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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 240, de 15/03/2007
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 240
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 222
celebrada el jueves, 15 de marzo de 2007


ORDEN DEL DÍA:

Enmiendas del Senado:

-Proyecto de Ley de transparencia de las relaciones financieras entre las Administraciones Públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 85-1, de 12 de mayo de 2006. (Número de expediente 121/000085.) ... (Página 12091)

-Proyecto de Ley de la Red de Parques Nacionales. (Número de expediente 121/000087.) ... (Página 12092)

-Proyecto de Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
(Número de expediente 121/000092.) ... (Página 12098)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

-Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. (Número de expediente 127/000006.) ... (Página 12110)

-Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. (Número de expediente 121/000060.) ... (Página 12131)

Página 12088


Enmiendas del Senado. (Votaciones.) ... (Página 12143)

Votaciones de conjunto ... (Página 12144)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales:

-Canje de Cartas, hecho en Viena el 12 de septiembre de 2006, entre España y las Naciones Unidas para la celebración del XVI Seminario de Naciones Unidas/Federación Astronáutica Internacional (FAI) sobre utilización de la tecnología espacial para la gestión del agua (Valencia, 29 y 30 de septiembre de 2006). (Número de expediente 110/000189.) ... (Página 12145)

-Acuerdo entre España y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), sobre los privilegios e inmunidades de la OPAQ, hecho en Madrid el 16 de septiembre de 2003. (Número de expediente 110/000190.) ... (Página 12145)

-Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania, hecho en Madrid el 12 de septiembre de 2006. (Número de expediente 110/000192.) ...
(Página 12145)

-Convenio entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania relativo a la asistencia de personas detenidas y al traslado de personas condenadas, hecho en Madrid el 12 de septiembre de 2006. (Número de expediente 110/000193.) ... (Página 12145)

-Convenio de extradición entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania, hecho en Madrid el 12 de septiembre de 2006. (Número de expediente 110/000194.) ... (Página 12145)

-Convenio relativo a la asistencia judicial en el ámbito civil y mercantil entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania, hecho en Madrid el 12 de septiembre de 2006. (Número de expediente 110/000195.) ... (Página 12145)

-Convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991 y Declaración que España va a formular en el momento de su ratificación. (Número de expediente 110/000197.) ... (Página 12145)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votaciones.) ... (Página 12145)

Votaciones de conjunto ... (Página 12146)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Enmiendas del Senado ... (Página 12091)

Proyecto de Ley de transparencia de las relaciones financieras entre las administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas ... (Página 12091)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Utrera Mora, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y señora Malaret García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de Ley de la Red de Parques Nacionales ... (Página 12093)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Herrera

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Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; señora Bonàs Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); señor Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); señoras De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Coello Fernández-Trujillo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres ... (Página 12098)

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Oliva i Peña, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Monteserín Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Interviene el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).


La señora Camarero Benítez pide la palabra, por considerar que el señor Presidente del Gobierno ha reabierto el debate.


El señor Presidente deniega dicha petición, por entender que el señor presidente del Gobierno se ha limitado a defender el proyecto de ley, sin reabrir el debate.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 12110)

Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón ... (Página 12110)

Interviene la señora Vicepresidenta Primera del Gobierno, Ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno (Fernández de la Vega Sanz).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Pintado Barbanoj, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional ... (Página 12131)

Interviene el señor Ministro de Justicia (Fernández Bermejo).


A favor de las enmiendas presentadas intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Enmiendas del Senado. (Votaciones.) ... (Página 12143)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de transparencia de las relaciones financieras entre las administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de la red de parques nacionales.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.


Página 12090


Votación de conjunto ... (Página 12144)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 192 votos a favor y 119 abstenciones.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 12145)

Canje de Cartas, hecho en Viena el 12 de septiembre de 2006, entre España y las Naciones Unidas para la celebración del XVI Seminario de Naciones Unidas/Federación Astronáutica Internacional (FAI) sobre utilización de la tecnología espacial para la gestión del agua (Valencia, 29 y 30 de septiembre de 2006) ... (Página 12145)

Acuerdo entre España y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), sobre los privilegios e inmunidades de la OPAQ, hecho en Madrid el 16 de septiembre de 2003 ... (Página 12145)

Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania, hecho en Madrid el 12 de septiembre de 2006 ... (Página 12145)

Convenio entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania relativo a la asistencia de personas detenidas y al traslado de personas condenadas, hecho en Madrid el 12 de septiembre de 2006 ... (Página 12145)

Convenio de extradición entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania, hecho en Madrid el 12 de septiembre de 2006 ... (Página 12145)

Convenio relativo a la asistencia judicial en el ámbito civil y mercantil entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania, hecho en Madrid el 12 de septiembre de 2006 ... (Página 12145)

Convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991 y Declaración que España va a formular en el momento de su ratificación ... (Página 12145)

Sometidos a votación conjunta los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, se aprueban por asentimiento.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votaciones.) ... (Página 12145)

Se someten a votación las enmiendas a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, así como el texto del dictamen.


Votación de conjunto ... (Página 12146)

Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 296 votos a favor, uno en contra y 13 abstenciones.


Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como el texto del dictamen.


Votación de conjunto ... (Página 12147)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 180 votos a favor, 131 en contra y una abstención.


Se levanta la sesión a las tres y treinta y cinco minutos de la tarde.


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Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


ENMIENDAS DEL SENADO:

-PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA DE LAS RELACIONES FINANCIERAS ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS, Y DE TRANSPARENCIA FINANCIERA DE DETERMINADAS EMPRESAS. (Número de expediente 121/000085.)

El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.


Punto VIII del orden del día: Proyecto de ley de transparencia de las relaciones financieras entre las administraciones públicas y las empresas públicas y de transparencia financiera de determinadas empresas.


¿Grupo Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió)? Señor Grau.


El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.


Como bien sabrán, nuestro grupo parlamentario formuló una enmienda a la totalidad del proyecto, que retiramos porque el grupo que da apoyo al Gobierno manifestó su voluntad de llegar a un acuerdo. Esta manifestación se transfirió a su tramitación en el Senado, pero muy a nuestro pesar no ha sucedido. La normativa comunitaria no nos dice qué modelo debe implementarse en una sede estatal y el modelo que proponía Convergència i Unió es tan posible como el contenido en el proyecto y mucho más acorde con las competencias que ostentan las comunidades autónomas. La lectura del proyecto de ley continúa poniendo de manifiesto que no contempla correctamente las competencias autonómicas que en materia financiera y de fiscalización ostentan los órganos competentes de las diferentes administraciones públicas. Al continuar previendo el texto únicamente la participación de la intervención general de la Administración del Estado en el cometido de mantener a disposición de la Comisión Europea la información prevista, considerando a los órganos autonómicos competentes como simples transmisores, continúa laminando y dejando sin contenido las funciones de carácter financiero y de fiscalización de los entes locales y del sector público, autonómico y local que ostentan los órganos autonómicos competentes. Por ello, desde nuestra perspectiva, hemos perdido una oportunidad. Además, debemos votar en contra de la supresión de la disposición adicional segunda, que previene el respeto de las competencias compartidas y exclusivas reconocidas en los Estatutos de Autonomía de acuerdo con la Constitución.


En relación con la enmienda sobre el pago de las deudas aplazadas de instituciones sanitarias con la Seguridad Social, este aplazamiento se remonta a una disposición adicional de la Ley 41/1994 de Presupuestos Generales del Estado para el año 1995, es decir, se remonta a las deudas que mantenía un conjunto de instituciones sanitarias cuya titularidad correspondía a instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro y que a causa de los problemas de financiación que mantenían se les concedió una moratoria de diez años, posteriormente ampliada año a año por las siguientes leyes de presupuestos. La nueva disposición adicional incorporada en el Senado viene justificada por el Grupo Socialista en la propia enmienda por las dificultades económicas de las instituciones sanitarias, que ha obligado a algunas de ellas a solicitar de la Tesorería General de la Seguridad Social aplazamientos de pago. La disposición permite condonar recargos e intereses, condicionándolo a la amortización inmediata del principal. Nuestro grupo no comprende cómo, a través de esta enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se pretende forzar la devolución de una deuda a unas instituciones sanitarias públicas o privadas sin ánimo de lucro en el mismo momento que destaca que dichas instituciones atraviesan dificultades económicas. Por ello, vamos a solicitar la votación separada de dicha disposición, ya que consideramos que lo que realmente corresponde con estas deudas es su definitiva condonación. El origen de las mismas se remonta a más de veinte años, corresponde a instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, mal financiadas ayer y mal financiadas hoy, y a las que el Estado hace 18 años que les reconoce una moratoria. En consecuencia, no creemos oportuno incorporar una decisión tan trascendente para las instituciones afectadas.


Respecto a las votaciones, nuestro voto será positivo a la exposición de motivos, que alude a la trasposición de la directiva de referencia. En cuanto a la disposición adicional primera, en la que se incluye la mención de Navarra y su régimen foral, tendrá nuestro apoyo. Respecto a la supresión de la disposición adicional segunda, que respetaba las competencias compartidas y exclusivas de las comunidades autónomas, como he dicho anteriormente, votaremos en contra. A la disposición adicional nueva, en la que se establece la posibilidad de solicitar la condonación de los recargos de mora, apremio e intereses desde enero de 2007, siempre que antes de tres meses desde la publicación de la ley se amortice el principal de las deudas a la Seguridad Social por parte de las instituciones sanitarias, nuestro voto será negativo porque creemos que necesita otro tratamiento y no el de esta ley. En cuanto a la disposición adicional nueva, el reembolso de la Seguridad Social al Banco de España de los créditos concedidos entre los años 1990 y 1991, nuestro voto será afirmativo. A la

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disposición final segunda, relativa al ajuste de referencia de la directiva que se traspone, también le daremos nuestro apoyo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Grau.


Grupo Popular. Señor Utrera.


El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.


Hace seis meses, cuando se debatió una enmienda de totalidad a este proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, tuvimos ocasión de manifestar cuál era nuestra posición respecto al proyecto de ley en su conjunto y a los contenidos específicos del mismo. Nosotros decíamos que la interlocución única ante la Unión Europea, que corresponde al Estado, debía preservarse en cualquier caso y que, por otro lado, debían reflejarse de forma manifiesta las responsabilidades en que incurrirían los gestores de aquellas empresas públicas o privadas que prestan servicios contratados por las administraciones ante el incumplimiento del trasvase de información a que quedaban obligados por la misma. Hemos podido comprobar que después del trámite del Senado la primera cuestión, la interlocución única, ha quedado perfectamente fijada con la desaparición de esta disposición adicional segunda, que fue una componenda que aquí se hizo entre varios grupos parlamentarios, desaparición que apoyaremos porque solamente crea confusión, al tiempo que constatamos negativamente que no ha sido incorporado ese régimen sancionador, o por lo menos la cautela sancionadora, por el incumplimiento de las obligaciones de información que prevé la ley.


En cuanto a las modificaciones que se han introducido en el Senado, la principal es la incorporación de la directiva 2006/111, que aún no se había publicado cuando debatimos este proyecto en el Congreso de los Diputados. Se incluye también la directiva 2000/52 y la correspondiente al año 2005 relativa a otras empresas, por lo que todos los cambios, tanto en el preámbulo como en algunas de las disposiciones, tienen pleno significado y nosotros lo apoyaremos.


Nos ha sorprendido la inclusión de dos adicionales nuevas, que no tienen absolutamente nada que ver con el proyecto de ley que estamos tratando y que ya han sido mencionadas por el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra. Una se refiere al pago de deudas aplazadas de instituciones sanitarias a la Seguridad Social. Nosotros hemos indagado sobre esta cuestión y parece que afecta a un par de ellas. Es un traje hecho a la medida de casos muy singulares y la solución que se le da nos parece razonable. La otra disposición adicional nueva que se incluye se refiere a la amortización de créditos concedidos a la Seguridad Social.
Quizá esta forma de legislar sea poco ortodoxa. Nosotros entendemos que no deberían incluirse disposiciones de esta naturaleza en un proyecto de ley que tiene unos contenidos muy tasados porque crea confusión. No obstante, apoyaremos ambas cuestiones puesto que así se nos ha solicitado.


En definitiva, señor presidente, señorías, nosotros vamos a apoyar todas las modificaciones incluidas en el debate en el Senado, por cuanto no alteran la esencia del proyecto de ley tal como salió del Congreso y tampoco los conceptos que nosotros propusimos y defendimos en el debate de totalidad. Eso sí, lamentamos que no se establezca un régimen más preciso sancionador a la hora de valorar los incumplimientos en la transmisión de información que, no olvidemos, viene impuesta, es obligada por la normativa comunitaria.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias señor Utrera.


Grupo Socialista. Señora Malaret García.


La señora MALARET GARCÍA: Muchas gracias, presidente.


El Grupo Parlamentario Socialista votará afirmativamente el texto del proyecto de ley sobre transparencia entre las administraciones públicas y las empresas que nos llega del Senado. En primer lugar, lo haremos por coherencia política con nuestra posición mantenida en el Senado puesto que, como se ha podido inferir de las intervenciones de los representantes de los otros grupos parlamentarios, las enmiendas que vienen del Senado fueron introducidas a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado. Como se ha puesto de relieve, estas enmiendas no inciden sobre el contenido, la estructura de la ley, sobre el articulado de las mismas, sino que se limitan a dos cuestiones muy puntuales. En primer lugar, modificar la exposición de motivos para dar cuenta del texto concreto del que el proyecto trae ahora causa, puesto que, durante la tramitación del mismo, se ha publicado la versión codificada de la directiva que está en el origen del proyecto. Esto es lo que se traduce en la enmienda que se ha introducido en la exposición de motivos. En segundo lugar, se trata de dos adicionales que explicitan, en relación con dos supuestos muy concretos, singulares y específicos, las relaciones de transparencia que el derecho comunitario exige. Por eso, porque se trata de dos cuestiones que introdujimos en el Senado y porque no afectan al contenido de la ley, que es la transposición de la directiva citada, vamos a votar afirmativamente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Malaret.


-PROYECTO DE LEY DE LA RED DE PARQUES NACIONALES. (Número de expediente 121/000087.)

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El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: Proyecto de Ley de la Red de Parques Nacionales.


¿Grupo Mixto? (Pausa.) ¿Coalición Canaria? Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias señor presidente.


Mi grupo va a votar favorablemente las enmiendas que nos llegan del Senado, con dos excepciones que haremos llegar a los servicios de la Cámara a los efectos de pedir su votación separada en el momento en que el procedimiento de la Cámara lo fije.


Mi grupo hace una valoración positiva de este proyecto de ley que nos llega de la Cámara Alta, después del amplio trabajo realizado en el Congreso de los Diputados, porque entendemos que era necesario actualizar con este nuevo proyecto de ley la Red de parques nacionales, tema altamente sensible en la Comunidad Autónoma de Canarias, que tradicionalmente, desde hace muchos años, ha sido la comunidad autónoma con mayor número de parques nacionales. En este momento tenemos en nuestro archipiélago los parques nacionales del Teide, en Tenerife; Caldera de Taburiente, en La Palma; los de la isla de Gomera, y el Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote. Por tanto, la sensibilidad de nuestra comunidad autónoma está de sobra justificada.


Era necesaria también una ordenación de lo que se entiende como una potestad de la Ley de bases de la Administración General del Estado, perfectamente compatible con las competencias que a través de los estatutos de autonomía como leyes orgánicas tienen las comunidades autónomas afectadas o que tengan dentro de sus territorios uno o más parques nacionales, junto a la cuestión de espacios protegidos, etcétera.
Por tanto, hay que mantener aquí el exquisito sentido de respeto mutuo en las competencias administrativas de los parques nacionales. Con este proyecto se produce un sustancial avance que mejora y aclara las competencias administrativas, respetando las competencias de la comunidad autónoma en cuanto al entramado administrativo por cuanto los parques nacionales afectan a zonas económicas de los municipios donde están ubicados. Es necesario conseguir aunar voluntades en el mantenimiento del patrimonio ecológico y de la naturaleza que tienen los parques nacionales en este momento.


Las enmiendas que nos llegan del Senado van en la línea del perfeccionamiento. Algunas son puramente cuestiones técnicas y garantistas. Por ejemplo, la que se refiere al artículo 9.1.c), suprime las superficies mínimas para que un espacio pueda ser declarado parque nacional. Este es un tema con el que nos encontramos en Canarias en las limitaciones de las superficies. En el trámite de Comisión, Coalición Canaria presentó sus observaciones en cuanto a las superficies mínimas para que un espacio pueda ser declarado parque nacional, porque si no nos podríamos encontrar que algún parque de Canarias quedase fuera del ámbito de aplicación de esta ley por un criterio restrictivo que hubiera suprimido su condición de parque nacional, lo que hubiera sido un auténtico disparate en todos los órdenes (ecológico, jurídico, social, económico, etcétera.)

Valoramos positivamente las enmiendas que nos llegan del Senado, sobre todo las del artículo 13, relativas a modificar las precisiones que hay de actividades de control de población y restauración de hábitat que no quedarían afectadas por las prohibiciones que se establecen en la ley.
Nos sentimos satisfechos con el carácter de protección máximo que tiene este proyecto y lo vamos a votar favorablemente, con la excepción de las dos enmiendas que he señalado.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, ya en el trámite parlamentario en el Congreso dijimos que esta era una ley con la que coincidíamos desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, pero sobre la que teníamos dudas desde la perspectiva competencial. Sus señorías saben de una sentencia de 2004 que clarificaba y limitaba las competencias de cada uno: Estado y comunidad autónoma. Nosotros dijimos que en el trámite del Senado lo que queríamos era mejorar sustancialmente la ley, entendiendo que se tenía que ajustar a la sentencia del Tribunal Constitucional. Tengo que decir que aquellas enmiendas que no pudimos presentar en el trámite en el Congreso las presentamos en el Senado, y después de haber repasado las actas con tiempo y detalle, aquellas condiciones que poníamos para la ley de parques nacionales no se han incorporado. Esto no significa que no veamos con buenos ojos la ley, porque desde el punto de vista ambiental vemos que avanza, incluso desde el punto de vista competencial aquellos elementos que no nos gustan son los menos. Entendemos que son más los elementos positivos, pero hay aspectos que nos sorprende que no se hayan mejorado en el trámite del Senado porque no salieron bien del trámite del Congreso. Esto es lo que, en definitiva, nos hace manifestar que nuestro voto a las enmiendas que se han incorporado será precisamente para que se avance en

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este proceso de ajuste a la Constitución y a la distribución competencial.


Les voy a poner algunos ejemplos. La letra c) del artículo 5, cuando habla de las funciones de la Administración General del Estado, cita el desarrollo del programa específico de actuaciones comunes de horizonte de la red incluido en el plan director. Este es un elemento que no se ha corregido y que nosotros criticamos. En el artículo 6 pedíamos una adición que hablase de la representación designada por la asociación de municipios de cada comunidad autónoma en la que se encuentre el parque nacional. Este elemento sí se ha corregido y, por tanto, ahí sí hemos avanzado. En el artículo 7.1. a) se habla de los objetivos estratégicos de la red de parques nacionales durante la vigencia del plan director, así como de la programación de las actuaciones que desarrollará la red para alcanzarlos. Este es un elemento que nosotros discutíamos. En la letra e) de ese mismo artículo se habla, por poner un ejemplo, de seguimiento continuo y evaluación. Con una lectura no muy restrictiva, sino todo lo contrario, de la sentencia del Constitucional, sorprende que ese artículo 7.1 e) haya quedado como ha quedado, pese a que nosotros presentamos enmiendas en el Senado y nuestra voluntad era que finalmente se incorporasen. De igual manera, nosotros planteábamos un artículo 10 bis que se ajustase al bloque constitucional, incorporando lo que ya se ha introducido en los estatutos de autonomía de Cataluña y de Andalucía, es decir, el informe preceptivo de la comunidad autónoma. Podría poner varios ejemplos más. En mi intervención del 28 de noviembre de 2006, explicaba que el artículo 16.2 debería tener una mejor redacción en cuanto a la participación de las comunidades autónomas, pese a que se mejoró con la enmienda 151 en el trámite del Congreso.


Dicho esto, entendemos que la ley es globalmente positiva, pero también decimos claramente que a partir de las enmiendas que pretendíamos incorporar en el Congreso y posteriormente en el Senado, no ha recorrido todo el camino que nosotros querríamos. Esta última noche he podido hacer el repaso de aquello que habíamos presentado en el Senado y he visto que solo se ha incorporado una enmienda, pero no las que pretendíamos introducir desde el punto de vista competencial. Nuestro grupo dijo -pueden repasar nuestra intervención en el debate de la ley en el Congreso- que para nosotros eran importantes estos puntos, pero, por lo que veo, se ha hecho caso omiso de lo que era nuestra voluntad.


Vamos a apoyar la ley, porque sería un contrasentido que no lo hiciésemos después del análisis que he efectuado de todos aquellos elementos en los que se avanza desde la perspectiva competencial. Dicho de otra manera, el Grupo Socialista en el Senado no tuvo la voluntad de incorporar las enmiendas que nosotros presentamos, excepto una, que además creo recordar que no se aprobó con el voto del Grupo Socialista, por lo que actuaremos en consecuencia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Bonàs.


La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señor presidente.


Señorías, de las enmiendas que llegan del Senado, Esquerra Republicana aceptará las técnicas al artículo 9.b), al 10.3.8º, a los apartados 3 y 5 del artículo 13, a la disposición adicional quinta, a la disposición final primera y al anexo. Votaremos también a favor de la disposición adicional segunda, por la que, con la creación de la agencia estatal de red de parques nacionales, se articulará la presencia de las comunidades autónomas en cuyo territorio exista algún parque nacional y que la sede se ubique en una de ellas. Conocemos lo refractaria que es la Administración Central a descentralizar las sedes; lo fácilmente que se desmantelan agencias cuando se encuentran en la periferia, como ocurrió con el Centro Europeo del Consumidor -que no se dudó un instante en dilapidar el saber hacer de diez años y supuso desaprovechar una experiencia adquirida-; la resistencia numantina del funcionariado cuando debe trasladarse a la periferia y cómo se acepta con naturalidad que desde la periferia tenga que trasladarse a la capital del Reino. Estamos en contra de la enmienda al artículo 6, apartado 3, porque supone su supresión.


Señorías, este proyecto de ley se justifica por los artículos 35, 149.1.23ª de la Constitución española y por el artículo 45, según el cual todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y los poderes públicos velarán por la utilización racional de los recursos naturales. El artículo 149, ya por todos bien conocido, establece que el Estado tiene competencias exclusivas sobre la legislación básica y sobre la protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales y protección.
Celebramos que el poder público, la Administración General del Estado, asuma sus responsabilidades y se proponga con este proyecto de ley la protección de los recursos naturales, para lo cual promulga una legislación básica. En la búsqueda de ese objetivo siempre tendrán a Esquerra Republicana al lado del Gobierno.


La Ley 41/1997, de 5 de noviembre, que modificaba la Ley 4/1999, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, establecía un régimen de gestión compartida para los parques nacionales entre la Administración General del Estado y las comunidades

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autónomas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en sentencia de 4 de noviembre de 2004, establece la inconstitucionalidad de diversos artículos. El Tribunal Constitucional declara que la gestión ordinaria habitual de los parques nacionales es competencia exclusiva de las comunidades autónomas en régimen de autoorganización, incluso en aquellos supuestos de parques nacionales que se extiendan por dos o más comunidades autónomas. Por tanto, señorías, la elaboración, aprobación y desarrollo de los planes rectores de uso y gestión de los parques nacionales debe corresponder al órgano competente de la comunidad autónoma. Sabiendo esto, este proyecto de ley dispone en el artículo 6 la creación del consejo de red como órgano meramente consultivo, si bien en el apartado 2 del artículo 6 dice que la composición y el funcionamiento del consejo de red se determinarán previa consulta con las comunidades autónomas implicadas. El punto 4 del proyecto de ley establece que formarán parte de ese consejo, además de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, los municipios, los patronatos, las asociaciones agrarias, los pescadores, los propietarios, los sindicatos, las ONG. Es decir, el proyecto de ley relega el papel de las comunidades autónomas al mismo nivel que una asociación pesquera.


Las enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana pretendían la creación de un comité permanente ejecutivo del Gobierno del que formarán parte el Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades autónomas en las que existan parques nacionales, y otro comité plenario con carácter colegiado y consultivo abierto a toda la sociedad implicada, de forma que las administraciones gestoras tuvieran un papel más relevante, que es el que les corresponde. No se aceptó, pero introdujimos el punto 3, por el que se creaban dos grupos de trabajo -uno formado por las administraciones gestoras- que ahora el Senado pretende eliminar. Por tanto, no nos vale el argumento de que la constitución del consejo no debe reglamentarse en esta ley, porque la ley ya determina que forma parte de él, es decir, existe una incoherencia en la ley puesto que en el apartado 2, como he dicho antes, ya se determina la composición.


Señorías, como he dicho al principio, el Estado debe obedecer el mandato constitucional de proteger los recursos naturales, pero les confesamos que este proyecto de ley nos crea cierta incomodidad. Si son las comunidades autónomas las responsables de la gestión, ¿debe ser el Ministerio de Medio Ambiente el que formule el plan director de la red y sus revisiones? ¿También los criterios comunes de gestión? La respuesta puede ser que sí, ya que se trata del plan director de la red, pero no deja de ser inquietante que las autoridades gestoras no intervengan. ¿Es una cuestión de desconfianza? ¿Es una cuestión de armonización, que siempre se aduce? ¿Hasta que punto es aceptable que el Gobierno del Estado deba aprobar un nuevo plan director mientras siga vigente el Plan director de la red de parques nacionales, aprobado por el Real Decreto 1803/1999? Recordamos a SS.SS. que este real decreto contiene aspectos muy relevantes que han sido considerados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional relacionados con el uso público, la atención a los visitantes, directrices relacionadazs con la investigación, organización administrativa, etcétera. ¿No sería más respetuoso, competencialmente hablando, que las competencias asignadas al Ministerio de Medio Ambiente en el artículo 5 las llevara a cabo un organismo multilateral de comunidades autónomas y Estado? Otra pregunta: ¿la representación internacional debe ser siempre exclusiva del Gobierno central? ¿Por qué no crear un organismo multilateral entre los diversos patronatos gestores de los parques nacionales y/o las diversas comunidades autónomas con parques nacionales?

Esquerra Republicana entiende que una red debe consistir precisamente en una unión multipolar de diversos agentes implicados en la defensa y conservación del patrimonio natural. Por eso, compartimos plenamente los objetivos de la red pero no es procedente centralizar las funciones más significativas de planificación y control en la Administración General del Estado. En ese sentido, nuestra propuesta fue que las funciones que la ley reserva a la Administración General del Estado se atribuyan a un órgano realmente representativo de los diversos nudos de la red, es decir un órgano representativo de las diversas comunidades autónomas, que son las competentes en materia de conservación de la biodiversidad. Ya sabemos a estas alturas de la legislatura que nuestra propuesta de transformar España en un Estado moderno multipolar ha fracasado. Estén tranquilos, señorías del Grupo Popular, la nave del Estado navega por el cauce que siempre ha navegado, sin ninguna desviación. El presidente del Gobierno nos manifestó una vez que los independentistas nos sentiríamos muy cómodos en el nuevo Estado al que se iba a llegar. Pero, señorías, no estamos cómodos en este Estado y no lo estaremos nunca. Vamos a colaborar en la protección del medio ambiente, vamos a colaborar en lo que haga falta para que de nuestros parques naturales puedan seguir disfrutando las futuras generaciones pero sepan, como ha dicho antes el portavoz de Izquierda Unida, que estamos profundamente incómodos con estas transformaciones legislativas.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonàs.


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Grau.


El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.


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Nuestro grupo ya reiteró en los debates de esta Ley de Parques Nacionales la satisfacción porque en definitiva era la consolidación de la situación del Parque Nacional de Aigües Tortes, que se había considerado como un díscolo dentro de la gestión de la Red de parques nacionales del Estado.
En definitiva, los principios de gestión que se habían aplicado durante veinte años se han recogido en muchos puntos de la ley que hoy aprobamos.


No podemos negar la predisposición del Gobierno y del grupo que lo sustenta para llegar a entendimientos importantes para que esta ley pudiera llegar a término y tuviera el más amplio consenso posible para que fuera un buen útil de trabajo para el funcionamiento posterior.
Esperamos que así sea. Esta generalización de una situación ya experimentada en Cataluña será positiva y promoverá que haya una mejor gestión y coordinación. La competencia autonómica sobre los parques nacionales tendría que haber sido mejor tratada. Estamos de acuerdo con las manifestaciones del anterior portavoz de Esquerra Republicana sobre el tema competencial. Nos queda la duda de que no tenga que acudirse, en la aplicación de la ley en las comunidades autónomas, al Tribunal Constitucional, como ha sucedido anteriormente. Por eso nuestro grupo acepta determinadas enmiendas que se han producido en el informe valorado que nos ha remitido el Grupo Parlamentario Socialista y que ha permitido correcciones gramaticales en la redacción y después en la tramitación: en el artículo 10, donde sí queda respetado el derecho competencial, porque en definitiva será la comunidad autónoma la que instará la determinación de parque nacional, y la supresión de la referencia al acuerdo favorable de la Asamblea como paso previo, pues existe un informe en vez del paso por el Parlamento autonómico respectivo, y que por tanto será en el trámite final. Dado el espíritu de las aprobaciones iniciales, una aprobación inicial del Parlamento autonómico correspondiente no hubiera sido negativo y en este caso posiblemente hubiera permitido la celeridad en la aprobación, porque conocer o plantear de entrada esta situación era positivo, pero la redacción final tampoco es una resta de situaciones competenciales. Por eso nuestro grupo se abstendrá en esta situación, porque como digo tampoco resta.


En el artículo 13.b), entendiendo las necesidades de las personas discapacitadas y las dificultades de brindarles accesos determinados, tiene que existir una priorización respecto al sistema natural, a los sistemas establecidos. Nuestro grupo también se abstendrá en este tema no por desconsideración o no aceptación de las necesidades de mejora en determinados accesos, pero las incidencias o actuaciones de mejora o de obras de accesos en primer lugar tienen que ser de acuerdo con el consejo rector y en segundo lugar posiblemente limitando. Es decir hay que verlo con una doble vertiente: un tema de seguridad, de acceso, y un tema de respeto. Como esto es compatible, por eso nos abstenemos en este punto, porque dejamos a criterio del consejo rector el respeto a estas personas con discapacidad, que tienen absolutamente el derecho y nuestro respaldo en la cobertura. Nuestra experiencia en Aigües Tortes así lo demuestra.
Las gestiones que se han realizado en este parque en cuanto a las personas con discapacidad les han permitido llegar a determinados puntos de acceso al menos para usar ese parque nacional. Este es el modelo en el cual nos basamos.


Finalmente nuestro grupo dará su apoyo en el tema de la Agencia Estatal tal como se propone en la enmienda del Senado. Por ello, aunque mantenemos en cierto punto el acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista en el sentido de que la Ley de Agencias Estatales posiblemente se vea alterada con esta propuesta, por la especificidad o por la sensibilidad del tema y también por la descentralización -dicho sea de paso, nuestro grupo está favoreciendo esta descentralización sobre todo en este tema específico-, también le daremos soporte.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Grau.


Grupo Parlamentario Popular, señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.


Señorías, con la votación de las enmiendas procedentes del Senado finaliza hoy el trámite parlamentario que nos va a dotar de una ley básica sobre la Red de parques nacionales; una ley, señorías, necesaria tras la sentencia del Tribunal Constitucional que establece que la gestión de los parques nacionales es competencia exclusiva de las comunidades autónomas e implica que los gobiernos autónomos gestionarán los fondos que los Presupuestos Generales del Estado asignen a cada uno de los parques nacionales, aprobarán los planes rectores de su gestión, nombrarán al director conservador del parque y un largo etcétera que obligaba a modificar la legislación vigente en la materia. La ley que va a salir hoy de esta Cámara establece, señorías, el régimen jurídico básico de la Red de parques nacionales cuyos objetivos se declaran de interés general de la nación. Compartimos, señorías, el objetivo del proyecto de ley y, como representante del Grupo Popular, consideramos esencial mantener la coherencia y la excelencia de la Red de parques nacionales como un sistema que integra las muestras más representativas de los sistemas naturales españoles, por ello, es importante la norma básica que hoy vamos a votar, cuyos contenidos compartimos de manera mayoritaria.


Dicho esto, señorías, quiero resaltar uno de los aspectos que, por supuesto, no compartimos. Me refiero al capítulo de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.a), que dice textualmente que se prohíbe la pesca deportiva y recreativa y la caza deportiva y comercial, así como la tala con fines comerciales. Estamos de acuerdo, señorías, con el enunciado del artículo 13.a), pero el Grupo Popular presentó dos enmiendas; una de ellas indicaba: No quedan afectadas por la prohibición

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anterior las actividades que la Administración gestora del parque nacional programe y organice en materia de control de poblaciones de acuerdo con las determinaciones del plan director y del plan rector de uso y gestión.
Esta enmienda, aprobada en el Congreso y encaminada a mantener el control de poblaciones en los parques nacionales -no nos engañemos, señorías, el control poblacional se está realizando en todos los parques nacionales y en muchos de ellos de manera inadecuada-, ha sido modificada en el Senado, y lo que antes se consideraba exceptuado ahora, con la enmienda socialista, se convierte en podrá, lo que quiere decir que podrá o no podrá porque todos sabemos lo que la palabra podrá significa en una norma. Quiero denunciar, señorías, y que conste en el "Diario de Sesiones", que la enmienda del Grupo Popular, tal y como les he leído a ustedes, es idéntica a lo que se ha aprobado hace escasamente quince días en la Ley que crea el Parque Nacional de Monfragüe. El texto de la enmienda del Grupo Popular que hoy quieren modificar es el que viene reflejado en la Ley del Parque Nacional de Monfragüe. En el Parque Nacional de Monfragüe el Grupo Socialista exceptúa de las prohibiciones el control poblacional y no lo hace en el resto de los parques nacionales. Lo mismo sucede, señorías, con la prohibición de la tala con fines comerciales. Estamos de acuerdo con el enunciado, pero nuestra enmienda, la que presentamos y se rechazó, indicaba que debía permitirse un aprovechamiento ordenado y sostenible de la madera cuyo fin fuera el mantenimiento y mejora de la masa arbolada. De nuevo, señorías, esa enmienda, que se rechazó, esa prohibición para todos los parques nacionales, no se mantiene en la Ley del Parque Nacional de Monfragüe, en la que se indica que la Administración gestora del parque nacional establecerá la oportuna regulación en lo referente a la saca de corcho y a otros tratamientos suberícolas.


Esta es, señorías, la coherencia y la política de un Gobierno que según las circunstancias, según las presiones y según las conveniencias de cada momento permite o prohíbe una serie de actividades, por cierto apoyado por sus socios parlamentarios. Con quince días de diferencia se van a aprobar dos leyes, la que crea el Parque Nacional de Monfragüe, ya en vigor, en la que se autoriza el control poblacional y el aprovechamiento ordenado de los recursos de los montes, y la Ley básica de parques nacionales, que hoy vamos a aprobar en esta Cámara, que prohíbe ambas actuaciones. El Grupo Popular está de acuerdo, por supuesto, con lo establecido en la Ley de Monfragüe y no con lo que establece en estos aspectos la Ley de Parques Nacionales que hoy vamos a votar. Me pregunto, señorías, si la señora Narbona, si la ministra de Medio Ambiente, tenía algo que decirnos sobre la actuación que se plantea con estos criterios dispares, porque, con la aprobación de esta ley, la ley aprobada la semana pasada no se adapta a la norma básica. Esto es una muestra, señorías, señores diputados, de las incoherencias socialistas, a las que nos van acostumbrando por desgracia cada vez más, como siempre.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Grupo Socialista. Señora Coello.


La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, estamos ante el último trámite de esta ley de carácter básico, que regulará las condiciones necesarias para el mantenimiento y la conservación de la Red de parques nacionales, integrada por todos los parques ya declarados y los que se declararán en el futuro. Todos ellos son los representantes más significativos de todos los ecosistemas más valiosos, que destacan por su alto valor ecológico y cultural, por la belleza de sus paisajes o por su espectacular singularidad. Esta nueva ley pretende adecuar el régimen jurídico de los parques nacionales a la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2004-2005, la cual otorga las competencias de la gestión a las comunidades autónomas y delimita la distribución competencial de la Administración General del Estado a las acciones que regula el plan director de la red que contiene la misma. En el marco de su finalidad primordial, que es garantizar como legado para las generaciones venideras la conservación de una muestra representativa de los principales sistemas naturales españoles, la red debe asegurar un marco adecuado para la conservación de los parques nacionales por la vía de la cooperación interadministrativa. Partiendo de las competencias exclusivas de las comunidades autónomas para la gestión debe facilitar el cumplimiento de los objetivos de cada parque nacional en el conjunto de la red, tanto en el ámbito técnico como social o patrimonial, de manera que se logren sinergias entre las distintas administraciones públicas. La propia ley establece las condiciones necesarias para la consecución de la condición de parque nacional, pero también establece mecanismos para asegurar que las causas declarativas perduren en el tiempo, estableciendo mecanismos que permitan evaluar el grado de mantenimiento o de mejora de las condiciones exigidas para la declaración del mismo... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Por favor, se oyen mucho los murmullos. Cuando haya alguien en la tribuna, por favor, respeten al orador. Gracias.


La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Mecanismos que permitan asegurar que el reconocimiento internacional de la Red de parques nacionales no sea puesto en peligro.


Señorías, a continuación paso a explicarles la postura de mi grupo en las enmiendas incorporadas en el trámite del Senado. Desde su debate en Comisión hasta la incorporación de las enmiendas en el Senado esta ley ha sido objeto de un gran consenso por todos los partidos políticos. De las catorce enmiendas incorporadas al texto en el trámite del Senado, en las que está incluida una modificación

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gramatical, hemos decidido admitir once, porque se trata de enmiendas que mejoran o enriquecen el texto inicial, añadiendo mayor claridad al mismo e incluso mejorándolo técnicamente. En definitiva, se ha intentado llegar a acuerdos con todos los grupos políticos, con el fin de dar cabida a todas las sensibilidades pertenecientes a una ley de parques nacionales de amplio consenso que perdure y permita mantener la calidad de nuestra red de parques. En este sentido debo decirle, haciendo referencia a una de las enmiendas al respecto, que la ley también determina la superficie que debe tener un parque, tanto en territorio peninsular como en territorio insular, además del espacio marítimo que debe cubrir para ser declarado. El Grupo Popular ha presentado una enmienda que dice que las dimensiones de un parque tendrán una superficie continua y no fragmentada suficiente. Tengo que anunciarles que no estamos de acuerdo ni con la filosofía ni con los argumentos de dicha enmienda, encaminada a eliminar la referencia a la superficie mínima. Es evidente que en la actualidad hay más de cinco parques con menos de 15.000 hectáreas, pero la ley establece en su disposición adicional primera que los parques nacionales ya declarados formarán parte de la red aunque no se adapten a las dimensiones, con lo cual no existe ningún tipo de problema. No existe ningún riesgo para los parques que tengan menos de 15.000 hectáreas, porque se garantiza en esta disposición adicional primera y, posteriormente, en la disposición adicional segunda, en la que el Grupo Parlamentario Popular consiguió transaccionar este aspecto para adecuarse a la presente ley, y en los actuales parques nacionales no se incluirá este requisito de la superficie mínima.


En las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto y de Izquierda Unida al artículo 13.3 apartado b), que hace referencia a la prohibición de los aprovechamientos hidroeléctricos y mineros, vías de comunicación, redes energéticas y otras infraestructuras, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas por razones de protección ambiental e interés social, añaden lo siguiente: como la necesidad para la accesibilidad y la no discriminación de las personas con discapacidad y siempre que no exista una solución satisfactoria. No vemos la conveniencia de que en este apartado que hace referencia a las prohibiciones se determine ya de entrada un tratamiento de excepción, máxime teniendo en cuenta que el artículo 8, que hace referencia a los objetivos del parque, dice así: La declaración de un parque nacional tiene por objeto conservar la integridad de sus valores naturales, representativos del sistema natural español por los que ha sido declarado, así como ordenar su uso y disfrute y fomentar el conocimiento de sus valores sin excluir a quienes presentan algún tipo de discapacidad. Si ya en los objetivos de la declaración se hace hincapié no solo en el uso y disfrute, sino también en el fomento de su conocimiento, sin excluir a los que presentan discapacidad, no vemos conveniente volver a incluirlo por ser reiterativo. Por otra parte, la enmienda del señor Labordeta a la disposición adicional segunda, mediante la cual se autoriza la creación de la agencia estatal de parques nacionales, tenemos que rechazarla, ya que la Ley de Agencias Estatales, que fue aprobada en esta Cámara establecía que la sede de las mismas sería determinada por el Gobierno, previa aprobación de sus estatutos.
Asimismo, los estatutos de la agencia estarán determinados por las causas que justifican la creación de la propia agencia. Decir que se crea la agencia en alguna comunidad autónoma que tenga un parque nacional no determinará en todo caso su sede, por lo tanto no avanzamos nada; en cambio, le estamos quitando una competencia que la propia Ley de Agencias Estatales ya atribuía al Estado. Señorías, no podemos hacer leyes que contradigan otras leyes. Por tanto, votaremos en contra de esta enmienda por entender que va contra el fundamento mismo de la Ley de Agencias Estatales.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Coello.


-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES.
(Número de expediente 121/000092.)

El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: Proyecto de Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señora García.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar, quería dar la bienvenida a las mujeres, entidades y asociaciones que asistiesen a este Pleno, pero como está yendo muy rápido no les ha dado tiempo a llegar muchas de ellas.
(Rumores.)

Si quiere intervenir primero el señor ministro...


El señor PRESIDENTE: Señorías, el debate no se dirige desde las bancadas, porque entonces esto se convertiría en una broma.


Señora García, usted continúe. El señor ministro tiene derecho a intervenir en cualquier momento del debate y además sin límite de tiempo; está bien servido. Le ruego que continúe.


La señora GARCÍA SUÁREZ: En primer lugar, quería hacer un reconocimiento a todas las entidades, asociaciones de mujeres, mujeres en particular y sindicatos de nuestro país que desde el inicio de esta ley han trabajado de manera participativa, codo a codo, para llegar al momento en que hoy nos encontramos, la fase final del debate de la Ley de Igualdad. Por fin hoy se verán los resultados no solamente de un año de trabajo, sino de largos años de lucha y reivindicación en aras de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Quizá

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algunas de estas asociaciones y algunos grupos políticos, el mío por ejemplo, pueden pensar que es una ley que se ha quedado corta, pues no llega a resolver todos los problemas que tiene nuestra sociedad, pero lo cierto, señorías, es que hemos aprobado una ley que avanza en modificar las estructuras sociales, económicas y jurídicas que han hecho posible la discriminación social de las mujeres y los estereotipos de género por los que históricamente se nos han negado derechos a las mujeres. Lo cortés no quita lo valiente y, a pesar de que como siempre toda ley puede ser mejor, finalmente aprobamos una buena ley. El debate de hoy es el último del trámite parlamentario para poner en marcha esta Ley de Igualdad.
Debatimos el texto que nos envía el Senado con mejoras -nos alegramos- del texto que aprobamos en diciembre pasado en esta sede. Daremos nuestro apoyo a la mayoría de los cambios introducidos, salvo a dos enmiendas que vamos a rechazar y a una en relación con la cual nos vamos a abstener.
Más tarde me referiré a ello.


Sobre políticas de igualdad, como en otras políticas, existen diversos enfoques y prioridades. Mi grupo parlamentario llegó incluso a plantear una enmienda a la totalidad al inicio del trámite parlamentario de esta ley. Pretendíamos y considerábamos necesario entonces un giro radical del contenido del proyecto de ley que incluyera de forma transversal los distintos campos de la vida social, política y laboral en que las mujeres nos encontramos en situación de desigualdad. Queríamos también una dotación presupuestaria, adecuada, concreta, con compromisos anuales y con una garantía de efectividad y aplicación real de la ley en su conjunto y, cómo no, con una gestión descentralizada y respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas. Asimismo, queríamos que garantizara la efectividad de la ley, trasladando a los diferentes ámbitos territoriales, como digo, sus competencias. No obstante, desde la presentación de aquella enmienda a la totalidad, desde el inicio del debate del anteproyecto de ley para que pasara a proyecto de ley, hasta hoy ha habido un camino de mejoras muy sustanciales en esta ley. Esto está siendo bastante usual en esta legislatura. Los anteproyectos de ley llegan de una determinada manera y es el trabajo de todos los grupos parlamentarios, el consenso y la necesidad de llegar a acuerdos y pactos lo que hace que se mejoren las leyes que llegan del Gobierno de una manera importantísima. En el texto del dictamen que aprobamos en el Congreso el 21 de diciembre pasado se introdujeron cambios importantes.
Mi grupo llegó a presentar 113 enmiendas, de las cuales casi el 35 por ciento fueron recogidas. Se introdujeron cambios muy importantes: El permiso de paternidad -pasar de siete a quince días con la aprobación de la ley-; planes de igualdad; políticas de cooperación internacional para el desarrollo; ampliación de derechos en igualdad para mujeres que tienen una situación singular de dificultad; el compromiso de la creación de los agentes de igualdad en las administraciones públicas; la mejora de la prestación por riesgo de embarazo; la mejora de las cotizaciones en periodos de reducción de jornada; la reforma de la Ley Electoral, que garantiza un equilibrio de sexos en las candidaturas del 60 por ciento y del 40 por ciento; la titularidad compartida en las explotaciones agrarias y también el desarrollo de los planes de organización del tiempo, aunque sea como recomendación, pero en todo caso esa filosofía la ley ya la recoge y nos parece muy importante. Por tanto, como digo, aun no siendo todo lo ambiciosa que hubiéramos querido, con el trabajo conjunto de todos los grupos recuerdo de nuevo que esta ley ha mejorado, lo cual no significa que precisamente a partir de este momento las comunidades autónomas no desarrollen sus propias leyes, que podrán ampliar después en este marco general.


De los aspectos introducidos por el Senado, que sin duda contribuyen a mejorar el texto de la ley, vamos a votar a favor, en primer lugar, de la ampliación del permiso para el cuidado de prematuros mientras dure la hospitalización y en aquellos en que por cualquier otra causa el recién nacido deba permanecer hospitalizado a continuación del parto. También vamos a votar a favor la salvaguarda de las competencias autonómicas del artículo 25.1, relativo a la igualdad en la educación superior. Asimismo, vamos a votar a favor, cómo no, de la reducción de ocho a seis años para la negociación de la ampliación del permiso de paternidad de cuatro semanas. Hay que recordar que nuestro grupo parlamentario presentó una transaccional para llegar a este acuerdo de los seis años y en aquel momento lo que conseguimos en el Congreso fue llegar hasta los ocho años.
En el Senado, junto con otros grupos, volvimos a presentar esta enmienda para rebajar a los seis. Nos felicitamos de que al final aprobemos una ley en la que las cuatro semanas van a ser una realidad en los próximos seis años, y esto ha sido fruto de todos los grupos. Quiero destacar otros aspectos como el mandato al Gobierno para posibilitar los permisos de maternidad y paternidad de personas que ostentan un cargo electo; la inclusión del principio de coeducación en el artículo 24; la eliminación de la discriminación múltiple -se hace más hincapié en el artículo 3 y en el 14- y mejoras a lo largo del texto para eliminar el lenguaje sexista.
Por último, nuestro grupo parlamentario se va a abstener en la enmienda que plantea la reorganización de la planta judicial y la creación de 27 nuevos juzgados exclusivos de violencia de género. El motivo de nuestra abstención no tiene nada que ver con el fondo de lo que se plantea, sino con la forma y con un planteamiento de rigurosidad parlamentaria. Esta disposición adicional no corresponde a la Ley de Igualdad, sino a la Ley de Violencia, y además no ha sido debatida en el Congreso por los grupos parlamentarios y tampoco tenemos constancia de que en el Senado haya habido este debate. Entendiendo, pues, que el planteamiento del Gobierno es acelerar este proceso, no vamos a discutirlo, pero queremos que quede constancia de que debemos intentar que la norma sea lo más respetada posible. No estamos en condiciones de

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votar a favor esta disposición adicional; por tanto, vamos a abstenernos, ya que modifica la Ley de Demarcación y de Planta Judicial para crear estos nuevos juzgados. Esto tiene una envergadura importantísima y tenía que haberse discutido en otra ley o, como mínimo, si es en esta, haberlo podido hacer con la suficiente tranquilidad y rigurosidad en el Congreso.
Tampoco entendemos por qué no se ha contemplado en todos los supuestos necesarios la inclusión de la figura del acogimiento simple contemplada en el Código Civil catalán. Aún peor, en el Senado se ha aprobado una enmienda del Grupo Popular que lo hace desaparecer en el artículo más importante, en el relativo al Estatuto de los Trabajadores. Por eso, nosotros vamos a votar en contra de esta enmienda para volver al texto original del Congreso. Igualmente, se ha quedado sin incluir el acogimiento simple en las disposiciones adicionales décimo primera y décimo segunda, que modifican los dos artículos que regulan la excedencia para el cuidado de los hijos. Por tanto, en estos casos nuestro voto va a ser negativo; creemos que de esta manera saldrá con el texto original del Congreso que garantizaba los derechos al acogimiento simple que en el caso de Cataluña en concreto afecta de manera muy particular.


Para finalizar, he de decir que el objeto fundamental de esta ley es alcanzar una sociedad en la que las mujeres y los hombres puedan desarrollar su vida en igualdad de derechos y en libertad. Para ello, sin duda, es necesario una transformación política, pero también una transformación social y económica, que sea capaz de reconocer el papel social y económico de las tareas familiares domésticas y del cuidado. El trabajo productivo y reproductivo, en definitiva, tienen que ser redistribuidos, porque es la única manera, la única posibilidad y el único camino real y efectivo de garantizar el desarrollo de la igualdad entre el hombre y la mujer. Por eso, nuestro grupo se congratula de que hoy demos ya luz verde a esta ley. Agradecemos y felicitamos el trabajo de equipo realizado aquí en el Congreso, al Grupo Parlamentario Socialista, a sus portavoces, igual que a todos los portavoces del resto de los grupos, y pensamos que es una ley que sale en muy buenas condiciones y que es, repito, el trabajo de todos.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.


Grupo Parlamentario Vasco, señora Uría, por favor.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor presidente, señorías, cuando el lehendakari, don Juan José Ibarretxe, el día 17 de febrero del año 2005, presentaba en el Parlamento vasco la Ley para la igualdad de hombres y mujeres, manifestó que era el momento más importante de su vida política y es que, como dice Butros Ghali -consideraba él-, el proyecto de la igualdad entre hombres y mujeres es el proyecto de este siglo; y yo creo que es así, entre comillas. Por eso, es un gran honor para mí presentar esta ley en representación del Gobierno vasco. Para mí también, señorías, es un honor participar como ponente en esta ley, que espero que marque un antes y un después, y que, desde nuestro punto de vista, ha constituido una tramitación muy grata. Agradezco la labor de impulso que se ha ejecutado desde el Gobierno con la presentación del proyecto y con el seguimiento tenaz. Agradezco, sobre todo, el impulso desde los movimientos sociales y desde el feminismo, que tanto tiene que ver con la lucha pacífica por los derechos humanos. Se olvida -y la profesora Valcárce, hoy consejera de Estado, lo recuerda constantemente- el impulso que tuvieron los movimientos feministas para que pudiera llegar a ser realidad la propia Declaración de Derechos Humanos, cuando, lideradas por Eleanor Roosevelt, obligaron a que fuese una realidad y fuese aprobada por Naciones Unidas.


No analizaré yo en este momento su contenido, lo van a hacer las demás formaciones políticas, sin ninguna duda lo hará el señor ministro en su intervención, citaré las aportaciones del Grupo Vasco, de las que me siento particularmente orgullosa. Permítanme, como nacionalista que soy, que cite primero lo competencial. El texto salva, en lo electoral, las normativas que pudieran tener las comunidades autónomas que propiciasen mayor presencia de las mujeres en sus listas. Así pues, en el caso vasco, puesto que ya existe Ley de Igualdad, las elecciones que se van a celebrar ahora, las locales, se regirán, como es preceptivo, conforme a la ley estatal. Sin embargo, las forales, competencia de la normativa de la comunidad autónoma, se regirán por la ley propia de la Comunidad Autónoma vasca y propiciarán una mayor presencia de mujeres, ya que allí no rige el 60-40, sino que es perfectamente posible que las listas sean íntegramente de mujeres, cuando menos tiene que haber un 50 por ciento de mujeres. Desde el punto de vista humanitario, agradezco especialmente que fuese aceptada por todos los grupos la introducción de lo que ahora es la disposición adicional vigésimo sexta, en la que se añade una disposición adicional tercera a la Ley reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado en los siguientes términos. Se dice que lo dispuesto en el apartado primero del artículo 3 será de aplicación a las mujeres extranjeras que huyan de sus países de origen debido a un temor fundado a sufrir persecución por motivos de género. A mi compañera, la senadora doña Inmaculada Loroño, se le debe que se haya introducido en el Senado la referencia específica como sector especialmente vulnerable el de las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las mujeres viudas y las mujeres víctimas de la violencia de género. La mención de las mujeres viudas y las mujeres mayores podría abrir paso, señor ministro, en un futuro, a una reconsideración de las pensiones que perciben; justicia que les debemos todos y que en algún momento deberá hacerse efectiva.


Señorías, agradezco especialmente las aportaciones que se han hecho desde el Senado, que vamos a votar en su integridad, excepción hecha de dos puntos: Cuando

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en el artículo 3 se menciona la situación de discapacidad de las mujeres, nos parece redundante, puesto que ya está salvada en general en otros apartados de la ley, y también cuando en la disposición adicional décimo primera, apartado siete, se ha hecho desaparecer el acogimiento simple, figura existente en el derecho propio de la comunidad catalana. Nos parece que la adición, tal y como salió del Congreso, es mucho más correcta. En lo demás, votaremos la totalidad de esta ley, que es una ley que se mueve en el ámbito de la acción positiva. Se viene entendiendo por tal, señorías, aquellas prácticas encaminadas a impulsar y promover la igualdad real y, en consecuencia, tendentes a eliminar las diferencias fácticas entre hombres y mujeres a través del mandato que se recoge en el artículo 9.2 de la Constitución y que propugna dicha igualdad real. En la doctrina, la igualdad de oportunidades se suele identificar con medidas de acción positiva admitidas sin recelo, mientras que la igualdad de resultado, donde se ubican la cuota y el trato preferente, sufre un rechazo de parte de la doctrina que identifica estas medidas con la denominada discriminación positiva. Sin embargo, la constitucionalidad de una medida de acción positiva en su acepción global dependerá de la proporcionalidad de la finalidad perseguida y de la efectividad de la medida. En este sentido, lo que se propugna es la inclusión de hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida social y personal, la percepción de la igualdad como integración. No se está buscando la sustitución del género masculino por la del género femenino, sino la coexistencia de ambos en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Las medidas de acción positiva se establecen en función del concepto de interrepresentación, verdadero punto de partida que legitima el uso de estas medidas. Estamos ante un concepto de igualdad de oportunidades que incluye tanto el punto de partida como el resultado garantizado, no de un resultado igual privilegiado, sino de la posibilidad de que se pueda llegar a producir ese resultado final. En definitiva, si en el concepto de igualdad de oportunidades no se incluye la igualdad de resultados, se corre el riesgo de quedarse corto en la consecución de la igualdad real y efectiva. Concluyo, señorías, con palabras del profesor Rodríguez Piñero cuando manifiesta que la única medida para comprobar la igualdad efectiva de oportunidades es la comprobación de los resultados. No hay igualdad de oportunidades si no se logra una igualación en los resultados. Aprobemos, pues, hoy esta norma, señorías -mi grupo lo va a hacer-, y luego ya iremos comprobando los resultados efectivos.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana la señora Oliva.


La señora OLIVA I PEÑA: Gracias, presidente.


En primer lugar, doy la bienvenida a esta Cámara a las asociaciones de mujeres de todo el Estado español que están hoy aquí presentes demostrando la importancia y el impacto social que esta ley que aprobamos hoy, tiene. Se trata de un paso adelante en la consecución de la equiparación de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, extendiendo esta igualdad en casi todos los ámbitos de nuestra sociedad, el ámbito laboral, los medios de comunicación, la educación, la salud, la organización de las administraciones públicas, la paridad en las listas electorales, etcétera. La Ley de Igualdad, pues, pretende acabar con las discriminaciones que llevamos sufriendo las mujeres desde hace muchos años, y solo por este objetivo tan honroso desde Esquerra Republicana le vamos a dar nuestro apoyo; de hecho, hemos trabajado duro con el resto de partidos políticos para mejorar día a día el articulado y, por lo tanto, los derechos que de él se desprenden, pensando siempre en las mujeres y en la reparación de las injusticias y en la profundización de su bienestar en igualdad de condiciones que los hombres. Fruto de este trabajo, que ha contado con una buena disposición por parte de la ponente del Grupo Socialista -a la que quería agradecérselo-, desde el independentismo catalán de izquierdas hemos logrado, entre otros aspectos, unas muy buenas condiciones para las trabajadoras autónomas, para las mujeres jóvenes por lo que respecta al acceso a las prestaciones por maternidad, para las mujeres de los ámbitos rurales y pesqueros, para las familias monoparentales encabezadas por mujeres y, en general, para todas las mujeres trabajadoras o no por lo que respecta a la universalización del subsidio de maternidad. En este sentido, valoramos muy positivamente algunas de las enmiendas que se han introducido en la ley por su trámite en el Senado, como son, concretamente, aquellas que sustituyen la expresión padres y madres por progenitores, tal y como mi grupo ya pedía en las enmiendas durante el trámite por esta Cámara, o la extensión del permiso de paternidad y maternidad para los cargos públicos. Valoramos también positivamente aquellas enmiendas introducidas que incorporan la necesidad de salvaguardar las competencias autonómicas en diversos ámbitos, como la educación, la creación y producción artística e intelectual, los contratos de las administraciones públicas y las subvenciones públicas, entre otros, preservando así el margen de maniobra y de autogobierno que deben tener los gobiernos autonómicos en la aplicación de la Ley de Igualdad en aquellas áreas que son de su competencia. Finalmente, celebramos la introducción de aquellas enmiendas que consideran que, en caso de nacimiento de niños y niñas prematuros, el periodo de descanso de maternidad empezará a contabilizar a partir del alta hospitalaria, una medida realmente acertada y que equipara los derechos de las mujeres que se encuentran en esta situación con el resto.


Por el contrario, hemos pedido varias votaciones por separado, algunas de ellos para corregir lo que, a nuestro modo de entender, son errores de carácter técnico, como

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por ejemplo el tema de las adopciones y acogimientos salvaguardando los reglamentos civiles de las comunidades autónomas. Vamos a votar en contra para recuperar el texto inicial. También hemos pedido una votación separada para que no se elimine el artículo que hace referencia a la necesidad de reconocer la diversidad y la diferencia existentes entre el colectivo de mujeres, ya que una de las premisas con las que trabaja mi grupo es la consideración de que no todas las mujeres somos iguales, tenemos unas necesidades comunes por compartir unas reivindicaciones históricas por lo que respecta a la lucha por la igualdad de condiciones con los hombres, pero a partir de ahí tenemos necesidades, demandas, ilusiones y proyectos vitales distintos, y tener en cuenta esta diversificación dentro del colectivo de mujeres ayuda a enfocar eficazmente las políticas públicas en nuestro beneficio. Otra votación separada que hemos pedido se refiere a la inclusión de una nueva disposición adicional que pretende modificar la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Entendemos y compartimos -y me gustaría que esto quedase claro- el objeto de esta modificación, que no es otro que la creación de nuevos juzgados exclusivos de violencia doméstica. Desde Esquerra Republicana siempre hemos defendido la necesidad de crear este tipo de juzgados especializados por el bien de la mujer que acude a ellos, pero también para disminuir la saturación de los juzgados de instrucción ordinaria y no entorpecer más los procesos judiciales de la ciudadanía, pero no compartimos las formas ni algunos contenidos concretos de este propuesta. Creemos que se trata de una propuesta que realmente hace falta llevar a cabo, pero que debe partir de un debate en profundidad entre todos los agentes sociales, judiciales, asociaciones de mujeres, servicios sociales, etcétera. A nuestro modo de entender, estas no son formas de actuar y nos parece que no van en la línea con la que hemos trabajado a lo largo de la elaboración de esta ley. Es más, creemos que este gesto se trata de una maniobra para tapar la mala gestión de la aplicación de la Ley de la violencia ejercida contra las mujeres, queriendo poner parches a una situación que no se arregla creando deprisa y corriendo unos juzgados que, aunque todos estamos de acuerdo en que son necesarios, hoy por hoy no cuentan con la financiación necesaria para su desarrollo. Lo que realmente cabe hacer es desplegar eficazmente la Ley de violencia, y si para ello es necesario modificar la Ley de Demarcación y Planta Judicial estamos de acuerdo y nos van a encontrar... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Espere, por favor. El murmullo de las bancadas está molestando a la oradora. Les ruego que mantengan silencio y, si no son capaces de mantenerlo, por lo menos hablen bajito. Gracias. Continúe.


La señora OLIVA I PEÑA: Nos van a encontrar en la modificación de esta ley, pero siguiendo los cauces naturales e implicando a todos los sectores.


Para acabar, como he dicho al principio, me parece una buena ley y estamos contentas y contentos de que por fin tengamos una ley que ponga a las mujeres en el centro de la discusión política, pero, como ustedes comprenderán, no nos parece hoy ya suficiente. Creemos que la Ley de Igualdad es un paso hacia delante, pero no supondrá la erradicación de las discriminaciones contra las mujeres, porque creemos que con una ley no vamos a poder resolver todas las injusticias y porque creemos también que estas injusticias no se resuelven con simples modificaciones normativas. Ayuda, es cierto, pero no transforma. Lo que las mujeres necesitamos, lo que realmente nos hará libres y lo que nos permitirá desarrollar nuestro propio proyecto vital en igualdad de condiciones que los hombres, es el cambio social, la transformación del paradigma patriarcal que contamina cada una de las diferentes esferas de nuestra sociedad. Lo realmente importante, más allá de la paridad, es un nuevo contrato social entre hombres y mujeres para que todos podamos vivir en igualdad de derechos, pero también de oportunidades, respetando las diferencias existentes entre mujeres y hombres y respetando también la libertad del otro. Un nuevo contrato social que parta de una nueva configuración de la sociedad y de la organización de los tiempos que permita la inclusión de nuestro punto de vista y de nuestras experiencias como mujeres en la forma de hacer política, en las relaciones internacionales, en la estructuración de la economía. En fin, un contrato social cívico, igualitario y emancipador para todas y cada una de nosotras. Hoy, sin el trabajo que todas las asociaciones de mujeres presentes o no, de todas las mujeres anónimas que han trabajado para cambiar las estructuras patriarcales para mejorar nuestro bienestar, esta ley creo que no vería la luz. A ellas gracias por su lucha y ánimo por lo que aún queda por hacer. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oliva.


Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, señora ministra, señora vicepresidenta del Gobierno, señorías, quiero, en primer lugar, saludar a las representantes de asociaciones de mujeres que hoy nos acompañan desde la tribuna y reconocer que sin su trabajo continuado, sin su tesón y sin sus demandas quizás esta ley hoy no hubiera sido posible. Un proyecto de ley orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres que entra hoy en la recta final de su tramitación parlamentaria porque, tras el voto de las enmiendas introducidas en el Senado, podrá ir ya camino del BOE y entrar en vigor en su práctica totalidad al día siguiente de su publicación. Un voto que desde Convergència i Unió anunciamos ya sin mayor preámbulo que va a ser globalmente positivo, con la salvedad, a la que me referiré más adelante, referida a las modalidades de acogimiento que se recogen en la ley, que se aprobaron en esta Cámara por unanimidad y que seguramente,

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por un error, ha sufrido en el Senado una mutilación que desnaturaliza lo que aquí se aprobó.


Este es un proyecto de ley, señorías, que creemos ha ido mejorando sensiblemente a lo largo de su tramitación parlamentaria. Se mejoró ya en esta Cámara, donde el esfuerzo de todos los grupos por llegar a acuerdos permitió cambios importantes especialmente en lo que a nuestro juicio afecta en mayor medida a la ciudadanía, que son todos los aspectos que se refieren a la conciliación y a la protección del embarazo, porque todos los datos que tenemos nos indican que no es el sexo lo que se penaliza, sino la maternidad y la asunción de las responsabilidades familiares.
Ello es así porque a los ojos de los empleadores las mujeres siguen representando todavía todas las desventajas de la conciliación. Poder armonizar la biografía laboral y familiar de las personas e implicar a los hombres en las responsabilidades familiares son, a nuestro juicio, absolutas prioridades políticas si queremos que la igualdad, más allá de un ideal de justicia, sea una realidad porque, si no lo conseguimos, sabemos de antemano que son las mujeres en un altísimo porcentaje quienes se ven compelidas a esta doble o triple jornada de trabajo, lo que le supone, en muchas ocasiones, el tener que acogerse a una reducción de la jornada laboral, con merma de sus ingresos y de su protección social; en otras ocasiones las lleva incluso a la expulsión del mercado de trabajo formal, y en casi todas les supone una peor remuneración por trabajos del mismo valor y serias dificultades en las promoción profesional y laboral.
Corregir los efectos de la desigualdad, listas paritarias, presencia en los consejos de administración, está muy bien, pero erradicar las causas supone, a nuestro modo de ver, que mujeres y hombres tengan en el futuro una auténtica igualdad de oportunidades. Esto forzosamente pasa por articular medidas de conciliación. A este objetivo se han dirigido mayoritariamente las enmiendas de mi grupo parlamentario, tanto en el Congreso, como en el Senado. Pues bien, hoy puedo decir con satisfacción que mi grupo se ve reconocido en el texto, tanto con la aceptación de muchas de nuestras enmiendas, ya en el trámite del Congreso, como con las modificaciones introducidas en el Senado, una por aceptación incluso literal de nuestras enmiendas, y otras las introducidas por transacciones y aceptaciones de enmiendas de los otros grupos, porque hemos de reconocer que todos hemos trabajado en este esfuerzo común.


Con respecto a las enmiendas del Senado, quisiera subrayar algunas de las que, a nuestro entender, tienen especial relevancia. Niños y niñas prematuros. Anunciamos ya en nuestra intervención en el Pleno de esta Cámara el olvido que, a nuestro juicio, habíamos tenido en esta ley con la situación que afecta a las familias de los niños y niñas prematuros.
Hoy podemos decir con satisfacción que este olvido ha quedado subsanado en el trámite del Senado porque el texto del proyecto dice que en estos casos la suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales. Bien es cierto que remite a los términos en que un reglamento lo desarrolle, pero esperamos y confiamos en que esta remisión reglamentaria no sea una excusa para dilatar la entrada en vigor de una medida que es absolutamente necesaria. En todo caso, anuncio ya que mi grupo velará con todos los instrumentos parlamentarios a su alcance para que entre en vigor y sea cuanto antes una realidad, que es lo que esperan todas las familias afectadas por esta situación. Nos alegra también el que el permiso de paternidad independiente de cuatro semanas tenga que ser una realidad un poco antes, en seis años y no en ocho, que era tal como salió propuesto de esta Cámara. Seguimos sintiendo que no se haya podido llegar a un permiso inicial de cuatro semanas, pero dos semanas iniciales con un desarrollo progresivo hasta cuatro en seis años, nos parece un primer paso importante. Valoramos también positivamente, como no podía ser de otra manera, el que el texto recoja iniciativas largamente defendidas por mi grupo parlamentario. Me estoy refiriendo a la obligación de desarrollar reglamentariamente en lo que queda de 2007 la Ley de impacto de género, una iniciativa aprobada la pasada legislatura a impulso de mi grupo parlamentario que se considera, y así lo hace el Consejo de Estado en el informe que acompaña este proyecto de ley, un instrumento importante y que con decepción hemos visto cómo hasta ahora los gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, no lo han utilizado con provecho porque han despachado dicho informe con una simple afirmación genérica de: no hay impacto de género. Deseamos que un reglamento que precise los indicadores que deben tomarse en cuenta para poder concluir si hay o no hay impacto de género, restituya la utilidad de este instrumento para que así pueda desplegar toda su virtualidad. Me refiero también a la obligación que asume el Gobierno de promover el acuerdo necesario para modificar la legislación vigente, con el fin de posibilitar los permisos de maternidad y paternidad de los cargos electos. Hay muchas personas que ostentan un cargo electo, no solo en esta Cámara, sino también en los parlamentos autonómicos y en los ayuntamientos, que están esperando a que se resuelva una situación que obliga en muchas ocasiones a tener que acudir a las votaciones, incluso durante el descanso obligatorio después del parto. Me refiero especialmente a la obligación de convertir en una realidad en lo que queda de año 2007, el tan esperado fondo de garantía de alimentos. Un fondo que ya se previó a instancia de Convergencia i Unió en la modificación de la mal llamada Ley de divorcio, y que ha sido dotado presupuestariamente en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. Faltaba únicamente ponerlo en marcha para contribuir a paliar situaciones de auténtica necesidad a la que se ven abocadas personas con hijos a cargo, a quienes no se les pagan las pensiones para los hijos estipuladas en resoluciones matrimoniales, y a ello iba encaminada la enmienda que mi grupo presentó y que, repito, nos alegramos especialmente de que haya sido

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aprobada. Nos gusta también la introducción de enmiendas técnicas que mejoran y precisan el lenguaje del texto, la mención a lo largo de todo él del necesario respeto competencial, la creación de nuevos juzgados exclusivos de violencia contra la mujer, aunque en este punto comparto las manifestaciones que ha realizado la portavoz de Esquerra Republicana, especialmente en cuanto a la falta de formas parlamentarias por introducir este tema sin el necesario debate. Nos agrada especialmente la introducción en el articulado de la mención nominal de las mujeres mayores y de las mujeres viudas dentro de los colectivos de especial vulnerabilidad, así como el que se especifique la posibilidad de adoptar medidas de acción positiva también para estos colectivos. Por último, dentro de este apartado de somero análisis, quiero manifestar, tal como he apuntado al inicio de mi intervención, que estamos obligados a votar en contra del inciso introducido en el Senado en la disposición adicional décimo primera, apartado 7, porque, insistimos, creemos que por error, queriendo mejorar el léxico en el tratamiento de las personas con discapacidad, con lo que estamos absolutamente de acuerdo, se ha mutilado y ha caído del texto el que cuando el Estatuto de los Trabajadores habla de acogimiento, se incluyan todas las tipologías de acogimiento, también las recogidas en las legislaciones forales.


Este fue un acuerdo de la Cámara adoptado por unanimidad y para mantenerlo en el trámite en el que estamos nos vemos, como digo, obligados a votar en contra de lo introducido en el Senado para mantener en la ley los derechos de las familias acogedoras. Estamos seguros, por otra parte, de la comprensión de las personas con discapacidad.


Finalizo, señor presidente, señorías, reiterando nuestro apoyo a la ley y realizando una consideración final, y es la de que desde Convergència i Unió repetimos una vez más que ningún triunfalismo ha de caber en la aprobación de un instrumento para lo que, en definitiva, no es solo una reforma legal puntual sino algo más, algo que se ha de traducir en un cambio de mentalidades. Todos y todas sabemos que esto no se consigue solo con una ley, pero sinceramente confiamos en que esta ley sea un buen instrumento para avanzar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Esta es, a nuestro entender, una ley necesaria y por ello le damos nuestro voto favorable. No sabemos si será suficiente, pero en cualquier caso es un avance y un intento serio de poner encima de la mesa la necesidad de la igualdad real como requisito de democracia plena. Que entre en vigor y tiempo habrá para ampliarla o corregirla si se ve que en su aplicación no se alcanzan los efectos que hoy todos y todas esperamos de ella.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pigem.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Camarero.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señor presidente.


Quiero comenzar mi intervención saludando a la directora general de la Mujer, que hoy nos acompaña, y a las asociaciones de mujeres que nos ven desde la tribuna. Señorías, en el Grupo Parlamentario Popular hoy tenemos la amarga sensación de que una vez más el Gobierno no está a la altura de las circunstancias y de que hoy se va a aprobar una ley poco ambiciosa, muy poco ambiciosa, que no cumple ni las expectativas creadas ni las necesidades que todavía tenemos las mujeres españolas. (Rumores.)

Señorías, se lo hemos dicho durante todo el trámite parlamentario: esta no es la ley que necesitamos las mujeres, esta es una ley hecha a medida del Partido Socialista; es una ley de paridad para las élites, basada en una trasnochada política centrada en la paridad, en la imposición de porcentajes en las empresas y en las listas electorales, que choca frontalmente con el modelo de igualdad del Partido Popular, que se basa en la mejora de la conciliación y en la corresponsabilidad.


A pesar de esto, desde el Grupo Parlamentario Popular, señorías, les trasladamos nuestro interés en apoyar al Gobierno en esta ley, siempre que la misma, en lugar de centrarse en la paridad, priorizase las medidas de conciliación y la concesión de nuevos y mejores derechos a las mujeres y a los hombres españoles. Pero ustedes no han tenido la más mínima voluntad de acercar posturas con el Grupo Popular, de buscar consensos y, a pesar de compartir la finalidad, durante este trámite parlamentario nos hemos alejado en el camino a seguir para alcanzar esta igualdad. Y no vamos a permitir, señorías, ni que se nos den lecciones de igualdad ni que se nos acuse de no querer trabajar por las mujeres, cuando en los ocho años de Gobierno del Partido Popular las mujeres logramos los avances más importantes en materia de igualdad; años en los que las políticas de incentivos y bonificaciones llevaron a que dos millones y medio de mujeres se incorporaran al mercado laboral; a reducir la tasa de paro en 8 puntos, frente a los 6 que ustedes han conseguido en el mismo período; a reducir la brecha salarial y al crecimiento de contratos indefinidos para mujeres que de los años 2000 a 2004 crecieron un 21 por ciento, frente al 14 por ciento que crecen con su Gobierno; también a introducir medidas para mejorar el acceso de la mujer al mercado laboral y, sobre todo, su permanencia en el mismo, con la primera ley que incide en los problemas reales de las mujeres, que no es otra que la Ley de conciliación de la vida familiar y laboral. Además, quiero recordar en este momento las leyes de igualdad de las comunidades autónomas a las que ustedes desprecian cuando mantienen que esta es la primera ley de igualdad. En esta Ley de conciliación, entre otras medidas, se introdujo por primera vez al padre como beneficiario del permiso de maternidad, permitiendo aproximarnos a la corresponsabilidad. Pero no nos quedamos ahí, señorías, sino que además logramos visibilizar a las mujeres. No solo se

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incrementó el número de ministras, sino que por primera vez en la historia tuvimos una mujer como presidenta del Congreso; tuvimos una presidenta del Senado, una presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, alcaldesas de capitales importantes, y además contamos con la única mujer presidenta de una comunidad autónoma. Todo ello sin necesidad de cuotas ni cambiando leyes para imponer a otros nuestras políticas.
Aunque tal vez, señorías, podíamos haber aprobado por ley que el Congreso y el Senado estuvieran presididos por mujeres; así hoy se mantendrían estos logros.


Señorías, recuperando la seriedad que requiere el debate, quiero insistir en la tristeza que al Grupo Popular le produce que el sectarismo del Partido Socialista no les permita ser flexibles y mejorar sus leyes con nuestras propuestas. Hemos mantenido dos discrepancias importantes con el texto del Gobierno: una, la imposición de la paridad tanto en las listas electorales como en las empresas, y dos, la ausencia de nuevos derechos en materia de conciliación. Respecto a la modificación de la Ley Electoral para establecer porcentajes de representación, desde el Grupo Popular mantenemos una discrepancia absoluta no solo, como manifesté en el debate anterior, porque ustedes han roto de manera unilateral una tradición por la que todas las reformas de esta ley medular de nuestro ordenamiento jurídico se han realizado siempre con el consenso de los grupos mayoritarios, sino porque estamos convencidos de que este no es el camino y mucho menos la solución. Desde el convencimiento de la necesidad de mejorar la representación de las mujeres en las listas electorales -porque no nos podemos perder el talento del 50 por ciento de la población-, pero también desde la confianza en la voluntad de los partidos políticos, creemos que España no se encuentra en el momento de necesitar esta medida cuando nos situamos en cuarto lugar a nivel europeo y el séptimo a nivel mundial en cuanto a representación femenina en el Parlamento. Nos parece una medida anticuada e innecesaria. Señorías, para nosotros no se trata solo de estar sino de ser. Por eso queremos ser muchas, pero sobre queremos ser visibles; no solo tener voto, sino tener voz, y además, queremos evitar la rotación. Y no queremos que nos limiten porque, aunque no suceda en el Partido Socialista y necesiten de cuotas, hay municipios gobernados por el Partido Popular donde vamos a tener que prescindir de mujeres para cumplir esta ley. (Rumores.-Aplausos.) ¿No les parece triste? Además, señorías, parece contradictorio que el Partido Socialista quiera obligar a los demás, tanto a partidos políticos como a empresas, a cumplir con la paridad cuando ellos mismos no son capaces de hacerlo. Porque, señorías, díganme dónde están las candidatas del Partido Socialista a las comunidades autónomas. ¿Dónde están las mujeres en el Gobierno catalán? ¿Por qué no hay delegadas del Gobierno, directoras generales, secretarias de Estado o embajadoras? Esta es la verdadera cara del feminista presidente Rodríguez Zapatero y de su Gobierno. La paridad para el PSOE tristemente es pura propaganda. Como dice el señor Rodríguez Zapatero, dime de qué presumes y te diré de qué careces. (Aplausos.)

En cuanto a las medidas de conciliación y de corresponsabilidad, desde el Partido Popular hemos pretendido mejorar nuestra ley de conciliación durante esta legislatura e introducir nuevos derechos para adaptarlos a los nuevos tiempos y a las nuevas realidades. Con este objetivo, al comienzo de la legislatura presentamos una proposición de ley de conciliación de la vida familiar, laboral y personal, aprobada en el Senado con el rechazo del Grupo Socialista, que pidió enmarcar este debate en la Ley de Igualdad. Confiados en su buena voluntad, transformamos las medidas de nuestra iniciativa en enmiendas a este proyecto de ley, con la penosa sorpresa de que el Grupo Socialista ha rechazado todas y cada una de nuestras enmiendas, todas ellas medidas útiles para las mujeres y los hombres españoles. Porque, señorías, ¿quién puede negar que sería positivo aumentar en dos las horas de lactancia pudiéndolas disfrutar padre o madre? ¿Quién puede negar que sería positivo incrementar el permiso de maternidad a veinte semanas para el segundo hijo y veinticuatro para el tercero y siguientes; o incentivar la retribución por objetivos; o establecer un cheque guardería o bono residencia para el cuidado de menores o mayores o dependientes; o establecer guarderías en centros laborales; o ampliar la ayuda de los cien euros a las madres de hijos menores de 3 años, de la que ya han disfrutado más de un millón de mujeres? ¿Quién puede negar que sería positivo establecer a través de convenio colectivo una bolsa de horas para incidencias o un permiso retribuido para acompañar a menores o dependientes a centros médicos? ¿Alguien cree de verdad que con estas medidas se empeoraría o perjudicaría una ley que dice llamarse de igualdad? ¿No les parece, señorías, que son medidas que, sin duda, mejoraría y facilitarían la vida de las mujeres españolas, que inciden en los problemas cotidianos de nuestras mujeres? Al Gobierno y al Partido Socialista, no se lo parece. No han apoyado ninguna de estas medidas, quizá por considerarlas innecesarias o quizá solo por venir del Partido Popular, poniendo por delante su voluntad de marcar diferencias con el Partido Popular sobre los intereses de las mujeres y demostrando, sobre todo, que el poder les ha alejado de la realidad, que sus políticas de igualdad están a años luz de las necesidades de las mujeres. Y si no, señorías, salgan a la calle y pregunten a las mujeres qué problemas tienen, qué necesidades tienen. Les puedo garantizar que sus respuestas estarán lejos de lo que recoge esta ley. Seguro que sus prioridades no serán ni paridad en listas electorales ni en consejos de administración.
Señores y señoras socialistas, escuchen más a la calle y dejen de gobernar de espaldas a la sociedad. Porque para acabar con la discriminación que subyace no bastan ni buenas intenciones ni palabras floridas ni demagogia; son necesarias políticas activas y eficaces.


Entrando en las enmiendas introducidas en el Senado, el Grupo Parlamentario Popular ha manifestado su respaldo

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y apoyo a todas las que han supuesto una mejora de la ley, porque nosotros no actuamos con sectarismo, a pesar de que solamente se nos han recogido unas pocas enmiendas que eliminan el lenguaje sexista que imperaba en todo el texto de la ley. A pesar de la oposición inicial del Gobierno, se ha mejorado la ley con la enmienda de Convergència i Unió dirigida al incremento de permisos para padres de hijos prematuros que, el Grupo Popular, no solo ha apoyado, sino posibilitado su aprobación. También nos parece adecuado incorporar en la ley un llamamiento para regular el permiso de maternidad y paternidad de los cargos públicos, asignatura pendiente desde hace años, difícil de solucionar pero que requería una respuesta. En cuanto al permiso de paternidad, nos mantenemos firmes en la defensa de un permiso de cuatro semanas. Creemos que no se puede escatimar en estos nuevos derechos. Un permiso de trece días es un tímido avance, poco valiente y muy poco comprometido con la corresponsabilidad.
Por eso, aunque reconociendo que en el Senado se ha mejorado la posición inicial al reducir en seis años la incorporación de este permiso hasta llegar a las cuatro semanas, esta demora en su aplicación va a traer consigo un evidente retraso en la mejora de la corresponsabilidad y, con ello, dificultades en la conciliación de la vida familiar, laboral y, especialmente, de la personal de las mujeres, que van a seguir soportando la carga del cuidado de los hijos. Otra ocasión perdida de hacer bien las cosas desde el principio. Es otra muestra evidente de la falta de sensibilidad de este Gobierno con la conciliación y con la corresponsabilidad. Una pena. A pesar de haber votado favorablemente a la modificación de la Ley de Planta para permitir la puesta en marcha de nuevos juzgados de violencia, debo decirles que lo hacemos por la responsabilidad que tenemos contraída en la lucha contra la violencia de género. Como han dicho otros portavoces, nos parece un disparate que en una ley de igualdad se introduzca esta modificación, sobre todo cuando rechazaron esta iniciativa en los Presupuestos Generales del Estado.


Señorías, hacen ustedes leyes chapuceras, con una técnica legislativa deficiente y dando la sensación de que las leyes se convierten en cajones de sastre donde todo cabe y nada importa. El despropósito lleva a aprobar una ley donde se consagran desigualdades entre el ámbito privado y el público, donde el Gobierno está tolerando y auspiciando diferencias de derechos entre los trabajadores y trabajadoras que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores de los que lo hacen por la Ley de la Función Pública, con diferencias en el permiso de paternidad, de lactancia, reducción por guarda legal o en el tiempo de disfrute de excedencias; una barbaridad que debería ser corregida. Señorías, al Grupo Parlamentario Popular le hubiera gustado poder apoyar esta ley pero en esta ocasión no va a ser posible y por ello nos abstendremos. Porque no podemos ni queremos apoyar una ley que no se enfrenta a los problemas reales de las españolas; una ley centrada en la imposición y la obligación; una ley de paridad vestida con el traje de igualdad; una ley incompleta, poco comprometida y menos eficaz; una ley donde el ánimo de consenso con nuestro grupo ha brillado por su ausencia. Pero por responsabilidad y, sobre todo, por convencimiento vamos a seguir trabajando por la igualdad de oportunidades de las mujeres y para mejorar las condiciones de vida de las españolas. Por ello, vamos a seguir insistiendo en las medidas de conciliación y corresponsabilidad. Mientras, señorías del Partido Socialista, ustedes sigan anclados en el pasado, sin dar respuesta a las necesidades de las españolas. Es su elección y su responsabilidad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Camarero.


Grupo Parlamentario Socialista, señora Monteserín.


La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Quiero que mis primeras palabras en esta tribuna sean para el presidente del Gobierno, con el permiso de todos, por sus acciones, porque me siento orgullosa de poder decir, en nombre de muchas (Una señora diputada: En mi nombre no.), que está cumpliendo con la palabra dada y que está cumpliendo con las mujeres de este país. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-Rumores.)

Señorías, organizaciones sociales y organizaciones de mujeres, sindicatos, directora general de Unicef -que hoy nos acompaña- y mujeres comprometidas que habéis querido hoy compartir este debate desde esta tribuna en esta noble casa, todos los jueves debatimos en esta Cámara leyes y normas con las que vamos tejiendo nuestro ordenamiento jurídico y mejorando nuestro marco de convivencia. Sin embargo, hay leyes y leyes, y hoy debatimos una de esas leyes que hacen historia porque además de resolver problemas de la gente supone un importante instrumento de avance social. No es una ley más, por tanto, la que hoy aprobamos aquí y creo que no exagero nada si digo que además de necesaria es probablemente la ley que en términos de progreso más influirá en el futuro de nuestro modelo social y de convivencia y la que más nos van a agradecer las generaciones más jóvenes. Es, además, de esas leyes que restituyen justicia social, y puedo hablar en nombre de muchas, de muchísimas, si afirmo que es de esas leyes que nos hacen sentirnos orgullosos y orgullosas del trabajo que hacemos desde el Parlamento. Señorías, quiero recordar precisamente hoy a todas las organizaciones de mujeres y a todas las mujeres que han hecho posible el avance que hoy hemos conseguido, algunas luchando frente a las instituciones, otras junto a las instituciones, pero siempre con medios pacíficos empujando para que todas avanzáramos. (Aplausos.) Porque es justo reconocer que en general los avances de las mujeres casi nunca han beneficiado a las que lucharon por ellos pero han sido un legado imprescindible para las que nos hemos beneficiado después.


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Señorías, seguro que hoy muchos se preguntarán por qué es necesario en el año 2007 aprobar una Ley de Igualdad cuando la Constitución española otorga ya el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo en su artículo 14. Hay muchas razones que justifican por qué es importante esta ley hoy, aunque yo solo me voy a detener en tres: primero, porque no es cierto que esa igualdad jurídica y formal que la Constitución consagra sea hoy una igualdad real; segundo, porque hay que tomarse en serio ese mandato constitucional y hacer real y efectivo el principio de igualdad, y tercero, porque la igualdad es un valor en sí mismo, señorías, y las sociedades en su conjunto se benefician del concurso de todo el potencial que representan hoy las mujeres en el mundo, que son, somos, más del 50 por ciento de ese potencial. Aún no hemos avanzado lo suficiente en los cambios estructurales necesarios para construir otro modelo social que erradique la cultura y las conductas de un mundo hecho y pensado para hombres. La desigualdad y la discriminación aún persisten aunque se muestren de diferente manera, por eso hoy el desempleo y la precarización en el mercado laboral siguen teniendo rostro de mujer, por eso las más jóvenes tienen que renunciar a tener los hijos que desearían porque la maternidad las penaliza en sus carreras profesionales.


Señorías, el Partido Socialista llevamos en el programa electoral la aprobación de una Ley de Igualdad. Con esta ley el Gobierno cumple una vez más un compromiso electoral pero, sobre todo, todas y todos cumplimos con las demandas que las mujeres nos vienen haciendo desde hace tiempo.
Las mujeres nos piden oportunidades, nos piden garantías para que sus derechos estén cubiertos, nos reclaman pedagogía social, complicidades en sus batallas cotidianas. Son muchas cosas las que las ciudadanas reclaman a sus gobernantes y muchas cosas las que los políticos podemos hacer para cubrir las demandas. Y con esta ley lo hacemos.


Esta ley parte de un buen diagnóstico de la realidad de las mujeres españolas de hoy en sus principales problemas y en sus principales obstáculos, y todas las medidas que se incluyen están dirigidas a resolver problemas reales de discriminación aún existentes. Aborda la igualdad en todos los ámbitos: en el empleo, en la educación, en el medio rural, en la sanidad, en los medios de comunicación, en la participación política y social, y también en la cooperación internacional, abordando y teniendo en cuenta la realidad de las mujeres que han tenido la desgracia y la poca fortuna de vivir en países menos desarrollados y menos democráticos que el nuestro. Garantiza la perspectiva de género en todas las políticas públicas, previene conductas discriminatorias y protege la maternidad para que no penalice a las jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo. Pero, además, garantiza nuevos derechos muy importantes de protección social para las mujeres y mejora notablemente las condiciones de trabajo y los derechos de colectivos de trabajadoras como las autónomas. Es una ley que cuenta con un gran respaldo político y quiero aquí agradecer el trabajo de todos los grupos parlamentarios, especialmente de sus portavoces: señora García, señora Pigem, señora Oliva, señora Fernández Davila, señora Uría, señora Barkos y también de la señora Camarero y, cómo no, de mis compañeros de ponencia, Carmen Hermosín y Jesús Membrado. Entre todos creo que hemos contribuido a mejorar notablemente el proyecto inicial. También quiero agradecer el trabajo que se ha hecho en el Senado. Señorías, ante la preocupación por la creación de nuevos juzgados de violencia, quiero decirles que la disposición para la creación de los juzgados exclusivos no debería conllevar la eliminación de ninguno de los actuales juzgados compatibles, como por error se establece en el apartado tres del anexo 13 que modifica la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Me comprometo a intentar corregir en la votación esta misma mañana ese error.


Es, también, señorías, una ley valiente, con medidas valientes y decididas, como la modificación de la Ley Electoral para conseguir candidaturas con representación equilibrada de ambos sexos. Me van a permitir detenerme en este apartado que es, prácticamente al final del proceso, el único punto donde parece que no nos pondremos de acuerdo todos los grupos. Respeto profundamente los principios y las convicciones del Grupo Parlamentario Popular para oponerse a esta medida, pero tengo que manifestar el mayor rechazo de mi grupo y de las mujeres socialistas a los argumentos que han venido utilizando para oponerse. Señora Camarero, la diferencia entre su discurso y el nuestro es que usted en un tiempo lo leerá y lo lamentará, lamentará lo que ha dicho aquí, lamentará la huella que deja hoy en el "Diario de Sesiones", lo lamentará.
(Aplausos.) Yo les digo que no se queden solas, señorías -y digo solas porque están hoy muy poco acompañadas de sus compañeros de grupo- (Aplausos.), no se queden solas y reflexionen porque es ridículo a día de hoy e insultante para las mujeres seguir acudiendo al argumento de la valía y la capacidad. El mérito y la capacidad no están reñidos con ser hombre o mujer. ¿Acaso un país donde más del 50 por ciento de los universitarios son mujeres, con más de 15.000 profesoras universitarias, con más de mil catedráticas, con un Poder Judicial que cuenta con un 42 por ciento de mujeres puede hablar de tener mujeres que no valen? Señorías, no es una cuestión de capacidad, sino de voluntad, de imparcialidad y de principios democráticos. Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos, fueron, lo quisieran o no, la excepción femenina, pero como dice la filósofa feminista Amelia Valcárcel, en la dinámica de las excepcionales hay un componente perverso porque nunca son tan escasas como aparecen y la verdad es que cada una de ellas destaca sobre un suelo en el que siempre abundan mujeres de parecida talla. La elección de Clara Campoamor será siempre digna de alabanza y respeto, precisamente por su valentía contra la dinámica de las excepcionales, no teme declararse mujer sujeta a todos y los mismos lazos y cadenas que humillan a las demás

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mujeres y no se siente por encima de ellas a pesar de su formación y su condición política.En su libro Mi pecado mortal dice muy claramente: Defendí en las Cortes constituyentes los derechos femeninos, deber indeclinable de mujer que no puede traicionar a su sexo. (Aplausos.) El principio de paridad busca precisamente garantizar equilibrio, justicia, oportunidad de acceso para todas e imparcialidad, porque todas valen como todos valen. Busca restituir una democracia incompleta, porque incompleta es una democracia que desperdicia el saber y buen hacer de sus mujeres.
Señorías, estamos en condiciones de dar un gran salto hacia delante para que las generaciones jóvenes no tengan que soportar la carga de discriminación que hemos tenido que soportar otras antes.


Quiero terminar mi discurso con una frase también de Clara Campoamor. Ella decía, el 1 de diciembre, aquí, para justificar el derecho al voto de las españolas: Me enorgullezco de que sea mi España la que alcance esa bandera de la liberalización de la mujer. Esta frase me sirve para cerrar. La reivindico porque cuando viajamos a Europa o a Naciones Unidas da gusto que nos feliciten por nuestras leyes de progreso y ampliación de derechos. Todos y todas somos conscientes de que hay problemas no resueltos y tendremos que resolverlos estos años. Señor presidente, señora vicepresidenta, sigamos dando ejemplo en Europa y en mundo, con normas y leyes que nos hacen más grandes como país y más dignos como compatriotas. Gracias, señorías. (Aplausos.) Las mujeres hemos utilizado la palabra para defender derechos. (Aplausos.) Con la palabra he pretendido defender esta ley. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Monteserín.


Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señor presidente, señoras y señores diputados, hoy es el primer día de una sociedad distinta. El germen de una justicia que aguardaba el momento de aparecer y de instalarse definitivamente entre nosotros brota en el Parlamento español poco más de 75 años después de que se oyera aquí, por primera vez en nuestra historia, la voz de una mujer pidiendo la palabra. (Aplausos.) Clara Campoamor inauguraba para España en 1931 la posibilidad legal de abandonar temores y viejas costumbres nacidas del miedo y la ignorancia, nacidas de una triste manera de entender la libertad como un privilegio.
En su solitaria defensa del derecho al voto de las mujeres entregaba el mayor tesoro que la razón democrática permite, la posibilidad de construir la historia con voz propia, con ideas propias, con sentimientos propios, desde la aceptación de que la historia es siempre un quehacer compartido, porque convivir significa que nuestra vida hasta en lo más íntimo está siempre abierta a los demás y de ellos depende. Clara Campoamor dirá que la libertad solo se aprende ejerciéndola, ejerciéndola al lado de los otros, que reconocemos, porque así lo son, como nuestros iguales. A Clara Campoamor y a todas las mujeres que han entregado el fruto de su noble convencimiento a las mejores páginas de la dignidad, incluso cuando tales páginas las desconozcan o ignoren, hemos de dedicarle este 15 de marzo de 2007. (Aplausos.) A ellas y a las que se quedaron en el camino; a ellas y a todas aquellas a las que la historia quiso robar los sueños; a ellas y a todas las que no saben todavía, porque sus circunstancias personales así se lo imponen, que esa libertad plasmada en el derecho a ser ciudadanas también les pertenece.


Señorías, para el Gobierno hoy es uno de los días más importantes de la legislatura, es también uno de los más felices. Hoy aprobamos una de as normas más comprometidas con la igualdad de las que se conocen en el mundo. Hoy el Parlamento español aprueba la Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Es una norma llamada a transformar, a transformar para bien, a transformar radicalmente y para siempre la sociedad española. Es una nueva norma de ampliación de derechos, de garantía de la efectividad de derechos. Hay quien ha dicho que con la aprobación de dos leyes -la de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia- y esta que hoy votamos -la de igualdad entre mujeres y hombre- se justifica toda una legislatura. Es verdad que ambas estas llamadas a incidir muy significativamente en nuestro modelo de convivencia. Con ellas nuestra convivencia será más solidaria, será más justa, será más sensible con las oportunidades de realización personal de todos los ciudadanos, de todas las ciudadanas. Con estas dos leyes nuestro Parlamento hace honor de la mejor manera posible y como pocas veces a lo largo de estos treinta años de democracia al mandato del artículo 9.2 de la Constitución, que encomienda a los poderes públicos la doble tarea de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean reales y efectivas y de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Señorías, a pesar de que la Constitución consagra la plena igualdad entre mujeres y hombres, treinta años después de su aprobación los datos sobre el número de mujeres que ocupan puestos de responsabilidad en cargos públicos o en las empresas, sobre las retribuciones que reciben a igual trabajo en relación con los hombres, sobre el reparto de las cargas familiares o sobre la composición del desempleo por sexos son pertinazmente elocuentes: a la sociedad española le queda todavía un buen trecho para alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; recorrerlo exige tomarse definitivamente en serio este derecho constitucional. Esto es lo que hace la Ley de Igualdad que hoy comienza a andar. Lo hace gracias a todos, no es solo un mérito del Gobierno. Quiero atribuírselo igualmente a todas SS.SS, como hay que hacerlo con calor y reconocimiento a los interlocutores sociales -CEOE, Cepyme, UGT y Comisiones Obreras- y,

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sobre todo, hay que hacer un homenaje a las asociaciones de mujeres y, aun más que a ellas, a las generaciones de mujeres que con tesón, con sufrimiento y con paciente impaciencia han luchado para ganar su derecho a la independencia, al trabajo, al trato igual, a su propia, exclusiva e independiente dignidad. (Aplausos.) Han logrado finalmente convencernos a los hombres, habéis logrado finalmente convencernos a los hombres no solo de que ellas estaban en lo justo, sino también de que era imprescindible reconocéroslo para ganar en nuestra propia estima y en nuestra propia dignidad. (Aplausos.)

Señorías, en consonancia con las modernas tendencias del derecho antidiscriminatorio, la ley presenta una dimensión transversal, que le permite proyectar su influencia sobre todos los ámbitos de la vida social donde persiste la desigualdad de hecho para tratar de combatirla y eliminarla. Ello explica que se trate de una ley que ha rastreado el conjunto del ordenamiento jurídico para incidir sistemáticamente sobre él modificando aquellas normas que regulan aspectos relevantes para la igualdad. Es verdad -me apresuro a decirlo- que mi Gobierno y este Parlamento, con el apoyo unánime de sus miembros, ya se había ocupado al principio mismo de la legislatura de la discriminación de las mujeres. Lo primero que hicimos fue, en efecto, ocuparnos de la discriminación más odiosa que cabe imaginar, la que representa la violencia de género. Hemos vuelto sobre ello a lo largo de la legislatura, desarrollando la Ley de Violencia de Género mediante medidas de muy diverso orden, y quiero decir una vez más que no cejaremos en nuestra determinación de luchar con todos los medios necesarios contra esa lacra, contra la lacra del machismo criminal.


La Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres pretende actuar preventivamente sobre la desigualdad y reaccionar de un modo operativo, efectivo y eficaz sobre aquellos ámbitos tradicionalmente reacios a la presencia y al protagonismo de las mujeres. Para apreciar en su justa dimensión la trascendencia social de esta ley basta con repasar siquiera sumariamente algunas de las medidas que prevé. En ella se contienen medidas para la igualdad en el empleo, tanto en el acceso como en la formación y promoción profesionales, en las condiciones de trabajo y en la Seguridad Social, con la previsión de adopción por parte de las empresas de medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral en el marco de la negociación colectiva, que en las empresas de más de 250 trabajadores deberán ser el resultado de un plan de igualdad negociado con los trabajadores. Asimismo, se consagran medidas específicas sobre los procesos de selección para la provisión de puestos de trabajo y en los procesos formativos en el seno de la Administración del Estado. La proyección de la igualdad se extiende a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se incluye entre los derechos de los trabajadores y funcionarios la protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo y se considera a las mujeres como grupo de población prioritario para las políticas activas de empleo.


La ley contiene igualmente medidas para la igualdad en la atribución de las cargas familiares y de fomento de la corresponsabilidad de hombres y mujeres para la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar, con importantes mejoras de la protección de la maternidad y del régimen de licencias y permisos y con el reconocimiento del permiso de paternidad por quince días. Estas mejoras se introducen igualmente para los trabajadores autónomos y de otros regímenes especiales de la Seguridad Social. Además, la ley persigue la integración del objetivo de la igualdad en todas las políticas públicas y con tal fin procura la implicación de los poderes públicos en todos sus ámbitos de actuación.
Así, la ley contiene medidas específicas de actuación en materia de educación, sanidad, sociedad de la información, desarrollo rural, vivienda, contratación y subvenciones públicas. Como prueba de que el compromiso más exigente con la igualdad efectiva es el que tienen que asumir los propios poderes públicos y en particular la Administración General del Estado, se prevé la creación de una estructura administrativa y de coordinación institucional para garantizar la perspectiva de género en todas las actuaciones de la Administración del Estado. Operarán la Comisión interministerial de igualdad para la coordinación de las políticas de igualdad de todos los departamentos ministeriales, las unidades de igualdad dentro de cada ministerio para el desarrollo de las funciones relacionadas con la igualdad y el Consejo de participación de la mujer, que tiene como fin servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades. Instrumento básico en este sentido será el Plan estratégico de igualdad de oportunidades.


Por último, pero no menos importante, la ley incluye medidas para lograr la igualdad efectiva en la participación en el poder público y social, que vienen de la mano de la adopción del llamado principio de la presencia o composición equilibrada. Es un principio que va a operar en órganos o puestos de responsabilidad, modulando su grado de eficacia en función del ámbito privado o público al que pertenezcan, con unos límites suficientemente flexibles del 60/40 por ciento. Se pretende alcanzar un reparto equitativo entre mujeres y hombres en el protagonismo político y social; en suma, que más mujeres accedan a puestos de responsabilidad en cargos públicos o en las empresas de este país. Destaca la proyección de este principio en el ámbito de la participación política, mediante su aplicación a las listas electorales, tanto en el nivel estatal, como en el autonómico y en el local, así como en los consejos de administración de las sociedades mercantiles, en términos razonables y previendo en este último caso un proceso de adaptación de ocho años; pero los cambios en las sociedades mercantiles, en la composición de sus consejos, serán, sin duda alguna, cambios que originarán un mejor funcionamiento de nuestras grandes corporaciones mercantiles. Es, pues,

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una ley ambiciosa, es una ley que, en consecuencia, exigirá un esfuerzo continuado para hacerla efectiva. Por ello, les anuncio que tengo el propósito de encargar específicamente el seguimiento constante de estas actuaciones, que los poderes públicos y los privados deberemos cumplir con lealtad a lo que hoy aprobamos.


Señorías, la ley que hoy aprobamos contiene estas y otras medidas a favor de la igualdad efectiva de las mujeres, y lo hace bajo la convicción de que no son solo ellas las beneficiarias de esta importante acción normativa, que lo es el conjunto de la sociedad, que lo somos todos. Como objetivo primero está la pretensión de hacerlas justicia, a ellas, a las mujeres, una justicia elemental e inaplazable, pero está también muy presente en la ley la apuesta decidida por un modelo social sustentado en el equilibrio, en el reconocimiento de las mismas posibilidades de disfrute de libertad para todos, con independencia de la condición, con independencia del sexo. Es realmente una ley de plena ciudadanía, una ley para todos, una ley que pretende derogar cualquier dominación de los ciudadanos y ciudadanas de este país.


Señorías, las sociedades solo alcanzan verdadera madurez democrática cuando nadie se siente ajeno, extraño, marginado, cuando ser mujer no significa ni renuncias forzadas ni frustrantes sentimientos de culpabilidad, que acaban reproduciendo comportamientos dolorosos e injustos y destruyen las herramientas individuales o colectivas que pudieran impedirlo. Estoy convencido de que las sociedades solo alcanzarán una verdadera grandeza democrática cuando los hombres y las mujeres que las formen y las hacen mejor cada día son iguales. Por eso la aprobación de la Ley de Igualdad debe ser una celebración. Los españoles y las españolas hemos soñado un futuro y ahora lo tenemos en las manos, en el pensamiento y en el corazón, lo tenemos en la palabra igualdad y en las acciones que van a poder, sin más demora, acompañarla. Tenemos ante nosotros el rostro más sincero de la esperanza y un camino por recorrer, donde colaborar, compartir, cooperar van a constituir en términos cotidianos el poder transformador que posee todo logro social, todo restablecimiento de la justa dignidad. Delante de nosotros tenemos, a partir de hoy, un espejo del que sentirnos tan orgullosos como responsables. Esta ley acepta el compromiso de consolidar y crear, si así es necesario, una estructura social nueva, de ensayar y aprender una convivencia nueva. Esta ley hace de España un país mejor, porque desde hoy los españoles y las españolas somos por ley absolutamente iguales.


He trabajado -decía Clara Campoamor- para que en este país los hombres encuentren a las mujeres en todas partes y no solo donde ellos vayan a buscarlas. Hoy sin duda aquel deseo se hace realidad, por lo que pensando en todas las mujeres que no pudieron cumplir sus sueños, su autonomía personal, su dignidad, ser respetadas, ser vistas por todos los hombres en todas partes y pensando en toda esa historia de dignidad, me siento profundamente orgulloso de representar a un grupo y a un Gobierno que ha impulsado una ley tan hermosa para la igualdad.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos de los señores y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.-Un señor diputado: ¡Bravo!)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Continuamos con el debate. (Rumores.) Por favor, continuamos con el debate. (La señora Camarero Benítez pide la palabra.) Señora Camarero, dígame.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señor presidente, evidentemente, aunque el Gobierno tiene la potestad de cerrar los debates, el presidente del Gobierno ha introducido elementos nuevos en este debate (Varios señores diputados: ¡No!), y lo ha reabierto, por lo que le pediría un breve turno de intervención. (La señora Sánchez Díaz: ¡Esto es increíble!)

El señor PRESIDENTE: No. Señora Camarero, usted sabe perfectamente bien, y este presidente lo tiene suficientemente acreditado en esta legislatura, que si el presidente del Gobierno hubiera realizado alguna alusión o algún elemento de referencia contradictorio con la posición que usted hubiera mantenido, esta Presidencia hubiera reabierto el debate. No ha sido el caso. El presidente del Gobierno se ha limitado a defender el proyecto del Gobierno.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señor presidente, no le pido el turno...


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, no puedo atender su demanda.


Continúa el debate. (Varios señores diputados: ¡El debate!-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Punto IX del orden del día: Convenios internacionales. Se votarán conjuntamente.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

-PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN. (Número de expediente 127/000006.)

El señor PRESIDENTE: Punto X del orden del día: Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Antes de comenzar el debate quiero saludar la presencia en las tribunas de la delegación del Parlamento y del Gobierno aragonés en el que, sin duda, es un día importante para su comunidad autónoma. Comenzamos con el turno a favor de las enmiendas presentadas. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta. (La señora vicepresidenta primera del

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Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Fernández de la Vega Sanz, pide la palabra.)

Señorías, la señora vicepresidenta ha solicitado intervenir antes de la defensa del turno de enmiendas y anuncio que, al tener la anterior ley carácter orgánico, la votación no se va a celebrar en ningún caso antes de la una de la tarde. Tiene la palabra la señora vicepresidenta.
(Rumores.) Señora vicepresidenta, es una de mis peleas permanentes respecto a lo que le ocurre siempre al primer diputado o diputada que interviene y al último diputado que interviene. (Rumores.) Por favor, va a intervenir la señora vicepresidenta. (Pausa.) Adelante, señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, quiero comenzar mi intervención con un afectuoso saludo de bienvenida una vez más a los representantes de las instituciones aragonesas que hoy nos acompañan -presidente, buenos días, bienvenidos usted y todos los miembros de esta comunidad- y también con una merecida felicitación a las diputadas y diputados que han trabajado en la Comisión Constitucional y a su presidente, quien, como siempre, ha dirigido con maestría los debates. Una vez más nos ofrecen el sentido y el valor del acuerdo parlamentario como clave de la democracia constitucional. Estoy convencida de que la VIII Legislatura será recordada como un periodo central en el avance y la consolidación del Estado de las autonomías diseñado por el constituyente de 1978. Nos encontramos ante la quinta votación de una propuesta de Estatuto de Autonomía y aún nos resta deliberar al menos sobre otras tres iniciativas que ya están en la Cámara. Queda, por tanto, sobradamente acreditada la necesidad de reformar los estatutos y de adaptarlos a la realidad de la España del siglo XXI. Imagino que ya nadie se atreverá a ponerla en duda, aunque también intuyo que algunos nunca reconocerán su error de percepción y la inquietud que tan en vano suscitaron en la ciudadanía mediante un infundado y desmesurado alarmismo. Afortunadamente, el transcurso del tiempo no solo constata la generalización de las reformas sino el acierto democrático del modo elegido para afrontarlas. Por primera vez, señorías, la reformas estatutarias no son reformas teledirigidas desde el centro; su impulso brota de las mismas comunidades autónomas y son ellas las que invitan a las Cortes Generales a reflexionar sobre la necesidad y oportunidad del cambio. Este es el camino previsto por la Constitución y que algunos han querido desconocer ofreciendo como remedio sustitutivo un acuerdo entre los dos grandes partidos del Estado. Sin embargo, los estatutos de autonomía son por mandato constitucional la manifestación normativa de un pacto entre los representantes políticos de la comunidad autónoma y los del Estado presentes en estas Cortes Generales.


El Estatuto que hoy se somete a votación es un buen ejemplo de ello. En efecto, a las comunidades autónomas, señorías, les corresponde el impulso de la reforma. Así ha sido; han sido las instituciones autonómicas las que han explicado a los ciudadanos inicialmente la razón del cambio, el porqué del esfuerzo colectivo que embarca a toda la ciudadanía de una comunidad en una reflexión política sobre su pasado, su presente y su futuro, y han sido debates que se han realizado con talento, con sosiego y con proyección histórica. El Gobierno siempre ha confiado en las comunidades autónomas porque durante todos estos años han acreditado con creces su madurez política y su responsabilidad institucional. De hecho, es indiscutible que las propuestas autonómicas han servido para enriquecer y consolidar los cimientos del Estado constitucional y han vuelto a alimentar, siguiendo las trazas de nuestra historia, la propia idea de España, pero de España como pluralidad dentro de la unidad y de la solidaridad.


En este contexto reformista la propuesta aragonesa es una contribución fundamental. Lo es porque explica perfectamente la necesidad de la reforma y la articula con rigor técnico y responsabilidad política, coadyuvando así al bienestar de los aragoneses y aragonesas y a la mejora del estatuto autonómico en su conjunto. El debate habido en las Cortes de Aragón y la defensa llevada a cabo por sus representantes ante esta Cámara permiten identificar con facilidad el objetivo principal que animó a la decisión de iniciar la reforma estatutaria. Sí, no era otro que el de dar continuidad al progreso e incrementar su compromiso democrático.
Creo que la redacción final del preámbulo refleja con precisión la razón central de la reforma. Dice: El presente Estatuto dota a la comunidad autónoma de los instrumentos precisos para seguir haciendo realidad el progreso social, cultural y económico de los hombres y mujeres que viven y trabajan en Aragón, comprometiendo a sus poderes públicos en la promoción y en la defensa de la democracia.


Señorías, aquellos que durante la transición soñábamos con otro modelo de convivencia teníamos claro que el sostén del progreso solo podía ser la democracia y que la democracia solo se consolidaría con un proceso general de reconocimiento del derecho a la autonomía política que acogiera el ser plural de España. Es verdad que ahora vuelven a surgir voces que quieren quebrar esa cadena labrada en la transición y que ensambla en una sola pieza las palabras democracia, autonomía y progreso, pero estoy convencida de que son voces minoritarias, en las que todavía permanece latente una clara desconfianza hacia el título VIII de la Constitución y una concepción de España trasnochada. Reformas tan ejemplares como la aragonesa nos muestran, sin embargo, que la ciudadanía de 2007 participa plenamente del espíritu constitucional de 1978. La historia de los veinticinco años de autonomía aragonesa es el relato de un

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cambio profundo, de una transformación radical. La libertad para formular políticas públicas propias y adaptadas a la realidad de Aragón, la proximidad y participación en el debate público a través de instituciones de autogobierno y finalmente la lealtad para con la Constitución y el Estado son las piezas claves para comprender el desarrollo del pueblo aragonés, un pueblo que es consciente de que la historia no se detiene, de que en el año 2007 se plantean retos y demandas sencillamente inimaginables en 1982 y de que las nuevas circunstancias exigen nuevas soluciones jurídicas que actualicen el autogobierno para seguir labrándose un futuro de progreso y bienestar. Ese es el pensamiento y ese es el impulso que han llevado a cabo los aragoneses y las aragonesas trayéndonos hoy aquí el Estatuto que vamos a votar.


La Comunidad Autónoma de Aragón, a través de sus representantes, ha elaborado una propuesta de singular rigor técnico. El texto sobre el que esta Cámara ha deliberado se caracteriza por la austeridad de su articulado, que sin embargo diseña un marco muy potente para el desarrollo de la autonomía. Ya lo dijimos en la toma en consideración, Aragón ha propuesto a esta Cámara la aprobación de un excelente Estatuto de autonomía sin renunciar a nada. Contiene un amplio y moderno elenco de derechos que marcan las expectativas de futuro de la ciudadanía aragonesa y los objetivos preferentes a los que ha de servir la acción de sus poderes públicos, integra en la norma institucional básica las relaciones de Aragón con el Estado y las demás comunidades autónomas y tiene presente la dimensión territorial de la política europea y los procesos internacionales de globalización. En fin, mejora sus competencias de autogobierno y moderniza su aparato institucional. Señorías, la iniciativa de las Cortes de Aragón aúna rigor técnico y ejercicio de responsabilidad política, y las Cortes Generales así lo han percibido y así lo han entendido. De hecho, la tramitación parlamentaria de la iniciativa ha servido para consolidar el acuerdo y aquilatar la iniciativa de Aragón al interés general de todos los españoles representados en esta Cámara, porque si a las comunidades les corresponde el impulso de la autonomía, es responsabilidad de estas Cortes incardinar esa autonomía en el marco de la unidad y la solidaridad, que también son principios fundamentales que por designio constitucional han de informar la estructura territorial del Estado.


En esa perspectiva es justo celebrar el resultado final que hoy nos presenta la Comisión Constitucional. Merece la pena que nos detengamos muy brevemente en subrayar aquí algunas de sus aportaciones. Así, la importante adición del artículo 6.3. Se trata de una cláusula de vital importancia que se ha introducido en todos los estatutos y que despliega un doble y muy conveniente efecto jurídico: por una parte, separa las competencias de los derechos; por otra, se garantiza que los derechos estatutarios de los aragoneses nunca podrán alterar el disfrute de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España. Por tanto, los derechos estatutarios son plenamente compatibles con los derechos fundamentales, garantizándose así la existencia de un estatuto jurídico igual y común a todos los españoles, sin perjuicio de aquellos otros derechos que se reconocen en el Estatuto de Aragón y cuya observancia corresponde a los poderes públicos de la comunidad autónoma. También han recibido una precisa respuesta normativa las dudas que para algunos suscitaba la redacción del artículo 61.2, referido a la Administración ordinaria. El precepto definitivo despeja cualquier malentendido, pues el texto surgido de la Comisión Constitucional sienta con claridad la posición institucional de la Administración autonómica y su responsabilidad para con los ciudadanos en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asimismo, no puedo dejar de celebrar la mejor técnica que en sede de Cortes se ha realizado en el título V, relativo a las competencias de la comunidad autónoma. En ningún caso se ha menoscabado el quántum competencial que proponían las Cortes de Aragón. En cambio, sí se ha propiciado una reorganización de algunos títulos competenciales y una más precisa delimitación de sus contenidos, que otorga certidumbre y ahorrará, seguro, conflictividad en el futuro. En todo caso, la claridad en la regulación de las competencias siempre revierte en la eficacia de los poderes públicos y en la calidad y eficiencia de los servicios que deben prestar los ciudadanos. En este sentido son también muy relevantes las sucintas matizaciones introducidas en algunos artículos del título VII, relativo a la cooperación institucional y la acción en el exterior, que cumplen la función capital de concretar el ámbito de cooperación, fijando su nervio precisamente en aquello que es de especial interés para Aragón, para la comunidad autónoma.


Pero ante todo quiero detenerme, señorías, en el importantísimo acuerdo alcanzado en materia de agua. Todos los miembros de esta Cámara son conscientes del innegable valor de este preciado bien, de su carácter limitado y de su importancia para el progreso colectivo. A nadie de esta Cámara se le escapa la especial sensibilidad de los aragoneses en esta cuestión. La organización del agua, señorías, requiere medidas complejas y a largo plazo. Pero en este caso de lo que se trataba era de definir las competencias y las facultades que los poderes públicos de Aragón asumen en su Estatuto sobre esta materia. El Gobierno nunca puso en duda la capacidad de esta Cámara para encarar esta cuestión con perspectiva y ofrecer respuestas consensuadas que armonizasen las legítimas aspiraciones de los aragoneses a disponer de agua suficiente para sus necesidades con el respeto a las igualmente legítimas necesidades de otras comunidades autónomas. Y una vez más, el diálogo, el trabajo bien hecho y la confianza en la política como medio de resolución de conflictos ha permitido encauzar las dificultades y hacerlas desembocar en el mar del acuerdo. Sin duda, la apuesta aragonesa a favor de la sostenibilidad,

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la solidaridad intergeneracional y la compatibilidad de la prioridad de aprovechamiento con el principio de unidad de cuenca facilitaron el encuentro. Los miembros de la Comisión Constitucional de esta Cámara han sabido cohonestar el interés de Aragón con el interés general mediante una solución jurídica válida para todos. Quiero agradecer desde aquí la generosidad a todo el mundo, especialmente a los aragoneses. En el artículo 19 del Estatuto se reconoce a los aragoneses el derecho a disponer de abastecimiento de agua en condiciones de cantidad y calidad suficientes para atender sus necesidades presentes y futuras, y se hace en el marco del desarrollo sostenible, de la participación y de la utilización eficaz y eficiente del recurso. En la disposición adicional quinta se establece que será la planificación hidrológica la que concretará las asignaciones y las reservas necesarias para hacer efectivo el principio de prioridad del aprovechamiento de los recursos y para garantizar los derechos reconocidos en el artículo 19, teniendo en cuenta lo acordado al respecto por las Cortes de Aragón. Creo sinceramente que el acuerdo alcanzado en este punto es encomiable y ejemplifica, acaso como ningún otro, la posibilidad de atender los intereses y reivindicaciones legítimas de una comunidad y al tiempo construir una España más solidaria y más unida. Les felicito por ello y me congratulo porque, además, por su contenido se incardina perfectamente en la política del agua que viene impulsando el Gobierno desde el inicio de la legislatura. Una política que toma en consideración tanto su valor económico como su valor social y ambiental, con el objetivo de optimizar su uso y garantizar la disponibilidad del agua en todos los territorios.
Porque, señorías, en contra de lo que algunos piensan, hablar de las comunidades autónomas y de sus problemas es hablar de España. Sí, hablar de España y no hablar contra España, examinar sus pretensiones, debatirlas en estas Cortes Generales y ofrecer, finalmente, soluciones compartidas es dar respuestas a necesidades tan reales de los españoles como las concernientes al aprovechamiento individual y colectivo del agua. Eso es gestionar la pluralidad y reforzar al tiempo los lazos de solidaridad y cohesión entre todos los españoles, para alcanzar un Estado más eficaz, más unido y más fuerte. Más Estado. Estos estatutos contribuyen a la fortaleza del Estado. Por eso este Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista nunca han contemplado con recelo las iniciativas de reformas estatutarias procedentes de las comunidades autónomas.
Siempre hemos confiado en el diálogo político y en la fuerza de nuestras instituciones democráticas. Y, señorías, una España consciente de su diversidad que escucha y comprende será siempre una España más unida que aquella que confronta y divide.


Señorías, no me cansaré de repetir que ha sido y es una máxima de este Gobierno afrontar todas estas reformas estatutarias con el mayor respeto institucional; respeto por las instituciones autonómicas que las proponen y respeto por los grupos parlamentarios con los que debemos fraguar y hemos fraguado el consenso final. Siempre estuvimos convencidos de que el sentido de Estado nos obligaba a soslayar nuestros intereses partidistas y buscar el acuerdo hasta el final. En la regla 148 de su Oráculo manual y arte de la prudencia, de Baltasar Gracián, español y aragonés universal, se recomendaba tener el arte de conversar en que se hace muestra de ser persona. En ningún ejercicio humano se requiere más la atención, por ser el más ordinario del vivir. Aquí es el perderse o el ganarse. Señorías, los aragoneses, sus instituciones, han hecho gala del arte de conversar y ustedes han sabido sentarse a su lado y trabajar con ellos. Con su nuevo Estatuto, Aragón continuará su senda de progreso y esperanza y con Aragón toda España.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.


Ahora sí, abrimos turno a favor de las enmiendas. En primer lugar, tiene la palabra el señor Labordeta. Como saben ustedes, el tiempo del turno establecido para este tipo de debate es de 20 minutos.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.


En primer lugar quiero dar la bienvenida a las autoridades aragonesas y decir que subo a esta tribuna fundamentalmente a defender las sesenta enmiendas parciales de Chunta Aragonesista a esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón que se mantiene para el debate y votación en el Pleno del Congreso. Ha querido la casualidad que la fecha de aprobación del dictamen de la Comisión sea precisamente un 15 de marzo. En el calendario romano... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor Labordeta, espere. El problema se repite.


El señor LABORDETA SUBÍAS: ¡Hala, callaros!

El señor PRESIDENTE: El problema se repite.


El señor Labordeta está en el uso de la palabra.


Adelante.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.


Decía que en el calendario romano los idus de marzo caían en el 15 del mes de martius y eran días de buenos augurios; sin embargo, pasaron a la historia por la famosa frase de Shakespeare en su obra Julio César, en 1599, que lo citaba al escribir: Guárdate de los idus de marzo, guárdate.
Eso habrá que decirles a los aragoneses y aragonesas con este Estatuto, porque vamos a tener un Estatuto excluyente en las formas y claramente insuficiente en el fondo. En cuanto a las formas, no han aceptado ni siquiera la posibilidad de sentarse a negociar las enmiendas con Chunta Aragonesista, y eso que el histórico Reino de Aragón, aunque ahora lo silencien en el

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preámbulo, fue el país del pacto. Y en cuanto al fondo, quieren aprobar un Estatuto pacato a la hora de asegurar inversiones del Estado; un Estatuto timorato a la hora de asegurar nuestros recursos hídricos ante la amenaza de nuevos trasvases; un Estatuto incapaz de asegurarse competencias que otros territorios sí tienen; un Estatuto de Autonomía ignorante de nuestra historia y de nuestra identidad. Y es que hablando de fechas y de casualidades de la historia, hace tres años y un día las urnas dieron un vuelco electoral y como resultado del mismo se conformó un nuevo Gobierno que se quería de izquierdas y con sensibilidad federal. Desde esta misma tribuna y en la sesión de investidura, indicamos al que iba a ser presidente del Gobierno que colaborase en la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón que colmase las aspiraciones de autogobierno y dotase a nuestro territorio de un verdadero poder político y económico. Tres años y un día después, este Estatuto, de no incorporarse nuevas enmiendas, supondrá una nueva decepción a estas aspiraciones; nos condenará, veinticinco años después, a una nueva autonomía de segunda, en un año -y va de conmemoraciones- en el que se cumple el 300º aniversario de los Decretos de Nueva Planta, que acabaron con la personalidad política de Aragón. ¿Será por eso por lo que han eliminado este episodio clave de nuestra historia en el preámbulo?

Hemos explicado por activa, pasiva y hasta por reflexiva las carencias de este nuevo Estatuto. No hemos obtenido hasta la fecha por parte de los otros grupos que han acordado el texto ninguna explicación convincente que refutara nuestros argumentos. Lo que sí era bueno para Cataluña, Baleares o Andalucía no lo era para Aragón. Lo que sí conseguían otros territorios en materia de inversiones aseguradas del Estado, vía presupuestos generales, no lo conseguía Aragón. La deuda histórica que se tiene con nuestro territorio no se reconoce, pero sí a otros lugares.
¿Esto es acabar con la España de las dos velocidades? En los albores de la democracia, algunos, con sus maniobras políticas, nos metieron en la vía lenta de las autonomías, a pesar de la histórica manifestación del 23 de abril de 1978, que ahora parece molestar a algunos y se elimina también del preámbulo. Ahora quieren que sigamos el mismo camino.
¿Cuántas veces tenemos que manifestar nuestra voluntad de autogobierno? ¿Cuántas veces tenemos que seguir diciendo que los aragoneses no queremos estar en el vagón de cola, sino en la primera fila? Esta tercera reforma de un estatuto de segunda consagra la asimetría que tanto gusta a algunos para consolidar sus privilegios y tanto nos disgusta a los que hemos luchado siempre contra las desigualdades sociales y territoriales. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)

Decíamos al comienzo de esta intervención que había fallado en las formas.
El pasado 3 de octubre de 2006, durante el debate de totalidad de esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, decíamos que queríamos ser más ambiciosos para lograr el mejor Estatuto no para 2007 ni para la Expo de 2008, sino para los aragoneses que todavía no han nacido, para los que todavía no han llegado a estudiar o a trabajar a nuestra tierra. Tendíamos la mano para lograr acuerdos porque creíamos que un estatuto fuerte tenía que contar con el que es el tercer partido en número de votos de Aragón ya desde el año 2000 en todas y cada unas de las elecciones que han existido. Creo que es bueno recordar este dato.
Sin embargo, desde ese 3 de octubre no se ha querido invitar ni siquiera a participar en una mesa a Chunta Aragonesista. No hablamos de si hubiera sido o no posible llegar a acuerdos; sencillamente decimos que su acuerdo ha llegado cerrado y bloqueado, impidiendo el sano y deseable debate democrático, por mucho que ahora se empeñen en decir públicamente que no ha sido así. No dicen la verdad y ustedes lo saben. Han fallado en las formas, pero también -y eso es lo más importante- en el fondo.


Hemos reiterado nuestras diferencias, que afectan básicamente a cinco aspectos: las inversiones del Estado en Aragón; las competencias no incluidas o ahora excluidas; la defensa del Ebro frente a los trasvases; las lenguas propias de Aragón, y el preámbulo. Vayamos por partes. Hay una cuestión básica y fundamental de la que depende el futuro de Aragón y que por sí sola tendría fuerza suficiente para decir no a este Estatuto si no se mejora: la cuestión de las inversiones, de la deuda en infraestructuras que históricamente mantiene el Estado con Aragón. Mis paisanos de Teruel, del Alto Aragón, del Bajo Aragón, de la comunidad de Calatayud y demás comarcas rurales de Zaragoza saben como nadie de la precaria situación de sus carreteras, de sus estaciones de tren, de sus pasos fronterizos, de la despoblación y el abandono que si no lo remediamos dejará un territorio sin futuro. Sabemos que con perricas chufletes, como decimos por allí, o lo que en lenguaje político significa que sin inversión suficiente no hay autogobierno que valga, porque ¿cómo podremos construir un futuro de prosperidad? En relación con este tema presentamos nuestra enmienda número 49, para la que pedimos el voto favorable de esta Cámara, porque, a fecha de hoy, ¿han incorporado en nuestro Estatuto la obligación del Estado de destinar a Aragón un porcentaje concreto y determinado del total de las inversiones en infraestructuras? No. Estamos peor que antes porque otros estatutos, en otros territorios, sí garantizan inversiones estatales superiores a las que se han venido realizando hasta el momento. Y es que mientras en Cataluña, por ejemplo, la inversión estatal se equiparará a su porcentaje del producto interior bruto, en Andalucía será equivalente a su población, en Baleares se establecerá atendiendo a la inversión media per cápita y de momento en Canarias no será inferior al promedio del conjunto de las comunidades autónomas, o en Castilla-La Mancha será al menos equivalente a una media de tres factores más el 1 por ciento de su producto interior bruto regional, es decir un 9,3, en Aragón quedamos a la intemperie con las migajas que nos quieran repartir una vez que el

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Estado haya cumplido sus compromisos con esas otras comunidades. El texto aprobado en las Cortes de Aragón decía que se tendrá en consideración, y ahora dirá que se ponderarán, refiriéndose a tres factores de los que dos ni siquiera son cuantificables: la orografía y la condición de comunidad fronteriza. ¿Ese es el gran cambio, sustituir una palabra por su sinónima, ya que considerar significa, según la Real Academia de la Lengua, reflexionar algo con atención y cuidado, y ponderar es examinar con cuidado algún asunto? Otros Estatutos aprobados hasta la fecha y otros que vendrán a esta Cámara fijan con carácter imperativo para el Estado que se garanticen inversiones superiores hasta tres puntos en las que recibían, en algunos casos superiores al doble, y Aragón, pudiendo asegurarse el 9,5 por ciento equivalente a su superficie, como propone Chunta Aragonesista, no se asegura ni un euro de inversión estatal en el futuro. ¿Se garantiza Aragón con este Estatuto una compensación de 5.000 millones de euros por el déficit acumulado de inversión, como propone Chunta Aragonesista en la enmienda 53 que hoy defendemos? No, por supuesto. Pero ya lo ha conseguido Baleares y el otro día escuchamos al ministro Sevilla, que está aquí presente, cómo van a acelerar el pago de la deuda histórica a Andalucía, reconocida en su Estatuto. Muy bien, enhorabuena. De acuerdo con que luego se fijará en una comisión específica, pero ¿no negociará mejor el Gobierno autonómico que cuente con el respaldo de lo que diga una ley orgánica? Incluyamos esta cifra de compensación por el déficit acumulado por la insuficiencia de inversiones en Aragón por un valor de 5.000 millones de euros a lo largo de siete años, y luego ya intentaremos que se cumpla o todo o una parte.
Cualquiera puede entender que es así de sencillo y práctico para defender nuestros intereses.


Hay otro tema en Aragón con nombre de río, sentimiento y razón: el agua, el Ebro. ¿Cómo se defiende en este Estatuto de Autonomía de Aragón este recurso frente al derecho al trasvase que el Estado reconoce a los valencianos en la Ley Orgánica 1/2006? ¿Emitirá Aragón un informe determinante o vinculante ante cualquier propuesta de trasvase, como exigen Chunta Aragonesista y los políticos del PSOE y del PP de Castilla-La Mancha? No. Lo de los 6.550 hectómetros cúbicos no tiene desperdicio. Aunque se hubiera mantenido tal cual, nada nuevo aportaría puesto que esa reserva ya está recogida en el Pacto del Agua, en el Plan de Cuenca y el Plan Hidrológico Nacional. Precisamente esta ley casi consumó el trasvase, luego es evidente que la reserva no sirve en absoluto para impedirlo. Ahora, tras las enmiendas incorporadas en la Comisión, la reserva ya no se establecerá con carácter vinculante en una ley orgánica como es el Estatuto, sino que este se limitará a recordar que un día, el 30 de junio de 1992, las Cortes de Aragón consideraron en una resolución que haría falta esa reserva. Por si queda alguna duda, la misma adicional comienza diciendo que la planificación hidrológica -esto es el Estado- concretará las reservas. Proponemos en nuestras enmiendas 47 y 48 un texto más ambicioso para defender el aprovechamiento de nuestros recursos frente al trasvase del Ebro.


El tercer ámbito de nuestras quejas son las competencias no incluidas y que otros territorios sí van a disfrutar. ¿Han incluido, como pide Chunta Aragonesista, las doce competencias que habían quedado excluidas en Aragón pero que se les incluyen a Cataluña, Andalucía y Baleares y que hoy defendemos otra vez en las enmiendas 24 a 32? No. Se trata de todos los casos de competencias que no pueden entenderse incluidas en otros títulos competenciales genéricos y que incluyen aspectos tan actuales como la autorización de trabajo de los extranjeros o tan de futuro como las comunicaciones electrónicas. ¿Me quiere decir dónde está recogida en el Estatuto esta posibilidad tan importante como son las comunicaciones electrónicas? ¿Dónde está? Además, mediante las enmiendas pactadas entre los cuatro partidos han rebajado el techo competencial aragonés, porque los medios materiales de la Administración de Justicia y el régimen estatutario de los funcionarios no serán competencia exclusiva y se pierde la participación en los órganos de administración de, por ejemplo, los paradores de turismo.


Para acabar, cuestiones de identidad. Todos los Estatutos, tanto los ya reformados o en proceso de reforma como el resto, expresan en su texto el nombre de las lenguas de su territorio, gallego, bable, euskera o vascuence, catalán o valenciano, aranés. Incluso la reforma del Estatuto castellano-leonés incluye junto al gallego al leonés. También el Estatuto andaluz incluye la modalidad lingüística andaluza en sus diferentes hablas. Aragón no. Se han negado a decir expresamente el nombre de las lenguas propias de Aragón, que junto con el castellano son el aragonés y el catalán. Lo podría resolver una ley de lenguas, pero llevamos décadas de gobiernos PSOE-PAR-PP, en sus distintas versiones y combinaciones de elementos tomados de dos en dos, y la ley no llega. En temas de identidad se despoja a los emigrantes aragoneses -un 20 por ciento de la población está en la diáspora madrileña, catalana o valenciana- de poder participar en la vida política aragonesa. Podrá hacerlo el inmigrante que venga a nuestro territorio, pero al que se ha ido se le olvida, artículo 4.3. El preámbulo que han dejado es un menosprecio evidente a nuestra historia. A partir de ahora estaremos reconocidos como nacionalidad histórica. Ya lo éramos aunque no lo dijera una norma estatal, pero no se sabrá por qué: han borrado de un zarpazo nuestra historia colectiva. No decimos que se haga en el preámbulo una compilación erudita, pero se sorprenderá cualquiera que compruebe que al hablar de un territorio con más de mil años de historia -de los cuales fue independiente durante 700-, en su norma básica, en su Estatuto de autogobierno, se suprimen directamente las referencias al condado creado en el sigo IX, al reino constituido en el año 1035 y al juramento de los reyes de Aragón a las Cortes y Diputación General históricas, a que Aragón fue la cabeza de

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la Corona de Aragón, a los Decretos de Nueva Planta de 1707, a la II República, al Estatuto de Caspe de 1936, a la histórica manifestación del 23 de abril de 1978 -naturalmente a algunos no les interesa participar porque ese día no se manifestaron en la calle y se fueron a hacer una misa para rezar por la unidad de España, claro, les da vergüenza decir que hubo una manifestación de miles de aragoneses pidiendo la autonomía, la verdadera autonomía-. En triste coherencia con este menosprecio a nuestra historia también han suprimido en el preámbulo la referencia a los derechos históricos del pueblo aragonés como fundamento de nuestro autogobierno, y ello a pesar de que estos derechos históricos están reconocidos en nuestro Estatuto desde 1982. Hay que recordar que somos los únicos, junto con Navarra y País Vasco, que los tenemos reconocidos, y en virtud de este derecho pedimos en varias de nuestras enmiendas parciales, como por ejemplo en la número 33, un sistema propio de financiación plasmado en un convenio económico con el Estado. Y no solo tienen miedo de nuestra historia sino que también pretenden limitar nuestro futuro. ¿Por qué han suprimido en el preámbulo la referencia a los valores de igualdad, pluralismo, paz, solidaridad, cohesión social, equidad de género y desarrollo sostenible o el compromiso de Aragón con todos los pueblos para constituir un orden mundial pacífico y justo? ¿Por qué no se quiere aprobar en el Estatuto de Autonomía el derecho a que la educación pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, sea laica, o el derecho a morir dignamente? Deberían explicar esta mutilación a los aragoneses y aragonesas.


Para concluir, pedimos el voto favorable de esta Cámara a estas enmiendas de Chunta Aragonesista -aunque sé que es imposible- y anunciamos que de no ser corregidas las graves carencias del Estatuto tendremos que decir no en la votación final, por las razones que hemos dicho, a esta propuesta de reforma. No podremos apoyarlo por una cuestión que quizá no está entre los principios que más se practican últimamente en política pero que para algunos utópicos luchadores sí son importantes: la dignidad, la coherencia y el compromiso con nuestro territorio de Aragón.
Antes de acabar quisiera leer unas líneas de un ex diputado constituyente, diputado en varias legislaturas en este Congreso, ex presidente del Gobierno de Aragón y fundador del Partido Aragonés Regionalista, quien ha manifestado públicamente en un artículo de El Periódico de Aragón, el día 11 de marzo, lo siguiente: Asimismo es insólito -son palabras de él- lo que sucede con la reforma estatutaria de Aragón. Porque si la vez anterior las enmiendas al texto de reforma se aprobaron en La Aljafería por unanimidad en junio de 1994, esta vez cuentan con el inestimable apoyo del PAR y de Izquierda Unida, que también las suscriben, esto es, se pasaron al bando de PSOE y PP, que si no se concilian ni para combatir el terrorismo, en perjuicio nuestro siempre se han entendido. Comprendo la actitud de Ibarra y no la que prevalece en Aragón con la casi unánime mansedumbre de sus partidos o solo de sus líderes, no se sabe. Opino que incluso por mera dignidad debería retirarse de las Cortes el proyecto estatutario y esperar a que el Tribunal Constitucional nos diga si valen o no las reformas recurridas. Porque si declara que se ajustan a derecho, Aragón podría exigir lo mismo, en vez de pasar ahora por la vergüenza de conformarse con ser menos, algo que más que fidelidad a España parece simplemente estupidez. Repito, estas palabras son del ex presidente de Aragón Hipólito Gómez de las Roces, el pasado domingo 11 de marzo, en El Periódico de Aragón.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Labordeta, muchísimas gracias.


Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y será doña Isaura Navarro quien tome la palabra en su nombre.


La señora NAVARRO CASILLAS: Muchísimas gracias, señora presidenta.


Quiero iniciar mi intervención saludando a la delegación de parlamentarios que ha venido de las Cortes de Aragón y darles la enhorabuena por el trabajo desarrollado. (Rumores.)

Desde mi profunda discrepancia con la intervención que me ha precedido, intervengo en nombre de Izquierda Unida y de Izquierda Unida de Aragón para defender el resultado de este trabajo, de esa negociación en la que he estado presente y que ha sido la prueba de la posibilidad de llegar a un acuerdo en el que todos estemos cómodos. Fuerzas políticas con ideologías antagónicas como Partido Popular e Izquierda Unida vamos a votar favorablemente este texto. Para ello, para generar este clima de trabajo, es necesario que ningún partido aspire a hacer oportunismo político, algo a lo que algunos partidos aquí presentes nos tienen muy acostumbrados. Con esa actitud, impropia de la responsabilidad que desempeñamos y su relevancia, generan desconfianza en la sociedad hacia nuestro trabajo. La reforma del Estatuto de Aragón nace del acuerdo plural y ampliamente mayoritario de la Cámara aragonesa, donde no obtuvo ningún voto en contra, y ha sido mejorado tras su paso por el Congreso, concretamente en la ponencia se han incorporado 38 enmiendas, pactadas entre los grupos políticos de Aragón y los grupos parlamentarios del Congreso.


Señorías, no existe el texto perfecto, pero sí el mejor posible y ese ha sido el trabajo de los representantes y ponentes del Estatuto de Aragón.
Hoy afirmamos que el texto resultante es un Estatuto que mira hacia el futuro y es respetuoso con el marco constitucional pues no aspira a hacer demagogia, como sí hizo el texto valenciano en cuanto al agua recogiendo ilegalidades obvias para ganar votos; demagogia que ha provocado una escalada absurda en las propuestas estatutarias, pues todo

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el mundo se apunta fácilmente al oportunismo político barato, cosa que este texto no ha hecho. Los que inventaron el conflicto del agua dicen que llegan a acuerdos entre sus representantes de las distintas comunidades y después escuchamos discursos totalmente discrepantes. La que han montado con el agua, señores del Partido Popular, ya no la pueden domar desde la dirección de su partido y lo peor es cuando algunos dirigentes del Partido Socialista se apuntan a ello. Pero, volviendo al texto que nos ocupa, este texto da alternativas reales a las necesidades de autogobierno y al desarrollo máximo del marco competencial. Además, es acorde con las necesidades de la ciudadanía y sus inquietudes y es un modelo de consenso que, hasta la fecha, ningún otro estatuto de los que hemos debatido en esta Cámara ha conseguido. Para Izquierda Unida este texto es especialmente trascendente en el momento que vivimos, en primer lugar porque es realista y ello es de agradecer. Aunque los distintos barómetros de opinión nos recuerdan que la mayoría de la población no contempla entre sus principales preocupaciones la reforma de los estatutos de autonomía -y no se les culpa-, esta circunstancia no quita que no tengamos la obligación de hacer nuestro trabajo legislador lo mejor posible. Por cierto, la realidad es que pocas leyes despiertan pasiones entre la ciudadanía y estas, las reformas estatutarias, no tienen por qué ser una excepción, pero recordemos que quienes impulsan las reformas legislativas son los gobiernos autonómicos, de todos los colores: Baleares, Partido Popular; País Valenciano, Partido Popular; Cataluña, multicolor; Andalucía recibió el voto incluso del Partido Popular; es más, el Partido Popular ha votado todos los textos, todas las reformas, menos la del catalán, y da la impresión de que finalmente ustedes comparten plenamente con el grupo mayoritario, con el que han votado estos textos, su modelo de España que después tanto cuestionan.
Son, señorías, las comunidades autónomas las que llevan años, previos incluso al cambio de Gobierno, negociando reformas estatutarias porque ya tocaba que nuestros textos se adaptaran a una realidad incuestionable de descentralización de nuestro autogobierno. El Estado español es el Estado de las autonomías y los estatutos vigentes son de cuando la movida madrileña, pura nostalgia, y, por tanto, tocaba reformarlos y, como digo, no es una obsesión personal de nadie sino una demanda de las comunidades autónomas. En cuanto a este texto, su tramitación ofrece una imagen de la política que se aleja de los lamentables espectáculos que protagoniza la intolerancia reaccionaria de la derecha extrema o extrema derecha, una de las actividades públicas peor valoradas. Estoy hablando de su conocido trabajo de crispación de la sociedad que espero que provoque un voto masivo rechazando esa actitud política de enfrentamiento social. Es, por tanto, el Estatuto de Aragón un ejemplo claro de ejercicio de responsabilidad política que se aparta de ese trabajo que ustedes desempeñan con tesón. Solo desde una posición responsable, respetuosa con las diferentes posiciones políticas y desde el afán imprescindible de hacer el Estatuto de todos y no de una parte, ni siquiera de la mayoría, se entiende el buen texto que ha salido. Un texto que tan solo es rechazado por quienes, con toda legitimidad, por supuesto, no han querido ceder, cuando todos sabemos que ceder es necesario para alcanzar un acuerdo. El Estatuto no puede ser ni el Estatuto de la mayoría, ni el Estatuto de una minoría, ni el Estatuto de Izquierda Unida, ni el Estatuto del Partido Popular, debe ser un reflejo de la pluralidad política y cultural de Aragón, y ese ha sido el trabajo desempeñado por Izquierda Unida. Señorías, recordemos que los estatutos no son fotocopias unos de otros, son el reflejo de cada una de las comunidades autónomas a las que van dirigidos, son la norma que las define. Pretender que el Estatuto de Aragón sea una copia del Estatuto catalán, como pretenden algunos, sería negar la realidad aragonesa, su idiosincrasia, sus características, sus gentes y confundirlos con sus vecinos catalanes, y eso no es lo que quiere Izquierda Unida de Aragón para su gente. El Estatuto de Aragón ha de mirar a Aragón. Por ello el texto es el fruto de un largo trámite de negociación y cesiones por parte de todos los actores políticos y pretende recoger todo aquello que importa a Aragón: garantía de financiación, máximas restricciones para evitar trasvases y un largo etcétera en el que están todas las inquietudes de un pueblo que merece el mejor Estatuto, el suyo, el de Aragón. Así, el texto recoge, en materia de empleo, el objetivo impuesto a los poderes públicos: la consecución de pleno empleo de calidad en condiciones de seguridad, la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y la conciliación de la vida familiar y laboral. La palabra público es omnipresente en la calificación de todos los derechos, hecho relevante desde una perspectiva de defensa de los servicios públicos y en el contexto de globalización neoliberal que padecemos. En materia económica sostiene que toda la riqueza, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Además, establece que la comunidad autónoma, mediante ley, podrá aprobar planes económicos generales en el territorio aragonés, con el fin de atender las necesidades colectivas y equilibrar y armonizar el desarrollo territorial. Igualmente, la reforma del texto abre espacios a la democracia participativa. Se contempla la regulación jurídica de distintos instrumentos de consulta popular: encuestas, audiencias públicas, foros de participación y otros a disposición de la comunidad autónoma y de los entes locales. Por primera vez se establece un mecanismo de referéndum para la ratificación de las futuras reformas estatutarias. Además, el nuevo Estatuto marca la definitiva mayoría de edad política para la Comunidad Autónoma de Aragón, que sale del bloque de comunidades de vía lenta en los procesos electorales, completa el entramado institucional, introduciendo el Consejo Consultivo, el Consejo de Justicia y la Cámara de Cuentas, y abre la puerta de una acción exterior y una presencia directa junto al Estado en la Unión Europea.


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En cuanto a la tramitación parlamentaria que ha tenido en esta casa, el texto que llegó desde la Cámara aragonesa ha sido enmendado por nuestro grupo parlamentario, igual que por el resto de grupos que lo apoyan, mediante enmiendas negociadas con los grupos aragoneses, y por tanto ha sido mejorado profundamente. La tercera parte de esas enmiendas tiene un componente técnico que, respetando el texto inicial, clarifica los conceptos, mejora redacciones, ubica más adecuadamente las competencias y eleva el nivel técnico del texto que remitieron las Cortes de Aragón. Por tanto, se atiende a las mejoras propuestas, cosa que otros textos anteriores, como el valenciano, no hicieron.


Hay otro importante bloque, referido a las competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas, que acondiciona en positivo, y ampliando los horizontes competenciales al máximo, el Estatuto de Aragón. La enmienda de modificación del preámbulo dota al Estatuto de una introducción más concisa y clara, al haber desaparecido el exceso de referencias historicistas e identitarias, fruto del intento de consenso en Aragón, que recogía el texto originario. Igualmente, reseño y valoro especialmente como nueva aportación de Izquierda Unida la inclusión de la garantía del derecho de las personas a no ser discriminadas por su orientación sexual. Ese derecho, señorías, lo estamos incluyendo -es nuestra aspiración- en todas las reformas estatutarias, con el objetivo de que se incorpore al bloque de constitucionalidad una referencia explícita a la prohibición y rechazo de actitudes discriminatorias hacia un colectivo tan castigado históricamente. Otras dos enmiendas resuelven la conflictiva cuestión del agua ajustando su gestión al desarrollo sostenible, a los criterios ecológicos y adaptando los preceptos estatutarios al principio de unidad de cuenca, como deberían hacer todos los estatutos. Igualmente, enmarca en los criterios de la sostenibilidad y la gestión eficaz y eficiente los derechos presentes y futuros de la ciudadanía aragonesa sobres sus recursos hídricos. El ámbito financiero ha sido también enmendado para reforzar la participación en la gestión de la Comunidad Autónoma de Aragón, sentar las bases para el desarrollo del ente propio de gestión compartido con el Estado y avanzar en la federalidad y solidaridad interterritorial, afirmando el derecho de Aragón a que las inversiones del Estado ponderen las circunstancias diferenciales de Aragón, como pueden ser su territorio, su dispersión geográfica o su población, una demanda histórica del pueblo de Aragón, todo ello sin renunciar al proceso judicial pendiente.


Tras este proceso, señorías, apoyaremos con nuestro voto afirmativo el Estatuto de Aragón, respetando así la voluntad de la Cámara aragonesa, que sin ningún voto en contra lo remitió al Congreso, y atendiendo y celebrando las mejoras que ha sufrido el texto. En definitiva, es un buen Estatuto, un Estatuto de esperanza y de futuro; un Estatuto para Aragón, un Estatuto que vamos a apoyar con convicción. Enhorabuena a Aragón por esta reforma estatutaria.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señora Navarro.


Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En este turno de defensa de enmiendas será el señor Esteban quien tome la palabra.


El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta.


Evidentemente, y como es tradicional en nuestro grupo parlamentario ante los planteamientos de modificación y aumento de competencias autonómicas de los diversos parlamentos autonómicos existentes en el Estado, nuestra posición va a ser favorable. De hecho -lo dije el día de la toma en consideración y lo he repetido también en Comisión-, no encontrarán en el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) un obstáculo a la hora de asumir nuevas competencias, en la medida en que su voluntad así lo decida, para su territorio, para Aragón o para cualquier otro territorio del Estado español. Nos congratulamos de algunos cambios que ha habido en el proceso del texto estatutario, por ejemplo, de que la exposición de motivos ya no haga referencia a otros estatutos y a la vía, cómo y de qué supuestas maneras se habían planteado aquellos, frente a la adecuada, al parecer, vía y forma en que se presentaba el Estatuto de Aragón. Definirse en esa exposición de motivos en referencia frente a otros no era algo positivo ni adecuado en un texto legal, y menos en un texto estatutario. Nos congratulamos de que sigan adelante artículos que en el caso de otras comunidades autónomas se tomarían como auténticos ataques incluso hasta a la unidad constitucional del Estado, como, por ejemplo, la posibilidad no ya de que enclaves municipales, sino municipios que tengan frontera con Aragón y que pertenezcan a otras comunidades autónomas puedan, en el caso de que la voluntad de sus ciudadanos sea favorable, incorporarse al territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. Estamos perfectamente de acuerdo con ellos y nos congratulamos de que, al parecer, este sea un tema pacífico.


Sí tenemos que mostrar nuestras reticencias en cuanto a cómo ha quedado el artículo 7, que se refiere a las lenguas y modalidades lingüísticas propias, según reza el encabezado del mismo. Hubiera sido más positivo que se hubiera podido avanzar más. No ha sido posible llegar a un consenso, pero ciertamente no deja de ser llamativo que en un Estatuto en el que se habla de que esas lenguas y modalidades lingüísticas son parte y manifestación destacada del patrimonio histórico-cultural aragonés, luego no se defina cuál es ese patrimonio histórico y cultural.
Sinceramente, creemos que ese miedo, esa reticencia a decir cuál es la realidad, la existencia de dos lenguas, aparte del castellano, en la comunidad autónoma, como el catalán y el aragonés, no es comprensible.
Nos quedamos al albur de lo que una ley de las Cortes de Aragón vaya a regular cuando lo regule y hubiera sido un paso importante para ambas lenguas que

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el Estatuto hubiera asegurado esa presencia con nombres directamente.
Además, lo sentimos mucho más -quiero que se entienda el porqué- con el aragonés, porque el catalán es una lengua que en otra comunidad autónoma está siendo apoyada y protegida y tiene una amplia base de hablantes, por lo que los hablantes del catalán en Aragón siempre podrán encontrar ahí una referencia lingüística. Sin embargo, con el aragonés se sigue sin avanzar. Cuando se habla de modalidades lingüísticas, a uno le entra la duda de si no se pretenderá por parte de algunos perpetuar la división localista en hablas, por decirlo de alguna manera, de ese idioma, cuando las propias instituciones, a nuestro modo de ver, deberían impulsar, si se cree en esa lengua y se quiere que sea viable, una unificación estándar, a pesar de que se mantengan y se promuevan las hablas locales como ocurre en todos los idiomas del mundo, pero que se apoye una estandarización del idioma. Hace unos meses se ha celebrado un congreso en Zaragoza y desde nuestro punto de vista se echa de menos un impulso más decidido por parte de las instituciones. Por eso hubiera sido importante que apareciera en el Estatuto el aragonés como lengua y no simplemente: lenguas y modalidades lingüísticas. ¿En la futura Ley de Lenguas va a quedar el aragonés en meras modalidades lingüísticas dispersas? Sinceramente, sería hacer un gran daño al patrimonio aragonés y al patrimonio español, pues todas las lenguas del Estado son un acervo valiosísimo. En este sentido, al no definirse ni regularse brevemente y remitirse a una ley, tenemos reticencias con respecto a este artículo, pues, como digo, se podía haber ido un poco más allá.


Como saben, mi grupo presentó una enmienda a la disposición adicional tercera. La disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía aragonés dice que la aceptación del régimen de autonomía que se establece en el Estatuto no implica renuncia del pueblo aragonés a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, los que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establece la disposición adicional primera de la Constitución. Es una copia o al menos transcribe literalmente la disposición adicional correspondiente del Estatuto vasco. Lo expliqué con mucho más detalle en la toma en consideración, por lo que hoy no me voy a detener tanto. Además, mis argumentos no fueron contradichos en aquella sesión ni en la reunión de la ponencia, ni en la de la Comisión celebrada. En este sentido, quiero señalar que el origen de la disposición adicional primera es una enmienda del Grupo Vasco, continuaron varias enmiendas in voce de mi grupo y, cuando se discute sobre esta disposición -así lo interpretará quien lea los diarios de sesiones y lo ha interpretado la doctrina-, se está hablando de los derechos forales de Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y Álava, aquellos lugares en los que aún en el siglo XIX, después de los decretos de nueva planta, existía un derecho público diferente al del Estado español, cosa que no ocurre en el ámbito aragonés, como es bien conocido.
Sí en cuanto al derecho foral privado, pero no en cuanto al derecho foral público. Además, esta disposición adicional primera iba unida en su discusión -de hecho, en la enmienda inicial el texto iba en un solo artículo- con la disposición derogatoria, disposición que lo que hace es derogar las leyes abolitorias de 1839 y 1876, que se refieren al caso de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra, como es bien conocido. De hecho, en sentencias posteriores al propio Estatuto de Autonomía el Tribunal Constitucional ha ido ratificando este criterio y, desde luego, queda meridianamente claro en el texto de la Sentencia 76/1988, que no voy a volver a leer hoy, pero que consta en el "Diario de Sesiones" en el momento de la toma en consideración. Nosotros no nos vamos a oponer a las peticiones de Aragón; en absoluto. Lo que creemos es que no pueden basarse en la disposición adicional primera de la Constitución, que tiene un ámbito concreto y circunscrito muy claro, no solo a la hora de su aprobación en las Cortes, sino también en la definición que el Tribunal Constitucional ha ido haciendo del mismo. En ese sentido, quiero sacar a colación, porque a la hora de nuestro posicionamiento con respecto al Estatuto tiene su importancia, lo que se afirma en el "Diario de Sesiones" de la Comisión Constitucional por parte del portavoz socialista. Habíamos tenido ya una discusión sobre este tema en la ponencia, en la que no se habían contradicho nuestras posiciones, y, en la Comisión, el señor Jáuregui, dice literalmente: Por cierto, tengo que contestar también a una aportación en clave de enmienda que ha hecho el Grupo Nacionalista Vasco para establecer cuál es nuestro punto de vista sobre la referencia que en el Estatuto de Aragón se hace a los derechos históricos. En este caso, puedo hacerlo casi también en nombre del Grupo Parlamentario Popular porque recuerdo una intervención en ponencia de doña Soraya Sáenz de Santamaría a este respecto, que creo que voy a ser capaz de interpretar fielmente. Y continúa el señor Jáuregui: En concreto, nosotros enmarcamos esa disposición final tercera del Estatuto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como no puede ser de otra manera. Nuestro grupo lo acepta en su actual redacción precisamente interpretándola a la luz y con arreglo a esa jurisprudencia, más concretamente a la Sentencia 76/1988, de 26 de abril, 159/1993, de 6 de mayo, y 123/1984.


Tomamos en consideración esos términos que se manifiestan expresamente desde los dos grupos mayoritarios y, en ese sentido, consideramos importantes las manifestaciones del portavoz Socialista. De ello va a depender nuestro voto en este Estatuto, que -insisto- nunca va a querer ser limitador de las competencias que en un momento dado ustedes quieran tener, sino simplemente viene a delimitar claramente cuál es el contenido de esa disposición adicional primera, sobre todo teniendo en cuenta que a posteriori, en las reformas que se hicieron en todas las comunidades autónomas con los temas de sanidad y educación, que fue una especie de troquel en las modificaciones autonómicas, y después en las que han hecho referencia a cuestiones económicas

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no se tocaba este punto, pero sí el Tribunal Constitucional ha cifrado cuál podría ser el valor de ese texto. En ese sentido, ahora que acometemos una reforma global, era el momento de plantearlo, y así lo hemos hecho.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Esteban, muchas gracias.


Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y será el señor Tardà quien tome la palabra en su nombre.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Benvinguts, representantes de las Cortes de Aragón y del Gobierno aragonés, al Parlamento del Estado. Con el debate de hoy serán cuatro los nuevos textos estatutarios aprobados por el Congreso de los Diputados, a la espera de la discusión del de Canarias -el quinto-, que se halla ya en trámite. Por ello, es conveniente tener presente unas consideraciones que no por recurrentes son menos necesarias. No todas las modificaciones llegadas al Parlamento del Estado desde los distintos parlamentos nacionales o regionales gozaron del mismo respeto por parte de los partidos políticos españoles. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, en su día, no permitieron que el texto llegado del Parlamento de Euskadi ni tan siquiera fuese debatido: portazo y punto; eso fue lo que ocurrió. Conviene recordarlo, como también es necesario tener presente el incumplimiento por parte del presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, del compromiso que adquirió en su día de respetar el texto estatutario que aprobara el Parlamento nacional de Cataluña, deshonor que inevitablemente se adjuntará a su trayectoria política por muchos años. Pero es cierto que somos conscientes de que ya estamos situados en otro contexto, en una coyuntura distinta y ante unos retos de otra índole, más relacionados con la voluntad de desplegar los estatutos a la velocidad y con la intensidad que se requiere. Pero vale la pena dejar las cosas claras, no vaya a ser que ya se nos esté construyendo otro mito más sobre el momento actual, asociándolo al momento histórico, al gran salto hacia delante del modelo federal. Ya se construyó otro gran mito desde posiciones acríticas en relación con la transición política y ya ven cómo nos va al cabo de treinta años: amenazados por la derecha nostálgica, en un ambiente de máxima crispación que no augura nada bueno para la intensificación de las libertades democráticas y nacionales de los pueblos y naciones del actual Estado español.


Ustedes ya conocen cuál es el posicionamiento de nuestro partido político ante las reformas estatutarias. Ante todas aquellas que no afectan al ámbito de nuestra nación, es decir, a los Països Catalans, o al dominio lingüístico de la lengua catalana, optamos por, en términos generales, no enmendar. Lo prioritario y fundamental se halla en el respeto a la voluntad saliente de los parlamentos nacionales que las redactaron y aprobaron. No es el caso de Aragón, en tanto en cuanto compartimos como mínimo -digo como mínimo- el ámbito lingüístico, por un lado, y, por otro lado, legados históricos de estructura político-administrativa compartidos y circunstancias de orden natural, que ciertamente exigen posicionamientos enmendantes por parte del independentismo y del republicanismo catalán. En más de una ocasión también hemos manifestado que para Esquerra Republicana las soberanías legítimas, que en el Estado español no se corresponden con las legalidades vigentes, se hallan en los parlamentos de las naciones y nacionalidades. Aquí se halla la razón profunda de nuestra negativa a rechazar el texto que nos proponen, a pesar de no compartirlo en muchos términos.


En coherencia, hemos enmendado el texto. Tres han sido las enmiendas presentadas, las tres fueron rechazadas en Comisión y hoy de nuevo volverán a ser debatidas y presentadas a votación. Es más, su no aceptación condiciona nuestra actitud final, que será la de abstención al texto final. El reconocimiento del concepto de nacionalidad histórica, la apelación a los derechos históricos del pueblo aragonés, que puede conllevar el reconocimiento de una posición singular de Aragón en el Estado expresada en el preámbulo, así como la inclusión de referencias a la entidad propia en virtud de sus instituciones tradicionales de derecho foral y su cultura en el título preliminar, afirman una mayor ambición que sin duda alcanzaría su plenitud si fueran aceptadas las enmiendas de los compañeros de la Chunta Aragonesista, que por supuesto recibirán nuestro apoyo.


Anteriormente les he hablado de las enmiendas de Esquerra. Les he recordado que son tres. Tres reclamaciones del republicanismo catalán que hoy les pedimos que voten favorablemente. En primer lugar, la relacionada con la necesidad de suprimir el punto uno de la disposición adicional primera relativa al Archivo de la Corona de Aragón. No entendemos las razones de tal redactado, sino es en clave del mantenimiento por parte de algunas fuerzas políticas derechistas aragonesas de imaginarios agravios absurdos e irracionales. Frente a este redactado, que nos habla de preeminencias en el patronazgo del Archivo, permítanme que les recuerde la disposició addicional tretzena, titulada Fons propis i comuns amb altres territoris, del Estatut vigente de Cataluña, que mandata a la Generalitat de Catalunya a colaborar con el Patronato del Archivo de Aragón, con las otras comunidades autónomas que tienen fondos depositados compartidos y con el Estado por medio de mecanismos que se establezcan de mutuo acuerdo. Colaboración, paridad y acuerdo, y no preeminencia de ninguna de las partes, entendemos que este es el camino correcto.


En cuanto a la segunda enmienda, hay que destacar que estamos a la espera de conocer los resultados del Plan integral de protección del Delta del Ebro. En consecuencia, se desconoce el caudal que se decidirá como necesario para el desarrollo de las funciones ecológicas

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del río, del delta y del ecosistema marino próximo, además de desconocer cuál será el caudal adicional que se aportará, la periodicidad y las magnitudes de forma que se asegure la correcta satisfacción de los requerimientos medioambientales de dicho sistema. Nos parece racional la planificación sin hipotecas previas, atendiendo a las necesidades del conjunto de las que se definan también como imprescindibles para salvaguardar el Delta de su recesión y a la vez atendiendo a la variable de no fijar cifras exclusivas para Aragón sin tener en cuenta el régimen hidrológico de cada año.


En tercer lugar, diferimos del Partido Popular y del PSOE en cuanto al tratamiento de las lenguas. ¿Qué supone que el nuevo Estatuto no reconozca la oficialidad de las lenguas catalana y aragonesa? Sin duda, mantener a las comarcas de la Francha -por ejemplo, en el caso del catalán- y a sus ciudadanos en la condición de damnificados. La delicada situación de la lengua catalana en ese territorio en buena medida es producto de la historia y en buena parte culpa de los que han tenido responsabilidades políticas en los últimos decenios. Pero no se engañen, las dificultades para hacer de la lengua catalana una lengua normal de uso, lengua digna y de prestigio, se ha agravado en los últimos tiempos, justamente cuando la presión de la lengua más fuerte es más evidente en un medio adverso, ya que los medios de comunicación son en castellano, incluso la televisión pública aragonesa es exclusivamente en castellano, así como la lengua de la Administración, la lengua del ocio, etcétera, y, por supuesto, cuando las autoridades desertan de sus responsabilidades.


El caso de la Francha no es ninguna curiosidad etnográfica ni ningún fenómeno extraordinario propio de estudiosos, aunque puede llegar a serlo. El catalán en la Francha es una lengua empobrecida hasta límites muy peligrosos, de regresión galopante, que hace que muchas personas no la reconozcan o directamente renieguen de ella al no querer entender que se trata de su lengua y que es tan importante como cualquier otra, incluso como la gran lengua vecina, la castellana. Por ello, es fundamental el reconocimiento estatutario de la lengua catalana que dé el rango que corresponde a la lengua que se habla en las comarcas de la Francha. Ello también permitiría valorar la necesidad de trabajar de acuerdo con los otros territorios de dominio lingüístico de la lengua catalana, entendiendo que la reivindicación del catalán, de su normalización, es la misma en Aragón que en el resto de los países que tienen la lengua catalana como lengua propia. Precisamente estas comarcas, en tanto que pertenecientes a la administración aragonesa, son las únicas de todo el Estado español que no tienen ni tendrán reconocida la oficialidad de su lengua y, en consecuencia, después de veinticinco años de Constitución y de más de veinte de Estatuto de Autonomía, el catalán de la Francha se encuentra en una total situación de desamparo, a pesar de la demanda social que tuvo su expresión en la Declaración de Mequinenza, sin duda el punto más álgido y relevante de reivindicación del catalán en la Francha. No obstante, sean sinceros y autocríticos. No ha tenido apenas efectos positivos en relación con su contenido, excepto en la introducción optativa de la lengua catalana en el sistema de enseñanza.


Teniendo en cuenta estas circunstancias y considerando que no se puede prolongar más el desamparo en el que se encuentra la lengua catalana en las comarcas catalanohablantes de Aragón, pedimos para el catalán de la Francha la declaración de oficialidad porque ello es de justicia, porque lo que se demanda es una reparación histórica que ahora, con nuestra reclamación de oficialidad en el Estatuto, se contribuiría a restituir.
La omisión de la declaración de oficialidad y el argumento que ya es suficiente para la regeneración de la lengua con las prácticas del día a día, no dejará atrás ni superará el estadio de una política de limosnas y declaraciones de buenas intenciones que no comportan otra cosa que paternalismo vacío y efectos regresivos, tal como se constata a la vista de la situación sociolingüística de estas comarcas.


Recuerden o sepan que la Francha cuenta con una población que se sitúa en un 70 por ciento de catalanohablantes, según una encuesta realizada en el año 2005 por el Gobierno de Aragón, muy lejos del porcentaje idílico que acostumbraba a situarlo en más del 90 por ciento en los años setenta y ochenta del siglo pasado. Sin duda convendrán con nosotros que la situación de la lengua propia necesita, sin dilación, de un impulso que provenga de un compromiso de la Administración, fundamentado en el valor jurídico y normativo que debería haber posibilitado este nuevo Estatuto; un impulso que alcanzase todos los ámbitos, que fuese más allá de lo que se ha hecho hasta hoy en el ámbito de la educación. Son unas comarcas que han sufrido un proceso de minoración de su lengua propia, comarcas olvidadas por las distintas administraciones, que deberían haber velado por la salud cultural de sus gentes, olvidadas o simplemente negadas de su personalidad a partir de una política aniquiladora. Reivindicamos, pues, la declaración de la oficialidad para hacer frente a la miseria cultural a la que quisieron condenar a la Francha, objetivo no alcanzado, no obstante, ante la capacidad de resistencia de sus habitantes y de sus asociaciones culturales, decididas a recuperar la lengua y su cultura propia.


Ustedes, Partido Popular y Partido Socialista, siguen empeñados hasta el día de hoy, aquí, en esta Cámara, en hablarnos de lenguas y modalidades lingüísticas, remitiendo su enseñanza y el derecho de los hablantes a la forma que establezca una futura ley de lenguas de las Cortes de Aragón.
En definitiva, condenan a los catalanohablantes a una situación de minoración lingüística que ustedes nunca aceptarían para los castellanohablantes. ¿Cuántos de ustedes, ciudadanos españoles castellanohablantes, no saldrían a la calle -todos saldrían a la calle- si alguien pretendiera incluso no reconocer el nombre de su lengua en alguno de los textos estatutarios? Una vez más nos anuncian una futura ley que en alguna ocasión nos garantizará la enseñanza y el

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derecho de los hablantes en las zonas que se determinen. Mientras, se manifiesta que no hay ninguna garantía, y por tanto se entiende un incumplimiento flagrante de aquello que sí es vigente en otros territorios del ámbito lingüístico catalán del Estado. Y decimos incumplimiento en el sentido que considera la Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias, que el Estado español suscribió el 2 de febrero del año 2001, donde se establece como objetivo y principio -cito textualmente- el respeto del área geográfica de cada lengua regional o minorizada, de manera que se asegure que la divisiones administrativas ya existentes o nuevas no constituyan ningún obstáculo a la promoción de esta lengua. Artículo 7.1.b). Sin embargo, estamos ante una decepción anunciada por el comportamiento miedoso y timorato, y a nuestro entender irresponsable, de los socialistas de Aragón. En dos legislaturas, con el presidente Marcelino Iglesias, catalanohablante de Bonansa -Alta Ribagorza-, los socialistas no han sido capaces de cumplir la promesa de la ley de lenguas. Si triste es la situación de la lengua catalana en Aragón, indignante nos parece que permitan que la única y exclusiva aportación al acervo universal de los aragoneses, es decir, la lengua aragonesa, no merezca figurar en el nuevo Estatuto. Ustedes hoy aquí entierran la lengua aragonesa.


Finalmente, desearía aprovechar este momento solemne de aprobación del nuevo Estatuto de Aragón para manifestar desde Esquerra Republicana de Catalunya nuestro reconocimiento, respeto y estima al diputado de la Chunta Aragonesista, José Antonio Labordeta, por su trayectoria de lucha antifranquista durante la negra noche fascista y en las libertades democráticas a favor de una sociedad aragonesa más justa y nacionalmente más libre, y sobre todo gracias, compañero Labordeta, por tu compromiso activo frente a quienes siempre han pretendido alejar y enfrentar Cataluña y Aragón, en favor del compromiso de la fraternidad republicana entre los pueblos aragonés y catalán. Gracias en nombre de Esquerra Republicana, en nombre del independentismo catalán, en nombre del republicanismo catalán. Estoy convencido de que en Cataluña son muchos los ciudadanos y las ciudadanas que comparten este sentimiento. Como dijo aquel que tú conoces bien, habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Salud.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Tardà.


Tiene la palabra el señor Xuclà, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) como último grupo que utiliza el turno de defensa de enmiendas.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.


En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), quiero saludar a la delegación del Parlamento y del Gobierno de Aragón, especialmente a su presidente, en este trámite final en el Congreso de los Diputados de aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.


Voy a empezar expresando una máxima que siempre ha guiado la actuación, la actitud y el posicionamiento del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en la tramitación de los estatutos de autonomía, una máxima que es la de respeto a las propuestas de los otros parlamentos autonómicos, tal como nosotros queremos en el futuro y hemos querido en el pasado que sea respetado el Estatuto que proponga el Parlamento de Cataluña. Por ello, en el marco general de la propuesta inicial del Parlamento de Aragón y después de la tramitación parlamentaria, de los trabajos en la Comisión Constitucional, en el marco de la naturaleza de lo que es un estatuto, que es una ley paccionada entre un parlamento autonómico y las Cortes Generales con naturaleza de ley orgánica, nosotros vamos a dar el voto favorable al conjunto de esta ley, aun teniendo algunas consideraciones y reservas que expresé en Comisión y que voy a reproducir en Pleno.


Señorías, al revés de lo que hice en otras intervenciones en esta segunda gran ola de reformas estatutarias que estamos viviendo en esta legislatura -que empezó con el Estatuto valenciano, continúo con el de Cataluña, el de Baleares y el de Andalucía-, esta vez no voy a dedicar parte de mi tiempo a hacer un ejercicio comparativo entre el Estatuto que vamos a aprobar hoy y algunos otros que se han tramitado durante esta legislatura y que tienen puntos de conexión evidentes con el Estatuto que se aprueba hoy o con otros estatutos que se han aprobado durante esta legislatura y que curiosamente han recibido el voto favorable por parte de un grupo parlamentario, concretamente el primer grupo de la oposición, el partido Popular, y en cambio han recibido una durísima crítica cuando hacía referencia al Estatuto de Cataluña. Crítica a la cual uno llega a la conclusión de que se basaba más en elementos y en la lógica de desgaste entre Gobierno y oposición y en la utilización de la propia vocación de profundización del autogobierno de Cataluña, que no en la letra misma del Estatuto. Este acto de incoherencia que es evidente tiene un punto de inflexión muy explícito en la aprobación, con el voto favorable del Partido Popular, del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Pero, señorías, como les decía, hoy no quiero hacer, como he hecho en algunos otros debates de estatutos durante esta legislatura, un estudio comparativo entre aquello que parecía muy malo con la aprobación de diversos contenidos de un Estatuto y que, en cambio, ha sido recepcionado favorablemente en la redacción de otros estatutos.


En este trámite final quiero expresar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán, lo que podían haber sido y no han sido reservas en dos aspectos y lo que sí es una reserva en la única enmienda que ha presentado este grupo parlamentario, la 220, que pasaré a defender dentro de un momento.


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Señorías, la redacción del Estatuto de Aragón habla de una posición preeminente de la Comunidad Autónoma de Aragón en el patronato del Archivo de Aragón. Esto invita a una interpretación jurídica y política sobre la posición preeminente de una comunidad autónoma respecto a otra en lo que ha de ser una relación de igual a igual en un patronato de un archivo en el cual participan distintas comunidades autónomas. Con todo el respeto hacia la redacción del Parlamento de Aragón, la expresión posición preeminente nos parece una expresión de concepto jurídico indeterminado que, a la hora de la verdad, se tendrá que concretar a través de un acuerdo de relación de igual a igual entre las distintas comunidades autónomas implicadas que están directamente vinculadas a este patronato. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) simplemente quiere que esto conste en acta. Creemos que esta expresión de posición preeminente no tiene, ni debería tener, consecuencias jurídicas en una relación que debe ser fraternal entre territorios y comunidades autónomas.


Otro aspecto controvertido en las relaciones entre comunidades autónomas es el del agua. En este aspecto ha habido demasiados despropósitos en esta legislatura y en la anterior. Este grupo parlamentario celebra que, al final, se haya alcanzado un acuerdo razonable para superar esos desencuentros, esos despropósitos y esas guerras entre territorios en materia de agua.


El tercer punto sobre el cual el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tenía que hacer consideraciones en la tramitación de este Estatuto es en materia de lengua. Como bien podrán apreciar SS.SS., no soy el primer portavoz que hago referencia al tema de la lengua. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una sola enmienda, la 220, que intentaré argumentar con coherencia, que pretende complementar la redacción del artículo 7 del proyecto de Estatuto de Autonomía de Aragón. En honor a la verdad, se tiene que decir que desde la aprobación del primer Estatuto hasta ahora ha habido una pequeña evolución, aunque absolutamente insuficiente. Por primera vez, señorías, nos encontramos con que este estatuto habla de lenguas en plural. Esto se tiene que valorar en sus justos términos. Pero igual que se tiene que valorar en sus justos términos esta referencia a las lenguas en plural, también resulta extraordinariamente chocante que este sea el único estatuto de autonomía en el Estado español que habla de lenguas oficiales sin explicitar cuáles son estas. Por ello, en un ejercicio de coherencia, no de este grupo parlamentario, sino de coherencia con lo que aprobaron las Cortes de Aragón, este grupo parlamentario ha presentado una enmienda que hace referencia al artículo 7 y que literalmente traslada lo que aprobó la Ley de patrimonio de Aragón el año 1999, que dice literalmente: Las lenguas minoritarias de Aragón -el catalán y el aragonés-, así como la efectividad de los derechos de las respectivas comunidades lingüísticas, tanto en lo referente a la enseñanza de/y en la lengua propia como en la plena normalización del uso de estas lenguas en sus respectivos territorios. En el año 1999, las Cortes de Aragón, a través de la Ley del patrimonio, expresaban su voluntad política de protección de las lenguas catalana y aragonesa en el ámbito de la enseñanza y en el ámbito de la plena normalización donde estas lenguas son utilizadas. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no ha hecho más que presentar esta redacción, que fue aprobada por unanimidad en las Cortes de Aragón. Fue aprobado por todos los grupos políticos que están de acuerdo con esta tramitación del Estatuto de Aragón. Pero en un acto evidente de incoherencia, aquello que fue posible en 1999, aprobado por el Partido Socialista, por el Partido Popular, por el Partido Aragonés Regionalista, por Izquierda Unida y por la Chunta, aquello que fue posible en 1999 en las Cortes de Aragón, parece que no lo es hoy en la tramitación de este Estatuto a través de un simple ejercicio de reconocimiento, de autorreconocimiento de la riqueza, de la pluralidad del patrimonio de Aragón y también, si me permiten, de una expresión de autoestima ante lo que supone la riqueza lingüística de Aragón. Pero es que, además, señorías, durante la tramitación del Estatuto de Aragón, ha entrado en el registro de esta Cámara la reforma del Estatuto de Castilla y León, que viene a avalar la oportunidad de que los estatutos reconozcan explícitamente la riqueza lingüística de los distintos territorios.


Señorías, el proyecto, porque aún no se ha celebrado el debate de totalidad, remitido por las Cortes de Castilla y León, con el acuerdo del Partido Socialista y del Partido Popular, en su artículo 5, hace mención específica y explícita al leonés y al gallego. Me permito leerles, muy brevemente, esta referencia. Artículo 5.2: El leonés será objeto de protección específica por parte de las instituciones por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la comunidad. Punto 3: Gozará de respeto y protección la lengua gallega en los lugares en que habitualmente se utilice. Pues bien, este reconocimiento explícito en el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, acordado entre el Partido Socialista y el Partido Popular, es posible para dicho Estatuto pero no es posible explicitarlo en la reforma del de Aragón. Por este motivo nosotros mantenemos viva la enmienda 220, porque no podemos entender, sinceramente, cómo aprobaremos un Estatuto que habla de lenguas oficiales sin especificar cuáles son estas y que no quiere reconocer la riqueza de la existencia del aragonés y de una comunidad, como mínimo y a la baja, de 70.000 personas catalanohablantes en una comunidad autónoma que tiene 1.300.000 habitantes.


Señorías, voy terminando y lo hago continuando con el hilo de conducta de este grupo parlamentario, que es el de respeto a las propuestas de otras comunidades autónomas; de respeto, pero también de deseo de que cada comunidad autónoma haga propuestas y exprese su ambición de autogobierno en función de sus propios intereses y no en función de la afirmación en comparación con otras comunidades autónomas. Durante esta legislatura hemos tenido ejemplos constructivos de

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reformas estatutarias en función de las necesidades y de los intereses concretos de los ciudadanos, pero también hemos tenido debates en los cuales la redacción de un Estatuto de Autonomía ha estado muy condicionada por otros que se han aprobado. Hoy mismo, en el debate de este Estatuto de Autonomía, también se han invocado otros. Creemos que es positivo que no se practique el mimetismo y que cada uno de los territorios exprese la ambición de su autogobierno en función de sus necesidades, afirmándose por sí mismo y no por comparación con otros.


El que fuera ministro de Hacienda de UCD desde el año 1979 hasta el año 1982, por cierto, aragonés, Jaime García Añoveros, a luz de las reformas estatutarias, escribió en el año 1996 un artículo en el que venía a decir: Estamos construyendo un Estado de las autonomías expresión de la voluntad de los distintos territorios, pero también estamos construyendo un Estado de las autonomías con una vocación autonomista por arrastre.
Señorías, sería muy bueno que no avanzáramos por el camino de lo que García Añoveros definía como el autonomismo por arrastre; autonomismo por arrastre que tiene su expresión..., quería decir sublime, pero no tiene nada de sublime, sino seguramente bastante dolosa jurídicamente, la llamada cláusula Camps, aquella que dice que lo que aprueben otras comunidades autónomas automáticamente se tiene que incorporar en las competencias de la Comunidad Autónoma Valenciana. Insisto, no nos afirmemos en nuestra vocación de autogobierno en función de los otros sino por la propia vocación de autogobierno. Intentemos alejarnos de lo que García Añoveros definía como el autonomismo por arrastre porque esto, al final, no es bueno para la construcción sensata del Estado de las autonomías.


Señorías, en el debate inicial de la toma en consideración del Estatuto, los tres comisionados que intervinieron en nombre del Parlamento de Aragón, entre ellos el propio presidente del Parlamento de Aragón, expresaban el deseo de que con la aprobación de este Estatuto, Aragón consiguiera tener un Estatuto de primera. Expresaban una voluntad política, pero también algo que va más allá, casi un sentimiento de que Aragón tuviera un Estatuto de primera. Pues bien, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que no va a negar nunca a otras comunidades autónomas aquello que ha pedido para Cataluña o aquello que es la expresión de vocación de autogobierno para Cataluña, desea y espera que con la aprobación de este Estatuto los aragoneses y las aragonesas tengan ese sentimiento de tener un Estatuto de primera.


Nosotros vamos a votar afirmativamente el conjunto del texto, pero también es cierto, señorías, que vamos a pedir votación separada del artículo 7, que vamos a votar en contra como una expresión, creo que bastante sensata, de la excepcionalidad de la aprobación de un Estatuto que habla de lenguas oficiales pero que no explicita cuáles son estas. El Partido Socialista, el Partido Popular y otros partidos que han conseguido llegar a un acuerdo para explicitar el leonés o el gallego en la reforma del Estatuto de Castilla y León, parece que no han tenido -si se me permite la expresión- el coraje de llegar a este acuerdo en la redacción de este Estatuto. Y no queremos generar ningún tipo de tensión territorial ni de anticatalanismo ni de confrontación entre territorios, pero no queremos pensar que ningún partido político de las Cortes de Aragón o de las Cortes Generales haya expresado algún tipo de veto a la aprobación de esta enmienda número 220, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En todo caso, nuestro voto será favorable al conjunto del texto.
Felicitamos a la gente de Aragón por la aprobación de esta profundización en el incremento de su autogobierno en el marco de esta segunda gran ola de reformas de los estatutos que se está viviendo durante esta legislatura.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Xuclà. Muchas gracias.


Señorías, pasamos a abrir el turno de fijación de posiciones. Comenzaremos con el señor Mardones, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor presidente del Gobierno, señora vicepresidenta, señoras y señores representantes de las instituciones autonómicas de Aragón, su Gobierno y sus Cortes, mis respetos desde mi Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, grupo ultraperiférico, como nos define la Unión Europea en el Tratado de Ámsterdam, pero en este caso muy cercano e íntimamente ligado a los legítimos y democráticos intereses de Aragón y de todos sus ciudadanos en el debate que hoy nos reúne aquí.


Comenzaré por dar una explicación de por qué el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, a pesar de la distancia geográfica, que no política, pero sí entrañablemente humana y respetuosa, suscribió plenamente las enmiendas coincidentes que entraron en la Cámara tanto del Grupo Socialista como del Grupo Popular y del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. A eso se sumó con gran complacencia y comodidad el Grupo de Coalición Canaria porque quisimos dar una muestra de aprecio y de identidad al Partido Aragonés y a la petición que su senador, el señor Mur, nos hizo. Nos sentimos orgullosos de haberlo asumido porque hubiera sido una intromisión improcedente que desde una comunidad autónoma con las peculiaridades ultraperiféricas e insulares de nuestro archipiélago, allá en el Atlántico, se hubiera enmendado la plana a una institución autonómica del Reino de Aragón.


Fue un motivo de satisfacción dar nuestro voto favorable a las enmiendas comunes que presentamos en ponencia y en Comisión. Hemos dado una muestra de

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solidaridad en este sentido; en el sentido de una doctrina que muchas veces hemos compartido los que procedemos de la transición, como el presidente de la Comisión Constitucional, don Alfonso Guerra, en esa para nosotros importante memoria histórica, no tan solo la de hace setenta años sino también la de hace treinta, la de la transición, en la que se fraguó el instrumento inicial que tuvo Aragón en su Ley 8/1982, su primer Estatuto de Autonomía aprobado en ese año también de transición, en el que se pasó del Gobierno de UCD al Gobierno del Partido Socialista. Hoy tenemos la satisfacción de estar aprobando un Estatuto compuesto de 115 artículos y disposiciones complementarias.


Quiero fijarme en aspectos no solamente competenciales -eso ya lo hicimos en los trámites de ponencia y de Comisión-, con la comodidad de estar compartiendo enmiendas con el Grupo Socialista, el Grupo Popular y el Grupo de Izquierda Unida, salvo las que han presentado hoy aquí, a las que mi grupo votará en contra por coherencia con lo que ha permitido la comodidad que también sentía con el Partido Aragonés de estar actuando como un conciliador entre las dos grandes fuerzas políticas estatales -PSOE y Partido Popular- y que ahí se sumara un partido de ámbito exclusivamente regional como es el Partido Aragonés. Habiendo esta coincidencia de textos, hay que resaltar fundamentalmente aquellos valores que incardinan la armonía que hemos buscado en la Comisión Constitucional, como bien sabe usted, señor presidente, señor Guerra, que es compaginar el título VIII de la Constitución, que reserva para las comunidades autónomas la España autonómica con los derechos generales de los ciudadanos españoles y la armonización en la base fundamental constitucional. Apoyando el Estatuto de Autonomía de Aragón, al sustituir no solamente al originario, el de 8/1982, sino las modificaciones que por ley orgánica se hicieron en 1994 y 1996 y en las disposiciones quinta y sexta de esta legislación orgánica, veníamos a reconocer unos principios fundamentales, que se han escalonado muy bien en el Estatuto de Autonomía de Aragón que hoy debatimos: el nivel de la comunidad autónoma, iniciado por supuesto en los municipios de Aragón; el nivel de la Constitución española; el nivel del territorio nacional común y el nivel europeo, haciendo una manifestación de pertenencia a la unidad de la Unión Europea. Esto da un valor de actualización de estos principios fundamentales.


Entramos en la definición fundamental que por un lado está en la base, en los ciudadanos: a quiénes se les define como aragoneses. Había subido a la tribuna solamente para hacer la referencia literal e histórica de lo que se incluye fundamentalmente en el artículo 4, condición política de aragonés, que es cualquier ciudadano español que resida en Aragón. Es una compatibilidad fundamental, es un binomio que define el todo y la parte de que son aragoneses quienes están residenciados, a través de un municipio, en el territorio de la comunidad de Aragón. Aquellos españoles con cualquier procedencia de nacimiento que figure en su documento nacional de identidad en el acto de la relación territorial con el empadronamiento municipal adquieren esta condición y los derechos que en el artículo 6, derechos y libertades, se reconoce a los aragoneses, basándonos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en el respeto a los derechos humanos y todo el acervo de valores legislativos que hay en la Unión Europea. Queda la gran definición, la definición política y constitucional de Aragón, de lo que muchas veces en la historia hemos llamado el Reino de Aragón y ahora llamamos Comunidad Autónoma de Aragón, es decir su nacionalidad histórica. Desde el primer momento que preparaba las notas y haciendo un gran repaso de la memoria histórica general, cómo le vamos a discutir a Aragón un concepto de nacionalidad histórica en esta sala. Al amparo de esta gran estatua del rey don Fernando de Aragón y en unas placas que había en el siglo XIX -se perdió la costumbre y faltan dos laterales en la iconografía de este extraordinario Hemiciclo- cómo se le va a negar una personalidad histórica, una nacionalidad histórica a quien tiene en su historia al general Palafox -en esa placa que está ahí- y a don Juan de Lanuza, el quinto Justicia de Aragón, el hombre que tuvo que sufrir la mayor de las injusticias, que lo decapitara el rey don Felipe II. Hay que recordar la gran defensa que Juan de Lanuza hizo de los Fueros de Aragón, cuando de Madrid huyó el secretario del rey, Antonio Pérez, refugiándose al amparo del derecho foral aragonés, frente a un pueblo aragonés que fue el primero que trató de impedir la salida del ex secretario del rey por una cuestión de fuero pero anticipadísima de derechos humanos. El poder imperial metió al ejército porque, al utilizar la artimaña de declarar a su ex secretario remiso a la doctrina católica -un auténtico hereje-, el rey hacía una superposición de poderes, ya que interpretaba - estaba en la ley de entonces- que el Tribunal de la Inquisición -con el que quería Felipe II juzgar a su ex secretario- era de categoría y de rango superior al del Tribunal de Justicia Mayor de Aragón. Juan de Lanuza pagó con su vida tras la entrada de los ejércitos imperiales. Que en la historia de España no vuelva a haber más entrada de ejércitos imperiales ni de otro tipo para sojuzgar las libertades de nuestro pueblo, que quiere tener ese aforamiento en la base constitucional, en la base de los derechos humanos, en la base del reconocimiento histórico.


Desde mi modesto partido de Coalición Canaria, pero con la misma igualdad de derechos y obligaciones en el sistema democrático español, va nuestro voto de apoyo a esas ilusiones de hoy, y tanto la Administración autonómica como la Administración General del Estado -representada aquí hoy por nuestro presidente de Gobierno y la señora vicepresidenta- transmiten una imagen muy sensata y muy tranquilizadora, que ojalá una y otra vez la tuviéramos todos los días en nuestro debate político. Valga por la democracia para España y para Aragón.


Muchísimas gracias, señoría.


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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.


Continuamos, señorías, con el turno de fijación de posiciones. Señor Pintado en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señora presidenta.


Expreso una salutación especial para la delegación aragonesa que hoy nos acompaña, con el presidente de las Cortes y el presidente del Gobierno de Aragón a la cabeza, y un saludo también para el presidente de la Comisión Constitucional que ha trabajado en la reforma del Estatuto Aragón. Quiero agradecer a los ponentes de las Cortes de Aragón que hoy se encuentran entre nosotros el trabajo desarrollado durante toda la fase de ponencia tanto en Aragón como en las negociaciones previas que se han desarrollado en el marco de este Parlamento, negociaciones que han adquirido el marchamo de una autonomía del artículo 151 en aras del trabajo que se ha realizado. También lógicamente deseo agradecer los trabajos de todos los miembros de la ponencia del Congreso de los Diputados, de la propia Comisión Constitucional, del señor letrado que nos ha asistido en los trabajos y de los miembros del Gobierno que participaron en las negociaciones previas a la fase de ponencia.


Señorías, un estatuto no es un fin en sí mismo, es un instrumento de trabajo para dotar a los poderes públicos de la facultad de ejecutar una acción política basada en el marco de las competencias reconocidas. Esa acción debe venir marcada por el interés de los ciudadanos y estos deben exigir a los responsables políticos el esfuerzo, rigor y voluntad política plasmada en hechos concretos que busquen permanentemente el interés general, el cual debe dedicarse especialmente a la protección en mayor medida de aquellos que más dificultades tienen en la solución de sus problemas cotidianos. Un elemento a destacar, labor perenne de todo gobernante, es la búsqueda de la convivencia. Desde el Partido Popular deseamos y esperamos que ese Estatuto contribuya de forma neta a la armonía de las instituciones con todos los ciudadanos aragoneses. El valor del consenso es una de las grandes virtudes de este Estatuto. Quizá su proceso de elaboración y negociación posterior, sin sobresaltos, sin acciones rocambolescas, le ha mermado presencia pública, pero este es un buen dato ya que permite englobar a una gran mayoría dentro de lo que es un proyecto cómodo. Consenso en el marco del Estatuto no supone cheque en blanco a la acción del Gobierno que todavía, como es el caso, tiene muchas asignaturas pendientes, tal como se comprueba por las preocupaciones de los aragoneses cuando ya está próximo el fin de esta legislatura. Este es un Estatuto que huye del modelo intervencionista, es un Estatuto que cree en la libertad de los ciudadanos, un Estatuto para los aragoneses dentro del marco de la Constitución, dentro de España; un Estatuto que se ajusta al modelo de descentralización que emana de nuestra Carta Magna. Quizá sea este sea un buen día para hacer alguna reflexión de carácter interno. ¿Tienen verdadero interés los ciudadanos por la reforma de los estatutos? A tenor de los datos de que disponemos, parece ser que los ciudadanos de nuestro país y también lógicamente los aragoneses no han visto en las reformas estatutarias una necesidad de primer orden. Las preocupaciones de los aragoneses están mucho más próximas a las necesidades reales de cada día: empleo, comunicaciones, sanidad, educación, siguen siendo verdaderos elementos de preocupación.
Corremos el riego, señorías, de iniciar debates y trabajos que resulten estériles desde el punto de vista de la ciudadanía, y en esto elevo una crítica al Gobierno de la nación cuando de forma reiterada y machacona hace referencia a las demandas de los ciudadanos en esa dirección. Los argumentos utilizados responden a la necesidad de una justificación y caen por sí mismos al ver la participación en los referéndums convocados o en las necesidades que apuntan las últimas encuestas realizadas.


Sobre las virtudes de este Estatuto quisiera destacar el esfuerzo hecho por todas las fuerzas políticas para conseguir acuerdos. Han sido muchas horas de reunión que han dado su fruto con este texto que hoy sometemos al Pleno del Congreso. Debemos reconocer de nuevo el trabajo elaborado por los representantes de las Cortes de Aragón que han facilitado el entendimiento desde planteamientos rigurosos y no exentos de fortaleza.
Esto se ha traducido en la asunción de la mayoría de preceptos propuestos por el Parlamento de Aragón. Lógicamente se han introducido modificaciones, como es labor de esta Cámara, que afectan al ajuste del régimen competencial, la conciliación de alguna disposición a nuestra Constitución y la adecuación del sistema de financiación, en un intento de homogeneización entre las comunidades autónomas. Esta posición de coherencia en la propuesta que emana de las Cortes de Aragón, ha hecho posible el trabajo final que hoy presentamos. ¿Se puede denominar como trato de favor? No, más bien rigor y profesionalidad. Considero muy importante el papel de las fuerzas políticas aragonesas, pero permítanme destacar la lealtad del Partido Popular en Aragón como labor imprescindible en la canalización de los acuerdos conseguidos.


Señorías, la historia de Aragón es rica en acontecimientos. Quisiera hoy destacar el amplio legado de nuestras costumbres reflejadas en el derecho civil; asuntos de familia, de contratos entre partes, han supuesto un acuerdo que hoy se mantiene y que supone una clave de identidad para los aragoneses. No es cuestión menor, habida cuenta de las materias que estamos regulando en esta reforma de Estatuto. Tal como se manifiesta en el preámbulo del nuevo Estatuto de Aragón, su derecho foral es seña de su identidad y de su historia -ya decía Costa que Aragón se define por su derecho-, tradición histórica que marca el carácter pactista de los aragoneses y que hunde sus raíces en la protección de los derechos de las personas en relación con la familia. Aragón, tierra abierta y nexo de unión

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entre pueblos de España, ha jugado un papel preponderante que ahora aspira a consolidar en su situación privilegiada como punta de lanza de la integración europea. Les recuerdo que Aragón linda con seis comunidades autónomas de España y con Francia. Somos miembros de una comunidad internacional en continuo progreso donde las barreras económicas, culturales y políticas se van desmantelando. Es una necesidad urgente que las barreras naturales, propiciadas por el impresionante Pirineo, puedan abrirse. Para ello se necesita toda la voluntad del Gobierno de la nación, no solo en materia de esfuerzo económico para desarrollar las diversas infraestructuras ya diseñadas, sino a través de una política exterior que sea capaz de convencer y poner en valor las oportunidades que para el conjunto de los ciudadanos representan estas acciones. La vocación europeísta se refleja en este Estatuto no como un símbolo por su frontera, sino como un vector de trabajo que debería estar en la agenda permanente de los políticos aragoneses y en las mesas de negociación del Estado. El Partido Popular ha trabajado y seguirá en esta misma dirección para aunar criterios y poner en juego toda la presión política en la obtención de este objetivo que es irrenunciable. Señorías, existen razones históricas de buena vecindad que pretendemos mantener y potenciar en el futuro. Muchos hijos aragoneses, por circunstancias de la época, emigraron a otros territorios vecinos. Cataluña, Valencia o Madrid fueron el destino de gentes que tuvieron oportunidades de reorientar su vida para crear una familia y hacer su vida en los nuevos territorios, no como un apéndice, sino integrados, miembros de un cuerpo social y económico que ha respetado el carácter, tradición y cultura de los aragoneses.
Estos aragoneses -es justo recordarlo- han contribuido al crecimiento económico y social de su tierra de acogida, cooperando mano a mano en el fortalecimiento económico, cultural y social de los pueblos de España.
Esta es la concepción que debería sobresalir y que nos debería servir como acicate diario en la brega por unir voluntades. La convivencia entre los pueblos y sus gentes es un valor en sí mismo, deber de todo gobernante que tiene que combinar las legítimas aspiraciones de los ciudadanos en armonía con el marco de actuación que nos da nuestra Constitución. Señorías, desde la aprobación de nuestra Constitución se han dado pasos significativos en el proceso de descentralización previsto en ella. El Grupo Popular entiende que ese proceso descentralizador necesita su traslado real a los ciudadanos. No podemos obviar la necesaria descentralización hacia las competencias municipales como institución más próxima al ciudadano. En el caso aragonés, territorio amplio y poco poblado, este es un factor que recoge esta reforma estatutaria para ponderar los costes diferenciados derivados de su propia orografía. Se hace preciso establecer una verdadera descentralización de servicios que materialice la atención ciudadana y dote de poder de decisión a estas administraciones. Rompemos una lanza en aras de la participación y de la apertura a nuevas fórmulas de gestión desde el papel de la iniciativa privada que puedan dar solución real y duradera a problemas endémicos a los que la Administración no es capaz de dar solución.


Libertad y responsabilidad. El Partido Popular cree en la persona. Este planteamiento choca con quienes piensan que las administraciones públicas deben dar solución a todos los problemas de la población. Este Estatuto establece un mandato a los poderes públicos en esa dirección; buena oportunidad para desarrollarlo. Una nueva mentalidad abierta a la participación de la sociedad civil, armonizada con la irrenunciable actuación de los poderes públicos como garantía de derechos y libertades, debe conseguir la mayor eficacia en el desarrollo de nuestros pueblos y en la búsqueda de soluciones. Los deberes y derechos recogidos en el Estatuto que hoy sometemos al Pleno del Congreso son los establecidos en la Constitución, los reseñados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los establecidos en el ámbito de la comunidad autónoma por este Estatuto. Los derechos de la persona a vivir con dignidad y al libre desarrollo de su personalidad y capacidad, conjugados con los derechos a la cultura, salud y participación constituyen un buen elenco en el que los poderes públicos necesitan estar vigilantes, al tiempo que promueven las condiciones básicas para su libre ejercicio.


Quisiera detenerme, señorías, aun de forma breve, en el aspecto de la familia. Los derechos derivados de la concepción del derecho propio aragonés hacen referencia explícita a los postulados que vienen de antaño. Nunca se ha hablado tanto de familia como en los últimos años. La concepción como célula básica de nuestra sociedad viene avalada por el papel que siempre ha jugado en la estabilidad de nuestros pueblos.
Apoyemos decididamente esa cadena de solidaridad que es la familia. Más persona y menos intervencionismo, más familia y menos Estado.


En el capítulo de educación, necesitamos una educación de calidad. El esfuerzo, la motivación y la exigencia se muestran claves para recuperar el prestigio de este sector fundamental en el desarrollo de las gentes de un país. El papel de los padres como principales educadores de sus hijos, la libertad de elección de centro educativo y la necesaria autoridad de los profesores en las aulas se hacen imprescindibles en la acción del nuevo gobierno. Este planteamiento que el Grupo Popular defiende encierra una concepción de la educación desde un prisma de la calidad educativa, basada en el respeto, en el esfuerzo y en la motivación de alumnos y profesores. Los jóvenes que hoy tenemos en estas aulas son los constructores de la nación del mañana. En este sentido, desde el Grupo Popular apelamos a la responsabilidad, apostando por la puesta en marcha de los mecanismos de los que nos dota el presente Estatuto, para que prime la pluralidad y el compromiso firme de salvaguardar los derechos y deberes de los padres con relación a la educación de sus hijos, al tiempo que se restablece la autoridad y el respeto en las aulas.


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Sobre el empleo y el trabajo, promover el mismo como pleno empleo es objetivo importante de este Estatuto. Toda acción de Gobierno en materia de empleo debe estar encaminada a la mejora de las condiciones para la libre iniciativa de los ciudadanos. Los esfuerzos en investigación y desarrollo se muestran vitales para asumir los cambios que nuestra economía precisa. En este sentido, la universidad debe esta orientada a una verdadera transferencia tecnológica en la aplicación de los programas a desarrollar, reto importante para el devenir de nuestro futuro próximo.
Un riesgo actual es la acción pública fiscalizadora, con un intervencionismo desmedido que expulsa continuamente a los emprendedores, que contemplan con impotencia el cúmulo de requisitos administrativos en la labor cotidiana en el mundo empresarial. Esa mentalidad intervencionista empequeñece la acción de las personas y hace perder innumerables esfuerzos, especialmente de gente joven que abandona su proyecto y busca refugio en actividades sin riesgo cuando no al calor de la Administración. Dice un aforismo chino que gobierna mejor quien gobierna menos. En definitiva, no solo con dinero se crea riqueza, sino con ideas y capacidad de trabajo. Ese es nuestro reto, y el Partido Popular ha sido capaz de demostrarlo cuando ha tenido la responsabilidad de Gobierno.


Señorías, este Estatuto contempla la realidad de la despoblación aragonesa. Consideramos que merece la pena hacer todos los esfuerzos necesarios en pro de un verdadero equilibrio territorial. En ese sentido, apelamos al necesario apoyo a nuestra agricultura, que atraviesa por una crisis de relevo generacional debida en muchos casos a las incertidumbres generadas. No se puede tirar por la borda el sacrificio de miles de familias, que son las que mantienen el mundo rural y el medio ambiente, que ven mermadas sus posibilidades de crecimiento económico ante la falta de garantías en las inversiones necesarias para el mantenimiento de sus explotaciones.


Me detendré, señorías, en las enmiendas que en la actualidad quedan vivas y que han defendido anteriormente distintos portavoces. Sobre la materia de lenguas, este Estatuto recoge las lenguas y las modalidades lingüísticas de Aragón, aunque no las desarrolla, tal y como pretende algún grupo de la Cámara remitiendo su desarrollo a una ley de lenguas en las Cortes de Aragón. Las lenguas en Aragón son y han sido un tema pacífico. Todos conocemos que la lengua forma parte de la identidad de los pueblos. En Aragón han convivido pacíficamente los distintos usos que con el tiempo se han consolidado. El respeto y protección es un deber de los poderes públicos aragoneses, que han creado disposiciones para dotar de medios materiales y humanos que garantizan su uso correcto. El Grupo Popular entiende, tal y como reflejamos anteriormente, que la convivencia también en materia de lengua debe estar garantizada entre las personas que viven en los distintos territorios que conforman el Estado.
Concebimos la diversidad lingüística en el marco de la unidad de un rico patrimonio común, de una herencia cultural por la que seguimos trabajando para garantizar el uso y protección. Señorías, el Partido Popular considera que hoy no cabe forzar situaciones que a buen seguro tendrán respuesta a través de los mecanismos previstos en este Estatuto.


El Archivo General de la Corona de Aragón, tras varios años de reclamación de su constitución, hoy es una realidad. La garantía de participación de las comunidades autónomas y del Estado ha de promover el mantenimiento de la unidad del legado de nuestro historia común. Juzgamos que este paso supone la aceptación de unas reglas de juego que permitan un normal desarrollo de la gestión del archivo. De todos es conocida la pretensión de deslindar documentos en función de su procedencia, provocando su separación, que de hecho supone no servir al interés general, que debe presidir toda gestión de un archivo. ¿Qué sucederá? No pretendemos ser pesimistas y apelamos vivamente a la responsabilidad y grandeza de la visión de la historia en unión de voluntades que permitan valorar en su verdadera medida el alcance de este archivo, que no solo pertenece a Aragón, a Cataluña, a Valencia y a Baleares, sino al conjunto de todos los españoles. Como podrán comprobar SS.SS., especialmente el señor Tardà -aunque no nos acompaña en estos momentos-, el espíritu que preside esta intervención es de mano tendida y de vocación de pacto; ahora bien, no se equivoquen en su actuación, ya que consideraríamos que en estos tiempos de globalización, de apertura al mundo, a otras culturas, la mejor garantía de salvaguardar nuestro pasado común es la defensa conjunta de nuestra identidad dentro del marco de la lealtad constitucional.


Sobre el aspecto de la financiación, en cuanto a la eficacia de la aplicación y los criterios acordes con las características de Aragón, se va a determinar por su esfuerzo fiscal, por su estructura territorial, poblacional, especialmente en cuanto al envejecimiento, la dispersión y la baja densidad de población, así como por los desequilibrios territoriales. Todos somos conscientes de esta diversidad de factores, que hacen necesario contar con ellos a la hora de programar los diversos planes que hagan efectiva la obtención de los objetivos establecidos.
Sobre los derechos históricos, como manifestamos en fase de ponencia y de Comisión, es una disposición heredera del Estatuto de 1982 y que, tal y como manifestamos en esa fase, nuestra posición se enmarca en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que nosotros hemos asumido y cuya modificación no es necesaria.


Me referiré ahora al agua en Aragón y en este Estatuto. A quién no preocupa hoy el agua; no es un asunto que afecte exclusivamente a nuestro país. El buen uso del recurso agua es una exigencia en la que se determina el futuro de nuestros territorios. Hemos conseguido en fase de ponencia mejorar el texto original que las Cortes aragonesas habían remitido. El Partido Popular nunca ha renunciado a desarrollar un aprovechamiento racional del recurso agua. La mención a una reserva estratégica no es un capricho, una invención de los aragoneses; es el fruto de la planificación hidrológica que determina las

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necesidades de utilización del agua. El señor Labordeta ha pasado en pocas semanas de decir que la reserva estratégica era un error a decir ahora que no sirve para nada. Los ríos no son fábricas de producción de agua.
Los condicionamientos de su aprovechamiento efectivo descansan en la aplicación de la vigente Ley de Aguas, donde se refiere a la planificación como elemento sustancial de crecimiento económico y medioambiental de los territorios y sus gentes. Señorías, nuestra nación necesita regular sus ríos. Ya nos gustaría poder hacer política hidráulica como en el norte de Europa. Ustedes deberían ser conscientes de que las características de nuestros ríos son muy diferentes a las de aquellos. Las aportaciones al régimen natural de los ríos en Europa permiten un aprovechamiento directo casi durante todo el año, lo que en nuestro país es prácticamente imposible al dotarse las aportaciones en periodos muy cortos. Si no somos capaces de retener el agua durante las épocas en que discurren por nuestros ríos, no podremos usarla y estará depositada en el mar. Hablando de agua y de Aragón, hay una cuestión que preocupa sobremanera a los aragoneses, independientemente de la aprobación de este Estatuto, y sería interesante que el Gobierno en el trámite oportuno diera explicaciones de lo que puede suponer que sucedería si al final se aprueba una nueva regulación para los vertidos ecológicos medioambientales en el delta del Ebro. Esas propuestas que hasta ahora están llegando a través de filtraciones a los medios de comunicación de multiplicar por tres o por cuatro la actual dotación de 3.150 hectómetros cúbicos hipotecaría necesariamente toda la gestión, toda la planificación de la cuenca del Ebro. También se rompería con el principio de unidad de cuenca, por lo que el Partido Popular va a estar muy atento a la salvaguarda de los intereses de la concepción de la cuenca como tal.


Señorías, termino diciendo que el Grupo Popular cree que hemos elaborado un Estatuto importante, que refleja sin ambages la lealtad constitucional y la solidaridad con todos los españoles es garantía de su crecimiento económico. Aragón no es solo miembro de nuestra nación española, sino parte inseparable de ella. Reitero mi agradecimiento a todas las fuerzas políticas que hoy se suman a este Estatuto, reconociendo a todos las aportaciones que han realizado. Señorías, el Grupo Popular asumió el trabajo de reformar el Estatuto de Aragón con vocación de servicio, en la defensa de los valores y principios universales que comparte con todos los españoles, como son la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo, la solidaridad y el respeto a los derechos fundamentales.
Deseamos que este Estatuto sirva para hacer más Aragón dentro de España.
Confiamos haberlo conseguido en aras de la convivencia y de un mejor futuro.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señor Pintado.


Finalizamos, señorías, con el turno de fijación de posición del Grupo Parlamentario Socialista. Será el señor Membrado quien en su nombre tome la palabra.


Cuando quiera, señor Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a la delegación aragonesa, al presidente del Gobierno de la comunidad autónoma, al presidente de las Cortes, a la vicepresidenta y a las distintas autoridades que han querido acompañarnos hoy, un día importante para nuestro territorio, para nuestra comunidad, ya que un nuevo Estatuto va a ser la base sobre la cual vamos a ir trabajando en los próximos años; un nuevo Estatuto de autonomía, no una reforma del mismo, que arranca del mandato que en marzo de 2003 tomaron las Cortes de Aragón, asumiendo por unanimidad la necesidad de elaborar un texto que nos permitiera profundizar en nuestro autogobierno. Pues bien, tras casi 25 años de la aprobación del primer Estatuto, que nos permitió a los aragoneses recuperar las instituciones de autogobierno, el Estatuto que hoy aprobamos viene avalado por un alto consenso, ya que no tuvo en su tramitación en Aragón ningún voto en contra y contó con el apoyo de 58 diputados y diputadas y nueve abstenciones. Los cambios para mejorar que se han producido a lo largo del debate previo en Comisión y en ponencia parece que han impulsado a algunos a cambiar la abstención por un rechazo del mismo; no lo entendemos. En estos veinticinco años hemos transitado en el Estado de las autonomías por el camino más lento, teniendo que esperar durante mucho tiempo competencias que veíamos se estaban desarrollando en otros territorios, situación que generó no pocas frustraciones en la sociedad aragonesa. Ahora bien, a pesar de ello, señorías, nuestra región ha experimentado un cambio profundo en todos los cambios y ha revalorizado su papel político en el conjunto del país.
Podemos decir que para los aragoneses hablar de autonomía significa hablar de bienestar, puesto que en este periodo multiplicamos por nueve el producto interior bruto. Tenemos pleno empleo masculino frente al 10 por ciento de paro en aquella época, tenemos 200.000 empleados más, en los últimos diez años se ha doblado la renta per cápita en nuestros territorios y hay el doble de mujeres ocupadas hoy en Aragón. Por eso decimos que tenemos unas expectativas de desarrollo importantes para nuestra tierra, a pesar de la vía lenta de nuestro antiguo Estatuto.
Señorías, la autonomía política sienta bien a los aragoneses, porque nos ha permitido mejorar nuestra calidad de vida. Han sido años de crecimiento económico en el país, en todo el país, lo que nos puede dar la lectura de cómo el Estado autonómico no separa a los pueblos de España, sino que ha aproximado rentas y derechos de ciudadanía comunes a todos los españoles, como nunca se había hecho hasta ahora. La imagen de que estas reformas no interesan y la consecuencia podría ser el que no hay que seguir con ellas, creo que está en contradicción con el crecimiento y con el papel que juegan las

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autonomías en el conjunto del Estado. El debate que tanto en ponencia como en Comisión hemos realizado ha tenido como objetivo respetar al máximo la voluntad de las Cortes aragonesas para aprovechar el trabajo de consenso y respeto constitucional que se desarrolló en su seno. El debate ha sido positivo y en gran parte enriquecedor. El texto que hoy tenemos se ha mejorado en el contenido y también en su estructuración. Sin duda, señorías, la labor de la delegación aragonesa en las distintas reuniones mantenidas con la representación de los grupos de la Cámara, ha sido determinante para ello. Su permanente constancia en la defensa de los textos traídos de Aragón nos ha permitido incluso mejorarlos, como les decía anteriormente.


Señorías, este es un Estatuto de plena autonomía, de primer nivel y del máximo autogobierno; un Estatuto que refleja la expresión de nuestra manera de ser, aragoneses y españoles, sin complejos, que nos sentimos cómodos en España y en Europa, que poseemos nuestra identidad cultural e histórica como parte del ser aragonés. Este es el Estatuto que garantiza a los aragoneses el autogobierno que estábamos necesitando para asegurar el futuro de Aragón. Son muchos los argumentos y razones para realizar estas afirmaciones y, entre otras que quisiéramos resaltar para revalorizar el papel del nuevo Estatuto del que nos vamos a dotar hoy, simplemente voy a hacer referencia a diez de ellas, pero se podría hacer a otras muchas.


La primera, el Estatuto recoge una definición precisa de nuestros aspectos históricos e identitarios, tanto en el preámbulo como en el artículo 1.
La historia de nuestras instituciones y el papel que como reino jugamos en los avatares de este país queda sintetizado en él. No necesitamos hacer una relación de la lista de los reyes godos en el preámbulo para decir que tenemos historia, porque la historia que tenemos en nuestro territorio está marcada por la defensa de las libertades y por la defensa de la dignidad.


La segunda, porque mejora el autogobierno. Esto significa mejorar las competencias que, distribuidas en función de su relación con el Estado, nos dice que tenemos 63 competencias exclusivas, 12 compartidas y 14 ejecutivas. El modelo competencial reflejado en este Estatuto nos iguala con cualquier otra comunidad o Estatuto recientemente reformado, porque las competencias no son más o menos en función del listado que se ponga, sino del derecho a su aplicación, a su desarrollo que el propio Estatuto nos confiere. Decir que faltan 12, señor Labordeta, ¿por qué 12 y no 18, ó 32 ó 43? En estos momentos no estamos debatiendo sobre el número de competencias que tenemos o echamos a faltar, sino que estamos debatiendo sobre el derecho de desarrollar aquellas competencias que sean necesarias para nuestras comunidad autónoma, y eso lo determina perfectamente el Estatuto.


La tercera, porque el Estatuto recoge una amplia regulación de nuestros derechos y de nuestros deberes, que sin alterar los derechos de todos los españoles, reflejan el sentir de nuestra sociedad; una sociedad moderna, que quiere ver plasmado en su Estatuto los deberes y los derechos respecto de la cultura, respecto de la salud, como consumidores y usuarios y en relación con el medio ambiente o con el agua.


La cuarta, porque define una organización territorial e institucional, en consonancia con nuestra realidad aragonesa. Por un lado, las comarcas, el Consejo Local de Aragón y la Ley de Capitalidad, demanda del Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza, donde la CHA forma parte del Gobierno. Por otro lado, clarificando las competencias y atribuciones de las Cortes de Aragón, las del presidente, la posibilidad de la moción de censura y la posibilidad de la disolución de las Cortes. Todas ellas son mejoras y competencias no contempladas en anteriores estatutos.


La quinta, una organización de la justicia más autonómica y más eficiente con la creación del Consejo de Justicia de Aragón.


La sexta, una nueva regulación del derecho de la comunidad en la participación de los asuntos de la Unión Europea, a través del marco de relaciones con la Unión. Señorías, Aragón es la comunidad autónoma que tiene en estos momentos una frontera natural con Francia que no tiene la permeabilidad necesaria que sería buena para nuestra comunidad autónoma y para el conjunto del territorio. Estamos esperanzados de que esta nueva relación con Europa, a través del Gobierno de España, nos permita, nos posibilite solucionar un problema que indudablemente para los aragoneses es un problema muy sentido.


La séptima, con la participación nueva del Gobierno de Aragón en las tareas del Estado, a través de la Comisión bilateral de cooperación, y con la participación en instituciones y organismos estatales. Para nosotros eso es un impulso a la participación de Aragón en el ámbito del Estado y eso revaloriza el papel de nuestra comunidad autónoma, porque los aragoneses, señorías, somos pocos -lo sabemos-, pero no poco.


La octava, una nueva regulación económica y financiera, que ampliará nuestros recursos, posibilitando una Agencia Tributaria; estableciendo mecanismos de nivelación vinculados a los servicios públicos esenciales en el Estado del bienestar; potenciando el acuerdo bilateral económico-financiero; vinculando las inversiones estatales de infraestructura a la ponderación del territorio, la orografía y la situación fronteriza; planteando mecanismos para resolver deudas pendientes del Estado con Aragón y marcando un plazo de seis meses para la constitución de la Comisión mixta de asuntos económicos-financieros Estado-Comunidad Autónoma de Aragón. Señorías, las vías de financiación, sintéticamente reflejadas aquí, son semejantes a las de cualquier otra comunidad autónoma. La nuestra ha planteado sus criterios, al igual que otras, lo que en ningún caso significa una vinculación porcentual estricta o una cuantía que obligue al Estado, como algunos están diciendo. Para nosotros, señorías, la opción planteada a través de 30 enmiendas

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de Chunta Aragonesista, reivindicando el cupo y una deuda histórica de 5.000 millones de euros, nos parece más un brindis al sol, una justificación del rechazo del Estatuto, que una creencia en que eso es operativo, viable y posible en estos o en cualquier momento.


La novena, este Estatuto da un tratamiento especial a las políticas hidráulicas y las pone en valor como uno de los elementos fundamentales de nuestro desarrollo económico, garantizando nuestros derechos en relación con el agua y con la administración de la misma, así como el mantenimiento de una reserva de 6.550 hectómetros cúbicos en la planificación hidrológica de la cuenca. Este Estatuto garantiza que no podrán realizarse trasvases en contra de la voluntad de los aragoneses.
Se mire como se mire, esta es la verdad, la única verdad que dice el Estatuto que nos vamos a dotar hoy. Cualquier otra interpretación tiene como objetivo la confusión. No podrá haber ningún trasvase en contra de la opinión de los aragoneses, algo que hemos venido reivindicando, pidiendo y batallando en la calle y en las distintas instituciones a lo largo de los últimos años.


La décima, la lengua y las modalidades lingüísticas propias quedan salvaguardadas, señorías. Yo sé que hay una especial sensibilidad con este tema, no sé si por la labor de vecindad de algunos de los partidos que han intervenido anteriormente o, como para algunos, es esto una parte fundamental. Para nosotros, nuestras lenguas forman parte de nuestro patrimonio cultural e histórico, y no solamente eso, sino que estamos orgullosos de ello. Lógicamente, el desarrollo de la política lingüística en nuestra comunidad autónoma se hace, igual que el refrendo en el artículo 7 del Estatuto, sobre la base del máximo acuerdo posible para consensuar unos derechos salvaguardados por el artículo 7 que garantizan la obligación de desarrollar una futura ley de lenguas. Hoy, señorías, al igual que hace veinte años, estamos haciendo políticas lingüísticas para salvaguardar y potenciar nuestras lenguas. Hay buenos resultados, pero aquí, como casi todo lo que afecta a la cultura y a la tradición, es más importante avanzar con acuerdos que correr sin ellos. Señor Tardà, estoy seguro de que su sensibilidad por las lenguas, y en este caso por la lengua catalana en la Francha, le ha movido a hacer la intervención anteriormente escuchada. Quiero decirle que nosotros avanzamos lentamente, pero el consenso que tenemos responde fundamentalmente al sentido común. No nos fuerce a dejar de tenerlo con intervenciones como la que ha tenido anteriormente.


Señorías, aquí hay una norma estatutaria con 115 artículos fundamental para Aragón, con un alto grado de consenso, respetuosa con nuestra Constitución pero firme en sus competencias y contenidos, que dignifica a nuestro pueblo alcanzando una autonomía plena, que apuesta por nuestro futuro sin renunciar a nuestra historia y nuestro pasado, que pide más protagonismo en España aceptando su diversidad plural, y lo hacemos porque los aragoneses queremos una España en un siglo XXI que siga siendo democrática, descentralizada, abierta, europea y moderna, que siga los pasos de estos 25 años del Estado de las autonomías tan fructíferos para nuestro país y, por supuesto, para nuestra región.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señor Membrado. Muchas gracias a todos.


Les recuerdo, señorías, que la votación se realizará al final del debate de la última de las iniciativas del día de hoy.


-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 121/000060.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.


Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Muchas gracias, presidenta.


Señorías, es para mí un honor proceder en nombre del Gobierno a la presentación de este proyecto antes de la aprobación del dictamen de la Comisión por parte del Pleno de la Cámara, agradeciendo a los grupos políticos el trabajo realizado en la fase de negociación de las enmiendas y congratulándome muy especialmente del acuerdo alcanzado en la Comisión.
Es un proyecto cuyo objetivo, ayudar al Tribunal Constitucional a realizar mejor su trabajo, crucial para la propia vida de la Constitución y para la defensa de los derechos de los ciudadanos, justifica el esfuerzo realizado. Vamos a dotar al Tribunal Constitucional de mejores herramientas para la realización de su trabajo y al ciudadano más garantías para recibir respuesta en aquellos conflictos en que la Constitución está implicada. En definitiva, es un proyecto de un enorme contenido para que todo ese trabajo del Tribunal Constitucional tenga al final el fruto que todos deseamos. Todas ellas son medidas necesarias para paliar los problemas a los que ya en la actualidad se enfrenta el Tribunal. Reitero, por ello, nuestro agradecimiento por el buen trabajo realizado y por el esfuerzo negociador para llegar a acuerdos que todas las fuerzas políticas han mantenido.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


Comenzamos con los turnos a favor de las distintas enmiendas presentadas.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Lasagabaster.


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La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.


Como señalaba el ministro, lo que hace este importante proyecto de ley es modificar la ley que regula el Tribunal Constitucional y más sustancialmente una cuestión muy sensible porque afecta a los derechos de los ciudadanos, la regulación del recurso de amparo. A lo largo de muchos años se había producido una situación difícil para el Tribunal Constitucional con relación a una constante presentación de recursos de amparo que requería quizás una mejor regulación para que, de forma clara y garantista, se pudiera conocer de estos recursos de amparo pero que el Tribunal Constitucional pudiera reordenar algunas de sus funciones con relación a esta cuestión y cumplir adecuadamente en este tema, como señala la exposición de motivos, su propia misión constitucional. Es verdad que a lo largo de la tramitación de este proyecto de ley algunos grupos parlamentarios -me atrevo a decir que casi todos- entendíamos que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del año 1979 requería una serie de enmiendas o aportaciones, o al menos así lo entendíamos desde Eusko Alkartasuna, con relación a otra serie de cuestiones más allá del tema que se nos planteaba, temas muy importantes sobre la relación con las comunidades autónomas en sus distintas perspectivas o respecto al nombramiento o elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.


Dicho esto, todos los grupos parlamentarios planteamos una serie de iniciativas de distintas naturaleza. En nuestro caso -y son las enmiendas que quiero defender- había una cuestión que nos preocupaba tremendamente, lo que se regulaba en virtud del artículo 64, donde entendíamos que el hecho de que el Gobierno del Estado planteara un recurso y solicitara la suspensión de forma cuasi automática, se avenía realmente a esa suspensión cautelar, de alguna manera se puede interpretar de forma clara y en la práctica como un veto a cualquier norma autonómica que fuera objeto de un recurso; sin analizar cuál era la necesidad de esa suspensión, a continuación se efectuaba la suspensión casi automática y, por tanto, producía y sigue produciendo unos efectos y unos perjuicios importantes y un desequilibrio que no es necesario con relación a las distintas administraciones e instituciones, tanto Gobierno del Estado como las instituciones de las cuales se deriva la aprobación de una norma autonómica. Entendíamos que este es un tema que ya ha generado demasiados problemas a lo largo de muchos años y que había un momento de oportunidad para presentar una serie de enmiendas que resolvieran esta cuestión. Esta ha sido nuestra aportación. Es verdad que ha habido otros grupos parlamentarios que entendían que en la regulación de este proyecto de ley tenían que entrar otra serie de temas, como el conflicto negativo de competencias o la iniciativa a la hora de sugerir determinados candidatos para magistrados del Tribunal Constitucional. Nosotros vamos a votar afirmativamente esta serie de iniciativas. Ha habido dos iniciativas más; una, que no vamos a votar a favor, que eran las aportaciones en enmiendas planteadas por el Grupo Popular con relación a los recursos previos a los estatutos, con lo que no coincidimos, y unas enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco que, sin ningún lugar a dudas, vamos a votar positivamente porque responde a una unanimidad total y absoluta que ha habido y sigue habiendo en las juntas generales por parte de todos los grupos parlamentarios. Si uno mira lo que ha pasado en las juntas generales de Guipúzcoa observará que, curiosamente, lo mismo que hoy se pide por parte del Partido Nacionalista Vasco y que votamos algunas formaciones políticas en la Comisión Constitucional era pedido por la juntera del Partido Popular en Guipúzcoa, o lo mismo fue aprobado en Álava o en otros territorios, con lo cual uno no entiende cuál es el rechazo en la Comisión y en esta Cámara en este momento de tramitación parlamentaria de algunos grupos parlamentarios, singularmente el Grupo Socialista y el Grupo Popular, que hoy no estarían dispuestos a aprobar estas enmiendas. No es nada distinto de lo que piden todos los grupos parlamentarios en las distintas instituciones vascas, tanto en el Parlamento vasco como en las juntas generales de los distintos territorios. Además, y entrando en lo que ha sido el procedimiento y el proceso de tramitación de esta ley, algo que nos explico hace unos días el señor Jáuregui, agradeciéndole su explicación, no se entiende; le agradecemos su explicación, pero es incomprensible. Porque al interesarnos por cómo iba a ser el resultado final de este proyecto de ley -y lo digo claramente porque yo no he intervenido en esta negociación como portavoz de Eusko Alkartasuna ya que no eran mis enmiendas-, sí hemos trasladado desde el principio que, en la medida en que esta cuestión estaba planteada por parte de un grupo parlamentario en negociación con el grupo parlamentario mayoritario y también por parte de las instituciones y gobiernos correspondientes, era obvio que esta era una cuestión determinante para la votación y el voto que podríamos ofrecer al resultado final, al carácter orgánico de esta ley. A lo largo de la tramitación se nos ha ido diciendo que había voluntad política, que este tema iba a salir adelante, que solo quedaban pendientes unos flecos técnicos -que llamamos en argot parlamentario- pero que se iban a resolver, y así ha ido sucediendo a lo largo de los últimos meses. No entraré en una cuestión que también se nos escapa, por no decir que tenemos nuestras propias creencias, como es el parón de los meses de noviembre y diciembre por otras razones. En definitiva, lo que ha ocurrido es que teniendo la firme convicción, porque así se nos ha ido trasladando constantemente, de que este era un tema resuelto desde el punto de vista político, de que había voluntad política para que este tema saliera adelante, que realmente era un tema muy importante, sustantivo, en la medida en que lo que se está tratando de hacer es que las normas forales no sean objeto de constante persecución judicial, y digo persecución judicial, con relación a intereses que en algunos casos no tienen nada que ver con el contenido de las normas, sino con intereses de otro tipo, entendíamos

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que las normas forales tenían que tener la misma connotación constitucional para que no fueran objeto de esa especie de persecución y peregrinaje judicial en todas las instancias judiciales, como ocurre en otro territorio que, aunque no es similar, es coincidente en cuanto a la idiosincrasia y la naturaleza de esta cuestión, como podían ser las leyes del Parlamento de Navarra en relación a cuestiones tributarias dependientes de un convenio económico, en nuestro caso concierto económico. Estando en la creencia de que se iba a resolver esta cuestión, en el último minuto en la Comisión se produjo una inexplicable situación en la que no se entiende que se pueda resolver. Se nos dice que no son cuestiones técnicas, sino que simplemente no quieren entrar en este tema y que, por tanto, no va a haber ninguna solución a esta situación de las normas forales, absolutamente inexplicable e injusta, y no entendemos que no se pueda resolver. A lo largo de toda la tramitación la ley iba bien.
La ley tenía unos visos de ser una buena ley no solo por el procedimiento seguido, por las transacciones y por el interés de abordar temas que, aunque algunos quedaran fuera y tendremos que abordarlos, hay otros que se han podido incorporar, sin embargo el resultado final, al no abordarlo, por no querer tener esa voluntad política, hace que nuestro voto con relación a la ley cambie de manera clara y contundente y sea diametralmente distinto nuestro sentido de voto. Por tanto, nuestro voto será a las enmiendas que he señalado anteriormente que van en la dirección de los temas que he dicho antes, tanto las nuestras, con el tema de la suspensión automática, como en el conflicto negativo de competencias, como las enmiendas relativas a ese carácter constitucional, o al menos que sea sólo el Tribunal Constitucional el que pueda conocer de esa posible inconstitucionalidad de las normas forales, y lo que no votaremos, en ningún caso, será al carácter orgánico de la ley, dado que nos deja en una situación francamente difícil, francamente inadmisible.
La verdad, no sé como lo harán, señorías del Partido Popular, del Partido Socialista y miembros del Gobierno, para explicar a sus propios miembros del Partido Socialista en los distintos territorios, por qué no han querido abordar esta cuestión.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Lasagabaster. Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que también tiene enmiendas presentadas a este proyecto de ley. Será el señor Gaspar Llamazares quien, en nombre de su grupo, tome la palabra para defenderlas.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta. Señorías, mi grupo parlamentario va a votar favorablemente la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional porque considera que si bien en algunas materias, y hemos presentado enmiendas para ello, la ley se queda corta, sin embargo aborda los problemas fundamentales que en estos momentos aquejan a nuestro Tribunal Constitucional. Hay un relato de Dino Buzzati en relación a un hospital donde entra un enfermo leve y va bajando de planta y se encuentra cómo su situación cada vez es más grave, y si no sale del hospital probablemente se encuentre en la morgue. Es muy parecido a otros relatos de Kafka. Con relación al Tribunal Constitucional viene a cuento este relato kafkiano porque nos encontramos ante una situación complicada que se ha visto agravada por lo que podríamos denominar la desestabilización política del Tribunal Constitucional. Teníamos un problema crónico que era y es el colapso del Tribunal Constitucional, que no puede ejercer sus funciones con garantías porque se encuentra con 12.000 recursos de amparo, porque tarda 6 ó 7 años en resolverlos, y con ello cuestiona en buena parte su buena labor, pero, además, porque en el resto del sistema judicial no se han producido las medidas para repartir este tipo de recursos y conseguir que el Tribunal Constitucional ejerza su importantisima función y que se garanticen los derechos de los recurrentes también, bien en salas del Tribunal Constitucional, bien a través de otros mecanismos del Poder Judicial. Creemos que ese era el principal problema del tribunal que colapsaba, paralizaba la acción del Tribunal Constitucional, y esa era nuestra intención en las primeras negociaciones. Incluso, pensábamos que algunas cosas que habíamos venido planteando con anterioridad y que eran cuestiones muy importantes, aunque tenían poco que ver con el colapso y más con la legitimación del tribunal, podían abordarse. Me refiero a todo lo relativo al carácter plurinacional del Estado, a la presencia de las propuestas de las comunidades autónomas en el tribunal, al equilibrio en el propio tribunal de las iniciativas del Estado, pero también de las iniciativas de las comunidades autónomas, incluso de las administraciones locales. Algunas de estas medidas se han recogido en las enmiendas a esta ley. Ahora bien, podemos decir que en esta materia los avances han sido mucho menores.
Pero a todo esto, al colapso y a los problemas de legitimidad nos ha venido a visitar el grave problema de la desestabilización del Tribunal Constitucional. ¿Dónde ve nuestro grupo parlamentario esa desestabilización? Por una parte, en el intento de cambio de naturaleza del tribunal. En propuestas que pretenden que el tribunal se configure como una cámara superior a las cámaras de representantes de los ciudadanos. Para nosotros el recurso previo de inconstitucionalidad no es otra cosa que intentar que exista un ámbito superior al Parlamento y eso, en nuestra opinión, es totalmente inaceptable, una de las medidas de desestabilización del Tribunal Constitucional que hasta ahora y por suerte no ha salido adelante. ¿Otra medida de desestabilización del Tribunal Constitucional? La búsqueda de cambios internos en el propio Tribunal Constitucional. decir, frente al equilibrio, la búsqueda del desequilibrio en el Tribunal Constitucional, cuestionando con ello también la propia credibilidad del Tribunal.


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Nosotros hemos presentado una enmienda que ha sido transaccionada con otros grupos parlamentarios y creemos que con ella se reequilibra, aunque sea parcialmente, se busca de nuevo el equilibrio interno en el Tribunal Constitucional. Nos parece que la enmienda que falta es aquella que impida las revocaciones de los miembros del Tribunal Constitucional por razones como las que se han utilizado recientemente para revocar a uno de sus miembros, revocación que, en nuestra opinión, tiene muy poco sentido; segundo aspecto de la desestabilización del tribunal que nosotros creemos que esta ley evita, que de alguna manera paraliza.


Había una desestabilización in extremis, preparada y comentada en el ámbito del Tribunal Supremo, y nosotros creemos que esta ley también intenta evitarla, que era violentar, de alguna manera, a los miembros del Tribunal Constitucional si estos acordaban algún fallo que no fuera del agrado del Tribunal Supremo. Pues bien, eso se evita buscando algo que parece obvio, que es la inviolabilidad de los miembros del Tribunal Constitucional, porque algunos, en esta Cámara y fuera de ella, no solamente pretendían ganar el recurso contra el Estatuto de Cataluña en el tribunal; si no lo ganaban, ganaba en el tribunal y si no ganaba en el tribunal, impugnaban el tribunal por parte del Tribunal Supremo. Pues bien, nosotros creemos que eso no es legítimo, que desestabiliza nuestras instituciones y, por tanto, había que tomar medidas coyunturales además de tomar medidas frente al colapso del Tribunal Constitucional. En primer lugar, superación del colapso; en segundo lugar, superación de la desestabilización, reequilibrio del Tribunal Constitucional con insuficiencias; y en tercer lugar, donde está nuestra insatisfacción, el carácter cada vez más descentralizado del Tribunal Constitucional, tanto en los recursos -que en nuestra opinión deberían ser bilaterales, no solamente del tribunal hacia las leyes de las comunidades autónomas, sino que debería haber una mayor facilidad y un mayor equilibrio en los recursos de las comunidades autónomas e incluso de la Administración local- como en otras materias, como es el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, si bien ahí se ha avanzado y va a haber capacidad de propuesta por parte del Senado, cuestión que a nosotros no solamente no nos parece inconstitucional, como le parece a algún grupo de esta Cámara, sino que nos parece plenamente constitucional.


Votaremos favorablemente esta reforma de la ley, aunque sabemos que probablemente no es nuestra ley, la ley del Tribunal Constitucional federal que nosotros defenderíamos; es una ley que está en el marco de la Constitución española; en nuestra opinión, tampoco es una ley que avance lo suficiente en relación con el equilibrio entre las distintas administraciones, pero conjura los peligros fundamentales: el peligro de la pérdida de credibilidad del Tribunal Constitucional mediante el colapso de los recursos de amparo y, por tanto, la pérdida de protección de los ciudadanos, y también el peligro de desestabilización política y judicial del Tribunal Constitucional. Creemos, repito, que esos peligros se conjuran y, por tanto, nuestro grupo parlamentario mantendrá sus enmiendas, pero considera que este texto merece la aprobación de todos los grupos de esta Cámara. Desgraciadamente hay un grupo parlamentario que no votará esta ley, porque tenía decidido no hacerlo. Por parte de los grupos parlamentarios -y somos conscientes de ello- se han hecho esfuerzos para llegar a un acuerdo con todos. Algunos de los acuerdos a los que se ha llegado no nos resultan satisfactorios, pero sabemos que son fruto de la búsqueda del consenso. Nos hemos quedado con la búsqueda del consenso, pero sin el consenso, porque hay quien no quiere consensuar y quiere únicamente desestabilizar. Allá ellos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Llamazares, muchas gracias.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y será el señor Esteban quien tome en su nombre la palabra para defender las enmiendas que han presentado a este proyecto de Ley Orgánica de reforma del Tribunal Constitucional.


Adelante.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora vicepresidenta.


Creo que a nadie se le oculta que bajo el velo bienintencionado y, sobre todo, muy interesado por parte del Tribunal Constitucional de reformar y mejorar la regulación del recurso de amparo -algo que, efectivamente era interesante para toda la ciudadanía-, aquí, como en otros ámbitos jurisdiccionales, se ha librado una batalla entre los dos grandes partidos de esta Cámara y, en concreto en este caso, en el reforzamiento de uno u otro tribunal. Me refiero evidentemente al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, porque, no nos engañemos, hay un partido, el Partido Popular, que considera al Tribunal Supremo más afín a su ideología, y hay otro partido, el Partido Socialista, que considera susceptible de aproximación a la suya al Tribunal Constitucional. Tanto que se ha hablado de blindaje sobre todo desde el País Vasco en cuanto a normas forales, etcétera, aquí lo que verdaderamente se ha blindado han sido las resoluciones y el propio Tribunal Constitucional ante el Tribunal Supremo. Para verlo no hay más que remitirse al artículo 4 o al 40.2 de la ley. Además, el proceso de aprobación se ha desarrollado muy rápidamente. Dense cuenta de que el proyecto fue presentado a finales de noviembre de 2005; teóricamente se ha intentado buscar un acuerdo lo más amplio posible y al final, de repente, se tiene que correr y en semana y media hacemos el trámite de Comisión y Pleno, llegando -tengo que decirlo así- a una situación extrema a la hora de tener que pronunciarse con el voto a los grupos minoritarios y en especial a los catalanes porque, no nos engañemos, todos tenemos muy presente qué es lo que tiene que

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abordar próximamente el Tribunal Constitucional. Esta es la realidad; es así y así hay que decirlo.


Ustedes saben que el Tribunal Constitucional no tiene la adhesión incondicional de nuestro grupo desde el comienzo del propio tribunal, desde el comienzo de la democracia y desde la Constitución. Nuestra concepción del tribunal siempre ha sido distinta a cómo está conformado ahora. De hecho, en algunas de nuestras enmiendas -algunas ya tradicionales- intentamos reflejarlo así. Creemos que debe ser una instancia neutral y eso no se consigue con la actual conformación en la que los dos grupos parlamentarios mayoritarios de la Cámara deciden sobre el nombramiento de los magistrados. Consideramos que en los casos en los que los estatutos de autonomía lo determinen así debería existir una sala especial para dirimir los conflictos con esa comunidad autónoma en la que la mitad de los seis magistrados fueran magistrados del Tribunal Constitucional y los otros tres magistrados fueran nombrados por el Parlamento autonómico correspondiente. Estamos en desacuerdo también con la abusiva interpretación que se hizo ya en el año 1979 del artículo 161.2 de la Constitución a través de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, porque no entendemos que ese artículo de la Constitución pueda, hablando de disposiciones y resoluciones, interpretarse luego, en la Ley del Tribunal Constitucional, como que esto también engloba a las leyes. Por tanto, nos encontramos en una situación de inferioridad de las leyes autonómicas, que son suspendidas directamente cuando el Gobierno del Estado ha recurrido, cuando eso no lo dice la Constitución. Por tanto, en ese ámbito manteníamos nuestras enmiendas y nuestra visión del Constitucional como lo que ha venido siendo hasta ahora.


En cualquier caso, si en el ordenamiento jurídico actual alguien puede y debe ser intérprete de los grandes pactos institucionales -estatutos de autonomía pero también los grandes acuerdos económicos como el Concierto Económico- ese debe ser, en todo caso, el Tribunal Constitucional. Y en ello existe unanimidad de todo el arco parlamentario vasco, desde el Partido Popular hasta el Partido Comunista de las Tierras Vascas. Todo el arco parlamentario vasco apoya que esas normas forales se residencien ante el Tribunal Constitucional, porque en estos momentos se está cuestionando el Concierto una y otra vez con una apelación tras otra en los tribunales contenciosos. Si hacemos la comparación con la situación navarra, el caso es flagrante y claro. Mientras que en Navarra, al denominarse leyes forales, el recurso es ante el Tribunal Constitucional y por lo tanto hay una serie de sujetos limitados legitimados para efectuar ese recurso, en el caso de las normas forales vascas, al denominarse leyes, el recurso tiene que hacerse ante el Contencioso. Por tanto, cualquiera que esgrima un interés legítimo puede recurrirlas. Nos encontramos con que normas tan sustanciales como las de contenido fiscal pueden ser recurridas por cualquier asociación o cualquier individuo al que le interese un recurso ante el Tribunal Contencioso. Por lo tanto, no creemos que una materia tan sensible pueda mantenerse así.


Nos dicen ahora -porque hubo un acuerdo- que el artículo 161 de la Constitución solo contempla el recurso ante el Tribunal Constitucional en el caso de leyes; nos lo ha dicho el portavoz socialista. No. El artículo 161.1 d) habilita al Tribunal Constitucional para cualquier otra materia que así se regule por ley. De hecho se han abierto varias vías impugnatorias en ese sentido. Además, si era imposible jurídicamente por qué no nos lo dicen hasta después de un año, porque esta discusión sobre el blindaje de las normas forales comenzó a principios de 2006 con una reunión con el presidente del Gobierno. ¿Cómo es posible que ahora surjan dificultades que no ha habido antes? Si es imposible jurídicamente, ¿cómo es posible que la gente de Moncloa, el Grupo Socialista y el Grupo Vasco dieran por hecho el acuerdo? Es más, ese acuerdo se expresa, a través del portavoz socialista, en la ponencia que se reúne el 29 de noviembre. Se dice que se admiten las enmiendas de los grupos minoritarios menos las del PNV pero porque van a ser admitidas en la comisión que se va a celebrar el 11 de diciembre. Eso ha sido ratificado por otros portavoces que fueron testigos de ello y, además, lo han hecho públicamente en la reunión de la Comisión Constitucional. Hay un compromiso, el Grupo Vasco vota a favor de la admisión de esas enmiendas y después ese compromiso -expresado incluso ante el resto de los portavoces- queda roto sin más.
Además, saben que las fuentes del Tribunal Constitucional consultadas no veían ningún inconveniente en que las normas forales se residenciaran ante el tribunal. Lo veían con buenos ojos. Por tanto, problemas jurídicos, no. Ahora dicen que sea resuelto en el nuevo Estatuto de Autonomía de Euskadi. ¿Qué Estatuto de Autonomía, si en la toma en consideración ya nos lo rechazaron? ¿Eso qué es? ¿Retrasarlo ad calendas graecas, sine die? Porque desde luego en estos momentos no tenemos fecha para un nuevo Estatuto de Autonomía. Además, retrasarlo a esas fechas, sine die, sería una actitud absolutamente irresponsable porque corremos el peligro cierto de que el Concierto Económico sea irreconocible como no pongamos coto al cúmulo de recursos y sentencias que se están dando últimamente, cuando se trata de un pacto institucional que habría que preservar de manera especial.


También nos dicen que se congele el rango de ley de las normas forales, de manera que después de que las aprueben los territorios históricos, las apruebe el Parlamento vasco. Saben que hay una dificultad jurídica evidente y es el artículo 41 del Estatuto de Autonomía que, sobre la base de su disposición adicional primera, otorga a los territorios históricos la capacidad de aprobar las normas y no al Parlamento vasco, que solo tiene facultades de armonización, y la armonización no entra en la congelación de este rango. Además, ¿con eso qué pretenden, romper una práctica consensuada, de muchos años, continuada, que nos ha costado encontrar entre todas las instituciones y todos los partidos políticos?

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Además saben que el procedimiento de reforma de un Estatuto de Autonomía es, evidentemente, muchísimo más complicado que la reforma de esta ley, entre otras cosas, porque -aparte de otras dificultades- conlleva referéndum. Sobre este punto del recurso de las normas forales ante el Tribunal Constitucional hay, insisto, un consenso unánime en el País Vasco no solo de los partidos políticos, sino también de los agentes sociales, del empresariado, de los sindicatos, etcétera. No hay excusa.
Es una grave decisión, sobre todo cuando había un acuerdo en un asunto cerrado y así se expresó en la ponencia. Creo que se ha abusado de la buena fe de este grupo; y no solo de este grupo, sino también de la sociedad vasca. No se puede estar un año y medio negociando este tema para que al final se resuelva como se ha resuelto.


El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), cuya posición ha sido tradicionalmente crítica con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la propia estructura del tribunal, no va a votar a favor de esta ley; tampoco nos vamos a abstener; vamos a votar en contra de la ley. Nosotros -deme un minuto, señora presidenta, ya estoy concluyendo- intentamos colaborar presentando enmiendas a todo el contenido de la ley, algunas de las cuales se han aprobado en el ámbito del recurso de amparo, otras evidentemente no, aparte de las normas forales. Pero este caso y la ruptura de confianza que se ha producido es suficientemente grave como para que este grupo vaya a vota negativamente la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Al final no sé qué extraña estrategia se ha seguido, porque si lo que se quería conseguir era un consenso lo más amplio posible, se ha conseguido todo menos eso, porque ni lo van a sacar con el Partido Popular ni con todos los grupos minoritarios. Se ha andado al albur de la coyuntura, según venían los tiempos y las noticias en la prensa. Por cierto, no lo he dicho y quiero decirlo también, ese acuerdo que se manifestó por parte del Grupo Socialista en la ponencia también se hizo llegar a la prensa, y no se desmintió sino todo lo contrario, y hubo publicaciones en varios diarios sobre que el acuerdo ya se había alcanzado. Lo digo para que quede claro. Ha sido una gran estrategia, dicho entre comillas, y al final tenemos este resultado. No van a sacar esta ley con un amplio consenso ni con el segundo grupo de la Cámara ni con todos los grupos minoritarios, y pienso además que no solo va a ser el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el que va a votar negativamente.
Por cierto, les anuncio también que hemos pedido votación separada de nuestras enmiendas 15, 19 y 32, que hacen relación a este blindaje de las normas forales.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Esteban, muchas gracias.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y será don Agustí Cerdà quien en su nombre tome la palabra para defender las enmiendas presentadas a este proyecto de ley.


El señor CERDÀ ARGENT: Señora presidenta, señorías, señor ministro, el Tribunal Constitucional es, como todos saben, un órgano judicial que tiene atribuidas unas funciones, unas competencias, cuya trascendencia a nadie se le escapan. Es un órgano que tiene encomendada la protección de la supremacía constitucional y la consiguiente depuración de las normas contrarias a los mandatos constitucionales, la protección de los derechos fundamentales y la resolución de los conflictos territoriales. Los tres ámbitos de actuación -interpretación de la Constitución, la protección de los derechos fundamentales y la resolución de los conflictos territoriales- tienen desde el punto de vista de Esquerra Republicana el mismo peso político y jurídico. El dictamen que ahora debatimos y votamos, aprobado por la Comisión, se centra básicamente en una de las competencias que tiene atribuidas el Tribunal Constitucional: la garantía de los derechos fundamentales y del recurso de amparo. El objetivo que se argumenta: evitar la elevada carga de trabajo que acumula el tribunal por lo que se refire a los recursos de amparo y perfilar el recurso como realmente subsidiario. El grueso de las modificaciones se reduce básicamente a esto. Las innovaciones son en este caso, a nuestro juicio, mínimas y entendemos que agilizar los trabajos internos del pleno también podría conseguirse, replantearse seguramente con la práctica además de los cambios de la ley orgánica, por ejemplo, haciendo las deliberaciones por escrito como el Tribunal Europeo, evitando así los largos debates que se producen al parecer en el seno del mismo.


De todas maneras, esperamos que esta reforma contribuya al menos a clarificar los conflictos de competencia entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional; a agilizar el trámite de admisión de los recursos de amparo; a trasladar a la ley lo que ha sido una práctica consuetudinaria en lo que se refiere a la prórroga de la presidencia del tribunal hasta que se produzca la renovación y el nombramiento de los nuevos magistrados que proceda; a incrementar el equilibrio territorial del Tribunal Constitucional; a introducir un nuevo apartado en el artículo 16, en el que se prevé que los magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas en los términos que determine el Reglamento de la Cámara.


Señorías, la composición del Tribunal Constitucional es un elemento clave para Esquerra Republicana. Es evidente que un órgano que tiene entre sus competencias los conflictos territoriales y de interpretación de la Constitución, incluido el título VIII, debe ser un órgano heterogéneo, un órgano independiente, pero también un órgano en el que estén representadas todas las sensibilidades, identidades y territorios del Estado; al menos los territorios que lo hayan decidido así, porque desde Esquerra propusimos, por ejemplo, enmendar el Estatuto valenciano en el sentido de que las Cortes valencianas pudieran designar miembros del Tribunal Constitucional y la mayoría de esta Cámara no lo aprobó. Ahora entendemos

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que deben actuar en consecuencia y coherentemente y, por tanto, creemos que son los territorios cuyo Estatuto de Autonomía lo prevé los que deben proponer. Esperamos que la reforma del Reglamento del Senado se impulse con la suficiente agilidad como para permitir que la próxima renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional sea realmente una representación de aquellas comunidades autónomas que así lo han previsto en su Estatuto de Autonomía. Confiamos en que sea el tímido inicio de un reequilibrio territorial en la composición necesaria del Tribunal Constitucional. Cuestiones de igual o mayor trascendencia, desde nuestro punto de vista, pueden aún ser tomadas en consideración y debemos afrontar con decisión una operación reformadora de mucho mayor calado.
Por ello, Esquerra Republicana mantiene las enmiendas 46, 47 y 48 que coinciden en el fondo con algunas de las presentadas por otros grupos parlamentarios y sobre las que entendemos que merece la pena reflexionar.


La Administración del Estado aún sigue prestando servicios que corresponden a competencias asumidas por las comunidades autónomas, por falta del acuerdo correspondiente en el traspaso de medios y servicios.
En algunos supuestos, el Estado niega la transferencia de un servicio porque entiende que es titular de la competencia en la que se inserta el servicio o función en cuestión o porque existe desacuerdo respecto al alcance de las competencias respectivas. En otros casos, no existe esta discrepancia de fondo y, mientras la Comisión mixta no adopta el preceptivo acuerdo de transferencia, el Estado justifica que sigue ejerciendo la competencia por el principio de la necesaria continuidad de la prestación del servicio. Estamos hablando de supuestos como traspasos que vienen obligados por el propio Estatuto; por ejemplo, en Cataluña las becas, ayudas de estudios, paradores de turismo, servicio de cercanías de Renfe, etcétera. Nosotros proponemos establecer un procedimiento para resolver los dos acuerdos existentes o que se pueda producir en la Comisión mixta de transferencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Ustedes nos remiten a la misma Comisión, que es un órgano político, o al Senado, que es una Cámara legislativa, pero nuestra pregunta es dónde está el control jurisdiccional, por qué no puede el Tribunal Constitucional enjuiciar los desacuerdos en el seno de la Comisión mixta de transferencias. Y si no hay acuerdo entre los dos gobiernos, ¿qué pasa? No puede recurrirse a una instancia de ninguna parte, a pesar de que la inactividad por la falta de acuerdo, por la falta de transferencias pueda perjudicar efectiva y contundentemente a la ciudadanía. Para nosotros es un problema grave que debería abordarse en el marco de esta reforma. El Tribunal Constitucional podría limitarse a declarar que se deben transferir los medios pendientes o no, sin entrar innecesariamente a cuantificar los mismos.


Un segundo problema, que no se ha abordado en el dictamen de la Comisión y que mantenemos en nuestra enmienda 45, es repensar el régimen de suspensión automática de las leyes y normas con rango legal de las comunidades autónomas, desactivar, en definitiva, la interpretación, porque de eso se trata, que el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional hace del artículo 161.2 de la Constitución española, que es una de las interpretaciones posibles, pero no la única.
Entendemos que es posible otra interpretación de la suspensión automática de las normas y por ello mantenemos nuestras enmiendas.


Señorías, son unas reivindicaciones que mantenemos vivas hoy y que no vamos a abandonar ni aquí ni en el Senado. Parece que por ahora no hay voluntad de afrontar con decisión estos aspectos. No obstante, vamos a votar favorablemente el dictamen a la espera de que el trabajo parlamentario que se pueda realizar en el Senado dé sus frutos.
Mantenemos una puerta abierta al debate y a la negociación en el Senado que vinculará nuestro apoyo a la aprobación definitiva de la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señor ministro de Justicia, señorías, el Pleno del Congreso de los Diputados debate hoy el dictamen de una reforma importante, la reforma de una de las leyes troncales de nuestro ordenamiento constitucional, la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. La presidenta del Tribunal Constitucional, doña Emilia Casas, había mostrado en diversos foros su inquietud y su deseo de modificar la ley que hoy estamos tramitando ante la situación de colapso provocada por los muchos asuntos pendientes de sentencia en el Tribunal Constitucional. Específicamente, hacía referencia a la realidad de los recursos de amparo y a cómo su número condicionaba la actividad del tribunal. Por tanto, existía una razón de fondo para emprender la reforma que hoy estamos debatiendo. Nuestro grupo parlamentario compartió desde el inicio la finalidad de esta reforma.
Compartíamos y compartimos la necesidad de dar soluciones en el marco de la Constitución para aligerar esa situación de colapso y de pendencia de asuntos que afecta al día a día del Tribunal Constitucional. Ante las funciones constitucionales que debe realizar el máximo órgano de interpretación de la Constitución -no el único, pero sí el máximo-, que es el Tribunal Constitucional, esta normativa que hoy estamos debatiendo puede ayudar, en la medida en que va a permitir que no sean únicamente las salas las que puedan conocer de los recursos de amparo y de su admisión, sino que puedan diferirlos a las secciones. Esto puede aligerar muchísimo ese cúmulo de asuntos pendientes. También pedimos que en el Tribunal Constitucional exista una cierta unidad doctrinal entre las distintas secciones de las dos salas, para evitar algo

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que iría en contra de las garantías de los recurrentes, que es la disparidad de criterios existente a la hora de admitir y de enjuiciar determinados aspectos que iban a ser resueltos como recursos de amparo.
Por tanto, esta reforma es útil desde un punto de vista técnico y también para amparar los derechos de los recurrentes, de esas personas que consideran que un derecho fundamental les ha sido lesionado. Para que esa lesión pueda llegar en amparo ante el Tribunal Constitucional, sería positivo que hubiera una cierta unidad de criterio entre las distintas secciones. En el trámite del Senado podríamos reflexionar sobre alguna mejora técnica de la ley en estos aspectos. También es cierto que la nueva normativa permite cierta excepcionalidad en los incidentes de nulidad de actuaciones. Se modifica el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y se va a permitir que, vía instancia judicial previa y vía esa excepción al incidente de nulidad de actuaciones, puedan llegar menos asuntos al Tribunal Constitucional en recurso de amparo. Estos aspectos -repito- son positivos y concitaron la coincidencia de Convergència i Unió en la finalidad inicial que el proyecto de ley tenía cuando se presentó ante estas Cortes Generales. También es cierto que desde el primer momento nuestro grupo advirtió que, si se reformaba la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, había aspectos pendientes que Convergència i Unió considera de gran calado y que quería introducir.
Queremos aprovechar la reforma para realizar modificaciones, en algún caso históricas, que Convergència i Unió viene reclamando en estas Cortes Generales.


En este ámbito de las modificaciones parciales se ha conseguido, en las fases de ponencia y de Comisión, una modificación del primer apartado del artículo 16 que abre una puerta, abre una vía. Para nosotros, esta no es una redacción definitiva ni es la redacción final que pueda dar cumplimiento a las previsiones estatutarias que ya se han aprobado en estas Cortes Generales, pero es cierto que abre una vía, que abre una puerta, en el sentido de que, de acuerdo con la Constitución, el Senado tiene la atribución de proponer cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Para esos cuatro magistrados cuya propuesta y elección corresponde al Senado, evidentemente habrá que hacer una modificación de la Constitución. Nuestro grupo entiende que algún día deberemos afrontar una modificación de la Constitución en un aspecto como el del Senado, para dotarle de una mayor capacidad en su función de Cámara de representación territorial, porque conocemos las lagunas del actual ordenamiento constitucional en cuanto a esa concepción del Senado. En ese momento, cuando se aborde esa modificación del Senado, podremos incidir de manera distinta en quién puede proponer magistrados al Tribunal Constitucional, pero ahora la Constitución es muy clara: cuatro, el Congreso; cuatro, el Senado; dos, el Gobierno; dos, el Consejo General del Poder Judicial. Aprovechando que el Senado elige cuatro magistrados, que esos cuatro lo sean a propuesta de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, en los términos que establezca el propio Reglamento de la Cámara Alta. Este es un paso importante, significativo, repito, no definitivo para Convergència i Unió -lo dijimos así tanto en ponencia como en Comisión-, pero que abre una vía, abre una puerta, que esperamos incluso poder completar en trámites sucesivos, porque sería positivo que esa capacidad de propuesta de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas pudiéramos bifurcarla, de manera que dos se eligieran a propuesta de comunidades autónomas que siguieron la vía del artículo 151 y los otros dos por el resto de las comunidades autónomas, porque más o menos, a nivel de población, corresponderían a dos mitades de la población: dos magistrados propuestos por asambleas legislativas de la vía del artículo 151 y los otros dos por el resto de comunidades autónomas. Esta sería una vía en la que podríamos llegar a profundizar, incluso durante su tramitación en el Senado.


Señor presidente, señorías, quedan aspectos pendientes. Queda pendiente un grave desequilibrio en la actual Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Los conflictos negativos de competencia pueden interponerlos el Gobierno del Estado y el Gobierno de las comunidades autónomas; sin embargo, se impide el conflicto negativo ante una inactividad del Estado, por ejemplo, que no transfiere una competencia a una comunidad autónoma. Nosotros queremos buscar una vía de solución a través de enmiendas que tenemos presentadas y esperamos que, si no es hoy, por lo menos en el Senado pudieran aprobarse de manera favorable.
También esperamos que llegue a aprobarse la petición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), porque es cierto lo que ha dicho su portavoz sobre que había un compromiso ya en ponencia con el fin de buscar una solución para que pudieran llegar al Tribunal Constitucional esas normas forales. Había ese compromiso y pedimos también ser respetuosos con el mismo, de manera que lleguemos a una solución que, si no es posible hoy, lo sea en el trámite del Senado. También pedimos a través de nuestras enmiendas superar una consecuencia de la suspensión automática prevista en el artículo 161.2 de la Constitución y que la ley orgánica ha dado de manera general. Cuando es el Estado, el Gobierno el que impugna, aunque sea un recurso de inconstitucionalidad, siempre se aplica la suspensión automática; en ningún caso se aplica la suspensión automática si es una comunidad autónoma la que impugna un norma con rango de ley. Esa situación de desequilibrio -está aquí también el ministro de Administraciones Públicas- ha sido denunciada por muchas comunidades autónomas históricamente. Deberíamos ser capaces de encontrar una solución porque, repito, del actual ordenamiento de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no necesariamente la solución habría de ser que siempre haya esa suspensión automática. No debería haberla siempre que es un recurso de inconstitucional, porque el artículo 161.2 de la Constitución se refiere a resoluciones, pero no a

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normas con rango de ley. Por tanto, aquí también nos queda un camino por recorrer.


Termino ya, porque mi tiempo ha finalizado. Esperemos, como pretendía la presidenta del Tribunal Constitucional cuando nos pidió esta reforma, que sea útil, que realmente contribuya a aligerar ese colapso de asuntos pendientes, especialmente por lo que se refiere a recursos de amparo.
Esperemos también que en el Senado podamos tener una última oportunidad para mejorar el proyecto de ley en aspectos importantes para Convergència i Unió y también para el Grupo Vasco, que ha hecho referencia a la impugnación de las normas forales. Hoy vamos a dar nuestro voto afirmativo, pues este es un primer paso en principio positivo. No es el paso que vaya a dar respuesta final a las previsiones de los estatutos de autonomía, como el de Cataluña o el de Andalucía, ya aprobados, pero esperemos que en el Senado podamos perfeccionar esta reforma y sobre todo cumplir compromisos pendientes de las fases de ponencia y Comisión.


Gracias, señora presidente. Señorías, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Jané.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Astarloa.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor presidente, señorías, la presente legislatura comenzó con una cacicada legislativa sobre la justicia. Se aprobó de forma escandalosa una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sin consenso, con un contenido inconstitucional y para cambiar las reglas de funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial durante el partido. Hoy repetimos experiencia y escándalo. Vamos a reformar parte sustancial de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sin el consenso exigible en una ley de desarrollo directo de la Constitución, con preceptos inconstitucionales y con sorpresas de última hora para manipular también las reglas del juego. Esta ruptura del consenso sobre la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es la primera manifestación de lo que yo llamo el efecto Bermejo -usted lo sabe, señor ministro- en una legislatura en la que el presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, que nos acompaña, ha roto los consensos existentes desde la transición y ahora ha nombrado a un ministro de Justicia para poner cara jurídica al Tinell y provocar la confrontación en el mundo de la justicia. Y el ministro ha comenzado a hacer su trabajo, señor presidente del Gobierno.


Hace dos semanas los dos grupos mayoritarios -usted lo sabe, señor Zapatero- nos esforzábamos por llegar a un acuerdo sobre la ley y también sobre otras que están en tramitación en la Cámara y afectan a la justicia. Digo más, el acuerdo estaba próximo, pero el portavoz socialista, don Diego López Garrido, me telefoneó para explicarme que se había despachado el asunto con el señor ministro de Justicia y que la negociación quedaba rota. Al nuevo ministro le han bastado quince días para cerrar un acuerdo con sus socios del tripartito y no ha tenido reparo en aprobar una de las leyes más importantes de nuestro ordenamiento sin el consenso del Grupo Popular. El resultado es que una reforma a todas luces necesaria va a aprobarse con una gran confrontación, muy negativa para el Alto Tribunal, y sin haberse aprovechado la tramitación parlamentaria, plena de confusión, como ha recordado algún otro portavoz, para corregir la mayoría de las insuficiencias y los errores de lo que fue en su día un proyecto improvisado y cargado de defectos. El Tribunal Constitucional, pieza clave de la arquitectura constitucional, no está cumpliendo de forma satisfactoria las diversas funciones que le corresponden, la impresionante acumulación de recursos, especialmente los de amparo, no ha podido ser subsanada hasta la fecha y esto está generando unos retrasos extraordinarios que reclaman desde hace tiempo remedios incisivos y urgentes. Así se asumió ya -usted lo sabe- en el Pacto de Estado para la modernización de la Justicia, firmado bajo Gobierno Popular con el Partido Socialista y se constituyó una comisión paritaria de magistrados del Constitucional y del Supremo, que avanzó mucho en la búsqueda de soluciones equilibradas y consensuadas, tanto para los retrasos del tribunal como para evitar en lo posible los conflictos que han surgido entre las dos jurisdicciones.


Nada de ello ha merecido el interés de su Gobierno, señor Rodríguez Zapatero. Ha preferido acometer la cuestión sin diálogo previo alguno con los afectados o con las fuerzas políticas. Un agosto de 2005 los periódicos contaron que se aprobaba un proyecto gubernamental. Tiempo después conocimos los informes preceptivos. Es difícil encontrar un proyecto, señorías, sobre el que estos informes previos hayan sido tan demoledores, señor Bermejo. En particular, el informe del fiscal general del Estado -usted lo sabrá- lo calificaba de proyecto deficiente hasta en aspectos básicos de su redacción. Al Gobierno no le han afectado estos juicios y lo mandó a la Cámara, y así va a salir del Congreso con algunos graves males añadidos. Son innumerables las objeciones que mantenemos a este proyecto en los términos en que está y que se reflejan en las cuasi cuarenta enmiendas que mantengo y que defiendo en este trámite. Me detendré en las fundamentales.


La ley tiene por objeto principal la restricción del recurso de amparo.
Queda a la discrecionalidad del tribunal decidir cuáles son los amparos que va a examinar sobre la base del criterio de su relevancia constitucional. Reducido drásticamente el amparo, no se acometen, sin embargo, las reformas complementarias precisas para desarrollar el amparo por los jueces ordinarios, previsto en el artículo 53 de la Constitución.
El resultado es un retroceso en nuestro actual sistema de garantías de los derechos fundamentales. Es cierto que se crea el remedo de un nuevo incidente de nulidad, pero no lo es menos que se trata de una solución de emergencia que aplaza

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lo constitucionalmente previsto, en un momento en el que se reducen las garantías y en el que, con el sistema elegido, queda la posibilidad abierta de 17 sistemas territoriales diferentes de protección de los derechos fundamentales.


La merma de garantías se produce también en el seno del propio amparo ante el Tribunal Constitucional, entre otras cosas, porque el tribunal no está obligado a motivar su inadmisión, con lo que el eventual recurso habrá de hacerse sin conocer -fíjese- las razones por las que en unos casos se aprecia relevancia constitucional y en otros no. Además, se mantiene la posibilidad de que sea resuelto por las secciones lo que, a nuestro juicio, resulta incompatible con la exigencia de dicha relevancia constitucional. No se aprovecha tampoco la ocasión para resolver de forma equilibrada las posibles crisis entre el Constitucional y el Supremo. El proyecto ha sentado de antemano la supremacía excluyente del primero y, aunque se ha eliminado de la ley la impunidad total de sus magistrados -felizmente-, que era sencillamente inconstitucional, se mantienen las medidas que le permiten delimitar su ámbito, adoptar medidas para protegerlo y evitar su enjuiciamiento por nadie. De hecho, el proyecto acumula una larga lista de viejas inquietudes corporativas, tanto funcionales como administrativas. Objetamos especialmente dos: el sistema de reparto y delegaciones entre pleno, sala y secciones, para puramente aliviar trabajo, y la liquidación de los letrados por concurso que quedan sustituidos por letrados de confianza de libre designación.


Resta por comentar otras tres cuestiones especialmente polémicas. La primera es la negativa a reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad de estatutos de autonomía. La experiencia que estamos viviendo en esta legislatura muestra nítidamente lo desaconsejable de que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos estatutos que vulneren la Constitución, especialmente cuando se trata de la sustitución completa de los mismos con modificaciones constitucionales, como ocurre con el Estatuto de Cataluña. Por no haber atendido, ahora hace un año, esta propuesta, el Tribunal Constitucional se va a ver obligado a pronunciarse sobre tan relevante asunto habiéndose celebrado incluso un referéndum. No podemos corregir el pasado, señorías, no podemos corregir el pasado inmediato, pero sí evitar que esto vuelva a producirse en el futuro.


La mayor novedad que ha introducido esta Cámara en el proyecto es -déjenme que lo diga con toda claridad- sencillamente inconstitucional. Los magistrados a proponer por el Senado serán elegidos ahora entre los candidatos presentados por las comunidades autónomas. Se cede a la vieja reclamación de los nacionalistas -es muy antigua, ustedes lo saben- y se restringe así, sin límites, la capacidad del Senado para nombrarlos prevista en la Constitución; aparte de abrir una polémica sobre cuáles han de ser las comunidades que primen sobre las demás a la hora de elegir. Ya ha escuchado usted lo que ha dicho el señor Jané, de entrada con su Estatuto en la mano, Cataluña ya reclama su cuota. Ya les adelanto que, igual que recurrimos ante el Tribunal Constitucional el precepto del Estatuto, vamos a recurrir de inconstitucionalidad este nuevo artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.


Finalmente, la ley contiene una sorpresa de última hora que la convierte en la ley Casas, porque por una enmienda presentada directamente en Comisión, sin conocimiento previo de nadie, se modifica el mandato legal actual de la presidenta y se blinda sine díe. El Gobierno no quiere elecciones y me temo que prejuzga, sorprendentemente, deslegitimando gravemente al Tribunal Constitucional y a la propia presidenta, que puede ser una aliada segura para evitar que prosperen los diversos recursos que se han interpuesto en esta legislatura. Es una pura manipulación oportunista y demuestra el tratamiento instrumental e irrespetuoso que el PSOE da a la justicia, cuyos nombramientos y funcionamiento son cambiados sobre la marcha para propiciar su control. (Aplausos.) Todo ello concuerda con las últimas actuaciones socialistas en relación con el Alto Tribunal, criticando primero su decisión sobre la recusación del señor Pérez Tremps, invitando luego a dimitir al magistrado y haciendo, finalmente, el ridículo con nuevas recusaciones.


Termino, señor presidente. Como hace ahora dos años, como toda esta legislatura de la ingeniería jurídica y del reequilibrio ideológico sobre jueces y fiscales, vuelven ustedes a provocar sin rubor el máximo deterioro a las instituciones; en este caso, al Tribunal que reclama la confianza de todos por ser piedra angular del sistema constitucional y máximo intérprete de nuestra Constitución. Es imposible concluir peor la tramitación de una ley tan importante como esta. Una más de las que tendremos que cambiar cuando los ciudadanos vuelvan a darnos su confianza.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Astarloa.


¿Fijación de posiciones? (Pausa.) Señor Mardones, por Coalición Canaria.
Adelante, por favor.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Voy a ser breve, porque ya hemos tenido ocasión de debatir, tanto en los largos trámites de maduración que hemos tenido en conversaciones previas a la ponencia, como posteriormente en Comisión. Mi grupo no presentó enmiendas a este proyecto de ley en un principio en razón fundamentalmente de que estábamos de acuerdo y lo habíamos manifestado así a los diversos portavoces. Concretamente quiero reconocer el grado de entendimiento que mi grupo ha mantenido con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Jáuregui, para que entendiéramos cuáles eran las prioridades a resolver ante los problemas que se venían presentando en el ordinario funcionamiento del Tribunal Constitucional.


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Era unánime el clamor para resolver el problema del gran atasco que el recurso de amparo estaba produciendo. Después de veinticinco años, aprobada la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 1979 nos encontrábamos con una perversión del propio sistema de garantías jurídicas y jurisdiccionales debido a que el Tribunal Supremo prácticamente había quedado superado por una especie de instancia última en todo el proceso de judicialización ante cualquier problema, ya que una persona física o jurídica que se considerase afectada por una sentencia contraria del Tribunal Supremo entendía que todavía le quedaba el derecho de amparo ante el Tribunal Constitucional. La perversión de la práctica ha llevado a una situación de estancamiento y de colapso del Tribunal Constitucional. Por tanto, apoyamos de entrada que se resuelva con todas las garantías de orden jurisdiccional para quien verdaderamente tenga derecho al amparo del Tribunal Constitucional de acuerdo con el índice de la situación del último pronunciamiento que hubiera podido obtener incluso ante el Tribunal Supremo.


Se presentó también desde hace dos años una confrontación de potestades y competencias entre los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Era necesario pacificar la situación. Estos contenciosos internos no favorecían un sistema democrático de Estado de derecho al haber una pugna en cualquier orden jurisdiccional entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Ha habido aportaciones posteriores y nos parecía de sentido común que se aprovechara también el paso del proyecto de ley para hacer determinadas aclaraciones, incluso lo referido al periodo de prórroga del mandato del presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta del Tribunal Constitucional, dada la peculiar fórmula con que se solventó ya en 1979 de elección de los doce miembros del Tribunal Constitucional y los relevos, que se tenían que producir en terceras o cuartas partes. Hecho esto, mi grupo entiende que estamos ante un proyecto de ley necesario, imprescindible y conveniente para al menos salir de la situación de marasmo y colapso que actualmente tenemos y regular otra serie de incidencias como la que he dicho de confrontación de competencias... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor MARDONES SEVILLA: ... de magistrados del Supremo y del Constitucional para que esto se pudiera llevar a efecto.


Termino, señor presidente, anunciando nuestro voto de apoyo a la aprobación de este proyecto de ley sobre el Tribunal Constitucional.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Por el Grupo Socialista el señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, señorías, abordamos hoy una reforma importante de una ley importante. Se ha dicho con acierto en mi opinión que el Tribunal Constitucional es ese centro de equilibrio del sistema de poderes separados tanto territorial como funcionalmente en el que está construida nuestra democracia. Pues bien, siendo esta una ley importante tengo que empezar por decir que mi intervención va a ser constructiva, alejada de toda agresividad y de todo partidismo porque desde el principio nuestro partido ha buscado el máximo acuerdo para que la reforma de la ley fuera aprobada con el máximo consenso.


Como se ha dicho, la ley pretende, de una parte, aligerar el trámite del amparo constitucional sobre todo para que deje de ser un recurso que se utiliza como una prolongación de la instancia civil y sea de verdad un recurso de excepcionalidad sin que colapse al tribunal; al mismo tiempo, se pretende en esta reforma, entre otras cosas, fortalecer el papel institucional del Tribunal Constitucional, preservando su condición de jurisdicción única y exclusiva y evitando alguna conflictividad que -por qué negarlo- se ha producido en tiempos recientes con el Tribunal Supremo.


La presidenta del Tribunal Constitucional, señorías, ha calificado esta reforma de absolutamente necesaria y de extraordinariamente urgente, y es verdad. Quiero que ustedes sepan, señorías, que en este momento el tribunal tiene más de 12.000 recursos de amparo pendientes de admisión que, literalmente, le colapsan y le impiden atender otras y muy importantes funciones.


Se ha dicho por parte del señor Astarloa que esta es una reforma que rompe el consenso de una ley básica. Yo quiero negar la entidad de esa acusación porque creo que es conveniente recordar que la naturaleza de esta reforma no altera la naturaleza del pacto constituyente en torno al tribunal. No se cambia su naturaleza, no se cambian sus funciones...
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Jáuregui, el murmullo que hay en la sala molesta al orador. Guarden silencio.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Gracias señor Presidente.


Niego esta entidad un tanto melodramática que se ha dado a un disenso del que luego me ocuparé a la hora de enjuiciar los comportamientos de cada uno de los partidos. Me apresuro a decir que el Grupo Socialista va a votar a favor de esta reforma junto a aquellos partidos que han asumido la responsabilidad de hacerlo porque hemos dejado las legítimas pretensiones partidarias que había en ella y hemos coincidido en la necesidad de atender a una petición angustiosa del Tribunal Constitucional para desbloquear el colapso que sufre. Hemos oído aquí alegaciones de parte que son muy respetables, pero a la postre lo que interesa destacar es que algunos partidos hemos decidido dejar de lado esas proposiciones y enmiendas de parte para asumir un consenso que es técnicamente posible, que además hemos alcanzado y que resultaba políticamente obligado.


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En primer lugar, quiero expresar a los diputados del Grupo Parlamentario Vasco y de EA que lamentamos no contar con su apoyo en esta reforma.
Comprendemos las razones que han expuesto, aunque ustedes también deberían comprender las nuestras. Como se ha dicho en muchas ocasiones, hay muchas formas de resolver el problema de las normas fiscales, y algo nos corresponde a los propios diputados o a las propias instituciones vascas para resolver este problema, porque en nuestras propias normas institucionales tenemos una vía más propia, más originaria, más de raíz para resolver este problema. Con todo, sobre el compromiso de resolver en otro momento y quizás de otra manera el problema de las normas forales fiscales, yo quiero pedirles, señores del PNV y de EA, el apoyo al conjunto de la ley. Defiendan sus enmiendas, pero voten la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.


Algo parecido quiero decirle al Grupo Popular. Nosotros tenemos una discrepancia con su enmienda principal, la que plantea el recurso previo a los estatutos, pero la admitimos, y les pido que voten el conjunto de la ley, porque lo hemos pactado también con ustedes. Es muy fácil hacer un discurso demonizando al otro y culpándole de toda la responsabilidad en el desacuerdo, pero, señor Astarloa, le diré que cuando dos quieren entenderse se entienden, y yo tengo para mí que ustedes hoy y aquí, en este y en otros temas, francamente no quieren. Hace solo unos meses dos compañeros suyos, Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría, negociaron con nosotros el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Tenían ustedes mil enmiendas a ese Estatuto y habían hecho todo tipo de declaraciones despectivas contra el texto que procedía de Andalucía, pero al comenzar las negociaciones de las enmiendas, junto al difunto Alfonso Perales, a Diego López Garrido y a mí mismo nos dijeron: queremos un acuerdo. Y ese acuerdo se produjo. Esta posición política no la hemos encontrado en el Partido Popular desde el principio de la tramitación de esta ley.


Voy a recordarles algunas cosas. La ley lleva en trámite parlamentario un año y medio; la ponencia se ha reunido siete veces, no una ni dos, como suele ser habitual en los trámites parlamentarios de ponencia, a lo largo del año 2006, y hemos preparado textos de transacción en casi todos los artículos, muchos de ellos por cierto con ustedes, porque una de las principales reformas se ha establecido a propósito de una enmienda concreta que exige la aplicación de doctrina previamente establecida en el aligeramiento del amparo constitucional. Dice el señor Astarloa que estábamos a punto de lograr un acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE y que ha sido el ministro de Justicia el que lo ha impedido. Ya le dije en Comisión que no le atribuya al ministro de Justicia tantos poderes. Yo creo que la única razón de que esta ley tenga que tramitarse es que había que aprobarla de una vez, y si seguimos hablando con ustedes en los términos que lo estábamos haciendo esta ley seguiría hoy empantanada. Por cierto, las condiciones que el Partido Popular nos planteaba para el acuerdo en esta ley excluían a todo el arco parlamentario.


El Partido Popular plantea las negociaciones de estas leyes sobre dos bases: que se acepten sus postulados, que se acepten sus enmiendas y que en ese acuerdo prácticamente no pueda incorporarse ningún otro partido de la Cámara, lo que este grupo también tiene la legitimidad de buscar puesto que la ley es una ley para todos. También es importante que muchos grupos de la Cámara que también dieron su apoyo a esta ley en el bloque de constitucionalidad lo sigan dando, como hemos, en mi opinión, conseguido. ¿Por qué no ha sido posible el acuerdo con sus posiciones, por ejemplo, con el recurso previo? Porque la pretensión de incorporar al ordenamiento jurídico constitucional español de nuevo el recurso previo es darle la vuelta a algo que esta misma Cámara decidió hace ya más de 20 años, en el año 1985, que retiró el recurso previo de las leyes. ¿Por qué lo hizo esta Cámara, señorías? Porque la experiencia demostraba que las minorías parlamentarias utilizaban ese recurso previo al Constitucional para bloquear la mayoría parlamentaria, la legítima posición de un programa legislativo de un Gobierno. Lo hicimos porque se judicializaba en extremo la política, inclusive las decisiones legislativas -comillas- en caliente. Lo hicimos porque no queríamos que el Tribunal Constitucional, propio de de un modelo como el español, el italiano, el alemán, no el francés, que atribuye al tribunal una función de legislador negativo, no de legislador positivo, se convirtiera en casi una tercera Cámara, y lo hicimos porque además, a efectos dialécticos, si incorporábamos el recurso previo ahora a los estatutos de autonomía, yo les pregunto, ¿por qué la tramitación de Valencia, Cataluña, Andalucía, Baleares y Aragón se hace sin el recurso previo, y todos los demás que vienen después van a tener sobre sí la espada de Damocles de un recurso previo al Constitucional antes de aprobar esa ley?

Señorías, hemos decidido incorporar al artículo 16 algo que nos parece elemental, que es la posibilidad de que el tribunal, en su elección por el Senado, incorpore propuestas de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque es congruente con la naturaleza arbitral del Tribunal Constitucional, que, no lo olvidemos, resuelve conflictos con las comunidades autónomas; porque es congruente con el modelo autonómico; porque es lógico en el papel que corresponde al Senado y porque es congruente con los estatutos de autonomía aprobados en el caso de Andalucía y Cataluña. Se ha dicho que esa es una medida que asalta, desde el punto de vista nacionalista, al Tribunal Constitucional. Esto no es nacionalista porque será una facultad de todas las comunidades autónomas, y no fractura nada porque será el Senado el que haga ese nombramiento. Se ha dicho que esta ley tiene un nombre, y es, en mi opinión, una injuria.
Porque lo que hemos hecho al elevar la posibilidad de que el presidente y el vicepresidente del tribunal se elijan como consecuencia de la renovación por tercios del tribunal, es simplemente aplicar una norma que en la práctica se

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estaba utilizando siempre, que la utilizó, por ejemplo, Tomás y Valiente, el recordado presidente, cuando en febrero de 1992 prolongó a julio de ese mismo año su mandado de presidente, como lo hizo Rodríguez Bereijo en 1998, más de seis meses, desde febrero de 1998 hasta diciembre de ese mismo año. De manera que lo que hemos hecho ha sido elevar a rango legal algo que era una práctica habitual en el tribunal y que es una regla buena que permite elegir al presidente y al vicepresidente quienes componen el tribunal y no quienes cesan por poco tiempo en el mismo.


Termino, señorías, y quiero hacerlo dando las gracias a los grupos parlamentarios que han coincidido con nosotros en que la reforma era necesaria y urgente y que han dejado de lado legítimas pretensiones que mantienen en sus enmiendas y que se van a votar, con todo respeto lo digo, pero que han decidido votar una reforma tan importante para este país. Una reforma que es fundamental para que este organismo básico de nuestro funcionamiento democrático cumpla su función. Quiero dar las gracias a Coalición Canaria, al Grupo Mixto, a Convergència i Unió, a Izquierda Unida, y también a Esquerra Republicana, partidos a los que algunos les niegan a veces su sentido del Estado, que están demostrando aquí con esta aprobación el verdadero sentido del Estado y la auténtica responsabilidad constitucional.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jáuregui.


Llamamos a votación. (Pausa.)

ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIONES.)

-PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA DE LAS RELACIONES FINANCIERAS ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS, Y DE TRANSPARENCIA FINANCIERA DE DETERMINADAS EMPRESAS. (Número de expediente 121/000085.)

El señor PRESIDENTE: Comenzamos las votaciones con las enmiendas del Senado al proyecto de ley de transparencia de las relaciones financieras entre las administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas.


Enmienda a la disposición adicional segunda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 304; en contra, ocho; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 310; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


-PROYECTO DE LEY DE LA RED DE PARQUES NACIONALES. (Número de expediente 121/000087.)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de la red de parques nacionales.


Enmienda al artículo número 6.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 296; en contra, ocho; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmienda al artículo 9.1.c).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 122; en contra, 182; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmienda al artículo 13.3.a).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 183; en contra, 120; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmienda al artículo 13.3.b).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 123; en contra, 175; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmienda a la disposición adicional segunda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 30; en contra, 282; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 313.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES.
(Número de expediente 121/000092.)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.


Enmienda al artículo 3.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 121; en contra, 190; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmienda de supresión del apartado 7 del artículo 14.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 300; en contra, 11.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas al preámbulo; artículos 12.1, 25.1, 26.1, 33 y 35; disposición adicional tercera apartados once, catorce, quince y dieciséis; disposición adicional quinta apartado uno; disposición adicional sexta apartado uno; disposición adicional undécima apartado once; disposición adicional decimocuarta apartado dos y disposiciones adicionales decimoquinta, decimosexta, decimonovena apartado trece y vigesimosexta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 190; en contra, cuatro; abstenciones, 116.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas al artículo 14.4; disposición adicional segunda apartados uno, dos y cinco y disposición transitoria novena.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 193; en contra, 120; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmienda a la disposición adicional undécima apartado siete.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; en contra, 192; abstenciones, 119.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmienda por la que se añade una nueva disposición adicional vigesimoctava.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; en contra, 309; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmienda de supresión de la disposición transitoria octava.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 174; en contra, 122; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 310; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: Teniendo en cuenta el carácter orgánico de esta iniciativa legislativa, procedemos a la votación de conjunto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 192; abstenciones, 119.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos de las señoras y señores diputados, puestos en pie.-Los asistentes a la tribuna de invitados aplauden, puestos en pie.) Por favor, silencio en la tribuna.


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DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

-CANJE DE CARTAS, HECHO EN VIENA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006, ENTRE ESPAÑA Y LAS NACIONES UNIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL XVI SEMINARIO DE NACIONES UNIDAS/FEDERACIÓN ASTRONÁUTICA INTERNACIONAL (FAI) SOBRE UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA ESPACIAL PARA LA GESTIÓN DEL AGUA (VALENCIA, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006). (Número de expediente 110/000189.)

-ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS QUÍMICAS (OPAQ), SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA OPAQ, HECHO EN MADRID EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2003. (Número de expediente 110/000190.)

-CONVENIO RELATIVO A LA ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE MAURITANIA, HECHO EN MADRID EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000192.)

-CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE MAURITANIA RELATIVO A LA ASISTENCIA DE PERSONAS DETENIDAS Y AL TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS, HECHO EN MADRID EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000193.)

-CONVENIO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE MAURITANIA, HECHO EN MADRID EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000194.)

-CONVENIO RELATIVO A LA ASISTENCIA JUDICIAL EN EL ÁMBITO CIVIL Y MERCANTIL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE MAURITANIA, HECHO EN MADRID EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000195.)

-CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES DE 2 DE DICIEMBRE DE 1961, REVISADO EN GINEBRA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1972, EL 23 DE OCTUBRE DE 1978 Y EL 19 DE MARZO DE 1991 Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE SU RATIFICACIÓN. (Número de expediente 110/000197.)

El señor PRESIDENTE: Punto IX del orden del día, relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Algún grupo desea intervenir en relación con dichos dictámenes? (Pausa.) ¿Algún grupo solicita que se proceda a la votación separada? (Pausa.) En tal caso, se somete a votación conjunta y por asentimiento de la Cámara la aprobación de la globalidad de los citados dictámenes reproducidos en el orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, quedan aprobados los referidos dictámenes. Muchas gracias.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIONES.)

-PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN. (Número de expediente 127/000006.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta Subías. Enmienda número 5.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 28; en contra, 282; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Votamos el resto de las enmiendas del señor Labordeta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 12; en contra, 283; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Enmienda 61.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 27; en contra, 285; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 9; en contra, 290; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Votación de la enmienda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 17; en contra, 287; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. Enmienda 217.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 26; en contra, 284; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmienda 218.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, nueve; en contra, 286; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmienda 219.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, nueve; en contra, 287; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Votación de la enmienda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 27; en contra, 282; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Pasamos a votar el dictamen. En primer lugar, artículo 7.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 284; en contra, 25; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Aprobado.


Disposición adicional tercera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 289; en contra, 14; abstenciones, diez.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Votamos el resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 298; en contra, tres; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Aprobado.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: Tratándose de una iniciativa legislativa de carácter orgánico, vamos a proceder a la votación de conjunto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 296; en contra, uno; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Prolongados aplausos.) Muchas gracias.


-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 121/000060.)

El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.


Grupo Parlamentario Mixto. Señora Lasagabaster. Votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 27; en contra, 279; abstenciones, seis.


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El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 22; en contra, 284; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Enmiendas 15, 19 y 32.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 25; en contra, 285; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 29; en contra, 284.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 29; en contra, 282; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 29; en contra, 279; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 121; en contra, 184; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Votación del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 178; en contra, 133; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: Tratándose también de una iniciativa de carácter orgánico, procedemos a la votación de conjunto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 180; en contra, 131; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Eran las tres y treinta y cinco minutos de la tarde.

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