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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 92, de 19/05/2005
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 92
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 87
celebrada el jueves, 19 de mayo de 2005


ORDEN DEL DÍA:

Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2004:

- Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2004. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 124, de 15 de abril de 2005. (Número de expediente 260/000002.) ...
(Página 4589)

Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 7/2005, de 22 de abril, por el que se modifica la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, en materia de financiación de la formación continua. ("BOE" núm. 99, de 26 de abril de 2005.) (Número de expediente 130/000018.) ...
(Página 4613)

Declaración institucional ... (Página 4613)

Enmiendas del Senado:

- Proposición de Ley para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 23-1, de 23 de abril de 2004. (Número de expediente 122/000009.) ... (Página 4625)

Página 4586


Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley de reformas para el impulso a la productividad. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 27-1, de 31 de marzo de 2005.
(Número de expediente 121/000027.) ... (Página 4631)

- Proyecto de Ley de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 28-1, de 31 de marzo de 2005. (Número de expediente 121/000028.) ... (Página 4631)

- Proposición de Ley del Senado, para regular el permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 166-1, de 1 de abril de 2005. (Número de expediente 124/000004.) ... (Página 4646)

- Proposición de Ley del Senado, relativa a la modificación del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 168-1, de 1 de abril de 2005. (Número de expediente 124/000006.) ...
(Página 4658)

Avocación por el pleno de Proyectos de Ley:

- Proyecto de Ley de reformas para el impulso a la productividad. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 27-1, de 31 de marzo de 2005.
(Número de expediente 121/000027.) ... (Página 4664)

- Proyecto de Ley de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 28-1, de 31 de marzo de 2005. (Número de expediente 121/000028.) ... (Página 4664)

- Proyecto de Ley reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras. (Número de expediente 121/000029.) ... (Página 4664)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2004 ... (Página 4664)

El señor Defensor del Pueblo (Múgica Herzog) comparece ante la Cámara para dar cuenta del informe elaborado en la institución del Defensor del Pueblo que contiene los datos y la información pertinentes acerca de las actividades de gestión y de relación llevadas a cabo por los servicios correspondientes durante el ejercicio del año 2004. Recuerda que ya se hizo entrega del informe a los presidentes de ambas Cámaras, así como del documento que detalla la oportuna liquidación presupuestaria anual, completando así el proceso formal previo necesario para la celebración de las distintas comparecencias de presentación. Así pues, resume, serán la gestión presupuestaria y la gestión de actividades de supervisión, de acuerdo con las funciones atribuidas por la Constitución, las que determinen el objeto principal de su intervención.


A continuación intervienen los señores Labordeta Subías y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Rascón Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 4613)

Real Decreto-ley 7/2005, de 22 de abril, por el que se modifica la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, en materia de financiación de la formación continua ...
(Página 4613)

El señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán) presenta para su

Página 4587


convalidación el Real Decreto-ley 7/2005, de 22 de abril, que es fruto de los acuerdos alcanzados en la Mesa de diálogo social sobre formación continua en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales. Afirma que este decreto-ley es una verdadera necesidad económica y social y pide a todos los grupos parlamentarios el apoyo al diálogo social y, por tanto, que presten su concurso a la convalidación del mismo. A continuación explica el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, la patronal y sindicatos sobre las necesarias modificaciones de incidencia presupuestaria en el marco de la formación continua, con el objetivo de incrementar los créditos para las bonificaciones de las empresas en materia de formación de sus trabajadores, aumentar los fondos a transferir a las comunidades autónomas, poner en marcha con carácter experimental un programa de subvenciones para la dotación y equipamiento de centros de formación profesional y declarar ampliable el crédito destinado a incentivar el empleo indefinido en España.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Torres Mora, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Declaración institucional ... (Página 4613)

La Presidencia somete a la consideración de la Cámara una declaración institucional en la que el Congreso de los Diputados muestra su preocupación por la situación en la que se encuentra el ciudadano español Francisco Larrañaga, condenado a muerte en Filipinas, que es aprobada por aclamación.


Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2005, de 22 de abril, por el que se modifica la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, en materia de financiación de la formación continua. (Votación.) ... (Página 4624)

Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2005, de 22 de abril, por el que se modifica la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, en materia de financiación de la formación continua, se aprueba la convalidación por 292 votos a favor, 21 en contra y cinco abstenciones.


Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado, se rechaza por 28 votos a favor, 290 en contra y una abstención.


Enmiendas del Senado ... (Página 4625)

Proposición de ley para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado . ... (Página 4625)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora Sánchez Rubio, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado a la proposición de ley para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado.


En primer lugar se somete a votación la enmienda al artículo único nuevo punto 3, que es rechazada por 130 votos a favor, 174 en contra y tres abstenciones.


En segundo lugar se someten a votación el resto de las enmiendas del Senado, que son aprobadas por 308 votos a favor y una abstención.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 4631)

Proyecto de ley de reformas para el impulso a la productividad ...
(Página 4631)

Página 4588


Proyecto de ley de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad . ... (Página 4631)

El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) interviene con motivo de las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al proyecto de ley de reformas para el impulso a la productividad, y por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al proyecto de ley de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad. Aborda las características más notables de cada uno y explica las razones que han impulsado al Gobierno a presentarlos en la Cámara. A continuación explica el plan de dinamización, que ha comenzado con un real decreto-ley, tres proyectos de ley y un acuerdo del Consejo de Ministros, y que contiene las medidas con las que el Gobierno pretende actuar de forma eficaz y responsable para mejorar la productividad y competitividad de la economía.


En defensa de las enmiendas a la totalidad intervienen los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Arias Cañete, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y la señora Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Proposición de ley del Senado, para regular el permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida ... (Página 4646)

La señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, defiende la enmienda de totalidad de devolución presentada por su grupo.


La señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la enmienda de totalidad de texto alternativo presentada por su grupo.


En turno en contra interviene la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de réplica interviene la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


En un turno extraordinario de dúplica intervienen la señora Pigém i Palmés.


Interviene la señora García Suárez en réplica al turno en contra de la señora Pigem i Palmés.


Finalmente interviene la señora López i Chamosa en turno de dúplica iniciado por la señora Pigem i Palmés.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y el señor Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposición de ley del Senado, relativa a la modificación del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales ... (Página 4658)

Defiende la enmienda a la totalidad de devolución, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, el señor Mas i Estela.


En turno en contra interviene la señora Roldós Caballero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de réplica interviene el señor Mas i Estela.


En turno de dúplica interviene la señora Roldós Caballero.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; y los señores Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución al proyecto de ley de reformas para el impulso a la productividad, se rechaza por 134 votos a favor, 167 en contra y siete abstenciones.


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Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución al proyecto de ley de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad, se rechaza por 130 votos a favor, 169 en contra y 10 abstenciones.


Avocación por el Pleno de proyectos de ley . ... (Página 4664)

Proyecto de ley de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad . ... (Página 4664)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de reformas para el impulso a la productividad, lo que se aprueba por asentimiento.


Proyecto de ley de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad . ... (Página 4664)

Asimismo se somete al Pleno la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad, lo que se aprueba por asentimiento.


A continuación se continúa con la votación de la enmienda de totalidad de devolución a la proposición de ley del Senado para regular el permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida, que es aprobada por 172 votos a favor y 138 en contra.


Sometida asimismo a votación la enmienda de totalidad de devolución a la proposición de ley del Senado relativa a la modificación del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, se aprueba por 168 votos a favor, 135 en contra y seis abstenciones.


Avocación por el Pleno de proyectos de ley . ... (Página 4664)

Proyecto de ley reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras ... (Página 4664)

De conformidad con el artículo 149.1 del Reglamento se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras, lo que se aprueba por asentimiento.


Se levanta la sesión a las seis y quince minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2004:

- INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2004. (Número de expediente 260/000002.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Punto III del orden del día: Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2004.


En primer lugar, se procederá a la exposición de un resumen del informe por el Defensor del Pueblo, don Enrique Múgica, tras cuya ausencia comenzarán las deliberaciones.


Tiene la palabra don Enrique Múgica.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): Señor presidente, señorías, como cada año, de acuerdo con lo prevenido en nuestra ley orgánica, comparezco en este Pleno para dar cuenta del informe elaborado en la institución del Defensor del Pueblo. El informe contiene los datos y la información pertinentes acerca de las actividades de gestión y de relación llevadas a cabo por los servicios correspondientes durante el ejercicio del año 2004. En su día se hizo entrega formal del documento íntegro del informe a los presidentes de ambas Cámaras y se publicó en el Boletín de las Cortes Generales el día 15 del pasado abril; el día 20 del mismo mes se presentó ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, ocasión en la cual los distintos portavoces de los grupos políticos lo debatieron, recibiendo la información adicional solicitada. Además del susodicho informe sobre la gestión realizada se hizo entrega a las Cámaras del documento que detalla la oportuna liquidación presupuestaria anual, completando así todo el proceso formal previo necesario para la celebración de las distintas comparecencias de la

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presentación. De esta manera serán, pues, la gestión presupuestaria y la gestión de actividades de supervisión, de acuerdo con las funciones atribuidas por la Constitución, las que determinen el objeto principal de mi intervención.


De acuerdo con este mínimo esquema comienzo señalando determinados aspectos relativos a la gestión presupuestaria que me parecen ciertamente significativos. El índice, superior al 99 por ciento de ejecución presupuestaria, señala muy claramente el cumplimiento de los planes previstos y no necesita, me parece, de comentarios adicionales. Asimismo se ha dado continuidad al proceso de consolidación de la solvencia financiera en la institución, manteniendo la cuenta de patrimonio estabilizada en torno al 14 por ciento del presupuesto inicial, a pesar de las necesidades generadas por el equipamiento y acomodación en el nuevo edificio de la calle de Zurbano y de los gastos extraordinarios derivados de la actualización informática y del perfeccionamiento de los sistemas de seguridad. Estos aspectos de orden presupuestario y patrimonial tienen una gran importancia como factores que potencian la autonomía y la independencia institucionales, criterios estos que por otra parte representan el rasgo más sobresaliente que nos caracteriza. No siempre resulta fácil actuar de acuerdo con los principios de autonomía e independencia, pero una adecuada gestión patrimonial y presupuestaria puede contribuir indudablemente a una mejor observancia de los mismos. En ese sentido, la auctoritas que caracteriza la figura constitucional del Defensor debe cimentarse también, entre otros componentes, sobre una adecuada administración de sus recursos materiales. En un plano mucho más práctico, incluso la gestión ordinaria se ve directamente afectada por el buen funcionamiento de los medios técnicos disponibles. Así sucede, por ejemplo, con el nuevo programa de control de la gestión de expedientes y con la normalización del cauce de internet como vía de comunicación con los ciudadanos, reflejada en el incremento del número de quejas recibidas por este medio. Dentro del campo propio de la actividad descrita en el informe debo mencionar, antes de entrar en la parte principal de nuestra labor, la trascendencia de las relaciones institucionales, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones internacionales por una parte y a las relaciones con los distintos comisionados autonómicos por otra. La presencia internacional de la institución se ha reforzado considerablemente durante el ejercicio 2004. Entre las numerosas actividades que se relacionan en el apartado correspondiente del informe, cabe destacar al aumento de la participación en eventos sustancialmente dirigidos al fomento y apoyo de nuestro modelo constitucional de Defensor, con características muy peculiares y con funciones de control y de supervisión de gran alcance. Especial referencia debe hacerse en el ámbito iberoamericano a la particular e intensa colaboración dentro de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, cuyo noveno congreso tuvo lugar en la capital de Ecuador, en el marco del cual se aprobó la llamada Declaración de Quito que se ha reproducido íntegramente en el texto del informe.


Por lo que se refiere a la colaboración con los comisionados autonómicos, conviene destacar asimismo el aumento de las actividades de intercambio, información y cooperación. Las XIX Jornadas de Cooperación de Defensores del Pueblo, de Santiago de Compostela, máxima expresión de esta colaboración, culminaron en el ejercicio 2004 con una serie de conclusiones concernientes a la atención a las personas mayores que configuran un grupo singularmente visible de ciudadanos que ha centrado la preocupación especial del Defensor del Pueblo durante el ejercicio cuyo informe se presenta. Precisamente en esas jornadas de coordinación se elaboraron una serie de conclusiones con objeto de activar el contenido del artículo 50 de la Constitución que se ocupa de la tercera edad, un núcleo de población especialmente vulnerable en cuanto se refiere a la aplicación de los derechos constitucionales. Partiendo de las recomendaciones de Naciones Unidas, las conclusiones de Santiago hacían hincapié entre otras finalidades en el perfeccionamiento de las prestaciones sociosanitarias, la ayuda a domicilio, las medidas preventivas y la sensibilización social dirigidas a superar las necesidades más urgentes de este sector de la población.


La estructura material del informe tiene una configuración semejante a la de los ejercicios anteriores con la finalidad explícita de facilitar la comparación interanual y la orientación de quienes consulten sus contenidos. Los apartados que componen su núcleo central incluyen los datos estadísticos de la gestión realizada, la relación de las administraciones que no han colaborado debidamente con el Defensor y la supervisión de la actividad de las distintas administraciones públicas como consecuencia de las quejas tramitadas, con unos índices detallados en diversos niveles que permiten la localización inmediata de las cuestiones que se desea consultar. En lo relativo al apartado sobre datos estadísticos, el ejercicio 2004 ha destacado por el elevado número de quejas registradas, con un total de 28.990, de las que 14.264 tenían carácter individual, 14.614 eran quejas pertenecientes a colectivos diversos y otras 112 fueron iniciadas de oficio. El incremento de casi un 67 por ciento respecto al número registrado en el ejercicio precedente es indicativo sobre todo del mantenimiento de la confianza de los ciudadanos en la institución como garantía de los derechos que la Constitución les atribuye. Al hablar del número de quejas se prescinde de otras actuaciones que sobrecargan los puestos de trabajo y precisan de un tiempo de atención nada desdeñable. El Defensor del Pueblo considera como unidad básica de gestión la queja que da lugar a un expediente único. No se consideran equiparables otras actuaciones como las consultas telefónicas, las visitas personalizadas o las reuniones colaterales, aunque a veces revistan una duración o una complejidad considerables. En cuanto a la eficacia de la supervisión de las Administraciones públicas, como

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consecuencia de las quejas tramitadas se elaboraron 413 resoluciones durante el ejercicio 2004, en concreto 124 recomendaciones, 183 sugerencias y 106 recordatorios de deberes legales. De todas estas resoluciones, según los últimos datos recibidos en esta misma semana, diferentes de los que aparecen en el informe, que son los del 31 de diciembre, han sido admitidas 175 recomendaciones y sugerencias, se han rechazado 85 y otras 47 aún se encuentran pendientes de comunicación. Así pues, las respuestas recibidas de las administraciones muestran que de las recomendaciones y sugerencias del Defensor se aceptaron en torno al 60 por ciento de los casos, lo que evidencia un grado razonable de eficacia en nuestro trabajo. Debo decir también que hubo administraciones incumplidoras que han retrasado o incumplido su obligación de responder a los requerimientos del Defensor. Las más renuentes a hacerlo fueron la Secretaría de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, que sin embargo parece decidida a modificar su actitud, y en orden alfabético los ayuntamientos de Alcalá de Xivert (Castellón), Calella (Barcelona), Gozón (Asturias), Las Rozas (Madrid), Llanes (Asturias), Marbella (Málaga), Meco (Madrid), Sangonera la Verde (Murcia), Segovia y Tresviso (Cantabria). Además en el informe se incluyen otras administraciones, corporaciones y asociaciones poco diligentes a la hora de responder a nuestros requerimientos, cuya relación oral evito a SS.SS. para no recargar en exceso esta comparecencia.


Siguiendo la estructura mencionada, trataré de exponer en apretado resumen las principales actuaciones de supervisión de las administraciones públicas incluidas en el informe, siguiendo el orden derivado de nuestra organización funcional para la recepción, examen y tramitación de las quejas. En materia de empleo público, las quejas recibidas aluden en buena medida a los mismos problemas expuestos en anteriores ejercicios.
Las distintas administraciones agrupan a un numeroso colectivo de servidores públicos que tienen a su cargo la fundamental tarea de poner en práctica la acción del Ejecutivo, realizando las tareas del Estado y prestando los servicios que los ciudadanos reclaman. Se trata de un colectivo heterogéneo, sometido a una pluralidad de regímenes jurídicos diversos que son aplicados a su vez por numerosas autoridades de los distintos niveles y sectores en los que se organiza la Administración.
Los problemas afectan de manera diferente a unos y otros, y con frecuencia tienen mucho que ver con esa diversidad jurídica y organizativa a que me refiero. La selección del personal al servicio de las distintas administraciones públicas requiere la aplicación de criterios objetivos que garanticen la publicidad y transparencia de los procesos, la igualdad de oportunidades de los candidatos y la cobertura de las vacantes de acuerdo con los principios de mérito y capacidad; sin embargo no son infrecuentes los supuestos en los que queda en entredicho la imparcialidad de algunos procesos que parecen favorecer la selección de determinadas personas. Estos problemas son más perceptibles en el ámbito de la Administración local, particularmente en la selección de personal sometido al régimen laboral. El que existan más de 8.000 municipios que gestionan de manera autónoma la selección de su personal y el hecho de que en el caso del personal laboral se utilice frecuentemente el sistema de concurso y no el de oposición o el de concurso-oposición tiene mucho que ver con las deficiencias apuntadas por los ciudadanos.
Sería conveniente que los aspirantes al empleo público dispusieran, aparte de condiciones materiales idóneas para la realización de las pruebas, de información suficiente sobre los procesos en que participan; que les fueran entregadas copias de sus ejercicios, de las plantillas con las respuestas consideradas correctas por el tribunal y por supuesto que tuvieran oportunidad de conocer con anterioridad los criterios de corrección que vayan a utilizarse. Esas alternativas y el establecimiento de vías ágiles y efectivas para resolver sus reclamaciones serían soluciones a considerar recomendadas por la institución del Defensor del Pueblo. Estas y otras disposiciones podrían ser objeto de una norma reguladora de los derechos de los aspirantes a desempeñar un puesto de trabajo en el empleo público, algo parecido a un código de buenas prácticas o estatuto del opositor.


Las diferencias de régimen jurídico entre los diversos empleados públicos, no siempre bien justificadas, provocan a veces otras diferencias que claramente carecen de cualquier justificación. Ocurre, por ejemplo, que personal de una misma Administración y con similares funciones y características, pero con regímenes jurídicos distintos, percibe retribuciones diferentes o tiene derechos sociales distintos. Así, por mencionar un caso concreto, los funcionarios de la Administración civil que solicitan una excedencia para atender al cuidado de un hijo tienen derecho durante un año a la reserva del puesto de trabajo que desempeñan y, transcurrido este periodo, a un puesto en la misma localidad de igual nivel y retribución; pero si el funcionario, o más habitualmente la funcionaria, pertenece a las Fuerzas Armadas la reserva de destino solo alcanza a los seis primeros meses, y en el caso de la Guardia Civil simplemente perdería el destino por carecer de derecho de reserva. Es evidente que estas diferencias no tienen justificación y por eso nuestros contactos con Defensa y Guardia Civil han tenido un resultado positivo que lograría al menos en este punto la equiparación con los demás colectivos funcionariales.


Hay muchos otros aspectos de la vida profesional de los empleados públicos sobre los que podría llamar su atención en razón de las quejas recibidas y de las actuaciones practicadas, pero por la repercusión adquirida en los medios informativos haré referencia tan solo a un asunto sobre el que quiero expresarles mi preocupación. Se trata del incremento de quejas que últimamente viene produciéndose en relación con lo que ha dado en llamarse acoso laboral o mobbing. El carácter permanente de la mayoría de las relaciones jurídicas que mantienen las administraciones públicas con sus trabajadores, así

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como la transformación de las tareas a realizar y la dificultad de algunos servidores públicos para adaptarse a los cambios, o las diferencias personales, están con frecuencia en el origen de este problema, y esto es inaceptable. La Administración, cualquier administración, debe tener mecanismos suficientes para formar y adaptar a su personal a las nuevas necesidades o cuando menos disponer de puestos convenientes para superar los desajustes que se produzcan en la dinámica del servicio público. Creo que este problema, hasta ahora más frecuente en el sector privado, donde la competitividad personal y laboral es mayor, también se da en un grado incipiente en nuestras administraciones públicas, pero va en aumento, y por eso creo que sería conveniente abordar la elaboración de un protocolo de prevención del acoso laboral para impedir su avance y lograr su erradicación.


El área funcional de Defensa e Interior tiene a su cargo en la institución el tratamiento de los asuntos que en el índice del informe se agrupan bajo los epígrafes de Ciudadanía y seguridad pública, Administración militar y Administración penitenciaria. En el primero de ellos, en el de Ciudadanía y seguridad pública, el informe se hace eco de la repulsa unánime de toda la sociedad española ante el brutal atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, por el cual los ciudadanos nos han manifestado su indignación. Desde la oficina del Defensor del Pueblo iniciamos actuaciones ante la Delegación del Gobierno de Madrid y la presidencia de Renfe para conocer las medidas adoptadas con objeto de garantizar en lo posible la seguridad de los usuarios de los medios de transporte atacados y de los restantes susceptibles de serlo en otro momento. Los datos e informaciones recibidas, a las que por evidentes razones de prudencia no debe darse publicidad, resultan a mi juicio adecuados, lo que por otra parte no es extraño dada la prolongada experiencia en el padecimiento de la lacra terrorista en nuestro país. Por esa larga experiencia y por la sensibilización que de ella se deriva, el ordenamiento jurídico español, sobre todo a partir de la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, es uno de los más completos en lo que se refiere a la atención de quienes padecen las consecuencias de atentados, pero aún existen algunas lagunas que desde la perspectiva del Defensor del Pueblo podrían superarse. Pondré un par de ejemplos concretos. En 1994 en Marrakech (Marruecos) se produjo un atentado islamista del que fueron víctimas al menos dos ciudadanos españoles. Ni por parte de Marruecos, que aún continúa la tramitación de un largo expediente, ni por parte de España, que no tiene legalmente previsto este supuesto, han recibido atención, prestación o ayuda alguna las víctimas y familiares españoles en este atentado. Otro ejemplo. En 1979 se produjo el incendio del hotel Corona de Aragón en Zaragoza. Fue un suceso oscuro cuyo origen terrorista no ha sido plenamente confirmado. Pese a ello, la generosa legislación española en la materia ha posibilitado que las víctimas de este suceso sean beneficiarias de las prestaciones económicas propias de las víctimas del terrorismo; sin embargo, cuando alguna víctima de este suceso, o sus familiares, pretende un resarcimiento moral, puramente honorífico y sin coste alguno para las arcas del Estado, una condecoración a las víctimas pongamos por caso, se encuentra con el más rotundo rechazo. Creo sinceramente que, tras los esfuerzos hechos hasta ahora y en consonancia con la generosidad y solidaridad acreditadas por la sociedad española, deben atenderse de algún modo estas peticiones.


La supervisión de la Administración penitenciaria ha sido de siempre una actividad especialmente cuidada por el Defensor del Pueblo, no solo atendiendo a las quejas que al respecto recibe, sino también girando frecuentes visitas a los establecimientos penitenciarios para conocer de primera mano la realidad de cada uno de ellos. La población penitenciaria en España no cesa de crecer. Según las cifras oficiales del Ministerio del Interior durante el año 2004 se produjo un incremento superior al 6 por ciento de internos, sin que se hayan puesto en funcionamiento nuevos centros penitenciarios. De todo ello se deduce claramente que, lejos de resolverse el grave problema de masificación que padecen muchos de los centros penitenciarios y que sigue siendo utópico, hoy por hoy plantear el objetivo de la Ley General Penitenciaria de que haya solo un preso por celda es pura utopía. Iniciadas de oficio actuaciones sobre este asunto ante la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, esta indicó que había adoptado las siguientes medidas en relación con el grave problema de la masificación: acortar los tiempos de construcción o rehabilitación de centros penitenciarios; incrementar el uso de medios de control a distancia, instando a otras instituciones a trabajar en esta misma línea; ampliar el plan de construcción de centros de inserción social, optimizando el uso de dichos centros con internos en régimen abierto; redefinir el uso de espacios penitenciarios para el cumplimiento de condenas e instar la cesión de inmuebles y terrenos para su rehabilitación y uso para estos fines. Los fallecimientos de internos en prisión han dado lugar a lo largo de 2004 a la tramitación de cuatro quejas y a la iniciación de trece expedientes de oficio. En los fallecimientos en prisión subyace una casuística muy variada, siendo de destacar los fallecimientos como consecuencia del deterioro de la salud asociado al problema de la droga, por lo que es preciso continuar potenciando los programas de desintoxicación para los que en la actualidad existen peticiones en espera. También es importante la prevención del suicidio en prisión. Existe un protocolo de prevención de suicidio, y recurrir a él debe ser obligado cuando se aprecie cualquier indicio. No debiera ocurrir lo que sucedió en un supuesto investigado el pasado año, en el que un interno falleció en un centro penitenciario de Alicante sin que se le hubiera aplicado dicho protocolo, a pesar de que el interno había protagonizado previamente tres tentativas de suicidio: una en la prisión de Soto del Real, otra en el hospital Gregorio Marañón y otra en la prisión de Aranjuez. Estos y otros

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muchos problemas tienen relación con la mencionada masificación que padecen muchos centros penitenciarios y con las deficiencias estructurales de bastantes de ellos. Se han visitado 15 centros penitenciarios en el año 2004 y de cada visita se ha levantado acta formulando las apreciaciones convenientes, origen de algunas de las actuaciones de oficio de la institución. A su vez estas visitas permiten tener un contacto directo, tanto con los equipos gestores y los funcionarios de las prisiones como con los internos, para conocer así directamente los aspectos, problemas y carencias que de otro modo sería imposible detectar. Como resultado de esta labor se recomendó el impulso y desarrollo del plan de renovación de infraestructuras que incluye la creación de nuevos centros penitenciarios en Albocásser (Castellón), Madrid, Puerto de Santa María (Cádiz) y Canarias.


En relación con la Administración militar deseo aludir muy brevemente a lo relacionado con los problemas de los militares profesionales, cuya vinculación con las Fuerzas Armadas hubo de finalizar definitivamente el 31 de diciembre de 2003. Son varias las líneas de actuación en las que se ha venido trabajando, de entre las varias que esta institución ha tratado de impulsar. Se ha iniciado un programa extraordinario de reincorporación laboral sobre el que según los datos disponibles un 83 por ciento del colectivo afectado había manifestado activamente su interés por las medidas tomadas, y de esos interesados un 49 por ciento había sido recolocado. Por otra parte, se han convocado diversos procesos selectivos de carácter extraordinario para la contratación de personal laboral, en los que se valora muy especialmente los servicios previos prestados a las Fuerzas Armadas y en los que se reserva un mínimo del 80 por ciento de puestos al personal militar profesional temporal. Por último, sigue vigente el convenio suscrito por el Ministerio de Defensa con el Instituto de Crédito oficial que permite la concesión de créditos preferenciales para emprendedores con un tope máximo de 60.000 euros por solicitante, en los que el ministerio asume el riesgo del 40 por ciento de los créditos fallidos.


Cambiando de asunto, en lo que se refiere a la Administración de Justicia debo insistir en los problemas planteados por las dilaciones, retrasos y acumulación de asuntos en buen número de órganos jurisdiccionales que padecen muchos ciudadanos cuyos asuntos se estancan largo tiempo sin resolver, porque sigue siendo cierto, aunque se haya convertido en tópico al repetirlo, que una justicia lenta no es auténtica justicia. En muchas ocasiones esa lentitud agrava la ya indeseable situación de quienes tienen que acudir a los tribunales, pero es que además en estos casos se va minando la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial, que es uno de los pilares de la convivencia. Las salas Primera y Tercera del Tribunal Supremo sufren los retrasos más prolongados, y la Sala Segunda, que también los padece, actúa en muchos supuestos como segunda instancia penal a través de la casación. Hay razones que se explican, aunque no se justifiquen, en la propia exposición de motivos de la Ley de demarcación y planta judicial del año 1988, que decía: Los fenómenos de judicialización del Estado (dice el texto), la mayor conciencia ciudadana de los derechos y de sus garantías de contenido real, la desaparición de vínculos sociales y políticos restrictivos de la libertad individual y del derecho de defensa de las personas, el control democrático de los defectos de funcionamiento de todas las instituciones públicas, la mayor conflictividad social y la culminación del Estado de derecho mediante el reconocimiento del valor normativo de la Constitución son las causas del incremento de la litigiosidad y que siguen a día de hoy plenamente vigentes. Eso lo decíamos en 1988. No solo el Tribunal Supremo padece estos problemas, también los Tribunales de Justicia de las comunidades autónomas sufren acumulaciones de asuntos y retrasos, particularmente las salas de lo contencioso-administrativo. En general, la litigiosidad de los ciudadanos con la Administración ha aumentado incesantemente en los últimos años y ese fenómeno no siempre se ha tenido en cuenta a la hora de legislar y planificar el futuro de la justicia. A todo lo anterior se suma la secular precariedad de personal y medios materiales que padece la Administración de Justicia. Los esfuerzos hechos hasta ahora, innegables, no han permitido superar una situación de penuria crónica. Los presupuestos son limitados y los frentes que atender son muchos, eso es verdad, pero permítanme decir por haber sido cocinero antes que fraile, con todos los perdones por la expresión, que los lamentos de un ministro o de un consejero de Justicia a la hora de pedir más recursos para lo suyo, entre comillas, merecen ser atendidos, y lo merecen porque un sistema democrático avanzado y eficaz como el nuestro necesita de un mecanismo judicial que responda a esas características.


El área de justicia de la institución trata también otras materias, de entre las cuales hay dos que no quiero dejar de mencionar: una, lo referente al Registro Civil, veterana y fundamental institución, que urge actualizar. En pocos años España ha sufrido múltiples y bruscos cambios sociales, entre los que destaca haber pasado de ser país de emigración a ser un país receptor de millones de inmigrantes. Nacimientos, matrimonios y problemas de nacionalidad entre otros generan tareas que el Registro Civil tiene que afrontar con diligencia y eficacia, lo cual no siempre es posible con la organización, los procedimientos y los medios de trabajo actuales. El otro asunto al que me refería, doloroso como pocos, es el relativo a la violencia doméstica. El Defensor del Pueblo no ha cesado de alertar sobre la gravedad de este problema, dedicando a su estudio y prevención muchos esfuerzos entre los que sobresalen la realización de trabajos monográficos y la formulación de múltiples recomendaciones y sugerencias a las diversas autoridades competentes. Es frustrante comprobar cómo, a pesar de todo, año tras año siguen produciéndose tragedias que no se han podido evitar. Aunque no todas las causas de la violencia familiar dependan de la acción de las administraciones públicas, es preciso que estas traten de poner algunos

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remedios con urgencia. En el texto del informe se resaltan varios casos en los que la intervención reiterada de autoridades judiciales, policiales, sanitarias, locales y sociales no ha logrado impedir terribles sucesos que, vistos a posteriori, era probable que se produjeran. Aunque la actuación individual de cada una de esas autoridades pudiera haberse considerado adecuada en el ámbito propio de sus competencias, el conjunto de todas ellas no alcanzó a lograr el objetivo mínimo deseable de evitar la tragedia. Cada vez que se produce un hecho de este tipo, en la institución se abre una investigación de oficio, sin interferir, por supuesto, las actuaciones judiciales, para tratar de saber lo que ocurrió y lo que debería cambiar. Me limitaré aquí a desear que las propuestas formuladas tengan el éxito que con ellas se pretendía. Gran importancia se atribuye desde la institución al reciente esfuerzo legislativo para resolver estos problemas y evitar la violencia. En ese sentido revisten particular interés las repetidas recomendaciones del Defensor del Pueblo para que se extiendan a todo el territorio español los juzgados de familia, creando un orden jurisdiccional propio. Si estos juzgados, además, entendieran de asuntos civiles y penales, lo que actualmente no ocurre, ello permitiría, con la resolución rápida de los casos pendientes, una prevención muy eficaz de conflictos familiares. Los retrasos en la resolución de asuntos que entrañan crisis de convivencia no hacen más que empeorar la situación familiar, dando lugar a un caldo de cultivo apropiado en el que se originan casos lamentables de violencia.


Pasando ahora al área de economía, debo advertir que la amplitud de la materia me obliga a ofrecer solo una pequeña muestra de las actividades desarrolladas en este ámbito durante el año 2004. Por lo que afecta a los tributos, el criterio básico de actuación estuvo presidido por la cooperación con las autoridades competentes en la resolución de las deficiencias apreciadas en la regulación, aplicación y gestión de los impuestos, tasas y contribuciones especiales tanto estatales como autonómicas y locales. Puesto que resulta imposible responder en la legislación a la infinita casuística del sector, se formularon sugerencias, recomendaciones o interpretaciones tendentes a flexibilizar la normativa para asimilar supuestos no previstos o para excluir otros susceptibles de producir resultados injustos. Así, por ejemplo, en el ejercicio 2004 se propuso, aunque sin el éxito esperado, que los gastos afrontados por los padres en los procesos de adopción internacional fueran en alguna medida deducibles en el impuesto sobre la renta de las personas físicas; que se contemplara a las parejas de hecho como unidad familiar, permitiéndoles la opción de tributar conjuntamente; que la ayuda para apoyo domiciliario que perciben de Muface los enfermos de Alzheimer no se considerase como renta y, por esta razón, que no tributara como tal; y, en fin, que se incrementasen anualmente, de modo automático y equivalente a la inflación, los mínimos exentos de carácter personal y familiar para que la renta gravada coincidiera efectivamente con la renta disponible. En materia de tributos locales, la figura impositiva que suscitó más quejas es el impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, y no solo por el fuerte incremento que ese tributo ha sufrido en muchos municipios. En este asunto, desde otra perspectiva, quiero destacar la necesidad de que se desarrolle reglamentariamente la previsión del artículo 73 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que habilita a los ayuntamientos para imponer un recargo de hasta el 50 por ciento de la cuota líquida del IBI a los inmuebles de carácter residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente.
Comprendo que no es sencillo precisar el concepto de vivienda desocupada a estos efectos, pero tener un parque inmobiliario de casi tres millones de viviendas vacías en la situación de mercado en la que hoy se encuentra ese sector es completamente inadmisible. De los demás ámbitos económicos en los que se han producido quejas -los seguros, las entidades financieras, el consumo o los transportes-, aludiré casi telegráficamente a dos asuntos tan solo. El primero de ellos no precisa muchas explicaciones: no nos parece razonable la fórmula de redondeo al alza que utilizan los operadores de telefonía, y así se ha puesto de relieve ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. La otra cuestión es la relativa al vertiginoso incremento de las quejas en relación con los servicios avanzados de telecomunicaciones, y muy especialmente las relacionadas con la prestación y facturación del servicio de internet, sobre todo en las operaciones de acceso y desconexión.


El área de ordenación territorial agrupa esencialmente las actuaciones de la institución en materia de medio ambiente, urbanismo y vivienda. En cuanto al medio ambiente, debe destacarse la deficiente coordinación entre órganos y administraciones, la ausencia de medidas materiales que procuren la efectiva restitución del ambiente dañado y, por último, las carencias en la instrumentación de las denuncias formuladas por los agentes de la Administración, lo que provoca en numerosas ocasiones la inutilidad de la acción correctora. El acceso de los ciudadanos a la información ambiental es, por decirlo con expresión acomodaticia, manifiestamente mejorable. En ocasiones no se proporciona la información que los ciudadanos debieran conocer, como sucede, por ejemplo, con la contaminación atmosférica, que supera los umbrales de aviso y alerta debido a la concentración de ozono troposférico. En otras se les deniega el acceso mediante interpretaciones extensivas o erróneas de causas legales derivadas de la propiedad intelectual o la protección de datos personales. Creo, señorías, que en este campo y en muchos otros hay que fomentar, y en ello estamos empeñados, la todavía muy precaria cultura de la transparencia en la actuación de nuestras administraciones públicas.
Debe mencionarse también en este apartado la necesidad de que se decida cuanto antes la trasposición de la directiva europea sobre la evaluación del impacto ambiental, cuyo plazo de incorporación al ordenamiento jurídico interno finalizó en julio del año

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pasado. Ese retraso, aparte del incumplimiento que supone en relación con nuestras obligaciones comunitarias, nos priva de un valiosísimo instrumento de protección preventiva como es la denominada evaluación ambiental estratégica.


Cualquiera que viaje por nuestras costas percibe de inmediato los muchos y graves problemas que en ellas se plantean. Y en esos problemas tiene mucho que ver la descoordinación administrativa a la que antes me refería, motivada en muchos casos por una equivocada, a menudo interesadamente equivocada, interpretación de las atribuciones competenciales de cada Administración en la materia. Cabe decir que nada de lo que acaece en la costa es ajeno a los tres niveles administrativos principales -el estatal, el autonómico y el local-, porque la costa es un espacio en el que los tres tienen competencias, pero este mismo hecho posibilita que, según para qué y bajo qué circunstancias, cada uno de esos niveles exija o desestime la propia competencia. Fruto de todo ello es que la costa se encuentra agobiada por la proliferación de construcciones ilegales, muchas de ellas sancionadas con carácter firme y con orden de restitución, pero ahí siguen todas ellas sin que los títulos de demolición se ejecuten y sin que ni siquiera se inscriban en la mayoría de los casos en el Registro de la Propiedad. También hay dificultades con los accesos al mar, con la limpieza de las playas, con los ruidos y molestias de las instalaciones de temporada, los llamados chiringuitos, y con los vertidos y la depuración de aguas residuales.
Según a quién se pregunte, el asunto de que se trate es competencia local, estatal o de la comunidad autónoma, pero los problemas siguen sin resolverse.


En el ámbito del urbanismo hay que decir que la gestión urbanística sigue caracterizándose por ser demasiado lenta, debido fundamentalmente a la falta de implicación de la Administración local. También sigue siendo claramente insuficiente la información pública de los procesos o programas urbanísticos, y ciertos modelos urbanísticos, particularmente algunas figuras como la del agente urbanizador previsto en la legislación valenciana, siguen generando un considerable número de quejas. Sobre estos y otros problemas que afectan al urbanismo tienen SS.SS.
explicaciones detalladas en el informe.


La vivienda es, según el barómetro del CIS de octubre de 2004, la principal preocupación de los españoles tras el paro y el terrorismo.
Desde este punto de vista, satisface comprobar las modificaciones introducidas en el Plan de Vivienda 2002-2005, algunas de las cuales venían siendo reclamadas por esta institución desde hace bastante tiempo.
Por lo demás, siguen siendo numerosas las quejas de los compradores de vivienda libre que tropiezan con graves dificultades para que se les reparen los defectos de construcción de las viviendas entregadas, motivo por el cual es preciso hacer exigible legalmente la contratación de seguros que cubran estas eventualidades y, más en general, los incumplimientos de los requisitos de edificación exigidos por la ley.


Del amplio abanico de problemas que afectan a la sanidad y a la política social es preciso mencionar algunas carencias que vienen de lejos. Decir que el sistema público sanitario español es universal se compadece mal con el hecho de que todavía queden unos cuantos ciudadanos desprotegidos.
Puede parecer que una cobertura superior al 99 por ciento es satisfactoria, pero seguro que con tal afirmación no están de acuerdo los aproximadamente 390.000 ciudadanos que, por distintos motivos, carecen de esa cobertura. Así que, para empezar, debería universalizarse de verdad la sanidad pública. Otra carencia sanitaria importante es la que se refiere a la salud mental. Resultan generalmente inexistentes las estructuras de rehabilitación con programas de actuación claramente definidos. Es urgente impulsar la coordinación efectiva de las diferentes redes y servicios de atención para aprovechar mejor unos recursos ya de por sí escasos, y con carácter inmediato debe procederse a establecer planes de ayuda a las familias de los enfermos mentales, sobre las que hasta ahora recae gran parte de la carga asistencial. Es preciso insistir otra vez en las dificultades que afectan a los enfermos crónicos o en fase muy avanzada de su enfermedad que no pueden ser atendidos, con las condiciones que su estado requiere, en el propio domicilio y sin posibilidad de ingreso en un centro residencial. Según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, más del 94 por ciento de la población considera que los servicios sociales deberían cubrir las necesidades de atención a las personas mayores, y casi el 80 por ciento opina que la ayuda a las personas que no pueden valerse por sí mismas debe ser una medida prioritaria del Gobierno a favor de las familias. Se espera mucho en este sentido de la previsión gubernamental sobre la elaboración de una ley que regule la ayuda a las personas dependientes.
De modo paralelo, habrá que prestar atención constante a la grave insuficiencia de plazas en residencias públicas para la tercera edad. Una población tan envejecida como la española requiere un incremento de los recursos públicos destinados a la cobertura de sus necesidades, muy singularmente las de carácter residencial, tan descuidadas hasta el presente y soportadas también, casi en exclusiva, por las familias.
Precisamente las familias, sobre las que viene recayendo ese conjunto de labores asistenciales que nuestro sistema público no contempla, son el núcleo central de otra serie de quejas acerca del número de miembros que dan derecho a la consideración de familia numerosa. En el año 2003 se aprobó una nueva ley de protección a las familias numerosas en sustitución de la vieja ley de 1971. Esta institución acogió con agrado la innovación normativa que venía siendo reclamada desde hace tiempo. Sin embargo, debemos lamentar que prácticamente dos años después de su aprobación la mencionada ley aún carece del desarrollo reglamentario preciso para que se hagan efectivas muchas de las prestaciones previstas en ella.


El informe incluye muchas carencias en el campo de la salud, pero me limitaré a citar otros dos viejos asuntos

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sobre los que se han producido avances y mejoras parciales pero que siguen sin resolverse en términos generales. Por un lado, hay que mejorar la información clínica que se proporciona a pacientes y familiares y facilitar el acceso a la historia clínica a los propios pacientes, así como a los herederos, ascendientes o descendientes de personas fallecidas, tratando de evitar no obstante la pérdida o extravío de estas historias, dada la negativa incidencia que ello tiene en el tratamiento y en el seguimiento clínico. Por otro lado, tengo que seguir mencionando el tradicional problema de los tiempos máximos de acceso a las prestaciones sanitarias, es decir, las famosas listas de espera, que en el ejercicio 2004 seguían superando en ocasiones el año en determinadas intervenciones quirúrgicas y, con diferencias notables entre unos centros y otros, siguen siendo abultadas en consultas externas y en técnicas y pruebas diagnósticas.


Como línea orientativa en materia de política social, puede destacarse en el ejercicio 2004 la especial atención prestada a las necesidades de las personas mayores. Más allá de las prestaciones concretas antes mencionadas, desde la institución del Defensor del Pueblo se ha procurado, una vez más, otorgar la mayor eficacia posible al sentido último del artículo 50 de nuestra Constitución; un sentido que consiste ni más ni menos que en promover el bienestar de los ciudadanos en la llamada tercera edad. Se trata de un núcleo cada vez más amplio de nuestra sociedad que debe ser personalmente atendido no simplemente desde una perspectiva especializada, sino teniendo en cuenta además que se trata de un conjunto de personas que se ven afectadas por todos los problemas de los que se ocupa el Defensor, desde las cuestiones tributarias o de renta a las que tienen que ver con las comunicaciones, la cultura, la sanidad, la justicia y el urbanismo. Esta perspectiva amplísima queda reflejada, por ejemplo, en la preocupación por los problemas de abandono y soledad, de la que constituye buena muestra el llamamiento a las autoridades competentes para paliar esas situaciones en los casos de personas mayores que viven solas en las grandes aglomeraciones urbanas; por las dificultades que se presentan en las épocas vacaciones a las familias en las que convive un anciano con problemas de movilidad, o por la importancia que revisten los distintos supuestos que pueden contemplarse a la hora de regular los casos de dependencia.


En materia de inmigración y extranjería, como SS.SS. bien saben, hay mucho trabajo por hacer. La institución viene prestando una atención cuidadosa a estos asuntos y con una plantilla de personal limitada trata de ejercer una presencia constante en este ámbito y de cooperar con su trabajo y experiencia en la solución de los problemas que afectan a las personas inmigrantes. El año 2004 ha sido un periodo de transición claramente marcado en su inicio por la modificación de la Ley de Extranjería, producida a finales de noviembre de 2003, y en su final por la publicación del nuevo reglamento de la ley, aparecido en diciembre de 2004. Quiero destacar la valoración positiva que merece el hecho de que la aprobación del reglamento haya sido fruto de una previa negociación y de un amplio consenso, porque creo que ciertas políticas de gran trascendencia social deben gozar de la aceptación y la estabilidad que solo pueden proporcionar el acuerdo y la puesta en común de sugerencias y recomendaciones. También el Defensor del Pueblo fue consultado en el proceso de elaboración de esa norma reglamentaria. Se apuntaron algunas propuestas nacidas, como digo, de la experiencia, para que fueran tomadas en consideración. Unas cuantas fueron aceptadas y ya están dando sus frutos; otras han quedado a la espera de una ulterior reforma de la legislación en la materia, impuesta por nuestras obligaciones comunitarias, y otras, en fin, fueron rechazadas. Debo decir, sin embargo, que aunque algunas de las propuestas no hayan sido aceptadas, la receptividad de las autoridades competentes en materia de inmigración hacia las propuestas del Defensor del Pueblo es de lo más esperanzador.
Así lo demuestra, por ejemplo, el reciente cambio de criterio de esas autoridades al asumir la propuesta de que pueda acreditarse la residencia previa en nuestro país en el proceso de normalización que acaba de cerrarse utilizando medios de prueba distintos al empadronamiento. En esa línea de colaboración debo decir también que se ha atendido el criterio de esta institución y se ha dejado sin efecto la Instrucción de 2003 de la Fiscalía General del Estado sobre retorno de menores extranjeros, que automatizaba la exclusión de estos, contra la que había expresado su absoluta reserva el Defensor del Pueblo. De igual manera, nos parece satisfactorio que se autorice a trabajar a los demandantes de asilo cuando han transcurrido más de seis meses de la admisión a trámite de su solicitud y esta no ha sido resuelta, así como que se ponga inmediatamente en libertad a los extranjeros ingresados en centros de internamiento cuando desaparece la causa que motivó el ingreso, sin necesidad de esperar a la confirmación de la autoridad judicial. Otro motivo de satisfacción es que el nuevo reglamento consolide el concepto de arraigo laboral como vía de acceso a la autorización de trabajo y residencia desde situaciones de irregularidad. Existen, asimismo, buenas expectativas de que en la futura reforma de la ley, imprescindible para trasponer al ordenamiento interno la directiva comunitaria en la materia, se introduzcan las modificaciones precisas para equiparar la pareja de hecho al cónyuge a efectos de reagrupación familiar.


Interesa poner de manifiesto que siguen planteados diversos problemas a los que inevitablemente hay que hacer frente. Así, hay que buscar alguna solución a los extranjeros en situación irregular sobre los que ha recaído una orden de expulsión que no puede ejecutarse, ya sea porque se ignora la nacionalidad del interesado o porque su país de origen se niega a su readmisión. Ciertamente, en este último supuesto, la vía idónea, sobre la que ya se está trabajando, es la de firmar acuerdos con los distintos países para que readmitan en todos los casos a sus nacionales expulsados de España. Pero mientras esto ocurre no podemos cerrar los ojos a una situación

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evidente para los habitantes de muchas ciudades y poblaciones españolas.
También es necesario poner remedio a los retrasos que sufre la tramitación de visados de reagrupación familiar, bien sea por demora en la emisión de los informes gubernativos o por descoordinación entre los organismos implicados en su tramitación. En este sentido, la institución ha iniciado a lo largo del año 2004 un atento seguimiento de las oficinas de extranjeros con mayor número de expedientes, en concreto las de Madrid, Alicante, Almería, Barcelona, Cantabria, Huelva, Málaga, Valencia y Vizcaya. Con carácter general, puede afirmarse que en el año 2004 se realizó un trabajo considerable para regularizar ese funcionamiento, aunque la situación de retraso no pueda considerarse todavía superada, por lo que debe incrementarse el esfuerzo mediante la adecuación de las plantillas a las nuevas necesidades, la incorporación y generalización de los medios telemáticos y la mejora de los sistemas de gestión e información a los particulares.


Por último, y aun dejando sin citar muchos asuntos relativos a la inmigración, la extranjería y los problemas del servicio exterior español en su tarea de atención a nacionales y extranjeros, no quiero finalizar este apartado sin hacer mención al dolorosísimo asunto de los inmigrantes que arriesgan y frecuentemente pierden la vida tratando de llegar a nuestras costas en frágiles embarcaciones. Soy consciente de las muchas dificultades y la variedad de asuntos a los que nuestra Administración debe enfrentarse y sé también que por el carácter ilegal de estas expediciones se trata de evitar su localización a la llegada, aumentando así el riesgo. Pero es preciso acabar con esta sangría humana. Nuestras costas y nuestro suelo no pueden convertirse en el cementerio de los cuerpos y de las esperanzas de tantas personas. Llamo pues desde aquí a todas las autoridades y agentes públicos a que no regateen esfuerzos suplementarios y a que mediante la utilización de todos los recursos posibles traten de impedir esta continua tragedia, especialmente mediante la represión de la compleja trama criminal que suponen las mafias que se aprovechan del tráfico irregular de personas.


Finalizo ya el repaso a las áreas funcionales en las que se organiza la institución con la dedicada a las materias relacionadas con la educación y la cultura. La línea conductora de los asuntos tratados en el informe de este año está relacionada con los problemas derivados de una deficiente planificación y una incorrecta previsión de las necesidades que van apareciendo en el sistema educativo como consecuencia de diversos factores. La progresiva incorporación de la mujer al trabajo, la presencia creciente de población inmigrante en nuestro país, las operaciones urbanísticas que crean nuevos núcleos de población o provocan traslados de esta de un lugar a otro son circunstancias, entre otras, que exigen la previsión de medios y recursos educativos necesarios para atender las repercusiones que sin duda se hacen ya notar en las aulas.
Cuando la previsión y la planificación no son las idóneas comienzan a surgir problemas en la prestación del servicio educativo manifestados en la carencia de plazas escolares en determinadas zonas, en la escolarización de alumnos en centros que no cumplen los requisitos mínimos o padecen deficiencias constructivas notorias o incluso en aularios prefabricados instalados con vocación transitoria y que acaban siendo una solución permanente. También los problemas de previsión y planificación dan lugar a una irregular distribución del alumnado con necesidades educativas especiales y particularmente, como viene denunciando desde hace tiempo esta institución, del alumnado procedente de familias de origen inmigrante que se escolariza mayoritariamente en determinados centros, generalmente de titularidad pública, provocando así desequilibrios en la composición de la población escolar y disfunciones educativas.


Un asunto que preocupa desde hace años al Defensor del Pueblo es el relacionado con la violencia escolar. Por eso mismo, se elaboró hace años un estudio monográfico sobre esta materia que trataba del maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria. Por aquel entonces sucedió lo que también está ocurriendo en estos momentos. Las noticias aparecidas en los medios aconsejaron la elaboración del citado estudio, que en líneas generales concluía que la situación en nuestros centros no podía calificarse de alarmante comparándola con los países de nuestro entorno. La manifestación de nuevos casos de violencia de diverso tipo en los centros escolares -y cito por todos el sucedido en un centro de Fuenterrabía, que desembocó en el suicidio de un adolescente- nos hace reparar de nuevo en este problema. Quizá sea ya el momento adecuado para actualizar aquel trabajo y analizar otra vez la situación escolar desde esta perspectiva de la violencia. Entretanto, siguen estando vigentes las recomendaciones derivadas de nuestro estudio, entre las que destacan las dirigidas a las administraciones competentes para estimular su activa participación en la detección, planificación de medios, formación del profesorado e intervención inmediata y eficaz cuando se tengan las primeras noticias de episodios similares.


Por lo que hace al ámbito universitario, sigue habiendo problemas con el acceso a los estudios preferidos por cada alumno, con el reconocimiento y la puesta a disposición de los interesados de las becas y ayudas al estudio y, como también viene siendo habitual, con la homologación de títulos obtenidos en el extranjero acreditativos de estudios universitarios. Todos estos problemas se detallan en este y en anteriores informes y no creo que sea necesario insistir más en ellos.


Teniendo presente que con un sistema educativo deficiente perdemos todos y que con una educación adecuada todos ganamos, voy a finalizar esta presentación atendiendo otra vez al asunto con el que cerré la comparecencia para presentar el informe del ejercicio precedente. En esa ocasión, como recordarán SS.SS., expresé mi grave preocupación por los perjuicios que determinados programas y contenidos televisivos podían provocar

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en la sociedad, especialmente en nuestros niños y jóvenes. Me refiero a la llamada televisión basura. Me satisface pensar que aquella llamada de atención generó una espontánea identificación por parte de distintos sectores sociales y la adopción de una serie de iniciativas mediante las que se está intentando afrontar el problema. Desde el Gobierno se promovió una ronda de contactos con representantes de las cadenas nacionales de televisión, que llevaron a la firma de un acuerdo para el fomento de la autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia. El acuerdo establece un sistema de control y seguimiento en relación con la programación de horarios en los que es presumible una mayor presencia de público infantil, con la finalidad de respetar los límites establecidos por la normativa vigente. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)

Comprendo que la programación y la publicidad en televisión no son aspectos que puedan alterarse de un día para otro y también es cierto que existen compromisos de importante repercusión económica, como sucede con los contratos de publicidad o la producción de programas, que no pueden dejarse de lado. Entiendo, por tanto, que el plazo transcurrido desde que se alcanzó este acuerdo impide efectuar una valoración global. En mi apreciación personal, las cadenas de titularidad pública están mostrando un mayor celo en el cumplimiento del acuerdo que las empresas privadas, pero quiero pensar que ello se debe a alguna de las razones económicas y contractuales antes mencionadas. En cualquier caso, las autoridades públicas competentes, desde la propia Comisión mixta de seguimiento creada por el acuerdo citado, y en tanto no se proceda a la constitución del consejo de lo audiovisual, recomendado por un grupo de expertos que recientemente han informado sobre el asunto, deben asumir plenamente su responsabilidad y exigir, como mínimo, el cumplimiento riguroso de los límites a las libertades de expresión y de comunicación que impone la obligada protección de la juventud y la infancia.


Mientras tanto, pueden tener la seguridad, señorías, de que este y todos los demás asuntos objeto del informe presentado, así como los que puedan ser objeto del análisis y de la actuación de esta institución del Defensor del Pueblo, serán tratados con el rigor y la dedicación que han merecido unos niveles de confianza de los ciudadanos como los que nos avalan. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Defensor del Pueblo, por su informe.


Tras la exposición, comenzarán, como saben, las deliberaciones de los grupos parlamentarios, que tienen una duración de un máximo de 15 minutos. Comenzaremos, señorías, por la exposición del Grupo Mixto. En primer lugar, la del señor Labordeta. Esperamos un segundo a que el señor Defensor del Pueblo suba a la tribuna y después continuaremos. (Pausa.)

Señor Labordeta, adelante. Vamos a empezar.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor Defensor del Pueblo, gracias, en primer lugar, por su comparecencia en esta sesión plenaria. Querríamos destacar el dato del número de quejas del año 2004, que ha aumentado un 67 por ciento, cifra que rompe la tendencia más o menos estable de años anteriores, aunque en 2003, recordamos, fue compensada por las quejas sobre la guerra: 36.000 ciudadanos protestaron ante esta institución contra la guerra de Irak.


La mejora de los medios materiales y humanos que ha tenido la institución del Defensor del Pueblo, no cabe duda, supone reforzar las posibilidades de atención al público y mejorar en la capacidad de dar cumplimiento al mandato que tiene encomendado; una muestra de esta puesta al día es el aumento de quejas recibidas directamente por internet. Si las quejas ciudadanas suelen un termómetro social para conocer por dónde discurren las inquietudes de la ciudadanía, es evidente que, a la luz de los datos recibidos, son la educación, la economía y los temas relacionados con el funcionamiento de la justicia los que ocupan buena parte de las demandas.
Estos datos son una llamada de atención a los poderes públicos para centrar sus mejoras en estos ámbitos básicos del maltrecho Estado del bienestar, nunca alcanzado y que soportó ocho años de desmantelamiento lento pero inexorable. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Hay dos aspectos que habitualmente destacamos todos los años en este tipo de comparecencias, al menos desde Chunta Aragonesista. En primer lugar, la falta de respuesta de las administraciones públicas a las recomendaciones y sugerencias emitidas por el Defensor del Pueblo, 56 pendientes de respuesta concretamente, según se nos indica en el informe de 2004. En segundo lugar, las cuestiones que aun teniendo respuesta son desfavorables. En este caso hasta 82 iniciativas del Defensor del Pueblo no se han puesto en marcha por distintos motivos, pero no será por falta de rigor o por la incoherencia de las recomendaciones propuestas. Nos gustaría, como defensores de lo público, que la Administración fuera todavía más consciente de la necesidad de mejorar los servicios que presta al ciudadano. Por eso, no podemos conformarnos con lo conseguido y hay que instar a todos los responsables locales, autonómicos y estatales a reducir a la mínima expresión ese 33 por ciento de sugerencias y recomendaciones no admitidas en el año 2004.


Lamentamos que nuevamente la Secretaría de Estado del Ministerio de Fomento figure en los primeros puestos de esta peculiar lista de administraciones que han incumplido o se han retrasado notoriamente en responder a los requisitos del Defensor del Pueblo. El informe de 2004

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reconoce la mejora en esta nueva etapa de esta secretaría, pero sigue estando desgraciadamente en la lista del debe. Igualmente y a nuestro juicio, también tendría que disminuir el número de incluidos en otra clasificación, la de los ministerios que sí contestan, pero ya al tercer requerimiento del Defensor del Pueblo. Por orden alfabético son: Ministerio de Administraciones Públicas, Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio de Justicia y Ministerio de Medio Ambiente. Señores ministros, señoras ministras, tendríamos que ser más diligentes en este tipo de cuestiones y responder a estos requerimientos en un menor plazo de tiempo y sin que nos sacasen los colores por haber recibido varios avisos.


Entrando en materia concreta, existen diversas cuestiones puntuales que también nos gustaría valorar positivamente, como el trabajo que realiza esta institución en temas siempre complejos y olvidados, por ejemplo, la situación en la que se encuentran los centros penitenciarios. Otro año, otros 15 centros penitenciarios han recibido la visita y el informe correspondiente del Defensor del Pueblo. Tenemos en la institución que usted ahora representa y en estos informes anuales un punto de referencia en cuanto al respeto de los derechos y valores humanos. Valoramos este esfuerzo en este difícil tema y los colectivos que trabajan en solidaridad con los presos así se lo reconocen.


No quisiera pasar por alto, en cuanto a temas de Defensa, Interior y Justicia, el epígrafe dedicado expresamente en el informe de 2004 al informe del Yakolev-42 en Turquía por las repercusiones sociales y humanas que tuvo. Tampoco quisiera pasar por alto una cuestión relevante para el Estado, pero especialmente para los aragoneses. Quiero recordar que en sendas comparecencias de años anteriores ya le habíamos sugerido que estudiase todo lo relacionado con la cuestión del transvase del Ebro.
En este informe de 2004 hemos tenido una primera pero amplia referencia a esta cuestión, y no me resisto a leer un párrafo para que quede grabado a modo de alegre epitafio del trasvase en el "Diario de Sesiones". Se dice textualmente en el informe: "En opinión del Defensor del Pueblo los documentos técnicos adjuntos del Plan Hidrológico Nacional, en concreto los análisis ambientales, no estudiaban las distintas opciones estratégicas existentes para solucionar los problemas de escasez hídrica en ciertas cuencas, ni se justificaba, según esas opiniones la transferencia a otras cuencas". Tras la aprobación del Real Decreto-ley, en el mismo informe de 2004, motivo de su comparecencia, se indica: Se reconocen las deficiencias de evaluación ambiental en que incurrió la aprobación del Plan Hidrológico Nacional respecto a su incidencia sobre los lugares designados a formar parte de la Red Natura 2000. Creo que sobran más palabras y más valoraciones.


Aprovechando que el Ebro pasa por el Congreso, tampoco quisiera dejar de lado una cuestión clave para los que apostamos por la nueva cultura del agua, la situación de los ríos de los cauces públicos. Particularmente, me parece muy grave que el informe vuelva a destacar por cuarto año consecutivo -que yo recuerde- la dificultad de las confederaciones para controlar estas situaciones que afectan a la calidad del agua y al entorno, a la vida de los ríos. Se advierte, y cito textualmente, de los problemas y denuncias recibidas por la calidad de las aguas públicas y las denuncias por vertidos irregulares, directos o indirectos, que se realizan en los cauces públicos de los ríos, bien porque no cuentan con la preceptiva autorización del organismo de cuenca, bien porque superan los límites cualitativos o cuantitativos fijados en la misma o incumplen sus condiciones. El informe indica que las confederaciones no acostumbran a verificar materialmente ni a ejecutar forzosamente el cumplimiento de las órdenes de paralización de un vertido ni las medidas cautelares que hayan sido dictadas en orden a impedir la continuación de la actividad infractora, tales como el sellado, las instalaciones, aparatos, equipos y/o el cese o suspensión de actividades. Además, las investigaciones realizadas reflejan que en demasiadas ocasiones las confederaciones hidrográficas olvidan muchas de las competencias de inspección y control que en materia de vertidos irregulares les atribuye el texto refundido de la Ley de Aguas, las cuales debe ejercer diligentemente.


El Defensor del Pueblo indica que hay escasez de guardas fluviales, imprescindibles para que se detecten las infracciones, que la ejecución forzosa de las sanciones suele requerir períodos de tiempo prolongado, al igual que el cobro de las multas coercitivas o de las indemnizaciones por daños y perjuicios a los dominios público e hidráulico. Todo ello hace que no se logre evitar el reiterado incumplimiento de las condiciones del vertido ni, por tanto, la continuación de las infracciones contrastadas.
En este sentido, pedimos a la ministra que tome nota de esta situación reiterada en sendos informes del Defensor del Pueblo y que no alargue más el proceso de reforma, modernización y mejora de las confederaciones hidrográficas de todo el Estado en general.


Cambiando de tema, otra de las cuestiones que trata con profusión, y nos congratulamos por ello ya que no figuran en la prioridad de las agendas de los políticos, es la situación de los menores, las visitas a los centros de internamiento, a los centros de atención a los refugiados; los sin voz tienen su atención en este tipo de informes que, creo, todos deberíamos leer y releer a la hora de impulsar iniciativas parlamentarias, unos, y acciones de Gobierno, otros. Por no olvidar los temas de violencia doméstica, en cuanto a los que precisamente acabamos de aprobar una ley integral contra esa brutal forma de terrorismo, habrá que admitirlo como sugerencia y realizar una primera valoración para el próximo año de cómo está funcionando su aplicación.


En este repaso de la multitud de cuestiones incluidas en este informe, tampoco quisiera dejar pasar por alto el problema de la vivienda que también merece un epígrafe especial. Hace falta modificar, y esto se lo digo a los responsables de Vivienda y Fomento, la Ley del Suelo

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vigente para paliar los desvaríos neoliberales de estos últimos ocho años de gobierno popular. Necesitamos instrumentos para evitar la especulación con las viviendas vacías, dato en el que se insiste sobre todo en las grandes ciudades del Estado, instrumentos que permitan poner en el mercado viviendas para fomentar el alquiler o la venta de las mismas tirando hacia abajo del precio final. Concluyendo, lamento que también se dé cuenta de que diversos servicios públicos de distintas administraciones no han asumido las recomendaciones del Defensor; esperamos que el cambio político también sirva para variar esta actitud y se asuman las propuestas contenidas en este informe.


Finalmente, y aunque no sea objeto específicamente de esta comparecencia, quisiera felicitarle por el excelente documento sobre el ruido y sus consecuencias medioambientales, así como por el más reciente elaborado sobre el daño cerebral sobrevenido y su tratamiento sanitario.


Muchas gracias, señor Múgica, por estos años al frente de la institución.
Hemos compartido planteamientos, discrepado en otros, pero siempre desde el respeto mutuo. Esperamos que, si es usted mismo su sucesor, pueda tener la unanimidad en su nombramiento que es conveniente para una institución tan importante como la del Defensor del Pueblo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Grupo Mixto. Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


La intervención que voy a hacer en nombre del Bloque Nacionalista Galego había pensado desarrollarla desde el propio escaño porque va a ser muy breve. La realizo desde la tribuna en la medida en que están presentes el señor Defensor del Pueblo y representantes de esa institución y, por tanto, considero que un deber de cortesía elemental es hacerlo desde aquí.


Una vez más, desde nuestro punto de vista, el informe del Defensor del Pueblo sirve para situar, como si fuesen elementos sintomáticos de la realidad de marginación y de discriminación, tres aspectos fundamentales en la vida política y social del Estado español. En primer lugar, el de la Administración de Justicia. Seguimos con una Administración de Justicia con falta de medios notable, pero también con deficiencias de funcionamiento democrático, incluso en el trato que habría que dar a los ciudadanos. El informe es curioso cuando baja, después, a aspectos más concretos y, sobre todo, es de agradecer el seguimiento que se hace de los centros de internamiento de menores. Debemos decir, y desde luego animar, al señor Defensor del Pueblo y a la institución que preside a que su trabajo siga consistiendo básica y fundamentalmente -ahí es donde está el aspecto cualitativo diferenciado- en las visitas in situ, en la investigación directa de muchos espacios de nuestra vida pública, de nuestros servicios públicos. En este aspecto, esta vigilancia, este estar sobre el problema hace más que cincuenta mil informes por escrito o cincuenta mil quejas puramente burocráticas.


Exactamente igual pasa con la Administración penitenciaria, normalmente la gran olvidada de la preocupación de todo tipo de agentes sociales y también de los grupos parlamentarios; demuestra que los servicios penitenciarios en el Estado español siguen siendo unos servicios penitenciarios caracterizados por el hacinamiento, por la enfermedad. Es difícil no sacar la conclusión de que solamente están en las cárceles aquellos que no tiene un poder adquisitivo elevado. No es normal en la Administración penitenciaria del Estado español, que permanezcan en las cárceles personas de alto nivel adquisitivo, aunque hayan cometido delitos; están en las cárceles fundamentalmente los sectores más marginados, aunque sean, desde luego, delincuentes y merezcan lógicamente la aplicación de la ley. Señorías, la situación de nuestro sistema penitenciario dista mucho de ayudar a la redención y, por tanto, a la integración en la vida social.


Hay un tercer aspecto que nos afecta a todos, y cada vez más, incluso a personas que podemos tener cierto nivel adquisitivo, pero que estamos a favor de que haya unos servicios públicos de calidad, que es la cuestión de la sanidad. Está claro que el informe reconoce que hay un progresivo deterioro del Sistema Nacional de Salud y quiere, sobre todo, remarcar que hay una especial incidencia en los grupos vulnerables -los ancianos, las personas con discapacidad, los enfermos crónicos o con dolencias raras y poco frecuentes-, demora en la asistencia y escasa cultura acerca del reconocimiento de errores sanitarios, carga familiar en los casos de enfermedad mental o dependencias, insuficiente participación de asociaciones de pacientes y notable grado de burocratización. Realmente aquí ya empezamos a aparecer todos o la mayoría de la sociedad en cuanto al estado del servicio.


Por fin, hay un elemento, muy característico de los últimos años, los problemas que está creando la inmigración y toda la cuestión de la extranjería en el Estado español. Vuelvo a repetir que es de agradecer la visita, el seguimiento y el control de los centros de estancia temporal de inmigrantes y el seguimiento pormenorizado del estado de todos los que están en situación ilegal dentro del Estado español y, a pesar de esa situación, merecen el mínimo trato humanitario. Es curioso que cuando el informe se refiere a la educación, constate, evidencie y reconozca que existen serios problemas de irregulares distribuciones del alumnado en atención a su procedencia y, en concreto, las deficiencias educativas que padece, vinculándose este aspecto en gran parte a los inmigrantes.


Quiero acabar, señorías, con una especial referencia que espero que el señor Defensor del Pueblo tenga en cuenta, en primer lugar por la estricta legalidad en que se basa y, en segundo lugar, en otros aspectos, para que

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tenga más ponderación en el futuro en relación con lo que llaman bilingüismo. En primer lugar, quiero decirle que en el informe se utilizan topónimos que son estrictamente ilegales, en concreto, en las páginas 64 y 65, refiriéndose a ayuntamientos de Galicia, el ayuntamiento de Baiona se escribe con i y no con y, conforme a la legalidad vigente que hay que respetar, artículo 10 de la Ley de Normalización Lingüística que es de obligatorio cumplimiento para todas las administraciones; imagino que una institución que defiende la legalidad tendrá que ser la primera en respetarla. En segundo lugar, la ciudad gallega se llama Ferrol, no El Ferrol, está en los fondos de la Administración pública del Estado también, no hay por qué cambiar el nombre de la ciudad; no tenemos por qué soportar estas continuas violaciones de la legalidad vigente y de las formas originarias. En tercer lugar, el ayuntamiento de Pontevedra es Illa de Arousa, no isla de Arosa.


Termino haciéndole referencia a una cuestión. Celebro que en muchos aspectos el informe sea no solamente positivo, sino útil, en particular para los cargos públicos que nos debemos preocupar de ciertas problemáticas y que a lo mejor no las atendemos suficientemente. También le quiero decir que me llama la atención el rigor, la puntualización que se emplea en cuestiones de bilingüismo en aspectos muy discutibles. Estoy de acuerdo con el Defensor en que si efectivamente un ciudadano recibe escritos y estos son variables, con una información que es importante, si lo solicita se le debe dar ese informe en español, sea en Cataluña, sea en Euskadi o sea en Galicia. Sin embargo, no estoy tan de acuerdo con que, si se le envía un recibo estereotipado de la basura o del agua, que es siempre el mismo, tenga derecho a que se le haga ese recibo en español; eso demuestra mala voluntad por parte del receptor de dicho recibo y en eso habría que educar a la población diciéndole que tiene razón y si pide una explicación sobre ese recibo, deben dársela, pero no a que por culpa suya haya que hacer un recibo en español cuando sabe perfectamente que es exactamente igual todos los meses.


Vuelvo a agradecerle profundamente este informe que una vez más va a ser de gran utilidad. Quiero animarles a ustedes, como a nosotros porque es nuestro deber, a que hagan las visitas in situ para tener conocimiento de la realidad de cerca, porque es lo más higiénico que existe. En tercer lugar, por un mínimo respeto a nosotros mismos y a la legalidad vigente, solicitarle si tienen a bien rectificar los elementos toponímicos a los que me he referido anteriormente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.


Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Con su venia, señor presidente.


Señoras y señores diputados, Defensor del Pueblo, adjuntos, personas de su equipo y colaboradores, sean mis primera palabras para saludar a esta institución como comisionado de las Cortes Generales del Reino de España y, por tanto, de este Congreso de los Diputados. Un año más nos encontramos con un magnífico documento que hace una radiografía de aquellas inquietudes que, de cara a las administraciones públicas de ámbito local, de ámbito territorial y de ámbito nacional del Estado, llegan a través de nuestro comisionado el Defensor del Pueblo como institución constitucional. Mi grupo comienza haciendo una valoración positiva ante este valioso documento que permitirá a los grupos parlamentarios, como siempre hemos dicho, utilizarlo para aquellas iniciativas legislativas de control al Gobierno y de perfeccionamiento de nuestro sistema normativo democrático.


Respecto al año 2004, quiero destacar algunos aspectos fundamentales. En primer lugar, que sobre un total de 28.999 quejas presentadas, nos encontramos que en esta primera fase -el Defensor del Pueblo ha dado unos datos nuevos que no figuran en el documento porque estarían en trámite sus respectivos expedientes-, de esas 28.999 quejas hay un 33 por ciento de admitidas a trámite y un 58 por ciento de desestimadas; después en la segunda cifra, frente a 26.353 quejas que han sido estudiadas, encontramos que el porcentaje de admitidas es más o menos un 36 por ciento y el de desestimadas un 64 por ciento. Creo que es una buena ratio porque hay una tendencia del ciudadano a agotar una serie de vías que la normativa legal española le da. No olvidemos que, por ejemplo, en este momento están funcionando 10 instituciones similares a la del Defensor del Pueblo, que son los comisionados de otros tantos parlamentos autonómicos del Estado español; la proximidad de esas ventanillas hace que muchos ciudadanos, bien individualmente, bien colectivamente, incluso a través de bufetes de abogacía, presenten las quejas ante esas ventanillas. Algunos repiten el documento como si fuera una multicopista y lo envían a todas las ventanillas posibles para reclamar los presuntos derechos que pueden tener frente las quejas que se presentan. Por tanto, yo creo que el sistema, armónicamente y vertebralmente, está funcionando.
Quiero reconocer aquí la labor de don Enrique Múgica y sus adjuntos propiciando esos encuentros institucionales con los demás comisionados de las distintas comunidades autónomas españolas que los tienen porque eso da una fertilidad al uso del derecho democrático.


Me decía un ilustre jurista recientemente que la institución del Defensor del Pueblo, al corregir esas maneras de comportamiento administrativo, es una especie de nuevo procedimiento administrativo; así como hay unas garantías para todo ciudadano frente a las decisiones de las administraciones públicas de recurrir por vía de la magnífica ley que tiene el Estado español de lo contencioso-administrativo, esto es el gran complemento

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democrático y una radiografía para realizar esta cuestión.


Quiero destacar que sigue habiendo un fenómeno sociológico curioso y que la institución del Defensor del Pueblo está realizando magníficos estudios de prospección y estadística, como estos dos últimos referentes al ruido y a los daños cerebrales, la institución entra en un tema que a veces molesta e incomoda al ciudadano sin que nadie se preocupe de bajar el nivel de decibelios en las ciudades, en el ámbito del trabajo o en cualquier manifestación social, o aquellos daños cerebrales que se están produciendo por una sociedad dinamizada con determinados aspectos lesivos para el derecho a la salud, que también consagra nuestra Constitución.
También me voy a referir a las diferencias de las quejas por sexo, a cómo hay mayoría de quejas realizadas por varones frente a las realizadas por mujeres. Cuando estamos aquí en el Parlamento legislando continuamente protección social, penal, etcétera para las mujeres en la violencia de género, en la discriminación de las condiciones laborales, en los despidos, etcétera, esto sería motivo para llegar al entendimiento de por qué uno de los sectores por sexos más vulnerables al comportamiento socioeconómico del resto de la sociedad recurre menos a la institución del Defensor del Pueblo.


Con respecto a la institución, ya muy tradicional porque fue de las primeras del Estado español que entraron en funcionamiento, igual que el Sindic de Greuges en Cataluña o el Ararteko en el País Vasco, el Diputado del Común de la Comunidad Autónoma de Canarias ha realizado una labor extraordinaria e incluso complementaria. Lo hemos podido comprobar a través de los informes que ha facilitado a mi grupo parlamentario y al Parlamento autónomo de Canarias, por las 657 quejas que llegan a la oficina del Defensor del Pueblo a través del Diputado del Común de la Comunidad Autónoma de Canarias.


Quiero resaltar también que se hace énfasis -el señor Múgica lo ha vuelto a intensificar aquí una vez más- en esa advertencia a las administraciones públicas por el incumplimiento de la normativa vigente o de los requerimientos del Defensor del Pueblo. Hay comunidades autónomas y municipios que son merecedores de un suspenso en cuanto a su comportamiento respecto de este principio constitucional de atender los requerimientos; ha habido corporaciones locales que han necesitado de hasta un tercer requerimiento del Defensor del Pueblo para que contesten o subsanen lo que se les ha indicado. Hay que evidenciar esta larga lista de morosos, que alguien se ponga colorado en su nivel de responsabilidad para que esto no se tenga que repetir en sucesivos informes del Defensor del Pueblo.


Quiero destacar también el volumen que dentro del amplio informe de 2004 ha presentado la oficina del Defensor del Pueblo con respecto a determinadas temáticas que muy detalladamente están ahí y que sucintamente el señor Múgica ha desarrollado en esta tribuna. Me estoy refiriendo al volumen del número de quejas y resoluciones que se han formulado en relación con las áreas de justicia, de inmigración y extranjería, de medio ambiente y de urbanismo, y sobre todo a la sensibilidad que hay en este momento en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en muchas zonas del país, respecto a la cuestión de la inmigración y la extranjería. Estamos en plena efervescencia y creemos que lo que va a venir después de todos estos procesos que está realizando la Administración española, fundamentalmente desde el Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales, va a llevar a la ventanilla de la institución del Defensor del Pueblo una serie de reclamaciones en los próximos tiempos.


Paso ya a destacar lo que el informe del Defensor del Pueblo ha considerado muy acertadamente en su frase calificativa cuando señala que las resoluciones formuladas por el Defensor del Pueblo es el producto principal de su actividad. Qué duda cabe. Es el producto principal porque en esas resoluciones es donde se distribuyen las cinco áreas de pronunciamientos de esta responsabilidad del Defensor del Pueblo. Yo me congratulo y felicito a la institución por que año tras año hayamos ido aumentando este índice nominativo de las resoluciones que la institución viene produciendo.


En primer lugar, sobre las recomendaciones, creemos que las administraciones públicas deben estar muy atentas, y la Cámara también, porque al menos mi grupo saca mucho material de los capítulos de recomendaciones y de sugerencias para el control del Gobierno o para proponer iniciativas legislativas. Hay otro capítulo que veo que se va incrementando y quiero también reconocer aquí la sensibilidad de la institución del Defensor del Pueblo que mi grupo apoya, que es el de los recordatorios de los deberes legales. Por multitud de razones, por las nuevas administraciones en el cambio y las alternativas democráticas, por las denominaciones de nuevos órganos operativos de las distintas administraciones públicas, por lo que sea, a veces llegan funcionarios a determinadas instituciones que no conocen la normativa, los códices, las leyes, los decretos, las órdenes ministeriales, etcétera. Es fundamental que tengamos una vigilancia especializada en este sentido porque son los recordatorios de los deberes legales, y creemos que aquí la institución del Defensor del Pueblo cumple una función básica para nosotros, que es detectar y hacer llegar a las distintas administraciones su llamada de atención: cumpla con el ordenamiento jurídico del Estado español o de su comunidad autónoma respectiva. Es necesario que haya un debido cumplimiento legal para que el sistema democrático de derechos y obligaciones funcione correctamente. Por tanto, estimulo a la institución del Defensor del Pueblo a que intensifique este recordatorio de deberes legales porque, incluso, a veces llegan hasta este Parlamento proyectos de ley o proposiciones de ley y uno se pregunta cómo se han olvidado de consultar siquiera el Aranzadi para saber qué documentación normativa existe al respecto, porque desde luego lo que hay que hacer es cumplir los deberes legales y no echarlos en saco roto. Por lo que se refiere a las advertencias y

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sobre todo a los recursos de inconstitucionalidad y de amparo, en este memorial del documento que tenemos en causa viene una amplia relación y no quiero entrar en ello porque sería reiterar argumentos que ya hemos dado en anteriores ocasiones.


Señor presidente, quiero terminar sumándome a una petición que inducía don Enrique Múgica al principio de su intervención, que es la disponibilidad de medios para que la institución del Defensor del Pueblo pueda cumplir su misión. Atañe a los presupuestos propios de la casa y me consta la sensibilidad de don Manuel Marín, nuestro presidente, para atender esta necesidad de la estructura logística y de la intendencia de medios de la institución del Defensor del Pueblo. Quiero manifestar también mi apoyo a lo que el señor Múgica decía al principio de su intervención: Una función constitucional como la encomendada al Defensor del Pueblo requiere actuar con autonomía e independencia. Actuar con autonomía e independencia en todos los órdenes no resulta a veces fácil por los escollos del terreno, pero todos, por imperativo democrático constitucional, tenemos que tener la voluntad de resolverlos.


Termino con unas palabras de reconocimiento y de felicitación al señor Defensor del Pueblo, a sus adjuntos y a los equipos de la institución que permiten a las Cortes Generales y a este Congreso de los Diputados tener un instrumento fiable, garante, aparte de las condiciones constitucionales, democráticas y legales, que nos permite, lo mismo que ocurre con el Tribunal de Cuentas, tener la seguridad de que tenemos una radiografía de lo que la voluntad democrática de los españoles nos exige a los grupos parlamentarios políticos y a quien les represente en cualquiera de los foros.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.


Izquierda Verde. Señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.


Quiero agradecer su extensa comparecencia al Defensor del Pueblo y preguntarle, dado que su mandato dura ya cinco años y está a punto de finalizar, si está satisfecho con lo que ha hecho, si considera que ha cumplido las tareas que la Constitución española le encomienda. Le voy a decir que desde el punto de vista de los ciudadanos, creo que no se puede considerar satisfecho porque el Defensor del Pueblo tiene como función defender y proteger los derechos fundamentales. Para ello no debe hacer solo un informe, que está muy bien, en el que se relacionan muchos de los problemas que padecemos en el Estado español, sino actuar. Debe ser más activo. Se le debe oír más. Debe ser más dinámico. Debe estar más cercano del ciudadano, del pueblo. Usted es el defensor del pueblo y, por tanto, debe defender sus intereses y actuar. No hacer relaciones y comunicaciones a las administraciones, que en muchos caso, como vemos, no le contestan o le contestan al tercer requerimiento, sino que debe denunciar estos hechos. Esto no es lo que estamos viendo. Lo siento, pero no es así.


En el apartado de los recursos de constitucionalidad contra las leyes, la posibilidad que tiene el Defensor del Pueblo de interponer estos recursos contra las leyes es una garantía para los ciudadanos, para los sindicatos, para el mundo asociativo, ya que solamente pueden interponer recursos 50 diputados o 50 senadores. Por ello se le plantean en múltiples ocasiones, no en este último año, que lo efectúe y no lo hace.
Debería ser mucho más abierto en las interpretaciones jurídicas a la hora de interponer estos recursos para garantizar a los ciudadanos, asociaciones, sindicatos, etcétera, la posibilidad de interponerlos. En el caso del País Valenciano, en la Generalitat valenciana se llegan a aprobar leyes que, en muchos casos deberían ser decretos, y así se evita así la posibilidad de que se interpongan esos recursos. Ya que hablo del País Valenciano tengo que decir que es uno de los lugares del que recibe mayor número de quejas. Pues bien, no se le ha escuchado nada sobre esas resoluciones que se han dictado por las quejas recibidas. Tenemos muchos problemas en el País Valenciano, no solo los de la construcción y especulación que han sido mencionados. Tenemos problemas, incluso, de libertad de expresión, por ejemplo hay artistas que no pueden actuar en algunos lugares porque han sido censurados. Tenemos muchos problemas dado que padecemos un Gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular con dificultades para entender la democracia en muchas ocasiones y que abusa de la especulación urbanística. Lo que le digo es que debe trabajar más en la calle, debe estar más cercano al ciudadano, al pueblo. Debe estar más cerca de los sectores más desfavorecidos que, al fin y al cabo, son los que menos quejas le remiten, no le llegan y puede ser porque su institución tampoco llega. No voy a criticarle únicamente a usted sino también a las administraciones, a los ministerios que no recogen las solicitudes, las resoluciones, las peticiones que se efectúan desde esta institución.


Los problemas que se recogen en el informe, al fin y al cabo, son siempre los mismos. Año tras año se va viendo una reproducción de que las quejas van dirigidas a unos problemas, unos años se destacan más, otros, como en el caso de la justicia, son históricos, son endémicos, no se hace nada, se incrementó mínimamente el presupuesto de este año. Es verdad que la justicia es lenta, no responde a las demandas de los ciudadanos, a pesar de que es uno de los pilares de nuestra democracia. Pues bien, tenemos que denunciarlo una y otra vez para que eso deje de ser así. Por eso, tanto desde Izquierda Unida como desde su institución debemos estar reclamándolo, reclamándolo al ministerio y a esta Cámara. Nosotros lo hacemos, pero hay que hacerlo mucho más, su voz debe de oírse mucho más alta para que esto cambie. Dado que usted desempeña sus funciones con autonomía y goza de inviolabilidad, inmunidad y todas

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las prerrogativas que se le otorgan como institución, tiene muchas posibilidades de trabajar en ese sentido y no debe es renunciar a ellas, sino que, como digo, debería haber sido -lo que queda debe serlo- más dinámico, más activo, que se le escuche más y que se plantee también qué es lo que puede hacer y qué es lo que está haciendo. Después de la gran experiencia que ha tenido durante estos años estaría muy bien que hiciera una serie de propuestas sobre qué modificaciones se deben operar en la institución que usted representa para que se adopten legislativamente por las Cortes Generales, que son quienes le han elegido, porque seguramente usted no es el único culpable de la falta de dinamismo de la institución y, por tanto, esas modificaciones se deben operar para que el pueblo sea realmente defendido y su voz sea escuchada.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora navarro.


Grupo Parlamentario Vasco, señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.


Tengo que señalar que también mi intervención, como apuntaba el señor Rodríguez, representante del Bloque Nacionalista Galego, va a ser breve y que también había pensado intervenir desde el escaño, pero el respeto a la institución y sobre todo el hecho de que sea perfectamente posible que esta sea la última comparecencia del actual Defensor del Pueblo ante la Cámara presentando el informe me ha llevado a acudir a la tribuna para realizar las expresiones del Grupo Vasco acerca del mismo. Yo quisiera señalar antes que nada que quizá deberíamos repensar el formato del examen del informe del Defensor del Pueblo, porque, como saben ustedes, el día 20 de abril se reunió la Comisión Mixta para las Relaciones con el Defensor del Pueblo y en la intervención de hoy el Defensor del Pueblo se ha limitado a repetir textualmente el discurso que realizó ante la citada Comisión. A uno le da la sensación de que en ocasiones estamos duplicando los actos parlamentarios y una de dos, o buscamos una nueva función a la reunión de la Comisión y a la del Pleno del Congreso de manera que quizá en una haya una especie de control y en un segundo trámite una función de impulso, de iniciativas, de proponer vías y aspectos del trabajo de la Administración Pública que el Defensor del Pueblo debería observar e investigar, o si no sería mejor que redujéramos el trámite a uno solo, bien sea en la Comisión o ante, quizá más lógico, el Pleno del Congreso, pero desde luego lo que estamos haciendo no supone nada más que prácticamente una duplicación de la actividad parlamentaria.


En el informe es preocupante, como ya han señalado otros portavoces, que aparezca como Administración entorpecedora de la actuación del Defensor del Pueblo el Gobierno del Estado y, en concreto, el Ministerio de Fomento, pero que no se limite únicamente a este ministerio, sino que aparezca otro como es el de Trabajo y Asuntos Sociales que no ha contestado tras el tercer requerimiento efectuado por la institución del Defensor del Pueblo. Un Gobierno que se precie tiene que respetar al resto de las instituciones, la institución del Defensor del Pueblo realiza una función muy importante en la protección de los derechos humanos, de los derechos de la ciudadanía y también de suministro de información a los grupos parlamentarios y en ese sentido, como Administración controlada, desde luego el Gobierno del Estado debería responder con celeridad y claridad. Esperemos que en el informe del próximo año esta tacha desaparezca.


Hay aspectos muy preocupantes, pero que también nos dan informaciones valiosas en temas como las dilaciones en los órganos judiciales, algo que habrá que hacer con la continua reorganización de la justicia y en ese ámbito se han planteado algunas iniciativas, pero hace falta ir más allá.
Hemos pasado un periodo en el que ese tema era tabú en bastantes sectores, sobre todo en el referido a la descentralización de la propia organización de justicia en el ámbito autonómico y es hora de que lo enfrentemos con profundidad. Evidentemente, también tomamos nota de otros asuntos preocupantes como la inmigración, los centros de menores, etcétera.


Quisiera hacer una serie de reflexiones con respecto a unas notas que aparecen en el informe acerca de problemas de bilingüismo, y lo hago desde la tranquilidad que aporta saber que la comunidad autónoma por la que fui elegido no aparece reflejada como problemática respecto al bilingüismo en el presente informe. Se refiere en concreto a casos en Baleares, en Cataluña y en Galicia. La verdad es que lo primero que sorprende es que no haya menciones a quejas por discriminación de idiomas propios de comunidades autónomas que los tengan. Eso quiere decir o que no habido quejas por discriminación del catalán, del gallego o del euskera o que no ha habido infracciones, cosa que dudo mucho, porque le aseguro que en el ámbito que yo conozco más, que es el del euskera, ha habido infracciones de las administraciones públicas en detrimento del idioma propio de la comunidad autónoma. Quizás esas quejas no hayan llegado al Defensor del Pueblo, pero no deja de ser llamativo que las únicas quejas que llegan al Defensor del Pueblo del Estado sean aquellas referentes a supuestas discriminaciones en detrimento del castellano. En ese sentido, por el impulso que nos corresponde a los representantes de la ciudadanía en el Congreso y teniendo en cuenta que el Defensor del Pueblo puede actuar de oficio en muchos campos, permítame sugerirle que para el informe del año que viene, si lo presenta el señor Múgica o quien en su caso le sustituya, se investigue, se fiscalice el cumplimiento por parte de la Administración periférica del Estado de la legislación sobre bilingüismo en aquellas comunidades autónomas con lengua propia. Le aseguro que nos encontraríamos con muchas sorpresas y, como corresponde a este órgano parlamentario controlar a esa Administración del Estado en las comunidades autónomas, desde luego para nuestro

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grupo, y creo que para los demás también, sería de sumo interés conocer cómo está esa cuestión. Lo mismo sucede con el ámbito de la justicia, que también precisaría un examen. Me parece interesante que se hagan exámenes sobre bilingüismo, no solo por quejas que se hayan producido ante el Defensor del Pueblo, sino de motu proprio, de oficio, pero me gustaría específicamente que se investigara la acción de la Administración periférica del Estado y también de la Administración de Justicia en el cumplimiento de la legislación sobre bilingüismo.


Nos ha sorprendido por otra parte que no se haya mencionado la falta de la puesta en marcha de recomendaciones y medidas concretas por parte de organismos internacionales al Gobierno español. Por ejemplo, las que hizo el relator de Naciones Unidas contra la tortura en su informe en 2004.
Sorprende también que el martes pasado, el día 17, se aprobase una proposición no de ley que venía de una moción realizada por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya en contra de la tortura. En este ámbito, que es tan delicado y que entra tan de lleno en el terreno de los derechos humanos, hubiera sido interesante una mención por ejemplo al régimen de incomunicación que se cita expresamente en el informe del relator de Naciones Unidas, que se puede prolongar en el caso del Estado español hasta 12 días. En nuestra opinión, esto exigiría una reforma de la legislación penal ante la detención de cualquier ciudadano y especialmente, como expresó nuestra portavoz en el debate del martes pasado, por lo que se refiere a la atención a algunos colectivos desprotegidos, como los menores o los inmigrantes. Tampoco se menciona la falta de modificaciones en cuanto a la tipología penal de la tortura, cosa que también se recogía en el informe del relator, de manera que la interpretación corresponda a la de la Convención Internacional contra la Tortura.


Agradecemos que en el informe se hayan limitado las afirmaciones de carácter político, puesto que en informes anteriores nos hemos encontrado el texto jalonado de opiniones subjetivas que entraban en el ámbito de lo estrictamente político y no en el que correspondería estrictamente al Defensor del Pueblo, más allá, en nuestra opinión, de una desafortunada y genérica mención en la página 821 del presente informe descalificando la gestión de las comunidades autónomas por su falta de destreza y carencia de ingenio e iniciativa en el ámbito de la función ambiental en la costa de dominio público terrestre frente a la, también literalmente, visión general y completa de los órganos estatales, pero en general hay que reconocer que este informe se ha ajustado más a lo que debería ser el trabajo, el ámbito y el terreno del Defensor del pueblo.


Por último, quisiera hacer una reflexión sobre algo que también se ha mencionado tangencialmente por algún otro orador que ha subido a esta tribuna, así como en informes anteriores. Se trata en concreto de la coordinación y la división del trabajo con el resto de defensores del Pueblo, con los defensores del Pueblo autonómicos. La Administración pública y también órganos como el Defensor del Pueblo deben velar por la optimización de los recursos públicos. Uno, quizá porque la ley no distribuye ni coordina las competencias de cada cual de manera concreta, observa cierta vis expansiva en la tarea de control del Defensor del Pueblo. La verdad es que es un informe que proporciona una visión genérica interesante, pero nosotros entendemos que, en aras a optimizar los recursos públicos y existiendo, como existen en el ordenamiento jurídico, los defensores del Pueblo autonómicos circunscritos a su ámbito territorial, así como estos no entran a fiscalizar la Administración del Estado, lo lógico sería que el Defensor del Pueblo no entrara en la fiscalización de la Administración autonómica y que esos casos se derivaran al representante correspondiente en el supuesto, claro está, de que exista esa figura en esa concreta comunidad autónoma, no así cuando no exista, en cuyo caso, evidentemente, a quien hay que dirigirse es al Defensor del Pueblo. No entro ya en el ámbito de los ayuntamientos, aunque también podríamos hablar de ello, pero me parecería lógico realizar una distribución racional dentro del ámbito de actuación de cada cual, de manera que el cumplimiento de los deberes fuera más correcto más ajustado y seguramente la fiscalización más profunda, porque se dispondría de más tiempo para ello, ya que la fiscalización de la Administración autonómica debería corresponder -incluso debería modificarse la ley en su caso- a los defensores autonómicos en exclusiva.
Es un tema que propongo a la reflexión de la Cámara.


Por mi parte, muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Esteban.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Cerdà, su turno, por favor.


El señor CERDÀ ARGENT: Señor presidente, señorías, en primer lugar, quiero agradecer al Defensor del Pueblo y a los adjuntos que le acompañan la profundidad y la contundencia en la elaboración de este informe anual correspondiente al año 2004 , así como cabe resaltar también un incremento -como ha subrayado también el propio Defensor del Pueblo- de las ya numerosas quejas de oficio iniciadas. Para nosotros seguramente es interesante destacar algunas de entre ellas, que es lo que voy a hacer en esta intervención.


Por empezar por alguna parte, hay algunas quejas derivadas de la situación de hacinamiento de los presos o por la falta de recursos en los centros de internamiento de menores. Este es un tema que por invisible pasa muchas veces desapercibido para la sociedad, pero no por ello nos merece menos atención y nos parece menos grave; son aquellos aspectos en los que la ciudadanía tiende muchas veces a girar la vista hacia otra parte, pero son problemas que existen y que deterioran la calidad de una convivencia democrática como la nuestra. Por tanto, consideramos interesante que se haya apuntado de una

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manera contundente, sobre todo en cuanto al centro de internamiento de menores, que está generando una casuística que no por oculta deja de ser menos grave. Tomamos nota efectivamente de todas las quejas formuladas por la ciudadanía y de las recomendaciones propuestas por el Defensor del Pueblo. Hay deficiencias que compartimos en muchos casos, porque la mayoría de ellas son de sentido común y deberían de serlo también para el ámbito parlamentario.


Entrando un poco en materia, consideramos necesario, en el ámbito del empleo público, adoptar medidas preventivas urgentes para evitar el acoso psicológico en el puesto de trabajo. Las continuas denuncias de mobbing por motivos políticos -como nos consta que pasa en numerosas ocasiones en la tierra de la que procedo, en el País Valenciano- deben denunciarse y efectivamente perseguirse como indica el informe. No es digno de ningún Gobierno democrático ejercer dicho acoso sobre el funcionariado ni sobre ningún trabajador. No se puede consentir este acoso psicológico y menos aún en el puesto de trabajo. También en el ámbito de la Función pública entendemos que hay un problema y el propio legislador reflexiona sobre si a veces su inacción crea más problemas que soluciones, como ocurre con la gente que está en situación de interinidad, que viene a ser un problema enquistado, porque seguramente la inacción de los poderes públicos ha causado ya un quiste en la propia sociedad y, por tanto, cuanto más se redunde y menos soluciones se aporten más difícil será resolverlo a largo plazo. También nos alertábamos, en el ámbito penitenciario, de los fallecimientos en prisión y de las deficientes condiciones sanitarias en las cárceles. Lamentamos profundamente que vuelva a constatarse el incremento de la población penitenciaria y el riesgo de colapso en las prisiones del Estado español. El número de reclusos ha aumentado nada más y nada menos que un 6 por ciento y, lo que es peor, el número de presos preventivos aumentó con respecto al de los penados y al de las mujeres presas. Hay 491 quejas nuevas en el ámbito penitenciario y casi 60.000 presos y presas al final del año 2004. Es evidente que tenemos que emprender reformas legislativas urgentes que empiecen a paliar esta situación invirtiendo más y mejor en infraestructuras, sobre todo en aquellos módulos que ocupa la población penitenciaria femenina. Es una conclusión clara y precisa que se deduce de este informe y que, efectivamente, nosotros también compartimos.


Nos queremos hacer eco de la necesidad plasmada en el informe del Defensor del Pueblo de 2004 en lo que respecta a los centros de internamiento de extranjeros, otro tema caliente y oculto muchas veces, pero que merece la pena hacer un recordatorio a modo de examen de conciencia para la gente que estamos aquí.


Debe reiterarse la necesidad de que la Administración se aleje del modelo penitenciario actual, que prima la seguridad por encima de los derechos fundamentales y que olvida aquellas posibilidades de reinserción, tal y como dice el artículo 25 de nuestra Constitución.


Respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Gobierno debe promover la incoación de expedientes gubernativos o disciplinarios de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado imputados por algún delito o falta. Así lo expresamos, como ha recordado el compañero del PNV, en la moción como consecuencia de interpelación debatida y aprobada por unanimidad de esta Cámara el martes pasado. El Gobierno español debe también mejorar las condiciones de higiene y habitabilidad de los calabozos de la Policía y de la Guardia Civil.


En este mismo ámbito de seguridad pública, es necesario también poner fin a los obstáculos que impiden el derecho de la ciudadanía a formular o presentar denuncias ante las comisarías. Lamentablemente, esta situación se está produciendo en el País Valenciano, que conozco bastante bien, donde se impide el derecho básico a la tutela judicial efectiva por motivos lingüísticos. En efecto, recientemente hemos tenido noticias, y desde Esquerra y desde otros partidos políticos se ha denunciado, de la detención de un menor en Xátiva por expresarse en valenciano en la Comisaría de la Policía Nacional. Igualmente, se impidió a un ciudadano de Tavernes de Valldigna a formular su denuncia en la comisaría por expresarse en valenciano. Y un ciudadano de Vilarreal, que a la postre intentaba denunciar una agresión hecha a su hijo por una banda de skenhead, tampoco pudo denunciar esta agresión en valenciano en su propia comunidad. En definitiva, se impidió el derecho a formular una denuncia, el derecho a la tutela judicial efectiva. Son casos tan recientes como que no hace ni un mes que han ocurrido y marcan, a nuestro entender, una tendencia que el Gobierno debe esforzarse en corregir para garantizar la igualdad de derechos, independientemente de los credos o lenguas que cada uno utilice en su justo derecho.


En el ámbito de la justicia, un año más el informe del Defensor del Pueblo hace referencia a las dilaciones en los procedimientos judiciales.
Suscribimos en ese sentido sus palabras. Una justicia que no es eficiente no es tal justicia; una justicia no entendida como servicio público acaba siendo un privilegio para unos pocos. Por tanto, completamente de acuerdo en esta valoración.


Es un apartado fijo en los informes anuales del Defensor del Pueblo aquellos problemas endémicos, enquistados, que en algún momento u otro tendremos que ser suficientemente valientes para afrontar con la valentía democrática que creo que el problema nos exige y que merece. Esperamos también que la descentralización anunciada de la justicia, a la que se instaba en una de las resoluciones del debate sobre política general aprobada el martes pasado, así como el establecimiento del Tribunal Superior de Justicia como última instancia mejore y agilice el funcionamiento de la justicia, en el sentido de especialización y localización de la justicia y en especial resuelva la acumulación de procedimientos que se producen en el Tribunal Supremo.


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Respecto a los tributos estatales, es necesario que la Ley del IRPF contemple las parejas de hecho como unidad familiar y permita la opción de tributar conjuntamente. Evitaríamos así una discriminación más.
Esperamos que se resuelva a partir de la aprobación de las diferentes leyes sobre las parejas de hecho que están en tramitación.


Por lo que se refiere al medio ambiente, queremos destacar también la necesidad de que el Gobierno español realice la trasposición de la Directiva europea 2003/4, relativa al acceso de la información medioambiental, otra de las deficiencias apuntadas en el informe, que debería haberse incorporado al derecho estatal interno el 14 de febrero de 2005. La trasposición podría dar solución a las quejas de la ciudadanía motivadas por el escaso hábito de funcionamiento participativo y trasparente de nuestras administraciones. Y aquí todas participan de esta deficiencia.


En lo que se refiere a la valoración del impacto ambiental, esperamos que la institución del Defensor del Pueblo haga en el futuro un detenido seguimiento del cumplimiento de la ley que se está tramitando de la trasposición de la Directiva 2001/142, a la que hace referencia también el informe del Defensor del Pueblo de 2004.


Respecto al ámbito del medio ambiente, a las líneas de alta tensión, nos hacemos eco de la necesidad de considerar y debatir con profundidad en los distintos ámbitos parlamentarios todos aquellos proyectos que tienen un fuerte rechazo social. Quiero hacer de nuevo una mención especial al rechazo social a la línea de alta tensión de Gandía, Castelló de la Ribera, etcétera. Las administraciones competentes deberían debatir y escuchar, como mínimo, a la ciudadanía afectada.


El informe del Defensor del Pueblo destaca un año más, y queremos llamar la atención desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de las numerosas quejas que provienen desde el País Valenciano, los abusos urbanísticos. Lo ha recalcado usted bastante bien. Quisiera denunciar el modelo urbanístico depredador del Gobierno del Partido Popular en el País Valenciano. Así lo ha advertido también la Comisión europea al Gobierno español. Es preciso finalizar con los abusos urbanísticos en el País Valenciano y en cualquier parte, pero específicamente allá son bastante exagerados, bastante contundentes y de alguna manera irreversibles. Es preciso finalizar con estos abusos, como el de Benissa o como el del municipio de Calpe donde se han atrevido a construir en un emblema de carácter simbólico como es el del Peñón de Ifac, con graves consecuencias irreparables para el futuro de nuestra ciudadanía. Estos son algunos de los casos que se están dando y la ciudadanía se ve impotente e indefensa ante los abusos de los diferentes poderes en el País Valenciano. Son estos abusos los que más preocupan, junto a los de las comarcas como la Marina Alta o la zona de Castellón, de consecuencias irreparables.


Igualmente apuntaba, y estamos de acuerdo, en que se debe acabar con las obras ilegales en las zonas del País Valenciano y también en la zona de las Islas Baleares, entre muchas otras. Debe sanearse el litoral, deteriorado desde hace mucho tiempo; deben depurarse correctamente las aguas residuales y las administraciones competentes deben inspeccionar y controlar los vertidos de las aguas fluviales porque hay un escaso control y poca legislación punitiva al respecto. Es un derecho de los ciudadanos y ciudadanas que la Administración debe cumplir y actuar.
Estos son algunos de los retos que nos plantea el informe del Defensor del Pueblo y esta Cámara tiene la responsabilidad de ingeniar medidas para solventarlos y para que no sean un quiste endémico que herede nuestras generaciones. Tenemos la obligación y la responsabilidad de buscar soluciones y de no crear más problemas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.


A continuación, tiene la palabra el señor Maldonado, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.


Es de obligada cortesía parlamentaria comenzar dando la bienvenida al señor Defensor del Pueblo y a sus colaboradores. Empezaré mis palabras valorando favorablemente el informe del Defensor del Pueblo del año 2004.
Es un informe extenso, bien elaborado y donde queda claro, una vez más, que el Defensor del Pueblo debe ser y es un instrumento al servicio de los ciudadanos y que se halla inmerso en la definición de un Estado democrático. No siempre democracia es sinónimo de justicia, y una sociedad que se precie de ser democrática debe dar instrumentos a sus ciudadanos y ciudadanas para que puedan dirigirse a quien ha de velar por sus derechos como persona. Quiero que conste la felicitación de Convergència i Unió al equipo redactor del informe y a los colaboradores del Defensor del Pueblo por la excelente labor de recopilación y elaboración del informe que, como digo, es extenso, largo y ha merecido muchas horas de recopilación.


Al entrar en el informe vemos que las quejas han aumentado. Curiosamente, de 2003 a 2004 hemos pasado de 17.389 a 28.990. Es un aumento de un 67 por ciento, es un aumento importante, es un aumento que debe hacer pensar a SS.SS., a la clase política. Deberíamos hacer un estudio monográfico de por qué se ha producido este aumento del 67 por ciento. Lo que está claro es que son muy diversas, pues van desde una queja puntual de un ciudadano que tiene un establecimiento que le produce un ruido hasta quejas que afectan a la dignidad de las personas, gente que se siente humillada o siente mancillada su dignidad personal.


Si vemos la tipología, queda claro que cada vez se producen más bolsas de marginación. Hay una famosa

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frase que dice que España va bien, pero para mucha gente España no va bien. Es verdad que hay una sociedad del bienestar que afecta a la inmensa mayoría de los ciudadanos, pero también es verdad que hay gente que está próxima a la marginación, entendida esta de muchas maneras.
Echamos una ojeada a estas casi 29.000 quejas y vemos que hay una tipología muy diversa. Destacan de manera prominente quejas sobre la justicia, sobre su lentitud o sobre resoluciones que algunos ciudadanos o ciudadanas no creen justas. No está aquí el señor ministro de Justicia, pero seguro que se leerá estas intervenciones. Yo creo que el Ministerio de Justicia debe estudiar con detenimiento, con interés y con generosidad el porqué de tantas denuncias e intentar que el año que viene, en su comparecencia, señor Defensor, no haya este abanico tan amplio en el que, una vez más y por desgracia, destaca la violencia doméstica.


Vemos con curiosidad -esto no deja de ser una anécdota- que en 2003 las quejas pasaron de 38.000. Me decía una colaboradora suya que se habían presentado muchas por correo electrónico y, por tanto, sin firmar, sin el correspondiente formato. Deberíamos adecuar las tecnologías actuales para que puedan constar las quejas que hacen los ciudadanos por estos medios, por ejemplo el e-mail. Curiosamente, en 2003, de 38.000 quejas por la guerra de Irak, se ha pasado a una sola este año. Esto sorprende. Incluso lo he consultado con una colaboradora suya, porque es sorprendente. No creo que la retirada del Ejército español de Irak haya hecho bajar las quejas tan radicalmente, porque la guerra, desgraciadamente, sigue allí.
Es bueno que España retirara el Ejército, pero la guerra sigue y veo que, como anécdota, solo hay un ciudadano español que se queja de la guerra de Irak en 2004.


Se ha dicho reiteradamente, por tanto tampoco quisiera ser muy reiterativo, que las más abundantes son las quejas sobre la Administración, sobre todo hacia la Administración del Estado. Esto es lógico, pero no deja de ser preocupante. Todos deberíamos hacer un esfuerzo para que la Administración no sea un reflejo del ente más mal administrador. Para más inri, en su informe se habla textualmente de administraciones incumplidoras. Dice el informe, señor Defensor, que se distinguen las administraciones pertinazmente entorpecedoras, las que no han dado respuesta durante el ejercicio 2004 tras un tercer requerimiento y las que lo han hecho a partir del tercer requerimiento. Me pregunto: ¿qué diríamos de ciudadanos que hubieran sido requeridos por el ayuntamiento, por el Gobierno, por el Estado, por la justicia tres veces consecutivas y que no hubieran dado respuesta? Los habríamos sancionado, los habríamos requerido de otra forma. Sonroja un poco que las administraciones sean las que reiteradamente incumplan los requerimientos de un ente como el del Defensor del Pueblo. ¿Qué hay que hacer? Al final yo le comentaré qué es lo que deberíamos hacer, no sé si lo haremos, pero es lo que deberíamos hacer.


Como un informe también tiene que ser autocrítico, señor Defensor, y la portavoz de Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha hecho una crítica quizás más intensa de lo que yo haré, pero ha hecho un poco de crítica, permítame que yo también, al hilo de lo que se ha dicho antes, diga que en este informe falta más iniciativa propia de la misma institución. El Defensor del Pueblo no debe ser solo un receptor, también debe iniciar procesos. Fíjese bien. Dos mil cuatro, número de quejas registradas, 28.990; colectivas, 14.614; individuales, 14.264; de oficio instadas por el Defensor, 112. No creo que no haya más posibilidad de aumentar estas iniciativas de oficio. Como a la institución le debe constar indefensiones y problemas existentes en la sociedad, que a veces la misma sociedad no es capaz, no puede o no sabe denunciar, el Defensor debe ir allí en la línea que explicaba la portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Para más inri -lo digo con respeto, que quede claro-, el número de quejas de oficio en 2003 ha sido de 165; en 2004, de 112. Hemos decrecido en la iniciativa propia del Defensor del Pueblo de aquellas que usted, su equipo, la institución, debería deducir del día a día de la ciudadanía. Por tanto, ¿cuál es la petición que hacemos desde Convergència i Unió? Que se incremente la actividad propia de la institución, que no sea meramente una recepción, que lo ha de ser, que no sea meramente una institución que escuche, que lo ha de ser, sino que también hable, que pregunte, que indague, que investigue. ¿Por qué no?

Me gustaría también felicitarle, señor Defensor -lo ha dicho algún otro portavoz-, por los estudios monográficos sobre el ruido, sobre daños cerebrales porque están muy bien y nuestro grupo también lo valora favorablemente. Le instaría a que se hagan más en esta actividad de iniciativa propia. Creo que sería bueno ir haciendo más estudios de aquellos temas que preocupan a la sociedad y que le preocupan desde un punto de vista monográfico. Los estudios son realmente investigación, son también denuncia, ponen sobre la mesa a los políticos y las situaciones que afectan a los ciudadanos y sigamos por este camino. Le felicito y le insto a que siga yendo por ahí. Cuando hablábamos de administraciones incumplidoras, decía que al final le iba a comentar qué es lo que haríamos. Ya que estamos en un órgano legislativo deberíamos pensar de darle al Defensor del Pueblo algún instrumento sancionador, por qué no.
¿Es que las instituciones no sancionan a un ciudadano que no cumple el requerimiento de la administración? Deberíamos darle algún tipo de normativa para que usted pueda exigir la respuesta a aquellas administraciones que incumplen permanentemente, porque si no el que tiene indefensión es usted. Usted requiere, requiere y aquí se acaba. Aquí hemos de regular una normativa para que el Defensor del Pueblo pueda exigir el cumplimiento a la Administración.


Para terminar déjeme que le comente, como partido nacionalista que somos, dos temas puntuales de ámbito

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territorial. Usted ha hablado del aumento del intercambio con los comisionados autonómicos. Me hubiera gustado hacer un alto en el camino y saber cuáles han sido estos intercambios porque al menos con el Sindic de Greuges de Catalunya han sido pocos y podrían ser más, dejando claro la total autonomía de la institución catalana, en este caso, del Sindic de Greuges. Creo que esto sería bueno. Incluso sería bueno -lo ha dicho un compañero del Partido Nacionalista Vasco- que aquellos temas que llegan a usted de ámbito territorial catalán que se derivaran a Cataluña y conjuntamente se dictaminaran las resoluciones. No sé si se hace esto, pero sería bueno hacerlo. También he echado en falta un tema que preocupa a algún compañero diputado. El alcalde de l'Escala, que es diputado, me decía que los municipios tienen defensores del ciudadano -que son los más cercanos al pueblo- y, sin embargo, no tienen ningún tipo de relación con el Defensor del Pueblo. No sé si usted puede coordinar este tema a nivel Estado en aquellos territorios que no tengan competencias exclusivas en este ámbito. No sé hasta qué punto los defensores municipales del ciudadano pueden recibir el apoyo y los instrumentos que usted tiene, que son más potentes, más hacia el Estado, para de alguna forma brindárselo a aquellos ciudadanos que se dirigen a sus ayuntamientos y a sus defensores municipales.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Maldonado.


Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Puche.


El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Gracias, señor presidente.


Señorías, vaya por delante en la mañana de hoy la bienvenida más cordial por parte de mi grupo al Defensor del Pueblo, al señor Múgica, a los defensores adjuntos, la señora Cava de Llano y el señor Aguilar y también, cómo no, a todo el equipo técnico que hoy ha tenido la gentileza de acompañarnos a la presentación de este informe. Desde mi punto de vista este informe se ha hecho -y por eso también tengo palabras de agradecimiento hacia el Defensor del Pueblo- de una forma exhaustiva, de una forma generalizada y también de una forma reducida; un informe que se presenta claro, conciso, contundente, equilibrado y desde mi punto de vista, señorías, realista porque en muchas ocasiones en esta Cámara hacemos discursos alejados de la realidad, discursos doctrinales, pero que no se ajustan a la realidad del momento. El Defensor del Pueblo en la presentación de su informe ha sido realista con los ciudadanos españoles.
Es un informe que recoge las aspiraciones de mejora de calidad de vida, las dificultades y esos problemas que han tenido muchísimos españoles a lo largo del año 2004.


En el informe el Defensor del Pueblo comenzaba con una serie estadística.
Las cifras siempre son frías, pero no es menos cierto que esas cifras son también el reflejo de la actividad completa durante un año de la Defensoría del Pueblo y asimismo es el reflejo de cuál es la capacidad de acción que ha tenido el Defensor del Pueblo, sus adjuntos y todo su equipo técnico a lo largo del año 2004. A través de esas cifras el Defensor nos decía que este año se nota un incremento de las quejas, que se sitúan en torno a 28.900, lo cual representa más del 67 por ciento respecto a las quejas presentadas el año pasado. Alguno de los portavoces que acaba de hacer uso de la palabra se preguntaba a qué se debe ese número de quejas y señalaba que habría que hacer un estudio monográfico sobre el incremento de las mismas. Señorías, ya dije en la Comisión que no me voy a dejar llevar por el sendero fácil de la demagogia. Yo no me voy a atrever a decir hoy aquí en esta Cámara que el incremento de esas quejas en absoluto se debe a un deterioro de los servicios de la Administración pública, ni siquiera que la Administración se ha deteriorado o que se debe a un deterioro de la sociedad del bienestar porque ha habido un cambio de Gobierno en los primeros meses del año 2004. Como digo, no voy a discurrir por el sendero de la demagogia, sino que me inclino más a pensar que esas quejas se deben, en primer lugar, a que la institución ha adquirido más prestigio. Sin duda alguna, la institución es más conocida por los ciudadanos españoles debido, también sin duda alguna, al uso de las nuevas tecnologías como internet que hacen que a los ciudadanos les sea mucho más fácil la presentación de esas quejas. Tampoco querría quedarme ahí, porque si decimos que la institución está más prestigiada y es más conocida porque se han incrementado las quejas, puede ser que el año que viene desciendan y tengamos que decir que la institución no sirve. Como digo, tampoco quiero quedarme ahí, por eso creo que si la institución es más conocida -que lo es-y si la institución está más prestigiada y es más efectiva -que también lo es-, tampoco es menos cierto que esos dientes de sierra se deben, sin duda alguna, a que la sociedad española se ha normalizado en la presentación de esas quejas y que la causa de las mismas se debe a razones especiales en momentos muy determinados, es decir, a lo que ocurre en España cada año: razones de inmigración, catástrofes, es decir, razones circunstanciales que, insisto, nada tienen que ver con la Defensoría del Pueblo.


También tengo que decirles que me extraña que sigan produciéndose más quejas de hombres que de mujeres. Ciertamente ha aumentado el número de quejas que presentan las mujeres y van normalizándose respecto a la sociedad española, pero, como digo, el número de quejas que presentan las mujeres ante la Defensoría del Pueblo sigue representando un nivel muy bajo. Miméticamente todos los años se presentan una serie de quejas que desde el punto de vista geográfico coinciden. Es decir, quejas fundamentalmente de procedencia nacional y que tradicionalmente corresponden a las mismas comunidades autónomas: Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia. Desde mi punto de vista, sin duda alguna esto no responde más que al criterio de ser las comunidades

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autónomas más pobladas. Asimismo, creo en definitiva que las quejas que se rechazan por parte de la Defensoría -que han sido del orden del 50 por ciento de las presentadas- no merecen ningún comentario en esta Cámara, puesto que han sido rechazadas por unos argumentos tan de peso que, insisto, no necesitan ningún comentario adicional. Han sido rechazadas porque no ha habido irregularidad administrativa, porque la Administración no ha intervenido o porque en muchos casos ya ha recaído sentencia de los tribunales correspondientes, por lo que la Defensoría nada tenía que decir al respecto.


Dejando a un lado las cifras, quisiera entrar más directamente en las distintas áreas de la Administración, empezando por la Función pública y el empleo. Ya lo ha dicho el Defensor y a mi Grupo y a mí nos preocupa muchísimo que concretamente en el ámbito de las oposiciones para ingresar en las distintas administraciones públicas, tanto en la local como en la general, cada vez se incida más en la vulneración de los derechos constitucionales y de los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Sinceramente, creo que en este punto la Administración, y nosotros como representantes legítimos del pueblo, tendremos que habilitar las medidas y las normas necesarias y estrictas que impidan que las administraciones, del tipo que sean, lesionen méritos y valores constitucionales como los de mérito, igualdad o capacidad.


En cuanto al ámbito de la justicia me retrotraigo primero al de las prisiones para felicitar a la Defensoría en su conjunto por las visitas tradicionales y sistemáticas realizadas a las cárceles españolas para conocer cuál es la propia realidad de los presos, en qué ámbito se mueven y en qué circunstancias se encuentran. En ese ámbito de las prisiones, quiero decirles, señorías, que también este año con respecto al año anterior, y al anterior, se produce un incremento importante de los reclusos en España. Yo creo que es debido al endurecimiento de las leyes penales que la sociedad española demandó en su momento, a lo que esta Cámara fue sensible y fue aprobando, una por una, el endurecimiento de esas penas, que hacen que hoy lógicamente los reclusos vayan creciendo.
Me refiero a cosas tan importantes como el cumplimiento íntegro de las penas, o, en materia de enjuiciamiento criminal, a la libertad provisional, o los juicios rápidos, o el endurecimiento del tercer grado.
Todas ellas han sido medidas que, sin duda, incrementan el número de reclusos. Por eso, en este momento hay que pedirle a la Administración un mayor esfuerzo en medios materiales y personales, así como instar desde el propio Parlamento a la Administración para que se vaya agilizando la construcción de centros penitenciarios que permitan a esos reclusos cumplir la condena, cumplir la privación de libertad en las condiciones necesarias.


Señorías, llego al ámbito de la justicia y me gustaría, a la vista del tiempo que tengo, quedarme precisamente en ese ámbito y hacer un llamamiento a todos los diputados y diputadas, porque viene siendo un mal endémico todos los años el retraso en los procedimientos judiciales, y esa es una vulneración grave de los derechos constitucionales de los españoles. No se puede consentir que durante los últimos cinco, seis y siete años vaya aumentando, día tras día, la dilación en los procedimientos judiciales, y fundamentalmente en el Tribunal Supremo, y más fundamentalmente en la Sala de lo civil y en la Sala de lo contencioso-administrativo. En ese sentido, solo puedo decir que la justicia no puede considerarse como tal si no es rápida. La justicia tiene que ser cercana al ciudadano, tiene que ser rápida, ágil, si no, no puede considerarse como justicia y el reconocimiento de cualquier derecho a un ciudadano español implica inmediatamente una obligación ineludible por parte de los poderes públicos. Y esto no es una afirmación retórica, ni siquiera una afirmación doctrinal, y yo diría que ni siquiera es una afirmación caprichosa de la persona que les habla, es que nosotros hemos puesto en la Constitución española un precepto jurídico que el Estado está y debe estar en condiciones de cumplir.


Aquí quería hacer alguna reflexión, señor Defensor del Pueblo, señorías.
Centrarme aquí para hacer un comentario y también una aportación. Sin duda, todas SS.SS. conocen el artículo 24.2 de la Constitución española, que dice que todos los españoles tenemos derecho a una justicia sin dilaciones indebidas, y me da la sensación de que esas personas que han acudido al Defensor del Pueblo para quejarse de esa dilación del procedimiento judicial no conocen este precepto. Si hubieran conocido el precepto sin duda hubieran acudido a invocarlo al Tribunal Constitucional. Por eso creo, señor Defensor del Pueblo, que en relación con esas quejas que se presentan sistemáticamente por parte de los ciudadanos relativas a los procedimientos judiciales, convendría, en la contestación del Defensor del Pueblo, invitarles a que acudan a argumentar el artículo 24.2 de la Constitución ante los tribunales correspondientes. Es más, yo creo que incluso habría que informarles del artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para que invocaran el precepto constitucional, no en primera instancia en el Tribunal Constitucional, sino en sus propios tribunales, donde tengan abierta la causa, bien sea el Tribunal Supremo o bien sea en los tribunales territoriales correspondientes. Sin duda, en este momento se podría plantear por parte de alguien que si invocamos el artículo de la Constitución para que acudan al Tribunal Constitucional, a lo mejor bloquearíamos ese Tribunal es vez del Tribunal Supremo, pero, señorías, ese argumento es intolerable; es intolerable porque en cualquier caso lo que les estamos diciendo a los ciudadanos es: renuncien ustedes al derecho constitucional que tienen de tener una justicia rápida, ágil y sin dilaciones. Por tanto, yo me veo en la obligación de hacer esta reflexión porque a mi grupo le parece intolerable que estos retrasos en los procedimientos judiciales sean ya una norma habitual en los informes del Defensor del Pueblo.


Señorías, leyéndose el informe, en la profusión del mismo, vemos que el argumento que utiliza el Tribunal

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Supremo en su contestación al Defensor del Pueblo cuando este recurre al mismo para decirle que no tenga estos retrasos, estas dilaciones, es siempre el mismo: defectos estructurales, problemas materiales y problemas personales. No me resisto a esto, porque el Tribunal Constitucional en multitud de sentencias esta harto de decir que no se puede argumentar la lentitud de los procedimientos por las dificultades que existen en los medios materiales y en los medios técnicos. Las sentencias del Tribunal Supremo dicen que se puede liberar de esos asuntos a los magistrados, pero en ningún caso a la Administración de Justicia, que tiene la obligación ineludible de cumplir el precepto constitucional de justicia sin dilación y sin retraso. En ese sentido, en el día de hoy me quiero quedar con la llamada de atención a SS.SS. sobre la urgente necesidad que tenemos de tomar esto en serio, de arbitrar las medidas necesarias desde el Congreso de los Diputados para que esto no vuelva a ocurrir y también para instar a la Administración del Estado a que tome las medidas necesarias para la reforma de ese procedimiento judicial y, fundamentalmente, por qué no decirlo también, del Tribunal Supremo.


Termino refiriéndome a algo que el Defensor del Pueblo ha citado al final de su intervención y que yo no puedo obviar, y es a esa parte del informe en la que el Defensor apela a favor de esas personas que son dependientes, a la tercera edad española. Un gran problema que se adelanta también a los tiempos, esas personas que dependen de los hijos, de los hermanos o de la caridad para poder tener una vejez en tranquilidad y en serenidad. El informe, que también apela a esta cuestión, necesita el apoyo y el estímulo de las personas que aquí representamos a los ciudadanos porque, señorías, como bien conocen, aquí representamos a todas los ciudadanos, sin distinción de clases, sin distinción de condiciones y sin distinción de edades. Por ese motivo, desde mi grupo quiero llamar la atención a este respecto.


Termino igual que empecé, señor Defensor, felicitándole por la presentación de su informe, porque es muy completo, muy exhaustivo, muy riguroso, muy equilibrado y para nosotros es importante que sea imparcial, como lo es, y además que sea realista, porque toca todos y cada uno de los problemas que han venido sufriendo los españoles, una gran cantidad de españoles, durante los últimos tiempos. También quiero decirle que desde el Grupo Popular seguimos estimulando a la institución del Defensor del Pueblo para que siga controlando, para que siga supervisando, para que siga estimulando a la Administración porque redundará en beneficio de los servicios públicos y, en definitiva, redundará en beneficio de todos los españoles.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puche.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Rascón su turno.


El señor RASCÓN ORTEGA: Gracias, señor presidente.


Doy las gracias al Defensor del Pueblo, a su adjunto y al equipo técnico que le acompaña por su presencia, por la comparecencia efectuada y también, cómo no, por el riguroso informe que nos permite un año más conocer, inmediatamente después de debatir en clave política, el estado de los derechos y libertades. Qué duda cabe que es un informe que refleja por defecto aquellos bancos de quejas y anomalías que detectan los ciudadanos y, sin duda, eso debe contribuir a la actividad netamente política de esta Cámara para tratar en lo sucesivo de evitarlas.


En primer lugar, voy a hacer una referencia a la marcha general de la institución, a la que usted ha aludido, comentaré algo sobre recomendaciones, sugerencias e insinuaciones muy interesantes para ser trabajadas en el futuro y, posteriormente, si me lo permiten, haré una valoración política de conjunto que permita obtener las conclusiones que deben extraerse de un informe tan importante como el que hoy se trae a la Cámara por el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo dice que la marcha es satisfactoria, que el presupuesto está ejecutado en un porcentaje razonable, de manera que se deduce que la solvencia económica de la institución es bien evidente. Hay una relación y proyección internacionales del Defensor del Pueblo que hace pensar que aquellos mecanismos que nos son tan útiles en democracia aquí, en España, se pueden transmitir a otros países donde se necesitan. Por último, y es muy importante en esa marcha general de la institución, se ofrece una relación con los defensores del pueblo de distintas comunidades autónomas cada vez más profunda. Eso hay que reconocerlo en positivo porque es venir a decir que esa idea global del Estado de las autonomías, que está muy instalada entre nosotros desde hace 26 años, también se refleja en esa relación parlamentaria que tiene la alta magistratura de persuasión general del Estado con la de cada comunidad autónoma.


Es inevitable hacer una valoración de las estadísticas que nos ofrece este informe, como ha puesto de manifiesto algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra. Esos dientes de sierra son inevitables porque responden a la coyuntura de un determinado país sobre el estado de sus derechos y libertades en un momento concreto; por tanto, no cabe hacer evaluaciones catastrofistas si la cosa mal, ni lanzar las campanas al vuelo si va bien. Eso es lo que refleja la estadística del año 2004. Han aumentado las quejas ciudadanas en un 67 por ciento que, como bien ha explicado el Defensor del Pueblo, tiene que ver con el más profundo conocimiento de la institución que tienen los ciudadanos españoles. Junto a ello hay que reconocer que no se han admitido el 58,10 por ciento, sobre la base de criterios técnicos más que obvios que están bastante instalados en la cultura del Defensor de Pueblo y por supuesto jurídicamente más que justificados. Nos encontramos con un dato que sí que tiene que ser resaltado porque es

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muy importante, y es que aumentan las recomendaciones y las sugerencias que se admiten por la Administración pública. El año anterior fue de un 48 por ciento y ahora sube a cerca del 65 por ciento. Eso significa que cada vez hay más sensibilidad en la Administración pública para atender esas recomendaciones y esas sugerencias. Es un dato positivo, a pesar de que nos tenemos que quedar con el complementario negativo que no nos convence, y es que el 34 por ciento de esas recomendaciones y sugerencias se rechazan. Ahí es donde está la labor persuasiva e importante del Defensor del Pueblo, pero también la complementaria ineludible -esa es nuestra responsabilidad- que tienen las Cortes Generales para tratar de convencer de la ejecución de esas recomendaciones y sugerencias que propone el Defensor del Pueblo, la mayoría de ellas razonables.


Otro dato que llama la atención en clave positiva es que bajan las quejas de oficio. Yo hago una interpretación justo contraria a la que se ha hecho por otro portavoz; no es falta de sensibilidad del Defensor del Pueblo, la sensibilidad como mínimo hay que presumirla y estamos convencidos de que es la misma. Lo que ocurre es que los datos que indica la realidad no invitan a que esas quejas vayan en aumento. Esa es la interpretación positiva que sin ningún género de dudas cabe hacer.


Decía anteriormente que este informe ofrece recomendaciones, sugerencias e insinuaciones. Las recomendaciones y las sugerencias están escritas muy claramente en el mismo y nosotros tenemos que leerlas; las insinuaciones sencillamente hay que captarlas en clave política para poder llevarlas a la práctica, y probablemente esas insinuaciones tienen mucho que decir a esta Cámara a la hora de llevar a cabo la promoción efectiva de los derechos y libertades, que es exigencia ineludible de todos los poderes públicos sin ningún género de dudas, y en primer lugar de las Cortes Generales. Para ello voy a hacer referencia a algunos de los campos de trabajo que el Defensor del Pueblo ha utilizado en su informe y voy a sacar esas insinuaciones para exponerlas aquí, en esta Cámara de representación del pueblo, para incentivar nuestra actividad política en aras de defender adecuadamente los derechos y libertades, fundamentalmente de resolver esos problemas que nos ofrecen los ciudadanos a través de sus quejas.


En lo que respecta a la Administración pública, lo ha puesto clarísimamente sobre la mesa el Defensor del Pueblo. En la búsqueda de la transparencia, en la búsqueda de la imparcialidad a la hora de seleccionar al personal que trabaja para las administraciones públicas con arreglo a los criterios constitucionales de mérito y capacidad hay que buscar a toda costa un estatuto del opositor que contenga un código de buenas prácticas y que afecte a todas las administraciones públicas.
Es, sin ningún género de duda, una insinuación muy a tener en cuenta para intentar vencer esas resistencias que se detectan en distintas administraciones públicas y que hacen que en determinados momentos la selección del personal no sea constitucionalmente adecuada.


Se ha hablado de seguridad y de la Administración de Justicia, detectando las lacras que vienen reiterándose informe tras informe y que invitan -esta es otra insinuación bastante evidente- a una búsqueda de soluciones ya estructurales. Si hay problemas que se repiten año tras año, son problemas estructurales y necesitan reformas estructurales.


En el campo del urbanismo, se ha hablado del problema de la vivienda. Ahí están los indicadores sociales, las encuestas cantan y bien claramente: Uno de los problemas que subjetivamente tienen los ciudadanos de este país es el de la vivienda. Por tanto, hay que movilizarse para resolver el problema de la vivienda. En este momento me resultaría muy fácil hacer demagogia, pero no la voy a hacer. Hay un Gobierno que incluso ha creado un ministerio para intentar solucionar este grave problema coordinadamente. Lo cierto es que es un problema detectado por la queja ciudadana y al que hay que dar solución en el futuro.


Otro tanto ocurre con el Estado del bienestar. Es verdad que, al menos doctrinalmente, en muchas ocasiones se pone en entredicho el Estado del bienestar, qué capacidad tenemos para mantenerlo, hasta dónde va a llegar, pero la verdad es que lo que refleja el ciudadano a través de sus quejas es un intento de mantener a toda costa las ventajas, que son muchas, de ese Estado del bienestar, que contribuye fundamentalmente -y me quedo con esa valoración positiva- a dotar de igualdad, a través de los servicios públicos, a la ciudadanía. Y ahí es donde surgen determinados bancos de quejas que hay que atender sin ningún género de duda.


Se queja la ciudadanía, y se queja generalizadamente -además creo que es uno de los primeros campos de queja-, del Servicio Nacional de Salud. A lo mejor hay que plantearse en próximas reuniones de responsables políticos de todo el país, dedicadas a la financiación sanitaria, que es un problema que la ciudadanía ha puesto sobre la mesa y que exige diligencia en la solución del mismo a los responsables políticos. Por eso hablaba de insinuaciones, es una interesante insinuación del querido Defensor del Pueblo, para que sea atendida por los que tienen que decidir.


Otro tanto ocurre, en ese campo del Estado del bienestar, con los distintos problemas que afectan a colectivos; colectivos que son minoritarios pero que necesitan un apoyo superior al natural de cualquier otro ciudadano. Me estoy refiriendo a los mayores, a los menores de edad con minusvalías, a los enfermos crónicos, a las familias numerosas, etcétera. Es un campo de trabajo especificado suficientemente en ese informe, que insinúa también la necesidad imperiosa de una ley de dependencia, una ley que contribuya a dar autonomía a personas que, por la razón que sea, no la tienen, y para hacer realidad ese Estado del bienestar tienen que intervenir los poderes públicos, el primero éste, sin ningún género de duda. Es una insinuación que los poderes públicos con responsabilidad tenemos que tener en cuenta.


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Hay otra insinuación en el campo de la educación, una insinuación bastante interesante, cuando habla de los graves problemas de planificación educativa en los distintos niveles, de los problemas para conseguir becas a pesar de haber aumentado ostensiblemente en el último año o de la homologación de títulos del extranjero, por no citar el terrible informe PISA, que tan mal nos pone y tanto afecta a la educación en nuestro país.
Nos está sugiriendo, nos está insinuando también que este país necesita un pacto por la educación, en donde tenemos que aunar esfuerzos para hacer realidad una educación de calidad e igualitaria para todos los ciudadanos.


Fíjense, señorías, cómo el informe del Defensor del Pueblo no solo es capaz de ofrecer abiertamente recomendaciones y sugerencias, sino que también es muy útil para trasladar a esta Cámara insinuaciones políticas que deben ser tenidas en cuenta para algo tan elemental como es hacer política. Eso me permite ir a la valoración política, descaradamente política, última que hago en mi intervención, y con eso acabo, señor presidente. La idea clásica de la política no es otra que la de intentar resolver los problemas del ciudadano, de la inmensa mayoría de los ciudadanos de la mejor manera posible y esto se tiene que hacer fundamentalmente en el foro natural, que es el Parlamento. Para eso estamos. El Defensor del Pueblo está para sugerirnos, recomendarnos e insinuarnos y nosotros para intentar resolver los problemas. El Defensor del Pueblo, a mi juicio, ha hecho sus deberes, y ahora nos toca hacerlos a nosotros. ¿Y cómo los podemos hacer? Algunas pistas he dado al respecto. A partir de ahora con ese informe del Defensor del Pueblo, a lo mejor, tenemos que plantearnos una intermediación con los poderes públicos que no contestan, que contestan tarde o que incumplen las recomendaciones y sugerencias del Defensor del Pueblo, para hacerles ver que, porque son razonables, hay que llevarlas a cabo. O hay que ir más lejos y buscar a toda costa que esas recomendaciones y sugerencias que no se cumplen y esas insinuaciones que se deducen de ese informe se hagan realidad a través de iniciativas; iniciativas parlamentarias, legislativas o no, que busquen algo tan sencillo como la calidad de los servicios públicos de este país, como el servicio directo al ciudadano que está más que consagrado en la Constitución y al que invita el Defensor del Pueblo. Por eso esa correspondencia entre la información, la sugerencia de esa alta magistratura sugestiva del Defensor del Pueblo y esos deberes que tenemos que hacer aquí, en este Parlamento, con iniciativas legislativas y no legislativas, para que la calidad de vida de los ciudadanos, que es motivo de queja y se refleja en ese informe, se desarrolle hasta sus últimas consecuencias y esas quejas disminuyan radicalmente. Eso está por hacer, es nuestra responsabilidad como representantes del pueblo, y es lo que espera el pueblo.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Rascón.


Concluidas las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, solo me queda agradecer y al mismo tiempo despedir al Defensor del Pueblo, a sus adjuntos y colaboradores por su presencia en esta sesión. Muchas gracias. (Aplausos.)

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 7/2005, DE 22 DE ABRIL, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 2/2004, DE 27 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2005, EN MATERIA DE FINANCIACIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUA. (Número de expediente 130/000018.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos nuestro orden del día. Punto IV: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto 7/2005, de 22 de abril, por el que se modifica la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, en materia de financiación de la formación continua.


Para la exposición de las razones que han obligado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley, tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


Señorías, ante todo quiero decir que el real decreto que hoy se presenta para su convalidación es fruto de los acuerdos alcanzados en la Mesa de diálogo social sobre formación continua entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales. Lo digo porque este decreto-ley es una verdadera necesidad económica y social. Pediría a todos los grupos parlamentarios de la Cámara que apoyaran el diálogo social y, por tanto, prestaran su concurso a la convalidación del mismo.


Las tres partes, Gobierno, patronal y sindicatos, hemos coincidido en la necesidad de abordar las siguientes modificaciones de incidencia presupuestaria en el marco de la formación continua, con los objetivos que voy a señalar: Primero, incrementar los créditos para las bonificaciones de las empresas en materia de formación de sus trabajadores. Las empresas tendrán más dinero para formación, con la finalidad de estimular la productividad y la competitividad de nuestro sistema. Segundo, aumentar y de forma muy notable, señorías, los fondos a transferir a las comunidades autónomas para la gestión de la formación continua en línea con las sentencias del Tribunal Constitucional de abril y octubre de 2002, al objeto de anticipar al año 2005 el objetivo de participación autonómica en la gestión, inicialmente

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previsto para el año 2006. Tercero, poner en marcha con carácter experimental un programa de subvenciones para la dotación y equipamiento de centros de formación profesional, a fin de garantizar el desarrollo eficaz de los planes de formación continua amparados en la negociación colectiva sectorial. Por último, y muy importante, declarar ampliable -lo digo para la fijación de la posición de SS.SS., de los grupos parlamentarios- el crédito destinado a la financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social acogidas a medidas de fomento de empleo por contratación laboral, para dar respuesta, en su caso, a los acuerdos que se adopten en el marco del diálogo social sobre reforma del mercado de trabajo, es decir, se amplía el crédito destinado a incentivar el empleo indefinido en España. Esto es lo que significa esta cláusula.


Respecto a la primera de las medidas, he de informar de lo siguiente. Las empresas que realizan formación continua directamente para sus trabajadores se benefician de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social. El ejercicio 2004 fue el primero en que se aplicó esta fórmula, por lo que hasta bien finalizado el mismo no se ha podido constatar el grado de utilización de la misma por parte de las empresas.
Los presupuestos para 2005, ante la falta de información disponible acerca del uso por parte de las empresas de estos fondos, se elaboraron estableciendo los mismos porcentajes de bonificación para las empresas que se habían contemplado en 2004. En este momento ya tenemos la información y de ahí las razones para el decreto-ley, y es suficiente para estimar de forma adecuada las proporciones máximas de empresas que, según sus tamaños relativos, van a recurrir a la formación directa de sus trabajadores. Esta información indica que la proporción de empresas que ha accedido al sistema es, en los tramos correspondientes a las más pequeñas, muy inferior al estimado inicialmente, por lo que corresponde realizar una revisión de las establecidas en la ley de presupuestos para el año 2005, acercándolos a otros más realistas, de acuerdo con los siguientes criterios: la tasa de cobertura de las empresas de entre uno y cinco trabajadores se estima en un 25 por ciento frente al 50 establecido inicialmente en los presupuestos de 2004; la correspondiente a empresas entre seis y nueve trabajadores se estima en un 50 frente al 100 por ciento que se estableció en los presupuestos de 2004; para las empresas entre 10 y 49 trabajadores se estima un 75 por ciento de cobertura frente al cien por cien establecido para 2004; para las empresas de más de 50 trabajadores se estima que es posible alcanzar el cien por cien de las mismas, dado que en 2004 se consiguió que accedieran al sistema el 36 por ciento de las empresas entre 50 y 249 trabajadores y el 64 por ciento de las de más de 250 trabajadores.


La revisión y ajuste a la realidad de las tasas de cobertura de las empresas que accederán al sistema permite, señorías, en primer lugar, incrementar los porcentajes de bonificación inicialmente establecidos a cada una de ellas; y, en segundo lugar, liberar mayores recursos que gestionarán, como explicaré a continuación, las comunidades autónomas. En consecuencia, las empresas se verán más beneficiadas en cuanto al crédito de bonificaciones de que dispondrán para formación continua durante el ejercicio 2005, y esto contribuye al logro de un doble objetivo: primero, estimular a las empresas para que desarrollen acciones de formación continua para sus trabajadores; y, segundo, complementar las medidas urgentes adoptadas por el Gobierno para impulsar el incremento de la productividad y competitividad de las empresas.


La segunda de las medidas de este real decreto-ley, señorías, camina en la dirección que se ha planteado este Gobierno de avanzar en la gestión de la formación continua en línea con las sentencias del Tribunal Constitucional de abril y octubre de 2002. Así, la aprobación de este real decreto-ley permite, como he dicho antes, incrementar los fondos a transferir a comunidades autónomas para la gestión de la formación continua, anticipando a este año 2005 el objetivo previsto inicialmente para 2006. La revisión para el año 2005 de las tasas de cobertura de las empresas que acceden a las bonificaciones de formación continua, a la que me he referido antes, permite no solo incrementar el porcentaje de bonificación aplicable por las empresas y, por tanto, mejorar su situación, sino también un menor gasto del previsto inicialmente para la financiación de esas bonificaciones, lo que permite destinar la mayor parte de estos ahorros a incrementar los créditos previstos para la financiación de la formación continua gestionada por las comunidades autónomas. De esta forma la gestión de los fondos que se destinarán en 2005 para ayudas y subvenciones de formación continua quedará distribuida ya en 2005 al 50 por ciento entre el Estado y las comunidades autónomas.
Recuerdo que en 2004 la distribución era de cien a cero, pero ahora estaremos en 50/50. Este nivel de participación autonómica en la gestión de la formación continua debía alcanzarse según el acuerdo con las comunidades autónomas en el 2006. Quiero recordar que este ha sido un acuerdo con todas las comunidades autónomas, y el Gobierno lo que hace con este decreto-ley es adelantar los beneficios de ese acuerdo para las comunidades autónomas, es decir transferir a las comunidades autónomas cantidades superiores a las previstas inicialmente para el año 2005. Por tanto, el Ministerio de Trabajo y los interlocutores sociales hemos decidido acelerar lo más posible el proceso de transferencia de la gestión de los fondos de formación continua a las comunidades autónomas.
Destaco finalmente que tras la aprobación del real decreto-ley los fondos de formación continua para comunidades autónomas previstos inicialmente en los presupuestos para el año 2005 pasarán de 147 millones de euros a 219 millones de euros, lo que representa un incremento de casi el 50 por ciento, un 48,6.


La tercera de las medidas de este real decreto-ley, señorías, trata de poner en marcha con carácter experimental un programa de subvenciones para la dotación y

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equipamiento de centros de formación profesional, que garantice el desarrollo eficaz de los planes de formación continua amparados en la negociación colectiva sectorial, por dos razones. Primero, es necesario abordar en el presente año la puesta en marcha de un programa experimental dirigido a garantizar el desarrollo eficaz de los planes de formación continua amparados en la negociación colectiva sectorial. A través de estos programas se pretende dar cobertura a todas las necesidades de formación demandadas por los distintos sectores productivos. Todos los sectores productivos se verán beneficiados por un importante volumen de recursos económicos destinado a cubrir las necesidades de formación de la población ocupada. A su vez esto requiere la existencia de una red de formación profesional que dentro de cada sector permita la ejecución de toda la oferta formativa aprobada y con los niveles de calidad requeridos. Para ello se abrirá una línea de financiación para la dotación y equipamiento de centros de formación profesional, que permita satisfacer las necesidades de formación planteadas por cada sector productivo y adaptar los centros a los cambios en las tecnologías de producción de bienes o prestación de servicios y a los avances en los modos de organización del trabajo. Este programa dotado con seis millones de euros se financiará asimismo con parte de la reasignación de recursos obtenida en la partida de bonificaciones.


La última de las medidas contenidas en el decreto-ley consiste, señorías, en declarar ampliable el crédito destinado a la financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social acogidas a medidas de fomento de empleo indefinido por contratación laboral, con el objeto de cubrir dos finalidades: por un lado, dar respuesta a los acuerdos que se adopten en el marco del diálogo social sobre la reforma del mercado de trabajo y, por otro, financiar las bonificaciones de cuotas de los trabajadores contratados como consecuencia de la celebración de la Copa América con cargo al presupuesto del servicio público de empleo estatal; asimismo financiar las bonificaciones de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes a favor de las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de trabajo.


Se darán cuenta, señorías, de la importancia de las medidas incorporadas en este decreto-ley dirigidas a importantes objetivos que constituyen algunos de los desafíos más importantes de la economía española, de nuestras empresas y nuestros trabajadores: impulso de la productividad y competitividad, mejora de la formación continua y mejora de la respuesta de los sectores productivos que canalizan sus esfuerzos de mejorar la calidad de su formación continua amparadas en la negociación colectiva sectorial; todo ello acordado en la mesa de diálogo social. Además aumentamos, anticipamos y aceleramos la gestión de las comunidades autónomas en materia de formación continua, avanzando lo más rápidamente posible en el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión, como es voluntad del Gobierno en colaboración con los interlocutores sociales. Espero su voto positivo, señorías.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


¿Algún grupo parlamentario desea ejercer su derecho de turno en contra? (Pausa.)

Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, señora Fernández. El turno, como saben, es de diez minutos.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, lamentamos no poder asumir el voto que usted nos pide, el voto favorable a este real decreto que usted nos presenta hoy aquí. No podemos asumirlo por argumentos que ayer mismo dábamos en la interpelación que defendíamos desde esta tribuna y por razones que usted mismo ha expuesto en la defensa de este real decreto como fundamentales para votar que sí, esa apelación a la importancia del diálogo social.
Precisamente porque somos conscientes de la necesidad y de la importancia del diálogo social no podemos asumir la petición de voto favorable que usted nos plantea, porque entendemos que esa voluntad política que se manifiesta desde el Gobierno en esa mesa para el diálogo social o en esa mesa de concertación es una voluntad política restrictiva, porque no contempla las diferentes opciones que desde el mundo sindical pueden y deben estar representadas en esa mesa, ya que representa a un porcentaje muy importante de trabajadores y trabajadoras. Yo hablaba concretamente ayer de ese 26 por ciento de trabajadores y trabajadoras de Galicia que la Confederación intersindical galega representa, que no van a estar representados en esa mesa del diálogo social por razones que seguramente no son solo imputables al Gobierno, pero que definitivamente es lo que hay: una mesa de diálogo social restrictiva que excluye a otras organizaciones sindicales que entendemos deberían estar presentes. No dudamos de la mejora de este real decreto, cuyos diferentes puntos usted expuso, y no dudamos porque efectivamente es así, pero no compartimos que las modificaciones signifiquen avanzar en la línea de las sentencias del Tribunal Constitucional por lo que a la transferencia de la formación profesional continua a las comunidades autónomas se refiere. Es cierto que la transferencia a las comunidades autónomas se incrementa en un porcentaje muy elevado respecto de lo que se contemplaba en los Presupuestos Generales del Estado para 2005, pero no se modifica prácticamente la partida correspondiente a esos mismos contratos-programa en la cuestión estatal; es decir, el incremento en la transferencia a las comunidades autónomas se detrae del programa de la promoción de empresas o del programa que se conoce por bonificaciones. Esto se hace no porque

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haya una voluntad de detraer de la partida de las bonificaciones para avanzar en la transferencia a las comunidades autónomas (con los datos en la mano, seguramente habría que detraer más), sino porque el presupuesto que contiene la partida de las bonificaciones no se ha gastado porque las empresas no han elaborado los programas correspondientes que harían posible agotar la partida presupuestaria; esa es la razón. En la medida en que la transferencia a las comunidades autónomas y la parte que corresponde a los contratos-programa de índole estatal es la misma prácticamente, con una diferencia de seis millones de euros, no vemos que efectivamente haya un avance. Hay un incremento de la partida de las transferencias a las comunidades autónomas, pero no un avance. Por otro lado, no hay ninguna mención, nada más que el avance que usted nos anuncia, en el real decreto para explicitar algo que sí se manifestaba en el Real Decreto 1046/2003, en el que se establecen estos acuerdos, que era dar dos años para adaptarse (no vamos a decir qué se tiene que adaptar en esos dos años, porque no merece la pena o porque hoy no es el momento) en la transferencia a las comunidades autónomas. Usted no nos dice si efectivamente se va a cumplir ese plazo y en el 2006 las transferencias en formación profesional continua se van a realizar en su integridad a las comunidades autónomas. No vamos a discutir efectivamente que quede alguna partida económica de índole estatal para determinadas cuestiones, pero no tiene que ver con la competencia exclusiva que le correspondería a las comunidades autónomas en materia de formación profesional continua. Por esta razón no podemos apoyar el real decreto y tampoco por lo que decía al principio de mi intervención, por la restricción que se hace del diálogo social y porque además el real decreto establece y sacraliza que el diálogo social se va a hacer en la mesa (en esa mesa restrictiva, como decía) de representantes sindicales, en la que se va a debatir también la reforma del mercado de trabajo, y toda modificación que se vaya a realizar en materia de formación profesional continua se hará de acuerdo con el diálogo establecido en la mesa del diálogo social sobre la formación continua, que no tiene nada que ver con la fundación tripartita que existe. Es decir, señor ministro, los acuerdos se van a elaborar según los organismos creados por la voluntad política, que puede ser discutible, pero es una, y cuando se discute en todo caso se vota, y en democracia quien tiene la mayoría saca adelante las cuestiones. En cambio se deja al margen a aquellos organismos institucionales que están conformados por la voluntad jurídica, aunque usted mismo ayer en la respuesta a nuestra interpelación nos decía que en ese sentido se respeta al máximo la representatividad de esas centrales sindicales que nosotros decimos que están excluidas.
Entendiendo que la transferencia a las comunidades autónomas se debe hacer de inmediato y entendiendo que no debe quedar ninguna central sindical al margen de lo que se debata sobre la formación profesional continua (y el decreto lo hace, es decir tolera esa marginación), no vamos a votar a favor del real decreto y además solicitamos, señor presidente, poder tramitarlo como ley en este Parlamento.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández Davila.


Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Mi grupo va a votar favorablemente la toma en consideración de este real decreto ley en materia de financiación de la formación continua que va a permitir modificar la Ley de Presupuestos Generales del Estado que tenemos para el vigente ejercicio económico, 2005. Lo hacemos por las siguientes razones. En primer lugar, ha habido una formalidad (la ha comunicado el señor ministro, don Jesús Caldera, en su intervención), que se hace de acuerdo con las comunidades autónomas. Desde la Comunidad Autónoma de Canarias se ve favorablemente esta bonificación en la formación profesional continua que tienen que recibir las empresas.
Nosotros tenemos en Canarias, como tendrán otras comunidades autónomas, una exigencia de una dinámica generada, primero, por la presión del desempleo; segundo, por la necesidad de una cualificación pertinente, actualizada y moderna de los trabajadores que tienen que tener una flexibilidad en la salida de su empresa para asistir a los centros que impartan esta formación profesional; y, tercero, por la exigencia dentro de la propia empresa de estar al día en los últimos avances tecnológicos de modernización, de gestión de empresas y de producción de bienes y servicios que se tienen que llevar a cabo. Se trata sencillamente de unos aspectos puramente presupuestarios para permitir que estas empresas, que por la actividad que realizan cotizan por la contingencia de formación profesional, tengan un estímulo con una bonificación. Toda inactividad en una línea de producción de una empresa generada por un trabajador que tiene que asistir a un curso de formación no tiene el mismo efecto en la productividad, aunque lo pudiera parecer, que si tuviera una baja por enfermedad temporal. Aquí se trata sencillamente de que la baja en la cadena de producción de ese trabajador se produce porque está asistiendo a un curso de formación profesional y cuando se reincorpore va a aportar un valor añadido, una plusvalía, en la calidad de los bienes y servicios que está produciendo. La cuantía total estaba regulada por la disposición adicional vigesimosexta de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 para este aumento de actividades y bonificaciones que ahora se produce. El señor ministro ha dicho (nosotros recogemos en nuestro informe la situación de Canarias) que había que esperar a ver cuál era la motivación de las empresas, porque la Ley de Presupuestos Generales del Estado rige desde el 1 de enero del corriente año (es una obviedad) y estamos en el mes de mayo, para decidir la aportación.


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Creemos que con este real decreto-ley se les hace una bonificación respecto a las exigencias, no ya presupuestarias sino de gestión administrativa, cuando estaban obligadas a la presentación de un listado de las personas que componen la plantilla laboral que van a hacer el curso de formación profesional correspondiente. Lo que se hace en el segundo concepto del artículo único, en cuanto a permitir que las empresas que durante el año 2005 abran nuevos centros de trabajo, las empresas de nueva creación, y las que tengan que conceder permisos individuales de formación, es exonerarlas de comunicar el listado de trabajadores participantes y se les permite que lo hagan cuando presenten el volumen de trabajo. Parece ser que una de las observaciones que se hacen a este real decreto se refiere a la eliminación de las exigencias burocráticas que ahora se eliminan. Si se quitan, se permitirá una flexibilidad mucho mayor a las empresas.


Esto nos mueve a dar nuestro voto a favor de la convalidación de este real decreto-ley, pues va a producir un efecto positivo en cuanto a gestión y eficacia, ya que amplía la actuación de las comunidades autónomas en la gestión de la formación profesional. Con la transferencia de un fondo desde los Presupuestos Generales del Estado, desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se va a permitir que las consejerías de Trabajo de las comunidades autónomas puedan disponer de un órgano de gestión y de participación en cuanto al control de estas empresas y de todos los beneficios legales. Este real decreto-ley permite abrir una línea de financiación para la dotación de los centros de formación profesional, que tiene una tutela inspectora de las comunidades autónomas, como es el caso de Canarias; asimismo hay un aumento de los créditos relativos a la financiación de estas empresas para que pueda beneficiarse un número mayor. El artículo único de este real decreto-ley señala la horquilla de las empresas que cotizan e incluso se reserva la protección de un crédito para las empresas de uno a cinco trabajadores, por lo que la escala que va de seis a más de doscientos cincuenta cubre perfectamente las exigencias actuales, al menos en esta primera fase.


Consideramos fundamental en la política social y laboral, señor presidente, que las empresas dispongan de este instrumento de alivio de supresión fiscal por el impuesto de sociedades y que tengan una bonificación para la formación profesional. Así ninguna empresa puede escudarse en que no tiene ninguna línea de apoyo para la formación profesional de calidad para no mandar a sus trabajadores a perfeccionarse, a modernizarse en una formación continua; no tendrán excusa para hacerlo. Por estas razones, damos nuestro voto positivo a la convalidación de este real decreto-ley.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Izquierda Unida. Señor Pérez, su turno, por favor.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, nuestro grupo votará favorablemente la convalidación de este real decreto que en definitiva viene a modificar la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005 en cuanto a financiación de la formación continua. Nuestro grupo comparte la necesidad de incrementar esos créditos para la formación de los trabajadores en las empresas y además nos congratulamos de que sea producto del acuerdo con los interlocutores sociales, que sea producto de acuerdo en la Mesa de diálogo social del pasado 21 de marzo. Estamos en el segundo año del nuevo subsistema de formación continua que emprendió el anterior Gobierno y podemos decir que los datos de este periodo no son precisamente positivos; son datos decepcionantes en cuanto a la participación de las empresas en la formación de los trabajadores y fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas. Si no estamos equivocados, de los 701 millones de euros presupuestados en 2004 se podría estimar que en torno a unos 250 no habrían sido gastados debido básicamente a la poca implicación de las pequeñas y medianas empresas, porque es cierto que las grandes sí han aprovechado el sistema de bonificaciones. Era y es lógico, por todo ello, que sindicatos y comunidades autónomas reclamaran una mayor participación en los fondos y también en la gestión de una parte fundamental de ese presupuesto por parte de las comunidades autónomas. Dicho esto, el decreto que se quiere convalidar supone por supuesto estas mejoras, supone cambios que nos parecen insuficientes aunque sí están en la línea justa por la que se debe avanzar. Tenemos que valorar, y lo hacemos positivamente, la receptividad del Gobierno a las propuestas de los sindicatos en cuanto a la formación continua y también de una mayor flexibilidad en cuanto a los instrumentos, como por ejemplo los contratos-programa, que permiten un mayor grado de consenso con las comunidades autónomas y con las organizaciones sectoriales; pero creemos, y estamos convencidos de que en esto estaremos de acuerdo, que conseguir incentivar e incorporar a las pequeñas y medianas empresas para su implicación en la formación requiere también de medidas de mayor profundidad que las que se plantean en este decreto. Pensamos que el sistema de formación continua debe articularse con la formación ocupacional flexibilizando el acceso a una y a otra, y además insistimos, porque creemos que es necesario insistir en esta línea, que comprometerse con la mejora de la cualificación de los trabajadores debe comprender también mayores inversiones. Reiteramos que los cambios en la gestión de la formación deben tener como objetivo el derecho de los trabajadores y que ese derecho debe ser exigible en el marco de las empresas. Por todo esto, y por ser breve, pareciéndonos necesaria la orientación del decreto nos parece también poco ambicioso; veríamos con mayor satisfacción, con mayor entusiasmo, un mayor impulso a la financiación y regulación de la formación desde esa mesa de diálogo

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social, pero en cualquier caso también queremos anotar esta mañana que esta medida es positiva y que tiene más que ver con la productividad que los dos proyectos que vamos a discutir posteriormente, que tienen precisamente en su título la palabra productividad; repito, tiene más que ver este punto con la productividad que esos dos proyectos que vamos a discutir posteriormente, aunque sabiéndolo (lo diremos en su momento) también nos parecen positivos pero claramente insuficientes desgraciadamente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.


Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, he de compartir las últimas palabras del señor Pérez al finalizar su intervención. Este real decreto que estamos en trance de convalidar tiene mucho más que ver con la productividad que la norma que se refiere a los problemas de los estancos, de las funerarias y de los conflictos dialécticos entre registradores y notarios, sin ninguna duda.
Ahora el concepto de productividad es tan deletéreo que se utiliza para todo, pero le felicito por su intervención y la comparto absolutamente, señor Pérez; aquí sí que estamos hablando de mejora de la productividad real.


El señor ministro (ausente momentáneamente) ha hecho una reflexión apologética de las bondades de este real decreto que es susceptible de algunas matizaciones que mi grupo hará de una forma muy sucinta, señor presidente. En primer lugar, el hecho de que la gestión de la formación continua no esté resultando acertada o suficientemente eficiente ya acredita lo que se ha comentado, que de los presupuestos, o de las dotaciones o disponibilidades presupuestarias existentes, 248 millones de euros no han podido ser gastados, lo que muestra inequívocamente un fracaso vinculado no solo a la pequeña y mediana empresa, o si está vinculada a la pequeña y mediana empresa es por problemas estructurales o por las dificultades que tienen este tipo de empresas para el acceso a estas fuentes de financiación o fondos destinados a la formación continua. Estamos hablando de algo que hay que tomarse en serio desde una perspectiva autocrítica. Estas partidas presupuestarias tienen que ser objeto de ejecución íntegra. Estamos hablando de uno de los pocos elementos estructurales que sirven para consolidar una adecuada formación y este sí que es un elemento de productividad real, es un elemento de mejora estructural de nuestra economía.


En segundo lugar, el señor ministro ha comentado algo que no voy a decir que sea incierto, pero que es dudoso. Dice que el contenido material de este real decreto está consensuado con todas las comunidades autónomas, pero hay una con la que no, con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Tengo dudas de que esté consensuada con la Comunidad Autónoma de Cataluña porque las trasferencias de las dotaciones destinadas a la formación continua que se consignan con relación a esta comunidad autónoma no son aquellas que declaran transferibles las dos sentencias ya citadas del Tribunal Constitucional, de fechas de abril y octubre del año 2002. Yo también pondero, señor ministro, como usted, las bondades del diálogo social y el carácter normativo de los acuerdos interprofesionales, su eficacia erga omnes, pero un acuerdo interprofesional no puede disponer sobre el contenido material de una sentencia del Tribunal Constitucional; en términos jurídicos esto lo sabe cualquiera. La aspiración de la Comunidad Autónoma de Cataluña será el cumplimiento íntegro de la sentencia, por tanto la transferencia de la totalidad de los fondos que con tanta claridad se consignaron en esa sentencia.


Por otra parte, nos preocupa, señor ministro (se lo digo en el tono amigable que suelen poseer las reflexiones dialécticas entre usted y yo), desde una perspectiva competencial ese programa experimental que se refiere al real decreto-ley de creación y dotación de un fondo de formación profesional adscrito a la Administración central del Estado en un sentido vectorialmente contrario al que requiere el bloque de constitucionalidad. Esta no es una competencia que deba corresponder en exclusiva al Estado, ni siquiera cuando estamos hablando de planes experimentales para la creación y dotación de centros de formación profesional, sino que es una competencia a transferir. Estamos rescatando competencias, señor ministro, o, si quiere que no utilice una expresión tan agresiva, estamos regulando materias que por lo menos deberían tener una salvaguarda de naturaleza competencial al ser materias cuya ejecución corresponde a la práctica totalidad de las comunidades autónomas, incluso en algunos casos su ejecución y desarrollo legislativo.


Por último, señor ministro, qué le voy a explicar que usted no sepa (lo hemos discutido en numerosas ocasiones en esta Cámara) de los problemas en Euskadi con relación a la formación profesional continua. Nuestro problema es que no necesitamos ningún tipo de transferencia de fondos desde la Administración central. El problema es que hay un acuerdo interprofesional en Euskadi suscrito por sindicatos y organizaciones empresariales distintas a las españolas que alumbraron la Forcem; las de Euskadi (ELA, LAB y Confebask) que alumbraron otra organización denominada Hobetuz, que tiene exactamente la misma naturaleza que la Forcem. El carácter de mayor representatividad sindical que ostentan los signatarios de la organización que suscribieron el acuerdo interprofesional en el Estado español, los sindicatos y patronal que firmaron el acuerdo interprofesional en Euskadi, obliga necesariamente a desagregar el sistema de financiación, de forma que las cuotas devengadas en Euskadi en materia de formación continua sirvan para la financiación de Hobetuz (Hobetuz es en Euskadi la Forcem) y las devengadas fuera del ámbito de Euskadi, mediante los sistema de descentralización,

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a los que ya provee la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de cuotas devengadas en materia de formación profesional, sirvan para la financiación de la Forcem o la financiación que en el ámbito autonómico se articule de forma definitiva. Se trata de atender a dos acuerdos interprofesionales que tienen la misma fuerza de obligar y que han creado órganos diferentes; uno se denomina Forcem y otro se llama Hobetuz y deben ser financiados de la misma manera mediante estas cuotas, que tienen el sentido finalista de cubrir estas necesidades de financiación que son los devengos de empresarios y trabajadores de carácter obligatorio en materia de formación profesional continua.


Señor presidente, señor ministro, mi grupo se va a abstener con relación a la convalidación de este real decreto porque creemos que existen expectativas de resolver este viejo contencioso, el de la Forcem versus Hobetuz. No es difícil de resolver, y además resolverlo supone algo tan simple como cumplir los requerimientos del ordenamiento jurídico; cumplir los requerimientos de los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical; cumplir los requerimientos de la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores, y reconocer que no solo UGT, Comisiones Obreras y la CEOE son sindicatos u organizaciones empresariales más representativos, que hay otros que pueden suscribir acuerdos interprofesionales y que estos tienen exactamente la misma validez jurídica que los otros. Desde esa perspectiva, señor ministro, le hago una apelación al consenso. Intentemos resolver este problema dialogadamente, y seguramente de esta manera algo que tiene que ver con la productividad, como bien decía el señor Pérez, la formación profesional continua, pueda ser resuelto y pueda concitar el consenso de mi grupo parlamentario. En tanto en cuanto esto no sea así, señor presidente, nos vamos a abstener en relación con la convalidación del real decreto y vamos a apoyar las peticiones que se han hecho ya de que este decreto ley que estamos seguramente en trance de convalidar se tramite como proyecto de ley.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardá.


El señor TARDÁ I COMA: Gracias, señor presidente.


La formación profesional ha representado, y todavía representa, uno de los grandes conflictos competenciales de los últimos años y después de más de un año del nuevo Gobierno debería quedar claro que no perdurará en el tiempo.A las reiteradas normas de carácter centralizador, en algún caso de marcado jacobinismo, que se fueron produciendo por el anterior Ejecutivo, siguieron sendos pronunciamientos del Tribunal Constitucional que han tenido que ser reiterados ante diversos incumplimientos. En torno a esta doctrina constitucional se ha estructurado un régimen competencial que, a grandes rasgos, otorga al Estado, en forma de competencia exclusiva, lo referido a dicha formación en el sentido de que es el único órgano legitimado para el desarrollo de la legislación ordinaria, pero que corresponde a las comunidades autónomas que así lo hayan dispuesto en sus respectivos estatutos de autonomía -y este es el caso de Cataluña- la ejecución y gestión en su territorio de la normativa establecida con carácter general, y por lo que se refiere a subvenciones y fondos de promoción de la formación, queda claro que es de competencia autonómica la gestión de los fondos destinados. Resulta evidente bajo cualquier punto de vista que cuando una comunidad autónoma tiene atribuida competencia ejecutiva de una determinada materia debe tener la correlativa transferencia de los fondos ligados a la misma. Esta evidencia la ha recogido el Tribunal Constitucional en las diversas sentencias, y esto es lo que ocurre con la materia objeto de debate. Es conocido que el anterior Gobierno produjo el Real Decreto 1046, actualmente impugnado ante el Tribunal Constitucional, que significó el establecimiento de un bypass del acceso a los fondos de formación para las comunidades autónomas y el destino directo de las ayudas a las empresas mediante detracciones en las liquidaciones mensuales de la Seguridad Social, que no es más que una derivación de los fondos de formación a la caja única del sistema de la Seguridad Social, intentando evitar la participación competencial reconocida por el Tribunal Constitucional a las comunidades autónomas en la gestión de las subvenciones y la financiación, y hoy por hoy todos sabemos cuán alejados estamos en las posiciones sobre el concepto mismo de la caja única de la Seguridad Social. Esto es evidente y por aquí no va a ir el problema hoy por hoy.


La gestión de la formación continuada, su trascendencia económica, su anhelado potencial fáctico, la conversión a veces en fraudulentos sistemas paralelos de financiación para algunos -en Cataluña tenemos algunos casos clamorosos de este tipo- no pueden servir de cobijo para albergar la desobediencia sistemática institucionalizada y persistente a los mandatos del Tribunal Constitucional. Tampoco puede legitimar este comportamiento del Estado el hecho de que a menudo se fundamente en pactos de carácter estatal entre Administración y agentes sociales, por cuanto esos pactos están viciados en origen -y esto siempre lo hemos dicho a pesar de aceptarlo-, puesto que no incluyen la inexcusable y necesaria representación territorial, extremo del que ya tendremos ocasión de discutir en los próximos días a raíz de la interpelación presentada por los compañeros del Bloque Nacionalista Galego. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)

Joan Puigcercós, en una interpelación reciente al ministro Sevilla, denunciaba la contradicción que supone la falta de lealtad institucional, en este caso desoír reiteradamente lo mandatado en determinadas cuestiones de

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tanta trascendencia en la política social y económica como la que hoy debatimos. Conocemos parte, y no lo negamos, de los beneficios que puede reportar la norma en cuestión a debatir, especialmente para el modelo de relaciones laborales que nosotros hemos defendido siempre: el del mercado de calidad con mano de obra formada y preparada, opuesto al mercado de bajos costes, del que hace tiempo hemos perdido la batalla. En nuestro mercado ideal, en nuestra hoja de ruta hacia el futuro la consecución de un capital humano adecuado y formado es un objetivo operativo trascendental y en ello coincidimos, estamos seguros, con el Grupo Socialista. Pero nosotros, paralelamente a la construcción del Estado social, también queremos construir el Estado federalizante. Es por ello por lo que nos vemos en la obligación de proponer el voto negativo a la convalidación del reiterado real decreto, a no ser que se dé al mismo el trámite parlamentario legislativo ordinario. ¿Para qué? Para que en esta Cámara podamos contribuir a sustituir y modificar un modelo deficitario en cuanto a obediencia constitucional por otro más acorde con nuestros tiempos. No nos dolerán prendas, repito, no nos dolerán prendas sumarnos a la rectificación política en la medida en que se vaya superando el déficit de lealtad institucional que parece que pudiera consagrarse de no aceptar lo que solicitamos, es decir, introducir la posibilidad de modificar mediante el trámite legislativo ordinario aquellas prácticas que nosotros, sinceramente, repudiamos. De hecho, mucho nos tememos que ustedes no van a encauzar esto, que van a contar con el beneplácito y el apoyo del Grupo Popular, lo que, francamente, nos preocupa muchísimo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Tardá.


Continuamos con la siguiente intervención, del señor Campuzano, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley y va a pedir a la Mesa que se plantee la necesidad de tramitar esta iniciativa como proyecto de ley. Y lo vamos a hacer fundamentalmente por tres razones: el Gobierno sigue incumpliendo las sentencias del Tribunal Constitucional, se pierde la oportunidad de cumplir esas dos sentencias, que son inequívocas en el sentido de afirmar que la gestión de los recursos de la formación continua corresponde a los gobiernos autonómicos; se mantiene el mismo modelo de formación continua que aprobó el Gobierno en la pasada legislatura y que es nefasto e ineficaz para las pequeñas y medianas empresas, y además durante el año 2004 el Gobierno ha gestionado mal los recursos de la formación continua: 249 millones de euros no ejecutados, tal como figura en la respuesta parlamentaria que el Gobierno daba a mi grupo, en concreto a mi persona, el 5 de mayo de este año. No se cumplen las sentencias del Tribunal Constitucional, se mantiene un modelo ineficaz para las pymes y se han gestionado mal los recursos durante el año 2004. Son razones que no permiten avalar este real decreto-ley como el Gobierno pretende hacer hoy.


Se incumplen las sentencias del Tribunal Constitucional porque, señorías, las sentencias no se van cumpliendo ni están en línea de cumplirse, ni se cumplen poco o mucho, las sentencias se cumplen o no se cumplen. Las sentencias del Tribunal Constitucional no establecen que las comunidades autónomas puedan gestionar una parte de los recursos o que simplemente deban gestionar los contratos programas para la formación de trabajadores, las acciones complementarias de la formación. Las sentencias del Tribunal Constitucional establecen que es el conjunto de los recursos de la formación continua el que debe ser gestionado por las comunidades autónomas, y eso no se produce en este real decreto. Hoy no hay nadie en el Gobierno de la Generalitat de Catalunya que acepte la mayor, es decir, que con este real decreto se cumplen estas sentencias del Tribunal Constitucional. La semana pasada, en un debate del Parlament de Catalunya, ante una interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el propio conseller Rañe reconocía que el real decreto no cumplía las sentencias del Tribunal Constitucional, y ninguno de los agentes sociales en Cataluña se siente satisfecho con este real decreto. Lo que le estamos planteando desde Cataluña, que tiene su origen en esas dos sentencias del Tribunal Constitucional a recursos interpuestos por la Xunta de Galicia y por el anterior Gobierno de la Generalitat y que suscita un amplísimo acuerdo social, es que alrededor del 20 por ciento de los recursos de la formación continua, de las cotizaciones que pagan empresarios y trabajadores de Cataluña, revierta en la formación de estas personas. El Gobierno no cumple con las sentencias del Tribunal Constitucional y además introduce en este real decreto -y a nuestro grupo le preocupa- programas experimentales para la creación y dotación de centros de formación profesional, otro nuevo espacio de invasión competencial, de reserva competencial del Estado, en el ámbito que corresponde a las comunidades autónomas. Señorías, la prueba del nueve de que este real decreto incumple las sentencias del Tribunal Constitucional y que es una mera continuidad de aquello que aprobó el señor Zaplana cuando era ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, va a ser el voto favorable de esta mañana a la convalidación del real decreto y también previsiblemente la negativa por parte del Grupo Parlamentario Popular a su tramitación como proyecto de ley. En esta materia no hay diferencia sustancial de modelo entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, y por eso van a coincidir en esta votación.


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Además, señorías, este real decreto es ineficaz para las pequeñas y medianas empresas. El propio Gobierno, en la memoria económica que acompaña al real decreto, nos dice que para las empresas de uno a cinco trabajadores la tasa de cobertura para el año 2004 ha sido el 1,82 por ciento; para las empresas de seis a nueve trabajadores ha sido el 5 por ciento; para las empresas de 10 a 49 trabajadores ha sido el 11 por ciento; para las empresas de 50 a 249 trabajadores, el 35 por ciento; y para las empresas de 200 trabajadores o más, el 63 por ciento. Pero en la inmensa mayoría, en cerca de los nueve millones de trabajadores que están en empresas de uno a 249 trabajadores, no llegamos de media al 20 por ciento de tasa de cobertura real. Y el problema no está en que las pequeñas y medianas empresas no hagan bien sus deberes, sino en que el Gobierno además ha gestionado mal este modelo. Por ejemplo, en Cataluña, durante el año 2004, hubo dos únicas reuniones informativas sobre este ámbito, y el hecho de haber decidido que buena parte de las gestiones se efectúen a través de internet no permite que muchísimas de estas pequeñas y medianas empresas se puedan beneficiar. Señor ministro, señorías, no es un problema de aumentar las bonificaciones, no es un problema de medidas cuantitativas, sino que es un problema de medidas cualitativas para hacer efectivo un modelo que responda a las necesidades que tienen en materia de productividad las pequeñas y medianas empresas y la calificación profesional de más de nueve millones de trabajadores que no se pueden beneficiar de estos recursos. Este es un sistema nefasto para las pequeñas y medianas empresas, y ustedes continúan con el mismo problema que aprobó el anterior Gobierno y que las pequeñas y medianas empresas no pueden aprovechar.


Además, ustedes han gestionado mal: 249 millones de euros de cotizaciones que pagan trabajadores y empresarios para mejorar la empleabilidad de estos trabajadores que no se gastan. Es decir, 41.000 millones de pesetas -suena más potente- que no se gastan en la formación de estas personas.
Mi grupo parlamentario viene haciendo un seguimiento de esta partida desde hace ya algún tiempo, y en el año 2003 se gestionó mejor y se dejaron de gastar -que también es suficientemente escandaloso- 71 millones de euros de la formación continua, y en 2004, gobernando ustedes, no se han gastado 248 millones de euros. Están estafando los recursos de los trabajadores para la mejora de su empleabilidad, y especialmente los de los trabajadores de Cataluña.


Como digo, el Gobierno no cumple la sentencia, el real decreto-ley es nefasto para las pequeñas y medianas empresas y además se gestiona mal, y nosotros les damos la oportunidad de corregir este real decreto a través de su tramitación como proyecto de ley. Además, señorías, en su frustrado trámite del Senado en la Ley de Presupuestos no pudieron llegar a discutir, defender y aprobar una enmienda, presentada por el Grupo de la Entesa Catalana, en la que tímidamente se reconocían en el texto dispositivo de la ley los avances concretos que ustedes están planteando en este real decreto. En el texto dispositivo que ustedes aprueban no hay ninguna referencia al aumento de la capacidad de gestión de las comunidades autónomas en este ámbito. En esa línea original, absolutamente desconocida, que defienden ustedes de cumplimiento parcial de la sentencia del Tribunal Constitucional ni lo llegan a reflejar en el texto dispositivo del real decreto. Las únicas referencias que existen están en un breve apartado de la exposición de motivos y de forma un poco más desarrollada en la memoria económica. Como digo, en el texto dispositivo no hay ni una referencia al traspaso de la gestión a las comunidades autónomas en la línea de la enmienda que ustedes presentaron en el Senado pero que no se llegó a discutir.


Nos parece que la tramitación de este real decreto como proyecto de ley es razonable ya que permitiría al conjunto de la Cámara corregir esa actuación del Gobierno y que tuviésemos ocasión de alcanzar en el ámbito de este Congreso de los Diputados el consenso que ustedes han alcanzado con las organizaciones sociales de carácter estatal, no así con otras organizaciones de carácter nacional en Cataluña, el País Vasco o Galicia, como nos recordaba la portavoz del Bloque Nacionalista Galego. En este sentido, creo que ustedes prefieren la comodidad de imponer su mayoría, acompañados en este caso del Grupo Parlamentario Popular, defendiendo el mismo modelo centralista e ineficaz y además gestionándolo mal. Por tanto, señorías, mientras llega el Estado federalizante del que hablaba el señor Tardá, se nos estafan unos cuantos cientos millones de euros a los trabajadores de Cataluña, lo cual es lamentable.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Campuzano.


Continuamos con la intervención del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Para ello tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, señor ministro, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con la convalidación del Real Decreto-ley 7/2005, de 22 de abril, sobre financiación de la formación continua.


Como se ha dicho, se nos plantea la modificación de la disposición adicional vigésimo sexta de los Presupuestos Generales del Estado de 2005, es decir, de la Ley 2/2004. La disposición adicional vigésimo sexta es consecuencia, a su vez, del Real Decreto 1046, del 1 de agosto de 2003, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua que, a su vez, dio lugar a los porcentajes de bonificación que posteriormente se establecieron tanto en los presupuestos del año 2004 como en los que ahora se modifican de 2005. Esta es, en

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definitiva, la cuestión que hoy se somete a la convalidación de la Cámara.
En este sentido, el real decreto-ley no modifica la regulación de la formación continua ni altera, por tanto, los contenidos de lo que en su momento ha sido pactado. Es asimismo resultado del acuerdo de la mesa de diálogo social sobre formación continua, tal y como lo estableció el 21 de marzo de este año. Reordena, adecuando la realidad a la experiencia, la financiación de las bonificaciones de la formación continua, incrementándolas, como digo, a la vista de los resultados, a la vista de la experiencia. Por tanto, se propone un aumento en las bonificaciones a empresas hasta el cien por cien en empresas de seis a nueve trabajadores.
Asimismo, se incrementan las transferencias financieras a las comunidades autónomas desde la cifra inicialmente prevista, algo más de 147 millones de euros, hasta 219, y también se pone en marcha un programa experimental de dotación y equipamiento de los centros de formación profesional.


Desde esta perspectiva, el Grupo Popular considera que el real decreto-ley es bueno en la medida en que aumenta las bonificaciones de las empresas, especialmente de las pymes, lo que nos parece una cuestión realmente importante, ya que en parte podemos coincidir con el análisis que hacía unos momentos antes de mi intervención el portavoz de Convergència i Unió en el sentido de que no ha habido una gran participación, una demanda formativa por parte de las pequeñas y medianas empresas, que evidentemente configuran la parte nuclear del tejido socioeconómico de nuestro mercado de trabajo y de nuestro mercado económico. Me parece importante que se suban las bonificaciones, y como seguramente habrá algún periodista -tal vez no muchos, pero sí alguno- siguiendo las intervenciones que estamos teniendo los grupos en torno a este debate de financiación de la formación continua, me dirijo a ellos en relación con la posibilidad de trasladar a la opinión pública, y muy especialmente al mundo de las empresas, la realidad de que tienen un instrumento valioso al que se pueden acoger para introducir competitividad en sus empresas mediante el incremento de la capacitación y la formación de sus trabajadores, y que incluso pueden llegar a financiarse con el cien por cien de las aportaciones que ellos hacen en su cotización por la contingencia de formación profesional. Por lo tanto, en la medida en que estamos en un debate público, hago una apelación a quien también tiene la posibilidad de transferir la información a la opinión pública y a las empresas a que lo haga, porque tenemos la necesidad imperiosa de que nuestro tejido, nuestra microempresa y nuestras pymes también tengan unos estándares de fomento de la formación y la capacitación de nuestros trabajadores, porque sabido es que las grandes empresas hacen una buena utilización de los recursos formativos y financieros que tienen a su alcance. Aumentan también, como dije antes, las transferencias a las comunidades autónomas en 72 millones de euros y se establece el citado programa experimental de centros de formación profesional. Es decir, ante algunas críticas vertidas hoy aquí, se adecuan los recursos financieros disponibles a la realidad de la demanda, aumentando cuantías para que también se potencie la demanda por parte de las empresas y transfiriendo a las comunidades autónomas para que puedan disponer y utilizar mayores flujos económicos.


En resumen, por adecuación a la realidad, por las mejoras citadas, que espero que impliquen una mayor participación de las pymes en la formación, por la coherencia con la posición política mantenida por el Gobierno popular, que fue el autor, en agosto de 2003, del real decreto del que trae causa el modelo que el Gobierno socialista está defendiendo, y, por tanto, por coherencia con nosotros mismos, los populares votaremos a favor. Sin embargo, señora presidenta, no quiero ni puedo concluir sin una obligada mención que proviene de una afirmación que se vierte en la memoria justificativa que acompaña al real decreto-ley en su página 5, donde se dice que la regulación actualmente vigente de la Ley de Presupuestos Generales para 2005 se ha efectuado sobre la base de una información aún muy incompleta y parcial -datos de medio año- de la efectividad del modelo de formación continua, con lo que la valoración de la cuantía de las bonificaciones y los propios objetivos de tasa, cobertura o utilización del sistema se efectuó sobre unas bases que no proporcionaban una imagen completa de cómo se estaba aplicando el sistema de bonificaciones. En este sentido, en el trámite del proyecto de Ley de Presupuestos en el Senado se podrían haber efectuado ya correcciones contando con datos más completos, pero la imposibilidad de introducir enmiendas lo impidió. Lo que esto pone de relieve no es ni más ni menos que algo que denunciamos en el debate del trámite presupuestario, y es la debilidad del Gobierno socialista, la debilidad de sus apoyos parlamentarios. Si hubieran tenido la posibilidad de llevar a cabo la acción que tenían que haber realizado en los Presupuestos Generales del Estado, estaría corregida esta cuestión y hoy, obviamente, nos habríamos evitado el trámite de debatir este real decreto-ley. Sin embargo, pese a esa debilidad, por responsabilidad, por convicción de que el real decreto-ley es positivo porque se adecua a la realidad, porque es bueno para los trabajadores, para los empresarios, para nuestra competitividad y para nuestra socie- dad, vamos a votar coherentemente a favor del real decreto-ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Azpiroz.


Finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Tiene la palabra el señor Torres Mora.


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El señor TORRES MORA: Señora vicepresidenta, señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, de mi grupo, y solo en nombre del mismo, no en nombre de España, que se representa por toda la Cámara, ni en nombre de los trabajadores ni de los sindicatos, que tienen quien los represente legítimamente. Es una suerte que la representación de España esté así distribuida y sería bueno para otras identidades que se repartiera la representación pluralmente.


Tomo la palabra para pedir la convalidación del Real Decreto-ley de 22 de abril de 2005, por el que se modifica la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio en materia de formación continua.
Quizá convenga comenzar haciendo una llamada de atención casi ritual a la importancia de la formación continua en el contexto del capitalismo globalizado. En efecto, asistimos a un periodo de cambios acelerados en los sistemas productivos ligados a la expansión de nuevas tecnologías y a la sociedad del conocimiento, cambios que generan una fuerte incertidumbre en los mercados de trabajo, tanto en lo que se refiere a las necesidades de los empresarios como en lo que se refiere a las necesidades de los trabajadores; incertidumbre e imprevisión estructurales que casan mal con la formación reglada tradicional y que exigen una respuesta de formación durante toda la vida. La formación continua es uno de los principales elementos de armonización de los intereses de las empresas, de los intereses de las personas y de los intereses de las instituciones de formación. A este respecto, no está mal señalar que hoy mismo se publica un informe que establece la comparación entre el gasto en formación profesional y en formación continua de nuestro país con los países del núcleo de la Unión Europea. España gasta por trabajador y año 278 euros, en tanto que en Alemania o en Francia se gastan aproximadamente 1.000 euros por trabajador y año. No es de extrañar, por tanto, que los interlocutores sociales, es decir, empresarios y sindicatos, den cada vez más importancia a la formación continua de los trabajadores. De hecho, la formación continua de los trabajadores es uno de los grandes logros del diálogo social en nuestro país. Han sido los acuerdos firmados por el Gobierno, los sindicatos y los empresarios los que han permitido el desarrollo de nuestro sistema de formación continua. Gracias a ellos, todos los años más de 1.700.000 trabajadores disfrutan de formación, que es esencial para la productividad de sus empresas y para el mantenimiento de sus empleos. Han sido los interlocutores sociales, en la mesa del diálogo social, los que han pedido al Gobierno que hiciera este decreto-ley para modificar algunos parámetros puramente cuantitativos del modelo, solo ajustar unos parámetros que necesariamente siempre tienen que ser aproximados y que solo a través de la observación de su funcionamiento se pueden ajustar.


El decreto-ley modifica en dos aspectos la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El primero de ellos se refiere a la disposición adicional vigesimosexta, relativa a la financiación de la formación continua, y el segundo al anexo sobre créditos ampliables. En ambos casos el objetivo es ajustar las estimaciones que se hacían en los presupuestos para el presente año. Con dichas modificaciones se pretende estimular a las empresas para que hagan más formación, pues con los porcentajes de bonificación que tenían para la formación de sus empleados no se estaban logrando los objetivos que el Gobierno y los interlocutores sociales se habían propuesto. Con esta modificación se trata de evitar situaciones como las que han señalado los diputados que han intervenido anteriormente sobre la dificultad que existe en las pequeñas empresas, por ejemplo, para hacer uso de los recursos que se han puesto a su disposición para hacer formación con sus trabajadores. Lo que se pretende con esta modificación más temprano que tarde, a comienzo del año, cuando todavía es posible que los empresarios y los trabajadores puedan establecer planes de formación -de ahí el carácter extraordinario y urgente de este decreto-ley-, es adecuar los parámetros de bonificación y los objetivos de cobertura del proyecto de formación para que funcionen y produzcan de verdad algo tan importante como es la formación continua y la productividad de nuestros trabajadores.


Este ajuste de porcentajes de bonificación y de cobertura va a producir un remanente de 81 millones de euros que van a servir en su mayoría para la financiación de la formación continua gestionada por las comunidades autónomas en orden a cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional de 2002. Cabe decir, en honor del ministro Caldera, que los 1.000 euros que encontró en los presupuestos de 2004 han pasado a ser 147 millones de euros en los de 2005 y 219 tras el decreto-ley cuya convalidación pedimos hoy a la Cámara. Una vez que se ratifiquen en conferencia sectorial, los fondos para las subvenciones de la formación continua quedarán distribuidos al 50 por ciento entre el Estado y las comunidades autónomas.


En este punto creo que no están justificadas las objeciones sobre la necesidad de mayor seguridad jurídica en el proceso de traspaso de fondos desde el Estado a las comunidades autónomas en cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional. Es del todo innecesario incorporar cualquier tipo de añadido a la Ley de Presupuestos sobre las competencias que las sentencias de abril y octubre de 2002 del Tribunal Constitucional atribuyen a las comunidades autónomas, hay suficiente legislación al respecto. De hecho, las dos sentencias del Tribunal Constitucional se sustentan sobre una legislación previa, que es la que permite que se desarrolle. Las leyes están, lo que hay que hacer es cumplir las sentencias, que es lo que está haciendo mi Gobierno de una forma bastante contundente. (Aplausos.) El fuero está garantizado. No es el fuero lo que se está protegiendo o lo que se está tratando de proteger aquí porque está protegido, lo que se está tratando de proteger son intereses mucho más pequeños, intereses banderizos. Está

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garantizado el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional.
A cambio de proteger esos pequeños intereses, lo que se está desprotegiendo son los intereses de la inmensa mayoría de los trabajadores, de los empresarios, de las comunidades autónomas que tienen que gestionar la formación continua; además se está debilitando el diálogo social en nuestro país, que tan importante es para el progreso económico y social de España. Se desprotege otras cosas, no se protege el fuero porque el fuero está protegido, porque el fuero existe y no hace falta volver a legislarlo porque es sobre ese fuero sobre el que ha fallado el Tribunal Constitucional. No es verdad que no se cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional, es verdad que se mantiene el modelo, es verdad que es un modelo consensuado con los actores sociales, con los sindicatos, con la patronal. Este decreto-ley lo que trata de producir es que se gestionen mejor los recursos, porque era imposible acertar empíricamente con unos porcentajes que son necesariamente una aproximación para conseguir el objetivo que se pretende.


Yo insistiría en que este decreto-ley viene a ayudar a los trabajadores, viene a ayudar a los empresarios, viene a ayudar al país en la medida en que mejora su productividad y viene a poner en evidencia la falta de rigor, la falta de consistencia de algunos grupos parlamentarios que votaron sin pudor unos presupuestos que dotaban con 1.000 euros la formación para las comunidades autónomas y ahora no votan 219 millones de euros para las comunidades autónomas.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Torres Mora. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.


El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de pasar a la votación, se va a proceder a la lectura de una declaración institucional.


Tiene la palabra la señora secretaria primera.


La señora SECRETARIA (Sainz García): El Congreso de los Diputados muestra su preocupación por la situación en la que se encuentra el ciudadano español Francisco Larrañaga, condenado a muerte en Filipinas.


El Congreso, desde la condena sin paliativos de la pena de muerte y desde el más absoluto respeto a la legislación y al sistema judicial de Filipinas, expresa su convencimiento de que, en el caso de don Francisco Larrañaga, acabará imperando la ley y la justicia. El Congresos quiere recordar que todos los diputados y senadores españoles que visitaron Filipinas en abril de este año, han reafirmado desde entonces su convicción acerca de la inocencia de este ciudadano español y su coincidencia unánime en demandar justicia.


El Congreso insta al Gobierno español a que continúe ejerciendo toda su ayuda consular a Francisco Larrañaga y valora positivamente las gestiones habidas hasta la fecha, destacando la citada visita de parlamentarios españoles a Filipinas, el informe aprobado por el Parlamento Europeo, las llevadas a cabo por el presidente del Senado y las realizadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en su nombre y en el del presidente del Gobierno.


Finalmente, el Congreso de los Diputados recuerda que en Filipinas todavía existe la pena de muerte e insta al Gobierno a que en cualquier caso continúe sus gestiones, con el fin de conseguir una moratoria de la pena de muerte en este país, así como en el resto de los países del mundo donde se aplica. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por aclamación.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 7/2005, DE 22 DE ABRIL, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 2/2004, DE 27 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2005, EN MATERIA DE FINANCIACIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUA. (Número de expediente 130/000018.) (VOTACIÓN.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación. Habrá dos votaciones del real decreto, en primer lugar, la del real decreto, y luego otra segunda para su tramitación como proyecto de ley porque así lo han solicitado varios grupos parlamentarios.


En primer lugar, votación para la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2005, de 22 de abril, por el que se modifica la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, en materia de financiación de la formación continua.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 292; en contra, 21; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley.


A continuación, votamos si se tramita o no como proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 28; en contra, 290; abstenciones, una.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley.


ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROPOSICIÓN DE LEY PARA COMPATIBILIZAR LAS PENSIONES DE INVALIDEZ EN SU MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA CON EL TRABAJO REMUNERADO. (Número de expediente 122/000009.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto V del orden del día, enmiendas del Senado a la proposición de ley para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado.


Cada grupo parlamentario podrá fijar su posición por un tiempo de diez minutos.


En primer lugar, ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

En segundo lugar, ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.)

En tercer lugar, ¿Grupo Parlamentario de Izquierda Verde? (Pausa.)

En cuarto lugar, ¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa.)

Entonces, por favor, no abandonen el hemiciclo porque es probable que votemos.


¿Grupo Parlamentario de Esquerra? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)?

Señor Campuzano. (Rumores.)

Perdone un momento, señor Campuzano.


Señorías, aparentemente no se escuchó bien la petición de la Presidencia en torno al turno de las intervenciones debido al ruido existente y me comunican que tanto Izquierda Verde como Esquerra Republicana desean intervenir. En consecuencia, recuperamos el orden con estas dos intervenciones.


Tiene la palabra la señora García.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, mi intervención en este punto va a ser muy breve; como casi no se oye nada, será mejor que sea breve.


Quisiera resaltar, en primer lugar, la enorme preocupación que me asalta al comprobar cómo los colectivos más necesitados y vulnerables de la sociedad son con demasiada frecuencia objeto de una cierta utilización por la política. Digo de la política y no de los políticos para que nadie en concreto se pueda sentir atacada o atacado personalmente. Señorías, es sorprendente ver cómo se pueden plantear cosas tan diferentes y demostrar sensibilidades tan distintas en función de si estamos en un lugar o en otro de la arena política... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Disculpe, señora García.


Señorías, rogaría en la medida de lo posible, si no silencio, por lo menos que hablen bajito. Gracias.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.


No se puede justificar haber estado durante ocho años en el Gobierno sin modificar en lo sustancial las condiciones de vida de los sectores a los que nos estamos refiriendo y llegar a legislar la incompatibilidad entre la pensión de orfandad y las asignaciones familiares por hijo a cargo en el caso de que sea minusválido, como se realizó en la Ley 52/2003, de 10 de diciembre. Esta modificación perjudicó mucho a un colectivo y ahora, en 2005, el Grupo Parlamentario Popular, que gobernaba en aquel momento, nos plantea hacer compatible la pensión no contributiva de invalidez y el trabajo remunerado extendiendo esta compatibilidad a los familiares.


Señorías, sería fácil hacer demagogia política y decir que los que no están a favor de esta enmienda presentada por el Partido Popular -ya debatida en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso cuando se realizó el trabajo de la ponencia que dio lugar a la proposición de ley presentada por el Grupo de Convergència i Unió, enmienda que en aquel momento no fue apoyada por ningún otro grupo de la Cámara- estamos descuidando los intereses de estas personas. Sería fácil, pero descalificaría a aquel que lo hiciera y más aún cuando la historia y el desarrollo de las políticas sociales y de protección han sido los que han sido en los últimos años.


En la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales antes mencionada, en la sesión del debate de la proposición de ley y en las que posiblemente se van a celebrar con posterioridad, se van a dar argumentos más concretos de por qué estas enmiendas no pueden ser consideradas en este momento. Mi grupo quiere manifestar, en primer lugar, que tenemos un exceso de leyes, de normativas, de decretos, que tenemos un exceso de producción de papeles, de debates, de palabras grandilocuentes y, sin embargo, a nuestro entender falta un verdadero compromiso con los sectores más necesitados. El compromiso se demuestra no solamente con las leyes y las resoluciones, sino que tiene un verdadero sentido cuando se concreta en prioridades y actuaciones políticas con criterios de equidad, de igualdad de oportunidades, de redistribución fiscal y, sobre todo, cuando tiene una asignación presupuestaria específica en los Presupuestos Generales del Estado o en las partidas correspondientes de la Seguridad Social.
Todo lo demás, si solo son buenas intenciones, es una simple cortina de humo que sirve para titulares en la prensa.


Hay muchos argumentos, como decía, para no votar a favor de la enmienda del Grupo Popular, pero no voy a insistir en ellos. Solo quiero decir que el Grupo Popular conoce perfectamente la diferencia existente entre las prestaciones familiares y a quién están dirigidas, cómo son financiadas, que no existe en este caso límite alguno

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de rentas, mientras que uno de los requisitos fundamentales para ser perceptor de la pensión no contributiva de invalidez es precisamente el nivel de renta. Se intenta, pues, mezclar diferentes prestaciones con el posible riesgo de desequilibrio y el efecto comparativo injusto que esto podría suponer.


No es de recibo plantear estas propuestas fuera del contexto de una reflexión general y profunda del sistema de prestaciones familiares, un sistema, señorías, que realmente no está dando respuesta a la realidad y que por su complejidad y fraccionamiento no es comprendido por casi nadie. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) Las familias verdaderamente necesitan casi siempre asesoramiento concreto para moverse en todo este intríngulis de prestaciones de diferente naturaleza, con distinta finalidad, con diferentes características, etcétera. Esto es lo que entendemos que debe cambiar y debería haber un compromiso de todos los grupos para traer a esta Cámara de manera conjunta una propuesta de reforma global de este sistema, una propuesta clara y sencilla en su aplicación y sobre todo que asegure la suficiencia de la protección y evite a la vez situaciones de desigualdad. Hoy el ciudadano no sabe qué derechos tiene, a qué protecciones puede acceder en caso de problemas ni qué requisitos son los que debe cumplir para los mismos y, cuando lo sabe, está inmerso en una serie de problemáticas y de situaciones que seguramente le han hecho perder un tiempo precioso y sobre todo quemarse en una búsqueda de prestaciones y de soluciones, que no es precisamente donde tendría que estar poniendo su energía y su esfuerzo.


Esperamos que la reforma de este sistema, que creemos es absolutamente necesaria, sea debatida en el marco del diálogo social -este es uno de los motivos fundamentales por el que no podemos apoyar esta enmienda-, que se aborde la necesidad de repensar y de redefinir el sistema de protección de nuestro país. También nos ha creado una expectativa importante la futura ley de autonomía personal, pues va a clarificar muchísimo este marco de derechos universales y de prestaciones que afectan a una parte muy importante de la población a la que se refiere el debate que estamos teniendo en estos momentos.


Por último, quiero decir que también nos crea expectativas la aprobación de una resolución esta semana en la que se plantea, como toda la Cámara sabe, la creación de una subcomisión para debatir la renta básica.
Esperamos, en ese marco de discusión de la renta básica, abordar en profundidad las alternativas que nos puede brindar una propuesta como la de la renta básica, que sin duda puede ser un planteamiento mucho más claro, más eficaz y más justo y no precisamente de más coste económico, sino de mejor redistribución y clarificación de los derechos de la ciudadanía.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora García Suárez.


Continuamos con el turno correspondiente al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. Señor Tardá.


El señor TARDÁ I COMA: Señora presidenta, voy a intervenir muy brevemente.


En el Senado, nuestros compañeros republicanos se pronunciaron a favor de la solicitud de la devolución al Congreso del texto remitido por esta Cámara. Entendíamos que el texto que salió del Congreso respondía básicamente a los objetivos con los que se inició hace unos meses a instancia de un grupo parlamentario de esta Cámara la toma en consideración de una proposición de ley que haga posible la compatibilidad de las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado. Mucho tuvo que ver con el proceso seguido la responsabilidad emanada de la problemática que padecen miles de ciudadanos a los cuales no se les debería defraudar, personas que por razón de su grado de discapacitación, si bien ya les resultaba muy difícil su capacidad de integración laboral, veían reducida su pensión en la misma cuantía que el fruto de su trabajo. Lógicamente ello frenaba su capacidad de integración social. Ciertamente el hecho de que se redujera la pensión en la misma cuantía que el salario obtenido no ayudaba en nada a generar mayor independencia del individuo. De igual manera, ya en el Senado votamos, y ahora en esta Cámara votaremos favorablemente, las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista tendentes a mejorar el proyecto eliminando la incompatibilidad entre la pensión de orfandad, en los supuestos de huérfano con 18 o más años e incapacitado para todo trabajo, y la asignación por hijo a cargo, para superar el error que, según nuestra opinión, supuso la Ley 52/2003.


En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, revalidaremos el voto en contra al entender que lo que perseguían, es decir, que la compatibilidad entre la pensión de invalidez y el trabajo remunerado se extendiera a las prestaciones a favor de los familiares, queda cubierto con el compromiso que hoy adquirirá el diputado o diputada socialista al anunciar próximas iniciativas gubernamentales que deberían ir en ese sentido. Es cierto que existe un déficit que hay que superar, me refiero a la mejora del sistema de prestaciones familiares destinadas a cubrir necesidades añadidas que son fruto de situaciones agudas de carácter familiar o personal. En toda ocasión hemos manifestado que la voluntad de las actuaciones políticas, referidas a la discapacitación, minusvalías u otras incapacidades, debería aspirar a encontrar criterios cuyos objetivos fueran la búsqueda de la máxima unanimidad posible. No se deberían utilizar de manera partidista algunos apoyos o pronunciamientos emanados de la misma sociedad civil basándose en contradicciones relacionadas muchas veces con la temporalidad de la aplicación de esas políticas. Por

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cuanto, hoy mismo, posiblemente nadie niega la validez de lo perseguido por la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, no tendrán este apoyo, pero queda manifestado este hilo argumental en el que no se pone en cuestión la validez de lo que se pretende introducir.


Este debería ser el proceder de los próximos meses y debería ser la hoja de ruta de los trabajos legislativos en este período de sesiones y en el próximo atendiendo básicamente a un reto fundamental, que es la nueva ley de dependencia y todo aquello que debemos legislar sobre la conciliación de la vida familiar y el trabajo y también -cómo no- lo que ha dicho mi compañera doña Carme García de que lo importante y lo fundamental para nosotros es empezar a trabajar en Comisión sobre el significado de la renta básica, que es una opción muy importante para que se pueda superar con toda rotundidad la indefensión de muchos ciudadanos ante un sistema económico claramente injusto.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Tardá.


Continuamos con el señor Campuzano, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, mi grupo hoy está satisfecho de que se pueda cerrar el trámite parlamentario de esta modificación de la ley que regula las pensiones no contributivas para que sean compatibles con el trabajo remunerado. Este proyecto de ley es el resultado de la toma en consideración, hace unos cuantos meses, de una proposición de ley presentada por Convergència i Unió, recogiendo una vieja demanda de los sectores asociativos del mundo de la discapacidad, que venían reclamando la necesidad de articular un sistema de protección social mediante la pensión no contributiva que favoreciese que sus perceptores se pudiesen incorporar al mundo del trabajo. Nuestro rígido régimen de incompatibilidades convertía de hecho a los pensionistas que recibían estas prestaciones en inválidos también para acceder al mundo del trabajo. A personas con discapacidad, personas con enfermedad mental, personal con el virus del VIH-sida, etcétera, con ese régimen que pretendía protegerlos, no se les estimulaba a incorporarse al mundo del trabajo.


Me parece que como resultado del trabajo parlamentario realizado por todos los portavoces, y muy especialmente por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, nuestra colega María José Sánchez, hemos terminado el procedimiento parlamentario de esta iniciativa de manera muy correcta y muy adecuada. A nuestro entender, y ya lo manifestamos en su día, nos hubiese gustado que el régimen de compatibilidades fuese mucho más justo, pero en aras al consenso y a la prudencia que a veces se nos exige a todos en la aplicación de políticas públicas, optamos por un régimen de compatibilidades con topes, con ciertos límites. Veremos si el tiempo nos da la razón en el sentido de que hay que continuar flexibilizando esta relación entre la prestación no contributiva y el trabajo remunerado, a la búsqueda del objetivo de crear más oportunidades de empleo para las personas que padecen discapacidad, enfermedad mental, sida, etcétera.


El trámite del Senado introdujo determinadas enmiendas, trámite que ahora estamos debatiendo, algunas de ellas estrictamente técnicas, tanto del Grupo Parlamentario Popular como del Grupo Parlamentario Socialista. En el caso del Grupo Parlamentario Socialista, se aprovechaba ese trámite parlamentario del Senado para eliminar la incompatibilidad establecida a principios del año 2004 entre la pensión de orfandad, en los supuestos de huérfano con 18 años o más e incapacidad para todo trabajo y la asignación económica por hijo a cargo. Un régimen que se estableció a principios de 2004 por el anterior Gobierno, que fue objeto de una amplísima contestación social y que el propio Gobierno en vísperas de entrar en el proceso electoral terminó encontrando una solución práctica, pero que no iba al fondo de la cuestión. Con la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado se da solución a ese error de principios de 2004 y por tanto nos parece una enmienda correcta.


Por otro lado, la enmienda que introdujo el Grupo Parlamentario Popular en el Senado correspondía a la misma que se intentó introducir en el trámite del Congreso. Ya entonces mi grupo manifestó que compartía la cuestión de fondo que nos planteaba el Grupo Parlamentario Popular, como era extender en la misma dirección de compatibilizar la prestación no contributiva y el empleo remunerado al ámbito de las prestaciones familiares de las personas con discapacidad, mejorando el tratamiento que ya existía desde hace unos cuantos años y equiparando esas dos situaciones. En el debate en el Congreso, mi grupo, manifestando la coincidencia en la cuestión de fondo que nos planteaba de manera muy inteligente, creo recordar que el señor Burgos, expuso nuestras dudas sobre la oportunidad y sobre el carácter técnico en relación con esta iniciativa. En el trámite en el Senado, esta enmienda del Grupo Parlamentario Popular prosperó; prosperó fundamentalmente porque en el trámite en ponencia la ausencia de senadores socialistas llevó a la aprobación de esa enmienda con los votos en contra de mi grupo parlamentario. Al Grupo Parlamentario Catalán del Senado le pareció realmente duro que los senadores de Convergència i Unió votasen en contra de aquel dictamen de la ponencia del Senado que había aprobado esa ley y en el trámite del Senado Convergència i Unió dio apoyo de manera coherente a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.
Nos parecía que no tenía sentido votar en contra de aquello que había dictaminado la ponencia designada por la Comisión correspondiente en el Senado.


Una vez llega ese texto aquí, mi grupo le planteó a la portavoz del Grupo Socialista que si coincidíamos todos en que existía una necesidad de mejorar el tratamiento

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de las prestaciones familiares para las personas con discapacidad y con relación al empleo remunerado, entre otras cuestiones, estaría en condiciones de rechazar esa enmienda del Senado si todos los grupos de la Cámara asumíamos un compromiso político en esa dirección. Insisto en que el buen trabajo realizado por la ponente socialista nos va a permitir rechazar con mucha tranquilidad esa enmienda del Senado y participar de ese acuerdo, al que nos gustaría que se sumase también el Partido Popular, para resolver el tratamiento de las prestaciones familiares de las personas con discapacidad.


Señorías, hemos abierto una pequeña ventana en el tratamiento de la pensión no contributiva que va en la buena dirección y vamos a abrir a propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y de Esquerra Republicana el debate sobre la renta básica, debate estimulante desde el punto de vista intelectual, sin lugar a dudas, y cargado de buenas intenciones. Sin embargo desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), un debate a fondo sobre la pobreza, la exclusión y la inserción en el mercado de trabajo en España -ya tendremos ocasión de debatirlo en el seno de la subcomisión correspondiente- seguramente pasaría más por una reforma a fondo de la pensión no contributiva para garantizar esos ingresos suficientes mínimos y una apuesta decidida del Estado con relación a las rentas mínimas de inserción y al apoyo a las empresas de inserción. Esta es nuestra posición. Nos parece que debemos profundizar en la pensión no contributiva, en la línea de lo que hoy estamos reformando, porque proponer la renta social -insisto que bien intencionado y sugerente en el terreno intelectual- no es nuestra prioridad, pero aprovecharemos la discusión para profundizar en ello. En todo caso, hoy mi grupo se siente satisfecho: damos repuesta a una vieja demanda del sector de la discapacidad, a un compromiso electoral del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y abrimos una puerta de esperanza para que las personas con discapacidad tengan más oportunidades de empleo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Campuzano.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular.


Tiene la palabra el señor Burgos.


El señor BURGOS GALLEGO: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular se muestra fervorosamente partidario de la aprobación de las enmiendas del Senado a esta proposición de ley. Siempre hemos promovido y apoyado cuantas medidas pudiésemos convenir para favorecer el acceso de los discapacitados al empleo, compatibilizando en este caso la percepción de una pensión no contributiva de invalidez y el desarrollo de una actividad lucrativa por cuenta propia o ajena y orientando así nuestro sistema de protección social para ayudar a quien lo necesita pero, sobre todo, a quien está dispuesto a poner más de su parte para su plena incorporación al trabajo y ello, además, en condiciones de gran limitación física, psíquica o social, removiendo un obstáculo a veces insalvable por disuasorio para la integración laboral de estas personas que en ocasiones tienen el dilema de renunciar a un trabajo, que suele ser además inestable o poco retribuido, ante el hecho cierto de perder una prestación económica del sistema, perpetuándose de esta forma muchas situaciones de necesidad en lugar de ayudar a superarlas, que habría de ser su verdadero objetivo.


El texto que salió en su día del Congreso fue votado favorablemente por mi grupo parlamentario porque pese a adolecer de una visión un tanto cicatera, restrictiva y frustrante para las expectativas de estas personas, al menos suponía un avance, un avance en la buena dirección superando la pretensión inicial del Grupo Socialista en sus enmiendas que carecían de una notable insensibilidad e incomprensión ante el problema.
El debate allí sirvió, y no siempre es así, para orientar más adecuadamente las enmiendas socialistas. Se llegó a compromisos que no siendo el ideal perseguido por nosotros al menos rebajaron la notable inquietud y alarma -cito textualmente- con que el sector había recibido aquellas enmiendas socialistas como nos puso de manifiesto el propio CERMI en escrito remitido a todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, el resultado no fue del todo satisfactorio para nosotros y no solo por las cuantías máximas a percibir o su vinculación al Iprem en lugar de al IPC, lo que supone realmente un recorte de las cuantías compatibles, que solo cabe calificar de tacañería improcedente y que, por cierto, prueba que la adopción del Iprem supone de hecho que las prestaciones crecerán con ustedes muy por debajo de los precios -en este caso un 10 por ciento menos de lo que hubieran subido si se hubiera aplicado la referencia del IPC, aunque esto, sin duda, es muy progresista-, sino también porque mi grupo juzgaba oportuno aprovechar la ocasión para ofrecer la misma respuesta a dos situaciones semejantes que afectaban y afectan a las personas con discapacidad y a sus familias. Entonces, solo la falta de una adecuada sensibilidad por parte del Gobierno y del Grupo Socialista en la tramitación de esta proposición de ley impidió que esta cuestión fuera abordada convenientemente en el Congreso. El Senado, sin embargo, ha dado cumplida respuesta a esta cuestión en sus enmiendas, incorporando la propuesta del Grupo Popular rechazada en esta Cámara, que establece la compatibilidad no solo de las pensiones de invalidez no contributivas, sino también de las asignaciones familiares por hijo a cargo con discapacidad con el trabajo remunerado. Por supuesto que son prestaciones de naturaleza distinta, pero lo que aquí se debate es la oportunidad de abrir un camino para que las prestaciones del sistema puedan ser compatibles con un salario y ello no tiene por qué restringirse al ámbito de las pensiones no contributivas si hay otras prestaciones en el sistema que atienden a situaciones similares, como

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es el caso, porque aquí hablamos de personas con problemas y no nos ceñimos a cuestiones de carácter técnico. El objetivo de nuestras políticas son personas y personas con situaciones similares, reciban asignaciones por hijo a cargo o reciban pensiones no contributivas. Ya advertimos en su momento que no se entendería que estas prestaciones tuvieran regímenes distintos en esta materia cuando atienden a situaciones de hecho sustancialmente idénticas. Señorías, las más de 140.000 familias españolas con un hijo a cargo, con minusvalía del 65 por ciento o más, que perciben esa asignación no entienden el hecho de que el acceso de su hijo a un trabajo remunerado les suponga la pérdida de la asignación que perciben, haciendo recaer precisamente sobre ellas, sobre las familias, el coste de la integración laboral de sus hijos con discapacidad, lo cual es evidentemente absurdo, aunque muy progresista desde su punto de vista; ello mientras aprobamos la compatibilidad de las pensiones no contributivas de invalidez. Señorías, esto no se entiende, y no sabemos en nombre de qué progresismo se puede decir que es justo y oportuno rechazar lo que nos propone el Senado. A veces, oyendo los planteamientos de algunos grupos que están todo el día hablando de la necesidad de giros sociales, de mejorar la protección, de aumentar el gasto social, de incrementar la cobertura, uno se pregunta en qué quedan todos esos discursos cuando aquí viene una iniciativa como esta y priman sus conveniencias o sus dependencias políticas y no la atención a un problema, simple y llanamente por el hecho de que lo propone el Grupo Parlamentario Popular, y se buscan para esa justificación argumentos por lo demás enormemente peregrinos. Señorías, lo propone el Grupo Parlamentario Popular, pero quien de verdad lo ha propuesto es el sector, son las personas que tienen discapacidad, son las organizaciones que les representan, señorías, y ustedes no les atienden, ustedes no han querido escuchar su voz. Díganles a ellos que no es presentable ni razonable una propuesta de estas características. No me lo digan a mí, díganselo al sector de la discapacidad, que es el que nos ha planteado a todos los grupos la oportunidad de aprovechar este debate para regular definitivamente esta cuestión.


El planteamiento que hizo en su día el Grupo Socialista nos pareció una larga cambiada, porque invocar futuras e hipotéticas reformas del conjunto de la protección familiar para rechazar esta equiparación de tratamiento no deja de ser una excusa de mal pagador. En el Senado se nos dijo que esta tramitación no es el ámbito adecuado para este debate y, francamente, no se me ocurre un argumento más ridículo. En estas materias resulta injustificable dejar para una etérea mañana lo que podemos hacer perfectamente hoy, máxime cuando la situación de ambas prestaciones es equiparable y la proposición de ley, de no aceptarse estas enmiendas, introduce una diferencia entre ambas que no nos parece razonable.
Señorías, está muy claro. Si se nos dice que se va a hacer en el futuro es porque es justo hacerlo, porque es razonable hacerlo y, si es justo y razonable, ¿qué sentido tiene esperar si además el Senado nos ha facilitado la tarea? Sin duda, lo ha hecho el Senado con más lucidez que en su día la mayoría imperante en este Congreso y de ello nos felicitamos. Las enmiendas del Senado ponen las cosas en su lugar y, desde nuestro punto de vista, sería bueno que ahí siguieran estando por el bien de nuestro sistema de protección social que pretende ser cada día más justo, más equitativo y más solidario. El hecho de rechazar hoy estas enmiendas constituye una muestra de insensibilidad gratuita e injustificada; empecinarse en rechazarlas solo porque no las apoyaron en su momento no es un argumento válido en estas materias. Para nosotros su respaldo es positivo porque estas enmiendas suponen un paso más en la idea central que ha guiado nuestro planteamiento desde el principio: reforzar el acceso de muchas más personas al empleo como condición básica de su proceso general de integración y avanzar en la idea de que para ellos el empleo ordinario ha de ser el objetivo perseguido, y esta compatibilidad, que hoy ratificamos en su último trámite, nos permite orientar más eficazmente los recursos. El empleo de estos recursos públicos en este caso está plenamente justificado si lo que perseguimos es un concepto más dinámico, más eficiente, más solidario del sistema de protección social, aliado inestimable además de una economía productiva capaz de integrar más y mejor a las personas con independencia de sus condiciones y capacidades. Señorías, para el Grupo Parlamentario Popular la plena participación social y económica de las personas con discapacidad y la extensión de los mejores medios para ello al mayor número de situaciones y de circunstancias personales es la mejor justificación de nuestro voto favorable.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Burgos.


Finalizamos estos turnos con el del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y tiene la palabra para ello la señora Sánchez. Adelante.


La señora SÁNCHEZ RUBIO: La grave situación de paro en la que se encuentran las personas con discapacidad, que afecta en mayor medida a las mujeres, hace que todas las medidas que se adopten para contribuir a resolver este problema adquieran una gran relevancia. Este es el caso de la proposición de ley del Grupo de Convergència i Unió que modifica el vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social para permitir la compatibilidad entre la percepción de la pensión no contributiva de invalidez con las rentas derivadas del ejercicio de una actividad profesional hasta determinados límites de ingresos, en concreto hasta el tope máximo del 1,5 del Iprem. El objetivo es incentivar y facilitar la incorporación laboral activa de las personas con discapacidad que perciben esta pensión. Esta proposición de ley, enmendada por el Grupo Socialista, fue

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aprobada por unanimidad en esta Cámara en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales.


En su trámite en el Senado se han introducido una serie de enmiendas, cinco del Grupo Socialista que, aprovechando esta proposición de ley, pretende reponer la situación anterior a la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, por la que se estableció un nuevo supuesto de incompatibilidad entre la pensión de orfandad y las asignaciones familiares por hijo a cargo. Hasta el 1 de enero de 2004, las dos prestaciones, la de orfandad y asignación familiar por hijo a cargo en los supuestos mencionados, eran plenamente compatibles, según establecía la Ley General de la Seguridad Social. La nueva regulación implicó una reducción de la protección de aquellos discapacitados que además reunían la condición de huérfanos y que, hasta dicho momento, venían percibiendo ambas prestaciones. Ante la presión de los grupos políticos y los colectivos de personas con discapacidad se intentó reponer la situación anterior mediante un real decreto, pero como un incremento de la pensión de orfandad y no como una prestación diferente como ocurría con la normativa anterior. Por tanto, supuso una quiebra de la seguridad jurídica anteriormente existente.
Entre los compromisos electorales del Partido Socialista se recogía afrontar esta situación generada por la decisión del Gobierno del Partido Popular. Con nuestra enmienda se propone incluir en esta proposición de ley un nuevo concepto que reponga la situación de compatibilidad entre las pensiones de orfandad con la asignación por hijo a cargo cuando este tenga 18 años o más y un grado de minusvalía superior al 65 por ciento.
Esperamos contar con el apoyo de todos los grupos de esta Cámara, incluido el del Grupo Parlamentario Popular, ya que queremos entender que el anterior Gobierno intentó reponer con el Real Decreto-ley 364/2004, de 5 de marzo, la situación generada con la modificación de la Ley 52/2003.
Hoy lo haremos con una regulación que dota al ordenamiento de la Seguridad Social de mayor seguridad jurídica y atiende a una demanda unánime de las organizaciones representativas del sector.


En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que pretenden extender el régimen de compatibilidad entre la pensión no contributiva de invalidez y el trabajo remunerado, que es el objeto de esta ley, a la prestación a favor de familiares cuando el hijo causante de esta asignación familiar tenga 18 años y más y un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento puedo decir que esta compatibilidad ya existe, siendo el tope de ingresos de la renta salarial el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional. Hay que tener en cuenta que no hay que tener motivos para otorgar el mismo tratamiento a ambas prestaciones, puesto que la naturaleza, finalidad, característica y requisito de acceso de cada una de ellas varían sustancialmente. Prestaciones diferentes necesitan regulaciones específicas y adecuadas a cada situación protegida. La finalidad de la pensión no contributiva de invalidez es proteger a los ciudadanos que teniendo un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento carezcan de recursos suficientes, por lo que es requisito necesario carecer de rentas superiores a cierto límite. Las prestaciones familiares son prestaciones no contributivas y por definición no requieren cotizaciones previas, son financiadas con el esfuerzo y la solidaridad de todos; a pesar de ello para ser beneficiario de la prestación por hijo afectado por un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento no existe límite alguno de renta. En cambio, como se ha señalado, este límite es uno de los requisitos esenciales para ser perceptor de la pensión no contributiva de invalidez. Cabe decir también que las prestaciones familiares están destinadas a cubrir situaciones de necesidad económica o de exceso de gasto que produce la existencia de responsabilidades familiares en determinados casos. No obstante, uno de los principales motivos de preocupación que nos genera la enmienda del Grupo Popular es la quiebra que se produce con otros colectivos beneficiarios de la Seguridad Social, que tienen establecido un límite de percepción de ingresos por trabajo similar al que ahora se trata de modificar solo para las asignaciones familiares por hijo a cargo. Nos referimos a los beneficiarios de la pensión de orfandad, así como a los beneficiarios de la pensión a favor de familiares destinadas para nieto y hermano del causante y a la propia percepción del complemento por mínimos de las viudas menores de 60 años con cargas familiares. Es decir, es una referencia utilizada de manera común en la legislación de Seguridad Social cuando se trata de definir el concepto de cargas familiares, en estos últimos casos referido a los miembros de la unidad familiar. La mejora y racionalización del sistema de prestaciones familiares es un objetivo loable y compartido con todos los grupos, aunque no hubiera estado mal que el Grupo Popular lo hubiera tenido en cuenta cuando hizo incompatible orfandad y protección familiar. Sin embargo, aprovechar esta proposición de ley pensada, diseñada y dirigida a los perceptores de la pensión no contributiva de invalidez no es el cauce adecuado. Señorías, de aceptar la enmienda del Grupo Popular vamos a seguir enmarañando la normativa en torno a la protección familiar, vamos a suscitar claros agravios normativos como he expuesto anteriormente y no vamos a resolver el problema de fondo.


El sistema de prestaciones familiares ha sufrido sucesivas modificaciones que han venido desvirtuando en gran medida la naturaleza y finalidad de esta prestación. Es necesario reformar su regulación y ello debe hacerse de forma global, amplia, cuidada y sistemática, abordando la problemática del nivel de suficiencia de la protección dispensada y evitando que se produzcan o incentiven situaciones de desigualdad social. El Gobierno ha manifestado en reiteradas ocasiones que uno de sus objetivos es precisamente mejorar estas prestaciones familiares. Discrepamos del planteamiento de similitud de prestaciones formulada por el Grupo Parlamentario Popular, aunque somos conocedores de que en cierta medida son colectivos similares los que

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se encuadran en ambas prestaciones. Por tanto, sería necesario un esfuerzo de todos los grupos parlamentarios para revisar la regulación actual del sistema de protección familiar para las personas con discapacidad y sus familias de forma cuidada y sistemática, abordando la globalidad de las prestaciones en orden a que se incentiven o eviten situaciones de desigualdad social. El Grupo Socialista va a rechazar la enmienda del Grupo Popular con el compromiso adquirido con todos los grupos de esta Cámara de efectuar una iniciativa conjunta, si así lo consideran oportuno, para instar al Gobierno a estudiar la situación actual de protección familiar y a impulsar, en el marco del diálogo social, las medidas necesarias para la reforma del sistema de protección familiar de las personas con discapacidad, con el objetivo de mejorar la protección dispensada a estas personas y a sus familias.


Para finalizar, tengo que decir que no nos olvidamos de que el objetivo de la proposición de ley es facilitar la integración laboral de las personas con discapacidad, utilizando como instrumento para dicha integración el incentivo que puede suponer la compatibilidad entre trabajo remunerado y pensión no contributiva de invalidez, medida que debe ser una más dentro de las medidas de acción positiva que se están adoptando por el Gobierno para la inserción laboral de las personas con discapacidad en el mercado normalizado o protegido de trabajo. Trabajo que les permita contribuir con sus cotizaciones a la Seguridad Social y a su futura pensión de jubilación o invalidez. Señorías, la discapacidad no es una enfermedad, y si se eliminan los obstáculos y las barreras en la formación y en el trabajo en la mayoría de los casos las personas con discapacidad no precisarán de una pensión no contributiva, sino que se producirá una integración laboral y social plena. Este es nuestro compromiso y nuestro objetivo, pero utilizar como medio de integración laboral la pensión no contributiva de invalidez es, como he mencionado en ocasiones anteriores, un instrumento más, y confiere un concepto rehabilitador a la pensión de invalidez, poco corriente en nuestro país y extendido en nuestro entorno europeo: la pensión, no como un fin en sí misma, sino como un mecanismo rehabilitador. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Señorías, termino felicitándonos por ello y por volver a dar seguridad jurídica a la compatibilidad entre la pensión de orfandad y la asignación por hijo a cargo, cuya situación de incompatibilidad ha generado y genera en los padres una gran incertidumbre por lo que puede ser de sus hijos y sus hijas una vez que ellos fallezcan. Este es uno de los más nobles objetivos de la protección familiar.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación del punto V del orden del día: Enmiendas del Senado. Proposición de ley para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado.


Habrá solamente dos votaciones, una primera, la enmienda al artículo único nuevo punto 3 y, a continuación, votaremos conjuntamente el resto de las enmiendas.


Primera votación, enmienda al artículo único nuevo punto 3.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 130; en contra, 174; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.


A continuación, votamos en bloque el resto de las enmiendas del Senado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 308; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas el resto de las enmiendas.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE REFORMAS PARA EL IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD. (Número de expediente 121/000027.)

- PROYECTO DE LEY DE REFORMAS EN MATERIA TRIBUTARIA PARA EL IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD. (Número de expediente 121/000028.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto VI del orden del día: Debate de totalidad de iniciativas legislativas. Los dos primeros van a ser tratados acumuladamente.


La primera, proyecto de ley de reforma para el impulso a la productividad; la segunda, proyecto de ley de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad.


No vamos a suspender el Pleno durante la hora de la comida, sino que continuaremos, al objeto de ganar unas horas. Así pues, las votaciones sitúenlas no antes de las cinco o cinco y media. (El señor vicepresidente, Gil Lázaro, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Señorías, si abandonan el hemiciclo con rapidez ganaremos tiempo en el procedimiento, en beneficio de todos y del orden de la sesión.


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Para la presentación conjunta de ambos proyectos de ley, tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor presidente, señorías, comparezco ante esta Cámara con motivo de las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Parlamentarios Catalán(Convergència i Unió) al proyecto de ley de reformas para el impulso a la productividad y por el Grupo Parlamentario Popular al proyecto de ley de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad. En defensa de ambos quiero abordar sus características más notables, no sin antes hacer una referencia a las razones que han impulsado al Gobierno para traerlos aquí.


La economía española mantiene hoy un notable ritmo de crecimiento y de creación de empleo. Nuestra economía está creciendo a un ritmo satisfactorio, en el entorno del 3 por ciento, tasa que probablemente se eleve ligeramente en el primer trimestre de este año. Entre los indicadores que tienen un comportamiento favorable destaca sin duda alguna la evolución de la inversión en bienes de equipo con aumentos de alrededor del 10 por ciento. También el empleo está teniendo una evolución muy notable. Los últimos datos conocidos tras los cambios metodológicos de la EPA muestran un aumento de la ocupación por encima del 4 por ciento. Los indicadores económicos referidos al mes de abril ponen de manifiesto que en los comienzos del segundo trimestre el crecimiento no solo se mantiene, sino que muestra una leve tendencia a la aceleración. Estamos en el undécimo año consecutivo de un comportamiento positivo de nuestra economía, pese a las incertidumbres derivadas de factores reales, tales como la volatilidad de los precios del petróleo o las dificultades de la zona euro para crecer de forma sostenible. La pregunta que debemos hacernos es si un intenso crecimiento como el de la última década puede prolongarse a lo largo del tiempo.


El crecimiento en los últimos años ha sido tributario de factores cuyos efectos previsiblemente no se mantendrán en el futuro con la intensidad actual. Los más importantes son la reducción de tipos de interés, las transferencias de recursos en la Unión Económica y Monetaria o el impacto favorable del tipo de cambio.


Nuestra convergencia con la zona euro ha descansado en el avance de la tasa de empleo y de forma más secundaria en el crecimiento del producto por trabajador. Si queremos seguir avanzando, pensando que la tasa de empleo tiene un cierto límite, es imprescindible compatibilizar el incremento de empleo que aún podemos poner en marcha con el incremento de la productividad, fundamental para mantener un crecimiento equilibrado en el futuro.


Como consecuencia de todo lo anterior, el Gobierno ha hecho de la productividad una de sus prioridades de política económica. Mientras sigamos moviéndonos en aumentos reducidos de esta variable, nuestras perspectivas de crecimiento no pueden ser brillantes.


El crecimiento de la productividad no solo es crucial para nuestras posibilidades de crecimiento a largo plazo, sino que está también en el origen de nuestros desequilibrios fundamentales, como son el déficit exterior o el diferencial de inflación. El Gobierno pretende actuar de forma eficaz y responsable, proponiendo una serie de medidas para mejorar la productividad y competitividad de nuestra economía. Me refiero al plan de dinamización con su primer paquete de medidas, fruto de una labor de equipo en el que han participado todos los departamentos ministeriales y en el que se respetan de forma escrupulosa las competencias de las comunidades autónomas. También se ha contado con la opinión de los sectores afectados. El plan es una de las cinco herramientas de la política económica diseñada por el Gobierno y acompaña a la reforma fiscal, que buscará mantener la suficiencia en la recaudación garantizando la progresividad, así como el fraude fiscal, mejoras en el mercado de trabajo encomendadas al diálogo social, refuerzo de la estabilidad presupuestaria y un plan de fomento empresarial que se presentará antes del verano y que potenciará la creación y consolidación del tejido empresarial.


La puesta en marcha del plan de dinamización ha comenzado con un primer paquete de medidas que se articula en torno a un real decreto-ley, tres proyectos de ley y un acuerdo del Consejo de Ministros. Queremos hacer un uso responsable y racional de los instrumentos legales, reservando al real decreto-ley solo aquellas medidas urgentes, y esa es la razón por la que hoy presento los proyectos de ley que incluyen las medidas referidas a este primer paquete de medidas. Ese paquete comprende un conjunto de actuaciones dirigidas a un amplio número de sectores: sociedad de la información, energía, transportes, servicios postales, mercado de tabaco, mercado de vivienda en alquiler, mercado financiero y funcionamiento de la Administración pública.


Voy a referirme de forma muy rápida dada su amplitud a algunos de estos temas. Primero. En el sector energético hay una modificación del sistema de remuneración de la Comisión Nacional de la Energía de forma que sus ingresos estén en función de sus competencias y de las actividades realizadas y no como hasta ahora ligados porcentualmente a las variaciones que experimenten los precios y la demanda.


En las actuaciones específicas sectoriales se impulsa el cumplimiento del Plan de fomento de energías renovables, adoptando medidas de apoyo a la biomasa al permitir la combustión de esta materia prima en instalaciones de régimen ordinario, y también con carácter especial se acepta la posibilidad de complementar el régimen retributivo de las instalaciones de producción de energía eléctrica que utilicen como energía primaria la solar o la biomasa.


En hidrocarburos líquidos se aumenta la competencia en el mercado minorista, en hidrocarburos gaseosos se agilizan los trámites administrativos y se contribuye a

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generar menos distorsiones financieras en las empresas, al habilitar a la CNE para que efectúe las liquidaciones mensuales a las compañías del sector de gas a partir de los ingresos recaudados por tarifas y peajes, tal y como viene haciéndose ya en el mercado eléctrico, y también se introducen reformas para mejorar el marco regulador de la generación eléctrica con combustible nuclear. Por último, todas estas medidas del sector energético se complementan a las ya presentadas en el real decreto-ley que esta Cámara convalidó el pasado 7 de abril.


En el ámbito de las labores de tabaco lo que se hace es posibilitar una competencia efectiva en el mercado de tabacos compatible, no obstante, con las necesarias medidas de prevención y control del tabaquismo. Se pone en marcha una medida específica para la promoción del turismo a través del fondo de modernización de infraestructuras turísticas. El Gobierno volverá sobre el turismo en un futuro próximo.


Por lo que se refiere al mejor funcionamiento de la Administración, pretendemos afectar a la fe pública fundamentalmente, pero también a otros temas. En cuanto a la fe pública, cuatro grandes apartados. En primer lugar, la agilización de los plazos de inscripción en los registros -propiedad, mercantiles y bienes muebles- para dinamizar el tráfico jurídico, civil y mercantil, y dotar de mayor rapidez a la tramitación, evitando retrasos no justificados que sin duda alguna perjudican a empresas y a ciudadanos; también se pretende aumentar la seguridad jurídica al definir supuestos de recursos y establecer responsabilidades. En segundo lugar, se promueve la tramitación y el acceso telemático a los registros con plena seguridad jurídica. En tercer lugar, se mejora y modifica el régimen disciplinario registral y notarial para que responda a las necesidades reales, debiendo corregirse, como hace el texto, algunas ineficiencias del sistema actual. Finalmente, en las disposiciones adicionales se establece un mandato para que fedatarios públicos informen a Justicia y a Economía y Hacienda de la aplicación concreta de los aranceles notariales y registrales. Con esta medida se pretende facilitar el seguimiento de esa aplicación efectiva y la evaluación de la efectividad de las medidas orientadas a introducir la competencia en los servicios profesionales sujetos a tarifa. En síntesis, las medidas introducidas en el ámbito de la fe pública tienen una vinculación directa con la eficiencia administrativa, al afectar a servicios claves del tráfico jurídico, civil y mercantil, y por extensión al ámbito económico, y tienen como finalidad esencial modernizar este servicio público y promover su utilización efectiva utilizando técnicas informáticas y telemáticas más modernas.


El proyecto de ley de reformas en materia tributaria para el impulso de la productividad contempla una serie de reformas de contenido fiscal específico, cuyo objetivo es primar determinadas actividades que tienen efectos beneficiosos sobre la productividad. Se actúa así sobre el mercado financiero, limitando las tasas aplicables por actuaciones en el mercado de valores; sobre el mercado inmobiliario, estimulando la oferta del alquiler de vivienda; sobre el I+D+I, incentivando la actividad innovadora en algún sector específico, concretamente en el textil; y sobre las pequeñas y medianas empresas, intensificando los apoyos al uso de tecnologías de información y comunicaciones. Algún comentario rápido sobre estos temas.


En materia de vivienda se han adoptado medidas destinadas a la creación de un mercado profesional de alquiler y para fomentar el alquiler profesional, en línea con las recomendaciones del Fondo Monetario y de la OCDE, para corregir el atraso relativo -y el fracaso, yo diría- de las medidas adoptadas en este campo con anterioridad.


Con la legislación actual prácticamente no existen instituciones de inversión colectiva de carácter inmobiliario, y apenas se ha autorizado el régimen especial de sociedades arrendadoras creado en el año 2003. Por ello, para solucionar estos problemas, en primer lugar, las instituciones de inversión colectiva de carácter inmobiliario, que muestran un desarrollo limitado, como decía, podrán, a partir de ahora, desarrollar la actividad de promoción inmobiliaria circunscrita a la de viviendas destinadas a arrendamientos. Se les aplicará un tipo de gravamen del 1 por ciento en el impuesto de sociedades, condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos para preservar la naturaleza de este objetivo. Como medida complementaria, en el ámbito del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se amplían la exención y bonificación prevista para las instituciones de inversión colectiva inmobiliarias, a aquellas entre cuyas actividades se encuentre la promoción de inmuebles para su arrendamiento. También se modifica el régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas, regulado en los artículos 53 y 54 de la Ley de Sociedades. Para hacerlo efectivo se eliminan las restricciones que impedían el correcto funcionamiento de este régimen especial y se cambian los requisitos necesarios para dar mayor coherencia en su aplicación.


Entre las novedades de la ley también cabe destacar la eliminación de la exigencia de que estas entidades tengan como objetivo social exclusivo el arrendamiento de viviendas. Es suficiente con que sea su actividad principal. En cuanto a beneficios fiscales aplicables, se mantiene únicamente la bonificación del 85 por ciento de la cuota íntegra para las rentas procedentes del arrendamiento de viviendas y se suprime la bonificación para las rentas derivadas de su transmisión, potenciando así el mercado de alquiler.


Como complemento a estas medidas, y en línea con la flexibilización de los requisitos para la aplicación del régimen especial de entidades arrendadoras en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, se suprime el tipo del 4 por ciento aplicable a las viviendas adquiridas por las entidades dedicadas a arrendamientos de vivienda. En I+D+I, aparte de esa promoción al sector textil a que he hecho referencia, se potencian también las nuevas

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tecnologías por una mejora en el impuesto de sociedades que permite aumentar las deducciones actualmente en vigor en este espacio para las empresas. En servicios postales lo que se hace es equiparar el comportamiento o, mejor dicho, el régimen fiscal aplicable en IVA a las operaciones llegadas por correo, cuando compite con el sector privado en aquel sector que no se mantiene como de servicio público. Y finalmente en el sector financiero el proyecto incorpora medidas que permiten modificar las tasas aplicables en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y supone una mejora que, vinculada a la normativa sobre folletos que se acaba de aprobar al trasponer la legislación comunitaria, facilitará, sin duda alguna, el acceso a las empresas españolas a todo el mercado de valores.


Finalmente, permítanme que conteste ya a algunas de las críticas presentadas a ambos proyectos de ley. No es cierto que las medidas financieras sean escasas. En paralelo se está tramitando en esta Cámara el proyecto de entidades de capital-riesgo que aumenta sus posibilidades de actuación, al introducir figuras financieras que son comunes en gran parte de los países de nuestro entorno y estaban limitadas en la regulación anterior. En segundo lugar, como decía antes, la trasposición en el Real Decreto-ley del año 2005, de la directiva de folletos y de los acuerdos de garantía financiera, son fundamentales para poder mantener la posición competitiva del mercado español y eliminar aquellos requisitos no justificados, desde el punto de vista de protección del inversor o del correcto funcionamiento del mercado, y que suponen una traba para el desarrollo de esta actividad en nuestro país.


Una segunda crítica que tampoco es correcta es que no se contemplan medidas de I+D+I, más allá de las recogidas en el proyecto de ley de medidas tributarias. En este apartado, y al margen del posible contenido del plan de fomento empresarial, el plan de dinamización prevé actuaciones en torno a tres ejes: la mejora de la gestión de la política de I+D+i, la atracción e incentivación de investigadores y el aumento de la cooperación público-privada; actuaciones que se irán impulsando de acuerdo con el calendario prefijado y establecido en el plan. La última gran crítica son las mejoras en el funcionamiento del mercado de trabajo.
Lo he dicho ya y lo repito nuevamente, deberán abordarse en el marco del diálogo social que tiene su origen en la relación del 8 de julio pasado y esperamos obtener algunos resultados antes del verano.


En síntesis, y por todo lo anterior, el conjunto de actuaciones señaladas proporcionan una señal positiva a los agentes económicos sobre el compromiso del Gobierno con la política de incremento de la productividad de la que depende el crecimiento a largo plazo. El paquete presentado es solo el primero que se realiza dentro del marco del plan de dinamización y entendemos este ejercicio como un ejercicio permanente que se irá poniendo al día con decisiones adicionales.


Señorías, creemos que empezar con este programa es fundamental, y por todo ello pido a SS.SS. que con su voto rechacen la enmienda a la totalidad a los proyectos que hoy acabo de presentar.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor vicepresidente.


A los proyectos que acaban de ser presentados se han formulado distintas enmiendas: al proyecto de ley de reformas para el impulso a la productividad, dos enmiendas de devolución por parte de los Grupos Catalán (Convergència i Unió) y Popular en el Congreso, y al proyecto de ley de reformas en materia tributaria para el impulso de la productividad, una sola enmienda de devolución por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modo que daremos la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre, por un tiempo máximo de quince minutos, para la defensa de su enmienda, y posteriormente al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que defenderá acumuladamente, según han hecho saber a la Mesa, ambas enmiendas.


Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, señor vicepresidente y ministro de Economía, he escuchado atentamente la exposición de este proyecto de ley de impulso a la productividad y realmente he quedado perplejo y atónito, porque veo que tanto usted como el actual presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, continúan instalados en esta burbuja de cristal llena de algodones, en que España va bien, la economía va sensacional y prácticamente las únicas medidas que precisa nuestra economía son los proyectos que usted ha presentado en estos momentos. Nosotros, señor vicepresidente, no estamos de acuerdo con estas afirmaciones y manifestaciones y tampoco con este proyecto de impulso a la productividad. Por este motivo hemos presentado esta enmienda a la totalidad, y me explicaré a continuación.


El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) entiende que este es un proyecto de ley decepcionante; es un proyecto de ley frustrante; es un proyecto de ley vacío de contenidos orientados a impulsar la productividad; es un proyecto de ley ofensivo para los sectores que se ven afectados por el mismo, porque su título no refleja la realidad y tampoco los contenidos; es un proyecto de ley que desprecia e ignora la situación de ansiedad de los agentes sociales y económicos del país, repito, desprecia e ignora la situación de ansiedad de los agentes sociales y económicos de nuestro país, y solamente hace falta para dar valor a mis afirmaciones ver lo que publican constantemente -a lo que más adelante me referiré- los medios de comunicación de España; y, por último, es un proyecto de ley que engaña

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y confunde a la sociedad y que engaña y confunde a los agentes sociales, porque parece una cosa en cuanto al título y, después de analizado el contenido, es otra. Esto también lo avala la encuesta que en su momento hizo la compañía Price Waterhouse a los sectores productivos afectados cuando ustedes presentaron este proyecto de impulso a la productividad y el 66 por ciento de los encuestados decía que estaban muy desengañados porque no contenía aquellos aspectos necesarios para impulsar la productividad de la economía española en estos momentos.


Después de haber analizado con detenimiento este proyecto de ley, hemos presentado una enmienda a la totalidad, porque no impulsa la productividad de nuestra economía en el ámbito económico y tampoco en el ámbito social; porque contiene muy pocas medidas específicas orientadas en esta dirección, tal y como en su momento han explicitado los medios de comunicación, los agentes afectados y la encuesta a la que antes me he referido; porque ustedes ignoran, y esto es preocupante, la situación dramática de algunos sectores de la economía española -estoy convencido de que usted no la ignora, porque es un buen conocedor de la economía española, de la economía europea y de la economía mundial, pero leyendo atentamente este proyecto se llega a la conclusión de que ustedes están encerrados en una bola de cristal e ignoran dicha situación-, y lo que es más grave, señor vicepresidente, ustedes continúan haciendo caso omiso de las señales de alerta, que en algunos casos son de alerta roja, que semana tras semana nos trasladan los agentes económicos y sociales. Desde esta perspectiva, le daré algunos ejemplos que son muy significativos.


Cuando supe que iba a defender esta enmienda a la totalidad, pensé que tendría que darle datos objetivos y no simplemente manifestaciones catastrofistas, que usted sabe perfectamente que nuestro grupo parlamentario no suele hacer. También quisiera que supiera que esta enmienda a la totalidad fue presentada antes de celebrarse el debate sobre el estado de la Nación y usted sabe perfectamente que no nos aceptaron absolutamente ninguna de nuestras propuestas.


Centrándome en el tema, le diré que hoy he entrado en la web del Instituto Nacional de Estadística y también muestra estas señales de alarma que ustedes parece que desconocen, y esto es lo que realmente nos preocupa, porque si ustedes las desconocen pero en algunos institutos dependientes de su Gobierno cada día se pueden apreciar, uno llega a la conclusión de que les conviene estar inmersos en una bola de cristal y no conocer la realidad de la economía española. Una señal de alerta que nosotros hemos venido manifestando a lo largo de la legislatura es el diferencial de inflación. Usted sabe perfectamente, señor vicepresidente, que con una inflación del 3,5, que supone un incremento de un diferencial de un 70 por ciento más que la media de la Unión Europea, difícilmente nuestras empresas van a ser más competitivas. Lo venimos denunciando día tras día, semana tras semana, comparecencia tras comparecencia y no hay ninguna medida efectiva en este proyecto que pueda combatir este diferencial de inflación. Soluciones las hay. Nosotros las hemos propuesto, no las volveré a repetir, seguramente en las enmiendas que presentaremos a este proyecto de ley las vamos a volver a proponer y esperamos que ustedes sean sensibles para intentar resolver este aspecto tan negativo para nuestra economía.


Otro índice significativo que avala nuestras manifestaciones es que por primera vez el índice de producción industrial ha descendido en el primer trimestre del año 2005 y es un 2,5 por ciento menor que el del año 2004.
Este es un pequeño síntoma de que las cosas no van tan bien como dice usted y como manifiesta reiteradamente el presidente del Gobierno, el señor don José Luis Rodríguez Zapatero. Otro índice de alarma a tener en cuenta, señor ministro, es que por primera vez la morosidad tiene un pequeño incremento en España con respecto al año anterior. Es curioso que en este primer trimestre, de enero a marzo de 2005, la morosidad se haya incrementado en un 10 por ciento con respecto al año 2004. Y no me voy a extender en el déficit del sector comercial español, que es escandaloso, señor ministro. Es un 37 por ciento más elevado que el alcanzado en el año 2004, cuya cantidad asciende a 52.000 millones de euros. Tampoco este proyecto de ley contiene medidas para fomentar las exportaciones de nuestro tejido industrial, así como no existe ninguna medida contundente para fomentar la internacionalización. Seguimos con los índices de alerta -en algunos casos de alerta roja- que nosotros consideramos muy importantes. Por ejemplo, en el año 2004 las inversiones extranjeras en España, no solamente las de Estados Unidos, que también, han disminuido un 47,11 por ciento con respecto a las que se produjeron en el año 2003.
Estos son signos de alerta -algunos graves, algunos no tan graves, algunos para tener en cuenta- que constatan que la situación de la economía española, sin ser catastrofistas, no es como la que manifiestan ustedes en sus intervenciones.


Otro aspecto relevante del que queremos hablar en este debate de la enmienda a la totalidad es que reiteradamente hemos manifestado que el sector comercial exterior español padece una grave crisis, que las importaciones son superiores a las exportaciones y que cada vez es más difícil la internacionalización de nuestro tejido productivo. Esto no lo digo yo, sino que lo dijeron las cámaras de comercio el 16 de mayo de este año. Exactamente manifestaron: Las cámaras advierten que el modelo de la exportación española es insostenible. Además, en su informe sobre el sector exterior denuncian la dispersión de recursos, la duplicidad de planteamientos y la ausencia de planes estratégicos en la internacionalización. La cultura de instituciones, además, es individualista y el patrón exportador está sesgado hacia sectores de baja tecnología que no son competitivos. El informe cameral critica la ausencia de planes estratégicos

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que ordenen la actuación exterior. Nuestra pregunta es: ¿Qué medidas contiene el proyecto de ley llamado de productividad para estimular la exportación? Ninguna.


Hay otra cuestión a la que damos un valor importante, y no lo decimos nosotros, sino los agentes económicos y sociales. Información del 16 de mayo de este año: Almunia -personaje político que usted conoce perfectamente, más que yo-, CEOE, Rato y Solbes alertan de la pérdida de competitividad. Se dice además: Bruselas advierte a España de su atraso tecnológico. La patronal culpa de la mala competitividad a las cargas fiscales, laborales y sociales, y Solbes asume que con la actual productividad las perspectivas de crecimiento no serán sólidas. Parece que todos estamos de acuerdo en que tenemos un elemento importante, en que existe una pérdida de competitividad efectiva de nuestro tejido industrial. Lo entiende absolutamente todo el mundo, pero las medidas que se incorporan a esta ley tanto desde la óptica fiscal como desde la óptica laboral como desde la óptica de I+D+i, que es cierto que existen algunas pero totalmente insuficientes, no están presentes en este proyecto de ley. Uno podría llegar a la conclusión de que las medidas liberalizadoras del sector de la funeraria y del sector del tabaco van a ser suficientes para impulsar la productividad de la economía española; sinceramente pensamos que no. Otra cuestión que también viene reflejada en estos últimos días en los medios de comunicación es un estudio de Industria en el que se describe que España está al borde del desastre digital y que está elaborando un plan de convergencia para la sociedad de la información. ¿Qué medidas contiene el proyecto de ley para impedirlo? Muy pocas, prácticamente ninguna. Por tanto, estos son hechos reales, son datos y señales de alerta que envía el Instituto Nacional de Estadística, que envían los sectores afectados, que envían las cámaras de comercio y que manifiesta el comisario de Economía de la Unión Europea, pero nosotros permanecemos aquí absolutamente inmóviles y encerrados en esta bola de cristal y planteamos un proyecto que, como ya he definido al inicio de mi intervención, está vacío de contenido y es decepcionante y frustrante.


Otro aspecto al que nosotros damos un valor especial es que ustedes continúan ignorando totalmente la situación de alto riesgo de sectores industriales tradicionales en la economía española, como son: el sector textil, el sector metalúrgico, el sector del automóvil, el sector del calzado, el sector de la juguetería y el sector farmacéutico. Incluso también hay otra información importante, a nuestro entender, publicada el 16 de mayo, en la que se puede leer que la industria farmacéutica es el sector que más invirtió en I+D+i en España. Por cierto, es el único sector que ustedes han castigado en los Presupuestos Generales del Estado. Si tenemos un sector líder y competitivo que está invirtiendo cantidades importantes en I+D+i, ¿qué nuevos incentivos incorporan en el proyecto de ley que hoy estamos discutiendo? Absolutamente ninguno.


Por tanto, señor ministro, nosotros continuamos manifestando -lo he dicho al inicio de mi intervención- que ustedes siguen ausentes en todos aquellos aspectos y cuestiones que afectan a las deslocalizaciones industriales. Es cierto que son inevitables y que se están produciendo en todo el mundo, pero desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) pensamos que ustedes tendrían la obligación de saber con detalle qué es lo que está pasando actualmente en China; qué es lo que está pasando actualmente en la India; qué es lo que está pasando actualmente en Corea; qué se está cociendo en Indonesia y por qué muchísimos industriales y agentes económicos se están trasladando continuamente a estos países para conocer con detalle qué cambios se están produciendo con las nuevas tecnologías, con la internacionalización y con los nuevos sectores, y qué efectos puede tener la emergencia de estas variables en la economía española. Por qué ustedes no...


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Perdón, señor Sánchez i Llibre, ha sobrepasado su tiempo. Le ruego que vaya concluyendo.


Gracias.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Sí, señor presidente.


Estaba diciéndole, señor vicepresidente, por qué ustedes no son valientes, no son contundentes y presentan un conjunto de medidas para impulsar la productividad española y promocionar y proteger, hasta cierto punto, la industria tradicional manufacturera. Por qué ustedes no son valientes y decididos -para lo que contarían, sin ningún género de dudas, con nuestra colaboración- para presentar no un programa para evitar deslocalizaciones, sino para evitar futuras deslocalizaciones, que es lo que también quieren oír los sectores empresariales y, por qué no decirlo, estas cuestiones también las quieren escuchar los agentes sociales que, por cierto, señor vicepresidente, hoy tienen muchísima ansiedad, más de la que ustedes seguramente conocen, porque si usted mira con detenimiento la última encuesta del CIS verá que el paro -a pesar de que ustedes están diciendo que se genera mucho empleo y que tenemos mucha ocupación- vuelve a ser la primera preocupación de los ciudadanos españoles.


Por estos motivos, nosotros hemos presentado esta enmienda a la totalidad de este proyecto de ley. En el debate en Comisión vamos a presentar bastantes iniciativas parlamentarias para poder dar más contenido a este proyecto de impulso a la productividad. No sé si serán receptivos, pero en caso de que no lo sean continuaremos insistiendo en que es necesario que ustedes salgan a la calle, que hablen con los agentes sociales y económicos porque si lo hacen y actúan con contundencia, seguramente estaremos a tiempo de atajar las consecuencias nefastas que se nos avecinan para los próximos años.


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El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Para la defensa de las enmiendas acumuladas a los dos proyectos de ley, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Arias Cañete, advirtiendo a la Cámara que al sumarse los tiempos correspondientes a la defensa de ambas enmiendas, en teoría, el tiempo máximo del que dispondría el señor portavoz sería de 30 minutos.


El señor ARIAS CAÑETE: Gracias, señor presidente.


Señorías, no teman, pues no voy a agotar los 30 minutos.


Señorías, el señor vicepresidente ha iniciado su exposición con algunas reflexiones sobre la buena situación de la economía española. El señor Sánchez i Llibre, por el contrario, ha hecho una exposición en la que ha puesto de manifiesto señales de alarma. Y yo, a la vista de que hoy el Instituto Nacional de Estadística ha presentado las estimaciones anuales correspondientes al periodo 2000-2004 del producto interior bruto y de sus componentes en el nuevo marco de la base 2000 de contabilidad nacional, voy a señalar dos preocupaciones que me suscita la publicación de estos datos. Cuando se produce la desagregación del producto interior bruto por componentes aparecen cambios en la mayoría de agregados macroeconómicos, pero hay dos muy destacables en 2004 que no me parece que sean buenas señales, señor vicepresidente. En primer lugar, la espectacular aceleración del consumo público, casi un 6,4 por ciento, y desde luego frente a lo que ha dicho S.S. sobre la buena marcha de la inversión en bienes de equipo, el INE nos dice que hay una escasísima aceleración del crecimiento en inversión en bienes de equipo en el año 2004. Es solo del 2,1 frente al 1,9 por ciento en 2003. Las cosas, señor vicepresidente, no van tan bien ni siquiera en inversión de bienes de equipo.


Dicho esto, pasaré a comentar los dos proyectos de ley, cuya devolución solicita nuestro grupo al Gobierno. En la exposición de motivos del primero de ellos, el proyecto de ley de reformas para el impulso a la productividad, el Gobierno hace dos manifestaciones: una, que el modelo económico seguido en los últimos años, aunque ha sido un buen modelo porque ha contribuido a aproximar los niveles de renta per cápita de España a los países más avanzados de la Unión Europea, paralelamente presenta ciertas carencias, porque tiene una debilidad estructural que se ha incrementado en los últimos años: la escasa contribución de la productividad al crecimiento. De aquí se deriva que es fundamental un aumento de la productividad para evitar pérdidas de competitividad.


Yo quisiera hacer algunas reflexiones, a la vista de que esta es la ratio legis de esta norma, sobre la productividad y luego ver en qué medida este proyecto es útil o no y si el proyecto de incentivos fiscales o de reformas tributarias es útil o no para el objetivo que el Gobierno dice perseguir. La productividad, de la que tanto se ha hablado en anteriores legislaturas y en esta, al final no es más que el cociente entre dos variables: la producción y el consumo de recursos productivos, sea la productividad laboral o sea la productividad total de los factores. Pero el manejo de los ratios de productividad requiere tener cierto cuidado para no caer en engaños, porque, como todos los ratios, las variaciones obedecen a cambios en el numerador y en el denominador. Cuando se critica tan duramente, como ha hecho el Partido Socialista, que la productividad de la economía española ha crecido menos que la de los países de nuestro entorno también se calla que eso obedece al fuerte crecimiento del empleo. En los años de Gobierno del Partido Popular, antes de la revisión de la EPA, el desempleo se redujo casi un 38 por ciento. En Alemania, que es un país de nuestro entorno con el que podemos aspirar a compararnos, aumentaba el desempleo un 10 por ciento. Un país creaba empleo y otro lo reducía. Eso afecta a los ratios de productividad. Pero, ¿qué ha pasado entre 1996 y 2003? Que la productividad en Alemania crece un 7,52 por ciento, solo marginalmente más que la española, que, según datos de la OCDE, crece un 6,26 por ciento. Y eso con una variación de denominadores brutal en el caso español. Es cierto que tenemos que mejorar nuestra competitividad, pero las críticas a veces son demasiado despiadadas y no justificadas.


Si analizamos los datos recientemente publicados por la Comisión Europea y comparamos los distintos ciclos de crecimiento de la economía española y la europea, resulta que el diferencial de crecimiento de la productividad entre España y la Unión Europea a Quince, sea tanto el factor trabajo como la estimación de la productividad total de los factores, fue menos negativo en los años 1996 a 2000 que en el anterior ciclo expansivo de 1986 a 1990. Y de 2001 a 2003 ese diferencial fue cero prácticamente.
Datos de la Comisión muy recientes y calentitos. Es decir, en esos tres años, 2001 a 2003, a pesar de que España crecía en actividad económica y empleo más que la media comunitaria, el avance de la productividad, se mida como se mida, fue el mismo que en la Unión Europea. Nunca había ocurrido. Tan malo no sería el modelo. Es cierto que podemos mejorarlo y que hay que mejorarlo. Pero en 2004 se vuelve curiosamente a diferenciales de crecimiento de productividad muy negativos, por encima de un punto porcentual al año. Y la Comisión, en sus estimaciones, también prevé evolución negativa para 2005. Probablemente, antes de 1996 nuestras empresas habían invertido en tecnologías muy intensas de capital para contrarrestar las dificultades que encontraban para contratar trabajadores. Desde luego, la reforma de estabilidad proporcionada por los gobiernos del Partido Popular hicieron que nuestras empresas contratasen muchos más trabajadores, haciendo los procesos productivos mucho más intensivos en trabajo. Eso se refleja indudablemente en la productividad. Pero nuestra preocupación, la de nuestro grupo, es que dado que el actual Gobierno sigue viviendo de las

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rentas de este modelo económico anterior, y no parece que tenga la voluntad política de afrontar esas reformas estructurales en profundidad que había puesto de manifiesto el señor Sánchez i Libre, y que tanto el Fondo Monetario Internacional, como la Comisión Europea, como el propio Banco de España les están urgiendo a realizar, corremos en este momento el riesgo de que las tendencias de la época del Gobierno del Partido Popular se inviertan. Es posible, incluso, que se registre un aumento aparente y engañoso en la productividad, pero a costa de más desempleo.
Se trata de conciliar creación de empleo e incremento de la productividad y competitividad.


Ese camino, el camino de aumentar la productividad real, no se puede recorrer con medidas fragmentarias y cosméticas. Ese camino no pasa por un paquete de medidas improvisadas y de desigual calado como las que nos ha presentado el Gobierno, sino por una estrategia coherente de reformas como la que en su día puso en marcha el Consejo Europeo de Lisboa y que lamentablemente, junto con otros gobiernos europeos, en el pasado Consejo Europeo de primavera se paralizó y se desaceleró notablemente aquella estrategia.


Hoy, en el proyecto de ley que se nos presenta por el Gobierno se nos dice que tiene como contenido esencial reformas de carácter liberalizador en los mercados de bienes y servicios. Veamos el alcance de estas reformas y su impacto para aumentar la productividad. Título I, capítulo I: aquí se regulan los mercados energéticos y aquí, señorías, el asombro del Grupo Parlamentario Popular no tiene límites. ¿Cuál es la medida estrella para incrementar la productividad? ¿Cuál es la brillante aportación del ministro Montilla -porque yo creo, señor Solbes, que usted es incapaz de este disparate, su colega Montilla desde luego sí-, cuál es esa gran aportación? Extender hasta el 1 de enero de 2010 la existencia de tarifas de suministro de alta tensión, tarifas que estaban previstas por el Real Decreto-ley 6/2000, como máximo, hasta el 1 de enero de 2007. Señorías, extender tarifas, mantener la intervención en los mercados, es un paso atrás en todo proceso de liberalización. Además, es incompatible con la Directiva 2003/54/CE, sobre normas comunes del mercado interior de la electricidad. Además, mantiene las subvenciones cruzadas entre clientes, que están provocando importantes distorsiones en un entorno de apertura del mercado de la competencia. La directiva comunitaria contemplaba la plena liberalización del suministro eléctrico a partir del 1 de enero de 2007. Y a partir de esa fecha todos los consumidores de la Unión Europea tendrían derecho a elegir suministrador y a contratar su suministro a precios libremente pactados entre cliente y comercializador.
Evidentemente, eso era lo normal para que hubiera competencia, para que hubiera precios más bajos y para que hubiera un entorno en el que la competencia entre las empresas permitiera que todos tuvieran costos de producción más satisfactorios. En este momento mantenemos las tarifas y decimos que estamos liberalizando. Liberalizar y competencia tampoco se compadece mucho con tarifas. La medida también contradice la exposición de motivos, porque dice: se avanza en la reforma de mercados energéticos, donde se adoptan medidas para fomentar un comportamiento más eficiente de los agentes y profundizar una liberalización ordenada del sector. El ministro Montilla ya sabemos cómo liberaliza. Los horarios comerciales ya nos dieron una pauta del modelo intervencionista, liberalizador que sigue este ministro.


Sigamos con el proceso presuntamente liberalizador. En el artículo 6 el proyecto de ley crea la entidad pública empresarial Enresa, de gestión de residuos radiactivos. Aquí hay que hacer un esfuerzo jurídico un poco sofisticado, porque hay que interpretar conjuntamente este artículo con el artículo 25 del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública. Leyendo las dos normas, la conclusión es solamente una: la reserva de facto al sector público a través de la entidad pública empresarial Enresa de la actividad consistente en la gestión de residuos radiactivos; reserva que por cierto vulnera la Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de residuos radiactivos, ya ratificada por España y publicada en el Boletín Oficial del Estado, que en su artículo 19 exige que exista en los Estados miembros un sistema de otorgamiento de licencias para las actividades de gestión de combustible gastado y desechos radiactivos, y en su artículo 21 solamente prevé que los Estados asuman la asunción directa de la responsabilidad de tales actividades en caso de inexistencia de titulares de licencia. Por tanto, a lo que obliga la normativa internacional que España ha suscrito y ratificado es a instaurar un sistema de licencias cuya titularidad puede corresponder a sujetos distintos; en este caso, se está consagrando por ley la existencia de un monopolio legalmente impuesto que vulnera esa convención, que de paso vulnera lo dispuesto en el artículo 96.1 de la Constitución y que puede también estar en contradicción con los artículos 43 y 49 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.


También, siguiendo por este camino, en el sector eléctrico, donde no se liberaliza nada pero se interviene en todo, tenemos el artículo 10, que instaura un particular proceso de enajenación de los terrenos de las centrales nucleares en moratoria. Aquí se desconocen los derechos de propiedad que el régimen jurídico de la moratoria nuclear reconoce a favor de los titulares de los emplazamientos y se contempla un proceso de venta mediante subasta, que incide directamente en la esfera jurídica de dichas empresas propietarias, sin reconocer indemnización o compensación de ninguna especie. Además, de esta manera los titulares tienen un doble perjuicio, no solo se les priva del derecho a la disposición de sus activos, sometiéndoles a unas condiciones de venta forzosa a precios que pueden ser injustificadamente elevados por los costos añadidos que tiene un procedimiento de subasta con las publicaciones, fianzas,

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anuncios y complejidad del sistema de tramitación, sino que además esa cantidad se detrae del total pendiente de compensación, vulnerándose la letra y el espíritu de la ley con el que se instituyó el régimen jurídico ya consolidado de estos operadores.


Sigamos analizando otro capítulo de este curioso proyecto de ley: la distribución de tabacos. Las medidas que se introducen aquí distorsionan totalmente los principios de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, no se justifican por el tenor de la exposición de motivos y atentan de paso contra los derechos adquiridos por los concesionarios de las expendedurías. Toda la gran aportación a la productividad es que las concesiones administrativas se reduzcan a 25 años y que se liberalicen los denominados puntos de venta con recargo, permitiendo el suministro a través de cualquiera de las seis expendedurías más cercanas. ¿Qué racionalidad tiene introducir medidas que se dice que van a incrementar la productividad en un sector en el que son fijos los precios de venta al público y son fijos los márgenes profesionales de los concesionarios? ¿Qué decisión empresarial económica puede tomar una expendeduría para ser más productiva o menos productiva si tiene precios que no puede modificar y márgenes que tiene que aplicar? Tendrá más bonito o menos bonito el estanco, pero el tabaco se vende a los precios que se quedan oficialmente marcados. Por tanto esta es una ley agresiva gratuitamente. Es obvio además que cuando se reduce la duración de concesiones habrá menos incentivos para realizar las inversiones necesarias para mantener las expendedurías en condiciones de prestar el servicio. Ya no digo nada cuando se vaya acercando el plazo final de la concesión, que no es prorrogable. ¿Qué interés tiene un concesionario en hacer inversiones si sabe que su negocio tiene una fecha de caducidad? Es más difícil de amortizar y revela una filosofía liberalizadora del Gobierno bastante curiosa. La libertad de puntos de venta con recargo para seleccionar la expendeduría que le suministre también nos asombra. Parece que el Gobierno ha decidido favorecer y potenciar a los operadores no regulados.
Están ustedes aquí potenciando a los titulares de máquinas que se convierten en operadores titulares de redes de puntos de venta y están contradiciendo el principio legal de titularidad exclusiva del Estado de la red de comercio al por menor de tabaco.


Pasando a otro capítulo, el de la fe pública, y en esta lista de medidas que no se sabe qué origen tienen, que agreden a determinados colectivos y que no tienen impacto sobre la productividad, se justifican aquí las reformas señalando que se quiere acomodar nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva a las exigencias de la economía moderna, con especial incidencia en su agilidad y utilización efectiva de técnicas informativas electrónicas y telemáticas. Cuando uno analiza todo el título II nos parece que la denominación no se compadece. Aquí se regulan solo los registros de la propiedad mercantil y para nada la función notarial. El título de fe pública parece, cuando menos, ampuloso. En segundo lugar, cuando ustedes hablan de agilización de trámites registrales notariales, si se analiza el contenido solo hay medidas que van a agilizar los trámites registrales; no hay una sola medida dirigida a agilizar la actuación notarial, que es fundamental, porque la documentación autenticada por dichos funcionarios en dicho país goza del monopolio de acceso al registro en el ámbito de la contratación privada, por lo que si no se agiliza su actuación de nada sirve, por mucho que se agilice el registro, máxime cuando el derecho que hay que proteger es el de los ciudadanos para que les atienda el notario que ellos deseen en el tiempo razonable. Sería lógico que este proyecto de ley tuviera medidas para el notariado equivalentes a las que proponen para los registros. Si se quieren agilizar trámites, tampoco se entiende por qué el artículo 21, cuando implanta obligatoriamente sistemas telemáticos, impide la comunicación directa de las notarías con los registros, que es lo que realmente interesa al usuario y da garantía de agilidad al sistema, que además funciona con absoluta normalidad para los demás usuarios públicos y privados de los servicios registrales. Por el contrario, aquí se instaura una especie de macrogestoría electrónica única a cargo del Consejo General del Notariado, y ello puede contradecir el principio general básico de prestación de servicios de certificación en libre concurrencia establecido en el artículo 4 del Real Decreto-ley 14/1999, en la Ley de Firma Electrónica y en el artículo 108 de la Ley 24/2001.


Haré gracia a SS.SS. de otras modificaciones de la Ley Hipotecaria, excepcionalmente complejas desde el punto de vista jurídico. No me da la impresión de que las medidas propuestas aumenten la seguridad jurídica ni desde luego impulsen la productividad de nuestro país. En definitiva, señorías, este primer proyecto de ley no se ha dialogado con los sectores. Me ha sorprendido que el señor vicepresidente diga que es un proceso que se ha dialogado. Todos los sectores que han entrado en contacto con nuestro grupo parlamentario nos dicen que no se ha dialogado. Así, los del sector eléctrico, sorprendidos en aquel famoso Consejo de Ministros de las cien medidas con los anuncios del Gobierno, dijeron que no habían dialogado con ellos y los sectores de los estanqueros se vieron sorprendidos por unos textos, que afortunadamente luego han ido cambiando, que tampoco habían sido dialogados. No he hablado de las funerarias, enorme aportación a la productividad de nuestro país, y desde luego tampoco del sector de la fe pública en su vertiente de los registradores de la propiedad. No han dialogado con nadie para poner en marcha unas medidas que tienen un excepcional alcance técnico y jurídico, sin embargo las han puesto en circulación y son dudosamente eficaces para incrementar la competitividad de nuestra economía, al igual que el resto de las medidas del plan de dinamización.
Por esas razones, nuestro grupo solicita la devolución al Gobierno.


Si este proyecto, que tenía contenidos que eran muy discutibles, era merecedor de la devolución, el proyecto sobre reformas en materia tributaria para el impulso a la

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productividad es todavía más merecedor de la devolución. Es cierto que a diferencia del caso anterior donde la técnica jurídica es defectuosa (ya la ha condenado el Consejo de Estado), porque los contenidos no responden a la liberalización, pero había decisiones de fondo y de calado, en esta norma jurídica son modificaciones menores, bien intencionadas, pero con escaso alcance y calado. Hasta ahora, señorías, la actuación del Gobierno no puede ser más decepcionante en materia tributaria. Comenzó con una Ley de presupuestos que, al no deflactar los parámetros del impuesto, sino solo la tarifa y aplicar una tasa de actualización muy inferior a la inflación real, ha supuesto una subida de impuestos a los ciudadanos; siguió con una Ley de Tasas por la senda de la subida fiscal, que es una curiosa manera de incentivar la productividad; anunciaron una minirreforma del impuesto sobre la renta de alcance limitado, cuya efectividad para los ciudadanos no se va a ver hasta el final de la legislatura; y ahora nos trae un proyecto, que califica como impulso de la productividad, que tiene una leve flexibilización de medidas fiscales impulsadas por el Gobierno anterior en materia de arrendamientos, medidas simbólicas para el I+D+i y otras pequeñas medidas de alcance muy limitado. Por tanto, nos parece que el proyecto de ley en este caso es insuficiente para la finalidad que quiere alcanzar y para corregir los graves desequilibrios de la economía española.


Señorías, no basta anunciar a bombo y platillo medidas; estas tienen que tener un peso efectivo para afrontar el problema de falta de competitividad de la economía española y para atajar nuestros desequilibrios. Un proyecto de ley que desde la perspectiva tributaria quisiera mejorar la competitividad de la economía española, ya que ustedes lo han puesto encima de la mesa y consideran que desde la perspectiva tributaria hay que trabajar intensamente para mejorar la competitividad, debiera contener: una rebaja real de los tipos del impuesto sobre sociedades a todas las empresas españolas (y de esto no estamos hablando); una rebaja específica para las pyme, que son la base del tejido productivo español; medidas para incentivar la inversión I+D+i (pero reales), incluyendo libertad de amortización para el inmovilizado y gastos afectos a actividades de innovación, extendiendo la deducción para el fomento de tecnologías a todas las empresas y elevarlas para las pequeñas y medianas empresas por encima de los techos propuestos en el proyecto de ley; mejorar el tratamiento fiscal de la inversión productiva con libertad total de amortización para inversiones en activos nuevos; revisar (es importante) las tablas de amortización vigentes; y en definitiva mejorar con mayor intensidad el régimen de las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas flexibilizando todavía más su régimen jurídico.


Señorías, la economía española, como ha dicho el vicepresidente, como ha dicho también el portavoz de Convergència i Unió, es una economía que está en una senda de crecimiento, pero es una senda de crecimiento salpicada de amenazas, nubarrones y desequilibrios. Tenemos una inflación preocupante y un diferencial de inflación con la Unión Europea que es alarmante; tenemos un sector exterior que plantea graves problemas; tenemos una enorme vulnerabilidad a una subida de tipo de interés o incremento de coste del petróleo; tenemos señales alarmantes de que la inversión en bienes de equipo no está tan bien como el Gobierno venía diciendo; tenemos unas tasas de ahorro muy bajas y tenemos un peso del componente del gasto público dentro del PIB demasiado alto. Con todos esos parámetros un gobierno responsable hubiera puesto en marcha medidas mucho más valientes, de mucho más alcance y mucho más rápidamente. Por esas razones consideramos que este proyecto no se adecua a las necesidades que tiene la economía española y pedimos su devolución al Gobierno.


Muchas gracias, señoras y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Arias.


¿Algún grupo desea mantener un turno en contra? (Pausa.)

Si me permiten antes de pasar al turno de fijación de posiciones quisiera advertir a los grupos parlamentarios de la Cámara, a efectos de la movilización y desmovilización de sus correspondientes portavoces, que el Grupo Parlamentario Popular ha retirado la enmienda a la totalidad de devolución que tenía el proyecto de ley orgánica de la Defensa Nacional.
De tal modo, dicho punto número 31 queda fuera del orden del día y a continuación de este debate se debatirá el siguiente punto del orden del día, el número 32: Proposición de ley del Senado, para regular el permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida. Me ha parecido oportuno ponerlo en conocimiento de SS.SS. a efectos, insisto, de desmovilización y movilización de los portavoces correspondientes.


Para turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, aprovechamos la oportunidad que nos da este debate de enmienda a la totalidad de este proyecto de ley para el impulso a la productividad para exponer la opinión que tenemos a este respecto, independientemente de que ya adelantamos que no la vamos a votar favorablemente. Como digo, queremos aprovechar esta ocasión para dar nuestra opinión de tal manera que pueda ser conocida por el Gobierno, ya que entendemos que bajo la etiqueta genérica de medidas para el impulso a la productividad el Gobierno nos presenta dos proyectos de ley de alcance y contenidos muy dispares, alguno de los cuales mantiene una relación no muy cercana con la proclamada mejora a la productividad. Así el proyecto de ley de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad recoge fundamentalmente una serie

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de medidas orientadas a estimular la oferta de viviendas en régimen de alquiler mediante el establecimiento de beneficios fiscales para las sociedades que tengan como actividad principal el arrendamiento de viviendas en territorio español. Aunque ciertamente consideramos que algunas de estas medidas son necesarias y que su alcance en materia de política de vivienda posiblemente será mayor que el de las disposiciones emanadas hasta el momento del ministerio competente en esta materia, nos parece que su repercusión sobre la mejora de la productividad agregada de la economía será más bien limitada, especialmente si tomamos en consideración su probable incidencia sobre la particular estructura y la especialización sectorial de nuestra economía.


Estamos seguros de que al señor ministro de Economía y al Gobierno en general no se les escapa que entre las causas explicativas de nuestro atraso relativo en términos de productividad total (así lo indican expertos solventes) están la estructura sectorial de nuestra economía y en particular el elevado peso relativo de sectores tecnológicamente maduros y con escasos márgenes de ganancias potenciales de productividad como el sector de la construcción, principal destinatario de las medidas fiscales de estímulo contempladas en este proyecto de ley, que ocupan en este sentido un lugar determinante. Por tanto, siendo acertadas desde la perspectiva de la política de vivienda las ganancias de productividad que estas medidas podrían inducir al resto de la economía por la vía del mercado de trabajo, se verán necesariamente contrarrestadas por una mayor participación relativa del sector de la construcción en el conjunto de la economía.


En otro orden de cosas es necesario señalar que el Gobierno otorga beneficios fiscales en impuestos total o parcialmente cedidos a las comunidades autónomas, afectando sus ingresos sin que haya mediado negociación alguna al respecto (o al menos nosotros no tenemos esa información) con los ejecutivos autonómicos y sin que se prevea ningún tipo de compensación en un acto que se podría calificar de deslealtad institucional en los términos del vigente sistema de financiación de las comunidades autónomas, de tal suerte que si de estas medidas se deriva alguna ganancia de productividad esta habrá sido financiada principalmente por las comunidades autónomas. Si el proyecto de ley de medidas tributarias es en realidad un paquete de medidas fiscales para el impulso del sector inmobiliario y más específicamente para el apoyo de las sociedades dedicadas al alquiler de viviendas, la relación con la productividad agregada en alguna de las medidas contempladas en el otro proyecto de ley se nos antoja todavía más lejana. Así la inclusión de medidas como el levantamiento de las restricciones que ciertos municipios mantienen todavía a la prestación de servicios funerarios en su territorio por parte de empresas procedentes de otros municipios nos parece impropio de este proyecto de ley y no alcanzamos a comprender en qué medida contribuirá a la mejora de la productividad total de nuestra economía. Asimismo juzgamos igualmente limitado tanto el impacto sobre la productividad de las medidas destinadas a la liberalización de la distribución comercial en el mercado de tabacos como la regulación que se contempla en la proposición de ley sobre la sociedad pública empresarial Enresa, por muy necesaria que esta sea.


Entre las medidas que tendrán un impacto real sobre la productividad, el retraso hasta el 1 de enero de 2010 de la liberalización de la tarifa eléctrica de alta tensión, en estricta aplicación de la lógica económica de este Gobierno, debería tener un efecto contrario al proclamado en la exposición de motivos del proyecto de ley. Así las cosas y habida cuenta de la gran variedad de materias reguladas en ambos proyectos de ley y de su reducido alcance en materia de mejora de la productividad, cualquier profano podría pensar que nos encontramos de nuevo ante uno de esos proyectos de ley de medidas fiscales y administrativas que solían acompañar a los Presupuestos Generales del Estado, que de una u otra manera siempre tiene que ver con la productividad, aunque sea de modo muy tangencial, pero no puede ser así porque, como todos sabemos, este Gobierno se ha comprometido a erradicar la práctica de las leyes de acompañamiento, al menos eso pensamos. Por tanto, a pesar de que acabamos de decir que lo hacemos con la pretensión de que sea tenido en cuenta por el Gobierno y dado que compartimos el contenido de algunas de las medidas por sus motivos últimos y no por los declarados de mejora de la productividad, no vamos a votar a favor de la enmienda de devolución que estamos debatiendo, sugiriéndole al Gobierno que modifique el título de ambos proyectos de ley para pasar a denominarse de beneficios fiscales en materia de vivienda de alquiler y, si se quiere, de medidas urgentes en materia de políticas económicas. Por tanto, en la confianza de que estos dos proyectos de ley puedan ser mejorados en el trámite parlamentario, vamos a votar en contra de las enmiendas de devolución.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Fernández.


En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Pérez.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, nosotros no negamos la necesidad de estos proyectos de ley y de buena parte de las medidas que en ellos se contienen, lo que negamos es que tengan que ver en gran medida con lo que nosotros entendemos por productividad; por eso no creemos que debiéramos hablar de reformas para el impulso de la productividad. En un planteamiento riguroso este es un proyecto de ley que apunta más en la línea de la liberalización que en la del incremento de productividad. Cuando menos, agradecemos que no haya sido objeto de una ley de acompañamiento,

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pero habrá que reconocer que en algunos aspectos se parecen bastante: mercados energéticos, fe pública, pequeña y mediana empresa, distribución de tabacos, servicios funerarios y otras cuestiones, todo ello junto para mayor gloria de la productividad. En cualquier caso, comprenderán nuestro recelo ante la habilitación del territorio nacional para el servicio funerario como una medida impulsora de la productividad; cuando menos, nos resulta inquietante. De acuerdo en que exista mayor seguridad jurídica, mayor transparencia, mayor honestidad pública, más claridad en los procedimientos, transposiciones de las directivas europeas, pero no exageremos la importancia del proyecto, al menos en relación con la productividad.


Nuestras enmiendas relativas al primer proyecto de ley, el del impulso a la productividad, tendrán el sentido, por ejemplo sobre la empresa pública que se genera para la gestión de residuos radiactivos, peligrosos, de definir algún concepto, tal y como el de biomasa, con el fin de excluir de esos mismos tratamientos residuos sólidos urbanos y peligrosos o garantizar de otra parte la internalización de costes de la gestión de los residuos radiactivos por parte de los explotadores de las instalaciones nucleares y en cualquier caso un mayor control parlamentario de la entidad pública, de Enresa, creada precisamente para la gestión de esos residuos radiactivos.


En otro orden de cosas, y en relación con la liberalización de la distribución del tabaco, no compartimos con el Gobierno la idea de limitar a 25 años la duración de las concesiones de expendedurías de tabaco y timbre ni compartimos la idea de liberalizar que los puntos de venta con recargo puedan ser suministrados en vez de por tres concesiones por seis, como sucedía hasta ahora. Además, si a eso se añade la posibilidad de que los concesionarios puedan transportar la mercancía y hacerse cargo de esa función de transporte, nos podríamos encontrar con que hay concesionarios que vean más ventajas en el transporte del tabaco que en la venta en su concesión, por tanto el abandono incluso de concesiones o la no atención debida en un servicio que evidentemente es una concesión pública. A nuestro juicio, estas y otras medidas tiene una relación más que dudosa con la productividad. De hecho, la limitación a 25 años puede incluso reducir las inversiones, deteriorar la calidad, sin olvidar que además puede fracturar la vida laboral del concesionario, a quien por otra parte se le exige la dedicación exclusiva. Diga el Gobierno qué pretende con esta medida y seguramente habrá otras soluciones.


Dicho esto, no anticiparemos debates; repetimos que no negamos la necesidad de intervenir en estas cuestiones y por eso no votaremos las enmiendas a la totalidad, pero seguiremos esperando el debate real de la productividad. Si se trata de sustituir consumo interno y vivienda por productividad y por sector exterior, señorías, estamos de acuerdo, pero en esta dirección no vale un cúmulo de proyectos dispersos, algunos de los cuales incluso no tienen ni tan siquiera partida presupuestaria. Es imprescindible definir objetivos, determinar instrumentos fiscales, determinar instrumentos presupuestarios, y eso es precisamente lo que echamos en falta en estos proyectos de ley. En cuanto a las medidas fiscales, no creemos que la fiscalidad haya sido precisamente la barrera para la actividad inmobiliaria, para los mercados financieros, para el sector textil, para Correos o para la pequeña y mediana empresa en general. Nuevamente no estamos ante la estrategia de fondo que nos gustaría. No creemos que sea la incorporación de la iniciativa privada al mercado de alquiler de vivienda la cuestión que desbloquee las soluciones al problema de la vivienda. Nos parecen más interesantes otro tipo de acciones, por innovación tecnológica o fomento de tecnologías de la información y comunicaciones, para que las pequeñas y medianas empresas deduzcan, e insistimos en la necesidad de inversiones de apoyo a la industria, de renovación tecnológica, de formación, etcétera, como sustrato para una economía más productiva, no basada en el consumo y en el cemento.


Se apuntan apoyos al sector textil para estimular la innovación y la renovación de sus muestrarios, mejorando así su competitividad ante la agresividad de la producción asiática, pero el futuro de ese y otros sectores no depende en lo principal de la fiscalidad. Reordenar, coordinar e impulsar infraestructuras industriales, como parques tecnológicos; generar suelo industrial, infraestructuras logísticas; financiar inversiones a través de créditos blandos, de capital riesgo, de garantías recíprocas; implicar al sector bancario en la economía productiva y menos en la especulativa; apoyar la investigación para el desarrollo tecnológico o la irrupción definitiva de las tecnologías de la información en nuestro tejido industrial, la cooperación interempresarial; mejorar el apoyo institucional en la internalización de nuestras empresas son medidas y factores que sirven a una política industrial y son las medidas que sistemáticamente venimos proponiendo en este tipo de debates. Las medidas propuestas con relación a estas necesidades son sencillamente tibias, por no decir inexistentes.


Por último, señor presidente, la propuesta limita la exención que contempla la Ley del IVA para los servicios públicos postales. En nuestra opinión, no debe anticiparse ese momento que la Unión Europea impondrá en 2009. Entendemos que nuestros servicios postales no están preparados para la eliminación de la asimetría en la exención de IVA actual en un marco de acceso de las empresas privadas a la red pública. Por ese motivo consideramos que no debe precipitarse esa medida. No votaremos las enmiendas a la totalidad pero, en cualquier caso, señorías, seguiremos esperando el debate real de la productividad.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Pérez.


En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.


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El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señor vicepresidente y ministro de Economía, señoras y señores diputados, estamos de acuerdo y compartimos con el Gobierno que el objetivo de aumentar la productividad del sistema económico ha de constituir el eje central de la política económica. No podemos estar de acuerdo ni compartir el abuso que se realiza de tan noble concepto económico para presentar múltiples leyes que, al amparo del supuesto aumento de la productividad, incluyen multitud de medidas dispersas e incontroladas, a las que es difícil buscarles acomodo bajo dicha denominación.


Como sabe, señor ministro, ayer compareció la presidenta del INE para hablar de los cambios que se han producido en la contabilidad nacional y en la encuesta de población activa. Sin dar los datos (hoy han salido datos oficiales) observamos que se ha producido un incremento de las previsiones en el año 2004 de cuatro décimas y también se han producido incrementos o revisiones relativamente significativas si las comparamos con años anteriores. Amén de la crítica que se puede hacer, yo creo que contundente, al propio Instituto Nacional de Estadística o al sistema estadístico, señor vicepresidente, esta situación nos ha de preocupar.
Estas cifras dan si cabe un aumento menor de la productividad o incluso un aumento negativo de la productividad de estos años. A pesar de que ayer insistió la presidenta del INE en que esto de la productividad hay que medirlo de una forma e intentó dar una clase al respecto, sabiendo que hay matices en la definición, lo que está claro es que si hay más empleo y hay menos producción, o si el empleo crece más que la producción, la productividad cae. Esto es un problema para la economía que hay que resolver desde el punto de vista de la política económica, que será la única manera de ir corrigiendo el tema de los precios, del diferencial de inflación y también el déficit del sector exterior.


Señor ministro de Economía, nuestro grupo criticó en la pasada legislatura, y el Grupo Socialista también lo hizo, las leyes ómnibus y básicamente las leyes de acompañamiento que incluían un conjunto de medidas supuestamente de política económica pero que en realidad recogían compromisos diversos del Gobierno en diferentes ámbitos económicos y sociales. Se quería antes, y con las enmiendas a la totalidad a las leyes de impulso a la productividad que hoy debatimos también ahora, señor vicepresidente, evitar el debate en profundidad y resolver temas espinosos o de interés mediático político de un plumazo. El PP lo hacía utilizando la mayoría absoluta, y ustedes, señores del Grupo Socialista, deberían ser más serios, aunque solo sea por el hecho de que necesitan apoyos parlamentarios, y debatir estas cuestiones tranquilamente con los distintos grupos parlamentarios, tratando de convencer y buscar apoyos.
Pero han utilizado en este caso un método similar al de la legislatura anterior. El Grupo Vasco discrepa profundamente del procedimiento seguido y espera que este no sea el sistema durante toda la legislatura. No se puede presentar un proyecto de ley que incorpore temas diversos más o menos urgentes que se encuentran en los cajones de los diferentes ministerios. A los juristas les parecerá una mala técnica legislativa; a mí, que no lo soy, me parece que va en contra de la racionalidad y del sentido común. Ello no quiere decir que estemos en contra de todo lo que se contiene en las leyes, y por eso no hemos presentado enmienda alguna a la totalidad. Creemos que los proyectos pueden ser mejorados por la vía de las enmiendas parciales, y por ello nuestro grupo espera que en el transcurso del proceso sean tenidas en cuenta las enmiendas presentadas.
Insisto, estamos en contra de las leyes ómnibus.


El proyecto denominado reforma para el impulso de la productividad incluye medidas en el campo energético, en la distribución de las labores del tabaco, en los servicios financieros, en la fe pública, es decir, entre otras cuestiones que también son importantes, en el reparto de ingresos y poder entre notarios y registradores, medidas en muchos casos muy conflictivas o, si lo prefieren, poco pacíficas. A mi grupo parlamentario le hubiera gustado haber dispuesto de mayor tiempo para hacernos una idea más cabal del alcance de las reformas, pero no ha sido posible. El segundo de los proyectos que debatimos conjuntamente se denomina: reformas en materia tributaria para el impulso de la productividad. En él se incluyen igualmente medidas fiscales variopintas cuyo fin es estimular entre otras medidas la oferta de alquiler de viviendas y apoyo en el uso de las tecnologías de información y comunicación en las pymes. Quisiera recordarles una vez más que tanto la competencia de vivienda como la I+D y pymes es autonómica y que tan solo desde ese ámbito pueden establecerse las medidas de una manera eficiente y eficaz. Pero parece que la voluntad de publicidad y la utilización mediática de dichos temas es para el Gobierno superior a la racionalidad económica. A pesar de ello, y dado que lo que proponen sus medidas fiscales, que afectan a lo que en fiscalidad se denomina territorio común, es decir, que no afecta a las haciendas forales ni a la comunidad foral de Navarra, desde nuestro grupo planteamos una serie de enmiendas que incorporan medidas que se han demostrado eficaces en el ámbito de la comunidad autónoma de Euskadi.
Tendremos oportunidad de explicarlas y defenderlas en la Comisión de Economía y Hacienda.


En resumen, cabe señalar que estamos frontalmente en contra de estas leyes de cajón de sastre, que muchas de las medidas nos parecen positivas y otras mejorables, aunque en el caso de la vivienda y las pymes se deberían instrumentar más a pie de terreno, y por todo ello hemos presentado enmiendas parciales y no lo hemos hecho a la totalidad.
Respetamos, como no puede ser de otra manera, lo planteado por el Grupo Popular y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en este debate, pero he de anunciar que el PNV, dando una vez más un margen de confianza a este Gobierno, se va a abstener a la hora de votar las diferentes enmiendas a la totalidad.


Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Azpiazu.


En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS BOIXASSA: Gracias, señor presidente.


Voy a intervenir brevemente porque el tiempo apremia y SS.SS. están aquí casi exhaustos.


El Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya considera que la contribución de este proyecto a la productividad seguramente será cero -lo digo sinceramente, sin acritud-, sin duda alguna tampoco será contraproducente ni generará grandes problemas, todo lo contrario, ayudará a algunos sectores y ayudará a los consumidores a tener mejor capacidad de compra. Hay algunas excepciones, podríamos incluso decir electrizantes excepciones, sobre todo en algunos aspectos energéticos, pero hay que reconocer que los títulos de los dos proyectos de ley son pretenciosos: impulso a la productividad. Es verdad que en los diferentes debates que hemos tenido en esta Cámara se ha hablado de la necesidad de adaptar el acuerdo de la Estrategia de Lisboa a la aplicación de criterios para mejorar la productividad, a lo que me referiré más adelante, pero estos dos proyectos no son suficientes. Creemos que el cambio a un modelo que mejore la productividad y la competitividad pasa por cambios más estructurales que no se improvisan de hoy para mañana. Y no es porque lo diga la enciclopedia Álvarez, pero nosotros entendemos que mejorar la productividad es conseguir más producción con la misma ocupación y las mismas horas de trabajo, y creemos sinceramente que las medidas contenidas en estos proyectos son mejorables, aunque repito que no van a ser contraproducentes -con alguna excepción-, que no van a generar grandes problemas, que tienen aspectos positivos que compartimos y por eso ya hemos avanzado que votaremos contrariamente a las enmiendas a la totalidad. El Grupo de Esquerra Republicana ha presentado 46 enmiendas a estos proyectos de ley, 17 al proyecto de reformas en materia tributaria y 29 al de reformas para el impulso a la productividad.
Creemos que el debate sobre la productividad, en el marco de la Estrategia de Lisboa, que cada Estado tendrá que aplicar, debe hacerse con más tranquilidad, con más detenimiento y sobre todo planteando medidas de carácter estructural, cambios estructurales, y no pequeños.


En los últimos años ha habido un crecimiento de la economía española por encima de los países de nuestro entorno económico, pero esto no se debe precisamente, como saben muy bien ustedes, a un patrón de crecimiento económico basado en el valor añadido o en la competitividad industrial.
Es verdad que se ha creado más ocupación y que ha crecido el número de horas de trabajo, pero la precariedad, la baja calidad de la ocupación y la coyuntura favorable que se ha creado para las empresas -tipos de interés bajos, contratos temporales convenientes y moderación salarial- han creado unas condiciones de crecimiento que superaban la media europea. Pero, como decía el señor Sánchez i Llibre, las alarmas están activadas -todos podemos coincidir-, hay una situación de riesgo ante los nuevos polos de crecimiento económico, básicamente asiáticos, y lo que hace falta aquí es crear un nuevo patrón, cambiar el modelo de crecimiento porque en los últimos diez años no se ha crecido en la industria de valor añadido ni en la sociedad del conocimiento sino que se ha crecido básicamente en el subsector de la construcción, que nadie menosprecia. Conocemos la importancia del sector de la construcción y la industria auxiliar que acarrea, pero es evidente que en los últimos años ha faltado una auténtica política industrial, una auténtica política de valor añadido que cree las condiciones y la atmósfera necesaria para que sea más productiva y pueda competir con los países del centro y del norte de Europa. Tenemos la sensación de que la economía española padece el síndrome de la prensa hidráulica, es decir que está entre los países que ofrecen mano de obra muy barata, que compiten por debajo, y los países que tienen un tren productivo mucho más dignificado, mucho más competitivo, con más conocimiento. Es evidente que la economía española se encuentra en medio de estos procesos.


Por estas razones consideramos, y lo decimos sin acritud, con vocación de colaboración, que falta un debate más detenido, que las enmiendas que podamos añadir los diferentes grupos parlamentarios a estos dos proyectos de ley no van a ser suficientes, y esperemos que en el debate real y en el plan que va a tener que presentar el Gobierno a partir de la Estrategia de Lisboa existan elementos claros como el I+D+i, investigación, desarrollo e innovación; infraestructuras viarias y aeroportuarias, que son un elemento claro para la productividad y, sobre todo, en telecomunicaciones y energía, porque hay aspectos positivos y otros eléctricamente preocupantes en este proyecto de ley. Falta competencia y falta mejorar las condiciones para las empresas. Hay una asignatura pendiente -estamos a vueltas con la nueva ley de educación- en materia de formación; ayudas para mejorar los procesos industriales, en los que hay un campo por recorrer; más incentivos fiscales a la reinversión de los beneficios para las pequeñas y medianas empresas y a la microempresa, y también mejorar la información y las condiciones de internacionalización. Es verdad que se ha avanzado en los últimos años en crear un buen catálogo de ayudas y de incentivos a la inversión en I+D, pero a veces falta información, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, a la microempresa, a los emprendedores, y sobre todo hay que agilizar estos procesos y conseguir que sean menos arbitrarios. Por estas razones consideramos que el debate sobre la productividad acaba de empezar, que en este proceso legislativo las enmiendas y el debate que tendremos en Comisión son una buena base, pero estamos convencidos de que el Gobierno, en el marco del debate de la Estrategia de Lisboa, va a poner las condiciones y

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las bases para hacer un cambio estructural en el patrón de productividad de la economía española.


Muchas gracias, señor presidente, señoras diputadas y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Puigcercós.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Mendizábal.


La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señor presidente.


A pesar de ciertas visiones catastrofistas que han convertido comportamientos muy puntuales de algunas variables económicas en predicciones de caos generalizado, como ya ha señalado desde esta tribuna el señor vicepresidente, la economía española mantiene un ritmo de crecimiento y una creación de empleo importantes y además indicadores que han sido, con la actualización de la contabilidad nacional, mejorados en muchos de sus aspectos. Sin embargo, esta valoración positiva de la situación económica no nos hace ocultar ni al Gobierno ni al Grupo Parlamentario Socialista que hay ciertos riesgos, y estos, como siempre, están en la productividad. Dicho sea de paso, también hemos visto por la actualización de los datos de contabilidad nacional que el comportamiento de la productividad en los últimos años ha sido peor que el que pensábamos. Efectivamente, hemos estado sustentados en un modelo de crecimiento económico que se ha basado en un avance muy débil del producto por persona ocupada. Desde nuestro punto de vista, y creo que desde el de todos, el principal determinante del crecimiento económico es precisamente la productividad. Y el incremento de la productividad es esencial para garantizar el Estado del bienestar, su sostenibilidad y para poder mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. Estamos de acuerdo, como se ha dicho también desde esta tribuna, en que la innovación tecnológica, las infraestructuras y el capital humano son factores muy importantes para el impulso de la productividad. Pero también queremos explicar que hay una serie de factores, como puede ser el correcto funcionamiento de los mercados de productos, que también son importantes. No podemos negar que para el tejido productivo, por ejemplo, el sector energético es básico porque es un importante transmisor de cualquier ventaja o de ganancia que pueda haber. Por tanto, su regulación es importante para mejorar la productividad.


Lo que se pretende con estas leyes que hoy se presentan es introducir reformas de impulso y de estimulo de la productividad, pero estas medidas forman parte de un conjunto bastante más amplio, que creo que ha explicado el vicepresidente económico, pero parece que se pretende sacar este bloque de lo que realmente es, y este bloque está sustentado dentro de un plan global de dinamización e impulso de la productividad aprobado por el Consejo de ministros. En este punto quisiera hacer alguna consideración respecto al Plan de dinamización. La aprobación de este plan ha inaugurado una nueva forma de instrumentar la política económica porque se ha basado en una cooperación entre todos los departamentos ministeriales, se ha sido muy respetuoso con el reparto competencial y, a pesar de lo que también se ha dicho desde esta tribuna, se ha contado con la opinión de los sectores afectados, y se han presentado una serie de reformas a corto y a medio plazo. Tenemos que recordar que esto se inició con la aprobación del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, en el que se presentaban las medidas urgentes y de necesidad. El resto de las medidas van a los proyectos de ley y, por tanto, se presentan y se debaten en esta Cámara como proyectos de ley, muy lejos de lo que ocurrió, por ejemplo, con el Real Decreto-ley 6/2000, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en el mercado de bienes y servicios, medidas que en algunos casos tardaron tres años en materializarse, como sucedió con el calendario de liberalización de la electricidad y del gas, que se liberalizó en el año 2003 en lugar de en el año 2000. Esa era la urgencia que había en los reales decretos.


Si nos centramos en el sector energético, que es clave para el impulso de la productividad, vemos que todas las medidas tienen un denominador común, que es incrementar la competencia en el mercado como un mecanismo imprescindible para fomentar la eficiencia y la productividad, pero a la vez se trata de velar por la seguridad en el suministro, que resulta imprescindible para que el riesgo de las interrupciones sea soportado por los usuarios de la manera más reducida posible. ¿Cuáles son los objetivos de esta reforma del mercado energético? En primer lugar, mejorar la señal que se transmite a los sectores productivos. Las medidas que se adoptan confieren a la política económica que hace el Gobierno una señal inequívoca a los mercados: se apuesta por la apertura del mercado, por la competencia y por la mejora en la productividad. Solo si el sector energético y, a través de él, como he dicho antes, todo el tejido productivo reciben señales correctas respecto a la formación del precio, es decir, la que corresponde a lo que cuesta producir, solo en ese caso, repito, los avances de la productividad, si hay transparencia respecto al precio, serán estables y duraderos. Así ocurre, como se dice en el real decreto, con la mejora de los mecanismos que influyen en la formación del precio en el mercado mayorista de electricidad o la consolidación de opciones de mercado frente a opciones de tarifa regulada en el caso del gas natural. El segundo objetivo es el de buscar que se afiance la calidad del marco o el modelo regulador. Todas las medidas de reforma del sector energético tienen el objetivo de mantenerse en el tiempo, de consolidar la calidad de la regulación y establecer una normativa estable y transparente. También en este caso tenemos, señorías, unos antecedentes preocupantes, porque en este ámbito en la anterior legislatura nos movimos en la inestabilidad regulatoria total y en unas modificaciones legales francamente erráticas que hicieron que el sector energético en general no viera esta estabilidad del marco

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regulatorio como algo que le diera seguridad. Además quiero señalar que esta no es más que una primera batería de medidas, porque, como todos sabemos en esta Cámara, se está elaborando un libro blanco que afianzará la orientación del sector hacia el fomento de la productividad y la salvaguardia de la competencia efectiva. En tercer lugar, se pretende garantizar el suministro, como se demuestra a través de la consolidación de la independencia de los operadores en el sistema en gas y electricidad o la ampliación del plazo para volver al suministro en tarifa del gas natural, que son medidas que estaban en el Real decreto-ley 5/2005.
Considerando que existe una conexión total entre el real decreto y el proyecto de ley, por lo menos en aspectos energéticos, quiero destacar dos medidas importantes que estaban en el real decreto. Me estoy refiriendo a la revisión del sistema de liquidación de los costes de transición a la competencia. Con los costes de transición a la competencia tuvimos muchos rifirrafes en la anterior legislatura, hubo múltiples modificaciones, y estos CTC no eran más que distorsionadores del precio a tope. Por tanto, no había ninguna transparencia, no se conocía el precio y, en consecuencia, la competencia efectiva era nula.
Señor Arias Cañete, decir que porque los grandes consumidores pasan la tarifa del 2007 al 2010 estamos cerrando el mercado no tiene ningún sentido, porque lo que ocurre es que liberalizar al final de la cadena si resulta que en el pool no hay competencia efectiva, es como si no hiciéramos nada. Por tanto, es mucho más importante que el pool sea transparente, y en este caso el cambio que se da en la liquidación de los CTC resulta importante. Una segunda medida que también afecta es la reforma del sistema de financiación del fondo de gestión de las actividades del plan de residuos, es decir, la internalización de los costes de los residuos radiactivos. En definitiva, se trata de superar una política energética que lo que hacía era anular la señal que los precios daban en el mercado mayorista de electricidad y que lo único que hacía era apoyarse en el real decreto de tarifas que se publicaba a final de año.


Hay otra serie de medidas también importantes, pero en las que no me voy a detener, en el campo de los hidrocarburos líquidos y de los hidrocarburos gaseosos, y en las medidas concretas de este proyecto de ley, que también van en la línea de que los precios sean más transparentes, se modifica el sistema de remuneración de la Comisión Nacional de la Energía, que es objeto de revisión cada cuatro años; se impulsa el cumplimiento del Plan de fomento de las energías renovables; se aumenta la competencia en el mercado minorista de los hidrocarburos líquidos, que también fue objeto en la anterior legislatura de una serie de modificaciones de reales decretos importantes, y en el caso de los hidrocarburos gaseosos se agilizan los trámites, habilitando a la Comisión Nacional de la Energía para que efectúe las liquidaciones mensuales.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Perdón, señora Mendizábal, si es tan amable, le ruego que vaya concluyendo porque ha sobrepasado el tiempo.


La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Muchas gracias, señor presidente.


Respecto al Título II -por ir un poco más rápidamente-, el proyecto introduce una serie de reformas de la Administración pública, y quisiera hacer alguna reflexión a tenor de lo dicho desde esta tribuna. Los retrasos que se intentan solventar en los procedimientos registrales y no en los notariales se deben a que en un caso hay monopolio y en el otro hay libre competencia, por lo que no son comparables. Lo que se pretende con estas medidas es agilizar los trámites, reducir los plazos e implantar nuevas tecnologías, facilitando el acceso telemático del registro y la adaptación de la fe pública registral a las exigencias de una economía moderna. Respecto al segundo proyecto de ley, referido a reformas en materia tributaria, se contemplan una serie de reformas de contenido fiscal que tienen por objetivo favorecer determinadas actividades que tienen efectos beneficiosos sobre la productividad, como son el mercado financiero, el inmobiliario, la I+D y las pequeñas y medianas empresas. Ya lo ha explicado suficientemente desde la tribuna el señor vicepresidente y, por tanto, no voy a incidir más en el tema.


Lógicamente, mi grupo no admite las enmiendas a la totalidad presentadas por Convergència i Unió y el Grupo Popular, porque sus argumentos nos resultan bastante pobres, en algún caso como de compromiso o porque por salir al paso había que presentar una enmienda a la totalidad y en otros casos poco rigurosos. Por tanto, mi grupo votará en contra de estas enmiendas y apoyará los proyectos de ley del Gobierno.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Mendizábal.


¿Desea intervenir el Gobierno? (Pausa.)

- PROPOSICIÓN DE LEY DEL SENADO, PARA REGULAR EL PERMISO DE PATERNIDAD EN LOS CASOS DE NACIMIENTO, ADOPCIÓN O ACOGIDA. (Número de expediente 124/000004.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Concluido este punto, pasamos al siguiente punto del orden del día. Una vez que ha sido comunicada con antelación a la Cámara por parte de esta Presidencia la retirada de la enmienda de devolución del proyecto de Ley Orgánica de la Defensa Nacional, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, queda fuera del orden del día y pasamos al punto número 32: Proposición de ley del Senado para regular el permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida. A esta proposición de ley se han presentado dos enmiendas, una de

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devolución por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y una de texto alternativo por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Comenzaremos, conforme al sistema habitual, por la defensa de la enmienda de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Tiene la palabra por 15 minutos la señora López i Chamosa.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.


Señorías, vamos a debatir una proposición de ley sobre el permiso de paternidad que proviene del Senado, a iniciativa de Convergència i Unió, y que fue aprobada el 9 de marzo de 2005. Este debate no es nuevo, pues ha tenido lugar aquí en varias ocasiones, en 2003 y en 2004.
Concretamente, el 14 de septiembre de 2004 se celebró un debate parecido con motivo de tres proposiciones de ley de CiU, del Bloque Nacionalista Galego y de Izquierda Unida. En aquella ocasión, el 14 de septiembre, lo que se pretendía era modificar el artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores y la Ley 39/1999, de conciliación de la vida familiar y laboral, y ahora la proposición de ley que proviene del Senado pretende modificar el mismo artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores y a la vez el artículo 30 de la Ley 30/1984, de la Función Pública.


En esta ocasión, igual que en la anterior, se plantea el permiso de paternidad como un elemento único y fundamental de conciliación de la vida familiar y laboral, y sinceramente creo, señorías, que dicho permiso es un elemento importante para la conciliación de la vida familiar y laboral pero no el único, ni siquiera el más importante, aunque sí es un elemento relevante. Es más, incluso doy al permiso de paternidad un valor más importante que ese, que es el de lanzar un mensaje al mundo empresarial que dice que en materia de atención a la familia los mismos costes va a suponer un hombre que una mujer puesto que los dos tienen esa responsabilidad. No hay que olvidar que también en la modificación de la Ley de Divorcio incluimos el compromiso y la obligación de la responsabilidad compartida de cuidar a niños y a familiares. Por lo tanto, creemos que es necesario un permiso de paternidad, pero no consideramos que tengamos que legislar dicho permiso al margen de una política de conciliación y de una política de igualdad, porque, señorías, lo que de verdad necesitamos es, por un lado, una ley que permita que se pueda conciliar la vida familiar y laboral y, por otro, una ley de verdadera igualdad que permita que las mujeres puedan incorporarse al mercado laboral y que a la vez les sea fácil compaginar su vida familiar.
Y si queremos cumplir ese objetivo, no podemos establecer solo al margen el permiso de paternidad. El 8 de julio del pasado año se firmó una declaración entre los agentes sociales y el presidente del Gobierno sobre el diálogo social en la que se marcaban unos objetivos. Por primera vez en nuestra historia los temas de igualdad y de conciliación de vida familiar y laboral se han incluido en el diálogo social, y en este momento hay una mesa específica que lo está negociando. A la vez -lo saben SS.SS., especialmente los promotores de la iniciativa, señora Pigem, del Grupo Parlamentario Catalán-, el Gobierno está elaborando el borrador de la futura ley de igualdad, que vendrá a este Parlamento en 2005. Nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad de devolución porque creemos que se debe afrontar en profundidad el tema de la igualdad y el de la conciliación, pero eso significa abordar muchas más cosas.
Porque el permiso de paternidad no va a conseguir que podamos alcanzar los objetivos de Lisboa y que las tasas de actividad de las mujeres estén en torno al 60 por ciento. Saben que tenemos que tomar más medidas, algunas de las cuales incidirán en el mercado laboral en la forma de contratación. Eso solo se puede alcanzar desde una ley que adquiera todos estos compromisos. Para conciliar la vida familiar con la laboral tendremos que hablar de medidas laborales, fiscales, de vivienda y de transporte porque es todo un conjunto. Ahora estamos hablando de la futura ley de dependencia. ¿No creen que esta ley también va ayudar en esa misma dirección? Esas serán las políticas que permitan esa conciliación. Por eso pedimos a todos los grupos el voto favorable a esta enmienda de devolución, porque queremos afrontar de verdad la Ley de igualdad y de conciliación de la vida familiar y laboral. Cuando en 1999 debatimos la Ley de conciliación de la vida familiar y laboral esta portavoz dijo desde esta tribuna que la ley aspiraba a mucho, pero que lo más importante era su nombre porque después no articulaba una serie de medidas para alcanzar el objetivo que pretendía la ley. Por ejemplo, la ley prohíbe que una empresa pueda despedir a una mujer embarazada, pero la realidad es muy distinta, porque hay mujeres que al quedarse embarazadas se quedan sin trabajo. ¿Por qué? Porque en este país más del 30 por ciento de los trabajadores tiene un contrato temporal y precario.
Y cuando la mujer se queda embarazada no la despiden, simplemente no la renuevan el contrato. Esto tendremos que preverlo en el debate de la ley, porque si no no conseguiremos alcanzarlo. Este artículo dice que de las 20 semanas de permiso, las cuatro últimas sean las que coja el padre. ¿No creen que lo razonable es que coja las primeras? Cuando la madre está todavía en el hospital es cuando más necesita la ayuda y cuando el padre puede contribuir realmente a esa ayuda. Con eso quiero demostrar que no se puede conseguir el objetivo que persigue la ley ni se puede modificar el Estatuto de los Trabajadores a trozos porque entonces no alcanzaremos la igualdad. Mi grupo parlamentario, el Gobierno socialista, comparte la necesidad de regular el permiso de paternidad. Lo comparte y lo va a hacer, pero lo va a hacer de forma ordenada y con otras medidas que permitan conciliar la vida familiar y laboral.


Hay algunas enmiendas parciales que proponen una serie de medidas que ya están en vigor, porque lo que ha

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hecho este Gobierno es resolver aquellos problemas que se podían resolver con medidas. Por ejemplo, todas las propuestas se refieren a que si la madre fallece el padre pueda disfrutar de las 16 semanas. Señorías, eso ya se está haciendo, se hizo con una orden interna de la Seguridad Social en septiembre u octubre de 2004. Y no solo se lleva a cabo cuando la madre fallece, sino también cuando la madre está en coma o no puede disfrutar de ese permiso. Ya se han adoptado medidas para resolver los problemas más urgentes. Ahora por las prisas de cambiar un artículo, no podemos aparcar los objetivos que perseguimos. Señorías, les pido el voto favorable a la enmienda de totalidad y les invito a que cuando llegue a esta Cámara el proyecto de ley de igualdad participen con sus aportaciones en su debate para, entre todos, lograr una ley que permita que la mujer se incorpore en plena igualdad al mercado laboral y pueda conciliar vida familiar y laboral.


El lunes o el martes de esta semana el diario El País publicaba una información en la que se decía que España ocupaba el puesto número 25 en los temas de igualdad. Esa información nos debería hacer reflexionar y llevar al convencimiento de que el permiso de paternidad no nos va a hacer ganar medio punto en esa escala. ¿Va a conseguir que esa diferencia en la tasa de actividad de la mujer se elimine? ¿Va a eliminar el hecho de que el mayor número de contratos temporales lo tengan las mujeres? ¿Va a reducir que la contratación parcial mayoritariamente sea de la mujer? No, señorías, lo que tenemos que hacer es una verdadera ley de igualdad en la que, entre otras medidas, figure el permiso de paternidad y entre todos consigamos que este país pase del número 25 a los primeros lugares en temas de igualdad. (El señor Martínez-Pujalte López: ¿Y por qué lo pusisteis en el programa?) Lo pusimos en el programa, señor Pujalte,...


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Perdón, señora López i Chamosa.
Señor Pujalte, no anime el debate, por favor.


Muchas gracias.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Lo pusimos en el programa, señor Pujalte, porque lo vamos a cumplir en este año. Yo sé que eso les va a escocer un poquito. Es más, estoy convencida de que esa ley saldrá con los votos unánimes de esta Cámara, incluidos los del Partido Popular. Así lo creo.
Y porque lo creo les pido que hoy votemos sí a esta enmienda y nos pongamos todos a trabajar en la ley que concilie vida familiar y laboral, una ley de verdadera igualdad entre hombres y mujeres.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora López i Chamosa.


Para la defensa de la enmienda del texto alternativo, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra la señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la proposición de ley que debatimos en este momento nos llega remitida por el Senado como consecuencia de una proposición de ley presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), cuyo debate sobre la toma en consideración se realizó el 9 marzo y, por tanto, nos encontramos en estos momentos debatiéndolo en el Congreso de los Diputados. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)

Señorías, qué fácil sería -después lo comentaré- manifestar nuestro apoyo sin ninguna duda a esta proposición de ley, sobre todo por tener muchas coincidencias con la proposición de ley que nuestro grupo presentó el 13 de abril de 2004 y que ha sido presentada como enmienda de totalidad de texto alternativo para este debate. Sería fácil ya que, a pesar de las diferencias existentes entre la proposición de Convergència i Unió y la nuestra y que, de hecho, justifican por operatividad la enmienda a la totalidad, es también cierto que en lo esencial coincidimos sin problemas. Porque lo que subyace en la propuesta es el reconocimiento de los cambios producidos en la sociedad en cuanto a los modelos de familia y el papel que la madre y el padre asumen o habrían de asumir en el cuidado de sus hijos, así como medidas que se habrían de incorporar a la sociedad para conseguir dos cosas igualmente importantes para la transformación real del modelo existente. En primer lugar, hablar de políticas de igualdad de oportunidades de la mujer es facilitar marcos legales que no la discriminen en la sociedad y, sobre todo, en el mundo laboral. Es demostrable que el hecho de ser madre provoca aún hoy en infinidad de casos unas consecuencias lamentables en el desarrollo profesional y de seguridad laboral de las mujeres. En segundo lugar, para trabajar en lo preventivo y desde la raíz de las causas por las que esta situación es la que es, es urgente que el padre concilie realmente la vida familiar y sus responsabilidades parentales con la vida laboral. La mujer desde hace mucho tiempo, siempre prácticamente, ha conciliado las dos facetas -en estos momentos ha de conciliar bien poco-: ha conciliado la vida laboral, la vida familiar, las tareas de dentro y de fuera del hogar. La primera reflexión es que habríamos de ser serios y cuando hablamos de conciliación hay que entender que los aspectos fundamentales de cambio se han de dar en aquellas medidas dirigidas en este caso a los padres. Son medidas necesarias que motiven, que impulsen y que apoyen la conciliación de los hombres, de los padres, con sus deberes personales y laborales. La realidad es que incluso aquellos padres que querrían hacerlo no se lanzan a ello en muchos de los casos fundamentalmente por la falta de sensibilidad colectiva y, sobre todo, laboral. Tampoco queremos poner el énfasis en la responsabilidad de las empresas ya que el Estado tiene que

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poner de su parte si queremos que esto sea una realidad. Hoy lo que tenemos es una ley que da unos derechos a la mujer muy limitados, a 16 semanas en caso de parto normal, muy por debajo -es cierto- de la mayoría de los países de la Unión Europea y de las recomendaciones del proyecto de la Unión Europea sobre, por ejemplo, promoción de la lactancia en Europa, que es el plan estratégico de Luxemburgo de 2004, que le fue presentado en Madrid a la ministra de Sanidad a finales del mismo año.
Por todo esto señorías, podríamos apoyar -se lo quiero manifestar a la portavoz del grupo de Convergència i Unió- gustosamente esta propuesta que está en línea con la nuestra. Nuestro planteamiento no es de exclusión para que simultáneamente el padre y la madre puedan utilizar el tiempo, pero lo que hay detrás de esta proposición podría ser asumido perfectamente por nuestro grupo parlamentario. Pero las cosas no son casi nunca tan simples y menos aún en política.


Tengo que decirle al portavoz de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que nuestro voto va a ser favorable a la enmienda de devolución del Grupo Parlamentario Socialista. (La señora Pigem i Palmés pronuncia palabras que no se perciben.) Sí y lo voy a explicar a continuación. Pero nuestros motivos no deberían interpretarse como una concesión al Grupo Parlamentario Socialista, porque no lo es en absoluto, ni como un desacuerdo con la iniciativa del citado grupo. No podemos estar en desacuerdo porque es parecida a nuestra iniciativa, pero matizada. El Grupo Parlamentario Socialista debe saber que lo bueno que tienen los "Diarios de Sesiones", gracias al trabajo tan profesional que realizan entre otras personas los taquígrafos y taquígrafas, es precisamente poder leer las intervenciones de las iniciativas anteriores. El 15 de noviembre de 2002, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición de ley con objetivos similares a los que hoy debatimos. No leeré ninguna parte del texto sobre dicho debate ni tampoco la defensa que hicieron la mayoría de grupos, sobre todo, la del Grupo Parlamentario Socialista que era el proponente, pero todo el mundo puede interpretar que esta defensa de la ley iba en una línea muy similar a la que hoy plantea aquí el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) o a nuestra proposición de ley. Debo decirles que para nosotros esta defensa sigue vigente, pero después de leer -es lo que quiero trasladar como inquietud al Grupo Parlamentario Socialista- la intervención del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, cuando se produjo recientemente el debate de esta proposición, nos parece que no hay demasiada coherencia entre esa intervención y la realizada ahora por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de la que nos alegramos. Este hecho nos preocupa, porque de esa intervención no interpretamos que estamos en la misma situación que se contemplaba en la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista de hace dos años.


Queremos dejar constancia de que la Ley de conciliación de la vida laboral y familiar del año 1999, presentada por el grupo parlamentario que entonces sostenía al Gobierno, fue un pequeño avance, sin duda, pero se quedó en la antesala de los cambios más profundos que hubieran sido necesario realizar. En definitiva, señorías, aquellas medidas que recoge la ley no son más que la implementación en la legislación española de las recomendaciones e iniciativas de la Unión Europea y de la OIT. Tanto es así que el resultado de la aplicación de esa ley no ha significado realmente cambios sustanciales en la realidad de las personas. Un porcentaje de hombres muy reducido, aproximadamente el 1,68 por ciento según los últimos datos, ha utilizado el derecho que se abrió a través de esta Ley de conciliación, es decir, el derecho a utilizar el tiempo de atención al niño o niña siempre que la madre cediera esas semanas al padre en detrimento de perderlas ella. Además la mayoría de estos hombres que la han utilizado -queda patente por los datos- son funcionarios o trabajadores de la Administración pública. Esto es muy significativo. En primer lugar, porque nos está indicando que solamente aquellos hombres que se sienten con una seguridad laboral y con un respaldo legal de que esto no va a tener consecuencias en su lugar de trabajo se atreven a solicitar este permiso. Que sean funcionarios es un dato que nos está mostrando que son una minoría, porque la gran mayoría de trabajadores están trabajando en la empresa privada y, por tanto, hay una gran dificultad.


Por eso planteamos en nuestra iniciativa, al igual que Convergència i Unió, que no sea excluyente, sino complementaria, entre otras mejoras.


Vuelvo a la argumentación del senador socialista -y les pido que se la lean- porque en ella se plantean algunas dudas y valoraciones respecto a la validez o no de estas medidas, teniendo en cuenta los resultados que antes comentaba. Esgrimía el senador -y les pido que lo escuchen con atención- que es natural, dado que en la práctica las leyes no hacen las revoluciones sociales o culturales. Añadía que las leyes acogen el consenso que previamente se ha establecido en la sociedad y que lo que debemos hacer los políticos es hacernos eco de ese consenso y reflejarlo; que esta es nuestra única función: escuchar ese consenso, lo que las voces mayoritarias nos digan y reflejarlo en una ley. Señorías, discrepo profundamente. Si esto es así, lo más honrado y lo más económico para las arcas del Estado es desmantelar el Congreso y el Senado. Para captar lo que piensa la ciudadanía podríamos utilizar las encuestas de opinión, que cuando se quiere bien que se utilizan, y una vez que nos dicen qué es lo que quiere la ciudadanía los gestores y los letrados pueden hacer los cambios legislativos y readaptar los recursos a esos resultados. Los políticos, por tanto, nos podremos dedicar a otras tareas más productivas.


Estoy explicando que no puede ser que cuando interesa se diga, como hace dos o tres años, que es absolutamente prioritario y necesario abordar la conciliación de la vida laboral y familiar y que ahora se diga respecto a este permiso de paternidad, absolutamente necesario

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para avanzar en esta línea de igualdad, que está claro que los hombres no utilizan este permiso, por lo que lo que hemos de hacer es que cuando sea algo muy pedido nos hagamos eco de esta reclamación y hagamos los cambios necesarios. No, esto no puede ser. Yo estoy muy contenta de haber escuchado otra intervención diferente a la del senador en boca de la diputada Isabel López. En todo caso, es necesario que todos comprendamos en qué momento estamos y qué es lo que queremos defender. Si esto fuera así sería innecesaria esta proposición de ley, también la nuestra, igual que la del Grupo Parlamentario Socialista de hace unos años, porque en ningún momento ha habido aclamación popular pidiendo este derecho de utilización del tiempo de paternidad. ¿Por qué se presentaban estas iniciativas por parte del Grupo Parlamentario Socialista y de otros grupos hace bastantes años? ¿Quién va a pedir por aclamación popular este derecho? ¿Los hombres? ¿Van a hacer manifestaciones pidiéndolo? ¡Ojalá lo pidieran! No saben lo que se pierden. El verdadero cambio se producirá cuando se den cuenta de que este sistema les está perjudicando y mucho, porque se están perdiendo una de las facetas más importantes y más productivas, desde el punto de vista humano, que hay en esta sociedad.
Pero no nos engañemos, si estamos haciendo políticas de discriminación positiva para muchas otras cuestiones, si no estamos esperando a que sea por aclamación el derecho de que los gays y lesbianas puedan casarse, que no haya maltratos para las mujeres, si no estamos pidiendo que ha de haber una aclamación popular para esto, no digamos ahora que esto no es pedido por la mayoría de la ciudadanía y que no es prioritario o que no es lo que quiere la ciudadanía. No; de ninguna manera. Mientras la mujer, por el hecho de ser madre, tenga que utilizar su descanso, tenga que pedir media dedicación por la falta de otros recursos, como la atención para la infancia, los empresarios verán a la mujer como un trabajador poco productivo. Mientras vean a la mujer en una situación de poca rentabilidad -esta es la palabra- no van a cambiar. Cuando empiecen a ver que los hombres también solicitan esos permisos y esto se iguale será igual contratar o no a una mujer y se dará la situación que ahora se produce de manera importante en mujeres: que una vez han quedado embarazadas -no porque no tengan un contrato, que lo tienen- no se les renueva ese contrato o se produce un despido. Esta es una situación que todos conocemos.


Señorías, quería dar esta explicación porque me ha preocupado la intervención en el Senado en contra de los argumentos de esta proposición. No son nuestros argumentos, quiero dejarlo muy claro aquí; no los compartimos. Si ahora aceptamos esta enmienda de devolución es por otros motivos absolutamente diferentes. Reconocemos que si se está discutiendo en la mesa de diálogo social debemos esperar a ver la resolución, los acuerdos y el consenso que allí se genere, porque confiamos que sea cierto que esta ley por la igualdad llegue al Congreso en un plazo relativamente corto. Estamos de acuerdo, como dicen en Cataluña, en que una flor no hace un verano, es un conjunto de flores lo que va a hacer un verano. Esta es una medida que puede ayudar, pero no es la única, y en el marco de la ley de igualdad es donde tenemos que ver ésta, que nosotros continuaremos defendiendo, y muchas otras medidas que aseguren esa conciliación -sobre todo para ellos- de la vida laboral y familiar.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora García Suárez.


Continuamos con las fijaciones de posición para los grupos que así lo deseen. Comenzamos por el señor Mardones. (La señora Pigem i Palmés pide la palabra.) Perdone, señor Mardones.


Señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Desearía consumir un turno en contra, al amparo del artículo 74 del Reglamento.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Discúlpeme. Ciertamente, tiene S.S. la opción de consumir un turno en contra por quince minutos.


Continuamos con el turno en contra, que va a ejercer en nombre de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta. Hemos solicitado este turno en contra para mostrar de la manera más contundente posible nuestra discrepancia con la enmienda de devolución que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Lo hacemos porque de prosperar esta enmienda se archivará y dejará de tramitarse una iniciativa que pretende avanzar en la conciliación de la vida laboral y familiar creando un permiso exclusivo de utilización para los padres y, por tanto, ni prosperará ni verá la luz.


Quisiéramos centrar este turno en contra preguntándonos sin más ambages si el Gobierno del Partido Socialista está o no a favor de impulsar políticas de apoyo a las familias y cuestionándonos si el Gobierno socialista cree que la familia es merecedora de apoyo y de protección. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la sensación, porque nos llegan datos y actuaciones, de que en esta materia de protección a las familias la acción del Gobierno se aparta de manera importante de la trayectoria y de la posición mostrados cuando el Partido Socialista estaba en la oposición y reclamaba las mismas políticas que está reclamando en esta iniciativa el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Lo hacía no a través de iniciativas globales que contemplaran una modificación total del Estatuto de los Trabajadores, sino que lo abordaban a través de iniciativas con el mismo contenido como la que estamos ahora viendo.


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La señora López i Chamosa nos ha hablado de prisas y nos ha dicho que esta iniciativa no es nueva pero en apoyo de esta afirmación nos ha dicho que hemos visto este tema en los años 2003 y 2004. Más atrás, señora López i Chamosa, mucho más atrás podemos ir. Desde el año 1998, su grupo, el Grupo Socialista, pedía esta misma medida de manera individualizada. ¿Por qué? Porque estaba claro que para avanzar en la igualdad de oportunidades se tenía que dar un permiso diferenciado a los padres. Quizá tiene algo que ver con que entonces se defendiera desde el ámbito de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y que ahora se haga la defensa de una manera más global, dentro de la modificación del Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, es cierto que no es nuevo.


Lo cierto es que el Gobierno socialista, más allá de aspectos puntuales, como por ejemplo el aumento de las becas al que se refirió el presidente del Gobierno en el reciente debate sobre el estado de la Nación, no ha vuelto a nombrar a las familias. En el año ya sobrado que lleva gobernando no ha formulado ni ha articulado ninguna iniciativa ni proyecto parlamentario explícito a favor o en apoyo de las familias, y ello a pesar de los compromisos que en esta misma Cámara han ido anunciando, eso sí, siempre rechazando cuantas iniciativas se han presentado con un contenido parecido a la que estamos viendo, unas presentadas por Convergència i Unió y otras por otros grupos. Esquerra Republicana había presentado iniciativas en este mismo sentido y también Iniciativa per Catalunya, tal como nos acaba de decir la señora García.
Por cierto, respecto a la intervención de la señora García, tengo que decirle, con la estima que sabe que le tengo, que no solo la entiendo, sino que la comparto absolutamente, pero no me queda más que preguntarle por qué va a votar en contra de lo que ella cree, en contra de su propia iniciativa. Todos los argumentos que usted ha dado abundan en defender su iniciativa, no en rechazarla; por eso quiero trasladarle esta pregunta.


Esta sensación de que no se va a apoyar a la familia hoy se nos hace más evidente que nunca, porque a nadie se le oculta, señorías, que una enmienda de devolución es la máxima expresión parlamentaria de rechazo a una iniciativa, una iniciativa que se enmarca en la necesidad de dar un nuevo impulso a la protección de las familias, para posibilitar algo que afecta al día a día, que afecta a la vida cotidiana de las personas, que es la conciliación de la vida laboral y familiar; poder tener hijos, si así se desea, sin verse expulsados -expulsadas, para ser más precisos- de la vida laboral; poder tener un trabajo sin tener por ello que renunciar a tener hijos, porque este es el dilema al que se enfrentan muchas parejas, pero realmente es el dilema al que se enfrentan muchas mujeres.
Es una iniciativa que, impulsando una nueva medida posibilitadora de la conciliación, la centra en estimular algo que se viene señalando claramente como un déficit, como una asignatura pendiente, que es la necesidad de una mayor implicación de los hombres en las responsabilidades familiares -¿cuántas veces hemos coincidido en este mismo discurso?-; una implicación que, como se ha afirmado tantas y tantas veces, es de vital importancia para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres.


Las mujeres nos hemos pasado la vida conciliando. Es a los hombres a quienes hay que invitar a que se corresponsabilicen de las tareas familiares. Se ha dicho y constatado tantas veces que las mujeres siguen asumiendo casi en exclusiva las responsabilidades familiares y que, precisamente, este es uno de los factores más importantes que explican por qué los empresarios son reticentes a contratar mujeres en edad de ser madres que podría entrar prácticamente en la categoría de los hechos notorios. Sin embargo, no hay inconveniente en continuar dando datos muy recientes que apoyan esta afirmación, datos como los que resultan del informe del Instituto de la Mujer, presentado este pasado 5 de mayo, que nos dice que el 43 por ciento de las empresas considera que las mujeres con familia son menos productivas que los varones y que las responsabilidades familiares son las que limitan su rendimiento. Nos dice también que un 42 por ciento de las mujeres encuestadas acabaron abandonando el mercado laboral debido al nacimiento del primer hijo. ¿Por qué? Porque sigue habiendo dedicaciones distintas en la familia según el sexo, hasta el punto de que en el 80 por ciento de las familias la madre es la principal cuidadora de los hijos. Este estudio nos dice también que sigue habiendo una clara persistencia de la división sexual del trabajo en la realidad y en la mentalidad, como lo demuestra que un 45 por ciento de los encuestados opine que la mujer sencillamente debiera abandonar el trabajo al tener el primer hijo. Demoledor, por lo menos a nuestro juicio.


Más datos -ha aludido a ello la propia señora López i Chamosa-, el 16 de mayo, hace tres días, el Foro Económico Mundial difundió un estudio en el que se dice claramente -y recojo el titular de un medio de comunicación- que España es uno de los países desarrollados con mayor desigualdad entre sexos y que la peor clasificación española se obtiene en la participación económica y en las oportunidades laborales que se ofrecen a las mujeres debido, entre otros aspectos, a la penalización laboral por la maternidad o a las actitudes contrarias al reparto equitativo de las responsabilidades familiares. A corregir esta situación, que sigue apareciendo claramente con estos datos tan recientes, va encaminada la iniciativa cuyo rechazo pretende el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Qué razones se dan para ello? Se nos dice que la consecución de cotas más altas de conciliación requiere todo un conjunto de medidas y no únicamente una medida como la del permiso para los padres, cuya viabilidad estamos defendiendo. Evidentemente, estamos absolutamente de acuerdo y así lo hemos sostenido en todas las ocasiones en que hemos abordado este tema. Pero una cosa no es incompatible con la otra, porque la virtualidad de la medida que estamos viendo debe desplegarse no solo como tal medida de conciliación sino también en el necesario campo pedagógico del impulso y la invitación a los hombres a compartir las responsabilidades familiares, un mensaje que quedará palidecido, que se hará invisible si lo abordamos dentro

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de un paquete importantísimo de creación de servicios y de ampliación incluso de otros permisos parentales. Así lo entendía el propio Partido Socialista cuando estaba en la oposición. Yo me permito recomendarles la lectura del "Diario de Sesiones", por ejemplo, de 13 de mayo de 2003, en donde la diputada socialista y buena amiga Micaela Navarro sostenía con vehemencia esta petición, que presentó nada menos que en cinco ocasiones, y así debió entenderlo el Partido Socialista cuando lo incluía en su programa electoral. Algo debe haber cambiado y nos inquieta que este incumplimiento del programa electoral obedezca a algo con lo que estamos radicalmente en contra y es que desde el Partido Socialista se considere que las medidas de conciliación deben recaer de nuevo, quizá no en exclusiva, pero sí mayoritariamente, sobre las mujeres.


Voy a abundar en algo a lo que ya ha aludido la diputada señora García. La señora López i Chamosa ha sido cuidadosa en sus planteamientos, pero esto que le estamos diciendo no es una afirmación baladí, es una afirmación que se sustenta en las palabras pronunciadas por el senador Díaz Tejera cuando explicaba el motivo por el que los socialistas iban a votar en contra de esta medida, en su toma en consideración en el Senado el pasado 9 de marzo. Decía el senador Díaz Tejera, concretamente en la página 1568 del "Diario de Sesiones" de ese día: Cuando hablamos de 250.000 personas que se acogen al permiso de paternidad o maternidad se trae una propuesta respecto a 4.878 -que son los hombres que se han acogido-, pero ninguna respecto a esas otras 250.000 personas. La realidad de la vida -continúa diciendo- es que quien sigue llevando la responsabilidad es la madre. Y se preguntaba: ¿Por qué tanto esfuerzo en 4.000 personas y tanto descuido en 250.000? ¿Por qué razón no ocuparnos antes por lo que es real y no por que es virtual? Lo que es real es que son las madres las que están llevando esta realidad, decía el senador Díaz. Además, insistía en que teníamos que mimar -son sus palabras- a quien a lo largo de todo este tiempo pudiendo acogerse a este derecho no lo ha hecho, o sea, insistía otra vez en el binomio conciliación asociado a mujer. Es un binomio y unos argumentos que no compartimos, porque no se trata de mimar; se trata de estimular y de impulsar la corresponsabilidad de los hombres. Mientras las responsabilidades familiares no sean compartidas, es evidente que las mujeres, por más servicios que se creen, seguirán teniendo una doble o una triple jornada; seguirán sin tener ni un minuto para ellas mismas en detrimento de su propia salud y seguirán representando a los ojos de los empresarios todas las desventajas de la conciliación. También se nos dice que estas medidas deben tomarse dialogando con los agentes sociales.
Desde luego. ¿Ustedes no lo creían así cuando lo solicitaban desde la oposición? Claro que debe hacerse en diálogo con los agentes sociales.
¿Nos están diciendo que la política de apoyo a la familia va a verse configurada exclusivamente y, por ende, quizá limitada únicamente a lo que se acuerde en el diálogo social? ¿No tiene el Gobierno o el Grupo Socialista ningún posicionamiento al respecto? ¿Quieren decir ustedes que el diálogo social va a sustraer de la Cámara o va a privar a los representantes de la ciudadanía de decidir la normativa en temas como el que estamos tratando, que afecta a un número cada vez más importante de personas, sobre todo a aquellas que están en edad de ser madres? Si es así, creo que es conveniente saberlo.


Finalmente quisiera indicarles que la ausencia de medidas como la que estamos viendo, y a la que el Grupo Socialista se opone radicalmente, insisto, con la máxima expresión del rechazo parlamentario, que es una enmienda de devolución, ya está suponiendo problemas importantes para los hombres que sí quieren acogerse a este permiso y no pueden hacerlo. En los tribunales ya hay miles de denuncias de padres que aun cotizando no pueden optar al permiso establecido porque actualmente, como todos ustedes conocen, el derecho es únicamente de la madre y, por tanto, solo ella puede cederlo al padre. En consecuencia, cuando la madre no tiene el derecho, el padre tampoco puede tenerlo. Como digo, hay miles de denuncias y finalmente un juzgado de lo Social de Lleida ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por considerar que la actual regulación podría vulnerar algunos artículos de la Carta Magna, como los que hacen referencia al derecho de igualdad ante la ley, a la obligación de los poderes públicos de velar y proteger a la familia, así como al que prevé una atención adecuada y justa por parte de la Seguridad Social. Señorías, a nuestro entender estas son razones más que suficientes para no impedir que se siga tramitando la iniciativa de Convergència i Unió -que podría ser perfectamente la propuesta de Iniciativa per Catalunya- que fue tomada en consideración en el Senado y que propugna un permiso de paternidad exclusivo e independiente para los padres, así como medidas estimuladoras de la implicación de los hombres en la responsabilidades familiares, razones por las que no solo reitero que votaremos en contra, sino que también solicitamos el rechazo de los otros grupos de la Cámara.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Pigem.


Señora López i Chamosa, ¿quiere usted hacer uso de su turno de réplica?

La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Sí.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Tiene usted cinco minutos.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.


Voy a intervenir muy brevemente para decirle a la señora Pigem un para de cosas. En primer lugar, señora Pigem, usted debería ser muy comprensiva con la posición de nuestro senador en el debate de esta moción en el Senado, porque evidentemente ha dicho cosas y ha mantenido posiciones que usted sabe que no comparte

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este grupo ni las personas que estamos hoy aquí. Señora Pigem, le digo que usted lo debería entender perfectamente porque en su grupo es muy habitual que haya personas que mantienen posiciones muy diferentes, y no le quiero recordar la Ley del matrimonio homosexual. Tampoco puedo dejar pasar que me diga que rechazar hoy esta proposición significa que el Gobierno no va a llevar a cabo la iniciativa. Se trata de un compromiso electoral del conjunto del Partido Socialista y especialmente de su presidente. Le puedo garantizar que a lo largo del año va a entrar en la Cámara una ley de igualdad que realmente va a regular el permiso de paternidad. Usted lo va a ver y, por tanto, no hay discusión posible.


Ustedes llevan una temporada despreciando la concertación social. Denle una oportunidad a la misma porque por primera vez se ha incluido la concilicación en la concertación social. Señora Pigem, si conseguimos que los agentes sociales, los sindicatos y los empresarios se impliquen en medidas de igualdad y de conciliación, habremos dado un salto de gigante en el objetivo. Usted misma hacía referencia a ello cuando hablaba de que las mujeres abandonan el puesto de trabajo para cuidar a un hijo. ¿Sabe usted por qué lo hacen en muchas otras ocasiones? Porque el salario de la mujer es menor que el del hombre. Por eso la ley también tiene que incluir medidas para conseguir la igualdad real del salario.


Se refería usted a que el Senador Díaz Tejera decía que se habían cogido pocos permisos de paternidad. A veces, cuando hablamos aquí, no manejamos el conjunto de las realidades del país. Para una mujer que esté en un puesto de dirección, para una mujer que trabaje en la Administración pública, incluso para una diputada, le es fácil ceder las cuatro o seis semanas a su marido, pero una mujer que está de cajera en un supermercado o en la cadena de una empresa es muy difícil que ceda a su marido las semanas de permiso porque eso significa irse ella a trabajar sabiendo lo que le queda en casa. Por tanto, seamos realistas. Existe el compromiso firme del Gobierno de hacer esta ley, la vamos a hacer y yo les invito a que, cuando venga, participen con sus enmiendas. Le puedo garantizar que compartimos los objetivos y, por tanto, sé que va a ser fácil ponernos de acuerdo. (La señora Pigem i Palmés pide la palabra.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora López i Chamosa.


No está previsto, señora Pigem, el turno de dúplica en este caso. Se lo concedo, pero después se lo tengo que conceder también a la señora diputada, que es la que ejercido la devolución. No tengo ningún problema, me parece que podemos hacerlo y que la viveza del debate estará bien reconocida, así que, adelante, tiene usted tres minutos de dúplica y, señora López i Chamosa, si lo desea, los tendrá también después. A continuación, señor Mardones, le daré su turno de fijación de posición.


Tiene la palabra, señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Gracias, señora presidenta.


Únicamente quiero decirle a la señora López i Chamosa que está confundiendo peras con manzanas. En temas de derechos civiles, como el matrimonio homosexual, al que usted ha aludido, siempre hemos dicho que nuestro grupo tiene libertad de voto. Yo no sabía que en temas como el permiso de paternidad el Partido Socialista tenía libertad de voto ni sabía tampoco que el portavoz del Grupo Socialista en el Senado no representara el sentir del Grupo Socialista. Creo que son cosas distintas y, por eso, tengo que hacer esta matización.


Nosotros no despreciamos, en absoluto, la concertación social; en absoluto. ¿La despreciaban ustedes la pasada legislatura, cuando presentaron esta iniciativa cinco veces? Simplemente le hago esta pregunta.


Respecto al abandono del puesto de trabajo por la mujer, usted me ha dicho que es porque recibe menos salario. Estoy parcialmente de acuerdo, pero sobre todo lo abandona por la mentalidad subyacente que se refleja en las encuestas a las que he aludido de que los hombres piensan que las mujeres deben abandonar el trabajo para cuidar de los hijos, y a salvar esta mentalidad y a cambiarla va una iniciativa como la que estamos viendo que, insisto, ustedes la han presentado en reiteradas ocasiones y, por tanto, es fácil que lo puedan comprender.


Finalmente, usted ha puesto el ejemplo de la cajera del supermercado. No lo voy a repetir; yo creo que nos acordamos todavía. Y claro que es muy difícil ceder el permiso, dificilísimo; por eso, pedimos uno independiente.


Muchas gracias. (La señora García Suárez pide la palabra.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Pigem.


Señora García Suárez, usted primero. Señora López i Chamosa, discúlpeme, pero ella también tenía derecho a la réplica al turno en contra de la señora Pigem.


Adelante, señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias.


Por alusión y, en todo caso, para responder a la señora diputada Mercè Pigem. La pregunta en concreto ha sido cómo es posible que votemos a favor de la enmienda de devolución. Es muy sencillo y yo creía que lo había explicado, pero no tengo inconveniente en hacer una síntesis. En primer lugar, he querido dejar constancia y que quedara claro -seguramente otros grupos también piensan así, pero no lo han concretado en una enmienda específica- que estamos de acuerdo. Seguramente la mayoría de los grupos está de acuerdo. Además, tenía la oportunidad de demostrar que estábamos de acuerdo porque teníamos una proposición presentada al respecto, pero esto, se lo digo también con mucho cariño, señora Pigem, no le tendría que extrañar en absoluto, porque no significa nada; estar de acuerdo, estar en una misma línea y querer ir en una misma dirección no significa que tengamos que compartir la misma estrategia o el mismo

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método para llegar allí. En cualquier caso, he especificado que confío, y ahora lo vuelvo a repetir, en que esa ley de conciliación familiar llegue y sea una realidad. Confío por muchos motivos, entre otros porque ha habido un compromiso del Grupo Socialista y del Gobierno, pero también porque confío en que mi grupo parlamentario hará todo lo necesario para que esta ley llegue, y vamos a aportar, tanto antes como después, lo que consideramos que hemos de aportar, que es nuestra influencia, entre comillas, para que esto sea una realidad. He querido dejar claro en este caso también al Grupo Socialista que por desgracia hace ya muchos años que de una manera o de otra vamos dando vueltas al mismo tema y vamos reconociendo muchísimas necesidades, pero después nos quedamos parados en cuestiones muy específicas y concretas y no acabamos de solucionar la globalidad del problema. Esta ley de conciliación que tendrá que llegar tampoco va a ser la panacea, vuelvo a repetirlo, como no lo era ni lo será la que aprobamos de violencia doméstica, porque es un tema de evolución; pero con las valoraciones que se han hecho en el Senado no vamos a evolucionar mucho. Por ese motivo he querido dejar constancia de nuestra preocupación y constato que también preocupa al Grupo Socialista y a las diputadas encargadas de los temas de igualdad. Me tranquiliza pensar que vamos en una misma línea y que vamos a trabajar juntas por este tema.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias.


Un brevísimo turno, señora López i Chamosa, adelante.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señora Pigem, el senador Díaz Tejera era el portavoz del Grupo Socialista y especificó en la votación el sentir del grupo; la argumentación evidentemente no fue muy afortunada. Cuando nosotros defendimos aquí en la pasada legislatura el permiso individual le recuerdo que no había un proceso de concertación social en el cual se estuvieran negociando estos temas, porque le he repetido que por primera vez en nuestra historia hemos implicado a sindicatos y a patronal en la negociación de los temas de igualdad. No quiero reiterarme más, pero le digo que la prueba la tendrá de forma evidente. La ley incluirá el permiso de paternidad y espero que entonces, señora Pigem, reconozca que se equivocó y tuvo poca fe a la hora de pensar que no íbamos a cumplir nuestra promesa electoral. Si algo ha demostrado este Gobierno, si algo ha demostrado el presidente Rodríguez Zapatero, es que cumple sus compromisos y sus programas electorales.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora López i Chamosa.


Señora Pigem, aquí acabamos este turno que había abierto advirtiendo que esto podía suceder.


Vamos rápidamente a la fijación de posición. Adelante señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Quiero recordar, y también está el "Diario de Sesiones" para evidenciarlo, el debate que tuvimos aquí alrededor del 14 de septiembre del año pasado, cuando vimos la toma en consideración de tres proposiciones de ley que habían presentado simultáneamente tanto el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) como el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida y el Grupo Mixto por parte del BNG. Tuvimos ocasión de manifestarnos allí sobre el problema concreto y singularizado del derecho y los permisos de paternidad. Hoy nos damos cuenta de que la evolución de los acontecimientos políticos, programas electorales, oportunidades y la situación de esta dinámica nos llevan a estar ante un escenario que contempla un todo, que es el derecho de conciliación de la vida familiar y laboral, y, al mismo tiempo, en ese todo, están comprendidos los derechos y libertades, la igualdad de derechos laborales y de la vida familiar tanto de hombres como de mujeres. Se nos ofrece también una alternativa nueva, que es el diálogo con los interlocutores sociales, bien laborales, bien empresariales, sindicales y de la patronal para encontrar un punto común. Vaya por delante que compartimos lo que se dijo en aquel debate del mes de septiembre. Yo tuve ocasión en nombre de Coalición Canaria de intervenir favorablemente para apoyarlo. Es decir, compartimos plenamente el fondo de la iniciativa que de forma tan vehemente, y es su mérito personal, la señora Pigem ha presentado. Ahora bien, eso forma parte de un sector dentro de un escenario mayor. Estamos hablando del todo y de la parte. Coincido con la señora López i Chamosa cuando dice que el permiso por paternidad tiene todo el apoyo y toda la perfección. En esa materia estamos plenamente de acuerdo. En ese nuevo escenario de totalidad el permiso de paternidad será una pieza importantísima -coincido plenamente-, pero un vagón no hace un ferrocarril, un vagón forma parte de un tren, y si el vagón es bueno, vamos a poner los otros vagones y conseguir una locomotora que arrastre una política social de conciliación de la vida familiar y laboral. Si existe un compromiso del Gobierno, que se ha anunciado aquí por parte del Ministerio de Trabajo, de elaborar un anteproyecto de ley que regule la igualdad de derechos en la conciliación de la vida familiar y laboral tanto del padre como de la madre, de hombres y de mujeres, vamos a esperar para colocar esta espléndida y magnífica ficha de la conciliación de la vida familar en el permiso de paternidad para incrustrarla en este nuevo texto legal. De ahí que mi grupo sea partidario de esperar, respetando el planteamiento que han realizado unos y otros y con el que coincidimos plenamente. Hay coincidencia en el fondo de la materia que estamos tratando, pero una cosa es tratarla singularizadamente como permiso de paternidad y otra es, en un escenario mayor y más completo de política social, sumar toda la bondad explicativa que

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se ha explicitado aquí del reconocimiento del permiso por paternidad con lo que es el vigente permiso de maternidad, la igualdad en el ambiente laboral de hombre y mujer, en el gran escenario que llamamos conciliación de la vida familiar y laboral en una nueva sociedad de derechos. Por ello, respetando todos esos principios que aquí se han dicho, mi grupo va a votar favorablemente la enmienda de devolución por las razones a que he aludido, por ponerlo en un escenario nuevo y positivo, completando toda la exposición que hemos hecho. Votaremos favorablemente la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que ha defendido la señora López i Chamosa, compartiendo sus argumentos, al igual que los de los otros grupos, sin menoscabo de ninguno, y en su momento, cuando tengamos ocasión de debatir el proyecto de ley de igualdad de hombres y mujeres, en el aspecto de la vida familiar y laboral, nuestro voto será positivo a esa gran política de escenario.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Mardones.


Señor Olabarría, su turno. Adelante.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Me van a permitir la licencia retórica de decir que en este tema no voy a admitir, en el sentido dialéctico de la palabra, que me vengan con especulaciones puramente teóricas, porque yo tengo la fortuna o la desgracia de haber tenido una aproximación primero empírica y luego experimental a este tema. Yo soy padre de trillizos de seis años y sé de qué va la historia. La reflexión teórica está muy bien cuando no se conocen experimentalmente cuáles son los problemas que hay que padecer; desde esa perspectiva, voy a admitir pocas lecciones en esta materia. La señora Pigem tiene toda la razón en algo que filosóficamente es difícilmente refutable o discutible, y es que desde el origen de la creación de una familia en donde afloran hijos por cualquiera de los procedimientos posibles (biológico, adoptivo o de acogimiento), el compromiso tiene que ser absolutamente compartido. ¿Cómo? No por mitades, porque no es una materia mensurable, sino como buenamente se pueda. Yo, para llegar a este Congreso y para asumir mis responsabilidades tengo que hacer verdaderamente milagros, señora presidenta, y eso le pasa seguramente a cualquier mujer y a cualquier hombre que tiene la problemática o que se encuentra en las circunstancias familiares, que no son necesariamente un problema, en las que yo me encuentro. Desde ese punto de vista le tengo que decir, señora presidenta, que a mí, comprometer, en la medida en que se asume el contenido material de esta proposición, al padre desde el origen de la circunstancia, porque la palabra problema no es la que a mí me parece adecuado utilizar, me parece absolutamente pertinente. ¿Por qué? Porque todos tenemos que afrontar una circunstancia en la que uno navega bajo el agua permanentemente. Desde esta perspectiva, permítame, señora presidenta, porque yo sé que no estoy haciendo una reflexión teóricamente correcta, estoy haciendo una reflexión desde el corazón, desde el instinto -llámesele como se quiera-, pero es un problema que tenemos que afrontar. ¿Desde el diálogo social? Sí, yo soy un apologeta del diálogo social. ¿Desde las circunstancias que para cada cual son sociológicamente comprobables y verificables? También.
Y lo que mejor se aproxima a lo que es objetivamente verificable es lo que la portavoz de Convergència i Unió ha presentado.


Yo no sé lo que ha hecho el portavoz del Partido Socialista, cómo ha argumentado en el Senado ni qué ha ocurrido aquí, yo sé lo que ocurre de verdad. Y lo que ocurre de verdad es que este compromiso requiere, con algunas matizaciones -yo no estoy de acuerdo en todo lo que se plantea en la proposición de ley que se presenta-, una especie de compromiso, de compartición de las responsabilidades desde el primer momento de la vida del niño, cualquiera que sea el origen de la incorporación del niño a una estructura familiar. Esto es lo que tenemos que conseguir y yo no he visto nada más lúcido que esto hasta este momento, porque hay muchas proclamaciones retóricas sobre la conciliación de la vida laboral y familiar, pero no hay nada concreto, todavía no hay nada que se pueda convalidar como correcto o como eficaz a efectos de conciliar esto. Esto forma parte del discurso político retórico electoralista. Todavía no hay nada concreto, nada razonable que pueda posibilitar que los que tenemos que conciliar la vida laboral y familiar lo podamos hacer razonablemente bien, ni siquiera aproximarnos a lo que pueda ser un ideal utópico de razonablemente bien.


Desde esa perspectiva, quiero decir que las únicas reticencias o reservas mentales respecto a la cronología que se incorpora en esta proposición de ley son que seguramente podría flexibilizarse. En materia de adopción, entre los tres y seis años, posiblemente no es necesario que durante las seis primeras semanas -puesto que no hay los problemas de la maternidad o de la paternidad biológica- sea la madre la que tenga que afrontar exclusivamente las responsabilidades o la que tenga que disfrutar o ser beneficiaria de este permiso, y lo mismo ocurre con el acogimiento.


A mí se me antoja, señora presidenta -ya para acabar-, que, desde la perspectiva de la proposición de ley de la que estamos a punto de terminar su debate parlamentario, falta algo que es relevante y que no suele ser tomado en consideración. Hay una serie de situaciones, que están previstas en el Código Civil, vinculadas a situaciones de tutela, de guarda, de curatela, que hacen asumir a familias responsabilidades familiares de naturaleza sobrevenida. En materia de tutela, de curatela, de situaciones de guarda con carácter general, a veces también se producen estos problemas que yo le estoy indicando de forma un tanto instintiva, quizás hasta desordenada y posiblemente un tanto emotiva.
Pues quizás es lo que falte aquí, pero desde una perspectiva de los fundamentos ontológicos, de los fundamentos filosóficos de lo que estamos diciendo, a mí me resulta terriblemente chocante, sorprendente, que haya un acuerdo conceptual aparente

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que se demore a una concreción normativa, a eventuales acuerdos en el diálogo social o en otros entornos, pero estando todos de acuerdo en que no se puede aprobar esta norma. A mí esto me resulta verdaderamente lacerante, incluso desde la perspectiva de los problemas que muchas personas tenemos que afrontar en este Parlamento. Desde esa perspectiva, yo pediría un esfuerzo de flexibilidad intelectual a todos los grupos parlamentarios, y sobre todo felicito al grupo proponente, al Grupo de Convergència i Unió porque, por primera vez, yo puedo vislumbrar algo razonable que posibilita conciliar, razonablemente también, la vida laboral y familiar.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Bonás.


La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señoría.


Cuando tuvo lugar el debate en el Congreso el pasado mes de septiembre sobre esta proposición de ley, nuestro grupo, Esquerra Republicana, comunicó a esta Cámara que habíamos presentado con anterioridad iniciativas para conciliar la vida laboral y familiar, incluyendo una ampliación del permiso de maternidad-paternidad. Nuestro objetivo era visualizar la necesidad de desarrollar una nueva legislación de conciliación que dé soluciones a las demandas sociales de las clases trabajadoras. Entonces comunicamos a la Cámara que habíamos retirado nuestras propuestas a petición de sindicatos obreros. Convinimos en ello porque entendimos la necesidad de proceder al establecimiento de un diálogo social para un tema que es crucial para nuestra sociedad. Es crucial porque la familia es el soporte de nuestra sociedad, la familia ha complementado y en muchos casos ha suplido la sociedad del bienestar.
Cuando decimos la familia decimos en realidad la mujer, pero se está consignando una fatiga en este esfuerzo de la mujer, que se ha constatado en la reducción drástica de la natalidad y la creciente demanda de ayuda para atender a personas dependientes.


Volvemos a recordar que el Estado español es el país de la Unión que por porcentaje de producto interior bruto tiene el gasto social más bajo. Es hora de que iniciemos el debate en profundidad sobre un modelo de sociedad que estamos construyendo. Debe ser factible que los dos miembros de la pareja puedan dedicarse por igual al cuidado de los hijos. La coeducación, la colaboración plena de los dos miembros de la pareja es el primer eslabón para abandonar la sociedad patriarcal, para abandonar normas de conducta, clichés de comportamiento destinados a someter a la mujer y a enquistar a la parte masculina en una pauta de conducta alejada del cuidado de los hijos. La conciliación de la vida laboral y familiar no consiste solamente en aumentar unas semanas los permisos de maternidad y paternidad, consiste en permitir que los progenitores dispongan de tiempo para convivir con sus hijos, esto es, educarlos. La escuela, los canguros no educan a los hijos, la educación, la transmisión de valores se produce en el seno de la familia. Por esto, señorías, la conciliación de la vida laboral y familiar es una iniciativa básica para el futuro de nuestra sociedad.


En este momento, el Parlament de Catalunya está ultimando un borrador de anteproyecto de ley de conciliación de vida familiar y laboral. El Gobierno del Estado está trabajando en el borrador del anteproyecto de ley de igualdad, donde se recogerán los cambios legislativos para conciliar la vida laboral y familiar. Un proceso legislativo de tal calibre -así queremos que sea- debe incluir la participación lo más amplia posible de la sociedad, deberá producirse un gran debate, un debate profundo implicando a sindicatos, a patronales, a asociaciones, a sociedad civil, eso es lo que esperamos que se produzca cuando llegue el anteproyecto de ley a esta Cámara. Por eso votaremos a favor de la enmienda de totalidad de devolución.


Sin entrar en detalles en la proposición, que en primera lectura ya adolece de varios defectos, como que no favorece la plena igualdad de los dos progenitores en el cuidado del hijo o hija, tampoco favorece la incorporación de la mujer al mundo laboral. También creo necesario comentar que en esta premura por traer otra vez este debate al Congreso no deja de haber una cierta mala fe. En cuanto a la redacción excluye a las parejas homosexuales, ya que se refiere exclusivamente a padres y madres. Da por supuesto que no puede haber dos padres o dos madres.
Solamente por este motivo ya estamos en contra de esta proposición. A estas alturas en esta Cámara hemos dejado claro que en este Estado no puede haber discriminación para la homosexualidad. Hoy existen muchas familias de dos padres y de dos madres y esperamos que sean muchas más.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Bonás.


Finalizamos la fijación de posiciones de esta proposición del Senado con el señor Azpiroz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, he de darle la plena y absoluta razón al señor Olabarría en su integridad. No sé si alguna vez en la vida hemos estado totalmente de acuerdo, desde luego hoy sí. Además, he de reconocer que me ha ganado porque él tiene trillizos y yo simplemente soy padre de gemelos de 12 años, pero que hacen buenos a Zipi y Zape, con lo cual entiendo muy bien lo que acaba de exponer aquí, como estoy convencido de que muchos padres comparten plenamente lo que ha dicho.


Retomando el trasfondo de sus palabras les diré que estamos en un debate de totalidad y de una iniciativa que proviene del Senado y yo no he encontrado motivos de oposición de totalidad; yo he encontrado en las intervenciones motivos parciales de acuerdo o de desacuerdo en torno a la proposición de ley que hoy trae causa el

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Senado como iniciativa que en su día formuló Convergència i Unió.
Justamente para eso está el procedimiento legislativo, para el trámite de debate de enmiendas. De hecho, nuestro propio grupo no coincide plenamente con el texto que nos trae el Senado y que ha aportado Convergència i Unió. Por esa misma razón lo que hemos hecho ha sido formular enmiendas en la dirección en que nosotros estimamos más correcta para abordar la necesaria existencia de un permiso de paternidad, pero con otras coordenadas de las que se nos formulan. Ese es justamente el debate que acto continuo se podría plantear si aquí se tomara en consideración. En este aspecto, la enmienda de totalidad con texto alternativo de Izquierda Unida es una adición de enmiendas parciales. No hay una oposición filosófica, no hay una oposición de fondo, no hay una contradicción con los principios que inspiran el planteamiento que hoy se debate aquí y por lo tanto es muy legítimo que la haga, pero incluso puede hacer el planteamiento mediante enmiendas parciales a los artículos que integran su enmienda de totalidad.


El Grupo Socialista no plantea un texto alternativo, sino simplemente la devolución y la funda en cuatro aspectos: Que la conciliación de la vida laboral y familiar es más que el permiso de paternidad, que se debe consultar a los interlocutores sociales, que se debe adecuar a las recomendaciones del Pacto de Toledo y que hay un anteproyecto de ley de igualdad de hombre y mujer. Nosotros no vamos a dudar de las palabras de la señora López i Chamosa, pues los diarios de sesiones dan fe de las palabras y de los compromisos de las personas, pero sí voy a poner en evidencia algunas contradicciones que observamos en su intervención y sobre todo en su posición. La primera es que ustedes formulan una enmienda parcial. ¿Si se aceptara la enmienda parcial tendría razón de ser que ustedes denegaran en este debate de totalidad que se pudiera tomar en consideración en Comisión la proposición de ley del Senado? ¿Realmente lo creen? ¿Por qué plantean una enmienda parcial que podrían defender, incluso podría prosperar, en esta Cámara y a su vez, en contradicción, una enmienda de totalidad? Pero es que, en segundo término, tanto la enmienda de totalidad como la parcial suscitan dudas, algunas de las cuales han sido puestas de relieve incluso por quienes adoptan una posición similar a la de ustedes. La portavoz de Izquierda Unida, por ejemplo, sin ir más lejos. Ustedes dicen que la inclusión del permiso de paternidad se está estudiando y, en vez de hablar de implantación, hablan sobre la posibilidad de su implantación. La pregunta es, aunque usted nos la ha pretendido despejar aquí: ¿Eso significa que el compromiso del programa de Gobierno del Partido Socialista, la promesa que ustedes han hecho a la ciudadanía de dos semanas de permiso de paternidad como derecho subjetivo propio y autónomo de los padres, va a estar en cuestión? Esa es la pregunta, porque si esto lo contextualizamos con lo que se ha referido aquí en anteriores exposiciones sobre las palabras del portavoz socialista en el Senado, la verdad es que entran dudas. Le agradecemos que usted nos lo asegure -yo la conozco bien-, pero en este momento, tras más de un año de Gobierno socialista, lo cierto es que esto no se ha cumplido. Por lo tanto, nos preocupa esta situación y así lo manifestamos y por esta razón no vamos a apoyar la enmienda de totalidad de devolución que ustedes plantean.


Nos gustaría que, efectivamente, hubiera un trámite de debate de la propuesta. Nosotros -lo he avanzado antes- hemos formulado ya las iniciativas parciales. ¿En qué consisten? Pues son coherentes con una iniciativa que hemos planteado en esta Cámara, que es una proposición de ley sobre conciliación de la vida familiar y laboral, en donde entendemos que el derecho de la paternidad debe ser objeto de negociación colectiva.
Ya en algunos convenios se contemplan medidas de este tipo para que los interlocutores sociales, los agentes económicos, los sindicatos y los empresarios lo impulsen, pues tienen marco propio en la negociación colectiva, tal y como nosotros planteamos en nuestra exposición de motivos, y también en alguna directiva comunitaria que fomenta esta línea de actuación. A nosotros nos parece que este podría ser un buen camino y por eso lo planteábamos. Sería un objeto de discusión parcial, un objeto de debate en Comisión.


Voy a decir algunas cosas más al hilo de lo que se ha manifestado esta tarde aquí. Soy auténtico defensor del valor que tiene el diálogo social y mi grupo parlamentario también lo es. Más aún, ha conseguido pluralidad de acuerdos a lo largo de las dos legislaturas en que hemos gobernado con los interlocutores sociales, creo que sin precedentes en la historia de España. No voy a citar ahora aquí los acuerdos, no tengo tiempo y creo que es innecesario, pero la pregunta es: ¿Si tenemos que estar esperando al diálogo social tendríamos hoy una ley de conciliación de la vida familiar y laboral como la que en el año 1999 hizo el Partido Popular con el apoyo de muchos de ustedes? ¿Esta Cámara es completamente incompetente para meterse en la materia o tenemos también una iniciativa y una capacidad de actuar? Desde julio del año pasado hasta hoy pocas semanas faltan para que haga un año y todavía no se vislumbra nada. Ustedes dicen que ha habido medidas parciales y que es mejor hacerlas en conjunto. Tal vez sea verdad. Pero gracias a la parcialidad y gracias a que no solo es positivo, como se ha afirmado, que tuviéramos una ley que nominalmente se bautizara como de conciliación de la vida familiar y laboral, sino a medidas concretas que se han ido desgranando en el tiempo, hoy hemos avanzado mucho, como se reconoció en el Senado, y vamos a continuar avanzando. Así, tenemos una población femenina ocupada que estos años ha crecido en más de un 50 por ciento. Tenemos la Ley de conciliación de la vida laboral y familiar, de noviembre de 1999, con un descanso de maternidad de 16 semanas y la posibilidad de que el padre la disfrute durante 10 semanas, cosa que no existía antes, y ahora estamos tratando el derecho autónomo de paternidad; el tratamiento uniforme de los niños adoptados o en régimen de acogida con los hijos derivados de un parto natural; los contratos de interinidad por tiempo completo que se celebran para sustituir a las trabajadoras que tengan suspendidos sus contratos; la

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paga de cien euros al mes a la mujer trabajadora por cada hijo menor de tres años; la ampliación del período de excedencia y la reducción de jornada; el permiso de maternidad en régimen de jornada a tiempo parcial; la nueva prestación de la Seguridad Social del riesgo durante el embarazo; el plan de lucha contra la discriminación laboral; la prohibición de despido que tenga como causa la maternidad, el riesgo durante el embarazo, la adopción o el acogimiento, declarándose jurídicamente la nulidad de esa extinción del contrato de trabajo. Estos han sido avances a lo largo de estos años, y desde luego en la responsabilidad que hemos tenido los populares en esta materia, que ha sido plena, le puedo decir que estamos satisfechos cuando hemos encontrado en el resto de los grupos de la Cámara compañeros de viaje que han apoyado estas iniciativas.


Por todo lo anterior es por lo que le digo que había una oportunidad de avanzar, conciliando el respeto a las iniciativas, o por lo menos la consideración a las iniciativas, con el diálogo social. Sin ir más lejos, con las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Popular. Por lo tanto, hay un tren pero se han ido adicionando muchos vagones. Ha habido un tren que ha crecido y ha habido un tren que tiene que crecer, pero hoy no se han manifestado motivos auténticos de totalidad para oponerse a la iniciativa, como tampoco la semana pasada en la Comisión Mixta de la Mujer cuando fue rechazada una iniciativa del Partido Popular contra la discriminación salarial. Son medidas que contribuyen a avanzar. Si luego hay que unificarlo en un cuerpo legislativo, hágase. Si tenemos que escuchar a los interlocutores sociales, hágase. Pero no alcanzamos a entender esta oposición en la que le diré que como padre nos gustaría tener otra dimensión de nuestros derechos en este contexto, como decía el señor Olabarría, y que los populares, cuando tenemos oportunidad, lo ejercitamos. A las pruebas me remito. El consejero de Empleo y Mujer de la Comunidad Autónoma de Madrid, el señor Güemes, cuando ha sido padre hace unos meses, utilizó el derecho de paternidad en compromiso con su matrimonio, en compromiso con su familia y sus hijos y por el derecho de poder disfrutar y participar en algo que le concierne directamente como es la paternidad y el trabajo responsable con su familia.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA(Chacón i Piqueras): A usted, señor Azpiroz.


PROPOSICIÓN DE LEY DEL SENADO, RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 39/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES. (Número de expediente 124/000006.)

La señora VICEPRESIDENTA(Chacón i Piqueras): Finalizamos con el debate de la última iniciativa de hoy, proposición de ley del Senado, relativa a la modificación del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.


Comenzamos con el turno a favor de la enmienda a la totalidad que ha sido presentada. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra por 15 minutos el señor Mas.


El señor MAS I ESTELA: Gracias, señora presidenta.


Señoras diputadas, señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmienda de devolución a la proposición de ley remitida por el Senado, relativa a la modificación de la letra a) del punto 1 del artículo 124 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Esto es lo que hoy debatimos.


Los motivos de esta posición del Grupo Parlamentario Socialista son múltiples. Podemos empezar por la más flagrante: la técnica legislativa empleada para corregir una situación puntual. Si para cada caso posible a considerar se tiene que hacer una ley que reforme algún apartado de una ley general -y no me negarán ustedes que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales lo es en general-, entramos en una vía que podríamos denominar legislación por goteo. Imagínense, señorías, los más de 8.000 municipios en España con todas las variantes posibles de problemas. Me van a permitir que no les haga la retahíla que, posiblemente sin mucho esfuerzo, cualquiera de nosotros puede hacer a bote pronto; y a mí no me sería difícil por experiencia directa contarles lo que sale en cada reunión municipalista y que queda reflejado en el acta de la reunión. No podemos corregir puntualmente una ley como la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para atender a Rota, Ólvega, Madrid, Jerte o Elda para -con perdón de los citados- resolver la problemática muy concreta y determinada que puedan tener. Hoy estamos hablando de aquellos municipios que tienen grandes instalaciones de interés general que reserven u ocupen más del 10 por ciento de su superficie. Mañana podemos hablar de la problemática derivada de estructuras económicas, sociales, geográficas, ambientales accidentales, accidentadas, etcétera. Hay que hacer estas consideraciones en el conjunto de una ley, valorando su situación con sus pros y sus contras. Valgan los ejemplos largamente debatidos en el mundo municipal de los municipios turísticos o aquellos que manifiesten insuficiencia financiera para comprender lo difícil que es el camino que se podría emprender a partir de esta técnica.


En segundo lugar, podemos considerar la relativa ineficacia del resultado de la modificación propuesta. Si los municipios reseñados tienen problemas derivados de las características expuestas, habrá que considerar de qué magnitud, cuáles son las causas exactas de la situación y si tienen contrapartidas positivas y, después de valorarlo

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todo, proponer soluciones efectivas. La participación en los ingresos del Estado representa en general un tercio de los ingresos municipales. La propuesta presentada por la proposición que estamos considerando representaría entre un 10 y un 15 por ciento más de participación, lo que en general quiere decir que es entre un 3 y un 5 por ciento del total de los ingresos municipales de este municipio. Bueno, se me dirá, tacita a tacita, algo es algo; así podremos dar un respiro a algún municipio concreto. Pero probablemente, si la situación no fuera muy apurada, sería especialmente esto, un respiro.


En tercer lugar, convendrán conmigo en que la propuesta tiene un punto débil de insolidaridad con el conjunto de los municipios españoles, ya que tal como viene conlleva modificar el reparto del volumen total de la participación de los tributos del Estado, no el volumen del mismo. Lo que ganarían estos municipios determinados sería a costa de lo que perciben actualmente los demás. Si hay problemáticas concretas derivadas de instalaciones de interés general, no es justo que se arregle con cargo a las percepciones conjuntas; en todo caso, habrá que arbitrar soluciones específicas dotadas con fondos específicos, pero no con los generales y conjuntos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.).


En cuarto lugar, la propuesta es puntillista. ¿De cuántos municipios de estas características estamos hablando? ¿Cuántos municipios tienen más del 10 por ciento de su término municipal afectado por instalaciones de interés general? Cabe recordar otra vez que hay más de 8.000 municipios en el territorio español, y probablemente estamos hablando de un número no superior al de los dedos de las manos o quizás sólo de una. ¿Acaso debemos dar a esta proposición de ley el nombre concreto de algún municipio?

Más consideraciones. La última reforma de la participación de los ingresos del Estado transferidos a las corporaciones locales es bastante reciente, de 2002. Se me puede objetar que no afectó a los pequeños y medianos municipios que continúan con el sistema anterior a la reforma, pero lo que ahora estamos debatiendo no se hizo en su momento. ¿Por qué no se pensó entonces y hay que considerarlo ahora? ¿Han cambiado las circunstancias? Quedó un regusto amargo de aquella última reforma, de acuerdo. Podemos aceptarlo. Pero, ¿no estamos también de acuerdo en proceder a una revisión a fondo de la situación general de las haciendas locales? Deberíamos valorar el resultado de aquella revisión para tomar una dirección más estable, sin vaivenes ni adaptaciones parciales, puntuales, circunstanciales y oportunistas. Las modificaciones no demasiado meditadas no son buenas, y creo que algunas de las que se han hecho en los últimos tiempos, tanto en las haciendas locales como en las bases del régimen local, son poco rigurosas y bastante inconsistentes.


Termino ya diciendo que se ha anunciado y puesto en marcha en mesas concretas el debate entre el Gobierno y el mundo local para encontrar una salida a la situación denunciada como mala por el mundo local. No nos impacientemos ni nos precipitemos. El Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a presentar una proposición de manera inmediata, conjuntamente con otros grupos, relativa a la financiación de las haciendas locales que el Gobierno ha de tratar con el mundo local. En el debate que sobre este tema tuvimos hace pocas fechas, el Grupo Parlamentario Socialista planteó un conjunto de cuestiones a tener en cuenta que pueden servir como referencia a nuestra posición en este tema, y que pueden y deben sumarse a las aportaciones de aquellos grupos que hoy presentan enmiendas a la proposición que estamos debatiendo -Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Republicana de Catalunya, así como también las propuestas del grupo proponente, el Partido Popular-, en la línea de trabajo que siempre ha tenido el movimiento municipalista. En esta proposición habrá que tener en cuenta la existencia de muchas de las situaciones puntuales, plurales y diversas que habrá que abordar. Mientras tanto, el Grupo Parlamentario Socialista se reafirma en su rechazo a las situaciones puntillistas, ineficaces, insolidarias, precipitadas e inoportunas y pide a la Cámara que apoye la enmienda de devolución de la proposición remitida por el Senado.


Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.)

Adelante, señora Roldós.


La señora ROLDÓS CABALLERO: Gracias, señor presidente.


Señorías, voy a intentar ser lo más breve posible por lo avanzado de la hora y no porque el debate que nos trae aquí hoy sea poco importante.


Estamos hablando de una iniciativa en el Senado del Grupo Popular tomada en consideración, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el día 16 de marzo de 2005 y no como usted detalla en los antecedentes de su enmienda de totalidad. El 16 de marzo fue tomada en consideración y no el 1 de abril, que es la fecha en la que ingresó en esta Cámara. Esta iniciativa fue tomada en consideración apoyada por los senadores del Grupo de Coalición Canaria, del Grupo Nacionalista Vasco y del Grupo de Convergència i Unió, grupos y senadores a los que hoy desde aquí les manifiesto el agradecimiento del Grupo Popular y de aquellos municipios que se ven afectados por esta norma.


Señorías, el objetivo de esta proposición de ley no es otro que corregir una situación que se produce en determinados municipios y en determinadas circunstancias; municipios, señorías, de pequeño y mediano tamaño. Y digo de pequeño y mediano tamaño porque es condición previa que estas instalaciones de interés general reserven u ocupen un 10 por ciento al menos de la superficie de su término municipal. ¿Qué sucede en estos pequeños y medianos municipios que tienen instalaciones de interés general, llámense aeropuertos, llámense bases militares,

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etcétera? Que estos municipios ven limitado su desarrollo urbanístico y como consecuencia de ello ven limitado también su crecimiento económico y sus ingresos propios en materia de tributos. ¿Qué hay que hacer para dar respuesta a estos pequeños y medianos municipios? La respuesta no es otra que tener una mayor participación en los tributos propios del Estado, aplicando el coeficiente multiplicador inmediatamente superior en la escala prevista en el artículo 124.1, a) del Real Decreto-ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.


Ustedes saben que, cuando un pequeño o mediano municipio tiene una instalación de interés general -estoy hablando fundamentalmente de aeropuertos-, no solamente se considera el terreno que ocupa esa instalación general, sino también las zonas de servidumbre que genera.
Estamos hablando de zonas de servidumbre que producen impacto medioambiental por la generación de gases tóxicos en las maniobras de aterrizaje y de despegue que impiden crecimiento urbanístico residencial o turístico en esas zonas; impactos medioambientales acústicos por el ruido generado e impactos por las normas propias de la aviación civil, que impiden el crecimiento en altura del uso residencial o turístico. Y no solamente estamos hablando de dos o tres municipios, estamos hablando de muchos municipios. Nuestro grupo ha presentado una enmienda para el caso de que ustedes -como esperamos- tomen en consideración esta proposición de ley que viene del Senado. También hay que tener en cuenta los municipios insulares y se lo dice una diputada de un archipiélago, del archipiélago canario. Estamos hablando de municipios insulares que, por su característica de insularidad, su única vía de comunicación con el exterior son esas instalaciones de interés general. Dichas instalaciones de interés general, a veces para la defensa, como es el caso de las bases militares -y el portavoz socialista lo sabrá-, no generan ningún ingreso extra para ese municipio, ya que no cotizan en el impuesto de bienes inmuebles.


Señorías, me gustaría hacer varias consideraciones. El Grupo Parlamentario Socialista decía en su enmienda a la totalidad que no consideraba adecuado determinadas situaciones singulares. Yo le digo que hay un precedente, un precedente para un municipio singular, al que quizás otros municipios más pudieran sumarse, pero fundamentalmente quien se ha beneficiado de ello es Santa Coloma de Gramanet. (Un señor diputado: ¡Ahí, ahí!) Le digo por qué. Porque ese precedente está recogido en la Ley 52/2002, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003, y está también en el texto de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 y para el año 2005, concretamente en los artículos 70.3 y 72.2.
Por tanto, la excepcionalidad ya estaba realizada. Y nos parece bien, porque en ese caso se refería a la participación en la escala inmediatamente superior, para ayuntamientos de más de 100.000 habitantes, que tuvieran una colmatación de la superficie de su municipio que les impidiera crecer y que por tanto tuvieran menos ingresos que les permitieran hacer frente a las necesidades de ese ayuntamiento para prestar los servicios básicos a sus ciudadanos. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Otro de los argumentos que esgrimen tampoco es cierto. Ustedes dicen que esa financiación extra que obtendrían estos municipios sería en detrimento del resto de los mismos. Yo solo le quiero recordar el anexo II de los Presupuestos Generales del Estado del año 2005, en el que se contemplan los créditos ampliables. En ese anexo II, en el programa 942.N, se contemplan otras aportaciones a corporaciones locales por razón de derechos legalmente establecidos o que se establezcan.


Nosotros pensamos que esta proposición de ley que hoy viene del Senado -aparte del respeto que nos merece el Senado como Cámara legislativa, como Cámara de segunda lectura, como Cámara territorial- va en beneficio de determinados ayuntamientos. Porque, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ¿a cuántos municipios tiene que afectar para que algo sea justo, para que el criterio de equidad sea una realidad? ¿A 8.000, a 3.000? ¿Es que es menos justo, es que es menos equitativo si afecta a 10 o a 20? Usted sabe muy bien que el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se basa en un principio constitucional, en un principio básico, que es la suficiencia financiera de las corporaciones locales. Y esto viene a contemplar situaciones excepcionales, situaciones singulares, que se dan y que entorpecen esa suficiencia financiera que deben tener nuestras corporaciones locales. Yo quisiera decirles también que si esta proposición de ley del Senado, aparte de su innegable utilidad, puede servir también para abrir un debate sobre la situación general de los ayuntamientos, desde el punto de vista financiero, bienvenido sea, pero no cierren la puerta a esa cantidad de municipios que tienen instalaciones de interés general y que están limitados en su crecimiento y en su percepción de ingresos para atender a las necesidades de los ciudadanos.


Pediría a todos los grupos que no se nieguen a apoyar esta iniciativa del Senado, iniciativa que, en el caso de los municipios insulares, como les decía, si persisten en mantener esa enmienda de totalidad de devolución, no será más que una constatación más del sablazo permanente que el Gobierno socialista está haciendo a los municipios insulares. (Aplausos.) El sablazo permanente que están cometiendo con las regiones extrapeninsulares de España, ese sablazo que ustedes han constatado en los Presupuestos Generales del Estado, recortándonos las inversiones en materia de puertos, de aeropuertos, de costas, de infraestructuras eléctricas; ese sablazo que ustedes materializan cada día en archipiélagos como el canario, en el que desatienden su obligación para tratar un drama como el de la inmigración, que los canarios sufrimos cada día. Por consiguiente, señorías, apelo a la responsabilidad de todos y cada uno de los grupos parlamentarios, para que apoyen esta proposición de ley del Senado, que no hace otra cosa que establecer criterios de justicia y de equidad para determinadas corporaciones locales.


Muchas gracias. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Roldós.


Tiene derecho a réplica, si lo desea, señor Mas.


El señor MAS I ESTELA: Muchas gracias, señor presidente.


Voy a decir cuatro cosas sobre la intervención de la portavoz del Grupo Popular. He dicho en mi intervención que este tema habría podido ser considerado hace dos años, cuando se revisó la participación de los tributos del Estado y se estableció el límite de los 75.000 que cobraban y los pequeños, no. Hubo ya un debate hace dos años. Hace dos años no mandaba el Grupo Socialista, mandaba el Grupo Popular, y ahora volvemos a la carga. Pienso que es inoportuno, porque es un tema que ustedes tuvieron la responsabilidad de corregir hace un tiempo. En segundo lugar, el precedente de Santa Coloma de Gramanet no va en esta dirección. Santa Coloma de Gramanet, perdóneme señoría, tiene un precedente anterior, que es La Línea de la Concepción, que es un municipio donde entró por primera vez el concepto de manifiesta insuficiencia financiera. Y en Santa Coloma de Gramanet, después de La Línea de la Concepción, lo arreglaron por la vía de que tenían el término municipal agotado. Era una reivindicación que Santa Coloma de Gramanet llevaba reclamando muchos años. Estoy de acuerdo en que volvamos a considerar este tema; yo no he dicho que no lo hagamos, he dicho que hay que considerarlo en el marco de la revisión que se está haciendo de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.


Acepto su argumentación sobre el tema de los créditos ampliables. Es una proposición que podemos discutir, pero cuando yo hablaba de insolidaridad era a partir del texto y en el texto viene solamente que se pase a un nivel superior. Si hubiera habido -tiene usted razón, se lo reconozco- una corrección diciendo que esto se soluciona de esta forma, probablemente no hubiera hablado de insolidaridad. Cuarto tema. No cerramos la puerta, al contrario. Al finalizar mi intervención yo decía que debíamos hablar de una proposición donde todos juntos -y me parece que les he citado a ustedes también- discutamos qué temas hemos de proponer que el Gobierno debata con el mundo municipal que hay que revisar. Y, entre ellos, puede que puntualmente estos. Personalmente, le discutiría alguna de sus argumentaciones. No tienen ingresos por IBI, pero algunos de ellos tienen fuertes ingresos por el IAE, que otros no tienen; no tienen ingresos urbanísticos, pero algunos tienen fuertes ingresos derivados de actividades del impuesto de matriculación de vehículos de tracción mecánica, que también son ingresos. Aquí habría que considerar muchas cosas.


Por último, la relación que usted hace de los municipios canarios es un viejo y largo debate en el mundo municipal. Yo me acuerdo de cuando se suprimió la diferencia que tenían los municipios insulares en la participación de los tributos del Estado. Se decía que venían compensados por el IGIC y, en un cambio de Gobierno, en el año 1996, se superó a base de hacer la participación de los tributos del Estado de los municipios insulares igual que la de los peninsulares, cuando ustedes saben que los municipios insulares tienen otras aportaciones. Me parece justo que tengan más por los efectos de la insularidad, pero no aprieten tanto las necesidades de los insulares porque igual los peninsulares algún día van a establecer la comparación precisa.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señora Roldós, su turno de réplica, por favor.


La señora ROLDÓS CABALLERO: Gracias, señor presidente.


Con muchísima brevedad, le diría al portavoz del Grupo Socialista que ya ha acabado su época de predicar, que están en el Gobierno y que ya es hora de que empiecen a dar trigo. No me venga con argumentaciones pasadas y lejanas, porque ahora estamos en una nueva legislatura y tenemos todo el derecho, tanto el Senado como el Congreso, a sugerir soluciones para aquellas cosas que entendemos que las necesitan. Le invitaría a usted, que además ha sido muy correcto en sus formas y yo se lo agradezco, a que retire esa enmienda a la totalidad de devolución y que nos sentemos, con tranquilidad, para mejorar todo aquello que sea posible, considerando tanto el punto de vista técnico como las necesidades de otros municipios, que puede haberlas. No den un portazo a esos municipios, ni al Senado, como Cámara que puede presentar una iniciativa, y no apliquen ese rodillo del que tanto se han quejado. Ustedes ahora, con un Gobierno que ni siquiera tiene mayoría absoluta y que está en un equilibrio inestable, constantemente aplican un rodillo de una magnitud innegable. Apelo a su cordura para que retiren su enmienda hoy, para que podamos debatir, porque el objetivo de todo esto es que no haya inequidad en la financiación de las corporaciones locales, ese es el único objetivo, para que puedan prestar un buen servicio a los ciudadanos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Roldós.


Fijación de posición. ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?

¿Grupo Mixto? (Pausa.) ¿Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Izquierda Verde? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.


Prometo a SS.SS. brevedad. Son más de 25 años de ayuntamientos democráticos, pero con poco desarrollo de los principios constitucionales de autonomía y suficiencia financiera. Eso es innegable. La verdad es que padecemos los niveles de recursos y competencias más bajos de Europa.
Desde Izquierda Unida proponemos que los servicios dependan de la Administración más cercana a los ciudadanos y en mejores condiciones para prestarla, esto es con eficacia, eficiencia y participación democrática.
Principios que por cierto no abundan en las

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administraciones locales que rige el Partido Popular, a pesar de todo lo que hayamos podido escuchar. Las reformas operadas en materia financiera han implicado -gracias también al Partido Popular- una reducción de los ingresos. El reparto del gasto está aproximadamente en un 51 por ciento para la Administración central, un 36 por ciento para las comunidades autónomas y un 13 por ciento para la Administración local, muy lejos de la media europea, que se encuentra, aproximadamente también, en un 20 por ciento. Nosotros sometemos a los ayuntamientos a poca financiación y a depender de las subvenciones de otras administraciones; no debe ser así.
Esta Cámara debe legislar para que los ayuntamientos tengan la financiación local necesaria, tengan lo que hemos repetido aquí hasta la saciedad. Y por ahora no se ha hecho.


Es necesario abordar esta reforma de la financiación de manera global. No se puede ir legislando de forma parcial, porque es muy mala técnica legislativa. En este caso, dado que es evidente que hace falta una reforma global, lo que se debe hacer es legislar para reformar la financiación local totalmente y que de esta manera todos los ayuntamientos tengan la financiación que requieren. Por tanto, vamos a apoyar la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Socialista bajo el compromiso manifestado por el proponente de esta enmienda de abordar de manera inmediata esa necesaria financiación, esa reforma de la financiación local, a través de una proposición no de ley -que se ha anunciado- con ese mandato expreso al Gobierno, que, por cierto, ya consta en el acuerdo de 15 de marzo suscrito entre la Federación Estatal de Municipios y Provincias y el Gobierno, un acuerdo que debe desembocar en esa reforma del modelo de financiación local. Es necesario que se aborde la compensación del IAE, el sistema impositivo local y sus figuras tributarias y que se establezca, por supuesto, una mayor participación en los ingresos del Estado.


Pretendemos que exista un sistema de financiación local solidario entre los distintos ayuntamientos; compensatorio, donde precisamente irían los supuestos recogidos en la propuesta que venía del Senado; equilibrador, que garantice un nivel básico de servicios para todos los ayuntamientos, y dinámico, que se vaya adaptando a las modificaciones que surjan en cuanto al municipio y a la evolución de la renta. Hay que estudiar las características específicas de todos los municipios, de todos, para abordar sus propias necesidades. Esta debe ser la hora de los ayuntamientos. Es necesario que se reconozca a los ayuntamientos tanto su papel como las competencias que realizan y para ello necesitan sencillamente recursos, es decir, reformar el modelo de financiación local. Por eso aceptamos reunirnos con el Grupo Socialista para redactar una propuesta y hacer un mandato al Gobierno para que, de manera inmediata y con la federación estatal, aborde esta necesidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.


¿Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)? (Pausa.) ¿Esquerra Republicana de Catalunya? (Pausa.) Señor Puig.


El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.


Voy a ser muy breve. Nuestro grupo presentó una serie de enmiendas al proyecto que viene del Senado. Aceptamos la propuesta del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de presentar una proposición no de ley para tratar el modelo de financiación local. Estamos todos de acuerdo en la urgencia, después de 25 años de ayuntamientos democráticos, de encontrar una solución y trabajaremos para ello, para que de una vez por todas la financiación local sea tratada de una forma urgente y clara.


Quiero referirme a la portavoz del Grupo Popular, en su discurso municipalista, hecho desde la oposición. Solo quiero recordarle que su grupo, cuando estaba en el Gobierno, dio un apoyo real a los ayuntamientos con la liquidación del IAE, sin dar alternativa a la financiación local. Venir hoy aquí con un discurso que intenta solucionar solo el tema de unos municipios creo que no es oportuno ni creíble para el verdadero mundo municipal. Ustedes liquidaron el IAE sin dar alternativa, poniendo en peligro al mundo municipal y a su financiación, y ahora nos vienen aquí con un discurso municipalista que repito que no es creíble.


Nosotros vamos a dar apoyo a la enmienda de devolución y vamos a trabajar en serio para encontrar una solución clave, clara y necesaria para la financiación del mundo local.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.


Por Convergència i Unió, señor Grau.


El señor GRAU I BULDÚ: Gracias, señor presidente.


Señoría, resulta paradójico que, a pesar de la coincidencia absoluta de todas las fuerzas políticas sobre los déficit y deficiencias del actual sistema de financiación municipal, que es a todas luces insuficiente y desequilibrado, produciendo traumáticas tensiones presupuestarias a las corporaciones locales y lo que es peor repercutiendo directamente en la calidad y dimensión de los servicios que ellas prestan a los ciudadanos, estemos ahora discutiendo una enmienda a la totalidad de una iniciativa legislativa del Grupo Popular en el Senado que implica la corrección mediante una levísima modificación legislativa y que afectará a buen seguro a un número reducidísimo de municipios -pocos, sin duda- que tienen ocupado su término municipal en más del 10 por ciento por instalaciones, infraestructuras o equipamientos de interés general.


Estamos inmersos, o deberíamos estarlo, en pleno debate del libro blanco de las administraciones locales, en el cual la cuestión de la financiación debería ser un tema

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central, condición sine qua non para que toda estructura y competencias municipales funcionen. En realidad ese estudio de diagnóstico y de formulación de bases para la posterior elaboración normativa pasa simplemente de puntillas sobre la financiación. Precisamente por este motivo nuestro grupo propuso recientemente una iniciativa parlamentaria para encargar a expertos la redacción del libro blanco específico sobre financiación local, pero lamentablemente fue rechazada. No obstante, y entrando ya en el contenido de la proposición de ley de la Cámara Alta, nuestro grupo va a pronunciarse a favor de su tramitación aquí y por tanto en contra de la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista. En primer lugar, porque también nos pronunciamos en este sentido en el Senado y queremos ser coherentes, coherencia que todos deberíamos tener siempre. En segundo lugar, porque a pesar de su poco calado no deja de ser un pequeño paso en la línea de revisión y ajuste de las necesidades financieras particulares de cada municipio.


Convergència i Unió siempre se ha posicionado defendiendo un tratamiento diferenciado en cuanto a la financiación municipal en función de ciertas singularidades específicas, como las que presentan los municipios de montaña, los municipios turísticos o los municipios con muchos núcleos agregados que tienen necesidades de financiación especiales; unos precisamente por sus características geográficas y otros por su tipología de servicios. Dentro de esta filosofía en la que defendemos el principio de justicia, de equidad de servicios para todos los ciudadanos, vivan donde vivan, el principio de equilibrio en el territorio, tratando de forma diferente a los que son distintos, entendemos que no podemos oponernos a esta iniciativa que persigue el mismo objetivo: el de un tratamiento singular para los municipios con una especificidad propia, en este caso la de grandes instalaciones de interés general, y con problemas propios y diferentes a los de la generalidad de los municipios. De no ser así, sus ciudadanos podrían tener un déficit en la calidad y en la cantidad de los servicios públicos recibidos.


Estamos de acuerdo con el fondo de la iniciativa de mejorar la financiación de esos pocos municipios -insisto, pocos- por la vía del avance del coeficiente en un tramo de habitantes en el método de fijación de la participación de los municipios en los Presupuestos Generales del Estado, sobre la base del 75 por ciento de la población censada, que, dicho sea de paso, es una base de cálculo que perjudica mucho a los municipios turísticos. En el trámite legislativo, nuestro grupo aportaría propuestas de mejora y ajuste de la disposición y una casuística más amplia de las citadas en la exposición de motivos de la proposición de ley que hoy nos presentan, en cuanto a aeropuertos y bases militares, lo cual probablemente denote el origen y la inspiración de la forma referida a determinados municipios. Por ejemplo, municipios con grandes infraestructuras, equipamientos, instalaciones o, una vez más, que ocupen una parte significativa de su territorio. Estamos pensando en municipios con grandes zonas de propiedad del Ministerio de Defensa, con grandes pantanos o con extensos parques naturales, o en municipios con zonas arqueológicas territorialmente considerables o con varios de estos elementos conjuntamente, que, por su existencia, ven considerablemente reducida su potencialidad recaudatoria. Es lógico pensar que los municipios que soportan en sus términos municipales la carga de una instalación que beneficia a un territorio mucho más amplio, a veces de carácter comarcal, provincial, autonómico o incluso estatal, no sean los únicos que soporten ese gravamen, sino que sea todo el Estado, a través de esa u otra modificación normativa; que se solidarice y colabore con su financiación. Incluso, en el peor de los casos, cuando esa reasignación repercuta mínimamente en el resto de los municipios y aunque nuestro grupo defienda una solución que no afecte en absoluto a los demás municipios, sino aplicando otras medidas fiscales o presupuestarias.


La magnitud económica de esta medida correctora, que nuestro grupo entiende justificada, es de poca entidad, dado que el salto de tramo que prevé es de una cifra económica reducida y porque estamos hablando de municipios normalmente medianos y pequeños y muy singularizados en cada provincia. Por poner un ejemplo, en la provincia de Lleida podríamos decir que el único beneficiario podría ser el municipio de Talarn; en la provincia de Girona podrían ser San Climent Sescebes, por la base militar, o Vilobi d'Onyar, por el aeropuerto de Girona-Costa Brava, y posiblemente, como decía la portavoz del Grupo Popular, El Prat del Llobregat, en el caso de la provincia de Barcelona. En definitiva, nuestro grupo va a dar su voto afirmativo hoy a esta iniciativa que nos llega del Senado más por el espíritu que representa que por su contenido específico, que simplemente sería un punto de partida, y reclama específicamente que el Gobierno acelere los trabajos de debate -especialmente con las entidades municipalistas, tanto estatales como autonómicas, sin olvidar la Associació Catalana de Municipis i Comarques, que integra a más de 800 corporaciones locales- y las propuestas para resolver de una vez por todas la financiación municipal, primer eslabón de la Administración y el más cercano al ciudadano, resaltando, para acabar, que la materialización de la compensación prometida por el Estado para paliar el impacto causado en las arcas municipales por la eliminación del impuesto de actividades económicas -IAE- para las pequeñas empresas no acaba de satisfacer a las entidades locales, que han asistido impotentes a una merma importante de sus capacidades financieras para satisfacer las mismas obligaciones a favor de sus ciudadanos. Por tanto, nuestro voto será favorable a esta proposición.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.


En primer lugar, enmienda de totalidad al proyecto de ley de reformas para el impulso a la productividad.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 134; en contra, 167; abstenciones, siete.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Segunda votación. Enmienda de totalidad al proyecto de ley de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 130; en contra, 169; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


AVOCACIÓN POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:

- PROYECTO DE LEY DE REFORMAS PARA EL IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD. (Número de expediente 121/000027.)

El señor PRESIDENTE: Se han presentado dos demandas de avocación por el Pleno que paso a leer. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de reformas para el impulso a la productividad.


¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)

Queda aprobada la propuesta de avocación.


- PROYECTO DE LEY DE REFORMAS EN MATERIA TRIBUTARIA PARA EL IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD. (Número de expediente 121/000028.)

El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, se somete al Pleno la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad.


¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)

Queda aprobada la propuesta de avocación por el Pleno.


Votación de la enmienda de totalidad a la proposición de ley del Senado, para regular el permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 172; en contra, 138.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de la enmienda de totalidad de devolución a la proposición de ley del Senado relativa a la modificación del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 168; en contra, 135; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


AVOCACIÓN POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:

- PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LAS ENTIDADES DE CAPITAL-RIESGO Y SUS SOCIEDADES GESTORAS. (Número de expediente 121/000029.)

El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley reguladora de las entidades de capital riesgo y sus sociedades gestoras. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)

Queda aprobada.


Se levanta la sesión.


Eran las seis y quince minutos de la tarde.

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