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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 205, de 03/10/2006
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 205
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 189
celebrada el martes, 3 de octubre de 2006


ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 10246)

Debate de totalidad de Propuestas de Reforma de Estatutos de Autonomía:

-De las Cortes de Aragón, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 253-1, de 8 de septiembre de 2006. (Corrección de error en BOCG, serie B, número 253-2, de 21 de septiembre de 2006.) (Número de expediente 127/000006.) ...
(Página 10247)

Modificación del orden del día ... (Página 10286)

Avocación por el Pleno

-Del Proyecto de Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. (Número de expediente 121/000093.) ...
(Página 10287)

Debate de totalidad de Propuestas de Reforma de Estatutos de Autonomía.
(Votación.)

-De las Cortes de Aragón, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 253-1, de 8 de septiembre de 2006. (Corrección de error en BOCG, serie B, número 253-2, de 21 de septiembre de 2006.) (Número de expediente 127/000006.) ...
(Página 10287)

Página 10246


SUMARIO

Se abre la sesión a la una de la tarde.


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 10246)

Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía ... (Página 10247)

De las Cortes de Aragón, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón ... (Página 10286)

Los representantes de las Cortes de Aragón, señores Iglesias Rico, Alcalde Sánchez y Biel Rivera, defienden ante el Congreso de los Diputados, por petición expresa de las Cortes de Aragón, la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.


Se suspende la sesión a la una y cincuenta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Contesta la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno (Fernández de la Vega Sanz).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pintado Barbanoj, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto.


Cierra el turno de fijación de posiciones el señor López Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


En turno de réplica intervienen los señores Iglesias Ricou, Alcalde Sánchez y Biel Rivera.


En turno de réplica intervienen los señores Pintado Barbanoj, Esteban Bravo, la señora Navarro Casillas; los señores Mardones Sevilla; Labordeta Subías y López Garrido.


Modificación del orden del día ... (Página 10286)

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del debate de las interpelaciones urgentes, en el sentido de debatir en primer lugar el punto 28, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tras la cual se debatirán las correspondientes a los puntos 27 y 29, relativas respectivamente a las interpelaciones urgentes de los grupos Vasco (EAJ-PNV) y Popular en el Congreso, lo que se aprueba por asentimiento.


Avocación por el Pleno ... (Página 10287)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, lo que se aprueba por asentimiento.


Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía.
(Votación.) ... (Página 10287)

De las Cortes de Aragón, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón ... (Página 10287)

Sometida a votación de totalidad la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, se aprueba por 283 votos a favor y 10 abstenciones.


Se suspende la sesión a las ocho y diez minutos de la noche.


Se abre la sesión a la una de la tarde.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.


El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.


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En primer lugar, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de un nuevo miembro de la Cámara.


Conforme al artículo 20 del Reglamento, se procede al llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central, don José Luis Ayllón Manso, en sustitución de doña Julia García-Valdecasas Salgado, para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.


¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor AYLLÓN MANSO: Juro.


El señor PRESIDENTE: Don José Luis Ayllón Manso ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena y bienvenido. (Aplausos.)

DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA.


-DE LAS CORTES DE ARAGÓN, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN.
(Número de expediente 127/000006.)

El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día: Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía. De las Cortes de Aragón, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.


En primer lugar, en nombre de la Cámara, quiero dar la bienvenida a la representación de las Cortes de Aragón, así como a la del Gobierno autonómico; bienvenidos. Estoy convencido de que en el día de hoy tendremos un debate apacible. Gracias.


Presentación de la propuesta por la delegación de la Asamblea de la comunidad proponente, que está representada por don Marcelino Iglesias Ricou, don Gustavo Alcalde Sánchez y don José Ángel Biel Rivera.


Tiene la palabra don Marcelino Iglesias.


El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Iglesias Ricou): Señor presidente del Congreso de los Diputados, señora vicepresidenta del Gobierno de España, señorías, señoras y señores, las Cortes Generales inician hoy los debates para la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Somos la quinta comunidad autónoma que afronta este trámite y lo hacemos con un aval singular, es el primer Estatuto que llega a esta Cámara sin ningún voto en contra en su Parlamento autonómico. Me atrevería a decir, por tanto, que podemos hablar de un modelo aragonés de la reforma de los estatutos. Un modelo que ha permitido que ninguno de los cinco grupos políticos representados en las Cortes de Aragón, y que también cuentan con representación en esta Cámara, se haya opuesto a lo que hoy debatimos, una reforma que tiene sus precedentes en la pasada legislatura autonómica. Efectivamente, en marzo de 2003 las Cortes aragonesas aprobaron por unanimidad un dictamen sobre la profundización de nuestro autogobierno. Entre sus conclusiones, el dictamen recogía explícitamente la necesidad de afrontar esta reforma estatutaria. El texto que hoy sometemos a su consideración ha sido elaborado íntegramente por una ponencia con diputados de todos los grupos parlamentarios. El resultado ha sido un texto sin oposición política, sin conflictividad y con el respaldo del pueblo aragonés. Llegamos a este momento cuando acaban de cumplirse 24 años de la aprobación de nuestro primer Estatuto -24 años ya-, un primer Estatuto que nos permitió recuperar las instituciones de autogobierno. Podemos entender hoy muy bien las circunstancias que España vivía a comienzos de los años ochenta y que sin duda condicionaron de una manera profunda el desarrollo del Estado autonómico, pero nuestra sensación, en demasiadas ocasiones, era que no se entendía y que, incluso, a veces se penalizaba nuestra lealtad al conjunto del país, nuestra lealtad a España, porque tuvimos que ir por un camino más lento y porque tuvimos más tarde las competencias que obtuvieron quienes eran capaces de hacer más ruido o de presionar más.
Las actitudes centrífugas de algunos han ocupado en exclusiva en muchos casos el debate político territorial durante la etapa democrática.
Aragón, que puede exhibir su incuestionable identidad histórica y su sentimiento colectivo de país, se vio, por el contrario, relegado a un estatus de comunidad autónoma con un desarrollo institucional y político lento e insuficiente. Quiero aprovechar mi presencia en esta Cámara para recordar que el desarrollo autonómico en España se ha llevado a cabo a diferentes ritmos. Aragón fue encuadrado en la vía estatutaria lenta, lo que generó no poca frustración en nuestra sociedad. Pretendemos que esa frustración concluya con el nuevo Estatuto, con el texto que presentamos hoy aquí. Para los aragoneses ya no es aceptable una España a dos velocidades. Aragón se ubica en la zona geográfica que ha soportado mayores tensiones políticas en nuestro país, y el conjunto del Estado debe entender que en el norte de España, en el noreste de España, somos una pieza de estabilidad necesaria y aun imprescindible en este contexto.
Como he dicho, los aragoneses hemos sentido durante años que no se reconocía suficientemente y que a veces se penalizaba sistemáticamente nuestra lealtad al proyecto común. Señorías, cuando hablamos de autonomía, hablamos de bienestar de los ciudadanos. Nosotros hemos tardado casi 20 años en asumir las principales competencias y eso se ha traducido en un menor desarrollo en nuestra economía y en nuestra sociedad. Los ciudadanos han percibido que cuando nos hemos equiparado al resto de comunidades hemos dado un salto cualitativo en nuestras posibilidades y en nuestras expectativas.


El texto estatutario que hoy debatimos tiene el ánimo de situarnos en pie de igualdad con otras comunidades y contempla las peculiaridades propias de un territorio singular como el aragonés. En primer lugar, reconoce nuestra diversidad lingüística y los derechos de utilización de los hablantes de las lenguas y modalidades

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propias en los correspondientes territorios. Recoge también un catálogo de derechos y deberes de los aragoneses, ampliando la relación contenida en la Constitución de 1978. Otro de nuestros hechos diferenciales es que somos un territorio fronterizo con Francia. El Pirineo central es la última frontera física real en el interior de la Unión Europea, una barrera infranqueable que nos aísla y cuyas conexiones no hemos sido capaces de modernizar y resolver en los últimos 25 años. Esta frontera interior condiciona el desarrollo socioeconómico y la singularidad de los transportes terrestres en toda la península Ibérica, y dentro de no muchos años también condicionará los transportes de Europa con el norte del continente africano. Los dos Estados deben comprometerse activamente en solucionar este grave problema. El nuevo Estatuto en materia de financiación autonómica tiene en cuenta la estructura territorial y poblacional, muy especialmente la dispersión, el envejecimiento, la baja densidad de población, así como los desequilibrios territoriales. El texto mantiene la referencia a la formalización de un convenio económico-financiero con el Estado en el marco del artículo 157.3 de la Constitución. Este es un convenio ya recogido, que viene de atrás, del antiguo Estatuto que aprobó esta Cámara en 1996. Un convenio que deberá contemplar el esfuerzo fiscal de Aragón y que deberá atender singularmente los criterios de responsabilidad fiscal y de solidaridad interterritorial. Asimismo, la reforma recoge la nueva organización territorial que hemos construido en los últimos años en Aragón: las comarcas. Las comarcas se han consolidado como entes supramunicipales para prestación de servicios y han asumido competencias autonómicas en servicios sociales, en cultura, en deporte, en medio ambiente, etcétera.
La reforma del Estatuto de Aragón da un tratamiento especial a la política hidráulica, como uno de los elementos fundamentales de nuestro desarrollo socioeconómico. Lo hacemos apelando al principio de la unidad de cuenca y de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva-marco del Agua de la Unión Europea. Señorías, ante los análisis sesgados que pretenden distorsionar en este tema del agua la realidad de nuestro texto, quiero hacer referencia a dos aspectos que me parecen fundamentales para que entiendan nuestra posición en materia hidráulica. El artículo 72.3 del nuevo Estatuto reformado dice textualmente: La comunidad autónoma participará y colaborará en la planificación hidrológica y en los órganos de gestión estatal de los recursos hídricos y de los aprovechamientos hidráulicos que pertenecen a cuencas hidrográficas intercomunitarias que afecten a Aragón. Y el siguiente apartado del mismo artículo señala: La comunidad autónoma emitirá un informe preceptivo -recuerden este término, preceptivo- para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de agua que afecte a su territorio. Como comprobarán, el texto mantiene el máximo respeto hacia las competencias que corresponden al Gobierno de España en la planificación hidráulica y reclama, porque las comunidades autónomas somos Estado, nuestra participación en la toma de decisiones.


He iniciado mi intervención refiriéndome al sentimiento de frustración que el Estatuto de 1982 generó en nuestra sociedad y no querría concluir sin mostrar mi confianza en que estas Cortes Generales, sin merma de sus competencias constitucionales, serán sensibles y respetuosas con el texto elaborado por los representantes políticos de los aragoneses. No entenderíamos modificaciones de esta propuesta que no sirvieran para reforzar el consenso político alcanzado en Aragón. Hemos presentado una reforma con la que pretendemos que el Estatuto no sea nunca más un freno para nuestras aspiraciones y para nuestra ambición. Los aragoneses hemos demostrado nuestra capacidad de autogobierno y queremos ejercerla al máximo nivel que permite nuestra Constitución. Este texto es ambicioso, pero a la vez respetuoso con el conjunto. Este texto refleja la expresión de nuestra manera de ser, aragoneses y españoles, sin ningún complejo. No necesitamos -nosotros no- debates estériles acerca de nuestra identidad.
Nos sentimos cómodos en España y en Europa y, al mismo tiempo, los aragoneses tenemos un fuerte sentimiento autonomista. Señorías, conjugamos perfectamente nuestra doble dependencia a Aragón y a España y somos españoles porque somos aragoneses. Eso es lo que dice nuestra reforma de este Estatuto. En la exposición de motivos el texto dice: El presente Estatuto sitúa a Aragón en el lugar que como nacionalidad le corresponde dentro del Estado español y de la Unión Europea y dota a la comunidad autónoma de los instrumentos precisos para seguir haciendo realidad el progreso social, cultural y económico de los hombres y mujeres que trabajan en Aragón. El autogobierno de Aragón -prosigue la exposición- se fundamenta en la Constitución española, así como en los derechos históricos del pueblo aragonés, que en el marco de la Constitución dan origen a este Estatuto y al reconocimiento de una posición singular de nuestra comunidad autónoma en España.


Señorías, con la prudencia que nos caracteriza a los aragoneses y con un alto grado de consenso, nuestras Cortes han remitido un texto que pretende ser referente para las nuevas generaciones de aragoneses, un Estatuto que evitará que nunca más los aragoneses nos sintamos españoles de segunda división. Confiamos plenamente en que los grupos parlamentarios de este Parlamento, de las Cortes, entiendan perfectamente y apoyen nuestra posición.


Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.


Tiene la palabra don Gustavo Alcalde.


El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Alcalde Sánchez): Señor presidente, señorías, esta reforma estatutaria es la prueba de que en Aragón sabemos hacer las cosas de otra manera, construyendo,

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buscando lo que nos une: el interés de Aragón, no lo que nos separa. En la actual legislatura esta es la primera reforma estatutaria donde el Partido Popular desde la oposición ha tenido la oportunidad de demostrar que somos capaces y queremos llegar a acuerdos cuando estos se sustentan en bases razonables y no en experimentos explosivos. Venimos a esta Cámara respaldados por el 87 por ciento del Parlamento aragonés y por el firme convencimiento de los aragoneses de la necesidad de ampliar nuestro autogobierno, pero, al mismo tiempo, venimos apoyados por la convicción de esa gran mayoría de aragoneses que creen en la absoluta vigencia de la Constitución y, por tanto, quieren y desean que esta nueva reforma estatutaria fortalezca no solo a Aragón, sino al conjunto de España.


Señorías, no voy a extenderme por obvio relatándoles los títulos históricos que acreditan a Aragón ni la trascendental contribución de este viejo reino a la construcción de España para justificar por sí solo el derecho de los aragoneses a alcanzar los mayores niveles de autogobierno. Los aragoneses, además de ser españoles, nos sentimos españoles. Quería remarcar este aspecto al iniciar mi intervención no como una reivindicación patriótica, sino como una evidencia de que la gran mayoría compartimos ese sentimiento de pertenencia a un proyecto común, profundamente arraigado en nuestras históricas raíces y amparado en la Constitución de 1978. No vengo a hablarles, por tanto, de una iniciativa legislativa cuyo principio y fin sea exclusivamente Aragón, ni es mi intención caer en tópicos localistas o nacionalistas excluyentes, ni por supuesto es el motivo del Estatuto aragonés colaborar en esa especie de extraña e improcedente segunda transición que por la puerta trasera auspicia el actual Gobierno de la nación, entre otras cosas, pero fundamentalmente, porque no es lo que queremos la inmensa mayoría de los aragoneses. La reforma estatutaria que hoy se toma en consideración en el Congreso pretende consolidar el actual modelo de organización territorial y aprovechar al máximo los cauces que ese marco nos brinda para que Aragón avance. Señorías, cuando en Aragón comenzamos a hablar de esta reforma estatutaria ya en una Comisión especial en la pasada legislatura y, posteriormente, con la ponencia creada al efecto en el Parlamento aragonés en diciembre de 2004, en el Partido Popular tuvimos muy claro unos principios inexcusables a la hora de configurar un nuevo texto dentro de la lealtad constitucional. Esos principios eran el máximo nivel competencial para conseguir beneficios reales para los ciudadanos y un respaldo político y social lo más amplio posible. Conjugar estas cuestiones no ha sido tarea fácil, ha requerido un gran esfuerzo por parte de todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento aragonés y año y medio de trabajo exhaustivo. En primer lugar, ha habido que sortear la tentación de mimetizar el proyecto aragonés con algún otro texto de reforma de cuya inconstitucionalidad advierte el Defensor del Pueblo. Ustedes conocen perfectamente la existencia de proyectos autonómicos autodenominados nacionales, lamentablemente alguno de ellos ya convertido en ley orgánica, aventuras profundamente disgregadoras cuya obsesión permanente ha sido postergar al Estado a un papel meramente residual, quebrando de manera irresponsable la tan necesaria solidaridad, consustancial a los territorios que integran cualquier nación del mundo actual. En segundo lugar, la tarea no era sencilla por la fragmentación del Parlamento aragonés, con cinco grupos políticos representados con ideologías muy distintas, que hacía especialmente complicado alcanzar posiciones de encuentro, por lo que este no es un texto que pueda atribuirse nadie en exclusiva, sino un documento en el que todos hemos tenido que hacer cesiones para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, no es menos cierto que a nuestro favor jugaba el hecho de que históricamente las diferentes reformas estatutarias en Aragón, concretamente las aprobadas en 1994 y 1996, se caracterizaron porque la iniciativa partió del Parlamento autonómico y no del Gobierno y por el amplio consenso alcanzado por las mismas. Ciertamente, este texto que hoy presentamos, después de la transferencia de competencias tan relevantes por su calado social y su volumen económico, como educación y sanidad, que aportaron la reforma de 1996, tiene el valor añadido de situarnos definitivamente en una España en la que no debe de haber autonomías de primera y segunda velocidad. Hoy, transcurridos diez años de aquella importante reforma estatutaria, el proyecto legislativo que votarán SS.SS. nos permite avanzar hacia un mayor autogobierno, lo que debe significar disponer de mayores y mejores instrumentos para extender la prosperidad a todos los habitantes de Huesca, Teruel y Zaragoza. Todo ello con la identificación muy mayoritaria de la sociedad aragonesa. Están, por tanto, señorías, ante una reforma muy seria. Una reforma medida, equilibrada, ejemplo de negociación y de pacto. Un Estatuto que apuesta por el desarrollo autonómico como mejor instrumento de gestión y de participación. Una reforma estatutaria, si me lo permiten, cuyo mayor valor es el sentido común. Esta virtud que destaca en este texto debería ser suficiente a los representantes del pueblo español para que estas Cortes Generales respetaran lo que es la voluntad mayoritaria de la sociedad aragonesa, evidenciada a través del respaldo muy mayoritario del Parlamento aragonés. Señorías, la reforma que esta tarde traemos a su consideración implica, entre otras novedades cualitativas, el reconocimiento explícito de Aragón como nacionalidad histórica, algo que implícitamente recogía el Estatuto de 1996. También supone la asunción por parte de la comunidad autónoma de las máximas competencias posibles, según la Constitución de 1978. Refuerza y mejora los instrumentos de cooperación con el Estado y otras comunidades autónomas. Establece cauces que permitirán a Aragón participar, a través del Estado, en aquellas decisiones de la Unión Europea que afecten a nuestras competencias. Incide en la necesidad de ponderar factores propios en el sistema común de financiación autonómica.
Y finalmente, en materia de agua,

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emplaza al Gobierno de España a propiciar de forma efectiva el acuerdo entre todas las comunidades autónomas implicadas en esa funesta confrontación por el agua, consecuencia directa de la ausencia de una política hidráulica nacional.


Cuantitativamente, nuestro proyecto legislativo progresa respecto al número de competencias exclusivas de la comunidad autónoma, de las 42 actuales, a las 61 que ahora proponemos, sin invadir las atribuidas al Estado. Aparecen títulos nuevos, entre los que destacarían los referidos a los derechos y los principios rectores de comportamiento de los poderes públicos y a cooperación con el Estado, con otras comunidades y con la Unión Europea.


Señorías, llegados a este punto quiero centrarme en tres aspectos de este texto que considero primordiales: El primero es el agua. El agua no puede seguir siendo un elemento de confrontación, un arma arrojadiza entre territorios. La confrontación inexcusablemente debe ser sustituida por el acuerdo, por el pacto entre el Gobierno de la nación y las comunidades autónomas afectadas. El agua es consustancial con el futuro de Aragón. El agua no puede seguir siendo un elemento contemplativo más del paisaje aragonés. Los aragoneses tenemos la obligación y la responsabilidad de aprovechar el agua que discurre por nuestro territorio. Para ello es obligado abordar las obras de infraestructura hidráulica precisas, que sin embargo este Gobierno no demuestra asumir con los hechos. De ahí emana la necesidad de contemplar una reserva estratégica que ya el Pacto del Agua de Aragón de 1992 cifró en 6.550 hectómetros cúbicos y que han asumido el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro y el Plan Hidrológico Nacional, el anterior y el actual.


Un segundo aspecto que deseo destacar es la financiación. Ustedes saben que no existe autonomía real sin recursos suficientes. Afirmo que ni entendemos ni nos sentimos conformes con que el actual Gobierno de la nación haya permitido que alguna reforma estatutaria imponga nuevas obligaciones al resto de las comunidades autónomas en función de un parámetro tan discutible como unilateralmente favorecedor, como es el peso del PIB. Muy al contrario, las fuerzas políticas que hoy respaldamos la norma aragonesa apostamos por el régimen común, por tratarse del régimen más solidario. Esto no implica renunciar al acuerdo económico-financiero con el Estado del que, por ley, disponemos desde hace una década dentro del marco de la Lofca. Tampoco quiebra esa firme convicción el sistema común de financiación; más al contrario, lo fortalece nuestra propuesta de ponderar como elementos de equilibrio entre las comunidades autónomas los criterios de extensión territorial, dispersión poblacional y envejecimiento de la población. En ningún caso disentimos de la solidaridad cuando consagramos el principio de lealtad institucional, de forma que las actuaciones del Estado en materia tributaria que supongan una minoración de ingresos o una mayor obligación de gasto determinen la adopción de medidas de compensación económica.


En tercer lugar, permítanme que me refiera por su trascendencia al tratamiento que esta reforma estatutaria da al Archivo de la Corona de Aragón, joya documental desde la Edad Media, que bajo ningún concepto se puede disgregar ni desgajar, como pretende el Estatuto catalán, pues es patrimonio común de aragoneses, baleares, catalanes y valencianos, y el Estado debe velar por su integridad. En esta dirección, el texto que hoy traemos a su consideración reitera, a través de su disposición adicional primera, la necesidad de constitución del patronato que, bajo la tutela del Estado, esté integrado en situación de igualdad por las comunidades autónomas herederas de aquel riquísimo legado. Asimismo, mediante una disposición transitoria, esta reforma impide, por la constitución del citado patronato, cualquier posibilidad de disgregación, salvo acuerdo expreso de todos sus miembros.


Señorías -con esto acabo, señor presidente-, tras la toma en consideración de hoy, la futura norma que regirá las coordenadas aragonesas queda en sus manos. A ustedes no puedo pedirles otra cosa que el camino del acuerdo iniciado en Aragón tenga su continuidad en ambas Cámaras y que este texto pactado concluya su tramitación con similar grado de respaldo que el alcanzado en el Parlamento autonómico. Para los aragoneses se trata de una oportunidad en la que existen depositadas numerosas esperanzas, precisamente porque el sendero recorrido a través del desarrollo autonómico durante las dos últimas décadas ha sido especialmente beneficioso para todos. Hoy Aragón les plantea iniciar una nueva etapa en este trayecto y queremos hacerlo de manera realista, equilibrada y, fundamentalmente, esperanzada. Se ha hecho un buen trabajo, quiero añadirlo sin ninguna sombra de autocomplacencia, para Aragón y para el conjunto de España. Esto debería servir de garantía suficiente para que esta reforma no tuviera obstáculos que entorpecieran su tramitación. Este Estatuto fortalece a Aragón y, al hacerlo, hemos buscado deliberadamente fortalecer también a España. Ahí reside, desde mi punto de vista, el núcleo sobre el que ha girado la construcción de nuestra reforma; les ruego que tengan esto muy presente.


Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor Alcalde.


Corresponde el turno a don José Ángel Biel, por favor.


El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Biel Rivera): Gracias, señor presidente.


Señorías, señora vicepresidenta, miembros del Gobierno, en este preciso momento político de la historia de España, de la que Aragón, con doce siglos de existencia,

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es parte consustancial, traemos ante los poderes generales del Estado una propuesta de Estatuto de autonomía acordada en Aragón por cinco grupos políticos y con ningún voto en contra. Que partidos tan distintos como el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular, Izquierda Unida y el Partido Aragonés, a quien represento en este acto, hayamos dado nuestro voto afirmativo a la propuesta de Estatuto, y el quinto, Chunta Aragonesista, se abstuviera hace del caso de Aragón quizá un caso único en España y por tanto importante. No convertir el Estatuto en arma arrojadiza ha sido un acierto que quiero agradecer a todos los partidos de Aragón desde mi posición aragonesista y de centro, y si SS.SS. me lo permiten también desde mi condición de ex diputado de las Cortes constituyentes de 1977. La consigna: Duro con ese, que es de aquí empezamos a superarla en Aragón. Este es el Estatuto posible que quiere y necesita Aragón; desearíamos que fuera también el Estatuto de este Parlamento. Queremos que Aragón crezca en España, porque cuanto mayor sea la presencia de Aragón en España mejor será para Aragón, para España y para sus señorías. Velen, pues, para que esta propuesta no se modifique a la baja por muchos argumentos más o menos tecnocráticos, que entiendo que no políticos, que quieran alegar en el trámite parlamentario. Tampoco nos gustaría que nuestro Estatuto fuera de peor condición que otros. No nos hagan eso a los aragoneses, eso sí que sería inconstitucional y una decepción. Traigo ante SS.SS. una propuesta de Estatuto de autonomía que no es una mera reforma del vigente, sino un texto nuevo en su articulado y en su contenido. Consta de un título preliminar y nueve títulos desarrollados en ciento quince artículos, frente a los sesenta y un artículos del vigente texto. Eso da idea, por tanto, del cambio que su aprobación va a suponer para el autogobierno de Aragón.


Nos encontramos ante un proyecto estatutario que, a diferencia de otros, no nace con vocación reglamentista, no es intervencionista y regula lo necesario en un estatuto, es decir las normas básicas del autogobierno de Aragón, tal y como exige el artículo 147 de la Constitución. Estas normas básicas de autogobierno posteriormente serán desarrolladas mediante las leyes que aprueben las Cortes de Aragón y las Cortes Generales, todo ello dentro del actual sistema constitucional. Precisamente porque el nuevo Estatuto de Aragón se limita a regular lo básico se trata de un texto flexible, que se adaptará con facilidad a los nuevos cambios de la sociedad que sin duda se producirán. El nuevo Estatuto también es ambicioso y sitúa a Aragón en la primera línea de las comunidades autónomas con mayor autogobierno. El avance es muy importante y servirá para consolidar el Estado autonómico en España, si bien todavía puede avanzarse más dentro del marco constitucional. Importante es destacar que sobre el nuevo Estatuto no hay ni una sombra de duda acerca de su constitucionalidad, y en esto hemos coincidido todos los partidos políticos en Aragón. Es respetuoso con la Constitución española y ejemplo en la aplicación y desarrollo del Estado autonómico. Creemos tanto en ella que nos duele a veces que no se desarrolle con mayor generosidad por los poderes generales del Estado. La fuerza de esta propuesta que hoy debatimos y la de su desarrollo hacia el futuro está en la Constitución y en el acuerdo aragonés con el que se presenta ante esta Cámara. La propuesta mantiene los aspectos más autonomistas del Estatuto vigente, como son la definición de Aragón como nacionalidad histórica, la referencia a que Aragón no renuncia a sus derechos históricos, el tratamiento del derecho foral y la cultura aragonesa o el convenio económico-financiero con el Estado, porque tenemos claro que en España la autonomía política favorece el desarrollo equilibrado, y desde el punto de vista del Estado esta forma de compartir el poder político recoge mejor la pluralidad de intereses territoriales y sociales haciendo que las comunidades se sientan partícipes del proyecto común y de su desarrollo.


Por primera vez en nuestro Estatuto se introduce un catálogo de derechos de los ciudadanos aragoneses que complementan los que ya reconoce y garantiza la Constitución española. Entre estos derechos lógicamente está el de disponer del abastecimiento de agua en condiciones de cantidad y calidad suficientes para atender sus necesidades presentes y futuras.
Este proyecto mantiene el diseño institucional de la comunidad autónoma, pero perfecciona su regulación y profundiza en sus poderes. Así, las Cortes de Aragón decidirán la convocatoria de un referéndum para futuras reformas estatutarias, el presidente de Aragón podrá acordar la disolución anticipada de las Cortes sin las limitaciones actuales, el Gobierno tendrá la facultad de dictar decretos leyes y el Justicia, además de la Administración autonómica, supervisará a la Administración local e incluso a las empresas privadas que gestionan servicios públicos.
En materia de justicia el nuevo Estatuto incorpora el olvidado recurso de casación en materia foral y consolida el Tribunal Superior de Aragón como el órgano que culmina la organización judicial, sin perjuicio de las competencias del Tribunal Supremo. El nuevo Estatuto exige que el conocimiento acreditado del derecho propio de Aragón sea mérito preferente para el nombramiento de magistrados y jueces en Aragón.
También se otorga rango estatutario al Consejo de Justicia de Aragón como órgano territorial del Consejo General del Poder Judicial. Sin duda, señorías, uno de los mayores logros de este Estatuto es el acuerdo alcanzado en relación con las competencias de la comunidad autónoma. El nuevo marco competencial que contiene el nuevo Estatuto reconoce a Aragón sesenta competencias exclusivas, quince compartidas y catorce ejecutivas que incrementan sustancialmente el actual nivel de autonomía. Se incluyen nuevas competencias, como la Policía autonómica, política de igualdad social, biomedicina y genética, seguridad privada, servicios de contenido audiovisual, protección de datos de carácter personal, etcétera; sin embargo, todavía la Constitución da margen para un mayor avance, especialmente en las competencias de

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ejecución, de tal forma que la Administración autonómica se convierta definitivamente en Administración ordinaria del propio Estado en el territorio de la comunidad autónoma. En este sentido, puede y debe avanzarse por ejemplo en competencias como inmigración, gestión de los aeropuertos de interés general y gestión tributaria, todo ello en necesaria coordinación y colaboración con el Estado. En esta línea, el nuevo Estatuto ya reconoce que la Administración aragonesa ostenta la condición de Administración ordinaria del Estado en Aragón en la medida en que le sean transferidas las funciones ejecutivas que todavía ejerce el Estado.


Otro aspecto importante en relación con las competencias es la definición que se realiza de las competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas, lo que sin duda es imprescindible para una correcta articulación del Estado autonómico. La exigencia de que en las competencias compartidas la legislación básica del Estado deba fijarse por ley es razonable y necesaria, ya que los abusos del Estado a la hora de fijarla han sido continuos, vaciando de contenido las competencias autonómicas a través de reales decretos e incluso órdenes ministeriales.


A diferencia de otros proyectos de reforma de su estatuto de autonomía, el proyecto aragonés no sigue la técnica del blindaje competencial, consistente en una descripción detallada y minuciosa del contenido de cada competencia. Desde Aragón se ha optado por un método más esencial, manteniendo la técnica de la enumeración de los distintos títulos de competencia, precisando su contenido solo en aquellos aspectos que se han considerado relevantes y adoptando una cláusula de cierre que establece el principio general de que las competencias se entiendan asumidas por Aragón en la totalidad de su contenido, conforme a la Constitución. Esta técnica tendrá la ventaja de ser más flexible y responde al contenido propio que deben tener los estatutos de autonomía. Respecto a organización territorial y gobierno local, se reconocen a los municipios las comarcas y las provincias como base de su estructura territorial y el nuevo Estatuto supone un avance muy importante en materia de competencias de régimen local, que debe ser definitivamente una competencia exclusiva de la comunidad autónoma. También la ciudad de Zaragoza es protagonista en el nuevo Estatuto, ya que se declara como capital de Aragón y dice que tendrá un régimen especial establecido por ley de Cortes de Aragón.


Otro de los rasgos novedosos que caracteriza al nuevo Estatuto es el principio de colaboración con el Estado y con las demás comunidades autónomas. Lógicamente se recoge también la participación de Aragón en los asuntos relacionados con la Unión Europea. En materia de financiación no se alcanza el modelo de cupo, que por historia le debería corresponder a Aragón, pero con el nuevo Estatuto se gana en autonomía financiera. Se reconoce a la comunidad autónoma una mayor capacidad normativa y una mayor participación en la gestión tributaria, previéndose incluso la creación de una agencia tributaria de Aragón. La participación en los ingresos del Estado no se cuantifica pero se exige en su aplicación que se atienda al esfuerzo fiscal de Aragón, a su estructura territorial y poblacional, así como a sus desequilibrios territoriales. No debe olvidarse, señorías, que la competencia para garantizar la solidaridad entre todas las comunidades autónomas le corresponde al Estado, según el artículo 138 de la Constitución, y no es el Estatuto el instrumento adecuado para su desarrollo. En el nuevo Estatuto no se renuncia al convenio económico-financiero con el Estado, que ya se recogía en la reforma de 1996, y que sistemáticamente ha incumplido el Estado.


En materia de infraestructuras se exige que para las inversiones del Estado en Aragón se tenga en consideración, con carácter prioritario, el territorio. El agua, elemento de esencial importancia para Aragón, se tiene muy presente en el nuevo Estatuto, ya que además de reconocerse como un derecho para los aragoneses y ampliarse sus competencias se adoptan ciertas cautelas para evitar una nueva amenaza de trasvase. Otro tema que preocupa en Aragón y que ha creado un cierto conflicto es el Archivo de la Corona de Aragón, ante el peligro de disgregación que supone la regulación contenida en la disposición adicional decimotercera del Estatuto de Cataluña. Para evitar este roce por la unidad del Archivo de la Corona de Aragón el nuevo Estatuto adopta dos medidas necesarias y urgentes: una, estableciendo que hasta la constitución del patronato del Archivo de la Corona de Aragón no podrá aplicarse ninguna norma ni adoptarse medidas relativas al citado archivo, con la única excepción de las destinadas a su gestión ordinaria; otra, que exige la participación preeminente de Aragón en el patronato del Archivo de la Corona de Aragón.
Tampoco olvida el nuevo Estatuto los bienes que la Diócesis de Barbastro-Monzón reclama a la Diócesis de Lérida, en cumplimiento de los decretos del Vaticano y del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica.
Así, según el artículo 22 del nuevo Estatuto, los poderes públicos aragoneses desarrollarán las actuaciones necesarias para hacer realidad el regreso a Aragón de todos los bienes integrantes de su patrimonio cultural, histórico y artístico que se encuentran fuera de su territorio.


Señor presidente, señorías, para terminar, SS.SS. tendrán ahora la palabra y el voto. Solo les ruego encarecidamente que tengan en cuenta la importancia del acuerdo adoptado en Aragón por todos los grupos parlamentarios que me parece que en el Estado tiene una trascendencia fundamental; que tengan en cuenta el esfuerzo que hemos hecho todos los grupos políticos; que tengan en cuenta la historia de la Comunidad Autónoma de Aragón y que tengan en cuenta que presentamos a SS.SS. un proyecto totalmente constitucional. Deseo, señor presidente, señorías, que en el trámite parlamentario -que espero que sea corto- acierten todos ustedes.


Muchas gracias. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Biel.


Concluida la presentación de la propuesta, suspendemos la sesión hasta esta tarde a las 16 horas, cuando se procederá a la fijación de posiciones de los grupos parlamentarios.


Se suspende la sesión.


Era la una y cincuenta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Turno del Gobierno. Tiene la palabra la señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, quiero que mis primeras palabras sean de bienvenida al presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón y a los representantes de las distintas fuerzas políticas de las Cortes de Aragón: bienvenidos a esta Cámara, así como todos los invitados que también nos acompañan en las tribunas; muchas gracias por su asistencia.


Señorías, una España fuerte, una España cohesionada y unida es aquella capaz de reconocerse a sí misma como lo que es. El 20 de diciembre de 1977 -pronto se cumplirán 29 años-, una docena de partidos políticos, entre ellos la extinta Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista Obrero Español, firmaron un manifiesto por la autonomía de Aragón. En aquel documento los partidos proclamaban la urgente necesidad de alcanzar un régimen provisional de autogobierno y expresaban su compromiso unánime de devolver a Aragón toda su personalidad histórica, jurídico-política y económica. Y es que, señorías, la demanda de autogobierno de muchos pueblos de España se vinculó al ideal del Estado de derecho. La conquista democrática quedó así anexionada a la consecución del derecho a la autonomía política, y no fue una conquista fácil, tuvieron que luchar contra el imaginario de una España forjada en la ausencia de libertades y asentada en el autoritarismo del pensamiento único, una España que no era la que quería y deseaba la gran mayoría de los españoles. Por eso los aragoneses, recuperadas las más elementales libertades políticas, trabajaron a favor de su reconocimiento como pueblo y en defensa de su cultura y de su derecho al autogobierno, y lo hicieron para sentirse mejor dentro de ella como aragoneses y como españoles.


Señorías, no hay una España democrática sin una España plural. Esa es la verdad de nuestra transición y ese fue el espíritu del constituyente.
Hoy, 30 años después, todos podemos vivir como un éxito compartido el hecho de que los ciudadanos de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, de Andalucía, de Baleares y, hoy, de Aragón, a través de sus legítimos representantes políticos, hayan presentado ante estas Cortes Generales sus propuestas de reforma de sus estatutos de autonomía, con el único propósito de acomodarse a los nuevos tiempos para, con ello, dar respuesta a las nuevas demandas y necesidades de sus ciudadanos. Hoy, 30 años después, la historia nos confirma que no había entonces razón para el recelo y la desconfianza, como tampoco lo hay hoy. La España plural es la España de todos. Hoy la España plural es una realidad en la que la inmensa mayoría de los españoles se ve perfectamente reflejada, muy lejos de aquellos que siguen empeñados en continuar alimentando falsos debates.
Hoy, 30 años después, el éxito del Estado de las autonomías se expresa también en los procesos de reforma estatutaria que las comunidades autónomas, con independencia de su color político, del color político de sus gobernantes, han promovido y encauzado a través de procedimientos rigurosamente democráticos.


Señoras y señores diputados, con la propuesta de reforma estatutaria de Aragón son más de 20 millones los españoles que consideran necesario acomodar el Estado de las autonomías a los nuevos tiempos; son 20 millones los españoles que ya han querido modificar sus estatutos de autonomía para mejorar su autogobierno y la calidad de sus derechos de ciudadanía. Los ciudadanos de Aragón lo hacen, según puede leerse en la exposición de motivos de la propuesta, para situar a su comunidad autónoma en el lugar que, como nacionalidad, le corresponde dentro del Estado español y de la Unión Europea y para dotarla de instrumentos precisos que sigan haciendo realidad el progreso social, cultural y económico de los hombres y de las mujeres que viven y que trabajan en Aragón.


Y es que, señorías, cuando el artículo primero de la propuesta de reforma dice que los poderes de la Comunidad Autónoma de Aragón emanan del pueblo aragonés y de la Constitución lo que está es afirmando con naturalidad que los poderes de Aragón, sus instituciones de autogobierno son democráticas, es decir, que son elegidas por los ciudadanos y por eso emanan del pueblo. Del mismo modo, cuando en la exposición de motivos de la propuesta se declara que el autogobierno de Aragón se fundamenta en la Constitución y en los derechos históricos del pueblo aragonés, se está diciendo que cuenta con una tradición histórica que también encuentra reflejo en sus instituciones de autogobierno. Y, por tanto, como Aragón hoy -antes Valencia, Cataluña, Andalucía y Baleares-, estoy segura de que todas las comunidades autónomas van a emprender estos procesos de reforma, porque, ¿alguien duda hoy acerca de la necesidad y conveniencia de estas reformas? La inmensa mayoría de los ciudadanos desde luego no, ya que a medida que el proceso de reformas estatutarias se consolida y se reafirma la absoluta normalidad de su discurrir democrático, los discursos altisonantes, asentados en la desconfianza, pierden todo atisbo de credibilidad. Por eso hoy, en nombre del Gobierno, quiero felicitar a los aragoneses

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y a sus representantes políticos por la iniciativa de reforma de su Estatuto de Autonomía. Aragón cuenta con la confianza de este Gobierno.
Si los aragoneses han decidido reformar su Estatuto de Autonomía es porque así lo han valorado de forma libre y políticamente lo han decidido.


Los ciudadanos de Aragón son plenamente conscientes de los cambios y beneficios obtenidos desde que pueden decidir por sí mismos a través de sus instituciones de autogobierno. La positiva evolución de los principales indicadores económicos y de aquellos otros vinculados al Estado del bienestar así lo acreditan. Fíjense, en los últimos cinco años el crecimiento de la economía aragonesa, en términos de producto interior bruto, ha superado por tres al de la eurozona. Aragón está 20 puntos por encima de la media española en el uso de las energías renovables: 40 por ciento frente al 20 por ciento. Está entre las cinco primeras comunidades autónomas en número de investigadores y de personal dedicado a investigación más desarrollo y es la segunda comunidad con mayor número de solicitud de patentes en relación con el número de habitantes. El 76 por ciento de los aragoneses considera que su sistema sanitario funciona satisfactoriamente. En fin, por facilitarles algún otro dato, a finales del próximo año Aragón habrá incrementado en un 123 por ciento la superficie de los espacios naturales protegidos en relación con la existente en el año 2000.


Señorías, solo me he detenido en una parte del abanico de políticas públicas que competen a la comunidad autónoma, pero, vistos los resultados, creo que todos, absolutamente todos, podemos compartir una doble conclusión: la autonomía política sienta bien a los aragoneses y los aragoneses la ejercen responsablemente mejorando su calidad de vida.


Quiero expresar, en nombre del Gobierno, nuestra confianza y apoyo a la Comunidad de Aragón, como lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo en relación con todas aquellas comunidades autónomas que dentro del respeto a la Constitución y contando con el respaldo mayoritario de los ciudadanos decidan modificar sus estatutos de autonomía. Confianza en las comunidades autónomas, pero también en la tarea que corresponde a estas Cortes Generales. La iniciativa de reforma del Estatuto de Aragón es, desde la perspectiva más amplia del modelo de articulación territorial del Estado, una pieza que se suma a las proposiciones de reformas tramitadas o pendientes de tramitación. Todas ellas permiten constatar la existencia de un hilo conductor común que dota de coherencia y sentido a las reformas que han llegado y seguro que a las que están por llegar.


Se ha dicho, señorías, que el Gobierno no tiene un modelo de ordenación territorial del poder y se ha demandado reiteradamente que lo explique; curioso ejercicio de huera retórica política. El modelo de articulación territorial del poder en nuestro Estado no es patrimonio de ningún Gobierno pasado, presente o futuro, porque es una materia sustraída a cualquier Gobierno por la Constitución. No hay más que un modelo, señorías: el que está escrito en el título VIII de la Constitución. Lo que ocurre, señorías, es que unos siempre hemos creído en lo que allí se dice y otros no; esa es la diferencia. Cuando se confía en la Constitución, en los ciudadanos, en los parlamentos autonómicos y en el trabajo de estas Cortes Generales, los resultados hablan por sí mismos y el tiempo pone a cada uno en su sitio y a cada cosa en su lugar.


En efecto, es patente cómo las distintas iniciativas de reforma, desde la del Estatuto valenciano al aragonés, pasando por el catalán, el andaluz o el balear, no son el producto de solistas ensimismados en su propia realidad, sino que componen un coro armonioso que, compartiendo las mismas preocupaciones, realza la voz de la unidad solidaria a partir del reconocimiento de la diferencia. El Gobierno, desde el primer momento, ha velado, sin menoscabar las singularidades de cada territorio, para que las reformas estatutarias tuviesen un claro resultado de conjunto: la modernización y el fortalecimiento del Estado de las autonomías. Un resultado cuyo fundamento obedece a cuatro líneas principales de actuación en las que convergen, pese a su contenido variable, las diversas reformas hasta ahora promovidas. En primer lugar, las reformas estatutarias comparten un mismo propósito de reconocimiento de nuevos derechos y plasmación en su norma institucional básica de señas identitarias o peculiaridades específicas de cada comunidad. Como en otras anteriores, en la propuesta de las Cortes de Aragón se reconocen derechos y se enuncian principios rectores de la política económica y social. También se pone de manifiesto que la aragonesa es una autonomía preocupada por el agua y su aprovechamiento, que cuenta con un patrimonio lingüístico plural y que posee una tradición jurídica propia contenida en sus derechos históricos y forales. En segundo lugar, las reformas estatutarias tienen por común objetivo la profundización y modernización del autogobierno. También en la iniciativa aragonesa podemos ver un mejor ajuste de las relaciones entre las Cortes de Aragón y la Diputación General, una ampliación del sistema de fuentes del derecho de la comunidad, una más detallada ordenación del gobierno local, una precisa y ordenada delimitación de competencias y el claro objetivo de adaptar, dentro del respeto a la Constitución, la Administración de Justicia a la realidad del Estado de las autonomías, creándose el Consejo de Justicia de Aragón.


En tercer lugar, es claro que las comunidades autónomas ya no quieren ser meras haciendas de transferencia. Están preparadas y dispuestas a asumir una verdadera corresponsabilidad fiscal. Aragón se suma a esa tendencia y, tal como se infiere del título VIII de la propuesta, también desde la perspectiva financiera se orienta hacia el ejercicio de un poder más inmediato, transparente y responsable.


En cuarto lugar, es palmario que las comunidades autónomas quieren proyectar en sus estatutos fórmulas de participación en el proceso de formación de la

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voluntad del Estado, especialmente respecto de todas aquellas decisiones que afectan singular y directamente a sus territorios, ya sean internas o se produzcan en el seno de la Unión Europea. Derechos de ciudadanía, reconocimiento de identidades y tradiciones, mejora institucional, ampliación de competencias, corresponsabilidad fiscal y participación en el proceso de formación de la voluntad del Estado cuando esta afecta al ámbito de las competencias autonómicas. Esta es, señorías, la imagen maestra, el paisaje común que sirve de fondo al actual proceso de reformas estatutarias; un paisaje en el que confiar porque sirve al progreso y a la modernización de España -Aragón también-; un paisaje como el que quieren para su comunidad autónoma los representantes políticos de los ciudadanos de Aragón. Estoy segura que el consenso que ellos ejemplarmente han alcanzado también se reproducirá entre las fuerzas políticas presentes en estas Cortes.


Termino, señorías. La cadencia con la que se inserta el movimiento Aragón en la Suite Española de Albéniz nos hace ver que España no sería tal sin la peculiaridad de cada una de sus comunidades, pero también nos permite apreciar cómo la riqueza de cada una de ellas se potencia al integrarse en un proyecto común que, al interpretarse de modo sinfónico, emerge con personalidad propia. La propuesta de Aragón que hoy se somete a la consideración de esta Cámara contribuirá sin duda a cohesionar y a fortalecer nuestro Estado autonómico. No en vano es la obra de los representantes de un pueblo, de un pueblo que se llama Aragón, para el que, como dijo Joaquín Costa, la libertad ha sido algo más que un nombre, algo más que una doctrina, algo más que un ideal, algo más que un deseo: ha sido un culto y una religión. Cuando -sigo con la cita- Pedro III se presentó ante las Cortes reunidas en Zaragoza, rodeado de una aureola de gloria, contestaron todos a una voz que Aragón no consistía ni tenía su principal ser en las fuerzas del reino, sino en la libertad. Y continúa citando Joaquín Costa: Tenían razón, toda la razón que falta a los que en nuestro tiempo ponen la patria por encima de la libertad, como si faltando la libertad quedara patria.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Concluida la intervención del Gobierno, comenzamos la fijación de posiciones por los grupos parlamentarios. Intervendrán de mayor a menor, excepto el grupo parlamentario que apoya al Gobierno, que lo hará en último lugar. El turno establecido en Junta de Portavoces es de 25 minutos.


Tiene la palabra en representación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso el señor Pintado.


Adelante, por favor.


El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señor presidente.


Un saludo muy especial a la delegación de las Cortes de Aragón, que esta mañana ha defendido los posicionamientos en relación con la reforma del Estatuto que hoy se plantea y se debate en esta Cámara. Y un saludo muy especial a la numerosa delegación de distintas instituciones aragonesas, representantes hoy en el Congreso de los Diputados

Señorías, en Aragón, nacionalidad histórica en el discurrir del tiempo, la superación de viejos modelos y las nuevas tendencias descentralizadoras que manaban de la democracia y de las fórmulas federales, cambiaron el sesgo político, primero, en la Constitución de 1931, que en Aragón se tradujo en el proyecto de Estatuto de Caspe de 1936. Posteriormente, con la restauración de la democracia y en la vigente Constitución de 1978, la situación se orientó con decisión y empuje otra vez hacia la descentralización política, el derecho a la autonomía y la consagración del autogobierno territorial. Hasta aquí, señorías, uno de los párrafos iniciales de la exposición de motivos, que muestra la más reciente historia política y la reforma del Estatuto de Aragón, que hoy vamos a tener oportunidad de analizar en esta Cámara.


Decía Félix de Azara que quien corre no puede ver despacio cosa alguna.
Por eso considero que es bueno detenerse para leer y estudiar la rica historia de Aragón y ayudar a situar y reconocer un pasado pleno de acontecimientos. Señorías, les animo a ello. Aragón siempre se ha sentido no solo miembro de nuestra nación española, sino parte inseparable de la misma. Ese sentimiento hace de nuestra tierra un territorio acogedor, de gentes nobles y abiertas, dispuestas a seguir trabajando en el proyecto común que se llama España. Aragón, tierra de pacto, del apretón de manos, de lealtad a la palabra dada, demuestra asimismo hoy que los acuerdos son posibles, que en todo acuerdo hay que estar dispuesto a ceder, pero también a mantener criterios que son básicos para el funcionamiento de las instituciones y, especialmente, para que el interés general, es decir el interés de los ciudadanos, esté siempre presente, por encima de intereses de grupo o partido, por muy legítimos que estos pudieran ser.


Aunque posteriormente entraré en algunos apartados del texto remitido por las Cortes de Aragón, quisiera destacar que uno de los elementos esenciales de esta reforma es la lealtad constitucional. Conozco los esfuerzos que en este ámbito se han realizado y agradezco sinceramente que se haya huido de posiciones que atentan claramente contra la Constitución y para que algunos hayan ido albergando la esperanza espuria de crear ciudadanos en nuestro país de dos clases. A los recientes hechos me remito, al ser testigos de la admisión a trámite por parte del propio Tribunal Constitucional de un recurso de inconstitucionalidad con el que desde el Partido Popular queremos confiar en que vuelvan las aguas a su cauce y que aquellos que han pagado un alto precio político, como ha sido socavar los pilares fundamentales del Estado, sencillamente a cambio de seguir gobernando, de seguir instalados en el Gobierno, reconozcan que hay otra forma posible de trabajar en pos del bien común, forma de trabajar que hoy se demuestra

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sincera, con rigor, esforzada y leal, como se manifiesta en la reforma del Estatuto de Aragón.


No son fáciles los pactos y los acuerdos en Aragón. Cinco fuerzas políticas en liza, con distintos planteamientos, han conseguido un importante acuerdo que representa casi el 90 por ciento de la Cámara aragonesa. Los ciudadanos aragoneses se sienten plenamente identificados con esta propuesta de reforma del Estatuto. Este Estatuto de Aragón tiene muchas virtudes, pero fundamentalmente la más importante es que contribuye a posibilitar que Aragón sea mejor, pero también contribuye a hacer más España. Para el Partido Popular, Aragón no es solo una identidad o un territorio, es también un proyecto de futuro que tiene sus raíces y fundamento en un pasado prolongado y fecundo. El Estatuto de Aragón tiene el valor del consenso constitucional, el espíritu de 1978.
En Aragón se ha seguido apostando por el consenso que ha presidido todas las reformas anteriores, fundamentalmente el consenso de las dos grandes fuerzas políticas, porque -insisto-, en Aragón, el Partido Popular ha logrado con otras fuerzas políticas hacer entender que no se puede seguir jugando con la nación española, que España no es un objetivo a batir sino parte de nuestra esencia, que Aragón es España y que España es Aragón.
Aragón, señorías, con esta propuesta, es leal con España. La propuesta de reforma aragonesa no tiene pretensiones soberanistas ni pretende propiciar una reforma encubierta de la Constitución, ni contiene preceptos con interpretaciones forzadas. En definitiva, este documento no va a contribuir a fomentar la actual crisis política de primera magnitud a la que los delirios nacionalistas nos han conducido. Aragón, señorías, con esta propuesta no va a contribuir a la deconstrucción del modelo de Estado que nos dimos en 1978. Desde el Partido Popular tuvimos claro que hay líneas rojas que no se deben de traspasar, y la gran línea roja era no romper el gran pacto del año 1978.


La reforma del Estatuto de Aragón que hoy inicia su andadura política en esta Cámara no es, a diferencia de otros estatutos que se han debatido aquí, un programa de Gobierno; es una propuesta de garantía de derechos, de establecimiento de obligaciones, de mecanismos, de posibilidades de actuación de una Administración, de activar políticas que persiguen mejorar. Es, en definitiva, una propuesta para todos. Esta propuesta de reforma no constituye una imposición del poder sobre los derechos de los ciudadanos, sobre las libertades de las personas, no es un ataque, no es una propuesta que pretenda revisar los valores sobre los que se ha sustentado nuestra sociedad. Por el contrario, la propuesta de reforma es un intento de adaptarse al tiempo en que vivimos. Podrá gobernar cualquier partido político con este Estatuto y se sentirá identificado en una gran parte con él. Me gustaría que se pudiera decir esto de todos los demás textos autonómicos que se han debatido o que se debatirán en esta Cámara. Creo sinceramente que Aragón, con esta propuesta, mira al futuro, pero sin olvidar su pasado. Alguno se podría preguntar cómo ha sido posible ese acuerdo entre fuerzas políticas ideológicamente tan distintas desde un primer momento, y la respuesta no puede ser más que conocíamos dónde se situaban estas líneas rojas de la negociación. Sin esa voluntad de acuerdo previo y si no se delimitaban los límites de lo que se quería cambiar, no es posible el pacto.


Esta reforma del Estatuto de Aragón no ha renunciado a las raíces de lo aragonés y de los aragoneses; recoge su herencia, aunque algunos no lo quieren entender, pero no lo definen. Este texto entiende que la esencia definitoria de una autonomía se encuentra en un conjunto de principios y valores universales que comparten otros territorios: la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo, la solidaridad, el respeto a los derechos fundamentales. Frente a este principio fundamentalísimo, que de esencia es lo que nos trae aquí Aragón, recientemente, las señorías del Partido Socialista votaban una ley en esta Cámara en la que se afirmaba que España es un agregado de naciones, en lugar de entender que el transcurrir de los siglos ha dibujado el contorno físico de España como nación y nos ha dado un idioma, una cultura y creencias comunes, donde hay sitio absolutamente para todos. Decía que la aparición de la afirmación en una ley de que España es un agregado de naciones implica que las mismas quedan definidas por identidades de tipo étnico, lingüístico o cultural, identidades que en su seno prevalecen necesariamente sobre otros valores como los anteriormente citados de la libertad, la igualdad y el pluralismo. Al presidente Zapatero puede que esto le dé igual -no sabemos si es por ignorancia o porque tiene otro tipo de intereses-, pero lo cierto es que en Aragón casi todas las fuerzas políticas han entendido estos principios y han obrado en consecuencia.


Esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón tiene una gran virtud, un auténtico tesoro, y es que sigue apostando por la solidaridad de los territorios de España. Señorías, si hay algún territorio cargado de historia en España creo que nadie discutirá que es Aragón, pero la sensatez que ha imperado en el proceso de reforma ha llevado a evitar que aparezcan en este texto reflejados, como así ocurre en otros, lo que son simples delirios, cuando no invenciones, de historia reescrita, cuando no manipulada, con la finalidad de justificar privilegios que nunca tuvieron. Esta propuesta no ha caído en el intento en el que han incurrido algunos otros de realizar interpretaciones interesadas de nuestra historia ni de vaciar de significado conceptos que son esenciales, lo cual conduce, como no podía ser de otra manera, a reivindicar un mayor conocimiento de la historia y a aceptarla tal como es. Llegados a este punto, uno se siente tentado a preguntarse cómo es posible que un mismo partido mantenga posiciones radicalmente diferentes en distintos territorios, cómo es posible que el Partido Socialista en Aragón entienda qué es España, y en Cataluña, por ejemplo, lo ignoren en absoluto. Tienen hoy buena oportunidad para explicarlo en esta tribuna.


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Señorías, a pesar de que en los últimos años en algunos aspectos importantes no corren buenos tiempos para Aragón, algunas cuestiones pendientes en cuanto a transferencia de competencia -como, por ejemplo, justicia- no se han materializado por la cicatería del Gobierno de la nación. Es evidente que el Gobierno actual ha dejado y ha truncado proyectos muy importantes para Aragón. En este sentido, quiero destacar que en Aragón hay una vocación clara de perforar el Pirineo, de abrir Aragón a Europa. Las últimas posiciones del Gobierno de la nación echan por tierra la ilusión y el trabajo de estos últimos años. Han cercenado el futuro de Teruel con claros incumplimientos -por ejemplo, el plan Miner-, han abandonado el sector agrario aragonés a su suerte, se han llevado inversiones industriales comprometidas con Aragón a otros lugares de España con un argumento tan potente como que el ministro era manchego, han truncado algunas de las esperanzas e ilusiones del pueblo aragonés, han despreciado proyectos vitales para el futuro de Aragón, pero Aragón, señorías, se mantiene fiel y lo demuestra una vez más remitiendo esta propuesta de reforma, que es solidaria con los demás territorios de España, solidaria con toda España. Es fácil tener la tentación de reclamar miles de millones al Gobierno de la nación y un sistema fiscal propio, pero ¿a costa de quién? De los más débiles. La solidaridad entre regiones ha sido un factor determinante para que se hayan podido desarrollar los diferentes territorios en España y entendemos que ese criterio debería ser el que prevalezca para la buena armonización entre regiones y la garantía de bienestar de todos los ciudadanos de nuestro país.


El Partido Popular es un firme defensor de que no puede haber privilegios entre unas comunidades autónomas y otras. Este es un principio de la nación española que debe prevalecer y que está recogido en nuestra Constitución, que reconoce y garantiza el derecho de autonomía a las nacionalidades y regiones que lo integran y la solidaridad entre todas ellas. Precisamente en esta solidaridad entre regiones se encuentra la base de toda la estructura del Estado. Por eso creemos que esa renuncia a pedir privilegios -que seguramente hubieran estado amparados en más derechos que otros que, por cierto, se han atrevido a hacerlo y el Gobierno lo ha consentido- muestra su rechazo a las voces disonantes que buscan romper ese principio de solidaridad. En estos momentos, España avanza hacia un modelo de financiación mucho menos solidario que el que tenemos. Pueden sostener que desde algunos estatutos se estén propiciando diferencias importantes entre comunidades. Este Estatuto, señorías, ha huido de aquello que yo me atrevería a llamar autonomía emocional.


Señorías, sabemos que los acuerdos no son fáciles. Somos conscientes de las cesiones de unos y otros en la tramitación por parte de los representantes de los grupos políticos de las Cortes de Aragón y, además, ha primado la tolerancia y el respeto por las posiciones contrarias.
Queremos poner en valor el hecho de no haber planteado ninguna exclusión de la negociación; las exclusiones en nuestro país las entendemos superadas. Esa forma de hacer política en contra de uno en vez de a favor de todos se entiende hoy trasnochada y el desaguisado que ha conseguido les debería servir, señores del Partido Socialista, para desterrar definitivamente su ideario político: El fin justifica los medios. Un acto moral malo, viciado en su planteamiento, no podrá servir de justificación jamás para obtener un supuesto bien. Es hora de que de una vez por todas dejen de jugar a Maquiavelo y pongan la razón en las decisiones que deben tomar por el bien de los ciudadanos.


Uno de los argumentos que se ha repetido en algunas de las sesiones de toma en consideración de reformas estatutarias -y hoy la señora vicepresidenta ha vuelto a insistir en lo mismo- es que pretenden presentar todas las reformas, las hasta ahora acometidas y las pretendidas que de momento no llegan a cuajar, como fruto de una irrefrenable ansia de los ciudadanos de las regiones que forman nuestro país de cambiar tanto los estatutos como la propia Constitución. Señora vicepresidenta, solo hace falta que vea usted las encuestas sobre los asuntos que preocupan a los españoles para no seguir con ese tipo de argumentos. Considero que nada más lejos de la realidad. El objetivo que están buscando ustedes es dar carta de naturaleza a los anuncios de reforma hechos por el Gobierno en su día. Han servido o, mejor dicho, están sirviendo de coartada -por lo menos lo pretenden- para presentar a los españoles a un grupo político como el Partido Popular miedoso con las reformas y cambios en el ámbito político, y un Partido Socialista abierto, aperturista, en sintonía con los deseos de los electores.
Considero que nunca más lejos de la realidad este reduccionismo político.
Por el contrario, el Partido Popular está demostrando que por la vía del respeto constitucional, del acuerdo sin exclusiones y de la suma de voluntades está en el primer lugar de las reformas, dando garantía de su aprobación y permitiendo su desarrollo. Para el Partido Popular, la acción política debe estar basada en la persona. Sin respeto a la dignidad como ser humano, no es posible construir.


¿Qué es un Estatuto, señorías? No es la panacea o la solución de los problemas de los ciudadanos. A nuestro juicio, es un instrumento de servicio a los habitantes de un determinado territorio. Desde esa concepción, en ocasiones se puede perder la verdadera razón de nuestra presencia hoy aquí, debatiendo un texto aprobado y remitido por las Cortes de Aragón y que a buen seguro prosperará, y en un plazo no lejano se convertirá en la nueva norma de autogobierno para los aragoneses; de ahí, nuestro compromiso con la persona, con su dignidad, trabajando para que realmente sea el centro de toda actividad política.


Señorías, quisiera hacer referencia de forma breve a la anterior reforma del año 1996, una reforma importante que dotó de una mayor capacidad competencial y presupuestaria, capacidad presupuestaria que ha permitido a Aragón triplicar su cifra de gasto anual por tres. Hoy,

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señor presidente del Gobierno de Aragón, todavía le quedaba margen para desarrollar aspectos del texto estatutario, como antes he comentado, aparte de que no solo es necesario el tema de plantear nuevas competencias sin un estatuto, sino que quizá lo más complicado sea ejercerlas para que los ciudadanos, que van a ser los verdaderos beneficiados de estas modificaciones, puedan apreciar que con el cambio salen ganando.


Quiero recordar que un destacado dirigente político aragonesista dijo tras la aprobación de la reforma de 1996 que se había avanzado más en los últimos ocho meses que en los 14 años anteriores. Ante argumentos que esta misma mañana ha utilizado el señor presidente del Gobierno de Aragón, he de decirle que en aquella época también un dirigente del Partido Socialista y hoy asesor jurídico del señor presidente dijo: Aragón, en el año 1996, pasaba por encima de las comunidades históricas en esta reforma -me estoy refiriendo a la de 1996-. El buen hacer de los responsables políticos tanto del Grupo Popular como del Grupo Socialista en aquella época y del entonces presidente del Gobierno de Aragón y hoy miembro compañero de esta Cámara, don Santiago Lanzuela, dio los frutos que acabo de resaltar. Quiero confiar en que la aprobación de esta nueva reforma suponga un paso cardinal en la autonomía del pueblo de Aragón y que entre todos podamos desarrollarlo y hacerlo realidad para el bien de las nuevas generaciones de aragoneses.


Paso a abordar algunos aspectos de esta reforma, señorías. Tal como he dicho al principio de mi intervención, cabe destacar que por primera vez se cuenta con una exposición de motivos que hace mucho más comprensible la historia de nuestro pueblo, la historia milenaria y los esfuerzos por construir Aragón. Son diversas las singularidades que afectan al territorio de Aragón: su extensión territorial, la dispersión poblacional, un elevado índice de envejecimiento, la baja densidad de población y un acusado desequilibrio territorial que crea unas disfunciones que obligan a hacer unos esfuerzos económicos desmesurados en ocasiones para atender a toda la población. Toda política a desarrollar en el territorio tiene que contar de forma necesaria con esta problemática. Este Estatuto pretende dar forma a través de las instituciones para cumplir con el objetivo de salvaguardar las diferencias que pueden haberse consolidado en el transcurrir de los años.
Zaragoza -se ha dicho anteriormente- va a tener una ley de capitalidad, y en este sentido apelamos a la responsabilidad de una verdadera descentralización. Zaragoza tiene una gran responsabilidad desde el punto de vista político, económico, social y cultural de tirar del resto de Aragón.


En la nueva organización del modelo territorial se da carta de naturaleza a la singularidad de la comarca. En el proceso de descentralización llevado a término hay posibilidades ciertas de introducir mejoras.
Sabemos que todavía quedan pendientes más transferencias, pero en cualquier caso hace falta una mayor profundización en la descentralización para ser una verdadera apuesta de futuro. Esta reforma incluye los principios rectores que deben guiar el comportamiento de los poderes públicos para hacer efectivo el ejercicio de los derechos aragoneses y se hace un repaso extensísimo de los mismos, en los que por razones de tiempo no voy a entrar.


Sí quiero desarrollar un aspecto importantísimo, y es el hecho de que Aragón goza de una gran riqueza en cuanto a zonas de valor medioambiental y la propia vicepresidenta del Gobierno ha hecho referencia a los mismos.
Desde los somontanos al Pirineo recorriendo los cauces de nuestros múltiples ríos, hasta las zonas del Bajo Aragón con extensos terrenos semiesteparios, la sierra de Albarracín, los Montes Universales y el Moncayo, así como lagunas como Gallocanta y Sariñena configuran un glosario único que debe ser promovido como fuente y riqueza de un patrimonio que tiene que perdurar para el disfrute de las generaciones futuras. Otra de las riquezas de Aragón es sin duda su agricultura; agricultura que ha sufrido una transformación durante las últimas tres décadas y que la hacen ser un valor en alza de cara a la verdadera vertebración territorial. Conocemos que la agricultura no solo en Aragón sino en toda Europa atraviesa por momentos de incertidumbre. Hemos pasado épocas difíciles, que al final se han superado gracias al esfuerzo y al trabajo del hombre del campo. En ese sentido, quisiera romper una lanza a favor del sector agrario aragonés y el sector agrario español, en cuanto a la situación tan delicada con las reformas que en la actualidad se están propugnando desde la Unión Europea. Ahora bien, en Aragón no tendremos desarrollo de agricultura si no disponemos de agua. Ya sé, señorías, que este discurso a algunos de ustedes les parece pesado, pero es una realidad clara y manifiesta que el Partido Popular defiende y no renuncia a su consecución.


Señorías, somos conscientes de la importancia que el agua tiene para muchos territorios de nuestro país. No es una cuestión que afecte en exclusiva a Aragón. En aquellos territorios que han sufrido o sufren por la escasez de agua se ha gestado una concepción de la misma que apela más profundamente a la necesidad de sentir como propio todo lo relacionado con la misma. En ese devenir hoy igualmente en esta reforma estatutaria se alude de forma muy específica a las garantías en el uso del agua. Por este motivo me extenderé un poco tratando de explicar a SS.SS. la génesis del mismo. Sabemos que los conflictos reconocidos en relación con el agua en Aragón vienen nada más y nada menos que desde el año 87 antes de Cristo en Botorrita. Paso la historia para decir que nombres más recientes como Joaquín Costa, Manuel Lorenzo Pardo, o Francisco de los Ríos, han quedado para siempre ligados a las tierras del Ebro y de Aragón. A lo largo del siglo pasado nuestra comunidad autónoma ve nacer y desarrollarse uno de sus viejos sueños: la expansión de los regadíos con el canal de Aragón y Cataluña, Ley de 1915 de Riegos del Alto Aragón.
Como materia de conflicto el agua es algo que ha sido preciso regular, y el derecho de aguas de

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España es algo que nace y se desarrolla con anterioridad al resto de países de nuestro entorno. En ese sentido, sepan SS.SS., como aquí se ha debatido en otras ocasiones, que la propia directiva marco de aguas emana conceptualmente de muchos de los criterios que hace 75 años que en nuestro país estaban perfectamente regulados. Esa novedad que intentan introducir algunos ahora en el debate político sobre el agua y que está enmarcada dentro de la nueva cultura del agua, no es más que la incorporación y la adaptación al acervo comunitario de un modelo vigente en España y en Aragón, en particular desde hace 75 años. En toda planificación llevada a término en materia de aguas siempre se buscaban las garantías presentes y futuras en cuanto al uso del agua y la consecución de los objetivos recogidos en el Pacto del agua de Aragón. En este sentido, quisiera recordar, señorías, que la Ley del Plan Hidrológico Nacional recogió textual e íntegramente esa resolución de las Cortes Aragonesas. No es un capricho que figure una cifra determinada en hectómetros cúbicos, pero sí cabe resaltar que es una novedad dentro del ordenamiento jurídico de nuestros estatutos. El Pacto del agua supone no solo la garantía de obtener más recursos, esos 6.550 hectómetros cúbicos en total, sino que es agua para regadíos, para usos industriales, para usos medioambientales, turísticos, deportivos, paisajísticos y de salvaguarda de nuestros intereses y nuestros hábitats fluviales. Ha pasado poco tiempo para que, desde una concepción de ruptura total del actual Gobierno con el anteriormente establecido, se haya pretendido dar solución a cuestiones una y mil veces revisadas y que ya estaban encauzadas en una salida pactada. Sí, pactada, no con la unanimidad que hoy exigen los representantes del Gobierno de la nación para acometer cualquier obra de regulación hidráulica. La unanimidad se ha convertido en dogma y yo diría que en la excusa perfecta para no hacer nada, dejar pasar el tiempo y que las legítimas expectativas del pueblo aragonés queden defraudadas sine díe. La falta de garantías que ofrece hoy el Gobierno de la nación en una materia que afecta directamente al bienestar y desarrollo económico y social de las gentes en estos territorios ha motivado que los distintos estatutos que hasta la fecha hemos podido analizar introduzcan elementos de salvaguarda porque entienden que el Estado no va a ser capaz de dar respuesta a sus aspiraciones.


Señorías, los aragoneses, siempre solidarios, necesitan garantizar el uso del agua y propugnan de una forma clara y fehaciente en tres apartados distintos del nuevo Estatuto garantías que, con respeto a las necesidades medioambientales y siguiendo criterios de sostenibilidad, estén de acuerdo con la Constitución, la legislación estatal y la normativa europea que les sea aplicable, llamando la atención sobre el Gobierno de la nación para propiciar el acuerdo entre las comunidades autónomas que se vean afectadas por la planificación hidráulica.


Hago referencia a otros aspectos de máxima preocupación, como pueden ser el empleo o la incorporación real y definitiva de la mujer en igualdad de posibilidades a la adopción de nuevos empleos. Además, las modificaciones introducidas en el presente estatuto referente a las distintas capacidades otorgadas han de servir para una mayor profundización en el autogobierno y en la toma de conciencia, de mayor exigencia y de responsabilidad del Gobierno. Señorías, los compromisos adquiridos son ante el conjunto de los ciudadanos aragoneses, que lógicamente deben tener la facultad de exigir su cumplimiento y adaptación a las realidades cambiantes y nuevas necesidades en el ámbito económico, cultural, social y político. Una preocupación de la reforma del Estatuto se sitúa en dotar de representaciones más equilibradas en las Cortes de Aragón.


He dejado para el final algún aspecto que es parte del mismo problema.
Señorías, Aragón nunca ha tenido problemas de vecindad. Catalanes, valencianos, navarros, riojanos y castellanos son parte de vínculos históricos, geográficos y de una relación cultural, social y económica que va in crescendo. En esta reforma se recoge que, bajo la tutela del Estado, se creará y regulará la composición y funciones de un patronato del Archivo de la Corona de Aragón, donde tendrá participación la nacional histórica de Aragón y otras comunidades. Solo pretendemos salvaguardar el patrimonio histórico y artístico que creemos que hemos creado de la mano con otros territorios de nuestro país y entendemos que la razón ha de primar a la hora de dar una solución definitiva a una problemática que ya dura demasiado tiempo.


Señorías -y termino, señor presidente-, la soberanía nacional reside en estas Cortes Generales, única y exclusivamente, a pesar de lo que algunos se empeñen, escriban en sus estatutos o prediquen. Esta propuesta de reforma con la que mi partido, el Partido Popular, está comprometido cree que implica la obligación de esta Cámara de estudiarla con atención, teniendo en cuenta que el contenido de la misma y el alcance de esta propuesta no empieza y termina en Aragón, sino que afecta a la arquitectura constitucional de esta gran nación, que es España.


Señorías, decía Baltasar Gracián: No todo puede salir bien ni se puede contentar a todos. Voy a expresar un deseo. Que el mismo espíritu de llegar a acuerdos que ha existido en la tramitación de este texto en las Cortes de Aragón sea el que presida la tramitación en estas Cortes. Pido a SS.SS., en nombre de mi grupo, que el camino que hoy comienza halle en esta Cámara un debate presidido por el espíritu del pacto y la capacidad de entendimiento que haga posible consensuar esta propuesta de reforma con un claro objetivo: no defraudar ni a Aragón ni a los aragoneses.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pintado.


Turno para el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra el señor Xuclà.


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El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, delegación de las Cortes de Aragón, señores comisionados, sean bienvenidos todos ustedes. Bienvenido, señor presidente de Aragón.
(Pronuncia palabras en catalán.) Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar la posición de mi grupo ante la toma en consideración del proyecto de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, pero me permitirán que en este debate haga una reflexión más general sobre lo que supone en estos momentos esta segunda gran ola de reformas estatutarias, esta segunda gran puesta al día, después de veinticinco años -año más, año menos- del nacimiento y desarrollo del Estado de las autonomías. Con esta, señorías, llegamos a la sexta iniciativa de reforma estatutaria. Y este grupo parlamentario siempre ha sido partidario de votar favorablemente la tramitación de las reformas estatutarias, siempre ha sido partidario del debate; desde la propuesta de reforma del Estatuto de Aragón hasta la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña; desde la propuesta de reforma del Estatuto de Euskadi, que se discutió el 2 de febrero del año 2005 y que nosotros votamos favorablemente, hasta los estatutos de Andalucía y Baleares y el futuro debate sobre el Estatuto de Canarias.


Señorías, es un buen momento, en el marco de lo que no es un capricho de un parlamento autonómico, en el marco de esta segunda gran ola de reformas estatutarias, es un buen momento para llegar a algunas conclusiones, es un buen momento también para considerar si existen líneas rojas y dónde pone cada cual esas líneas rojas. Sus señorías saben perfectamente que en el año 1979, cuando se inició la primera ronda de aprobación de estatutos, algunos ponían la línea roja donde después rectificaron; que algunos, en los años 1979, 1980, 1981 y 1982 definían lo que se ha llamado hace unos minutos una arquitectura constitucional -una interpretación del Título VIII de la Constitución que, por cierto, planteaban esos mismos grupos su revisión hasta el año 1987- y que después, con el paso de los años, ha quedado claro que esas líneas rojas, esos imposibles, se han redefinido. A estas alturas del debate de las reformas estatutarias, hoy, cuando nos llega una propuesta de reforma con el apoyo de cuatro partidos políticos y con un Gobierno presidido por el Partido Socialista Obrero Español, o el día 12 de septiembre, cuando nos llegó una propuesta de reforma del Estatuto de les Illes Balears, con un Gobierno del Partido Popular y con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español, es el momento de llegar a algunas conclusiones.


Si SS.SS. leen detenidamente los proyectos remitidos a esta Cámara y lo que hoy ya no es un proyecto sino una ley en vigor, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, apreciarán que en estas últimas semanas, en estos últimos meses, el Partido Popular está entrando en una profunda contradicción en su discurso. Señorías, aquello que era nocivo para la sociedad catalana hace unos meses, aquello, literalmente -y cuando digo literalmente, quiero subrayar literalmente, y volveré sobre la literalidad de algunos extremos-, es bueno, es positivo para otras comunidades autónomas. Esta mañana se ha hablado de algunos experimentos estériles. Pues bien, parece que algo que se tiene que respetar y que nunca se tiene que considerar un experimento, al final, se llame experimento o se llame como se quiera llamar, no ha resultado en absoluto estéril. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)

Señorías, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió nunca negará a otras comunidades autónomas lo que ha expresado como vocación de autogobierno para Cataluña -para Cataluña, pero con mentalidad de desarrollo del conjunto del Estado de las autonomías-; nunca lo hará.
Pero, señorías -especialmente señorías del primer grupo de la oposición-, por favor, tengan la decencia de reconocer que desde el debate del Estatuto de Autonomía de Cataluña hasta ahora sus posiciones han ido variando y que no lo han hecho en puntos menores. Si tuviéramos tiempo, que no lo tenemos y tampoco quiero aburrir a SS.SS., sería extraordinariamente interesante repasar los debates habidos en la Comisión Constitucional, en la Comisión conjunta del Congreso de los Diputados y del Parlament de Catalunya, y la fijación de posición por parte de los representantes del Partido Popular en temas como las funciones y competencias de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas; lo que se decía en los meses de febrero y marzo de este año y lo que hoy son proyectos de reforma de estatutos de autonomía de distintas comunidades autónomas. O, por ejemplo, las intervenciones por parte del Grupo Popular negando la tipología competencial, los tres tipos de competencias y, por tanto, reconociendo la existencia de competencias exclusivas, y hoy vemos que en la propuesta de Estatuto de Autonomía de las Illes Balears o en la propuesta de Estatuto de Autonomía de Aragón también se recoge esta tipología competencial y se reconoce que hay competencias exclusivas de las comunidades autónomas. O, por ejemplo, aquello que decía el primer grupo de la oposición sobre la extralimitación constitucional de crear un capítulo de derechos y deberes, esto es, de instituir derechos estatuyentes, lo que era en aquel momento y lo que es hoy en la propuesta de reforma del Estatuto de Aragón o, como les decía, del Estatuto de las Illes Balears o, señorías, los que vengan. Es más, no lo digo yo, lo ha dicho uno de los comisionados de las Cortes de Aragón esta mañana; este comisionado ha dicho que este capítulo de derechos y deberes viene a suponer una ampliación de los derechos constitucionales del año 1978. Cito simplemente una intervención de esta mañana. No se les escapa, señorías, que con estos textos una parte muy importante de los planteamientos del recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña quedan invalidados y, evidentemente, impugnados.


Esta vocación de profundización del autogobierno, que llega muy lejos, y no vamos a ser nosotros quienes

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neguemos a otros lo que queremos para Cataluña, llega también en el ámbito competencial, por ejemplo, en el artículo 71.11, la participación en la programación de obras públicas de interés general por parte de la comunidad autónoma, cosa que a nosotros nos parece muy bien ahora y antes; o, por ejemplo, en el artículo 71.14, la participación en la planificación de los aeropuertos de interés general, cosa que a nosotros nos parece muy bien ahora y también en el mes de febrero y marzo de este año. Seguramente, señorías, ni tan solo así hemos definido lo que a nosotros nos parece un nuevo modelo aeroportuario que aún no ha visto la luz ante otro modelo aeroportuario que está al final de su camino.


Por cierto, hablando de estos dos extremos, de carreteras, de programación y de planificación, no seremos nosotros los que nos dediquemos a contar las veces que en este proyecto de Estatuto aparece la palabra planificación. Algunos otros lo hicieron hace unos meses y llegaron a subrayar el número de veces que aparecía la palabra planificación para llegar a la conclusión de que el Estatuto de Autonomía de Cataluña era un Estatuto intervencionista. Pero, señorías, planificar carreteras o las cuencas hidrográficas es hacer y dar a los poderes públicos sus competencias y no tener una posición intervencionista, en la línea de las muchas falsedades que se han vertido sobre el Estatuto de Autonomía.


Señorías, termino sobre este excursus, sobre este atrevimiento de dedicar una parte de mi intervención a algo que no es propiamente el Estatuto de Autonomía de Aragón y permítanme expresar lo buenas que deberían ser también para el Partido Socialista Obrero Español y para el Partido Popular algunas de las propuestas del Estatuto de Autonomía de Cataluña a través de la literal concordancia entre el artículo 134 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y el artículo 71.53, el de las competencias, de esta propuesta de Estatuto de Autonomía de Aragón. Señorías, en Cataluña existe una tradición de más de 200 años del escutismo con un arraigo social muy importante. Es por esto que en el artículo 134 del Estatuto de Autonomía de Cataluña se hace referencia a las competencias en materia de esports y lleure, deportes y lleure, que fue traducido por parte de los servicios de las Cortes Generales como tiempo libre. No les quiero aburrir explicándoles el significado de la expresión lleure y la tradición de asociación no solo de gente joven, sino de otra gente, sobre lo que significa lleure. El señor presidente de Aragón puede captar perfectamente esa definición. Pues bien, la traducción de lleure como tiempo libre ha supuesto que el artículo 71.53 de esta propuesta de Estatuto de Autonomía defina como competencia exclusiva de Aragón el tiempo libre, que incluye en todo caso el fomento y regulación de las actividades que se lleven a cabo en Aragón y el régimen jurídico de las entidades que tengan por finalidad el ejercicio de actividades de tiempo libre. No es que haya concordancia, es que hay literalidad absoluta, excepto el cambio de Cataluña por Aragón y lleure por tiempo libre. Nos parece muy bien, apoyamos el artículo 71.53, pero este extremo, que yo creo que es un punto singular, nos lleva a una conclusión. En estos momentos el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular se han convertido en unos grandes aficionados a la cláusula Camps. Sus señorías la conocen perfectamente, y algunos grupos de esta Cámara la han criticado: el Grupo de Convergència i Unió y en cierta manera también el Grupo Socialista. ¿Se acuerdan de aquella cláusula que decía: todo aquel planteamiento de nuevas competencias, de nuevos ámbitos competenciales que traiga otra comunidad autónoma también será automáticamente planteado por parte del Parlamento Valenciano? Pues bien, creo que esto es lo que está sucediendo en estos momentos, que el Partido Socialista a través de esta propuesta, o el Partido Popular a través de la propuesta de Estatuto de las Illes Balears, están practicando el mimetismo de la cláusula Camps, todos menos Valencia, que tiene la patente pero que de momento -insisto, de momento- aún no ha puesto en marcha este mecanismo. Espero que disculpen esta digresión sobre otros estatutos, pero también es cierto que tanto en algunas intervenciones de esta mañana como en una intervención de esta tarde ha habido amplias referencias al Estatuto de Autonomía de Cataluña, y les aseguro que nosotros no queremos ser protagonistas del debate del Estatuto de Autonomía de Aragón ni de elementos de desgaste y de erosión entre el Gobierno y el primer partido de la oposición, pero desgraciadamente demasiadas veces este tema es de puro y simple desgaste entre el Partido Popular y el Partido Socialista.


Dicho esto, reitero, señores comisionados, lo que decía al principio, nuestro respeto al conjunto de la propuesta del Parlamento de Aragón, como queremos siempre que sea respetada y aplicada cualquier propuesta que sea formulada por parte del Parlamento de Cataluña, como queremos que sea respetado y aplicado el vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña, por cierto, no con magnanimidad, no con generosidad, como dijo el presidente del Gobierno en el mes de junio durante la campaña del Estatuto, simplemente ajustándose a la ley, aprobando no con magnanimidad ni generosidad aquello que aprobaron estas Cortes Generales.


Por tanto, en primer lugar, respeto a la propuesta de Estatuto de Autonomía formulado por parte de las Cortes de Aragón. En segundo lugar, un claro ofrecimiento de diálogo para los trabajos de tramitación de este proyecto, bien sea en ponencia o en Comisión. Tercero, respeto a su profunda vocación de autogobierno, que se ve reflejada en la exposición de motivos y en la invocación del derecho foral. Esta mañana también se ha invocado el derecho foral y uno de los diputados comisionados de las Cortes de Aragón ha fijado el objetivo del cupo como un objetivo en el cual fundamentar la financiación de Aragón. No soy yo, sino este señor representante del Partido Aragonés, el PAR, quien ha hecho referencia al cupo. Nosotros preferimos hacer referencia en el ámbito de las competencias de Cataluña -y así ha cristalizado en el Estatuto vigente- a los derechos históricos de

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nuestro pueblo, y quizá algún otro grupo parlamentario profundizará sobre el derecho foral en el ámbito privado y sobre el derecho foral público de Aragón. Igualmente, señorías, este grupo parlamentario tampoco tiene ningún tipo de reparo al artículo y previsiones de este Estatuto sobre la eventual incorporación a la Comunidad Autónoma de Aragón de otros municipios o enclaves que en estos momentos se encuentran en otras comunidades autónomas, un mecanismo contemplado además con gran respeto en cuanto a su tramitación y a la voluntad de los habitantes de esos municipios. Pero, señorías, permítanme que reflexione en voz alta; permítanme que les interrogue en voz alta: ¿Qué habría pasado si el Estatuto de Autonomía de Cataluña hubiera contemplado, por ejemplo, una previsión absolutamente respetuosa de incorporación de municipios de otras comunidades autónomas, por vías absolutamente democráticas, a la Comunidad Autónoma de Cataluña? El discurso no es que sea previsible sino que ha sido varias veces ensayado por parte de algunos grupos parlamentarios. Dicho esto, desde el respeto y desde el diálogo por los vínculos históricos que unen a Aragón y Cataluña -que unen, si queremos hablar con propiedad, y con propiedad histórica, el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona-, se ha hecho referencia a los doce siglos de historia de Aragón y SS.SS. saben perfectamente que varios de ellos fueron siglos de historia compartida; historia compartida de aquella Corona de Aragón que llegó lejos, que llegó hasta Constantinopla, hasta Neopatria, hasta Dubrovnik y hasta Mostar, de aquella aventura compartida, de aquella historia compartida que también tiene visiones distintas en el presente. Por ejemplo, en la exposición de motivos ustedes hacen referencia al Decreto de Nueva Planta de 1707 como una radical remodelación del sistema político de Aragón, Decreto de Nueva Planta que fue aplicado a Cataluña en 1714 y que para nosotros supuso la aniquilación de nuestras instituciones y nuestro derecho. En todo caso, respeto también su visón de la evolución del autogobierno y de la vocación de profundización del mismo.


Señorías, quiero terminar mi intervención con tres referencias muy concretas. Con una primera referencia a las lenguas, a las lenguas en plural y al artículo 7 de esta propuesta de Estatuto que hace referencia a las lenguas y modalidades propias de Aragón, y quiero hacerlo para congratularme desde este grupo parlamentario por reconocer esta realidad.
La semana pasada hablábamos de lenguas con el senador don José María Mur, de lenguas de Aragón. El senador Mur me decía: es que simplemente esto es una realidad. Una realidad que además está reconocida -la pluralidad de lenguas- en este Estatuto. Y es evidentemente una realidad que en una parte de Aragón la lengua materna o, si me permiten, la lengua habitual de los habitantes de esa parte de Aragón es la lengua catalana, y prueba de ello es que esta mañana hemos podido intercambiar algunas palabras en catalán con el presidente Iglesias y después con el señor Duran Lleida, que también es nacido en Alcampell, esta zona donde se habla catalán. ¿En qué lengua se han comunicado? Pues, como decía Josep Pla, en aquella lengua que para él era el referente de su país; en aquella lengua donde puedo decir bon dia y me responden bon dia. Pues bien, este grupo parlamentario simplemente desea, desde el respeto absoluto al Parlamento y a las competencias de Aragón y de las Cortes de Aragón, que la ley de lenguas que tiene que desarrollar este artículo 7 de propuesta de Estatuto recoja, fije y definitivamente reconozca el carácter de la pluralidad de lenguas que existen en Aragón. Por tanto, la primera consideración es la de reconocimiento del carácter plural de España y también de esta pluralidad que hay dentro de Aragón.


Una segunda referencia al agua, al artículo 72 en sus puntos 3 y 4 y a los mecanismos que contempla esta propuesta de Estatuto de participación de la comunidad autónoma en la planificación hidrológica general del conjunto de España. Este es, evidentemente, un tema sensible en el debate político del conjunto de España y ha sido un tema sensible en el pasado que algún día, por cierto, deberá afrontarse otra vez. Ustedes conocen cuál era nuestra propuesta inicial en la propuesta de Estatuto de Autonomía de Cataluña y nosotros conocemos su propuesta que, de hecho, tiene una alta literalidad con el informe preceptivo por parte de la comunidad autónoma. Este es un mecanismo de cooperación, de colaboración y de diálogo entre comunidades autónomas y, en todo caso, nuestro modelo es un modelo de Europa en red en lo energético pero también en lo hidrológico, y quiero aprovechar una vez más para recordar nuestra apuesta por el transvase del Ródano, apuesta y propuesta en parte aceptada por el Gobierno y muy tímidamente aceptada también directamente por el presidente del Gobierno a preguntas del portavoz del Grupo Parlamentario Catalán.


Finalmente, señorías, una referencia al Archivo de la Corona de Aragón, al artículo que hace referencia al blindaje que se contempla por parte de esta propuesta de Estatuto de Autonomía y también a la disposición adicional decimotercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña. En estos momentos el Gobierno de Aragón tiene presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. Debemos discutir en el ámbito técnico, en el ámbito jurídico pero, sobre todo, creo que debemos llegar a acuerdos en el ámbito de lo razonable y del diálogo político sobre los conceptos de fondos propios y de fondos comunes, sobre la eventual existencia -ustedes conocen la posición del Estatuto de Autonomía de Cataluña- de fondos propios, de fondos comunes, de la constitución del patronato del Archivo de la Corona de Aragón. En todo caso, les quiero trasladar al conjunto de los miembros de las Cortes y a los señores comisionados que de ningún modo queremos desde mi grupo parlamentario que este tema sea el epicentro de ningún desencuentro entre Cataluña y Aragón y que estoy convencido de que el diálogo permitirá llegar a una buena coordinación en esta materia, más allá del

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recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por este tema en concreto, que va mucho más al grano que el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Partido Popular como enmienda a la totalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña.


Señorías, termino deseando lo mejor para Aragón en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, lo mejor para Aragón en el desarrollo de su vocación de autogobierno, y ofrezco en nombre de mi grupo parlamentario diálogo para llegar a acuerdo donde en estos momentos hay desacuerdo, el diálogo necesario en los trabajos en Comisión y en ponencia, y estoy convencido de que después, cuando hayamos tramitado los estatutos que actualmente están viéndose en la Comisión Constitucional o que se discutirán en los próximos días o semanas, dentro de cinco o de diez años, más allá de discursos, más allá de recursos de inconstitucionalidad, algunas personas dirán: unos lo impulsaron, otros se opusieron, otros lo limitaron y, al final, casi todos reconocieron sus errores y sus aciertos.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Xuclà.


Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. En su nombre, para fijar posición sobre esta propuesta estatutaria, tomará la palabra el señor Cerdà.


El señor CERDÀ ARGENT: Presidenta, señorías, esta tarde se ha dado la bienvenida a los representantes de las Cortes de Aragón y de la Diputación General de Aragón en una lengua, el castellano, que a mi entender es una de las lenguas de Aragón y, si me permite la presidenta, creo que también sería de buena educación para con ustedes saludarles en otras lenguas que también son propias de Aragón, como son el aragonés y el catalán. (Continúa su intervención en aragonés y en catalán.)

En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana voy a defender la posición de nuestro grupo ante la toma en consideración de la propuesta de ley orgánica del Estatuto de Autonomía de Aragón, que ya les anuncio que será de abstención y explicaré el porqué. En Esquerra teníamos planteado que daríamos el voto favorable a todas aquellas propuestas que no fueran de reforma de los estatutos de autonomía que venían de los países catalanes. Esa era nuestra política y así la hemos seguido hasta el día de hoy. Si hemos variado nuestra posición no es por un motivo de injerencia, ni mucho menos, sino por el apoyo justo y solidario a las gentes de Aragón que representan nuestro partido compañero y hermano, la Chunta Aragonesista, y en reciprocidad del apoyo que dicho partido nos ha dado cuando nos ha sido necesario. Deseamos agradecer a la gente de la Chunta su apoyo. Como ellos nos han indicado que su posición en esta toma en consideración era la abstención, nosotros, en justa correspondencia, daremos el mismo voto.


Esta propuesta de reforma de Estatuto es, a nuestro entender, similar a la del Estatuto catalán y en algunos aspectos a la del valenciano, hasta el punto de que la mayoría de los títulos, excepto el de competencias que es más sucinto, son mucho más prolijos que los contenidos en otros proyectos como el andaluz. El preámbulo hace referencia a los derechos históricos.
El autogobierno de Aragón -explica- se fundamenta en los derechos históricos del pueblo aragonés que, en el marco de la Constitución, en la que también se fundamenta, dan origen al reconocimiento de una posición singular de Aragón en el Estado español. Efectivamente, los fueros también fueron la esencia del Reino de Aragón; esencia que, al igual que en el Reino de Valencia, fue cercenada por decretos de nueva planta de 1707 que liquidaron el sistema político, legal, económico, lingüístico, preservando únicamente una parte del derecho civil -en Valencia ni eso- que, tal y como explica la exposición de motivos de la proposición, persiste hasta nuestros días. La disposición adicional tercera de la propuesta de reforma que se nos presenta reproduce la disposición adicional tercera del actual Estatuto de Aragón y determina que la aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica la renuncia del pueblo aragonés a los derechos que, como tal, le hubieran podido corresponder en virtud de su historia y que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establece la disposición adicional primera de la Constitución. Son exactamente los mismos términos que fueron aprobados por el Estatuto de Gernika en su disposición adicional y en la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra. Es así. En términos similares las Cortes Valencianas aprobaron la disposición transitoria tercera de la propuesta de reforma del Estatut, donde también se hacía referencia a la actualización basada en el régimen foral del histórico Reino de Valencia, conforme a la disposición adicional primera de la Constitución. Las Cortes Valencianas y el simbólico abrazo entre el presidente Camps y el señor Pla aprobaron esta disposición transitoria, una de las pocas que nuestro grupo no enmendó, sino que valoramos positivamente en la toma en consideración. Pero, una vez más, los recortes y cepillados de los dos grupos mayoritarios se encargaron de modificar esta disposición y eliminar toda referencia al decreto de nueva planta que existir, existió y existe -está vigente-, y sobre todo la actualización basada en la disposición adicional primera de la Constitución, de la misma manera que el cepillado eliminó rotundamente la disposición adicional primera de la propuesta de reforma del Estatut de Catalunya aprobada el 30 de septiembre por el Parlament, redactada en idénticos términos a los que establece el Estatuto de Aragón vigente y que mantiene la propuesta de reforma. Esperamos que se mantenga lo vigente y que resista la tramitación en estas Cortes sin excesivas turbulencias.


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Para el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana su propuesta merece -ya lo digo desde ahora- el máximo respeto y les anuncio que apoyaremos todas aquellas enmiendas que eleven el marco competencial de esta propuesta de Estatuto. Así, sin más, les apoyaremos en todo aquello que sea aumentar su ámbito competencial, porque nos parece que la descentralización y el ejercicio de las competencias desde los lugares donde se ejercen y desde donde se está más al lado de la ciudadanía, mejora justamente el servicio a la ciudadanía. Sobre todo queremos manifestar nuestro máximo respeto a la voluntad de las Cortes de Aragón, como lo pedimos para los parlamentos de Cataluña, del País Valenciano y de les Illes Balears. Si hablo así, no es solo por simple simpatía, que también, sino porque los catalanes, los valencianos como yo, al igual que los baleares, hemos compartido más que una simple vecindad a lo largo de la historia, y ustedes lo saben. A pesar de los decretos de nueva planta, en una buena parte de Aragón también compartimos, como ya he dicho, la lengua.


En la motivación de este proyecto se ensalza la voluntad autonomista de Aragón, manifestada en 1936 en un proyecto que no pudo aprobarse por razones obvias: el acceso al régimen preautonómico y, finalmente, el Estatuto de 1992, al cual se sumaría alguna reforma posterior. Con todo este bagaje aún no se ha podido resolver el tema lingüístico. Las asociaciones, instituciones y entidades culturales de la Franja, como la Institució de la Franja de Ponent, el Casal Jaume I de la Franja, el Institut d'Estudis Ilerdencs, el Centre d'Estudis Ribagorçans, la Associació Cultural del Matarranya, el Institut d'Estudis del Cinca y la Federació d'Alpes de la Franja, entre otras muchas, nos han trasladado sus demandas y sus reivindicaciones en el ámbito lingüístico. Entienden que es vital la declaración de la oficialidad del catalán, que implicaría su normalización en todos los ámbitos, en la presencia pública, en la Administración, en la justicia, en el comercio. El Estado español es signatario de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias y el último informe del comité de expertos del Consejo de Europa sobre la aplicación de la Carta en el Estado español considera que se están incumpliendo los compromisos contraídos con la Carta Europea, pero muy especialmente en lo que se refiere al catalán en la Franja de Ponent. El Consejo de Ministros del Consejo Europa también lo reconoce entre sus recomendaciones finales, en las que reclama que se refuerce -y cito literal- la protección del aragonés y del catalán en Aragón, inclusive con el establecimiento de un marco jurídico apropiado; lo dice el Consejo de Europa. Ahora han tenido la oportunidad de atender las demandas de asociaciones, entidades e instituciones y de atender las recomendaciones del Consejo de Ministros del Consejo de Europa.


Usted, señor Iglesias, prometió una ley de lenguas para esta legislatura, que es la suya, y en ocho meses tiene elecciones y me gustaría que nos explicara qué es lo que va a hacer con respecto al tema de la lengua, porque sí que hay una preocupación, sorda pero constante, de mucha gente que tiene como lengua propia el catalán. De momento la propuesta de Estatuto se refiere a la protección de las lenguas, sin nombrarlas por su nombre, ni aragonés ni catalán. El artículo 7 sigue reconociendo la existencia de diferentes lenguas, pero evita mencionarlas, como si fueran unos nombres proscritos y los deriva a una ley -hipotética- de lenguas que usted prometió para regularlas. Usted, que también es catalanohablante, como yo, como el señor Xuclà y como tantos otros de esta Cámara, bien sabe que Aragón tiene muchos castellanohablantes, la mayoría, algunos catalanoparlantes, 50.000 ciudadanos y ciudadanas que tienen como lengua propia el catalán, como usted mismo, porque los vecinos y las vecinas de la Franja, administrativamente aragoneses, son de lengua y cultura catalanas. No se puede obviar por más tiempo aquel famoso manifiest de Mequinenza de 1984 y no se pueden obviar por más tiempo las observaciones del Justicia de Aragón, cuando en 1993 criticó al Gobierno de Aragón por discriminar al catalán y al aragonés al no haber legislado en su favor para asegurar su supervivencia. ¿Qué ha hecho Aragón? Permitir, al menos, clases facultativas de catalán. A pesar de ello, la gente le ha dado una lección a sus políticos apostando por las clases de catalán. En la justicia, a pesar de que el derecho civil aragonés lo permite y que el código de comercio valida que los contratos sean realizados en la lengua en que se manifieste la parte, en el día a día no se respeta y se debe recurrir a la traducción; toponimia y antroponimia se castellanizan al más puro estilo jacobino y además con alguna que otra traducción que usted sabe desafortunada. Y no hablemos ya del aragonés. Es la lengua originaria de Aragón -así se nombra-, que ha ido retrocediendo con el paso de los siglos y que aún hoy día se mantiene -diríamos- bastante escondida en el armario. ¿Por qué tienen miedo a reconocer que Aragón es una comunidad multilingüe si como tal se reconoce en la primera línea del anteproyecto de ley de lenguas? ¿Por qué no avanzar cuando disponen de la competencia exclusiva en cultura y desde 1999 de la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de enseñanza? ¿Por qué si en 1997 se aprobó un dictamen de la Comisión especial sobre su política lingüística sin un solo voto en contra y en el que se concluía que había que reconocer legalmente el aragonés y el catalán como lenguas propias de Aragón? ¿Por qué no se reconoce legalmente en este texto? Solo es una sugerencia. Sean valientes y tomen ejemplo de lo que han hecho en Cataluña con la Vall de Arana, una comarca enclavada en el Pirineo, administrativamente catalana pero de cultura y lengua occitana, que tiene en el Estatuto de Cataluña un reconocimiento explícito y extenso. Es una opción y entendemos humildemente que ustedes deberían hacer algún reconocimiento. Señorías, mi grupo parlamentario, bien solo o junto con otros grupos, presentará enmiendas para que de una vez por todas se reconozcan como lenguas propias de Aragón el aragonés

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y el catalán, lo que nos han pedido muchas asociaciones de allí.


Un tema que compartimos plenamente es lo que conocemos como la nueva cultura del agua. Compartimos que una gestión racional del recurso debe darse necesariamente respetando la unidad geográfica de la cuenca, aunque, como pueden suponer, nos gustaría que esta gestión compartida se llevara a cabo mediante una colaboración interadministrativa, con mucho más peso específico de los gobiernos autonómicos, y no tanto desde una confederación hidrográfica dependiente del Estado. Como saben, la utilización del agua es fuente de conflicto si sus pautas de gestión no se establecen de forma racional y consensuada. En este sentido, cabe hacer mención a las previsiones sobre los trasvases o disponibilidad de agua que contempla el proyecto de Estatuto. El presente proyecto de Estatuto prevé que cualquier transferencia de agua que afecte a la comunidad requiera un informe preceptivo. Esto difiere de la previsión de Cataluña, en que el Estatuto solo prevé este informe para los trasvases intercuencas. En cualquier caso, hay que hacer notar que preceptivo no significa vinculante ni determinante, y esto lo sabemos porque fue uno de los términos que se nos recortó en el Estatuto de Cataluña, que preveía originalmente que fueran informes determinantes. Está claro que el ecosistema y las poblaciones más débiles afectadas por la gestión del agua están situadas al final de la cuenca y en el caso del Ebro es, lógicamente, el delta. Así, la determinación de caudal del Ebro no cabe duda de que debe darse en la desembocadura. Esto ya lo prevé el Plan Hidrológico Nacional en su disposición adicional décima, que establece que la definición de los caudales ambientales y adicionales del Ebro se llevarán a cabo en el marco de un plan integral de protección. Mi grupo considera que este acuerdo de hace años es incuestionable técnica y políticamente. Aun así aprovechamos para denunciar -ya hemos registrado una iniciativa en la Cámara al respecto- que este plan integral debería haber estado acabado en junio pasado y todavía no ha llegado a una conclusión sobre los caudales ambientales. Así, hasta que haya una definición objetiva, fundamentada y consensuada en el marco del plan integral de la producción del delta sobre los caudales ambientales y en el tramo de la desembocadura del Ebro, no nos parece procedente el contenido de la disposición adicional quinta. ¿Cómo se puede definir que 6.550 hectómetros cúbicos de agua serán de uso exclusivo de los aragoneses si todavía no sabemos lo que necesita el propio río para la supervivencia de los ecosistemas a lo largo de su cauce? La cantidad que se menciona no es menospreciable, supone ni más ni menos que un tercio de los recursos hídricos totales de la cuenca del Ebro previstos en el Libro Blanco del agua de 1998. Dado que esta disposición vulnera la normativa comunitaria, no puede anteponerse a la definición de caudal mínimo del Ebro en la desembocadura, puede suponer un grave riesgo para el delta, y vaya por delante nuestra reserva para su aprobación.


Aprovechamos también para manifestar nuestra preocupación por la falta de gestión de los grandes espacios naturales que compartimos. En primer lugar, qué duda cabe, el famoso Aiguabarrech, el mayor espacio fluvial de Aragón y a la vez de Cataluña, ya que cada comunidad tiene una mitad de esa gran masa fluvial. ¿Para cuándo una aplicación de un plan de usos y gestión coordinado entre el Gobierno de Cataluña y el de Aragón? Es inexplicable que, a pesar de las diferentes reuniones en los últimos años de nuestros respectivos consejeros de Medio Ambiente, no se haya puesto en marcha un plan de actuaciones que garantice la preservación de tan valioso enclave, que a nuestro entender debería ser un parque natural. De la misma manera hay que ahondar en programas conjuntos para sierras como la del Montsec o el macizo de los puertos de Beceite, solo por citar un par de ejemplos. Nos comprometemos a impulsar una coordinación adecuada para la correcta preservación y gestión de los espacios naturales que efectivamente compartimos. De la misma manera debemos hacer un esfuerzo en aunar legislaciones en materia de medio ambiente. No tiene sentido que en algunos casos estas se contradigan a un lado y otro de nuestros límites administrativos.


Para finalizar, por lo que se refiere al artículo 91, de relaciones con otras comunidades autónomas, desde Esquerra Republicana, como hermanos de un pasado común y compañeros de una buena parte de la historia reciente, queremos brindarnos para trabajar con Aragón a favor de todo aquello que compartimos, no solo la lengua y la cultura que nos unen de corazón con una parte importante del territorio, sino también en materia que nos son comunes y beneficiosas como el patrimonio cultural, el patrimonio histórico, nuestras infraestructuras, nuestras comunicaciones entre Valencia y Zaragoza, entre Zaragoza y Barcelona, entre Barcelona y Valencia, la prestación de servicios a esos ciudadanos, las redes viarias, los recursos hídricos que compartimos a través del Ebro, los acuerdos en sanidad u otros, la conexión de Aragón con el Mediterráneo, su región natural histórica, un marco fundamental para su y nuestro desarrollo socio-económico conjunto. Pueblos que han compartido y comparten tanto merecen seguir trabajando juntos, unidos en un frente común en la protección de intereses de nuestra ciudadanía. El triángulo Valencia-Zaragoza-Barcelona es socioeconómico y cultural del pasado, pero también un eje y un triángulo de futuro, un triángulo que, a nuestro entender, debemos potenciar para el bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas. En la construcción de este espacio de progreso y bienestar nos tendrán, no lo duden, siempre a su lado.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Cerdà.


Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y, en su nombre, será el

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señor Esteban quien tome la palabra para fijar posición sobre este proyecto de Estatuto de Autonomía.


El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) un saludo a los representantes del pueblo aragonés que han acudido a esta Cámara a hacer la presentación y a acompañar a quienes presentan la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía. También quiero pedirles disculpas por el aparentemente escaso interés que está demostrando esta Cámara durante estos debates, puesto que veo ausencias bastante numerosas.


El señor Alcalde ha hecho una intervención explosiva. Ha dicho que ellos no estaban haciendo experimentos explosivos, sino que se trataba de otra forma de hacer las cosas. La verdad es que ha sido una entrada y una defensa del texto estatutario bastante explosiva porque la ha basado en la diferencia del no somos iguales a esos que hacen estatutos que, por ejemplo, recurre el Defensor del Pueblo, tomando ya como inconstitucional algo que todavía está por ver si lo es o no -y será el Tribunal Constitucional quien lo dictamine-, y hablando también de esos estatutos soberanistas, etcétera. No tenemos esas malas formas y somos diferentes.
Coincido con él, somos diferentes. Fíjese si somos diferentes que, a pesar de que la señora vicepresidenta ha basado la legitimación de discutir y aprobar aquí su Estatuto de Autonomía en la presentación por parte de una mayoría legalmente establecida por el Parlamento de Aragón, en el caso vasco no ocurrió así a pesar de que también la mayoría legal establecida lo aprobó y lo presentó en esta Cámara. Fíjese si somos diferentes que el señor Alcalde nos decía que su objetivo no es propiciar una segunda transición. El nuestro como grupo, sí, y desde luego la voluntad mayoritaria en algunas cámaras autonómicas de este Estado es propiciar una segunda transición. En ese sentido señalaba que han intentado evitar mimetizar otros estatutos de autonomía. Este ha sido un argumento repetido. Permítame que discrepe. A uno le sorprende que en la exposición de motivos se haga mención a otros estatutos de autonomía.
Parece un cierto complejo -quizá no lo sea- cuando se dice expresamente que se han hecho avances sucesivos importantes de cara a remediar insuficiencias, limitaciones y diferencias que existían en el nuestro frente a otros estatutos que en su arranque tuvieron la vía privilegiada -la califican así- del artículo 151 de la Constitución. Personalmente creo que es demasiado llamarla vía privilegiada.


Preguntado esta mañana el presidente de la comunidad autónoma, señor Iglesias, en la Cadena Ser acerca de si Aragón planteaba algún problema identitario en el Estatuto como tal comunidad, se ha referido a que ellos no tenían ese problema de sarpullido adolescente de los nacionalistas, que en Aragón era un tema absolutamente extraño. Nosotros -decía- sabemos quiénes somos y dónde vamos. Estoy absolutamente convencido de ello, aunque parezcan desmentirlo las cuatro reformas del Estatuto de Autonomía, algunas bastantes seguidas en pocos años, y una exposición de motivos en la que se hace una resumida pero enciclopédica versión de la historia de Aragón. No deja de sorprender, aunque no aporte nada, que se afirme en la exposición de motivos que Aragón encabezó el movimiento autonomista en el momento de la transición y de la discusión del régimen constitucional. No voy a ponerme a discutir este dato, pero sinceramente no nos parece del todo correcto. Como quieran, que aparezca o que deje de aparecer. No queremos copiar -decía- esos estatutos inconstitucionales.
Permítanme que diga que lo que les está sucediendo con los últimos estatutos de autonomía es un corta y pega con variantes. Que el Partido Popular no eche la culpa al Partido Socialista, señor Pintado, de que le corresponde este increíble, en su opinión, descalabro constitucional de España en el impulso de algunos estatutos, porque el Partido Popular está impulsando en algunas autonomías -hemos tenido ejemplos que han pasado por esta Cámara- determinadas cosas que se permite después recurrir al Tribunal Constitucional y que critica políticamente. Este corta y pega, este estatuto tras otro y esta falta -aparente, porque quizá no lo sea- de criterio en la reorganización del Estado de las autonomías deben aplicarse como responsabilidad a los dos grandes grupos políticos, como señalé ya en la discusión de un estatuto anterior, porque -esperemos que no- del coro armonioso que anunciaba la señora vicepresidenta podríamos pasar al sudoku económico del señor Solbes y a la endiablada complicación jurídica del Estatuto de Mostar, ciudad bosnia pro croata, que muy bien conoce el señor Xuclá. A los hechos me remito. No se habrá hecho una lista exhaustiva de derechos y deberes como en el caso catalán, pero aparecen principios rectores de las políticas públicas. No sabemos si serán fuente de derechos subjetivos o, como la Constitución española, únicamente dirigirán la acción de los poderes públicos. Aparece un Consejo de Justicia de Aragón, ámbito judicial que ha sido muy criticado hasta meses recientes. Aparece una Policía autónoma, rompiendo por cierto el modelo policial que se aprobó en esta Cámara en la VI Legislatura que anunciaba policías autónomas únicamente en el caso catalán, en el de la Comunidad Autónoma vasca y en el de Navarra, dejando unidades delegadas de la policía en el resto de las comunidades autónomas. Esto ha cambiado, evidentemente. También aparece la posibilidad de unas relaciones exteriores, incluso la de una firma de tratados en el exterior, asunto absolutamente tabú hace unos meses. Aparece el concepto de bilateralidad entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de Madrid, asunto absolutamente tabú para algunos grupos hasta ahora. Aparecen una Agencia Tributaria de Aragón, una agencia tributaria propia, y una serie de impuestos entre los que se incluye el impuesto del valor añadido en la totalidad de sus rendimientos. Aparece la posibilidad de las elecciones anticipadas,

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como en otros estatutos, y nos parece correcto. Ahora bien, señora vicepresidenta, como se extienda a todos los territorios autonómicos la costumbre de que en la última semana electoral este Parlamento se paralice, aquí no va a pegar un palo al agua nadie dentro de unos meses.
(Risas.) Aparece una referencia a la que ha aludido el señor Xuclà y con la que yo también me identifico, un asunto que aparece ya desde el principio en el Estatuto aragonés y que es la posibilidad de incorporar poblaciones limítrofes. Lo que me parece absolutamente correcto. Por cierto, siguen literalmente el mismo esquema que el Estatuto de Autonomía vasco, Yo espero que si alguna vez lo ponen en práctica tengan mucha más suerte que el Estatuto vasco, que a pesar de cumplir reiteradamente las condiciones establecidas y ser solicitado por los ayuntamientos afectados nunca se ha podido poner en práctica la siguiente fase, la fase crítica del asunto, que es la manifestación a través de una votación por parte de los ciudadanos de querer incorporarse a otra comunidad autónoma. Por cierto, aquí hablan de poblaciones limítrofes y no, como en el caso vasco, de enclaves territoriales que están rodeados completamente por la comunidad autónoma. Si nosotros lo hubiéramos hecho -coincido con el señor Xuclà-, pensarían que queríamos quedarnos con las bodegas de Haro y las anchoas de Castro Urdiales, probablemente. (El señor Pintado Barbanoj: ¡Será por eso!)

Nuestra postura siempre ha sido facilitar la discusión de los estatutos de autonomía y en este caso va a ser también así, vamos a votar a favor de la toma en consideración y de que se discuta el Estatuto de Autonomía, aunque sinceramente, señor Pintado, después de su discurso -agresivo en mi opinión, quizás esté equivocado-, uno se siente tentado, después de oírle a usted hablar de autonomías emocionales, a pasar a una votación emocional. Pero no, no lo vamos a hacer, vamos a votar que sí a la toma en consideración porque creemos que es lo que se debe hacer con todos los estatutos de autonomía. Nuestra postura siempre va a ser facilitar la discusión y que puedan conseguir todas las competencias que ustedes deseen y el ámbito de descentralización, de autonomía política que quieran, absolutamente lo que manifiesten ustedes.


Hay un asunto que desde el Grupo Vasco creemos que ha llegado el momento de clarificar de una vez, porque hasta ahora se ha funcionado con unos valores sobreentendidos, hay una jurisprudencia, pero en esta nueva modificación de los estatutos no sabemos exactamente cómo va a quedar todo esto. Por tanto, desde el Grupo Vasco, quisiéramos dejar claro cuál es nuestra postura y creemos que la del constituyente en el momento de hacer la Constitución, y no solo del constituyente sino del Tribunal Constitucional. Me refiero a la disposición adicional tercera y al anteúltimo párrafo de la exposición de motivos que hace referencia a la disposición adicional primera de la Constitución, que es una copia exacta de la disposición final del Estatuto de Gernika excepto en un asunto.
Fíjese que en el Estatuto vasco se habla de que los derechos podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico y en el caso aragonés -esto viene desde el origen, desde 1982- se habla de lo que establece la disposición adicional primera de la Constitución.
Insisto, no vamos a oponernos a que ustedes tengan los derechos y las competencias que quieran. Ahora bien, queremos dejar claro que la disposición adicional primera está para lo que está y se creó para lo que se creó, porque parece, sin más -a cualquiera que no conozca la historia de la aprobación constitucional y de las discusiones del texto constitucional-, que aquello surge de la nada. Resulta que el tema de la foralidad nunca se ha visto reflejado en las constituciones españolas excepto una breve mención en el Estatuto de Bayona -si aquello lo podemos considerar parte de la historia constitucional española-, pero de repente aparece en la Constitución española. ¿Y esto qué será? Será que a los padres de la Constitución se les ha ocurrido de repente este rasgo foral, que por cierto fue muy denostado y despreciado desde las bancadas de distintos tipos ideológicos en aquel tiempo y que defendió el Grupo Vasco y el Partido Nacionalista Vasco. Permítanme que haga un relato de cómo surge esa disposición adicional.


La disposición adicional tiene un origen primigenio en la enmienda 689, del Grupo Vasco, a la disposición final del anteproyecto de la Constitución española, una enmienda que decía así: Uno. Se derogan las leyes del 6 al 19 de septiembre de 1937, del 25 de octubre de 1939 y del 21 de julio de 1976, quedando asimismo sin efecto cuantas disposiciones resulten incompatibles con la reintegración foral. Dos. Se devuelven a las regiones forales de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya sus instituciones y poderes políticos originarios. Tres. Se renueva el pacto foral con la Corona, manteniendo el Rey en dichos territorios los títulos y facultades que tradicionalmente hubieran venido ostentando sus antecesores. Cuatro. Las regiones forales mencionadas que así lo decidieren podrán formar un único ámbito territorial, creando de común acuerdo las instituciones, etcétera. Obsérvese que habla de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra, y esto sigue así a pesar de que la ponencia constitucional lo rechaza, porque luego es el señor Arzalluz en una enmienda in voce en la Comisión de Asuntos Constitucionales, el 20 de junio de 1978 -si no remítanse a los diarios de sesiones publicados-, página 547, quien habla de nuevo de Álava, Vizcaya, Navarra y Guipúzcoa.
Se presenta una contrapropuesta en esa Comisión de Asuntos Constitucionales que parte de UCD y que luego es exactamente el texto de la disposición adicional primera, pero la discusión tuvo otra serie de hitos y siguió discutiéndose en el Pleno, en el que se volvió a presentar por el Grupo Vasco una enmienda in voce en la que parecía que había un acuerdo con UCD y sin embargo al final fue rechazada, se siguió discutiendo en el Senado a través de una enmienda del senador vasco Unzueta Uzcanga, etcétera. En la discusión, como se puede leer en los diarios de sesiones, estaba claro que se

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hablaba de los territorios forales vascos de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y también de lo que luego sería la Comunidad Autónoma Navarra, incluso -insisto- cuando se discutía en el Senado uno de los textos que se proponían, que era: La Constitución reconoce y garantiza los derechos históricos de los territorios forales, cuya reintegración y actualización se llevará a cabo de acuerdo entre las instituciones representativas de dichos territorios y el Gobierno, a este efecto se derogan en cuanto pudieran suponer abolición de derechos históricos las leyes de 25 de octubre de 1939 y 21 de julio de 1976. Recuerdo que existe hoy en día una disposición derogatoria segunda en la Constitución española que está unida con la disposición adicional primera y que debe interpretarse junto con esta, que es la derogación de esas leyes, leyes que en su momento abolieron los fueros vascos, años 1939 y 1976. Esos datos están ahí, pero uno tiene que acudir también a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y me permito coger la cuarta edición de la Constitución española de Manuel Pulido Quecedo, excelente resumen de jurisprudencia, y me he leído además toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el tema. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Esta sentencia es del año 1988 y su Estatuto es de 1982 en este texto. La Sentencia 76/1988 dice: Comienza la disposición - la adicional primera- proclamando que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Viene, pues, a referirse a aquellos territorios integrantes de la Monarquía española que, pese a la unificación del derecho público y de las instituciones políticas y administrativas del resto de los reinos y regiones de España, culminada en los decretos de Nueva Planta de 1707, 1711, 1715 y 1716, mantuvieron sus propios fueros, entendidos tanto en el sentido peculiar de forma de organización de sus poderes públicos como del régimen jurídico propio en otras materias durante el siglo XVIII y gran parte del XIX, llegando incluso hasta nuestros días manifestaciones de esa peculiaridad foral. Tal fue el caso de cada una de las provincias vascongadas y de Navarra. Sentencia 76/1988, de 26 de abril, fundamento jurídico segundo. Esa es la concreción territorial de la disposición adicional primera, y a eso se ha limitado en todos los casos, incluso cuando podría haber utilizado esa adicional primera en un asunto -ustedes recordarán- que se suscitó sobre el derecho privado aragonés pero rechazó su aplicación el Tribunal Constitucional. Por tanto, ha llegado el momento de poner las cosas absolutamente claras. Otro ejemplo: Comentarios a la Constitución española de 1978, dirigidos por Oscar Alzaga, tomo XII, página 566. Voy a leerles un párrafo breve. El profesor Francisco Fernández Segado, refiriéndose a cuál es el ámbito, si va más allá de las provincias Vascongadas o Navarra, dice: No es este, desde luego, el sentido con el que se la incorporó a nuestra Ley fundamental, en la que tuvo encaje en función exclusivamente de la problemática vasconavarra, y sobre ella se limita, a nuestro juicio, a proyectar sus efectos. Esto fue escrito en el año 1996. Yo les invito a todos a leer los diarios de sesiones y las intervenciones de los señores Cisneros Laborda, Arzalluz Antia, Unzueta Uzcanga, Del Burgo Tajadura, Aguiriano Forniés, González Seara, Abril Martorell, de diferentes grupos políticos, y verán cómo la discusión, los términos y el objeto de aquella enmienda que luego se plasmó en la Constitución fue este. En estos momentos en que, se quiera o no, vamos a una segunda transición, desde el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) queremos clarificar esto. Si ustedes quieren ir más allá incluso de la disposición adicional primera, nosotros no tenemos ningún inconveniente, les apoyaremos total y absolutamente en todas las competencias que quieran tener como Aragón, y si quieren volver a resucitar el antiguo Reino de Aragón estaremos también de acuerdo, pero no invoquen la adicional primera, porque la adicional primera tiene un objeto, tiene un sentido y tiene una finalidad.


Muchas gracias, señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Esteban.


Señorías, continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y tiene la palabra doña Isaura Navarro en su nombre.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.


Después de esta clase de derecho constitucional que acabamos de recibir, quería iniciar mi intervención saludando a la amplia delegación que viene de Aragón y, por supuesto, saludando al pueblo de Aragón a quien va dirigida esta propuesta de reforma de Estatuto.


En nombre de Izquierda Unida de Aragón quiero señalar que nosotros teníamos muy claros nuestros objetivos. La reforma del Estatuto debía servir para avanzar en autogobierno, para avanzar en derechos de los ciudadanos, para avanzar en democracia, y para no quedarse a la cola en las reformas estatutarias que están generando -esa es la realidad- un nuevo marco de convivencia entre las distintas comunidades autónomas.
Quisiera decir al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que sí que son importantes las reformas estatutarias. ¿Por qué? Porque todas ellas incluyen aquellas materias que preocupan a la ciudadanía. Precisamente en las encuestas que tratan estas materias la ciudadanía habla de problemas de inmigración, de vivienda y un largo etcétera. Todas esas cuestiones están en los estatutos, porque los estatutos lo recogen todo.
Precisamente por eso son relevantes y debemos preocuparnos por sus reformas, por sus actualizaciones y por dar a la ciudadanía las mejores leyes orgánicas donde se recojan avances en derechos, en autogobierno y en democracia.


Quisiera recordar que Aragón en su día fue pionero en las reformas estatutarias de las autonomías de vía lenta y su reforma abrió el camino a todas las demás. Aragón ha mantenido intacta desde aquel día su aspiración

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de profundizar en un mayor autogobierno, el máximo que permitía la Constitución. Toda la legislatura pasada estuvieron ustedes trabajando con el consenso de los cinco grupos por estar en condiciones de abordar la nueva reforma estatutaria. No ha sido antes porque las posiciones españolistas del Partido Popular, representadas hoy con aquello de que Aragón es España y España es Aragón, que a mí casi me parecía que se iban a cuadrar todos ustedes -me han recordado a escenas del pasado que vemos en los documentales de La Primera- y las guerras territoriales del Partido Socialista han retrasado este nuevo texto. Finalmente se ha llegado a un buen Estatuto, pero pudimos tenerlo antes y la ciudadanía aragonesa habría tenido mejor gobierno, más capacidad de decisión, más competencias, más derecho y más participación y control democrático mucho antes. Ahora lo va a tener y por eso hoy Izquierda Unida se alegra de defenderlo. Sin embargo, hay que recordar que tienen ustedes una deuda con el pueblo aragonés y que, por tanto, han de facilitar que el desarrollo de este Estatuto llegue cuanto antes a los destinatarios de esta reforma, a la ciudadanía aragonesa. Tienen mucho trabajo por delante, al igual que nosotros en la tramitación, pero especialmente ustedes con el desarrollo que deben llevar a cabo. En cualquier caso, nosotros, Izquierda Unida, tenemos claro el modelo de Estado por el que abogamos. Evidentemente, no representamos a toda la ciudadanía aragonesa y, mientras no se reforme la Constitución, el camino para llegar a ese modelo que defendemos es el avance en las reformas estatutarias que traigan más autogobierno, más democracia y más derechos para los ciudadanos. Defendemos, como ustedes saben, un Estado federal, plurinacional, pluricultural, plurilingüista, solidario y republicano, y no nos cansamos de repetirlo; es el objetivo de Izquierda Unida para mejorar la calidad de vida de la gente.


Otro de los objetivos clave que para Izquierda Unida de Aragón ha estado presente en todo el proceso de reforma ha sido alcanzar el máximo consenso posible en este Estatuto. No queríamos un Estatuto bipartidista ni un Estatuto para unos pocos aragoneses, nuestro objetivo era que todas las sensibilidades que hay en Aragón, todas las maneras de entender Aragón estuvieran representadas en este Estatuto, que todas tengan un hueco, que todas encuentren un reflejo en su contenido. Con este objetivo hemos trabajado, hemos negociado, renunciando a nuestros máximos, porque no es este el Estatuto que hubiera hecho Izquierda Unida, es el fruto del acuerdo alcanzado entre las distintas visiones sobre el pueblo aragonés, sus necesidades y sus demandas. Pero Izquierda Unida está también en este Estatuto. A través de la negociación, precisamente, hemos logrado introducir cuestiones que nos resultan clave, como el avance en derechos sociales, el medio ambiente o el futuro referéndum y la participación ciudadana. Nuestra propuesta quiere mejorar el nivel y la calidad de los servicios y prestaciones que reciben los ciudadanos de Aragón, así como consolidar y garantizar los derechos y libertades. Por ello hemos trabajado para que las competencias que asume Aragón tengan su reflejo precisamente en la Carta de derechos de los ciudadanos -sanidad, educación, servicios sociales, medio ambiente, vivienda e integración social de los inmigrantes-, así estos derechos generan obligaciones directamente para las instituciones de Aragón, a sus poderes públicos.
Evidentemente, no ocultamos que queríamos más, pero estamos satisfechos con lo alcanzado y, desde luego, estamos muy satisfechos con la visión que se recoge del derecho al agua suficiente, con el respeto al medio ambiente; una visión solidaria y racional que era necesaria, al contrario del ridículo precepto que recoge el Estatuto valenciano, que habla del derecho al trasvase de los ciudadanos, algo completamente absurdo, que legalmente no tiene ninguna consistencia y que nada tiene que ver con los derechos universales ni la protección del medio ambiente. Más bien en el Estatuto valenciano se recogió un escaparate electoral del Partido Popular que llevan hasta una ley orgánica escondiendo su demagogia al hablar del agua, que demandan única y exclusivamente para sus infinitas urbanizaciones y campos de golf a los que nos tienen acostumbrados, agua a la que ni siquiera ponen restricciones en su uso cuando hay años de sequía como el que hemos padecido.


El diputado de la delegación del Partido Popular ha hablado de que el agua no puede ser elemento de confrontación. Dígaselo a sus compañeros de partido, dígaselo; es más, le invito cuando quiera a visitar el País Valenciano y Murcia para que vea cómo se hace un uso demagógico y de plena confrontación, de absoluta confrontación entre los ciudadanos de las comarcas del País Valenciano. Este Estatuto -ni ningún estatuto- no debe caer en discursos electoralistas, porque una ley orgánica, la carta magna del pueblo de Aragón, no es el lugar para incluir este tipo de discursos, como tampoco lo era el Estatuto valenciano. Finalmente, el texto recoge una visión racional sobre el agua, sobre el Ebro, la defendida por Izquierda Unida. Tampoco se debe caer en discursos electoralistas cuando se habla de la realidad multilingüe ni ninguna otra cuestión que impida alcanzar un acuerdo racional para Aragón y su Estatuto, para Aragón y su carta magna.


Señorías, como no podía ser de otro modo, desde Izquierda Unida hemos puesto especial interés en mejorar la calidad democrática del sistema, en reconocer la realidad multilingüe de Aragón, en favorecer la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la vida social y política de la autonomía aragonesa y en la necesidad de alcanzar el máximo nivel competencial. De este modo, hemos logrado introducir la participación política, recogiendo la iniciativa legislativa popular y los derechos de consultas y encuestas populares, si bien es cierto que existen más mecanismos de participación y que es importante que estos se desarrollen bajo un Gobierno de izquierdas, que crea realmente en la participación ciudadana, que crea en la necesidad de implicar a la ciudadanía en la vida política y de escuchar permanentemente

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la opinión de la ciudadanía a la que se dirigen sus decisiones, porque esa es la opinión más relevante que tenemos que escuchar. Hemos logrado incorporar la posibilidad de que las futuras reformas estatutarias se ratifiquen por referéndum, si bien nuestra propuesta, la de Izquierda Unida, iba más lejos de lo alcanzado, pues aspirábamos a un referéndum que ratificara este Estatuto, a trasladar su aprobación al pueblo aragonés para que se implicase y participase en las decisiones que tanto le afectan, porque este Estatuto debe ser precisamente para los ciudadanos, para resolver los problemas que más les preocupan, para los ciudadanos y ciudadanas de Aragón cuya voz ha de ser escuchada.


Señorías, hemos cumplido con nuestros objetivos, mejorando las cuestiones más relevantes para la izquierda transformadora aragonesa que representa Izquierda Unida de Aragón. En cuanto a los principios rectores que se recogen, su mayor o menor implementación dependerá también de quién gobierne. El Estatuto establece marcos para garantizar una mayor transparencia, eficacia y participación en los retos de la gestión diaria, en parte gracias a las aportaciones de Izquierda Unida. Sin embargo, los principios rectores se estiran o se acortan en manos de unos u otros, y a la hora de elegir opción política eso nunca se debe olvidar.


Todas estas reivindicaciones que recoge la reforma de Estatuto que hoy nos presentan se realizan en el marco de una demanda que Izquierda Unida nunca va a abandonar; estoy hablando de la segunda descentralización, la que atañe al ámbito municipal, que es la Administración más cercana al ciudadano y que sufre, como ustedes saben, serios problemas de financiación. Hablando de problemas de financiación, la correspondiente a las comunidades autónomas es una cuestión que siempre despierta polémica.
En esta Cámara estamos viendo de todo. Desde el Estatuto valenciano, que ni pide ni reclama, espera a ver qué le da el papá Estado y después, eso sí, se queja de lo que dan a otras comunidades autónomas, hasta el Estatuto balear, que copia la financiación del catalán después de satanizarla. Desde Izquierda Unida de Aragón hemos reivindicado siempre la suficiencia financiera que permita el desarrollo de los derechos sociales recogidos en el Estatuto, corresponsabilidad fiscal tanto en la gestión como en el gasto y equidad territorial para garantizar nuestra solidaridad, la solidaridad del pueblo aragonés. El objetivo del modelo que tiene este Estatuto pretende enmarcarse precisamente en la solidaridad entre las distintas comunidades autónomas, al mismo tiempo que salvaguardar las peculiaridades de Aragón, y eso es algo positivo. La aspiración de Izquierda Unida de Aragón era la garantía de financiación suficiente, redistribuidora y solidaria, una financiación que garantice que Aragón no reciba menos, pero tampoco más de lo que solidariamente le corresponda y que, dentro del marco general de financiación, garantice el reconocimiento de los hechos diferenciales, es decir, la despoblación y el envejecimiento, cuestión esta que no está en el texto; sin embargo, como todo Estatuto, igual que todo en la vida, es mejorable, esta tramitación es un buen momento para incorporarlo. Izquierda Unida defiende un modelo de financiación que no puede establecerse únicamente en términos de población, sino que debe contener los elementos diferenciadores que atañen a Aragón, como son la pirámide poblacional, el territorio y su estructura poblacional y demográfica, el PIB y las deudas históricas que algunos territorios de Aragón han aportado en los tiempos de la dictadura franquista al desarrollo de otros, una deuda que todavía no se ha subsanado; recordemos la inmigración forzosa a la que se sometió en la dictadura a numerosos habitantes de Aragón, a pueblos enteros que vieron cómo los pantanos inundaban sus tierras y sus casas. Señorías, hay más de 230 pueblos abandonados. Todas estas cuestiones han de tenerse en cuenta a la hora de negociar la financiación y este convenio con el Estado, y los mecanismos que se establecen en el Estatuto recogen esta posibilidad. Tanto en el ámbito de financiación como en el resto de relaciones entre la comunidad autónoma y el Estado era necesario regular y actualizar el sistema institucional de Aragón y establecer nítidamente las relaciones de Aragón con el Estado en la toma de decisiones, en las relaciones con Europa, y en las decisiones económicas y de política fiscal y financiera

Igualmente consideramos conveniente desde Izquierda Unida aprovechar la posibilidad de convenios y acuerdos con otras comunidades y tremendamente necesario tener en cuenta la realidad de la estructura comarcal. Nuestra reflexión también va dirigida a la necesidad de reformar el sistema electoral. Creemos conveniente, en cuanto a la Ley de Comarcalización aprobada, que las provincias ya no tienen ningún sentido y debemos adoptar la circunscripción única, una vez superada precisamente la provincia con la Ley de Comarcalización, porque Aragón es tierra de comarcas y esa es la realidad indiscutible.


Otra de las cuestiones controvertida es la lengua, señorías. Se recoge la realidad plurilingüe de Aragón; pero sobre esta realidad no se debe hacer electoralismo sino que lo que se necesita es esa ley prometida, esa ley pendiente del anterior Estatuto, esa ley que ahora, en este Estatuto, tiene un marco sobre cómo debe ser su contenido. Y eso es un gran avance; pero este avance debe sostenerse en un acuerdo. Nosotros invitamos a todos los grupos políticos a comprometerse para crear ya una ponencia para dotar a Aragón de la ley de lenguas que marca el nuevo Estatuto, precisamente con ese marco que establece. Porque desde Izquierda Unida de Aragón siempre se ha defendido el reconocimiento de las tres lenguas. La obligación de garantizar que en los territorios donde se habla los ciudadanos puedan dirigirse a la Administración en su propia lengua, que en esos territorios se incluya en el currículum escolar y académico y que en todo el territorio aragonés se garantice su enseñanza a aquellos que quieran aprenderla y una adecuada política pública de promoción y protección del patrimonio lingüístico que posee Aragón.


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Desde Izquierda Unida estamos orgullosos de haber logrado introducir en el texto estatutario la obligación de realizar no solo una ley de lenguas, sino también el marco en el que se ha de desarrollar la misma, que ha de garantizar su protección y favorecer su uso en las relaciones con la Administración. Precisamente por ello, invitamos a todos los grupos a ese compromiso para constituir ya la ponencia y que esa ley de lenguas sea una realidad para el pueblo aragonés. En definitiva, desde Izquierda Unida apoyamos este Estatuto porque hemos podido mejorarlo con nuestras aportaciones y de este modo incluir un enfoque más social que requería.


Señorías, no es el Estatuto de Izquierda Unida. Es el Estatuto de Aragón, de todos, de todos los aragoneses, pero su desarrollo por una fuerza política comprometida con la ciudadanía, desde la izquierda social y transformadora, permitiría que la gente disfrutara en el día a día de una realidad mejorada, donde la educación, la sanidad, los servicios sociales, todos ellos públicos y de calidad, serían una realidad porque son nuestra prioridad, son la prioridad de Izquierda Unida. Un Gobierno con participación ciudadana que mirara más hacia su gente, hacia todos los aragoneses que demandan soluciones a sus problemas de infraestructuras, de despoblación, de falta de empleo de calidad, del encarecimiento de la vivienda, de la marbellización del territorio y de la terrible brecha que se abre entre la Zaragoza urbana y el Aragón rural. Por todas esas cosas, por ese objetivo de avanzar hacia la sociedad del bienestar en democracia, en participación, en derechos básicos que deben ir creciendo, seguirá Izquierda Unida trabajando y por eso vota favorablemente esta toma en consideración, sencillamente por Aragón.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Navarro.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y será el señor Mardones quien tomará la palabra en su nombre.


El señor MARDONES SEVILLA: Señores comisionados de las Cortes de Aragón, don Marcelino Iglesias, don Gustavo Alcalde y don José Ángel Biel, bienvenidos. Coalición Canaria, ante ustedes, que están representando hoy la soberanía popular y democrática de las Cortes de Aragón, quiere dar un testimonio de solidaridad democrática e institucional, y en base a ello vamos a dar nuestro voto favorable para la toma en consideración de este Estatuto de autonomía. Lo hacemos desde una memoria histórica y un recuerdo para dos de ustedes que han sido miembros de esta Cámara, uno de ellos en nombre de Unión de Centro Democrático, el amigo José Ángel Biel, lo que para Coalición Canaria es un motivo de honda satisfacción, y sobre todo para rendir un tributo de reconocimiento al entonces diputado don José María Mur, que dio su voto para que Coalición Canaria pudiera constituir desde entonces grupo parlamentario propio en esta Cámara. Nos sentimos unidos en este principio de solidaridad basada en una relación democrática de convivencia de formaciones muy distantes geográficamente en el mapa de España pero muy próximas desde el concepto del diálogo, el consenso y la aproximación de posiciones.


Vamos a dar nuestro voto de conformidad a la toma en consideración anunciando que no está en nuestro ánimo presentar ninguna enmienda. Lo que sí va a defender Coalición Canaria en la Comisión Constitucional es el pleno respeto al documento que ha venido de las Cortes de Aragón, sin consentir, como se ha pedido esta mañana por los señores comisionados, ninguna rebaja del sistema que se ha seguido en Aragón para su redacción con un amplio consenso de prácticamente todas las fuerzas, con la excepción de una abstención, lo que entra dentro de la valoración democrática. Esto contribuye a recuperar eso que ahora se está llamando a veces memoria histórica, que tiene distintas fechas, pero para algunos de los diputados que aquí estamos, encabezados por don Alfonso Guerra, que es presidente de la Comisión Constitucional, eso da una garantía, una sensación de que existe el hilo conductor que puede dar una memoria histórica de cuando hicimos la Constitución española, la Ley Electoral y el Reglamento de las Cámaras, los tres grandes basamentos donde deben estar los consensos. Lo demás son políticas de campaña electoral, pero se respetan las reglas del juego fundamentales. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Entendemos que el documento que nos llega hoy a la Cámara respeta las reglas constitucionales del juego dentro del Estado español reconociendo la soberanía de la totalidad de la nación española en el soberano órgano que son las Cortes Generales y la soberanía del pueblo de Aragón a través de sus instituciones, con este Estatuto que nos trae como ley fundamental en la convivencia de esa parte de España que es Aragón. Daremos nuestro apoyo, sobre todo porque con este consenso se evita -cosa que al presidente de la Comisión Constitucional y a este diputado nos agrada- que sirva como un proyectil de agresión, crispación y distanciamiento entre los aragoneses, y entre los aragoneses y el resto del Estado español. Eso ya es un valor positivo en sí mismo, no utilizar un documento que tiene que tener el amparo del consenso como un arma arrojadiza, como si fuera un proceso electoral. Para los procesos electorales ya hay otras vías, otros tiempos y otros temas.


Ha tenido también este documento el acierto de hacer un reconocimiento natural de Aragón como nacionalidad histórica dentro de la Constitución española. ¿Pero cómo no va a tener nacionalidad histórica una parte de España que está escrita desde antes de la Edad Media como una unidad que defendía unas singularidades y unas especialidades? Leyendo el texto que ha venido aprobado desde las Cortes de Aragón me he encontrado con una coincidencia curiosa en el artículo 59, referido al Justicia de Aragón.
¿Cómo no van a tener derecho a ser nacionalidad histórica con un Justicia de Aragón que tiene su

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placa ahí, con su nombre, en las Cortes democráticas, puesto ya en la II República española, don Juan de Lanuza?

El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) nos ha traído un debate interesantísimo que es la relación de este documento respecto a la disposición adicional tercera, y referido a una interpretación de la disposición adicional primera de la Constitución española. Se ha invocado acertadamente por el portavoz vasco algo que posiblemente dé mucha altura al debate en la Comisión Constitucional porque precisamente uno de los citados -con quien trabajé en UCD, don Fernando Abril Martorell- sí me había hablado de la delicadeza que tuvieron los constituyentes que al redactar la disposición adicional primera de la Constitución española, referida al respeto al régimen foral, no se citó a ninguna localidad del Estado español ni se citó a ninguna comunidad autónoma, aunque en otro párrafo se hace una referencia al régimen especial de Navarra. Estos sistemas de régimen especial en la universalidad de leyes del resto del Estado español han sido muy seguidos desde Canarias porque junto a otras comunidades autónomas la nuestra ha tenido un régimen específico fundado en la antigua Ley de Puertos Francos de don Juan Bravo Murillo, en la época de Isabel II, equiparable a un sistema, digamos pactado o paccionado, como en Navarra, con respecto a funciones económico-fiscales.
Pero no se citó a ninguna comunidad autónoma a este respecto y se dejó abierta.


Cuando he estado mirando fichas históricas para buscar la justificación de la aparición de este artículo 59 del Justicia de Aragón, la referencia a un régimen foral en Aragón me llevó a encontrar unas relaciones en la Baja Edad Media a favor de esta nacionalidad histórica de defensa de unos derechos territoriales que va a ejercer la figura del Justicia de Aragón.
Es nada más que el privilegio general de 1283, que entre las funciones que se señalan al Justicia de Aragón es ser el principal guardián del ordenamiento foral y la causa de que Juan de Lanuza se enfrente con el poder central y autoritario del rey Felipe II es porque el Justicia de Aragón es el que dice defender unos fueros que había firmado el propio rey don Felipe II, contrariando -dice Juan de Lanuza- fueros que el mismo rey católico había firmado y se había obligado a respetar y que conculca cuando ordena a sus tropas imperiales entrar en el territorio de Aragón.
Las circunstancias son tan curiosas que el rey, con su poder, domina aquello y es condenado a muerte Juan de Lanuza que es decapitado curiosamente en la fecha de 1591: si le quitan los dos unos, de los dos extremos, queda la cifra 59 que es curiosamente la del artículo de este documento de Aragón que se refiere al Justicia de Aragón. Curiosa coincidencia la del artículo 59 y el año 1591 en que es decapitado el Justicia de Aragón, don Juan de Lanuza, por las tropas imperiales del rey Felipe II. Aclarada para Coalición Canaria la generalización que trae la disposición adicional primera de la Constitución española en concordancia con este común derecho de reivindicación histórica, que cada cual después interprete lo restrictivo o lo amplio que es, mi grupo, siempre en la búsqueda de un consenso, lo interpretó como los padres de la Constitución. Lo veremos en los debates en ponencia y en la Comisión Constitucional donde se podrán hacer las aportaciones precisas, que serán legítimas aunque entren tal vez en el terreno del academicismo. Nosotros preferimos una interpretación amplia para aquellos reinos, comunidades o territorios de España que a lo largo de la historia han tenido privilegios forales o régimen foral en su ordenamiento político, social, laboral, económico o financiero. Por tanto este punto merecerá toda la atención posible.


Creemos también que debemos dar apoyo con nuestro voto positivo a la toma en consideración de lo que es y de lo que va a ser -esperamos que pronto- este Estatuto de Autonomía de Aragón, que sigue una línea, como señalaba esta mañana, al hilo de las palabras tanto de don Marcelino Iglesias como de don Gustavo Alcalde como de mi buen amigo don José Ángel Biel cuando se referían al principio de solidaridad: una oferta de solidaridad y relación con el Estado, una oferta de solidaridad y relación con las comunidades autónomas y una oferta de solidaridad y relación con la Unión Europea. Pero dejando bien claro un principio: quien tiene que garantizar dentro del Estado, aunque algunos nos llamen jacobinos, es el Estado. El Estado es el que tiene que arbitrar con las comunidades autónomas para hacer armonizable un régimen general que está en toda la Constitución española y en los estatutos de autonomía aprobados de acuerdo con el título VIII de la Constitución del Estado de las autonomías. Pero el garante de esa armonización, de presidir esa mesa y, si se quiere, inter pares, es el Estado para garantizar un principio de solidaridad que es el único que puede hacer verdaderamente ejecutivo este principio de acumulación de Estado y no de disgregación de Estado.


Nosotros entendemos también que se ha traído un Estatuto en el que se ha huido del blindaje, como afortunadamente se ha dicho esta mañana, para no caer en una casuística más bien de reglamento, que es donde van a venir todas las posibilidades indeseables de roces en la interpretación de leyes de ámbito general estatal con disposiciones emanadas de los parlamentos autonómicos, en este caso con el de Aragón. Además, esta ha sido una línea que se ha mantenido, afortunada y curiosamente, en el Estatuto de Autonomía de Aragón desde 1982, el primero que se hace, incluso con la referencia al régimen foral -está ahí, en el año 1982-; después se hace la modificación de 1992 y también está ahí ese reconocimiento de particularidad del Reino de Aragón y no recuerdo que hubiera enmiendas con una oposición frontal, se respetó como un derecho que venía acumulándose desde hacía siglos. Pero fundamentalmente partimos de un hecho de racionalidad y se ha dicho también esta mañana en conjunto por los señores comisionados, y es que hay un principio, junto con la colaboración institucional, de traer un texto nuevo, con

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unas raíces anteriores. No se trata de una modernización o de una adecuación al texto de 1996, es un texto nuevo, basado en el título VIII de la Constitución española, basado también en una serie de competencias que es una secuencia histórica democrática, que es la secuencia que mi grupo debe valorar fundamentalmente y le debe interesar y es la secuencia histórica que empieza con la Constitución española. Ese es el punto de partida, con todo el respeto a todos los tomos de historia que traten también legítimamente de justificar unos derechos. Los derechos arrancan fundamentalmente de este título VIII de la Constitución española vigente y en esta Cámara tenemos la obligación democrática y política de velar por ella, tal y como decimos en el acto de toma de posesión del escaño de diputado jurando o prometiendo estos principios y, siendo consecuentes con los mismos, llegamos a la situación actual. Es un texto nuevo que trae unas ideas que se venían también presentando en esta secuencia, con un sentido democrático, que se genera a partir de 1978 en España y que se reflejan perfectamente ahí.


Mi grupo, por tanto, viendo la valoración positiva de estos principios que se establecen para el nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón, quiere apoyarlo, modestamente por nuestro número de votos, con un sentimiento de igualdad de valor democrático para que su andadura sea armónica y que permita, dentro del Estado autonómico español, la convivencia de todas estas autonomías que, teniendo intereses específicos reglamentarios tan dispares, diferentes, distantes y distintos como Aragón respecto a Canarias, se sienten identificadas en la defensa de un patrimonio fundamental, el patrimonio de convivencia, el patrimonio de armonía que señala y al que obliga nuestra Constitución. Si en 1978 llegamos a estos consensos constitucionales, tengamos la sensibilidad de velar por ellos para que en todas las partes de estos 500.000 kilómetros cuadrados de nuestra piel de toro, con sus archipiélagos balear y canario, nos encontremos siempre con unos valores comunes e importantes a defender, pero en todas partes, cada uno con una aportación, porque cuando se entra en textos como el Compromiso de Caspe, se ve que Aragón se tiene perfectamente ganada su autonomía en el concepto de nacionalidad histórica española, porque el Compromiso de Caspe es tan históricamente legítimo para Aragón como para el resto de España y de los sistemas de gobierno que en aquella época había. Y cuando se llega a aspectos culturales, de simbiosis, de síntesis, cuando se entra en los claustros del monasterio de San Juan de la Peña, uno se da cuenta de que se están tocando unos valores universales que sirven de identificación. San Juan de la Peña no es solamente un patrimonio y un momento histórico; es algo cuya custodia territorial la tienen las Cortes de Aragón, la tiene el Gobierno de Aragón y cuya custodia democrática la tenemos todas las fuerzas políticas de España que quieren hacer de esto un ámbito de convivencia. Con este recuerdo y por entender que esto se cumple, Coalición Canaria votará favorablemente la toma en consideración de este texto de nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón, deseando a los aragoneses y a todos los allí residentes la mejor convivencia y andadura.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.


Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Señor presidente, señorías, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a este Congreso de los Diputados a los diputados aragoneses representantes de los grupos del Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular y Partido Aragonés Regionalista, que esta mañana han participado en la defensa de la admisión a trámite del nuevo Estatuto de Aragón. Deseo saludar también a todos los representantes aragoneses presentes en la tribuna de invitados.


Señor presidente, señorías, es para mí un honor y es para Chunta Aragonesista un orgullo participar en este histórico debate de una toma en consideración sobre el autogobierno de Aragón, de una toma en consideración de una propuesta de reforma de una ley orgánica para profundizar y desarrollar el autogobierno aragonés. Señorías, la lucha por el autogobierno en Aragón ha sido una constante histórica. No voy a hacer referencia a toda la conocida trayectoria histórica de este pueblo -ya lo ha hecho el representante del Partido Aragonés-, que tiene más de 1.200 años de existencia como tal y de ellos 700 como entidad política diferenciada e independiente. Señorías, no me voy a referir a sus etapas.
Me voy a referir simple y llanamente a las más recientes. Desde la restauración democrática, en Aragón autonomía y autogobierno fueron inmediatamente sinónimos de libertad, de democracia y de amnistía. En Aragón se produce en los primeros días de julio de 1976, cuando todavía era presidente del Gobierno don Carlos Arias Navarro -¿recuerdan?, el espíritu del 12 de febrero-, la primera gran concentración autonomista que trata de engarzar el pasado previo al levantamiento militar de 1936 con la nueva era democrática que ya se quería impulsar. Aquella gran concentración vinculó democracia, amnistía y autogobierno en el marco incomparable de la ciudad de Caspe; la misma que, a su vez, 40 años antes, en mayo de 1936, había albergado aquel histórico congreso autonomista que elaboró el proyecto de Estatuto de Autonomía de Aragón, truncado y sin poder tramitarse en el Parlamento español por el citado levantamiento militar de julio de 1936 y la subsiguiente guerra civil y posterior dictadura franquista. Poco tardó, pues, el pueblo aragonés en retomar la senda de la lucha por el autogobierno. Fruto de su trayectoria histórica y la demanda ciudadana, Aragón accedió en abril de 1978 a la denominada preautonomía en cuarto lugar, detrás de Cataluña, País Vasco y Galicia. A partir de ahí, quiero destacar la histórica fecha del 23 de abril de 1978, con todo un pueblo, 125.000 personas, en la calle luchando

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por ganar el autogobierno, es decir, el 10 por ciento de la población aragonesa. Sin embargo, el Estatuto de 1982 nació muy limitado, como consecuencia de los pactos autonómicos de UCD y PSOE de 1981, que postergaron injustificadamente a Aragón al furgón de cola, el de las autonomías de vía lenta. Por eso, desde 1987 a los cinco años de vigencia de ese alicorto Estatuto -plazo mínimo fijado para poder ser reformado-, la reivindicación de reforma del Estatuto fue ya permanente, tanto por parte de las fuerzas políticas como de la sociedad aragonesa en su conjunto. Así se evidenció en las manifestaciones del 23 de abril de 1992 y 1993 en Zaragoza, cada una de ellas con casi 150.000 personas en la calle, jalonadas por la del 15 de noviembre de 1992 en Madrid, entre la Puerta del Sol y esta misma Carrera de San Jerónimo, a la puerta de este palacio del Congreso de los Diputados, en la que, por cierto, llovía desmesuradamente. Consecuencia de aquel clamor reiterado fue la apertura de un proceso de reforma aprobado en las Cortes de Aragón en 1994 y concluido en esta Cámara en 1996; eso sí, con un importante recorte o directamente mutilación de importantes aspectos del texto. La lucha por el autogobierno ha sido una constante de nuestro pueblo. Por eso, señorías, hay varios asuntos estructurales de nuestra propia sociedad aragonesa que han sido objeto de pausado y tranquilo debate en Aragón, fundamentalmente la profundización del autogobierno, la financiación autonómica, la defensa de nuestros recursos hídricos frente a las amenazas de trasvase y la política lingüística. De estos aspectos se han elaborado y aprobado importantísimos dictámenes, acuerdos político-parlamentarios y textos jurídicos, casi siempre respaldados por unanimidad. Señorías, el texto que hoy debatimos, eso nadie lo va a discutir, supone un avance importante respecto al pacato texto aprobado en 1982. Hoy lo que se vota no es exclusivamente la procedencia o no procedencia de una determinada tramitación parlamentaria. Hoy no votamos estrictamente la conveniencia de empezar a hablar de la reforma, lo que se plantea es si todos los grupos parlamentarios nos sentimos o no satisfechos con este texto. En este sentido, Xunta Aragonesista tiene que decir que no se encuentra suficientemente cómoda en este texto, que el texto es insatisfactorio y poco ambicioso, es decir, que hemos perdido una ocasión; tenemos una ocasión perdida. ¿Por qué Xunta Aragonesista no se encuentra satisfecha? Porque hay cuatro asuntos de gran carga política del componente estructural de la realidad, de la organización social y la política que es Aragón: la financiación, la defensa de los recursos hidráulicos, las competencias y diversas cuestiones de identidad aragonesa como las lenguas. Primer asunto, el conformismo financiero que hay en esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Ya sé que es muy difícil explicar a los ciudadanos ese palabro de la financiación, pero a lo mejor, señorías, si hiciéramos un esfuerzo les podríamos explicar que de cómo quede este modelo financiero dependerán los recursos que el Gobierno y la Administración de la comunidad autónoma tendrán cada año para mejorar nuestros colegios, nuestro transporte, nuestras carreteras, para reducir las listas de espera de la sanidad, para mejorar la asistencia social de nuestros mayores, de nuestros niños, de las mujeres maltratadas o de los discapacitados. Por tanto, no hemos apoyado este Estatuto porque no soluciona los problemas de fondo o no da la mejor solución posible a los problemas estructurales y de fondo, como el de la financiación de Aragón, porque no soluciona el problema de las inversiones estatales en Aragón ni lo garantiza, como han conseguido otras comunidades autónomas. En la financiación somos conscientes de que era muy difícil que se aceptara el modelo financiero de concierto económico. Hay dos comunidades que lo tienen, tres que lo podríamos tener, esa tercera sería Aragón. Está en la Constitución y en el propio Estatuto y aquí nos autocensuramos y renunciamos graciosa y voluntariamente. La disposición adicional tercera de nuestro Estatuto vigente de 1982 es muy clara: la aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica la renuncia del pueblo aragonés a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, los que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establece la disposición adicional primera de la Constitución. ¿Por qué no asegurar en el Estatuto nuestra recepción del recurso del Fondo de Compensación Interterritorial? ¿Por qué no? Les hemos dado, incluso dentro del régimen común, dentro de ese régimen tan ponderado y tan elogiado hoy aquí, alternativas para garantizar las inversiones estatales anuales en los Presupuestos Generales del Estado. ¿Por qué Cataluña puede hacerlo invocando su producto interior bruto, que es lo que le beneficia y lo tiene en su Estatuto con el voto de alguno de los grupos que están aquí? ¿Por qué en Andalucía pueden invocar la población, que es lo mejor que les va y saldrá en su Estatuto con el voto de alguno de los grupos que aquí están negándoselo a Aragón hoy en día? ¿Por qué la superficie no podría incorporarse, como proponía Xunta Aragonesista, como un factor proporcional para recibir inversiones cada año? Incluso Baleares ha conseguido que se produzca una cuantificación. En Aragón nos deben ir tan bien las cosas, andamos tan sobrados, que hemos renunciado expresamente a conseguir unas inversiones en los presupuestos de cada año, como lo han hecho las tres comunidades que he mencionado anteriormente.


Segundo aspecto, las competencias. En el dictamen de la Comisión especial del autogobierno, aprobado por unanimidad, decimos por unanimidad que la profundización del autogobierno debería implicar la asunción por parte de la comunidad autónoma de todas las competencias posibles, según la Constitución de 1978. Vemos que esta propuesta de reforma no culmina la asunción de todas las competencias posibles dentro del marco constitucional, como se pone de relieve con la aprobación, la elaboración o el debate que está teniendo lugar estos meses de otras reformas estatutarias. Tenemos 12 preguntas sobre 12 temas. Señorías, ¿qué tendrá Aragón

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para que en su Estatuto no tenga reconocida la competencia sobre el establecimiento de las demarcaciones correspondientes a las notarías y a los registros de la propiedad? Señorías, ¿por qué sus partidos, especialmente los de ámbito estatal, conceden en los estatutos que están aprobando determinadas competencias que no tiene Aragón? Por ejemplo, además de esta que acabo de citar, la gestión, liquidación y recaudación de las tasas judiciales es competencia de estas comunidades autónomas y no lo es, no lo va a ser, de la Comunidad Autónoma de Aragón, porque no aparece en este Estatuto. Señorías, ¿por qué la determinación de la ubicación en Aragón de infraestructuras y equipamiento de titularidad estatal va a requerir el informe previo de la Comisión bilateral de cooperación Estado-comunidad autónoma, que en el caso de Andalucía, en el caso de Cataluña...y por qué en el caso de Aragón? Tenemos la competencia exclusiva en ordenación del territorio. Pues qué menos que aquellas actuaciones de ámbito estatal que tengan lugar aquí, sean consultadas en su ubicación en esa Comisión bilateral, como ocurre en otras comunidades autónomas en los estatutos reformados. Señorías, ¿qué tendrán los menores infractores de Aragón para que esa no pueda ser una competencia de la comunidad autónoma cuando lo es de otras comunidades autónomas? ¿Por qué para los menores infractores no tiene esa competencia la comunidad autónoma? ¿Por qué se niegan ustedes a que Aragón tenga competencias que tienen otros estatutos con el visto bueno de sus partidos? Señorías, ¿por qué la elaboración y la reforma de la legislación penal y procesal, que incide en la competencia de menores, la tienen otras comunidades autónomas en sus estatutos reformados y no quieren ustedes que Aragón tenga esas competencias en el Estatuto que hoy se debate? Señorías, ¿por qué teniendo competencia exclusiva en juegos y apuestas, como el resto de las comunidades, resulta que la autorización de nuevas modalidades de juego y apuestas de ámbito estatal que modifiquen las existentes o que creen nuevas tienen que ser objeto de informe previo determinante de las comunidades autónomas y de la Comisión bilateral de cooperación en el caso de Cataluña y de Andalucía y no en el de Aragón? Señorías, se planteó la posibilidad de un rasca-rasca en Aragón y se montó la de Dios es Cristo, e hicimos aquí iniciativas parlamentarias. Cuando se hace un rasca-rasca de ámbito estatal, qué menos que la Comisión bilateral de Aragón, que tiene competencias en Aragón, tenga algo que decir en eso.
¡Qué menos! Señorías, ¿por qué otras comunidades tienen esa competencia y nosotros no? Señorías, ¿por qué otras comunidades autónomas tienen reconocida en sus estatutos la participación en las entidades y organismos de ámbito estatal, europeo e internacional que tengan por objeto el desarrollo del deporte y ustedes se niegan a que esa competencia figure en el Estatuto de Aragón? ¿Por qué se niegan a que la comunidad autónoma tenga competencia en autorización de trabajo de extranjeros cuya relación laboral se desarrolla en Aragón y ustedes mismos apoyan que esa competencia la tengan otros estatutos aprobados o en tramitación en estos momentos en el Parlamento español? ¿Por qué no admiten que Aragón pueda establecer y regular un registro aragonés de propiedad intelectual? ¿Por qué no admiten que Aragón pueda establecer un registro aragonés de propiedad industrial y permiten que otras comunidades en sus nuevos estatutos lo tengan reconocido? ¿Por qué se niegan a que en nuestro Estatuto tengamos reconocida la competencia de comunicaciones electrónicas, con el futuro que eso supone? ¿Por qué se niegan a eso, que podemos tener esa competencia de ejecución, y permiten que otros la tengan? Por ejemplo, señorías, eso conllevaría interesantes actuaciones para la ciudadanía: la formación de un conjunto mínimo de servicios de acceso universal en el ámbito de Internet, la inspección de las infraestructuras comunes de las telecomunicaciones, el ejercicio de la potestad sancionadora correspondiente, la resolución de conflictos entre operadores o la gestión del registro de instaladores de infraestructuras comunes de telecomunicaciones. ¿Por qué para otras comunidades sus partidos no tienen ningún problema en defender en el Parlamento español que tengan estas competencias y no quieren que Aragón las tenga y se niegan? ¿Por qué otras comunidades pueden convocar, administrar y resolver las oposiciones y concursos de notarios, registradores de la propiedad y mercantiles y otros fedatarios públicos y se niegan a que Aragón tenga reconocida esa competencia? Señorías, si esas competencias son importantes, ¿por qué las dejan fuera? Y si ustedes entienden que no son tan importantes, ¿qué problema hay en incorporarlas cuando ustedes votan leyes orgánicas que hacen que otras comunidades tengan estas competencias? Vayan a decir a los jóvenes de 18, 20 y 22 años que no quieren tener ustedes las competencias que afectan a Internet. Díganselo. Díganselo en voz alta si es que se atreven.
Señorías, también en aquel dictamen de autogobierno aprobamos por unanimidad que debería quedar muy claro en nuestro Estatuto lo que debe ser la legislación básica, es decir, que la legislación básica tiene que limitarse a principios, y cito textualmente el texto del dictamen aprobado por unanimidad, debe limitarse al concepto de base, a unos principios o reglas de carácter muy general, a partir de los cuales correspondería a la comunidad autónoma adoptar su propia política legislativa.


Tercer aspecto, la política hidráulica; Aragón y las aguas. Las aguas han sido algo vinculado a Aragón desde nuestro nacimiento como pueblo; el propio nombre del pueblo, el territorio Ara es un nacimiento de río, y tenemos ríos que nos cruzan como el Flumen. Ustedes van a aprobar aquí que la disposición adicional quinta del Estatuto supone la reserva de 6.550 hectómetros cúbicos para la comunidad autónoma, saltando por los aires toda norma mínima europea y, sobre todo, quiero recordar, es una propuesta del Partido Popular que hace solo unos meses presentó en el Congreso de los Diputados, en el denominado debate sobre el estado de la

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Nación, una propuesta de resolución para recuperar el trasvase del Ebro.
¡Qué bien le va a venir el futuro trasvase del Ebro! ¡Qué bien le va a venir la reserva de 6.550 hectómetros cúbicos! El problema es saber dónde se van a guardar y dónde los vamos a tener. Señorías, frente a eso, planteamos recuperar la normativa europea y la directiva de agua en torno a la unidad de cuenca que, por cierto, el señor presidente del Gobierno ha citado esta mañana, pero en el Estatuto de Autonomía no aparece para nada la unidad de cuenca.


Cuarto aspecto, que no compartimos desde Chunta Aragonesista en esta reforma, la política lingüística, que se deriva de ese artículo 8, que hoy van ustedes a aprobar. De la política lingüística decíamos en aquel dictamen también de 1996, aprobado por el Pleno en el año 1997, y retomo aquello, pero no sólo el dictamen, señorías, las directrices generales de ordenación del territorio que dicen: Las diferentes lenguas de Aragón deberán ser objeto de cooficialidad y apoyo para su enseñanza y divulgación. Y dicen en la estrategia decimocuarta de las directrices generales: El reconocimiento legal del aragonés y el catalán deberá ser el punto de partida. Ley de Carreteras: la señalización será bilingüe.
Ley de Sucesiones de 1999: los aragoneses y aragonesas podrán hacer pactos sucesorios y testamentos en nuestras lenguas. Ley de Patrimonio Cultural de 1999, que decía que había que establecer un marco jurídico específico para la cooficialidad del aragonés y el catalán. Hoy por hoy, en el Estatuto que hoy van a aprobar ustedes no hay nada de eso. El régimen económico, matrimonial y viudedad, esa ley de derecho foral, lo mismo: los capítulos matrimoniales podrán hacerse en nuestras lenguas.
Señorías, ustedes hoy van a proseguir en un error clamoroso. Hemos hecho avances importantes en este Estatuto. Por ejemplo, reconocemos la lengua de signos. Me parece un avance muy importante, en el que hemos estado todos de acuerdo, para las personas sordas. Decimos que ninguna persona por pertenecer a una minoría étnica deberá ser discriminada. Asimismo, hay que favorecer la integración de todas las minorías étnicas, y además decimos que nadie podrá ser discriminado por razón de lengua, pero por lo visto sí que podrán ser discriminados 100.000 aragoneses y aragonesas que hablan y conocen el aragonés y que conocen el catalán. Por tanto, haremos desaparecer de nuestro paisaje cultural ejemplos como Jesús Moncada, con sus textos en catalán, por ejemplo, su maravilloso Camí de sirga, o libros de poemas, como el de Ánchel Conte No deixez morir a mía voz, que realmente es una exclamación parar todo el pueblo aragonés. ¿Por qué sus partidos permiten -y me dirijo especialmente al Partido Socialista Obrero Español y al Partido Popular- que determinadas competencias, que determinadas potestades, que determinadas prerrogativas estén en otros estatutos y se niegan a que estén en el Estatuto de Aragón? Y es que hablamos de nuestro pueblo, que confía en nosotros y que nos ha votado para que consigamos con más ambición, con más rasmia -palabra absolutamente aragonesa, que significa con más fuerza, con más ímpetu, con más empeño-, futuro para esta tierra. Vamos a ser ambiciosos, vamos a plantear eso, vamos a crear ese terreno de diálogo, ese espacio para que consigamos el mejor Estatuto posible, no para el 2006, no para el 2007, ni siquiera para la Expo del 2008, sino para la ciudadanía que todavía no ha nacido y que nacerá en los próximos años, para las próximas décadas.
Hoy, Chunta Aragonesista con su abstención se va a distanciar, porque no quiere ser cómplice de las grandes renuncias que existen en este Estatuto, y esperamos que en la Comisión algunos de los puntos de distanciamiento se puedan reducir positivamente y la abstención de la tercera fuerza política aragonesa -no lo olvidemos- dé paso a un voto afirmativo.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Labordeta.


Grupo Parlamentario Socialista. Señor López Garrido, su turno, por favor.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente del Congreso, señor presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, señoras y señores diputados, hoy tenemos en esta Cámara la oportunidad de debatir de nuevo sobre un país, España, y una parte de ese país, Aragón, que progresan en la vida personal, en la familiar, en la económica y en la social. Como consecuencia de ese cambio, de ese progreso indudable de nuestro país, también tienen que evolucionar los instrumentos políticos, la democracia y las formas de convivencia para perfeccionar esta democracia y esta convivencia. Ese es el objetivo de este Estatuto de Autonomía, que viene hoy a esta Cámara para ser debatido y para iniciar su trámite parlamentario. Este objetivo de adecuar el progreso social y económico de Aragón en todos sus aspectos a los cambios, el progreso y la adecuación de sus marcos políticos de convivencia, ha estado muy presente en las intervenciones de quienes han representado al Parlamento de Aragón esta mañana en el Congreso de los Diputados, es decir, el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, don Marcelino Iglesias, el vicepresidente del Gobierno aragonés, don José Ángel Biel, y el presidente del Grupo Popular de las Cortes de Aragón, don Gustavo Alcalde, que representan a algunas de las más relevantes fuerzas políticas del Parlamento de Aragón -Partido Socialista, Partido Aragonés Regionalista y Partido Popular-, junto a otras fuerzas políticas que también están representadas en el Parlamento de Aragón, como es el caso de Izquierda Unida o la Chunta Aragonesista, una delegación que ha venido acompañada de las principales autoridades de las instituciones aragonesas, representantes de su sociedad civil, a quienes también queremos, en nombre de nuestro grupo parlamentario, enviarles nuestro saludo más cordial.


El propósito de este nuevo Estatuto de Autonomía que se nos plantea hay que situarlo en un contexto de

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reformas estatutarias que está presenciando esta legislatura y en donde hay una serie de sujetos políticos que operan en ese contexto, que han actuado y que han permitido que hasta ahora varios estatutos de autonomía hayan visto la luz, hayan sido aprobados y hayan sido debatidos, y que otros estén en trámite para ello. Quisiera empezar por la acción del Gobierno español. Seguramente no se podría entender lo que está pasando en esta legislatura en cuanto a la reforma estatutaria -también en otros campos- sin el decidido apoyo, el impulso del Gobierno español a una reforma en profundidad, a una profundización y expansión del Estado de las autonomías. El Gobierno de la nación ha planteado en muchos aspectos esta expansión del Estado de las autonomías, ha fomentado la participación de las comunidades autónomas en las decisiones del Estado, le ha dado un papel mucho más importante a la Conferencia de Presidentes y ha normalizado el diálogo institucional dentro del Estado de las autonomías. Por tanto, el reforzamiento de los instrumentos democráticos y de control se ha impulsado por el Gobierno de la nación y las comunidades autónomas han colaborado en ello. Las comunidades autónomas, a través de sus iniciativas parlamentarias y de sus gobiernos y parlamentos autonómicos, como es el caso de Aragón, están colaborando en ese importante intento de impulso hacia delante de nuestro Estado de las autonomías, planteando un techo competencial muy relevante. Esto ha sucedido con una serie de comunidades autónomas que han traído aquí sus estatutos, que unos hemos debatido y otros están por debatir. Además, se trata -ustedes son conscientes de ello- de mayorías políticas diferentes.
Es decir, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana estamos ante un Gobierno monocolor del Partido Popular; en el caso de Cataluña, un Gobierno de coalición encabeza la Generalitat del Partido Socialista de Cataluña; en el caso de Andalucía es un Gobierno del Partido Socialista; en el caso de Baleares es el Partido Popular el que está en estos momentos gobernando; en el caso de Aragón es un Gobierno de coalición, Partido Socialista con Partido Aragonés Regionalista. Por tanto, se trata de mayorías distintas, de una pluralidad en cuanto a las iniciativas, pero en todas ellas hay algo que se comparte, que es la importancia de profundizar en el Estado de las Autonomías, de profundizar en el autogobierno, pensando siempre en el interés de los ciudadanos y respetando el marco constitucional. Ese es un espacio común que diversas comunidades autónomas han iniciado y otras están por iniciar, y que lo que nos pone de manifiesto es que no estamos ante un capricho de unos gobernantes de lanzar una serie de iniciativas autonómicas que nadie quiere; si fuera así, solamente serían gobiernos de ese color político los que traerían aquí estatutos de autonomía y han venido de distintos gobiernos, muy plurales. Eso denota que estamos ante una propuesta política que se extiende al conjunto de nuestro país, compartida por mucha gente y que desde luego no conduce, en absoluto, a que España se rompa; todo lo contrario, conduce a que España sea todavía más fuerte y que se cohesione mejor. Ese es el sentido que tenemos que dar a la interpretación de estas iniciativas legislativas de reformas autonómicas que llegan a esta Cámara para ser debatidas, y en las Cortes Generales, Congreso y Senado, son debatidas, aceptando sin duda el legítimo ejercicio de sus competencias de iniciativa por las comunidades autónomas. Las Cortes Generales han respetado el sentido profundo, las líneas de orientación. Lo que han querido defender y plantear aquí las comunidades autónomas a través de sus parlamentos se ha respetado, se ha cambiado, se ha enmendado, pero no se ha desvirtuado nunca y lo mismo va a suceder con este Estatuto de Autonomía. Todos los grupos parlamentarios hemos trabajado en esta dirección y, entre ellos, permítanme que singularice el caso de nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, y de nuestro partido, el Partido Socialista Obrero Español, porque así hemos actuado en todas y cada una de las iniciativas legislativas que han venido para ser debatidas y aprobadas, que se sitúan en el marco constitucional y que plantean la defensa de los intereses de los ciudadanos y su bienestar. Así hemos trabajado siempre desde el Grupo Parlamentario Socialista, desde el Partido Socialista, en todas las iniciativas, y no nos importaba el Gobierno que impulsara o que colaborara a impulsar esos estatutos de autonomía porque no nos ha movido ningún tipo de interés electoral o sectario. El Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista ha trabajado y va a trabajar en todas las iniciativas de reformas estatutarias, absolutamente en todas, porque además con eso estamos cumpliendo nuestro programa electoral. En nuestro programa electoral lo hemos planteado y ha sido aprobado por la mayoría de los españoles -es el partido que obtuvo la mayoría, el que fue votado por más gente-, y decíamos: Tenemos que dar un impulso al Estado de las autonomías después de un cuarto de siglo en que ya se ha ido agotando ese primer impulso y se necesita adecuar el Estado de las autonomías a las nuevas circunstancias, con el objetivo esencial de aumentar el autogobierno y favorecer, profundizar, extender los servicios que las comunidades autónomas dan a los ciudadanos y, por tanto, acercar también el poder político a los ciudadanos. Eso ha sucedido con todos los estatutos de autonomía y también con éste, con el Estatuto de Autonomía de Aragón. Así se va a comportar nuestro partido y nuestro grupo parlamentario, que va a apoyar sin ninguna clase de dudas este Estatuto de Autonomía.


Nosotros ya anticipamos el sentido favorable de nuestro voto a la toma en consideración de esta propuesta de reforma y por ello estamos valorando los dos condicionamientos que expresó el presidente del Gobierno en el debate de investidura, es decir, estatutos que se adecuen al marco constitucional y estatutos que tengan un amplio consenso político y social, y en este caso lo tiene. Hay un Estatuto de Autonomía ante nosotros que ha sido acordado por el Partido Socialista, el Partido Popular, el Partido Aragonés Regionalista e Izquierda Unida, y

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donde la Chunta Aragonesista ha planteado que le parece insuficiente -acaba de intervenir nuestro querido compañero José Antonio Labordeta-, pero ha reconocido también que es un avance importantísimo y sustancial con respecto al Estatuto todavía vigente. Por eso, nosotros tenemos grandes esperanzas -se lo decía al señor Labordeta antes de que entrásemos en este hemiciclo- de que el señor Labordeta, que yo creo que desea votar que sí al Estatuto de Autonomía de Aragón, se sume y ese consenso se amplíe incluso a la Chunta Aragonesista, que por el momento no ha votado en contra, pero que mantiene alguna reticencia y que le parece insuficiente el texto que va a iniciar su tramitación aquí.
Nosotros vamos a votar favorablemente este Estatuto no solamente por estas razones que he señalado, sino por algunas más. Por ejemplo, porque se adecua a lo que es la Comunidad Autónoma de Aragón. Es un Estatuto de autonomía que se corresponde con esa comunidad autónoma y lo que es hoy, con sus deficiencias y sin embargo también con sus avances, es decir con esa conciencia política arraigada que tiene el pueblo aragonés, en la que el elemento de la cooperación, de la convivencia, del consenso y del acuerdo es algo que está profundamente arraigado en Aragón como el fundamento del respeto mutuo entre las personas y también entre los territorios. Este Estatuto de autonomía, este texto que se nos propone, se corresponde con esta característica del pueblo aragonés, que además es algo propio de su historia. Aragón sin duda representa en la historia de España seguramente la mayor aportación a esta alma federalizante, en este caso autonomista de acuerdo con la Constitución española, con la que se ha vivido a lo largo de los siglos la construcción del Estado español.
Desde este sistema protofederal o constitucional confederal con el que se inició la existencia de España como reino o como conjunto de reinos, la aportación del Reino de Aragón fue decisiva para que hubiera realmente una estructura constitucional cuasi confederal como era la España de los Austrias, que luego degeneró en una estructura mucho más centralista cuando hubo esa alternancia en la dinastía posteriormente. Realmente ahí estaba expresada el alma de Aragón, donde anida profundamente su cultura tradicional, su alma profundamente federal y, por tanto, su creencia en su identidad. El Estado de las autonomías parece concebido o configurado un poco a la medida de Aragón, porque se corresponde con lo que siempre aportó a la historia de España; le dio una característica descentralizadora -naturalmente salvando las distancias- que hemos vuelto a recuperar -salvando las distancias, que son muchas- en nuestra Constitución actual. Es un Aragón siempre cercano a España por su aportación a la armonía de España -Aragón ha aportado armonía, no crispación, a la construcción español- y un Aragón también cercano físicamente a Europa, por tanto que ha aportado mucho también a la cultura europea.


Aragón tiene -decía yo anteriormente- todavía deficiencias e insuficiencias y sin duda también avances considerables, especialmente en estos últimos años. Es sabido que Aragón tiene un déficit de población muy importante, que tiene el 10 por ciento de la superficie nacional pero el 3 por ciento de la población y que hay comarcas que no llegan ni siquiera a 10 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir auténticos desiertos demográficos. Eso es una deficiencia de Aragón, un país que ha sido durante mucho tiempo más bien emigrante y que tiene que ser sin duda superado entre otras cosas a través de la aportación del autogobierno, que ya ha hecho mucho pero que tiene que hacer más después de esta reforma en la que creemos profundamente.


Aragón es un pueblo generalmente silencioso, salvo cuando se trata de temas hidráulicos o que afectan a sus libertades -en esos casos no es nada silencioso-, pero es un pueblo constructivo y en donde no ha habido resignación ni parálisis, a pesar de los déficits infraestructurales que ha tenido -yo he señalado algunos de ellos-. Este tiempo que vivimos es un tiempo de auge aragonés, sobre todo a partir de la llegada del milenio. Ha sido como algo cuasi taumatúrgico la aparición del año 2000, porque a partir de ahí ha habido un aumento importante en sus rasgos socioeconómicos, en sus recursos: el agua, el espacio. Ha tenido una posición muy relevante como enclave articulador, que está ejerciendo de una forma muy clara, por ejemplo a través del ferrocarril de alta velocidad, de sus comunicaciones de carreteras previstas de norte a sur, las existentes ya de este a oeste, es decir caminos hacia Francia, caminos del Cantábrico al Mediterráneo, en una situación estratégica realmente muy importante de la que Aragón empieza en estos momentos a extraer sus grandes ventajas. Junto a esta descripción, si me permiten los aragoneses que la haga desde la perspectiva madrileña de este portavoz, también este Estatuto de Autonomía no solamente se adecua a las características de Aragón sino además a los objetivos políticos que tiene Aragón para el siglo XXI. Quisiera referirme muy brevemente a alguno de ellos, por ejemplo a la potenciación de su autogobierno. Sin duda de ninguna clase Aragón ha visto que el autogobierno le ha dado bienestar, por tanto la potenciación del autogobierno va en esa dirección. Por ejemplo, precisamente por esa situación geográfica de la que yo hablaba anteriormente, este Estatuto de Autonomía apuesta por una estructura territorial en donde la comarca va a tener mucha importancia. La comarca es muy adecuada para Aragón. Aragón ha sido una comunidad autónoma pionera en el desarrollo de una estructura de gran éxito, como las mancomunidades de municipios, que han tenido un gran éxito en dicha comunidad. Por eso la comarca es funcional a esa característica aragonesa. Sin duda, este Estatuto de Autonomía le da una importancia enorme a la comarca, a la estructuración de ciudades medias entre 5.000 y 15.000 habitantes, que va a tener una fuerza vertebradora enorme en el Aragón del siglo XXI, junto con la necesidad de superar la frontera física que son los Pirineos respecto del continente europeo. En general se ha superado la frontera política, no hay fronteras políticas con Francia, pero falta superar todavía la frontera física,

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y sin duda Aragón está trabajando en ello y lo va a seguir haciendo en el futuro. El nuevo Estatuto va a permitir facilitar más a Aragón su entrada y va a tener en cuenta a Aragón en las decisiones estatales sobre ejecución de infraestructuras de comunicaciones, que son decisivas para el desarrollo de esa comunidad autónoma.


Otro ejemplo son los objetivos socioeconómicos para el siglo XXI. Desde el año 2000 ya está creciendo la población aragonesa, aunque también es verdad que por la aportación de la inmigración. Está creciendo su producto interior bruto a mayor ritmo que la media nacional, y con una deuda pública inferior. Es decir, los datos que yo tengo aquí sobre Aragón son realmente muy positivos. Aragón tiene 80.000 habitantes más que hace cinco años y tiene 100.000 afiliados más a la Seguridad Social, es decir tiene 100.000 personas activas más. Eso ha pasado en cinco años.
El crecimiento de Aragón en estos años ha triplicado el de la eurozona.
Asimismo ha reducido un punto su deuda pública, mientras que la deuda pública del Estado se ha mantenido idéntica. El empleo temporal en Aragón está seis puntos por debajo del conjunto de España. Estos son datos muy positivos que hace que algunos lugares de Aragón estén incluso cerca del pleno empleo. El proyecto de Estatuto que hoy se nos trae brinda nuevos instrumentos para seguir creciendo en esa dirección. Por eso es también muy positivo para los objetivos políticos de Aragón del siglo XXI.


Si hablamos de Aragón no cabe duda de que tenemos que hablar del agua, del padre Ebro que atraviesa Aragón y que lo hace, en opinión de los aragoneses, sin que deje demasiado en Aragón; prácticamente lo atraviesa, pero no deja suficiente en Aragón. La verdad es que el Estatuto de Autonomía que vamos a debatir le da más capacidad de decisión a Aragón en este tema, en la toma de decisiones en materia hidráulica, siempre respetando el principio de unidad de cuenca al que se refería el presidente de la comunidad autónoma esta mañana y además es lógico que se respete. También Aragón fue pionera en las confederaciones. La Confederación del Ebro creada por Lorenzo Pardo fue el primer organismo de cuenca europeo. De ahí que exista esa relación de Aragón con las confederaciones. En realidad, en esta Cámara ha habido muchísimos debates en los que se ha hablado del agua en relación con Aragón. En muchos debates a lo largo del siglo XX -el señor Pintado se ha referido a algunos de los intervinientes, el más conocido es sin duda el regeneracionista Joaquín Costa- se han aportado muchas ideas al respecto, porque el asunto del agua ha sido una gran preocupación y así se encuentra recogido en la memoria histórica de Aragón.


Otro gran objetivo político son las políticas sociales para hacer de Aragón una sociedad madura, avanzada y plural. Estas políticas sociales también tienen su expresión en este Estatuto de Autonomía que se nos presenta, porque da también nuevos instrumentos a Aragón, algunas transferencias en políticas sociales, aunque es verdad que Aragón las ha recibido tarde. Aragón ha sido una tierra que muchas veces ha sufrido la emigración y ahora va a ser una tierra -está siéndolo ya- donde quedarse a vivir; no una tierra de donde marcharse sino ir a Aragón y quedarse a vivir allí. Estos son algunos de los objetivos políticos que Aragón presenta aquí, expresados en un Estatuto de Autonomía. Nosotros los respetamos absolutamente, así como los medios estatutarios de los que se quiere dotar para seguir en esos objetivos, para profundizar en los avances que Aragón ha tenido en los últimos años.


No quisiera terminar sin referirme a dos elementos más que me parecen destacados en este Estatuto de Autonomía. Uno es el tema de los derechos y deberes de los ciudadanos, con los que Aragón ha entrado en este Estatuto de Autonomía en eso que podríamos llamar la democracia sustancial frente a la idea de democracia formal. La democracia no es solo un procedimiento por el cual se vota a unos representantes que deciden. La democracia sustancial, la democracia de los siglos XX y XXI, es una democracia de contenidos, de objetivos, de fines para los ciudadanos, y en ese sentido tienen que orientarse los poderes públicos.
Por eso nunca hemos entendido la obsesión del Partido Popular en oponerse a los títulos sobre derechos y deberes en los estatutos de autonomía que surgieron hace veinticinco años, bastante alejados de la gente en ese sentido; estatutos más bien orgánicos, de competencias, dirigido a las instituciones, pero en los que no se tenía presente a los ciudadanos tanto como se tiene ahora en esta nueva hornada de estatutos de autonomía y como lo tiene presente este Estatuto de Autonomía. Es una democracia sustancial, de contenidos, que marca a los poderes públicos a dónde tienen que orientarse en derechos, especialmente de carácter social, algunos de ellos muy queridos por nuestro grupo parlamentario, como la plena igualdad entre hombre y mujer, la conciliación de la vida familiar, el derecho a una muerte digna, un sistema sanitario público fundado en los principios de universalidad y calidad, un sistema de enseñanza de calidad e interés público, el derecho a la protección de la salud, la protección medioambiental o la integración social y profesional de las personas con discapacidad. Eso está en este texto que se nos trae, y está también en otros estatutos de autonomía. Confieso que tampoco entendí esa alusión que hacía el señor Pintado anteriormente en una intervención un tanto crítica para el Partido Socialista. Esa intervención del señor Pintado tan crítica para el Partido Socialista, sin embargo, no puedo hacerla respecto del Partido Popular, porque en Aragón el Partido Popular ha actuado muy bien; por tanto yo no podría responderle con el mismo sentido negativo. El Partido Popular en Aragón lo ha hecho muy bien, ha trabajado en esa línea y ha aprobado un título de derechos y deberes importante para los aragoneses que va a mejorar su vida. Lo que es incoherente es que eso que se aprueba para Aragón, sin embargo, no le parece bien al Partido Popular que se apruebe para Cataluña. Eso es incoherente y no lo que nos señalaba anteriormente en su intervención el señor Pintado.


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Este Estatuto de Autonomía sin duda establece un fuerte entramado institucional, en el que hay cosas que antes no estaban y que van a estarlo (derecho de disolución del Parlamento, delegaciones legislativas). Son avances importantes que fortalecen las instituciones políticas aragonesas. Se reconocen órganos importantes en la arquitectura institucional aragonesa. Se amplían, por ejemplo, las competencias de las funciones supervisoras del Justicia de Aragón, que es una figura muy singular en el entramado institucional aragonés -hoy, por cierto, su titular está presente aquí, y yo le agradezco mucho su presencia-.
También hay aspectos que se plantean, como la necesidad de transferencias en la Administración de Justicia o el referéndum como requisito para posteriores reformas estatutarias. Además de eso, este Estatuto no cabe duda, señor Labordeta, de que supone un avance competencial importantísimo. Hay en este Estatuto hasta sesenta competencias exclusivas y noventa títulos competenciales. Hay competencias nuevas de la importancia de la Policía autonómica, las consultas populares, la gestión de los parques nacionales, la mayor participación en la planificación, ejecución y gestión de infraestructuras o en la financiación, a la que también se ha referido el señor Labordeta. Sin duda sobre esto hay un equilibrio dentro de los principios constitucionales de autonomía, suficiencia, coordinación con la Hacienda estatal. Hay previsto un convenio económico financiero con el Estado. Hay elementos que no están en el vigente Estatuto, y que estarán si se aprueba esta reforma de su Estatuto de Autonomía, como es la participación en los fondos de compensación interterritorial, como es la participación en los ingresos del Estado conforme a criterios de esfuerzo fiscal y una estructura territorial y poblacional en la que se debe tener en cuenta el envejecimiento de la población aragonesa, la dispersión y la baja densidad, como es la posibilidad de crear una agencia tributaria propia y la creación de una comisión mixta de asuntos económico-financieros. Todos ellos son elementos importantes en la financiación que aparecen en este Estatuto de Autonomía y que podrían satisfacer las exigencias de quien quiere un Estatuto de Autonomía completo, en el que el aumento competencial venga sostenido por la capacidad de financiación que todo estatuto de autonomía de nuevo cuño tiene que aportar, y que en este caso se aporta.


Además -voy terminando, señor presidente- este Estatuto de Autonomía va a ser apoyado por el Grupo Socialista porque no pretende refundar Aragón.
Es un Estatuto de Autonomía que respeta la estructura institucional del Estado. Como en el resto de los estatutos de autonomía que se han visto en esta Cámara, el Estado central va a tener una presencia muy importante en todos los aspectos en nuestro país. El Estado central no sufre, no se desdibuja por el hecho de que se haya profundizado en el Estado de las autonomías. El Estado central tendrá una presencia en el conjunto del territorio nacional que garantizará la realización de los derechos fundamentales que aparecen en nuestra Constitución en el título correspondiente y asegurará los principios de solidaridad, de defensa del territorio, de participación en las instituciones internacionales y otras competencias del Estado, que no sufren absolutamente nada por el hecho de profundizar en el Estado de las autonomías.


Termino, señor presidente. Estamos ante un muy buen texto. Este Estatuto de Autonomía es una norma jurídica, pero -como se dice de un club de fútbol muy conocido y que tiene bastantes seguidores en esta Cámara- es más que una norma; es una norma de convivencia y de integración de los ciudadanos aragoneses en el cuerpo político. No solo es un texto jurídico creador de instituciones o de relaciones jurídicas, es un texto que tiene una asistencia social, se podría hablar incluso de un sentimiento estatutario; es en última instancia una gran herramienta de convivencia y de progreso. El siglo XXI será sin duda un siglo de grandes oportunidades para Europa, para España y para Aragón, y este Estatuto de Autonomía que hoy nos ha traído el Parlamento de Aragón y que vamos a votar favorablemente puede ayudar a que esas oportunidades de progreso se hagan realidad.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Garrido.


Corresponde en este momento el turno de réplica a la delegación de las Cortes de Aragón.


Señor Iglesias, por favor.


El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Iglesias Ricou): Gracias, señor presidente.


Señorías, agradezco muy especialmente la intervención de todos los grupos, de los que han manifestado su apoyo a la toma en consideración y también de los dos portavoces que han expresado algunas dudas. A ese respecto traemos un Estatuto que queremos que sirva para todos, no solamente para la coalición que coyunturalmente gobierna ahora en Aragón, ni para quienes lo han apoyado. Quiero transmitir nuestro agradecimiento, como ya he hecho en Aragón, al Partido Popular, al Partido Aragonés y a Izquierda Unida, y espero que en este debate se puedan sumar los nueve votos de los que se abstuvieron en el Parlamento de Aragón. Aquí tendremos tiempo para avanzar en ese consenso que sin duda podremos conseguir y que fortalecería mucho, señor Labordeta, el nuevo Estatuto de Autonomía, que supera definitivamente aquel Estatuto de miras cortas y de vía lenta, aquella herramienta insuficiente con la que los aragoneses hemos tenido que desarrollar nuestra autonomía desde el año 1982. Hoy tenemos un texto que nos permite estar a la altura de cualquiera. Quiero agradecer, por tanto, la posición del resto de los grupos; la posición que ha manifestado la vicepresidenta del Gobierno, con un discurso en el que ha demostrado un conocimiento profundo de nuestra tierra -dado que estuvo durante unos años allí veo que recuerda muy bien

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lo que es Aragón y lo que somos los aragoneses-; el discurso de los portavoces del Grupo Socialista, del Grupo Popular, del Grupo Parlamentario Vasco, de Convergència i Unió, de Esquerra Republicana de Catalunya y de la Chunta. Agradezco a todos su intervención.


Simplemente quiero decir tres cosas para dejar claras algunas cuestiones.
La adicional tercera de nuestra propuesta de Estatuto la venimos arrastrando desde el primer Estatuto; se aprobó en 1982 y la referencia a la adicional primera de la Constitución es también de 1982. Desde el punto de vista de las lenguas hemos llegado hasta donde hemos podido, señor Labordeta. Si usted es capaz aquí de avanzar más sin perder un solo voto, estaremos encantados, pero hemos llegado hasta donde hemos podido.
Había una preocupación por las lenguas en Aragón en el portavoz de Esquerra Republicana y también en el de Convergència i Unió. Hace veinte años estamos enseñando el catalán y el aragonés en nuestras escuelas. Por tanto, tan pronto tengamos condiciones para aprobar la ley de lenguas la aprobaremos; pero ustedes que son gente práctica entenderán que, mezclados con el debate tan apasionante del Estatuto de Cataluña, había pocas condiciones para tener en Aragón un debate sosegado en esta legislatura. Tenemos el compromiso, la intención y el interés en tener aprobada bien pronto esa ley de lenguas.


Desde el punto de vista del agua ustedes saben cuál es nuestra preocupación. Nuestra preocupación es poder utilizar en nuestra comunidad autónoma un recurso que es muy importante para nosotros. Conscientes de que hoy los territorios limítrofes no van a estar condicionados por el agua, porque sabemos ya utilizar el agua de mar, las sociedades estarán mucho más condicionadas por la energía que por el agua. Esto es lo que dicen los sabios en todos los congresos referentes al agua a los que asistimos. Los espacios y las sociedades que viven en el litoral estarán condicionadas por otras cosas, pero el agua no será un condicionante para ellos en el futuro. Por tanto, les agradezco este esfuerzo que han hecho todos ustedes, empezando por los grupos aragoneses y el Gobierno de la nación. Tengo la sensación de que pasará adelante la toma en consideración y la esperanza de que también podremos aprobar un nuevo Estatuto para una comunidad autónoma que es leal, que ha sido leal y que está cómoda en el proyecto del conjunto de este país.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iglesias.


Señor Alcalde, su turno.


El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Alcalde Sánchez): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, quiero que mis primeras palabras sean para agradecer el apoyo de aquellos grupos que así lo han manifestado a esta reforma estatutaria de Aragón. En todo caso quería matizar alguna de las cuestiones que se han planteado aquí. En primer lugar quería matizar con toda cordialidad la intervención de la propia señora vicepresidenta. Usted ha afirmado que esta reforma venía como consecuencia de esos nuevos tiempos -nuevos tiempos entrecomillados, si me lo permite-, pero no lo comparto. En Aragón no ha hecho falta que aparezca ningún nuevo tiempo, ningún mesías, ningún profeta, ningún muecín que venga a contarnos o a cantarnos la necesidad de ninguna reforma. En la pasada legislatura en Aragón ya se constituyó una comisión especial de profundización en el autogobierno y que aprobó por unanimidad una serie de criterios que son los que en esta misma legislatura se han asumido desde su comienzo. Luego, no hemos necesitado ningún nuevo tiempo para caernos de ningún guindo.


Yo les agradezco especialmente el apoyo que hoy han anunciado para Aragón y el importante grado de conocimiento tanto de la señora vicepresidenta como del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Reconozco que venían con la lección bien aprendida y agradezco a mi compañero, el presidente de Aragón, que les haya transmitido ese catón sobre nuestra comunidad. En ese catón y como asignaturas pendientes tenemos tres cuestiones muy singulares, que no les he oído citar y que me gustaría que en los próximos días retomaran y les dedicaran todas sus energías y todos los presupuestos que están a su disposición. No son otras que las comunicaciones transfronterizas de nuestra comunidad y de España, porque no es una cuestión solamente de región, sino una cuestión de Estado para nuestro país que es fundamental desbloquear. Me gustaría también que hicieran una apuesta decidida por las infraestructuras hidráulicas, porque para qué queremos el agua si no la podemos aprovechar en nuestro beneficio; queremos infraestructuras que nos permitan aprovechar esa agua, como también nos gustaría que fueran un poco más sensibles en ayudas por la sequía, puesto que nos tienen absolutamente olvidados en todos los decretos que han salido sobre la sequía.


Se ha hablado aquí de similitudes de este proyecto de reforma de Estatuto con el Estatuto catalán; no lo comparto. Si todas las similitudes que ha habido aquí son las del ejemplo que se nos ha planteado de las competencias de tiempo libre, me voy de aquí muy tranquilo y muy satisfecho porque todos ustedes son conscientes -usted, que es un experto en estas materias constitucionales, es consciente- de que este proyecto de reforma del Estatuto y el Estatuto catalán no tienen más similitud que la que tiene un churro con un batido de fresa. (Rumores.) Realmente no hay ningún parecido, no hay ningún fondo que compartan ambos estatutos.


Se ha hablado aquí también de la ley de lenguas. Yo agradezco el tono que han empleado algunos de los diputados que se han manifestado aquí, pero a los diputados de Convergència y de Esquerra les pediría respeto para Aragón, para dejar que los aragoneses decidamos

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en qué lengua queremos expresarnos y comunicarnos. He oído una expresión, que les agradezco, de reconocimiento de que el castellano era una de las lenguas de Aragón. Muchas gracias, es verdad; me gustaría que algunos reconocieran que el castellano es también una lengua en Cataluña, porque sería importante para todos. (Rumores.)

De cualquier manera, señorías, no estoy dispuesto a compartir que en ese afán de protagonismo, a veces incluso afán colonizador, alguien se refiera a una parte de Aragón como la franja del poniente -en este caso me refiero al portavoz de Esquerra-, porque S.S. tiene dos problemas, uno conceptual y otro de orientación geográfica. Sería importante que alguno se revisara el GPS, porque la zona oriental de Aragón no es una franja en el sentido de tierra por conquistar, tierra sin propietario, sin una soberanía definida; es una zona territorial que pertenece a Aragón desde hace afortunadamente muchos siglos y en la que han convivido sin ningún tipo de problemas hasta ahora distintas lenguas, el castellano y distintas modalidades lingüísticas, y cada uno las llama como cree oportuno. Por otro lado tiene un problema de desorientación geográfica serio, importante. La zona oriental de Aragón está al este, y el este no es el poniente, sino el levante. Yo les ruego que modulen esos errores conceptuales porque luego tenemos los problemas que tenemos, que se empieza tergiversando el lenguaje y se acaban apropiando de los bienes de las parroquias de la zona oriental de Aragón.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcalde.


Tiene la palabra el señor Biel.


El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Biel Rivera): Gracias, señor presidente.


Entiendo que el papel de un comisionado del Parlamento de Aragón es intentar conciliar y no intentar separar. (Aplausos.) Me parece que en ese aspecto queda claro que tengo que intentar conseguir el mayor número de votos posible para el Estatuto de autonomía en el que creo firmemente.
Quiero empezar agradeciendo a la vicepresidenta del Gobierno el respeto que ha manifestado al pueblo de Aragón e intuyo que eso significa que el Gobierno en buena parte está de acuerdo con este proyecto de Estatuto de Autonomía; le agradezco también algunas menciones muy específicas que ha hecho al desarrollo de Aragón y me siento orgulloso de transmitir en este Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, que sin duda alguna, desde el punto de vista económico, Aragón es la sexta comunidad del octavo país industrial del mundo y que espero que en la próxima década sea la tercera comunidad autónoma quizá del séptimo país industrial del mundo. ¡Ojalá lo podamos conseguir! Pero nos falta todavía peso político, y el peso político lo da el autogobierno, y el peso político lo da la autonomía, y el peso político lo da el Estatuto de Autonomía. Por eso estamos aquí y por eso hemos hecho un esfuerzo especial para conseguir el mayor número posible de apoyos en las Cortes de Aragón. No salimos mucho en los telediarios; somos el Zaragoza, no somos ni el Madrid ni el Barcelona, no salimos mucho en los telediarios, pero evidentemente hacemos los deberes y me parece que los hemos hecho bien, creo que los hemos hecho bien. No hemos convertido el Estatuto en arma arrojadiza, no hemos hecho lecturas sesgadas. Traemos aquí un Estatuto y queremos que se debata este Estatuto y queremos que este Estatuto no se modifique sustancialmente. Y creemos firmemente en que la fuerza de este Estatuto, que evidentemente Aragón trae a través de su Parlamento, tiene la fuerza de la Constitución. En ese aspecto cuando este Estatuto tenga las condiciones que tiene espero que sea un Estatuto que sea un éxito en este Parlamento.


Agradezco a todos los grupos parlamentarios su intervención en este acto, de verdad, y de una manera muy especial, me van a permitir, al señor Mardones, buen y antiguo amigo que en este caso parece del PAR, hay que reconocerlo así. (Rumores.) También le agradezco de una manera muy específica toda su intervención con esas referencias históricas que a mí, señor Mardones, me han emocionado, porque si de comunidades o de nacionalidades históricas hablamos, estamos hablando de Aragón. El señor Palafox -que tenemos a la izquierda- es anterior a las guerras carlistas y el señor Lanuza -que tenemos a la derecha- es anterior a Felipe V, con lo cual háganse ustedes idea de por dónde va esto de la historia, y me parece que también hay que reconocerlo así. Agradezco todos los posicionamientos de todos los grupos parlamentarios y espero que en esta condición que intento conciliar -a veces las cosas son difíciles pero al menos hay que intentarlo- también me gustaría que los dos grupos que han anunciado su abstención, Chunta Aragonesista y Esquerra Republicana de Catalunya, a lo largo del trámite parlamentario pudieran incluso modificar su posición. Es que este es -termino ya- el Estatuto posible.
Posiblemente a mi partido le hubiera gustado más otro Estatuto, pero a lo mejor ese Estatuto hubiera conseguido solo 17 votos en las Cortes de Aragón. Este Estatuto viene con 58 votos y nueve abstenciones. La política es el arte de lo posible y la política, mis queridos señoras y señores diputados, es el arte de llegar a acuerdos en beneficio de la mayoría. Espero que en este caso el beneficiado sea el pueblo de Aragón.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Biel.


Corresponde ahora, si así lo desean los grupos parlamentarios, un turno de réplica que naturalmente no es obligatorio. ¿Algún grupo parlamentario desea ejercerlo? (Protestas.) La Junta de Portavoces ha acordado que habría turno de réplica. En consecuencia, si se desea ejercer esta facultad, está dentro de lo que se ha pactado hoy en Junta de Portavoces.


Adelante, señor Pintado.


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El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo con la máxima brevedad, porque este diputado inicialmente no tenía intención de salir en turno de réplica. Solo trato de repasar algunas cuestiones que a juicio de este portavoz han quedado, por un lado, suficientemente claras y, por otro, quizás haya que profundizar en su explicación.


Señor López Garrido, le agradezco el tono que ha mantenido usted en su discurso pero lógicamente este portavoz tiene la obligación como representante de la soberanía nacional de tratar que ustedes en el Parlamento aclaren una serie de cuestiones en relación a algunos de los otros estatutos que aquí se han mantenido.


Usted ha dicho que la posición del Estado es la misma en cualquier territorio de las comunidades autónomas que hasta ahora tienen aprobado el Estatuto o ante este Estatuto que llega aquí de la comunidad aragonesa. Usted sabe que eso no es cierto. Le he pedido una serie de explicaciones que no ha podido dar hoy y en el turno de réplica le agradeceríamos que entrara a materializar, si fuera capaz, esas diferenciaciones y sobre todo la justificación en cuanto a lo que han hecho ustedes en Cataluña. El señor Labordeta, representante del Grupo Mixto, le ha leído toda una relación de medidas que no aparecen en el Estatuto de Aragón y que sin embargo sí aparecen en el Estatuto de Cataluña. Por cierto, señor López Garrido, solamente una cuestión que puede haber sido un lapsus linguae: la muerte digna no aparece en el Estatuto de Aragón, aparece vivir con dignidad, pero no muerte digna. Me parece que es una cuestión importante a aclarar. Quiero profundizar en la contradicción en la que, a juicio de este portavoz, ha incurrido usted en la intervención que me ha precedido en el uso de la palabra. Usted ha dicho que no atacaba al Partido Popular de Aragón porque creía que lo había hecho bien. De mi intervención anterior no se puede desprender ni un solo argumento con el que yo haya atacado al Partido Socialista de Aragón, muy al contrario, he puesto en valor la actitud no solo del Partido Socialista, sino del Partido Aragonés, de nuestro grupo político, el Partido Popular, también de Izquierda Unida y de la Chunta que ha hecho acercamientos al respecto. Es decir, la derivada de ese argumento es que si en Aragón lo ha hecho bien el Partido Socialista y aquí y en Aragón lo ha hecho bien el Partido Popular, ustedes están fuera de juego y, en definitiva, estaría muy bien que dieran una explicación sobre ello.


Dicho esto, entro en uno de los argumentos que han tocado dos grupos políticos, representantes de Cataluña, en relación con el tema del agua.
En relación con el tema del agua que, lógicamente, preocupa mucho en Aragón -y en Cataluña y en Murcia y en todo el levante español sigue preocupando mucho- cuando se quieren cambiar los datos, manejar las cifras y hablar de cuestiones que no son la realidad, difícilmente podremos llegar a acuerdos. Señorías, ustedes hablan del capricho de los 6.550 hectómetros cúbicos -han hablado al respecto Convergència i Unió y Esquerra Republicana- y les puedo decir que el Plan de cuenca del Ebro se aprobó en el año 1995 y en el Plan de cuenca del Ebro -Consejo del Agua del Ebro- estaba representada la Generalitat de Cataluña, el Gobierno de Aragón, el Gobierno de La Rioja, el de Navarra, la Administración General del Estado, las Cortes de Aragón y todos los usuarios del delta del Ebro.
Ahí fue donde se aprobó lo de los 6.550 hectómetros cúbicos de acuerdo con las aportaciones históricas desde los años cincuenta, fecha desde la que se tienen estudios, y que, en definitiva, es una de las garantías que posteriormente se trasladaron al Plan Hidrológico Nacional y hoy, como he dicho anteriormente, ante la falta de garantías por parte del Gobierno de la nación en cuanto a los usos del agua, todos los estatutos de autonomía que hasta la fecha hemos visto están hablando del agua, aunque sea una cuestión que parezca sacada del tema.


Uno este argumento al del delta del Ebro. Señorías, en ese mismo acuerdo que está vigente todavía hoy, por mucha modificación del Plan Hidrológico Nacional que haya hecho el Partido Socialista, se destinaron para el delta del Ebro 3.150 hectómetros cúbicos de agua al año o, lo que es lo mismo, 100 metros cúbicos por segundo, de los cuales no se puede pasar ni un metro menos como garantía y en otras ocasiones pasa muy por encima.
Esas son las cifras que hoy todavía se siguen manteniendo y estoy totalmente de acuerdo con el portavoz de Esquerra Republicana en que llevamos perdidos no unos meses, señor portavoz, sino dos años y medio.
El Plan integral del delta del Ebro estaba terminado, como ustedes bien saben, y a punto de votarse; por cuestiones políticas y electorales se derivó y dos años y medio después no tenemos aún Plan integral del delta del Ebro. No he hecho ninguna referencia a la disposición del Estatuto de Cataluña que habla del agua, pero sí hago referencia a la disposición décima del Plan Hidrológico Nacional donde ustedes, de acuerdo con el Gobierno socialista, se han arrogado una serie de competencias que desbordan absolutamente el marco competencial. En este sentido, si para hipotecar a todo el río Ebro -no solo a Aragón sino también a La Rioja, a Navarra, a la parte que le corresponde al País Vasco y a Cantabria y Castilla y León desde la salida del Ebro- lo tratan de imponer, como ustedes comprenderán, no solamente desde Aragón sino desde el resto de los territorios del Ebro, vamos a permanecer lo suficientemente fuertes como para que en definitiva no se vaya en esa dirección.


Ha habido un argumento de una fuerza catalana que yo considero totalmente respetable desde el punto de vista político. Quiero decir en esta tribuna -y es un argumento que he utilizado anteriormente- que la línea roja que ha marcado el Partido Popular es el real respeto y lealtad constitucional, y no ha habido un ataque a la Constitución y a la democracia en este país como el susodicho Pacto del Tinell, que es un pacto de exclusión que afecta y afrenta a lo que es la democracia. En ese sentido quiero recordar y reconocer que los esfuerzos de

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todas las fuerzas políticas en el caso de Aragón -con salvaguarda a distancia desde el punto de vista ideológico- tendría que ser refrendo para otras comunidades autónomas. Estoy hablando de Cataluña, comunidad, por cierto, a la que quiero profundamente porque allí tengo mucha familia y raíces, no solamente en Lérida sino también en Barcelona, de lo cual me siento totalmente orgulloso. Pido a los ciudadanos de Cataluña y al Partido Socialista que trabajen en esa dirección.


Termino, señor presidente, para no agotar el tiempo -tal como me he comprometido-, con una referencia a lo que muchas veces son delirios expansionistas en planteamientos de Esquerra Republicana de Catalunya.
Ustedes han venido con el tema de la lengua y ese tipo de delirios no sabemos a qué llevan. Llevan a veces a cuestiones que en Aragón nos gustaría que se explicaran, porque en esa simbiosis de hermandad entre Chunta Aragonesista y Esquerra Republicana de Catalunya de la que ustedes han hablado ya le pediría yo al señor Labordeta que influyera en ustedes para que hubiera una devolución real de los bienes de la provincia de Huesca que están en el museo de Lérida y para que apoyaran ustedes la cuestión del Archivo de la Corona. Ya sé que estas cuestiones duelen porque son incoherencias por su parte, pero de lo que se trata es de que tengan un discurso que se pueda defender tanto en un territorio como en otro. En ese sentido el Partido Popular ha demostrado con el trabajo hecho en este Estatuto y con la posición que hemos mantenido respecto al resto de los estatutos que somos leales a la Constitución y leales a España y en ese sentido seguiremos trabajando.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, si no le importa intervendré desde el escaño porque voy a ser muy breve.


Simplemente quería señalarle con todo el cariño que le tengo al señor Mardones -que él bien sabe que es mucho y que, por cierto, él no estuvo en la legislatura constituyente, creo que se sumó en la segunda legislatura a esta Cámara- que no podemos sustituir conversaciones de pasillo por lo expresado reiteradamente en los "Diarios de Sesiones".


Nadie discute la existencia de la foralidad aragonesa; es consustancial a Aragón, sobre todo desde que a principios del siglo XVI recae en una misma persona la Corona de Castilla y la Corona aragonesa, pero bien es cierto que el ámbito público de la foralidad aragonesa desaparece con los Decretos de Nueva Planta. Es bien cierto que en el Estatuto de Autonomía de Aragón aparece esa disposición adicional tercera con otra numeración, con el mismo texto, en el año 1982. Por eso me he referido a la sentencia que define el territorio en el año 1988, posteriormente a esta, y que esa es definitivamente la que interpreta esa disposición existente en el Estatuto aragonés y que podría incluso originar una inconstitucionalidad.
A eso me refería. Evidentemente, Aragón tiene unas señas de identidad forales clarísimas y de gran raigambre en la historia. Otra cosa es que la disposición adicional primera fuera específicamente desarrollada para esa comunidad; cosa que no es cierto, sino que sí fue concretamente hecha para las que hoy en día constituyen otras dos comunidades.


Señor presidente, como he dicho anteriormente, pese a estas nuestras reticencias, votaremos favorablemente la toma en consideración.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.


Seguimos por orden. Señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Intervengo muy brevemente, señor presidente.


En primer lugar, tenía entendido que los portavoces no íbamos a hacer uso del turno de réplica, pero parece ser que el Grupo Popular incumple los compromisos que se adoptan por todos de manera conjunta. (Protestas.) En cualquier caso, señoría del Grupo Popular, ¿cómo puede venir aquí a reiterar de nuevo, cuando estamos hablando del Estatuto de Aragón, de la realidad aragonesa, de su Carta Magna, las obsesiones del Partido Popular: agua y Estatuto catalán? Hemos venido a hablar de Aragón y, aunque usted tenga familia en Cataluña, hemos venido a hablar de Aragón.
Eso es lo que quiere escuchar la gente aragonesa, que se hable de los problemas, de las realidades y de este Estatuto, que es el que hoy vamos a tomar en consideración. ¿Cómo puede decir que tienen un discurso para todo el territorio? Pero si nada tiene que ver lo que se recoge sobre el derecho al agua en el Estatuto de Aragón que hoy nos traen con lo que se recoge en el Estatuto valenciano; nada tiene que ver. Por tanto, no es cierto lo que ha dicho. Léase los dos textos y compárelos; le invito a hacerlo. Por cierto, los estatutos ni son fotocopias ni tienen por qué serlo. Los estatutos son un reflejo de la realidad de cada comunidad autónoma, que viene plasmada en ellos, y se traen a esta Cámara. Por tanto, si el portavoz de la Chunta entiende que hay competencias que tienen que estar incluidas porque en el Estatuto de Cataluña lo están, no es un criterio suficiente, porque el criterio ha de ser las necesidades y la realidad del pueblo aragonés. Si ustedes han traído aquí este Estatuto, porque ustedes lo han traído también, y lo han traído de la mano, además aquí tenemos a la delegación parlamentaria, será porque consideran que es el mejor Estatuto posible. Por tanto, ese es el que usted tiene que defender y no cuestionar. Como digo, todos los que hemos traído este Estatuto a esta casa entendemos que es el mejor Estatuto para el pueblo de Aragón. Por eso lo defendemos y es nuestra obligación.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, adelante, por favor.


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El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo solamente para hacer una observación cordial al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, a mi buen amigo el señor Esteban, porque hemos llevado el debate a un terreno muy importante, al de una interpretación constitucional. Mi grupo hace una lectura sensu lato de la disposición adicional primera de la Constitución española, que leo literalmente: La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen corresponderá y será llevada a cabo en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. No le quepa duda de que por parte de Coalición Canaria, cuando el Estatuto tenga que volver a esta Cámara, el apoyo a los fueros de Euskadi, del País Vasco y de Navarra, será permanente. Nosotros hemos hecho una interpretación de un régimen histórico foral del Reino de Aragón, en las fechas que he citado, en la Edad Media, que ha sido un régimen foral con unos reconocimientos históricos y si se quieren recuperar vía Constitución española o vía Estatuto de Autonomía, para eso estamos aquí. Mi grupo no se opondrá ni pondrá ninguna traba al reconocimiento de un régimen foral, haya estado vigente o no haya estado vigente en cualquier momento. Recordemos que durante la dictadura franquista se abolieron los privilegios y los derechos forales de Vizcaya y de Guipúzcoa y se mantuvieron para Álava. Nosotros siempre hemos repudiado esa actuación. Por tanto, la postura de Coalición Canaria en este momento ha sido apoyar en el debate del Estatuto de Autonomía de Aragón un derecho, porque igual que hacemos esta defensa de un derecho foral, le pedimos a las representaciones autonómicas forales, País Vasco, la que tengan de Navarra o cualquier otra comunidad autónoma con un derecho singularizado, que al mismo tiempo sepa respetar, cuando llegue el Estatuto de Autonomía de Canarias a esta Cámara, lo que es nuestra reivindicación histórica del régimen de puerto franco, con lo que es hoy en día la Comunidad Autónoma de Canarias en su régimen económico y fiscal específico y singularizado, que la saca de la homologación con el resto de las comunidades autónomas. En esa reciprocidad, Coalición Canaria estará siempre y esta es la garantía que le ofrezco en este caso al señor Esteban dentro del debate que tenemos que hacer en los términos en los que lo hemos explicado los dos. Una interpretación académica incluso, si se quiere, de una sentencia del Tribunal Constitucional, pero entendíamos que en este momento no podíamos privar a la Comunidad Autónoma de Aragón y a las Cortes de Aragón del derecho a una reivindicación foral, tal como figura en la disposición adicional tercera del texto que hemos debatido, que es la que hace esta invocación. Mi grupo considera que en lo modificado en 1982 no se hizo, que en 1996 y en 1999 está perfectamente reconocido y en aquel momento no recibió ninguna impugnación por las Cortes Generales.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Labordeta, por favor.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, pido perdón, pues parece ser que el que ha armado el lío de la réplica he sido yo, pero yo creo que la Junta de Portavoces había decidido que iba a haber una réplica de 10 minutos. Si no es así, pido perdón por tenerlos a ustedes aquí metidos.


Me gustaría no entrar en problemas dialécticos como a los que hemos estado asistiendo y bajar a la realidad para explicar por qué seguimos manteniendo esta abstención. Las comunidades autónomas hemos alcanzado una mayoría de edad. Tenemos más competencias, aunque no todas las deseadas, pero la clave es la financiación. ¿De qué sirve tener transferidas las competencias en educación si no hay dinero para poder asegurar una enseñanza de calidad? Pues ha llegado también el momento de la mayoría de edad para avanzar más en la autonomía financiera. Aragón ha sido un territorio que ha estado excluido del Objetivo 1 de los fondos de la Unión Europea de manera injusta porque el efecto estadístico dejaba fuera de estas inversiones a territorios como Teruel, el Alto Aragón o las zonas rurales de Zaragoza, que necesitaban y necesitan estas ayudas para su desarrollo. De rebote, hemos estado excluidos durante años también del Fondo de Compensación Interterritorial del Estado. Resulta que solo estaban incluidos en estos cuantiosos fondos del Estado aquellos territorios que estuvieron en el citado Objetivo 1. Para hacernos una idea más clara, más de 1.200 millones de euros en 2007 para estos fondos en los Presupuestos Generales del Estado, de los que no puede beneficiarse Aragón. Ya no solo eso, sino que existe un contencioso abierto entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno central sobre las denominadas mermas tributarias de la comunidad autónoma -la cifra está en torno a los 400 ó 500 millones de euros-, conflicto que está lejos de alcanzar una solución política y que se encuentra en estos momentos en vía judicial.


Ahora nos encontramos con una nueva realidad en este proceso de reformas de estatutos. Hay territorios que reclaman un fijo en las aportaciones del Estado -es un criterio- y otros que piden financiación por su población -también es otro criterio-, pero los mismos partidos que apoyan en otros lugares que el Gobierno central asegure la financiación suficiente para resolver sus problemas se niegan a hacerlo para la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Aragón tiene un territorio amplio y despoblado, con cifras de densidad que ubican a algunas comarcas en parámetros cuasi desérticos. Por tanto, necesitamos introducir el criterio del territorio, el de la despoblación y el de la baja densidad.
No estamos pidiendo imposibles, la Unión Europea lo está aplicando para sus programas de desarrollo. Otro ejemplo real y cercano en los Presupuestos Generales del Estado

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de 2007 es que la cifra de inversión del Gobierno central en Aragón supone un 4,8 por ciento del total mientras que por territorio somos casi el 10 por ciento del total. Esta situación se agrava para un espacio que todavía necesita vertebrar sus más de 47.000 kilómetros cuadrados. Hay que hacer un esfuerzo extra porque tenemos muchas infraestructuras -carreteras, ferroviarias, aeroportuarias, hidráulicas- por hacer y no podemos hacerlas. El Gobierno de Aragón ha lanzado múltiples propuestas en diferentes momentos políticos, en las que se ofrecían métodos de cofinanciación para las infraestructuras que son competencia del Estado, sea la autovía Mudéjar o el propio ferrocarril del Canfranc más recientemente. Nunca han llegado a fructificar. ¿Cómo van a hacerlo si son fruto de una financiación insuficiente y apenas hay capacidad inversora anual por parte del Gobierno de Aragón? ¿Les parece extraño que en estos momentos del debate digamos que también queremos fijar un método favorable a nuestros intereses, el de todos los aragoneses, aprovechando esta reforma del Estatuto de Autonomía? La sociedad aragonesa vuelve a denunciar la situación en la que se queda no ya el paso internacional ferroviario del Canfranc, sino la propia renovación integral de la vía.
Si tuviéramos recursos, aunque sabemos que la competencia es del Estado, estamos seguros que con una buena capacidad financiera el Gobierno de Aragón, las Cortes de Aragón y la sociedad aragonesa respaldarían fórmulas en las que se pudiera participar con inversión a la alemana o como quiera llamársela para poder actuar en la reapertura de esa línea.
Querría poner un ejemplo práctico, pues todos podemos entender perfectamente lo que supondría un mejor sistema de financiación en este Estatuto de Autonomía a efectos prácticos con situaciones concretas.


Finalmente, recordamos que nuestras razones para no apoyar esta reforma de Estatuto de Autonomía son que en el texto no se garantizan ni la financiación ni las inversiones necesarias para Aragón, no se aseguran nuestros recursos hídricos ni se protege el Ebro ni se reconocen cuestiones básicas de la identidad aragonesa, como la realidad bilingüe de Aragón; se habla de las lenguas, pero no sé dice qué lenguas. ¿Qué pasa, que vamos a apoyar todas las lenguas, cualquier lengua de los emigrantes que ahora vienen a Aragón? Y ni siquiera se asumen hasta estas doce competencias que sí están asumiendo otras comunidades autónomas. Por tanto, seguiremos defendiendo hoy nuestra abstención con la esperanza, como dije anteriormente, de que las posiciones se acerquen hasta puntos de verdadera unanimidad que nos permitan conseguir un Estatuto de primera para Aragón. Por cierto, señor Pintado, voy a intentar convencer a Esquerra Republicana de que devuelvan los bienes de la franja que están en Cataluña, pero, por favor, pídale usted al Partido Popular de Lérida que no apoye el mantenimiento de los bienes en Lérida, que no apoye al obispo de Lérida. Si usted lo consigue, yo voy a intentarlo también, aunque el señor Tardà es muy duro de convencer.


Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor López Garrido, por favor.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señor presidente.


Lo siento, señor Pintado, pero no hemos entendido su intervención, ni la primera ni la segunda. Ha sido una intervención absolutamente confusa y seguramente no la han entendido tampoco sus compañeros de Aragón ni muchos de los que estaban a su alrededor. ¿Usted ha intervenido para defender el Estatuto de Autonomía de Aragón o para criticar al Gobierno socialista, que es lo que ha hecho exactamente? Porque en este caso, hay que decir que la pasión por criticar al Gobierno le ha podido sobre la buena pasión de defender la tierra de uno; ha podido lo primero sobre lo segundo, señor Pintado. En una ocasión histórica, como es el debate del Estatuto de Autonomía de su tierra, le ha podido esa neurosis en la que están ustedes metidos de criticar al Gobierno como sea y por lo que sea.
(Aplausos.)

La posición del Partido Socialista es absolutamente clara en este asunto, no tiene ninguna confusión, no cabe ninguna duda al respecto. Nosotros apoyamos este texto del Estatuto de Autonomía de Aragón y vamos a votar que sí. Nuestra actitud en todo el trámite parlamentario va a ser mejorar el texto, va a ser adecuarlo mejor a los intereses generales de los ciudadanos, al marco constitucional y va a ser una actitud siempre constructiva en el sentido de ampliar el consenso que viene de Aragón, no ponerlo en peligro, sino ampliarlo y extenderlo a todos los grupos de esta Cámara. Esa va a ser la posición clarísima y diáfana del Grupo Parlamentario Socialista. Espero que a pesar de su intervención, señor Pintado, el Grupo Parlamentario Popular siga ese mismo camino.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


El asunto está suficientemente debatido. Si me permite la Cámara, vamos a despedir a la delegación de las Cortes de Aragón, agradeciéndoles su trabajo en el día de hoy en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias.
(Aplausos.)

Llamamos a votación.


MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


El señor PRESIDENTE: Antes de la votación, comunico a la Cámara una propuesta de modificación del orden del día. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del debate de las interpelaciones urgentes, en el sentido de debatir, en primer lugar, el punto 28, relativo a la interpelación

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urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tras la cual se debatirán las correspondientes a los puntos 27 y 29, relativas respectivamente a las interpelaciones urgentes del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)

Queda aprobada la modificación del orden del día.


AVOCACIÓN POR EL PLENO.


-DEL PROYECTO DE LEY CONTRA LA VIOLENCIA, EL RACISMO, LA XENOFOBIA Y LA INTOLERANCIA EN EL DEPORTE. (Número de expediente 121/000093.)

El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)

Queda aprobada la propuesta de avocación.


DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA.
(VOTACIÓN.)

-DE LAS CORTES DE ARAGÓN, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN.
(Número de expediente 127/000006.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de totalidad de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 283; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta de reforma. (Aplausos.)

Sin más asuntos que tratar, se suspende la sesión hasta mañana.


Eran las ocho y diez minutos de la noche.

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