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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 238, de 13/03/2007
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 238
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 220
celebrada el martes, 13 de marzo de 2007


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas:

-Del Parlamento de Navarra, de modificación del artículo 50 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Orgánica). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 144-1, de 23 de diciembre de 2004. (Número de expediente 125/000017.) ... (Página 11962)

-Avocación por el Pleno del proyecto de ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas. (Número de expediente 121/000112.) ... (Página 11971)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas.
(Votación.) ... (Página 11971)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se introduce una nueva Disposición Adicional en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, relativa al Reordenamiento del escalafón en las Escalas Auxiliares y Cuerpo Auxiliar de Especialistas (oficiales) del Ejército de Tierra, declaradas a extinguir.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 121-1, de 8 de octubre de 2004. (Número de expediente 122/000106.) ... (Página 11972)

Página 11958


Proposiciones no de Ley:

-Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre equiparación de las pensiones no contributivas al salario mínimo interprofesional.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 133, de 4 de enero de 2005. (Número de expediente 162/000241.) ... (Página 11978)

-Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el Sáhara Occidental. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 413, de 3 de julio de 2006. (Número de expediente 162/000493.) ... (Página 11984)

-Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Lasagabaster), sobre gestiones del Gobierno español ante el Reino de Marruecos para el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas respecto al referéndum en el Sáhara.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 12, de 7 de mayo de 2004. (Número de expediente 162/000045.) ... (Página 11984)

-Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre el reconocimiento y apoyo de la República Árabe Saharaui Democrática. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, número 354, de 17 de marzo de 2006.
(Número de expediente 162/000443.) ... (Página 11985)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.) ... (Página 11993)

Proposiciones no de Ley. (Votaciones.) ... (Página 11993)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

-Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para reducir el número de vehículos que circulan por nuestras carreteras y tienen la consideración de transportes especiales. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, número 520, de 9 de marzo de 2007.
(Número de expediente 173/000176.) ... (Página 11994)

-Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para potenciar el tejido productivo en nuestro país.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 520, de 9 de marzo de 2007. (Número de expediente 173/000177.) ... (Página 11998)

-Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre medidas a adoptar en relación con la crisis de los productores de naranjas. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, número 520, de 9 de marzo de 2007.
(Número de expediente 173/000178.) ... (Página 12005)

-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impedir la presentación de candidaturas auspiciadas por Batasuna/ETA en las próximas elecciones municipales, a Juntas Generales y al Parlamento de Navarra. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 520, de 9 de marzo de 2007. (Número de expediente 173/000179.) ... (Página 12009)

-Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de política general para la eliminación de los "puntos negros" de las carreteras del Estado y para mejorar la seguridad vial en las mismas.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 520, de 9 de marzo de 2007. (Número de expediente 173/000180.) ... (Página 12014)

Página 11959


SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. ... (Página 11962)

Del Parlamento de Navarra, de modificación del artículo 50 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Orgánica.) ... (Página 11962)

Defienden la proposición de ley del Parlamento de Navarra, para su toma en consideración, los señores Izu Belloso, Valero Erro, y Puras Gil.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Aranda Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Avocación por el Pleno ... (Página 11971)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas.
(Votación.) ... (Página 11972)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Navarra, de modificación del artículo 50 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Orgánica.), se aprueba por 301 votos a favor.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 11972)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se introduce una nueva disposición adicional en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, relativa al reordenamiento del escalafón en las escalas auxiliares y cuerpo auxiliar de especialistas (oficiales) del Ejército de Tierra, declaradas a extinguir . ... (Página 11972)

El señor Esteve Ferrer presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, esta proposición de ley, que es fruto de múltiples negociaciones fraguadas al final de la legislatura pasada con el Ministerio de Defensa, con el estamento militar, con los militares afectados y por militares que se podrían sentir agraviados en función de cuál fuera al final la solución que se le diera al problema. A pesar de ser consensuada y meditada, su grupo es consciente de que es sin duda mejorable con la aportación del resto de grupos de la Cámara.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proposiciones no de ley ... (Página 11978)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre equiparación de las pensiones no contributivas al salario mínimo interprofesional ... (Página 11978)

Defiende la proposición no de ley el señor Tardà i Coma, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). Señala que la proposición que plantea su grupo pretende dar un golpe a la pobreza en un momento en el que los que creen en la justicia social y están comprometidos con ella puedan decir que forma parte de un objetivo prioritario. Pretende crear un fondo adicional, extraordinario, en los próximos presupuestos con el fin de que las comunidades autónomas puedan tener las aportaciones necesarias para poder incrementar las pensiones no contributivas.


En defensa de la enmienda presentada, interviene la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Página 11960


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el Sáhara Occidental ... (Página 11984)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Lasagabaster), sobre gestiones del Gobierno español ante el Reino de Marruecos para el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas respecto al referéndum en el Sáhara ...
(Página 11984)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre el reconocimiento y apoyo de la República Árabe Saharaui Democrática ...
(Página 11985)

Intervienen en la presentación conjunta de estas proposiciones no de ley el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y las señoras Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto y Cañigueral Olivé, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Aburto Baselga, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, los señores Moragas Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas intervienen el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y las señoras Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto y Cañigueral Olivé, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que en este momento comunica que retira su proposición no de ley.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 11993)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se introduce una nueva disposición adicional en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, relativa al reordenamiento del escalafón en las escalas auxiliares y Cuerpo Auxiliar de Especialistas (oficiales) del Ejército de Tierra, declaradas a extinguir, se rechaza por 136 votos a favor y 169 en contra.


Proposiciones no de ley. (Votaciones.) ... (Página 11993)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre equiparación de las pensiones no contributivas al salario mínimo interprofesional, a la que se ha añadido una enmienda parcial, se aprueba por 305 votos a favor y uno en contra.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el Sáhara Occidental, se aprueba por 304 votos a favor y uno en contra.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Lasagabaster), sobre gestiones del Gobierno español ante el Reino de Marruecos, para el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas respecto al referéndum en el Sáhara, se aprueba por 305 votos a favor.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 11994)

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para reducir el número de vehículos que circulan por nuestras carreteras y tienen la consideración de transportes especiales ...
(Página 11994)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Olabarría Muñoz, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Andreu Domingo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Souvirón García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Álvarez Oteo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para potenciar el tejido productivo en nuestro país ...
(Página 11998)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Navarro Casillas, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Mancha Cadenas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Román Guerrero, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, interviene la señora Navarro Casillas.


Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre medidas a adoptar en relación con la crisis de los productores de naranjas ...
(Página 12005)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Cerdà Argent, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Armengol Criado, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y Ramón-Llin i Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el señor Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impedir la presentación de candidaturas auspiciadas por Batasuna/ETA en las próximas elecciones municipales, a Juntas Generales y al Parlamento de Navarra ... (Página 12009)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Astarloa Huarte-Mendicoa, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Oliva i Peña, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); los señores Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de política general para la eliminación de los "puntos negros" de las carreteras del Estado y para mejorar la seguridad vial de las mismas ...
(Página 12014)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Jané i Guasch, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto y la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Andreu Domingo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Souvirón García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y De la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


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A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Jané i Guasch.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para reducir el número de vehículos que circulan por nuestras carreteras y tienen la consideración de transportes especiales, se aprueba por 298 votos a favor.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para potenciar el tejido productivo en nuestro país, se aprueba por 301 votos a favor.


Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre medidas a adoptar en relación con la crisis de los productores de naranjas, se aprueba por 301 votos a favor.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impedir la presentación de candidaturas auspiciadas por Batasuna/ETA en las próximas elecciones municipales, a Juntas Generales y al Parlamento de Navarra, se rechaza por 123 votos a favor y 176 en contra.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de política general para la eliminación de los puntos negros de las carreteras del Estado y para mejorar la seguridad vial en las mismas, se aprueba por 300 votos a favor y uno en contra.


Se suspende la sesión a las once de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.


-DEL PARLAMENTO DE NAVARRA, DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL (ORGÁNICA). (Número de expediente 125/000017.)

El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión correspondiente al 13 de marzo de 2007. Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley del Parlamento de Navarra, de modificación del artículo 50 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.


Tiene la palabra la delegación enviada por el Parlamento Navarro, a la cual saludamos por este orden: primero don Miguel José Izu Belloso, a continuación don Luis Valero y finalmente don Fernando María Puras. Tiene la palabra el señor Izu Belloso. Sabe que el tiempo es de quince minutos repartidos en turnos de cinco.


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO FORAL DE NAVARRA (Izu Belloso): Gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señoras y señores diputados. Para mí es un honor venir en representación del Parlamento de Navarra ante esta Cámara a defender una iniciativa legislativa que, quiero subrayarlo desde el principio, fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Navarra, un Parlamento muy plural en su composición, pero que se puso de acuerdo para enviar esta iniciativa a esta Cámara. Fue una iniciativa presentada por mi grupo parlamentario, por Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua. En realidad presentamos dos iniciativas sobre la misma cuestión: en primer lugar, una proposición de ley foral que ya fue aprobada, en mayo de 2004, modificando la Ley Foral de Elecciones al Parlamento de Navarra, y también una proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en ambos casos con el mismo objetivo. De lo que se trata es de poner un límite a las inauguraciones, primeras piedras, presentaciones y actos diversos que las administraciones públicas puedan realizar a partir de la convocatoria de elecciones, es decir desde la convocatoria hasta el día de las elecciones, en esos 55 días que median. La propia Ley Orgánica de Régimen Electoral General ya dispone que la campaña electoral la deben hacer únicamente los partidos políticos, coaliciones, agrupaciones electorales y desde luego no las administraciones públicas. Esto queda muy claro en los 15 días que teóricamente dura la campaña electoral, pero evidentemente todos sabemos que la campaña electoral de verdad no dura solo esos 15 días que dice la ley, sino que empieza bastante antes. Pese a que está prohibido hacer campaña desde la convocatoria, es muy usual que las administraciones públicas, aunque no participen formalmente en la campaña, hagan una serie de actuaciones que realmente tienen un fin electoral.


Voy a leer un artículo de prensa que se publicó con motivo de las últimas elecciones municipales y autonómicas en mayo de 2003 en un periódico de Navarra, que también leí cuando defendí la iniciativa en el Parlamento de Navarra porque es muy representativo de lo que todos sabemos que sucede.
Es un artículo que se titulaba Fiebre inaugural y que decía: El Gobierno ha emprendido en los últimos meses el maratón de inauguraciones que se repite cada cuatro años ante una inminente cita electoral, cuyo esprín se produce durante los 15 días antes de que

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los ciudadanos acudan a las urnas. La media se ha elevado en las últimas semanas prácticamente a una inauguración diaria. Los vientos electorales que soplan en la comunidad foral parecen haber despertado el virus de la inauguración entre los políticos locales. Si en Burgos la Junta Electoral suspendió ayer cinco inauguraciones de obras municipales al considerarlas propaganda electoral, en Navarra los máximos dirigentes de las instituciones parecen afectados por una extraña compulsión que les lleva a inaugurar algo cada dos días. Salud no ha dado la voz de alarma sobre este efecto secundario, típico de la campaña preelectoral, tal vez porque también sus máximos responsables parecen verse afectados por este fenómeno y han participado en varias inauguraciones. Lo grave no es que se viertan estas opiniones en un medio de comunicación, sino que esta es la percepción que al final llega a los ciudadanos de que hay un abuso de los recursos públicos de que disponen las administraciones públicas utilizados con fines partidistas y preelectorales.


Lo que precisamente queremos mediante esta iniciativa es poner un límite a la actividad de las administraciones públicas en ese periodo que media entre la convocatoria y las elecciones, una medida que no va contra nadie -por eso viene con la unanimidad a la que me refería hace un momento-, ni contra ninguna fuerza política ni contra ninguna institución en particular. Se trata de ponernos límites entre todos, de que nos autolimitemos todas las fuerzas políticas, todas las administraciones públicas, porque por desgracia este mal está bastante extendido. Esta es una medida de higiene democrática. Se trata de que se corte cualquier posibilidad de abuso en el periodo preelectoral, de que contribuyamos entre todos a la imagen de transparencia en el uso de los recursos públicos y sobre todo DE que contribuyamos a aumentar la confianza de los ciudadanos en el correcto obrar de las administraciones públicas, ya que por desgracia bastante desprestigio tienen en estos momentos la política y las instituciones como para que nos despreocupemos. Esta es una medida que puede permitir recuperar la confianza imprescindible en un sistema democrático.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Tiene la palabra el señor Valero.


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO FORAL DE NAVARRA (Valero Erro): Señorías, como miembro de UPN, partido que sustenta con CDN al Gobierno de Navarra, y como parlamentario foral me dirijo a SS.SS. a fin de defender la proposición de ley de modificación del artículo 50 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Navarra. Para que SS.SS. comprendan esta proposición les resumiré algunos antecedentes. En primer lugar diré que esta proposición viene dada de otra que tuvo lugar en el Parlamento de Navarra y que afectaba a la Ley Foral 16/1986, reguladora de las elecciones al Parlamento de Navarra, presentada por Izquierda Unida e igual a la que hoy defendemos. Aquélla, la del Parlamento de Navarra, fue modificada con una enmienda presentada por mi grupo y por CDN cambiando: desde la convocatoria de las elecciones por 30 días naturales antes del día de las elecciones. Dicha modificación de la ley fue aprobada en Pleno por 45 votos a favor y seis abstenciones. Aun con estos 45 votos, no se crean que fue fácil, pues no vean ustedes qué términos se utilizaron hacia nosotros. Se decía: UPN y CDN lo que hacen es restringir una iniciativa legislativa necesaria y acertada en su configuración. En definitiva, desde que ustedes convoquen elecciones -nos decían- no hagan electoralismo. También se nos decía: No podemos apoyar la enmienda presentada por UPN y CDN porque apoyamos la proposición de ley presentada por Izquierda Unida, ya que nos parece una cuestión de honestidad democrática. Pues bien, ahora nos toca posicionarnos a todos. En nuestro caso, en Navarra autolimitamos de forma voluntaria nuestra legítima capacidad de actuación en una época determinada en la vida democrática de nuestra comunidad. No estamos en una isla, somos la Comunidad Foral de Navarra, pertenecemos a España y, en consecuencia, es aquí donde se debe consensuar la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral para que nos afecte a todos por igual, sean las elecciones que sean. ¿Se imaginan ustedes autolimitándonos nosotros y el Gobierno de la Nación inaugurando actos en plena campaña electoral? En definitiva, no tenemos ninguna duda de que va a ser admitida a trámite, ya que todos los grupos parlamentarios forales así lo anunciaron cuando fue aprobada la proposición en el Parlamento de Navarra.


Para concluir, solicitamos que exista una norma a nivel de Estado que afecte a todos los procesos electorales con el ánimo de ser una aportación más, producto de la experiencia ya histórica de la vida democrática, para mejorar la percepción que los ciudadanos pueden tener de los procesos electorales, así como mejorar las técnicas y los modos en la gestión pública cara a una mayor transparencia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor Puras.


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO FORAL DE NAVARRA (Puras Gil): Gracias, presidente.


Señorías, comparezco también como parte de la representación del Parlamento de Navarra para defender el trámite de esta proposición de ley que fuera aprobada por el Parlamento de Navarra y por la que se adiciona un nuevo apartado al artículo 50 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. En la misma, como ya se ha dicho, se propone, en resumen, que no se celebren actos de colocación de primeras piedras u otros actos de presentación

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o inauguración de obras, edificios o servicios públicos. En la propia exposición de motivos de la proposición se menciona el hecho de que en las semanas anteriores a las elecciones suele ser habitual este tipo de actos, y se trata de evitar esa ilícita captación del voto en los procesos electorales. A tal efecto se prohíbe durante dichos procesos la realización de actos propagandísticos en los que se utilizan los recursos públicos en beneficio de intereses puramente partidistas, entendiendo el concepto de procesos electorales en sentido amplio y no estrictamente referido al periodo de celebración de esas actuaciones.


Es sabido que en casi todas las convocatorias electorales el partido en el poder suele ser acusado por las fuerzas de la oposición de abusar de su posición, consistiendo dicho abuso en la realización de una serie de actos con fines casi exclusivamente propagandísticos y dirigidos a la captación del voto. En este sentido, es verdad que se han producido diversos pronunciamientos de la Junta Electoral Central, sobre todo el contenido en su Instrucción de 13 de septiembre de 1999 en la que se acuñó la doctrina fundamental en esta materia. Sin embargo, también es verdad que esa instrucción se produce en el contexto de otra serie de instrucciones de la Junta Electoral Central, especialmente la referida y producida en el mes de junio de 1999, que al final y en su conjunto no acaba de fijar criterios inequívocos de aplicación general. Por ello, entendía el Parlamento de Navarra y desde luego mi grupo que, si se quieren evitar de una vez todas las polémicas que se plantean y los recursos que se formulan durante los procesos electorales, una proposición de ley orgánica como la aquí analizada resultaría muy positiva para eliminar el surgimiento de conflictos en esta materia.


Es una iniciativa más entre otras de similar carácter y naturaleza que ha sido sometida a la consideración de esta Cámara por el Gobierno de España y por el Grupo Parlamentario Socialista; una iniciativa respecto de la que, no obstante, hay que reconocer que, partiendo de que el artículo 50 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General pudiera no resultar de aplicación directa, como parece, en las comunidades autónomas, podría ser aparentemente, y más que aparentemente, paradójico que el Parlamento de Navarra la formule en esta Cámara, ya que en definitiva habría una discrepancia entre la regulación existente en la comunidad foral y en el Estado. En ese sentido, hay que decir, como lo han hecho quienes me han precedido en el uso de la palabra, que Navarra tiene algo similar dispuesto y considero que estaría bien que el Congreso de los Diputados así lo dispusiera para la Administración General del Estado. Sin embargo, he dicho similar porque efectivamente, como se ha puesto de relieve, en Navarra no se halla vigente la propuesta que hoy traemos aquí, sino que está acotada no desde el momento de convocatoria de las elecciones hasta la celebración de las mismas, sino que se refiere al plazo de 30 días naturales anteriores a la celebración de las elecciones. A pesar de esa discrepancia, en virtud de la corrección del planteamiento que hoy se trae aquí -que se halla en su contenido-, pido el apoyo de esta Cámara a la proposición de ley que, en representación del Parlamento de Navarra, he tenido el placer de defender, a la vez que me comprometo, por mi grupo, a tomar la iniciativa en el Parlamento de Navarra para establecer similares condiciones a las que hoy aquí sometemos a su consideración.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puras.


A continuación, en fijación de posiciones de los grupos parlamentarios, Grupo Mixto, señora Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.


Señorías, empezaré por saludar, además con especial satisfacción, a los representantes del Parlamento Foral encargados de defender esta tarde en la Cámara la propuesta de reforma de la ley. Por tanto, señores parlamentarios, bienvenidos.


La proposición para la modificación del artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que trae a esta Cámara el Parlamento de Navarra, es sin duda alguna no solo una proposición, sino que también es una propuesta de ley, dicho con mayúsculas. Lo establecen por cierto algunas sentencias que, referidas a actuaciones de la legislatura anterior, ya se han pronunciado al respecto. No solo eso, sino que reformas como la que nos atañe esta tarde y que nos trae el Parlamento de la comunidad foral pueden llegar a ser la mejor manera de regenerar la imagen de la política, no solo en lo referido a los procesos electorales, sino más todavía en lo que respecta a la confianza, por tanto a restañar, a resarcir la falta de confianza de la ciudadanía en torno a la Administración. Nos parece fundamental romper esa idea, de la que por cierto se han hecho verdaderos usos y abusos, que se ha instalado de manera profunda entre los ciudadanos y que se resume en esa frase que todos hemos escuchado en alguna ocasión del: Ya me arreglarán la calle cuando llegue la campaña electoral. Por tanto, control para dignificar no solo los procesos electorales, sino además -y muy especialmente, creo que esto es lo que debemos tener en cuenta esta tarde- el papel de la Administración al servicio de los ciudadanos y no al servicio de los intereses electorales de quienes dirigen la Administración. Además la propuesta que nos trae hoy el Parlamento navarro resulta especialmente atractiva -aunque no llegará-, dada la cercanía de la próxima cita electoral en el mes de mayo. La propuesta se refiere a la adición al artículo 50 de un nuevo apartado, el número 4, que dice textualmente: A partir de la fecha del decreto de convocatoria y hasta la fecha de las elecciones las administraciones públicas competentes en el ámbito afectado por el proceso electoral no realizarán actos de inauguración, de colocación de primeras piedras u otros actos de presentación relativos a obras, edificios o servicios públicos. Nafarroa Bai apuesta por la existencia de una normativa que controle -lo decíamos anteriormente

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y que regule esos posibles abusos, porque realmente de lo que estamos hablando hoy aquí al fin y a la postre es de la utilización de fondos públicos con fines partidistas. Por tanto, señorías, como no podía ser de otra manera, porque los partidos que componen la coalición ya votaron afirmativamente en la sesión del Parlamento de Navarra, les avanzo que votaremos favorablemente esta proposición de ley procedente de la Cámara Foral de Navarra, y además lo haremos con especial gusto.


Esta propuesta supone introducir en la ley algo que las juntas electorales han venido manifestando en multitud de ocasiones con prohibiciones expresas, aunque hay que recordar que la respuesta ha sido tradicionalmente escasa, y en la memoria electoral de todos tenemos casos más o menos flagrantes de lo que el señor Izu nos reseñaba antes como la fiebre inaugural. Esta proposición de ley pretende por tanto impedir eso: pretende frenar la fiebre inaugural que les entra a los gobiernos, a todos en conjunto, en fechas próximas a citas electorales. Analizada la bondad de la propuesta, señorías, lo que llama la atención especialmente es la posición de los partidos que conforman el Gobierno de la comunidad foral. El señor Valero apuntaba desde esta tribuna que se aprobó efectivamente una ley similar para el Parlamento de Navarra, pero el similar no implica en este caso equidad. Este es un punto de discrepancia notable y también -si me lo permite, y como navarros además- de especial llamamiento a la coherencia. Tanto Unión del Pueblo Navarro, el partido al que representa el señor Valero, como el CDN, que hoy nos muestran su posición favorable a que se refuerce el control en la Ley del Régimen Electoral General, siguen sin modificar de la misma manera -es sustancial, señor Valero- la Ley foral reguladora en las elecciones al Parlamento de Navarra, una ley que deja un margen más amplio -de los cincuenta y pico días hábiles a los treinta naturales- a esa fiebre inaugural que el que ahora nos proponen. El texto foral dice textualmente que las administraciones públicas de Navarra no podrán realizar... en los 30 días naturales. Me parece sustancial. Este apunte es para animar al conjunto de los proponentes, especialmente a quienes ostentan en estos momentos la mayoría absoluta en el Parlamento de Navarra, a llevar el mismo espíritu, por tanto la misma reforma a la ley foral. Nos parecería igualmente digno, pero sobre todo coherente, no solo porque así en Navarra no habrá que esperar a la campaña electoral o a 30 días antes para arreglar la calle, sino porque además se evitará, muy especialmente en Navarra, que algunos se empeñen en tomar la calle porque estamos en campaña electoral. Votaremos a favor por supuesto; ojalá podamos hacerlo en los mismos términos en el Parlamento de Navarra.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barkos.


¿Coalición Canaria? (Pausa.)

Iniciativa per Catalunya Verds. (Pausa.) Señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds quiero anunciar nuestro voto positivo a esta iniciativa, que no podía venir en mejor momento, antes de las elecciones municipales y autonómicas, sabiendo cuál es la práctica de muchas formaciones, de muchos consistorios y de muchas comunidades autónomas, y entendiendo que este Parlamento lo que tiene que hacer es tramitar una ley que añada transparencia. Desde nuestro grupo parlamentario, como no podía ser de otra manera, compartimos el objetivo de la reforma que plantea la proposición de ley presentada por el Parlamento de Navarra porque nos trae un debate que es, como decía Uxue Barkos, más necesario que nunca. La rentabilidad en campaña electoral de los actos inaugurales y de los actos partidistas financiados con dinero público es lamentablemente una constante. Es necesario que la Loreg recoja de forma expresa la prohibición de realizar en comunidades autónomas, en ayuntamientos y también en el Gobierno central, a partir del decreto de convocatoria y hasta la fecha de la celebración de las elecciones, esos actos de inauguración de colocación de primeras piedras, de presentación de obras, edificios, servicios públicos o cualquier infraestructura. ¿O es que ustedes no han visto ayuntamientos de todos los colores que esperan a que estemos a las puertas de las elecciones para inaugurar? ¿No es ese un acto punible desde el punto de vista democrático, que no compartimos y que tenemos que censurar? La proposición de ley sirve; ahora bien, sirve como punto de partida. La proposición de ley es susceptible de mejora. Debería incluirse de forma expresa una prohibición de campañas publicitarias institucionales de exaltación de supuestos logros gubernamentales o al menos garantías para el cumplimiento de las resoluciones de las diferentes juntas electorales y también de la Junta Electoral Central. Los actos institucionales de inauguración, en cualquiera de sus formas, han sido objeto de numerosos recursos ante la Junta Electoral Central por nuestro grupo parlamentario; incluso cuando hemos ganado el recurso presentado ante la Junta Electoral Central se ha demostrado la ineficacia en la ejecución de sus acuerdos cuando se ha pronunciado en contra de la celebración de un determinado acto o campaña publicitaria institucional. Los actos se acaban celebrando con publicidad institucional, y lo que tenemos es pasividad de la Administración electoral; muchas veces, cuando la Administración electoral decide, las decisiones de la Junta Electoral simplemente no se cumplen. Sigue existiendo un problema real en la ejecución de las resoluciones de la Junta Electoral Central. La proposición es un buen punto de partida, pero deberíamos aprovecharla para asegurar ese mandato democrático ante cualquier contienda electoral. Ejemplos les podría poner muchos, pero hay algunos bastante claros que avalan la proposición

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de ley que hoy se discute. ¿Se acuerdan ustedes de una campaña sobre los logros de la Seguridad Social con el aumento de pensiones en el año 2004? ¿Se acuerdan? Pues esa campaña, liderada por el anterior ministro, Eduardo Zaplana, recibió una resolución contraria de la Junta Electoral Central y simplemente no se aplicó. Esa reflexión, que no solo afecta al Partido Popular, sino que puede afectar a multitud de fuerzas políticas, nos debe llevar no solo a que tramitemos la proposición de ley que hoy discutimos, sino a conseguir que sea mejorada de forma sustancial. Hoy tenemos una oportunidad ante el Congreso que no ha legislado sobre la materia, ni tan siquiera -a pesar de lo que a nuestro grupo le hubiese gustado- ha creado una comisión de estudio sobre la reforma de nuestro sistema electoral, una reforma que tiene que ser global, que tiene que afectar a multitud de cuestiones, pero que también tiene que afectar a estos elementos de radicalidad democrática, de fortalecimiento de nuestra democracia, garantizando que esta se desarrolle bajo los principios de la participación y de la libertad de concurrencia, pero también bajo el principio de la igualdad de concurrencia.


Quiero acabar diciendo, señor presidente, que lamentablemente en los procesos electorales nuestra democracia se ha acostumbrado a determinados abusos de poder por aquellos que dirigen la institución. No siempre se produce ese abuso de poder, es cierto, pero muchas veces se acaba produciendo y supone la vulneración de la transparencia y la objetividad del proceso electoral y del principio de igualdad de los actores electorales reconocido en el artículo 8 de la Loreg. Con la iniciativa de hoy se debate y se pretende poner fin a lo que para nosotros ha sido una clara quiebra de ese principio de igualdad de los actores electorales. A lo que tenemos que poner fin es precisamente a ese aprovechamiento político al margen del interés económico y social colectivo. Por eso hoy el Parlamento navarro, al presentarnos esta proposición, nos brinda una oportunidad para hacer los deberes que no hemos hecho durante esta legislatura. Aquí introduzco la última reflexión de mi intervención.


Esta Cámara ha hecho los deberes en multitud de aspectos, pero no los ha hecho en un aspecto fundamental, que es la reforma del sistema electoral.
Lo que hace esta proposición de ley es abordar una parte que deberíamos haber abordado sin tocar otras partes de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Es una oportunidad preciosa para conseguir avanzar en nuestra calidad democrática. Por tanto, no solo esperamos que hoy se apruebe, sino que haya una voluntad de la Cámara de que esta ley pueda ver la luz en los meses o en el año que nos queda de legislatura.
Ustedes saben perfectamente que esta ley se podría aprobar el día de hoy pero podría pasar a la historia siendo simplemente una ley más que se tramita. Nuestro compromiso desde la tribuna es no solo votar a favor, sino conseguir no solo que se apruebe la tramitación de una ley que introduce criterios de calidad democrática en las reglas del juego, sino que se apruebe definitivamente en esta legislatura con los elementos que he introducido. Señor presidente, señoras y señores diputados, nosotros lo que esperamos -como decía la señora Barkos de forma brillante- es que tomemos la calle pero de forma cívica, que no la tomemos con inauguraciones y con actos pomposos, que la tomemos con lenguaje y discursos democráticos y que la tomemos, en definitiva, como se tiene que tomar la calle antes de una contienda electoral, con valores democráticos. Esta ley nos va a ayudar a tomar las calles con valores democráticos, esperemos que también nos ayude a tomar las calles de otra manera en lo que respecta al comportamiento de cada una de las fuerzas políticas antes de la próxima contienda electoral.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.


Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Señor Esteban, por favor.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.


Quiero anunciar, en primer lugar, nuestro voto favorable a esta iniciativa, que es loable en cualquier caso. Es una reflexión que desde diversos ámbitos se ha hecho en materia de campañas electorales, desde diversos grupos políticos, aunque personalmente no sé si la efectividad de la medida que se propone va a ser verdaderamente sustancial. Desde luego, nos parece correcto, porque algo hay que hacer ante el descaro de algunos representantes políticos en diversos lugares de la geografía, retrasando inauguraciones de determinadas obras para que coincidan con la época electoral. Permítanme que personalmente les diga que dudo mucho que la campaña electoral y el voto del ciudadano se decida en los últimos dos meses. Me parece que normalmente lo que decide a la ciudadanía es una actitud y una trayectoria a lo largo de la legislatura, a lo largo de los últimos tiempos, y que medidas adoptadas o inauguraciones realizadas en los últimos dos o tres meses, poco efecto pueden tener a la hora del voto ciudadano. Evidentemente, puede haber casos en que sí se decida el voto electoral a última hora, en los casos en los que se mete la pata flagrantemente, por ejemplo, engañando a la población, pero no es lo habitual. Por tanto, insisto, no sé si las inauguraciones de estos últimos dos o tres meses serán efectivas en la intención de arrastre de voto. En cualquier caso, estéticamente es una actitud deplorable que además genera cabreos y enfados en la oposición y perjudica el clima político electoral. Por tanto, nuestro voto será favorable. Ahora bien, es evidente que con lo que se propone, la fecha es evidentemente la del decreto de convocatoria, sería bastante sencillo que simplemente se adelantaran un poquito esas inauguraciones, no tanto desde la fecha electoral, al fin y al cabo van a ser dos meses y medio, para que el efecto que se quería conseguir

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con la inauguración vaya a ser el mismo que el que se podía haber conseguido un mes después.


Antes decía la señora Barkos que, en cualquier caso, había que pedir coherencia también a los proponentes, y yo quiero insistir en ello, porque esta propuesta que hoy llega a la Cámara viene de una iniciativa de Izquierda Unida en el Parlamento Foral de Navarra. La iniciativa quería que se aplicara lo mismo a la reforma de la Loreg y a la Ley Foral de Navarra. Sin embargo, nos encontramos que en una tramitación que se hace al mismo tiempo, paralela, se presenta una enmienda por parte de UPN-CDN para modificar el plazo dejándolo en 30 días naturales en el caso de la Ley en Navarra, mientras que no se hace así con la Loreg. Nos parece que es bastante incoherente, a no ser que se esté pensando precisamente que para el caso de Navarra está bien, tenemos que votar a favor porque estéticamente quién vota en contra de esta propuesta de Izquierda Unida, en el caso de Navarra vamos a cubrirnos las espaldas, que sean solo 30 días, vamos a intentar acercarnos un poquito más a las fechas de las elecciones. Por tanto, no es que la regulación haya venido de antaño, sino que es una regulación que se aprueba en paralelo, al mismo tiempo de una iniciativa de Izquierda Unida y, sinceramente, no ha sido muy estética esa modificación en la Ley Foral de Navarra, mientras que aquí ante la Loreg se presenta otra cosa.


Respecto a su tramitación, la verdad es que las proposiciones por parte de las cámaras autonómicas no han cosechado muchos éxitos en las Cortes Generales. De hecho, si no me equivoco, la estadística nos dice que solo en una ocasión, en una propuesta del Parlamento gallego con referencia a un asunto de parques naturales, consiguió llevarse a la aprobación final aquella propuesta. Por tanto, no se augura mucho éxito a la que se presenta en estos momentos, sobre todo porque esta tramitación podría llevar su tiempo y queda un año de legislatura. La única posibilidad que vemos de que la tramitación pueda estudiarse y llevarse adelante es que se introduzca en la reforma de la Loreg que ya está en marcha, a través de una iniciativa de Izquierda Unida, cuyo plazo de enmiendas finaliza precisamente hoy. En el caso de que también pudiéramos incorporar mediante un acuerdo unánime de los portavoces de los grupos esta propuesta que hoy nos eleva el Parlamento navarro, quizás podríamos llevarlo a buen efecto, pero si no, me temo que va a ser una más de las proposiciones que se han explicitado en esta Cámara pero que al final no se sustancian en la letra de la ley. Insisto en que nuestro grupo votará favorablemente la toma en consideración.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.


Esquerra Republicana. Señor Tardá.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, permítanme que salude y agradezca al Parlamento de Navarra la iniciativa que estamos debatiendo. En esta legislatura hemos aprobado la Ley de publicidad y comunicación institucional, en la cual se establecía que los poderes públicos se abstendrán de realizar campañas institucionales en periodo electoral, entendiendo por tal el lapso temporal comprendido entre la convocatoria de elecciones y el día mismo de la votación. Este Parlamento entendía, pues, que la realización de estas campañas transcurría por la delgada línea que separa la legítima campaña de publicidad y comunicación institucional de la campaña electoral de los partidos políticos que ostentan los poderes públicos. De hecho, han sido los abusos que se han dado en ese sentido los que han llevado a la regulación de las campañas institucionales y los que nos traen hoy esta proposición de ley. Ciertamente, se ha extendido la costumbre de llevar a cabo actos de inauguración, de colocación de primeras piedras o similares alrededor de las fechas electorales. En la exposición de motivos de la presente proposición de ley se afirma que dicha actividad genera entre la ciudadanía la impresión de que por parte de los responsables políticos se busca deliberadamente la cercanía de las convocatorias electorales para influir sobre los electores, utilizando los recursos públicos en beneficio de intereses estrictamente partidistas. La presente explicación añade un factor interesante al debate: la impresión, la percepción subjetiva de la ciudadanía, más allá de la voluntad o no de los poderes públicos, de influir en la campaña electoral. Por un lado, las casualidades respecto a las coincidencias de inauguraciones con periodos electorales son tantas, que en buena parte de los casos señalan esa intencionalidad electoral de la que hablamos, y esto lleva a una desigualdad en las campañas electorales de los partidos políticos que la Ley de Régimen Electoral no puede obviar y que, efectivamente, debería regular. Por otro lado, y tal como indica la exposición de motivos, sea por casualidad o por intencionalidad, existe una sombra de sospecha respecto a la utilización de los recursos públicos en beneficio de unos partidos políticos. Esta sospecha que pone en entredicho la ética política atañe también a la legislación que debe establecer las medidas oportunas para garantizar la honestidad e imagen de los poderes públicos. Así, bien sea en virtud de la igualdad de oportunidades de los partidos políticos en contienda o bien sea en virtud de la honestidad e imagen de los poderes públicos, nos parece adecuada la proposición de ley que hoy debatimos; es más, nos parece necesaria ante el reiterado abuso que los partidos políticos hacen de las inauguraciones en beneficio propio. Atención, no estoy con ello señalando a un determinado partido político u otro, es un mecanismo utilizado por todos los partidos políticos que lo tienen al alcance porque es legal. Lo que estamos debatiendo hoy es si nos parece lícito o no, porque si a este Parlamento no le parece lícito, deberá adecuar la legislación a este parecer y regular y delimitar unas actuaciones que hasta el momento son legales.


Más allá del debate estrictamente planteado, quisiera señalar una cuestión que reviste una especial gravedad.


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A menudo, la urgencia por inaugurar antes de las elecciones comporta la realización de turnos laborales de mañana, tarde y noche, o de horas extraordinarias en las obras a inaugurar que son pagadas por las administraciones públicas, es decir, son pagadas por toda la ciudadanía, y esto sí que es verdaderamente grave e implica una total falta de ética, un despilfarro de dinero público y una deshonesta utilización de los poderes públicos. Por ello, pensamos que el ordenamiento jurídico debería regular y prohibir aquellas situaciones en las que la ciudadanía paga las urgencias electorales de las personas que están al frente de las administraciones. De hecho, el calendario de actuaciones parece estar hecho, a menudo, más pensando en los periodos electorales que en las necesidades de la población. En este sentido, permitan que les ponga un ejemplo que conozco, aun cuando me voy a ahorrar citar la ciudad en que sucedió para no herir susceptibilidades. El ayuntamiento de la ciudad tenía prevista la inauguración de una plaza en fechas próximas a las elecciones municipales. Como las obras no se ajustaban a esta fecha, el ayuntamiento decidió que se trabajara mañana, tarde y noche para llevar a cabo la inauguración en la fecha prevista. Los trabajadores estuvieron trabajando hasta el último minuto y, efectivamente, ese día la plaza se inauguró, tal y como estaba previsto. No obstante, cuando el comité municipal y la ciudadanía que asistió a la inauguración se marcharon, los trabajadores volvieron a la plaza, levantaron las baldosas, echaron el cemento que con las prisas no habían podido echar, y la recién inaugurada plaza quedó cerrada hasta que el cemento se hubo secado. Aquí tienen un ejemplo de las situaciones surrealistas que la fiebre electoral provoca y que son pagadas por los bolsillos de la ciudadanía. El legislador no puede permanecer impasible ante este fraude de ley y violación de la ética política, no puede permitir que el ejercicio maduro de la acción racional y responsable a favor del bien público y de los intereses de la ciudadanía quede hipotecado por un tacticismo electoral; repito, simple tacticismo electoral. Es simplemente inmoral.


Por todo lo expuesto anteriormente, nos parece adecuada la proposición de ley que nos trae a debate el Parlamento navarro, a quien, repito, agradecemos la iniciativa y les anunciamos nuestro voto a favor, de la misma manera que esperamos el voto favorable del grupo mayoritario, en coherencia con lo que votó en el Parlamento navarro. Debo decirles también que hoy mismo nuestro grupo parlamentario introducirá, conjuntamente con otras enmiendas, la que debe incluir lo contenido en esta proposición de ley en la reforma de la Loreg ya que, tal como recordaba el compañero señor Esteban del Partido Nacionalista Vasco, hoy, a las ocho de la tarde finaliza el plazo de presentación de enmiendas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.


CIU. Señor Xuclà, por favor.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, señorías, quiero saludar a la delegación del Parlamento navarro que hoy nos trae esta proposición de ley y anunciar el voto favorable de mi grupo parlamentario a su toma en consideración, que es el inicio de un debate sobre esta propuesta.


Señorías, seguramente en la mayoría de los programas electorales de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara hay un capítulo dedicado a la profundización o al perfeccionamiento democrático. Durante más de un cuarto de siglo, a través de distintas medidas, hemos ido perfeccionando la democracia, sabiendo que la democracia no es solo forma y fondo, sino también actitudes y el rechazo a situaciones absolutamente abusivas; situaciones abusivas a las que se ha hecho referencia por parte de algún portavoz de otro grupo parlamentario; situaciones abusivas, señorías, seguramente más propias del pasado que del presente y del futuro; situaciones casi teatrales de inaugurar en el último momento una obra, más propias de una democracia joven que de una democracia madura.


Coincido -tenía un apunte parecido- con la idea que ha señalado el diputado señor Esteban en el sentido de que, seguramente, en la conformación del voto no son decisivos ni los últimos 15 días ni el último mes, sino que en una democracia deliberativa -como debe ser y es también nuestra democracia- se conforma la opinión con los cuatro años y con las conclusiones de los ciudadanos sobre la acción de los gobiernos en los distintos niveles. Es más, señorías, hay algunos estudios que apuntan claramente que los impactos mediáticos y electorales durante la última semana de campaña son notablemente irrelevantes para los electores y que se desplaza a los últimos meses la conformación definitiva y la maduración del voto en orden a optar por una determinada opción política.
Por eso, nos parece oportuno votar favorablemente esta toma en consideración que servirá seguramente para trasladar a este Parlamento, al Parlamento español, un debate que hemos podido comprobar esta tarde que está vivo en el Parlamento navarro con distintos puntos de vista: si los 30 días anteriores a la celebración de las elecciones, como está redactado en la legislación en Navarra, o, tal como nos propone esta proposición de ley, desde el día de la fecha de convocatoria de las elecciones, de acuerdo con la Loreg; estamos en el nivel de ley orgánica, de ley general para el conjunto del Estado, elecciones generales y locales entre 58 y 56 días. Esto puede ser objeto de discusión posterior, pero sabiendo que no nos sobra tiempo para la tramitación de esta proposición de ley.


Me gustaría que esta proposición de ley tuviera el éxito que no han tenido la inmensa mayoría de las otras proposiciones de ley que se han formulado por parte de comunidades autónomas. Concretamente, desde la recuperación de la democracia solo una ha sido aprobada y quiero recordar que en esta legislatura unas cuantas proposiciones de ley de distintos parlamentos autonómicos

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sin ir más lejos, ahora me vienen a la cabeza un par de proposiciones de ley del Parlamento de Cataluña, la de traspaso de los servicios de meteorología al Gobierno de la Generalitat de Cataluña o la de la incorporación de las lenguas cooficiales en los distintos territorios del Estado en el pasaporte-, a un año de la finalización natural de la legislatura, señorías, no ven aún el horizonte de su culminación. Por eso, deseo mejor suerte a esta proposición de ley. También coincido con el señor Tardà en que esta mejor suerte de esta proposición de ley se podría encauzar a través de la reforma. Algún portavoz ha hablado de una minireforma, señorías. En esta legislatura los grupos parlamentarios hemos concertado una reforma de la Ley Electoral que se va a explicitar hoy a las ocho de la tarde mediante el registro de entrada de distintas enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios; una reforma de la Ley Electoral que parte de una iniciativa que primero fue planteada por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en la Comisión Constitucional como una proposición no de ley y después por parte del Grupo de Izquierda Unida en esta Cámara y en el plenario como proposición de ley para facilitar, permitir y garantizar el secreto absoluto del voto de los invidentes. Señorías, también saben ustedes perfectamente que hoy a las ocho de la tarde se registrarán otras iniciativas y otras enmiendas en el sentido de facilitar el voto para los estudiantes residentes en el extranjero o algunas otras medidas sobre la publicidad de los colegios electorales, un paquete de medidas que suponen una reforma de la Ley Electoral en esta legislatura y algunos otros temas que nos propone el grupo de la mayoría y que aún están abiertos y son objeto de discusión.
Pues bien, solo en el calendario de estos meses parece posible la incorporación de esta limitación de las inauguraciones y de las primeras piedras si incorporamos esta modificación de la Loreg en el paquete que hoy empezará su tramitación.


Finalmente, esta es una iniciativa que va en la línea de alguna otra que se ha aprobado en esta legislatura. Concretamente estas Cortes Generales aprobaron por unanimidad en esta legislatura una ley de publicidad institucional, ley que tuvo una larga discusión de carácter competencial y jurídico sobre el carácter básico de su artículo 4. Pues bien, les tengo que decir que a la fuerza política que represento, Convergència i Unió, le fue muy útil aquel artículo 4 para poder denunciar, con éxito por cierto, ante la Junta Electoral algunas campañas, convocadas ya las elecciones en Cataluña, por parte del anterior Gobierno de la Generalidad, que hacía publicidad institucional en contra del planteamiento aprobado por unanimidad en estas Cortes Generales. Pues bien, en esta línea de profundización democrática, de mejora democrática, sea bienvenida esta propuesta concreta del Parlamento de Navarra, y estos días que parece que algunos solo quieren hablar de Navarra por otros aspectos, Navarra también existe para hacer propuestas de mejora y de profundización democrática.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.


Grupo Popular. Señor Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular y quisiera comenzar mi intervención saludando a la delegación de parlamentarios forales que en este trámite parlamentario han presentado tan brillantemente esta iniciativa legislativa del Parlamento foral e igualmente, con esa misma cordialidad, darles la bienvenida a esta casa, sede, como saben, de la soberanía nacional. Asimismo, como no podía ser de otra forma, deseo mostrar el respeto del Grupo Parlamentario Popular a la iniciativa que desde el Parlamento foral se nos presenta hoy, y ya les adelanto que, como no podía ser de otra manera, contará con nuestro apoyo la toma en consideración, con cuya aceptación esperamos se abra un enriquecedor debate que nos lleve a mejorar el contenido de la ley actual en un texto posible y más justo.


Como se ha dicho por los delegados del Parlamento foral, la propuesta que hoy vemos tiene como antecedente la Ley foral de modificación del artículo 14 de la Ley 16/1986, reguladora de las elecciones al Parlamento de Navarra, por la cual se introduce un apartado que limita finalmente las inauguraciones y actos semejantes a 30 días antes de la celebración de las elecciones. La modificación de esta Ley foral 16/1986 definitivamente aprobada surge de una enmienda de UPN-CDN que finalmente consigue el apoyo mayoritario del Parlamento foral y que es aprobada por 41 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones, de un total, como saben, de 50 parlamentarios. Por tanto, yo creo que es de resaltar también en esa normativa el amplio consenso en la aprobación final del Parlamento foral. A su vez, como se ha dicho ya, esta ley foral antecedente surge de una iniciativa de Izquierda Unida que pretendía en origen que el plazo de limitación se fijara desde el decreto de convocatoria de las elecciones forales en este caso, es decir, que abarcara un periodo de 54 días, y con este mismo texto y con esa misma filosofía se presenta y ahora se reproduce esta modificación aplicada al artículo 50.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral para las convocatorias electorales que en ella se regulan. Creo que conviene recordar y valorar positivamente el que esta modificación de la normativa electoral propia de Navarra ha supuesto que, por primera vez, un gobierno autonómico, en este caso el que forman UPN y CDN, acepte estar autolimitado de forma voluntaria en su legítima capacidad de actuación en un determinado espacio de tiempo, y así esté aprobado desde mayo de 2004, es decir, que seamos pioneros en el autocontrol y ejemplo para otras comunidades y, en este caso, para otros foros como en el que hoy nos encontramos. A algunos, se ha dicho aquí, les puede parecer limitado e insuficiente el plazo de 30 días previsto en ese cambio de la normativa

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foral, pero conviene señalar que en 2004 era la única normativa autonómica de esas características y aún sigue siendo la que recoge este punto y que hasta ahora, y conviene que lo tengamos en cuenta, no se ha aprobado ninguna norma similar como la que ahora se pretende a nivel nacional.


Nuestra postura es favorable al debate, al diálogo y al consenso. Pero permítame que en este caso, en función de la normativa afectada por el cambio que se propone por la reforma, fijemos unos parámetros previos que nosotros creemos que deberían de recorrerse en esta tramitación y en este debate. Primero, creo que tenemos que exigir y nos lo impondremos, coherencia política. Si se pide una cosa en un foro institucional determinado, porque se entiende que es buena y saludable, pediremos que se pida o se mantenga de la misma manera en otro; es decir, que se tenga el mismo parámetro cuando se está en la oposición que cuando se está en el Gobierno o se está pensando si uno es oposición o si uno es Gobierno.
Ejemplo de incoherencia. En enero de este año 2007 el Grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Pamplona presenta para su debate una moción que tiene el siguiente texto, y cito: Proponemos que durante el primer semestre de 2007 el Ayuntamiento de Pamplona no realice actos de inauguración, de presentación, de colocación de primeras piedras o actos similares relativos a obras, edificios o servicios públicos, de cara a demostrar nuestra transparencia en torno a las próximas elecciones municipales a celebrar el 27 de mayo. Obviamente, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona no lo forma Izquierda Unida. Lo forman UPN y CDN. Pero quien sí es de Izquierda Unida es el señor Madrazo, el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, que inaugura, hace muy poco, una serie de viviendas, 404 pisos, de protección oficial. Nosotros pedimos que lo que se exige a unos, se lo exija uno a sí mismo si resulta que uno cree en aquello que propone. Segundo. Por ello, también debemos exigirnos que el texto que al final resulte del debate tenga una serie de condiciones, primero, que sea coherente con los textos que ya existen con anterioridad para dar lógica al sistema y no existan desequilibrios a favor de unos u otros en función de los procesos electorales de los que se trata. Segundo, que el texto resultante sea razonable y que coadyuve a los objetivos pacíficos que pretende la proposición que hoy vemos y que todos compartimos. También pedimos que sea claro, es decir, que recoja aquellos supuestos que serían objeto de limitación para que así se cumplan los objetivos y fines que se pretenden y no consigamos que, al final, por fraude de ley luego sea de imposible cumplimiento lo que ahí se recoge. También pedimos que en ese debate, al final, resulte un texto que sea proporcionado, es decir, que no limite de forma desproporcionada la capacidad de trabajo y respete, a su vez, que controla la lógica de la actividad política pública de gestión. Tercero, la reforma que se propone incide, como todos sabemos, en un texto de una ley medular de nuestro sistema político, la Ley Orgánica del Régimen General Electoral; una ley que, digámoslo así, regula las condiciones previas del juego político. Por ello, creo que deberíamos de imponernos todos un compromiso por trabajar, por buscar el mayor consenso posible en el texto que resulte al finalizar su tramitación. Es más, nuestro ofrecimiento va más allá de un consenso básico que pudiera ser saludable o suficiente entre los partidos mayoritarios, y lo que esperamos es que el texto que al final resulte pueda aprobarse con la unanimidad de todos los grupos. Nos parece igualmente importante, y para nuestro grupo es coherente, reiterar, una vez más, nuestra crítica por el hecho conocido de que importantes modificaciones de esta ley se hayan sustraído de la Comisión Constitucional o, como en el caso de la modificación de la disposición segunda que contiene la ley de igualdad efectiva ante hombres y mujeres, que veremos y aprobaremos, supuestamente, el jueves, no se recojan en leyes que se sustraigan del control de esa comisión y se parcele lo que hasta ahora ha sido una costumbre, y es que todas las reformas sean consensuadas por unanimidad, que es lo que nosotros pedimos también en este caso.


Por último, señorías, señores delegados del Parlamento Foral, bienvenido el debate, bienvenida esta propuesta que, como se ha dicho aquí, viene por unanimidad de nuestra tierra, Navarra, que como se ha acreditado no necesita tutelas de nadie para ser pionera entre las nacionalidades y regiones de España, proponiendo iniciativas que perfeccionan nuestra democracia.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.


Señor Aranda, por favor.


El señor ARANDA ÁLVAREZ: Señor presidente, señoras y señores diputados, en primer lugar, quiero que mis palabras sean para saludar a la delegación del Parlamento navarro, a los señores parlamentarios forales Nuin, Valero y Puras. Señorías, esta tarde, como están escuchando y viendo, vamos a votar una pequeña pero importante reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Es pequeña porque, como todos sabrán ya, pretende tan solo una pequeña modificación del artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para incorporar un nuevo apartado. Pero también es una reforma importante. Para utilizar palabras coloquiales que todos podamos entender, esta reforma pretende evitar que desde la acción política y desde las instituciones se quiera obtener ventaja política en los procesos electorales; es decir, es una reforma que intenta cortar el ventajismo, cortar de raíz a aquellos que pretenden jugar el proceso electoral con cartas marcadas. Desgraciadamente, eso ha sido común durante mucho tiempo. Me remito a las resoluciones e instrucciones de la Junta Electoral para que vean cómo las inauguraciones, las primeras piedras y las campañas institucionales y de promoción ha tenido muchas oportunidades de ser conocidas por la Junta Electoral. Pero en estos

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tiempos se incorpora más dentro de esa estrategia que muchas veces ponemos en manos de la política, unos más que otros, como pequeños fraudes, pequeños regates defraudadores al sistema electoral. Cuando se hace eso se comete un gravísimo error y un inmenso daño a la democracia. Muchos de ustedes saben que, desgraciadamente, nuestro sistema es una democracia, como diría algún ilustre constitucionalista de mitad del siglo XX, cuasi plebiscitaria. Los socialistas estamos contribuyendo en esta legislatura a cambiarlo. Las elecciones se convierten en el único momento en que los ciudadanos pueden manifestar su criterio, su opinión y su posición política. Después de las elecciones, resulta que en muchos casos los ciudadanos también se sienten alejados de la vida política. Precisamente por eso, el procedimiento electoral, el régimen electoral es tan importante, tan básico, porque es el momento en el que los ciudadanos intervienen, participan. Por eso, todas las fuerzas políticas tenemos que ser conscientes de que el procedimiento electoral debe ser respetado y considerado.


El procedimiento electoral, señorías, en nuestro sistema tiene algunos principios básicos, y uno es especialmente relevante: el principio de igualdad de armas de los candidatos y de las candidaturas que se presentan a ese procedimiento electoral. Precisamente, este principio de igualdad de armas se quiebra, se corrompe cuando se hacen campañas de publicidad, campañas de autobombo que lo único que pretenden es aprovecharse de los recursos públicos para beneficio personal. Señorías, estas estrategias, estas formas de actuar dañan la democracia y además pervierten y defraudan el dinero público, porque no deben olvidar que además de estar defraudando al sistema se están aprovechando de los recursos públicos para beneficiar la campaña electoral propia. El señor Salvador, del Grupo Popular, decía que esto no puede ser así. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Saben que en estos meses electorales, de aquí a las elecciones municipales y autonómicas, la Comunidad Autónoma de Madrid se va a gastar 167 millones de euros; 167 millones de euros en campañas institucionales; 167 millones de euros en inauguraciones, en primeras piedras, es decir, en autobombo y, por tanto, en buscar el voto con el dinero de todos? Mientras tanto, señorías, en la Comunidad de Madrid, como en muchos otros sitios, faltan recursos para los hospitales, para los colegios, para las guarderías, para las casas de acogida de mujeres y muchas otras cosas más.


Señorías, los socialistas vamos a votar a favor de esta iniciativa, y lo vamos a hacer por coherencia con lo que estamos haciendo a lo largo de toda esta legislatura. En esta legislatura nos hemos comprometido con la profundización de la democracia, con el fortalecimiento de la democracia.
Desde luego, corregir estas malas prácticas en el procedimiento electoral es una de las cuestiones que tenemos que abordar. También lo hemos hecho cuando aprobamos la Ley de Publicidad Institucional. Algunos diputados que me han precedido en el uso de la palabra lo han señalado, la Ley de Publicidad Institucional corrige las campañas institucionales en esta materia; pero también es cierto que esa ley no corrige todos los casos.
Lo hemos hecho también, en esa línea de fortalecimiento de la democracia, cuando aprobamos la Ley de Publicidad. Lo estamos haciendo todos los días cuando desde la Presidencia de esta Cámara, se está abriendo el Parlamento a debates más profundos. Por tanto, coherentemente, seguimos trabajando para fortalecer la democracia y por eso, señorías, vamos a apoyar esta iniciativa.


También queremos señalar que tenemos algunas reservas, algunas cuestiones que señalar. El señor Valero decía que no es lógico que unos se autolimiten y otros no. Yo estoy con el señor Valero cuando dice esto.
Pero, señor Valero -aquí se ha señalado-, la Ley navarra establece un plazo de 30 días y esta iniciativa establece otra cosa diferente. Por tanto, creo que no debemos hacernos pequeñas trampas. Tenemos que ser leales con el sistema; tenemos que ser conscientes de los errores y de las deficiencias del sistema para corregirlos y que todos estemos en igualdad de armas, que es el principio electoral. Por eso debemos hacer esas observaciones.


Además, ustedes tienen que saber otra cosa. El artículo 50 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral no es un artículo básico y, por tanto, al no ser un artículo de legislación básica, no es de aplicación en igualdad de condiciones para todas las comunidades autónomas; es solo de aplicación para la Administración General del Estado y para sus organismos autónomos. Evidentemente, tenemos un sistema político donde las campañas electorales -lo estamos viendo en este preciso momento-, aunque sean regionales, aunque sean locales, tienen repercusión de carácter nacional. Por tanto, no podemos hacernos trampas. Si resulta que la Administración General del Estado se autolimita y las comunidades autónomas no se autolimitan, sucede que comunidades autónomas como la madrileña tienen 167 millones para gastarse en cuatro meses, por lo que evidentemente no estamos en la misma situación. Por tanto, queremos discutir todos estos asuntos de manera detallada cuando se tramite esta ley. Votamos a favor porque cuando hay vocación por unos u otros de defraudar el sistema, debe venir el derecho, poner pie en pared y establecer los principios del sistema.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aranda.


Llamamos a votación y aprovechamos para despedir a la delegación del Parlamento Foral de Navarra, felicitándoles por la iniciativa.


AVOCACIÓN POR EL PLENO.


-DEL PROYECTO DE LEY DE LA LECTURA, DEL LIBRO Y DE LAS BIBLIOTECAS.
(Número de expediente 121/000112.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, en primer lugar, una avocación. De conformidad con lo dispuesto en el

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artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)

En consecuencia, queda aprobada la propuesta de avocación.


Muchas gracias.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
(VOTACIÓN)

-DEL PARLAMENTO DE NAVARRA, DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL (ORGÁNICA). (Número de expediente 125/000017.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. El señor Vañó votará a mano alzada y se computará un voto más al voto electrónico del Grupo Popular.


Votación de toma en consideración del Parlamento de Navarra, de modificación del artículo 50 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 301.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INTRODUCE UNA NUEVA DISPOSICIÓN ADICIONAL EN LA LEY 17/1999, DE 18 DE MAYO, DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, RELATIVA AL REORDENAMIENTO DEL ESCALAFÓN EN LAS ESCALAS AUXILIARES Y CUERPO AUXILIAR DE ESPECIALISTAS (OFICIALES) DEL EJÉRCITO DE TIERRA, DECLARADAS A EXTINGUIR.
(Número de expediente 122/000106.)

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se introduce una nueva disposición adicional en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, relativa al reordenamiento del escalafón en las escalas auxiliares y cuerpo auxiliar de especialistas (oficiales) del Ejército de Tierra, declaradas a extinguir. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.-Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, les ruego, por favor, si lo desean, abandonen el hemiciclo. Vamos a continuar con la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se introduce una nueva disposición adicional en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, relativa al reordenamiento del escalafón en las escalas auxiliares y cuerpo auxiliar de especialistas (oficiales) del Ejército de Tierra, declaradas a extinguir. (Rumores.) Señorías, de nuevo, por favor, les ruego que, si desean ausentarse del hemiciclo, lo hagan con rapidez y en silencio.


Señor Esteve, vamos a intentarlo. Cuando quiera.


El señor ESTEVE FERRER: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy se debate la toma en consideración de una proposición de ley que fue admitida a trámite por la Mesa del Congreso en el mes de octubre de 2004 y que el calendario parlamentario ha querido que se debata hoy aquí. Es una proposición de ley que es fruto de múltiples negociaciones fraguadas al final de la legislatura pasada con el Ministerio de Defensa, con el estamento militar, con los militares afectados, tanto en activo como en situación de reserva, y con militares que se podrían sentir agraviados en función de cuál fuera al final la solución que se le diera al problema. A pesar de ser una propuesta consensuada y meditada, queremos dejar claro que no deja de ser una propuesta, sin duda, mejorable con la aportación del resto de grupos de la Cámara. La solución a la situación que atraviesan los oficiales de las escalas auxiliares y del cuerpo auxiliar de especialistas del Ejército de Tierra puede ser esta que proponemos u otra que confeccionemos entre todos. Queremos que, a partir de la toma en consideración de esta proposición de ley, esta no sea más que un boceto sobre el que construir la solución que entre todos encontremos. Ese es el espíritu con el que nos presentamos hoy aquí, porque no pretendemos patrimonializar nada. Somos conscientes de que no aportamos más que una fórmula de solución a un problema que ha sido objeto de atención por la mayoría de los grupos de esta Cámara, algunos de ellos a través de iniciativas en forma de proposición no de ley. Hay que destacar el tesón, por ejemplo, de Izquierda Unida, que ha llegado a presentar hasta cinco proposiciones no de ley sobre esta materia, dos de las cuales fueron aprobadas, estableciendo expresos mandatos al Gobierno de aquel momento. Dos de los proyectos de ley fueron presentados por el Grupo Parlamentario Popular y aprobados, con mandatos también a los respectivos Gobiernos, uno de ellos incluso en septiembre del año 1994, es decir, hace ya trece años. También el Partido Socialista ha creído, al menos cuando estaba en la

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oposición, que los afectados de estas escalas merecían una solución.


Además de las iniciativas planteadas por dichos grupos, no hay que retrotraerse muy lejos para comprobar cómo otros grupos, como Convergència i Unió o Coalición Canaria, a través de sus diputados, señores Maldonado y Mardones, en distintas intervenciones han mostrado un decidido apoyo a la búsqueda de una solución que todavía no ha llegado.
Busquemos, por tanto, dicha solución entre todos, pero partiendo de un concepto claro, un concepto que debemos tener siempre presente, que es que la situación que atraviesan estos militares es fruto de un cúmulo de situaciones generadas por disposiciones legales y actos administrativos que han dado lugar a diversos agravios comparativos. Podemos citar a título de ejemplo, como primer agravio comparativo, el que se produjo entre los años 1974 y 1979, entre los que optaron a integrarse en la escala de nueva creación o los que optaron por quedarse en la escala auxiliar. El segundo agravio comparativo se produjo con la aplicación de la Ley 17/1989, que cortó las expectativas de ascenso de muchos militares, cuando otros sí habían podido hacerlo. El tercer agravio fue a partir del año 1993, cuando, a través de distintos actos administrativos, se amplían progresivamente los años de tiempo de servicio activo, quedando sin poder ascender cursos enteros de estas escalas. El cuarto agravio se produce con la modificación de la Ley 17/1999, que genera que dentro de una misma escala haya dos grupos con distintos modelos de carrera y, como colofón, 151 sentencias de distintos tribunales superiores de Justicia, con fallos muy dispares, de las cuales solo 16 fueron revocadas por el Tribunal Supremo, y de entre las ejecutadas, unas mezclaban escalafones, otras saltaron antigüedades y concedían ascensos, otras modificaban antigüedades y no concedían ascensos, etcétera. Dicho esto, no voy a extenderme en cuál ha sido el devenir histórico por el que han pasado estos colectivos, porque los portavoces de los grupos que van a hacer hoy uso de la palabra son perfectamente conocedores de en qué consiste el problema, pues todos hemos recibido cientos de cartas y multitud de correos electrónicos, que en muchos de los casos hemos contestado e incluso nos hemos reunido con algunos de los afectados, en mi caso concreto he tenido decenas de reuniones. Esta es la razón por la que en estos momentos le pongo cara al problema y le pongo nombre y apellidos a muchos de los casos. He creído conveniente hacer un pequeño resumen de por qué han llegado a esta situación, porque los agravios existen dentro de una misma escala, no solo en función de sentencias dispares, que hemos mencionado, sino en función de disposiciones legales anteriores. Como disposiciones legales anteriores generaron esos agravios, hubo gente que se fue a los tribunales. Si no se hubiesen sentido agraviados, no hubiesen ido a los tribunales, por tanto, los problemas vienen de antes de las sentencias y no con las sentencias.
Además, el problema tampoco acaba con dichas sentencias. El problema se ha empeorado a través de distintos parches legislativos y administrativos que se han dictado con posterioridad y que han empeorado la situación. En conclusión, es muy importante a la hora de buscar una solución definitiva saber de dónde partimos. Unos, entre los que nos encontramos, valoramos un conjunto de disposiciones legales, un conjunto de actos administrativos y resoluciones judiciales que han generado los agravios comparativos que pretendemos paliar. Otros partirán del momento en que se plasmaron los efectos resultantes de las dispares sentencias judiciales, sin valorar otras cuestiones. Son dos puntos de partida distintos.
Partimos de dos puertos de salida distintos. Nosotros defendemos la primera de las opciones, porque tenemos claro que la situación actual es el resultado de un cúmulo de injusticias y no solo el efecto de una disparidad de sentencias, que fue la mayor de todas ellas.


Teniendo esto claro y siendo conscientes de la sensibilidad mostrada por los distintos grupos parlamentarios, afrontamos en su día el debate de la famosa enmienda número 19 del Grupo Socialista al proyecto de Ley de Tropa y Marinería. Fue una propuesta que no gustaba a la mayoría de los grupos de la Cámara, una propuesta a partir de la cual fuimos incapaces de encontrar una solución satisfactoria para todos los grupos, razón esta por la que a través de una disposición final en la Ley de Tropa y Marinería se nos emplazaba a buscar una solución en el marco del debate de la Ley de la Carrera Militar, actualmente en tramitación. Se cierra el emplazamiento y el Gobierno nos propone en la disposición adicional décima del proyecto de Ley de Carrera Militar, una solución que dista muy poco de aquella citada enmienda número 19 del Grupo Socialista a la Ley de Tropa y Marinería, aquella que no nos convenció, como no nos convence la que ahora nos proponen. En el debate de la Ley de Tropa y Marinería no llegamos a alcanzar un acuerdo sobre la solución que deberíamos dar al problema. Espero que en el debate de las enmiendas de la Ley de la Carrera Militar seamos capaces de llegar a un acuerdo satisfactorio para los miembros de las escalas auxiliares y CAE del Ejército de Tierra.
Nuestro grupo parlamentario desde este momento quiere dejar patente que nos vamos a dejar la piel en intentar llegar a ese consenso. Ojalá el acuerdo se consiga y esta proposición de ley se convierta en innecesaria.
Pero podría ocurrir que dicho acuerdo no se consiguiera. Podría ocurrir que el texto de dicha disposición adicional décima de la Ley de la Carrera Militar quedara como está, como estaba antes del proyecto de Ley de Tropa y Marinería, lo que supondría una solución parcial al problema y haría necesaria la presentación de una iniciativa como la que hoy presentamos. Debemos ser conscientes de que nos demandan una solución unos 730 militares en activo, unos 5.500 en situación de reserva y unos 8.000 militares retirados, a los que habrá que sumar un gran número de militares ya fallecidos, cuyos causahabientes también buscan un resarcimiento moral. En total estamos hablando de más de 6.000 oficiales y más de 11.000

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afectados en clases pasivas, que llevan 18 años -han oído bien- pidiendo una solución al desorden existente en los escalafones de las escalas auxiliares y CAE del Ejército de Tierra. Queremos una solución que dé satisfacción a todos ellos y no solo a aquellos, como dice el texto que nos plantea el Gobierno en el proyecto de Ley de Carrera Militar, cuyo orden de escalafón se vio alterado por la ejecución de resoluciones jurisdiccionales en términos diferentes. Es decir, esta que nos ofrece la Ley de la Carrera Militar es una propuesta que solo afectaría a unos 500 militares. En la solución que proponemos hay unos 6.000 oficiales y unos 11.000 afectados de clases pasivas, frente a esos 500 militares, que serían aquellos que fueron adelantados por otros en función de la ejecución de sentencias que les favorecieron. Esto, según nuestra opinión, generaría nuevos agravios comparativos. Estamos buscando una solución a los agravios comparativos existentes, pero con esta solución de la que parte la Ley de la Carrera Militar encontraríamos nuevos agravios, porque dependería de qué tribunal dictase qué sentencia o de qué compañeros de promoción han sido más reivindicativos y han ido a los juzgados y cuáles no. Queremos una solución para todos y no solo para unos pocos; queremos exactamente lo mismo que querían las proposiciones no de ley aprobadas en 1994, 1996, 1997 y 2005; queremos lo mismo que querían aquellos portavoces de los grupos que intervinieron en todos y cada uno de los debates de las proposiciones no de ley, de las que se aprobaron y de las que no.


Por eso, como algún grupo parlamentario nos va a recriminar esta tarde que no hayamos retirado esta proposición de ley, cuando este mismo tema está siendo debatido en la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de la Carrera Militar, desde este momento queremos contestar que aunque parezca el mismo asunto estamos planteando cuestiones diversas. En la Ley de la Carrera Militar se nos propone una solución que afecta a unos pocos; nosotros proponemos una solución que afecte a todos los oficiales de las escalas auxiliares y cuerpo auxiliar de especialistas del Ejército de Tierra. Son dos iniciativas por tanto con puertos de llegada distintos.
Hace un momento he dicho que partíamos de puertos de salida distintos, pero ahora digo que partimos de puertos de llegada distintos. ¿Podemos decir realmente que estamos hablando del mismo viaje? Nuestro grupo parlamentario entiende que no. Por eso creemos que es necesario que ambas iniciativas, el proyecto de Ley de la Carrera Militar y esta proposición de ley, se tramiten de forma paralela.


Habrá quien piense que es una incongruencia, pero no lo es. De hecho hay antecedentes en esta misma legislatura. Se estaba tramitando el proyecto de Ley Orgánica de Educación, la LOE, y se tomó en consideración una proposición de ley del BNG sobre la jubilación anticipada de funcionarios. Se tomó en consideración la proposición de ley, lo que esta pretendía fue incorporado a la LOE y al final lo único que se hizo fue avanzar. No sé hasta dónde llegaremos en la negociación de la disposición adicional décima del proyecto de Ley de la Carrera Militar. Nuestra predisposición es totalmente positiva, como hemos dicho anteriormente, pero en función de los términos en los que está planteada, el Grupo Popular tiene la obligación moral de dejar esta puerta abierta a la esperanza, una esperanza que se ha visto reiteradamente frustrada, como han apuntado en repetidas ocasiones muchos parlamentarios de esta Cámara; quiero recordar al señor Frutos y al señor Centella, de Izquierda Unida, o a los dos portavoces del Grupo de Coalición Canaria o de Convergència i Unió a los que he mencionado anteriormente. Tenemos la obligación de iniciar este viaje con la esperanza de encontrarnos en el trayecto con el viaje emprendido con el Gobierno con la Ley de la Carrera Militar. Ojalá nos encontremos, ojalá confluyamos, pero no podemos renunciar a un viaje que miles de militares, muchos de los cuales nos han escrito, llevan muchos años soñando poder hacer. No podemos renunciar a un viaje que la mayor parte de los grupos de esta Cámara ha propiciado y ha promovido.


Señor presidente, señorías, como pueden ver no ha habido descalificaciones en mi intervención ni hemos recriminado a nadie nada de lo que haya pasado. Creemos que no es el momento de hacerlo, es el momento de mirar hacia delante, de buscar una solución que satisfaga a todos y no solo a unos pocos. Con la toma en consideración de esta proposición de ley no pierde nadie. Si no se toma en consideración, perderemos un tren que solo algunos podrán recuperar dentro de uno o dos años, cuando alguien de verdad busque una solución definitiva a este problema.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Esteve.


Señorías, ¿algún grupo parlamentario desea ejercer el turno en contra? (Pausa.) Pasamos a la fijación de posiciones. ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posición? (Pausa.) Señor Mardones, comenzamos con usted en nombre de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Adelante.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Como bien ha relatado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, este problema con la escala auxiliar de oficiales tiene una larga historia, iniciada ya a finales de 1944 cuando se creó prácticamente esta escala y que después ha mereció la atención del Legislativo, incluso en periodos predemocráticos como ocurrió con la Ley 13/1974, de organización de las escalas básicas de suboficiales y especial de jefes y oficiales del Ejército de Tierra. Ahí fue donde se empezó a producir y a generar una quiebra. Como bien se ha recordado y se ha dicho en ocasiones anteriores, tanto por el señor Maldonado por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), como por este diputado de Coalición Canaria-Nueva

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Canarias que ahora les habla, hemos sintonizado con el problema de todo este personal de nuestras Fuerzas Armadas que se ha ido quedando, como bien se ha señalado, en una situación verdaderamente quebrada y de agravio comparativo con otros compañeros que tuvieron ocasión de poderse promocionar incluso hasta el grado y el nivel de comandante en nuestras Fuerzas Armadas. Se trató de hacer alguna corrección que vino también a complicar este tema y que ha motivado sentencias cuando se produjo la Ley 17/1989, reguladora del régimen del personal militar profesional. Creo que aquí se incentivaron los agravios comparativos. Por eso, la Ley 17/1999, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, mediante una disposición final octava trataba de entrar en la solución del problema, pero ha dormido el sueño de los justos, o de los injustos. Nosotros creemos que ha llegado el momento de actuar. Sé -lo conozco porque estamos en ello precisamente- que está en trámite parlamentario de presentación de enmiendas el proyecto de Ley de la Carrera Militar. He estado analizando y sopesando razones de nuestra intencionalidad de voto sobre esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Se puede ir por la vía de decir que como está el proyecto de Ley de la Carrera Militar abierto al trámite de enmiendas, se incorpore esto como una enmienda, pero he preferido irme al reconocimiento de unos derechos sin entrar en cuestiones coyunturales, como ha ocurrido otras veces, en que se han tomado en consideración no solamente dos sino hasta tres iniciativas parlamentarias en temas que tenían un factor común. Ha habido leyes de tipo social y laboral que cuando se estaba adoptando su toma en consideración, la Comisión correspondiente o la Mesa del Congreso han aconsejado la refundición del trámite y llevarlas en paralelo, superponiéndolas o cruzándolas, para finalizar su recorrido en un texto final que recogiera esas aspiraciones. Por tanto, mi grupo lo acaba de entender así. Vamos a votar favorablemente esta iniciativa porque entendemos que hay que corregir un agravio comparativo. Si esta iniciativa se toma en consideración -nuestro grupo está también dispuesto porque estamos de acuerdo en su fondo, aunque ahora sería una cuestión de formas, de si lo llevamos como una iniciativa aparte- coincidiría en el tiempo con la tramitación del proyecto de Ley de la Carrera Militar.
Efectivamente, con esta iniciativa se trata de regular unos aspectos que entran dentro de la carrera militar profesional, pero que para nosotros no excluye que hagamos un voto diferenciado para la defensa de unos legítimos intereses que se han visto afectados, como bien ha señalado el portavoz del Grupo Popular y como en anteriores ocasiones el señor Maldonado y un servidor hemos manifestado, por un agravio comparativo.


Por tanto, estamos ante una votación cuyo fondo es de apoyo moral a esta solución. Mi grupo también será el primero, porque está de acuerdo en el fondo, en valorar favorablemente que si se tramitan en paralelo se pueda incorporar esta iniciativa en su toma en consideración en su momento procedimental dentro del Congreso de los Diputados para que se incorpore, en la forma que se estime mayoritariamente, al texto definitivo de la Ley de la Carrera Militar donde esté recogido el colectivo de la escala auxiliar de oficiales y lo que ello conlleva. Por tanto, señora presidenta, nuestro voto será favorable a la toma en consideración de esta iniciativa que ha planteado el Grupo Parlamentario Popular.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Será el señor Maldonado quien en su nombre tome en este momento la palabra. (Pausa.-El señor Llamazares Trigo pide la palabra.) Señor Maldonado, disculpe. Señor Llamazares, ¿quería usted intervenir? He preguntado antes quién deseaba fijar posición y no le he visto. Señor Maldonado, si no le importa es el turno del señor Llamazares. Discúlpeme por el paseo que le he hecho dar. Adelante, señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor Maldo-nado, no es necesario que se vuelva porque voy a tardar solamente un momento en fijar la posición de mi grupo. Como la Cámara sabe y el grupo parlamentario proponente también, una iniciativa de igual tenor, al menos desde el punto de vista del pronunciamiento general, es la que nosotros hemos presentado en diversas legislaturas en relación con la escala auxiliar, si bien nos diferencia la solución a este problema, que viene de largo, y que nosotros queremos solucionar en estos momentos o si es posible cuanto antes. En todo caso en la actualidad está en marcha el proyecto de Ley de la Carrera Militar.
A día de hoy nos encontramos en la finalización del periodo de presentación de enmiendas de totalidad, el periodo de presentación de enmiendas parciales continuará a lo largo de los próximos días y nosotros aportaremos nuestra idea y nuestras enmiendas a este proyecto de Ley de la Carrera Militar Profesional. No vemos necesario que se produzcan dos proyectos en paralelo que tratan la misma materia. En ese sentido, como digo, presentaremos nuestras iniciativas en el marco de la Ley de la Carrera Militar Profesional, desde el acuerdo en algunos casos y desde el desacuerdo en otros, pero con la voluntad de que nuestras enmiendas sean incorporadas. En relación con esta iniciativa, que nos parece extemporánea, podríamos sacar algunas conclusiones. No sé si es la iniciativa que anuncia la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario Popular o si es una iniciativa que viene del pasado y que coincide con el debate actual, pero está claro que esta iniciativa no es congruente con la situación actual de elaboración del proyecto de Ley de la Carrera Militar, y por tanto nosotros nos vamos a incorporar a ese debate del proyecto de ley. Como digo, consideramos que esta es una iniciativa extemporánea o no sabemos a qué otro tipo de voluntades puede responder.
En todo caso no la votaremos favorablemente y presentaremos nuestras enmiendas en el

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proyecto de Ley de la Carrera Militar, respecto de la que no voy a decir en estos momentos cuál va a ser nuestra posición, pero en todo caso será ahí donde aportaremos nuestras iniciativas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Llamazares.
Disculpe de nuevo.


Señor Maldonado, adelante.


El señor MALDONADO I GILI: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, comparezco para posicionar a Convèrgencia i Unió ante esta proposición de ley, por la que se introduce una disposición adicional a la Ley 17/1999, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, relativa al reordenamiento del escalafón de las escalas auxiliares y cuerpo auxiliar de especialistas del Ejército de Tierra, declarados a extinguir.
A mi grupo le pasa un poco como al señor Mardones y a su grupo, que nos encontramos en la disyuntiva de qué hacer. Tenemos la suerte de que nuestro grupo no está en la posición pura y dura ni es un grupo que dé apoyo taxativo al Gobierno en todo lo que hace, lo cual nos permite votar a conciencia aquello que creamos positivo para algún sector de la sociedad. Hoy no nos duelen prendas en votar a favor de una propuesta que presenta el Partido Popular, porque es una propuesta con una base humana, con una base familiar, con una base social, que afecta a personas. A nosotros nos es indiferente el grupo que represente y a quién vaya dirigida esta proposición de ley. No creemos que sea una proposición de ley para ir en contra del Gobierno; es más, quiero agradecer y felicitar al portavoz popular por el tono que ha empleado. No sé si prosperará -puede ser que no-, pero ha sido un tono mediante el cual ha querido exponer una situación sangrante relativa a un colectivo importante del ejército que afecta a hombres y a mujeres, pero sobre todo a familias.
Por tanto, a nosotros hoy nos toca decidir sobre la base de una situación de conciencia de sectores sociales.


Nuestra posición ha sufrido un vaivén. Nuestro deseo inicial era votar en contra. ¿Por qué? No porque no hubiera una base ni porque no fuera lógica, sino porque estamos debatiendo una ley, la Ley de la Carrera Militar, en la cual irán incardinados aspectos como el que ahora se debate. No hubiera pasado nada si Convergència i Unió hubiera dicho, como ha hecho el señor Llamazares, que votaría en contra porque se está debatiendo la nueva Ley de la Carrera Militar. Podíamos estar ahí, en el voto en contra. Podíamos estar en la abstención y decir: un toque de atención al Gobierno. No votamos a favor, nos abstenemos para que el Gobierno entienda que aquí hay un problema. Y podíamos estar a favor de la proposición no de ley porque hay un problema que no se soluciona con el paso del tiempo. Vamos a estar en la última postura, en la de votar a favor. Qué incongruente sería que el portavoz de Convergència i Unió, quien les habla, que reiteradamente ha defendido este tema -y agradezco a los portavoces que han intervenido anteriormente hayan aludido a mis reiteradas intervenciones-, ahora no votara a favor por dar apoyo al Gobierno sistemáticamente o para inhibirse de un problema. Convergència i Unió votará a favor porque este es un problema que arrastramos desde hace tiempo y nos preocupa desde hace tiempo. Es curioso que un partido nacionalista catalán se convierta en uno de los paladines de este problema, pero es un problema que afecta a personas, creemos que debemos estar ahí y, por tanto, apoyaremos esta iniciativa; iniciativa que no viene a recoger más que el espíritu del Gobierno que se pactó en su día en la Ley de Tropa y Marinería. Por eso vamos a votar a favor. Podríamos votar en contra, porque se está debatiendo la ley o podríamos dar un toque de atención al Gobierno, abstenernos. Pero nosotros dimos un voto de confianza al Gobierno con el ministro Bono, con el cual hubo entendimiento total, se pactó que esto se recogería en la nueva Ley de la Carrera Militar y, señorías, esto no se recoge en la forma que se tiene que recoger, como ha dicho el grupo proponente, sino que deja de lado a muchísima gente. En algún aspecto se dice: en aquellos casos que jurídicamente se obligue, etcétera. Por supuesto, si un militar ha presentado un contencioso, lo ha ganado y hay sentencia, el Gobierno tendrá que darle la razón, pero es que creemos que se debe recoger a todos aquellos militares que puedan estar afectados por este problema. Se está hablando de edad, de 61 años; se está hablando de una serie de gente para la que es la última oportunidad de poder ver reconocidos sus derechos.


El portavoz que les habla y todos los otros portavoces hemos recibido miles de correos, de cartas de militares angustiados, de esposas de militares angustiados, de familias que no ven el horizonte de un problema que cuando se hizo la Ley de Tropa y Marinería se dijo que quedaría recogido en la Ley de la Carrera Militar. Queda recogida una parte pequeña, la inmensa mayoría queda al margen y hay mucha gente angustiada, y hay familias que ven que esta es la última oportunidad. Cuando una ley levanta tanta crítica y tanta gente que se dirige a los parlamentarios para hacer un S.O.S. es que algo pasa, es que esta ley no acaba de ir bien.


Es verdad que el ministerio está en la línea del diálogo, este portavoz lo puede garantizar, estamos dialogando con el ministerio; es verdad que el ministerio está en la línea de buscar consenso y pactos, pero la redacción de la ley no nos gusta, no es acorde con lo que se dijo y nos da miedo que el texto final vaya en esta línea. Por tanto, aunque sea testimonialmente porque quizá hoy no se apruebe esta proposición de ley, señor portavoz del Grupo Popular, pero quedará constancia escrita de que hay un sector importantísimo de militares que pide que, en relación con el reordenamiento del escalafón en las escalas auxiliares, se les reconozcan sus derechos y su situación particular, que no es de uno, de dos, de tres, de cuatro ni de cinco, sino de muchos militares.


Esto, señorías, es lo que hace que Convergència i Unió dé apoyo a esta moción, un apoyo que es un mensaje al

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Gobierno para decirle que si hoy esta proposición de ley no se aprueba -como parece ser que no se aprobará, porque los partidos que dan apoyo tácito al Gobierno votarán en contra-, que sepa que hay varios grupos parlamentarios que están preocupados. Cuando el portavoz aquí presente que les está dirigiendo la palabra les hablaba de la Unión temporal de militares, de asociaciones de militares que estaban preocupados, de militares que se dirigían en el hemiciclo a los parlamentarios, es porque había una angustia. Se nos dijo: no os preocupéis porque en la Ley de la Carrera Militar esto quedará definitivamente solucionado, y no es así. Si fuera así, no se habría presentado este proyecto de ley. ¿Qué sentido tendría si ya lo recogiera?

Entiendo al señor Llamazares cuando dice que propondrá alternativas.
Nosotros también, pero corremos el peligro de que no nos escuchen, y al menos nos quedará, entrecomillas, el derecho a la pataleta de decir que también hoy hemos votado. Si hoy no votáramos a favor de esta propuesta y la ley no saliera bien, algunos militares y sus familias dirían que este portavoz que tanto se llenó la boca durante mucho tiempo defendiendo este problema, en la última etapa antes del esprín final ha votado en contra.
Testimonialmente, esto es lo que quedaría escrito. Ojalá que cuando se apruebe la ley esto sea papel mojado, pero si no lo es testimonialmente unos grupos habrán dicho al Gobierno que hay que solucionar este problema que afecta a un grupo importante de militares, suboficiales, psicólogos, personas del mundo sanitario, etcétera, que hoy se encuentran en una situación preocupante.


No queremos que sea una propuesta partidista hecha desde el radicalismo.
Hoy el Grupo Popular, a diferencia de otras veces -porque no nos tiene acostumbrados a este tono y esta forma-, lo ha hecho con corrección y dirigiéndose al Gobierno. Sería bueno que el partido que da apoyo al Gobierno si no puede votar a favor, al menos hiciera llegar este mensaje de preocupación y que al final este problema quedara del todo solucionado por el bien de un grupo de trabajadores, en este caso del ejército, que ven que su futuro profesional puede quedar cortado de raíz.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Maldonado, muchísimas gracias.


Finalizamos con el turno, señorías, del señor Cuadrado en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que será el último grupo parlamentario que sobre esta iniciativa fijará posición en el día de hoy.


El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, si no fuera porque esta es la tribuna del hemiciclo del Congreso de los Diputados, pensaría que he asistido a una cosa diferente al debate de una iniciativa legislativa. Una iniciativa legislativa, y más de esta naturaleza, es muy concreta, en este caso de la carrera militar; no es testimonial, no es una moción. Se ha empleado la palabra moción, pero no es una moción, es una proposición de ley. No se trata de lanzar un mensaje a la opinión pública o al Gobierno, es una iniciativa legislativa. Sinceramente pensaba, señor Esteve, que hoy la iban a retirar porque había sido un error presentar esta iniciativa legislativa.
Esto no es lo de la LOE. Este asunto que ustedes han traído con una proposición de ley firmada en septiembre de 2004 viene de la Ley de Tropa y Marinería. Hay un mandato de la Ley de Tropa y Marinería que se cumple en la Ley de la Carrera Militar. He oído cosas aquí que puedo entender desde el punto de vista de lanzar un voto de humo, de crear una apariencia de algo, pero ustedes han presentado una proposición de ley.
No la van a retirar, indudablemente.


No es, por tanto, un error. No es un error, se presenta conscientemente y se nos quiere explicar que es bueno para el objetivo que persigue la proposición de ley una tramitación paralela con la Ley de la Carrera Militar. ¿Es verdad esto? ¿Es serio esto o es una especie de práctica de carácter teatral, de representación o de otro tipo? No hay, desde el punto de vista práctico de un proceso legislativo, ni una sola razón que pueda explicar que esta proposición de ley sea oportuna en este momento, cuando, si no fuera porque el Grupo Popular ha pedido prórrogas reiteradas, es posible que hoy ya hubiéramos terminado el trámite legislativo de la Ley de la Carrera Militar. ¿Qué es esto? Ustedes nos dicen hoy aquí que esto es urgente y son ustedes los que han pedido prórrogas desde el mes de noviembre. Creí que hoy se iba a hacer aquí algún tipo de representación para retirar la proposición de ley. Veo que no se hace y, por tanto, entiendo que alguna intención debe haber. Vamos a verlo, porque es verdad que desde el punto de vista de las formas se ha hecho de una manera muy templada, pero la práctica, señor Esteve, no es nada templada, tiene una intención que voy a intentar demostrar hasta qué punto no es de recibo.


En este asunto concreto, que es muy complejo y viene desde hace mucho tiempo -luego sacaré conclusiones de la proposición concreta que se hace, contradicciones evidentes, difíciles de poder llevar hasta sus últimas consecuencias porque tendrían resultados absolutamente caóticos-, se han presentado muchas iniciativas. El grupo proponente es el Grupo Popular, no son el señor Maldonado ni el señor Mardones quienes lo proponen. Pues bien, ¿qué sentido tiene esta propuesta cuando los antecedentes son los siguientes, resumiéndolos mucho? El día 4 de noviembre de 1997, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida se aprobaba en esta Cámara por unanimidad y mandataba al Gobierno a que solucionara este problema con unos conceptos muy claros sobre cómo debía solucionarse. Seis meses después, en mayo de 1998, el Gobierno mandó un escrito a esta Cámara diciendo que era inviable, que no podía cumplir la proposición. ¿El Gobierno de quién? El Gobierno del Partido Popular. La Ley de 1999, de Régimen del Personal, y los ocho años

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de Gobierno del Partido Popular no dan ninguna alternativa al problema. A los ocho años, en septiembre del año 2004, es decir, habiendo dejado el Gobierno en mayo, el Grupo Popular, que ha estado gobernando durante ocho años, presenta esta proposición de ley, y aquí ahora se ha hecho un discurso de carácter moral sobre la necesidad moral de hacer una reparación. ¡Hombre! No lo digan muy alto. Ocho años gobernando y a los dos o tres meses de dejar el Gobierno decir que hay que hacer una reparación moral a este colectivo es -señor Maldonado, estará de acuerdo conmigo- francamente fuerte, y además pedir prórrogas a la Ley de la Carrera Militar desde noviembre hasta hoy -si hoy la Mesa no hubiera acordado que se acabaron las prórrogas, habríamos seguido con prórrogas pedidas por el Grupo Popular- y traer hoy lo que se presentó en septiembre de 2004, cuando estamos en plena tramitación de la Ley de la Carrera Militar -señor Mardones, estará de acuerdo conmigo- no es una forma normal de hacer trabajo legislativo.


¿Qué inconveniente hay para que se pueda trabajar sobre cualquier planteamiento de cualquier grupo, vía enmienda, dentro de la ponencia que informe el proyecto de Ley de la Carrera Militar? ¿Cuál es el problema? Esto no es un asunto que se vaya a colgar de la Ley de la Carrera Militar como aprovechando que tramitamos la Ley de la Carrera Militar.¡Hombre, no! Es un asunto de plena competencia de la Ley de la Carrera Militar.
Vamos a hablar de escalas, vamos a hablar de cuerpos, vamos a hablar exactamente de esta cuestión. Por tanto, con un tono, señor Mardones, absolutamente templado, no se trata de apoyar al Gobierno o no. No se trata de mandarle un telegrama al Gobierno o no. No se trata de mandar un mensaje a no sé quién. Se trata de un respeto a las normas parlamentarias más elementales. Hoy, cuando estamos discutiendo aquí este asunto, se ha terminado el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de la Carrera Militar y el próximo día 20 se termina el plazo de presentación de enmiendas parciales. Y hoy, señorías, estamos discutiendo aquí una proposición de ley sobre la carrera militar, sobre un aspecto muy importante heredado de la carrera militar. Y hoy, ¿el grupo político que ha estado gobernando durante ocho años, y ha mandado un escrito a este Parlamento diciendo que la propuesta que le hacía el Parlamento era inviable, nos presenta aquí una proposición de ley para que introduzcamos una vía paralela a la Ley de la Carrera Militar? Va a ser difícil que alguien pueda entender que esto se hace en términos de normalidad y de relación normal entre los grupos parlamentarios. Va a ser muy difícil.


¿Qué otra intención puede haber? Yo no lo puedo entender. Tiene razón el señor Llamazares -él más razón que nadie- porque su grupo parlamentario, cuando ustedes tenían mayoría absoluta, presentó una proposición no de ley, que se aprobó por unanimidad y después el Gobierno le mandó una carta diciendo: Lo siento, señor Llamazares, pero lo que el Parlamento ha aprobado por unanimidad no se puede cumplir, es inviable.


Señorías, voy a aplicar solo dos ejemplos del absoluto oportunismo de esta proposición de ley. Primero, el apartado 2.1.1 de la proposición de ley establece un escalafonamiento de toda una serie de promociones. Si se aprobara tal cual provocaría situaciones que harían absolutamente imposible su aplicación porque da por hecho que el tiempo transcurrido desde que finaliza el curso, bien sea por la promoción correspondiente o bien por un militar concreto, hasta que se incorpora es el mismo, cuando no para todos pasa el mismo tiempo, a unos serán tres años, a otros seis, a otros nueve. ¿Cómo se puede equiparar? ¿Qué es esto? O, por ejemplo, el apartado 3. La ley del Partido Popular impide los ascensos en la reserva y si ahora se proponen aparecerían cambios necesarios, reclamaciones, juzgado, etcétera. El texto en sí es tan inviable que requiere que seamos serios en la tramitación parlamentaria y que lo hagamos donde tiene su cabida natural, que es en la ley que estamos tramitando en este momento en el Parlamento que es la Ley de la Carrera Militar. Si no se ha terminado el plazo de presentación de enmiendas hace un, dos o tres meses es porque el Grupo Popular, que ahora trae esto aquí, ha pedido prórrogas. Por tanto, señorías, vuelvo a insistir en que, por la propia seriedad del Parlamento, retiren esta proposición de ley que solo tiene el objeto de hacerle creer a este colectivo -tiene usted razón señor Esteve, muy numeroso- que el Grupo Popular es el que más le quiere. Ocho años de sequía y hoy quiere que llueva a cántaros. Así, no.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Cuadrado.


PROPOSICIONES NO DE LEY

-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE EQUIPARACIÓN DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL.
(Número de expediente 162/000241.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con el III punto del orden del día, referido a las proposiciones no de ley, y lo haremos con la primera de las mismas, la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, sobre equiparación de las pensiones no contributivas al salario mínimo interprofesional.


Tomará, en primer lugar, la palabra el señor Tardà para defender esta proposición no de ley de su grupo parlamentario. Será por un tiempo no mayor de siete minutos.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


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En el año 1990 se promulgó una ley por la que se establecían en la Seguridad Social prestaciones no contributivas. Se pretendía regular un nivel no contributivo de prestaciones económicas para el desarrollo del artículo 41 de la Constitución, que encomienda a los poderes públicos el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, todo ello mediante prestaciones de carácter universalista. La verdad es que mediante aquella ley se empezó a gestar al actual Estado del bienestar. Entonces también gobernaba el Partido Socialista. Luego, la Ley General de Seguridad Social de 1994 completó las reformas básicas del sistema de la Seguridad Social, iniciadas con la Ley de 1985, de medidas urgentes para racionalizar la estructura y la acción protectora de la Seguridad Social. Todo ello a favor de la extensión del derecho a las pensiones de jubilación e invalidez y a las prestaciones económicas por hijos a cargo a todos los ciudadanos, aun cuando no hubieran cotizado nunca o cuando no alcanzaran el tiempo suficiente para percibir prestaciones de nivel contributivo. Se trataba, en definitiva, de la universalización de tales prestaciones. Esta ley reconoció, como titulares de un derecho subjetivo perfecto a los ciudadanos y como pensionistas de la Seguridad Social, no solo una renta económica, sino también la asistencia médico-farmacéutica y los servicios sociales, obteniéndose una cobertura integral ante los estados de necesidad para aquellos. Otro éxito de las izquierdas, y esto fue así, porque con la ampliación de la protección social a su vertiente universalizadora se daba respuesta a una aspiración social de solidaridad mediante la garantía de pensiones públicas para todos los ancianos o personas discapacitadas sin recursos que, por la causa que fuere, no accediesen a las prestaciones vigentes.


Estas prestaciones por su naturaleza contribuyen a paliar las situaciones de pobreza. Por consiguiente, cualquier actuación en materia de prestaciones no contributivas implica dar de lleno en la reducción de los índices de exclusión. Por ello, mediante la proposición que hoy les presentamos, les pedimos que, antes de que finalice esta legislatura, aprobemos dar, y permítanme la expresión, un hachazo a la pobreza. Sin embargo, esta ambiciosa reforma de la que se deben congratular las izquierdas de aquel momento, y que tanto han contribuido a la mejora de los estados de necesidad en este Estado, ha perdido fuelle en su evolución, por cuanto sus importes han perdido su eficacia e impacto. La evolución del número de beneficiarios en los últimos años ha sido un poco superior al incremento de los beneficiarios de prestaciones contributivas. Mientras que en el año 1997 existía un total de 409.000 pensiones no contributivas, en enero del año 2007 el total de pensiones ha ascendido a 485.000, de las que 205.000 son invalidez y 279.000 de jubilación. Es decir, que en los últimos diez años se ha incrementado el número de pensiones en un 18 por ciento. En este mismo período el número de beneficiarios de prestaciones contributivas ha sido del 11,26 por ciento. Por cierto ha de quedar claro que nuestra demanda es plenamente solidaria con todos los territorios del Estado español. Andalucía está a la cabeza en número de pensiones no contributivas, un 28 por ciento, frente al 12 por ciento de Cataluña, 58.887 pensiones. Por lo que a importe se refiere, la pensión contributiva media en enero de 2007 está en 300,6 euros, mientras que las prestaciones no contributivas de jubilación promedian mensualmente a esa fecha en 289 euros y las de invalidez ascienden a 330 euros de promedio. Del importe medio podemos decir poco más que es un importe. No se nos ocurre que pueda subsistirse con garantías con una prestación de ese importe, y menos si tenemos en cuenta que los beneficiarios son personas en estados de necesidad.
Creemos, pues, que ha llegado el momento de revisar los importes de forma progresiva, ciertamente, para que en un plazo razonable de tiempo podamos decir que tenemos un sistema de protección universal realmente efectivo.
El coste de dichas prestaciones es de 147 millones de euros mensuales, es decir, 2.065 millones de euros anuales. Nuestra propuesta está en la línea de que los importes de las prestaciones -que, como decíamos, no ha evolucionado de forma coherente con los objetivos perseguidos- se equiparen a lo que hemos establecido como índice económico de referencia para determinar lo que entendemos como umbral de la pobreza o ingresos mínimos. De ahí que la actualización que pretende esta proposición no de ley hoy y aquí deba interpretarse como la adaptación al IPREM de forma progresiva -repito, sin duda de forma progresiva-, para limitar el impacto económico, pero también de forma racionalmente inminente, por cuanto los estados de necesidad y la pobreza no pueden tener más espera.


Nuestra petición, pues, es que contribuya a que podamos dar un hachazo a la pobreza -lo repito otra vez- y que lo hagamos en un momento en el que los que creemos en la justicia social, y estamos comprometidos con ella, y en la distribución de las rentas podamos decir que esto forma parte de un objetivo prioritario, puesto que somos mayoría en esta Cámara. Ahora es el momento de tomar la decisión.


Debo decirles que estamos interesados en aceptar la enmienda que nos propone el Grupo Socialista, aun cuando hemos presentado una transaccional de adición de un segundo párrafo al tercer punto de la enmienda presentada por el Grupo Socialista. Voy a leer la transaccional que hemos presentado, que esperamos sea aceptada por el resto de los grupos parlamentarios. Dice así: A tal fin, en los Presupuestos Generales del Estado para 2008 se habilitarán fondos adicionales para incrementar conjuntamente con las comunidades autónomas la renta disponible de las personas receptoras de pensiones no contributivas. Ustedes saben que en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 fue iniciativa de este grupo parlamentario la creación de un fondo extraordinario para políticas de dependencia; también otro fondo extraordinario para políticas de inmigración, de acogida a la inmigración, transferidos a las comunidades autónomas. Se trata de esto, de poder

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comprometer la creación de un fondo adicional, extraordinario, en los próximos Presupuestos Generales del Estado a fin y efecto de que las comunidades autónomas puedan tener aquellas aportaciones necesarias para poder incrementar las pensiones no contributivas que, como ustedes saben, es la gran batalla para conseguir, de una vez por todas, terminar con la exclusión social y la pobreza.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Tardà.


Hay una enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Será la señora López i Chamosa quien tomará la palabra.


Adelante.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, creo que debates como el que hoy estamos teniendo aquí son interesantes por una sencilla razón: esto es lo que preocupa de verdad a los ciudadanos, esto es lo que de verdad preocupa a muchas familias que, es cierto, señor Tardà, con la pensión no contributiva no pueden llegar a fin de mes; pero es más, con las pensiones mínimas contributivas tampoco.
¿Qué significa esto? Que lo que no podemos hacer en ningún momento con una pensión no contributiva, aplicando el criterio, como dice usted, del hachazo a la pobreza, es pasarla por delante de un pensión contributiva, porque lo que conseguiríamos sería que más de cuatro millones de personas que hoy están cotizando a la Seguridad Social dejarían de hacerlo, ya que no tendrían ningún sentido sus cotizaciones porque cobrarían menos que los que no han cotizado.


Tenemos que tomar medidas encaminadas a que la gente que está en situaciones precarias, que vive en el umbral de la pobreza mejore día a día su situación, pero también tenemos que garantizar el equilibrio del sistema. En ese sentido, señor Tardà, nos vamos a encontrar siempre por una sencilla razón y es que el Gobierno socialista está incrementando las pensiones no contributivas por encima del IPC. Además, recuerde que con su voto, el nuestro y el de la Cámara, aprobamos una ley para que las comunidades autónomas puedan también complementar esas pensiones, pero también estamos aumentando paralelamente las pensiones contributivas mínimas para que realmente alcancen una situación aceptable. Hay que celebrar que la pensión contributiva con cónyuge a cargo haya subido en estos tres años un 25 por ciento. ¿Es suficiente? No, pero es el camino de encuentro.


Usted ya ha dicho que acepta la enmienda y quiero indicarle que yo creo que hay dos formas de cargarse la protección social en el futuro. Una, no poniendo dinero, que es lo que hacían los gobiernos de la derecha los años que gobernaron; otra, diciendo que vamos a subir para todos todas las cantidades. Ni una cosa ni otra son posibles. Por eso, su enmienda transaccional y mi enmienda van encaminadas a aprobar en los presupuestos partidas destinadas a que aquellos que están en peores condiciones mejoren su situación personal y de familia gracias a estas ayudas. No sé si al final va a ser posible admitir esta enmienda transaccional porque no sé si todos los grupos la aceptarán, pero, se acepte o no se acepte, señorías, la línea es esa, igual que se hizo con la partida en los presupuestos de 2006 para las viudas que vivan en pisos de alquiler.


Este Gobierno está haciendo la política social más importante de los últimos años en pensiones, en dependencia, en ley de igualdad, etcétera, y lo que sí es verdad, señor Burgos, es que ustedes, en vez de celebrar con nosotros esas políticas, se han tirado al monte para armar jaleo y que esto no llegue a los ciudadanos. Pero, ¿saben una cosa? Lo tienen perdido porque, como esto es lo que les afecta día a día, esto es lo que se van a encontrar a final de mes, esto es lo que se van a encontrar en protección y ayuda aquellas personas que tienen un familiar en malas condiciones, evidentemente llegará a los ciudadanos. En definitiva, esta es la línea, señor Tardà. Nosotros tratamos de ir mejorando poco a poco las pensiones no contributivas y las contributivas, las mínimas, pero siempre manteniendo la diferencia que tiene que haber entre el que ha contribuido y el que no ha contribuido porque nuestro sistema, evidentemente, necesita medidas que se puedan llevar adelante.


Si no es posible que se apruebe la enmienda adicional, le digo desde aquí que esto nosotros lo vamos a llevar adelante porque este es el compromiso.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señora López i Chamosa.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

Comenzamos con la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Para fijar posición respecto a esta proposición no de ley, quiero decir que compartimos los argumentos que acaba de exponer el señor Tardà al considerar insuficientes las pensiones no contributivas y considerar asimismo que estas cuantías no resuelven el problema de muchísimas personas para poder salir del umbral de la pobreza como se decía.


Esta proposición no de ley está firmada con fecha de diciembre de 2004 y tenemos que reconocer de manera positiva los sucesivos incrementos que han experimentado las pensiones no contributivas desde entonces hasta ahora, de la misma manera que el propio salario mínimo, aunque no llegue a la cuantía que nosotros también consideraríamos adecuada. Tenemos -repito- que tomar en cuenta esos incrementos que hacen que en el año 2007 haya una diferencia de 36 euros respecto a la pensión no contributiva a la que el señor Tardà hacía referencia. Por tanto, nos parece importante que el señor

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Tardà llegue a acuerdos con la señora López i Chamosa en el sentido de buscar una transacción o una aceptación de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, pues va en la dirección de progresivo incremento de estas pensiones. En un momento como este es necesario mantener una postura no de prudencia, sino de equidad en el sentido que voy a explicar a continuación.


Nos preocupa mucho la política de recursos financieros, económicos, que el Gobierno vaya a aportar para el desarrollo de la Ley de Dependencia. No podemos olvidar que esta ley y lo que estamos discutiendo ahora tiene mucha relación y que muchas de las personas que en este momento están cobrando una pensión no contributiva, si desde el Estado se les garantiza, conjuntamente con las competencias que tienen las comunidades autónomas, una adecuada atención a aquellas personas que tienen problemas de discapacidad, evidentemente, las necesidades también serán diferentes, sobre todo porque lo prioritario sería cubierto. Somos conscientes de que no podemos pretender que en cuatro años pasemos de la casi nada al todo -a lo mejor exageramos-, pero entendemos que es necesario que así como este incremento anual de las pensiones no contributivas lo valoramos, aunque insuficiente, positivo, dado que se está haciendo, el Gobierno también tiene que hacer un gran esfuerzo para que realmente las comunidades autónomas tengan la financiación necesaria para poder desarrollar la Ley de Dependencia, que desde nuestro punto de vista es complementario con lo que estamos discutiendo. Por lo tanto, consideramos más acertado que se llegue a un acuerdo de transacción o de aceptación de la enmienda.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Fernández.
Muchas gracias.


Continuamos, señorías, con el señor Mardones.


Adelante.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi grupo comparte plenamente el fondo de la cuestión que el señor Tardà, en nombre de Esquerra Republicana de Catalunya, ha presentado. Se trata de un principio de solidaridad que ennoblece a cualquier fuerza política democrática que en un Estado del bienestar trata de evitar una serie de injusticias sociales que, por las razones que sean, llevan a que haya personas, tal como se dice aquí -cerca de 400.000 se señalan en el documento de iniciativa que ha presentado el señor Tardà-, que ni siquiera llegan a los 300 euros mensuales, cantidad que no da para pagar una habitación ni en este caso una mínima pensión alimenticia. Ahora bien, esto requiere una modulación porque mi grupo comparte plenamente la racionalidad que ha introducido doña Isabel López i Chamosa.


En primer lugar, es una cuestión de principios. No se pueden equiparar las pensiones no contributivas con las contributivas medias, sino que tiene que haber un diferencial. Puede que haya personas, como también se denuncia en la exposición de motivos por el grupo proponente, que al jubilarse se hayan encontrado con una desagradable sorpresa por parte de la empresa para la que habían trabajo porque no hubiera cotizado a la Seguridad Social. Busquemos instrumentos, como seguros colectivos, aportaciones oficiales, estables o las mejoras que las comunidades autónomas puedan aportar para incidir en esta cuestión. Rara ha sido la legislatura en la que no hayamos debatido en esta Cámara cuestiones relacionadas -la señora López i Chamosa lo sabe perfectamente, pues ha sido portavoz vehemente en estas defensas progresistas- con las pensiones no contributivas, pero todo requiere una pausa, una consideración y una separación. Hay que mejorar con el tiempo y tenemos que dotarnos de los instrumentos legales precisos para evitar que esta injusticia social no solo no se agrave en el Estado del bienestar sino que se pueda solucionar.


Como nos parecen sensatos, de sentido común y razonables los argumentos que ha introducido la señora López i Chamosa, mi grupo se inclina también por que haya un entendimiento entre el grupo proponente y el grupo enmendante ya que nos gustaría votar esa enmienda con un texto racional y sensato, de acuerdo con la realidad de las pensiones contributivas y la referencia que han de tener respecto al salario mínimo interprofesional.
Además, hemos de tener cuidado para que no se nos quede en números rojos la disponibilidad de la Seguridad Social en una población cada vez más envejecida como está ocurriendo en España. Por esa razón, a mi grupo le gustaría votar, si es aceptado por el grupo proponente, la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que ha defendido la señora López i Chamosa. Mi grupo se suma con gran serenidad y va a apoyar esta iniciativa, que tiene un valor ético de fondo, que ha presentado el grupo proponente de Esquerra Republicana de Cataluña.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.


Continuamos. Señor Pérez, en nombre de Izquierda Unida. Adelante.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


En la misma línea que exponía ahora el señor Mardones, todos conocemos que las pensiones no contributivas existen en nuestro país desde 1990 y fueron como consecuencia también de un Gobierno del Partido Socialista, después de una movilización importante, después de una huelga general.
Ese antecedente nos recuerda que se trata de avanzar en el terreno en el que el señor Tardà planteaba esta tarde, si es posible a través de un acuerdo mayoritario, evidentemente, mucho mejor para todos, pero en cualquier caso esta proposición no

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de ley tendrá la virtud ya de abrir un debate y de generar una expectativa para el futuro mejor que la actual. La realidad es que buena parte de las pensiones contributivas y la totalidad de las no contributivas están por debajo de lo que señalamos y coincidimos en situar en el umbral de la pobreza, esto es, bastante menos de 500 euros al mes en términos medios, es decir, 16 euros al día. Son cientos de miles de personas, cerca de 500.000, las que están afectadas por estas pensiones no contributivas y las que se derivan de la Lismi y de las pensiones asistenciales. Hay pensiones en nuestro país, como todos ustedes saben, de 150 euros al mes.
Por tanto, nosotros no desdeñamos que se pueda hacer el debate de las comparaciones, porque es necesario poner de manifiesto que al fin y al cabo una pensión contributiva tiene detrás un esfuerzo fiscal mayor o menor, pero que existe, que es real y que posiblemente no sería justo elevar las no contributivas por encima de esas pensiones contributivas.
Nosotros estamos de acuerdo, pero ese no sería el principal debate, porque estamos hablando de cantidades y de prestaciones y de pensiones en las que es difícil compatibilizar con cubrir las necesidades cotidianas, las necesidades básicas. No estamos hablando de diferencias cualitativas que vayan a generar escándalos; que pueden generar efectos no deseados es cierto, pero desde luego no estamos hablando de pensiones sobre las que verdaderamente pueda entablarse un debate en el que las comparaciones puedan ser odiosas para nadie; desde luego, no es esa la cuestión. Por esta razón, nosotros somos favorables al fondo de lo que plantea la proposición no de ley. Si se abren vías mediante el acuerdo, mejor.
Además creemos que la posición del señor Tardà precisando la necesidad de referenciar las pensiones no contributivas al Iprem, lo que significa una rectificación ya de la proposición no de ley en origen, facilitaría también ese acuerdo y marcaría un objetivo, en cualquier caso, más alcanzable.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Pérez, muchísimas gracias.


Continuamos, señor Olabarría, con usted, en nombre del Grupo Vasco.
Adelante.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Señor Tardà, solo queda ya glosar las bondades del consenso, porque parece que el tema está resuelto en función de la aceptación de la transacción presentada por el Grupo Socialista, y nos parece razonable. Le tengo que comentar con toda honestidad que teníamos algunas dudas conceptuales sobre la proposición no de ley que usted había presentado, en primer lugar, por el tipo de iniciativa. Una proposición no de ley, en principio, sabe usted que tiene una capacidad coercitiva para el Gobierno -vamos a calificar en términos eufemísticos y generosos- relativa.
Nosotros estamos esperando que se cumplan dos, que se aprobaron al principio de la legislatura, relativas a la prejubilación y a las viudas.
Usted tiene más confianza, seguramente, en que esto prospere, y yo le alabo no voy a decir la ingenuidad sino la buena fe o la buena intencionalidad, que se corresponde con las palabras expresadas por la portavoz del Grupo Socialista, que siempre escucho con atención y con respeto.


Dicho esto, tengo que añadir que cuando hablamos de pensiones no contributivas tampoco usted ha explicado muy bien a qué nos estamos refiriendo. ¿Se está refiriendo a las no contributivas por su propia naturaleza o se está refiriendo a las asistenciales? ¿A cuáles se está refiriendo? Porque la alocución: vamos a dar un hachazo a la pobreza es terriblemente perturbadora cuando hablamos de estas cosas. Para luchar contra la pobreza no están concebidas las pensiones no contributivas, que forman parte del sistema público de pensiones. Para luchar contra la pobreza o contra las situaciones de emergencia social o contra la marginalidad hay otro tipo de rentas, hay otro tipo de actuaciones económicas de poderes públicos de diverso ámbito territorial e institucional que no están incardinadas en el sistema público de pensiones, porque las pensiones no contributivas y las asistenciales, como las contributivas, forman parte del bloque que constituye el sistema público de Seguridad Social, cuya previsión constitucional está prevista en el artículo 41 de la Constitución y cuyo contenido esencial hemos desagregado la señora López i Chamosa y yo mismo en reiteradas ocasiones en esta Cámara. El contenido esencial de un derecho constitucional, como sabe usted, es aquel que consiste en identificar aquellas facultades o posibilidades de actuación que permita reconocerlas como pertinentes al tipo abstracto descrito en la Constitución, en este caso en el artículo 41. Aquí lo relevante es que lo que usted propone provoque dos requerimientos que están consagrados por el artículo 41 de la Constitución: que se universalice el sistema de protección y que esa universalización de cualquier situación de necesidad tenga una cuantía suficiente, que sea suficiente en su cuantía. ¿Es suficiente en su cuantía lo que usted propone? La aproximación al Iprem siempre garantiza una satisfacción de ese requerimiento constitucional, el de la suficiencia. Nos parece muy bien, lo que pasa es que la señora López i Chamosa le ha hecho una indicación muy pertinente: mal de aquel sistema de pensiones en el que haya pensiones no contributivas -yo discrepo de las reflexiones de mi buen amigo don Ángel Pérez- que superen en su cuantía a las pensiones contributivas. Porque eso provoca un efecto de inhibición respecto a los beneficiarios del sistema que pudiendo conseguir una pensión contributiva, viendo que la no contributiva puede ser superior, se retiren sencillamente o se desafecten del mercado de trabajo, por lo que se produciría un efecto de desafección de la actividad económica; y con esto yo soy particularmente prudente. Pero como ustedes han pactado un texto transaccional razonable que seguramente veremos consagrado en la próxima Ley de Presupuestos, esperemos, si se cumplen las promesas y las admoniciones que aquí se han comentado, no voy a ser yo quien

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estropee la fiesta en este momento. Desde esa perspectiva, ojalá tengamos suerte y, por fin, en el ámbito de las pensiones asistenciales de las no contributivas -por cierto, señor Tardà, un consejo de amigo, no vuelva a citar entre estas a las de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, porque su naturaleza es contributiva-, pero al margen de esto -es una reflexión de amigo que le hago- esperemos que la cosa prospere y, por fin, podamos hablar de un cumplimiento nada menos que de un requerimiento constitucional por el cual también mi grupo lleva luchando mucho tiempo en esta legislatura.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Olabarría, muchísimas gracias.


Continuamos con el señor Campuzano, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Adelante.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, efectivamente, hoy el señor Tardà nos plantea una iniciativa con un número de registro del inicio de la legislatura, pero siempre interesante, como es el abordaje del debate de las cuantías de las pensiones no contributivas. Al hilo de lo que el señor Olabarría ha comentado, estamos hablando de cerca de 480.000 ciudadanos en toda España que perciben pensiones no contributivas, 275.000 de ellos reciben una pensión de jubilación y unos 205.0000 una pensión por razón de su discapacidad, y la cuantía de la pensión no contributiva se sitúa este año en 312 euros al mes de media. En las pensiones de jubilación estamos hablando fundamentalmente de un colectivo de mujeres de entre 70 y 79 años y en el colectivo de personas que reciben la pensión de invalidez de hombres con una edad media de 39 años y que tienen una discapacidad de carácter psíquico. Estamos hablando de ese ámbito de protección social, de la Ley de Pensiones no Contributivas, que fue impulsada por un Gobierno socialista y que en su día supuso la ampliación de la protección social. Es una ley que ya entonces mereció una crítica desde el mundo de la discapacidad por entender que al calcular la renta familiar se retrocedía respecto a aquel avance que suponía la Lismi al reconocer una pensión en función de los ingresos individuales de la persona con discapacidad. Es una legislación que ha vivido en esta legislatura, bajo el impulso de dos iniciativas de Convergència i Unió, dos modificaciones significativas. Una es garantizar la compatibilidad de la pensión no contributiva con determinados ingresos por empleo para las personas con discapacidad, una vieja demanda del sector de la discapacidad para no condenar a quien recibe una prestación no contributiva con una discapacidad a no poder trabajar a no ser que renuncie a ese empleo -eso lo hemos resuelto, aunque quizá de una manera insuficiente-; y una segunda modificación es permitir que las comunidades autónomas puedan complementar esas pensiones no contributivas. En la pasada legislatura la anterior mayoría legisló de tal manera que prohibía esa capacidad del complemento por parte de las comunidades autónomas. Eso lo hemos corregido en esta legislatura.


El señor Tardà vuelve a poner hoy encima de la mesa una cuestión ligada al debate de la pensión no contributiva, cual es la cuantía de la misma, y los argumentos que se han formulado por el resto de los portavoces que han intervenido han situado las dos cuestiones fundamentales en este debate: por un lado, la insuficiencia de la cuantía de 312 euros al mes para garantizar una vida mínimamente digna a quien percibe esa prestación, pero, por otro, también la coherencia con el conjunto de nuestro sistema de protección social y la diferencia entre la pensión no contributiva y la pensión contributiva. La enmienda de transacción que ha formulado la señora López i Chamosa encuentra un punto de equilibrio entre esas dos pulsiones: la necesidad de garantizar unos ingresos mínimos que sean suficientes y que garanticen esa dignidad, pero en coherencia con la articulación de nuestro sistema de protección social.
Por tanto, se mandata al Gobierno a continuar avanzando en esta materia en una legislatura en la que los incrementos de las pensiones no contributivas se sitúan por encima de la evolución del IPC, que es una buena noticia, pero se continúa situando esa pensión en los 312 euros y, por tanto, en un nivel absolutamente indeseable desde la perspectiva de garantizar unos ingresos suficientes. El señor Tardà propone además incorporar al texto que nos formula la señora López i Chamosa una propuesta que sitúa el papel de las comunidades autónomas. Nos parece acertada esta propuesta del señor Tardà por una razón muy simple: con 312 euros al mes es imposible que un pensionista no contributivo pueda vivir en Barcelona, en Sabadell, en Tarrasa, en Hospitalet, en Cornellà, en Badalona, etcétera. En Tárrega no lo sé, pero le puedo asegurar que en las grandes ciudades es imposible vivir con 312 euros al mes. Por tanto, esa propuesta que formula el señor Tardà para incorporar a este texto nos parece absolutamente necesaria. En todo caso, habrá que continuar avanzando en esta legislatura en la mejora de las pensiones no contributivas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Campuzano.


Finalizamos con el turno del Grupo Popular. El señor Burgos tomará la palabra desde la tribuna. Adelante.


El señor BURGOS GALLEGO: Muchas gracias.


Debatimos una proposición no de ley del 28 de diciembre del año 2004. Los veintisiete meses que han pasado desde esa fecha no se corresponden con la idea que tengo yo de una cuestión prioritaria. En todo caso, la iniciativa proponía equiparar las pensiones no contributivas inicialmente al salario mínimo interprofesional, y no podíamos aceptarla en esos términos en la medida en que esa subida no se ajustaba a ninguno de los procedimientos de revalorización periódica que nuestra legislación establece

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para las pensiones no contributivas. Y como el sistema de protección social no es de goma y no puede estirarse de forma espasmódica sin consecuencia alguna sobre el resto de las variables, nos parecía absolutamente improcedente esa propuesta. El Grupo Socialista no debió sorprenderse de la propuesta de sus socios. Lo hacen en un momento en el que el discurso del Gobierno en materia de prestaciones sociales y pensiones se ha instalado en la más exagerada de las autocomplacencias, lo que invita al abandono de todas las cautelas. Eso es lo que ha hecho precisamente la iniciativa de Esquerra Republicana, porque la realidad ha sido precisamente la contraria. A lo largo de estos años las pensiones no contributivas cada vez están más lejos del salario mínimo interprofesional, ni de lejos han seguido en estos años su incremento.
Los aumentos lineales, y más de la naturaleza y entidad que ustedes proponían, van contra el esfuerzo contributivo, lanzan el mensaje de que no importa no contribuir y no cotizar. Si se incrementan desproporcionadamente esas prestaciones económicas -eso significa una subida de casi el 90 por ciento, como proponía inicialmente, o del 50, como ha quedado después de la referencia del Iprem, por decisiones coyunturales o interesadas- estamos desincentivando claramente la contributividad, siguiendo justamente el camino opuesto del que debemos mantener. Muchos ciudadanos podrán pensar legítimamente: ¿Qué gano yo contribuyendo al sistema, cotizando con esfuerzo durante décadas, si siempre habrá algún político que ponga su interés electoral por encima del interés general y me incremente de esta manera las pensiones no contributivas?

Señorías, ya se ha puesto de manifiesto aquí que poner por encima de algunas de las modalidades contributivas las pensiones no contributivas nos llevaría claramente a una situación disparatada y, por supuesto, nos llevaría a todos a proponer inmediatamente subidas mayores de las pensiones de viudedad, de orfandad o a favor de familiares, que quedarían automáticamente desajustadas. No es razonable equiparar las pensiones no contributivas con el salario mínimo cuando las pensiones contributivas están en las cuantías en las que siguen estando. Cada medida que se tome en estas cuestiones, señorías, ha de hacerse con prudencia, con acuerdo y teniendo en cuenta su repercusión en el resto de los elementos del sistema. Utilizar el legítimo deseo de los ciudadanos de cobrar más y mejores pensiones -faltaría más- y de tener cada vez mayores prestaciones no nos parece una práctica compatible con nuestro concepto de responsabilidad política. Los ciudadanos, sus necesidades y también su esfuerzo contributivo por la vía de las cotizaciones o por la vía de los impuestos nos merece mucho más respeto. No se trata solo de una cuestión de cuantías económicas, claro que no, es una cuestión de principios, y esta iniciativa no daría un hachazo a la pobreza, daría un hachazo a los principios esenciales en los que se sustenta nuestro sistema de protección social.


Cuando se planteó el debate sobre los complementos a las prestaciones del nivel no contributivo facilitados por las comunidades autónomas, ya avisamos de lo que podía pasar, y ha ocurrido ahora. Ahora, después de aquel debate, se pretende que sea el Estado el que proceda a una subida generalizada de esas prestaciones con cargo a los presupuestos. ¿Dónde quedan las competencias de las comunidades autónomas que con tanto celo se esgrimían entonces como garantía de mejoras para este colectivo? Estamos de acuerdo en que hay que mejorar las prestaciones del sistema y elevar las cuantías, pero las prioridades y los ritmos son los que establece el contenido del Pacto de Toledo, y nosotros siempre vamos a sostener la estabilidad, la solvencia y los criterios generales de ese Pacto de Toledo como los instrumentos más útiles para promocionar entre todos una mejora de las prestaciones de ese sistema. Hay mucho que hacer, y este Gobierno, desgraciadamente, está desatendiendo gran parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Sin embargo, todas esas cuestiones exigen reflexiones de fondo, análisis y compromisos que no han estado hoy presentes ni en la motivación ni en el desarrollo de este debate. Vamos a apoyar la enmienda del Grupo Socialista porque al final deja en evidencia que la propuesta de Esquerra Republicana era mero artificio, mero teatro.
El Grupo Socialista y el Gobierno deberían perder menos tiempo en hacer este tipo de contorsionismos políticos con sus socios y probablemente hacer un poco más de pedagogía social sobre los contenidos y sobre los pilares en los que se asienta ese sistema. Ganarían así el sentido común, la solvencia y la credibilidad y ganaría de verdad, señora presidenta, la confianza de los ciudadanos en que vamos a ser capaces de garantizarles un sistema de protección social solvente y estable y sobre todo inmune a las tentaciones de la demagogia, que es, con mucho, el riesgo más grande que corre nuestro sistema de protección social mientras gobiernen ustedes.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Burgos, muchas gracias.


Señor Tardà, me consta que han pasado ustedes la enmienda transaccional que ha hecho el Grupo Socialista al resto de los grupos parlamentarios.
Por tanto, en el momento de la votación solicitaremos la aquiescencia de los mismos.


-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS SOBRE EL SÁHARA OCCIDENTAL. (Número de expediente 162/000493.)

-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA LASAGABASTER), SOBRE GESTIONES DEL GOBIERNO ESPAÑOL ANTE EL REINO DE MARRUECOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE NACIONES UNIDAS RESPECTO AL REFERÉNDUM EN EL SÁHARA.
(Número de expediente 162/000045.)

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-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC), SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y APOYO DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA.
(Número de expediente 162/000443.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con las siguientes proposiciones no de ley presentadas, la del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el Sáhara Occidental; la del Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster, sobre gestiones del Gobierno español ante el Reino de Marruecos para el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas respecto al referéndum en el Sáhara, y finalmente, y de forma acumulada todas ellas, la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya sobre el reconocimiento y apoyo de la República Árabe Saharaui Democrática.


Comenzaremos, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, por el señor Llamazares, para defender en este caso su proposición no de ley.


Adelante, señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, Sáhara es una hermosa palabra, más que un territorio evoca un sentimiento, un sabor a arena amarga y un pueblo que la defiende, que lucha por su libertad. Apoyamos a ese pueblo no solo por esta tendencia innata de la izquierda a ponernos del lado de los más débiles; lo apoyamos porque es justo, porque estamos ante el último proceso de descolonización del continente africano y porque, en definitiva, como ex potencia colonial tenemos una responsabilidad histórica. Sin embargo, desde hace algunos meses venimos observando un giro preocupante de la diplomacia española en relación con el conflicto del Sáhara Occidental. En primer lugar detectamos un cambio de lenguaje, siempre ocurre lo mismo. Lo que hace poco era un movimiento legítimo, el Polisario, hoy es un movimiento independentista; lo que antes era innegociable, el referéndum, hoy solo es una opción entre otras, y lo que antes era una potencia ocupante, Marruecos, hoy parece ser la potencia administradora. Más tarde del lenguaje comprobamos que el Gobierno se abstenía en la Asamblea General de Naciones Unidas para no apoyar el Plan Baker II, como si este plan ratificado por la ONU en 2003 y 2004 fuese ya una pérdida de tiempo. La gota que ha hecho desbordar el vaso ha sido la reciente reunión de alto nivel entre ambos Gobiernos, español y marroquí.
La valoración positiva realizada por el presidente del Gobierno al ignoto plan de autonomía propuesto por el Reino de Marruecos, considerado como un buen punto de partida, ha causado una sorpresa muy desagradable y no solamente en mi grupo parlamentario.


Señorías, tenemos la impresión de que el Gobierno está utilizando la cuestión saharaui como una moneda de cambio en materia de inversiones, de pesca, de terrorismo, de narcotráfico y de inmigración con el Gobierno marroquí. La diplomacia de los intereses se impone a la diplomacia de los valores. Señorías, ser amigo de un país como Marruecos es deseable, es aconsejable, pero ello no debe implicar ser amigo de sus errores y mucho menos ser amigo de sus horrores. Tenemos la impresión de que el Gobierno se está decantando injustamente hacia la posición marroquí en contra del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Tenemos la impresión de que el Gobierno está renunciando al referéndum y poniéndose en la estela de una ignota autonomía del Gobierno marroquí. Por ese camino el Gobierno renunciará a ejercer su responsabilidad como antigua potencia en aquel territorio. Si es así, el Gobierno habría dado un golpe de timón a la política exterior en relación con el Sáhara Occidental al margen del Parlamento y de la posición consensuada de la diplomacia española, y si es así, le pedimos que rectifique su política de apoyo unilateral a Marruecos y de olvido de sus compromisos y responsabilidades para con la autodeterminación y el referéndum del pueblo saharaui.


Señorías, desde que el Reino de Marruecos y el Frente Polisario acordaron buscar una solución al conflicto en el marco del Plan de arreglo, hace ya 18 años, este organismo ha presentado cinco planes distintos para tratar de desbloquear la negociación entre las partes, pero las autoridades marroquíes han rechazado todos los planes, han desafiado deliberadamente las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea de Naciones Unidas y no han cesado de aplicar tácticas dilatorias que les han servido para ganar tiempo y mantener una ocupación de facto del territorio.
Señoras y señores diputados, España sigue siendo responsable moral y políticamente de la tragedia que sufre el pueblo saharaui, por eso no puede eludir sus responsabilidades que le incumben como antigua potencia administradora, de conformidad con el dictamen de Naciones Unidas de 29 de enero de 2002, que decía lo siguiente: Los acuerdos de Madrid de 14 de diciembre de 1975 firmados por España, Marruecos y Mauritania no suponen en ningún caso la transferencia de soberanía sobre el territorio ni confieren a ninguno de sus signatarios la condición de potencia administradora, condición que España no puede transferir de manera unilateral. Por eso, señorías, España no puede apoyar un proyecto unilateral de la llamada autonomía en el marco de su pretendida soberanía sobre el Sáhara Occidental, un documento absolutamente desconocido para la mayoría de los mortales que pretende soslayar la legalidad internacional en un proceso de descolonización, por eso es un proceso expansionista de nulo valor jurídico. Lejos de ser un punto de encuentro, tanto por el procedimiento como por su contenido secreto constituye un obstáculo para la búsqueda de una solución definitiva. Recuerden las palabras pronunciadas el 20 de abril de 2006 por el entonces secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan: El Consejo de Seguridad no puede invitar a las partes a

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negociar un plan de autonomía, como es intención de Marruecos, porque eso sería reconocer la soberanía marroquí sobre el territorio del Sáhara Occidental, algo que está fuera de lugar ya que ningún Estado miembro de Naciones Unidas reconoce dicha soberanía. Señorías, el conflicto del Sáhara Occidental no es solo una cuestión de principios; es también una cuestión de derechos humanos. No es solo el drama humano que significa tener a 170.000 personas en campos de refugiados en condiciones inhumanas; es también un problema de detenciones arbitrarias, de condiciones carcelarias inhumanas, torturas y desapariciones, como han reconocido recientemente sendos informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas encargado de derechos humanos y de la propia Amnistía Internacional.


En definitiva, señorías, esta Cámara siempre ha defendido un acuerdo consensuado entre todas las partes en conflicto que respete la legalidad internacional y el derecho del pueblo saharaui a decidir si quiere ser independiente de Marruecos. Por eso en nuestra moción proponemos que el Congreso inste al Gobierno a defender esta postura; que siga incrementando su ayuda humanitaria y cooperación técnica; que contribuya a evitar una nueva crisis alimentaria en los campos de refugiados, y que exija a Marruecos la libertad de los saharauis que están en prisión por defender sus derechos y libertades fundamentales. También pediremos al Gobierno que exija de las autoridades marroquíes plenas garantías de que el armamento e incluso el material de doble uso español no sea utilizado en los territorios ocupados y se haga con arreglo a las garantías de la Unión Europea. Señorías, en conclusión, creemos que es el momento de clarificar la posición del Congreso de los Diputados y con ello la posición tradicional de España en defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Llamazares.


Siguiente grupo. Grupo Mixto. Señora Lasagabaster, su turno para defender su proposición no de ley sobre este mismo tema.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.


El pasado 6 de marzo, al finalizar la reunión hispano-marroquí celebrada en Rabat, el presidente del Gobierno mostraba en sus declaraciones el apoyo -al menos así lo entendimos- al plan marroquí basado en una autonomía para el Sáhara Occidental. Tal observación hace que al menos quienes reivindicamos una solución amparada en la Resolución 1514, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas para procesos de descolonización basados en el derecho a la libre determinación, interpretemos tal constatación como una posible intención del Gobierno español de eludir su responsabilidad en la resolución del conflicto del Sáhara Occidental. El Gobierno parece olvidar que Naciones Unidas considera el conflicto del Sáhara Occidental como un proceso de descolonización y reconoce el derecho de autodeterminación como base para la resolución de los pueblos sometidos a una ocupación colonial, que nunca ha reconocido a Marruecos como potencia soberana sobre el Sáhara Occidental y que por todo ello el Estado español tiene una responsabilidad directa en este conflicto. Parece olvidar igualmente que los 30 años que dura el conflicto nos han demostrado la nula intención de Marruecos de dialogar sobre una salida negociada del mismo. Durante todo este tiempo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la Asamblea General han aprobado más de 50 resoluciones, que sistemáticamente han sido incumplidas unilateralmente por Marruecos. En 1935 Marruecos, como saben todos ustedes, ocupa militarmente el territorio del Sáhara Occidental, hecho que ni el pueblo saharaui ni la comunidad internacional aprobaron nunca. Tras 16 años de conflicto armado, el Frente Polisario y Marruecos acuerdan el plan de arreglo aprobado por el Consejo de Seguridad en 1991, para resolver pacíficamente el conflicto a través de un referéndum de autodeterminación justo y libre que permita al pueblo saharaui elegir entre la independencia o la integración en la potencia ocupante. El alto el fuego entró en vigor el 6 de septiembre de 1991, con la pretensión de celebrar el referéndum en febrero de 1992; sin embargo, Marruecos rompe este acuerdo al plantear una modificación sustancial de la cláusula de las personas con derecho a voto. Se llega a un nuevo acuerdo en este aspecto y en el año 2000 la Minurso culmina por fin sus trabajos de identificación y publica la lista provisional de votantes.
Marruecos vuelve a romper el acuerdo presentando 130.000 recursos para impugnar la lista de votantes.


Este es el inicio del fin del plan de arreglo, fin planteado por el secretario general Kofi Annan, quien ofrece como alternativas, primero, el acuerdo marco sobre el estatuto del Sáhara Occidental, Plan Baker I, y después, en 2003, el plan de paz para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, conocido como Plan Baker II, en proceso de negociación. Con matices, y teniendo que resumir mucho ambas cuestiones, ambos prevén un periodo de transición de cinco años en el que los saharauis contarían con una autonomía, para culminar el proceso con la libre determinación y la oportunidad de que los residentes en el Sáhara Occidental decidan su futuro en libertad. Pero la historia se repite y Marruecos pretende, otra vez, romper unilateralmente estos acuerdos.


Por ello, creemos que el Gobierno debe tener una actitud responsable y le instamos a que apoye sin matices el derecho de autodeterminación y la independencia del pueblo saharaui, tal y como reconocen las distintas resoluciones de Naciones Unidas. Le recordaríamos muchas de las resoluciones que anualmente se aprueban en el Estado español, algunas en las reuniones anuales de los intergrupos parlamentarios para la paz del pueblo saharaui,

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concretamente en la última, la declaración de Santander, en su punto 7º dice textualmente: Lamentamos la postura ambigua del Gobierno español ante el flagrante incumplimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos por parte de Marruecos -no les leo todo porque es bien conocido por ustedes-; o la denuncia en el punto 8º del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, solicitando a las instituciones europeas su revocación urgente en lo que atañe a los derechos del pueblo saharaui. Por cierto, nada diferente de la actitud del Gobierno de Suecia.


Quisiera acabar esta intervención recordando a la población refugiada en Tinduf y las lamentables condiciones que está padeciendo. No se nos debe olvidar que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, y el Programa Mundial de Alimentos, ambos organismos dependientes de Naciones Unidas, han reducido prácticamente a la mitad la asistencia a los campamentos de población refugiada saharaui en Tinduf y esto ha traído la hambruna a los campamentos y ha provocado que rebrotaran enfermedades que estaban erradicadas en los mismos. Incluso, podríamos recordar a los subsaharianos que no habiendo podido franquear la alambrada de Ceuta y Melilla fueron abandonados a su suerte por Marruecos en el desierto del Sáhara, llegando a los campamentos de refugiados. Si bien la Minurso les prestó una primera atención humanitaria, a continuación los dejó al cuidado del Frente Polisario.


Después de esta concatenación de acontecimientos, creemos que es una obligación para todos y de todos hacer causa con el conflicto saharaui, por justicia, por los derechos humanos, por la libertad. La historia está ahí y otorga un papel protagonista al Gobierno español, que de ninguna manera puede abstraerse de su responsabilidad en el conflicto. España no puede obviar que es potencia administradora del Sáhara Occidental mientras no culmine el proceso de descolonización. Por tanto, queremos reivindicar un papel más activo del Gobierno en instancias internacionales y no nos sirve la respuesta a la que estamos acostumbrados, la respuesta relativa a que la ayuda humanitaria a los campamentos en Tinduf se ha duplicado. Estamos ante un problema humanitario, sí; pero estamos sobre todo ante un conflicto político que exige el cumplimiento de la Resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas, para procesos de descolonización basados en la libre determinación de los pueblos. Esta es la verdadera tarea pendiente, la llave de la resolución del problema en términos de justicia.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Lasagabaster, muchas gracias.


Finalizamos con los últimos proponentes. Por Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra la señora Cañigueral.


La señora CAÑIGUERAL OLIVÉ: Muchas gracias, presidenta.


Los territorios de la actual República Árabe Saharaui Democrática fueron colonizados por España entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aunque la ocupación efectiva de todo el territorio no se llevó a cabo hasta 1936. La entrada del Estado español en la ONU le obligó a acatar los principios de descolonización y fruto de ello se estableció un plan para la independencia, por fases, que debería haber culminado con un referéndum por la independencia en 1975. No obstante, ese año, y mientras todavía era colonia española, el Sáhara fue ocupado a la fuerza por Marruecos y Mauritania. España, lejos de defender la integridad del territorio saharaui, firmó los acuerdos tripartitos de Madrid por los cuales hacía efectiva la ocupación marroquí y mauritana, abandonando a la población saharaui a su suerte. Al día siguiente de que las tropas de la Administración española abandonaran el Sáhara, se proclamó la República Árabe Saharaui Democrática, que fue reconocida por la Organización de la Unidad Africana y por diferentes Estados, aunque no por el Estado español. Todavía hoy, más de 30 años después de que el Estado español -la potencia colonizadora del territorio saharaui- permitiera la ilegal ocupación por parte de Marruecos y Mauritania, no ha reconocido la República Árabe Saharaui Democrática, dando así validez a los acuerdos tripartitos que firmó el régimen franquista. La democracia española no solo ha aceptado la situación derivada de estos acuerdos que violan la legalidad internacional, sino que la ha legitimado hasta el día de hoy, hasta la semana pasada mismamente con la visita del presidente español a Marruecos, en la cual, lejos de apoyar las resoluciones de la ONU -recordemos que es la potencia administradora del territorio-, ha apoyado el plan unilateral marroquí que, sin tener ninguna legitimidad sobre el territorio, es la potencia ocupante. Con ello, el presidente del Gobierno, y por extensión todo el Gobierno español, incurre en tres faltas muy graves. La primera, engañar a la población española al incumplir el programa de Gobierno con el que el PSOE se presentó a las elecciones y que afirmaba literalmente: Nuestra posición como socialistas consiste en apoyar activamente las gestiones y las resoluciones del Consejo de Seguridad tendentes a la solución del conflicto del Sáhara Occidental en el marco de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Segunda falta: obviar las resoluciones de la Unión Europea, de la Unión Africana, de la ONU, la Carta de las Naciones Unidas en materia de descolonización y el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia, apoyando un plan unilateral de una de las partes del conflicto que además es la potencia ocupante. Tercera falta: incumplir los mandatos parlamentarios -en plural- reiterados en una moción, una proposición no de ley y una resolución. Veamos estos incumplimientos, en los cuales se instaba al Gobierno español a lo siguiente. Primero, requerir al Gobierno marroquí a cumplir con las resoluciones de la ONU. El presidente Zapatero, obviando esto, afirmó que el plan de autonomía que propone el Gobierno marroquí es una buena base de

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negociación y cauce adecuado para el pueblo saharaui. Segundo requerimiento que ha incumplido el Gobierno español: se instaba al Gobierno marroquí a parar las medidas represivas en los territorios ocupados. Lejos de ello, el Gobierno legitima esta represión alabando los esfuerzos de Rabat para resolver el conflicto del Sáhara. Tercer incumplimiento: instar al Gobierno marroquí a respetar los derechos humanos y la seguridad jurídica de los detenidos políticos. No obstante, el presidente del Gobierno español, negando los informes de Kofi Annan de 2006, las resoluciones del Parlamento Europeo, los informes de Amnistía Internacional, del Consejo General de la Abogacía Española, de las delegaciones de observadores internacionales, del Departamento de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos e incluso de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, elogia el compromiso de Rabat con los derechos humanos y además apoya la venta de armas al Gobierno marroquí. Y cuarto requerimiento que no ha seguido el Gobierno español: apoyar el derecho a la autodeterminación. El presidente del Gobierno español no solo no trabaja para dar cumplimiento a este requerimiento, sino que apoya lo contrario al afirmar que el Gobierno de España apoya la propuesta marroquí de autonomía, que excluye la independencia. Tenemos que tener muy presente que ese territorio no es una provincia marroquí, es un territorio ocupado por la fuerza, y que el Estado español ha ratificado y reconocido como válidas, entre muchas otras, la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU de 1960 y la Resolución 49/148 de la Asamblea General de la ONU de 1995, donde destaca la importancia para la garantía efectiva y el cumplimiento de los derechos humanos de la realización del derecho de los pueblos a la autodeterminación. En definitiva, el Gobierno español, lejos de asumir la deuda histórica y moral que el Estado español tiene con una colonia que abandonó a su suerte, legitimando su ocupación, se pone al lado de la potencia ocupante y en contra de su propio programa electoral, de las resoluciones de la ONU y de los mandatos parlamentarios.


Sea como sea, hoy el PSOE tiene la oportunidad de rectificar estos errores y reiterar su compromiso con la legalidad internacional, e incluso ir un poco más allá y hacer un acto de justicia histórica y moral y reconocer oficialmente, tal y como pedimos desde Esquerra, a la República Árabe Saharaui Democrática. Por último, también le pedimos al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que acepte nuestra enmienda, donde se pide explícitamente que se respete el legítimo derecho del pueblo saharaui a ejercer su derecho a la autodeterminación a través de un referéndum.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Cañigueral.


Para defender las enmiendas presentadas tiene la palabra, en primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Aburto.


La señora ABURTO BASELGA: Gracias, señora presidenta.


Quiero empezar por agradecer a los grupos proponentes la posibilidad de debatir una iniciativa sobre un tema que es de justicia e interés para todos los españoles. Muchos de nosotros hemos pasado por los campamentos de Tinduf y conocemos Marruecos. En los campamentos hemos conocido la desesperación que surge de pueblos sometidos a largos periodos de injusticia, una situación sufrida con especial agudeza por las mujeres, habitantes principales de los campamentos, una situación de destierro en un durísimo desierto que dura ya más de 31 años, con una falta de futuro para dos generaciones ya. Lo hemos conocido muchos de nosotros. Todo ello -y tengo que reconocerlo- conlleva una responsabilidad evidente, pero más que como antiguos colonos, que también, personalmente valoro más la solidaridad que compartimos como pueblos que han luchado contra el mismo tirano, el general Franco, a favor de nuestros derechos y de nuestras libertades. Nosotros, los españoles, hemos conseguido consolidarnos como una democracia y de ahí se deriva nuestra fundamental responsabilidad: la reivindicación de un futuro digno, justo y ajustado a la legalidad internacional para el pueblo saharaui. Sí, señorías, eso es lo que nosotros defendemos. Porque, señorías, el Grupo Socialista no ha movido una coma de su postura inicial en cuanto al apoyo de la legalidad internacional por mucho que se intente desvirtuar. Nuestra posición sigue siendo exigir el cumplimiento de los acuerdos de Naciones Unidas, que pasan por la autodeterminación del pueblo saharaui, nunca renunciaremos a ello, ni lo hacemos, porque el cumplimiento de la legalidad internacional no solamente está en nuestro programa político, en nuestro programa de gobierno, sino en nuestra más íntima convicción de que es la única forma de defender un mundo más justo y más seguro. Lo que sí ha cambiado son los esfuerzos de este Gobierno para trabajar en descubrir nuevos caminos, nuevas vías, países y organismos que apoyen esa negociación, sin cuestionar jamás, insisto, las bases de la legalidad. Buena demostración de la ayuda es la cooperación española, que se ha cuadruplicado desde el año 2003: se atienden todas las emergencias, tenemos una presencia permanente y una base logística de transportes y muchas otras cosas.


Ese intenso trabajo desplegado en la zona por nuestro Gobierno ha conseguido revertir la mala relación que teníamos con Marruecos en una buena relación de vecindad, que se manifiesta en la cooperación sobre muchos aspectos fundamentales para los intereses de todos los españoles y que, en un lugar muy relevante, implica los intereses del pueblo saharaui. Somos conscientes del gran interés de la sociedad civil en el futuro de los saharauis en prácticamente todas las comunidades.


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Y eso, naturalmente, es un acicate importante para el trabajo del Gobierno socialista. La buena relación con Marruecos ha fructificado también en los esfuerzos que está haciendo este país en el camino de alcanzar soluciones y es por ello que nos alegramos y valoramos esta posibilidad de encontrar nuevas vías. Es evidente que no podemos valorar un plan que aún no se ha presentado ante Naciones Unidas. No lo conocemos, pero valoramos el esfuerzo, nos alegramos de él y lo consideramos sincero.
Nunca apoyaremos una solución unilateral. Eso no lo haremos nunca porque iría en contra de las resoluciones de Naciones Unidas y hemos dado suficientes pruebas de ello, creo que sobradas, en otras ocasiones.


Para resumir, señorías, si hay un gobierno que trabaja y que seguirá trabajando para encontrar una solución justa en el marco de la legalidad internacional, no les quepa duda de que será el Gobierno socialista, con la inapreciable ayuda de la sociedad civil y espero que con todos los grupos de la Cámara. Por eso, nuestra enmienda refleja el fondo de las propuestas que se han anunciado, la de Izquierda Unida y la de la señora Lasagabaster. Lo único que queremos es afirmar claramente que no estamos por ninguna propuesta unilateral. No lo estaremos nunca. Siempre estaremos con la legalidad internacional. En cuanto a la propuesta de Esquerra Republicana, no podemos aceptar la primera parte de reconocimiento de la RASD. Los últimos puntos estaríamos dispuestos a aceptarlos.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Aburto.


La siguiente enmienda presentada es del Grupo Popular. Será don Jorge Moragas quien, en su nombre, la defienda.


El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Gracias, presidenta.


La cuestión del Sahara, en manos del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, podemos calificarla como de concurso continuado de errores diplomáticos. Un breve repaso a los mismos nos retrotrae al 30 de abril de 2004. Palacio del Eliseo. París. El presidente del Gobierno comunica a la opinión pública que en seis meses va a solucionar el conflicto del Sahara Occidental. A continuación, elude y abandona el respaldo a la Resolución 14/1995, que establecía el Plan Baker II, aprobada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, haciendo, por tanto, de la legalidad internacional una suerte de sombrero de quita y pon, en función de su coyuntura personal.
Posteriormente, cambia o da instrucciones al embajador de España en Naciones Unidas para que cambie el sentido del voto tradicional de España en la Asamblea General. A continuación, sus declaraciones y acciones políticas en esta materia consiguieron enervar la importante relación que debemos mantener con un socio estratégico como Argelia. Y, finalmente, en la última reunión de alto nivel, celebrada en Rabat, no dudó en endosar y apoyar el plan presentado por el gobierno marroquí. En definitiva, lo que ha hecho Zapatero ha sido cargarse el papel facilitador que siempre ha tenido el Gobierno de España y romper el tradicional principio de neutralidad activa. Hay que decirle al señor Zapatero que esa es una respuesta equivocada por muchas razones. En todo caso, debe saber que es posible mantener una relación de confianza y amistad con nuestro vecino alauí y, al mismo tiempo, defender con rigor lo que es una responsabilidad histórica de la ex potencia o Administración española. No diré que el Gobierno se haya prestado a las presiones del vecino alauí, pero, una vez más, ha transmitido a la opinión pública española la sensación de endosar una posición unilateral, endosar la posición de una parte, ignorando la de la otra, curiosamente la parte más débil, rompiendo así toda una retórica que ha acompañado, con más o menos acierto, la historia reciente del Partido Socialista Obrero Español.


Queremos aprovechar esta circunstancia para manifestar también nuestra inquietud, y este es un tema de actualidad, como todo el mundo entenderá, por la cacofonía que detectamos en las declaraciones de las más altas magistraturas del país. Hace poco, Zapatero endosaba unilateralmente el plan de Marruecos en Rabat, eludiendo lo que era la posición tradicional de España. Hoy, Moratinos publica en un diario de tirada nacional un artículo, donde toma distancia con esa posición del presidente del Gobierno, y, felizmente, esta tarde, Su Majestad el Rey dice en Argel aquello que el presidente del Gobierno no se atrevió a decir en Rabat. En todo caso, nos congratulamos por la declaración realizada por el Jefe de Estado esta tarde en Argel y le deseamos éxito en su viaje, así como en la importante misión comercial que ha tenido a bien acompañar. A nadie se le oculta la importancia estratégica de este país magrebí para España.
Algunos malpensados podrían establecer una inquietante relación causa-efecto entre el patinazo de Zapatero en Rabat y el aumento de la factura del gas argelino que vamos a pagar los españoles en un futuro no muy lejano. Desconozco si existe esa relación causa-efecto, pero lo que sí tengo muy claro, a diferencia de Zapatero, es que hay que tener un poco de humildad cuando uno se aproxima a contemplar la orilla sur del Mediterráneo. (Rumores.) No se pongan nerviosos y escuchen. En todo caso, el papel de España es delicado, pero no hay más alternativa que asumirlo.
Así lo entendieron los presidentes de Gobierno de la democracia española.
Así lo entendieron Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar, y hay que señalar que hoy Su Majestad el Rey de España ha sabido conectar con ese consenso histórico de la democracia española, cosa que, desgraciadamente, no había hecho el presidente del Gobierno.
Hay que decir al presidente del Gobierno que no hay atajos en esta cuestión. De lo que se trata ahora es de que Zapatero abandone la soberbia del que se cree más listo que todos sus predecesores y rectifique y retome uno de los consensos de la

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transición que han inspirado la acción diplomática de todos los gobiernos democráticos de España. Si hoy el Partido Socialista respalda la resolución de Izquierda Unida, estará tomando distancia literalmente con lo que es la posición de Zapatero o estará haciendo un ejercicio de insoportable contorsionismo político.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Moragas.


La tercera y última enmienda es de Coalición Canaria, y será el señor Rodríguez quien tomará en su nombre la palabra para defenderla.


El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, no es la primera vez, ni será la última, que esta Cámara discuta y debata sobre un tema tan sensible como el proceso inconcluso de descolonización del Sáhara Occidental. Por eso me parecen oportunas las tres iniciativas de los tres grupos, que hoy debatimos conjuntamente.
Quizás incluso adquieren más actualidad después de esa cumbre, que concluyó hace escasos días, en Rabat, entre el Gobierno de España y el Reino de Marruecos, en la que, creo que de forma razonablemente clara -porque no es nuestra voluntad interpretar indebidamente al presidente del Gobierno-, se da una vuelta de tuerca a la posición de la diplomacia española, ya de por sí confusa, en relación con el tema del Sáhara Occidental; esto lo dice un grupo que ha suscrito la política exterior del Gobierno español, a pesar de la complejidad, de las dificultades, diría que incluso de la valentía. Pero no podemos suscribir, aunque nos gustaría, la posición del Gobierno de España en relación con el conflicto del Sáhara Occidental, porque es enormemente confusa, equidistante y, por tanto, injusta. Por si fuera poco, creo que en esta reciente cumbre se da una vuelta de tuerca que pone más en cuestión la posición mínimamente aceptable que se había mantenido hasta ahora por parte de los gobiernos españoles. Digo mínimamente aceptable porque no ha habido ningún gobierno en la historia democrática de España que haya tomado el toro por los cuernos en relación con este conflicto y haya asumido las responsabilidades históricas en relación con el mismo, pero por lo menos se mantenía una posición clara y rotunda a favor del respeto a la legalidad internacional en torno a este tema. Sinceramente, señoras y señores del Partido Socialista, de las declaraciones, de lo aparecido en los medios de comunicación de todo orden y condición, leído sin prejuicios, sin ganas de diferenciarnos por diferenciarnos, se deduce con claridad que aquí hay una posición cada vez más favorable a las tesis marroquíes y, por tanto, contrarias a la legalidad internacional. Creemos muy sinceramente que afirmaciones o apreciaciones como decir que el Gobierno de Madrid elogia el compromiso del Gobierno de Rabat en relación con los derechos humanos es un auténtico brindis al sol, porque es el Gobierno marroquí el que de forma reiterada ha incumplido los derechos de las personas que viven en los territorios ocupados y ha sido denunciado por todos los organismos, por todas las organizaciones legitimadas para opinar sobre estos temas. Decir que el plan de autonomía unilateral que propone el Gobierno de Marruecos puede ser un cauce para reconducir el conflicto es otro desgraciado brindis al sol, porque no hay ninguna posibilidad de que un plan de autonomía política para el Sáhara Occidental rechazado de plano por la otra parte y por algunos de los agentes claves en el Magreb pueda tener ningún futuro en cuanto a la solución del conflicto.


Hemos presentado unas enmiendas a la proposición no de ley de Izquierda Unida que lo que hacen es, en todo caso, precisar aún más, si cabe, la propuesta razonable, que compartimos, que plantea ese grupo parlamentario en la proposición no de ley, en el sentido de que en el punto 2 se exprese con mucha claridad que el proceso de autonomía que presenta el Gobierno de Marruecos no es, en absoluto, un cauce, porque rompe los derechos del pueblo saharaui a la libre determinación y porque, en definitiva, es reconocer de facto la soberanía de Marruecos sobre este territorio. En el punto 6 de esta proposición no de ley pretendemos incorporar unas discrepancias claras del Congreso de los Diputados en relación con las declaraciones del señor Zapatero referidas a que este plan de autonomía puede ser un cauce para resolver el conflicto. Y añadimos un punto 8 en relación con la venta de armas a una de las partes en conflicto, que en nada contribuye a facilitar una solución. En estos momentos existe un alto el fuego y, por tanto, vender armas a una de las partes si no se garantiza su no uso en relación con el conflicto puede complicarlo aún más.


Señorías, nuestro grupo, como siempre, defenderá la legalidad internacional, defenderá que este Congreso de los Diputados mantenga la posición mínimamente aceptable que ha mantenido a lo largo de la historia reciente y no aceptará nunca la imposición de quien ha incumplido de forma sistemática la legalidad internacional, de quien ha incumplido de manera sistemática con los derechos humanos en los territorios ocupados.
Por tanto, acéptense o no nuestras enmiendas, señor Llamazares, apoyaremos la proposición no de ley, así como las restantes que se han presentado esta tarde.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor Rodríguez.


Tiene la palabra la señora Fernández, por un tiempo de tres minutos, para defender su enmienda a la proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida.


Adelante.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señora presidenta.


En primer lugar, vamos a apoyar las proposiciones no de ley defendidas en la tarde de hoy que nos permiten

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hablar de la situación del pueblo saharaui y de los derechos de autodeterminación. Compartiendo las iniciativas defendidas, consideramos importante hacer estas dos enmiendas por las siguientes razones. Dado que compartimos en su totalidad lo que se recoge en el punto 7 de la proposición no de ley defendida por el señor Llamazares, consideramos necesario que atendiendo a razones humanitarias se pueda constatar la situación de los aproximadamente 100.000 saharauis que viven en los territorios territorios saharauis ocupados en los que existe un despliegue de más de 150.000 soldados del ejército marroquí. Las denuncias desde organizaciones humanitarias y desde las propias autoridades saharauis respecto a la violación de los derechos humanos son muchas y no solamente se refieren a los detenidos y encarcelados, sino también a las personas desaparecidas y a las condiciones de vida de los saharauis, cada vez más confinados en lo que podríamos denominar guetos, a pesar de vivir en su propio país.


La propuesta segunda que hacemos es consecuencia de la confusión creada después de la visita del presidente del Gobierno a Marruecos, dado que hubo noticias contradictorias entre el ministro de Asuntos Exteriores, que un día decía que se seguía reconociendo el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, y el presidente del Gobierno, que al día siguiente hablaba de la propuesta marroquí de autonomía como una buena propuesta para empezar a discutir. El pueblo saharaui y también la mayoría de los ciudadanos del Estado español tenemos la convicción de que España cometió una gran ignominia con el Sáhara y ningún Gobierno desde 1975 hizo los esfuerzos necesarios para buscar soluciones al problema que el propio Estado dejó en su momento. Más allá de la ayuda humanitaria los distintos gobiernos democráticos no hicieron más que ofrecer esa ayuda humanitaria sin asumir sus compromisos políticos. Señorías, si el Gobierno actual, como se podría desprender de las declaraciones del presidente, aceptase la propuesta de Marruecos, que no cuenta evidentemente con la complacencia saharaui, no solamente se estaría dando un paso atrás, dado que dejaría de reconocerse el derecho de autodeterminación de los saharauis, sino que se estaría dando un paso adelante clarísimo en la defensa y el reconocimiento del derecho colonizador del Estado marroquí, otra ignominia, quizá la más grave, de todas las que el Estado español hizo con el pueblo saharaui.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias.


Señor Esteban, tiene la palabra para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta.


La verdad es que si uno repasa el debate habido en esta Cámara el 14 de septiembre de 2004 sobre el Sáhara se daría cuenta de que muchas de las cosas que se decían siguen estando vigentes. No hemos avanzado absolutamente nada. Sí, se ha avanzado en una cosa, y es que por mucho que el señor Moratinos intente defender hoy mismo en un artículo de un diario que el Gobierno español no ha cambiado de posición lo cierto es que el Gobierno ha ido cambiando de posición; lo cierto es -no voy a entrar por falta de tiempo- que, como ha quedado explicitado por algunos parlamentarios, en especial por la representante de Esquerra Republicana, el Gobierno ha ido incumpliendo sistemáticamente las resoluciones que se han adoptado en esta Cámara con respecto al problema del Sáhara. En esta última cumbre, Marruecos-España, se ha contribuido a confirmar las posiciones del señor Zapatero, que ya en 2004, al principio de su mandato, decía que era necesario ajustar el Plan Baker sin desnaturalizarlo, que no había que estar sometido necesariamente al Plan Baker. Ahora resulta que se dice que hay que buscar una solución mutuamente aceptable en el marco de las Naciones Unidas a partir de la iniciativa marroquí, iniciativa que se aplaude y que curiosamente, si tenemos que creer a la señora Aburto, no se conoce. Pues si no la conoce el Grupo Socialista a través del Gobierno, ya me dirá usted qué sentido tiene todo eso. ¿O es que el Gobierno español ha dado su plácet o ha dedicado esas palabras complacientes a Marruecos sin conocer el contenido de ese plan de autonomía? ¿De qué autonomía estamos hablando cuando se trata de un territorio sin descolonizar, con una potencia administradora que sigue siendo España? El referéndum es la única vía legal internacional, y así se ha señalado en resoluciones todos los años, y entre abril y junio todos los años tenemos una resolución aprobada en Naciones Unidas sobre el Sáhara en este sentido. No se nos diga ahora, señora Aburto, que España está contribuyendo a buscar interlocutores para encontrar soluciones. ¿Qué soluciones? La solución ya está fijada en el marco de Naciones Unidas. Hay una solución internacional, que se cumpla.
No puede ser que Marruecos se dedique una y otra vez a ganar tiempo: primero Plan Baker, pero después no se puede implementar; luego Plan Baker II, pero en el último momento también se rechaza esa solución. La vía está ahí y es clara. Es evidente que siempre es deseable un consenso, pero lo que no puede ni debe ser este consenso es condición sine qua non para proceder a cualquier tipo de acción internacional en la definitiva resolución del conflicto, sea Marruecos o sea el sursuncorda.


Es evidente que España tiene intereses en Marruecos, pero también responsabilidades. No se trata solo de la entrega humanitaria a los campamentos de refugiados -por cierto, a Marruecos se le da mucha más ayuda monetaria, es el país del Magreb que más ayuda oficial al desarrollo española recibe, 50 millones en 2006-, sino que además -esto como apunte- hemos aprobado unas directrices en cuanto a la línea que debería seguir el FAD. Resulta que en esta cumbre se ha aprobado un FAD de 100 millones, pero con ayuda ligada, hecho que en la propia Ley de Deuda Externa ya se apuntaba por este Parlamento que no debería ser así.
Esto queda dicho

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como apunte, entre paréntesis. También es su responsabilidad la venta de armas -1.200 vehículos blindados, 800 camiones militares y diez patrulleras-, así como preocuparse por la situación de la campaña de represión que Marruecos está ejercitando en los territorios marroquíes ocupados. ¿Es que Marruecos está intentando dar una solución al problema del Sáhara reprimiendo los derechos humanos y deteniendo una y otra vez a militantes pro derechos humanos en el territorio del Sáhara? ¿Cómo es posible, por otra parte, que un país amigo rechace la visita de representantes populares, de parlamentarios del Estado español y de sus diversas autonomías, incluso de diputados de esta Cámara? ¿Es que alguien se imagina que íbamos a negar la entrada a un parlamentario marroquí a territorio español o a restringir sus movimientos o a prohibir que se reúna con una u otra persona? ¿De qué estamos hablando? Por cierto, ya es hora de resolver la esquizofrenia entre la posición mantenida por los socialistas en el Intergrupo de Amistad y la posición del Gobierno.


¿Cuál es el teórico equilibrio -voy acabando, señora presidenta- que el Gobierno socialista mantiene ante sus responsabilidades, un apoyo muy buscado por Marruecos, que ya había obtenido el francés y el estadounidense, a sus posiciones, a las posiciones del fuerte en esta pugna entre Marruecos y el Sáhara? Antes ha mencionado la señora Aburto que nos unía la lucha contra Franco. Por cierto, ha sido una cumbre con visita incluida a la tumba de Hassan II, dictador y represor de los derechos humanos del pueblo marroquí. Yo no me imagino al presidente Zapatero yendo a una visita al Valle de los Caídos. Cúmplase la legalidad internacional -podría seguir, pero tengo que ir acabando-, sea Marruecos o cualquier otro Estado, porque ¿qué futuro creen que tendría una autonomía saharaui en un Marruecos fuertemente centralizado y con graves carencias en derechos humanos? Desde luego, nada halagüeño.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Esteban.


Finalizamos con el turno del señor Xuclà en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Adelante, señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar posición, y a la vista de la dificultad para llegar a transaccionales no voy a detallar las enmiendas de sustitución, sino que voy a fijar la posición a partir de los textos de las tres iniciativas planteadas por los tres grupos parlamentarios.
Ciertamente, señorías, en estas últimas semanas y en estos últimos meses se ha producido una cierta cacofonía sobre la posición respecto al conflicto del Sáhara. Se ha hecho referencia a las palabras del jefe del Estado, el Rey, esta tarde en visita oficial a Argelia, sobre una solución justa, duradera y mutuamente aceptable, con reconocimiento evidente de la libre determinación para el pueblo saharaui; se ha hecho también referencia al posicionamiento del ministro de Asuntos Exteriores en un artículo publicado hoy mismo en un diario independiente de la mañana y se ha hecho referencia al posicionamiento del presidente del Gobierno español la semana pasada, y ciertamente no son tres posicionamientos idénticos.


En todo caso, hoy como siempre, es importante que el Congreso de los Diputados y que las Cortes Generales actualicen y adapten su posición a la luz de otras iniciativas, seguramente constatando un fracaso, el que durante esta legislatura, señorías, otras iniciativas sobre el Sáhara, bien sea en la Comisión de Asuntos Exteriores, bien sea en el Pleno de la Cámara, concretamente en los debates sobre el estado de la Nación, se han podido aprobar por unanimidad. Hoy creo que no podremos llegar a esta unanimidad. Mi grupo parlamentario hoy como siempre fija su posición a partir del respeto a la legalidad internacional, a las resoluciones de Naciones Unidas, pero también -esto es muy importante- de la consideración de que esto no puede ser una solución unilateral de una de las partes, sino una solución multilateral; una solución multilateral en la que España en estos momentos tiene responsabilidades desde un punto de vista histórico evidentemente por el proceso incompleto y mal enfocado de descolonización, pero hoy la responsabilidad es entre las distintas partes. Por la responsabilidad histórica que ha tenido España es obvio que el posicionamiento de las Cortes Generales es importante, y lo es para dar un nuevo impulso a algunas iniciativas que habían sufrido un gran agotamiento. Parece como mínimo singular que esta tarde desde esta tribuna se haya reivindicado el Plan Baker o el Plan Baker II cuando desde un ejercicio de realismo tenemos que fijar nuevos horizontes y tenemos que constatar las dificultades y la no viabilidad de estos planes. Tenemos que recordar también en un debate como este el alto el fuego que se mantiene gracias a los esfuerzos de la Minurso, la estabilidad a la que contribuye una misión internacional de Naciones Unidas en la zona, cuya presencia es la constatación ante la comunidad internacional de una situación no resuelta.


Señorías, a las tres iniciativas presentadas por los tres grupos parlamentarios no puedo más que expresar nuestro apoyo, sin ninguna consideración más, en concreto a la propuesta de la señora Lasagabaster, escueta, concreta y de acuerdo con nuestra consideración de respeto a la legalidad internacional. También quiero expresar, a la vista de la dificultad para llegar a una transaccional, una coincidencia alta con los planteamientos de la iniciativa de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Quiero apuntar también, señor Llamazares, que el punto 6 de su iniciativa, desde el punto de vista de la diplomacia española, desde el punto de vista de la capacidad de España para mediar entre las tres partes, a la luz de las declaraciones del jefe del

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Estado esta tarde, esta eventualidad de debilitar las posibilidades de desempeñar un papel equitativo en la búsqueda de una solución justa al conflicto, no nos parece una redacción apropiada a la luz de la coyuntura de esta tarde. Por eso le pedimos, si fuera posible y si a su grupo le parece oportuno, la votación separada de este punto 6. Finalmente, señorías, sobre la iniciativa del Grupo de Esquerra Republicana, nuestro grupo parlamentario defiende lo que propone la señora Lasagabaster: el derecho a la libre determinación del Sáhara y la elaboración de un censo, porque lo que no podemos hacer es reconocer un ente antes del ejercicio del propio derecho a la autodeterminación. Esto es un acto propio de coherencia. En este sentido, la propuesta y el redactado de Izquierda Unida no hace referencia a la RAS.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Xuclà.


Señorías, estamos llamando a votación y, en tanto en cuanto lo hacemos, comenzamos por el señor Llamazares en el turno de aceptación o rechazo de las enmiendas. (Rumores.) Silencio.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, hemos intentado elaborar una enmienda transaccional; casi la teníamos acordada, pero no ha sido posible. Por tanto, mantenemos la propuesta inicial sin incorporar otras enmiendas, porque son contradictorias entre sí. La propuesta inicial es más equilibrada y logra más apoyos, por tanto, mantenemos la rosa tal y como es.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Por tanto, votaremos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en sus términos originarios.


Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.


También nosotros mantenemos la proposición no de ley en los términos originarios presentados para su votación.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Procederemos de manera idéntica con la proposición no de ley de la señora Lasagabaster.


Señora Cañigueral.


La señora CAÑIGUERAL OLIVÉ: Para evitar que el rechazo del reconocimiento de la RAS, que hemos defendido el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana hoy en esta Cámara, pueda ser utilizado en contra del pueblo saharaui, retiramos nuestra proposición no de ley.


Muchas gracias. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Queda retirada la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Les recuerdo que votaremos en sus términos originales las proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster).


Muchas gracias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)

-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INTRODUCE UNA NUEVA DISPOSICIÓN ADICIONAL EN LA LEY 17/1999, DE 18 DE MAYO, DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, RELATIVA AL REORDENAMIENTO DEL ESCALAFÓN EN LAS ESCALAS AUXILIARES Y CUERPO AUXILIAR DE ESPECIALISTAS (OFICIALES) DEL EJÉRCITO DE TIERRA, DECLARADAS A EXTINGUIR.
(Número de expediente 122/000106.)

El señor PRESIDENTE: Votación de toma en consideración de proposiciones de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se introduce una nueva disposición adicional en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, relativa al reordenamiento del escalafón en las escalas auxiliares y Cuerpo auxiliar de especialistas (oficiales) del Ejército de Tierra, declaradas a extinguir.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 136; en contra, 169.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIONES.)

-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE EQUIPARACIÓN DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL.
(Número de expediente 162/000241.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las proposiciones no de ley. En primer lugar, votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre equiparación de las pensiones no contributivas al salario mínimo interprofesional. Se ha presentado una enmienda transaccional. ¿Algún grupo parlamentario se opone a su tramitación? (Pausa.) El Grupo Popular se opone. En consecuencia, votamos la proposición no de ley en sus términos. (El señor Tardà i Coma pide la palabra.)

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Señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, ya hemos manifestado que aceptábamos la enmienda del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Hay presentada una enmienda transaccional. Para que la enmienda transaccional pueda ser sometida a votación se necesita la unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Un grupo parlamentario me acaba de significar que no está de acuerdo. En consecuencia, la enmienda transaccional no se puede someter a votación. Intentaré explicarlo.
Obviamente, la enmienda socialista que ya ha asumido Esquerra se integra automáticamente. Lo que estábamos sometiendo a consideración del Pleno era una enmienda transaccional, como se hace siempre. Por supuesto es así la votación. Para que quede claro: votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre equiparación de las pensiones no contributivas al salario mínimo interprofesional, a la cual está añadida la enmienda parcial del Grupo Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 305; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL SÁHARA OCCIDENTAL. (Número de expediente 162/000493.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el Sáhara Occidental, que se vota en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 304; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA LASAGABASTER), SOBRE GESTIONES DEL GOBIERNO ESPAÑOL ANTE EL REINO DE MARRUECOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE NACIONES UNIDAS RESPECTO AL REFERÉNDUM EN EL SÁHARA.
(Número de expediente 162/000045.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), sobre gestiones del Gobierno español ante el Reino de Marruecos para el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas respecto al referéndum en el Sáhara. Se vota también en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 305.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

-DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA REDUCIR EL NÚMERO DE VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR NUESTRAS CARRETERAS Y TIENEN LA CONSIDERACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES. (Número de expediente 173/000176.)

El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Mociones. Moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para reducir el número de vehículos que circulan por nuestras carreteras y tienen la consideración de transportes especiales.
(Rumores.)

Señorías, el Pleno continúa.


Para defender la moción consecuencia de interpelación urgente interviene, por un tiempo de siete minutos, el señor Olabarría. (Continúan los rumores.) Silencio, señorías, por favor.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, se trata de una moción que trae su causa de la interpelación presentada por nuestro grupo en el último Pleno, sobre una materia no baladí, una materia relevante, que afecta a la vida cotidiana de los ciudadanos. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Espere, señor Olabarría.


Por favor, el Pleno continúa. Hay un colega suyo en la tribuna. Empiece, señor Olabarría, por favor.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente, de nuevo, por su segundo amparo, a ver si no es necesario un tercero, lo cual acreditaría que estamos ya en condiciones de discutir. Yo comprendo lo que pasa, señor presidente. Estamos acostumbrados en esta legislatura a debates de una trascendencia y solemnidad que rayan lo metafísico y, claro, hablar de problemas tan apegados a la tierra como el reglamento de vehículos y el transporte de las mercancías pesadas puede resultar una cuestión casi baladí, pero sin embargo afecta a los

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problemas ciudadanos, a los problemas medioambientales, a la contaminación acústica, al estado de nuestras carreteras. Por tanto, consideramos que es relevante lo que mi grupo propone y sobre todo razonable, tan razonable que es previsible que sea aprobado por unanimidad. Señor presidente, estamos hablando del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, y ciertas limitaciones que no se cohonestan con el derecho comparado, con los países de nuestro entorno, en relación a la altura máxima de los vehículos que transportan cargas pesadas y a la posibilidad de que cuando se trata de transportes de mercancías indivisibles este reglamento impone un requerimiento coercitivo que es difícil de comprender, que solo se pueda trasladar una cada vez y en cada vehículo. Nosotros pedimos dos cosas: primero, que se incremente la altura máxima de los vehículos, altura que no afecta a la seguridad de los mismos y, segundo, que se posibilite el traslado de más de una mercancía cuando esta posea carácter indivisible, siempre que este traslado de más de una mercancía o bloque no indivisible no afecte a las condiciones de seguridad del vehículo pesado. ¿Qué se consigue con esto? Se consigue algo relevante. Primero, una reducción significativa de los llamados vehículos especiales o vehículos -que es otro concepto diferente- que trasladan cargas especiales, lo cual genera problemas en principio burocráticos, requiere autorizaciones administrativas y, sobre todo, ubicación en nuestras carreteras de vehículos que generan objetivamente peligrosidad, que tienen que ir acompañados o por escoltas de la Guardia Civil, o de la Policía, o de la Ertzaintza, y que tienen que ir acompañados por lo que se denominan vehículos pilotos, provocando problemas de contaminación acústica, en primer lugar, sobre todo en lugares donde hay una gran concentración de este tipo de vehículos, me estoy refiriendo sobre todo a ciudades que están próximas a grandes puertos, a grandes centros logísticos de cargas, y no solo problemas de contaminación acústica, sino problemas de contaminación ambiental con carácter general. Repito lo que ya le comenté al señor Rubalcaba cuando se dilucidó la interpelación: en este momento las emisiones de CO2 que afectan a nuestra atmósfera derivan en un 67 por ciento de la circulación de vehículos que utilizan combustibles de origen fósil -gasolinas o gasoil-; provocan un gran deterioro, dadas sus dimensiones y su peso en el estado de nuestras redes viarias, de nuestras carreteras; provocan muchos problemas en materia de seguridad vial que se podrían evitar sencillamente con un mecanismo tan simple como la elevación de lo que ya existe en el derecho comparado con carácter general, que los vehículos pesados que tengan una altura superior a los 4 metros puedan transportar más de una mercancía indivisible cuando esto no altere o no afecte a la seguridad del vehículo, y sobre todo que se pueda incrementar también el volumen o el peso de la carga, al menos como ocurre en los países nórdicos -que es donde están más desarrollados, como en casi todos los ámbitos de esta vida, en esta materia- hasta las 44 toneladas de carga.
Desde esta perspectiva, yo creo que la petición, el pedimento de esta moción es razonable y las ventajas son evidentes. El ordenamiento jurídico español no carece de precedentes en esta materia. Quiero recordar así la instrucción del director General de Tráfico de 1 de octubre de 2004, que permite circular vehículos con una altura de hasta 4,50 metros, siempre que estos vehículos o portavehículos en general sean vehículos grúa o vehículos que transporten contenedores cerrados homologados para el transporte combinado o intermodal -reconozco honestamente que no sé qué es esto, pero seguro que es un tipo de carga de gran trascendencia para nuestra economía-. Como existe este precedente, como parece que es un valor objetivo, objetivable y no discutible por nadie dialécticamente que uno de los problemas que afectan a la seguridad vial, a la contaminación ambiental, a los requerimientos incluso del Protocolo de Kioto, es el estado de nuestras redes viarias, uno de los requerimientos o una de las fórmulas de actuación más eficientes es apartar grandes vehículos de nuestras carreteras, lo cual se puede conseguir permitiendo que los vehículos que ya circulan tengan mayor altura. Nosotros pedíamos más de los 4,20 metros que parece que se va a consensuar -se va a consensuar es un eufemismo amable que traduce lo que ha sido un requerimiento del Ministerio del Interior, que no nos permite para transar y para votar que sí más que los 4,20-, nosotros pedíamos 4,50, pero se va a consensuar 4,20. Parece que se va a posibilitar también que se trasladen más de dos mercancías indivisibles cada vez. Este beneficio que nosotros preconizamos, que dimana de esta reforma del Reglamento General de Vehículos, consiste fundamentalmente en erradicar vehículos pesados de nuestras carreteras, que haya menos, y sobre todo que haya menos vehículos especiales y menos vehículos con carga de carácter especial. Esto es bueno para la seguridad del tráfico; es bueno para el medio ambiente; es bueno para evitar la gran contaminación acústica que existe en lugares muy densamente poblados cerca de donde proliferan ese tipo de cargas, es decir, cerca de aeropuertos y de centros logísticos de cargas, y en definitiva, esto es bueno para una correcta configuración de la regulación del tráfico en el Estado español. Y como es bueno desde todas estas perspectivas, y además tenemos la impresión de que ningún grupo va a estar en condiciones de hacer una refutación solvente respecto a este argumentario que sucintamente he expuesto, doy por defendida esta moción, sabiendo y agradeciendo a todos los grupos lo que ya presumo que va a ser una predisposición muy favorable para su aceptación en sus propios términos.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.


Fijación de posiciones. Mixto. Coalición Canaria. Señor Mardones, por favor.


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El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Mi grupo va a votar favorablemente este moción que ha defendido el señor Olabarría en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), porque recoge precisamente una necesidad, un problema y una inquietud que existe en el archipiélago canario desde hace varios años en cuanto el transporte de mercancías por carretera mediante el sistema de contenedores. Es obvio que en el archipiélago canario, por no existir un transporte ferroviario de mercancías, se concentra todo el tráfico de las mismas en carretera.
En este momento, todas las mercancías importadas en Canarias, sobre todo las procedentes de la España peninsular y de Europa, vienen en contenedores y por tanto se transforman en transportes especiales, dejando aparte, por supuesto, la problemática que tienen los de mercancías peligrosas, explosivos, etcétera, que también inciden en la economía del territorio insular. En los últimos años se ha venido produciendo un fenómeno, y es que los fabricantes de contenedores los han hecho con medidas de normas internacionales y las navieras han introducido los barcos portacontenedores. La realidad es que se han modificado de hecho las exigencias del Real Decreto 2822/1998, que limitaba la altura máxima del camión con la plataforma y el contenedor a 4 metros. Las actuaciones que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil venía llevando a cabo eran muy contadas, porque prácticamente no existía más sistema de medición de la altura máxima del vehículo que la cinta métrica y que se subiera encima del contenedor el guardia civil de tráfico u obligar al conductor del camión a hacerlo. Hoy día, los aparatos de óptica telemétrica permiten a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil determinar instantáneamente la altura máxima que lleva el camión, y se han encontrado con que el transportista estaba llevando en el camión un contenedor cuya altura superaba los 4 metros; salían medidas de 4,20 y 4,40, incluso el señor Olabarría se ha referido a una altura máxima de 4,50 metros. Las sanciones que establece el Real Decreto 2822, en su apartado noveno, de características de los vehículos, hacían prácticamente inviable un sistema de multas tan desalentador por la cuantía de las mismas, lo que llevó en el caso de Canarias a que los empresarios del transporte de mercancías por carretera realizaran plantes porque los buques portacontenedores descargaban en el puerto contenedores que puestos sobre la plataforma del camión de transporte superaban los 4 metros, y de aquí la sanción. Ha habido que recurrir a un sistema de tolerancia, de reconocer que esa es la realidad. En Canarias, los transportistas y los empresarios no son infractores, sino que se ven obligados a recibir esos contenedores.


Nuestro grupo considera muy acertada y favorable esta iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco porque resuelve un problema que en este momento está en una situación de tolerancia, que se ha conseguido, a través del Ministerio del Interior, de la Dirección General de la Guardia Civil y de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que no se sancione a los transportistas que llevan por carretera contenedores que sobre la plataforma superan los 4 metros, porque vienen impuestos por las medidas estándar internacional que las navieras tienen en sus portacontenedores, pero el empresario no es el responsable de que le carguen en el muelle un contenedor que después supera las limitaciones señaladas en este real decreto. Lo que se pide es elevar la altura máxima, que no supone ningún peligro ni ninguna desestabilización. Los gálibos que hay en las carreteras ya marcan la altura máxima con que puede pasar un camión con carga, porque las autoridades correspondientes están obligadas a señalar con un gálibo en las vías, carreteras y autopistas de España, como pasa en toda Europa, la altura máxima con que puede pasar, aunque el camión esté autorizado a una altura superior por ser transportes especiales de grúas, de grandes piezas de centrales hidroeléctricas, etcétera. Nos parece muy oportuno que se legalice una realidad que en el archipiélago canario está en un sistema de tolerancia, pero un sistema de tolerancia no es un sistema que dé legalidad al transporte. El transportista no quiere hacer transportes con medidas ilegales por un afán de tolerancia, sino porque la ley le permita superar los 4 metros que en estos momentos están señalizados. Señor presidente, creo que es un gran tema en la economía en estos momentos, al menos en nuestro archipiélago canario, donde todo el transporte no se realiza en los camiones tráiler que hay en el territorio peninsular, es decir, una unidad completa, sino que solo se utiliza el sistema de contenedores. La suma de la plataforma autorizada de un camión que circula en el archipiélago canario, más la suma de los contenedores que vienen hoy en el tráfico nacional e internacional, supera los 4 metros. Por tanto, resolvamos esta situación. La iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que ha defendido acertadamente el señor Olabarría, creemos que resuelve el problema y por eso le vamos a dar nuestro voto favorable.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor Pérez.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente. Intervendré con brevedad para expresar nuestra opinión, que es coincidente con la del Grupo Vasco en cuanto a modificar el Decreto 2822, de 23 de diciembre de 1998, referente al reglamento de vehículos. Además, habría que instar al Gobierno al establecimiento de medidas que mejoren este tipo de transporte. En nuestra opinión, no se trata solo de adaptar los vehículos, siendo esta una medida absolutamente necesaria, para nosotros es solo una parte; la otra nos permite entrar en otro tipo de debate, que no es el que propone la moción, pero que nos parece también interesante y aprovechamos para señalarlo, en el sentido de que sería necesario que la mayor parte de los recorridos de este tipo de mercancías se realizara a través de ferrocarril, utilizando los

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vehículos especiales en los tramos inicial y final allí donde no hubiera ese medio, el ferrocarril. Evidentemente, eso implicaría dotar la red ferroviaria de terminales, de mercancías, de maquinaria, de depósitos, etcétera. En cualquier caso, nos parece evidente la necesidad de modificar en el citado decreto lo referente a las alturas máximas, visibilidad, señalización, ruidos o emisión de gases. Debe fomentarse también la investigación que incremente la eficiencia energética de los motores de los vehículos empleados en estos transportes para evitar en lo posible la emisión de contaminantes. Estamos de acuerdo, pues, con la moción, pero también preocupados por liberar en lo posible nuestra red viaria de la presencia de vehículos que distorsionan la circulación general y la hacen más difícil y más peligrosa.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Por Esquerra el señor Andreu.


El señor ANDREU DOMINGO: Gracias, presidente.


También intervendré con brevedad. Después de la intervención del señor Olabarría el miércoles de la semana pasada y de la de hoy, manifestamos nuestro voto favorable. Seguramente la resolución que encontraremos es que en transporte especial el límite se halla por encima de los 4,25 metros. Se debería tender desde el Ministerio de Fomento a que en todos los nuevos diseños, tanto de carretera como ferroviarios, pudiéramos alcanzar la altura de 4,50 metros, como parece que va a establecer la normativa europea. En esta proyección no solo tendríamos que hacer hincapié en el tema de carreteras, sino también en el ferroviario.
Deberíamos procurar desarrollar este tipo de transporte especial con ferrocarril, como han hecho otros países europeos, para que no paralizara el tráfico en las carreteras. No tenemos aún en ferrocarril ninguna unidad de transporte especial que haya desarrollado ni ADIF ni Renfe-Operadora.


Para terminar, quisiera pedir que algún día pudiéramos acabar con un hecho que a muchos nos cuesta comprender. Transportamos por carreteras y autovías todos los transportes especiales con lo que esto significa de aminoración de la velocidad y de entorpecimiento de la circulación. En cambio, en todos los contratos de concesión de autopistas de peaje no se admite por parte de las concesionarias el transporte especial, cuando esto sería la solución más idónea para este tipo de transporte.
Manifestamos nuestro voto favorable.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.


Tiene la palabra el señor Guinart.


El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.


Simplemente quiero fijar nuestra posición muy brevemente ante la moción del Partido Nacionalista Vasco consecuencia de interpelación del pasado miércoles sobre transportes especiales por carretera. En primer lugar, he de felicitar al Grupo Vasco por lo acertado de la propuesta, que significa, como se ha manifestado ya, una proximidad a la problemática real del país. Parece que a simple vista es una cuestión pequeña, pero seguro que en el sector y a mucha gente le puede afectar de forma directa lo que se decida en esta Cámara con relación a instar al Gobierno a actuar en un determinado sentido. Entendemos que la propuesta responde a la necesidad de concentrar de alguna forma la carga en esos transportes especiales, lo que tendría como consecuencia la reducción del número de rotaciones o viajes que se realicen para un mismo montante de carga que sea necesario transportar, aumentando uno de los parámetros de las cargas de los transportes pesados, los transportes especiales, de forma que a mayor volumen, a mayor cubicaje, no del motor, sino de la carga, sean necesarios menos viajes, menos desplazamientos, con lo que esto tiene que significar a efectos de reducir los riesgos para la seguridad vial en tanto en cuanto hay menos volumen de vehículos en la carretera, seguramente en porcentajes pequeños pero a la larga significativos. Esta reducción de rotaciones en los viajes también tiene que repercutir en las condiciones medioambientales, especialmente en las llamadas emisiones difusas de CO2, que son las causantes del efecto invernadero, y en la reducción de las contaminaciones acústicas que se producen en este caso, más allá de las molestias en la carretera. Esta medida también tiene como efecto colateral o adjunto el mantenimiento de las vías urbanas, menor necesidad de reparaciones de las mismas, así como una reducción de costes, lo cual significa una repercusión económica que en el caso del transporte, como todos sabemos, tiene un efecto en cascada o en cadena en otros ámbitos de la economía del país. Con lo cual, todo son ventajas con relación a esta modificación de los gálibos de los camiones de transportes especiales. Por tanto, vamos a apoyar la moción, que está redactada en términos muy prudentes y abiertos, por la cual simplemente se insta al Gobierno a valorar la situación, es decir, a reflexionar, a estudiar alternativas y arbitrar soluciones que pasen por un aumento de la altura máxima de la carga de los camiones, que entendemos que tendrá a corto, medio y largo plazo esas ventajas globales en la economía y en todo el país.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.


Señor Souvirón.


El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Gracias, señor presidente. Pues sí, su presunción, señor Olabarría, también ha sido acertada con respecto a la posición del Grupo Parlamentario Popular. Estamos de acuerdo con su iniciativa y, por tanto, vamos a votar a favor del contenido de la moción que ha defendido en nombre de su grupo parlamentario. Nos parece bien que se valoren las

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condiciones en las que circulan por nuestras carreteras los llamados vehículos especiales, que se tenga en cuenta sobre todo por lo que hace referencia a temas medioambientales y de seguridad vial, a esa situación difícil que se produce sobre todo en las cercanías de las ciudades portuarias y en la propia ciudad con el tráfico de este tipo de mercancías, y en la medida en que lo que se transporta en dos vehículos se pueda transportar en uno, indiscutiblemente eso ganamos, sobre todo porque en muchas ocasiones estos transportes lo hacen dos vehículos especiales, uno detrás de otro, entorpeciendo de forma clara el tráfico y poniendo a prueba el estado de nervios del conductor que va detrás. En cuanto a la modificación del reglamento de vehículos, en lo que se refiere a la altura de la carga, nos parecen bien los 4,20 metros porque nos explican los técnicos que hay que contar con el recrecimiento de los firmes en la conservación de la carretera, con los rotativos luminosos que llevan los vehículos para ser distinguidos por la noche, y todo eso va sumando centímetros y puede haber problemas. Sin perjuicio de que la Dirección General de Tráfico haya establecido esos 5 metros, hay que reflexionar siempre sobre las instrucciones de la Dirección General de Tráfico y debemos solucionar problemas y evitar que, en la medida de lo posible, se queden algunos vehículos atascados o tengan que desinflar las ruedas para poder pasar por determinadas pasarelas. En cuanto a los transportes indivisibles, si se puede transportar en un solo vehículo, garantizando las condiciones de seguridad del mismo lo que se transporta en dos, nos parece muy bien. Por tanto, nuestro voto va a ser favorable por estos argumentos, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Souvirón.


Señora Álvarez.


La señora ÁLVAREZ OTEO: Muchas gracias, señor presidente.


Compartimos con el proponente el texto resolutivo de su moción en cuanto a la posibilidad de modificar el anexo 9 del Reglamento General de Vehículos, con el fin de que, en el punto relativo a las dimensiones máximas autorizadas para la circulación de vehículos, se amplíe, sobre los 4 metros de altura máxima impuesta a los vehículos y a su carga, hasta 4,20 metros. Asimismo, compartimos la posibilidad de modificar el artículo 14.2 de la misma norma, con objeto de permitir el transporte de más de una unidad de mercancía indivisible en un mismo viaje, siempre que cumpla todas las normas de seguridad. En la interpelación que precedió a esta moción, el ministro del Interior ya manifestó su voluntad de considerar las dos propuestas en orden a flexibilizar la correspondiente normativa, entendiendo que esta posición debe ser consensuada con el resto de las administraciones o de los ministerios implicados, así como revisada en el marco de la Unión Europea que, como usted sabe, en este momento está trabajando en una nueva normativa a través de los grupos ad hoc correspondientes. Dentro de la política del Ministerio de Fomento como en la de otros ministerios, está asimismo la seguridad vial y medioambiental como la prioridad de la política de transporte, tanto viario como ferroviario, y así se puede ver plasmado en el documento que recoge esta política, en definitiva en el PEIT. Es una política transversal, porque afecta a todos los modos de transporte y a todas las fases del diseño, la ejecución y la operación de los distintos modos de transporte. En definitiva, hablamos de una política de infraestructuras y transporte al servicio de una movilidad sostenible, de un equilibrio territorial, de una competitividad económica dentro de un contexto libre de mercado y de una internacionalización, en cualquier caso siempre seguridad vial.


Por otra parte, me gustaría hacer una reflexión general en cuanto a la seguridad vial y decir, señor Olabarría, que en esta legislatura hemos pasado, en cuanto a seguridad vial, de las musas al teatro. La violencia de la movilidad ha sido abordada por este Gobierno como un problema grave, prioritario y evitable. La Comisión de Seguridad Vial, que ha tenido un trabajo denso y eficaz, el Gobierno, que ha actuado coordinado y de forma transversal, y los ciudadanos a través de distintos colectivos, han ayudado y permitido que la sociedad en general ya no acepte ese elevadísimo número de muertos y accidentados graves como un tributo que se debe dar al dios progreso. En estos últimos años han muerto 1.500 personas menos en nuestras carreteras. No deduzca de esto que lo decimos con un signo de complacencia, pero sí podemos percibir que estamos en el buen camino, aunque nos queda un recorrido muy largo todavía. Y en ese largo recorrido, señor Olabarría, esperamos que en estas cosas que sí son importantes y afectan a todos y cada uno de los ciudadanos, nos volvamos a encontrar en acuerdos. Mientras tanto, y como se desprende de lo anteriormente expuesto, nuestro grupo va a votar a favor de esta moción.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Álvarez.


-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE MEDIDAS PARA POTENCIAR EL TEJIDO PRODUCTIVO EN NUESTRO PAÍS.
(Número de expediente 173/000177.)

El señor PRESIDENTE: Punto siguiente, moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para potenciar el tejido productivo en nuestro país. Para la defensa de la moción, por un tiempo de siete minutos, tiene la palabra la señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.


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Como SS.SS. saben, la empresa Delphi Automotive Systems España, ubicada en Puerto Real (Cádiz), ha anunciado el cierre de sus instalaciones poniendo en cuestión el empleo directo de 1.600 trabajadores y afectando a más de 2.000 puestos de trabajo indirectos. Desde Izquierda Unida queremos manifestar nuestra solidaridad con los trabajadores afectados y sus familiares porque consideramos que están en una situación dramática sobre la que hay que adoptar medidas urgentes. Por eso hemos presentado la interpelación y la consiguiente moción, porque desde Izquierda Unida consideramos que las administraciones públicas han de actuar de forma contundente ante una situación que puede provocar una seria crisis industrial en la Bahía de Cádiz. Es necesario actuar ante una actitud de la empresa absolutamente inaceptable, que lleva cinco años, al parecer, planteando medidas de este tipo, pero después firma el plan para seguir recibiendo inversiones y subvenciones. Es decir, tenía un plan oculto para desmantelar la producción, por supuesto sin negociar y recibiendo las subvenciones públicas multimillonarias. Ahora la empresa ha dicho que va a pagar a los trabajadores dos meses. No queremos eso, queremos mucho más. La actitud de la empresa, además de atentar contra los derechos sociales de los trabajadores, supone un flagrante incumplimiento de la legislación laboral española y de los compromisos empresariales acordados en el plan industrial de 2005. No nos creemos, señorías, que la solución no es posible. No. Exigimos que ésta se aborde desde todas las administraciones públicas, incluida la Unión Europea. Esta deslocalización es el resultado de una operación estratégica empresarial fraudulenta, seguramente amparada, como están denunciando los representantes de los trabadores, por cifras amañadas, por lo que ha de someterse, como se pide en esta moción, a una auditoría e investigación que descubra dónde se ha invertido el dinero de todos los ciudadanos.
Estamos ante una estrategia empresarial que lleva años produciéndose bajo la subvención y que va a conducir a la Bahía de Cádiz a batir el récord de número de desempleados de todo el Estado español, convirtiéndola en un desierto industrial, como otras muchas zonas del Estado español, si este Gobierno no asume su responsabilidad y se decide a actuar. No lo podemos permitir.


El problema se agudiza porque nuestro tejido productivo no es lo suficientemente sólido como para afrontar la situación de deslocalización industrial. Pero sin entrar en este momento en otras valoraciones, entendemos que la globalización y la intensificación de la competencia internacional que someten a presiones crecientes a las capacidades industriales de todos los países, debe ser afrontada por parte de nuestro Gobierno, debe ser afrontada por parte de todas las administraciones públicas, porque precisamente la deslocalización es un reflejo de las debilidades que presenta nuestro tejido industrial. En este sentido, la moción recoge numerosas propuestas, porque se pone de manifiesto la necesidad de mayores niveles de inversión en capital humano, en investigación, en inversión privada orientada a los cambios tecnológicos y también la necesidad de mejoras organizativas en el ámbito de la producción y en la gestión empresarial, así como una mayor participación de los representantes de los trabajadores en las decisiones empresariales que afectan a la inversión y al empleo. Por ello, pedimos que se adopten medidas como exigir a la empresa el cumplimiento del plan industrial acordado en 2005 y todos los requisitos que nuestra legislación establece; también someter a la empresa a una auditoría y a las investigaciones precisas para aclarar el destino de las subvenciones públicas que han recibido y analizar su situación en el marco de la reestructuración financiera, productiva y laboral que pretende realizar la multinacional norteamericana.


Es imprescindible configurar un plan de revitalización industrial de la Bahía de Cádiz y su comarca, potenciando el desarrollo de polos industriales, de centros tecnológicos, de institutos de investigación y de sistemas de cooperación público-privada para garantizar estas implantaciones industriales; igualmente, configurar una estrategia industrial orientada a mejorar nuestro tejido productivo, potenciando aquellos factores que determinan a medio plazo producciones de mayor valor añadido, como reconoció el ministro en la interpelación de hace dos semanas, superando el modelo actual basado en bajos costes laborales, precariedad, escasa cualificación y poca inversión en investigación e innovación, que ya no es sostenible en el Estado español; aplicar medidas preventivas, en particular en aquellos sectores más expuestos a los procesos de deslocalización y asegurar siempre que se cuente con la participación de los sindicatos; definir las políticas de ayuda económica a las empresas, condicionando cualquier ayuda pública al compromiso de permanencia en el territorio donde se instalen, en particular condicionar la titularidad del suelo a ese compromiso para evitar la especulación inmobiliaria que también se ha dado en el caso de Delphi; asegurar la reversión o compensación de los beneficios fiscales, subvenciones o utilización del suelo que las empresas obtienen de cualquier administración pública, y programar inversiones alternativas a través de los Presupuestos Generales del Estado para la reactivación territorial y la recolocación de los trabajadores afectados por procesos de deslocalización industrial. Entendemos, igualmente, que se ha de plantear en el seno de la Unión Europea la necesidad de una estrategia europea ante los procesos de deslocalización industrial, con el fin de salvaguardar el empleo y evitar competencia desleal entre los Estados miembros. Es decir, menos Directiva Bolkestein y más garantías de empleo, más seguridad y más protección de nuestros trabajadores, que son los que se están viendo afectados. Necesitamos una implicación y para eso precisamos el voto favorable de todos los grupos de la Cámara, para exigir al Gobierno que cumpla esta moción en sus estrictos términos.


Gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.


Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción, en primer lugar, tiene la palabra el señor Rodríguez, del Grupo Mixto.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Desde luego, como Bloque Nacionalista Galego vamos a dar nuestro apoyo a esta moción; moción que sin duda tiene un interés concreto en relación con una empresa en particular de la Bahía de Cádiz, que fue un proyecto industrial precisamente para compensar el deterioro del sector naval, como otros que se instalaron en la Bahía de Cádiz y, al mismo tiempo, tiene una intención de carácter general, que es la de potenciar el tejido productivo en el conjunto del Estado español.


En relación con la primera cuestión, desde luego no tenemos nada que oponer. La defensa de la actividad productiva de esa empresa nos parece no solamente de justicia, sino un compromiso político que hay que asumir, que además contó con apoyos de carácter público. Quiero dejar claro que las empresas que cuentan con apoyo público y que recibieron incentivos para instalarse en determinado tipo de zonas, no las pueden abandonar alegremente sin cumplir sus compromisos. Por otra parte, hay un efecto ejemplar, pedagógico, cuando se habla de potenciar el tejido productivo.
Está claro que una empresa como Delphi, con tantos trabajadores, es una alternativa al sector naval, como también lo es ubicar empresas que tengan que ver con la construcción aeronáutica, en particular Airbus. La Bahía de Cádiz, a pesar de todos sus problemas, sin duda graves, contó con este apoyo del Gobierno desde el año 1984. En contraste, hay otras zonas del Estado español que no saben lo que es la aplicación de un solo plan industrial para paliar precisamente las consecuencias de las sucesivas reestructuraciones del sector naval. Y, lo que es más grave, pensamos que si se habla de impulsar el tejido productivo, no hay ninguna razón para prescindir o abandonar el sector de la construcción naval civil. Por cierto, en la Unión Europea los dos grandes Estados constructores son Alemania e Italia, y no se puede hablar de que sean precisamente Estados periféricos y que tengan una mano de obra más barata que la del Estado español. Del 11 por ciento en que participa la Unión Europea en el conjunto de la producción mundial, en concreto Alemania tiene el 5 por ciento, Italia el 3 por ciento y el Estado español el 0,4 por ciento. No se puede prescindir de este sector estratégico de la economía y mucho menos en un momento álgido de la demanda a nivel mundial. Por tanto, sería bueno -y nosotros no vamos a cesar en esto haciendo dejación de nuestra paciencia y de nuestra insistencia- que se renegociasen los acuerdos del año 2005, por lo menos para que no haya activos ociosos en ninguna parte del Estado español, sobre todo mientras que esas partes del Estado español tienen un grave deterioro económico y social. A eso responde nuestra enmienda de adición que además sería una forma de aliviar los problemas del grupo Navantia que, subordinados solamente al sector de la construcción militar, no va a tener futuro indefinido y tampoco lo tendrá el sector civil, con un 20 por ciento del total del sector militar, por cierto, reservado a la Bahía de Cádiz. Por tanto, esta moción es muy oportuna y muy indicativa políticamente.


No les voy a hablar de las visitas del presidente del Gobierno, que nunca vimos en el caso de Ferrol, ni les voy a hablar de los compromisos políticos lógicos de la Administración autonómica que, en consonancia con el Gobierno del Estado español, está haciendo todos los esfuerzos posibles por sacar a la Bahía de Cádiz de sus crisis industriales que ya duran muchos años. Nosotros esperamos un mínimo de comprensión para que en la economía competitiva de que tanto alardea la Unión Europea, podamos demostrar nuestra responsabilidad y también la capacidad para llevar adelante determinados objetivos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.


Señor Tardà, Esquerra Republicana.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Queremos manifestar nuestra solidaridad con los 1.600 trabajadores de Delphi ante el cierre de sus instalaciones, razón por la cual ya anunciamos nuestra posición favorable a la moción que nos presentan los compañeros de Izquierda Unida. Es evidente que es necesaria la implicación del Gobierno ante la decisión del grupo empresarial de desmantelar la producción instalada en Puerto Real.


En su interpelación, la diputada Isaura Navarro nos relataba las ayudas multitudinarias de carácter público que habían recibido estos empresarios desde el mismo momento en que decidieron establecerse en Andalucía, aportaciones procedentes tanto del Gobierno español y de la Junta de Andalucía como de la misma Unión Europea. Con motivo de la interpelación de este mismo diputado, de Esquerra Republicana, que presentó en el mes de mayo al entonces ministro José Montilla, relacionada con el despido de 607 trabajadores de SEAT, apelábamos a un discurso semejante, recordando las aportaciones de las administraciones, tanto de la catalana como de la española, comprometiendo aportaciones de capitales públicos en favor de SEAT; aportaciones que justificaban plenamente que la Administración se implicara en la necesidad de auditar y condicionar las ayudas a los planes estratégicos de futuro del grupo Volkswagen en Cataluña. Sin lugar a dudas, es responsabilidad de los gobiernos conocer la actuación de estos grupos empresariales e intervenir en la medida en que la implicación de las administraciones se ha ido incrementando a lo largo de los años con la finalidad de afrontar los retos de la deslocalización y la amenaza de estos grupos empresariales, así como coparticipar en los planes estratégicos

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y en la evolución de los compromisos industriales y productivos y en todo aquello relativo a la logística comercial; ello, evidentemente, en justa correspondencia a las aportaciones públicas mencionadas, millonarias, por cierto.


Es evidente que nos hallamos ante un reto, el de la deslocalización, en sus diversas variables, tanto aquellas que afectan a procesos traumáticos de cierre total y categórico, como el caso de Delphi, como aquellas que sin llegar al desmantelamiento total persiguen debilitamientos productivos, la intensificación de otros procesos relacionados con la precarización de los puestos de trabajo, la inclusión de procesos productivos recesivos y la introducción de logísticas comerciales subsidiarias y dependientes de otras marcas o de otros grupos madre e incluso aquellas otras que postergan las inversiones en favor de las actividades de I+D. Evidentemente, algunas zonas del Estado dependen mucho del sector automovilístico, en la medida en que hoy por hoy su industria auxiliar se ha desarrollado hasta el extremo de que en algunas comarcas -les hablo concretamente de la comarca de donde yo provengo, el Baix Llobregat- constituye el yacimiento más importante de empleo. En el caso de SEAT, de los 11.500 trabajadores de su plantilla dependen 60.000 más de la industria auxiliar del automóvil. Déjenme decirles que estos mismos días se encuentran encerrados 300 trabajadores de la empresa SAS, en Abrera, una población catalana del Baix Llobregat; una empresa que hasta ahora suministraba el tablero de control de los modelos Ibiza y Córdoba a SEAT. Por cierto, todavía no han presentado a la Generalitat de Catalunya el expediente de regulación de empleo -al menos hasta esta tarde no tengo noticia de que lo hayan llevado a cabo- y en cambio cerraron el día 3 de marzo. Puedo imaginar el escenario de los compañeros de Delphi y seguro que coincide con el de los de SAS. Se trata del procedimiento de siempre, luchar para defender el puesto de trabajo, ocupar la fábrica para evitar la desaparición de la maquinaria, extender la lucha e intentar buscar la unidad de acción sindical e implicar a todas y cada una de las autoridades. Ante este tipo de cierres, que podemos denominar salvajes, es evidente que solamente podemos oponer la acción de la movilización obrera.


Hemos hecho referencia a la necesidad de contemplar los planes estratégicos en la interlocución entre los poderes públicos y las empresas. Fíjense que la causa del posible cierre de SAS puede radicar en la decisión sorpresiva de adjudicar el tablero de control de los modelos a los que antes hacía referencia a otro grupo que precisamente tiene la planta en las instalaciones filiales de Volkswagen que esta misma empresa tiene en Martorell. Por eso hemos presentado una enmienda de adición que estoy convencido que los compañeros de Izquierda Unida no tendrán ningún problema en admitir, en la medida en que se trata de la misma lucha sindical, de la misma lucha obrera que la de los compañeros de Delphi. En ella se añade un punto -termino con ello mi intervención-, el número 3, que habla del apoyo a los trabajadores y trabajadoras, y dice así -la leo, señor presidente, y termino-: Mostrar por parte del Gobierno su solidaridad con aquellos trabajadores y trabajadoras y sus familias afectadas por procesos similares que afectan a la industria del automóvil, en concreto a su industria auxiliar, afectada colateralmente por las decisiones de las multinacionales del sector, como es el caso de la empresa SAS, en la comarca del Baix Llobregat, que depende de las decisiones estratégicas de SEAT, que pertenece al grupo Volkswagen.
Comprometer, asimismo, el Gobierno su actuación en la industria del automóvil en el mismo sentido manifestado para con Delphi. Esperamos que la lucha de los compañeros de Delphi, así como la de los de SAS, tenga un final feliz.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.


Señor Guinart, CiU.


El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.


Intervengo en nombre de Convergència i Unió para defender las enmiendas que hemos presentado a esta moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en relación con las actuaciones urgentes y también de carácter general, a medio y largo plazo, motivadas por la inquietud provocada por la empresa Delphi en Puerto Real, en la Bahía de Cádiz.
Nuestro grupo se ha caracterizado desde el principio de esta legislatura, y también en la anterior, por preocuparse de la problemática de la deslocalización y no solo ha propugnado la existencia de una subcomisión dedicada al efecto, sino que también ha propuesto en diversas ocasiones iniciativas para luchar contra este fenómeno con medidas de todo tipo.
Una de ellas es la creación de polos para evitar esa deslocalización al estilo de lo que se ha realizado ya en Francia.


Nuestro grupo va a apoyar esta iniciativa y quiere referirse a algunos aspectos a los que el grupo proponente hace mención en su parte dispositiva. Por un lado, las medidas inmediatas, a corto plazo, localizadas en la problemática de la empresa Delphi en la Bahía de Cádiz.
Nuestro grupo comparte la petición de las medidas que sean necesarias para salvaguardar el empleo y la actividad productiva de esta empresa a corto plazo, la petición de que sea sometida a las auditorias y a las investigaciones necesarias para conocer el destino de las subvenciones de los fondos públicos de que han gozado y controlar si realmente cumplieron su destino y, si no fuera así, requerir su devolución. Y con carácter más amplio, en el territorio de Cádiz, también las actuaciones necesarias para la revitalización industrial de esa zona. En este ámbito no hemos planteado ninguna enmienda, a diferencia del segundo ámbito, que tiene un carácter más general, al que hemos planteado dos enmiendas de adición.
Una de ellas, ya que estamos hablando de carácter general, para que se tenga en cuenta a un actor

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público necesario para evitar la deslocalización, como son las comunidades autónomas. Así proponemos añadir en el punto dos, después de con carácter general, en colaboración con las comunidades autónomas, para potenciar el tejido productivo. Por otro lado, en este ámbito de carácter general proponemos que se añada un nuevo punto, que hace referencia a un aspecto de la exposición de motivos de la moción cuando el grupo proponente habla de la necesidad de mayores niveles de inversión en capital humano. Parece que ha olvidado, cuando habla de medidas concretas en la parte dispositiva, la formación del capital humano. En este aspecto, nosotros proponemos añadir -y leo textualmente-: Articular instrumentos de política laboral, formación y recolocación orientados a favorecer la rápida consecución de un nuevo empleo por parte de los trabajadores afectados por procesos de deslocalización, como decía, con carácter general.


También hemos propuesto una enmienda de adición, que sería el punto tres, si fuera aceptado por el grupo proponente, que profundiza más en lo que ya se decía en la moción, y es tener en cuenta nuestra condición de Estado de la Unión Europea. En este sentido, proponemos un tercer punto más estructural, unido a los otros dos de carácter coyuntural, como sería el hecho de que el Congreso de los Diputados instara al Gobierno a facilitar los procedimientos necesarios para acceder al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en aquellos casos que se produzcan graves perturbaciones económicas en sectores determinados de nuestro país, con la consecuencia de despido de un número elevado de personas a causa de procesos de deslocalización.


Esperamos que estas enmiendas puedan ser aceptadas por el grupo proponente y, en cualquier caso, votaremos a favor de la moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.


Grupo Parlamentario Popular, señor Mancha, por favor.


El señor MANCHA CADENAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre una moción que, me atrevería a decir, es un tanto peculiar puesto que recoge dos apartados. Un primer apartado que dedica tres puntos a Delphi, una empresa emblemática en la Bahía de Cádiz, y un segundo apartado, que tiene seis instancias, sobre la potenciación del tejido productivo. La semana pasada, con un acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios, se negoció en la Cámara andaluza una proposición no de ley por la que todos los grupos, los cuatro grupos representados en la Cámara, se oponían frontalmente a la clausura de la planta Delphi en Puerto Real, Cádiz. Anecdóticamente, durante el debate no se encontraba presente el presidente de la Junta de Andalucía, señor Chaves.


En su intervención durante la interpelación pasada, el señor ministro de Industria, señor Clos, hizo esta manifestación, que leo: Nosotros -los socialistas-, al contrario que el Partido Popular, sí creemos y apostamos por una política industrial. Señores diputados socialistas, les ruego que transmitan al señor ministro algunos datos esclarecedores que se proyectan directamente sobre la provincia de Cádiz. La política industrial del Partido Socialista consistió en cifrar en 103.000 desempleados en mi circunscripción al finalizar los gobiernos de don Felipe González. En marzo de 2006, cuando abandona el Ejecutivo, don José María Aznar, la cifra de desocupados en mi circunscripción es de 74.000, y no nos encontrábamos satisfechos. ¿Conocen ustedes, señores socialistas, señores diputados, cuántos desempleados sufre la provincia después de tres años de Gobierno del señor Rodríguez Zapatero? Se lo voy a decir: 104.736; 30.000 más que cuando abandonó el Gobierno don José María Aznar, es decir, un 30 por ciento más que en los gobiernos populares. Esto da una claro ejemplo de la potenciación del tejido productivo. (Rumores.)

Desde que accedió al Gobierno el señor Rodríguez Zapatero, los astilleros han quedado reducidos a simples arsenales militares, con la pérdida de más de 1.000 empleos, Altadis ha sufrido una reconversión y podemos asistir, Dios quiera que no, al entierro de una factoría emblemática de la bahía, Delphi. Tengo la plena seguridad de que a este anunciado cierre le vamos a dedicar largos debates. El Grupo Parlamentario Popular ha registrado preguntas, proposiciones no de ley y ha solicitado la comparecencia del máximo responsable de Industria. Vaya por delante, cómo no, el total y absoluto apoyo y solidaridad a todos los trabajadores de Delphi, a todos los trabajadores directos e inducidos. Nos produciría una inmensa satisfacción, y sería gratificante, que se acordase, al igual que en la Cámara parlamentaria andaluza, una conjunción de voluntades que diese como resultado un único texto cuya esencia pivotara sobre la oposición a la clausura de Delphi. Me temo, señores socialistas, que tal vez el intento sea vano y recojo muy rápidamente tres frases del señor ministro de Industria, del señor ministro de Trabajo y del consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. El señor ministro de Industria dijo el día 23 de febrero, al día siguiente del cierre: Se buscarán alternativas al cierre y se procurará minimizar los daños en el capítulo laboral. El ministro de Trabajo, el 25 de febrero, vaticina: No podemos afirmar que Delphi no se cerrará, porque esto depende exclusivamente de ella. Por último, el consejero de Innovación asevera: Considero preciso acometer conversaciones con otras empresas para que se instalen en la bahía y puedan servir de amortiguador a este cierre. De ninguna manera -estoy completamente convencido de que ese es el pensamiento del Partido Socialista, de sus representantes y de las administraciones, tanto autonómica como central- vamos a dejar de hacer todos los

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esfuerzos posibles para que no suceda ninguna de las desgracias que se ciernen sobre Delphi.


Señora Navarro, rápidamente le desgloso las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular. No tengo que hacer ninguna objeción al punto 2 de su moción, donde se esbozan con carácter general las medidas para potenciar nuestro tejido productivo, pero sí quisiera enriquecer ese proyecto de la primera parte de su iniciativa sobre la tremenda problemática de la empresa Delphi con dos enmiendas de adición. En la primera se añade al punto 1 -termino, señor presidente-: los ayuntamientos de la Bahía de Cádiz y otros agentes económicos y sociales. Es lo que dice en su exposición de motivos la propia moción que S.S. ha redactado. En la segunda se añade un nuevo párrafo, entre el segundo y el tercero, con la siguiente redacción: Si se verifica el incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre la factoría Delphi con la Junta de Andalucía y el Gobierno, se solicitará la devolución de la subvención concedida a la empresa. Tengo la seguridad de que la aceptación de las enmiendas será posible, porque no desfiguran el texto y son coherentes y rigurosas.
Votaremos afirmativamente su moción.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mancha.


En turno de fijación de posiciones, ¿Coalición Canaria? (Pausa.)

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) va a apoyar la moción presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya básicamente por una razón: el enfoque tanto de la interpelación como de la moción constituye un acierto. Se aborda la crisis generada en el caso de Delphi en Puerto Real, Cádiz, desde el único enfoque que pueden abordarse fenómenos de posible deslocalización y que podríamos concretar en tres extremos: por un lado, intentando reforzar aquellas medidas que pueden ayudar a potenciar el tejido productivo, algo absolutamente necesario; en segundo lugar, mostrando la máxima cercanía y el máximo apoyo a los que pueden resultar perjudicados en un determinado momento, en este caso por el fenómeno de Delphi; y, en tercer lugar, exigiendo de las empresas que hayan podido recibir subvenciones públicas, y aun cuando no las hubieran recibido, el cumplimiento estricto de sus obligaciones legales y de los compromisos contraídos. Esta lectura básica de la moción presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es la que va a hacer que votemos favorablemente.


No voy a proceder a la lectura ni mucho menos a comentar en detalle cada uno de los dos puntos ni de los nueve subapartados que vienen en los dos puntos, pero sí me gustaría insistir en algunos que nosotros estimamos clave. En primer lugar, me referiré al que figura en la moción justamente en el punto nueve o en el subapartado noveno o en el último de los subapartados del punto 2, que es la necesidad de una estrategia europea desde la que hacer frente a la deslocalización -no sé si hay que hablar de deslocalización o de multilocalización- o como quiera que se llame a este fenómeno que estamos viviendo. Para el Grupo Vasco el objetivo a perseguir por esta estrategia europea va mucho más allá de los objetivos que se fijan en la moción, donde parece que el objetivo de la estrategia europea se limitaría a evitar la competencia desleal entre Estados miembros, pero es mucho más que eso, a nuestro juicio. No hay que olvidar que el marco en el que hoy se están moviendo las empresas, no solo las multinacionales sino en el fondo todas las empresas y algunas con mayor incidencia y con mayor proximidad, es el marco mundial, no el marco europeo. Ese es un marco de riesgos, un marco de debilidades, pero también de oportunidades y fortalezas. Hoy mismo, a falta de un Gobierno mundial que fuera capaz de poner orden en este mundo -no lo tenemos-, es necesario que desde esta política europea se trabaje para seguir avanzando en lo que podría ser un marco mínimo de reglas sociales, de reglas medioambientales, de reglas fiscales y, en definitiva, de reglas a favor de la competitividad.


En segundo lugar, ese marco está todo menos reñido con políticas industriales activas y comprometidas a todos los niveles -Estado, comunidades autónomas y municipales-, políticas que a nuestro juicio deben basarse en algunos puntos clave. En primer lugar, esto se basa en el dinamismo empresarial de la gente, especialmente de la clase empresarial, no lo olvidemos. De otra forma no hay futuro. Lo único que no se puede deslocalizar es si hay dinamismo empresarial en una zona, todo lo demás es deslocalizable. En segundo lugar, el papel de las administraciones respecto a dichas políticas es un papel facilitador, de apoyo; no son las que van construyendo industria o las que van arrastrando un papel protagonista en la vitalización industrial, sino las que apoyan, facilitan y acompañan. En tercer lugar, hay que hablar de políticas continuas, no de políticas intermitentes. No hacemos nada definiendo políticas de revitalización, sino políticas de vitalidad permanente. Y en cuarto lugar, deben perseguir lo único que puede ayudar a ganar el futuro, que es -como dicen ustedes en la moción- potenciar aquellos factores que determinan a medio plazo producciones de valor añadido, que no olvidemos, en una economía como la actual, la del conocimiento, son: innovación, nuevas tecnologías, capital humano y espíritu emprendedor. Junto a esta visión a medio plazo, deben ser también políticas atentas a los ciudadanos y ciudadanas, que en todo momento puedan verse afectadas por determinados hechos como el que aquí estamos analizando. Ahí es donde la Administración tiene que poner el resto, como también tiene que ponerlo no solo la política industrial, sino todas las políticas, en ser rigurosos, exigentes y transparentes

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tanto respecto a aquellos que reciban ayudas como de los que no las reciban, para que todos cumplan la legalidad y cumplan sus compromisos, sean personas particulares o sean empresas. Por esta coincidencia básica, vamos a apoyar esta moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beloki.


Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Señor Román, por favor.


El señor ROMÁN GUERRERO: Señor presidente, señoras y señores diputados, en primer lugar quiero felicitar a la diputada proponente, porque creo que esta moción es absolutamente oportuna, no oportunista; oportunista ha sido alguna intervención de algún señor diputado, pero ha sido solo uno afortunadamente. Esta moción viene a afrontar un problema social, industrial, laboral, político al fin y al cabo, porque afecta a muchísimos trabajadores y a una comarca, la de la Bahía de Cádiz, que necesita más ánimos que malas noticias, como esta que estamos discutiendo hoy aquí por la irresponsabilidad de una empresa. General Motors se estableció en la provincia de Cádiz hace veinticinco años; gobernaba entonces la Unión de Centro Democrático. Desde entonces ha gobernado el Partido Socialista, después el Partido Popular y después el Partido Socialista, y siempre, con todos los gobiernos que han estado en el poder, cualquiera que fuera su color político, ha recibido subvenciones para su mantenimiento con una fórmula o con otra. Delphi ha sido filial de General Motors hasta el año 1999 y en estos momentos está bajo la Ley de Quiebra en Estados Unidos. Así se produce la venta de una parte de Delphi a una empresa, tómenlo entre comillas, de adquisición de oportunidades empresariales, denominada Platinum Equity, con sede en Beverly Hills. Por otra parte, los directivos de Delphi también quieren aprovechar sus oportunidades y, para ahorrar costes a la empresa, pueden cobrar 130 millones de euros en primas por una reestructuración satisfactoria para la empresa. Todo esto se ha publicado en la prensa, pero es bueno que refresquemos lo que está sucediendo.


En la página oficial de Delphi se puede leer que nuestra filial española ha anunciado el cierre de la planta productiva de direcciones y chasis en Cádiz, España, y que está explorando todas las alternativas estratégicas para contener los costes relacionados con su cierre. La planta tiene 1.600 trabajadores. Hay tres plantas: la de direcciones y transmisiones, con 1.000 trabajadores; la de suspensiones, con 500 trabajadores, y una planta de rodamiento con 158 trabajadores. Pero lo que quiere decir la empresa, en definitiva, en román paladino, es que anuncia el cierre. Por más señas lo hace con un fax dirigido al comité de empresa, y además quiere que no le cueste o que le cueste lo menos posible. Eso se llama compromiso empresarial y social, y menos mal que en la página hay un código ético también de la propia empresa. Por tanto, estamos ante un verdadero escándalo de actuación empresarial en el que naturalmente las administraciones públicas que han otorgado estas ayudas tienen que tener una posición muy clara, máxime si como ya se ha dicho aquí hay comprometido un plan industrial firmado por la empresa, al mismo tiempo que había un expediente de regulación de empleo para 400 trabajadores que ha financiado la Junta de Andalucía y el Plan industrial comprende de 2005 a 2010 al menos.


Por tanto, las administraciones, Gobierno central y Junta de Andalucía fundamentalmente, ante esta empresa que actúa con los hechos consumados y que no conoce, que obvia, la legislación laboral española y a sus autoridades, a pesar de haber recibido más de 80 millones de euros de ayudas en su historia, naturalmente se plantean qué tienen que hacer. Yo creo que para ahorrarles comentarios que alarguen innecesariamente la intervención, que por otra parte tengo el tiempo muy tasado, me remito a lo que dice exactamente la moción. No la reitero porque la diputada la ha explicado perfectamente. Se ha puesto en marcha un órgano de coordinación con la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, los Ministerios de Industria y de Trabajo, las Consejerías de Presidencia, Trabajo e Innovación de la Junta de Andalucía y la finalidad es el mantenimiento de la actividad y consecuentemente el mantenimiento de los puestos de trabajo, ya que la Bahía de Cádiz no puede perder empleos porque no lo soportaríamos. En este tema no debe haber demagogia ni aprovechamiento partidista, ni la utilización de la inquietud que abruma a los afectados porque justamente los afectados están demostrando una gran responsabilidad y todas sus familias exactamente igual, y la opinión pública está dando un apoyo cerrado a estos afectados porque lo necesitan y se lo merecen.


Finalmente, nosotros como Grupo Parlamentario Socialista no hemos presentado enmiendas porque apoyamos en sus propios términos la presentada acertadamente por Izquierda Unida y porque no queríamos, ni siquiera de lejos, que se atisbara que había en un tema de esta naturaleza el más mínimo regateo, siendo legítimo, pero que se pueda malinterpretar por algunos. Estando de fondo la angustia de tantas familias, nosotros vamos a dar el mensaje adecuado y cuando digo nosotros, espero, deseo y solicito que sean todos los grupos de la Cámara, absolutamente todos los grupos de la Cámara, los que les enviemos una señal inequívoca de apoyo unánime por parte de sus representantes, por parte del Congreso de los Diputados, a este conjunto de familias porque realmente lo necesitan.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señora Navarro, en turno de aceptación o rechazo de enmiendas, por favor.


La señora NAVARRO CASILLAS: No vamos a aceptar ninguna enmienda, señor presidente, y quería agradecer el apoyo manifestado de todos los grupos.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, muy amable.


-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR EN RELACIÓN CON LA CRISIS DE LOS PRODUCTORES DE NARANJAS. (Número de expediente 173/000178.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos. Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre medidas a adoptar en relación con la crisis de los productores de naranjas. Señor Cerdà, para la defensa de la moción.


El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, señor presidente.


Señorías, cuando formulamos la pregunta al presidente del Gobierno y luego presentamos la interpelación sobre este tema, nuestra intención era clara. Se trataba de un problema que estaba vivo, un secreto a voces en el País Valenciano y que no obstante no trascendía y no se le daba ninguna contestación desde la vida política y parlamentaria. Entendimos que alguien tenía que hacer visible y exponer una situación de crisis que estaban padeciendo los productores de cítricos y que era necesario abordar este problema, hacerlo palpable por el conjunto del Estado en el ámbito de sus competencias. Hay algunas competencias que nadie negará que son atributos del Gobierno autónomo valenciano y otras -a las que nos estamos refiriendo en este caso- que competen al Gobierno del Estado. En nuestra opinión ha habido una buena reacción tanto por parte de los grupos parlamentarios -en este sentido, quiero felicitar al Grupo Popular y al Grupo Socialista- en cuanto al trabajo de llegar a una conclusión en la moción, como en cuanto a las movilizaciones que ha habido, sin ninguna duda justas, que se han intensificado en los últimos tiempos y que también han participado en la búsqueda de soluciones y de consensos trabajando con los grupos parlamentarios.


Empezamos de una manera rara, de hecho yo dije aquello de que habíamos emitido en diferente frecuencia de onda y que no habíamos especificado el problema, y finalmente durante la interpelación tuvimos la oportunidad de fijar cuál era la magnitud del problema. Tengo que reconocer que así se ha reflejado después en el trabajo hecho por la diputada doña Antonia Armengol en la enmienda transaccional, en la que los cinco puntos de los que efectivamente podíamos estar hablando, recogían de una manera exhaustiva tanto las reivindicaciones que inicialmente Esquerra Republicana había propuesto para la moción, como también parte de las reivindicaciones del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, hemos identificado perfectamente la problemática, aquella por la cual nos instaban las diferentes organizaciones agrarias a tomar alguna posición política y parlamentaria. Lo que intentamos es que hoy se resuelva o se pongan las primeras pruebas para resolver hoy la planificación de un modelo, y el tema más importante es partir de la base de atender la multifuncionalidad de los labradores en términos de productividad y de sostenibilidad, pero también de reconocer su función social, su defensa del medio ambiente, así como de preservación de las costumbres del mundo rural, protegiendo directamente al agricultor. También esperamos -y así reza la moción- que se fije un mecanismo, un instrumento, un seguro, tal y como recoge el punto 4 de la moción y la enmienda transaccional, que permita estabilizar la renta de los labradores, tal y como se ha fijado en países como Canadá.


No debemos perder de vista que los agricultores, los productores son la parte más importante de la cadena; son los que con su esfuerzo hacen que se ponga en marcha el resto de la misma. Todos los intervinientes de la cadena tienen garantizados sus ingresos menos el productor. Los jornaleros, los transportistas, las personas que trabajan en los almacenes, los distribuidores, los comerciantes mayoristas, tienen garantizados sus ingresos, pero el agricultor no. Tal y como explicaba Joan Brusca, de la Unió de Llauradors, pedimos que el agricultor de naranja tenga un precio asegurado por su trabajo; que el que gira la rueda de este negocio pueda seguir viviendo de él. Y quiero aprovechar esta tribuna justamente para desearle nuestros mejores deseos de recuperación de su enfermedad y que lo antes posible podamos disfrutar de su compañía y de su bonhomía. En este sentido, el punto primero de la moción también propone facilitar la mejor participación del productor en el precio final de los cítricos, estudiando una regulación de los márgenes en los productos agroalimentarios y un mecanismo de gestión de crisis de precios, donde la transacción se haya hecho en los términos siguientes: en el marco de la nueva reforma de frutas y hortalizas. En definitiva, se trataría de evitar que el labrador únicamente participe en el 10 por ciento del precio final de la naranja, como exponíamos en la interpelación.


En segundo lugar, proponemos que se legisle y entendemos en la Ley de Contratos la obligación de fijar precios mínimos. Se trata de evitar los actuales contratos que se firman bajo la fórmula, a comercializar, y que no se produzca más naranja a pérdidas. En este aspecto, el Grupo Socialista no ha entrado demasiado en detalle y nos propone que el Gobierno asegure el correcto funcionamiento del Observatorio de precios de los alimentos, así como los niveles de promoción y homologación de los contratos de compraventa de estos productos, mejorando la transparencia y la trazabilidad de la cadena alimenticia. Puede ser una buena solución que se asegure el correcto funcionamiento del Observatorio de precios y la homologación de los contratos de compraventa, con unos modelos que esperamos que obliguen a fijar un precio mínimo mediante contratos que favorezcan y faciliten la transparencia del mercado y contribuyan a acabar con este problema endémico en el campo valenciano. Insistimos en que los agricultores tienen derecho

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a obtener unos precios justos y dignos por su producción.


Atendiendo a que la crisis que padece este sector viene de largo y tiene su origen en la mala negociación que se hizo en relación con los cítricos a la entrada del Estado español en la Unión Europea, vemos necesario sumar a las medidas expuestas un control efectivo de las importaciones y la preferencia comunitaria, así como la denuncia ante las autoridades de la Unión Europea de los indicios de fraude y la exigencia de corrección inmediata de los incumplimientos de contingentes, condiciones fitosanitarias y otros requisitos de calidad que harían que la competencia se ejerciera, de alguna manera, en términos de igualdad.


Con la adopción de estas medidas el sector citrícola podría empezar a respirar y con ello gran parte de la ciudadanía del País Valenciano y también de otras zonas como Almería o las Terres d l'Ebre. Así nos lo han hecho saber las organizaciones sindicales como la Unió de Llauradors, la Unió de Pagesos y los plenos de ayuntamientos como el de Amposta, Alcanar, l'Ampolla, Sueca y el Consell Comarcal del Baix Ebre, que han reivindicado la necesaria adopción de medidas en este mismo sentido que les hemos ido exponiendo en las últimas semanas. No queda todo hecho aquí, después de esta moción quedará mucho trabajo por hacer y habrá que seguir el cumplimiento efectivo de estas medidas que hoy, creo que con toda probabilidad, vamos a aprobar. Esperemos que en las próximas campañas empiecen a surtir efecto algunas de estas medidas y los agricultores no vuelvan a encontrarse ante la tesitura de abandonar la fruta en el árbol o dejarla perder en el suelo.


Para resolver esta moción, hemos llegado a una transaccional entre los tres grupos, el proponente de Esquerra Republicana, el Grupo Socialista y también se ha incorporado alguno de los puntos específicos que tenía la enmienda del Partido Popular. Hemos querido incorporar, lo tengo que decir literalmente, a la transaccional el punto 5 de la enmienda del Partido Popular, entendiendo que el resto de puntos ya estaban contemplados y que este punto 5 incorporaba el apoyo a la investigación agraria, especialmente la de los cítricos, cuyos beneficios sin duda redundarán en los mayores logros para los agricultores del sector.
Particularmente -acabo, señor presidente-, nos enorgullece haber provocado este debate sobre la cruda realidad del campo valenciano y nos satisface el acuerdo al que hemos llegado, tanto con el Grupo Socialista como con el Grupo Popular, a favor de unas dignas condiciones laborales y de vida de los agricultores del cítrico.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.


Grupo Socialista. Para la defensa de las enmiendas, señora Armengol.


La señora ARMENGOL CRIADO: Muchas gracias, señor presidente.


Comparto con usted, señor Cerdà, que en esta campaña se ha dado una situación de precios poco favorable para los productores, pero no por ello hay que poner en cuestión el futuro del sector citrícola, porque goza de buena salud y tiene capacidad para enfrentarse al futuro, sobre todo si el Gobierno valenciano, que ejerce competencias exclusivas en esta materia, hace sus deberes adecuadamente porque, como vamos a ver, el Gobierno de España y en concreto el Ministerio de Agricultura cumplen con todas sus obligaciones. Compartimos con usted también, señor Cerdà, la filosofía de las medidas que presenta en su moción, pero hemos presentado una enmienda porque no nos queda más remedio que dejar claro cuáles son las posibilidades reales del ministerio en una política agraria común perfectamente definida y acotada.


En cuanto al punto 1 de su moción, estamos en un marco de una economía libre de mercado y las normas comunitarias recogen en una OCM las medidas dirigidas a regular las frutas y hortalizas e impiden la regulación de los márgenes de los productos agroalimentarios; pero la OCM contempla instrumentos que permiten al productor de cítricos participar en mayor medida en el precio final del producto obtenido. Por ello, le proponemos en nuestra enmienda trabajar para que en la nueva OCM se potencie a las organizaciones de productores con el fin de mejorar su participación en el precio final de los cítricos y también se mejoren los mecanismos de gestión de crisis. En cuanto al punto 2 y al desarrollo que usted pide de ciertas medidas legislativas, está creado el Observatorio de precios de los alimentos, donde participan representantes de la Administración, de los sectores y de la Empresa Nacional Mercasa, y lo que hay que hacer es asegurarse de su correcto funcionamiento y que la Ley 2/2000, reguladora de los contratos tipo de productos agroalimentarios y el real decreto que la desarrolla, permita que los interesados puedan solicitar la homologación de un contrato tipo de compraventa en el que actúe como parte vendedora el productor. Como ejemplo de aplicación, cabe citar la existencia de los contratos para la actual campaña de comercialización en fresco de limones y pomelos y los de destino a la transformación para cualquier especie citrícola. En cuanto al punto 3, el cumplimiento de los contingentes de importación y respeto de los precios de entrada son garantizados por la Agencia Tributaria; las condiciones fitosanitarias, por los servicios de sanidad vegetal; las normas de comercialización, por el Soivre; y los niveles de plaguicida, por los servicios de sanidad exterior. Las importaciones deben cumplir con las mismas normas de calidad que nuestros productos para poder entrar en la comunidad. Por ello, nos proponemos que se siga trabajando en este sentido, manteniendo el control efectivo sobre las importaciones y preferencias comunitarias, tal y como se viene haciendo actualmente con éxito. En lo referente al punto 4 de su moción, la OCM de frutas y hortalizas contempla medidas dirigidas a garantizar unas rentas dignas de los profesionales

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productores de cítricos, incentivando la constitución de las organizaciones de productores, para llevar a cabo labores de concentración de oferta y su adaptación a la demanda, para disminuir los costes de producción y para fomentar medidas de mejora de producción, de calidad y de comercialización. Igualmente, se contempla la posibilidad de impulsar medidas de regulación de la oferta para equilibrarla con la demanda y evitar así caídas de precio. También las líneas de desarrollo rural contemplan la posibilidad de llevar a cabo apoyos específicos dirigidos a mantener plantaciones por beneficios medioambientales de las mismas, aunque la consideración de estas líneas depende de la comunidad autónoma. Por ello, hay que impulsar estos instrumentos previstos en la futura OCM y desarrollarlos.


En cuanto al último punto, se ha podido ver que la evolución de los precios de la producción pone de manifiesto que no existe una crisis permanente de precios en determinados periodos de la campaña como consecuencia de la concentración varietal del producto. Por ello, proponemos que junto al sector y a las comunidades autónomas se realice un análisis de la estructura varietal de las plantaciones de naranjos y pequeños cítricos, por si fuera necesario instrumentar una medida de reconversión compatible con la normativa europea dirigida a mejorar la calidad o a adecuar el calendario de producción de las distintas especies o variedades. Por todo ello, planteamos esta enmienda que, por un lado, contribuye a favorecer la situación de los productores y, por otro lado, respeta la normativa vigente tanto a nivel comunitario como nacional.
Desde luego, nos alegramos de que el grupo proponente y los grupos enmendantes hayamos llegado a un acuerdo para poder evitar de alguna manera que en las próximas campañas los productores de cítricos puedan verse tan afectados como en esta campaña.


Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien! -Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Armengol.


Señora Ramón-Llin, por favor.


La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, decía el señor Rodríguez Zapatero el pasado 21 de febrero en este hemiciclo que el sector citrícola goza de buena salud, frase que ha repetido hace un momento la diputada socialista. Decía también la ministra de Agricultura el pasado 28 de febrero en este hemiciclo que había que transmitir una sensación de optimismo al sector y que había que ayudarle cuando está pasando por una situación delicada.
Además se preguntaba la señora ministra qué más podríamos hacer por el sector. En este contexto, hoy, día 13 de marzo, debatimos una moción de Esquerra Republicana que representa, a nuestro entender, un brindis al sol que obedece más bien a un intento respetable de este grupo político para intentar ganar adeptos y votos en la Comunidad Valenciana por la vía agrícola en las próximas elecciones autonómicas y locales del próximo mes de mayo, ya que nada representan en el territorio valenciano, por lo menos hasta el momento. El Grupo Socialista, para no quedarse atrás, ha presentado una enmienda que responde también lógicamente a la proximidad de las elecciones, apuntando líneas que nunca había defendido ni apoyado, aunque lo haga de una forma laxa.


Ante estos hechos, solo diré que el sector citrícola sabe muy bien quién es quién, sabe muy bien quién les ha apoyado en los momentos de dificultad, como fue el cierre de las fronteras de Estados Unidos, y sabe muy bien quién quiere aprovechar sus malos momentos para obtener réditos políticos, y todo esto adobado, cómo no, con críticas y reproches en las intervenciones a la política de la Generalitat valenciana en materia citrícola. El señor Cerdà decía en su interpelación que los gobiernos del señor Zaplana y del señor Camps en la Comunidad Valenciana no habían hecho una política agraria ni se había -cito textualmente- abordado la problemática que tenía el sector citrícola, ante lo cual la señora ministra se preguntaba qué había hecho la Comunidad Valenciana. No nos extraña nada que desconozcan las actuaciones del Gobierno valenciano en esta materia, es un hecho habitual, sobre todo teniendo en cuenta que la ceguera política y el desdén hacia todo lo que haga el Partido Popular les hace decir esas cosas.


Hoy desde el Grupo Popular presentamos una enmienda de totalidad al texto de Esquerra Republicana que recoge propuestas no del Partido Popular, como se ha dicho hace un momento, sino del propio sector, que además fueron acordadas recientemente por los consejeros de Agricultura afectados por esta cuestión en el pasado año 2006 y que conoce perfectamente el ministerio. Tampoco quiero dejar pasar estos minutos sin decirle con brevedad a la señora ministra, aunque esté ausente -pero ahí constará-, y a otros qué es lo que hace y ha hecho el Gobierno valenciano en materia agrícola, porque se preguntan: ¿El Gobierno valenciano cumple sus obligaciones? Sobradamente, incluyendo algunas que son del ministerio. Se ha hecho en estos años un análisis claro de los problemas del sector. Se habla en la transaccional que vamos a apoyar de hacer un análisis; todos los análisis están más que hechos, en cualquier caso aceptamos que se pueda hacer, pero con todos, porque no podemos hacer referencia solo a unas organizaciones agrarias y no a otras. Se elaboró una ley para atajar el grave problema del minifundio, que no se apunta en ningún momento y que por otro lado impide la rentabilidad de las explotaciones. Se han puesto en marcha campañas de promoción del consumo de cítricos que nunca se habían hecho, y el ministerio ha seguido en la línea que iniciamos. Se apoyó el proceso de fusión de cooperativas agrícolas, muy importante; se incrementó la investigación agraria citrícola creando nuevos centros dependientes del IVIA y un largo etcétera.


Por el contrario, lo que hoy quiero preguntar aquí y que quede patente es: ¿Saben lo que ha hecho el Ministerio

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de Agricultura, la señora Espinosa, en estos tres años? Pues en primer lugar, en ese gran apoyo al sector citrícola que va a mostrar a partir de ahora, lo primero que hizo fue reducir los fondos públicos para el desarrollo rural de la Comunidad Valenciana. En la nueva asignación que se ha hecho recientemente y ante la cual se ha recurrido y protestado, porque poco más cabe por parte del Gobierno valenciano, se han reducido esos fondos un 60 por ciento respecto al pasado periodo. Por tanto, no entendemos que sea precisamente un apoyo demasiado claro a la política agrícola y a los cítricos de toda España, y en este caso de la Comunidad Valenciana. Por otro lado, ¿qué ha hecho el ministerio? Rechazar la petición del sector, no solo del Gobierno, sino de la Interprofesional Intercitrus, de aportar fondos económicos para la retirada de 400.000 toneladas de cítricos sobrantes de esta campaña. Por tanto, no se ha querido apoyar al sector citrícola, se le han negado fondos para resolver situaciones coyunturales, se han reducido los fondos europeos que hasta ahora -quiero que quede claro al final de mi intervención- se habían destinado en un 44 por ciento al ahorro del agua en la agricultura y un 12 por ciento a la industria agroalimentaria, y quede claro que el sector citrícola atraviesa una de las peores crisis de la historia.


Los agricultores cada vez perciben menos dinero por sus naranjas y no solo en esta campaña, sino desde hace bastantes campañas en las que en algunos casos no se cubren ni los costes de producción. Hay desesperación, no hay confianza en el futuro y quiero decirles que no hay ninguna confianza en el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, porque en todo momento, y creo que aquí se ha hecho un repaso al pasado que comparto, los agricultores valencianos recuerdan muy bien quién negocio la entrada en la Unión Europea y les hizo pasar unos años nefastos con unas situaciones muy perjudiciales.


Habrá que tener en cuenta otros elementos importantes respecto a la seguridad fitosanitaria. Habría que ir más allá de lo que dice la propuesta, pero en cualquier caso la apoyaremos, porque falta mucho control en origen, como a nosotros se nos exige, y faltan también controles a las entradas de puertos o aeropuertos, y eso lo sabemos todos, porque de entrar nuevas plagas sería una quiebra del sector citrícola.


Por último, porque sé que siempre hay alguien que hablará del ladrillo frente a los cítricos, quiero decir que en la Comunidad Valenciana, especialmente de todo lo que se habla de su Gobierno y del señor Zaplana, los presupuestos de la Generalitat valenciana nunca había dedicado tantos fondos presupuestarios a la agricultura como los que dedica el Partido Popular y que somos punteros en el ahorro de agua, y eso está reconocido en todos los datos que puedan contemplar y aquí no se reconoce nunca. Por eso, por esa campaña que en muchos casos hay de desprestigio hacia la Comunidad Valenciana desde diputados de la propia circunscripción, quiero dejar claras estas cuestiones que están ahí, que están los datos, que se ve que ha habido una inversión importante y que se ve claramente que el ministerio cuando ha podido resolver cuestiones puntuales son coyunturales, pero que recientemente hay otras estructurales y no lo ha hecho.


El señor PRESIDENTE: Señora Ramón-Llin termine, por favor. Gracias.


La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Finalizo diciendo que, a pesar de todo ello, hemos suscrito la enmienda transaccional porque nos interesa más resolver los problemas del sector citrícola que hacer de ello una batalla política.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ramón-Llin.


Grupo Mixto. (Pausa.) Coalición Canaria. (Pausa.) Señor Maldonado. (La señora Navarro Casillas pide la palabra.)

¿No va antes Convergència i Unió? No. Va usted antes, señora Navarro. El señor Maldonado es muy elegante.


Señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.


Hablando de cortesía parlamentaria, poca cortesía ha tenido la diputada portavoz del Grupo Popular respecto a las amables palabras que le había dirigido el portavoz de Esquerra Republicana. Desde mi grupo parlamentario vamos a votar favorablemente la moción, la apoyamos y apoyamos el contenido de la interpelación que se le hizo a la ministra de Agricultura, así como, por supuesto, también la transaccional que se nos ha dado ya a conocer.


Compartimos desde Izquierda Unida, desde Esquerra Unida, una seria preocupación por el sector y especialmente su afección al agricultor.
Estamos hablando, según el conseller del País Valenciano, de 175.000 hectáreas. Nosotros hemos denunciado una y otra vez en las Cortes Valencianas, y lo ha hecho nuestro diputado Dolors Pérez a través de múltiples iniciativas, esta situación que, según la diputada del Grupo Popular, padece una de las peores crisis de su historia. Uno se pregunta, si ustedes están haciendo tantas cosas realmente, si fuera verdad todo lo que usted dice, ¿cómo es posible que el sector esté padeciendo una de las peores crisis de su historia? Parece que siempre al final la culpa de todo para ustedes la tiene el presidente del Gobierno, señor Zapatero, con esa obsesión que tienen permanente. ¿Será que, a lo mejor, ustedes no hacen todo lo que dicen que hacen? ¿Será, además, que vienen aquí y nos dicen que tienen todo el apoyo del sector cuando leemos una y otra vez en prensa que no es así, que les están cuestionando porque precisamente ustedes no cumplen sus compromisos? Esa debe ser la realidad, señora diputada.


En cualquier caso coincidimos en que es necesario adoptar medidas urgentes y reivindicamos que, cuando esta moción se apruebe, se cumpla porque lo que necesita

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el sector son hechos y no palabras del Grupo Popular a las que nos tienen tan acostumbrados. Al final lo que hacen ustedes es ponerse un pañuelo naranja, ir a manifestarse, decir que apoyan mucho al sector y después, como siempre, hablar de agua y agua, que es a lo que usted viene siempre aquí, ocultando los verdaderos problemas que tienen y tenemos todos en el País Valenciano. Lo que necesitamos son soluciones y eso es lo que venimos aquí a demandar. Después que no nos cuenten mentiras en Canal Nou, como siempre, una y otra vez. Desde Izquierda Unida pedimos que se aborden medidas específicas que solucionen especialmente el problema de la renta del agricultor al que el Conseil valenciano, por cierto, ha invitado públicamente a convertir los campos de naranjas en campos de golf. Esa es la política del Partido Popular, pero no es que lo diga yo, es que lo dijeron ustedes. Lo dijo su Conseil valenciano del Partido Popular, que lo mejor que podían hacer los agricultores era convertir los campos de naranjas en campos de golf. Y, desde luego, Izquierda Unida, Esquerra Unida, esa política no la va a apoyar nunca.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Maldonado.


El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.


Con la brevedad que requiere una intervención de tan solo cinco minutos en un tema tan importante como este, voy a intentar sintetizar cuál es la posición de Convergència i Unió ante la crisis de los cítricos. Algunos portavoces que han intervenido hace un momento han hablado de los cítricos que afectan a Valencia. Es verdad que la Comunidad Valenciana, los Països Catalans, está muy ligada al sector cítrico, pero también es cierto que en zonas catalanes básicamente en la demarcación de Tarragona, las comarcas del Ebro, este también es un sector ampliamente presente.
Incluso se da la circunstancia de que algunos propietarios catalanes de Alcanar, etcétera, tienen sus naranjos ubicados en demarcaciones valencianas. Por tanto, es una crisis que afecta a un sector muy amplio del País Valencià, pero también de Cataluña. De aquí que en esta transacción que se ha presentado y que de alguna forma representa un consenso político, Convergència I Unió quiere estar y estaremos. Es un consenso político al que ha dado su apoyo la Unió de Pagesos, por un lado, y la Unió de Llauradors, por otro, porque, como decía, este es un ámbito territorial bastante difuminado.


Es verdad que de la moción consecuencia de interpelación urgente inicial se ha derivado a una transacción que recoge la voluntad política de toda la Cámara de dar apoyo visual a la crisis del sector que viene dada por muchos motivos. Nuestro grupo parlamentario ya presentó una proposición no de ley ante la Comisión de Agricultura, que fue aprobada con modificaciones, instando al Gobierno a exigir ante la Unión Europea en las negociaciones de la OCM de frutas y hortalizas la previsión de mecanismos efectivos y ágiles para gestionar situaciones de crisis graves, y con relación a los importados un aumento de control, con el fin de garantizar el origen, etcétera. Esta proposición no de ley se aprobó pero la realidad es que estamos igual que estábamos. Los agricultores no entienden cómo, por ejemplo, en Barcelona se están pagando dos euros por un kilo de naranjas, y al agricultor se le esté pagando un céntimo de euro. Este es un problema del que hay que hablar y buscar soluciones.


Esta transacción intenta, lo ha dicho el portavoz proponente, poner la primera piedra para dar una alternativa de planificación en el sector, para intentar estabilizar las rentas de los profesionales productores de cítricos, atendiendo a la multifuncionalidad de los labradores en términos de productividad y sostenibilidad. Se intenta desarrollar un plan plurianual, se intenta crear iniciativas legislativas necesarias que favorezcan y faciliten la transparencia del mercado, impulsando mecanismos necesarios para facilitar la mejor participación del productor en el precio final de los cítricos, todo aquello que ayude a que este no sea un sector en crisis. En las comarcas de l'Ebre hay familias enteras que viven de este producto y ven su futuro con desconfianza, y lo ven así porque la situación va a peor año tras año. Tres años atrás recibían más por kilo y los costes eran inferiores a los actuales. Ahora los costes han aumentado y la cantidad económica recibida por kilo ha disminuido.
Las cuentas no salen. El sector cítrico está en crisis. Yo hablo de las Terras de l'Ebre, pero podríamos hablar de otras zonas del Estado que están en una situación parecida, País Valencià, etcétera.


Creemos que esta iniciativa parlamentaria va en esta línea. Nos alegramos del consenso generado y desde Convergència i Unió daremos nuestro apoyo esperando que no quede en papel mojado y que se puedan conseguir instrumentos que favorezcan de alguna forma la estabilización de las rentas de los agricultores.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Maldonado.


Señor Cerdà, entiendo que la enmienda transaccional es la que se propone para votación. ¿Entiendo bien? (Asentimiento.)

-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA IMPEDIR LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS AUSPICIADAS POR BATASUNA/ETA EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES MUNICIPALES, A JUNTAS GENERALES Y AL PARLAMENTO DE NAVARRA. (Número de expediente 173/000179.)

El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,

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sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impedir la presentación de candidaturas auspiciadas por Batasuna/ETA en las próximas elecciones municipales, a Juntas Generales y al Parlamento de Navarra.


Para la defensa de la moción, en turno de siete minutos, tiene la palabra el señor Astarloa.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor presidente, señorías, estamos en un momento decisivo para la lucha antiterrorista. Después de tres años de cesiones, ETA se ha reforzado, se jacta de haber superado los momentos de máxima dificultad y de haber neutralizado la política que estaba acabando con ellos, y se prepara para dar el salto de vuelta a los ayuntamientos y para culminar una negociación política con el Gobierno con las armas en la mano.


Saben bien que ETA concede prioridad a su comparecencia en las elecciones municipales. Por eso está dispuesta a utilizar todas las posibilidades a su alcance, creando un nuevo partido, presentando decenas de agrupaciones, utilizando partidos ya registrados o recurriendo al PCTV.
Persiguen inutilizar la Ley de partidos, superando el daño inmenso que les ha producido, y persiguen también recuperar decenas de concejalías, volver a disfrutar de más de mil millones de euros para la caja única de los diferentes frentes de ETA, colocar a cientos de personas y multiplicar el apoyo social y las subvenciones a los proyectos de los terroristas.


Desde el debate de la interpelación se siguen acelerando los acontecimientos. Batasuna/ETA celebró ese fin de semana en Pamplona un acto con tres mil personas, nuevamente consentido por el delegado del Gobierno y el fiscal general, aireando a voz en cuello su proceso para presentarse a las elecciones. Y este último sábado celebró una reunión, supuestamente secreta, con policías y periodistas a la puerta, para definir su estrategia final. Todo esto es del dominio público, pero no hay respuesta alguna del Gobierno a tan notorio desafío. Es mucho peor, en este tiempo el Gobierno ha filtrado que basta con que presenten una nueva marca que se limite a rechazar -entre comillas- la violencia para que puedan acudir a las elecciones y ha excarcelado al chantajista De Juana. Lo primero es muy grave y viene a confirmar los peores temores de que el señor Zapatero está dispuesto a dejar que los terroristas lleguen a las urnas a toda costa. Lo segundo, la insólita decisión política del señor Zapatero de excarcelar al etarra De Juana por el chantaje de su huelga, es una cesión escandalosa que refleja gran debilidad del Estado, daña la dignidad de la democracia y humilla a las víctimas y a todos los españoles. El presidente Zapatero ha asumido que se convierta en héroe a un terrorista con una cesión sin precedentes que ha dejado atónita a una sociedad que no ha cedido durante largos años ante el chantaje del terror, ni siquiera ante los atentados salvajes a Miguel Ángel Blanco o a José Antonio Ortega Lara. Pero lo más serio es que no se trata de actuaciones aisladas, sino de pasos escalofriantes dentro de un proceso inacabable de cesiones. Para pasar de una política de derrota de ETA a la negociación, el Gobierno ha permitido la normalización de la presencia de Batasuna, la ha devuelto a las instituciones, ha diluido las leyes adaptándolas a las circunstancias, ha minimizado la continuación de la violencia, ha preparado una mesa política aceptando un posible cambio del marco actual y ha dialogado con los pistoleros sin cesar la violencia. Lo que el señor Zapatero calificó como el accidente de la T-4 no le ha cambiado. Se dan a De Juana los privilegios de un hombre favorable al proceso. Dejando el mensaje letal de que la presión rinde beneficios, se propone sacar a Batasuna de la lista europea de terroristas, se intercambian piropos el presidente y Otegi, se rechaza la ilegalización del PCTV, se permite a Batasuna campar a sus anchas y se le anuncia benevolencia electoral. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)

Con la moción de hoy proponemos que esta Cámara inste al Gobierno a poner fin a tantos despropósitos. Urge que se ilegalice la marca PCTV, ya introducida en el Parlamento vasco. Urge evitar que Batasuna siga constituyendo impunemente plataformas pueblo a pueblo y que se conviertan en candidaturas electorales. Urge poner en manos de los jueces las múltiples evidencias que acreditan su propósito de vulnerar la Ley de Partidos. Urge proclamar que Batasuna/ETA no se va a presentar a elección alguna en tanto que la banda no abandone la violencia. Urge, en fin, que el presidente del Gobierno deje claro de una vez que Navarra no va a ser moneda de cambio con los terroristas. (Rumores.) Y como primera medida urge que este Parlamento salve la dignidad de nuestras instituciones democráticas, rechace la incalificable excarcelación de De Juana y exija que vuelva a prisión para cumplir íntegramente su pena. (Aplausos.) Urge, en definitiva, que el señor Zapatero ponga fin al proceso de negociación con ETA, en lugar de profundizar en el mismo con cesiones condenables como la adoptada con De Juana Chaos.


Estas Cortes Generales deben decir bien alto al señor Zapatero que no vamos a perder nunca la esperanza de derrotar a los asesinos sin ceder nunca más ante los desafíos del terror, que debe poner fin a la negociación con ETA y volver a una política de unidad ética, legal, digna, veraz, firme y eficaz, en lugar de profundizar en el proceso con medidas indignas como la adoptada con este asesino. Cada cesión al terrorismo es el pago de un precio y nos aleja de la derrota definitiva del terror. La cesión De Juana pone de rodillas al Estado. La cesión Batasuna o la cesión Navarra, sencillamente lo liquidarán. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Es el momento, señores de mayoría socialista, de que el Parlamento de la nación levante su voz para evitarlo, coincida con el clamor de la calle y retome el camino de la dignidad democrática para acabar con el terror.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Astarloa.


Fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.


He contabilizado que hoy llevamos seis horas hablando del mismo tema.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!

La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: No he dado más que un dato objetivo.
Tranquilos, no se me exciten, señorías. Sigo, señor presidente, pero es que hoy llevamos seis horas hablando de los mismos temas. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor! Vamos a continuar con el debate. La señora Lasagabaster está en el uso de la palabra, así que guarden silencio.


Adelante, por favor.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Pues lo que les decía. Y parece que vamos a seguir con más temas y así todas las semanas hasta el 27 de mayo.
(Protestas.) ¡Tranquilidad!, ¡tranquilidad!

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, el señor Astarloa ha tenido una intervención con un nivel bastante aceptable de silencio y cualquier parlamentario tiene exactamente el mismo derecho que su representante, así que les ruego, por favor, que respeten el uso de la palabra.


Señora Lasagabaster, continúe. Gracias.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.


Estén tranquilos. Yo llevo aquí once años, he aguantado su mayoría absoluta, estoy sola y sé de resistencia psicológica, así que estén tranquilos, que aguantaremos lo que ustedes quieran. Y si solo quieren hacer una iniciativa, que es esta, mañana, tarde y noche, estén tranquilos, hablaremos mañana, tarde y noche. Lo que ocurre es que, por mucho que se repita mil veces, una mentira no se convierte en verdad.
Esta es la realidad y esto es lo que ustedes hacen y además con falta de rigor jurídico y político y no por falta de conocimiento o de capacidad, bien es cierto que no, sino simplemente porque a ustedes les interesa revolverlo todo y hablar lo mismo de política penitenciaria, hablar lo mismo de Ley de Partidos, hablar lo mismo de actuaciones del ministerio público, hablar lo mismo del Tribunal y de la Sala 61, hablar lo mismo del proceso de paz, todo metido en un envoltorio con lazo rojo de cinco minutos, algo que desde luego carece del mínimo rigor jurídico y técnico.
¿Por qué? Porque con este paquete de cinco minutos y todo a la vez, con expresiones de chantaje, ponen de rodillas al Estado, van con las armas a los ayuntamientos, etcétera, algo que realmente atribularía a uno si fuera verdad, que no lo es, lo que ustedes tratan de hacer es generar miedo. Pues tranquilos, que nadie tiene miedo a nada. Si el Estado suyo, el Estado español es tan débil, tienen un problema, pero, lamentablemente -entre comillas- no es tan débil. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!) Por eso, si ustedes quieren, les sugiero una cosa para que seamos todos un poco más novedosos y rigurosos en nuestros debates: Avancemos tema por tema y no nos metan en el paquete este de en cinco minutos todos a la vez, porque realmente es un mal debate. La semana que viene volveremos, como en las telenovelas, donde ya saben que se repiten siempre las mismas cosas, y lo haremos con tranquilidad, porque les vuelvo a decir que lo que dicen no es verdad. Y segundo, si ustedes quieren generar miedo, tensión y crispación, no lo van a conseguir. El ruido no nos aturde, nuestra resistencia es capaz de soportar esto y mucho más. Y vuelvo a decirles que las mentiras por mucho que se repitan nunca serán verdad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.


Por Izquierda Unida tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Cualquier parecido entre el Estado de derecho y el Estado de derechas que propugna el Partido Popular es mera coincidencia (Rumores.), porque en el Estado de derecho hay que respetar la ley y no aplicarla de manera extensiva, porque en el Estado de derecho no hay leyes preventivas, porque en el Estado de derecho para acusar hay que tener pruebas y no solamente convicciones morales. Lo que ustedes pretenden hoy aquí es, nada más y nada menos, no ilegalizar por enésima vez al Partido Comunista de las Tierras Vascas, que ustedes legalizaron, sino que pretenden ilegalizar el mero hecho de que alguien se ponga a montar candidaturas en los municipios; es decir, ilegalización extensiva, que no les permiten las leyes, e ilegalización preventiva, que está en las antípodas del Estado de derecho. Ustedes, con esta iniciativa, demuestran cuál es su verdadera concepción del Estado de derecho, que tiene mucho que ver con el Estado de excepción; sin declararlo, pero con el Estado de excepción.
Señorías, ustedes fuerzan la Ley de Partidos, su propia ley; no les vale ya, la fuerzan e intentan aplicar una ley forzada para ilegalizar al Partido Comunista de las Tierras Vascas. Ignoran la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha dicho que no es tan fácil ilegalizar las agrupaciones de electores, que ha planteado determinadas limitaciones, y hoy mismo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha orientado ya a los municipios y a los policías en ese sentido. No vale ya cruzar los datos y que uno sea sobrino de otro y, por tanto, posiblemente incurso en una ilegalización. Eso no

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vale. Pero lo peor de esta iniciativa es que extienden ustedes la sospecha al Gobierno. Dicen al Parlamento que condene al Gobierno. ¿Qué piensan ustedes hacer? En primer lugar, ¿qué piensan hacer si el Parlamento condena al Gobierno? ¿Piensan a continuación iniciar un proceso de ilegalización del Gobierno español?, porque es la consecuencia lógica. Y si el Parlamento no ilegaliza al Gobierno y si el Parlamento no condena al Gobierno, ¿piensan ustedes ilegalizar al Parlamento por colaboración con el Gobierno? (Rumores.) Señorías, un poco de seriedad en esta Cámara, por lo menos un poco de seriedad en estas materias.
(Aplausos.-Protestas.)

Termino, señorías. Que no les confundan sus fábulas, que no les confundan sus conspiraciones. La diferencia entre una persona cuerda y una persona que delira es, en primer lugar, que el que delira lo hace sobre una materia que no es real y, en segundo lugar, no es consciente de su delirio. Cada vez me preocupo más por ustedes, que están en un delirio encapsulado, continuamente delirando sobre la misma materia, que no es la política antiterrorista. No, señorías. La misma materia es cómo pudieron ustedes perder el poder. Esa es su única preocupación.
(Aplausos.-Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (Rumores.)

Su turno, señor Esteban. Por favor, vamos a terminar la sesión en paz.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.


El texto que se somete a votación de este Congreso consta de cinco puntos.
Respecto al primero, que es que se inicie el proceso de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas, no voy a repetir la argumentación hecha la semana pasada. Ya estuvimos discutiendo de esto y ya se le dijo por parte de esta Cámara que no se consideraba oportuno.
Por tanto, a aquellas explicaciones me remito. En segundo lugar, en cuanto a evitar que Batasuna siga constituyendo pueblo a pueblo plataformas, etcétera, ya nos dirán ustedes cómo se evita cuando no existe una personalidad jurídica en las mismas. Cuando esas plataformas se conviertan en un momento determinado en agrupaciones electorales, entonces será el momento de proceder o no, pero desde luego no ha llegado, y -en eso coincido con el señor Llamazares- me parece ya una extralimitación abusiva de la propia Ley de Partidos Políticos, cuyo contenido, como bien saben, no compartimos. Tercer punto: Condena de cualquier intento de mantener abierto el proceso de negociación del Gobierno con la banda terrorista ETA. El señor Astarloa ha ido más lejos, ha dicho que está abierto y que el Gobierno está negociando con ETA. A nosotros no nos consta. En estos momentos no hay ningún proceso de negociación; por tanto, no tiene ningún sentido. Y en cuanto a no aplicar flexibilidad, por ejemplo, en la legislación penitenciaria, no podemos estar más en desacuerdo. Creemos que lo inteligente por parte de un Gobierno en problemas delicados como este es precisamente saber cómo aplicar esa legislación dentro de los márgenes que la propia legislación le concede. Respecto al cuarto punto: repulsa por haberse cedido al chantaje al que ha sido sometido el Gobierno por Ignacio de Juana Chaos, no compartimos los términos en los que se expresa en el sentido de que entendemos que el Gobierno no ha cedido absolutamente a ningún chantaje.
Y el quinto punto: solicitar la revocación de la decisión del Gobierno para que se cambie la resolución referente a Ignacio De Juana Chaos, nosotros estamos absolutamente en contra de que se revoque porque creemos que ha sido una medida acertada.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.


Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señora Oliva, por favor.


La señora OLIVA I PEÑA: Gracias, señor presidente.


Otra vez con el mismo tema (Rumores.), y seguramente no será la última. A este tipo de políticas y de actuaciones nos tienen acostumbrados los diputados y las diputadas del Partido Popular: la crispación a través de un tema recurrente, el conflicto vasco, solo para ganar votos. No voy a decir nada que no haya dicho ya anteriormente, es decir, señores y señoras del Partido Popular, les repito lo que dije hace unas semanas. Es más, les avanzo que la semana que viene será lo mismo, porque están ustedes empeñados en buscar confrontación allí donde no la hay ni debiera haberla. Están buscando constantemente la crispación basándose en un conflicto que afecta a miles de ciudadanas y ciudadanos vascos y que afecta también a la libertad de un pueblo y de sus instituciones. Ante la ciudadanía de Euskal Herria y ante sus instituciones, desde el independentismo catalán solo podemos mostrar nuestra solidaridad. Así que rehusamos la iniciativa presentada por el Partido Popular ya que a nuestro entender no contribuye para nada a la resolución del conflicto vasco y no ayuda para nada a la búsqueda del fin de la violencia. El Partido Popular sigue empeñado en su estrategia errónea de judicializar la vida parlamentaria y politizar la justicia. Otra vez le repetimos, se lo pedimos, únanse al consenso y a la unión de todas las fuerzas democráticas a favor de la paz, un proceso que debe enmarcarse en la ausencia de la violencia, pero también debe basarse en el respeto a las libertades y al diálogo político, porque de eso se trata, no lo olvidemos, de un conflicto de naturaleza política. Esta iniciativa va en contra de este escenario y lo entorpece. Además el Partido Popular no tiene ningún escrúpulo en utilizar el conflicto como arma electoral, en vez de implicarse en serio y en profundidad en su resolución. Ya se lo dijimos con anterioridad, Esquerra Republicana no apoyó en su momento la Ley de Partidos, y este posicionamiento es el que hoy nos permite decir que el Partido Comunista de las Tierras Vascas, a nuestro

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entender, cumple con la legalidad establecida en el Estado español y por tanto se le deben de aplicar los mismos deberes, pero también los mismos derechos que al resto de las fuerzas políticas democráticas. Nos preocupa enormemente la constante criminalización que el Partido Popular hace del Partido Comunista de las Tierras Vascas ya que puede acabar recortando las libertades y los derechos de la ciudadanía vasca. No pierdan más tiempo en debates estériles y hagan sus aportaciones de forma constructiva al proceso de paz en el seno del consenso parlamentario. No pierdan más tiempo en manifestaciones y trabajen en positivo por la paz.
La ciudadanía se lo agradecerá y creo que el resto de esta Cámara también, porque no nos veremos obligados a debatir semana tras semana la misma cuestión estéril, obviando temas más importantes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oliva.


Convergència i Unió, señor Guinart, por favor.


El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.


Intervengo brevemente para fijar la posición de mi grupo parlamentario ante la moción del Grupo Parlamentario Popular sobre las hipotéticas candidaturas de Herri Batasuna. De alguna manera estamos asistiendo tediosamente a diversos capítulos del mismo serial televisivo, del cual esta misma mañana hemos tenido una entrega de larga duración. Ya hemos denunciado una vez más en la Comisión de Interior que esta moción forma parte de la estrategia del Grupo Parlamentario Popular de armar ruido y alborotar en torno al mismo tema: la utilización de la lucha contra el terrorismo como táctica electoral, de erosión del Gobierno y de marcar diferencias entre los partidos en esta materia, que solo podrá superarse -lo sabemos todos- desde la unidad de todas las fuerzas políticas democráticas. Esta mañana el arma arrojadiza ha sido la atenuación de la situación penitenciaria de un preso etarra, el miércoles pasado y esta tarde, el cuestionamiento de la legalidad del Partido Comunista de las Tierras Vascas y las maniobras preelectorales de Batasuna, la supuesta negociación con ETA, y mañana y en lo sucesivo sin duda tendremos nuevos capítulos.


Mi grupo no va a apoyar esa iniciativa del Grupo Parlamentario Popular porque no compartimos la estrategia de confrontación y crispación que viene exhibiendo, utilizando la lucha contra el terrorismo y las víctimas como argumento político de significación partidista. Coincidimos con todos en el objetivo de la paz, la libertad y la erradicación del terrorismo y en el respeto y apoyo a las víctimas, pero diferimos de la manera de actuar del Grupo Popular. Solo desde la unidad de las fuerzas políticas, la discreción, la constancia y la coordinación de todos en torno al Gobierno -el de turno; el que sea-, que debe llevar la iniciativa, conseguiremos un final feliz para tanto dolor, aunque lamentablemente algunos no puedan compartirlo. Igualmente, nuestro voto será negativo por coherencia con nuestro posicionamiento en el debate de la llamada Ley de Partidos, pues diferimos en que fueran precisamente las Cámaras, como se pretende, las que debían debatir e instar al Gobierno para la ilegalización de ciertos partidos. Defendimos, y lo mantenemos, que la iniciativa para su ilegalización radicara en el Ejecutivo, una vez fijadas las condiciones a través de la ley, precisamente para alejar del partidismo y de la agitación ese tipo de decisiones. Nuestro grupo entiende que todos los grupos y corrientes políticas pueden optar a constituirse en partidos o en agrupaciones electorales y concurrir a unas elecciones, con la única condición de someterse a la ley, y esta debe actuar a través de los mecanismos establecidos, tanto si estando legalizados se alejan de los preceptos legales como si estando ilegalizados o siendo de nueva creación se ajustan a las prerrogativas y disposiciones normativas. Ahora mismo la situación es la que es, y nuestro grupo está dispuesto a discutir en esta sede cualquier circunstancia fehaciente y consistente que modifique la actual situación y a actuar en consecuencia. Hoy por hoy nuestra opción es el voto negativo a la moción del Grupo Popular.


Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.


Grupo Parlamentario Socialista. Señor Muñoz, por favor.


El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Ya que no lo ha hecho el señor Astarloa, sean las primeras palabras del Grupo Parlamentario Socialista de recuerdo a todas las víctimas del terrorismo, pero especialmente a las víctimas del atentado del 11 de marzo por conmemorarse en estos días el que fue el mayor atentado sufrido por España.


En relación con el objeto de esta moción del Grupo Parlamentario Popular, tenemos que adelantar -era esperable, por supuesto- que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra. Esta moción tiene cinco apartados, pero en el fondo tiene un único objetivo. El objetivo de la moción es utilizar de forma artera el Parlamento para combatir al Gobierno en su lucha contra el terrorismo. El punto primero de su moción pretende que el Gobierno impulse un proceso de ilegalización que no tiene fundamento jurídico ni base probatoria donde sustentarse. Lo decía usted mismo, señor Astarloa, en el Pleno del 20 de febrero de este año. En otra moción similar en esta situación a la que somete al Parlamento semana tras semana donde también pedía la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas decía usted, señor Astarloa, lo siguiente: Corresponde al Congreso activar el mecanismo legal para instar la ilegalización. El Congreso, en aquella moción consecuencia de interpelación en aquel caso al ministro del Interior, ya se pronunció en contra en la votación efectuada. El ministro de Justicia le decía la semana pasada en el debate de la interpelación de la que trae causa esta moción que desde

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aquí se pueden decir cosas, pero en los tribunales hay que probarlas, y no de cualquier modo. El segundo punto de la moción pretende la ilegalización de unas plataformas que no constituyen todavía formalmente plataforma electoral alguna y que, por tanto, no pueden ilegalizarse conforme a la Ley Electoral y a la Ley de Partidos. El momento hábil de actuar, en su caso, será el 4 de abril, cuando se designen los representantes, el 18 de abril, cuando se presenten las candidaturas ante las juntas electorales, o el 30 de abril, cuando se proclamen, en su caso, las candidaturas. Con la Ley de Partidos en la mano, señor Astarloa -usted lo conoce bien-, no se puede ilegalizar algo que no existe, ni pueden ser conculcados arbitrariamente los derechos fundamentales ni valen ilegalizaciones preventivas. Sabe usted que en este aspecto la sentencia del Tribunal Constitucional es especialmente contundente. El tercer punto pretende que el Gobierno se abstenga de hacer algo que no está haciendo: negociar con terroristas, hacer concesiones a ETA o flexibilizar la Ley de Partidos o la legislación penitenciaria. Eso no se está haciendo y además no se podría hacer, porque en un Estado democrático en el que opera la separación de poderes la aplicación y el control de la legislación corresponde no al Gobierno sino a los jueces y tribunales.


En cuanto a los puntos cuarto y quinto de esta moción, el asunto De Juana, señor Astarloa, si usted hubiera estado esta mañana en la Comisión de Interior se habría enterado, pero no ha estado. A nosotros no nos interesan los líos que ustedes tengan sobre quién va o no va a una Comisión, pero sí le digo, señor Astarloa, que estamos debatiendo sobre el tema De Juana porque ustedes concedieron beneficios penitenciarios de redención extraordinaria de condena. Por eso estamos hoy debatiendo aquí sobre este tema. Se pretende condenar y anular una decisión judicial que es del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, y usted sabe que no se puede hacer eso. El Parlamento no puede dejar de aplicar o solicitar la revocación o la ignorancia de una decisión con cobertura judicial, aunque esta mañana el señor Zaplana ya nos ha explicado este asunto. Él ha dicho que una decisión que tiene cobertura judicial no se ajusta a la legalidad. Pues bien, nosotros nos sumamos a esa resolución del juez central de Vigilancia Penitenciaria, que dice que el Estado de derecho no puede renunciar a la aplicación de disposiciones legales, y ello es la grandeza del Estado del derecho, sin duda la mayor conquista de nuestra civilización. Una vez más les pedimos, como hacía la representante de Esquerra Republicana, que abandonen el camino que han iniciado, que retiren esta iniciativa y que vuelvan a la unidad porque juntos seremos más eficaces en la lucha contra ETA. Pero si ustedes no lo hacen, la sociedad debe saber que el Gobierno y el resto de los grupos parlamentarios continuaremos la lucha contra el terrorismo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


-DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MEDIDAS DE POLÍTICA GENERAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS PUNTOS NEGROS DE LAS CARRETERAS DEL ESTADO Y PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN LAS MISMAS.
(Número de expediente 173/000180.)

El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de política general para la eliminación de puntos negros de las carreteras del Estado y para mejorar la seguridad vial en las mismas. Para la defensa de la moción, en un tiempo de siete minutos, tiene la palabra el señor Jané.
(Rumores.)

Silencio. Vamos a continuar. Señor Jané, adelante. Gracias.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, este Pleno se ha iniciado a las cuatro de la tarde y son más de las diez. Llevamos más de seis horas de Pleno y, según demuestran las estadísticas, en estas seis horas, mientras estamos debatiendo en el Pleno del Congreso, se han producido en España como media más de 60 accidentes con víctimas. Esta es una reflexión que todos podemos hacer internamente. ¿Qué está pasando con unas cifras de accidentes de tráfico que, por mucho que evolucionen de manera correcta, siempre son demasiado altas? Toda medida es poca. Es necesario un mayor compromiso de todos en el ámbito de la seguridad vial, es necesario un mayor consenso, como el que pretende la moción que nuestro grupo parlamentario quiere defender ante la Cámara. Es necesario un consenso para actuar con medidas positivas a favor de la seguridad vial, medidas positivas que en muchas ocasiones se dirigen al ministro del Interior, a la Dirección General de Tráfico, y pilotan de manera muy directa sobre la represión al conductor, sobre aspectos como el Código Penal, como el permiso por puntos o como las sanciones. En muchas ocasiones los propios conductores nos reclaman que hagamos también esfuerzos en el ámbito de las infraestructuras. Pongámonos todos las pilas en la actuación de las administraciones públicas en ese objetivo común de la seguridad vial. Como la realidad es absolutamente alarmante, debemos actuar con medidas en el ámbito de las infraestructuras, como plantea nuestra moción.


Nuestra moción enlaza con el objetivo europeo de lograr en el año 2010 que la tasa de mortalidad en las carreteras haya disminuido un 50 por ciento.
Este es un objetivo que compartimos, que comparte este Parlamento. Para conseguir ese objetivo hoy esta moción se dirige a una serie de medidas en el ámbito de las infraestructuras y del Ministerio de Fomento. En primer lugar se pide que en este año 2007 al presentar el Plan sectorial de carreteras nos marquemos una serie de subprogramas concretos en dicho plan para incidir a favor de la seguridad

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vial. ¿En qué ámbitos? En el ámbito de los tramos de concentración de accidentes, los que desde Interior se llaman puntos negros. Sobre esos tramos de concentración de accidentes que están identificados hay que actuar de manera más prioritaria. Pedimos que se actúe especialmente sobre esos tramos ya detectados. Pedimos que se realicen auditorias de seguridad vial con carácter previo a la aprobación de proyectos constructivos. Una serie de medidas de esta moción van también dirigidas al ámbito de las motocicletas. Sabemos, señorías, que hay una preocupación por las elevadas cifras de accidentes que afectan a las motocicletas y a los ciclomotores. Aquí debemos también actuar. Hay un conjunto de barreras quitamiedos que tienen un efecto guillotina para muchos motoristas, que ven cómo tras el accidente han sido esas barreras las que les ha causado una lesión, a veces la muerte, a veces una invalidez permanente, y han sufrido mutilaciones de sus propios miembros por culpa de esas barreras. Por tanto, hay un punto en la moción que pretende adecuar las barreras para motociclistas, cambiándolas por sistemas homologados y actuar de manera prioritaria -sabemos que no todo se puede hacer a la vez- en aquellos tramos de mayor riesgo. Asimismo se propone la mejora del firme y también en esa mejora del firme hay una voluntad especial para las motocicletas, porque hay aspectos en la rodadura por los que las motocicletas, si el firme no es el adecuado, padecen muchos más accidentes que el resto de automóviles. Por tanto, aquí también hay medidas concretas como en el ámbito de la señalización vertical. También pedimos, señor presidente, señorías, un cierto control de ese plan. Por tanto, dado que en esta Cámara existe una Comisión sobre Seguridad Vial, sería oportuno que cada año anualmente en esa Comisión se hiciera un informe de seguimiento de este plan, que se pudiera evaluar su grado de ejecución y se pudieran incluso evaluar las partidas presupuestarias necesarias en cada momento para llevar a cabo ese conjunto de medidas que nuestro grupo entiende que son totalmente prioritarias.


Hay un aspecto, señor presidente, señorías, sobre el que quería hacer una especial mención. Ayer, desde la Dirección General de Tráfico se anunciaban nuevos radares. Se hacía una campaña anunciando la nueva instalación de radares. ¿Cuál es el objetivo de esos radares? Debemos priorizarlo de manera clara. No es ir a cazar al conductor para sancionarle. El mejor radar es el que no se dispara, porque si no se dispara es que ha logrado prevenir ese accidente. Por tanto, radares anunciados siempre y sobre todo en aquellos tramos que tienen de manera clara un mayor riesgo de accidente, no radares en vías de gran capacidad donde a lo mejor no hay una concentración de accidentes, radares en tramos especialmente peligrosos. Por tanto, entendemos, señor presidente, señorías, que sería muy importante que en este Pleno del Congreso de los Diputados se aprobara la ubicación preferente de los radares en aquellos tramos de mayor concentración de accidentes, especialmente para evitar que el radar llegue a dispararse y evitar con ello un nuevo accidente. De ahí que esa prioridad se la pidamos también en este caso al Ministerio del Interior.


Termino ya, señor presidente. Señorías, hay una serie de medidas específicas relativas a la N-II a su paso por el Maresme -yo quise dedicar esa interpelación a Jaume Batlle, que fue alcalde de Premià de Mar y que murió hace pocas semanas en esa carretera N-II-, queremos que esa carretera pase a ser una autovía e impulsar el estudio informativo.
Pero mientras ese estudio informativo llega evidentemente hay que actuar en aquellos aspectos de seguridad vial sobre la misma que son del todo necesarios. Esperamos desde nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) obtener, si puede ser, la unanimidad de la Cámara alrededor de los puntos de esta moción. Es importante en esa línea lograr un pacto de Estado en materia de seguridad vial y que aunemos entre todos los esfuerzos. Esto es lo que pretende Convergència i Unió y esperamos que esta moción tenga la incidencia positiva que todos deseamos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervendrá en primer lugar en un turno de cinco minutos el Grupo Mixto. Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


El periódico de mayor tirada de Galicia informaba en su portada de ayer de lo siguiente: Las muertes de peatones se duplican en Galicia en los dos primeros meses del año. Las alarmas entre los responsables de la seguridad vial de Galicia han saltado ante los continuos atropellos de peatones en las carreteras. De las 58 personas que han perdido la vida en accidente de tráfico en lo que va de año, 19 eran peatones, cifra que en 2006 fue de diez víctimas; como ven, casi se duplica. Por tanto, es cierto que todos los intentos por debatir y buscar soluciones al problema del tráfico y la seguridad vial en su vertiente de accidentes, sobre todo mortales, no puede ser cuestión baladí. Por este motivo vamos a apoyar la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió). Solamente echamos en falta una cuestión que nos parece sustancial teniendo en cuenta que efectivamente el problema del tráfico y la seguridad vial tiene variantes no solamente en su grado de mortalidad, sino también de todo tipo, meteorológico, de servicio público e incluso de ingresos que debían conllevar por lo menos que la seguridad vial y el tráfico se regulasen en colaboración con las comunidades autónomas. En particular, los puntos 3, 4 y 5 debían conllevar un acuerdo y una colaboración con administraciones públicas, que tienen mucho que decir en cuanto a este problema. Por ejemplo, en el caso de la información que he dado, muchos de estos accidentes ocurren en áreas urbanas, por tanto, de competencia municipal. Además hay un segundo tema pendiente del que no se puede decir que no exista reivindicación

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política en este aspecto, como es la transferencia de competencias de tráfico y seguridad vial a algunas comunidades autónomas, cuyos gobiernos y parlamentos, cuando menos, lo están demandando. Es por eso por lo que hemos presentado una enmienda de adición que contempla los dos aspectos a los que nos hemos referido.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.


Intervendré muy brevemente debido a la hora. En este sentido tengo que decir que en Valencia se dice: tenemos más moral que el Alcoyano, y desde luego la tenemos por estar aquí después de todo el día debatiendo. Sin negar que en esta legislatura se han dado pasos positivos, como el carné por puntos, es imprescindible complementar estas reformas legales con la adopción de medidas complementarias y necesarias para afrontar la siniestralidad en las carreteras. En este sentido, mi grupo parlamentario presentó una iniciativa que fue votada en contra por parte del Grupo Parlamentario Socialista; recuperamos parte de lo que proponíamos para presentar esta enmienda y seguiremos demandándolo y planteando iniciativas para que se apruebe. Entendemos que son necesarias no solo las medidas que se proponen en la moción de Convergència, sino también las que nosotros propusimos y seguimos manteniendo. Asimismo, quería manifestar una preocupación sobre todo por la supresión de los elementos de riesgo para conductores, incorporando el uso de protecciones blandas, es decir, estoy hablando de la eliminación de guardarrailes. Todos los diputados recibimos correos electrónicos que demandan una y otra vez que se actúe en este sentido, y esta era una de las peticiones que, como digo, figuraba en la iniciativa planteada por Izquierda Unida y que no fue atendida. Siempre se dice que se están haciendo cosas, pero se debe abordar de manera inmediata una solución para este problema. Abundando en la iniciativa planteada por Convergència i Unió, nosotros pedimos al Ministerio de Fomento una voluntad política clara y más explícita en cuanto a la labor de mantenimiento de la red existente de carreteras de interés general del Estado. Este mantenimiento debe primar sobre el afán de construcción de nuevas vías, que en muchos casos resultan redundantes.
Es una de las políticas que a veces se pretende vender en el ámbito más local, pero que no redunda en la eliminación de los puntos negros y en la mejora de nuestras carreteras.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.


Turno de fijación de posiciones. Coalición Canaria. (Pausa.)

Grupo Vasco, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


La verdad es que en esta materia es difícil parangonar la brillantez del señor Jané. Yo voy a hacer mías sus reflexiones y a aprobar el texto de la moción que nos ha presentado, no sin dos matizaciones.


La enmienda del señor Rodríguez nos parece correcta, incorporando además un problema adicional a la misma, que no solo es el problema de los automóviles en su relación con los peatones, sino también con los ciclistas. Nos encontramos con una patología viaria muy frecuente, desgraciadamente, que son los atropellos a ciclistas que están practicando deporte, profesionales y no profesionales, por automovilistas imprudentes normalmente, donde además la jurisprudencia en relación a la imputación del derecho punitivo de las responsabilidades penales correspondientes es errática, por usar un eufemismo amable. Es la parte menos depurada quizá de una moción que, sin embargo, está elaborada en términos muy adecuados y aceptables para mi grupo. Señor Rodríguez, para su tranquilidad, quiero indicarle que las salvaguardas competenciales están ya consignadas en el texto de la propia moción. Si sus inquietudes son pro futuro respecto a lo que está pendiente de transferir, igual conviene hacer alguna acotación mejor, pero del Grupo de Convergència i Unió, obviamente, hay que presumir que las salvaguardas competenciales están razonablemente tratadas. Desde esa perspectiva, no hay ninguna reserva por nuestro grupo y apoyaremos la moción en sus propios términos tan brillantemente defendida por el señor Jané, que se va a convertir en una especie de san Cristóbal II por su apoyo y protección a los conductores en el Estado español. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.


Esquerra Republicana, señor Andreu.


El señor ANDREU DOMINGO: Gracias, presidente.


Esta moción representa en cierta manera todo un corpus sobre la conducción, la seguridad vial y todas aquellas medidas que tendrían que adoptar el Ministerio de Fomento y otras instituciones para rebajar una cifra límite, muy exagerada, de accidentabilidad y mortalidad en la conducción por carretera en nuestro país.


El señor Jordi Jané nos ha expuesto hoy otra vertiente de su faceta.
Presidente de la Comisión de Seguridad Vial, fue el máximo impulsor del aspecto punitivo, que hoy reflejaba en su intervención en cuanto a la autodisciplina que tenemos que tener todos los conductores en nuestros vehículos por las carreteras, y hoy se ha transmutado no en presidente, pero sí en ponente y portavoz de la Comisión de Fomento señalando que realmente hay otra necesidad, que es la adecuación de los puntos negros, la consignación de mucho más dinero para conservación de carreteras, sobre todo firmes y biondas, que

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es un tema que lamentablemente fue olvidado en los años anteriores por el Ministerio de Fomento.


Para finalizar, quería decir que no es simplemente una cuestión de esta Cámara ni de presupuesto del Ministerio de Fomento y del Estado español.
Todos sabemos que la mayoría de los accidentes que se están produciendo en este país -que tiene una red de carreteras con competencias del Ministerio de Fomento, de las autonomías y hasta de las diputaciones, con concesionarias de autopistas que dependen del Ministerio de Fomento unas y otras de los entes autonómicos-, en la red de carreteras en general, se producen en las carreteras autonómicas y de las diputaciones. Toda la Cámara comparte este esfuerzo de suprimir los puntos negros y, por lo tanto, nuestro voto va a ser a favor, pero no solo tenemos que intentar que el esfuerzo se realice por parte del Ministerio de Fomento, que tiene muchos puntos negros por solucionar. Quisiera recordar que muchas veces, como ocurrió con el plan de supresión de pasos a nivel, solo se ha actuado cuando ha habido un accidente donde han muerto, por ejemplo, ocho colombianos, pero después las expectativas de supresión se han quedado muy por debajo del plan que se había fijado el Ministerio de Fomento.
Este es un empeño colectivo en el que se tienen que emplear todas las administraciones. Ya sabe el señor Jané que, después del carné por puntos, es una obligación que la Administración se implique activamente en la resolución de estos problemas para que baje la accidentalidad del tránsito rodado en carreteras en nuestro país.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.


Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Souvirón.


El señor SOUVIRÓN GARCÍA: La moción que trae hoy a debate el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nos parece oportuna y necesaria porque han transcurrido ya tres años de legislatura del Gobierno socialista y la tan cacareada política de Estado de seguridad vial se ha convertido en la estrecha política de persecución de conductores y, a ser posible, de recaudación a costa de las sanciones que se les puedan imponer. Es necesario controlar la seguridad del tráfico, es preciso sancionar a los conductores que cometan infracciones, pero hay más cosas que hacer. Necesariamente, hay que hacer un plan para la conservación y mejora del estado de nuestras carreteras, es preciso mejorar los proyectos de construcción de las mismas, coordinar de mejor manera las urgencias y emergencias sanitarias, establecer un plan de educación vial creíble y eficaz; es preciso que la Justicia atienda a las víctimas de los accidentes de tráfico como corresponde, que se arbitre algún sistema de beneficios fiscales para que aquellos propietarios de vehículos cuyas condiciones de seguridad ya no sean las adecuadas puedan cambiarlos por otros más seguros. Desde luego, nada de esto hay cuando se nos presenta un Plan Prever donde no se contempla para nada este elemento. Por eso, es oportuno que se establezca un plan sectorial de carreteras y que sea fiscalizado por el Congreso a través de la Comisión de Seguridad Vial, tanto en sus contenidos como en los medios económicos que se liberan para ese fin. Es preciso fomentar la investigación en materia de seguridad vial y son necesarios todos y cada uno de los puntos que se recogen en la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Es preciso eliminar de una vez por todas los puntos negros con arreglo a una metodología clara y precisa y conocer sus causas, de forma que su eliminación no haga que aparezcan en otros lugares. Es necesario hacer frente a las insuficiencias de la señalización vertical. La Asociación Española de la Carretera ha desvelado que hay que quitar inmediatamente nada más y nada menos que 325.000 señales, porque no corresponden a lo que de ellas se puede esperar para mejorar la seguridad vial. Es preciso emprender la eliminación inmediata y el cambio de los llamados guardarraíles, que tanto peligro suponen para los motociclistas, y es tan fácil como hacerlo, porque sabemos que el ministerio tiene ya tres modelos homologados y, sabiendo cuál es el problema y cómo se puede solucionar, no hay más que ponerse a ello. Es preciso mejorar la seguridad en los túneles de forma eficaz. Hay una directiva europea que de momento no se cumple, que además se incumple, porque antes del 30 de octubre del año 2006 había que haber hecho un informe de la situación de los túneles en España y no se ha presentado. Si se hubiera hecho, probablemente se habría evitado, entre otras cosas, el desplome del túnel de Viella.


Por tanto, bienvenida sea esta iniciativa, que habla también de auditorías de seguridad vial para los proyectos de nuevas infraestructuras. Para eso no hay más que cumplir el reglamento de carreteras, aprobado en el año 1999 y que se incumple, es tan fácil como eso. Por consiguiente, ya que el Gobierno no toma cartas en el asunto me parece muy oportuno que lo haga el Parlamento a través de esta moción, que yo espero que se apruebe a esos efectos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Souvirón.


Grupo Socialista. Señor de la Encina, por favor.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señor presidente, el Grupo Parlamentario Socialista valora positivamente la moción de CiU para la eliminación de los puntos negros de la red de carreteras del Estado y con ello mejorar la seguridad vial. De ahí que no hayamos presentado enmiendas y apoyemos dicha moción, que tan adecuadamente ha defendido el señor Jané, porque la mejora de la seguridad vial y la mejora de todos los modos de transporte es una de las principales prioridades del Gobierno socialista, tal y como se recoge permanentemente en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes, el llamado PEIT. No se trata de que tengamos

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más infraestructuras, sino también de que éstas sean cada vez más seguras y mejores, y esto desgraciadamente no ocurrió durante la etapa del Gobierno del Partido Popular, en la que el deterioro de la red de carreteras del Estado fue algo evidente que sufrimos los españoles. Por eso, y para remediar la situación heredada, el Ministerio de Fomento está llevando a cabo desde el comienzo de la legislatura una serie de actuaciones muy importantes que quiero recordar. Una de ellas es una apuesta decidida por la conservación y la seguridad de la red viaria, y para ello el Ministerio de Fomento ha invertido en esta legislatura 2.672 millones de euros. Esto significa triplicar la inversión anual en refuerzo de firmes de carretera respecto a la media de la pasada legislatura. En segundo lugar, el Ministerio de Fomento ha aprobado un plan de acondicionamiento y mejora de autovías de primera generación que está suponiendo la modernización de 2.100 kilómetros de las autovías más antiguas que tenía este país. Para ello se está acometiendo una inversión que supera los 6.000 millones de euros. El Gobierno socialista también ha puesto en marcha en esta legislatura 1.211 kilómetros de nuevas autovías y ha licitado obras o iniciado proyectos para construir otros 2.071 kilómetros de autovía. El Gobierno socialista ha aprobado un plan de barreras de seguridad especiales para la protección de los motociclistas.
Saben ustedes, como ha dicho el señor Jané, que un grave problema es el de las barreras que existen en nuestras carreteras. Pues bien, ya se ha aprobado colocar en los próximos años 1.500 kilómetros de nuevas barreras, con una inversión de 47 millones de euros, y se han licitado ya el año pasado, el año 2006, los primeros 208 kilómetros. Esta es la primera vez que un Gobierno se toma en serio el problema de la protección de los motociclistas. Por último, se han incrementado en un 45 por ciento los medios destinados a luchar contra la nieve y el hielo para mejorar la seguridad y las condiciones de la carretera cuando se dan esas malas condiciones climatológicas. En definitiva, entendemos que estas y otras medidas aprobadas por el Ministerio de Fomento, junto con aquellas medidas aprobadas por el Ministerio del Interior -llámese carné por puntos, llámense los nuevos radares que se comienzan a instalar- están llevando la luz al final de un negro túnel y reduciendo la accidentabilidad.


Quiero recordar, señor Jané -es un tema que creo que es importante que reconozca-, que desde que gobierna el Partido Socialista se ha reducido el índice de peligrosidad en un 21 por ciento en las carreteras españolas y se ha reducido el índice de mortalidad ni más ni menos que en un 25 por ciento. ¿Es suficiente? No es suficiente. No nos damos por satisfechos.
Usted mismo lo ha dicho en su exposición en la moción: todas las medidas que se aprueben serán pocas. Pero no podemos negar que con las medidas que se están aprobando con el Ministerio de Fomento socialista se ha contribuido de una manera muy importante a reducir los índices de accidentabilidad. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que no solo son las carreteras el factor que produce accidentes. Hay otros factores, el propio conductor, el propio vehículo, la climatología, por lo que no se puede culpar siempre de todos los accidentes al estado de la carretera. Por último, otro factor importante al que algún grupo ha hecho referencia es que tenemos en la red de carreteras del Estado 25.000 kilómetros. Existen otros 135.000 kilómetros de carreteras autonómicas, de carreteras de las diputaciones provinciales e incluso de carreteras locales, y también hay que exigirles que lleven a cabo estas medidas que se están llevando a cabo por el Gobierno de la nación. Por tanto, señorías, el Partido Socialista entiende que esta moción que hoy nos presenta CiU supone un paso más en esa mejora que ya está acometiendo el Gobierno de la nación. Estamos convencidos de que el Partido Socialista va a cumplir, a través del Ministerio de Fomento, con el compromiso que se plantea en dicha moción. Por tanto, vamos a dar nuestro voto favorable.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Encina.


Señor Jané. Enmiendas, por favor.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, agradeciendo el tono constructivo de todos los grupos y el consenso generalizado, valoramos positivamente, tanto la enmienda de Izquierda Unida como la del BNG, las compartimos, pero en aras de ese consenso no podemos aceptarlas en su literalidad y votaríamos el texto inicial de la moción.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.


Vamos a votar. En primer lugar, votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para reducir el número de vehículos que circulan por nuestras carreteras y tienen la consideración de transportes especiales. Se vota en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 298.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para potenciar el tejido productivo en nuestro país. Se vota en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 301; a favor, 301.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


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Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre medidas a adoptar en relación con la crisis de los productores de naranjas. Se ha presentado una enmienda transaccional. ¿Algún grupo se opone a su tramitación? (Pausa.) Si no es así, votamos la enmienda transaccional.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 301.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impedir la presentación de candidaturas auspiciadas por Batasuna-ETA en las próximas elecciones municipales a Juntas Generales y al Parlamento de Navarra, que se vota en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 123; en contra, 176.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, votación de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de política general para la eliminación de los puntos negros de las carreteras del Estado y para mejorar la seguridad vial en las mismas, que se vota en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 300; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Se suspende la sesión.


Eran las once de la noche.


Corrección de errores: En el "Diario de Sesiones" número 205, correspondiente a la sesión plenaria del pasado día 3 de octubre de 2006, página 10267, columna derecha, segundo párrafo, líneas 5 y 6, donde dice: "Se derogan las leyes del 6 al 19 de septiembre de 1937, del 25 de octubre de 1939 y del 21 de julio de 1976", debe decir: "Se derogan las leyes del 6 al 19 de septiembre de 1837, del 25 de octubre de 1839 y del 21 de julio de 1876."

En el mismo "Diario de Sesiones", en la página 10268, columna izquierda, primer párrafo, línea 11, donde dice: "25 de octubre de 1939 y 21 de julio de 1976", debe decir: "25 de octubre de 1839 y 21 de julio de 1876". En la línea 17, donde dice: "años 1939 y 1976", debe decir: "años 1839 y 1876".

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