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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 102, de 29/06/2005
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 102
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 97
celebrada el miércoles, 29 de junio de 2005


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas ... (Página 5125)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la posición del Gobierno español en relación a los actos de represión cometidos por las fuerzas del orden marroquí en la zona del Sáhara Occidental y en Marruecos contra la población saharaui. (Número de expediente 172/000107.) ... (Página 5156)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas de política general que va a adoptar el Gobierno para que no vuelvan a repetirse las actuaciones como las registradas en relación con la detención irregular de dos militantes del Partido Popular, por la supuesta agresión al Ministro de Defensa en la manifestación convocada el día 22 de enero de 2005 por la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
(Número de expediente 172/000113.) ... (Página 5161)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas que piensa adoptar el Gobierno frente a la integración laboral de las personas con discapacidad. (Número de expediente 172/000114.) ...
(Página 5166)

Página 5118


Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras adversidades climáticas. ("BOE" núm. 147, de 21 de junio de 2005). (Número de expediente 130/000021.) ... (Página 5171)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de Ley de permisos y licencias de conducción por puntos, que modifica la "Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial", aprobada por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (anteriormente denominado Proyecto de Ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, para regular los permisos y licencias de conducción por puntos). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 13-1, de 5 de noviembre de 2004. (Número de expediente 121/000013.) ... (Página 5182)

- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para regular las especialidades de los litigios transfronterizos civiles y mercantiles en la Unión Europea.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 15-1, de 26 de noviembre de 2004. (Número de expediente 121/000015.) ... (Página 5190)

- Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 16-1, de 1 de diciembre de 2004. (Número de expediente 121/000016.) ...
(Página 5195)

- Proyecto de Ley sobre las cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 22-1, de 11 de febrero de 2005. (Número de expediente 121/000022.) ... (Página 5206)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas ... (Página 5125)

Del Diputado don Joan Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Piensa el Gobierno español preparar un plan integral de apoyo al sector turístico y en especial al sector hotelero para afrontar la crisis de los mercados emisores? (Número de expediente 180/000791.) ... (Página 5125)

Del Diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cuál es la opción de su Gobierno para proceder a la interconexión de las líneas eléctricas con Francia a través de Catalunya, en el marco de la planificación y desarrollo de infraestructuras energéticas? (Número de expediente 180/000814.) ... (Página 5126)

Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Piensa usted que su actuación al frente del Gobierno en estos 15 meses de Legislatura ha mejorado el consenso sobre los asuntos básicos dentro de la sociedad española? (Número de expediente 180/000815.) ... (Página 5127)

Página 5119


Del Diputado don Gustavo Manuel de Arístegui y San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Con qué autoridad pacta el Ministro de Asuntos Exteriores con el Reino de Marruecos un viaje institucional del Parlamento sin contar con los Grupos Parlamentarios de esta Cámara? (Número de expediente 180/000775.) ... (Página 5128)

Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué lectura hace el Gobierno al continuo rechazo de delegaciones españolas que realiza el Gobierno marroquí en los territorios ocupados del Sáhara Occidental? (Número de expediente 180/000813.) ... (Página 5129)

De la Diputada doña Rosa Lucía Polonio Contreras, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué valoración hace el Gobierno de los resultados de la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre antisemitismo y otras formas de intolerancia, recientemente celebrada en Córdoba? (Número de expediente 180/000795.) ... (Página 5130)

De la Diputada doña Rosa Delia Blanco Terán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la celebración de la Conferencia Internacional sobre Irak, que tuvo lugar en Bruselas el pasado 22 de junio? (Número de expediente 180/000796.) ...
(Página 5131)

De la Diputada doña M.ª Virtudes Monteserín Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Qué planes tiene el Ministerio de Justicia para actualizar la planta de los Juzgados contra la violencia de género una vez entrada en vigor plenamente la Ley Integral? (Número de expediente 180/000797.) ...
(Página 5132)

Del Diputado don Andrés José Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Defensa: ¿Cómo explica el Ministro de Defensa que de todas las personas que han declarado sólo uno de sus escoltas haya afirmado que existió la presunta agresión hacia su persona? (Número de expediente 180/000810.) ...
(Página 5133)

De la Diputada doña María Asunción Oltra Torres, en sustitución del Dipu-tado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor Ministro de Defensa: ¿Por qué presenta usted como prueba fundamental de su presunta agresión un parte de supuestas lesiones de uno de sus escoltas y no un parte de las que dice Vd. haber recibido? (Número de expediente 180/000811.) ... (Página 5134)

Del Diputado don Ángel Jesús Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Va a seguir culpabilizando el Ministro de Interior a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las detenciones ilegales por motivos políticos de dos militantes del Partido Popular? (Número de expediente 180/000806.) ... (Página 5135)

Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Considera el Sr. Ministro que dijo la verdad en su comparecencia parlamentaria sobre el caso de las detenciones ilegales

Página 5120


de dos militantes del Partido Popular? (Número de expediente 180/000807.) ... (Página 5136)

Del Diputado don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Considera el Sr. Ministro que se corresponde con un Estado de Derecho la "construcción de responsabilidades" para poder practicar unas detenciones previamente anunciadas? (Número de expediente 180/000808.) ... (Página 5137)

De la Diputada doña Ana Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Piensa el Gobierno que, antes de realizar una detención, lo importante es saber la afiliación política de los posibles imputados, como afirmó el Secretario de Organización del PSOE, el Sr. Blanco? (Número de expediente 180/000809.) ... (Página 5138)

De la Diputada doña M.ª Pilar López Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para luchar específicamente contra el tráfico de cocaína? (Número de expediente 180/000798.) ... (Página 5139)

De la Diputada doña Rosario Velasco García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Cuál es el destino previsto para las cantidades que corresponden al Ministerio del Interior para el control de la oferta procedente del Fondo de Bienes Decomisados por Tráfico Ilícito de Drogas y Otros Delitos Relacionados? (Número de expediente 180/000799.) ... (Página 5140)

De la Diputada doña Ana María Fuentes Pacheco, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Qué Paradores Nacionales están proyectados en este momento? (Número de expediente 180/000802.) ... (Página 5141)

De la Diputada doña Lourdes Muñoz Santamaría, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Cómo valora el Gobierno el hecho de que el canal Al Manar se emita en el continente americano a través del satélite español Hispasat? (Número de expediente 180/000803.) ... (Página 5142)

Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que formula a la señora Ministra de Fomento: ¿Cómo valora la Ministra de Fomento el objetivo estratégico del Gobierno de Canarias de potenciar sus conjuntos portuarios y aeroportuarios para, aprovechando su situación geográfica, ser centro logístico entre tres continentes? (Número de expediente 180/000790.) ... (Página 5143)

De la Diputada doña Juana Serna Masiá, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Qué tipo de actuaciones está llevando a cabo el Ministerio de Educación y Ciencia relacionadas con el problema de acoso escolar? (Número de expediente 180/000800.) ... (Página 5144)

Del Diputado don Domingo Miguel Tabuyo Romero, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Cómo se va a desarrollar el Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la actividad investigadora (Programa I3)? (Número de expediente 180/000801.) ... (Página 5145)

Página 5121


De la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Cuál es la valoración del Gobierno de la situación actual de las negociaciones en la Unión Europea al respecto de los fondos europeos al sector pesquero? (Número de expediente 180/000789.) ...
(Página 5146)

Del Diputado don Francisco Antonio González Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué explicación ofrece el Gobierno para justificar la pérdida de restituciones a la exportación de materias primas lácteas desde la Unión Europea a Ceuta y Melilla para ser sometidas a procesos de transformación industrial? (Número de expediente 180/000812.) ...
(Página 5147)

Del Diputado don Alejandro Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué medidas va a desarrollar el Ministerio de Agricultura para paliar la difícil situación sanitaria de la apicultura española que está mermando peligrosamente la supervivencia de las abejas por la aparición de nuevas enfermedades? (Número de expediente 180/000804.) ... (Página 5148)

Del Diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor Ministro de Administraciones Públicas: ¿Piensa el Gobierno configurar su calendario de transferencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco en virtud de quien ostente la condición de Lehendakari como declaró uno de los candidatos a Lehendakari? (Número de expediente 180/000792.) ... (Página 5149)

Del Diputado don José Antonio Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno ante la anunciada ubicación de una planta de incineración de neumáticos en Tudela, dadas las afecciones medioambientales que provocaría esta actividad tanto en Navarra como en las comarcas aragonesas limítrofes? (Número de expediente 180/000768.) ... (Página 5151)

De la Diputada doña M.ª Angels Ramón-Llin i Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Mantiene la Ministra de Medio Ambiente que "no es previsible que se produzcan restricciones de agua de boca" y que el abastecimiento para la población está garantizado, como afirmó los pasados 17 de mayo y 1 de junio? (Número de expediente 180/000778.) ...
(Página 5152)

De la Diputada doña María Teresa de Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora Ministra de Medio Ambiente: ¿Son compartidas por el Gobierno las declaraciones de la Ministra de Medio Ambiente sobre la necesidad de subir el precio del agua en la actual situación de sequía? (Número de expediente 180/000779.) ...
(Página 5153)

De la Diputada doña Remedios Martel Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la señora Ministra de Medio Ambiente: ¿Cuál es la valoración del Ministerio de Medio Ambiente de las conclusiones que se pueden obtener del estudio ecocartográfico que se está elaborando en la franja litoral de la provincia de Málaga? (Número de expediente 180/000785.) ... (Página 154)

Del Diputado don Siro Torres García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Qué actuaciones tiene previstas el Ministerio de Medio Ambiente en la cuenca del Júcar con destino a la adecuación ambiental en la provincia de Albacete? (Número de expediente 180/000786.) ... (Página 5155)

Página 5122


Interpelaciones urgentes ... (Página 5156)

Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la posición del Gobierno español en relación con los actos de represión cometidos por las fuerzas del orden marroquí en la zona del Sáhara Occidental y en Marruecos contra la población saharaui ... (Página 5156)

Presenta la interpelación urgente el señor Rodríguez Rodríguez, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Lamenta haber interrumpido la agenda del señor ministro con esta interpelación, pero se ha visto obligado a ello ante la inminente finalización del periodo de sesiones y la gravedad de los hechos ocurridos en el Sáhara Occidental desde el pasado 21 de mayo. Expone el hecho de que ante las manifestaciones pacíficas de la población civil saharaui que pretende denunciar la violación de los derechos humanos, rechazar la ocupación del Reino de Marruecos, exigir el referéndum de autodeterminación y, en definitiva, el cumplimiento de la legalidad internacional, la respuesta de las autoridades de Marruecos ha sido la represión violenta de estas manifestaciones pacíficas, las detenciones arbitrarias, el impedimento del ejercicio elemental de las libertades, como es el derecho de manifestación y, en definitiva, una reiterada violación de los derechos más elementales. Opina que debido a la deuda moral, política y jurídica con la población saharaui del Estado español, el Gobierno está obligado a intervenir, porque existe además un indiscutible derecho internacional que da cobertura a la solución del grave, largo y penoso conflicto del Sáhara Occidental. Anima al señor ministro a recuperar el consenso que hubo en la Cámara y en la sociedad española respecto al conflicto del Sáhara Occidental desde los años de la transición hasta hace muy poco.


Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé). Da una serie de explicaciones sobre los hechos acaecidos en el Sáhara Occidental y en algunas ciudades de Marruecos, según las informaciones de que dispone el Gobierno, que tienen la fiabilidad que cada uno quiera darles, porque no dispone de fuentes directas con las que contrastar dichas informaciones. De todas formas, dice, estos acontecimiento han sido contemplados por televisión porque todos los medios de comunicación han podido entrar en el Sáhara Occidental. Reconoce que los sucesos han tenido como consecuencia el empeoramiento del ambiente político en el territorio del Sáhara Occidental y una mayor tensión regional, lo que ha producido efectos negativos para el proceso de paz en el Sáhara Occidental y para el proceso de construcción magrebí, que son dos de los objetivos prioritarios de la política exterior española. De ahí que el Gobierno del Reino de España expresase inmediatamente su preocupación por los acontecimientos y por sus consecuencias, enviando un mensaje claro y firme a los ministros de Asuntos Exteriores de Marruecos, Argelia y Mauritania y al responsable de relaciones exteriores del Frente Polisario, para que todas las partes contribuyesen con medidas concretas a conseguir el retorno a una situación más propicia al diálogo y al entendimiento. Asimismo da una serie de explicaciones en relación con las gestiones llevadas a cabo ante otras instancias para lograr el retorno a las condiciones de serenidad necesarias para revitalizar el proceso político de arreglo en el seno de las Naciones Unidas.


Replica el señor Rodríguez Rodríguez, y duplica el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas de política general que va a adoptar el Gobierno para que no vuelvan a repetirse las actuaciones como las registradas en la relación con la detención irregular de dos militantes del Partido Popular, por la supuesta agresión al ministro de Defensa en la manifestación convocada el día 22 de enero de 2005 por la Asociación de Víctimas del Terrorismo ...
(Página 5161)

Presenta la interpelación urgente el señor Hernando Fraile, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Afirma que la libertad es la espina dorsal de cualquier sistema democrático, y el derecho de los ciudadanos a opinar, a manifestarse o a militar políticamente con respeto al ordenamiento legal es básico en un sistema de libertades, por eso -añade- resulta gravísimo detener ilegalmente a ciudadanos en virtud de su militancia política, como ha pasado recientemente con ocasión de la manifestación del día 22 de enero de 2005, convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo. Recuerda casos similares ocurridos hace quince años también con el Partido Socialista en el poder, que lo que demuestran, dice, son graves tics de intolerancia. Asegura que el Gobierno socialista no soporta que les critiquen y menos que se manifiesten públicamente las discrepancias, por eso aprovecharon un lamentable incidente en torno al señor Bono para

Página 5123


organizar una campaña político-mediática y policial contra el Partido Popular y la Asociación de Víctimas del Terrorismo.


Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior (Alonso Suárez). Repite de nuevo los hechos acaecidos el día 22 de enero y dice por enésima vez que en la manifestación a la que acudieron 35.000 personas la policía, que tuvo noticia de que el señor Bono, ministro de Defensa del Gobierno de España, había sido increpado, amenazado y zarandeado, hizo lo que tenía que hacer. Después de explicar todas las diligencias llevadas a cabo y negar cualquier tipo de injerencia en la labor profesional de la policía ni por parte de la estructura policial del Ministerio del Interior ni por parte del delegado del Gobierno, afirma que respeta absolutamente el marco de competencias de la Constitución y de las leyes y que la policía en la investigación de los delitos está vinculada a la ley y no recibe órdenes ni indicaciones políticas de ningún tipo. Opina que la Cámara ya se pronunció ayer sobre las manipuladoras tesis del Partido Popular y se lo dijo racionalmente con una votación contraria a la moción presentada, y acusa al señor interpelante de preferir responder de nuevo con el catálogo de insidias con el que han interpelado, con groserías y con injurias. Sin embargo, su estilo, dice, pasa por mantener la educación y por respetar la Constitución y la legalidad democrática.


Replica el señor Hernando Fraile, y duplica el señor ministro del Interior.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Conver-gència i Unió), relativa a las medidas que piensa adoptar el Gobierno frente a la integración laboral de las personas con discapacidad ... (Página 5166)

Presenta la interpelación urgente el señor Campuzano i Canadés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Manifiesta que su grupo presenta esta interpelación por el hecho de que el Estado español, en el contexto de los países de la Unión Europea, tal como recordaba hace escasas semanas la OCDE, está a la cola en el empleo de personas discapacitadas, aventajada tan sólo por Polonia; preocupación que, cree, comparten el conjunto de la Cámara y el propio ministro. Da una serie de datos que avalan esta afirmación y expone que ante este problema se pueden adoptar dos posturas: instalarse en la línea conformista de esperar los resultados de las políticas diseñadas a mediados de los noventa o intentar hacer un planteamiento más ambicioso, que es lo que plantea su grupo en la interpelación que presenta. Explica las medidas que plantean en su interpelación con las que pretenden contribuir al esencial debate que en España se necesita para plantear una nueva generación de políticas de empleo destinadas a las personas con discapacidad.


Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán). Garantiza que el Gobierno, y está convencido de que la sociedad española, no solo no carecen de ambición sino que les sobra para la integración de los discapacitados a través del empleo. A continuación explica la gran cantidad de medidas que el Gobierno está desarrollando y poniendo en marcha, guiados por la idea de igualdad y completa ciudadanía, en especial con los grupos más vulnerables, y reafirma plenamente el compromiso del Gobierno para con los derechos de las personas con discapacidad, que no es otra cosa que la puesta en práctica de políticas públicas decididas a favor de la igualdad de oportunidades y contra la discriminación de esas personas, para las que pide la más amplia participación y el máximo consenso y acepta, por supuesto, las propuestas que el interpelante le pueda hacer.


Replica el señor Campuzano i Canadés, y duplica el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 5171)

Real Decreto-ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras adversidades climáticas ... (Página 5171)

La señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana) comparece ante el Pleno de la Cámara para exponer las razones del Gobierno que han obligado a la promulgación del Real Decreto-ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía, aprobadas por el Gobierno con base en el artículo 86.1 de la Constitución.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; y los

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señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Pintado Barbanoj, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras adversidades climáticas, se aprueba su convalidación por 319 votos a favor y una abstención.


Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado, se rechaza por 140 votos a favor, 162 en contra y 19 abstenciones.


Enmiendas del Senado ... (Página 5182)

Proyecto de ley de permisos y licencias de conducción por puntos, que modifica la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobada por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (anteriormente denominado Proyecto de Ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, para regular los permisos y licencias de conducción por puntos.) ... (Página 5182)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; y los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Andreu Domingo, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Souvirón García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Mayoral Cortés, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Interviene finalmente el señor ministro del Interior (Alonso Suárez), quien agradece a todos los grupos parlamentarios sus aportaciones que han contribuido a mejorar notablemente el texto del anteproyecto.


Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, para regular las especialidades de los litigios transfronterizos civiles y mercantiles en la Unión Europea ...
(Página 5190)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Garre López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora Polonio Contreras, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio ... (Página 5195)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Pigem Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Matador de Matos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proyecto de Ley sobre las cláusulas de los convenios colectivos referidas al cum-plimiento de la edad ordinaria de jubilación ... (Página 5206)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardá i Coma,

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del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


En primer lugar se procede a la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de permisos y licencias de conducción por puntos, que modifica la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial aprobada por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, que se aprueban por 310 votos a favor y siete en contra.


En segundo lugar se procede a la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 1/1990, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para regular las especialidades de los litigios transfronterizos civiles y mercantiles en Europa.


En tercer lugar se procede a la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio.


Finalmente se procede a la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre las cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.


Se suspende la sesión a las doce y cincuenta y cinco minutos de la madrugada.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Se encuentra en las tribunas una delegación del Parlamento helénico a la que damos la bienvenida y deseamos una grata estancia en nuestro país.
Sean bienvenidos. (Aplausos.)

PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON JOAN PUIGCERCÓS I BOIXASSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO ESPAÑOL PREPARAR UN PLAN INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR TURÍSTICO Y EN ESPECIAL AL SECTOR HOTELERO PARA AFRONTAR LA CRISIS DE LOS MERCADOS EMISORES? (Número de expediente 180/000791.)

El señor PRESIDENTE: Sesión de control al Gobierno.


Pregunta del diputado don Joan Puigcercós. Adelante, señor diputado.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.


Señor presidente del Gobierno, ¿piensa el Gobierno preparar un plan integral de apoyo al sector turístico y hotelero?

El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodrí-guez Zapatero): Gracias, señor presidente.


Señor Puigcercós, como comparte toda la Cámara, el sector turístico tiene una gran importancia en nuestra economía; es generador de un importante volumen de empleo y es obligación del Gobierno prestarle una especial atención. Como usted sabe, el ritmo de turistas en nuestro país sigue aumentando; estos cinco primeros meses se ha batido un récord histórico de entrada de turistas en nuestro país, por ello el Gobierno ha venido adoptando medidas en relación con el sector turístico, medidas para favorecer la mayor competencia en la oferta teniendo en cuenta la situación de determinados países, como se ha puesto de manifiesto en la Ley de presupuestos para 2005 con una iniciativa de modernización y de destinos turístico maduros en el Plan de objetivos de promoción exterior del turismo, que va a ser desarrollado por Turespaña, así como en los planes de dinamización de producto turístico, que ponen el acento en la calidad y en una oferta plural de destinos con valores e identidad propios.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.


Durante mucho años podríamos hacer buena esa canción que decía: Vaya, vaya, aquí no hay playa, y se refería a Madrid. Era así porque el anterior Gobierno no tenía ni ministerio de turismo, pero en Madrid hay un sector turístico muy importante, evidentemente hotelero. Hay que hacer un cambio. El hecho de tener un ministerio y una secretaría de Estado ya es un paso, pero no nos podemos quedar aquí. Hay tres elementos, tres retos importantes, por no decir tres riesgos: en primer lugar, la crisis de los mercados emisores, por ejemplo la República Federal Alemana; en segundo lugar, nuevos competidores, por ejemplo Turquía, donde cada año crece sostenidamente un 25 por ciento la atracción turística; y, en tercer lugar, el estancamiento. El señor presidente del Gobierno hacía referencia al récord de nuevos turistas, pero fíjense en las cifras: año 2001, gasto medio de un turista 730 euros; año 2004, gasto medio de un

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turista 695 euros. Ha bajado 35 euros; parece poco, pero si lo multiplicamos por el número de turistas veremos que es una cifra importante.


Hay también otros elementos que pueden amenazar al sector, por ejemplo la nueva ley sobre la propiedad intelectual -no puede ser que cada habitación de hotel tenga que pagar un impuesto por un televisor o por los derechos de emisión-, la normativa contra incendios, cambios de legislación como la ley en trámite sobre el tabaco y posiblemente sobre el alcohol, implementación de directivas de la Unión Europea -si tuvierámos la armonización del IVA europeo sería devastador para el sector-, etcétera. Hay retos importantes y nosotros hacemos tres propuestas: mejorar los coeficientes de amortización del sector hotelero y turístico, como es el caso de la industria; incentivar fiscalmente y en cotizaciones para evitar la estacionalización -no puede ser que haya instalaciones hoteleras abiertas solo tres meses al año, tienen que trabajar más- y dotar de más ventajas el apoyo a la innovación y la investigación para mejorar la eficiencia de las instalaciones turísticas y hoteleras. Para acabar, le hacemos una sugerencia: Creen desde el Ministerio de Industria y Turismo un elemento de coordinación interministerial. Hay aspectos que hacen referencia a Hacienda, a Economía y a otros ministerios y que son vitales para...


El señor PRESIDENTE: Lo siento, su tiempo terminó.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodrí-guez Zapatero): Señor Puigcercós, quiero recordarle que el ingreso por turismo en el año 2004 aumentó un 3 por ciento; le acabo de referir las cifras de los cinco primeros meses, que han batido un récord histórico, con 18 millones y medio de turistas, y que objetivamente, por los meses que representan, suponen una diversificación de la demanda turística en nuestro país. Además del ministerio, como usted recordaba, el pasado Consejo de Ministros se dedicó de manera especial al turismo y pusimos en marcha una serie de medidas recogidas de forma práctica en lo que se conoce como el Fondo para le mejora de las infraestructuras turísticas, que va a disponer de 107 millones de euros, desarrollando el contenido de la Ley de presupuestos de 2005. Esta iniciativa contempla diversas actuaciones, con presencia destacada del Instituto de Crédito Oficial, administraciones locales, sector privado y diálogo con comunidades autónomas: 100 millones en créditos blandos dirigidos a los ayuntamientos, dos millones para los tipos de interés al sector privado y cinco para actividades complementarias de estudio, y desde luego acogeremos todas las medidas e iniciativas que sean de interés para el sector, garantizando, como ya lo está, la coordinación entre los diversos ministerios porque es objetivo prioritario de este Gobierno que el turismo siga siendo una gran fuente de riqueza para España.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONI DURAN Y LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÉNCIA Y UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA OPCIÓN DE SU GOBIERNO PARA PROCEDER A LA INTERCONEXIÓN DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS CON FRANCIA A TRAVÉS DE CATALUNYA, EN EL MARCO DE LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS? ((Número de expediente 180/000814.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Josep Antoni Duran.


El señor DURAN Y LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.


Precisamente uno de los sectores, o al menos sus representantes, que más reivindican una interconexión eléctrica de España con Francia, en la medida en que se necesita suministro para las instalaciones hoteleras y turísticas de Girona, es el sector turístico de Girona. En ese sentido, usted conoce perfectamente que hay un debate en los últimos meses en el que se confrontan posiciones distintas, distintas en el seno del Gobierno de Catalunya y distintas entre el Gobierno de Catalunya y el Gobierno de Madrid. Convergència i Unió, de acuerdo con lo establecido en el Consejo de Primavera de 2002, precisamente en Barcelona, es favorable a la conexión con la Unión Europea y en particular somos conscientes del déficit existente en la actualidad respecto a aquello a lo que se puede llegar. Convergència i Unió está a favor porque necesitamos energía eléctrica para suministrar al nuevo tren de alta velocidad, para las instalaciones turísticas y para las nuevas instalaciones logísticas.
Asimismo estamos a favor de que se haga con el máximo diálogo posible, con el máximo respeto al medio ambiente y, si es necesario, soterrando alguna de las partes de esa red eléctrica. Me gustaría conocer cuál es la posición del Gobierno que usted preside al respecto, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodrí-guez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Duran, es evidente que la obligación del Gobierno es garantizar el suministro energético en general y en particular el suministro eléctrico en condiciones de calidad, seguridad y atendiendo a la demanda.
Energéticamente es evidente que también estamos en Europa y que nuestra geografía peninsular permite la optimización de recursos y de suministros, lo que significa interconexión con Portugal, con Francia y también con Marruecos. En este sentido, en la cumbre de Barcelona del año 2002 se adquirió el compromiso de alcanzar

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una capacidad de interconexión mínima con Francia en torno a los 4.000 megavatios. Estamos muy lejos de esa cifra, teniendo además unas necesidades muy importantes en el área de Girona y una demanda muy concreta de energía eléctrica para abastecer el AVE. Pensamos avanzar en ese compromiso y disponemos de informes técnicos y proyectos muy acabados para una interconexión con Francia, con lo que alcanzaríamos un suministro de energía de 2.600 megavatios, alejados del mínimo comprometido y necesario. La opción prevista se ha diseñado manteniendo permanentemente informada a la Generalitat y al Gobierno francés y teniendo muy presente el trazado de menor impacto ambiental, que está a la espera de respuesta del Ministerio de Medio Ambiente.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Duran.


El señor DURAN I LLEIDA: Gracias, señor presidente.


Señor presidente, en términos generales coincide con nuestro planteamiento en cuanto a la necesidad de esa interconexión; hay un problema evidentemente. Coincidimos con lo que ha expresado reiteradamente el ministro de Industria, señor Montilla, en la misma dirección, pero el problema es que los apoyos parlamentarios que usted tiene en esta Cámara no suscriben esa misma posición; es más, hay una iniciativa concreta de una moratoria, que nos situaría en el 2015, que sin duda no permitiría cumplir los compromisos que hoy mismo acaba de renovar este Gobierno ante las necesidades que usted acaba de enumerar y que yo suscribo desde la primera hasta la última. Por tanto, me gustaría saber cuál es el calendario previsto de este Gobierno para ejecutar esa interconexión, en la medida en que coincide con nuestros planteamientos, qué línea piensa utilizar, si es a través de Bescanó o de Vic-Baixas y en ese mismo contexto si realmente el Gobierno contempla, cuanto antes mejor, no simplemente la ejecución, sino tal y como le decía, los apoyos con que contará para llevar a cabo la solución a esa necesidad que tienen las comarcas de Girona, y en general Cataluña, de mayor suministro eléctrico y de mayor calidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodrí-guez Zapatero): Gracias, señor presidente.


Señor Duran, las demandas y necesidades están claras, y por ello el proyecto debe afrontarse. Debe hacerse la interconexión con los principios que he expuesto, y ello nos conduce a una opción de doble circuito de 400 kilovoltios, con un trazado posible Bescanó-Figueres-frontera francesa. La decisión final se tomará teniendo en cuenta las competencias de la Generalitat con el acuerdo del Gobierno francés, con el necesario respeto a las recomendaciones medioambientales que sean requeridas, sin pretender imponer soluciones y sin que tampoco nos vengan impuestas. Por tanto, le ratifico la voluntad del Gobierno de hacer esa interconexión necesaria para Girona y necesaria para el AVE, que es una demanda absolutamente compartida por toda la Cámara y especialmente por la sociedad catalana.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PIENSA USTED QUE SU ACTUACIÓN AL FRENTE DEL GOBIERNO EN ESTOS 15 MESES DE LEGISLATURA HA MEJORADO EL CONSENSO SOBRE LOS ASUNTOS BÁSICOS DENTRO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA? (Número de expediente 180/000815.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Mariano Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rodríguez Zapatero, usted ha hecho de las palabras talante y diálogo el eje de su discurso. En realidad era su programa electoral, sin embargo usted ha adoptado un sinfín de decisiones de manera unilateral, sin hablar, que han generado muchas tensiones en la sociedad española. Hay muchos ejemplos. Ha derogado leyes sin hablar con nadie y sin dar alternativa, temas emblemáticos como el Archivo de Salamanca o la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones; ahora mismo temas no menores como decisiones en medios de comunicación. En temas sociales no ha querido buscar usted el consenso y podía al menos haberlo intentado, pero lo que más me preocupa de todo esto es los consensos en los temas básicos, concretamente terrorismo y la idea de España. Me gustaría saber si cree usted que los consensos han mejorado después de estos primeros 15 años de Gobierno en estos dos temas. (Aplausos.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor presidente de Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodrí-guez Zapatero): Gracias, señor presidente.


Comprendo que al señor Rajoy 15 meses le parezcan 15 años. (Aplausos.) Le puedo asegurar que a mí no me ha parecido tan largo este tiempo que llevamos en el Gobierno.


Señor Rajoy, el Gobierno cumple su programa electoral y el discurso de investidura. Algunas de las cuestiones y decisiones que ha tomado el Gobierno son estricto reflejo de compromisos electorales. Además desde la toma de posesión hemos practicado el diálogo

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político institucional y social, que es sin duda alguna una condición previa para lograr consensos, y en términos generales mantiene una actitud de respeto y de buenas maneras en el diálogo político, que si me permite decirlo hacía falta en este país. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Gracias, señor presidente.


Me ha traicionado el subconsciente; lo veo tan desgastado que creí que eran 15 años, señor presidente. (Aplausos.-Rumores.)

Señor Rodríguez Zapatero, todo lo relacionado con España, su cohesión social y la igualdad de los españoles, se ha pactado desde 1978. Usted abrió un proceso -yo le advertí- que hoy no controla. Habla de naciones como si tal cosa -no sé si eso estaba en su programa electoral-; ha provocado enfrentamientos entre numerosas comunidades autónomas; no ha querido pactar con el PP temas como la unidad, la soberanía, un Estado viable, la igualdad de los españoles y ha generado una inestabilidad institucional muy preocupante. En materia de terrorismo usted ha roto el pacto, sin que nadie sepa por qué, que había firmado con el Partido Popular; lo digo yo y lo dicen las víctimas del terrorismo, que están muy preocupadas, y ETA, que se felicita de que lo haya roto.


Señor presidente, la operación que ha hecho usted en el País Vasco no parece que nos lleve a una situación mejor que la que teníamos anteriormente. No ha habido diálogo ni ha habido talante; es mentira. Ha habido una huida hacia adelante y no ha habido preocupación por los temas esenciales, por ejemplo la competitividad de la economía española. Ha enfrentado, y mucho, al conjunto de los españoles. Debe usted rectificar porque creo que se lo ha creído demasiado pronto, señor Rodríguez Zapatero. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodrí-guez Zapatero): Gracias, señor presidente.


Yo respeto mucho cómo me vea usted, yo le puedo asegurar que le veo a usted muy bien como está. (Risas.) No veo que haya habido en ese sentido ningún cambio.


Señor Rajoy, me tiene que reconocer que el Gobierno ha practicado el diálogo político con todas las fuerzas, el diálogo con el principal grupo de la oposición infinitamente superior en 15 meses a lo que fue en la legislatura pasada. Desde el primer día el Grupo Popular ha ido adelantando acontecimientos de lo que podrían ser aquellos temas relativos a la estructura territorial, al desarrollo territorial de España, y sinceramente el tiempo y los hechos les están quitando la razón. Resulta que no se podía modificar un estatuto y, fíjese, el primero que se ha puesto en marcha con consenso PP-PSOE ha sido el Estatuto de Valencia; deseo y espero que todos los estatutos y las reformas razonables y positivas para este país se hagan con consenso y que tengan en el resto de los textos estatutarios que vamos a ver la misma actitud que han tenido con el de la Comunidad Valenciana, aunque sea cambiar de idea en un día.


En relación con la lucha antiterrorista no quiero polemizar, lo sabe. Mi voluntad es que haya la mayor unidad democrática. Pienso así y trabajo así desde el primer día. Le voy a decir más, es el deber del Gobierno.
Por tanto, lo único que quiero anunciarle es que voy a seguir intentándolo, por supuesto, con todos los grupos y también con el suyo y con usted, porque es muy importante para la lucha antiterrorista y para el bien de nuestro país.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


- DEL DIPUTADO DON GUSTAVO MANUEL DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿CON QUÉ AUTORIDAD PACTA EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES CON EL REINO DE MARRUECOS UN VIAJE INSTITUCIONAL DEL PARLAMENTO SIN CONTAR CON LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE ESTA CÁMARA? (Número de expediente 180/000775.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del diputado don Gustavo Manuel de Arístegui.


El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: La doy por formulada en sus términos, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente.


Como S.S. sabe, con ocasión de la última visita del ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, señor Benaissa, y a raíz de los incidentes que se habían producido en el Sáhara Occidental, como el de rechazo de una primera visita de algunos miembros institucionales de la Comunidad de Madrid al territorio del Sáhara Occidental, surgió en una conversación la posibilidad y el ofrecimiento del Parlamento marroquí al Senado y al Congreso de los Diputados, en una delegación separada o conjunta, de visitar el Sáhara Occidental. El Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores, lo único que hizo fue facilitar y considerar que era una buena iniciativa dejando a la Mesa del Congreso y a la Mesa del Senado la capacidad de decidir cuándo y cómo debía llevarse a cabo esa visita.
(Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Señor De Arístegui.


El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, francamente, nosotros lo que hemos visto es que su Gobierno ha dado un giro de 180 grados en la política exterior, pero en este caso concreto al disparate, a la incoherencia y a la contradicción.
Usted ha declarado muerta más de una vez -más de cien incluso, diría yo- la neutralidad activa. Hablan ustedes ahora de la imparcialidad. No sé muy bien qué quiere usted decir con eso, si es distinto o no lo es. Lo que yo sí sé, señor ministro, es que en su grupo, en su partido político hay contradicciones entre las fórmulas que defiende usted como ministro de Exteriores y el Gobierno y las que defienden las bases del Partido Socialista, como se pone de manifiesto constantemente en declaraciones en ayuntamientos, parlamentos autonómicos, etcétera. Forman parte constantemente de grupos de amistad con el Sáhara. Ustedes no se han dado cuenta de que nosotros como ex potencia colonial tenemos una especial responsabilidad. Nosotros le pedimos que rectifiquen en política exterior, como parece ser el caso, cuando usted dice que ha muerto la neutralidad activa, cuando usted dice entre otras cosas que lo que quieren buscar es una solución viable, factible y aceptable a ambas partes bajo el paraguas de la legalidad internacional. Señor ministro, tengo noticias para usted. Eso es la neutralidad activa. Lo pedía Su Majestad el Rey Mohamed VI de Marruecos cuando pedía neutralidad positiva en una importante entrevista en un diario español antes de la visita de Estado de los Reyes de España a Marruecos. Ustedes están cometiendo un profundo error. No tienen una política exterior equilibrada prácticamente en ningún aspecto, y lo que es más importante y más lamentable es que esto se ha trasladado a la calle, señor ministro. En los bares, en los cafés se habla constantemente de la pérdida de peso de España en el mundo, de la incoherencia de su Gobierno en política exterior...
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio.


El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Ustedes están constantemente diciendo que apoyan al Sáhara, que apoyan a los saharauis y que apoyan también las posiciones marroquíes. Vuelva usted a la neutralidad activa, vuelva usted a las posiciones sensatas, equilibradas, lógicas, razonables de la política exterior de un país serio, como debería ser España y hoy no lo es. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente.


Señoría, ya en varias ocasiones he tenido que interpretar la terminología diplomática. Usted varias veces me ha interpelado señalando que el nuevo Gobierno trataba de llevar una política de neutralidad activa, a veces pasiva. He reiterado en distintas ocasiones, en distintas intervenciones, en la Comisión de Asuntos Exteriores que lo que quería este Gobierno era tener un compromiso activo; compromiso activo para tratar de resolver un problema que ha durado ya muchos años, 30 años. Este Gobierno desde el inicio de su andadura política tomó la responsabilidad precisamente de iniciar contacto con todas las partes y con Naciones Unidas para encontrar una solución justa y definitiva a este problema. Desde luego lo estamos tratando de hacer; estamos tratando de exigir a Naciones Unidas, al subsecretario general, a la Secretaría General de las Naciones Unidas que se involucre más en el nombramiento de un representante especial y personal que pueda crear una dinámica de diálogo político entre las partes que respete la legalidad internacional, esa legalidad internacional que todos los grupos políticos aquí representados quieren defender, que defiende también el Gobierno y por tanto el Grupo Socialista. No estamos haciendo una diplomacia de tertulia, lo que estamos exigiendo, como se ha aprobado en distintas mociones y proposiciones no de ley del Congreso y del Senado, es que todas las fuerzas políticas españolas tengan la responsabilidad política de resolver definitivamente un conflicto que ha durado muchos años.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ LECTURA HACE EL GOBIERNO DEL CONTINUO RECHAZO DE DELEGACIONES ESPAÑOLAS, QUE REALIZA EL GOBIERNO MARROQUÍ DE TERRITORIOS OCUPADOS DEL SÁHARA OCCIDENTAL? (Número de expediente 180/000813.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor ministro de Asuntos Exteriores, ¿cuál es la posición de su Gobierno ante el resultado de su política para el Sáhara?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.


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Como sabe S.S. -acabo de exponerlo-, la política del Gobierno en relación con el Sáhara Occidental es de pleno respeto a la legalidad internacional y de acercamiento de las partes para encontrar su solución definitiva. Se trata precisamente de poner punto final a una situación insostenible para la región, para el pueblo saharaui, para la estabilidad del norte de África y para los intereses vitales de España.


El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor ministro, si se puede decir que la política para Marruecos tiene luces y sombras, hay que decir que las sombras se encuentran únicamente sobre el Sáhara, sobre la reivindicación del pueblo saharaui. El Sáhara se ha convertido en el agujero negro de la política exterior del Gobierno, el agujero negro por el cual se va una parte importante de la política exterior para el Magreb. Señor ministro, no quiero entrar en el juego de si neutralidad activa o compromiso; lo cierto es que en 15 meses los resultados no son halagüeños. Algunos dirán que en 15 meses nos encontramos ante el resultado negativo de la política exterior del Gobierno para el Magreb. El resultado no es halagüeño porque nosotros creemos que las posiciones del Gobierno español en Naciones Unidas, que han cambiado, no han favorecido precisamente la implicación mayor de Naciones Unidas en la solución a la cuestión saharaui; porque en estos meses se ha producido también un estancamiento, cuando no una involución, de la situación saharaui en los territorios ocupados y en el conjunto del Sáhara; porque al final de estos 15 meses también se está produciendo una verdadera intifada de la población saharaui en los territorios ocupados y porque recientemente aquellos que han protagonizado la intifada, los jóvenes que se han movilizado por el derecho de autodeterminación de su pueblo, se han encontrado con condenas bárbaras, como las que hemos conocido en el día de hoy, de 15 y 20 años, por haber participado en las movilizaciones. Convendrá con nosotros, señor ministro, en que al menos la política exterior para el Sáhara no acaba de funcionar. No es que estemos en la situación anterior, en la que se utilizaba la retórica o el tema del Sáhara como un peón, sino que en estos momentos la situación del Sáhara se deteriora y una buena imagen de ello es la situación de nuestras delegaciones, que se ven impermeables a la puerta del Sáhara, sin poder hacer ni defensa del derecho internacional ni defensa del derecho humanitario. Señor ministro, le insto a que reconsidere totalmente la política para el Sáhara.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.


Señoría, usted bien ha señalado en su réplica que precisamente lo que hay que buscar es una política global hacia el Magreb, y justamente para ello hace falta resolver definitivamente el problema del Sáhara Occidental. No es un agujero negro de la política exterior de España, sino que desde el inicio de este nuevo Gobierno ha sido una prioridad en la acción exterior. Recuerdo que en mis primeras intervenciones y comparecencias en la Comisión de Asuntos Exteriores manifesté el deseo expreso de este Gobierno de sacar del olvido, de la negligencia diplomática, la situación del Sáhara Occidental. Fuimos desde el inicio el único Gobierno que se interesó en dotar a la Secretaría General de Naciones Unidas y a Naciones Unidas de una nueva dinámica para resolver el problema. Hemos tenido y tenemos interlocución con todas las partes, lo que no existía en el pasado. En el pasado, cuando teníamos buenas relaciones con el Frente Polisario, con Argelia, las teníamos malas con Marruecos. Ahora este Gobierno tiene interlocución con todas las partes y, por tanto, estamos en condiciones de facilitar una solución definitiva.


Es verdad (tiene también que tomar nota) que por primera vez después de muchos años el tema Sáhara Occidental (y lo demuestra toda la serie de interpelaciones y preguntas orales) está de nuevo en el interés de todos los grupos políticos. Yo le pediría, señor Llamazares, que ayude a este Gobierno trabajando juntos a resolver entre todos este problema que es fundamental y vital para los intereses de España, de la región y del Magreb. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA LUCÍA POLONIO CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LOS RESULTADOS DE LA CONFERENCIA PARA LA SEGURIDAD Y LA COOPERACIÓN EN EUROPA (OSCE) SOBRE ANTISEMITISMO Y OTRAS FORMAS DE INTOLERANCIA, RECIENTEMENTE CELEBRADA EN CÓRDOBA? (Número de expediente 180/000795.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Rosa Lucía Polonio.


La señora POLONIO CONTRERAS: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, durante los días 8 y 9 del presente mes se ha celebrado en Córdoba, a propuesta del Gobierno español, y en concreto a propuesta suya como ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, la Conferencia de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa sobre antisemitismo y otras formas de intolerancia, contando con la presencia de delegaciones de 56

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países, representantes de cerca de 200 ONG y de otros organismos internacionales. Han sido muchos y muy importantes los objetivos perseguidos con esta conferencia que por primera vez se celebra en España y en concreto en Córdoba, una ciudad símbolo histórico de tolerancia y convivencia entre culturas y religiones. Sin duda la conferencia ha servido para poner de relieve y potenciar este papel histórico de Andalucía y Córdoba y proyectar ese carácter abierto y tolerante hacia la sociedad. Entre los objetivos marcados por la conferencia cabe destacar el hecho de que los Estados miembro han aumentado su compromiso en la lucha contra la intolerancia y la xenofobia con medidas concretas. Por primera vez se ha ampliado el ámbito de la conferencia más allá del antisemitismo y se ha potenciado el debate sobre el modo más efectivo de combatir la discriminación y la intolerancia contra todo tipo de comunidades y religiones, promoviendo la tolerancia cero contra estas actitudes a través de medidas legislativas de todo tipo; en definitiva se ha pasado de la declaración a la acción.


La llamada Declaración de Córdoba, fruto de esta conferencia y que recoge en sus conclusiones, avanza un paso más con respecto a la Conferencia de Berlín; contiene mayores compromisos sobre la aplicación de medidas concretas en el terreno de la educación y los medios informativos e introduce en la agenda oficial de la OSCE perspectivas para la lucha contra otras formas emergentes de intolerancia y de discriminación. Sin duda, señor ministro, la Conferencia de la OSCE celebrada en Córdoba ha sido todo un éxito y ha puesto de manifiesto una vez más el profundo compromiso del Gobierno español en la lucha contra el antisemitismo y contra todas las formas de intolerancia y discriminación, dando así un paso muy importante en la sensibilización de la opinión pública nacional e internacional sobre esta lacra. Por eso, señor ministro, nos gustaría conocer cuál es su valoración sobre los resultados de la Conferencia de la OSCE celebrada en Córdoba.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente. Gracias, señoría.


La valoración que hace el Gobierno de la Conferencia de la OSCE sobre antisemitismo y otras formas de intolerancia es extremadamente positiva.
Es positiva cuantitativamente, porque es la primera conferencia de dimensión humana de la OSCE que reúne a tantas delegaciones: 56 países estuvieron representados y 175 ONG, en total alrededor de mil personas atendieron y participaron en la Conferencia de Córdoba; también lo es cualitativamente porque de los 56 Estados hubo más de 32 delegaciones representadas a nivel ministerial. Aparte de la presencia, la participación y el nivel, lo más importante de la conferencia fue la denominada Declaración de Córdoba. En la Declaración de Córdoba, que es un texto equilibrado, no solo se pone énfasis en la lucha contra el antisemitismo, sino que por primera vez se abordan otro tipo de intolerancias para luchar contra todo lo que es islamofobia, respetando otras religiones, incluida la cristiana, y también sirve como terreno de encuentro para mejorar los mecanismos de seguimiento de todo el plan de aplicación de la lucha contra el antisemitismo.


En la Declaración de Córdoba se afirma sin ambages que los acontecimientos políticos internacionales no justifican nunca el racismo y la discriminación y menciona especialmente a Israel y a Oriente Medio; rechaza toda vinculación entre el terrorismo, religión, cultura, nacionalidad o raza y establece la especial responsabilidad de los Estados en la lucha contra la intolerancia señalando los principales instrumentos para ello: educación, legislación y aplicación de la ley.
Esto será lo importante, porque los 56 países de la OSCE tendrán ahora la obligatoriedad de establecer en sus legislaciones nacionales medidas concretas en materia educativa, en materia de regulación de los medios de comunicación para combatir el antisemitismo y otras formas de intolerancia. Por tanto, la valoración es muy positiva para la lucha contra la intolerancia, para la OSCE y para España.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA DELIA BLANCO TERÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LA CELEBRACIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE IRAK, QUE TUVO LUGAR EN BRUSELAS EL PASADO 22 DE JUNIO? (Número de expediente 180/000796.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Rosa Delia Blanco Terán.


La señora BLANCO TERÁN: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, el pasado 22 de junio se celebró una conferencia internacional para respaldar los esfuerzos del Gobierno provisional de Bagdad con el fin de construir un Irak democrático, pluralista y federal.
Esta conferencia ha intentado poner fin a las divisiones y a las enormes heridas abiertas por la guerra en el seno de la comunidad internacional.
Asistieron 85 países y organizaciones y España -usted, señor ministro- reiteró su compromiso con el proceso de transición iraquí. Somos el quinto contribuyente individual con 300 millones de euros que se irán librando hasta el año 2007. Además, según ha anunciado usted, abriremos una embajada y elevaremos, por tanto, la representación diplomática en ese país. Asimismo, vamos a participar en un

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programa de la Unión Europea para formar a funcionarios de la judicatura y de la policía. Le felicito, señor ministro, por haber llevado a nuestro país al esfuerzo de cerrar heridas y a contribuir generosamente a la reconstrucción de Irak. Sorprende, no obstante, la falta de reacción del Partido Popular a esta iniciativa; no han dicho nada. El silencio ha sido la respuesta a la contribución del Gobierno de España y de nuestro país en la reconstrucción de un país en el que el anterior Gobierno metió las tropas en una guerra ilegal e injusta.


Señor ministro, una cosa es la voluntad de democratización y otra cosa bien distinta es la situación real de Irak. Los datos de las condiciones de vida de los iraquíes son peores a los anteriores a la guerra. La integración de los sunís en el juego político democrático se está haciendo realmente difícil para el Gobierno de transición. Por otra parte, se está exigiendo a Irak que cumpla las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional y esta es una condición sine qua non para la condonación de la deuda aprobada en el Club de París. Nos encontramos en un escenario muy complicado en el que la posición de Estados Unidos es fundamental y la opinión de Estados Unidos está cada vez más alejada del presidente Bush, y en contra de la guerra. Eso no ayuda para nada a la resolución y a la democratización de ese país. Ayer mismo el presidente Bush habló delante de los soldados norteamericanos de seguir en la guerra. Señor ministro, ojalá esta conferencia contribuya a hacer un Irak más democrático y más libre... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo, lo lamento.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias presidente.


Señoría, ayer hizo prácticamente un año que se anunció el nuevo Gobierno interino de Irak y hace una semana participé, con otros muchos miembros de la comunidad internacional, en la Conferencia internacional sobre Irak en Bruselas. Creo que la conferencia fue importante y significativa; fue significativa porque representó el respaldo de la comunidad internacional, de la gran mayoría de la comunidad internacional, a este nuevo Gobierno interino iraquí, que está asumiendo su propia responsabilidad y está tratando de abrir cauces para la consolidación de la democracia y el Estado de derecho, como resultante de un proceso que se inició con la aprobación -que votó el Gobierno de España- de la Resolución 1546 del Consejo de Seguridad.


En segundo lugar, aparte de este respaldo de la comunidad internacional eran 80 los países allí representados, todos ellos decididos a ayudar política, económica e institucionalmente a la nueva situación que vive Irak. Tres fueron los ejes temáticos principales tratados durante la conferencia. El primero, dar forma y acelerar la negociación para alcanzar una constitución nueva para el pueblo iraquí, con la participación inclusive de todas las fuerzas políticas representadas en Irak. Fue útil conocer de manera directa la participación de algunos sunís, y chiís, de los distintos grupos representantes del pueblo iraquí.
Pero aún así queda un camino largo por recorrer y España y la Unión Europea están dispuestos a aportar su experiencia en materia de elaboración y redacción de esa constitución. El segundo tema fue la reconstrucción económica y financiera. Como bien señalaba S.S., España participa de modo amplio, con más de 300 millones de euros, y, el tercero, la participación en el reforzamiento del Estado de derecho.


Por lo tanto, señoría, España estará presente en todo lo que es el reforzamiento de la democracia, de las libertades, del Estado de derecho en Irak y estamos con ese compromiso para hacer realidad el sueño de muchos iraquíes que quieren ver el punto final a la violencia y a tantos años... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo; lo lamento.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA VIRTUDES MONTESERÍN RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ PLANES TIENE EL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA ACTUALIZAR LA PLANTA DE LOS JUZGADOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO UNA VEZ ENTRADA EN VIGOR PLENAMENTE LA LEY INTEGRAL? (Número de expediente 180/000797.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al ministro de Justicia de la diputada doña Virtudes Monteserín.


La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, hoy, 29 de junio, entra en vigor, por fin, en su totalidad, la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. Esta Cámara aprobó por unanimidad esta ley, depositando en ella muchas esperanzas, con el fin de erradicar este grave problema social. La ley es, sin duda, un instrumento potente para proteger y ayudar a las víctimas, para rechazar socialmente y con todos los medios del Estado de derecho este tipo de delitos, para coordinar todos los recursos dispersos que hasta ahora resultaban ineficaces y para prevenir la violencia yendo a la propia raíz del problema. La ciudadanía ha valorado positivamente esta ley y la capacidad de los grupos de la Cámara de llegar a un consenso. Así se demuestra en múltiples encuestas que consideran que es una de las actuaciones más positivas de este año de legislatura.


Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que para que la ley tenga éxito es necesario involucrar a todos los operadores de todos los ámbitos que

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tienen que contribuir a la eficacia en la aplicación de las medidas. Es obvio que las leyes no hacen milagros, que las leyes marcan pautas de conducta social, pero en este caso los cambios necesitan tiempo. No se va a acabar, desgraciadamente, con los malos tratos y con las muertes de mujeres de la noche a la mañana. Los cambios serán progresivos, aunque hoy es una realidad que las víctimas cuentan con más recursos para mejorar su situación personal y profesional y comenzar una nueva vida en libertad. La situación cambiará cuando la sociedad asuma el fondo de la ley, las causas estructurales y culturales que producen esta violencia, es decir, cuando la inmensa mayoría de la ciudadanía decida acabar con el machismo y los valores de la democracia y la igualdad se hagan realidad en la vida privada y en la vida pública. El cambio hacia esos valores comienza definitivamente hoy con nuevos instrumentos, entre ellos 436 juzga-dos, de los cuales 17 serán exclusivos. Por eso... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo; lo lamento.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.


Señoría, efectivamente hoy, 29 de junio, entra en vigor una parte decisiva de la apuesta comprometida del Gobierno y de la unanimidad de este Congreso de los Diputados como del Senado en la protección de las mujeres de manera integral contra esa violencia criminal. Son los títulos IV y V de la Ley orgánica 1/2004, relativos al capítulo penal, judicial y de especialización del ministerio fiscal, y el Ministerio de Justicia está resuelto a cumplir su parte del compromiso. Hoy he tenido el honor de presentar con el ministro de Trabajo la puesta en marcha con esta fecha, 29 de junio, de la primera dotación de planta judicial que se va a ocupar de esa protección integral de las mujeres contra la violencia de género.
En esa planta hay 17 juzgados de nueva creación, concentrados exclusivamente en la llevanza de los asuntos jurisdiccionales relativos al tratamiento judicial de la violencia de género, pero además de esos 17 hay 419 órganos judiciales, juzgados de Primera Instancia e Instrucción, que han recibido por el Consejo General del Poder Judicial el acuerdo adoptado el 27 de abril y completado más recientemente en un acuerdo complementario de 22 de junio de este mismo año 2005 para ocuparse de esa protección judicial. Además, el Ministerio de Justicia ha puesto en marcha las unidades forenses de valoración integral que ofrecen un diagnóstico especializado y un seguimiento de la violencia de género y nos ayudan a identificar los fenómenos que van a requerir la asistencia, junto al juez, de médicos forenses, psicólogos y asistentes sociales para completar esa protección integral. Asimismo, vamos a poner en marcha -lo hemos puesto ya- 50 unidades de fiscalía para acompañar a los jueces en el tratamiento integral de esta violencia, desde el punto de vista penal, de política criminal y también judicial, y a su frente una fiscalía de sala que coordinará y asegurará la unidad de actuación y de criterio en la protección integral de las mujeres contra esta violencia de género.
Estos juzgados no nacen saturados; 17 son de nueva creación y el resto van a propender progresivamente a la especialización, de acuerdo con el diagnóstico que nos vaya ofreciendo el Observatorio para la violencia de género en el Consejo General del Poder Judicial. Todo ello nos va a permitir enriquecer esta planta, completar la respuesta y marcar la diferencia en el curso de esta legislatura contra esa lacra absolutamente inaceptable, con un mensaje muy contundente que acompañe, junto a lo preventivo y lo disuasorio, lo represivo y la protección judicial de las mujeres. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON ANDRÉS JOSÉ AYALA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿CÓMO EXPLICA EL MINISTRO DE DEFENSA QUE DE TODAS LAS PERSONAS QUE HAN DECLARADO SOLO UNO DE SUS ESCOLTAS HAYA AFIRMADO QUE EXISTIÓ LA PRESUNTA AGRESIÓN HACIA SU PERSONA? (Número de expediente 180/000810.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Defensa, de don Andrés José Ayala.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Señor ministro, perdone si le molesto -se lo digo a 15 metros y sin actitud vociferante-. Mis palabras no le ofendan pero, ¿sería usted tan amable, si a bien lo tiene, de contestarme la pregunta que hemos tenido el atrevimiento de incluir en el orden del día? (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor presidente, el contenido que formula en su pregunta es falso. (Aplausos.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Señor ministro, como siempre monsergas; 14 a 1. De las 14 personas que le acompañaban, solo una y, a los tres días, su escolta, se percató de que a usted le habían presuntamente agredido.
Señor ministro, ¿por qué tardó tres días en acordarse? Señor ministro, para yo aclararme, ¿el objeto contundente era con el que le dieron a él al tercer día o con el que le dieron a usted? Señor ministro, al escolta lo que le pasa es que tardó tres días en darse cuenta que le habían dado con un objeto contundente a usted, porque que lo atendieran en Toledo y por un médico militar

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especialmente habilitado y en una clínica discreta, como el viaje a Venezuela, no tiene la menor importancia. Bueno, fue el motivo de que tardaran tres días, pero es lo más normal; como es una clínica de toda confianza y lo vio un médico militar de confianza le dieron un parte de confianza. Pero, señor ministro, 14 a 1. Claro, que los otros 13 estaban pendientes de su seguridad y no se dieron cuenta de la presunta agresión y solo éste, que no estaba atento a otras cosas, se dio cuenta. ¿No será, señor Bono, que como el ministro del Interior le exigía que acreditara la agresión, no tuvo más remedio? ¡Qué papelón, señor Bono! Usted, que iba de protagonista, con 14 policías y varias cámaras de televisión y resulta que solo un escolta se da cuenta de la agresión, pero tres días después.
Y en el Ministerio del Interior, ¡qué torpes!, ni una declaración, ni una imagen, ni un policía que quisiera a priori abrir diligencias, pero como apareció el escolta, ya tenemos presunta agresión. Fíjese que hasta en el auto ordenando el archivo le tienen que reconocer que si no fuera por el escolta ni siquiera se habrían abierto las diligencias.


Por cierto, señor Bono, usted, que de medallas entiende mucho: la medalla al escolta pronto, y que se la ponga. Que no pase como con usted, que a estas alturas no sabemos si la tiene o no, si la rechazó o no. Desde luego en el Boletín Oficial la renuncia no ha aparecido, a no ser que no se la ponga para no ser... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Lo lamento, su tiempo terminó, señor Ayala.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor presidente, señorías, resulta lógico que cada grupo defienda a los suyos. Sin embargo, me parece que hay un límite en la defensa, que es la verdad, y me parece que no se puede proteger a quien llama asesino y golpea a cualquier persona, aunque sea ministro socialista que acude a una manifestación para solidarizarse con las víctimas del terrorismo de ETA.


Hasta este momento no he acusado a ninguno de los autores, pero hoy, en nombre de muchas personas moderadas, incluso de algunas que hasta pueden o podrían votar a las gentes del PP, sí quiero acusar a la extrema derecha violenta que utilizó a las víctimas del terrorismo para hacer campaña contra el Gobierno, y quiero acusar políticamente al concejal del Partido Popular de Madrid que escribió una carta convocando contra el Gobierno, cuando la manifestación era contra ETA. (Aplausos.) Y acuso a los intolerantes que se cobijan detrás de las víctimas, detrás de los obispos, detrás de los homosexuales o detrás de los militares para esconder sus responsabilidades. Señor presidente, en esta sala hemos sido muchos los que hemos ido de manifestación en la dictadura. Allí las reventaban los guerrilleros de Cristo Rey y la dictadura; hoy, lamentablemente, las revienta la extrema derecha violenta. Yo aconsejaría al Partido Popular que nos les defienda tanto, que ya hace bastante con tenerlos con carné del PP. (Aplausos.-Un señor diputado: Se ha recuperado muy pronto.-Otro señor diputado: Tú no.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ASCENSIÓN OLTRA TORRES, EN SUSTITUCIÓN DE DON ARSENIO FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿POR QUÉ PRESENTA USTED COMO PRUEBA FUNDAMENTAL DE SU PRESUNTA AGRESIÓN UN PARTE DE SUPUESTAS LESIONES DE UNO DE SUS ESCOLTAS Y NO UN PARTE DE LAS QUE DICE USTED HABER RECIBIDO? (Número de expediente 180/000811.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Asunción Oltra Torres.


La señora OLTRA TORRES: Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Perdone, señora diputada. No, no, por favor, guarden silencio.


La señora OLTRA TORRES: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿por qué presenta usted como prueba fundamental de su presunta agresión un parte de supuestas lesiones de uno de sus escoltas y no un parte de las que dice usted haber recibido? Espero que a mí me conteste.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Ustedes saben la verdad, como la supieron en ocasiones más importantes, pero en este caso, además, la saben los españoles, porque han visto la televisión.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora diputada.


La señora OLTRA TORRES: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿se da usted cuenta de la que ha liado? ¿Se da cuenta de que con su forma de actuar ha provocado que dos personas inocentes hayan sido acusadas públicamente por su afán de protagonismo? Siempre no se puede ser así.


Todo este cúmulo de despropósitos es responsabilidad del ministro del Interior, pero qué duda cabe que si usted hubiese controlado sus impulsos de protagonismo

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mediático no hubiera brindado a sus compañeros la posibilidad de criminalizar al Partido Popular, no les hubiese dado excusa a los que buscan insistente y permanentemente la criminalización del Partido Popular.


Señor ministro, la verdad, lo que usted dice: a usted no le agredieron, como mucho le dieron un apretujón ... (Rumores.), como el que estoy segura nos han dado alguna vez a la inmensa mayoría de los miembros de esta Cámara en circunstancias similares, sin que hayamos montado ningún número. (Rumores.) Sin embargo, la incontenible necesidad de presencia mediática que le acompaña permanentemente, señor Bono, ha llevado a que personas inocentes, que libremente ejercían, como usted, su derecho a manifestarse, hayan sufrido la persecución política de la que todos hemos sido testigos, y para ello se ha valido de acciones que si no fueran del calado que son podríamos tildar de cómicas. Usted dice que le han agredido y no presenta parte de lesiones. Su escolta tarda tres días en darse cuenta de que ha sido agredido. Por no hablar del médico de Toledo al que tuvo que acudir y de las relaciones que tiene con usted, del parte de lesiones que se presentó y de la forma en que se presentó. Por eso, señor ministro, modérese, deje de acusar y rectifique, a tiempo está.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Gracias, señor presidente.


Señorías, en este mundo al revés en el que vive el Partido Popular se habla de las medallas que se devuelven, pero no de las que les cuestan a los españoles un millón de dólares, como la del señor Aznar. (Aplausos.) En este mundo al revés los agredidos tienen que pedir perdón a sus agresores. Pero no pienso pedir perdón por acudir a una manifestación con mi hijo en solidaridad con las víctimas del terrorismo. (Rumores y protestas.)

El señor PRESIDENTE: Espere, señor ministro. Silencio, por favor.


Continúe, señor ministro.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Ustedes, aunque griten allí y aquí, no pueden privatizar el sentimiento de solidaridad con las víctimas. Todos queremos a las víctimas.


Señora diputada, si usted piensa que un policía se ha inventado una lesión, denúncielo. (Rumores.) Si usted cree que un médico... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor presidente, este es el único local de Madrid donde la derecha no deja hablar.
(Risas.-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Silencio. Vamos a hacer el turno de control como se debe hacer. El que habla, el que tiene el uso de la palabra, que utilice tranquilamente su tiempo y cuando termine la exposición de un lado o de otro, que se produzca la necesaria alegría y exclamaciones dentro de la Cámara. Pero mientras se está en el uso de la palabra, yo rogaría que se guardara respeto a quien la tiene.


Continúe, señor ministro.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): De estos polvos, vienen aquellos lodos. (Risas.)

Si algún diputado considera que el médico -por cierto, es falso lo que se ha dicho- inventó unos hematomas, que lo denuncie. (Rumores.) Y si alguien considera que un juez también inventó un auto donde se reconoce un delito, pero no ha reconocido a los autores, que lo denuncie. En definitiva, yo no quiero generalizar. No puedo generalizar porque Gallardón no es lo mismo que Aguirre, pero sí es cierto que hay extremistas en el Partido Popular a los que quieren proteger, incluso cuando toda España ha visto cómo se han comportado. Señor presidente, en España cabemos todos, aunque no seamos iguales que la gente del Partido Popular. Además no queremos ser tan fanáticos como son algunos, pero queremos caber en España y vamos a caber, porque ellos cada vez son menos. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL JESÚS ACEBES PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿VA A SEGUIR CULPABILIZANDO EL MINISTRO DEL INTERIOR A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE LAS DETENCIONES ILEGALES POR MOTIVOS POLÍTICOS DE DOS MILITANTES DEL PARTIDO POPULAR? (Número de expediente 180/000806.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior, que formula don Ángel Acebes.


El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor presidente. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Acebes.


Ahora hago la misma recomendación. Por favor, el turno de control tiene sentido en la medida en que quien tiene el uso de la palabra la puede ejercitar con toda tranquilidad. ¡Guarden silencio!

Señor Acebes.


El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor presidente.


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Señor ministro del Interior, ¿hasta cuándo va a estar responsabilizando exclusivamente a los policías de las detenciones políticas de dos militantes del Partido Popular, que ha quedado acreditado judicialmente que no agredieron al ministro Bono? (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.


Señor Acebes, es usted y no yo el que afirma que la policía realizó detenciones ilegales. Es usted quien culpa y acusa a los policías por puro ventagismo político. Es usted, que fue ministro del Interior, el que carga contra una policía que usted mejor que nadie debiera saber que se deja la piel todos los días en defensa de la seguridad de los ciudadanos.
(Rumores.-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Acebes.


El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor presidente.


Señoría, yo no he acusado a los policías. Usted se ha escondido detrás de los policías que hicieron unas detenciones sobre las que S.S., el ministro del Interior, al día siguiente en un periódico dijo que había dado orden de investigar y localizar a quienes habían agredido a Bono. Y ahora, a la vista de las consecuencias y del escándalo que se ha montado, usted ha pretendido escurrir el bulto y convencernos de que fue cosa de los policías, de manera que cuando el jefe de sección dijo -y está acreditado judicialmente-: tiene que haber detenciones porque si no vamos a tener problemas, usted quiere convencernos de que lo dijo sin tener ninguna orden y ninguna presión, sino que fue un impulso espontáneo e irrefrenable de ir a buscar entre toda la manifestación a dos militantes del Partido Popular. Señor ministro, su tesis no se sostiene. Usted se esconde detrás de la policía. Aquí se han violado derechos fundamentales, se ha perseguido ilegalmente a la oposición y no puede seguir escondiéndose sin exigir ni asumir responsabilidades. Hasta que no se repare este comportamiento tan indecentemente antidemocrático no vamos a parar. La de hoy es la última sesión de control, pero seguiremos en septiembre si no es antes. (Protestas.) Sí, sí, sí.


El señor PRESIDENTE: Continúe.


El señor ACEBES PANIAGUA: Señorías, Zapatero y su Gobierno no pueden seguir manipulando los medios públicos, la justicia, el fiscal general, la radio y la televisión pública con fines partidistas (Protestas.) Y ahora las concesiones de las privadas, embajadores como Cortizo, o utilizar a los policías para esconderse detrás de ellos con intereses inconfesables. Estamos viviendo una etapa de atropellos y de cacicadas que deben terminar hoy con este período de sesiones.
(Aplausos.-Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.


Señor Acebes, se lo diré claramente. Yo hablé solo una vez de este asunto con la prensa y le voy a decir lo que dije, que es lo mismo que diría hoy: La policía en general en el Estado de derecho no puede tolerar este tipo de comportamiento. La policía va a hacer una seria labor de investigación para tratar de detener a quienes sean los responsables.
Insisto, exactamente lo mismo que digo en cualquier caso; exactamente lo mismo que podría decirle hoy.


Por mi parte y por parte del Gobierno se ha respetado escrupulosamente el marco constitucional de competencias. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Y, por favor, señor Acebes, deje ya de liderar una campaña que sólo conduce al desprestigio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (Protestas.-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


- DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CONSIDERA EL SEÑOR MINISTRO QUE DIJO LA VERDAD EN SU COMPARECENCIA PARLAMENTARIA SOBRE EL CASO DE LAS DETENCIONES ILEGALES DE DOS MILITANTES DEL PARTIDO POPULAR? (Número de expediente 180/000807.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Eduardo Zaplana.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, el "Diario de Sesiones" que yo tengo en estos momentos en mi poder recoge la Comisión de Interior en la que compareció S.S. sobre este mismo tema, y a una de mis preguntas, después de rebatir mis afirmaciones, usted respondió que probablemente mi información no era buena. Señor ministro, ¿sigue usted pensando lo mismo que me dijo en esa ocasión?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias de nuevo, señor presidente.


Señor Zaplana, efectivamente usted estuvo en esa comparecencia, sospecho que no se enteró y además sospecho que no se la ha leído. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, adelante.


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El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señor ministro, en este caso los miembros del Grupo Parlamentario Popular tenemos suerte porque el "Diario de Sesiones" no se manipula y porque lo tengo en mi poder en este momento.


Señor ministro, mi información era buena, la que no era buena era la de usted, que fue quien no dijo la verdad en la Comisión. Se refirió usted a un informe del director general de la Policía y aquí consta que no existe. Las declaraciones del comisario jefe que aludía a si el ministro dice que le han pegado, le han pegado, efectivamente se ha acreditado que son ciertas, usted lo negó y están en las diligencias judiciales. El segundo instructor fue expulsado cuando se negó a hacer detenciones políticas, como también consta en las diligencias judiciales, y usted dijo entonces que eso era falso. Durante el proceso de detención hubo tres instructores y tres secretarios, y usted también lo negó aunque hoy ya esté acreditado.


Voluntariamente o no, no lo sé -y le cito solo cuatro ejemplos por limitación de tiempo-, usted faltó claramente a la verdad en su comparecencia. Señor ministro, lo quiera o no usted tiene una clara responsabilidad política; antes de la Comisión la tenía porque es ministro del Interior, pero mucho mayor después de faltar a la verdad en esta casa. Y esa falta de verdad, como le he dicho, hoy se puede acreditar fácilmente. No sé si es consciente de la situación, que es, señor ministro, cada vez más insostenible. No cabe otra solución distinta que la de asumir responsabilidades, señor ministro; vaya pensándolo y piénselo en serio. (Rumores.) Le acaba de decir don Angel Acebes que si alberga la posibilidad de que el tema se olvide la puede ir retirando de su cabeza. Pida excusas y depure responsabilidades, hoy mejor que mañana, por el bien de usted, del Gobierno, de la sociedad y de la policía.
(Aplausos.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.


Señor Zaplana, le insisto en lo que le decía. Creo que no se ha leído la comparecencia parlamentaria o, alternativamente, que usted no actúa de buena fe, lo cual me extrañaría mucho tratándose de usted. (Rumores.) Lo que hizo este ministro en la comparecencia parlamentaria para dar las explicaciones que ustedes y los demás grupos reclamaban fue lo que tenía que hacer: pedir un informe a la Dirección General de la Policía, que el 27 de enero reclamó un informe al comisario jefe encargado de aquellas diligencias. Ese informe dice textualmente: En ningún momento la policía, el comisario ha recibido instrucciones de ningún tipo de ninguna autoridad política ni las toleraría nunca. Es falso absolutamente que expulsara de las dependencias policiales a un funcionario o que hubiera habido tres instructores de las diligencias, etcétera, etcétera. Esto fue lo que le leí en la comparecencia parlamentaria. Por tanto aquí de mentiras nada. Aquí lo que hay -eso sí es cierto- es mucho juicio paralelo. Usted se arroga, como ha hecho reiteradamente su grupo, la facultad de juzgar y supongo que de hacer ejecutar lo juzgado; pero esa facultad es de los jueces, no suya, señor Zaplana. (Aplausos.-El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Estamos en turno de control. (El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra.) Cuando el presidente estime que puede hablar le dará la palabra, como hace siempre, pero no cuando usted quiera.


- DEL DIPUTADO DON IGNACIO ASTARLOA HUARTE-MENDICOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CONSIDERA EL SEÑOR MINISTRO QUE SE CORRESPONDE CON UN ESTADO DE DERECHO LA "CONSTRUCCIÓN DE RESPONSABILIDADES" PARA PODER PRACTICAR UNAS DETENCIONES PREVIAMENTE ANUNCIADAS? (Número de expediente 180/000808.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del señor Astarloa.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Con su permiso, señor presidente, ¿considera el señor ministro del Interior que se corresponde con un Estado de derecho la construcción de responsabilidades, entre comillas, para poder practicar unas detenciones previamente anunciadas?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.


Señor Astarloa, lo que considera el ministro es que vivimos en un Estado de derecho donde el Gobierno gobierna legítimamente porque así lo han decidido los ciudadanos y la policía hace lo que legítimamente tiene que hacer, que es lo que le mandan la Constitución y las leyes. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Astarloa.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Mal íbamos, señor ministro, usted lo sabe, la pasada semana... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio.


Continúe.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: ...mirando para otro lado; peor vamos negando lo que se ha dicho en el Parlamento y no queriendo hablar en sede

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parlamentaria de lo que hay que hablar, que es de las responsabilidades políticas; porque usted se esconde, señor ministro, detrás de los policías, detrás de los jueces y detrás del que pille. Pero los hechos son tozudos y además -fíjense- ustedes lo han contado. La expresión construir responsabilidades es del delegado del Gobierno el día anterior a producirse detención alguna, día anterior en el que habla de la existencia de indicios que han sido negados por todos, nueve declaraciones, y todos los videos en la investigación policial. El mismo día en que se producen las declaraciones -usted lo sabe-, construidas las responsabilidades irregular y políticamente, el delegado del Gobierno construye responsabilidades judiciales. Da el nombre de las dos personas y dice que están imputados.


Señor Bono, ser extremista es quien abusa de los medios del Estado; ser extremista es quien preanuncia detenciones; ser extremista es quien construye responsabilidades; ser extremista es quien acusa sin indicios (Rumores.); ser extremista es quien utiliza a policías y jueces para no asumir sus responsabilidades. Cesen a quien tienen que cesar y asuma usted, señor ministro, que es el jefe de los policías de este país, todas las responsabilidades que le corresponden por detener ilegal y políticamente a dos militantes de base del partido de la oposición.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.


Señor Astarloa, a usted que ha sido secretario de Estado de Seguridad le voy a reiterar mi plena y absoluta confianza en la policía y mi pleno apoyo a todos los policías que actúan con arreglo a la Constitución y a las leyes. Trabajaremos para seguir prestigiando esa policía y para evitar que ustedes la desprestigien.


En punto al juicio que me hace, el otro día desde esa tribuna le dije que usted está haciendo un juicio paralelo. ¿Sabe lo que me contestó usted? Me dijo textualmente y figura en el "Diario de Sesiones": Al menos lo estoy intentando. (Rumores.) Es decir, señor Astarloa, negro sobre blanco, usted está construyendo artificialmente responsabilidades que no se corresponden con la realidad.


Le voy a decir un par de cosas más. Durante los mandatos del Partido Popular hubo unas 578 denuncias por detención ilegal de la policía, también durante los suyos y durante los de los ministros concernidos. No vi nunca que a nadie se le pasara por la cabeza, siendo jefe de la policía, como usted según dice era, impedir ni asumir ningún tipo de responsabilidad. Le voy a recordar otra cosa. El señor Rajoy, presidente de su partido, tuvo una comparecencia a raíz de un incidente, el de la conocida manifestación de Barcelona de 2001. Lo dijo muy claramente el señor Rajoy; dijo a todos los diputados, a la Cámara: Yo de lo que me fío es de los informes policiales. Exactamente igual que yo, señor Astarloa.
No se puede medir de distinta manera porque eso no se ajusta a una moral política respetable. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA TORME PARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿PIENSA EL GOBIERNO QUE, ANTES DE REALIZAR UNA DETENCIÓN, LO IMPORTANTE ES SABER LA AFILIACIÓN POLÍTICA DE LOS POSIBLES IMPUTADOS, COMO AFIRMÓ EL SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL PSOE, EL SEÑOR BLANCO? (Número de expediente 180/000809.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Ana Torme.


La señora TORME PARDO: Señor presidente, la doy por formulada.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Estoy tratando de mirar cuál es la pregunta formulada, ya que la diputada no ha tenido la amabilidad de hacerla. Creo que me pregunta por afirmaciones del secretario de organización del PSOE, señor Blanco. Señora diputada, el señor Blanco -resulta penoso tener que decirlo- no es miembro del Gobierno y esta es una sesión de control político al Gobierno. Si quiere saber lo que dice o no dice el señor Blanco, de lo cual no me hago en absoluto responsable, va y le pregunta. (Aplausos.-El señor Martínez-Pujalte López: No se hace responsable ni de Blanco ni de Bono.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señora Torme.


La señora TORME PARDO: Señor ministro, usted sabe perfectamente -quizá no le guste- lo que dijo el secretario de organización del Partido Socialista, señor Blanco. Sabe también lo que muchos dirigentes socialistas especularon en esa época con la posibilidad de que se produjeran detenciones de militantes del Partido Popular y que cuando se produjeron esas detenciones ya habían sido previamente anunciadas; y a la hemeroteca me remito. Sabe que es gravísimo que se produzca una detención ilegal de dos personas que se manifiestan libremente. Eso es propio de dictaduras y no de un Estado democrático. Se ha metido en un buen lío o le ha metido quizá su compañero de gabinete el señor Bono. En vez de controlar tanto a los miembros del Partido Popular lo que debería hacer es dedicarse más al ministro de Defensa, no vaya a ser que le meta en otro lío. Usted

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sigue con su discurso de que no mezclemos justicia y política, y no lo hacemos. Los tribunales se tienen que pronunciar sobre hechos y lo están haciendo, pero en un debate político como es este se puede hablar de intenciones políticas y se pueden pedir responsabilidades políticas. Y le digo más, una vez que hemos conocido los hechos es una obligación exigir responsabilidades políticas. En este asunto han quedado en evidencia las intenciones del Gobierno y del Partido Socialista y sus responsabilidades. Señor ministro, ya conocemos los detalles de esas detenciones ilegales y, por mucho que usted quiera esconderse y esconder su responsabilidad detrás de aquellos agentes de policía a los que se les obligó a actuar en contra de sus criterios profesionales, ya sabemos que fue la militancia política de los detenidos, además de su participación en una manifestación que no gustaba al Gobierno, lo que desencadenó su detención. Desde el principio quisieron criminalizar al Partido Popular y a la vez debilitar la posición de las víctimas del terrorismo porque a ustedes, en su estrategia de negociar con ETA, el prestigio y la autoridad moral que tienen las víctimas les incomoda. Creían, como tantas veces, que podían hacer daño al Partido Popular y actuaron con esta intención.


Señor ministro, al igual que han hecho mis compañeros, le exijo que asuma su responsabilidad. Le recuerdo que los tres ministros del Interior del Partido Popular estuvieron siempre entre los políticos más valorados -no podemos decir lo mismo de los antecesores socialistas- y a ninguno de ellos se le recuerdan detenciones ilegales. Recapacite, señor ministro, y ponga fin a este lamentable episodio.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien, muy bien! - Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.


Señora diputada, el señor Bono fue agredido, insultado y amenazado en una manifestación a la que había ido, como fue gente del Ministerio del Interior, a defender un objetivo noble y legítimo donde los haya y la policía, ante lo que era con toda evidencia un delito, hizo lo que tenía que hacer, investigarlo. Me resulta completamente indiferente a todos los efectos la afiliación política e ideológica de cualquier ciudadano, señora diputada (Risas.), y a la policía también porque esa afiliación está protegida constitucionalmente y, en cualquier caso, resulta absolutamente indiferente a los efectos de aplicar cualquier ley penal.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA PILAR LÓPEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA LUCHAR ESPECÍFICAMENTE CONTRA EL TRÁFICO DE COCAÍNA? (Número de expediente 180/000798.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña María Pilar López Rodríguez.


La señora LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, el fenómeno de las drogas ilegales es, además de grave, un problema extremadamente complejo y peligroso para la sociedad. Encuestas recientes indican que entre el 0,5 y el 6 por ciento de los adultos han consumido alguna vez cocaína y entre los jóvenes la tasa varía entre el 1 y el 10 por ciento. El Partido Popular basó sus políticas de lucha contra el tráfico de drogas únicamente en la agravación de penas del Código Penal. Desde el Grupo Socialista somos conscientes de que la lucha contra la droga no finaliza con la política meramente represiva, sino que se debe hacer frente al fenómeno desde una estrategia integral, con la ayuda de la imprescindible cooperación internacional. Me consta que este Gobierno, consciente de los graves perjuicios sociales y sanitarios que rodea al tráfico de estupefacientes, se ha formulado como uno de los objetivos prioritarios la lucha y persecución de las actividades relacionadas contra el tráfico de drogas. Para ello es necesario una alta cooperación nacional e internacional a escala policial dirigida a luchar contra el tráfico organizado a gran escala, el tráfico medio y sus redes de distribución en nuestro país y contra el pequeño tráfico y el menudeo.
Fruto del esfuerzo y profesionalidad de las unidades específicamente encargadas de la lucha contra el tráfico de drogas, de las delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas y las policías coordinadas desde su ministerio, las cantidades intervenidas durante los cinco primeros meses del año 2005 suponen las mejores cifras de los últimos años.


Recientemente hemos conocido informaciones que hacen referencia a un cambio de ruta de tráfico de cocaína. Por ello le quiero formular la siguiente pregunta: ¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para luchar específicamente contra el tráfico de cocaína?

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente.


Señora diputada, el tráfico y consumo de cocaína, con los problemas sociales, sanitarios, asistenciales y de todo tipo que genera, es una preocupación prioritaria del Gobierno. Uno de los principales objetivos que se ha propuesto el Ministerio del Interior en su estrategia contra las drogas es, en consecuencia, combatir el tráfico

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de cocaína en todos sus niveles. Por resumirlo brevemente, les diré que el Plan de acción 2005-2008 incluye, respecto de lo que me pregunta, las siguientes medidas: combatir el tráfico a gran escala creando unidades altamente cualificadas y especializadas en delincuencia organizada que hemos incorporado a las estructuras de Policía y Guardia Civil, los ya conocidos grupos de respuesta especial contra el crimen organizado y los equipos contra el crimen organizado de ambos institutos, así como el establecimiento de equipos conjuntos con otros países aprovechando las capacidades que ofrecen Europol e Interpol y nuestra presencia en el Centro de Inteligencia y Operativo de la Martinica y en la base norteamericana de Key West. En el marco de la excelente cooperación actual entre España y Estados Unidos, hemos acordado crear un grupo especial de expertos para combatir el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, así como la integración de España en el Centro Conjunto de Operaciones Interagencias. En el ámbito interno, la actuación coordinada del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil en colaboración con la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y el Ministerio de Defensa han permitido en 2004 la aprehensión de 11 barcos en alta mar, con un total de 18.612 kilos de cocaína y más de 4.500 kilos de hachís.


En segundo lugar, quiero prestar una especial atención a los escalones intermedio y minorista en la distribución de drogas ilegales con objeto de mantener una presión policial constante sobre los medianos y pequeños traficantes impidiéndoles cometer sus delitos con impunidad. El próximo mes de julio comenzará la operación verano y hemos destinado recursos especiales a esta finalidad.


En tercer lugar, y muy importante, vamos a prestar especial atención a la entrada de cocaína a través de puertos y aeropuertos. Recientemente, en la denominada operación Ayala, se ha conseguido la desarticulación de una importante organización internacional. En definitiva, son frutos del esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, esfuerzo que reconocemos y en el que seguiremos. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSARIO VELASCO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CUÁL ES EL DESTINO PREVISTO PARA LAS CANTIDADES QUE CORRESPONDEN AL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EL CONTROL DE LA OFERTA PROCEDENTE DEL FONDO DE BIENES DECOMISADOS POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS? (Número de expediente 180/000799.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Rosario Velasco.


La señora VELASCO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, después de esta tarde en la que parecía que estábamos viviendo un espectáculo casi surrealista, nosotros, el Grupo Socialista, queremos volver a la Cámara a la realidad, y la realidad son las cosas que realmente interesan a los ciudadanos de este país, tal es el tema del consumo de drogas y el control del tráfico de drogas en nuestro país.


Nosotros sabemos que, como usted ha dicho hace un momento, es un objetivo prioritario de este Gobierno el control del tráfico y el consumo de drogas, por ello mismo y por los daños asociados. Igualmente sabemos que en España hay un millón de familias que viven de cerca las consecuencias del uso y del abuso de drogas. Sabemos también que en este país hay más de 20.000 personas que mueren de forma prematura por el consumo de alcohol y tenemos, además, un dato relevante: que en los últimos diez años ha habido un incremento de ingresos hospitalarios por psicosis debidas a consumo de drogas y otros tóxicos del 103 por ciento. Pues bien, como esto es lo que interesa a los ciudadanos de este país, queremos que nos diga, señor ministro, dentro del Plan de Acción contra las Drogas, en el que aparece como una de las líneas básicas de actuación, como uno de los objetivos el control de la oferta, que compete directamente a su ministerio, cuáles son las acciones de su ministerio en cuanto a los bienes que se han decomisado y qué medidas y actuaciones va a realizar con esos recursos. Sabemos que está actuando con la máxima eficacia, que durante escasos 15 meses de gobierno ha demostrado, como ministro, inteligencia, serenidad, una profunda convicción en los valores democráticos y, desde luego, el máximo respeto a todos los ciudadanos de este país. Ha trabajado con ahínco en la seguridad, con mayúsculas, de la ciudadanía y manejado los recursos públicos con la máxima eficiencia. Por tanto, nuestra pregunta va dirigida a cómo va a hacer eficientes esos...
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo.


Señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.


Gracias por sus amables palabras, señora diputada. Como usted bien conoce, el fondo regulado por la Ley 17/2003 está integrado por los bienes que se decomisan por delitos de contrabando, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o catalogadas como precursores, así como por el decomiso de otros bienes procedentes de delitos de blanqueo de capitales y del narcotráfico. El producto de esos bienes está destinado a intensificar las actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de esos delitos, prevención de toxicomanías, asistencia e inserción social y laboral de los drogodependientes y cooperación internacional en la materia. La distribución de los fondos entre sus

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beneficiarios actualmente se realiza por el Consejo de Ministros a iniciativa de una mesa de coordinación que funciona al efecto. Por lo que respecta al Ministerio del Interior, los destinos son los siguientes: a la Dirección General de la Policía, 600.000 euros que se destinarán a la mejora de los laboratorios químicos, tóxicos y de biología, ADN y fotografía, y para las unidades de policía científica con objeto de contribuir a la realización de los análisis especializados requeridos en la lucha contra el tráfico de drogas; a la Dirección General de la Guardia Civil se van a destinar 650.000 euros para la adquisición de cámaras de visión térmica para la vigilancia nocturna de nuestras costas, con el fin de mejorar los equipos de los que están dotadas las unidades de la Guardia Civil encargadas de controlar a las redes de delincuencia organizada que por vía marítima introducen droga en nuestro territorio; a la financiación de operaciones policiales conjuntas con el Ministerio de Defensa se destinarán 750.000 euros en el marco de un acuerdo entre los ministerios de Interior y de Defensa, acuerdo que da lugar a una colaboración de resultados -créame- muy positivos; y a diversas actividades de formación dirigidas al personal de la Policía y la Guardia Civil se van a destinar 299.000 euros. En cuanto a la formación y especialización, a lo largo de este año se van a impartir nueve foros de especialización en la investigación del tráfico de drogas y blanqueo de capitales, seis foros de prospectiva e inteligencia, el programa Prospect de alta especialización en labores de estrategia y diversas actividades internacionales relacionadas con la colaboración internacional. En definitiva, señora Velasco, el Ministerio del Interior está razonablemente satisfecho de las cantidades asignadas.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. (Aplausos.)

Concluido el bloque de control dirigido al señor ministro del Interior, tiene la palabra el señor Zaplana, pues ahora es pertinente su cuestión de orden.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señor presidente, yo invocaba, o intentaba hacerlo pero no me ha concedido la palabra, el artículo 72 que establece que en cualquier estado del debate un diputado podrá pedir la observancia del Reglamento. El artículo 72.2 establece que durante la discusión o antes de votar se podrá pedir la lectura de las normas o documentos que se crea conducentes a la ilustración de la materia de que se trate. No hay ningún género de duda sobre que estábamos en un debate en la sesión de control, porque en el artículo 188.3 cuando se refiere a la regulación de la sesión de control dice: "En el debate", y en reiteradas ocasiones cita el debate. Desde mi punto de vista, en ese momento era tremendamente oportuno que se hubiera podido leer -y creo que me asistía el Reglamento- un texto que el señor ministro del Interior ha dicho que no existía o que era falso. Usted, señor presidente, lo ha impedido. Ahora ese texto se podrá leer, se podrá comentar, porque el texto es público,

El señor PRESIDENTE: Señor Zaplana,...


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Lo único que le digo, señor presidente, es que en este momento del debate ya no tiene ningún sentido. Renuncio al derecho, presentaré el recurso correspondiente, y creo que de nuevo el señor presidente, en este caso para amparar al ministro del Interior y al Gobierno, no ha cumplido con el Reglamento. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Señorías, en el turno de control al Gobierno -y, por favor, presénteme ese recurso porque no me costará trabajo demostrárselo- no hay nunca cuestiones de orden precisamente porque es un debate con turnos estrictamente tasados. Repito, presénteme el recurso. Como creo que es usted un caballero, estoy convencido de que llegado el caso entenderá por qué el presidente no ha hecho más que aplicar los usos y tradiciones de esta casa y el Reglamento. Es un debate estrictamente tasado. No obstante, usted está haciendo alusión al artículo 72.2, que dice que durante la discusión o antes de votar, en relación con el artículo relativo a las preguntas durante el debate. El debate terminará cuando concluyan todas las preguntas. En ese momento usted podrá dar lectura y se incorporará ese texto al "Diario de Sesiones" para ilustrar su punto de vista. Esta es la interpretación que le doy y se cierra el debate porque estamos en turno de control.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA FUENTES PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿QUÉ PARADORES NACIONALES ESTÁN PROYECTADOS EN ESTE MOMENTO? (Número de expediente 180/000802.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas al ministro de Industria Turismo y Comercio. Pregunta de la diputada doña Ana María Fuentes Pacheco.


La señora FUENTES PACHECO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, quiero comenzar mi intervención felicitándole por el paquete de medidas que el pasado 17 de marzo ponía en marcha el Gobierno para impulsar el sector turístico, un paquete de medidas que incluía la transversalidad, que ponía en marcha a todos y cada uno de los ministerios implicados y que además implicaba a todos los sectores sociales. No quería desaprovechar esta ocasión para felicitarle por ello.


Señor ministro, está claro que España es una potencia importantísima en el sector turístico, solamente nos

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precede Francia en cuanto al número de visitantes y Estados Unidos en cuanto al volumen de ingresos; de hecho, supone el 11 por ciento del producto interior bruto y, además, casi el 12 por ciento del empleo que se genera en este país lo genera de forma directa el sector turístico. Me felicito una vez más de que sea un Gobierno socialista el que empiece a tener en cuenta este sector y comience a invertir dinero. Si algo nos diferencia del resto de los países es la calidad que estamos ofertando, una calidad que hace que España siga siendo competitiva frente a los destinos que están emergiendo y, además, se esté posicionando en torno a lo que denominamos hoteles como una gran potencia, una potencia que ha permitido que el 73 por ciento de nuestros centros tengan una certificación EMA, una certificación de categoría, una certificación del personal empleado que hace que nuestros destinos sean sostenibles y que se tengan en cuenta los recursos energéticos y naturales. La Red de Paradores es la mayor red europea con certificación, protegida además por el entorno, y supone un compromiso importantísimo en lo que a responsabilidad corporativa se refiere. Dado que esta Red de Paradores es uno de los instrumentos más valiosos que tenemos para dar a conocer nuestro país, para que se conozca nuestra gastronomía, para que nuestro patrimonio cultural e histórico siga creciendo y siga estando en buen estado, le pregunto ¿cuáles son los paradores que tienen proyectados, sobre todo teniendo en cuenta que la ampliación que se va a hacer es la mayor que se ha hecho en la historia?

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.


Señoría, como usted ha mencionado, los paradores de turismo son un instrumento fundamental de la política turística española. El Gobierno es plenamente consciente de las posibilidades que ofrece este producto para el turismo y para el desarrollo económico de determinadas zonas, y por ello se ha propuesto nuevos objetivos en relación con los paradores; objetivos como desarrollar un producto turístico de calidad que refleje el nivel de la hostelería española a nivel internacional, fomentar un turismo sostenible y respetuoso con el patrimonio y con el entorno en zonas menos desarrolladas turísticamente, que es el lugar de ubicación de muchos paradores, así como promover la gastronomía tradicional de carácter regional o promocionar el conocimiento de destinos culturales y de naturaleza contribuyendo así a la diversificación de la oferta turística española, y por supuesto continuar con la expansión de la Red de Paradores Nacionales por la que usted pregunta. Actualmente hay en construcción cinco paradores, el de la Granja en Segovia, el de La Cruz de Tejeda en Las Palmas, el de Alcalá de Henares en Madrid, el de Lorca en Murcia y el de Morella en Castellón. Se ha decidido también construir otros nueve paradores más: Ibiza, con una inversión de 19 millones de euros; Cangas de Narcea, 24 millones de euros; Veruela (Zaragoza) 19 millones de euros; Lleida, 13 millones de euros, Muxia (A Coruña), 26 de millones de euros; Villablino (León) 15 millones; Badajoz, 26 millones; Estella (Navarra), 15 millones, y Cádiz (el anexo al actual) 24 millones de euros. La inversión prevista en estos nueve paradores es de 181 millones de euros y la que se está ejecutando en los cinco que se encuentran en construcción se sitúa en torno a 110 millones de euros, lo que supone que la inversión total alcanzará los 290 millones de euros. A ello habría que añadir los 54 millones de euros correspondientes a los 10 paradores que están en remodelación y a otras posibles actuaciones que en estos momentos están en estudio.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- DE LA DIPUTADA DOÑA LOURDES MUÑOZ SANTAMARÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO EL HECHO DE QUE EL CANAL AL MANAR SE EMITA EN EL CONTINENTE AMERICANO A TRAVÉS DEL SATÉLITE ESPAÑOL HISPASAT? (Número de expediente 180/000803.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Lourdes Muñoz.


La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿cómo valora el Gobierno el hecho de que el canal Al Manar se emita en el continente americano a través del satélite español Hispasat? Le formulo esta pregunta con cierta preocupación por algunas informaciones aparecidas en los medios de comunicación que apelan a la responsabilidad de la empresa Hispasat alegando que transmite a través del satélite español contenidos que incitan al terrorismo. Al Manar no es cualquier televisión. Se crea en 1991 en Líbano y es considerada la televisión de la organización Hezbollah. Al Manar emite en América desde mediados de 2004 por el satélite Hispasat a través de una banda de la compañía Globecast España. Esta misma televisión ha sido prohibida en otros países y me referiré, por ejemplo, a que en febrero de 2004 el Consejo Superior del Audiovisual francés prohibe la emisión de Al Manar y en su informe -leo textualmente- dice: Incita al odio, a la violencia por razones de religión y nacionalidad. Ha transmitido programas abiertamente contrarios a las leyes francesas que prohiben la incitación al odio y conlleva riesgos al mantenimiento del orden público. Esta misma emisora se ha

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prohibido también por una compañía holandesa y por otra australiana.


Mientras esto sucedía durante 2004, Al Manar comienza a emitir por Hispasat. Yo me pregunto cuándo y por qué exactamente se le concede el permiso. Actualmente, la situación es que Al Manar emite solamente por tres proveedores, por una firma saudita, por una compañía egipcia y por Hispasat. ¿Debemos estar en esta reducida lista? Veamos, por ejemplo, qué dice la Unión Europea. Tengo aquí la resolución del Parlamento Europeo sobre la situación del Líbano de este mismo 10 de marzo, que después de creer, instar, expresar, en su punto 7 considera que existen pruebas irrefutables de actividades terroristas de Hezbollah y que es necesario que el Consejo aborde medidas necesarias para poner término a dichas actividades. España, como usted sabe, está tomando un papel destacado como mediador en Oriente Medio, es impulsor de procesos de paz y tiene una política profunda contra el terrorismo. ¿Le parece compatible estas políticas como impulsor de la paz y la lucha antiterrorista con el hecho de que Al Manar emita por el satélite español... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Lo lamento, terminó su tiempo.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.


Señoría, efectivamente, el Gobierno tiene conocimiento de esta situación, y no precisamente a través del artículo del director de política internacional de las FAES, señor Bardají, en La Razón, sino a raíz de una denuncia que llega al ministerio el día 20 de abril de 2005 procedente de la Federación de comunidades judías en España. El Gobierno toma conocimiento de que los mensajes de la organización Hezbollah están siendo vistos en América Latina a través del satélite español Hispasat.
Naturalmente, el Gobierno se movilizó inmediatamente para, en primer lugar, determinar si tal denuncia era cierta y, en caso de que ello fuera así, para proceder en consecuencia a su cierre utilizando los mecanismos legales pertinentes. A través de los procesos de indagación oportunos, se determina que Hezbollah utiliza el canal libanés denominado Al Manar, que a su vez tiene el enlace ascendente desde España a través de la empresa Globecast, siendo esta la que tiene un contrato con Hispasat.


También se determina que Globecast, que es a fin de cuentas la que transmite la señal que permite enviar los contenidos de Hezbollah, firmó el contrato con Hispasat el 1 de abril de 2004, es decir, siendo presidente del Gobierno en funciones, don José María Aznar, también presidente de la FAES y siendo presidente de Hispasat don Pedro Antonio Martín Marín, antiguo secretario de Estado de Comunicación del Gobierno del Partido Popular y por tanto persona de confianza de don José María Aznar.


Con fecha 20 de junio de 2005, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, a respuesta de la solicitud previa enviada por el ministerio, confirma que Globecast no tiene autorización administrativa para el servicio de difusión de televisión. Sobre la base de tal hecho, con fecha 23 de junio de 2005, el Gobierno por medio de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información decreta el cese inmediato de las emisiones como medida cautelar. Por tanto, señoría, desde el 23 de junio los mensajes de Hezbollah no llegan a América Latina utilizando el satélite Hispasat, conr lo cual el Gobierno español pone fin a una situación que nunca debió producirse y que desde luego no es responsabilidad de este Gobierno. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿CÓMO VALORA LA MINISTRA DE FOMENTO EL OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO DE CANARIAS DE POTENCIAR SUS CONJUNTOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS PARA, APROVECHANDO SU SITUACIÓN GEOGRÁFICA, SER CENTRO LOGÍSTICO ENTRE TRES CONTINENTES? (Número de expediente 180/000790.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Fomento, de don Paulino Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, ¿cómo valora el objetivo estratégico del Gobierno de Canarias de potenciar sus conjuntos portuarios y aeroportuarios para, aprovechando la situación geográfica de las islas, convertirse en centro logístico entre tres continentes, fundamentalmente de cara a África?

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señoría, lo valoro muy positivamente. La posición del Gobierno quedó fijada de manera expresa cuando el presidente en el debate sobre el estado de la Nación sobre esta misma cuestión le dijo: Por supuesto, trazar espacios de futuro y diseñar la forma en la que Canarias pueda ocupar un papel relevante en el contexto mundial, económicamente globalizado, acorde con la potencialidad que le da su ubicación geográfica no es solo algo que haremos con agrado, sino que lo entiendo como un deber del Gobierno de España hacia Canarias. Así pues, potenciar las relaciones de Canarias tanto portuarias como

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aeroportuarias es una estrategia adecuada para el desarrollo de la comunidad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, efectivamente, esto es coherente con lo que aprobamos en el último debate sobre el estado de la Nación, una propuesta de resolución por la que se crea un grupo de trabajo formado por el Gobierno de Canarias y por el Gobierno del Estado para diseñar esta nueva estrategia interesante e imprescindible para Canarias, pero para llevar a cabo esa nueva estrategia y aprovechar esa potencialidad de la situación geográfica de Canarias es necesario el desarrollo de sus puertos y aeropuertos. Por eso, señora ministra, Canarias le exige a usted, a su departamento y al Gobierno del Estado que se implique de verdad en la defensa del conjunto portuario canario. En estos momentos hay dos proyectos, el del puerto de Granadilla y el del puerto de Arinaga, que necesitan un esfuerzo conjunto de ambos gobiernos para poder llevar a cabo la adjudicación de estas dos infraestructuras, que son imprescindibles. De la misma manera que es imprescindible que su departamento se implique en llevar a cabo el desarrollo de los planes directores de los aeropuertos de Tenerife sur y Gando. Para aprovechar esa nueva situación, esa necesaria complementariedad para la economía canaria, es indispensable potenciar las infraestructuras que son vitales para el desarrollo económico y social, sus puertos y sus aeropuertos.
Canarias, como reconocía el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la Nación, necesita una economía que complemente el turismo y sin ninguna duda pasa por la potenciación de sus puertos y aeropuertos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señoría, coincido con usted. La inversión ejecutada por este Gobierno en 2004 con respecto a la media de la legislatura anterior ha sido un 23,48 por ciento más en aeropuertos y un 64,03 por ciento más en puertos. Esta voluntad del Gobierno de apoyar los puertos y aeropuertos canarios también se ha reflejado, señoría, en los Presupuestos Generales del Estado. En relación con los aeropuertos, ha crecido casi un 60 por ciento, 1,89 veces la dotación media anual de la anterior legislatura, y en puertos el crecimiento ha sido de un 33,5 por ciento, 1,84 veces la dotación media de la anterior legislatura. Con respecto a los planes que usted me está planteando, quiero comentarle que en aeropuertos el quinquenio que vamos a acometer equivale a duplicar las inversiones del quinquenio anterior y, en cuanto a los puertos, hay un crecimiento con relación a la media del quinquenio anterior de un 75 por ciento. No puede haber una expresión más clara de la voluntad del Gobierno de apoyar los puertos y los aeropuertos canarios.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA JUANA SERNA MASIÁ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿QUÉ TIPO DE ACTUACIONES ESTÁ LLEVANDO A CABO EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA RELACIONADAS CON EL PROBLEMA DE ACOSO ESCOLAR? (Número de expediente 180/000800.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la ministra de Educación y Ciencia, de doña Juana Serna.


La señora SERNA MASÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, el Grupo Socialista quiere conocer las actuaciones que está llevando a cabo su ministerio, el Ministerio de Educación, en relación al acoso escolar, porque no tenemos constancia de que se haya tomado ninguna medida desde hace muchos años. Esto es así y es un problema porque se trata de una conducta agresiva, intencionada y perjudicial que tiene como protagonistas a los jóvenes escolares. A menudo oímos que no es un problema que tenga demasiada importancia en España porque se producen muy pocos casos. Siendo cierto que desde luego no llegamos a ese horrible 30 por ciento que está establecido en las escuelas norteamericanas, sin embargo, los últimos estudios que se han publicado en nuestro país sobre el matonismo escolar, como le llama el doctor Rojas Marcos, ya nos muestran que el acoso escolar se ha introducido en la escuela primaria y que alcanza nada menos que el 14 por ciento, cifra que no es desdeñable.


De todas formas, lo grave del acoso escolar no es el número de casos, lo grave de este asunto es que precisamente se trata de una conducta que sirve para hostigar, oprimir y atemorizar unos alumnos a otros. También es muy grave que no es un hecho aislado, no es un hecho casual, sino que es una agresión que se produce en forma persistente, durante semanas, meses e incluso a veces años. Y lo más grave de todo son las consecuencias que se producen en las víctimas del acoso escolar, porque acaban teniendo tal quiebra de su personalidad que a veces, por la baja autoestima que adquieren y por el altísimo grado de miedo que padecen, acaban prefiriendo morir antes de seguir soportando el sufrimiento, la soledad y el hostigamiento en el que viven por culpa de esta agresión, por culpa de este acoso.


Por ello, mi grupo parlamentario, el Grupo Socialista, considera que de ningún modo debemos mirar hacia otro lado y que hay que tomar medidas, y desde luego hacerles llegar a estas víctimas, a estos adolescentes, el mensaje de que su escuela, su familia, su Parlamento y

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su Gobierno les protegen y les protegerán siempre y que no estarán solos.
Por tanto, hay que hacerles llegar el mensaje de que no callen, no sientan miedo y denuncien el horror en el que viven.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.


Señoría, coincido con usted en la valoración de la importancia de estos casos. Un solo caso de acoso escolar a nuestro juicio es suficiente para tomar medidas, para preocuparnos por esta cuestión. El Ministerio de Educación y Ciencia está decidido y comprometido a actuar tanto en la prevención como en la resolución de los problemas de acoso escolar.


En el terreno de las acciones destacaré las ya emprendidas en este curso.
Nuestro programa de apoyo y refuerzo, que aplicamos en centros de primaria y en centros de secundaria ya en el último trimestre del curso que ahora finaliza, incluye una actuación específica dirigida a la mejora de la convivencia escolar. El programa, cofinanciado al 50 por ciento por el Ministerio de Educación y Ciencia, incluye desde el principio en su diseño acciones dirigidas a la mediación escolar, al establecimiento de formas y normas de funcionamiento en los centros que favorezcan un clima escolar no solamente propicio al estudio y al aprendizaje sino a la socialización, al respeto a los demás.


En el terreno de las normas, el anteproyecto de ley orgánica de educación incluye dos novedades que merece la pena resaltar y poner de relieve. Una se refiere al énfasis en la función tutorial. Un buen tutor detecta los conflictos, media en ellos y orienta soluciones educativas. Nuestra reforma promueve el reconocimiento profesional y económico de las tareas de tutoría, especialmente aquellas dirigidas a alumnos con mayores necesidades de atención que se incluyen en los casos que menciona.
También en el marco del proyecto de ley incluimos otra importante novedad, el área de educación para la ciudadanía que, como S.S. sabe, es habitual, como educación cívica o educación para la ciudadanía, en la mayoría de los países europeos. Formar ciudadanos que sepan convivir en paz ya desde la escuela, que respeten a los demás, que acepten la importancia de convivir con unas normas, que busquen la solución pacífica de conflictos, es uno de los objetivos centrales del sistema educativo.


En definitiva, estamos en presencia de una situación en la que es conveniente prevenir y actuar, y en la que han de colaborar todos los agentes del sistema educativo. Como en tantos casos, todos nos tenemos que envolver, familias, medios de comunicación, gestores y administraciones. Por supuesto... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Su tiempo ha terminado, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON DOMINGO MIGUEL TABUYO ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿CÓMO SE VA A DESARROLLAR EL PROGRAMA DE INCENTIVACIÓN DE LA INCORPORACIÓN E INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (PROGRAMA I3)? (Número de expediente 180/000801.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Domingo Miguel Tabuyo.


El señor TABUYO ROMERO: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, cambiar el modelo de desarrollo para construir y consolidar una sociedad del conocimiento es uno de los grandes retos que este Gobierno y su ministerio se marcaron como prioritarios para incluir a España entre los países que lideran la ciencia y la investigación mundial, porque invertir en capital humano para competir, progresar y estimular así las redes sociales y empresariales es una apuesta de futuro que estamos empezando a construir desde hoy. Los países que mayores recursos destinan a la investigación y a la innovación consiguen mayores cuotas de bienestar para sus ciudadanos. Para ello debemos involucrar al Estado, a las comunidades autónomas, a la universidad, a las empresas y a otros organismos públicos de investigación. Pero esa no es nuestra realidad, llevamos años de retraso con respecto a los países más avanzados. En materia de I+D+i nuestro balance es claramente deficitario y nuestra inversión se sitúa en el 1 por ciento del PIB, muy por debajo de la media europea, que se sitúa en el 2 por ciento. El presidente Rodríguez Zapatero manifestó en la presentación del programa Ingenio 2010 que España no se puede permitir perder más talentos ni que nuestros investigadores se tengan que ir a países que les ofrecen medios, recursos y oportunidades porque aquí no se crearon las condiciones para poder desarrollar su actividad. Pero también es un tema de futuro que debe construirse desde la base de nuestros jóvenes investigadores y estamos apostando por mejorar sus condiciones laborales. El Programa I3 pretende, dentro de los objetivos de Lisboa y de Barcelona, reforzar la política de apoyo a la incorporación de doctores al sistema de I+D+i, que actualmente estamos realizando a través de los Programas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y Torres Quevedo, incentivando la oferta de puestos de carácter permanente en universidades y otros centros de I+D, así como la captación de profesores e investigadores de alto nivel y de jóvenes con potencial investigador para incorporarlos al sistema de ciencia y tecnología español. Los recursos humanos inciden significativamente en la excelencia

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de los resultados y, a su vez, en la capacidad de innovación y en el progreso del país. La necesidad de afrontar nuevos retos que convergen con el diseño de los espacios europeos de educación superior e investigación requieren un importante esfuerzo inversor. Por ello, señora ministra, le pregunto: ¿Cómo se va a desarrollar el programa de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora?

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.


Señoría, efectivamente el Gobierno ha hecho de la I+D+i una prioridad absoluta en actuaciones, en programas y en presupuestos con unos crecimientos, en el año 2005, del 25 por ciento en cumplimiento de los compromisos electorales y, como ha anunciado el presidente del Gobierno, esta seguirá siendo su actuación en los próximos años. Es imperativo que actuemos para impulsar los desarrollos tecnológicos para extender la cultura innovadora y la base de todo sabemos que está en la investigación, en la ciencia de la que puede y debe surgir la transferencia, y no hay ciencia sin científicos, sin su talento, sin su ambición y sin su esfuerzo. Convencidos de la importancia de los recursos humanos, el Gobierno dedica gran atención a atraer, a formar, a retener y a incentivar a los científicos. El Programa I3, incluido en la estrategia Ingenio 2010 que presentó el presidente del Gobierno el jueves día 23, es una actuación novedosa. Sus normas básicas se publicaron hace semanas en el Boletín Oficial del Estado y esta semana estamos firmando ya los convenios con las comunidades autónomas. Es novedosa en los objetivos, porque favorece y cofinancia la incorporación estable de personas con destacado historial científico en centros públicos de investigación, en universidades y en otros. En particular debe ser un instrumento poderoso para la inserción definitiva de los premios Ramón y Cajal en nuestro sistema de ciencia y tecnología. En cuanto a la forma de trabajar con las comunidades autónomas, hay que destacar el esfuerzo de cooperación hecho por todos partiendo del respeto mutuo y del interés compartido por lograr esos objetivos ambiciosos, entre los que destacan esas 900 plazas estables que en los próximos tres años serán una realidad. Para incentivar la incorporación de científicos y también para la intensificación de la actividad investigadora en las universidades se dotará una financiación de unos 130 millones de euros en los próximos tres años por parte del Ministerio de Educación y Ciencia; compromisos económicos y mejoras de la regulación que afectarán también al personal en formación para configurar una carrera investigadora, exigente, pero atractiva, desde sus inicios.


Combinando estas actuaciones con grandes proyectos y grandes instalaciones, ofreceremos las mejores oportunidades a nuestros investigadores en España y a los que ahora se encuentran en el extranjero y queremos recuperar.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA OLAIA FERNÁNDEZ DAVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿CUÁL ES LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS NEGOCIACIONES EN LA UNIÓN EUROPEA RESPECTO DE LOS FONDOS EUROPEOS AL SECTOR PESQUERO? (Número de expediente 180/000789.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, de doña Olaia Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, hacemos esta pregunta porque la semana pasada fuimos sorprendidos con titulares de periódicos en los que se podía leer que fracasaba la cumbre de la Unión Europea sobre la financiación pesquera 2007-2013, por lo que nos gustaría conocer su valoración de esta cumbre, que sabemos que no llegó a ningún acuerdo, aunque tenemos noticias de que está más o menos claro que no va a volver a haber ayudas para la renovación y la modernización de la flota.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señora diputada, en el Consejo de Ministros celebrado en Luxemburgo la semana pasada iniciamos el debate del reglamento del Fondo Europeo de Pesca, donde la Presidencia y Comisión presentaron un documento de compromiso, pero después de varias discusiones y reuniones bilaterales no fue posible llegar a un documento final de consenso. Esto no significa la ruptura ni mucho menos, sino seguir negociando y trabajando en ello.
Efectivamente, uno de los temas en los que no se ha llegado a acuerdo es en la posibilidad de ayudas para la renovación de la flota y para cambio de motores en pesca artesanal, así como en la flexibilidad para el resto de la flota. Por otra parte, también España reclamaba para la acuicultura, transformación y comercialización criterios similares en cuanto al tamaño de las empresas que los adoptados para el Fondo de Desarrollo Rural.


Ante esta situación de bloqueo, la Presidencia adoptó la decisión de devolver el expediente al Correper para que se siga trabajando en el mismo. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Señora diputada.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora ministra, por la información.


Algo nos tranquiliza que nos diga que las negociaciones no están cerradas y esperamos que desde el Gobierno, y concretamente desde su ministerio, se tengan en cuenta aquellas necesidades que tiene la flota pesquera española y en particular la gallega. Nos preocupa que la posición europea respecto a contribuir en la política de renovación y modernización de la flota sea la de paralizar estas ayudas y apoyos en un momento en que la flota, sobre todo la de bajura, está prácticamente sin renovar. En Galicia tenemos una mayoría de edad, por decirlo de alguna manera, de las embarcaciones de más de 28 años, cuando hay una Ley de pesca que no permite la utilización de embarcaciones de más de 30 años, y con una gran dificultad económica para la renovación. Nos llegó información de que se planteaba en esa cumbre una línea de ayudas para incentivar a armadores jóvenes a comprar barcos de segunda mano, y nos parece que esto es una incongruencia, ya que si van a comprar barcos de segunda mano de la flota de bajura, por ejemplo gallega, comprarían barcos obsoletos. Por otro lado, señora ministra, quiero recordarle, aunque no haría falta, que las ayudas que se daban para la renovación y modernización de los buques en realidad eran ayudas directas a los astilleros, tan necesitados de carga de trabajo, que, por los datos que tenemos, tendrán grandes dificultades de cartera de pedidos a partir del año 2008.


Dado que continúa el debate y la negociación, le pedimos que además de las medidas que acaba de comentar se siga con un especial empeño y con la suficiente firmeza en la defensa de las ayudas para la renovación y modernización de la flota. No pretendemos bajo ningún concepto que esto signifique una mayor capacidad de pesca, sino un...


El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Muchas gracias, señor presidente.


Señora diputada, coincido con el análisis que ha hecho de que no solamente tiene importancia la renovación de esta flota directa, sino también en astilleros, pero quiero añadir que nosotros hemos defendido un tema adicional, que es la propia seguridad de los marineros que están faenando con este tipo de flota, y que es imprescindible que tengan embarcaciones renovadas para que afiancemos toda la política de seguridad que está haciendo este Gobierno conjuntamente con tres ministerios implicados: Trabajo, Fomento y Agricultura. Es cierto que cuando nosotros hemos defendido los criterios de renovación y modernización de la flota aceptábamos criterios que garantizaran el no incremento del esfuerzo pesquero de forma global a cambio de poder conseguir ayudas directas para esta flota artesanal y la flexibilidad de flotas de altura a la que yo me refería estaba en la línea de directrices sobre ayudas nacionales. Tenga la seguridad de que no estamos solos, de que hay varios países que están defendiendo la misma postura y de que seguiremos trabajando en esta misma línea, de la misma forma que hemos conseguido criterios socioeconómicos para zonas que antes no podían ser objeto de ayudas.


Muchas gracias. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿QUÉ EXPLICACIÓN OFRECE EL GOBIERNO PARA JUSTIFICAR LA PÉRDIDA DE RESTITUCIONES A LA EXPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS LÁCTEAS DESDE LA UNIÓN EUROPEA A CEUTA Y MELILLA PARA SER SOMETIDAS A PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL? (Número de expediente 180/000812.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con la pregunta del diputado don Francisco Antonio González, del Grupo Popular.


Adelante.


El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Señora presidenta, doy por reproducida la pregunta correspondiente al punto del orden del día.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor González.


Señora ministra, adelante.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señora presidenta.


Señor diputado, España votó en contra de la propuesta presentada por la Comisión el día 16 de junio, por la que se suprimen las restituciones a la exportación de productos lácteos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.


Adelante, señor González.


El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, señora presidenta.


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Señora ministra, he seguido muy atentamente su respuesta esta mañana en el Senado y la verdad es que no nos ha dejado satisfechos. No nos ha dejado satisfechos porque la defensa de los intereses de España no se hace desde una posición como la de ustedes. España no puede ser conejillo de indias en algo que al parecer se ha iniciado en Ceuta y Melilla. Curiosamente, Ceuta y Melilla son las únicas dos regiones del entorno de la Unión Europea a las que se les han suprimido las restituciones para los productos lácteos; a ninguna otra región ultraperiférica ni de otro tipo.
Usted ha dicho esta mañana que es un proceso que se ha iniciado. Señora ministra, conejillos de indias, no. Los intereses hay que defenderlos de otra forma. Un grupo de empresas alemanas, que llevan intentando esto hace tiempo, llegó a presentar un recurso ante la Comisión defendido precisamente por el anterior Gobierno español, y a través de la Comisión que decidió que esto no se produjera. Señora ministra, las restituciones no son el problema porque somos conscientes de que es un proceso transitorio, de que es un proceso que tiene su fin, mientras existan excedentes lácteos en la Unión Europea y, que yo sepa, señora ministra, todavía no han finalizado estos excedentes.


¿Sabe cuál es el problema? El problema es que hay que tener convicciones y que hay que defender los intereses de los españoles, y los intereses de los españoles se defienden precisamente en los órganos europeos donde nos los puedan facilitar. Ceuta y Melilla llevan muchísimo tiempo intentando salir de ese pozo económico en el que nos encontramos, modificando el estatus económico y llevando a cabo el cambio estructural de las políticas económicas para llevar a una mejor situación social a nuestras ciudades. Ustedes tienen que colaborar intensamente y la única forma es apoyando a Ceuta y a Melilla en estos parámetros a los que estoy haciendo referencia y no teniendo conocimiento de que hay un orden del día en donde se van a suprimir las restituciones lácteas de Ceuta y Melilla y no haber previsto antes una acción conjunta con la persona que está allí.
¿Sabe lo que pasa, señora ministra? Se lo voy a decir. Lo más triste de todo esto es que este Gobierno se empeña en defender todas y cada una de las posiciones de quienes no quieren saber nada de España, excepto para exprimirla y romperla y, sin embargo, desprecia y olvida a quienes se sienten orgullosos de ser españoles y que con su esfuerzo y trabajo contribuyen al progreso y riqueza de nuestro país. Ese es el problema, señora ministra.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor González.


Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Señoría, creo que antes de hacer estas afirmaciones debería conocer la normativa comunitaria con profundidad, porque la propuesta obtuvo lo que en términos comunitarios se conoce como ausencia de dictamen y, por tanto, puede ser aplicada. Insisto en que el Gobierno español, como dije esta mañana, a través de una acción conjunta de los ministerios de Agricultura, Comercio y Asuntos Exteriores ha iniciado los trámites para presentar un recurso contra esta decisión ante la Unión Europea, pero también es cierto que en el marco del acuerdo sobre agricultura de la ronda de Uruguay, la Unión Europea viene reduciendo las restituciones a la exportación de productos lácteos de forma continuada por productos y destinos. Y les recuerdo determinados años: en el año 1996 se suprimieron las restituciones para los quesos con destino a Ceuta y Melilla; la leche desnatada en polvo vio reducido en 2003 su apoyo a la exportación en más del 50 por ciento y, en 2004, en el 75 por ciento; también el pasado año disminuyeron las restituciones a la mantequilla un 45 por ciento; para todos los productos lácteos con destino a Andorra y Gibraltar, el apoyo descendió en un 30 por ciento, y para los quesos con destino a Estados Unidos, se suprimieron las restituciones. Hay temas de mayor profundidad, no se fije solo en temas puntuales y conozca toda la información, porque hay otra información muy delicada que le voy a dar aquí y que posiblemente usted conozca pero quiera ocultar: que la propuesta fue justificada por la Comisión en la existencia de una denuncia ante la OLAF -que como todo el mundo conoce es la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude- de unas presuntas prácticas irregulares con operadores de cinco Estados miembros implicados, relativas al cobro de restituciones por el envío de productos a estos destinos y su reenvío posterior al territorio de la Unión. Por favor, antes de afirmar cualquier cosa, tenga la información completa y no la tergiverse. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON ALEJANDRO ALONSO NUÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿QUÉ MEDIDAS VA A DESARROLLAR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA PARA PALIAR LA DIFÍCIL SITUACIÓN SANITARIA DE LA APICULTURA ESPAÑOLA QUE ESTÁ MERMANDO PELIGROSAMENTE LA SUPERVIVENCIA DE LAS ABEJAS POR LA APARICIÓN DE NUEVAS ENFERMEDADES? (Número de expediente 180/000804.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con la pregunta que formula el diputado don Alejando Alonso.


Adelante.


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El señor ALONSO NUÑEZ: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, esta pregunta tiene por finalidad trasladarle la preocupación del Grupo Socialista por un sector que en este momento lo está pasando mal. Nos referimos al sector de la apicultura, un sector tradicional, que reúne a miles de agricultores profesionales que desarrollan su actividad prácticamente por toda España. Es verdad que es un sector modesto desde el punto de vista económico -prácticamente solo representa al 0,50 de la producción ganadera-, pero tiene un valor sentimental, cultural y también medioambiental de gran importancia.
Seguramente, si no fuera por las abejas, España no tendría la biodiversidad botánica que tiene y quizás algunos cultivos no tendrían sus magníficas producciones si las abejas no hicieran su función. Es un sector que no tiene la misma protección que otros, no tiene organización común de mercado en la Unión Europea y, por tanto, en España y en Europa entran mieles, muchas de baja calidad, que se venden a precios muy bajos y que producen una competencia catalogada por algunos como desleal.


Este año tenemos problemas climatológicos y últimamente han aparecido algunos problemas por enfermedades que han ocasionado mortandad en distintas explotaciones. Es un problema que no solo afecta a España; también Francia, Hungría y algunos otros países tienen una problemática similar y sabemos que el ministerio mantiene contactos con estos países para intentar coordinar actuaciones. En cualquier caso, creo que cumplimos con nuestra obligación trasladándole esta preocupación y preguntándole desde el Grupo Socialista qué medidas ha tomado o puede tomar el Ministerio de Agricultura para paliar esta difícil situación por la que pasa el sector apícola español.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Alonso.


Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señora presidenta.


Señor Alonso, entre las causas que están ocasionando la muerte masiva de abejas se incluye el debilitamiento de las colmenas por adversidades climatológicas, problemas sanitarios recurrentes por malos tratamientos o resistencias a las mismas, posibles efectos de toxicidad por el uso de insecticidas, presión de depredadores, etcétera. Por este motivo, el Gobierno va a realizar estudios a fin de determinar la causa de estas bajas.


En cuanto a la cuestión concreta que usted plantea, el programa nacional de medidas de ayuda a la apicultura contempla una línea de investigación que está estudiando las principales preocupaciones del sector en materia sanitaria y de calidad de la miel y de los productos de la apicultura. El programa nacional ha incluido una nueva línea para la repoblación de la cabaña apícola comunitaria, que constituye una línea prioritaria para los agricultores titulares de una explotación profesional. Esta nueva línea tiene la posibilidad de compensar pérdidas por despoblamiento en el marco del programa nacional mencionado. Este programa nacional también contiene una línea de investigación que está estudiando las principales preocupaciones del sector en materia de sanidad y calidad de la miel, que es cofinanciada por Estados miembros estando prevista una inversión de 600.000 euros para el año 2006.


El Gobierno está elaborando una norma específica para el control de las enfermedades de las abejas. El borrador se encuentra en fase muy avanzada en su tramitación y trata la sanidad apícola de forma integrada, pero con especificidad necesaria para este tipo de explotaciones. En este sentido, y con el fin de lograr una norma adecuada a las necesidades sanitarias del sector, se han mantenido reuniones multidisciplinares para estudiar el proyecto. Hoy, día 29 de junio, está convocada una nueva reunión con los representantes del sector para proceder al estudio del programa de control de las enfermedades de las abejas.


Por último, hay que señalar que en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, del día 26 de abril, solicité una dotación financiera para la lucha contras las enfermedades apícolas que están mermando peligrosamente la superviviencia de las abejas.


Gracias. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRÍA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿PIENSA EL GOBIERNO CONFIGURAR SU CALENDARIO DE TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EN VIRTUD DE QUIEN OSTENTE LA CONDICIÓN DE LEHENDAKARI COMO DECLARÓ UNO DE LOS CANDIDATOS A LEHENDAKARI? (Número de expediente 180/000792.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con las preguntas dirigidas al ministro de Administraciones Públicas.


La pregunta se la dirige el señor Olabarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV.)

Adelante, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, esta es una pregunta que planteamos con absoluta ingenuidad. No aprecie en su contenido ninguna intención oculta. La pregunta tiene el siguiente

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tenor literal: ¿Piensa el Gobierno configurar su calendario de transferencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco, suponiendo que tenga algún calendario, en virtud de quien ostente la condición de lehendakari, tal como declaró uno de los candidatos a lehendakari en las últimas elecciones autonómicas?

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Olabarría.


Señor ministro, adelante.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señora presidenta.


Le aseguro que nunca he supuesto mala intención en ninguna de sus intervenciones; tampoco en esta. Yo no tengo conciencia de que ningún candidato a lehendakari haya condicionado el calendario de traspasos a que él sea o no sea el lehendakari. Por tanto, la respuesta es no. Este Gobierno mantiene relaciones institucionales con todos los gobiernos, con independencia de quién sea el que en cada momento ejerza la presidencia del mismo.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor ministro.


Señor Olabarría, adelante.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, le agradezco la sinceridad de su respuesta. Yo sé que en las campañas electorales a veces se cometen ciertas desmesuras intelectuales y quizás expresiones dialécticas poco pertinentes, pero uno de los candidatos a lehendakari prometió en la campaña electoral desbloquear el problema de las transferencias bloqueadas en el plazo de un mes. Además esto se produjo en la intervención, en el debate de investidura, del candidato a lehendakari cuya candidatura no fructificó, fue el señor López. Yo le pregunto si al fin y al cabo el calendario o las transferencias bloqueadas dependen de la personalidad o de la afiliación política de quien ostente la condición a lehendakari. Se lo pregunto por la preocupación y por la reflexión experimental que uno puede comprobar en esta Cámara.


Recientemente la directora de Instituciones Penitenciarias nos comentó que no se iban a transferir las competencias en materia de ejecución de la legislación penitenciaria, sencillamente porque no lo consideraba conveniente. Sutil y sofisticada argumentación jurídica donde las haya.
Nos hemos encontrado con numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, entre las que destacaríamos una que conoce perfectamente mi compañero Azpiazu, la sentencia 96/1996, que reprocha al Gobierno su desmesura en la utilización de conceptos, como la legislación básica del Estado, para impedir que incluso en el caso de que se transfiera la competencia se reconozcan los títulos competenciales de ciertas comunidades autónomas. El volumen de la legislación básica en materia de crédito, banca y seguros en este caso abortaría cualquier posibilidad de actuación autonómica en esta materia. Ya para acabar con estas perversiones, voy a comentar algo reciente, la aprobación de la Ley de reforma de la Seguridad Vial, vulgarmente llamada ley de carné por puntos, donde no solo no se respetan las competencias autonómicas, sino que incluso se rescatan, mediante una ley de carácter sectorial en materia de seguridad vial, algunas ya transferidas a las comunidades autónomas y en concreto a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Luego esto no avizora o no permite avizorar un ambiente o un panorama esperanzador. Me gustaría que las palabras de...


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Lo siento, señor Olabarría, se acabó su tiempo.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Gracias, señora presidenta.


Este Gobierno en poco más de un año que lleva ejerciendo ha hecho 33 traspasos de competencias a ocho comunidades autónomas, cuatro de las cuales no están gobernadas por el Partido Socialista. Por tanto, no solo hemos dicho que respetábamos el diálogo institucional sino que lo estamos practicando. He tenido ocasión de decirle alguna vez, y lo repito hoy, que es muy difícil que dos se pongan de acuerdo si uno no quiere. Y cuando dos no se ponen de cuerdo, tan legítimo es pensar que la culpa la tiene uno como que la tiene el otro, y, en todo caso, la tienen los dos.
Este es un gobierno que en una resolución del debate del estado de la Nación ha aceptado restringir la capacidad legal para hacer legislación básica. Es la primera vez que esto ocurre en 25 años y creo que también es bueno que se reconozca. Como digo, este es un gobierno que está dispuesto a mantener el diálogo institucional con todas las comunidades autónomas, incluyendo los traspasos de competencias.


El sábado pasado tuve la ocasión y el honor de asistir a la toma de posesión del lehendakari. Tuve ocasión de hablar brevemente con él y con la que ha sido confirmada posteriormente como vicelehendakari y quedamos en retomar los contactos y los diálogos para desbloquear asuntos referidos a traspasos de competencias. En cualquier caso, insisto en que hay algunas competencias que se pueden traspasar y a veces no se quiere hacerlo porque no se consideran de suficiente entidad y no le voy a ocultar que hay otras competencias -y S.S. lo sabe perfectamente- que sencillamente son muy complicadas y no le puedo asegurar que se puedan traspasar a la primera ni en la primera semana. La voluntad del Gobierno es hablar y llegar a acuerdos y espero que también lo sea la del nuevo Gobierno Vasco. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor ministro.


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- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LABORDETA SUBÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ MEDIDAS VA A TOMAR EL GOBIERNO ANTE LA ANUNCIADA UBICACIÓN DE UNA PLANTA DE INCINERACIÓN DE NEUMÁTICOS EN TUDELA, DADAS LAS AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES QUE PROVOCARÍA ESTA ACTIVIDAD TANTO EN NAVARRA COMO EN LAS COMARCAS ARAGONESAS LIMÍTROFES? (Número de expediente 180/000768.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con las preguntas dirigidas a la señora ministra de Medio Ambiente. En primer lugar, la que realiza el señor Labordeta.


Adelante, señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra, en primer lugar quiero indicar que esta pregunta es compartida y formulada de mutuo acuerdo entre Xunta Aragonesista y Nafarroa Bai, ya que el objetivo de la misma afecta a las comarcas de Navarra y aragonesas, limítrofes las dos. En este sentido, queremos saber qué acciones va a tomar el Gobierno, lógicamente en el ámbito de sus competencias, ante el proyecto para promover una planta de valorización energética de neumáticos fuera de uso y caucho en el polígono industrial de Montes del Cierzo, de Tudela. Recordamos que existe un Plan nacional de neumáticos fuera de uso en vigor hasta el año 2006 mediante el cual el Gobierno se compromete a impulsar una política tendente a la reutilización ecológica de los mismos abandonando la incineración. La incineración, incluida la variante llamada pirólisis, que es la que se pretende aplicar en Tudela, tiene como resultado la producción de más residuos, ya que en ningún caso la materia puede destruirse porque solo se transforma. A este tipo de plantas se le aplican diversas directivas europeas, entre ellas la 96/61, traspuesta a la legislación española en 2002.


En los residuos que se generan en el proceso de incineración se liberan numerosos productos químicos, muchos de ellos tóxicos y peligrosos. Ante esta situación la Agencia Europea de Medio Ambiente aconseja el principio de precaución, lo que lleva a muchos gobiernos europeos y mundiales a desestimar este tipo de actuaciones. Además hay que señalar que tanto el Plan de gestión integral de los residuos de la Comunidad Autónoma de Aragón como la Ley 13/1994, de residuos especiales de Navarra, no permite la eliminación por incineración. Estas decisiones se han tomado dado que las emisiones de una incineradora pueden provocar afecciones negativas e impactos ambientales perjudiciales, en el caso de la planta de Tudela, tanto a los habitantes de la zona navarra como a los de la aragonesa debido al viento dominante en el valle del Ebro, impacto negativo sobre las explotaciones agrícolas y ganaderas, en la calidad del aire, sobre el medio natural de la ribera y las aguas del Ebro, también competencia directa del Gobierno central. Se ha generado una gran inquietud en la zona. Sabemos que la concesión de la licencia de instalación y otros permisos son competencia municipal y foral, pero hemos delimitado diversos aspectos que consideramos afectan al Gobierno central y en los que deberíamos realizar las oportunas actuaciones. Por todas estas cuestiones formulamos la siguiente pregunta: ¿qué medidas va a tomar el Gobierno ante la anunciada ubicación de una planta de incineración de neumáticos en Tudela dadas las afecciones medioambientales que provocaría esta actividad tanto en Navarra como en las comarcas aragonesas limítrofes?

Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Labordeta.


Señora ministra, su turno.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señora presidenta.


Señor diputado, el Gobierno en el campo de sus competencias en esta materia solo puede legislar y hacer cumplir la legislación en el caso de que esta no se cumpla adecuadamente, pero no tenemos ninguna competencia de gestión ambiental. Quiero decir que la decisión de poner una planta de incineración de neumáticos fuera de uso en Navarra -vamos a llamarlo por su nombre- solo corresponde al Gobierno de Navarra, después de que se lleve a cabo un procedimiento de declaración de impacto ambiental que corresponde precisamente a ese Gobierno autónomo y donde todos pueden ejercer la posibilidad de hacer cuantas alegaciones crean convenientes.
En cualquier caso, insisto en que la legislación actual, acorde con la legislación europea, permite la incineración de residuos, concretamente en la aplicación de la Directiva 2076.


Lo que sí está haciendo este Gobierno es desarrollar un real decreto sobre tratamiento de los neumáticos fuera de uso, que ya ha sido presentado al Consejo Asesor de Medio Ambiente y a la conferencia sectorial, puesto que es verdad que había un Plan nacional desde el año 2001, pero no existía ningún decreto que estableciera cómo favorecer de manera preferente la prevención y el reciclaje de los neumáticos fuera de uso. Ahora tenemos un decreto, que espero que el Gobierno pueda aprobar muy pronto, donde apostamos claramente por el reciclaje. En ese sentido, ya hemos conseguido que en los pliegos de prescripciones técnicas del Ministerio de Fomento, en lo que se refiere a las obras en carretera, aparezcan las especificaciones necesarias para que se exija un contenido mínimo de residuos de neumáticos fuera de uso. Vamos a seguir trabajando en esa dirección para que haya la capacidad de dar preferencia cada vez más a ese tipo de técnicas en lugar de la técnica de la incineración.


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Insisto, señoría, en que la incineración tiene que ajustarse escrupulosamente a las normas europeas. Por supuesto espero que si se hace esa planta sea exactamente así.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ANGELS RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿MANTIENE LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE QUE "NO ES PREVISIBLE QUE SE PRODUZCAN RESTRICCIONES DE AGUA DE BOCA" Y QUE EL ABASTECIMIENTO PARA LA POBLACIÓN ESTÁ GARANTIZADO, COMO AFIRMÓ LOS PASADOS 17 DE MAYO Y 1 DE JUNIO? (Número de expediente 180/000778.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con la pregunta que realiza la diputada doña Angels Ramón-Llin.


Adelante.


La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.


Doy por reproducida la pregunta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Ramón-Llin.


Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señora presidenta.


La contestación es sí, señoría.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora ministra.


Adelante, señora Ramón-Llin.


La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra, la semana pasada el director general de Aguas de su ministerio aseguraba -y de ello se hacían eco los medios de comunicación valencianos fundamentalmente- que en principio este verano no están previstas restricciones para grandes abastecimientos. Y decía, con una prudencia que no es la misma que la suya: salvo situaciones imprevistas, aunque no especificaba dónde, pero sí refiriéndose siempre a alguna zona de la costa mediterránea. Como digo, son unas declaraciones de un responsable de su ministerio mucho más prudentes que las suyas, que se han ratificado hace un momento.


Nos preocupa esta cuestión, sobre todo porque últimamente cuando usted hace alguna afirmación al respecto no solo temblamos nosotros sino que tiemblan todos los ciudadanos. No son creíbles sus palabras en este sentido, y en muchos otros, porque efectivamente para resolver los graves problemas de agua que tiene España no han hecho absolutamente nada. Sí es verdad que posiblemente su respuesta y sus declaraciones obedezcan a que ahora sí que pueden tener cierta tranquilidad en época de sequía porque gracias a las políticas que se llevaron a cabo durante los gobiernos del Partido Popular, en cuanto a creación y construcción de infraestructuras, usted y todo su equipo pueden respirar con una cierta tranquilidad en estos momentos.


Señora ministra, esas son las únicas garantías que el Gobierno socialista tiene en estos momentos, porque en esta materia ustedes -y tendrá que reconocerlo conmigo- viven absolutamente de rentas y fundamentalmente de cuestionar todas las actuaciones que se hicieron con los gobiernos del Partido Popular. Quiero recordarles algunas cuestiones que ustedes olvidan, como que fueron esos gobiernos del Partido Popular los que pusieron en funcionamiento los indicadores de sequía, los que dejaron elaborados los pliegos de bases para la asistencia técnica para contratar los planes de sequía, como recoge el Plan Hidrológico Nacional y que después de un año ustedes han sido incapaces de poner en marcha. También estamos hartos de que digan -como supongo que dirá, porque lo ha dicho en muchas ocasiones- que ustedes van a resolver todo esto con la famosa planta desaladora de San Pedro del Pinatar, que solo funciona una novena parte y que ya hizo el Gobierno del Partido Popular, y con la ampliación de la desaladora de Alicante, que lo único...


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Lo siento, señora Ramón-Llin, se acabó su tiempo.


Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señoría, abordamos la sequía tomando decisiones desde hace meses, porque decisiones son las obras que ya se están ejecutando, obras de emergencia por valor de más de 370 millones de euros, obras para evitar precisamente problemas de suministro y para mejorar también la situación de los regadíos, algo que usted habiendo sido consejera de Agricultura creo que conoce bastante bien, porque tendrá que reconocer que no hicieron, ni mucho menos, lo que tenían que hacer en la Comunidad Valenciana y que es este Gobierno el que está haciendo las modernizaciones de regadíos que ustedes dejaron pendientes en la anterior legislatura, y algunas de ellas las estamos teniendo que hacer incluso como obra de emergencia, como la que estamos haciendo en el caso de Lorca. Si se hubieran hecho esas obras de modernización durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular, si se hubieran puesto en marcha las plantas desaladoras prometidas por el Partido Popular, y que cuando terminó la legislatura anterior no estaban,

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estaríamos en estos momentos con mucho más margen que el que tenemos.


No se trata de mirar hacia atrás. Se trata de ver lo que estamos haciendo en estos momentos y como señalo, el Gobierno ya ha tomado decisiones, algunas de ellas de extraordinaria importancia para los más afectados por la sequía este año y con obras de emergencia y de urgencia que suponen, entre otras cosas, que esa planta de San Pedro del Pinatar, que usted dice que hizo el Partido Popular y que al ritmo al que iba hubiera tardado al menos dos años más en terminarse, ya está terminada. Todavía no da la totalidad del agua que puede dar, pero por lo menos da algo. Con ustedes hubiera dado cero total este verano porque no le habían dado ninguna prioridad. Si ampliamos la desaladora de Alicante, que cuando la hicieron ustedes entonces las desaladoras eran maravillosas, serán más hectómetros los que habrá al final de este año. Por tanto, señoría, el Gobierno está haciendo algunas actuaciones que el anterior Gobierno del Partido Popular no hizo, y como no las hizo la situación es la que es, mejorada por supuesto por la acción y por la voluntad de este Gobierno.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA TERESA DE LARA CARBÓ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿SON COMPARTIDAS POR EL GOBIERNO LAS DECLARACIONES DE LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE SOBRE LA NECESIDAD DE SUBIR EL PRECIO DEL AGUA EN LA ACTUAL SITUACIÓN DE SEQUÍA? (Número de expediente 180/000779.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con la pregunta de doña María Teresa de Lara.


Adelante.


La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.


Doy por reproducida la pregunta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora De Lara.


Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidenta.


Como usted sabe perfectamente, modular las tarifas del agua para penalizar los consumos excesivos es algo que debe hacerse en todos los momentos, cuando llueve y cuando no llueve, y es bueno que esto sea entendido no como ninguna forma de agresión, sino como un incentivo al uso eficiente del agua, que es exactamente lo que dice la OCDE y lo que dice la Unión Europea. Desconozco si el Partido Popular está de acuerdo con la OCDE y con la Comisión Europea. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora ministra.


Señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Señora ministra, han transcurrido quince meses desde que usted prometía a las zonas deficitarias más agua, más barata y en menos tiempo. Ahora quince meses después nos preguntamos y analizamos lo que tenemos. No tenemos más agua, señoría. Ustedes han derogado el trasvase del Ebro y han prometido en su lugar un número indefinido de desaladoras, pero este número indefinido no cubrirá ni la mitad del déficit del arco mediterráneo. Y digo que han prometido un número indefinido de desaladoras porque ninguna de las nuevas desaladoras que han prometido, no incluidas en el Plan Hidrológico Nacional, está en los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente ni de la sociedad Aquamed, señora ministra, por mucho que usted repita que sí, porque tengo un informe del ministerio y ninguna está en esa sociedad. Repito, ninguna nueva desaladora. A día de hoy, señorías, no hay trasvase y no hay alternativa. Se trata, decía la ministra en estos días pasados, de gestionar la escasez; usted lo ha dicho recientemente. No, señora ministra. Se trata únicamente, para el Partido Popular, de la solidaridad interterritorial y a mi grupo le parece escandaloso que mientras que un montón de hectáreas de regadío han visto reducido su volumen de riego a la mitad, miles de metros cúbicos del Ebro sigan vertiéndose al mar.


Hablaba usted hace quince meses de agua más barata y, si en algo ha destacado, ha sido por los reiterados esfuerzos de su ministerio por incrementar el precio del agua. Y no me conteste que sus esfuerzos se deben a que la Directiva marco del agua en el artículo 9.1 dice que hay que incorporar el principio de recuperación de costes, porque es cierto.
Pero usted o miente o dice verdades a medias y no nos lee a los españoles el último párrafo del artículo 9.1, que yo sí le voy a leer a usted. El último párrafo de este artículo que la señora ministra siempre cita dice exactamente: Los Estados miembros podrán tener en cuenta los efectos sociales, medioambientales y económicos de la recuperación de los costes y las condiciones geográficas y climáticas de la región o regiones afectadas. Su función como ministra del Gobierno de España es defender los intereses de los españoles ante la Unión Europea y no buscar los parabienes de la Unión Europea.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora de Lara. Lo siento, se acabó su tiempo.


Señora ministra, adelante.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señoría, efectivamente la Directiva

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marco dice lo que dice con todos sus párrafos, cosa que nunca hemos ocultado, y por eso estamos trabajando el ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura para que, a lo largo de los próximos años, y teniendo en cuenta que el horizonte que marca la directiva es el año 2010, podamos aproximarnos a su cumplimiento en todos sus términos, analizando aquellas situaciones de cultivos o de territorios que tengan que seguir estando subvencionados en cuanto a los costes del agua.
Exactamente eso es lo que estamos haciendo y nos hubiera venido muy bien para hacerlo aquellos estudios sobre la repercusión de costes de la aplicación de la Directiva marco en España que ustedes incorporaron en uno de los preceptos de la Ley del Plan Hidrológico Nacional -por cierto, fue la única enmienda del Grupo Socialista que ustedes aceptaron en aquel trámite-, pero, vaya por Dios, desde el año 2001 hasta el 2004 no les dio tiempo a hacer los estudios preparatorios para analizar la repercusión de los costes de la Directiva marco en España. Esa es la realidad. Esos estudios, esa aproximación la está haciendo el Gobierno de la nación, trabajando conjuntamente el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura. Y no quiera confundir a los ciudadanos una vez más, porque una cosa es modular las tarifas del agua, es decir, penalizar los consumos excesivos y sobre eso no se ha pronunciado al respecto. Quizá usted piensa que es bueno despilfarrar el agua. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA REMEDIOS MARTEL GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CUÁL ES LA VALORACIÓN DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DE LAS CONCLUSIONES QUE SE PUEDEN OBTENER DEL ESTUDIO ECOCARTOGRÁFICO QUE SE ESTÁ ELABORANDO EN LA FRANJA LITORAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA? (Número de expediente 180/000785.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora ministra.


Continuamos con la pregunta de la señora Martel. Adelante.


La señora MARTEL GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, el turismo de sol y playa en mi provincia, en Málaga, es un sector clave para la economía, sobre todo por el efecto arrastre que tiene para otros sectores económicos. La provincia de Málaga, que supera el millón 200.000 habitantes, tiene 170 kilómetros de costa de los que el 80 por ciento son de playa. La importancia del litoral en el sector turístico representa para nuestra economía el 26 por ciento del producto interior bruto de la provincia. Señora ministra, desde el comienzo de esta legislatura el ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General de Costas ha reorientado la política de costas en el compromiso de impulsar una gestión sostenible integrada y concertada del litoral en la que la protección y la conservación de la integridad del sistema litoral y marítimo constituye un objetivo. En esta línea se ha mostrado especial interés por el litoral malagueño, olvidado por los anteriores gobiernos del Partido Popular, acometiendo actuaciones dirigidas a mantener el equilibrio natural de nuestras playas para la recuperación y estabilización de las mismas, eliminando instalaciones inadecuadas, facilitando a los ciudadanos la utilización de la costa, proporcionando su acceso, eliminando las barreras a las personas con discapacidad o movilidad reducida y preservando al máximo los ecosistemas costeros.


Para la recuperación, estabilización, regeneración ambiental y mejora de la calidad de las playas y para ampliar y completar el conocimiento de los fenómenos litorales se están ejecutando trabajos específicos de carácter general y de ámbito provincial, como es el estudio ecocartográfico. Con este estudio se pondrán en valor los efectos patrimoniales y medioambientales de nuestro litoral y sus particularidades. La realización del estudio ecocartográfico marino de la franja costera malagueña es una actuación pionera en la Península que entendemos encaminada a proteger, mejorar la costa y, en la necesidad de utilizar los recursos, acometer actuaciones respetuosas con los ecosistemas litorales. Por ello, señora ministra, le pregunto: ¿Cuál es la valoración del Ministerio de Medio Ambiente de las conclusiones que se pueden obtener del estudio ecocartográfico que se está elaborando en la franja litoral de la provincia de Málaga?

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Martel.


Señora ministra, su turno.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señora presidenta.


En efecto, el Ministerio de Medio Ambiente quiere saber mucho más sobre nuestras playas, sobre nuestro litoral y sobre nuestros fondos marinos porque, si queremos tener una calidad de oferta turística a la altura de las demandas de los ciudadanos de otros países, tenemos que preservar y cuidar con extraordinario rigor el patrimonio natural y también el patrimonio histórico cultural que se sitúa en nuestro litoral.


En el caso de Málaga, hemos encargado un estudio, que ya se está ejecutando y que estará terminado en julio del próximo año, que costará algo más de dos millones de euros y que significa un reconocimiento en profundidad, y nunca mejor dicho, de la fauna y flora del litoral y de los fondos marinos. Esto nos va a permitir tener una herramienta poderosa para integrarla en cualquier plan que afecte a nuestras costas; me refiero a los planes sobre

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puertos deportivos, a todo tipo de infraestructuras que puedan incidir en nuestra costa y, por supuesto, a las propias actuaciones de la Dirección General de Costas, hasta ahora muy centradas en la obra civil y que en esta legislatura pretendemos que tengan mucho más en consideración los valores ecológicos, incluso, como decía, del patrimonio histórico-cultural, puesto que una parte de esos estudios tenderá a darnos información sobre el patrimonio arqueológico y las áreas a proteger por ese motivo y no solamente por motivos de carácter ecológico.
Hemos abierto lo que creemos que puede ser un avance en el conocimiento, que tiene que estar al servicio de esa preservación de la costa malagueña y de todo el litoral mediterráneo, y por supuesto del atlántico, que forma parte de ese otro tipo de actuaciones que usted ha señalado: la recuperación para el uso público de nuestras playas y las actuaciones para la recuperación ecológica de nuestro litoral.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON SIRO TORRES GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ ACTUACIONES TIENE PREVISTAS EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EN LA CUENCA DEL JÚCAR CON DESTINO A LA ADECUACIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE ALBACETE? (Número de expediente 180/000786.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Entramos en la última pregunta, que es del señor Torres García. Adelante, señor diputado.


El señor TORRES GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra, durante los años de Gobierno del Partido Popular, la provincia de Albacete demandó infructuosamente que se cumplieran los compromisos adquiridos en relación con importantes y necesarias actuaciones de carácter medioambiental, la mayor parte de ellas recogidas en el Anexo II de la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional. En poco más de un año, que es el tiempo transcurrido desde que tomara posesión el actual Gobierno, hemos comprobado con satisfacción cómo proyectos de la importancia del acondicionamiento del canal de María Cristina, en la ciudad de Albacete, el dragado y acondicionamiento del pantano de Almansa o la sustitución de bombeos en la zona de La Mancha Oriental, que estaban paralizados por el anterior Gobierno, han sido decididamente impulsados desde su llegada al Ministerio de Medio Ambiente, encontrándose algunos de ellos en fase avanzada de ejecución. Con el mismo grado de compromiso demostrado en relación con los proyectos más emblemáticos, algunos de los cuales acabo de citar, me consta que, desde su ministerio y de acuerdo con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se ha decidido llevar a cabo un proyecto de mejora medioambiental en el cauce del río Júcar para evitar los problemas de degradación existentes. El grave deterioro del cauce en algunos tramos aconseja que se actúe con prontitud, así como que se arbitren soluciones compatibles con los usos tradicionales y potenciales de las zonas afectadas, teniendo en cuenta además la necesaria protección ante el riesgo de inundaciones.


A la vista de esta situación, señora ministra, le pregunto: ¿qué actuaciones tiene previstas el Ministerio de Medio Ambiente en la cuenca del Júcar con destino a la adecuación medioambiental en la provincia de Albacete? (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Torres.


Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señora presidenta.


Señoría, el importe total de las actuaciones que tenemos previstas de recuperación ambiental del río Júcar a su paso por la provincia de Albacete asciende a unos 20 millones de euros y las tres actuaciones más importantes son precisamente las que usted señalaba en su intervención: la correspondiente al pantano de Almansa, la relativa al canal de María Cristina y la adecuación con carácter general del río Júcar durante 60 kilómetros de su trayecto por la provincia de Albacete. Esas actuaciones suponen más de la mitad de esos 20 millones de euros en los que está trabajando el Ministerio de Medio Ambiente. Efectivamente, la obra que se terminará antes será la correspondiente al acondicionamiento y mejora del canal de María Cristina. Hay un convenio con la Junta de Castilla-La Mancha y con el Ayuntamiento de Albacete que va a permitir superar una situación de contaminación de las aguas. Se van a introducir métodos de depuración biológica, se va a mejorar la impermeabilización del canal, se va a recuperar bosque de ribera. Todo ello significa una actuación superior a los 8 millones de euros, que puede estar terminada de aquí a un año aproximadamente.


También quiero señalar que todas estas actuaciones, como usted también ha dicho, estaban dentro del anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional del año 2001, incluso estaban todas contempladas en de la financiación europea de fondos Feder, pero a mitad del año 2004 no se habían iniciado. Esto forma parte del gravísimo desajuste entre lo prometido y lo ejecutado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que al inicio de esta legislatura había visto ejecutarse apenas el 8 por ciento del total de las promesas incluidas dentro de la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Actuaciones como la del pantano de Almansa hace mucho tiempo que se tendrían que haber abordado, porque ese pantano en

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este momento es completamente inútil, además de la degradación del entorno sufrida. Cuando decimos que hace falta agua, es inaceptable que haya embalses como el de Almansa que no pueden funcionar por la dejación que se ha hecho durante años...


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Lo siento, señor ministra, se acabó su tiempo. (Aplausos.)

INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL EN RELACIÓN A LOS ACTOS DE REPRESIÓN COMETIDOS POR LAS FUERZAS DEL ORDEN MARROQUÍ EN LA ZONA DEL SÁHARA OCCIDENTAL Y EN MARRUECOS CONTRA LA POBLACIÓN SAHARAUI. (Número de expediente 172/000107.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, pasamos al turno de las interpelaciones urgentes.


Comenzamos con la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la posición del Gobierno español en relación a los actos de represión cometidos por las fuerzas del orden marroquí en la zona del Sáhara Occidental y en Marruecos contra la población saharaui.


Para formular la interpelación, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías, señor ministro, en primer lugar, quiero manifestarle que lamento que la interpelación de esta tarde haya interrumpido su agenda de trabajo, que seguro es muy importante y de interés general, pero el aplazamiento de esta interpelación de la pasada semana a esta, la interrupción del periodo de sesiones de esta Cámara hasta septiembre y la gravedad de los hechos me han obligado a mantener la interpelación en el día de hoy.


Es usted conocedor, porque no podría ser de otra manera, de que desde el pasado 21 de mayo -hace más de 40 días- se vienen produciendo en el Sáhara Occidental, desde nuestro punto de vista ocupado ilegalmente por el Reino de Marruecos desde 1975, una serie de hechos que han consistido esencialmente en un conjunto de manifestaciones de la población civil saharaui en distintas ciudades del territorio ocupado, que se han extendido también a distintas ciudades del Reino de Marruecos, una respuesta pacífica de la población civil saharaui que pretende denunciar la violación de los derechos humanos, rechazar la ocupación, exigir el referéndum de autodeterminación, en definitiva, el cumplimiento de la legalidad internacional. La respuesta de las autoridades de Marruecos ha sido la represión violenta de estas manifestaciones pacíficas, las detenciones arbitrarias, el impedimento de este ejercicio absolutamente elemental de las libertades, como es el de manifestación, en definitiva, una reiterada violación de los derechos más elementales. Por si fuera poco este comportamiento de las autoridades marroquíes en relación con Sáhara Occidental, se ha prohibido la entrada de observadores internacionales, de representantes de instituciones, de medios de comunicación de forma reiterada, de manera que el territorio ocupado ilegalmente por Marruecos está hoy cerrado a cal y canto, sin ningún tipo de observadores objetivos.


Esta vez, señor ministro, señorías, no estamos hablando de sospechas, no estamos hablando de impresiones; hay listas de ciudadanos detenidos, hay listas de ciudadanos heridos, hay listas de ciudadanos deportados, hay imágenes -fotografías, DVD, etcétera- que ponen en evidencia estos actos represivos, es decir, que no estamos hablando de impresiones sino de hechos enormemente graves. Si grave es esta represión sin sentido de las autoridades marroquíes, es también grave el impacto que esta situación está generando en todo el Magreb. Estamos en una situación peor que hace unos años en relación con la inestabilidad de esta zona del continente africano, tan fundamental para la estabilidad del continente y para los intereses del Estado español, y yo diría que de manera especial para la Comunidad Autónoma de Canarias. La tensión entre Marruecos y Argelia se incrementa, se han suspendido encuentros previstos entre ambos gobiernos, se ha suspendido la cumbre de la Unión del Magreb Árabe y se vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de volver a la guerra en esa zona del mundo.


Esta violación de los derechos humanos en el Sáhara ocupado no es nueva, pero seguramente sea más grave lo que estamos viviendo estos días; una violación que ha sido reiteradamente denunciada por organizaciones internacionales que se dedican a la defensa de los derechos humanos.


Las instituciones españolas, el pueblo español, esta Cámara y su Gobierno seguramente estamos más obligados que otros pueblos del mundo a actuar ante este tema. Las razones son evidentes porque España firmó en 1975 un acuerdo tripartito aquí en Madrid que entregó el Sáhara Occidental a Marruecos y a Mauritania, olvidándose de manera incomprensible e injusta de la población saharaui, que hasta ese momento disponía del mismo carnet de identidad que disponemos los aquí presentes. Esos acuerdos contribuyeron a dar cobertura a la invasión por Marruecos de ese territorio, contraviniendo las más elementales normas del derecho internacional, de los derechos humanos. El Estado español tiene más deuda moral, política y jurídica con la población saharaui que ningún otro pueblo del mundo porque en definitiva lo que pase en esa zona del mundo interesa al Estado español e interesa de manera especial a la Comunidad Autónoma de Canarias. Además, estamos obligados a intervenir porque existe un indiscutible derecho

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internacional que da cobertura a la solución del grave, largo y penoso conflicto del Sáhara Occidental.


Tenemos la impresión -puedo aventurar que no estamos solos en esta interpretación- de que el Gobierno al que usted pertenece está actuando, seguramente con buena voluntad, de una forma ambigua que está siendo aprovechada por el Gobierno de Marruecos, que genera una enorme desconfianza y frustración en la población saharaui, y yo diría que en esta parte de la política exterior se alejan ustedes peligrosamente de la opinión pública española. Me remito no solo a los hechos de estos días sino a algunos hechos anteriores que hacen preocupante la política exterior del Gobierno de España en relación con el conflicto del Sáhara Occidental. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, en declaraciones públicas y en documentos oficiales, se reconoce a Marruecos como potencia administradora de ese territorio; lo será de hecho, lo será por la fuerza, lo será en virtud de que entraron ilegalmente en ese territorio, pero en términos del derecho internacional, desde nuestro punto de vista, la potencia administradora no es el Reino de Marruecos. No entendemos cómo España se abstuvo en la IV Comisión de descolonización de la ONU el pasado octubre, cómo se produjo esa abstención en la Asamblea General, rompiendo una tradición de compromiso en la defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Tampoco entendemos cómo no se han condenado, después de 40 días, los graves hechos, la violencia ejercida por el Gobierno de Marruecos sobre una población pacífica

Señor ministro, no es de recibo que lo que se está viviendo en los territorios ocupados tampoco haya tenido una respuesta urgente, clara, de condena, de las autoridades internacionales. Hay consenso internacional sobre la solución al conflicto del Sáhara Occidental y ese no puede ser otro que el establecido en las resoluciones de Naciones Unidas de manera reiterada durante muchos años, la última, la Resolución 1495, el llamado Plan Baker, que establece con claridad una solución a las partes y que ha sido rechazada, como siempre, de manera unilateral por el Gobierno de Marruecos. Señor ministro, consideramos a todas luces inadmisible, inaceptable, que se produzca la violación de derechos elementales de las personas sin que Naciones Unidas, que tiene una representación a través de la Minurso, diga esta boca es mía y no haga absolutamente nada frente al atropello que está sufriendo la población del Sáhara Occidental.


Por eso creo que es determinante que desde aquí, desde esta Cámara, desde el Gobierno de España, se exija el cese inmediato de la represión hacia la población civil saharaui por las autoridades de Marruecos, que se garanticen los derechos humanos a estas personas, que se garantice la asistencia sanitaria, que se ponga en libertad a los detenidos saharauis como consecuencia de estos incidentes y a los muchos presos políticos que están hoy en las cárceles sin las mínimas garantías jurídicas. Es necesario, señor ministro, que se abra el Sáhara Occidental, de manera permanente y no puntual, a la presencia de observadores internacionales, a la presencia de los medios de comunicación como único instrumento para proteger a esa población indefensa, porque podemos estar siendo cómplices, sin quererlo, de algo de lo que luego nos podremos arrepentir, de una auténtica masacre sobre esa población.


Hoy se encarcela en el Sáhara Occidental a inocentes, se les condena sin ninguna garantía procesal, se impone un clima de intimidación perfectamente documentado por organizaciones internacionales que no tiene parangón. Es necesario romper la dinámica que estamos viviendo en estos más de cuarenta días y que hoy expresaba el señor Llamazares cuando decía que hace 24 horas el Tribunal criminal de El Aaiún ha condenado a 20 años de cárcel a un chico de 18 años y a dos compañeros suyos a 15 años de cárcel a cada uno de ellos por manifestarse pacíficamente.


Estamos de acuerdo en que la presencia de una representación de esta Cámara y del Senado puede contribuir a generar condiciones para salir de esta situación, pero es necesario que esa visita se haga en determinadas condiciones. Desde luego, esa visita no puede implicar el reconocer la soberanía sobre ese territorio al Gobierno de Marruecos. Esa visita tiene que garantizar la libertad de movimientos de los diputados y senadores para que puedan visitar ese territorio, tiene que garantizar el derecho de diputados y senadores a entrevistarse con todas las partes, a reconocer la situación del conjunto del territorio, en definitiva, a estar acompañados por medios de comunicación. Usted bien sabe que la solución definitiva a esta tragedia solo pasa por la efectiva exigencia al Gobierno de Marruecos del cumplimiento de la legalidad internacional, después de muchas décadas de incumplimiento manifiesto, y de manera especial del cumplimiento de la Resolución 1495 del Consejo de Seguridad del año 2003. Espero, señor ministro, que la población del Sáhara Occidental, la problemática del Sáhara Occidental no sea moneda de cambio para otras legítimas aspiraciones que podamos tener como Estado respecto a Marruecos.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe usted acabar, por favor.


El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Acabo enseguida, señora presidenta.


Le animo, señor ministro, a recuperar el consenso en esta Cámara y en la sociedad española respecto a este conflicto del Sáhara Occidental, que unió a esta Cámara a lo largo de la transición, durante muchos años, hasta hace muy poco tiempo, y que unió a la opinión pública en torno al derecho a la libre determinación de su futuro por la población saharaui.
Por eso, le insto a usted, señor ministro, en nombre del Gobierno del que forma parte a cambiar la política en relación con el Sáhara Occidental, que hoy solo contribuye a envalentonar al Gobierno de Marruecos y a debilitar las legítimas aspiraciones de

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libertad de un pueblo oprimido y que, además, está protegido por el derecho internacional.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rodríguez.
Muchas gracias.


Para contestar a la interpelación del señor Rodríguez, tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señora presidenta.


Gracias, señoría, por la interpelación urgente. Me interpela S. S. sobre los recientes acontecimientos ocurridos en el Sáhara Occidental y en varias ciudades marroquíes, en las que, es verdad, estudiantes y activistas de los derechos civiles saharauis se han manifestado, siendo en algunos casos reprimidos por las fuerzas del orden marroquíes. Es verdad también que nos han llegado imágenes por televisión de esos acontecimientos y distintas organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación. Por lo tanto, no estaba tan cerrado, porque ha habido imágenes y los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, han podido entrar en el Sáhara Occidental, no ha habido ningún rechazo a ningún medio de comunicación.


Las fuentes de información de las que disponemos tienen la fiabilidad que cada cual quiera darles porque el Gobierno no dispone de fuentes directas con las que contrastar dichas informaciones. Según esas fuentes, han sido detenidas en el curso de las distintas manifestaciones más de 100 personas, de las cuales alrededor de 90 habían sido puestas en libertad sin cargos en las primeras horas. Por lo que respecta al resto de las personas detenidas, están a la espera de juicio por distintos delitos. El Tribunal de primera instancia de dicha ciudad ha dictado sentencias condenatorias de reclusión por delito de participación en grupo armado a uno de los inculpados por un periodo de cinco años y a otros cuatro individuos por periodos de tres a un año de reclusión. Hoy mismo, como S.S. ha señalado, hemos conocido la condena a 15 y 20 años de tres inculpados más. Los sucesos han tenido como consecuencia el empeoramiento del ambiente político en el territorio del Sáhara Occidental y una mayor tensión regional, como S.S. ha manifestado, lo cual ha producido -es verdad- efectos negativos para el proceso de paz en el Sáhara Occidental y para el proceso de construcción magrebí, que, como SS.SS. saben, son dos de los objetivos prioritarios de la política exterior española. De ahí que el Gobierno de España expresase inmediatamente su preocupación por los acontecimientos y por sus consecuencias.


Dentro de ese espíritu, el pasado 9 de junio dirigí una carta a los ministros de Asuntos Exteriores de Marruecos, Argelia y Mauritania y al responsable de relaciones exteriores del Frente Polisario. En ella enviaba un mensaje claro y firme a todas las partes para que contribuyesen con medidas concretas a conseguir el retorno a una situación más propicia al diálogo y al entendimiento. Para ello, formulé un llamamiento a la calma y moderación y solicité la mayor transparencia y el acceso a una información objetiva sobre los hechos. Asimismo, pedí un respeto pleno de los derechos humanos y de la libre expresión y manifestación política por vías pacíficas. En cuanto al problema de fondo, que está obviamente en el origen de todas estas tensiones, propuse sobre todo el relanzamiento de un diálogo constructivo dentro del marco de Naciones Unidas. Mis gestiones no se limitaron a las partes en conflicto y a las partes regionales, sino que también se dirigieron a otros escenarios, en particular a Naciones Unidas, a las que me referiré con posterioridad. Precisamente con el objetivo de obtener una información transparente y objetiva de los sucesos acaecidos, solicité al secretario general de Naciones Unidas que, sobre la base de los datos proporcionados por la Minurso, en cumplimiento del mandato de que dispone esta misión de paz, hiciese pública la información esencial sobre los hechos acaecidos en el mes de mayo.


Señoría, los acontecimientos a los que nos referimos son producto del estancamiento, que dura ya 30 años, en el que se encuentra el proceso de paz en el Sáhara Occidental, un statu quo que no es aceptable y que se está convirtiendo en un peligro para la estabilidad de la región, porque la salvaguarda de los derechos de la población saharaui es indisociable a la búsqueda de una solución justa y duradera del conflicto del Sáhara. No buscar una solución definitiva al conflicto del Sáhara es no buscar y no querer salvaguardar los derechos del pueblo saharaui. Recientemente, con motivo del debate sobre el estado de la Nación, ha sido aprobada en la Cámara una resolución por todos los grupos políticos En ella, entre otros puntos, se insta al Gobierno a que promueva todas las iniciativas políticas que contribuyan a conseguir un acuerdo consensuado entre las partes. Se trata, en efecto, de un acuerdo de principios, pero es un consenso político que ayer también volvió a reflejarse en una resolución aprobada por todos los grupos políticos y propuesta por el Partido Popular y el Partido Socialista.


Señoría, alcanzar una solución justa y definitiva es responsabilidad sobre todo de Naciones Unidas, una solución que refleje el desarrollo de las distintas resoluciones del Consejo de Seguridad. Soy consciente de que España puede ejercer cierta influencia dada la privilegiada situación de interlocución con todas las partes; desde que este Gobierno asumió sus funciones es posible la interlocución con todas las partes y en cualquier momento, ya sea con Marruecos o el Frente Polisario, con Argelia o Mauritania o con otros Gobiernos interesados. Vengo manteniendo intensos contactos con todos aquellos actores que tienen influencia sobre el proceso, trabajando para crear un clima de confianza que permita retomar el proceso político en el marco de Naciones Unidas, a través de un diálogo constructivo dirigido y

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encauzado por Naciones Unidas y su Secretaría General. En este sentido se pronuncian las resoluciones vigentes, tanto la 1541 como la 1570, aprobadas durante la pertenencia de España al Consejo de Seguridad, que instan -repito y subrayo instan- a la búsqueda de soluciones mutuamente aceptables para todas las partes, no la resolución que ha mencionado S.S., hay otras resoluciones aprobadas en el Consejo de Seguridad con el voto favorable de España.


Los hechos acaecidos a partir de las últimas semanas de mayo han vuelto a demostrar el riesgo que conlleva un statu quo inmovilista en torno al conflicto del Sáhara Occidental por falta de un horizonte político y de iniciativas relevantes. Es justo reconocer que Marruecos ha permitido, insisto, la presencia libre de los medios de comunicación en el territorio, internacionales y españoles, que han publicado, a menudo en tono crítico, abundantes noticias y crónicas sobre la situación en el Sáhara Occidental. El Gobierno español, como ya he indicado, ha reaccionado con gran celeridad ante deterioro de la situación. He llevado a cabo, y se sigue haciendo, intensas y urgentes gestiones diplomáticas con todos los actores implicados para ayudar a restablecer la calma y crear un ambiente propicio para superar la crisis. En ese contexto instruí al secretario de Estado de Asuntos Exteriores para realizar una gira regional diplomática del 7 al 8 de junio a Argel, Tinduf, Nouakchott y Rabat dedicada a tratar en exclusiva la cuestión del Sáhara Occidental.
Tanto las partes como los países vecinos concernidos han acogido con gran receptividad las propuestas españolas que paso a trasladarles.


En primer lugar, hemos planteado que las partes, los países directamente interesados y Naciones Unidas, unan sus esfuerzos para gestionar el proceso político de forma constructiva, eviten acciones unilaterales y, en cambio, actúen de manera apropiada para incrementar la confianza. En segundo lugar, y en aras de obtener una información transparente y objetiva de los sucesos acaecidos, he solicitado al secretario general de Naciones Unidas que, sobre la base de los datos proporcionados por la Minurso, en cumplimiento del mandato que dispone la misión, se haga pública la información esencial sobre los hechos acaecidos en el mes de mayo. En tercer lugar, para revitalizar el proceso diplomático el pasado 3 de junio envié una carta al Secretario General de Naciones Unidas exponiendo la necesidad de que nombre pronto un nuevo enviado personal con suficiente peso político y capacidad de mediación política entre las partes; asimismo le pedí que se nombre un representante especial para encabezar la Minurso.


Señoría, no quiero dejar de hacer una mención a la cuestión de denegación de acceso al territorio del Sáhara Occidental a varias delegaciones de cargos electos, diputados autonómicos y ONG. El Gobierno de España ha hecho pública su insatisfacción y yo personalmente así se lo expresé al ministro de Asuntos Exteriores, señor Benaissa. El Gobierno sí ha obtenido de las autoridades marroquíes, como S.S. ha mencionado, la garantía de que una delegación parlamentaria española podrá visitar por primera vez desde el año 1975 el Sáhara Occidental. Las invitaciones cursadas por los presidentes de las Cámaras parlamentarias marroquíes han sido ya recibidas en el Senado y en el Congreso y con el preceptivo acuerdo de las respectivas Mesas esperamos que ese viaje pueda realizarse.


Señoría, concluyo. El Gobierno está procurando activamente, con todo su compromiso político y diplomático, lograr el retorno a las condiciones de serenidad necesarias para poder revitalizar el proceso político de arreglo en el seno de Naciones Unidas, para ofrecer un horizonte político definitivo a las partes y a sus poblaciones y para reforzar el proceso de construcción magrebí tan necesario en estos momentos. A este respecto considero que la participación de las sociedades civiles españolas, de las fuerzas parlamentarias y de todos los grupos parlamentarios aquí representados, todos ellos puedan ser un factor importante para ayudar al Gobierno a conseguir este objetivo común que todos compartimos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro, muchísimas gracias.


Señor Rodríguez, para su turno de réplica, tiene la palabra.


El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, reconozco que detrás de su trabajo hay una voluntad expresa por intentar encauzar un conflicto que entre otras cuestiones nos debe generar mala conciencia a los ciudadanos que formamos parte del Estado español, pero de lo que hablo es de la eficacia de esta posición.
Tengo la impresión de que esa buena voluntad que expresa usted, esos movimientos diplomáticos que genera envalentonan la posición marroquí y debilitan la legal posición del pueblo saharaui. Esa estrategia se ha demostrado como fracasada en estos 30 años. Tengo la impresión de que quien no ha movido un ápice su posición en estos 30 años -me remito a los datos- es el Gobierno de Marruecos y no tengo la impresión, sino que tengo la certeza de que no van a hacer ningún movimiento en el sentido de buscar el encuentro y la salida. Las autoridades marroquíes y el Rey de Marruecos han insistido en que no aceptarán nunca ningún proceso de libre determinación de ese territorio. El propio Plan Baker fue un avance generoso que aceptó la otra parte reduciendo sus derechos, sin embargo la posición marroquí no se ha movido ni un ápice. Señor ministro, la posición de la política exterior española en este tema, cargada de buena voluntad, no está contribuyendo precisamente a mejorar las condiciones.
Me remito a los hechos que estamos viviendo recientemente, que demuestran que la situación es de altísima tensión, que se puede deteriorar rápidamente y que no se puede pedir a las dos partes el mismo esfuerzo, porque hay una parte

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que tiene derechos reconocidos, que está subordinada a la otra y hay una parte que es débil y otra que es fuerte. Me parece que esa equidistancia favorece a la parte poderosa de esa relación, que es la del Gobierno de Marruecos.


Señor ministro, la visita puede contribuir a distender la situación o a todo lo contrario si no se hace adecuadamente. Nos consta que las autoridades marroquíes, que tienen sus habilidades, saben que esa visita va a ser relevante, importante y significativa políticamente. Sabemos que esa visita se va a convertir, si no manejamos las condiciones para ello de una manera adecuada, en un instrumento para reclamar de una forma manipulada la marroquinidad del Sáhara Occidental. Sabemos que la población de origen marroquí que se ha desplazado en estas décadas hacia el territorio del Sáhara Occidental está preparada y organizada para darnos la impresión el día que aparezcamos por allí de que los que viven allí son saharauis que defienden la marroquinidad de ese territorio. Por eso, señor ministro, la posición del Gobierno español en estos momentos, esa ambigüedad, ese esfuerzo diplomático de entendimiento y de buscar el consenso está favoreciendo la posición del Reino de Marruecos. Me parece que los hechos que estamos viviendo son lo suficientemente graves como para que el Gobierno de España condene con claridad esas situaciones, exija el cese de la represión indiscriminada de los territorios ocupados, garantice a través de Naciones Unidas que observadores aseguren la protección de la población saharaui, reclame con firmeza las resoluciones de Naciones Unidas e inste a que el consenso que creo que se está rompiendo en España en relación con el Sáhara Occidental se restablezca.
Tengo la impresión de que el Grupo Socialista, cuando profundicemos en la situación del Sáhara Occidental, se va a encontrar solo en esta Cámara.
Cuando hacemos declaraciones de buenas intenciones encontramos consenso, pero cuando profundicemos en este problema tengo la impresión de que el Grupo Socialista se puede encontrar solo. Tengo la impresión también de que el Partido Socialista, sus militantes, sus cuadros, sus representantes en instituciones municipales, en parlamentos territoriales, en instituciones de diverso orden no están en las tesis que está dirigiendo el señor ministro en estos momentos con la política diplomática en este asunto. Por eso le insto, señor ministro, a que con el máximo respeto y reconociendo el esfuerzo que pueda estar haciendo cambie de estrategia, porque la que está llevando adelante está condenada al fracaso; a que se condene con firmeza la violencia que se ejerce sobre gente pacífica; a que se condene con firmeza la violación de los derechos más elementales de esos seres humanos y a que exijamos en el marco de Naciones Unidas el cumplimiento de sus resoluciones.


Acabo con una referencia. Ustedes, el Gobierno socialista del Estado español, han alcanzado una victoria electoral por muchas razones, pero hay una que creo que ha sido importante: su posición clara, contundente en el conflicto de Irak. La defensa del derecho internacional en esa materia ha sido un elemento que ha legitimado en gran medida el espacio social que a ustedes les vota. Esa firmeza que tuvieron en un conflicto difícil, que les ha llevado a un alejamiento de la primera potencia del mundo, los Estados Unidos, la reclamo también con el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas respecto a este pequeño pueblo, que tiene una historia en común y que no tiene el poder de otros, pero sí los mismos derechos. Por tanto, señor ministro, le insto a modificar esa posición porque creo sinceramente que está condenada al fracaso.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rodríguez.


Su turno de dúplica, señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidenta.


Señorías, me reservé para la réplica comentar algunas de las reflexiones de su primera intervención y lógicamente le voy a responder a las que acaba de realizar en su turno de réplica. Es verdad, como señalaba S.S., que el objetivo principal que debe tener la política exterior de España es lograr estabilidad, modernidad para el norte de África, para el Magreb; ese debe ser un objetivo vital para los intereses españoles, y sobre todo después del 11 de marzo. El 11 de marzo debe ser un elemento de reflexión profunda de lo que supone la participación de ciudadanos que tienen su origen en el Magreb, y tenemos que trabajar todos para conseguir esa modernidad y esa reconciliación histórica entre Argelia y Marruecos, pero para eso necesitamos resolver el problema del Sáhara. El Gobierno desde el primer día se remangó la camisa y empezó a trabajar sobre un tema espinoso, difícil, sensible, que hoy, gracias a este activismo del Gobierno, está despertando la atención y el interés de todos los grupos políticos españoles, incluido el suyo. No voy a dejar que nos den lecciones de ética y de responsabilidad sobre la defensa de los derechos del pueblo saharaui. Yo estoy muy convencido de que mis compañeros de partido y la ciudadanía española comprenden perfectamente la labor del Gobierno. La labor del Gobierno no es ambigua, la labor del Gobierno es rigurosa en la defensa de la legalidad internacional. Quiero recordarle que la legalidad internacional, Naciones Unidas, no el Gobierno de España, califica en sus resoluciones y en sus textos a Marruecos como potencia administradora; no es España, sino Naciones Unidas. Si nosotros respaldamos a Naciones Unidas en Irak, estamos respaldando a Naciones Unidas para resolver el conflicto del Sáhara. No voy a permitir que me den lecciones de mayor compromiso a favor de esa población que lleva sufriendo 30 años en los campamentos de Tinduf, porque este Gobierno es el que ha permitido por primera vez que responsables políticos del Gobierno, del Ministerio de

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Asuntos Exteriores, viajasen a Tinduf en tres ocasiones, el que ha duplicado la ayuda alimentaria y el que está preocupado por encontrar una solución definitiva al problema del Sáhara. (Aplausos.) No es ambigua la actitud del Gobierno cuando quiere precisamente buscar una solución.
Usted menciona la Resolución 1495 pero se olvida de otras resoluciones del Consejo de Seguridad, la 1541 y la 1570. En ellas se insta a las partes a buscar una solución política, y eso es lo que está tratando de hacer el Gobierno, movilizando a todas las partes para encontrar el marco de diálogo político para alcanzar una solución definitiva. España y el Gobierno de España tenemos que trabajar con ese objetivo. Nosotros seguiremos actuando con plena responsabilidad, la de que en el conflicto hay dos partes, la saharaui y Marruecos. Nosotros no estamos beneficiando a Marruecos o perjudicando al pueblo saharaui; nosotros estamos buscando una solución definitiva al problema para que permita una reconciliación entre Argelia y Marruecos, para que podamos construir el espacio magrebí, el espacio euromagrebí, y para que podamos inyectar en ese espacio geográfico una esperanza de futuro que desgraciadamente no tienen.


Señoría, le pido que ayude al Gobierno, que apoye al Gobierno en sus esfuerzos para movilizar definitivamente este problema. Tendré ocasión esta noche y mañana el presidente del Gobierno de hablar con los responsables argelinos y con los responsables marroquíes para llevar a cabo una labor diplomática importante y solicitar al secretario general de Naciones Unidas que se implique de manera más directa para que podamos ver solucionado definitivamente un conflicto que dura 30 años. Este Gobierno solo lleva 15 meses dedicado a encontrar una solución, por tanto no se nos responsabilice de aquellos 28 años en que no se encontró una solución. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA GENERAL QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA QUE NO VUELVAN A REPETIRSE LAS ACTUACIONES COMO LAS REGISTRADAS EN RELACIÓN CON LA DETENCIÓN IRRREGULAR DE DOS MILITANTES DEL PARTIDO POPULAR, POR LA SUPUESTA AGRESIÓN AL MINISTRO DE DEFENSA EN LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2005 POR LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.
(Número de expediente 172/000113.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con la siguiente interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre las medidas de política general que va a adoptar el Gobierno para que no vuelvan a repetirse las actuaciones como las registradas en relación con la detención irregular de dos militantes del Partido Popular por la supuesta agresión al ministro de Defensa en la manifestación convocada el día 22 de enero de 2005 por la Asociación de Víctimas del Terrorismo.


Tiene la palabra el señor Hernando, en nombre del Grupo Popular.


El señor HERNANDO FRAILE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


Señorías, señor ministro, la libertad es la espina dorsal de cualquier sistema democrático. El derecho de los ciudadanos a opinar, manifestarse o militar políticamente con respeto al ordenamiento legal es básico en un sistema de libertades. Un verdadero sistema democrático y de libertades se asienta sobre el respeto a los derechos de los ciudadanos, el ordenamiento constitucional y las leyes. Precisamente son los derechos y las normas que consolidan las libertades de los ciudadanos las barreras infranqueables que los gobiernos y sus funcionarios deben respetar para distinguir un Estado democrático de otro totalitario, un régimen de libertad de un régimen policial, por eso no se puede -y resulta gravísimo, señor ministro- detener ilegalmente a ciudadanos en virtud de su militancia política, como ha pasado recientemente en España, aun cuando eso pueda venir bien al Gobierno o al Partido Socialista en sus ataques contra el Partido Popular. Desgraciadamente, señorías, esto no es algo nuevo, esto es algo que en otras épocas también sucedía. Hace quince años el Partido Popular celebraba su congreso de refundación, el señor Aznar llegaba a la presidencia del partido y allí se denunciaba lo que lamentablemente sucedía en aquel tiempo en España: el abuso de poder, la corrupción, la financiación ilegal del Partido Socialista. Aquello no gustó tampoco al Gobierno de entonces, que desató una nefanda operación política y mediática y, también como ahora, detuvo a militantes del Partido Popular con acusaciones falsas. El Gobierno del señor González tardó ocho años para, en ese caso con colaboración de un juez, detener a militantes del partido de la oposición por razones políticas. Es cierto que ese Gobierno ya había cometido otras acciones más indecentes, pero ustedes, el nuevo Gobierno socialista, se están dando mucha prisa por imitarles y en vez de ocho años les han bastado ocho meses para hacer lo mismo que entonces y detener ilegalmente a militantes del PP por razones políticas, militantes que tanto entonces como ahora han sido declarados inocentes por los jueces, y es que, señorías, señor ministro, detrás de esto hay graves tics de intolerancia.


Ustedes no soportan que les critiquen, como le pasaba al señor González, y menos que se manifiesten públicamente las discrepancias, por eso ustedes aprovecharon un lamentable incidente en torno al señor Bono para organizar una campaña política, mediática y policial contra el Partido Popular y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, solo por el hecho de que ambas organizaciones

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no aceptaban la ruptura unilateral del Pacto antiterrorista y las conversaciones con ETA que el Gobierno, de forma directa o indirecta, había iniciado. De poco servía que tanto la AVT como el PP condenaran los insultos al señor Bono. Ustedes encontraron en ello una oportunidad para denigrarnos, se nos presentó como extremistas peligrosos y se intentó convertir al señor Bono en un mártir; hoy ustedes han vuelto a insistir en lo mismo. No tenían suficiente con difamarnos, señorías, había que dar un paso más, había que dar un giro más a la tuerca y se organizó una operación en la que los hasta entonces zarandeos se convirtieron ya, el domingo, en agresiones, a pesar de las declaraciones policiales manifestando que no habían existido las mismas. Ese domingo hace usted unas declaraciones a un periódico que aparecen el lunes dando órdenes para que la Policía investigue y trate de localizar a los autores de, según usted, una inadmisible agresión -diario El Mundo del lunes 24-.
Usted, señor ministro, dio las órdenes para iniciar todo este proceso y no hizo, como ha dicho esta tarde, una sola declaración, usted hizo esa declaración al diario El Mundo y otra a Televisión Española, declaraciones distintas, señor ministro. A partir de ahí se desata con total virulencia la operación policial, gubernamental, mediática y política contra el Partido Popular tras publicarse sus declaraciones, señor ministro. La mañana del lunes, el secretario de organización del Partido Socialista, el señor Blanco, se pregunta sobre la filiación política de los agresores. El comisario jefe -J. F., imputado- a pesar del visionado de fotos y vídeos y contrariado por las declaraciones de los policías testigos, que manifiestan la inexistencia de la agresión, señala que si el ministro dice que le han pegado, le han pegado, y eso no se cuestiona; sabe usted que eso consta en el sumario, a pesar de que usted aquí, en Comisión, manifestó este extremo y negó este asunto. Por la tarde para abundar además en el tema el delegado del Gobierno señala que se están construyendo responsabilidades y la SER identifica a Isidoro Barrios y a María Antonia de la Cruz, militantes del PP, por estar en una foto cerca del señor Bono. El martes a primera hora sigue la rueda de las desgracias. La cadena SER vuelve a denunciar a otras dos personas por ser militantes del Partido Popular, entonces de Alcobendas, y salir en fotos de las manifestaciones, y ya se anuncia en un medio de comunicación la intención de la Policía respecto de Isidoro y de Antonia. A media mañana el comisario jefe, señor J.F., releva al comisario instructor por negarse a detener a los militantes del Partido Popular y a las 13:00 horas se envía a un vehículo policial a sus domicilios para ser conducidos y detenidos en comisaría hasta las 16:00 horas de la tarde, hecho también que figura en el sumario y extremo que usted negó también en Comisión.
Por la tarde el delegado del Gobierno dice que esas personas son imputadas sin haber remitido tan siquiera las diligencias al juzgado y posteriormente se envían acusándoles de un delito de atentado a estas dos personas. El día 26 el presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, remata la faena y dice no tener dudas de la profesionalidad de la actuación policial. Radiotelevisión Española durante todos estos días hace un despliegue mediático dando cobertura a todos estos hechos, que son una vergüenza y que deberían sonrojar a cualquier demócrata, aunque parece ser que a usted le dejan tibio. Afortunadamente los tribunales han dejado a cada uno en su lugar: Isidoro y María Antonia han sido declarados inocentes. Ya sé que a usted no les gusta hablar de estas personas y que para usted ellas no existen, pero son dos ciudadanos de este país con los mismos derechos que tiene usted, señor ministro, y eso debería haberle llevado a mantener otra actitud respecto a estas personas.


Señorías, gracias a los jueces y a un juzgado ha resplandecido la verdad, ha triunfado el Estado de derecho y se ha abierto procedimiento penal contra tres funcionarios de la Policía por cometer abuso de poder.
Señorías, en un Estado democrático y de derecho no se puede detener a dos personas ni se las puede linchar mediáticamente por ser militantes del partido de la oposición; no deben organizarse campañas falsas político-policiales ni mediáticas para destruir al adversario político con mensajes y montajes de este tipo; no se puede intentar convertir a las víctimas del terrorismo o al partido opositor en extremistas peligrosos; no se pueden construir responsabilidades políticas ni penales desde el Gobierno contra la oposición porque la preconstitución de pruebas y responsabilidades es un delito; no se puede imponer la declaración de un ministro a la de 14 policías testigos de que no hubo agresión física porque eso convenía o conviene al ministro o al Gobierno; no se puede avalar el cese de un instructor policial porque no quiera detener a unas personas; no se puede defender a funcionarios policiales que han cometido abusos ni desviaciones de poder, quizás pensando que, como a otros, se les va a dar alguna recompensa.


Señor Alonso, usted ha tenido cinco meses para rectificar y no lo ha hecho. Usted ha tenido cinco meses para pedir perdón al Partido Popular y a estas personas y no ha querido, a pesar del calvario que ellas han tenido que atravesar por su culpa, por su incompetencia y por su indecencia, señor ministro. Usted ha podido condenar la actuación policial y defender a las víctimas de una detención ilegal y ha hecho justamente lo contrario. Ha obligado al fiscal particular del Gobierno a tener que inventarse un nuevo tipo penal sospechoso como es el de actitud vociferante y a la Abogacía del Estado a cuestionar la profesionalidad e independencia de un juez instructor. Usted, señoría, ha mentido en esta Cámara de forma reiterada y su permanencia en el cargo, señor ministro, cada día es más insostenible. Usted empezó en este caso siendo una víctima del señor Bono, pero hoy es una víctima de sí mismo. Entre ambos ministros han causado un terrible perjuicio a dos personas inocentes, Isidoro y María Antonia, dos modestos ciudadanos españoles, por ser del Partido Popular. Para ello a ustedes no les ha importado que se arrasaran sus más elementales derechos civiles a la libertad de expresión, de manifestación,

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de militancia y de imagen, y eso no puede ser gratis. Usted no ha cesado a nadie, y no lo ha hecho porque no ha podido, porque, señor ministro, usted sabe que es el máximo responsable de este lamentable abuso y desviación de poder. Señor Alonso, ¿quién será el próximo? ¿Quiénes serán los próximos, señor Alonso? ¿Cuándo, señor Alonso? ¿Por qué, señor Alonso? Los ciudadanos son libres cuando no temen nada, pero usted desgraciadamente causa más temor entre ciudadanos normales por el hecho de militar en el partido político al que yo pertenezco que entre aquellos que son los únicos a los que usted debería dar temor, que no son otros que los delincuentes, los chorizos y los terroristas.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe ir acabando, señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Inmediatamente, señora presidenta.


Deje de mentir, mire al pasado para advertir a dónde llevaron a compañeros de su partido actitudes como la suya. Señor ministro, asuma responsabilidades y rectifique. La decencia y la dignidad democrática así se lo exigen, señor ministro.


Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Hernando.


Para contestar a esta interpelación urgente tiene la palabra el señor ministro del Interior.


Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señora presidenta.


Señor Hernando, me voy a ver obligado a repetirle hechos que les he contado cincuenta veces, aunque les da igual porque a ustedes los hechos no les interesan. Les voy a repetir, a usted en este caso, que la manifestación empezó el día 22 de enero a las 17 horas, a la que asistieron 35.000 personas y la Policía tuvo noticia de lo que había ocurrido, es decir, que el señor Bono, ministro de Defensa del Gobierno de España había sido increpado, amenazado y zarandeado y la Policía hizo lo que tenía que hacer. Para investigar los hechos abre de oficio un atestado policial a las 22 horas del mismo día de la manifestación. En el atestado se ordena realizar por parte de los profesionales, del instructor las diligencias que tuvo por convenientes. Entre esas diligencias, como ya les he dicho tantas veces, la Policía conoce unas declaraciones a una emisora de radio de una persona que, al parecer, es secretario del Partido Popular de Las Rozas en las que identifica a dos personas. La Policía las llama a declarar y comparecen voluntariamente, las provee o van provistas de abogado para garantizar sus derechos y se les lee sus derechos constitucionales como implicados. La Policía, a la vista de todo ello, remite el atestado a la autoridad judicial y al ministerio fiscal.


Ya les he dicho tantas veces -no las recuerdo- que, en primer lugar, la Policía sostiene la existencia de indicios y motivos racionales y suficientes para entender que hay actividad delictiva. La Policía conoce las manifestaciones del señor Bono y conoce el resto de lo actuado en el atestado, y sabe que ha sido increpado, insultado, amenazado y agredido.
Les recuerdo que la Policía dispone de videos, fotos, partes de lesiones y resto de las evidencias, así como de las propias manifestaciones públicas del ministro de Defensa. Todo ello a juicio de la Policía profesional evidencia, en el nivel indiciario en el que se mueve en esos momentos la investigación, que existe un delito y que hay dos personas que pudieran estar implicadas. Si la Policía entiende que ello es indiciariamente cierto solo puede hacer una cosa con la Constitución y las leyes en la mano: abrir diligencias para investigar los hechos y tratar de localizar a los autores, y eso es lo que hizo. La policía abrió de oficio las diligencias y las condujo de un modo exclusivamente profesional con respeto a lo que le ordenan la Constitución y las leyes.
En ningún momento la policía recibió órdenes o indicación alguna respecto de su tarea profesional ni de la estructura política del Ministerio del Interior ni del delegado del Gobierno, como por otra parte tan reiteradamente ha explicado el mencionado delegado del Gobierno en público, en privado, en el informe que me hizo para la primera comparecencia, en sus declaraciones judiciales y en todos los lados y, como según parece -usted que está tan al tanto de las declaraciones judiciales-, han manifestado los propios policías concernidos.


En consecuencia, tengo que decirle de nuevo -y se lo voy a decir con toda la educación que a usted le falta- que respeto absolutamente el marco de competencias de la Constitución y de las leyes, que lo he respetado y que lo respetaré siempre. La policía en la investigación de los delitos está vinculada a la ley y no recibe órdenes ni indicaciones políticas de ningún tipo. Yo no sé si ustedes tienen ese criterio, pero es el mío, lo ha sido antes, lo es ahora y lo será en el futuro y, como le decía el otro día a un compañero de su grupo político que me interpelaba, métaselo en la cabeza porque es así. La policía en la investigación de los delitos -insisto-, está vinculada a la ley y no recibe ninguna orden ni indicación política de ningún tipo. Las diligencias las traslada al fiscal y al juez y ese es el marco jurídico constitucional de la justicia. Por mi parte, respeto absolutamente -como decía antes a sus compañeros que me preguntaron- a la policía; confío en la policía, en la buena policía democrática que tenemos, y mientras no se me demuestre lo contrario confiaré siempre en ellos. Respeto también los pronunciamientos -luego le diré algo- de los jueces cuando sean pronunciamientos definitivos, es decir, los únicos hábiles para tratar la suposición o presunción constitucional de inocencia. Lo que usted hace -también se lo he dicho muchas veces a los miembros de su grupo- es en sentido propio un juicio paralelo. Usted analiza, se pone en el papel de

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policía, en el de fiscal, en el de juez y nos dice lo que ha ocurrido en este caso. Lo que yo le digo es que esos papeles están constitucionalmente reservados a otras personas no a un tribuno político como usted.


Por lo demás, tengo que recordarle un par de cosas. El 24 de junio de 2001 recordará que hubo una manifestación antiglobalización en Barcelona, donde hubo una serie de serios incidentes y fueron detenidas 21 personas; algunas fueron puestas en libertad sin cargos, otras enjuiciadas, en fin, los jueces sabrían lo que tendrían que hacer. Cuando compareció el señor Rajoy, el presidente de su partido, a la sazón ministro del Interior, en este Congreso dijo e insistió en que de lo que él se tenía que fiar era de los informes policiales. Lamento que ustedes tengan ese cambio de criterio cuando de una bancada pasan a otra bancada, cuando están en la oposición, porque justamente lo que yo he hecho ha sido fiarme de los informes policiales porque, insisto, confío en la policía profesional que tenemos y respeto el marco constitucional de competencias de cada cual; la parte política del sistema de seguridad tiene sus responsabilidades y la parte profesional tiene las suyas propias. (El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Pujalte.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Durante los mandatos de los gobiernos del Partido Popular hubo, si no recuerdo mal, 236 asistencias letradas a 578 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía por supuestos delitos de detención ilegal. La inmensa mayoría acabaron en nada, como es lógico, y una minoría muy minoritaria acabó en condenas.
Que yo recuerde, como le señalaba esta tarde, nadie sugirió desde otros grupos políticos la dimisión ni del ministro Mayor Oreja ni del ministro Rajoy ni del ministro Acebes; nadie sugirió la dimisión de estas personas ni por lo que se ve ellas mismas se la plantearon en ningún momento, seguramente porque tenían muy clara la distinción que acabo de hacerle entre responsabilidades políticas y responsabilidades profesionales.


Usted me interpela sobre lo que usted llama medidas políticas -creo que es lo que dice el texto de su interpelación- a adoptar en las manifestaciones. Mire usted, en un Estado de derecho rige el imperio de la ley y el derecho constitucional de manifestarse, un derecho constitucional subjetivo clarísimo, está regulado efectivamente por la Constitución y por las leyes, por la Ley orgánica 9/1983; es decir, es un asunto juridificado que no está sujeto al principio de oportunidad sino al principio de legalidad. El sistema democrático y el Gobierno legítimo de España, por tanto el Gobierno legítimo de ese sistema, garantiza el libre ejercicio de derechos constitucionales en cualquier caso. A las manifestaciones legales, legalmente ejercidas, va quien quiere bajo su exclusiva responsabilidad y no hay nada que decir, salvo respetar ese marco constitucional y legal.


Lo que hace usted, en definitiva, son cuatro o cinco cosas. Primero, hace un juicio paralelo. Segundo, manipula las declaraciones públicas que yo he realizado, que como les decía esta tarde consistieron en una sola declaración que por fortuna está grabada, se puede comprobar en cualquier momento y responde al texto literal porque se corresponde con mi mentalidad y con mi manera de actuar que les anunciaba y les refería esta tarde. En tercer lugar, manipula mi comparecencia parlamentaria y la comparecencia parlamentaria dice lo que dice y, por fortuna, está el "Diario de Sesiones" para comprobar que lo que le conté esta tarde al señor Zaplana es absolutamente cierto. En cuarto lugar, manipula las declaraciones judiciales en dos sentidos: convierte un auto de mera conclusión de diligencias previas en una sentencia y lo utilizan para enervar la suposición constitucional de inocencia de unos policías que actúan profesionalmente en el ejercicio de las funciones de su cargo e ignoran el otro auto donde se dice claramente que el ministro Bono fue agredido y donde en ese otro auto, que surge de un procedimiento judicial, se viene a decir que se mantuvo la imputación de estas dos personas militantes de su partido. El juez recibió declaración en calidad de imputados y a pesar de sus recursos los mantuvo imputados hasta que acabó el procedimiento. El juez, por tanto, también advirtió indicios racionales para hacerlo, ¿por qué puede hacerlo el juez, y no puede hacerlo, en un estadio anterior y donde se exigen elementos indiciarios incluso más débiles, la policía? Es una pregunta a la que me tendría que responder usted.


Finalmente, señor Hernando, ya les dijo ayer la Cámara lo que pensaba de sus manipuladoras tesis y se lo dijo racionalmente. Usted prefiere responder de nuevo con el catálogo de insidias con el que me han interpelado, con groserías y con injurias. Ese es su estilo, el mío no.
Mi estilo pasa por mantener la educación y por respetar la Constitución y la legalidad democrática.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro.


Para su turno de réplica, vuelve a tener la palabra, señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señora presidenta.


Insiste usted en que no dio la orden, pero las declaraciones están en el diario El Mundo. Léalas usted. Repáselas y entérese de lo que dijo y de cómo lo dijo, porque aquí están, señor ministro. (Rumores.) Usted dio órdenes de poner la maquinaria en marcha y el delegado del Gobierno se dedicó a construir responsabilidades. Lo ha declarado él, lo ha dicho él.
Señor ministro, después de mantener esta tesis usted vino a esta Cámara y mantuvo otra, diciendo que hay separación entre la acción de la policía y las consignas políticas, y usted

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sabe que eso no era así. Se estaban dando instrucciones políticas por personas que estaban a su mando y bajo su responsabilidad. (Rumores.)

Le voy a recordar unas declaraciones suyas que figuran en el "Diario de Sesiones", del día 2 de marzo, en la sesión de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados: Me parece incuestionable que un ministro de España merece una credibilidad objetiva clara (quizá en el pasado o si fuera del PP no sería así) El señor Bono fue objeto de agresiones y patadas, golpes en la espalda, en los riñones, etcétera. Señor ministro, ¿dónde está el parte médico que avala estas agresiones? Porque sí hay otros partes médicos. ¿Por qué eso no coincide con lo que dijeron los 14 policías testigos que declaran todo lo contrario y manifiestan que no hubo agresión? Usted mintió en esto como mintió en el tema de los informes que usted sabe que no existen. Señor ministro, usted en esa Comisión dijo lo siguiente: Hay una tesis que es la del Partido Popular, según la cual unos militantes de ese partido no hicieron nada y hay otra tesis que es la de la policía profesional que dice que hay indicios de que sí lo hicieron. Señor ministro, no lo hicieron. Usted lo sabe. Esos policías no actuaron profesionalmente y usted es el responsable hoy al defenderles de esa actuación. En un país democrático no se puede tolerar que funcionarios policiales construyan responsabilidades y menos que un ministro del Interior defienda esos comportamientos. Ya le he dicho antes que otros ministros lo hicieron en el pasado y así acabaron. Usted quiere convertir la libertad en un lujo para algunos ciudadanos de este país por el hecho de pertenecer al PP y eso me parece tremendamente grave. Hoy el señor Bono lo ha vuelto a repetir aquí: Nosotros somos distintos de ustedes, los buenos y los malos. Los que tienen el carné del PSOE y los que no lo tienen o lo tienen de otras formaciones políticas. (Rumores.) Ustedes aparecieron como abanderados, señor Alonso, de una presunta regeneración política y democrática y hoy sólo representan la degeneración democrática con actitudes como esta. Usted mintió a esta Cámara. No hubo tres instructores. Se relevó a uno de los instructores porque no hizo lo que ustedes dijeron que hiciera. Usted dio la orden y lo hizo públicamente y, a continuación, otros responsables, como el delegado del Gobierno, el comisario imputado manifestó que si el ministro dice que le han pegado es que le han pegado y eso aparece en el sumario.
Usted se está acostumbrando, señor ministro, a mentir. Y voy a decirle una cosa más. Un régimen totalitario se diferencia de uno democrático en que si a las seis de la mañana llaman a tu puerta es el lechero.
(Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.


El señor HERNANDO FRAILE: Un régimen de libertades, señorías del PSOE, se diferencia de otro que no lo es en que a la hora de comer uno está en su casa o en el restaurante comiendo con su familia, sus amigos o solo y no en comisaría detenido ilegalmente y prestando declaración por razones políticas porque ello conviene al Gobierno, como ha pasado con dos personas a las que usted ha tenido la indecencia de ni tan siquiera en este turno pedir excusas, señor ministro. Siga usted así, siga usted fiándose del señor Bono. Siga usted manteniendo las tesis que aquí mantiene. (El señor Madero Jarabo pronuncia palabras que no se perciben.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Madero.


El señor HERNANDO FRAILE: La verdad es la verdad, la diga Agamenón o la diga del señor Hernando, al que usted, estoy seguro, considera un porquero.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Hernando.


Finalizamos la interpelación con el turno de dúplica del ministro del Interior. (Rumores.) Señor Ballestero.


Por favor, señorías, silencio.


Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, de nuevo, señora presidenta.


Señor Hernando, realmente sus argumentos, entre comillas, son circulares.
Los entrecomillo porque desde luego tienen pinta de cualquier cosa menos de argumento. Son una serie de afirmaciones falaces que en ningún caso desmienten los argumentos racionales que yo le he expuesto en esta tribuna. Insiste en las manifestaciones públicas mías. Ya le dije -y léase la comparecencia a la que usted hacía alusión- que yo solo hice una manifestación pública sobre este asunto, donde dije claramente que la policía profesional, en el ámbito de sus competencias, estaba haciendo la labor de investigación que le tocaba hacer, y punto, sin interferencia alguna, le repito.


En cuanto a la credibilidad del ministro señor Bono, ministro de Defensa del Gobierno de España, a mí me la merece toda. No pretendo que le merezca credibilidad a nadie más, a mí, me la merece. (Aplausos.) Si lo que dijo es que había sido insultado, agredido, zarandeado, que le habían dado golpes en la espalda y en los riñones, eso que dijo el señor Bono a mí me merece esa credibilidad, pero, le insisto, no pretendo que se la merezca a nadie más; a mí, sí. Los policías y los jueces verán, en el ámbito de su responsabilidad, el grado de credibilidad de esas manifestaciones. Le han debido de dar credibilidad porque el juez de Instrucción número 42, en el auto de archivo, dice claramente que claro que fue agredido el señor Bono. Por supuesto que fue agredido y, además, por otra razón no ya jurídica -apartemos el argumento jurídico-, por una razón de pura ciudadanía, porque lo vio todo el país, lo pudo ver todo el país en todas las televisiones. (Aplausos.)

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Finalmente, le insisto, señor Hernando, con la más absoluta educación, pero también con la más absoluta firmeza, en que no se equivoque, yo he estado toda mi vida y estaré toda mi vida por las reglas de la Constitución, por el paquete de derechos fundamentales y por el reparto del poder orgánico que hace la Constitución; he respetado eso toda mi vida y lo respetaré siempre. Y tampoco se equivoque, que a las dos personas del Partido Popular implicadas en este asunto no les deseo mal alguno, faltaría más. ¿Sabe por qué? Porque yo hago un ejercicio del poder que no se mete en esas cosas, un ejercicio neutral, constitucional y asumiendo las responsabilidades políticas que tiene que asumir un ministro del Interior. ¿Sabe cuáles son? Luchar contra el terrorismo, luchar contra el crimen organizado, luchar por una mayor y mejor seguridad ciudadana, que es lo que estamos haciendo a pesar de ustedes.
(Prolongados aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO FRENTE A LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Número de expediente 172/000114.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Vamos con la última interpelación urgente de hoy, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas que piensa adoptar el Gobierno frente a la integración laboral de las personas con discapacidad.


Para su defensa, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Mi grupo formula esta tarde una interpelación al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con la política de empleo del Gobierno dirigida específicamente al colectivo de las personas con discapacidad, y lo hace con una profunda preocupación, que creo que comparten el conjunto de la Cámara y el propio ministro, por el hecho de que el Estado español, en el contexto de los países de la Unión Europea, tal como nos recordaba hace escasas semanas la OCDE, está a la cola en el empleo de personas discapacitadas. Según ese informe, que se hizo público por parte de este organismo multilateral de ámbito económico, tan solo Polonia tiene unas ratios de empleo de personas con discapacidad peores que las del Estado español.


Hace relativamente poco tiempo, el CES, en un amplísimo informe sobre la situación de empleo de las personas con discapacidad y basándose en la encuesta de discapacidades, deficiencias y estado de salud del año 1999 -citado por un portavoz del Grupo Socialista esta misma semana, el señor Heredia, que también nos acompaña-, configuraba una realidad de empleo de discapacitados tremendamente preocupante: 67 por ciento de población inactiva, más de 900.000 personas, y no creo que esta macrocifra haya disminuido mucho -hoy cerca de 900.000 personas, más de 900.000 personas hace unos pocos años-, que habían renunciado a buscar ningún tipo de empleo siendo personas con discapacidad y, además, con una tasa de paro alrededor de un 26 ó 27 por ciento. En definitiva, un escenario que, en materia de empleo de las personas con discapacidad, nos situaba a la cola en la Unión Europea. Una realidad que contrastaba, y mi grupo quiere hacerlo constar, por un lado, con el hecho de que desde el año 1996 hubiese un contexto de crecimiento general del empleo y, por otro lado, con la adopción de nuevas políticas en materia de ocupación para las personas con discapacidad que puso en marcha el anterior Ejecutivo, muy impulsadas también por el movimiento asociativo que agrupa a las personas con discapacidad, de manera que las pequeñas cifras empezaron a mejorar.
En un debate que ha tenido lugar esta misma semana o la semana pasada en la Comisión no permamente, doña Amparo Valcarce nos daba las cifras de contratación de personas con discapacidad y observábamos un crecimiento importante en términos relativos, pero que en términos cuantitativos nos continuaba situando en esa evidencia de que España no termina de despegar en la generación de empleo de las personas con discapacidad. (El señor vicepresidente, Gil Lázaro, ocupa la Presidencia.)

Ante este problema podemos instalarnos con la convicción de que quizá ya no podemos inventar una nueva generación de políticas activas orientadas a la generación de empleo para las personas discapacitadas, que aquello que a mediados de la década de los años noventa diseñamos como líneas estratégicas tenían un recorrido largo que nos podría ir permitiendo reducir la tasa de desempleo de las personas con discapacidad. Podemos instalarnos en una visión conformista, desde la confianza en aquello que ya estamos haciendo y nos ayuda a ir resolviendo problemas, o podemos intentar hacer un planteamiento más ambicioso. Con la interpelación de esta tarde mi grupo parlamentario pretende contribuir al necesario debate que en España necesitamos para plantear una nueva generación de políticas de empleo destinadas a las personas con discapacidad, que no condene a una nueva generación de personas con discapacidad a vivir de sus pensiones, a vivir de la ayuda de sus familias, a vivir con la ausencia de expectativa de empleo. Desde la instauración de la democracia han sido dos generaciones de personas con discapacidad las que han terminado renunciando a la perspectiva de tener empleo. La tasa de ocupación de mayores discapacitados es tremendamente baja. Por tanto, dos generaciones de personas con discapacidad que han renunciado a encontrar empleo.


Es evidente, y creo que en esto señor Caldera vamos a coincidir, que el modelo de sociedad que pretendemos

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construir y fortalecer es el modelo basado en la inclusión social y en la igualdad de oportunidades. Un modelo de sociedad que continúa situando tener empleo como el principal elemento vertebrador de la incorporación efectiva de una persona en la sociedad. Cuando 900.000 personas en España renuncian a ese derecho constitucional, es evidente que el modelo de sociedad que estamos construyendo es terriblemente injusto y no equitativo. Además -y estos días está de actualidad-, en el contexto de la estrategia de Lisboa, en el de intentar construir esta economía competitiva y, al mismo tiempo, solidaria y sostenible que se marcó en aquella cumbre, todos los europeos nos marcamos unos determinados objetivos en tasa de actividad, en número de personas en disposición de trabajar. Pues bien, España podrá alcanzar los objetivos del 70 por ciento de tasa de actividad que se marcaron en la cumbre de Lisboa en la medida en que seamos capaces de movilizar los potenciales recursos humanos que suponen esas 900.000 personas que han renunciado a buscar empleo, no tan solo porque nos jugamos ese modelo de sociedad inclusiva basada en la igualdad de oportunidades, sino porque además nuestra estrategia de crecimiento y competitividad en materia de empleo necesita de la aportación de ese número tan importante de ciudadanos que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no aprovechar.


En este sentido, mi grupo quiere trasladarle su insatisfacción, no tanto por las medidas concretas que han puesto o no en marcha, sino por la sensación de que la orientación general de la política necesita un nuevo empuje. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay que ser mucho más exigentes en el cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por ciento, y para ser mucho más exigentes necesitamos que esta Cámara y el Gobierno tengan más información sobre el grado de cumplimiento del 2 por ciento de la cuota de reserva establecida en la Lismi en el año 1993.
Hoy, el Gobierno -yo lo he intentado en diversas ocasiones con preguntas por escrito- no es capaz de informar a la Cámara de cuántas empresas están cumpliendo la cuota de reserva del 2 por ciento. El Gobierno no tiene esta información. El Gobierno ha aprobado hace escasas semanas una reforma que en términos generales nos puede parecer oportuna y que quizá en algún aspecto puntual podríamos discutir, una reforma del sistema de medidas alternativas establecida hace cuatro años. Nos llega esta reforma que flexibiliza los mecanismos para que las empresas no deban cumplir con la cuota de reserva del 2 por ciento y tampoco conocemos ese cambio de posición del Gobierno como resultado de haber alcanzado determinada ratio en la aplicación de las medidas alternativas. El señor Caldera debe conocerlo mucho mejor que yo. La Fundación Alternativa, hace un par de años, elaboró un fantástico informe sobre las políticas activas de ocupación, los incentivos en el ámbito de la Seguridad Social, y los expertos de la Fundación Alternativa dicen que si queremos mejorar nuestras políticas públicas, antes de cambiarlas, evaluémoslas. En España acabamos de modificar una parte modesta de las políticas activas vinculadas al ámbito de la discapacidad y no hemos tenido ningún balance de cuál ha sido la aplicación de las medidas alternativas desarrolladas hace cuatro años. Mayor exigencia en el cumplimiento de la cuota de reserva exige mayor conocimiento del Gobierno de cómo está funcionando la cuota de reserva y cómo están funcionando las medidas alternativas.


Los centros especiales de empleo son uno de los ejes del empleo protegido para avanzar como instrumento de transición hacia el empleo ordinario, o muchas veces como única oportunidad de muchísimas personas con discapacidad psíquica para trabajar. ¿Tiene sentido que el régimen de subvenciones para la creación de puestos de trabajo esté congelado desde el año 1985 en la cifra de dos millones de pesetas? Hace 20 años que esa subvención a los centros especiales de empleo para crear puestos de trabajo no ha aumentado ni el IPC. ¿Tiene sentido que nos mantengamos en esa posición? ¿O tiene sentido que, por ejemplo, para los puestos de trabajo en centros especiales de empleo ocupados por personas con discapacidad psíquica, con un nivel de productividad en el empleo terriblemente bajo y que cobran el salario mínimo interprofesional, a pesar de las promesas que el Gobierno formuló a través del secretario general de Empleo no hayamos sido capaces de compensar las consecuencias que para esos centros especiales de empleo tiene la subida del salario mínimo interprofesional? A esas empresas cuya capacidad de competir en el mercado es muy escasa hoy las estamos introduciendo nuevos factores que quizá las pongan en crisis. O, finalmente, en el proceso de modernización de los servicios públicos de empleo, en la necesaria mayor capacidad de intervención del sector privado en las políticas de intermediación del mercado laboral, ¿estamos dedicando suficientes recursos -atención, tensión, musculatura- para procurar que los servicios públicos de empleo prioricen al colectivo de las personas con discapacidad? Ni muchísimo menos. El informe del Consejo Económico y Social nos recuerda que aquellos Estados europeos que han avanzado en políticas más eficaces en esa materia son aquellos que en las políticas de intermediación del mercado de trabajo al colectivo de las personas con discapacidad les han dedicado atención.


Por ejemplo, el II Acuerdo Ministerio de Trabajo-Cermi sobre Plan de empleo sobre discapacidad contenía compromisos importantes del Gobierno en materia de formación ocupacional y formación continua que aún están pendientes de desarrollar. Nos falta más ambición en esta materia. Si no hay más ambición colectiva del conjunto de la sociedad, de las empresas, de los sindicatos, del propio mundo que agrupa a las personas con discapacidad, mientras la coyuntura económica sea favorable y el empleo vaya creciendo...


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Discúlpeme, señor Campuzano. Ha concluido su tiempo. No

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quisiera dejar colgada su frase. Termínela en unos segundos, pero por favor no inicie otra.


Gracias.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Si no le ponemos más ambición, simplemente con continuar con lo que estamos haciendo, estas cifras tan enormes van a seguir ahí para vergüenza de todos nosotros. Espero que con la interpelación de hoy podamos avanzar.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Campuzano.


Para contestar la interpelación en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


Señor Campuzano, le garantizo que el Gobierno -y estoy convencido de que la sociedad española- no solo no carece de ambición sino que le sobra para la integración de los discapacitados a través del empleo. Ya verá usted la cantidad de medidas que le voy a explicar que estamos desarrollando y poniendo en marcha. Es el desarrollo de la idea de igualdad y completa ciudadanía la que nos guía en la acción del Gobierno, en especial con los grupos más vulnerables, con aquellos que históricamente han sufrido exclusiones y falta de equidad en sus oportunidades. Las perspectivas de las políticas adoptadas respecto de la integración de las personas que tienen más dificultad para acceder al empleo son, sin duda, una prioridad absoluta para este Gobierno, como puso de manifiesto en esta Cámara la secretaria de Estado de Asuntos Sociales hace escasamente una semana; y lo es porque -tiene usted razón- la situación es grave. La situación que se encontró este Gobierno es grave, es una situación difícil.


El Consejo Económico y Social alertaba el año pasado de que las personas con discapacidad se encontraban a la cabeza de las cifras de desempleo, que tenían niveles inaceptablemente bajos de educación, lo que esto condicionaba de manera sustancial su acceso al mercado de trabajo, todo ello sin olvidar que todavía existían -y existen- barreras físicas y culturales que dificultan su integración real en la actividad que quizá representa de forma más genuina la plena ciudadanía, que es el derecho al empleo. A este respecto, las estrategias europeas para el empleo y para la inclusión social, señor Campuzano, se están desarrollando en España a través de los planes nacionales de acción para el empleo y la inclusión social. En el primero, aprobado en el año 2004, la VII Directriz, además de incidir en la lucha contra las desigualdades educativas, insiste en la promoción del empleo especialmente para las mujeres discapacitadas, en la puesta en marcha, por ejemplo, del Plan Moncloa y en la modificación de la normativa que regula los centros especiales de empleo. Por cierto, quiero recordarle que en los centros especiales de empleo quienes perciben un salario también se han visto beneficiados de la subida del salario mínimo interprofesional, que perdió capacidad adquisitiva con los anteriores gobiernos -no sé si entonces usted dirigía críticas a aquellos gobiernos en ese sentido-, pero ha sido este Gobierno el que ha aumentado ya un 13 por ciento el salario mínimo interprofesional y también para los centros especiales de empleo con la dotación presupuestaria oportuna, y es este Gobierno el que continuará con esa labor hasta llegar a los 600 euros al mes, valor del salario mínimo interprofesional, en el año 2008.
En el segundo, a punto de culminar el proceso de elaboración del III Plan 2005-2006, se establece de forma prioritaria el fomento de la integración de las personas que han de enfrentarse a necesidades específicas en el mercado de trabajo, aumentando las oportunidades de trabajo e impidiendo todas las formas de discriminación. Por tanto, señoría, de la conjunción de ambas estrategias se deducen dos grandes modalidades de acceso al empleo para las personas con discapacidad: el ordinario y el empleo protegido. No obstante, como a nadie se le escapa, la clave para la inserción social de los discapacitados está, sin duda alguna, en las medidas dirigidas al mercado laboral ordinario, si bien es necesario destacar que uno de los problemas añadidos a los que se enfrentan las personas con discapacidad cuando deciden incorporarse al mundo laboral es todavía el de la accesibilidad. De ahí que, entre las medidas de acción positiva dirigidas a potenciar el acceso al empleo ordinario de las personas discapacitadas, debemos destacar la cuota de reserva de puestos de trabajo que obliga a las empresas públicas y privadas con 50 ó más trabajadores a incluir al menos el 2 por ciento de trabajadores discapacitados en su plantilla; circunstancia que no siempre es posible alcanzar. Pero hemos establecido medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de dicha cuota de reserva. Precisamente esas dificultades aconsejaron la simplificación y agilización de los procedimientos a partir de la publicación del Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, que incorpora sustanciales novedades como simplificación del procedimiento para declarar la excepcionalidad alegada por las empresas debido a cuestiones de carácter productivo, organizativo, técnico o económico, ampliación de la excepcionalidad por parte de los servicios públicos de empleo que tendrá una validez de tres años en todos los casos, posibilidad de construir un enclave laboral previa suscripción del correspondiente contrato de un centro especial de empleo, establecimiento de importes mínimos de los contratos mercantiles o civiles con centros especiales de empleo o con trabajadores autónomos con discapacidad con referencia al Iprem, al indicador público de renta de efectos múltiples, y en breve le anuncio, señoría, que será aprobada una orden ministerial que permitirá a aquellas entidades que realicen acciones de patrocinio para la finalidad de proyectos dirigidos al deporte paralímpico acogerse a la excepcionalidad que regula el

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decreto sobre medidas alternativas a la reserva de cuota.


Por lo que respecta al empleo público, señor Campuzano, hemos dado un paso muy importante -no sé si usted lo ha destacado, creo que no- a favor del empleo de las personas con discapacidad con la aprobación el 3 de diciembre del año 2004, es decir hace cuatro meses, del Real Decreto sobre acceso al empleo público. En él se garantiza no un 2 sino un 5 por ciento de reserva de plazas para personas con discapacidad, con turno específico y acumulable en caso de no cubrirse, es decir, reservándole de facto a estas personas con discapacidad ese 5 por ciento de plazas. En la misma línea, el 4 de febrero pasado se aprobó la oferta de empleo público para el año 2005, que recoge la regulación de empleo público para las personas con discapacidad. En ella, señor Campuzano, se incluye la reserva de un cupo no inferior al 5 por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento. Como ejemplo del desarrollo real de estas políticas, en la Administración General del Estado se han ofertado 4.005 plazas de funcionario y personal laboral, 250 de las cuales están reservadas para personas con discapacidad, lo que supone el 6,2 por ciento del total, es decir, más de un punto por encima del límite establecido. Y además de la cuota de reserva están en marcha otras medidas de fomento de empleo de los discapacitados mediante subvenciones y bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social específicas. En este sentido, quiero resaltar el incremento de empleo producido en 2004 respecto de 2003. Fíjese, señoría, ha sido de un 15 por ciento. Ya sé que es poco. La situación es difícil pero ha crecido un 15 por ciento en el año 2004 con este Gobierno; un 15 por ciento el empleo de discapacitados. Es una buena tasa que vamos a intentar mantener y superar en los próximos años. Aun con todo ello, en este año en que las mujeres están siendo protagonistas en esta Cámara, no puedo dejar de referirme a la culminación del proceso de elaboración del I Plan de acción para las mujeres con discapacidad en estrecha colaboración con el Cermi, un plan de justicia dirigido al 58 por ciento de las personas con discapacidad que ostentan tasas de desempleo muy por encima del resto de los colectivos, un plan dirigido en suma a un colectivo que cuando menos padece una doble discriminación, mujer y discapacitada.


Para terminar, señor Campuzano, no puedo dejar de recordar la reciente aprobación de la Ley 8/2005, de 6 de junio, muy importante -eso dice el mundo de la discapacidad-, importantísima, que permite compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado. Es decir, quien percibe una pensión de invalidez no contributiva con una invalidez superior al 65 por ciento ahora puede hacerla compatible con el trabajo remunerado, ya no se le va a retirar esa pensión de invalidez. Es una ley, por tanto, que viene a paliar las dificultades para la integración laboral de los discapacitados perceptores de prestaciones de la Seguridad Social no contributivas por presentar un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
Además, como sabe usted, esta nueva ley también elimina del mundo del derecho la incompatibilidad que se estableció desde el 1 de enero de 2004 entre la pensión de orfandad en los supuestos de huérfano con 18 ó más años e incapacitado para todo trabajo y la asignación económica por hijo a cargo con esa edad y un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento, lo que es una demanda unánime de los colectivos de personas con discapacidad. Quiero también anunciarle que, hoy mismo, en el Consejo del Protectorado de la Organización Nacional de Ciegos Españoles hemos decidido de común acuerdo el ministerio y la dirección de la ONCE duplicar las acciones dirigidas al empleo y a la formación para el empleo que desarrolla la ONCE. Como sabe usted, hoy hemos aprobado una nueva modalidad de juego para la ONCE a fin de permitir cubrir el techo de ingresos que tiene establecida esta organización, y una subvención por parte del Estado en caso de que no se alcance ese techo. Pero todos esos recursos irán destinados a mejorar la protección social y el empleo de los discapacitados, de tal modo que el Plan conocido como 8.000/16.000, es decir, 8.000 empleos al año para discapacitados, 16.000 acciones formativas para el empleo, se va a duplicar a partir de este año, y solo la ONCE a partir de ahora cada año creará 16.000 empleos para discapacitados y 32.000 acciones formativas para discapacitados en relación con el empleo.


En resumen, señoría, creo que con esta estrategia, que además se profundizará en el proceso actualmente abierto de diálogo social, con mejoras en esa nueva estrategia que S.S. indicaba y que le agradezco, una nueva estrategia que pasa por la necesidad imperiosa de hacer desaparecer la barrera más importante que tiene una persona con discapacidad como es el acceso al empleo, en esa nueva estrategia dentro del proceso del diálogo social también analizaremos medidas para favorecer el acceso al empleo de las personas con discapacidad. Por tanto, quiero reafirmar plenamente el compromiso del Gobierno para con los derechos de las personas con discapacidad. Esto no es otra cosa que la puesta en práctica de políticas públicas decididas a favor de la igualdad de oportunidades y contra la discriminación de esas personas, unas políticas que deben ser necesariamente asimétricas si queremos conseguir una igualdad de derechos real. Remover, por tanto, los obstáculos que dificultan es labor de todos, señoría, algo que este Parlamento conoce bien, porque ello solo será posible desde la más amplia participación y el máximo consenso, y por supuesto en esa línea esperamos con interés las propuestas que S.S.
nos pueda hacer.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor ministro.


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En turno de réplica tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor ministro, evidentemente se hacen cosas, y en eso estamos de acuerdo. Si vemos el recorrido histórico en España en materia de generación de empleo para personas con discapacidad, y si hacemos un mínimo esfuerzo de honestidad política, personal e intelectual, hemos de reconocer todos que la actual situación viene de un recorrido iniciado en 1995/1996, y estamos en esa senda que -insisto- en términos concretos y específicos es un buen recorrido, pero la magnitud del problema es lo que nos exige ir más allá de esa cuestión. Todos podemos exhibir en esta materia datos positivos.


El señor Beloki me trasladaba una información, que comparto, un titular de hoy mismo, supongo que de Deia, no lo sé, un periódico en todo caso del País Vasco, que destaca: Guipúzcoa sitúa a la cabeza de Europa la integración laboral de los discapacitados. Y se habla en el artículo de Gureak, una de las iniciativas sociales más interesantes en el Estado español de generación de empleo de personas con discapacidad psíquica. En Cataluña también, en el ámbito de los centros especiales de empleo que trabajan con estas personas y con marcas concretas, podríamos exhibir ratios de generación de empleo a ese nivel europeo. Pero la cifra global, 900.000 personas que en España renuncian a buscar empleo, es lo que no puede instalarnos en el conformismo en esa materia.


Mi grupo está convencido de la buena voluntad del Gobierno, como está convencido de la buena voluntad de todos los grupos en esta cuestión, pero hemos de ser valientes y abordar algunos problemas que tenemos planteados y tener todos el suficiente tono autocrítico -porque en esta Cámara yo creo que todos, poco o mucho, o estamos gobernando o hemos gobernado- para preguntarnos qué no hemos hecho suficientemente bien para reducir esas cifras y hacer frente a algunas cuestiones que en los próximos años van a ser básicas en este sector. Por ejemplo, ¿cómo el sector del empleo protegido va a hacer frente al problema del envejecimiento de sus plantillas? Es un problema que está ahí planteado, está a la orden del día en el mundo de los centros especiales de empleo.
¿Cómo los centros especiales de empleo van a hacer frente al riesgo de que aquellas actividades en las que basan su actividad laboral, muchas veces manipulados, empiecen a ser más baratas hacerlas en países de la Europa del Este o en países del Magreb?

En Cataluña, hace muy pocas semanas, una empresa del sector de elaboración de caramelos se trasladó de Lleida a otro territorio del Estado y provocó que el principal centro especial de empleo que lo genera en Lleida tuviese graves dificultades de viabilidad. El Gobierno debe empezar a articular estrategias con el sector para hacer frente a este tipo de situaciones. Debemos preocuparnos cuando el presidente de la patronal cuestiona la existencia de la cuota de reserva del 2 por ciento, y preocuparnos también por si en esta legislatura vamos a abandonar una opción que tuvo el anterior Ejecutivo y que comparte mi grupo como es que en materia de empleo los interlocutores que representan al mundo de la discapacidad, que es plural, el Cermi, Gureak, la Comunidad de payeses de disminuidos psíquicos de Cataluña y otras organizaciones sean los principales protagonistas de ese debate. Por ejemplo, estos días circula un borrador de real decreto que desarrolla la Ley de Empleo y que incorpora un capítulo específico de políticas en el ámbito de la discapacidad del que el sector que genera empleo en Guipúzcoa y que genera empleo en Cataluña no tenía ningún conocimiento. El Gobierno no había establecido ningún diálogo con este sector.


Señor ministro, claro que se están haciendo cosas y claro que es importante el real decreto que se aprobó a finales del año pasado para el empleo público y previsiblemente vamos a tener 250 nuevos empleados públicos en situación de discapacidad en la convocatoria pública de este año, aunque también es cierto que no hay turno independiente, que era una previsión de ese real decreto y que no se incorporó en la convocatoria para este año. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.) Claro que se están haciendo cosas, pero seamos capaces de abordar los problemas que tiene el sector. Con esta interpelación y con la moción que presentaremos en las próximas horas, nuestra intención es poner encima de la mesa nuevas propuestas que puedan dar respuesta a los problemas que tiene el sector y que comprometan al Gobierno más allá de continuar haciendo lo que ya estábamos haciendo en los últimos años. Nos parece que ese modelo de sociedad, que insisto en que compartimos, nos exige mayor ambición, mayor movilización de recursos y no instalarnos en el conformismo de que ya estamos haciendo las cosas bien. Creo que es la mínima honestidad que todos nos debemos pedir y que por nuestra parte queremos asumir.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Campuzano.


Continuamos con la dúplica del señor ministro de Trabajo. Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias.


Señor Campuzano, le agradezco sus planteamientos. Desde luego, esa va a ser la orientación de cara al futuro del trabajo de este Gobierno y quiero anunciarle que, después del acuerdo con el Cermi sobre este asunto, tenemos un real decreto pendiente que de ser tratado en la mesa del diálogo social, y si así se acuerda, fijará la cuantía de las subvenciones destinadas a financiar costes salariales y de Seguridad Social en 1.200 euros anuales derivados de la contratación indefinida de los trabajadores de las unidades de apoyo a la actividad profesional

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en los centros especiales de apoyo. Estas subvenciones tienen el carácter de fondos de empleo de ámbito nacional y son competencia del Estado a través del Servicio Público de Empleo Estatal, aunque las comunidades autónomas que hayan asumido el traspaso de la gestión realizada por este servicio en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación, así como los programas de apoyo al mismo, ejercerán en este caso las funciones atribuidas al Servicio Público de Empleo Estatal.


En cuanto a las medidas que en este momento estamos discutiendo en la mesa del diálogo social se centran en: renovar las políticas de empleo para las personas con discapacidad, mediante la realización de un plan especial de promoción del empleo de este colectivo que incentivará de modo especial el empleo de las mujeres discapacitadas; modificar la normativa reguladora de los centros especiales de empleo modernizando los servicios de ajuste personal y social; regular el empleo con apoyo, como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad con especiales dificultades para la inserción laboral, y potenciar la coordinación de los servicios públicos de empleo y los órganos técnicos de valoración de la discapacidad, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito autonómico, mediante la elaboración de protocolos y programas específicos, diseñando itinerarios de intermediación laboral ajustados al perfil profesional y a las necesidades específicas de estos desempleados.


Como verá, señoría, tenemos trabajo por delante, tenemos el mejor de los compromisos, la mayor de las ambiciones y espero que esta Cámara acompañe al Gobierno en estas medidas de desarrollo que planteamos en el diálogo social.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro, muchas gracias.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 10/2005, DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS EN EL SECTOR AGRARIO POR LA SEQUÍA Y OTRAS ADVERSIDADES CLIMÁTICAS. (Número de expediente 130/000021.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos, señorías, al punto VII del orden del día, el referido a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes, con el Real Decreto-ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector por la sequía y otras adversidades climáticas. Para la exposición del real decreto-ley tiene la palabra la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señora presidenta.


Señorías, comparezco en este Pleno para exponer las razones del Gobierno que han obligado a la promulgación del Real Decreto-ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía, aprobadas por el Gobierno en base al artículo 86.1 de la Constitución.


Como ustedes saben, durante los últimos meses se ha producido un gran déficit de precipitaciones que ha traído como consecuencia la situación de sequía que estamos sufriendo. La intensidad de la sequía afecta de forma muy especial al sector agrario y amenaza la viabilidad económica de un importante número de explotaciones agrarias que, de no actuar de forma urgente las administraciones públicas, pueden afectar a la propia supervivencia de las comunidades productivas. La baja pluviometría ha impedido en muchos casos el desarrollo de los cultivos de secano y de los de regadíos en determinadas zonas, bien por insuficiencia de agua embalsada, bien por la reducción de reservas de acuíferos. También ha repercutido en la necesaria compra de forrajes y piensos por falta de pastos en la apicultura y, además, se enfrenta el sector en general a un mercado especialmente complicado. La gravedad, por tanto, de los daños que las extremas condiciones climáticas han provocado ha requerido que el Gobierno tomase la decisión de adoptar medidas urgentes que pretenden dar respuesta a la situación generada por la sequía durante este año 2005.


Quiero subrayar que la situación que la sequía ha provocado en el sector agrario español constituye una de las máximas preocupaciones del Gobierno. Por ello, desde que se inició esta situación, hemos actuado en varios frentes. En primer lugar, a través de la Oficina permanente para situaciones de adversidad climática o medioambiental, que ha sido el instrumento a través del cual se ha establecido un diálogo continuado y fluido con la Administración autonómica. Además, se ha estado en continuo contacto con las organizaciones agrarias, que en su mayoría valoran positivamente las medidas que recoge el real decreto-ley que hoy se somete a su consideración. Y también con la Federación nacional de comunidades de regantes. Por último, debo informarles que se ha mantenido también un contacto permanente con las instituciones europeas, con la finalidad de lograr el máximo apoyo posible a las iniciativas planteadas por el Gobierno español.


Fruto de estas actuaciones, y sobre todo de la necesidad de dar respuesta a la grave situación generada, el Gobierno, sensible a los graves perjuicios, aprobó en Consejo de Ministros de 17 de junio el Real Decreto-ley 10/2005. Este real decreto, señorías, recoge un conjunto de medidas en cuyo desarrollo y planificación han trabajado cuatro ministerios: el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Economía y Hacienda, Medio

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Ambiente y Agricultura, Pesca y Alimentación. El real decreto-ley, como complemento a la cobertura del plan de seguros agrarios combinados, establece medidas de apoyo a los titulares de explotaciones situadas en las zonas afectadas que hayan sufrido pérdidas de al menos un 20 por ciento de la producción normal en zonas desfavorecidas y de un 30 por ciento en las demás zonas, que es el mínimo establecido por la Unión Europea. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Señorías, si bien es cierto que el plan de seguros agrarios combinado constituye el instrumento más adecuado y eficaz para la lucha contra las adversidades climáticas, la extraordinaria gravedad de esta sequía hace necesario que se contemplen otras medidas de carácter excepcional que permitan minorar los serios perjuicios ocasionados en la economía de las explotaciones agrarias afectadas. Estas medidas son las siguientes. Una está referida a beneficios fiscales, y por ella el Ministerio de Economía podrá autorizar con carácter excepcional la reducción de los índices de rendimiento neto que se contemplan para el año 2005 en el método de estimación objetiva del impuesto de la renta de las personas físicas y en el régimen especial simplificado del IVA. Se recogen también medidas laborales y de Seguridad Social. Por un lado se establece que los expedientes de regulación de empleo, que tengan su causa en los daños producidos por la sequía, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor. Esto significará que las empresas que por las consecuencias derivadas de la sequía no puedan disponer de la producción de sus proveedores habituales o de sus socios, en el caso de cooperativas, puedan beneficiarse de las medidas establecidas para estos casos. Así, quedan exonerados del abono de las cuotas de la Seguridad Social durante el periodo de suspenso de la actividad, mientras que para el trabajador dicho periodo constará como efectivamente cotizado. Por otro lado, las empresas y los trabajadores por cuenta propia podrán solicitar y obtener, previa justificación de los daños sufridos, una moratoria de un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondiente a los meses de julio de 2005 a febrero de 2006. Además, y quiero destacarlo como medida excepcional no adoptada con anterioridad en el marco de una sequía, los titulares de explotaciones agrarias inscritos en el régimen especial agrario de la Seguridad Social, más conocido como REAS, como trabajadores por cuenta propia o en el régimen de trabajadores autónomos, RETA, en agricultura, ganadería, caza y silvicultura, podrán solicitar una reducción del 50 por ciento en el pago de las cuotas fijas mensuales correspondientes al periodo de julio de 2005 a febrero de 2006.


Otra de las medidas contempladas es la que se refiere a las líneas preferentes de crédito. A través de ellas se instruye al Instituto de Crédito Oficial para instrumentar una línea de préstamos por importe de 750 millones de euros ampliables en función de los daños y de la demanda consiguiente. Esta medida destinada a todos los agricultores busca favorecer la capitalización rápida de los mismos para que puedan invertir con el objeto de reiniciar la actividad en el menor plazo posible.
Además, en casos de incidencia especialmente grave de la sequía en los sectores de la ganadería en régimen extensivo y de la apicultura, el Ministerio de Agricultura podrá subvencionar parcialmente el importe de las amortizaciones del principal de los préstamos. Esta medida no había sido tomada en los últimos reales decretos-leyes, tanto en el de 1999 como en el del año 2000 sobre sequía, y tiene como finalidad responder a sectores y zonas especialmente afectadas por esta situación.


El texto recoge igualmente medidas relativas para paliar el impacto negativo de la sequía en los regadíos y mejorar el aprovechamiento y gestión del agua. Así, se prevé la realización urgente de determinadas obras hidráulicas para la modernización y mejora de los regadíos existentes, que redundará en un considerable ahorro de los recursos hídricos, declarándose de interés general distintas obras recogidas en el anexo del real decreto. Por otra parte, se establecen exenciones en las tarifas de utilización del agua y canon de regulación. Se contempla también la construcción de abrevaderos o puntos de suministro de agua para atender las necesidades de las explotaciones ganaderas en régimen extensivo. Estas obras se financiarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Agricultura por un importe máximo de 5 millones de euros.


Quiero informarles que en el ámbito de este Real Decreto-ley 10/2005 se han incluido medidas excepcionales de carácter urgente destinadas a restablecer lo antes posible la normalidad de las zonas afectadas por las heladas sufridas durante los meses de enero, febrero y marzo. Esta situación excepcional provocada por las heladas propició el pasado 25 de abril un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las federaciones agroalimentarias de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras. Las medidas que se establecen van dirigidas a extender las medidas laborales y de Seguridad Social a subsectores directamente vinculados con el sector agrario, como son los de manipulado y transformación, que han visto reducida o paralizada la actividad productiva y laboral. Por otra parte, como ustedes conocen, la importancia de los daños ocasionados por las heladas ha provocado que exista una dificultad objetiva para que puedan lograr el número de jornales reales cotizados que permitan el acceso a los subsidios por desempleo de los trabajadores eventuales del régimen especial agrario de la Seguridad Social en Andalucía y Extremadura. Por ello es necesario que se facilite con carácter urgente y transitorio el cumplimiento de los requisitos exigidos a los trabajadores afectados en esas comunidades autónomas para que así puedan acceder a esas prestaciones asistenciales.


Para finalizar, quiero reiterar que el conjunto de medidas que he descrito pretende reparar en la medida de lo posible la grave situación creada por la sequía y responder a otros efectos que no estaban contemplados

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en el caso de las heladas, intentando de este modo paliar el impacto económico y social que se ha creado. Con la aprobación de este real decreto que hoy se somete a la consideración de esta Cámara, el Gobierno ha pretendido responder a la gravedad de la situación que ha creado un año de sequía muy intensa, desde el principio de solidaridad con un sector como el agrario, que ha sufrido de una forma muy especial las consecuencias de esta actividad climática, y favorecer que el colectivo de agricultores y ganaderos afectados pueda mantener sus rentas y garantizar la pervivencia de sus explotaciones. Además, señorías, se responde también a los compromisos que se habían adquirido ante el Pleno de esta Cámara y ante el Pleno del Senado, relativos a que el Gobierno presentaría un real decreto-ley en el que se establecerían medidas de apoyo al sector agrario derivadas de los graves efectos que la sequía ha provocado en el campo español.


Por ello, señorías, solicito de esta Cámara la convalidación del Real Decreto-ley 10/2005, de 20 de junio, que permitirá solventar los perjuicios que han padecido los sectores y personas que han sufrido, respondiendo además a las peticiones de los interlocutores sociales, administraciones autonómicas y grupos políticos representados en esta Cámara.


Gracias, señorías. Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


¿Algún grupo parlamentario desea ejercer su derecho a un turno en contra? (Pausa.)

Fijación de posiciones. (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Señor presidente, gracias, porque aunque le ha costado mucho aprendérselo, al final lo ha dicho usted muy bien.


Señora ministra, desde Chunta Aragonesista consideramos necesario este decreto, porque la situación ha provocado pérdidas que en algunos sectores se elevan ya hasta 510 millones de euros. Por tanto, apoyaremos que salga adelante, pero también creemos que es manifiestamente mejorable y, por eso, nos gustaría que se nos diese la oportunidad para presentar enmiendas con el objetivo de mejorar las condiciones ahora acordadas.


Entendemos necesario realizar un esfuerzo para mejorar las medidas que se dictan en el Real Decreto-ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños ocasionados en el sector agrario por la sequía y otras adversidades climáticas. De este modo, creemos que hay que incluir un nuevo paquete de medidas que mejore las condiciones del sector agrícola y ganadero aragonés. Entre las medidas propuestas estarían: Primero, abordar una mejora sustancial de los seguros de cultivo de secano; si no se mejoran, habría que eliminar la condición de contratar seguros para el año que viene -artículo 5.3- para el ganado extensivo. Segundo, impulsar más ayudas directas a la ganadería extensiva y campañas para incentivar el consumo. Tercero, diseñar y llevar a cabo un programa Aepsa -Acuerdo para el empleo y protección social agrarios- con el objetivo de contribuir a disminuir los efectos en pérdidas de jornales de las inclemencias climatológicas en esos territorios. Cuarto, atender las demandas de sindicatos agrarios, como COAG, que rechaza rotundamente la corrección del decreto de la sequía, que deja fuera a las cooperativas. Entendemos que es necesario tomar medidas para potenciar este sector, vital en el mundo rural, y propuestas como las realizadas por este sindicato tendrían que ser consideradas.
Estamos hablando de exenciones de las cuotas a la Seguridad Social de los agricultores profesionales y de estas cooperativas. Quinto, modificar la Ley de Aguas para que los embalses de regulación interna, mayores de cinco hectómetros cúbicos promovidos por las comunidades de regantes de base que están en ejecución o que puedan realizarse en un futuro, tengan unas ayudas públicas a fondo perdido de al menos el 75 por ciento. Sexto, estudiar la viabilidad de determinados pantanos que no provocan afecciones y que son apoyados por todos en varias zonas de Aragón como Marracos, embalse lateral de Bárdenas, igual tipología de los embalses para el canal de Aragón y Cataluña y de riego en el Alto Aragón. Séptimo, establecer ayudas para las empresas de servicios agrícolas y deshidratadoras, cuyas instalaciones estén ubicadas en el medio rural afectado por la sequía. Y, octavo, financiar un plan global de agua para la ciudad de Huesca.


Muchas gracias, señora ministra. Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Labordeta.


Por Coalición Canarias, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Evidentemente existen razones objetivas para atender la petición de la señora ministra de Agricultura y nuestro grupo lo va a hacer así votando favorablemente la convalidación de este real decreto-ley. Hay razones objetivas porque muchas partes del territorio español están padeciendo una sequía que está provocando daños muchas veces irrecuperables en cultivos de secano, sobre todo, y en regadío, en cultivos leñosos y también en la alimentación de la ganadería extensiva. Incluso hay una cuestión que viene recogida en la exposición de motivos del real decreto y que ha sido razón de una acertada pregunta que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Alejandro Alonso, sobre la apicultura. La carencia de una floración en todos los cultivos ha ocasionado un desastre a los apicultores, quedando afectada muy seriamente la producción de miel en España. También es interesante reconsiderar de cara al sector agrario que en el Plan de seguros agrarios combinados, que está funcionando para prever todas las calamidades climatológicas

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que se presenten, es necesario un instrumento complementario, como las medidas que trae este real decreto-ley, para que todo el Plan de seguros agrarios combinados vea potenciada su actuación con recursos de todo tipo, que bien se han señalado por la señora ministra y que ya figura en el articulado del real decreto-ley. Me parece muy acertado que se haya recurrido a la vía de los convenios de colaboración con la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, que es un instrumento jurídico muy importante, respetándose además las competencias de las comunidades autónomas, como no podía ser de otra manera, en el texto de este real decreto-ley para que, conjuntamente con las medidas de que disponen las comunidades autónomas, se pueda hacer una acción sinérgica que lleve a una solución y permita que desaparezcan todos los temores que tienen en este momento muchas empresas agrarias de ver que su productividad es negativa, lo que les llevaría prácticamente a una situación de inviabilidad empresarial. Por todas estas razones, señorías, señor presidente, mi grupo votará favorablemente la convalidación de este real decreto-ley.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


El vicepresidente, señor Cisneros, me hizo saber que habían pedido el reparto del tiempo. Discúlpeme usted, señora Fernández. Su turno.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: No hay ningún problema y muchas gracias, señor presidente.


Intervendré brevemente para decir que vamos a votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley porque entendemos que, después de aprobar dos decretos con anterioridad que también establecían ayudas para paliar los daños en la agricultura derivados de la climatología, recoge una serie de medidas que servirán para paliar los efectos negativos que la climatología está dejando nuestro sector agrario. Nuestra votación será favorable amparándonos -no sé si nos equivocamos en la interpretación del real decreto-ley- en el punto 2 del artículo 1, donde se dice que se tratará con las comunidades autónomas y las organizaciones representativas del sector y se delimitarán los ámbitos territoriales y, por tanto, las afectaciones correspondientes. Entiendo que el anexo no se refiere a aquello que afecta el decreto, sino que nos informa de una serie de medidas que tienen que ver con los regadíos y la mejora de los mismos. El punto 2 del artículo 1 es fundamental para llegar a acuerdos sobre qué territorios y qué nivel de afectación van a tener, sobre todo teniendo en cuenta cómo pueden afectar estos problemas a las distintas comunidades autónomas. En ese sentido, esperamos que la comunicación y los acuerdos con las comunidades autónomas, en este caso con la Comunidad Autónoma de Galicia, sean positivos para los agricultores.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Por Izquierda Unida, el señor Pérez.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Nuestro grupo va a apoyar la convalidación del Real Decreto 10/2005, de 20 de junio, como ya hicimos con anteriores decretos en relación con factores climáticos, como las heladas. Es obvio que el fenómeno que hoy nos ocupa es un fenómeno más extenso y quizá más preocupante no solo para la agricultura, sino también para otros sectores de la economía. No nos duelen prendas al decir que en este decreto observamos una nueva filosofía que saludamos, y es que orienta las ayudas a los profesionales que dependen directamente de la actividad agraria. Destacaríamos esos 750 millones ampliables en préstamos bonificados al 2 por ciento, cifra que puede ser mejorada por las comunidades autónomas y efectivamente esperamos que así sea. Ahora falta que las órdenes ministeriales desarrollen estas medidas para que esas ayudas lleguen a todas las zonas y a todos los profesionales afectados. Por supuesto, no objetamos el fomento de los seguros agrarios, pero resaltamos las carencias de esos seguros hoy vigentes en lo que se refiere a la sequía. Por ello creemos que habría que matizar la obligatoriedad de suscribir esos seguros como condición para el acceso a las bonificaciones en la situación actual.


En cuanto a los daños, la señora ministra los ha señalado y no tenemos nada más que añadir. Evidentemente la sequía ha afectado a cultivos de secano, de regadío, así como a la ganadería extensiva, y quisiéramos hacer una breve reseña en esta intervención para decir que estamos ante un debate importante, trascendental, como es el debate del uso del agua.
Nosotros creemos que la exención en la cuota de tarifa de utilización del agua y del canon de regulación debe ser una medida temporal y seguro que en eso coincidimos todos, porque regalar agua puede ser una solución de emergencia, pero, desde luego, nunca una estrategia dentro de una política. Si estamos, y así lo dice la señora ministra de Medio Ambiente, ante varios años de sequía -ojalá se equivoque la señora ministra y desde aquí renuncio a criticarla por ese error; todo sea por el agua-, si eso es cierto, así como que hay una reducción de disponibilidad de agua continental, deberíamos tener una estrategia que desde luego elimine espectáculos o debates decepcionantes como vía supletoria a una política real e integral de gestión de demanda del agua.


Concluyo diciendo que los decretos combaten los daños siempre parcialmente, pero no atajan el problema de fondo, que debe ser el objetivo de una política de más largo alcance. Por tanto, estamos de acuerdo con el decreto pero también con la preocupación por el futuro mediato e inmediato.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.


Por el Grupo Vasco, el señor Beloki.


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El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, señorías, hoy debatimos la convalidación o derogación de un decreto-ley que tiene por objeto, como dice en su artículo 1 y acaba de recordar la señora ministra, establecer medidas de apoyo y, en su caso, la concesión de ayudas a los titulares de las explotaciones agrarias situadas en los ámbitos territoriales afectados por la sequía en el presente año agrícola que hayan sufrido pérdidas de producción bruta en unas determinadas proporciones que quedan establecidas en el propio decreto. Eso es lo que debatimos porque hay razones para debatirlo, como también hay motivos para debatir la situación y tomar medidas. Señora ministra, en eso estamos plenamente de acuerdo.


En todo caso y hablando de la sequía, que es la raíz de este decreto, se trata de una situación que, como no podía ser de otra forma, habrá que matizar en función de las distintas áreas del Estado. Y hablar de matices significa que es necesario conocer la situación en detalle en cada una de las áreas. Es necesario aplicar matizadamente las cosas, para lo cual también es necesario conocer los diferentes matices de la situación. En cualquier caso, esta no es una situación que a estas alturas debiéramos calificar de inesperada si hablásemos con propiedad, y lo puedo decir en un doble sentido. No es inesperada porque llevamos semanas y meses anunciando que viene el lobo y podríamos decir que esta es casi la crónica de una sequía anunciada. Sin embargo, esta no es la parte que me gustaría subrayar, porque sobre todo es anunciada -y esta es la parte que quiero destacar- en el sentido de que no es esta ni la primera vez ni va a ser la última en la que el Gobierno central, y con él todas las administraciones, se enfrentan a una situación que podemos calificar de sequía de mayor o menor grado, es decir, a una situación compleja.
Subrayo esto último para remarcar un punto en el que mi grupo ha insistido siempre, y es que creemos que a estas alturas prácticamente no hay lugar para la improvisación. Dicho con otras palabras, va siendo hora de que el tema nos coja escarmentados y mucho mejor preparados de lo que al parecer nos vuelve a coger este año. ¿Por qué digo que nos coge un tanto desprevenidos, escasamente preparados y al parecer poco escarmentados? Por el texto del decreto-ley, al menos esa es la impresión que determinados artículos del mismo provocan en mi grupo. Cuando uno ve que el decreto-ley contempla 110 actuaciones en otras de mejora y modernización de regadíos, cuando uno observa que se incluyen en el decreto actuaciones relacionadas con el achatarramiento de tractores antiguos, con la adquisición de modelos nuevos, por lo menos se pregunta dos cosas: ¿Es todo esto urgente, es extraordinariamente urgente, como se requeriría hablando de un decreto-ley? ¿Hasta este punto estaba la Administración central desprevenida, despistada, que ahora hay que actuar deprisa y corriendo, recurriendo incluso a modificaciones presupuestarias como las que se contemplan en la disposición adicional segunda, es decir, abriendo la posibilidad -que a juicio de mi grupo siempre debe estar muy restringida, al menos en todo Gobierno que quiere ser estricto y riguroso en la ejecución presupuestaria- de realizar transferencias de crédito desde operaciones de capital a operaciones corrientes? Esto no debe ser un hábito, solo debe aplicarse en circunstancias realmente excepcionales.
¿Es que no se podían prever estas 110 actuaciones o buen número de ellas en los presupuestos ordinarios del año 2005 para que ahora haga falta hacer este cambio presupuestario, etcétera? Asimismo nos preguntamos, y de alguna manera de forma complementaria a lo anterior, si puestos a incluir las cosas, ¿están incluidas todas las cosas que hay que incluir? Dicho de forma muy simple, ¿no queda otro regadío más allá de los 110 que es necesario, que es posible incluir? ¿Con estos 110 están todos los que son y son todos los que están, por decirlo de una forma muy simple?

Estando a la altura a la que estamos, mi grupo no tiene ninguna intención de mostrarse restrictivo. Apoyamos el decreto-ley e incluso lo apoyaríamos generosamente; es decir, que puestos a actuar vamos a actuar de una vez de forma decidida además de urgentemente. Para ello, creemos que es necesario que se apruebe el decreto-ley, pero también creemos que es necesario que se tramite como proyecto de ley, porque ya veremos si todo lo que está es y todo lo que es está. Después de que todos podamos opinar sobre el tema seguramente habremos hecho una actuación que en muchos de sus aspectos debiera estar realizada de antemano pero no lo está. Esa es la postura de mi grupo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beloki.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Ramón.


El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, como han comentado otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, estamos ante una situación climatológica grave, desde el pasado otoño estamos sufriendo una sequía importante, con una falta de pluviometría importante, que viene a sumarse a los problemas que teníamos por las heladas de principios de año; por tanto, entendemos que estamos ante una situación bastante grave y, como usted también ha comentado, los cultivos que más lo están padeciendo son los cultivos herbáceos de secano, en donde calculamos que se van a perder alrededor del 60 o del 100 por cien de las cosechas. También estaban padeciendo estos problemas, como usted ha dicho, la ganadería extensiva y el cultivo de cereales, pues se calcula que se va a perder, sobre todo en Cataluña, casi la totalidad de la cosecha. También valoramos que en el País Valenciano las pérdidas de estas cosechas pueden rondar el 50 por ciento.


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Nosotros ya le preguntamos en una sesión de control al Gobierno sobre este tema semanas atrás. Le preguntamos en la sesión de control al Gobierno qué medidas usted quería impulsar y nos emplazaba a dos líneas de ayuda.
La segunda que usted nos proponía era impulsar este real decreto o un real decreto similar al que se impulsó con las heladas. Nosotros le agradecimos entonces que lo hiciera y le agradecemos hoy que traiga un real decreto con ayudas para este tipo de problemas porque, como hemos comentado también en anteriores intervenciones, seguramente es la sequía más importante de los últimos 60 años. Nosotros le agradecemos que traiga este real decreto, pero para nuestro grupo y también para algunas asociaciones profesionales agrarias este real decreto tiene una serie de faltas o de carencias, y a me gustaría trasladárselas para que algunas de ellas se pudieran solventar. La primera se refiere a las condiciones para acceder a los préstamos por mediación del ICO. El real decreto, concretamente en el artículo 5, apartado 3, establece que los titulares de las explotaciones de ganaderías extensivas y de las explotaciones agrícolas de secano se tendrían que comprometer a suscribir un seguro agrario que cubra el riesgo de sequía para la próxima campaña. Nosotros entendemos que ese es un problema grave en tanto en cuanto los seguros agrarios en el tipo de cosechas que más están padeciendo esta sequía no se están suscribiendo en gran medida. Y para darles algún dato que corrobore esta afirmación que le estaba haciendo le diré, señora ministra, que, por ejemplo, en Cataluña, en herbáceos... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Disculpe, señor Ramón.


Señor Sánchez i Llibre, señor Guerra, nos estamos enterando de todo. Por favor, el señor Ramón está en el uso de la palabra. Algún día les va a tocar a ustedes. Es muy molesto intervenir cuando hay este murmullo.


Adelante, señor Ramón.


El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente. Le agradezco que haya tenido esa deferencia con mi intervención.


Le comentaba que iba a dar datos que corroboran esta afirmación. En Cataluña, por ejemplo, por el tema de la sequía, en herbáceos se asegura un 30 por ciento de la cosecha, en el almendro solo se asegura el 2 por ciento y en el olivo no se asegura ni el 1 por ciento. Tampoco se aseguran las cosechas en pastos, que están bastante perjudicados por la sequía, y nos preocupa que no entren en estas ayudas. No se garantiza porque estos seguros tienen unas carencias importantes, y le marco tres puntos importantísimos: primero, permiten asegurar rendimientos prefijados bajos inferiores a los que los agricultores obtienen normalmente y ese es un agravio a la hora de cobrar seguros; segundo, porque se permiten asegurar pocos kilos por hectárea y resultan muy caros este tipo de seguros, y tercero, porque la determinación de la sequía vía satélite que se hace en seguros de pastos presenta muchas carencias, de forma que en un año tan excepcional como el actual apenas se ha determinado que haya sequía, y usted entenderá que eso no es así. Por eso, Enresa ya ha encargado una revisión del modelo utilizado para determinar las incidencias de las sequías.


También hay una carencia importante en este real decreto en las subvenciones parciales del importe de las amortizaciones del principal en los préstamos bonificados. En el apartado 7, del artículo 5 de este real decreto-ley se establece la posibilidad de que en casos excepcionales, en caso de las ganaderías extensivas, la apicultura y en determinados ámbitos territoriales, el Ministerio de Agricultura pueda subvencionar parcialmente el importe de las amortizaciones del principal en préstamos bonificados. Entendemos que está bien que la ganadería extensiva y la apicultura puedan tener este tipo de ayudas, pero nosotros también creemos que hay otros sectores que están perjudicados por la sequía y que también hubiera sido conveniente que pudieran haber entrado en este tipo de ayudas. El dinero da para lo que da, pero nos hubiera gustado más que se hubiera distribuido más por el nivel de renta del agricultor y que fueran los agricultores profesionales los que tuvieran este tipo de ayudas. Eso hubiera sido muy importante.


Debería haber ayudas al transporte de la paja y de la alimentación animal.
El encarecimiento de los factores de producción básicos, como la alimentación y la paja, podían haber tenido este tipo de ayudas y nos hubiera gustado también que se hubieran contemplado este tipo de ayudas en este real decreto y más habiendo precedentes. Hay precedentes. Por ejemplo, en el año 1999 el Estado español aprobó este tipo de ayudas y en la Unión Europea, Estados como Francia, en el año 2003, habían fijado una ayuda de 45 euros por el transporte de forrajes en las explotaciones de ganaderías extensivas. Por último, hubiera sido conveniente establecer alguna otra ayuda a los abrevaderos y para el transporte de agua porque es una necesidad de este tipo de cosechas.


Nos hubiera gustado que estos cuatro temas que he tocado pudieran incluirse en el real decreto. Esto nos hizo pensar a nuestro grupo parlamentario en la necesidad de tramitar este real decreto como proyecto de ley, para introducir alguna enmienda, pero si al final se aprueba esta solución mi grupo se va a abstener porque es importante que este real decreto se apruebe lo antes posible y que los agricultores puedan tener estas ayudas porque son muy necesarias. Como le comentaba, esto viene a sumarse a los problemas que han tenido los agricultores con las heladas de principios de año, ya que este año ha sido bastante malo desde el punto de vista climatológico para los agricultores del Estado español.
Quisiera pedirle a su ministerio, y también al de Medio Ambiente, que reflexionara en años de sequía tan importante como este sobre la necesidad de desarrollar grandes infraestructuras de regadío. Una gran infraestructura de regadío pendiente es el canal Segarra-Garrigues y me gustaría que su ministerio diera un gran impulso para llevarlo adelante.
Nos gustaría que se hiciera lo antes

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posible porque ese canal es importante para las Terres de Lleida y años como éste nos dan argumentos suficientes para que podamos reclamar esta infraestructura. Convendría que se impulsara desde su ministerio y que ese proyecto, que hace ya más de cien años que estamos esperando en las Terres de Lleida, sea una realidad lo antes posible y nos ayuden en años como este.


Muchas gracias, señora ministra; muchas gracias, señor presidente; gracias, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramón.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.


El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, su intervención nos demuestra la sensibilidad de su ministerio en relación con el mayor problema agrario y medioambiental que azota a nuestro país este año, la sequía. Como dice el dicho popular, las desgracias nunca vienen solas. Esta es la tercera vez que usted comparece aquí para defender medidas excepcionales, dos decretos correspondientes a las ayudas para las heladas y este que corresponde a la sequía. En su primera intervención, por el Real Decreto 1/2005, de 4 de febrero, le tuvimos que recordar que por razones de eficiencia había que dejar abierta la posibilidad de introducir zonas que en principio no estaban incluidas en las previsiones de cobertura. Hoy, después de las dos experiencias anteriores, el Gobierno nos presenta un real decreto valiente, fruto de una oferta hecha inicialmente a los agentes sociales del sector y a los empresarios y a los sectores interesados, que manifestaron en su momento su aprobación al real decreto que el Gobierno les presentó. Era, como ya he dicho, una asignatura pendiente ante esta Cámara y hoy, precisamente en la última sesión de este periodo, vamos a darle una vía de solución y aprobarlo. Nos consta que se ha consultado con el sector y que se le ha dado conocimiento de las intenciones. Esta vez el problema ha surgido en el momento de la publicación del real decreto-ley, ya que se han eliminado algunos cultivos que en principio estaban considerados y se han hecho algunos ajustes a la baja de determinadas ayudas, lo que ha generado un descontento general, de lo que hemos sido informados. Hoy, aun reconociendo al Gobierno el coraje de su propuesta y el acierto de muchas de las medidas que se proponen, creemos que deberían entender la necesidad de una revisión. Por descontado que nuestro grupo va a ser favorable a la convalidación de este Real Decreto-ley 10/2005 que se nos propone, faltaría más. Este real decreto-ley mejora los anteriores que se han presentado este año en la Cámara, pues, como acaba de decir la señora ministra, entra de una vez en la mejora de ayudas para situaciones de amortizaciones de préstamos y se presenta alguna ayuda directa en casos limitados. Es un paso positivo y, como he dicho al principio, demuestra sensibilidad hacia el problema.


También, y esto es muy importante, se hace una apelación hacia la colaboración de las comunidades autónomas para complementar las ayudas que el Gobierno instrumenta. No lo vemos definido en el real decreto, pero por esta vía es posible que se establezcan, de acuerdo con las competencias transferidas, algunos complementos de actuación y nuevamente puede originarse una sensibilidad de los gobiernos autonómicos y, lógicamente, entrar en agravios comparativos. De todas formas, como decía, entendemos que esta cooperación con los gobiernos autonómicos, que también han sido escuchados en la elaboración de este real decreto, abre una vía de complementación y, por tanto, nos hace mirar con mejores ojos nuestra apreciación inicial de falta de elementos en el real decreto.
También es importante la mención de una serie de obras de emergencia en regadíos que deben realizarse inmediatamente.


Todo ello es urgente y realmente necesario, pero ustedes hoy nos requieren a los grupos algo más, nos requieren un voto de confianza absoluta y nos niegan la posibilidad de negociar en esta Cámara la tramitación del real decreto como proyecto de ley. Señora ministra, no es nuestra intención paralizarle nada y a nuestro grupo le suena mal que una aplicación reglamentaria de esta Cámara represente en la realidad un bloqueo o un freno a una actuación del Gobierno. ¿Es que teme el Gobierno que si sale hoy de esta sesión con una convalidación de real decreto y con un acuerdo de su tramitación como proyecto de ley no habremos adelantado nada? ¿Es cierto que mientras que no se apruebe la ley podría quedar bloqueada toda acción protectora del Gobierno con nuestros agricultores? ¿Daríamos, con nuestro voto favorable a la tramitación como proyecto de ley del real decreto, un malvivir a unos ciudadanos que esperan ya, y muy urgentemente, estas ayudas?

Señor presidente, me está asaltando una duda. Si aprobáramos la convalidación y apoyáramos la tramitación como proyecto de ley, ¿decaería nuestra posibilidad de atender unos determinados cultivos que sí se han eliminado del proyecto inicial y no se nos ha indicado por qué? Tampoco se ha abierto una vía de debate sobre el seguro de sequía, que sabemos de sobra que no es operativo y no soy el único portavoz que lo está mencionando en este debate. Como pasa en cualquier catástrofe, siempre se descubre que determinados elementos de seguridad no funcionan. Permítame decirle, señora ministra, que, siendo conscientes de ello, debemos encontrar una solución, cosa que ustedes saben que en el seguro de sequía es del todo necesaria. Por otro lado, con la tramitación abriríamos la posibilidad de bloquear determinadas acciones del Gobierno, que sí tiene en la mente aprobar la convalidación antes citada. Ahora que revisamos el Reglamento es preciso que esta vía quede clara: la convalidación sí obliga al proponente y la tramitación como proyecto de ley no es obstruccionista; si lo es, habría que cambiar el procedimiento y revisar nuestro propio Reglamento.


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Es posible que algunas medidas, como las ayudas a las cooperativas, se queden algo cortas, pues nos hubiera gustado, por ejemplo, conocer las actuaciones en relación con la Unión Europea, solicitando ayudas como las que se dieron a Francia en el año 2003 para el transporte de forrajes en un equivalente de 45 euros/tonelada o las ayudas que en el año 1999 se dieron a España para el transporte de forrajes y pienso. Sabemos que la discrecionalidad, si hablamos en términos de urgencia, puede permitir, por ejemplo, ajustar la posibilidad de que el ganadero pueda realizar actuaciones de construcción o establecimiento de puntos de agua para el ganado, dar ayudas para el transporte de agua o poder ajustar determinadas cláusulas del seguro de sequía aplicable. Hoy no tratamos estas soluciones porque no podemos, tenemos que convalidar directamente el proyecto, y presentar el marco de actuación para una situación transitoria. Por tanto, es una medida para una coyuntura desfavorable, y en ninguna forma la medida que hoy aprobemos puede ser rígida y, sin embargo, a la vez necesita ser inmediata. Para actuar el Gobierno necesita un aval de esta Cámara, y estoy seguro de que ya lo tiene y que desde mañana mismo ya podrá actuar, mejor dicho, seguro que ya lo está haciendo porque el real decreto ya está en vigor. Nos quedaremos con las ganas de participar en un debate que no resuelve el real decreto, pero desde ahora anunciamos a esta Cámara la solicitud de comparecencias y de las acciones necesarias para mejorar este elemento de seguridad que constituye el seguro de sequía, y que tenemos que revisar efectivamente.


Señora ministra, en nuestro ánimo prevalece la voluntad de aportar soluciones a nuestros agricultores. Por ello, nuestro voto será positivo, pues aunque queremos dejar constancia al Gobierno de nuestra discrepancia con el procedimiento, estamos de acuerdo con la mayoría de las soluciones propuestas que, insistimos, son básicamente correctas, pero manifiestamente mejorables, y no bloquear en ningún caso su ejecución.
Por ese motivo, lo reitero, nuestro voto será positivo a la convalidación, y será de abstención en caso de que se solicite su tramitación como proyecto de ley, si esta alternativa se suscita.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Grau.


Por el Partido Popular, señor Pintado.


El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, ha terminado su intervención pidiendo el apoyo para la convalidación de este decreto-ley. Le anuncio que desde el Partido Popular vamos a apoyarlo, pero al mismo tiempo también le pedimos desde la tribuna que reconsidere la posibilidad de la tramitación como proyecto de ley, tal y como le han sugerido distintos intervinientes. En mi exposición voy a intentar dar suficientes argumentos a la Cámara para que apoyen esa decisión.


Señora ministra, su gestión con relación a la sequía viene determinada por distintos factores: debilidad en la toma de decisiones por el retraso a la hora de ponerse a trabajar, desconocimiento de los daños reales del sector, nulo peso en Bruselas respecto a las ayudas comunitarias y, señora ministra, para que usted me escuche, decreto trampa. Decreto trampa, desde el punto de vista de que ustedes han incorporado una disposición adicional cuarta, que no aparecía en el borrador del decreto, donde condicionan las ayudas contenidas en el mismo a las disposiciones y a la compatibilidad que dé la Unión Europea. Usted no sabe todavía si va a conseguir ayudas de la Unión Europea y condiciona las ayudas de este decreto a la compatibilidad con ellas mismas. Podría haber venido a este Congreso de los Diputados con los deberes mejor preparados a la hora de saber si estas ayudas que usted propone en este decreto-ley van a ser compatibles o no, porque de otra forma estamos llamando a la incertidumbre a los agricultores a la hora de saber si realmente las ayudas propuestas en este real-decreto serán definitivamente aprobadas.


El Grupo Popular presentó en febrero una iniciativa alertando que estábamos en periodo de sequía. Ustedes nos trataron de demagogos y alarmistas -tanto usted como la ministra de Medio Ambiente- y eso supuso un retraso de más de dos meses en la toma de decisiones. Posteriormente, le tocó a usted hacer un papelón a la hora de la solicitud de las ayudas al fondo de solidaridad de la Unión Europea buscando una ventanilla que definitivamente parece ser no ha encontrado.


Igualmente el Grupo Popular presentó una resolución en el Parlamento Europeo, que fue aprobada, donde se decía a la Comisión que se liberaran recursos del fondo de solidaridad para atender los graves problemas de la sequía en España. Usted misma, ayer, según nota del Senado, renunciaba directamente a esta solicitud, ponía palos en la rueda, se ponía la venda antes de la herida al decir que no existen hoy condiciones para solicitar la ayuda del fondo de solidaridad. Pues no sabemos cuáles van a ser esas condiciones que usted va a presentar, pero nos parece bastante grave que usted, antes de intentar siquiera conseguir ese tipo de ayudas...
(Rumores.)

Señor presidente, apelo a S.S. porque no puedo casi hablar por el murmullo que hay en la Cámara, si es tan amable.


El señor PRESIDENTE: Intentaré convencer.


El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, en cuanto a las ayudas de la Unión Europea, parece que usted ha tirado la toalla. Hay que recordar que después de que apareció públicamente usted diciendo que se habían solicitado esas ayudas, algún comisario de la Unión Europea le quiso recordar que tenía que hacer la solicitud y a qué ventanilla tenía que

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dirigirse. En cualquier caso, señora ministra, creemos que vale la pena intentarlo, que vale la pena que usted presione y que trabaje para conseguir fondos de la Unión Europea para este asunto.


Hace falta una valoración de daños. Se ha escudado en que es demasiado pronto. Las organizaciones agrarias le han presentado una serie de valoraciones, que pueden ser más menos un porcentaje determinado.
Conocemos que hay determinadas comunidades autónomas que también han presentado una valoración de daños. El Ministerio de Agricultura elabora un decreto y no dice absolutamente nada sobre la valoración o las estimaciones que tiene para este año en cuanto a la sequía. El Ministerio de Medio Ambiente, señora ministra, ha dicho que es la peor sequía de los últimos 60 años y ustedes, en el real decreto, si mal no recuerdo, utilizan hasta 17 veces la palabra excepcionalidad. Señora ministra, a situaciones excepcionales, medidas excepcionales, y este es un caso extremadamente claro en cuanto a los esfuerzos que usted ha debido hacer a la hora de compensar al sector agrario.


También quería recordar la posibilidad de las comunidades autónomas en la participación de este decreto, pero como es lógico en la política actual del Partido Socialista habrá otra vez autonomías de primera y autonomías de segunda en función de la voluntad, de la capacidad de recursos financieros que tengan las comunidades autónomas para adoptar este decreto desde el punto de vista de las medidas.


He de decir también, señora ministra -y en esto no ha sido usted la pionera, ligo aquí con el Ministerio de Medio Ambiente-, que la nueva política que ustedes han instalado en este país en relación con el agua y con otros temas es tratar de trasladar la responsabilidad a los ciudadanos, haciendo ustedes dejación de su responsabilidad desde el punto de vista de la adopción de medidas que beneficien a todo el sector.
La ministra Narbona va por delante de ustedes; el secretario general del Ministerio de Medio Ambiente, en una comparecencia, habló de distintas medidas, todas ellas dirigidas a traspasar la responsabilidad a los propios agricultores.


Señora ministra, yo le quiero reconocer que desde el punto de vista de su acción política el impulso de los regadíos va en la dirección de lo que han sido los ocho años de Gobierno del Partido Popular en cuanto a modernización y a transformación de regadíos, pero le quiero recordar que no hay regadíos si no hay reserva de agua y no hay reserva de agua si no hay embalses, y el Ministerio de Medio Ambiente está llevando una política decidida para acabar con todo lo que han sido las obras de regulación en nuestro país. Lógicamente, luego usted tendrá que ir a los territorios donde hay regadíos para explicarles por qué no se hacen más embalses y por qué tienen que rebajar las dotaciones, como ha planteado ya el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Tan difícil es decir a la señora ministra de Medio Ambiente que en España las aportaciones de los ríos son torrenciales y que, si no hay regulación, es imposible pararlas?

Entrando en alguno de los apartados de su decreto, le diré que en el capítulo de seguros agrarios, como hemos reconocido desde el Partido Popular en la propia Comisión de Agricultura, España es pionera, no solo por ustedes sino por los 25 años que llevamos de trabajo en este sentido.
Ahora bien, sería necesario que hubiera mejores condiciones y hacerlos más atractivos. Tiene usted ahora mismo la oportunidad de plantear a la Unión Europea -y es una idea que le lanzamos desde el Grupo Popular- la utilización de los fondos de desarrollo rural para hacer más atractiva a los agricultores la contratación del seguro. Esos fondos podrían ser una magnífica oportunidad para dotar suficientemente los seguros agrarios y para que no nos veamos en situaciones como la que estamos pasando este mismo año.


Señora ministra, medidas concretas. Ha mejorado usted algo el decreto respecto al borrador que presentó a las organizaciones agrarias. De una moratoria de un año en el pago de la Seguridad Social han pasado ustedes a la condonación del 50 por ciento. Si reconocemos todos que estamos en un año excepcional, ¿por qué no hay una condonación de las cuotas de la Seguridad Social? No sería tan problemático para las arcas de la Seguridad Social hacer un esfuerzo con el sector agrario.


También tengo que decir que este es un decreto recaudador, porque aparece un artículo en el que se especifica que las subvenciones que perciban por este decreto los agricultores que tengan deudas con la Seguridad Social serán cobradas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Me parece que el señor Caldera se ha puesto una medalla magnífica. El Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura ponen el dinero y el señor Caldera lo recauda y se lo lleva para el suyo.


Nos parece acertada la condición que establecen de que sea obligatoria la contratación y de que se suscriba un seguro para la próxima campaña.
Nosotros pedimos que valore la posibilidad de que haya una dotación dentro de la Unión Europea para poder dedicar una serie de fondos de desarrollo rural al tema de los seguros.


Respecto a los plazos, el borrador hablaba de cinco a ocho años y ustedes lo han dejado en cinco años. Hay un acto de voluntarismo en esta medida porque dice que podrá haber un año de carencia, nosotros pedimos que fueran ocho años y que ese podrá se transformara en un año de carencia real. El margen de intermediación ustedes lo han fijado al final en 0,75 por ciento y como es un año excepcional perfectamente podrían ponerlo en el 0,50 por ciento. Por cierto, señora ministra, ¿quién determinará -que no es una pregunta baladí- las incidencias para la amortización del principal?

En cuanto a la modernización de regadíos, me sumo a lo que ha dicho el portavoz del PNV. Parece, señora ministra, que la relación de obras de modernización fuera para dar peso al decreto. Parece que el decreto no tiene suficiente peso y ustedes han puesto una relación sumarísima de todas las obras. ¿Estas obras están planteadas en el Plan Nacional de Regadíos, tienen una proyección

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determinada o las han incorporado ustedes ahora mismo? ¿Dónde está el presupuesto, dónde están los plazos de ejecución de estas obras? Le voy a recordar que en un decreto que hicieron ustedes el año 1995 nada más y nada menos llegaron a poner en un decreto de sequía un embalse de cola de un pantano para usos turísticos, en este caso por lo menos hemos fijado que todo sea para lo referido a modernización.


En resumen, ante una situación extraordinaria, señora ministra, nosotros le pedimos medidas excepcionales, medidas extraordinarias. Creemos que es un decreto trampa a la vista de la disposición adicional. Usted condiciona todo a lo que al final diga Bruselas, es un decreto recaudatorio desde el punto de vista de la Seguridad Social con todos aquellos agricultores que tengan deudas con la misma, y desconoce este decreto -y entendemos que el Ministerio de Agricultura- los daños reales ocasionados por la sequía. Hay una nula capacidad de gestión de los fondos de la Unión Europea tanto en la solicitud de ayudas como en la aportación de los fondos de solidaridad y creemos, señora ministra, que es totalmente necesaria la convalidación de este decreto, que nosotros anunciamos que vamos a votar a favor. También creemos que debe tramitarse como proyecto de ley, tal y como han manifestado todos, excepto, creo recordar, el señor Labordeta y me imagino que también el portavoz del Grupo Socialista, pues entendemos que en los próximos meses se pueden hacer suficientes aportaciones entre todos los grupos desde el punto de vista de saber qué pasa con los fondos de la Unión Europea con el fin de mejorar y tratar de paliar una situación que, como usted mismo ha dicho, es excepcional

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pintado.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Alonso. (Rumores.)

Guarden calma.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista quisiera trasladar a los agricultores y ganaderos de este país un mensaje de esperanza y solidaridad en un año especialmente grave por las circunstancias climatológicas. Quiero lanzarles un mensaje de tranquilidad y decirles claramente que, si han soportado ocho años de Gobierno del Partido Popular, seguro que tienen capacidad para superar este año en el que, efectivamente, la climatología no es muy favorable.


Como han manifestado todos los anteriores intervinientes, estamos ante un año especialmente difícil. Es un año malo climatológicamente. Este es el tercer real decreto-ley que viene al Parlamento y a los daños que ha habido por heladas y por pedriscos se suman ahora daños por ausencia de lluvias, una situación difícil de encontrar en cuanto a falta de precipitaciones desde hace décadas. La sequía, como se ha dicho, territorialmente ha afectado prácticamente a todas las comunidades autónomas y ha afectado también a prácticamente todos los cultivos y a la ganadería extensiva. Se han visto afectados los cultivos de secano, ha habido dificultades de nacencia y en otros casos incluso ha sido prácticamente imposible llegar a la recolección, problemas en el regadío por disponibilidades de agua, problemas en cultivos leñosos, que han padecido la situación de las heladas agravada por la sequía y problemas especialmente graves en la ganadería extensiva por ausencia de pastos que los ganaderos han tenido que compensar con la adquisición de materias primas de alimentación para su ganado. Ha habido también problemas de abastecimiento de agua y muchas zonas de este país están llevando el agua en cisternas a sus ganaderías, daños en la apicultura, etcétera. En definitiva, una situación, como digo, excepcional que justifica claramente la aplicación de medidas extraordinarias, como contempla el real decreto que hoy estamos convalidando. Es un real decreto que va a ayudar a paliar las pérdidas económicas de miles de explotaciones agrícolas y ganaderas, que en este momento ven amenazada su supervivencia por tener dificultades de viabilidad económica. En una situación excepcional como en la que estamos, el sistema nacional de seguros agrarios, altamente subvencionados por las administraciones autonómica y central, no está siendo capaz de paliar totalmente las pérdidas, en primer lugar, porque todos los riesgos no son asegurables y, en segundo lugar, porque los niveles de aseguramiento en algunas zonas son muy bajos.


Señora ministra, el Grupo Socialista considera que el Gobierno ha remitido al Parlamento un decreto que contiene un buen paquete de medidas excepcionales, medidas que sin duda van a minorar los quebrantos económicos ocasionados en la economía de las explotaciones agrarias afectadas. Y cuando uno hace una valoración de si una cosa es buena o mala, casi siempre hay que hacerla por comparación con algo que se conoce. Por tanto, puedo decir que en este momento el real decreto-ley que estamos analizando y que se va a someter a votación a continuación no es comparable con los precedentes más cercanos, siendo desde mi punto de vista mejor que cualquiera de los decretos de sequía que trajo al Parlamento el Gobierno del Partido Popular.


Cuando el portavoz del Partido Popular criticaba las medidas de este decreto y proponía algunas en esta intervención y en las mociones que han presentado en el Congreso y en el Senado, señor Pintado, deberían de ser ustedes un poco prudentes, porque en su época también hubo sequías y trajeron decretos y yo les pregunto: ¿Por qué sus decretos de sequía no incorporaban las medidas que hoy nos proponen? Sólo hace un año que se fueron del Gobierno y ustedes proponen hoy cosas que no incorporaron a sus normas cuando fueron Gobierno.


Este real decreto, señores diputados, es mucho mejor que cualquiera de los aprobados durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular, y les voy a dar algunos datos para justificarlo. Es mejor porque se ha aprobado

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en fecha. Criticaba el señor Pintado las fechas, pues los decretos que ustedes aprobaron siempre fueron dos o tres meses más tarde; se ha aprobado en junio y lo estamos convalidando en junio, cuando eso nunca ocurrió ni en 1999 ni en el 2000 cuando ustedes trajeron aquí normas con fecha muy posterior.


Además, este Real Decreto que estamos convalidando fija un sistema para poder tener derecho a la concesión de las ayudas mucho más favorable que los suyos. Ustedes fijaron, señores del Partido Popular, que para poder tener derecho a las ayudas tenía que haberse producido más de un 50 por ciento de daños en las explotaciones, y este decreto fija el límite en el 20 ó el 30 por ciento, según las zonas. Por tanto, el horizonte es mucho más amplio y esta situación mucho más favorable que la de entonces. Los créditos ICO, que van a ser con la colaboración de las comunidades autónomas al cero por ciento de interés, contemplan una anualidad de amortización, cosa que es única y un precedente nuevo nunca incorporado en los decretos de sequía del Partido Popular.


También es novedoso y positivo este Real Decreto en cuanto a las medidas que contempla en relación a los temas de Seguridad Social. Hasta ahora lo que habíamos oído en otros decretos eran moratorias, y este decreto establece una moratoria y exenciones. Con carácter general, como ha explicado la señora ministra, se establece para las empresas y trabajadores por cuenta propia una moratoria de un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, desde julio de 2005 hasta febrero de 2006. Pero lo que realmente es novedoso y lo que ha provocado la crítica favorable y positiva de las organizaciones profesionales agrarias es que se contempla una ayuda directa en forma de una exención del 50 por ciento de ocho meses a los agricultores afiliados al régimen especial agrario de Seguridad Social del Reass y del RETA; es algo nuevo, no aplicado nunca en la sequía, que se dirige al colectivo de agricultores y ganaderos que viven en el campo, no solo a los propietarios a los que iban dirigidos los decretos del Partido Popular.
Es desde mi punto de vista, señora ministra, la medida más justa de todas las que se incorporan en esta norma, y es una medida, vuelvo a repetir, que nunca fue propuesta ni aplicada por los gobiernos del Partido Popular.


Se contempla también una rebaja de módulos en el IRPF; se contemplan ayudas para la construcción y mejora de abrevaderos; se contemplan ayudas para la agricultura de regadíos; se declaran de interés general muchas obras, señor Pintado. Si hubieran estado hechas esas obras del Plan Nacional de Regadíos no sería ahora necesario declararlas de interés general; se contemplan ayudas para cooperativas y una serie de ayudas que complementarán una aplicación favorable de la política agraria comunitaria.


No hay nada más que analizar el importe que supone todo este volumen de ayudas. Es una cantidad de dinero muy importante, Los créditos ICO supondrán un coste para las administraciones de más de 160 millones de euros; los avales de esa ECA, 4,5; la construcción de abrevaderos, 5 millones; la exención de cuotas por tarifa de agua, 64,8 millones; el tema de la Seguridad Social, 121. En definitiva, una cifra muy importante que demuestra el compromiso de este Gobierno con la situación de los agricultores y de los ganaderos.


Por eso el Grupo Socialista va a votar lógicamente a favor de la convalidación de este real decreto y en contra de su tramitación como proyecto de ley, si finalmente lo propone el Partido Popular o algún otro grupo. Creemos que la situación de dificultad por la que atraviesa el campo español justifica la aprobación de esta medida, de esta norma, y su aplicación inmediata de todas y cada una de las medidas. Entendemos que, si se tramitara como proyecto de ley, se dificultaría la aplicación inmediata de las distintas medidas y se retrasaría innecesariamente la llegada de estos fondos a los agricultores y a los ganaderos. Se trata de un decreto que está consensuado con las comunidades autónomas, que también compromete recursos de las comunidades autónomas, que ha sido bien valorado por las organizaciones profesionales agrarias, por tanto, merece hoy la aprobación definitiva de esta Cámara y la llegada inmediata de fondos a las economías de los agricultores y ganaderos de nuestro país.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.


Antes de proceder a la votación, una advertencia; no será florida, no se preocupen. Las votaciones de las enmiendas del Senado no se harán antes de las once y media. Lo digo para su arreglo personal.


Votación del Real Decreto-ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras adversidades climáticas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 319; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley.


Una mayoría de grupos parlamentarios ha solicitado la tramitación del real decreto como proyecto de ley. Vamos, pues, a votar este punto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 140; en contra, 162; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.


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ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY DE PERMISOS Y LICENCIAS DE CONDUCCIÓN POR PUNTOS, QUE MODIFICA LA "LEY DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL" APROBADA POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO (ANTERIORMENTE DENOMINADO PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO, PARA REGULAR LOS PERMISOS Y LICENCIAS DE CONDUCCIÓN POR PUNTOS.
(Número de expediente 121/000013.)

El señor PRESIDENTE: Punto IX del orden del día: Enmiendas del Senado. En primer lugar, proyecto de ley de permisos y licencias de conducción por puntos, que modifica la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobada por el Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, anteriormente denominado proyecto de ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobada por el Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, para regular los permisos y licencias de conducción por puntos.


El debate, al tratarse de enmiendas del Senado, se adaptará a lo previsto en el artículo 123 del Reglamento, habrá un turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios.


En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto. Cuando usted pueda, señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar todas las enmiendas del Senado a este proyecto de ley porque clarifican la intención de la ley en el sentido de darle más transparencia, hacerla más garantista y, al mismo tiempo, suavizar algunos aspectos punitivos que no acababan de convencernos. Es curioso que esta ley provoque unanimidades tan grandes, sin duda todos estamos presionados por la situación de la seguridad vial, por los problemas del tráfico y, sobre todo, por los accidentes mortales que provoca. Por tanto, es una llamada de atención a una mayor responsabilidad.


Celebramos que se clarifique la competencia del Ministerio del Interior en lo referido a todo lo que tiene que ver con la apertura y funcionamiento de centros de reeducación; celebramos que los conductores profesionales vean mejor protegidos sus derechos, aunque no sea totalmente, y su posibilidad de recuperar puntos. Además, suaviza el carácter punitivo ya que la pérdida máxima de puntos es de ocho en un día. Celebramos todo lo que sea dejar clara la responsabilidad de los distintos agentes que participan en la conducción, en especial los titulares o arrendatarios de los vehículos, en cuanto a la identificación de los conductores que provocan infracciones; celebramos que se informe clara y puntualmente sobre el número de puntos que se pierden y cuántos le quedan a cada uno, y celebramos un apartado muy interesante, que es posibilitar que la ley cuente con los medios humanos y la capacitación profesional necesaria de todos los profesionales que van a intervenir no solamente en la formación sino también en la investigación de accidentes, en el funcionamiento de las escuelas y en todo lo que tiene que ver con este ámbito donde la formación es tan importante.


Señor presidente, respecto a la privación del derecho de conducir en todos los casos excepto en los que tengan consecuencias gravísimas e irreversibles, debe de estar sometida a un proceso de reeducación y no solamente a procesos de carácter sancionador. Por esto pensamos que tiene que quedar claro este derecho a reeducarse; establecer la duración y requisitos de los cursos de sensibilización y reeducación reincidirá en el carácter no estrictamente punitivo de la ley que nosotros, en todo caso, celebramos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.


Grupo de Coalición Canaria.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Mi grupo se congratula de rematar en el debate de esta noche toda la tramitación parlamentaria de este importante todavía proyecto de ley, dada la sensibilidad que tiene que mostrar el Poder Legislativo para trasladar a la opinión pública española la necesidad de acortar de una manera radical, drástica, eficiente y eficaz ese rosario tremendo de muertos, accidentados, heridos y lesionados en los accidentes de tráfico en las carreteras españolas.


Las enmiendas que vienen del Senado han introducido, a nuestro juicio, perfeccionamiento técnico, como la adecuación del propio título del proyecto de ley, que queda más acorde con su contenido.


Queremos destacar algunos de los artículos que nos mueven a votar favorablemente todas las enmiendas del Senado, como la modificación que se hace en el punto uno del artículo único, explicitando la competencia del Ministerio del Interior en la declaración de nulidad de las autorizaciones de apertura y funcionamiento de los centros de formación de conductores, verdadero punto neurálgico en la educación vial.
Destacamos también el punto cinco de este artículo único, en el que se clarifican las cualidades que debe tener la inspección técnica de vehículos para clasificar las infracciones como graves o muy graves, por lo que introduce un principio de seguridad jurídica.


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También resaltamos el punto veintidós del artículo único que viene del Senado, porque modifica la redacción de la disposición adicional undécima que había salido del Congreso de los Diputados para precisar el marco normativo y temporal de la adopción de las medidas a las que se refiere dicha disposición. Se trata por tanto de una cláusula garantista.


El punto veintidós ter nuevo del artículo único establece también unas garantías frente a la comisión de un delito castigado con la privación del derecho a conducir un vehículo a motor o ciclomotor. Introducir la acreditación de haber superado el curso de reeducación y sensibilización vial para volver a conducir forma parte de las líneas de ejemplaridad y trata de inculcar un sentido de responsabilidad en los conductores.


Por todas estas razones, abreviando, señor presidente, votaremos favorablemente todas las enmiendas del Senado, congratulándonos, como he dicho al principio, de rematar este importante proyecto de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, tiene la palabra la señora García. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.)

La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, asistimos al final de la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley por el que se regulan las licencias de conducción por puntos y se modifica la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que no arrancaba de cero, ya que existía el importante precedente del trabajo realizado, por consenso de la mayoría de los grupos, en la subcomisión de seguridad vial. Estas propuestas y este trabajo realizados en la Cámara pueden considerarse positivos, pero otra cosa bien diferente, señorías, es la gestión de los distintos gobiernos en esta materia, que hasta ahora, desde nuestro punto de vista, no ha sido todo lo eficaz que hubiéramos deseado.


La modificación de la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial para incorporar el sistema de carné por puntos formaba parte de los programas de la mayoría de los grupos parlamentarios. Por tanto, sin negar la voluntad del Gobierno, podemos afirmar que esta iniciativa obedece a un amplio consenso político, que se consolida tras su paso por el Senado, y a la urgente necesidad de articular medidas eficaces de lucha contra la siniestralidad en carretera. Además, señorías, este consenso político al que hacía alusión viene a plasmar un consenso social muy importante en torno a esta reforma, que finalmente ha tratado de solventar las demandas y reivindicaciones planteadas por los sectores implicados en la seguridad vial. Quisiera recordar -a pesar de que ahora no pueden oírnos, pero sí van a poder leernos- el trabajo tan importante realizado por los sindicatos y las asociaciones profesionales comprometidas en la lucha contra la siniestralidad en la carretera.


A juicio de nuestro grupo parlamentario, el texto con las enmiendas del Senado que hoy votaremos supone un avance respecto al marco legal actual en materia de tráfico y seguridad vial, a pesar de que lógicamente es mejorable, como cualquier texto, y seguramente tendrá que irse adaptando con el tiempo a las nuevas necesidades, ya que además, por desgracia, en esta materia vamos encontrándonos con situaciones dramáticas y lamentables. Hablar de seguridad vial hoy supone abordar una de las mayores causas de muerte en las sociedades modernas. Señorías, solo en España el año pasado perdieron la vida en las carreteras más de nueve personas cada día, pese a que no se registraba una cifra tan baja desde 1980. Ante esta grave situación no cabe resignarse a engrosar estas estadísticas; por el contrario nos debe mover a seguir explorando nuevos métodos para aumentar la seguridad en las carreteras.


Me centraré breve y rápidamente en la tramitación parlamentaria entrando a valorar las enmiendas introducidas en el Senado. Un buen número de estas enmiendas responde a modificaciones a la exposición de motivos que reflejan las enmiendas aprobadas en el curso de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, entre ellas enmiendas de nuestro grupo parlamentario que hacen referencia al tratamiento diferenciado de profesionales o a la proporcionalidad de las penas que habían sido muy solicitadas por muchos sectores.


Se modifica también acertadamente el punto cinco para hacer explícita la competencia del Ministerio del Interior para declarar la nulidad de las autorizaciones de apertura de centros de formación de conductores.
Algunas enmiendas suponen también una mejora técnica para clarificar conceptos, como es el caso de los apartados 4 y 5 del artículo 60 o los apartados 4 y 5 del artículo 65, que armoniza la regulación del texto recibido del Congreso de los Diputados en relación con la inspección técnica de vehículos. También se introducen algunas precisiones necesarias respecto a la responsabilidad personal en el caso de infracciones cometidas por pasajeros. Asimismo se incorpora un paquete de enmiendas por las que se introducen nuevas disposiciones adicionales, algunas de gran importancia. Se introduce la disposición undécima para regular la escala superior de la Función Pública para hacer posible un mayor grado de profesionalización y especialización de empleados públicos que se dediquen a investigación o inspección, con el objetivo de lograr una mejor seguridad vial. También se introduce una nueva disposición adicional por la que se exige para volver a conducir a aquellos condenados por un delito castigado con la pena de privación de derecho a conducir, haber superado el curso de reeducación y sensibilización vial.


Señorías, para finalizar quiero anunciar nuestro voto favorable a las enmiendas introducidas en el Senado, reiterando el compromiso de nuestro grupo de trabajar desde el consenso en esta materia porque para Izquierda

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Unida-Iniciativa per Catalunya es una prioridad política y social fomentar la seguridad vial a través de la adopción de medidas integrales y también algunas medidas urgentes para reducir las cifras de siniestralidad en las carreteras.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora García Suárez.


Continuamos con el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV.) Tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, lamento mucho comentarle que este proyecto de ley, que nació con vocación de ser un proyecto de ley del Parlamento, que no pudiera ser patrimonializado por ningún grupo, en nuestra opinión, no va a ser así, desgraciadamente esto no va a ocurrir o no va a ocurrir en este momento. Esperemos que en un futuro algunas de las cuestiones sobre las cuales nosotros hemos manifestado nuestra reserva se puedan regenerar. No va a ser la ley del Parlamento porque las enmiendas del Senado no han corregido absolutamente nada de aquellas cuestiones de naturaleza competencial que nosotros denunciamos en forma de enmiendas, que se denunció en el Senado en forma de veto, nada menos que el único veto que se presentó en el Senado a este proyecto de ley. Era un veto fundado no en el procedimiento o en la institución que se creaba, en el descuento de puntos, en la metodología de trabajo que configura el contenido material del proyecto de ley, sino en la vulneración absoluta de los títulos competenciales que en este caso corresponden a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a otras comunidades autónomas que tienen competencia exclusiva en materia de seguridad vial, tal como ocurre en la Comunidad Autónoma del País Vasco en virtud de las previsiones del artículo 17 del Estatuto de Autonomía de Gernika.


Señor ministro, no se ha hecho ningún esfuerzo -yo lamento tener que decirle esto, con este énfasis; no lo interprete como una expresión agresiva o beligerante- por llegar a consensos en cuestiones competenciales que eran fáciles de dilucidar y que eran fáciles de comprometer y consensuar. Yo apelo a su sensibilidad democrática y a su respeto a la estructura competencial prevista en el bloque de constitucionalidad para que, a través de otros procedimientos o iniciativas legislativas posteriores, esto se pueda regenerar. Sin embargo, no es admisible, señor ministro, que, en materia de imposición de sanciones, el procedimiento sancionador retenga las competencias en materia pecuniaria que corresponden a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Es decir, se posibilita que el Gobierno vasco mantenga la competencia en materia de imposición de sanciones de carácter pecuniario, pero se atribuye a la Administración central aquella sanción consistente en la suspensión del carné de conducir, con los problemas gravísimos de inseguridad jurídica que este doble procedimiento plantea porque hay una doble tramitación, hay una doble instrucción, que puede ser incluso de naturaleza contradictoria, con problemas que van a provocar una alta litigiosidad y que a usted como experto en la materia no se le escapan.


Nosotros también consideramos extraño, sorprendente, por no usar la expresión sainetesco -no es el momento a estas horas de la noche de usar expresiones irónicas-, que no se reconozca a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a otras la competencia para la autorización de conducción de ciclomotores y de vehículos que transporten sustancias tóxicas y peligrosas. Se priva a esta comunidad autónoma de la competencia para autorizar el permiso de conducción de ciclomotores, y, sin embargo, se le mantiene la competencia para autorizar que puedan circular, por ejemplo, camiones de 7 ejes, de 15 cilindros, etcétera. Ponga usted los ejemplos de tipo comparativo que considere pertinentes y dígame si es razonable en términos ilustrativos -es un ejemplo un poco extremo- que se atribuya a esta Comunidad Autónoma del País Vasco y a otras competencia para autorizar la circulación de vehículos de gran tonelaje y no se le reconozca la concesión de permisos para la conducción de ciclomotores, y quizá sería más discutible, el reconocimiento de la autorización de vehículos que transporten mercancías peligrosas.


Nos resulta particularmente llamativo -por no usar la expresión lacerante- que no se reconozca a la Comunidad Autónoma del País Vasco competencias que se reconocen a otras comunidades autónomas como la de Cataluña. Me estoy refiriendo a una en concreto que usted conoce perfectamente, como es la autorización de centros de habilitación de las capacidades psicológicas para poder conducir. Esta es una competencia que tiene expresamente reconocida la Comunidad Autónoma de Cataluña, que está ejerciendo con eficiencia; sin embargo, debido a extraños arcanos, cuya etiología o naturaleza desconocemos, no se reconoce a nuestra comunidad autónoma, que tiene un título competencial al menos tan claro como el de la Comunidad Autónoma de Cataluña. La competencia para la autorización de centros de impartición de enseñanzas en materia de conducción es otra de las competencias que no deberían tener obstáculos para su reconocimiento en relación con las comunidades autónomas que ostentan competencias exclusivas en materia de seguridad vial, y tampoco se reconoce.


Por último, resulta también llamativo que no se reconozca una competencia de entidad menor o de menor cuantía, como es la de la articulación, creación y mantenimiento de registros de conductores infractores. Señor ministro, en materia de registros, usted ha participado incluso en la configuración de grandes registros europeos en cuanto a estructuras europeas que persiguen la criminalidad más sofisticada que existe en la actualidad, como es la terrorista y la de las bandas organizadas, registros como los de Eurojust o los de Europol, que están perfectamente

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conectados pero desagregados, es decir, son policéntricos. El hecho de que no se reconozca a una comunidad autónoma la ostentación, el control y la creación de un registro de infractores en materia de conducción resulta sencillamente algo que raya en el desvarío, en el delirio. Este es un problema sobre el que también deberíamos hacer una reflexión complementaria. Como digo, en este momento ya hay mecanismos tecnológicos y telemáticos para la conexión entre los registros en el ámbito de otras competencias administrativas ejecutadas por la Comunidad Autónoma Vasca y por otras comunidades autónomas; existen registros sanitarios, registros de empresas, registros de empresas cooperativas, existen registros múltiples, todos ellos interconectados. Si de lo que se trata es de una conexión registral que impida que, en el ámbito supracomunitario, conste la conducción de conductor infractor de los conductores que hayan cometido una infracción, la intercomunicación registral es tecnológicamente muy sencilla. Aquí nos encontramos con un problema técnico que ustedes se han negado a afrontar siendo muy simples los mecanismos telemáticos o informáticos para articular unos registros perfectamente conectados entre sí. En definitiva, son problemas de entidad poco profunda basados en títulos competenciales poco discutibles que en condiciones normales no deberían generar ningún tipo de polémica.
Señor ministro, sinceramente todavía estoy sorprendido de que no hayamos podido llegar a acuerdos sobre cuestiones tan poco discutibles, tan poco susceptibles de polémica competencial como estas, cuando por otra parte se está hablando de reformas estatutarias importantes y de gran de dimensión. Por eso tenemos que manifestarle que en el Senado no se ha arreglado nada, aunque se ha mantenido nuestro veto, no estamos en desacuerdo con el sistema de descuento de puntos, pero esta ley tiene deficiencias de naturaleza competencial que por lo menos para mi grupo parlamentario no son cuestiones baladíes, irrelevantes. En definitiva, con estas deficiencias estamos incumpliendo requerimientos de la propia Constitución y requerimientos estatutarios. Esta no es una cuestión de entidad menor, esta sí que no es una cuestión de menor cuantía, señor ministro. Por tanto, apelo a su sensibilidad para que por los procedimientos que se puedan encontrar en esta Cámara, quizá después de verano, en fechas próximas, con una proposición de ley, se pueda regenerar lo que es regenerable de forma particularmente sencilla en este ámbito.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Olabarría.


Continuamos con el turno de Esquerra Republicana de Cataluña. Tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU DOMINGO: Señora presidenta, señores diputados, nuestro grupo quiere celebrar las incorporaciones que en el Senado se han realizado a este proyecto de ley, porquesinceramente significan una mayor concreción de diversos artículos y estimamos muy positivo que se haya ampliado el consenso, aunque no haya llegado a ser total por cuestiones competenciales, como manifestaba el portavoz del Grupo Vasco. Seguramente si antes de enviarse al Senado hubiéramos logrado en el debate en esta Cámara un cierto grado de consenso algunos de los votos particulares que se emitieron no se hubieran presentado. De todas formas, aunque este consenso llegue un poco tarde lo celebramos con entusiasmo.


En la mente de todos está que en esta ley hay que incluir la obligación imperiosa de reducir la siniestralidad que se produce en las carreteras de este país. Hemos dado un paso importante, quizá el primero que teníamos que dar, pero no hemos acabado, nos faltan otras cosas por realizar si queremos lograr ese objetivo, que al menos para mi grupo debe ser su principal razón, de reducir la siniestralidad. Ahora hemos elevado el nivel de exigencia de la Administración respecto a la ciudadanía en cuanto a su comportamiento con los vehículos. Ahora le toca a la Administración hacer este esfuerzo. No se ha avanzado en la eliminación de puntos negros de nuestras carreteras, en las que hay un alto índice de siniestralidad. La Administración se tiene que comprometer, por eso nosotros pediremos que en los próximos presupuestos haya un plan especial para la reducción de puntos negros, lo mismo que en los presupuestos anteriores hubo un plan especial para hacer más autovías. Nos tenemos que centrar en estos puntos concretos que provocan un gran porcentaje de la siniestralidad, porque no podemos acharcárselo a la ciudadanía sino que corresponde a diseños malos y anticuados de nuestras estructuras viarias.
Tenemos que ser sinceros, tenemos que poner medidas que se están dando en la práctica, como los límites de velocidad, pero esto requiere un estudio porque el objetivo principal es bajar la siniestralidad. Anunciamos nuestro voto favorable a las enmiendas que nos llegan del Senado. Estamos muy satisfechos de que en esta cuestión se haya ampliado el consenso y ojalá lo hubiéramos podido lograr en su totalidad.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con el turno de Convergència i Unió.


Tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señor ministro del Interior, señorías, hoy debatimos ante el Pleno de la Cámara el último trámite de un proyecto de ley importante que va a afectar a millones de ciudadanos en su condición de conductores; un proyecto de ley que va dirigido a dar una respuesta ante las cifras lamentables de accidentes de tráfico que padecemos; un proyecto de ley, el del permiso por puntos, que va en la dirección adecuada que han tomado ya otros países de nuestro entorno, siendo el resultado positivo para ellos. La implantación del permiso por puntos ha tenido resultados positivos, pero también es cierto que no los ha tenido en

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el primer o segundo año de su implantación. Esta ley que hoy aprobamos necesita un rodaje, pero vale la pena intentarlo porque el objetivo es compartido por todos. Es cierto, coincido con el señor Olabarría, que no hemos sido capaces de resolver el tema competencial, como no lo fuimos en la pasada legislatura cuando se tramitó en las Cortes la anterior modificación de la Ley de Seguridad Vial. Quedaron aspectos competenciales pendientes; mi grupo tenía dos enmiendas en el Senado y otras en el trámite del Congreso que no fueron aprobadas. Con independencia del tema competencial, que queda pendiente, y en el que deberemos profundizar a partir de la aprobación de la ley, quiero destacar aspectos claramente positivos del proyecto de ley de ley, que será ley a partir de hoy, cuando la aprobemos.


Aspectos positivos. Primero, el permiso por puntos es una apuesta para que cada conductor tenga más presente su propio historial sancionador. Es un crédito de confianza que damos a cada uno de los conductores. Los puntos no se van ni a comprar ni a vender. No se va a poder pagar para recuperar puntos, sino que los puntos, esa confianza solo se recupera por dos vías: mediante la realización de cursos de especial reeducación y sensibilización de la persona que ha demostrado con su comportamiento que no tiene la aptitud necesaria para conducir y por eso pierde puntos, o bien dejando transcurrir dos o tres años sin cometer nuevas infracciones.
Como el conductor no va a querer quedarse sin su permiso, el mensaje que le estamos dando es: Conduce bien, recupera esa confianza. Por tanto, es un buen sistema, aunque también somos conscientes de que no es de aplicación fácil. Puede tener problemas administrativos de aplicación.
Quiero agradecer de entrada todas las gestiones que ha realizado la Dirección General de Tráfico en la tramitación del proyecto de ley e instarla a que redoble los esfuerzos porque no va a ser fácil. Reconozco las dificultades que va a haber, pero valdrá la pena, como la valdrá también que los medios de comunicación nos ayuden a divulgar, a difundir esa nueva pedagogía del permiso de conducir por puntos.


En este momento de los agradecimientos, en la fase final del proyecto de ley, no quiero dejar de citar a ninguno de los ponentes que han intervenido directamente, porque todos han intentado mejorar el proyecto.
Este proyecto sale enriquecido tras su tramitación parlamentaria, porque son muchas las enmiendas que se han introducido. Quiero referirme muy especialmente al señor Mayoral, a don Agustín Jiménez, a Eloísa Álvarez del Grupo Socialista, a don Federico Souvirón del Grupo Popular, al señor Olabarría -quien de manera muy equilibrada, ha planteado todas las enmiendas competenciales, como ha hecho también nuestro grupo parlamentario-, al señor Rodríguez del BNG, al señor Andreu de Esquerra Republicana de Catalunya, al señor Mardones de Coalición Canaria y a todos cuantos han intervenido porque todos ellos han intentado compartir ese objetivo común de mejorar la seguridad vial, por tanto, es una apuesta que vale la pena.


Las enmiendas del Senado van a merecer el voto favorable de Convergència i Unió porque simplifican aún más la lista final de aspectos que pueden provocar la pérdida de puntos, concretamente al final la lista va a quedar en 27 supuestos. Recordemos que cuando entró el proyecto de ley tenía 45, pero al final serán 27. Cuantos menos mejor si son claros, porque se percibirán mejor por la ciudadanía. Busquemos una ley que sea fácil de entender, y es más fácil de entender un catálogo de 27 que uno de 45, por tanto vamos también en este asunto en la buena dirección.
Hemos reducido las causas; yo quiero destacar muy concretamente que se ha eliminado la que antes era la causa número nueve, que era circular en posición paralela con vehículos con los que esté expresamente prohibido por esta ley. Incluso se entendía mal esa causa, la número nueve, y hemos conseguido suprimirla. Hemos conseguido también en el Senado -me congratulo de ello- por una transacción y con la aprobación de una enmienda de Convergència i Unió, que aquel conductor que es condenado por un delito que lleva aparejada la suspensión temporal del permiso de conducir, cuando haya pasado ese periodo de suspensión, para que pueda conducir deba pasar obligatoriamente ese curso de reeducación, que es el mismo curso que se exige a aquel que ha perdido su permiso por haber perdido la totalidad de sus puntos. No tenía ningún sentido que tuviéramos dos varas de medir, siendo la del que pierde puntos pasar ese curso de reeducación y, en cambio, no tuviera que superarlo el que es condenado por un delito que lleva aparejada la suspensión, que en teoría siempre ha mantenido una actitud peor. No nos engañemos, señor ministro, señorías, nos queda una asignatura pendiente, y lo sabe el señor Mayoral, el señor Souvirón y todos los portavoces: deberemos afrontar una reforma del Código Penal. En la propia Comisión de Seguridad Vial deberemos estudiar a partir del próximo semestre aspectos de esa reforma del Código Penal, porque sin ninguna duda el nuevo permiso de conducir por puntos tiene aspectos que chocan con la normativa actual del Código Penal y deberemos realizar una adaptación.


En este momento final también quiero destacar la importancia de una enmienda que liga más la tangibilidad que debe tener el permiso por puntos. Damos un mandato al Gobierno para que cuando sea posible incorporemos en el D.N.I. electrónico el permiso por puntos. Sabemos que esto no podemos obligarlo por ley, pero el mensaje está en la ley. Es un mensaje de futuro: cuantos menos documentos llevemos mejor, porque en un solo documento tendremos el D.N.I. y también los puntos. En la medida en que el conductor pueda percibir en cada momento cuál es su saldo de puntos con mayor facilidad también será un avance. Por tanto, no es imperativo, evitando que esto pudiera preocupar a las autoridades de Tráfico, porque si así fuera realmente quizá no estuvieran preparados para llevar a cabo esta labor, pero al final se halla un sistema que marca bien el objetivo de futuro y que es positivo.


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También quiero hacer una llamada a los examinadores. Hemos resuelto a través de una transacción poner un plazo a lo que era una nueva disposición adicional que se había incorporado en el Congreso de los Diputados. Nos parecen bien todas las actuaciones en materia de función pública a favor de los examinadores, colectivo que hace una gran labor en materia de seguridad vial y que con el nuevo permiso va a tener que incrementar su actividad. Nos comprometemos con los examinadores a buscar soluciones a sus legítimas aspiraciones en el marco de desarrollo reglamentario de esta ley, por tanto dentro del primer año de su aplicación, que será el año en que deberán realizarse los distintos reglamentos, todo ello en contacto con ellos y con el necesario consenso.
Había dejado de nombrar a la señora Carme García, que ha hecho una gran labor en el tema de los conductores profesionales, como el resto de grupos, intentando mejorar el proyecto de ley. Quiero agradecer su trabajo a tantas organizaciones que nos han instado a mejorar aspectos, desde los sindicatos hasta las asociaciones de víctimas. Es un proyecto de ley que ha sido esponja de muchas peticiones ciudadanas, por eso la valoración final no puede ser en ningún caso negativa. Queda pendiente el tema competencial, pero la apuesta, señor ministro, vale la pena. El Gobierno contará con la colaboración de Convergència i Unió para llevar a buen término la aplicación, no fácil, de este proyecto de ley. Haremos su seguimiento en la propia Comisión de Seguridad Vial del Congreso; hay una disposición que obliga a realizar cada año en la propia Comisión ese balance puntual de cómo se está implantando el permiso por puntos.


Finalizo mi intervención agradeciendo a todos el trabajo que han hecho en la elaboración de este proyecto de ley, pero quiero dar un mensaje: señor ministro, busquemos una fecha para que entre en vigor definitivamente el sistema por puntos. Sería bueno que fuera el 1 de julio del próximo año.
Podemos empezar con esto en la campaña de verano, que siempre se inicia en el mes de julio. Como la entrada en vigor será prácticamente un año después de la aprobación de la ley, este sería un buen mensaje, porque, no nos engañemos, el permiso por puntos funcionará si es conocido y aceptado por la población. Deberemos buscar la manera de hacer campañas que liguen cualquier aspecto de seguridad vial con el permiso por puntos, que no es una panacea ni una varita mágica, sino un instrumento más en esa dirección, que esperamos que dé sus resultados. Por lo menos, este es el ánimo que inspira a la mayoría de grupos parlamentarios de esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Jané.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Souvirón.


El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto que viene a modificar la Ley de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico el conocido como permiso de conducir por puntos, y lo vamos a hacer porque complementan el trabajo que realizamos en esta Cámara. La unificación en un solo documento del carné de conducir y del documento nacional de identidad, por poner un solo ejemplo de las enmiendas introducidas con éxito en el Senado por nuestro grupo parlamentario, viene sin ninguna duda a facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos sin que la seguridad que necesariamente deben tener esos dos documentos sufra merma alguna. Ahora que terminamos el trámite vemos que esta no es la ley que hubiera hecho el Grupo Popular, pero ya sabemos que lo que nos toca a la oposición es mejorar en la medida de lo posible aquellos proyectos de ley en los que intervenimos, y eso es lo que hemos intentado tanto en el Congreso como en el Senado, y en algunos casos con éxito. Hay cosas que nos gustaría que se hubieran mejorado, como que se hubieran rebajado aún más las infracciones por las que se reducen puntos. No entendemos por qué hay que reducir puntos por estacionar en un carril de servicio público cuando eso viene a resolver un problema que hay en las ciudades pero no afecta para nada al tema de la seguridad vial. Aunque celebramos que el Grupo Socialista al final en el Senado haya incorporado el anexo III, que tanto queríamos, hubiéramos preferido que hubiera sido de una forma más amplia y que se hubiera dado más juego al Parlamento a la hora de determinar la estructura de cursos y de requisitos para su impartición; en cualquier caso reconocemos el esfuerzo. Al final, y de ahí el sentido afirmativo de nuestro voto, este proyecto de ley está llamado a ser un instrumento fundamental para que todos los ciudadanos tomemos conciencia de que tenemos que mantener una actitud activa frente al grandísimo problema de la inseguridad vial. Para eso el mayor de los apoyos parlamentarios es un aval importante, un marchamo de calidad para que los ciudadanos empiecen a creerse que el Parlamento apuesta claramente por la lucha frente a la inseguridad vial; ese es el sentido de nuestro voto.


Por otra parte, solo lo que existe puede ser mejorado. Sabemos que ahora hay un importante trabajo de desarrollo reglamentario, de aplicación de la norma, y que hay muchas cosas que solucionar. Hay una importante disfunción administrativa en jefaturas provinciales de Tráfico que habrá que solucionar, porque si no funciona la burocracia difícilmente puede funcionar y ser ágil la utilización y la plasmación de la norma que vamos a aprobar. Desde el Grupo Popular estaremos atentos al desarrollo y aplicación de una norma que nace hoy y con un apoyo suficiente, que sin ninguna duda demuestra que la Cámara está por la labor de que el carné por

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puntos cumpla los objetivos que todos pretendemos y que en reiteradas ocasiones hemos expresado desde esta tribuna, desde las sillas de las comisiones y cuantas veces hemos tenido ocasión de decirlo.


Muchas gracias, señora vicepresidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Souvirón.


Finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Mayoral.


El señor MAYORAL CORTÉS: Señora vicepresidenta, señor ministro, señorías, no me negaran ustedes que provoca emoción este conjunto de manifestaciones de fraternidad tan poco usuales entre los grupos parlamentarios, esta manifestación de fraternidad, de consenso, de acuerdo que reina en este momento en esta Cámara cuando abordamos un proyecto de ley que posiblemente sea de los que más afectan a los ciudadanos, pues de entrada afecta a 24 millones de conductores. Estos 24 millones de conductores deben sentirse gratamente extrañados por que esta especie de milagro del consenso democrático se produzca hoy en la Cámara.
Ahí estamos, afortunadamente, porque todos los grupos políticos hemos hecho un ejercicio de sensatez y de diálogo.


Fundamentalmente, lo que quería decir hoy aquí, y espero ser lo suficientemente breve, por lo menos tanto como el señor Jané, es lo siguiente. Hoy culminamos dos procesos: uno, político de carácter procedimental, pues el Gobierno envió en noviembre el proyecto de ley y hoy, 29 de junio, un día antes de lo previsto, estamos en el trámite final; y, otro, agotando un ciclo de realización de un compromiso político del Partido Socialista Obrero Español; compromiso adquirido aquí en reiteradas ocasiones en la pasada legislatura, en la que propusimos el establecimiento del carné por puntos en esta Cámara; compromiso adquirido en el programa electoral y desarrollado por el Gobierno de la nación que ha remitido este proyecto en la fecha que antes he indicado. Culminamos este doble proceso muy satisfechos, porque hemos elaborado una ley necesaria, que nos sitúa al nivel de los países más avanzados en la lucha contra la siniestralidad en el tráfico; una buena ley que recoge las mejores experiencias que, tanto el Gobierno como todos nosotros, hemos conocido en los países europeos más próximos, y sobre todo porque esta ley la hemos hecho entre todos, senadores y diputados, colaborando todos los grupos parlamentarios, y hemos escuchado. Antes decía el señor Jané que hemos hecho un ejercicio de esponja recibiendo a todo el mundo, hablando con todo el mundo: con los transportistas, que planteaban cuestiones difíciles de resolver y que han quedado resueltas; con los examinadores; con los investigadores; con las distintas organizaciones representantes de intereses en todo este sector y, sobre todo, y lo quiero recordar en este momento, con las asociaciones de víctimas, que nos han impulsado, nos han servido de acicate, de espuela para trabajar en la búsqueda de soluciones. Hemos elaborado una ley que debe servir de instrumento para una política de seguridad vial capaz de cambiar el inaceptable curso de las cosas. Bien es verdad que ha mejorado la siniestralidad en el tráfico en los últimos meses (en el último año pudiéramos decir), pero todavía sigue siendo inaceptable.


El contenido sustancial de este proyecto de ley enviado por el Gobierno se ha mantenido. Ha habido un gran consenso, pero se ha mantenido intacto el contenido sustancial del proyecto y su estructura, que es la que envió el Gobierno a esta Cámara. Aun así, manteniendo intacta la estructura y el contenido del proyecto, ha salido extraordinariamente enriquecido. Repito que estamos muy orgullosos de ello porque ha imperado el sentido común, la generosidad y la buena fe en medio de la batalla. Como decía Miguel Hernández, también hay ruiseñores que cantan en medio de la batalla, y yo creo que aquí hemos hecho un ejercicio en este sentido. En medio de esta batalla le quisiera decir al señor Olabarría, que se nos ha ido al fondo del hemiciclo, que el Grupo Vasco y S.S. ha tenido una excelente ocasión para contribuir al objetivo que se propuso este proyecto de ley. Este proyecto de ley no ha venido a la Cámara -lo sabe S.S.-para resolver problemas competenciales, que yo no niego que existan o no existan; este proyecto de ley viene a la Cámara con un objetivo central: la lucha contra la siniestralidad en el tráfico, acabar con los 5.400 muertos que ha habido en nuestras carreteras. Ese es el objetivo de este proyecto de ley, al que no se debería haber renunciado -estimo que no ha sido renunciado-, pero S.S. creo que ha puesto de manifiesto que anteponía el tema competencial a esta otra cuestión. Yo no le quiero hacer un reproche por ello, pero por algunas de las cuestiones que S.S. ha puesto de manifiesto en los diversos debates sobre esta cuestión me da la impresión de que hasta corresponden a un ámbito de Comisión Mixta de Transferencias, no tanto a la definición competencial sino a la ejecución competencial. No quiero entrar en esa cuestión porque tampoco ha sido objeto de debate, al menos por nuestra parte.


En ambas Cámaras hemos mantenido los socialistas la oferta de acuerdo que lanzamos inicialmente, y si hoy podemos aceptar en este Congreso de los Diputados algunas reformas introducidas por el Senado es como consecuencia de haber conseguido prolongar en el Senado el consenso conseguido previamente en el Congreso. Ese es el efecto de haber buscado el consenso en ambas Cámaras porque ha habido una unidad de criterios en ese sentido. Pudiendo hacerlo no hemos querido patrimonializar este proyecto de ley. No hemos querido actuar tampoco como apisonadora parlamentaria, que en un asunto de esta naturaleza es como hay que actuar, porque yo creo que estamos ante un tema de salud pública en su sentido más profundo, en un sentido que subordina a fines superiores lo que es la actuación, los intereses y el conjunto de posiciones de los grupos, por lo menos en mi grupo así ha sido. Tenemos un grave

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problema, que se irá solucionando en la medida en que vaya suscitándose e incrementándose la concienciación pública sobre esta cuestión. Hemos avanzado extraordinariamente el último año en esta concienciación, posiblemente también al final de la pasada legislatura. Para resolver un problema social es imprescindible conseguir una concienciación social y se ha logrado hasta el punto de que en esta Cámara tenemos una comisión especial, una comisión que además sirve de caja de resonancia para alcanzar un tratamiento en mayor profundidad de esto que tanto preocupa a la mayor parte de los españoles. Nos integramos además en una política europea, que nos ha marcado un objetivo: reducir en el año 2010 en un 50 por ciento el número de siniestros y el número de víctimas. Hemos podido comprobar que la mayor parte de los países europeos tenemos el mismo problema, el diagnóstico es casi siempre el mismo, tiene las mismas causas: velocidad excesiva, consumo de alcohol, de drogas, no utilización de los cinturones y de los cascos, aunque sabemos que en este sentido el Ministerio del Interior ha puesto en marcha una campaña bastante intensa.


Desde nuestro punto de vista el Gobierno ha definido los ejes de una nueva política de seguridad vial, que nosotros compartimos, y en la cual el carné por puntos ocupa un eje central porque, en definitiva, ha asumido la estrategia de educación y formación para la movilidad, dentro de la cual integramos los siguientes elementos, y con esto voy acabando. En primer lugar, esta política de formación integra la educación por la seguridad vial en el sistema educativo. Ahora vamos a tener la ocasión de reformar las leyes de educación. Me consta que por parte del Gobierno, del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior, se trabaja en la introducción de unidades didácticas generales en la enseñanza secundaria obligatoria. Esa debe ser la primera formación, introducir en la enseñanza secundaria obligatoria unidades didácticas para la generalización de la concienciación en este tema. En segundo lugar, el Ministerio del Interior ya ha acometido la reforma del modelo de examen para obtener el permiso de conducir. Finalmente, tenemos aquí la ley que vamos a aprobar con el consenso prácticamente de todos. Es una ley que introduce la reeducación y la sensibilización de los conductores infractores a través de su vinculación al carné por puntos mediante cursos de reciclaje y concienciación para mantener o recuperar puntos.
Por tanto, se abre una nueva etapa donde la pedagogía de la responsabilidad será el elemento esencial. Esto que parece una palabra grandilocuente y poco utilizada en este sector de la seguridad vial y de la seguridad ciudadana es muy importante. Pedagogía de la responsabilidad que significa la introducción de un sistema que pasa de ser puramente sancionador -el elemento represivo, por decirlo así, se ve compensado con una medida más avanzada, más propia de sociedades avanzadas y más democráticas...


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Tiene que terminar, señor Mayoral.


El señor MAYORAL CORTÉS: Voy terminando ya.


Decía que el elemento represivo se ve compensado con una medida más avanzada, más propia de sociedades avanzadas y más democráticas, como es la dimensión educadora que adquiere el carné por puntos y, sobre todo, que los ciudadanos asumen la responsabilidad de garantizar el crédito de 12 puntos que les concede la sociedad. Yo creo que esta es una aportación importante de modelo de civilización y no solamente de una medida puntual de seguridad vial.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Mayoral.


Señor ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, intervengo brevemente porque los diputados que han intervenido antes que yo han glosado suficientemente los aspectos troncales de la ley y han explicado con toda precisión cuáles son las características, el objetivo, la naturaleza y la finalidad de esta importante ley. El 24 de mayo de 2004, cuando comparecí por primera vez en la Comisión de Seguridad Vial, me di cuenta de que la seguridad vial era no solo una prioridad del Gobierno sino de todos los grupos políticos con representación parlamentaria. Entre otras medidas anuncié, y comprobé que también era una prioridad, la intención del Gobierno de establecer una medida importante: el permiso de conducir por puntos. El 29 de octubre de 2004 el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley y lo remite a esta Cámara. El 28 de abril esta Cámara lo aprueba casi por unanimidad, va al Senado y tras su paso por el Senado termina hoy su tramitación parlamentaria.


Ciertamente, señoras y señores diputados, es una ley que nos hace falta, porque va a ser un elemento importante en la política de seguridad vial.
Quiero agradecer profundamente todas sus aportaciones que han contribuido a mejorar notablemente el texto del anteproyecto. Estamos especialmente satisfechos por la forma y modo en que se ha resuelto el tratamiento de los conductores profesionales, porque era un reto encontrar el equilibrio ante las demandas ciudadanas de seguridad vial y las características específicas del trabajo profesional en la carretera. También quiero destacar nuestra satisfacción por el tratamiento dado a los cursos de sensibilización y reeducación en materia de seguridad vial, auténtico punto de inflexión, punto central o troncal de la ley para la recuperación parcial y total de puntos, porque siempre lo hemos considerado como uno de los elementos fundamentales al reforzar el carácter reeducador de la norma. También nos sentimos satisfechos por la redacción

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del anexo II donde se recogen las infracciones relacionadas con la seguridad vial que conlleva la pérdida de puntos por su condición restrictiva y pedagógica que nos ha de ayudar a explicar la ley -algo muy importante, como antes se destacaba- y a facilitar su aplicación. Ahora el reto está, evidentemente, señorías, en su implementación, en el desarrollo del programa informático, en la coordinación de las diferentes administraciones, en todo el trabajo jurídico-democrático, en el desarrollo de la normativa para la regulación de cursos y sus formadores y en la preparación de la campaña de comunicación y divulgación a los conductores.


Quiero reiterar, finalmente, mi compromiso de que la búsqueda de consenso no acaba aquí, en el texto normativo, en la ley, sino que se va a extender al desarrollo y al seguimiento de la misma, por ejemplo en cuestiones tales como la referida de los cursos de sensibilización y reeducación. Ni ustedes ni nosotros, estoy seguro, vamos a tolerar que esos cursos no cumplan su función. El primer paso ya ha sido dado con la regulación recogida en el anexo III de la ley. Quiero asegurarles, porque sé que están también en esa labor, que vamos a ser muy serios y rigurosos en esta materia. Estoy seguro de que con esta ley, con la instalación de los radares, con las campañas de control de alcoholemia, de reducción y de control del exceso de velocidad, del uso de los cinturones de seguridad, de los cascos, de los elementos activos y pasivos de seguridad, conseguiremos cumplir los objetivos que nos hemos marcado todos para reducir los accidentes de tráfico y trasladar a la sociedad nuestro compromiso de tolerancia cero contra los accidentes de tráfico.


Señoras y señores diputados, señora presidenta, gracias por su ayuda y colaboración a favor de la seguridad vial. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor ministro. Muchas gracias a todos, señorías. (El señor vicepresidente, Gil Lázaro, ocupa la Presidencia.)

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 1/1996, DE 10 DE ENERO, DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA, PARA REGULAR LAS ESPECIALIDADES DE LOS LITIGIOS TRANSFRONTERIZOS CIVILES Y MERCANTILES EN LA UNIÓN EUROPEA.
(Número de expediente 121/000015.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Señorías, pasamos a continuación al epígrafe 46: Enmiendas del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para regular las especialidades de los litigios transfronterizos civiles y mercantiles en la Unión Europea.


Para iniciar el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Mi grupo va a votar en contra, salvo a la disposición adicional que se añade al proyecto de ley, que trae causa de una enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que la va a votar favorablemente.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro.): Muchas gracias, señor Mardones.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.


Señorías, estamos ante un proyecto de ley que ahora vuelve del Senado que tenía un doble objetivo: de una parte, trasponer una directiva destinada a mejorar el acceso a la justicia gratuita en los litigios transfronterizos y, de otra parte, mejorar también e introducir modificaciones en el articulado de la ley motivados por la experiencia generada en los años de su vigencia.


El Grupo Vasco presentó tres enmiendas, de las cuales respecto de dos nos podemos sentir razonablemente satisfechos, pero tenemos que hacer algunas reflexiones sobre cómo ha quedado definitivamente plasmado el texto de la norma en el Senado. En primer lugar, me referiré a una de las cuestiones que queríamos que hubiese quedado redactada de distinta manera, y es cuando en el artículo 1, es decir, en lo que modifica el artículo 2 de la ley vigente de asistencia jurídica gratuita, se hace referencia como personas posibles beneficiarias de la asistencia gratuita a extranjeros que se encuentren en España. Esto lo decía el texto que salía de esta Cámara. Sin embargo, en el Senado se ha dicho quienes residan en España, y todavía lo empeora el artículo 46 cuando se dice: los extranjeros que residan legalmente en España. Contrasta este criterio sostenido por la Cámara Alta con lo que en días pasados, todavía en el Pleno de la semana pasada, sosteníamos respecto de la ley en la que modificábamos el Código Penal para poder perseguir internacionalmente el delito de ablación de clítoris. Allí sí bastaba que se encuentren en España, que es el criterio que utiliza el Tribunal Supremo respecto de la jurisprudencia de delitos que se puedan cometer internacionalmente o mediante delincuencia organizada y, sin embargo, en este caso respecto de algo que puede costar dinero a las arcas públicas se restringe diciendo: a quienes residan o quienes residan legalmente. Todos conocemos el número de extranjeros que residen sin las condiciones debidas de legalidad, con lo cual nos encontramos con que un número importante de ciudadanos no van a tener acceso a estos beneficios, lo cual creemos que encima contradice la sentencia del Tribunal Constitucional 95/2003, que entendió que también tenían que ser beneficiarias las personas cuya documentación no se encontrase en las debidas condiciones de legalidad. Por tanto, a este apartado concreto, a la restricción que se opera mediante la modificación del artículo 2 de la

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vigente ley de asistencia jurídica gratuita, nuestro grupo votará negativamente la modificación que ha introducido el Senado.


En cuanto a otras enmiendas introducidas por el Senado, en el punto 4, artículo 16 de la vigente Ley de asistencia jurídica gratuita, aun no siendo estrictamente necesario nos parece bien que se vuelva a repetir que las decisiones del Colegio de Abogados de la omisión de asistencia Jurídica gratuita tendrán que ser motivadas. De la misma manera que nos parece bien que el solicitante del derecho a la asistencia jurídica gratuita tenga derecho a ser informado y, por tanto, aceptaremos estas enmiendas introducidas por el Senado.


En el artículo 46 ya he hecho referencia a la exigencia de requisito de residencia legal, lo cual supone una notable restricción, tal y como ya he indicado. Sin embargo, el punto segundo, aunque no consideramos necesaria la explicación, tampoco daña nada el tenor de la norma y seremos respetuosos con lo que el propio Grupo de Senadores Vascos votó en este trámite en la Cámara Alta.


Hay un añadido distinto que a nosotros no nos parece mal, que es lo que se ha introducido como punto e) respecto de la modificación del artículo 50 de la ley vigente y que hace referencia a un apartado de la directiva que no se consideraba todavía objeto de trasposición en el proyecto que el Gobierno nos presentó, y que hace referencia al asesoramiento previo a la demanda con vistas a llegar a un acuerdo antes de la presentación de ésta. Nos parece que tampoco daña al contenido de la norma. De la misma manera que tampoco vemos inconveniente en que en las disposiciones finales se haga referencia a esta misma cuestión.


El añadido que se hace respecto del artículo 51 de la vigente ley, aun no siendo estrictamente necesario para lo que era el tenor de la norma, creemos que queda bien con la adición que se contiene en el Senado, y respecto de lo que abrigamos algunas dudas es de una disposición adicional, creemos que fruto de un compromiso asumido con el Grupo Catalán de Convergència i Unió en el Senado, en la que se alude a que en el plazo de tres meses el Gobierno procederá a realizar las reformas legales y reglamentarias que sean necesarias con objeto de regular la asistencia jurídica gratuita en la jurisdicción penal, realizando las oportunas consultas. No nos parece que sea contenido propio de una disposición adicional; en todo caso, por venir de la formación política de la que viene, y por hacer un llamamiento a algo que debe funcionar mal en la asistencia jurídica gratuita en el orden penal, tampoco nos opondremos a que haya sido incluido en el texto de la norma.


Finalmente, ya he hecho referencia a que como disposición final cuarta respecto de la entrada en vigor se hace el añadido de la excepción, conforme al artículo 50.1 e), al que antes me he referido, al aseso-ramiento previo que, conforme a lo que establece la directiva, su preceptividad queda demorada al día 30 de mayo de 2006, tal como es la querencia de la directiva que ahora se traspone.


Respecto a los otros dos aspectos, la utilización de medios informáticos y telemáticos e incluso al uso de las lenguas en los procedimientos de asistencia jurídica gratuita, mi grupo ha quedado relativamente satisfecho con el tenor de la norma, por lo que, a excepción de la referencia que he hecho a cómo ha quedado el tenor del artículo 2 de la norma cuya enmienda va a votar en contra, va a votar a favor del resto de las enmiendas que han llegado a esta Cámara procedentes de la Cámara Alta.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Uría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor Cerdà.


El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, señor presidente.


Señorías, el derecho a la asistencia jurídica gratuita en el Estado español viene recogido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, que es objeto de modificación mediante el proyecto de ley que hoy se somete a la aprobación de esta Cámara. La modificación viene motivada por las obligaciones que el Estado español tiene contraídas por ser un miembro de la Unión Europea y, en concreto, por la obligación de incorporar el derecho interno de la Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero, cuyo objetivo es mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de unas normas mínimas comunes relativas a la gratuidad de la justicia para dichos litigios. La presente ley viene a reforzar el principio de tutela judicial efectiva. Evidentemente es una norma de nuestro agrado y más siendo una adecuación del ordenamiento jurídico a los mandatos de la directiva europea antes citada. Por tanto, es una norma que gozará del voto favorable de nuestro grupo parlamentario, a pesar de que las enmiendas que en su momento presentamos y que ofrecían mejoras técnicas al propio proyecto no prosperasen y no fueran aceptadas por la mayoría parlamentaria.


En cuanto a las enmiendas que vienen aprobadas por el Senado, nuestro grupo parlamentario entiende que aportan poco al texto que en su día fue aprobado en Comisión e incluso creemos que el texto que fue remitido al Senado era técnicamente mejor al resultante de prosperar algunas enmiendas. Por ello, nuestro grupo va a votar en contra de las mismas.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Cerdà.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.


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El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo con mucha brevedad. El proyecto de ley significa la trasposición de una directiva europea destinada a mejorar el acceso a la justicia de los ciudadanos europeos. Estamos a favor de este proyecto de ley. También compartimos las enmiendas del Senado, con excepción de una que nuestro grupo va a votar en contra, que es la enmienda al artículo 2, letra a) cuando se define la extensión de esa justicia gratuita a los ciudadanos españoles, a los nacionales de demás Estados miembros de la Unión y a los extranjeros que residan. Entendemos que sería mejor extranjeros que se encuentren aquí y no que residan, porque en derecho internacional esta justicia gratuita ampara a quien está en el lugar y no necesariamente a quien tiene la condición jurídica de residente. Por tanto, entendemos mejor la ley tal y como fue redactada por el Congreso en ese artículo 2, letra a).


Por todo ello, votaremos en contra de esa enmienda y votaremos a favor del resto de enmiendas que se han introducido en el Senado, esperando que esta ley sea un eslabón más en esa profundización de la ciudadanía europea que todos pretendemos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Jané.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Garre.


El señor GARRE LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, sufridas señorías que a estas horas de la noche todavía nos encontramos en el hemiciclo. El mantenimiento y el desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia es objetivo prioritario de la Unión Europea. Ese objetivo, con carácter general, precisa ineludiblemente del establecimiento de normas que garanticen la libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales por el espacio europeo. El proyecto de ley elaborado por el Gobierno pretende completar esas garantías consagradas en el artículo 24 de nuestra Constitución y en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero la tutela judicial efectiva quedaría incompleta sin el derecho a la asistencia jurídica gratuita que proclama nuestra Constitución en su artículo 119, regula la Ley 1/1996, de 10 de enero, y contiene la Directiva 2003/8, del Consejo Europeo, de 27 de enero, cuya trasposición vamos a votar para hacer posible ese derecho a las personas por él tuteladas en los litigios civiles y mercantiles transfronterizos, directiva que a través del presente proyecto de ley se ha de incorporar a nuestro derecho al término de este debate y su votación.


De igual manera, se van a incorporar a la referida ley nacional modificaciones y adiciones, que conllevarán respectivamente la actualización de la ley en unos casos o la cobertura de sus lagunas en otros, que su aplicación ha puesto de relieve, tal y como hiciera referencia la señora Uría, durante estos años de vigencia, y ahora entendemos que razonablemente se deben subsanar ajustando el texto a la doctrina constitucional, ampliando los derechos a personas con discapacidades y sus asociaciones representativas o facilitando el complejo trámite que en no pocas ocasiones suscita la asignación de abogados al administrado solicitante. Es cierto que ha habido un cierto grado de consenso en el trámite de este proyecto. La incorporación al texto de algunas de nuestras enmiendas, así como las de otros grupos que lo han mejorado, de la misma forma pueden seguir mejorándose y completándose incorporando ahora las enmiendas que, aprobadas en el Senado, constituyen el objeto del presente debate.


Expuesto cuanto acabo de desplegar a modo de introducción, me ciño a continuación a la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, al que ahora represento, aprobadas por el Senado y remitidas, conforme al artículo 90 de nuestra Constitución, a esta Cámara para su pronunciamiento previo a la sanción del texto definitivo. Nos encontramos, por tanto, con las enmiendas parciales 3 a 8 del Grupo Parlamentario Popular, tal y como se aprobaron en la Cámara Alta, referidas respectivamente a las enmiendas 16, 23, 20, 18, 22 y 21, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Anunciamos de antemano nuestro apoyo a la única enmienda viva de Convergència i Unió, la número 14, que versa sobre el plazo de tres meses para la modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en lo referente a la asistencia jurídica gratuita en el orden jurisdiccional penal.


Señorías, defendimos en Comisión en el Congreso una enmienda, la número 16, y después en el Senado como número 3, que pretende delimitar el apartado a) del artículo 2 de la Ley reguladora, de forma que al derecho de asistencia jurídica gratuita se puedan acoger, conforme al texto del proyecto, los ciudadanos españoles y los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea. Pero no así los extranjeros que se encuentren, como dice el proyecto, en España. Entendemos nosotros, y entendió el Senado, que la expresión: que se encuentren en España es tan amplia que no solo supera el término residencia legal, contenido en la Ley reguladora, calificado como restrictivo por el Tribunal Constitucional, sino que también supera la propia interpretación literal de la sentencia que impulsa la reforma legislativa en este punto. La sentencia no habla de encontrarse, de hallarse de manera fortuita, casual, voluntaria, no permanente o buscada de propósito, sino de que los extranjeros, para acogerse al derecho que ventilamos, han de acreditar una cierta permanencia, que residan en España, término que supera la expresión restrictiva de la residencia legal, pero también el vasto, generoso e ilimitado término encontrarse, al que se refiere el proyecto.


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Pretendemos, asimismo, incorporar al texto del Gobierno la enmienda número 23, presentada por nuestro grupo parlamentario en el Congreso, número 4 del Senado, al objeto de adicionar al artículo 17 un nuevo apartado 4 bis, que consta de dos párrafos, a fin de que, de una parte, las decisiones de los colegios de abogados, como las de la comisión de asistencia jurídica gratuita, sean motivadas cuando sean total o parcialmente denegatorias. Y, de otra, para que los solicitantes del derecho sean informados sobre la tramitación de su solicitud.


Queremos establecer en la ley estas dos obligaciones porque así lo recoge la propia directiva europea en su artículo 15, y no han sido traspuestas al proyecto del Gobierno. ¿Por qué? Es verdad que el artículo 11 de la Ley 1/1996 preceptúa cómo la comisión de asistencia jurídica gratuita ha de ajustar su funcionamiento a la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Tan cierto como que los artículos 35 y 54 de dicha ley recogen respectivamente el derecho del ciudadano a conocer el estado procesal de su expediente y la obligación de la Administración de motivar sus resoluciones o acuerdos. Pero no es menos cierto que los artículos 35 y 54 de la Ley 30/1992, como todas SS.SS. deben conocer, no son de aplicación a los colegios de abogados y que además el artículo 17 de la Ley de asistencia jurídica gratuita admite la ratificación por silencio administrativo o, lo que es igual, las resoluciones denegatorias sin motivar de los colegios de abogados, contrasentido normativo que solo puede superarse adicionando esta enmienda tal y como se aprobó en el Senado.


Para evitar incoherencias como la que acabamos de señalar, instamos a esta Cámara a que vote con nosotros la enmienda 18 del Congreso -6 del Senado- por un doble motivo: porque el ámbito de aplicación de la ley está perfectamente delimitado en el derecho de asistencia jurídica gratuita por el considerando número 21 de la directiva en materia civil y mercantil y también en los procedimientos extrajudiciales, cuando el recurso sea obligatorio por ley u ordenado por el juzgado o tribunal.
Claridad meridiana de la directiva que no contiene, sin embargo, la redacción del artículo 46.2 del proyecto de ley, que tampoco recoge la exención preceptuada en el artículo 1.2 de la directiva que queremos incorporar al texto, y excluye expresamente la aplicación de este derecho de justicia gratuita a materias de índole fiscal, aduanera o administrativa.


Mediante la enmienda número 20 del Congreso -5 del Senado- pretendíamos y pretendemos ahora su apoyo para incluir en el ámbito del contenido material del derecho al que nos ceñimos el asesoramiento previo a la demanda, con vistas a llegar a un acuerdo antes de la presentación de ésta mediante la incorporación de un nuevo apartado e) al artículo 50.1 del proyecto legislativo. Se trata de una exigencia de la Unión Europea, aunque se habrá de trasponer e incorporar al derecho español al finalizar junio de 2006, pero nada impide incorporarlo hoy, aplazando su entrada en vigor al plazo indicado.


Señorías, a través de la enmienda 22 del Grupo Parlamentario Popular que presentamos en este Congreso, aprobada como número 7 en el Senado, instamos al Pleno del Congreso a que la solicitud de asistencia jurídica gratuita reconocida por un Estado miembro sea automáticamente reconocida por España como suficiente para aquellos casos en los que haya de tener lugar en nuestro país la ejecución de una resolución judicial dictada por un juzgado o tribunal de otro Estado miembro, evitando la duplicidad, ratificando la garantía jurídica ya obtenida y evitando, por tanto, la lentitud de la justicia, que absolutamente todos criticamos pero que el proyecto de ley no enmienda. La enmienda, como todas las anteriores, son nuestras, suyas, y de los restantes grupos la responsabilidad de admitirlas o de rechazarlas.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Garre.


Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Polonio.


La señora POLONIO CONTRERAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar posición respecto a la enmienda introducida en el Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita para regular las especialidades de los litigios transfronterizos civiles y mercantiles en la Unión Europea.


Antes de pasar a explicar la posición de mi grupo con respecto a dichas enmiendas y al igual que lo hice en la Comisión de Justicia, quiero comenzar mi exposición valorando muy positivamente este proyecto de ley, una valoración positiva que ha sido compartida por el resto de los grupos en los diferentes trámites parlamentarios, ya que con este proyecto de ley se consigue una doble finalidad. Por un lado, se incorpora a nuestro ordenamiento una directiva de la Unión Europea, concretamente la Directiva 2003/8, de 27 de enero, destinada a mejorar el acceso de la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de unas normas mínimas que garanticen un nivel adecuado de justicia gratuita para los asuntos transfronterizos en el conjunto de la Unión Europea. La asistencia jurídica gratuita, reconocida en nuestra Constitución en su artículo 119, viene a ser ampliada o perfeccionada con la trasposición de esta directiva, que permite introducir en nuestro ordenamiento una serie de prestaciones que hasta ahora no se contemplaban en nuestra ley, prestaciones que se concretan en servicio de interpretación y traducción de documentos, gastos de desplazamiento, etcétera. Por otro lado, esta reforma se ha aprovechado de manera muy acertada para introducir una serie de modificaciones o

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ajustes en la Ley de asistencia jurídica gratuita que venían siendo necesarios, modificaciones o ajustes tendentes bien a actualizar la normativa a modificaciones legislativas realizadas con posterioridad a la citada ley en materia de asociaciones, de jurisdicción social o de derechos reconocidos a los extranjeros en España, bien a adaptar el texto de la ley a la doctrina asentada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 95/2003, de 22 de mayo. Con esta reforma también se ha contribuido a mejorar el ámbito de aplicación de la ley al tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y de quienes las tienen a su cargo, incluyendo también a las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad dentro de los supuestos en los que no se exige acreditación de la insuficiencia de recursos para litigar. A ello hay que unir otras incorporaciones que sin duda han mejorado el proyecto, y que se llevaron a cabo durante el trámite del mismo en la Comisión de Justicia de esta Cámara, fruto de la aceptación de enmiendas de diferentes grupos parlamentarios, como son la consideración que se ha hecho respecto a la supresión, suspensión e interrupción respectivamente de los plazos de caducidad y prescripción de las acciones o la introducción de elementos relativos a la prestación de asistencia jurídica gratuita a víctimas del terrorismo, al entender que se justifica que la sociedad y los poderes públicos hagan los máximos esfuerzos para paliar la situación personal y familiar que genera una circunstancia tan grave y delicada, asesorando y ayudando a las víctimas del terrorismo y a sus familias, una aportación que fue valorada positivamente por todos los grupos y que se debe a una enmienda del Grupo Socialista.


A continuación paso a explicar brevemente la posición de mi grupo con respecto a las enmiendas introducidas en el Senado, y ya anuncio que nuestro voto va a ser en contra de todas ellas por entender que no aportan nada ni mejoran en nada el proyecto que salió de esta Cámara hacia el Senado ya que ya se recogen en otras partes de la ley. Con respecto a la enmienda al artículo único.1, al artículo 2.a) de la Ley de asistencia jurídica gratuita, estimamos que restringe la aplicación de la norma a los extranjeros. En la redacción del proyecto se recoge con mayor fidelidad la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como han puesto de manifiesto tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española, que recuerdan que en la doctrina establecida en la Sentencia del Tribunal Constitucional 95/2003, de 22 de mayo, en su fundamento séptimo, la referencia a los extranjeros debe comprender la situación puramente fáctica de los que se hallan en territorio español.


En cuanto a la enmienda al artículo único.4.bis, por la que se añaden dos nuevos párrafos al artículo 17 de la Ley de asistencia jurídica gratuita, a la vista de nuestra ley parece que no sería necesario añadir nuevas previsiones sobre esta materia en la medida en que para la tramitación de las solicitudes ya se hace una remisión en el futuro artículo 51.4 a las normas generales de la Ley de asistencia jurídica gratuita, en concreto a los artículos 13 a 21, en los que a su vez se hace un reenvío en lo que se refiere al funcionamiento de las comisiones de asistencia jurídica gratuita a la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en concreto en lo que afecta a la obligación de resolver. Igualmente, en lo relativo a la información al solicitante sobre la tramitación de su solicitud, nos parece innecesario introducir esta apreciación puesto que ya se contempla en el ar-tículo 51.4 que prevé que en todo caso deberá informarse al solicitante sobre la tramitación de su solicitud, cuya resolución será motivada en caso de denegación total o parcial.


En cuanto a la enmienda al artículo único.7, al artículo 46.2, párrafo primero, este artículo establece que únicamente será para las materias civil y mercantil. Por tanto, la determinación que se hace en nuestro derecho de las materias civil y mercantil excluye por sí misma las materias señaladas en esta enmienda que, por tanto, consideramos igualmente innecesaria.


En cuanto a la enmienda al artículo único.7, al artículo 50.1 e), también la consideramos innecesaria al tratarse de una prestación que ya aparece recogida en el artículo 6 de la Ley de asistencia jurídica gratuita, al que igualmente se remite el primer párrafo del artículo 50.1.


En cuanto a la enmienda al artículo único.7, al artículo 51.5, párrafo primero, en relación con la regulación del reconocimiento en España del beneficio en los supuestos de continuidad de la justicia gratuita, pretende que solo se acredite el reconocimiento del derecho en otro Estado miembro, sin exigir el cumplimiento de los requisitos del futuro artículo 49 de la Ley de asistencia jurídica gratuita. En la solución adoptada en el proyecto se ha consultado la interpretación que estaban haciendo los demás Estados miembros, siendo así que la mayoría de ellos entendía que el reconocimiento no es automático. Tampoco este automatismo se deriva necesariamente de la directiva que se traspone, ya que en su artículo 9.2 se dice que se obtendrá la justicia gratuita contemplada por el derecho del Estado miembro en el que se solicite el reconocimiento o la ejecución. Es esta referencia al derecho del Estado la que permite que también se tenga en cuenta los requisitos que en el mismo se establecen para poder acceder a beneficios. Por tanto, se opta acertadamente desde nuestro punto de vista por exigir los mismos requisitos para reconocer el derecho cualquiera que sea la instancia en la que tiene lugar. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)

En cuanto a la enmienda por la que se introduce una disposición adicional nueva también la vamos a votar en contra porque en la modificación del reglamento de asistencia jurídica gratuita que se pretende aprobar, para adaptarlo precisamente a esta reforma legal, ya se tiene previsto incluir las disposiciones precisas. Hice esta

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misma precisión en la Comisión de Justicia y transmitimos la tranquilidad al grupo proponente de la misma, en concreto a Convergència i Unió, de que estimamos necesarias las apreciaciones que hace en su enmienda, pero entendemos que es más correcta hacerlas en la modificación posterior y no en este proyecto de ley.


Igualmente vamos a votar en contra de la enmienda a la disposición final cuarta, en consonancia con el rechazo a la enmienda al artículo 50.1 e) y porque aunque la directiva establece la fecha de 30 de mayo de 2006 para la aplicación de esa norma se ha considerado asumible -y así lo comunicamos en su momento-, desde el punto de vista presupuestario, aplicar con el conjunto de la ley la citada prestación.


Señorías, termino ya no sin antes valorar positivamente, como he hecho al comienzo de mi intervención, este proyecto de ley, igual que el resto de los grupos, y a considerar que han sido muy acertadas todas las apreciaciones que se han incluido y no solo la trasposición de la directiva que se realiza.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Polonio.


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO. (Número de expediente 121/000016.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, damos comienzo al punto 47 del orden del día: Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio.
Comenzamos con la fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, intervengo para fijar nuestra posición con respecto a las enmiendas que el Senado presentó al proyecto de ley por la que modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. Estamos en el último trámite parlamentario de este proyecto de ley. Después de las intervenciones en el debate en el Congreso antes de su pase al Senado, nos queda por decir que hicimos nuestro trabajo con las aportaciones a través de nuestras enmiendas a este proyecto de ley con la preocupación por la responsabilidad de que estábamos trabajando en un proyecto que significaba y tenía muchísima importancia en las relaciones humanas, en el aspecto más estrecho en que se pueden entender, y donde la conflictividad tiene más difícil solución.
Éramos conscientes y seguimos siéndolo de que estamos hablando de una ley que además de lo que significa en el aspecto generalista tiene que tener la mayor claridad posible para -repito- solucionar los asuntos conflictivos, así como algo que concretamente nos preocupó a todos, la cuestión de la custodia compartida. Estamos convencidos de que no queda resuelto todo como nos gustaría y que muchas de las cuestiones tendrán que ser interpretadas por el juez o jueza que tenga que dirimir la sentencia correspondiente. No obstante, pensamos que damos un paso adelante en cuanto a las políticas de igualdad, y, por tanto, en cuanto a las corresponsabilidades en el aspecto familiar, doméstico, etcétera, así como en el de la igualdad en cuanto a que los varones tengan el derecho y la obligación de tener la custodia de los hijos y de que las mujeres tengan el derecho y al mismo tiempo tengan esa misma obligación. Me gustaría recordar también la importancia del derecho a poder disfrutar de la libertad de saber que otra persona está atendiendo a ese hijo o esa hija que correspondería en caso de un divorcio.


En ese mismo sentido de responsabilidad y de preocupación que tuvimos durante todo este proceso vamos a apoyar las enmiendas presentadas por el Senado al ar-tículo primero, a la disposición final primera y a la disposición transitoria. Pensamos que en algunos casos se trata de una simple mejora técnica y en otros de una mejora para una mayor clarificación de la cuestión judicial. No vamos a adoptar la misma postura -a no ser que en el debate se nos pueda convencer de lo contrario- respecto a la disposición final segunda, no porque estemos en completo desacuerdo, sino porque nosotros presentamos una enmienda en el sentido de la necesidad que existe en cuanto a que desde el Estado se asuman los gastos correspondientes a los impagos por manutención de los hijos según las sentencias judiciales -y ya manifestamos en su momento nuestra satisfacción por el gran logro conseguido-, lo cual se recoge en la disposición adicional única del texto de la ley que fue aprobada en el Congreso y que hoy nos viene devuelta por el Senado con las enmiendas que han sido incorporadas pero sin modificar dicha disposición. Es decir, al margen de estar a favor o en contra de la enmienda del Senado, entiendo que entra en contradicción con el propio texto del proyecto porque, además de una redundancia, existe contradicción dentro de la misma, ya que la enmienda del Senado no sustituye a la disposición adicional única que se aprobó en el Congreso sino que, como digo, además de ser redundante presenta un aspecto contradictorio. Repito que para nosotros fue un avance muy grande que se reconociera mediante una ley la responsabilidad del Estado a la hora de garantizar el pago de los alimentos reconocidos en las sentencias judiciales en casos de divorcio.
Pensamos que de acuerdo a lo que se recoge en la ley es importante que la regulación de esta garantía del Estado a la hora de afrontar estos impagos se presente en esta institución lo antes posible. Por tanto, no vamos a votar a favor de la enmienda incorporada por el Senado porque seguimos valorando como muy positivo lo aprobado en el Congreso y pensamos que la enmienda del

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Senado entra en contradicción, en la medida en que no sustituye, y resulta redundante.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señora Fernández.


Continuamos con el turno del señor Mardones en nombre de Coalición Canaria. Adelante, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.


Nos congratulamos de este proyecto de ley cuyas enmiendas del Senado el Grupo de Coalición Canaria va a votar favorablemente. En nuestra opinión, se trata de un avance sobre la denominada durante todo este plazo democrático Ley Fernández Ordóñez, de 1981, que se aprobó durante el Gobierno de la transición de UCD. Se trata de una adecuación después de haber visto año tras año en las memorias del Consejo General del Poder Judicial los informes de los juzgados de familia sobre las causas de divorcio y separación en España. Como digo, esta ley viene a adecuarse al movimiento de la propia conciencia social, que mira hacia esta cuestión con una gran naturalidad. Por tanto, tengo que decir que nos congratulamos del acortamiento de los plazos de separación, que quedan prácticamente reducidos a tres meses desde la ruptura del matrimonio civil, así como con la entrada en un procedimiento de divorcio con plena dignidad sin necesidad de tener que hacer acusaciones a cada uno de los cónyuges que desean la ruptura del vínculo civil matrimonial.


Sobre las enmiendas que llegan del Senado tengo que decir, señora presidenta, que se han introducido una serie de mejoras, algunas de tipo técnico y otras de adecuación del propio título del proyecto de ley y también de la exposición de motivos. Pero queremos destacar algunas de las enmiendas del Senado más significativas que vamos a votar favorablemente. En primer lugar, la modificación del apartado 6 del artículo 92 del Código Civil, que persigue como valor que de manera adecuada se haga constar no solamente la relación que los padres mantengan entre sí sino también la que mantengan con sus hijos; vínculo que no aparecía en la Ley Fernández Ordoñez o matización que creemos que es importante en cuanto a tener en cuenta este pronunciamiento de los hijos. Igualmente, lo que se ha introducido como valor significativo de modificación del texto que salió de la Cámara es la cuestión de la custodia compartida cuando, sin que hubiera una solicitud por parte de los padres, el magistrado juez lo pueda resolver adecuadamente. La custodia compartida era también una cuestión que teníamos que perfeccionar en el proyecto de ley. Otra cuestión que nos mueve a votar favorablemente es la enmienda dirigida al artículo 92, apartado 6, del Código Civil, que se modifica para determinar el alcance del dictamen del equipo psicoasistencial o de los especialistas psiquiátricos cualificados. Votaremos favorablemente la enmienda a la disposición transitoria que viene a regular el régimen transitorio aplicable a los procesos que en este momento se encuentren en marcha por la vía de la legislación que se deroga, la ley de la separación y del divorcio anterior, ya que era necesario dar una seguridad jurídica en cuanto a qué ley se va a aplicar a los expedientes en tramitación, a los que en estos momentos están abiertos en los juzgados correspondientes. Esta enmienda viene a resolverlo puesto que no se había hecho en el texto que salió de aquí.


Señora presidenta, vamos a votar en contra de la enmienda que viene del Senado a la disposición final segunda, nueva, por entender que regular toda la estructura, funcionamiento y alcance del Fondo de garantía de pensiones entraría en contradicción con el texto que salió de aquí, puesto que en la disposición adicional única decimos: Fondo de garantía de pensiones. Entendemos que se regula lo fundamental para aquellos hijos e hijas menores de edad que tienen que tener el reconocimiento del convenio judicial de la asistencia debida y que el propio texto del proyecto remite a una legislación específica que concretará el sistema de cobertura de dichos supuestos en cuanto a los alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos e hijas. Por tanto, no conviene dejarlo en esta enmienda a la disposición final segunda que llega del Senado, por lo que vamos a votar en contra por las razones que he explicado. Todas las demás, como he dicho, las votaremos a favor.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Mardones.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.


Intentaré ser breve debido a la hora en la que nos encontramos debatiendo -son las once y veinte-, pero considero que por muy tarde que sea este proyecto de ley en el que voy a intervenir merece que, lamentándolo mucho, le tenga que dedicar como mínimo el tiempo que me corresponde.


El pasado 6 de mayo fue debatido en esta Cámara el proyecto de ley por el que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio; proyecto de ley que contó con algunos cambios significativos como consecuencia de las enmiendas que en el proceso parlamentario se presentaron por los diferentes grupos de la Cámara. El proyecto inicial tenía como objetivo -y así estaba expuesto en la redacción- adaptar a la sociedad actual un texto inspirado después de la elaboración de la Constitución de 1978, que fue la Ley 30/1981, de 7 de julio, que modificó la regulación del matrimonio en el Código Civil. Con ser un avance en aquellos momentos la mencionada ley, sobre todo si tenemos en cuenta la etapa oscura de la que salíamos, en el fondo no dejaba

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de ser una ley que configuraba un modelo -digámoslo- de separación-sanción, sobre todo un modelo en el que se obligaba a justificarse y a demostrar razones que movían al deseo de la separación, por tanto a buscar de manera consciente un culpable en aquella decisión.
Contradictoriamente, cuando una pareja decide casarse, el solo hecho de querer hacerlo presupone que las dos personas desean vivir juntas, desean compartir la vida. Por consiguiente, en estos momentos no se puede mantener una ley que obligue a dar unas razones, a buscar un responsable o un culpable. Este es un salto cualitativo de esta nueva ley que hoy aprobamos y que debemos celebrar, como también lo es el acortamiento de los plazos.


El proyecto inicial que nos proponía el Gobierno contenía otro cambio de gran importancia, la posibilidad de que el juez, previo informe del ministerio fiscal, pudiera conceder la guarda y custodia compartida siempre que fuera pedida por uno de los dos cónyuges. Debemos recordar que este ha sido uno de los puntos de debate, uno de los puntos de controversia más importante de esta ley, y lo sigue siendo en la sociedad, quizá hoy todavía más vivo que hace unos meses. Con las enmiendas del Grupo Socialista, entre otros grupos, se modificó esta propuesta de ley y el texto que se aprobó y fue enviado al Senado modificaba ese articulado convirtiéndolo en lo siguiente: que la guarda y custodia compartida debía ser solicitada por ambos padres, es decir que debía ser de mutuo acuerdo. También es cierto que en el artículo 8 se recogía que excepcionalmente el juez, a instancia de una de las dos partes, con informe favorable del ministerio fiscal podía acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que solo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor. En ese momento, la diputada Isaura Navarro especificó en su intervención que lamentábamos mucho este retroceso, que lamentábamos mucho que el Gobierno se hubiera enmendado a sí mismo y que para ese viaje no había hecho tanta falta esta ley ni tanto ruido, porque lo único que quedaba era el tema de los plazos, por un motivo, porque la guarda y custodia compartida cuando es de mutuo acuerdo existe desde hace muchos años, y lo puedo decir por experiencia personal. El problema es cuando no hay acuerdo, cuando una de las dos partes no está conforme en esa guarda y custodia compartida. Eso es lo que el Poder Legislativo debe regular, y se debe legislar para toda la población y sin presiones. Es deseable legislar para garantizar que los derechos de niños, de niñas, de padres de madres se respetan por igual. En todo caso, solo puede haber una razón que esté por delante de las demás, el interés del menor. Los hijos, señorías, no se separan ni se divorcian; se separan o se divorcian los padres. Y la mejor manera de garantizar un proceso natural para los hijos después de la separación es que la relación con sus padres sea lo más estrecha posible y que perciban que ambos continuarán ejerciendo su responsabilidad, incluso con mayor atención y diligencia que antes de la separación. Esta última frase la contiene la exposición de motivos de la ley y nosotros la compartimos totalmente. Por todo esto, en aquel momento nuestro grupo lamentó enormemente el cambio de tercio del Gobierno. Pensamos que era una pena que se perdiera la oportunidad de actualizar la ley a lo que la sociedad quiere, desea y está realizando mayoritariamente.


El texto que nos llega hoy del Senado, si bien no ha recuperado el articulado inicial, sí ha vuelto a abrir una puerta más flexible y justa que el enviado por el Congreso, y de eso nos alegramos. Nuestro grupo va a votar a favor de las enmiendas que nos propone el Senado, algunas de ellas por ser de mejora técnica y otras por considerar que mejoran sustancialmente la ley concretamente en dos aspectos: el mencionado de la guarda y custodia compartida y el que se refiere al Fondo de garantía de pensiones, al que me referiré en segundo lugar. En cuanto a la primera, introduce una nueva denominación concretamente de guarda y custodia compartida ejercida de forma alterna que define, a nuestro entender, mucho mejor la medida y es el término empleado en otras legislaciones, como la francesa, para referirse a este acuerdo, enmienda que fue presentada en este caso por el Grupo de Izquierda Unida en el Senado. No obstante, se continúa manteniendo la excepcionalidad de la medida en cuanto a la guarda y custodia compartida, pero hay un cambio importante en cuanto al informe preceptivo del ministerio fiscal, ya que se vuelve a la redacción original del proyecto de ley y se elimina el carácter favorable de dicho informe. De esta forma se evita lo que a nuestra manera de ver era una restricción al arbitrio judicial y a la función de juzgar que tiene asignada constitucionalmente el juez. Se introducen por eso dos cautelas concretas que son la ubicación del domicilio y la estabilidad y desarrollo de personalidad de los menores, que en definitiva pretenden garantizar el interés superior del menor, y que nosotros compartimos, ya que la cautela y vigilancia del menor era nuestro interés fundamental y no está reñido para nada, todo lo contrario, con el derecho a la guarda y custodia compartida, pues tener a priori ese derecho por igual ambos padres no hubiera significado la no existencia de cautela y que el juez determinara la concreción de esa guarda y custodia compartida teniendo en cuenta todos los elementos que afectan al interés del menor. En este sentido, resulta positivo la mención que recoge la ley en el punto 92.9 en cuanto a la posibilidad de que el juez pueda recabar dictamen del equipo psicoasistencial adscrito a la Administración de Justicia cuando se trate de peticiones de guarda y custodia compartida solicitada por una de las partes y, por tanto, que la otra haya reclamado la custodia para sí en exclusiva. También es importante resaltar el texto que se recoge en la disposición final primera en defensa de los derechos de los menores en las exploraciones en procedimientos civiles, haciendo alusión a las condiciones idóneas para llevarse a cabo sin interferencias y con la participación de especialistas cuando sea necesario. Por tanto, si bien no se recoge el

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derecho de los dos progenitores a la guarda y custodia compartida, con todas las cautelas que se podían haber puesto y que lamentamos, no obstante, repito, aquel progenitor que la pida como mínimo ahora tiene un camino para conseguirlo, ya que aunque se mantiene la excepcionalidad esperamos que en la práctica no vaya a significar la anulación de esa medida, sino al contrario.


Señorías, en esta semana todas y todos hemos recibido centenares de correos electrónicos, concretamente 545 a día de hoy, de hombres y mujeres pidiendo la guarda y custodia compartida y desde aquí quiero que sepan que su voz se está oyendo y que, lejos de lo que pueda parecer esta reivindicación, es una vieja aspiración del movimiento feminista de este país desde las primeras jornadas por la liberación de la mujer celebradas en diciembre de 1975.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Tiene que ir acabando señora García, por favor.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Sí, señora presidenta.


Digo esto, señorías, porque ha parecido relacionarse pedir la guarda y custodia compartida con algo lejano precisamente al principio del feminismo, y esto no es hacer justicia a la historia. Hace falta recordar que el primer proyecto de ley de divorcio que se defendió en este Congreso por parte del Grupo Mixto fue impulsado precisamente por la Coordinadora feminista estatal y en él se recogía la petición de guarda y custodia compartida. Señorías, compartir para avanzar en la igualdad ha sido uno de nuestros eslóganes, de las mujeres de izquierda, de las mujeres feministas; compartir en los espacios públicos y en los espacios privados, compartir derechos y deberes y compartir para sumar experiencias para que la distancia de la desigualdad sea precisamente más corta. Por tanto, desde aquí mi reconocimiento explícito a tantos hombres que hoy quieren asumir su paternidad, que la reclaman, que la reivindican. Esta es una buena noticia, un síntoma de transformación real. Y, por supuesto, también mi reconocimiento a tantas mujeres que apoyan e impulsan ese cambio social, esa incorporación de los hombres al cuidado de sus hijos.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Tiene que acabar, señora diputada.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Con esta cultura todos vamos a ganar, los hijos, el padre y la madre, mientras que con la cultura del enfrentamiento sin duda todos perdemos.


Lo lamento, pero quisiera defender el fondo de garantía de pensiones.
Siempre he intentado ajustarme al tiempo y me gustaría que me lo permitieran. Este es un compromiso del Gobierno, un compromiso del Grupo Socialista, que precisamente en la discusión de la Ley de la Violencia de Género planteó que aquel no era el marco, que el marco de este fondo de garantía era la Ley del Divorcio. Hoy estamos debatiendo la Ley del Divorcio y, como entendemos que este fue un compromiso que adquirió el Grupo Socialista en aquella discusión, esperamos de su coherencia que, además de haber sido apoyado en el Senado por la mayoría de grupos, en este caso menos el Grupo Socialista, hoy tenga el apoyo de esta Cámara.


Muchas gracias, señorías, y perdone, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señora García Suárez.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, igual que la diputada que me ha precedido en el uso de la palabra, lamento que un proyecto de ley tan importante como el que ahora examinamos llegue a la Cámara a estas horas y con la necesidad de abreviar las intervenciones de todas y todos los diputados que vayan a intervenir.


Efectivamente, la Ley 30/1981, que modificaba el Código Civil para permitir, en aquellos tiempos, la posibilidad de la nulidad, separación o divorcio fue un hito en la historia, pero ciertamente el tiempo ha transcurrido y evidenciado la necesidad de modificar esta norma. No voy a insistir en los aspectos que a nuestro grupo le parecieron importantes y que requerían el apoyo a la tramitación de esta norma puesto que consta en los "Diarios de Sesiones" tanto lo dicho en Comisión como lo dicho en Pleno antes de que el proyecto pasase a la Cámara Alta; por tanto, voy a hacer referencia expresa a las enmiendas que han sido introducidas en el proyecto de ley al paso por el Senado.


Bien está que la primera modificación haga referencia a que la ley no se refiera solo a una modificación del Código Civil, sino también de la Ley de Enjuiciamiento Civil puesto que también esta norma resulta importantemente alterada por las modificaciones de la norma. De la misma manera, votaremos de manera afirmativa el que en la exposición de motivos se haga referencia a que las partes puedan pedir al juez en cualquier momento la suspensión de las actuaciones judiciales para acudir a la mediación familiar puesto que de mediación familiar se habla en algunos de los preceptos de la norma. Incluido en el articulado, esto debe constar también en la exposición de motivos, si bien quienes tenemos responsabilidades en distintas administraciones públicas hemos de ser conscientes de que ello exige la creación en algunos casos -donde no exista- de una buena dotación personal y material de estos servicios de mediación para que puedan cumplir el fin que todos pretendemos y que figura en el texto de la norma.


Aunque no ha sido objeto de modificación en el Senado, y enlazando con la manifestación que ha hecho la señora García en relación con trasladar aspectos de

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igualdad a los ámbitos públicos y privados, se me permitirá, puesto que, dicho en lenguaje coloquial, esta diputada no tiene abuela ya dada su edad, que haga alguna referencia a la adicción y a la modificación que con este proyecto de ley se introduce en el artículo 68 del Código Civil cuando se dice que los cónyuges, además de, como lo están en la actualidad, obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente, en adelante deberán también compartir responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo. Insistimos en que esta idea de igualdad, por la que tantas mujeres hemos luchado y seguimos luchando, debe trasladarse también a ese núcleo primero de la convivencia humana que es la familia, cualquiera que sea la forma que esta adopte. Esto nos alegra especialmente a nuestro grupo no solo porque fuese una enmienda introducida por nosotros en el trámite en Comisión, sino porque ha tenido el apoyo unánime de esta Cámara a su paso por el Congreso e igualmente fue votado sin excepción a su paso por el Senado.


Vuelvo a las modificaciones introducidas en el Senado, y en relación con el artículo 90, es correcto y entendemos que es aceptable que en el contenido del convenio regulador se haga referencia, además de a lo ya admitido en esta Cámara en el proyecto de ley, al régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con ellos y a que en el artículo 92 -el tan traído y llevado-, que era uno de los aspectos estelares de la modificación que se proponía en cuanto a la custodia, al cuidado y a la educación compartida de manera alternativa o de manera alterna, como bien ha dicho también la señora García, se haya introducido en el punto sexto la idea de que, además de la relación que los padres mantengan entre sí, se tenga también en cuenta, porque nadie ha de decidir sobre los hijos, la relación que los padres mantengan con los hijos. Nos parece un aspecto fundamental, introducido adecuadamente y con sentido común en el trámite en el Senado.


Respecto a cómo ha quedo el punto octavo, en relación con la posibilidad de que se acuerde la custodia compartida o guarda compartida de manera alterna, inicialmente nuestro grupo se manifestó por que solo hubiese esta posibilidad cuando existiese común acuerdo entre los progenitores.
Nos parecía que, sin acuerdo entre los progenitores, iba a resultar muy difícil forzar a una de las partes a compartir alternativamente esta guarda de los hijos. Nos gustaba, incluso más que lo establecido en el trámite del Senado, el texto que se acordó en el Congreso puesto que se hablaba del informe favorable del ministerio fiscal, lo cual siempre es una garantía. En este caso, tras el paso por el Senado ha quedado solo como informe preceptivo. Aún y así, entendemos que el texto de la norma tiene las suficientes garantías, además de añadirse la salvaguarda -que ya existía también en el Congreso- del supremo interés del menor, como norte y como pauta de lo que por los órganos judiciales haya de acordarse en esta materia. Siempre es posible dejar andar a la norma, que esta sea interpretada por los operadores jurídicos y valorar en un futuro si resulta adecuada o no a las necesidades de lo que se pretendía.
Insistimos, aún habiendo sido nuestra postura inicial el que solo el común acuerdo podía posibilitar esta custodia de manera alterna, nos parece que las salvaguardas que se introducen en el punto octavo aprobado por el Senado pueden tener una consideración en atención a intereses sociales reivindicados desde distintos colectivos, a los que nuestro grupo, insisto, no va a votar en contra en este trámite.


Hay otras modificaciones que nos parece que son de mera corrección, de adecuación de grafía a la corrección de la norma, y respecto a las cuales no haré cita expresa. Las disposiciones transitorias quizás han quedado redactadas de una manera más clara a lo que lo estaban, y también serán objeto de voto afirmativo por nuestra parte, de la misma manera que es correcto lo que se añade en cuanto a las exploraciones de los menores en los procedimientos civiles a los que siempre debe hacerse padecer en su comparecencia ante los jueces lo menos posible, de forma que la normalidad de las vivencias personales de estas personas resulte alterada lo menos posible.


No hago gala de ninguna cita hasta llegar a la disposición final segunda bis, que hace referencia al fondo de garantía de pensiones; aspiración que también lo es de la formación política a la que represento, habiendo existido ya en la Administración vasca un primer proyecto de ley en el año 1995 que no llegó a ver la luz por dificultades -algunas de las cuales van a ser objeto de examen ahora- que a nadie se le escapan en cuanto al coste que pueda suponer para el erario público y la dificultad de su anticipación en cuanto a la evaluación de lo que pueda suponer. En este momento existe ya en el ámbito vasco una regulación expresa, a través de la ley vasca de igualdad, ley que, por cierto, ha sido recurrida por más de 50 diputados y diputadas -todo hay que decirlo- del Grupo Popular en esta Cámara. Hago esta referencia porque me ha sorprendido extraordinariamente ver que entre los más de 60 recurrentes del Grupo Popular, más de 20 de los mismos son mujeres de esta Cámara.
Algo que es una aspiración para muchas, como es la consecución de una ley de igualdad con unas ciertas pautas o parámetros que se trasladan no solo al ámbito de lo público sino también al ámbito de las posibilidades de ejercicio de desarrollo de la personalidad en lo privado, haya podido tener la firma de más de 20 mujeres del Grupo Parlamentario Popular, y mi grupo ha tomado de ello buena nota.


Además de la previsión que se contiene, a diferencia de lo que salió en el texto que partía del Congreso de los Diputados, se refiere a la creación de un fondo de pensiones, no solo en garantía de las pensiones de los menores -hijos e hijas menores de edad-, sino también a lo que se da en llamar la pensión compensatoria.


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A nosotros nos parece bien, nos parece magnífico, pero también estamos en condiciones de poder afirmar, conocida la postura del grupo mayoritario en esta Cámara, las dificultades que tiene evaluar el costo de lo que pueda llegar a suponer esta pretensión. Ocurre además -lo ha mencionado alguna diputada anterior- que la Ley integral aprobada por esta Cámara contra la violencia de género tiene una disposición adicional, la número diecinueve, que hace mención a un fondo no idéntico a este pero que sí puede resultar en algunos aspectos coincidente. Merecería la pena hacer un estudio de ambos para saber en qué término se puede llegar a la creación de lo que ahora se pretende. Nos parece que es más prudente ir dando pasos poco a poco y que quizá en este momento concreto, si logramos arrancar del Grupo Socialista una promesa en tal sentido, se pudiera obtener que en un futuro también las pensiones compensatorias pudiesen tener cabida en este fondo.


Hay además otra salvaguarda que nos parece importante de índole competencial. La disposición final segunda, tal y como viene del Senado, hace referencia a que el fondo dependerá del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En este momento existen dos comunidades autónomas -además de la vasca, a la que ya me he referido- gobernadas por partidos distintos con fondos de esta índole; en la Comunidad Valenciana están funcionando, la comunidad andaluza no lo tiene todavía en marcha pero sí tiene un estudio muy sensato y muy serio y tiene previsto ponerlo pronto en marcha. Si esas comunidades autónomas, gobernada una de ellas por el Partido Popular y otra por el Partido Socialista, entienden que la creación de estos fondos y su gestión les corresponde, resultaría raro que desde el Congreso de los Diputados estemos estableciendo que el fondo dependerá del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Ocurre además que frente a lo que suele afirmarse, que los países de nuestro entorno tienen algo parecido, esta afirmación en este caso sería exagerada puesto que solo Francia y Austria tienen en este momento dotados fondos de pensiones con el carácter de compensatorias y con el carácter de dotaciones a hijos. Nuestro grupo apuesta en esta materia por mantenernos en lo que se aprobó en esta Cámara, que se dote cuanto antes el fondo de pensiones a hijos e hijas, que en un futuro el Partido Socialista se comprometa al estudio de lo que haya de ser el fondo de pensiones compensatorias, que se haga el estudio de si estas deben depender o es posible su articulación a través de las comunidades autónomas y sobre todo que tengamos todos en cuenta el apartado tercero, que dice que el Estado se subrogará de pleno derecho en los derechos que asistan al acreedor de los alimentos o de las pensiones económicas puesto que la subrogación habrá de ser para la comunidad autónoma o para el Estado, según se establezca.
Son problemas que nos parecen importantes y que merecen un estudio reposado, y para que mañana no se diga que el Grupo Vasco se opone a la creación de un fondo de pensiones compensatorias diré que queremos que existan con las cautelas debidas, en el momento adecuado y dependiendo de quién deba depender. Nuestro grupo por tanto va a votar a favor de todas las enmiendas que han sido introducidas en el Senado, excepción hecha de esta que se refiere a la disposición final segunda bis que nos parece más prudente y sensato en el momento presente dejarla en los términos en los que salió de esta Cámara.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Uría, muchísimas gracias.


Señora Bonás, en nombre del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya.


La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, Esquerra Republicana ha dado su apoyo a este proyecto de ley porque creemos que supone un avance en cuanto los cambios legales introducidos van a facilitar un proceso de divorcio con menos cargas de conflictividad. Contraer matrimonio es un derecho pero también lo es la disolución del vínculo cuando una o ambas partes lo desean.


Si bien en la II República ya se consiguió el derecho al divorcio, anulado después por la dictadura, tuvimos que esperar hasta la Constitución de 1978 para que se regulara la disolución del vínculo matrimonial. Se reguló el divorcio pero con restricciones en cuanto se pretendía salvar un vínculo que la Iglesia católica define como indisoluble. Hoy ha llegado el momento de introducir mejoras legales con el fin de reducir la carga de conflictividad que puede llevar asociado un proceso que supone el fin de una vida en común.


Las modificaciones introducidas en el proyecto de ley, como la ausencia de culpabilidad, la eliminación del doble proceso de separación y divorcio, la introducción de la mediación familiar o el reconocimiento de la custodia compartida suponen pasos en la dirección de conseguir disoluciones de vínculos familiares con la menor carga posible de conflictividad. Las relaciones se terminan porque las personas cambian y las personas cambian porque evolucionan. Una evolución supone un cambio de prioridades y simplemente la vida en común se termina porque ya es imposible o porque deja de ser enriquecedora. La destrucción del vínculo no supone un fracaso de la relación sino la constatación de una realidad.
A pesar de que el divorcio es un proceso natural, la disolución del vínculo es una experiencia dolorosa. Por tanto, el objeto de la ley no es ya evitar la disolución del vínculo sino facilitar que se produzca de la forma menos traumática posible. Es fundamental tratar de proteger al máximo el bienestar de los que más sufren en el caso de divorcio, que son los hijos o hijas del vínculo.


Ha sido motivo de controversia el ofrecimiento legal de la custodia compartida. Hay grupos que abogan por la custodia compartida en todos los casos y hay otros que abogan por que en ningún caso haya custodia compartida.


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En una sociedad ideal, la custodia alterna o compartida debería ser la norma. Los hijos o hijas tienen derecho a una convivencia con los dos progenitores. Cuando los progenitores deciden terminar su vida en común, el bien más importante es proteger el bienestar de los hijos que ven destruida su forma de vida. El régimen de visitas es claramente insuficiente para el desarrollo de una relación auténtica paterno o materno filial. La situación ideal es la custodia alternada cuando se realiza de mutuo acuerdo y los dos progenitores mantienen una relación correcta entre ellos en función del bienestar de sus hijos e hijas. La separación de los progenitores no tiene por qué suponer un trauma para los hijos si se realiza pensando en el bienestar de ellos, pero, desgraciadamente, las separaciones no siempre se producen de mutuo acuerdo y el deseo de venganza o los intereses materiales priman por encima del bienestar de los hijos e hijas. Cuando las condiciones de separación son conflictivas no es seguro que la custodia compartida sea la mejor solución para el bien del menor. En este caso la ley prevé que el juez sea asesorado por expertos que le ayuden a tomar la decisión primando siempre el bien del menor. La garantía de bienestar de los hijos es lo que debe guiar al legislador cuando decide el establecimiento de la custodia compartida. Las enmiendas que nos llegan del Senado en este aspecto creemos que mejoran el texto original y las votaremos afirmativamente. Somos conscientes de que el texto final no satisface a la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas. Evidentemente, la sociedad evoluciona y en algún momento deberá ser modificada esta ley. Esperemos que en un futuro la norma en el caso de divorcio o separación sea el mutuo acuerdo. Para llegar a este punto habrá que resolver otros aspectos que este proyecto de ley no aborda, como la liquidación de la sociedad de gananciales que en un futuro deberá estudiarse.


Nuestro voto será afirmativo para todas las enmiendas procedentes del Senado, excepto para la disposición final segunda bis, referente al fondo de garantía de pensiones compensatorias. Y lo haremos no porque no seamos conscientes del grave problema que supone el impago de pensiones de alimentos, sino porque creemos que la forma en que está redactada contiene un tanto de demagogia. El problema de los impagos debe abordarse sin demora, a ello se comprometió el grupo mayoritario durante el debate de la ley de violencia sobre las mujeres, y debe hacerse previo estudio en profundidad del alcance de la medida. No nos parece conveniente crear expectativas de difícil cumplimiento ni legislar normas que al final sirvan para beneficiar a unos cuantos espabilados y a ejercer más presión sobre la sufrida clase media baja, que es la que realmente soporta el Estado de bienestar. La incapacidad financiera de pagar las pensiones de alimentos es en muchos casos real y deben estudiarse otras medidas aplicadas ya en otros Estados de la Unión con el fin de aportar soluciones financieras al descalabro económico que supone el divorcio para las unidades familiares.


Para finalizar, reitero nuestro apoyo a este proyecto de ley. Esperamos que cumpla su función y en un futuro esperamos mejorarlo.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Bonás.


Continuamos con el turno de la señora Pigem, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


La señora PIGEM PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.


Desde Convergència i Unió valoramos de manera globalmente positiva las enmiendas introducidas en el Senado en el proyecto de ley cuyo último trámite estamos hoy abordando, unas enmiendas que, tal como se ha señalado aquí por algunas de las portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, obedecen en algún caso a razones técnicas, como la modificación del propio título, que de manera coherente con el contenido de la reforma alude ahora a los dos ordenamientos jurídicos que se van a modificar, el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no únicamente a uno de ellos, como se hacía en el proyecto inicial, así como también en este apartado de razones técnicas la enmienda adecua la exposición de motivos para que en la misma se recoja una referencia a la mediación familiar.


Valoramos de manera especialmente positiva, como no podía ser de otra manera, la aceptación literal de varias de las enmiendas presentadas por mi propio grupo parlamentario. Me estoy refiriendo concretamente a la nueva redacción del primer apartado del artículo 90 del Código Civil, que vuelve a recoger la posibilidad de que, además de que se determine la articulación del cuidado de los hijos con una nueva terminología más adecuada al sistema que finalmente se va a proponer, se regule el régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que habitualmente no viva con ellos, una cuestión que inexplicablemente, a nuestro modo de ver, se había omitido en el texto inicial y celebramos que de esta manera se haya reincorporado.


Celebramos también especialmente la nueva regulación del derecho transitorio. Ha sido una insistencia constante en este punto la que ha tenido mi grupo parlamentario. En este punto la seguridad jurídica, no dejar en indefensión a las partes y el propio sentido común aconsejaban acotar el contenido de la aplicación de la reforma de los procesos en marcha, tal como se había puesto de manifiesto a través de las enmiendas de casi todos los grupos parlamentarios, y por ello vemos muy positivo que se haya recogido nuestra propuesta de que en estos procesos en marcha, en los procesos que no estén finalizados en el momento en que entre en vigor esta ley, se pregunte a las partes si quieren la separación o el divorcio, para que les alcance la innecesariedad de acudir a un doble procedimiento, y también si desean mantener o no la invocación de causas, una propuesta y

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finalmente un texto mucho más acotado y preciso que el que salió de esta Cámara, que dejaba, tal como habíamos señalado, abierta la posibilidad de realizar nuevas peticiones, incluso en cuanto a los efectos, sin prever al mismo tiempo un nuevo período de prueba.


Finalmente, mi grupo presentó en el Senado una enmienda para que la ley recogiera de manera pormenorizada de qué forma debían realizarse las exploraciones de los menores. Es evidente que en sede civil la situación no alcanza el dramatismo y la posible conculcación de los derechos de los menores que se puede alcanzar en sede penal, en donde pueden darse situaciones como la que recientemente ha creado una gran alarma social precisamente porque la ley no recoge de manera adecuada, pormenorizada y pautada la forma en que debía practicarse la declaración, en este caso al que me estoy refiriendo, de unas menores en un juicio por las agresiones sexuales que habían padecido. Es evidente, como digo, que en sede civil la situación no es la misma, afortunadamente, pero lo cierto es que la Ley de Enjuiciamiento Civil actualmente vigente no indica el modo en que se deben realizar las exploraciones de los menores y cada juzgador -lo conocemos bien- las realiza de la manera que considera más adecuada. A ello, a regular de qué modo debía realizarse el examen de los niños y de las niñas, obedecía precisamente la enmienda que habíamos presentado, que se ha recogido de manera transaccional. Sinceramente, hubiéramos preferido que, ya que se accedía a retocar el texto, se hubiera hecho de una manera más precisa, pautando el modo de las exploraciones. La redacción que ha quedado es a nuestro modo de ver muy general y quizá más bien intencionada que efectiva, pero es un primer paso y, como tal, vamos a apreciarla.


Fondo de garantía de alimentos. No nos disgusta, señorías, la regulación que nos llega del Senado, que amplía el fondo a los supuestos de pensiones compensatorias a cónyuges y así lo hemos manifestado ya en anteriores intervenciones en este mismo tema. Ahora bien, por una parte, tal como se ha puesto de manifiesto singularmente por la portavoz del Grupo Mixto, la disposición final segunda bis, que regula el tema tal como viene del Senado, es contradictoria con la disposición adicional única, que se mantiene también vigente porque no se corresponde con la numeración.


Por otra parte, hemos dicho también en otras ocasiones, y hoy lo reiteramos, que siendo conscientes de que los recursos públicos no son ilimitados preferimos comenzar por las situaciones de los hijos que sin duda son el interés más necesitado de protección, y creo que en esto podemos coincidir todos los grupos parlamentarios sin perjuicio, obviamente, de más adelante poderlo ampliar a otras prestaciones.


Ahora bien, dicho esto tenemos también que señalar que el texto aprobado en el Senado implica en su redacción una mayor concreción de la forma y sobre todo del tiempo en que se va a poner en marcha el fondo.
Sinceramente hoy nos gustaría escuchar un compromiso más concreto de cuándo se va a poner el fondo en funcionamiento, y especialmente de cuándo está previsto traer a esta Cámara esta propuesta de regulación del fondo; un compromiso, el que está en la disposición adicional única, que desde nuestro grupo parlamentario ya dijimos y reiteramos que consideramos firme y cuya creación efectiva vamos desde Convergència i Unió a reclamar con toda la insistencia que sea necesaria, y esperamos de su cumplimiento y, por tanto, que no sea necesaria.


No quisiera alargarme, señorías, únicamente formular unas breves consideraciones de un carácter muy general. Señor ministro, señorías, por parte de amplísimos sectores sociales se aplaudió el que se quisiera acometer una reforma de la regulación de la separación y divorcio porque se consideraba que la misma era necesaria. Los errores iniciales de su regulación, hace ya muchos años, en el año 1981, la experiencia de su aplicación y los profundos cambios sociales que se han ido produciendo durante los 24 años que ha estado en vigor, aconsejaban, justificaban y exigían esta reforma. Pero francamente, más allá del acortamiento de los plazos y la innecesariedad del doble procedimiento desvinculador de separación y divorcio, no sé si el texto final va a responder a las expectativas que se habían creado en varios temas, pero especialmente con respecto al tema de la llamada custodia compartida o custodia alternada.
Sinceramente pensamos que tanto la propuesta inicial como sucesivas autoenmiendas del Grupo Socialista no han logrado contentar a nadie pero, en todo caso, no queremos ser pesimistas, la entrada en vigor de la ley y la aplicación de estas nuevas disposiciones serán lo que, más allá de juicios en buena parte hoy meramente especulativos, nos confirmará la bondad de las mismas o, por el contrario, su inviabilidad de la manera en que vienen planteadas y la necesidad en este caso de nuevas modificaciones; algunas por cierto ya conocidas, como la necesidad de equiparación a efectos procedimentales de las parejas de hecho, que por el momento van a tener que seguir acudiendo a dos procedimientos y hasta a dos tipos de juzgados distintos: uno para resolver las cuestiones con respecto a los hijos y otro para las cuestiones relativas a las relaciones económicas entre los convivientes. Se nos ha dicho muchas veces que está en tramitación una ley de parejas de hecho, es cierto; también es cierto que hace mucho tiempo que está en tramitación y que esta situación se podía haber arreglado con la supresión de una sola palabra, que era la enmienda que había propuesto nuestro grupo parlamentario. Lamentamos que ello no se haya querido recoger.


Quisiera subrayar la extraordinaria importancia que tiene el que los jueces y tribunales dispongan de los medios materiales y personales suficientes para una eficiente aplicación de la ley, de esta ley, para lo cual estamos convencidos será de capital importancia la creación de la jurisdicción de familia impulsada por mi propio grupo parlamentario y también por el Grupo Parlamentario Popular, que está actualmente siguiendo el trámite parlamentario.


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Finalizo agradeciendo a todas las personas y a todos los colectivos las aportaciones y opiniones que nos han hecho llegar y anunciando el voto global positivo de nuestra formación política a este último paso de esta importantísima ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): A usted, señora Pigem, muchísimas gracias.


Continuamos con el turno de la señora Matador, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


La señora MATADOR DE MATOS: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, señorías, yo también lamento la hora, las doce en punto de la noche, en que estamos debatiendo el trámite final, enmiendas del Senado, de este proyecto de ley por el que se modifica el Código Civil, y con la modificación que se ha introducido en el Senado, también la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, y adelanto el voto afirmativo del Grupo Popular a todas las enmiendas del Senado, excepto a dos que afectan a la custodia compartida en los supuestos de divorcio contencioso, concretamente los párrafos 8 y 9 del artículo 92.


Antes de entrar en el debate mismo de las enmiendas me gustaría aclarar unas cuestiones que se han puesto en boca del Partido Popular y que no se corresponden con la realidad. El Grupo Parlamentario Popular ha valorado desde el primer momento de forma muy positiva la supresión de trámites para acceder al divorcio, como era la separación previa, que era la novedad que recogía en un principio este proyecto de ley. Además nosotros lo llevábamos también en el programa electoral y ahora era el momento de adecuar la Ley del Divorcio a la sociedad de nuestro tiempo. La Ley de 1981 tiene cosas buenas, otras mejorables y otras que había que desechar, pero tampoco podemos demonizar una ley con la que hemos convivido tantos años. No se puede decir que el Grupo Parlamentario Popular está en contra de la Ley del Divorcio como se ha dicho alegremente en algún momento.
Esta ley también se ha eclipsado en cierta medida por la ley de matrimonios homosexuales y -permítanme que les diga- a mi juicio se ha hurtado el debate a la sociedad. El Grupo Parlamentario Popular no está de acuerdo con algunos efectos que se regulan tras el divorcio, como es el caso de otorgar la custodia compartida en el supuesto de divorcio contencioso. Me gustaría que la portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana aclarara aquí cuál es el grupo parlamentario que se opone tajantemente a las custodias compartidas. Nosotros, en el caso de que haya mutuo acuerdo, no nos hemos opuesto en ningún momento a que exista esa custodia compartida, pero sí tenemos nuestras reticencias -y así se lo hemos hecho saber a través de las distintas enmiendas- en el caso de divorcio contencioso.


Hay cuestiones que han quedado fuera de este proyecto de ley, como la mediación necesaria y obligatoria en el caso de divorcio con hijos menores y que el Grupo Parlamentario Popular presentó en sus enmiendas.
Se ha recogido la mediación voluntaria en la exposición de motivos, lo que valoramos de forma muy positiva, porque es un paso importante aunque forzado en cierta medida por la necesidad de los votos de aquellos grupos que apoyan al Gobierno. El Grupo Parlamentario Popular -quiero decírselo al señor Villarrubia al que no tuve la oportunidad de contestar en su intervención anterior- nunca planteó la mediación obligatoria en divorcios con hijos menores como un castigo ni como una flagelación, créame señor Villarubia. Nunca lo planteamos así, tampoco para ver si tienen otro niño y, si no, se divorcian mientras tanto. (El señor Villarrubia Mediavilla pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, son palabras textuales suyas que están recogidas en el "Diario de Sesiones".
No, nosotros planteamos la mediación de una forma mucho más seria de lo que usted pueda pensar. Nosotros lo que hemos pretendido con la mediación necesaria y obligatoria era mejorar la situación de esos hijos menores que ven cómo sus padres se divorcian y es un divorcio del que no forman parte, pero sin embargo son la parte más afectada. Esa es la mediación que nosotros proponíamos, que pretendía reducir la litigiosidad a través de una conciliación extrajudicial y en la que el mediador tendría una función primordial. Estoy convencida que con ella se conseguirían muchas de esas custodias compartidas que hoy tanto se han debatido aquí. Se han suprimido las causas, que el Grupo Parlamentario Popular nunca propuso como un condicionante para acceder al divorcio; causas que son muy genéricas actualizadas y jamás hablamos de causas-culpa como se ha querido dar a entender. Además todo estaba -y está- en consonancia con el artículo 32 de la Constitución, que dice que la ley regulará las causas de la separación, la nulidad y el divorcio. Seguimos manteniendo que esas causas proporcionarían un mayor grado de conocimiento al juzgador respecto de las resoluciones que tendrá que adoptar en el procedimiento.


Entro ya de lleno en las enmiendas del Senado, resaltando que al final ha primado el criterio del ministro de Justicia frente al del señor Zapatero en relación con el otorgamiento de las custodias compartidas en los divorcios contenciosos. Si recuerdan ustedes, el pasado 20 de abril el señor presidente del Gobierno se comprometió a revisar esta cuestión en el trámite del Senado y finalmente no ha sido así. Como les dije en el debate que tuvimos en esta Cámara, han querido contentar a unos y a otros, a asociaciones de padres y a asociaciones de madres separadas, en un tema tan polémico como es la custodia compartida en el caso de divorcios contenciosos. Esa no es la cuestión. Nosotros también nos hemos reunido con todas esas asociaciones, con jueces, con abogados de familia, hemos atendido algunas de sus peticiones en nuestras enmiendas, pero en esta cuestión

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para nosotros ha primado siempre el interés del menor, el interés de los hijos.


Ustedes, vía enmiendas del Senado, han querido -manteniendo el carácter excepcional de la custodia compartida en los casos a los que me he referido- establecer aún más restricciones con ese informe preceptivo en algunos casos, en otros favorable del ministerio fiscal, así como respecto a los domicilios. Todas estas cuestiones, al no venir ni siquiera definida la custodia compartida en la ley, van a crear, a nuestro juicio, una inseguridad jurídica, al no señalarse el límite ni restricciones para ese tipo de custodias por parte del juez, y cada uno aplicará su criterio.


En esta cuestión, el Grupo Parlamentario Popular lo tiene claro -hemos sido coherentes desde el primer momento- y en aquellos en que no exista mutuo acuerdo es muy difícil otorgar una custodia compartida. Nosotros no hemos dicho en ningún momento que tenga que ser para la madre. Será el juez quien valore quién de los dos progenitores está más capacitado o puede ejercer mejor esa custodia. Y aquí sí me gustaría señalar, en relación con lo que ha dicho la representante del Grupo Mixto, que lo deseable es que el padre y la madre compartan esas obligaciones para con los hijos, pero no se pueden extrapolar las situaciones personales a las situaciones generales. Lamentablemente no todos los divorcios ni todas las separaciones contenciosas se resuelven de esa manera.


Nosotros también queremos decir al señor ministro, por las declaraciones que ha hecho esta mañana, que con la guardia y custodia compartida se apuesta por la igualdad efectiva, por la distribución de responsabilidades y por las tareas en el matrimonio y una vez terminado el mismo. Por supuesto que es así. Si hay acuerdo entre las partes, mejor será repartir esas obligaciones para con los hijos, pero cuando hay desacuerdo, cuando hay confrontación es más importante procurar la estabilidad del menor que cualquier otra cuestión.


Se ha llegado a decir que de esta forma se promocionaría profesionalmente sobre todo a las madres que ejercen custodia individualmente. Pueden tener más problemas esas madres o esos padres que ejercen esa custodia de forma individual, pero la mayoría de los padres y de las madres que trabajan y buscan esa promoción profesional o realizan su trabajo y tienen hijos, tienen que hacer uso de guardería, de ayuda de los abuelos u otra serie de ayudas para sacar adelante esos hijos día a día. Lo importante es la estabilidad emocional y educacional del menor, no tanto la situación del padre o de la madre. Cuando hay un divorcio las cosas cambian y cambian para todos.


Nosotros sí presentamos una enmienda en el Senado, que no ha sido aprobada, en el sentido de ampliar ese régimen de comunicación del progenitor no custodio con los hijos. Este ha sido, vuelvo a insistir, un tema clave en el proyecto, señoría. Los hijos y las hijas tenemos que decir aquí que no son propiedad de los padres y que debe de haber un alto grado de colaboración entre ambas partes y pensar qué beneficia más al hijo. Si no existe ese grado de colaboración y la confrontación es continua entre el padre y la madre, es muy difícil compartir esa custodia sin poner en riesgo, como he dicho anteriormente, esa estabilidad emocional y educacional de ese menor. Un progenitor va a decirle una cosa, otro le dirá otra, hoy te vas a un sitio, mañana a otro. Yo no me lo imagino, señoría.


Por último, me hubiera gustado que nos felicitáramos por esa enmienda transaccional que se aprobó por el Grupo Mixto, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por el grupo de senadores del Partido Nacionalista Vasco y por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado a la disposición final segunda bis, en la que se hacía mención al fondo de garantía de pensiones, no solamente las de alimentos de los hijos, sino también las pensiones compensatorias, pero me he llevado una sorpresa cuando he visto hoy aquí que tanto la representante de Convergència i Unió como la del PNV han preferido votar en contra esta enmienda que venía del Senado, y la verdad es que no me han convencido para nada sus argumentos. Señores del Grupo Parlamentario Socialista, pueden estarles agradecidos porque han procurado que ganen esta votación.


Como señalé en mi pasada intervención, creemos que este era el momento de garantizar estas pensiones, tanto para los hijos como para el cónyuge beneficiario de esa compensatoria, y no vale decir que por qué no la había planteado el Grupo Parlamentario Popular. ¿Por qué no lo vamos a plantear si era un tema que llevábamos en nuestro programa electoral? Ustedes gobernaron 14 años y tampoco la plantearon, no hicieron nada al respecto. Nos dicen que nosotros no lo hicimos y que además rechazamos iniciativas suyas en la legislatura pasada.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Matador, tiene que terminar, por favor.


La señora MATADOR DE MATOS: Voy terminando, señora presidenta.


Hoy gobiernan ustedes y tampoco la contemplaban en su proyecto inicial. Se han visto obligados a introducirlo a través de enmiendas de otros grupos porque sus socios, los diputados que les apoyan en el Gobierno, les han obligado porque ustedes necesitaban esos votos y, si no, perderían la votación. No se trata de uno o dos huevos duros más, como dijo usted en su pasada intervención. Con ese lenguaje hacemos un flaco favor a esos hijos, a esos padres y a esas madres que por distintas circunstancias se dedicaron en su día al cuidado del hijos y a lo mejor hoy están en una situación de extrema pobreza.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Tiene que terminar, señora Matador.


La señora MATADOR DE MATOS: Hoy tienen ustedes la oportunidad de hacerlo.


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Concluyo, señoría, reiterando que el Partido Popular valora positivamente esta reforma con relación a la supresión de los trámites. Había que suprimir esos trámites así como la separación previa al divorcio, con el consiguiente coste económico y, en muchos casos, emocional para las partes. También tenemos dudas respecto a esa efectividad práctica porque consideramos que sería necesario contar con un mayor número de juzgados, que permita asumir esa reducción de plazos, con más personal y con medios suficientes y adecuados, que no están contemplados en la memoria económica. Ayer entraron en funcionamiento los 16 juzgados de violencia doméstica que se han creado en toda España, pero en comunidades autónomas como la mía, Extremadura, con más de 1.500 denuncias por malos tratos, no se ha puesto en funcionamiento ni un solo juzgado de violencia doméstica, y eso le hace un flaco favor a esta ley.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Matador, por favor.


La señora MATADOR DE MATOS: Señorías, menos propaganda y más leyes con efectividad práctica.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Matador.


Finalizamos con el turno del señor Villarrubia, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Buenas noches, señora presidenta, señorías. Buen jueves día 30 de junio para todos y para todas. Yo no lamento que sea tarde porque vamos a aprobar un aumento de las libertades de los ciudadanos de este país y dentro de unas pocas horas, a las 9 de la mañana, abriremos otro importante debate para seguir aumentando las libertades de los ciudadanos de este país. (Aplausos.) Por tanto, doña Celinda, alégrese usted también. No importa que sea tarde.


Vamos a entrar en el tema que nos ocupa y, a ser posible, voy a no consumir -he construido mal la frase- los diez minutos porque sé que me lo van a agradecer. Voy a dar unas pinceladas, grosso modo, en torno a la culminación de la aprobación de esta ley que recoge -el debate ya está realizado ampliamente en Comisión y en el anterior Pleno- unas cuestiones importantísimas. La libertad como valor superior del ordenamiento jurídico se plasma plenamente en el contenido de este proyecto de ley que dentro de unos minutos se convertirá en ley, y lo importante es que dentro de pocos días, junto con la otra ley que aprobaremos dentro de unas horas, va a poder ser utilizada por el conjunto de los ciudadanos de este país y también por aquellos que no la van a votar. Afortunadamente esta es la grandeza de la democracia, se puede estar en desacuerdo pero luego se pueden utilizar los derechos que la ley nos atribuye a todos los ciudadanos por igual.


Señorías, se suprimen en el proyecto de ley las causas de separación y divorcio; se suprimen los plazos y queda el genérico de tres meses; desaparece la separación previa para poder acudir al divorcio, de manera voluntaria, respetando el contenido del artículo 32 de la Constitución española, pero ya no hay que ir a dos procedimientos, con un ahorro importantísimo no solo desde el punto de vista económico, sino fundamentalmente desde el punto de vista personal; y se regula la mediación con el compromiso de traer un proyecto de ley en estos términos. Voy a enlazar ya con las enmiendas del Senado. Hay una enmienda del Senado que recoge la mediación a petición de las partes para que quede -lo digo modestamente- la voluntad real del Legislativo. Apostamos por la mediación voluntaria, con lo cual cuando se habla de las partes creo que se debe entender que es en la exposición de motivos -todavía quedan 7 minutos, don Ángel- y no hay problema en que sea a petición de ambas partes.


El conjunto de las enmiendas del Senado mejora de manera importante el texto de la ley salido del Congreso, en el que hemos trabajado absolutamente todos los grupos, aunque quizás unos más que otros. Hay ocho enmiendas que vienen del Senado: seis consensuadas por todos los grupos; una que se refiere a la custodia compartida, consensuada por la totalidad de los grupos excepto por el Grupo Popular -ahora la explicaré un poquito- y el resto sobre la creación del fondo de impago de alimentos de los menores y, en su caso, como solicitaba el Grupo Popular, con vehemencia incluso, las pensiones compensatorias entre cónyuges. Pues bien, quiero manifestar expresa y claramente que en nuestro programa sí, señora Matador. En la anterior legislatura, este modesto diputado tuvo la ocasión de defender dos o tres veces proposiciones de ley del Grupo Parlamentario Socialista solicitando la constitución del fondo de garantía de impago de alimentos de menores, no demagógicamente de pensiones compensatorias. Ustedes votaron en contra de ese primer paso y ahora -los dos huevos duros más, que a usted no le gustan- piden también la pensión compensatoria.


Hay un problema no solo de tipo competencial sino de prioridades, que es la escasez de recursos, como han reconocido claramente algunos portavoces. Si hay escasez de recursos, demos el primer paso importante, que es la creación de verdad, no en la mera letra. Que en seis meses haya entrado en vigor es materialmente imposible. ¿Con qué coste? ¿En qué condiciones? Da lo mismo, ¿verdad? No. Doña Mercé, sí contraemos el compromiso que usted dice, porque nos lo creemos. Cuando recogimos en el texto de la Ley de violencia de género el compromiso de crear ese fondo, cuando usted y su grupo insistieron expresamente en pedir ese compromiso en esta ley, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno contrajeron el compromiso de traer un proyecto de ley que regulase este tema. Para que el compromiso no quede indeterminado, decimos ante esta Cámara que en el plazo máximo de un año el Gobierno

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traerá un proyecto de ley regulando la constitución de este fondo. Le adelanto la filosofía: lo discutiremos entre todos, pero nuestra postura inicial es que cubra las situaciones de necesidad de los menores.
Filosóficamente no rechazamos, claro que no, la posible constitución en un futuro de ese fondo de impago de pensiones compensatorias, pero las prioridades nos indican -creo que con el apoyo de toda la Cámara excepto del Grupo Popular- que eso se lleve a cabo de manera efectiva.


Señorías, no ha habido incumplimiento del presidente del Gobierno, ni mucho menos, ni contradicción con lo que decía el ministro de Justicia, ni con lo que hemos defendido en esta tribuna. En un tema delicado como es la custodia compartida, el compromiso fue negociar hasta el último día para intentar conseguir el mayor grado de consenso. Y lo hemos conseguido, porque el cien por cien de los que quieren dialogar van a votar a favor de esta propuesta, excepto el Grupo Popular, que una vez más se queda solo. En una ley tan importante como esta, señora Matador, créame que nos gustaría contar también con su grupo, porque es una ley buena para los ciudadanos, al margen de esta discusión puntual sobre la custodia compartida, que no es el eje ni el objeto central del contenido de esta ley, como usted bien sabe. Sin embargo, una vez más se quieren desmarcar y quedarse solos. Pues lamentamos su abstención, cuando están de acuerdo y han valorado positivamente el contenido del proyecto de ley y también -y se lo reconozco desde esta tribuna- han hecho aportaciones positivas y hemos aceptado cosas del Grupo Parlamentario Popular. Les quedan pocos minutos para rectificar. Creo de verdad, y usted lo sabe, que la ley es magnífica. ¿Que hay temas en los que se puede discrepar? Claro. ¿Que hay temas que se pueden mejorar? Claro. Algún portavoz ha dicho que habrá temas que quizás haya que rectificar a medio plazo, por qué no.


En definitiva, señorías, la intervención de la portavoz del Grupo Popular -y lo lamento de verdad- ha sido exclusivamente justificativa, como si tuviera mala conciencia, dando vuelta a temas que no son objeto de discusión ni debate en el día de hoy. Nuestra postura es abierta y clara: regulación moderna de 2005, desarrollo de derechos y libertades e imparable desarrollo de derechos y libertades también en el resto de Europa en corto espacio de tiempo. Prometí concluir antes, queda un minuto y medio, que me lo van a agradecer sus señorías. Señor ministro, vamos a votar a favor de este magnífico proyecto de ley que viene del Senado y a pedir votación separada de la disposición final segunda bis, que propone esa constitución del fondo de garantía de impago de pensiones compensatorias, porque es absolutamente imposible aprobarlo en el día de hoy si de verdad hablamos con rigor y con seriedad.


Quisiera decir brevemente a la portavoz de Izquierda Unida que no constituir este fondo no es un incumplimiento del Partido Socialista, porque en ningún caso se dijo que se iba a constituir en la modificación de la Ley del Divorcio.


Nada más, muchas gracias y buenas noches. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Villarrubia. Yo sí se lo agradezco.


- PROYECTO DE LEY SOBRE LAS CLÁUSULAS DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS REFERIDAS AL CUMPLIMIENTO DE LA EDAD ORDINARIA DE JUBILACIÓN. (Número de expediente 121/000022.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, pasamos a debatir el último proyecto de ley del orden del día de hoy, sobre las cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. De antemano quisiera agradecer la disposición de los portavoces para acortar voluntariamente los tiempos de intervención.


Comenzamos con la fijación de posiciones. Grupo Mixto. (Pausa.)

Señorías, continuamos con el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Para ello tiene la palabra el señor Pérez.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Intervendré con brevedad. A la vista de la enmienda que remite el Senado parece necesario decir que no son horas para reformar aquí y ahora la Ley General de la Seguridad Social. Parece necesario decir que el objetivo del proyecto, que es claro, positivo, preciso, necesario y sencillo, no es otro que introducir las cláusulas en los convenios colectivos que posibiliten la extinción de contratos vinculados, eso sí, a la mejora de la calidad del empleo y su mantenimiento cuantitativo. Lógicamente criterios como la estabilidad en el empleo, transformar temporalidad en contratación indefinida o nuevas contrataciones son criterios que evidentemente apoyamos. Este proyecto de ley es fruto del consenso alcanzado entre los propios agentes sociales y el Gobierno. Además es conforme con la doctrina del Tribunal Constitucional, que establece un doble requisito para la validez de las señaladas cláusulas convencionales de jubilación forzosa, esto es los contratos de relevo o la conservación de empleos, que de otro modo se verían amenazados, y, por supuesto, la garantía de derechos de los trabajadores jubilados.


Entendemos que esta ley concilia los derechos individuales de los trabajadores con los intereses colectivos, por lo que entre otros es requisito indispensable que el trabajador, cuyo contrato pueda extinguirse por razón del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, tenga en ese momento asegurado el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva y cumpla el resto de requisitos exigidos por la legislación en la Seguridad Social. Por tanto, y como estamos de acuerdo con

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el proyecto de ley, no podemos votar a favor de la enmienda que nos remite el Senado.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Mil gracias, señor Pérez.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


La verdad es que me ha tranquilizado la intervención del portavoz de Izquierda Unida porque pensaba que la apelación a la autodisciplina en el uso del tiempo consistía en no intervenir. En todo caso voy a ser breve y en un minuto y medio voy a explicar que nosotros vamos a posibilitar que este proyecto de ley adquiera la configuración con la que salió del Congreso al Senado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Aunque nosotros tenemos algunas dudas conceptuales con relación a su contenido material, seguimos pensando -el señor Membrado conoce perfectamente mi opinión- que la materia de la Seguridad Social forma parte del núcleo duro, del orden público laboral. Así lo prescribe el artículo 41 de la Constitución, así lo prescriben los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y así se indica significativamente en el título III del Estatuto de los Trabajadores, que establece qué materias pueden ser objeto susceptibles de negociación colectiva laboral.
Este proyecto de ley no impide que se flexibilice o afecte a cuestiones atinentes al régimen de pensiones. Yo tengo dudas no respecto al ámbito de la concertación o de la contratación individual, sino incluso en el ámbito de la negociación colectiva se pueda disponer de estas materias.
Sin embargo, como estas leyes o estos proyectos normativos, que son fruto del diálogo social, son de difícil refutación conceptual, de ese diálogo social que es una especie de río que no cesa que nos va proyectando leyes permanentemente, desde luego nosotros no estamos en condiciones de decir que no a ninguna de ellas. Tampoco a ésta, a pesar de las severas dudas conceptuales que a un modesto profesor de Derecho del Trabajo le provoca la posibilidad de disponer de materias que jurídicamente no son disponibles para los interlocutores sociales. Señor Membrado, espero, dados los efectos ultra vires, el carácter erga omnes y la eficacia normativa de los convenios colectivos, que los interlocutores sociales, algún convenio, algún sindicato o alguna patronal no le haga a usted nunca la faena de incrementar el período de carencia para el acceso a su pensión de jubilación. Lo espero también para mí y para los demás compañeros de esta Cámara.


El señor PRESIDENTE: Esquerra Republicana de Cataluña.


Señor Tardá.


El señor TARDÁ I COMA: Gracias, señor presidente.


Intentaré ser breve aunque, como decía un compañero vasco, peor se está en el andamio. Es decir, las horas son intempestivas pero no importa.


El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya ya manifestó durante el trámite legislativo su voluntad de hacer posible la necesaria inclusión en los convenios colectivos, tal y como se venía realizando hasta el año 2001, de aquellas cláusulas que permitían la extinción de los contratos a los trabajadores que hubiesen cumplido la edad ordinaria para la jubilación. Se trata además, y esto para nosotros es importante, de una voluntad expresada por los agentes sociales a través del acuerdo, del diálogo social, al entenderse como necesidad el hecho de superar una cierta inseguridad jurídica existente en la actualidad como consecuencia del cambio legislativo del año 2001. Por tanto, restitución de un estadio anterior que entendemos necesaria. Asimismo, y en términos generales, consideramos que incluso mejora la situación precedente en tanto en cuanto quedan explícitas las condiciones que deben asumir los convenios para hacer efectivas las extinciones de los contratos. Sin duda, esto nos acerca a lo perseguido, es decir, favorecer la calidad del empleo.
Asimismo, la ley introduce como condición la garantía de la jubilación contributiva, condicionante, a nuestro entender, imprescindible para poder dar apoyo a la ley.


Durante el trámite legislativo nuestro criterio ha sido el de hacer posible el hecho de alcanzar la plenitud de la compatibilidad entre la necesidad de posibilitar a los ciudadanos más jóvenes mayores espacios de integración laboral, para lo cual su mercado debe ser condicionado con modificaciones legislativas como las que nos ocupan, así como que la jubilación es un derecho individual que solo puede ser ejercido voluntariamente por su titular. Es por ello que entendemos que este derecho individual hubiera quedado protegido en mayor medida si se hubiera aceptado nuestra propuesta por parte de los grupos mayoritarios de las Cámaras. Hubiéramos deseado que la ley incluyera nuestra enmienda, la cual contemplaba la imposibilidad de que se activaran las cláusulas en perjuicio de aquellos trabajadores que quisieran mantener su actividad laboral a fin de acceder a la pensión de jubilación en la cuantía del cien por cien de la base reguladora. Se trata, en definitiva, de una enmienda relativa a la necesidad de reforzar la libertad del ciudadano o de la ciudadana, que pudieran verse perjudicados en el importe de la eventual prestación de jubilación a la que tuvieran derecho a aspirar por razón de la voluntad concreta de un empresario interesado en extinguir contratos de personas mayores para establecer otros de carácter precario a bajo coste, o bien como consecuencia de una situación deficitaria en la capacidad de negociación que también existe, porque todo ello puede ocurrir a pesar de lo legislado. Se trataba, pues, de evitar abocar al trabajador a una situación de detrimento del derecho individual, a seguir trabajando en

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ciertas condiciones y poder aspirar a adquirir los máximos derechos económicos en materia de Seguridad Social. A nuestro entender, así se hubieran armonizado mejor el interés colectivo que pretende la ley con el individual de las personas afectadas.


Finalmente, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tal como ya ha manifestado en las dos Cámaras, procederá a votar en contra de las enmiendas de Convergència i Unió y del Partido Popular. Debo decirles que manifestamos ciertas dudas respecto a algunas de las enmiendas, porque ciertamente debe alejarse cualquier posibilidad de que el trabajador se pudiera encontrar injustamente expulsado del mercado de trabajo sin tener garantizado un nivel mínimo de ingresos para aquellos casos en los que pueda no tener derecho a los complementos por mínimos por tener unos pequeños ahorros o bienes patrimoniales. Podría ser el caso de trabajadores del sector servicios; por ejemplo, el trabajo a tiempo parcial e intermitente de una trabajadora del sector de la limpieza que, al llegar a los 65 años, tenga derecho a la pensión contributiva pero en escasa cuantía. En aras de hacer prevalecer la libertad individual del trabajador inmerso en situaciones singulares, a las cuales me he referido anteriormente, convendría plantear las modificaciones necesarias de la Ley de la Seguridad Social. Ciertamente no es esta la ocasión para resolver el déficit, pero la necesidad existe o podría existir.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardá.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Intervengo con mucha brevedad. Nos llega este proyecto de ley con diversas enmiendas incorporadas. Mi grupo quisiera destacar que el Senado ha incorporado el núcleo duro de nuestras propuestas introduciendo modificaciones que efectivamente van más allá de la intención del Gobierno a la hora de trasladar a la Cámara un acuerdo entre los agentes sociales, pero estas enmiendas introducen aspectos sustanciales, como son una nueva tabla de porcentajes de coeficientes reductores mucho más justa que la que hoy existe; nuevos estímulos para que los trabajadores permanezcan de manera activa en sus puestos de trabajo, en una línea diferente -pero es la que nos parece que toca en los actuales tiempos- a la planteada por el ministro Sevilla; una regulación de la jubilación anticipada para los trabajadores autónomos y una ampliación de los supuestos de regulación de la jubilación anticipada para los trabajadores que tuvieran la condición de mutualistas después de enero de 1967.


Previsiblemente estas enmiendas van a ser rechazadas por la mayoría de esta Cámara, pero mi grupo sabe que tardará más o menos tiempo, pues la mayoría de estas cuestiones que conforman nuestras propuestas van a terminar incorporándose en la legislación española. Se terminará resolviendo el problema del tratamiento injusto de la actual jubilación anticipada y se van a extender las mejoras que se introdujeron en el año 2001 a los trabajadores que fueron jubilados de manera anticipada en los años ochenta y noventa; se va a tener que encontrar una solución al problema de los trabajadores autónomos y vamos a tener que establecer nuevas medidas para estimular la presencia de los trabajadores maduros en los puestos de trabajo, precisamente, estoy seguro, en la línea que marca Convergència i Unió.


Esta tarde, en su respuesta a una interpelación que mi grupo le ha planteado, el ministro de Trabajo ha contado con mucho orgullo que en esta legislatura, hace escasos días se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una nueva ley que regula la compatibilidad entre la pensión no contributiva y el empleo remunerado; lo ha contado con orgullo como una acción del Gobierno. Pues bien, ese texto tuvo su origen en una proposición de Ley de Convergència i Unió. Hemos tardado cinco o seis años en conseguir que se plasme esa propuesta en el Boletín Oficial del Estado. Estas propuestas que van a rechazar ustedes hoy más o menos tarde terminarán incorporándose a la legislación española, porque son propuestas profundamente justas, que responden a la necesidad de garantizar una gestión inteligente de nuestro sistema de Seguridad Social adecuado a los nuevos tiempos. Es cuestión de tener paciencia e ir cargándonos de argumentos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.


En esta hora ya más que crepuscular, recordando que la hora del aquelarre pasó, vamos a intentar hacer algo que habitualmente demandamos los políticos y no cumplimos nunca en esta Cámara; aquello de conciliar la vida laboral y familiar ya va a ser imposible, pero les prometo que también voy a ser breve, diciendo que vamos a dar por reproducidos los argumentos y explicaciones que constan en el "Diario de Sesiones", que quien quiera los puede ver en Internet y que avalan la posición del Grupo Popular que ha sido admitida en las enmiendas que reprodujeron nuestros compañeros en el Senado, las enmiendas 1, 3, 4, 5 y 6 que afectan a las letras a), b) y c) del artículo único, así como una disposición adicional única nueva que planteamos y la supresión de la disposición transitoria única.


Tan solo quiero decir que estamos de acuerdo y reconocemos, cómo no, los efectos del diálogo social; estamos de acuerdo, cómo no, en respetar su resultado, pero no en que se pueda, vía negociación colectiva privar a las personas de un derecho tan importante, un derecho tan personalísimo, como su capacidad de trabajar. Sin embargo, hemos establecido en el Senado cautelas que

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aquí se rechazaron en orden a que si el argumento que justifica este hecho es la mejora del mercado de trabajo, es la mejora de la contratación, es la ampliación de los contratos, esto sea verificable, evaluable, controlable y, si en última instancia no se produce, se respete un derecho tan personal y constitucionalmente protegido como es el derecho al trabajo.


Buenas noches.


El señor PRESIDENTE: Muy buenas noches, señor Azpiroz, y muchas gracias.


Grupo Socialista, señor Membrado. Le recuerdo que se juega usted su prestigio como parlamentario. Sea breve. (Risas y Aplausos.)

El señor MEMBRADO GINER: Intentaré ser breve.


Señor presidente, señorías, el proyecto de ley que estamos viendo tiene, desde mi punto de vista, una importancia capital para la negociación colectiva, de ahí que intente trasladarles esto a estas horas de la noche y desde esta tribuna. Es capital porque es un derecho de los trabajadores y de las organizaciones sindicales y empresariales que perdimos el 2 de marzo del año 2001, cuando el Partido Popular, por real decreto, anuló la capacidad de que en la negociación colectiva se hablase del tema de las jubilaciones de los trabajadores y de las trabajadoras de este país. Por tanto, estamos hablando de un real decreto que intenta recuperar lo que perdimos en el año 2001. Es un hecho importante porque durante todos estos años ha habido inseguridad de los trabajadores afectados, inseguridad a la hora de tratarlo desde el punto de vista jurisdiccional y, además, hemos tenido situaciones comprometidas de trabajadores y trabajadoras que habían adquirido el derecho, por la negociación colectiva, a unas condiciones de jubilación determinadas que estaban hipotecadas por los constantes recursos que se hacían desde la patronal.
Esa es la realidad de lo que estamos hoy discutiendo. No estamos discutiendo de otra cosa, estamos discutiendo de la recuperación de un derecho, de un derecho que tiene componentes nuevos, que exige que para hablar de jubilaciones y prejubilaciones en las empresas y en los sectores se tenga que hablar de recuperación de puestos de trabajo, de que esos puestos de trabajo tienen que hacerse en condiciones determinadas de garantía de empleo y de estabilidad. Estamos hablando de un marco jurídico que indudablemente generará nuevas expectativas, mejorará las condiciones que todos tenemos a la hora de negociar prejubilaciones y jubilaciones y será una ley garantista frente a la situación anterior.


Además, nos encontramos con que aquellos cuya interpretación en el año 2001 de cómo tenía que ser la negociación colectiva era restrictiva y planteaban negociaciones individuales, ahora han presentado una serie de enmiendas en Comisión y en el Senado, en las que plantean radicalmente lo contrario de lo que planteaban en el decreto del 2 de marzo de 2001. El Partido Popular a través de sus enmiendas intenta que los acuerdos sean evaluables, con lo cual interfiere la negociación colectiva; que los objetivos planteados de política de empleo en las empresas donde se acuerden temas de jubilación deben ser analizados al final del convenio; que las garantías de validez no sean para aquellos que han hecho convenios que afectan a temas de jubilación entre 2001 y 2004, y que por la negociación colectiva se puedan establecer premios de fidelización que nada tiene que ver con la jubilación.


Desde nuestro punto de vista, son aportaciones que no tienen ningún sentido, sobre todo porque este es un proyecto, como decía anteriormente el parlamentario y portavoz de Izquierda Unida, fruto de la negociación entre las organizaciones sindicales y la patronal que da solución a una situación difícil a lo largo de estos últimos años por las dificultades jurídicas de interpretación que había, de mutuo acuerdo entre las partes.
El Gobierno lo ha hecho suyo, lo ha trasladado a esta Cámara y espera que todos lo apoyen.


Señor Campuzano, señor portavoz de Convergència i Unió, no se puede estar permanentemente introduciendo enmiendas de máximos en cualquier proyecto de ley que cambian radicalmente el sentido de la ley que se están planteando, que afectan a elementos sustanciales del Pacto de Toledo y que cambian sustancialmente la Ley General de la Seguridad Social como si aquí no pasase nada. No se puede hacer eso sistemáticamente; hoy se dice que el Pacto de Toledo es un elemento básico de nuestro sistema de seguridad social y mañana se le dinamita con enmiendas de estas características. Por eso vamos a rechazar las enmiendas del PP y las enmiendas planteadas por Convergència i Unió.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señorías, vamos a votar. Primera votación, enmiendas del Senado al proyecto de ley de permisos y licencias de conducción por puntos, que modifica la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial aprobada por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 310; en contra, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para regular las especialidades de los litigios transfronterizos civiles y mercantiles en la Unión Europea.


Habrá tres votaciones. Primera votación, enmienda a la letra a) del artículo 2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 134; en contra, 186.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Segunda votación, enmienda por la que se añade una disposición adicional al proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 150; en contra, 170.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Tercera votación, resto de las enmiendas en bloque.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 150; en contra, 168; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio.


En primer lugar, votación de las enmiendas a los apartados 8 y 9 del artículo 92 del Código Civil.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 32; en contra, 288.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Segunda votación, enmienda por la que se añade una disposición final segunda bis.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 139; en contra, 180.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, votación del resto de las enmiendas en bloque.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 318; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre las cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.


Tres votaciones. En primer lugar, enmienda por la que se añade un nuevo artículo 2, pasando el artículo único a ser el artículo 1.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 10; en contra, 308; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de la enmienda por la que se añade una nueva disposición final primera, pasando la disposición final única a segunda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, nueve; en contra, 177; abstenciones, 134.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Por último, votación del resto de las enmiendas en bloque.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 142; en contra, 175; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.


Eran las doce y cincuenta y cinco minutos de la madrugada.

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