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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 215, de 22/11/2006
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 215
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 199
celebrada el miércoles, 22 de noviembre de 2006


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas ... (Página 10905)

Interpelaciones urgentes:

-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para la erradicación del acoso escolar.
(Número de expediente 172/000231.) ... (Página 10928)

-Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), referente a la situación de la industria cinematográfica en el Estado español. (Número de expediente 172/000232.) ... (Página 10933)

Página 10902


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde

Preguntas. ... (Página 10905)

Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Por qué el Gobierno ha incumplido el compromiso adquirido el pasado 15 de septiembre con el Gobierno de Canarias sobre la derivación de menores inmigrantes no acompañados? (Número de expediente 180/001556) ... (Página 10905)

Del Diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Con qué apoyos parlamentarios cuenta el Gobierno para aprobar la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades? (Número de expediente 180/001559.) ...
(Página 10906)

Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Considera el Presidente del Gobierno que los Jueces dificultan el llamado Proceso de Paz? (Número de expediente 180/001561.) ... (Página 10907)

Del Diputado don Agustí Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (GER-ERC), que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Piensa el Presidente del Gobierno reconsiderar la obligatoriedad del informe de suficiencia hídrica ante el desaforado crecimiento urbanístico que están viviendo muchas zonas, en especial el País Valencià? (Número de expediente 180/0001581.) ... (Página 10908)

Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula a la Sra.
Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Cuál es la posición del Gobierno, ante la petición de organizaciones representativas de la Memoria Histórica y de Derechos Humanos de retirada del Proyecto por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura? (Número de expediente 180/001580.) ...
(Página 10909)

Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Tiene pensado el Gobierno sustituir con prontitud a los Ministros que están ocupando su cargo como "muertos vivientes", utilizando la terminología con la que se ha referido el Ministro de Justicia a los miembros del Consejo General del Poder Judicial? (Número de expediente 180/001563.) ... (Página 10910)

De la Diputada doña Alicia Castro Masaveu, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Sigue manteniendo el Gobierno que "no se ha falsificado jamás ningún documento, jamás", y que "es rotundamente falso" cuanto se informa en este sentido? (Número de expediente 180/001564.) ... (Página 10912)

Del Diputado don Alejandro Francisco Ballestero de Diego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra.
Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Qué razones mueven al Gobierno a ocultar los datos sobre inseguridad ciudadana? (Número de expediente 180/001565) ... (Página 10913)

Página 10903


De la Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Exige la Alianza de Civilizaciones dejar de denunciar la situación de la mujer en los países islámicos? (Número de expediente 180/001567.) ... (Página 10914)

Del Diputado don Gustavo Manuel de Arístegui y San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra.
Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Cree el Gobierno que el recorte de libertades y derechos es la forma de avanzar en la Alianza de Civilizaciones? (Número de expediente 180/001568.) ... (Página 10915)

Del Diputado don Erasmo Juan Manuel Armas Dárias, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿En qué estado se encuentran las negociaciones con la Unión Europea para la prórroga de los instrumentos fiscales y financieros recogidos en el régimen económico y fiscal de Canarias? (Número de expediente 180/001571.) ... (Página 10916)

De la Diputada doña Uxue Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Cómo prevé el Gobierno resolver los previsibles problemas en leyes de hondo calado asistencial tras el retraso sufrido en Navarra de las ayudas a mujeres maltratadas, contempladas en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género? (Número de expediente 180/001558.) ... (Página 10917)

De la Diputada doña María Salom Coll, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Comparte el Gobierno que en

España pueden entrar 200.000 inmigrantes más cada año? (Número de expediente 180/001566.) ... (Página 10918)

De la Diputada doña Ana María Fuentes Pacheco, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno del acuerdo alcanzado con la Federación Española de Municipios y Provincias para la promoción del Turismo Termal? (Número de expediente 180/001574.) ... (Página 10919)

De la Diputada doña Esperança Farrera Granja, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Qué opinión le merece al Gobierno el incremento del 96,6% de las subvenciones destinadas al desarrollo del Programa de Prevención y control de SIDA, por parte de entidades sin ánimo de lucro? (Número de expediente 180/001575.) ... (Página 10920)

De la Diputada doña Carmen Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Cuáles son los objetivos del proyecto de ley de medidas sanitarias para la protección de la salud y la prevención del consumo de bebidas alcohólicas por menores? (Número de expediente 180/001576.) ...
(Página 10921)

Del Diputado don Cándido Reguera Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Cuál es la previsión del Gobierno frente a la incorporación de los islotes de Alegranza y Montaña Clara y la isleta de la Santa, en las Islas Canarias, como elementos de titularidad pública? (Número de expediente 180/001569.) ... (Página 10922)

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De la Diputada doña Juana Serna Masiá, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿En qué estado se encuentran las actuaciones de ACUAMED del Ministerio de Medio Ambiente, para aportar agua a la comarca de la Marina Baja de Alicante? (Número de expediente 180/001577.) ... (Página 10923)

De la Diputada doña Margarita Pin Arboledas, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Puede informarnos el Gobierno sobre las últimas licitaciones de obras del Programa A.G.U.A. en Valencia? (Número de expediente 180/001578.) ... (Página 10924)

Del Diputado don Sebastián Quirós Pulgar, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Qué efectos positivos va a aportar el Plan Especial de Seguridad de Presas elaborado recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente? (Número de expediente 180/001579.) ... (Página 10925)

De la Diputada doña María Mercedes Coello Fernández-Trujillo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Qué opinión le merece al Gobierno la participación de la Delegación Española en el Campeonato del Mundo de Atletismo para Personas con Discapacidad, celebrado recientemente en la ciudad de Assen (Holanda)? (Número de expediente 180/001572.) ... (Página 10926)

Del Diputado don Domingo Miguel Tabuyo Romero, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Cuáles son las principales actuaciones en materia de I+D+i que el Gobierno está impulsando en Galicia? (Número de expediente 180/001573.) ... (Página 10927)

Interpelaciones urgentes. ... (Página 10928)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para la erradicación del acoso escolar. ...
(Página 10928)

Presenta la interpelación urgente la señora Quintanilla Barba, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señala que su grupo trae a la Cámara el grave problema del acoso escolar, la violencia en las aulas y pide a la ministra información sobre las medidas previstas por el Gobierno para luchar contra la violencia en las aulas que cada día es más acuciante.


Hace una comparación entre la Ley Orgánica de Calidad de la Educación y la LOE, que a su juicio sigue la pésima y fracasada filosofía de la Logse y que sigue sin resolver los grandes problemas que hoy presenta la educación en España. Da una serie de datos de las estadísticas de acoso y violencia en las aulas entre las diferentes escalas de edad. Pide responsabilidad y terminar hoy con la violencia escolar porque mañana puede ser tarde.


Contesta la señora ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo), en nombre del Gobierno. Inicia su intervención señalando que no hace falta que la interpelante le reclame responsabilidad, pues la responsabilidad que ha asumido en el ministerio tiene mucho que ver con el problema que se plantea. Manifiesta que la lucha contra el acoso escolar es un imperativo derivado del reconocimiento de los derechos humanos y de la necesidad de colocar el respeto de la dignidad de la persona como principio fundamental del Estado de derecho. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado, separar y saber distinguir entre el acoso escolar y los incidentes violentos aislados u ocasionales entre alumnos o estudiantes. Pero el hecho de que estemos ante casos aislados, que de ninguna manera reflejan el clima habitual que se vive en los centros, no rebaja la preocupación del ministerio ni la disposición a hacer frente a este fenómeno y debe tenerse en cuenta que en la mayoría de los casos en el sistema educativo no es responsable el centro escolar, sino que éste debe formar parte de la solución del problema, de la mano, por supuesto, de otras administraciones e instituciones sociales. Esta cree que es una visión más realista de la situación en nuestras aulas que la que ha planteado la interpelante, que la califica de apocalíptica y tremendista, que en poco ayuda a la solución del problema.


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Hace una exposición de las soluciones que ha arbitrado el Gobierno y resalta los contenidos de la Ley Orgánica de la Educación, que, en su opinión, es una ley exigente.


Finaliza señalando que la LOE se sustenta en cuatro pilares: actuaciones de atención a la diversidad; refuerzo de la acción tutorial del profesorado; la educación en valores y una mayor autonomía de los centros para adecuar sus intervenciones a las características del alumnado.


Replica la señora Quintanilla Barba y duplica la señora ministra de Educación y Ciencia.


Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), referente a la situación de la industria cinematográfica en el Estado español. ...
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Presenta la interpelación urgente el señor Tardà i Coma, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). Manifiesta que la interpelación que presenta no tiene mayor pretensión que la de poner en sede parlamentaria a debate la necesidad y el compromiso del Gobierno de presentar, a poder ser de inmediato, un proyecto de ley del cine y a la vez comprobar si existen los mimbres de complicidades como para que, una vez llegada a esta Cámara, sea posible un debate constructivo en beneficio de un texto legislativo que permita afrontar los retos que la industria cinematográfica tiene ante sí en este siglo XXI.


Contesta la señora ministra de Cultura (Calvo Poyato), en nombre del Gobierno. Se muestra bastante de acuerdo con el diagnóstico que ha hecho el interpelante y manifiesta que en las políticas culturales no es frecuente hacer un trabajo de legislación tan intenso como el que se ha hecho en lo que llevamos de legislatura, como la ley de devolución de los documentos a la Generalitat o la trasposición de la directiva de la sociedad de la información a la Ley de Propiedad Intelectual.


Hace un repaso a distintos proyectos, como la ley de lectura, el libro y las bibliotecas. Resalta el valor del cine desde el punto de vista cultural, no solo de ocio y la importancia de las escuelas que hay en nuestro país para lograr que nuestros directores jóvenes, que generalmente vienen de entrenarse en cortos, se conviertan en unos buenos directores de largos. Manifiesta que el cine español en los idiomas cooficiales del Estado hay que incluirlo en la lógica del cine europeo.


Finaliza haciendo un análisis de la distribución, exhibición y propaganda, la piratería y las nuevas tecnologías.


Replica el señor Tardà i Coma y duplica la señora ministra de Cultura.


Se suspende la sesión a las siete y diez minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS

-DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿POR QUÉ EL GOBIERNO HA INCUMPLIDO EL COMPROMISO ADQUIRIDO EL PASADO 15 DE SEPTIEMBRE CON EL GOBIERNO DE CANARIAS SOBRE LA DERIVACIÓN DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS? (Número de expediente 180/001556)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Sesión de control al Gobierno. Preguntas al señor presidente. En primer lugar, del diputado don Paulino Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, en los centros de acogida de Canarias hay actualmente 850 menores inmigrantes no acompañados. El 15 de septiembre su Gobierno se comprometió con el Gobierno de Canarias a derivar a la red de centros de acogida del conjunto del Estado a todos aquellos que sobrepasaran la cifra de 300. A día de hoy, después de dos meses, han logrado derivarse 170 y han llegado 180. ¿Por qué no se ha podido cumplir el compromiso, señor presidente?

El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rivero, quiero, en efecto, confirmar que el Gobierno se ha comprometido a liderar una contribución que entendemos solidaria, necesaria y justa con la Comunidad Autónoma de Canarias en lo que afecta a la situación de los menores inmigrantes no acompañados procedentes de distintos países de África. El Consejo Superior de Política de Inmigración, en el que participan la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, aprobó proceder a la distribución de los menores acogidos en la Comunidad Autónoma de Canarias con un programa especial para el traslado y la atención de menores extranjeros no acompañados desplazados desde Canarias, que se ha dado a conocer a las distintas comunidades autónomas, con un compromiso de atención a 500 menores extranjeros

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no acompañados en el conjunto de la Península. Hasta el 19 de noviembre, las comunidades autónomas han puesto a disposición del programa 129 plazas que han posibilitado el traslado y acogida de ese número de menores inmigrantes no acompañados. Por ello considero que el Gobierno no está incumpliendo sus compromisos, está actuando decididamente, va a seguir desarrollando el programa para que los menores inmigrantes no acompañados tengan la máxima garantía de atención en sus nuevos lugares de destino y se cumplan los compromisos con Canarias en el menor tiempo posible.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Su turno, señor Rivero. Adelante.


El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, aunque nosotros reconocemos la complejidad del asunto del que estamos hablando, entendemos que sí se ha incumplido el compromiso, que pasaba por que en las dos semanas siguientes al 15 de septiembre pudieran derivarse 500 de los menores que en estos momentos están en Canarias. Este es un asunto de Estado, las competencias de las comunidades autónomas en materia de menores están perfectamente definidas para aquellos menores desamparados o sujetos a medidas judiciales. Los menores inmigrantes no acompañados no son competencia de las comunidades autónomas sino del Estado. Canarias está respondiendo solidariamente en la cuota que le corresponde; es más, aceptando que en Canarias puede haber 300, que es mucho más en proporción a los habitantes que tiene Canarias. Es preocupante lo que está ocurriendo a lo largo de los dos últimos meses pues de los 180 que han llegado, 150 son menores no acompañados marroquíes con edades por debajo de 15 años. Esto hace que en estos momentos en los centros de Canarias tengamos alrededor de 350 menores no acompañados del reino alauí, lo que hace muy difícil la convivencia entre los subsaharianos y los menores marroquíes. Desde hace tres años no se ha producido ni un solo retorno, ni un solo reagrupamiento familiar a pesar de existir un protocolo firmado entre España y el Reino de Marruecos para la reunificación familiar de menores. Nosotros entendemos que este es un asunto de Estado que debe ser tratado, como el tema de la inmigración, en la próxima Conferencia de Presidentes y que no se puede abordar solo desde la solidaridad sino también tomando la iniciativa de una forma decidida para modificar la ley y adaptarla a esta nueva realidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor presidente, por favor.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rivero, como le indicaba, han sido 129 los menores trasladados y esta semana está previsto el traslado de 40 menores más a las comunidades de Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Ciudad de Ceuta, con lo que serán 170. Creo que la propia naturaleza de la cuestión obliga a que los traslados no sean masivos, a que se hagan en pequeños grupos y en función de las disponibilidades de las comunidades.
En esta semana van a producirse por primera vez también traslados a comunidades autónomas que hasta ahora no habían ofertado plazas, algunas de ellas gobernadas por el PP, lo que celebro y aprovecho para agradecer a todas las comunidades autónomas el esfuerzo que están realizando, esfuerzo que el Gobierno realiza con Marruecos, ya que el próximo 11 de diciembre habrá una reunión importante para abordar el problema de los menores que tienen que retornar a aquel país.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


-DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CON QUÉ APOYOS PARLAMENTARIOS CUENTA EL GOBIERNO PARA APROBAR LA LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES? (Número de expediente 180/001559.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Josep Antoni Duran i Lleida.


El señor DURAN I LLEIDA: Gracias, señor presidente.


Estos días, a raíz de las elecciones y de la consiguiente formación del Gobierno de Cataluña, se habla mucho de apoyos parlamentarios que tendrá o que dejará de tener el Gobierno. Conoce públicamente nuestra posición y sabe el señor presidente que hemos manifestado que, en la medida en que hubiese resultados concretos, este grupo parlamentario, cómo no, estaría dispuesto a dialogar con el Gobierno sobre leyes determinadas. Una ley importante para nosotros -ayer precisamente acababa el plazo de enmiendas- es la ley que reforma la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, sobre la Ordenación Universitaria, ley que lo que hace en el fondo es regular el sistema universitario. Cree este grupo parlamentario que realmente Cataluña, España en su conjunto, requiere una apuesta estratégica a favor de la universidad. Nos gustaría conocer, señor presidente, qué intenciones tiene su Gobierno y su grupo parlamentario en cuanto a apoyos a partir de una confirmación o una aseveración que este grupo parlamentario quiere formularle en sede parlamentaria. Si realmente quiere el Gobierno contar

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con el apoyo de Convergència i Unió, nosotros ponemos como condición previa que el Gobierno retire el recurso de inconstitucionalidad que el anterior Gobierno del Partido Popular interpuso contra la Ley universitaria elaborada por el Parlamento de Cataluña. ¿Cuál es su opinión, señor presidente, cuál es su predisposición y cuáles son sus intenciones?

El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señor Duran. En efecto, mañana mismo tendrá lugar en esta Cámara el debate de totalidad del proyecto de la nueva Ley Orgánica de Universidades, una reforma necesaria para mantener el progreso económico de nuestro país. En principio solo se ha planteado una enmienda de devolución por parte del Grupo Popular. El Gobierno tiene la voluntad de amplio consenso con todos los grupos parlamentarios de la Cámara de poder llegar a un acuerdo en esta reforma. Además, el señor Duran ha planteado una cuestión concreta sobre la voluntad del Gobierno en torno al recurso de inconstitucionalidad planteado en su día por el Gobierno central a la Ley de universidades del Parlamento de Cataluña. Le puedo confirmar que el Gobierno va a retirar, va a desistir de ese recurso de inconstitucionalidad a la Ley de universidades aprobada por el Parlamento de Cataluña. Puedo coincidir también con el señor Duran en que esta reforma de nuestras universidades debe caminar en la dirección de dotar de más autonomía a las universidades, de dotarlas de una mayor capacidad de vinculación con las empresas y de incorporar rápidamente a las universidades con el espacio europeo de Educación e Investigación. Esos son los objetivos de la ley, son unos objetivos positivos para nuestra enseñanza superior y, por tanto, espero poder contar con el apoyo de su grupo y de la mayoría de los grupos de la Cámara para dicha reforma.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor Duran.


El señor DURAN I LLEIDA: Gracias, señor presidente, por su respuesta. Qué duda cabe de que este grupo parlamentario expresa su satisfacción. Es una buena noticia, lo es para la comunidad y para su autonomía, para Cataluña en este caso, lo es para el mundo universitario catalán en particular y consecuentemente este grupo parlamentario se alegra de que en la respuesta a la pregunta que le acabo de formular, el presidente del Gobierno y el Gobierno se comprometan a retirar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley catalana de universidades. Lo celebramos. Era condición necesaria, no suficiente pero sí necesaria y en cualquier caso muy importante para que nuestro grupo parlamentario pudiera establecer las conversaciones correspondientes con el Gobierno y con su grupo parlamentario. Necesaria, pero no suficiente, y usted citó algunos aspectos en los que nuestro grupo va a incidir. Uno que no citó el señor presidente pero en el que va a insistir nuestro grupo parlamentario es en que, a pesar de ese anuncio de retirar el recurso de inconstitucionalidad que, reitero, es una buena nueva para Cataluña y para las universidades catalanas, entendemos que el proyecto todavía debe corregir algunos aspectos que invaden competencias, especialmente a partir de las nuevas competencias que otorga a Cataluña el nuevo Estatuto de Autonomía catalán.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


-DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE LOS JUECES DIFICULTAN EL LLAMADO PROCESO DE PAZ? (Número de expediente 180/001561.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Mariano Rajoy.


Adelante, por favor.


El señor RAJOY BREY: Muchas gracias.


Señor presidente, usted sabe que yo discrepo de su política antiterrorista. Hoy voy a hacer referencia a un asunto especialmente grave que se ha producido como consecuencia de esta política y me refiero a los ataques a la independencia judicial, uno de los pilares básicos de una democracia. Numerosos dirigentes de su partido, y también de la ilegalizada Batasuna, constantemente ponen en tela de juicio la actuación de los jueces. Les dicen incluso en público cómo tienen que aplicar la ley. Son actos de presión que han sido denunciados por profesionales, asociaciones, el Consejo General del Poder Judicial o por cualquier demócrata normal. Su Gobierno parece estar poco preocupado por este asunto, incluso usted mismo ha dicho que algunas actuaciones judiciales dificultan el proceso de paz. A mí me gustaría una rectificación en relación con esta afirmación y me gustaría que desautorizara algunas afirmaciones, que son ciertamente sorprendentes, de dirigentes del Partido Socialista del País Vasco que se producen todos los días.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rajoy, los jueces cumplen con su tarea, la propia de un Estado de derecho, con el respeto y el respaldo del Gobierno. El Gobierno en el proceso de paz

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hace lo que tiene que hacer y, en todo caso, están en otro lado aquellos que pueden intentar dificultar el resultado del proceso de paz.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor Rajoy, su turno, por favor.


El señor RAJOY BREY: Muchas gracias.


Señor presidente, cuidado con que la culpa de que se cumplan o no determinados planes del Gobierno se traspase al Poder Judicial. En cualquier caso, quiero decir que esas actuaciones a las que me he referido son inaceptables y voy a decir algo que me gustaría que dijera el presidente del Gobierno de mi país, esto es, el presidente del Gobierno de España. En una democracia la ley no es obstáculo para conseguir la paz, no es ningún estorbo para la paz. La independencia de los jueces no impide ninguna paz; es más, sin leyes no hay paz justa. La ley es la garantía que tienen todos los ciudadanos frente a lo injusto, lo arbitrario o el abuso. La independencia de los jueces para aplicarlo es la garantía de la existencia de un Estado de derecho. Eso es justicia y eso es seguridad y si alguien no está de acuerdo con la ley en esta Cámara puede propiciar su cambio, pero la ley hay que aplicarla y eso le corresponde a los jueces.


Lo que desde luego no da seguridad a nadie son las declaraciones de algunos dirigentes políticos, el silencio de otros y actuaciones como las del fiscal general del Estado, que interpreta la ley según sopla el viento. Primero fue lo de De Juana Chaos, antes otras muchas cosas y ahora sorprendentemente nos hemos enterado de que las herriko tabernas no tienen nada que ver con Batasuna. Al final tendrán que ver con nosotros o con los jueces, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Desde mi punto de vista forma parte también del adecuado funcionamiento del Estado de derecho respetar cómo interpreta la ley el fiscal general del Estado porque es su cometido en el ordenamiento de nuestro país.
(Risas.-Rumores.-El señor Arias Cañete: No.-El señor Albendea Pabón: ¡Qué barbaridad!- El señor Hernando Fraile: Vete a la universidad.) Forma parte del buen funcionamiento del Estado de derecho que el Gobierno, los poderes públicos, los actores políticos y las fuerzas políticas respeten las instrucciones, las pruebas y las sentencias que los jueces hacen. El Gobierno de España respeta las instrucciones de los jueces, las pruebas y las sentencias. Me gustaría que ese grupo que usted preside también respetara la instrucción de algún sumario como el del 11-M después de llevar dos años cuestionando la actuación de la justicia. (Aplausos.-El señor Ayala Sánchez: ¡No cambies, no cambies!)

Por último, no puedo estar más que de acuerdo con usted -afortunadamente, en esto sí- en que el objetivo del fin de la violencia y de la paz ha de transitar en todo momento desde el respeto a la legalidad. Lo he afirmado en todas las ocasiones en que he tenido que pronunciarme y, desde luego, sí le pido, señor Rajoy, rectificación por rectificación, que no pretenda interpretar o manipular mis palabras. He dicho siempre, permanentemente, el respeto a la independencia del Poder Judicial. No intente manipular unas palabras, porque saben que los intentos de exagerar les llevan a fracasos como las imágenes del vídeo de inseguridad ciudadana (Varios señores diputados: ¡Hala!-Protestas.-Aplausos.) que tenían que haber rectificado ya, confundiendo 1996 con 2006 y Colombia con España.
(Aplausos.) Por tanto, señor Rajoy, desde la ley, con la ley y con el respeto a los jueces cada día es como este Gobierno trabaja por el fin de la violencia en España. (Varios señores diputados: Muy bien.-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-DEL DIPUTADO DON AGUSTÍ CERDÀ ARGENT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (GER-ERC), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PIENSA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO RECONSIDERAR LA OBLIGATORIEDAD DEL INFORME DE SUFICIENCIA HÍDRICA ANTE EL DESAFORADO CRECIMIENTO URBANÍSTICO QUE ESTÁN VIVIENDO MUCHAS ZONAS, EN ESPECIAL EL PAÍS VALENCIÀ? (Número de expediente 180/001581.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Agustí Cerdà.


El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, señor presidente.


Señor presidente del Gobierno, sabemos que la competencia urbanística es eminentemente local y está claro que debe ser la propia localidad o el municipio el que determine su crecimiento y también su modelo urbanístico. Está claro que este principio de autonomía local debe desarrollarse bajo directrices de normativa autonómica, como es así.
También está claro que el crecimiento desbordado del urbanismo en zonas como el País Valenciano nos está llevando a una situación insostenible, que de desarrollarse todo lo que está previsto urbanizar nos llevaría a la situación de solo 8 kilómetros de costa valenciana sin urbanizar, con todo lo que eso supone. El mismo Observatorio de la sostenibilidad en España hace poco emitía un informe en el que nos alertaba de que el crecimiento exponencial de la urbanización del suelo, que paradójicamente no resuelve ni está satisfaciendo las necesidades crecientes de demanda, sí que lleva parejo un proceso de consecuencias medioambientales por su

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impacto espacial, pero también consecuencias probablemente reversibles en cuanto a sostenibilidad y también en cuanto a los efectos sociales y económicos que pueden derivar. De las muchas medidas que se requiere tomar para frenar estar especulación urbanística, que lleva, como hemos visto también en muchos casos, pareja corrupción e incumplimiento de la función social que debe tener el suelo y su utilización, le pediríamos que nos concretara en esta materia cómo podemos llegar a algún acuerdo en la necesidad de la creación de un organismo competente de planificación hidrológica que emita un informe previo y vinculante sobre la disponibilidad de agua antes de que se inicie un proceso urbanizador.


No hace falta recordar que el agua ha sido, es y será conflictiva en muchos territorios. Como hemos visto, hemos pasado de la demagogia del agua para todos, que es válida en Valencia y en Murcia, pero que no es válida y es agua para nadie en Aragón y en Castilla-La Mancha.
(Protestas.-El señor Ayala Sánchez: No nos cite, que no nos representa.) Nosotros preferimos un agua para siempre, que evidentemente pasa por el ahorro, por la mejora de las conducciones y también por la generación de nuevos recursos de agua. Nuestra pregunta es bastante más concreta: ¿Qué opinión le merece al Gobierno esta situación de manifiesta insostenibilidad y cuáles son los puntos, tanto en la Ley de Aguas como en la Ley del Suelo, que este Gobierno piensa acometer para que estas barbaridades no se comentan? (El señor Ayala Sánchez: Muy buena intervención gubernamental.)

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señor Cerdà. Mi Gobierno comparte la preocupación sobre los efectos medioambientales del desarrollo urbanístico, de manera especial por su incidencia en la demanda y capacidad de aprovisionamiento de agua y de manera singular allí donde aquellos desarrollos urbanísticos tienen claramente una intensidad mayor. Hay una estrecha relación entre crecimiento y necesidad de garantía de suministro de agua para su realización efectiva. Eso vale para todo el territorio y, desde luego, vale también para la Comunidad Valenciana, a la que usted se refiere. El Gobierno ya ha tomado medidas y va a tomar nuevas medidas buscando el respaldo de la Cámara. Así, hemos modificado la Ley de Aguas para imponer el informe preceptivo de suficiencia hídrica a que se refiere su pregunta. El proyecto de ley del suelo, ya en trámite en esta Cámara, avanza en esta línea al prever de nuevo la obligatoriedad de solicitar el informe de suficiencia hídrica por parte de la Administración local en las actuaciones urbanizadoras. Señor Cerdà, el Gobierno quiere que este sea un esfuerzo conjunto, especialmente con los gobiernos de las comunidades autónomas, pero si este esfuerzo conjunto no es posible, el Gobierno asumirá su responsabilidad y seguirá avanzando en la línea, que confío que usted comparta, de garantizar que nuestro crecimiento sea compatible con el respeto al medio ambiente. El proyecto de ley del suelo no solo prevé el informe por el que usted se interesa, sobre todo obliga a que ese informe sea puesto a disposición de los interesados y del público y por lo tanto que la Administración competente para autorizar proyectos lo haga asumiendo las consecuencias de su decisión ante los ciudadanos. La ley garantizará además a esos ciudadanos el acceso a una información objetiva sobre la sostenibilidad hídrica de los proyectos urbanizadores. El Gobierno cree que con esa regulación avanzaremos en el objetivo del respeto medioambiental y comprobaremos si todos los grupos en esta Cámara tienen la voluntad de poner coto a un desarrollo urbanístico incontrolado, que en muchas ocasiones es causa de ilegalidades, como usted ha denunciado aquí.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


-DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA POSICIÓN DEL GOBIERNO, ANTE LA PETICIÓN DE ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y DE DERECHOS HUMANOS DE RETIRADA DEL PROYECTO POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS A FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVL Y LA DICTADURA? (Número de expediente 180/001580.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas a la señora vicepresidenta primera. En primer término, don Gaspar Llamazares. Adelante, por favor.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, más de un centenar de organizaciones de la memoria histórica y de derechos humanos han considerado decepcionante el texto de la ley de la Memoria. ¿Qué va a hacer el Gobierno? (Un señor diputado: ¡Olvidarse!)

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señoría, el Gobierno, como usted muy bien sabe,

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se ha reunido prácticamente con todas las organizaciones representativas de la memoria histórica y ha analizado más de 14.000 escritos de ciudadanos. Al parecer, como usted ha manifestado, hay algunas que defienden la posición que usted ha señalado, de retirada de la ley, pero no es la mayoría ni mucho menos todas. Tienen aquí los informes en donde consta la petición de cada una de las organizaciones. Como usted bien sabe, el proyecto está en la Cámara y serán los grupos quienes tomen a partir de este momento las decisiones que consideren oportunas. En cualquier caso, como usted sabe, el Gobierno siempre tiene la primera palabra y la última el Parlamento. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


Estos grupos, este centenar de organizaciones y Amnistía Internacional consideran que el proyecto de ley del Gobierno es insatisfactorio porque, entre otras cosas, no aborda una cuestión fundamental, que es la anulación de los juicios injustos, de los juicios sumarísimos del franquismo. En esta materia, con estas organizaciones están de acuerdo ustedes mismos. Fíjese: el ministro de Trabajo en el año 2003 y su propio grupo parlamentario proponían la anulación de los juicios del franquismo.
Decían claramente: Una ley para anulación de los fallos injustos emitidos en juicios sumarios por la ilegalidad de estas normas y la ilegitimidad de los tribunales y aparatos judiciales que iniciaron estos procesos y dictaron estas sentencias. Eso proponían ustedes en el año 2003 y decían que la democracia tiene a este propósito una obligación no solamente moral, sino también jurídico-política. En su ley no aparece esa obligación jurídico-política. De otra parte, hablaban del antecedente que suponía el caso de Alemania, que en 1998 promulgó la Ley de derogación de los fallos injustos nacionalsocialistas. Esa es, señora presidenta, la valoración de muchos grupos y de mi propio grupo parlamentario. La reflexión es qué les está pasando, señora vicepresidenta. ¿Tanto cambia el Gobierno? ¿La memoria es tan frágil que al cabo de tres años se pierde? Esto, en nuestra opinión, no es centrarse. Están ustedes en esta materia descentrados. Sostener que la seguridad jurídica puede negar la justicia, en nuestra opinión, en un marco de jurisdicción internacional de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad es un esperpento. Por otra parte, plantear en contra del derecho internacional que una parte de la información les va a ser hurtada a las víctimas porque hay que encubrir la identidad de los autores de las violaciones de los derechos humanos, en este caso sí se puede hablar de ley de punto final, como dice Aministía Internacional. Retiren la ley, reconsidérenla, mantengan sus compromisos, pero sin genuflexiones, señora vicepresidenta...


El señor PRESIDENTE: El tiempo ha terminado, lo lamento.


Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señoría, tanto los informes como el proyecto de ley que el Gobierno ha remitido a la Cámara obedecen, como usted muy bien sabe, a mandatos parlamentarios para resolver en el espíritu de la reconciliación, la concordia y el respeto al pluralismo algunas consecuencias aún no resueltas de la guerra civil y de la dictadura. En ningún caso, este proyecto de ley, como S.S. sabe, trata de revisar la historia, sino de ampliar derechos, de resolver situaciones jurídicas individuales injustas, colectivas, económicas y jurídicas, profesionales y personales, y el proyecto lo hace, además, completando un trabajo intenso y constante desarrollado a lo largo de la transición y de toda la democracia.


Ahora de lo que se trata es de concluir de alguna manera esa obra colectiva de reparación material y moral de las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Por eso, el Gobierno cree que lo más adecuado en estos momentos es continuar normalmente con la tramitación en este Parlamento, escuchando a todos hasta que consigamos reflejar el acuerdo mayoritario que existe en la sociedad española sobre el carácter injusto, efectivamente, de las condenas, de las sanciones y las expresiones de violencia personal sufridas por motivos políticos e ideológicos, la mejora de derechos económicos, así como, en su caso, la necesidad de un procedimiento de reparación individual, moral y jurídica. El proyecto cumple con todos estos fines y se hace desde los valores en los que se basa nuestro sistema constitucional. Una ley, señoría, respaldada por la mayoría de este Parlamento será la mejor ley que contribuya a cerrar un trágico capítulo de nuestra historia inacabada. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


-DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿TIENE PENSADO EL GOBIERNO SUSTITUIR CON PRONTITUD A LOS MINISTROS QUE ESTÁN OCUPANDO SU CARGO COMO "MUERTOS VIVIENTES", UTILIZANDO LA TERMINOLOGÍA CON LA QUE SE HA REFERIDO EL MINISTRO DE JUSTICIA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL? (Número de expediente 180/001563.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Eduardo Zaplana. Adelante, por favor.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.


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Señora vicepresidenta, este mismo mes hace muy pocos días ha vencido el periodo de mandato del Consejo General del Poder Judicial, pero desde que ustedes gobiernan se ha producido un hecho insólito, ya que nunca desde el Gobierno se habían realizado descalificaciones hacia el Poder Judicial. El último -por no citarle todos- ha sido nada más y nada menos que el propio ministro de Justicia, que les ha llamado muertos vivientes.


Señora vicepresidenta, lo que quiero que me conteste, si es posible, esta tarde es si usted cree que el Gobierno debe pronunciarse en estos términos hacia el órgano de Gobierno de nuestros jueces y magistrados y si eso está dentro del respeto que el Gobierno siente por los jueces que acaba de decir el presidente del Gobierno. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señora vicepresidenta, su turno.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): No tengo nada que añadir a lo que ha dicho el presidente sobre el respeto más absoluto a la independencia de los jueces. No confunda los jueces con los miembros de un órgano de gobierno político... (Rumores.) En segundo lugar, tenga usted en cuenta, señor Zaplana, que el ministro ya dijo lo que tenía que decir sobre esa frase que usted acaba de pronunciar. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Zaplana.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, los miembros del Consejo General del Poder Judicial son los responsables, lógicamente de forma transitoria, de un poder básico de nuestra democracia y de nuestro Estado. Ya que dice usted que el ministro de Justicia ha dicho lo que tenía que decir, le voy a citar a otros portavoces destacados de su Gobierno que han dicho también algunas cosas sobre los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Voy a empezar por usted, que les llamó inmovilistas cuando no quisieron sumarse a una de sus reformas. Voy a citar al portavoz de su grupo, al señor López Garrido, que dijo del presidente del Consejo que no estaba a la altura de su papel o que ha mentido a conciencia; al señor Blanco, secretario de organización del partido, que le acusó hace un año de mentir; al ahora secretario general de su grupo parlamentario, que le acusó de actuar como un auténtico incontrolado, que dijo que, afortunadamente, le quedaba poco tiempo y que también dijo que despreciaba al pueblo español. Este debe ser el respeto del que hablaba el presidente del Gobierno. Y no ha sido el único caso el del presidente del Consejo General del Poder Judicial. El Defensor del Pueblo, ex militante socialista y antiguo antifranquista, tampoco ha salido bien parado de sus descalificaciones cuando no les ha dado la razón a SS.SS. y al Gobierno. El caso del ministro de Justicia ha sido el último, tan aficionado que es a la caricatura, en retratar a su Gobierno. Debe ser porque no son hombres de paz y por eso estas personas no merecen sus calificativos positivos. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta, su turno.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): La verdad es que, señor Zaplana, no debe tener usted mucho que preguntar cuando vuelve a hacer una pregunta en relación con unas alusiones que ya han sido aclaradas por un ministro. Pero, en fin, como siempre, su intervención me sirve para la pedagogía, en este caso para la pedagogía constitucional.
Porque usted, que es un buen jurista -presumo que lo es-, sabe exactamente lo que es un órgano de Gobierno político y sabe lo que es la independencia de los jueces. La independencia de los jueces está garantizada en nuestra Constitución de una forma reforzada como en ningún país del mundo, es respetada por el Gobierno y por todas las instituciones del Estado y hay un órgano político de los jueces, precisamente para garantizar la independencia de los mismos, que a mi juicio -siempre lo he defendido así-, debería responder ante los ciudadanos y ante este Parlamento para determinar cuál es la política judicial que se impulsa en dicho órgano de Gobierno. Ya sé que ustedes no son partidarios de esa posición y que siempre se amparan bajo el manto de la independencia judicial, pero no, señorías, las cosas no son así, constitucionalmente no lo han sido nunca y en democracia hay que responder de los actos políticos. Precisamente el Consejo General del Poder Judicial es un órgano político que debería responder de la política judicial que tiene constitucionalmente encomendada.


Señoría, como usted habla de pulso político, le diré que el pulso político de este Gobierno está fantástico, está muy bien. (Rumores.) Porque gracias al pulso político de este Gobierno -usted me lo pregunta-, la economía va mejor; gracias al pulso político de este Gobierno, el empleo va mejor que cuando usted era ministro de Trabajo; gracias al impulso de este Gobierno, vuelve a haber políticas sociales.
(Protestas.-Aplausos.-El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.) Por lo que se refiere a su comentario sobre los muertos vivientes, no voy a hacer comentario alguno, porque la verdad es que sería muy fácil recurrir a los fantasmas del pasado, señor Zaplana, pero por respeto a esta Cámara y a los ciudadanos, no lo voy a hacer.
(Protestas.) Puestos a sustituir, porque usted habla de sustitución, lo que deberían de hacer es sustituir esos... (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Lo siento, el tiempo ha concluido.


Gracias.


-DE LA DIPUTADA DOÑA ALICIA CASTRO MASAVEU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿SIGUE MANTENIENDO EL GOBIERNO QUE NO SE HA FALSIFICADO JAMÁS NINGÚN DOCUMENTO, JAMÁS, Y QUE ES ROTUNDAMENTE FALSO CUANTO SE INFORMA EN ESE SENTIDO? (Número de expediente 180/001564.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Alicia Castro, adelante.


La señora CASTRO MASAVEU: Señora vicepresidenta, ¿ratifica hoy las palabras del ministro del Interior en esta Cámara, que ha dicho que no se ha falsificado jamás ningún documento y que es rotundamente falso cuanto se informa en este sentido?

El señor PRESIDENTE: Su turno, señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Por supuesto, señoría, que el Gobierno actúa siempre conforme a los principios elementales de legalidad, veracidad y transparencia. (Aplausos.-Un señor diputado: ¿Pero cómo puede decir eso?-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señora Castro, adelante.


La señora CASTRO MASAVEU: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, le ruego, por favor, que no continúe con las clases de pedagogía. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Ya somos mayorcitos todos los diputados de este grupo como para merecer una respuesta de usted, que ocupa el cargo de vicepresidenta del Gobierno. Señora vicepresidenta, usted sabe que en los últimos tiempos estamos conociendo que diversos informes policiales han sido manipulados y falsificados. El ministro del Interior lo podrá seguir negando, pero la justicia va a poner a cada uno en su sitio, porque jueces, magistrados y fiscales no se van a plegar a sus intereses como ustedes desearían. Al día de hoy, cuatro mandos policiales están imputados por haber cometido presuntamente diversos delitos de falsedad documental y falso testimonio y el máximo responsable de la comisaría científica está acusado además de presunto encubrimiento de los delitos de sus subordinados. Todo ello, sin que ninguno de estos mandos policiales haya sido removido de sus puestos. Por tanto, entendemos que cuentan con el respaldo total del Gobierno. ¿Cuántos informes se encuentran en las mismas circunstancias, señora vicepresidenta? Ustedes, desde el Gobierno, están sometiendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a una presión que jamás se había vivido en nuestra democracia, y todo para que sus intereses partidistas queden salvaguardados. No dividan también a la Policía, señorías. No acosen con órdenes ilegales a quienes tienen encomendada la digna tarea de proteger y velar por la seguridad de los ciudadanos. Un día les obligan a detener ilegalmente a militantes del Partido Popular (Rumores.) Sí, señorías, a militantes del Partido Popular que han sido detenidos ilegalmente por órdenes de ustedes. (Aplausos.-Protestas.) Al día siguiente les obligan a ocultar pruebas al juez Del Olmo o a remitirle informes falsificados. Y, señora vicepresidenta, también se ha ordenado que se paralice una determinada investigación -en estos últimos días lo hemos conocido- por la que personas de su partido están acusadas de corrupción urbanística. (Rumores.) Esa es la realidad. Y eso procede de órdenes de los diversos ministerios que ustedes están gobernando. ¿Por qué tienen ustedes tanta comprensión y benevolencia con los asesinos etarras, cuando quieren.... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Lo lamento. El tiempo ha concluido.


Señora Vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Le repito, señoría, siempre contesto aunque no le guste. El Gobierno actúa con arreglo al principio de legalidad, de transparencia y de veracidad, desde el respeto a las resoluciones judiciales y a las investigaciones. Nuestra obligación, como siempre, es colaborar con la justicia y respetar su independencia. Usted, que tanto dice que la respeta, primero, habla de un caso que en estos momentos está sometido a una investigación judicial para determinar si tiene relevancia judicial un documento en orden a su consideración como prueba pericial -deje que termine la investigación judicial- (Rumores.), y segundo, habla de un caso que está recurrido y en la sentencia de instancia los jueces lo que han dicho es que no hubo instrucciones para detener. Y habla de otros casos que en estos momentos se han investigado y están pendientes de juicio. (Rumores.) El caso del 11-M. Nosotros hacemos siempre lo mismo: colaborar con los jueces y respetar sus resoluciones. (Un señor diputado: ¡Muy bien!.-Rumores.) En el caso de este último sumario, que veo que tanto les preocupa, sabe que nuestra única obsesión tiene cuatro objetivos: ayudar a las víctimas, detener a los culpables, prevenir para que no se vuelva a hacer y, desde luego, que se conozca la verdad. Sí. Todo lo demás, señoría, son especulaciones

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partidarias, intentos por cuestionar la profesionalidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Protestas.) para que todo sea confuso, para confundir, para dilatar, para alargar el procedimiento, pero, señoría, no lo van a conseguir, porque nuestro Estado de derecho funciona afortunadamente muy bien. Al margen de sus presiones, el proceso del 11-M se celebrará en momento, en tiempo y forma, y los culpables serán declarados responsables y castigados por los peores crímenes que han ocurrido en este país. Le diré más: en este momento los ciudadanos tienen dos certezas, señoría, una, el Gobierno no falsifica. (Risas.) Dos, ustedes sí que lo hacen. (Protestas.) A la prueba me remito: al vídeo que ustedes han tenido que hacer en materia de seguridad.
(Protestas.-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


-DEL DIPUTADO DON ALEJANDRO FRANCISCO BALLESTERO DE DIEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿QUE RAZONES MUEVEN AL GOBIERNO A OCULTAR LOS DATOS SOBRE INSEGURIDAD CIUDADANA? (Número de expediente 180/001565.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Alejandro Ballestero.


El señor BALLESTERO DE DIEGO: Señora vicepresidenta, mientras en España no para de crecer la inseguridad ciudadana (Protestas.), ustedes consideran que su mayor éxito es que los españoles no nos enteremos de nada. Por eso ustedes ahogan la labor de oposición, no contestan a las preguntas parlamentarias y no comparece, como hoy el ministro del Interior, pase lo que pase en Interior. Por eso dictan instrucciones como esta del secretario de Estado, prohibiendo dar los dados de delincuencia. Por eso, cuando por fin dan datos, manipulan, como en este último caso, y no ofrecen los datos de delincuencia de Cataluña. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Por eso lo que ha pasado hace muy poquito es que el ministro ha llegado a la Comisión de Interior y nos ha dicho a los diputados que no preguntemos. Oiga, ¿qué tienen ustedes que ocultar? (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora Vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señoría, contesto: El Gobierno facilita una y otra vez todos los datos con absoluta transparencia. (Protestas.-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Ballestero.


El señor BALLESTERO DE DIEGO: Eso no es verdad. Ustedes mienten y ocultan la realidad sencillamente porque su gestión en Interior es nefasta. Hoy sería un buen día para que nos explicase qué está pasando en el Ministerio del Interior cuando, mientras se baten récords de delitos conocidos, ustedes están a la gresca con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; cuando, mientras se conocen novedades de contradicciones y manipulaciones en el 11-M, en el Ministerio del Interior se asciende por hacer los documentos en la sede del Partido Socialista -algunos de ellos están imputados-; cuando, mientras sube la kale borroka, se incrementan las extorsiones y Francia nos tiene que decir que ETA sigue robando armas, se produce una cumbre hispano-francesa y ustedes se dedican a hablar de Israel y Palestina; cuando, mientras el Gobierno y el Partido Socialista insultan a las víctimas del terrorismo, desde la sede de su partido parece que se producen chivatazos para proteger a los etarras. (Una señora diputada: ¡Muy bien!.) ¿De qué nos iba hoy a hablar el ministro del Interior? ¿De todos estos escándalos? Pues, no. Nos iba a hablar, evidentemente, de lo más importante, del vídeo, como probablemente hará usted ahora y como lo ha hecho ya nuevamente el presidente del Gobierno de este país. ¡Qué nivel tiene el presidente! (Aplausos. Una señora diputada: ¡Muy bien!.) Señora vicepresidenta, este silencio lo conocemos ya los españoles; nos suena a silencio pasado, como su gestión. Anteriormente, este silencio de Interior fue un silencio cómplice, que precedió a los mayores escándalos de la historia de cualquier Ministerio del Interior en Europa. ¡Por favor, ahórrenos ese futuro! (Aplausos. Una señora diputada: Muy bien.)

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): La verdad es que usted no lo creerá, señoría, pero yo entiendo que se sienta incómodo con el papelón que le ha tocado hoy hacer aquí, porque es un papelón, después del espectáculo que ustedes están dando en materia de seguridad.
(Rumores.) Señorías, hace dos días un compañero suyo en el Senado decía que hasta hace poco nos negábamos a dar publicidad a los delitos y que ahora no paramos de decir que bajan. Hace cuatro días presentaron un vídeo, que veo que a usted le gusta mucho, en el que para hablar de inseguridad tuvieron que recurrir no solo a las etapas en las que gobernábamos, sino a escenas de inseguridad y de violencia, nada más y nada menos que de otro continente. En fin, todo un recital de despropósitos, que no pasarían de ser anecdóticos si no pusieran de manifiesto o no revelaran muy bien cuál es su manera de entender la política, en la que todo vale, hasta la manipulación y la mentira.
Ustedes han estado

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ocho años en el Gobierno: 10.000 policías menos, es decir, siete policías menos cada dos días. Consecuencia: el mayor índice de delincuencia se produce siendo Rajoy ministro del Interior. (Aplausos.) Frente a ello, este Gobierno va a acabar la legislatura de cuatro con 36.000 policías, es decir, 52 policías más cada dos días. Esa es la diferencia. Ustedes, siete policías menos; nosotros, 52 policías más. Señoría, ustedes se superan a sí mismos. Usted es capaz de superar hasta a su líder, el señor Rajoy. Quiero recordar que, cuando era vicepresidente y asistió a una toma de posesión de altos cargos, dijo: Digan la verdad o miren para otro lado, porque tampoco pasa nada. Pues, sí pasa; claro que pasa; pasa y mucho. ¿Saben lo que pasa? Que no tienen más que mirar dónde les han colocado los ciudadanos y qué es lo que opinan de las políticas que ustedes llevan a cabo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


-DE DOÑA LOURDES MÉNDEZ MONASTERIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿EXIGE LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES DEJAR DE DENUNCIAR LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN LOS PAÍSES ISLÁMICOS? (Número de expediente 180/001567.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Lourdes Méndez.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Gracias.


Señora vicepresidenta, después de dos años hablando de la Alianza de Civilizaciones nos encontramos con un documento de 34 folios donde se reconoce la existencia de asesinatos, castigo corporal y opresión de la mujer en algunos países musulmanes y, después de lamentarse, sin denunciar ni exigir que esto no ocurra, concluyen -leo literalmente-: En muchas partes del mundo, incluyendo los países occidentales, se necesita progresar mucho con respecto a la situación de las mujeres. Pero es que, señora vicepresidenta, no es lo mismo reivindicar la igualdad de los salarios, por poner un ejemplo, que pedir que no lapiden a una mujer por hablar con un hombre que no es su marido. Mientras en este Congreso se discute la Ley de Igualdad, el mismo Gobierno proponente pasa de puntillas sobre la opresión de la mujer en buena parte de sus países interlocutores. ¿Puede proponerles esta ley, o es que ellas no tienen derecho? (Una señora diputada: ¡Muy bien!) Es otra vez el relativismo moral y esa obsesión por la equidistancia de su Gobierno. No nos sorprende en absoluto; también lo hacen con las víctimas y con los terroristas. Pero vayamos al inicio. Si realmente se pudiera llegar a una alianza de civilizaciones, lo primero que habría que saber es lo que usted entiende por civilización, y después de eso, defender los principios, los valores, las raíces, la cultura, la filosofía de la civilización propia, y después y a partir de ahí es cuando se puede iniciar un diálogo con una cultura tan diferente, porque le recuerdo, señora vicepresidenta, que es nuestra civilización de raíces judeocristianas la que reconoce la dignidad de la persona (Rumores.), y por ello ha conseguido profundos avances en relación con la situación de la mujer. Por eso le pregunto: ¿Usted cree que la cultura islámica es injusta con la mujer? Y siendo así, ¿exige la Alianza de Civilizaciones dejar de denunciar la situación de la mujer en los países islámicos? (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señoría, nada ni nadie puede dejar de denunciar la situación de la mujer allí donde sufra discriminación o violencia por el hecho de serlo, nada. (Rumores.) Señorías, la propuesta del Grupo de alto nivel de la Alianza de Civilizaciones presentada por el secretario general de Naciones Unidas contempla expresamente el respeto a los derechos humanos como la base sobre la que se asientan las sociedades estables y las relaciones internacionales pacíficas. Del mismo modo, en el trabajo realizado se analiza la situación de las mujeres en el mundo musulmán y se reconoce que la opresión de una mujer no es tolerable, ni desde el punto de vista del derecho internacional, ni desde una correcta interpretación de los preceptos religiosos del islam. Además, señoría, se afirma que esa opresión es causa de retraso económico y social y ataca al pluralismo político, y se señala literalmente -le cito- que la solución pasa necesariamente por la aplicación de leyes que fomenten la plena igualdad de género, de conformidad con las normas internacionales reconocidas en materia de derechos humanos.


Señoría, solo me resta decirle dos cosas en relación con este tema: primera, que resulta evidente que la Alianza de Civilizaciones hace suyo sin ningún género de dudas el objetivo de fomentar las políticas de pluralismo, de respeto a los derechos humanos, de respeto a la igualdad y, de forma muy particular, de promoción de políticas para la igualdad de género; y segunda, que cuando usted habla de Alianza de Civilizaciones no lo hace con conocimiento de causa, lo hace de oídas, porque, como acaba de demostrar, en realidad no conoce las propuestas formuladas por el Grupo de alto nivel (La señora Méndez Monasterio muestra unos papeles.), pero no se preocupe, porque yo, con mucho gusto, se las voy a mandar para que las estudie detenidamente y pueda hablar con propiedad. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)

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El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señora Méndez.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Quizás quien no conozca el documento sea don Patxi López, porque existe una afirmación que usted le puede trasladar de que el terrorismo no tiene justificación posible. Después de eso, le repito: ¿Usted cree que la cultura islámica es injusta con la mujer?, porque no he oído su respuesta. Escuche lo que dice Shirin Ebadi, jurista iraní y Premio Nobel de la Paz en 2003, cuando le hacen la misma pregunta: Rotundamente, sí. En Irán, el testimonio de dos mujeres vale igual que el de un hombre, que puede casarse con cuatro. Además, un hombre incluso puede matar a su mujer si comete adulterio. Señora vicepresidenta, ¿usted con quién está, con esa mujer iraní o con quien es responsable de la situación que ella denuncia? (Aplausos.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta. (Continúan los rumores.)

Silencio, por favor. Con este murmullo no se oye. Su turno, señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Fíjese, señoría, lo último que esperaba oír a una mujer es acusar a otra mujer de que está con los hombres que asesinan a las mujeres, lo último (Aplausos.), lo último, señoría. Yo no lo creo ni de usted, ni de ninguna mujer. El compromiso para luchar contra la violencia que se ejerce contra las mujeres en España y en todo el mundo es un compromiso de todos, de las mujeres, yo creo que de usted también a pesar de lo que dice.
(Rumores.-Aplausos.-El señor Ayala Sánchez: ¡Serénate! ¡Sosiégate!-El señor De la Encina Ortega: ¡Cállate ya!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.


Señor Ayala, por favor, vamos a calmarnos un poquito. (Varias señoras y señores diputados: ¡Ella, ella!)

-DEL DIPUTADO DON GUSTAVO MANUEL DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CREE EL GOBIERNO QUE EL RECORTE DE LIBERTADES Y DERECHOS ES LA FORMA DE AVANZAR EN LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES? (Número de expediente 180/001568.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Gustavo Manuel de Arístegui. Adelante, por favor.


El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta primera del Gobierno, aun a riesgo de saber que tiene usted una extraña costumbre de hablar mucho en las preguntas y contestar muy poco, lo que demuestra muy poco respeto por la oposición democráticamente elegida por 10.300.000 españoles y que tienen derecho a saber la opinión del Gobierno sobre las cuestiones que preocupan a muchísimos españoles, incluso a aquellos que les votan a ustedes, le vamos a hacer una pregunta sobre lo que consideramos una peligrosa iniciativa, que no es otra cosa que un potente disolvente de los derechos y libertades fundamentales que es la Alianza de las Civilizaciones.
(Varios señores diputados: ¡Hala!- Varios señores diputados: ¡Muy bien!- Rumores.) Sí, ustedes tienen mucha complacencia con quienes les gusta decir que los derechos y libertades fundamentales son el peor instrumento de dominio de Occidente sobre el islam. Ese es el problema que tienen ustedes. Ahora, como no se leen ni siquiera sus propios papeles, acusan a compañeros de esta bancada de no haber hecho los deberes, cuando ustedes son los propiciadores de documentos que leídos en primera lectura son un verdadero disparate. Y ahora va la pregunta: ¿Cree el Gobierno que el recorte de libertades y derechos es la forma de avanzar en la Alianza de Civilizaciones? (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señoría, la única manera de avanzar no ya en la Alianza de Civilizaciones sino en democracia es, por supuesto, la salvaguarda a toda costa de los derechos y libertades de las personas, incluido el derecho a discrepar porque lo que yo le conteste no le guste. (Aplausos.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.


Silencio, señorías.


El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señoría, los derechos y libertades fundamentales son universales, atemporales e irrenunciables. Su alianza significa que se van a sentar con gobiernos, partidos y regímenes que creen, como decía antes, que son el instrumento principal de Occidente para humillar al islam. Yo le pregunto: ¿Con quién la alianza? ¿Contra quién la alianza? Porque las alianzas se forjan en contra de enemigos comunes y si esta alianza se hubiese llamado, como tendría que haberse llamado, la alianza contra el fanatismo y contra la intolerancia, muchos más estarían con ellos. Ustedes están engañando al mundo y a Naciones Unidas porque fuera de España lo que están ustedes diciendo es que el diálogo de civilizaciones y la Alianza de Civilizaciones

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son lo mismo. Dentro de España, para utilizar su alianza como otro instrumento de aislar al Partido Popular, dicen que son cosas diferentes.
Yo les insto a ustedes a que demuestren que los regímenes democráticos son la salida, que demuestren que ustedes están a favor de los derechos de los homosexuales, por ejemplo, en Irán donde 6.000 han sido ejecutados, asesinados desde el año 1979. Yo les insto a que defiendan los derechos de las mujeres, que son constantemente masacrados por muchos de esos que ustedes dicen que van a ser sus aliados. Ese es el problema que tienen ustedes, que confunden las prioridades y confunden claramente lo que son los derechos y libertades fundamentales. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señora vicepresidenta, por favor.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señoría, en primer lugar, por supuesto que voy a defender con usted todos los derechos humanos aquí y en todas las partes del mundo, como he hecho toda mi vida desde que nací. En segundo lugar, si S.S. se hubiera molestado en leer el informe que ha hecho el grupo de expertos sabría que, entre los principios rectores de la Alianza de Civilizaciones, se subrayan de manera muy especial la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. No podía ser de otra manera cuando su principal impulsor es el secretario general de Naciones Unidas. La Alianza de Civilizaciones es tender puentes entre las sociedades, es fomentar el diálogo y el entendimiento y es forjar voluntades políticas para abordar de forma colectiva los desequilibrios del mundo. Es eso, señoría, es precisamente eso, luchar por que se amplíen y garanticen los derechos y libertades de todos, incluso de todos aquellos que tampoco están de acuerdo con nosotros. Otra cosa distinta es que en su fundación, en FAES, hayan decidido desde el primer día desprestigiar esta iniciativa porque, como dicen, busca condenar las intervenciones exteriores como la de Irak. Sí, señorías, eso es lo que dicen y ahí es donde se esconde la verdadera razón. Ustedes, en definitiva, no están apostando por una alianza, sino por el llamado choque de civilizaciones, como decía Huntington (Rumores.) -sí, señoría- y como defienden los neoconservadores. Y además, señoría, lo hacen en nombre de supuestos valores de Occidente, como si esos valores incluyesen la mentira sobre las armas de destrucción masiva para justificar invadir un país y tantas muertes de inocentes.


Los ciudadanos en Estados Unidos han dado la espalda a una política de confrontación que solo ha generado odio, violencia e inseguridad. Sean receptivos, rectifiquen y denle una oportunidad a la paz. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


-DEL DIPUTADO DON ERASMO JUAN MANUEL ARMAS DÁRIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRAN LAS NEGOCIACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA PARA LA PRÓRROGA DE LOS INSTRUMENTOS FISCALES Y FINANCIEROS RECOGIDOS EN EL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS? (Número de expediente 180/001571.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Erasmo Juan Manuel Armas.


El señor ARMAS DÁRIAS: Gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente, de sobra es conocido que el régimen económico y fiscal de Canarias es una institución histórica protegida por nuestra Constitución y con especial reflejo en nuestra integración en la Unión Europea, al amparo de nuestra condición de región ultraperiférica. Las medidas tanto fiscales como económicas que recoge el REF, tales como la reserva de inversiones en la zona especial de Canarias y otra serie de ayudas al funcionamiento, han posibilitado la actividad económica en el Archipiélago y permitido a las empresas establecidas en el mismo superar sus desventajas estructurales naturales. El Régimen Económico y Fiscal se ha mostrado como un instrumento muy útil tanto para el desarrollo de las empresas allí ubicadas como para la economía de las islas en su conjunto.
Gracias al REF se ha logrado en los últimos años la reinversión de más de 10.000 millones de euros y la creación de más de 100.000 puestos de trabajo, lo que habla por sí solo de la eficacia de tales medidas, sin las cuales esos logros no hubiesen sido posibles. Estudios recientes no solo corroboran su importancia pasada, según los datos señalados, sino que afirman su carácter más que crucial actual y futuro, sobre todo y habida cuenta de la reducción de las ayudas estructurales europeas.
Recientemente se publicaba que para el periodo 2007-2013 puede suponer que el PIB canario evolucione a una tasa real media 25 céntimos superior en caso de mantener estas medidas; la renta media canaria aumentaría en 600 euros por habitante en los próximos siete años y el número de empleos que generaría el REF en este periodo se estima en torno a los 200.000 empleos. Por ello, esta institución debe permanecer en el tiempo y sus medidas deben ser mantenidas.


El señor presidente anunció en octubre de 2005 que se prorrogaría el REF y cumplió tanto con la palabra dada como con Canarias. Recientemente, noticias auspiciadas por el Gobierno autonómico de CC y por el Partido Popular han propiciado preocupación en el estamento económico de Canarias por esta cuestión. Por eso,

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señor ministro, le solicito una aclaración sobre la posible entrada en vigor del nuevo REF en la fecha señalada y que nos indique cómo van las negociaciones con la Unión Europea en este sentido.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Armas, usted conoce bien que lo que pretende el régimen económico es compensar las desventajas de la ultraperificidad del Archipiélago; sabe que algunas de esas ventajas tienen la característica de ayuda de Estado, está sometida al control de la Comisión Europea; que el régimen vigente en el momento actual expira el próximo 31 de diciembre y es necesario, como usted ha señalado bien, obtener una autorización para un nuevo periodo, que comenzará a partir de esa fecha.


Como decía anteriormente, algunos de los incentivos tienen carácter de ayuda a la inversión y su autorización debe hacerse teniendo en cuenta las nuevas directrices sobre ayudas de Estado, con finalidad regional, para el periodo 2007 a 2013, que han sido publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el pasado 4 de marzo. Antes de esa publicación, el 28 de febrero -ya se lo comenté anteriormente-, el Gobierno anunció ante la Comisión Europea la presentación de una solicitud para el mantenimiento del REF hasta el año 2013. Desde entonces se han venido manteniendo conversaciones informales con las autoridades de la Comisión para acercar posiciones con el fin de que el nuevo régimen entre en vigor el 1.º de enero próximo. La última reunión tuvo lugar el pasado mes de octubre entre representantes del Ministerio de Economía y Hacienda y del Gobierno de la comunidad autónoma con la Dirección General de Competencia de la Comisión para tener un cambio de impresiones sobre la tramitación del expediente. Las peticiones de aclaración por parte de las autoridades comunitarias han sido respondidas por los servicios del Ministerio de Economía y Hacienda, que han reiterado a la Comisión la importancia que tiene para España y para Canarias obtener la autorización en el plazo más breve posible y así iniciar el procedimiento legislativo para que el nuevo régimen entre en vigor el 1 de enero. En cualquier caso, señoría, el Gobierno ya está preparando el borrador para modificar la Ley 19/1994, de modo que tan pronto como se cuente con la preceptiva autorización comunitaria pueda enviarse a este Congreso para su aprobación la modificación normativa correspondiente y pueda entrar en vigor el 1 de enero próximo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente segundo.


-DE LA DIPUTADA DOÑA UXUE BARKOS BERRUEZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿CÓMO PREVÉ EL GOBIERNO RESOLVER LOS PREVISIBLES PROBLEMAS EN LEYES DE HONDO CALADO ASISTENCIAL TRAS EL RETRASO SUFRIDO EN NAVARRA DE LAS AYUDAS A MUJERES MALTRATADAS, CONTEMPLADAS EN LA LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO? (Número de expediente 180/001558.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de doña Uxue Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, un problema de conflictos competenciales ha retrasado en casi un año -el dato no es baladí- el pago en Navarra de las ayudas para mujeres maltratadas, ayudas previstas en la Ley contra la violencia de género, conflictos competenciales que parecían solucionados a través del Real Decreto 1425/2005, aunque, como digo, finalmente se produjo un retraso de todo un año. Ante este dato, señor ministro, ¿cómo prevé el Gobierno resolver previsibles problemas como éste en leyes como ésta y otras de hondo calado social?

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


Señora Barkos, un conflicto competencial no ha retrasado las ayudas a las mujeres maltratadas en Navarra, ha sido la desidia del Gobierno de Navarra y su incompetencia las que lo han retrasado. Pongamos a cada uno en su sitio. No va a haber ningún conflicto de competencias porque, como usted sabe, según lo establecido en la Ley 25/2003, por la que se aprueba la modificación del convenio económico entre el Estado y Navarra, las competencias traspasadas a esa comunidad, Navarra, se financian con los recursos tributarios de que esta dispone, y así va a ser en todas las leyes sociales. A partir de ahí, Navarra contribuye a través de su aportación a la financiación de las cargas generales del Estado, entendiendo por tales aquellas competencias que no han sido asumidas por la comunidad autónoma. Tanto las competencias en materia de servicios sociales -la Ley de Dependencia- como de protección de la mujer han sido ya traspasadas a la comunidad foral mediante reales decretos de 1985 y 1986. En sintonía con lo anterior,

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tanto la Ley para combatir la violencia hacia la mujer como la Ley de atención a la dependencia, si se dirige usted a ella, se refieren respectivamente a sus regímenes especiales de concierto económico y de convenio, ya que el coste derivado se realizará por minoración en el cupo o aportación del importe que resulte por aplicación del índice de imputación vigente. Por tanto, el único responsable de que no se hayan aprobado y aplicado esas normas en Navarra es el Gobierno foral de Navarra, no el Gobierno del Estado. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora Barkos, por favor.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor ministro.


Demarca usted con crudeza la responsabilidad última del caso en las instituciones forales. Yo no voy a entrar en este debate, en el que estoy absolutamente segura de que todas las partes van a mantener posiciones.
Lo cierto es que seis mujeres maltratadas llevan un año sin poder acceder a las prestaciones que prevé la ley para su caso por un solo motivo, porque son navarras. Esto, señor ministro, sí afecta a su Gobierno, impulsor de la ley, y, por tanto, sí le afecta a usted que debe ser garante último de que la ley se aplique sin discriminaciones. A lo urgente de este caso -lo ha apuntado ya, pero quisiera una mayor concreción-, se suma la preocupación cierta de esta diputada por que nos podamos encontrar con casos similares en leyes que están a punto de salir a la calle, leyes que deben proteger a todos los ciudadanos por igual y a las que no gratuitamente nos hemos opuesto. Cuando en esta Cámara no hemos dado un sí a leyes como la de dependencia, señor ministro, lo hemos hecho porque nos temíamos que una mala o deficiente articulación, en el mejor de los casos una insuficiente articulación de los trasuntos competenciales nos llevaran a casos tan dolorosos como este que relato.
Cuando defendemos la competencia autonómica y municipal en temas tan sensibles como estos, señor ministro, no lo hacemos -se lo digo a usted porque es un recurso muy suyo- mirando a otro lado de las necesidades del conjunto de los ciudadanos españoles. ¡Faltaría más! Todo lo contrario, señor ministro. Lo hacemos porque aquellas leyes que hacen tabla rasa de la realidad competencial nos llevan a casos como este. Señor ministro, insisto en conocer como prevé resolver, antes de que sea tarde, situaciones similares en la aplicación de otras leyes.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Señora Barkos, me parece extraño que no atribuya la responsabilidad a quien la tiene. Me parece muy extraño. Las mujeres maltratadas en Navarra no tienen ayudas porque el Gobierno navarro no lo ha regulado. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Que quede claro, señoría. En el resto de comunidades autónomas se ha producido la regulación y el Ministerio de Trabajo paga esas cantidades. En el caso de Navarra es muy sencillo. Ya le he dicho que el coste derivado se realizará por minoración en el cupo o aportación del importe que resulte por aplicación del índice de imputación vigente. Por favor, no me diga usted que no está claro. Está meridianamente claro. En la Ley de la Dependencia, igual, señoría. Le pido que sea responsable y que me pregunte por las medidas sociales que estamos poniendo en marcha. Estas lo son. Si el Gobierno de Navarra no lo regula, es su responsabilidad, no la mía, porque los fondos vienen de la minoración del sistema específico que tiene Navarra con el Estado.


Muchas gracias. (Aplausos.)

-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SALOM COLL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿COMPARTE EL GOBIERNO QUE EN ESPAÑA PUEDEN ENTRAR 200.000 INMIGRANTES MÁS CADA AÑO? (Número de expediente 180/001566.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña María Salom.


La señora SALOM COLL: ¿Comparte el Gobierno que en España pueden entrar 200.000 inmigrantes más cada año?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


Como sabe S.S., aunque le importará poco lo que le diga, nosotros modificamos el sistema de regulación de los flujos migratorios relacionados con el mercado laboral. El Gobierno se ha comprometido con el apoyo de todos: empresarios, sindicatos, todas las fuerzas políticas menos el Partido Popular, a modificar la política de inmigración que se desarrollaba con anterioridad y, por tanto, a establecer mecanismos flexibles que permitan contratar en origen a aquellos trabajadores que necesitan nuestras empresas. Por eso hemos adecuado el contingente anual.
Antes no se podía modificar; ahora se puede modificar según las necesidades del mercado laboral. Hemos establecido un catálogo de puestos de difícil cobertura, que permite agilizar la contratación en origen, y agilizamos la tramitación de autorizaciones cuando, no estando incluidas en el catálogo, el empleador demuestre que no existen en España trabajadores disponibles. Dicho todo esto, el número de personas que pueden venir a España a trabajar, siendo inmigrantes de fuera, depende de las necesidades del mercado laboral y de las peticiones que hacen nuestros empresarios. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Adelante, señora Salom.


La señora SALOM COLL: Señor Caldera, nos importa muchísimo lo que diga usted. El cerebro económico de su Gobierno, recién nombrado candidato para Madrid, ha declarado que ve razonable que puedan seguir entrando 200.000 inmigrantes más cada año y que en España aún caben 20 millones de inmigrantes. Esto es como decir que cabría en España la población entera de Senegal, de Mauritania y de las tres Guineas, es decir, la población entera de cinco países africanos. ¿Se da cuenta de su falta de sentido común? ¿Eso lo van a incluir en su programa electoral? Conteste. Con declaraciones de este tipo se vuelve a incitar a las mafias a que plastifiquen las declaraciones del señor Sebastián, como ya hicieron con las suyas, con el fin de convencer a los ilegales y traerlos a España.
¿No cree que ya está bien de hacer declaraciones de este tipo? Hoy la inmigración es el primer problema de los españoles, en eso lo han convertido ustedes, aunque sigan sin querer ver la realidad. Pero, además, ahora descubrimos que su discurso de izquierdas pasado de rosca convierte una tragedia humanitaria en una mera cuestión mercantil, como dice el señor Sebastián. Y hablemos de cifras, pero sin típex. Mientras que cerca del 90 por ciento de la aportación del inmigrante se la queda el Estado, las comunidades y ayuntamientos soportan la mayor parte de los gastos en educación, en sanidad y en políticas de integración. Por cada euro que gasta el Estado en inmigración, las comunidades gastan tres euros. Las comunidades están desbordadas. Como ve este informe, además de ocultar verdades, además de ser irreal, puede generar un nuevo efecto llamada. Señor Caldera, con todo esto se demuestra que usted no ha sido -y discúlpeme que se lo diga- más que una marioneta movida por los señores Sebastián y Zapatero. Si siguen así ninguna subcomisión va a arreglar nunca la inmigración si el irresponsable de su presidente sigue animando al efecto llamada.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias.


¡Qué despropósito, señorías! (Rumores.) Le he dicho que aquí llegarán las personas que necesite nuestro mercado laboral. Haría bien en escuchar y atender las recomendaciones del señor Sebastián porque acierta mucho en sus previsiones. Señoría, en cuanto al cálculo de esos flujos migratorios, no pretenderá prohibir a los analistas, a las personas que pueden hacer previsiones, que las hagan. Le voy a hacer una pregunta ya que lo ha puesto en esos términos. Güemes, el consejero de Madrid, dice que pide 500.000 inmigrantes más para trabajar en Madrid hasta el año 2010. ¡El señor Güemes, del Partido Popular! La señora consejera de Castilla y León dice que la región no crece más porque no tiene inmigrantes suficientes, y quiere que lleguen inmigrantes. ¡Qué casualidad! Luego, si hiciéramos caso solo al señor Güemes y Madrid necesita 500.000 inmigrantes en los próximos cuatro años, todo el cálculo del señor Sebastián prácticamente se queda en Madrid. Como ustedes son unos demagogos y unos irresponsables a los que jamás les he escuchado una sola valoración positiva del fenómeno de la inmigración, que ha demostrado el señor Sebastián que es muy positivo, les digo lo siguiente: Pónganse primero de acuerdo en su partido antes de hacer planteamientos al Gobierno. (Rumores.) Porque si el señor Güemes necesita 500.000 inmigrantes será porque son precisos en Madrid. Menos demagogia y más realismo, señorías. (Aplausos.)

-DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA FUENTES PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿CUÁL ES LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO DEL ACUERDO ALCANZADO CON LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO TERMAL? (Número de expediente 180/001574)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio de doña Ana María Fuentes.


La señora FUENTES PACHECO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, desde luego mejor pecar por pasarse mucho de rosca, ser de izquierdas y valorar la inmigración en España que pasarse mucho de rosca siendo de derechas y decir que no se llega a final de mes con 8.000 euros, porque hay muchos españoles a los que eso les habrá ofendido.


Señor ministro -ahora me centro en la pregunta, es que a veces le ofenden a una las cosas que escucha en esta Cámara-, la falta de colaboración del Partido Popular hizo que no se tuviesen contactos con el sector turístico, que tampoco hubiese contactos con las distintas instituciones con competencia en la materia; que muchos recursos se desperdiciasen y llegásemos a unos niveles negativos de crecimiento en el sector; que la mesa de secretarios generales y directores generales no se reuniese durante muchísimos años y desde su llegada al Gobierno, igual que hizo su predecesor, se han cambiado estos hábitos de trabajo y la forma de trabajar, se están aprovechando las sinergias, se están aprovechando los recursos y estamos trabajando de forma conjunta en el sector. Teniendo en cuenta la sensibilidad y la voluntad de esta Cámara, tal como se había recogido en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, ha llegado a un acuerdo con la FEMP que supone más de un millón de euros para promocionar el turismo termal.


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Es un sector emergente que está haciendo que poblaciones pequeñas donde no había otro motor económico estén creciendo al albur del mismo y se estén solventando muchísimos problemas sociales al tiempo que se crea un nuevo sector con gran dinamismo que arroja mejores resultados que otros en cuanto a gasto medio del turista. De hecho, es respetuoso con el medio ambiente y nos hace llegar a algo en lo que estamos trabajando muchísimo en los últimos años: al turismo sostenible, al turismo de calidad. Por otra parte, está permitiendo que el turismo se desestacionalice y se diversifique. Por todo ello, le pregunto: ¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno del acuerdo alcanzado con la Federación Española de Municipios y Provincias para la promoción del turismo termal?

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, por favor.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Clos i Matheu)): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, el Gobierno valoró muy positivamente el acuerdo alcanzado con la Federación Española de Municipios y Provincias para la promoción del turismo termal, un acuerdo que se ha logrado después de auspiciar la creación en el seno de la Federación Española de Municipios de una sección específica de municipios termales a la cual se han adherido ya más de noventa corporaciones locales de toda España. Esta sección servirá de plataforma estable de cooperación con las administraciones turísticas para la planificación y el aprovechamiento de nuestros recursos hidrominerales. Gracias a este acuerdo y a la subvención de un millón de euros que le ha concedido el ministerio, la FEMP realizará actividades de promoción del turismo termal de forma coordinada, aprovechando las sinergias y la proyección internacional con que cuenta la marca España como destino turístico. No hay que olvidar que en el año 2005 hubo 1.170.000 turistas que disfrutaron de servicios de balneario o de talasoterapia, lo que supone un aumento del 2,18 por ciento respecto al año anterior y, sobre todo, una perspectiva muy interesante para el desarrollo y diversificación económica de las entidades que componen nuestro territorio nacional. España cuenta con unos recursos hidrominerales y termales muy amplios y variados cuya puesta en valor como producto susceptible de consumo turístico tiene todavía un largo camino por recorrer. El turismo termal es un producto del futuro, es moderno, es respetuoso con el medio ambiente y además contribuirá a la consecución de dos de los principales objetivos de nuestra política turística: la desestacionalización en el tiempo y la diversificación geográfica en nuestra oferta turística. Ambos objetivos contribuirán al desarrollo de una actividad turística más rentable en términos económicos y más sostenible desde el punto de vista medioambiental. Con ello se pretende dar a conocer una parte importante de nuestra oferta turística que, por lo general, es aún desconocida y no se suele asociar a nuestra imagen turística en el exterior.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


-DE LA DIPUTADA DOÑA ESPERANÇA FARRERA GRANJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE AL GOBIERNO EL INCREMENTO DEL 96,6 POR CIENTO DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SIDA, POR PARTE DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO? (Número de expediente 180/001575.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la ministra de Sanidad y Consumo de la diputada doña Esperança Farrera.


La señora FARRERA GRANJA: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, en el último tercio del siglo XX y cuando creíamos que ya lo conocíamos todo sobre las enfermedades que afectan al cuerpo humano, de pronto aparece el sida como un reto para la medicina moderna. Cuando empezábamos a aceptar los conceptos de respeto y tolerancia, las características sociales y culturales inherentes a esta enfermedad ponen nuevamente en evidencia los valores de la nueva sociedad. Desde su aparición el sida no ha cesado de influir en nuestras vidas, ha influido en las vidas de los afectados y en las de los no afectados. De un modo u otro el sida ha provocado cambios sustanciales en las relaciones humanas.
Sobre el sida se ha hablado mucho y a menudo unas noticias imprecisas han contribuido a confundirnos aún más. Desgraciadamente, esta enfermedad se ha convertido además en una alarma social. Sabemos que existe entre nosotros, que es un problema de salud que afecta a nuestra colectividad, igual que afecta al resto del mundo. Nadie ignora su existencia y no podemos darle la espalda. Por eso, desde el Ministerio de Sanidad se está trabajando para canalizar la información y así dar a todos los profesionales sanitarios y a la población en general respuestas concretas. Nuestro deber como políticos y como ciudadanos es evitar que las personas afectadas por el sida sufran, además de la enfermedad, la marginación de nuestra sociedad, porque ningún tipo de enfermedad tiene que ser motivo de discriminación. Por desgracia, el acceso a los tratamientos no está garantizado para la mayoría de las personas que lo necesitan en el mundo y no disponemos todavía de una vacuna eficaz contra el sida. Todo ello nos obliga a definir buenas estrategias de prevención y de control incorporando los aspectos de la prevención integral en la atención

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y el apoyo individualizado de cada paciente. Este ministerio es consciente de que para hacer efectivas estas estrategias necesita herramientas que le ayuden a conseguirlo y una de estas herramientas son las entidades sin ánimo de lucro.


Por eso le pregunto, señora ministra, ¿qué opinión le merece al Ministerio de Sanidad y Consumo el incremento del 96,6 por ciento de las subvenciones destinadas al desarrollo del programa de prevención y control del sida por parte de entidades sin ánimo de lucro?

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, una de las conclusiones de la reciente Conferencia internacional sobre el sida de Toronto, celebrada en agosto de este año, destaca que la implicación de los afectados es esencial en la lucha contra la epidemia.
Me complace decirle que hemos trabajado en esta cuestión desde la llegada de este Gobierno y por eso hemos incrementado de manera importante las subvenciones destinadas al desarrollo de programas de prevención y control del sida por parte de entidades sin ánimo de lucro. Los 3.152.000 euros dedicados en el año 2006 suponen un incremento de casi un cien por cien respecto al año 2005 y a su vez un incremento de 214 por ciento respecto del año 2004, año en el que la dotación total se había mantenido en torno al millón de euros. Con esta cuantía se están llevando a cabo muchos proyectos, concretamente 76 programas desarrollados por 45 entidades de lucha contra el sida, programas todos ellos evaluados por expertos y que cuentan con la colaboración de las comunidades autónomas.
Todos estos programas los van a desarrollar organizaciones no gubernamentales que se han distinguido en la defensa de los derechos humanos de los afectados, que han contribuido a configurar respuestas nacionales e internacionales a la epidemia y que son críticas para evitar esa variable de estigma y discriminación que todavía sufren incluso en nuestro país los enfermos de sida. Son organizaciones juveniles, grupos de mujeres, organizaciones de hombres homosexuales, grupos de personas que viven con el VIH, redes que trabajan en la reducción de daños en usuarios de drogas inyectadas, personas y organizaciones que tienen mayores posibilidades de acceso, de intervención directa sobre los individuos y poblaciones con mayor riesgo de infección que en muchas ocasiones, como S.S. sabe, por sus estilos de vida y por sus características sociales son inaccesibles a través de programas y servicios convencionales. Señoría, valoramos muy positivamente este incremento y estamos satisfechos por los programas y la calidad de las ONG, fundamentalmente porque trabajando con ellas ese retorno de la inversión está asegurado en términos de salud, respeto y dignidad para una enfermedad que hoy...


El señor PRESIDENTE: Lo siento, concluyó el tiempo.


-DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS SANITARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS POR MENORES? (Número de expediente 180/001576.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Carmen Montón.


La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, dentro del contexto de las políticas que se están llevando a cabo en el Ministerio de Sanidad y Consumo de prevención y promoción de la salud como son la Ley del Tabaco, la estrategia NAOS destinada a la nutrición saludable de los más pequeños sobre todo, la prevención del consumo de drogas, el uso del preservativo por un sexo seguro, entre otras, no se podía olvidar la prevención del consumo de alcohol por menores. Las estadísticas nos muestran que cada vez es más precoz el consumo de alcohol por menores, estando más cercano casi a la infancia que a la adolescencia y, aunque el consumo de alcohol está aceptado socialmente, no debemos olvidar los problemas que se derivan de su consumo temprano y abuso. Por ello parece lógico, en este caso también, velar por hábitos saludables, en especial en los menores.
Cmparto con usted la opinión de que es necesario regular esta situación.
Aunque es cierto que las diferentes comunidades autónomas tienen normas sobre el consumo de alcohol, éstas son dispares en sus criterios, no abarcan todos los ámbitos de la cuestión y se limitan a la prohibición.
Pero la solución no es tan simple ni se limita a la restricción, por lo que mi grupo estaría más cercano a los principios éticos y a las metas para promover y proteger la salud y el bienestar de la población de la Carta europea sobre alcohol, de 1995, que habla de protección, de educación e información.


Dicho esto, le pregunto acerca de cuáles son los objetivos del proyecto de ley de medidas sanitarias para la protección de la salud y la prevención del consumo de bebidas alcohólicas por menores.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


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Sabemos que el consumo masivo de alcohol es un importante problema de salud pública que está relacionado con el desarrollo de más de 60 enfermedades y es el tercer factor de riesgo para la salud en los países desarrollados. Los datos del año 2004 nos indican que entre la población escolar de 14 a 18 años el alcohol es la sustancia nociva más consumida entre los jóvenes, con consumos muy elevados en cortos períodos de tiempo y con una bajísima percepción del riesgo asociado. El problema es de tal dimensión que, sin esperar a los resultados de un estudio clínico sobre los efectos del alcohol en menores que estamos desarrollando, ya el pasado 15 de septiembre presenté en el Consejo de Ministros un informe sobre el anteproyecto de ley de medidas sanitarias para la protección de la salud y la prevención del consumo de bebidas alcohólicas por menores.
Un proyecto que está en sintonía con los planes de actuación de la Organización Mundial de la Salud y de la Comisión Europea, que recoge recomendaciones de expertos nacionales y extranjeros, que recoge experiencias eficaces en países de nuestro entorno y que se basa también en un estudio cualitativo que hemos realizado entre los propios jóvenes, los educadores y los padres.


Se trata de la primera norma básica que aborda este importante problema a nivel estatal, va armonizar toda la normativa vigente y va a superar algunos defectos de esa normativa inspirada fundamentalmente por cuestiones de orden público. Así, la ley prevé un conjunto de medidas que se apoyan en tres líneas de actuación: prevención y promoción de la salud, restricciones a la venta y consumo de bebidas alcohólicas y, por último, limitaciones a la publicidad y promoción del tipo de bebidas.
Dentro de las primeras se incluyen aquellas que tratan de prevenir el consumo y retrasar la edad de inicio, la información a la población sobre daños asociados y la implantación de programas en los ámbitos educativo, familiar y comunitario. Insisto en que el objetivo de este anteproyecto es sobre todo el contribuir a la protección de la salud de nuestros jóvenes y es el resultado de un esfuerzo de análisis e identificación de aquellas políticas preventivas que más beneficiosas y efectivas se han mostrado. Es un proyecto que vamos a tratar de adaptar a la situación actual en nuestro país, es un proyecto que se va a centrar fundamentalmente en los menores y es un proyecto que espero sea aprobado con el consenso de todos los grupos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo.


-DEL DIPUTADO DON CÁNDIDO REGUERA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CUÁL ES LA PREVISIÓN DEL GOBIERNO FRENTE A LA INCORPORACIÓN DE LOS ISLOTES DE ALEGRANZA Y MONTAÑA CLARA Y LA ISLETA DE LA SANTA, EN LAS ISLAS CANARIAS, COMO ELEMENTOS DE TITULARIDAD PÚBLICA? (Número de expediente 180/001569.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Medio Ambiente de don Cándido Reguera.


El señor REGUERA DÍAZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, el archipiélago Chinijo, al norte de Lanzarote, es un conjunto de islas que han sido declaradas parque natural en 1986, Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el año 1994, así como reserva marina y alberga diferentes espacios LIC. Estos islotes de Alegranza y Montaña Clara son de una gran importancia geológica, biológica y marina, con varias especies amenazadas y protegidas, algunas exclusivas de este parque. En una visita reciente a Lanzarote, usted aseguraba que estaban muy avanzadas las negociaciones con la Caja Insular y con los propietarios de los islotes para que estos pasen a titularidad pública.
Cuál ha sido mi sorpresa cuando a los dos días de sus manifestaciones, leo en la prensa un rotundo desmentido de los propietarios en un periódico de Canarias, Canarias 7, donde uno de ellos afirma que ni a él ni a sus representantes legales ni a ningún miembro de la familia se le ha hecho llegar propuesta alguna de adquisición de los islotes, que eso que usted afirmaba no era cierto y que en ningún momento se ha dirigido a la propiedad para llegar a algún tipo de acuerdo. Al no existir dotación económica para esta adquisición, el Grupo Parlamentario Popular en los Presupuestos Generales del Estado de 2007 ha presentado una enmienda destinada a la reserva marina del Parque Natural Chinijo de 1,5 millones de euros, que ha sido rechazada por su grupo.


Por todo ello, señora ministra, le pregunto: ¿Cuál es la previsión del Gobierno frente a la incorporación de los islotes de Alegranza y Montaña Clara y la isleta de la Santa, en las Islas Canarias, como elementos de titularidad pública?

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.


Señoría, la previsión es que los tres islotes formen parte lo antes posible del dominio público marítimo-terrestre. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Reguera.


El señor REGUERA DÍAZ: Me imagino, señora ministra, que será después de contactar con los propietarios, cosa que parece ser todavía no se ha hecho. Nos gustaría saber con qué partida económica contamos para estas medidas, si se prevé iniciar algún expediente de expropiación, etcétera.
He de decirle que en Canarias y, en concreto, en Lanzarote, hay unanimidad de las diferentes

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instituciones para adquirir estos espacios y que sean realmente un lugar de ocio pues poseen un gran valor y riqueza medioambiental que entre todos queremos preservar.


Gracias, señora ministra.


El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señoría, se ha contactado ya con todos los propietarios de los tres islotes que usted mencionaba en su pregunta y probablemente el primer acuerdo se alcanzará en el caso de la isleta de la Santa, que, como bien sabe, es propiedad de la Caja Insular. Se trata de una isla que tiene un suelo urbanizable de dudosa aplicabilidad en cuanto a la naturaleza de tal, donde ha habido expectativas, y esas expectativas deben dar paso a un blindaje absoluto, como es el que permite la adscripción de estos terrenos al domino público marítimo-terrestre. Señoría, existen recursos presupuestarios para adquisición de fincas dentro de los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente y, por lo que se refiere a los otros dos islotes, como le señalaba, ya hay contactos con los propietarios y se están llevando a cabo las tasaciones correspondientes para llegar a acuerdos que en muchos casos, no solamente en Canarias, sino en el resto de España, pueden favorecer la incorporación en un tiempo breve, en la medida, como digo, en que, más allá de los expedientes expropiatorios que pudieran llevarse a cabo, cabe el acuerdo con los propietarios. Como usted mismo ha señalado, Montaña Clara y Alegranza son en estos momentos zonas protegidas en su condición de LIC y de ZEPA, pero entendemos que la incorporación al dominio público marítimo-terrestre es el máximo blindaje que podemos atribuir a esos terrenos y es exactamente a lo que se ha comprometido la Dirección General de Costas.


Muchas gracias. (Aplausos.)

-DE LA DIPUTADA DOÑA JUANA SERNA MASIÁ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRAN LAS ACTUACIONES DE ACUAMED DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, PARA APORTAR AGUA A LA COMARCA DE LA MARINA BAJA DE ALICANTE? (Número de expediente 180/001577.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Juana Serna, por favor.


La señora SERNA MASIÁ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, ¿sabe cuántas iniciativas parlamentarias se han producido en esta legislatura? Pues 3.011 y eso que no contamos la que tuvo lugar ayer en la Cámara a raíz de una moción del Grupo Popular. Lo que ocurre es que respecto a lo que aparentemente era un debate interesante sobre el tema del agua, esta mañana nos desayunamos con la prensa y entonces hemos descubierto los verdaderos intereses de la moción de ayer, que era mostrar en la Cámara una imagen de unidad del Partido Popular en torno al tema del agua. ¿Problema y consecuencias de esto? En primer lugar, que no lo consiguieron cuando llegó el momento de la verdad, que era el de las votaciones, aparte de que se quedaron de nuevo solos. En segundo lugar, no traían propuestas verdaderamente interesantes para que todos los grupos hubiésemos podido consensuar en un tema de interés general para España. Y por último, quizá para mí lo más grave y lo más triste, es que usaron la Cámara para resolver un problema interno de imagen en vez de para debatir los verdaderos intereses que tiene nuestro país, al menos en este tema. De manera, señora ministra, que cuando por fin ellos acaben de resolver sus problemas internos y podamos debatir en serio sobre el tema del agua quizá podamos empezar a alcanzar acuerdos. Mientras tanto, señora ministra, el Grupo Parlamentario Socialista le pide que continúe con la política hídrica del Gobierno del presidente Zapatero y que siga adelante con el programa AGUA, que ya ha traído a las cuencas del Mediterráneo centenares de hectómetros cúbicos, que tendrán que acabar en unos 700 al finalizar la legislatura; para estos Presupuestos Generales del Estado tenemos destinados a resolver los problemas del agua nada menos que 3.726 millones de euros; gracias a la reutilización y a la modernización de regadíos vamos a conseguir más de 2.000 hectómetros cúbicos y, por lo tanto, la política hídrica del Gobierno no solamente existe, sino que está siendo absolutamente eficaz y eficiente para resolver verdaderamente un problema que tenemos. Por eso, señora ministra, nosotros le iremos pidiendo periódicamente que informe a los ciudadanos y la pregunta que le hacemos esta tarde es qué ha hecho el Gobierno para resolver los problemas de una comarca de Alicante, la Marina Baja, para que de alguna manera los ciudadanos estén enterados de qué es lo que están haciendo la señora Narbona y el señor presidente.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señoría, mientras aquí se debatía sobre los trasvases como la panacea de la política del agua, el Gobierno del presidente Zapatero recibía un respaldo por parte de la Comisión Europea en relación con el debate sobre el cambio de trazado del Júcar-Vinalopó, una muestra de que, efectivamente, la reorientación en el marco del programa AGUA es acorde con los criterios de la Unión Europea. Mientras tanto, señorías, seguimos invirtiendo a un ritmo aproximadamente el doble que en la anterior legislatura y, en particular, en la Comunidad Valenciana. En la provincia de Alicante de aquí a final de la legislatura

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se dispondrá de 290 hectómetros cúbicos de agua más, de los cuales 180, procedentes de la desalinización de agua de mar, en gran medida están ya o en plantas en funcionamiento o en plantas adjudicadas. Hay que tener en cuenta que Alicante se nutre, entre otras cosas, de los recursos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, de las plantas que ya se han inaugurado, San Pedro I y San Pedro II, de la ampliación de la planta de Alicante, la segunda planta de Alicante que se está construyendo, y de la futura planta de Torrevieja, que ha sido ya adjudicada. Además, señoría, en la comarca de la Marina Baja hemos establecido recientemente un convenio con el ayuntamiento de Mutxamel, que permite, en cuanto esté la declaración de impacto ambiental, licitar también una planta desalinizadora. La planta desalinizadora de Mutxamel costará 50 millones de euros, contará con un 20 por ciento de financiación comunitaria y abastecerá en un volumen adicional de 30 hectómetros cúbicos anuales.
Además de esta obra, hay que recordar la mejora ambiental del río Amadorio en esta comarca, que está ya en ejecución después de años de paralización, salvo el tramo en el término municipal de Vila Joiosa, donde el alcalde no aporta los terrenos comprometidos desde el año 2002.
También, señorías, se ha recibido ya la depuradora de Benidorm, construida por la Confederación Hidrográfica del Júcar, a la que en estos momentos se están incorporando mejoras adicionales de seguridad para hacer frente a lo que fue en su momento un gravísimo incidente, que costó incluso el fallecimiento de una persona.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


-DE LA DIPUTADA DOÑA MARGARITA PIN ARBOLEDAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿PUEDE INFORMARNOS EL GOBIERNO SOBRE LAS ÚLTIMAS LICITACIONES DE OBRAS DEL PROGRAMA AGUA EN VALENCIA? (Número de expediente 180/001578.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Margarita Pin.


La señora PIN ARBOLEDAS: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, el Partido Popular en la Comunidad Valenciana utiliza con la mayor desvergüenza el tema de la necesidad del agua como una continua arma electoral a través de una terrible manipulación que puede realizar con el uso del servicio público de la televisión valenciana como monopolio y bien lejos del pluralismo democrático. El objetivo del Partido Popular valenciano es culpabilizar, con ocasión y sin ella, al Gobierno de la nación de las dificultades hídricas de esta comunidad, sin asumir jamás la menor responsabilidad en su desafortunada gestión durante estos años de Gobierno. La realidad es que desde el Gobierno de la Generalitat se han impulsado políticas territoriales y urbanísticas de absoluta insostenibilidad. Han pretendido convertir el urbanismo desaforado en el motor económico de esta comunidad primando el beneficio a corto plazo, sin asumir las consecuencias desastrosas e irrecuperables de esa brutal urbanización del territorio valenciano. Nunca han querido asumir sus competencias para ordenar el territorio y coordinar las iniciativas municipales. Han impulsado descomunales pelotazos destrozando espacios protegidos, han puesto en peligro el litoral y no han realizado políticas de regeneración en una agricultura en crisis. Para ello han usado con todo descaro una demagogia populista, a la que incluso la Unión Europea se ha visto obligada a hacer frente. Les encanta usar y abusar como baza electoral de culpar de todo al Gobierno socialista. Para ello mienten todo lo que saben y prefieren gastar sus presupuestos en faustos absolutamente innecesarios y nefastos para la mayor parte de la ciudadanía valenciana -visitas, tierras míticas, edificios suntuosos-, en vez de invertir en la mejora de las situaciones medioambientales. Acusan al Gobierno de no invertir y, si invierte, de invertir. Por ejemplo, en el Parlamento valenciano se ha creado una esperpéntica comisión de estudio de la sequía, a la que han renunciado asistir el PSPV-PSOE e Izquierda Unida, en la que el conseller de turno critica apocalípticamente la inversión en desaladoras. Por todo esto y ante esta continua manipulación que sufre la sociedad valenciana, es razonable solicitar de la señora ministra información exacta sobre las licitaciones de obras del programa AGUA por ese ministerio en Valencia.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señoría, el Ministerio de Medio Ambiente está desarrollando obras que estaban previstas en el Plan Hidrológico Nacional y que tenían un bajísimo grado de ejecución en la Comunidad Valenciana, desde luego en la provincia de Valencia, con menos del 8 por ciento de ejecución al inicio de esta legislatura. Además de esas obras que ya estaban en distintas fases de tramitación, dentro del programa AGUA se está licitando un conjunto muy amplio de nuevas actuaciones. Concretamente, en el caso de la provincia de Valencia puedo decirle que las últimas licitaciones hechas por Acuamed se elevan a 120 millones de euros, una cifra que está en consonancia con el volumen global de obra licitada este año por el Ministerio de Medio Ambiente en materia tanto de obras hidráulicas como de políticas de costas, que dobla la cifra correspondiente a la media de la anterior legislatura, con una licitación de casi 3.500 millones de euros. En el caso de estos 120 millones para la provincia de Valencia, destacaría la licitación de la planta desalinizadora de Sagunto, que producirá 8 hectómetros cúbicos y que tiene un coste de 43,8 millones

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de euros; también las conexiones con las plantas potabilizadoras de la presa Manises por 6,3 millones de euros y el depósito de El Realón en Picassent, que permitirán ampliar la capacidad actual de almacenamiento en 50.000 metros cúbicos en la planta de Picassent y en la planta de Manises, toda una garantía para la gestión del agua en el área metropolitana de Valencia. Se ha procedido también a la licitación de las obras de prevención contra avenidas del barranco de Benimodo, por un importe de 23,7 millones de euros. Se han licitado obras para la reutilización de las aguas residuales de Pinedo. El pasado mes de agosto ya se licitaron, para el desarrollo de la actuación, la ejecución y la explotación de una planta piloto de filtro verde en el nuevo cauce del río Turia, la ejecución de la estación de bombeo del puerto de Catarroja y el primer tramo de conducción para reutilización. Ahora se acaba de licitar, por 27,7 millones de euros, la conducción de agua regenerada de la planta depuradora de Pinedo, de 11,5 kilómetros de longitud, desde Silla a Benifaió. Señoría, se trata de los importes de licitación más elevados que se han dado en la provincia de Valencia durante los últimos años y que tienen que ver con la mejora de la garantía... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: El tiempo ha concluido, lo lamento.


-DEL DIPUTADO DON SEBASTIÁN QUIRÓS PULGAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ EFECTOS POSITIVOS VA A APORTAR EL PLAN ESPECIAL DE SEGURIDAD DE PRESAS ELABORADO RECIENTEMENTE POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE? (Número de expediente 180/001579.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Sebastián Quirós.


El señor QUIRÓS PULGAR: Gracias, señor presidente.


Señora ministra de Medio Ambiente, el Grupo Parlamentario Socialista le manifiesta su satisfacción por la elaboración del Plan especial de seguridad de presas, y le preguntamos esto porque este tema fue objeto de un amplio trabajo parlamentario en la anterior legislatura por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Desarrollamos ese amplio trabajo parlamentario porque el tema de seguridad de presas fue tratado de forma frívola y preocupante por el Partido Popular, que hizo una clara dejación de funciones, ya que incumplió la legislación vigente. Me estoy refiriendo a la Orden de 12 de marzo de 1996, por la que se aprobó el reglamento técnico sobre la seguridad de presas y embalses. Según este reglamento, en el año 1999, las presas catalogadas del tipo A tenían que haber tenido su plan de emergencia, cosa que el Partido Popular no cumplió nunca. No es solamente que no cumplieran la normativa en vigor; es que también eliminaron la unidad de seguridad de presas, de la que disponía el Ministerio de Medio Ambiente, y también disminuyeron las partidas presupuestarias en esta materia desde el año 1997. Ante la avalancha de iniciativas socialistas, el Partido Popular lo único que hizo fue presentar una proposición no de ley en el año 2002 para darse el respiro de un año y presentar elaborado un proyecto de ley, cosa que por cierto tampoco llegaron a hacer. Dicho sea de paso, mejor, porque el borrador del que tuvimos conocimiento era un auténtico despropósito, fruto más bien de una concepción neoliberal rancia de la privatización de unas funciones que, por su trascendencia, deben ser asumidas o ejercidas por los poderes públicos.


Señora ministra, porque somos un país con un rico patrimonio de presas y embalses y por el hecho del envejecimiento técnico estructural de la mayoría de ellas es por lo que valoramos eficazmente la elaboración del Plan especial de seguridad de presas y por lo que nos gustaría conocer qué aspectos positivos tendrá en la salvaguarda de las personas, los bienes económicos y el medio ambiente.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias.


Señoría, efectivamente, el Ministerio de Medio Ambiente ha trabajado a lo largo de los últimos meses para culminar esa reforma de la Ley de Aguas, que tiene su precedente en los trabajos que se llevaron a cabo por parte del Grupo Parlamentario Socialista en la anterior legislatura. Es una reforma que cuenta con el acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias y también de la Asociación de municipios con centrales hidroeléctricas y embalses. Ha sido objeto de aprobación en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en el Consejo Asesor de Medio Ambiente y también en el Consejo Nacional del Agua. Formará parte de la ambiciosa reforma de la Ley de Aguas en la que se está trabajando y espero que el próximo año pueda ser tramitada en el Parlamento. En esa reforma de la Ley de Aguas habrá una clasificación y registro de todas las presas y balsas de una altura mayor de 5 metros y 50.000 metros cúbicos de capacidad, en función de su riesgo potencial, con una clara definición de la titularidad y de las responsabilidades respecto del mantenimiento y la seguridad. Se creará la agencia estatal de seguridad encargada de la gestión de la seguridad de las presas y los embalses. Se está modificando todo el conjunto de normativa técnica sobre seguridad de presas en España, algo absolutamente necesario para adecuar esa normativa a los conocimientos científicos y técnicos actuales. Asimismo, señoría, puedo decirle que desde el principio de la legislatura hemos incrementado significativamente el gasto del ministerio para llevar a cabo tanto las labores de mantenimiento y conservación de presas

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como la adecuación a la normativa de seguridad y la implantación de sistemas de alarma. Se prevé hasta el año 2010 una inversión total en estos conceptos de 544 millones de euros. Invertiremos a lo largo del año 2006 una partida equivalente a 34 millones, que se elevará hasta 127 millones de euros el próximo año. Como digo, se trata sobre todo de preservar la seguridad de las personas y también de poder hacer un uso óptimo de las infraestructuras de almacenamiento de agua en nuestro país, que en algunos casos no pueden almacenar todo el agua que sería posible simplemente porque no se han tenido suficientemente en cuenta cuestiones de seguridad. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Lo siento, el tiempo ha concluido.


-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA MERCEDES COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE AL GOBIERNO LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE ATLETISMO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CELEBRADO RECIENTEMENTE EN LA CIUDAD DE ASSEN (HOLANDA)? (Número de expediente 180/001572.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Educación de la diputada doña Mercedes Coello. Adelante, por favor.


La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, el pasado mes de septiembre tuve la oportunidad de acompañar, junto con un grupo de diputados y diputadas pertenecientes a la Comisión no permanente para las políticas integrales de la discapacidad, a la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, doña Amparo Valcarce, al IV Campeonato del mundo de atletismo para discapacitados, que se celebró en Assen (Holanda), experiencia que para todos nosotros resultó tremendamente enriquecedora y profundamente emotiva. La delegación española formaba un grupo heterogéneo constituido por jóvenes con distintos grados de discapacidad, desde las puramente físicas a las sensoriales y también intelectuales, y sus familias, las cuales se desgañitaban animando a sus hijos e hijas.
Les aseguro que cuando uno ve a estos chicos y chicas superarse a sí mismos y luchar por conseguir alcanzar el triunfo es cuando realmente se da cuenta que la vida no es igual de fácil para todos y que a algunos les cuesta muchísimo más. Hay que decir que las pruebas deportivas, dentro de lo que a todos nos puedan parecer, tienen el mismo grado de dificultad y complejidad que para los deportistas que no presentan ningún tipo de discapacidad. Cada uno de ellos luchó, dentro de su especialidad, con una fuerza y un tesón dignos de ser envidiados. Todo el colectivo formaba un grupo de luchadores natos que acudieron a Holanda con el fin de dejar el palmarés español lo más alto posible. No cabe duda de que la población tiene bastante poco conocimiento de la discapacidad en general y del deporte paralímpico en particular. Gracias al Plan ADOP, apoyo al deporte objetivo paralímpico, puesto en marcha por el Consejo Superior de Deportes, la Secretaría de Estado para Políticas Integrales de Discapacidad, el Comité Paralímpico Español y las distintas federaciones deportivas de discapacitados, se ha permitido apoyar mediante becas a los deportistas y se ha logrado conseguir situar el deporte paralímpico español en unos altos niveles dentro del ranquin mundial. Es por ello por lo que le pregunto, señora ministra, qué opinión le merece al Gobierno la participación de la delegación española en el Campeonato del mundo de atletismo para personas con discapacidad, celebrado recientemente en la ciudad de Assen (Holanda).


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias

Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, el Gobierno se siente por supuesto satisfecho y orgulloso de los resultados de nuestros deportistas en el Mundial de atletismo de discapacitados, celebrado en la ciudad holandesa de Assen. En dicho mundial, como usted muy bien sabe, se han logrado diecisiete medallas -nueve de oro, tres de plata y cinco de bronce-, que han situado a la selección española en el sexto lugar del medallero de esta competición, por delante de países como Alemania o Francia. Me gustaría destacar, por ejemplo, al atleta en silla de ruedas Santiago Sanz como una de las grandes estrellas gracias a sus cuatro medallas de oro. Estos resultados, quizá poco conocidos por la opinión pública -tiene usted razón-, suponen un avance espectacular respecto a los resultados de los Juegos paralímpicos de Atenas, donde España logró en atletismo once medallas, dos de ellas de oro, frente a las diecisiete conseguidas en Assen. La creación por primera vez en la historia del deporte paralímpico del plan ADOP en junio de 2005, firmado en el palacio de La Moncloa en presencia del presidente del Gobierno, pone de relieve un claro mensaje de apoyo a este colectivo. Su finalidad es facilitar los medios humanos y materiales necesarios -becas, material deportivo y asistencia- para que los deportistas paralímpicos puedan desarrollar la práctica deportiva en las mejores condiciones. A través de este plan los patrocinadores y las instituciones destinan una serie de cuantías económicas durante los cuatro años del ciclo paralímpico, que se gestionarán con el único objetivo de conseguir un mayor éxito del deporte español de personas con discapacidad. El presupuesto llega casi a

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los 10 millones de euros. En 2006 más de cuatrocientos beneficiarios, entre deportistas, técnicos y personal de apoyo, están percibiendo estas becas y ayudas previstas en el plan con vistas al mejor resultado en los Juegos paralímpicos de Pekín 2008.


Señorías, estoy segura de que todos ustedes comparten que el deporte es incompatible con la discriminación y estos deportistas se merecen lo mejor.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)

-DEL DIPUTADO DON DOMINGO MIGUEL TABUYO ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ACTUACIONES EN MATERIA DE I+D+I QUE EL GOBIERNO ESTÁ IMPULSANDO EN GALICIA? (Número de expediente 180/001573.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Domingo Miguel Tabuyo.


El señor TABUYO ROMERO: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y su aplicación práctica forman el triángulo básico de cualquier proceso innovador que busca ser eficaz y lograr que los nuevos conocimientos, ideas y tecnologías se pongan al servicio de la sociedad y se transformen en nuevos productos que generen riqueza y bienestar social. El éxito se logrará gracias a la interacción de todos los agentes implicados en el ecosistema de innovación, caracterizado por ser abierto, interdisciplinar y competitivo, con la excelencia y la creatividad como guía de referencia y actuación. La ciencia es una aventura intelectual que conlleva creatividad y progreso. Es parte esencial de la cultura moderna y ha aportado una nueva visión del mundo y de la humanidad. Lo ha logrado sola en ocasiones o en compañía de otros, como los organismos públicos de investigación, las universidades y los centros tecnológicos o de empresas que se han implicado en la tarea y el compromiso de estimular y fomentar el desarrollo de iniciativas que permiten impulsar el esfuerzo investigador y nuestro tejido productivo mediante la mejora de la productividad y la competitividad.


El sistema de innovación y desarrollo tecnológico en Galicia está sustentado en el entorno público, universidades y Administración, donde en 2004 se concentraban el 62,4 por ciento del gasto en I+D+i, el 67,5 por ciento del personal y un escaso 0,86 por ciento del PIB en esfuerzo de gasto. Hoy el compromiso del Gobierno de España y de la Xunta es una realidad imparable que abre un nuevo horizonte para alcanzar en 2010 el 3 por ciento del PIB. El esfuerzo conjunto por primera vez del Ministerio de Educación, Xunta de Galicia, CSIC y las universidades gallegas apuesta por promover áreas estratégicas del conocimiento para lograr hacer real aquello que dijo Aristóteles: Las ciencias tienen las raíces amargas pero muy dulces los frutos. Por eso, señora ministra, le pregunto cuáles son las principales actuaciones en materia de I+D+i que el Gobierno está impulsando en Galicia. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, de las actuaciones del Ministerio de Educación y Ciencia en materia de I+D+i en la Comunidad Autónoma gallega me gustaría distinguir dos tipos de iniciativas: por un lado las ayudas en concurrencia competitiva y por otro los convenios de colaboración en temas más concretos. En relación con las primeras, con las de concurrencia competitiva, hay programas de ayudas otorgadas en convocatorias públicas y, por ejemplo, en la convocatoria de 2005, en proyectos de investigación, Galicia recibirá casi 13 millones de euros. Asimismo hay ayudas a proyectos de infraestructuras científicas, que suponen una inversión de casi 44 millones de euros, de las que se beneficiarán las universidades de A Coruña, Vigo y Santiago de Compostela, así como varios centros de investigación. Galicia cuenta también con dos iniciativas financiadas dentro del programa de proyectos singulares estratégicos, proyectos que recibirán un respaldo que supera los 9 millones de euros y se enfocan hacia la reducción del consumo energético en la pesca y el control de toxinas en el cultivo del mejillón. Por último, en lo referente a convocatorias en concurrencia competitiva, en parques científicos y tecnológicos gallegos se impulsará la realización de dos acciones complementarias de difusión.


Como he dicho al principio, también hay convenios específicos con la comunidad autónoma, entre los que figura el programa I3, que ha permitido financiar once puestos de trabajo en 2005 y diez en 2006, con 3 millones de euros de aportación del Ministerio de Educación. No podemos olvidar la ayuda al buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa, cuyo coste total es de más de 22 millones de euros. Además, en este momento se está trabajando en otro convenio para un centro de I+D+i en electrónica avanzada del automóvil y, muy recientemente, hemos firmado un acuerdo con la Xunta de Galicia para trabajar conjuntamente en la constitución de cuatro nuevos centros de investigación científica y tecnológica en Galicia con la participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las universidades gallegas. Por último, quisiera destacar la firma también reciente de un acuerdo para que la sede central del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología se sitúe en A Coruña. Creo que la enumeración de estas acciones ofrece una buena idea del esfuerzo que está haciendo este ministerio en el impulso a la I+D+i en la Comunidad Autónoma gallega.


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Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


INTERPELACIONES URGENTES:

-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA LA ERRADICACIÓN DEL ACOSO ESCOLAR.
(Número de expediente 172/000231.)

El señor PRESIDENTE: Punto VI del orden del día: Interpelaciones urgentes.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para la erradicación del acoso escolar. Para formular la interpelación, por un tiempo de doce minutos, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra doña Carmen Quintanilla. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Adelante, cuando quiera.


La señora QUINTANILLA BARBA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señora ministra, hoy el Grupo Parlamentario Popular trae a esta tribuna el grave problema del acoso escolar, de la violencia en las aulas, el llamado bullying. Por ello es necesario que hoy recordemos que aunque han pasado dos años, sigue estando en nuestra memoria el caso del joven Jokin, un adolescente que cansado de sufrir vejaciones y palizas que recibía por parte de sus compañeros de instituto, decidió arrojarse al vacío desde las murallas de Hondarribia y quitarse la vida como única salida a su sufrimiento. Su caso removió las conciencias de la comunidad educativa y de la sociedad en general, pero tan solo mostraba la punta del iceberg de un problema mucho más extendido de lo que creíamos y mucho más preocupante de lo que pensábamos. Hoy, dos años después, señora ministra, vemos día a día historias de niños y niñas que sufren las agresiones físicas y verbales de sus iguales, y de profesores que son agredidos y acosados por sus alumnos. En todo este tiempo, en dos años, señora ministra, ¿qué ha hecho su ministerio? ¿Qué ha hecho usted como responsable de la educación? Yo se lo digo. No ha sido capaz de frenar ni de erradicar la violencia y el acoso en nuestras aulas. Vemos alumnos indefensos y profesores a los que se ha despojado de su total autoridad.
Señora ministra, ¿qué pasa? Díganos qué medidas tiene previstas para luchar contra una realidad que hoy existe en nuestros colegios: la violencia en las aulas, que cada día es más acuciante. Me gustaría que esta tarde reconociera que en este país hubo un Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, que aprobó la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, una norma que reformaba la enseñanza adaptándola a la realidad del momento y que apostaba por el esfuerzo, la calidad de la educación, el respeto y la convivencia en las aulas y, además, dignificaba a los profesores y a toda la comunidad educativa. Y sin ningún motivo, simplemente porque era una ley del Partido Popular, fue derogada por el Gobierno socialista, que aprobó una nueva ley, la LOE, que sigue la pésima y fracasada filosofía de la Logse, sin resolver los grandes problemas que hoy presenta la educación en España. Volvemos a los principios del dejar hacer y la permisividad en las aulas como principales señas de identidad de la educación en nuestro país. Le voy a poner un ejemplo. La ley recoge el derecho de la inasistencia a clase por decisión de los alumnos, los famosos novillos.


Señora ministra, la LOE, lejos de acabar con los problemas de la educación en España, no combate la indisciplina y ha perjudicado el clima de convivencia y estudio que debe existir en las aulas. También quiero decirle -y usted lo sabe como yo- que sin convivencia y respeto no hay educación, y sin educación un pueblo no tiene futuro. Por ello, vuelvo a preguntarle, señora ministra, ¿qué está pasando con la educación de nuestros niños y nuestras niñas? ¿Piensa dar solución a la punta del iceberg de una violencia que está en las aulas de los colegios españoles? Porque los datos, señora ministra, son escalofriantes. Yo no me los invento, ni mi grupo parlamentario; son datos de organizaciones importantes y serias, que dicen que uno de cada cuatro alumnos sufre el acoso y la violencia de sus compañeros, lo que supone que un 25 por ciento de los escolares en España es víctima de acoso y de violencia escolar. Siguiendo con los mismos estudios que se han realizado, el 5 por ciento de los alumnos, entre los 11 y los 18 años, se siente maltratado por sus compañeros; el 3 por ciento admite que comete maltrato, y el 8,2 por ciento reconoce hacerlo algunas veces. Pero tengo que decirle que a pesar de estos datos fríos, también tenemos datos para la esperanza, por eso presentamos esta interpelación. En ese estudio, el 59 por ciento de los alumnos reclama mejores medidas en el sistema educativo para poder estudiar, medidas que hagan posible que exista la autoridad del profesor y que el silencio se haga en las aulas para que el profesor pueda explicar. Hay alumnos que piden un buen ambiente en los centros educativos. Hoy estamos a tiempo, mañana puede ser tarde. Yo sé, señora ministra, que conoce estos datos. Sé que debe de ponerse a trabajar con estos datos porque usted, y nadie más, debe devolver las señas de identidad a las aulas a las chicas y chicos que quieren estudiar y trabajar desde el esfuerzo y desde su afán de superación. Con frecuencia disfrazamos la naturaleza de las violencias. Hemos disfrazado durante años la violencia de género. Ojalá, hoy no disfracemos la violencia escolar empleando, para hablar de ella, eufemismos y términos políticamente correctos que no nos conducen nada más que a la confusión.
Uno de los tópicos más recurrentes es responsabilizar a la sociedad en su conjunto de los actos de violencia, una responsabilidad de todos que termina por no serlo de nadie. Por eso, señora

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ministra, le pido responsabilidad y terminar hoy con la violencia escolar, porque mañana puede ser tarde.


Es evidente que, con estos datos, nuestro sistema educativo está fallando y la gravedad del problema no solo queda ahí, sino que también se extiende a un profesorado que ve impotente cómo ha ido perdiendo su autoridad y que también es víctima de las agresiones. Nos encontramos con profesores y profesoras desmotivados y sin alicientes que piden la puesta en marcha de medidas urgentes que les devuelvan la autoridad necesaria, que no el autoritarismo, para poder continuar con su tarea de enseñantes, en un ambiente normalizado de convivencia y propicio para el aprendizaje, porque la convivencia unida a la educación y al estudio es lo que permite a una sociedad avanzar, desarrollarse y prosperar en el ejercicio de su propia libertad.


En estos días, señora ministra -usted lo sabe-, los distintos sindicatos de docentes, en plenas elecciones electorales y sindicales, también han dado sus datos. El 86 por ciento de los profesores y profesoras se sienten menospreciados por sus alumnos y han sufrido alguna vez la falta de respeto, mientras que el 13 por ciento de los maestros y maestras reconocen haber sido agredidos físicamente en alguna ocasión. El acoso y la violencia ejercida contra los profesores, tanto por parte de alumnos como de padres, hace que una de cada tres bajas por enfermedad de los docentes se deban a los factores de ansiedad y estrés en los que desembocan estas situaciones que, en muchos casos, tienen que vivir día tras día. El 70 por ciento de los profesores se quejan de que no pueden dar clase debido a la indisciplina generalizada que existe en las aulas, el 20 por ciento reciben insultos y vejaciones y el 10 por ciento son víctimas de agresiones directas.


Señora ministra, ¿piensa tomar medidas urgentes para devolver la convivencia a las aulas? En la actualidad, el bulling es un fenómeno que afecta a la comunidad educativa en general y que se encuentra por igual en colegios públicos, privados o concertados, que no distingue edades, que no distingue niveles económicos ni culturales ni sociales. Sin duda, atajar la violencia y el acoso en el entorno educativo es tarea de todos los que participamos en el proceso -padres, madres, profesores y responsables políticos-, pero corresponde a usted, como máxima autoridad del Ministerio de Educación del Gobierno de la nación, establecer unas normas de convivencia, así como poner en marcha herramientas adecuadas que permitan que en los centros educativos se establezca el clima de trabajo adecuado para formar a los niños, niñas y adolescentes, que serán los adultos del futuro. Señora ministra, es precisamente en la edad escolar en la que se forma la persona, no solo a nivel de conocimientos, sino también en la que se forja gran parte de su personalidad y carácter.
Por ello, la educación en valores como el esfuerzo, la tolerancia y el respeto debe ser prioridad en nuestro sistema educativo. Un sistema que debe buscar la calidad, no solo en las materias curriculares sino también a la hora de formar íntegramente a niños y niñas, que serán los hombres y mujeres del futuro. Vamos a construir la sociedad del futuro. Queremos construir un ambiente escolar mejor que el que tenemos, y usted, vuelvo a repetirle, es la máxima responsable. Esta es la reflexión que debemos hacernos todos y hemos de ponernos a trabajar, comenzando por usted, vuelvo a repetirle, para que la violencia desaparezca en las aulas como la única alternativa para que nuestros niños y jóvenes aprendan desde la más corta edad las normas de convivencia que les harán en un futuro ser los hombres y mujeres que necesita nuestro país. Es ahora, señora ministra, cuando la sociedad y todos los sectores implicados en el sistema educativo denuncian la envergadura del problema. Ahora es preciso actuar; el tiempo corre en nuestra contra, porque si no actuamos ahora, dentro de unos años será más difícil erradicar estas actitudes que sin duda marcarán las generaciones venideras. Señora ministra, el mayor compromiso debe ser el de usted, como máxima responsable del Ministerio de Educación. Es lo que estamos esperando toda la sociedad, en especial la comunidad educativa, y espero que esta tarde nos diga cuáles son esas medidas que va a poner en marcha para erradicar una lacra social que nuestros niños y niñas y la comunidad educativa no se merecen.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Quintanilla.
Muchísimas gracias.


Continuamos, señorías, con el turno de contestación de la señora ministra de Educación y Ciencia a esta interpelación del Grupo Parlamentario Popular.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, no hace falta que usted me reclame responsabilidad; me educaron a ser responsable desde pequeña y he continuado siéndolo a lo largo de toda mi vida, o por lo menos lo he intentado, y desde luego lo sigo intentando al frente del Ministerio de Educación y Ciencia. No tenga ninguna duda de que la responsabilidad que he asumido en este ministerio tiene mucho que ver con el problema que usted plantea. La lucha contra el acoso escolar es un imperativo derivado del reconocimiento de los derechos humanos y de la necesidad de colocar el respeto de la dignidad de la persona como principio fundamental del Estado de derecho. Para analizar este fenómeno deberíamos deslindar y tener mucho cuidado en separar y saber distinguir entre el acoso escolar y los incidentes violentos aislados u ocasionales entre alumnos o estudiantes. Somos conscientes de que la aparición de algunos casos en los centros educativos está suscitando una mayor preocupación de la opinión pública sobre el tema, opinión y preocupación que por supuesto también compartimos. El hecho de que estemos ante casos aislados que de ninguna manera reflejan el clima habitual que se vive en los centros, no rebaja ni un

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ápice la preocupación de este Ministerio de Educación y Ciencia ni la disposición a hacer frente a este fenómeno, pero también debemos tener en cuenta que en la mayoría de ocasiones no es responsable el centro escolar, sino que el centro escolar debe formar parte de la solución del problema, de la mano, por supuesto, de otras administraciones, instancias e instituciones sociales. Sería una visión más realista de la situación de nuestras aulas que la que usted nos ha planteado, apocalíptica y tremendista, en mi opinión, que poco ayuda, me temo, a la solución de este problema.


Le voy a explicar qué soluciones ha arbitrado este Gobierno. En primer lugar, la puesta en marcha de una Ley Orgánica de Educación que no surgió porque hubiera una ley que por el simple hecho de ser del Partido Popular nos pareciera errónea, sino porque pensábamos que había alternativas mejores a lo que planteaba la Ley de Calidad de la Enseñanza del Partido Popular. La nueva ley, la Ley Orgánica de Educación, incorpora medidas de éxito probado en el resto de Europa que van a mejorar sin duda la calidad de nuestro sistema educativo, que es lo que efectivamente nos preocupa.
Vamos a reforzar las tutorías, vamos a practicar una educación más individualizada, vamos a impulsar las competencias básicas, la diversificación curricular, los desdobles de grupos y la mayor autonomía de los centros para que desarrollen mejor su proyecto docente, y todo ello -ya lo he repetido, pero no me cansaré de hacerlo- con una memoria económica detrás que redundará sin duda en la mejora de la calidad y la equidad de nuestra educación y, del mismo modo -estoy segura-, de la convivencia escolar. Partiendo del convencimiento de que ni las medidas ocasionales ni los modelos puramente punitivos ni el tratamiento excesivamente reglamentista sirven para abordar con éxito los problemas de acoso e indisciplina, la Ley Orgánica de Educación plantea un modelo integrado de educación para la convivencia que supone un planteamiento global del centro escolar con implicaciones organizativas, recursos específicos para la prevención, el tratamiento y la resolución pacífica y educativa de los conflictos. La Ley Orgánica de Educación, señoría, es una ley exigente; es una ley que valora el esfuerzo e incluye el deber de estudiar como la primera obligación del estudiante. Además de estas exigencias, la ley pretende que todos los agentes implicados en el sistema educativo se involucren en las mejoras previstas, porque en la sociedad de hoy es necesario que todos apostemos por la mejora de la educación. Es una ley que tiene muy en cuenta el valor formativo de la disciplina, entendida, eso sí, como la necesidad de exigir que todos los miembros de la comunidad educativa respeten las normas que ellos mismos se han dado para garantizar el respeto y la libertad de todos. Todo ello exige, por supuesto, la recuperación de la autoridad del profesorado, una autoridad basada en el reconocimiento social de su tarea y en el apoyo institucional de las administraciones, contando cuando sea necesario con la ayuda de otros profesionales en el tratamiento y resolución de conflictos o de modificación de conducta del ámbito socioeducativo, como son los educadores y trabajadores sociales.


La Ley Orgánica de Educación se sustenta en cuatro pilares. En primer lugar, actuaciones de atención a la diversidad, entre las que destaca el plan de promoción, refuerzo, orientación y apoyo en colaboración con las comunidades autónomas que pretende atenuar las desigualdades y garantizar una atención específica a los colectivos más vulnerables, de forma que puedan mejorar su formación y prevengamos los riesgos de exclusión social. En segundo lugar, refuerzo de la acción tutorial del profesorado, básico en el seguimiento individualizado de los estudiantes y en la prevención de situaciones de conflicto. En tercer lugar -me alegro que lo haya mencionado-, la educación en valores, porque la escuela, además de instruir en conocimiento, debe enseñar a aprender a convivir, y creo que esto es fundamental, e insistiré después en ello. Y, en cuarto lugar, una mayor autonomía de los centros para adecuar sus intervenciones a las características del alumnado. Además, la ley ha tenido muy en cuenta que la educación para la convivencia esté presente en el desarrollo de todo el articulado: en los fines de la educación, en los objetivos de las diferentes etapas, en el plan de convivencia que debe figurar en el proyecto educativo de los centros, en las normas de organización y funcionamiento, en la programación general anual, en las competencias del consejo escolar del centro, en las competencias del claustro de profesores y en las competencias del director. Señoría, creo que la existencia de este marco normativo que ya está en marcha es fundamental para hacer frente a estos problemas de los que estamos hablando. Lo que deberíamos hacer es apoyar el desarrollo de esta ley orgánica de educación, una ley orgánica que se adapta a una sociedad cada vez más compleja y diversificada en el plano cultural, donde el papel de la escuela como servicio público pone de manifiesto su función indispensable en la cohesión social y el aprendizaje de la vida en comunidad.


La Ley Orgánica de Educación se caracteriza por su carácter preventivo. Y si estamos de acuerdo en que la prevención es fundamental para evitar conflictos en las escuelas, debemos conseguir que el respeto al otro sea uno de los pilares de la formación, debemos fomentar la cultura de la convivencia. Este es precisamente uno de los objetivos de la educación para la ciudadanía y los derechos humanos, una materia que la Ley Orgánica de Educación incorpora al curriculo de la enseñanza primaria y secundaria, y, en vista de su intervención, estoy convencida que usted coincidirá conmigo en la importancia de esta materia. Es una asignatura que responde a los mandatos y recomendaciones de organismos internacionales, aunque a veces nos olvidemos de ello, como la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, el Consejo de Europa o la Unión Europea, referencias de las que resulta difícil discrepar, aunque algunos insistan en ello. De hecho, esta materia, crucial para la prevención

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de situaciones de conflicto en los centros escolares, se imparte en 19 países europeos, 16 de ellos socios nuestros en la Unión Europea. Es una materia que pretende lo que usted ha señalado: formar individuos plenamente conscientes de sus deberes con la sociedad y comprometidos con los derechos humanos y los valores constitucionales, una materia que pretende ayudar a convivir en democracia y a conocer los fundamentos y la organización de un Estado democrático. Todo esto es la Ley Orgánica de Educación, señoría, una ley que ha entrado en vigor hace unos meses y que, salvo efectos milagrosos, tiene poco que ver con los casos de violencia que estamos viviendo ahora mismo, salvo que tenga una capacidad de influencia sobre la realidad inmediata realmente vertiginosa.
Precisamente, lo que estamos intentando hacer con la Ley Orgánica de Educación es contribuir a ese clima preventivo de situaciones de conflicto y de deterioro de la convivencia en los centros. Pero además del desarrollo normativo de esta ley que ha entrado en vigor, el ministerio ha puesto en marcha, desde el mes de marzo, un plan para la promoción y mejora de la convivencia escolar, que está sustentado, apoyado y firmado por las siete mayores organizaciones sindicales, la mayoría representantes de padres y madres de alumnos y los titulares de centros educativos. Un plan que persigue objetivos tan importantes para esta cuestión como los siguientes. En primer lugar, la investigación sobre los problemas de convivencia en los centros educativos para tener el mejor conocimiento posible de esta cuestión y no utilizarla para presentar imágenes catastrofistas de la situación del sistema. En segundo lugar, este plan tiene como objetivo fomentar la mejora de la convivencia en los centros educativos, colaborando con las comunidades autónomas que, por cierto, tienen planes de convivencia desde hace mucho tiempo, como los tienen muchos centros escolares. En tercer lugar, facilitar el intercambio de experiencias y el aprovechamiento de materiales y recursos utilizados por grupos de profesores, comunidades autónomas y otras instituciones, y abrir un foro de encuentro y debate sobre la convivencia y las formas de promocionarla y desarrollarla. Y en cuarto lugar, proporcionar orientaciones, estrategias y material para la puesta en práctica de la educación en la convivencia y el desarrollo de habilidades sociales que faciliten la transición de los alumnos a la vida adulta y su incorporación a una formación superior o al mercado de trabajo de manera que puedan ser utilizadas por las distintas comunidades autónomas, centros y profesores. En resumen, señoría, un marco normativo que nos va a permitir afrontar este problema de la convivencia en los centros escolares.


El Ministerio de Educación por supuesto que asume su responsabilidad -la lleva asumiendo desde hace bastante tiempo- para hacer frente a un problema que lamentablemente no es de ahora mismo por mucho que sea en días recientes cuando este tipo de conflictos, desgraciadamente, ha ocupado las primeras páginas de la prensa. Y lamento que la imagen apocalíptica y catastrofista de nuestro sistema educativo que usted ha presentado no haya sabido acompañarla de una imagen positiva que impulse y refuerce lo que en los centros escolares se está haciendo ya, lo que las comunidades autónomas están haciendo ya y lo que el Ministerio de Educación está haciendo también en este sentido.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora ministra.
Muchísimas gracias.


Abrimos el turno de réplica, señorías, y comenzaremos por el turno de la señora Quintanilla puesto que es la diputada interpelante.


La señora QUINTANILLA BARBA: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, mi intervención no ha sido apocalíptica. No, no, para nada, señora ministra. Yo no sé el contacto que tiene usted con los profesores y con los padres; yo he recibido todos los días visitas en este Congreso de padres y profesores desde el momento en que nuestro grupo parlamentario denunció la situación de violencia escolar que hay en los colegios españoles, y no estoy haciendo ninguna intervención apocalíptica, estoy diciendo realidades. Me alegro de que esta tarde diga usted aquí que vamos a hacer, vamos a poner en marcha, vamos... Y ya que está dispuesta a trabajar y a poner en marcha medidas que efectivamente erradiquen la violencia de las aulas, le voy a decir que en el observatorio de violencia recientemente creado y en la comisión permanente no están representados los padres. Creo que es importantísimo que en ese observatorio -aunque se reúne una vez al año- y en la comisión permanente, que se va a reunir más, estén representados los padres como figura y como pilar importantísimo en la educación de sus hijos. Y le voy a dar más datos, datos que hoy precisamente presentaba el profesor de la Universidad de Alcalá Iñaki Piñuel, que tiene bastante experiencia por los trabajos que ha realizado para decir lo que está pasando en las aulas, en los colegios y en la vida de los profesores. Uno de cada cinco docentes sufre el síndrome del profesor quemado, el 39 por ciento de ellos muestra indicadores clínicos de estrés graves, el 54 por ciento denuncia haber sido víctima de violencia física o verbal. Uno de cada cuatro profesores cree que debería abandonar la profesión y además piensa que debería estar de baja laboral. El 49 por ciento del profesorado de primaria y secundaria dice estar desmotivado para ejercer la docencia.
Señora ministra, son datos del ilustre profesor Iñaki Piñuel, con el que cuenta no solo nuestro grupo parlamentario sino también el Grupo Parlamentario Socialista, porque en numerosas ocasiones ha comparecido a petición de su grupo. Pero por otro lado ya le he dado un dato clave, y es que el 59 por ciento de los alumnos en España quiere estudiar. Le he dicho que tenemos una ventana abierta a la motivación y a la esperanza de que cambie la situación de las aulas, de que erradiquemos la violencia escolar en estos momentos.


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Además, desde nuestro grupo parlamentario estamos dispuestos a tenderle la mano, a trabajar codo a codo con el Ministerio de Educación para poner en marcha medidas que ya le anuncio. Después de esta interpelación urgente vamos a presentar la moción correspondiente, en la que vamos a pedir una serie de medidas que usted ha anunciado y que no se han puesto en marcha todavía. Creo de verdad en su motivación, señora ministra, y además he coincidido con usted en el discurso -no ese discurso apocalíptico que usted dice que he hecho, muy lejos de la realidad y de mi intención- de ese compromiso que tenemos que tener los parlamentarios de todos los grupos para hacer posible que se erradique la violencia en las aulas de los colegios en España para que los profesores puedan educar y enseñar desde la más absoluta libertad y desde el más absoluto reconocimiento.
Vamos a presentar la moción y espero que el Grupo Parlamentario Socialista, con ese compromiso que usted ha dejado claro esta tarde en la tribuna, vote a favor de la misma.


Muchísimas gracias, señora ministra; muchísimas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Quintanilla, muchas gracias de nuevo.


Cerramos con la dúplica de la señora ministra de Educación y Ciencia a la interpelación del Grupo Parlamentario Popular.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, no le quepa duda de que agradecemos su oferta de colaboración y que estamos dispuestos a buscar el apoyo, la ayuda y la colaboración de todos, no solamente de los grupos parlamentarios sino, como he dicho, de las comunidades autónomas, de las asociaciones de padres y de las asociaciones de profesores como las mejores vías para hacer frente a esta situación. Muchísimas gracias por la oferta, desde luego será aprovechada.


Lamento haber aludido a su visión catastrofista y apocalíptica, en la que me temo que usted ha ahondado con nuevos datos del estudio de Inaki Piñuel (Rumores.) Permítame, señoría, que le lea las conclusiones de la asamblea celebrada a finales del mes de octubre de este año, es decir, hace pocos días, por la Federación de asociaciones de directivos de centros educativos públicos y los representantes de los directores de los institutos de educación secundaria de 15 comunidades autónomas del Estado, conclusiones que dicen cosas como las siguientes: En nuestros centros públicos las relaciones entre sus miembros se caracterizan por el respeto mutuo, la solidaridad, la tolerancia e incluso el afecto, aunque, como en toda colectividad, surjan problemas, tensiones y conflictos que en ocasiones puedan revestir gravedad y que demanden soluciones inmediatas. El clima de convivencia y las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa son sustancialmente mejores en los centros escolares que en el entorno en que se ubican. Y continúan: Vemos con preocupación que el tratamiento que los medios de comunicación dan a los problemas de convivencia escolar, por una parte los magnifica, convirtiendo en habitual lo que es solo ocasional y, por otra, puede crear un modelo negativo fácilmente imitable por los adolescentes. En este sentido le he llamado la atención, en este sentido exclusivamente, respondiendo a esta opinión que creo que es lo suficientemente sostenida en esta asamblea celebrada a finales de octubre como para ser tenida en cuenta. Para erradicar esta violencia lo primero que tenemos que hacer es informarnos y para eso hemos creado los medios, porque no solamente estamos anunciando lo que vamos a hacer sino que lo estamos haciendo ya, y creo que lo he dejado bastante claro en mi intervención. Lamento mucho que el Partido Popular no tuviera conocimiento de la existencia de este problema, que indudablemente no es de hoy ni de ayer ni de hace dos años, sino de hace bastante tiempo, y pusiera en práctica las medidas que hoy nos van a anunciar; lo lamento profundamente, pero como he dicho al principio estamos absolutamente dispuestos a acoger de manera entusiasta todas las colaboraciones en este sentido, colaboraciones que por cierto ya se están produciendo, como he dicho. Lamento profundamente que la única imagen pública que estemos dando del sistema educativo de este país y del funcionamiento de los centros escolares sea esta, cuando -me ha preguntado usted por mi agenda- usted se reúne con muchos y no le quepa duda de que yo también lo hago y en reuniones con directores de centros escolares me han transmitido exactamente esta preocupación. Hay muchos centros escolares con planes de convivencia en funcionamiento desde hace mucho tiempo absolutamente eficaces en la resolución de conflictos que, a Dios gracias, no salen a la luz y que por tanto no son explotados de manera intencionada. Esta otra imagen del sistema educativo que no somos capaces de transmitir y en la que a algunos nos caben más responsabilidades que a otros es la que deberíamos estar emitiendo, porque es la única que va a ser útil para mejorar el clima de convivencia en los centros escolares: el apoyo sistemático a quienes están poniendo en vigor desde hace mucho tiempo planes de este tipo. No hacen falta grandes soluciones nuevas, no hacen falta reformas de códigos penales, no hace falta judicializar estos conflictos; hace falta un apoyo sistemático a algo que es fundamentalmente preventivo y las sanciones en el sistema educativo tienen que ser educativas porque, si no, no vamos a solucionar el problema.


No le quepa ninguna duda, como he dicho en mi intervención, que no solamente la Ley Orgánica de Educación sale al paso de estas cuestiones, en todos y cada uno de los escalones necesarios para hacer frente a este problema, sino que además hemos puesto en marcha un plan de convivencia que tiene un respaldo mayoritario en la comunidad educativa. Decir que no se está haciendo nada es profundamente injusto no ya con el ministerio,

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que sería un problema menor, sino con el funcionamiento de los centros escolares.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora ministra.


-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), REFERENTE A LA SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA EN EL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente 172/000232.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con la última interpelación urgente de la sesión de hoy, la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana referente a la situación de la industria cinematográfica en el Estado español. Para llevar a cabo esta interpelación, señorías, tiene la palabra el diputado Joan Tardà en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana para interpelar a la señora ministra de Cultura.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, la interpelación que hoy presentamos no tiene mayor pretensión que la de poner a debate en sede parlamentaria la necesidad y el compromiso de su Gobierno de presentar, a poder ser de inmediato, un proyecto de ley del cine y a la vez comprobar si existen los mimbres de complicidades suficientes para que, una vez llegada a esta Cámara, sea posible un debate constructivo en beneficio de un texto legislativo que permita afrontar los retos que la industria cinematográfica tiene ante sí en estos inicios del siglo XXI.


Más allá de la importante actividad legislativa de esta Cámara relacionada con su ministerio, y me refiero a la celebrada y felicitada Ley de retorno de la documentación de Salamanca, a la Ley de Propiedad Intelectual que nos dejó a todos un cierto sabor agridulce y en nuestro caso incluso nos obligó a abstenernos de su aprobación por la falta de ambición a la hora de afrontar algunos de los temas más espinosos, y la tarea inmediata que va a ocuparnos en las próximas semanas relacionada con el proyecto de ley del libro, entendemos que la ley del cine debería ser la ley estrella, si se me permite la expresión, de esta legislatura de su ministerio. Hace pocas semanas, en esta misma Cámara, coincidíamos algunos diputados socialistas y nosotros en hablar y calificar la mal llamada Ley de la Dependencia como el icono de esta legislatura en cuanto a los temas sociales. Pues bien, a nuestro modesto entender, la ley del cine debería tener el mismo rango en el haber de esta legislatura en el ámbito cultural. Como el tiempo pasa rápido, teniendo en cuenta el compromiso adquirido por el presidente Rodríguez Zapatero en el debate de investidura respecto a la presentación de la ley, y atendiendo al hecho de que la duración de las legislaturas las carga el diablo, empezábamos a sentir una cierta inquietud en la medida en que el texto legislativo todavía no ha llegado al Consejo de Ministros porque algunas voces dentro del mismo Grupo Parlamentario Socialista nos llegaban de forma contradictoria sobre si habría o no ley en esta legislatura y, finalmente, por tener solo algunas referencias que nos indicaban que ciertamente existían algunos borradores que circulaban en los ámbitos profesionales a instancias del mismo ministerio. De todo ello se desprende que ustedes, lógicamente, tienen consolidados unos ejes y unos criterios que desearíamos conocer y que al final de esta interpelación agradeceríamos poder compartir -por nuestra parte voluntad no va a faltar-, una vez conocidos por ustedes también los nuestros.


En verdad, señora ministra, a lo largo de esta legislatura ha habido escasas ocasiones para hablar de cine, a pesar -repito- de la intención que ya mostró el presidente del Gobierno y a la que hacía referencia en esta tribuna. El sector que hoy nos ocupa está a las puertas de una profunda transformación tanto de su sistema de financiación y producción como de los contenidos, comercialización y acceso al mercado. Al decir que está a las puertas de, muchos coincidirán en rebatir tal concepto de predicción, puesto que resulta evidente que el cine ya está metido de lleno en el profundo cambio tecnológico y globalizador de ámbito internacional, y que este cambio actúa como un temblor en su estructura que lo sacude hasta los cimientos y, aunque si bien se mantiene en pie de manera bastante heroica -en el caso catalán, seguro, porque los profesionales son, como decimos en catalán, da pedra picada, de mármol-, es perceptible que empieza a tambalearse. No deberíamos deslumbrarnos con los éxitos evidentes de algunos autores, éxitos por los que hay que velar con el fin de que se mantengan y acrecienten, y seamos conscientes de que lo que está en juego no es solo la suerte de algunos sino la de un sector creativo, claramente estratégico, a la hora de diseñar una política cultural de alcance global. John Ford decía en el año 1928 -y esta es una cita que se repite siempre en todos los debates, sé que no soy original-: Hollywood, en los últimos años, se ha convertido en el proveedor mental más grande del mercado mundial. Esto lo decía en el año 1928 y esa evidencia continúa. El cine europeo, que es un cine de nacionalidades -lo sabe muy bien-, produce más que Estado Unidos pero solo alcanza un 23 por ciento de la cuota de mercado europeo. En el mundo el público ve en el 80 por ciento de los casos cine americano. En esto, señora ministra, estoy seguro de que sí podemos estar de acuerdo; es más, le he oído decir a usted cosas muy parecidas a las mías y mejor dichas en otras ocasiones.


Esos cambios, esa evolución tecnológica, esa hegemonía, esa ilusión por lo nuevo tampoco debería intoxicarnos en un futuro. El futuro solo se justifica por el presente, y este presente sigue basándose y debe seguir basándose en nuestra realidad creativa, en nuestra capacidad de generar un discurso cinematográfico propio e identificable. Hay que pensar en el futuro desde ahora y

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el presente de nuestro cine necesita de una nueva legislación autonómica y estatal -sabemos perfectamente cuál es el problema de competencias que tenemos, las concurrencias son evidentes- o, mejor dicho, de unas nuevas legislaciones autonómica y estatal que armonicen los tiempos de cambio con la realidad del sector, máxime teniendo en cuenta la fase histórica que estamos iniciando de profundización de los autogobiernos mediante las modificaciones estatutarias que para algunos son excesivas, para nosotros cortas y para ustedes, como es lógico, son las adecuadas. Hay que dar respuesta a hechos como que los nuevos profesionales formados en las múltiples y celebradas escuelas -en Cataluña tenemos un buen ejemplo con multitud de escuelas y universidades- tengan que enfrentarse a ofertas de trabajo mileuristas, si es que consiguen algún trabajo en el sector. Hay que evitar que la concentración empresarial descontrolada ahogue el acceso al mercado de los productores independientes, que junto con los directores y guionistas son las fuentes reconocidas de la renovación y de la creatividad del cine en todo el mundo. Insistimos en las recientes tecnologías: DVD, Internet, móviles, filmación y proyección digital, etcétera, en su particular proceso de integración con el cine, además de la dualidad fotoquímico y digital. Usted sabe perfectamente la competencia que existe y los partidarios de uno y otro uso. Los cineastas de todo el mundo avanzan en la búsqueda y en la investigación de nuevas vías de producción y difusión. No se trata solamente de encontrar respuestas que reduzcan los costes, sino que también está en juego un más fácil acceso a los jóvenes profesionales, una relación más directa entre el creador y el público o la ampliación de los recursos narrativos a partir de la incorporación de nuevas herramientas digitales de fácil acceso. En este camino, la diversidad identitaria que representa a los productores nacionales y europeos, gracias a las recientes tecnologías, puede haber encontrado un campo en el que actuar. Hay que profundizar y prever en qué sentido hemos de incentivar y promover esa integración para que se lleve a cabo aquí y en beneficio de la mundialización de nuestro cine. Creemos también que, al formular las bases de la nueva ley del cine, se debe mantener el criterio que permita su articulación con los esfuerzos que llevan a cabo aquellas naciones del Estado que tienen como objetivo cultural prioritario proteger el cine e incentivar y actualizar la formación, la conservación, la producción, la distribución y la exhibición cinematográfica de sus cines, de sus culturas.


En esta primera ocasión en que tenemos la posibilidad de mantener un diálogo con usted a través de esta interpelación, desearíamos conocer su posición con respecto a algunas cuestiones a nuestro entender fundamentales en el escenario en el que nos encontramos, es decir, en la línea de salida hacia un texto legislativo que debe emprenderse en esta legislatura y que en la moción consecuencia de esta interpelación vamos a demandar que sea solicitado por el conjunto de la Cámara. Me refiero a los criterios que tiene el ministerio a la hora de formular la ley respecto al fomento de la cultura y de la promoción de la diversidad cultural y lingüística. En la sociedad actual, las lenguas y culturas nacionales del Estado minoritarias requieren un gran compromiso, en algunas ocasiones hablamos incluso de discriminación positiva. Hoy día hablamos de políticas transversales en todos los ámbitos de actuación gubernamental. Sea la instancia que sea, desde el mundo local, ustedes mismos como Gobierno central, pasando por los gobiernos autonómicos, hablamos de transversalidad en todo momento; transversalidad en políticas de género, transversalidad en políticas de medio ambiente, transversalidad en políticas de sostenibilidad y un largo etcétera. Lo mismo ocurre con las lenguas y las culturas del Estado minorizadas, aquellas que -me entenderán si se lo digo de una manera bien llana- no tienen asegurada su pervivencia en el mundo global y globalizador del siglo XXI, aun cuando estemos radicados en la Europa rica y culta del primer mundo, porque es evidente que situadas en un mundo empobrecido ya no existiríamos. Digo esto porque su ley, la ley del cine que ustedes deberían presentar, tiene que asumir también su responsabilidad en la parte alícuota que le corresponde en el compromiso con las culturas nacionales del Estado minoritarias y minorizadas, y este Estado, que es pluricultural y plurilingüístico, todavía no tiene todas las herramientas legislativas necesarias para alcanzar el pleno reconocimiento de lo que realmente es. El solo hecho de que hubiéramos sido capaces de debatir la ley de lenguas que presentamos y que fue rechazada a la espera de mejores coyunturas, según argumentó el Partido Socialista Obrero Español, hubiera posibilitado la disponibilidad de las obras y producciones audiovisuales distribuidas en España en la lengua oficial de las comunidades autónomas con lengua propia, la garantía de la distribución efectiva de la versión en dicha lengua simultánea a la versión castellana, tanto en lo referente a las proyecciones en salas como a la venta o alquiler en soporte DVD o similar. Las cosas están como están y ya sabemos que para ello hay que esperar a coyunturas mejores.


Dicho que estamos donde estamos y aceptada la realidad, porque la realidad es imperativa, también es cierto que hay que actuar en clave progresista, y actuar en clave progresista -clave de izquierdas, si se me permite- significa asumir el hecho de que actuamos contrarreloj, porque las lenguas y las culturas minorizadas en general en alguna ocasión en otros tiempos no lo fueron, y la variable tiempo es importante. Por eso nos preguntamos si el espíritu con el que afrontarán ustedes la nueva ley respetará estas atribuciones. Por ejemplo, ¿qué tipo de organismo regulará la actividad cinematográfica a nivel del Estado? ¿Cuál será su estructura? ¿Se inspirará en una forma de articulación de carácter federal, quizá federalizante, con los organismos autonómicos con competencia en la materia? ¿Qué criterios de fomento establecerán a la producción, distribución, difusión y exhibición cinematográfica? ¿Qué medidas llevarán a

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cabo para el apoyo a la producción y distribución independiente respecto a la extracomunitaria? ¿Qué criterios tienen para la promoción de la versión original, doblada o subtitulada? ¿Cuáles son los criterios para la adaptación a las nuevas tecnologías desde el sector cinematográfico? No le escondo algunos problemas acuciantes referidos al ámbito de los temas que le he mencionado. Fíjense hasta dónde llega la dificultad del problema -y en todo caso proseguiré el discurso cuando me sea permitido por el reloj- que de los 2.600.000 euros previstos para el 2006 para subvencionar a las distribuidoras que doblan en catalán, la inmensa mayoría de las empresas, en concreto las distribuidoras americanas, se han negado incluso a acogerse a las subvenciones. Con esto quiero decirle que la situación es difícil.


En tanto en cuanto lo que presentamos en nuestra interpelación son propuestas de futuro que luego tendrán una plasmación en la moción, si se me permite luego continuaré.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Tardà, muchísimas gracias, y gracias también por respetar el tiempo.


Señora ministra, ahora el tiempo es suyo para contestar a esta interpelación del señor Tardà referente a la situación de la industria cinematográfica en el Estado español.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.


Señoría, estoy bastante de acuerdo en el diagnóstico que ha hecho. He de decirle que no es frecuente en las políticas culturales hacer un trabajo de legislación tan intenso como el que hemos hecho en lo que llevamos de legislatura, algo más de dos años y medio, pero lo hemos hecho, como la Ley de devolución de los documentos a la Generalitat o el toque importante que se ha hecho en la trasposición de la directiva de la Sociedad de la Información a la Ley de Propiedad Intelectual. Como usted decía es corto pero es un inicio muy importante en el que vamos a continuar. Ya ha tenido entrada en la Cámara la ley de la lectura, el libro y las bibliotecas y de manera muy inminente la que hoy me trae para comparecer y de la que S.S. demanda información.


La principal fortaleza que tiene en este momento el cine en nuestro país, con los últimos datos que tenemos -los del año pasado-, es que hay tres puntos y medio más de espectadores, 2.000.000 más de ciudadanos viendo cine. No es verdad que se vea menos cine, es justo lo contrario, se ve más cine que nunca pero en formatos diferentes, no solamente en salas sino en otras pantallas, la descarga legal en Internet, el móvil de manera incipiente y, naturalmente, el vídeo en alquiler o en compra. Por tanto, hemos de ir desterrando un mensaje que es radicalmente falso y es que los ciudadanos, los españoles en particular, no vean cine, sino que ven mucho más cine porque forma parte del lenguaje de contemporaneidad de la cultura. Tenemos datos razonablemente buenos según las últimas cifras, especialmente de algunas de las últimas películas también del año en curso que han sido notablemente importantes, algunas de las cuales tienen reconocimientos y premios extranjeros que desde el punto de vista del hecho artístico, desde el punto de vista del valor cultural de las películas, también nos reconfortan, independientemente de que el cine suponga también ocio en términos puros y una auténtica industria, como usted bien decía, en el caso de los Estados Unidos, la segunda industria económica y la primera industria, entre comillas, ideológica de traslación de valores y de visiones de la vida al resto del planeta. La experiencia que tenemos desde el punto de vista cultural es que los directores jóvenes nuevos, con algunas películas verdaderamente importantes estrenadas en los últimos cuatro o cinco meses, vienen todos de entrenarse en cortos. Es muy importante lo que S.S. decía de las escuelas que hay en nuestro país y especialmente del trabajo de fondo que se hace sobre ello, es decir, del entrenamiento que se hace en cortos, en otro formato del cine, para convertirlos en unos buenos directores de largos. Ponía S.S. el énfasis en un tema del que yo le voy a dar un dato que seguramente tiene. El cine europeo -porque el cine español en los idiomas cooficiales del Estado hay que incluirlo en la lógica del cine europeo- produce alrededor de 730 películas al año. Desde el punto de vista de los ministros de Cultura son muchas pero se distribuyen mal, se ven poco en el conjunto de los Estados de la Unión y, naturalmente, siendo así, es un asunto fallido. Estados Unidos hace unas cuatrocientas y pico películas, algo más de la mitad, pero absolutamente bien distribuidas en el mundo. Tenemos un talón de Aquiles en la distribución europea y tenemos un talón de Aquiles también en la distribución del cine español.


La ley es inminente, señoría. Si hemos tardado un año es porque en el Ministerio de Cultura hemos estado esperando a que el sector, que es complejo por la articulación de los diferentes intereses que hay en toda la cadena de producción del cine, a través de la fórmula que ha considerado oportuna -pensaron que un congreso y así me lo comunicaron- encontrara acuerdos internos para plantear las propuestas sobre las que se quería que el Gobierno diera una respuesta a la Ley de 2001. No ha sido una tardanza sino un acuerdo de diálogo con todos los sectores que componen el cine y el audiovisual de nuestro país, para bien de la ley que vamos a tener en esta legislatura y también, como decía S.S., para encontrar soluciones a los problemas que nos aquejan en este momento, independientemente -repito- de los saltos cualitativos que vamos dando en el cine de nuestro país y especialmente en el apoyo del público. Hemos tomado muchas medidas a lo largo de estos dos años y medio, algunas que S.S. conoce muy bien, especialmente aquellas que tienen que ver con la creación de un fondo de garantías recíprocas, con el aumento del fondo de la cinematografía, con el apoyo decidido que el Ministerio de Economía y Hacienda ha

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dado a la propuesta que se hizo desde el Ministerio de Cultura para que en la reforma del impuesto sobre sociedades se retardara el recorte que iba a ayudar a la inversión del cine no cinematográfico, es decir, a la inversión pura y dura en el ámbito de la cinematografía, lo cual significa un avance importante del que estamos viendo frutos en este momento, además de la trasposición de la Directiva de Televisión sin Fronteras que realizamos el Ministerio de Industria y el Ministerio de Cultura muy al inicio de la legislatura para cumplir en nuestro país con el famoso 5 por ciento que protege el cine comunitario y particularmente el cine de cada uno de los Estados. Es decir, no hemos parado de hacer cosas, y la prueba evidente es que tenemos algunas cifras que nos colocan en una perspectiva razonable pero buena, y alguna he dado a su señoría, pero en este momento le puedo decir que estamos en 142 largometrajes de los que tenemos conocimiento, en 185 cortometrajes que se están haciendo entre 2005 y 2006, lo que da la medida de que hay más dinero, más apoyo y más instrumentos que están permitiendo al mundo industrial del cine español arriesgarse a hacer proyectos que después nos tenemos que encargar de que sean queridos, aplaudidos y apoyados por el público, por la ciudadanía española.


Decía S.S. que tenemos una desventaja enorme, la piratería, y no me voy a ahorrar decirlo aquí. Tenemos cifras de todo tipo que cada día circulan por los medios de comunicación. El diagnóstico se puede hacer desde muchas órbitas, pero es verdad que la piratería afecta de una manera fundamental al cine en general, al cine en todo el planeta, porque se cierran salas y el ilícito que comporta la vulneración de los derechos de autor a través de las copias piratas en la cinematografía se persigue aquí, en Estados Unidos y en cualquier país del resto del mundo. Es verdad que en nuestro caso, con una comunidad de hispanohablantes muy amplia, se nos agrava, y se nos agrava de tal manera que tomamos medidas, pero hay que seguir intensificando esta consciencia porque es uno de los problemas que tiene el cine de nuestro país a la hora de tener en cuenta las medidas que hemos de seguir tomando, insistiendo en algunas y reflejándolas en la ley.


Tenemos otra circunstancia en particular: las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías impulsan, por un lado, el cine en nuevos formatos y la actividad ilícita de una manera importante, pero por otro lado facilitan formatos extraordinariamente importantes y rápidos, especialmente para las generaciones jóvenes de creadores y para las generaciones más jóvenes de consumidores. En este orden de cosas, nosotros pensamos que la ley tiene que trabajar de manera muy importante dando respuesta a estos cambios acelerados que son un proceso de convergencia multimedia y que necesitamos pensar con ponderación y con decisión. Las consecuencias que todo esto tiene y que ya está teniendo en la estructura del sistema producen avances, los avances propios de las nuevas tecnologías, la televisión digital, el desarrollo imparable de Internet en la producción y la exhibición digital y los soportes digitalizados, que para la coyuntura de la ley nos están colocando, afortunadamente, en un momento oportuno para dar respuestas. La característica que tenemos delante es la multiplicidad de formatos. Estamos calculando que esos formatos, de aquí a 2010, van a suponer un incremento del 6,5 por ciento para la industria española en general, para la industria del cine, pero también para los medios de comunicación. Según un informe reciente que nos facilita Price Waterhouse Coopers, estamos hablando de un volumen de facturación anual que nos va a situar en 40.000 millones de euros, con lo cual estamos en el momento procesal oportuno en esta Cámara para poder tomar decisiones en la ley.


Tenemos un problema importante, que S.S. también conoce, en la distribución, en la exhibición y en la propaganda de las películas para que, una vez hechas, teniendo en cuenta que hemos tomado decisiones ya con frutos de diversificar lo que dedicamos a largo, a animación, a documentales y naturalmente a cortos, que era una decisión importante que había que tomar y que ahora vemos en los medios de comunicación pero que está tomada en el ministerio, que ya está funcionando y que se reforzará en la ley porque necesitamos diversificar el apoyo del dinero público a los diferentes formatos de cine, porque unos son formativos, otros son necesarios y porque, como decía al principio, 730 películas en el ámbito europeo -la cuota española se la acabo de dar a usted- nos parecen a veces más que suficientes para el entrenamiento, la diversidad cultural de esos formatos y la oferta que el público también espera y necesita.


Estamos planteando en la ley un apartado en el que será necesaria la cooperación de las comunidades autónomas en todos los aspectos pero principalmente en la distribución y en la exhibición. Si en distribución y en exhibición no contamos con la cooperación autonómica no podremos resolver no solo el problema de las salas de exhibición, sino el problema que tenemos de las cuotas de distribución frente a las multinacionales en nuestro país. Necesitamos la cooperación de las comunidades autónomas, con las transferencias correspondientes, porque de lo contrario será imposible el control legítimo que tenemos con las normas comunitarias y con las que dentro del marco comunitario nos vamos a dotar en la ley española. Esto es muy importante, señoría, porque usted destacaba algún aspecto de estas características pero podíamos destacar muchos más. Usted lo hacía para el doblaje pero lo podemos llevar a otros términos donde es difícil el control taquilla a taquilla, sala a sala, si no contamos con una convergencia de actuaciones que van a favorecer al espectador pero también a la red de salas, a la distribución y a la cuota de las películas en el cine español dentro del cine europeo y también a las que se hagan en las lenguas cooficiales del Estado.


Usted sabe que la opinión que sostenemos desde el Ministerio de Cultura -y en la ley tendrá cabida muy especial este asunto- es que lo que conviene es subtitular. Subtitular es ayudar al conocimiento de las lenguas,

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respetar la lengua original de la película o del hecho cultural en soporte audiovisual y permitir en este caso que en el tránsito de los mercados internacionales en los que el cine español esté puedan estar también las lenguas cooficiales, lenguas minoritarias en cuanto a la cantidad de los usuarios. Estas circunstancias, por poner algunas de las que usted me habla en el punto álgido, nos van a permitir que, por los plazos que nos hemos dado, al final de este mes tendremos otra de las muchas reuniones que hemos tenido con el sector y seguramente al inicio del mes de enero tendremos un texto del que podremos iniciar su tramitación parlamentaria, previo el trámite jurídico del Consejo de Ministros. Estamos seguros de que en las circunstancias en las que nos movemos estamos en condiciones de dar una respuesta que, repito, es parte de lo que el sector demanda, parte de lo que hemos hecho, parte de lo que hemos reflexionado y parte también del modelo de cooperación en este caso territorial, no solo en las comunidades con lengua propia sino también en el marco del favorecimiento de las políticas autonómicas en materia de cine.


Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora ministra, muchísimas gracias.


Abrimos, por tanto, señorías, los últimos turnos. En primer lugar, el de réplica del señor Tardà y finalmente el de dúplica de la señora ministra de Cultura. Comenzamos con el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Voy a llamarlo turno de réplica, pero de hecho se trata solamente de complementar algunas de las informaciones que usted ha dado, que compartimos, y agradecemos que haya anunciado públicamente que en el mes de enero van a presentar la ley de cine, cosa que celebramos y que compartimos en términos generales. De hecho, nosotros teníamos un conjunto de medidas. Hay que definir los conceptos y criterios de la actividad cinematográfica. Debido a los cambios tecnológicos, hay que rediscutirlo todo y corresponde a los organismos autonómicos y a las comunidades autónomas con competencia exclusiva en cultura la regulación de la actividad cinematográfica. Vamos a ver cómo se aúnan todos los esfuerzos y si existe una agencia estatal de cinematografía, un centro estatal de industria cinematográfica -no sé cómo va a llamarse-. Es cierto que existen distintos ámbitos competenciales y distintas leyes y es evidente que -antes hacía referencia a una fase histórica distinta- hay que superar las deslealtades, porque todo actúa en perjuicio de la cultura. Nosotros vamos a reivindicar -por reivindicar que no quede- que esta agencia estatal de la cinematografía tenga como sede Barcelona.
Barcelona se lo merece, teniendo en cuenta lo que significa Cataluña en la historia de la cinematografía del Estado español. Vamos a reclamarlo -repito que por reivindicar que no quede- y tenemos razones para conseguirlo. Coincidimos con usted en las medidas de apoyo para el fomento de la producción, distribución y exhibición. Antes no he podido hablar del subtitulado, pero una sociedad moderna tiene que asumir como normal los subtitulados. El doblaje nos ha llevado a la educación y alfabetización de la ciudadanía española en las lenguas no españolas. Hay otros puntos que también valdría la pena mencionar. Creo que habría que dotar -usted ha hecho referencia a ello- de un fondo específico destinado al fomento de la cinematografía. En este criterio y en esta tesitura ya no nos atrevemos a decir federal, porque algunos se asustan, por eso nos hemos inventado esta mala palabra de federalizante. Da igual; no vamos a pelearnos en el siglo XXI por palabras vacuas. Se trata de que todo el mundo participe en igualdad de condiciones en lo que se construye. En definitiva, se trata de socializar en beneficio de la cultura los capitales destinados a ella, en una sociedad europea en donde tenemos el privilegio de estar discutiendo esto en vez de discutir qué vamos a comer mañana. Perdonen esta digresión.


Señora ministra, por nuestra parte tendrá toda la colaboración. Estamos muy interesados en colaborar con ustedes y, desde la modestia de un grupo republicano que tiene siempre un cierto afán cultural, vamos a contribuir en lo que podamos a que sea una ley progresista que no vaya en contra de nada. Nosotros tendremos la responsabilidad suficiente para que la ley catalana en la que estamos trabajando tampoco vaya en contra de nadie.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Tardà.


Finalizamos con el turno de dúplica de la señora ministra de Cultura.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.


Señoría, yo creo que sí es refrescante decirle a los españoles desde el Congreso de los Diputados que afortunadamente hablamos de cine y que no tenemos que hablar ya de subdesarrollo. Es muy bueno que este país lo haya conseguido. En este año 2007 tendremos 85 millones de euros en el fondo de la cinematografía, un 4 por ciento más que el año pasado.
Tenemos casi el mismo fondo que Alemania; Italia tiene un poquito más; Francia tiene algo más e Inglaterra casi el mismo. En esta legislatura hemos alcanzado un formato bastante homologable en tres presupuestos, independientemente de las características del cine de estos países que les he nombrado y de las características propias del nuestro. Le agradezco a S.S. el apoyo y el tono. No sé si en su intervención anterior decía ley estrella; da igual, lo que es importante es el sector del libro, de la lectura, de las bibliotecas, del cine, con lo que eso representa de rapidez y de democratización en el acceso a la cultura, a la cultura contemporánea, a la modernidad de este país. Nosotros,

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como Gobierno, nos sentimos muy satisfechos de haber hecho una legislatura en que todo esto haya encajado y en que se dé respuesta después de muchos años a muchos problemas, a muchas expectativas, así como a novedades recientes. Pero me sigue preocupando, señoría, una cosa: cada vez habrá más cine en Internet, especialmente para la gente joven y en el móvil.
Nos sigue preocupando -y será un debate que tendremos aquí con todas SS.SS.-cómo detener esto si la propia industria no se compromete a inventar la manera de atajar los ilícitos en este asunto. Es muy difícil hacer nada en esta materia si la industria no coopera en la forma de prevenirlo o impedirlo. Se lo digo porque cualquier cifra de pérdidas del cine en España, en el resto de Europa o en cualquier lugar del mundo es muy grave para la industria. En este caso estamos hablando de las películas como espacio de traslación de valores, de cultura, de estética y de lenguas. Sabe S.S. que difícilmente encontrará un Gobierno que haya peleado más por la diversidad cultural dentro y fuera del Estado que este. Desde el Ministerio de Cultura, políticamente hablando, hemos hecho un ejercicio de coherencia entre España y las posiciones internacionales, pero es verdad que nada de esto es importante si no conseguimos el compromiso de la propia industria para atajar el tema mayor, que es todo lo que destruye a esa industria, y para persuadir a quienes quieren iniciarse por ese camino, porque es dificilísimo pelear en el pequeño y en el mediano formato, cuando se arranca, con el destrozo que causa la piratería sobre todo en la música y en el cine. Lo digo porque habrá que plantearse algún pacto o algún acuerdo con la industria, especialmente con las multinacionales que producen esa tecnología, que es lo más difícil para nosotros.


El segundo tema al que me quiero referir para cerrar esta interpelación es el de las comunidades autónomas. El Gobierno de España trabaja con las comunidades autónomas en política cultural como nunca se había hecho.
Cada seis meses nos reunimos con todos los consejeros y consejeras y en algunas materias llegamos a acuerdos por unanimidad de todos los partidos políticos representados en los gobiernos autonómicos. La opinión pública se sorprendería ante el grado de acuerdo que alcanzamos en la coordinación de políticas culturales. En esta materia sería especialmente importante que lo estuviéramos y también lo sería en algunas cuestiones de derivaciones de las leyes autonómicas o de apoyo desde las autonomías.
En cualquier caso, estoy de acuerdo con usted, y pienso que usted también lo estará conmigo, en que el fondo estatal de la cinematografía se añada a los fondos de cinematografía que existen en algunas comunidades autónomas. Hagamos entre todos el discurso de que al fondo estatal que existe y del que se benefician todos los que concurren, sin ningún tipo de distingo ni frontera, se añadan también los fondos que tienen algunas comunidades autónomas. Hagamos ese discurso, porque la industria y el mundo del cine esperan esto y no lo contrario, que supondría algo así como una micronización de recorte. De esta forma, se sumarían dos fondos cinematográficos, el autonómico y el estatal, y se beneficiarían muchas producciones y, en general, la industria cinematográfica de nuestro país.
No obstante, tendríamos que alcanzar un fondo de acuerdo en algunos de los criterios sobre contenidos, en los que no me va a dar tiempo a entrar, que tendríamos que tener como mínimo en la conferencia sectorial -repito- y que debería ser la tónica de muchas otras cuestiones de la política cultural del Gobierno. (Aplausos.)

Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, señor Tardà.


Señorías, antes de suspender la sesión les recuerdo que mañana la primera votación será justamente detrás del debate del primer real decreto-ley.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve.


Eran las siete y diez minutos de la tarde.

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