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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 115, de 28/09/2005
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 115
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 107
celebrada el miércoles, 28 de septiembre de 2005


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas ... (Página 5791)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), sobre la creación de juzgados y fiscales específicos de violencia sobre la mujer. (Número de expediente 172/000121.) ... (Página 5813)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas a adoptar para garantizar la independencia de los Organismos Reguladores en el ejercicio de sus funciones. (Número de expediente 172/000123.) ...
(Página 5818)

Página 5788


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas ... (Página 5791)

Del Diputado don Joan Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Piensa el Presidente del Gobierno español acometer la reforma fiscal para acceder a mayores cotas de productividad empresarial y de bienestar para la ciudadanía? (Número de expediente 180/000869.) ... (Página 5791)

Del Diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cuándo va a presentar el Gobierno el Estatuto del autónomo? (Número de expediente 180/000870.) ... (Página 5792)

Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cómo piensa el Gobierno solucionar el problema de desabastecimiento de agua que sufren muchos municipios españoles? (Número de expediente 180/000877.) ...
(Página 5793)

Del Diputado don Ángel Jesús Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Están satisfechos con los resultados de la colaboración con el Gobierno de Marruecos a la vista del acoso constante que padece la valla fronteriza con la ciudad de Melilla? (Número de expediente 180/000878.) ... (Página 5794)

Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Va a abordarse en la próxima Cumbre España-Marruecos el fortalecimiento de la colaboración entre fuerzas de seguridad y los servicios secretos de ambos países? (Número de expediente 180/000886.) ... (Página 5795)

Del Diputado don Francisco Antonio González Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué prioridad va a recibir la delimitación de las fronteras marítimas entre España y Marruecos en la próxima Cumbre España-Marruecos? (Número de expediente 180/000884.) ... (Página 5796)

Del Diputado don Francisco Xavier Carro Garrote, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿En qué consiste la integración de la fragata española Álvaro de Bazán en el Grupo USS Roosevelt? (Número de expediente 180/000871.) ... (Página 5797)

Del Diputado don Ángel Pintado Barbanoj, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Considera el Gobierno plantear ante Bruselas una detracción de los Fondos que recibe España de la Política Agraria Común? (Número de expediente 180/000880.) ... (Página 5798)

Del Diputado don Joaquín María García Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Considera el Gobierno que ha defendido correctamente los intereses del sector pesquero español ante el cierre anticipado de la pesquería en aguas de la NAFO? (Número de expediente 180/000881.) ... (Página 5800)

Página 5789


De la Diputada doña María Antonia de Armengol Criado, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué medidas está tomando el Ministerio de Agricultura para favorecer la adquisición de derechos sociales y laborales de la mujer agricultora? (Número de expediente 180/000872.) ... (Página 5801)

Del Diputado don Emilio Olabarría Muñoz, en sustitución del Diputado don Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Sr. Ministro de Administraciones Públicas: ¿Comparte usted la tesis de que la vía valenciana para la reforma estatutaria constituye el modelo al que necesariamente han de ajustarse las reformas de los restantes Estatutos? (Número de expediente 180/000867.) ... (Página 5801)

Del Diputado don Juan Manuel Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Administraciones Públicas: ¿Se ratifica usted en las declaraciones realizadas en su reciente visita a Sevilla sobre la deuda histórica de Andalucía? (Número de expediente 180/000885.) ... (Página 5803)

De la Diputada doña Antonia Martínez Higueras, en sustitución de la Diputada doña Antonia García Valls, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Administraciones Públicas: ¿En qué medidas viene trabajando el Gobierno para la conciliación de la vida familiar y laboral en la Administración General del Estado? (Número de expediente 180/000873.) ... (Página 5804)

De la Diputada doña Carmen Juanes Barciela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Cultura: ¿Cuáles son las vías de colaboración bibliotecaria entre las bibliotecas de las distintas Administraciones? (Número de expediente 180/000874.) ... (Página 5804)

De la Diputada doña María Teresa de Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Qué valoración hace la Ministra del dato facilitado por su Departamento, según el cual han ardido en España más de 155.000 hectáreas de terreno a lo largo del verano? (Número de expediente 180/000883.) ... (Página 5805)

Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, en sustitución del Diputado don Joan Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Qué propuestas tiene el Gobierno para potenciar el diálogo social? (Número de expediente 180/000887.) ...
(Página 5807)

Del Diputado don Miguel Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Cuáles han sido los criterios utilizados para asignar los recursos obtenidos a través del 0,52% del IRPF destinados a "otros fines de interés social"? (Número de expediente 180/000882.) ... (Página 5808)

De la Diputada doña Remedios Martel Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Cuál es la valoración que desde el Ministerio de Sanidad y Consumo se hace de la evolución del gasto farmacéutico desde la entrada en vigor del Real Decreto 2402/2004? (Número de expediente 180/000862.) ... (Página 5809)

De la Diputada doña Carmen Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Qué presencia tiene el Plan Nacional de Drogas en el ámbito internacional? (Número de expediente 180/000863.) ... (Página 5810)

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De la Diputada doña Esperança Farrera Granja, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Cómo tiene previsto el Ministerio de Sanidad y Consumo mejorar la información sobre el problema del consumo de drogas en nuestro país? (Número de expediente 180/000875.) ... (Página 5811)

De la Diputada doña María Gloria Gómez Santamaría, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Qué medidas está tomando el Ministerio de Sanidad y Consumo para reforzar la atención a las personas con problemas de drogodependencias? (Número de expediente 180/000876.) ... (Página 5812)

Interpelaciones urgentes ... (Página 5813)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), sobre la creación de juzgados y fiscales específicos de violencia sobre la mujer. ... (Página 5813)

Presenta la interpelación urgente la señora Barkos Berruezo, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto. Inicia su intervención resaltando un error en la transcripción del enunciado de la interpelación al referirse a la creación de juzgados específicos. No se puede interpelar sobre lo que ya está creado, sino que interpelan sobre los juzgados exclusivos, que junto con los fiscales específicos es el objeto de la interpelación. Hace una breve historia de la vida de la ley de medidas integrales contra la violencia de género, calificándola como una de las leyes más ambiciosas de esta legislatura. Señala al ministro que no es fácil interpelar en torno a esta cuestión, y el propio enunciado de la ley expresa esta dificultad: Ley de medidas integrales contra la violencia de género, medidas integrales que suponen una diversificación departamental que obliga a elegir de forma puntillosa las áreas de actuación. Pregunta en qué se ha basado el Ministerio de Justicia para dotar a unas comunidades sí y a otras no de juzgados exclusivos. Resalta la indefensión por la falta de medios en la que se encuentran algunas comunidades del Estado, pero en definitiva las mujeres que residen en ellas en lo que respecta a la violencia de género. Hace un repaso a la situación en Navarra, haciendo suyas las palabras del secretario de Estado de Justicia pronunciadas durante la presentación de este proyecto de ley: De nada va a servir agravar las penas en esta materia si su imposición tarda mucho, debido a la lentitud del proceso judicial.


Contesta el señor ministro de Justicia (López Aguilar), en nombre del Gobierno. Señala que la ley parte de un compromiso asumido por el presidente del Gobierno en el debate de investidura, y fue la primer iniciativa legislativa adoptada en Consejo de Ministros. Informa a la Cámara que la puesta en funcionamiento de la ley ha sido acometida con diligencia y vigilando con celo los plazos que la ley señala para su desarrollo organizativo, con la voluntad de transformar la violencia criminal. Reconoce que la ley, por sí sola, no basta para modificar esa realidad, pero es un primer paso. Hace falta acentuar la formación especializada de todos los cuerpos de funcionarios que tienen que ver con el cumplimiento de los objetivos de la ley. Asimismo es preciso abordar las sustituciones en los juzgados de violencia de género, dentro del plan general de reducción de la presencia de la figura de los jueces sustitutos, de modo que las sustituciones vengan realizadas por jueces con todas las garantías de formación. Finaliza señalando que en la réplica añadirá algunas de las medidas que componen el programa de urgencia.


Replica la señora Barkos Berruezo y duplica el señor ministro de Justicia.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas a adoptar para garantizar la independencia de los organismos reguladores en el ejercicio de sus funciones ... (Página 5818)

El señor Martínez-Pujalte López plantea la importancia de los órganos reguladores señalando que en una economía moderna es necesario que funcionen órganos que velen por el funcionamiento correcto del mercado y garanticen los derechos de consumidores e inversores. Resalta que no hay cosa peor que transmitir al mercado que estos órganos reguladores actúan al dictado del Gobierno, cosa que ha sucedido últimamente en nuestro país. La confianza en nuestra economía y por tanto nuestro potencial de seguir atrayendo capitales tiene mucho que ver con el comportamiento y la independencia de los órganos reguladores. Finaliza señalando que en esta interpelación el Grupo Popular cree necesario adoptar medidas que garanticen la independencia

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de los órganos reguladores y cree que el Partido Socialista va en la dirección equivocada, y está engañando a los ciudadanos pues no cumple su programa electoral.


Contesta el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira), en nombre del Gobierno manifestando que podría estar de acuerdo en las premisas que ha señalado el señor diputado: la importancia de los órganos reguladores, la necesidad de que actúen sin instrucciones y que sean independientes de las empresas, pero sin embargo discrepa en cuanto a que alguien que tenga un carné de un partido político no pueda ocupar un puesto de responsabilidad. Cree que tenemos un sistema claramente mejorable y que en los tres órganos reguladores posiblemente se puedan mejorar las cosas. Ya se está haciendo en defensa de la competencia y hay una ley que se presentará próximamente al Congreso, porque ya está terminada. Refiere los primeros nombramientos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se muestra en total desacuerdo con la afirmación del interpelante respecto a que toda la gente que se nombra en la Comisión Nacional de la Energía tiene carné de partido. Finaliza señalando la intención del Gobierno en avanzar en defensa de la competencia manifestando que la ley permitirá que sea más independiente.


Replica el señor Martínez-Pujalte López y duplica el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.


Se suspende la sesión a las siete y diez minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS

- DEL DIPUTADO DON JOAN PUIGCERCÓS I BOIXASSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PIENSA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL ACOMETER LA REFORMA FISCAL PARA ACCEDER A MAYORES COTAS DE PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y DE BIENESTAR PARA LA CIUDADANÍA? (Número de expediente 180/000869.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Punto IV del orden del día: Control al Gobierno. Preguntas.


Al señor presidente del Gobierno. En primer lugar, pregunta del diputado don Joan Puigcercós.


Señor Puigcercós, adelante, por favor.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.


Señor Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, es evidente que la economía va a sufrir diferentes retos en los próximos años, no solo por el precio del carburante, no solo por la competencia de nuevos países, no solo por el proceso de deslocalización industrial. La pequeña y mediana empresa, la microempresa, según las convenciones de la Comunidad Económica Europea de lo que es microempresa y pequeña y mediana empresa, necesitan apoyo por parte del Gobierno.


Desde Esquerra Republicana les hemos invitado a colaborar -nos reunimos con el vicepresidente del Gobierno señor Solbes- y a plantear ya una modificación fiscal para que el impuesto sobre sociedades pudiera competir con el de las empresas europeas. Usted será consciente de que en el último debate de las elecciones alemanas, entre el señor Schröder y la señora Merkel, el principal tema de discusión en el ámbito de las empresas era la rebaja del tipo en el impuesto sobre sociedades. Hoy, Alemania, Francia y España son los países que tienen el tipo más alto en el impuesto sobre sociedades. Francia ya ha adquirido el compromiso público de rebajarlo y en Alemania, por parte de los dos principales partidos, hubo el compromiso de rebajar este impuesto.


Hay que mejorar las condiciones de productividad de la pequeña y mediana empresa y de la microempresa. Este es el momento, hay que acometer esta reforma, pero teniendo siempre en cuenta que, si se ingresa menos, hay que hacer también política social. Somos conscientes de la dificultad de cuadrar el círculo en este aspecto. Creemos sinceramente que es el momento de encauzar, paralelamente a las mejoras en materia de educación y de dependencia que se van a plantear en el debate presupuestario, una reforma fiscal del impuesto sobre sociedades, para hacer más competitivas las empresas, para mejorar su internacionalización o su acceso a nuevas tecnologías.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor Puigcercós.


Es evidente que la economía está este año mejor que el anterior y que el año pasado la economía estuvo mejor que el anterior. Por tanto, quiero afirmar que eso tiene también algo que ver con el acierto de su grupo a la hora de apoyar a este Gobierno (Rumores.) en lo que representa la gestión de la economía y la situación de buena expectativa que en estos momentos tenemos, como se acaba de confirmar por los presupuestos que el Gobierno

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ha presentado a la Cámara. No obstante, es evidente que es imprescindible mejorar nuestra economía, mejorar nuestra competitividad y dentro de lo que es el programa de reformas que el Gobierno viene poniendo en marcha y tiene previstas, una de ellas es la reforma fiscal. Tengo que decir que constato con satisfacción una coincidencia con su grupo en lo que afecta a la reforma fiscal en un aspecto concreto, que es la reforma del impuesto sobre sociedades. En efecto, conjuntamente con la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que el Gobierno va a tener preparada antes de fin de año y que se traducirá en anteproyecto en el año 2006 para ser debatido en esta Cámara, le puedo confirmar que nuestro propósito, nuestro objetivo es reformar el impuesto sobre sociedades, con una reducción del tipo máximo, para facilitar la competitividad, para facilitar el dinamismo económico y para mejorar la creación de empleo. Igual que le puedo confirmar que nuestra intención es reformar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, básicamente para conseguir un impuesto sobre la renta más simplificado y más equitativo, para disminuir la carga tributaria de los trabajadores por cuenta ajena y, también, para introducir beneficios fiscales que contribuyan a paliar el problema de la dependencia.


Todo ello tiene que hacerse con dos principios que son plenamente compatibles: el principio de respeto a la estabilidad presupuestaria y el principio de desarrollar un programa social ambicioso, como el Gobierno quiere y sé que su grupo también. Si hacemos que la economía mejore, manteniendo el crecimiento se conseguirán esos objetivos, a la vez que mejoraremos la fiscalidad de empresas y trabajadores y con ello, por supuesto, no aumentaremos, en ningún caso, la presión fiscal.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.


Es evidente que la reforma del impuesto sobre sociedades es una necesidad requerida por la mayoría de empresarios, los que trabajan por una mejor sociedad, pero también planteamos desde el Grupo de Esquerra Republicana la necesidad de que la legislación en cuanto a empresas tenga en cuenta la progresividad; no es lo mismo hablar de grandes empresas, de grandes corporaciones, que de la pequeña y de la microempresa. También solicitamos que el Gobierno haga suya la recomendación de la Unión Europea del 6 de mayo de 2003, que define y separa nítidamente lo que es microempresa, lo que es pequeña y mediana empresa, de las grandes corporaciones.


Muchas gracias. (El señor presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Lo lamento, el tiempo está consumido.


- DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁNDO VA A PRESENTAR EL GOBIERNO EL ESTATUTO DEL AUTÓNOMO? (Número de expediente 180/000870.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado señor Duran i Lleida.


Adelante.


El señor DURAN I LLEIDA: Señor presidente, este grupo parlamentario cree prioritario acometer el estatuto del autónomo, en la medida en que es una figura relevante de nuestro sistema productivo; de la misma manera que también, como se acaba de exponer, es imprescindible la reforma del impuesto sobre sociedad. Por cierto, no podemos esperar al año 2007 porque provocaría un número mayor de deslocalizaciones. También quería decir que en Alemania no se ha discutido durante la campaña electoral, ya lo habían rebajado mediante un pacto previo; antes de la campaña electoral se aprobó una ley en el Bundestag, consensuada entre socialistas y demócratacristianos, para rebajar el impuesto sobre sociedades.


No obstante, le formulo la pregunta: ¿Cuándo piensa el Gobierno presentar el estatuto del autónomo?

El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Debo confesarle, señor Duran, que cuando leí el enunciado de su pregunta, hasta llegar a las dos últimas palabras tuve algún momento de preocupación, dado que leía: Cuándo va a presentar el Gobierno el estatuto... Al llegar al: del autónomo, me tranquilicé bastante, mucho más teniendo en cuenta lo que vivimos estos días. (Rumores.)

Dicho esto, tengo que ratificarle que el compromiso de Gobierno es la aprobación de un estatuto de los trabajadores autónomos, que es un compromiso electoral, que es un compromiso de investidura y que es un compromiso que adquirí el 2 de febrero de este año en la Resolución 82 del debate sobre el estado de la Nación. Sabe que en octubre de 2004 el ministerio, de acuerdo con las distintas organizaciones de autónomos, encargó a un grupo de expertos la redacción de un informe que sirviera de base para la elaboración de dicho estatuto. Ese informe está muy avanzado, será presentado al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el próximo mes de octubre y, por tanto, será conocido públicamente. A partir del momento de la presentación del informe el Gobierno elaborará el anteproyecto de ley para que de manera inmediata podamos tener en esta Cámara el

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proyecto de estatuto del autónomo. Creo, señor Duran, que en eso podemos coincidir.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Duran.


El señor DURAN I LLEIDA: Gracias, señor presidente.


No sé a qué viene la confusión, porque el Gobierno no puede presentar un proyecto de estatuto; el Gobierno, en cualquier caso, rebajaría el estatuto de autonomía de Cataluña.


Dicho esto, seguimos preocupados, a pesar de sus palabras, con el estatuto del autónomo. En primer lugar, porque usted sabe que en esta Cámara se aprobó una proposición no de ley, a la que, si no recuerdo mal, se presentaron enmiendas en el mes de noviembre, y durante todos estos meses no se ha reunido la ponencia; por tanto, estimo que algo pasa para que no acabe de interesar al Gobierno la salud de los trabajadores autónomos, que tienen compromisos como trabajadores, como cualquier otro, y en cambio no tienen las ventajas de quienes realizan, como ellos, una actividad societaria. Más allá de eso, usted también me respondió un día que antes de acabar el primer semestre iba a presentar la ley de dependencia; ha pasado el primer semestre y no ha sido así. Por tanto, permítame, con todo el respeto, que no acabe de creerme sus palabras de que se va a presentar ese estatuto, sobre el que reconozco que en el Ministerio de Trabajo están elaborando una propuesta.


Dicho esto, y aun siendo el caso de que presentasen la propuesta del estatuto del autónomo, nuestro grupo parlamentario considera imprescindible que contenga lo siguiente, porque si no no serviría, no sería útil y no respondería a las demandas de los autónomos: que puedan tener seguro de paro; que pueda alcanzar a los familiares lo que hace referencia a la Seguridad Social; que pueda regularse a tiempo parcial, porque daría mucha más ocupación y, en cualquier caso, que se equipare el sistema fiscal de los trabajadores autónomos al de los trabajadores societarios. Hoy, una empresa que ingresa 120.000 euros, si es una sociedad paga el 30 por ciento del impuesto sobre sociedades, si es un trabajador autónomo paga el 45 por ciento del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por tanto, sigue tratándose injustamente al autónomo. Espero y deseo que realmente el estatuto contemple lo que acabo de decirle, si no no serviría auténticamente para nada.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Su turno, señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Duran, le agradezco su sentido del humor. En relación con el estatuto del autónomo le tengo que decir que el Gobierno ha seguido los trámites comprometidos con el conjunto de las organizaciones representativas del sector y parece conveniente que el sector tenga un papel protagonista a la hora de definir lo que puede ser el anteproyecto del estatuto del autónomo. Yo puedo compartir muchas de las cosas que usted ha anunciado aquí sobre el contenido del mismo. Vamos a esperar, queda muy poco para conocer el informe del grupo de expertos constituido de acuerdo con las organizaciones representativas del sector.


En relación con la dependencia, estamos también inmersos en el proceso de diálogo social y parece muy conveniente que el proyecto para afrontar la dependencia cuente con el respaldo, con el empuje de empresarios y sindicatos. En ese momento verá la luz, estará en la Cámara y por supuesto contaremos con la colaboración de todos los grupos, y el suyo especialmente, para tener un buen sistema de dependencia.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA QUE SUFREN MUCHOS MUNICIPIOS ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/000877.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Mariano Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rodríguez Zapatero, tiene usted una evidente tendencia a no ocuparse de los problemas reales de la gente. Fija prioridades que no le importan a casi nadie. Se lo dije en la investidura, donde nos habló mucho de reforma de Constitución y de estatutos y lo único que ha hecho es generar problemas; pero el mayor de todos es no resolver los problemas reales, y hoy le voy a hablar de uno, que es el agua.


Estamos en el año más seco desde 1947 -por cierto, hoy en Madrid se ha declarado la alerta 1- y ustedes no han hecho nada, ni pensando en el medio plazo ni en el corto. Han derogado lo sustancial del Plan Hidrológico Nacional, no han presentado ninguna alternativa y no han hecho nada a corto plazo. En enero decían que era precipitado hablar de sequía, en febrero le pedimos aquí medidas urgentes y no las votaron y en abril declararon la sequía. Resultado: problemas de agua en muchísimos municipios de España, daños a los agricultores y ganaderos por más de 3.000 millones, que sumados a otros problemas, como el precio del gasóleo o las heladas, sin duda alguna generan muchas dificultades. Yo lo que le pregunto es si es usted consciente de esto y si va a hacer algo para intentar resolver este problema que es sin duda real. (Un señor diputado: Agua para todos.)

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El señor PRESIDENTE: Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias.


Señor Rajoy, sobre los problemas reales de los ciudadanos y las prioridades, le diré cuáles han sido básicamente las prioridades de este Gobierno: 900.000 empleos más (Rumores.), 50.000 jóvenes que tienen posibilidad de tener una beca (Rumores.-Aplausos.), el doble de familias que van a tener ayuda a la vivienda, un aumento importante de la sanidad en nuestro país y los presupuestos que conoce y acabamos de debatir.


En relación con la sequía, en efecto, coincidimos en que tenemos un año de sequía meteorológica, coincidimos en que los registros de aportación de agua están por debajo del 40 por ciento y a partir de ahí ya no coincidimos en nada. (Risas.) No coincidimos, señor Rajoy, porque en lo que va de año este Gobierno ha puesto en marcha 70 actuaciones para abordar los problemas más graves de falta de agua y de abastecimiento, por un importe de 400 millones de euros, desde el mes de febrero. Por cierto, tiene usted aquí a su disposición, se lo puedo facilitar, todas las obras y actuaciones que se han acometido en las zonas con más problemas, que son, en efecto, la cuenca del Segura, la cuenca del Ebro y algunas zonas en concreto del Júcar, y el resto de España en una situación de normalidad. Son 70 actuaciones por un importe de 400 millones de euros desde el mes de febrero. Lo que sí hemos echado en falta es que a julio de 2003, conforme a la Ley del Plan Hidrológico de 2001 aprobada por ustedes, tenían que estar en marcha los planes de sequía de las confederaciones, en julio del 2003; cuando llegamos al Gobierno en abril de 2004 no había ni uno. Afortunadamente, dentro de muy poco vamos a tenerlos todos para abordar las situaciones de emergencia.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Rajoy, su turno.


El señor RAJOY BREY: Señor presidente del Gobierno, como usted ha hablado de presupuestos y de generación de empleo, le reto a que este año haga usted conmigo el debate de presupuestos en esta Cámara. (Rumores.) Vamos a ver si es capaz de hacerlo. (Aplausos.)

Señor presidente, hay sequía meteorológica, pero también hay sequía de ideas y de acción por parte del Gobierno que es mucho peor que la primera. (Aplausos.) Las ayudas han sido insuficientes y tardías. Por cierto, el otro día se produjo un grotesco espectáculo en el Ministerio de Agricultura. Han creado problemas entre las comunidades autónomas. El presidente de Castilla-La Mancha habló de guerra del agua. Sus ministras se pelean por el precio del agua. Han dado un espectáculo grotesco en Europa. No han pedido las ayudas del Fondo de Solidaridad. Se han aprobado dos veces en el Parlamento Europeo a petición del Grupo Parlamentario Popular, y luego, cuando las pidieron se equivocaron de comisario. El Ministerio de Agricultura se lo pidió al comisario de Agricultura cuando hay que pedirlo al comisario que lleva los temas de desarrollo regional. En el presupuesto de este año 2005 han bajado su dotación en un 14 por ciento y luego, en lugar de planificar, se han limitado a poner parches.


Señor presidente, menos reformas constitucionales y estatutarias y menos actuaciones de cara a la galería. Le pido que resuelva un problema que es un problema de verdad y que afecta a muchísimos ciudadanos, comoel del agua. Lo único que han hecho es... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Lo lamento, su tiempo terminó.


Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.


Señor Rajoy, pienso que en esto de los debates le cuesta centrarse, como en otras cosas. (Protestas.) Resulta que no hizo el debate que tenía que hacer y ahora quiere que haga con usted el que no corresponde ni se ha hecho nunca en democracia. Esa es la realidad. Hoy, parece ser, se ha enterado de las 70 actuaciones y los 400 millones de euros, y hoy le digo que en los presupuestos hay una inversión para política del agua de 3.000 millones de euros, con un aumento del 10 por ciento. Si se hubiera hecho antes lo que no se hizo hoy tendríamos... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Lo lamento, su tiempo ha concluido.


- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL JESÚS ACEBES PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿ESTÁN SATISFECHOS CON LOS RESULTADOS DE LA COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DE MARRUECOS A LA VISTA DEL ACOSO CONSTANTE QUE PADECE LA VALLA FRONTERIZA CON LA CIUDAD DE MELILLA? (Número de expediente 180/000878.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del diputado señor Acebes.


Adelante.


El señor ACEBES PANIAGUA: Señor presidente, señor ministro, ¿están satisfechos con los resultados de la colaboración con el Gobierno de Marruecos a la vista del acoso constante que padece la valla de la frontera con Melilla?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


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El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.


Señorías, señor Acebes, sí, el Gobierno está satisfecho con la colaboración con Marruecos en la lucha contra la inmigración clandestina.
(Rumores.) Obviamente, seguimos con muchísima preocupación la situación de Melilla y por eso vamos a reforzar nuestra colaboración bilateral con Marruecos, pero no solo con este país sino con todos los actores que pueden facilitar una solución satisfactoria. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Acebes, por favor.


El señor ACEBES PANIAGUA: Señor ministro, no podrán decir que no les avisamos de que el proceso de regularización masiva, irresponsable y propagandística que hizo su Gobierno iba a generar un efecto llamada. Ya ven las consecuencias: auténticas avalanchas de inmigrantes para asaltar el perímetro fronterizo de manera ilegal y cada vez más violenta. Ayer mismo se produjeron dos avalanchas de más de 1.000 inmigrantes en total, con un resultado de decenas de heridos, consiguiendo su objetivo de entrar en Melilla no menos de 330 de ellos. Señor ministro, todas las avalanchas se producen desde Marruecos. Los inmigrantes permanecen en su territorio, esperando a veces semanas y buscando el momento oportuno para asaltar la valla. Unos lo consiguen y los que no, vuelven a esperar en Marruecos mejor ocasión; por cierto, no muy escondidos porque se habla de una cifra de más de 1.000 personas dedicándose a fabricar escaleras; 400 escaleras de más de cuatro metros de longitud utilizaron ayer. Por lo tanto, no pueden pasar desapercibidos.


Por ello le preguntamos qué explicaciones les están dando desde el Gobierno de Marruecos. ¿Por qué permiten esos asentamientos junto a la frontera con España? ¿Cómo están colaborando? ¿Por qué motivo han discriminado ustedes, en este caso, a Ceuta y Melilla en la reunión de Marruecos de mañana?

Señor ministro, sabe que se puede producir la asfixia de Melilla; hay mucha tensión; se puede colapsar. Es una ciudad española que tiene un grave problema y no se pueden dar síntomas de debilidad o de desprotección. Todo esto, señor ministro, se debe a una mala política exterior y a una irresponsable política en materia de inmigración.
Debemos empezar por que reconozcan que hay un grave problema, que han cometido muchos y graves errores y, desde ahí, afrontar una solución que cada día es más urgente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.


Señor Acebes, como ex ministro del Interior usted debería ser consciente, porque es verdad, de que siempre ha existido una presión inmigratoria en torno a Melilla. Quizás no se ha detenido a reflexionar en que las características y la naturaleza de los nuevos flujos migratorios que están afectando a Melilla tienen otro origen y otras circunstancias. Por eso he dicho que estamos satisfechos de la manera en que Marruecos está colaborando con España. Ahí tenemos las cifras: se ha reducido en un 37 por ciento la llegada de pateras en la costa mediterránea; un 50 por ciento en la fachada atlántica, en relación con Canarias. Además, la buena cooperación entre la Gendarmería Real y la Guardia Civil ha permitido, gracias al sistema integrado de vigilancia, reducir este flujo de pateras. (Rumores.-El señor Aragonés Mendiguchía: ¡De qué está hablando!) La nueva realidad que afecta a Melilla, y que desde luego tenemos que reconocer, es que en estos momentos se trata de población subsahariana. Por eso mañan, el Gobierno va a proponer en la cumbre acciones concretas bilaterales con Marruecos, pero también acciones regionales con los países de la zona que también tienen responsabilidad, como es el caso de Argelia, los países del Magreb y los participantes en la Cumbre Cinco más Cinco -en la que usted también participó-, y medidas internacionales para cumplimentar nuestra responsabilidad con los derechos humanos. Cuando ustedes se ríen de la participación de España en la Alianza contra el hambre y la pobreza deberían recordar que este Gobierno lo que quiere es terminar con el hambre, la pobreza, la miseria, que es lo que lleva a estos subsaharianos a llegar hasta Melilla.
(Protestas.-Varios señores diputados: ¡Fuera! ¡Fuera! - Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿VA A ABORDARSE EN LA PRÓXIMA CUMBRE ESPAÑA-MARRUECOS EL FORTALECIMIENTO DE LA COLABORACIÓN ENTRE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y LOS SERVICIOS SECRETOS DE AMBOS PAÍSES? (Número de expediente 180/000886.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Eduardo Zaplana.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.


Doy por formulada la pregunta, señor ministro.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.


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Señor Zaplana, evidentemente mañana en la reunión de alto nivel las cuestiones de seguridad, de lucha contra la droga, de inmigración clandestina y todo lo que es la cooperación contra el crimen organizado serán prioritarias en el diálogo y en la cooperación con el Reino de Marruecos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, hace diez meses le pregunté en la Comisión del 11-M al presidente del Gobierno -lo recordará- por Mohamed Haddad. La pregunta estaba justificada por los indicios de su colaboración en los atentados del 11-M y los rumores sobre su pertenencia a los servicios secretos marroquíes. El señor Zapatero adquirió el compromiso de remitir la información, compromiso que, como tantas otras veces, no ha cumplido. En reiteradas ocasiones, el Gobierno, el presidente y usted mismo han alabado la colaboración de Marruecos; usted dijo textualmente: antes, durante y después de los atentados. Fruto de esa colaboración, Marruecos nos informó en su día de que el citado Mohamed Haddad estaba en paradero desconocido. Parece ser que últimamente le hemos visto en un bar de Tetuán jugando al dominó. Ya sé, señor ministro, que me dirá que supuestamente se le interrogó y se tomaron muestras de ADN -así lo hemos leído- cuando fue detenido y puesto en libertad inmediatamente en marzo de 2004, aunque en este momento no conocemos ni el resultado del interrogatorio ni del análisis. Comprenderá que tampoco resulta muy tranquilizadora la noticia que nos dan ahora desde Marruecos de que el día 15 de este mes se practicaba una supuesta diligencia, que el afectado no tiene conocimiento de la misma y que incluso el diario oficial de mayor difusión en Marruecos tampoco porque decía que estaba buscándolo la policía.


Señor ministro, resumo. El 11-M existió para desgracia de todos y todos tenemos el derecho de saber la verdad. (Rumores.) Yo sé que a ustedes no les gusta hablar de este tema, pero si nosotros nos ocupamos de él -y digo bien, nosotros nos ocupamos- es precisamente porque ustedes, que son los que tienen la obligación de hacerlo, no lo hacen y miran para otra parte. (Rumores.) Nada me agradaría más que el hecho de que usted en el futuro me pudiera corregir. Por eso le digo, señor ministro, mañana tienen una gran oportunidad en la cumbre, y usted también ahora si por una vez se lo toma en serio y me dice la verdad. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.


Señor Zaplana, este Gobierno siempre dice la verdad. (Aplausos.-Rumores.) Por tanto, corroboro lo que dije: antes, durante y después ha existido una excelente colaboración de Marruecos en la lucha antiterrorista.
(Rumores.-Un señor diputado: ¡Mentira!- Una señora diputada: Qué maleducados sois.) Ese es el elemento fundamental en la cooperación en materia de seguridad, una materia extremadamente sensible para los intereses de los españoles, una materia en la que los servicios de inteligencia están colaborando de forma extraordinaria y que lógicamente mañana, cuando tengamos ocasión en la reunión de alto nivel, va a ser reforzada. Además no solamente en la lucha contra el terrorismo, también en la lucha contra la droga, contra el crimen organizado, contra el blanqueo de dinero, porque son elementos que alimentan y pueden alimentar a esos sectores, a esas mafias, a esos adeptos, a esos fanáticos del islamismo radical.


Ha mencionado usted de manera específica la cooperación judicial. Le quiero recordar que precisamente es uno de los campos en los que más se ha avanzado en la transparencia, en la cooperación entre Marruecos y España. Desde enero de 2005 existen magistrados de enlace en Madrid y en Rabat, y gracias a la actividad y a la buena cooperación en materia judicial el caso que usted ha mencionado ha podido ser resuelto satisfactoriamente. (Rumores.-Varios señores diputados: ¡No!) Le podré entregar fotocopia de las notas verbales del Gobierno de Marruecos, donde el propio Haddad dice que confiesa ante las autoridades policiales marroquíes por propia voluntad. Por tanto la comisión rogatoria está funcionando y los enlaces de magistrados judiciales también. Esa es la vía para luchar contra el terrorismo, para luchar contra el narcotráfico y para reforzar las relaciones entre dos países vecinos.
(Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Les ruego, por favor, que mantengan silencio.


- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN: ¿QUÉ PRIORIDAD VA A RECIBIR LA DELIMITACIÓN DE LAS FRONTERAS MARÍTIMAS ENTRE ESPAÑA Y MARRUECOS EN LA PRÓXIMA CUMBRE ESPAÑA-MARRUECOS? (Número de expediente 180/000884.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Francisco Antonio González.
Adelante, por favor.


El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, doy por formulada la pregunta.


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El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.


Señoría, como sabe, la delimitación de los espacios marítimos es una de las cuestiones más importantes y más sensibles que afectan a las relaciones entre España y Marruecos. Son muchos los años que se llevan tratando de resolverlas y precisamente con ocasión de la última cumbre -la VI cumbre, presidida por el anterior jefe de Gobierno- se adoptó una medida para que -leo- puedan llevarse a cabo las negociaciones técnicas que nos permitan una solución definitiva del problema. En ese sentido, se decía: La búsqueda de soluciones mutuamente ventajosas, a fin de llegar a un acuerdo sobre arreglos provisionales relativos a la delimitación y sobre la cooperación en la región concernida. También manifiesta su voluntad de emprender en el momento oportuno negociaciones con vistas a concluir un acuerdo definitivo sobre la limitación de espacios marítimos en la fachada atlántica.


Ese es el marco de referencia que este Gobierno está llevando y esperemos que en la próxima reunión técnica del 10 de octubre podamos obtener avances sustanciales. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Adelante.


El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, creo que mañana se van a producir dos acontecimientos. El primero se producirá por la falta de palabra habitual del presidente del Gobierno, ya que se comprometió con los presidentes autonómicos a que asistieran a las cumbres bilaterales de aquellos países que fueran vecinos a nuestro territorio. Han sido invitados los presidentes de Canarias y de Andalucía y no han sido invitados los presidentes autonómicos de Ceuta y Melilla. Huelga decir si eso no es proximidad fronteriza o limítrofe a los territorios marroquíes. Pero además se va a producir otro acontecimiento, señor ministro, que es la falta de respeto de este Gobierno, que no dice la verdad de lo que sucede con las instituciones. Ayer en el Senado se aprobó una moción por mayoría de varios grupos por la que se instaba al Gobierno a invitar a los presidentes de Ceuta y Melilla a asistir a esta cumbre en la que se va a hablar de aguas territoriales. Pues bien, estoy seguro de que mañana no van a estar invitados estos dos presidentes, que son tan autonómicos como el resto, aunque ustedes digan que no tienen comunidad autónoma. Es una ley orgánica aprobada por este Parlamento y por casi la unanimidad de sus miembros. ¿Después de esto, señor ministro, tenemos que creerle? ¿Tenemos que creer que usted defiende los intereses españoles, que las aguas de delimitación territorial tanto de Ceuta, de Melilla como de Canarias están bien defendidas? (Un señor diputado: ¡No!) Permítame, señor ministro -lamento profundamente lo que voy a decir-, no le podemos creer, porque es habitual ya en ustedes que sucedan estos acontecimientos: prometer cosas que luego no cumplen, que sistemáticamente dejan de cumplir.


Señor ministro, ¿Ceuta y Melilla son territorios españoles para ustedes? (Un señor diputado: ¡Sí!) ¿La defensa de sus intereses, de sus territorios y de sus habitantes son prioridad para ustedes? Porque si dicen que defienden a todos los españoles por igual, aquí hay una clara discriminación. Espero que lo solventen, señor ministro.


Para terminar, quiero decirle que ser charlatán es fácil, solamente hace falta un micrófono. Con ese micrófono se ejerce, aunque no tenga mercancía con la que venderse. Le voy a decir una cosa, señor ministro, cuando ustedes se sientan a negociar tienen un problema: o tienen complejos o tienen el síndrome de Estocolmo. Espero que por una vez, y sin que sirva de precedente en ustedes, defiendan realmente los intereses de los españoles, de todos los españoles.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor ministro, por favor, su turno.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente.


Señoría, creo que ya sé por qué no me ha formulado la pregunta, porque la ha cambiado radicalmente. Y, como la ha cambiado radicalmente, yo voy a cambiar radicalmente mi respuesta. (Rumores.) Sobre la participación de Ceuta y Melilla ya tuve ocasión en esta Cámara de señalar cuáles eran los parámetros que llevarían a la participación de los presidentes de las comunidades autónomas en cumbres bilaterales de España. Pero puedo decir que los intereses de todos los españoles, y por tanto de Ceuta y Melilla, quedarán muy bien representados y muy bien defendidos mañana en la reunión de alto nivel. Eso es lo que quiere hacer España, eso es lo que quiere hacer el Gobierno español y vamos a hacerlo de manera muy clara y muy contundente, con mayores resultados que los que obtuvieron su gestión durante muchos años. Los ceutíes y los melillenses se pueden sentir mucho más protegidos y mucho mejor defendidos con este Gobierno que con el de ustedes. (Rumores y aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO XAVIER CARRO GARROTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUÉ CONSISTE LA INTEGRACIÓN DE LA FRAGATA ESPAÑOLA ÁLVARO DE BAZÁN EN EL GRUPO USS ROOSEVELT? (Número de expediente 180/000871.)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta al ministro de Defensa de don Francisco Javier Carro.


Adelante.


El señor CARRO GARROTE: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, como diputado de la Comisión de Defensa sigo muy de cerca las actuaciones de su ministerio, aunque ciertamente no es fácil, dado su trepidante ritmo de trabajo. Recientemente le escuché decir en el programa 59 segundos que una fragata española se encontraba en Estados Unidos colaborando con la American Navy. Entonces formulé la pregunta el 22 de septiembre, pensando que se trataba de una buena noticia para promocionar internacionalmente la calidad de nuestras unidades y que podría tener consecuencias beneficiosas en los procesos de contratación de buques de guerra en nuestros astilleros militares.


Efectivamente, señor ministro, soy trabajador de Navantia en excedencia forzosa y de hecho para mí sigue siendo una preocupación, lo mismo que para usted, como ya ha demostrado, y una prioridad dotar de cargas de trabajo a nuestros astilleros. Es usted buen conocedor de las excepcionales cualidades técnicas de nuestras fragatas. De hecho, tuve ocasión de visitar la Álvaro de Bazán, en Estados Unidos, el pasado mes de mayo, consiguiendo por cierto con todo ello que tanto la prensa española como la internacional tuvieran ocasión de constatar la calidad constructiva de nuestros astilleros militares, que es puntera en el mundo. Me refiero al mundo mundial, no al periódico, al medio de comunicación, que, por cierto, publica hoy una versión de estos hechos sorprendente. Se habla de violar promesas electorales, de participar en acciones de guerra, de acuerdos de cooperación con Estados Unidos en acciones de guerra. Ciertamente, señor ministro, me asusté y comprobé la página del periódico porque creí que estaba leyendo la prensa de febrero de 2004, pero entonces seguí leyendo allí donde el Partido Popular -por cierto, el Partido Popular de ahora, que es el mismo que el de antes- apela al espíritu de la Ley de Defensa Nacional (Rumores.), y comprendí, señorías, que la fragata Álvaro de Bazán no solo está mostrando sus excelencias para vender más barcos, sino también para atraer al consenso de la Ley de Defensa Nacional al Partido Popular. Bienvenidos sean, señorías, y, para que vengan, señor ministro, le pregunto: ¿En qué consiste la integración de la fragata española... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Lo lamento, su tiempo terminó.


Señor ministro de Defensa, por favor, su turno.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor presidente, señor diputado, señorías, la fragata Álvaro de Bazán es probablemente uno de los mejores buques de la Armada española y está entre los primeros buques de las armadas de los países amigos y aliados. Desde mi punto de vista, su incorporación al grupo del portaaviones Roosevelt -tuve ocasión de comprobarlo en Norfolk- tiene algún elemento de prueba. La primera cosa que prueba es que nuestro país es puntero en la industria naval de última generación y esa fragata es española. Es, además, prueba del escaparate que supone para poder vender, aunque a algunos les pese, fragatas como la Álvaro de Bazán a otros países, como es el caso de Noruega. Y es una prueba, aunque a otros les pese más, de que los Estados Unidos confían y respetan al Gobierno y al pueblo de España. Es la única fragata no norteamericana que está en el grupo de apoyo al portaaviones Roosevelt.


No está en una operación de paz, no está en una misión en el exterior, está en prácticas de adiestramiento. (Un señor diputado: ¿Dónde?) España tiene hoy, cuando le hablo, 33 buques de guerra actuando en el mar; de ellos, 24 se encuentran fuera de nuestras aguas territoriales, entre ellos esta fragata. Tenemos la satisfacción de poder trabajar en ese nivel, aunque haya polizones que lo que desean es que fracasen las relaciones de España con un país amigo y aliado como son los Estados Unidos. (Rumores.) Pero la decisión, señor diputado, de que esta fragata esté con el Roosevelt la tomó el ministro, pero la tomó el ministro de aquella parte (señalando los bancos del Grupo Popular.)

Muchas gracias. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!- Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Por favor, les ruego que guarden silencio.


- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL PINTADO BARBANOJ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO PLANTEAR ANTE BRUSELAS UNA DETRACCIÓN DE LOS FONDOS QUE RECIBE ESPAÑA DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN? (Número de expediente 180/000880.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas a la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Señor Pintado, adelante.


El señor PINTADO BARBANOJ: Señora ministra, ¿considera el Gobierno plantear ante Bruselas una detracción de los fondos que recibe España de la política agraria común?

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El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señoría, con absoluta rotundidad, el Gobierno no va a plantear ante Bruselas ninguna detracción de los fondos que se reciben de la política agraria común. Es más, señor Pintado, usted debería saber que el Gobierno ha defendido en el marco de las discusiones recientes sobre las nuevas perspectivas financieras de la Unión Europea su posición radicalmente contraria al desmantelamiento de la PAC.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor diputado.


El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, el Gobierno pretende detraer fondos de la política agrícola comunitaria para mejorar su imagen mediática haciendo ver que los dará a la Ayuda Oficial al Desarrollo. La semana pasada los periodistas en el pasillo del Congreso le preguntaban si esto era cierto o no, a lo que usted contestó textualmente: no hay nada cierto en todo esto. Hay muchos informes internos que circulan, que se manejan como cualquier otro, pero cuando hay un documento oficial normalmente lleva logotipo, y ese no lo lleva.


Señora ministra, obra en nuestro poder el informe oficial con logotipo y membrete de la oficina económica del Presidente del Gobierno que dice lo siguiente, para que usted se vaya enterando de lo que hacen sus compañeros de Gobierno: Nuestra propuesta es dotar de un fondo cuya cuantía estaría en función del volumen de la política agraria comunitaria y destinar ese fondo a la ayuda al desarrollo. La financiación de este fondo correría a cargo de los países miembros de la Unión Europea que aportarían al mismo una cantidad en función de los retornos que obtienen de la política agraria comunitaria. No solamente esto, señora ministra, sino que lo que nos parece vergonzoso, sangrante, espúreo -no encuentro otro tipo de adjetivos-, es la argumentación para tomar esta medida. En realidad -sigo leyendo literalmente el informe- no implica más recursos de los que ya se han comprometido los países a destinar a la Ayuda Oficial al Desarrollo. Se trataría simplemente de articular un instrumento a través del cual canalizar estos compromisos, pero tendría una imagen mediática muy positiva, es decir, la creación de este fondo tiene réditos políticos para todos los países europeos de cara a una sociedad cada vez más exigente en esta materia.


Señora ministra, me parece que la desvergüenza de su Gobierno ha traspasado todos los límites. Usted sigue empeñada en negar la evidencia de la existencia de este informe de la oficina económica del presidente.
Hoy tiene una oportunidad, señora ministra, para en definitiva lanzar un mensaje al sector agrario de desmentido de este informe, de anulación de este informe y de una posición clara, porque en un año como el que estamos ahora mismo padeciendo, con las heladas, las sequías y el fuerte incremento de los carburantes, solo le falta al sector agrario recibir una noticia de este calado.


Señora ministra, tome usted buena nota. Hágase usted fuerte dentro del ministerio, haga prevalecer los intereses del sector agrario o si no, desde el Partido Popular, le invitamos a que tome la decisión de abandonar su responsabilidad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Señor diputado, en primer lugar diga textualmente lo que yo he dicho y no omita palabras, porque he dicho logotipo y firma. Pero voy a hacer algunas precisiones que espero que evidencien que ustedes como siempre solo buscan crear conflictos inexistentes. El Gobierno, señorías, y son palabras del presidente del Gobierno dichas ante esta Cámara el 22 de junio de 2005, apuesta sin fisuras por una política agraria común que garantice el mantenimiento de la actividad por parte de los agricultores, priorizando un desarrollo rural que favorezca una mayor vertebración y cohesión territorial. Apostamos, al igual que la mayoría de los Estados miembros, por la necesidad social, económica y medioambiental de mantener la actividad agraria. Por ello, y también se dijo en esta Cámara por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista el mismo día 22 de junio de 2005, queremos unas perspectivas financieras que se basen en el principio de suficiencia. En definitiva, que haya dinero para hacer las políticas comunes: léase la política de cohesión o la política agraria. Esta es la posición pública del Gobierno, posición que ustedes deberían conocer sobradamente ya que supongo que, además de estar en los debates, deberían leer el "Diario de Sesiones" del Congreso.


Por lo demás, permítame que le recuerde que existe un amplio número de documentos y en todos y cada uno de ellos los departamentos van dando su opinión. Es una obviedad que no todos circulan, pero los documentos técnicos no se limitan a una posición política. Por esto creo sinceramente que este es un debate que carece de interés. El Gobierno tiene muy claro que hay que apostar por el desarrollo de una política agraria que potencie el mantenimiento del entramado económico y social que produce la actividad agraria. Es esto lo que de verdad importa a los ciudadanos. Lo demás solo les importa a ustedes, que siguen sin hacer política y siguen solamente haciendo ruido. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


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- DEL DIPUTADO DON JOAQUÍN MARÍA GARCÍA DÍEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE HA DEFENDIDO CORRECTAMENTE LOS INTERESES DEL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL ANTE EL CIERRE ANUNCIADO DE LA PESQUERÍA DE AGUAS DE LA NAFO? (Número de expediente 180/000881.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Joaquín María García Díez.
Adelante.


El señor GARCÍA DÍEZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, el sector pesquero español calificó hace pocas fechas de intolerable que una treintena de barcos tuviesen que renunciar a completar sus cuotas de capturas con motivo del cierre anticipado el 31 de agosto de la flota que faenaba en aguas de NAFO. En la Comisión de Agricultura que se ha celebrado esta mañana en este Parlamento y en la que, por cierto, el Partido Popular había pedido su comparecencia, pero evidentemente una vez más ha declinado hacerlo y ha enviado al secretario general de Pesca, supongo que es una clara muestra de sensibilidad por el sector pesquero, hemos sabido que fue el Gobierno de España el que, sin escuchar al sector, acordó ese cierre anticipado.


Después de que diferentes organizaciones pesqueras dedicasen calificativos como desastre sin paliativos, bajada de pantalones ante la Unión Europea o falta de firmeza de este Gobierno, ¿sigue realmente pensando, señora ministra, que han actuado correctamente?

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señor García Díez, efectivamente esta mañana compareció en la Comisión de Agricultura el secretario general de Pesca Marítima y creo que le informó en profundidad sobre las causas del cierre preventivo de la pesquería, que yo quiero ahora volver a reiterar que fue una decisión acertada, producto del rigor y responsabilidad que caracteriza a este Gobierno.


Así respondo, señoría, de forma categórica al contenido exacto de su pregunta. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor GARCÍA DÍEZ: Entiendo que para usted sea una respuesta categórica y completa, pero lo que debe saber esta Cámara y el sector es lo que ocurrió realmente, y lo que ocurrió es que ustedes fueron consultados por el comisario europeo de Pesca, señor Borg, y debido a esa consulta tuvieron ahora que reconocer que la decisión la habían tomado ustedes, porque si no lo hubieran ocultado, pero debido a esa comparecencia en sede parlamentaria del señor Borg en la que instaba al Gobierno de España a que manifestara si era o no necesario cerrar el caladero, fueron ustedes los que le dijeron que tenían pruebas irrefutables de que la flota española había ya faenado y completado sus capturas. Curiosamente, señora ministra, esos datos no coinciden para nada con los del sector, y eso es lo peor, y eso es lo grave, y no solo no coinciden sino que discrepan frontalmente, porque las cooperativas de armadores lo que dicen es que a día de hoy, a día del cierre del caladero, les faltan más de 600 toneladas todavía por capturar.


Dígame si es cierto o no lo que afirmó el director de Relaciones Exteriores y Mercados de la Comisión Europea, el señor Deven, al decir que hasta finales de mayo o primeros de junio las autoridades españolas no habían presentado todavía el plan de gestión de esta cuota, dígame si es cierto o no, porque si no lo habían presentado, ¿cómo habían sido ustedes capaces de calcular las cuotas que faltaban por faenar? Dígame eso, señora ministra, y no lea papeles que no le hacen falta.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Señoría, lo que debe conocer esta Cámara es la verdad, y a mí no deja de sorprenderme que ustedes responsabilicen siempre a otros de decisiones que fueron tomadas cuando el Partido Popular era el responsable del Gobierno de España, y yo se las voy a recordar aquí.
(Rumores.) Debo recordar ante este Pleno que fue en el año 2003 cuando se establece el plan de recuperación del fletán negro, plan regresivo de 2004 a 2007 que, como usted sabe perfectamente, reduce las posibilidades de pesca en un 53 por ciento en el periodo entre 2003 y 2005. Por tanto, señor diputado, España debe cumplir con aquel plan y no puede superar las cuotas que aquel Gobierno del Partido Popular negoció. En ese momento, nosotros entendimos que teníamos que cerrar por responsabilidad el caladero, que era necesario para garantizar y asegurar el respeto de los cupos asignados a España. Además, debo señalar que es un cierre precautorio o provisional, no es un cierre definitivo, que deriva de que a 17 de agosto del año 2005 las declaraciones de capturas de las que disponíamos señalaban que a 31 de agosto iba a ser inevitable el cierre.
Por ello, por responsabilidad y precaución, se tomó la decisión que ya he mencionado, evitando de este modo una penalización innecesaria. Pero quiero aclarar también que la propia flota tenía previsto pescar hasta septiembre, por tanto estamos hablando de 10 ó 15 días.


También quisiera recordarle, señor García Díez, que en la reunión de la NAFO, que se ha celebrado el día 27 de septiembre en Tallin, se ha constatado el mantenimiento de la perspectiva de recuperación y que no se sufren modificaciones en el plan acordado en el año 2003. Espero

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que sepa reconocer que este Gobierno está tomando la iniciativa para facilitar el futuro de nuestra flota...


El señor PRESIDENTE: Lo lamento, el tiempo concluyó.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ANTONIA DE ARMENGOL CRIADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ TOMANDO EL MINISTERIO DE AGRICULTURA PARA FAVORECER LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS SOCIALES Y LABORALES DE LA MUJER AGRICULTORA?(Número de expediente 180/000872.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Antonia de Armengol.


Adelante, por favor.


La señora DE ARMENGOL CRIADO: Señora ministra, la plena igualdad entre hombres y mujeres va siendo una realidad palpable cada vez más en más ámbitos de la sociedad gracias a las políticas activas y de discriminación positiva que han realizado eminentemente los distintos gobiernos del Partido Socialista en nuestro país. Pero lo que acabo de mencionar es una realidad de conjunto porque la verdad es que en el ámbito rural, que es muy masculino, la conquista de los derechos laborales y sociales que permiten a la mujer agricultora igualarla no solo con sus compañeros sino también con las mujeres que viven en núcleos urbanos es una realidad que aún le queda mucho camino por recorrer. La mujer agricultora en su conjunto pertenece a un colectivo invisible. La mujer agricultora colabora en la explotación familiar pero aporta un trabajo no reconocido, no remunerado y, por tanto, no figura en ninguna estadística. El índice de afiliación de la agricultora al régimen especial agrario es bajísimo, por muchos motivos que no voy a entrar a enumerar ahora por falta de tiempo. El hecho de que la mujer no regule plenamente su situación laboral impide en gran medida la conquista de sus derechos laborales y sociales. La mujer agricultora es la que se hace cargo de la familia, la que se hace cargo en la mayoría de los casos de la gestión de la explotación familiar y en los momentos de trabajo extra colabora estrechamente. A ello hay que añadir que el déficit de infraestructuras educativas, sanitarias y de servicios sociales en el ámbito rural hace que además de todo el trabajo que tiene que realizar sin reconocimiento alguno, la ayuda que cualquier otra mujer que trabaja en el ámbito urbano puede disfrutar a ella no le llega. Señora ministra, ¿nos puede decir qué gestiones realiza o va a realizar su ministerio para mejorar la situación de la mujer agricultora?

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señora ministra, adelante.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, señora Armengol, quiero agradecerle el contenido de su pregunta y el compromiso que denotan sus palabras con la necesidad de potenciar el papel de la mujer en la sociedad y la asunción de derechos sociales y laborales que lo hagan efectivo. Esta necesidad es mayor, como usted decía, en el mundo rural. Por ello, desde que el Partido Socialista asumió la tarea de Gobierno se planteó como una línea prioritaria de su política poner en marcha todas aquellas medidas que favorezcan una igualdad real entre hombres y mujeres. Desde el Ministerio de Agricultura se están poniendo en marcha todos los instrumentos que consideramos que lo pueden favorecer. Así, hemos iniciado un nuevo modelo de relación y cooperación con colectivos y asociaciones sin ánimo de lucro que promuevan la igualdad real de la mujer en el ámbito agrario. A través de este mecanismo se persigue favorecer el intercambio de experiencias y ofrecer acciones de asistencia, formación y capacitación profesional, así como la financiación de proyectos viables que fomenten la integración de la mujer en calidad de empresaria, facilitando su realización personal, la conciliación de la vida laboral y familiar y la eliminación de barreras mercantiles o comerciales. También en este mismo ámbito hemos apostado por destinar ayudas a entidades que desarrollen actividades de especial interés para el sector agroalimentario en el ánimo de impulsar todos aquellos instrumentos que permitan que las mujeres del mundo rural puedan convertirse en protagonistas de su futuro. Además, se ha optado por realizar una discriminación positiva en la aplicación y elaboración de todas y cada una de las normas que estamos elaborando. De esta forma potenciamos que las mujeres puedan tener un plus en la asignación de recursos que les permita conquistar los derechos que hoy no tienen.
Conscientes de que es necesario comprometerse con las políticas de igualdad, hemos decidido que en la futura ley de ordenación del desarrollo rural y la agricultura se dedique un título especial sobre mujeres y desarrollo rural, que establece un ambicioso marco que favorecerá que las mujeres rurales puedan ocupar definitivamente el lugar que les corresponde en el ámbito agrario.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRÍA MUÑOZ, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON JOSU ERKOREKA GERVASIO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿COMPARTE USTED LA TESIS DE QUE LA VÍA VALENCIANA PARA LA REFORMA ESTATUTARIA CONSTITUYE EL MODELO AL QUE NECESARIAMENTE HAN DE AJUSTARSE LAS REFORMAS DE LOS RESTANTES ESTATUTOS? (Número de expediente 180/000867.)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Administraciones Públicas de don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿comparte usted la tesis de que la vía valenciana para la reforma estatutaria constituye el modelo al que necesariamente han de ajustarse las reformas de los restantes estatutos?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Señoría, no creo que sea el modelo; es un modelo a tener en cuenta.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, es una respuesta esquemática pero comprensible. No crea que la pregunta es caprichosa, porque compañeros suyos de gabinete han insinuado que este era el modelo pertinente y alguno más locuaz incluso ha aseverado de forma muy enfática que este es el modelo por el que tienen que discurrir las demás reformas estatutarias.


Desde esta perspectiva, nosotros -fíjese, señor ministro, si es modesta nuestra pretensión- solo queremos ser como ustedes. Ustedes tienen su nación -ustedes y el señor Rajoy- y sin embargo nosotros no poseemos la nuestra, la tenemos que defender en un régimen de semiclandestinidad o en un régimen de alegalidad, nunca de ilegalidad. Desde esa perspectiva, deseamos al pueblo valenciano todo tipo de venturas en virtud de la reforma estatutaria que han aprobado, pero nos pasa, salvando las diferencias, como a Kant: estamos preñados por la duda. ¿Preñados por qué duda? No han faltado sino, más bien al contrario, han proliferado manifestaciones de portavoces y distintos ministros de su gabinete, cuando no acciones del presidente del Gobierno, indicando dos precisiones respecto al cauce por el que deben discurrir las reformas estatutarias.
Unas hacen referencia a que las reformas tienen que ser mayoritarias o aprobadas en las asambleas legislativas donde se acometen por una mayoría suficiente. Ha habido ya una reforma, la del Estatuto de Autonomía de Gernika, que poseyendo esta mayoría suficiente no ha sido tomada en consideración por esta Cámara y no se ha podido debatir, por un procedimiento que por lo menos vamos a calificar de discutible reglamentariamente. Luego la primera pregunta es: ¿La mayoría cuál es? ¿Una mayoría conformada por el Partido Popular o por el Partido Socialista, o conciben ustedes la eventualidad de que haya mayorías configuradas por otros grupos parlamentarios, que al fin y al cabo son los que configuran -valga la redundancia- la mayoría real, numérica, ontológica y políticamente en la mayoría o en otras instituciones parlamentarias como la vasca? En el Parlamento vasco, el Partido Popular y el Partido Socialista no llegarían al 40 por ciento de los votos para acometer una reforma de estas características.


Sin embargo, nos preocupa más otra reflexión que prolifera desde sus filas y desde las filas de portavoces cualificados del Partido Popular que hace referencia a que las reformas tienen que ser también constitucionales.
Esto es entrar en un terreno particularmente difuso, señor ministro, porque ¿quién tiene legitimidad para determinar ex ante la constitucionalidad? Ex post, el Tribunal Constitucional; ex ante, nadie.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Gracias, señor presidente.


La verdad, señor Olabarría, supongo que a estas alturas no le sorprenderán los dos criterios ampliamente comentados en esta Cámara que el Gobierno ha establecido para llevar adelante los procesos de reforma estatutaria: amplio consenso y respeto a la Constitución. Amplio consenso seguramente es un concepto vago, pero pasa como con tantos conceptos, que se le reconoce cuando se le ve, no tenga duda alguna S.S.. En la opinión mayoritaria de esta Cámara, la propuesta de reforma del estatuto, el denominado plan Ibarretxe, no tenían un amplio consenso en la sociedad vasca ni en el Parlamento vasco, aunque tuviera el 51 por ciento o las mayorías marcadas en ese Parlamento. Respeto a la Constitución es una manera obvia de decir que una reforma estatutaria no es el camino para reformar la Constitución. Es evidente que este Gobierno cree que la Constitución se puede reformar; es más, ha presentado iniciativas para reformar cuatro puntos concretos, lo que quiere decir que no considera necesario modificar ningún otro. Los procedimientos de reforma de la Constitución están establecidos y no pasan por la reforma de un estatuto de autonomía, que sería tanto como imponer desde la parte al todo las reglas de juego.


Dicho esto y yendo a su pregunta, estoy muy orgulloso de la propuesta de reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana que se ha traído a esta Cámara. Es un estatuto que avanza en los niveles de autogobierno y competencias y mejora la financiación de nuestra comunidad autónoma. Ese es el objetivo que deben perseguir todas las reformas estatutarias: mejorar y perfeccionar el Estado autonómico que tenemos, pero este Estado autonómico lo es en la medida en que es un Estado constitucional y, por tanto, tenemos que hacer reformas de ese Estado dentro de la Constitución. (Aplausos.)

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- DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL ALBENDEA PABÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿SE RATIFICA USTED EN LAS DECLARACIONES REALIZADAS EN SU RECIENTE VISITA A SEVILLA SOBRE LA DEUDA HISTÓRICA DE ANDALUCÍA? (Número de expediente 180/000885)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del señor Albendea.


Adelante.


El señor ALBENDEA PABÓN: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿se ratifica usted en las declaraciones realizadas en su reciente viaje a Sevilla sobre la deuda histórica de Andalucía?

El señor PRESIDENTE: El señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Yo sí, lo que no sé es si usted se ratifica en lo que hizo el Gobierno del Partido Popular durante ocho años. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor ALBENDEA PABÓN: Señor ministro, usted en Sevilla ha hecho el ridículo. Usted que es el responsable de la coordinación territorial no sabía lo que era la deuda histórica. No conocía que figuraba en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Y si lo conocía, peor todavía porque ha despreciado el estatuto, confundió la liquidación pendiente de la financiación autonómica 1997-2001 con la deuda histórica. La deuda histórica se refiere a la conservación del nivel mínimo de los servicios transferidos por el Estado y no tiene nada que ver con la inversión en el AVE que usted citó ni con otras inversiones en infraestructuras. Usted, señor ministro, metió la pata hasta el corvejón. Cómo serían de desafortunadas sus declaraciones que una persona tan sectaria como el consejero de Presidencia, señor Zarrías, hubo de salir al paso para corregir su gravísimo error. Tampoco el Consejo de Política Fiscal y Financiera es el órgano de debate de la deuda histórica. Es en el seno de la Comisión mixta Estado-Junta de Andalucía donde se debe fijar para cada ejercicio.


Una vez más los Presupuestos Generales del Estado no contemplan ni un euro para satisfacer la deuda. ¿Usted sabe lo que decía su compañera de gabinete, doña Magdalena Álvarez, cuando era consejera de Economía de la Junta de Andalucía? Que la cuantía de la deuda histórica era de 1148 millones de euros. Le recuerdo que fue el Gobierno del Partido Popular, pese a lo que usted diga, el que aportó por primera vez 120 millones de euros para empezar a satisfacer la deuda histórica. Si repasamos las vicisitudes de la deuda histórica en función de que gobernara o no en España el Partido Socialista, nos podemos llevar las manos a la cabeza.
Han pasado de no tener deuda histórica a haberla saldado en el año 1982, a ser una desfachatez cuantificarla y la misma persona cifrarla en 1148 millones de euros, a decir que la deuda es un concepto romántico, a exigir ese concepto romántico en los tribunales. Han mentido como bellacos sobre el tema y han tergiversado la realidad en función de sus intereses partidistas. Usted, en su viaje a Sevilla, lo que ha demostrado es un desconocimiento supino de la materia. También se ha opuesto a la transferencia de la cuenca del Guadalquivir que reclamaba el señor Chaves cuando estábamos nosotros en el Gobierno. Señor ministro, mejor que no vuelva por Andalucía porque vamos a acabar declarándole persona non grata. De Sevilla sale usted como Cagancho en Almagro.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias.


Espero que retire eso que acaba de decir limitando la libertad de movimiento de un español, diputado y miembro del Gobierno. Iré a Sevilla o donde quiera ir con total libertad y diré lo que crea y lo que piense.
(Aplausos.) ¡Hasta ahí podíamos llegar!

¿Sabe S.S. cuál es el problema? El problema es que ustedes tampoco saben si es sorber o soplar, si estar de acuerdo con lo que yo dije o con lo hizo el señor Aznar durante 8 años, que fue no hacer caso a esa demanda del Gobierno andaluz y pagar la deuda histórica. Yo fui el ministro que liquidó -lo he dicho y lo repito- no una deuda histórica, sino una deuda muy antigua que contrajo el Gobierno del señor Aznar con Andalucía de 2.500 millones de euros, y fue otro Gobierno socialista, otro ministro socialista, el último ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de Felipe González, el que firmó en la Comisión mixta el acuerdo de pago por las asignaciones complementarias de nivelación, llamado vulgarmente de deuda histórica. Si algo tienen claro los andaluces es que solo con gobiernos socialistas se hace caso a Andalucía, solo con gobiernos socialistas se cumplen los compromisos con Andalucía y solo con gobiernos socialistas va dinero a Andalucía.


Estamos hablando de algo que se llaman asignaciones complementarias de nivelación, que está reconocido en el artículo 15 de la Lofca y es razonable suponer que en la reforma del modelo de financiación autonómica que este Gobierno se ha comprometido a hacer para evitar los errores y las limitaciones del modelo de financiación autonómica que ustedes nos dejaron y que ni siquiera permite llegar a fin de mes en la factura sanitaria, en ese contexto se pueda llevar adelante. En todo caso, en las próximas semanas convocaré esa Comisión mixta con

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Andalucía para tratar -también con este Gobierno- de resolver lo que está previsto en el Estatuto de Andalucía, y ahí quiero ver al Partido Popular. Quiero ver si entonces está a favor o en contra, porque durante ocho años han estado callados vergonzosamente. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA ANTONIA MARTÍNEZ HIGUERAS, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPUTADA DOÑA ANTONIA GARCÍA VALLS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿EN QUÉ MEDIDA VIENE TRABAJANDO EL GOBIERNO PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO? (Número de expediente 180/000873.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Antonia García Valls, que es sustituida por doña Antonia Martínez Higueras.


La señora MARTÍNEZ HIGUERAS: Señor ministro, es necesario avanzar en la conciliación de la vida laboral y familiar, y esa conciliación ha sido y sigue siendo una de las prioridades políticas del Gobierno socialista. El compromiso del Partido Socialista y de este Gobierno es avanzar en las políticas de igualdad en el empleo, en las condiciones de trabajo y en la atribución de las cargas familiares.


Cuando hablamos de conciliación nos referimos a buscar medidas que sirvan tanto para trabajadores como para trabajadoras, pues es responsabilidad de ambos llevar a cabo la conciliación. Conciliar vida laboral y familiar no es un problema de género o exclusivamente de las mujeres, pero afecta principalmente a éstas. Basta comparar el número de mujeres y hombres que ocupan los niveles superiores de la Administración. Como usted ha dicho en alguna ocasión, es difícil conseguir aumentar la ratio de mujeres en puestos directivos en nuestra Administración; en muchos casos, las empleadas públicas renuncian a los puestos ofrecidos por no poder compatibilizar la jornada con sus responsabilidades familiares. Este Gobierno es sensible y se siente comprometido con estos temas, habiéndose obtenido ya los primeros resultados y compromisos, plasmados en el acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005. Entonces se aprobó un Plan para la igualdad de género en la Administración del Estado en el que también se dedicaba un apartado a la conciliación de la vida laboral y familiar. Por eso, le pregunto: ¿En qué medidas viene trabajando el Gobierno para la conciliación de la vida familiar y laboral en la Administración General del Estado? (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, agradezco su pregunta. Sabe S.S. que personal y políticamente esto es muy importante. He dicho alguna vez en esta Cámara que uno de los dos grandes problemas del inicio del siglo XXI es cómo establecer la posibilidad de que el desarrollo personal, de hombres o mujeres, no entre en contradicción con el desarrollo profesional de las personas, hombres o mujeres. En muchísimas ocasiones nos vemos en circunstancias en las que libertades tan básicas como decidir cuándo y cuántos hijos tener se ven limitadas, constreñidas y a veces cercenadas por esa incompatibilidad que existe entre la vida laboral y la vida personal. Este es un reto importante, un reto que este Gobierno ha decidido abordar con fuerza a través fundamentalmente -no solo, pero sí fundamentalmente- de la Ley de Igualdad. Pero el Gobierno es patrono -entre comillas- de muchos trabajadores, de muchos funcionarios, y yo creo en una Administración pública que marque líneas en estos asuntos, que sea ejemplo y modelo a seguir para aquello que predicamos para el sector privado. En ese sentido, sabe S.S. que hemos ido adoptando ya algunas medidas: extensiones de los horarios de verano, para hacer coincidir el horario de verano con las vacaciones de los niños, que es uno de los problemas prácticos con los que nos encontramos todos los que tenemos hijos; hemos tomado medidas para incorporar el permiso de paternidad adicional al que tiene la mujer por tener el hijo; para modificar el horario e intentar adecuarlo más a las necesidades de la vida personal, y estamos en negociación con los sindicatos para firmar lo que sin duda será el mejor y más novedoso convenio de conciliación que se ha firmado nunca en España. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN JUANES BARCIELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA: ¿CUÁLES SON LAS VÍAS DE COLABORACIÓN BIBLIOTECARIA ENTRE LAS BIBLIOTECAS DE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES? (Número de expediente 180/000874.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Cultura, de doña Carmen Juanes.


Adelante.


La señora JUANES BARCIELA: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, las bibliotecas públicas son instituciones cada vez más presentes en la vida de todas las comunidades. Las nuevas funciones que la biblioteca pública debe asumir van mucho más allá del préstamo, la lectura o la ayuda al estudio. La biblioteca pública actual no se entiende como una institución de carácter

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meramente cultural, sino que debe potenciar su carácter dinamizador como elemento de desarrollo social para que se convierta en un gran centro de información para la comunidad local, y sobre todo para favorecer la participación activa del ciudadano.


Actualmente, la titularidad de las bibliotecas públicas corresponde bien a la Administración autonómica, bien a la Administración local, pero existen 52 bibliotecas públicas del Estado donde éste mantiene su titularidad y determinadas competencias derivadas de ella, aunque la gestión se transfirió en la década de los ochenta a las respectivas comunidades autónomas. Y aunque la gestión esté transferida, el Ministerio de Cultura debe estar al servicio no solo de estas bibliotecas sino del conjunto de las bibliotecas públicas del Estado, como bien dijo usted en la Comisión de Cultura el día 24 de mayo de 2004. El último informe sobre la situación de las bibliotecas públicas en España, presentado en el marco del primer encuentro de bibliotecas y municipios celebrado en Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca, los días 21 a 23 de septiembre, pone de manifiesto que existe una mejora de la red de bibliotecas públicas y de los servicios que prestan, y la respuesta de los ciudadanos a esta mejora ha significado un crecimiento constante del número de ciudadanos que acuden a ellas.


Desde el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Archivos, se está impulsando y coordinando cualquier acción dirigida a la cooperación entre las tres administraciones para optimizar recursos, mejorar servicios y hacerlos más eficaces. La colaboración a nivel nacional se canaliza a través de las jornadas de cooperación bibliotecaria, en las que participan todos los organismos implicados y en las que se analizan los resultados de los 13 grupos de trabajo donde nacen los proyectos sobre temas fundamentales del panorama bibliotecario español. Por ello, señora ministra, le pregunto en nombre del Grupo Parlamentario Socialista cuáles son las vías de colaboración bibliotecaria entre las bibliotecas de las distintas administraciones.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.


Señoría, le agradezco la pregunta, además de por las razones obvias de su pertenencia al grupo que sostiene al Gobierno, porque pone de manifiesto algo que es necesario clarificar permanentemente: la responsabilidad de las bibliotecas públicas de nuestro país, que en 2003 ascienden a 3.762, pertenece fundamentalmente a los ayuntamientos, a la Administración local; algunas de las cuales, las 52 bibliotecas de titularidad del Estado, son de gestión autonómica. Por lo tanto, el 94,1 por ciento de la gestión y de la responsabilidad de las bibliotecas, de las políticas que desarrollan en el fomento de la lectura y en la protección del patrimonio histórico español documental y bibliográfico, no es de la Administración General del Estado a partir del proceso de transferencia. Lo que todo esto supone para el Gobierno actual, en una voluntad decidida de fomentar la lectura entre los españoles, de considerar un hábito cultural de primera magnitud que no podemos olvidar, frente a otros hábitos culturales inmersos en lo que denominamos la sociedad de la información, las nuevas tecnologías y el mundo de lo audiovisual, es una mano tendida, permanente, a cooperar, a invertir y a hacer planes conjuntos de coordinación, como usted bien ha destacado, convocando por primera vez un encuentro, fructífero, para hablar de municipios y bibliotecas, que se ha celebrado en Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca. Consideramos que podría ser una idea extraordinariamente útil, sin menoscabo de las competencias constitucionales que cada Aministración tiene atribuidas, recuperar la idea del consejo coordinador de bibliotecas, que está recogido en un Real Decreto del año 1989, que nunca ha funcionado y que podría que ser un lugar permanente y común de transvase de experiencias y de líneas de trabajo transversal.


Nos preocupa fundamentalmente aumentar el capital humano que atiende las bibliotecas públicas de todo nuestro país, la mejora y la profesionalidad del mismo y la adecuación de las RPT a los perfiles que hoy en día necesita una biblioteca que, como usted bien destacaba, son puertas de la información, como las califica la Unesco, no son los viejos lugares donde se depositan los libros, se prestan o se leen; hay que dotarlas de tecnología actualizada, de hemerotecas, de videotecas, de todo lo que supone soporte moderno, donde también se produce la lectura actual y que provoca el atractivo del público más joven que son los futuros lectores, nuestras generaciones a proteger fundamentalmente en este asunto de la lectura, que para este Gobierno es capital.


En el mes de octubre volveremos a presentar el segundo año del plan de fomento...(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Lo lamento, terminó su tiempo.


Preguntas a la señora ministra de Sanidad y Consumo. (Pausa.)

Preguntas a la ministra de Medio Ambiente. (Pausa.)

Señorías, se suspende la sesión. (Pausa.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA TERESA DE LARA CARBÓ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE LA MINISTRA DEL DATO FACILITADO POR SU DEPARTAMENTO, SEGÚN EL CUAL HAN ARDIDO EN ESPAÑA MÁS DE 155.000 HECTÁREAS DE TERRENO A LO LARGO DEL VERANO? (Número de expediente 180/000883.)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña María Teresa de Lara.


Tiene la palabra.


La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.


Doy por reproducido el texto de la pregunta.


El señor PRESIDENTE: Señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.


Gracias, señoría. El Gobierno valora con preocupación y seriedad la cifra alcanzada este año, como supongo que valoró con preocupación y seriedad el Gobierno del Partido Popular, en el año 2000, las más de 160.000 hectáreas que se habían quemado en esta misma fecha. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.


Coincidimos con usted en la valoración negativa de los datos que ha dado su ministerio sobre la superficie forestal quemada; datos, por cierto, que al día de hoy, y por desgracia, ya se han superado ampliamente.
Nuestra valoración es negativa por el impacto ecológico, económico y social producido, y también por el impacto más irreparable de todos, que es el relativo a la pérdida de vidas humanas en los trabajos de extinción.


Señora ministra, nuestra peor valoración es hacia la poca previsión del Gobierno. Hace un año, en septiembre de 2004, los indicadores hidrológicos preveían escasez de lluvias; hace unos meses que usted habla de la sequía y ustedes, señorías, no han sabido prever que la falta de lluvias unido a la falta de humedad y a las elevadas temperaturas pronosticaban para el verano un grave riesgo de incendios forestales.
Quisieron paliar esta falta de previsión presentando en pleno mes de junio un plan de prevención y lucha contra incendios forestales, que nos contaron que iba a ser la panacea; luego se vio que, hasta transcurridos seis meses como mínimo, nunca sería operativo. A raíz del incendio de Guadalajara aprueban otro decreto con una serie de medidas, invadiendo competencias autonómicas, y teniendo que rectificar poco después algunas de ellas; también en estas fechas aprueban la compra o alquiler de nuevos medios aéreos. Fíjese en el sarcasmo, señoría. Final de julio del año 2005: usted percibe que los medios aéreos para proporcionar cobertura a nivel nacional son insuficientes. Lo percibe después del incendio de Guadalajara en el que dice que no tiene ninguna responsabilidad, pero sí la tiene, señora ministra, porque en el incendio de Guadalajara 8 de las aeronaves del ministerio se estropearon y por ello el incendio no pudo apagarse en el momento oportuno.


Señora ministra, deje de escudarse en el anterior Gobierno, como hace siempre. Deje de dar datos sesgados. Dijo usted el otro día que en la etapa de 1996 al 2004 se habían quemado cercado de un millón de hectáreas, y es cierto, pero oculta que en la década de 1985 a 1995, con el Gobierno socialista, en España se quemaron 2.700.000 hectáreas. Deje de acusar a los ciudadanos, primero a los gallegos y luego al resto de los españoles, de complicidad social en los incendios. Asuma sus responsabilidades, que en el caso del incendio de Guadalajara son, por desgracia, muchas. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra, por favor.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Cuando usted dice que el Gobierno ha tenido falta de previsión respecto de los incendios forestales, entiendo que S.S. extiende esa consideración a todos los gobiernos de todas las comunidades autónomas, de todos los partidos políticos, que son los responsables de la política forestal y de la lucha contra los incendios. Le diré que el Gobierno ya había aumentado los medios aéreos respecto del año anterior antes de que sucediera el trágico incendio de Guadalajara. El Gobierno había alcanzado también un acuerdo unánime en Santander, en enero, con todas las comunidades autónomas; acuerdo que nos está sirviendo para reconducir las carencias graves en la lucha contra los incendios en nuestro país.


En cuanto a ese Real Decreto del 22 de julio, que a usted le parece que no ha significado nada, puedo decirle en estos momentos que ha servido exactamente para cambiar la tendencia del número de incendios este verano en nuestro país. Señoría, hasta el día 22 de julio el número de incendios superaba en más de un 70 por ciento la media de los últimos diez años.
Desde el 22 de julio hasta el 18 de septiembre, el número de incendios ha descendido un 20 por ciento por debajo del último decenio. El Gobierno sigue trabajando con las comunidades autónomas para ayudarlas a recoger biomasa forestal para incorporarla en lo que debe ser el fomento de energías renovables en nuestro país y llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para vincular de una manera más positiva a los habitantes del medio rural con su propio entorno; diagnóstico que compartimos con todas las comunidades autónomas gobernadas por todos los partidos políticos.


Si están tan preocupados por los incendios, ya explicarán en esta Cámara por qué han presentado una enmienda de totalidad, con cuatro líneas exclusivamente contra la Ley de Montes, donde se dice que esa ley introduce menores garantías, cuando se va a crear una fiscalía especial para los delitos ambientales, que necesita este país desde hace mucho tiempo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


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- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON JOAN HERRERA TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿QUÉ PROPUESTAS TIENE EL GOBIERNO PARA POTENCIAR EL DIÁLOGO SOCIAL? (Número de expediente 180/000887.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del diputado don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro de Trabajo, ¿qué iniciativas va a tomar el Gobierno para evitar la parálisis del diálogo social?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


Señor Llamazares, no hay tal parálisis. Yo le agradezco su interés, pero tengo que indicarle que el diálogo social está funcionando a pleno rendimiento. Quiero recordarle que el anterior proceso, que derivó en el acuerdo del año 1997, llevó 17 meses de intensas negociaciones y ahora para la reforma del mercado laboral se ha iniciado en julio. Por tanto, llevamos no más allá de un mes y pico. Lo que ahora se necesita es continuar de forma intensa los trabajos de diálogo social en un entorno de tranquilidad y sin interferencias. De eso están convencidas las delegaciones que se sientan a la mesa, Gobierno, sindicatos y patronal.


Hay varios aspectos abiertos en este diálogo: estabilidad en el empleo, Seguridad Social y atención a la dependencia. Lo que pretendemos es construir un conjunto de medidas que, por una parte, constituyan una reforma laboral coherente y satisfaga dos condiciones: una, más estabilidad en el empleo, que es el principio esencial, sin poner en riesgo la creación de empleo; y dos, que de las múltiples reformas posibles seamos capaces de encontrar aquélla que alcance el mayor consenso, y en ese momento estamos. Las conversaciones son muy intensas y no le puedo decir más en estos momentos. Estamos discutiendo intensamente y espero que en poco tiempo podamos tener resultados. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares, por favor.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor ministro, permítame que, valorando las cosas que van bien en su ministerio -por ejemplo, van bien el empleo y la Seguridad Social-, le haga reflexionar sobre las cosas que no van tan bien. Desde nuestro punto de vista, el diálogo social no va tan bien.
Corre el peligro de convertirse en un diálogo de sordos porque, a tenor de los comunicados de los agentes sociales, la visión que mantiene el ministerio no es la misma que la que mantienen ellos. Según usted, el ministerio dice que las cosas van bien; los agentes sociales, que las cosas son muy difíciles, que el diálogo es muy complicado y que no avanza. En todo caso, me quedo con su optimismo, pero quiero transmitirle que esta necesidad de que el diálogo termine en un acuerdo es cada vez más acuciante. Lo es, señor ministro, porque hay cuestiones que, como decía antes, no van tan bien. Desde nuestro punto de vista, no va tan bien la evolución de la precariedad en el empleo -porque se incrementa y es preocupante, particularmente entre jóvenes y mujeres-; no va tan bien la igualdad de género en el empleo y, por supuesto, como hoy hemos sabido, no va tan bien la accidentalidad laboral. Por lo tanto, es acuciante la negociación y es acuciante el acuerdo.


Señor ministro, yo le insto a que el Gobierno mantenga una actitud activa a favor del acuerdo; no una actitud de mediador, de árbitro o, al final, una actitud de notario del desacuerdo. Le insto a que mantenga una actitud activa a favor del acuerdo, poniendo encima de la mesa su propuesta respecto a la reforma laboral, poniendo encima de la mesa una propuesta más clara con respecto a la dependencia y poniendo encima de la mesa también y a favor del acuerdo la igualdad de género.


Estamos en un momento decisivo en materia presupuestaria y en materia laboral.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor Llamazares. No es sencillo sino complicado, como cualquier negociación de esta naturaleza. Comparto con usted la necesidad de agilizar y de buscar cuanto antes una solución a los temas que tenemos planteados. Quiero que sepa que el Gobierno ya está actuando activamente.
Está realizando propuestas, argumentándolas, debatiéndolas, contrastándolas y, en su caso, ofreciendo alternativas. Se está creando mucho empleo, pero -tiene usted razón- existe una alta tasa de temporalidad que me preocupa y le preocupa a la sociedad española. Nos preocupa también la siniestralidad, aunque, como sabe, hemos acordado una estrategia para combatirla que, en términos globales, ha dado buenos resultados porque está descendiendo la siniestralidad por número de ocupados en España debido a que crece mucho la ocupación, aunque ello no es suficiente. Por supuesto, hay que hacer una política más intensa en materia de igualdad.


Todo ello se está discutiendo y el Gobierno jugará un papel cada vez más activo. Sinceramente, señor Llamazares, espero que en poco tiempo podamos rendir un gran servicio a la sociedad española consiguiendo

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más empleo estable, con más igualdad y sin siniestralidad. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON MIGUEL BARRACHINA ROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿CUÁLES HAN SIDO LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA ASIGNAR LOS RECURSOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL 0,52 POR CIENTO DEL IRPF DESTINADOS A "OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL"? (Número de expediente 180/000882.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Miguel Barrachina.


Adelante.


El señor BARRACHINA ROS: Gracias, señor presidente.


Señor Caldera, ¿cómo se explica que sea la primera vez desde 1995 que la Asociación de Víctimas del Terrorismo pide ayuda del 0,52 por ciento y su ministerio le deniegue los 400.000 euros diciendo que existe limitación de crédito; limitación que, sin embargo, no ha encontrado la residencia privada de su municipio, a la que usted ha asignado, no 400.000 sino un millón de euros? (Una señora diputada: ¡Toma ya!)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


La UVT no recibió ayudas en 2003 ni en 2004, gobernando el Partido Popular. Cuando gobernaba el Partido Popular el conjunto de ayudas a las asociaciones de víctimas del terrorismo fueron las siguientes: en el año 2003, de 600.000 euros; en el año 2004 -cuyo presupuesto elaboró el Partido Popular-, solo de 270.000 euros y en el año 2005, con el Gobierno del Partido Socialista, las cantidades son de un millón 300.000 euros.
Hasta ahora las asignaciones se han hecho de acuerdo con lo establecido en la ley; se han seguido escrupulosamente los criterios y procedimientos de nuestro ordenamiento y la definición de programas y prioridades para la concesión se ha establecido tras consultar a la Conferencia sectorial de asuntos sociales y a la Comisión permanente de ONG de acción social.
Es decir, las víctimas del terrorismo, que son una prioridad absoluta para este Gobierno, han recibido muchísima más ayuda con este Gobierno que con los del Partido Popular. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, adelante.


El señor BARRACHINA ROS: Gracias, señor presidente.


Señor Caldera, usted miente y, además, sabe que miente. La Conferencia sectorial y las ONG aprobaron una orden, que usted rubricó, en febrero de 2005, en la cual en su artículo 1, señor Caldera, se recoge expresamente a las víctimas del terrorismo como beneficiarias de esta orden. Es mentira. Jamás pidieron ayudas durante el 2004, y durante el 2003 se les concedieron 460.000 euros, que rechazaron. Siempre que han pedido ayudas, solo se las ha concedido el Gobierno anterior. Desde 1995, usted es el primer ministro que les deniega esta ayuda. Su Gobierno es cicatero con las víctimas y complaciente con los terroristas que hoy se sientan cómodamente en las instituciones (Rumores.) y, además, disfrutan en exclusiva de algunas piscinas de las prisiones españolas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo no ha recibido en el 2005 ni un solo céntimo, y estamos a punto de llegar a octubre. Ya anunció usted cuando llegó en octubre pasado a su municipio natal que esa residencia privada la iba a arreglar usted, arrogándose competencias exclusivas de la comunidad autónoma que, como todas las autonomías, informan favorablemente todos los proyectos del 0,52 por ciento. Para cumplir usted su capricho, señor Caldera, ha tenido que quitarle a las víctimas del terrorismo, quizás, como castigo a sus manifestaciones, porque Ibarra dice que eso de manifestarse es una cosa primitiva. ¿Qué hacen, señor Caldera, los 8.000 ayuntamientos de España, que no tienen la suerte de tenerle a usted como hijo, con sus residencias de ancianos? ¿Qué hacen, señor Caldera, los 8.000 ayuntamientos de España que no le tienen a usted como hijo? Señor Caldera, aproveche, ahora que aún es ministro, y reúnase con las víctimas. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


Las víctimas del terrorismo tienen la máxima consideración del Gobierno y sus asociaciones también. Para el Gobierno, atender las necesidades de las víctimas del terrorismo es prioritario. Por supuesto, que ello se hace con todas las ayudas necesarias y con todas las políticas públicas que se necesitan en cada caso. Como he indicado, este Gobierno ha incrementado en más del doble respecto al Gobierno anterior las ayudas al conjunto de asociaciones de víctimas del terrorismo: 1.350.000 euros en este ejercicio. La Asociación de Víctimas del Terrorismo recibirá en estos días las correspondientes al ejercicio del 2005. En el año 2003, el conjunto de ayudas concedidas a estas asociaciones fue de 600.000 euros; en el 2002, de 460.000 euros; en el 2001, de 453.000; y en el 2004, con un Gobierno del Partido Popular, de 270.000 euros. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!) En el año 2005, son 1.350.000 euros, por supuesto, a todas las asociaciones, incluida la Asociación de Víctimas del Terrorismo. ¿O es que su señoría quiere que a la Asociación de Víctimas del Terrorismo no la

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ayudemos con las necesarias subvenciones? Claro, que sí lo vamos a hacer.


Por tanto, tengo que decirle que este año se van a percibir esas ayudas.
Ayer mismo llamé -no hace falta que usted lo diga- al presidente de la AVT, a quien le he ofrecido vernos para hablar de esta situación. Si la AVT considera que se ponen en riesgo algunos de los programas sociales que están desarrollando, estoy dispuesto por la vía de un convenio con el Ministerio de Asuntos Sociales a financiarlo. Así se lo he hecho saber a la AVT, con la que me reuniré inmediatamente. En cualquier caso, que quede claro que el conjunto de ayudas es superior a las que nunca se habían concedido.


El señor PRESIDENTE: Concluido este punto, recuperamos el orden del día, pero antes tengo que señalar que espero que no se vuelva a reproducir la situación de que la bancada del Gobierno esté vacía. (Un señor diputado: ¡Muy bien!)

- DE LA DIPUTADA DOÑA REMEDIOS MARTEL GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿CUÁL ES LA VALORACIÓN QUE DESDE EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO SE HACE DE LA EVOLUCIÓN DEL GASTO FARMACEÚTICO DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DEL REAL DECRETO 2402/2004? (Número de expediente 180/000862.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Remedios Martel, que formula a la señora ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MARTEL GÓMEZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, los problemas generados por la política farmacéutica llevada a cabo en los últimos años por los gobiernos del Partido Popular exigían acometer una serie de medidas que garantizaran la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. La elaboración del Plan estratégico de política farmacéutica puso de manifiesto la importancia que para el Gobierno socialista tiene el conseguir un sistema sostenible, eficaz y predecible en el tiempo. Sabemos que el lugar que ocupan los medicamentos en el proceso asistencial y el peso económico de esta prestación hacen de ellos uno de los elementos estratégicos de la política sanitaria.
Promover un uso más racional de los medicamentos y conseguir una mayor eficacia en la prestación farmacéutica llevó a su ministerio a establecer una serie de medidas para obtener la contención del gasto farmacéutico.
Por ello, señora ministra, creemos que la suspensión provisional del sistema de precios de referencia y la aplicación de la rebaja de los precios de los medicamentos han sido medidas que contribuyen a la sostenibilidad de la prestación farmacéutica y a la contención del mencionado gasto farmacéutico. Durante los últimos meses hemos ido conociendo datos referentes a la evolución del gasto desde la entrada en vigor el 1 de marzo del real decreto que establecía la rebaja de los precios de los medicamentos y en los que se aprecia una tendencia a la moderación del gasto. Por todo ello, señora ministra, le pregunto: ¿Cuál es la valoración que desde el Ministerio de Sanidad y Consumo se hace de la evolución del gasto farmacéutico desde la entrada en vigor del Real Decreto 2402/2004?

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra, por favor.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quería pedirle disculpas por no haber estado aquí en su momento. Debo decirle que la hora que yo tenía anotada era casi quince minutos después de mi presencia aquí, pero evidentemente no estaba cuando usted hizo referencia a la ministra de Sanidad y Consumo y por tanto le ruego, y también a la Cámara, que me disculpen.


Señoría, le daré dos cifras que por sí mismas contestan a la pregunta que formula. Cuando el actual equipo se puso al frente del Ministerio de Sanidad y Consumo, en abril de 2004, el gasto farmacéutico tenía un incremento interanual del 11,02 por ciento. En agosto de 2005 el crecimiento interanual del gasto a través de la receta oficial del Sistema Nacional de Salud se ha situado en el 6,04 por ciento, cifra incluso inferior al gasto total producido en el año 2004, que fue del 6,40 por ciento. Esta variación es consecuencia de las acciones llevadas a cabo según el plan estratégico de política farmacéutica presentado en noviembre de 2004, plan que como sabe sienta las bases de una política de uso racional de los medicamentos con una mayor calidad de la prestación farmacéutica y una mayor eficiencia en la gestión del gasto, plan que, quiero anticipar, tendrá su traducción normativa en la modificación de la Ley del Medicamento, cuyo anteproyecto presentaremos en las próximas semanas. Una de las medidas previstas era el real decreto al que usted ha hecho mención para las revisiones coyunturales de precios, de especialidades farmacéuticas y la adopción de medidas adicionales para la contención del gasto. Este real decreto establecía entre otras medidas una rebaja generalizada del precio de venta de los medicamentos en un 4,2 por ciento en el año 2005 y un 2 por ciento adicional en 2006. También el real decreto incluía una rebaja del margen de los almacenes de un 1 por ciento en el año 2005 y otro 1 por ciento en 2006. Por tanto, nuestra valoración es positiva, puesto que los datos de agosto no hacen sino confirmar la tendencia de los últimos meses tanto en gasto interanual como en gasto medio por receta, que concretamente en agosto ha tenido

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un incremento de únicamente un 0,17 por ciento, de los más bajos de los últimos años. Por eso creemos que las medidas del Gobierno y de las comunidades autónomas...


El señor PRESIDENTE: Lo lamento, su tiempo terminó.


- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUÉ PRESENCIA TIENE EL PLAN NACIONAL DE DROGAS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL? (Número de expediente 180/000863.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Carmen Montón Giménez.
Adelante, por favor.


La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, la problemática de la droga en este mundo globalizado se ha convertido en uno de los grandes retos que afronta la comunidad internacional. Además de la conexión con el crimen organizado son especialmente preocupantes los efectos devastadores que tiene el consumo sobre la salud de las personas y su entorno social. Solamente mediante unos esfuerzos internacionales conjuntos se podrá encarar con éxito la dimensión global de este problema. En este contexto cobra importancia la cooperación internacional, que posibilita la participación activa de nuestro país en todos los foros multilaterales en los que se trata el fenómeno de las drogas así como el desarrollo de las relaciones de colaboración bilateral con países con los que sufrimos este problema común. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)

Reconociendo el principio de la responsabilidad compartida, es preciso intensificar la coordinación y la cooperación tanto bilateral como en organizaciones y foros internacionales, porque como país no solo podemos exportar mercancías sino que también podemos exportar ideas, valores, proyectos o principios como en los que se basa la participación del Plan Nacional sobre Drogas, principios tan importantes como nuestro compromiso activo en el debate internacional de drogas, el principio de responsabilidad compartida, nuestra apuesta de una única política común europea y el reforzamiento de la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales, entre otros.


Señora ministra, de la evaluación 2003 de la Estrategia Nacional sobre Drogas se constata tanto en España como en la Unión Europea la necesidad de una posición más activa en el campo de las drogas para prevenir los riesgos y daños que produce sobre la salud. El compromiso de los socialistas en la lucha contra el problema de la droga ha sido claro y firme. Lo fue en 1985 con la creación del Plan Nacional sobre Drogas y lo es hoy. Por ello le pregunto, para conocimiento de la Cámara, qué presencia tiene el Plan Nacional sobre Drogas en el ámbito internacional y cuál es la participación española en la política internacional de drogas.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señora Montón.


Señora ministra, su turno.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, el Plan de acción elaborado tras la evaluación que la Delegación del Gobierno realizó en el año 2004 de la Estrategia Nacional sobre Drogas define cinco líneas de actuación para potenciar los mecanismos de cooperación y presencia internacional, ya que desde el ministerio consideramos esta área de una gran importancia. Por eso estamos fortaleciendo la participación española en la política europea de drogas y, a riesgo de ser prolija en mi explicación, quisiera mencionarle que somos miembros y trabajamos en diversos grupos del consejo de administración del Observatorio europeo de las drogas y las toxicomanías, formamos parte del grupo horizontal Drogas, del grupo de cooperación para la lucha contra el abuso de drogas y el tráfico ilícito de drogas y hemos participado muy activamente en la definición del proyecto de plan de acción de la Unión Europea sobre drogas 2005-2008, aprobado por el Consejo en junio de 2005 y cuyas líneas coinciden en gran manera con las del Plan de acción español.


Estamos también fortaleciendo la participación española en las políticas sobre drogas en Iberoamérica, a través del mecanismo de coordinación y cooperación entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe y del diálogo especializado en drogas entre la Unión Europea y la Comunidad Andina. Mantenemos también un contacto permanente con la Oficina contra la droga y el delito de Naciones Unidas y con la Junta internacional de fiscalización de estupefacientes. Participamos también en esa Comisión de estupefacientes. Somos Estado observador en la organización de Estados americanos, colaboramos con la Comisión interamericana para el control del abuso de drogas y tenemos firmados numerosos acuerdos de cooperación sobre prevención del uso indebido de drogas y lucha contra el tráfico con 17 países iberoamericanos, Portugal y Marruecos. En relación con este último país, dada su proximidad, estamos estrechando también la colaboración en acciones eficaces para disminuir tanto la producción como el tráfico de drogas.


Por último, fomentamos el intercambio entre profesionales para incorporar nuevas técnicas y compartir

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conocimientos y desarrollo de estrategias de acción en el plano internacional.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ESPERANÇA FARRERA GRANJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿CÓMO TIENE PREVISTO EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL PROBLEMA DEL CONSUMO DE DROGAS EN NUESTRO PAÍS? (Número de expediente 180/000875.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): La siguiente pregunta la realiza la señora Farrera.


Adelante.


La señora FARRERA GRANJA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra, la mejora del conocimiento es el cuarto eje que está comprendido en la Estrategia Nacional sobre Drogas, que, a su vez, está conformado por cuatro elementos importantes y necesarios para poder adoptar las medidas adecuadas y generar una reflexión fructífera en la sociedad. Uno de estos elementos es el sistema de información. Dar información, sensibilizar y prevenir es un trabajo en el que la Administración juega un papel muy importante, a la vez que necesario, y con unos objetivos claros. Por un lado, difundir las medidas existentes para evitar que los jóvenes se inicien en el consumo de sustancias adictivas y prevenir el contagio. Por otro lado, acabar con los prejuicios originados por la desinformación que provocan actitudes marginadoras hacia las personas enfermas.


El uso y abuso de las drogas es uno de los aspectos relacionados con la salud que más preocupan socialmente. Muchos jóvenes ven truncada su vida por iniciarse en el consumo de las mismas. Para que los jóvenes puedan hacer frente de una forma responsable a los riesgos asociados al uso de estas sustancias es necesario que tengan acceso a una información completa y objetiva, una información que les permita, cuando ya se ha generado una dependencia, acceder a terapias adecuadas y a programas para la rehabilitación y reinserción social. Si bien es verdad que la incidencia de los problemas de salud relacionados con las drogas y el número de muertes relacionadas con estas se ha estabilizado o ha disminuido y se han conseguido progresos en la aplicación de los objetivos acordados, también es verdad que no se ha llegado a una reducción significativa del consumo de drogas ni tampoco ha disminuido su disponibilidad. Señora ministra, dado que buscar una solución al problema de las drogas es una prioridad del Gobierno, ¿cómo tiene previsto el Ministerio de Sanidad y Consumo mejorar la información sobre el problema del consumo de drogas en nuestro país? (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Farrera.


Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.


Señora Farrera, efectivamente, el mayor conocimiento sobre las drogas y su consumo es indispensable no solo para adoptar las estrategias de lucha más adecuadas, sino también para generar una reflexión fructífera en la sociedad. Por eso los sistemas de información adquieren una especial relevancia en el Plan Nacional sobre Drogas y hemos visto que los actuales se han demostrado incompletos. Por eso queremos reforzar el Observatorio español sobre drogas, mejorar las encuestas domiciliaria y escolar y realizar estudios específicos. En concreto, en la encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas, dirigida a la población entre 15 y 64 años, vamos a ampliar la muestra en este próximo estudio hasta 25.000 encuestados para obtener así no solo una mayor precisión, sino la posibilidad de conseguir datos territorializados. Vamos también a modificar el cuestionario para que sea similar al definido en el marco del Observatorio europeo y vamos asimismo a adoptar una perspectiva de género. También con las comunidades autónomas vamos a revisar la encuesta estatal sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias, adaptando el cuestionario para utilizado en otros países e incorporando aspectos que nos aporten más datos y más exhaustivos. En cuanto al sistema estatal de información sobre toxicomanías, estamos trabajando sobre cuatro indicadores: tratamiento por abuso o dependencia de drogas, urgencias hospitalarias en consumidores de drogas, mortalidad por reacción aguda y mortalidad en consumidores de drogas. Y nos parece que de singular importancia van a ser los resultados que aporte la Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno, encargada del seguimiento y actualización permanente de la evolución del perfil de los consumos y del análisis de los efectos clínicos y toxicológicos. Y quisiera destacar que vamos a poder presentar resultados con respecto al cannabis. Destaco para finalizar otras dos actuaciones en marcha: el apoyo del ministerio al desarrollo y actividades de los distintos observatorios autonómicos y la colaboración con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para realizar un estudio de prevalencia y variables asociadas en la población penitenciaria que nos va a permitir mejorar la atención a estos pacientes. Espero con esto haber dado respuesta y transmitido la especial atención que mi departamento presta a las cuestiones de información.
(Aplausos.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA GLORIA GÓMEZ SANTAMARÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ TOMANDO EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO PARA REFORZAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE DROGODEPENDENCIAS? (Número de expediente 180/000876.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Finalizamos con la pregunta de la señora Gloria Gómez Santamaría.


Adelante.


La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, en la Estrategia Nacional sobre Drogas y dentro del Plan de acción 2005-2008 se definen seis ejes de trabajo. Esos seis ejes de trabajo son la coordinación, la prevención y sensibilización social, la atención integral, la mejora del conocimiento, la reducción de la oferta y la cooperación internacional. Se ha hablado aquí hoy de dos de esos ejes: la mejora del conocimiento y la cooperación internacional. El tercero de los ejes que he enumerado es la atención integral y es precisamente en este en el que me voy a centrar para hacer la pregunta.
Señora ministra, todos somos conscientes de que en nuestro país y también en otros de nuestro entorno la drogodependencia y sus efectos sobre la salud y el bienestar de los afectados y de quienes están más próximos a ellos continúa siendo un problema muy importante. En nuestro país, sin contar con los efectos del tabaquismo, son más de un millón de personas las que tienen consumos problemáticos de drogas. Es cierto que desde la creación del Plan Nacional sobre Drogas la situación ha mejorado en muchos aspectos y también es cierto que sin la participación de muchas instituciones tanto públicas como privadas esto no hubiera sido posible.
Sin embargo, el problema perdura y perdura con cambios que hacen necesarios nuevos planteamientos. Señora ministra, es prioritario prestar toda la atención necesaria a las personas que han generado una dependencia. Atención que debe abarcar desde el diagnóstico y tratamiento precoz hasta la integración social y laboral. Ayudando a estas personas se ayuda también a sus familias y a su entorno. Entiendo que no puede ser de otra manera en coherencia con un modelo de sociedad solidaria. Estamos de acuerdo con usted y con lo manifestado en su última comparecencia ante la Comisión Mixta en la que nos decía que era necesario utilizar nuevas estrategias y nuevas medidas enfocadas a mejorar sustancialmente los servicios ya existentes. En ese sentido nos gustaría saber, señora ministra, qué medidas está tomando el Ministerio de Sanidad y Consumo para reforzar la atención a las personas con problemas de drogodependencias.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Gómez.


Señora ministra, su turno de nuevo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, el plan de acción 2005-2008 supone una importante movilización de iniciativas y recursos para abordar el problema del consumo de drogas y en ellas se recogen acciones específicas para reforzar la atención a las personas que ya son drogodependientes. Lo hemos hecho, desde luego, con programas orientados a la detección de los factores de riesgo y a la intervención precoz, pero también hemos fortalecido los programas de seguimiento y de atención a las personas en tratamiento, programas que, como usted sabe, corresponde implementar a las comunidades autónomas. La Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, de la que he hablado en mi respuesta anterior, intenta conocer no solo la evolución del perfil de los consumos, sino los efectos clínicos y toxicológicos, a corto y medio plazo, para así poder evaluar las diferentes estrategias terapéuticas. También hemos constituido una comisión de atención primaria para reforzar la formación e implicación de los profesionales del sector en el tratamiento y atención a los drogodependientes como puerta de entrada de éstos al sistema sanitario.
Hemos destinado 95.000 euros del Fondo de bienes decomisados para sufragar dos proyectos piloto, presentados por Baleares y Cantabria, que van a evaluar los programas de consulta joven incorporados a la atención primaria. A la población penitenciaria se han dedicado importantes esfuerzos, incrementando en un cien por cien las cuantías del Fondo de bienes decomisados utilizadas para este fin. Se han aprobado también 8 programas para asesoramiento en comisarías y juzgados a personas detenidas drogodependientes, que contarán con una financiación de 697.000 euros y que se van a desarrollar en Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Canarias, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana. Igualmente se han puesto en marcha otros 8 programas destinados a facilitar la integración social y laboral de consumidores en procesos de rehabilitación por un importe total de 1.020.000 euros presentados por Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Melilla y Murcia. Por eso, señoría, creo que esas medidas nos permiten tener un cierto optimismo en lo que se refiere a una mejora efectiva en la atención integral a los drogodependientes. Ya quisiera yo que las actuaciones de prevención tuvieran el mismo éxito.


Muchas gracias. (Aplausos.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora ministra.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BARKOS), SOBRE LA CREACIÓN DE JUZGADOS Y FISCALES ESPECÍFICOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER. (Número de expediente 172/000121.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos, señorías, al siguiente punto del orden del día de hoy referido a las interpelaciones urgentes.


En primer lugar empezamos con la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Barkos, sobre la creación de juzgados y fiscales específicos de violencia sobre la mujer.


Para formular dicha interpelación tiene la palabra la señora Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señora presidenta.


Al hilo de la lectura que hacía la presidenta de la Cámara en torno al enunciado de este punto, tendré que empezar por aclarar un error de transcripción, bastante comprensible por otra parte -estoy absolutamente convencida de que el ministro y SS.SS. así lo entienden-, que asumimos desde Nafarroa-Bai, al referirse a una interpelación urgente sobre la creación de juzgados específicos. Lógicamente no podemos interpelar sobre lo que ya está creado, sino que interpelamos -y entendemos que así se ha entendido- sobre los juzgados exclusivos. Este es el objeto -junto con los fiscales específicos- de esta interpelación.


Quisiera centrar el asunto haciendo una breve historia de la vida de esta ley desde que es proyecto, porque ahora hace aproximadamente un año que esta Cámara inició la tramitación de lo que consideramos que es una de las leyes más ambiciosas, tanto como necesaria, por cierto, de lo que apunta esta legislatura: la Ley de medidas integrales contra la violencia de género. El debate, tres meses después, tres meses de polémicas fundamentalmente en torno a la constitucionalidad o no del enunciado, se saldó (y creo que éste es un dato que debemos tener muy en cuenta para ilustrar con rigor este debate al que me refiero) con la votación unánime del Congreso el 22 de diciembre de 2004. Unanimidad que creo que a todos nos apasionó aquel 22 de diciembre -así lo expresamos al menos de una manera bien gráfica- aunque no llegó a disipar las dudas que algunos -y voy a citar en primer lugar a la coalición a la que yo represento y a mí misma- manteníamos con respecto a tal cúmulo de buenas intenciones declaradas, y me voy a explicar. Faltaba por conocer -y en ese camino nos encontramos hoy y esta es además en buena medida el objeto de la interpelación- el grado de cumplimiento económico y de compromiso institucional que iba a acompañar a esta ley.


Tengo que decirle, señor ministro, que no es nada fácil interpelar en torno a esta cuestión. El propio enunciado de la ley expresa esta dificultad, la Ley de medidas integrales contra la violencia de género, medidas integrales que suponen una diversificación departamental que obliga a elegir de forma, se lo aseguro, muy puntillosa el objeto de una interpelación de estas características, por más que hay otras muchas áreas que hubieran sido también por gusto e interés de esta diputada motivo de interpelación. Sin embargo, desde Nafarroa Bai consideramos que hay un área primera, un área más urgente, y éste es un concepto fundamental, a la hora de reclamar una respuesta del Gobierno. Me refiero a la entrada en vigor del capítulo penal y judicial de la ley. Se produjo, pongamos la fecha oficial, a finales del pasado mes de junio, el 29 de junio de 2005, cuando en el conjunto del Estado comenzaron a funcionar 434 nuevos juzgados específicos sobre violencia en la mujer, y consideramos esta fecha un hito judicial como herramienta en contra de esta lacra social, pero no nos parece suficiente y lo explico.


Primero, la confusión creada en torno a juzgados exclusivos y juzgados específicos. Si revisan ustedes la literatura de prensa de aquellos días, se encontrarán con una confusión muy seria en torno a estos dos conceptos y, sin embargo, es una cuestión fundamental, lo dicen los datos: 417 juzgados específicos en el conjunto del mapa judicial español y tan sólo 17 juzgados exclusivos.


¿En qué se ha basado el Ministerio de Justicia para dotar a unas comunidades sí y a otras no de juzgados exclusivos? En la respuesta que nos dé hoy el titular del departamento esperamos una solución a esta pregunta. Desde ya le digo que espero no escuchar razones de orden numérico, ni de población, ni de número de demandas, porque esa argumentación sinceramente nos pondría muy, muy fácil la respuesta. No nos gustaría entrar -y es curioso que se diga desde una formación de representación nacionalista- en argumentaciones de orden de diferenciación territorial. ¿Puede ser el hecho institucional de haber recibido una petición más o menos formal de las instituciones autonómicas competentes? Yo espero sinceramente, señor ministro, que tampoco sea esta la respuesta, porque desde comunidades como la que yo represento, la Comunidad Foral de Navarra, existen llamadas más que substanciadas por parte de las instituciones competentes en esta materia. Quiero recordar en este sentido que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Navarra como el Parlamento de la Comunidad Foral han reclamado, en meses previos a la puesta en marcha de esos puntos, en abril y mayo, la creación de un juzgado exclusivo en torno a las denuncias por violencia de género. Más todavía, el tribunal navarro solicitó la creación de una plaza de fiscal específico para estos casos como refuerzo fundamental para hacer frente al problema.


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A todas estas cuestiones me voy a referir más adelante, pero antes quiero detenerme en los antecedentes, antecedentes que en estos casos son números, pero números con nombres y apellidos, en una casuística que se repite de la misma manera a lo ancho y largo del mapa judicial del Estado. Valga, por tanto, el ejemplo de la comunidad que yo represento, que mejor conozco lógicamente, la Comunidad Foral de Navarra, para defender en cualquier caso la situación de indefensión por falta de medios judiciales en que se encuentran otras comunidades del Estado pero, en definitiva, las mujeres que residen en ellas en lo que respecta a protección judicial frente a la violencia de género.


En segundo lugar, a la hora de argumentar esta interpelación, ahora sí me voy a referir a los datos que se han producido en el primer trimestre de este mismo año y que son la antesala de la puesta en marcha del capítulo judicial y penal de la Ley. En Navarra los números, a grosso modo, pueden llevar a la confusión: 198 denuncias por violencia doméstica en el primer trimestre de 2005, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. En cualquier caso, no me resisto a comentar que tres meses después ya eran 500, un 150 por ciento más. Comparados estos datos con los recogidos por la misma fuente -insisto, es el CGPJ- en Madrid o en Barcelona, en Sevilla o en Málaga, explicarían en una primera lectura que la prioridad de los juzgados exclusivos recaiga en partidos judiciales como los reseñados, pero hay que contar con otras variables que hagan expresivo y por lo tanto válido a efectos judiciales este dato de las casi 200 denuncias. Por supuesto, está el cómputo general sobre el porcentaje de la población, porque, si no, podríamos llegar a la conclusión de que se produce una desigualdad territorial, y no queremos entrar en esta cuestión, porque este no puede ser el debate aunque algún otro grupo lo intente.


Hay otras variables fundamentales y quiero citar dos que nos parecen definitivas. Primero, la evolución de este tipo de denuncias, que en Navarra rondan el 75 por ciento, muy por encima -en tercera posición, creo recordar- de la media del Estado. En segundo lugar, el hecho de que Navarra registra el menor número de asuntos judiciales de todo el Estado.
En esto estamos a la cola, espero que para bien; en cualquier caso, no voy a valorar el dato. Insisto en que son datos también del Consejo General del Poder Judicial según los cuales en 2004 se produjeron en la Comunidad Foral 114 causas por cada 1.000 habitantes. Si observamos estas dos variables -y nos parece fundamental para el dato en su justa medida-, esas 200 denuncias por maltrato que se produjeron en el primer trimestre de 2005 adquieren un valor muy superior al que las cifras en bruto nos expresan, y estoy absolutamente convencida de que estos mismos datos o muy similares se repiten en otros puntos del Estado. Las cuestiones numéricas no son un argumento por lo tanto para explicar la falta de juzgados exclusivos. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿las institucionales?

Vuelvo a Navarra como expresión de lo que sí ha sucedido, con independencia o hasta como expresión de lo que también ha ocurrido en otros puntos del Estado. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en la presentación de la memoria anual de 2004, expresó claramente que la necesidad de un juzgado dedicado a estos casos -un juzgado exclusivo, por supuesto- es urgente y prioritaria, tanto que un mes después, el 29 de mayo, el Parlamento de Navarra aprobó una resolución por la que insta al Ministerio de Justicia a la creación a la menor brevedad -estoy leyendo literalmente- de un juzgado de violencia sobre la mujer -hablamos de nuevo del juzgado exclusivo-. Hablan por tanto las instancias competentes, hablan por tanto las estadísticas, nos seguimos preguntando varios meses después qué es lo que falla. ¿El coste económico de esta fase para la aplicación de la ley? Estamos seguros de que no es así, pero es que además no puede ser porque estamos hablando de uno de los puntales para la correcta vida de la ley, los juzgados exclusivos, y no juzgados específicos, porque si seguimos cargando de trabajo a los ya cargados juzgados, nos terminaremos encontrando con que la vía penal no va a ser efectiva y que podemos volver a donde estábamos, a que las mujeres maltratadas terminen recurriendo a la vía ordinaria, a una supuesta más rápida solución, como una separación o un divorcio, pero tantos años después sabemos que ni separación ni divorcio son solución en absoluto a un problema de violencia de género. Ni este era nuestro objetivo -que se termine recurriendo a esta vía- ni esta es una solución, como tristemente sabemos bien.


En definitiva, la generalización de los juzgados exclusivos nos parece -es evidente y razonable- una medida urgente, y también lo es -lo apuntaba anteriormente y quiero retomar ahora esta cuestión- la creación de fiscales dedicados a este problema concreto. Se habló de un fiscal exclusivo; ya a nivel territorial se habló de fiscales específicos, pero hoy nos encontramos también -permítame la expresión- con la rebaja, entre comillas, porque se crean los fiscales de refuerzo, que es la figura, según nos anunciaron a principios de verano, que debe llegar a comunidades como la mía, a la Comunidad Foral de Navarra, este mes de septiembre. Con los mismos argumentos con que he defendido la creación de tribunales exclusivos, solicitamos la dotación ya de los fiscales específicos.


Termino ya, señor ministro, haciendo mías las palabras que su secretario de Estado de Justicia pronunció durante la presentación de este proyecto de ley: De nada nos va a servir agravar las penas en esta materia si luego su imposición tarda mucho debido a la lentitud del proceso judicial.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Barkos.


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Es el momento de la contestación a esta interpelación. Tiene para ello la palabra el señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señora presidenta.


Señorías, es un honor para mí como ministro de Justicia atender esta interpelación del Grupo Parlamentario Mixto que ha sido formulada por la diputada de Nafarroa Bai, señora Barkos. Déjenme comentar preliminarmente que la interpelación es sin duda una modalidad de control parlamentario cualificado por su intensidad y por su extensión con respecto a las posibilidades de lo que da de sí una pregunta oral en Pleno. Por ello hemos adquirido la costumbre de que en la interpelación parlamentaria haya normalmente una atmósfera de control parlamentario intenso, cuando no de confrontación directa de algún grupo de oposición frente o contra la acción política de la que responde el Gobierno. Sin embargo, déjenme añadir inmediatamente que en esta ocasión no lo entiendo así, porque la interpelación versa sobre la estrategia de cumplimiento, y en lo que tiene de orgánico, de implantación de juzgados y fiscales especializados, sirve para satisfacer el emplazamiento y el compromiso en el que toda la Cámara participa en relación con la lucha contra la violencia de género, porque este es el compromiso de todos, porque esta es la lucha de todos, porque esta es la tarea de todos y todas, y así me gusta entenderlo desde el punto y hora en que la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras de las Cortes Generales.
Quiero recabar por supuesto, en ese reconocimiento debido a todas y cada una de SS.SS. y a todos y cada uno de los grupos parlamentarios de este Parlamento, la iniciativa del Gobierno, porque la ley orgánica parte de un compromiso asumido por este Gobierno de forma muy expresa ante la opinión pública, ante la sociedad, ante el electorado y también ante el Parlamento. En el compromiso de investidura, el presidente Rodríguez Zapatero lo anunció como el primero de los que quería cumplir en esta legislatura. De hecho, adquirió una especial significación simbólica en la definición de los objetivos de esta legislatura el que la Ley orgánica de medidas integrales contra la violencia de género sería la primera iniciativa legislativa adoptada en Consejo de Ministros bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero; sería el primer proyecto de ley, por tanto, remitido a estas Cámaras para su tramitación y, de hecho, ha sido la primera ley orgánica que aprueba este Parlamento en esta legislatura, por eso es la Ley orgánica 1/2004. El Gobierno asumió su compromiso e hizo cuanto estuvo en su mano para cumplirlo, pero desde el momento en que tuvimos la satisfacción de que esta iniciativa legislativa fuera votada favorablemente por la unanimidad de la representación de la soberanía popular, de todos los diputados y diputadas, de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, se convirtió en el trabajo de todos, en la tarea de todos. Por ello, déjenme que entienda esta interpelación como un diálogo sobre el cumplimiento que tenemos pendiente y no tanto sobre el control del compromiso que está aportando el Gobierno para ese cumplimiento.


Informo a esta Cámara que la puesta en funcionamiento de la ley ha sido acometida por los distintos departamentos del Gobierno con diligencia y vigilando con mucho celo los plazos, que eran bastante constrictivos, que la ley señalaba para su desarrollo organizativo y, consiguientemente, para su traslación a la práctica, con la voluntad de transformar una realidad que consideramos insufrible, la realidad de la violencia machista, de la violencia criminal, de la violencia sobre las mujeres, desde el reconocimiento, por supuesto, de que la ley no es el ensalmo que puede por sí sola modificar la realidad, desde el reconocimiento de que la ley no nos basta para modificar esa realidad, que hace falta actuar sobre muchos aspectos, sobre muchos espacios, sobre muchos ámbitos de la realidad al mismo tiempo, pero sin duda ninguna la ley daba un primer paso y nos vinculaba. Exactamente por ello, en el capítulo orgánico-judicial y de especialización del ministerio fiscal, el Ministerio de Justicia ha puesto de su parte para cumplir esos plazos constrictivos que señalaban el 29 de junio como fecha para la puesta en funcionamiento y el establecimiento de los juzgados con jurisdicción específica en la lucha contra la violencia de género. Efectivamente, lo hicimos, estableciendo 17 juzgados exclusivos y 421 compatibles en la lucha contra la violencia de género, a los que se han venido a sumar con posterioridad otros dos, como luego pondré de manifiesto, uno en Barcelona y otro en Madrid, de modo que en estos momentos contamos con una primera hornada, con una primera planta judicial de 19 juzgados exclusivos, por tanto con jurisdicción exclusiva y excluyente en la lucha contra la violencia de género, y 421 juzgados que compatibilizan la llevanza de los asuntos relativos a la violencia de género con otros asuntos que son propios de su orden jurisdiccional y su competencia.


Para la definición de esta primera planta empleamos lógicamente, como era exigible, un criterio objetivo facilitado por los módulos de que responde el Consejo General del Poder Judicial a partir de la evaluación objetivada de las órdenes de protección de víctimas de violencia doméstica en el período comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre del año 2003, que eran los últimos datos de que disponía de manera perfectamente tabulada y objetivada el Consejo General del Poder Judicial incardinados en un período cerrado de tiempo y, además, porque nos permitían entre el momento de su publicación y los seis meses posteriores a esta, trasladar a esa primera hornada, a esa primera planta judicial una dotación que se estimase razonable y suficiente para llevar adelante el empeño mandatado por la ley. Por tanto, llevamos dos meses y poco, ni siquiera tres meses de vigencia efectiva de esas medidas judiciales y es ahora cuando podemos empezar a tener datos reales en relación con los problemas de la violencia

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sobre la mujer. La ley prevé lógicamente un incremento progresivo de la planta de los juzgados, sujeto a la evaluación progresiva también de las necesidades reales de la carga de trabajo.


He respondido en más de una ocasión que el Gobierno está perfectamente dispuesto a ir incrementando la dosis de compromiso organizativo y de presupuestación a la vista de las necesidades que nos sean trasladadas objetivadamente por el Consejo General del Poder Judicial. Eso es lo que señala en lo que nos concierne el artículo 50 de la Ley orgánica de medidas integrales contra la violencia de género en lo relativo a la planta, que debe ser actualizada por real-decreto y este debe ir precedido por el preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial. Esto queremos hacerlo en diálogo con las comunidades autónomas.
La conferencia sectorial en materia de justicia ha sido potenciada durante esta legislatura bajo mi responsabilidad como ministro de Justicia para intentar hacer del diálogo con las comunidades autónomas un instrumento fundamental para la evaluación de las necesidades de la realidad y la articulación, por tanto, de la respuesta. A tres meses vista, todavía no cumplidos, de esta puesta en funcionamiento de juzgados de violencia sobre la mujer, el Consejo General del Poder Judicial ha establecido los mecanismos de control y seguimiento necesarios para constatar estas cargas reales de trabajo. En estos momentos disponemos de los datos que objetivan estas cargas de trabajo en los juzgados de jurisdicción exclusiva, no así sin embargo en relación con los juzgados que compatibilizan funciones y en los que el Ministerio de Justicia es consciente de que existe una intensa presión, una intensa carga de trabajo que suscita preocupación, y este ministerio desde luego y todo el Gobierno la comparte adelantando el compromiso a subvenir con acciones para poder responder no solamente con preocupación sino con actuaciones proporcionadas. De manera que, en esta tesitura, no nos es exigible un incremento de la planta desvinculado de los datos objetivados de la realidad, de los módulos indicativos sobre el número de asuntos de que pueda entender un juzgado de estas características y estamos, por tanto, a la espera de la definición de esos módulos que deben ser proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial y que nos han sido anunciados para finales de octubre, a pesar de que, como digo, disponemos ya de un informe con relación a la carga de trabajo de que han entendido los juzgados con jurisdicción exclusiva en estos últimos meses.


En cuanto a la creación de fiscales específicos, con competencia específica en la llevanza de los asuntos relativos a la violencia sobre la mujer y en cumplimiento de los objetivos consignados en la ley, en aquellas comunidades que no cuentan con ellos, lo que puedo de nuevo ratificar en esta Cámara es que el Gobierno ha trabajado para dar pleno cumplimiento a las previsiones de los artículos 70 y 71 de la Ley orgánica 1/2004. Así, ha procedido a nombrar una fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer en la persona de doña Soledad Cazorla; ha procedido también a nombrar fiscales delegados en todas las fiscalías de los tribunales superiores de Justicia -17-, audiencias provinciales -51- y Audiencia Nacional. Todos ellos suman un número importante de fiscales especializados, sin que en estos momentos quede ninguna comunidad autónoma ni audiencia provincial -junto al fiscal delegado en la Audiencia Nacional- que no cuente con un fiscal especializado en violencia de género. Estos nombramientos de fiscales se produjeron apenas una semana después de la entrada en vigor de la ley; el de la fiscal delegada, con categoría de fiscal de sala, se produjo el 21 de julio de 2005. Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha procedido igualmente con rapidez y con diligencia a acompañar estas medidas institucionales adoptando las instrucciones y circulares que, desde el punto de vista de la operatividad de los fiscales que entienden de estos asuntos, les ayudan a homogeneizar y a asegurar así la unidad de criterio, la unidad de actuación que caracteriza estructuralmente a la Fiscalía en esta materia y en aplicación de la ley orgánica. Estamos, por tanto, manteniendo alta la guardia y el empeño en la lucha contra la violencia criminal, pero, además de esto y porque reconocemos que efectivamente se han producido ya problemas prácticos e importantes puntos calientes de presión con la saturación de muchos de estos juzgados y nos están enviando mensajes que deben ser atendidos, el Ministerio de Justicia ha decidido proceder a la creación de una comisión interna en el propio equipo directivo del ministerio para el seguimiento permanente de la evolución, funcionamiento y problemas de estos juzgados para ejecutar un programa completo de medidas de urgencia que sirvan para paliar los problemas iniciales que ya han sido detectados. Si le parece, en la réplica a la intervención que con seguridad S.S. va a sustanciar ante la Cámara, podré añadir algunas de las medidas que componen este programa de urgencia para intentar responder a los problemas de aplicación de la Ley orgánica de medidas integrales contra la violencia de género.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


Señora Barkos, tiene cinco minutos en su turno de réplica.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señora presidenta.


Nos dice el ministro que será en la respuesta a la réplica cuando nos anuncie medidas. Yo le hubiera agradecido que lo hubiera hecho antes para poder hablar sobre ellas. De todos modos, le voy a sugerir dos cuestiones: hable con las comunidades autónomas, no espere a que llegue de ellas, porque, al final, la tardanza acaba siendo cara para las mujeres que sufren la violencia de género, y hable con los tribunales superiores de Justicia.


Nos decía el ministro que hace escasamente dos meses -tengo que decirle que casi tres, mañana hará tres

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meses- que se pusieron en marcha las medidas judiciales y penales de la Ley contra la violencia de género, pero que ya tienen detectados -lo acaba de decir usted- problemas prácticos. Claro, se lo estaban diciendo con anterioridad a la puesta en marcha de estas leyes los propios afectados, no los afectados por la violencia, sino los afectados por su puesta en marcha de manera profesional, los propios tribunales superiores de Justicia, que le estaban diciendo que cabe el riesgo enorme de que, ante la saturación de la vía penal, las mujeres afectadas por violencia de género acaben recurriendo a la vía ordinaria -lo venían haciendo- y no hubiéramos solucionado nada con la puesta en marcha de esta ley.


Dice el ministro que están a la espera de los datos del Consejo General del Poder Judicial en torno a los módulos que nos den una base para adoptar medidas. Tiene usted datos que le pueden servir como referencia, que son los que obran en poder del Consejo General del Poder Judicial desde 1998, en torno a la violencia doméstica en este caso, pero nos parecen datos más que suficientes. Por tanto, insistimos. Hable con los tribunales superiores de Justicia y hable con las comunidades autónomas.


En este sentido hay casos que hablan bien claro. Vitoria-Gasteiz o Donostia, en una comparación que algunos pudieran tener la tentación de mal entender, no tienen un mayor volumen de casos que Navarra, pero sí cuentan con un juzgado exclusivo. ¿Por qué? ¿Por una actuación quizá de las autoridades autonómicas? Tengo que entender que es así porque, en respuesta a una compañera de grupo, del Bloque Nacionalista Galego, a la pregunta, hace escasamente dos meses, de por qué Galicia quedaba excluida de la creación de juzgados exclusivos, su Gobierno dijo literalmente lo siguiente: Se procederá a la creación de juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos dentro de la programación anual correspondiente y siempre que lo solicite la comunidad autónoma. Es la respuesta oficial del Gobierno.


Mi pregunta es, señor ministro: ¿tienen que hablar las comunidades autónomas con el Ministerio de Justicia para solicitar la creación de un juzgado exclusivo? Si es así, díganlo, de tal manera que los diputados en los parlamentos autonómicos puedan reclamar de sus gobiernos que se pongan en contacto con ustedes para solicitar algo que los jueces están reclamando desde tiempo muy anterior a la puesta en marcha de las medidas penales y judiciales. Mientras tanto, usted nos anuncia ahora unas medidas. Yo le propongo una: hablen con las comunidades autónomas, hablen con los tribunales superiores de Justicia porque -y termino ya con esto, señora presidenta- el capítulo I de la ley establece con claridad su objeto: actuar contra la violencia que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas. No permita, señor ministro, que la saturación ni los aspectos de orden territorial -el lugar de residencia de las víctimas- suponga una nueva traba en la lucha de muchas mujeres por una vida más digna.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Barkos, muchas gracias.


Señor ministro, vuelve a ser su turno para efectuar la réplica final a esta interpelación de la señora Barkos.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señora presidenta, señora Barkos, señorías, no descubro nada si subrayo, como he hecho a menudo en esta Cámara, que la distribución de competencias en materia de Justicia es especialmente compleja y obliga a una colaboración institucional en la consecución de todos los objetivos que realmente merezcan la pena. Desde luego, este es el caso. Para crear juzgados, sin duda alguna, hay una responsabilidad última, señalada por la ley, residenciada por tanto en el ámbito competencial y de responsabilidad del Gobierno de la nación, y se instrumenta por real decreto, pero para no hacerlo espasmódicamente, para no hacerlo de manera voluntarista ni arbitraria, sino fundada en los datos que la realidad nos presente de manera objetivada y digna de confianza, es imprescindible contar con el Consejo General del Poder Judicial, que es el que objetiva las cargas de trabajo. Nos ha trasladado hasta el momento los datos relativos a los juzgados con jurisdicción exclusiva, que es lo que nos ha ayudado a proveer ya sobre la marcha un crecimiento con respecto a la primera hornada de planta de juzgados con jurisdicción exclusiva en materia de violencia de género, de modo que hemos incorporado uno en Madrid -un cuarto- y otro en Barcelona -un tercero-, pero planeamos hacer lo mismo en Sevilla y en Valencia, a la vista de los datos que nos han sido trasladados últimamente por el Consejo General del Poder Judicial. Paralelamente establecemos también planes de refuerzo para los juzgados exclusivos de Alicante, Palma de Mallorca y Granada, que plantean, de acuerdo con los datos que actualmente nos han sido suministrados, las deficiencias más acuciantes.
Desde luego, queremos hacer lo mismo en materia de fiscales para permitir un refuerzo del ejercicio de las funciones del ministerio fiscal en aquellas demarcaciones que planteen una mayor presión en el número de asuntos, pero intentando evitar la duplicidad de servicios y las disfuncionalidades que puedan producirse en la programación de las vistas o en la agenda de estos juzgados, de modo que las decisiones que adoptemos estén máximamente racionalizadas.


Como saben, en aquellas comunidades autónomas que han asumido y ejercen sus competencias en materia de Administración de Justicia, personal no judicial, medios materiales, infraestructuras y tecnologías, la colaboración con dichas comunidades autónomas es obligada, de modo que indudablemente hace falta un diálogo. Eso no exime al Gobierno de su responsabilidad de poder establecer juzgados de nueva creación allí donde estime que

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los datos lo hacen absolutamente inaplazable; pero, sin duda alguna, en la medida en que compromete también gasto de las comunidades autónomas, es muy conveniente que esa interlocución tenga lugar de forma positiva y la estamos procurando a través de esta activación, de esta intensificación de la actividad de la conferencia sectorial, donde, por cierto, ya hemos tratado en más de una ocasión asuntos que tienen que ver exactamente con el cumplimiento de los objetivos de esta ley orgánica.


Este Gobierno, además, va a solicitar del Consejo General del Poder Judicial el plan de reparto más adecuado para la descarga racional de las guardias que deben asumir los juzgados compatibles, asegurando la compatibilidad en la llevanza de los asuntos de violencia de género con las demás funciones propias de su orden y de su jurisdicción. Hemos planteado asimismo en la mesa de negociación para las retribuciones y el empleo de los funcionarios de la Administración de Justicia un diálogo con los sindicatos para poder perfilar un plan de incentivos que permita retribuir adecuadamente la prolongación efectiva de la jornada asumida por los funcionarios en estos juzgados, que plantea, así es, algunos problemas importantes que están siendo detectados, en la medida en que prolongan la jornada efectiva, y cuando así venga certificado por el secretario judicial correspondiente sin duda conllevará la necesidad de producir una retribución adicional que gratifique esa especial dedicación.


También hace falta acentuar la formación especializada de todos los cuerpos de funcionarios que tienen algo que ver con el cumplimiento de los objetivos de la ley. El Ministerio de Justicia, a través de la programación de las actividades lectivas del Centro de Estudios Jurídicos para el curso 2005-2006, está acometiendo este objetivo. En este curso, que comienza en el mes de octubre, están previstos nada menos que diez módulos especializados en el problema de la violencia de género; y en el programa de formación continua de fiscales hemos aumentado la partida presupuestaria en 1,3 millones de euros para el próximo ejercicio de 2006, de modo que, tal y como anunció el fiscal general del Estado en la apertura del año judicial, los dos millones de euros adicionales para la formación de fiscales van a focalizarse de manera muy intensa y fuerte para asegurar que la Ley orgánica de medidas contra la violencia de género se apoya en los fiscales como el asunto merece. Con las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía y Galicia estamos completando este esquema de promoción de la formación de funcionarios y lo estamos haciendo también a través de convenios de colaboración suscritos con distintos organismos, entre ellos, notablemente, el Instituto de la Mujer.


Finalmente, es preciso abordar también el problema de las sustituciones de los juzgados de violencia de género, dentro del plan general de reducción de la presencia de la figura de los jueces sustitutos en la Administración de Justicia española, de modo que las sustituciones, en la mejor medida de nuestras capacidades y posibilidades, vengan realizadas por jueces con todas las garantías de formación especializada en esta materia y con el acompañamiento de las incentivaciones específicas adecuadas a las tareas que se les encomiendan.


Con todas estas medidas esperamos hacer frente a los problemas que se han planteado en este tiempo de funcionamiento de la Ley orgánica integral contra la violencia de género. Sin duda hace falta contar con el Consejo General del Poder Judicial y con el suministro de los datos que objetiven el trabajo que estamos haciendo. Exactamente a eso se dedica la comisión nacional de implantación de los juzgados de violencia de género; a eso contribuye también el trabajo del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, del Consejo General del Poder Judicial, que convocó hace apenas 48 horas en la sede de dicho Consejo a un importante número de representantes de organismos especializados en estos temas en la entrega de unos premios que tienen una importante carga simbólica en el reconocimiento del compromiso que involucra a toda la sociedad y también al tejido de la sociedad civil y a los medios de comunicación en la lucha contra esta lacra y por supuesto también al Ministerio de Justicia. Créame que el Ministerio de Justicia por sí solo no podría ni debería acometer un crecimiento arbitrario o injustificado de los datos objetivados de la realidad de la planta, aun revalidando el compromiso de hacerlo, sino a partir de esta interlocución permanente, de este permanente esfuerzo de comunicación con el Consejo General del Poder Judicial y con los restantes órganos y espacios de gobierno del Poder Judicial: audiencias provinciales, jueces decanos de los partidos judiciales en los que se producen demandas específicas, no solamente para hacer el seguimiento puntual del desarrollo de la implantación de la ley, sino sobre todo para cumplir el compromiso que nos mandata el artículo 50 de ir aumentando la planta de juzgados especializados con jurisdicción específica de forma racional y con el correspondiente soporte presupuestario. He reconocido con agradecimiento en más de una ocasión el trabajo de toda la Cámara al apoyar la ley y al mostrar tanto interés y preocupación porque la ley cumpla realmente sus objetivos. Desde esta tribuna quiero volver a mostrar el reconocimiento de esta preocupación compartida y revalidar el compromiso del Gobierno de trabajar de la mejor manera posible dentro de sus capacidades para satisfacerla.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA DE LOS ORGANISMOS REGULADORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. (Número de expediente 172/000123.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Entramos en la última interpelación urgente del día de hoy, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas a adoptar para garantizar la independencia de los organismo reguladores en el ejercicio de sus funciones. Para formular dicha interpelación tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, en primer lugar, quiero plantearle dos cuestiones sobre las que creo que podemos y debemos estar de acuerdo y que nos pueden ayudar para establecer un marco estable para la economía española. (El señor vicepresidente, Cisneros Laborda, ocupa la Presidencia.) La primera es la importancia de los órganos reguladores. Estará usted de acuerdo conmigo en que en una economía moderna es necesario que funcionen entidades, órganos, agencias, como queramos llamarlo, que velen por un funcionamiento correcto del mercado y garanticen a su vez los derechos de consumidores e inversores. No se trata de una política muy liberal; es una política de equilibrio en la economía capitalista. Se trata de hacer que funcione bien el mercado, que se garantice el mercado; se trata de una cierta intervención en defensa de los consumidores y de los inversores. Creo que en esto estaremos de acuerdo. Por otra parte, creo que también estaremos de acuerdo en que debe existir una importante independencia de los órganos reguladores, y me refiero a una doble independencia, no solo la independencia del Ejecutivo, que por supuesto, sino también la independencia de las empresas. Usted sabe mejor que yo que hay una cosa peor que no tener órganos reguladores, y es que estos transmitan al mercado que actúan al dictado del Gobierno. Modestamente creo que eso es lo que ha sucedido últimamente en nuestro país, y luego le explicaré el porqué. Es interesante ponernos de acuerdo en esos dos puntos básicos, importancia de los órganos reguladores y garantía de la independencia, porque nos jugamos mucho. Usted ha hablado bastante de esto últimamente. En una situación como la que atraviesa España, con un déficit exterior elevadísimo -récord del mundo mundial casi-, que lógicamente tenemos que financiar con ahorro externo, la confianza de nuestra economía y por tanto nuestro potencial de seguir atrayendo capitales tiene mucho que ver con el comportamiento y la independencia de los órganos reguladores. Ahora bien, una vez establecidas esas dos premisas sobre las que podemos estar de acuerdo, es muy importante señalar qué entendemos cada uno por independencia.


Estoy de acuerdo en que la independencia no depende del currículum, pero la percepción que se crea nombrando a personas con un determinado currículum sobre otras puede ser distinta. Durante los años de Gobierno del Partido Popular, por poner un ejemplo, fue presidente de la Comisión Nacional de Energía un funcionario de alto rango que usted conoce bien, que había desempeñado distintas responsabilidades administrativas de máximo nivel con los gobiernos socialistas y que había desarrollado una actividad importante en el sector energético. A la hora de su recambio ustedes deciden poner al frente de dicho organismo a un alto cargo del Gobierno tripartito de Cataluña que hasta hace dos años era diputada en esta Cámara y portavoz del PSOE en algunas materias. No dudo de la profesionalidad de la actual presidenta de la CNE, pero entenderá usted que la percepción que se crea con un nombramiento y con otro es distinta.
Dentro de un par de días usted nombrará al presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia. Su último presidente procedía de una entidad de derecho público, como es el Consejo General de las Cámaras, y no tenía ninguna vinculación política. Parece ser -si es verdad lo que publican los periódicos- que usted va a nombrar a una persona cuya actividad en los últimos 20 años ha estado ligada a cargos públicos del Partido Socialista. No dudo de la profesionalidad del candidato que aparece en los periódicos, pero la percepción que se creó con el nombramiento del actual presidente, hasta el viernes, y la que se puede crear si usted nombra a uno que ha sido diputado, eurodiputado, conseller de un Gobierno socialista, etcétera, son distintas. Y no quiero hablar de más personas porque todas me merecen el mayor de los respetos, pero ustedes nos acusaban de poner amigos y han modificado la posición. Ya no ponen amigos; ponen personas con el carné. Es una política la que ustedes desarrollan que, para mi gusto, es peor porque transmiten al mercado la idea de una mayor dependencia del poder político. Es verdad que es difícil creer en la independencia de los nombramientos cuando estos vienen de personas de elevado prestigio y que han desempeñado cargos públicos en el Partido Socialista. Comprendo que usted ponga en el ministerio a quien entienda conveniente y que recupere a los altos cargos de cuando era ministro de Economía, pero entenderá que cuanta mayor transparencia transmitamos al designar los cargos al frente de los órganos reguladores será mejor.


¡Qué cosas nos dijeron en la anterior legislatura -usted no estaba aquí- sobre la transparencia! Sin embargo -y le señaló algo importante para lo que va a venir en el futuro-, cuando el Gobierno dictó resoluciones siempre lo hizo siguiendo estrictamente las indicaciones que le dieron los órganos reguladores o el Tribunal de Defensa de la Competencia, y en todos los casos en los que se produjeron concentraciones siempre pidió opinión al Tribunal de Defensa de la Competencia; siempre. Tanto nos acusaron que hicieron expresas menciones de esto en su programa electoral. Le leo, página 41: Garantizaremos la neutralidad política y la imparcialidad de los organismos de regulación y control, como la CMT y la CNMV, renunciando al monopolio gubernamental en el nombramiento de sus miembros directivos. No contentos con esto, añadieron más, y en la página 113 de su programa electoral dicen que van a potenciar el órgano regulador independiente Comisión Nacional de Energía, procediendo a su elección directa

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por el Parlamento. Y son todavía más explícitos cuando en la página 133 señalan que el presidente de la CNMV será nombrado por el Pleno del Congreso de los Diputados, a propuesta de la Comisión de Economía, siendo necesaria una mayoría cualificada de tres quintos. Nada de eso se ha cumplido; nada. Los han nombrado a dedo; cumpliendo las leyes, efectivamente, pero es que ustedes decían que las iban a modificar.
Ustedes modificaron la Ley del Poder Judicial incluso convocando un Consejo de Ministros extraordinario, que no se convocaba desde hacía años. ¿Sabe qué pasa, señor ministro? Que cuando ustedes no gobiernan en los sitios, cuando ustedes no tienen mayoría, como en el Consejo General del Poder Judicial, piden que los nombramientos sean por tres quintos; pero cuando ustedes gobiernan, de lo dicho nada, lo mejor es nombrar a dedo. Ustedes han engañado a los ciudadanos; ustedes van con un programa electoral y no lo cumplen, pero cuando quieren, pueden. No les censuro la forma de nombramiento -nosotros no llevábamos en el programa electoral el nombramiento por parte del Congreso-, lo que les censuro es que engañen a los ciudadanos; lo que les censuro es que se metan con el Partido Popular y hagan propuestas y luego ustedes no las cumplan. No me diga que no lo llevábamos en el programa electoral, ya sé que no lo llevábamos, pero es que usted que sí lo llevaba -y es lo que le censuro-, ha nombrado cinco miembros de la Comisión Nacional de Energía a dedo y todos con carné; ha nombrado presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores -y nada de tres quintos- a un antiguo secretario de Estado que estaba con usted en el ministerio. ¿Cuál ha sido la consecuencia, señor vicepresidente? Pues que como esas personas que ustedes han nombrado deben lealtad al Partido Socialista están mostrando una parcialidad asombrosa. Cuando se produjo una operación económica de un empresario individual sobre una entidad financiera, ese empresario fue a Moncloa a hablar con el asesor áulico del presidente del Gobierno, el señor Sebastián. Estoy convencido de que no fue a hablar de fútbol. A lo mejor usted me dice que fue a Moncloa porque querían comentar los últimos goles de Robinho, pero honestamente creo que no porque a los pocos días se hace la operación y ¿qué hace el presidente de la CNMV? Acudir en ayuda de la operación; abrir una investigación sobre el presidente de la entidad financiera -que a ustedes no les gustaba-, investigación que tuvieron que cerrar con nocturnidad porque estaban cometiendo una irregularidad, pero eso sí, el daño a la fama de esa persona ya estaba hecho. ¿Eso quién lo hizo? El presidente de la CNMV que ustedes nombraron. Nosotros no le dimos importancia y dijimos: Como tiene poca experiencia y por deber de lealtad, lo habrá querido hacer así. Segunda operación, OPA de Gas Natural sobre Endesa. El ministro señor Montilla, hoy no presente, lo sabía con anterioridad. Todos los medios de comunicación señalan que el Gobierno está interesado en la operación, y mucho más el ministro de Industria. ¿Qué hace el presidente de la CNMV? Otra vez vuelve a las andadas y acude en ayuda del ministro Montilla, que se pasó en la rueda de prensa y tan es así que tuvo que pedir perdón en la Comisión de Economía por lo que había dicho. ¿Cómo puede él tomar partido sobre un informe que o no conocía o, si conocía, no ha colgado de la página web para que se enteren los inversores? Mi grupo le ha pedido a ese presidente que dimita por su parcialidad.


Señor ministro, en esta interpelación mi grupo cree necesario adoptar medidas que garanticen la independencia de los órganos reguladores.
Ustedes han caminado en la dirección equivocada. Nosotros, porque podemos coincidir en las dos premisas básicas: la importancia y la independencia, queremos que esto se reconduzca. Le ofrecemos nuestra ayuda pero, señor ministro, ustedes van por mal camino, están engañando a los ciudadanos no cumpliendo su programa electoral, y esto está llevando a actuaciones parciales que dañan la imagen de España.


Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Martínez-Pujalte.


Para responder a la interpelación tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, por tiempo de doce minutos.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Martínez-Pujalte, ha iniciado usted su intervención con dos premisas con las que podría estar de acuerdo: la importancia de los órganos reguladores, la necesidad de que actúen sin instrucciones, y que dichos órganos sean independientes de las empresas. Sin embargo, tengo alguna duda, y es si está prohibido a las personas que pertenecen a un partido político llevar a cabo cualquier otro tipo de actividad, que es más o menos lo que usted plantea. Ahí ya entro en discrepancia porque creo que alguien que tenga carné de un partido político no necesariamente no puede ocupar un puesto de responsabilidad. Me parece que flaco servicio hacemos a la política si partimos de ese supuesto. A partir de ahí, en su presentación ha dicho que a lo largo de la legislatura en curso y a raíz de la operación de concentración se han venido produciendo acontecimientos que ponen en tela de juicio, etcétera. Yo discrepo. Creo que tenemos un sistema que es claramente mejorable -lo decimos en el programa electoral- y en los tres elementos fundamentales de discusión (si quiere usted metemos a la CNMV también), en los tres órganos reguladores de esa naturaleza posiblemente puedan mejorar las cosas. En defensa de la competencia ya lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo con una ley que se presentará próximamente al Congreso porque ya está terminada -ustedes conocen el libro blanco y han podido opinar-, que lógicamente actúa en colaboración y en cooperación con lo que sucede en Europa con el

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mismo sistema, el sistema del servicio, análisis de la existencia o no de posibilidad de concentración, en su caso pasar el tema al tribunal, el tribunal da su opinión, y en España como en los restantes países y en el sistema comunitario al final corresponde al Consejo de Ministros tomar la decisión última y esa decisión tiene que tener en consideración los intereses generales de la economía.


A partir de ahí usted ha hecho una especie de presentación de lo que nosotros hemos hecho mal y ustedes bien, y como nadie es perfecto a lo mejor si le refresco la memoria llegamos todos a la conclusión de que tampoco fue todo perfecto en el pasado. Voy a refrescarle la memoria en algunas cosas de cierto interés. ¿Recuerda usted quién fue el primer vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Posiblemente sí. El señor Ramallo, vicepresidente de esta Cámara y durante muchos años miembro del Partido Popular, no sé si sigue siéndolo o no. Es un caso. ¿Se acuerda usted de quién sucedió en la Comisión Nacional del Mercado de Valores a su primer presidente? Fue doña Pilar Valiente. Prefiero no hablar de ese tema porque posiblemente nos llevaría muy lejos esa discusión. Le podría hablar de otros nombramientos como, por ejemplo, en el Tribunal de Defensa de la Competencia. Da la sensación de que a ustedes les preocupa mucho qué va a suceder en el Tribunal de Defensa de la Competencia. Yo he sido absolutamente respetuoso en el tribunal y el ministro de Industria también en la Comisión Nacional de Energía y se van reemplazando las personas conforme se van produciendo cambios. Hoy he oído decir: No se nos ha consultado. Nunca hubo un pacto de consulta, nunca lo hubo, ustedes nombraron a quien estimaron pertinente y nosotros también. Estoy en desacuerdo con su afirmación de que toda la gente que se nombra en la Comisión Nacional de Energía tiene carné del partido; conozco a algunos de los que se han nombrado que no lo tienen, pero me da igual. Me da igual los que nombraron ustedes o los que nombramos nosotros en la Comisión Nacional de la Energía o en el Tribunal de Defensa de la Competencia. Para mí son gente nombrada que tiene que llevar a cabo su función de acuerdo con la legislación en vigor y estoy seguro de que lo van a hacer. Pero hablemos de algunos temas más que me parecen interesantes.


Tribunal de Defensa de la Competencia. Es verdad que el señor Solana termina su mandato el día 29 de septiembre. Hemos sido tan absolutamente cuidadosos que ni siquiera hemos hecho el nombramiento la semana anterior; lo haremos el día 30 de septiembre para cumplir su mandato hasta el último día. El señor Solana ha prestado un servicio excelente, ha trabajado muy bien y yo le agradezco públicamente el trabajo realizado durante este periodo. Sin embargo, creo que puede ser cambiado por otra persona cuyo currículum es impecable desde el punto de vista de capacidad técnica en términos de defensa de la competencia. La defensa de la competencia a mí me ha interesado y he llegado a estudiarla con un poquito más de profundidad. Posiblemente no se acuerde usted, pero sabe que tuvimos elecciones en el mes de marzo del año 2004. ¿Sabe usted cuántos miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia cambiaron ustedes en el mes de marzo del año 2004 de un total de 10? ¿Lo recuerda? Cuatro. ¿Sabe usted qué día cambiaron los dos últimos miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia? En el último Consejo de Ministros antes de las elecciones. Por tanto, no veo de qué se extrañan ustedes si cambiamos a una persona cuando termina su periodo. Podemos entrar a hablar de perfiles de las personas. Le vuelvo a decir lo mismo: A algunas personas yo no las hubiera nombrado por su perfil, pero parto del supuesto de que van a hacerlo dignamente, honestamente y que van a trabajar y van a estar en su lugar haciendo las cosas bien hasta el final. Yo creo que lo malo en este tipo de cosas es que ustedes se empeñan en poner en tela de juicio que las cosas no se hacen de forma honesta, de forma seria. Les preocupa el problema de la inversión en el país, la calificación del país, todo ese tipo de temas. A mí también me preocupan. Posiblemente no me preocupan tanto en el sentido de que veo que nuestro país es triple A, según todos los analistas internacionales -no hay tantos triple A ni siquiera en la Unión Europea- y cuando veo cómo funciona el Ibex en comparación con otras evoluciones de la Bolsa.
Por tanto, esa falta de confianza y ese temor que usted plantea en la realidad no se produce.


El otro día tuve ocasión de debatir con el señor Zaplana en una pregunta y le leí algunos párrafos de una nota de prensa del 15 de este mes. Se la vuelvo a leer pues es muy ilustrativa de esas críticas que ustedes hacen.
Dice textualmente lo siguiente -vuelvo a repetirlo textualmente, como hice el otro día, para que no dé lugar a malas interpretaciones-: El presidente del PP catalán, Josep Piqué, afirmó hoy que cuando era ministro impidió que Repsol hiciera una OPA sobre Gas Natural e Iberdrola porque el Gobierno de Aznar no la veía bien. En declaraciones a Cataluña Radio indicó que la operación de Gas Natural, con la posterior venta de activos a Iberdrola, es una operación más de las que hemos vivido a lo largo de estos últimos años. Decía: No deseo que fracase, pero hay que decir que todas las anteriores han fracasado. Podríamos discutir si se siguieron o no las normas del Tribunal de Defensa de la Competencia, pero ese es otro problema. Sigo: No obstante -dice en otro párrafo-, reveló que hubo otra operación que la gente no conoce tanto y que no llegó a confirmarse pero que estaba preparadísima, y que no se llevó a término porque el Gobierno de Aznar expresó que no la veía bien. No entiendo bien su preocupación porque el órgano regulador tenga en la cabeza a alguien que puede pertenecer a un determinado partido político si es un profesional y que luego veamos este tipo de problemas. ¿Cuál es el papel del órgano regulador en estas decisiones? Evidentemente, no era necesario entrar en el órgano regulador porque ya todo estaba dicho a priori.
Podemos seguir leyendo algunas declaraciones más del señor Piqué, pero yo creo que no es necesario. Lo que hay que pedir a los

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órganos reguladores es que se establezcan normas claras de cómo tienen que actuar, que esas normas se respeten, que existan los recursos pertinentes y que se tomen las decisiones de acuerdo con una política claramente definida. Le voy a hablar en la parte que me corresponde, que es el Tribunal de Defensa de la Competencia, el Servicio de Defensa de la Competencia. Le puedo asegurar que el sistema que sigue el Servicio de Defensa de la Competencia es exactamente el mismo que el sistema europeo de los tests en el caso de las concentraciones; y le puedo asegurar que si hay incidencia en la concentración el Servicio enviará al Tribunal de Defensa de la Competencia el tema pertinente. Por cierto, les quiero recordar lo que tanto les preocupa. Si consideramos -yo no lo considero pero parece que ustedes sí- que los que están nombrados por unos van a votar en una dirección diferente a la de los que están nombrados por otros, les recuerdo que de los nueve miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia todavía hay siete que han sido nombrados por ustedes. Ya digo que a mí no me preocupa porque estoy absolutamente convencido de que votarán lo que tengan que votar, lo que honestamente quieran votar o consideren que tengan que votar de acuerdo con su concepción. Veo la lista de las personas -son todas respetabilísimas- y sé, porque a algunas las conozco personalmente, que tienen visiones distintas sobre los problemas. Habrá debate y habrá diferencias y habrá puntos de vista distintos, pero esto no me plantea ninguna duda respecto al respaldo de la decisión y a lo que vayan a hacer. Esa es mi postura sobre estos temas. Vamos a avanzar en defensa de la competencia, la ley permitirá que sea más independiente y yo creo que no es buena la idea de poner en tela de juicio nuestras instituciones, pues eso al final no beneficia a nadie.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señora vicepresidente.


Para turno de réplica, por cinco minutos, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, le agradezco su contestación y, como siempre, el tono.
Decía que España tiene una buena consideración en los mercados, es verdad, mejor ahora que hace ocho años, y usted tiene algo que agradecer a la gestión de su predecesor en el ministerio. Ha hablado primero de los nombramientos y de las personas y ha sacado a relucir dos nombramientos que hizo el Partido Popular. Figúrese si se nombraron durante ocho años en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la Comisión Nacional de Energía o en la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, pero ha tenido que rebuscar para sacar dos, una de ellas no militante del Partido Popular, como usted sabe, porque trabajó a sus órdenes. Y dice que no es partidario de que los currículos políticos tengan algo que ver con los nombramientos. Yo le digo que sí, señor ministro. En mi opinión, en las presidencias de los órganos reguladores es mejor poner a personas que transmitan a los mercados que no van a actuar al dictado. Puede usted tener la contraria, pero usted mismo ha mantenido la opinión en nombramientos recientes, y no para la presidencia sino para otro órgano en este caso supervisor, de que era mejor que en el currículum no hubiera cargos políticos. Usted lo ha mantenido y me parece respetable, pero quiero decirle, señor ministro, que los currículos son precisos y ustedes no saben qué cosas nos dijeron en la legislatura pasada por los nombramientos que hicimos. Nos acusaban de amigos y ahora vemos que ponen a personas con carné. Comprenda usted que yo le diga que ahora ustedes están transmitiendo una imagen de mayor dependencia del Gobierno. Pero es que además, señor ministro, no se ha referido usted a una cosa muy importante. Nosotros no lo tenemos en nuestro programa electoral, pero ustedes sí, y esa fue una línea básica de crítica al Partido Popular.
Ustedes se comprometen y se sienten muy ufanos cuando dicen que cumplen el programa electoral y yo les digo que en este tema no lo han cumplido.
Si ustedes dicen que no engañan a los ciudadanos, yo les digo que en este tema sí los han engañado. Le leo las páginas y los compromisos. Lo pudieron hacer y no lo han hecho. Ustedes se comprometieron en su programa electoral a que el nombramiento del presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia se haría en el Parlamento y no se está haciendo, y me parece bien. Usted dice que cumple la ley que nosotros hicimos. Bien, pero entonces no se hubieran comprometido, no nos hubieran atacado por ese tema. Luego vamos a más y le quiero manifestar que hay algunas de las últimas actuaciones que indican poca independencia. Señor ministro, usted ha hablado del Servicio y del Tribunal de Defensa de la Competencia y le pregunto: ¿Puede garantizar usted hoy aquí que el expediente de la OPA va a ir al Tribunal de Defensa de la Competencia? Todos los expedientes de concentración después del servicio fueron al tribunal. ¿Va a garantizar usted hoy aquí que ese expediente va a ir al tribunal? Se lo voy a pedir en la moción. ¿Puede usted asegurar que lo que pone el libro blanco -que no se ha transformado en ley, sé que circula un borrador de una ley de competencia, ahora mismo han encargado ustedes un libro blanco que es lo que conocemos- se va a cumplir en el expediente? Es otra cuestión que le quiero preguntar. ¿Por qué no quieren ustedes que ese expediente vaya a Bruselas? Cuando le pidan la opinión como país, ¿se van a mantener al margen o van a decir que lo reclaman para ustedes? Es otra cuestión que le quiero formular. Porque, señor vicepresidente, usted me trae a colación una entrevista del señor Piqué.
Usted se puede ir a las hemerotecas y sacar las entrevistas que quiera, pero ahora mismo estamos hablando de los problemas que tienen los ciudadanos hoy y de una operación financiera que se gestó en Moncloa.
Hemos sabido que hay una operación energética de la que el

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ministro sabía antes de tiempo. No sé si usted lo sabía. Creo que su manera de actuar hubiera sido distinta de la de ese ministro. Lo creo de verdad, honestamente. Creo de verdad que el ministro de Industria a veces está más pendiente de cuestiones catalanas que de la gestión de su ministerio. Creo que usted no lo hubiera hecho así, pero el ministro de Industria está trabajando para que no haya independencia. Nosotros reclamamos, porque estamos de acuerdo en lo básico, que a los órganos se les dé la importancia que deben tener en una economía moderna y, además, no solo que sean independientes sino que lo parezcan, porque la mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Martínez-Pujalte.


Para su dúplica, también por cinco minutos, señor Solbes.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Voy a atenerme a sus comentarios. Si estamos ahora mejor que hace ocho años es algo que debemos de agradecer al Gobierno anterior, sin duda.
Como el Gobierno anterior debió agradecernos a nosotros -cosa que no hizo- lo que hicimos para sanear la situación de este país, aunque ese es otro debate que cuando quiera lo tendremos encantados. Nombraron ustedes en la Comisión Nacional del Mercado de Valores a una persona que trabajó a mis ordenes. Trabajó en la Agencia Tributaria y, desde luego, yo por sus méritos no lo hubiera nombrado nunca. ¿Estoy en contra del nombramiento de cargos políticos? Solo en un caso concreto y pactado con ustedes se decidió que no nombraríamos a ex ministros en el Consejo del Banco de España. Es el único caso que existe y que hemos respetado. Por tanto, pongamos las cosas en su sitio. A mí me parecería bien en aquel momento -así se hizo- para evitar convertir el Banco de España en un sitio de retiro que evidentemente no respondiera a sus necesidades. A partir de ahí, dice S.S.: nosotros es que no lo teníamos en el programa y ustedes sí. Por eso lo estamos cumpliendo y estamos poniendo en marcha la ley. Por eso el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tan pronto fue nombrado, compareció aquí a exponer sus puntos de vista, y por eso tenemos la Ley del Tribunal de Defensa de la Competencia. Lo que usted no puede decirme es que no cumplamos la ley, porque tenemos un tema en el programa y todavía no se han modificado algunos temas concretos.


En ese sentido, sus últimas afirmaciones demuestran que usted respeta muy poco la ley y la independencia, porque usted pretende que le diga ahora que el Servicio de Defensa de la Competencia va a decidir el tema en un cierto sentido y que va a ir al Tribunal, sí o no. Honestamente no lo sé, posiblemente sí, es una concentración, pero dependerá del servicio y del análisis técnico que se haga. Tal vez ustedes en su época sí sabían ya a priori si iba a ir o no, yo honestamente no lo sé. Puedo decirle cuál es mi primera impresión a simple vista, pero prefiero no entrar en ese debate.


¿Se va a respetar la norma? Absolutamente, puede usted tener la absoluta seguridad de que las normas se aceptarán y se aplicarán exactamente como se ha hecho siempre.


¿Por qué no va a Bruselas? Yo creo que este es un tema interesante, el problema no es si va a Bruselas o no. He sido comisario cinco años en Bruselas, sé perfectamente cómo funcionan las cosas allí. Puedo decirle que la diferencia entre el análisis de Bruselas y el de Madrid va a parecerse como una gota de agua a otra gota de agua.


¿Por qué no debe ir a Bruselas? Porque hay unas normas establecidas que si se cumplen ciertas condiciones debe ir a Bruselas y si no, no. En mi opinión en este caso concreto, de acuerdo con la información pública disponible en el momento de la OPA, no cumplía las condiciones para ir a Bruselas. ¿Ustedes aceptarían que un tema que es de competencia nacional porque alguien lo pida tenga que ir a Bruselas? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de seguridad jurídica. Bruselas tendrá que verlo si cumple las condiciones para ir a Bruselas, no en otro caso.


¿Tengo algún problema para discutir el tema con Bruselas? Ninguno. ¿Para informar a Bruselas? Ninguno, absolutamente ninguno. Lo hacemos todos los días en éste y en otros casos, y lo seguiremos haciendo. Por tanto, en nuestro análisis, de acuerdo con la información pública disponible, de acuerdo con las cuentas auditadas del año 2004, que es lo que actualmente conocemos, es una operación nacional, y esa es la razón por la que creemos que debe ser analizada en términos nacionales. Si hay hechos distintos, o las cuentas no son correctas, estamos hablando de otra cosa, pero evidentemente ese no es el problema que nos trae hoy aquí el debate.


En consecuencia, de lo que S.S. puede tener la absoluta seguridad es de que sea quien sea quien nombró a los miembros de las distintas comisiones, tengo confianza en ellos; de que cualquiera que sea la Comisión que tome las decisiones lo hará con la legislación en la mano y con los precedentes que han existido, y puede usted tener la absoluta seguridad de que nuestra única preocupación es el respeto de la competencia y que esto, que es una operación entre empresas, no se intente politizar como se está haciendo desde el primer día.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Solbes.


Buenas noches, señorías. Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.


Eran las siete y diez minutos de la tarde.

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