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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 109, de 14/09/2005
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 109
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 101
celebrada el miércoles, 14 de septiembre de 2005


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas ... (Página 5472)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno en relación con los trabajadores y familiares directos afectados por la exposición a radiaciones ionizantes provocadas por la extracción de uranio en la Fábrica de Uranio de Andújar (Jaén). (Número de expediente 172/000112.) ... (Página 5496)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez Sánchez), sobre los problemas del actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen general, con especial referencia a la financiación de la sanidad tomando como ejemplo Galicia. (Número de expediente 172/000115.) ... (Página 5499)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno en materia de financiación del gasto sanitario. (Número de expediente 172/000117..) ... (Página 5499)

Página 5468


- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación creada en la Guardia Civil y en el propio Ministerio del Interior tras la desautorización de la gestión de su Director, realizada por el Gobierno y por el Partido Socialista. (Número de expediente 172/000116.) ...
(Página 5509)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas ... (Página 5472)

Del Diputado don Ángel Jesús Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Considera el Gobierno que siguen sin existir indicios ni pruebas para iniciar el proceso de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas? (Número de expediente 180/000823.) ... (Página 5472)

Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Piensa solicitar el Gobierno informe del Tribunal de Defensa de la Competencia en relación con la operación de concentración en el sector energético? (Número de expediente 180/000824.) ... (Página 5473)

Del Diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Cuáles son las razones que impiden al Gobierno transferir a la Comunidad Autónoma Vasca las competencias previstas en el Estatuto de Autonomía de Guernica en materia penitenciaria, cuales son las relativas a la

organización, régimen y funcionamiento de instituciones y establecimientos penitenciarios y la correspondiente a la ejecución de la legislación penitenciaria? (Número de expediente 180/000818.) ... (Página 5474)

Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al Señor Ministro del Interior: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para evitar que se repitan los sucesos acaecidos en la frontera con Marruecos en Melilla? (Número de expediente 180/000819.) ...
(Página 5475)

De la Diputada doña Begoña Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante la grave situación por la que atraviesa el centro penitenciario de Nanclares de la Oca (Álava), en el que han fallecido seis reclusos en los últimos meses? (Número de expediente 180/000821.) ... (Página 5476)

Del Diputado don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Por qué motivo catorce presos etarras de la prisión de Albolote, en régimen de aislamiento, disfrutaron de un permiso para acudir todos juntos a una piscina en Granada el pasado mes de julio? (Número de expediente 180/000828.) ... (Página 5477)

Página 5469


De la Diputada doña Ana Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Tiene previsto el Gobierno suavizar las condiciones de detenidos y presos por terrorismo? (Número de expediente 180/000827.) ... (Página 5478)

De la Diputada doña María Esther Couto Rivas, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Cuáles son las líneas generales de la reforma sobre organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional? (Número de expediente 180/000833.) ... (Página 5479)

Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, que formula a la Sra. Ministra de Fomento: ¿De las compañías aéreas que operan en los aeropuertos del Estado español, hay alguna que el Gobierno recomendaría a los ciudadanos no ser utilizada por carecer de las debidas garantías de seguridad? (Número de expediente 180/000816.) ... (Página 5480)

Del Diputado don Salvador de la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Fomento: ¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el encuentro de Ministros de Transportes e Infraestructuras de Iberoamérica, celebrado los días 7 al 10 de septiembre? (Número de expediente 180/000834.) ... (Página 5481)

Del Diputado don Francesc Canet Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que formula a la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Piensa el Gobierno apoyar la candidatura de Barcelona, en su aspiración de ser la sede del Consejo Europeo de Investigación? (Número de expediente 180/000820.) ... (Página 5482)

De la Diputada doña María Gloria Gómez Santamaría, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la puesta en marcha del programa de apoyo y refuerzo en Centros de Educación Primaria y Secundaria? (Número de expediente 180/000835.) ... (Página 5484)

Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Considera el Ministro que la concentración empresarial en el sector energético propiciará que los precios bajen? (Número de expediente 180/000825.) ... (Página 5485)

Del Diputado don Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Por qué ha discriminado el Gobierno a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid impidiendo que ésta pueda emitir en analógico el segundo canal de la televisión autonómica? (Número de expediente 180/000826.) ... (Página 5486)

De la Diputada doña Ana María Fuentes Pacheco, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre el aumento registrado en el número de turistas que han visitado nuestro país en la última temporada de verano? (Número de expediente 180/000836.) ...
(Página 5487)

Del Diputado don Manuel Mas i Estela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Cómo valora el Gobierno el resultado de las negociaciones entre la Unión

Página 5470


Europea y China, en relación a la avalancha de exportaciones de productos textiles chinos en los últimos meses? (Número de expediente 180/000837.) ... (Página 5488)

Del Diputado don Alejandro Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Cómo contribuirá la Ley de Orientación para el Desarrollo Rural y la Agricultura a evitar el despoblamiento de áreas rurales? (Número de expediente 180/000838.) ... (Página 5488)

Del Diputado don Manuel Ceferino Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Cuáles son los resultados que prevé el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación relativos a la aplicación del Plan de Reestructuración del Sector Lácteo? (Número de expediente 180/000839.) ... (Página 5489)

Del Diputado don José Ignacio Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Piensa el Gobierno cumplir los compromisos adquiridos por el Presidente ante la catástrofe de Guadalajara? (Número de expediente 180/000829.) ... (Página 5490)

Del Diputado don Alberto Garre López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Cómo valora la Ministra de Medio Ambiente el funcionamiento este verano de la desaladora de San Pedro del Pinatar? (Núm.expte. 180/000831.) ...
(Página 5491)

De la Diputada doña Remedios Martel Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Cuál es la valoración que desde el Ministerio de Medio Ambiente se hace de la puesta en funcionamiento de la planta desaladora de Marbella en la provincia de Málaga? (Número de expediente 180/000840.) ... (Página 5492)

De la Diputada doña María Montserrat Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Cuáles son los principales acuerdos sobre cambio climático alcanzados en el Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea del pasado viernes 24 de junio de 2005? (Número de expediente 180/000841.) ... (Página 5493)

Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, en sustitución de la Diputada doña Macarena Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Vivienda: ¿En qué conocimientos sobre el sector turístico se basa la Sra. Ministra para hacer afirmaciones de desprecio contra la ciudad de Benidorm? (Número de expediente 180/000830.) ... (Página 5494)

Del Diputado don Carles Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Cuál es el calendario para la reforma laboral que prevé el Gobierno? (Número de expediente 180/000822.) ... (Página 5495)

Interpelaciones urgentes ... (Página 5496)

Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno en relación con los trabajadores y familiares directos afectados por la exposición a

Página 5471


radiaciones ionizantes provocadas por la extracción de uranio en la Fábrica de Uranio de Andújar (Jaén.) ... (Página 5496)

Presenta la interpelación urgente el señor Pérez Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Con esta iniciativa su grupo pretende no seguir añadiendo fechas a una historia que, opina, refleja injusticia, falta de reconocimiento y carencia de sensibilidad. Sin embargo, no hacen responsable de actuaciones anteriores al ministro de Trabajo y le otorgan de antemano dos condiciones necesarias para abordar la solución posible: la sensibilidad social para reconocer el problema y la voluntad política de resolverlo. Explica los efectos provocados por la extracción de uranio en la Fábrica de Uranio de Andújar y da una serie de datos que son lo suficientemente elocuentes como para comprobar la magnitud del problema.
Nadie niega ni la presencia ni la influencia del uranio y de las radiaciones ionizantes en el pueblo, en los trabajadores y en sus familiares directos, pero nadie establece de forma concluyente la relación causa- efecto, que daría lugar al reconocimiento de sus derechos, porque se dice que no hay certeza científica. Esta interpelación precisamente lo que pretende es que el señor ministro tenga la voluntad política de resolver el problema y se siga con la atención médica a los trabajadores, se establezca la relación causa-efecto y, por consiguiente, el reconocimiento de sus derechos económicos y sociales, además del reconocimiento moral que se les debe después de 15 años desde que se constituyera la asociación de afectados.


Contesta el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán), en nombre del Gobierno. Agradece al interpelante su interés y sensibilidad por el problema, que comparte plenamente, y tras repasar con atención los antecedentes del caso, afirma que el Parlamento se ha venido interesando a lo largo de los años en la solución de la grave situación por la que atraviesan los ya jubilados trabajadores de esa fábrica de uranio. Cree que desde una perspectiva política no habrá ningún problema en reconocer la gravedad de los hechos y en buscar una solución, pero esto no quiere decir que estas personas hayan estado abandonadas, porque se han llevado a cabo acciones y actuaciones por parte de la Administración en defensa de sus intereses, lo que ha conducido a una situación sustancialmente mejor. Aclara, por otra parte, que el caso no afecta solo a su ministerio, pero como la actividad del Gobierno es global y no hay compartimentos estancos, la colaboración entre los ministerios implicados será la pauta de actuación para solventar en breve los problemas de estos trabajadores en relación con la consideración de sus dolencias como enfermedad profesional.


Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez Sánchez), sobre los problemas del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen general, con especial referencia a la financiación de la sanidad tomando como ejemplo a Galicia ... (Página 5499)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno en materia de financiación del gasto sanitario ... (Página 5499)

El señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, presenta la interpelación urgente sobre el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas, establecido en la ley 21/2001, de 27 de diciembre, con el Gobierno del Partido Popular, y le acusa de haber pretendido impedir el paso a un Estado de carácter plurinacional para consolidar un Estado centralizado con apariencia autonómica. Critica duramente las actuaciones del Gobierno del Partido Popular, en especial en relación con Galicia. A continuación se refiere al actual sistema de financiación del Gobierno del Partido Socialista, centrándose en la financiación de la sanidad.


El señor Sánchez i Llibre presenta la interpelación urgente sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno en materia de financiación de gasto sanitario presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Manifiesta que esta interpelación había sido presentada antes de las soluciones planteadas en lo últimos días por el Gobierno, soluciones que considera no financian la deuda histórica de la sanidad española, no ponen las bases del futuro sistema de financiación sanitario, no garantiza el equilibrio entre los ingresos y los gastos y, lo que considera más grave, este sistema planteado y aprobado por la mayoría de comunidades gobernadas por el Partido Socialista continuará generando déficit sanitario en un futuro inmediato. Considera que estas soluciones son una tomadura de pelo, representan pan para hoy y hambre para mañana, las califica de soluciones trampa, que han ninguneado a las comunidades autónomas y a todos los ciudadanos españoles, y pasa a explicar brevemente todos estos extremos.


Página 5472


Contesta a los dos interpelantes el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira), que agradece tener la oportunidad de hablar de la financiación de la sanidad, y explica las decisiones tomadas ayer en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera en respuesta a una demanda de los gobiernos autonómicos en los últimos años como consecuencia de los incrementos de los gastos crecientes vinculados al crecimiento y envejecimiento de la población, a la elevación de costes debidos a mejoras tecnológicas o a las decisiones de gestión entre otros motivos. Rechaza las acusaciones del señor Sánchez i Llibre y considera que la propuesta de financiación no solo es decente sino ambiciosa y, sobre todo, gratuita para las comunidades autónomas, que teniendo la responsabilidad del gasto, no aportan nada a esta propuesta. Considera correcto haber planteado este sistema en este momento y afirma que el compromiso de empezar a analizar el problema de la financiación autonómica de forma general, con tiempo y con tranquilidad, es la mejor fórmula para evitar problemas en el futuro, lo que no se podría haber hecho sin una operación de transición, para que las tensiones que hoy tienen las comunidades autónomas se vieran aliviadas durante este periodo de tiempo.


Replican los señores Rodríguez Sánchez y Sánchez i Llibre, y duplica el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación creada en la Guardia Civil y en el propio Ministerio del Interior tras la desautorización de la gestión de su director, realizada por el Gobierno y por el Partido Socialista ... (Página 5509)

La señora Sánchez-Camacho Pérez plantea en la interpelación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso la situación que tanto desde el Gobierno como desde el Partido Socialista se está creando en el seno de la Guardia Civil. Afirma que el cuerpo de la Guardia Civil -y está segura que el señor ministro coincidirá en ello- ha sido, es y seguirá siendo servidor fiel y leal, cuyo objetivo fundamental es garantizar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos españoles, gozando de un prestigio y del reconocimiento de los españoles hasta que un Gobierno socialista ha venido a deteriorar y perjudicar su imagen. A continuación pregunta por la situación actual en la que se encuentra el director de la Guardia Civil y pone de manifiesto las contradicciones existentes en las manifestaciones hechas por distintos miembros del Gobierno y del Partido Socialista.


Contesta el señor ministro del Interior (Alonso Suárez), en nombre del Gobierno. Asegura haber escuchado con atención la intervención de la señora Sánchez-Camacho y señala que la interpelación se basa en algunos claros e interesados errores de apreciación que le obligan a repetir algunas contestaciones dadas por la mañana en el Senado al Grupo Popular.
Acusa a la señora interpelante de hacer una reconstrucción personal que nada tiene que ver con la realidad y afirma que el Gobierno actúo en todo momento como debía en los desgraciados sucesos de Roquetas. A continuación contesta a las afirmaciones efectuadas por la interpelante y se remite a las explicaciones dadas ante la Comisión de Interior del Congreso el 11 de agosto pasado.


Replica la señora Sánchez-Camacho Pérez, y duplica el señor ministro del Interior.


Se suspende la sesión a las ocho y veinte minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL JESÚS ACEBES PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE SIGUEN SIN EXISTIR INDICIOS NI PRUEBAS PARA INICIAR EL PROCESO DE ILEGALIZACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA DE LAS TIERRAS VASCAS? (Número de expediente 180/000823.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.


Control al Gobierno. Preguntas a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia del diputado don Ángel Acebes.


Señor diputado.


El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor presidente.


¿Considera el Gobierno que siguen sin existir indicios para iniciar el proceso de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas?

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.


Página 5473


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): El Gobierno cumple el principio de legalidad, respeta la independencia judicial y actúa conforme a la jurisprudencia constitucional sobre la Ley de Partidos. (Un señor diputado: Mentira, mentira.-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Michavila, le ruego por favor que mantenga silencio.


Señor Acebes.


El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor presidente.


Le recuerdo, señora vicepresidenta, que quien tiene la competencia para poder instar ese procedimiento es el Gobierno, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad les han entregado cientos de folios con pruebas que acreditan que el Partido Comunista de las Tierras Vascas y Batasuna son lo mismo.
ETA y Batasuna han reconocido públicamente que son lo mismo. Ahora un juez imputa y acuerda prisión con fianza a los líderes de ese partido por pertenencia a banda armada y acredita en su resolución que cumple los mandatos de ETA. Ustedes siguen sin poner todo esto en conocimiento del juez para que pueda iniciar su ilegalización, incumpliendo de manera escandalosa la Ley de Partidos Políticos. Señoría, no tiene explicación, salvo que se tenga en cuenta lo que esta semana informaban los medios de comunicación, que ustedes están negociando una tregua y, añado, pagando un precio político por anticipado que consiste en permitir la vuelta a la legalidad de Batasuna a través del Partido Comunista de las Tierras Vascas, la ruptura del Pacto antiterrorista, enterrar la Ley de Partidos Políticos y, lo próximo, el acercamiento de presos y la entrega a Ibarretxe de la política penitenciaria. A todo esto el fiscal general y el presidente del Gobierno llaman el final de ETA, cuando como de verdad se llama es claudicación del Estado provocada por el Gobierno. Pero, señorías, no se olviden, de lo que se trata desde hace muchos años y muchas víctimas es de acabar con España y un paso decisivo es que deje de ser una nación. El Gobierno está ocultando a los ciudadanos y a este grupo lo que se trae entre manos, pero le reiteramos lo que este grupo parlamentario, el Partido Popular, y cientos de ciudadanos que se manifestaron en las calles de Madrid dijeron, que la negociación y la rendición ante ETA, en nuestro nombre no. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señoría, comienza usted este periodo de sesiones como terminó el anterior, utilizando el terrorismo como arma arrojadiza contra el Gobierno. (Aplausos.) Créame que lo lamento y lo hago sinceramente, porque tan convencida estoy de que su principal tarea como oposición es controlar al Gobierno como de que hay temas que deben estar fuera de la confrontación, sobre todo si, como es su caso, se tiene toda la información. Todo esto usted ya lo sabe y, sin embargo, continúa empecinado en hacer de cuestión tan delicada su caballo de batalla personal, usted sabrá; usted sabrá los motivos personales que le llevan a ello. Mi obligación es responderle y lo hago, le respondo siempre. Otra cosa es que no le guste lo que le respondo, señor Acebes, pero eso usted también lo sabe y en este caso concreto sabe -lo sabe, señor Acebes- que hay una investigación penal abierta por un juez en el marco de la cual se han adoptado una serie de medidas cautelares ligadas a esa investigación. Y usted sabe, porque lo sabe también, señor Acebes -y si no lo supiera sería peor porque sería el único ex ministro del Interior y ex ministro de Justicia del mundo que no lo supiera-, que el respeto, la independencia y la responsabilidad exigen esperar a que el juez concluya la investigación y concluya el proceso penal y que, a partir de ese momento, el Gobierno, en su caso, tomará las decisiones que procedan y actuará en consecuencia. Todo esto usted lo sabe; por tanto, señor Acebes, a mí lo único que me queda por decirle es que se una usted al conjunto, a los miles de ciudadanos que tienen muy claro que si hay un elemento que no debe ser de confrontación entre el Gobierno y la oposición es el terrorismo. ¿Sabe por qué? Porque todos esos ciudadanos saben que, hoy por hoy, no hay ninguna novedad en materia de lucha antiterrorista y que el Gobierno lo único que espera de ETA es que abandone la violencia, y esos miles de ciudadanos saben, señor Acebes, la lealtad con que este Gobierno y este partido han actuado siempre en materia de terrorismo. Únase a esa mayoría, señor Acebes.
(Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿PIENSA SOLICITAR EL GOBIERNO INFORME DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN RELACIÓN CON LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN EN EL SECTOR ENERGÉTICO? (Número de expediente 180/000824.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía de don Eduardo Zaplana.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.


Doy por reproducida la pregunta.


El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.


Página 5474


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, una oferta pública de adquisición es, en un régimen de libre mercado, fundamentalmente un problema entre empresas. Al Gobierno le corresponde simplemente garantizar el mantenimiento de la legalidad vigente, que implica la competencia efectiva de los mercados. El Ministerio de Economía y Hacienda recibió el pasado lunes la notificación del proyecto de adquisición de Endesa por parte de Gas Natural, instrumentada a través de una oferta pública de adquisición. Dado que ambas compañías realizan sus actividades en España -más de dos tercios-, la operación será analizada por los órganos de competencia nacionales, servicio y tribunal. Como en todas las operaciones de concentración, el primer paso es el análisis por parte del Servicio de Defensa de la Competencia y, en su caso, en función de ese análisis, la decisión de remitirla o no al tribunal.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente, la OPA hostil que ha presentado Gas Natural sobre Endesa, se quiera o no, tiene evidentes consecuencias políticas. Como S.S. sabe, sin duda afecta a la política energética de nuestro país, afecta a la competencia y al bienestar de los consumidores, afecta también al crédito de las instituciones y de los organismos económicos y afecta a la confianza que debe inspirar el funcionamiento de nuestra economía. Además, esta operación está llena de indicios y, diría más, de evidencias de que hay intereses políticos detrás de la misma. Recuerde, señor vicepresidente, lo que dijo el señor Montilla, presente en esta Cámara, una semana antes del anuncio de la OPA, cuando se refería al cambio necesario en los presidentes de empresas privatizadas. Recuerde que fue también el ministro de Industria quien puso a una ex diputada del PSC al frente de la Comisión Nacional de la Energía. Se ha designado como ponente de este asunto en la Comisión Nacional de la Energía a una persona afín al tripartito. (Rumores.) Y seguramente por eso se anuncia la operación justo cuando toca el cambio en la presidencia del Tribunal de Defensa de la Competencia, que confío, señor vicepresidente, que en estas circunstancias ustedes no lleven a cabo. Pero sobre todo la evidencia se desprende del pacto del tripartito del que a ustedes no les gusta hablar. Les recuerdo que entre sus objetivos estaba actuar desde la Generalitat de Catalunya para impulsar la creación de operadores catalanes en sectores estratégicos, objetivo que necesariamente, les guste o no, hay que ligar al proyecto de estatuto que se está elaborando en Cataluña, que deja claro que quien gobierna en las cajas de ahorro catalanas es el poder político.


Con todos estos antecedentes, señor Solbes, le pido que deje que se pronuncien las autoridades comunitarias para eliminar sospechas, como ellas mismas han reclamado. Le pido que actúe, aunque sea por una sola vez, en defensa de la competencia, en defensa de los consumidores, en defensa del mantenimiento de la confianza que necesita nuestra economía, y que tanto nos ha costado lograr.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, en primer lugar, no sé si le he entendido bien, pero creo que me pide usted que incumpla la ley y que no cambiemos al presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, cuyo período caduca, como usted sabe, el 29 de septiembre. Evidentemente, tendremos que nombrar a su sustituto, les guste a ustedes o no les guste.


En segundo lugar, yo no formo parte del tripartito. Lo que el tripartito decida es un tema del mismo; yo formo parte del Gobierno español y lo que tengo que hacer es poner en marcha los procedimientos tal y como están establecidos, y que son: informe del Servicio de Defensa de la Competencia, previo informe de la Comisión Nacional de la Energía, en su caso, tribunal y, en su caso, decisión por parte del Gobierno.


Por último, en cuanto a la posibilidad o no de ir a Europa, hoy -le leo un teletipo de esta mañana- el portavoz europeo de competencia, Jonathan Todd, ha reiterado en rueda de prensa que hasta ahora la OPA no ha sido notificada a Bruselas y la Comisión solo puede esperar a ver si se les notifica a ellos o a las autoridades españolas. El señor Todd ha explicado que las normas del reglamento comunitario de fusiones prevé que si dos tercios de las cifras se realizan en un solo Estado, en este caso España, solo el Gobierno español es responsable...(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente, lo lamento pero su tiempo ha concluido.


- DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRÍA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CUÁLES SON LAS RAZONES QUE IMPIDEN AL GOBIERNO TRANSFERIR A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA LAS COMPETENCIAS PREVISTAS EN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GUERNICA EN MATERIA PENITENCIARIA, CUALES SON LAS RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y LA CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN PENITENCIARIA? (Número de expediente 180/000818.)

Página 5475


El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado Don Emilio Olabarría, que formula al señor ministro del Interior. Tiene la palabra.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, nos gustaría conocer cuáles son las razones no explicadas todavía por las cuales el Gobierno no transfiere a la Comunidad Autónoma del País Vasco las competencias que en materia penitenciaria especifica el Estatuto de Gernika; Gernika, por cierto, se escribe sin u detrás de la g y con k. Como sabe el señor ministro, son competencias exclusivas en relación con los establecimientos penitenciarios en materia de ejecución de la política penitenciaria del Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.


Señor diputado, me plantea un tema recurrente en esta Cámara y en esta legislatura. Yo mismo lo he dicho muchas veces, también el presidente del Gobierno y la propia directora de Instituciones Penitenciarias que depende de mí se lo volverá a repetir claramente, el Gobierno no tiene prevista transferencia alguna en materia penitenciaria. Por tanto, las cuestiones relativas a la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y de los establecimientos penitenciarios, así como la ejecución de las disposiciones legales que hacen referencia a las cuestiones penitenciarias siguen en manos del Estado. La gestión de esas materias por el Estado es perfectamente posible constitucional y legalmente y además es también conveniente porque el Estado lo hace bien desde el punto de vista que interesa cuando hablamos de cuestiones de este tipo. El punto de vista es el del artículo 25 de la Constitución española que usted conoce perfectamente.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, esperaba la respuesta porque usted no tiene otra argumentación. Nunca ha sabido explicar ni nunca ha querido explicar las razones de una transferencia debida prevista en el bloque de constitucionalidad. El único fundamento por parte de su Gobierno es la pura arbitrariedad. Usted no transfiere esta competencia porque no le da la gana, sencillamente, voy a traducir al lenguaje vulgar lo que usted ha dicho en lenguaje jurídico o metajurídico.


Señor ministro, hay unos títulos competenciales inequívocos en el Estatuto de Autonomía de Gernika, el artículo 10.14 establece que la competencia de la comunidad autónoma vasca es exclusiva en materia de establecimientos penitenciarios y el artículo 12 establece que es una competencia la ejecución de la política penitenciaria. Son dos títulos competenciales inequívocos que han posibilitado la transferencia a otra comunidad autónoma, luego, a pesar de que el Gobierno lo hace bien, ustedes han podido excepcionar esa conceptualización de su renuencia a transferir en relación con otra comunidad autónoma que tiene los mismos títulos competenciales. Lo mismo dijo la directora de Instituciones Penitenciarias, que no transfieren porque no lo consideran conveniente, lo cual es una respuesta metajurídica en el mejor de los casos y en el peor de los casos absolutamente arbitraria, y en el ínterin se están degradando de forma irreversible los centros penitenciarios radicados en la comunidad autónoma vasca. Usted recuerde que en Martutene, en los últimos ocho meses, han muerto seis reclusos y los otros dos centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco se están degradando de forma irreversible. Además, su política penitenciaria, de la que usted tanto se jacta, es mala. Usted está concentrando en Martutene una población reclusa potencialmente peligrosa, se están concentrando allí reclusos con problemas de comportamiento, con problemas de conducta, con problemas de toxicomanías, con problemas psiquiátricos... Se están concentrando sencillamente porque el Gobierno vasco presta un servicio de asistencia sanitaria de 24 horas, lo cual produce una situación en este centro penitenciario exclusiva, pero, señor ministro...


El señor PRESIDENTE: Su tiempo concluyó, señor Olabarría. Lo siento.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.


Señor Olabarría, no puedo estar más en desacuerdo con usted. Yo le he hecho una afirmación de legalidad. La decisión del Gobierno entra dentro del espacio de legalidad y eso es justo todo lo contrario a la arbitrariedad que usted nos achaca. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante en materia de instituciones penitenciarias, estamos tratando por todos los medios de mejorar el estado de nuestras cárceles y las cuestiones relativas al régimen y al tratamiento penitenciario de los reclusos. Y, por favor, no mezcle desgracias personales individuales, a las que también estamos haciendo frente, como son los suicidios o algunas muertes que ha habido en las cárceles, con cuestiones de política general y mucho menos para afirmar cuestiones competenciales que nada tienen que ver con ello.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR QUE SE REPITAN LOS SUCESOS ACAECIDOS EN LA FRONTERA CON MARRUECOS EN MELILLA? (Número de expediente 180/000819.)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro del Interior de don Gaspar Llamazares. Adelante.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro del Interior, ¿asume el Gobierno como propio y definitivo el informe de la Guardia Civil en relación con la muerte, el día 28 de agosto, de un subsahariano en la frontera de Melilla?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.


Señor Llamazares, en cuanto a la desgraciada muerte de un inmigrante subsahariano se abrió una investigación racional que da cuenta racional de cuáles fueron las fuentes de esa investigación, a quién se interrogó, cuáles fueron los videos que se vieron, cómo se preguntó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vecino, de Marruecos, y ese informe de la Guardia Civil concluye de una manera -insisto y subrayo- racional que la muerte no tiene nada que ver con la actuación de la Guardia Civil en la protección del perímetro de la ciudad autónoma. Por lo demás, actuación obligada en virtud de nuestros compromisos con la legalidad nacional y también de nuestros acuerdos internacionales en materia de políticas migratorias.


El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor ministro.


Yo no me puedo creer que su Gobierno acepte la información de la Guardia Civil como propia. Señor ministro, un informe que quiere ser imparcial, aunque no lo es, que es de parte, que comienza con relación a la muerte de un ciudadano diciendo: Conclusiones de la información interna de la Guardia Civil sobre el cadáver de un subsahariano aparecido en Melilla, tan solo por ese título no merece demasiado crédito. Pero si uno atiende al contenido del informe, llama mucho la atención que lo único que hace el informe es poner en cuestión las declaraciones de otro subsahariano y lo hace básicamente porque dice ser camerunés y no es camerunés, pero lo que contrapone a sus declaraciones son las declaraciones de la Policía marroquí, que son tan vagas al menos como las que se intentan refutar.
Sin embargo, señor ministro, existe un informe, que hoy está en manos del Defensor del Pueblo, de una organización no gubernamental que entra en clara contradicción con el informe de la Guardia Civil, ya que éste dice que no existe ninguna lesión apreciable en el cadáver y el informe del coordinador de Médicos Sin Fronteras dice precisamente todo lo contrario.
Comprueba que se trata de un inmigrante subsahariano que presenta un hematoma circular a la altura del pecho. Son característicos de impactos por balas de caucho. Fuentes del hospital comunican verbalmente al mencionado coordinador que el resultado de la autopsia de ese cadáver concluye que la muerte se debe a una hemorragia interna producida por un trauma hepático.


Señor ministro, creo que ustedes no pueden aceptar este informe como definitivo y creo, además, que la solución a los problemas de la frontera de Melilla no está en elevar algunos metros más la valla. Ese es un camino defensivo y no un camino de relación económica, social, cultural y política alternativa como plantean los informes de Naciones Unidas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno, por favor.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.


Señor Llamazares, en cuanto a la desgraciada muerte de este muchacho camerunés, los hechos ya son conocidos. Yo no tengo ningún inconveniente en facilitarle el informe para que vea usted cuáles son los fundamentos racionales del informe y para que salga de algún equívoco, como el sitio donde tenía las contusiones, la etiología de la muerte y quién informa cada una de las cosas que se informan. Está a su disposición, como ha estado a disposición de la opinión pública y en general a disposición de todo el mundo, porque aquí no hay nada que ocultar.


En cuanto al tratamiento que estamos dando a la cuestión de la inmigración ilegal en Melilla, le insisto en que estamos vinculados por políticas migratorias claras, que tratamos de ejercer con la mayor solidaridad posible, pero desde luego con un principio claro: se pueden admitir a los inmigrantes que tienen su situación regularizada, que están vinculados al mercado de trabajo, porque son los inmigrantes que podemos integrar.
Dentro de ello, ¿que es necesario hacer esfuerzos específicos en materia social, económica, cultural, etcétera, en África para tratar de paliar el enorme drama, sobre todo en el África subsahariana? De acuerdo. Pero eso no es incompatible, ni muchísimo menos, con una política sólida en materia de orden público relativa al control de la inmigración ilegal; política, que insisto que es obligada y frente a la cual -créame y usted lo sabe- no hay ninguna alternativa. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA BEGOÑA LASAGABASTER OLAZÁBAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LA GRAVE SITUACIÓN POR LA QUE ATRAVIESA EL CENTRO PENITENCIARIO DE NANCLARES DE LA OCA (ÁLAVA), EN EL QUE HAN FALLECIDO SEIS RECLUSOS EN LOS ÚLTIMOS MESES? (Número de expediente 180/000821.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Begoña Lasagabaster.


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La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante la grave situación por la que atraviesa el centro penitenciario de Nanclares de la Oca, donde han fallecido seis personas en los últimos meses?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.


Señora diputada, ya me preguntó una senadora vasca por la mañana en el Senado a este respecto. Me voy a ver obligado a repetir -por supuesto, lo hago encantado- lo que ya manifesté allí. Dos de los fallecimientos lo fueron por causas naturales, los internos estaban siendo atendidos de patologías muy graves por la red pública sanitaria vasca; un tercero falleció nada más volver de un permiso penitenciario por sobredosis de droga, y tres fallecimientos obedecen a etiologías médicolegales caracterizadas como suicidas. ¿Qué hemos hecho? Dos cosas muy claras. En primer lugar, ir allí inmediatamente y hacernos cargo del problema, hablar con el subdirector de Seguridad, que renunció al cargo, nombrar a tres psicólogos y adoptar las medidas generales en materia de régimen penitenciario que exigía la situación. Y en segundo lugar, desde un punto de vista más general, activar, como sabe que estamos haciendo, el programa marco de prevención de suicidios, que es un programa ajustado a los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud, junto con las propuestas, programas, protocolos y el establecimiento de un perfil de personas proclives a las conductas suicidas. Además, hemos puesto en marcha el primer curso de formación de profesionales para que se conozca el manejo de los sistemas y las técnicas de intervención previstos en esos protocolos. Por lo tanto, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y vamos a seguir trabajando en esa línea y con toda determinación en el futuro.


El señor PRESIDENTE: Señora diputada.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.


Es posible que a usted le parezca normal que desde diciembre de 2004 se hayan quitado la vida seis personas en un centro penitenciario, vida que ustedes tienen intención de salvaguardar. Pero es que además en marzo y en abril de 2005 dos mujeres presas han denunciado ser objeto de abusos sexuales por un funcionario de prisiones y si a eso añadimos que determinadas asociaciones dicen que hay tres fallecidos más después de haber salido inmediatamente de Nanclares, tienen ustedes un grave problema. A esto hay que añadir lo que llevamos denunciando durante muchos años, la grave situación de deterioro de Nanclares de la Oca. Le invito a visitarlo personalmente. Hay falta de higiene, hay plaga de ratas, señor ministro, hay una importante situación de hacinamiento, 550 plazas para 770 personas, y hay un problema de escasez de recursos psiquiátricos y de atención sanitaria. Si eso le parece normal, a mí desde luego no. ¿Y qué están haciendo ustedes? Pues realmente nada, se lo digo claramente. Pero es que, además de no hacer nada, no dejan hacer a los demás. Lo que tendrían que haber hecho es transferir esa competencia al Gobierno vasco, que ha demostrado ser bastante más eficiente en sus competencias y responsabilidades que ustedes.


¿Qué les pedimos? Primero, que cumplan la ley transfiriendo la competencia; segundo, que tengan una política penitenciaria humanitaria que aborde el espíritu de la Ley de Reinserción Social; tercero, que acerquen los presos a su entorno social y familiar, no penalizando a las familias de los presos que no tienen condena alguna, y cuarto -permítame que se lo diga y lo lamento-, dar un trato igualitario a las personas presas. ¿Sabe usted que el señor Vera puede pernoctar en su casa por temor a un suicidio? ¿Sabe usted que hay otros muchos presos que no lo pueden hacer? ¿Sabe usted que a esos presos no solo no se les permite pernoctar, sino que además no reciben atención psiquiátrica? ¿Eso es tratamiento igualitario? Eso no es tratamiento igualitario.


Señor ministro, una última reflexión. Victoria Kent decía que la situación de las prisiones determina el estado social de un país. Reflexione. El estado social de su Gobierno no es muy bueno.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.


Señora diputada, no me gusta que particularmente en este tema se manipulen mis palabras. No solo no he dicho que considero normal este tipo de sucesos, las muertes en los centros en los que hay una relación de sujeción especial, como son las cárceles, entre los internos, sino que es un tema que me preocupa desde hace meses, desde que estoy en el Gobierno, y le puedo asegurar que desde mucho antes. Desde que estamos en el Gobierno -si repasa las actas de esta Cámara, se dará cuenta de ello- ha sido objeto de especial preocupación por parte de toda la estructura de Instituciones Penitenciarias. Celebro que ustedes vengan ahora a sumarse a esa preocupación por primera vez. Y una cosa, señora Lasagabaster: ¿Qué nos preocupan, los muertos o las competencias? (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON CARLOS CASIMIRO SALVADOR ARMENDÁRIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿POR QUÉ MOTIVO CATORCE PRESOS ETARRAS DE LA PRISIÓN DE ALBOLOTE, EN RÉGIMEN DE AISLAMIENTO, DISFRUTARON DE UN PERMISO PARA ACUDIR TODOS JUNTOS A UNA PISCINA EN GRANADA EL PASADO MES DE JULIO? (Número de expediente 180/000828.)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Carlos Salvador.


Adelante.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿por qué motivo 14 presos etarras de la prisión de Albolote en régimen de aislamiento disfrutaron de un permiso para acudir todos juntos a una piscina en Granada el pasado mes de julio?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias de nuevo, señor presidente.


Señor diputado, no hubo permiso alguno en el pasado mes de julio a ningún interno del centro penitenciario. Primer equívoco. Segundo, lo que ocurrió el pasado 11 de julio fue que un grupo de 14 personas condenadas por delitos de terrorismo, vinculadas a la organización terrorista ETA, hicieron uso de la piscina que se encuentra dentro del recinto penitenciario, de forma conjunta y exclusiva durante dos horas, con ajuste exquisito a lo que disponen la ley y el reglamento penitenciario en materia de uso de este tipo de instalaciones cuando existen. Por tanto, no ha habido nada extraño desde ningún punto de vista.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Muchas gracias, señor presidente.


Le agradezco la aclaración, señor ministro, pero no sé qué entiende usted por un uso adecuado y por una interpretación de los criterios generales de la Ley Orgánica General Penitenciaria y del reglamento penitenciario, porque en esa normativa penitenciaria se fijan las condiciones en las que se debe de establecer el régimen interno. Ahí se establece claramente el principio de separación de internos y se dispone que existe un principio por el cual las personas que están en un determinado régimen no pueden juntarse en grupos de más de cinco salvo por una cierta excepcionalidad que es por la que le estoy preguntando, porque usted es el que nos tiene que decir qué es lo que motivó eso. En el fondo estamos hablando de un permiso dictado por un director que ha permitido que 14 presos -algunos de ellos con un historial muy delictivo- hayan disfrutado de su piscina, en un obvio trato de favor y discriminando al resto de presos comunes a los que les fue denegado ese permiso.


Señor ministro, le tengo que pedir que nos lo motive. ¿Por qué? Porque permítame que entienda que puede haber tres motivos. Uno de ellos, descontrol -no tiene instrucciones y el director de la prisión hace lo que le parece oportuno-; dos, que efectivamente tenga instrucciones y en esa cadena de confianza entre la directora y el nuevo director, ustedes les hayan dicho que efectivamente flexibilicen los criterios de permanencia de los presos allí. Esto no lo quiero creer porque entonces estaría usted contraviniendo lo que dijo aquí mismo la vicepresidenta del Gobierno, afirmando que no había esa modificación de condiciones en relación con las que había anteriormente, y el presidente del Gobierno que dijo que no había que pagar ningún precio político. El precio político también es flexibilizar las condiciones de vida de los presos.
Si usted está pagando un precio político por flexibilizarlas, nos tiene que explicar si efectivamente ese es el motivo. Eso es lo que nosotros le estamos preguntando. Quisiera saber si efectivamente esto responde a una excepcionalidad, si se ha producido en otras ocasiones. Usted nos lo tiene que aclarar. También pudiera pasar que ustedes, que están en primera línea y son -frente a sus superiores- quienes tienen que marcar un criterio, no lo tienen claro, por lo que tampoco pueden pedir a sus subordinados que hagan lo que ustedes no están haciendo porque no les están dando un buen ejemplo. Ellos están en primera línea y al final no son lo rigurosos que deberían de ser porque ustedes, efectivamente...


El señor PRESIDENTE: Lo lamento, su tiempo concluyó. (Aplausos.)

Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.


Señor diputado, como le digo, la utilización de esta piscina se ajustó a la ley y al reglamento penitenciario. Los criterios que se establecen para el uso de este tipo de instalaciones son que los turnos sean iguales y que no haya más de 40 personas; al menos desde los años 2002 y 2003, según consta en los archivos del centro penitenciario de Albolote, a la hora de configurar los grupos internos participantes se aplica el mismo criterio modular. En concreto se configura un grupo único de personas penadas por delitos de terrorismo etarra precisamente para evitar conflictos con otros reclusos que están internos en la misma prisión. En esos años no se produjo ninguna alteración de la seguridad interior y tampoco se ha producido en el presente. En consecuencia, la Administración penitenciaria ha actuado con arreglo a la ley y a los reglamentos, que es lo propio de un Estado de derecho. Ahí está la fortaleza del Estado de derecho y nuestra superioridad moral frente a los que no están conformes con los valores democráticos propios del mismo.
(Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA TORME PARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO SUAVIZAR LAS CONDICIONES DE DETENIDOS Y PRESOS POR TERRORISMO? (Número de expediente 180/000827.)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Justicia de doña Ana Torme.


La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿tiene previsto el Gobierno suavizar las condiciones de detenidos y presos por terrorismo?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señor presidente, señora diputada, no. Tal y como hemos ratificado aquí en numerosas ocasiones el presidente del Gobierno, la vicepresidenta del Gobierno, el ministro del Interior, que acaba de hacerlo, y yo mismo, el Gobierno no tiene ninguna intención de modificar la legislación penitenciaria ni la penal ni la procesal en materia antiterrorista. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora Torme.


La señora TORME PARDO: Señor ministro, ya sé que siempre que preguntamos por estos tema se trata de invenciones o de errores, que nunca estamos en lo cierto, pero comprenda usted mis dudas ante sus manifestaciones cuando las comparo con los hechos y con las realidades, cuando esas afirmaciones se producen un día como hoy en que los medios informan del acuerdo alcanzado entre Zapatero e Ibarretxe para el reagrupamiento de los presos etarras como un paso previo a su excarcelación.


Desde que ustedes llegaron al Gobierno se han cargado el Pacto antiterrorista, incumplen la Ley de Partidos y han permitido que los terroristas accedan a las instituciones democráticas, la kale borroka invade de nuevo las calles en el País Vasco, Batasuna se manifiesta con impunidad e impone los ritmos y debates en el País Vasco, los presos etarras obtienen beneficios y privilegios que no corresponden a otros reclusos; lo acabamos de ver en la anterior pregunta. Fíjese cómo lo estarán haciendo que el etarra Gadafi solicita cumplir su condena en España, aunque tiene aquí muchas más causas pendientes que en Francia.
Señor ministro, será todo casualidad o fruto de imaginaciones enfermizas, incluyendo la negociación con ETA, de la que todo el mundo informa menos ustedes. Con todas estas evidencias, entre otras muchas, ustedes proponen una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal mejorando las condiciones de detenidos y presos por terrorismo, aunque de nuevo hoy lo nieguen y lo achaquen a un error de redacción, como hoy niegan también esa alarmante noticia del sometimiento a un nuevo chantaje de los etarras.


Ya sé que es pedir mucho, pero le pido que respete mínimamente la inteligencia de los españoles y, aunque sea sentar un precedente, que diga la verdad. Recuerden que sólo cuando se ha actuado desde la unidad, dentro del Pacto antiterrorista, con firmeza en todos los ámbitos y direcciones, se han conseguido grandes avances en la lucha contra los terroristas. Es muy triste que ahora toda la política antiterrorista consista en implorar una tregua a los asesinos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: El señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señor presidente, señoría, al Gobierno le encantaría poder afirmar que está usted equivocada, pero es que sencillamente falta a la verdad. El Gobierno no tiene ninguna intención de modificar ninguno de los elementos de la política antiterrorista ni de la legislación comúnmente conocida como antiterrorista, ni en su dimensión penitenciaria ni en su dimensión penal ni en su dimensión procesal. Está en el programa de este Gobierno, estuvo en el programa electoral del Partido Socialista ante las elecciones de 2004, como estaba en el programa electoral del Partido Popular, la reforma global de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La razón es muy buena, la razón es que esa ley va a cumplir en esta legislatura 125 años y muchos de sus elementos vertebrales están manifiestamente obsoletos.
Han sido una y otra vez reinterpretados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sujetos a sucesivos parcheos, que ya no deben acumularse más sino ser sometidos a una operación de revisión globalizadora y sistemática.


En el marco de la Ley de Enjuiciamiento Criminal habrá que hablar de los distintos elementos de la investigación de los delitos, de las medidas cautelares, de la prisión provisional, de la fase intermedia y también del enjuiciamiento oral y de los recursos, pero ninguno de ellos dirigido a minorar ni a suavizar las condiciones de los detenidos ni de los presos por terrorismo, en la dirección en la que usted apunta, sino dirigidos a actualizar, como creo que es obligado producirlo en esta legislatura, la legislación de enjuiciamiento criminal acorde con la Constitución y su interpretación por el Tribunal Constitucional.


Déjeme decirle, además, que este Gobierno está desarrollando una política antiterrorista basada, sí, en los compromisos contraídos con la ciudadanía y con el Pacto antiterrorista, basada en la firmeza, en la lealtad y en la determinación para acabar con el terrorismo de ETA, porque eso es lo que tiene derecho a esperar de nosotros la sociedad española y es nuestro primer deber para con España y para con los españoles. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ESTHER COUTO RIVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CUÁLES SON LAS LÍNEAS GENERALES DE LA REFORMA SOBRE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL? (Número de expediente 180/000833.)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña María Esther Couto.


La señora COUTO RIVAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, su ministerio se caracteriza por afrontar reformas cuyo objetivo es la protección de los derechos de los ciudadanos. Esto, señor ministro, se está consiguiendo, pues la ciudadanía lo percibe pese a que cierto grupo político quiere enturbiar la labor reformadora de este ministerio. Dentro de esta labor, la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional tiene una especial importancia. La primera manifestación de la justicia constitucional en nuestro país se produce con el Tribunal de Garantías de la II República. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional tiene 20 años de existencia. En esos 20 años hubo algunas modificaciones, como las del artículo 45, en 1984, el artículo 79, en 1985, el artículo 50, en 1988, y otras. A pesar de estas modificaciones, nuestra justicia constitucional presenta los mismos problemas que sus homólogas europeas, entre ellos la saturación y retraso en las decisiones y sus relaciones con las jurisdicciones ordinarias, el efecto de sus sentencias y la vinculación de sus decisiones. La solución a muchas de estas cuestiones se pretende encontrar en una modificación profunda de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Citaremos alguna de estas cuestiones. Habrá que proceder a la modificación de determinados aspectos de la organización interna del propio tribunal, así como el estatuto de sus magistrados; en lo referente a la cuestión de inconstitucionalidad, la inclusión de la audiencia ante el tribunal de quienes son parte en el proceso judicial ordinario, siguiendo así las directrices contenidas en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 23 de junio de 1993; la modificación de los aspectos sustantivos y procesales del recurso de amparo, una nueva regulación del efecto de las sentencias de declaración de inconstitucionalidad.


A través de los medios de comunicación se está introduciendo en la sociedad la idea de que la razón de la reforma del Tribunal Constitucional es la carga de trabajo. Estamos seguros de que esta puede ser una de las razones, pero la principal es reordenar la dedicación que el tribunal otorga a cada una de sus funciones para cumplir adecuadamente con su misión constitucional. Por ello, señor ministro, le preguntamos cuáles son las líneas generales de la reforma sobre organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señor presidente, señora diputada, versa su pregunta sobre el Tribunal Constitucional, una pieza capital en un sistema normativo fundado en una Constitución cuya garantía y supremacía está confiada al Tribunal Constitucional. Es un objetivo principal de esta legislatura que el Ministerio de Justicia arrime el hombro para que el sistema judicial funcione, y funcione bien, y cumpla mejor su trabajo cada uno de los escalones de nuestro sistema de garantía de los derechos que la Constitución establece. El sentido de la reforma que vamos a acometer del Tribunal Constitucional es ayudarle a funcionar y a que funcione bien en su interpretación suprema de la Constitución y en su garantía del contenido esencial y la vinculatoriedad de los derechos fundamentales. Para ello vamos a introducir reformas orgánicas y reformas procesales.


Las reformas orgánicas van dirigidas a que el Tribunal Constitucional en su organización interna pueda gestionar mejor su volumen de materia y, en particular, en los recursos de amparo, que son los que realmente han saturado la capacidad del Tribunal Constitucional. En su primer año de actuación, se interpusieron 200 recursos de amparo ante ese tribunal; en la actualidad, suman 8.000 y en este año 2005 en curso muy probablemente ascenderán a 10.000. Sin embargo, de esa cifra ciertamente impresionante, el 98 por ciento es inadmitido a trámite y el 96 por ciento tiene que ver con la invocación del derecho a la tutela judicial efectiva que debió haber sido protegida adecuadamente ante el sistema judicial. Hay que ayudarle, por tanto, a entender mejor de los recursos de amparo a través del pleno, a través de las salas y a través de las secciones dentro de las salas, para lo que hacen falta también reformas procesales en un doble sentido. En primer lugar, para que el sistema judicial, el Poder Judicial, pueda asegurar la mejor protección de los derechos fundamentales antes de que deba hacerlo el Tribunal Constitucional solo subsidiariamente. Para ello, vamos a restablecer el incidente de nulidad de actuaciones que actualmente solo se reserva a aquellos casos en los que no hubiera sido posible invocar antes indefensión o incongruencia. En segundo lugar, vamos a reforzar la garantía de que llega en amparo al Tribunal Constitucional solo aquello que realmente puede invocar importancia para la definición del contenido esencial de los derechos fundamentales. Haciendo esto, estaremos ayudando a que el Tribunal Constitucional funcione mejor y a que el conjunto del sistema constitucional proteja mejor los derechos que la Constitución establece.
(Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS QUE OPERAN EN LOS AEROPUERTOS DEL ESTADO ESPAÑOL, HAY ALGUNA QUE EL GOBIERNO RECOMENDARÍA A LOS CIUDADANOS NO SER UTILIZADA POR CARECER DE LAS DEBIDAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD? (Número de expediente 180/000816.)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Fomento de don Paulino Rivero.


Adelante, señor diputado.


El señor RIVERO BAUTE: Señora ministra, los lamentables accidentes aéreos ocurridos a lo largo de los últimos meses han incrementado la preocupación social en torno a la seguridad del transporte aéreo. Esta preocupación ha llevado a países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Bélgica, Italia o Suiza a publicar listas negras de compañías que no cumplen los requisitos de seguridad debidos. La propia Unión Europea ha anunciado que para principios del año 2006 va a hacer público el listado de compañías que no cumplen con los requisitos de seguridad. ¿De las compañías aéreas que operan en los aeropuertos del Estado español, hay alguna que el Gobierno aconsejaría a los ciudadanos no utilizar por no cumplir con los debidos requisitos de seguridad?

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señoría, si lo que usted está planteando directamente es si España va a elaborar una lista negra específica, de entrada le digo que no; hemos hecho algo más, hemos elaborado un plan de choque para incrementar la seguridad aeronáutica. Si lo que me plantea es si España está colaborando en la elaboración de una lista de compañías para incluir en esa denominada lista negra a nivel europeo, le digo que sí. Ya ha habido dos reuniones: la primera, la que constituyó el comité de seguridad y, la segunda, ahora en septiembre, para ver los criterios de inclusión. Por supuesto, España está trabajando para elaborar esta lista.


De todas maneras, señorías, en España los controles se realizan de acuerdo con los criterios de la Unión Europea, que son los más exigentes del mundo; cuando un avión no reúne los requisitos se le llega incluso a paralizar, como ha ocurrido en muchas ocasiones, y ese avión no vuela bajo los criterios de la Dirección General de Aviación Civil.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor RIVERO BAUTE: Señora ministra, en estos momentos en los aeropuertos españoles opera alguna compañía aérea que figura en las listas negras de los países a los que antes hacía referencia. Es necesario que el Gobierno, bien individualmente o bien en el seno de la Unión Europea, urgentemente, en ese plazo que ha fijado la Unión Europea para principios de 2006, se pronuncie con claridad sobre la seguridad que ofrecen las distintas compañías aéreas que operan tanto en el territorio de la Unión Europea como dentro del Estado español. Hasta tanto, el Gobierno tiene que reforzar las inspecciones. Somos conscientes del incremento de inspecciones en las aeronaves que se ha producido a lo largo de los últimos años, pero no cabe duda que aún son insuficientes.
De nuestros datos se desprende que, a lo largo del último año, se han realizado 213 inspecciones, pero teniendo en cuenta que en los aeropuertos españoles se producen dos millones de vuelos al año, estamos hablando de una inspección por cada mil vuelos. Es necesario que el Gobierno extreme la vigilancia para que, dentro de la feroz competencia que existe en este momento en el transporte aéreo, las consecuencias de ofrecer precios más económicos no las pague la seguridad de los usuarios.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señor presidente, señoría, coincido totalmente con usted en la necesidad de tomar decisiones para reforzar la seguridad aeronáutica. Le recuerdo que cuando llegamos al Gobierno ya expresé de una manera pública y explícita que la seguridad era nuestra primera responsabilidad y nuestra prioridad en materia de transporte.


En relación con la única compañía que opera en Canarias, concretamente Air Mauritania, está solamente en una de las listas a las que usted ha hecho referencia, en la del Reino Unido. En el mes de agosto, teniendo en cuenta esta circunstancia, ha pasado la inspección con todos los controles y no tiene ningún problema.


Señoría, de todas maneras yo coincido con usted en que hay que reforzar la seguridad aeronáutica. Por eso le comento algunos datos de las actuaciones que hemos realizado desde que hemos llegado al Gobierno.
Concretamente hemos duplicado la oferta pública de empleo, hemos aumentado los recursos presupuestarios de Senasa -los hemos triplicado-, que es junto con la Dirección General de Aviación Civil la que está llevando a cabo este tipo de controles auxiliando a la Dirección General de Aviación Civil. Señorías, hemos multiplicado el presupuesto por tres y el número de inspecciones en promedio anual con respecto a la anterior legislatura lo hemos multiplicado por diez. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Lo lamento, el tiempo concluyó.


- DEL DIPUTADO DON SALVADOR DE LA ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO SOBRE EL ENCUENTRO DE MINISTROS DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS DE IBEROAMÉRICA, CELEBRADO LOS DÍAS 7 A 10 DE SEPTIEMBRE? (Número de expediente 180/000834.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Salvador de la Encina.


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El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, representantes de 22 países asistieron desde los días 7 al 10 de este mes al encuentro de ministros y ministras iberoamericanos de infraestructuras y transportes que se celebró en Málaga, a cuya apertura oficial usted acudió obviamente como ministra de Fomento de España. Desde el Partido Socialista consideramos, en primer lugar, un acierto que un encuentro de estas características se haya celebrado en España, en Andalucía, y más concretamente en Málaga, por el importante momento que vive la ciudad, por el impulso que se está dando a sus infraestructuras, por su desarrollo turístico y por el conocimiento directo de esta ciudad que han tenido los participantes de los 22 países.
En segundo lugar, valoramos muy positivamente que se haya abordado por todos los países iberoamericanos de una manera específica una reflexión compartida sobre el transporte y la unificación de criterios en materia de infraestructuras, pues nunca se había tenido en cuenta esta cuestión en ediciones anteriores. En tercer lugar, resaltamos los importantes retos y ambiciones planteados a la comunidad iberoamericana, tales como la construcción de un espacio socioeconómico integrado, el desarrollo sostenible o el acceso a las oportunidades que ofrece el mundo globalizado en el que nos ha tocado vivir.


En este encuentro ustedes han establecido las líneas de actuación para seguir avanzando en la planificación de las infraestructuras y del transporte, impulsar las nuevas tecnologías, reforzar la cooperación internacional de los países iberoamericanos, etcétera. Además, estos 22 países -usted como ministra de Fomento ha estado presente en todos los acontecimientos- han abordado la planificación y la financiación de las infraestructuras en los servicios de transporte, las nuevas tecnologías o los retos que tenemos ante una economía globalizada. Las conclusiones finales de los debates han sido ya recogidas en un documento que será presentado a la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno, que se va a celebrar en Salamanca el próximo mes. Por eso le pregunto ahora: ¿Qué valoración hace usted como ministra de Fomento de esta cumbre celebrada desde los días 7 al 10 de este mes con 22 países iberoamericanos y con ministros y ministras de infraestructuras y transporte?

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señorías, por desgracia no había ninguna ministra, había representantes de algún Gobierno que eran mujeres, pero no había ninguna ministra.


Mi valoración es altamente positiva, en primer lugar, por la gran acogida que ha habido, pues ha participado un elevado número de ministros concretamente 11 de 17 países. Estamos hablando de 572 millones de personas, o sea que la importancia de esta participación se pone de manifiesto solamente por saber a quiénes están representando. En segundo lugar, es positiva por la importancia que para la política de infraestructuras, elemento clave en el desarrollo económico y social y del progreso en nuestros respectivos países, han tenido los temas sobre los que se ha trabajado y que usted ha tenido ocasión de mencionar. En tercer lugar -y quizás sea el más destacable-, por la trascendencia de las conclusiones y los resultados de ese encuentro, que supone que hemos recuperado un importante foro de diálogo y debate entre los máximos responsables de la política de transporte e infraestructuras de los países que formamos parte de la comunidad iberoamericana, que no se habían reunido en los últimos cinco años. Asimismo, ha servido como punto de encuentro de las empresas públicas y privadas españolas del sector del transporte y de los responsables de esta política, para conocer sus proyectos, sus iniciativas en este campo, lo que sin duda facilitará la inversión de las empresas españolas en los países iberoamericanos.
Asimismo, se ha facilitado el reforzamiento del espacio iberoamericano que va más allá de lo referente a los sistemas de transporte. Este encuentro ha permitido una nueva forma de cooperación y colaboración entre todos nosotros, así como coordinar nuestros esfuerzos en aras del progreso de nuestros respectivos países. Ello nos ha permitido que la política de transporte y de infraestructuras figure en la agenda de la XV Cumbre Iberoamericana que se celebrará el próximo mes de octubre en Salamanca.


Alguna de las aportaciones que me gustaría resaltar son la propuesta de una creación de foros de encuentro y de debate, la necesidad de una planificación a medio y largo plazo abierta, flexible y de amplio consenso que evite decisiones coyunturales y que le dé estabilidad a esta política de infraestructuras y transportes Para terminar quiero decirles que las alternativas de financiación que hemos analizado, el tratamiento diferenciado del equilibrio presupuestario en el ámbito de las inversiones en infraestructuras y transportes, la necesidad de cooperar y profundizar en la capacitación y formación, así como la búsqueda de fórmulas de energía alternativas han sido otras de las conclusiones que merece la pena destacar.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON FRANCESC CANET COMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿PIENSA EL GOBIERNO APOYAR LA CANDIDATURA DE BARCELONA, EN SU ASPIRACIÓN DE SER LA SEDE DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN? (Número de expediente 180/000820.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Educación y Ciencia de don Francesc Canet.


Adelante.


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El señor CANET COMA: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, ¿piensa el Gobierno apoyar en su momento la candidatura de Barcelona en su aspiración de ser la sede del Consejo Europeo de Investigación?

El señor PRESIDENTE: Señora ministra, adelante.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.


Como S.S. sabe, no es previsible que la puesta en funcionamiento del Consejo Europeo de Investigación implique una discusión sobre sedes alternativas a la de Bruselas durante unos años. Por tanto, esta cuestión se podría plantear dentro de unos años y por supuesto España defenderá los intereses de las candidaturas que se puedan presentar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor Canet.


El señor CANET COMA: Señora ministra, efectivamente estamos hablando de acontecimientos recientes. En el pasado mes de abril la Comisión de la Unión Europea planteó la creación del Consejo Europeo de Investigación y en julio anunció el nombre de los 22 fundadores del consejo científico; por cierto, dos de ellos son españoles, los profesores Castells y Óscar Marín. También es cierto que no se ha despejado la incógnita de su localización, pero parece que predomina la opinión de que la sede esté fuera de Bruselas, al menos después de un cierto y prudencial tiempo de funcionamiento.


Por ello, considerando interesante que en su momento el consejo tuviera su sede en territorio español el conseller d'universitats de la Generalitat le planteó a usted, en carta que le envió a finales de julio, la candidatura de Barcelona una vez concertado el apoyo, en espacios y en presupuesto, de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona, una petición que creemos se sustenta en bases sólidas.
Barcelona y Cataluña cuentan con instalaciones importantes y la apuesta decidida de las instituciones a favor de la investigación y la innovación como motor de la economía. Cataluña es una región europea que tiene experiencia en gestión de la investigación; tiene planes de investigación desde 1993 -actualmente va por el cuarto- y además cuenta con una infraestructura de investigación importante: 12 universidades, 30 centros públicos de investigación avanzada, 12 parques científico-tecnológicos y también dos grandes infraestructuras de investigación, así como con un supercomputador -primero de Europa y quinto del mundo- y un sincotrón que proveerá servicios a unos 700 investigadores.


Señora ministra, podríamos hablar desde otra óptica, la buena situación geográfica de Barcelona, bien relacionada entre tres estados de peso en la Unión Europea -España, Francia e Italia- y sobre todo podríamos hablar del hecho de que la elección de Barcelona, que no es capital de Estado, permitiría a la Unión Europea hacer realidad su aspiración de potenciar la investigación en las regiones y la descentralización en la ubicación de las sedes de las agencias. Actualmente, de las 22 existentes, 12 se encuentran en ciudades que no son capitales de Estado, por cierto, tres de ellas en España: Vigo, Alacant y Bilbao. Por todo ello se justificaría, tan pronto como las circunstancias lo permitan, el apoyo del Gobierno a la aspiración de la Generalitat de que Barcelona sea la sede futura del Consejo Europeo de Investigación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.


Señoría, usted ha argumentado muy convincentemente las buenas características que presenta Cataluña como región que potencia la investigación y el desarrollo tecnológico. Coincidimos totalmente con ese juicio.


En el tema que nos ocupa, el Consejo Europeo de Investigación ha recibido todo el apoyo del Gobierno en el último año, porque consideramos que es una institución crítica para impulsar la investigación científica, la mejor ciencia, en cada uno de los países de la Unión Europea y también, cuando es necesario, la ciencia en colaboración. Vamos a seguir apoyando el Consejo Europeo de Investigación al mismo tiempo que trabajamos para potenciar la participación de los grupos de nuestras diferentes comunidades autónomas, de nuestros centros de investigación y de nuestras empresas, en todos los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que se lleven a cabo en nuestro continente. Creemos que estas actividades de impulso son no solamente la mejor aportación a nuestros resultados científicos y tecnológicos, a la cultura de la innovación que queremos conseguir en el menor tiempo posible, sino que también contribuyen a fortalecer las candidaturas españolas en situaciones como la que S.S. plantea, que puede surgir en unos años.


Sabe que por ello el programa Ingenio 2010, que presentó el presidente del Gobierno hace unos meses, incluye un conjunto de actividades que suponen un impulso enérgico a la consolidación de grupos de masa crítica importante, consorcios, un apoyo a las grandes instalaciones, que van a representar un salto definitivo en las posibilidades que nuestros grupos de investigación, nuestros proyectos de colaboración entre organismos y empresas, tengan para participar en todas las iniciativas europeas. En definitiva, trabajamos conjuntamente con todos los países europeos para hacer realidad esa Europa del conocimiento y de la investigación.


Muchas gracias. (Aplausos.)

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- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA GLORIA GÓMEZ SANTAMARÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE APOYO Y REFUERZO EN CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA? (Número de expediente 180/000835.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña María Gloria Gómez Santamaría.


La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, en la reunión de la comisión general de Educación del mes de febrero su ministerio presentó a las comunidades autónomas los programas de refuerzo y apoyo para mejorar el rendimiento de los alumnos.
El objetivo de los programas presentados es mejorar el rendimiento académico y la integración escolar de los alumnos a los cuales están dirigidos, alumnos de los últimos cursos de primaria y de educación secundaria. Para primaria, la propuesta es de dos tipos de programa: uno, de refuerzo y apoyo a los alumnos con dificultades de aprendizaje, impartido por profesores del centro y en horario extraescolar, y otro, de acompañamiento escolar, consistente en que alumnos mayores realicen tutorías con aquellos que necesitan ayuda al estudio o apoyo para el desarrollo de otro tipo de capacidades. En secundaria, además de los programas de acompañamiento y refuerzo, se incluían otras iniciativas destinadas a mejorar la convivencia e integración de los alumnos en los centros, a reforzar las bibliotecas escolares o a facilitar la transición entre la primaria y la secundaria. No se olvidan estos programas de los alumnos con habilidades especiales o de aquellos que destacan en el rendimiento académico respecto a sus compañeros. Todo un abanico de posibilidades con el que su ministerio pretende dar respuesta a la variedad de situaciones que se producen en los centros escolares.


Las comunidades autónomas dieron el beneplácito a la firma de estos convenios. Solamente la Comunidad de Madrid, y tras todo tipo de pegas iniciales, se sumó al consenso, aunque fuese tan a última hora que hizo necesario redistribuir las asignaciones, contando con el beneplácito de todas las comunidades autónomas restantes. Es posible, señora ministra, que la presidenta de la Comunidad de Madrid viese en ello una oportunidad más de convertirse en abanderada del Partido Popular frente al Gobierno, pero en el último momento quizás pensó por primera vez en lo de caballo regalado, por aquello de que su Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, imponía obligaciones a las comunidades autónomas sin ningún tipo de financiación, y este Gobierno, el Gobierno socialista, sin mediar obligación del Estado, financia programas que atienden a cuestiones fundamentales y que en este caso están referidas a la educación de los alumnos con problemas de aprendizaje.


Lo cierto, señora ministra, es que al día de hoy son 610 centros los que están impartiendo estos programas. En la modalidad de acompañamiento, 307 lo hacen en primaria y 152 en secundaria, y en los programas de apoyo, son 151 centros de secundaria, con una media de financiación de 120.000 euros... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Lo lamento.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.


Señoría, la pregunta es especialmente oportuna en un día como hoy, en el que se ha hecho público un informe de la OCDE con datos para el año 2003 que nos recuerdan que debemos mejorar nuestros resultados educativos. Los programas de apoyo y refuerzo van dirigidos a ese objetivo, van a la base del proceso de aprendizaje. Además, nosotros también valoramos otro rasgo que se deducía de su pregunta, suponen una colaboración efectiva entre administraciones para abordar problemas de interés común. Estos programas buscan mejorar la atención que nuestro sistema educativo da a un alumnado diverso, para adquirir tanto competencias básicas como hábitos de trabajo y mejorar la convivencia. En la primavera se aplicó de manera experimental en 147 centros de primaria, en siete comunidades autónomas, además de en las ciudades de Ceuta y Melilla. En junio y julio se han recogido las primeras valoraciones de estos programas y por tanto les puedo dar algunos datos iniciales.


El próximo curso por supuesto tendremos evaluaciones más completas, más precisas, que serán muy útiles para avanzar. Con la participación que ha habido en el último trimestre tenemos los siguientes resultados: el 92 por ciento de los alumnos considera útil o bastante útil el trabajo del profesor, del monitor, por las tardes. Un 84 por ciento considera que el acompañamiento le ha ayudado bastante o mucho a mejorar en su situación en el colegio. En cuanto a las familias, la satisfacción alcanza al menos al 84 por ciento de las familias participantes. El 78 por ciento de los tutores también da una respuesta muy satisfactoria con una valoración muy alta. En definitiva, los que han participado en los programas recomiendan su extensión, que continuemos en esta línea en los próximos cursos y vayamos avanzando. El reparto de fondos para los 610 centros a los que ha hecho referencia S.S. se realizó en la conferencia sectorial y continuaremos expandiendo el programa entre todas las administraciones.
Al año que viene se duplicará -la cantidad económica va en los presupuestos del próximo año, necesario- y mejoraremos el aprendizaje de nuestros alumnos desde primaria.


Muchas gracias. (Aplausos.)

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- DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿CONSIDERA EL MINISTRO QUE LA CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL EN EL SECTOR ENERGÉTICO PROPICIARÁ QUE LOS PRECIOS BAJEN? (Número de expediente 180/000825)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Vicente Martínez-Pujalte al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio. Adelante.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, esta mañana he tenido ocasión de preguntarle en la Comisión de Industria y no he tenido contestación. Le quiero preguntar: ¿Desde cuando conocía usted la OPA y a quién se lo dijo?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.


Señoría, su pregunta versa sobre el número de operadores que existen en el sector y si eso ayuda a bajar los precios. Le he de decir que no es el número de operadores que existen en un sector, y menos aún si éste está regulado, el que garantiza la competencia y favorece la reducción de los precios, sino que ello depende de otros muchos factores que usted conoce.
Otra cosa, señor Pujalte, no se deje llevar por esos medios que guían y fabulan. Algunos diarios supuestamente atribuyen que el viernes me informaron en una cena de la OPA. Esa cena no existió; yo ese día cené con otro dirigente político que sí he mencionado en la Comisión y por supuesto estuvimos hablando de otros temas, en ningún caso de la OPA.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Adelante, señor diputado.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, la megafonía prueba que no todas las reformas son para mejor. No sé si le he podido escuchar bien, pero si ha sido así, le quiero decir, señor ministro, que usted sabe y yo sé que, previamente a que se anunciara la OPA, usted la conocía. Usted sabe y yo lo sé, y no podemos dejar por mentirosos a quienes nos lo han dicho, que usted sabía previamente a que se lanzara que iba a producirse una OPA hostil de Gas Natural sobre Endesa. Un periódico ha llegado a decir que usted fue quien instó a la Caixa a que moviera ficha. Usted elaboró un libro blanco, que ha introducido en el sector un riesgo regulatorio que impide que entren otros operadores y sin embargo a aquellos operadores que tienen la bendición previa del Gobierno se les pone más fácil. Usted, contraviniendo su programa electoral, eligió a cinco miembros de la Comisión Nacional de Energía -su programa dice que tenían que ser elegidos por tres quintas partes del Parlamento y lo hizo usted a dedo-, para poner personas fieles que hoy puedan avalar su operación. Usted sabe que, como en el Tribunal de Defensa de la Competencia a lo mejor no pueden dictar órdenes, están pensando no mandar el expediente. Usted sabe que no quieren mandar el expediente a Bruselas porque allí pueden actuar con independencia. ¿Y todo por qué, señor ministro? Porque había un pacto para conformar el Gobierno de Cataluña en el que se dice que este tipo de operaciones se impulsaría. Esto, señor ministro, va contra la competencia, y esto va a llevar a que se tengan que subir las tarifas, como hoy anuncia Gas Natural. Y a nosotros nos parece que usted está a favor de las grandes empresas y perjudicando a los consumidores.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Esta es una operación empresarial que está sujeta al procedimiento y a los informes de la legislación vigente, legislación en gran parte aprobada por el Gobierno del Partido Popular. A ustedes les preocupan las maniobras políticas y territoriales que dicen que existen y que son inexistentes; a nosotros nos preocupan los intereses de los ciudadanos, de los consumidores y de los accionistas, que estarán bien defendidos y bien representados por este Gobierno, no lo dude.


Insisto, usted sabe perfectamente que la competencia y los precios en un sector, y menos en un sector regulado, no dependen del número de operadores que confluyan en el mismo. De hecho, ¿hay ahora más competencia o no que hace quince años? Supongo que dirá que sí. ¿Y cuántos operadores había hace quince años? Muchos más que ahora, señor Martínez-Pujalte. O sea que ahora hay menos operadores y hay más competencia; hace una década había más empresas y eso no quiere decir que hubiera más competencia ni que esta favoreciera al precio, porque los precios no dependen sólo de la competencia, sino también de una buena regulación, del precio de las materias primas, de los tipos de interés y de otros factores que usted conoce sobradamente. Ya lo he dicho esta mañana, señor Martínez-Pujalte, no fabule. Porque ¡qué listos somos y qué preocupados deben estar ustedes, que ya a finales del año 2003 teníamos muy claro que ustedes perderían las elecciones, que yo sería ministro de Industria y que doña Maite Costa sería presidenta de la Comisión Nacional de la Energía! No somos tan listos, pero desde luego con actitudes como las que ustedes mantienen les aseguro que tienen garantizada una larga estancia en la oposición. (Aplausos.)

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- DEL DIPUTADO DON JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY Y BLANC, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿POR QUÉ HA DISCRIMINADO EL GOBIERNO A LOS CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID IMPIDIENDO QUE ÉSTA PUEDA EMITIR EN ANALÓGICO EL SEGUNDO CANAL DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA? (Número de expediente 180/000826.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Javier Fernández-Lasquetty. Señor diputado.


El señor FERNÁNDEZ-LASQUETTY Y BLANC: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, la televisión de Cataluña dispone de tres canales emitiendo en tecnología analógica; la de Andalucía de dos canales, los mismos que el País Vasco o la Comunidad Autónoma Valenciana. Cuando Telemadrid pide el mismo trato para la televisión autonómica de Madrid lo que usted le contesta es que no, y que no sin más explicaciones. Es decir, que lo que vale para Cataluña, Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana no vale para Madrid. ¿Puede, por favor, explicar a la Cámara el porqué de esta discriminación?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno, por favor.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.


Señoría, el Gobierno se ha limitado a cumplir escrupulosamente la ley y no ha discriminado a ningún ciudadano ni de la Comunidad de Madrid ni de ninguna otra, y por supuesto que la denegación ha ido acompañada de los razonamientos jurídicos que en este caso S.S. estoy seguro de que conoce, un intenso informe de la Abogacía del Estado a este respecto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor FERNÁNDEZ-LASQUETTY Y BLANC: No, señor ministro, no es una cuestión de legalidad, es una cuestión de pura y simple arbitrariedad. La solicitud de Telemadrid entró en el Ministerio de Industria en noviembre de 2004, es decir, siete meses antes de que hubiera ley. Luego el problema es que usted está queriendo aplicar retroactivamente una ley a un procedimiento que se abrió siete meses antes, cuando es evidente y es de todos conocido que uno de los principios elementales de nuestro derecho administrativo es la irretroactividad de las disposiciones que no son favorables para el interesado.


Usted además, señor ministro, ha convertido en problema político -y eso es muy significativo- algo que no lo era. La Asamblea de Madrid y el Consejo de Administración de Telemadrid se han mostrado reiteradamente favorables a la emisión del segundo canal de Telemadrid en tecnología analógica.
¿Por qué crea usted un problema político? ¿Es solamente para perjudicar a la Comunidad de Madrid o es que a lo mejor también se quiere reservar espectro radioeléctrico para alguien que no conocemos todavía? Haría usted muy bien en írnoslo aclarando.


Señor ministro de Industria, impedir que los madrileños puedan ver el segundo canal de su televisión autonómica en abierto gratuito y en analógico es una decisión que tiene todos los rasgos del Gobierno del señor Zapatero, es una decisión que expresa desprecio, discriminación y discordia, enfrentamiento que no existía; discriminación de nuevo a Madrid, desprecio, porque no ha contestado a ni uno solo de los requerimientos por parte de Telemadrid. Acaba usted de hacer mención al informe de la Abogacía del Estado. Ese informe no se ha puesto a disposición del interesado. ¿Usted lo sabe? Telemadrid no dispone de ese informe. Usted acaba de decir que tiene un informe muy sólido, pero no nos lo ha dado. Aquí lo que parece, señor ministro, es que cada uno de ustedes, miembros del Gobierno, tiene un encargo del señor Zapatero de dar un palo a la Comunidad de Madrid: el de Economía con los tributos, la ministra de Medio Ambiente con el agua, usted con todo, porque usted es el que se lleva la palma y quizá, probablemente, para eso está usted ahí.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, adelante.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.


Señoría, vuelvo a reiterarle que el Gobierno se está limitando a cumplir la ley. Por supuesto que la Comunidad Autónoma de Madrid tiene el informe de la Abogacía del Estado. La respuesta que recibió el vicepresidente va acompañada -se lo puedo garantizar y se lo puedo demostrar- del informe de la Abogacía del Estado. Ustedes quieren polemizar con este asunto y yo creo que es un problema que también deben resolver en su propio partido.
Hace apenas unos meses ustedes mismos votaron en contra de la posibilidad de que existieran nuevos canales analógicos, ¿recuerdan? Era un atraso, era ir contra la digitalización. ¿Y ahora nos dicen que impedir la emisión de un nuevo canal analógico es discriminar a los ciudadanos? ¿No es contradictorio, señoría? Es más, este Gobierno no ha autorizado ningún segundo canal analógico a ninguna comunidad autónoma. Los segundos canales que actualmente funcionan en algunas comunidades autónomas fueron autorizados por el Gobierno que presidía el señor Aznar, usted lo sabe muy bien. Así que si, al hablar de discriminación de los

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ciudadanos de la Comunidad de Madrid, se refiere a que otras comunidades, como usted dice, disfrutan de otros canales, habría que decirles que no fue éste sino el anterior Gobierno quien les discriminó. Además, si su partido piensa que están discriminados por no tener un segundo canal analógico, ¿cómo se explica que no lo solicitara la comunidad cuando lo hicieron otras comunidades autónomas?

En definitiva, señoría, no vengan ustedes a hablar de discriminación a un gobierno que solo está trabajando para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre toda la ciudadanía y que también está cumpliendo escrupulosamente con la ley que este mismo Parlamento ha aprobado.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA FUENTES PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO: ¿CUÁL ES LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO SOBRE EL AUMENTO REGISTRADO EN EL NÚMERO DE TURISTAS QUE HAN VISITADO NUESTRO PAÍS EN LA ÚLTIMA TEMPORADA DE VERANO? (Número de expediente 180/000836.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Ana María Fuentes.


La señora FUENTES PACHECO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, a diferencia de otros diputados, yo no sé lo que usted sabe, porque todavía no soy adivina, pero lo que sí puedo afirmar es que ha sabido aumentar el número de turistas que vienen a nuestro país. Debo felicitarle por ello y también debemos hacerlo todos nosotros, porque eso ha supuesto mayores ingresos para nuestro país y que mejore nuestra balanza de pagos. Hemos conseguido que en el último año con respecto al año anterior se produzca un aumento muy importante del número de turistas que nos visitan, hasta el punto de que hemos batido un récord, un récord importante, porque más de 3.500.000 turistas nos visitaron en los primeros siete meses del año. Este dato sería poco significativo si no fuésemos ya el segundo país del mundo en cuanto al número de turistas que nos visitan y en cuanto a los ingresos que obtenemos por ello. Esto no es porque sí, señor ministro, sino porque, a diferencia de lo que hicieron los gobiernos del Partido Popular, usted ha sabido desde su ministerio impulsar una política turística global. Por primera vez estamos haciendo una política turística que está centrada en lo que interesa de verdad a los sectores turísticos. Se ha producido un incremento de la cuota de mercado, como era su objetivo, pero además hemos apostado por la calidad, hemos apostado por la innovación y hemos apostado por la especialización de nuestros productos, hemos hecho una apuesta por incentivar la inversión de los sectores privados y, lo que es más importante, hemos apoyado todos los productos que son innovadores, las nuevas formas de comercialización.


En definitiva, su ministerio ha hecho lo que de verdad le correspondía, una buena comercialización de nuestros productos. Por ello le pregunto, señor ministro: ¿cuál es la valoración que hace el ministerio acerca del aumento registrado en el número de turistas que nos han visitado en la última temporada?

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.


Señorías, sin duda -coincido con usted- hay que valorar muy positivamente la pasada temporada turística. Como S.S. ha mencionado, España ostenta una posición de liderazgo en el sector turístico; somos el segundo destino turístico del mundo y el segundo país en volumen de ingresos por turismo, y seguimos creciendo. En los siete primeros meses del año hemos alcanzado un nuevo récord en la cifra de turistas, 31,5 millones, un 6,1 por ciento más que en el mismo periodo del año 2004. El mercado del Reino Unido sigue creciendo, se está recuperando el turismo alemán, se han producido incrementos extraordinarios del mercado francés y diría que tenemos buenos resultados en otros mercados, como el italiano. Estos datos son en buena medida el resultado de una política turística bien orientada hacia la inversión, la innovación, la calidad y la promoción, una política que he de decir que no es solo de este Gobierno, sino también de los gobiernos autonómicos, que, como es conocido, hacen un importantísimo esfuerzo en esta materia.


Me gustaría señalar algunos datos de llegada de turistas a países que compiten con España en el producto de sol y playa. Por ejemplo, en 2004 llegaron a Turquía 15,9 millones de turistas; a Croacia, ocho, y a Túnez, seis, cifra que casi alcanza Marruecos. Si comparamos este dato con los 53,6 millones de turistas que recibió España en el año 2004, constatamos que, si bien estos países van ganando en competitividad y mejorando su ratio calidad/precio, aún están en un estadio bastante inicial y en todo caso solo en el entorno del medio o largo plazo podrían ofertar un producto potencialmente competitivo. Entretanto, España, todas sus administraciones, han de seguir trabajando como hasta ahora en la ejecución de una política turística orientada a la calidad y a la mayor especialización de nuestro producto, procurando ofrecer más servicios y más valor, y en una acción de promoción de nuestros destinos basada en nuestro estilo de vida, en la proximidad geográfica a los principales mercados emisores, en nuestro nivel de infraestructuras

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y en nuestros servicios; en definitiva, poniendo en valor todo aquello que tenemos.


Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON MANUEL MAS Y ESTELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO EL RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y CHINA EN RELACIÓN CON LA AVALANCHA DE EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TEXTILES CHINOS EN LOS ÚLTIMOS MESES? (Número de expediente 180/000837.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Manuel Mas. Señor diputado, adelante.


El señor MAS I ESTELA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, uno de los muchos temas económicos de este verano ha sido la superación de las cuotas de exportación de textiles chinos -exportaciones para ellos, importaciones para nosotros, para nuestra área- pactadas a principios de año. Después de una considerable controversia interna en la Unión Europea, esta logró hace pocos días un nuevo acuerdo con China. ¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre este nuevo acuerdo?

Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.


Señoría, el acuerdo alcanzado el pasado día 7 en el comité de gestión del comercio textil, que había sido negociado con China, tiene algunos aspectos positivos y supone un avance sustancial, hay que reconocerlo, respecto a la anterior propuesta de la Comisión, que fue rechazada con una fuerte oposición por parte española y de otros países productores.
España se sumó al acuerdo, en primer lugar porque, al repartir el coste de las soluciones a partes iguales entre la Unión Europea y China, ambas partes ceden de manera equivalente; en segundo lugar, porque ha sido una solución de equilibrio entre Estados como el español, partidarios de una menor flexibilidad europea, y Estados partidarios de la libertad del comercio textil; en tercer lugar, porque se aplaza para más adelante la delicada cuestión de los contratos vigentes de importadores; en cuarto lugar, porque el acuerdo incluye un reforzamiento de los mecanismos de gestión del memorándum de entendimiento, que evitará que se produzcan desbordamientos de las cuotas en los dos próximos años, como ha sucedido ahora.


Esta situación, en definitiva, es más adecuada para los operadores y para la industria española que un eventual rechazo del acuerdo, ya que permite prever el impacto de las importaciones textiles chinas a medio plazo en el mercado comunitario. No obstante, la solución acordada no es, como decía, plenamente satisfactoria para España, lo cual no quiere decir que no sea razonable; de hecho, el Gobierno hubiera preferido que toda la cantidad excedida se hubiera compensado con cargo a los contingentes establecidos para los años 2006 y 2007. En todo caso, hay que contextualizar también el posible impacto de esta solución sobre el mercado textil español. El total de importaciones españolas de productos textiles y de confección en el primer semestre de este año ha ascendido a 5.309 millones de euros, de los que solo un 16,1 por ciento, 855.000 millones de euros, es originario de China. Por ello, podemos decir que el incremento de importaciones de China que tendrá lugar en la Unión Europea como consecuencia de este acuerdo tendrá un impacto limitado sobre el mercado español, especialmente si tenemos en cuenta que se distribuirá entre todos los países miembros de la Unión Europea. (Aplausos.)

Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON ALEJANDRO ALONSO NÚÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿ CÓMO CONTRIBUIRÁ LA LEY DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA AGRICULTURA A EVITAR EL DESPOBLAMIENTO DE ÁREAS RURALES? (Número de expediente 180/000838)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación de don Alejandro Alonso. Señor diputado.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, usted sabe que España ha experimentado en los últimos años un incremento poblacional importante, que podemos cifrar en el 7,5 por ciento en los últimos cinco años. Este es un dato globalmente positivo, pero no podríamos decir lo mismo si hiciésemos un análisis territorial minucioso sobre dónde se han producido estos crecimientos de población. Así podemos ver que prácticamente los incrementos se han concentrado en las zonas del litoral, en las zonas turísticas y en los corredores industriales. Sin embargo, amplísimas zonas del interior de la Península y también de las islas tienen disminuciones de población y en este momento tienen densidades de población de las más bajas de Europa, incluso de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Se están produciendo efectos perversos por esta disminución de población: se está perdiendo actividad, empleo, renta, e incluso también se achaca la

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proliferación de incendios forestales en veranos tórridos, como este, a esta disminución de actividad. Estamos convencidos de que algo hay que hacer, de que se puede hacer algo por detener esta disminución de población en las zonas rurales.


El Grupo Parlamentario Socialista está tranquilo porque sabemos que este Gobierno no hará como el Partido Popular, que permaneció impasible comprobando estadísticamente la disminución de población en las zonas rurales. Sabemos que hay instrumentos, instrumentos novedosos, políticas de desarrollo rural que están desarrollando algunos países de la Unión Europeo. Desde el Grupo Parlamentario Socialista apoyamos y alentamos al Gobierno en ese intento de priorizar las políticas de desarrollo rural, y hemos recibido con satisfacción la noticia del envío al Parlamento de una nueva ley de desarrollo rural. Por ello le preguntamos, señora ministra: ¿cómo va a contribuir esta nueva ley de desarrollo rural a evitar el despoblamiento en las zonas rurales?

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señor Alonso, en primer lugar debo señalar que para este Gobierno la política de desarrollo rural es una de las prioridades que nos hemos marcado en esta legislatura, como lo ha reiterado en varias ocasiones el presidente del Gobierno. Es necesario apostar por todos aquellos instrumentos que pongan fin al despoblamiento que ha venido sufriendo el medio rural y que, entre otras causas, ha derivado de la errática política agraria y rural desarrollada en el pasado.


Pretendemos que la ley a la que usted hacía referencia y que próximamente queremos que entre en esta Cámara, que llamaremos ley de ordenación y orientación para el desarrollo rural y la agricultura, sea una herramienta eficaz para el mantenimiento de la población rural y la vertebración del territorio. Por ese motivo, el Gobierno contempla como líneas básicas de esa ley las que le cito a continuación: la mejora de la competitividad del sistema agrario en su conjunto y de cada una de las actividades que lo integran así como la diversificación económica del medio rural; la sostenibilidad de las actividades agrarias, fomentando la incorporación de este principio a los procesos productivos desde el punto de vista económico, social y medioambiental; la equiparación de la dotación de infraestructuras y servicios en el medio rural y la incorporación activa de jóvenes y mujeres en el mundo rural, lo cual sin duda constituye uno de los pilares básicos para evitar el éxodo de la población. Para la puesta en marcha de estas medidas se dotarán los medios económicos necesarios y se fomentará la financiación privada para las actuaciones en el medio rural. Además, con el fin de lograr mayor eficacia en la aplicación de las medidas que contemplará la ley, se instrumentarán órganos de coordinación en materia de desarrollo rural de la propia Administración y de estas con los representantes de los agricultores y asociaciones del mundo rural. La ley será consultada con las comunidades autónomas, las organizaciones profesionales, la federación de cooperativas, redes de desarrollo y todos los interlocutores sociales, con la finalidad de que alcance el mayor consenso posible y conscientes de que la ley, que es de una gran envergadura, va a precisar del compromiso y la participación de todos los implicados. Por eso estoy convencida de que esta ley va a ser una herramienta eficaz para frenar el despoblamiento del mundo rural y evitar muchas de las consecuencias negativas que usted ha citado al inicio de su intervención. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON MANUEL CEFERINO DÍAZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS QUE PREVÉ EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN RELATIVOS A LA APLICACIÓN DEL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO? (Número de expediente 180/000839.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Manuel Ceferino Díaz.


El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, señora ministra, los productores de leche en España, al igual que en los demás países de la Unión Europea, tienen fijado un tope máximo de producción. En España, una cuota basada en la producción de 1985 y un mercado abierto obligan a los ganaderos a una transformación continua que conlleva la desaparición de muchas explotaciones y el obligado redimensionamiento de las que quieren permanecer. Para competir están obligadas a obtener cuota adicional del fondo estatal o comprarla a otros productores. En las últimas campañas, el transvase de cuota entre explotaciones se realizó en un 86 por ciento por compraventa. Esa compraventa se hizo en el mercado y el 14 por ciento restante del fondo de planes de abandono, en este caso con baja dotación financiera. Un mercado poco transparente provocó un alto precio de las cuotas, lo que agravó el endeudamiento del conjunto del sector e impidió la adquisición de nuevas cuotas por ganaderos de tamaño medio que las necesitaban para garantizar su competitividad. Por ello se hacía necesario un plan que frenara la desaparición de explotaciones, facilitando la adquisición de cuota a un precio aceptable para la mayoría, dando prioridad a los jóvenes y a las explotaciones marginadas en los años anteriores que tienen necesidad de ampliar producción para asegurar viabilidad, y también para proteger las explotaciones

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familiares y favorecer esta producción en territorios en los que esta es la mejor alternativa para mantener su tejido rural, la ocupación y la ordenación del territorio.


El plan del Gobierno es bueno, es un gran plan que responde a estas demandas. Este plan fue descalificado por sus resultados antes de ser tramitado. Nosotros queremos preguntar ahora por los resultados, pero antes, señora ministra, quería hacerle un ruego. Beneficiarios del plan están afectados por la supertasa; por favor, trate el tema con la sensibilidad social con la que trató el plan del que estamos hablando hoy. Sabemos que lo va a hacer y por ello le damos las gracias.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangano): Gracias, señor presidente.


Señor diputado, los resultados del plan los podemos describir cuantitativa y cualitativamente. Se ha conseguido dar transparencia a las transacciones de las cuotas lácteas y reducir el precio a la que la adquiere el ganadero. Esto supone un gran avance, que era uno de los objetivos políticos fundamentales que tenía este Gobierno para la fijación de la población rural y de la ordenación del territorio. En relación con el primer pilar en el que estaba basado el plan, debo resaltar que el programa de abandono se ha realizado con un gran esfuerzo presupuestario a fin de adquirir la mayor cantidad posible de cuota para alimentar la reserva nacional, habiéndose rescatado más de 269.000 toneladas. Por primera vez -lo subrayo- se han aceptado todas las cuotas de los ganaderos que quisieron abandonar la actividad y se ha ofrecido una indemnización que no ha supuesto pérdida patrimonial y que además ha facilitado un tratamiento favorable en la cotización a la Seguridad Social hasta su jubilación. La mayoría de las 2.038 explotaciones que han solicitado el abandono pertenecen a productores de edad avanzada, adelantándose de esta forma el relevo generacional que tanto necesitaba el sector. El segundo pilar en el que estaba basado el plan ha sido el reparto posterior, que puede ser calificado de éxito porque ha supuesto una política de distribución de más de 330.000 toneladas de cuotas a un precio asequible y a 12.451 explotaciones que podrán así redimensionarse y continuar en el sector. Además, en el reparto se ha cumplido con una de las prioridades de la política agraria de este Gobierno, que es el asentamiento de los jóvenes en el mundo rural y la potenciación del papel de la mujer en las explotaciones agrarias. Así, señor Díaz, se ha asignado más del 8 por ciento del total de las actuaciones de 2005 a jóvenes. En resumen, la aplicación del plan de reestructuración ha sido un rotundo éxito por todas las razones que le he señalado.


Por último, quiero decirle que no dude de que este Gobierno responderá con sensibilidad social a todos aquellos temas que incidan en el futuro del sector agrario, y mucho más en concreto a lo que se conoce como supertasa, que afecta también a muchos ganaderos que están coincidiendo con la aplicación de este plan de reestructuración y afectados por el pago. No dude de que estamos trabajando conjuntamente... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo. Lo lamento.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO ECHÁNIZ SALGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿PIENSA EL GOBIERNO CUMPLIR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL PRESIDENTE ANTE LA CATÁSTROFE DE GUADALAJARA? (Número de expediente 180/000829.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Medio Ambiente del diputado don José Ignacio Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.


¿Piensa el Gobierno cumplir los compromisos adquiridos por el presidente ante la catástrofe de Guadalajara?

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.


Señoría, sí. El presidente hará que se cumplan los compromisos adquiridos con los afectados del incendio de Guadalajara.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, hace poco más de un mes ustedes rechazaron crear en esta Cámara una comisión para esclarecer los hechos y las responsabilidades de la Administración General del Estado en el dramático incendio de Guadalajara en el que fallecieron once personas y que devastó cerca de 15.000 hectáreas, y ello a pesar de la declaración del nivel de alerta 2, de presidir el gabinete de crisis y de ser responsables de los medios de extinción aéreos alegando que no se debían duplicar los trabajos.
Señorías, ustedes convirtieron después la comisión de investigación en Castilla-La Mancha en una farsa. Vetaron la comparecencia de 74 testigos directos, censuraron la entrega de documentos, nadie de la Administración General del Estado dio cuenta de su gestión y aprobaron en solitario unas conclusiones insólitas, desde luego apresuradas e inútiles. Esta semana, cuando se cumplen ya dos meses del incendio, los españoles siguen en estos momentos sin conocer la verdad, los afectados

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no han recibido las ayudas prometidas por el señor Zapatero en su visita clandestina, tampoco cumplió con la declaración de zona catastrófica y ni siquiera, señora ministra, ha cumplido la promesa de recibir a las familias. A pesar de que quieren hacer ver que hicieron todo bien, cuando todo el mundo sabe que lo hicieron muy mal, ustedes no han dejado de aprobar planes tarde y mal, el último ayer mismo en el Senado cuando ya no se podía hacer nada. Y lo que es peor, señorías, en un alarde de cinismo incomprensible, ustedes han nombrado a la consejera de Medio Ambiente dimitida directora general en la Empresa Nacional de Uranio en un puesto de nueva creación, suponemos que para recompensar sus méritos.


Señorías, como consecuencia de esta falta de ética política, de sentido de la responsabilidad, de transparencia y de este intento, en definitiva, de escurrir el bulto, familiares de las víctimas y miembros de los retenes contra incendios han iniciado una huelga de hambre para protestar por las conclusiones, para exigir que se esclarezcan los hechos y se asuman responsabilidades y para denunciar la actitud de los gobiernos del Partido Socialista. Lamentablemente, una vez más, ustedes han vuelto a mirar para otro lado. Señora ministra, los españoles han vuelto a ver que ustedes gestionan mal los intereses de este país y las necesidades de los ciudadanos y, sobre todo, que generan problemas donde no existían, discordias innecesarias y reabren heridas superadas. Los españoles, señorías, han vuelto a ver que su talante...


El señor PRESIDENTE: Su tiempo terminó, señor Echániz.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.


Señoría, creía que quería preguntarme por los compromisos del Gobierno de Rodríguez Zapatero con los afectados, pero parece que le interesa hablar de otros temas. Señoría, desde el principio del mes de agosto la empresa pública Tragsatec está trabajando en la zona del incendio para cuantificar y preparar todo el programa de recuperación de la madera quemada como primer paso para la restauración forestal de aquella zona.
Esto significa que en estos momentos ya está muy avanzado el trabajo conjunto con la comunidad autónoma para establecer cuáles serán las fases, los costes y las modalidades de recuperación de aquella zona. El Ministerio de Medio Ambiente, igual que otros ministerios, bajo la dirección de la Presidencia del Gobierno, ha mantenido reuniones tanto con la Junta de Castilla-La Mancha como con los ayuntamientos afectados precisamente para ver cómo obtener el mayor rendimiento económico, en particular de la madera quemada, con lo cual también se ha puesto en marcha una concertación con la Asociación Española de Tableros Aglomerados para que el precio de esa madera quemada cubra en gran medida las tareas que ahora se tienen que llevar a cabo. En cuanto a las indemnizaciones a los familiares de las víctimas, en estos momentos se está pendiente solo de que surta efecto la declaración de herederos, pues, como usted bien sabe o debe saber, es una condición necesaria para la aplicación de este tipo de ayudas. Por supuesto, los beneficios fiscales que comprende el decreto-ley que se aprobó al efecto son beneficios fiscales sobre el ejercicio del año 2005 y son por lo tanto un compromiso que tendrá su aplicación en términos de la relación con Hacienda de los afectados en el momento oportuno.


Por otra parte, seguimos trabajando para la identificación de aquellas iniciativas que puedan no solo restaurar la zona quemada, sino también crear empleo en aquella zona, y por eso quiero recordarle que ayer mismo el ministro de Administraciones Públicas anunció en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha un convenio de 15 millones de euros con la Diputación para poder trabajar en las carreteras que dependen de ella.
Ese es un compromiso inmediato y adicional en su cuantificación a lo previsto en el real decreto-ley, como lo es también la iniciativa planteada por el ministro Montilla... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora ministra, terminó su tiempo.


- DEL DIPUTADO DON ALBERTO GARRE LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CÓMO VALORA LA MNINISTRA DE MEDIO AMBIENTE EL FUNCIONAMIENTO ESTE VERANO DE LA DESALADORA DE SAN PEDRO DEL PINATAR? (Número de expediente 180/000831.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Alberto Garre López.


El señor GARRE LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra del Gobierno de España, dando por reproducida la pregunta, conteste, si lo tiene a bien, acerca del volumen de agua desalada, precio en planta, destino y precio en destino e impacto medioambiental producido por la planta desaladora de San Pedro del Pinatar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señoría, afortunadamente, la planta de San Pedro del Pinatar comenzó a funcionar bastante antes de lo que lo hubiera hecho si hubiera seguido gobernando el Partido Popular. Puesto que la obra llevaba un enorme retraso, la hemos anticipado en su funcionamiento parcial al menos dos años, siguiendo,

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como digo, con el ritmo que tenía esa obra, y eso, señoría, ha permitido que entre el mes de mayo y finales de este mes de septiembre todos los habitantes de los 77 municipios de la mancomunidad de los Canales del Taibilla vayan a recibir casi 3 hectómetros cúbicos de agua, lo que ha permitido que este año, señoría, no haya ningún corte de agua, ninguna restricción del suministro para consumo humano dentro de la mancomunidad de los Canales del Taibilla. Quiero recordarles que en el año 2003, cuando no existía la situación de extrema sequía que estamos padeciendo ahora, hubo 22 municipios de la Región de Murcia que sufrieron cortes de agua. ¿Sabe usted por qué? Porque ustedes no estaban cumpliendo con las inversiones que prometían en el anexo de la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Por eso hubo cortes de agua, incluso sin haber una situación de sequía como la de este año.


Por otra parte, si le preocupa el impacto ambiental de la planta, como usted sabe, esa planta está operando bajo un programa de vigilancia ambiental establecido por el Gobierno de la Región de Murcia y controlado por expertos de la Universidad de Alicante, y eso nos ha permitido hacer un seguimiento en tiempo real de la salinidad, algo que no se había aplicado en España en ninguna desaladora, y por lo tanto también evitar los daños a las praderas de posidonia. Creo que los resultados de haber acelerado esa planta de San Pedro del Pinatar son evidentes. No ha habido restricciones y además, como digo, tampoco ha habido ningún impacto ambiental negativo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, su turno.


El señor GARRE LÓPEZ: Señora ministra, su respuesta o bien omite la realidad o bien no la admite. Dijo S.S. en la inauguración que iba a producir 24 hectómetros cúbicos anuales y no me ha informado absolutamente de nada más porque mantiene herméticamente cerrada la caja del impacto ambiental que está produciendo esa planta desaladora. Usted sabe, como conozco yo, que cada metro cúbico de agua desalada cuesta en origen 50 ó 65 céntimos de euro. Usted sabe, como conozco yo, que se ha anunciado ya una subida del 19 por ciento para enero y que para 2008 se habrá incrementado la tarifa en un 60 por ciento. Por tanto, ha dado S.S.
una triste respuesta, pero es la respuesta de su situación, de la triste situación que atraviesa S.S., porque usted sabe como yo que mientras se está pasando sed en la Región de Murcia, y especialmente los agricultores de dicha región, el río Ebro ha vertido en lo que va de año casi 9.000 hectómetros cúbicos al mar. Lo conoce por los datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro. No venga ahora a argumentar sobre el decreto de derogación que usted emitió, porque sería todavía más patética. Porque usted aprobó en el año 1994, siendo secretaria de Estado, un transvase del Ebro a la cuenca del Mediterráneo de 2.000 hectómetros cúbicos.


Señora ministra, más que preguntarle, le insisto: actúe usted como la ministra del Gobierno de todos los españoles. No se someta S.S. a las imposturas de unos pocos que también a través de la división del agua pretenden la invertebración de España.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.


Señoría, veo que usted no quiere hablar tampoco de la planta de San Pedro del Pinatar, sino de las necesidades de agua para regadío. Quiero recordarle que para regadío en la Región de Murcia se ha firmado un acuerdo con el sindicato de regantes del Tajo-Segura para construir una planta desaladora cuya ubicación está prevista en la localidad de Torrevieja. Es un acuerdo con el sindicato de regantes del Tajo-Segura.
¿Y sabe quién se oponía a que hubiera agua para regar lechugas a partir de una planta desaladora en Torrevieja? El Partido Popular.
Afortunadamente, el alcalde de Torrevieja, como institución que vela por todos los ciudadanos, voten a quien voten, ha comprendido que esa planta desaladora también le puede venir muy bien a la localidad de Torrevieja.


El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo, señora ministra. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA REMEDIOS MARTEL GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CUÁL ES LA VALORACIÓN QUE DESDE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE SE HACE DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DESALADORA DE MARBELLA EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA? (Número de expediente 180/000840.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Remedios Martel.


La señora MARTEL GÓMEZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, si consultamos las estadísticas del Instituto Nacional de Meteorología, nos encontramos con que este es el año que menos lluvias se han registrado desde que comenzaron a elaborarse. Esto, junto con la ausencia de políticas de gestión y control sobre el agua durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular, ha dado lugar a una situación preocupante a causa de la sequía que venimos padeciendo. Desde el comienzo de esta legislatura, el Gobierno socialista ha dado muestras de una gran preocupación por un recurso

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que viene siendo escaso, acelerando las inversiones para aumentar la cantidad y la calidad del agua disponible. Con la puesta en marcha del programa AGUA, en el que se contemplaba un conjunto de actuaciones prioritarias y urgentes, el Gobierno quiere corregir la imprevisión del Partido Popular y la situación de precariedad que esta nos ha provocado.
El día 29 de julio, después de muchos años, un acuerdo propiciado por el Ministerio de Medio Ambiente ha conseguido la puesta en marcha de la desalinizadora de Marbella en mi provincia, en Málaga. Ha sido un reto, como usted misma reconoció, lleno de dificultades por la falta de planificación para su financiación y que hoy es una realidad gracias a las nuevas políticas de concertación y participación con los usuarios y con el Gobierno de la Junta de Andalucía. Veinte hectómetros cúbicos por año, frente a cero hectómetros cúbicos previstos por el Partido Popular, garantizan el suministro en épocas de sequía como la que padecemos para una de las zonas turísticas más importantes en el ámbito mundial. Por ello, señora ministra, le pregunto: ¿Cuál es la valoración que desde el Ministerio de Medio Ambiente se hace de la puesta en marcha de la desalinizadora de Marbella?

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.


Señoría, el Gobierno no puede sino sentirse satisfecho de haber evitado este año, a través de varias actuaciones, como la que comentaba en mi respuesta anterior, en lo que se refiere a los municipios de Alicante y de Murcia, de la mancomunidad del Taibilla, la puesta en marcha de la desaladora de Carboneras, en Almería, o la puesta en marcha de la desaladora de Marbella, por la que usted pregunta, con las condiciones meteorológicas que tenemos, que haya habido restricción para el consumo doméstico de agua potable en todo el litoral mediterráneo. Esa desaladora de Marbella estaba construida desde hacía bastantes años, desde 1996. El problema era que nadie la había pagado y el problema era evidentemente de titularidad y de gestión. Pues bien, Aquamed, la sociedad estatal que desarrolla en gran medida el programa AGUA del Gobierno, conjuntamente con la Junta de Andalucía, ha comprado esta planta, una planta valorada ahora mismo en 40 millones de euros y que ha podido empezar finalmente a funcionar. Obviamente, lo hemos hecho con el acuerdo pleno de la mancomunidad de los municipios de la Costa del Sol, una comarca que, como usted sabe, tiene una población habitual de 400.000 habitantes, que supera 1.200.000 en los momentos más intensos de turismo en el verano y que por lo tanto necesita un suministro de agua de calidad que no esté condicionado por la lluvia que haya en cada momento. Y eso lo da, evidentemente, en el litoral de España la tecnología de la desalación, que en estos momentos tiene además la capacidad de desarrollarse sin generar ningún impacto ambiental por el vertido de las salmueras. Por lo tanto, esta es una de las actuaciones del programa AGUA, en este caso en la provincia de Málaga, que ya es una realidad por la actuación, como señalaba, de la empresa pública Aquamed. Aquamed está también llevando a cabo actuaciones en otras partes de Andalucía, concretamente en Almería, para reducir la situación de incertidumbre y la mala calidad de las aguas, que es una componente por desgracia bastante frecuente en nuestro litoral. Esos son objetivos básicos, junto con el mayor control en la gestión en el uso del agua, que pretendemos que sea la seña de identidad de la nueva política del agua en nuestro país. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA MONTSERRAT COLLDEFORNS I SOL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES ACUERDOS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO ALCANZADOS EN EL CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE DE LA UNIÓN EUROPEA DEL PASADO VIERNES 24 DE JUNIO DE 2005? (Número de expediente 180/000841.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputa doña María Montserrat Colldeforns.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, presidente.


Señora ministra, el Consejo Europeo que tuvo lugar los pasados días 16 y 17 de junio aprobó una declaración sobre directrices del desarrollo sostenible como objetivo clave de las políticas de la Unión Europea.
Quizá pasó un poco desapercibido porque, como todos saben, la preocupación estaba centrada en las dificultades en el proceso de ratificación de la Constitución europea. Sin embargo, tal como señaló el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su comparecencia en esta Cámara para informar sobre dicho Consejo, la aprobación de estas directrices son prueba clara de que la Unión Europea no se detiene. Pocos días después, el 24 de junio, tuvo lugar el Consejo de Ministros de Medio Ambiente, que seguramente abordó alguna de estas cuestiones.


Señora ministra, en el Grupo Parlamentario Socialista estamos convencidos de que uno de los temas clave de la agenda ambiental mundial es el que plantea el fenómeno del cambio climático y sus múltiples implicaciones.
Además, la Unión Europea ha llevado siempre el liderazgo en las políticas de prevención y adaptación de esta realidad. Por otra parte, qué duda cabe que el actual Gobierno socialista está haciendo todo lo posible por recuperar en España el tiempo perdido por la irresponsable falta de acción del Gobierno del Partido Popular. Nos hallamos ahora en un periodo crucial de inicio de negociaciones que nos ha de permitir avanzar,

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en el marco de Naciones Unidas, en el establecimiento de las actuaciones necesarias más allá de 2012, que es el último año para el cual existen compromisos claros de los países que forman parte del Protocolo de Kioto.
Por ello le pregunto: ¿Cuáles han sido las consideraciones que sobre el cambio climático se han hecho en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea del pasado 24 de junio? (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra, adelante.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.


Señoría, durante el almuerzo de aquel día todos los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea tuvimos ocasión de debatir sobre la posición que llevaríamos a la próxima reunión en Montreal, Canadá, el próximo mes de diciembre, de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Estuvimos de acuerdo de forma unánime en que ese será ya el momento para comenzar a negociar con otros países del mundo lo que debe ser el régimen de lucha contra el cambio climático más allá del año 2012. Estamos convencidos de que se debe empezar ya a hablar con los grandes países que no han asumido todavía compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, porque el problema del cambio climático está ya afectando muy severamente a la seguridad y a las condiciones de vida en nuestro planeta, y si no, ahí está la intensidad de los huracanes que han tenido como escenario muy recientemente Nueva Orleans y otras localidades del sur de Estados Unidos y que tienen que ver con el aumento de la temperatura de los mares. Por lo tanto, hay que actuar y hay que hacerlo con rapidez. Para que hoy se puedan tomar decisiones empresariales sobre las inversiones a llevar a cabo, en concreto en la transformación del modelo energético a escala mundial, es necesario dar un horizonte de trabajo, un horizonte de certidumbre también desde el punto de vista jurídico e institucional que vaya más allá del año 2012. Este acuerdo se tomó de forma unánime, como digo, en una comida en la que también, como ministra de Medio Ambiente de España, me comprometí a desarrollar una labor negociadora con los países del área iberoamericana, y precisamente la próxima semana, en Panamá, durante la celebración del foro iberoamericano de ministros de Medio Ambiente, tendré ocasión de seguir avanzando en la tarea que emprendimos el año pasado con la creación de la red iberoamericana de oficinas de cambio climático, con el establecimiento de memorándums y con la tarea de aproximación para ver bajo qué condiciones países que en estos momentos no tienen un compromiso de estabilización o de reducción de gases de efecto invernadero podrían aceptarlo. Quiero recordar además que el Consejo Europeo recogió exactamente los principios para avanzar más allá del año 2012 en esta materia con un marco que sea lo suficientemente flexible y equitativo como para que la distribución de responsabilidades entre los distintos países del mundo se corresponda efectivamente con su capacidad y con sus niveles de desarrollo económico. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo, lo lamento.


- DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, EN SUSTITUCIÓN DE DOÑA MACARENA MONTESINOS DE MIGUEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA: ¿EN QUÉ CONOCIMIENTOS SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO SE BASA LA SEÑORA MINISTRA PARA HACER AFIRMACIONES DE DESPRECIO CONTRA LA CIUDAD DE BENIDORM? (Número de expediente 180/000830.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Vivienda del diputado don Eduardo Zaplana.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.


Después de las declaraciones realizadas por la señora ministra de Vivienda, me encantaría conocer cuál es su opinión y criterio sobre el funcionamiento de la industria turística, y muy especialmente en la ciudad de Benidorm.


El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señor presidente.


Si se refiere S.S., señor Zaplana, a la pregunta playa o Benidorm, la respuesta se hizo en el mismo ámbito y plano en que se formuló aquella, es decir, sin hacer valoraciones sobre política turística y sin desprecio a la ciudad. Además, sabe el señor Zaplana que como ministra de Vivienda he visitado aquellos municipios de la Comunidad Autónoma de Valencia que me presentan iniciativas para construir vivienda protegida, entre los cuales desgraciadamente no está Benidorm. Yo espero, señor Zaplana, que sea por muy poco tiempo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, hay afirmaciones que cualquier persona responsable, y especialmente un ministro aunque sea de su Gobierno, no debe hacer porque son ofensivas e irrespetuosas, se hagan en el clima que se hagan y en el contexto que se tengan que hacer. Cuando afirmó que no quería conocer Benidorm, seguramente porque no

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está dentro de los parámetros exquisitos de su gusto, debía saber S.S. que Benidorm recibe más de 5 millones de personas al año, que afortunadamente no comparten su criterio, que tiene el mayor número de repeticiones de ningún municipio turístico, que tiene 40.000 plazas hoteleras y más de 200.000 plazas de apartamentos turísticos, apartamentos de los buenos, no de los que hace S.S, y que además tiene unos ingresos por turismo de 2.623 millones de euros, más 1.719 comercios, y recibe 47,7 millones de pernoctaciones todos los años. No le pedimos ayuda -ya sabemos que no vamos a contar con la ayuda del Gobierno-, lo único que le pedimos, señora ministra, que no es mucho, es que no perjudiquen y que al menos se callen; fíjese que cosa más sencilla. El año pasado, su colega la ministra de Medio Ambiente dijo esa genialidad de que el turismo de sol y playa ya estaba agotado. Este año le ha tocado a usted hacer la frase genial. Sobre gustos no hay nada escrito, señora ministra, y todas las opiniones personales son razonables y defendibles; la mía, por prudencia, no se la voy a dar esta tarde. Lo único que le quiero decir es que tenga la absoluta seguridad de que su criterio de no querer visitar Benidorm es compartido por todos los que allí vivimos, que no la esperamos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno, por favor.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señor presidente.


Señor Zaplana, mi respuesta se produjo en el contexto de una entrevista de verano distendida, lúdica y personal sobre mis gustos para veranear, mis preferencias personales para tomar el sol en la playa o caminar por el campo, o mis gustos por la diversidad de destinos que España turísticamente nos ofrece. Usted sabe bien que esa entrevista no puede ni debe llevarse al terreno que usted pretende, porque como ministra de Vivienda hablo de vivienda, no de políticas turísticas para las que no tengo competencias y de las que solo disfruto. Ahora bien, no desconozco las excelencias del modelo de nuestros destinos turísticos, incluido Benidorm, para unos un destino turístico a imitar, aunque otros deciden otros lugares. No en balde el Instituto de Estudios Turísticos sitúa como destinos preferidos para muchos millones de residentes primero, Cataluña; segundo, Canarias; tercero, islas Baleares y, cuarto, Andalucía.
(Rumores.) Con independencia de eso, el dato es que Benidorm ha tenido un éxito indudable en la atracción de turistas, pero ese éxito, señor Zaplana, como usted conoce muy bien por haber sido alcalde y presidente de la comunidad, ha tenido algunos desajustes socioestructurales y también algunas decisiones equivocadas. No tengo que recordar proyectos turísticos fomentados por S.S. que hoy pasan por una mala situación empresarial. (Aplausos.) Dudo de su cariño por Benidorm, ya que usted dejó la alcaldía antes de terminar su mandato para preparar la Presidencia de la Generalitat. (Aplausos.)

Mis declaraciones sobre mis apetencias personales las tiene que respetar y no manipular. Como ministra, será una gran satisfacción visitar Benidorm y liderar los proyectos de vivienda protegida y de urbanismo sostenible que presente su ayuntamiento, salvo que usted considere que el suelo y la vivienda son elementos básicos para obtener ganancias especulativas. En ese caso, señor Zaplana, no tenemos nada de qué hablar.


El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo. Lo lamento.


- DEL DIPUTADO DON CARLES CAMPUZANO I CANADÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿CUÁL ES EL CALENDARIO PARA LA REFORMA LABORAL QUE PREVÉ EL GOBIERNO? (Número de expediente 180/000822.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del diputado don Carles Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente; gracias, señor ministro.


A principios de septiembre, Eurostat, la Oficina de Estadística de la Unión Europea, hacía públicos sus datos sobre empleo y mercado de trabajo en el conjunto de la Europa de los Veinticinco, datos que no eran excesivamente positivos para el Estado español. Continuamos en el pelotón de cola de los Estados con un mayor número de parados, junto con Polonia, Eslovaquia, Grecia y Francia. Somos el Estado líder en empleo temporal, con un 32,5 y, además, nuestra tasa de actividad femenina tiene una diferencia de 25 puntos con nuestra tasa de actividad masculina. En este contexto, mi grupo querría conocer cuál es el calendario de la reforma laboral pendiente en esta legislatura por parte del Gobierno.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno, por favor.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


Como sabe, señor Campuzano, lo más importante que tiene el proceso de diálogo social que está en marcha son sus objetivos, objetivos consensuados por los agentes sociales y por el Gobierno. Esto quiere decir que empresarios, sindicatos y Gobierno estamos plenamente de acuerdo en cuáles son los objetivos de este proceso: aumentar el empleo y reducir la temporalidad. Por cierto, les recuerdo que en el último año en España se han

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creado 900.000 empleos, sin ninguna duda la mejor cifra de toda Europa. Si se alcanza este acuerdo se va a beneficiar toda la sociedad española. Las ventajas del posible acuerdo son grandes y por ello el Gobierno está decidido a primar los resultados sobre el calendario. Señor Campuzano, tengo que decirle que la prioridad no está puesta en la fecha, sino en el contenido; la prioridad no está situada en el final de la negociación, sino en el calendario, que es parte esencial del mismo y que se ha elaborado también por consenso. Quiero recordarle que hemos acordado un calendario intensivo de reuniones tripartitas a celebrar en septiembre, con la intención de avanzar todo lo que sea posible. Hay un calendario de trabajo, hay materias importantísimas que están siendo discutidas, pero no hay a priori -ni creo que deba haber- una fecha límite para la finalización del proceso de negociación.


El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Estaríamos de acuerdo en afirmar que las mejores reformas laborales que se han producido en España en estos años son aquellas fruto del diálogo social. Hoy llevamos ya meses de ese diálogo social. S.S. coincidirá con nosotros en que esta legislatura no se puede permitir el lujo -ese es el principal problema que afirman tener nuestros ciudadanos y las cifras de Eurostat indican que objetivamente lo es- de no terminar con una reforma a fondo de nuestro mercado de trabajo. Alcanzar los objetivos de Lisboa, ese 70 por ciento de la población activa, trabajando, buscando empleo en el año 2010; garantizar la flexibilidad que nuestras empresas necesitan para acometer los retos de la competitividad a escala global; ser capaces de dar seguridad a los trabajadores en esa sociedad en la que el 32,5 por ciento de los trabajadores tiene empleo temporal y ser líderes en la Unión Europea en esta materia debe constituir un compromiso efectivo del Gobierno más allá de que se llegue o no a un acuerdo en el seno del diálogo social. Usted lo decía: el objetivo no es tanto el diálogo en sí mismo, sino el contenido del acuerdo que seamos capaces de alcanzar.


Pues bien, desde esta perspectiva mi grupo está convencido de que si no hay acuerdo social, el Gobierno debe asumir la responsabilidad y el riesgo de traer a esta Cámara un proyecto de ley de reforma del mercado de trabajo. No ser capaces de hacer esta reforma en esta legislatura sería una grave irresponsabilidad de los agentes sociales, pero, en último término, del Gobierno. Señor ministro, sepa que en esa voluntad de profundizar en las reformas estructurales de nuestra economía Convergència i Unió va a estar...


El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Señor Campuzano, como le decía, el Gobierno apuesta por el diálogo social, es moderadamente optimista y espera de la responsabilidad de todos los agentes un acuerdo. Señorías, las circunstancias afortunadamente no son hoy como en otros momentos. Hoy el desempleo en España no aumenta sino que disminuye, se crea mucho empleo y esos datos de Eurostat ponen de manifiesto que somos el país que más empleo crea de Europa, casi el 60 por ciento de todo el empleo que se crea en el Unión Europea. Por tanto, el Gobierno no debe irresponsablemente arruinar las posibilidades de un acuerdo que sería bueno para las empresas y para los trabajadores por una prisa sin fundamento. No hay prisa excesiva, pero lo más importante serán los resultados de este proceso. Yo confío en él; confío en los agentes sociales para adoptar las medidas que mejoren el empleo y rebajen la temporalidad. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS ACTUACIONES PREVISTAS POR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LOS TRABAJADORES Y FAMILIARES DIRECTOS AFECTADOS POR LA EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES PROVOCADAS POR LA EXTRACCIÓN DE URANIO EN LA FÁBRICA DE URANO DE ANDÚJAR (JAÉN.) (Número de expediente 172/000112.)

El señor PRESIDENTE: Concluida la primera parte de la sesión destinada al control del Gobierno, comenzamos con las interpelaciones urgentes. En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno en relación con los trabajadores y familiares directos afectados por la exposición a radiaciones ionizantes provocadas por la extracción de uranio en la Fábrica de Uranio de Andújar.


Para formular la interpelación, por doce minutos, tiene la palabra el señor Pérez.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds viene hoy a plantear un tema que sin duda usted conoce. Con esta iniciativa nuestro grupo pretende no seguir añadiendo fechas a una historia que, en nuestra opinión, refleja injusticia, falta de reconocimiento y carencia de sensibilidad. Es cierto que es usted ministro

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ahora, no lo ha sido en legislaturas anteriores, y por ello le vamos a otorgar de antemano dos condiciones necesarias para abordar la solución posible: la sensibilidad social para reconocer el problema y la voluntad política para resolverlo. No haremos de esta cuestión un debate al uso; no le haremos a usted responsable de actuaciones anteriores; no utilizaremos siquiera el recurso fácil de recordar los discursos pronunciados en el Ayuntamiento de Andújar, en el Parlamento andaluz o aquí, en el Congreso de los Diputados, por fuerzas políticas presentes en los tres ámbitos y que hoy son las fuerzas mayoritarias en nuestro país.
En esos discursos se defendió y se sigue defendiendo la causa de estos trabajadores con verdadera convicción política a lo largo de 11 años y por parte de todos. No es difícil hacerlo porque lo que piden los trabajadores es atención médica específica y especializada y los derechos económicos y sociales a los que dé lugar el reconocimiento de la enfermedad profesional que nosotros no dudamos que padecen. Pero lo cierto es que hasta ahora el resultado ha sido no conseguir que ningún Gobierno se remangue y cierre el caso, ni para sí ni para no, hecho que añade a la injusticia, a la falta de reconocimiento y a la carencia de sensibilidad, una clamorosa falta de respeto. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)

Señor ministro, usted tiene los datos. Fábrica de uranio de Andújar: 22 años en funcionamiento, de 1959 a 1981; 126 trabajadores, más del 40 por ciento ya fallecidos, el 70 por ciento por neoplasias, es decir, por procesos de cáncer. Índices elocuentes por encima de la media. Son conocidas y constatadas las nulas medidas de precaución y seguridad en que desarrollaban su trabajo. La fábrica fue enterrada y a nosotros no nos cabe la menor duda de que no fue enterrada para mayor gloria de la arqueología futura; fue enterrada y esa es precisamente una prueba de cargo de lo que aquella fábrica significó para la salud de los trabajadores y de los habitantes de esa localidad. Nadie niega la presencia ni la influencia del uranio en las radiaciones ionizantes en el pueblo, en los trabajadores y en sus familias. Nadie discute las exposiciones a radiaciones de los trabajadores y de sus familiares directos. Ahora bien, nadie establece de forma concluyente la relación causa efecto que daría lugar a reconocer precisamente sus derechos. Que así sea desde el punto de vista científico-sanitario no nos sorprende.
Personas o grupos similares sometidas a condiciones y factores similares no tienen necesariamente respuestas siempre iguales. Determinar qué factores y en qué condiciones específicas se generan los tumores es algo que la ciencia persigue y que desde luego no permite soluciones concluyentes. Hoy podemos afirmar que hay determinadas sustancias que son desencadenantes y según eso, de hecho, actuamos. En este sentido, se actúa en medidas urbanísticas, por supuesto en la política alimentaria y en la industria del ocio; es decir, en muchos ámbitos de nuestra vida.
Creemos que la política debe optar, ante una duda razonable, por la solución de un problema.


No entraremos en un debate que no es propio de nuestra función, pero si el director del Hospital Reina Sofía dice que no se puede atribuir concluyentemente ninguna de las patologías detectadas a esta actividad realizada, no podemos por menos que respetar esa opinión porque nos parece lógica e irrebatible. Efectivamente, no puede establecerse una relación de forma concluyente, pero a continuación añade: Ello no es óbice para manifestar que, a nuestro entender, existe un alto grado de sospecha sobre el papel determinante que las exposiciones ocupacionales al uranio han podido jugar en la producción de tumores, afectación del aparato locomotor, etcétera. Para nosotros es obvio que existe esa duda razonable y aquí es donde debe entrar precisamente la política. Nos consta la voluntad de la Junta de Andalucía manifestada en sede parlamentaria. La última vez el 7 de octubre de 2004, a pregunta del diputado José Cabrero, de Convocatoria para Andalucía de Izquierda Unida, y la respuesta de la señora consejera de Salud. Nos consta el reconocimiento que todos los grupos del Parlamento andaluz y de este Congreso hemos hecho del problema. Es cierto que de forma intermitente, según la posición de cada cual en cada momento. Nos consta la disponibilidad de los trabajadores y nos consta también la certeza científica, en este caso, de su infinita paciencia -evidentemente de los trabajadores- y le otorgamos a usted sensibilidad y voluntad política.
¿Qué nos falta, señor ministro, si nos consta todo esto? ¿Certeza científica? Permítame que le digamos una cosa. Si la certeza científica que nunca llega puede perjudicar la solución de un problema, yo me permito afirmar en esta tribuna que solucionar el problema no va a perjudicar en ningún caso a la certeza científica. Señor ministro, esa es su opción, esa es la opción que yo le pido, esa es la voluntad política que yo le pido para que se traduzca en solución, que significaría seguir con la atención médica a los trabajadores que ya existe, declarar esa relación causa efecto entre la exposición a las radiaciones ionizantes a las que estuvieron sometidos los trabajadores y, por consiguiente, el reconocimiento de sus derechos económicos y sociales, además del reconocimiento moral que se les debe después de 15 años desde que constituyeran la asociación de afectados y después de vagar por distintas administraciones durante 11 años sin ser objeto de atención alguna que merezca la pena a la hora de hablar de soluciones.


Muchas gracias, señor ministro.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Pérez.


Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, es su turno de contestación a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señora presidenta.


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Gracias, señor Pérez, por su interés y por su sensibilidad, que yo comparto plenamente. He repasado con atención los antecedentes de este caso -dice usted bien, yo solo ostento la cartera hace 15 meses- y he podido comprobar cómo el Parlamento se ha venido interesando a lo largo de los años por la solución de la grave situación por la que atraviesan los ya jubilados trabajadores de esta fábrica de uranio y tiene usted razón. Desde una perspectiva política, no habrá -y me comprometo a ello- ningún problema en reconocer la gravedad de los hechos y en buscar una solución. Quiero que quede claro ante la Cámara y ante S.S. que esta declaración que hago no significa que estas personas hayan estado abandonadas. Ha habido acciones y actuaciones de la Administración en defensa de sus intereses y ello ha conducido a una situación sustancialmente mejor para ellos. Me consta, para empezar, que los trabajadores de esta extinta fábrica de uranio de Andújar están especialmente interesados en recibir una asistencia sanitaria específica, que se les está prestando desde la Junta de Andalucía, a quien agradezco el interés, la dedicación, la sensibilidad y la atención médica que están prestando a estos trabajadores. Desde el punto de vista, fundamental por otra parte, de la asistencia sanitaria, se produce una atención correcta a los padecimientos que se derivan de una real exposición a radiaciones ionizantes que sufrieron durante su tiempo de trabajo.


Como sabe S.S., esta competencia, la sanitaria, es de la Junta de Andalucía y la está prestando, en mi opinión, a entera satisfacción de los afectados y podríamos decir también que de su grupo parlamentario, del mío y de este Parlamento. También tengo constancia de que los afectados han realizado actuaciones a fin de obtener una reparación económica por parte del Estado, que compense en alguna medida las condiciones en las que en su momento se vieron obligados a trabajar en la fábrica de uranio de Andújar. Señoría, esta materia tampoco es competencia de mi ministerio, aunque no quiero eludir responsabilidades.
Los trabajadores y sus familias están representados por la asociación de ex trabajadores, que ya constituyeron hace tiempo, y han iniciado la tramitación de un expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración ante el Centro de investigaciones energéticas, medioambientales y tecnológicas, que hoy está encuadrado en el Ministerio de Educación y Ciencia. La actividad del Gobierno es global, no hay compartimentos estancos, y en estos temas de carácter transversal la colaboración entre los ministerios implicados debe ser la pauta de actuación. Precisamente por ello hemos solicitado del Ciemat la información sobre el estado en que se encuentra el expediente que acabo de mencionar. En la actualidad se halla en fase de instrucción, lo que es un indicador de que en un tiempo prudencial -poco tiempo, espero- podamos contar con una solución. Por tanto, habrá que estar en esta materia a lo que disponga en su día la resolución que dicte el Ministerio de Educación y Ciencia; pero, por supuesto, estamos pendientes de las actuaciones que se siguen en el expediente y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está colaborando en todo aquello que el Ministerio de Educación y Ciencia solicite de nuestra parte.


Hay un tercer aspecto, que es el que S.S. ha situado con lógica en el centro de su exposición, que efectivamente es competencia nuestra. Sabe S.S. que la principal preocupación de estos trabajadores, después de tener resuelta la asistencia sanitaria, es que las dolencias que padecen puedan ser consideradas enfermedad profesional. La razón de ser de esta solicitud es el mejor tratamiento que en nuestro ordenamiento jurídico reciben las prestaciones de Seguridad Social que se derivan de contingencias profesionales, en este caso de una enfermedad profesional.
En esta materia se han dado pasos, porque lamentablemente ni usted ni yo podemos declarar una relación causa efecto para el establecimiento de la declaración de una enfermedad profesional. Los trabajadores de la fábrica de uranio de Andújar no solicitaron nunca, en vía laboral, la declaración de estar afectos a una enfermedad profesional. Sí lo hicieron cinco trabajadores y la obtuvieron, pero por silicosis. Asimismo se han sometido a frecuentes reconocimientos médicos a fin de que se demuestre la relación habida entre las patologías que sufren y el hecho de haber estado expuestos a las radiaciones ionizantes por motivo de su trabajo.
Ese es el problema, señor Pérez, la demostración de esa relación causa efecto que entre ambos hechos debe ser ineludible, como conoce S.S., para que pueda actuar luego la Administración en reconocimiento de una enfermedad de carácter profesional, a efectos de que se puedan aplicar las prestaciones e indemnizaciones que el ordenamiento jurídico prescribe en estos supuestos de enfermedad profesional. La situación en que se hallan estos trabajadores me preocupa mucho y es dolorosa en mi opinión.
Ante ella nadie puede quedar insensible, ni usted ni yo. Sin embargo, esa sensibilidad que tiene este Gobierno no puede llevarnos a desconocer los requerimientos de nuestra legislación en esta materia, que exige probar de un modo fehaciente la relación de causalidad entre la patología que aqueja a los trabajadores y el desarrollo de su prestación de trabajo. Es cierto, como se ha demostrado a lo largo del tiempo, que esta declaración, la probanza de esta relación, no es sencilla ni fácil sino especialmente dificultosa.


Como queremos resolver el problema -le agradezco su interpelación-, quiero anunciarle que he dado ya las oportunas instrucciones para la puesta en marcha, de manera inmediata, de unas actuaciones con las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía similares a las que ya se han llevado a cabo en el lamentable supuesto de hepatitis C en la Comunidad Valenciana. Actuaciones que, como recordará SS.SS., dieron origen a un protocolo específico firmado ante la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana y la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Queremos hacer algo similar, volver a firmar un protocolo específico entre la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para

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que, en virtud de ese protocolo, el correspondiente servicio de salud vuelva a practicar de nuevo unos reconocimientos médicos exhaustivos que permitan a los perjudicados tramitar el reconocimiento de la prestación de la Seguridad Social de la forma más adecuada posible y con los mayores criterios de solvencia y de rigor médicos. Si se produce esa demostración de esa relación causa efecto, pondremos en marcha inmediatamente este protocolo y no habrá ningún problema para que la Secretaría de Estado de Seguridad Social reconozca el alcance de la enfermedad profesional.
Espero que entienda usted todo ello, como es lógico, sin alterar los procedimientos establecidos con carácter general en nuestro sistema de protección social. Es evidente que por exigencias legales no podemos en este acto, hoy mismo -aunque nos gustaría a usted y a mí- declarar esa relación causa efecto. Hoy no lo podemos hacer porque la legislación nos lo impide, pero sí podemos poner en marcha estos mecanismos que he indicado para que las dolencias que sufren los trabajadores de la fábrica de uranio de Andújar sean reconocidas, si se demuestra esa relación causa efecto, como constitutivas de una enfermedad profesional. Tampoco podemos usted y yo, por razones obvias, declarar hoy aquí qué prestaciones de Seguridad Social se derivan de esa consideración. Aplicaremos la ley, y a partir de este protocolo que espero se produzca a partir de esa relación causa efecto, se podrán aplicar inmediatamente después. Por tanto, estamos tramitando las vías para facilitar ese fin justo que usted defiende aquí hoy mediante la puesta en práctica de las actuaciones que desemboquen -y lo haré con la máxima urgencia- en la firma de este protocolo. Sepa S.S. que, si es posible, lo firmaremos inmediatamente y haremos los reconocimientos médicos de forma exhaustiva e inmediata para intentar alcanzar el resultado que todos deseamos.


En definitiva, señoría, la colaboración del Ministerio de Trabajo con la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía nos permitirá solventar en breve los problemas de estos trabajadores en relación con la consideración de sus dolencias como enfermedad profesional. Le agradezco profundamente que haya traído esta sensible interpelación a la Cámara porque espero -esta vez sí- resolver en poco tiempo un problema de una importante dimensión humana.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro.


Continuamos con las réplicas. (Pausa.) ¿Señor ministro? (Pausa.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR RODRÍGUEZ SÁNCHEZ), SOBRE LOS PROBLEMAS DEL ACTUAL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN GENERAL, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA FINANCIACIÓN DE LA SANIDAD TOMANDO COMO EJEMPLO GALICIA. (Número de expediente 172/000115.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO EN MATERIA DE FINANCIACIÓN DEL GASTO SANITARIO. (Número de expediente 172/000117.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con la siguiente interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez Sánchez, sobre los problemas del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen general, con especial referencia a la financiación de la sanidad, tomando como ejemplo Galicia. Por acuerdo de la Junta de Portavoces, se va a tramitar conjuntamente con la siguiente iniciativa, que es la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno en materia de financiación del gasto sanitario.


Señor Rodríguez Sánchez, tiene S.S. la palabra para formular su interpelación en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, señor vicepresidente del Gobierno, el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas fue establecido por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, con el Gobierno del Partido Popular, un Gobierno que se las prometía muy felices porque por fin la política autonómica llegaba a un callejón sin salida, a un impasse, congelándose el normal acontecer democrático y político en el Estado español. La finalidad no era otra que la de impedir el paso a un Estado de carácter plurinacional y quedar con un Estado centralizado con apariencia autonómica. Aparte de esta intención, la propaganda del Partido Popular nos regaló con la siguiente caracterización del nuevo sistema: era general para todas las comunidades autónomas e integraba todos los bloques del sistema de financiación; era suficiente, provocaba autonomía y solidaridad. Vamos a pasar por la crítica estos principios, pero sobre todo lo vamos a hacer a partir del reventón, de la vía de agua tan grande que se evidenció con la financiación de la sanidad. Después de tres años de funcionamiento del sistema vimos que el sistema sanitario público en el Estado español no aguanta, entre otras razones, por un mal sistema de financiación. Por otra parte, hay datos nuevos que ofrecen una realidad que sustituye la opacidad y la falta de transparencia del sistema por una luz muy clara que nos da pie a hacer una serie de conclusiones, porque ya tenemos la primera liquidación, en el año 2004, referida al año 2002 del sistema de financiación, que puede ser muy ilustrativa. El sistema instaurado en el año 2001 no

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daba autonomía ni suficiencia a las comunidades autónomas, y mucho menos en el caso de Galicia. Es más, en el caso de Galicia tendríamos menos recursos con el actual sistema que con el anterior, de dejarlo funcionar de forma automática, lo cual ya es sintomático; por eso se inventaron las garantías de mínimos para cada uno de los tres bloques en nombre nada menos que de la solidaridad -después veremos qué tipo de solidaridad-. En segundo lugar hay una garantía para el bloque de sanidad relacionada con la evolución del PIB nominal para los años 2002-2004 que ahora hay que recuperar para que el sistema pueda aguantar. En tercer lugar, existe una escasa capacidad de autonomía financiera, que llevó solamente una pequeña capacidad normativa en el IRPF y, por supuesto, en los tributos tradicionales cedidos, pero solo se permite la recarga sobre los tributos, y esto no es capacidad normativa, señorías, y hay que tenerlo muy en cuenta. Además, es un sistema totalmente asimétrico en cuanto a la capacidad de autofinanciación de las comunidades autónomas; es decir, para Galicia es muy negativo. Por lo tanto, partiendo de una igualdad, los resultados son diferencia y desequilibrio total, como después vamos a demostrar. Pero hablemos del significado político en general y de las consecuencias para Galicia.


La descripción que se hace del sistema de financiación invierte completamente la realidad, en primer lugar porque, señorías, no puede haber un sistema de financiación responsable y justo cuando está descentralizado el gasto -y es común para todas las comunidades autónomas- y sin embargo están centralizados los ingresos. Según la ideología del Gobierno, nos dicen unas veces que nos lo da el Estado, otras veces, España y algunas veces, hasta Madrid, lo cual ya es de carcajada, pero ocurre en un Estado que debía informar bien a sus habitantes.


Señorías, casualmente el último ejercicio liquidado correspondiente al año 2003 da unos resultados muy ilustrativos respecto de una comunidad que pasa por ser subsidiada y a la que alimentan los demás. El resultado es: Galicia, flujos fiscales, año 2003, recaudación tributaria gallega, los tributos que el Estado recauda en Galicia, 7.662 millones de euros, sin el impuesto sobre sociedades, sin el IRPF que paga mucha gente de Galicia en Madrid, sin el IVA que se paga en Madrid, que no se paga en Galicia, por actividades o consumos que hay allí, porque sabemos que hay grandes empresas que todo lo pagan aquí, y así sucesivamente. Son 7.662 millones de euros. ¿Cuánto nos da el Estado benefactor con su sistema de financiamiento, señorías? Pues 5.717 millones de euros. Además lo divide en dos apartados: el primero es la cesta de tributos, que demuestra que somos pobres, que, con la cesta de tributos cedidos, Galicia solamente da de sí 2.500 millones de euros, el resto nos lo regala papá Estado, España, hasta cinco mil y pico millones de euros. Señorías, es la demostración de que este es un sistema de financiación fraudulento, engañoso y que no es nada técnico, sino una serie de intencionalidades ideológicas evidentes que padecemos todos en el régimen general, pero especialmente aquellos de los que se dice que nos alimentan. Aquí está el resultado de Galicia, la pobre, la subsidiada por el Estado español, en lo que respecta a los flujos fiscales -señorías, datos de la Agencia Tributaria, no inventados-. Es muy importante tenerlo en cuenta porque así llegamos a la conclusión de que la soberanía auténtica es la del Estado, de que no hay una negociación entre partes iguales de carácter constitutivo; sin embargo, la apariencia es descentralizada -17 comunidades autónomas, café para todos, todo reglado por una Lofca que hace inviable un sistema de política fiscal realmente propio-. El disparate es de tal calibre que si se miran los datos, entonces nos encontramos en Galicia con lo siguiente -que diría Esperanza Aguirre poniéndose pomposa-: el 69,7 por ciento de la recaudación tributaria se atribuye a Madrid y a Cataluña -a Madrid el 47,5 por ciento y a Cataluña el 22,2 por ciento-, pero si miramos el PIB a precios constantes, el global es 36,7 por ciento entre las dos comunidades autónomas.
Curiosamente, Madrid solo, el 17,4 por ciento. Señores, ¿cómo es posible un informe tributario que da 2,7 veces superior al PIB de la propia comunidad? Es una aberración. En Cataluña no es así, ya ven que es el 18 por ciento y el 22 por ciento, está más próximo. Con estos datos es un engaño todo lo que está aconteciendo en el Estado español. Esta anomalía madrileña se explica por el efecto sede, sociedades, IVA, operaciones exteriores, IRPF de mucha gente. A Madrid, que tiene un fondo de suficiencia negativo, se lo entrega el Estado; este sí le da. Ahora, los demás, todos, unos más que otros y ya Galicia no digamos, viven de la dádiva de la suficiencia, de la transferencia del Estado, de la solidaridad. Este es el esquema que ustedes quieren que traguemos.


Existen dentro de la lógica, y por tanto del propio sistema, otros mecanismos de financiación; por ejemplo, el que tiene apariencia de simétrico pero cuyos resultados son tan asimétricos que entre aquellos que no damos todo de sí hay algunos que dan más que otros. La financiación con el cesto de impuestos cedidos es desigual; Cataluña tiene el 86 por ciento, cubre los gastos con su 86 por ciento, y solamente le dan el 14 por ciento. No le dan nada, pero dicen que le dan.
Ahora, a nosotros, que nada más cubrimos el 50 por ciento, nos dan el 50 por ciento restante. ¿Por qué no actuamos de forma distinta, incluso dentro del actual sistema: asimétrico al principio para que sea simétrico al final? Sería una posibilidad. En todo caso, lo que nos interesa es que acabe el fraude de la solidaridad del Estado, de la solidaridad de España. El tema del debate fiscal es muy interesante para Cataluña, porque ahí está el fraude para ellos, pero ya no digamos para nosotros; para nosotros es fundamental para acabar con la tontería mental que nos gastamos. Es que, señorías, en Galicia mucha gente piensa que cuando va al médico o cuando va su niño a la escuela se lo paga el Estado benefactor español. Por supuesto, con este panorama las reformas estatutarias están muy

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vinculadas a la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas.


Vayamos al caso particular de la sanidad. Todos estaremos de acuerdo en que hubo un creciente endeudamiento desde que se hizo la transferencia de la sanidad a las comunidades históricas, en el año 1990, me parece que a Cataluña un poco antes. Hoy, en Galicia, la sanidad supone el 31 por ciento de los presupuestos consolidados. El sistema del año 2001 repartió la masa de dinero con variables y ponderaciones, pero sin evaluar ni concretar el coste real de los servicios y, además, tomando como año base 1999. Esto provocó el actual disparate porque no se hizo un reparto de la masa de dinero en función del coste real de los servicios. El modelo fue: sobre la población protegida, el 75 por ciento; sobre la población mayor de 65 años, el 24,5 por ciento; la insularidad, el 0,5 por ciento. Ya ven que no se contó con un elemento que es fundamental en el coste básico del servicio: la dispersión, aunque solo se contabilizara como el 0,3 ó 0,5 por ciento. Evidentemente, Galicia tiene la mitad de los núcleos de población del Estado español y no podemos aspirar a que esto figure con un 5 por ciento, pero no ponerle el 0,5 o el 0,3 cuando se cuenta, sin embargo, con la insularidad es un contraste evidente de quién pesa y cómo se mira el conjunto del Estado español. El resultado en aquel entonces fue que Galicia participó en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera y salió de allí con el 7,6 por ciento del montante global que había para la sanidad, pero, señorías, después de las negociaciones en las comisiones mixtas bilaterales, sin contar Galicia para nada, y eso que era un Gobierno amigo en aquel entonces, nos quedamos con el 7,43 por ciento. ¿Esto son negociaciones técnicas o negociaciones políticas? Y lo digo no solamente por el modelo que se aplica, sino también por el resultado y la evolución de los acontecimientos. En todo caso, Galicia contó para el año 2004 con unos presupuestos en sanidad de 2.552 millones de euros; esto significa 938 millones de euros per cápita, el lugar undécimo de todas las comunidades autónomas, y 690 millones de euros si se hace la per cápita teniendo en cuenta a los mayores de 65 años: pasamos ya al puesto decimotercero. Como además se cuenta con el principio de aceptación, que la obliga, de recursos, determinado por el año base y actualizado por el ITE, lo cual demuestra que su sistema no respeta el principio de integración -para sanidad tiene que haber una proporción determinada-, resulta que en Galicia se contó con que del conjunto del gasto gallego el 40,61 por ciento era para la sanidad, y la media de las comunidades autónomas restantes es el 42,52 por ciento.
Entones, el sistema sigue profundizando en la caída, en picado, de la Comunidad Autónoma de Galicia. Claro, son unas reglas de juego marcadas de una determinada forma. Además, hay que ser obcecados para implantar un sistema de financiación de la sanidad que parte de que el 40 por ciento siempre tiene que ser para sanidad. Imagínense que se invente una píldora que rebaje mucho el gasto sanitario. ¿Seguimos gastando el 40 por ciento? Este es un sistema que, según Aznar, aspiraba a ser eterno; menos mal que no lo es.


Después del año 2002 nos encontramos en la siguiente situación para todas las comunidades autónomas. En el año 2003, segundo año de funcionamiento del sistema, se habían acumulado 5.266 millones de euros de endeudamiento. Teóricamente, según la prensa, Galicia tenía por un año 218 millones de euros, pero es que tiene 320 millones en el año 2004 y, además, la peculiaridad no se tuvo en cuenta. ¿Saben ustedes que el Gobierno de Fraga tuvo que crear un fondo de contingencia con recursos propios de la comunidad autónoma por valor de 51 millones de euros para el año 2005 para que no reventase todo el sistema? Este es un caso único en todo el Estado español. Ahora vienen las negociaciones del endeudamiento y, sin embargo, esto no se tiene en cuenta, porque allí fuimos alumnos tan aventajados que lo que hicimos fue cargar con lo propio. Como somos ricos, aunque no en la teoría oficial, y en la teoría social social somos subsidiados, nos encontramos con un fondo de contingencia de 51 millones de euros para aguantar una sanidad que ocupa ese lugar en el ranking del conjunto de las comunidades autónomas. Por tanto, señorías, no hay suficiencia ni hay autonomía y el Gobierno -le pido al señor Solbes que no vuelvan a utilizar esos argumentos- no puede exigir corresponsabilidad a las comunidades autónomas en la financiación de los bloques, y mucho menos en el de la sanidad, si no existe esta otra responsabilidad de que nos dan la suficiencia y nos dan la autonomía.
Porque es cierto que los costes se pueden racionalizar y, por supuesto, la factura farmacéutica, pero no es cierto que se pueda bajar el gasto en sanidad a partir de lo que hay hoy; no se puede hacer. Por tanto, hay un problema de gestión y de ahorro, pero fundamentalmente hay un problema de suficiencia y de autonomía.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Rodríguez Sánchez, por favor, vaya concluyendo.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Acabo ya, señora presidenta.


El Gobierno llevó a cabo un proceso rápido, aunque creo que poco transparente y muy condicionado por la mediática, por la Conferencia de presidentes, y ofreció, como papá dadivoso, 1.677 millones de euros.
Menos mal que ya no se habla mucho de los adelantos a cuenta, que todo el mundo sabe que no son ingresos nuevos, ni para la sanidad, y habría mucho que hablar de todo esto. En cualquier caso, y acabo señora presidenta, me gustaría que el señor vicepresidente tuviese en cuenta que el reparto de los 500 millones que van a ser transferidos sigue sin contar con la dispersión y que realmente la cohesión sanitaria, los 45 millones, ya existía. Es lógico que si existe una ley, haya que cumplirla.
Curiosamente, la insularidad sí se cuenta con ella - bienvenido sea-,

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lo cual establece aún más contraste con que a la dispersión, ni agua, ni un 0,3. El fondo de garantía sanitaria es recuperado, pero creemos que los 500 millones deben de ser falsos, ya que en el año 2002 fueron 209 millones de euros y en el año 2003, 226 millones de euros. Por cierto, mire si Galicia estaba necesitada del fondo de garantía que se llevó el 18 por ciento en un caso y el 22 por ciento en otro, y ahora, según la prensa, nos anuncian que somos el 10,8 por ciento. No sabemos muy bien qué operaciones hay en esto. Nos gustaría que nos lo aclarara, si es que se puede hacer a estas alturas.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Por favor, señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: También hemos de tener en cuenta los convenios asistenciales a residentes extranjeros, que es una consecuencia de la Ley de cohesión, que está en una ley del Estado español, así como los accidentes laborales no cubiertos por mutuas, igual que el incremento de imposición indirecta en alcohol y tabaco, que nos parece una cifra muy elevada la que ustedes dan, pues cuatro días antes ustedes anunciaron que eran 100 millones de euros menos. Los datos que tenemos dan 6,1 por ciento para Galicia. Ya ven que no falla el declive.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Por favor, señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Sí, señora presidenta.


Sólo quiero añadir que nosotros queremos abrir este debate dentro de un cambio del sistema en general, con transparencia. Pensamos que el modelo de financiación de las comunidades autónomas es fundamental y, en cualquier caso, si se hacen trapicheos o amaños, que se tengan en cuenta algunas otras variables y ponderaciones y, sobre todo, que se tenga en cuenta para todos, sin excepción, el coste real de la prestación de servicios, en este caso, del gasto sanitario.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Rodríguez.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para defender su interpelación acumulada a la del Grupo Mixto, es el turno del señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor vicepresidente segundo y ministro de Economía, señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario había planteado esta interpelación en función de cuáles habían de ser las medidas que va a adoptar el Gobierno en materia de financiación del gasto sanitario, pero tras las últimas reuniones que se han producido en la capital de España, todos sabemos cuáles han sido las soluciones planteadas por el Gobierno.
Básicamente han sido unas soluciones, a las que posteriormente me referiré, que no financian el déficit o la deuda histórica de la sanidad española, no ponen las bases del futuro sistema de financiación sanitario, no garantizan el equilibrio entre los ingresos y los gastos y, lo que es más grave, este sistema planteado y aprobado ayer por la mayoría de comunidades gobernadas por el Partido Socialista continuará generando déficit sanitario en un futuro inmediato. Desde Convergència i Unió entendemos que las soluciones planteadas por el Gobierno, tal como se han desarrollado en estos últimos 15 días y que a nuestro juicio han sido muy precipitadas, son una tomadura de pelo. Más adelante explicaré por qué consideramos que son una tomadura de pelo. Son soluciones que representan pan para hoy y hambre para mañana, son soluciones que nosotros calificamos como soluciones trampa, con mucha trampa, y también me referiré a ello en la explicación que daré inmediatamente. Nosotros consideramos que estas soluciones que ustedes han planteado han ninguneado a las comunidades autónomas y a todos los ciudadanos españoles. Ustedes, con estas soluciones, han traspasado el muerto, entre comillas, a las comunidades autónomas. En resumen, señor vicepresidente, desde Convergència i Unió pensamos que ustedes no han estado a la altura de las circunstancias, ya que desgraciadamente hemos asistido a una negociación parecida a la de un mercado persa, en la cual se han ofrecido aportaciones del Estado que en un principio eran de 500 millones de pesetas, y transcurridos unos días -entre siete y quince-, después de un regateo que nosotros consideramos lamentable, ustedes han triplicado esa oferta hasta 1.500 ó 1.600 millones de pesetas. Nosotros les decimos con toda contundencia que ustedes solamente aportan a este sistema de financiación calderilla. Explicaré brevemente por qué consideramos que es una tomadura de pelo y por qué finalmente los recursos que ustedes plantean son calderilla. Intentaré explicarlo muy rápidamente a ver si somos capaces de entenderlo.


Hoy, leyendo la prensa y las manifestaciones de algunos dirigentes del Gobierno socialista y de algunas comunidades autónomas uno llega a la conclusión que el Estado aporta a la solución del déficit de financiación sanitaria la cantidad de 4.359 millones de euros. Falso, totalmente falso, señor vicepresidente, y en esto no les doy la responsabilidad a ustedes, pero pienso que aquí debemos decir las cosas por su nombre. El Estado no aporta para la solución del déficit sanitario la cantidad de 4.359 millones de euros. El Estado solamente aporta 1.677 millones de euros, lo que no representa ni la cuarta parte del déficit sanitario que existe en el Estado español.


Actualmente, el déficit sanitario que existe en España -ustedes lo saben perfectamente y también el señor vicepresidente- está estimado en 7.200 millones de euros y ustedes solamente ofrecen 1.677 millones de euros de aportación directa; por tanto, parchean el 25

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por ciento de la problemática actual, y el 75 por ciento lo trasladan a déficit futuro. En consecuencia, no resolvemos desde ningún punto de vista la situación de la deuda histórica de la sanidad española. Lo que ustedes hacen es una operación financiera, que nosotros aplaudimos, cuidado, y es que adelantan a las comunidades autónomas las liquidaciones de los impuestos de los años 2005 y 2006, que tendrían que cobrar durante los años 2007 y 2008, las adelantan dos años, y esta cantidad asciende a los 2.730 millones de euros, que conjuntamente con los 1.677 de aportación real ascienden a la cantidad de 4.359 millones de euros. Pero, señor vicepresidente, es importante aclarar que los anticipos a cuenta no son aportaciones directas del Estado a través de los Presupuestos Generales del Estado, sino que estos anticipos a cuenta van a generar deuda sanitaria cuando las comunidades dejen de percibir estas liquidaciones de impuestos durante los años 2007 y 2008. Ustedes despejan la pelota durante los años sucesivos y mediáticamente se podría llegar a la conclusión de que se han tomado en serio lo de la solución de la financiación de la deuda histórica sanitaria. Ustedes resuelven solamente el 25 por ciento de la deuda, la parchean, y trasladan al futuro el 75 por ciento restante.


Hay otra cosa curiosa también. Acabo de asistir a una rueda de prensa del portavoz de Esquerra Republicana y manifestaba que veía como un gran éxito la aprobación de este sistema de financiación de la sanidad española, ya que concretamente -según él- a Cataluña le iban a corresponder cientos de millones de euros. No es así, y quiero dejarlo claro aquí. Con este sistema Cataluña va a percibir solamente 85,8 millones de euros de aportación directa, el resto son anticipos de impuestos de los años 2006 y 2007, más lo que le corresponda de los fondos de Ingesa, del fondo de cohesión sanitaria, del fondo de garantía sanitaria, de accidentes laborales, de asistencia a residentes extranjeros y de los incrementos de los impuestos de alcohol y tabaco.
Cataluña va a recibir un máximo de 160 millones de euros, ni son 200 ni 300 ni 500 ni 800, que son las cifras que han venido manifestando dirigentes del Gobierno de la Generalitat, así como también el portavoz de Esquerra Republicana. Quiero reiterar ante el Congreso de los Diputados que Cataluña solamente recibirá de aportación directa del Estado 160 millones de euros y que con esta cantidad solo cubre el 5 por ciento de su deuda histórica sanitaria, que está cifrada alrededor de los 3.000 millones de euros. Si esto lo extrapolamos a otras comunidades a las que como a Cataluña también se les traspasó la financiación de la sanidad, llegaremos a la misma conclusión, y es que la aportación del Estado para resolver los déficit históricos de las comunidades autónomas podemos calificarla de calderilla y yo diría que también de ridícula.


Hay otro aspecto que nos ha llamado poderosamente la atención. Nosotros hemos intentado contar con la máxima información a la hora de preparar esta iniciativa legislativa, aunque hemos tenido poco tiempo, pero hay algunas cantidades que no nos cuadran. Hay un fondo de asistencia sanitaria, que básicamente es para los residentes extranjeros, que ustedes lo consignan con una aportación de 200 millones de euros.
Nosotros entendemos que este es otro de los grandes agujeros negros que tiene este sistema que ustedes aprobaron ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya que con estos 200 millones de euros ustedes pretenden financiar los gastos de los residentes extranjeros, muchísimos de ellos, como ustedes saben, inmigrantes, que, como usted sabe, señor vicepresidente, en los últimos cuatro años se han incrementado en España entre cuatro y cinco millones de personas. Si uno hace una simple división de la financiación que ustedes tienen prevista -200 millones de pesetas- para hacer frente a los gastos sanitarios en que van a incurrir las diferentes comunidades autónomas para atender a estos señores, que también son ciudadanos de primera, no hemos de olvidarlo nunca, sale una cuota de alrededor de 40 ó 50 euros por persona. Si partimos de la base de lo que le costaba en el sistema de financiación aprobado en el año 2001 a cualquier ciudadano español -estaba en 819 euros por persona y ahora estamos hablando de un coste de entre 40 y 50 euros-, vemos que existe un desfase de 750 euros por extranjero o inmigrante residente en España que no está contemplado en este sistema de financiación, con lo cual las comunidades autónomas tendrán que costear alrededor de los 750 euros por inmigrante o extranjero residente en las diferentes comunidades autónomas que no va a financiar el Estado.


Por todas estas consideraciones, señor vicepresidente, no estamos de acuerdo con este sistema de financiación que ustedes han planteado. En la futura moción que se va a debatir en esta Cámara la próxima semana nosotros vamos a traer una serie de cuestiones que usted sabe perfectamente que siempre han sido planteadas por Convergència i Unió, en el sentido de facilitar la puesta a cero del contador, buscando una solución financiera que usted encontrará perfectamente; de la misma manera que la ha encontrado para conseguir un anticipo a cuenta e ingresar 1.600 millones de euros, es posible poner el contador a cero para que todas las comunidades autónomas tengan en el futuro un sistema de financiación viable. Nosotros vamos a proponer también la posibilidad de hacer lo mismo que se hizo cuando se elaboraron los pactos de Toledo en relación con las pensiones, para que ningún partido o fuerza política pueda argumentar en contra de cuestiones que son necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad española; por tanto, contador a cero y pacto de Estado. También nos gustaría saber qué piensa el Gobierno de los actuales planteamientos, porque estamos hablando de lo que va a pasar el próximo mes o mañana mismo, cómo va a financiar el 75 por ciento de la deuda restante, ya que solamente hemos parcheado el 25 por ciento; qué medidas incorpora el acuerdo para que haya equilibrio presupuestario en el año 2006, así como en los años 2007 y 2008 para compensar la disminución de los ingresos que tengan las comunidades autónomas en estos años

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como consecuencia de los anticipos a cuenta que usted ha planteado como una operación de tesorería. Otra cuestión muy importante y quizá también muy contundente: ¿considera decente el Gobierno que sean casi exclusivamente las comunidades autónomas las administraciones que deben financiar el gasto sanitario que se deriva del incremento de las tarjetas sanitarias vinculadas a la fuerte inmigración que ha tenido el Estado español en el último quinquenio? Porque el cuadro que ustedes aprobaron ayer a nosotros nos parece totalmente insuficiente; incluso me atrevería a decir más, nos parece insultante.


Muchas gracias, señor vicepresidente, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Sánchez i Llibre. Muchas gracias.


Continuamos, señorías, con el turno de contestación de las dos interpelaciones en este caso. Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias a ambos intervinientes por darnos la posibilidad de hablar de la financiación de la sanidad. Ayer se tomaron una serie de decisiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en respuesta a una demanda de los gobiernos autonómicos en los últimos años como consecuencia de los incrementos de los gastos crecientes vinculados al crecimiento y envejecimiento de la población, a la elevación de costes debidos a mejoras tecnológicas o a las decisiones de gestión, entre otros motivos.


Señor Sánchez i Llibre, usted en su intervención ha hablado de traspasar el muerto a las comunidades autónomas o de poner el contador a cero. Le recuerdo que su grupo parlamentario, estando en el Gobierno, firmó un acuerdo en el año 2001 en el que aceptaba el sistema que ha producido este problema, su grupo parlamentario aceptó que ese sistema sería definitivo y su grupo parlamentario aceptó no corregir en aquel momento el déficit pendiente de la sanidad catalana, porque el déficit no es de los dos últimos años. (Aplausos.) Si eso es así, creo que usted no es el más legitimado para plantear este problema.


Prosigamos. La cuestión de la financiación sanitaria se convierte en un asunto de relevancia fundamental en la I Conferencia de presidentes y lo que proponemos ahora no es casual, es un análisis detallado sobre la base de dos grupos que se crean: uno que analiza el gasto sanitario, que dirige el interventor general del Estado, y otro grupo de población en el que participan las comunidades autónomas. Un tema muy importante, porque la población es muy importante en el déficit, pero no olvidemos que, de acuerdo con el análisis del grupo, el coste imputable al incremento de población es solo el 20 por ciento, el resto es debido a otros factores.
El segundo punto en el sistema que ustedes aceptaron -que me parece bien- es que no es un sistema de financiación de la sanidad, sino de financiación global del sistema, y la financiación global del sistema -ya hablaré de ello- tiene unas características que evidentemente modulan parte de los efectos, a los que se ha hecho referencia anteriormente, que producen el incremento del gasto. Primer tema: ¿paga el Estado o pagan las comunidades autónomas? Pagan los contribuyentes. El Estado no tiene contribuyentes distintos de los contribuyentes de las comunidades autónomas. Ese no es el problema. El problema es si las comunidades autónomas toman las decisiones de gasto y la decisión de ingreso, de aportar el dinero, corresponde al Estado o hay una mayor corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas que ya que tienen la capacidad de gasto, alguna capacidad de ingreso deben tener.
Posiblemente si yo hubiera estado en su lugar en el año 2001 hubiera pedido más capacidad de ingreso para las comunidades autónomas.


Hablar de déficit sanitario es equívoco. ¿Por qué no hablamos del déficit de educación? ¿Por qué no hablamos del déficit de infraestructuras? Porque si la financiación es global y dedicamos más dinero a la sanidad tendremos menos problema en sanidad, pero podremos tener más problemas en otro tipo de inversiones o en otro tipo de gastos. Cuando analizamos cómo evoluciona el gasto somos conscientes de que no pocas comunidades han tomado decisiones de privilegiar otros gastos, en unos casos reduciendo la participación en el gasto total del presupuesto, porque el sistema solo establecía una obligación -y se lo comento también al señor Rodríguez-, que en ningún caso el gasto sanitario aumentara cada año por debajo del incremento del ITN, es decir, del incremento de las transferencias que el Estado hace como consecuencia de la evolución de los impuestos del Estado atribuidos a la financiación autonómica. Pero gastos adicionales para la sanidad no se han producido en todos los casos, porque el Estado tiene más recursos, porque la economía va bien, pero las comunidades autónomas también tienen sus propios recursos.


En segundo lugar, hay que entender bien la lógica del sistema de 2001. En el sistema de 2001 se parte del gasto efectivo que en ese momento se realiza, por lo menos eso es lo que todo el mundo pacta. A partir de ahí se produce un incremento de ingresos, que es la consecuencia de una cierta participación en ingresos del Estado: un porcentaje del IRPF y un porcentaje del IVA; porcentaje de IRPF y de IVA que también están afectados por el incremento de la población. En IRPF porque evidentemente las retenciones que se producen en cada comunidad autónoma van a cada comunidad autónoma en su porcentaje y en el IVA porque además no solo estamos hablando de población legal, sino también de población no legalizada, hay unos cálculos de índice al consumo por cada población calculados por el INE, que son los que nos permiten calcular la participación. Y cuando vemos que se han incrementado mucho las transferencias

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de recursos totales hacia las comunidades autónomas -no hablo de recursos del Estado, hablo de recursos totales de las comunidades autónomas- es porque evidentemente han aumentado los ingresos para todos y ha aumentado esa participación.


Hablar por tanto de deuda y déficit sanitario es dudoso y decir que la buena evolución económica del Estado no ha afectado a la financiación del gasto general de las comunidades autónomas no es correcto. Durante todo este periodo nos han dicho que el sistema de 2001 es perfecto, solo falla en dos cosas: en la población, que no se ha tomado en consideración, y en que el incremento de la financiación no es suficiente. Si eso es cierto, ¿por qué firmaron ustedes el sistema de 2001? Porque los problemas que tiene el sistema de 2001 son la población y la cantidad suficiente o insuficiente, pero especialmente la población. Es verdad que hay unos sistemas de corrección pero no funcionan, porque para que se apliquen tienen que tener un incremento superior al 3 por ciento de la media de la población, para tener un tratamiento especial. Y si no, tienen que ponerse de acuerdo todas las comunidades autónomas en cómo se reparten el dinero. Usted entenderá que aquellas en que crece menos la población no están de acuerdo en transferir recursos a aquellas en que crece más. Por lo menos el señor Rodríguez no estaría de acuerdo con esta tesis.


En todo esto hemos estado trabajando durante estos meses para intentar buscar un sistema equilibrado. El sistema equilibrado creemos haberlo encontrado en una serie de elementos que son importantes; elementos que el señor Sánchez i Llibre dice que son calderilla. Es el 0,14 por ciento del PIB. El Estado tendrá un 0,14 más de déficit y las comunidades autónomas un 0,14 menos. Es una decisión de renunciar a gastar esos recursos en políticas que debe financiar el Estado para que se financie la sanidad, que sí puede aceptar, como dice el señor Rodríguez, que el Estado no se puede desentender, pero que, no nos equivoquemos, es una política transferida y la capacidad de gasto está en las comunidades autónomas. Podemos ayudar a los elementos de solidaridad, podemos ayudar a que el sistema funcione en cuanto a los mínimos, pero evidentemente es un sistema fundamental.


Lo primero que hemos hecho es echar una mano a las comunidades autónomas, y estamos encantados de hacerlo, porque creemos que echamos una mano a los ciudadanos españoles. ¿Qué es lo que hemos propuesto? Lo primero que hemos propuesto, y es lo que nos sorprende de todo el sistema, es una actuación prácticamente unilateral del Estado de dar más dinero, que parece que a algunas comunidades no les gusta, porque dicen: deme usted más, olvidando que no tenemos obligación, con el sistema de 2001, de aportar nada. En todo caso, creemos que hay que hacer ese esfuerzo para los españoles y estamos dispuestos a hacerlo, a pesar de que dejaremos de invertir menos en temas como justicia, seguridad u otros.


¿Qué hemos hecho? En primer lugar, hemos aumentado los Presupuestos Generales del Estado en un total de 1.150 millones de euros, cifra francamente significativa. Si usted analiza los presupuestos de la mayoría de los ministerios verá de lo que estamos hablando. Hay bastantes ministerios cuyo presupuesto total no llega a 1.150 millones de euros. De esos 1.150 millones, 500 van a un fondo específico para añadir financiación a las comunidades autónomas. Ahí hemos intentado buscar un equilibrio complejo en cuanto al reparto. El sistema del año 1999 favorecía a aquellas poblaciones con mayor población en aquel momento y por lo tanto con menor crecimiento. Las de mayor crecimiento pedían que todo se aplicase al incremento de población y no tomara en consideración otros elementos como el envejecimiento. Y lo que hemos dicho es: se reparten con el criterio de población de 2004 pero con los criterios de 1999 y por tanto incluye un 35 por ciento de envejecimiento, tema muy importante para Galicia y para otras comunidades. Cincuenta millones para el Ministerio de Sanidad para pagar el sistema de plan de calidad; 55 millones por insularidad para Baleares y Canarias; un fondo de cohesión sanitaria, que se aumenta en 45 millones y que también afecta, y un tema muy importante para usted, señor Rodríguez. Uno de los temas que se pactó en su momento fue lo que se llamaba la garantía PIB: aquellas comunidades cuyo crecimiento de ingresos no llegase al crecimiento del PIB nominal tendrían una compensación. Era por 3 años. Hemos cambiado ese sistema por un fondo que será permanente hasta que se renueve el sistema, y es un tema que afecta a muchas comunidades autónomas, especialmente a Galicia.
Me parece que el señor Sánchez i Llibre ha dicho que esa cifra no es correcta porque nos estamos gastando 220 millones. Nos hemos estado gastando 220 en el pasado; este año en el presupuesto figurará una cantidad más próxima a 600 que a 500, porque evidentemente este año la garantía juega al cien por cien y por una serie de factores son cantidades significativas adicionales.


Además de estos 1.100 millones de tipo presupuestario, se transfieren 200 millones para residentes extranjeros. El señor Sánchez i Llibre ahí se plantea una duda. ¿De qué estamos hablando? De lo que estamos hablando es de aquellos residentes extranjeros a los que se les presta un servicio en la sanidad española, se les pasa una factura, esa factura se remite al país correspondiente, esos recursos vienen a España y hasta ahora se ingresaban en el Tesoro. ¿Basándose en qué razón? En que ese concepto ya se había incluido en el coste efectivo en el momento de la transferencia.
Sin embargo, a pesar de eso renunciamos a ese dinero y estamos dispuestos a darlo, y es un tema significativo para toda la zona que recibe extranjeros de forma importante. Cien millones más para accidentes de trabajo. Y, además, calculamos que se transferirán del orden de 227 millones derivados del incremento de tributos de alcohol y tabaco. En cierta medida se ningunea y se dice: en definitiva, nos dan una mejora de liquidez. Hablemos en serio. Aquí lo que

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estamos haciendo es cambiar un sistema totalmente injusto que consiste en que lo que yo debo recibir del año n me lo calculan en el 98 por ciento de lo presupuestado y las diferencias me las dan en el año n+2. Ahora decimos: no, le voy a dar el cien por cien y con la posibilidad incluso de ver la evolución de los ingresos reales, pero además los dos años que hoy dispongo y que les debo se los voy a dar ahora. Es cierto que es una operación por una sola vez y por 2 años, pero no es una operación de tesorería o de liquidez, es una operación de transferencia de recursos reales. Por una parte, mil seiscientos y pico millones y, por otra, 2.600, que evidentemente se van a repartir entre las distintas comunidades autónomas, y a todas ellas les va a beneficiar, a cada una por conceptos distintos.


Se me está acabando el tiempo y no puedo hablar mucho de ello, pero no es cierto que Cataluña vaya a recibir 85 millones; 85 millones van a ser por los 500 millones de este año de la cantidad adicional, pero todos los restantes conceptos, que suman otros 1.500 millones, también tendrán la parte correspondiente. ¿Cuánto? Es muy difícil calcular cuánto se va a llevar el alcohol o el tabaco; es muy difícil saber lo que se va a llevar de accidentes laborales; es muy difícil saber lo que se va a llevar de asistencia a extranjeros, porque eso dependerá de la facturación que la comunidad catalana haga y por eso no se puede decir. En el caso de Galicia es imposible saber cuánto se va a llevar de garantía PIB, porque eso va a depender de la evolución de Galicia, de la evolución del PIB general y de la evolución de los ingresos. Pero estas son las cantidades que están previstas; algunas de ellas serán ampliables y se modificarán en el futuro. Hay otros elementos de control de gastos que nos parecen muy importantes. Por tanto, creo que algunas de sus palabras, señor Sánchez i Llibre, no son correctas. Yo creo que la propuesta no solo es decente sino que es ambiciosa y, sobre todo, es gratuita para las comunidades autónomas que, teniendo la responsabilidad del gasto, no aportan nada a esta propuesta. Ese ha sido el sistema que hemos planteado; lo hemos planteado porque nos parece correcto hacerlo en este momento y creemos que el compromiso que hemos adoptado de empezar a analizar el problema de financiación autonómica de forma general, con tiempo y con cierta tranquilidad, es la mejor fórmula para evitar problemas para el futuro, y esto no se podría haber hecho sin una operación no de parche, como usted dice, sino de puente, de transición, para que las tensiones que hoy tienen las comunidades autónomas se vieran aliviadas durante este periodo de tiempo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor vicepresidente.


Continuamos con los turnos de réplica. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Señor vicepresidente del Gobierno, en su respuesta hay muchos elementos que indican parcialmente los problemas de fondo a los que nos hemos querido referir en nombre del Bloque Nacionalista Galego. En primer lugar, usted dijo, con muy buen criterio, que el sistema de financiación del año 2001 era un sistema global, que no era un sistema desintegrado, sin embargo los hechos demuestran que no es integrado. Ya le hablé de las cantidades de dinero que iban destinadas obligatoriamente al sistema sanitario y de la proporción que eso ocupaba en cada comunidad autónoma.
Por tanto, los gobiernos autonómicos no tienen libertad para invertir dinero en función de las valoraciones sociales que hagan; están restrictos de una manera muy clara y, a pesar de que los bloques deberían estar unidos y el sistema se hizo con esa intención, en la realidad práctica no es así. Eso nos lleva a algo que tiene mucha más importancia, que era lo que antes intentábamos debatir.


Efectivamente, el Bloque Nacionalista Galego no votó el sistema autonómico del año 2001, porque tenía claro que era un sistema abiertamente lesivo para un país como Galicia. Con el modelo que se nos ofrecía -el IVA, el IRPF, con esas proporciones- Galicia no tenía suficiencia financiera. Por eso le decía que como el sistema es simétrico en el comienzo para realidades sociales y económicas totalmente distintas, los resultados al final son totalmente asimétricos. Por tanto, nosotros solo podemos cubrir los gastos del 50 por ciento y eso hace creer a la gente que Galicia únicamente es capaz de eso desde el punto de vista tributario. Ese es el terreno al que quiero llevarle: ¿Quién paga? ¿El Estado o los contribuyentes? Dice que pagan los contribuyentes, pero en el debate político no es así, en el debate político se dice que el Estado español paga a los que no somos capaces de vivir por nosotros mismos y que por eso estamos muy bien integrados en España tal como estamos, y que no hablemos de cambiar el statu quo, porque, curiosamente, cambiar el statu quo nos perjudica, lo cual es un sarcasmo. Eso, cuando no tenemos que aguantar discursos a la madrileña, en los que nos dicen que prácticamente Madrid da al resto de España. Usted sabe que en el debate político esto es así. En el debate político no se llega a la neutralidad individualista, es decir, pagamos las personas; ahí no se lleva hasta ese extremo y, además, con cierta lógica. El problema no es hablar en términos territoriales, el problema es no tener la balanza fiscal planificada, que todos tengamos agencias tributarias y que todos sepamos con qué contribuimos a mantener el Estado o, si no somos capaces de cubrir el gasto propio, en qué medida ese Estado en el que estamos todos hace una transferencia de recursos o emplea otro tipo de mecanismos.
Usted dijo: Apoyaron un sistema que no tenía suficiente capacidad de ingresos. Esa es la madre del cordero. ¿Ustedes van a hacer uno que tenga más capacidad de ingresos? ¿De verdad? ¿El sistema de financiación se va a basar en la autonomía y en la suficiencia

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financiera, en las agencias tributarias propias y, después, la solidaridad para que exista el Estado español, para que exista una unidad entre iguales mutuamente reconocidos y solidarios? Ese es el problema.


Por fin, quería decirle lo siguiente: Los ingresos aumentaron para todos, pero no para todos en igual medida. Proporcionalmente algunos nos vamos quedando cada vez peor en la tarta, y esa es una prueba objetiva, es aritmética, no hay que inventar. Igualmente usted dijo que se tuvo en cuenta todo muy correctamente en el sistema de 2001, menos la población.
Efectivamente, ustedes ahora la actualizan con los datos de 2004 y se tiene en cuenta el envejecimiento -faltaría, porque es un dato objetivo que el envejecimiento encarece el sistema sanitario-, pero ni una palabra de la dispersión. Yo le pregunto: ¿Es que la dispersión no encarece el sistema sanitario? Efectivamente, no hay que por qué poner un hospital en cada comarca, pero un ambulatorio es inevitable y en un país que tiene 30.000 núcleos de población, a ver cómo lo hacemos porque hay que construirlos. Ese es un gasto inevitable.


Por último, no se puede plantear este tema como que el Estado dio graciosa y unilateralmente -a pesar de que no tenía el deber- un dinero para sufragar la deuda de la sanidad, porque ahí hay un proceso histórico que obliga al Estado. En primer lugar, no se hicieron bien las transferencias. En segundo lugar, se puede hablar de responsabilidad si usted me deja a mí capacidad de ingresos suficiente. Entonces sí. ¿Usted no quería suficiencia y autonomía? Arréglese usted. Nosotros no tenemos que colaborar en esto porque ustedes solamente nos transfieren una cantidad, o para el ejército, o para las relaciones diplomáticas, o para las inversiones del conjunto de la economía productiva del Estado para equilibrar el Estado territorialmente. Ustedes así podrían argumentarlo, pero con el actual modelo eso no cuela. A un Gobierno autonómico raquítico, desde el punto de vista financiero, que tiene que andar endeudándose para mantener servicios públicos, ¿cómo le va usted a decir eso? ¿A un Gobierno de Galicia que gasta 55 millones en un fondo de contingencia para la sanidad? Esto solo lo hacemos los que entendemos la solidaridad al revés. Nuestra solidaridad es con España; los pobres son solidarios con España.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Por favor, termine.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Acabo diciendo solamente que a ver cuándo discutimos el nuevo sistema global y ahí tendremos ocasión de aclararnos todos sobre qué queremos para el futuro del Estado español.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Rodríguez Sánchez.


Continuamos con el turno de réplica del señor Sánchez i Llibre, respecto de la interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor vicepresidente, es cierto. Nosotros aprobamos el modelo de financiación sanitario de las comunidades autónomas conjuntamente. Usted ha reconocido que en nuestro lugar hubiera hecho lo mismo y que fue bueno juntar los dos sistemas. Nosotros siempre hemos dicho que este sistema que aprobamos con el Partido Popular en el año 2001 mejoraba sustancialmente el anterior sistema de financiación del año 1998 y que también mejoraba el sistema que nosotros negociamos con usted. ¿Usted se acuerda cuando negociábamos en La Moncloa en el año 1994 el sistema de financiación, en el cual llegamos al acuerdo de que ustedes nos cedían un 15 por ciento del IRPF, pero con un techo? ¿Usted se acuerda de eso? ¿Usted se acuerda de lo que nos decía? Es imposible ceder el IVA; es imposible ceder más de un 15 por ciento de IRPF; es imposible ceder los impuestos especiales; la Unión Europea no lo permitiría nunca. Al final, ¿ cuál es la situación? La situación es que del 15 por ciento que negociamos con ustedes -la verdad es que en aquel momento fue un paso cualitativamente importante- hemos pasado a encontrarnos todas las comunidades autónomas con una corresponsabilidad fiscal que oscila entre el 30 y el 50 por ciento del IRPF, del IVA y de los impuestos especiales.
Señor vicepresidente, el paso que hemos dado entre el año 1993 y el año 2001 es tan grande que todos hemos salido ganando, pero la verdad es que ha sido insuficiente en algunos aspectos, como en la sanidad. Por tanto, yo no me cansaré de reconocer que el año 2001 fue cualitativamente muy bueno, conseguimos más que con ustedes, ya que solamente nos cedieron el 15 por ciento del IRPF, pero siempre limitando los ingresos a un techo determinado.


Vamos ya a lo que nos interesa hoy. ¿Por qué no ponemos el contador a cero? ¿Es tan difícil poner el contador de la sanidad a cero para todas las comunidades autónomas, cuando lo han hecho para Renfe o lo han hecho también para Radiotelevisión Española? ¿Es que no tiene el mismo interés social resolver el problema de la sanidad de todos los españoles para que tengan un servicio mínimo aceptable? Puesto que hay casos en los que se ha puesto el contador a cero, ¿porqué no lo hacemos ahora con todas las comunidades autónomas, resolvemos de una vez por todas el déficit sanitario actual y a partir de aquí establecemos a través de un pacto de Estado entre todas las formaciones políticas un sistema de financiación como hicimos con el pacto de las pensiones? ¿Por qué no lo hacemos, señor vicepresidente? Esta es una solución que no me he cansado de repetir en las sesiones de la Comisión de Economía y usted lo sabe perfectamente.
Durante su primera comparecencia como vicepresidente segundo del Gobierno

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este fue el primer planteamiento que le hicimos y ya no estábamos en el Gobierno de Cataluña, lo cual también demuestra nuestra sensibilidad a la hora de poder resolver una situación que es igual de mala en Cataluña que en el resto de las comunidades autónomas.


Por otra parte, ya les he dicho que ustedes no han actuado seriamente y lo vuelvo a repetir. Señor vicepresidente, usted sabe que cuando le nombraron vicepresidente segundo del Gobierno en Convergéncia i Unió aplaudimos este nombramiento porque tenemos una buena experiencia y el recuerdo de un buen hacer, pero en el caso de la sanidad ustedes no han actuado correctamente. Usted no se ha cansado de repetir hasta hace 15 días que el Estado no aportaría ni un euro a la sanidad de las comunidades autónomas y que si estas querían más ingresos debían poner más impuestos. Usted lo ha dicho en la Comisión de Economía. (El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda hace gestos negativos.) Yo le digo que lo ha dicho, así como que las comunidades autónomas lo tendrían que resolver por corresponsabilidad fiscal. Empiezan ustedes con una aportación de 500 millones hace 15 días y, claro, las comunidades autónomas están ahogadas y todas precisan el dinero para poder pagar los servicios correspondientes. Al cabo de cuatro días pasan a 1.000 y la semana pasada pasan a 1.600. señor vicepresidente, estamos hablando de la sanidad de todos los ciudadanos españoles; seamos serios. Por tanto, esto es lo que reclamamos desde Convergéncia i Unió: pacto de Estado, contador a cero y que el sistema de financiación que aprobemos en los próximos años sea un sistema eficiente, así como que exista un equilibrio entre los ingresos y los gastos y también que todos estemos de acuerdo en cuanto a la racionalización del gasto sanitario.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Sánchez i Llibre.


Finalizamos con la réplica del señor vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda.


Adelante, señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor Rodríguez, yo soy enormemente sensible a los temas que usted plantea, lo que sucede es que aquí tenemos dos problemas: qué cantidad de recursos tenemos y cómo los distribuimos.


En cuanto a la distribución de recursos entiendo, con independencia de cuál es la cuantía, que usted ponga de relieve algunos elementos que son especialmente sensibles en Galicia. Usted me dice que de acuerdo con la cantidad es importante el envejecimiento, pues bien, en estos momentos el envejecimiento pondera al 35 por ciento -los mayores de 65 años- y, por tanto, en este sentido ya tiene un sesgo importante. Asimismo usted me habla de la dispersión, cuestión que no se recogió en el modelo del año 1999, por tanto, es difícil recogerlo ahora. En el nuevo modelo que vamos a discutir con calma y con tranquilidad este es un tema sobre el que se podrá debatir perfectamente, pero le adelanto que el concepto de dispersión es defendido aproximadamente por la mitad de las comunidades autónomas pero no por la otra mitad.


Por otra parte, hay otros conceptos que también se están introduciendo en este debate. Galicia ha introducido uno que en mi opinión tiene mucho interés, como es el de población asistida real, en el sentido de que la población asistida no es la misma en todos los sitios. Evidentemente, el concepto de población puro no tiene sentido y todos estos elementos habrá que tenerlos en cuenta.


Su señoría dice, y tiene razón, que para una comunidad con el crecimiento que tiene Galicia y con la evolución de la población de Galicia decir que se resuelva el problema con capacidad normativa no es suficiente, pero para eso ya existe en este momento el fondo de suficiencia. Cuando usted dice: solo financiamos con impuestos un tanto por ciento y el resto es transferencia, en el fondo se trata de una transferencia que otros contribuyentes aportan a Galicia. Y así es el sistema. El sistema es que hay un montante total de recursos que proceden de los impuestos que forman el ITE, que son el IRPF, el IVA y los impuestos especiales, junto con el impuesto sobre sociedades que es propio del Estado, y lo que hacemos es que en los recursos que el Estado recibe de los contribuyentes equis hay una parte que complementamos con el fondo de suficiencia, que es la cantidad que usted recibía en el año 1999 más el crecimiento de acuerdo con ciertos comportamientos.


A mí me parece que es una buena garantía y debe seguir. Ahí aplicábamos también la garantía en términos de PIB y si el gasto de alguna comunidad no crecía por encima del PIB, le hacíamos una aportación. También ha habido comunidades autónomas que han preferido hacer menos televisiones y más sanidad, o menos otras cosas y más sanidad. Son opciones, y yo creo que entran dentro de las opciones autonómicas. Hay casos, por ejemplo -y no estoy hablando de la comunidad gallega-, donde el porcentaje de participación de la sanidad en el gasto total ha bajado en términos de PIB de forma muy sustancial. Es una opción política perfectamente lícita.
Lo que sucede es que el Estado no puede compensar esa opción política con más recursos.


A partir de ahí, ¿podemos dar más capacidad de ingresos en el futuro? Toda la que ustedes quieran, pero por mucha capacidad de ingresos que les demos, las comunidades autónomas que en estos momentos tienen menores crecimientos de población y menor crecimiento económico deberán, en mi opinión, recibir compensación del resto; si no, al final será muy difícil garantizar que la sanidad tenga un razonable equilibrio entre todas las comunidades autónomas y entre todos los ciudadanos del país. Ese será uno de los grandes temas del futuro sistema de financiación. El problema del modelo normativo

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yo creo que es fundamental, y comentaré algún tema adicional al contestar al señor Sánchez i Llibre. Lo que sucede es que el margen que hemos utilizado en esta propuesta es el que nos da el sistema del 2001. ¿Por qué razón? Porque el sistema del 2001 -el señor Sánchez i Llibre lo ha dicho-, teniendo debilidades, también tiene elementos útiles. Yo creo que los elementos útiles no hay que despreciarlos, hay que aprovecharlos al máximo. Hay que corregir las deficiencias, pero yo creo que es importante partir de ese modelo para ir al nuevo modelo. Lo que sucede es que no es un modelo tan perfecto como pretendía y que, como hemos visto, no es permanente como pretendía, dado que al tercer año ha hecho agua.


Señor Sánchez i Llibre, dice que apoya el sistema, que mejora el anterior sin duda alguna. Su comparación de nuestro debate con el del 15 por ciento no es totalmente correcta, en el sentido de que en aquel momento no tenían ustedes transferencia ni en educación ni en sanidad. El problema de la capacidad normativa y de la transferencia de recursos va vinculado a su capacidad de gasto. Transferir los ingresos sin gastos no suele ser una buena política, por lo menos para un ministro de Hacienda.


¿Me parece bien la corresponsabilidad fiscal? Depende, en unos casos sí y en otros no, pero no llamemos corresponsabilidad fiscal a lo que no es.
No es corresponsabilidad fiscal llevarse una parte del IVA, eso es participación en los ingresos del Estado; sí es corresponsabilidad fiscal poder manejar el IRPF. Sin embargo, le doy un dato. Todas las comunidades autónomas tienen capacidad de aumentar el IRPF y también de bajarlo un cierto trecho. Nadie lo ha aumentado. ¿Usted sabe cuánto daría un punto de IRPF para financiar la sanidad? Entre 1.500 y 1.800 millones de euros al año. Claro, es más cómodo que el Estado suba sus impuesto y que me dé el dinero. Yo ya lo entiendo, pero sepamos exactamente de lo que estamos hablando.


Usted me plantea que busquemos una solución que sea un gran pacto que resuelva todos los problemas. Nosotros, en la conferencia de presidentes -lea usted sus resultados-, hemos pretendido dos cosas: primero, trabajemos en ingreso y, segundo, trabajemos en gasto. En ingreso, busquemos una fórmula de solución temporal, que es la que hemos propuesto, y empecemos a ver en un grupo de trabajo, que era el antiguo grupo de trabajo de población, cuál es el sistema de financiación que puede funcionar en el futuro, ya no sólo limitado a población. Hay otro tipo de problemas que se están planteando, como educación, y otro tipo de dificultades. Por tanto, veamos el tema en un concepto más amplio. Al mismo tiempo, hemos dicho que hay que poner en marcha un grupo de gasto también. El grupo ya existe y hay unas directrices muy concretas porque yo creo que la existencia de diferentes sanidades en el país, que es enormemente útil en términos de gestión porque aproxima la prestación de servicios al ciudadano, en la medida en que se aplique de forma muy diversificada introduce ineficiencias en el sistema, competencias entre unos y otros y al final en muchos casos mucho más gasto no justificado.
Ahí también se puede trabajar y se pueden tener mejores resultados. Ese es nuestro objetivo, esa ha sido nuestra propuesta y seguiremos trabajando con la misma disposición de siempre con todos los que quieran buscar una solución racional para el problema de la sanidad y de la financiación autonómica.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor vicepresidente, muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA SITUACIÓN CREADA EN LA GUARDIA CIVIL Y EN EL PROPIO MINISTERIO DEL INTERIOR TRAS LA DESAUTORIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE SU DIRECTOR, REALIZADA POR EL GOBIERNO Y EL PARTIDO SOCIALISTA (Número de expediente 172/000116)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con la última de las interpelaciones urgentes de hoy, la del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación creada en la Guardia Civil y en el Ministerio del Interior tras la desautorización de la gestión de su director, realizada por el Gobierno y por el Partido Socialista.


Para formular esta interpelación, tiene la palabra la señora Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario Popular.


La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, señor ministro, ha llegado el momento en que desde el Partido Popular se plantee en esta Cámara muy seriamente la situación que, tanto su Gobierno como el Partido Socialista, están creando en el seno de la Guardia Civil. Señor ministro, estoy segura de que convendrá con nosotros que el cuerpo de la Guardia Civil ha sido, es y seguirá siendo servidor fiel y leal cuyo objetivo fundamental es garantizar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos españoles, gozando hasta el momento de un prestigio y de un reconocimiento que los españoles manifiestan siempre que se les pregunta por las instituciones más valoradas en nuestro país. Ha sido así hasta ahora, señor ministro, hasta que un Gobierno Socialista ha venido a deteriorar, a perjudicar la imagen, el crédito y el reconocimiento del cuerpo de la Guardia Civil.


Vamos a ir, señor ministro, directos a la cuestión que nos ocupa. Nos gustaría, se lo decimos sinceramente desde el Grupo Parlamentario Popular, que nos contestara la verdad sobre la situación de la Guardia Civil y por eso le planteamos la siguiente pregunta: ¿En qué situación se encuentra actualmente el director de la Guardia Civil? Se lo estamos preguntando al ministro del Interior de España, del cual depende y que nos

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debería explicar si el señor Gómez Arruche sigue en activo, señor ministro, o simplemente destituido pero en funciones; lo digo porque se le ve poco, se le escucha alguna que otra vez, pero se le ve poco. Por otro lado, debería explicar si continúa con su nombramiento nominal pero, como está totalmente inactivo hasta el momento, a lo mejor ustedes lo tienen en situación de interinidad.


Señor ministro, esto no lo dice solo el Grupo Popular, lo dicen también otras formaciones políticas. Lo dijeron en el debate del día 11 formaciones políticas como Izquierda Unida, lo dijeron también y cuestionaron su actuación grupos parlamentarios como Esquerra Republicana y Convergència i Unió. Además, han cuestionado la actuación del señor Gómez Arruche todos y cada uno de los medios de comunicación. Usted lo sabe, señor ministro, y ustedes, señorías, lo saben muy bien. Lo que a usted debería preocuparle especialmente es que al señor Arruche le siguen cuestionando las asociaciones que representan y aglutinan los intereses del cuerpo de la Guardia Civil. Todos coincidimos, señor ministro, en que el señor Arruche no ha estado ni está en estos momentos a la altura de las circunstancias, que el cargo le vino grande desde el primer momento; después, durante todos los meses de ejercicio de su actividad, no ha hecho más que demostrar su incompetencia manifiesta al frente de la Guardia Civil. Los propios guardias consideran que el señor Arruche les hace perder prestigio día a día, que mientras él se mantenga se perjudica seriamente la actuación y el servicio de los miembros de la Guardia Civil. Basta recordar a SS.SS. que la asociación que representa más de 26.000 miembros de la Benemérita les pide continuamente a usted y a su secretario de Estado de Seguridad que cesen a la persona que está al frente de la Guardia Civil y les recuerda que el señor Arruche es un error permanente del cual usted, señor ministro, ya está siendo responsable; no sólo lo hace la Asociación Unificada, sino también la Asociación Independiente de la Guardia Civil y la Unión Profesional, todas las cuales mayoritariamente piensan igual que este grupo parlamentario, y usted lo sabe muy bien, señor ministro.


Hasta aquí no había participado el Partido Socialista Obrero Español, y ha tenido que ser el número dos de su partido, el señor Blanco, al que parece -permítanme que se lo diga- que el verano le ha sentado estupendamente, quien ha hecho unas afirmaciones que por primera vez consideramos ciertamente sensatas. Una de ellas -y no es el tema que nos ocupa- se ha referido al señor Maragall, a quien pidió el señor Blanco que escuchara a los ciudadanos en Cataluña y que reflexionara sobre este estatuto. La verdad es que el Partido Popular está absolutamente de acuerdo, ojalá reflexionara el señor Maragall y ojalá ese estatuto no siguiera adelante. Sobre la cuestión que nos ocupa, señor ministro, el señor Blanco dijo que le parecían insuficientes las explicaciones y justificaciones del señor Arruche después de lo ocurrido este verano en Roquetas. Dijo más, señor ministro, porque ya que habló lo dijo todo, dijo que no había estado a la altura de las circunstancias. La verdad es que no es la primera vez que el señor Blanco habla de lo que se refiere a su Ministerio, esta ya es la tercera ocasión en la que usted tiene que salir a contradecir al número dos del Partido Socialista Obrero Español.
Primero -se lo recordábamos ayer, señor ministro-, parecía que el señor Blanco tenía una información privilegiada respecto a unas presuntas detenciones ilegales que se practicaron a dos afiliados del Partido Popular y que aún están pendientes de valoración y de calificación judicial, porque parece que sabía lo que iba a ocurrir un día antes de lo ocurrido, incluso antes de que lo supiera el propio instructor. Además, el señor Blanco también habló de que la Guardia Civil debía perder su carácter militar, cuestión de la que también habló, por cierto, el señor Caldera y que rápidamente usted tuvo que desmentir al volver de un viaje internacional, y tuvo que decir que lo que decía el señor Blanco no era cierto. Y ahora se le une lo de Roquetas.


¿Qué les pasa a ustedes? ¿No se aclaran el Gobierno y el Partido Socialista Obrero Español? ¿Qué les pasa, que dicen cosas en los programas electorales y después, cuando llegan al Gobierno, no las pueden cumplir? Los que acuñaron la frase de que los programas electorales están para no cumplirlos fueron ustedes, y lo están demostrando desde el primer día. ¿O no se acuerda el señor ministro, por lo que se refiere a Interior, de aquello del ministerio de la seguridad, que ya cayó en el olvido, o de aquello del mando único personal, que también cayó en el olvido, o de lo de la unificación de las policías? Incluso el pobre señor don Víctor García Hidalgo estaba esperando ostentar un cargo que después se quedó solo en la mitad. La verdad es que son continuos y rotundos los incumplimientos de su programa electoral, pero ahora hay mucho más, son las contradicciones que tiene este Gobierno con el Partido Socialista Obrero Español, el que da apoyo a su propio Gobierno.


En Cataluña, el señor Maragall, que siempre se ha caracterizado por una gran imaginación, creó en la legislatura anterior lo que se llamaba gobierno en la sombra, creó la figura de los consejeros en la sombra.
Pues tenga usted cuidado, señor ministro, porque parece que el señor Blanco está haciendo méritos para ser ministro en la sombra, pero la verdad es que yo no sé si lo quiere hacer en la sombra o en su contra, averígüelo usted porque lo está empezando a tener un poco difícil.


Además la señora vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, también eludió dar su apoyo expreso al director general de la Guardia Civil durante una rueda de prensa en Brasilia, cuando le preguntaron por las peticiones reiteradas de los guardias civiles para que el señor Gómez Arruche dimitiera. Parece que usted dice que no con la cabeza, pero yo le leo textualmente lo que aparentemente dijo la vicepresidenta primera del Gobierno: En estos momentos no hay decisión ninguna tomada por el Gobierno con relación a ese asunto. ¿La han tomado ya, señor ministro? ¿Lo ha hecho la vicepresidenta

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primera del Gobierno? ¿Le han preguntado a usted? ¿La ha tomado usted? ¿Han destituido ustedes ya al señor Arruche, pero lo van a dejar a la espera unos meses para que la presión política, sindical y mediática no sea la de ahora? ¿O le van a dejar ir por la puerta de atrás dentro de unos meses?

Señor ministro, díganos la verdad, no me vuelva a repetir la frase tan manida de que todo lo que hizo el señor Arruche lo hizo bien y que el ministro del Interior mantiene toda su confianza en el director general.
Me gustaría recordar al señor ministro que parece ser que a ese director general no lo escogió usted -y, si no, explíquelo a esta Cámara-, parece ser que se lo impusieron, y además se lo debe usted a algún compañero que le ha metido en algún que otro problema, especialmente -recordemos- en el caso de las detenciones ilegales o en el de Roquetas. Por cierto, señor ministro, su compañero de Gobierno siempre le deja a usted solo. Ni usted ni su secretario de Estado han mantenido la confianza en el señor Arruche; no olvide usted momentos tan significativos como cuando ustedes suspendieron la concentración masiva frente a la Basílica del Pilar, lo hizo su secretario de Estado, sin mantener siquiera reuniones con el señor Arruche. Es más, señor ministro, no se esfuerce en decirnos aquí lo contrario porque consta en el "Diario de Sesiones" de esta Cámara, dicho por el propio señor Arruche, que le comunicaron un día después el acuerdo al que había llegado el PSOE y la Asociación Unificada de la Guardia Civil, a él le informaron tarde, al día siguiente; debe ser que, como el director general de la Guardia Civil no dirige, tenía que enterarse el último y además, mal.


Señor ministro, su director general no le informa de lo que ocurrió en Roquetas; menos mal que tenía usted al delegado del Gobierno a mano, por cierto, uno de los nombres que suenan para suceder al director general de la Guardia Civil. Por si fuera poco, el señor Arruche tampoco cumple lo que usted le pide el día 25. Usted le pidió medidas cautelares, le pidió que lo comunicara al juez y le pidió que investigara, y usted sabe que el señor Arruche no lo hizo. A todo esto, ¿dónde está el ministro del Interior? Más incompetencia de un director general es verdaderamente difícil de encontrar. No sabemos si usted ha entrado en un periodo de autismo político, no se entera, no quiere enterarse o sencillamente no toma decisiones o no le dejan tomar decisiones.


Señor ministro, le quiero hablar de dos cuestiones que nos parecen de especial importancia y que ocurrieron este verano. Señor ministro, con respecto a lo sucedido en Roquetas el 24 de julio, usted lo gestionó mal desde el primer día, usted no reaccionó hasta el 4 de agosto -y se lo digo con total claridad porque es la verdad de lo acontecido-, hasta entonces usted estuvo prácticamente desaparecido excepto para echarle la culpa a la Guardia Civil de que existía resistencia a la investigación.
Usted, señor ministro, el día 11 de agosto vino a explicarlo aquí con la apariencia de multitud de datos; debo reconocer que le sirvieron para dispersar con tanta información lo que realmente usted había hecho. Como decían los clásicos, la serenidad es compañera de la inteligencia y, cuando se analiza lo que ocurrió, uno se da cuenta de lo siguiente. Muy brevemente, señor ministro. La Guardia Civil realiza los mismos días 24 y 25 un atestado, como corresponde, para proceder al análisis descriptivo de lo que ocurrió en el cuartel de Roquetas. El día 26 -y consta en el "Diario de Sesiones", señor ministro- consulta al GATI, puede visionar lo que ocurrió en el cuartel de Roquetas y -traslado sus propias palabras, señor ministro- habla de la crudeza de lo allí visionado. Lo que ustedes hacen en ese momento, porque el atestado descriptivo ya se había realizado, es abrir un expediente gubernativo, el número 103/2005, en el que simplemente -escúchenme bien, señorías- se actúa contra el teniente del cuartel de Roquetas no por actos delictivos, sino por dos aspectos, por ocultación de información y por tenencia de armas no reglamentarias.
Ustedes no investigan qué es lo que ocurrió allí, ustedes no investigan si se produjeron tratos inhumanos o vejatorios a esa persona a partir de ese momento, ustedes habían visionado el vídeo y no hacen nada hasta el día 4, lo sabe usted muy bien. No se actúa con respecto al resto de efectivos que participan en el suceso, no se toma ninguna medida más. Es más, el teniente no está siendo investigado por ese trato vejatorio, sino solo por ocultar esa información y por la utilización de esas armas.
Parece que, como se les despistan cosas en el ministerio del Interior, en la Guardia Civil, después sacan concursos para la utilización de 3.000 armas más para guardias civiles de tráfico.


Mientras transcurren esos días, que van desde el día 25 julio hasta el día 3 o 4 de agosto, la alarma social se incrementa, pero usted da instrucciones al director general de la Guardia Civil de que tome medidas cautelares, de que se ponga en contacto con el juez y de que investigue, evidentemente cuando consigue usted hablar con el director general de la Guardia Civil. Sin embargo, debemos recordar, y se lo sigo recordando, que la Guardia Civil había visto el vídeo, sabía lo que allí había ocurrido, y no hace nada, repito, señorías, hasta diez días después, hasta el 4 de agosto. Esta es la verdad, la pura verdad de lo ocurrido.
Usted, señor ministro, después de leernos textualmente los atestados y una gran cantidad de documentos, nos dice que con el resultado de la autopsia se amplía el expediente gubernativo, el número 103/2005 y se toman las medidas cautelares, porque -leo textualmente sus palabras- deben depurarse las posibles responsabilidades disciplinarias como consecuencia de un posible exceso en los medios y en la respuesta empleada para reducir la resistencia, que pudiera constituir falta muy grave de abuso de atribuciones, de práctica de tratos inhumanos degradantes, discriminatorios o vejatorios a las personas que se encuentran bajo su custodia.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe ir terminando, señora Sánchez-Camacho.


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La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.


¿Se da cuenta, señor ministro, de que por muchos datos que nos diera usted no actuó por posibles tratos inhumanos y vejatorios hasta el día 4 de agosto y tiene, además, el cinismo de decir a estos diputados que lo hace ese día y que toma esas decisiones por el resultado de la autopsia? Además, nos dice el señor ministro que, si no, se le habría recriminado por los señores diputados que allí estábamos que hubiera tomado medidas cautelares antes de saber el resultado de la autopsia. ¿Nos está queriendo decir el ministro del Interior del Gobierno de España que, si se producen actuaciones de tratos inhumanos contra personas en cuarteles o comisarías, ustedes no lo averiguan ni toman medidas hasta que se produce un fallecimiento? La Guardia Civil vio el vídeo el día 26, vio lo que ocurrió, vio -vuelvo a repetir según sus palabras- la crudeza de lo ocurrido y ustedes no investigaron esos tratos inhumanos desde ese mismo momento. Usted ha sido un absoluto incompetente y reaccionó frente a la alarma social y a la alarma mediática, y además vino aquí, a esta Cámara, a vendernos que usted había tomado medidas desde el primer momento y ahora vemos que no fue así. Usted no investigó por posibles tratos inhumanos, usted simplemente investigó por las dos cuestiones que le hemos dicho. Es absolutamente lamentable, señor ministro, que además de que no lo hiciera pretendiera explicar aquí lo contrario.


Voy acabando, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Por favor.


La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: El segundo gran error que usted ha cometido ha sido permitir que un hecho grave, lamentable y perseguible, pero aislado y excepcional, que nosotros exigimos que fuera investigado y que se produjeran las responsabilidades administrativas y judiciales por la comisión de lo realizado, ha estado perjudicando durante todo este tiempo a miles de hombres y mujeres, a familias del cuerpo de la Guardia Civil. No merece, señor ministro, representar ni dirigir unas fuerzas policiales que día a día se sacrifican para garantizar nuestra convivencia y cuando tienen problemas son abandonadas por su máximo responsable. Además, después de que el día 26 el teniente de Roquetas fuera apartado de su servicio, las únicas declaraciones que usted hace son para decir que la Guardia Civil se está resistiendo a la investigación. Es cierto, ese teniente se resistió, pero el día 26 usted ya lo había apartado.


Señor ministro, usted puede pasar como el ministro de las detenciones ilegales, el ministro que abandona la Guardia Civil, el ministro que ni tan siquiera sabe mandar a las personas que tiene a su cargo. Como ayer decía un ilustre diputado de esta Cámara, el Partido Popular de Mariano Rajoy mira al futuro y precisamente porque mira al futuro debe examinar lo que está pasando; sinceramente le decimos que porque miramos al futuro no deseamos en ese futuro a un director general de la Guardia Civil ni a un ministro que actúen como ustedes.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Sánchez-Camacho.


Para contestar a la interpelación, tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señora presidenta.


Señora Sánchez-Camacho, la he escuchado con atención y no puedo por menos que señalar que su interpelación se basa, para no variar, en algunos claros e interesados errores de apreciación que me obligan a repetir algunas cuestiones sobre las que ya me han interpelado ustedes, por la mañana, en el Senado. De todos modos, lo hago gustosamente.


Digo que para no variar porque, como acostumbra, la realidad y la reconstrucción personal que usted hace no tienen nada que ver. Yo comprendo que la intervención que hicieron ustedes en la comparecencia del mes de agosto a propósito de los desgraciados sucesos de Roquetas no fue muy afortunada y supongo que respiran por esa herida, pero la verdad es yo conté lo que había y conté cómo un Gobierno legítimo, que gobierna, actuó en todo momento como debía. En definitiva, voy a tratar de esquematizar su intervención diciéndole lo siguiente.


Afirma usted, más o menos, que la labor de director general de la Guardia Civil ha sido desautorizada por el Gobierno a raíz de lo sucedido en torno a los hechos de Roquetas. En mi comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso, el 11 de agosto pasado, tuve la oportunidad de dar una explicación detallada a la Cámara y realizar la oportuna valoración política de lo sucedido y de la actuación del director general de la Guardia Civil. Ratifico punto por punto todo lo que dije en la citada comparecencia, pero quiero aquí repetir, destacar, enfatizar algunas cosas relativas a lo que usted ha dicho.


En primer lugar, tengo que decirle, aunque usted parece olvidarlo porque se les llena la boca a la hora de hablar de la Guardia Civil, que funcionaron los mecanismos de disciplina interna de la escala de mando de la Guardia Civil; la Comandancia de Almería, y con ella toda la estructura de mando, actuaron con una diligencia y profesionalidad en este asunto que está fuera de toda duda, como ya dije en la referida comparecencia del día 11 del mes de agosto pasado en la Comisión de Interior. Piense usted que a las seis de la tarde del día 24 de julio llegaban a la comandancia las primeras noticias sobre lo sucedido -en las condiciones que ya les expliqué en la referida comparecencia- y fueron comunicadas telefónicamente por el puesto de Roquetas en esas condiciones, y piense usted que una hora más tarde ya se habían personado en el puesto de Roquetas la unidad orgánica de la Policía Judicial para practicar las

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diligencias del atestado y el comandante-jefe de operaciones para abrir y desarrollar la correspondiente investigación interna.


En segundo lugar, tengo que decirle muy claramente que el director de la Guardia Civil fue la autoridad que acordó -repito, la estructura interna de la Guardia Civil, la escala de mando, actuó en respuesta a hechos que eran de una gravedad indudable como tenía que hacerlo- el día 26 de julio, el mismo día en que se completó la información reservada y se le dio parte de los hechos, la incoación del expediente disciplinario al teniente y su cese en funciones por tres meses, con lo que entonces sabía el director general de la Guardia Civil. El día 4, el mismo director de la Guardia Civil, después de la autopsia y de concretar las motivaciones que también les expliqué en esa comparecencia, acordó la ampliación del expediente para la determinación de las posibles responsabilidades en las que pudieran hacer incurrido el teniente, ampliación objetiva del expediente, y subjetiva, con relación a los otros siete guardias civiles y el guardia alumno que habían intervenido indiciariamente en los hechos.
Esto lo llevó a cabo con inmediatez, una vez que tuvo conocimiento tanto de la citación por el juzgado de Roquetas de estas personas en calidad de imputados, como de la autopsia preliminar practicada. En su resolución del día 4 de agosto acordó también la depuración de responsabilidades con relación a la falta prevista en el artículo 9, apartado 2, de la ley disciplinaria, y el cese del resto de los guardias civiles por un plazo de tres meses. Por su parte, el ministro de Defensa, en el uso de sus competencias, acordó el cese o la suspensión cautelar por otros seis meses.


Por tal motivo, en mi intervención ante la Comisión de Interior el día 11 de agosto dije públicamente, señora diputada, que con independencia de sus declaraciones iniciales -a las que ahora me referiré-, el director general de la Guardia Civil hizo uso de sus competencias en el asunto cuando tenía que hacerlo y actuó con firmeza y con el fundamento que le proporcionaban los informes que le iban siendo remitidos y los que le pasaron sus asesores jurídicos, los asesores internos del cuerpo de la Guardia Civil. También dije, señora diputada, que el director general de la Guardia Civil goza de la confianza del Gobierno -no la había perdido-, lo cual ha sido reiterado -se ha hecho eco de ello todo el mundo en este país- tanto por el ministro de Defensa como por el ministro del Interior, que ahora le está hablando.


Señora diputada, el Gobierno no ha desautorizado en ningún momento la labor del director general de la Guardia Civil. Si bien es cierto que sus declaraciones iniciales -a las que antes me he referido- no fueron acertadas, y por ello no gustaron al Gobierno, como claramente le dije entonces, ni tampoco al secretario de organización del Partido Socialista, también lo es que en un ámbito político e institucional como es el ámbito en que nos movemos en un sistema democrático, una cuestión es la esfera de los partidos políticos -lamento tener que explicarle esta obviedad- y otra el ámbito de las decisiones del Ejecutivo, porque en este país quien gobierna es el Gobierno y, por cierto, con el apoyo inquebrantable del Partido Socialista Obrero Español y de otras fuerzas políticas que, por el momento, nos han dado su confianza también en esta cuestión. Por tanto, señora diputada, el Gobierno no ha encontrado en las decisiones adoptadas por el director general de la Guardia Civil ningún motivo que le haya hecho perder la confianza en su gestión. Así pues, no es cierto, y se lo afirmo con toda rotundidad, que el Gobierno haya desautorizado en momento alguno al señor Arruche, a la sazón director general de la Guardia Civil.


El segundo de los errores de apreciación que usted comete en su interpelación, señoría, es considerar que todo este asunto haya podido repercutir en el funcionamiento de la Guardia Civil y/o del Ministerio del Interior, que la dirige funcionalmente. Todo lo contrario, la Guardia Civil hizo lo que tenía que hacer, su director general hizo lo que tenía que hacer, el Gobierno actuó dando las explicaciones políticas con toda inmediatez, y no cuatro o cinco meses después, como hacían ustedes cuando estaban en el Gobierno, sino dos semanas después de ocurridos los hechos y una semana después de tomadas las decisiones. Precisamente esa actuación de una calidad y de una inmediatez indudables es lo que nos permite decir que la Guardia Civil ha salido relegitimada y fortalecida de este episodio, no tengan ustedes ninguna duda. La estructura de la Guardia Civil, su cadena de mando y las autoridades políticas del ministerio han actuado con firmeza, con coherencia de criterio, con respeto a la legalidad vigente y a los procedimientos del Estado democrático y de derecho y, lo que es más importante, con respeto y al amparo de los derechos fundamentales de la persona, porque reitero aquí el compromiso de tolerancia cero frente a cualquier comportamiento de cualquier funcionario público que ponga en cuestión los derechos humanos de los ciudadanos de este país.


Los miembros de la Guardia Civil, como también les dije reiteradamente en la comparecencia, desempeñan sus funciones con rigor y profesionalidad y con un riguroso respeto a las leyes y a los derechos de los detenidos.
Son escasísimos -les hablé de un track que había pedido y que por tanto podía demostrar con números- los casos de desviación ilegítima en su actuación policial y, como hemos visto en la gestión de los hechos ocurridos en el puesto de Roquetas, cuando ocurre alguna desviación, tanto la propia institución como sus responsables políticos, el director general de la Guardia Civil, disponen de los mecanismos que el Estado les proporciona para responder adecuada y proporcionadamente a esas escasísimas excepciones.


Señoría, usted también en su interpelación dice que el Ministerio del Interior no ha defendido con rotundidad la labor del cuerpo en la salvaguardia de los derechos y libertades de los españoles. Y aquí vuelve a equivocarse rotunda e intencionadamente. El Gobierno, señoría, ha

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sido y es plenamente consciente del papel que desempeña esta institución en nuestra sociedad, forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con mayúsculas, y en la misión que la propia Constitución le atribuye de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana la Guardia Civil se comporta como nadie, no solo en España sino también en las amplias relaciones que tiene con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la comunidad democrática internacional. Por eso estamos trabajando -trabajando, no haciendo palabras ni políticas de corto alcance, no tratando de conseguir ventajismos políticos que no llevan a nada-, trabajando estructuralmente por mejorar y potenciar el papel de la Guardia Civil.


En mi comparecencia del 11 de agosto volví a reiterar expresamente, y se lo digo de nuevo, que la Guardia Civil es una institución que cumple con la sociedad democrática a plena satisfacción y que goza de la satisfacción de los ciudadanos, entre otras cosas porque se comporta, cuando tiene que hacerlo, de un modo absolutamente ejemplar; es una institución del Estado que merece, señoría, que con ella se realice una política de Estado, como la que está realizando el Gobierno, potenciando su participación en todos los ámbitos de actuación relativos a la seguridad ciudadana, incrementando sus efectivos y aumentando su partida presupuestaria con objeto de poder mejorar los medios puestos a su disposición.


Señora diputada, ustedes están tratando de sacar petróleo político de un sitio donde no hay petróleo político. El Gobierno gobierna, las relaciones del Gobierno y el Partido Socialista y las mías personales con el secretario de Organización son excelentes y la Guardia Civil mejora, a partir de una situación ciertamente lamentable en la que ustedes les dejaron cuando gobernaban este país. Además, ustedes están en la estela de posiciones absolutamente destructivas. Yo le invito a usted, invito al Partido Popular e invito en general a los grupos de la Cámara, porque sé que en esto tengo el respaldo indudable del Grupo Socialista, a que pasen de esas posiciones de destrucción a posiciones constructivas y ayuden en esas políticas de Estado, que van a conducir a la legitimación y a la prestación por parte de la Guardia Civil cada vez más y mejor de un servicio público cada vez más eficaz de cara a los ciudadanos. Cargan contra lo que dicen defender y esa no es buena política. La Guardia Civil tiene que quedar al margen de polémicas políticas de corto alcance, que son las que buscan ustedes. E insisto en que no hay petróleo, por más que se empeñen, señoría. El problema que tienen además es que esa manera de hacer política acaba notándose y los ciudadanos acaban pasando factura.
Ustedes verán, pero yo les rogaría que no jugaran con la Guardia Civil.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor ministro.


Pasamos al turno de réplica y es el turno de nuevo de la señora Sánchez-Camacho.


La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Señor ministro, ha hecho una intervención ciertamente desafortunada, pero a la vez interesante, y le vamos a decir en qué aspectos. Dice, para empezar, que de todo lo ocurrido en Roquetas la Guardia Civil ha salido fortalecida, dice que se ha dejado a salvaguardia el cuerpo de la Guardia Civil y dice usted que, además, la Guardia Civil ahora está mucho más fortalecida que cuando estábamos nosotros. Pues hoy parece que el señor Arruche no dice lo mismo. Dice que la Guardia Civil está sufriendo una campaña de desprestigio absoluta que la debilita. Eso dice el señor Arruche hoy. Usted, señor ministro, o no se entera o no escucha a su director general el mismo día en el que comparece aquí. Eso para empezar.


Segunda cuestión, dice usted que tienen una Guardia Civil mucho mejor que la que nosotros les habíamos dejado. Señor ministro, hay aspectos extremadamente serios sobre los que este partido ha ejercido una responsabilidad encomiable, que ustedes podrían empezar a copiar, y no hace falta que le recuerde el estado de desmoralización en que se encontraba el cuerpo de la Guardia Civil cuando el Partido Socialista Obrero Español dejó de gobernar en este país. (Aplausos.) ¿Qué quiere que le diga, que el señor Arruche es mejor que el señor Roldán? Pues casi sí, pero no nos quedamos ni con el señor Arruche ni con el señor Roldán.


Además, señor ministro, debe ser que tantos años de ejercicio de la judicatura le hacen a usted o no escuchar correctamente lo que se le dice o volver a repetir lo que usted ya ha dicho en otros momentos. Me vuelve usted a leer lo que hizo la Comandancia de Almería el día 24, a partir de los incidentes, el día 25, el día 26 y las actuaciones que el director general de la Guardia Civil tomó el día 27. Yo se las he dicho, se las he dicho textualmente. Incoaron e iniciaron un atestado desde ese momento e iniciaron una investigación interna, que solo usted aporta en la sesión, y en el "Diario de sesiones" de esta Cámara figura, como datos descriptivos de lo que allí ocurre. Y en función de eso, y cuando el funcionario de la Guardia Civil del GATI visiona el vídeo el día 27, el director general de la Guardia Civil abre un expediente gubernativo, el 103/2005, que le repito, señor ministro, podría leerse usted para qué es, pero no es para investigar todo lo ocurrido o para investigar si ha habido trato inhumano y vejatorio. Es simplemente porque ocultó información y porque además estaba utilizando armas no reglamentarias.
Esas son sus propias palabras, señor ministro. Aquí no se hace ninguna utilización, está en el "Diario de Sesiones", usted lo dice. Y si no, díganos al Grupo Parlamentario Popular en qué página consta que ustedes el día 27 iniciaron actuaciones contra el teniente de Roquetas e investigaron por trato inhumano y vejatorio. Díganoslo, porque yo estaré encantada de escuchar ese apunte textual y esa página. No lo va a encontrar, señor ministro.


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Le repito que el día 4 de agosto es cuando ustedes amplían ese expediente gubernativo y lo hacen por trato inhumano y vejatorio. Lo hacen el día 4, señor ministro; muy tarde. Y usted -le vuelvo a repetir textualmente- tiene el cinismo de decir que lo hace cuando tiene el resultado de la autopsia. Le vuelvo a repetir, ¿usted garantiza que si en este país, en las comisarías y en los cuarteles de la Guardia Civil, se están produciendo tratos inhumanos y vejatorios, ustedes investiguen? ¿O este Gobierno del Partido Socialista tiene que esperar a que se produzca un fallecimiento y una autopsia para que sepamos los españoles lo que ocurre y la garantía de nuestros derechos en los cuarteles de la Guardia Civil y de la Policía? Por favor, tenga usted más seriedad, señor ministro.
(Aplausos.) No haga esas expresiones, porque sabe muy bien lo que usted dijo. Lo dijo en la réplica y lo dijo, además, por si los diputados se lo recriminábamos, señor ministro.


La verdad es que tuvo usted cierta habilidad; el señor López Garrido estaba allí y también tuvo una brillante intervención y una gran habilidad. Usted, con tal profusión de datos, ni a la prensa ni a otros grupos parlamentarios les permitió analizar minuciosamente qué es lo que el Partido Socialista estaba haciendo. Y el Gobierno y el ministro del Interior no investigaron desde el 26 de julio hasta el 4 de agosto lo que ocurrió en el cuartel de Roquetas. Ustedes no investigaron a ninguno de los otros guardias civiles, ni supieron ni les preguntaron qué trato se había realizado a la persona que después falleció en ese cuartel.


Señor ministro, sorprende que sea usted quien nos diga que estemos al margen de polémicas cuando su propio partido, cuando el señor Blanco, está diciendo continuamente cosas como las que le hemos dicho. Se las vuelvo a recordar. Que va a perder el carácter militar, que las declaraciones del señor Gómez Arruche han sido insuficientes. ¿Qué más quiere que diga el señor Blanco? ¿Qué más quiere? Si eso son relaciones excelentes, le damos un consejo: a ver si se ponen a trabajar y las mejoran, porque desde luego con esas relaciones este Gobierno no va a cumplir el programa del Partido Socialista Obrero Español y ustedes van a mantener una permanente y continua contradicción, de la que realmente los más afectados somos todos los ciudadanos españoles.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Vaya acabando, por favor.


La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Señor ministro, su respuesta ha sido lamentable, porque lo que ha leído era lo que ya se le había dicho y usted parece que leyendo quita mérito a lo que se ha dicho. Lo que yo digo es lo que consta en el "Diario de Sesiones" y, si no, le emplazo a que me diga usted si el día 27 de julio el señor director general de la Guardia Civil toma esas medidas por tratos inhumanos y vejatorios. Se lo pido expresamente y entonces le podré decir que el Gobierno socialista y usted actuaron correctamente. Ahora, este Grupo Parlamentario Popular les dice que no lo hicieron y que además mintieron a esta Cámara.


Muchas gracias, señores diputados. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Sánchez-Camacho.


Finalizamos, señorías, con la réplica del señor ministro del Interior a esta interpelación.


Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias de nuevo, señora presidenta.


Señora diputada, como por fortuna las cosas que decimos todos ahí quedan y el juicio político de los ciudadanos también queda ahí, solo puedo decirle que reitero punto por punto todo lo que dije en la comparecencia que se celebró el 11 de agosto en relación con todos los puntos de la investigación. Allí expliqué la absoluta racionalidad de las decisiones tomadas por el director general de la Guardia Civil, que era quien tenía que tomarlas, y por lo tanto, dada esa racionalidad, el mantenimiento de la confianza por parte del Gobierno, del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior y del Gobierno en su conjunto.


Insisto también, señoría, en que la Guardia Civil no merece que ningún partido que esté en la oposición pretenda extraer rédito político en un asunto como el de Roquetas, a base de cuestionar a través de no se sabe qué conjeturas, porque usted no las deja nada claras, la labor general de la Guardia Civil. Sí que ha dicho una cosa que me ha extrañado; parecía deducirse de sus palabras, cuando ha empezado el turno de réplica, algún tipo de sospecha general por parte de los ciudadanos hacia la labor de la Guardia Civil en los cuarteles. Estoy absolutamente convencido -lo puedo demostrar- de que la Guardia Civil se comporta, como regla absolutamente general y con escasísimas exenciones que son corregidas, con absoluta solvencia desde el punto de vista de la Constitución, de las leyes y de los derechos y libertades de los ciudadanos.


Sí tengo que decirles una cosa. A ustedes se les llena la boca hablando de la Guardia Civil. Nosotros preferimos -los miembros de la Guardia Civil lo saben- trabajar con hechos, no con palabras, y cumplir, no andar extendiendo cortinas de humo. Le digo lo que le dije anteriormente, mire lo que ha hecho este Gobierno que no han hecho ustedes cuando gestionaban la Guardia Civil. Hemos incrementado hasta triplicarlos los créditos de acción social y estamos incrementando el número de guardias civiles, porque cuando ustedes accedieron al Gobierno en el año 1996 recibieron una ratio de efectivos de la Guardia Civil de 42 por cada 10.000 habitantes y, cuando lo dejaron, mucho hablan de la Guardia Civil, pero había en este país 32 guardias civiles por cada 10.000 habitantes.
Nosotros hemos hecho una oferta de empleo público este año para corregir esa lamentable situación de más de 4.000 miembros. Y

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vamos a seguir a razón de 3.500 miembros de oferta de empleo público hasta tratar de cubrir las carencias en materia de personal que ustedes dejaron. Porque mucha Guardia Civil, pero ustedes han descapitalizado la Guardia Civil y ahora nos toca a nosotros recapitalizarla.
(Aplausos.-Rumores.)

En cuanto a las retribuciones -esto también son hechos-, saben que yo tengo la voluntad política -así lo manifesté y así lo estoy cumpliendo- de que el salario de los miembros de la Guardia Civil suba en la misma proporción que va a subir el salario de la otra fuerza o cuerpo de Seguridad del Estado, el de la Policía. El presupuesto dedicado a la subida salarial ha aumentado un 10.52 por ciento sobre el actual y en el caso concreto de la escala básica un 11.50 por ciento. Todo ello, señora diputada, sin menoscabo del esfuerzo que hacemos en materia de formación y especialización para afrontar las nuevas formas de delincuencia, con más de 400 acciones formativas programadas para este año y un presupuesto de más de 13 millones de euros, que supone un incremento de 2 millones sobre el gasto de formación en 2004. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque yo estoy convencido de que la Guardia Civil tiene mucho futuro. ¿Y sabe por qué tiene mucho futuro? Porque está siendo modernizada adecuadamente.
Sin perder su carácter y su naturaleza militar, porque no la va a perder, la Guardia Civil va a ser cada vez más capaz de ser la Guardia Civil del siglo XXI y la Guardia Civil del siglo XXI significa una Guardia Civil dotada de medios personales, dotada de medios materiales y dotada de una capacidad de mando y despliegue que nosotros vamos a garantizar. Esa es la realidad de los hechos, esa es la gestión política de la estructura de la seguridad del Estado y lo demás, como le digo, son políticas con minúscula y de muy corto alcance.


Insisto, ustedes quieren sacar petróleo político de donde no lo hay. Yo les invito a que vengan aquí, a que hagan política de Estado y a que traten de sacar el petróleo político de donde lo hay y de donde tiene que haberlo en un sistema democrático que quiere una Guardia Civil cada vez más capaz, como lo está siendo, y cada vez más eficaz desde el punto de vista del respeto a los derechos y del servicio público que presta a los ciudadanos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor ministro.


Gracias, señorías, buenas tardes a todos y a todas. Suspendemos la sesión hasta mañana a las nueve horas.


Eran las ocho y veinte minutos de la tarde.

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