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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 225, de 21/12/2006
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 225
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 209
celebrada el jueves, 21 de diciembre de 2006


ORDEN DEL DÍA:

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:

-Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados ... (Página 11408)

Enmiendas del Senado:

-Proyecto de Ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 83-1, de 31 de marzo de 2006. (Número de expediente 121/000083.) ... (Página 11408)

-Proyecto de Ley para la mejora del crecimiento y del empleo (procedente del Real Decreto-ley 5/2006, de 9 de junio). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 91-1, de 8 de septiembre de 2006. (Número de expediente 121/000091.) ... (Página 11421)

-Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 107-1, de 28 de septiembre de 2006. (Corrección de errores en "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A-107-4, de 25 de octubre de 2006, y A-107-5, de 26 de octubre de 2006). (Número de expediente 121/000107.) ... (Página 11432)

Página 11406


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votaciones.) ...
(Página 11443)

Enmiendas del Senado. (Votaciones.) ... (Página 11443)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

-Proyecto de Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 92-1, de 8 de septiembre de 2006. (Número de expediente 121/000092.) ... (Página 11456)

-Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 251-1, de 30 de junio de 2006. (Corrección de error en BOCG, serie B, número 251-3, de 21 de septiembre de 2006.) (Número de expediente 127/000005.) ... (Página 11474)

-Proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 94-1, de 8 de septiembre de 2006.
(Número de expediente 121/000094.) ... (Página 11489)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página 11408)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de señores diputados ... (Página 11408)

Enmiendas del Senado ... (Página 11408)

Proyecto de Ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios ... (Página 11408)

Interviene la señora ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez), en nombre del Gobierno.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; las señoras García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Bonàs Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Calpe Saera y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Pozuelo Meño, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de Ley para la mejora del cre-cimiento y del empleo (procedente del Real Decreto-ley 5/2006, de 9 de junio) ... (Página 11421)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora López i Chamosa, Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 ... (Página 11432)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla y Rivero Baute, del Grupo

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Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Continúa la sesión con carácter secreto.


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página 11443)

Sometido a votación el texto del dictamen de la Comisión, es aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público.


Enmiendas del Senado. (Votaciones.) ... (Página 11443)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley para la mejora del crecimiento y del empleo (procedente del Real Decreto-ley 5/2006, de 9 de junio).


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 11456)

Proyecto de Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres ... (Página 11456)

Interviene el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera-Sánchez Capitán) en nombre del Gobierno.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Barkos Berruezo y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; las señoras García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Oliva i Peña, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Hermosín Bono, y el señor Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears ...
(Página 11474)

Interviene la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno (Fernández de la Vega Sanz), en nombre del Gobierno.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió; la señora Salom Coll, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Antich Oliver, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público ... (Página 11489)

Interviene el señor ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura), en nombre del Gobierno.


En turno a favor de las enmiendas intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Padilla Carballada, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Malaret García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


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En turno de fijación de posiciones interviene el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias.


Se somete a votación el proyecto de ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.


Votación de conjunto ... (Página 11505)

Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa legislativa el carácter de orgánica, se aprueba por 187 votos a favor y 123 abstenciones.


Se somete a votación la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, así como el texto del dictamen.


Votación de conjunto ... (Página 11505)

Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter orgánico, se aprueba por 295 votos a favor, uno en contra y trece abstenciones.


Se somete a votación el proyecto de ley del estatuto básico del empleado público, así como el texto del dictamen.


Se levanta la sesión a las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.2 del Reglamento, comunico a la Cámara que las votaciones relativas al carácter orgánico del proyecto de Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares no tendrán lugar hasta antes de la una de la tarde.


DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:

-DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro 166.094.)

El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el punto V, relativo al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. ¿Hay alguna intervención? (Pausa.)

ENMIENDAS DEL SENADO:

-PROYECTO DE LEY DE MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. (Número de expediente 121/000083.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VI del orden del día: Enmiendas del Senado. Proyecto de Ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios. Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, quiero comenzar mi intervención agradeciendo a todos los grupos políticos, y en particular a las diputadas y diputados, a las senadoras y senadores, miembros de las comisiones de Sanidad y Consumo, el esfuerzo que han realizado en la tramitación y debate del proyecto de Ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, que hoy se aprueba en este Pleno. También quiero saludar a los miembros del Consejo de Consumidores y Usuarios estatal, personas que nos han apoyado, que han sugerido durante toda la tramitación de la ley cuáles deberían ser los aspectos a recalcar y que, por supuesto, van a tener un papel muy relevante en su puesta en práctica.


Esta ley nace de un compromiso contenido en el programa electoral del Partido Socialista, y que asumí plenamente en mi primera comparecencia ante esta Cámara el 31 de mayo de 2004. Es un compromiso compartido por todos, y así ha quedado evidenciado, tanto en el proceso de elaboración de la norma como en su tramitación parlamentaria, y cuando digo todos, me refiero no solo a los grupos parlamentarios, las administraciones o las asociaciones que ya he mencionado, sino al conjunto de los ciudadanos. Es así porque es una ley que da respuesta a problemas concretos y cotidianos, a problemas a los que todos nos hemos enfrentado alguna vez, elevando el nivel de protección jurídica de los consumidores, reforzando los mecanismos para garantizar la seguridad de los ciudadanos en el uso y consumo de productos y servicios, autorizando a las administraciones a adoptar las medidas necesarias y proporcionadas para hacer desaparecer riesgos, y ampliando la legitimación para actuar ante los tribunales en orden al cese de prácticas contrarias a la normativa de protección de consumidores y usuarios. Hoy podemos afirmar que el esfuerzo realizado por todos permite que este proyecto de ley, sin variar sus principios y grandes líneas, recoja las aportaciones de los distintos grupos políticos y de todo el sector, siempre con la orientación de satisfacer el interés general. Es un motivo para congratularnos.


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La Ley general para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios del año 1984 supuso un enorme avance en el ámbito que nos ocupa, pero desde entonces los mercados han evolucionado con gran velocidad. Hay nuevas prácticas comerciales, las posibilidades de comunicación de oferta y demanda de hoy en día han superado las previsiones de hace 20 años, y esa ley, la Ley 26/1984, no estaba completamente preparada para ordenar la sociedad de servicios en la que se ha convertido aquella sociedad de los años ochenta, aquella sociedad de productos. Ya no se entiende que, pudiendo contratar en tiempo real y habiendo tecnología que permite contabilizar al segundo los consumos que realizamos, sean solo los proveedores de servicios los que obtengan ventaja de esta tecnología, que en el sistema que actualmente está en vigor se utiliza siempre en contra del usuario. Tampoco puede admitirse que, existiendo prácticas que son claramente irregulares, a la luz del ordenamiento vigente, no puedan ser fácilmente corregibles por no estar expresamente tipificadas en la normativa de protección al consumidor, como ocurre con las prácticas abusivas, que ahora se equiparan a las cláusulas abusivas. En definitiva, la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios necesitaba una reforma para adaptarla a las nuevas condiciones del mercado, y esto es lo que hemos hecho entre todos con esta Ley de mejora.


Por otro lado, a la vez que es una ley eminentemente práctica, que aborda problemas concretos y da soluciones que comprenden fácilmente los ciudadanos y que pueden asumir los empresarios, va a clarificar situaciones que hoy en día generan conflictividad, perjuicios y una sensación de impotencia entre los ciudadanos. Por ejemplo, esta ley exige los mismos requisitos para la tramitación del alta y de la baja en los contratos que se suscriben con los prestadores de servicios. El prestador no podrá impedir la baja del usuario imponiendo cargas que penalicen el derecho a poner fin al contrato, y esto es especialmente importante en la naturaleza periódica de algunos servicios prestados. La corriente de liberalización de los servicios ha irrumpido para mejorar la transparencia, la competitividad y la posibilidad de elección. Ahora bien, si para poder ejercer este derecho a elegir y contratar con quien mejores condiciones le ofrezca, el usuario ha de estar encadenado a un prestador por tiempos mínimos excesivos, o en otros casos se ve obligado a afrontar cobros por servicios no prestados efectivamente, o se ve abocado a la pérdida de cantidades pagadas por adelantado o penalizaciones por supuestos daños que no se han producido, la realidad es que se invalida ese derecho a elegir, y el consumidor se puede llegar a sentir engañado por los poderes públicos, que le han dado unas posibilidades sobre el papel que en la práctica se hacen tan difíciles que resultan inviables. Lo mismo ocurre si, para ejercer un derecho que el propio empresario le otorga al contratar, los requisitos son tan gravosos que impiden su ejercicio práctico; por ejemplo, impiden la posibilidad de devolver el producto adquirido.


Quiero destacar principalmente los aparcamientos y el sector de telefonía, dos de los sectores en los que la entrada en vigor de esta ley se va a hacer notar con prontitud. El coste del servicio habrá de efectuarse de acuerdo al consumo realizado, estableciéndose el minuto como unidad de tiempo para los aparcamientos, y el segundo como unidad tipo para la telefonía. Toda la información que debe tener el ciudadano para contratar el producto que más interese a sus necesidades, de cuantos se ofrecen en el mercado, entre la que ha de incluirse su derecho a darse de baja del servicio y la forma de hacerlo, el precio, los horarios y las normas de uso, va a tener que ser proporcionada por el empresario previamente y de manera gratuita. Esto quiere decir que el usuario no se va a ver obligado a obtener esta información necesaria a través de un número telefónico con tarificación adicional. El contacto con las empresas, una vez contratado el servicio, se convierte en muchas ocasiones en algo insufrible para el consumidor. De hecho, muchas de las quejas que plantean los usuarios no son tanto por el propio problema que les ha surgido en la prestación del servicio, sino por la mala actuación de los servicios de atención al cliente, que hacen imposible en la práctica ejercer los derechos que la legislación otorga. Con esta nueva ley, los mencionados servicios deberán asegurar que el consumidor tenga constancia de las quejas y reclamaciones, y además deberán asegurarles una atención personal directa. Lo cierto es que las empresas deberían saber que un buen servicio de atención al cliente ahorra muchas reclamaciones, trabajo para la propia empresa, utilización de recursos públicos que podrían emplearse en otros ámbitos, y además actúa en pro de la satisfacción del ciudadano, todo lo cual evidentemente repercute en un mejor funcionamiento del mercado.


Otro aspecto en el que incide la Ley de mejora se refiere a la adquisición de uno de los bienes más importantes en las vidas de muchos españoles: la vivienda. La inversión que se realiza en su compra es generalmente la más elevada de las que se realizan a lo largo de la vida, y si a eso se le añaden gastos que desconocemos o que se nos imponen sin correspondernos legalmente, esta inversión se encarece indebidamente, dificultándose el ejercicio del derecho que la Constitución reconoce. Por ello, ahora se establecen como abusivas las cláusulas de los contratos de compraventa de vivienda o la práctica comercial relacionada con este contrato que penalice al comprador, si se niega a subrogarse en el crédito hipotecario del promotor, o que penalice al comprador, si se niega a asumir el pago de las tasas o impuestos que corresponden al vendedor, por ejemplo, la conocida plusvalía, es decir, el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. También van a ser abusivas aquellas cláusulas o prácticas que impongan al adquirente de la vivienda la asunción de los gastos que conlleva la conexión con el suministro de los servicios generales de la misma -gas, agua, electricidad

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, cuando aquella deba entregarse en condiciones de habitabilidad.


Las asociaciones de consumidores y usuarios, agentes sociales imprescindibles en una sociedad democrática, y el Consejo de Consumidores y Usuarios, a los que quiero saludar, son otros de los ámbitos en los que incide la ley. Hasta el momento la regulación sobre la materia era muy parca. Ahora, en esta ley se establece un régimen básico general y la regulación específica para las de carácter supraautonómico, permitiéndose por primera vez la firma de convenios o acuerdos entre estas y los operadores del mercado, con la exclusiva finalidad de desarrollar proyectos específicos de información, formación y defensa de los consumidores y usuarios, y así mejorar la posición de consumidores y usuarios en el mercado.


En otro orden de cosas, se recoge también en la ley la composición y funciones de la Conferencia Sectorial de Consumo, que se puso en marcha después del año 1984. Con esto se legitima este órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en las condiciones actuales de funcionamiento.


Quiero también destacar los artículos que esta ley dedica a la nueva estructura y competencias de la Agencia de Seguridad Alimentaria. Con esta regulación pretendemos dar un paso más en materia de seguridad alimentaria y nutrición, reforzando las funciones de la agencia, fortaleciendo la cooperación entre administraciones, y garantizando una publicidad respetuosa en esta materia. Así, la ley contiene también previsiones respecto de las actuaciones de la propia administración. Les anuncio que vamos a continuar con la regulación de los centros de atención al cliente, de tal manera que ayuden a los consumidores en las consultas y reclamaciones que planteen, o de cara a solventar los problemas que, a veces, se suscitan en la efectiva protección de los derechos de los consumidores y usuarios, en los casos de infracciones supraautonómicas o de las cometidas en una comunidad autónoma diferente de aquella donde radica la sede de la empresa infractora. Para ello, en colaboración con las comunidades autónomas, vamos a remitir a las Cortes un proyecto de ley que, con un escrupuloso respeto competencial, establezca las reglas en materia de infracciones y sanciones, en la esfera de protección al consumidor, compromiso para el que la ley otorga un plazo de dos años.


Otra de las cuestiones que abordé en mi exposición al inicio de la legislatura, en mayo de 2004, era la necesidad de adaptar el sistema arbitral de consumo al mercado actual en el que ha de aplicarse, convirtiéndolo -les decía en aquella ocasión- en lo que debe ser: un instrumento de protección de los consumidores, un procedimiento cuasi judicial, moderno, cualificado y eficaz, que resuelva conflictos entre consumidores y empresas o profesionales. La Ley de mejora no olvida este aspecto y establece un año como plazo para llevar a cabo esa nueva regulación que, con el visto bueno de la Conferencia Sectorial de Consumo, va a adaptar el arbitraje a los nuevos retos del consumo, haciéndolo atractivo para los sectores empresariales, más eficaz para los agentes que intervienen, y más seguro para los consumidores.


Finalmente, la ley que hoy se aprueba recupera el mandato al Ejecutivo para elaborar un texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, y las directivas comunitarias que incidan en lo en ella regulado. El cumplimiento de este mandato por el Gobierno determinará que en un año, y por tanto en la presente legislatura, podamos contar con un texto refundido que incorpore las normas esenciales dictadas por el Estado en materia de protección a los consumidores y usuarios y, por supuesto, los aspectos contenidos en esta Ley de mejora.


Esta Ley de mejora de protección de los consumidores y usuarios es una norma democrática por excelencia, que está por encima de cualquier interés partidista, que ha recibido el apoyo de todos, porque es beneficiosa para todos cuantos vivimos en España, ejerzamos únicamente un papel de consumidores o tengamos una actividad profesional comercial. El amplio consenso alcanzado durante su tramitación -que hoy se va, sin duda, a ratificar- garantiza, a su vez, una buena acogida por parte de la sociedad. Por ello, señorías, quiero terminar agradeciendo nuevamente a todos los grupos parlamentarios el trabajo que han desarrollado en la tramitación parlamentaria de este proyecto. Gracias a ello esta norma puede presentarse ante la sociedad con tal alto grado de acuerdo y apoyo.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Mixto. (Pausa.) Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente y buenos días, señorías. Al comenzar mi turno en esta sesión de hoy voy a fijar mi posición sobre el proyecto de Ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, y anuncio que mi grupo va a votar favorablemente por entender que será una ley, en primer lugar, necesaria e imprescindible dentro de la política que vienen desarrollando en España los gobiernos democráticos. Quiero recordar los primeros decretos sobre prácticas del consumo, regulación, fechas de caducidad, etcétera, que se hicieron a partir de 1981, y también en el año 1982, fecha del primer decreto que produce el Ministerio de Sanidad y Consumo para empezar a regular este tema frente a lo que supuso el síndrome toxico, la gran convulsión que produjo en nuestro ordenamiento jurídico y en las competencias del Ministerio de Sanidad. A partir de ese momento, España pasa a la segunda fase, ya en 1986, con su ingreso en la Unión Europea.
Todo ello comporta que este proyecto de ley, que es beneficioso para los usuarios y consumidores, sea imprescindible en el acervo jurídico español, en razón de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del año 2004. Aquella sentencia, que vino a denunciar una situación de desamparo,

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dentro de la legislación española, para la interpretación de determinados conciertos de consumidores, obligaba al Parlamento a legislar y al Gobierno a traer este proyecto. El Gobierno ha cumplido, y como ha expresado la señora ministra de Sanidad y Consumo, estamos en el momento procesal final para que, aprobada definitivamente esta Ley de mejora de la protección de los usuarios y consumidores, se puedan subsanar aquellos defectos o agujeros negros que había de falta de seguridad jurídica en la Ley 26/1984, general para la defensa de consumidores y usuarios, que incorpora el primer escalón del ordenamiento jurídico español en esta materia.


Quiero reconocerle a la señora ministra que se ha hecho un buen trabajo sobre cuál es el acervo legislativo en que tenemos que basarnos para hacer estas modificaciones, que ahora se completan con las enmiendas del Senado. Junto al cumplimiento de la Ley 26/1984, existía la Ley 7/1998, sobre las condiciones generales de contratación, uno de los fundamentos por los que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas viene a llamarnos la atención, sobre todo cuando tenemos que tener como punto de referencia, para incorporarlo a nuestro acervo comunitario, la Directiva 93/13 del Consejo de las Comunidades Económicas Europeas, producida en abril de 1993. Por tanto, con este proyecto de ley que vamos a aprobar ahora definitivamente nos ponemos al día en el acervo jurídico español, ya que va a permitir unos principios de garantía a las asociaciones de consumidores y usuarios. ¿Por qué? Porque va a dar seguridad jurídica y de interpretación, y no será aplicable en el marco de los procedimientos correspondientes a las acciones de cesación que se establecieron en el artículo 7.2 de la mencionada norma comunitaria. En resumen, yo diría que este proyecto de ley va a significar un principio claro, contundente de seguridad jurídica, interpretada a favor de consumidores y usuarios en todos los órdenes.


Dicho esto, que va a justificar nuestro apoyo a esta necesaria e imprescindible legislación, a este proyecto de ley todavía, hasta que lo aprobemos definitivamente en la Cámara, quiero hacer un repaso a la posición de nuestro grupo, señor presidente, en cuanto a las enmiendas que se han presentado.


Ha habido una primera enmienda, muy controvertida en la discusión en esta Cámara y después en el Senado, que es la que se refiere al artículo 1.Dos, sobre las reclamaciones de la legitimación activa de las asociaciones de consumidores. Hay otras enmiendas, pero mi grupo quiero hacer una significación. Vamos a votar favorablemente, de manera testimonial, esta enmienda del Senado al artículo 1.Dos, cuando pretende extender la legitimación activa para interponer reclamaciones a las asociaciones, organizaciones, y colegios de naturaleza empresarial o profesional, ante las autoridades competentes, en defensa de los intereses de sus representados, cuando exista un fraude al consumidor. En cambio, otras enmiendas relacionadas con esta no las vamos a apoyar, porque entendemos que complicarían el principio de seguridad jurídica.


En primer lugar, tenemos la enmienda a la disposición final nueva, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Nosotros preferimos esperar a un texto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el que quepan estas sugerencias -vamos a llamarlo así- o esta enmienda que viene del Senado. Por eso vamos a rechazarla. De la misma forma, votaríamos en contra del Fondo de garantía de bienes tangibles, disposición final nueva. Debemos reflexionar mucho sobre este fondo, después de lo que ha ocurrido con el supuesto fraude -hoy en día con diligencias judiciales abiertas-, con la supuesta estafa del mercado filatélico. Un fondo de garantía de bienes tangibles no se puede copiar literalmente de los fondos de garantía bancarios en los casos de quiebra o crack de empresas financieras y bancarias; se hizo en su día para proteger al usuario, al consumidor de créditos bancarios que tuviera cuentas de ahorro o de depósito en determinado banco que quebraba, y que por tanto se pasaba a una situación de catástrofe financiera. Por eso, en su día, la legislación española hizo lo que tenía que hacer con los fondos de garantía bancaria. Pero tenemos que reconsiderar llevarlo ahora al Fondo de garantía de bienes tangibles, por lo que ha ocurrido con determinadas entidades que estaban en el mercado filatélico, porque las competencias van más allá de las que se pueden, orgánica o colegiadamente, colgar de las competencias del Ministerio de Sanidad y Consumo. Este es un tema que tiene que dilucidarse en más altas esferas, y me refiero a las competencias del Ministerio de Economía y Hacienda o a aquellas otras dependencias gubernamentales de garantía, a las que tenemos la obligación democrática de apoyar.


En la misma línea estarían nuestras reservas a la enmienda que se ha presentado al apartado siete del artículo 1, cuando trata de restringir la legitimación activa de las asociaciones de consumidores de ámbito autonómico. Aquí vamos a votar en contra, y estoy diciendo que voy a votar que sí a la primera que habla de la legitimación activa, porque consideramos que en esto tenemos que reflexionar, pero tampoco debemos complicar el panorama de competencias dándole un principio de legitimidad activa a una asociación de consumidores y usuarios de una determinada autonomía para que pueda hacer las interposiciones de legitimación en el resto del Estado. Esto conviene que lo meditemos, porque le estaríamos quitando poder u oportunidades a las asociaciones de ámbito estatal de las comunidades, no en vano vamos a apoyar varias enmiendas que vienen del Senado, ya rectificadas, cuando se cambia la palabra nacional por estatal. Seamos consecuentes, porque hay entidades, asociaciones de consumidores y usuarios que son de ámbito incluso local, municipal.
Cuando hay ayuntamientos como Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla o Valencia, que tienen una población muy grande, que incluso cuando comparamos el censo de Madrid o de Barcelona con el censo del archipiélago canario resulta

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que tienen más habitantes que todo el archipiélago canario junto, hay que tener prudencia para legislar sobre el área de actuación de estas asociaciones de consumidores y usuarios, en función de su dimensión; ni debemos quedarnos cortos ni pasarnos, porque tenemos las competencias municipales, y celebro que la señora ministra de Sanidad y Consumo haya anunciado aquí un compromiso del Gobierno para que la Administración General del Estado, su departamento, el que corresponda, y las administraciones autonómicas, en íntima cooperación puedan traer un proyecto de ley, sobre todo en el tema de las infracciones y sanciones.


Esta ley reguladora, al final, es como la Ley de Tráfico. Se pueden hacer una serie de prohibiciones, pero si no hay un listado de multas, lo que ahora se llama el carné por puntos, el sentido de ejemplaridad y de cumplimiento de los ciudadanos desaparece, porque, como pueden infringir y no les pasa nada, siguen infringiendo y les sale más barato. Pues no, que se advierta -me parece oportuno y ahí queremos colaborar- en cuanto a mercados abiertos, como es el caso de Canarias, sobre la necesidad de una regulación de infracciones y sanciones en cooperación con la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, sin olvidar que por ley los municipios de España tienen transferidas y ejercen las competencias en el ámbito de la policía municipal, de la regulación del fraude, para evitar la alteración de los precios, de los productos y de la calidad sanitaria.


Señor presidente, haremos llegar a los servicios de la Cámara la relación de enmiendas que votaremos favorablemente, así como las que no apoyaremos, tal y como se ha indicado. En consecuencia, nos adscribimos a la aprobación definitiva de la ley.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Por Izquierda Unida tiene la palabra la señora García.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, señorías, mi grupo parlamentario hizo en su momento, cuando el Gobierno presentó este proyecto de Ley de consumidores y usuarios, una valoración muy positiva. Es una buena ley, una ley necesaria y sobre todo, lo más importante, es una ley útil para la sociedad.


Pues bien, en este último trámite de aprobación definitiva queremos resaltar algunas de las cuestiones de mayor relevancia, a las que por fin podremos tener derecho todos los consumidores y usuarios en este país.
Por primera vez en España se aprueba una ley que prohíbe, en sentido amplio, estafar a los clientes y consumidores. Recientemente hemos tenido varios ejemplos, no solamente el de Fórum, el de Afinsa y el de Opening, sino también el de Air Madrid. Se trata de una ley que cubre una falta de seguridad jurídica que teníamos en relación con la Ley de 1984, y hoy aprobamos definitivamente un marco jurídico que, como antes he dicho, es de utilidad, además de ser enormemente necesario, por lo que hemos podido valorar tras los acontecimientos de los últimos días. Va a ponerse fin a la facturación de servicios que no se han prestado, por ejemplo en cuanto a los aparcamientos, que tendrán que cobrar minuto a minuto, y a los promotores de vivienda, como también se ha dicho, a los cuales se les impedirá imponer al consumidor el pago de la plusvalía. Para la subrogación hipotecaria, para los enganches de agua, para darse de baja con una operadora telefónica, se tendrán que utilizar los mismos procedimientos que para darse de alta. También ha finalizado el redondeo del uso en la telefonía móvil.


Entre las modificaciones legislativas más esperadas se encuentra, sin duda, la de acabar con ciertas prácticas abusivas, muy frecuentes por otro lado, de determinados operadores de telefonía y otros servicios de suministro; concretamente aquellas que ofrecen todo tipo de facilidades para cursar el alta como cliente, pero que imponen numerosas trabas y penalizaciones para cambiar de compañía o darse de baja. Así, un aspecto significativo del proyecto de ley es la equiparación de los requisitos, como he dicho, para el alta y la baja. A partir de la aprobación de la ley, también será considerado abusivo por parte de las empresas establecer distintos requisitos para estos procedimientos. Esta situación sin duda genera en la actualidad muchas reclamaciones, y supone un claro perjuicio a los consumidores, sobre todo en los sectores de telefonía e Internet. Una vez que el proyecto de ley ha pasado por el Senado y realice este último trámite parlamentario, estas prácticas perjudiciales tan extendidas en estos sectores como son el redondeo al alza, así como el cobro por minuto o fracción horaria, pasarán a considerarse actuaciones abusivas. Cualquier cláusula que estipule el cobro de productos o servicios no consumidos quedará expresamente prohibida.
Respecto a la compra de vivienda, se dará solución a cuestiones tales como la que ya hemos comentado de la subrogación obligatoria del crédito propuesto por el promotor y se aprobará la prohibición de trasladar determinados tributos que correspondan al vendedor.


Otro aspecto importante a resaltar son los derechos y obligaciones de las asociaciones. El proyecto regula el régimen de las asociaciones de consumidores, estableciendo de forma clara los derechos y obligaciones de las mismas, de forma que se adapta a la realidad del movimiento asociativo actual y se introduce más transparencia e independencia en sus actuaciones, lo que, a nuestro juicio, resulta positivo para su reforzamiento y, fundamentalmente, para su consolidación. Queremos resaltar especialmente una enmienda introducida en el Senado, que vamos a votar a favor, y es la que recoge la devolución extraordinaria del impuesto sobre hidrocarburos para agricultores y ganaderos, consecuencia del acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones agrarias en diciembre del año 2005, que incluye medidas para paliar

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el incremento de los costes de producción, dado los altos precios del gasóleo a lo largo del periodo preestablecido. Esta devolución es de vital importancia para los agricultores y ganaderos de nuestro país.
Celebramos que en el trámite del Senado se haya podido encontrar una fórmula que ha tenido suficiente apoyo, y que nuestro grupo va a apoyar a su paso por el Congreso.


Se han introducido algunas enmiendas en el Senado que perjudican los derechos de los consumidores y usuarios y, por tanto, no vamos a votarlas a favor. Me referiré fundamentalmente a dos. Por un lado, la que hace referencia al artículo 1.Dos, dado que puede perturbar el ejercicio de las acciones en defensa de los intereses colectivos de los consumidores.
Al legitimar a cualquier organización legítimamente constituida para el ejercicio de tales acciones, con independencia de su implantación, representatividad y actividad, se favorece la creación de organizaciones constituidas con la finalidad última de intervenir en el mercado y de aprovecharse de los cauces legales que la ley concede a las organizaciones de consumidores representativas. Nos parece que este no es el camino que puede favorecer la mejor defensa de los consumidores y usuarios y que se aleja de lo que nuestro grupo parlamentario entiende que han de ser los procedimientos, los objetivos y las estrategias para la defensa de estos intereses.


Por último, tampoco vamos a apoyar la disposición final nueva, que se conoce como el fondo de garantía de bienes tangibles, que tiene relación con la dramática situación que muchas familias están viviendo por la estafa del Fórum Filatélico y de Afinsa. Al Estado no le corresponde asumir esta propuesta. Lo fundamental es esperar a que los administradores concursales elaboren sus informes definitivos para determinar la masa activa de las sociedades y su pasivo, para conocer la situación patrimonial de las mismas y actuar en consecuencia. Hay que recordar que las imputaciones se hacen a los administradores de las sociedades, que parece que supuestamente han estafado a los clientes y que en este momento se encuentran abiertas diligencias judiciales. El problema es muy serio por el elevado número de afectados, pero hasta que todas estas cuestiones sean aclaradas y apoyando a los afectados en la defensa para la recuperación de sus ahorros, es preciso insistir en dos cuestiones fundamentales que el Congreso de los Diputados ya ha considerado con el apoyo de nuestro grupo parlamentario: desarrollos normativos para regular estas actividades y la situación de los afectados. Afirmamos rotundamente que no es papel del Estado socializar estas pérdidas. No se entendería que el Estado atendiese, sin más, a los ahorradores o inversores cuando más de la mitad de las familias de este país tienen dificultades para llegar a final de mes y la mayoría de los ciudadanos tienen una capacidad de ahorro muy limitada. Sin embargo, sí hemos apoyado atender a corto plazo, en una especie de anticipo o de ayuda, a aquellos afectados que, demostrando su reducido nivel de ingresos, se encuentren en situaciones económicas complicadas al prescindir de recursos que podían llegar a ser vitales para ellos. Por tanto, sería una ayuda hasta que las responsabilidades fueran depuradas.
Solo apoyaríamos este planteamiento, como hacemos con otros colectivos, siempre que se demuestre una situación precaria a nivel socioeconómico.
Es obvio que dentro de este colectivo afectado hay familias muy humildes, que habían confiado sus pequeños ahorros y que ahora se encuentran en una situación realmente lamentable.


Por falta de tiempo, no puedo alargarme en la defensa de las otras enmiendas que vamos a rechazar. Estas son las más importantes. Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente la mayoría de las enmiendas que llegan del Senado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.


Grupo Vasco, señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, señorías, ponemos hoy punto final a una ley que pretende mejorar la protección de los consumidores y usuarios que, como dice su propia exposición de motivos, da cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, aprovechando para hacer una actualización general del régimen de protección, tal y como he indicado. La postura de mi grupo se centró, como en tantas otras normas, en establecer el marco competencial respecto de lo que se regulaba. La distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de consumidores y usuarios ha sufrido modificaciones importantes a lo largo del desarrollo constitucional y estatutario. La jurisprudencia constitucional que se citaba no podría ser hoy la misma una vez que, a partir del año 1992, la totalidad de las comunidades autónomas han asumido competencias en esta materia y por lo tanto no cabría una regulación del Estado con el carácter de supletoria.


En segundo lugar, nos centramos también en lo que, como competencias, era posible establecer en una norma estatal en relación con las asociaciones de consumidores. Establecíamos que el Estado tenía ya una regulación de lo que le corresponde en el desarrollo del derecho fundamental a través de la Ley Orgánica de Asociaciones 1/2002. Ahora solo podría legislar en esta materia siempre que ostentase otro título específico que le habilitase para ello, y así lo citamos en relación con los apartados del artículo 149.1.6.ª, 8.ª, 10.ª, 13.ª, 16.ª y 23.ª del texto constitucional. Presentábamos un importante número de enmiendas en esta materia que fueron objeto de transacciones en la tramitación en Comisión y alguna otra que ha sido introducida en el Senado, que nuestro grupo va a votar favorablemente.


Otro aspecto que nos interesó era la regulación del arbitraje de consumo.
Aquí pongo en conocimiento de SS.SS. una cuestión que me parece importante y que en los últimos tiempos está siendo objeto de reflexión por

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mi grupo en casi todos los textos que llegan a esta Cámara. Reconocíamos la competencia estatal para establecer un sistema general de arbitraje, al amparo de los títulos competenciales del artículo 149.1.1ª, 6ª y 8ª de la Constitución y, por tanto, podría regular la materia tal y como estaba en el texto. Sin embargo, hacíamos referencia a que el bloque de constitucionalidad en los últimos tiempos se ha modificado. Se han aprobado estatutos de autonomía nuevos y el Estatuto aprobado para Cataluña dice en su artículo 123 -cito el Estatuto catalán, pero en otros se establece igual salvaguarda competencial- que en materia de consumo se pretende tener como exclusiva la regulación de los órganos y procedimientos de mediación. Mucho me temo, señorías, que cuando se lleve a desarrollo la competencia por la Generalitat va a resultar que no casa con lo que en esta materia se ha atribuido como competencial estatal.


Señorías, entro en lo añadido a la ley en el Senado. En el artículo 1.Dos se extiende la legitimación activa. Vamos a votar que sí a esta extensión porque si el objeto de la legitimación es hacer desaparecer una actuación ilegal del ordenamiento jurídico y del tráfico mercantil, no tiene sentido limitar las personas o entidades que puedan denunciar ni atribuir a nadie su monopolio. El artículo 1.Cuatro bis también va a ser objeto de votación favorable puesto que pretende asegurar la devolución del precio de mercado del producto no solo por incumplimiento, sino también en casos de cumplimiento defectuoso del contrato. El artículo 1.Cinco, en cuanto pretende garantizar la gratuidad de la formalización de los contratos, será asimismo votado a favor. En el artículo 1.Siete hay salvedades, distintos matices en la postura que sostendremos. En lo que hace referencia al artículo vigésimo primero apartado c), lo que se entiende por comunicación comercial, no vamos a aceptarlo en este trámite. En el artículo vigésimo segundo, apartado 1 la sustitución del término nacional por estatal, que ocurre en otros dos apartados más, sí será objeto de votación afirmativa por nuestra parte, así como lo relativo a la legitimación activa, puesto que coincide exactamente con una enmienda presentada por mi grupo en el Senado y con la que con el número 55 sosteníamos en el Congreso. No entendíamos el empeño de restringir las posibilidades de actuación de las asociaciones autonómicas en los conflictos interautonómicos en un mundo globalizado en el que la movilidad de los consumidores y la extensión de la actividad empresarial sobrepasa los límites de las comunidades autónomas con extraordinaria frecuencia. También vamos a votar a favor de que se añadan dos puntos al apartado 2 del artículo vigésimo segundo ter de la ley porque estimamos que es necesario dar audiencia a los órganos representativos de ámbito autonómico de consumo. A ambas cosas presentó enmiendas el Grupo de Senadores Vascos. Respecto al artículo 1.Trece, no entendemos que se haga desaparecer una pieza tan importante de la modificación y, por tanto, lo votaremos negativamente. Al artículo 3.Uno, Tres y Cuatro, que hace referencia a la Ley reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos, vamos a votar a favor puesto que también tuvo la aprobación unánime del conjunto de los senadores. La disposición adicional nueva de devolución extraordinaria del impuesto sobre hidrocarburos para agricultores y ganaderos, recibirá también nuestro voto favorable puesto que se trata de una regulación que afecta a impuestos especiales y, a pesar de nuestro régimen de concierto, reconocemos que la regulación es competencia estatal. Votaremos en contra de la disposición adicional nueva sobre competencia sancionadora en materia de telecomunicaciones. Nos parece una pequeña trampa que el Grupo Socialista del Congreso introdujo, citando literalmente la normativa de industria -mejor dicho pretendiendo citar literalmente puesto que no dice eso la Ley General de Telecomunicaciones- y supone una reserva competencial que para nada se cohonesta con la ley general en la actualidad. Todos los grupos nacionalistas nos opusimos en el trámite correspondiente en el Senado y también en este trámite vamos a votar en contra de la adición de una nueva disposición. La disposición transitoria cuarta nuevamente hace referencia a nacional y estatal, por lo que vamos a votar a favor. La regulación del sistema arbitral de consumo en la disposición adicional sexta será objeto de voto afirmativo.
La disposición referida a la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto pretende ampliar la legitimación activa de las asociaciones de consumidores y usuarios para la defensa de intereses difusos, por los motivos que ya he anunciado, será objeto de voto afirmativo. Sin embargo, no vamos a votar a favor de la disposición final nueva sobre el fondo de garantía de bienes tangibles por coherencia con lo que el Grupo Vasco ha sostenido cuantas veces ha sido traída esta cuestión a esta Cámara. Se ha sostenido siempre que era un asunto financiero y no de consumo, pese a la regulación actual de la normativa y, por lo tanto, debemos atenernos a lo que el portavoz en la materia correspondiente ha admitido, no queriendo que en la normativa de consumo aparezca regulación alguna que haga referencia a este asunto. Señorías, este es el sentido del voto que emitiremos, con la convicción de que el texto que quede de esta ley supone el cumplimiento del artículo 51 de la Constitución cuando considera que la defensa de los consumidores y usuarios es un principio rector de la política social y económica en este país que a los poderes públicos nos incumbe garantizar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.


Esquerra Republicana. Señora Bonàs, por favor.


La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, señorías, Esquerra Republicana colaboró en este proyecto de Ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios porque creíamos que el objeto de esta ley era la mayoría de la ciudadanía. Esta ley introduce determinadas modificaciones en la

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legislación para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que declaró que España incumplía la Directiva europea sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Para cumplir con la directiva europea la ley modifica puntualmente la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios. Concretamente, el artículo 12 de la Ley por el que se obliga a constar en los contratos con consumidores la voluntad de poner fin a un contrato y se prohíben las cláusulas abusivas que obstaculicen la finalización del mismo. Por primera vez en la ley se reconoce el derecho del consumidor a poner fin a un contrato. Es un punto muy importante. No sé si algunas de SS.SS. han sido víctimas de firmar un contrato y luego no encontrar la manera de ponerle fin. Por fin hay un texto legal en el que se reconoce el derecho a poner fin a un contrato. Otra modificación importante es que no se puede hacer obligatoria la presencia personal del consumidor para realizar pagos o trámites similares. Un aspecto relevante que se introdujo en la ley es que en toda información al consumidor sobre el precio de los bienes o servicios, incluida la publicidad, se informará del precio final completo. Como SS.SS. recordarán, en los últimos tiempos, en la publicidad de los vuelos de bajo coste constaba un precio y lulego el precio real era tres veces mayor. Con esta ley se va a poner fin a esta práctica, que creemos era abusiva y conducía al engaño. Otro punto: las oficinas y servicios de atención al cliente que las empresas pongan a disposición del consumidor deberán asegurar que éstas tengan constancia de sus quejas y reclamaciones. Con la práctica habitual de los Call centers, los centros de servicio de atención al cliente telefónico, se han producido prácticas muy abusivas. Los servicios que utilizan la atención telefónica deberán garantizar la atención personal directa. La ley no da garantías de que esa atención sea efectiva, y seguramente no será suficiente porque cuando se hace telefónicamente muchas veces no se satisface al cliente y a lo mejor aquí nos hemos quedado cortos. Quizá habría que haber introducido que el precio de la llamada sea siempre obligatoriamente a cargo del que presta el servicio y que sea posible reclamar ágilmente cuando el cliente no se sienta satisfecho. La ley tipifica como nuevas cláusulas abusivas el redondeo al alza en el precio de productos y servicios, la estipulación que prevé el cobro por productos y servicios no efectuados -a lo mejor se podría complementar este caso con la atención al cliente, con lo cual sabemos que no se ha realizado efectivamente-, así como la estipulación de que el consumidor ha de cargar con los gastos derivados de la preparación del título que corresponde al profesional en la compra de obra nueva, propiedad horizontal e hipoteca. Este aspecto es muy importante porque afecta a la compra de la vivienda, por el que todas las familias en algún momento de su vida deberán pasar. En este sentido, había que proteger al consumidor.
Otro aspecto que también afecta a la compra de la vivienda es la estipulación de práctica abusiva que obliga al consumidor a subrogarse en la hipoteca del profesional de la vivienda, así como la estipulación que imponga al consumidor los gastos derivados del establecimiento y de acceso a los suministros generales de la vivienda.


La segunda ley que se modifica es la Ley sobre condiciones generales de contratación. La ley incrementa la protección del consumidor en diferentes ámbitos, eleva la protección del usuario ante fórmulas arbitrales no siempre lícitas y se garantiza la no renuncia previa a los derechos reconocidos legalmente. La tercera ley que se modifica es la Ley orgánica reguladora del derecho de asociación, regulación básica a la que quedan sometidas las asociaciones de consumidores. En efecto, es la parte más extensiva de la ley y en la que hubo más aportaciones de las asociaciones de consumidores.


Quiero ahora destacar otras materias relevantes que se añadieron. En la Ley reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos se modifica la práctica abusiva de pagar tiempos no usados, con lo cual se pagará solo por el tiempo utilizado. El Gobierno nos presenta esta iniciativa como un proyecto de ley puntual. No era un gran proyecto de ley y seguramente habrán quedado cosas que se podrán mejorar con el tiempo. Se debatió con consenso pero hubo un punto disonante, una enmienda que Esquerra Republicana consideraba necesario introducir y que mejoraba el texto pues legitimaba los órganos correspondientes de las comunidades autónomas para el ejercicio de las acciones de cesación en materia de publicidad. Si bien la ley no lo impide, era importante que se reconociera porque no se sabe en un futuro quién va a estar gobernando; el Partido Popular se opuso, no entendimos por qué a no ser que se deba a que algún día pretenden volver a gobernar y van a empezar otra vez su proceso de recentralización del Estado. Esperamos que esto no ocurra durante muchos años y que podamos seguir profundizando en la responsabilidad entre las comunidades autónomas.


Respecto a las enmiendas del Senado, se han introducido algunas que mejoran la ley. Las comentaremos, aunque no voy a extenderme una por una.
La que modifica el artículo 12 dice que la formalización de los contratos será gratuita para el consumidor; y la nueva disposición adicional por la que se reconoce el derecho a la devolución de las cuotas del impuesto sobre hidrocarburos satisfechas por los agricultores efectuadas durante el periodo del 1 de octubre de 2005 al 30 de 2006. Concretamente esta disposición adicional nos ha suscitado muchas preguntas. Señorías, esta ley se va a aprobar en un mal momento, cuando hay 16.000 consumidores que se han quedado con un billete de avión que no saben exactamente a qué les va a dar derecho: el drama de Air Madrid, que afecta a personas que no iban de vacaciones, que iban a ver a sus familias por navidades. Son billetes que han costado muchas horas de trabajo en trabajos mal remunerados, con mucha ilusión para abrazar a hijos que no se han visto desde hace años. Nos preguntamos, si Fomento ya sabía que Air Madrid no cumplía con las normas y que iba a cesar la licencia, ¿es que Fomento

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no sabía qué drama humano había detrás de estas 20.000 personas? Si en el Senado se introdujo una disposición adicional que no venía al caso, pero se utilizó la ley, ¿no se podía haber aprovechado una disposición adicional para modificar la Ley del Sector Aéreo, por ejemplo, y que el billete de avión dé derecho a una indemnización inmediata? No lo sé.
Señorías, ese tema se me ocurrió ayer escuchando y entendiendo lo que suponía este drama. No se trata de 16.000 pasajes normales, porquehay mucho más detrás. Si se introdujo esta disposición adicional, ¿no se podían haber introducido otras? Si Fomento ya sabía que se iba a organizar este drama humano, ¿no podía haber pensado: tenemos esta ley en el Senado, vamos a ver si podemos introducir alguna modificación, y ahora, para que sea más fácil el trámite? ¿Qué les vamos a responder a estas personas? Sí, seguramente se les devolverá el importe del billete, pero la compañía no se compromete con el horario. Si no pueden viajar en Navidad, ¿podrán viajar en marzo? A lo mejor, no pueden viajar en marzo.
Creemos que es un mal momento. Yo les deseo felices navidades, pero estaré pensando en estas personas que van a pasar muy mala Navidad porque sabemos lo que es estar separados de la familia, tener ganas de verlos durante muchos años y no poderlo hacer por un, si no abuso, sí una negligencia, si no de Fomento, sí de la compañía. Alguien ha cometido una negligencia y el consumidor ha estado desprotegido. Cuando hoy aprobamos una ley que mejora la protección del consumidor, no sé para ustedes pero yo tengo la sensación de un cierto fracaso. Me gustaría que esta ley hubiera sido un poco más extensa y hubiera dado más protección en estos casos del sector aéreo, que ha quedado un poco en el aire.


Felices navidades.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señora ministra, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en este trámite final de devolución de las enmiendas que ha incorporado el Senado para su votación final por parte del Congreso de los Diputados respecto a la Ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios. Quiero terminar esta tramitación parlamentaria en nombre de mi grupo como la empezamos, felicitando al Gobierno por esta mejora; una mejora que en buena parte solo es el cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; un proyecto de ley que está a punto de convertirse en ley que es la traslación de unas directivas comunitarias al acervo legislativo español, a la legislación española. El simple matemático y automático cumplimiento de esa sentencia y de la directiva comunitaria no expresaría voluntad política de ir más allá, pero, más allá del cumplimiento de estas directivas comunitarias, ha habido una voluntad política de ampliación con la incorporación de distintas propuestas, bien sean del Gobierno o, durante la tramitación parlamentaria, de los distintos grupos parlamentarios.


Si me permiten el paréntesis, a finales del año pasado, como respuesta a una pregunta parlamentaria escrita de este diputado, el Gobierno reconocía que había 47 directivas fuera de plazo en cuanto a la incorporación a la legislación española. Será pertinente que dentro de 15 días este parlamentario vuelva a formular la pregunta de las directivas comunitarias que están fuera de plazo en la incorporación a la legislación española. Manteniendo el paréntesis, antes de cerrarlo, quisiera apuntar, como miembro de la Comisión mixta de relaciones con la Unión Europea, que quizás ese fuera un buen foro parlamentario de seguimiento del cumplimiento de la incorporación de este ámbito normativo tan importante que es el europeo y que nos obliga como Estado miembro de la Unión Europea. Otra consideración previa, de carácter competencial.
Bien sea en esta ley o en otras leyes que estamos tramitando en esta legislatura, después de la entrada en vigor el día 9 de agosto de este año del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña y de otros estatutos de autonomía -cosa que nosotros celebramos como posición de fondo pero también como rectificación de algunos partidos políticos-, después de la entrada en vigor, como les decía, de esta nueva ola, de esta nueva generación de estatutos de autonomía, hay algunas competencias, bien sea en la Ley de Dependencia o en el caso de tantas otras, en las que el Gobierno aún está legislando con la mentalidad y con el marco legislativo del bloque de constitucionalidad previo a las reformas estatutarias. Por lo que hace referencia a esta ley, al artículo 123 del Estatuto de Autonomía de Cataluña -aprobado por el Congreso de los Diputados, por las Cortes Generales, como ley orgánica paccionada entre el Parlament y las Cortes Generales y con posterior referéndum- contempla como competencia exclusiva la regulación de los órganos y los procedimientos de mediación en materia de consumo. Es evidente que esta ley hace planteamientos en materia de mediación y de consumo -quería poner este ejemplo, como se podía ilustrar con tantos otros- y entran en conflicto, chocan frontalmente con aquello aprobado por las Cortes Generales.


Más allá de la reflexión sobre las directivas, sobre al ámbito competencial, es evidente que esta ley ha supuesto la incorporación de algunas mejoras importantes. Permítanme que haga cuatro valoraciones de lo que nosotros creemos que son aportaciones importantes porque es lo que al final les interesa a los ciudadanos, que somos todos nosotros. Esta es una ley que pasa a regular el cobro por minutos de las tarifas de los parquin -es un avance importante-; es una ley que regula el cobro por segundos de los servicios de telefonía móvil. Dicho esto, tanto por lo que hace al pago de los servicios de parquin como al pago por segundos de la telefonía móvil, es evidente que los órganos competentes, el

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Ministerio de Sanidad y Consumo y los órganos reguladores de las competencias de las comunidades autónomas tendrán que estar muy vigilantes para que no se produzca un posible fraude de ley. No quiero avanzar acontecimientos ni dar ideas, pero es evidente que si pasamos del cobro por horas al cobro por minutos pero el cobro del minuto se incrementa de una forma absolutamente desproporcionada para cuadrar los números de una determinada empresa de explotación de parquin o de telefonía móvil, estaríamos ante un caso evidente de lo que el refrán popular dice: hecha la ley, hecha la trampa. En todo caso, son previsiones correctas y tendrán que ser las autoridades competentes las que hagan el seguimiento oportuno sobre la aplicación adecuada de estas previsiones que tienen el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Una aportación de este grupo parlamentario de la que nos sentimos especialmente satisfechos es la introducción de la obligación de la atención personalizada en los servicios telefónicos de atención al cliente. SS.SS. saben que a veces nos encontrábamos con la situación surrealista e irritante de que un ciudadano era atendido telefónicamente en un servicio de atención al cliente única y exclusivamente por sistemas informáticos que le sugerían que optara entra la opción uno, dos o tres cuando quizás quería la opción cuatro que no estaba en el sistema informático. Es indispensable que al final haya una atención personalizada porque también creemos que lo otro es una muy mala atención y un muy mal servicio al cliente. Esta es la aportación del Grupo Catalán (Convergència i Unió), con la cual estamos especialmente satisfechos, como también estamos satisfechos de todas las mejoras que se han producido en la protección de los usuarios y de los arrendatarios en los contratos de alquiler.


Señorías, en la tramitación del Senado distintos grupos parlamentarios han apoyado algunas iniciativas que nosotros consideramos una aportación de este grupo parlamentario. Concretamente, el artículo 1.cuatro bis (nuevo), en lo referente a la devolución del precio en caso de cumplimiento defectuoso del contrato, supone extremar las medidas de garantía hacia los consumidores. También en el Senado, mediante una modificación de la regulación de aparcamientos, pudimos llegar a un consenso y a un texto razonable. En la tramitación en la Comisión de Sanidad y Consumo, in extremis, en el último momento, intentábamos encontrar la fórmula correcta y no la encontramos al final. Me refiero a la regulación de aquellos aparcamientos que no tienen como actividad principal la explotación de los mismos, sino que son simplemente un servicio complementario y exclusivo de los centros comerciales con idénticos horarios y con servicios simplemente para los usuarios de estos centros comerciales, es decir son aparcamientos que no tienen como función el lucro por la explotación de los mismos, sino que son un servicio complementario. Nosotros, que reclamamos esta regulación específica desde el Congreso, estamos satisfechos de lo que se ha introducido en el Senado, esta redacción que conseguimos al final por consenso, y evidentemente vamos a apoyar esta incorporación que nos viene del Senado.


Señorías, otra cuestión que nos viene del Senado y que tiene un punto de controversia en este debate final en el Pleno del Congreso de los Diputados es la eventual ampliación de la legitimación activa de otros organismos para la defensa de los consumidores, más allá de los que son en estos momentos y estoy convencido de que continuarán siendo los principales defensores de los consumidores -porque es el objeto, es la naturaleza, es su sentido de ser y su sentido fundacional-, que son las organizaciones de protección de los derechos de los consumidores. Siendo como son, y como serán, los principales defensores de los derechos de los consumidores, a la vista de una lectura integral de sentencias del Tribunal Constitucional y del papel que el propio Tribunal Constitucional da a los colegios profesionales, con naturaleza de organismos de derecho público, a la vista de esta reflexión, este grupo parlamentario cree que la ampliación de esta legitimación activa no resta nada a quien ya tiene dicha legitimación activa y, en cambio, suma otras voces, otras legitimaciones y otras capacidades para el control de la legalidad y la defensa de los consumidores. Por esto, desde un análisis de conjunto, nos parece que es correcta esta ampliación de la legitimación, es correcto el respeto que el Senado ha introducido a la legitimación de asociaciones de ámbito autonómico y nosotros vamos a votar favorablemente esta ampliación. También vamos a votar favorablemente el artículo 1. siete, que hace una definición de comunicación comercial y, en cambio, no vamos a votar la ampliación de competencias del Ministerio de Industria para la regulación de competencias en la Ley de Telecomunicaciones, que creemos que va en detrimento del actual marco de regulaciones.


Finalmente, señorías, señor presidente, por coherencia con la trayectoria de este grupo parlamenterio y de distintas iniciativas del mismo, votaremos a favor de la disposición final nueva, de creación de un fondo de garantías de bienes tangibles, que tenemos que considerar, tal como ha defendido siempre este grupo parlamentario, como un fondo de anticipo, no como un fondo de entrega gratis et amore de dinero público a particulares que intervinieron en una relación comercial determinada entre privados, en la que han tenido perjuicios. El bien público, el bien común no está para esto, pero sí que está en este y en tantos otros casos para poder crear un fondo de garantías que no es nada más que un fondo de anticipos.
Esta es también una expresión de una forma de solidaridad.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en las tribunas.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.


Grupo Popular, señor Calpe, y entiendo que comparte tiempo con el señor Martínez-Pujalte. Gracias.


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El señor CALPE SAERA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señora ministra, ha venido usted aquí y nos ha hecho un discurso de lo que debería haber sido la presentación de la ley si hubiese habido un debate de totalidad, un discurso francamente autocomplaciente. No vamos a negar nosotros que la ley que vamos a aprobar y que termina hoy su tramitación incorpora disposiciones que favorecen la posición de los consumidores, que protegen mejor sus derechos que, por tanto, nosotros hemos apoyado mayoritariamente -hoy lo vamos a repetir- y que nos ha permitido llegar a consensos, especialmente con el grupo mayoritario, pero es cierto, señora ministra, que durante su mandato han surgido graves crisis a las que difícilmente va a dar respuesta el texto legal de hoy. Estos días le están recordando en la prensa a través de anuncios los perjudicados por la crisis de Fórum Filatélico y Afinsa la responsabilidad de su ministerio, su responsabilidad como ministra de Consumo en este asunto. Hemos vivido este pasado la crisis del aeropuerto de El Prat, a la que ya se han referido otros portavoces, o la muy inmediata en estas fechas anteriores de Air Madrid y no ha habido una respuesta por parte del ministerio. No es que no haya habido una respuesta; es que incluso hemos leído manifestaciones suyas en las que remite la respuesta a otros departamentos. Al menos una política transversal exigiría su presencia. No solo lamentamos la falta de respuesta, es que parece incluso que falta conciencia de que hay que responder desde la Administración que tiene la responsabilidad de la tutela de los derechos de los consumidores. Como también se ha dicho por alguna portavoz que nos ha antecedido, quizás este texto, que tiene disposiciones muy positivas y que vamos apoyar, no nos va a dejar una buena sensación, nos va a dejar una sensación cuando menos agridulce, porque situaciones como las que he descrito no sabemos si se van a poder resolver solo con estas medidas. Por eso le instaríamos, ya que usted ha tenido la gentileza de venir aquí y de seguir este debate, a que tome la iniciativa, que no vaya a remolque de disposiciones judiciales como las que han provocado en gran medida este proyecto de ley que usted nos presentó, única iniciativa del Gobierno en esta legislatura en materia de consumo, y a que tome la iniciativa y busque soluciones más imaginativas o al menos que atienda las que este grupo le ha presentado con algunas enmiendas a esta ley, que no sabemos si van a prosperar.


Paso a hablar de las enmiendas del Senado, que es lo que hoy es objeto de debate y a las que, por cierto, ninguna referencia ha hecho en su discurso la señora ministra. Nosotros las vamos a votar todas favorablemente, excepto tres, que quiero relatar. En primer lugar, la enmienda al artículo 1.dos. Somos partidarios de la ampliación de la legitimación para las acciones en defensa de los consumidores y, de hecho, estamos postulando desde el inicio del debate -y hoy viene una enmienda del Senado en este sentido- que se amplíe la legitimación procesal activa y que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil para dar juego a las asociaciones de consumidores en la defensa de estos derechos. En cambio, esta enmienda en concreto, en que esa legitimación activa en las actuaciones ante la Administración se le da a asociaciones profesionales, a colegios profesionales, nos parece que es confundir los términos del ámbito de actuación de cada una de estas asociaciones, máxime cuando algunas de ellas puedan estar representando intereses precisamente de quienes están en la parte opuesta, en la contraprestación a los consumidores. Por tanto, no vamos a votar a favor la enmienda al artículo 1.dos. Tampoco vamos a votar a favor la enmienda al artículo 1.siete en cuanto que añade dos párrafos al artículo vigésimo segundo ter. Aquí ha habido una extraña confusión. Se le exige al Consejo de Consumidores y Usuarios la responsabilidad de la audiencia a las comunidades autónomas. Por otra parte, hay un cita del consejo interterritorial, que nosotros pretendimos en nuestras enmiendas que se creara, pero que finalmente no se creó, porque alcanzamos una transacción con el Grupo Parlamentario Socialista con una nueva regulación de la conferencia sectorial, y entendemos que ahí queda debidamente garantizada la audiencia de las comunidades; por tanto, no tiene ningún sentido esta enmienda del Senado y vamos a votar en contra de la misma. Por supuesto, también vamos a votar en contra de la enmienda al artículo 1. trece, que además es absolutamente sorprendente, porque suprime determinados apartados de la disposición adicional de la Ley de 1984, en la que se tipifican las cláusulas abusivas y precisamente suprime como cláusulas abusivas aquellas que recogen derechos o circunstancias que han sido el estandarte de esta ley o lo que más se ha vendido. Por eso la vamos a votar en contra.


Finalmente, en cuanto a la defensa del fondo de garantía -que daría solución al problema de los afectados de Fórum Filatélico-, voy a ceder la palabra a mi compañero Vicente Martínez-Pujalte, que es quien en nuestro grupo ha venido trabajando esta cuestión.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, mi grupo continúa en el debate de las enmiendas del Senado y quiero señalar que me hubiera gustado que la ministra esta mañana hubiera hecho una referencia a los afectados de Fórum y Afinsa. Hablar el 21 de diciembre de consumo y de consumidores y no decir ni una palabra de ánimo ni de esperanza a más de 400.000 familias que por la mala gestión en la intervención del Gobierno hoy, siete meses después, están peor que el día anterior no tiene ningún sentido, señora ministra. Se ve que usted no se da cuenta ni de lo que pasa en los aeropuertos, porque viaja en aviones privados, ni de lo que pasa con los afectados de Fórum y Afinsa. (Aplausos.)

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Señora ministra, la intervención se produce por considerar que la actividad es financiera. Si la actividad es financiera, los afectados de Fórum y Afinsa deberían tener el mismo tratamiento que otros clientes de actividades financieras, que tienen un fondo de garantía para hacer frente al menos a una parte de sus inversiones, que no es un dinero gratis et amore sino un adelanto al crédito que ellos tienen. Señora ministra, nos podemos echar la culpa los partidos políticos, puede echarle usted la culpa a las administraciones autonómicas -a las diecisiete, porque ninguna desarrolló la disposición adicional cuarta-, pero convendrá conmigo en que quienes no tienen la culpa son los afectados. Le tolero, señora ministra, que me eche la culpa a mí, pero lo que no puede ser es que siete meses después usted, ministra de Consumo, tenga abandonadas a 400.000 familias, que han visto como por su mala gestión hoy están peor. La intervención fue desproporcionada, se hicieron entonces declaraciones sobre que no iban a abandonar a los afectados y no han hecho nada, ni siquiera lo que prometieron entonces. Lo que prometió el señor Vegara no lo han hecho por los afectados. Por eso, esta enmienda que se incorpora a este proyecto en el Senado es un paso, no es la solución al problema, pero es un paso, y que usted hoy salga a la tribuna y no diga nada me parece, señora ministra, que es un desprecio a los afectados de Fórum y Afinsa. No se puede olvidar a los que han sido víctimas de una intervención desproporcionada, señora ministra. No se pueden olvidar. Yo le pediría que usted se levantara y les dijera una palabra de esperanza hoy aquí, que les dijera que van a encontrar una solución a su problema, que les dijera que entre los políticos vamos a saber ponernos de acuerdo para buscar una solución a su problema. Le ofrezco la colaboración de mi grupo parlamentario para llegar a una solución, señora ministra. No busco rentabilidad política, busco una solución a los afectados y estoy dispuesto a que sean ustedes los que den esa solución a los afectados, a que sean ustedes los que se apunten el tanto o se pongan la medalla. Lo que no se puede hacer hoy es decirle a su grupo, señora ministra, que vote que no a un paso adelante, a la creación de un fondo que puede suponer una esperanza, un inicio de solución al problema de muchas familias. Señora ministra, póngase usted la medalla, diga a su grupo que vote que sí a esta enmienda. Esta enmienda no es la solución, esta enmienda insta al Gobierno a que lo regule. Usted tendrá la última palabra, la responsabilidad de su desarrollo; no va a ser el grupo parlamentario, va a ser usted, pero no le diga a su grupo que vote que no, señora ministra. Usted, señora ministra -y la estoy mirando a los ojos-, ¿va a poder mirar a los ojos de alguno de los afectados, que estas Navidades van a tener la tragedia de saber que han perdido sus inversiones por su mala gestión en la intervención? Señora ministra, ¿va tener usted esa responsabilidad? Yo no se lo deseo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.


Grupo Socialista. Señora Pozuelo, por favor.


La señora POZUELO MEÑO: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, señorías, volvamos a la ley que hoy estamos debatiendo para su aprobación, por mucho que el señor Martínez-Pujalte quiera convertir el debate de esta ley en otra cosa que no es. Señorías, hoy culmina la tramitación parlamentaria de una de las leyes más importantes que ha llegado a este Parlamento en materia de protección de los consumidores desde el año 1984, una ley destinada a hacer la vida más fácil a nuestros ciudadanos, una ley que impone cordura y sentido común en el disperso y a veces contradictorio compendio de normas destinadas a proteger y ampliar los derechos de los ciudadanos, una ley que compromete al Gobierno para seguir trabajando en beneficio de los consumidores al establecer la obligación de elaborar un nuevo texto refundido en materia de los consumidores, una nueva regulación sobre infracciones y sanciones y un nuevo sistema en materia de arbitraje de consumo.


Fue un ministro de un Gobierno socialista, Ernest Lluch, de quien se acaba de cumplir el 6.º aniversario de su asesinato a manos de ETA, quien el año 1984 presentó y defendió en esta misma tribuna la primera ley española en materia de protección de los consumidores y usuarios. Hoy nuevamente un Gobierno socialista trae a esta Cámara un impulso importantísimo en las políticas de consumo en nuestro país. Los beneficios que aportará esta ley van a ser muy importantes, es una ley que atiende principalmente a los problemas cotidianos de los ciudadanos, los que afectan a su vida diaria y a su vida familiar. Con lo que hoy aprobaremos en esta Cámara se acabará con el redondeo al alza y con cualquier cláusula que prevea el cobro por servicio o producto no consumido, una práctica, la del redondeo al alza, que es injustificable, tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista económico y comercial. Esta técnica va a desaparecer definitivamente en nuestras transacciones económicas. El consumidor, a partir de la entrada en vigor de la ley, pagará exclusivamente por el tiempo real y por el uso efectivo en todos los servicios -telefonía, servicios de banca, parquin, etcétera-. Se introducen además mejoras tan importantes como la equiparación de los requisitos de alta y de baja en la contratación de servicios. Esto nos evitará las innumerables molestias que todos alguna vez hemos tenido en la tramitación de las bajas de algunos servicios -cualquiera que haya tratado de darse de baja de un servicio de telefonía móvil, de ADSL de Telefónica, etcétera, sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo-, molestias que nada tienen que ver con las facilidades que se nos dan para contratar estos servicios.


Se incrementa la protección de los ciudadanos que compran una vivienda, al prohibir que se penalice al comprador cuando este no se subrogue en un préstamo

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hipotecario, o se impide que se traslade a los usuarios las tasas o impuestos que corresponden por ley al vendedor, como por ejemplo la plusvalía, y se considera abusiva la imposición de los gastos de conexión de los suministros generales de la vivienda, como agua, gas, alcantarillado, electricidad, etcétera. Se fortalece el sistema arbitral de consumo y las competencias de las administraciones públicas sobre seguridad en los productos y se mejora significativamente la capacidad de representación de las asociaciones de consumidores.


La ley que hoy vemos en esta Cámara ha sufrido modificaciones a su paso en el Senado, algunas de ellas muy positivas, a las que me referiré someramente. Algunas, como la inclusión de la regulación del contrato de pupilaje, contrato de aparcamiento en el que el titular del aparcamiento se obliga a mantener durante todo el tiempo una plaza a plena disposición del usuario, han servido para enriquecer la ley y nuestro grupo las apoyará. Otras, sin embargo, serán rechazadas por ser contrarias a los objetivos políticos subyacentes en el texto y, a nuestro modo de ver, gravemente perjudiciales para la mejora de nuestro sistema de protección de los consumidores. Así, las enmiendas introducidas en el Senado destinadas a ampliar la legitimación de las asociaciones, organizaciones y colegios de naturaleza empresarial o profesional para el ejercicio de acciones en materia de publicidad interviniendo en defensa de los intereses generales de los consumidores son contrarias a la propia naturaleza y objetivo de estas organizaciones, quienes en ningún caso tienen encomendadas entre sus fines prioritarios la defensa de dichos intereses. Como ha señalado el Consejo de Consumidores y Usuarios en un reciente informe, aprobado por unanimidad por las organizaciones de consumidores que lo integran, no es a las asociaciones empresariales o profesionales a las que cabe atribuir la calificación de la existencia de un fraude al consumidor produciéndose así una invasión intolerable en las funciones de las asociaciones de consumidores. Buena parte de la arquitectura jurídica que regula las asociaciones de consumidores, partiendo de la propia Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios del año 1984, tiene como objetivo prioritario preservar la independencia y objetividad de las asociaciones de consumidores, preservándola de cualquier tipo de influencia que pueda impedir el libre ejercicio de su actividad en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. Por ello deben ser las asociaciones de consumidores legítimamente constituidas las únicas organizaciones encargadas de la defensa de los derechos e intereses colectivos. Por la misma razón, mi grupo se opondrá a la eliminación del artículo vigésimo segundo, apartado 2, de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y a la modificación del artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a la que me he referido.


Señala el informe del citado Consejo de Consumidores que las modificaciones introducidas por las enmiendas del Senado pueden perturbar gravemente el ejercicio de las acciones de defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores, al legitimar a cualquier organización legítimamente constituida para el ejercicio de tales acciones, con independencia de su implantación, representatividad y actividad, favoreciendo la creación de organizaciones constituidas con la finalidad última de intervenir en el mercado aprovechando los cauces legales que la ley concede a las organizaciones de consumidores representativas. Por tanto, la modificación introducida perjudica a las organizaciones representativas, a los intereses generales de los consumidores y probablemente introduce elementos espureos en la leal competencia entre las empresas. La ley pretende acabar con la confusión en la redacción del artículo 11.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que encarga en exclusiva la defensa de los intereses difusos, es decir aquellos en que la pluralidad de sujetos afectados resulta de difícil determinación o son indeterminados, a las asociaciones de consumidores que, conforme a la ley, sean representativas, sin que la ley hubiera fijado hasta ahora qué organizaciones se consideraban realmente representativas. La incorporación de un nuevo apartado al artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil incorporaba la interpretación doctrinal y jurisprudencial que ha venido aplicándose hasta la fecha para determinar el carácter representativo de las asociaciones de consumidores y legitimarlas en el ejercicio de este tipo de acción. La enmienda introducida en el Senado elimina el carácter representativo de las organizaciones para legitimarlas en el ejercicio de este tipo de acciones introduciendo elementos de incertidumbre y de inseguridad jurídica, por lo que vamos a votarla en contra.


También votaremos en contra la enmienda incorporada en el Senado que establece la creación de un fondo de garantía para las inversiones en bienes tangibles. En este sentido me voy a referir a dos cuestiones porque creo que la enmienda que se ha introducido y las intervenciones que se han producido aquí por parte del portavoz de Convergència i Unió y del señor Martínez-Pujalte son claramente confusas. En cuanto a la intervención que ha hecho Convergència i Unió, quiero decirle que los anticipos son una cuestión estrictamente financiera, por tanto no se establecen garantías para que los afectados de Fórum y Afinsa pudieran percibir ningún ingreso en este sentido. También quiero decir respecto al fondo de garantía al que vamos a oponernos que los fondos de garantía se nutren de las aportaciones recurrentes de las propias empresas para cubrir las contingencias que puedan ocurrir en casos de situaciones de fraude o de situaciones adversas. En ningún caso serían de efectos retroactivos para los afectados de Fórum y Afinsa y en ningún caso podríamos hablar de que esta fuera una de las medidas adecuadas que podrían proteger mejor a los afectados, ni a estos ni a otros, en los fondos de bienes tangibles. Fueron ustedes precisamente, usted precisamemte, señor Martínez-Pujalte (Rumores.), el que reguló de manera tan inadecuada y el que sacó del sector de empresas financieras a las empresas de bienes

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tangibles. (Aplausos.) Por tanto, volvamos al debate de la ley, ya que este tema no es el debate, ni la incorporación a la ley de esa enmienda resultaría efectiva, por el principio de lo que significa un fondo de bienes tangibles y porque en ningún caso sería, señor Xuclá, un fondo de anticipo que pudiera beneficiar a los afectados.


Por último, con la culminación de la tramitación parlamentaria de esta ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios no debemos darnos por satisfechos. Quedan aún cosas por hacer para incrementar la seguridad, la protección, la educación y la concienciación de los consumidores y usuarios. Ello no es obstáculo para que reconozcamos que el Gobierno ha demostrado con esta ley que entre sus prioridades políticas está la protección de los consumidores y que todos los grupos parlamentarios hemos aportado nuestro esfuerzo y nuestra inteligencia para lograr el alto grado de consenso alcanzado en la tramitación de esta ley. Es obligado reconocer también la encomiable labor de las organizaciones de consumidores, que realizan un trabajo constante para conseguir con enormes dificultades que nuestros derechos sean respetados y que con su labor de denuncia nos indican nuevos ámbitos de actuación para conseguir el mejor grado de seguridad y de bienestar de todos los consumidores. La solidez y fortaleza de nuestras organizaciones, su credibilidad y capacidad de iniciativa son determinantes en la difusión de una cultura capaz de contribuir a alcanzar para todos el objetivo de una sociedad más racional y sostenible en sus hábitos de consumo. Leyes como la que hoy culmina su tramitación no hubieran sido posibles sin contar...


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor.


La señora POZUELO MEÑO: Termino inmediatamente, señor presidente.


... sin contar, decía, con su colaboración y con sus desvelos constantes en beneficio de todos nosotros, los consumidores.


Muchísimas gracias y feliz Navidad a todas sus señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


-PROYECTO DE LEY PARA LA MEJORA DEL CRECIMIENTO Y DEL EMPLEO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/2006, DE 9 DE JUNIO). (Número de expediente 121/000091.)

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley para la mejora del crecimiento y del empleo. Fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Tomamos la palabra para expresar nuestra posición respecto al proyecto de ley que hoy cumple su último trámite parlamentario, que se denomina -no sabemos si es el mejor título para este proyecto de ley- para la mejora del crecimiento y del empleo y que procede del Real Decreto-ley 5/2006, de 9 de junio, que tuvimos la oportunidad de debatir en el Pleno de esta Cámara, cuestión que en lo que se refiere al proyecto de ley no fue posible porque las competencias plenas en esta ocasión las tenía la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales. Fue en esa Comisión donde los grupos parlamentarios defendimos nuestras enmiendas y expusimos nuestras posiciones respecto al proyecto de ley, por lo que desde nuestro grupo consideramos oportuna la ocasión que nos da el debate de las enmiendas que nos llegan del Senado para manifestar la postura que en su momento dimos a conocer en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en lo que al proyecto de ley se refiere y que fue una postura que condicionó, como no podía ser de otra manera, las enmiendas que presentamos al mismo.


Decíamos -y lo dijimos también cuando se debatió el real decreto- que reconociendo los aspectos positivos que se recogen en este proyecto de ley, en lo que se refiere a medidas destinadas a fomentar el empleo, pensamos que concretamente en la cuestión de la temporalidad se perdió realmente la oportunidad de afrontar el debate del verdadero problema, que desde nuestro punto de vista -y así lo dijimos- está en la descentralización productiva generalizada que provoca -en opinión del Bloque Nacionalista Galego- los efectos de la desregularización.
Efectivamente esta no es la única causa, pero sí creemos que es la principal y que no se trata en esta reforma. Por tanto, tenemos dudas respecto a que las medidas que en esta ley se toman sean todo lo positivas que deberían ser para terminar con la inseguridad laboral que existe actualmente.


Otra de las preocupaciones de mi grupo por las medidas que en el proyecto de ley se plantean, es la relativa a las distintas bonificaciones y reducciones de cotización que la ley recoge para el sector empresarial.
No dejamos de reconocer que existe en este momento una situación de bonanza económica que puede que permita lo que aquí se plantea, pero también tenemos que tener en cuenta, y creemos que en este momento y con este proyecto de ley el Gobierno no lo tuvo, las previsiones de crecimiento económico que se hacen desde fuentes estadísticas de la Unión Europea y que entendemos que cuando menos crean preocupación sobre el futuro y, por tanto, sobre lo que esas reducciones que se acuerdan en este proyecto de ley puedan significar o repercutir en la suficiencia tanto del Fogasa como del Fondo de desempleo.


Para nosotros es también una preocupación que este proyecto de ley no recoja una mayor participación de las comunidades autónomas en lo que sería la programación, el debate de los objetivos en relación con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. Entendemos que se pierde una oportunidad de que las administraciones

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autonómicas que, en su mayoría, tienen las competencias en cuestiones de empleo puedan tener esa participación, de la misma manera que la ley vuelve otra vez a alejar a las centrales sindicales representativas, que legalmente tienen reconocida la representatividad y que son de ámbito autonómico, del diálogo social, lo que ha sido debatido tantas veces en este foro, incluso en cualquier otro debate social, cuando desde el Gobierno se habla, como se ha hecho en muchas ocasiones, de que esta ley es fruto del gran consenso, de la gran concertación social, cuando menos -como decía el señor ministro- con el consenso de todos los agentes sociales. Nosotros tenemos que decir que esto no es así, ya lo dijimos en otras ocasiones; y no es así no solamente porque otros agentes sociales, concretamente las centrales representativas de ámbito no estatal pudieran estar de acuerdo o no con lo que se recoge en este proyecto de ley, sino porque tampoco se les dio la oportunidad de que pudieran estar en el debate.


Por lo tanto, señorías, pensamos que la ley no recoge la realidad social, en cuanto a la representatividad de los agentes y de los trabajadores y trabajadoras de todo el conjunto del Estado y afecta directamente, de manera discriminatoria, a los trabajadores y trabajadoras de distintas comunidades autónomas y concretamente de nuestro país, Galicia. Dijimos y seguimos manteniendo que en este proyecto de ley se plantean unas grandes diferencias entre las medidas que se acuerdan para abaratar los costes a los empresarios y las dirigidas a garantizar una mayor contratación indefinida. Desde nuestro punto de vista, las medidas relativas a las bonificaciones o a las subvenciones deberían estar condicionadas a garantizar porcentajes de estabilidad y calidad en el empleo que permitieran invertir, como decimos, la diferencia entre contratación indefinida y la contratación temporal y eventual que existe actualmente.
Tras estas razones que acabo de exponer, si tuviera más tiempo, podría exponer otras ahondando en nuestro análisis de este proyecto de ley.
Basándonos en dichas razones, como ya dijimos, presentamos nuestras enmiendas, que no fueron aceptadas ni transaccionadas, por lo que por lógica nuestro voto debería haber sido negativo cuando se aprobó esta ley en Comisión. Sin embargo, no fue así. Nuestra postura fue la abstención porque, desde nuestro punto de vista, nos parecieron positivas las incorporaciones que se hicieron al proyecto de ley con la aceptación de distintas enmiendas de diferentes grupos políticos relacionadas con la contratación de las personas con discapacidad. Esta fue la razón por la que en su momento nos abstuvimos en la votación de la ley y es la misma razón por la que hoy vamos a votar a favor de las enmiendas que vienen del Senado, las cuales tienen relación con la cuestión de las personas en situación de dependencia o con discapacidad. El texto que viene del Senado mejora lo que fue aprobado en el Congreso, la calidad del empleo, pero sobre todo las posibilidades de empleo de las personas con discapacidad. Por tanto, vamos a votar favorablemente estas enmiendas, no así otras, como las incorporaciones que hace el Senado al artículo 12, pues no compartimos las restricciones de garantías relativas a los contratos formativos y de interinidad. Las enmiendas del Senado extienden esta falta de garantías a otros contratos, como los de obra y servicio, así como a aquellos vinculados a la programación de políticas activas de empleo subvencionados por los servicios públicos de empleo. Desde nuestro punto de vista, estas medidas precarizarían aún más las condiciones laborales de los trabajadores.


Siendo esta nuestra postura, lamentamos que el proyecto de ley que hoy definitivamente se va a aprobar no cubra con más ambición las necesidades que en este momento tiene la inseguridad laboral, la temporalidad y, en definitiva, la precariedad, en la que un número importantísimo de trabajadores y trabajadoras está viviendo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Por Izquierda Unida tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Señorías, la ley que hoy finalmente se aprobará en esta Cámara, con nuestra posición crítica, la ley que tiene que ver con la mejora y el crecimiento y del empleo, para nosotros es una nueva oportunidad perdida.
Pasará seguramente en los medios de comunicación como una ley sin pena ni gloria. Sin embargo, para la izquierda toda ley que tenga que ver con el trabajo es una ley fundamental. Lo es porque el trabajo nos humaniza, pero también lo es, paradójicamente, porque un determinado modelo de empleo nos deshumaniza. Y hoy en nuestro país el modelo de empleo es precario, sobre todo entre jóvenes, mujeres e inmigrantes, y en algunos casos podemos decir que es indecente, porque es indecente que muchos jóvenes, mujeres e inmigrantes tengan contratos prácticamente fungibles, contratos a tiempo no puedo decir que parcial, sino prácticamente a tiempo inexistente, que se repiten y se repiten a lo largo de su vida laboral y que no solamente condicionan su vida laboral, sino su vida social y su calidad de vida. Por consiguiente, este modelo de empleo tiene efectos muy negativos sobre la economía, sobre la sociedad y sobre la calidad de vida de los ciudadanos; es decir, sobre la cultura compartida de los ciudadanos. Sin embargo, la propuesta que viene hoy aquí, que finalmente se aprobará en esta Cámara y que es fruto del acuerdo entre los sindicatos, el Gobierno y la patronal, en nuestra opinión, es frustrante. Los sindicatos han hecho todo lo que ha estado en su mano para defender un cambio en el modelo de empleo, pero no han contado con el apoyo del Gobierno -esa es nuestra impresión- o al menos no han encontrado un apoyo valiente en el Gobierno, y la posición de la patronal ha sido retardataria, que significa que nuestro país, nuestras empresas siguen apostando por un modelo de competencia

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antiguo, obsoleto, basado en la precariedad del empleo, en los bajos requerimientos fiscales y ambientales de nuestro sistema productivo; un modelo de competencia que nos permite competir con países de bajas tecnologías, pero que no nos permite competir con países de alta tecnología y de alta organización productiva. Esa es una de nuestras principales preocupaciones, y esta propuesta no supone una orientación de cambio ni de la política económica en nuestro país ni de la política laboral. En ese sentido, se entiende perfectamente que una fuerza como la nuestra, una fuerza de izquierdas, se sienta no preferentemente ligada sino distante, cuando no enfrentada, a una propuesta que queda muy lejos de las aspiraciones laborales, sociales y de modelo cultural de la izquierda.


Señorías, situándome ya en la propuesta, que es la que tengo que valorar, muy limitada y de mínimos que nos trae el Gobierno a esta Cámara, no tiene ninguna justificación ni la prolongación de algún tipo de contratos de carácter precario, como es el contrato de conversión, ni la rebaja de las cotizaciones por desempleo, que en nuestra opinión no tiene ningún sentido. Sin embargo, en la propuesta del Gobierno hay algunos elementos positivos incorporados por los sindicatos en la negociación, que nosotros defendemos: la limitación al encadenamiento de contratos, la ampliación de los derechos de representación de los trabajadores, tímidas medidas orientadas a avanzar en la causalidad de la contratación, el impulso a los servicios públicos de empleo y el fortalecimiento de la Inspección de Trabajo. Pero echamos de menos, señorías, un cambio en nuestro modelo de desarrollo, desde un modelo de desarrollo precario a un modelo de desarrollo basado en la organización, en la calidad y en la tecnología, y echamos de menos un cambio en el modelo laboral, que no se produce como consecuencia de esta iniciativa y que debería estar basado en la recuperación de la causalidad de los contratos, en la limitación de la subcontratación y, también, en un mayor impulso de la participación de los trabajadores y de la inspección laboral, a todas luces muy modestas en esta iniciativa. Esa es la posición de nuestro grupo parlamentario.


Con respecto a las enmiendas que vienen del Senado, les diré que algunas cosas se han paliado. Fueron objeto de debate en ponencia y en Comisión y no logramos avanzar demasiado. Hoy avanzaremos un poco más y por eso votaremos a favor de una parte importante de las enmiendas que nos propone el Comité español de representantes de personas con discapacidad, que han visto con preocupación cómo algunas materias del proyecto inicial significaban una regresión para el marco de ayudas a la contratación de trabajadores con discapacidad, y de la misma manera también nos piden apoyo para estas enmiendas los representantes de los centros especiales de empleo. En general, con nuestra votación, trataremos de mejorar estos aspectos que nos demandan el Cermi y los centros especiales de empleo, si bien hay algunas cuestiones en las que tenemos más dudas. Es decir, votaremos favorablemente, por ejemplo, todo lo relativo a los centros especiales de empleo; votaremos favorablemente algunas iniciativas con respecto a discapacitados y su incorporación e integración laboral; también lo haremos, porque así lo hicimos en la ponencia, con respecto al Fondo de Garantía Salarial, las sociedades laborales y las cooperativas de trabajo asociado -habíamos avanzado algo y hemos avanzado un poco más-, y también votaremos favorablemente la modernización de los servicios de empleo. Sin embargo, nos preocupan algunas enmiendas que vienen promovidas por la derecha desde el Senado y que nosotros no compartimos. Por la puerta de atrás, no vamos a aceptar nuevos contratos temporales, señorías. Por ejemplo, no estamos dispuestos a dar nuestro apoyo al contrato de obra y servicios vinculado a programas de políticas activas de empleo. Creemos que el acuerdo debería haber sido suprimir esta figura porque el contrato de obra y servicios se utiliza fundamentalmente para el fraude. No pueden meternos por la puerta de atrás ahora, desde el Senado, de nuevo, una flexibilización del contrato de obra y servicios. Tampoco apoyaremos las bonificaciones a la contratación temporal, que precisamente intentamos limitar en esta iniciativa tan limitada. No aceptaremos nuevas bonificaciones, ni bonificaciones empresariales ni bonificaciones a la contratación temporal, que creemos que van en sentido contrario al empleo de calidad y que van a apoyar de nuevo un empleo precario e indecente que existe, sobre todo, entre los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes.


Hay dos cuestiones que no podemos apoyar porque tenemos una diferencia de fondo. Por una parte, el carácter vinculante de la consulta. La consulta puede plantearse como algo necesario, pero una consulta a una organización no es vinculante para el legislador, ni siquiera lo puede decir una ley, en este caso, dando carácter preceptivo a esa consulta vinculante; pero no vinculante la consulta sino el resultado de la consulta. Algunas de las enmiendas que vienen del Senado dicen que si no hay acuerdo por parte de la organización social, veta directamente la iniciativa legislativa. En nuestra opinión, eso no es legal y por tanto no podemos votarlo, aunque sí consideramos muy importante el proceso de consultas y el proceso de negociación. Se plantea también una estrategia global en esta materia relacionada con los centros de empleo. Nosotros creemos que la estrategia global hay que impulsarla, pero no apoyamos la enmienda concreta que viene del Senado. (El señor vicepresidente, Vilajoana Rovira, ocupa la Presidencia.)

En definitiva, intentaremos dar satisfacción al Cermi y a otras organizaciones que plantean reivindicaciones justas, pero quiero terminar resaltando que esta ley es una oportunidad perdida. Será una reforma, tendrá aspectos positivos, también los tiene, y muy importantes, negativos, pero no es un cambio de izquierdas del modelo laboral en España. Seguiremos teniendo el modelo laboral más precario de toda la Unión Europea,

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y no por casualidad ni por historia. Seguiremos teniendo el modelo más precario porque nuestros empresarios y también las instituciones políticas han decidido que continuaremos compitiendo con el resto de la Unión Europea sobre la base de la precariedad, los bajos salarios, la baja productividad, el bajo nivel de tecnología, los bajos niveles de requerimientos en materias ambientales y fiscales. Y ese no es nuestro modelo, porque no es un modelo de calidad laboral y tampoco es un modelo de calidad de vida.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Llamazares.


Tiene ahora la palabra, por el Grupo Nacionalista Vasco, el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, iniciamos este debate indicando el apoyo a este proyecto de ley dimanante del Real Decreto-Ley 5/2006, pero voy a ser crítico, incluso más crítico que el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra. Nosotros ya hemos explicitado en reiteradas ocasiones las disfunciones. Vamos a empezar hablando de lo poco positivo que se ha conseguido consensuar en el Senado, en concreto es casi lo único, que es lo configurado por la disposición adicional undécima, de nueva creación, en donde se consigue por fin la condonación de las deudas que mantengan las sociedades anónimas laborales y cooperativas de trabajo asociado vivas con el Fondo de Garantía Salarial. Las sociedades anónimas laborales y cooperativas de trabajo asociado son algo en Euskadi particularmente relevante; no en vano el 85 por ciento de las sociedades anónimas laborales están radicadas en Euskadi en este momento. Lo que se consigna en esta disposición adicional undécima tiene una impronta muy vasca y, por lo tanto, merece inequívocamente una valoración positiva. La verdad es que es el reconocimiento de algo que es digno de consideración y de lo cual los vascos presumimos que es que cuando había empresas en quiebra, en el momento más lacerante de la crisis industrial que afectó a Euskadi de forma particularmente dramática en algunos momentos de su historia reciente, trabajadores, con un valor y con un coraje digno de encomio, asumieron la responsabilidad de mantener vivas esas empresas en situación de quiebra o que incipientemente se intuía que iban a quebrar ante el abandono empresarial de la actividad. Lograron no solo la recuperación, sino que en este momento, en un pujante movimiento de sociedades laborales, se están creando beneficios y se mantiene vivo buena parte de nuestro tejido industrial de forma muy relevante, aunque no sin dificultades, porque se mantiene mediante las figuras de los convenios de recuperación y otros, que se utilizaron para la propia configuración de estas sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado. Algunas tienen dificultades por deudas pendientes, bien con las entidades gestoras de la Seguridad Social, bien con el Fondo de Garantía Salarial.
Respecto a este segundo tipo de deuda, la del Fondo de Garantía Salarial, ya se está convirtiendo en un hecho materialmente consumado que a dicho fondo no le paga casi nadie las deudas pendientes, con lo cual el Fondo de Garantía Salarial se está convirtiendo en lo que debió ser desde su origen y no lo es, es decir, en una especie de instrumento de fortalecimiento de consolidación de empresas que sufren dificultades.
Habrá que preparar un proyecto de ley -es una invocación que hago al Grupo Socialista- donde el Fondo de Garantía Social se convierta en una institución de fortalecimiento financiero de empresas en situación crítica, pero que no tenga la aspiración de recuperar luego las cantidades atribuidas a estas empresas mediante los convenios de recuperación o manteniendo vivas deudas que, en su caso, se han utilizado para conservar viva una empresa que si no se hubiese cerrado.


Dicho esto, señor presidente, este es un proyecto de ley con claroscuros, predominando notablemente los oscuros sobre los claros -como hemos comentado en más de una ocasión-. Esta ley tiene un vicio de legitimidad de origen, porque es una ley dimanante de esta figura un tanto mefistofélica o paranormal a la que se denomina diálogo social, donde sabemos quienes se reúnen pero no sabemos ni lo que hacen ni a que hora de la noche o del día lo hacen, pero sí sabemos en qué fructifica después. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues a que estos cuatro interlocutores sociales que configuran esta notable y benemérita institución del diálogo social están predeterminando el contenido normativo de lo que luego aquí convalidamos prácticamente en sus propios términos, es decir, hacemos una especie de trabajo compilatorio de lo que ya han pactado no todos los interlocutores sociales con legitimidad para pactar, sino solo algunos de ellos. Desde esta perspectiva estamos en algo rayano en la usurpación de funciones parlamentarias, que es una cosa que nosotros hemos denunciado en más de una ocasión y es así. Pero ni siquiera en el ámbito del diálogo social están todos aquellos que por imperativo de la Ley Orgánica de Libertad Sindical deberían estar, porque no están todos los sindicatos que ostentan la condición de mayor representatividad sindical; están solo algunos, los de ámbito estatal, los que superan en las elecciones sindicales un porcentaje del 10 por ciento del total de representantes electos. Pero no están los de ámbito no estatal -los de ámbito autonómico- que también son más representativos u ostentan la condición jurídica de mayor representatividad no en el ámbito autonómico, como dice el ministro siempre equivocándose, sino en el ámbito estatal, cuando superan en dicho ámbito -en su ámbito de actuación- un total del 15 por ciento y 1.500 representantes del total de representantes electos. Esto es por imperativo de los artículos 6 y siguientes de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y tendrían que estar presentes en esta especie de usurpación normativa -igual exagero la expresión-, pero en esta predeterminación de lo que luego aquí compilamos en forma de corrección de algunas comas o puntos y

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comas y añadiendo algunos problemas colaterales como lo relativo a la discapacidad, en donde hay que reconocer que las enmiendas del Senado mejoran mucho el contenido normativo de la atención al empleo de los discapacitados. Dicho esto, parafraseando a Maki Navaja, los sindicatos más representativos de ámbito no estatal son sindicatos nacidos para sufrir. Permítaseme la expresión, pero es que no están en nada, no participan en el diálogo social ni contribuyen a esta conformación o a esta figura que ralla mucho en la colegislación o en el compartimiento de la función legislativa. Aquí hacemos poco más que compilar lo que ya han predeterminado, sabe Dios dónde, porque ni siquiera nos consta a nosotros en qué lugar físico o geográfico se reúnen. Dicho esto, también quiero decir que no solo aquí faltan sindicatos, lo cual puede incorporar a los acuerdos sindicales o a los acuerdos interprofesionales preexistentes a estos proyectos o reales decretos-ley un vicio de nulidad, que podría ser analizado incluso ante los tribunales de justicia -veríamos con qué solución jurisdiccional final-, sino que las dos patologías con las que se pretende finalizar con este proyecto de ley ahora, antes Real decreto-ley 5/2006, no se corrigen de forma adecuada en nuestra opinión, señor presidente. Hay dos patologías sociolaborales que se pretenden corregir. En primer lugar, una hace referencia a la abundante existencia de contratos temporales, a lo que se denomina precariedad del mercado de trabajo, al escaso valor de nuestro mercado de trabajo. Aunque el empleo crece, es porque estamos en un ciclo alcista de la economía, con altos niveles de crecimiento económico que provocan empleabilidad, pero de bajísima calidad, mediante la contratación masiva de contratos temporales. Esta figura debe ser corregida, como decía el señor Llamazares, mediante el establecimiento de la causalidad y una indagación por la Inspección de Trabajo de que si las actividades son permanentes no deben ser cubiertas por sucesivos contratos temporales, encadenados unos a otros. La perversión del encadenamiento de los contratos de trabajo es la primera patología que se pretende corregir, y la segunda es la llamada subcontratación en cascada, en donde una empresa principal puede subcontratar en un primer contratista, primer contratista que puede subcontratar en cuantas subcontratas nuevas deseé, sin ningún tipo de limitación, y ya en el colmo de la perversión, y en virtud de un reglamento de desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, incluso se puede terminar ya subcontratando -y ahí acabaría la subcontratación en cascada- a falsos autónomos o falsos trabajadores autónomos, que son personas físicas que figuran nominalmente como autónomos pero realizan un trabajo dependiente para la última subcontrata. Bueno, ¿pues estas patologías cómo se pueden corregir? Mediante una disfunción de carácter ontológico que afecta a un derecho, a un sector del ordenamiento jurídico, y es el derecho del trabajo, que está en trance de desaparecer con estas normas y otras de similar naturaleza que se están creando o se están conformando en el ámbito de esta institución benemérita que hemos comentado que se llama diálogo social.


El derecho del trabajo tiene una serie de fundamentos ontológicos. Nació para lo que nació. Nació en el seno de la primera revolución industrial, con un carácter tuitivo, para favorecer a los trabajadores en su posición no igual a la de los empresarios a la hora de formular o de convenir contractualmente sus relaciones vinculantes. Es evidente que cuando se concierta un contrato de trabajo, el trabajador y el empresario no están en una situación de igualdad. No existe el sinalagma, el sinalagma es imperfecto, existe una subordinación del trabajador al empresario que impide la conmutatividad, la bilateralidad, la igualdad de prestaciones, características de otros contratos civiles y mercantiles. Por eso es tuitivo y protector de los intereses del trabajador. Por tanto, la fórmula por la que se ha optado para acabar con las patologías sociales que hemos denunciado, que es el abaratamiento del despido, es la peor de las posibles y, además, vulnera fundamentos ontológicos que deben ser un paradigma y que debemos defender todos si queremos que exista un derecho del trabajo, como lo hemos entendido sistemáticamente. Y se provoca otro problema -ya voy acabando, señor presidente-, que es el de constitucionalidad, porque en este momento va a haber dos tipos de contratados, de trabajadores por tiempo indefinido, con diferentes cuantías si son despedidos o si es objeto de resolución en forma de despido su vinculación contractual con el empresario; unos van a obtener una indemnización de 45 días por año trabajado y otros van a obtener una indemnización de 33 días por año trabajado. Ya me explicará algún portavoz del Grupo Parlamentario Socialista cómo se incardina esto en los estrictos requerimientos del principio de igualdad ante la ley que consagra el artículo 14 de la Constitución; dos trabajadores que, una vez convertido un contrato temporal en indefinido, ostentan la misma condición, la de trabajador por tiempo indefinido, sin limitación temporal en sus vinculaciones contractuales con la empresa, por qué unos cobran una indemnización y otros perciben otra.


Dicho esto, también diré que, como hay un aspecto positivo que ya hemos comentado, como hay un proyecto y un compromiso -y con esto acabo- para crear un proyecto de ley, ya que se ha comprometido el Gobierno del Estado español a presentar un proyecto de ley regulando las empresas de inserción, y además lo tiene que realizar, porque ya hay un compromiso cronológico, temporal, en lo que queda de legislatura, como se ha mejorado en el Senado la atención a los discapacitados incrementando las bonificaciones y como nosotros, desde una perspectiva política, por dignidad y por decoro y porque somos la única comunidad autónoma que todavía no ha obtenido la transferencia de las políticas activas, no vamos a intervenir en el ámbito de lo que regula la sección primera del capítulo primero, que son todas las medidas de fomento del empleo, nos negamos a legitimar esta disfunción política sencillamente participando

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en el debate, no nos parece bien nada de lo que se consigne hasta que se resuelva el primer problema político, que es la transferencia de las políticas activas a la Comunidad Autónoma vasca. Se están incumpliendo en este momento, con esta norma y todas las demás y con las leyes de presupuestos -las tres últimas-, los requerimientos previstos en la Constitución, artículo 149.1.7ª, lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Gernika, artículo 10.26, artículo 12, artículo 16; se están incumpliendo requerimientos claros del bloque de constitucionalidad, se están incumpliendo, cuando se ofrece la transferencia -acabo ya con esto-, los requerimientos del Concierto Económico a efectos de las fuentes de financiación, sobre todo en materia de bonificación, además mediante la perversión de considerar que las bonificaciones en materia de empleo constituyen parte del sistema de Seguridad Social, pero también tenemos título competencial para el desarrollo en la gestión del régimen de Seguridad Social. Nosotros esto no lo vamos ni a debatir, porque debatir esta materia sería legitimar la disfunción política actual que hemos denunciado. No obstante, señor presidente, anuncio ya que vamos a votar favorablemente las enmiendas dimanantes del Senado, menos alguna sobre la que se va a pedir votación separada, que constituyen un error de nuestros compañeros senadores.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presentara un buen número de enmiendas respondía al interés ya mostrado cuando fue aprobado el real decreto demandando su tramitación mediante proyecto de ley. No cuestionamos en su momento las paredes maestras del acuerdo de la mesa del diálogo social, pero queríamos centrar nuestra actuación en los ámbitos de la economía social, la discapacitación y la precariedad laboral de los jóvenes, y este fue el sentido y la orientación de nuestras enmiendas. Mostramos disconformidad en su momento con los incentivos de la contratación de personas discapacitadas; de hecho, Esquerra centró, repito, en la discapacidad buena parte de las enmiendas.
Celebramos que nos llegue del Senado un incremento de 25 euros al mes, 425, 5.100 al año, respecto a los 400 aprobados en el Congreso, lo cual equivalía a 4.800 euros al año. Son bonificaciones que se han incrementado a los empleadores de personas con parálisis cerebral, enfermedad mental, discapacidad física o sensorial superior al 75 por ciento, discapacidad en personas mayores de 45 años, mujeres, etcétera.
Queda lejos de los 6.000 euros que reclamábamos, pero no hay que engañarse, es una mejora sustancial, máxime recogiendo lo enmendado en el Senado.


Entendemos de igual manera muy correcta la enmienda introducida por el senador de Eusko Alkartasuna al apartado a) del artículo 6, relativo a las exclusiones, a fin de garantizar técnicamente que los centros especiales de empleo no quedarían al margen de las bonificaciones. Es una enmienda técnica pero que ha llegado en el momento oportuno para que no se confunda en la redacción lo que se pudiera interpretar como excluidos, y me refiero a los centros especiales de empleo. De hecho, hemos convenido en afirmar repetidamente la gran labor social como banderín de enganche en el mundo laboral para las personas con discapacidad -estamos hablando de la socialización de las personas con básicamente disminuciones psíquicas- y por eso el proyecto de ley es interesante en la medida en que, como luego diré, existe el compromiso de legislar en ese sentido en esta misma legislatura. Volviendo a la enmienda a la que hacía referencia del senador de Eusko Alkartasuna, es evidente que sin esa mejoría técnica se hubiera podido, repito, dar a entender que quedaban excluidas y nos parece que la aportación es interesante.


Al hilo de lo dicho, quiero insistir en algo que ya salió en el anterior debate y que de alguna forma se reabre a partir de lo tramitado en el Senado; me refiero al incremento de la bonificación para el contrato temporal de fomento del empleo. A nuestro entender, debe primarse la contratación indefinida. Este es el aspecto troncal del proyecto de ley y no debería desvirtuarse, por lo que no vamos a apoyar la enmienda que pretende el incremento de las bonificaciones respecto a la contratación de carácter temporal. Nos parece interesante haber mejorado en el trámite del Senado la disposición adicional cuarta, relativa a las políticas activas de empleo de las personas con discapacidad, así como la adicional duodécima nueva, que mandata que en el plazo de seis meses hay que aprobar una estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad 2007-2008, incluyendo medidas y calendario, máxime teniendo presente el contexto en que se da, en un periodo preelectoral. Entendemos que es buen momento para debatir temas tan importantes como este. No será posible llevarnos a engaño unos y otros, puesto que aquello que se comprometa es evidente que deberá pasar la evaluación de la ciudadanía a corto plazo.


Otras enmiendas van a contar también con nuestro apoyo, tales como la introducción de las comunidades autónomas así como de los interlocutores sociales en el mismo título de la disposición final primera, relativa a su consulta y participación en los programas del sistema de inspección y de la Seguridad Social. Vamos a apoyar la modificación de la disposición adicional sexta, que se refiere a la modernización de los servicios públicos de empleo y que elimina la referencia a los servicios públicos de empleo autonómicos, centrándose en los que son propios del Servicio Público de Empleo Estatal, y

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no vamos a apoyar la supresión del párrafo cuarto del artículo uno, con el objeto pretendido de excluir de los beneficios del programa a la Administración General del Estado, a las administraciones autonómicas y a las entidades locales y sus organismos públicos. Consideramos muy positiva la inclusión en la ley del compromiso del Gobierno -les hablo de la disposición final quinta- que se refiere a la contratación de trabajadores en situación de exclusión social, que debe significar que en los próximos meses -el plazo llega a seis- podamos debatir una ley para regular el régimen de estas empresas. El papel relevante que ocupan -ya lo he mencionado anteriormente- es reconocido por toda la sociedad, pero es evidente que están destinadas o deberían estarlo a tener un papel todavía más relevante. Este es un reto que habrá que afrontar en los próximos meses, gracias también a este compromiso legislativo de debatirlo.


Es evidente que la atención a la discapacidad ha conformado buena parte del objeto de nuestras demandas, pero también es cierto que para nosotros ha sido fundamental tratar el tema de la precariedad laboral de los jóvenes. Quiero destacar la aprobación de la disposición adicional décima, transaccionada a partir de una enmienda de Esquerra Republicana, que pretendía la creación de un contrato de transición de los jóvenes al mundo laboral. A nuestro entender, el contrato de formación no recoge las verdaderas necesidades de nuestro mercado de trabajo. Es evidente en cambio que los poderes públicos deben implicarse mucho más para superar la precariedad y la inestabilidad en el empleo de los jóvenes. Hay que reformular estas contrataciones. Esta era nuestra pretensión. Es necesaria la existencia de instrumentos fiables y eficaces para la transición de los jóvenes al mundo del trabajo, para que no tengan que hacerlo con contratos precarios, poco adaptados a sus necesidades y a las del tejido empresarial. En definitiva, requerimos más flexibilidad y más seguridad para los jóvenes y para las empresas, que no saben aprovechar -algunas quizás ni lo pretenden- la potencialidad de las nuevas generaciones. Es evidente que el contrato de formación no nos sirve para el objetivo de contribuir a adaptar a los jóvenes a las vicisitudes del mercado adquiriendo formación, aunque no siempre teórica. Esta es la justificación fundamental de nuestra pretendida creación del contrato de transición. Celebramos esta disposición, que, bajo el epígrafe empleo de jóvenes, mandata que en el plazo de nueve meses el Gobierno presente las medidas encaminadas a regular formas de contratación que optimicen su transición al mercado de trabajo. Sin duda este es un debate que hay que afrontar y que deseamos trasladar a esta Cámara en los próximos meses. Es más, incluso nosotros nos comprometemos previamente a debatirlo, a traer en el próximo periodo de sesiones este debate a esta Cámara, a la espera de lo que mandata la ley, que no es otra cosa que, en el plazo de nueve meses, el Gobierno presente medidas. Nosotros intentaremos calentar motores, ya me entienden.


Voy a terminar haciendo una referencia al hilo de esta disposición adicional décima de la cual el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana se siente muy orgullosa, puesto que venía de una iniciativa nuestra a partir, repito, de la necesaria creación del nuevo contrato laboral de transición al mundo del trabajo de los jóvenes. Durante esta legislatura, nosotros hemos mantenido un absoluto respeto a los agentes sociales, porque sabíamos que estaban empeñados en una difícil negociación para llegar a unos acuerdos que finalmente deberían culminar en unas aportaciones a partir de las cuales se pudiera configurar lo que estamos debatiendo. Es más, nuestro grupo parlamentario incluso en algunas ocasiones ha ralentizado o incluso ha guardado en el cajón algunas iniciativas para no entorpecer este diálogo social. Podría poner ejemplos, pero el tiempo no me lo permite. Hemos sido absolutamente respetuosos con los agentes sociales, muy respetuosos con los sindicatos.
No podía ser de otra manera por nuestra ideología y porque ciertamente también estamos afiliados a los sindicatos de clase. Pero quisiera desde esta tribuna protestar y hacer llegar nuestra queja al sindicato de Comisiones Obreras -con el cual mantenemos una relación no solamente de afinidad ideológica, sino también, repito, por los muchos afiliados a Esquerra Republicana que militan en este sindicato- por las críticas, entendemos que desaforadas, que ha hecho a esta disposición producida a partir de una iniciativa de Esquerra Republicana. Para nosotros, hablar de despropósito, como hizo Comisiones Obreras, a través del señor Fidalgo, incluso recordar las huelgas generales -una al Gobierno de Felipe González y la otra en el año 1994-, sacando a colación el contrato de aprendizaje de aquella época, nos parece desaforado, no sabemos a qué viene. Solamente encontramos una explicación o podemos atribuirlo a la animadversión manifiesta -de hecho nunca lo ha disimulado- del señor Fidalgo a todo aquello que procede del independentismo catalán y también fruto de su indisimulado jacobinismo petulante. Esquerra Republicana ha sido muy respetuosa con los sindicatos, con todos, Comisiones Obreras y UGT, y esperamos el mismo respeto por parte del sindicato Comisiones Obreras y sobre todo del señor Fidalgo.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, finaliza el trámite de este proyecto de ley y globalmente las Cortes Generales habrán mejorado esa propuesta pactada entre el Gobierno y los principales agentes sociales de reforma del mercado de trabajo. El hecho de haber trabajado para que esta Cámara no tan solo convalidase ese real decreto, sino que lo convirtiese

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en un proyecto de ley, demuestra esa función esencial que este Congreso de los Diputados debe jugar en la configuración de la normativa laboral. No es tan solo necesario que las reformas laborales, las propuestas laborales, lleguen consensuadas con los agentes sociales, sino que es necesario que las Cortes Generales tengan capacidad de mejora y de modificación de esas propuestas cuando las mismas van en contra del interés general.


En la convalidación de ese real decreto afirmábamos que esta era una minirreforma, que era un reforma que no entraba en las cuestiones de fondo que tiene planteadas nuestro mercado de trabajo, que exigen mayor flexibilidad de las empresas para acometer las necesidades de un mercado de trabajo cambiante, de las transformaciones en nuestro modelo productivo, y nuevas seguridades para esos trabajadores que afrontan riesgos diferentes. Estos días se ha hecho público el Libro Verde de la Unión Europea, retos del derecho laboral en el siglo XXI, que insiste en esa necesidad de avanzar en reformas de fondo de los mercados de trabajo de Europa, para garantizar tanto la competitividad de nuestras empresas como la cohesión social. Ese informe recupera la idea del informe Wok, alrededor de aquellos trabajadores protegidos que están dentro del sistema, trabajadores con empleo estable, con contrato indefinido, en el sector industrial o en el sector servicios, de determinadas edades, y aquellos trabajadores que están fuera, fundamentalmente trabajadores más jóvenes, con menor formación, mujeres, trabajadores más maduros y que no han tenido oportunidad de mejorar su empleabilidad. Insistía en que necesitamos reformas de fondo para dar mayor protección a quienes están fuera de ella. La reforma que hoy finaliza su trámite parlamentario, a pesar de que supone algunos avances en esa dirección, es una reforma tímida. España, el mercado de trabajo español, en la próxima legislatura, deberá avanzar en la línea de mayores reformas que introduzcan mayor flexibilidad y al mismo tiempo mayores seguridades. Ese mismo libro verde pone tres ejemplos. Habla de la reforma que hoy estamos finalizando, pero también habla del modelo de la flexiseguridad en Dinamarca y de las reformas introducidas en Austria, de configuración del seguro de despido de una manera sugerente y digna de estudiar por estas Cortes. Sería necesario empezar a profundizar en los modelos daneses y austriacos desde la perspectiva española.


Las Cortes Generales, como decía, han mejorado el texto que el Gobierno remitió a esta Cámara. Lo han hecho fundamentalmente en materia de discapacidad, donde efectivamente el diálogo social no encontró la manera de formular mejoras, propuestas concretas, que permitiesen incrementar el empleo de las personas con discapacidad. Hoy, las personas con discapacidad constituyen uno de los principales colectivos excluidos del mercado de trabajo, y tanto el Congreso como el Senado han mejorado la política de bonificaciones a la contratación, tanto indefinida como temporal, de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario, en la empresa ordinaria y al mismo tiempo han vuelto a situar la protección a los centros especiales de empleo, las políticas específicas orientadas a los centros especiales de empleo, en la normativa existente desde el año 1998. El Senado ha mejorado aún más esa propuesta, que se formuló en el Congreso, en el sentido de eliminar la referencia al año 2007 como año en el que necesariamente finalizaban las bonificaciones existentes desde el año 1998 y se negociaba un nuevo sistema de bonificaciones a los centros especiales de empleo. El hecho de que el Senado haya liberado al sector del empleo protegido de esa espada de Damocles da tranquilidad a todos aquellos centros especiales de empleo que van a saber que van a contar con un periodo relativamente largo para continuar desarrollando sus decisiones de creación de puestos de trabajo y de puesta en marcha de inversiones. Desde la perspectiva de esos centros especiales de empleo, se incorpora una enmienda que nos han planteado desde Cataluña, básicamente la coordinadora de tallers per a disminuïts psíquics, que excluye de las exclusiones -valga la redundancia- que se establecen en el artículo 6, donde se regulan las bonificaciones, a las relaciones especiales de empleo de los trabajadores de los centros de empleo. Damos una tranquilidad que el texto legal, tal como quedaba configurado, no daba, porque generaba importantes incertidumbres sobre esas exclusiones a la política de bonificaciones que se contemplaba.


El texto que nos llega del Senado incorpora también un mandato de impulso a la modernización de los servicios públicos de empleo. Efectivamente, en ese mercado de trabajo más flexible que necesitamos, los servicios públicos de empleo van a tener que mejorar su capacidad de ofrecer empleo a quien lo ha perdido o a quien quiere cambiar de empleo. Hoy los servicios públicos de empleo intermedian alrededor del 15 por ciento del conjunto de las ofertas y demandas de empleo que se generan en nuestro mercado -solo el 15 por ciento- y tanto el Congreso como el Senado han rechazado propuestas formuladas por Convergència i Unió para regular la actividad de la recolocación, en la perspectiva de dar entrada al sector privado, a las empresas de trabajo temporal y a otros agentes privados, como colaboradores del sector público en esa generación de oportunidad de empleo a quienes lo pierden y a quienes quieren cambiar de empleo. El Senado ha introducido un mandato de mejora de los servicios públicos de empleo que mi grupo valora y que cree necesario, pero que nos parece insuficiente desde la perspectiva de esas necesidades de la flexiseguridad, en la que cada vez debemos orientar mejor nuestro mercado de trabajo.


El Senado también mejora una reivindicación en la que el señor Olabarría ha venido batallando desde hace tiempo, que es toda la configuración del Fondo de Garantía Salarial en relación con las cooperativas y con las sociedades anónimas laborales, que nos parece una cuestión relevante e importante. El texto del Senado

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aborda una cuestión, que ya en el acuerdo social y en el texto que se nos envió nos parecía que iba a generar problemas en determinados sectores, que es la regla de encadenación de contratos temporales. Una propuesta legislativa que está hecha desde la buena fe y desde la buena voluntad, desde un objetivo de fondo que compartimos, pero que va a tener efectos perversos en las administraciones locales, en las entidades del tercer sector y en las propias empresas de inserción, donde vamos a configurar contratos estables en entidades que pueden contratar personas en la medida en que reciben subvenciones para esas contrataciones y que, a partir del momento en que dejen de recibirlas, se van a encontrar previsiblemente con la generación de puestos de trabajo estables que no van a poder mantener. El Senado introduce una enmienda que elimina esa cuestión, al menos para las administraciones locales, y sería importante que la mantuviésemos para no generar problemas a esa Administración local, que hoy obligatoriamente, no por su voluntad, debe optar por la contratación temporal y que se va a encontrar en los próximos tiempos en situaciones graves desde esa perspectiva. En cambio, no hemos resuelto esas necesidades ni para las entidades del tercer sector ni para las empresas de inserción laboral que trabajan con contratos temporales y que previsiblemente en algunos supuestos van a superar las previsiones, los límites de la encadenación de contratos que se introducen en el texto legal que estamos aprobando.


Finalmente, mi grupo quiere resaltar -no ha sido objeto de modificación en el Senado, fue objeto de incorporación en el trámite del Congreso a raíz de una enmienda de Convergència i Unió y una propuesta de transacción que nos planteó el Grupo Parlamentario Socialista y a la que ha hecho referencia también el señor Tardà, cosa que le agradezco- la necesidad de regular, antes de seis meses, en un texto con rango legal, las empresas de inserción. Desde hace muchos años venimos reclamando en esta Cámara que aquellos sectores de la iniciativa social que trabajan con aquellos que están más excluidos del mercado de trabajo encuentren un marco legal que facilite a esas iniciativas sociales que generen empleo para quienes no tienen ninguna manera de beneficiarse de las políticas activas de empleo. Esta ley va a introducir un mandato legal por el que en el plazo de seis meses el Gobierno debe remitir a las Cámaras una iniciativa legislativa que resuelva esa cuestión. Mi grupo espera que ese mandato parlamentario se cumpla y que en esta legislatura por fin tengamos una verdadera ley de empresas de inserción. Esperamos que en ese proceso los agentes sociales estén con nosotros -observo en la tribuna que nos acompaña un destacado dirigente de la Unión General de Trabajadores- e instamos a las organizaciones sociales a que acompañen al Gobierno y a esta Cámara en la necesidad de regular la actividad de las empresas de inserción laboral. Los sectores más excluidos de nuestra sociedad nos lo reclaman.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor Campuzano.


Tiene ahora la palabra por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso el señor Azpiroz. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor AZPIROZ VILLAR: Señor presidente, señoras y señores diputados, vamos a fijar desde el Grupo Popular la posición con relación a las enmiendas introducidas por el Senado en lo que constituye el Real Decreto-ley 5/2006, hoy proyecto de ley vulgarmente denominado de reforma laboral. Se han hecho ya unas valoraciones globales, que en alguna medida compartimos, y hay denominadores comunes que sin duda también asumimos.
Esta reforma no ha satisfecho las expectativas que se habían generado ni las necesidades de modificaciones más profundas de nuestro mercado de trabajo para adaptarlo a los requerimientos de una sociedad cada día más global y competitiva, pero en todo caso ha sido una reforma en la cual destacamos el valor en sí mismo del diálogo social y de la capacidad de los interlocutores que representan intereses diferenciados, como son empresarios y sindicatos, de llegar a acuerdos, a consensos que en la práctica históricamente han venido siendo razonablemente bien insertados en la realidad de nuestra actividad económica y nuestro mercado de trabajo. Desde esta perspectiva hay que reconocer que España cuenta con una herramienta, con un instrumento, que podríamos calificar de privilegiado, en el sentido de que es objeto de envidia y de deseo por parte de otras naciones por este estabilizador social que implica el diálogo y la capacidad de acuerdo social.


Nosotros fuimos los primeros que, a la hora de convalidar el real decreto-ley, planteamos desde esta misma tribuna la necesidad de su debate como proyecto de ley, y no porque estuviéramos discutiendo tan solo cuestiones de fuero, desde el absoluto respeto a la iniciativa que se nos aporta desde la interlocución social y la participación en ella del propio Gobierno de la nación, sino porque en este caso queríamos hablar del huevo, que se refería a nuestra discrepancia fundamental en la regulación de las bonificaciones e incentivos a los contratos y a la posibilidad de la inserción en el mercado laboral de los diversos ciudadanos de nuestro país del campo de la discapacidad, que entendíamos que retrocedía con relación a las situaciones previas y que sin embargo es una realidad de infravaloración, de infraocupación, dentro de nuestro mercado laboral. Lo planteamos, afortunadamente con el acuerdo de todos, de forma que hoy podemos estar en el trámite final analizando las enmiendas del Senado, cuando ya el debate en el propio Congreso de los Diputados contribuyó a enriquecer y mejorar toda esta amplia panoplia de medidas que vayan a favorecer la inserción de los discapacitados, de las personas con minusvalía, de los menos favorecidos a la hora de poder desarrollar un trabajo en nuestro mercado. En el Senado han prosperado una serie de enmiendas formuladas por los diversos grupos, también el mío, que ahora analizaré. Yo

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creo que esto se ha hecho de una forma equilibrada debido al respeto que tenemos al consenso y al acuerdo social, pero con la necesidad de rectificar estas carencias que habíamos detectado y no metiéndonos en más cuestiones, aunque indudablemente podían ser de interés, porque somos conscientes de que el acuerdo al que se llegó era el posible y, en consecuencia, el que se adecuaba más a la realidad.


No obstante, señor presidente, he de decirle que se hace cada vez más dificultoso venir a un debate donde se tratan las enmiendas del Senado.
No hace tanto tiempo teníamos la fortuna de tener un texto comparativo entre el proyecto que había salido de esta Cámara y el que venía para ver las modificaciones. Pues bien, ahora no solo no ocurre esto sino que hasta el martes a la tarde no tuvimos a disposición la publicación del texto finalmente aprobado en el Pleno del Senado, y cuando, además, concurre, que hay enmiendas que son aprobadas y que no siempre coinciden exactamente o que hay disfunciones, como señalaré al final de mi intervención, que es preciso que se corrijan técnicamente por los letrados de la Cámara en función del resultado que finalmente arrojen las votaciones que vamos a desarrollar.


Empezando por las enmiendas que van a tener nuestro pleno apoyo, nos referiremos a una, a la cual han aludido todos los portavoces intervinientes, la relativa al artículo 6.1.a), donde se introduce la posibilidad de que las relaciones laborales especiales de personas discapacitadas también sean beneficiarias de las bonificaciones contempladas en la ley. El artículo 12.2, al cual ha dedicado una parte de su intervención el señor Campuzano, se refiere a un tema complejo, cuya dificultad reconocemos, la situación en la que se encuentran muchas administraciones, particularmente las locales. Nosotros planteamos esta enmienda más con la voluntad de abrir un debate, pero finalmente ha sido incorporada y, en coherencia, la tendremos que apoyar, y es que, al final, uno se plantea quién es el empleador en última instancia. ¿Es el empleador el ayuntamiento, que está gozando de una financiación de la cual dispone un tercero en función de un plan de empleo que en el futuro puede o no hacer? ¿Quién es? ¿Es el que da trabajo o el que paga? Yo, como abogado, les diría una cosa, supuesta la extinción de un contrato demandaría a los dos. Aquí hay un debate abierto, un debate necesario en el cual se intenta una cosa positiva que mantiene el proyecto de ley, que el encadenamiento fraudulento y sucesivo de contratos se transforme en una realidad de contratación indefinida, con lo cual estamos totalmente de acuerdo; sin embargo, hay situaciones que, por sus características, deben tener una cierta excepcionalidad y este es el único sentido y objetivo final de la enmienda incorporada en el Senado.


La enmienda relativa a la disposición adicional sexta, que se refiere a una mejora técnica de carácter competencial introducida por el PNV, la apoyaremos. La enmienda a la disposición adicional undécima se refiere al Fondo de Garantía Salarial en el sentido de que los convenios de recuperación prevén la devolución de las cantidades adeudadas por las sociedades laborales y cooperativas y se trata de que no sean devueltas, sino que pasen a integrar parte del capital social por un periodo mínimo de 15 años. Con esto finaliza algo en lo que nosotros avanzamos sustancialmente estando en el Gobierno. El Gobierno popular abordó esta cuestión y hoy se le pone un punto final. Como digo, nosotros avanzamos sustancialmente en esta cuestión, que compartimos plenamente y más los que, como yo, tenemos la condición de ser diputados del PP guipuzcoano y, por tanto, conocemos perfectamente la situación de las sociedades laborales y cooperativas en este marco. Por tanto, esto tendrá nuestro pleno apoyo.


La disposición adicional duodécima se refiere al establecimiento de una estrategia global de empleo para personas con discapacidad. He de decir que esto ya ha coexistido con los planes de discapacidad a lo largo del tiempo, al menos en dos ocasiones, y también que ha sido objeto de una petición expresa del mundo de la discapacidad. Primero fue objeto de enmienda en los Presupuestos Generales, fue rechazado y, por supuesto, nosotros hoy apoyaremos esta enmienda porque nos parece un instrumento que puede ser eficaz.


La disposición transitoria quinta se refiere a una expresa cita -que favorece a los centros especiales de inserción de discapacitados- de la orden ministerial de 16 de octubre de 1998, con la cual estamos de acuerdo, aunque tenemos alguna técnica que también he de reconocer. Se nos escapa el sentido último cuando, al final de esta disposición adicional quinta, en el punto 2, se dice: las ayudas a los centros especiales de empleo que se hayan producido con anterioridad también a la vigencia del Real Decreto-ley. Además, esta disposición transitoria ya estaba recogida de alguna forma en la disposición transitoria primera y quizá pueda introducir algo de confusión. Pero como nos parece que es totalmente apoyable, desde una perspectiva política, la expresa referencia a las ayudas a los centros especiales de empleo y al autoempleo de discapacitados contenida en esa orden ministerial, vamos a apoyar, pese a esas dudas técnicas, esta disposición transitoria nueva.
Por supuesto, estamos de acuerdo con la nueva derogatoria. Y en la disposición final cuarta se establece la evaluación del funcionamiento del conjunto de las políticas de empleo. El Senado ha introducido dos cosas. Una que a nosotros nos parece razonable y que no conseguimos en la enmienda transaccional que todos suscribimos en esta Cámara, que era desbloquear el límite y llegar a un acuerdo en relación con las políticas activas de empleo respecto a la discapacidad en el año 2007. Nos parece oportuno no encorsetar. Deseamos que se haga cuanto antes; apelamos a que lo intenten y estamos convencidos de que trabajarán, pero quitar este corsé de temporalidad nos parece importante. Y el señor Llamazares, que no está presente, por una vez me ha convencido. Tenía razón cuando decía que en el punto tercero de esta disposición final cuarta se establece -sin duda no ha sido la voluntad última, estoy convencido, de los senadores,

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pero desde luego no es la mía- que la evaluación a que se refiere esta disposición y las propuestas futuras de modificación normativa a las que dé lugar contarán con el informe previo favorable del Consejo Nacional de Discapacidad. ¿Y si no es favorable qué? ¿No puede haber modificación normativa? ¿No puede haber capacidad legislativa? ¿Hacemos una dejación competencial? Probablemente esto no lo había pretendido nadie. Si cupiera que de esta disposición final cuarta se desagregara el punto tercero, votaríamos a favor de los dos puntos anteriores, que son importantes, y en contra de este último.


En el artículo 2.2, las enmiendas 51 y 52 del Grupo Parlamentario Popular han contribuido a incrementar las bonificaciones fijas a la contratación de los discapacitados, tanto para la transformación de contratos indefinidos como temporales. Nos gustaría, y en su momento el ministro expresó que respetaría las iniciativas del Senado, que el Grupo Parlamentario Socialista las pueda apoyar. Nos gustaría eso y nos gustaría también, y en eso apelo a los servicios jurídicos de la Cámara, que en la medida en que resulte aprobado el artículo 2 haya el adecuado reflejo de la parte normativa en el anexo que se incorporó, como consecuencia de la enmienda número 70 del Grupo Parlamentario Socialista, en el Senado, que no refleja exactamente las cuantías que van a bonificar a partir de ahora los contratos de los discapacitados.


Hemos hecho un trabajo parlamentario importante en ambas Cámaras, con el que se ha contribuido a mejorar esta situación y esperamos que en el futuro tenga reflejo dentro de esas evaluaciones y acuerdos. Esperamos también, como hicimos en la enmienda transaccional del Congreso, que haya una solución normativa para las empresas de inserción. Va siendo hora y nos parece muy positiva esa disposición. Nosotros seguimos insistiendo en nuestro reconocimiento, aunque la reforma no es la que nosotros hubiéramos deseado, del valor del consenso, del acuerdo y del diálogo social. El Grupo Parlamentario Popular ha contribuido de una forma importante a la mejora del texto y por eso nos felicitamos. Concluyo deseándoles una auténtica Navidad. La mayoría de los cristianos rememoramos el nacimiento de El Salvador y les deseo una feliz Navidad y unas felices fiestas. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias. Tiene la palabra la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.


Señorías, antes de entrar en las enmiendas del Senado, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Cuando hablamos de concertación social, cuando hablamos de negociación, decimos aquí: esto, que proviene de la negociación entre los agentes sociales, es decir, de la concertación, sobre la cual todos decimos que es un valor que debemos conservar, a continuación decimos: esto no es lo que nosotros hubiéramos hecho. El valor de la concertación no lo voy a poner aquí en positivo porque todos lo sabemos, pero si realmente decimos que eso es un valor y que ha costado un par de años de negociación llegar a un acuerdo, creo que deberíamos poner en valor que ese es el acuerdo posible; porque los otros, lo que nos gustaría, es el acuerdo no posible. Por tanto, la concertación, el acuerdo que da pie a esta ley es el mejor acuerdo posible entre los agentes sociales. No es que el Gobierno no haya sido valiente, como decía el señor Llamazares; no, es que en la mesa de negociación está el Gobierno por un lado; la patronal, por otro, y los trabajadores, por otro. Y hacer confluir esos intereses, señorías, les puedo asegurar -porque he estado en la negociación colectiva- que es harto difícil. Por tanto, vaya desde aquí mi reconocimiento a los agentes sociales por hacer posible este acuerdo y el reconocimiento a todos nosotros que hemos sabido introducir algunas mejoras o algunos matices.


Hay enmiendas, tanto las que hemos introducido aquí como las que ha introducido el Senado, respecto a las cuales no creo que los agentes sociales estén en contra; no, están a favor de todas y cada una. Sí era el momento de introducir aquí las reflexiones, porque si estamos hablando de una concertación para la mejora del empleo estable no tiene ningún sentido que a continuación metamos una bonificación a la contratación temporal, aunque eso sea a la contratación temporal de discapacitados. No tiene sentido. ¿Tenemos que bonificar la contratación temporal de los discapacitados? Pues sí, seguramente sí, pero no en esta ley. Porque hay una cosa que decía el señor Azpiroz que es verdad, y es que a veces aquí hemos introducido enmiendas que si las leemos bien van unas contra otras, porque aquí cada grupo vamos a meter lo que creemos conveniente y nos olvidamos del todo. A veces, cuando hablamos con las personas que luego han de aplicar en las empresas, en los centros de trabajo, en las administraciones públicas, las leyes, dicen: ¿cómo nos las hacéis tan complicadas? Esa es la realidad. A veces deberíamos ser más conscientes y hacer un poco más inteligibles esas leyes.


Esta ley significa un acuerdo importante. Yo no les puedo decir, porque no tengo una bolita mágica, cuánto va a significar para la reducción de la contratación precaria, no lo sé; pero el objetivo es que reduzca bastante la contratación en precario. La economía en nuestro país está creciendo a un 3,8 por ciento, se está generando empleo, en el tercer trimestre de 2006 con respecto al de 2005, 705.000 empleos más. En lo que va de legislatura dos millones de empleo más, pero, señorías, mucho de él empleo en precario. Precisamente esto lo que pretende es darle la vuelta a eso, y que ese empleo precario sea más estable.


Hablaba el señor Campuzano del libro verde y de los modelos daneses y austriacos. Cuando me hablan de modelos me pongo a temblar, porque hace años, cuando nos hablaban del modelo alemán, era para traer la precariedad;

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cuando hablamos de modelos de otros países nunca hablamos de un modelo en su totalidad. En nuestro país tenemos un modelo y lo que tenemos que hacer es mejorarlo en los objetivos. Si hay algo que podamos coger sí, pero experiencias de otros mezcladas con las de aquí nunca nos han dado el resultado deseado. Decía el señor Campuzano que había un problema con los que están protegidos con un trabajo estable. En este país, desde la última reforma, la protección consiste en pase usted por caja y se acabó el problema. No hay más protección, señor Campuzano. Tengas contrato estable, indefinido o no, se te da la indemnización que te corresponde, 45, 30 ó 20, y pase usted por caja y cójalo. Eso es lo que se ha hecho en la reforma anterior, en la del PP. Por tanto, hay que adoptar medidas que vayan encaminadas a mejorar el empleo, sobre todo del sector servicios, donde realmente hay una precariedad importante. Y en cuanto a los salarios, ¿qué podemos decir de la gente que está cobrando 700, 800 ó 900 euros al mes? Tenemos que estabilizar eso y mejorar la calidad del empleo. En ese sentido va esta mejora.


Entrando en las enmiendas, vamos a votar a favor de la inmensa mayoría de las mismas. Vamos a votar que sí a todo lo que signifique mejorar los incentivos a la contratación de personas con discapacidad y el empleo estable y es verdad, como decía el señor Azpiroz, que hay que corregir la hoja final porque no se había hecho, pero vamos a votar que no a la incentivación de la contratación temporal por lo que he dicho anteriormente. Vamos a votar que sí a la mejora del artículo 6.
Pensábamos que ya estaba claro, que no había problema con esas bonificaciones, pero los de las escuelas-taller, de empleo especial, están muy preocupados, señor Campuzano, y lo sabemos por las llamadas que hemos recibido. Por tanto, como esto les proporciona tranquilidad, vamos a votar que sí sin ningún problema. Asimismo, vamos a votar que sí al Fondo de Garantía Salarial, pues es una reivindicación importante y realmente es de justicia hacerlo. Y vamos a votar que sí a la elaboración del plan de empleo para los discapacitados y a la disposición final cuarta, pero pidiendo votación separada del punto 3, pues no es posible otorgar a un colectivo, por muy importante que sea y por mucho que apoyemos sus reivindicaciones, potestad para que impida la legislación.


Hemos recogido el sentir de todos los colectivos, especialmente del Cermi.
Todos somos sensibles, pero, señorías, también tenemos que hacerlo compatible con lo otro. Eso es lo que ha pretendido hacer el Grupo Socialista tanto en el debate en el Congreso como en el debate en el Senado. Hemos incluido la mejora de la empleabilidad de las personas con discapacidad y el compromiso con rango de ley de legislar sobre las empresas de reinserción social. Como decía anteriormente, hemos recogido y vamos a apoyar que desaparezca la preocupación de que las bonificaciones terminen al finalizar el año 2007, aunque a veces que haya una fecha que obligue a los que han de negociar es un aliciente. Pero, con el objetivo de que desaparezca esa preocupación, vamos a votar favorablemente las dos primeras partes.


Señorías, termino diciendo que a continuación vamos a aprobar los Presupuestos Generales del Estado y ahí ya se ve reflejada esta ley. El INEM tiene una partida de 3.039 millones de euros para la bonificación de la contratación estable y se dice que se van a bonificar más de 2,7 millones de contratos. Vamos por una buena línea. ¿Tendremos que seguir hablando del mercado de trabajo? Sin duda. Señor Campuzano, el mercado de trabajo es algo tan cambiante, evoluciona tan rápidamente que no estaríamos al día si no habláramos periódicamente sobre este tema.


Finalmente, señorías, les deseo unas felices fiestas y una buena entrada de año. Espero, señor Azpiroz, que el espíritu navideño nos haga ser el año que viene un poco más generosos y reconozcamos los logros que este Gobierno hace en la protección social y en la ampliación de derechos.


Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Martínez-Pujalte López: Sobre todo a los de Air Madrid.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


-PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2007.
(Número de expediente 121/000107.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día: Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.


Fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. Grupo Mixto, señor Rodríguez, por favor.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Para el Bloque Nacionalista Galego el debate de los Presupuestos Generales del Estado en este trámite ya no puede consistir solamente en una reflexión o un análisis del trasfondo ideológico y político que sin duda conlleva, tanto en el modelo económico y social como en el territorial.
Digo esto porque, en la medida en que existe un espacio de diálogo o de colaboración para modificar las cuentas públicas, aunque sea sin alterar sus principios filosóficos, a una fuerza política de ámbito territorial como el Bloque Nacionalista Galego, con su visión social y económica, pero sobre todo con su papel de intentar mejorar en todo lo posible esos presupuestos para Galicia, cabe mantenerse en unos criterios de juzgar si desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo los Presupuestos Generales del Estado responden a las necesidades de Galicia. Nosotros hemos hecho mucho hincapié durante años en que el trato que se daba a Galicia desde el punto de vista de cubrir sus necesidades era enormemente deficiente, tan deficiente que, teniendo en cuenta el atraso relativo de nuestro país, su carencia en infraestructuras básicas, su falta de desarrollo y sus

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graves problemas sociales, no se nos trataba con la mínima ecuanimidad. No es que ahora hayamos mejorado en todo lo que nosotros necesitamos, pero sin duda alguna se han dado algunos pasos en el terreno cuantitativo, aumentando sensiblemente la inversión del Estado en Galicia, por lo menos el año pasado y este, y sobre todo posibilitando algún tipo de diálogo para mejorar también cualitativamente. De hecho, las cuentas públicas para Galicia van a pasar de 1.690 millones de euros, que se contemplaban inicialmente en los Presupuestos Generales del Estado, a 1.750 millones de euros en este momento. Esto va a posibilitar que por lo menos se enfrente el tema de las infraestructuras ferroviarias con una actitud, con una predisposición distinta, de tal manera que de una vez por todas comiencen las obras en el tramo Lubián-Ourense, que es esencial para la comunicación con el resto del Estado español, que se aceleren más las obras del eje Atlántico, y en particular que haya un dinero adicional para enfrentar el problema de la salida sur de Vigo y que el tramo Ferrol-A Coruña del eje Atlántico, que estaba en stand-by y prácticamente sin contemplar su ejecución, pueda por lo menos acelerar los trámites administrativos y se posibilite el inicio de las obras en el año 2008 como mínimo.


En este aspecto, creo que hay una sensible mejora, como la hay, una vez mas, en atender el medio rural, respetando las competencias autonómicas de Galicia, impulsando un plan de adhesión de gente nueva al campo, de dinamización de la estructura agraria, con esos 10 millones de euros que van destinados a nuestro mundo rural. Y, por supuesto, hay cantidades significativas para el impulso de las EDAR que estaban en vía muerta, como la de Santiago y Vigo, o la limpieza de los fondos de alguna ría que hoy tiene graves problemas de contaminación como es la de O Burgo.


Señorías, esto es sustancial para que nosotros podamos apoyar estos presupuestos, que además han sido ligeramente mejorados, contemplando algunas obras que quedaron aquí pendientes de solución a su paso por el Senado. Me gustaría referirme, en concreto, a una que tiene un gran valor, que es el proyecto de acceso ferroviario al puerto exterior de Ferrol; un puerto exterior que está provocando un gran impacto medioambiental; un puerto exterior que aún no tiene acceso siquiera por carretera, aunque se está construyendo de forma acelerada, y que no podría desenvolver todas sus potencialidades si no cuenta con una vía férrea. Sabemos que esta vía férrea tiene muchas dificultades ya que, a pesar de ser un trayecto corto, necesita una gran inversión, pero también comprendemos que el Estado, una vez hecha una obra pública de tal envergadura, no se puede desentender y que ahora pueda quedar disminuida en su potencialidad por no contar con ferrocarril, que es esencial para el tráfico de contenedores.


Nos alegra que en el Senado se haya asumido, por lo menos, algún caso de mejora ambiental de bordes litorales en algún ayuntamiento que contaba con ese compromiso desde hace tiempo y no acaba de ejecutarse, como el caso de Moaña; que se plantee el saneamiento de las aguas del río Miño y sus afluentes en la provincia de Lugo, cuestión fundamental para un abastecimiento de agua potable a la ciudad en las debidas condiciones; el saneamiento del Miño y sus afluentes, también fundamental, o el del río Miño a su paso por Ribadavia.


Por estos motivos, vamos a apoyar los Presupuestos Generales del Estado, a pesar de nuestras discrepancias en relación con el modelo social y, por supuesto, manteniendo nuestra aspiración de seguir mejorando progresivamente las cuentas públicas de Galicia para que el ritmo inversor esté de acuerdo con las necesidades de nuestro país.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.


Coalición Canaria compartirá su tiempo. En primer lugar, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, compartiré el tiempo con mi compañero de grupo el diputado señor Rivero.


Señor presidente, quiero destacar tres enmiendas para las que se ha solicitado votación separada, entendiendo que el señor Rivero ya se referirá a las que vienen del Senado específicamente dirigidas a temas de Canarias. En primer lugar, la enmienda que viene del Senado al artículo 73 trae origen en la enmienda 916 del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta, en la que solicitó la supresión de las tasas aeroportuarias.
La enmienda fue aprobada allí y por tanto llega aquí una enmienda de supresión del artículo 73, referido a las tasas de seguridad aeroportuarias. Nosotros nos vamos a oponer a esa enmienda. Consideramos un disparate que se suprima una fuente de financiación del organismo que lleva la gestión de toda la red de aeropuertos nacionales, es decir, AENA. En el texto que mandó el Gobierno y que mereció en su día nuestra aprobación ya se había recogido que el destino de la tasa recaudada en los aeropuertos iba en un 60 por ciento a la entidad AENA y en un 40 por ciento al Tesoro público, añadiendo que las tasas aeroportuarias en los archipiélagos canario y balear tenía una reducción del 50 por ciento.
Esta bonificación del 50 por ciento a los pasajeros interinsulares de los dos archipiélagos fue una batalla que dio en su día el Grupo Parlamentario Coalición Canaria y se aceptó por el Gobierno y por la mayoría de la Cámara. Además, siendo realistas, si estamos en un momento de desarrollo y modernización de la red de aeropuertos nacionales, lo lógico es no privar al organismo gestor de una fuente de recursos. Por tanto, nos vamos a oponer a esta enmienda que suprime el artículo 73 porque entendemos que hay que mantener las tasas de seguridad aeroportuaria, sobre todo cuando se está ejerciendo una presión por la imposición de normas de seguridad ante el terrorismo y de los acuerdos de la Unión Europea que se han implantado. Se podrá criticar, pero es un servicio que está incluido

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en los presupuestos de AENA y, por tanto, no sería justo privarle de esta fuente de recursos.


La otra enmienda que quiero destacar es la que está dirigida a la sección 18, Ministerio de Educación y Ciencia, que viene del Senado con un aporte de 400.000 euros para la Fundación I+D+i, Fundación Ciencia, Tecnología y Empresa. Me ha extrañado que hoy venga aquí esta enmienda sin tener una garantía de voto de todos los grupos porque en los cuatro últimos presupuestos del Estado, desde hace dos legislaturas, hemos llegado a un acuerdo todos los grupos parlamentarios -y especialmente el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular, sumándose Convergència i Unió, Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Vasco- de tener una fundación I+D+ iniciativa en tecnología con unas dotaciones que le permitieran tener sus eventos. En nombre de Coalición Canaria y de los grupos que en su día lo suscribieron, quiero decir que en esta fundación hay personas como don Rodrigo Rato o el señor Rubalcaba o el señor Lissavetzky -por poner algunos ejemplos-, aparte de este diputado que les habla que figura en ella en nombre de Coalición Canaria. Por tanto, nosotros pediríamos una consideración y una reflexión porque en aquel momento dos diputadas -doña Elena García-Alcañiz, del Grupo Parlamentario Popular, y doña Teresa Riera, del Grupo Parlamentario Socialista- abogaron y lucharon por tener un mínimo de dotación de I+D+i para que esta fundación pudiera transcurrir sin sobresaltos económicos.


Finalmente, la tercera enmienda que queremos resaltar, porque la vamos a apoyar, la ha introducido el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado y ha merecido la aprobación general y que nosotros aquí vamos a apoyar.
Se refiere a una disposición adicional vigésima primera nueva que viene a modificar la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, del régimen de personal del cuerpo de la Guardia Civil. Personalmente me siento satisfecho -también en nombre de Coalición Canaria- de que la idea de la dotación de una plaza de teniente general en la Guardia Civil mi grupo ya la presentó, nada más y nada menos que el 10 de mayo de 1999, cuando se discutió la Ley 42/1999 de régimen de personal del cuerpo de la Guardia Civil, solicitando en esta enmienda que no fue aceptada la creación en la categoría de oficiales generales del cuerpo de la Guardia Civil la figura del teniente general. Curiosamente, el día 8 de noviembre, cuando concurre ante la Comisión de Interior el señor Mesquida, nuevo director general de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, este diputado en nombre de Coalición Canaria le plantea cómo era posible que en la Jefatura del Estado Mayor del Ejército de Tierra, donde no llegan a 70.000 hombres de efectivos, haya más de 200 generales y en la Guardia Civil, con más de 70.000 efectivos, no puedan alcanzar el generalato de tres estrellas. No me contestó nada el mes pasado el director general, pero ahora veo con satisfacción que al menos se ha recogido en el Senado, con esta enmienda que vamos a apoyar que reconoce y crea con esta disposición adicional vigésimo primera nueva a la Ley 42/1999. Desde el prurito de recabar derechos de autor o de colaborador -porque creemos que es de justicia- mi grupo va a apoyar esta enmienda del Senado para que la Benemérita pueda tener a su frente un teniente general.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Le quedan apenas tres minutos.


El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, señorías, intervengo brevemente porque no voy a entrar en el detalle de las nueve enmiendas que vienen del Senado. Son enmiendas que mejoran los presupuestos en términos generales, aunque hay algunas consideraciones respecto a Canarias. Dado que me parece que tenemos acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista en apoyar esas nueve enmiendas, no voy a entrar a detallar las mismas. Lo que sí quiero significar es que los presupuestos que hoy presumiblemente va a ratificar esta Cámara han sufrido una importante transformación a lo largo de su trabajo en ponencia, en Comisión y el paso por el Senado y, así, se aproximan bastante a los acuerdos que en principio tenía mi grupo con el Gobierno y con el Grupo Parlamentario Socialista.


Los grandes objetivos que nos habíamos marcado están plasmados en el presupuesto, es decir, figuran los convenios que dan satisfacción a las demandas de Canarias en carreteras, en infraestructuras hidráulicas y en costas. Se contempla en estos presupuestos la subvención del 50 por ciento de la movilidad de los residentes en Canarias entre las islas y de las islas con el exterior. Se prorroga el PIEC -el Plan integral de empleo de Canarias-, que es uno de los avances importantes logrados en el trabajo en Comisión. Es un tema importante porque tiene que ver con la dotación de infraestructuras educativas para Canarias que se ha visto afectada por el crecimiento poblacional importante a lo largo de los últimos años. Otra partida importante del Plan integral de empleo es para políticas activas del mismo. Por otra parte, se mantienen en el presupuesto los 80 millones de euros destinados a atender servicios esenciales en Canarias desequilibrados por el crecimiento poblacional, básicamente en el sistema canario de salud. Se contempla en los presupuestos, y con carácter general, que el Estado se compromete con la subvención a las infraestructuras del tranvía en Canarias. Ahora en Tenerife está en marcha, pero en el futuro lo estará en Gran Canaria. Es un acuerdo con el Gobierno que parece razonable, tener alternativas al transporte por carretera en las islas mayores del Archipiélago. Se contemplan distintas partidas para mejora de las infraestructuras culturales. Hay una partida de 10 millones de euros -es pequeña pero muy significativa- que apunta en la dirección de la innovación y de las nuevas tecnologías, que es la central eólica en la isla de Hierro, y hay diversas cantidades que

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se contemplan para la mejora de las infraestructuras en las costas del archipiélago canario. Por tanto, hoy vamos a apoyar estos presupuestos.
No son los presupuestos que Canarias necesita, pero es el presupuesto que políticamente es posible en estos momentos. Además de todo ello, es un buen presupuesto, entendemos, para el conjunto del Estado y, por tanto, en la línea de los compromisos iniciales que habíamos adquirido con el Gobierno, mi grupo hoy va a ratificar el presupuesto del Estado para el año 2007.


Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señoras y señores diputados. (Un señor diputado: ¡Bien, Paulino, bien!)

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Rivero.


Iniciativa per Catalunya Verds . Señor Herrera por favor.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds quiere hacer no una valoración de las enmiendas que hemos conseguido en el Senado, sino una valoración global sobre el papel que tiene el Senado en estos presupuestos. Nos vienen más de 300 enmiendas del Senado, con unos precedentes en los que el Senado ha jugado un papel diferente en cada año de esta legislatura. El primer año fue un año de bloqueo, el segundo año fue un año de matiz y este año va más allá del matiz, con más de 300 enmiendas, algunas pactadas con el Grupo Socialista, otras aprobadas con los votos del Grupo Popular y de Convergència i Unió. La pregunta que nos queremos hacer es: ¿para qué sirve el Senado en este escenario, sirve para corregir las políticas del Gobierno o sirve para derrotar como sea, en lo que sea, a cualquier precio las políticas del Gobierno? Puede servir parcialmente para corregir, pero ha servido sobre todo para derrotar como sea y con lo que sea, las políticas del Gobierno.
Ejemplos tenemos muchos. Algunas enmiendas propuestas por Convergència i Unió, que van en contra del discurso y de la política del Partido Popular, se han aprobado en el Senado con los votos del Grupo Popular. La pregunta es: ¿cuál es el papel del Senado, desautorizar al Gobierno o corregir el presupuesto? Yo creo que desautorizar al Gobierno. La primera reflexión que queremos situar es que esa política sobre todo desautoriza al Senado y, por tanto, desautoriza la forma de hacer política. No nos gusta que hoy el Senado no sea un instrumento para defender lo que cada uno defendemos, sino un instrumento exclusivamente de desgaste.


Segunda reflexión. Queremos introducir el papel que juegan algunos grupos en el Senado. Hoy Convergència i Unió juega -legítimamente- un papel a dos manos. No es que juegue un papel de centro o moderado, es que juega un papel de ambidiestro: pacta con el Grupo Socialista determinadas enmiendas, y lo que no, intenta sacarlo con el Grupo Popular. No es el papel del centro, es el papel del ambidiestro, legítimo, no lo critico, pero eso significa que hoy determinados grupos en el Senado acaban convirtiéndose en grupos de lobbismo, legítimos también; los lobbismos o los lobbies pueden ser positivos, negativos en función de la percepción ideológica de cada uno. ¿Qué es lo que acaba pasando? Que existen fuerzas políticas que terminan siendo casi especialistas en la ventanilla única del ejercicio del papel de lobby. Esto es posible seguramente gracias a la habilidad de Convergència i Unió, pero también es posible gracias a que se le permite muchas veces jugar ese papel. Dicho de otra manera, se nos puede pedir a algunos que saquemos las castañas del fuego, pero hay que evitar antes que esas castañas estén en el fuego. Lo que sorprende muchísimo es pactar enmiendas por un volumen equiparable al que pactamos otros grupos parlamentarios y luego decir, oigan, y el resto de enmiendas que han colado ayúdenme a sacarlas. Debería haber, por parte del grupo mayoritario, un ejercicio para que se sepa en definitiva en qué situación estamos. Un escenario de búsqueda de socios en el que se continúa deshojando la margarita -humildemente consideramos que es así-, no creemos que sea el mejor de los escenarios. Y fíjense ustedes, en esa lógica, Convergència i Unió saca adelante enmiendas con el apoyo del Grupo Popular contradictorias con lo que defiende el Grupo Popular; hablamos de los consorcios en el aeropuerto de El Prat, de políticas de peajes con las que el Partido Popular no está de acuerdo, etcétera. Eso es lo que consiguen, legítimamente, legítimamente, pero eso no es de recibo por una razón muy simple, porque eso es contradecir precisamente lo que defendíamos en el Estatut.


El Estatut aprobado en Catalunya decía que necesitábamos de una Comisión bilateral en la que negociasen Estado y Generalitat, que abordase los grandes debates que tenemos hoy en Catalunya. Fíjense lo que hicimos nosotros antes de presupuestos: una moción en materia de ferrocarriles de cercanías y regionales, en la que le decíamos al Gobierno que pusiese en marcha la Comisión bilateral para hacer posible el artículo 169 del Estatut en lo que se refiere a cercanías. Y entendemos que ese atajo, que es un atajo de una enmienda apoyada por el Grupo Parlamentario Popular que seguramente hoy no la apoyará porque es contradictoria con lo que dice, no es de recibo, no es el camino apropiado. Lo que tenemos que reivindicar aquellos que apoyamos el Estatut es defender el Estatut y defender la Comisión bilateral, defender en definitiva el desarrollo estatutario, entender en definitiva que tiene que ser desde el liderazgo de los gobiernos donde se tiene que desencallar ese tema. Por eso le decimos a Convergència i Unió que esa no es la vía, que no es nuestra vía, y particularmente no solo del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de Iniciativa Verds-Esquerra Unida como fuerza de Gobierno que somos en Cataluña. Decimos no, por tanto, al unilateralismo, y entendemos que la hoja de ruta de esos elementos, de

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esos grandes debates, debe liderarla el Gobierno de la Generalitat. Porque si no nos acabaríamos encontrando con que Convergència i Unió capitaliza con el Grupo Parlamentario Socialista lo que pactan con ustedes y les desgastan, también a ustedes, en el territorio con lo que sacan con el Partido Popular. Y nosotros en esa trampa no vamos a caer, en ese juego no vamos a entrar y vamos a decir que no vamos por esa vía. Pero esa actitud exige del Gobierno mayor responsabilidad, y si decíamos hace apenas unos meses que el Gobierno debería poner en marcha la Comisión bilateral para solventar los debates como los que existen en Catalunya en materia de peajes, en materia de cercanías, en materia aeroportuaria, para decir con autoridad que eso tire adelante, lo que el Gobierno debe hacer, desde nuestro humilde punto de vista, es empezar a caminar.
Porque, si no, al final no es que digamos que no a esas enmiendas o que nos abstengamos ante esas enmiendas, es que entraremos todos en una carrera para ver quién consigue los peajes, las cercanías o la gestión desde Catalunya del aeropuerto de El Prat. Aquí existe un doble compromiso de responsabilidad que también atañe al Gobierno. Por tanto, desde nuestro grupo parlamentario mantendremos esta actitud, siempre y cuando el Gobierno mueva pieza.


Por último, la tercera reflexión -la primera la situaba respecto al papel del Senado y al papel que juega en el Senado el Grupo Popular; la segunda sobre las enmiendas de Convergència i Unió- se refiere a muchas de las enmiendas que se han introducido. El Grupo Socialista ha introducido 65 enmiendas en el Senado; no está mal. La conclusión es muy sencilla: o los ministerios no han hecho bien el presupuesto o necesitaban incluso una tercera fase de enmiendas o necesitaban 65 oportunidades para superar los puentes que había cerrado Solbes -quizá sea eso- y nosotros entendemos que eso tampoco va bien para el Senado. No va bien para el Senado hacer una tercera lectura de aquello en lo que no se ha podido entrar, primero en el Gobierno y después en el Congreso. No es normal, compartirán ustedes conmigo, que vengan 65 enmiendas del Grupo Socialista. Tengo algunas preguntas: ¿Es una prioridad la de los beneficios fiscales para el Año Jubilar Guadalupense? No lo es. ¿Es normal que se cree el empleo de teniente general de la Guardia Civil?, ¿no tiene eso algo de ley de acompañamiento? Nosotros entendemos que sí y, por tanto, lo que decimos es que debería haber una actitud responsable a la hora de no hacer del Senado una tercera oportunidad para intentar meter lo que no hemos podido introducir anteriormente. Debe existir, por tanto, una responsabilidad, en este caso del Grupo Socialista, para no hacer del Senado esa Cámara de tercera revisión de aquello que nos hemos olvidado. Entendemos nosotros, también humildemente, que no es esa precisamente la función que debe jugar el Senado y que en esta tercera vuelta lo que está claro es que dicha Cámara no cumple su función. Esto nos lleva a una conclusión, simple y llana: lo que tenemos que hacer, más urgente que nunca, es reformar el Senado para que también en materias como esta, en presupuestos, realice el papel que le toca.


Por todo ello, vamos a continuar con esa actitud que hemos mantenido en todo este desarrollo presupuestario: apoyar aquellas enmiendas que consideremos oportunas; no entrar en un juego de carreras; decirle al Gobierno que debe cumplir con los compromisos para dejar esas carreras que no llevan a ningún lado y, en definitiva, que vamos a apoyar aquellas enmiendas positivas, que significan un avance, pero no vamos a caer en esa carrera de lobbismo que creemos que no nos conduce a ningún lado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, muy brevemente porque sobre el tema del presupuesto ya se ha dicho casi todo y tampoco creo que merezca la pena hacer elucubraciones de otra índole. Con esta votación, insisto, finaliza el trámite de aprobación definitiva de los presupuestos del Estado para el año 2007. Tenemos que recordar que nuestro grupo presentó en el mes de octubre una enmienda a la totalidad, que posteriormente retiramos en la propia intervención del debate, porque habíamos llegado a un acuerdo satisfactorio con el Grupo Socialista. Esto no quería decir que estuviéramos de acuerdo con los presupuestos puesto que, en nuestra opinión, dos de las cuestiones que ya denunciamos en el propio debate, que eran la ausencia de inversiones en Euskadi y la pendiente reforma del gasto público, son defectos estructurales, que presupuesto tras presupuesto venimos observando, que esperamos que en un futuro se vayan resolviendo, que entendemos que no se pueden resolver de la noche a la mañana, pero que tampoco en este sentido se están dando pasos. Sin embargo, entendimos que el acuerdo era positivo, que era satisfactorio para Euskadi y tras retirar la enmienda a la totalidad, procedimos a apoyar las cuentas públicas del Estado.


No fue fácil el acuerdo, nunca es fácil con el Partido Socialista, al menos esa es mi experiencia, pero una vez conseguido el acuerdo, el Grupo Vasco va a cumplir y cumple con su parte de compromiso, al igual que el Grupo Socialista también lo está haciendo. Mostramos una satisfacción contenida con estos presupuestos. El acuerdo de esta manera permitirá, entre otras cosas, impulsar una serie de proyectos básicos en materia de I+D+i en Euskadi, a la par que otras iniciativas cuantitativamente menores, pero que son también de gran importancia por el impacto local de las mismas. Así, nuestro grupo parlamentario impulsó 33 proyectos a través de 33 enmiendas, más de 71 millones de euros, a los que hay que añadir 12 proyectos por importe de algo más de 6.500.000 de euros en el Senado. Además, son proyectos que con mayor o menor intensidad se van a

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dejar ver tanto en Araba como en Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa. En Nafarroa concretamente hay cinco proyectos de los que estamos realmente satisfechos. Siguiendo con el compromiso adoptado con el Grupo Socialista, vamos a votar a favor de las enmiendas pactadas y presentadas conjuntamente por nuestro grupo parlamentario y el Grupo Socialista en el Senado. De igual manera, votaremos también favorablemente aquellas enmiendas que han sido pactadas entre el Grupo Socialista y otros grupos de la Cámara. Lógicamente, en coherencia, y según nuestro compromiso adoptado en el acuerdo, votaremos en contra del resto de las enmiendas, tal y como nos hemos comprometido con el Grupo Socialista.


Dado que nos encontramos en una época navideña, quiero desde el Grupo Vasco desearles Feliz Navidad.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.


Corresponde el turno al señor Puig de Esquerra Republicana.


El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.


Los Presupuestos Generales del Estado siguen una línea que en materia de política económica son en buena parte coincidentes con los que propugna Esquerra Republicana y no solo eso, sino que nuestro grupo parlamentario fue parte importante del giro a la izquierda de la política del Gobierno.
Nuestra fue la propuesta del Fondo de atención a la Inmigración -por cierto, que la cifra inicial casi no aumentaba- o la creación del Fondo a la Dependencia, que fue la antesala de la recién aprobada Ley de la Autonomía Personal. Nuestras también fueron las iniciativas destinadas a la productividad y a la mejora para las pequeñas y medianas empresas como el aumento sustancial en I+D, aumento del gasto educativo, en definitiva, invertir en capital humano, y aumento del gasto en políticas sociales, que no únicamente son necesarias para avanzar hacia una sociedad con una mayor igualdad de oportunidades entre nuestros conciudadanos, sino que también son una apuesta a favor de la competitividad, en la medida en que se avanza hacia una sociedad más cohesionada.


Nuestra coincidencia en materia de política económica no significa que continuemos siendo igualmente críticos en lo referente al capítulo de inversiones. No olvidemos que estos presupuestos incumplen en su primer año de vigencia el nuevo Estatut de Catalunya, siguen sin cumplir la ley, la del Estatut, al igual que tampoco cumplen la financiación aprobada en su día en el Estatut del País Valenciano aprobado por el Grupo Popular y por el Grupo Socialista. Por ese motivo presentamos en su momento una enmienda a la totalidad, enmienda que defendimos en su día. En su trámite en el Congreso presentamos más de 500 enmiendas de inversión, principalmente para dar cumplimiento al Estatut de Catalunya. Algunas de ellas fueron aprobadas, se incorporaron a los presupuestos y dicho acuerdo nos permitió que nuestro grupo parlamentario se abstuviese en la mayoría de secciones, pero mantuvimos el voto contrario a una sección significativa, la sección 15 del Ministerio de Hacienda y Economía, en definitiva el responsable del mal cálculo, según nuestro entender, de la aplicación de la adicional tercera del Estatuto de Catalunya, que establecía que en inversión ascendiese al 18,8 por ciento del total.
Prueba de este incumplimiento que contienen los Presupuestos Generales del Estado fue la ceremonia de confusión de las cifras que se produjo el día de la presentación de estos presupuestos en este Parlamento, discrepancias entre el ministro Solbes y discrepancias entre el conseller de Economia de la Generalitat, Antonio Castells, en las cifras que dijeron que había para inversiones en Cataluña. Y la disconformidad no la defendía solo nuestro partido, sino que tanto Convergència i Unió como Iniciativa per Catalunya y la propia Cámara de Comercio de Barcelona, coincidieron en un diferencial negativo que se acercaba a casi 900 millones de euros entre el presupuesto inicial y el cálculo real de la adicional tercera.


Aunque se haya pretendido ocultar, a veces con ciertos malabarismos contables y de contabilidad creativa, lo cierto es que la participación de Catalunya en el total de inversiones del Estado no se corresponde con su participación en la renta estatal. Recordemos que, tal y como afirma el Fondo Monetario Internacional, tan importantes son las infraestructuras medioambientales y de transporte como las tecnológicas o las de carácter social. La situación es ciertamente preocupante, porque no únicamente se incumple este precepto estatutario, sino que el porcentaje total de inversión que recibía Catalunya en el presupuesto inicial era inferior al del año anterior. Con las enmiendas incorporadas de los diferentes grupos parlamentarios se produce una ligera mejoría, pero que queda lejos de la opinión de la mayoría de los partidos políticos en sus inicios.


Esta situación tendría que servir para la reflexión, sobre todo para los partidos políticos catalanes. Nuestra desunión, como ya advertíamos en su momento, nos ha llevado a la situación actual. Seguimos discutiendo de metodología, lamentablemente, pero cuando no tienes la llave de la caja, tienes las de perder. No sucede lo mismo con aquellas comunidades forales, que tienen la llave de la caja y tienen las de ganar respecto al Gobierno del Estado. El Estatut, del 30 de septiembre, aprobado por la mayoría de los partidos catalanes, iba en ese sentido, establecía un modelo clarificador de financiación que situaba las cosas de manera mucho más solidaria que actualmente. Unos se dejaron engañar -el señor Mas en la Moncloa- y otros practicaron el engaño -el señor Rodríguez Zapatero-, incumpliendo su promesa de aprobar el Estatuto aprobado por el Parlament de Catalunya. Juntos hubiésemos evitado estar hoy aquí discutiendo de metodología. Esperemos que la futura Comisión mixta Generalitat-Gobierno central sirva para clarificar en el futuro cálculo la adicional tercera, ya que en ese sentido el portavoz de Convergència i Unió retiró

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la enmienda a la totalidad por un compromiso supuesto del señor Solbes de reformular el cálculo de la adicional tercera. Felicitamos al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por si esta vez no nos han vuelto a engañar. Esperemos que sea cierto y que el modelo cambie; eso fue lo que hizo el señor Duran en esta Cámara.


Nos parece bien que el ministro Solbes sea un ministro ahorrador, siguiendo una de las características que se dice de los catalanes. Lo que no vemos del todo claro es que el objetivo de superávit presupuestario se convierta en un dogma de fe. Es evidente que es necesario, especialmente en períodos de bonanza, un presupuesto equilibrado y con cierto margen, pero resulta paradójico que un Estado con un evidente déficit de capital público, en comparación con el resto de miembros de la Unión Europea, no aproveche este margen presupuestario para impulsar un aumento más significativo de la inversión. Un superávit presupuestario calculado para este año en el 1,4 por ciento del PIB, entre 8.000 y 10.000 millones de euros -de los mayores de la historia-, nos tendría que haber permitido realizar unos presupuestos mucho más inversores, y aún más socialmente. A pesar de las mejoras producidas a lo largo de esta legislatura, con una importante aportación de nuestro grupo parlamentario -Fondo de Inmigración, Fondo de Dependencia, mejora de las pensiones y del salario mínimo-, seguimos estando a mucha distancia de los países europeos. Si queremos ser un país de primera, también hemos de ser primeros en bienestar. Es difícil entender que se nos pidan esfuerzos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y que el Estado llegue a final de año con un superávit récord. Por ello, valoramos positivamente una enmienda de Convergència i Unió en ese sentido, en el de mejorar la financiación en función del superávit del Estado. Son enmiendas que van en el mismo sentido que algunas que presentó nuestro grupo parlamentario para garantizar el cumplimiento de las inversiones, y que evitan casos como los producidos en mandatos anteriores de manera que cada cuatro presupuestos al Estado le sale uno gratis.


Respecto a las enmiendas aprobadas en el Senado, paso a realizar unas pequeñas valoraciones. En primer lugar, valoramos positivamente aquellas enmiendas presentadas por la Entesa en el Senado, que fueron aprobadas y que significan una serie de mejoras de inversiones en Catalunya.
Igualmente, votaremos a favor de aquellas enmiendas que le fueron aprobadas a Convergència i Unió y a Iniciativa per Catalunya por el grupo de la mayoría, que en definitiva suponían un aumento de mejoras para nuestro país, con las que ideológicamente coincidimos y que, por tanto, serán bienvenidas por parte de nuestro parlamentario. En cuanto a las enmiendas del Senado que quisiera comentar, voy a referirme a aquellas que mi grupo parlamentario va a votar a favor. Son enmiendas que van en la línea de nuestras propuestas, por ejemplo, sobre el tema de los peajes. Nuestro partido ha defendido una política de peajes más solidaria, y hemos apostado por iniciativas en este sentido. Nuestra también ha sido la enmienda de creación de un fondo de peajes en el presupuesto actual y que el Gobierno no ha cumplido. Por lo tanto, tenemos aún más motivos para votar favorablemente la enmienda de Convergència i Unió. Igualmente, aprobaremos otras enmiendas de eliminación total o parcial de barreras del peaje, como en Martorell o en Mataró, que propone Convergència i Unió. El ayuntamiento de Vilafranca del Penedès nos ha hecho llegar a todos los grupos una moción, aprobada por unanimidad de todos los partidos -Partido Popular y Partido Socialista incluidos, con alcalde del Partido Socialista-, donde nos piden que apoyemos la enmienda de Convergència i Unió. Como escuchamos a los ayuntamientos, votaremos la enmienda que pide levantar el peaje de Martorell, porque nos lo piden nuestros ayuntamientos por unanimidad, y vamos a ser coherentes con esta enmienda.


También votaremos a favor la enmienda 1399 del Grupo Popular, que pide una subvención para un peaje del País Valenciano, en Castellón. Es una enmienda del Partido Popular coherente con nuestras propuestas, y por eso la vamos a votar favorablemente.


Nuestro voto también va a ser favorable en otra serie de enmiendas, que coinciden con las presentadas por nosotros en otras ocasiones, que incluso han sido aprobadas por el Gobierno, por el partido de la mayoría, lo que nos da más razón, porque siguen sin cumplirse. Por lo tanto, vamos a votar a favor de aquellas enmiendas coherentes con nuestros principios.


Votaremos en contra de aquellas enmiendas aprobadas en el Senado que son contrarias a nuestra coherencia, y nos abstendremos en otro grupo de enmiendas con las que podemos estar plenamente de acuerdo, pero que serían contradictorias con temas en los cuales hemos llegado a acuerdos con el Gobierno.


En cuanto a las enmiendas del Grupo Socialista, en algunas de ellas coincidiría con el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en que no es prioritario en este momento introducirlas en el Senado.


En definitiva, nuestra actitud en estos presupuestos ha sido de coherencia y de responsabilidad. Empezamos con un total desencuentro, aunque no por voluntad nuestra. Iniciamos un primer encuentro en el trámite presupuestario que nos permitió abstenernos en la mayoría de secciones, y seguimos con otro pequeño encuentro en el Senado que nos permitió retirar las enmiendas pactadas, para evitar cualquier tipo de pinza con el Grupo Popular: que por montar el lío el Partido Popular, nos votase, si hiciese falta, el derecho a la secesión. No lo permitimos.


Hasta aquí nuestro acuerdo con el PSOE. Ahora bien, el Grupo Socialista no nos puede pedir que votemos en contra de nuestros principios ni de nuestra coherencia y responsabilidad. Sí, coherencia. Pero no vamos a poner la otra mejilla; hemos puesto una, no vamos a poner las dos.
Nosotros no vamos a limpiar aquellas enmiendas que coinciden con nuestros principios. Lo hemos dicho

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varias veces en esta Cámara: No seremos nosotros quienes le digamos al Grupo Popular lo que tiene que hacer. Si un día el Grupo Popular vota a favor de nuestras enmiendas, vota a favor de nuestro derecho a la secesión, no seremos nosotros quienes lo impidamos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.


Grupo Parlamentario Catalán (CIU). Tiene la palabra el señor Vilajoana.


El señor VILAJOANA ROVIRA: Muchas gracias, presidente.


Señorías, estamos en el último trámite de la que es sin duda la ley más importante que cada año se aprueba en estas Cortes Generales, los Presupuestos Generales del Estado. Han sido dos meses de un debate largo, desde el Grupo de Convergència i Unió hemos mantenido una línea coherente, que vamos a continuar, y agradecemos las palabras y las recomendaciones del señor Herrera, pero repito que Convergència i Unió ha tenido el debate, la línea y el comportamiento que debía tener frente a unos presupuestos con los que, ya desde el primer día, dijimos que discrepábamos en dos aspectos fundamentales. En un contexto de superávit claro y potente, que se acercará a los 10.000 millones de euros en 2006, no tenía sentido que estos presupuestos, en primer lugar, no cumplieran con el mandato que da el Estatut de Catalunya, en su disposición adicional, para exigir que el Estado invierta durante siete años en Cataluña en infraestructuras el equivalente de su aportación al PIB nacional, en este caso concreto el 18,5 por ciento. Entendemos que estos presupuestos no cumplen este principio. En segundo lugar, también entendíamos que este contexto de claro superávit era una gran oportunidad para hacer mayores y mejores inversiones en políticas sociales -y en esto compartíamos criterio con el señor Herrera-, en mejora de pensiones, en el tema de la dependencia, en educación y en un conjunto de áreas, y en esa dirección van nuestras enmiendas.


Estamos satisfechos de las mejoras que nuestro grupo ha conseguido, tanto en el Congreso como recientemente en el Senado, que esperamos confirmar en la votación que hoy se va a celebrar. Estamos satisfechos de haber llegado a acuerdos con el Gobierno -y el señor Puig lo recordaba hace un momento- y de aprobar una enmienda en la que se compromete a sentarse con el Gobierno de la Generalitat para fijar qué entendemos por infraestructuras -algo en lo que existía desacuerdo-. Nosotros entendemos que infraestructuras no solo son las inversiones que se hacen en fomento y en medio ambiente, sino las que se hacen en terrenos como la cultura -infraestructuras culturales-, la agricultura -y hay enmiendas que votaremos en esta línea-, la tecnología, etcétera. Estamos satisfechos, repito, porque en el Congreso se consiguió, a través de este acuerdo con el Gobierno, un montante total de unos 90 millones de euros de mejora presupuestaria, y en el Senado, con acuerdos firmados con el Gobierno pero también con otros grupos de este Parlamento, se han aprobado 114 enmiendas, 44 al articulado y 70 a las distintas secciones. Es algo positivo, porque supondría una mejora de las inversiones en Cataluña que se acercarían a los 1.000 millones de euros.


De las enmiendas aprobadas al articulado queremos hacer especial hincapié en una que permite el incremento de las pensiones mínimas para las personas viudas menores de 60 años con cargas familiares. Con la enmienda transaccional aprobada estas pensiones pasan de 5.100 euros a 6.800 euros anuales, es decir, un incremento de 1.700 euros, un 33 por ciento, que nos parece importante porque está específicamente aplicado a uno de los colectivos que hasta el momento mantiene una de las pensiones más reducidas del sistema de pensiones de este país.


De las enmiendas aprobadas con otros grupos, no el del Gobierno, quiero destacar doce de ellas destinadas a dar cumplimiento a lo que establece la LOE, y a mejorar por tanto los conciertos educativos. Un segundo grupo de enmiendas tiene carácter fiscal y está destinado a eliminar el incremento previsto en el proyecto de ley sobre las tasas aeroportuarias, así como la corrección de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, con las bonificaciones y deducciones a las que tiene derecho el sujeto pasivo.


Desde la perspectiva social me gustaría destacar cinco enmiendas especialmente relevantes. La primera se refiere a la obligación del Estado de complementar la financiación del nuevo sistema de dependencia con el superávit que prevé obtener la Administración del Estado en el ejercicio 2006. Quiero destacar que la financiación del nuevo sistema de dependencia es uno de los aspectos más débiles de la nueva ley, ya que como mínimo el 50 por ciento de los recursos deben ser aportados por las comunidades autónomas, sin haberse arbitrado una compensación para garantizar la existencia de dichos recursos. Es decir, lo que hemos llamado lealtad institucional en esta ley no se cumple, y ya fue denunciado por el señor Campuzano en el debate correspondiente; pero entendemos razonable -en un año en el que hay previsto un superávit de cerca de 10.000 millones- dedicar 400 millones de euros a las comunidades autónomas para esta Ley de Dependencia. Esto es lo que busca la enmienda 3540, aprobada con otros grupos parlamentarios, no el del Gobierno.


Otra enmienda, la 3661, propone la creación de un fondo de financiación compensatorio de los gastos sanitarios vinculados al incremento de la población inmigrada, junto con la dotación, como crédito ampliable, al fondo para la integración de los inmigrantes. Una tercera enmienda pretende incrementar la inversión pública del Estado en políticas de desarrollo rural, con el fin de compensar el descenso de la llegada de fondos europeos para el próximo periodo 2007-2013. Esta es una reivindicación que los sindicatos agrarios están realizando, que entendemos que ha de tener claramente nuestro

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apoyo, y tendría que tenerlo del conjunto de esta Cámara. Otro aspecto en esta línea social es proponer el retraso de los 50 a los 55 años de edad para que el trabajador autónomo pueda escoger la base de cotización que posteriormente le pueda permitir percibir una pensión mayor en su jubilación; es decir, retrasar la decisión de los 50 a los 55 años.


Finalmente hay un conjunto de enmiendas -y el señor Herrera ha aludido claramente a ellas- que entendemos que tienen una gran trascendencia.
Estamos satisfechos de haberlas presentado, y esperamos una reflexión de todos los grupos sobre ciertos temas que han estado sobre la mesa en esta Cámara durante los últimos años. En primer lugar, la dotación de un fondo para la reducción de los peajes de las autopistas, con el fin de mejorar la movilidad y homogeneizarlos en el conjunto del territorio. Aquí, como decía antes el señor Puig, tenemos una serie de peajes troncales para los que pide su eliminación el conjunto de fuerzas de los ayuntamientos, donde están representados todos los grupos de esta Cámara: Iniciativa, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Convergència i Unió y Partido Popular. Por ello en estas enmiendas pedimos sobre todo una reflexión, porque creemos que es una oportunidad. Estos presupuestos permitirían hacer un esfuerzo claro en la línea que solicitamos en este aspecto.


Finalmente nosotros creemos importante no solamente invertir en infraestructuras, sino también -como se ha demostrado recientemente que es fundamental- en conseguir el traspaso de la gestión de esas infraestructuras. Aquí tenemos unas enmiendas que piden dos cosas -y en ellas hemos tenido el apoyo del Partido Popular, cosa que agradecemos claramente-: Una, la creación del consorcio del aeropuerto de Barcelona, con participación decisiva de la Generalitat y de las instituciones públicas y privadas catalanas, así como la desclasificación de los aeropuertos de Reus, Girona y Sabadell, con el fin de que pasen a depender de la Generalitat de Catalunya.


Otra enmienda que nos parece importantísima es la 3537, en la que se insta al Gobierno a iniciar los trámites para la transferencia a la Generalitat de los servicios de cercanías de Renfe. Aquí, señor Herrera, con toda claridad, entendemos que el Gobierno lo podía haber hecho, lo puede hacer, pero, si nosotros conseguimos en esta Cámara, con el apoyo de la misma, estas transferencias, habremos hecho un gran servicio a nuestro país, a la política, y a lo que creemos que debe ser una gestión parlamentaria adecuada, y por ello nuestro grupo estaría muy satisfecho de que se pudiera conseguir en el trámite en el que estamos hoy.


Señoras y señores diputados, reiterando nuestra voluntad, solicitamos a los grupos de esta Cámara que reflexionen sobre la gran oportunidad que tenemos en el día de hoy -y lo veremos en la votación que haremos en una hora- para conseguir elementos que el país necesita, que ha solicitado, que muchos diputados de esta Cámara compartimos, y que hoy queden resueltos ciertos temas pendientes de una forma clara, beneficiando claramente a Cataluña, y no perjudicando en absoluto al Estado español.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Delgado.


El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular supliendo a mi compañera, portavoz de presupuestos, Fátima Báñez, que, como diputada por la circunscripción de Huelva, ha regresado allí para asistir a los actos fúnebres con motivo del trágico accidente en el que han perdido la vida cuatro personas y con más de 35 heridos.


Debatimos la ley que se dice más trascendente de cada período de sesiones, la Ley de Presupuestos Generales para 2007. Con relación a este proyecto de ley, el Senado ha aprobado un conjunto de enmiendas que hoy han de someterse a la aprobación de esta Cámara, para así tener un texto definitivo. Señorías, en los últimos años nuestra economía está muy desequilibrada, en primer lugar, por una inflación elevada y persistente que supera las tasas de crecimiento del PIB, y que está claramente por encima de la de nuestro entorno europeo, con la consiguiente pérdida de competitividad. España tiene un grave y acuciante problema de competitividad exterior, y este deterioro está frenando su capacidad de cuota de ganancia en el mercado internacional. En segundo lugar, son excesivos los déficit de la balanza exterior que desde el año 2003 han multiplicado por tres nuestra necesidad de financiación con el resto del mundo, hasta alcanzar hoy más del 7,5 por ciento del PIB. Tenemos el déficit exterior más alto del mundo.


Aunque ahora el Gobierno no tiene, afortunadamente, la posibilidad de devaluar la moneda para compensar la pérdida de competitividad acumulada, como ocurría con lamentable frecuencia antes del euro, sí podría acometer reformas estructurales en los mercados para mejorar las condiciones de la competencia, para recuperar la competitividad exterior perdida. Pero eso tampoco lo hace. Sin devaluaciones ni reformas estructurales ya solo queda la política presupuestaria, el último instrumento de gestión de la demanda que le queda al Gobierno. Una política presupuestaria que debe utilizarse para aliviar algo la presión de la demanda interior sobre las importaciones. Si el Gobierno socialista quisiera reequilibrar la carga de este navío y prolongar la actual singladura de crecimiento, lo ranozable es que hubiera propuesto a las Cortes unos presupuestos generales del Estado que defendieran la estabilidad. No lo ha hecho. Por el contrario, los Presupuestos Generales para el 2007 del Gobierno de Rodríguez Zapatero tampoco dan la necesaria prioridad a la corrección de los desequilibrios que padece nuestra economía. Son insolidarios y desde luego no son presupuestos sociales. Con un crecimiento del

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gasto tan elevado, el Gobierno contribuye a alimentar tensiones inflacionistas en lugar de aliviarlas, en un año además que no se presenta nada fácil para las familias de rentas medias y bajas, que están sufriendo la subida del precio de las hipotecas, de la energía y de los productos de la cesta de la compra. Tenemos el nivel de endeudamiento de las familias más alto de nuestra historia. Los presupuestos generan inflación y encarecen la cesta de la compra de todos los españoles.


El Gobierno del señor Rodríguez Zapatero ha dejado pasar, una vez más, la oportunidad de reforzar la estabilidad de nuestra economía con un objetivo presupuestario mucho más exigente. El superávit debería apuntar ya por encima del 3 por ciento del PIB, en lugar del 0,7 por ciento previsto. Todo ello conduce a un aumento adicional de la presión fiscal, que violenta la promesa solemne del presidente del Gobierno en el discurso de investidura, sin que puedan evitarlo las tímidas reformas tributarias que se han emprendido. Hay que tener en cuenta que la verdadera contribución del presupuesto a la estabilidad a largo plazo de la economía se consigue más por la rigurosa gestión del gasto que por los mayores ingresos. No se trata tanto de ingresar más, sino de gastar mejor y, sobre todo, de gastar también menos. Por otra parte, en estos presupuestos socialistas se ha evidenciado de una manera clara una selva de compromisos bilaterales y de agravios comparativos a costa de mayores aportaciones del Estado, con la consiguiente dificultad para cumplir la política general de inversiones que cubra las necesidades comunes del conjunto del Estado.


Señorías, en el Senado han sido incorporadas un total de 356 enmiendas de todos los grupos parlamentarios, de las que 112 han sido propuestas por el Grupo Parlamentario Popular. Dentro de las admitidas en el Senado, y en cuanto a las relativas al articulado, nos referiremos a las enmiendas al artículo 16, que han sido aprobadas para dar cumplimiento muchas de ellas a las previsiones de la Ley Orgánica de la Educación. Un ejemplo sería la 881, que pretende la mejora de la dotación de orientadores en secundaria, y la extensión a la educación infantil primaria y al bachillerato. O la 887, que pretende incrementar la dotación a los centros de los recursos necesarios para atender a alumnos con necesidades específicas.


Por lo que se refiere al bloque de enmiendas a las disposiciones adicionales, queremos resaltar la 948, que fue admitida, y que obliga al Gobierno a suscribir un convenio con las comunidades autónomas para incrementar en 200 millones de euros el programa de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, para que todos los ciudadanos tengan acceso a la sanidad, a los servicios de asistencia sanitaria, con independencia del lugar en el que vivan. La enmienda 949, admitida, pretende incrementar la dotación del fondo de asistencia sanitaria, del fondo de cohesión, para financiar la asistencia sanitaria de desplazados, el uso tutelado de las nuevas tecnologías, los planes integrales de la salud, etcétera. La enmienda 967 crea un fondo adicional destinado a compensar a las entidades locales y consorcios por los daños materiales que se producen como consecuencia de su participación en la extinción de los incendios en el medio natural, y quien les habla, diputado gallego, sabe de qué estamos hablando. A través de la enmienda 980 se formuló una redacción a la disposición adicional nueva, de modo que el Gobierno de la nación en el plazo de tres meses desarrolle reglamentariamente la disposición adicional cuarta de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, que busca proteger a la clientela en relación con la comercialización de determinados bienes tangibles; así podríamos evitar nuevos episodios como los de Fórum y Afinsa.


Por lo que se refiere a las enmiendas admitidas a estas secciones, me referiré a las de la sección 12; por ejemplo, la enmienda 1054 sobre el fomento de la utilización de programas y proyectos de codesarrollo, para alentar el regreso de los inmigrantes a sus países de origen; la enmienda 1065, destinando más recursos, 10 millones de euros, a la lucha contra el sida y la malaria, o la 1064 para potenciar los microcréditos como instrumento de lucha contra la pobreza. También ha sido admitida una enmienda, en la sección 16, del Ministerio del Interior, que dota con un millón de euros un plan plurianual de sustitución de los guardarraíles en las carreteras, un tema que está ocupando en estos momentos la actualidad en nuestro país.


En la sección 17 mucho lamentamos, señorías, que no hayan sido admitidas las muchas enmiendas que hemos presentado desde nuestro grupo parlamentario en materia de infraestructuras. Son muchos los territorios de España que han quedado agraviados como consecuencia del recorte clarísimo que se ha producido en el ámbito de las infraestructuras, y solo me referiré a la Comunidad Autónoma de Galicia, donde ni mucho menos en el Senado se han colmado las aspiraciones que tiene nuestra comunidad.
El Plan Galicia ha quedado tocado de muerte, y ni Lubia ni Ourense tendrán una comunicación y una dotación hasta el año 2020. Por eso es lamentable escuchar palabras de autosatisfacción con algo que discrimina tanto a esa comunidad autónoma.


En la sección 18 pedimos el mantenimiento de la enmienda número 1829, que establece transferencias a las comunidades autónomas para educación infantil de 0 a 3 años; o la 1821, de formación del personal investigador. Hay otras enmiendas importantes en la sección 19, para desarrollar políticas de conciliación de la vida laboral y familiar; o la 1856, que ha sido admitida, que propone un programa para los autónomos.


Señorías, queremos hacer unos comentarios sobre la sección 26, en la que fueron admitidas enmiendas como la 2800, sobre la implantación del Plan nacional de salud bucodental, o la 2818, sobre investigación en enfermedades raras y medicamentos huérfanos. Haré un comentario sobre una enmienda admitida del Grupo Parlamentario Socialista, la número 3608, que modifica la Ley de Presupuestos Generales del año 2006, y que nos parece

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muy criticable, porque introduce una nueva regulación que hace más permisivo el juego por Internet, en un marco todavía no controlado, que perjudica a los otros juegos legales y que desde luego puede estimular claramente las ludopatías.


Señorías, como conclusión diré que hace muy pocos días, el martes 12 de diciembre, la Comisión Europea publicó las evaluaciones del Plan nacional de reformas de los Estados miembros, donde considera que los objetivos inmediatos de la economía española son reducir los desequilibrios externos, la creación de más empleo, y el aumento de la productividad. La Comisión Europea ha advertido que el ritmo de acumulación de la deuda exterior en España, en Grecia y en Portugal resulta insostenible a largo plazo, y que estos tres países de la eurozona deberán llevar a cabo en algún momento un recorte sustancial de sus déficit por cuenta corriente.
Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado para 2007 del Gobierno socialista no dan respuesta a estos desequilibrios que están escorando nuestra economía y, por tanto, que no están ayudando a prolongar el ciclo de crecimiento que llevamos viviendo desde hace once años. Admitan al menos, señorías, las enmiendas de nuestro grupo parlamentario. Saben ustedes que muchas de ellas contribuirán a mejorar el texto final.


Permítanme que en nombre propio y en el de mi grupo les deseemos a todos ustedes unas muy felices navidades.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Delgado.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señorías, la economía española va bastante bien y eso no es producto de la casualidad, no es magia, no cae del cielo. Fundamentalmente se debe a que hay una gestión eficaz, un gobierno eficaz, un gobierno que plantea una política rigurosa, y un conjunto de reformas que van en la dirección que exigen la economía española y los ciudadanos. Más crecimiento económico -eso está ahí-, más gasto productivo, más gasto social, menos impuestos, más superávit público que anteriormente, y menos deuda. Todo ello es posible fundamentalmente porque hay una buena gestión. El secreto es la buena gestión, un gobierno riguroso, y estos presupuestos responden a esa idea de buena gestión del Gobierno socialista.


En definitiva, ¿qué ponen de manifiesto estos presupuestos, que son los más apoyados políticamente de toda la legislatura? Prácticamente todos los grupos parlamentarios apoyan estos presupuestos, menos el Grupo Popular. Estos presupuestos -decía anteriormente- van en la dirección de lo que exigen la sociedad, desde el punto de vista económico, y las familias. Voy a dar solo algunos datos. Las becas crecen en este presupuesto un 20 por ciento. (El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.) En vivienda, señor Pujalte, las ayudas a las familias crecen a una tasa del 15 por ciento. Y el gasto en pensiones crece un 9 por ciento. Por tanto, un presupuesto para las familias, un presupuesto social que responde a lo que necesita la gente.


Se doblan, señorías, los recursos destinados a I+D+i en relación con los recursos que el presupuesto destinaba en 2004. Se doblan. No se incrementan un 5, un 6 o un 10 por ciento, no, se doblan en relación con lo que destinaba a I+D+i el presupuesto en el año 2004. Por tanto, van en la dirección correcta, con más superávit que el año anterior. Bajan el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre la Renta, y además en el marco de un plan nacional de reformas. Decía el portavoz del Grupo Popular que se necesitaban reformas. ¿Cuáles? ¿Las que hizo el Partido Popular? El Partido Popular no planteó un plan de reformas, un plan de modernización. Ahora estos presupuestos se enmarcan en el Plan nacional de reformas y de modernización, y además de cohesión territorial. Decía el portavoz del Grupo Popular que por ejemplo Galicia salía maltratada.
Por primera vez los recursos destinados a Galicia están por encima de la media española. No entiendo, pues, qué presupuestos lee usted. Es más, la licitación en Galicia ahora supone el doble de lo que participa Galicia en el conjunto de la economía española. Por tanto, no lo entiendo, y no sé qué números estudia usted sobre cohesión social y territorial.


En cuanto al crecimiento, más crecimiento: el 3,8 por ciento; la tasa mayor en cinco años. Tasa de paro: la tasa de paro menor en los últimos 27 años. Inflación: el último dato interanual del mes de noviembre es el más bajo desde el año 1998. Aportación exterior y pérdida de competitividad, de la que hablaba usted: ahora mismo el sector exterior está aportando más al crecimiento económico que hace unos años. Por tanto, son unos presupuestos que van en la buena dirección.


Decía el portavoz del Grupo Popular que son unos presupuestos expansivos, con mucho gasto público, y que eso va contra la inflación y contra los intereses de la política económica. El Partido Popular dice que hay que hacer lo que dicen, pero que no tenemos que hacer lo que hacen en las comunidades autónomas donde gobiernan. ¿A qué tasa crece el presupuesto en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular? ¿Al 13, 14 ó 15 por ciento? Eso supone estar muy por encima del crecimiento nominal de la economía, ¿verdad, señor portavoz del Partido Popular? Es decir, hagan lo que decimos, pero no hagan lo que hacemos nosotros cuando gobernamos, porque el crecimiento de los presupuestos en todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular no baja de los dos dígitos. Añade el portavoz del Grupo Popular: Más gasto público es malo para la inflación y para la competitividad de la economía española.
Sin embargo, presentan un conjunto de enmiendas en el Senado que, evidentemente, va contra esa tesis del Grupo Popular. Ustedes han apoyado

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enmiendas en el Senado, que finalmente se han aprobado, por valor de 3.000 millones de euros. Ustedes solos en el Senado han presentado enmiendas por valor de 6.000 millones de euros. Finalmente, han apoyado enmiendas que han salido adelante por valor de 3.000 millones de euros. ¿Eso va contra la economía española, contra la inflación? Tengan un poco de coherencia Y de sentido común. Eso supone más gasto público, más crecimiento del gasto público en relación con el crecimiento de la economía y va, según su tesis, contra la lógica que ha expuesto anteriormente.


Nos dice el portavoz del Grupo Popular esta mañana que el superávit de las cuentas públicas debería estar en torno al 3 por ciento. Está muy bien.
Saben SS.SS. que cuando gobernó el Partido Popular todos los años había déficit y ahora nos dicen que el superávit debe ser del 3 por ciento. Es decir, si el superávit estimado por el Gobierno para el año que viene es del 0,9 por ciento del PIB y nos vamos al 3 por ciento, eso quiere decir que el gasto público del conjunto de ministerios se tendría que reducir en 22.000 millones de euros. ¿Me quiere decir el Grupo Popular dónde hay que recortar, porque son 22.000 millones de euros que hay que recortar para conseguir el 3 por ciento de superávit de las cuentas públicas? Eso no lo entiende nadie, teniendo en cuenta que ustedes han presentado enmiendas que implican más gasto público.


El problema del discurso económico del Partido Popular es, en primer lugar, que no tiene credibilidad; porque ahora se crece más que antes, porque ahora se bajan más los impuestos que antes, porque ahora hay más superávit público que antes, porque ahora la deuda cae más que antes, porque ahora hay más gasto social que antes y porque ahora hay más gasto productivo que antes. En segundo lugar, no tiene coherencia. Dicen unas cosas y luego donde gobiernan hacen otras; dicen unas cosas y cuando gobernaron hicieron lo contrario. (Aplausos.) Subieron los impuestos, menos gasto social, menos gasto productivo y, evidentemente, déficit de las cuentas públicas. Estamos hablando de unos presupuestos que tienen un amplio apoyo parlamentario, prácticamente todos los grupos de esta Cámara apoyan estos presupuestos, excepto el Partido Popular; van directamente a las familias y a que la economía española sea más productiva, más eficiente y más competitiva. Por otra parte, estos presupuestos están enmarcados -y esto tiene que quedar muy claro- en un programa de Gobierno, en un plan nacional de reformas. Es decir, que al final que esto vaya bien no es magia, que la economía española marche adecuadamente no cae del cielo. No es que hayamos tenido suerte, no es porque haya magia no se dónde, es que hay -y eso lo tienen que saber y lo saben los españoles- un gobierno riguroso, un gobierno que aplica una política económica en la dirección adecuada con un conjunto de reformas. Repito, más crecimiento, menos impuestos, más gasto social, más gasto productivo, más superávit público y menos deuda. Seórías, el secreto es un buen gobierno, un gobierno riguroso, un gobierno eficiente, un gobierno reformista que apuesta por que la economía española, en muy poco tiempo, esté a la cabeza de las economías más desarrolladas y de mayor crecimiento del conjunto del mundo.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.


Continúa la sesión con carácter secreto.


DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:

-DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro 166.094.)

Sometido a votación el texto del dictamen de la Comisión, es aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público.


ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIONES.)

-PROYECTO DE LEY DE MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. (Número de expediente 121/000083.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios. Enmienda al artículo 1.Dos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 26; en contra, 311.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda al artículo 1.Siete, por la que se añade un nuevo párrafo al apartado c) del artículo vigésimo primero de la ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 152; en contra, 185.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda al artículo 1.Siete, por la que en el artículo vigésimo segundo apartado 1 de la ley se sustituye el término nacional.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 336.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda al artículo 1.Siete, por la que se suprime el apartado 2 del artículo vigésimo segundo de la ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 154; en contra, 179; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda al artículo 1.Siete, por la que se añaden dos párrafos al apartado 2 del artículo vigésimo segundo ter de la ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 165; en contra, 171.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda al artículo 1.Trece.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; en contra, 334; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda a la disposición adicional nueva, sobre competencia sancionadora en materia de telecomunicaciones y disposición final sexta, relativa a la regulación del sistema arbitral del consumo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 310; en contra, 19; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda a la disposición final nueva, relativa a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 157; en contra, 177; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda a la disposición final, relativa al fondo de garantía de bienes tangibles.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 147; en contra, 185; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas del Senado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 337.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


-PROYECTO DE LEY PARA LA MEJORA DEL CRECIMIENTO Y DEL EMPLEO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/2006, DE 9 DE JUNIO). (Número de expediente 121/000091.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de Ley para la mejora del crecimiento y del empleo. Enmiendas al apartado 4 del artículo 1.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, tres; en contra, 334.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas a la letra a) del apartado 1 del artículo 6.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 336.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas a la disposición final cuarta, en lo relativo al punto 3.º

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 147; en contra, 186; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas al apartado 2 del artículo 2, a los párrafos tercero, cuarto y quinto del apartado 2 del artículo 33, disposiciones adicionales sexta y duodécima, disposición final primera y disposición final cuarta, en lo relativo a los puntos 1º y 2º y al anexo.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 333; en contra, una; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos el resto de enmiendas del Senado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 160; en contra, 176; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


-PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2007.
(Número de expediente 121/000107.)

El señor PRESIDENTE: Comenzamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
(El señor Rivero Baute pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Dígame, señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Deseo pedir la votación separada de la enmienda número 107, a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios.


El señor PRESIDENTE: Comenzamos las votaciones.


Enmiendas al artículo 16. Uno, en lo relativo a las enmiendas 3560 a 3565; al artículo 16.2, en lo relativo a la enmienda 3566; al artículo 16.3, en lo relativo a las enmiendas 3567 a 3569; al artículo 16.8, en lo relativo a la enmienda 3570 y al artículo 16.9, en lo relativo a la enmienda 3571.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 149; en contra, 188.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas al artículo 31.Uno.3.a), en lo relativo a la enmienda 3576.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 157; en contra, 178; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas

Enmiendas al artículo 46, en lo relativo a la propuesta de modificación 75365.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 333; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas al artículo 62, en lo relativo a la enmienda número 3657.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 12; en contra, 312; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a los artículos 62 bis nuevo, 63... (El señor Sánchez i Llibre pide la palabra.) Dígame, señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Es para pedir votación separada de la disposición final 20 nueva, tal como ya había anunciado previamente a los servicios de la Cámara.


El señor PRESIDENTE: Sí, exactamente, no se preocupe.


Lo leo otra vez. Votación enmiendas a los artículos 62 bis nuevo, 63 bis nuevo, 66.1 bis nuevo y 99 y a la disposición adicional 4.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 202; en contra, 133; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Votación separada de la disposición final 20 nueva.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 188; en contra, 147; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas al artículo 63 ter nuevo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 147; en contra, 190.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmiendas a los artículos 64 bis nuevo y 72 nuevo.


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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 326; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a los artículos 69, 71 y 73 y a las disposiciones adicionales 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84 y 89.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 149; en contra, 177; abstenciones, diez.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmiendas al artículo 70, en lo relativo a la enmienda 3582 y al artículo 72, en lo relativo a la enmienda 3584.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 150; en contra, 180; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmiendas al artículo 73.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 149; en contra, 177; abstenciones, diez.


El señor PRESIDENTE: Rchazadas.


Enmiendas al artículo 75.4 y a la disposición adicional 16.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 333; en contra, dos; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas al artículo 103.2, en lo relativo a la enmienda número 3588.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 160; en contra, 176.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmiendas a la disposición adicional 8, en lo relativo a la enmienda 315.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 13; en contra, 190; abstenciones, 134.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmienda a la disposición adicional 31, en lo relativo a la propuesta de modificación 75366, con base en la enmienda 128.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 336; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la disposición adicional 38, en lo relativo a la enmienda 3606.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 200; abstenciones, 136.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la disposición adicional 51.1, en lo relativo a la enmienda 3596.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 158; en contra, 178.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la disposición adicional 62, en lo relativo a la enmienda 3661.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 162; en contra, 174.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a las disposiciones adicionales 63 y 64, a la sección 18, en lo relativo a la enmienda 91; sección 21, en lo relativo a la enmienda 95 y sección 27, en lo relativo a la enmienda 104.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 184; en contra, 14; abstenciones, 137.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la disposición adicional 65, en lo relativo a la enmienda 3522.


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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 158; en contra, 178; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la disposición adicional 66, en lo relativo a la enmienda 3523.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 10; en contra, 190; abstenciones, 136.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la disposición adicional 67, en lo relativo a la enmienda 3536.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 157; en contra, 177; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la disposición adicional 68, en lo relativo a la enmienda 3537.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 159; en contra, 177; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la disposición adicional 69 en lo relativo a la enmienda 3538.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 11; en contra, 317; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la disposición adicional 70, en lo relativo a la enmienda 3539.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 146; en contra, 184; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la disposición adicional 71, en lo relativo a la enmienda 3660.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 158; en contra, 176; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la disposición adicional 72, en lo relativo a la enmienda 3529.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 326; en contra, seis.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la disposición adicional 73, en lo relativo a la enmienda 3540.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 10; en contra, 318; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la disposición adicional 74.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 325; en contra, uno; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la disposición final 14, en lo relativo a la enmienda 3541.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 11; en contra, 315; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la disposición final 16, en lo relativo a la enmienda 3547.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 22; en contra, 313; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la disposición final 17, en lo relativo a la enmienda 3548.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 148; en contra, 178; abstenciones, nueve.


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El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a las disposiciones finales 15 y 19, en lo relativo a las enmiendas 3542 y 3550.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 147; en contra, 178; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmiendas a la disposición final 18, en lo relativo a la enmienda 3549.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor 158; en contra, 178.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la disposición final 21 nueva.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 326; en contra, ocho.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas al anexo II primero, anexo II segundo. Once.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 146; en contra, 189; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmiendas al anexo X, en lo relativo a la enmienda 3557.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 147; en contra, 178; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas al anexo XIII.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 196; en contra, 139; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la sección 12, en lo relativo a las enmiendas 3361 y 3362.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 158; en contra, 178.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmiendas a la sección 12, en lo relativo a la enmienda 3610.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 198; en contra, cuatro; abstenciones, 132.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la sección 13, en lo relativo a la enmienda 3366.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 148; en contra, 177; abstenciones, diez.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 13, en lo relativo a la enmienda 3611.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 193; en contra, cuatro; abstenciones, 138.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la sección 15, en lo relativo a la enmienda 3370.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 148; en contra, 175; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 15, en lo relativo a la enmienda 1142.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 148; en contra, 176; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 16, en lo relativo a la enmienda 3371; sección 17, en lo relativo a las enmiendas 3388, 3389, 3441, 3512, 3513 y 3514.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 147; en contra, 186; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmiendas a la sección 16, en lo relativo a la enmienda 3372.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 148; en contra, 178; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 16, en lo relativo a la enmienda 154.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 323; en contra, uno; abstenciones, 10

El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la sección 16, en lo relativo a la enmienda 153; a la sección 17, en lo relativo a la propuesta de modificación 75399, con base en la enmienda 157; sección 22, en lo relativo a la enmienda 3643; sección 23, en lo relativo a la propuesta de modificación 75508, con base en la enmienda 251.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 334.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la sección 17, en lo relativo a la enmienda 3426.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 157; en contra, 176.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 17, en lo relativo a la enmienda 3453.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 147; en contra, 177; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 17, en lo relativo a la enmienda 3454.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 146; en contra 188.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 17, en lo relativo a la enmienda 3482.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 146; en contra 178; abstenciones,10.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 17, en lo relativo a las enmiendas 615 y 616.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 330; en contra cinco.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la sección 17, en lo relativo a las propuestas de modificación 75402, con base en la enmienda 326; 75401, con base en la enmienda 328 y 75403, con base en la enmienda 334.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 198; en contra, 135; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la sección 17, en lo relativo a las propuestas de modificación 75404, con base en la enmienda 3628; 75398, con base en la enmienda 156 y 75400, con base en la enmienda 160.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 200; en contra, 134; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la sección 17, en lo relativo a la enmienda 3630.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 317; en contra, uno; abstenciones, 16.


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El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la sección 17, en lo relativo a la enmienda 3615.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 329; en contra, uno; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la sección 17, en lo relativo a la enmienda 376.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 329; en contra, cinco; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la sección 17, en lo relativo a la enmienda 1399.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 156; en contra, 177; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 17, en lo relativo a las propuestas de modificación 75396, con base en la enmienda 58, 75395, con base en la enmienda 62, 75394, con base en la enmienda 63 y 75397, con base en la enmienda 64.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 198; en contra, 136.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la sección 17, en lo relativo a las enmiendas 3614, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626 y 3629.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 196; en contra, 136; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la sección 17, en lo relativo a las enmiendas 3421, 3429, 3435, 3445, 3446, 3431 y 3448.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 198; en contra, dos; abstenciones, 133.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la sección 18, en lo relativo a la enmienda 3521.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 153; en contra, 174; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 18, en lo relativo a la enmienda 3520.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 156; en contra, 177; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 18, en lo relativo a la enmienda 730.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 332; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la sección 18, en lo relativo a la enmienda 1829.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 147; en contra, 180; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 18, en lo relativo a las enmienda 3631, 3632 y 3633.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 202; en contra, cuatro; abstenciones, 127.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la sección 18, en lo relativo a la enmienda 3634.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 331; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la sección 18, en lo relativo a la enmienda 1853.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 148; en contra, 185; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 18, en lo relativo a las enmiendas 377, 383, 384 y 385.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 195; en contra, seis; abstenciones, 132.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la sección 18, en lo relativo a las enmiendas 378, 379, 380, 381 y 382.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 200; en contra, 132; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la sección 18, en lo relativo a la propuesta de modificación 75408, con base en la enmienda 341; sección 20, en lo relativo a las propuestas de modificación 75409, con base en la enmienda 1950, 75410, con base en las enmiendas 3637 y 1915; sección 23, en lo relativo a las propuestas de modificación 75411, con base en la enmienda 357, 75504, con base en la enmienda 96; sección 27, en lo relativo a la propuesta de modificación 75416, con base en la enmienda 363.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 324; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la sección 18, en lo relativo a la enmienda 3517.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 332.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la sección 19, en lo relativo a la enmienda 3215.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 149; en contra, 173; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 19, en lo relativo a la enmienda 3219.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 152; en contra, 178; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 19, en lo relativo a la enmienda 3635.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 191; en contra, tres; abstenciones, 140.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la sección 19, en lo relativo a las enmiendas 741 y 742.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 201; en contra, tres; abstenciones, 129.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la sección 19, en lo relativo a las enmiendas 28 y 29.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 153; en contra, 177; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmiendas a la sección 20, en lo relativo a la enmienda 3224.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 145; en contra, 185.


Página 11452


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 20, en lo relativo a la enmienda 3225.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 23; en contra, 305; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 20, en lo relativo a la enmienda 3226.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 150; en contra, 171; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 20, en lo relativo a la enmienda 3227.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 155; en contra, 176.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 20, en lo relativo a las enmiendas 3636, 3638, 3640, 3641 y 3642.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 333; a favor, 330; en contra, dos; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la sección 20, en lo relativo a la enmienda 3639.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 206; en contra, uno; abstenciones, 126.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la sección 20, en lo relativo a la enmienda 386.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 197; en contra, tres; abstenciones, 133.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la sección 20, en lo relativo a las enmiendas 759 y 760.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 197; en contra, 132; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la sección 20, en lo relativo a la enmienda 1945.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 155; en contra, 177; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 21, en lo relativo a la enmienda 34.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 23; en contra, 310; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 21, en lo relativo a la enmienda 243.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 150; en contra, 173; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 21, en lo relativo a la enmienda 3229.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 194; en contra, siete; abstenciones, 132.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la sección 21, en lo relativo a la enmienda 387.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 332; en contra, una.


Página 11453


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la sección 21, en lo relativo a la enmienda 2114.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 144; en contra, 179; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 21, en lo relativo a las enmiendas 3228, 3230, 3233 y 3238, y a la sección 23, en lo relativo a la enmienda 3244.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 143; en contra, 188; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmiendas a la sección 22, en lo relativo a la enmienda 761.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 329; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la sección 23, en lo relativo a las enmiendas 32259, 3275 y 3278.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 10; en contra, 181; abstenciones, 140.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmiendas a la sección 23, en lo relativo a la enmienda 3243.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 154; en contra, 178.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 23, en lo relativo a la enmienda 3248.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 155; en contra, 174; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 23, en lo relativo a la enmienda 3251.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 154; en contra, 178.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 23, en lo relativo a la propuesta de modificación 75507, con base en la enmienda 3276.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 330; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la sección 23, en lo relativo a la enmienda 40.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 155; en contra, 178.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 23, en lo relativo a la enmienda 72.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 329; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la sección 23, en lo relativo a las propuestas de modificación 75412, con base en la enmienda 67, 75413, con base en la enmienda 73 y 75414, con base en la enmienda 74.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 329; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la sección 23, en lo relativo a las propuestas de modificación 75505, con base en la enmienda 3426 y 75506, con base en la enmienda 3262.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 333.


Página 11454


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la sección 23, en lo relativo a la enmienda 3254.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 149; en contra, 173; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 23, en lo relativo a la enmienda 3258.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 324; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la sección 23, en lo relativo a las enmiendas 3644, 3645 y 3646.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 200; en contra, uno; abstenciones, 132.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la sección 23, en lo relativo a la enmienda 3647.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 324; en contra, uno; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la sección 24, en lo relativo a las enmiendas 3287, 3296, 3299, 3306, 3307 y 3331.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 145; en contra, 173; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmiendas a la sección 24, en lo relativo a la enmienda 3293.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 143; en contra, 188; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas a la sección 24, en lo relativo a la enmienda 3344.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 150; en contra, 175; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 24, en lo relativo a las enmiendas 706, 800, 801 y 817.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 330; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la sección 24, en lo relativo a las enmiendas 805 y 806.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 200; en contra, dos; abstenciones, 126.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la sección 24, en lo relativo a las enmiendas 3648, 3649, 3651, 3652 y 3653.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 330; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la sección 24, en lo relativo a la enmienda 3654.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 196; en contra, 135.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la sección 24, en lo relativo a la enmienda número 3650.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 322; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Aprobada. (El señor Duran i Lleida se acerca a saludar a los señores ministros

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del Interior y de Asuntos Exteriores y de Cooperación.-Rumores.-A continuación saluda al señor presidente del Gobierno.-Fuertes rumores.-Finalmente saluda al señor presidente del Congreso de los Diputados.-Fuertes Rumores.-Los señores y señoras diputados del Grupo Parlamentario Popular entonan un villancico.) ¡Silencio!, por favor.


Señorías, vamos a seguir después de este momento de relajación.


Enmiendas a la sección 24, en lo relativo a la propuesta de modificación 75372.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 331; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Aprobada. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)

Dígame, señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Pido votación separada de la enmienda 2671. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Así se hará.


Enmiendas a la sección 24, en lo relativo a las enmiendas 2552 y 2649 a 2661.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 147; en contra 174; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Ahora votamos separadamente la enmienda 2671.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 143; en contra, 178; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 24, en lo relativo a las enmiendas 3291, 3294, 3300, 3323, 3326, 3336 y 3343.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 328; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la sección 24, en lo relativo a la enmienda 3302.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 324; en contra, cinco; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la sección 26, en lo relativo a la enmienda 3345.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 21; en contra, 173; abstenciones, 139.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 26, en lo relativo a las enmiendas 3346 a 3348.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 13; en contra, 181; abstenciones, 138.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmiendas a la sección 26, en lo relativo a la enmienda 3662.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 142; en contra, 175; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 27, en lo relativo a la enmienda 3349.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 145; en contra, 185; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 27, en lo relativo a la enmienda 3351.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 140; en contra, 177; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 27, en lo relativo a la enmienda 3352.


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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 11; en contra, 180; abstenciones, 140.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas a la sección 27, en lo relativo a la enmienda 3655.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 327; en contra, uno; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la sección 27, en lo relativo a la enmienda 3354.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 331; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la sección 27, en lo relativo a las enmiendas 710, 853 y 855.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 329; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmienda a la sección 27, en lo relativo a la propuesta de modificación 75415, con base en las enmiendas 3353 y 856.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 327; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Aprobadas.


Enmiendas a la sección 32, en lo relativo a la enmienda 3613.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 329; en contra, dos; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la sección 32, en lo relativo a la enmienda 713.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 333.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A., en lo relativo a la enmienda 3095.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 144; en contra, 185; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas a la Sociedad Estatal Museo Nacional del Prado Difusión, S. A., en lo relativo a la enmienda 3656.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 196; abstenciones, 131.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Votamos la enmienda 107, Siepsa.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 328; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 141; en contra, 187; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas. (Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados de varios grupos parlamentarios, puestos en pie.) Gracias.


Las votaciones, al tratarse de ley orgánica, no se producirán en cualquier caso antes de las seis de la tarde. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES.
(Número de expediente 121/000092.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, continúa la sesión plenaria y lo hace con el

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punto número 26, relativo al proyecto de Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Por favor, señorías, les ruego que, si desean ausentarse, lo hagan con rapidez y en silencio. (Pausa.)

Señorías, continuamos con la sesión plenaria, insisto, en el punto relativo al proyecto de Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En primer lugar será el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales el que tome la palabra. (Rumores.) Silencio, señorías, por favor. Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy es un día especialmente feliz porque esta Cámara aprobará una ley que es, antes que nada y por encima de todo lo demás, un marco de convivencia en igualdad para todos los hombres y mujeres de nuestro país.
Creo que nadie puede negar que en los últimos años ha habido un avance sin precedentes en la historia de España en la igualdad de las mujeres, pero tampoco que todavía persisten en nuestro país discriminaciones y diferencias de trato entre mujeres y hombres que no tienen ninguna justificación ni ningún fundamento. La razón de que aún se mantengan vivas estas situaciones de desigualdad es fundamentalmente de carácter cultural, pero también contribuye a ello la falta de políticas que, de modo decidido e inmediato, incidan en la realidad social para acabar de una vez por todas con estas situaciones. Eso es lo que pretende hacer esta ley, señorías, no esperar a que el camino que iniciaron en la transición las mujeres y los hombres de nuestro país para situarse en posiciones de igualdad nos conduzca en un futuro lejano a lograr ese ideal, sino incidir directamente en la realidad social, para que aquí y ahora se alcance la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres y ello deje de ser una utopía hermosa para convertirse en una realidad presente y palpable ya mismo.


Esta ley pretende derribar o contribuir a derribar todos los obstáculos que impidan a las mujeres ser realmente iguales a los hombres. Va a eliminar, pretende eliminar, cualquier tipo de discriminación que puedan sufrir las mujeres y quiere erradicar de nuestra sociedad prejuicios, estereotipos y diferencias de trato que jamás debieron existir, porque nunca tuvieron tampoco ningún sentido. Estamos, señorías, adelantando la llegada del futuro; creo que esta es una de las leyes de las que se puede decir con fundamento que adelanta la llegada del futuro. Además, permítanme que se lo agradezca a esta Cámara, nos situamos a la cabeza de Europa en el logro de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y lo estamos haciendo con la participación y el concurso de toda la sociedad. Porque los sindicatos y los empresarios, aun con sus legítimas diferencias, sentaron las bases para la construcción de un derecho al trabajo en igualdad, las organizaciones de mujeres, militantes en la lucha por la igualdad y cuya experiencia en la defensa de los derechos de las mujeres nos ha servido de ejemplo y de guía para la elaboración de este proyecto de ley, las comunidades autónomas, pioneras en la promulgación de leyes y planes de igualdad, de las cuales nos hemos nutrido para afianzar el camino hacia la igualdad real iniciado por ellas, y todas y todos ustedes, señorías, todos los grupos de la Cámara, sin excepción, a los cuales en nombre del Gobierno quiero agradecer el trabajo que han desarrollado de manera responsable, imaginativa, superando divergencias de criterios, absolutamente legítimas por otra parte, para que las mujeres y los hombres de nuestro país tengan la mejor Ley de Igualdad de entre todas las posibles. Por eso me gustaría que este texto saliera de esta Cámara con el mayor consenso posible.


Como Gobierno, nos cabe la satisfacción de haber dado el primer paso para garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, pero no podemos en verdad apropiarnos de este logro, porque es un logro de toda la sociedad española. En torno a la Ley de Igualdad se ha vuelto a renovar el espíritu de consenso que anidó en nuestra Constitución y que entonces y ahora ha fructificado en la garantía y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos de nuestro país. Porque la igualdad, señorías, la igualdad real, es un derecho fundamental de hombres y mujeres, que hoy, y gracias a su trabajo, es más pleno que nunca lo fue.
Han conservado las señas de identidad del proyecto de ley, pero también ustedes han ahondado en muchos de sus aspectos para ir más allá en la efectividad y en la garantía de este derecho. Por ello, y a partir de ahora, tendremos herramientas con las que extirpar toda forma de discriminación que se practique hacia la mujer.


A ese fin, la ley define los conceptos de discriminación directa e indirecta, que ponen al descubierto las conductas discriminatorias para que podamos actuar frente a todas ellas de un modo eficaz. Considera discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, el trato desfavorable que reciban las mujeres por razón de su embarazo o maternidad y las represalias que puedan sufrir todos aquellos que denuncien una situación de desigualdad. Declara nulos y sin efecto cualesquiera actos de discriminación, obligando a quien los realice a indemnizar a la persona discriminada en proporción a los daños que haya sufrido y, en ocasiones, a cargar con la imposición de una sanción que le disuada de seguir actuando de manera discriminatoria. Facilita la prueba de las situaciones de desigualdad. Todos sabemos que hay veces -y ejemplos prácticos de ello no nos faltan- en que es muy complicado demostrar que una mujer está siendo tratada de modo desigual, porque en muchas ocasiones se trata de conductas ocultas o amparadas en los resquicios de la ley. Pues bien, vamos a ayudar a todas las mujeres a probar, si es así el caso, de verdad, que están siendo discriminadas, haciendo que sea aquel a quien se imputa la discriminación -que suele estar en una posición prevalente- el que tenga que demostrar que no está actuando de forma discriminatoria. Y, finalmente, habilita a los poderes públicos para que establezcan

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medidas de acción positiva en favor de las mujeres, a fin de corregir situaciones patentes de desigualdad. No hablo de medidas de discriminación positiva, sino de medidas de acción positiva. Estas medidas habrán de ser razonables y proporcionadas al fin que pretenden cumplir. Exigen de partida la igualdad en los méritos de hombre y mujer y subsistirán únicamente en tanto se mantengan las situaciones de desigualdad.


La ley no acaba aquí. Una vez generados los anticuerpos contra la discriminación, la ley expande el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres a todo orden vital y se adentra en todos los ámbitos, sean públicos o privados. Es por ello una ley transversal e integral. Así, señorías, todas las políticas públicas, todos los poderes públicos tendrán como estrategia y como fin la consecución de la igualdad y todas las administraciones públicas, señorías, quedarán comprometidas a actuar para que la igualdad de mujeres y hombres sea un hecho dentro y fuera de ellas. Además, este modelo de igualdad donde la política educativa cobra -como no podía ser de otro modo- un relieve especial se traslada también a los escenarios privados, fundamentalmente a la empresa. Las empresas, señorías, no son mundos separados y estancos del resto de la sociedad y, por ello, el derecho a la igualdad debe entrar también dentro de ellas.
Esa es la razón por la que esta ley impulsa la negociación de medidas y planes de igualdad. Esta ley también reconoce el derecho a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, y fomenta la responsabilidad social promoviendo el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los centros donde se toman las decisiones empresariales. Ello, señorías, no me cabe la menor duda, va a ser un factor competitivo favorable para las empresas. Debe quedar claro que no estamos pidiendo a los empresarios de nuestro país que abandonen los principios de mérito y capacidad, ni en la gestión del capital humano ni en la composición de los consejos de administración; tampoco pedimos a ningún empresario que prescinda de la eficiencia y de la competitividad como objetivos centrales de la empresa. Al contrario, estamos animándoles a que apliquen hasta sus últimas consecuencias estos mismos principios, sin que se vean enturbiados por cuestiones relacionadas con el sexo de las personas.


Estamos convencidos -y creo que puedo hablar en nombre de la sociedad española- de que hay ya, por fortuna, un suficiente número de mujeres con el mérito y la capacidad adecuados para acceder en absoluta igualdad de condiciones que los hombres a todos los puestos de trabajo y a los consejos de administración; también estamos convencidos de que la entrada y permanencia de las mujeres en todos los ámbitos de la empresa, señorías, lejos de perjudicar su eficiencia y competitividad, son un factor decisivo para el logro de ambas. Si representan más de la mitad de la población, si tienen una cualificación al menos igual -si no superior- al del resto de la población, ¿por qué no están representadas en los órganos de dirección de las empresas? Alguna razón habrá. Eso es lo que quiere remover esta ley. Porque no es por una cuestión de falta de capacidad, señorías. No. Lo que ocurre es que ha habido obstáculos que han impedido a la mujer conseguir el lugar que merece y que la corresponde. Y esta ley lo va a conseguir, lo va a conseguir.
(Aplausos.)

A todo lo anterior, señorías, ustedes, con su trabajo, han sumado mejoras sustanciales en algunos de los pilares de esta ley. Así, han hecho visibles y dignas de especial protección a las mujeres que, por ser inmigrantes, pertenecer a una minoría étnica o tener una discapacidad, sufren situaciones de doble o múltiple discriminación, amparo que han llevado con una generosidad verdaderamente elogiable más allá de nuestras fronteras, al reconocer la condición de refugiadas a todas las mujeres que huyan de su país por ser víctimas de la violencia sexual y de género.
Han extendido también ustedes la igualdad real al mundo de la cultura y el deporte, a la creación artística, a la ordenación del territorio y a nuestra política de cooperación para el desarrollo. Hoy, la ley es más transversal e irradia verdaderamente el derecho a la igualdad en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Han reforzado ustedes también, en el trámite en esta Cámara, la igualdad de las mujeres en el acceso a las nuevas tecnologías y la sociedad de la información, que es tanto como decir el acceso a la sociedad del futuro, y han dado un paso de gigante en la consecución de la igualdad real de las mujeres que viven y que trabajan en el mundo rural.


No menos importante, señorías, ha sido el avance para la igualdad efectiva de las trabajadoras autónomas, que disfrutarán ahora de la misma protección que las trabajadoras asalariadas. También las autónomas tendrán derecho a percibir el subsidio de maternidad durante las seis semanas siguientes al parto y cuya cuantía se ha incrementado, además, para todas las trabajadoras hasta alcanzar el cien por cien del Iprem, del indicador público de rentas de efectos múltiples; y se bonificarán también al cien por cien las cuotas que pagan las autónomas a la Seguridad Social durante su permiso de maternidad. Todas las prestaciones y derechos de la Seguridad Social han sido por lo demás ampliados en esta Cámara para favorecer la igualdad de las mujeres y la corresponsabilidad de ambos progenitores en el cuidado de sus hijos. Se han flexibilizado los requisitos de acceso a la prestación por maternidad para que las trabajadoras más jóvenes y con menor carrera profesional tengan también derecho a ella; se ha incrementado hasta el cien por cien de la base reguladora la cuantía de las prestaciones que perciben las mujeres cuando existen riesgos durante el embarazo o la lactancia para ellas o para sus hijos, y se han reparado las disfunciones que existían en las prestaciones de la Seguridad Social relativas al ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Así, las reducciones de jornada no supondrán una reducción de las cotizaciones, durante los dos primeros años, por cuidado de hijos y, durante el primer año, para cuidado de familiares, y ello para todas las

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prestaciones de la Seguridad Social; y se ha elevado a 15 días la duración del permiso de paternidad, afirmando claramente la voluntad política de esta Cámara -y legal, porque lo establecerá la ley- de que los padres dispongan de un permiso de paternidad de cuatro semanas dentro de ocho años. Esta ampliación, señorías, de los derechos del padre para el cuidado de sus hijos nos sitúa sin ninguna duda entre los países más avanzados del mundo. Quiero recordarles que en Alemania y Holanda el permiso de paternidad es de dos días; en Francia y en Reino Unido, de dos semanas -15 días-; únicamente nos superará en el mundo Finlandia, que tiene un permiso de paternidad de 18 días, pero cuando se cumpla definitivamente lo previsto en esta ley y dispongamos de un mes completo estaremos incluso por encima de Finlandia.


Algo semejante sucede con relación al permiso de maternidad: en Alemania es de 14 semanas; en Francia, también; en Holanda, de 16 semanas, igual que en España; en Reino Unido, de 18 semanas; y en Finlandia, de 105 días. Es decir, nos encontramos en la tabla alta de la protección de los derechos de maternidad y paternidad de los ciudadanos y ciudadanas españoles. Debemos tener en cuenta que estas medidas han de tomarse con responsabilidad, para que no exista ningún perjuicio indirecto a la hora de fomentar el empleo de todos los ciudadanos españoles. Por ello, la ley, suponiendo un enorme avance, lo hace de modo progresivo, como les he indicado con relación al permiso de paternidad, para llegar al mes en los próximos ocho años.


Finalmente, hemos avanzado en la calidad de nuestra democracia, porque la participación en igualdad de condiciones de las mujeres en la vida pública no es solamente una reivindicación de género, no, no lo es. Es mucho más que eso, señoras y señores diputados, es un objetivo vinculado a la participación plena y efectiva de todos, hombres y mujeres, en la formación y manifestación de la voluntad popular, y por ello una condición para lograr una participación democrática más efectiva. Estamos elevando la calidad de nuestra democracia. La composición equilibrada de las listas electorales, de manera que ninguno de los dos sexos tenga una presencia inferior al 40 por ciento del número total de candidatos, es un instrumento para conseguir profundizar nuestro sistema democrático, porque no lo será de otro modo si las mujeres, que son más de la mitad de la población española, no están presentes en los centros donde reside la soberanía popular. Por ello, aunque inicialmente la obligación de componer de forma equilibrada las listas electorales será para los municipios con más de 5.000 habitantes, en el futuro, en las elecciones del año 2011, a nivel municipal, extenderemos esta obligación a los municipios de más de 3.000 habitantes, haciendo que también las mujeres de los núcleos rurales puedan participar activamente en la vida política, avalando, por lo demás, que las leyes electorales de las comunidades autónomas puedan garantizar una mayor presencia de mujeres en sus listas electorales.


Acabo ya, señorías, no sin antes convocarles de nuevo al consenso, porque esta Ley de Igualdad es muy ambiciosa. Lo era ya el proyecto de ley que el Gobierno remitió a la Cámara, pero ustedes, con su esfuerzo y su tesón -y justo es reconocerlo-, lo han hecho aún más ambicioso. Las mujeres y los hombres de nuestro país tienen por ello expectativas que no podemos defraudar. Quienes se enfrentan cada día a la discriminación no entenderían que no hiciéramos todo lo posible por acabar con ella. De ese modo, la historia está caminando hacia la consecución de la igualdad real de las mujeres y ninguno de nosotros, ningún grupo político, deberíamos perder la oportunidad de sumarnos a ella. Y no solo eso, sino de acelerar su marcha en favor de esa igualdad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón I Piqueras): A usted, señor ministro, muchas gracias.


Abrimos el turno de los grupos parlamentarios y lo hacemos con la defensa de las enmiendas. Comenzamos por el Grupo Mixto, por la señora Barkos Berruezo.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señora presidenta. Señorías, abordamos hoy el análisis del dictamen que de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales nos llega en torno a este proyecto de Ley de Igualdad, un paso por Comisión, como digo, que se salda -en la mejor acepción de la palabra-, tal como ha detallado de manera pormenorizada el ministro, con un número importante de aportaciones del conjunto de los grupos de la Cámara, cosa que creo que a todos nos llena de satisfacción. He de decir que, en el caso de Nafarroa Bai, con especial satisfacción -satisfacción que creo además compartida con otros muchos grupos- en cuanto que queda recogido en el preámbulo del dictamen que venía de Comisión el caso de las pensiones de viudedad como uno de los casos de desigualdad extrema que se está produciendo en estos momentos en nuestra sociedad.
Satisfacción porque si en Comisión, en su día, fue votado por todos los grupos parlamentarios, a excepción del partido Socialista, hoy nos encontramos con que el Partido Socialista, según se nos comunicaba, retirará el voto particular que tenía en contra de esta posición. Por tanto, seremos el conjunto de los grupos de la Cámara quienes habremos apoyado el hecho de que se recoja en el preámbulo de la ley el caso de las pensiones de viudedad como un caso de extrema desigualdad, la sima, yo diría, de la desigualdad en nuestra sociedad como reconocimiento de tal entre hombre y mujer. En cualquier caso, insistimos, se nos aceptaba esta enmienda en Comisión, pero no así la enmienda número 81, que trae sustancia económica a la hora de hacer frente a esta desigualdad, que quiero, sin más, dar por defendida, junto con el conjunto de las enmiendas que Nafarroa Bai mantiene vivas, así como también las enmiendas de Chunta Aragonesista que, por ausencia de nuestro compañero José Antonio Labordeta, serán defendidas hoy por Nafarroa Bai.


Muchas gracias, señor presidenta.


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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Barkos.


Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Mixto. Terminará este turno la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Aprovechamos este turno de defensa de enmiendas para exponer nuestra posición respecto de esta ley. En ese sentido queremos decir que, de las 24 enmiendas que presentamos, 18 las consideramos incorporadas al texto que nos llegaba de la ponencia en la medida en que son objeto de transacción o incorporación por enmiendas semejantes de otros grupos. Por lo que se refiere a las enmiendas incorporadas al texto que hoy nos llega tenemos que manifestar con especial satisfacción que nuestra enmienda 214 hizo posible una transacción con el Grupo Socialista por la que se incorpora a la ley el derecho de las mujeres trabajadoras autónomas o afiliadas a los regimenes especiales de la Seguridad Social al mismo disfrute de los permisos por maternidad y de las prestaciones económicas que conlleva este permiso. Manifestamos esto con satisfacción y le agradecemos al señor ministro que lo recogiera en su intervención como uno de los logros importantes de esta ley.


Paso ahora a defender las enmiendas que mantenemos y argumentaré las razones de por qué vamos a mantenerlas. La enmienda 198 la mantenemos porque, aunque la ampliación que se hace de la posibilidad de una excedencia por atención de un hijo menor de seis años o de persona con dependencia o mayor es muy positiva, entendemos que, dado que las alternativas que puede ofrecer la Ley de Dependencia para resolver problemas de estas características tienen un tiempo de trámite y de gestión para poder acceder a ellas, las excedencias menores de un año para la atención de estas cuestiones, como consta en el artículo al que pertenece esta enmienda, deben tener la garantía de la reserva del puesto de trabajo, por lo cual mantenemos esta enmienda. Las enmiendas 197, 215 y 203, nuestro grupo político las presentó con un especial interés porque para nosotros representan un debate importante en la sociedad. Son enmiendas que proponen avanzar en la idea de la corresponsabilidad familiar, tanto de lo que son las responsabilidades familiares como privadas, y en este caso de manera especial en lo que concierne al cuidado de los hijos. Demandamos que la hora de lactancia que se recoge en la ley para las mujeres puedan disfrutarla indistintamente en la misma franja de hora que se plantea los padres o las madres para avanzar esa intención de la corresponsabilidad. La enmienda 198 se refiere a un tema muy discutido en ponencia, muy presente en todos los grupos parlamentarios y enmendado por todos. De alguna manera también se llegó a un acuerdo transaccional que no nos satisface a todas, pero es un avance.
Tiene que ver con los tiempos de baja por maternidad y, sobre todo, con cómo la baja por maternidad también repercute en los padres. Fue un tema tratado por todas las asociaciones que comparecieron en la Comisión y al que daban una especial relevancia. Hemos presentado las enmiendas 215 y 203 porque están relacionadas con el Estatuto de los Trabajadores y con la Ley de la Función Pública, que condiciona el incremento del tiempo de baja parental a que parte de esa baja sea disfrutada por el padre. Cuando el padre se acoja a las ocho semanas como mínimo de baja paternal, las 16 semanas que se recogen en este momento en la ley se deberían ampliar a 24. Lo hacemos así porque es necesario que tanto hombres como mujeres seamos objeto del mismo coste sociolaboral que significa el disfrute de este permiso. La natalidad no es una necesidad de las mujeres, es una necesidad social. Avanzar en esta corresponsabilidad es una forma de terminar con esos prejuicios del sector empresarial, que considera que la posibilidad de que una mujer pueda ser madre puede representar un perjuicio para la empresa. En el momento en que esta posibilidad sea tanto de hombres como de mujeres, ese prejuicio empresarial hacia las mujeres empezaría a desaparecer, porque el perjuicio que nosotros no compartimos que sea cierto pero que muchos empresarios consideran que representan para las empresas las bajas maternales, ya no sería tal perjuicio porque puede ser un perjuicio tanto de los hombres como de las mujeres. Por cierto, si nos atenemos a las horas de baja de la Seguridad Social en cómputo anual entre hombres y mujeres, incluyendo las bajas maternales, porcentualmente los hombres ganan a las mujeres en estas bajas. Por tanto, es un prejuicio que tienen las empresas que no es realidad. Las enmiendas que mantenemos son la 215, 203, la 197 y la 216, que está relacionada con la cotitularidad de las explotaciones agrarias.
En esta cuestión se ha llegado a una transacción con otros grupos parlamentarios y nuestro grupo la va a votar favorablemente. Pero mantenemos nuestra enmienda porque el acuerdo transaccional al que se llega es que esta cuestión va a ser resuelta en la próxima ley de desarrollo rural, que según el Gobierno llegará a principios del año que viene. No podemos entender, y por eso mantenemos la enmienda, que si estamos ante una ley que se dice de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, no sea aquí donde se resuelva esta cuestión. Podría ser con nuestra enmienda o con una propuesta que nos presente el grupo mayoritaria como enmienda transaccional. Pero lo que no podemos entender es que no se aproveche esta enmienda para resolver un problema de discriminación, de desigualdad patente entre hombres y mujeres, y de ahí que la mantengamos. Efectivamente el acuerdo ha llegado, no discutimos lo que entendemos como positivo, pero no resuelve, no afronta el problema y estamos a expensas de que efectivamente pueda ser resuelto o no en esa futura ley de desarrollo rural que, por cierto, no tiene por objeto garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, objeto que sí tiene esta ley. Por eso entendemos que debería ser en esta ley donde se recogiera esta cuestión y de ahí que, repito, mantengamos la enmienda.


Gracias, señora presidenta.


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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Fernández.


A continuación, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.


Señorías, señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el Grupo de Coalición Canaria está en plena sintonía con lo que usted ha dicho, como no podía ser menos, tratándose de un principio democrático de derecho que trayendo causa de la igualdad que ya reconoce la Constitución española permite como sólido cimiento llegar a este proyecto de ley orgánica de igualdad efectiva; eso nos hace ver cómo los principios constitucionales se pueden sacar de un derecho nominal para llevarlos a un derecho real y, sobre todo, a un derecho efectivo. Por tanto, estamos en esa misma sintonía y en su momento votaremos favorablemente el carácter de ley orgánica de este todavía proyecto de ley.


Está presente la señora vicepresidenta primera del Gobierno, que nos honra con su presencia, dando testimonio de vinculación en la visualización, dentro del Gobierno, de la figura de una mujer al frente de la Vicepresidencia del Gobierno de la nación española.


También damos nuestro apoyo político a esta ley orgánica que consideramos necesaria, con todas las objeciones que pueda tener en su futuro desarrollo, a veces puramente técnicas o coyunturales. Repito que estamos plenamente de acuerdo. También queremos traer un recuerdo emotivo y rendir un homenaje desde este Parlamento, en este mes de diciembre del año 2006, cuando se cumplen 75 años de la fecha en la que en este mismo hemiciclo se aprobó la Constitución de la II República española y ahí apareció el artículo defendido por doña Clara Campoamor. Queremos traer un recuerdo emotivo y creo que es el mejor homenaje que podemos ofrecer a las sufragistas, a las defensoras de los derechos de la mujer, representadas sobre todo por doña Clara Campoamor, diputada en aquel momento en las Cortes constituyentes de la II República, que logró que 75 años después se pueda plasmar aquí un derecho efectivo. Qué mejor homenaje a Clara Campoamor y a lo que significó hace 75 años que aprobar con un amplio consenso este proyecto de ley orgánica. A ello nos sumamos.


Mi grupo presentó un total de 18 enmiendas y posiblemente por la sobrecarga de trabajo que tenemos los grupos minoritarios y pequeños de la Cámara a veces nuestras posiciones pueden quedar sin defensa testimonial en el "Diario de Sesiones". Como digo, presentamos 18 enmiendas y voy a hacer gracia a SS.SS. de no entrar en muchos pormenores, sino que entraré rápidamente a defenderlas. Solo mantenemos 16 a efectos de votación y en ellas pedimos que las cuestiones que vayan al Senado, señor ministro, señora vicepresidenta, se traten de forma comprensiva. Quizá no se nos hayan aceptado algunas enmiendas por falta de defensa en la Comisión pertinente, pero en esta colaboración técnica quisiéramos contribuir con la parte positiva que algunas de ellas tienen.
Algunas de las que no han sido aceptadas en Comisión están dirigidas, dentro de la defensa general de la igualdad de los derechos de la mujer con los de los hombres, a aquellos colectivos más marginados de mujeres.


Recuerdo en estas fechas que los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Mesa de este Congreso en la anterior legislatura tuvimos la ocasión de asistir a un debate en el Parlamento de la República de Méjico en el que intervenía una mujer del colectivo del Frente Zapatista. Desde la tribuna de oradores dijo tranquilamente que tenía un handicap fundamental para obtener un reconocimiento de igualdad de derechos de las mujeres zapatistas con los hombres. Aquellos tres defectos eran tremendos: ser mujer, ser india y ser pobre. Esos son los colectivos a los que una democracia tiene que ayudar fundamentalmente, que ninguna persona de sexo femenino sea discriminada frente al sexo masculino por las propias razones de sexo, como señala nuestra Constitución, por ser de otra raza y por no tener un cierto nivel de riqueza, por ser pobre. Vaya también este homenaje a todas las mujeres del mundo que, encontrándose en otros sistemas políticos democráticos, sienten envidia, como han podido sentirla cuando el ministro Caldera daba las cifras de equiparación de los permisos de paternidad o de maternidad en distintos países. ¿Quién tiene en este momento el listón más alto? ¿Lo tiene Finlandia, lo tienen otros países nórdicos? Aproximémonos a ellos.
Nos honra, señor ministro, y ahí estará mi grupo, pequeño y ultraperiférico pero perfectamente identificado con estos valores de la Constitución española y con la posición del Gobierno y del Parlamento español. Pedimos -a ello van dirigidas nuestras enmiendas- que se ayude a estos colectivos marginados de mujeres en la segunda lectura que se haga en la Cámara Alta, en el Senado.


Quiero que mis palabras terminen aquí, mostrando nuestro apoyo a esta ley.
Que se someta a votación sin más cuestión hipotecaria política por nuestra parte, sea cual sea el resultado, que pasaremos al Senado, con nuestro permanente testimonio de apoyar esta ley, que vamos a votar favorablemente. No podía ser de otra forma teniendo en cuenta nuestra opinión democrática contundente. Las mujeres canarias se han significado también en los colectivos que hemos consultado en un principio de solidaridad entre todas las mujeres de España y de nuestro contexto de civilización. Con este voto, señor Caldera, señora vicepresidenta, señorías, nosotros respondemos positivamente.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.
Muchas gracias.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Será

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la señora García Suárez quien en su nombre, señorías, tome la palabra para defender sus enmiendas a este proyecto de ley.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, señora vicepresidenta, señorías, en primer lugar, mi grupo parlamentario quisiera dirigir un cálido saludo a las personas y representantes de los colectivos que nos acompañan y también a todos aquellos que sin acompañarnos, seguramente porque les es imposible, han ayudado, han colaborado muchísimo en la mejora de esta ley que hoy estamos debatiendo. Además, quisiera manifestar que no ha sido una tramitación sencilla -tampoco lo es la ley-, pero, a pesar de eso, quiero dejar constancia de que ha sido un placer haber debatido, haber trabajado y haber resuelto con las portavoces de los diferentes grupos parlamentarios que han intervenido más de un problema que nos hemos ido encontrando.


Quisiera dejar constancia también de que la ley orgánica es un paso más en el objetivo de garantizar ni más ni menos que los derechos humanos, en este caso a la mitad de nuestra población, a las mujeres, un hecho que ya debería estar superado. No deberíamos haber tenido la necesidad de elaborar la ley que hoy estamos debatiendo. La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, los cuales no mencionaré, evidentemente, por economía de tiempo.


Tampoco quiero entrar en todo un detalle reglamentario, pero, sí quisiera detenerme, aparte evidentemente de nuestra Constitución, del Tratado de Ámsterdam, del Tratado de Roma y de muchos otros más en los que no voy a entrar, en un aspecto porque va a tener su importancia y ustedes lo van a entender. Hay otro marco legislativo, el de los estatutos de autonomía y sus competencias, compartidas o exclusivas. En este sentido, representando a Iniciativa per Catalunya, debo decir que nuestro reciente estatuto de autonomía señala en su artículo 153 que corresponden a la Generalitat las competencias exclusivas en el ámbito de las políticas de igualdad; o sea, la planificación, el diseño, la ejecución, la evaluación y el control de las normas y planes. Con esto quiero resaltar -y quiero ser tremendamente sincera- que hace dos o tres días nos ha llegado un informe y, posiblemente, tendrán que hacerse algunos pequeños retoques en el Senado para garantizar este marco competencial. Tenemos dudas razonables sobre algunos aspectos de la ley que tendrían que retocarse.
Estamos hablando fundamentalmente de los referidos al artículo 29, contratos de las administraciones públicas, al artículo 31, subvenciones públicas, al artículo 47, criterios de actuación de las administraciones públicas y a los apartados 6 y 13 en relación con la disposición adicional vigésima. En este sentido, anunciamos que presentaremos algunas enmiendas en el Senado, que simplemente pretenderán tener en cuenta las competencias exclusivas. Grosso modo este sería el escenario normativo y legislativo. Estamos debatiendo una ley, que podríamos llamar ley código, que modifica tres leyes orgánicas importantísimas: la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Poder Judicial y la que aprueba el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Además, hace un barrido importantísimo por 19 leyes más para garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación entre mujeres y hombres.


Nuestro grupo parlamentario presentó un total de 113 enmiendas, de las cuales 20 eran mejoras técnicas; hemos incorporado 10 enmiendas en su totalidad y 14 más a través de transaccionales. Por otro lado, hemos votado otras enmiendas transaccionales de otros grupos por considerar que mejoraban realmente el texto de la ley. Quisiera también resaltar que en esta legislatura da gusto trabajar las leyes, porque finalmente se llega a realizar mejoras importantes. Esto también tiene que ver con la necesidad, que es muy sana democráticamente hablando, de tener que pactar, de tener que negociar y de llegar a acuerdos. Esta es una de las cuestiones importantes de esta legislatura.


Entre los aspectos que se han mejorado, quisiera resaltar los siguientes.
La perspectiva de la múltiple discriminación a lo largo de todo el texto que mejora y amplía los derechos en igualdad de las mujeres que tienen una situación de singular dificultad, nos referimos a las pertenecientes a minorías, a las mujeres inmigrantes y a las mujeres con discapacidad; también se ha recogido el compromiso para la puesta en práctica de los medios necesarios para garantizar el respeto a la diversidad y a la diferencia. Nos parece muy importante que se hayan incorporado las políticas de cooperación internacional para el desarrollo, que para nosotros era fundamental. La incorporación -ya se ha dicho también por parte del ministro- del deporte y de la creación artística e intelectual entre los objetivos a trabajar por la igualdad y la no discriminación. El compromiso de la creación y el desarrollo de los agentes de igualdad en las administraciones públicas. Sabemos que aquí hay votos particulares del Grupo Socialista. Nosotros, evidentemente, hemos defendido estas enmiendas, que están ya incorporadas al dictamen y nos parecen fundamentales. También el desarrollo de los planes de organización del tiempo, aunque sea de manera inicial y a nivel de recomendación, a los entes locales, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas. La titularidad compartida entre las explotaciones agrarias, fundamental para las mujeres que viven en las zonas rurales y están desempeñando un papel sin precedentes en la vida económica, social y productiva. Las mejoras de la prestación por riesgo de embarazo, en concreto con un derecho de subsidio del cien por cien de la base reguladora correspondiente. La mejora de las cotizaciones en periodos de reducción de jornada. La reforma de la Ley Electoral con la obligación de la paridad del 40/60. Nosotros habíamos presentado una enmienda, las listas cremallera, pero consideramos que este es un paso importantísimo y por

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eso lo menciono, porque queremos que quede constancia de que es un cambio fundamental. La obligación de los planes de igualdad. En este caso lamentamos que solamente sea para las empresas de más de 250 trabajadores. La concreción del compromiso de la aprobación de un reglamento que determine y fije las reparaciones e indemnizaciones como consecuencia de conductas discriminatorias. La inclusión de la implantación de cursos destinados al profesorado universitario. La modificación, a través de nuestra enmienda 149, del artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores para incorporar el permiso que recoge este artículo respecto a aquellos casos que no necesiten hospitalización pero haya habido una intervención quirúrgica. Celebramos también que, con una transaccional, aprobemos el derecho y el reconocimiento del acogimiento simple, en igualdad con los demás acogimientos. Nuestro grupo había presentado nada menos que nueve enmiendas, repartidas por todo el texto, y la solución a la que hemos llegado con la transaccional, que creo que votaremos todos los grupos y que ha sumado el esfuerzo de muchas diputadas y portavoces, creemos que es una buena solución. El reconocimiento y la ampliación de derechos por maternidad a las mujeres autónomas, así como la bonificación para las sustituciones de baja por maternidad y la ampliación de los beneficios de la baja de maternidad, reduciendo totalmente las exigencias de cotización a las mujeres menores de 21 años y reduciendo a 90 días a las que tengan entre 21 y 26, nos parecen fundamentales.


He dejado para el final el permiso de paternidad. Sus señorías saben que nuestro grupo planteaba en la enmienda cuatro semanas de permiso de paternidad, con el convencimiento de que cuando el coste de la natalidad -lo ha dicho también otra portavoz- sea lo más equitativo posible entre mujeres y hombres a nivel laboral, solo en aquel momento, las mujeres estaremos más cerca de la no discriminación. Pues bien, lamentablemente -no debería ser así, pero es así-, hoy, el permiso de maternidad, que realmente debería llamarse de natalidad, se ha convertido en una discriminación que, por un lado, afecta claramente a la baja natalidad y, por otro, va en perjuicio de la carrera profesional de muchas mujeres.
Además -lo digo muy alto-, considero que es un permiso que, tal y como está en estos momentos en la sociedad, discrimina a los hombres y -lo digo todavía más claro- discrimina a los recién nacidos, por tanto, a los hijos o a las hijas, los cuales no establecen con los padres los vínculos que establecerían en caso de existir un buen permiso de paternidad, y a partir de aquel momento la corresponsabilidad seguramente sería mucho más clara. Por tanto, no estamos contentos con lo que hemos incorporado al dictamen, aunque evidentemente es mucho más que lo que teníamos hasta ahora, pero hubiéramos querido ese permiso de paternidad de cuatro semanas y que, en lugar de conseguirlo de forma progresiva y en un máximo de ocho años como hemos acordado, hubiera sido en seis años. De todas maneras, pensamos que es un avance muy importante y que ahora es un reto de toda la sociedad, fundamentalmente de los hombres pero también de las mujeres, que los padres empiecen a coger ese permiso de 15 días de paternidad y que demuestren a toda la sociedad, a todos nosotros, que es preciso ir un poco más rápido para conseguir el permiso de las cuatro semanas de paternidad. Tengo muy claro que si no se utiliza el permiso de 15 días, no lo vamos a poder pedir, pero si hacemos una buena campaña a lo mejor lo podemos conseguir.


Como no tengo tiempo, señalaré únicamente dos cuestiones que no hemos conseguido mejorar y que nos parecen muy importantes, por lo que nosotros mantenemos bastantes enmiendas. En concreto, no compartimos cómo resuelve la ley la propuesta del consejo de participación de la mujer. Hubiéramos querido que se creara un consejo de participación, independiente de la Administración y con recursos económicos del presupuesto del Estado, similar a lo que es el Consejo de Juventud. No tenemos por qué pensar lo mismo, es nuestra opinión y la de bastantes asociaciones de mujeres que no comparten la solución que se ha dado a esta cuestión y creo que es mejor encontrar alternativas que consigan cohesionar al conjunto del asociacionismo, algo que no se ha conseguido con esta solución.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe ir terminando, señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Señora presidenta, un momento.


Hay otros aspectos del modelo que nosotros no compartimos. Hubiéramos querido que la ley se enmarcara en un modelo de sociedad en el que quedara claro que no es suficiente cambiar las estructuras legislativas y jurídicas, sino que también es fundamental cambiar las estructuras sociales y económicas, y creemos que aquí la ley ha quedado realmente tímida. Es una ley que ha dado un primer paso importante, sobre todo en cuanto al marco legislativo de derechos y de no discriminación, y también -ya lo he dicho en otras ocasiones- es un reto para las comunidades autónomas, sobre todo para aquellas que tenemos las competencias exclusivas, porque tenemos mucho que desarrollar.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora García Suárez, muchísimas gracias.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y será doña Margarita Uría la que tomará en su nombre la palabra.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, señorías, distintos portavoces desde esta tribuna han felicitado hoy las navidades y el año al conjunto de la Cámara. Para mí también es otro motivo de felicidad el hecho de que podamos concluir este

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periodo de sesiones avanzando en la tramitación de una ley que es para la igualdad de hombres y mujeres.


Es conocido que el proyecto de ley ha merecido al Grupo Vasco, en términos generales, una valoración muy positiva. La igualdad afecta a la esencia misma de los derechos del ser humano; la discriminación constituye un ataque contra la propia dignidad de la persona; se constituye o caracteriza la igualdad como un elemento de justicia, inspirador y fundamento del orden constitucional y del principio democrático. Hemos incidido -como usted, señor ministro, no ignorará- en el concepto de transversalidad que tiene el proyecto de ley y, dentro de ese carácter de transversalidad o de influencia horizontal, son distintos los ámbitos materiales de actuación en los que incide; por lo tanto, también son distintos los niveles competenciales que reconocemos al Estado.
Competencias de este estilo usted las esperaba; su grupo sabe que han existido y mi formación política no ha defraudado presentándolas, en defensa de las competencias de las comunidades autónomas.


En relación con las enmiendas parciales que mi grupo presentaba, debo manifestar que las que considerábamos más importantes o más significativas están introducidas en el dictamen y, por lo tanto, no voy a hacer referencia a ellas, aunque sé que algunas son objeto de votos particulares por parte del Grupo Parlamentario Socialista. No obstante, las dos que nos parecían más importantes y significativas no están en este caso y, por lo tanto, quedarán introducidas y, como tal, pasarán al Senado. Una de ellas hace referencia a la introducción en el texto de una nueva disposición adicional, modificando la Ley Reguladora del Derecho de Asilo, sobre la posibilidad de que se consideren refugiadas a las mujeres extranjeras que huyan de sus países, debido a las persecuciones que tengan por objeto la condición de género, incluida la violencia contra ellas. Igualmente nos parecía satisfactoria -si bien incidencias ocurridas en el trámite de ponencia me permiten hoy ser solo relativamente feliz respecto de ella- la modificación de lo que el proyecto preveía en cuanto a la modificación del régimen de la Ley Orgánica Electoral General, porque habíamos conseguido introducir el aspecto de que fuese salvaguardada la distinta legislación que respecto a esto está introducida en la Ley 4/2005 del Parlamento vasco, cuando se hace referencia a cuál debe ser la composición de las listas electorales.


Efectivamente, tuvimos toda la receptividad del Grupo Socialista cuando se consideraba que en las elecciones a los miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas sus leyes reguladoras podían tener un régimen distinto, siempre que fuese más favorecedor para la presencia de las mujeres en las candidaturas. No obstante y de manera inexplicable para esta diputada -reconozco que no estuve presente en el trámite de ponencia porque estaba fuera de España-, me dicen que in voce, puesto que no hay ninguna enmienda que lo pida, se introdujo que la modificación que se pretende en el artículo 44 bis se iba a aplicar también a las elecciones a juntas generales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Me produce perplejidad porque me dicen que fue una representante del Grupo Popular -pero no es la portavoz en este momento- y me parece raro porque si el Grupo Popular no es partidario de las cuotas, no entiendo por qué tenía que mencionar las juntas generales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Además, denota una profunda ignorancia en el derecho electoral, puesto que es conocido por todo el mundo que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General no incluye en su ámbito de aplicación directa las elecciones a juntas generales. Existe una salvaguarda expresa en el Estatuto de Gernika -que tanto se dice respetar- y, por lo tanto, desde el año 1987 una ley del Parlamento vasco es la que regula las elecciones a juntas generales de los territorios históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y solo ha sido modificada por la Ley para la Igualdad de hombres y mujeres, que antes he mencionado, en lo que se refiere a la presencia de al menos el 50 por ciento de mujeres en sus listas. Las formaciones políticas que me han apoyado en la aprobación de la salvaguarda que yo pretendía del régimen vasco, igualmente ayudarán en el trámite del Senado a que salga este error de técnica legislativa y de conocimiento de las competencias en materia electoral ya que fácilmente va a ser subsanable.


Señorías, en cuanto a los aspectos que se incluyen en la ley, muchas de nuestras intervenciones van a tener un carácter coral puesto que las medidas parciales que se indican van a ser objeto de especial señalamiento por casi todas las portavoces. Me interesa un aspecto al que no se hizo prácticamente referencia en el trámite de Comisión, que es la afectación de las medidas sobre las cuotas electorales contenidas en la ley, el principio de igualdad y la representación política a través de los partidos. No lo hago solo porque pretenda defender lo que el proyecto de ley pretende, sino porque también tenemos una ley propia, la ley vasca que ya he citado varias veces, que está siendo recurrida por 50 diputados y senadores de esta Cámara ante el Tribunal Constitucional.


Señorías, yo entiendo que el proyecto no prevé medidas que tiendan a la disociación entre hombres y mujeres sino a su integración y el instrumento elegido, el de las cuotas impuestas en la Ley Electoral, es una de las herramientas posibles para su consecución, no implican, como veremos, una fragmentación del cuerpo electoral. Cierto que hay corrientes doctrinales, pero también es abundante la corriente que sostiene lo que yo sostengo en esta tribuna, que no supone una fractura ni tampoco vulnera el concepto de representación. El cuerpo electoral -afirman estos autores- sigue siendo estatal aunque el sistema electoral imponga su división en circunscripciones. Añadimos a ello que tampoco se ha considerado dividido el cuerpo electoral porque haya en las elecciones al Senado, una categorización por comunidades autónomas así como tampoco se rompe la indivisibilidad de los electores al Parlamento vasco cuando se prescribe un sistema que dota de igual representación a cada territorio histórico. Así, tampoco

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podemos considerar que el cuerpo electoral queda dividido, en razón del sexo, ni que mediante el sistema de cuotas se imponga a los electores la obligación de votar solo a los candidatos del mismo sexo. Si tuviera tiempo lo haría con más extensión, pero creo poder por lo menos enunciar que no hay vulneración de las dos dimensiones que contiene el artículo 23. El derecho de sufragio activo se atribuye en el 23.1 a los ciudadanos en general, definiéndolo como el derecho de aquellos "a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal." El hecho de que una candidatura venga configurada de modo paritario, en cuanto al género de las personas incluidas en la misma, es una cuestión que no afecta al derecho que se ejerce personalmente, no afecta al alcance del elector influir en la composición de la candidatura, que se le ofrece en todo caso como lista completa, bloqueada y cerrada. El elector solo puede elegir o no lo que en conjunto se le ofrece. Una breve referencia también al derecho de sufragio pasivo: En el artículo 23.2 se dice que "tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes." Es por tanto claramente un derecho de configuración legal, y el Tribunal Constitucional tiene manifestado que hay un amplio margen de libertad que se confiere al legislador para regular el ejercicio del derecho, es decir, para configurar el sistema mediante el que se produce en la práctica el acceso a los cargos y funciones públicas, y más concretamente al tratarse de cargos directamente elegidos por los ciudadanos, para configurar el sistema electoral. Por tanto creemos que la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral que se pretende, se proyecta directamente sobre la elaboración de las candidaturas, es decir, actúan en un momento anterior al ejercicio del derecho de sufragio pasivo.


Me gustaría poder hablar de la afectación al principio de igualdad y del test de razonabilidad de la medida, vinculado a la abundante jurisprudencia sobre el artículo 14, o a la afectación al principio de representación política y el test de razonabilidad en relación con el sistema de los partidos políticos o la proporcionalidad de la medida.
Todas estas cuestiones han sido ampliamente tratadas por la doctrina y es posible defender a la luz de ellas la plena constitucionalidad del texto que se pretende. Es a todas luces muy interesante además constatar la modulación, el acercamiento a la igualdad material que ha supuesto que exista un precepto como el 9.2 en la Constitución española. En el día de ayer, un ilustre diputado del Grupo Popular publicaba en el diario La Razón un artículo que decía taxativamente: la paridad electoral es inconstitucional. Y en todo el texto no se citaba para nada el artículo 9.2 de la Constitución, de sobra conocido, que deposita en los poderes públicos -en todos los poderes públicos- la responsabilidad de promover las condiciones de paridad democrática en la participación política, es decir, de suscitar y acometer la efectividad de un derecho fundamental como es el de la igualdad de géneros en la participación política. Se hacía además referencia -denotando erudición pero ocultando otros datos- a la decisión del Consejo Constitucional francés, de los años 1982 y 1999, diciendo que habían declarado inconstitucionales cuotas de participación política, pero no se decía que precisamente por esto, por no tener un artículo parecido al 9.2 -la Constitución francesa no tenía nada parecido al 9.2 español- fue objeto de modificación posterior a la última resolución de las citadas, la del año 1999, introduciendo un precepto que dio cobertura a la imposición de cuotas electorales, por parte del legislador, al introducir en un precepto relativo a la soberanía un inciso enunciando que la ley favorece el igual acceso de mujeres y de hombres a los mandatos electorales y a las funciones electivas. Se modifica también el artículo 4 de la Constitución francesa, relativo a los partidos políticos, para añadir que los partidos contribuyen a la aplicación del principio enunciado en el inciso citado del artículo 3 en las condiciones previstas en la ley, es decir, a la igualdad de hombres y mujeres en el acceso a los mandatos electorales y a las funciones electivas.


Señorías, no puedo concluir sin hacer referencia a dos modificaciones que se contienen en los anexos de la ley y en sus disposiciones adicionales, que a mi grupo le parecen interesantísimas, que por supuesto votó favorablemente, pero que algo tienen que ver con la corrección de la técnica legislativa que empleamos en esta Cámara. La ley prevé una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y otra del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, eso sí, para regular lo que son derechos funcionariales al margen de su condición de Poder Judicial que se tiene en el caso de los miembros del Poder Judicial. Pero, señorías, todos conocemos que en este momento hay en la Cámara dos proyectos de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial con avance desigual, y que también tenemos presentado, aprobado por el Consejo de Ministros y con todos sus informes, un proyecto de modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Está bien que estas cuestiones que afectan a la igualdad estén en este texto, pero a lo mejor debiéramos haberlo regulado dentro de los correspondientes textos sectoriales relativos a cada una de las materias.


No dejaré que me vuelvan a dar nuevos avisos y concluiré simplemente utilizando la misma expresión que el día 28 de noviembre de 2006 empleó en esta tribuna el portavoz de mi grupo, el diputado señor Erkoreka, cuando intervino en la proposición no de ley referida al derecho al voto de las mujeres, cuando dijo que la conquista del derecho al voto de la mujer fue algo bueno para las mujeres, pero sobre todo fue una conquista para la democracia. La aprobación de esta ley, que mi grupo va a apoyar, es también algo bueno para las mujeres, pero también creemos que refuerza la democracia.


Muchas gracias. (Aplausos.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Uría, muchísimas gracias.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y será la señora Oliva quien tomará en su nombre la palabra.


La señora OLIVA I PEÑA: Desde el independentismo de izquierdas estamos contentos y contentas de que por fin se debata parlamentariamente una ley de igualdad, ya que consideramos urgente y necesaria una ley de esas características, es decir, una ley para las mujeres. Pero a la vez también estamos defraudados, ya que consideramos de tal importancia la elaboración de una ley para las mujeres con el objetivo de mejorar sus condiciones sociales, económicas, culturales y políticas, que esta propuesta, a nuestro entender, se ha quedado corta, no ha querido abordar las verdaderas modificaciones para reparar las injusticias históricas que sufrimos las mujeres. Creemos -y así lo creen también muchas otras mujeres y asociaciones de mujeres de Cataluña- que los avances que supone esta ley están muy bien y, repito, eran del todo necesarios, pero dicha iniciativa legislativa podía haber dado un paso adelante más, ser más valiente e iniciar una modificación en profundidad del paradigma patriarcal y no quedarse solo en la mera modificación de determinados preceptos jurídicos. Así pues, la introducción de medidas para fomentar la igualdad paritaria no es suficiente para transformar el sistema patriarcal y, por lo tanto, era del todo necesaria una reforma que rompiera con dicho paradigma e introdujese una nueva concepción feminista, más acorde con las reivindicaciones, derechos y necesidades de las mujeres del siglo XXI. Una nueva concepción que debe partir de la consideración de la igualdad basada en la diferencia, es decir, de respeto por las formas de ser y de expresarnos distintas entre mujeres y hombres; una nueva concepción que debe basarse también en la igualdad de oportunidades y no solo de trato o numérica. En ese sentido, si bien hemos logrado que se introdujesen referencias a la necesaria toma en consideración de la diversidad de las mujeres y de la lucha por la igualdad de oportunidades, esta ley que hoy debatimos parece haberse hecho más para lograr algunos puestos en los centros de decisión políticos y empresariales, que para cambiar la realidad de las mujeres en su conjunto e individualmente. Con esta intención, Esquerra ha introducido un paquete de enmiendas dirigidas a la mejora de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las mujeres pero, sobre todo, dirigidas a profundizar en la garantía de determinados derechos de maternidad y laborales de todas las mujeres, las trabajadoras autónomas también. Hemos creído conveniente poner el acento en todo aquello que hace referencia al trabajo, ya que creemos que la suficiencia económica de las mujeres es la que dicta su independencia de otras personas, especialmente de los hombres y, por lo tanto, es el antídoto a posteriores situaciones de malos tratos, dependencias emocionales, etcétera, que acaban cortando de raíz la dignidad y la libertad de las mujeres.


En ese sentido, hemos logrado que las reducciones de jornada por motivos de cuidado a hijos e hijas y a otros familiares, no supongan una reducción de las condiciones de cotización previas a la modificación de la jornada laboral, con el claro propósito de ayudar a las mujeres a no perder en derechos laborales, mientras sean ellas las que mayoritariamente se ocupen de estas tareas. También hemos logrado un subsidio universal para todas las mujeres, con el objetivo de universalizar la ayuda en su momento que se estableció para las madres trabajadoras, pasando a reconocerla de forma general a todas las madres.
Finalmente, se ha logrado que las trabajadoras por cuenta propia no tengan que pagar sus cuotas de Seguridad Social durante el permiso de maternidad. Así pues, hemos llegado a acuerdos como, por ejemplo, las mejoras para las mujeres en los ámbitos rurales y pesqueros y agradecemos la capacidad de negociación, pero aún tenemos muchas otras propuestas que, a nuestro entender, mejoran sustancialmente el texto.


Una de estas mejoras son las enmiendas presentadas con el fin de acabar con una de las discriminaciones más profundas de nuestra sociedad, la que atenta a la igualdad en derechos para las personas casadas o emparejadas con otras de su mismo sexo. En este sentido, la realidad, incluso la jurídica, demuestra que aún hoy las parejas lesbianas no gozan de los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Por este motivo, en una ley que pretende acabar con las discriminaciones contra las mujeres y extender el principio de igualdad de oportunidades, era imprescindible la subsanación de las discriminaciones contra las mujeres lesbianas. Así, pues, en primer lugar, proponemos la modificación de la Ley sobre el Registro Civil para sustituir el término padre y madre por progenitores, para que todas formas de filiación estén reconocidas. También proponemos añadir a los conceptos de filiación materna o paterna el concepto de filiación comaterna, para extender el derecho de las parejas lesbianas, tal y como se recogen en otros ámbitos de la ley. En segundo lugar, también proponemos otra modificación de dicha ley para que las madres solteras no deban obligatoriamente reconocer el padre del hijo o de la hija que inscriben en el Registro Civil, cuya filiación no es reconocida, para acabar de esta manera con una situación ridícula e insultante para las mujeres que deciden tener un hijo ellas solas. En este sentido, no nos valen argumentos como en esta ley no toca, porque se trata de una ley para las mujeres, las lesbianas también; no se trata de debatir la orientación sexual, pero sí de reparar derechos privados a mujeres.


Por otro lado, también nos gustaría que se introdujesen una serie de enmiendas, algunas de ellas transaccionadas, que pretenden dejar clara la necesidad de dotar presupuestariamente esta ley y todas y cada una de las acciones que se desprenden de ellas. Precisamente, los presupuestos es uno de los temas en los que más énfasis debiera poner la ley, ya que no solo es imprescindible

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destinar los recursos económicos necesarios para la erradicación de las discriminaciones contra las mujeres, sino que además también es necesaria la introducción de los llamados presupuestos de género, otro concepto que la ley no recoge, pero que desde el movimiento feminista hace tiempo que nos reclaman, los cuales no suponen ni más dinero ni una asignación diferenciada por sexos, sino que únicamente suponen el impacto de género en los presupuestos que acompañan a todas las políticas públicas porque no siempre una medida pretendida neutral acaba siéndolo.


Por lo que respecta al permiso de paternidad, la novedad de la ley, permítanme que haga una puntualización. A menudo se ha dado a entender que la ley que estamos debatiendo hoy se ha hecho solo para justificar la introducción de esta medida, el permiso de paternidad, una medida que celebramos, pero que en ningún caso justifica la elaboración de una ley entera para vestir esta propuesta. Más convencida estoy cuando analizamos la memoria económica, la cual presupuesta casi en exclusiva el coste para la Seguridad Social de este permiso, dando a entender que es la medida más importante. Así pues, si bien creo que es necesaria la introducción en nuestro sistema del permiso de paternidad, no debe incluirse esta propuesta paradójicamente en una ley para las mujeres. Es decir, elaboramos una ley para ellas donde la propuesta más importante es para ellos. ¿No creen que sería mejor incluir esta medida en la futura ley de conciliación?

Podemos estar de acuerdo en que el permiso de paternidad sirve para dar la oportunidad de gozar de sus hijos e hijas a sus padres, pero no nos engañemos, es y debe ser, sobre todo, para concienciar de la necesaria corresponsabilidad del cuidado de hijos e hijas. Es por eso que creemos que el permiso de paternidad debe ser de cuatro semanas e instransferible. Por tanto, celebramos la propuesta de la introducción progresiva de las dos semanas de paternidad para que en un periodo de ocho años podamos gozar de un verdadero permiso de paternidad de cuatro semanas. De entrada, nos hubieran gustado las cuatro semanas, pero entendemos que es una medida razonable, que debe ir acompañada de una gran campaña de promoción y de normalización para introducirla exitosamente. Por otro lado, somos conscientes de que esta ley padece de cierta invasión competencial por lo que respecta al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, pero a la espera del dictamen final, en el trámite del Congreso, confiamos en nuestros compañeros de Esquerra en la Entesa para que pongan su solución a este problema. Entre tanto, damos nuestro apoyo a determinadas enmiendas que van en esta dirección presentadas por el resto de los grupos parlamentarios.


Para acabar, esta ley es un gran avance y nos felicitamos por ello, pero también opinamos que se ha hecho de cara a la galería, deprisa y corriendo para poderla aplicar en las próximas elecciones municipales, sin contar con la necesaria transformación de los patrones culturales y sociales que hagan efectiva esta ley. Esperemos que a partir de su aprobación se desarrollen las campañas pedagógicas esenciales para lograr con éxito su aplicación, y sobre todo para poner los cimientos sobre los cuales edificar a medio plazo una nueva ley más progresista aún, más feminista, una ley para las mujeres y no para la prensa. No lo duden, las mujeres y los hombres de Esquerra no cesaremos de trabajar en este empeño.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señora Oliva.


Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y en particular de la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora vicepresidenta del Gobierno, señor ministro, señorías, desde el compromiso político de Convergència i Unió con la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres, compartimos, como no podía ser de otra manera, la finalidad y los objetivos del proyecto de Ley de Igualdad que hoy entra ya en la recta final de su tramitación en esta Cámara. Ello es así, lo ha señalado el señor ministro, porque es evidente que, a pesar de la igualdad formal reconocida en la Constitución y en todas las leyes, la realidad insistentemente nos muestra la evidencia de la violencia de género, la discriminación salarial, la dificultad en el acceso y en la promoción laboral, la asunción casi en exclusiva por parte de las mujeres de las responsabilidades familiares y la todavía escasa presencia de mujeres en los lugares donde se toman las decisiones. Estas situaciones, desgraciadamente todavía cotidianas, exigen la adopción de nuevos instrumentos si realmente queremos que la igualdad, además de ser un ideal de justicia o un mero reconocimiento formal, sea una realidad de todos los días. Por ello, valoramos en su día positivamente el anuncio del Gobierno en el sentido de que se iba a enviar a la Cámara un proyecto de Ley de Igualdad, especialmente cuando dicho anuncio iba acompañado de declaraciones que recuerdo del señor ministro y que figuran en los medios de comunicación, de que el anteproyecto era realmente una ley muy potente, era el inicio de una revolución social que marcaría a toda una generación, o las declaraciones de la señora vicepresidenta del Gobierno, manifestando que la Ley de Igualdad sería la norma más importante para alcanzar la igualdad real desde que se aprobó la Constitución. ¡Ojalá!

Con estas expectativas, que ponían el listón francamente muy alto, estudiamos atentamente el proyecto que entró en la Cámara y reconocimos que, si bien suponía un buen paso adelante en diversos aspectos, uno de ellos y no el menos importante, poner encima de la mesa la necesidad de la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres como requisito de democracia plena, nos parecía al mismo tiempo tímido en algunas de sus

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propuestas, especialmente en las referidas a la conciliación, y dentro de ellas al exiguo permiso de paternidad que proponía el proyecto. No podemos olvidar que más allá de aspectos importantes, pero emblemáticos, tales como la presencia de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas o en las listas electorales, lo que realmente afecta a un mayor número de ciudadanas son todos los aspectos derivados de la conciliación, desde la necesidad de implicar en mayor medida a los hombres en la asunción de las responsabilidades familiares, para dejar de estar penalizadas laboral y salarialmente porque a los ojos de los empleadores las mujeres representan todavía hoy casi todas las desventajas de la conciliación -y no olvidemos que no es el sexo lo penado, es la maternidad y la asunción de la responsabilidades familiares-, hasta aquellas otras medidas para facilitar en un sentido más amplio que las mujeres que quieran tener hijos los puedan tener y atender compaginándolo con la vida laboral. Corregir los efectos, listas electorales y consejos de administración, está muy bien, pero erradicar las causas es a nuestro modo de ver el futuro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En este sentido, el proyecto ha mejorado a lo largo de su tramitación parlamentaria, no solo con la aceptación o transacción de las enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario, sino también con la aceptación de enmiendas de los otros grupos, porque -y aquí coincido con las palabras de portavoces que me han precedido- todos los grupos hemos trabajado con un mismo espíritu que era el de enriquecer la ley. Es evidente que no es el momento ni el tiempo para un análisis pormenorizado de todas las buenas modificaciones que ha sufrido el texto, pero me gustaría resaltar alguno de los aspectos a nuestro juicio más relevantes de las mismas.


Nos agrada, señorías, que el preámbulo recoja la discriminación en las pensiones de viudedad como una desigualdad real, no solo porque es evidente que es así, sino especialmente porque significa un mandato para seguir corrigiendo -ya se hace- la injusticia que todavía existe con unas mujeres que han trabajado dentro y fuera de casa, y que tienen actualmente unas situaciones económicas que apenas les permiten sobrevivir. Era también necesario que la ley visualizara, y lo hace ahora, la doble múltiple discriminación que padecen algunas mujeres que presentan especial vulnerabilidad, tales como algunas minorías: mujeres inmigrantes y mujeres con discapacidad. Nos gusta que una norma de este rango ratifique la necesidad de incorporar la dimensión de género en la política internacional de cooperación para el desarrollo y también que se haya incorporado una enmienda, defendida y mencionada ahora por la señora Uría, para que se reconozca la condición de refugiadas a las mujeres extranjeras que huyan de sus países, debido a la persecución por sufrir violencia por razón de su sexo, incluyendo la violencia de género. Ha aludido también a ello el señor ministro en la presentación de la ley.


Son bastantes las iniciativas que se han ido aprobando en esta Cámara en este sentido, pero nunca hasta ahora con fuerza de ley. Nos parece también importante -porque únicamente los derechos son exigibles incluso ante los tribunales- que la ley recoja las enmiendas de CiU en el sentido de plantear la igualdad no solo como un principio sino como un derecho, el derecho fundamental al que se alude en el artículo 14 de la Constitución con las garantías del artículo 53.2 del mismo cuerpo legal, y que el objeto de esta ley sea precisamente hacer efectivo este derecho.
El texto, por otra parte, se adecua ahora a la redacción dada a la directiva que traspone con respecto a la definición de acoso sexual y por razón de sexo, recoge mejor los objetivos a que han de atender las estadísticas, y todo ello nos parece también muy positivo.


La conciliación. Sentimos que no se haya podido llegar a un permiso de paternidad inicial de cuatro semanas, como el que planteaba mi grupo parlamentario, pero el aprobado de cuatro semanas, dos semanas iniciales con un desarrollo progresivo quizás en un plazo excesivamente largo -aquí coincido con la intervención de la señora García-, nos parece un primer paso necesario para reconocer un derecho, estimular su ejercicio y para que todos -hombres, empresas y también las propias mujeres- emprendamos una nueva cultura de corresponsabilidad en las obligaciones familiares.
En este mismo tema de la conciliación, valoramos positivamente la ampliación del derecho a tener jornada reducida hasta los ocho años de los hijos, porque es una medida sobre la que hay una gran demanda social -y nos alegramos de que haya sido atendida-, así como el ampliar los permisos retribuidos de dos días a las supuestas intervenciones quirúrgicas sin hospitalización que precisen reposo domiciliario.
Valoramos también muy positivamente la mejora que supone para las trabajadoras autónomas el hecho de que no tengan que abonar su cuota a la Seguridad Social durante la baja por maternidad, que perciban el subsidio por maternidad y que puedan contratar con bonificación a una persona sustituta. Nos alegra especialmente que se hayan atendido las propuestas de mi grupo parlamentario en lo que respecta a tres situaciones concretas. La primera, en los casos en que el padre o la madre opten por reducir su jornada laboral para el cuidado de un menor, dicha jornada compute a efectos de cotización a tiempo completo durante un periodo de dos años; la segunda, que el subsidio de maternidad puedan cobrarlo las menores de 21 años solo con tener un día cotizado y, que a las menores de 26, les baste con tener 90 días frente a los 180 que se exigía en el proyecto; y la tercera, que la prestación por riesgo durante el embarazo consista en un subsidio equivalente al cien por cien de la base reguladora correspondiente frente al 75 por ciento previsto también en el proyecto. Señorías, recapitulando en este breve análisis, es evidente que es posible avanzar más, incluso mucho más, en permisos de maternidad, en permisos de paternidad y en permisos flexibles. El señor ministro nos decía que

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somos uno de los países que estamos situados en la banda alta, es cierto, señor ministro, pero esto hay que compararlo también con los servicios de atención a los menores y a los dependientes que hay en los otros países, y aquí también nos queda un camino por recorrer. No sé si esta ley va a suponer la revolución social con la que se presentó, ojalá que sí, pero sinceramente pensamos que supone un avance importante en el impulso de las medidas necesarias para avanzar en la igualdad real. Por ello anuncio ya el voto favorable de mi grupo parlamentario, significando, como hago también en la tramitación de otras leyes, que no es un sí cerrado, que aspiramos a tenerlo abierto para seguir incorporando nuevas mejoras en lo que queda del trámite parlamentario.


Por ello les solicito ahora ya su voto favorable a las enmiendas transaccionales, que nos han ofrecido a las enmiendas de Convergència i Unió, que se han negociado en estos últimos días, cuya copia tienen ya los grupos y que se refieren a los tres temas siguientes: Primero, que las abogadas y abogados puedan solicitar la suspensión de las vistas judiciales durante el permiso de maternidad, garantizando evidentemente el derecho de defensa; segundo, que en el supuesto de que la madre se encuentre en un régimen de cotización social para el que no se le reconozca el derecho de suspensión de contrato, el permiso pueda ser disfrutado por el otro progenitor, en el caso de que este último se encuentre en el régimen general de la Seguridad Social -una situación que hasta ahora estaba vedada porque era un derecho propio y no se podía derivar- y, tercero, atendiendo a las especialidades del derecho civil catalán, en el que no existe la figura de acogimiento permanente, que cuando la ley habla de acogimiento, se especifique que además del preadoptivo y el permanente, también se incluya el acogimiento simple, para que no queden sin protección los padres que tienen este tipo de acogimiento y que hoy quedan fuera de las previsiones de la ley.


Finalmente, quiero señalar lo que a juicio de Convergència i Unió es un olvido importante, al menos un olvido por nuestra parte, y que se refiere a la situación de padres de niños prematuros. Hoy la legislación prevé para estas situaciones la misma duración de la suspensión de contrato por maternidad que para un parto normal. Aunque en la pasada legislatura, a una propuesta de mi grupo parlamentario, aprobamos que se podía interrumpir la suspensión del contrato a partir de las seis semanas de recuperación de la madre y reanudarlo cuando el niño es dado de alta, lo cierto es que la presencia, casi constante, y atenciones de algún progenitor mientras el niño permanece en la incubadora se consideran médicamente básicas para su viabilidad, lo cual no es posible si no se tiene suspendido el contrato y es, como digo, una situación que debe resolverse, porque muchas veces conduce a que alguno de los progenitores, especialmente las mujeres, tengan que abandonar su actividad laboral para atender a los hijos. Anuncio que mi grupo presentará una enmienda en este sentido en el Senado para la que solicito su apoyo y ofrezco también mi apoyo a cualquier enmienda que corrija la invasión competencial que supone esta ley.


Finalizo, señorías, reiterando mi voto favorable y deseándoles a todos y a todas una feliz Navidad.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Pigem, muchas gracias.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y será doña Susana Camarero quien, en su nombre, defenderá las enmiendas de su grupo a este proyecto de ley. Adelante, cuando quiera, señora Camarero. (Rumores.) Silencio, señorías.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


En primer lugar, quiero saludar a las asociaciones de mujeres que hoy nos acompañan, así como a doña Soledad Murillo, secretaria general de Políticas de Igualdad, a la directora general y a todo su equipo. Desde el Grupo Popular compartimos con el resto de los grupos de la Cámara la necesidad de la realización de una Ley de Igualdad, que busque la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Sin embargo, con este proyecto el Gobierno ha perdido de nuevo la oportunidad de hacer una buena ley, la que las mujeres necesitamos. Digo esto porque este proyecto de ley concede huecos a las mujeres en los altos cargos del Estado, en los consejos de administración, en las listas electorales, pero es un proyecto de ley que no concede derechos. No concede derechos a conciliar, a recibir la misma retribución que un hombre por un mismo puesto de trabajo, a no ver coartado su acceso al mercado de trabajo o incluso el ascenso por el mero hecho de ser mujer.


A pesar de ello, hemos tendido la mano al Gobierno desde el principio buscando el acuerdo, pero ustedes no han querido negociar con nosotros esta ley. No basta decirlo, señor ministro, hay que demostrarlo y hay que ceder algo en estas posturas iniciales. Mientras que en las legislaturas pasadas nosotros trabajamos intensamente para aprobar leyes con el mayor de los consensos, especialmente cuando estas iban dirigidas a las mujeres, lográndolo, entre otras, con la ley que regula las órdenes de protección y, cómo no, con la Ley de Conciliación de 1999, aprobadas por unanimidad gracias al esfuerzo y la generosidad del Gobierno del Partido Popular, en esta ley esto ha brillado por su ausencia. Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos plasmado nuestra voluntad de consenso mediante la presentación de nuestras enmiendas, que han ido dirigidas a mejorar un proyecto de ley tildado por los grupos de insuficiente, tímido y con pocas medidas innovadoras. Es un proyecto que hemos calificado de ley de paridad dirigida a las elites, y estas son las únicas que deben estar hoy contentas, señor ministro. Sus medidas estrella tienen una incidencia poco efectiva en la igualdad entre hombres y mujeres y no resuelven sus problemas cotidianos, que son la falta de armonización de horarios, la conciliación,

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la corresponsabilidad o la falta de escuelas infantiles. Nuestras enmiendas tienen unos objetivos claros. Por una parte, pretenden eliminar la obligatoriedad de la ley. Desde el Partido Popular creemos que la obligatoriedad no es sinónimo de efectividad y, por ello, abogamos por medidas de incentivos y bonificaciones. Cada uno elige cómo gobernar.
Desde el Partido Popular elegimos medidas liberales, basadas en la autonomía y en la libertad de las partes, y el Partido Socialista está eligiendo políticas intervencionistas, basadas en la imposición y en la obligación. (Varios señores y señoras diputados: ¡Muy bien!- Aplausos.) Nuestras enmiendas pretenden sustituir la obligación de realizar planes de igualdad por el impulso de los mismos en la negociación colectiva y promover sin imposiciones la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los consejos de administración de las empresas, y no solo en unas pocas empresas, como hace el Gobierno, en esas ciento ochenta y pico del IBEX, sino en todas, pero sin cuotas y sin plazos de ocho años; además, de pedir que se amplíe a todos los órganos de dirección, es decir, a consejos de administración y dirección, que son donde se resuelven los problemas de las empresas, y que impulsemos este equilibrio en los órganos de dirección de las asociaciones, de los sindicatos, de las ONG, etcétera. ¿Por qué el Gobierno tiene miedo a imponer a los sindicatos aquello a lo que obliga a las empresas? (Rumores.) Quien crea en la paridad, que lo exija para todos.


Coherentes con nuestra tradicional oposición a las cuotas, nos oponemos radicalmente a la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, prevista en la disposición adicional segunda. Para el Gobierno esta modificación está suponiendo el eje central de esta Ley de Igualdad, aspecto intocable que preside el proyecto. Sin embargo, desde el Grupo Popular consideramos que esta modificación de la Ley del Régimen Electoral General no debe vestirse con el traje de una Ley de Igualdad definida como de hondo calado social, porque esto supone un fraude para las mujeres españolas, a las que habían generado unas expectativas que no cumplen. Si el continente no es el más adecuado, porque esta modificación se podría haber realizado en el seno de la Comisión Constitucional como el resto de las reformas de la Ley del Régimen Electoral General que han ido aprobándose desde hace 21 años, el contenido deja mucho que desear, porque vulnera varios preceptos constitucionales, como el derecho a la libre elección de representantes políticos, el principio de libertad como elemento central de la actuación de los partidos políticos o el principio de igualdad de sufragio, sin olvidar las formas. Les debo recordar, señorías, que hoy el Partido Socialista está rompiendo un acuerdo tácito, no escrito pero aplicado en los últimos 21 años, por el cual todas y cada una de las modificaciones de la Ley de Régimen Electoral General se han realizado con amplísimas mayorías, casi siempre rozando la unanimidad.


Señorías, una ley medular del sistema democrático no puede ni debe ser modificada sin el apoyo del principal partido de la oposición -no ha pasado nunca, señorías- y supone un precedente difícil de justificar si no pensamos que se deba al empeño o capricho de algún miembro del Gobierno. No quiero dejar de leer las palabras de un ilustre miembro del Partido Socialista, el presidente de la Comisión Constitucional, señor Guerra, que el pasado 24 de mayo decía en la Comisión: Baste decir solo que las leyes electorales se pueden clasificar en buenas o malas técnicamente, pero hay también otra clasificación: si tienen el acuerdo de los van a jugar en el proceso electoral o no tienen el acuerdo, y eso es básico a la hora de hacer una ley. Ustedes han roto este acuerdo unilateralmente y será su responsabilidad. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos.) A estas alturas, desde el Partido Popular no necesitamos justificar nuestra voluntad y nuestro compromiso con la incorporación de las mujeres a las candidaturas y a los órganos de dirección del partido; lo hacemos por convencimiento y nunca por una imposición legal. Además, hay otros aspectos que nos preocupan más que imponer una cuota o un porcentaje -debemos evitar la rotación y fomentar el liderazgo de las mujeres-, sin olvidar que para el Partido Socialista la paridad es pura propaganda, un objetivo estratégicamente mal planteado que ha quedado más que tocado, cuestionado y desestimado por el número de mujeres que componen el Gobierno catalán, y eso que se conformó cuando esta ley ya estaba tramitándose. (Una señora diputada: ¡Muy bien!)

Señor ministro, ustedes no pueden imponer a toda la sociedad lo que incumplen sistemáticamente en todos los niveles del Gobierno, salvando el gancho publicitario del Consejo de Ministros; en el resto, la paridad es un cuento. Y si no, miremos a la Mesa del Congreso y comprobaremos cómo hemos retrocedido en representación de mujeres. Con el Partido Popular, el Parlamento lo presidiría una mujer, y Carmen Chacón, que lo preside fenomenalmente, hoy no estaría solamente sustituyendo al presidente.
(Rumores y protestas.) Sería ella.


Por otra parte y fieles a nuestro compromiso con la conciliación, hemos presentado un bloque importante de enmiendas en las que se desarrolla un título nuevo dirigido a las nuevas medidas que el proyecto no recoge.
Quiero aprovechar este momento para agradecer a mi compañera, María Eugenia Martín Mendizábal, su esfuerzo, su trabajo y sus aportaciones sobre derechos laborales y su generosidad por cederme su parte de tiempo en este debate. Miren, señorías, todos los expertos mantienen que lograr horarios flexibles, una nueva y adecuada organización del tiempo de trabajo, crear bolsas de horas para incidencias, el incremento del permiso de maternidad favorecen la motivación, reducen el absentismo y, con ello, incrementan la productividad. Hacia la consecución de estos objetivos van dirigidas nuestras enmiendas, en las que proponemos nuevos derechos sociales hacia la igualdad, enmiendas que van desde la excedencia de tres años, hasta un permiso de

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maternidad ampliado a veinte semanas para el segundo y veinticuatro semanas para el tercer hijo, incentivar la retribución por objetivos y la flexibilización horaria, el bono guardería, el bono dependiente, las guarderías en los centros de trabajo o el aumento de la mal llamada paga, las ayudas de los 100 euros, a las mujeres trabajadoras. ¿Que tienen un coste económico? Evidentemente, pero es perfectamente asumible en estos momentos en los que todavía disfrutamos de ese superávit en la Seguridad Social y en el Estado del que tanto presumen ustedes, señores del Gobierno.


Nuestras propuestas inciden especialmente en la corresponsabilidad, otorgando los mismos derechos a los padres que a las madres cuando hablamos de permisos de lactancia, excedencias, flexibilizaciones horarias o construcción de guarderías, y muy especialmente creando un permiso de paternidad serio y amplio de cuatro semanas independiente e intransferible. Señorías, el camino hacia la corresponsabilidad -y debemos recordarlo hoy- lo inició el Gobierno del Partido Popular al incorporar al padre en el permiso de paternidad y permitirle el disfrute del mismo, porque antes los padres ni contaban ni existían. (Rumores.) Hoy esta corresponsabilidad debería dar un paso más con el permiso de paternidad propio. Sin embargo, este parche de trece días que pone el Gobierno -porque, señorías, no son quince, los otros dos los paga la empresa, ¡hay que ser cutres!-, con el plazo de ocho años para llegar a las cuatro semanas que todos los grupos pretendíamos, va a impedir que se cumplan los objetivos esperados de esta medida: la verdadera corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, además de permitir que a los empresarios no les resulte más gravoso contratar mujeres. El permiso de paternidad debería ser sin duda una de las medidas más importantes de la ley, porque es una de las pocas medidas concretas, cuantificables y efectivas. Por eso el Grupo Parlamentario Popular se va a mantener fiel a su compromiso y a la palabra dada y va a mantener tanto en el Congreso como en el Senado su enmienda de las cuatro semanas. No vamos a apoyar a un Gobierno que pretende escatimar y dilatar el ejercicio de derechos.
Creemos que el Gobierno debería haber realizado un esfuerzo mayor con este permiso y que la presión de los grupos, mostrada a través de nuestras enmiendas, debe continuar para conseguir aumentar un derecho que para todos es fundamental; pero la arrogancia del PSOE le lleva a no aceptar las enmiendas de nuestro grupo parlamentario, aunque estas puedan mejorar el texto del proyecto, llegando al absurdo de no aprobar aquellas enmiendas que pretenden corregir un chirriante lenguaje sexista en una llamada Ley de Igualdad. Hasta ahí llega su sectarismo y su incongruencia. El Partido Socialista de nuevo da la espalda a la conciliación y con ello a la corrección de las dificultades que hoy todavía padecemos las mujeres, a pesar de que es imprescindible apostar de forma decidida por la conciliación y la corresponsabilidad si queremos construir una sociedad moderna, democrática e igualitaria.


Señorías, en el Partido Popular no vamos permitir lecciones de igualdad, porque si hay un partido político que desde el Gobierno ha trabajado por mejorar los derechos de las mujeres ha sido el Partido Popular.
(Rumores.-La señora Pastor Julián: Sí señor.) Por eso podemos hablar de la Ley de conciliación de 1999, que fue la primera ley de igualdad y que supuso un hito en el camino hacia la igualdad y la conciliación por estar plagada de reconocimientos de derechos. Podemos hablar de los 2,5 millones de mujeres que lograron incorporarse al mercado laboral, de las ayudas a las madres trabajadoras, del coste cero, de las bonificaciones a la contratación indefinida, de incentivos, del Plan de lucha contra la discriminación salarial y laboral, etcétera.


Desde el Partido Popular hemos ido muy por delante en las medidas de igualdad y sin dedicarnos a utilizar a las mujeres como bandera electoral. Desde el Grupo Parlamentario Popular venimos apoyando todas las iniciativas que mejorasen, por poco que fuese, la situación y la calidad de la vida de las mujeres. Sin embargo, ya les advertimos que esta vez no les íbamos a entregar un cheque en blanco, que no nos íbamos a volver a fiar. Hace dos años, por estas fechas, les apoyamos en la Ley Integral de Violencia y, tras dos años, la sociedad entera ha podido darse cuenta de que esta ley no está dando los resultados esperados, que no está siendo suficientemente eficaz por la falta de compromiso del Gobierno. Ahora de nuevo...


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Vaya terminando, por favor.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Voy terminando, señora presidenta.


Ahora de nuevo el Gobierno no quiere o no sabe comprometerse con las mujeres en esta ley y se queda corto, muy corto. No asume compromisos. No asume responsabilidades y las traslada a las empresas. Realiza una ley de plazos y pospone la ejecución de sus medidas estrella a los próximos cuatro u ocho años, sin saber ni importarles cómo va a estar la sociedad ni sus necesidades. Por eso el Partido Popular no va a ser cómplice ni del PSOE ni del Gobierno en esta farsa. Las mujeres españolas necesitan, necesitamos, una Ley de Igualdad, pero no esta ley; una ley que recoja nuevos derechos, que mejore los derechos existentes y que sea efectiva para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Nosotros no vamos a votar hoy negativamente esta ley, porque hay una parte de la misma, todo lo que tiene que ver con el acoso y la discriminación y todo lo que supone de trasposición de las directivas europeas, que nos parece positiva. Sin embargo, por coherencia no podemos dar el sí. No podemos sumarnos a una ley que se centra en la imposición de la paridad, que da la espalda a la conciliación y que no resuelve los problemas de las mujeres. Ustedes no han querido contar con el Grupo Popular. No han querido el consenso. No han apoyado nuestras enmiendas y han querido aprobar esta ley sin nuestro

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apoyo. Por tanto, esta es su ley y su responsabilidad. Nosotros desde el Partido Popular seguiremos trabajando por que el Parlamento apruebe en el futuro medidas que solucionen los problemas cotidianos de las mujeres, todos los que ustedes no han sabido o no han querido solucionar en esta ley.


Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien!- Varios señores diputados: ¡Bravo!)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, finalizamos el turno de debate y de defensa de enmiendas con el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Comenzaremos con la señora Hermosín y terminará el señor Membrado. (Rumores.) Silencio, por favor, señorías.


Adelante, señora Hermosín.


La señora HERMOSÍN BONO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora vicepresidenta del Gobierno, para mí desde luego es un enorme honor subir a esta tribuna, justo cuando estamos terminando este periodo de sesiones, en el último Pleno, para defender el proyecto de Ley de igualdad efectiva de hombres y mujeres que ha traído el Gobierno y que vamos a terminar de debatir en breves momentos.


Este proyecto cumple con un importante compromiso electoral del Partido Socialista para remover los obstáculos que todavía existen para la igualdad real y efectiva. Además, ha convertido en una importante ley orgánica lo que si el Gobierno hubiese sido más diletante se hubiese quedado simplemente en una trasposición de dos directivas, de los años 2002 y 2004, que por cierto no había traspuesto el Gobierno del Partido Popular sobre igualdad de trato.


Es una ley que tiene un gran calado social y que sitúa a España a la cabeza de las políticas de igualdad de los países de nuestro entorno.
Quiero empezar también -como lo ha hecho antes la señora García- agradeciendo el trabajo que han hecho los grupos parlamentarios por mejorar el proyecto que llega a la Cámara y muy especialmente a las portavoces de los grupos parlamentarios, a mi compañera Monteserín que es la ponente de esta ley, como también a Jesús Membrado, que va a hacer una intervención sobre la parte laboral y de Seguridad Social y de conciliación que yo no voy a tocar, a la señora García, a la señora Oliva y a todas las portavoces de los grupos parlamentarios. Se ha hecho un esfuerzo y ese esfuerzo ha dado fruto. Hemos podido transaccionar un número importantísimo de enmiendas y mejorar algunos aspectos del proyecto. No me voy a referir a todos, pero sí a algunos que me parecen especialmente más importantes. Por ejemplo, el tratamiento que se da en la ley a las mujeres en el medio rural, a las minorías en general y a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad, a un mejor reparto de los tiempos entre hombres y mujeres, al permiso de paternidad, a igualar el acogimiento simple con el resto de modalidades de acogimiento para que puedan quedar incluidas aquellas comunidades autónomas que tienen un derecho civil propio y también a todo lo referido a la cooperación internacional.


Esta ley trata de reparar una injusticia histórica, pero una injusticia que pervive en nuestra sociedad porque hoy sigue habiendo situaciones de discriminación y desigualdad de trato y oportunidades para las mujeres. A pesar de los avances que todos sabemos que ha habido, las mujeres siguen siendo discriminadas en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial y tienen a su cargo la mayor parte de las responsabilidades domésticas y del cuidado de hijos y de familiares que lo necesitan; además, también están infrarrepresentadas en todos los ámbitos de la vida pública. Por ello, la existencia de esta ley es importante en sí misma.


La ley apuesta por medidas muy concretas para remover los obstáculos e impedir las discriminaciones. La ley -lo ha dicho antes el ministro y voy muy de pasada- define los conceptos relativos a la igualdad, como la discriminación directa e indirecta, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo; se podrán declarar nulos y sin efecto los actos discriminatorios, invirtiendo además la carga de la prueba en la defensa de esas mujeres, y se habilita a los poderes públicos para adoptar medidas de acción positiva; además, va a dar esperanza cierta a demandas de colectivos de mujeres, como las mujeres rurales, las mujeres mayores, las autónomas, las empresarias, las jóvenes en su primer empleo o las que elijan ser madres. La ley integra el principio de igualdad de género en las políticas públicas de educación y de sanidad; se establece el principio de representación equilibrada -no estamos hablando de cuota, me da igual cómo quieran denominarlo- en los nombramientos realizados por los poderes públicos y en los consejos de administración de las grandes empresas; se reforma la Ley de Régimen Electoral General para que todas las listas electorales, con la excepción de los municipios de menos de 5.000 habitantes, estén compuestas por entre el 40 y el 60 por ciento, máximo, de ambos sexos, y será también obligatorio este requisito en un plazo de cuatro años para los municipios de 3.000 a 5.000 habitantes.
Además, esta ley reforma veintidós leyes, leyes procesales, leyes laborales, etcétera. Por cierto, las enmiendas de Esquerra Republicana a las que antes se refería la señora diputada, sobre reformas en el Registro Civil para afiliación de madres lesbianas, no son necesarias porque esas demandas que usted ha planteado están más o menos recogidas en la última reforma de la Ley del Registro Civil. Se crearán unidades de igualdad en cada ministerio y una comisión interministerial de igualdad coordinará estas políticas y elaborará un plan estratégico de igualdad de oportunidades. Finalmente, se constituirá un consejo nacional de mujeres, como órgano consultivo y de participación, que dotará de una mayor visibilidad estas políticas.


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Esta ley es un mensaje de igualdad para todos y todas, para las empresas y los sindicatos, que, vía negociación colectiva -claro que sí-, estarán obligados a negociar planes de igualdad que deberán incluir un diagnóstico, una propuesta de medidas y una evaluación. Esta ley obliga también a los partidos políticos y, en general, a los poderes públicos, que deberán buscar una mayor representación de las mujeres, y va dirigida a toda la sociedad, no a algunas elites, como muchas veces le gusta decir a la portavoz del Grupo Popular. Con esta ley se avanza -claro que sí- en derechos ciudadanos y, por tanto, mejora nuestra democracia.


El Grupo Parlamentario Popular se lamenta de que no ha habido diálogo. Sí ha habido diálogo, ha habido intento de llegar a acuerdo, pero queríamos acuerdo para reformar y para mejorar esta ley, no para estropearla, no para empeorarla, para eso no podemos llegar a un acuerdo, señora diputada. (Aplausos.) Ustedes tienen un gravísimo problema con las políticas de igualdad, ustedes no ven, no creen, no han visto, no asumen el meollo, la clave de este proyecto de ley, no están de acuerdo con el núcleo esencial del proyecto, no están de acuerdo con la representación equilibrada, no están de acuerdo con la presencia de mujeres donde están infrarrepresentadas, no creen realmente en la igualdad. (Protestas.) Sí, pero lo parchean metiendo algunas exigencias, por ejemplo a la Seguridad Social, con cuya supervivencia no sé qué pasaría en el futuro según algunas de las enmiendas que ustedes plantean.


Voy a terminar. Estamos muy satisfechos del grado de consenso al que se ha llegado en esta ley, y lamento que el Partido Popular se quede solo en esta ocasión -no sé cuál será el sentido de su voto-, sin apoyar esta ley. Para mí es una gran satisfacción decir que en un momento como este, en el que estamos justamente conmemorando el 75º aniversario de la consecución del voto para la mujer en España, como dijo antes un diputado, el señor Mardones, yo también me sumo a este homenaje a Clara Campoamor y a lo que significó para tantas mujeres y tantas asociaciones de mujeres que han luchado durante muchos años por defender los derechos y la igualdad de las mujeres.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón I Piqueras): Gracias, señora Hermosín.


Señor Membrado, siento decirle que su compañera le ha dejado exactamente un minuto y medio de intervención.


El señor MEMBRADO GINER: Gracias, señora presidenta, y espero que por esta rapidez con la cual me muevo me dé un poco más de tiempo par

Señorías, la ley que hoy estamos debatiendo en estos momentos ha tenido tras sí el trabajo de la Comisión Mixta de Derechos de la Mujer y las aportaciones de colectivos de mujeres y de organizaciones sindicales que han dado como resultado una ley valiente, que convierte las dos directivas en una ley sustancialmente distinta, donde el Gobierno apuesta claramente por avanzar en la igualdad, porque igualdad es democracia, igualdad es profundizar en los valores democráticos, y esta es la esencia de la ley y su valor pedagógico. Este es el sustrato, cosa que ustedes no entienden. (Aplausos.) Por eso me siento orgulloso, señora vicepresidenta y señor ministro de Trabajo, de estar hoy aquí presentando y defendiendo esta ley, no sé si en mi calidad de cuota masculina, pero sí avalado y apoyado por las mujeres de mi grupo.


Es una ley progresista -de ahí también muchas de las críticas que ustedes hacen-, porque es un instrumento que permitirá generar sinergias de carácter cultural muy positivas para nuestra sociedad, que combina la parte programática de adaptación de nuevos marcos jurídicos con actuaciones concretas, con políticas activas que dan a la ley el valor más importante que tiene, el valor de tener una serie de medidas que al mismo tiempo se van a ir evaluando, se van a ir midiendo en el tiempo, se van a ir aplicando fruto del pacto; en la parte laboral, fruto del acuerdo con la negociación colectiva y con los planes de igualdad. Ya sé que a ustedes no les gusta. ¿Por qué? Porque son tan poco intervencionistas que dejarían que esto se resolviese sin que tuviese ningún apoyo la parte más débil, que en la empresa son los trabajadores y en este caso las trabajadoras. Ya sé que no les gusta, pero es por eso, no es porque ustedes no sean intervencionistas, ¡claro que lo son!

Desde mi punto de vista, la ley en estos momentos contempla, contrariamente a lo que dice la señora Camarero, un montón de medidas de reformas, 34 en total -16 medidas de igualdad laboral, 7 medidas de igualdad de acceso al empleo público, 11 medidas de igualdad en Seguridad Social-, y hay temas que garantizan a las mujeres trabajadoras, que hoy en día cobran menos salarios, tienen menos promoción y menos formación y no acceden a puestos normales a los que cualquier hombre puede acceder, que todas esas cuestiones se puedan meter en la negociación colectiva y en los planes de igualdad y puedan disfrutar de los derechos para conciliar, junto con el hombre, la vida laboral y familiar. Ahora mismo, derechos que se tienen en estos momentos en el marco de la empresa no se pueden utilizar porque son en algunos casos materia sancionable y en otros son materias de no renovación de contrato. (Varias señoras diputadas: ¡Tiempo!) Ustedes, señoras del Grupo Popular, ¿saben que hoy se está preguntando a la hora de hacer una contratación a mujeres jóvenes si tienen intención de ser madres, y si tienen intención de ser madres se les está dejando en la calle? (Aplausos.) ¿Ustedes saben que el hecho de ser madre está permitiendo que se le aplique un contrato temporal?

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe terminar, señor Membrado.


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El señor MEMBRADO GINER: ¿Qué les estamos dando? Protección; les estamos dando garantías, les estamos dando derechos. Esos derechos y esas garantías es lo que enriquece la ley, porque la ley indudablemente, como decía una compañera mía antes, por los temas electorales ustedes no la votarán, pero muchas de ustedes la disfrutarán. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe terminar, señor Membrado, por favor.


El señor MEMBRADO GINER: Señorías, esta es una ley transformadora de la sociedad, por la que debemos apostar todos porque tiene un objetivo fundamental: movilizar la sociedad por la igualdad. (Varias señoras diputadas: ¡Tiempo!), y para movilizar la sociedad necesitamos la concurrencia del mayor número de personas, colectivos e instituciones.
Eso es lo que mueve la ley; la ley por sí sola no resuelve el problema de la igualdad, ni esta, ni cualquier otra, señorías. La ley es un instrumento. (Varias señoras diputadas: ¡Tiempo!) Por eso me gustaría darle un consejo para finalizar a la señora Camarero: Mire usted, señora Camarero, hace setenta y cinco años una mujer, Clara Campoamor, defendió los principios por encima de la coyuntura. Usted defiende aquí la coyuntura por encima de los principios. Usted sabrá. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Membrado. Muchas gracias a todas ustedes, señorías. Muchas gracias, señor ministro.


-PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS ILLES BALEARS.
(Número de expediente 127/000005.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con el punto número 27 del orden del día, el referido a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.


Comenzaremos con la intervención de la señora vicepresidenta del Gobierno.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: El Pleno continúa.


Adelante, señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señorías, mis primeras palabras han de ser para dar la bienvenida a los representantes de las Illes Balears que nos acompañan en el debate de hoy. También quiero dejar constancia de mi reconocimiento a la Comisión Constitucional, que una vez más con la extraordinaria labor de su presidente ha sabido alcanzar un acuerdo sobre la proposición tomada en consideración el 12 de septiembre de este año que ahora acaba. El Pleno de esta Cámara, señorías, afronta hoy el debate y votación de la cuarta propuesta de reforma de un Estatuto de Autonomía, estando todavía en fase de tramitación otras tres proposiciones. Señorías, la constancia de los hechos confirma lo que este Gobierno siempre tuvo claro: que las reformas estatutarias, lejos de constituir un problema, se han insertado con plena normalidad en el engranaje de la dinámica de modernización y ajuste de nuestro ordenamiento constitucional. Lo dije en el debate de la toma en consideración, y lo repito hoy: las Illes Balears son un ejemplo paradigmático de la evolución social, política y económica de una comunidad autónoma; una evolución ante la que su Estatuto no puede permanecer ajeno si quiere conservar la vigencia y la eficacia que le es exigible a una norma institucional básica llamada a regir la vida de los ciudadanos. Desde el primer momento el Gobierno siempre ha tenido muy claro que el proceso de reformas estatutarias responde precisamente a esa evolución natural del Estado de las autonomías, cuyos cambios deben impulsar las comunidades autónomas. Lo hemos creído así como lo creyó el constituyente, en nuestro texto constitucional, plenamente consciente de ello, por este motivo estableció como extensión del derecho a la autonomía la facultad de las comunidades autónomas para iniciar la reforma de sus estatutos. Así pues, desde el punto de vista formal pero también desde el punto de vista de los anhelos de cambio de las Illes Balears y de todos sus ciudadanos se ha acometido plenamente de acuerdo una reforma con arreglo a lo dispuesto en nuestra Carta Magna. Les aseguro que los cambios han sido profundos, por ello desde el punto de vista de los contenidos y de la entidad de la reforma acometida cabe concluir, señorías, que estamos ante un Estatuto de Autonomía distinto, adaptado a los nuevos tiempos; un Estatuto de Autonomía moderno, que va a dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, y no ante una mera reforma parcial o superficial.


Ahora bien, esta adecuación de los estatutos de autonomía a las demandas del presente y a las exigencias del porvenir no transforma, como no ha transformado, sino que reafirma el modelo de Estado que configura nuestra Constitución. Por ello, siempre hemos considerado que las reformas estatutarias que se han discutido en esta Cámara, todas ellas, desde la de Cataluña hasta la de hoy mismo de les Illes Balears, ni debilitan ni modifican los principios y las reglas que vertebran nuestro proyecto colectivo de convivencia; antes bien, lo asientan y lo alimentan, porque nuestra lógica, que es la lógica constitucional, no contempla los estatutos de autonomía como el encapsulado de diecisiete compartimentos estancos. No, de ninguna manera; muy al contrario, los estatutos son piezas de engarce entre lo común y lo individual, por eso, señorías, la lógica del Gobierno ha sido siempre considerar que los poderes públicos son el instrumento del que se han dotado los ciudadanos, del que nos hemos dotado los ciudadanos en democracia para garantizar de manera efectiva nuestros derechos y

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hacer realidad la voluntad de progreso. Las reformas de las estatutos que ya han sido aprobadas y las que estamos discutiendo, y vamos a discutir, están movidas por un mismo objetivo, señorías: mejorar la capacidad de las instituciones para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, para ser más eficaces en la prestación de los servicios, para ser más receptivos a sus demandas y desde luego más responsables ante sus exigencias. Por todas estas razones, no solo no nos sorprendió, sino que nos alegró, que hace unos meses los representantes de les Illes Balears, con un amplísimo acuerdo de su Parlamento, nos presentaran una propuesta de reforma de su Estatuto de Autonomía; como tampoco nos sorprendió, sino que nos alegró, que esa propuesta, en la misma línea que otras anteriores, ahondara sobre los elementos de su identidad política, en especial la insularidad y la lengua, que dispusiese un cuerpo de derechos propios, un sistema de Gobierno ágil, una tipología competencial precisa, un Poder Judicial más cercano a sus necesidades. Nos alegró que contemplase una financiación suficiente y estableciera los mecanismos necesarios de cooperación para encauzar las relaciones bilaterales y multilaterales entre el Estado y la comunidad. Superado el ruido de los inicios, el evidente compromiso de esta Cámara a favor de la negociación leal, como guía insoslayable en la tramitación de las distintas reformas, se ha terminado por abrir camino, primero, porque afrontar las reformas con normalidad política e institucional es una muestra palmaria de nuestra confianza en la Constitución y en los estatutos, como normas útiles para ordenar la convivencia política; segundo, porque el Gobierno y la mayoría que lo apoya -quiero subrayarlo- siempre ha estado abierto al entendimiento pleno, a la búsqueda del acuerdo y al consenso. En los albores de los procesos de reformas estatutarias, señorías, tuvimos que escuchar cómo se nos acusaba de apoyar reformas con pretensiones oscuras y torvas. Como se ha podido ir comprobando, nada más lejos de la realidad. La reforma de este Estatuto, como ya aconteció con las otras, confirma que al margen de las mayorías existentes en cada comunidad el Gobierno siempre ha valorado, siempre y en todos los lugares, las propuestas desde el respeto institucional que merece el respaldo democrático que las sustentan. Ha ocurrido así con las Illes Balears y con las reformas que le han precedido, y les aseguro que así será con las iniciativas de reforma venideras. A diferencia de otras fuerzas políticas, los socialistas hemos estado siempre en todas las reformas y lo seguiremos estando, para garantizar la coherencia del proceso. No cesaremos en este empeño porque este Gobierno en el ejercicio de su responsabilidad trabaja con la finalidad de insertar las iniciativas procedentes de las comunidades autónomas en el conjunto del Estado.
Nuestra política territorial toma, señorías, la igualdad como punto de partida, como un mismo denominador común para todos los españoles y a la vez, sobre ese cimiento de igualdad y quiere hacer efectivo el derecho constitucional a la autonomía política de las diversas entidades de España, por tanto el reconocimiento de la diferencia. Las comunidades autónomas, hay que recordarlo una vez más, forman parte del Estado; son un elemento esencial del Estado, por lo que en definitiva reformar sus estatutos es mejorar el ejercicio de los poderes públicos al servicio de los ciudadanos. Con el tiempo vamos ganando perspectiva, y las líneas maestras que comparten los nuevos estatutos van saliendo a la luz. Se ha perfilado así un proyecto que desde el principio ha contado con el apoyo y con el aliento del Gobierno, y que no es otro que el que la España autonómica se parezca cada vez más a lo que quieren y esperan de ella los españoles. Los españoles quieren vivir en un país que cuente con instancias de Gobierno cercanas y eficaces, en el que puedan ver reconocidos los rasgos identitarios propios de su comunidad, al tiempo que se saben partícipes de un proyecto común fortalecido por los lazos solidarios que nos unen a todos los españoles, porque la pluralidad, señorías, es un activo que nos enriquece, que debemos reconocer y amparar, porque sin el reconocimiento de la España plural es inconcebible la España real y democrática.


La lectura de los debates habidos en la Comisión Constitucional en torno a la reforma que hoy consideramos revela que muchas de las reticencias iniciales han ido disipándose. Sinceramente, esta es una buena noticia para el funcionamiento de nuestras instituciones, para el país y para España, pero quiero recordar que estas reformas no habían sido posibles sin una política territorial impulsada por el Gobierno y diseñada desde el primer momento para integrar y para alcanzar acuerdos. Así se ha hecho también en esta ocasión. La propuesta de reforma del Estatuto de las Illes Balears obtuvo un amplio consenso en el Parlamento autonómico y en esta Cámara se ha trabajado intensamente por todos los grupos políticos para mantenerlo y consolidarlo. Hoy se nos presenta un texto que aúna igualdad y diversidad, a través de una norma institucional que dota a la comunidad autónoma de un poder público eficaz para hacer frente a las demandas de sus ciudadanos. Los ciudadanos de les illes cuentan ahora con un reconocimiento más preciso de su identidad política al definirse como nacionalidad histórica y cuentan también con una plasmación más clara de la cooficialidad del catalán como lengua propia de les illes. Además, ahora se mencionan expresamente las modalidades lingüísticas del catalán de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera, ligando con cuidada atención la unidad de la lengua y su variación insular. En esta misma línea de reafirmación de la singularidad, el hecho insular como hecho diferencial es objeto de protección especial para evitar que del mismo puedan derivarse desequilibrios económicos o de cualquier otro tipo que vulneren el principio de solidaridad entre todas las comunidades autónomas como previene de forma clara su artículo 3. No solo es eso.
Como consecuencia del trabajo desarrollado en esta Cámara, que una vez más quiero agradecer a todos los grupos, la nueva disposición adicional sexta establece un instrumento financiero para garantizar que la Administración

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General del Estado ajustará sus políticas públicas a la realidad pluriinsular de la comunidad autónoma, de suerte que se crea un sistema complementario de financiación distinto del previsto con carácter general para las demás comunidades. Por tanto, existirá por primera vez, señorías, un régimen especial insular para les illes verdaderamente eficaz y dotado de los fondos necesarios para su aplicación. Coincidiendo con los estatutos de Andalucía y de Cataluña el nuevo Estatuto balear también contiene un cuerpo propio de derechos. No es necesario repetir que estos derechos estatutario dejan incólumes los derechos que la Constitución garantiza a todos los españoles. Sostener lo contrario es sencillamente tergiversar la realidad.


El reconocimiento estatutario de estos derechos obedece en muchos casos a la voluntad de dar naturaleza subjetiva y estatutaria a situaciones jurídicas existentes, al amparo de la legislación autonómica. Por tanto, no puede sorprender que todos estos derechos abarquen aspectos relativos al funcionamiento de la Administración pública, a la participación política y que contemplen derechos sociales en materia de atención a la dependencia, inserción social, vivienda, medio ambiente, salud, educación, ocupación y trabajo y nuevas tecnologías. Con este amplio elenco de derechos los ciudadanos fijan, en definitiva, su proyecto común de futuro. Sin duda, la mayor novedad institucional de este Estatuto es la regulación que se da a los consejos insulares. Les Illes Balears han decidido articular su poder público mediante un sistema de doble nivel compuesto por las instituciones propias de la comunidad -Parlamento y Gobierno- y por los consejos insulares, como institución de Gobierno propio de cada isla, que también son instituciones de la comunidad autónoma. Ahora, señorías, se fortalece la legitimación democrática de los consejos insulares. Se prevé un importante quantum competencial y se les da una estructura dividida en Presidencia, Consejo Ejecutivo y Pleno que asegurará un ejercicio responsable y eficaz del poder público. Además Formentera contará con su propio consejo insular, lo cual es un motivo también de satisfacción. El nuevo Estatuto, siguiendo la senda marcada por el de Cataluña también cuenta con una tipología competencial, regulada en los artículos 83 y 84, que evitará seguro una excesiva conflictividad al dar seguridad y certeza sobre los ámbitos propios de responsabilidad. Tampoco falta la plasmación estatutaria de un poder judicial más próximo a su comunidad autónoma. En este sentido el nuevo Estatuto da cuenta del Tribunal Superior de Justicia, que culmina la organización judicial de las Illes Balears en su ámbito territorial. Crea el Consejo de Justicia de las Illes Balears para ejercer las competencias de las Illes Balears en materia de Administración de Justicia y además asume las competencias en medios personales y materiales de la Administración de Justicia. Como ya ocurría con anterioridad el catalán sigue siendo mérito preferente para proveer los puestos de magistrados y jueces en las Illes.


También quiero detenerme en el título VII, dedicado a las relaciones institucionales. El nuevo Estatuto reconoce a las Illes Balears competencia para desplegar acciones con proyección en el exterior, cooperar con regiones de otros Estados, participar en las delegaciones negociadoras de los tratados que les afecten directa y singularmente. Se reconoce la posibilidad de participar en la formación de la posición española ante la Unión Europea e incluso formar parte de la delegación española ante el Consejo. Con todo esto hemos venido a constitucionalizar en el Estatuto una práctica que ya se viene realizando en los últimos tiempos. Finalmente, en la línea de los Estatutos catalán y andaluz prevé la colaboración con el Estado a través de mecanismos multilaterales y sobre todo mediante instrumentos bilaterales, como se establece en su artículo 117. Todas estas cuestiones, planteadas por primera vez con ocasión de la reforma del Estatuto de Cataluña fueron objeto de una valoración cargada de prejuicios. En ella se quiso ver una pretendida confederalización del Estado de las autonomías cuando no la pura y simple ruptura. Afortunadamente ahora podemos decir todos juntos -como decíamos entonces solos- que esas demandas son tan necesarias como sentidas por las comunidades autónomas, por sus representantes políticos y por el conjunto de los ciudadanos, como así ha quedado acreditado por el hecho de que hayan sido propuestas planteadas y traídas a esta Cámara consensuadas en su origen por todos pero fundamentalmente por una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular y en esta Cámara apoyadas felizmente por el Grupo Popular.


Señorías, permítanme unas breves palabras en materia de financiación. Como les decía en mi intervención, el Estatuto establece mejores instrumentos de financiación, es verdad; posibilita una mayor y más eficaz administración de sus recursos y como todos los anteriormente tramitados se ajusta escrupulosamente a lo previsto en la Constitución. Con todo quiero resaltar especialmente que, como en el caso de Cataluña y Andalucía, este Estatuto también cuenta con una cláusula relativa a la inversión del Estado en Baleares, prevista en la disposición transitoria octava. Quiero advertir, señorías, que de la misma manera que ni los ciudadanos catalanes ni los ciudadanos andaluces arrebataron nada al Estado, tampoco lo hacen ahora los ciudadanos de las Illes Balears.
Señorías, llegado a este punto, me gusta resaltar que tampoco en este tema pueda lanzarse mensajes simplistas y elementales como algunos han pretendido hacer -con escasa fortuna, por cierto-, y es que no hay una cláusula única de inversiones que multiplicada por diecisiete vaya a hacer desaparecer el poder del Gobierno y de estas Cortes Generales para aprobar cada año sus presupuestos generales y decidir el destino del gasto público. Al contrario, se trata en esta cláusula, como en las anteriores, de administrar más solidariamente la inversión del Estado durante los siete próximos años, periodo en el que, como saben, están garantizadas las perspectivas financiera, por tanto los fondos procedentes de la Unión

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Europea, atendiendo a los déficits de inversión apreciados en cada comunidad autónoma, con el fin de corregir los desequilibrios que se hayan producido desde la entrada de España en la Unión Europea. Esta y no otra es la única razón por la que no hay una cláusula de inversión de común aplicación a todas las comunidades autónomas. La razón es clara y sencilla: cada comunidad tiene su cláusula específica, y la tiene en función de sus propias necesidades y en su caso de sus propios déficits.
En el caso de las Illes Balears se articula la inversión del Estado atendiendo al hecho diferencial de la insularidad, que además es precisamente la causa por la que el Estado carece de competencia para acometer en esa comunidad autónoma grandes obras de infraestructura. Por eso, el criterio establecido es atender a la inversión media per cápita realizada en las comunidades autónomas de régimen común, y se evita de este modo que las Illes Balears reciban menos inversión pública que otras comunidades, como hasta ahora venía ocurriendo en algunos ámbitos.


Señorías, concluyo. Los contenidos que he repasado brevemente convierten al Estatuto balear en una verdadera norma institucional muy completa que no se aparta un ápice de los márgenes constitucionales y que profundiza los caminos andados durante los últimos veinticinco años, dando plena continuidad a las reformas ya aprobadas. El nuevo Estatuto de las Illes Balears se sostiene sobre el respaldo unánime del Parlamento balear y espero que cuente con el apoyo unánime de las Cortes Generales.


Una preciosa canción de María del Mar Bonet nos preguntaba (Pronuncia palabras en catalán.): Volar con el viento y las nuevas semillas, ¿quién sabe a dónde nos llevará? Señorías, hay quien piensa que el cambio implica siempre una pequeña dosis de incertidumbre. Por encima del todo, como en el caso del Estatuto de las Illes Balears, es una manifestación de esperanza. Los ciudadanos de las Illes Balears han apostado por un Estatuto que encara el cambio con el optimismo que les ha dado su experiencia autonómica. Su Estatuto es consolidación y utopía. Ahora le toca a este Congreso reafirmar el camino del futuro. Hagámoslo así.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.


Comienza el turno a favor de las enmiendas. En primer lugar, enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Señora Navarro, adelante, por favor.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente. (Comienza su intervención en catalán.) Ya tengo aquí a los del Grupo Popular que dicen: Oiga, oiga, que está usted hablando en otra lengua que no es la castellana. La inminente aprobación de esta reforma estatutaria nos produce un sabor ciertamente agridulce porque actualizar la Carta Magna de les Illes Balears es un avance, por supuesto que sí, modificar el régimen de financiación también es un avance, pero recordemos que esta reforma acontece en un contexto político en el que se da un proceso federalizante y de descentralización, gracias al cual algunas autonomías están dando pasos muy importantes en cuanto al desarrollo histórico del título VIII de la Constitución española después de veintiocho años de su aprobación. Estas reformas reciben por parte del Gobierno en las tomas en consideración un discurso muy similar todas ellas, pero no todas las reformas estatutarias tienen el mismo contenido y, por cierto, no todas vienen con el mismo consenso y en ningún caso se puede hablar de unanimidad, de un apoyo unánime del Parlamento autonómico, cuando hay grupos en la Cámara que han votado en contra; en ningún caso, señora vicepresidenta. Como decía, no todas las reformas tienen el mismo contenido y no es comparable la reforma valenciana con la catalana o la andaluza. En el caso concreto de la reforma que hoy nos ocupa del texto de les Illes Balears, señora vicepresidenta, se queda a mitad de camino guiado por un pacto PP-PSOE en el Congreso de los Diputados que ha supuesto un claro freno a los avances en derechos sociales y a la lengua, un freno en conseguir también avances en cuanto a competencias, y un claro ejemplo de lo que ustedes entienden por consenso e incluso por unanimidad, que ha sido el concepto que ha utilizado. Desde luego, no hemos podido ver por parte de ambos grupos parlamentarios un esfuerzo para ampliar el consenso y en ningún caso un esfuerzo importante que se tendría que haber dado para alcanzar la unanimidad.


Para Izquierda Unida, para Esquerra Unida, el Estatuto debe ser un instrumento de exigencia de los ciudadanos a los poderes públicos y, por tanto, una garantía. Para ello se necesitan, en primer lugar, derechos garantizados y exigibles que no están en este estatuto, y como no está así configurado nos encontramos con que en la práctica se trata de meros principios rectores. Dentro de esa estructura que Izquierda Unida rechaza, el compromiso de este grupo parlamentario en el debate de la toma en consideración fue precisamente la mejora del listado de derechos, y así ha sido. De este modo celebramos la incorporación de nuestras enmiendas que mejoran sustancialmente el título de derechos. Hemos incorporado el derecho a recibir tratamientos paliativos integrales y a la plena dignidad en el proceso de muerte; también hemos incorporado la atención integral de las personas mayores; la no discriminación por orientación sexual -un grave olvido que tenía el texto estatutario cuando vino a esta Cámara-; también el derecho a una educación adaptada para las personas con necesidades educativas especiales por razón de enfermedad o discapacidad; el derecho al acceso en condiciones de igualdad a la cultura y la promoción de la integración cultural. También hemos logrado la introducción de mecanismos de participación ciudadana como el derecho a presentar iniciativas legislativas en el Parlamento, el derecho a participar en la elaboración de las leyes y el derecho a promover

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la convocatoria de consultas populares. Todos estos derechos deberán tener su desarrollo legal y reglamentario para ser efectivos, cosa distinta de lo que recogen otros estatutos que esta Cámara ya ha aprobado, negándose por tanto el compromiso firme hacia una verdadera transformación social más viable, por cierto, gracias a la mejora en la financiación. Desde Esquerra Unida queremos que los ciudadanos perciban cambios a través de las reformas estatutarias, y el mejor modo para ello es precisamente garantizando derechos: ampliándolos y garantizándolos. ¿O a dónde quiere el Partido Popular -que gobierna- destinar estos nuevos fondos? ¿Será a tapar los agujeros de la gestión basada en el despilfarro y la corrupción, ya en los tribunales? Un Estatuto que marca a dónde debe destinarse el incremento de la financiación es un Estatuto comprometido con los ciudadanos y este, señorías, no lo es. También nos encontramos en la tramitación con la negativa a atender una enmienda de este grupo parlamentario y de otros grupos a rebajar la barrera electoral que, hoy por hoy, pone obstáculos a la representación de los ciudadanos; también una negativa a incorporar la asamblea de municipios que facilite la acción política cuando varios municipios tienen los mismos problemas y comparten inquietudes. En el mismo sentido, también nos hemos encontrado con negativas en el incremento de competencias, de responsabilidad por tanto del Gobierno autonómico, como es la inspección de trabajo -que sí tendrán los andaluces-, la economía social y la gestión directa de puertos y aeropuertos, un instrumento fundamental cuando la economía está basada prioritariamente en el turismo y además se trata de la insularidad de les Illes Balears. Seguimos, señorías, con un querer y no poder.
Faltaba un último impulso, se han quedado ustedes en el camino y han renunciado a ese impulso necesario para ser una autonomía con un Estatuto de primer orden, que sí van a tener y disfrutar los ciudadanos de otras autonomías, estatutos que ustedes tanto han criticado y en un caso incluso han llegado a votar a favor.


Respecto al debate de las lenguas, nos hemos encontrado igualmente con una puerta cerrada a pesar de nuestros múltiples ofrecimientos a la negociación, que constan en los diarios de sesiones de la Comisión del Congreso y a ellos me voy a remitir. Hubiera significado sencillamente el apoyo de nuestro grupo parlamentario, pero ni siquiera nos contestaron cuando hicimos ese ofrecimiento. Es un resumen del talante que ha reinado en toda la tramitación parlamentaria. Muchas ampliaciones de plazos de enmienda para que ustedes pudieran negociar y, cuando terminaron su negociación, una tramitación parlamentaria de dos semanas para despacharlo rápidamente y llegar así a las elecciones autonómicas.
Ustedes son los responsables de haber dejado fuera de este Estatuto a una parte de la sociedad de les Illes Balears, que buscará su reflejo en el texto y que no lo encontrará, que aspiraba a formar parte del mismo y no será así. Izquierda Unida votó en su día en contra en el Parlamento y ahora en la toma en consideración se pasó a la abstención, precisamente ofreciendo y demostrando el interés por la negociación, pero ha sido imposible porque se ha despachado con total celeridad este texto que pasará hoy sin pena ni gloria, como su propio contenido, en muchas materias. Eso sí, el señor Matas seguirá muy contento con sus nuevos millones y, como decía, a ver cómo los gasta.


Para finalizar, este Estatuto solo podrá significar un avance si es desarrollado por fuerzas progresistas que crean en el autogobierno, que aspiren a transformar la sociedad, que aspiren a transformar la realidad que viven los ciudadanos en su día a día y, como Izquierda Unida, que se comprometan con los ciudadanos y no con el despilfarro y la corrupción que representan sus socios.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.


Segunda enmienda, Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Cerdà, por favor.


El señor CERDÀ ARGENT: Señor presidente, señorías, representantes del Parlamento balear y señora vicepresidenta, comparezco ante esta Cámara para defender en nombre de Esquerra de les Illes Balears y del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en el Congreso las enmiendas al proyecto de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears. Me gustaría empezar recordando aquello que en su momento dijo el presidente Matas. (Pronuncia palabras en catalán.) Desde esta tribuna continuamos la defensa de nuestras enmiendas con la finalidad de conseguir, como mínimo, lo mismo que se ha aprobado en el Estatuto de Cataluña. De nada les servirá, como ha pasado en el País Valenciano, que después de la aprobación del Estatuto ustedes, como el Gobierno valenciano hace ahora, reclamen el traspaso de aeropuertos y competencias en inmigración, y todo aquello que se les ocurra reclamar en declaraciones públicas ante la ciudadanía balear o valenciana. Ahora, durante el procedimiento legislativo y mediante la votación de las enmiendas, es cuando ustedes, señorías del Partido Popular y también del Partido Socialista, tienen la posibilidad de exigir competencias y mejor financiación. Merece la pena recodar recientes declaraciones del Gobierno valenciano en las que se reclama el traspaso de Cercanías. Bienvenido sea, porque nosotros ya lo pedimos en una de nuestras enmiendas y aquí se derrotó esa propuesta. Ahora resulta que gestionar las Cercanías, que son aquellos trenes o infraestructuras de proximidad, no las grandes obras sino aquellas que afectan directamente a la ciudadanía, es justamente un valor añadido y lo piden. Tuvieron su oportunidad, y si vuelve a repasarse alguna vez este texto estaríamos encantados de volver a votarlo, pero eran enmiendas que no votaron favorablemente en su momento, que después incluso las criticaron, cuando en aquel momento tuvieron la posibilidad -y ahora la tienen aquí- de haberlas plasmado en el Estatuto, dotándolo de mayor rigor y del blindaje jurídico necesario

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en estos casos. Ahora los miembros del Partido Socialista valenciano reclaman la creación del Consejo Audiovisual del País Valenciano. Esta fue una enmienda nuestra y ahora la reclaman, cuando precisamente votaron en contra de una enmienda presentada al Estatuto valenciano en la que se regulaba justamente su creación. Por no hablar del embrollo jurídico que se ha creado con la Ley Electoral valenciana por no haber clarificado la barrera del 3 por ciento justamente aquí, como tuvieron la oportunidad de votar e incorporar al texto estatutario. Teníamos mayoría suficiente para hacer estas cosas. Traemos a colación estos hechos para recordar que es ahora cuando tienen la oportunidad de incrementar el techo competencial, de aclarar los derechos y deberes lingüísticos y de fijar una buena financiación para les Illes Balears. En Esquerra Republicana hemos sido coherentes, hemos mantenido la misma línea política y argumental en el Estatuto valenciano, en el Estatuto de Cataluña y ahora en el Estatuto balear; afirmación que vista con una cierta distancia y repasando la hemeroteca no se puede decir de todos los grupos presentes.


Señorías, para nosotros los països catalans son, como dijimos en la toma en consideración, nuestro ámbito de actuación y nuestro marco político nacional, a consecuencia de lo cual defendemos las enmiendas 112 y 121.
El Estatuto de Autonomía debe hacer mención en su preámbulo a una realidad nacional compartida con Cataluña y con el País Valenciano, que por mucho que incomode a unos cuantos es cada día una realidad más viva en les Illes Balears. Se trata de un proyecto político basado -lo saben- en una realidad histórica y también, por qué no decirlo, en una voluntad creciente de ser, que sin duda acabará siendo mayoritaria. Nos felicitamos por la transaccional realizada a nuestra enmienda sobre los territorios con vínculos históricos, lingüísticos, culturales con les Illes Balears, ya que desde el siglo XVIII los territorios pertenecientes a la Corona de Aragón mantenían estrechas relaciones de todo tipo entre ellos. Siglos después, y a pesar de las diferentes políticas centralizadoras del Estado y al mismo tiempo disgregadoras de aquello que algunos mapas del siglo XVIII dibujaban como la España justamente asimilada, a finales del siglo XVIII, estos territorios aún mantienen todavía hoy una estrecha vinculación básicamente cultural, lingüística, económica y comercial, por lo que, a nuestro entender, en los textos legales se debe prever la promoción y el intercambio entre estos territorios, por lo que celebramos la enmienda transaccional. También celebraríamos que el Grupo Parlamentario Socialista reconsiderara hoy su posición -aún están a tiempo- y dieran su apoyo a la enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en la que proponemos la equiparación de derechos y deberes lingüísticos de la lengua catalana y de la castellana. Así lo han solicitado entidades cívicas como Obra Cultural Balear. Es la oportunidad de fijar una verdadera base para el futuro de nuestra lengua, señores diputados del Grupo Socialista, y ustedes lo saben. Por ello vamos a solicitar la votación separada de la enmienda número 114, para que tengan la oportunidad de rectificar, que es bueno, sano y además es de sabios, señorías. Tanto el camino como los frutos de la normalización lingüística de les Illes Balears deben tener como corolario esta equiparación de derechos y deberes lingüísticos. Y cito: La lengua propia de les Illes Balears, la catalana, tiene suficiente prestigio y conocimiento entre la ciudadanía de les Illes como para equipararse con plenitud a la castellana; una equiparación que, no lo duden, cuenta con un apoyo mayoritario en les Illes Balears. Así lo expresa una carta que Obra Cultural Balear les ha dirigido a todos ustedes, con cuya petición evidentemente estamos de acuerdo. Esperamos, pues, que atiendan nuestra petición y voten favorablemente las enmiendas 114 y 118, en que se propone regular los derechos lingüísticos ante las administraciones públicas e instituciones del Estado. Ustedes afirmaron en la Comisión Constitucional que hoy en día no es un problema en les Illes Balears. Esquerra Republicana no comparte esta consideración. La equiparación de derechos y deberes lingüísticos entre la lengua catalana y la lengua castellana es una inquietud para muchos ciudadanos y ciudadanas de les Illes Balears. Ya explicamos que la Obra Cultural Balear cuenta con más de cinco mil asociados; hay cinco mil personas en les Illes Balears a las que les preocupa la equiparación legal de la lengua catalana. No obstante, señoras y señores diputados del Partido Socialista de les Illes Balears, volvemos a apelar a su responsabilidad.
Les instamos a rectificar -lo hemos dicho anteriormente- y a sumarse a la culminación legal de la verdadera normalización lingüística: iguales en deberes, iguales en derechos, iguales todos, tanto deberes como derechos para todos. Eso es lo que nos parece justo.


Hablando de normalidad y en relación con el título de derechos y deberes, también cabe recordar las afirmaciones del señor Rajoy en referencia a este título innovador introducido por la propuesta de Estatut de Cataluña del Parlament. El señor Rajoy afirmaba ante este Pleno que todos los españoles eran iguales y que el Estatut de Cataluña establecía una ciudadanía diferenciada con distintos derechos y deberes; un desvarío discriminatorio, decía. Usted, señor Rajoy, preguntaba: ¿Para qué? Para España todo son perjuicios, decía. Hoy en día, cuando su grupo defiende el voto a favor de la propuesta de Estatuto de les Illes Balears, en cuyo articulado también se consagran derechos y deberes, nuestra pregunta no puede ser otra: ¿Han beneficiado o no estos deberes y derechos a la ciudadanía de les Illes Balears? Le hago la pregunta de otra manera: ¿En qué ha beneficiado o perjudicado a la ciudadanía la confrontación brutal y directa con Cataluña? Esta es una pregunta que algún día todos nos tendremos que contestar.


Señorías, desde Esquerra Republicana hemos presentado siete enmiendas al título de derechos y deberes, cuatro de las cuales han sido transaccionadas. ¿Cómo

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vamos a negar a la ciudadanía de les Illes Balears el derecho al libre desarrollo de su personalidad y capacidad personal? Se trata de afirmar derechos reconocidos en tratados internacionales y en la legislación estatal, pero ahora ante la Administración autonómica. ¿Cómo vamos a negar a todos los ciudadanos y ciudadanas de les Illes Balears el derecho a no ser discriminados por razón de orientación sexual? Celebramos que hayan admitidos estos derechos, que los hayan incorporado al dictamen, igual que celebramos que ustedes reconozcan, tal y como proponíamos, que todas las personas tienen derecho a recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales. Desde Esquerra entendemos que la ciudadanía de les Illes Balears tiene derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte, pero no ha llegado a recogerse este concepto.
Asimismo entendemos que la ciudadanía de les Illes Balears tiene derecho a una educación pública, laica y de calidad en los mismos términos en los que proponíamos en nuestras enmiendas, justamente las mismas, en el Estatuto valenciano. Hay algunas enmiendas relativas al título de derechos que ustedes no han aceptado hasta el momento y que desde Esquerra Republicano mantenemos desde el convencimiento de que el Govern de les Illes Balears, y los demás poderes públicos, deben velar por el conocimiento y el mantenimiento de una memoria histórica de les Illes Balears como patrimonio histórico que atestigua la resistencia y la lucha por las libertades democráticas, por los derechos nacionales y sociales.
Ese es nuestro convencimiento y les solicitamos de nuevo que voten favorablemente nuestras enmiendas en aspectos competenciales como puertos, aeropuertos o inmigración. No estamos pidiendo nada que no se haya aprobado aquí, ninguna propuesta maximalista, y no es que no nos hubiera gustado. Nos hemos limitado a proponerles y a exigir lo mismo que han aprobado esta Cortes Generales respecto al Estatuto de Cataluña, como afirmaba el señor Matas que haría. En esta línea se enmienda el texto de la ley, en el sentido de que la calificación de interés general de un puerto, aeropuerto, helipuerto u otra infraestructura de transporte situada en les Illes Balears requiera el informe previo del Govern de les Illes Balears. ¿Por qué? Porque el artículo 28.5 del proyecto de ley de reforma del Estatut establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears en puertos, aeropuertos y helipuertos no calificados de interés general por el Estado, tal y como establece la Constitución. Hasta aquí estamos de acuerdo, pero qué menos que reivindicar que el Govern de les Illes Balear debe emitir un informe previo sobre la calificación de interés general. De la calificación de interés general de un puerto o aeropuerto de les Illes Balears dependerá que sea competencia exclusiva o no de la comunidad autónoma. Qué menos, por tanto, que este emita como mínimo un informe previo al respecto.
Igualmente entendemos razonable y necesario prever la posibilidad de que el Govern de les Illes Balears y el del Estado puedan establecer mecanismos de gestión compartida o cogestión en los puertos y aeropuertos de interés general, gestión compartida y participación del Govern en los órganos de ámbito supraautonómico que ejercen sus funciones sobre infraestructuras de transporte situadas en les Illes Balears que sean de titularidad estatal. Pedimos más participación de la comunidad autónoma en la gestión de puertos y aeropuertos y nuestra pregunta es obvia: ¿A un territorio que depende de los puertos y aeropuertos le niegan ustedes que pueda participar en su gestión? Nosotros no lo entendemos. No nos parece razonable.


No entendemos tampoco que no se subsane el déficit fiscal de les Illes Balears, las islas europeas más castigadas por su propio Estado. Ya lo dijimos en el discurso de toma en consideración y lo volvemos a reiterar.
En el caso de les Illes Balears, el déficit, la diferencia entre aquello que invierte el Estado y aquello que recauda, se sitúa en estos momentos por encima del 15 por ciento. En el acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular no se da una solución definitiva al déficit fiscal en les Illes Balears, como no se dio en el caso de Cataluña ni en el del País Valenciano. Ustedes ponen parches, pero no abordan el problema tal y como corresponde. El Estado español destina a cada ciudadano de les Illes Balears 1.505 euros anuales, 310 euros por debajo de la media estatal española. El déficit fiscal no ha parado de crecer. Los ciudadanos de les Illes Balears aportan mucho más de sus impuestos a las arcas del Estado que lo que el Estado invierte en su territorio. Es una discriminación que viene de antiguo, y saben, señores del Partido Popular y también del Partido Socialista, que el nuevo sistema de financiación no pondrá fin a esta sangría económica. Una de las variables básicas más importantes a tener en cuenta a la hora de establecer la necesidades de gasto real del Estado en les Illes Balears, aparte de las ya especificadas de población real y hecho pluriinsular, es sin duda el coste real de la vida en la comunidad autónoma. Lo que proponemos que se tenga en cuenta es justamente el coste real de la vida en les Illes Balears. Ustedes saben que no es el mismo que en Extremadura. Se escurre el bulto como en el resto de los estatutos de autonomía con continuas remisiones a la Lofca, como crónica de un déficit anunciado. No tiene sentido que no se tenga en cuenta el coste de la vida real de les Illes Balears, como no tiene sentido que no se mantenga exclusivamente una única Agencia Tributaria de les Illes Balears. Demasiada tendencia a duplicar administraciones. Es la Agencia Tributaria de les Illes Balears la que, desde nuestro punto de vista, debería gestionar los tributos de su territorio sin duplicidades absurdas.


Señorías, continuamos insistiendo en que, en el mismo sentido, la plataforma empresarial ha reclamado el mes de octubre del año pasado un cambio en el modelo de financiación. La plataforma empresarial aseguró literalmente que les Illes Balears se hundirían si esto no era así. Han continuado haciendo oídos sordos y no son palabras necias; no les han escuchado. Los cambios que

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introduce la propuesta de financiación nos dejan con una capacidad normativa muy restringida. Niegan cualquier tipo de bilateralidad en esta materia y el Gobierno balear solo participaría de los impuestos cedidos.
Se mantiene por tanto el sistema de la Lofca, como hemos dicho antes y como ha sido siempre, con los déficit de siempre pero corregidos con una especie de pan para hoy y hambre para mañana, sin abordar el fondo del problema desde su origen, sin atreverse a dar soluciones definitivas a un problema que es crónico, que repercute y percute directamente sobre la calidad de vida de la ciudadanía de les Illes Balears.


Señorías, voy acabando. Dicho lo dicho y apuntadas todas y cada una de nuestras reivindicaciones y cada una de las enmiendas (Pronuncia palabras en catalán.). En honor a la verdad, nuestro grupo constata que ha habido importantes avances en este Estatuto respecto al anterior. Por tanto, aunque esta reforma, como ya dije explícitamente en la Comisión, va, pero no llega, no podemos ni queremos votar en contra de esta propuesta, que será sin duda -así lo reconocemos- tímidamente beneficiosa para la ciudadanía de les Illes Balears.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.


¿Algún grupo parlamentario desea ejercer el turno en contra de las enmiendas? (Pausa.) Si no es así, pasamos a fijar posición. Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, intervendré muy brevemente desde el escaño.


Quiero señalar que, tal y como hemos mostrado nuestra posición frente a otros estatutos, nosotros siempre vamos a apoyar aquellas situaciones en las que las mayorías del Parlamento autonómico correspondiente hayan llegado a un acuerdo sobre el mismo, lo cual se ha producido en el caso del Parlament de las Illes Balears. En el ámbito lingüístico se han producido avances sobre el texto original y nos congratulamos de que se explicite la unidad lingüística del idioma catalán. Respecto al artículo 4, comparándolo con el Estatuto de Cataluña, en el que se habla no solo del derecho sino también del deber del conocimiento del catalán, nuestra formación se va a abstener, pero al conjunto del proyecto votaremos favorablemente. Es un texto que espero que ayude a desdramatizar muchas cuestiones, puesto que artículos que han sido muy controvertidos en esta Cámara con respecto a alguna otra comunidad autónoma vemos que se van convirtiendo en habituales en los estatutos de autonomía que se van aprobando a posteriori. Esperemos que eso contribuya a relajar la tensión y sobre todo las preocupaciones de algunos grupos políticos sobre el desmembramiento del Estado.


Por último, nuestra felicitación a las personas de la Comunidad Autónoma de Baleares puesto que han conseguido renovar su Estatuto de Autonomía, cosa que esta Cámara negó a la ciudadanía vasca y a una mayoría suficiente presentada por el Parlamento vasco.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ante este debate final en el Pleno del Congreso de los Diputados. En primer lugar, quiero saludar también a las autoridades de les Illes Balears que nos acompañan desde la tribuna en esta tarde del último Pleno del periodo de sesiones.


Señorías, estamos ante esta reforma del Estatuto de les Illes Balears que viene a subrayar y a confirmar que en esta legislatura estamos viviendo y protagonizando un proceso que podríamos llamar la segunda ola de reformas estatutarias, después de veinticinco años, casi treinta, de los cimientos, del nacimiento y el desarrollo del Estado de las autonomías, en virtud del artículo 2 de la Constitución española que reconoce el derecho de acceso a la autonomía, derecho de acceso que quizás hoy, veinticinco años después, debemos considerar derecho de desarrollo autonómico y derecho de actualización de los ámbitos competenciales y de la vocación de autonomía de cada una de las comunidades autónomas.


El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha afrontado la reforma de este Estatuto, como ha afrontado la de otros, a partir de un criterio que viene presidiendo nuestra actuación en esta Cámara; el criterio de respetar el marco y la propuesta del Parlamento de les Illes Balears, como queremos que también sea respetado y hubiera sido respetado en su integridad la propuesta de Estatut de Autonomía de Catalunya, que fue aprobada el 30 de septiembre de 2005 en Cataluña; respeto a la propuesta, expresión política y democrática de les Illes Balears y respeto a la propuesta del Parlamento de Cataluña. Como muy bien saben SS.SS., nuestro Estatuto de Autonomía es un texto paccionado entre el poder del Parlamento de la comunidad autónoma y las Cortes Generales y refrendado por parte de la población. En este sentido, creo que en el Estatuto de les Illes Balears, en este proceso de pacto y de diálogo entre el Parlamento balear y las Cortes Generales, ha habido -creo que se ha puesto en valor por parte de otros portavoces- un trabajo que no podemos más que valorar positivamente, más allá de entrar en consideraciones -a las cuales haré una breve referencia después- sobre las mayorías y minorías en el Parlamento balear. En primer lugar, debemos valorar el punto de arranque del Parlament de les Illes Balears. Nos debemos felicitar todos por el trabajo en la Comisión Constitucional, que afortunadamente no ha terminado siendo simplemente

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habría sido decepcionante- un diálogo a oscuras entre el grupo de la mayoría y el grupo de la oposición y primer grupo de les Illes Balears, sino que ha permitido la incorporación de enmiendas de otros grupos parlamentarios y que también ha permitido que aquellos, como el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió a partir de aquel principio de respeto a las propuestas de les Illes Balears, que en el debate de toma en consideración habíamos planteado algunas condiciones claras e innegociables para expresar nuestro apoyo en la votación final, podamos subrayar que ha sido posible el diálogo de mi grupo parlamentario con el grupo de la mayoría, con el apoyo de otros grupos parlamentarios, lo que podríamos definir como contrato de adhesión.


En el debate de toma en consideración del día 12 de septiembre de este año decíamos: Para nuestro grupo parlamentario es indispensable que este Estatuto de Autonomía reconozca la unidad de la lengua catalana. Quizá alguien se pueda preguntar por qué es necesario esto si el catalán no está cuestionado como la misma lengua que hablamos en Cataluña y en les Illes Balears. Pues bien, señorías, porque en esta legislatura esta Cámara ha vivido uno de sus episodios más bochornosos y más lamentables el día que votó la existencia de una lengua valenciana. En política se pueden discutir y votar muchas cosas pero, como dije en Comisión en el debate final, de la misma forma que nunca habríamos votado la ley de la gravedad, nosotros creemos que nunca se debería haber votado esta referencia a la lengua valenciana. Por ello, valoramos muy positivamente la incorporación al artículo 33, fruto del diálogo con el Grupo Parlamentario Socialista y concretamente con el portavoz en esta materia, el señor Antich, de la referencia explícita a la unidad de la lengua, que creo que no hace más que ajustar la redacción del texto a la realidad de les Illes Balears. Es cierto que en les Illes Balears hay modalidades lingüísticas en Mallorca, en Menorca, en Ibiza y en Formentera; en cambio, no hay -creo que este debate no corresponde al ámbito político y a los poderes políticos, sino al ámbito de la filología- el mallorquín, el menorquín, el ibicenco y el formenterenco. En este sentido, esta variación en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera también es apreciada como una aportación de este grupo parlamentario que nos hace inclinar la definición del voto final.


Señorías, después de más de 25 años de desarrollo del Estado de las Autonomías, a nosotros nos habría gustado -recogiendo el sentir bastante amplio y bastante transversal, desde un punto de vista de sensibilidades políticas- que este Estatuto de Autonomía hubiera recogido la petición que la Obra Cultural Balear envió a cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios, a través de una carta el día 26 de octubre de 2006, para que se incorporara en el Estatuto de les Illes Balears el deber y el derecho de conocer la lengua. En la Comisión Constitucional tuvimos un interesante debate sobre liberalismo, deberes y lenguas, y el deber y el derecho de algunos liberales de conocer el castellano. Creo que este debate lo dejamos cancelado en el "Diario de Sesiones" de la Comisión, pero a nosotros nos habría gustado también su incorporación y creemos que, como fruta madura, algún día, por la preservación de una identidad plural, tan plural como es la de la ciudadanía de les Illes Balears, se incorporará este derecho y este deber, que es una manifestación de respeto hacia la propia lengua, de defensa de la propia identidad y también de consolidación de la propia identidad a través del elemento de la lengua.


En este sentido, si se nos plantea votación separada de una enmienda referida a este derecho y a este deber, la votaremos positivamente.


Más allá de esto, desde esta tribuna debo recoger y expresar la insatisfacción que otros grupos parlamentarios, otros grupos políticos del Parlamento de les Illes Balears -y quiero subrayar, grupos que sí tienen representación en el Parlamento balear-, han expresado respecto a la insuficiencia de este Estatuto en distintas dimensiones -en el ámbito competencial, en el ámbito de la lengua y de la identidad y en el ámbito de la financiación-, expresiones políticas con las cuales este grupo parlamentario tiene una estrecha relación, una relación que podríamos definir como fraternal, de tú a tú, desde el respeto al sistema de partidos políticos de cada uno de los territorios y de cada uno de los países, pero también desde la voluntad de construir y reforzar este ámbito cultural y lingüístico común que compartimos.


El Estatuto de Autonomía de les Illes Balears supone un incremento importante en materia competencial. Y les quiero trasladar, en el marco de esta reflexión y de este debate que estamos manteniendo durante estos últimos meses sobre lo que vengo definiendo como la segunda ola de reformas estatutarias, que nos alegramos por lo que ya podemos definir como una tendencia de fondo de profundización del sistema autonómico español, pero a la vez la votación de ayer del Estatuto de autonomía de Andalucía en el Senado y la votación de hoy, todos estos debates y todas estas votaciones, ponen de relieve que el Partido Popular ha practicado la autoenmienda y la autoimpugnación en su discurso en materia autonómica. Nos alegramos, nos parece muy bien que hoy el Partido Popular vote algunos puntos sobre los cuales respecto al debate del Estatuto de Autonomía de Cataluña tuvo una actitud extremadamente beligerante, frontalmente opuesta a algunos aspectos sobre los cuales hoy vota afirmativamente, un Partido Popular que tiene presentado un recurso de inconstitucionalidad de este Estatuto de autonomía. Pero, señorías, no para alejar el debate del ámbito que corresponde, que es el ámbito político, pero sí para reforzar este debate con aportaciones desde el ámbito académico, me permitirán que hoy traiga a esta tribuna un reciente informe de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, que destaca que hay 74 artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña que han sido impugnados por parte del Partido Popular y que en cambio figuran en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Concretamente, según este informe

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de la Facultad de Derecho de la Universitat Pompeu Fabra, firmado por Albert Lamarca y Vanessa Casado, más de la mitad de los artículos impugnados por parte del Partido Popular en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que son 126, han sido incorporados al Estatuto de Autonomía de Andalucía; 39 de forma literal, 16 con variaciones de detalle y 19 con modificaciones más sustanciales. Señorías, me dirán que hoy estamos discutiendo sobre el Estatuto de Autonomía de les Illes Balears y no sobre el Estatuto de autonomía de Andalucía, pero me permitirán que cerremos este año de debate intenso en el ámbito autonómico haciendo una comparación entre las enmiendas que el día 29 de diciembre del año 2005 entraban en el registro del Congreso de los Diputados respecto al Estatuto de Autonomía de Cataluña y cómo justo un año después estamos terminando este debate en el ámbito de los estatutos de autonomía. Les recomiendo vivamente -no me puedo alargar más- este estudio académico de alto nivel elaborado por la Universitat Pompeu Fabra.


Les digo sinceramente que nosotros nos alegramos, si ustedes quieren en nombre de la concordia navideña, de esta evolución. Evolución que ha permitido que en el Estatuto de Autonomía de les Illes Balears se incorpore un desarrollo del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears en la línea de la desconcentración del Poder Judicial, último y único poder del Estado que aún no había afrontado su desconcentración, en la línea de lo que reconoce el artículo 31 de este proyecto de Estatuto que hoy estamos discutiendo, que permite la creación de un cuerpo de policía propio para les Illes Balears; artículo que a nosotros nos parece muy bien y que, dicho sea de paso, seguramente choca con la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que definió un modelo policial determinado. Como también nos parece muy bien que el artículo 29.15 de este proyecto de Estatuto de Autonomía contemple la posibilidad de que la Comunidad Autónoma de les Illes Balears tenga competencias de ejecución en materia de puertos y aeropuertos. Como nos parece muy bien la disposición adicional sexta por la cual se define un sistema de financiación singular por les Illes Balears, porque aquí, señorías, no se trata de reproducir con mimetismos sistemas de financiación, sino de dar respuestas distintas a realidades distintas. Es evidente que entre los cuatro hechos diferenciales cristalizados en la Constitución, uno de ellos es precisamente el hecho diferencial de la insularidad, y tienen absolutamente razón cuando ustedes plantean un sistema de financiación adaptado también al hecho de la insularidad. Y creo que también tienen razón aquellos que dicen que este hecho insular ha estado insuficientemente reconocido en este periodo transitorio contemplado en la disposición adicional sexta. Como también nos parece bien, señorías, la incorporación en este proyecto de Estatuto de un capítulo de derechos y deberes. Terminamos el año, afortunadamente, habiendo superado el debate de si podía haber un capítulo con un conjunto de derechos y deberes del estatuyente. Como celebramos también que en los artículos 83 y 84 de este proyecto de Estatuto haya una apuesta por la clarificación de la tipología competencial. Termino este repaso a la estructura de algunas de las nuevas competencias del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears diciendo que en un año las cosas han cambiado y que la mitad de los artículos impugnados en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, de una forma u otra, tienen un reflejo en el de Andalucía y también en el de las Illes Balears. Nosotros nos alegramos de lo que podríamos definir como una evolución de planteamientos.


Señorías, paso brevemente al capítulo de las instituciones. En este tema simplemente queremos hacer referencia a lo que consideramos que es un gran acierto de este proyecto de Estatuto, y es la creación del Consell Insular de Formentera para que Ibiza tenga su propio Consell Insular y Formentera tenga su propio Consell Insular. Por cierto, la definición de un sistema institucional con una repartición de competencias clara entre los niveles autonómicos e insulares y con un sistema electoral renovado y reformado por el cual los ciudadanos sabrán claramente qué representantes tendrán en el Consell Insular y en el Parlamento balear. Creo que este es un modelo electoral que queda definido en el Estatuto y no en una ley electoral, con el acuerdo de muchos grupos parlamentarios; es un acierto.
Celebramos este respeto institucional, esta institucionalización de un hecho evidente que es que la realidad de Formentera, que quiere decir la realidad del Pilar de la Mola, de Ses Salines o de San Frances requiere de un autogobierno en el ámbito de sus competencias distinto de las peculiaridades de San Antoni de Portmany, de San Mateo, de Santa Inés o de la vila de Ibiza.


Si me permiten la reflexión, señorías, señor ministro, para cuando llegue la reforma constitucional supongo que habrá consenso, y creo que no me alejo mucho de la interpretación del sentir mayoritario de los ciudadanos de Formentera si dejo constancia en el "Diario de Sesiones" que, si hacemos una comparación entre el número de habitantes de algunas islas de Canarias que tienen senador por elección directa y el número de habitantes de Formentera, parece más que razonable que también Formentera tenga senador propio. Creo interpretar de buena fuente que esta es la voluntad de los ciudadanos de Formentera.


Señor presidente, se mantienen vivas algunas enmiendas de los grupos parlamentarios. Les he expresado nuestra voluntad de votar a favor de aquellas enmiendas referidas al aspecto lingüístico, en las restantes, en algunos aspectos discrepamos y en otros no, pero el debate en este Congreso de los Diputados lo podemos dar prácticamente por superado tanto aritmética como políticamente.


Quiero terminar exactamente como lo hice en el debate del día 12 de septiembre cuando hacía referencia a un poema de Mossèn Costa i Llobera a la juventud de les Illes, que empieza cada uno de los versos con la expresión: Siau qui sou. Es un bello poema que no les

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voy a castigar -o no les voy a deleitar- con toda su lectura, porque es muy largo, pero creo que, desde el día 12 de septiembre hasta hoy, les Illes Balears han cumplido este mandato del poema de Costa i Llobera y han mejorado en la profundización de su identidad, de su autorreconocimiento a través de este Estatuto.


Quiero expresar nuestra petición de votación separada para el artículo 4 y anuncio nuestro voto a favor del conjunto de este texto. Quiero felicitar a las instituciones de les Illes Balears y al conjunto de los parlamentarios, pero especialmente a los parlamentarios de les Illes Balears, por este avance en materia de autogobierno.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xuclà.


Grupo Popular, señora Salom, por favor.


La señora SALOM COLL: Señor presidente, honorable vicepresidenta del Govern de les Illes Balears, representantes del Parlamento de las Islas Baleares y representantes de las distintas instituciones de les Illes Balears, señorías, hoy es un día importante para la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, para los consells insulares, que podrán tener listas separadas del Congreso, y especialmente para el de Formentera, al que le damos la mayoría de edad y que tendrá identidad propia por primera vez.
También es un día importante para los ayuntamientos y para todas aquellas personas que libremente viven en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Hoy se cumple un nuevo paso, definitivo en esta Cámara, con la tramitación del Estatuto de les Illes Balears; un Estatuto que gozó de un amplio consenso en Baleares y que ha visto reforzado su apoyo durante el paso por esta Cámara.


Como ya anuncié cuando tuvo lugar el debate de toma en consideración, siempre estaríamos dispuestos a introducir mejoras si gozaban de amplio consenso; y así ha sido, señorías. Quiero agradecer, en primer lugar, no solo como ponente del Grupo Parlamentario Popular, sino como ciudadana de las Islas Baleares y de España, el trabajo de todos los que han participado en la tramitación del proyecto de reforma del Estatuto y que con su dedicación han facilitado los acuerdos en esta Cámara. Quiero resaltar también la labor realizada por el comité de sabios y por las aportaciones que realizaron todas las asociaciones y colectivos representativos de las Islas Baleares, coordinados con la vicepresidenta del Govern, que han hecho posible que este texto llegue a esta Cámara. Se ha trabajado con espíritu de consenso, y las enmiendas que se han introducido no son solamente de los grupos mayoritarios, también se han incorporado sugerencias de otros grupos a través de distintas transacciones que hemos efectuado a enmiendas de Izquierda Unida y de Esquerra Republicana. Si en otras ocasiones, con la tramitación de otros estatutos, se hubiese tenido el mismo espíritu, si no se hubiese actuado con sectarismo y con afán prepotente de marginar al Partido Popular, estoy segura de que los españoles lo hubieran agradecido.
Lamentablemente, la cordura y el sentido común que ha caracterizado a los impulsores de este Estatuto no ha sido la de otros. Para Baleares no solo era importante un buen Estatuto, sino que este pudiera ser aprobado con celeridad, porque era un deber histórico resolver con urgencia algunas de las carencias institucionales que este Estatuto viene a subsanar y que más adelante comentaré.


Dentro de este capítulo de agradecimientos por el trabajo bien hecho, es un deber incluir, cómo no, al presidente Matas, que ha sabido siempre y en todo momento anteponer los intereses de los ciudadanos de Baleares a cualquier otra consideración. ¡Qué contraste su ejemplo con el de otros cuya única obsesión, en muchas ocasiones, son los cálculos electorales! Afortunadamente, los ciudadanos toman buena nota de quién trabaja para defender sus intereses y mejorar su bienestar y no va a perdonar a los que ensucian la imagen de les Illes Balears por mera ambición de poder.


Señorías, por primera vez desde la transición, el Gobierno de la nación ha optado por prescindir del consenso con el principal partido de la oposición en asuntos de Estado y proceder a un revisionismo en muchos casos sin precedentes. El Gobierno del señor Zapatero en un momento determinado ha cambiado las reglas de juego a mitad de partido, sin anuncio previo y sin pactarlo con el principal partido de la oposición.
La vicepresidenta decía: Los socialistas estamos con las reformas. Y yo añadiría: Constitucionales o no. Nosotros, desde el Partido Popular, estamos por las reformas, pero siempre dentro de la Constitución.


El Partido Popular no llevaba en el programa electoral la reforma del Estatuto y tampoco del modelo de Estado, porque entendíamos que esta no era una de las prioridades; entendíamos que los ciudadanos tienen otras prioridades como la inmigración, la vivienda, el empleo o la seguridad, y así lo demuestran las encuestas. Pero, a pesar de ello, demostrando sentido de Estado ante el temerario camino iniciado por el presidente del Gobierno, nuestro presidente, el señor Rajoy, le ofreció un pacto de Estado para acordar las principales reformas, como siempre se había hecho y había aportado estabilidad y prosperidad a nuestro país. Creo que con gran irresponsabilidad se rechazó este pacto y se rompieron los consensos básicos establecidos en el año 1978. Ante este cambio unilateral de las reglas del juego, en el que el objetivo era privilegiar a unos frente a otros, ante un cambio que pretendía que en algunos casos de nuevo aparecieran ciudadanos de primera y de segunda, nosotros, desde Baleares, necesitábamos hacer oír nuestra voz y hacer valer una posición propia en el seno del proyecto común que es España, y lo hemos conseguido. Baleares ha hecho valer la voz de la cordura, del sentido común y del acuerdo frente a otras reformas que solo han traído confrontación, inestabilidad y cuyos promotores en algunos casos han hecho el ridículo.


En primer lugar, hemos entendido que era importante ganar apoyos en el trámite parlamentario; a otros, por su

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sectarismo, no les importó ir perdiendo los apoyos mientras tramitaban sus reformas. Nosotros hemos entendido que lo importante era facilitar la vida a los ciudadanos, sin imposiciones de ningún tipo sobre sus vidas; otros, de la injerencia y el intrusismo hicieron una línea determinante.
Nosotros entendemos que el Estatuto debe reflejar nuestro modo de ser, que es abierto, que es plural, que es el característico de las Islas Baleares; otros han preferido enredarse en filigranas identitarias y cuando han tenido que buscar el respaldo de los ciudadanos ha quedado demostrado que a estos no les interesaba en absoluto. Para nosotros, la reforma debía contribuir a la estabilidad institucional de les Illes. No hace falta recordar cómo algunas reformas han desestabilizado políticamente a sus impulsores, que apenas las pudieron ver aprobadas.
Para nosotros, la reforma debe contribuir a que las Islas Baleares sigan cooperando con el resto de las comunidades autónomas. Otros, a veces, solo han buscado enfrentamiento. En definitiva, nuestro compromiso, el de Baleares, ha sido con la Constitución, con el Estado de las autonomías y con las personas, y no tratar de cambiar un modelo que ha funcionado muy bien y para el que no teníamos mandato.


Señorías, la España de las autonomías ha traído los mejores momentos a las Islas Baleares. Conjugar la lealtad al proyecto común con el autogobierno, la libertad y las oportunidades con el modelo económico, el carácter emprendedor y la tenacidad de los hombres y mujeres de las Islas Baleares ha sido no solo un imperativo moral, sino la receta del éxito de las Islas. Entiendo que para los que hacen de la división y la confrontación el eje de la acción política, esto suponga, como es natural, un hecho frustrante. Gracias a la gestión de la mayoría de los gobiernos que hemos tenido en las Islas Baleares desde que accedimos a la autonomía hemos hecho de España, de Europa y del Mediterráneo nuestro entorno de relación. Por eso rechazamos esos proyectos identitarios, esas ensoñaciones totalitarias de algunos que nos pretenden encorsetar y someter a unos países imaginarios que ni existen ni nos interesan.
Nuestra identidad es mallorquina, es menorquina, es ibicenca, es formenterense, es balear, es española, es europea, es mediterránea y es mundial. Eso es lo que reconoce nuestro Estatuto, y nos libra de injerencias extrañas que hasta ahora no aportan nada.


Señorías, a nadie se le oculta que el hecho fundamental que determina la prosperidad de las islas es la insularidad, el carácter discontinuo de su territorio, el hecho de estar ubicadas en un sitio estratégico como es el Mediterráneo. Esto supone unos sobrecostes a todos los niveles por los costes que supone la insularidad en todas sus facetas -transporte, sanidad, sobrecosto de materias-, por los costos añadidos que supone la doble insularidad de Menorca y de Ibiza y la triple de Formentera.
Precisamente, el hecho insular condiciona toda nuestra forma de ser, nuestra estructura institucional, la economía productiva y las economías domésticas. Y queremos también que se sepa aquí que en los últimos años nuestra población se ha visto incrementada de una forma importante. En cuatro años hemos aumentado en un 25 por ciento la población. Por ello requeríamos de unos recursos suficientes que paliaran el coste que supone nuestra insularidad, el incremento de la población y la consiguiente explosión en la demanda de servicios, de plazas escolares, de plazas hospitalarias, de plazas sociales. Las consecuencias han sido la existencia de un déficit histórico en materia de infraestructuras básicas y de otros aspectos que han impedido aprovechar al máximo todas las oportunidades que ofrece el espíritu emprendedor de los ciudadanos de Baleares. Nuestra Constitución, la Constitución española, en su artículo 138.1 dice que hay que atender en particular a las circunstancias del hecho insular, y por esta razón se ha pactado la modificación del instrumento parcial que ha sido hasta la fecha el régimen especial de las Islas Baleares, de tal modo que responda de manera completa e integrada a la realidad de las Islas Baleares. Esta cláusula recoge la importancia y la sensibilidad del Parlamento a nuestra especificidad, a nuestro medio ambiente, a nuestro turismo, al I+D+i, a las necesidades de infraestructuras, telecomunicaciones y a las necesidades energéticas. Por ello se recoge el compromiso de elaborar un régimen especial balear que vendrá acompañado de instrumentos financieros. Unas islas que han crecido en población y en las que las autoridades deben afrontar el funcionamiento de servicios sociales tradicionales como la sanidad o la educación, de servicios derivados de la llegada masiva de inmigrantes o de servicios de tercera generación, como so los referidos a la dependencia, que apenas estaban contemplados en el actual régimen y que Baleares ya es puntera en su provisión.


Mientras que esta nueva regulación llega se ha pactado que, atendiendo a criterios de multilateralidad y respondiendo al mandato constitucional, se lleven a cabo unas actuaciones del Estado que oscilan en torno a los 2.500 millones de euros en siete años y que serán en función de proyectos previamente formalizados en convenios. No se trata de dar fondos porque sí, no se trata de conseguir inversiones en función de supuestas balanzas fiscales; simplemente se trata de reconocer y afrontar las necesidades y los déficits de nuestra insularidad y nuestra pluriinsularidad. Baleares es solidaria con el resto de España y el resto de España también es solidario con Baleares; siempre ha sido así y seguirá siendo así. Somos Baleares una de las pocas comunidades que aporta al Fondo de suficiencia y, a la vez, somos la comunidad que menos recursos per cápita recibimos en los Presupuestos Generales del Estado. Que no busquen comparaciones con otros estatutos ni que algunos traten de meternos en el saco de la insolidaridad. Hay inversiones porque hay necesidades que se reconocen, hay inversiones en función de convenios y proyectos y hay inversiones porque lo mandata la Constitución. No se trata de confundir, porque nosotros seguimos comprometidos con el modelo multilateral del Estado de las

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Autonomías, con acento propio, insular pero multilateral. Asimismo, la insularidad tiene un tratamiento especial que es una cláusula de garantía para asegurar que cualquier norma aplicable a un territorio insular, de carácter estatal o de la Unión Europea, sea también de aplicación automática en Baleares. Este Estatuto afronta muchas de las necesidades reales de Baleares, necesidades como el impulso a la presencia y liderazgo de todas las islas que conforman nuestro Archipiélago, por ello se crea la Conferencia de presidentes de los consejos insulares; necesidades como la de dar un impulso a la principal industria de las islas: el turismo. Aunque a algunos no les interese, es necesario cuidar y proteger la principal fuente de recursos de la mayoría de los ciudadanos de las Baleares. Vivimos de nuestra imagen, vivimos de la imagen que proyectamos en el exterior.


Señorías, este Estatuto también da respuesta a la realidad propia de las islas. En este Estatuto se reconoce que somos una comunidad bilingüe porque la lengua, la cultura, no es un factor de exclusión o de imposición, sino simplemente de integración, de comunicación. Se reconoce que hablamos castellano y el catalán propio de las islas, con nuestras modalidades, el mallorquín, el menorquín, el ibicenco y el formenterense y nadie será multado ni investigado por hablar en inglés o rotular en alemán. Al contrario que otros, para nosotros la lengua no es un factor de separación. Nosotros no vamos a meternos en la vida privada de los ciudadanos, no vamos a violar la privacidad de los historiales hospitalarios para saber en qué idioma hablan los médicos con sus pacientes ni en qué idioma se facturan las maletas en el aeropuerto. Nos es indiferente que lo hagan en un idioma o en otro, lo que interesa es que los servicios funcionen y que se tengan los recursos necesarios.
Algunos, ante la era de la globalización, ven cómo pierden terreno y se inventan barreras. En Baleares tenemos experiencia de que cuando se ponen barreras o tasas las cosas van a peor, por eso siempre hemos querido que la reforma del Estatuto sirva para ampliar los espacios de libertad de los ciudadanos, no para hacerlos más pequeños. Somos conscientes de que nuestra riqueza está en ser abiertos a España y a Europa. Sé que algunos, por desconocimiento o por mala fe, quieren confundir. Este Estatuto no es como otros, está hecho con lealtad y desde la lealtad, con libertad y para la libertad, con solidaridad y para la solidaridad. Los derechos y deberes que se incorporan no pretenden generar ni privilegios ni desigualdades, sino hacer más exigente la actuación de las administraciones. El Consejo audiovisual que incorpora es de carácter consultivo y únicamente para medios de titularidad pública, no para controlar a los medios privados ni para imponerles sanciones ni para amordazarles. Este Estatuto es de todos y para todos. En otras ocasiones en esta Cámara hemos podido escuchar -yo con verdadero asombro y estupor- cómo algunos dirigentes se ufanan de haber hecho estatutos nacionalistas y de izquierdas. Un Estatuto no es un modo de imponer concepciones a la sociedad, no es un instrumento para arrinconar a una parte de los ciudadanos. En este Estatuto caben todos los habitantes de las Islas Baleares. No se ha buscado excluir a nadie. Nadie puede decir que no ha sido escuchado o que alguna de sus pretensiones no hayan sido atendidas.
Por eso, este Estatuto es un éxito y un camino distinto a las reformas que se han promovido.


Los casi veinticinco años de historia que han jalonado el Estatuto que ahora se reforma han sido los mejores de la historia de las islas. Hoy, gracias a esta oportunidad que ha sido el Estado de las autonomías, Baleares es sin duda ya un referente a nivel europeo. Hoy vivimos tiempos diferentes. La España de 1983 no formaba parte ni siquiera de la Unión Europea. Los retos que nos toca afrontar en el siglo XXI son muy distintos. En 1983 España casi seguía siendo un país de emigrantes, en pocos años hemos pasado a ser un país receptor de emigrantes. Vivimos, señorías, en la era de la globalización y el punto neurálgico es la tecnología y las comunicaciones. Además, han aparecido nuevas demandas sociales importantísimas como las políticas relacionadas con la dependencia. Este Estatuto es una excelente herramienta para Baleares, para que Baleares tome el impulso necesario y que pase del protagonismo europeo del que actualmente goza al protagonismo que requiere la época de la globalización. Es un Estatuto ambicioso porque la meta es ambiciosa, y es lo que exigen hoy los ciudadanos de Baleares. Esta reforma del Estatuto de Baleares ha demostrado que las cosas se pueden hacer de otro modo, que el acuerdo y el consenso son posibles y que esta es la fórmula del éxito. Con ello se demuestra que hay dos formas de hacer política: desde el radicalismo o desde la sensatez, y este Estatuto responde a esta segunda posibilidad. Creo que es bueno, que es un ejemplo a seguir y que, de nuevo, Baleares también sabe liderar y tener voz propia dentro de este proyecto común que es España. La aprobación de este Estatuto no solo es una oportunidad histórica para Baleares, es también -ya lo ha sido- un éxito colectivo.


De nuevo, gracias a todos los que han colaborado y que han apoyado este nuevo impulso para las Islas Baleares. Este es un verdadero lanzamiento modernizador, esta es la revolución tranquila, señorías, que queremos hacer en Baleares. Para Baleares es una oportunidad histórica que les aseguro sabremos aprovechar de nuevo. Muchísimas gracias por el apoyo que los grupos parlamentarios han anunciado que van a dar a este documento que, créanme, para los ciudadanos de Baleares es muy importante.
(Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Salom.


Grupo Socialista. Señor Antich, por favor.


El señor ANTICH OLIVER: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta del Gobierno de España, señorías, en primer lugar quiero saludar a la representación del Parlament y del Govern de les Illes Balears y a todas

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las personas de nuestra tierra que hoy nos acompañan, entre ellas el alcalde de Formentera y el delegado del Gobierno de las Islas Baleares.
Estoy convencido de que, como yo mismo, participan de la ilusión, el orgullo y la confianza en el futuro que supondrá para Baleares la aprobación de esta profunda reforma estatutaria. (Pronuncia palabras en catalán.) Como comprenderán es para mí un honor intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en un tema de tanto calado para Baleares como es su Estatuto de Autonomía. Para alguien que ha sido presidente de les Illes Balears significa una extraordinaria satisfacción poder participar en la aprobación de un nuevo Estatuto que va a permitir a la Comunidad balear afrontar los nuevos retos que plantea la sociedad del siglo XXI, un nuevo Estatuto que tiene a las personas, a los ciudadanos de las islas como eje vertebrador de su contenido. Porque, señoras y señores diputados, de esto se trata, de un nuevo Estatuto. Numéricamente, la norma pasa de tener 75 artículos a 140, que conforman un nuevo índice con la inclusión de importantes títulos y relevantes mejoras. De todo ello es indispensable citar, entre otras, un mayor reconocimiento del hecho insular, un profundo refuerzo y democratización de las instituciones propias, la creación del Consell Insular de Formentera, la creación de una nueva lista electoral para los consells, un nuevo título de derechos y deberes y libertades de los ciudadanos y ciudadanas, una regulación más meticulosa y clara de los aspectos económico financieros y de las competencias, ampliando unos y otras de forma muy importante, una nueva regulación del Poder Judicial, un nuevo marco para las relaciones de Baleares con el exterior, en definitiva, un nuevo Estatuto para una nueva etapa en la construcción autonómica española. Y todo ello sin romper nada; al revés, como en los demás estatutos tramitados, ajustando el Estado autonómico a la cambiada y cambiante realidad. Con este Estatuto contribuimos a abrir nuevos caminos para que las comunidades autónomas, y concretamente la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, pueda desarrollar todas sus potencialidades y, sobre todo, para poder servir mejor a la ciudadanía desde la proximidad y atendiendo a las singularidades propias.


Con normas como ésta contribuimos a articular el proceso de federalización necesaria para que el total funcionamiento de las distintas instituciones que conforman el Estado sean más eficaces y den en definitiva más y mejor bienestar y calidad de vida a la ciudadanía. Y desde ahora mismo quiero resaltar otro aspecto esencial: el nuevo Estatuto es fruto de un amplio consenso político, consenso que desde mi grupo valoramos profundamente desde el convencimiento de que las normas estatutarias no pueden ser resultado de coyunturas políticas momentáneas sino de apoyos sólidos y perdurables en el tiempo. Un amplio apoyo que otorga al nuevo texto un suplemento de fuerza de convicción que será de capital importancia en su futuro desarrollo. Está claro que cualquier pacto implica renuncias, en este caso tanto por parte del Grupo Parlamentario Popular como por nuestra parte, pero lo cierto es que en el supuesto que nos ocupa el producto final, como tendré ocasión de explicar a lo largo de mi intervención, es muy favorable a los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de las Islas Baleares.


En consecuencia, quiero destacar mi leal agradecimiento por el esfuerzo realizado por el Grupo Parlamentario Popular, tanto aquí como en Baleares. Agradecer asimismo el apoyo de Unión Mallorquina y las aportaciones realizadas por los demás grupos de les illes, Izquierda Unida y el Partido Socialista de Mallorca, así como los apoyos y aportaciones de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.
En este mismo capítulo, mi reconocimiento al esfuerzo de transacción de enmiendas que han hecho durante la presente tramitación tanto Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds como Esquerra Republicana de Catalunya. Ello ha supuesto en la Comisión Constitucional la incorporación de mejoras en relación a temas tan importantes como los relativos a la lengua y cultura y los derechos y deberes. Entre ellos cabe destacar la incorporación de que el Govern promueva la comunicación, el intercambio cultural y la cooperación con las comunidades y los territorios, pertenecientes o no al Estado español, que tengan vínculos lingüísticos o culturales con les Illes Balears. A estos efectos se podrán suscribir por quien corresponda convenios o tratados y crear organismos comunes. También se incorpora la posibilidad, como sucede en realidad, de que cada isla pueda tener su diada.


En cuanto a los derechos y deberes, las mejoras van dirigidas a incrementar derechos relacionados con las administraciones públicas, con las personas mayores, a la no discriminación por razón de sexo, al ámbito cultural, a la educación y al apartado de salud en lo referente a que las personas tienen derecho a un adecuado tratamiento del dolor y de los cuidados paliativos. También es cierto que las restantes enmiendas no han podido incluirse, básicamente por suponer una alteración importante del pacto entre el Grupo Popular y el nuestro y por alejarse de la voluntad expresada por el Parlamento de las Islas Baleares. En este sentido, valoramos profundamente que en la tramitación llevada a cabo en el Congreso de los Diputados en todo momento se haya respetado la iniciativa y voluntad del Parlamento de les Illes Balears y del pacto alcanzado por el Partido Popular y el Partido Socialista. Por supuesto, eso ha sido perfectamente compatible con el ajuste constitucional y las aportaciones que le corresponde hacer al Congreso de los Diputados como Cámara representativa de la soberanía nacional y de los intereses de todos los españoles. Aportaciones que, en el supuesto que estamos debatiendo, han servido para enriquecer, ordenar y constitucionalizar la norma estatutaria, así como para adaptarla al interés general.


Señoras y señores diputados, el Grupo Socialista votará a favor del nuevo Estatuto balear desde la convicción de estar apoyando un profundo y amplio avance del

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autogobierno de las Islas Baleares. Una apuesta seria y contundente que convierte a les Illes Balears en materia estatutaria en una comunidad autónoma de primera; un gran avance en temas básicos, como lo es la nueva definición de les Illes Balears como nacionalidad histórica, definición que constata la singular identidad de un territorio pluriinsular con lengua, cultura y derecho civil propios, definición que además cierra viejas diferencias entre los dos partidos mayoritarios y demuestra una vez más la importancia de que en temas simbólicos e identitarios se avance desde el consenso. En este sentido, cabe destacar también que el nuevo Estatuto mantiene el compromiso del anterior con la cuestión lingüística. La reforma mantiene la unidad de la lengua catalana, su cooficialidad y la obligación de los poderes públicos de normalizarla, así como la protección de las modalidades propias existentes en las Islas Baleares. Tema, el de las modalidades, que no obtuvo el consenso en el Parlamento de Baleares y que, en cambio, se ha logrado en el Congreso de los Diputados con una redacción, insisto, que no deja dudas en relación a la unidad de la lengua y que ampara la amplia riqueza de modalidades existentes en las islas. Para nuestro grupo es muy importante mantener el consenso en materia lingüística para alejar tentaciones de posibles retrocesos o de estériles enfrentamientos que al final siempre acaban por perjudicar a la lengua más débil, en nuestro caso la catalana. En cualquier caso, comprendo las manifestaciones de otros grupos en relación a la lengua, pero a la vez pido comprensión en una cuestión en la que el Estatuto no da un solo paso atrás y su contenido sobre el particular permite un campo amplísimo de actuaciones. Un tema de Estado en Baleares como la lengua propia no puede modificarse estatutariamente sin que exista un consenso amplio, y en estos momentos no existe. La realidad política es la que es y, por cierto, no comparable con otras realidades que se han apuntado durante el presente debate. Por tal motivo, lo razonable en estos momentos y en este tema es conservar lo pactado, que es mucho, y sobre todo no ponerlo en peligro con confrontaciones estériles que se acaben aprovechando para impulsar movimientos disgregadores o separatistas respecto de la unidad de la lengua. Otra cosa es que la legislación básica existente derivada del Estatuto vigente, como la Ley de Normalización Lingüística de 1986, tenga una verdadera aplicación y se le dé la prioridad que se merece una materia de tanta importancia, pero este sin duda no es el debate que nos ocupa hoy y, en cualquier caso, otro es el lugar donde debe celebrarse.


En otro orden de cosas, quiero destacar el título de derechos, deberes y libertades, un título al que mi grupo, desde el primer momento, le ha dado prioridad y que después de muchas y difíciles negociaciones conseguimos incorporar, un título que humaniza la norma y de esa forma la sitúa más allá de la frontera meramente institucional y la convierte en una legislación con la mirada puesta en las personas. Todo ello explica la inclusión de una nueva generación de derechos y deberes propios que se derivan de las propias competencias: derechos sociales, medioambientales, identitarios, derechos relacionados con la Administración, con la educación, con la pobreza, con el turismo; una verdadera carta social propia de la comunidad autónoma, dirigida a dar la perspectiva ciudadana a todos los avances que implica el presente Estatuto. Derechos que no abren capítulos competenciales nuevos ni cuestionan los derechos fundamentales de la Constitución y que son iguales para todos.


En el ámbito institucional, la reforma estatutaria que debatimos supone además una extraordinaria mejora de las instituciones propias. En el frontispicio de esta mejora se encuentra el impulso definitivo a los consells insulars, que alcanzan su mayoría de edad al ser considerados también instituciones autonómicas. Todo ello significa mejorar el funcionamiento descentralizado de las instituciones propias, evitar conflictos de competencias y ser más eficaces a la hora de dar servicios a la ciudadanía. Los consells, por primera vez, tendrán una candidatura electoral propia, separada de la del Parlament. Este avance facilitará que los ciudadanos puedan evaluar más directamente su gestión y, a la vez, que sus miembros tengan dedicación exclusiva a la institución. A todo ello hay que añadir la creación de mecanismos que faciliten el funcionamiento federalizante de nuestra comunidad autónoma, mecanismos destinados a aumentar la cooperación y la coordinación como es la creación de la Conferencia de Presidentes. Además, el nuevo Estatuto resuelve la aspiración de Formentera de tener un consell insular propio, para que desde la proximidad se atiendan mejor las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas y sea un instrumento válido para atenuar la triple insularidad que padece la isla. En definitiva, igual que el Estado se está adecuando a la España plural con las presentes reformas, también Baleares de forma coherente, y en la medida de sus competencias, está mejorando la adaptación de su arquitectura institucional interna a un territorio discontinuo, plural, con singularidades insulares muy acentuadas y con fuerte personalidad. Un reparto de poder que da un relevante impulso democrático a su funcionamiento institucional y que debe mejorar su eficacia.


A los sustanciales avances de los consells, hay que añadir otro paso histórico: por primera vez, los ayuntamientos gozarán en el Estatuto de un capítulo específico. Además, el nuevo Estatuto incluye novedades destinadas a mejorar la gestión y eficacia de ciertos servicios como son la creación de un consejo de Justicia autonómico, un título específico de medios de comunicación social con la creación del Consejo audiovisual o la nueva creación de la Agencia tributaria de las Islas Baleares. El nuevo texto contiene también el aumento de la coordinación con el exterior, con la creación de comisiones bilaterales que facilitarán la cooperación y coordinación con el Estado en múltiples ámbitos, entre otros: el de la financiación, las relaciones exteriores, las inversiones y la insularidad. Igualmente han quedado incorporadas

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medidas como la posibilidad de disolución anticipada del Parlamento autonómico por parte del presidente del Gobierno de las Islas Baleares y se requieren también mayorías cualificadas para la modificación de leyes como la del Consell, la propia reforma del Estatut o la Ley Electoral.


Por otra parte, el nuevo Estatuto supone un sólido avance en autogobierno, ya que prevé nuevas e importantes competencias entre las que destacaré la Policía autonómica, innovación, investigación y desarrollo, políticas de género, en aguas, en la ordenación del Poder Judicial, en la acción exterior del las islas o las competencias ejecutivas en inmigración; tema que por su importancia necesita de la colaboración de todas las instituciones. El Estatuto, además, ordena las competencias incorporando una definición de las distintas tipologías, lo cual clarifica una materia relevante para la buena gestión de las administraciones. A todo ello hay que añadir la aplicación de los principios fiscales y financieros que, debidamente adecuados a las reformas hasta el momento aprobadas, deben conformar en su día por acuerdo multilateral una reforma del actual sistema de financiación autonómica que supondrá un cambio respecto al actual, que tanto ha perjudicado a las Islas Baleares.


Ha llegado el momento de hacer la mención especial que hay que otorgar al que a mi juicio es uno de los ejes de este nuevo Estatuto. Me estoy refiriendo a la insularidad, hecho diferencial de nuestra comunidad autónoma y merecedor de protección especial. La insularidad es la peculiaridad básica de la gente de Baleares. La insularidad ha condicionado la historia, la economía y hasta los rasgos de la idiosincrasia popular. La insularidad ha marcado para bien y para mal a nuestro pueblo. En consecuencia, es todo un paso histórico que obliga a los poderes públicos a tomar las medidas necesarias para evitar que de la insularidad puedan derivarse desequilibrios económicos o de cualquier otro tipo que vulneren el principio de solidaridad entre las comunidades autónomas. En este sentido, es muy importante el consenso alcanzado en el Congreso de los Diputados después de muchas y largas negociaciones, en el sentido de crear ex novo la disposición adicional sexta titulada: del régimen especial insular de les Illes Balears. Esta disposición adicional incluye en el Estatuto, y de esta forma la blinda, la actual Ley de régimen especial de las Islas Baleares y, además, prevé su modificación para la creación de un instrumento financiero distinto del sistema de financiación autonómica, que dote de los fondos necesarios para que la citada ley tenga una verdadera y efectiva aplicación. Sin duda, se trata de un avance crucial, puesto que el principal problema de la citada ley era precisamente la dificultad que ha existido a la hora de conseguir fondos de los distintos ministerios. El Estatuto también prevé, a través de la transitoria octava, que mientras no se proceda a modificar la Ley de régimen especial según lo dispuesto en la adicional sexta antes citada y para un plazo no superior a siete años, la inversión del Estado en les Illes Balears se establezca atendiendo a la inversión media per cápita realizada en las comunidades autónomas de régimen común, cuestión esta de enorme calado si tenemos en cuenta que Baleares desde hace tiempo se halla muy por debajo de la media antes reseñada.


En definitiva, señoras y señores diputados, lo que vamos a aprobar hoy es un nuevo Estatuto, nacido desde un amplísimo consenso, que mantiene en su contenido toda la iniciativa y voluntad expresada por el Parlament de les Illes Balears. Es un nuevo Estatuto que significa más igualdad, que significa avanzar sólidamente en el autogobierno, facilitar un más democrático y eficaz funcionamiento de las instituciones, aumentar los derechos a la ciudadanía, consolidar lo simbólico e identitario y afrontar retos e inversiones muy necesarias para la mejora de la economía balear y de la calidad de vida de todos sus ciudadanos y ciudadanas. Las personas que conviven en les Illes Balears tendrán con el nuevo Estatuto el instrumento que necesitaban para afrontar con seguridad y confianza el siglo XXI.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.


-PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO. (Número de expediente 121/000094.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el proyecto de Ley del estatuto básico del empleado público. Tiene la palabra el señor ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señorías.


Voy a ser breve, a pesar de que estamos tratando un asunto largo en el tiempo -28 años desde que la Constitución lo previó hasta que hoy se dictamine, espero, en esta Cámara- e importante porque afecta de manera directa a 2,5 millones de empleados públicos y de manera indirecta a todos los ciudadanos que en uno u otro momento de su vida tienen que ver con las administraciones públicas. Estamos hablando también de un estatuto, de un estatuto que como todos los demás tiene su importancia.
En primer lugar, quiero agradecer a todos aquellos que han colaborado y participado en que el día de hoy sea posible, empezando por los propios empleados públicos, representados por sus organizaciones sindicales, aquí presentes, Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y CSI-CSIF, con quienes alcanzamos un acuerdo que está siendo también respetuoso con el trámite en este Parlamento. Quiero dar las gracias a todos los grupos parlamentarios, a los que apoyaron desde el principio la iniciativa, a los que se han ido sumando luego e incluso a quienes no se han sumado, al menos de momento, a este apoyo al proyecto de Ley de

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estatuto básico del empleado público. Igualmente quiero dar las gracias a todos, porque creo que todos hemos manifestado nuestra profunda convicción de que creemos en lo público, creemos en la Administración pública, creemos en los empleados públicos y creemos en la necesidad de una norma que moderniza, que pone la Función pública española a la altura del siglo XXI, que consolida y garantiza los principios de igualdad de mérito y de capacidad que establece la Constitución, que introduce algunos instrumentos que permitirán sin lugar a dudas que nuestros empleados públicos estén más formados, sean más profesionales, más independientes, estén mejor retribuidos y por tanto puedan contribuir de una manera todavía mejor que como lo están haciendo ahora a la prestación de ese servicio público tan básico y tan esencial allá donde lo tengan que hacer. Es un estatuto que reconoce los derechos y los deberes de los empleados públicos, que reconoce además por primera vez el derecho a la negociación colectiva en la Función pública y garantiza unas condiciones de igualdad y homogeneidad de todos los empleados públicos, de todo aquello que hace que una persona sea empleado público de manera distinta y diferencial a como pueda ser un empleado privado. Por tanto, creo que hoy es un buen día para la democracia española, que tiene en nuestros funcionarios, en nuestros empleados públicos, en sus diferentes administraciones, una fábrica de derechos y una garantía de libertades que van a salir más fortalecidas después de la aprobación de este estatuto.


Tanto en los trabajos en ponencia como en Comisión han ido incorporándose mejoras al texto de ley que presentó aquí el Gobierno. Para mí eso no es un demérito, es todo lo contrario. El hecho de que el texto que salga hoy del Parlamento introduzca prácticamente doscientas enmiendas que se han incorporado por parte del grupo mayoritario en el trámite tanto en ponencia como en Comisión lo mejora, no solo porque ha permitido que tenga hoy más apoyo parlamentario, es decir más apoyo político y social del que tuvo cuando tuvimos aquí el debate a la totalidad, sino porque realmente las mejoras que se han introducido son eso, mejoras. El texto es mejor que el que entró y para eso, entre otras cosas, sirve y funciona y cumple su tarea constitucional esta Cámara, como lo hará posteriormente el Senado. Así respecto al texto que entró hemos incorporado de mutuo acuerdo medidas importantes que tienen que ver, por ejemplo, con la percepción de trienios para los funcionarios interinos; compromisos muy fuertes para reducir la temporalidad en la Función pública y reducir el elevado porcentaje de interinos, que todavía existen en nuestras diferentes administraciones públicas; medidas que introducen la jubilación parcial para el personal funcionario y el empleado público; medidas que obligan a aplicar los planes de igualdad definidos en la Ley de Igualdad, que también estamos debatiendo en esta Cámara hoy mismo, en la propia Administración pública; compromisos de que la ejecución de la oferta pública de empleo se desarrolle en un plazo improrrogable de tres años, lo cual es una garantía también que permite planificar mejor los recursos humanos en cualquier Administración; o, por un conjunto de medidas, como decía antes, que nos van a permitir que se reduzca la temporalidad, que se reduzca la provisionalidad y que se reduzca el interinaje en la Función pública. Todo eso ha sido posible gracias a la labor, al trabajo y al esfuerzo de SS.SS. y de los diferentes grupos parlamentarios. Por tanto, gracias a todos los que han trabajado mucho y bien antes de que entrara el estatuto en la Cámara. Hoy sale el estatuto de esta Cámara para ir al Senado, donde todavía el Gobierno espera que sea posible ampliar aún más el consenso suficiente para que esta sea una ley que permita de verdad marcar un antes y un después en nuestra Administración pública, que está en un buen momento pero que se merece más, que se merece lo que este estatuto le otorga y, sobre todo, los desarrollos posteriores que a partir de la aprobación de este estatuto cada Administración tendrá que hacer.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Turno a favor de las enmiendas.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


El Bloque Nacionalista Galego se siente muy satisfecho de que se hayan transaccionado varias enmiendas que propusimos, que tienen un importante calado sociolaboral y también una importancia desde el punto de vista del respeto por los derechos lingüísticos de los usuarios. Siguiendo el criterio que nos fue formulado por la CIGA, un sindicato de gran importancia en la Administración pública y en particular en la enseñanza, vemos con muy buenos ojos que se haya considerado que la formación de los funcionarios se haga preferentemente en horario laboral; que efectivamente la retribución de los funcionarios interinos esté totalmente homologada a la de los funcionarios de pleno derecho en cuanto a las retribuciones básicas, pagas extraordinarias y las retribuciones complementarias; que exista ese gran avance de considerar que la ley se debe adaptar a la Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; y, sobre todo, ese nuevo punto 11 del artículo 54 que en las normas, en los principios de conducta de los funcionarios, establece que garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio. Por tanto, expresamos nuestra satisfacción.


Hemos mantenido diez enmiendas, aunque solamente voy a hacer referencia a unas cuantas porque nos parece que son sustanciales desde el punto de vista de la concepción democrática de una Administración pública. En primer lugar, el hecho de que exista una cláusula de revisión salarial para los trabajadores y que cada fin de año se calcule el diferencial entre la inflación prevista y

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la real. Pensamos que esto era importante tenerlo en cuenta en la mesa de negociación y que figurase así y no solamente la cortapisa de lo que son los Presupuestos Generales del Estado. En segundo lugar, sería muy importante que no se tuviesen criterios discrecionales a la hora de juzgar el rendimiento de los funcionarios. No creemos que sea objetivo el grado de interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo precisamente para juzgar de manera objetiva su papel. Por último, pensamos que no se debería de reforzar un sistema privado de pensiones sino el sistema público de pensiones, por lo cual el reparto de masa salarial con destino a fondos privados de pensiones no nos parece correcto.


Para resumir diríamos que, por nuestra parte, la ley es una ley de bases en el sentido correcto del término y se hace desde una lectura constitucional que respeta básicamente las competencias autonómicas, si bien pensamos que sería mucho mejor reforzar el criterio de Administración pública como tal, sin subordinación ninguna a intereses privados. Por tanto, solamente este aspecto es el que a nosotros nos parece más criticable.


La ley mejora mucho la concepción de la Administración pública como servicio a los ciudadanos, con unos funcionarios con derechos y normas de conducta que hay que respetar. Alabamos que se acabe con determinado tipo de discriminaciones históricas, como ya repetí en la enmienda transaccional respecto de los interinos, que nos parece sustancial y que, en nuestra opinión, fue planteada siguiendo los intereses y la tradición de lucha del sindicato CIGA, que es un sindicato fundamental en la Administración pública.


Muchas gracias y, de nuevo, nuestro agradecimiento.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.


Quiero iniciar mi intervención saludando a unos protagonistas fundamentales de este texto, los representantes sindicales que hoy nos acompañan, atentos al debate, y que durante la negociación lograron sustanciales mejoras e hicieron un trabajo digno de reseñar.


Desde Izquierda Unida siempre hemos defendido la necesidad de la existencia de un estatuto del empleado público, una norma básica que clarificara el marco jurídico aplicable al personal funcionario y unificara al máximo el régimen de laborales y funcionarios al servicio de las administraciones públicas, lo que se ha venido a llamar en la denominación del texto el empleado público, que lo buscamos en el texto y, por qué no decirlo, no lo encontramos.


La reforma en profundidad de la Función pública es necesaria para posibilitar un funcionamiento adecuado y eficaz de las administraciones públicas, además de por la enorme significación del empleo público que, con más de 2,5 millones de trabajadores, es el sector más estratégico del mundo laboral. Recordemos, asimismo, que las medidas que se adopten afectarán no solo a los empleados públicos, sino también al ejercicio de los derechos y a la satisfacción de los intereses de la ciudadanía.
Precisamente por ello, funcionarios y administraciones públicas necesitaban un estatuto cuyo contenido deberá servir para mejorar, modernizar y profesionalizar la Administración pública.


Por ello, Izquierda Unida presentó más de 150 enmiendas, señorías, porque queríamos un estatuto pero no cualquier estatuto. Un estatuto para la Administración, un estatuto para el empleado público, para los ciudadanos y desde Izquierda Unida, con nuestras enmiendas, hemos intentado que fuera una Administración pública profesional, democrática, ágil y dirigida al ciudadano, que garantice la calidad de los servicios públicos. Ese ha sido siempre nuestro objetivo y lo va a seguir siendo.
Desde Izquierda Unida rechazamos hablar de supuestas modernizaciones que encubran la aplicación a la gestión pública de técnicas de gestión empresarial, con externalización de funciones propias de la Administración que repercuten en un peor servicio al ciudadano y un mayor coste que pagamos entre todos. Por ello, rechazamos rotundamente la creación y regulación de la figura del personal directivo. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se niega a amparar el grave error que consideramos se comete en este texto al introducir y crear esta figura propia de la empresa. ¿Por qué? Porque el personal directivo no será seleccionado bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, porque se abre una clara puerta al amiguismo, se olvida de la capacidad profesional de los empleados públicos y además, como amigos, estarán al margen de la aplicación del régimen disciplinario, a diferencia del resto del personal; los sindicatos no podrán ni discutir ni ser informados de sus condiciones de empleo, y además también se nos ha negado la enmienda para impedir la percepción de indemnizaciones por cese que pagaremos entre todos los ciudadanos. Es evidente que esta figura fomenta el clientelismo y las actuaciones arbitrarias, y por eso presentamos enmiendas para eliminarla, para eliminar las prerrogativas, y han sido rechazadas por el grupo mayoritario, el Grupo Socialista. Para Izquierda Unida la función directiva ha de ser siempre desempeñada por empleados públicos suficientemente cualificados y seleccionados respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.


Como ya se ha manifestado, a Izquierda Unida también le preocupa la externalización de funciones, que genera un efecto negativo en la calidad del servicio y convierte las necesidades públicas en negocio. Rechazamos la mercantilización de los servicios públicos y la temporalidad.
Siguiendo con las deficiencias de la ley, este Estatuto no asegura unas bases comunes para todo el personal que permitan la necesaria homogeneización mínima del empleo público. Señor ministro, ha perdido

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una gran oportunidad que le ofrecía ser el primero en aprobar por fin este estatuto del empleado público: acabar con la dicotomía laborales y funcionarios y que no solo quedara en el nombre de la ley.


Por todo ello, Izquierda Unida hizo una valoración crítica del proyecto de estatuto básico del empleado público, si bien en la breve y veloz tramitación parlamentaria, aprobada con nocturnidad y en dos semanas -muy cuestionable esta tramitación dada la envergadura del texto-, hemos logrado introducir mejoras sustanciales que nos hacen apoyarlo. Eso sí, no vamos a apoyar parte del texto, como he manifestado, el que se refiere al personal directivo, porque no queremos que se recuerde a Izquierda Unida apoyando en ningún caso a este tipo de personal.


Izquierda Unida ha de reseñar que ha logrado mejoras sustanciales que repercutirán tanto en la reducción de la temporalidad como en la mejora de las condiciones de empleo y en la igualdad entre hombres y mujeres en las administraciones públicas, mejoras que serán percibidas directamente por los empleados públicos. Hemos logrado introducir los planes de igualdad, un avance sustancial que ha de servir para alterar los datos que hoy nos ofrece la Administración pública. El techo de cristal es bien visible en estos datos, donde, a pesar de que hombres y mujeres tienen el mismo porcentaje en el empleo público, los puestos de responsabilidad los ocupan mayoritariamente ellos. Igualmente hemos introducido que en los casos de violencia de género se garantice el derecho al traslado del puesto de trabajo. Hemos introducido el acoso laboral como falta, ya que tiene unos alarmantes datos en la Función pública precisamente por la propia configuración del empleo y las relaciones de jerarquía. Hemos introducido el permiso de paternidad, incrementándolo a 15 días, que se irá equiparando a los laborales en razón al compromiso que tiene el ministro de Administraciones Públicas. Los interinos, gracias a una enmienda de Izquierda Unida, por fin podrán cobrar los trienios, acabándose con una discriminación histórica carente de ninguna lógica y que ha acabado en muchas ocasiones en los tribunales. Se ha reducido sustancialmente, gracias a una enmienda de Izquierda Unida, la movilidad forzosa con cambio de residencia. Desde Izquierda Unida he de manifestar que rechazamos la movilidad forzosa, por considerarla un elemento contrario a la independencia del funcionario, pero mostramos nuestra satisfacción por haber introducido tres limitaciones fundamentales: que sea excepcional y motivada, que se acuerde a través de planes de ordenación que impliquen cambio de residencia, que no de municipio, y por tanto necesariamente serán negociados, y que se dé prioridad a la voluntariedad en los traslados.


También nos sentimos satisfechos por haber logrado eliminar expresamente el veto a la participación de los sindicatos en los procesos de selección del personal, que significaba un serio paso atrás. Nos parece fundamental la enmienda incorporada de Izquierda Unida que obliga a la ejecución de las ofertas de empleo público en tres años, precisamente para frenar la temporalidad, porque la oferta de empleo no es más que un reflejo de las necesidades anuales de personal y se debería ejecutar año a año -hemos conseguido que se establezca que se ejecute en tres años, y nos parece un gran avance-; también la garantía de promoción para los adscritos a las agrupaciones profesionales, que es la nueva figura que se crea, y la no discriminación por orientación sexual. Se han recogido en el nuevo texto demandas de todos los grupos respecto a la promoción cruzada, que es un avance fundamental para que los laborales puedan promocionarse cuando no tienen puestos de laborales por encima, y por tanto se eliminará esta situación que desmotivaba profundamente a este personal, y la jubilación parcial para los funcionarios, fundamental para generar renovación y rejuvenecer las administraciones públicas.


En definitiva, desde nuestro firme compromiso con una reforma estatutaria, basada en la potenciación del servicio público en la democratización de las administraciones, en la erradicación del clientelismo y el poder arbitrario, la dignificación y profesionalización de la Función Pública y la efectividad de los principios de igual, mérito, capacidad y publicidad, le manifestamos que estamos satisfechos con las aportaciones.
Consideramos que primero fue muy mejorado el texto en cuanto al ámbito de la negociación colectiva y esta tramitación parlamentaria lo ha seguido mejorando, a pesar de la celeridad a la que se le ha sometido. Este modelo de estatuto no es el nuestro, pero consideramos que con nuestras aportaciones mejoramos la calidad de trabajo y el respeto hacia los derechos de los funcionarios públicos. Seguiremos como Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya luchando, mediante las leyes de Función pública que lo desarrollen, por nuestros grandes objetivos en la Administración pública. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no renuncia a sus reivindicaciones, y ya dejamos claro nuestro compromiso y nuestras críticas a través de nuestras más de 150 enmiendas defendidas en Comisión. Manifestamos nuestro firme compromiso con lo público, con acabar con la temporalidad y el clientelismo en la Administración pública y nuestro firme compromiso, señorías, con los ciudadanos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.


Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señor ministro, señorías, querría hacer una invocación de naturaleza de orden o de carácter institucional, si se quiere, que hace referencia al decoro parlamentario.
Cuando se tramitan leyes de esta dimensión, de esta envergadura, de esta profundidad y de esta relevancia incardinada dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la ponencia duró media hora, la Comisión media tarde, y

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en este momento hay una especie de presión difusa, por razones inaprensibles pero que todo el mundo puede imaginar, para que uno sea breve en el uso del tiempo o se contenga en el uso de tiempo disponible.
No me parece que una ley de esta dimensión deba ser afectada por requerimientos de esta naturaleza, ajenos al rigor que se presume en quienes ostentamos la función o compartimos la función parlamentaria. Por otras razones diferentes a esta presión difusa que a todos nos afecta porque todos tenemos que coger aviones esta tarde a determinadas horas, voy a ser breve en mi intervención, no compadeciéndose la extensión de la misma con ese pretendido mito antropológico que se nos atribuye a los vascos, esas personas parcas en palabras y que algunos son más optimistas y complementan con la expresión largos en hechos. Mito antropológico que yo sistemáticamente me encargo de pulverizar cada vez que intervengo en esta Cámara, pero que esta vez voy a respetar. (Risas.)

Hay un problema, señor ministro, sobrevenido con relación a la tramitación de esta ley que nos preocupa profundamente y que nos va a exigir que pidamos la votación separada de varias enmiendas de nuestro grupo y una decisión no adoptada en firme sobre la posición con relación al dictamen.
Lo siento porque usted y yo hemos negociado y estamos hablando de una buena ley, y se lo digo honestamente. Estamos hablando de una ley que se ajusta a los requerimientos de una ley de bases, tal como se preceptúa por la jurisprudencia constitucional. Además, una ley que moderniza la Administración pública del Estado. Una ley que tiene los requerimientos más modernos que existen en el derecho comparado con relación a materias de clasificación y estamentación de funcionarios, a la movilidad, a la estructura retributiva de los mismos, a la regeneración o incorporación a la funcionarización del personal laboral, a la incorporación a la Función pública de los funcionarios interinos y muchas cosas más. Son muchas bondades que mejoran el derecho previgente; recordemos el arreglo, y nunca mejor usada la expresión, del ministro de Hacienda Luis López Ballesteros del año 1828, el estatuto de Bravo de Murillo del año 1852, la Ley de bases del estatuto de Maura de 1918, la Ley de funcionarios civiles del Estado del año 1963 y la aberrante Ley de reforma de la Función pública 30/1984, en donde el legislador estatal cometió la humorada, porque no merece esta ley otra clasificación, hija espiritual y putativa de la Loapa, de declarar básicos todos los preceptos salvo dos, uno de los cuales se refería a un párrafo de la exposición de motivos.


Estamos en una ley de signo diferente, lo cual no impide, señor ministro, que se nos planteen tres dudas kantianas en este momento con las que voy a acabar mi intervención. En primer lugar, si realmente el legislador estatal está legitimado para elaborar una norma cuyo rótulo sea estatuto del empleado público. ¿Por qué? Por la habilitación constitucional que tiene para legislar en esta materia. Son dos los preceptos que hay que interpretar en este momento: el artículo 103.3 de la Constitución, que establece que una ley -sin decir quién será el autor de la ley o qué institución legislativa elaborará esta ley- establecerá un estatuto del empleado público -del funcionario público, que es la expresión constitucional exacta- y el artículo 148.1.18ª, que atribuye al legislador estatal la competencia para elaborar las bases del régimen jurídico del funcionario público. Cuando se atribuye al legislador estatal la competencia legislativa para elaborar las bases, a sensu contrario se está atribuyendo al legislador autonómico la competencia exclusiva para elaborar el contenido material de la materia; es decir, el contenido material de los derechos y obligaciones que corresponden al empleado público en su dimensión más amplia, salvo la de aquellos preceptos que se consideren básicos, que están bien considerados en esta ley -se lo repito-. Sin embargo, desde esa perspectiva yo tengo dudas sobre la propia legitimación del legislador estatal para elaborar una ley cuya denominación sea estatuto del empleado público.


Más preocupante resulta aún, señor ministro, señorías, el agravio comparativo, en relación con la Administración foral de Navarra, al que se somete a la Comunidad Autónoma del País Vasco en cuanto al reconocimiento de los derechos forales o catalogados como derechos históricos con relación a los navarros, y no se sabe cómo, porque queda de la manera más innominada de las posibles en relación con la Comunidad Autónoma del País Vasca, respecto a las competencias y a las competencias normativas atinentes a estos, en relación con las competencias que deben ejercer los empleados públicos de habilitación estatal. De esta manera, se establece en la disposición adicional tercera -y yo me felicito por los navarros que pueda haber aquí, aunque no hay ninguno, como casi siempre (La señora Cunillera i Mestres y el señor Moscoso del Prado Hernández pronuncian palabras que no se perciben.), hay algunos por ahí, que son los que suelen estar habitualmente- que el presente estatuto se aplicará a la Comunidad Foral de Navarra, en los términos establecidos en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución -hasta aquí de acuerdo-, la Ley Orgánica 13/1982, que es la Ley de Amejoramiento del Fuero como estaba, pero en virtud de los requerimientos de la disposición adicional primera, que es la que constitucionaliza los derechos históricos. Sin embargo, no se extiende esta legitimación para el legislador estatal, a la hora de articular las competencias de los funcionarios de habilitación estatal, a la Comunidad Autónoma del País Vasco, a pesar de que la Comunidad Autónoma del País Vasco también tiene instituciones forales, igual que las navarras, de naturaleza exactamente igual que las navarras, y se utiliza una expresión ambigua, una especie de norma que va a provocar unos problemas hermenéuticos terriblemente complejos y una inseguridad jurídica que ya se manifiesta en el tenor literal del precepto cuando establece: En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las instituciones forales de sus territorios históricos ostentarán las facultades previstas

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en la disposición adicional segunda, la relativa a los empleados públicos de habilitación estatal, respecto a los funcionarios públicos con habilitación de carácter estatal. Lo previsto en la disposición adicional segunda. Es decir, aquello que se reconoce para Navarra, que está previsto en la Ley de Amejoramiento del Fuero, no se reconoce para la Comunidad Autónoma del País Vasco. En este momento, los funcionarios forales del País Vasco no sabemos qué régimen normativo ostentan; no es igual al navarro, porque, si no, las locuciones o el tenor literal de los preceptos hubiese sido idéntico y no se reconoce que la disposición adicional primera de la Constitución no solo constitucionaliza los derechos históricos de Navarra, sino que constitucionaliza los derechos históricos de Euskal Herria -de Navarra y de la Comunidad Foral del País Vasco- en sus propios términos. Lo mismo hace la disposición derogatoria segunda de la Constitución, que deroga las leyes abolitorias de los fueros, en tanto en cuanto pudieran tener vigencia en la actualidad.
Desde esta perspectiva, nos encontramos con algo que podría vulnerar el principio de igualdad que consagra el artículo 14 de la Constitución, porque se establece desde una perspectiva normativa en cuanto al régimen jurídico de los funcionarios de habilitación estatal de Navarra en relación a los del País Vasco, una discriminación no razonable, arbitraria, que carece de justificación normativa y de legitimación jurídica alguna. Esa es la primera cuestión.


La segunda cuestión que nos preocupa es que hemos presentado una enmienda, cuyo ordinal es el 97, señor ministro -desafortunadamente no ha sido objeto de consideración por parte del Grupo Socialista porque hubiese resuelto muchos problemas-, que hace referencia a los funcionarios de la Administración autonómica no de la Administración foral del País Vasco, y que establece lo que establece la ley, es decir, es perfectamente coherente con el contenido material de la ley, en tanto en cuanto que lo que establece es la habilitación que el legislador estatal tiene para regular normativamente esta materia. ¿Cuál es la habilitación del legislador estatal? Lo que establece la Ley de amejoramiento del fuero de Navarra -que respetamos y nos parece razonable- y lo que establece la jurisprudencia constitucional, en concreto, la sentencia 140/1990 del Tribunal Constitucional, que establece que el legislador estatal solo podrá regular los derechos y obligaciones esenciales de los empleados públicos. La locución que utiliza la jurisprudencia constitucional es funcionarios públicos, empleados públicos, esto nos coloca en una posición un tanto difusa también, un tanto esquizofrénica. Nos gusta la ley, pero no nos gusta cómo atiende a los requerimientos competenciales del bloque de constitucionalidad.


Aquí -y voy acabando, señor presidente- voy citar a la escuela de Frankfurt, citar a Habermas, citar a Adorno y a los demás sirve de bien poco, porque la experiencia así lo acredita. No obstante, vamos a citar a otro autor relevante de nuestra metacultura, que es Maki Navaja, y con esto acabo de verdad, porque hace referencia al problema de la legitimidad primigenia de los sindicatos que han avalado este proyecto de ley: está hecho por los sindicatos que usted ha citado, UGT, Comisiones Obreras y el CSIF, pero se ha olvidado de que hay otros sindicatos que tienen la misma legitimidad que los anteriores, porque ostentan la condición de más representativos, la noción jurídica de mayor representatividad sindical, porque en el ámbito autonómico, no estatal, han conseguido el 15 por ciento del total de representantes electos. Es decir, un mínimo de 1.500, no han sido llamados a estas negociaciones y no han participado en los acuerdos previos que han configurado el contenido normativo de este proyecto de ley que estamos debatiendo ahora; pero es que además en el capítulo IV provocan un efecto de reflejo de la centralización, de la negociación colectiva que se articula en el capítulo IV, que a su vez va a afectar -con esto acabo de verdad, señor presidente- a numerosos derechos y a numerosas obligaciones de los empleados públicos.


No he podido cumplir con el mito antropológico al que me refería en el frontispicio de mi intervención, pero le he dicho todo lo que le tenía que decir, señor ministro. En este momento esta ley nos suscita serias dudas de legalidad, de constitucionalidad y atinentes a la habilitación del Estado para regular, tal como están reguladas, las materias que le he dicho. Por lo demás, le felicito, señor ministro, es una buena ley.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría. Y no se preocupe.


Por Esquerra Republicana. Señor Ramón.


El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías, nuestro grupo va a votar hoy favorablemente a este proyecto de Ley del estatuto básico del empleado público. Pero déjenme primero valorar o defender esta posición, valorar también la tramitación global de este proyecto y para hacerlo es necesario partir de la valoración del proyecto en su origen y del resultado de la negociación que ha llevado a las diferentes enmiendas que nuestro grupo ha presentado.


Señorías, permítanme remontarme al estudio que diferentes expertos hicieron del texto original -unos expertos encabezados por el profesor Sánchez Morón-, en el que establecían las líneas básicas de la reforma legal y advertían también de la necesidad de reducir el ámbito de la norma en tanto que básica, a aquellas materias que formaban parte del tronco vertebrador de la ocupación pública con el pleno respeto a las potestades de autoorganización de cada administración. Este análisis sería incompleto, especialmente en el caso de Cataluña, si no situáramos como referente también el marco competencial que, en materia de Función pública y organización de la Administración define el nuevo Estatuto de Cataluña. Una y otra premisa nos llevaban, a la

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vista del proyecto, a una valoración negativa del texto que nos había remitido el Gobierno, básicamente porque considerábamos que el texto no respetaba el carácter básico de la norma o, como mínimo, hacía una interpretación extensiva del ámbito material de aquello que es básico, por entrar en ámbitos materiales claramente propios de las potestades autoorganizativas de la Administración. Son un buen ejemplo de ello la extensa regulación de aspectos secundarios como los permisos, licencias, vacaciones o los mecanismos de provisión, o también la extensa regulación de la negociación colectiva que afecta a ámbitos claramente organizativos. Les cito estos para no citar de forma exhaustiva todos aquellos aspectos que nosotros entendíamos que iban más allá de lo que tenía que incorporar esta norma básica. También estábamos en contra de esta norma porque tampoco respetaba el marco competencial por lo que se refiere a Cataluña, derivado básicamente de lo que establece el artículo 136 pero también en parte de lo dispuesto por el artículo 5 o el artículo 150 del nuevo Estatuto de Cataluña. La aplicación indistinta a todas las comunidades autónomas, independientemente de su origen, de su régimen particular de competencias, dejaba sin contenido buena parte del marco definido por los citados preceptos, a partir de los cuales la Generalitat tiene competencia exclusiva en todo aquello que no afecta a los derechos y deberes básicos: la adquisición y pérdida de la condición de funcionario, el régimen de incompatibilidades, las situaciones administrativas y el desarrollo de los principios ordenadores de la Función pública.


Es evidente que el proyecto contenía, y sigue conteniendo, aún ámbitos materiales de regularización que inciden de lleno en el resto del régimen estatutario de los empleados públicos. Esto es, el ámbito de las competencias exclusivas que tiene la Generalitat de Catalunya. La intensidad y la extensión de las objeciones al proyecto motivaron que nuestro grupo parlamentario presentara una enmienda a la totalidad a este proyecto, pero no hemos abandonado la tarea conjunta con otros grupos parlamentarios de la Cámara -básicamente con el grupo que apoya al Gobierno, con el Grupo Socialista- para intentar buscar una solución; una solución que, aunque no satisfaga al cien por cien las pretensiones que tenía nuestro grupo supone un avance importante en la consecución del doble objetivo que nuestro grupo perseguía: adelgazar el contenido de lo que es básico y, sobre todo, respetar el marco competencial que dibuja el Estatuto de Cataluña, haciendo extensiva la cláusula de salvaguarda a todas las comunidades autónomas con un marco competencial propio en materia de Función pública.


Señoras y señores diputados, en la introducción de la disposición final segunda que ha quedado en el texto final ha estado, sin ninguna duda, la clave que ha sumado a este acuerdo a nuestro grupo parlamentario.
Mediante esta cláusula queda garantizada para el futuro la capacidad de las comunidades autónomas de desarrollar el respectivo ámbito competencial en materia de Función pública, obviamente, en el caso de Cataluña el pleno respeto al régimen de competencias que deriva del artículo 136 del Estatuto. Y por la misma vía consideramos que podemos avanzar en la modulación de lo que aún consideramos una regulación invasiva desde el punto de vista material, que traspasa claramente el espacio propio de una norma básica, por entrar en espacios claramente organizativos que han de mantenerse en el sí de las potestades de cada Administración. Esto ha sido instrumentado a través de la garantía de esta disposición segunda que hemos planteado, porque básicamente respeta las posiciones singulares del sistema institucional, sobre todo en lo que se refiere a los derechos históricos; también respeta el régimen de competencias exclusivas de cada administración; respeta el régimen de competencias compartidas y respeta las potestades de autoorganización. Es una verdadera cláusula de salvaguarda competencial que es, para nosotros, la clave para desbloquear el debate, no solo por lo que se refiere a Cataluña, sino también por lo que se refiere al resto de comunidades autónomas con un marco propio de competencias derivado de los respectivos estatutos.


Señorías, también existe una segunda cuestión que ha facilitado el acuerdo respecto al texto y que mejora sustancialmente el proyecto porque aún teniendo en cuenta el carácter parcial, no es una cuestión menor. Me refiero, como ustedes saben, al régimen de los que hasta ahora eran denominados cuerpos nacionales, es decir, los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional hasta ahora regulados en la Ley de Bases del Régimen Local y en su desarrollo normativo sectorial. En el marco del carácter unificador del estatuto básico del empleado público, como marco común de toda la Función pública, el régimen de secretarios interventores de los ayuntamientos se incorpora al texto mediante una disposición adicional, con la cual en el último trámite de enmiendas se ha introducido una notable mejora, desde el punto de vista de la descentralización de estos cuerpos, a favor de las competencias de las comunidades autónomas en todos los ámbitos de su régimen jurídico, restando únicamente en el ámbito de competencias del Estado la fijación por la ley de las titulaciones mínimas de acceso y el programa mínimo de las convocatorias para garantizar aquellos que continuarán formando parte de su régimen jurídico, el sistema de movilidad y aquello que permitirá a estos funcionarios ejercer sus funciones en todo el Estado, lo que denominamos habilitación estatal.
Hablando de esto, todas las convocatorias con la correspondiente facultad de establecer el número de plazas de la oferta como los procesos selectivos, los nombramientos, las situaciones administrativas, los registros, el régimen disciplinario, en definitiva, todo el estatuto de estos funcionarios pasa a formar parte del ámbito competencial de las comunidades autónomas. Un logro competencial que, por lo que hace referencia a Cataluña, ha de permitir avanzar en la mejora del cumplimiento de las funciones básicas que se han de ejercer en todas las corporaciones locales, y

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que en la actualidad la rigidez del modelo ha puesto francamente en cuestión con un insostenible panorama de casi 600 vacantes en un mapa local de unos 946 municipios.


Por todo lo expuesto, la valoración de esta tramitación es positiva, lo cual no nos puede hacer olvidar que quedan aún aspectos insatisfactorios en su solución, como las excesivas ataduras en el aspecto retributivo que impiden que cada Administración se aproxime de forma razonable a su entorno socioeconómico o ámbitos subjetivos como demasiadas excepciones, por ejemplo, el personal de Justicia -incomprensiblemente- o el personal de los órganos parlamentarios también. Es una valoración positiva que no nos ha de hacer perder de vista que el futuro desarrollo normativo de este estatuto básico del empleado público, un desarrollo que habrá de ajustarse a este marco y con respeto a los marcos competenciales de las diferentes comunidades autónomas, ha estado en el motivo fundamental de la aproximación de Esquerra Republicana al acuerdo sobre el texto.


Señorías, solo les digo que nuestro grupo ha mantenido una serie de enmiendas a este estatuto básico, con las que intentábamos una mayor democratización de la representatividad. Entendíamos que teníamos que bajar el nivel del 10 por ciento al 5 por ciento porque, como decía el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, hay muchos sindicatos que no son los dos mayoritarios pero que sí son mayoritarios en muchas partes del Estado y estos sindicatos también deberían tener cabida en la representación. Hay también otra serie de enmiendas que se refieren a no limitar que las mesas de negociación fueran autonómicas. Entendemos que una norma básica no puede abrir una mesa de negociación estatal, rompiendo las mesas autonómicas que teníamos. En este sentido, ya les digo que nos gustaría que estas enmiendas se aprobaran, pero también les digo que, vamos a aprobar este estatuto básico por lo que les he estado explicando esta tarde fundamentalmente.


Permítame, señor presidente, que desee a todos buenas fiestas y un próspero 2007. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias señor Ramón.


Grupo Catalán (Convergència i Unió). Señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.


Señor ministro de Administraciones Públicas, señorías, llega hoy al Pleno de la Cámara una ley importante, importante porque da una respuesta histórica a lo que es una previsión constitucional. Era, señorías, una asignatura pendiente. Hoy debemos felicitar al ministro don Jordi Sevilla en esta legislatura. Tras veintiocho años desde la Constitución, finalmente daremos cumplimiento a esa previsión del artículo 103.3 que establece que la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos y del artículo 149.1.18ª que atribuye a esta Cámara, a las Cortes Generales la necesidad de establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios de las administraciones públicas. Hoy damos respuesta a esa previsión constitucional y, por tanto, no es un debate más. Es un debate con trascendencia, y lo decía el señor ministro al inicio de su intervención y también el señor Olabarría. Ante este debate queremos hacer unas precisiones. Primera: las competencias que tienen estas Cortes Generales, que tiene la Administración General del Estado en su conjunto, son competencias limitadas en este ámbito, no son competencias exclusivas. La propia Constitución da un título competencial a lo que es el régimen básico, pero no a todo el régimen. Hay aquí un marco compartido de distribución competencial y, por consiguiente, la norma que hoy aprobamos tiene sus límites de aplicación, y bajo esa premisa nuestro grupo hoy la valora. Es una norma de alcance limitado en su aplicación.
Quiero recordar que el Estatuto de Autonomía de Cataluña -que está por encima de esta norma porque el Estatuto forma parte del bloque de la constitucionalidad, junto con el resto de los estatutos-, en su artículo 136 es meridianamente claro. Aquí hay un ámbito exclusivo y un ámbito compartido. ¿Cuál es el ámbito compartido? Artículo 136, letra b): para la adquisición y pérdida de la condición de funcionario -punto uno-, situaciones administrativas -punto dos-, derechos, deberes e incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas -punto tres- y desarrollo de principios ordenadores del empleo público -punto cuatro y último-; principios, principios. Por tanto, este es el único ámbito compartido. En todo lo que no esté en incompatibilidades, deberes, derechos, situaciones, adquisición y pérdida y principios ordenadores, en todo lo que no ataña a estos puntos específicos, prima el derecho catalán. Es clarísimo, lo dice el Estatuto.
El Estatuto de manera clara dice: donde hay competencia exclusiva, prima el derecho catalán sobre el derecho estatal. En este caso queremos dejar claro que es así, máxime cuando se ha introducido y se ha previsto a petición de nuestro grupo parlamentario -y tomando como base una propuesta de Convergència i Unió que ya pedía en el plazo de enmiendas una disposición específica- una nueva disposición final, que será la segunda, en la que se dice que las previsiones de esta ley son de aplicación a todas las comunidades autónomas, muy bien, pero respetando en todo caso, las competencias -se dice- exclusivas y compartidas, y la Generalitat las tiene exclusivas en todo aquello que no sea esos cuatro ámbitos a los que me he referido; en lo demás, todo son exclusivas.
Además se dice de manera clara: respetando en todo caso las posiciones singulares en materia de sistema institucional. ¿Dónde están esas posiciones singulares en materia de sistema institucional? Debemos ir al BOE, el BOE nos lo aclara, el de 20 de julio de 2006. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Jané, disminuyan el nivel de murmullo por favor.


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El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.


El BOE de 20 de julio del año 2006, página 27270, nos lo aclara. ¿Dónde están? Lo dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ley aprobada aquí, en su artículo 5, derechos históricos, donde dice que el autogobierno de Cataluña se fundamenta en unos derechos históricos y que ello otorga una posición singular de la Generalitat en determinadas materias. ¿En cuales? Entre ellas, en posición singular, en materia de sistema institucional; justo lo que dice la nueva disposición adicional que incorporará la norma que hoy aprobamos. Entendemos que quedan salvaguardadas las competencias de Cataluña en este Estatuto y valoramos muy positivamente la negociación que hemos tenido con el Gobierno a la hora de poder concretar dicha disposición adicional.


En el trámite de ponencia nuestro grupo se ha implicado a fondo. Hemos negociado, hemos transaccionado muchísimas enmiendas, hacemos un balance positivo: somos el grupo que más enmiendas ha conseguido introducir y ha sido un esfuerzo que también queremos agradecer en este momento, el esfuerzo de transar, siempre hay que ceder y el balance al final nunca es positivo para nadie en su conjunto; lo que debe haber es un resultado positivo y que se apruebe un proyecto de ley y creemos que hoy estamos en esa línea final. La pedíamos el día del debate de totalidad y hoy podemos hacer una valoración distinta, ¿por qué? Porque hemos aprobado a través de enmiendas de Convergència i Unió aspectos importantísimos. Por ejemplo, flexibilizar la jubilación a través de introducir la posibilidad de jubilación parcial; el derecho de los funcionarios interinos a poder percibir sus trienios, una reivindicación histórica; todo lo referido a añadir dos días adicionales por cada trienio a partir del sexto trienio, que también es una mejora; el hecho de que ya en la fase de anteproyecto, y a través de negociaciones con nuestro grupo, se salvaguarden las condiciones de todos los empleados públicos, ¡ningún empleado público puede perder nada porque se apruebe este proyecto de ley! ¡Debemos salvaguardar todos los derechos que hoy puedan tener reconocidos! Este es también un aspecto importante porque este proyecto de ley tiene un destinatario, no es la distribución competencial la destinataria, sino mejorar las condiciones globales del empleo público, que esta ley pueda ser un instrumento de mejora del empleo público y de sus condiciones generales, que la Administración pública sea realmente competitiva y que haya una mejora global. Aquí también incluyo mi reconocimiento a todos aquellos que han contribuido desde las propias organizaciones sindicales a mejorar el contenido del proyecto de ley. Nosotros también lo hemos hecho más flexible: muchos deberán, hoy se aprueban como podrán, para dar más margen a las comunidades autónomas a fin de acotar claramente la competencia de estas Cortes Generales que, repito, no es una competencia global, es una competencia parcial y en ese tenor quiere hoy Convergència i Unió centrar el sentido de su voto final favorable a este proyecto de ley.


Nos quedan algunas enmiendas pendientes. Yo no voy a cansarles repitiendo todas ellas, solo me voy a centrar en dos, la 498 y la 486, porque entendemos que hay una clasificación demasiado rígida en el artículo 76 de las equivalencias entre titulaciones y grupos. Hay muchos colectivos, ingenieros técnicos, que ya tienen una titulación que les permitiría acceder de acuerdo con el sistema de Bolonia a un grupo superior y se ven encorsetados con este proyecto de ley; por eso nosotros pedimos flexibilizarlo a través de una llamada para que sean las comunidades autónomas las que puedan realizar un sistema de equivalencias distinto.


Siempre hemos intentado a lo largo del trámite parlamentario aligerar este proyecto de ley, aligerarlo quiere decir reducir su alcance. Hay algunas peticiones legítimas que no hemos atendido, no porque no las compartamos sino porque no deben estar dentro de una norma de alcance general y básico, que deben quedar para las normas y leyes de desarrollo que estas Cortes Generales harán al aplicar la Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado, y que haremos desde los Parlamentos autonómicos cuando se aprueben las leyes especiales de desarrollo de este Estatuto que hoy se tramita. Por tanto, acotemos el alcance de este proyecto de ley y quedan asuntos pendientes que deberán resolver las leyes que lo deban desarrollar y esta es también una operación importante.


Para finalizar, tenemos un voto particular que afecta a los funcionarios que nosotros queremos que se denominen autonómicos con habilitación de carácter estatal. ¡Qué pena, señor ministro! En Convergència i Unió no podemos llegar a entender cómo se han llegado a transaccionar en Comisión mejoras de la intervención autonómica en este colectivo -que nosotros aplaudimos-, pero en cambio renunciemos a que puedan ser cuerpos autonómicos, que puedan estar estos funcionarios en el sistema institucional de la comunidad autónoma pues en todo mejorarían. Estamos seguros de que estos funcionarios mejorarían si aumentáramos su dependencia de estructura a cada Administración autonómica, de acuerdo también con lo que prevé el propio espíritu del Estatuto de Autonomía de Cataluña. No ha sido así. Por eso, nosotros pedimos a través de un voto particular que vuelvan a ser funcionarios autonómicos, tal y como se había acordado al inicio de este proyecto de ley.


Termino ya, señorías. Esperemos que este proyecto de ley sea útil a las administraciones públicas y al conjunto de empleados públicos. Desde Convergència i Unió deseamos a todos lo mejor para el año 2007. A usted, señor presidente, le deseamos que en el año 2007 seamos capaces de aprobar un nuevo Reglamento en esta Cámara que nos ahorraría, entre otras cosas, debates de mantenimiento de enmiendas como el que hoy estamos sustentando que no tendrían sentido en un Reglamento nuevo como el que estamos previendo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané, desde el fondo de mi corazón.


Señor Padilla.


El señor PADILLA CARBALLADA: Señor presidente, señoras y señores diputados, mandamos también desde el Grupo Popular un saludo para los representantes sindicales que asisten hoy a esta sesión.


No podía empezar mi intervención de otra manera distinta a como lo hice en la Comisión el pasado jueves. Parece que la tramitación de esta norma es atormentada y a deshora, en días impropios, lo cual al menos permite motejarla de tramitación acelerada, poco racional -no irracional- y desde luego muy desconsiderada con la Cámara y con la importancia de este texto legislativo. Con decir hoy que dábamos por defendidas casi el centenar de enmiendas que mantiene el Grupo Popular, prácticamente podíamos dar por terminada nuestra intervención, pero por respeto a la Cámara y a los 2,5 millones de españoles a los que afecta esta norma jurídica, vamos a intentar desgranar en el brevísimo tiempo de diez minutos algunas ideas de cuál es nuestra posición ante este proyecto de ley.


En primer lugar, señor ministro, ya que está aquí, en resumen le tendría que decir que el Gobierno y usted, en este caso como interlocutor del Gobierno con la Cámara en cuanto a esta norma, han abdicado de la responsabilidad de preservar incólume el espacio que la Constitución atribuye al Estado en esta materia. Eso lo pone de relieve precisamente esa disposición final segunda, en la que el crisol de sus negociaciones han sido las competencias; no le ha importado más que preservar el esqueleto de la norma, y para ello, en vez de negociar la norma con quienes estábamos dispuestos a hacerlo con el Gobierno, lo ha hecho negociando competencias con los grupos nacionalistas. Por lo tanto, ha sido un debate de competencias. Luego, usted quiere hablar del estatuto, pero aquí no se habla -ya se ha visto- más que de competencias. Este texto de la disposición final segunda -que tanto le gusta al señor Jané-, que es propio de maestros de nociones recónditas -del Gerofante sería esto propio-, nos dice: las previsiones de esta ley son de aplicación a todas las comunidades autónomas -gran afirmación-, luego seguimos, respetando, en todo caso, las posiciones singulares en materia del sistema institucional y las competencias exclusivas y compartidas en materia de Función pública y de autoorganización que le atribuyen los respectivos estatutos de autonomía en el marco de la Constitución. En la Comisión el señor Jané nos intentó hacer la interpretación auténtica para que el Constitucional en su día pudiera tener en cuenta semejante engendro. En definitiva, esto es el resultado de esta norma y nosotros naturalmente no la compartimos. No compartimos desde luego que se haya cumplido, en absoluto, con la obligación del Estado de regular el espacio que le es propio, que es el de la normativa básica. Tampoco hay un guión bien orientado de las finalidades de la norma, sobre todo, en lo que sería la forma en que se abordan los aspectos esenciales de la misma.


Le recordaría, para que no diga que no expresamos nuestras ideas con claridad, lo que hace tiempo que el profesor Nieto había dejado escrito: que la integración de las modernas técnicas de gestión en el seno de las administraciones públicas nunca podrá producirse en la misma manera que en las empresas privadas, por cuanto que la naturaleza pública de la institución y el hecho de predominar la razón política sobre la razón técnica hace que muchos progresos tecnológicos, utilizados habitualmente con éxito en estas, no puedan ser utilizados en aquellas, pues podrían distorsionar principios como los de igualdad, imparcialidad y legalidad, muy distintos a los de eficacia y lucro, verdaderos motores del mercado.
A la hora de elaborar un proyecto de ley de esta naturaleza, señor ministro, señorías, hay que tener esto perfectamente claro. Nosotros también entendemos, señor ministro, que este proyecto de ley no asegura algo que está en el núcleo de la legislación básica, en el régimen estatutario de la Función pública, que no es otro que asegurar una perspectiva unitaria del concepto de funcionario. ¿Está S.S. en condiciones de asegurar que dentro de quince años, si las comunidades autónomas legislan bebiendo en ese crisol de esa disposición final segunda, el funcionario público del sistema funcionarial del Estado español tendrá una perspectiva unitaria? ¿Está seguro, señor ministro? (El señor ministro de Administraciones Públicas, Sevilla Segura, hace signos afirmativos.) Nosotros creemos que no. No nos gusta la solución que se da, por ejemplo, al tema de la lengua, porque presentamos una enmienda, que no se ha tenido en cuenta. Nosotros entendemos que la lengua no puede ser exigible en ningún caso en la Administración General del Estado con carácter universal a todos los funcionarios, porque eso haría quebrar la cualificación homogénea inherente a la idea de cuerpo, de esos cuerpos que han de desempeñar sus funciones dentro de la Administración española. No compartimos el sistema de selección, que es básico y todas las leyes de la Función pública deberían de atender y debería estar especificado con mayor claridad. Pedíamos una preeminencia de la oposición. Voy a recordar el dictamen que emitió el Consejo de Estado al proyecto del año 1997. En este punto cabe recordar -dice el Consejo de Estado- la tradición histórica que avala a la oposición como sistema ordinario de selección y, por tanto, su solvencia para dar efectividad a los principios de mérito y capacidad. También puede argüirse a favor de la determinación básica del procedimiento precedente y, sin llegar a una rigidez innecesaria e inconveniente, su valoración como elemento de preservación de la igualdad ante todos los que ya han accedido a la Función pública. Ese criterio de la igualdad es el que evidentemente tenía que haber inspirado al Gobierno, y desde luego a la Cámara, en la conformación final de esta norma.


Como tiene S.S. la costumbre de considerar que es lo mismo charlar que negociar, nos dijo -nos ha repetido

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que ha negociado con mucha gente, pero ha quedado claro incluso por la intervención de los demás grupos políticos que hay mucha gente con la que -ya no sé si ha charlado- ha charlado -con muchos-, pero no ha negociado.
Ya dije en la Comisión que el acuerdo que firmó con los sindicatos lo suscribimos de la A a la Z, pero es que este texto no tiene nada que ver con ese acuerdo. Por tanto, dejamos las charlas donde quiera, pero a nosotros no nos conciernen. Discrepamos de la posibilidad de que el régimen de retribución de los funcionarios públicos se pueda introducir en una enmienda pactada por S.S. con esos grupos, tanto en la Ley de presupuestos estatales como en las leyes de los presupuestos autonómicos.
(Rumores.) Discrepamos y mantenemos también nuestras enmiendas en relación con los órganos de cooperación, porque los ha dejado prácticamente sin plumas y por tanto sin poder cacarear, lo que siempre ha sido su afirmación de que usted quería un... (Continúan los rumores.)

El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Padilla.


Por favor, bajen el murmullo, hablen en voz baja.


El señor PADILLA CARBALLADA: Consideramos que la Función pública local, a la que dedicamos un amplio grupo de nuestras enmiendas, queda absolutamente en un estado lamentable, además de estar en clara discrepancia con lo que piensan los interlocutores del mundo local -lo sabe S.S.-, con la propia FEMP y con los acuerdos que ustedes habían adoptado, porque nosotros no hemos hecho más que recoger -nosotros sí que hemos dialogado- lo que la FEMP nos había indicado. En definitiva, abandona una idea de cohesión absolutamente relevante.


Señor ministro, se lo voy a recordar, por si no lo sabe: la Constitución, que obliga a una necesaria entente respecto a las previsiones relativas a esta materia entre distintas administraciones, atribuye al Estado la competencia exclusiva para establecer las bases de este régimen, lo cual significa que el marco concreto, en su total dimensión material y procedimental y para todas las administraciones, pertenece al Gobierno central, ciñéndose la actividad legislativa de las comunidades autónomas al desarrollo y ejecución de aquellas cuestiones cuando de los funcionarios a su servicio se trate y así lo hayan previsto de manera expresa sus estatutos. Podríamos hacer un relato amplísimo basándonos en lo que ha dicho el Tribunal Constitucional respecto a que las normas relativas a la adquisición y pérdida de la condición de funcionario, a las condiciones de promoción en la carrera administrativa, a las situaciones que en esta puedan darse, a los derechos, deberes y responsabilidad de los funcionarios, a su régimen disciplinario, a la creación e integración en su caso de cuerpos y escalas y al modo de provisión de puestos de trabajo al servicio de las administraciones públicas -voy a citar la sentencia 99/1987, de 11 de junio, del Tribunal Constitucional- que tenían que haberse recogido con más claridad en las bases de las administraciones públicas. Nosotros consideramos -podemos estar equivocados, señor ministro- que el Gobierno, repito, ha dimitido de su obligación de regular lo que la Constitución le marcaba y que -lo decimos también a los grupos nacionalistas- cuando se quiere la estabilidad jurídica de las normas en el tiempo hay que tener la generosidad y la capacidad de negociar con todos. La pervivencia de una norma está en el consenso que haya recibido. Esta no lo recibe, por tanto tiene fecha de caducidad, que es la que todas SS.SS. pueden pensar.


Termino anunciando nuestro voto en contra al dictamen. Hemos hecho lo que hemos podido. Hemos puesto toda nuestra buena voluntad y solamente hemos hecho una admonición, bien justificada: cuiden más de su responsabilidad y menos de sus intereses. Si no lo pueden hacer, no saben o no quieren hacerlo, es mejor que dejen las cosas como están.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla.


Grupo Socialista. Señora Malaret.


La señora MALARET GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Saludo cordialmente a los representantes de los grandes sindicatos de los empleados públicos para las administraciones públicas de nuestro país y para sus servidores, que nos acompañan en esta jornada histórica. Es un día importante puesto que, como ya señaló el presidente del Gobierno en el momento de la firma del acuerdo con los sindicatos en el palacio de La Moncloa el pasado 13 de junio, este proyecto representa un claro y neto avance para la modernización de las administraciones públicas. El estatuto básico del empleado público diseña herramientas estructurales para el cambio y la modernización de nuestras administraciones públicas.
Hoy es, pues, un día importante para todos aquellos que estamos convencidos de que la Administración es clave para una mayor cohesión social y una economía más competitiva. Decía ya hace unos años el presidente de la Comisión Europea Jacques Delors que una Europa más cohesionada era también una Europa más competitiva, y lo afirmaba frente a los agoreros de menos Estado y más mercado. Quizás estos mismos fabricadores de eslóganes fáciles y engañosos han triunfado en una parte de este hemiciclo, por ello el Grupo Parlamentario Popular, ante la sorpresa de propios y ajenos, no va a sumarse hoy a este gran consenso político y social que supone el estatuto básico del empleado público, que hoy aprobaremos con la mayoría rotunda de esta Cámara todos los grupos, con la excepción notoria del Grupo Popular. Es un estatuto que responde a una amplia demanda de los empleados públicos y de las distintas instancias de Gobierno, en una situación caracterizada por la obsolescencia y fragmentación de las normas vigentes y su provisionalidad. No podemos olvidar que el marco básico está formado por la Ley de 1984, dictada

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para responder a los traspasos de funcionarios inherentes a la construcción del Estado autonómico. Para comprender la posición del PP no debemos quedarnos en frases superficiales y de carácter lapidario, sino que hay que entrar en el fondo de la cuestión. Es preciso comprender que, si bien el debate de una ley como esta puede parecer aburrido y tecnocrático, no debemos olvidar que de lo que se trata es de mejorar nuestras administraciones públicas, y en este objetivo estamos convocados todos si queremos hacer un país más próspero y más cohesionado. Sin una Administración eficiente no hay garantía de los derechos; sin una Administración eficiente nos veríamos privados de una herramienta fundamental para la cohesión social y la efectiva igualdad de oportunidades. Por ello debemos examinar las claves de la posición del Grupo Popular, las razones de su negativa más allá del espantajo del fin del Estado, sobre todo cuando los que lo agitan son partidarios de un Estado mínimo. El PP agita el debate territorial para esconder su modelo social, y de modelo social hablamos cuando estamos debatiendo sobre reformas administrativas, sobre reformas en las bases jurídicas de los empleados públicos. Por ello no podemos olvidar los documentos de esa fábrica de munición ideológica que es la FAES, por cierto poco original porque la mayoría de las veces se limita a verter en lengua castellana productos fabricados en la otra orilla del Atlántico. En estos papeles se sustentan las críticas al Estado de bienestar y al buenismo, según la apreciada terminología acuñada en los cenáculos neocops; se alaban las políticas de la era reaganiana y la doctrina Bush de la compasión social, políticas destinadas a deshacer los logros de la era rooseveltiana. Si estas son las fuentes en las que bebe el PP es fácil entender por qué la modernización de la Administración pública y la aprobación del estatuto básico del empleado público no figuraron en la agenda política de ese partido en su periodo de mayoría absoluta, cuando hizo y deshizo a su antojo; un periodo en el que la única reforma del sector público concebida y realizada era la política de privatizaciones: cuántas más, mejor y lo más rápidamente posible.


Señorías, este estatuto del empleado público responde a un mandato constitucional; como a veces se dice es una asignatura pendiente de la democracia. Atender al cumplimiento de este requerimiento es ya de por sí una causa justificativa de la tarea que hoy realizamos. No se trata solo de eso, es más. Este estatuto expresa la confianza en el mayor y mejor recurso del que disponen nuestras administraciones públicas, la profesionalidad de sus empleados. Por ellos y con ellos y al servicio de los ciudadanos y de sus derechos hemos elaborado el estatuto básico del empleado público, un estatuto ambicioso, como ambicioso es nuestro proyecto de país; un estatuto fruto del diálogo social y territorial, del consenso construido debatiendo y negociando con los representantes sindicales, con el municipalismo, con las comunidades autónomas.
Municipios y comunidades autónomas son hoy las principales empleadoras, como responsables que son de los grandes servicios públicos del Estado de bienestar que hemos construido entre todos desde la democracia y desde los documentos constitutivos que fueron los acuerdos de La Moncloa.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


La señora MALARET GARCÍA: Por cierto, quiero recordar que Alianza Popular no firmó los acuerdos políticos de La Moncloa, solo la parte económica, y quizás estos días pasados han resonado de nuevo ecos de aquella decisión.
Es un estatuto básico fruto del consenso, un consenso ampliado y reforzado con el diálogo y los acuerdos a los que hemos llegado a lo largo de esta tramitación con todos los grupos parlamentarios. Hemos aceptado enmiendas de todos, incluso del Grupo Popular; hemos hecho transacciones con todos, también con él, si bien hay que destacar las aportaciones significativas de los grupos que hoy darán su apoyo decidido a esta ley. Con ellos hemos introducido la jubilación parcial, el reconocimiento de trienios, mejoras para afianzar la estabilidad y luchar contra la temporalidad y el interinaje, la adecuación a la Ley de Igualdad -se ha tramitado en paralelo- y garantías de la manera de proceder en los supuestos de modalidad forzosa. Es un consenso tanto más necesario cuando este estatuto nace con vocación de estabilidad y duración -así lo hemos entendido todos los grupos parlamentarios y colectivos que hemos trabajado en esta dirección-; consenso y trabajo con todos aquellos grupos parlamentarios que apuestan por resolver los problemas, por atender a una mayor satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y de las empresas. Tener una Administración más eficaz, más eficiente debería ser el objetivo de todos, un ideal compartido por todos. Por ello se hace más difícil entender la política que deliberadamente ha seguido el Grupo Parlamentario Popular en la tramitación de esta ley. En lugar de reconocer que sus aportaciones ya estaban en el texto remitido por el Gobierno -un proyecto que recogía en buena medida los avances que supuso el texto presentado por el primer Gobierno del Partido Popular cuando no gozaba de mayoría absoluta, luego se olvidó- se ha dedicado a formular propuestas, algunas un tanto estrambóticas, ajenas a la realidad de las administraciones públicas, incluso de aquellas administraciones gobernadas por el Partido Popular.
Puedo citar un ejemplo: quieren reservar los puestos relevantes, de postín, para los funcionarios y dejar los puestos subalternos para los contratados laborales. ¿Son estas las señas de identidad del modelo elitista de Función pública que defiende el PP? (Aplausos.) ¿Están seguros de que realmente este sea el debate contemporáneo del empleo público? Parece que las resonancias son más bien propias de inicios del siglo pasado.


Señores del Grupo Popular, este no es nuestro modelo no solo por razones ideológicas, que las hay, sino por pragmatismo, por realismo, por razones de eficacia. Como

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señala un documento reciente de la organización para la cooperación y el desarrollo económico -por citar una instancia no partidaria y supranacional-, ciertas modificaciones en el empleo público como la adopción de contratos para los trabajadores públicos, las retribuciones salariales por objetivos, la construcción de indicadores de resultados y la creación de agencias se han convertido en estrategias prioritarias de sus Estados miembros para mejorar el rendimiento del sector público.
Estas mismas líneas guían la política de reformas administrativas de la mayoría de este Parlamento. Señores del Grupo Popular, votaron en contra de la Ley de Agencias, en contra de la creación de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y hoy votarán en contra del estatuto básico del empleado público. De manera clara y decidida están mandando un mensaje sencillo a todos los españoles: no quieren la modernización de las administraciones públicas. (Aplausos.) El Grupo Popular quiere quedarse al margen del consenso de la mayoría de la Cámara, un consenso que no solo expresa el sentir mayoritario de los ciudadanos de nuestro país, de sus instituciones, sino que es fruto también de las corrientes que en Europa y en los países más avanzados apuestan decididamente por la reforma y mejora de su sector público. Los ciudadanos y los empleados públicos no aceptarían que su negativa de hoy supusiera de nuevo la paralización del cumplimiento de un mandato constitucional, de un compromiso de todos. Su negativa no puede frustrar por segunda vez este objetivo común. ¿A qué se opone el Grupo Popular? ¿Cuáles son los instrumentos esenciales de la ley? Los diré muy rápidamente: reforzar las garantías de la negociación colectiva en la efectividad de los derechos de los empleados públicos frente a todas las administraciones públicas; reforzar el profesionalismo mediante la creación de la figura de los directivos públicos profesionales, estableciendo un formato de carrera horizontal junto a la vertical para favorecer la promoción, estableciendo la evaluación por el desempeño, creando una nueva ordenación coherente con el espacio europeo de Educación Superior destinada a favorecer la movilidad, reforzando el carácter técnico de los órganos de selección, fomentando la movilidad y adecuando al Estado autonómico a los funcionarios locales con habilitación estatal. (Rumores.) Esta ley, dado su carácter básico y la materia que contempla, Función pública, empleo público, es fundamentalmente una caja de herramientas que ponemos a disposición de los distintos legisladores que han de desarrollarla, entre otros esta Cámara en su cometido de legislación para la Administración General del Estado. Es precisamente en el marco de la regulación de la evaluación del desempeño que quiero señalar el compromiso de este grupo parlamentario para reforzar en el marco de la tramitación en el Senado las garantías para los empleados públicos en el supuesto de remoción en el puesto de trabajo como consecuencia de una evaluación negativa.
(Rumores.) Habrá que explicitar la necesidad de un procedimiento previo de carácter contradictorio y una resolución motivada.


El señor PRESIDENTE: Señora Malaret, vaya concluyendo.


La señora MALARET GARCÍA: Por ello, pido el voto favorable de todos los grupos al voto particular que hemos presentado. Por cierto, señor Olabarría, la cuestión de la disposición adicional se ha planteado hoy y hemos acordado resolverla en el Senado. Este es nuestro compromiso.
(Varios diputados pronuncian palabras que no se perciben.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señora Malaret, concluya por favor.


La señora MALARET GARCÍA: Finalmente, pido que habilitemos a los letrados para que adecuen la disposición adicional tercera a lo que votamos el otro día en Comisión.


Muchas gracias a todos los grupos porque con su esfuerzo han permitido que hoy estemos en la recta final de este proceso.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Fijación de posiciones. Tiene la palabra Coalición Canaria. Señor Mardones. (Rumores.)

El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente, y gracias por su amparo. Seré breve.


Mi grupo va a apoyar favorablemente con su voto este dictamen que nos llega de la Comisión de Administraciones Públicas. Lo dije en su momento, como portavoz de mi grupo, cuando fue presentado por el señor ministro lo que era entonces el proyecto de ley inicial remitido por el Gobierno. Lo apoyamos porque estamos ante un buen ejemplo de Administración pública que necesita una adecuación a la modernización. No he mantenido ninguna enmienda en Comisión por encontrarse este portavoz en una situación contemplada en el Estatuto de la Cámara en relación con lo que puede o no puede defender un diputado, que es la condición de diputado y de componente de un cuerpo de la Administración Civil del Estado en régimen de servicios especiales; lo puedo hacer ahora cuando no hay más que un proyecto democrático de tener una buena Administración pública al servicio de los ciudadanos españoles. He sido miembro de uno de los sindicatos de la Función pública aquí representados cuando he ejercido directamente la carrera de funcionario público. Hoy me encuentro satisfecho en los colectivos de funcionarios, sea cual sea su situación (de activo, de servicios especiales, de comisión, etcétera), porque estamos ante una espléndida ley. Yo quiero felicitar al Gobierno y a la Comisión porque han hecho algo verdaderamente ejemplar y este mensaje va a ser transmitido a las administraciones públicas de las comunidades autónomas y de la Administración local -atentos a este dato-. Hoy día prácticamente de todo el complemento europeo España ocupa uno de los

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lugares señeros por disponer a partir de ahora de una ley de Administración pública ejemplar. En la Administración General del Estado tenemos solamente un 25 por ciento de los funcionarios públicos que hay en España, el 50 por ciento lo tienen las comunidades autónomas por las transferencias y un 25 por ciento la Administración local.


En la exposición de motivos de este proyecto de ley todavía está plenamente justificado su alcance en todas las cuestiones relativas a cuerpos, retribuciones, régimen disciplinario, etcétera, pero hay una cosa importante que quiero resaltar, señor ministro: que no se ha hecho tabla rasa de la legislación anterior. En el comportamiento de la Administración pública cara al ciudadano es muy importante ver que todo arranca de lo que fue la Ley de bases de los funcionarios civiles del Estado en los años 1963 y 1964, del gran ejemplo de la Ley 30/1984 para ordenar la Función pública cara a una Europa en la que dos años después íbamos a entrar y de las leyes posteriores que culminan con esta. Estamos ante una gran ley, por eso mi grupo -quiero ser muy breve en la exégesis- va a dar su voto favorable. Creemos que se recogen no solamente las aspiraciones de los sindicatos y de las fuerzas representativas que esta ley ordena en la negociación como órganos de representación de los funcionarios, tanto el delegado de personal como las juntas de personal, porque este proyecto de ley da una satisfacción al ciudadano español que tiene derecho a una Administración concreta. Cuando acaba de entrar en la Cámara un proyecto de ley de relaciones de los administrados con la Administración pública a través de la electrónica, significa que estamos en momentos de disponer de un instrumento que regule perfectamente derechos y obligaciones de los ciudadanos y derechos y obligaciones de los funcionarios públicos. Con esta Ley del estatuto básico del empleado público, en la condición administrativa en que me encuentro como funcionario en situación de servicios especiales, recogiendo el sentir de tantas representaciones y en la condición de diputado, me sentiré muy orgulloso y satisfecho de dar en nombre de mi grupo, donde hay otros funcionarios civiles del Estado con el régimen de este diputado que les habla, el voto afirmativo, favorable y contundente a esta extraordinaria y magnífica ley.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Llamamos a votación. (Pausa.)

Votación del proyecto de ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Grupo Parlamentario Mixto (señora Barkos Berruezo). Enmienda número 73.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 14; en contra, 168; abstenciones, 129.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmienda 75.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 14; en contra, 286; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmienda 78.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, nueve; en contra, 293; abstenciones ocho.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmiendas 74 y 81.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 14; en contra, 285; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, nueve; en contra, 172; abstenciones, 130.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Grupo Parlamentario Mixto (señor Labordeta Subías). Enmiendas 5, 6, 10, 15, 16, 19, 25, 27, 29, 35, 37, 38, 41, 43, 47, 50 y 51.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, dos, en contra, 294; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, dos; en contra, 172; abstenciones, 136.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández Davila). Enmiendas 197 y 198.


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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, tres; en contra, 291; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmiendas 203 y 215.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, dos; en contra, 175; abstenciones, 133.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Enmiendas números 227, 230, 232 y 233.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, uno; en contra, 295; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, uno; en contra, 173; abstenciones, 137.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Enmienda transaccional a las enmiendas 153, 159, 174 a 177, 180, 184 y 185, que también lo es a la enmienda 365 del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y a las enmiendas 402, 404, 410, 417, 421, 422, 427, 428, 433 y 436 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 183; en contra, dos; abstenciones, 126.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 90, 91, 93, 109, 118 a 121, 134, 136, 142, 145, 150, 151, 186, 187 y 190.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, cinco; en contra, 289; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, siete; en contra, 166; abstenciones, 138.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Grupo Parlamentario Vasco. Enmiendas números 59 y 65.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, ocho; en contra, 293; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Enmienda número 63.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 22; en contra, 286; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmienda número 67.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 15; en contra, 165; abstenciones, 130.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, nueve; en contra, 170; abstenciones, 126.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Enmienda transaccional a la enmienda 320.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 185; en contra, dos; abstenciones, 123.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas números 312, 313, 321, 325, 354, 358, 360, 362, 364 y 373.


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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, seis; en contra, 287; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, cinco; en contra, 168; abstenciones, 137.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Enmienda transaccional a la enmienda 395.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 184; en contra, cuatro; abstenciones, 122.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmienda transaccional a la enmienda 412.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 187; abstenciones, 124.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Enmiendas números 390, 391, 392, 394, 399, 400, 423 y 430.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, nueve; en contra, 290; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 8; en contra, 172; abstenciones, 130.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Grupo Parlamentario Popular. Votación en bloque de sus enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 124; en contra, 178; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Grupo Parlamentario Socialista. Enmienda transaccional al voto particular 31.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 308; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Votos particulares 1, 6, 7, 8 y 27.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 173; en contra, ocho; abstenciones, 130.


El señor PRESIDENTE: Aprobados.


Voto particular 21.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 166; en contra, 14; abstenciones, 131.


El señor PRESIDENTE: Aprobado.


Voto particular 22.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 164; en contra, 20; abstenciones, 125.


El señor PRESIDENTE: Aprobado.


Voto particular 28.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 166; en contra, seis; abstenciones, 136.


El señor PRESIDENTE: Aprobado.


Voto particular 36.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 291; en contra, seis; abstenciones, 11.


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El señor PRESIDENTE: Aprobado.


Votamos el resto de los votos particulares.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 305; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Aprobados.


Votación del dictamen. Artículos 30, 41, 49, 50, 71 y disposición adicional segunda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 184; en contra, 125.


El señor PRESIDENTE: Aprobados.


Votamos el resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 186; en contra, dos; abstenciones, 117.


El señor PRESIDENTE: Aprobado.


VOTACIÓN DE CONJUNTO:

El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de conjunto por tener esta iniciativa legislativa el carácter de orgánica.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 187; abstenciones, 123.


El señor PRESIDENTE: Aprobada. (Aplausos.)

Votación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears. Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 15; en contra, 282; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Enmienda 114.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 27; en contra, 283.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 12; en contra, 285; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Votación del dictamen. Artículo 4.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 283; en contra, 10; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Aprobado.


Votamos el resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 292; en contra, dos; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Aprobado.


VOTACIÓN DE CONJUNTO:

El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de conjunto por tener la iniciativa carácter orgánico.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 295; en contra, uno; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Aprobada. (Aplausos.)

Continuamos con la votación del proyecto de ley del estatuto básico del empleado público.


En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto (señor Labordeta Subías).
Enmiendas 3, 5, 15, 16 y 18.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 127; en contra, 167; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, cinco; en contra, 283; abstenciones, 20.


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El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez Sánchez). Votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 19; en contra, 277; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Enmiendas 104, 138, 204, 206, 208, 211, 216, 218, 219 y 222.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 122; en contra, 174; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, cuatro; en contra, 274; abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Grupo Parlamentario Vasco. Enmienda 97.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 16; en contra, 278; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Enmienda 100.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 134; en contra, 160; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 17; en contra, 275; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 13; en contra, 279; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas. (El señor Janè i Guasch pide la palabra.)

El señor JANÈ I GUASCH: Podemos votar en un solo bloque todas las de nuestro grupo y ganamos tiempo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Janè.


A efectos del "Diario de Sesiones", enmienda número 449, votos particulares 3 y 4 y el resto de las enmiendas en una sola votación.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 16; en contra, 284; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Rechazados.


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Enmienda número 443.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 125; en contra, 175.


El señor PRESIDENTE: Rechazada.


Votamos el resto de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 114; en contra 179; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Rechazadas.


Grupo Parlamentario Socialista. Votación en bloque de sus votos particulares.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 175; en contra, 126; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Aprobados. (Rumores.)

Ya acabamos. (Risas.)

Votación del dictamen. Artículos 13 y 61.5.


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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 175; en contra, 117; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Aprobados.


Artículos 47, 48, 49, 52, 67 y 82.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 289; en contra, uno; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Aprobados.


Artículo 81.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 181; en contra, 116; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Aprobado. (Rumores.-Aplausos.)

Disposición adicional tercera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 183; en contra, 113.


El señor PRESIDENTE: Aprobada.


Votamos el resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 178; en contra, 113; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Aprobado.


¡Feliz Año! (Aplausos.)

Se levanta la sesión hasta 2007.


Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.

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