todos estábamos con el corazón encogido, pensando en los muertos que habían acaecido, ustedes estaban intentando descubrir cómo nos engañaban para que no nos enteráramos de que ETA no estaba ahí. Y no contentos con eso, han seguido mintiendo, y todavía están mintiendo todos los días (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: ¿Y de la ANV, qué?), todos los días diciendo que es ETA. Y ahora lo mejor de todo es que esa teoría de la conspiración que ustedes han amparado parece que ya no les gusta, visto cómo va el juicio -que hay que ver cómo va-, y están ustedes recogiendo velas a ver cómo pueden decir que no son ustedes los que amparaban la teoría de la conspiración. Y cuando no es eso, se acuerdan ustedes de la sentencia de Otegi. Aparece un párrafo raro en la sentencia de Otegi, que nunca antes había ocurrido, pero ocurre, o se les olvida que el PCTV lo legalizaron ustedes y nos echan la culpa a nosotros, o intentan desacreditar ustedes, como han hecho hoy, a través de una de esas organizaciones suyas tan majas, al Juzgado Número 5, buscando al juez Marlaska, juez a la carta, que parece que les gusta más. Pues se equivocan, el juez Marlaska es un gran juez y, si llega a conocer del caso, hará lo que tenga que hacer. No estén ustedes manipulando la justicia, no estén entrando continuamente a poner el dedo donde no deben; esa teoría suya, que produjo, el día y la noche de discusión en la Sala del 61, ese trasiego no explicado de operadores jurídicos, de letrados de quita y pon que al final dieron de juego lo que dieron. Mire, no siga diciendo cosas raras, porque nadie en este país, nunca un partido político y menos el primer partido de la oposición, se había atrevido a atacar la independencia del Tribunal Supremo como lo han hecho ustedes, lanzando al Tribunal Supremo un escrito, en pleno proceso, a la Sala del artículo 61 diciendo cuál era su opinión sobre el tema, que había que ilegalizar a ANV, que no, que las candidaturas no. Y ¡qué casualidad!, se quedan ustedes en minoría absoluta. Tres votos en la Sala del 61. (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: ¿Quiénes son los tres?) Y ¡qué casualidad!, cuando sale el portavoz del Consejo del Poder Judicial, resulta que sale manteniendo que lo que ha ocurrido es lo que decían ustedes en el papel. Nunca hemos asistido a un espectáculo semejante. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, que seguramente va a tener larga carrera política con ustedes, sale nada más y nada menos que a interpretar la sentencia de la Sala del 61. Nunca ha habido atentados, por un lado a la independencia y por otro a la legitimidad, como los que están protagonizando ustedes. No salgan a confundir cuando el Tribunal Constitucional habla de lo que habla, porque basta con saber leer. Yo le reconozco que saber leer sabe, otra cosa es que lo disimule siempre que convenga,

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como cuando sube aquí. Solo lo ético es práctico, lo van a saber ustedes al final de esta legislatura; cuando empiece la otra irán al rinchi, como los malos jugadores. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Bermejo.
Gracias, señor Astarloa.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE EL DESPLIEGUE DE LOS ARTÍCULOS DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA DEDICADOS AL ÁMBITO LABORAL. (Número de expediente 172/000274.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Finalizamos con la última interpelación de hoy. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el despliegue de los artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña dedicados al ámbito laboral.


Para formular esta interpelación, tiene la palabra el señor Tardà.
(Rumores.)

Silencio, señorías. Continuamos con la sesión plenaria. (Pausa.)

Señor Tardà, cuando quiera.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, de nuevo al tajo. Señor ministro, en los últimos meses en esta Cámara han venido repitiéndose algunos debates sobre desencuentros relacionados directamente con el nuevo marco estatutario de aquellas comunidades autónomas que lo han visto modificado. Si hiciéramos un ejercicio de buena voluntad política por nuestra parte, que lo hacemos una y otra vez, incluso podríamos apelar a que las disfunciones son causadas estrictamente por el hecho de estar situados en un escenario de profundos cambios que generan algunas resistencias en algunos sectores políticos, en algunos sectores económicos e incluso en algunos sectores del aparato funcionarial del Estado. Precisamente porque sabemos de la complejidad del proceso, desearíamos saber a ciencia cierta cuál es, según su punto de vista, el punto de vista del Gobierno, la realidad del momento. Pretendemos que usted nos fije qué tiene diseñado su ministerio para hacer efectivo el despliegue de todas las potencialidades que confiere el nuevo Estatuto de Cataluña en algunos ámbitos de su responsabilidad ministerial. Intensidad del despliegue y calendario.
Repito: intensidad del despliegue y calendario. Este es el objetivo de nuestra interpelación, poder culminarla con la aprobación de una moción a la cual se sumarán, estoy convencido, todos los grupos parlamentarios catalanes y, por supuesto, los socialistas catalanes y esperamos también que el Partido Socialista Obrero Español.


Compartimos con usted, señor ministro, que las relaciones laborales tienen que generar un modelo de empresa y de trabajo de calidad, que las relaciones laborales tienen que estar basadas en la participación, en el diálogo social, en la democratización, en el reparto del poder y de la riqueza y en la capacidad para avanzar socialmente. Un país con buenas relaciones laborales, con un trabajo y unas empresas de calidad, es un país con más bienestar y con un modelo de competitividad capaz de afrontar los retos del mundo globalizado del siglo XXI. Los principios rectores que se establecen en el nuevo Estatut marcan el norte de lo que debe ser objeto de legislación y la actuación de los poderes públicos. En este sentido, quisiera destacar el de promover un espacio catalán de relaciones laborales. Destaco esta idea sobre otras, aun cuando somos conscientes de que me refiero a una idea contenida en el capítulo de los principios rectores, pero en ella convergen las reivindicaciones que planteamos: conquistar un marco nacional de relaciones laborales. Usted sabe -y creo que compartimos- que la cohesión nace en el territorio. La cohesión social se basa en la construcción de un espacio de relaciones laborales acorde con las necesidades, en definitiva, en la construcción del espacio -en este caso el espacio catalán- de relaciones laborales amoldado a las necesidades de nuestro mercado de trabajo que es muy parecido, ciertamente, pero no idéntico al de otros territorios. Por otro lado, usted sabe que el nuevo Estatuto ha introducido un nuevo capítulo que ha sido miméticamente reproducido en otros estatutos de derecho y deberes, que en aquello relativo a temas sociolaborales son regulados de forma incondicionada. Pues bien, de entre todos permítame que le destaque uno que nos interesa particularmente hoy, el referido al derecho de los trabajadores y trabajadoras a desarrollar las tareas y las responsabilidades laborales en condiciones de garantía para la salud, la seguridad y la dignidad de las personas. El Estatuto vigente define las competencias en materia de legislación laboral como ejecutivas, consecuencia de la exclusividad competencial constitucional que tiene por supuesto el Estado, según el artículo 149.1.7ª de la Constitución.


Quisiera destacar la competencia ejecutiva sobre la Función pública inspectora en todo lo previsto en el artículo 170 del Estatut para lo cual los funcionarios de los cuerpos, y leo textualmente -comillas-, dependerán orgánica y funcionalmente de la Generalitat. Se trata de algo urgente porque las cifras indican que la siniestralidad laboral lejos de reducirse se ha perpetuado como un mal endémico en nuestra sociedad y si bien es necesario articular un conjunto de políticas activas que favorezcan un contexto más sensible a la materia, no se nos escapa que la acción coercitiva y sancionadora requiere un papel relevante en esta cuestión. Si bien la actividad sancionadora en materia de prevención de riesgos correspondía a órganos de las comunidades autónomas, la actividad fiscalizadora para acreditar la realización de infracciones e iniciar los expedientes administrativos corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en tanto en cuanto es el único cuerpo habilitado para hacerlo. En este modelo descrito, en el

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que se dividen las competencias, no se configura un sistema efectivo de coerción, teniendo en cuenta no solo la dualidad sino también la falta de efectivos para dar satisfacción al conjunto de competencias que tenía atribuidas la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Los funcionarios deben ser transferidos a la Generalitat de Catalunya. Es cierto que ya se había dado un paso en este sentido en el año 1997, a través de la Ley 42/1997, en la que se afirmaba la posibilidad de su adscripción a la Generalitat, pero no se fue más allá. Ahora, con el nuevo Estatut, se convierte en una obligación. Señor Caldera, ¿está prevista alguna modificación de la Ley de Inspección de Trabajo para adecuarla a los nuevos estatutos? ¿Cómo tiene contemplado usted el traspaso de la Inspección de Trabajo a la Generalitat de Catalunya? ¿Cuándo se hará efectiva? ¿Es posible que hoy se comprometa a decirnos que esto se llevará a cabo en esta legislatura? De hecho, esto es lo que hoy, a raíz de esta moción, esperamos de usted.


Otra cuestión que deseamos poner encima de la mesa hace referencia a la inmigración. Aparte de todo aquello que no afecta a la primera acogida y al desarrollo de las políticas de integración que han quedado delimitadas como exclusivas de las comunidades autónomas, existen otras de carácter ejecutivo -de hecho están definidas así-, relativas a la autorización del permiso de trabajo, la tramitación y resolución de los recursos de los expedientes y la aplicación del régimen de inspección y sanción.
Asimismo, el artículo 138 otorga a la Generalitat la participación en las decisiones sobre inmigración del Estado que tengan trascendencia para Cataluña, y en particular -leo también textualmente- la participación preceptiva previa en la determinación del contingente de trabajadores y extranjeros. Señor ministro, a nuestro entender es evidente que en Cataluña tiene que existir -y lo diré de una manera gráfica- una ventanilla única; no tiene ningún sentido de modernidad ni de funcionalidad que existan diversos interlocutores administrativos frente a los nuevos ciudadanos. Hablamos de competencias ejecutivas que solo exigen rigor legal y lealtad institucional para su despliegue a partir de una ventanilla única, la autonómica, y no duden de la lealtad del Gobierno de Cataluña, de la lealtad de la Generalitat de Catalunya, y es obvio que sería insultante no hablar del respeto a la legalidad, ergo esto debería ser recíproco. El calado de la problemática en la que nos hallamos lo exige. Véanse, si no, las decenas de miles de personas que en los próximos meses llegarán a nuestras ciudades producto del reagrupamiento familiar. Posiblemente incluso esa llegada masiva de personas superará por primera vez a la inmigración espontánea. Señorías, ante tamaño reto hay que configurar una administración dinámica, funcional, muy ligada al territorio, vinculada a las administraciones que llevan a cabo la acogida, es decir, la integración, y en ese sentido, es sin duda la Administración autonómica la que debe ejercer esta competencia, repito, con lealtad y respeto a la legalidad. Esto es obvio, pero quizás vale la pena repetirlo. Señor ministro, ¿puede usted asumir el compromiso de anunciar qué tiene previsto respecto a la materialización y el traspaso de competencias ejecutivas en el régimen de tramitación y resolución de autorizaciones de trabajo y residencia de extranjeros, y si es posible llevarlo a cabo?

Pasamos a otro tema (señor ministro, permítame que vaya de un tema a otro puesto que veo que el tiempo corre demasiado), la negociación colectiva.
Usted sabe que ha sido objeto de interés de nuestro grupo parlamentario y que en más de una ocasión hemos presentado iniciativas que se han discutido en Pleno sobre la necesidad de proceder a la modificación de lo legislado. Puedo remitirme, por ejemplo, a proposiciones de ley sobre la modificación del Estatuto de los Trabajadores para poder facilitar la participación de los agentes sociales de ámbito no estatal en la mesa del diálogo social. Ahora bien, es cierto que estas iniciativas toparon con la negativa de su grupo a apoyarlas; cada uno tiene sus razones, y tampoco se trata ahora de discutir sobre esto, pero lo traigo a colación porque este desencuentro no tiene por qué significar que no podamos entrever cuáles son y en qué punto están los intereses recíprocos. La negociación colectiva goza de una virtualidad que la hace amoldable a casi todo. Me refiero a que la concurrencia y el acuerdo de las partes son imprescindibles. Es sabido que los artículos 83 y 84 del Estatuto de los Trabajadores, que atienden a la negociación colectiva, no cierran la negociación a nivel territorial, pero reservan algunos elementos de negociación al ámbito estatal. Apostamos por un modelo que acerque la negociación colectiva a las realidades de las empresas y los trabajadores. Por ello pretendemos la potenciación de los convenios de ámbito autonómico o inferior. Esto se lo digo porque usted sabe que el Partido Popular llegó a tener redactado un borrador, al menos esto nos costa, de reforma de la negociación colectiva para darle un cariz centralista y unitario bajo la falsa coartada de la existencia de un cierto desorden de concurrencias y apelando a la falta de flexibilidad y de favorecer la no moderación salarial, todo ello con la voluntad de potenciar los convenios de ámbito estatal y de empresa, sin más. Por eso, deseamos conocer si tiene prevista alguna iniciativa que contemple la reforma de la negociación colectiva y la adecue a la realidad autonómica del Estado, a las nuevas realidades económicas de la sociedad y de las empresas y, por supuesto, a las nuevas realidades normativas y jurídicas contempladas en los estatutos de autonomía.


¿Qué opina sobre ello? Es más, si está de acuerdo en que la negociación colectiva tiene como mínimo tres ámbitos de negociación, ¿tiene previsto regularlo en la norma, respetando siempre la autonomía de las partes? ¿Tiene pensado modificar el marco regulador actual para ampliar la materia de negociación a desconcentrar, mediante esta negociación territorial de ámbitos inferiores al estatal? Finalmente, la competencia ejecutiva en el ámbito del trabajo y de relaciones laborales, relativa a la negociación colectiva que propugna el artículo 170 del Estatut, ¿será suficiente para proteger las unidades

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de negociación posteriores en el tiempo e inferiores geográficamente que propugna el vigente Estatuto de los Trabajadores? Hasta aquí le he planteado tres cuestiones. Nos falta, y por cuestiones de tiempo espero poderlo hacer en el segundo turno, hablar, si me permite, de la formación ocupacional y de algunos temas, pocos y muy tangenciales, relativos a la problemática de género y de la juventud que también están contenidos en el Estatut, aun cuando creo que buena parte de lo que contendrá nuestra moción ya está tramitada a través de las preguntas que le he formulado.


Muchas gracias y hasta el segundo turno.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Tardà.


Continuamos con la contestación del señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales a esta interpelación de Esquerra Republicana. Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señora presidenta.


Señor Tardà, le agradezco su interpelación en la medida en que me permitirá explicar lo que ya está haciendo el Gobierno, y quiero decirle que espero que no sea objeto de disenso ni de resistencias, porque es mi voluntad y la del Gobierno cumplir estrictamente lo que dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña que, por cierto, es una ley orgánica avalada y refrendada por los ciudadanos de Cataluña sin ninguna duda. Me gustaría profundizar también para que el diálogo sea la vía de puesta en marcha o aplicación de lo establecido en el Estatuto. Así lo entiende el presidente del Gobierno y es indudable nuestro compromiso con el texto del Estatuto de Cataluña aprobado por esta Cámara, en todos sus términos.
No hace falta recordar que este Gobierno ha sido el impulsor -como usted sabe, señoría- del proceso de reformas estatutarias del que ha resultado, entre otros, el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Desde el principio, entendimos que era razonable atender y apoyar la pretensión de las comunidades autónomas -en este caso, la de Cataluña- de ajustar el marco de sus estatutos de autonomía a la experiencia que habíamos acumulado en los últimos 25 años de vigencia del Estado autonómico y, como usted sabe, el propio presidente del Gobierno indicó el marco de esas reformas, que atenderían a tres principios esenciales: libertad, solidaridad e igualdad de derechos. Por eso, no está de más volver a insistir en dos mensajes.
El primero, la trascendencia de este proceso de reforma estatutaria que es enorme, en la medida en que el nuevo marco normativo abre nuevas oportunidades -usted lo ha dicho aquí-. ¿Para qué? Este es el segundo mensaje: la reforma supone la oportunidad de lograr una mejor articulación de la acción de los poderes públicos del Estado autonómico y, en última instancia, más bienestar para el conjunto de los ciudadanos.
Por tanto, no tengo reticencia alguna, señor Tardà -ya lo verá-; no quiero hablar de excusas -ninguna-; no tengo ningún ánimo dilatorio a la hora de desarrollar, y además en toda su extensión, los artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña que definen las competencias de las políticas laborales, lo que dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ni en este tema ni en ningún otro; al contrario, el Gobierno desea hacerlo del modo más rápido posible, pero eso sí, con el necesario rigor, la transparencia debida y con el mayor grado de consenso posible, especialmente con el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, y si fuere posible con todas las fuerzas políticas. Ese es nuestro patrón de comportamiento.


El Gobierno tiene el convencimiento de que la consolidación de nuestro Estado del bienestar pasa sin ninguna duda por una mayor implicación de las comunidades autónomas en el desarrollo de las políticas sociales, y mi Gobierno comprende que desde Cataluña, igual que desde otras comunidades autónomas, se trate de impulsar con la máxima celeridad la asunción de las competencias en materia laboral, pero ello exige -usted estará de acuerdo conmigo- que al mismo tiempo esté también garantizado un mínimo de igualdad, solidaridad y cohesión social, que es a lo que responde el juego de las competencias establecidas en el Estatuto y las que mantiene o recoge la Constitución para el Estado. De ahí que el proceso esté siendo abordado con una cierta planificación que lleva su tiempo, pero que nos dará mayor garantía y seguridad. Así, en materia de inmigración -una de las que usted ha citado-, la Comunidad Autónoma de Cataluña ya desarrolla una actividad sensible. Espero que usted me lo reconozca; desde luego es una actividad mucho más sensible que la que había en periodos anteriores.


En relación con las contrataciones individuales de extranjeros, los servicios públicos de empleo autonómicos son quienes suministran la información sobre las ofertas y demandas existentes en el mercado laboral, con las cuales el servicio público de empleo estatal realiza el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, pero no solo eso. Antes de su aprobación, la comunidad tiene la opción de revisar lo que podríamos denominar el precatálogo para realizar las alegaciones sobre el mismo que considere oportunas antes de su definitiva aprobación. De este modo, podemos afirmar que la comunidad autónoma controla el diagnóstico del mercado laboral en su territorio, que da lugar, con la suma de todos los territorios, al catálogo estatal. Por otro lado, también en la conformación del contingente anual de trabajadores extranjeros la comunidad autónoma sostiene una intervención determinante. Los servicios de empleo de las comunidades autónomas elevan las propuestas de contingente al servicio público de empleo, que simplemente revisa las solicitudes basándose en criterios de posible afectación del mercado de trabajo nacional. Hasta el momento podemos decir que el contingente estatal, salvo correcciones puntuales, es el resultado de la adición de los contingentes realizados por cada comunidad autónoma.


Pues bien, así las cosas, visto que las comunidades ya participan intensamente en la configuración de las necesidades

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del mercado laboral para la contratación de ciudadanos extranjeros, nos encontramos con que el siguiente paso razonable -tiene usted razón, lo ha preguntado y así será- es que la propia Administración autonómica sea la competente para la concesión de las autorizaciones iniciales de trabajo concedidas a ciudadanos extranjeros. Mi Gobierno no solo está de acuerdo con que esto suceda, sino que ve en ello una oportunidad de que el itinerario de las autorizaciones a extranjeros mejore en dos aspectos: por un lado, consiguiendo una mayor proximidad al ciudadano, de manera que con el sistema actual empresarios y empleadores puedan solicitar en más lugares y más fácilmente las solicitudes de autorización para extranjeros y, por otro, contribuyendo a la agilidad en la tramitación, porque la participación de la comunidad autónoma con recursos administrativos suficientes debe dar lugar a una aceleración en la respuesta de las solicitudes. En definitiva, el nuevo sistema de asunción de competencias en materia de autorización de trabajo por las comunidades autónomas debe tener como resultado un mejor servicio al ciudadano que quiere contratar, y al extranjero a quien se concede la autorización.
Luego hablaremos de los plazos, pero sin duda esta competencia debe ser transferida en este caso a la Comunidad Autónoma de Cataluña.


En materia de formación profesional -ha hablado usted poco, pero permítame que acote brevemente-, hay que referirse al contenido del real decreto que regula el subsistema de formación profesional para el empleo. Este nuevo real decreto es fruto de un importante esfuerzo de negociación de todos los actores interesados, incluidas las comunidades autónomas, a fin de adecuar la normativa a nuestra nueva realidad y dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Constitucional, mediante el reconocimiento y el refuerzo de la capacidad de gestión de las comunidades autónomas en esta materia. El Tribunal Constitucional dejó claro que la formación continua se encuadra entre las materias de ámbito laboral, de manera que la legislación corresponde al Estado y la ejecución a las comunidades autónomas que hayan asumido las competencias al respecto en sus estatutos, como es lógico. Así lo estamos haciendo desde nuestra llegada al Gobierno. Solo en los dos últimos años hemos destinado -porque al final se trata de hablar de los recursos materiales con los que se ejecuta el marco de la formación- más de 2.100 millones de euros para la financiación de las políticas autonómicas de formación profesional.


Otro tanto sucede con la actuación de la inspección de trabajo, donde creo que debemos hacer una reflexión sobre el modelo que haya de tener la misma para que su actuación sea realmente efectiva en el Estado autonómico. En esa reflexión debemos partir de dos premisas básicas: una, la legislación en materia laboral y la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social son, por mandato de nuestra Constitución, competencias exclusivas del Estado, y la ejecución de ambas, también por mandato constitucional, es competencia de las comunidades autónomas. Dos, este reparto competencial hace ciertamente singular la posición de la inspección de trabajo, ya que en ella concurren a un tiempo competencias de titularidad estatal, que lo siguen siendo -el régimen económico de la Seguridad Social-, con competencias de titularidad de las comunidades autónomas en materia de relaciones laborales y prevención de riesgos laborales, como usted ha indicado aquí.
Dicho esto, y siendo conscientes de las dificultades que de ello se derivan, la voluntad inequívoca del Gobierno es que se aplique plenamente el contenido del Estatuto de Autonomía de Cataluña en esta materia, cuya aprobación ha servido para clarificar el modelo definitivo de inspección que debemos construir. Por ello, señor Tardà, le avanzo que el Gobierno, además de los estudios que ya ha realizado previamente, va a iniciar con carácter inmediato -podemos hablarlo de cara a su moción- los contactos pertinentes con el Gobierno de la Generalidad de Cataluña para que a través de las oportunas reuniones bilaterales con las autoridades competentes, desarrollemos de forma conjunta y apliquemos los contenidos de los artículos referidos a la actuación de la inspección de trabajo en el marco que le he indicado. Estoy convencido de que se va a llegar a un acuerdo en el que se delimiten satisfactoriamente las competencias en este ámbito, las que son de la Generalidad de Cataluña, de acuerdo con su Estatuto -y por tanto ese es su espacio-, y las que en materia de Seguridad Social pertenecen a la Administración General del Estado, desarrollando hasta sus últimas consecuencias este marco competencial y con él la totalidad del contenido del Estatuto de Cataluña.
Consecuentemente, no le quepa duda de que este Gobierno va a hacer cuanto esté en su mano, desde ya mismo, para que antes de que termine la legislatura se dé cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y, por tanto, que el modelo de inspección de trabajo sea el que se corresponde con el contenido de ese texto estatutario.


Este ha sido y es nuestro deseo, y para ello -ya lo estoy haciendo- vamos a seguir trabajando con toda intensidad. Es en este marco en el que debemos abordar el desarrollo pleno de las competencias en materia laboral establecidas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en la seguridad -y lo digo una vez más- de que serán el diálogo y el consenso las mejores herramientas para garantizar los intereses de todos los ciudadanos.


Gracias, señor Tardà.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro, muchas gracias.


Entramos rápidamente en las réplicas y dúplicas y lo hacemos, en primer lugar, con la réplica del señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


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Señor Caldera, celebro el compromiso que ha adquirido. De hecho, esperábamos de usted este pronunciamiento y sabe que no vamos a echar por la borda la buena relación que hemos tenido en esta legislatura. Es más, como la distribución de las Cámaras la carga el diablo y aun cuando sabemos que las elecciones son en la primavera del año 2008, y usted se ha comprometido a que se llevará a cabo en el marco de esta legislatura, es evidente que nos está diciendo que usted se exige a sí mismo trabajar desde hoy; de hecho, posiblemente ya lleva tiempo trabajando en ello.
Celebro ese compromiso. Nosotros -ya se lo hemos dicho al inicio de la interpelación- solamente queremos ayudar, contribuir a desplegar con intensidad y lo más inmediato posible, y por eso le hemos hablado de instrumentos. Hemos hablado de algo muy concreto como el traspaso de la inspección laboral; le hemos hablado de la posibilidad de debatir sobre la necesidad de ir -reconozco la complejidad del tema- hacia una modificación legislativa que confiera la necesaria adecuación de la negociación colectiva a los nuevos marcos estatutarios; le hemos hablado de funcionalidad, quizás la creación de un consorcio que aúne todo esto que usted ha dicho y que nosotros compartimos sobre la necesidad de unificar la Administración -he dicho yo ventanilla única porque me parece una figura pedagógica-; le hemos hablado de la manera como se institucionaliza a nivel instrumental eso que ya se viene haciendo pero que blinda el Estatuto, que es la participación de las comunidades autónomas en la definición y en la cuantificación del contingente; no he hablado, por falta de tiempo, de la formación ocupacional, aunque sabe que nosotros estaríamos por la derogación del real decreto que regula las bonificaciones en materia de formación, directamente de las cotizaciones sociales para devolver los fondos de formación a sus legítimos titulares -en esto mantenemos proyecciones divergentes, aun cuando sabemos que el Estatut permite avanzar, es otro ámbito que quisiéramos materializar en la moción-; y obvio hablar de juventud y de temas de género -ya lo haremos en la moción- porque reconozco que son más tangenciales, referidos al Estatut.


Permítame una valoración política final, celebrando su buena predisposición y ratificando la idea que tenemos de su complicidad política con nosotros. Estamos llegando al final de la legislatura y empieza a ser necesario tener los elementos teóricos que permitan evaluar cómo ha ido esta relación entre el Gobierno español, el Grupo Socialista y Esquerra Republicana de Catalunya, que por cierto es algo novedoso, no se había dado desde la reinstauración de las libertades. En la medida en que nos vamos acercando al final de la legislatura, todos empezamos a necesitar tener este relato, este discurso y aquello que acabará configurando no solamente la imaginación de los ciudadanos, sino también los documentos, es poder comprobar cómo ha ido el despliegue estatutario.
Si somos capaces de llegar al final de la legislatura habiendo dado pasos definitivos para acelerar el proceso del despliegue estatutario, sin trampas, sin deslealtades, utilizando este instrumento para avanzar en la medida que el Estatut lo permita. El Estatut ha salido como ha salido de esta Cámara, pero es un instrumento, es una ley que hay que cumplir y hay que desplegarla. Pues bien, si al final somos capaces de hacer un despliegue intenso y acelerado, es evidente que las cosas irán bien, y cuando digo que irán bien usted sabe a qué me refiero: tendrán la complicidad del republicanismo catalán en la medida que entenderemos que ustedes juegan limpio con nosotros, juegan de forma leal, de la misma manera que nosotros en esta legislatura creo que hemos dado pruebas de apoyar a la izquierda española. En concreto, usted sabe que hemos intentado en todo momento apoyar las políticas sociales de este Gobierno -y nos honra haber apoyado a este Gobierno-, que son diametralmente distintas a las del Partido Popular. Celebramos el compromiso adquirido y espero que podamos consensuar la moción para que en la próxima reunión bilateral entre el Gobierno español y la Generalitat de Catalunya se pueda poner hilo a la aguja y en pocos meses se haga realidad el compromiso que usted ha adquirido hoy en esta tribuna.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Tardà, muchas gracias.


Finalizamos con la dúplica del señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señora presidenta. Esa es mi intención, señor Tardà. Entenderá que debamos establecer las concreciones en ese ámbito de relación bilateral con la Generalitat de Cataluña; eso es lo lógico y lo adecuado y así lo haremos con toda diligencia y rapidez. Tengo mucho respeto a los ámbitos normativos, y el Estatuto de Autonomía de Cataluña es una ley con rango orgánico, avalada y ratificada por la ciudadanía de Cataluña y aprobada por las Cortes Generales españolas, donde reside la soberanía popular. Por tanto, señor Tardà, no tengo la más mínima intención de no cumplir lo que aquí se establece -aquí está el articulado concreto del Estatuto de Autonomía de Cataluña-, y lo hago con pleno convencimiento porque va a permitir mejorar los derechos de los ciudadanos. Tenemos dos artículos esenciales, el 170, sobre empleo y relaciones laborales y, el 138, sobre inmigración. Tengo intención de cumplirlos totalmente. Pero ya le he dicho que de acuerdo con la distribución constitucional de competencias en materia de inspección de trabajo, hay ámbitos que quedan reservados a la Administración General del Estado, especialmente en materia de Seguridad Social, y deben seguir quedando reservados a ese ámbito global. Otra cosa son el resto de las materias en lo que tiene que ver con relaciones laborales y con prevención de riesgos laborales. O en materia de inmigración, donde le he hablado de la autorización inicial de trabajo, porque es lo que dice el Estatuto: tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo por

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cuenta propia o ajena, y tramitación y resolución de los recursos presentados con relación a los expedientes a que se refiere la letra a) y la aplicación del régimen de inspección y sanción. También establece el Estatuto la participación preceptiva de la Comunidad Autónoma de Cataluña y previa, además, en la determinación del contingente de trabajadores extranjeros. La determinación definitiva debe hacerse con un carácter global. Por ello, en las comunidades autónomas donde se produce esta asunción competencial en los estatutos, se participa previamente y además con una participación, como le dije antes, determinante. Lo que hacemos es traducir lo que plantea la Generalitat de Cataluña. ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos favorecer un solo camino administrativo? Estamos dispuestos a discutirlo todo, pero que se me entienda bien porque me gusta la claridad, yo hablo en los términos de lo que dice el Estatuto.
Sobre ello, señor Tardà, me voy a poner a trabajar inmediatamente, ya lo estábamos haciendo, con la Generalitat de Cataluña a los efectos de que, como usted dice, es una materia que no es sencilla, que es compleja, en los próximos meses demos cumplimiento a lo que aquí se establece. Ese es mi compromiso. Téngalo por seguro y ya verá, señor Tardá, como lo voy a cumplir, cómo el Gobierno de España lo cumplirá. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor Tardà. Gracias a todos.


Suspendemos la sesión hasta el día 29, si no me equivoco.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y treinta minutos de la tarde.

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