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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 200, de 19/09/2006
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 200
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 184
celebrada el martes, 19 de septiembre de 2006


ORDEN DEL DÍA:

Retirada del orden del día ... (Página 10041)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

-Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Lasagabaster), de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Orgánica). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 106-1, de 10 de septiembre de 2004. (Número de expediente 122/000090.) ... (Página 10041)

Declaración institucional ... (Página 10051)

Exclusión del orden del día ... (Página 10051)

Avocación por el Pleno ... (Página 10052)

-Proyecto de Ley por la que se reconoce y regula la lengua de signos española y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. (Número de expediente 121/000073.) ... (Página 10052)

Página 10038


-Proyecto de Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. (Número de expediente 121/000084.) ... (Página 10052)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.) ... (Página 10052)

Proposiciones no de Ley:

-Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la calidad de vida y a la participación de las personas mayores. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 394, de 26 de mayo de 2006. (Número de expediente 162/000484.) ... (Página 10052)

-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas a tomar contra los incendios en Galicia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 425, de 23 de agosto de 2006. (Número de expediente 162/000508.) ... (Página 10059)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

-Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre violencia de género. (Número de expediente 173/000149.) ...
(Página 10066)

-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el esclarecimiento de la verdad de los atentados del 11-M. (Número de expediente 173/000150.) ... (Página 10073)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Retirada del orden del día ... (Página 10041)

La Presidencia informa a la Cámara de que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) ha retirado su proposición de ley sobre conciliación de la vida laboral y familiar, que figura como punto número 2 del orden del día.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 10041)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Lasagabaster), de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Orgánica) ... (Página 10041)

La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, presenta esta proposición de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, exponiendo los motivos de su presentación. Resalta que la reforma es mucho mejor hacerla a nivel global y no parcheando, que ha sido la constante de anteriores gobiernos.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; las señoras Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Ezquerra Republicana (ERC); la señora Pigem i Palmés y los señores Santaella Porras, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Rascón Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Declaración institucional ... (Página 10051)

Página 10039


Por la señora secretaria primera se procede a dar lectura de una declaración institucional, presentada por los grupos parlamentarios, con ocasión del 50º aniversario de la revolución húngara de 1956.


Exclusión del orden del día ... (Página 10051)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 35, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas previstas por el Gobierno para presentar el estatuto del autónomo, lo que se aprueba por asentimiento.


Avocación por el Pleno ... (Página 10052)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la avocación del proyecto de ley por la que se reconoce y regula la lengua de signos española y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo-ciegas y el proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 10052)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Lasagabaster), de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se rechaza por 29 votos a favor, 275 en contra y dos abstenciones.


Proposiciones no de ley ... (Página 10052)

Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la calidad de vida y a la participación de las personas mayores ... (Página 10052)

Defiende la proposición no de ley el señor Fernández Santos, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Inicia su intervención recordando que el artículo 50 de la Constitución ordena a los poderes públicos garantizar la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad, así como promover su bienestar. Para lograr estos objetivos manifiesta que es necesario combinar una serie de factores, entre los que destaca la garantía de unos ingresos mínimos, una sanidad y unos servicios sociales adecuados y adaptados a esta etapa de la vida.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Caracuel del Olmo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, interviene el señor Fernández Santos.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas a tomar contra los incendios en Galicia ... (Página 10059)

Defiende la proposición no de ley la señora Sainz García, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Manifiesta que los incendios forestales que asolaron Galicia en el mes de agosto constituyen, además de una tragedia humana, la mayor catástrofe ecológica y económica de la historia. Su grupo sigue reclamando información, transparencia e investigación.


Finaliza proponiendo varios tipos de medidas, unas dedicadas a los afectados y otras de mejora de las políticas de prevención.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Marón

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Beltrán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la calidad de vida y a la participación de las personas mayores, se aprueba por 178 votos a favor, uno en contra y 133 abstenciones.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas a tomar contra los incendios en Galicia, se rechaza por 133 votos a favor, 178 en contra y una abstención.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 10066)

Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre violencia de género ... (Página 10066)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora García Suárez, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Manifiesta que el motivo de la iniciativa es la preocupación por la falta de desarrollo de muchas o algunas de las medidas recogidas en la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, en concreto aquellas que se refieren a la sensibilización, a la prevención y a la asistencia social integral.


Finaliza expresando su satisfacción por la enmienda transaccional, esperando cuente con el apoyo de todos los grupos, que recoge realmente la preocupación de todos hacia los aspectos de prevención y de sensibilización que considera son la estrategia más eficaz a medio y largo plazo.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Bonàs Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Monteserín Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Barkos Berruezo y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el esclarecimiento de la verdad de los atentados del 11-M ... (Página 10073)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Castro Masaveu, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Manifiesta que la iniciativa tiene como finalidad solicitar al Gobierno información sobre una serie de extremos que su grupo considera imprescindibles para el esclarecimiento de los atentados del 11 de marzo, extremos que el ministro del Interior negó a su portavoz el pasado miércoles en la interpelación de la que es consecuencia esta moción. Si de nuevo se les niega el derecho a la información considera que se tendrán que exponer muy detalladamente las poderosas razones que les llevan a tal negativa.


Finaliza reclamando la comparecencia del ministro del Interior ante esta Cámara y ante la opinión pública para decir todo lo que sabe.


En defensa de la enmienda de sustitución presentada por el resto de los grupos parlamentarios, intervienen la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda de sustitución presentada interviene la señora Castro Masaveu.


Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre violencia de género, se aprueba por 309 votos a favor y dos abstenciones.


Sometida a votación en sus propios términos la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el esclarecimiento de la verdad de los atentados del 11-M, se rechaza por 135 votos a favor y 175 en contra.


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Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


RETIRADA DEL ORDEN DEL DÍA

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, vamos a dar inicio a la sesión de hoy, así que tomen posesión de sus escaños.


Comenzamos anunciando a la Cámara que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ha retirado su proposición de ley sobre conciliación de la vida laboral y familiar, que figura como punto número 2 del orden del día.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.


-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA LASAGABASTER), DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000090.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Empezaremos con el punto I, toma en consideración de proposiciones de ley, en particular la que corresponde al Grupo Parlamentario Mixto, a la señora Lasagabaster, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ley que, como ustedes conocen, tiene carácter orgánico.


Cuando quiera, señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.


Señorías, presentamos esta proposición de ley -y explicaré los motivos de su presentación en su momento- al inicio de la legislatura. Como ustedes recordarán -si no lo recuerdan, intentaré refrescarles la memoria-, una de las reivindicaciones más importantes para Eusko Alkartasuna en este periodo -así lo solicitaba el Gobierno- fue la reforma del paquete de reformas -valga la redundancia- legislativas realizadas por el Partido Popular en el Gobierno, las cuales resultaban gravemente dañinas para un Estado garantista, para un Estado de derecho. Hablamos de cuestiones relativas al Código Penal, de las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de las reformas de la Ley General Penitenciaria, de menores, etcétera. Al hacer esta solicitud en el debate de investidura no nos contentamos con decir que no nos gustaba lo que había, sino que intentamos -así lo plasmamos- plantear nuestras opciones con respecto a cómo podían ser esas reformas. Éramos y somos conscientes de que hay que tratar de que cualquier reforma de esta naturaleza llegue con el máximo consenso posible y de que estas reformas, por los bienes, los intereses y la cuestión en la que se incide, constituyen una materia muy sensible, pero no por ello dejamos de aportar de manera constructiva ideas sobre cómo esa reforma podía ser un inicio de debate en relación con lo que debíamos tener, unas leyes garantistas, unas leyes para una sociedad del siglo XXI en un Estado de derecho. Así, a lo largo de esta legislatura hemos ido haciendo -lo saben ustedes, me han oído bastantes veces- algunas aportaciones a la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de menores, de Código Penal, etcétera, y hoy nos toca hacer aquí una aportación relativa a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Diré al final, pero no dejaré de hacerlo al inicio, que somos conscientes de que la reforma es mucho mejor hacerla a nivel global y no parcheando, que ha sido una constante de anteriores gobiernos, pero entre lo mejor -hacer una reforma global- y no hacer nada es evidente que algo tenemos que hacer para impedir que sigan en vigor, con graves problemas de toda índole, reformas que se hicieron en la anterior legislatura y que no responden al Estado de derecho que creemos nos merecemos.


Nosotros presentamos esta iniciativa en el año 2004 y por avatares de la Mesa, señora presidenta, llega ahora sin posibilidad de cambio de ningún tipo. En todo caso, llegan ahora nuestras aportaciones del año 2004. La verdad es que pensábamos que a menos de 17 meses del término de la legislatura, el Gobierno ya nos tendría que haber planteado una reforma por dos razones, primero, porque lo había prometido y, segundo, porque es lo que lleva repitiendo a lo largo de toda la legislatura, pero la realidad nos dice que a día de hoy ni hay nada ni hay anuncio de cuándo puede haberlo; dicho esto con el mayor respeto, pero con la conciencia y conocimiento de que en menos de 17 meses es difícil hacer una reforma global de cualquier ley y, en concreto, de esta ley tan importante.


¿Qué es lo que estamos pidiendo? En primer lugar, hay dos cuestiones muy diferenciadas. Me centraré más en lo que se refiere a la regulación de las medidas cautelares y más en concreto a la extensión que en su momento se adoptó de la prisión provisional como medida cautelar, y me centraré menos en la segunda cuestión -no porque sea menos importante, sino porque ya lo he hecho hace unos cuantos meses-, en la regulación de los artículos relativos a la llamada incomunicación y, en especial, la incomunicación para delitos de terrorismo, porque ya fue objeto de un debate específico, aunque también lo recuperamos en esta iniciativa de proposición de ley. ¿Qué es lo que ha pasado con la reforma del Partido Popular? Se confirmó de forma muy clara la extensión de la prisión provisional de manera realmente grave, y así lo dice todo el mundo, no solamente en el Estado español, sino también el libro verde de la Comisión del año 2004, donde se estudia el reconocimiento mutuo de las medidas de control no privativas de libertad. Hay una llamada expresa muy gráfica,

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que la recojo, en la que se dice que los principios generales del derecho señalan que la prisión preventiva debe considerarse siempre como una medida excepcional. Por tanto, debe aplicarse siempre que no haya otro tipo de medidas de control no privativas de libertad. Este es un principio general que, desde nuestro punto de vista, al día de hoy, en lo que hoy tenemos como regulación vigente, no parece que se esté cumpliendo.


También la propia Comisión a la hora de hacer esa reflexión sobre el reconocimiento mutuo de las medidas de control no privativas de libertad entre los distintos Estados miembros de la Unión Europea señala que la práctica excesiva y prolongada de la detención preventiva es una de las principales causas de superpoblación de las prisiones. Son dos elementos que nos parecen de suficiente entidad como para abordarlos. Ojalá hubiera sido posible una reforma global de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero como no hay nada, tenemos que seguir actuando en lo que se nos permite, que es tratar de abordar determinadas cuestiones que nos parecen de una sensibilidad grave y urgente.


¿Qué es lo que ocurrió con esa regulación en la pasada legislatura? Se legisló de tal manera que, a nuestro entender -y luego lo explicaré-, no se recoge la doctrina garantista establecida por el Tribunal Constitucional en la sentencia 47/2000 ó en la 128/1995; una doctrina garantista muy clara, muy concreta, muy determinada respecto de lo que se puede o no se puede recoger en una materia tan grave como puede ser una medida cautelar de prisión preventiva. Pero la realidad -esto es la legislación- nos demuestra que al día de hoy tenemos casi un 25 por ciento de presos preventivos en los centros penitenciarios en relación con las personas penadas; es decir, una cuarta parte de las personas que están en este momento en prisión, en los centros penitenciarios, responden a una medida cautelar. Esta cifra realmente es muy elevada, es la más alta o de las más altas que existen en la Unión Europea, algo que nos debiera llevar a pensar y a reflexionar que no podemos seguir con esta fórmula. Si le añadimos el agravante de la situación de infraestructuras que tenemos en los establecimientos penitenciarios, si asumimos el agravante de la situación en relación no solamente con el número de establecimientos, sino con la realidad, el dramático problema que tenemos por cómo están los centros penitenciarios, esto es -permítanme utilizar el lenguaje coloquial- una bomba de relojería que afecta a cuestiones muy sensibles de la dignidad de la vida humana, de la calidad de las personas privadas de libertad, ya no en este caso por sentencia firme, sino como medida cautelar mediante la prisión preventiva.


¿Por qué creemos que sí puede haber una solución o, por lo menos, regularlo de forma diferente para evitar esta situación? Creemos que puede haber soluciones, que debe haberlas, porque si no, no estaríamos garantizando no solo los principios básicos que señalan la Constitución y el ordenamiento jurídico, sino la interpretación que de ellos ha realizado el propio Tribunal Constitucional. En primer lugar, porque en la regulación que hoy tenemos vigente no se están respetando principios, como por ejemplo, el de excepcionalidad, el de subsidiariedad o la última ratio, algo que vengo señalando a lo largo de estos minutos. En definitiva, es un problema por entender que la prisión provisional es la generalidad, es la normalidad y es el automatismo y no al contrario, que debe ser la excepcionalidad y la última medida cautelar, si no existe ninguna otra. Es bien evidente que si no utilizamos, no regulamos, no dotamos de medios a cualquier otra medida cautelar diferente que cumpla los mismos objetivos, es fácil decir: Mire usted, es que no hay otra. No hay otra, porque no quieren que haya otra.


El segundo principio que nos preocupa, que desde nuestra perspectiva no se recoge en la regulación que hoy tenemos, es el principio de proporcionalidad. Aquí me gustaría señalar de manera un poco más extensa que la regulación de una medida cautelar evidentemente tiene que ir siempre acompañada de esa balanza de la proporcionalidad. ¿Es proporcional? ¿Responde realmente la privación de libertad al beneficio que pueda obtener esa medida cautelar o estamos dañando más a esa persona sin obtener ese beneficio? Esta es un poco la realidad. En este sentido la regulación no responde al principio de proporcionalidad, porque no se ponen en una balanza los fines que debe perseguir la medida cautelar: la evitación del peligro de fuga, impedir la obstaculización del proceso o el riesgo de reiteración delictiva. En muchas ocasiones estos fines no son tenidos en cuenta como elementos para considerar realmente la proporcionalidad y, si no se dan los fines que pretende la medida cautelar, entendemos que no debería entrar en juego la proporcionalidad.
Lo primero es saber si la medida cautelar puede conseguir esos fines, porque si realmente no puede conseguirlos o se utiliza para otros fines, entendemos que ni tan siquiera el principio de proporcionalidad pudiera ser afectado o entendido como interpretativo a este respecto.


También hay otra cuestión que nos parece tremendamente importante y es la eliminación de automatismos entre la gravedad de la pena y la decisión sobre la prisión provisional -algo a lo que me he referido antes, pero en cualquier caso en la propia exposición de motivos se recoge con mucha más extensión-, que hay que tener en cuenta para regular este tema. La naturaleza cautelar, como decía antes, y también la grave cuestión, que a veces no se recoge suficientemente, de que toda medida cautelar tiene que responder claramente al principio de presunción de inocencia y no terminar anulando un principio que es básico. Estos requisitos que se señalan en las propias sentencias del Tribunal Constitucional no aparecen, a nuestro entender, bien recogidos en la regulación de medidas cautelares que tenemos hoy y sobre todo en ese eje central que se ha querido hacer de la prisión provisional. Por tanto, es el momento y es necesario modificarlo.


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La segunda parte -me voy a referir a ella muy brevemente- hacía referencia también a alguna medida cautelar, en este caso mucho más específica, más concreta y, si me permiten, más excepcional, pero que siendo excepcional también requiere de ser justificada, recogida, examinada y aplicada en cada caso concreto, que es la incomunicación en relación con determinados delitos. Tampoco en la práctica ocurre lo que se señala en la propia medida. Es una medida que se aplica de manera automática, que se aplica sin estar justificada e, incluso -aunque lo señalé anteriormente no lo voy a dejar de decir- en algunos casos ni tan siquiera las resoluciones por las cuales se autorizan estas incomunicaciones recogen la justificación ni se interesan a posteriori sobre cuál ha sido el resultado y hasta qué momento o cuándo se debe dejar de proceder a esa aplicación del régimen de incomunicación. Tengo también -lo he señalado antes pero podrán ustedes leerlo- las graves situaciones que produce la aplicación de la incomunicación, las graves acusaciones, que no han sido de esta diputada, o las graves críticas que se han realizado por parte de organismos internacionales, y la solicitud que estos organismos en muchas ocasiones han llevado a cabo para que las autoridades del Estado español modifiquen este régimen, esta situación, que, añadiendo la detención a la prisión provisional, puede llevar incluso hasta casi doce días de incomunicación, algo realmente grave. A estas alturas de la legislatura nos hubiera gustado que estas dos cuestiones hubieran estado si no resueltas como a nosotros nos hubiera gustado, porque entiendo que esto forma parte de un consenso y de una reflexión conjunta que debemos hacer, sí al menos en un proyecto del Gobierno que pudiera darnos pie a trabajar, a reflexionar, a debatir y, en definitiva, a lograr la mejor regulación, que hoy no tenemos. Pero la vida es así; no me queda más remedio que plantear estas cuestiones. En 2004 planteamos aportaciones con mucha voluntad, para que nadie nos diga que solo criticamos y no construimos, pero no nos cabe la menor duda de que la aportación constructiva más importante es la de un Gobierno que tiene capacidad, que tiene legitimidad, que tiene obligación de hacerlo y que, al menos hasta hoy, no ha aparecido. Quedan apenas diecisiete meses. Será difícil, incluso si se presentaran mañana, poder realizar esta labor. Desde luego lo intentaríamos. Pueden estar seguros de que nosotros pondríamos toda la carne en el asador para hacer la negociación, el debate y la legislación de este tema clave, pero ni tan siquiera se nos ha comunicado cuándo va a estar en esta Cámara.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Lasagabaster.


¿Algún grupo parlamentario desea ejercer turno en contra? (Pausa.)

Pasaríamos al turno de fijación de posiciones. Comenzaríamos con el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Tiene la palabra para ello don Luis Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


La proponente del Grupo Mixto, la señora Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna, ha dado una serie de razones muy sensatas y objetivas de un problema que está ahí, como es el de la prisión preventiva. Mi grupo quiere mostrar una permanente sensibilidad a que la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoja en estos momentos esta cuestión de una manera prioritaria. Esa es la razón por la que mi grupo, al fijar la posición, quiere hacer una valoración ponderada entre los argumentos que justifican esta proposición de ley de la señora Lasagabaster y lo que mi grupo entiende, dadas las conversaciones que desde tiempo atrás venimos manteniendo con el señor ministro de Justicia, en cuanto a una reforma global y más completa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tiene que ser el Gobierno, con un proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como una ley orgánica que es, quien recoja y trate globalmente todos estos aspectos, porque va más allá de una simple adecuación técnica o procedimental a la situación actual. Deben ser contemplados globalmente dentro de una reforma en profundidad de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.


Por esas razones, señora presidenta, mi grupo se va a abstener en la toma en consideración de esta proposición de ley. Repito que consideramos necesario e imprescindible que el Gobierno traiga a la Cámara, en la reforma de este aspecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todas aquellas otras condiciones que con respecto a la prisión provisional se tienen que realizar en nuestro país.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Mardones.


Continuamos con el turno de la señora Navarro, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.


La proposición de ley que presenta el Grupo Mixto (Eusko Alkartasuna) trata de abordar la reforma pendiente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional. Una de las prioridades del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa en lo que respecta a justicia es la necesidad de definir un modelo de política criminal progresista que supere las reformas involucionistas provocadas por los gobiernos del Partido Popular. La reforma está enunciada, pero no conocemos su contenido, y la verdad es que ahora mismo no somos excesivamente optimistas. Sin embargo, en este turno de intervenciones esperamos escuchar cuál es el posicionamiento del Grupo Socialista, que apoya al Gobierno, respecto a la prisión provisional. Esperamos que el Gobierno no se encuentre cómodo introduciendo reformas parciales, como se hizo en su día, al dictado de

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lo que se podría llamar populismo punitivo y de cierto sensacionalismo o alarmismo social con tintes electoralistas. Para nosotros, para Izquierda Unida-Iniciativa, lo fundamental es abordar el modelo de política criminal que necesita el Estado español desde la redefinición de sus ejes rectores, desde las líneas generales en las que debe asentarse el modelo de política criminal, que después, evidentemente, tiene que tener su lógica traslación tanto al Código Penal como a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si el Grupo Socialista es coherente con lo que defendió en su día en la oposición y tiene voluntad política para girar en esta materia, encontrará la predisposición de mi grupo parlamentario.


Centrándonos en la proposición de ley que hoy nos ocupa, esta reforma es parcial, como ha dicho la portavoz, pero es muy relevante en materia de prisión provisional. La iniciativa está inspirada en el proyecto que el grupo de política criminal elaboró hace dos años y que Izquierda Unida-Iniciativa comparte plenamente. Compartimos su justificación y sus contenidos, sin perjuicio de que, si su toma en consideración fuera votada favorablemente por una mayoría suficiente, en la tramitación pudiéramos presentar enmiendas como es lógico y razonable. Vuelvo a reiterar que compartimos su justificación y sus contenidos. Esta proposición viene a llamar de forma positiva la atención del Gobierno sobre el crecimiento espectacular e injustificado de nuestra población penitenciaria, sin duda, entre otros motivos, por la previsión generosa que nos dejó el Partido Popular de la prisión provisional, que es evidente que es necesario reformar. La población penitenciaria es de 145 por 100.000 habitantes, es decir, somos los segundos de los Quince de la Unión Europea, inmediatamente después de Inglaterra y Gales, con 147, dentro de ese modelo neoliberal que tienen. En alarmante contraste, somos el país con menor criminalidad violenta de esa Europa de los Quince, en cifras relativas a homicidios, delitos contra las personas, violaciones y salud pública; solo nos llevamos la palma en delitos contra el patrimonio, esto es, hurtos, robos con fuerza sobre coches, robos de uso y robos con intimidaciones y lesiones. Se da la circunstancia de que España tiene un altísimo porcentaje de preventivos -un 22,8 por ciento- y es el país en el que los periodos de prisión provisional son más dilatados.


Es evidente que hay que deshacer la reforma que introdujo el Partido Popular, que se hizo bajo el pretexto de garantizar la seguridad ciudadana, pero provocó una situación alarmante y absurda que debe ser urgentemente reformada, porque, es muy sencillo, la ecuación de que más cárcel supone más seguridad es absolutamente falsa. El incremento de penas y de la prisión provisional produce un aumento de la población reclusa, pero en absoluto soluciona el problema de fondo, que tiene su origen en los desequilibrios sociales, aspecto, por cierto, al que este Gobierno todavía no ha dado solución. Desde luego, la prisión provisional es una forma de garantía eminentemente procesal, que se caracteriza por tratar de que el desarrollo del procedimiento en que se enjuician los delitos se realice y complete sin riesgos, pero en ningún caso pretende prejuzgar o anticipar la pena ni constituir un sistema de prevención de la delincuencia. La prisión provisional supone la privación de libertad de una persona presuntamente inocente, como ya se ha dicho por la portavoz. Por tanto, no podemos confundir los términos ni el fin para los cuales se establece esta medida. De la redacción actual, fruto de la reforma introducida por el Partido Popular, subyace claramente la idea de que la prisión provisional es un instrumento para resolver la delincuencia y eso es pervertir el sistema. Así, tal y como está ahora la redacción, se prevé para delitos con escaso tiempo de condena; se admite como causa el riesgo inespecífico de la comisión de otros posibles delitos; se establece un confuso sistema en la valoración de antecedentes sin diferenciar los cancelados y los cancelables, y se convierte la incomparecencia ante los juzgados en un cuasi delito cuando se trata muchas veces de gente que prácticamente no tiene domicilio estable y es muy difícil de localizar.


Nos encontramos ante una redacción cuya revisión merece ser abordada y, por tanto, existen motivos más que sobrados para votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, si bien debiera dar lugar a una revisión global del modelo de política criminal y una reforma penal y penitenciaria también global.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Navarro.


Señorías, continuamos con el turno de la señora Uría, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, nuestro grupo va a votar favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley que hoy se nos presenta. Así está establecido y tenemos que ser fieles a las inquietudes que nos han guiado en la actuación en esta materia en el tiempo que llevamos presentes en el Congreso de los Diputados. Con mayor alcance que lo que ahora se presenta, no solo referido a la regulación de la prisión provisional sino con pretensiones de regular una ley orgánica de la tutela cautelar penal -creemos que es más completo y más amplio que lo que es solo prisión sí o prisión no-, nuestro grupo presentó ya en la V Legislatura, y fue defendida por mi compañero aquí presente, don Emilio Olabarría, una proposición de ley orgánica reguladora de la materia. En aquel entonces -y lo especifico- tuvo el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista, lo que ocurre es que la disolución anticipada de las Cámaras en aquella legislatura hizo que finalmente decayese.


En la VI Legislatura, aumentada y perfeccionada por lo que había sido jurisprudencia constitucional hasta

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entonces, se volvió a presentar una proposición de ley orgánica reguladora de la tutela cautelar penal -tengo delante de mí el boletín de 21 de junio de 1996, es decir, hace exactamente diez años-, que al pasar por la Cámara cosechó la unanimidad en la toma en consideración. No solo fue unánimemente aceptada como material válido para su tramitación parlamentaria sino que además, a petición de don Pablo Castellano, diputado de Izquierda Unida, se sometió al dictamen del Consejo General del Poder Judicial, aun siendo una proposición, porque se entendía que la magnitud de lo que se regulaba merecía tal informe, que fue favorable, por cierto. De las sugerencias que se hicieron por el Consejo, el grupo al que represento y yo misma, porque entonces ya era diputada, tomamos puntual nota y lo articulé a través de enmiendas parciales. Sin embargo, cosas que pasan en las legislaturas, tomada en consideración nada menos que por unanimidad, también la legislatura transcurrió sin que hubiese sido tramitada y sin que se hubiese reunido la ponencia más allá de una única ocasión.


Creemos que es importantísimo el tema que se regula. La tutela judicial cautelar penal está inadecuadamente regulada en el derecho español -luego me referiré a la reforma que sufrió en la última legislatura- porque el equilibrio entre la garantía de la efectividad de la protección que otorga una eventual sentencia condenatoria o que impusiese medidas de seguridad y la garantía de la efectividad de la protección que depararía una eventual sentencia absolutoria requiere un juego de equilibrios importante que es interesantísimo articular de manera distinta que los pocos preceptos -los torpes preceptos desde nuestra perspectiva- que en la actualidad le dedica la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La tutela cautelar penal comparte finalidad con el género cautelar penal en su conjunto, y este ha sido modificado -por enmiendas de mi grupo, debo manifestarlo- tanto en la jurisdicción contencioso-administrativa como en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero en la materia penal nos encontramos además con un aspecto fundamental, que es la presencia del derecho de la presunción de inocencia. Quienes han intervenido previamente a esta diputada han hecho alusión al elemento que supone el hacinamiento en las cárceles por la presencia de numerosos presos preventivos. Es importante -y no lo niego- la política penitenciaria, también es inquietud que pesa sobre mi grupo, pero para nosotros la presencia del derecho fundamental a la presunción de inocencia es algo que incide de manera mucho más grave en cómo debe ser ordenado este instituto en nuestro ordenamiento. La presunción de inocencia además es un derecho especial, solo vive mientras vive el proceso; si yo luego obtengo una sentencia absolutoria, no por eso se me habrá devuelto mi presunción de inocencia, solo se puede respetar ese derecho fundamental de la parte más noble, del núcleo duro, de la Constitución si se atiende a esa presunción mientras el proceso dura. Por eso, examinando la doctrina que se ha vertido al respecto, leía yo esta mañana un trabajo de Perfecto Andrés Ibáñez, que considera la prisión provisional, sobre todo en la faceta ya de prisión, no de otras cautelas, un instituto contaminado de ilegitimidad, porque uno tiene derecho a ser tratado como inocente mientras no se declare la culpabilidad por un juez o un tribunal en el marco del proceso previsto por la ley. En la doctrina en general con sensibilidad constitucionalista se nota un fondo hasta de mala conciencia, de malestar, al buscar la compatibilidad de la prisión provisional en la teoría con la presunción de inocencia, aunque se intenta siempre hacer pagar el menor precio posible a la presunción de inocencia. No ocurre así, creemos nosotros, en la regulación actual. La Ley 13/2003 fue objeto de enmienda a la totalidad por parte de la formación a la que represento, que por tercera vez intentó esgrimir el texto alternativo de tutela cautelar penal; como texto alternativo al que presentaba el Gobierno, entonces apoyado en su mayoría absoluta por el Partido Popular, presentamos por tercera vez la regulación posible de la tutela cautelar penal. Pero eran tiempos de notable endurecimiento de las leyes penales y procesales y en esa época se llevó a cabo un intento de amplio alcance dirigido a recuperar para la represión penal espacios que parecían cerrados por las garantías constitucionales reconocidas. En la tramitación de la Ley 13/2003 los votos del Partido Socialista no fueron unánimes; a pesar de estar entonces unidos por aquel llamado pacto de Estado para la reforma de la justicia, hubo aspectos de la ley que no tuvieron su voto y finalmente no dieron tampoco su voto en la votación conjunta como ley orgánica a la vuelta del texto del Senado. En ello hay un reconocimiento de que no les gusta la actual regulación. Por tanto, debieran apuntarse a su modificación cuanto antes. Conocemos que se está en el trabajo de elaborar un proyecto de ley de enjuiciamiento criminal, y el tiempo ya llama a que suceda así, pero hay aspectos que podrían tener regulación sustantiva aislada y separada, y este es uno de ellos puesto que cuanto antes se regulase la materia de tutela cautelar penal menos sacrificio existiría respecto a derechos fundamentales que creemos que en la actualidad están siendo objeto de sacrificio importante.


Nos parece que el texto que se nos presenta hoy por Eusko Alkartasuna, aunque es más limitado en el alcance que el que nosotros presentábamos, tiene rigor doctrinal en los principios. Alude al principio de excepcionalidad, a la proporcionalidad, a la eliminación del automatismo entre la gravedad de la pena y la decisión de prisión provisional y, lo que para nosotros es más importante, a la naturaleza cautelar, que no de pena anticipada, y al respeto escrupuloso a la presunción de inocencia.
Por citar algunos aspectos de la regulación actual que no cumplen estos principios y que nos parecería importante erradicar cuanto antes de nuestro ordenamiento, citaré por ejemplo el artículo 502.2 en lo que hace referencia al principio de excepcionalidad. Se desprende del contenido de este artículo que la prisión provisional ha dejado de ser una excepción para convertirse prácticamente en la regla general. El principio de proporcionalidad

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padece de manera muy notable con el texto que está hoy vigente ya que no se prevén otras medidas cautelares como las que nosotros proponíamos, como las que por cierto sugería el voto particular del informe que se hizo por el Consejo General del Poder Judicial al informar la ley orgánica modificada en 2003. El automatismo de la gravedad de la pena se aprecia de una manera inexorable en el contenido del texto que fue modificado en 2003, de igual manera que de una forma preocupante se sacrifica la presunción de inocencia cuando en el artículo 503.2 se da tanta importancia a la existencia de antecedentes delictivos.


Por falta de tiempo solo voy a aludir a otro de los aspectos de la iniciativa que nos parece especialmente interesante y que ha sido objeto de iniciativas variadas, tanto de una interpelación y subsiguiente moción como de proposiciones no de ley en esta legislatura, tanto de Esquerra Republicana como del Grupo Mixto y del grupo al que yo represento, en bastantes ocasiones, y es que se derogue cuanto antes, que se elimine de nuestro ordenamiento la incomunicación en la prisión provisional y también la prolongación de la detención. Cierto es, señorías, que, como todos conocemos, el Tribunal Constitucional ha admitido la constitucionalidad de la prisión incomunicada. Pero el tratamiento de la limitación de otros derechos fundamentales, además de la libertad, que conlleva un sustancial agravamiento de la prisión provisional, haciendo a esta más perjudicial que la pena misma de prisión, entendemos que debe seguirse cuestionando y, por tanto, también el encaje de tal medida en el marco constituido por el respeto mínimo a la presunción de inocencia, puesto en relación con la libertad y como en los demás derechos fundamentales afectados. La incomunicación tiene por finalidad garantizar la eficacia de la actividad investigadora y probatoria frente a eventuales obstáculos provenientes de la comunicación del imputado con terceros, y pensamos que es muy dudoso que tal finalidad tenga entidad suficiente como para justificar tamaña agresión a los derechos fundamentales a los que hemos aludido. Creemos que es razonable sostener que el inevitable sacrificio de alguno o algunos de los valores en juego que acompaña siempre a la tutela cautelar debe sufrirlo el valor consistente en la eficacia de la investigación y de la actividad probatoria, y no el derecho fundamental a la presunción de inocencia o a la libertad, como he indicado con anterioridad. Si el Partido Socialista se anima -y miro por ello a quien será el diputado que intervendrá en su nombre-, sería la cuarta vez que nuestro grupo intentaría traer a esta Cámara esa proposición de ley orgánica de regulación integral de la tutela cautelar penal y volveríamos a actualizarlo de manera adecuada, pero, hoy por hoy, la proposición que presenta Eusko Alkartasuna nos parece que atiende a una necesidad de regulación y que es un material bastante alrededor del cual podríamos trabajar en esta Cámara para derogar cuanto antes y hacer desaparecer de nuestro ordenamiento el régimen tan absolutamente restrictivo y atentatorio a los derechos fundamentales que creemos que en este momento se sostiene en relación con la prisión provisional.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Uría, muchas gracias.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
En su nombre tiene la palabra, para fijar posición sobre esta proposición, el señor Cerdà.


El señor CERDÀ ARGENT: Presidenta, señorías, a nosotros nos parece que esta es una proposición de ley que tocaba, que era necesario tratar.
Puedo estar de acuerdo con el señor Mardones en que tendría que haber venido aquí en forma de un proyecto de ley, pero es una de aquellas cosas que no acaban de llegar nunca, y tampoco está mal que algunos grupos parlamentarios hagamos algo de lo que parece que es nuestro trabajo, es decir, ir tirando hacia la izquierda las posiciones progresistas de este Gobierno. En este sentido nosotros vamos a dar apoyo desde el principio a la proposición de ley que ha presentado Eusko Alkartasuna. En principio además porque nos parece que es interesente que los derechos no estén ahí solo para que haga bonito sino para que la legislación se vaya aplicando y adecuando a todos aquellos preceptos en las instituciones de prisión preventiva y de detención, que son los casos que abordamos en estos momentos, a la luz de la sentencias que han ido saliendo desde el Tribunal Constitucional y de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos. Creo que esta proposición tiene dos grandes ámbitos: uno respecto a la prisión preventiva y el otro sobre incomunicación, que es donde nos parece que hay incongruencia respecto a las sentencias del Tribunal Constitucional y también a las recomendaciones y los convenios firmados por el Estado español. Creo que es pertinente recordar que a partir de las reformas que se hicieron con el Gobierno del Partido Popular sobre el régimen de prisión preventiva se ha incrementado la ratio de personas ingresadas en prisión provisional en más de un 7,5 por ciento, lo que aún redunda más en el aspecto, que también han comentado otros oradores, del abarrotamiento de las prisiones. En ese sentido, no nos parece una buena noticia ni que resuelva ningún problema. Es, por tanto, el momento de plantearse cuál es el papel que está jugando en estos momentos la prisión preventiva. Al mismo tiempo, la proposición también indica que debe incorporarse la doctrina garantista del Tribunal Constitucional y en la exposición de motivos señala que probablemente estemos ante un grado de inconstitucionalidad en los artículos 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Debemos tener en cuenta -y este es un Estado social y de derecho- algunos de los principios básicos que deberían regular la prisión preventiva y que ya hemos manifestado en otras mociones y han señalado algunos de los anteriores oradores: excepcionalidad, subsidiariedad, porque en definitiva se trata de

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la restricción del derecho a la libertad personal cuando a una persona se la encarcela sin haber sido juzgada y sin que se haya demostrado que sea culpable. La restricción, pues, de la libertad debería ser proporcional al daño que se pretende evitar; no debería ser una pena avanzada sino como consecuencia de un delito cometido y, por tanto, juzgado. Ese automatismo entre la gravedad de la pena y la duración de la prisión provisional también debería eliminarse, puesto que se trata de una institución de carácter cautelar y no, como decía antes, de una sentencia a priori sin que se haya juzgado a la persona. Como han recordado también otros oradores, en un Estado de derecho como el nuestro debe respetarse escrupulosamente el principio de la presunción de inocencia antes de optar por la prisión preventiva. Lo que propone la proposición de Eusko Alkartasuna, en definitiva, es restringir más los supuestos en los que podrán decretarse las medidas cautelares, cómo puede ser la prisión preventiva y dotarla de una mayor garantía, adaptándola, ni más ni menos, a la jurisprudencia constitucional. Esquerra Republicana está de acuerdo con ello. Creemos que la privación de libertad debe privar de libertad pero en ningún caso de dignidad, ni la suposición de culpabilidad puede ser una condena en sí misma sino que son los hechos los que deben ser juzgados y demostrados.


Respecto a la incomunicación, desde el punto de vista del cumplimiento de los derechos humanos -y ya decía al principio que no se trata de principios que queden bonitos, sino que deben tener consecuencias jurídicas-, recordamos una vez más que la mayoría de los expertos y organizaciones e instituciones promotoras y protectoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights, la Coordinadora contra la Tortura, la Federación de asociaciones de defensa y promoción de los derechos humanos, el Observatorio de derecho penal o el mismo Gil-Robles, revelan que la detención en régimen de incomunicación puede dar lugar a graves violaciones de los derechos humanos al facilitar la perpetración de actos de tortura, incluso llegar a constituir en sí mismos una forma de trato cruel, inhumano o degradante. Estamos igualmente de acuerdo con que la legislación española debería adaptarse en el sentido de suprimir el régimen de incomunicación o, subsidiariamente, rodear la detención incomunicada de todas aquellas salvaguardas legales que los expertos consideran necesarias para prevenir o poner muy difícil actos de tortura y malos tratos. Ya hemos apuntado otras veces las principales deficiencias de la detención en régimen de incomunicación: evidentemente, una duración excesiva de la incomunicación -en doce días pueden pasar muchas cosas y todos lo sabemos; no podemos mirar hacia otro lado-; la inexistencia de un derecho de defensa efectivo desde el momento inicial de la detención; la ausencia de derecho de la persona detenida a ser examinada por un médico de libre designación o, al menos, de manera conjunta con el médico forense designado por el Estado; que el plazo estipulado para poner en conocimiento de un familiar o una tercera persona el lugar y los motivos de la detención es desmesurado; la ausencia de supervisión judicial desde el momento mismo de la detención.
Podríamos seguir, pero creo que estas condiciones son suficientes para indicar que nos encontramos en un terreno que está abonado para que determinadas prácticas de malos tratos, de torturas, de tratos inhumanos o degradantes puedan realizarse. Les recordaré la definición de tortura que da la Convención de Naciones Unidas, que está ratificada por el Estado español y que entró en vigor en España en 1987. Dice: Se entenderá por tortura todo aquello por lo cual se inflige intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarlo por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido o de intimidar o coaccionar a esta persona o a otras por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instancia suya o con su consentimiento. En ese sentido, este ámbito de la incomunicación, este periodo y estas pocas garantías para cubrir ese terreno oscuro que en estos momentos tiene en la legislación estatal la institución de la incomunicación es un ámbito en el que estas prácticas, que así las define la convención, pueden ejercerse. Por tanto, es nuestro deber y obligación tener mucha perspicacia a la hora de garantizar totalmente el cumplimiento de estos derechos. Igualmente, y tal y como está publicado en el Boletín Oficial de las Cortes del 27 de mayo de 2005, en el Pleno de este Congreso, y con motivo de un debate sobre una moción consecuencia de interpelación urgente que presentó Esquerra Republicana sobre la política general del Gobierno en relación con las torturas y los malos tratos en los centros de atención, se acordó desarrollar una política integral que tienda real y efectivamente a prevenir cualquier posible acción de trato cruel, inhumano o degradante en los centros de detención y custodia.
Periódicamente nos van llegando datos y cifras sobre las indemnizaciones que ha pagado el Estado español por negligencia en centros de detención y centros penitenciarios. De momento nos responden que el Estado español ha pagado 2,6 millones de euros en 2004 por negligencia en las cárceles. Los datos actualizados sobre negligencia en comisaría todavía no han llegado y es un silencio como poco preocupante. También se aprobó y se ha ratificado el Protocolo facultativo contra la tortura el 4 de abril de 2005 y el Consejo de Ministros también aprobó un plan global por los derechos humanos.


Nos parece, para terminar, que debemos pasar de los planes globales, declaraciones y ratificaciones e ir a una práctica legislativa y procesal, principal fuente de vulneración de los derechos humanos, tal y como se ha recordado en reiterados informes del Comité de Derechos Humanos y del informe del relator contra la tortura. Por lo tanto, y en esta línea, como somos coherentes,

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Esquerra Republicana dará su apoyo a la proposición presentada por Eusko Alkartasuna.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Cerdà.


Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y será la señora Pigem quien fijará posición por parte de su grupo sobre esta iniciativa.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.


Nos trae hoy la señora Lasagabaster a debate un tema que, tal y como han señalado aquí los distintos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, no es nuevo; se ha visto en las pasadas legislaturas y también -aunque con un contenido más acotado, referido únicamente al régimen de incomunicación- se ha visto en el Pleno de la Cámara en esta misma legislatura el pasado 25 de abril.


Vaya por delante que Convergència i Unió va a dar su voto afirmativo a la toma en consideración de la presente proposición de ley porque coincide con la filosofía de la misma, es decir, coincide en la conveniencia de iniciar una reflexión y modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y especialmente en el tema que hoy nos ocupa, referido a las medidas cautelares personales. Vamos a hacerlo desde las siguientes consideraciones. En primer lugar, porque hay que seguir trabajando para que en nuestro sistema procesal penal se resuelvan adecuadamente los problemas que pueden derivarse de las vigentes medidas cautelares personales, de modo especial la llamada incomunicación, que ha suscitado múltiples debates en foros internacionales e incluso la emisión de informes en los que se alerta de que el régimen de incomunicación puede propiciar un espacio de opacidad en el que no se puede controlar de qué manera se ve afectada la integridad física o psíquica de una persona a la que se le aplica este régimen. También quiero recordar que el propio Tribunal Constitucional, en una sentencia del 17 de febrero del año 2000, decidió motu proprio que hay que revisar la posible inconstitucionalidad de los artículos 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto a las circunstancias, casos y motivos en los que se puede acordar la prisión provisional y el régimen de incomunicación, sin que desgraciadamente llegue a resolver este recurso. Resolver, en definitiva, de manera más satisfactoria el principal reto que plantea este tipo de medidas, que es lograr un punto de equilibrio entre dos intereses que confluyen en el proceso penal y que son aparentemente contrapuestos, el respeto a los derechos del imputado, singularmente la presunción de inocencia por un lado, y la eficacia en la represión de los delitos como medio para establecer el orden y la paz sociales por el otro, sería a nuestro modo de ver el objetivo final de esta reforma. Una reforma que evidentemente debe ajustarse a los requisitos establecidos por las propias sentencias del Tribunal Constitucional -se han señalado hoy aquí y quisiera referenciar, por ejemplo, la 128 del año 1995 y también la 62 del año 1996- y también atender, por otra parte, los informes de organismos internacionales de prestigio que han señalado unánimemente los riesgos que se pueden derivar de la actual regulación. Todo lo cual nos inclina a compartir la necesidad de iniciar una reflexión legislativa al respecto.


Vamos a dar, como digo, nuestro voto afirmativo -y entro ya en una segunda reflexión- teniendo en cuenta que lo que se nos propone no es un texto cerrado -lo ha dicho muy bien la proponente, la señora Lasagabaster- sino que es una toma en consideración. Mi grupo parlamentario -quiero decirlo ya- no está de acuerdo con la supresión, sin más, del régimen de incomunicación, pero sí lo estaría con la necesidad de adoptar unas determinadas garantías, que por otra parte se están adoptando ya en determinadas comunidades autónomas, creo que se adoptan ya en el País Vasco. Serían, por ejemplo, la grabación en vídeo de los interrogatorios, la previsión de que hubiera un médico de elección del imputado o una rotación de médicos forenses; medidas, en definitiva, que puedan garantizar que el régimen de incomunicación atiende únicamente a la finalidad para la que ha sido establecido, pero atajando cualquier vía que implique una posibilidad de prácticas que puedan conculcar los derechos humanos. Tampoco estaríamos de acuerdo en la redacción que se nos propone del artículo 505 en cuanto a los requisitos para poder decretar la prisión provisional. A nuestro modo de ver, lo establecido en el apartado c) de la redacción actual, es decir, que el juez pueda acordar la prisión provisional para evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando se trata de delitos de violencia de género, nos parece una conquista para poder proteger la vida o la integridad de las personas que padecen esta lacra social y que es una conquista a la que, sin más, no podemos renunciar. No estamos, pues, de acuerdo en la literalidad de lo que se nos propone, pero sí en la necesidad o en la conveniencia de abrir un debate al respecto e ir acercando posturas a lo largo del trámite parlamentario.


Por último, voy a hacer algún comentario acerca de la oportunidad de la presente iniciativa. El pasado mes de abril, cuando se vio la iniciativa similar de la señora Lasagabaster a la que me he referido antes, circunscrita entonces al régimen de incomunicación, nuestro portavoz en la Comisión de Justicia, mi compañero Jordi Jané, afirmó que en un tema como el que se está planteando sería bueno, sería preferible que fuera el propio Gobierno el que presentara ante la Cámara un proyecto de ley, y ese precisamente fue el argumento que se dio desde el Grupo Socialista para rechazar entonces la toma en consideración. Se dijo que el ministro de Justicia había afirmado en varias ocasiones que se iba a proceder a una propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal después de hacer, lógicamente, una valoración

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de la misma. Pero la verdad, señorías, es que, más que mediada la legislatura y teniendo en cuenta además que no parece en modo alguno que las propuestas de modificación que se puedan hacer estén a punto de formularse, nos parece que este objetivo de reforma total va a ser poco menos que imposible en esta legislatura. En todo caso, sí quiero apuntar que en otras materias trascendentes -la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo- el Gobierno no ha puesto impedimento y, al contrario, ha sido el propio Grupo Socialista el que ha impulsado trocear el tema y comenzar por la igualdad en un tema concreto, que ha sido el de los títulos nobiliarios, que se ha tramitado antes y con independencia de la Ley de Igualdad. Por tanto, entendemos oportuno el planteamiento de la presente iniciativa y deberíamos poder estar de acuerdo en abordar una reforma para acotar mejor los límites de las medidas cautelares personales.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Pigem.


Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y será el señor Santaella quien tomará la palabra.


El señor SANTAELLA PORRAS: Señor presidente, señorías, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en esta proposición de ley, que no es nueva porque aunque tiene un aspecto, que es el artículo 1 referido a los artículos 502 a 506, prácticamente los artículos 2 y 3 vienen a reabrir el debate que tuvimos el pasado mes de abril. Está bien como estrategia, me parece que usted debería estar orgullosa de querer reabrir ahora el debate con el papel y con el celofán después de tantos años, porque artimañas parlamentarias se le dan bien.
Decía que no es la primera vez y, tal y como lo estoy viendo, no será la última que debatamos sobre la reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y más específicamente sobre la prisión preventiva y la prisión provisional. Parece que es algo que a la señora Lasagabaster le va en sí, porque de todas sus iniciativas la mayoría van en esta línea y en esta vía, no solo de aquí, sino que además está respondiendo con esta proposición de ley al efecto llamada que el ministro de Justicia le hizo en una contestación a una pregunta suya por vía oral, contestación en la que, efectivamente, el ministro dijo que estaba de acuerdo en traer una reforma sobre estos aspectos en concreto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si yo estuviera en su escaño haría lo mismo, porque ante tal confusión y tal incongruencia como es anunciar y no traer seguiría insistiendo, máxime viendo la debilidad del Gobierno del Partido Socialista, que hoy por hoy debe de estar un poco en sus manos. Por lo tanto, aprovechen la ocasión de seguir trayendo estas iniciativas que a mi modo de ver son muy machaconas.


Señorías, en esta materia mi grupo se siente especialmente satisfecho y orgulloso y además con los deberes bien hechos por haber realizado la última reforma que se hizo en cuanto a la prisión preventiva o provisional, y creo que fue la Ley 13/2003 la que abordó con más profundidad precisamente las medidas cautelares en el tema penal. No es nuevo que la prisión provisional y demás medidas cautelares hayan pasado por esta Cámara. La verdad es que hay ríos de tinta en el "Diario de Sesiones" hablando sobre las medidas cautelares en materia penal: la Ley 16/1980, de 22 de abril; la Ley 7/1983, de 23 de abril; la Ley 10/1984, de 26 de diciembre; la Ley 5/1995, de mayo; y la última, que trajo el Gobierno del Partido Popular, del año 2003. Han corrido ríos de tinta, pero además han corrido justificadamente -se lo digo tal como lo pienso- hasta la ley de 2003. ¿Por qué? Porque de ahí se había configurado una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que efectivamente decía que no se acomodaban las distintas modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a los criterios que debían amparar los artículos 17 y 24 de la Constitución. En la sentencia a la que en la exposición de motivos hace referencia, precisamente la 47/2000, se habla clara y terminantemente de la exigencia que debe tener esa regulación. Además es importante porque, como decía el señor Mardones -no hoy, que se va a abstener, sino en los boletines del "Diario de Sesiones" del año 1996 cuando se estaba haciendo la reforma a la cual había aludido la señora Uría-, numerosas sentencias del Tribunal Constitucional en los años 1994, 1995 y 1996 se han dictado sobre las garantías constitucionales de la presunción de inocencia, porque el ejercicio -decía- de la potestad cautelar del juez, sobre todo cuando decreta la prisión provisional, implica de hecho una suspensión de las garantías constitucionales en la presunción de inocencia.
Precisamente por eso es por lo que en la legislatura anterior los grupos mayoritarios llegaron a un acuerdo, como fue el Pacto de Estado por la justicia. Allí contemplaron la modificación de las medidas cautelares en materia penal; allí se acordó y se firmó, y en el debate los principios básicos fueron apoyados por Convergència i Unió y por Coalición Canaria.
Señora Lasagabaster, la reforma del año 2003 ha sido ejemplar, no solo en la forma sino también en el contenido. Es previsible y lógico que ustedes no estén de acuerdo y que algunos grupos quieran modificarlo, pero tengan en cuenta que la reforma de 2003 fue la más profunda que se ha hecho sobre estas medidas y con mayor información en la forma, la del Consejo General del Poder Judicial y la de la Fiscalía General. A todos se pidió opinión, pero hoy usted se está basando en algunos votos particulares de miembros del Consejo General del Poder Judicial. Esa reforma ha tenido en cuenta, aunque usted diga lo contrario, el principio de excepcionalidad y el de proporcionalidad, se elimina el automatismo entre la gravedad de la pena y la decisión sobre la prisión provisional, se conculca la naturaleza cautelar y se respeta la presunción de inocencia. Como le decía, no solo

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se ha llegado a un acuerdo para cumplir con el Pacto de Estado por la reforma de la justicia, sino que se consiguió, repito, un amplio consenso en el voto sobre el informe del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General; además cumplía con los dictados y las obligaciones del Pacto de Estado por la justicia.


Le voy a recordar brevemente los tres ejes que se tuvieron en cuenta para la reforma del año 2003l. Uno, como he dicho, era adecuar la regulación procesal de la materia de la prisión provisional a la doctrina del Tribunal Constitucional, y así se eliminó el automatismo en la decisión judicial y la adopción de la medida de provisión, de manera que el juez a propuesta del ministerio fiscal determina la conveniencia de la aplicación de la prisión provisional, tomando en consideración el tipo de delito cometido, el daño hecho a la sociedad y la reincidencia o la habitualidad. El segundo eje se centró en la mejora de la eficacia del Estado de derecho en la lucha con la criminalidad y la delincuencia. Esto evita que los delincuentes habituales entren por una puerta del juzgado y salgan por la otra para seguir delinquiendo. Por tanto, se arbitran instrumentos jurídicos necesarios para impedir que durante la tramitación de una causa el imputado pueda reincidir en la comisión de hechos delictivos. El tercer eje -ha hecho alusión a él la portavoz de Convergència i Unió- fue el establecimiento de nuevas medidas de protección para las víctimas, en especial para las de violencia doméstica.


Señora Lasagabaster, usted pretende -como le he dicho al principio- modificar la reforma de 2003, y he leído en la exposición de motivos el incremento de la cifra del 7,5 sobre la prisión provisional del año 2004 respecto a 2003. Yo sé que usted es de letras igual que yo. Yo la animo a que simplemente con los deditos haga usted la regla de tres y vea que, de los 58.873 del año 2004, 12.940 eran preventivos -que supone el 12,9 por ciento- y en el año 2003, cuando eran 54.822, 12.048, cuyo tanto por ciento sigue siendo el 12,9 por ciento.


Termino, señora Lasagabaster. El Grupo Popular -se lo he dicho y se lo reitero- está orgulloso de la reforma en profundidad que hizo en 2003 y que tan buenos resultados está dando en este Estado de derecho.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Santaella.


Finalizamos, señorías, los turnos de fijación de posición de esta proposición de ley del Grupo Mixto con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre el señor Rascón. Adelante, cuando quiera.


El señor RASCÓN ORTEGA: Gracias, señora presidenta.


La propuesta que hace el Grupo Mixto merece varios comentarios separados de naturaleza política, unos de índole sustantiva y otros de índole formal. De lo que toca hablar en el trámite de hoy es de los segundos más que de los primeros porque estamos hablando de la posibilidad de admitir a trámite o no una propuesta de ley, pero algo hay que decir respecto de la propuesta de carácter sustantivo. Efectivamente, por un lado esa propuesta rediseña las medidas cautelares que están contempladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por otro -artículos 2.º y 3.º que no se pueden olvidar- intenta suprimir la legislación procesal antiterrorista.
No tengo más remedio que referirme brevemente a uno y otro campo.


El rediseño que hace, perfectamente legítimo, es a nuestro juicio una verdadera contrarreforma a la reforma que operó en el año 2003, algunos de cuyos puntos compartimos porque la votamos precisamente en ese año y, obviamente, otros no. Alguien ha preguntado por dónde va el grupo mayoritario. Pues el grupo mayoritario va por dónde iba en el año 2003.
Con solo ojear los boletines del "Diario de Sesiones" se verá en lo que estamos de acuerdo con la ley vigente y en lo que no, y por tanto pretendemos reformar de ella. También alguien ha dicho que aspira a un modelo progresista de diseño de medidas cautelares. Yo tendré que decir que ni un modelo progresista ni un modelo conservador, un modelo pura y descaradamente constitucional, y sin duda la ley actual puede profundizarse constitucionalmente sobre los ejes que pivota la jurisprudencia constitucional. Ahí está la sentencia 47/2000 que dio lugar sin ningún género de dudas a la precipitada reforma del año 2003.
Solo caben las medidas cautelares si hay un fin constitucionalmente legítimo; las medidas cautelares tienen que ser en sí mismas legítimas y el medio utilizado tiene que ser igualmente legítimo dándose la proporción entre una cosa y otra. Es bien sencillo, pero junto a eso una clave de cualquier proceso penal que parece que muchas veces por el automatismo de aplicación de las medidas cautelares no se tiene en cuenta: la situación natural -lo reiteraré hasta la saciedad- de una persona que va a ser juzgada es la de libertad provisional, todo lo demás es excepción. Por tanto, se puede profundizar y mucho sin ningún género de dudas en clave constitucional en ese diseño. Eso se hará en el debate cuando corresponda, por supuesto.


Por otro lado no ha hablado mucho -pero toca porque viene ahí en el paquete- de la supresión de la legislación procesal antiterrorista. La portavoz de Convergencia i Unió ya ha anunciado cuál es su parecer, que en este caso coincide con el del grupo mayoritario: nos negamos rotundamente a la supresión de esa legislación procesal. No le quepa la menor de las dudas, es una válvula de seguridad en la lucha antiterrorista que tiene el Estado de derecho y que está -fíjese lo que le digo- en las mejores manos que puede estar, que no son ni las del Poder Ejecutivo ni las del Poder Legislativo, sino las del Poder Judicial, y no porque los jueces sean mejores o peores, no, sino, primero, porque lo quiere la Constitución y, segundo, porque su función constitucional contribuye a ello. Se deben a la ley que precisamente aprobamos aquí, tienen que cumplirla y acatarla con arreglo a los parámetros de imparcialidad, de independencia y de la otra cara de la moneda de la

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independencia que es la responsabilidad. Además están sujetos causa a causa a controles de todo tipo, desde la jurisprudencia constitucional incluso hasta los controles de recursos de las partes y las posibles revisiones de otros tribunales. Por tanto, sin ningún género de duda la legislación antiterrorista tiene su cometido y procesalmente hay que mantenerla; otra cosa -ahí ya podemos empezar a hablar- es que haya que hacer ajustes. En otras ocasiones lo hemos dicho, caben ajustes; ajustes que tiendan a garantizar el derecho de defensa y otros derechos del imputado por terrorismo, pero con un límite, garantizar una investigación segura, que es la que merece la sociedad. Ese punto de equilibrio es posible y, como lo es, lo podemos hacer. Así pues, no a la supresión y por supuesto sí a cualquier ajuste que por ejemplo tienda a prevenir la tortura, algo que obviamente por definición no le puede interesar a ningún Estado democrático de derecho y que repugna a cualquier demócrata.
Quería hacer estas matizaciones porque muchas veces se deslizan una serie de afirmaciones que tienden a achicar el Estado de derecho. El Estado de derecho en este país goza de buena salud y lo que tenemos que hacer ahora que unos pocos se dedican a zaherir a determinadas instituciones es salir -la inmensa mayoría de los que estamos aquí, no todos- a avalar esas instituciones que luchan por los derechos de los ciudadanos.


Como digo, esta argumentación de derecho sustantivo realmente no toca hoy, sino que lo que hay que decir es si se admite a trámite o no una propuesta de ley que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Nosotros vamos a decir que no -ya lo sabe porque se lo anuncié en privado- por razón de inoportunidad política. Ya lo sabe, podrá tardar más o menos, pero el fogón del Ministerio de Justicia está culminando ese importantísimo anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Eso no es fácil; tanto no lo es que desde el año 1882 tenemos una Ley de Enjuiciamiento Criminal que se ha ido parcheando y modificando, pero la Ley de Enjuiciamiento Criminal de la democracia no ha llegado y tiene que llegar, y efectivamente es el momento. Sin ningún género de dudas ha llegado el momento de plantearse el nuevo modelo de proceso penal para este país. Sensibles como estuvimos en su momento, en marzo de 2004, a las demandas ciudadanas en materia de justicia, lo dijimos y lo establecimos en nuestro programa: Reformaremos el proceso penal para conseguir entre otras cosas un juicio justo. De eso se trata.
Un anteproyecto de esa envergadura no se hace ni en un año ni en dos, pero desde el primer minuto de la legislatura el Ministerio de Justicia puso a trabajar a sus técnicos para que eso fuera así, y estamos en condiciones de anunciar que pronto va a llegar a esta Cámara ese proyecto una vez que pase por el Consejo de Ministros. Por tanto, el debate parcial tiene sentido que se haga de conjunto, que debatamos intensa y extensamente sobre medidas cautelares, también sobre materia penitenciaria -tiene que estar ahí- y, por qué no, sobre esos ajustes que se puedan hacer en la legislación procesal antiterrorista. Se trata de dar una cobertura racional al trabajo parlamentario, así de sencillo. En ese sentido, se han pronunciado la mayoría de los portavoces. Si no tuviéramos ese gran proyecto podríamos entrar a debatir, pero como va a llegar lo suyo es que entremos a debatir extensa e intensamente sobre toda esa materia.


Me adelanto a lo que puede ser la dinámica de ese debate importantísimo, vuelvo a repetir, para la democracia de este país. Tenemos un Código Penal de la democracia, pero todavía no tenemos una ley adjetiva penal de la democracia y tendría que haber llegado de la mano del Código Penal.
Les propongo dos cosas: primero, el más amplio consenso posible para sacar a la luz esa importantísima ley; y, segundo -a lo mejor esto no gusta a determinados grupos de la Cámara, aunque debería gustarles porque está escrito y bien escrito en la Constitución-, tener siempre presente como frontispicio de esa actuación parlamentaria lo que reza textualmente el artículo 10.1 de nuestra Constitución: La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. De eso se trata.


Gracias, señorías. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rascón. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.


El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la votación, los grupos parlamentarios han presentado una declaración institucional con ocasión del 50º aniversario de la revolución húngara de 1956. La secretaria primera procederá a su lectura, por favor.


La señora SECRETARIA PRIMERA: Al cumplirse 50 años de la revolución húngara de 1956, el Congreso de los Diputados de España rinde homenaje a los ciudadanos y ciudadanas que se comprometieron en la lucha por la libertad y la democracia. El levantamiento del pueblo húngaro, a través de su ejemplo, que repercutió en el mundo entero, fue un importante eslabón del proceso que desembocó en la reunificación de Europa, donde los socios compartimos los mismos valores y objetivos. El Congreso de los Diputados, por tanto, en el acta de la sesión deja constancia de la memoria de ese magno evento. (Aplausos.)

EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


El señor PRESIDENTE: Exclusión de un punto del orden del día. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 35 correspondiente a la

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interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas previstas por el Gobierno para presentar el Estatuto del Autónomo. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la exclusión del punto de referencia.


AVOCACIÓN POR EL PLENO.


-PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCE Y REGULA LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA Y SE REGULAN LOS MEDIOS DE APOYO A LA COMUNICACIÓN ORAL DE LAS PERSONAS SORDAS, CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y SORDOCIEGAS. (Número de expediente 121/000073.)

-PROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 121/000084.)

El señor PRESIDENTE: Avocación por el Pleno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de los siguientes proyectos de ley: proyecto de ley por la que se reconoce y regula la lengua de signos española y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas y proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, quedan aprobadas las propuestas de avocación.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN)

-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA LASAGABASTER), DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000090.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tiene carácter orgánico.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 29; en contra, 275; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

-DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LA CALIDAD DE VIDA Y A LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES. (Número de expediente 162/000484.)

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la calidad de vida y a la participación de las personas mayores.


Para la defensa de la proposición no de ley en un turno de siete minutos interviene el señor Fernández. (Rumores.) Señorías, les ruego silencio; el Pleno continúa. Adelante, señor diputado.


El señor FERNÁNDEZ SANTOS: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, antes de comenzar con la defensa de la proposición relativa a la calidad de vida y a la participación de las personas mayores, me van a permitir que mande un saludo a los veteranos que hoy se encuentran con nosotros, a los compañeros de la Unión General de Trabajadores, a la Asociación de Mayores Pablo Iglesias y a los representantes y presidentes de asociaciones tan importantes como la UDP (Unión de Pensionistas y Jubilados Democrática) y la Ceoma. Bienvenidos a esta Cámara. (Aplausos.)

Antes de comenzar con la exposición de motivos y con la defensa de esta proposición no de ley, quiero hacer un recordatorio a esa ley de leyes que es la Constitución española, que en su artículo 50 nos dice de una manera clara y concreta cuál es el compromiso que tiene la sociedad con nuestros mayores. El artículo 50 de la Constitución ordena a los poderes públicos garantizar la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad, así como promover su bienestar. Según la proyección de la población publicada por la oficina estadística Eurostat, España será en el año 2050 el país de la Unión Europea con mayor proporción de jubilados, concretamente un 36,5; es decir en el año 2050 España tendrá el doble de personas mayores de 65 años que en la actualidad. Sobre un total de la población está previsto asimismo un incremento considerable de los mayores de 80 años, que se triplicarán en el conjunto de la Unión Europea, con un 11,4 por ciento; en España este porcentaje será aún más elevado, con un 12,8 del total de la población. Para que este cambio en la estructura social se desarrolle de manera adecuada debe acompañarse de medidas destinadas, por un lado, a garantizar la calidad de vida y la participación de las personas mayores y, por otro, a reforzar una imagen positiva de esta etapa de la vida que tiene que tener el conjunto de la sociedad. Frecuentemente se relaciona la vejez con conceptos como la enfermedad, el deterioro o la dependencia y se resta importancia al papel que las personas mayores desempeñan

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cuidando y, en muchos casos, sosteniendo su entorno familiar o aportando su experiencia a la formación de todo tipo de actividades remuneradas o no. Nuestra sociedad debe ser capaz de garantizar el envejecimiento activo y la calidad de vida, considerando a las personas mayores como contribuyentes y activos beneficiarios del desarrollo logrado por el esfuerzo de todos. En la II Asamblea Mundial del Envejecimiento, convocada por Naciones Unidas y celebrada en Madrid en abril de 2002, a la que acudieron 160 países, se destacó como punto clave la incorporación del envejecimiento a las estrategias del desarrollo y la lucha contra la pobreza, con el compromiso de lograr un envejecimiento activo. Para lograr este objetivo es necesario combinar una serie de factores, entre los que cabe destacar la garantía de unos ingresos mínimos, una sanidad y unos servicios sociales adecuados y adaptados a esta etapa de la vida, oportunidades para el aprendizaje continuo y el fomento de la participación en todos los ámbitos. En nuestro país se han realizado importantes esfuerzos para avanzar en este terreno. En el año 1992 se elaboró el Plan Gerontológico, que estaba estructurado en áreas: pensiones, salud, asistencia sanitaria, servicios sociales, cultura, ocio y participación. Si bien es cierto que el Plan Gerontológico nació con el propósito y con la ambición política de dotar a nuestros mayores de unas garantías, no es menos cierto que esto no ha sido del todo posible, unas veces por no tener un soporte económico, y otras veces, concretamente desde el año 1996, por falta de voluntad política. El Plan de acción para las personas mayores 2003-2007 ha corregido en parte estas deficiencias que venimos sufriendo los mayores de nuestro país. También merecen una mención la proliferación de los consejos de mayores, como cauce de participación, colaboración y diálogo en la aplicación y seguimiento de políticas dirigidas a este sector de la población. En la actualidad, el Gobierno ha mostrado una sensibilidad que se ha reflejado en la subida de las pensiones mínimas por encima del IPC, en el proyecto de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia o en mi propia presencia en este Parlamento, que dice bien de la grandeza de nuestro partido, que ha permitido que un compañero vuestro con 76 años pueda representar a su partido, a su pueblo y a su país. Esto demuestra la grandeza y la justicia que nuestro partido está mostrando con nuestros mayores. (Aplausos.) Esta sensibilidad que tenemos y que quiero destacar en esta proposición no de ley no solo ha sido mostrada por todos y cada uno de los diputados que componen el Grupo Socialista, sino por el conjunto de la Cámara, porque muchos compañeros de otros partidos me habéis demostrado que tenéis la misma sensibilidad que los socialistas tenemos con nuestros mayores. Por tanto, para nosotros la palabra del abuelo tiene mucho significado, aunque para algunos haya servido de mofa en esta Cámara. La palabra del abuelo para los socialistas tiene un significado especial y nosotros deseamos que siga siendo así. Nos lo ha demostrado nuestro presidente del Gobierno, secretario general del Partido Socialista, con la promesa de que muy pronto va a recibir en La Moncloa a los jubilados y pensionistas, a las asociaciones que representamos a los grupos de mayores. Yo no quiero ser una excepción sino que deseo que en esta Cámara, en los partidos, en el Senado, en los ayuntamientos, estemos presentes como manda el artículo 50 de la Constitución, en concordancia con el 14, donde se habla de la no discriminación por edad. Nosotros creemos que estamos preparados, como lo están las grandes empresas donde hay hombres mayores, para representar -como yo lo estoy haciendo ahora- a nuestro país. Esto, compañeros, no nos lo puede impedir nadie. Por tanto, este Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley. Espero y deseo que la Cámara, todos y cada uno de los grupos, lo avalen. Pretendemos que esta proposición no se quede en un simple brindis al sol. Pretendemos, con la comparecencia de todas y cada una de las asociaciones de mayores, sindicatos, ayuntamientos y gobiernos regionales, llevarla a efecto, que en las próximas confrontaciones que vamos a tener en nuestro país estemos presentes como nos corresponde por derecho, porque la Constitución no dice nada de que a los 65 años nos convirtamos en invisibles. Si tenemos derecho a votar, también tenemos derecho a elegir. Gracias, compañeros.
Espero que pronto se haga una realidad.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, puestos en pie.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.


Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Caracuel.


La señora CARACUEL DEL OLMO: Gracias, señor presidente.


Señorías, subo a esta tribuna para defender la enmienda que mi grupo parlamentario ha presentado a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la calidad de vida y a la participación de las personas mayores, y lo hago con un doble sentimiento: por un lado, de alegría y, por otro, de tristeza. Un sentimiento de alegría porque vamos a hablar de los mayores -y quisiera también sumarme desde mi grupo a dar la bienvenida a los mayores que están esta tarde aquí con nosotros-, a los que debemos en gran medida todos y cada uno de los que estamos aquí todo lo que somos y a donde hemos llegado. Por otra parte, sentimos tristeza, porque lo que hoy podía haber sido una gran oportunidad para el Grupo Parlamentario Socialista de haber presentado propuestas sobre los mayores, sobre pensiones, sobre la calidad de vida y sobre la participación real de las personas mayores, se ha convertido nuevamente en un brindis al sol. Lamentablemente se repite la historia, pretendiendo demostrar interés por

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parte del Grupo Parlamentario Socialista, porque por parte del señor Fernández no pongo en duda el interés y el ahínco que tiene en defender a los mayores, pero su partido, señor Fernández, su partido una vez más le ha dado la espalda a usted y a todos los mayores. Una vez más su partido quiere trasladarnos a aquellas épocas en las que jugaba con los mayores cuando decía que si el Partido Popular llegaba al Gobierno iba a quitar las pensiones. Pues bien, el Partido Popular llegó al Gobierno y no solamente no quitó las pensiones, sino que las subió y además garantizó por ley, y por primera vez en la historia de este país, el mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas en función del IPC. Los gobiernos del Partido Popular hicieron que las pensiones mínimas aumentaran en más de un 28 por ciento y las de viudedad para menores de 60 años más del 79 por ciento, beneficiándose así a más de 2.100.000 personas; con los gobiernos del Partido Popular se incrementó el porcentaje para el cálculo de todas las pensiones de viudedad, que el Partido Socialista dejó en el 45 por ciento en el año 1995 y que el Partido Popular subió al 52 por ciento en el año 2004; con los gobiernos del Partido Popular se creó el fondo de reserva, también por primera vez en la historia del país, y esto, señorías, es hacer políticas sociales en materia de pensiones, en materia de mayores. Frente a todo esto, nos encontramos hoy con que el Grupo Socialista nos presenta una proposición no de ley acerca de los mayores una vez más como un brindis al sol y totalmente vacía de contenido. Se la voy a leer, dice así: Se insta al Gobierno a continuar trabajando para garantizar la suficiencia de las pensiones, la calidad de vida de las personas mayores y su participación en todos los ámbitos de la sociedad, así como reforzar la imagen positiva que esta etapa de la vida debe de tener para el conjunto de la sociedad. Pero, señorías, ¿cómo va a garantizar el Gobierno la suficiencia de las pensiones? ¿De qué forma va a facilitar la participación? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué medidas concretas se aplican? ¿En qué foros se va a participar? ¿A qué límites queremos llegar en esta legislatura? Miles y miles de preguntas podríamos hacernos y no tenemos respuesta a ellas.


Señorías, esperaba algo más, sí, algo más comprometido por parte del Partido Socialista, algo más que palabras amables para los mayores, que aplausos, esperaba más. Por tanto, la ambigüedad de esta proposición no de ley nos ha llevado a presentar una enmienda de adición, enmienda que establece una serie de actuaciones y medidas concretas que reconozcan el derecho subjetivo y universal de los ciudadanos en situación de dependencia. También queremos propiciar una imagen renovada, positiva y activa de la persona mayor. Para ello hay que difundir, a través de programas específicos en la radio y televisión públicas, la consideración de la vejez como oportunidad vital. Por otra parte, hay que promover foros de participación de las personas mayores a todos los niveles -vecinales, local, autonómico y nacional- y hay que poner en marcha programas que recuperen el papel activo de las personas mayores. Vuelvo a decir que no solo hay que trabajar para las personas mayores, sino con las personas mayores, ya que hay personas mayores que tienen ganas y capacidad para seguir aportando mucho a nuestra sociedad y nosotros tenemos la obligación de facilitarles el camino. Por tanto, me gustaría, aunque me temo muy mucho que no va a ser así, que el Grupo Socialista aceptara la enmienda que hemos presentado porque, de no ser así, nos demostraría una vez más que están jugando con los mayores. Yo quiero ofrecer a los mayores la tranquilidad de que desde el Grupo Popular apoyaremos todo lo que vaya en beneficio de ellos, pero no vamos a entrar en juegos de manipulación de los mayores.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Caracuel.


Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Señorías, mi grupo agradece esta iniciativa del diputado Fernández Santos, que nos permite a todos en este breve espacio de tiempo hacer una reflexión en voz alta en relación a cómo abordamos desde este Congreso de los Diputados las políticas relacionadas con las personas mayores. El señor Fernández Santos en su intervención ha expresado valores, ideas y actitudes de fondo que todos los grupos parlamentarios, sin lugar a dudas, compartimos. Por ello, la enmienda que ha presentado Convergència i Unió a esta proposición no de ley es una enmienda que, compartiendo esos valores y actitudes que expresaba el señor Fernández Santos en su intervención, pretende incorporar otro elemento al que luego me referiré.
Señorías, estaríamos de acuerdo en que la sociedad española, como el conjunto de las sociedades europeas, afronta entre los principales retos de nuestro modelo económico y social el del envejecimiento, vinculado a las pensiones, a la transformación de la familia, y a la transformación del concepto del trabajo, y que el reto del envejecimiento va a suponer una profunda transformación no tan solo de nuestras políticas públicas, sino también de los valores y las actitudes con las que el conjunto de la sociedad hace frente a la realidad del aumento de las personas mayores y al aumento de la expectativa de vida del conjunto de los ciudadanos. En este sentido, esta iniciativa, que pretende enfatizar los aspectos positivos del hecho de hacerse mayor, es bienvenida. Lo hacemos, además, señorías, en el contexto de que desde el año 1995 esta Cámara y el conjunto de la sociedad se han dotado seguramente del principal instrumento para garantizar la dignidad de las personas mayores, que es el Pacto de Toledo. Esta Cámara en este debate debería de sentirse satisfecha de haber construido un consenso en materia de pensiones en los últimos once años, que nos permite a todos los que formamos parte de este hemiciclo compartir una política orientada a

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garantizar esa dignidad de las personas mayores a través de la política de pensiones. Esa visión positiva que el señor Fernández Santos defendía en su intervención enlaza también con algunas iniciativas que se impulsaron en Cataluña en las etapas de gobierno de Convergència i Unió, la idea de gente mayor activa, no tan solo enfocar nuestras políticas orientadas hacia la gente mayor desde la perspectiva exclusivamente de las necesidades económicas de las personas mayores, sino desde la vocación de convertir en agentes activos de la sociedad a las personas mayores. Pues bien, esa política en positivo basada en la gente activa tampoco nos debe hacer olvidar que hoy, cuando en España hablamos de pobreza y de soledad, muchas veces tenemos que continuar refiriéndonos a importantes colectivos de personas mayores. Nuestro discurso en positivo en relación a la cuestión del envejecimiento no puede hacernos olvidar esas bolsas de pobreza y de soledad que existen aún en nuestra sociedad. Señorías, también -y creo que en el discurso del señor Fernández Santos estaba implícito- hemos de saber recuperar como un valor plenamente moderno el valor de la solidaridad entre generaciones. Si en España las generaciones de hoy gozamos del bienestar, del desarrollo económico, del desarrollo democrático, es porque las generaciones que nos han precedido han sido capaces, con su sacrificio personal y colectivo, construir el presente de hoy. Y aquellos que hoy somos activos, quienes como usted continúan siendo activos, debemos de tener presente ese valor de las generaciones que nos han precedido por haber alcanzado las cuotas de desarrollo que el conjunto de la sociedad ha alcanzado en estos años. Debemos pensar que el futuro de las generaciones venideras va a depender también de las políticas que hoy desarrollamos en cuestiones como las que se abordan en las políticas relacionadas con el envejecimiento. Un valor de la modernidad será recuperar la solidaridad entre las generaciones. En este sentido, la enmienda que plantea Convergència i Unió precisamente pretende hacer frente quizás a la principal discriminación de facto por razones de edad que se produce en nuestra sociedad, que es la discriminación en el ámbito del empleo, en el mundo del trabajo. Estamos viendo el absurdo de cómo empresas con ganancias económicas importantísimas, empresas que están funcionando exitosamente en el mercado, expulsan a hombres de 50 ó 60 años con la afirmación de que ya no son útiles para el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo. Una sociedad que se precie, una sociedad basada en la dignidad de las personas, una sociedad que afronte de manera distinta la cuestión del envejecimiento, no puede permitirse expulsar del mercado de trabajo a personas mayores de 50 años. De ahí la enmienda que presenta Convergència i Unió, que enlaza con la cuestión de fondo que nos planteaba el diputado Fernández Santos y que espero que él pueda aceptar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.


Fijación de posiciones. Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, subimos a esta tribuna para fijar la posición respecto a la proposición no de ley que nos presenta el señor Fernández Santos, a quien previamente queremos agradecer esta iniciativa porque nos permite hablar de las políticas de mayores sin caer, como siempre ocurre, en la dinámica de encauzarlas en aquellas cuestiones relacionadas con la dependencia y las políticas correspondientes a la misma. La propuesta que nos hace el señor Fernández Santos es una propuesta genérica que insta al Gobierno a continuar una acción que se está llevando a cabo. Es verdad que se podría pormenorizar y puntualizar algunas cuestiones en las que el Gobierno debería tener una acción más intensa, pero también es verdad que, como dije inicialmente, la sola posibilidad de hablar de esta cuestión nos parece suficientemente importante como para que tengamos decidido dar nuestro apoyo a la iniciativa. Por otro lado, aprovechando la presentación de esta proposición no de ley -que sabemos que será aprobada en el día de hoy-, queremos que se tenga en cuenta cuando dentro de unas semanas tengamos que analizar y seguramente enmendar los Presupuestos Generales del Estado en aquellas materias que guarden relación con la política de mayores y -repito- no solamente la relacionada con la situación de dependencia. Es cierto -se acaba de decir por algún otro diputado, además del señor Fernández Santos- que en nuestra sociedad los mayores pueden cumplir un papel de una gran relevancia, sobre todo en un momento en el que, por la dinámica de la sociedad cada vez más urbana, las generaciones actuales están perdiendo las tradiciones, de ahí la importancia del impulso a ese papel. Los mayores deben cumplir un papel que, por naturalidad o por naturaleza, cumplían en las generaciones anteriores, como es la transmisión de la cultural oral, de los valores, la participación de los de edad más adulta con los de edad más joven, etcétera. Por eso y dado que no se dan las condiciones de otros tiempos para que ese papel se dé con la naturalidad con que se daba, pensamos que es necesario el impulso de todas las administraciones -de ahí la continuidad en ese trabajo del Gobierno del Estado- y también de las autonómicas y municipales para habilitar políticas dirigidas a fomentar la participación de los mayores en la educación, en la comunicación intergeneracional entre los mayores y los jóvenes, incluso entre los mayores y los más jóvenes, los niños y niñas que cursan educación primaria en los centros escolares De ahí que nos parezca interesante la iniciativa que se presenta, conjuntamente con el tema de que se garantice la suficiencia de las pensiones, y aquí le pedimos, señor diputado, su colaboración, dado que forma parte del grupo parlamentario mayoritario.
Todos estaríamos de acuerdo, ayúdenos a impulsar al Gobierno

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para que esa garantía signifique un incremento de las pensiones actuales, porque muchas de las pensiones que tenemos en este momento no son precisamente garantes de la suficiencia y la supervivencia de una manera digna de nuestros mayores. En definitiva, repetimos nuestro apoyo.


Señor Campuzano, con todo el cariño y estando de acuerdo con algunas cosas que dijo sobre la propuesta de enmienda que hace, no sé qué va a hacer el diputado proponente de la proposición no de ley, pero no estaríamos de acuerdo porque el tema no es que a los 50 años seamos mayores al nivel que entendemos que representa la proposición no de ley. Tampoco es cuestión de que a determinada edad, efectivamente, unas personas ya no pueden cumplir en el mercado laboral un trabajo porque quedan desplazados, por ejemplo, por las nuevas tecnologías, pero que queden desplazados de un determinado nivel del mercado laboral no quiere decir que tengan que quedar desplazados de todo el mercado laboral. Por otro lado -y eso es lo que entendemos que quiere decir la propuesta del señor Fernández Santos-, el hecho de que una persona deje la actividad laboral remunerada no quiere decir que no pueda continuar con otras actividades que no son laborales remuneradas, ya que los múltiples trabajos que se pueden hacer son una aportación social, sobre todo cuando ya no estamos obligados a ganarnos el sustento con nuestro trabajo diario remunerado.
Las personas mayores, desde el punto de vista social, pueden hacer un trabajo impresionante desde la actividad del voluntariado en todas sus facetas.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Fernández.


Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Mi grupo va a votar favorablemente esta iniciativa que nos ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista por boca de su portavoz don Luis Fernández Santos. Lo hacemos, en primer lugar, con el aprecio y sentimiento con que él mismo se ha dirigido a la Cámara para pedir el voto, en unos parámetros de emoción y compenetración con lo que es una exigencia en un Estado de derecho de justicia social. En España estos temas normalmente han sido abordados desde una perspectiva del Estado del bienestar, del Estado de la beneficencia, encomendándoselos al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la política de jubilaciones y pensiones de jubilación. Por ejemplo, recordando la legislación en el periodo democrático de estas Cortes, en el año 1984 con la Ley 30/1984, de la Función pública, el Gobierno redujo la edad forzosa de jubilación de los funcionarios de los 70 años a los 65. Afortunadamente, aquello ha habido que cambiarlo, porque ni los derechos pasivos en el Ministerio de Hacienda podían soportar una carga de jubilación de funcionarios a los 65 años, considerándolos no ya de la tercera edad sino de una especie de cuarta edad -en la que iban directamente a cobrar de los fondos de pensiones de las clases pasivas de los funcionarios- ni la política laboral, como han recordado algunos oradores y especialmente el señor Campuzano, cuando en el mercado libre de trabajo se dan esas reducciones de edad por unos imperativos que cada vez se van enfrentando más con la pirámide de edad. Hay una realidad -el señor Fernández Santos lo ha recordado con los congresos que ha habido- y son las cifras de envejecimiento de la población. Esto está ocurriendo en España, señorías, no hay nada más que fijarse. Yo creo que no solo debemos defender los derechos de las personas mayores a la percepción de pensiones y considerarlos puramente clases pasivas generales o pensionistas del Estado. No, la defensa de la utilización de las personas mayores tiene que estar en todos los órdenes sociales, no solamente en el del trabajo sino en el social y en el político. Y pongo un ejemplo que a veces pasa desapercibido, la edad media de los concejales en los consistorios municipales españoles. En España hay más de 8.000 ayuntamientos, desde los de las grandes ciudades, donde los concejales son muy jóvenes, a los de esos pueblos que se están despoblando y en los que no quedan más que las personas mayores, y yo he hecho un seguimiento de muchos municipios españoles de menos de 1.000 habitantes de población de derecho, donde el envejecimiento está representado porque no hay candidatos jóvenes para ocupar los puestos de concejales y de miembros de la corporación municipal. Como están nada más que las personas mayores, son esas personas mayores las que están en estos municipios pequeños españoles ejerciendo una labor democrática y positiva, afortunadamente, porque la Constitución española no puso límite por arriba a la edad de derechos en relación con la votación; se arranca de la mayoría de edad, pero luego es sine die. Y esa va a ser la fuerza política, porque no es otro el motivo de que todas las fuerzas políticas hagan un discurso electoral, legítimo y democrático, ofertando a las personas mayores una política de aumento de las pensiones. Con el aumento dinámico de la pirámide de edad, esas personas mayores van a ser necesarias para las listas electorales de muchas entidades y corporaciones donde predominan las personas mayores por la pirámide de edad. Esa es, digamos, la gran fuerza democrática electoral que tiene una población con menos jóvenes al disminuir las tasas de natalidad y aumentar la expectativa, la esperanza de vida por las reglas sanitarias, higiénicas, alimentarias, de buen cuidado, de beneficencia, etcétera; es decir, las personas mayores van a ser las depositarias de la mayoría de los votos en muchas corporaciones.


En esa línea, por tanto, mi grupo se une a esta iniciativa que la realidad de los hechos va a hacer imperativa, y para cuando sea imperativa tenemos que estar perfectamente acoplados a una estructura de la sociedad por edad, como ahora estamos defendiendo la igualdad de géneros en cualquier proceso económico, político, electoral

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o de cualquier orden, porque afortunadamente lo respalda nuestra Constitución. De aquí que nuestro voto será de apoyo a esta iniciativa.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Señora García, por Izquierda Unida.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, un saludo cariñoso, y además realmente sincero, al diputado Luis Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, que ha presentado esta iniciativa, que ya adelanto que nuestro grupo va a votar favorablemente.


Queremos decir, en primer lugar, que siempre es y será positivo debatir propuestas que nos recuerden la importancia de las personas mayores en nuestra sociedad, que nos recuerden su dignidad, sus derechos y sus necesidades; necesidades que van evolucionando y que van cambiando, porque de la misma forma que cambia la sociedad, cambia cómo vivimos en ella y cómo y de qué forma subsistimos y llevamos adelante nuestros proyectos de vida. Pero permítame que le diga con este mismo cariño que lo cortés no quita lo valiente, don Luis Fernández. Queremos dejar constancia en esta intervención -porque si no estaríamos haciendo un mal papel al enorme colectivo de las personas mayores pensionistas, al que ahora me referiré- que este debate, aun siendo necesario, cuando adquiere su mayor importancia es, como tantas otras veces, cuando aprobamos la Ley de Presupuestos Generales del Estado, una vez al año, que es donde se ha de reflejar la voluntad política que puede o no hacer realidad ese objetivo de dignificación de las personas.


Nuestro grupo siempre ha apostado por iniciativas parlamentarias que no solamente garantizaran la suficiencia de las pensiones, sino también la consolidación y mejora del sistema público de pensiones y el incremento de las pensiones más bajas, con el objetivo a medio plazo de equiparar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional. Nuestras propuestas históricas, don Luis Fernández, en este sentido, entre otras, son y han sido: aumentar la base reguladora de la pensión de viudedad de las personas mayores de 65 años y situar las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación en el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional. En definitiva, nuestras propuestas han intentado siempre mejorar el sistema público de pensiones, ya que es la única garantía de mejora de la calidad de vida de las personas beneficiarias de las mismas, porque -no nos engañemos- la primera cuestión que necesitamos todas las personas es resolver aquellos problemas más básicos, elementales y primarios.


Es importantísimo -nosotros lo compartimos- el aspecto que usted plantea en su proposición referente a la participación en nuestra sociedad, pero hay uno que es el fundamental, el básico, una subsistencia realmente digna. Los datos nos tienen que hacer reflexionar. En nuestro país tenemos aproximadamente ocho millones y medio de pensionistas, de los cuales el 54,25 por ciento, o sea, casi 4,2 millones de personas, reciben pensiones inferiores a 450 euros mensuales, y medio millón de personas reciben una pensión no contributiva que supone un ingreso de 297,46 euros exactamente por 14 pagas. Además, hay otro añadido que nosotros también en iniciativas hemos querido poner encima de la mesa: hay millones de mujeres de más de 65 años que no perciben ninguna pensión después de haber contribuido a la riqueza de nuestro país durante toda su vida, millones de mujeres que han estado trabajando y que podían haber cotizado, a las que la historia también debería compensarlas por lo que supuso en su momento que tuvieran que dejar de trabajar porque así lo marcaba el fuero del trabajo en nuestro país y que en estos momentos, con una edad muy avanzada, no perciben ninguna pensión. Esta es la realidad de más de 4,2 millones de pensionistas. Por tanto, nosotros apoyamos rotundamente esta iniciativa, don Luis Fernández. Usted puede contar con nosotros para cualquier otra iniciativa y sobre todo para apoyar los presupuestos generales, que precisamente vamos a poder discutir muy pronto, para intentar entre todos dignificar la vida de muchas personas mayores de nuestro país.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.


Por el Grupo Vasco, el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señores mayores -vamos a seguir con la locución ya que nos acompañan-, muy vinculados a su partido, señor Fernández Santos, pero no menos representativos por ello del colectivo, del segmento de población al que estamos aludiendo.
Yo también me he unido al aplauso casi general de esta Cámara, señor Fernández Santos, pero el aplauso que hoy mi grupo y yo hemos realizado no ha sido paternalista o deferente solo porque usted ha hecho un discurso brillante por ser mayor, mi aplauso ha sido porque usted ha hecho un discurso brillante. Y le voy a decir por qué ha hecho un discurso brillante. Usted ha hecho un discurso brillante porque ha recuperado una mística perdida hace muchos años en esta Cámara, recuperando conceptos y reflexiones dialécticas absolutamente vaciadas de contenido, vacuas en este momento, con este relativismo que impera, solo por una razón: porque lo joven se ha convertido en un valor per se, como si lo joven fuera bueno por su propia naturaleza, como si estuviera en la rerum natura, en la naturaleza de las cosas que ser joven es necesario, cuando no es así, cuando es necesario ser joven, tener una edad intermedia y ser mayor.


Señor Fernández Santos, le felicito porque usted ha reincorporado a esta Cámara incluso hasta un estilo parlamentario que desafortunadamente estaba perdido. Le invito a que continúe con iniciativas de esta naturaleza

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que ubican en la actualidad política y en el frontispicio de nuestras preocupaciones no solo la problemática de los mayores sino lo que los mayores pueden aportar a nuestra sociedad. Es que uno por ser mayor -y pronto lo vamos a ser muchos de los que estamos aquí; unos más pronto que otros- no tiene que estar amortizado social, política o laboralmente, desde una perspectiva de aportación activa a la sociedad. Uno por ser mayor tiene mucho que hacer; uno por ser mayor no queda amortizado desde una perspectiva de incorporación o de implementación activa hacia la sociedad a la que pertenece, y uno por ser mayor incluso tiene el deber de aportar muchas cosas a nuestra sociedad, no sólo la posibilidad sino el deber de aportar muchas cosas a la sociedad.


Hay un informe de un profesor suizo, reciente Premio Nobel de economía, el profesor Lietze, que establece que las actividades no monetarizadas, no concretadas económicamente en términos monetarios, representan en los países de la Unión Europea el 10 por ciento del producto interior bruto.
Este no es un dato irrelevante en sí mismo. Desde esta perspectiva ya le diría que la invocación al artículo 50 de la Constitución es lo que menos me convence de la exposición de motivos de la proposición que usted con tanta dignidad ha defendido aquí. ¿Por qué? Porque el artículo 50 de la Constitución, en cohonestación con el artículo 41, tiene una reflexión pasiva, defensiva, protectora de los mayores en tanto en cuanto establece que los mayores sean objeto de protección, con cargo al sistema público de pensiones, mediante pensiones suficientes -es la locución específica del artículo 50-, periódicamente actualizadas. Yo sé que esto no se cumple, porque las pensiones de los mayores no están periódicamente actualizadas ni son suficientes, hay pensiones que están por debajo de lo que en este momento se denomina umbral de la pobreza y, según el último informe -se podrían citar muchos, pero cito uno convencionalmente aceptado por todo el mundo- del Instituto Nacional de Estadística, se dice que está por debajo del umbral de la pobreza aquel que cobre 550 euros mensuales. Desde esa perspectiva, hay muchísimos mayores que tienen distintas prestaciones o pensiones con cargo al sistema público de la Seguridad Social, contributivas o asistenciales, que están por debajo de este umbral.


Ustedes tienen que hacer mucho más, tienen que participar activamente en la sociedad, tienen que implementar sus aportaciones, tienen que incorporar sus activos, incluso desde una perspectiva macroeconómica, en el sentido más estricto del término, con actividades no solo no monetarizadas sino también con actividades monetarizadas, mediante actividades que hacen referencia a una sentencia sistemáticamente incumplida del Tribunal Supremo del año 1981, que usted conoce -lástima que la Sala cuarta del Tribunal Supremo no se haya pronunciado dos veces más sobre esta misma cuestión creando jurisprudencia-, en virtud de la cual prohibía al legislador estatal establecer una cuantía, un período o una edad de jubilación obligatoria, indicando el Tribunal Supremo, en mi opinión con lucidez, en esta sentencia que la edad de jubilación es materia indisponible y pertenece solo al fuero interno de esta persona.
Esto es lo que nosotros preconizamos.


Por tanto, a pesar de que es un poco deletéreo el contenido dispositivo de su proposición, vamos a estar luchando con usted y con las personas que nos acompañan -y con otras de otros partidos políticos que vendrán en otras ocasiones porque nosotros vamos a presentar iniciativas de esta naturaleza- para que ustedes no se conviertan en algo como lo que usted ha descrito: en personas receptoras de pensiones, necesitadas de las medidas de protección de la Ley de Dependencia, con cargo a los sistemas públicos de salud, sino que hagan aportaciones a la sociedad, que son absolutamente imprescindibles para los que tienen menor edad por la experiencia y la capacidad de trabajar que la mayoría de las personas mayores de este país -un país donde el valor de lo joven por ser joven se ha convertido en un paradigma absolutamente perverso- representan. Le felicito y por su iniciativa, pero, sobre todo, por su lucidez.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Esquerra Republicana. Señor Tardà, por favor.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


He de confesarles, y en especial al compañero socialista Luis Fernández, que al principio pude considerar que se trataba de una proposición no de ley que sería, tal como se ha dicho aquí en alguna ocasión, un brindis al sol; sin embargo, reflexionando más a fondo, sobre todo una vez oídas sus sinceras y convincentes palabras, que además comparto ideológicamente, reconozco que he cambiado de opinión. He cambiado de opinión porque creo que existe una voluntad -al menos está en sus palabras- para que esta proposición no de ley que se va a aprobar, también con nuestro apoyo, se ejecute. Ustedes saben que todo depende de la voluntad con que el Gobierno acoge las proposiciones no de ley que vamos aprobando en este Parlamento. Desearía que esta iniciativa no quedara en una declaración de principios del Parlamento español, sino que fueran principios rectores que tuvieran una traslación en el día a día de las políticas públicas. En este sentido, quiero señalar que nuestro grupo parlamentario entiende que lo que se demanda aquí no compete a ningún ministerio en particular, sino a todos de manera transversal. Subrayo pues la necesidad de que las políticas para la gente mayor sean transversales. Generalmente cuando hablamos de políticas para los mayores hacemos referencia a pensiones, sanidad o asistencia social. Debemos superar este encasillamiento, debemos prestar más atención a nuestros mayores también desde los ministerios de Cultura, Educación, Justicia, Fomento o incluso desde el Ministerio de Asuntos Exteriores impulsando la cooperación para el desarrollo y bienestar de la gente mayor de otros países. Por otro

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lado, debemos pensar en las personas mayores como sujetos activos y no como sujetos pasivos; es decir, no se trata solo de que el Gobierno realice políticas o actividades para gente mayor, sino de que impulse que sean las propias personas mayores quienes organicen sus actividades, tanto para ellos mismos como para la sociedad en general. En este sentido queremos subrayar la parte de la proposición no de ley que pretende impulsar su participación en todos los ámbitos de la sociedad, y ello incluye también, por supuesto, el ámbito político; una participación más amplia y activa en la sociedad, en una sociedad incluyente, y no excluyente, de la gente mayor, colaboraría sin duda en la consecución de otro de los puntos de la proposición no de ley que pretende reforzar la imagen positiva que esta etapa de la vida debe tener para el conjunto de la sociedad. Pero para la consecución de este objetivo es necesaria una campaña pedagógica muy importante que debe comenzar en la propia escuela.
En esta misma línea, la campaña pedagógica debe ser transversal, en todos los medios de socialización de que disponemos, incluyendo la televisión, e ir desde el impulso a la participación de las personas mayores en los debates como colectivo que pretende dar su punto de vista hasta la no estigmatización de los personajes de las series televisivas.


Lamentablemente estamos en una dinámica social que arrincona a la gente mayor, la estigmatizamos como seniles, inválidos, simples cuidadores de los niños o telespectadores pasivos. No los valoramos en primer lugar como personas que, independientemente de su edad, tienen ganas de hablar, de reír, de divertirse, de aprender, de amar, de practicar sexo. Un ejemplo: ¿en cuántas series de televisión con contenidos sexuales son las personas mayores sus protagonistas o en cuántos referidos a estudios universitarios salen personas mayores como estudiantes? En segundo lugar, tampoco los valoramos como depositarios de toda una experiencia cultural y vital. En el nombre del progreso y la modernidad hemos calificado de obsoleto el pensamiento de la gente mayor. De hecho, hablamos de gente mayor porque hemos degradado tanto el término viejo que hoy buscamos otro concepto que pretenda ser más respetuoso, y este es un gran error por parte de quien se pretende progresista y moderno porque si no aprende de las experiencias pasadas y de aquello que tienen que decir las personas mayores, se van a ver condenados a repetir sus mismos errores y a no progresar. El resultado, más allá del empobrecimiento social y cultural de la población en general, es a menudo la apatía, la falta de autoestima, la depresión o el aislamiento de nuestros mayores. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, esas estadísticas que indican que la gente mayor acude a la consulta del médico buscando recetas que necesitan menos dosis de química y muchas más de atención y autoestima. En ello tenemos responsabilidad la sociedad en conjunto y debemos asumirla. Es necesario para ello que otorguemos un papel activo a la gente mayor, que permita a las personas crecer más que envejecer, con un urbanismo más humanista, con una política de mayores más participativa que asistencialista.


Ha quedado condensado el criterio de mi grupo parlamentario respecto a aquello que contiene la proposición socialista, que no hemos querido enmendar porque estamos convencidos de que, por la voluntad expresada, es una declaración de principios para dar un paso adelante. Mi grupo parlamentario se compromete a presentar en Comisión nuevas iniciativas que desarrollen y complementen esta proposición con los criterios establecidos por la Naciones Unidas en sus principios a favor de la tercera edad. Ahora que se aprueba esta proposición no de ley, en relación con la cual nos consta que don Luis Fernández ha depositado todo su juvenil -permítame la expresión, entre comillas- revolucionario entusiasmo, le instamos a que canalice dicha energía en comprometer al Gobierno socialista a su cumplimiento para que no acabe siendo un brindis al sol. En ello tendrá todo nuestro apoyo, esperando la reciprocidad con las iniciativas que mi grupo parlamentario va a presentar en esta Cámara.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.


En turno de aceptación o rechazo, tiene palabra el señor Fernández Santos.
Dígame la posición del grupo en relación con las enmiendas.


El señor FERNÁNDEZ SANTOS: El grupo que represento no admite ninguna enmienda. Yo quisiera reflexionar sobre las iniciativas que han llevado a presentar estas enmiendas...


El señor PRESIDENTE: Lo lamento, el turno es simplemente para confirmar si las acepta.


El señor FERNÁNDEZ SANTOS: Simplemente no aceptamos las enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Gracias. Así será tenido en cuenta en la votación.


-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LAS MEDIDAS A TOMAR CONTRA LOS INCENDIOS EN GALICIA. (Número de expediente 162/000508.)

El señor PRESIDENTE: La siguiente cuestión es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas a tomar contra los incendios en Galicia.


Para la defensa de la proposición no de ley interviene la señora Sainz por un tiempo de siete minutos.


La señora SAINZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señorías, los incendios forestales que asolaron Galicia en el mes de agosto constituyen, además de una tragedia

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humana, como hemos dicho, la mayor catástrofe ecológica y económica de su historia. La imagen a la que yo aludía el otro día de los vecinos apagando el fuego con las manos y con ramas o la que añado ahora de los vecinos de Illa de Arousa salvando su parque cubo a cubo, infernales nubes de humo sobre las ciudades, ancianos evacuados en camillas de noche, campanas que suenan a rebato llamando a los vecinos, no es ciencia-ficción, sino una trágica realidad vivida y quedará en la mente de todos los españoles como muestra de la incompetencia de un gobierno desbordado e incapaz de apagar el fuego. Y en democracia, señorías, no puede afrontarse una catástrofe tan grave generando infundios, como se hizo, e inventando tácticas falsas sin asumir responsabilidades, pues se cae en el descrédito e incluso en el esperpento. Cualquier cosa, señorías, menos reconocer su incompetencia en los incendios forestales; cualquier cosa menos admitir que los errores se pagan con dimisiones, señorías. Políticamente, para ustedes no pasa nada, no pasó nada, y por ello se han negado a dar explicación alguna, a rendir cuentas de su gestión. No quieren que se sepa nada, no quieren que se sepa la verdad.
¿Qué tienen que ocultar? Nosotros seguiremos reclamando información, transparencia e investigación, como hace dos días clamaba la sociedad gallega en las calles. Quieren despachar ustedes la catástrofe con el real decreto de la semana pasada para que sirva como una cortina de humo tapando su incompetencia, pero ha quedado claro que ese decreto es puro engaño, es falacia, deja fuera a la mayoría de los afectados. Hablamos, señorías, de ayudas, sí, pero ayudas de un Gobierno que ha tenido responsabilidad, porque llegaron tarde; llegaron tarde con el ejército y a la hora de llevar los medios aéreos para combatirlo, y llegar tarde a los incendios es algo muy grave, y llegaron tarde también a pedir las ayudas europeas. Han tenido responsabilidad también porque fracasó su política de prevención y de extinción y su reforma de la Ley de Montes, es decir, su normativa. No pueden decir que ha habido más medios. Si hubo más medios, han sido más ineficaces en la gestión, señorías. Por tanto, ni prevención ni extinción, fracaso total de esos dos pilares fundamentales de lucha contra el fuego. Y han tenido responsabilidad compartida con el Gobierno de la Xunta, que redujo un 34 por ciento las brigadas porque, como decía una brigadista el domingo en la mayor manifestación del pueblo gallego, no les hacía falta contar con tantas brigadas como tenía el Partido Popular -parece que eran más listos- y que en lugar de experiencia exigía títulos nada más. Nunca hubo tanta improvisación y descoordinación -y no lo digo yo, que, desde luego, lo mantengo, sino la brigadista que estaba allí en primera línea-. La consecuencia fue esa catástrofe que todos conocemos. Y al haberse negado el PSOE y el Bloque a celebrar un Pleno extraordinario para debatir una proposición no de ley de ayudas, el Grupo Popular la trae hoy aquí al primer Pleno posible.


Proponemos varios tipos de medidas: unas, dedicadas a los afectados -ya que las aprobadas el otro día son ridículas- y, otras, que presentan un importante paquete de medidas de mejora de las políticas de prevención y de extinción de incendios y un plan de actuación para la recuperación de los espacios afectados por el fuego, dado el alto valor natural de Galicia, cuya naturaleza verde es un factor importante en su desarrollo.
Señorías, deben conocer que su contribución a la riqueza y a la renta de los gallegos venía acrecentándose en los últimos años y es evidente que la catástrofe ha frenado gravemente ese potencial. En las primeras medidas, que no puedo enumerar por falta de tiempo, pedimos mejoras de la política forestal de prevención y de extinción de incendios, que claramente ha sido un fracaso. Abogamos por la profesionalización del personal de los servicios de extinción. Solicitamos la creación de un fondo que permita dotar de más medios a las comunidades autónomas, porque lo que tenía no ha llegado. Quiero destacar la petición de incrementar el fondo de compensación de incendios con el fin de elevar la cobertura en casos de muerte, cuya cantidad es ridícula, es verdaderamente increíble.
Quiero resaltar la creación de un centro de gestión de crisis, algo que los ciudadanos gallegos que vivimos en primera línea la tragedia consideramos importante e imprescindible. Solicitamos también un plan integral de restauración y recuperación de todas las zonas afectadas, que deberá contener medidas ambientales, socioeconómicas, culturales y científicas; un plan de actuación para que Galicia recupere su color verde, pero también su dinamismo económico. Pretendemos no solo la reparación de los daños, sino poner en valor y potenciar el monte, cuestión prioritaria para devolver la confianza a la población rural.
Solicitamos también medidas y actuaciones medioambientales que consideramos imprescindibles por la vaguedad de las que aparecían en el real decreto, como dijimos el otro día, y porque además en ellas se excluían todos los montes de titularidad privada, es decir, prácticamente todos los afectados, prácticamente todos los montes quemados. Dicho plan integral debe atender también a los sectores afectados, que acusan ya, y lo harán más en el futuro, las consecuencias de los incendios. Por eso pedimos la recuperación socioeconómica de las zonas afectadas, que incentiven la creación de empleo en el medio rural con un plan de infraestructuras también rurales, un plan de regeneración de las industrias afectadas que garantice la viabilidad de las pymes rurales, un plan de recuperación de los viñedos y de bienes de interés cultural; todas ellas son medidas imprescindibles. No engañen a la sociedad gallega diciendo que todo lo han hecho, lo van a hacer o lo están haciendo, porque eso no es cierto, eso es una falacia. Queremos, de verdad, ayudas a los damnificados, que se cubran las pérdidas de verdad, que se haga un plan integral riguroso y completo medioambiental y de recuperación socioeconómica; medidas que el Grupo Parlamentario Popular, señor presidente, trae al Congreso desde su compromiso con Galicia y desde su creencia en su

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futuro y de la importancia que el sector forestal debe jugar; desde esa apuesta por una Galicia verde que por falta de apoyo y de responsabilidad del Gobierno central y del bipartito se tiñó claramente de negro; desde ese esfuerzo, que de manera solidaria debemos hacer, pedimos el apoyo a esta proposición no de ley para Galicia.


Termino, señor presidente, diciendo que en cualquier país civilizado donde se sufre una catástrofe de tal dimensión como sufrió Galicia, se toman medidas contundentes, señorías, contundentes y no se pueden quedar en detallitos como los que ustedes presentan en su real decreto. Los gallegos ya se preguntan en qué manos están con un Gobierno que frenó el Plan Galicia y con él su proceso de dinamización. No sigan, con su voto, marginando a una tierra que por la incompetencia de dos gobiernos, acaba de sufrir una catástrofe. Ardieron sus bosques, señorías; no hagan también que arda el futuro de Galicia.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.


Fijación de posiciones. Turno de cinco minutos. Adelante, señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, para el Bloque Nacionalista Galego es imposible apoyar una iniciativa que propone desarrollar la política forestal puesta en marcha por el Partido Popular que en Galicia, justamente, significó crear una base estructural para los incendios. Por eso, y para cumplir una función apropiada al desarrollo rural y al equilibrio ecológico, está en marcha otra política agraria y forestal en Galicia: diversificación del monte, complemento de la agricultura, recuperación de la base agraria del país, adhesión de gente joven al campo, en definitiva, para acabar con el absentismo, la improductividad o simplemente con el servicio a las industrias de enclave, especialmente de pasta de papel y concretamente de ENCE. Además es imposible porque contempla lo ya contemplado por el real decreto-ley aprobado la semana pasada, y sobre todo, y queremos aprovechar la ocasión de este momento, nos parece rechazable porque es solo una cobertura para ocultar el ataque a las competencias autonómicas en todos los aspectos y para descalificar, de forma malintencionada, al Gobierno gallego y al español en un tema que, en el caso gallego, merece una primera obligación y una primera preocupación: ¿Quiénes son los causantes? ¿Cuáles son los motivos?

Señorías, estamos ante una situación específica y única. Único y específico son 2.055 incendios en dos semanas. Único y específico es que se queme, sobre todo, la provincia de Pontevedra y una pequeña parte de la provincia de A Coruña. Específico es que en 14 días se quemen 78.000 hectáreas de monte y específico es que la propia Administración de Justicia o la policía diga que el 80 por ciento de los incendios son intencionados y que todos ellos se producen en cinco o en varios frentes al mismo tiempo, en proximidad a los núcleos habitados, cerca de las ciudades y cerca de vías de comunicación o de aeropuertos. El 51 por ciento se han caracterizado como graves, entre el nivel 1 y 2, y los estudios estadísticos, que ya los hay, hasta el año 2005 señalan otra diferencia en relación con el año 2006: hasta el año 2005 los detenidos -no sé si eran los verdaderos causantes- eran personas mayores de 65 años, señorías, pues da la casualidad que con los de agosto no es así, los datos de los detenidos objetivamente, los que están en manos de la justicia, indican que tienen algo más de 44 años. Hay solamente 60 personas detenidas entre agosto y el 13 de septiembre. ¿Qué es esto en relación con 2.055 delitos?

En el Bloque Nacionalista Galego pensamos que si hay algún fracaso es el de la persecución de la delincuencia, y llama la atención que un partido tan preocupado por esos temas no haga ni un solo tipo de alusión a esas cuestiones, cuando en Galicia se está dando ya una colaboración de los vecinos -por algo será- porque tienen conciencia de que se trata de un delito que hay que perseguir y que tiene una intencionalidad malévola. No se trata de la típica componenda tradicional de amparar a los vecinos; se sabe también que huyen cuando la policía los persigue y en casos muy graves sin ser esclarecidos. La propia fiscalía reconoce que una cosa es la responsabilidad individual y otra cosa es averiguar los móviles de forma objetiva. Esto es lo que hay que hacer: averiguar los móviles, para que no queden casos personales o en la impunidad. No son mayoría, señorías, ni los deficientes ni los psicópatas. La punta del iceberg pueden ser psicópatas o deficientes, pero ya no es así cuantitativamente.
Es curioso que el fiscal coordinador de incendios de Galicia, el señor Àlvaro García Ortiz -él sabrá por qué lo dice- cuando se le pregunta qué móviles hay detrás de los incendios -declaración del 13 de septiembre de 2006- responda: si se toca la política forestal se eleva el riesgo de incendios porque se generan descontentos y se manifiestan de esta manera.


La manifestación del domingo no fue la manifestación más mayoritaria de Galicia, pero sin duda alguna fue organizada por las organizaciones que no quieren el cambio de política forestal, desde Silvanus hasta aquellas que están vinculadas a la política industrial, empezando por ENCE y continuando por FINSA. Ellos sabrán por qué. No hay que ser muy listos para entenderlo. Por fin empezamos ya a darnos cuenta de cuáles son las intencionalidades políticas. Si hay algún fracaso en este momento es el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el de una Administración de Justicia que declarando lo que declara, es incapaz después de detener a los delincuentes, averiguando los motivos objetivos, los móviles de los delincuentes. Estamos ante un problema inducido, no ante una característica antropológica del pueblo gallego. Va siendo hora de que esto quede

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claro. Espero que los estudios estadísticos a partir de ahora reafirmen más esta cuestión y pongan la cara colorada a jueces, a fiscales o incluso a unidades de la Guardia Civil, que declaran las tonterías que declaran con los datos que tienen en la mano. Esto sí que es objetivo.


Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Hernando Fraile: Está echando la bronca al mundo entero.)

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Señora Navarro, adelante por favor.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.


Hemos leído la proposición no de ley del Grupo Popular desde un posicionamiento no vinculado a la gestión del actual Gobierno galego y tampoco desde la oposición desbocada que lleva y que ha llevado todo este verano el Partido Popular. Yo, que he estado en casa, me he alarmado al ver los telediarios y escuchando sus declaraciones, para después acabar todo en unas cartas bastante lamentables.


Tengo que decir que la primera de las medidas nos resulta totalmente inaceptable. El PP ha gobernado Galicia y el Estado y nunca ha hecho nada por la conservación de los montes en Galicia. (Rumores.) Fraga ganó sus primeras elecciones utilizando el problema de los incendios, afirmando que si él era presidente acabaría con los incendios. Es evidente que se trata de una promesa altamente incumplida, y no sería por falta de tiempo. El gran problema de los incendios es estructural tal y como se ha estado gestionando la política forestal desde el franquismo hasta nuestros días, el abandono del campo desde hace más de 40 años. El problema que tienen en Galicia es que solamente entre un 2 y un 3 por ciento está en manos públicas y el resto, prácticamente el cien por cien, reside en manos privadas. Es fundamental un fondo para compra o expropiación de terrenos, con el fin de aumentar los terrenos forestales públicos, que se podría iniciar por los más próximos a los espacios protegidos, porque Galicia cuenta con el menor porcentaje de todo el Estado en cuanto a espacios protegidos. Los incendios y el erróneo enfoque, tan arraigado, conducen a una situación sumamente gravosa para la sociedad gallega: se gastan en torno a 80 millones de euros en extinción y los montes se encuentran mal cuidados, sobre todo los próximos a las poblaciones, lo que incrementa evidentemente el riesgo. La Administración debe obligar a que se proceda al cuidado de los montes, pero de esto nada dice y nada ha hecho el Partido Popular. En la proposición no de ley deberían contemplar cuestiones como la gestión y ordenación, superficies plantadas y por plantar, especies arbóreas plantadas y a plantar y un largo etcétera que no encontramos en una larga proposición no de ley.


En cuanto a las ayudas, previamente habría que hacer una investigación de las causas de los incendios y, sobre todo, procurar que las ayudas no se generalicen, sino que sean fiscalizadas y se repartan con criterios rigurosos. Es más, si propietarios que no hicieron nada por el cuidado de los montes se ven beneficiados ahora por la quema, podríamos entrar en un círculo vicioso de quema-subvención-quema, que no creo que sea la política más adecuada. Lo que urge es valentía política e implementar políticas que garanticen la limpieza respetando los ciclos biológicos y la conservación de los montes, incluso poniendo sanciones a quien no conserve el monte, porque el cuidado del monte debe ser preceptivo.


En cuanto a la retirada inmediata de madera quemada que solicita el Partido Popular, hay criterios científicos que dudan de la eficacia de la medida por facilitar la erosión antes de que crezcan las herbáceas propias del sotobosque. Por tanto, tendríamos que estudiar cuál es el momento oportuno para ello, con el fin de evitar la propagación de plagas de xilófagos.


Por lo que respecta a la colaboración de las distintas administraciones públicas, la verdad es que con la mala fe con la que han actuado ustedes, y a la vista está, poco se puede decir al respecto. Sencillamente, señorías, la mejor manera de combatir los incendios es la prevención, y por eso es por lo que tenemos que apostar. Desde el Gobierno galego se pueden hacer muchas cosas que hasta ahora no se están haciendo, pero que no se encuentran en esta proposición no de ley. Por ejemplo, no se contempla la participación ciudadana, una cuestión que para Izquierda Unida, para Esquerda Unida es fundamental, más todavía tras el anuncio de la reestructuración por parte del conselleiro do Medio Rural, Suárez Canal, que no ha convocado todavía el Consello Forestal Galego. En Esquerda Unida, en Izquierda Unida rechazamos argumentos fáciles que oculten las verdaderas causas estructurales del fuego en Galicia y provoquen el desvío de la atención informativa. Lo que necesitamos son soluciones a largo plazo, trabajar por la prevención y cambiar la situación en Galicia, algo que no hizo el anterior Gobierno, que -como digo- tuvo mucho tiempo para ello. Por tanto, no me parece que el Partido Popular se encuentre ahora mismo legitimado para venir aquí y presentar una iniciativa con un sinfín de cuestiones que nunca han abordado, señora Sainz, nunca.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Txueka.


El señor TXUEKA ISASTI: Señor presidente, señorías, la semana pasada debatimos en este Pleno el Real Decreto-ley de ayudas para Galicia, y yo me quedé con la sensación de que en este cierto teatro mediático en el que se está convirtiendo la política, interesa más esta cuasi salsa que el análisis y el afrontamiento de este fenómeno que todos los años se repite y con el cual se nos regala, por desgracia, todos los veranos. No voy a

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volver a realizar las declaraciones y acusaciones que ya expuse y planteé porque me dan vergüenza, pero la vergüenza fundamental es que sigamos siendo, junto a Portugal, los países donde se producen más del 65 por ciento de los incendios de la Unión Europea. Esa sí que es la verdadera vergüenza. No voy a entrar en la línea que tan brillante y vehemente expone nuestro querido colega Paco, pero voy a tratar de insistir en el mismo tema que insistí en la semana pasada. Es curioso que coincidiendo casi todo el mundo en las principales causas de los incendios que están superestudiados, analizados y modelizados -me estoy refiriendo y complementando la reflexión que ha realizado el portavoz del Bloque Nacionalista Galego- y todo lo que ustedes quieran, siempre nos vuelven a pillar a casi todos con los montes bastante sucios; sin medios obligatorios, no ya públicos o de las administraciones sino privados, a nivel individual; con contratos de cuadrillas sin firmar; con obstruccionismos sospechosos; y más y más de lo mismo y la eterna cantinela del tú peor, yo lo hacía mejor y tú lo hacías peor.
Sinceramente, lo que desean escuchar todos los ciudadanos es que durante la próxima primavera o durante el próximo invierno los ministerios en este caso, ya que estamos en el Congreso de los Diputados del Estado, de Agricultura y Medio Ambiente y las comunidades autónomas dispongan de las cantidades de dinero que al menos se gasten, nos gastamos, a posteriori para limpiar y desarrollar programas de desarrollo rural, sobre todo, en los montes más incendiados y más peligrosos; que se van a controlar las edificaciones en suelo rural con distancias suficientes a las superficies forestales; y que cuando se dé una licencia en esas condiciones, en esas urbanizaciones, que haya bocas de incendios por lo menos. Lo que el ciudadano quiere saber previamente es qué actividades de prevención silvícola, diversificación forestal, técnicas preventivas de fuegos controlados se van a realizar; cómo se organizan y cuántos sistemas de detección rápida se van a implementar para que se pueda actuar rápidamente y que la mayoría de los incendios queden en conatos. Se denomina conatos de incendios a aquellos incendios menores de una hectárea, que son los más fáciles de apagar y que ya durante la noche no alcanzan una dimensión que los convierte en casi imposibles de apagar al día siguiente. Ya sabemos que el 90 por ciento de los incendios son de origen humano, que hay una inducción humana, que la climatología y la sequía son factores naturales y que las mentes enfermas y criminales existen. Sin embargo, el ciudadano lo que quiere saber es qué se va a hacer este invierno y esta primavera antes de tener este escenario de otro verano y de otro otoño con reales decretos anuales. No vale ya, sinceramente, que este debate se produzca todos los años en otoño, que siempre sea el mismo, con los mismos argumentos y prácticamente las mismas consecuencias.


Este portavoz y mi grupo pretenden dos novedades humildemente, reflexionemos un poco. La primera, innovemos. Que el próximo año este debate se produzca en junio y se den las cuentas preventivas y el que tenga algo que decir lo diga entonces; sería un tremendo avance práctico y positivo. Yo felicitaría y lo felicitaríamos. La segunda, que la cantidad que este año va a destinar el Estado en el real decreto a paliar, sea mucho o poco, el año que viene se destine previamente en invierno y en otoño a implementar todas las políticas que se hagan porque seguramente el próximo otoño igual no tendríamos necesidad de otro real decreto sobre incendios, en concreto en Galicia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Txueka.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra tiene la palabra el señor Ramón.


El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.


Debatíamos el jueves pasado un real decreto que sometía a la consideración de esta Cámara las medidas urgentes que se tenían que tomar para ayudar al pueblo gallego a superar todos los problemas que han tenido en este mes de agosto. Nuestro grupo parlamentario votó favorablemente porque entendíamos que eran necesarias solidaridad y urgencia para paliar todos los daños que había sufrido el pueblo gallego; todos los grupos parlamentarios de esta Cámara votamos ese real decreto, también el Grupo Popular. Yo pensaba que esta proposición no de ley del Grupo Popular podría ir en el mismo sentido por el que pidió el jueves que se tramitara como proyecto de ley este real decreto, para poder presentar enmiendas.
Nada más lejos de la realidad, porque lo que ha hecho ha sido alargar ese debate, alargar la demagogia del discurso que utilizó el Grupo Popular la semana pasada e intentar mantener vivo este debate para desgastar tanto al Gobierno de la Xunta como al Gobierno del Estado español.


Nuestro grupo ya dijo la semana pasada que desgraciadamente estas son las últimas medidas que se pueden tomar, que son necesarias, pero que también lo es intentar buscar medidas preventivas para que estos incendios, que van a seguir existiendo por el clima que tenemos en este Estado, sean cada vez menos importantes. Ya dijimos la semana pasada que era importante -y los datos lo reflejaban- intentar prevenir las causas que originan estos incendios, que en los últimos diez años más del 40 por ciento de los incendios que se han vivido en Cataluña y en el resto del Estado son provocados, se ha visto claramente que estos incendios lo son, y es importante que se busque prevención para que se produzcan cada vez menos. También dijimos que el abandono del campo y de las actividades agrarias, ganaderas y silvícolas eran una causa que incrementaba el peligro de incendios y que hacía falta apostar claramente por una nueva gestión del territorio para que eso no fuera así. Nos referimos también la semana pasada a que es necesario que los planes de desarrollo rural que se están redactando en las comunidades autónomas vayan en ese

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sentido, pero nuestro grupo parlamentario ya ha expresado más de una vez en esta Cámara -y tenemos presentada una iniciativa parlamentaria- la necesidad de apostar, por ejemplo, por la energía procedente de la biomasa, que sería una gestión importante no solo para intentar evitar esos incendios, sino también para ayudar a implementar esas energías renovables que nuestro grupo quería.


Manifestamos asimismo la semana pasada, y repito, que es importante que cada administración asuma la responsabilidad y la competencia que le toque, que nuestro grupo no aceptará que haya un traspaso de competencias o una laminación de competencias de las administraciones que son competentes, y me gustaría recordar aquí que todas las administraciones tienen que asumir su responsabilidad: la administración local, la autonómica y la estatal. Lo que no es de recibo, y permítanme decirlo, señorías del Partido Popular, es que ustedes intentaran dinamitar o no firmar los convenios de colaboración con la Xunta y después vengan aquí a hacer este discurso. Si ustedes patinaron o intentaron hacer una política propagandística para que la Xunta no pudiera colaborar con las administraciones locales donde hay alcaldes del Partido Popular, ahora no vengan a exigir responsabilidades. Creo que la carta a la que aludía algún grupo parlamentario y a la que se hizo referencia la semana pasada es lamentable y, como decía, es necesario que todas las administraciones, locales, autonómicas o estatales, asuman su responsabilidad y tomen en serio el tema de la prevención de incendios para que cada año, aunque va a ser imposible parar estos incendios porque siempre los vamos a tener, sean lo menos nocivos posible.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramón.


Señor Guinart; Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor GUINART SOLÁ: Gracias, presidente.


Señorías, intervengo para fijar la posición de nuestro grupo en relación a la proposición no de ley del Grupo Popular sobre incendios forestales en Galicia. Nuestro grupo no va a dudar ni un solo instante del interés legítimo y sincero del Grupo Popular en este tema, preocupado por paliar y compensar a corto plazo los daños que se han producido por los incendios, tanto en las personas y en los bienes, investigando sus causas, planteando planes de recuperación a medio y largo plazo, proponiendo medidas estructurales, etcétera. Sin duda, muchas de estas iniciativas tienen sentido más allá de que la mayoría ya se han planteado por el Gobierno autonómico, algunas se están ejecutando y otras se pretenden abordar en un plazo próximo. Sin ir más lejos, esta misma Cámara, y con nuestro voto favorable, convalidó recientemente, el jueves pasado, el paquete de actuaciones que contemplaba el Real Decreto-ley de medidas urgentes para paliar aquellos daños, algunas de las cuales, como decía, ya se están aplicando. Medidas, por cierto, en la línea de las que ya se habían establecido con carácter general en circunstancias parecidas de otros incendios forestales de otros periodos estivales y con la innovación de ese real decreto, que nuestro grupo valoró positivamente, puesto que habíamos propuesto en intervenciones previas que esas medidas paliativas fueran extensibles, sin mayor trámite, vía acuerdo del Gobierno, a otros supuestos similares que se hubieran producido a lo largo de la campaña de verano donde mayor riesgo de incendios hay con la excepción de Canarias. Pero del mismo modo que no dudamos de aquel interés y preocupación del Grupo Popular, igualmente vemos que su insistente actuación parlamentaria, y en consecuencia mediática sobre este tema, a nuestro juicio trasciende aquel legítimo interés y va más allá, pretendiendo la erosión de los gobiernos de turno, el central y el autonómico, un intento permanente de recentralización de muchas materias, en este caso de carácter medioambiental en la gestión de los montes, de los bosques, de la prevención, de la extinción de incendios, de las políticas forestales claramente atribuidas competencialmente a las comunidades autónomas. También entrevemos una pretensión de actitud tutelar del Gobierno central hacia las autonomías en general, especialmente en las que no gobierna el Partido Popular, prescindiendo del respeto obligado al reparto de competencias y soslayando la aplicación del principio de subsidiariedad.


Los incendios forestales de este verano en Galicia, de gran importancia sin duda, motivaron ya una Diputación Permanente a mediados de agosto. Se trataron recientemente en preguntas de control al Gobierno. Se debatieron la semana pasada en la convalidación citada. Se ven hoy en esta proposición no de ley. Mañana mismo se discutirá a través de una interpelación. La semana próxima en moción. Hoy también se debate en el Senado y no sabemos cuantas iniciativas más habrá. La motivación, como mínimo adicional, aprovechando el viaje de esta estrategia es, una vez más, la de intentar situar a un nivel similar esta catástrofe a otras de gran magnitud que hemos lamentado en este país, por ejemplo, el Prestige, y así pagar con la misma moneda la conducta de acoso y derribo que practicó el Partido Socialista mientras estuvo en la oposición. Nuestro grupo, que ha sido también Gobierno en Cataluña y que aspira volver a serlo en breve, no comparte esa forma de actuar en política, ni antes ni ahora y, por tanto, no va a colaborar en incentivarla.


Por otro lado, más allá de las medidas que a nivel de Estado central ya se convalidaron y que significan una reacción razonable del Gobierno en aquello que le compete, el Gobierno galego está implementando también desde la proximidad y conocimiento de causa, un conjunto de actuaciones y medidas básicas, debiendo ser complementarias a esas, las del Estado, como corresponde al ejercicio responsable de las competencias que tiene asumidas. Algunas de las propuestas que constan en la proposición no de ley chocan frontalmente con

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aquella distribución de competencias y nuestro grupo, especialmente sensible en este tema, no las quiere apoyar.


Insistimos en que debe aplicarse prioritariamente el principio de subsidiariedad, respetar al Gobierno Gallego y no pretender ejercer desde el Gobierno central ninguna tutela en el ejercicio de sus atribuciones, ni intentar adelantarnos, en este caso como Parlamento, a las medidas que pueda ir tomando el Gobierno gallego. Estamos convencidos de que si el Gobierno gallego, que está ejerciendo sus funciones desde la inmediatez, precisara de medidas a tomar por el Gobierno central, respecto a todos aquellos amplios contenidos de iniciativa popular, ya utilizaría los cauces apropiados para conseguirlos y nuestro grupo, desde esta perspectiva de iniciativa del Gobierno galego, los apoyaría. No partiendo la propuesta, pues, que discutimos de esa postura del Gobierno gallego, nuestro grupo va a votar negativamente.


Insisto, de nuevo, en que el Grupo Popular no intenta buscar apoyos en sus iniciativas parlamentarias. No deja de ser curioso y significativo ese empecinamiento en quedarse solo, como si no necesitara dialogar con nadie como un dios en posesión de la verdad absoluta.


Señor presidente, señorías, gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.


Grupo Parlamentario Socialista, señora Marón.


La señora MARÓN BELTRÁN: Gracias, presidente.


Señorías, la posición del Grupo Socialista sobre la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular, fechada el 11 de agosto, solicitando una serie de medidas generales relativas a los incendios forestales en Galicia va a ser el voto en contra, porque es una proposición no de ley extemporánea por el tiempo y los hechos, ya que con la convalidación del Real Decreto-ley 8/2006 el pasado jueves quedan ampliamente cubiertas las demandas planteadas y más todavía si se tiene en cuenta el decreto de la Xunta de Galicia, ya que ambos son complementarios. Lo lógico hubiera sido retirarla, a no ser que el Grupo Popular pensara que iba a ocurrir lo de todos los años, que habría incendios en Galicia, pero que el Gobierno no acordaría medida alguna para paliar la situación, como hacían los gobiernos del Partido Popular, pero eso no ha sido así. Señorías, realmente podemos decir que la mejor enmienda que podíamos hacer a esa proposición no de ley es el contenido del real decreto-ley aprobado el pasado jueves con un importantísimo paquete de medidas y recursos como nunca antes se habían planteado. Con ellas se da una amplia respuesta a las ayudas por daños personales. Por cierto, me gustaría preguntar a la señora Sainz por qué son ridículas las ayudas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué alternativa ha propuesto? Ni siquiera ha fijado una cantidad alternativa.
Que nos explique por qué considera ridículas esas medidas. Con el real decreto-ley se da una amplia respuesta a las ayudas por daños personales, para viviendas, para explotaciones agrarias; medidas e incentivos fiscales, líneas de crédito, ayudas a corporaciones locales, y medidas expresas del Ministerio de Medio Ambiente con la Comunidad Autónoma de Galicia para restauración y regeneración de los espacios afectados por el fuego. Es un ambicioso proyecto que unido al plan de regeneración de la Xunta de Galicia cubre de manera satisfactoria todos los aspectos para hacer frente al futuro y recuperarse lo antes posible de los daños causados.


Señorías, lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir. Catástrofes las hubo, las hay y desgraciadamente las habrá en el futuro. De momento no hay ningún seguro para evitarlas. Lo que sí diferencia a los gobiernos es la capacidad de gestionarlas, de dar respuesta a los problemas planteados, de estar al lado de las víctimas y, por cierto, no utilizarlas en actos políticos en beneficio propio, sin pudor alguno al dolor ajeno. También nos diferencia hacer una política de prevención adecuada en el caso de los incendios forestales que ustedes no han hecho ni a nivel estatal, porque decían que eran competencias autonómicas desviando incluso los fondos europeos a otros fines, ni por supuesto en Galicia, donde se dedicaron a apagar fuegos puntuales cuando podían y a seguir al hombre del tiempo para que fuera la naturaleza la que ayudara a solventar los problemas.


En su etapa de Gobierno en España se quemaron más de un millón de hectáreas y en Galicia, en los quince años de Gobierno del señor Fraga, unas 350.000, es decir, fue un desastre ecológico continuado, pero con una diferencia: ni un solo proyecto de regeneración, ni un solo euro destinado a la prevención, ni un solo euro destinado a Galicia, como queda patente con la situación de nuestros montes, auténticos focos de masa combustible que ha estado sin resolver durante todos estos años, puesto que ni hubo limpieza ni hubo medidas preventivas de ningún tipo.
Nada de nada para Galicia, pese a la magnífica relación del Gobierno Fraga con el Gobierno Aznar, como aseguraban mantener. Por eso el Grupo Socialista muestra su satisfacción porque por primera vez, ante una situación como la vivida, el Gobierno adopta medidas para hacer frente a la situación presente y medidas preventivas mirando al futuro. Hay recursos económicos y coordinación institucional.


Rechazamos la proposición no de ley del Grupo Popular por extemporánea y porque las medidas solicitadas ya están cubiertas por el real decreto-ley y alguna que no lo está, como la declaración de zona catastrófica, como saben, ya no tiene cobertura legal. Lo que hay que hacer, señorías, es un seguimiento riguroso para valorar la eficacia y el cumplimiento de las medidas y en ese tema estaremos todos.


Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marón.


Señorías, vamos a realizar las dos votaciones. En primer lugar, la correspondiente a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso

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relativa a la calidad de vida y a la participación de las personas mayores.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 178; en contra, uno; abstenciones, 133.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Segunda votación. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a las medidas a tomar contra los incendios en Galicia.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 133; en contra, 178; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 173/000149.)

El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre violencia de género.
Para la defensa de la moción interviene, en un turno de siete minutos, la señora García. (Rumores.)

Ruego silencio, por favor.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo para defender la moción objeto de la interpelación urgente realizada al Gobierno la semana pasada y contestada por el ministro Caldera. El motivo de la interpelación, resumiéndolo de forma muy concisa, es la preocupación por la falta... (Continúan los rumores.)

El señor PRESIDENTE: Espere, señora García.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias.


El señor PRESIDENTE: Por favor, no hagan corrillos en las escaleras porque el murmullo es muy fuerte. Gracias.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias.


El motivo de la interpelación, como decía, resumiéndolo de forma concisa, es la preocupación por la falta de desarrollo de muchas o de algunas de las medidas recogidas en la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, en concreto, señorías, aquellas que se refieren a la sensibilización -artículos 3 y 4-, a la prevención -artículos 17 y 18- y a la asistencia social integral -artículo 19-. En la interpelación expuse que las mujeres han de saber que pueden ser ayudadas antes o después de la denuncia, con o sin la denuncia. Argumenté en la interpelación y vuelvo a hacerlo que no ha habido una verdadera apuesta y prioridad por estos aspectos de la ley, los cuales para mi grupo son los más estratégicos y eficaces a medio y largo plazo.
Argumenté y argumento que la muestra de ello, de la falta de importancia que creemos que existe es la ausencia de una coordinación institucional entre todas las administraciones del Estado fundamentalmente para el conocimiento de los procesos que cada Administración realiza, es decir, la información sobre la población que se está atendiendo antes del momento de la denuncia. Solo podemos asegurar que en estos momentos -porque esta es la información que tenemos y el ministro, lamentándolo mucho, no me dio más respuesta, aunque sí dijo que al día siguiente íbamos a tener no solamente mi grupo sino toda esta Cámara un informe más exhaustivo, que también lamento que en estos momentos todavía no tengamos- lo que se está recogiendo es la casuística de las mujeres que han realizado una denuncia. Esto nos parece, cerca ya de cumplirse dos años de la aprobación de la ley, como mínimo preocupante y cuestiona los objetivos de la ley. Me remito a algunas de las respuestas del propio Gobierno, en este caso del ministro Caldera, que no hacen sino precisamente dar más argumentos a nuestra tesis y a nuestra preocupación.
Concretamente, en su exposición dijo: Solo conocíamos el verdadero drama de tres de cada diez mujeres que lo habían denunciado, el 30 por ciento del total de los casos que acabaron en fallecimiento. Esta es la realidad, esto demuestra que no es suficiente, que tenemos que intervenir antes de la denuncia, porque esta es la cifra que se conoce verdaderamente: de una minoría de las mujeres que denuncian se conocía anteriormente su situación.


Hay otro dato que también dio el propio ministro y que me parece realmente importantísimo. Supongo que este dato se ha obtenido teniendo en cuenta solamente la población que ha denunciado, porque no hay más casuística que podamos comprobar estadísticamente. El ministro dijo: El promedio de permanencia en el hogar está en siete años desde la primera agresión.
Señorías, esta es la verdadera preocupación. Estas mujeres, la población que conocemos que ha denunciado, son las que nos están diciendo que, aproximadamente, de promedio -hay quien mucho más, pueden ser diez años, habrá quien esté cinco-, desde el inicio de la violencia ejercida hacia ellas, mantienen esa relación durante siete años. El

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objetivo que creo que tenemos todos los grupos de esta Cámara es que esto se reduzca de manera sustancial, que realmente, con o sin denuncia, las mujeres que sufren violencia puedan ser atendidas de la forma más preventiva posible en un servicio de atención primaria, en un servicio lo más normalizado o especializado posible, y que, por tanto, no lleguen a convivir tantos años con el maltratador. Por todo ello, nosotros hemos presentado una moción, que todos los grupos conocen, que recoge todo lo que argumentamos la semana pasada.


Se han presentado enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que han dado lugar a una transaccional que entregaré a la Presidencia una vez finalizada mi intervención. No se recogen las tres propuestas que realiza Esquerra Republicana, pero no por falta de interés sino por una cuestión de procedimiento, ya que, en definitiva, significaría un cambio de la ley y esto evidentemente no podemos hacerlo. Por lo que se refiere a la última, en la que plantea que se estudien las modificaciones legislativas necesarias para facilitar el acceso a las medidas de protección, nosotros creemos que no hacen falta más cambios legislativos, que con la ley que tenemos en estos momentos podemos garantizar estas medidas de protección; lo que pasa es que quizá haga falta poner en marcha estos circuitos.
Desde mi grupo parlamentario expresamos nuestra satisfacción por esta transaccional, que espero que cuente con el apoyo de todos los grupos, porque sin duda recoge realmente la preocupación de todos ellos y, por tanto, de nuevo existiría un consenso amplio dirigido más hacia los aspectos de prevención y de sensibilización, que creemos que son -como he dicho antes- la estrategia más eficaz a medio y largo plazo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.


Para la defensa de las enmiendas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Bonàs.


La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señor presidente.


Cuando aprobamos en esta Cámara la Ley integral contra la violencia de género el 28 de diciembre de 2004 sabíamos que con ella no íbamos a solucionar un problema ancestral con el que llevamos décadas y que sabemos que costará mucho erradicar, pero, señorías, tenemos que creer que es posible, tenemos que creerlo. La Ley contra la violencia de género preveía una serie de medidas preventivas en ámbitos como el de la educación, el de la publicidad ilícita, ayudas sociales, etcétera, además de las medidas judiciales y policiales. Según palabras de la presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica, lo que se ha detectado desde el observatorio es que hace falta que las administraciones públicas competentes asuman un esfuerzo presupuestario importante para hacer efectivas algunas medidas que contiene la ley y que no se han podido aplicar por falta de presupuesto. Además hará falta, según palabras de dicha presidenta, hacer retoques técnico-jurídicos sin modificar la filosofía de la ley integral para que su aplicación sea mejor. Desde Esquerra Republicana hemos esperado prudentemente a que pasaran un año, dos años para ver cómo se desarrollaba la ley. Sabíamos que dos años eran pocos para que esta ley diera el resultado más esperado, que era que no existieran más mujeres asesinadas y que lográramos erradicar el maltrato.
Sabemos que para conseguirlo hemos de cambiar fundamentalmente los patrones machistas por los que algunos hombres se creen que por el hecho de ser hombres tienen derecho a dominar a las mujeres y a decidir sobre su vida y cuando la mujer quiere escapar de este control es cuando se producen los malos tratos.


Esperamos los informes del Observatorio estatal de la violencia de género y del Observatorio sobre violencia doméstica para sacar conclusiones, pero es evidente, sin necesidad de tener los informes, que la ley no se ha desarrollado. La moción presentada es muy completa y prácticamente no habría que enmendarla excepto en algunos puntos que creemos necesario resaltar. La enmienda número 1, de adición al punto g), se refiere a trabajos cualificados. El objetivo del apoyo a la inserción laboral es que la mujer sea independiente económicamente. No sirven los trabajos precarios con sueldos precarios. Por eso la intención es que la Administración sepa que es más importante que la mujer acceda a una formación cualificada y que algún día pueda ser independiente económicamente. No es la inserción laboral en trabajos precarios y puede ser que no se consiga el objetivo de inserción laboral porque se necesitará más tiempo para su formación.


La segunda enmienda se refiere a la colaboración entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. Creemos más inteligente y más eficaz respetar las iniciativas ya emprendidas por las comunidades autónomas y que no vuelva a suceder lo que sucedió, que el Instituto de la Mujer decidió instaurar números de teléfono de ayuda cuando ya existían en la comunidad autónoma, sin preguntar si ya existían y ni siquiera comunicar a las comunidades autónomas que iba a instalar este servicio. Se crean duplicidades y confusión. En el aspecto presupuestario las comunidades autónomas pueden consensuar la cantidad de presupuesto que se asigna a cada una, pero no pueden diseñar los fondos presupuestarios. Entonces sucede que comunidades autónomas que no tienen necesidad de determinados servicios, como pasó en Andalucía, se ven perjudicadas. Andalucía no necesitaba construir más casas de acogida; tenía otros servicios que no se han visto cumplimentados. Por tanto, es muy importante que desde el Gobierno se entienda que no se trata de repartir fondos, sino de consensuar las políticas conjuntamente.


La tercera enmienda, que es la que no se quiere aceptar, va en el mismo sentido en que la presidenta del Observatorio sobre violencia doméstica dijo que harán

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falta retoques técnico-jurídicos sin modificar la filosofía de la ley integral para que su aplicación fuera mejor. Nos referimos a lo que ha dicho la diputada señora García de que en el caso de que no haya denuncia, una mujer no se puede acoger a las medidas de protección.
Sabemos que las denuncias son solo la punta del iceberg. Hay muchos más casos de violencia doméstica que se quedan escondidos y son los casos en los que fracasamos. Por tanto, no decimos qué modificaciones hay que hacer en la ley, pero sí que será necesario revisarla.


Señorías, vamos a apoyar esta moción. Las enmiendas que no se han aceptado las propondremos en otras iniciativas, pero la prueba del algodón será dentro de poco, en los Presupuestos Generales del Estado. Entonces veremos si realmente al Gobierno le importa el problema de violencia de género o si ya ha asumido su objetivo de lavar su cara, de presentarse como un Gobierno progresista, de viajar por el mundo explicando su ley integral, de conseguir el voto de las mujeres. Señores del Grupo Socialista, señor ministro, la prueba del algodón serán los presupuestos.
Esta ley sin un presupuesto consistente no se va a desarrollar, y el beneficio conseguido de imagen progresista y de imagen feminista se puede dilapidar en pocos meses. Por tanto, vamos a apoyar la enmienda transaccional. Esperamos que el mensaje haya llegado a quien debe de llegar. Tengan en cuenta que hay competencias exclusivas de las comunidades autónomas, y aquí no hablamos del celo competencial, sino de eficacia, de colaboración, de no repetir servicios y de saber qué necesita realmente cada comunidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonàs.


Grupo Socialista del Congreso, señora Monteserín.


La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, una vez más volvemos a tratar en esta Cámara un problema social de enorme trascendencia, como es la violencia de género, esta vez motivado por una iniciativa de la señora García en representación de su grupo y alentada sin duda por la preocupación que produce el número de mujeres asesinadas en los últimos meses, así como por la necesidad de profundizar en el problema y de recabar datos objetivos sobre el mismo.
Vuelvo a señalar y creo que no me equivoco si digo que esta preocupación es compartida por toda la Cámara y que todos los grupos deseamos, trabajamos y queremos contribuir a terminar con esta lacra social, como quedó de manifiesto a lo largo del trámite parlamentario de la ley y en su votación final.


Señorías, hemos hecho una ley que es referente en el mundo, en países del norte y del sur, una ley que cumple con los objetivos y aspiraciones de muchas mujeres que a lo largo de los años han analizado el problema de la violencia de género. Es una ley ambiciosa que implica a todas las instituciones y a la sociedad en la solución del problema de la violencia de género, y una ley compleja que requiere una amplia coordinación administrativa para su eficaz ejecución y mucha voluntad política por parte de todas estas administraciones. Yo añadiría, después de oír a la señora Bonàs: Efectivamente, voluntad política y medios suficientes por parte de todas para ello. Y para tener resultados positivos de este importante instrumento legal, el problema que tenemos es que la ley todavía tiene poco recorrido. Yo entiendo la impaciencia, y la comparto, ante las terribles cifras, pero aún así sigo pensando que la ley necesita tiempo. Dicho esto, creo que la moción que hoy nos ocupa es positiva porque, una vez que el Gobierno ha cumplido los compromisos más importantes en cuanto a la creación de los diferentes instrumentos, como es la Delegación especial del Gobierno y el Observatorio estatal de violencia sobre la mujer, solo falta por desarrollar de los compromisos de la ley el Plan nacional de sensibilización. Ahí está la incidencia de la moción que hoy tratamos y también el compromiso en la interpelación del ministro, que comprometió dicho plan para el próximo mes de noviembre.


El observatorio se constituyó el día 28 de junio y ese mismo día se acordó la creación de tres grupos de trabajo, los cuales tienen que ver con las propuestas de esta moción, fundamentalmente con la elaboración de indicadores normalizados, con el Plan nacional de sensibilización y un grupo de trabajo permanente para analizar la eficacia de las medidas puestas en marcha contra la violencia y el análisis de los obstáculos.
Desde el inicio sabíamos que nos enfrentábamos a un problema complejo, con profundas raíces asentadas en contravalores de dominación del hombre sobre la mujer, que en muchos aspectos requieren años para convertirlos en valores de igualdad y de tolerancia. Y sabíamos, entre otras cosas, que eso significaba que la aprobación de la ley no iba de manera radical e inmediata a terminar con las cifras de mujeres asesinadas. Hoy sabemos que muchas de las mujeres asesinadas desde la entrada en vigor de la ley, casi en torno al 80 por ciento, no habían denunciado a ningún organismo su situación. El Estado no puede proteger lo que desconoce y de ahí la necesidad de impulsar el plan de sensibilización para que llegue al último pueblo y al último rincón, en definitiva, a aquellas mujeres que realmente lo puedan necesitar. Pero, señorías, somos conscientes de que desde la puesta en marcha de la ley hay un incremento de denuncias y este incremento sin duda ha servido también para salvar vidas. Por eso una vez más este debate y esta moción han de servir para decirles a las víctimas de violencia, a esas mujeres que viven en soledad una situación de violencia con sus parejas, que lo comuniquen, que tienen diferentes recursos a su disposición y que denuncien, que el conjunto del Estado las protege y las ayuda, que no están solas, que cuentan con una sociedad que conscientemente ha decidido establecer instrumentos de solidaridad para ellas y sus hijos para que puedan romper esta situación. Señorías, creo que este es el mensaje más importante que podemos dar a las mujeres esta tarde y lo hacemos una vez más trabajando conjuntamente todos los grupos con esta iniciativa de Izquierda

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Unida en una transaccional en que la que creo que recoge las preocupaciones de la inmensa mayoría.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Monte-serín.


Fijación de posiciones. (Pausa.) Grupo Mixto, señora Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.


Intervengo para sumarnos a la iniciativa de la señora García, que creo que agradecemos todos. Dijimos en más de una ocasión tanto en la tramitación de la ley como en iniciativas posteriores que esta, sin duda, es una norma que va a necesitar de mucha ayuda, también legislativa. No necesariamente reforma legislativa -aquí quizá no estemos de acuerdo-, pero, en cualquier caso, también una iniciativa legislativa de estas características para poder ayudar en la andadura de una ley que necesita todavía adecuarse, adaptarse a las necesidades de la sociedad.


Saludamos la iniciativa y la vamos a votar a favor. La transaccional mejora en algunos aspectos, sobre todo en lo que se refiere a la coordinación entre comunidades autónomas y administraciones locales, no tanto -y aquí coincidimos con la señora Bonàs- como hubiera sido nuestro deseo ver reflejado por alguna de las enmiendas, pero, en cualquier caso, saludamos la iniciativa, entendemos que es absolutamente necesaria, que es un trabajo que debe animarnos a todos los grupos en esta Cámara y, por lo tanto, votaremos hoy, muy gratamente además, a favor de la moción de Izquierda Unida.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, cuando hace casi dos años aprobamos la Ley Orgánica 1/2004, el 28 de diciembre exactamente, éramos perfectamente conscientes de que eso no significaba que se iba a resolver el problema de la violencia de género y mucho menos que iba a evitar que siguiera habiendo mujeres asesinadas por sus parejas. Eso lo teníamos claro, así como que el desarrollo de esta ley era complejo, tenía sus dificultades partiendo ya de la base de la cuestión presupuestaria, pero sobre todo porque coincidimos con algo que dijo el ministro Caldera en la respuesta a la interpelación en el sentido de que hay que superar la idea de la desigualdad como algo natural y eso lleva mucho tiempo. Para que surta los efectos deseados para que, efectivamente, esa desigualdad se considere natural es imprescindible que la ley se desarrolle y que, sobre todo, desde los poderes públicos se haga el máximo esfuerzo para que se lleven adelante todas las medidas que en la misma se contemplan y que tienen que desarrollarse tanto por el Gobierno central como por las comunidades autónomas y también por las corporaciones municipales.


Vamos a apoyar la proposición no de ley que va a salir adelante no solamente con la propuesta que hace la señora García, sino, por lo que tengo entendido, con los apoyos de las otras enmiendas presentadas. Lo hacemos porque es necesario que esta Cámara inste al Gobierno para que no pierda de vista -por decirlo de alguna manera- las prisas para desarrollar la ley. Va a ser necesario que periódicamente y de manera continuada presentemos iniciativas de estas características porque es necesario instar tanto al Gobierno central como a los autonómicos a llevar la ley a cabo. Es verdad que hay cuestiones que necesitan su tiempo para que se puedan superar como es la concepción cultural de la desigualdad, pero también es verdad que hay una lentitud, desde mi punto de vista extrema, en crear las condiciones que emanan de la propia ley para que eso pueda ser posible. Me refiero, por ejemplo, al Observatorio estatal de la violencia sobre la mujer al que le corresponde una serie de atribuciones por ley, que evidentemente si no está montado no puede llevar a cabo sus funciones. Lo digo porque, después de haberse aprobado la ley el 28 de diciembre de 2004, el observatorio estatal se constituye el 29 de junio de 2006. Pensamos que realmente ha habido un retraso, entre otras cosas, porque lo que se pide en la moción que vamos a aprobar -estoy convencida de que la vamos a aprobar- es que se cree el banco estadístico sobre los distintos factores, que haya un estudio sobre las causas de la violencia, etcétera, y si el observatorio no está creado, no es posible hacerlo. De ahí que apoyemos de manera entusiasta, por decirlo de alguna manera, la iniciativa de la señora García y la propuesta que se hace en la moción.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.


Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Todas las fuerzas políticas de la Cámara éramos conscientes cuando el año 2004 aprobábamos aquí, con el gran calor de la Cámara, la Ley Orgánica 1/2004 para luchar contra la violencia de género. También éramos conscientes de que toda ley que se dirige a regular o a coaccionar jurídica y democráticamente la violencia generada por las pasiones humanas, por el odio, el amor, la revancha, el resentimiento o lo que se genera en la relación de dos personas, hombre y mujer, requiere un tiempo de experiencia. Afortunadamente, con esta iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds hemos llegado a la situación de hacer una reflexión sobre aquellas medidas de prevención, como acertadamente ha señalado la portavoz. Si estamos legislando sobre comportamientos humanos muy individualizados, pero que están produciendo esa cantidad inadmisible de víctimas, de mujeres que son objeto de esta violencia doméstica, con causa de muerte, es necesario reflexionar sobre qué medidas, que complementen los principios jurídicos que

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habíamos asentado democráticamente con la ley orgánica del año 2004, hay que establecer para dar un paso adelante más para corregir todas aquellas fisuras en este comportamiento de las pasiones humanas, sobre todo en las que el efecto disuasorio se ve a veces tan controvertido o limitado que el propio agente causante de los malos tratos sale del drama con su propio suicidio. Es decir, cuando el delincuente, cuando el agresor está dispuesto a prescindir de su propia vida, aplicándose una especie de pena de muerte como salida al drama que ha producido, tenemos que tener todas las prevenciones jurídicas que se dan aquí -nosotros queremos resaltarlo-, en esta enmienda transaccional, con la prevención. Por tanto, vamos a concentrar una serie de esfuerzos sociales, policiales, jurídicos y administrativos fundamentalmente en la prevención, porque todos democráticamente creemos -mi grupo parlamentario lo entiende así- que hay que seguir dando pasos hacia delante, porque tenemos que tener una convicción fuertemente asentada en el principio de justicia social y de igualdad de todas las personas que contribuyen a la convivencia humana para luchar contra la violencia de género y periódicamente debemos reunirnos para tomar aquellas medidas que vayan complementando, como en una escalera jurídica y de conciencia social que toma la razón en lo que está ocurriendo, la lucha contra los defectos que el propio sistema puede introducir. Mi grupo se sentiría muy cómodo, como lo ha anunciado también la portavoz de Izquierda Unida, al aceptar la enmienda transaccional, porque en su punto tercero establece un núcleo de prevención, para que insistamos precisamente en motivar también, a la persona que es objeto de esta violencia de género, su sentido de corresponsabilidad, porque no vale un sentimentalismo de falsos entendimientos o de perdón previo cuando va a perder la propia vida o su propia integridad como persona. De aquí que también haya un compromiso de todas las administraciones públicas, porque no solamente tenemos que implicarnos aquí, en el Parlamento, también es necesaria, como se señala en el punto primero, una implicación, no solo de los ayuntamientos, de los municipios, sino también de las comunidades autónomas, para que cada uno aporte -junto a las actuaciones policiales, a las actuaciones de la judicatura, del principio de jurisdicción- todas las medidas de prevención y todas las actuaciones convergentes en este sitio vayan al unísono. Por tanto, nuestro grupo se sentiría cómodo al poder votar, como así lo deseamos y lo manifestamos, esta enmienda transaccional a la iniciativa que acertadamente y con sensibilidad -a la que nos sumamos- ha presentado Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Señor presidente, votaremos favorablemente esta enmienda.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Mi grupo también se suma al consenso que la moción objeto de afectación de enmiendas va a tener, como se deduce de las intervenciones de los distintos diputados y diputadas. Habrá que felicitar al grupo proponente por la inquietud que manifiesta al haber traído a la Cámara esta cuestión, así como por el sentimiento de impotencia que le alienta, puesto que todos conocemos que el número de muertas por violencia de género no disminuye. Ella ha aludido a la preocupación por la falta de desarrollos de la ley. Eso está bien, pero no entendemos, aunque votemos favorablemente, por qué los desarrollos de la ley tienen que efectuarse a través de planes nacionales. Sé que el artículo 3 de la propia ley habla de planes nacionales, pero cuando se debatió este precepto se nos dijo que estábamos hablando de planes nacionales de prevención y de sensibilización en aquellas materias que eran competencia del Estado.
Respecto de otras cuestiones que no lo fueran, se nos añadió a quienes desde formaciones nacionalistas pedíamos respetos competenciales el punto 2, donde se habla de los poderes públicos, en el marco de sus respetivas competencias. Hay poderes públicos, señorías, que en el marco de sus respectivas competencias tienen ya trabajos adelantados y están realizando lo que se pretende desarrollar ahora con esta iniciativa. Me referiré en concreto al caso vasco, que es el que conozco más de cerca.
No dentro de la Ley de Violencia de Género, sino anclándolo en la Ley para la igualdad de hombres y de mujeres, que ojalá cuanto antes venga a esta Cámara y que en el ámbito vasco saben ustedes que ya existe, se ha aprobado el IV Plan -cuarto ya- de igualdad entre hombres y mujeres, que además de tener un carácter preventivo de la violencia sexista, pretende atajar los capítulos referidos a la educación, a los medios de comunicación o al trabajo. La Ley para la igualdad de mujeres y hombres le dedica además una parte importante de su texto, aunque yo ya desde ahora, señorías, les indico que el mayor factor de lucha y de prevención de la violencia sexista es la existencia de un texto que propicie la igualdad entre hombres y mujeres. Se desarrollan en este plan de igualdad dos secciones en las que se especifican las maneras de intervención en áreas concretas y también se pretende establecer pautas para conocer los porqués y las consecuencias de la violencia, lo que podría encajar con el punto cuarto, lo que va a ser objeto de aprobación en esta moción hoy traída a debate.


El plan de igualdad es muy extenso, pero me gustaría hacer algún pormenor en cuanto a qué se pretende dentro de las áreas concretas que se desarrollan en él. Por ejemplo, en el área de cultura, la intervención que se va a realizar en este momento va dirigida a efectuar de forma prioritaria y estratégica una labor en los medios de comunicación. En el área de educación se pretende educar a los chicos y a las chicas en la necesidad de crear un clima relacional basado en la igualdad y en la resolución de conflictos dialogado y no violento. También se quiere atender al ámbito asistencial, puesto que es conocido que

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las situaciones de maltrato doméstico afectan a los chicos y a las chicas y un profesorado bien adiestrado puede detectar de manera rápida que se está produciendo en sus alumnos una situación de este estilo. En el área de trabajo, como no se les escapará a ustedes, se va a prestar especial dedicación a la elaboración y aplicación de protocolos de prevención y tratamiento del acoso sexista como forma de fomentar las denuncias y de visibilizar su incidencia. En el área de inclusión social se considera estratégico incrementar la detección precoz del ciclo de la violencia y, concretamente, detectar de forma temprana el ciclo de la violencia doméstica para paliar el desarrollo de sus fases posteriores. En el área de salud, además de propiciar atención coordinada y eficaz a las mujeres víctimas del maltrato, se pretende adelantar la protección y, en la atención primaria, tener especial cuidado por aquellos síntomas que puedan ir evidenciando que se está padeciendo una situación de esta índole mediante la actualización de las historias clínicas y de los protocolos. En el área de urbanismo, medio ambiente y transporte se pretende tener en cuenta que el diseño urbano es un factor que condiciona la seguridad de las personas y, en particular, de las mujeres en un doble sentido. Es necesario identificar lugares que creen inseguridad. No se olvida tampoco en la atención prioritaria que debe darse a cualquier persona que sufra maltrato, que además de los centros de acogida, cuando sale de estos necesita disponer de una vivienda adecuada para poder seguir viviendo. Señorías, así se va desgranando un catálogo de recomendación de acciones que se ha trasladado, está aprobado y será puesto en práctica por todas las administraciones vascas. Nosotros votaremos a favor lo que nos traen hoy, ya lo he indicado, pero les remito en cuanto a muchos de sus contenidos a lo que el IV Plan de igualdad en Euskadi establece y que, si ustedes quieren, pueden copiar.


No me resisto a volver a insistir en que el paso más importante que se puede dar en materia de prevención es el de la aprobación de la Ley de igualdad. Por tanto, insto a toda la Cámara, pero sobre todo al grupo mayoritario a que cuanto antes empecemos a tramitar este texto para que llegue a los boletines y sea derecho vigente en un momento inmediato.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Desde Convergència i Unió asistimos con interés la semana pasada a la interpelación que la señora García formuló al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, para ver si de la misma podían surgir propuestas eficaces, incluso novedosas, en el ámbito de la sensibilización y prevención de la violencia de género, porque quizás -y en esto coincidimos plenamente con la señora García- son ámbitos que no se han focalizado bastante y a los que no se ha dado suficiente importancia, pero son a nuestro entender capitales en la lucha contra esta lacra social, porque, tal como hemos manifestado en múltiples ocasiones, el remedio penal va a llegar siempre tarde, porque significará que ya se ha producido la conducta, la agresión en este caso, que tratábamos de evitar. El ámbito de la prevención es singularmente importante si tenemos en cuenta la especial relación que se da en estos delitos entre el agresor y la víctima, y tiene que significar que la víctima ha de poder escoger de entre las múltiples posibilidades que las administraciones le han de ofrecer las vías más adecuadas a su caso concreto para salir de la situación de violencia a la que está sometida, así como el apoyo profesional necesario para su recuperación física, evidentemente, pero también para su reconstrucción psíquica y para la afirmación de su autonomía personal, que será en definitiva la mejor vía de solución para su seguridad y la de sus hijos, porque todos hemos de ser conscientes de que, aún con la mejor voluntad, el Estado no nos va a salvar de todo.


Desde esta coincidencia con la finalidad que persigue la moción, vamos a apoyarla. Sin embargo, al tiempo que anuncio nuestro voto positivo, quiero ser sincera y manifestar que, desde nuestro punto de vista, el señor ministro no dio respuestas concretas a las cuestiones planteadas por la señora García; respondió con cuestiones filosóficas acerca de la etiología de la violencia -cuestiones que evidentemente compartimos-, pero tuvimos la sensación de que la Ley integral no se ha desplegado suficientemente en la materia que nos ocupa y que, precisamente por eso -usted lo subrayó al contestar al señor ministro- no había respuestas concretas. Pensamos también que en alguna medida desde el Gobierno se está esperando a la aprobación del plan de prevención y sensibilización para implementar las políticas en este sentido. En síntesis, la ley prevé las medidas, pero en los casi dos años que lleva en vigor no ha tenido una ejecución suficiente en materia de prevención y sensibilización.


Por lo que se refiere al contenido concreto de la moción, lo cierto es que a nuestro entender no contiene ninguna novedad respecto a lo estipulado en la Ley integral. Quizás la novedad radique precisamente en el mensaje que esperamos va a salir de esta Cámara sobre la urgencia de implementar sin dilación todas las medidas que se contemplen en la misma.


Quisiera hacer unos breves comentarios al contenido concreto de la moción.
En cuanto a los puntos que se refieren al Plan nacional de prevención y sensibilización, comprenderá que desde un grupo nacionalista, como Convergència i Unió, no es lo que más nos puede gustar el impulsar un plan estatal de actuaciones en materia de prevención y sensibilización.
Unas materias en las que a tenor de lo dispuesto en el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, que es una ley orgánica de fecha posterior a la Ley de Violencia de Género, la Generalitat de Catalunya, de cuyo Gobierno su partido forma parte, tiene la competencia exclusiva, lo cual quiere decir que tiene de forma íntegra la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y

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la función ejecutiva, de acuerdo con los artículos 110 y 153 del vigente Estatut de Cataluña. Por ello, nos hubiera agradado que se hubiera aceptado la enmienda de Esquerra Republicana en su tenor literal porque la misma recuerda las competencias autonómicas en esta materia.


Entendemos que en el ámbito de sus competencias se podía haber aprovechado el texto de la moción para acotar un plazo en el que el Gobierno debiera presentar el plan de prevención. Fíjese que en el artículo 3 de la ley se dice de manera textual que el plan se pondría en marcha de manera inmediata a su entrada en vigor, que vuelvo a recordar pronto cumplirá dos años. Además, el propio ministro fue más concreto que lo que se refleja en la moción, ya que al responder a su interpelación -y seguramente consciente del retraso que lleva el plan- dijo que el Gobierno lo aprobaría seguramente en el mes de noviembre. En la moción, por el contrario, en lugar de concretar un plazo se vuelve a abrir. Yo quisiera entender que el término que se refleja en la moción, y que dice lo antes posible, se refiere, en todo caso, a antes del plazo que señaló el señor ministro del mes de noviembre.


Por último, quiero decir que estamos totalmente de acuerdo con lo relativo a la publicidad porque todo lo que se haga en este aspecto nos parecerá poco. Basta verla para constatar que se siguen una y otra vez reiterando roles y estereotipos que reflejan una situación de la mujer incluso peor y más discriminatoria de lo que es en la realidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pigem.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Camarero.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señor presidente.


Quiero empezar destacando el talante del ministro Caldera que solo ha permanecido en este importante debate para escuchar las alabanzas de su grupo y no le interesa en absoluto oír lo que desde la oposición le tenemos que decir. Este es su compromiso contra la violencia.
(Aplausos.)

Quisiera destacar nuestro apoyo, como siempre hemos hecho, a cualquier iniciativa que incida en la lucha contra la violencia de género, venga de donde venga y la promueva quien la promueva. Este espíritu de consenso que siempre hemos tenido en la lucha contra esta lacra social nos anima a apoyar la moción de Izquierda Unida y la transaccional acordada por todos los grupos. Además, creemos que el texto mejorará el desarrollo de la Ley integral y corregirá alguna de las lagunas de la misma. Compartimos con la señora García la necesidad de la puesta en marcha del Plan nacional de prevención y sensibilización, plan imprescindible para poder desarrollar los aspectos preventivos de la ley y que la desidia de este Gobierno a la hora de desarrollar la misma le ha impedido ver la luz. Ahora el ministro lo retrasa hasta el mes de noviembre. Desde el Grupo Parlamentario Popular le pediríamos que lo pusiera en marcha de inmediato y nos gustaría que este plazo se fijase en la moción, como acaba de manifestar la señora Pigem.


También echamos en falta campañas de prevención, de información y de sensibilización dirigidas a mujeres, a hijos y a toda la sociedad porque al final tienen que ser, están teniendo que ser las comunidades autónomas con su esfuerzo y buen hacer, en prevención y en asistencia a las víctimas, las que suplen los vacíos del Gobierno. Por eso me parece del todo adecuado que los planes se realicen de forma concertada con la Administración autonómica y con la Administración local, dándoles el máximo de participación y decisión. Señorías, la semana pasada el ministro dijo -tuvimos que oírle decir- que los instrumentos que existen, pocos o muchos, se han empezado a poner en marcha esta legislatura. Ante esto no me queda más remedio que recordar al ministro -que hoy no me quiere escuchar- la orden de protección, la orden de alejamiento, la renta activa de inserción, los planes contra la violencia, una ardua labor de nuestras compañeras, del Gobierno y de toda la sociedad que no podemos despreciar. Es mala señal que el ministro se tenga que apropiar del trabajo y el esfuerzo de otros. Y cómo no, compartimos con la señora García que a las mujeres hay que trasladarles un mensaje de esperanza, explicando los recursos o instrumentos que tienen a su disposición, animándolas a denunciar, a sacar a la luz su pesadilla y a acudir a los profesionales, poniendo todos los recursos disponibles a su alcance. Pero creo que este ánimo es perfectamente compatible con exigir al Gobierno el impulso de las medidas que recoge la ley y destacar los defectos de la misma tanto en el ámbito de la prevención, como mantiene la señora García, como en otros, como la saturación de los juzgados, la falta de medios humanos en seguridad y otros muchos que darían lugar a otras tantas interpelaciones, porque sin duda la resignación del Gobierno es el peor mensaje que se puede transmitir a las víctimas.


No podemos olvidar las cifras, los datos de mujeres asesinadas por sus parejas, porque, por desgracia, ante la falta de otras estadísticas, como denunciaba la señora García, se convierten en el reflejo más fiel de que algo está fallando, de que no podemos estar satisfechos, que hay que seguir trabajando, que esta lucha debe seguir siendo prioritaria en nuestras agendas. Y no solamente lo decimos nosotros, lo dicen también en sus informes Amnistía Internacional, el Consejo General del Poder Judicial, la Comisión de Violencia de Jueces para la Democracia o las propias asociaciones de mujeres, que piden nuevos compromisos al Gobierno, o ayer mismo el fiscal general del Estado, que lo tuvo que destacar en su informe de inicio del curso judicial. Por ello no podemos entender que ante el trágico verano que hemos pasado, con un goteo dramático de muertes durante todo el mes de agosto, nueve según las cifras del Instituto de la Mujer, y estando hoy en cifras que rondan el total de mujeres asesinadas el pasado año, ante esta preocupante situación, el ministro no haya salido para explicarnos qué está pasando, qué medidas se han puesto en marcha o qué medidas se van a implementar para paliar esta

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tragedia. Esperábamos sin duda más sensibilidad y más responsabilidad por su parte, y en la primera oportunidad que tiene, tras disfrutar de sus seguro que merecidas vacaciones como si nada pasase, de venir a dar explicaciones gracias a la interpelación de Izquierda Unida, el señor Caldera se limita a gastar su tiempo recurriendo a lugares comunes, a tópicos, a frases huecas de contenido, sin aportarnos un solo dato y sin asumir ni pizca de responsabilidad ante la situación actual. Yo no sé si el resto de los grupos se sintieron satisfechos con la respuesta del ministro, pero a mí me pareció una falta de consideración hacia la interpelante y una tomadura de pelo hacia la Cámara. Por eso, señora García, yo sí considero que el ministro Caldera debe dimitir, no solo porque se ha demostrado que su gestión en la crisis de la inmigración ha sido nefasta sino también porque ha demostrado su ineficacia, ineptitud e incompetencia en su política de lucha contra la violencia de género.
Desde el Grupo Popular le dimos nuestro voto de confianza al apoyarle en esta ley, y el señor Caldera ha defraudado no solo nuestra confianza sino también la de las mujeres víctimas de violencia, que no se merecen este ministro.


Sin duda, las cifras nos obligan a replantear la situación, a buscar soluciones nuevas y sobre todo a desarrollar adecuadamente las que contiene la ley, porque tiene una parte preventiva fundamental, como mantiene la señora García, que requiere mayor esfuerzo y mayor presupuesto; porque el compromiso con la igualdad no se cumple con la aprobación de una ley, se cumple trabajando diariamente, con esfuerzo, con eficacia y eficiencia; se logra manteniendo esta lucha como prioridad en la agenda del Gobierno; se consigue evitando la autocomplacencia, asumiendo responsabilidades y trabajando sin descanso y, si es necesario, sin vacaciones por tantas y tantas mujeres maltratadas que nos necesitan.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Camarero.


Efectivamente, confirmo que hay una enmienda transaccional al texto que será sometida a votación ulteriormente.


-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD DE LOS ATENTADOS DEL 11-M. (Número de expediente 173/000150.)

El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre el esclarecimiento de la verdad de los atentados del 11-M. Para la defensa de la moción, por un turno de siete minutos, tiene la palabra la señora Castro.


La señora CASTRO MASAVEU: Gracias, señor presidente.


Señorías, la moción que hoy presenta el Grupo Parlamentario Popular tiene como finalidad solicitar al Gobierno información sobre una serie de extremos que consideramos imprescindibles para el esclarecimiento de los atentados del 11 de marzo, extremos que el ministro del Interior negó sistemáticamente al portavoz de mi grupo parlamentario, señor Zaplana, el pasado miércoles en la interpelación de la que es consecuencia esta moción. Hoy tienen, señorías, una nueva oportunidad votando afirmativamente el texto de nuestra moción. Si de nuevo pretendiesen negarnos el derecho que tenemos a la información, tendrán que exponer muy detalladamente las poderosas razones que les llevan a tan sospechosa negativa. Porque si no lo explican convincentemente confirmarán, una vez más, que su antigua apelación a la verdad no era más que un reclamo electoral. En cualquier caso, les ruego que antes reflexionen y piensen en las 192 víctimas y los más de 1.700 heridos que perdieron sus vidas en los atentados del 11 de marzo. Les deben ustedes a ellos esos momentos de reflexión. Y se lo deben también a sus familias, como se lo deben a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que en su inmensa mayoría realizan una obstinada y sacrificada labor en pro de la seguridad. Su trayectoria, la de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, no se puede ver empañada por la conducta del Gobierno socialista. La bochornosa intervención del señor ministro del Interior la pasada semana burlándose de todos aquellos que osamos pedir que se investigue, no dando respuesta a los interrogantes que se le plantearon, que fueron muchos, permitiéndose además formular juicios de intenciones, que los formuló, preocupa e inquieta a los ciudadanos de bien porque con esa actitud vemos claramente que no se corresponde ni con el Estado de derecho ni con la Constitución ni con la democracia en la que ejerce su cargo el señor ministro, que le obligan a él y a todo el Gobierno en su conjunto a cooperar con la justicia en el esclarecimiento de lo ocurrido en el atentado más terrible que ha sufrido no solamente la democracia española sino toda Europa.


El Gobierno, señorías, es responsable de informes falsos, de ocultación de pruebas y de todo tipo de obstáculos a la actuación judicial. (Rumores y protestas.-Aplausos.) Estos hechos que están recogidos en el sumario y que probablemente son una de las causas que impiden que dos años y medio después no sepamos aún quien atentó contra nuestra ciudad. (Rumores.) Señorías, ustedes se ponen muy nerviosos, y yo lo comprendo (Continúan los rumores.), porque todavía hoy, señorías, en un medio de comunicación de esos que a ustedes no les gustan porque ejercen en libertad su trabajo (Protestas.), en ese medio de comunicación se dice que en un zulo cercano a unos escasos metros de la vivienda donde habitaba Jamal Ahmidan, alias el Chino, en la casa de Morata de Tajuña, ese zulo, en el que supuestamente se guardaron los explosivos que se utilizaron en los trenes, fue calcinado y carbonizado para que no quedase ningún resto de explosivos. (Protestas.) Y, curiosamente, fue quemado ese zulo en el mes de julio, precisamente cuando el mismo medio de comunicación estaba investigando y demostrando que no sabemos qué explotó en los trenes el 11 de marzo. Y no pongan cara extraña

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porque esto es así. (Aplausos.) Curiosamente, también en esa casa de Morata de Tajuña ustedes no están interesados en investigar las cuatro personas o más, pero en principio pudieran ser cuatro, que pasaron los primeros días del mes de marzo allí alojadas y cuyas huellas tiene la policía, pero a ustedes no les interesa investigar quiénes estuvieron allí en aquellas fechas. Y llama poderosamente la atención que el pasado miércoles el señor Pérez Rubalcaba haya demostrado que ni siquiera sabe que fueron 192 las víctimas que fallecieron y no 191 y que hubo más de 1.700 heridos y no 1.500, cifras que se empeñó en repetir en varias ocasiones en esta tribuna.


Si todo esto es grave y preocupante, señorías, que lo es, mucho más inquieta el hecho de que el señor ministro, en vez de actuar responsablemente dando respuesta a los interrogantes que aquí le presentamos, haya basado toda su intervención en la teoría de la conspiración, ese rancio y anticuado recurso que ya utilizaba en la época de los GAL, de Filesa y de tantos y tantos casos de corrupción como tuvimos que sufrir los españoles por culpa de gobiernos socialistas.
(Aplausos.) ¡Qué paradoja, señorías, que el señor Pérez Rubalcaba, en lugar de dar respuesta a los interrogantes que aquí se le plantearon, se haya dedicado a criticar a la oposición! Qué paradoja. Aunque quizá me equivoque y no sea una paradoja y lo que esté haciendo el ministro sea una huida hacia delante o probablemente una escapatoria. La incapacidad manifiesta de no haber podido refutar ni uno solo de los argumentos que el señor Zaplana le expuso en esta tribuna le ha dejado en evidencia.
(Rumores.) Y lo que aún alarma más es que el señor ministro ha dejado patente con su silencio la responsabilidad directa en la debilidad de la instrucción del sumario, en el que textualmente se reconoce que no se ha logrado saber qué tipo de explosivos se colocaron en los trenes, qué personas los colocaron, cuándo lo hicieron y cómo los trasportaron.
Mientras tanto, el Gobierno se empeña en dar credibilidad y validez a hechos que han quedado invalidados en el sumario como son la mochila de Vallecas, la furgoneta Renault Kangoo o el Skoda Fabia, que, curiosamente, son precisamente los tres fundamentos en los que ustedes se basan para decir que fueron los islamistas, y no otros, los que cometieron los atentados. Además intentan hacer creer que el informe que relaciona a la banda terrorista ETA con el 11 de marzo no existe, sin explicar por qué lo que un día existió, ahora no existe o ha desaparecido. (Protestas.) Ustedes hicieron del día de reflexión bandera de la verdad y pronto se olvidaron de él para ocultarnos esa verdad.
Tengo que decirles que imputar falsas acusaciones al Partido Popular y a algunos medios de comunicación que se empeñan en ejercer su trabajo con libertad ya no les va a servir porque la gente ya se ha cansado. Yo sinceramente les voy a recomendar que no estén tan preocupados por nosotros, que no pierdan el tiempo inventando teorías que solo pueden creer mentes retorcidas, y no lo hagan porque el único interés que mueve al Partido Popular es ver a los culpables en las cárceles, pagando sus condenas por los terribles y horribles asesinatos que han cometido.
Olvídense de conspiraciones y, si lo logran, pídanles al señor Rodríguez Zapatero y al ministro Alonso que digan lo que hace casi dos años han afirmado sobre que sabían quién había sido y que todavía no han tenido la valentía de desvelar.


Señor presidente, finalizo diciendo que el ministro del Interior tiene que comparecer ante esta Cámara y tiene que comparecer ante la opinión pública diciendo todo lo que sabe y nos niega amparándose en no sé qué tarmas folletinescas a las que siempre alude y que a nadie ya interesan, porque de lo contrario, si no lo hace, su actuación podría estar traspasando los límites del Estado de derecho. Además, sepan también que si no nos muestran la verdad el Gobierno y el Grupo Socialista que le apoya, no les quepa la menor duda de que otros, mal que les pese, lo harán por ustedes.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Castro.


Grupos parlamentarios. En primer lugar, señora Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.


Intervengo para la defensa de la enmienda de sustitución que el resto de los grupos de la Cámara hemos presentado a la moción que nos plantea hoy el Grupo Parlamentario Popular y que se resume prácticamente en la confianza en el funcionamiento de las instituciones concernidas en la investigación y el enjuiciamiento de los hechos del 11 de marzo y en la reiteración de las conclusiones de la Comisión de investigación sobre los atentados del 11 de marzo. Presentamos una enmienda de sustitución con el deseo de que no seamos hoy el resto de los grupos de la Cámara, sino todos los grupos de la Cámara, los que reiteremos esta confianza. Hoy sería, señores del Partido Popular, un buen día.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


En la misma línea de explicación que ha dado la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria ha presentado la enmienda de sustitución con el siguiente texto: Primero, el Congreso de los Diputados manifiesta su pleno apoyo a las instituciones del Estado de derecho en relación con los atentados del 11 de marzo de 2004 y su total confianza en las investigaciones que están llevando a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Segundo, su respaldo y respeto a la labor independiente de instrucción, investigación y enjuiciamiento que desarrollan la fiscalía y los jueces y tribunales, desde la convicción de que en nuestro Estado de derecho son estas instituciones las que tienen que esclarecer la verdad material y penal de los atentados del 11 de marzo. Tercero, su reiteración de las conclusiones de la

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Comisión de investigación sobre los atentados del 11 de marzo aprobadas por el Congreso de los Diputados para mejorar la atención a las víctimas, prevenir nuevos atentados e incrementar las condiciones de seguridad.


Esta, señor presidente, es nuestra enmienda de sustitución.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Izquierda Unida, señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Señorías, hoy, como hace dos años y medio, todos los grupos parlamentarios salvo el Grupo Parlamentario Popular manifestamos el pleno apoyo a las instituciones del Estado de derecho en relación con los atentados del 11 de marzo de 2004 y la total confianza en las investigaciones que están llevando a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque, señorías, ni la línea de investigación ni las hipótesis ni las pruebas las dirige un Gobierno democrático. Asimismo, expresamos el respaldo y el respeto a la labor independiente de la instrucción, investigación y enjuiciamiento que desarrollan la fiscalía, los jueces y los tribunales, desde la convicción de que en nuestro Estado de derecho son estas instituciones las que tienen que esclarecer la verdad material y penal de los atentados del 11 de marzo y que, por tanto, el Parlamento no puede ni debe controlar al Poder Judicial en su jurisdicción en un sistema democrático.Finalmente, los grupos parlamentarios nos remitimos a las conclusiones de la Comisión de investigación sobre los atentados del 11 de marzo aprobadas por el Congreso de los Diputados, en muchos casos por unanimidad, para mejorar la atención a las víctimas, prevenir nuevos atentados e incrementar las condiciones de seguridad, porque esta sí es la función de control y la función legislativa de un Parlamento democrático. ¡Qué tiempos, señorías, en que es necesario luchar por lo evidente! (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Grupo Vasco, señor Olabarría, por favor.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


En los mismos términos expresados por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, salvo el primero, manifiesto el apoyo de nuestro grupo, consignado en la enmienda de sustitución, a la labor y el funcionamiento de las instituciones democráticas, el funcionamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la actuación de los estamentos judiciales, tanto en la fase sumarial como en la fase plenaria del juicio, cualquiera que sea la verdad material a la que conduzcan, y sobre todo nuestro compromiso con un acto propio de este diputado, del grupo que represento y de la mayoría de esta Cámara: las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de investigación. Señor presidente, hay una teoría en el derecho luenga y no discutible, que es la imposibilidad de actuar contra actos propios. Nosotros no vamos a convalidar ningún tipo de actuación contra actos propios ya convalidados y protocolizados formalmente por esta Cámara como son las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de investigación. Desde esa perspectiva, damos nuestro apoyo a esta Comisión que sucintamente mi grupo ha explicado.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Esquerra Republicana, señor Puig.


El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.


Como dijo Pilar Manjón, verdad, justicia y reparación moral. Y añadimos: porque queremos un mundo libre, sin peajes ni hipotecas, aceptamos esta enmienda de sustitución que dice: El pleno apoyo a las instituciones del Estado de derecho, el respaldo y respeto a la labor independiente de instrucción, investigación y enjuiciamiento que desarrollan la fiscalía y los jueces y la reiteración de las conclusiones de la Comisión de investigación sobre los atentados del 11 de marzo aprobadas por el Congreso de los Diputados (Rumores.) para mejorar la atención a las víctimas, prevenir nuevos atentados e incrementar las condiciones de seguridad.


Señor Zaplana, señor Acebes, señor Aznar, escuchen. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Convergència i Unió, señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo parlamentario, desde la absoluta posición de respeto institucional, de respeto a las víctimas, de respeto al proceso judicial abierto y que se está produciendo en estos momentos, quiere que en el "Diario de Sesiones" de este debate conste una enmienda de sustitución que tiene esa vocación de respeto institucional, una enmienda que textualmente afirma lo siguiente: El Congreso manifiesta su pleno apoyo a las instituciones del Estado de derecho en relación con los atentados del 11 de marzo de 2004 y su total confianza en las investigaciones que están llevando a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; su respaldo y respeto a la labor independiente de instrucción, investigación y enjuiciamiento que desarrollan la fiscalía y los jueces y tribunales, desde la convicción de que en nuestro Estado de derecho son estas instituciones las que tienen que esclarecer la verdad material y penal de los atentados del 11 de marzo. Finalmente, reiteramos también las conclusiones que se aprobaron por el Pleno de esta Cámara, algunas por unanimidad, tras la Comisión de investigación. Mi grupo parlamentario, señor presidente, señorías, siempre ha sido partidario de que cuando está

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abierta una causa judicial, cuando está abierto un proceso judicial, no se interfiera una investigación parlamentaria. También en coherencia con este principio que ha defendido siempre nuestro grupo parlamentario, hoy queremos que conste esta enmienda de sustitución como posición de Convergència i Unió ante este debate. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Grupo Socialista. Señor Hernando, por favor.


El señor HERNANDO VERA: Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Socialista, como el resto de grupos de la Cámara a excepción del Grupo Parlamentario Popular, manifiesta su pleno apoyo a las instituciones del Estado de derecho en relación con los atentados del 11 de marzo de 2004 y su total confianza en las investigaciones que están llevando a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (Rumores.) El Grupo Parlamentario Socialista, como el resto de grupos de la Cámara a excepción del Grupo Parlamentario Popular, manifiesta su respaldo y respeto a la labor independiente de instrucción, investigación y enjuiciamiento que desarrollan la fiscalía y los jueces y tribunales, desde la convicción de que en nuestro Estado de derecho son estas instituciones las que tienen que esclarecer la verdad material y penal de los atentados del 11 de marzo. El Grupo Parlamentario Socialista, como el resto de grupos de la Cámara a excepción del Grupo Parlamentario Popular (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.), manifiesta su reiteración de las conclusiones de la Comisión de investigación sobre los atentados del 11 de marzo aprobadas por el Congreso de los Diputados para mejorar la atención a las víctimas, prevenir nuevos atentados e incrementar las condiciones de seguridad.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señora Castro, la posición del Grupo Popular respecto a la enmienda presentada, por favor.


La señora CASTRO MASAVEU: Gracias, señor presidente.


La enmienda presentada a la moción del Grupo Parlamentario Popular es una de sustitución, y nosotros entendemos que nuestra solicitud es de información y no de declaración de intenciones.


El señor PRESIDENTE: Señora Castro, estamos en un turno de aceptación o rechazo.


La señora CASTRO MASAVEU: Señor presidente, si fuese una enmienda de adición, en los dos primeros puntos salvo el de las conclusiones, que es el tercero, nosotros la aceptaríamos, pero siendo de sustitución, lamentamos no poder aceptarla.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, esto es lo que se pretendía.


Vamos a proceder a la votación. En primer lugar, votación de la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre violencia de género. Se ha presentado una enmienda transaccional.
¿Algún grupo parlamentario se opone a su trámite? (Pausa.) ¿Se opone el Grupo Popular?

El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Se admite.


El señor PRESIDENTE: Gracias. Ningún grupo parlamentario se opone a su tramitación, por lo que votamos la enmienda transaccional.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 309; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Segunda votación, moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el esclarecimiento de la verdad de los atentados del 11-M, que se vota en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 135; en contra, 175.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (Aplausos.)

Se suspende la sesión.


Eran las ocho y treinta minutos de la noche.

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