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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 32, de 22/09/2004
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 32
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 28
celebrada el miércoles, 22 de septiembre de 2004


ORDEN DEL DÍA: Preguntas ... (Página 1366)

Interpelaciones urgentes: ...


- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las iniciativas del Gobierno en la regulación de la eutanasia. (Número de expediente 172/000036.) ... (Página 1388)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el Corredor de Alta Velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. (Número de expediente 172/000039.) ... (Página 1394)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la responsabilidad ambiental en la acción de gobierno ante el grave episodio de contaminación acaecido en el río Ebro, a la altura del pantano de Flix. (Número de expediente 172/000038.) ... (Página 1401)

Página 1362


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas ... (Página 1366)

Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cómo valora el Presidente del Gobierno la evolución que está teniendo la llegada de inmigrantes irregulares a través de las costas españolas después de los acuerdos alcanzados tras su visita al Reino de Marruecos el pasado mes de abril? (Número de expediente 180/000237.) ... (Página 1366)

Del Diputado don Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué compromisos está dispuesto a asumir para hacer más aceptable el proyecto de Constitución Europea a los ciudadanos de adscripción nacional distinta a la española? (Número de expediente 180/000241.) ... (Página 1367)

Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Puede el Presidente definir ante esta Cámara los criterios del Gobierno sobre el nuevo Reglamento de inmigración que ha anunciado? (Número de expediente 180/000244.) ... (Página 1368)

Del Diputado don Ángel Jesús Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Piensa el Gobierno dar cumplimiento a la moción sobre el futuro del Sáhara que aprobó el Senado con los votos del PSC y sin los votos del PSOE?. (Número de expediente 180/000245.) ... (Página 1369)

Del Diputado don Joan Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al Sr.
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para impulsar elementos de progresividad fiscal en el Estado? (Número de expediente 180/000239.) ... (Página 1370)

Del Diputado don José Antonio Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Tiene intención el Gobierno de abonar la deuda sanitaria contraída con la Comunidad Autónoma de Aragón resultante del proceso de transferencias sanitarias? (Número de expediente 180/000240.) ... (Página 1371)

Del Diputado don Josep Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Piensa el Gobierno afrontar un conjunto de medidas para evitar la deslocalización tal como están haciendo otros países europeos? (Número de expediente 180/000243.) ...
(Página 1373)

Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Piensa el Gobierno mantener el cuadro macroeconómico que presentó el pasado mes de julio? (Número de expediente 180/000246.) ... (Página 1374)

Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Por qué razones considera el Vicepresidente que nuestra economía se está ralentizando, mientras se acelera la de otros países de la Unión Europea? (Número de expediente 180/000247.) ... (Página 1375)

Página 1363


Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Qué avances se han producido entre el Gobierno y los agentes sociales en relación con el futuro de los astilleros IZAR? (Número de expediente 180/000248.) ...
(Página 1376)

Del Diputado don Salvador de la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Por qué el Estado debe asumir una gran parte de la deuda de RENFE? (Número de expediente 180/000254.) ... (Página 1377)

Del Diputado don Francisco Miguel Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿A cuánto tiene previsto el Gobierno que ascienda el déficit del Estado a finales de 2004? (Número de expediente 180/000255.) ... (Página 1378)

De la Diputada doña Carmen Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Cuáles son los principios que inspiran la reforma del Código Civil en materia de separación y divorcio? (Número de expediente 180/000257.) ... (Página 1379)

De la Diputada doña Encarnación Niño Rico, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la operación "Paso del Estrecho" que acaba de finalizar? (Número de expediente 180/000256.) ... (Página 1380)

De la Diputada doña María Gràcia Muñoz Salvà, en sustitución de la diputada doña Elvira Cortajarena Iturrioz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Administraciones Públicas: ¿Qué medidas va a poner en marcha el Gobierno para facilitar a las personas discapacitadas el acceso al empleo público? (Número de expediente 180/000261.) ... (Página 1381)

De la Diputada doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Cultura: ¿Considera la Ministra que el relevo de altos cargos del Ministerio de Cultura se ha producido de manera adecuada? (Número de expediente 180/000251.) ... (Página 1382)

Del Diputado don José María Lasalle Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Cultura: ¿Por qué motivos anunció el Director General del Libro una Ley para establecer un precio fijo para los libros de texto? (Número de expediente 180/000252.) ... (Página 1383)

Del Diputado don Domingo Tabuyo Romero, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Cultura: ¿Va a suprimir el Gobierno los descuentos en la futura Ley del Libro? (Número de expediente 180/000260.) ... (Página 1384)

De la Diputada doña M.ª Teresa de Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Cuál es el motivo por el que ha anunciado una subida del precio del agua? (Número de expediente 180/000249.) ... (Página 1385)

Página 1364


Del Diputado don Alberto Garre López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Cuál es la razón por la que han desaparecido al menos 40 obras del llamado Programa de Agua de la Cuenca del Segura? (Número de expediente 180/000250.) ... (Página 1386)

Del Diputado don Francesc Vallès Vives, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para abordar el problema de la contaminación química del Embalse de Flix (Tarragona)? (Número de expediente 180/000262.) ... (Página 1387)

Interpelaciones urgentes ... (Página 1388)

Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las iniciativas del Gobierno en la regulación de la eutanasia ... (Página 1388)

Presenta la interpelación urgente la señora García Suárez, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Empieza y acaba, según sus palabras, deseando que sea la señora ministra quien haga realidad que en la próxima legislatura no se tenga que volver a defender por parte de ningún grupo parlamentario la petición de iniciar un procedimiento legislativo que permita actuar libremente a las personas que quieran ejercer el derecho a la eutanasia.
Recuerda otras iniciativas que se hicieron en el pasado que contaron con el apoyo del Partido Socialista, por lo que, opina, no se puede defender una cosa en la oposición o durante la campaña electoral y otra distinta una vez que se está en el gobierno. Lo que pretenden con su interpelación, explica, es fomentar el diálogo, impulsar el consenso y el respeto a la diferencia de opinión y consideración sobre la eutanasia y abrir un canal parlamentario para debatir lo que ellos entienden que debe ser la futura reglamentación, que debe respetar y recoger la necesidad y la decisión personal de poner fin a la vida de manera voluntaria. Le pide a la señora ministra que reflexione sobre su responsabilidad en el tema y sobre la oportunidad de dar un paso adelante ante esta necesidad social.


Contesta la señora ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez), en nombre del Gobierno. Opina, como ya tuvo ocasión de expresar en contestación a una pregunta oral en el Senado, que la disponibilidad de la propia vida es una cuestión delicada y compleja sobre la que, a criterio del Gobierno, no existe todavía el necesario consenso social mayoritario. No obstante, aclara, el Gobierno está a favor de que se abra un sereno debate en la sociedad en torno a la capacidad de decisión de las personas sobre la última etapa de su vida y no tiene intención de bloquear las iniciativas que el Parlamento pudiera adoptar. Explica las cuatro únicas experiencias que existen en el mundo de normas reguladoras de la disponibilidad de la propia vida, de muy distinto enfoque, contenido y alcance. Dos de ellas están en vigor -Bélgica y Holanda- y de las otras dos una, la del Estado de Oregón, ha sido suspendida por los tribunales, y la otra, en Australia, fue anulada por su Parlamento nacional en el territorio del norte. Asimismo está pendiente de tramitación parlamentaria una proposición de ley en la Asamblea Francesa.
Se está hablando de la vida, argumenta, y confluyen en este tema aspectos éticos y morales, jurídicos y sanitarios complejos de regular y el Gobierno considera que no existe una demanda de la sociedad ni el debate social necesario para abordar en este momento la regulación de esta materia. Explica, por el contrario, su actuación en otras medidas alternativas para paliar el sufrimiento y el dolor de los enfermos y asegura que el Gobierno está a favor de dignificar la vida, toda la vida en su conjunto incluido el final. Por ello tiene entre sus prioridades avanzar decididamente en aquellas materias en las que el consenso social existente permite ya tomar medidas positivas en apoyo de los momentos más difíciles y transcendentales de la vida.


Replica la señora García Suárez y duplica la señora ministra de Sanidad y Consumo.)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el corredor de alta velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia ... (Página 1394)

El señor Ayala Sánchez interpela, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la señora ministra de Fomento sobre la puesta en marcha del corredor de alta velocidad Madrid-Levante

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y el Mediterráneo, que discurre por las comunidades autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía, hasta llegar a Almería, y Cataluña para conectar con Tarragona. Considera fundamental este corredor para la vertebración de todo el levante español, desde Cataluña hasta Andalucía con la meseta y, en consecuencia con toda la trama ferroviaria del proyecto número 19, de los proyectos prioritarios de la red de alta velocidad ferroviaria en la Península Ibérica. Se refiere al Plan de infraestructuras de transporte 2000-2007 del Gobierno del Partido Popular y dice que es el plan del Ministerio de Fomento, mientras no se derogue o se sustituya por otro, que tiene coherencia, cohesión, vertebración, equilibrio territorial, compromisos presupuestarios, horizonte financiero, vinculación de fondos europeos y fecha de terminación, y tenía la voluntad decidida de su ejecución.
Afirma que la ministra, aunque no le guste, está ejecutando precisamente los proyectos correspondientes a dicho plan, pero le falta la voluntad decidida de llevarlo a término. Pregunta finalmente sobre los planes y plazos comprometidos y en concreto por la variante de Camarillas y por su partida presupuestaria.


Contesta la señor ministra de Fomento (Álvarez Arza) en nombre del Gobierno. Agradece al interpelante la oportunidad que le brinda de analizar distintas cuestiones que afectan al desarrollo de la alta velocidad en España y, más concretamente, a la línea Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Destaca la apuesta por la alta velocidad de los gobiernos socialistas porque, dice, fue un gobierno socialista en 1987 quien inició la alta velocidad en España y quien puso en servicio en 1992 la única línea absolutamente operativa de alta velocidad en España y quien decidió la realización de dos proyectos más de alta velocidadon A continuación, tras acusar al Partido Popular de haber hecho un destrozo de la alta velocidad, pasa a contestar a las cuestiones planteadas por el interpelante.


Replica el señor Ayala Sánchez y duplica la señora ministra de Fomento.)

Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), sobre la responsabilidad ambiental en la acción de Gobierno ante el grave episodio de contaminación acaecido en el río Ebro, a la altura del pantano de Flix ... (Página 1401)

La señora Bonás Pahisa presenta la interpelación urgente, en nombre del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), ante la gravedad de la situación creada por la presencia de más de 200.000 toneladas de residuos tóxicos en el lecho del río Ebro. Asegura que nos encontramos ante la violación de los derechos de la ciudadanía, definidos en la Constitución, a disfrutar de un medio ambiente adecuado y que los poderes públicos han violado sus responsabilidades de proteger los recursos naturales. Se refiere a la información dada por los medios de comunicación sobre el desastre y a sus consecuencias medioambientales, y hace una serie de preguntas sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar situaciones como ésta y para informar a la ciudadanía de la existencia de fuentes contaminantes antes de que sea demasiado tarde.


Contesta la señora ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz) en nombre del Gobierno. Considera la interpelación totalmente oportuna porque la Cámara debe tener una opinión formada sobre algo tan significativo como los resultados del informe del CSIC en relación con la contaminación procedente de la empresa hoy día Ercros en Flix. Se refiere al artículo 45 del texto constitucional en el que aparece claramente el derecho a un medio ambiente saludable para todos los ciudadanos, pero también con responsabilidades para cada uno de ellos, y asegura que esta es en la dirección que va el Gobierno, como manifestó el presidente Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura. Explica el conocimiento que tuvo al llegar al ministerio del informe remitido con anterioridad a la señora ministra de Medio Ambiente del Gobierno del Partido Popular por la Generalitat de Catalunya de la situación de riesgo del río Ebro y afea el comportamiento de la anterior ministra de Medio Ambiente de seguir trabajando hasta el último momento por conseguir fondos europeos para llevar a cabo el travase del Ebro. De todas formas, mirando hacia delante y no hacia atrás, pone de manifiesto la voluntad de este gobierno de tomarse en serio la responsabilidad ambiental de los ciudadanos y administraciones, por lo que una de sus prioridades legislativas de este período será la elaboración y presentación en las Cortes de una ley sobre responsabilidad civil por daños ambientales. Asimismo explica otra serie de medidas y actuaciones que llevará a cabo el Ministerio de Medio Ambiente.


Replica la señora Bonás Pahisa, y duplica la señora ministra de Medio Ambiente.


Se suspende la sesión a las siete y cincuenta minutos de la tarde.


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Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS.


- DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL PESIDENTE DEL GOBIERNO LA EVOLUCIÓN QUE ESTÁ TENIENDO LA LLEGADA DE INMIGRANTES IRREGULARES A TRAVÉS DE LAS COSTAS ESPAÑOLAS DESPUÉS DE LOS ACUERDOS ALCANZADOS TRAS SU VISITA AL REINO DE MARRUECOS EL PASADO MES DE ABRIL? (Número de expediente 180/000237.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


El orden del día, como es habitual en los miércoles, está dedicado al control del Gobierno. Turno de preguntas: del diputado don Paulino Rivero Baute, de Coalición Canaria, al señor presidente del Gobierno.


Señor diputado.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor presidente del Gobierno, ¿cómo valora el presidente del Gobierno la evolución que está teniendo la llegada de inmigrantes irregulares a las costas españolas después de los acuerdos alcanzados con el Reino de Marruecos?

El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rivero, como sabe, uno de los objetivos del Gobierno es una mejora en las relaciones con Marruecos. A ello respondió mi visita a ese país muy poco después de ser elegido por esta Cámara como presidente del Gobierno, y creo que es constatable, como puedo informarle en este acto, que esas relaciones y su mejoría van a dar sus frutos en uno de los objetivos que le planteé al Rey de Marruecos y a las autoridades de aquel país, que es una lucha decidida y continua contra la inmigración irregular y desde luego de manera singular en lo que afecta a Canarias.


Como usted sabe, los datos de las últimas semanas son algo mejores en relación con años anteriores en cuanto a la llegada de inmigración irregular. No es ningún dato que nos dé ocasión para el triunfalismo, sino todo lo contrario: para intensificar toda la tarea conjunta imprescindible entre España y Marruecos. Le puedo asegurar que en las reuniones que hemos celebrado, especialmente en la del pasado 15 de septiembre, se han dado avances muy importantes en esa tarea conjunta.


El señor PRESIDENTE: Señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor presidente del Gobierno, para hacer frente al drama de la inmigración irregular es absolutamente imprescindible exigir en el seno de la Unión Europea convenios de cooperación con aquellos países donde se produce la inmigración irregular para llevar a cabo planes de desarrollo.
Al propio tiempo es necesario potenciar los medios materiales y los recursos humanos que tiene el Estado español para proteger sus costas, es necesario potenciar e impulsar dentro de los acuerdos alcanzados con el Reino de Marruecos las patrulleras conjuntas, es necesario dar un impulso a la policía de fronteras en el seno de la Unión Europea y también es necesario exigir a Marruecos una reciprocidad con respecto a su actuación en el control de sus fronteras. Europa y particularmente España tienen convenios de cooperación con el Reino de Marruecos y es desde ahí desde donde Marruecos puede hacer algo más en el control de sus fronteras, para controlar las mafias que en estos momentos trafican con las personas. Es cierto, y es un dato positivo, que a lo largo de estos primeros meses del año ha descendido de forma notoria la llegada de inmigrantes irregulares por el Estrecho, un 9 por ciento menos, 1.000 personas menos que han sido atrapadas por las mafias, pero no es el caso de Canarias. En Canarias se mantiene el número de inmigrantes irregulares que llegan a sus costas. En los ocho primeros meses del año nos acercamos a una cifra espectacular de casi 5.000 detenidos y son casi 100 los muertos y desaparecidos en las costas. Desde ese punto de vista es necesario un gran esfuerzo para combatir a las mafias que trafican con las personas. Por eso, señor presidente, el Gobierno de España puede ejercer esa presión en el seno de la Unión Europea y ante Marruecos para llevar a cabo esas tareas de vigilancia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rivero, quiero concretarle algo más la información a la que antes hacía referencia. Como le señalaba, la última reunión del Comité del grupo de trabajo permanente hispano-marroquí sobre inmigración adoptó acuerdos relevantes para reforzar la lucha contra la inmigración irregular. Se van a ampliar las patrullas mixtas durante seis meses más; las patrullas ya no sólo van a ser marítimas, sino también aéreas y por tierra; se han nombrado tres enlaces de las fuerzas de seguridad

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marroquíes en España, uno de los cuales va a estar en Canarias, y Marruecos está ampliando ya en 1.020 los agentes para el control de las fronteras. Sin duda alguna estas decisiones acordadas con España van fortalecer esa lucha decisiva contra la inmigración irregular. Por supuesto seguiremos exigiendo en la Unión Europea la máxima cooperación con España y con Marruecos para evitar la entrada irregular y el drama de tantos inmigrantes en Canarias y en el conjunto del territorio nacional.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


- DEL DIPUTADO DON JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ COMPROMISOS ESTÁ DISPUESTO A ASUMIR PARA HACER MÁS ACEPTABLE EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN EUROPEA A LOS CIUDADANOS DE ADSCRIPCIÓN NACIONAL DISTINTA A LA ESPAÑOLA? (Número de expediente 180/000241.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor presidente del Gobierno de don Josu Erkoreka, del Grupo Parlamentario Vasco.


Adelante, señor diputado.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.


Señor presidente del Gobierno, no sé si usted comparte la tesis recientemente formulada por un conocido notable de su partido de que los nacionalistas -supongo que se refería a todos los nacionalistas de la Cámara a excepción de los nacionalistas españoles, que también los hay- somos un disparate en el Congreso de los Diputados. Si es así, lo reconozco sin ambages: He aquí un disparate. En cualquier caso parece evidente que su grupo parlamentario se basó en una consideración muy parecida a esta cuando la pasada legislatura pactó con el Grupo Popular la representación de las Cortes Generales en la convención que se constituyó en el seno de la Unión Europea para redactar el texto constitucional que próximamente será sometido a referéndum. Entonces, como usted recordará, se vetó, porque seguramente era un disparate, la presencia en la convención de una voz que representase a los nacionalistas, y de aquellos polvos han venido estos lodos. El texto final, redactado por gentes de nula sensibilidad autonómica, no gusta; no satisface ni a las formaciones políticas nacionalistas ni a miles de ciudadanos del Estado español de adscripción nacional distinta a la española. Por eso, señor presidente, le formulo la pregunta en los términos en los que está registrada en la Cámara.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Erkoreka, más allá de lo que representa la orientación de su pregunta, sí quiero hacer una afirmación. En democracia todo es discutido y discutible, pero a la luz de los hechos objetivos históricos, el proyecto de construcción de la Unión Europea ha sido un gran proyecto para los europeos y para todos los ciudadanos de nuestro país; ha significado progreso, democracia, fortaleza en el mundo y valores que estoy seguro que comparte. La Constitución europea es un paso adelante, un hito más, para fortalecer el proyecto de Unión Europea y, por tanto, beneficia a todos. En concreto, el principio de subsidiariedad que usted viene a defender implícitamente, lo que es el reconocimiento del papel de las entidades subestatales, de las comunidades autónomas con fuerte identidad, está también en el tratado constitucional, está en el protocolo que vincula nuevos espacios de decisión a esas entidades en lo que afecta al proceso legislativo y está por supuesto en la voluntad del Gobierno, que he expresado en más de una ocasión en esta Cámara. Hemos trabajado en dos direcciones: en primer lugar, como es conocido, para obtener el máximo reconocimiento de las lenguas que son oficiales en algún territorio de nuestro país y, en segundo lugar, para abrir espacios a la participación de las comunidades autónomas, nuevos espacios, en el proceso de formación del derecho de decisiones en el ámbito de la Unión Europea. Sabe que el Gobierno a través del Ministerio de las Administraciones Públicas ha remitido un amplio documento a las comunidades autónomas para debatir todo ese escenario de participación de las mismas en el proceso de construcción europea. Sinceramente, cualquier persona con un talante y una voluntad (Rumores.) firmemente democrática europeísta sea socialista, popular o nacionalista se puede ver y se ve reconocido en lo que representa la Constitución europea, que espero que el pueblo español ratifique, igual que la inmensa mayoría de los países de la Unión.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Efectivamente, veo que no se le oculta que el texto de la Constitución europea contiene una serie de cláusulas abiertas para que en virtud del principio de autonomía institucional, que es nuclear en la arquitectura de la Unión, los Estados de estructura descentralizada puedan atribuir a los entes intraestatales un cierto protagonismo en los procesos decisorios internos de la Unión.
Efectivamente, ya he visto su compromiso; sin embargo, quisiera saber más allá de lo que son promesas imprecisas hasta qué punto puede usted comprometerse concretamente

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en relación con estos aspectos vinculados con la subsidiariedad a los que usted se ha referido. ¿Van o no a participar las comunidades autónomas en los Consejos de Ministros de la Unión? ¿Cómo se va concretamente a plasmar ese principio de subsidiariedad? ¿Van a ser consultados los parlamentos autonómicos cuando la Comisión proponga actos legislativos que afecten a sus competencias? ¿Qué estatus jurídico definitivo y claro van a tener finalmente las lenguas preautonomómicas cooficiales? ¿Qué operatividad, por ejemplo, tendrán también las comisiones bilaterales creadas entre el Estado y algunas comunidades autónomas en relación con los temas de la Unión? Estas preguntas, señor presidente, esperan una respuesta clara y urgente. Quisiéramos que fuera anterior al referendum sobre el texto constitucional porque muchos fijaremos nuestra posición en ese referendum en parte...


El señor PRESIDENTE: Lo siento, termino su tiempo, señor Erkoreka.


Señor presidente, apenas unos segundos.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señor Erkoreka, la voluntad del Gobierno es máxima y la vamos a concretar en diálogo con las comunidades autónomas para esa amplia participación. (Aplausos.-Rumores.)

- DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PUEDE EL PRESIDENTE DEFINIR ANTE ESTA CÁMARA LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO DE INMIGRACIÓN QUE HA ANUNCIADO? (Número de expediente 180/000244.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Mariano Rajoy, del Grupo Parlamentario Popular.


Señor diputado.


El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.


La política de inmigración tiene una importancia capital y, por tanto, hay que tener criterios claros y no cambiarlo todos los días. Ustedes en las últimas fechas han dado un espectáculo de anuncios, contradicciones y rectificaciones (Rumores.) como en otras muchas políticas, como ayer cuando mencionaban el 1,8 de déficit para este año 2004. Le voy a dar algún ejemplo. La secretaria de Estado de Inmigración en mayo dice que no habrá regularizaciones extraordinarias. Usted el 7 de junio dice lo mismo. La secretaria de Estado en agosto anuncia lo contrario y después anuncios varios, sobre denuncias empresariales -multas sí, multas no- sobre el servicio doméstico, sobre el abono de cuotas de la Seguridad Social, regularizaciones sí o no. Comparece el señor Caldera para intentar aclarar todo esto en el Congreso y al día siguiente tiene que comparecer en rueda de prensa para intentar aclarar lo que había dicho el día anterior. (Rumores.) Luego presentan un proyecto de reglamento que no entra en ninguno de los temas sobre los cuales habían hablado. Ante este espectáculo grotesco -y soy generoso en el calificativo-, ¿tiene usted algo que decir, señor presidente? (Rumores y protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Su turno, señor presidente.


Adelante, señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.


Señor Rajoy, como usted conoce, el Gobierno tiene la obligación de aprobar un reglamento de extranjería pendiente de la legislatura anterior.
Queremos que ese reglamento sea fruto de un amplio acuerdo político y social. (Rumores.) Ya sé que les puede sorprender -a ustedes normalmente las normas y los reglamentos les gusta aprobarlos por decreto en el sentido más castizo del término- (Aplausos.), pero no es la voluntad (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) del Gobierno, precisamente porque estamos ante una materia que debería de exigir el máximo acuerdo social. En el proceso de elaboración de ese reglamento estamos escuchando y pidiendo aportaciones a grupos políticos, empresarios, sindicatos y organizaciones no gubernamentales. La inmensa mayoría de ellos están dando aportaciones; espero que su grupo se sume también a ese proceso. El objetivo del reglamento es controlar y ordenar la inmigración en este país, que falta hace; controlar y vincular lo que representa permisos de residencia con trabajo; hacer una política de inmigración eficaz y ordenada, que desde luego si tiene un amplio respaldo político y social será mucho más eficaz. En un mes vamos a aprobar ese reglamento, y ese tiempo va a estar dedicado precisamente a encontrar el máximo consenso, al que desde aquí invito a su grupo a que se sume de manera muy singular. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Señor presidente, hablando de decretos, sin duda, se referiría al Plan Hidrológico Nacional o a la Ley de la Calidad de Educación; no puede ser de otra manera. (Aplausos.)

Señor presidente, usted cuando no sabe lo que hacer sobre un tema concreto y determinado, propone un pacto, pero usted lo que tiene que tener es criterio como Gobierno. Propone un pacto y le echa la culpa al pasado, y cuando le echa la culpa al pasado únicamente está afirmando su incompetencia y su falta de preparación

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para resolver los problemas importantes que tiene España.
(Aplausos.-Protestas.) Lo único claro es que usted no tiene nada claro.
En su programa electoral no decía ni una sola palabra de todo lo que están diciendo ahora. ¿Sabe usted lo que han provocado? Colas en las delegaciones del Gobierno, inmigrantes despedidos y muchos más inmigrantes que están entrando no por donde le preguntó el señor Paulino Rivero, sino por Francia y otros países europeos donde no se hacen ese tipo de llamadas como hacen ustedes. Además nos engañan. Primero dicen que va a haber el voto del emigrante, pero luego el señor Caldera es rectificado por la señora que tiene al lado (Rumores.) y además dicen -el señor Caldera lo dice- que han legalizado por silencio administrativo a 2.900 personas, pero el delegado del Gobierno en Valencia dice que son 25.000. (Protestas.-Continuan los rumores.-Varios señores diputados: ¡Vicepresidenta, vicepresidenta!)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. (Varios señores diputados: ¡Machista, machista!) Silencio. Silencio, señorías, por favor.


Continúa la sesión. Les ruego silencio.


El señor RAJOY BREY: Es tal el desbarajuste que ustedes han provocado con su falta de criterio (La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.), con sus rectificaciones, contradicciones y anuncios...
(Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Por favor. Señor Rajoy, diez segundos porque es difícil calcular.


Adelante.


El señor RAJOY BREY: Al final, para ocultar su no política y su falta de criterio en un tema capital, tienen que acudir a espectáculos como el que acaba de dar su grupo parlamentario. (Aplausos.-Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Con mi mejor talante le voy a preguntar a usted, señor Rajoy (Risas.-Rumores.) y a mí mismo: ¿No se sonroja usted de hablar de desastre después de estar gobernando y de que el resultado sea de 800.000 inmigrantes ilegales, irregulares, en nuestro país? (Aplausos.) ¿No se sonroja al hablar de procesos de regularización extraordinarios después de que su Gobierno hizo cinco y usted siendo ministro del Interior hizo uno que representó 250.000 inmigrantes regularizados con criterios como el contrato de la luz? ¿No se sonroja al venir aquí a hablar de escándalo, de falta de criterio y de falta de política? (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Rumores.) Le voy a decir una cosa, señor Rajoy, vamos a terminar con la inmigración irregular, con el trabajo irregular y con la falta de derechos (Rumores.-Protestas.) aplicando políticas del siglo XXI y no del siglo VIII a tenor de la doctrina.... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor presidente, lo lamento.


Gracias. (Rumores.)

- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL JESÚS ACEBES PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿PIENSA EL GOBIERNO DAR CUMPLIMIENTO A LA MOCIÓN SOBRE EL FUTURO DEL SÁHARA QUE APROBÓ EL SENADO CON LOS VOTOS DEL PSC Y SIN LOS VOTOS DEL PSOE? (Número de expediente 180/000245.)

El señor PRESIDENTE: Continúa la sesión.


Pregunta a la señora vicepresidenta primera del Gobierno de don Ángel Acebes, del Grupo Parlamentario Popular.


Adelante, señor diputado.


El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta: ¿Piensa el Gobierno dar cumplimiento a la moción sobre el futuro del Sáhara que aprobó el Senado con los votos del PSC y sin los votos del Partido Socialista? (Varios diputados pronuncian palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


Adelante, señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señor presidente.


Señoría, el Gobierno está realizando todas las actuaciones políticas precisas para encontrar una solución consensuada y satisfactoria (Rumores.) para el pueblo saharaui en el marco de la legalidad internacional. (Aplausos.-Rumores.)

El señor ACEBES PANIAGUA: He entendido que consensuada entre el PSC y el Partido Socialista Obrero Español, porque le recuerdo que el Senado aprobó la semana pasada una moción sobre el conflicto del Sáhara (Continúan los rumores.) con los votos de los socialistas divididos: contó con los votos

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)

Del PSC, no contó con los votos del resto del Grupo Parlamentario Socialista, que se abstuvo, y -para que no falte de nada- en el Congreso votaron a favor el mismo día. Por cierto, no es nada distinto de lo que está ocurriendo en el Gobierno en el que el presidente y su ministro de Asuntos Exteriores mantienen posiciones distintas sobre la aplicación del Plan Baker II. Ello demuestra que las últimas acciones del Gobierno en torno al futuro del Sáhara han sido contradictorias y han sembrado inquietud dentro y fuera de España y, por tanto, tampoco tienen una política exterior ni clara ni única. Por ello es urgente que, antes de que el señor Zapatero se ponga a conseguir el acuerdo entre las civilizaciones en el mundo, consiga algo más modesto pero que también es importante, poner de acuerdo a los miembros de su Gobierno y de su grupo parlamentario. (Aplausos.) Que conste que esto lo digo por su bien, porque si se enteran en Naciones Unidas de que no es capaz de poner de acuerdo ni siquiera a su Gobierno no le van a encargar que haga los acuerdos planetarios. (Risas.-Rumores.)

En definitiva, señoría, quisiera una respuesta muy concreta a una pregunta muy concreta: ¿Van ustedes a cumplir las mociones que se aprueban en el Parlamento, sí o no, y concretamente dos, la del Sáhara, que no contó con los votos del Grupo Socialista en el Senado y la de ayer mismo sobre los astilleros de Izar con la votación en soledad que perdió el Grupo Socialista y que demuestra el incumplimiento de los compromisos del presidente del Gobierno con los trabajadores de astilleros y con el resto de ciudadanos españoles? (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señor presidente.


No se líe, señor Acebes. (Rumores.) La verdad es que usted se lía siempre y termina perdiéndose. Si lo que usted quiere es conocer la posición del Gobierno sobre el Sáhara, es muy clara: llevar a cabo todas las iniciativas que ayuden a lograr un acuerdo consensuado (Rumores.) que satisfaga las aspiraciones del pueblo saharaui y de todas las partes.
Estas iniciativas se están llevando a cabo en tres frentes distintos, señor Acebes: en el político, donde el Gobierno va a continuar siendo protagonista activo en la búsqueda de una solución para el conflicto del Sáhara, en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas, con los países del Magreb y en el ámbito de la Unión Europea; en el terreno de la cooperación y de la ayuda humanitaria, donde por cierto en 150 días hemos doblado la ayuda económica ejecutada por su Gobierno en un año, en el año 2003; y en el terreno de la solidaridad en el que le diré también, señor Acebes, que en sólo 150 días este Gobierno ha visitado en dos ocasiones los campamentos de Tinduf. Quiero saber cuántas veces los visitó su Gobierno. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) No se pongan nerviosos.


Señor Acebes, lo que no se puede hacer es ocultar siempre la verdad, todo el tiempo y a toda costa. (Rumores.) ¿Sabe lo que pasa? Que ya no les cree a ustedes nadie. (Risas.) En ocho años ustedes no han hecho absolutamente nada, nada, nada de nada... (Rumores.-Aplausos.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ayuden a la presidencia. Como he dicho antes, cuando se produce esta situación me veo obligado a parar el cronómetro y es muy difícil dirigir los debates. (Rumores.) Les ruego, pues, silencio. No se preocupe que está recuperando su tiempo, señora vicepresidenta. Por favor, silencio. Ahora, señora vicepresidenta.


la señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Repito, nada. Ahora intentan esconderse detrás de los símbolos para ocultar su inoperancia y su inactividad.


De todas formas, le voy a decir una cosa. En cualquier caso, aunque ustedes estén empeñados en poner límites a la negociación y al diálogo, eso que tan nerviosos les pone (Rumores.), sé que en este caso han dado un paso. Bienvenidos a la ONU, bienvenidos a la diplomacia y bienvenidos a la legalidad internacional.


Señor Acebes, oriéntese. Las mociones del Congreso y del Senado las han votado ustedes y dicen lo mismo: que es apoyar la posición del Gobierno.
(Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON JOAN HERRERA TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA IMPULSAR ELEMENTOS DE PROGRESIVIDAD FISCAL EN EL ESTADO? (Número de expediente 180/000239.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía del diputado don Joan Herrera, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Adelante, señor diputado.


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El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo le interpelaba, señor vicepresidente, en torno a las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impulsar elementos de progresividad fiscal. Lo hacíamos porque nuestro grupo coincide con el suyo en que necesitamos un giro social y ecológico en estos y en posteriores presupuestos. Para que esto sea realidad, para que no nos hagamos trampas al solitario necesitamos determinadas reformas: en primer lugar, asumir la transparencia que usted asumió, pero, eso sí, no como una excusa para no afrontar retos sociales y ambientales; en segundo lugar, modificar de forma efectiva la Ley de Estabilidad Presupuestaria, saliendo del dogma del déficit cero y permitiendo a Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos mayor capacidad de inversión; en tercer lugar, afrontar la reforma fiscal, y eso supone hacer frente al fraude, recuperar progresividad fiscal. Eso significa sin duda que se reforme la fiscalidad en las plusvalías y que se ponga límite a determinadas desgravaciones fiscales y que se prime a otras. Supone, en definitiva, que las rentas de capital contribuyan con algo más que el 7 por ciento a lo que contribuyen hoy al IRPF. En contra de algunos tópicos la realidad es que España no ha llegado ni mucho menos al agotamiento fiscal. Los impuestos en España son el 36 por ciento del PIB, en Europa más de cuatro puntos por encima.


Podemos entender y coincidir con usted en que hacer los primeros presupuestos de la nueva etapa con la política fiscal del Partido Popular es un problema, pero hacer los segundos presupuestos con políticas fiscales de antes no sería un problema, sería un error. Para ello necesitamos y le pedimos un compromiso con un calendario de evaluación y de reforma de la política fiscal para que el presupuesto de 2006 recoja dicha reforma. No tenemos mucho tiempo, hay que iniciar la evaluación, hay que estudiar la reforma para que realmente los presupuestos de 2006 no estén así tan hipotecados. Señor Solbes, los datos son testarudos. Lo que le pedimos es que cuando el diferencial en gasto social respecto a Europa es tan elevado abordemos la reforma fiscal y que si los datos son testarudos, en este caso el Gobierno no lo sea en la reforma fiscal, simplemente eso. Si gastamos más, o nos endeudamos más o tenemos más ingresos. Lo que le planteamos es el calendario...


El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor diputado.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, transparencia sí, nada que objetar; estamos dispuestos a trabajar al máximo en esa dirección. Respecto a la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, creo que la ley tiene múltiples defectos y puede mejorar. En parte estamos sufriendo algunos de los defectos de esa ley. Es una ley muchas veces formal, que no entra en el fondo. Por lo tanto, conservando la idea fundamental de mantener la estabilidad presupuestaria, que entiendo que debe ser a lo largo del ciclo económico porque en otro caso estaríamos jugando de forma procíclica y atentando contra los estabilizadores automáticos, creo que modificarla tiene sentido.


Plantea usted también el problema de la progresividad. La progresividad puede ser por el gasto o por el ingreso. En los presupuestos de este año vamos a empezar con más progresividad en cuanto al gasto. Evidentemente habrá elementos del cambio social al que usted se refiere; tendremos ocasión de hablar de ello cuando se debata el presupuesto. Pero también creemos que tiene sentido hablar de la tributación y lo vamos a hacer en un planteamiento global. Usted llega a analizar el impuesto sobre la renta de las personas físicas del próximo año. Como usted sabe, queremos un impuesto que sea más fácil, más ágil, más simple y que evidentemente sea equitativo, y esa equidad incluye los elementos de progresividad a los que usted hace referencia. Será el momento, cuando hablemos el año que viene de la reforma de la imposición, de hablar de otras cosas, entre ellas también de las plusvalías. Este es un tema especialmente importante para todos, pero no debemos olvidar un punto fundamental, y es la libertad total de los movimientos de capital, elemento fundamental para analizar este problema, y la existencia de diferentes fiscalidades dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, es difícil plantear una solución que no tome en cuenta estos elementos. En otro caso creo que estaríamos prestando un flaco servicio.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ANTONIO LABORDETA SUBÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿TIENE INTENCIÓN EL GOBIERNO DE ABONAR LA DEUDA SANITARIA CONTRAÍDA CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN RESULTANTE DEL PROCESO DE TRANSFERENCIAS SANITARIAS? (Número de expediente 180/000240.)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don José Antonio Labordeta al señor vicepresidente segundo del Gobierno.


Adelante, señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.


Quiero agradecer la deferencia del vicepresidente del Gobierno al responder a la pregunta, porque los minoritarios no estábamos acostumbrados a esta situación. Muchas gracias. (Aplausos.)

Pero vayamos al objeto de la pregunta. La nueva situación del Sistema Nacional de Salud dista mucho de parecerse a la de hace cuatro años, tras la culminación en diciembre de 2001 del proceso de descentralización sanitaria, con la transferencia de la gestión de los servicios sanitarios a las diez comunidades autónomas que todavía no la poseían, incrementando el papel autonómico tanto en la organización como en la gestión de los servicios sanitarios y reduciendo el Estado central. Sin embargo, en territorios como el aragonés los recursos para asumir la transferencia fueron, a juicio de Chunta Aragonesista, claramente insuficientes. Un espacio tan amplio y con una población muy envejecida necesitaba más recursos públicos para tener un sistema sanitario de calidad. De este modo, las deficiencias en las distintas prestaciones de este servicio ya las estamos notando todos los usuarios de la sanidad pública. Es más, existe una cuestión derivada de este proceso de transferencias que ha llevado al Gobierno de Aragón a presentar el pasado 20 de mayo de 2004 un recurso ante la Sala de lo contencioso del Tribunal Supremo; concretamente la reclamación se realiza contra la inactividad del Consejo de Ministros ante la deuda exacta de 29 millones de euros reclamada desde la Comunidad Autónoma de Aragón, correspondiente a determinados gastos sanitarios pendientes de abono por parte del Estado. Esta denuncia no es nueva y ya se formuló bajo el anterior Gobierno del Partido Popular en octubre de 2003 y se ratificó el pasado mes de marzo, usando las mismas declaraciones -yo no sabría decirlo mejor- de la por aquel entonces consejera y responsable del Sistema de Salud Aragonés, que dijo: No renunciaré a defender los intereses justos de la Comunidad, por lo que vamos a agotar todas las posibilidades de reclamación de la deuda pendiente que corresponde a las facturas sin pagar del Insalud, como los gastos de farmacia de diciembre de 2001, último mes en que el Gobierno central fue responsable de las competencias sanitarias y de gastos corrientes. Es oportuno recordar que este gasto asciende a 19 millones de euros, pero también existen otros gastos de personal, gastos de bienes corrientes y servicios, sin olvidar las inversiones. Sumando todas estas cantidades nos encontramos con un total de 29 millones de euros, y como querríamos no tener que esperar a resoluciones judiciales, presentamos la siguiente pregunta: ¿Tiene intención el Gobierno de abonar la deuda sanitaria contraída con la Comunidad Autónoma de Aragón resultante del proceso de transferencias sanitarias?

Muchas gracias, señor vicepresidente. Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, presidente.


Señorías, cuando hablamos de Aragón y del problema de la deuda sanitaria hay dos temas de naturaleza distinta. Uno es el que usted ha planteado, la necesidad de que el Gobierno abone la deuda sanitaria contraída con la Comunidad Autónoma de Aragón, y ahí tenemos una discrepancia, un puro problema legal, no es un problema de pagar o no pagar. De acuerdo con la interpretación del Gobierno, el Gobierno considera que no existe esa deuda sanitaria que se produce como consecuencia del proceso de transferencia, porque lo que hay es un debate legal, que es correcto y que afecta a varios conceptos, a gastos de personal, a gastos en bienes corrientes y servicios, a transferencias corrientes, incluso a inversiones reales, de si son o no exigibles determinados gastos realizados antes del 31 de diciembre del año 2001, pero que sin embargo se han contabilizado posteriormente. Por lo tanto, yo creo que es un problema que no debe plantearnos ninguna dificultad, debemos intentar resolverlo de la mejor forma posible, pero no es un problema de distinto concepto sino de aplicación de la ley de una forma o de otra.


Hay un segundo problema que yo creo que es el que más nos importa a todos, y es que Aragón, como otras comunidades autónomas, como consecuencia de la evolución del sistema, se está encontrando con dificultades de financiación del gasto sanitario. En ese punto concreto nuestra opinión es que este es un tema que merece la pena analizar de forma global, porque creemos que el sistema que se planteó en su momento de financiación autonómica total, incluyendo el gasto sanitario, no introduce los elementos de dinamismo que permitan corregir las desviaciones que se produzcan. Este es un tema que debe debatirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y así lo dije en su última reunión. Hemos puesto inicialmente en marcha un grupo de población que nos va a permitir analizar una parte fundamental del problema, y mi interés es evidentemente buscar una solución que nos permita conseguir la financiación adecuada para la sanidad, coadyuvando el Estado a una responsabilidad que es fundamental de las comunidades autónomas,

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pero para la que las comunidades autónomas deben disponer de los medios suficientes para resolver el problema.


Muchas gracias, señor presidente.


- DEL DIPUTADO DON JOSEP SÁNCHEZ I LLIBRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN(CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿PIENSA EL GOBIERNO AFRONTAR UN CONJUNTO DE MEDIDAS PARA EVITAR LA DESLOCALIZACIÓN TAL COMO ESTÁN HACIENDO OTROS PAÍSES EUROPEOS? (Número de expediente 180/000243.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Josep Sánchez i Llibre al vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente, ¿piensa el Gobierno afrontar un conjunto de medidas para evitar la deslocalización tal como están haciendo otros países europeos, como pueden ser por ejemplo Francia y Alemania?

El señor PRESIDENTE: Su turno, señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, presidente.


El Gobierno está siguiendo con mucho interés lo que están haciendo Francia y Alemania, pero en cuanto al problema de la deslocalización creo que lo fundamental es conseguir un marco institucional estable, la preservación de una estabilidad macroeconómica y poner en marcha todas aquellas medidas que nos permitan una mayor eficiencia, una mayor productividad, todo lo cual al final nos permita ser más competitivos. Nuestro gran problema, sin duda alguna, es cómo conseguir reducir costes, y en esa reducción de costes creo que los sistemas de ayudas explícitos que en algunos casos se plantean son soluciones temporales que no resuelven los problemas de fondo. Algunas de estas ayudas destinadas a mejorar el sistema productivo tienen sentido, y ahí siempre estaremos detrás. Pero creo que la idea fundamental si queremos luchar contra la deslocalización es trabajar en la mejora de la inversión productiva, trabajar en todos aquellos elementos, y así vamos a intentarlo, en los presupuestos de este año que mejoren nuestra productividad. En cuanto a la actuación específica que se está realizando, bien a través de beneficios fiscales o bien a través de incentivos específicos, estamos abiertos en la medida en que sean compatibles con las normas comunitarias; sin embargo, creo que tienen más sentido algunos condicionamientos para la concesión de ayudas públicas, sean nacionales o autonómicas, que pueden afectar más a estos procesos de deslocalización.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor SÁNCHEZ LLIBRE: Muchas gracias, señor vicepresidente.


Desgraciadamente, la deslocalización es un fenómeno generalizado y globalizado. Desde Convergència i Unió creemos necesario plantear una estrategia en defensa de la industria española, en primer lugar, para atraer nuevas inversiones que generen valor añadido y, en segundo lugar, para posibilitar que se mantengan las actuales industrias a fin de evitar las deslocalizaciones en los sectores de automoción, textil, confección, electrónica de consumo y también en servicios, pues hay algunos estudios económicos que dicen que probablemente el sector de los servicios también se pueda deslocalizar en un futuro inmediato. Por este motivo, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que ha sido siempre un grupo imaginativo y creativo, ha planteado alguna solución potente para impulsar la economía productiva y evitar las deslocalizaciones que nos gustaría que su Gobierno pudiera estudiar, como siempre ha hecho, con un cariño especial. Hemos planteado una iniciativa al Gobierno para crear una subcomisión que analice las deslocalizaciones que se puedan producir en un futuro en el tejido industrial español, que analice sus causas, que analice sus efectos y en cuyo seno se puedan plantear soluciones fiscales, financieras y administrativas que puedan evitar dichas deslocalizaciones y también soluciones para incorporar inversiones futuras con alto valor añadido. Hay algunos países de la Unión Europea que ya están estudiando la posibilidad de plantear un impuesto sobre sociedades rebajado para que pueda ser más competitivo con los países que se han incorporado a la Unión Europea, que vienen de unos sistemas fiscales mucho más leves y suaves que los que actualmente están implantados en la Unión Europea. Por lo tanto, nos interesarían mucho las soluciones que usted nos ha planteado en esta contestación, pero quisiéramos que también ...


El señor PRESIDENTE: Señor diputado, lo lamento.


Señor vicepresidente.


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El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias.


Muy rápidamente. Estamos encantados de analizar las propuestas que ustedes planteen. Si son compatibles con la legislación vigente son temas sobre los que podemos discutir. En cuanto a su última preocupación le quiero comentar dos elementos. Estamos siendo muy activos en el ámbito de la Unión Europea trabajando en dos temas fundamentales. Por una parte, sobre el código de conducta de fiscalidad empresarial, que permite que los tratamientos fiscales dentro de la propia Unión no sean tan divergentes que a través de la fiscalidad se busque una ventaja para la localización en un lugar u otro. En segundo lugar, y específicamente sobre el punto que usted plantea acerca del impuesto sobre sociedades, somos defensores de avanzar en la armonización de la base imponible del impuesto sobre sociedades, que sería el primer paso para hacer comparación entre la situación de unos países y otros. Consideramos positivos estos elementos, pero, como digo, estamos dispuestos a avanzar en esta dirección y analizaremos sus propuestas para ver si algunos o todos los elementos de la misma pueden ser tomados en consideración.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


- DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿PIENSA EL GOBIERNO MANTENER EL CUADRO MACROECONÓMICO QUE PRESENTÓ EL PASADO MES DE JULIO? (Número de expediente 180/000246.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor vicepresidente segundo del Gobierno de don Eduardo Zaplana, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


Adelante, señor diputado.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.


Doy por reproducida la formulación de la pregunta.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Para que conozcan todos la pregunta, reza así: ¿Piensa el Gobierno mantener el cuadro macroeconómico que presentó el pasado mes de julio? Por supuesto, es el cuadro macroeconómico del mes de julio y es sobre el que estamos elaborando los presupuestos.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado, su turno.


El señor ZAPLANZA HERNÁNDEZ-SORO: Muchas gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente, usted mismo,el pasado 30 de julio -le recuerdo que hace menos de dos meses-, presentaba las previsiones de crecimiento de la economía española y establecía un 2,8 por ciento de crecimiento para el año 2004 y un 3 por ciento para los ejercicios 2005, 2006 y 2007. Parece que su partido, su grupo más concretamente, no lo tomó en cuenta o no lo creyó porque a los pocos días pronosticaban -y cito literalmente- un inexorable empobrecimiento de España. Además, por si esto fuera poco, el propio presidente del Gobierno reconocía aquí la semana pasada que ese 2,8 que usted había pronosticado no se iba a alcanzar. Si eso es así -y no seré yo quien discuta al presidente del Gobierno o a su propio grupo parlamentario-, si la previsión que usted hizo no se va a cumplir, es lógico que tampoco se cumpla la de los años siguientes, y por tanto los presupuestos que se van a aprobar en el Consejo de Ministros el próximo viernes no van a estar basados en supuestos reales, sino todo lo contrario. Esto es grave y preocupante, pero todavía lo es más, señoría, que usted reiteradamente permita que se esté aduciendo un déficit oculto en las cuentas de los gobiernos del Partido Popular que, afortunadamente, usted mismo negaba ayer en su comparecencia en la Comisión correspondiente de esta Cámara. Pero a la vez que se empeña en negar ese déficit o decir al menos que usted nunca lo ha reconocido, habla permanente de él y parece que el déficit crezca solo. Le recuerdo a S.S.
que empezó hablando del 0,4 por ciento, posteriormente usted mismo lo situaba en el 0,8 por ciento y, pasando por el 1,1 por ciento, lo sitúa ahora en el 1,8 en la última reunión que ha tenido con los miembros de su partido. Qué casualidad que el déficit va creciendo en función de los compromisos con sus socios de Esquerra Republicana y de Izquierda Unida.
(Rumores.)

Señor Solbes, todavía están a tiempo. Le pido, en nombre de mi grupo, que no desmantelen el mejor modelo de política económica que ha tenido este país. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


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No sé si tendré tiempo de corregir tantos errores, pero voy a intentarlo.
(Risas.) En primer lugar, respecto a la previsión de crecimiento del 2,8 por ciento para este año y del 3 por ciento para el año que viene y el siguiente, lo único que hemos dicho es que la elevación de precios del petróleo y la corrección por parte del INE del crecimiento del primer trimestre pone más en riesgo cumplir el 2,8 para este año. En segundo lugar, yo estoy seguro de que esta mañana habrá leído el Financial Times, en el que viene el informe de la OCDE sobre el segundo semestre de este año. Si usted ha leído las primeras diez páginas del Financial Times sabrá por qué somos tan optimistas respecto al segundo trimestre y el próximo año. La razón es muy simple: usted verá un crecimiento mucho más rápido en Francia y un crecimiento mayor en Alemania e Italia, que son casualmente nuestros socios comerciales, que nos van a dar mayores posibilidades en el futuro.


Respecto al déficit oculto, yo nunca he hablado de ello. Yo he hablado de falta de transparencia, de riesgos y de algunas cosas no reconocidas.
Ayer -no con mi grupo parlamentario, sino en la Comisión de Economía-, tuvimos ocasión de hablar de estas cosas. Hablamos de un 1,8 por ciento y ustedes dijeron que estos problemas no existían. Yo planteé algunos puntos que sí me parecían interesantes: que alguien me diga dónde está la consignación presupuestaria que ustedes introdujeron en el presupuesto del 2004 para el Prestige, me gustaría saber dónde está, como me gustaría saber dónde está la consignación presupuestaria en el año 2004 para la operación Renfe, que ustedes tomaron la decisión de liberalizar en una ley del año 2003 y que debería entrar en vigor en el año 2004. En la ley de 2003 se reconocía ya que el Estado se haría cargo de determinadas deudas de Renfe, y sin embargo eso no existe en ningún sitio. A eso es a lo que yo llamo transparencia, no hablo de déficit oculto.


No confundamos el déficit del 1,8, porque hay muchas cosas que se mezclan.
El 1,8 está refiriéndose al déficit del Estado, que no de todas las administraciones, para este año... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente, lo lamento, su tiempo ha concluido.


- DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿POR QUÉ RAZONES CONSIDERA EL VICEPRESIDENTE QUE NUESTRA ECONOMÍA SE ESTÁ RALENTIZANDO, MIENTRAS SE ACELERA LA DE OTROS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA? (Número de expediente 180/000247.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor vicepresidente segundo del diputado don Vicente Martínez-Pujalte, del Grupo Parlamentario Popular.


Adelante, señor diputado.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señor vicepresidente, por reconocer el error que su grupo ha estado cometiendo en los últimos meses al hablar de déficit oculto; gracias por reconocer que era mentira lo que decía su grupo parlamentario y que no lo hay. (Rumores.)

Señor vicepresidente, a tenor de lo que usted iba diciendo, yo le quiero decir que nadie se cree ya que España vaya a crecer el 2,8 este año, ni siquiera el señor Fernández Marugán, ni que vaya a crecer el 3 por ciento el año próximo. ¿Y sabe por qué, señor vicepresidente? Porque no hacen ustedes aquello a lo que se comprometen. Le voy a leer una página de su programa electoral que a lo mejor usted no conoce. Dice así: El presidente y los consejeros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores serán nombrados por el Pleno del Congreso, a propuesta de la Comisión de Economía, siendo necesaria una mayoría cualificada de tres quintos. ¿Qué anuncia usted? Que los van a elegir unilateralmente en el Consejo de Ministros. Cuando ustedes quieren cambiar el criterio, lo hacen aunque no lo tengan en el programa electoral, como en el Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, aquí, mire usted por dónde, han dicho una cosa y ahora dicen otra. Esas contradicciones influyen en las expectativas, señor vicepresidente, y por eso, por tanta contradicción en la estimación del déficit, por tanta contradicción en lo que dicen, mientras otros países van mejor, nuestras expectativas de crecimiento se ralentizan. Qué casualidad, han llegado ustedes, los demás van mejor y nosotros vamos un poco peor.


El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.


Dado que usted no ha enunciado su pregunta, me permitirá que yo tampoco la responda y siga con mi argumentación anterior. Decía que el déficit del 1,8 es, evidentemente, para el Estado, pero no para todas las administraciones, por lo que quedará alrededor del 0,5 por ciento, y nada tiene que ver con las obligaciones del año 2005, cuando tendremos superávit.


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A partir de ahí entro en su pregunta. Precisamente ahí es donde estamos planteando el tema fundamental, que es la evolución del déficit del próximo año, y ya le digo que tendremos superávit. Hoy mismo hemos presentado las previsiones de deuda pública para este año y el próximo; este año la deuda pública baja punto y medio, en parte debido a su gestión, no cabe negarlo, y el año que viene pretendemos que se reduzca en dos puntos y medio. Esos son los elementos que dan confianza a los mercados y no otro tipo de cosas. Yo sí creo que podemos crecer el 2,8, aunque sigo pensando que hay más riesgos de que se incumpla esa posibilidad ahora que hace unos meses como consecuencia de la modificación del INE y de la evolución del precio del petróleo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor vicepresidente, como no lo traía en el folio no me ha respondido a la primera cuestión, pero me gustaría que lo hiciera porque es usted el que ha tomado la decisión.


Durante los ocho años de gobierno del Partido Popular todos los años crecimos más que la media europea, con buen y con mal viento, y siempre íbamos mejor que el resto, y con ustedes, cuando ponen en riesgo, no con sus palabras sino con sus hechos, lo que es más grave, la estabilidad presupuestaria, cuando ponen en riesgo el proceso de reformas, es cuando se produce una caída de expectativas, y mientras el resto de los países están corrigiendo sus expectativas de crecimiento al alza, a nosotros nos va un poco peor. Señor vicepresidente, aférrese a las cifras que quiera, pero hoy nadie le cree a usted en las previsiones de crecimiento, y ese es un mal principio para aprobar los presupuestos el próximo viernes.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Respondo a su primera pregunta, no incluida. Para nombrar de otra forma al presidente de la CNMV habría que cambiar la ley, cosa que no se ha producido, y hay que hacer el cambio ya. No hay tiempo material para que se produzca. (Risas.)

Respecto al segundo punto, seguiremos creciendo por encima de la media. No sé si a mí me creen o no, pero a nosotros nos gusta aplicar la ley y respetarla, y sin duda alguna el crecimiento, aunque ustedes a mí no me crean, es el mismo que plantea la OCDE y otros organismos internacionales. Por lo tanto, ningún problema en ese punto.


Último tema. Los resultados de la economía -recuérdelo, señor Martínez-Pujalte- no suelen ser consecuencia inmediata de las acciones tomadas, sino del trabajo que se hizo anteriormente.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿QUÉ AVANCES SE HAN PRODUCIDO ENTRE EL GOBIERNO Y LOS AGENTES SOCIALES EN RELACIÓN CON EL FUTURO DE LOS ASTILLEROS IZAR? (Número de expediente 180/000248.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor vicepresidente segundo del diputado don Arsenio Fernández de Mesa, del Grupo Parlamentario Popular.


El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente del Gobierno, ¿qué avances se han producido en las negociaciones que mantiene el Gobierno sobre el futuro de los astilleros Izar?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, siguen las negociaciones con los sindicatos, siguen los contactos permanentes con Bruselas y esperamos avanzar en el plan industrial que ha planteado SEPI.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.


Señor diputado.


El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Gracias, señor presidente.
Gracias, señor vicepresidente.


Señor vicepresidente, a lo largo de estos días hemos podido ir conociendo, además por declaraciones suyas, en primer lugar, que España no debe nada a la Unión Europea, y es muy importante que esto quede claro. En segundo lugar, que no son 1.200 ni 1.100 millones de pesetas, sino que el procedimiento abierto en este momento -el C40/2000- es por un importe

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de 308 millones de euros más los intereses, que suman unos 67 millones de euros.


Hemos sabido hoy, por las declaraciones de Tilman Luder, que la Unión Europea no exige el cierre de ningún astillero en España, que no exige la privatización ni la segregación. Sabemos que no hay una fecha límite para la reposición de fondos de Izar a la SEPI. Y todo eso por medio de declaraciones y de manifestaciones que el señor vicepresidente segundo del Gobierno ha venido haciendo en el Congreso de los Diputados.
Conocemos también que la sentencia de la Sala Quinta del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, por una operación de compra de astilleros -de los astilleros Kvaerner Warnow-, es una sentencia favorable a Alemania que se había recurrido en dos ocasiones y en casación ante el Tribunal de Justicia y la Sala Quinta.


Señor vicepresidente, ustedes han venido diciendo, y no hay por qué dudar de ello, que pretendían hacer del Parlamento el centro de decisión política. Hasta este momento todas las cuestiones que han traído han sido acuerdos del Consejo de Ministros a toro pasado. Ayer se produjo en el Congreso de los Diputados la votación de una moción sobre la que se posicionaron todos los grupos políticos excepto el Grupo Parlamentario Socialista. Le insto, pues, señor vicepresidente del Gobierno, a que, siguiendo ese criterio que han fijado ustedes de hacer del Parlamento el centro de la vida política española, cumplan esta moción, que pide al Gobierno que reconsidere su posición y retire un plan que es lesivo para los intereses de los astilleros públicos españoles.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, presidente.


España no debe a la Unión Europea; nunca hemos dicho que deba a la Unión Europea. La Unión Europea pide que se devuelvan las ayudas, que es un concepto distinto. (Risas.-Rumores.-El señor Martínez-Pujalte López: Lo ha dicho Zapatero.) No tiene nada que ver. Si no conocen la legislación comunitaria, no es mi problema. (Rumores.-Protestas.-Aplausos.)

Segundo, son 308 millones de euros; eso es lo que ya nos han pedido que devolvamos. Si usted conoce las cuentas de Izar -y seguramente las conoce-, conoce cuál es su capital social, conoce la evolución de este año, conoce que estos 300 millones de euros significan que la empresa entra en liquidación, y eso es lo que ustedes están planteando.
Evidentemente, hemos dicho siempre -y seguimos diciendo- que hay un riesgo potencial de 1.100 millones de euros por expedientes abiertos en la Unión Europea. Lo que usted me dice es: hagan ustedes lo que nosotros les proponemos. Intentémoslo: retirar el acuerdo del Consejo de Ministros que crea Izar; como usted sabe, a partir de los dos meses de la comunicación, como máximo, hay que presentar la liquidación de la compañía por no corresponder su capital, y es imposible aumentarlo porque está prohibido desde 1997, cuando ustedes firmaron un acuerdo en la Unión Europea que impide el incremento de capital para la compañía Izar y para los astilleros españoles. Este es el primer punto. Segundo punto: recurrir los expedientes ante el Tribunal de Justicia; estupendo, se puede hacer, sólo plantea un pequeño problema, y es que la devolución de las ayudas es ejecutiva y nos podemos encontrar con que dentro de tres años nos pueden dar una magnífica indemnización pero habrá 10.000 personas en la calle porque la empresa estará en liquidación. Si ese es el sistema que ustedes quieren, nosotros no. Tercer punto: ampliar la actividad comercial, es lo que se ha hecho. Y por supuesto, elaborar el plan industrial me parece el tema fundamental. Ustedes ponen como gran activo que en su periodo nunca salió un trabajador. Yo le pregunto qué haría como socio de una empresa que durante 10 años tiene pérdidas permanentes, que no tiene carga de trabajo durante tres años y de la que no sale un solo trabajador. Me temo que no aguantaría usted mucho tiempo como gestor de esa empresa.


Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.-El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben.)

- DEL DIPUTADO DON SALVADOR DE LA ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿POR QUÉ EL ESTADO DEBE ASUMIR UNA GRAN PARTE DE LA DEUDA DE RENFE? (Número de expediente 180/000254.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor vicepresidente segundo del diputado don Salvador de la Encina, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Adelante, señor diputado.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias, señor presidente.


Nos encontramos ante el reto de modernización y proceso de liberalización a que nos obliga la normativa europea en materia ferroviaria. Desde el PSOE siempre hemos defendido la potenciación del ferrocarril

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porque es un elemento de cohesión territorial y de avance de la sociedad española. El nuevo Gobierno socialista hace una apuesta decidida por fomentar el ferrocarril, de ahí que la ministra de Fomento, en su primera comparecencia en esta Cámara, dijera claramente que es la prioridad de su ministerio y una apuesta decidida del PSOE. Sin embargo, al llegar al Gobierno, nos encontramos con la Ley del sector ferroviario, aprobada por el Gobierno del Partido Popular un mes antes de disolver las Cortes españolas en diciembre de 2003, que presenta no sólo graves e importantes déficit de desarrollo normativo sino que, lo que es más importante, no contempla el gravísimo endeudamiento que tiene Renfe. El anterior Gobierno no se atrevió o no quiso buscar una solución cuantificada y periodificada para el saneamiento de Renfe y, en lugar de abordar esta cuestión de manera clara, de manera nítida, de manera transparente, lo que hizo fue algo insólito: aprobar esa ley sin contemplar en ella la carga financiera de Renfe, que era obligado.


¿Cuál es la situación actual? Señorías, la situación actual es que Renfe tiene que competir, a partir de 2008, en ese mercado liberalizado de transporte de mercancías y de pasajeros y no es capaz de hacerlo en condiciones de competitividad al tener un lastre ni más ni menos que de 7.300 millones de euros, un billón 215.000 millones de pesetas. En estos momentos, cuando aparecen déficit impresionantes de todo tipo en empresas públicas -Izar, Aena, sociedades estatales de agua, Renfe- nos preguntamos: ¿ésa es la manera de enjugar el déficit cero del que los españoles oían permanentemente hablar a los dirigentes del Partido Popular? Aquí hay una cosa clara, y es un ministro de Fomento que se encargó de vender Aves sin consignación presupuestaria por ningún sitio y un ministro de Hacienda que no tuvo la precaución de consignar en los Presupuestos Generales del Estado la deuda de Renfe, y ahora nos encontramos con un gravísimo problema...


El señor PRESIDENTE: Señor diputado, lo lamento su tiempo ha terminado.
(Aplausos.)

Señor vicepresidente segundo.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Ha descrito usted bien cuál es la situación de partida de Renfe. Es cierto que la Ley del Sector Ferroviario del pasado año no tenía reflejo presupuestario de ningún tipo. En teoría, esa ley debió entrar en vigor en el mes de julio y en el mes de julio deberíamos de haber hecho ya la separación de ADIF es decir, de la nueva empresa de infraestructuras respecto a la Renfe operadora, y es verdad que, en teoría, estaba incluida en la ley la absorción por el Estado de una parte de la deuda preexistente. ¿De qué deuda estamos hablando? De 7.300 millones, a los que usted ha hecho referencia, y que dividimos en tres grupos.


En primer lugar, la denominada deuda histórica. Esta deuda es por un total de 3.659 millones de euros y tiene su origen en la insuficiencia de transferencias del Estado para la explotación de Renfe. Si este problema no lo resolviéramos ahora, la aplicación de la ley introduciría un sesgo en contra de Renfe que la haría prácticamente ineficiente y con imposibilidad de competir en el futuro con los probables nuevos operadores que entren en la infraestructura que se pretende poner en marcha de forma liberalizada. En segundo lugar, debemos diferenciar la deuda asociada a Renfe por la adquisición de las infraestructuras ferroviarias. Evidentemente, si la infraestructura va a ser de disponibilidad general, no corresponde a Renfe pagar esa infraestructura, y ésa es la parte fundamental que hay que absorber desde el punto de vista de la viabilidad de la ley. Eso es lo que se incluía en la ley pero, en nuestra opinión, sin completarlo con la otra parte, el sistema no sería aplicable. Queda una tercera deuda, que es la deuda asociada a la adquisición de material rodante, por otros 1.800 millones de euros, que ésa sí queda en Renfe porque Renfe es la propietaria de ese material rodante y va a explotarlo en el futuro.


Con la operación que vamos a plantear de absorción de parte de esta deuda en un próximo futuro dejamos a la nueva ley ferroviaria en condiciones de ser aplicada y dejamos a Renfe en condiciones de igualdad para competir con otros posibles agentes del mercado. Creemos que será positivo para todos, sobre todo para el desarrollo del ferrocarril convencional.


Muchas gracias, señor presidente.


- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO MIGUEL FERNÁNDEZ MARUGÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿A CUÁNTO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO QUE ASCIENDA EL DÉFICIT DEL ESTADO A FINALES DE 2004? (Número de expediente 180/000255.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor vicepresidente segundo de don Francisco Miguel Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista.


Adelante, señor diputado.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Con la venia, señor presidente.


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Si no se había dado usted cuenta, señor Solbes, estamos en tiempos de presupuestos y, por tanto, merece la pena que nos preguntemos sobre los rasgos más característicos del presupuesto del Partido Popular en los últimos años.


El primer rasgo que nosotros pondríamos de relieve es que el cuadro macroeconómico carecía de credibilidad, era tan inverosímil que terminó por convertirse en un ejercicio de ficción. Todos los años el Gobierno venía aquí y decía lo mismo: Vamos a crecer mucho y los precios van a ser muy bajos. Los ciudadanos al terminar el ejercicio se encontraban con que el crecimiento enflaquecía y la inflación se había desviado. Del 4 por ciento de crecimiento y del 2 por ciento de inflación, lo normal era pasar a una inflación del 4 por ciento y a un crecimiento del 2 por ciento. Por decirlo de alguna manera, de ganar con comodidad pasábamos a perder por goleada.


El segundo rasgo de los presupuestos era el sincretismo contable del señor Montoro. Ahora vamos conociendo algunas cosas que estaban detrás, que estaban en los arcanos de la estabilidad presupuestaria. Aunque no nos lo decían, hoy resulta claro que gastábamos más de lo que ingresábamos, que debemos cosas que ni siquiera sabíamos que estábamos gastando, que ahora estamos viendo y comprobando que irá a la deuda pública un conjunto de gastos que nunca pasaron por el déficit público para que no se elevara el déficit cero.


Después de tanto conocimiento y de tanta peripecia, a nosotros nos gustaría saber: ¿A cuánto tiene previsto el Gobierno que ascienda el déficit del Estado al final del ejercicio de 2004?

El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias.


Señoría, como usted conoce, si entendemos por déficit del Estado el de la Administración central, el de otras administraciones incluidas las territoriales, es muy difícil dar una cifra concreta en este momento. Si empezamos con la estimación del déficit de la Administración central, ayer ya tuve ocasión de plantear el tema en la Comisión de Economía y hablé de un déficit del 1,81 por ciento. Este déficit es consecuencia del 0,34 previsto por el anterior presupuesto, más una serie de ajustes contables que no se incluyeron en el anterior presupuesto, más la deuda de Andalucía, 0,30, más la deuda de Renfe, 0,69. Ese 1,81 por ciento es el que hay que tomar como base para deducir otra serie de conceptos que son los que nos deberían llevar al déficit final del Estado.


Entre esos conceptos estaría, en primer lugar, el comportamiento de la Seguridad Social. En estos momentos estamos trabajando con una hipótesis del 0,7 por ciento de superávit de la Seguridad Social, aunque esta es una cifra que está sujeta a debate y podría ser algo superior. En segundo lugar, existirá también un superávit de las comunidades autónomas como consecuencia de la transferencia de recursos a Andalucía. Todo en su conjunto nos permitirá tener en estos momentos un déficit en el Estado que deberá encontrarse alrededor del medio punto. Sin embargo, todavía es prematuro para saber cuál es el resultado final y sólo podremos dar esta cifra al final del ejercicio.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.


- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS QUE INSPIRAN LA REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO? (Número de expediente 180/000257.)

El señor PRESIDENTE: Continúa el turno de control del Gobierno. Pregunta al señor ministro de Justicia de la diputada doña Carmen Montón del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Señora diputada, adelante.


La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, la sociedad es cambiante y muchas veces supera lo establecido en la legislación vigente. Por ello debemos adaptar las leyes a la actualidad de la demanda social, trabajando por ampliar los derechos civiles y facilitar su ejercicio. Este es el caso de la separación y el divorcio. Es sabido que en la actualidad, como se dispone en el Código Civil, hay que alegar causas para poder separarse, algo sorprendente pues a nadie se le pregunta por qué se casa. Además, se produce un largo tiempo de espera en el juzgado, lo que incrementa las tensiones familiares. Por último, existen costes añadidos por el doble procedimiento, separación y divorcio, costes no sólo económicos. Todo esto lleva consigo una difícil solución de las crisis familiares y personales, con un importante costo personal, social, económico y emocional. Estas disposiciones han estado en vigor durante casi un cuarto de siglo, tiempo durante el que se ha puesto de manifiesto de modo suficiente tanto sus carencias como las disfunciones por ellas provocadas.


El pasado 17 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley que modifica el

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Código Civil en materia de separación y divorcio. En este marco, el Grupo Socialista es consciente de la necesidad de ampliar el ámbito de libertad de los cónyuges en lo relativo al ejercicio de la facultad de solicitar la disolución de la relación matrimonial, por lo que quisiera saber, señor ministro, cuáles son los principios que inspiran la reforma del Código Civil en materia de separación y divorcio. Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.


Señora diputada, el primer principio es cumplir la palabra dada sobre un aspecto central del programa del Gobierno y además hacerlo dialogando con la sociedad y con sus instituciones, sometiendo el anteproyecto a consulta y a diálogo para escuchar, recibir mensajes y mejorar el contenido de la respuesta. La respuesta tiene un objetivo muy claro, que es extender los derechos de la ciudadanía, profundizar en la libertad con que esos derechos se ejercen, garantizar los derechos de todos, de la parte que pueda resultar perjudicada en la disolución del matrimonio y siempre de los menores, y por supuesto agilizar el funcionamiento de la justicia. ¿Cómo? Pues en primer lugar simplificando el procedimiento, de modo que se pueda acceder directamente al divorcio sin tener que pasar previamente por la separación judicialmente resuelta, con lo que eso supone -usted lo ha dicho- de eliminación de costes procesales, económicos y sobre todo humanos, emocionales y morales. En segundo lugar, eliminando las causas, de modo que, como también se ha dicho, si a uno no se le pregunta por qué se casa no se le tenga que preguntar para resolver por qué se divorcia. En tercer lugar, potenciando el mutuo acuerdo y la corresponsabilidad no sólo en la disolución del matrimonio, sino en la decisión relativa al régimen económico matrimonial y su disolución y en la custodia de los hijos habidos en el matrimonio, sobre todo si son menores.


Con ello, estamos intentando ser útiles a la ciudadanía, estamos intentando mejorar la vida de la gente, pero sobre todo estamos intentando utilizar esta ocasión para poner en hora el reloj del derecho, de la ley, de las decisiones de este Parlamento con respecto al sentir mayoritario de esta sociedad porque es un caso de libro, en el que la sociedad va por delante de la ley, va por delante del derecho y ha ido por delante de este Parlamento. Es el momento de que se pongan en hora los respectivos relojes de esas apreciaciones mayoritarias de la ciudadanía respecto de instituciones que son capitales y apreciadísimas en nuestra sociedad, como son el matrimonio y la familia, como respecto de las nuevas demandas, las nuevas necesidades, las nuevas esperanzas de esa ciudadanía.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ENCARNACIÓN NIÑO RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LA OPERACIÓN PASO DEL ESTRECHO QUE ACABA DE FINALIZAR? (Número de expediente 180/000256.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas de control al ministro del Interior.


Doña Encarnación Niño Rico, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


La señora NIÑO RICO: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, hace algún tiempo denominábamos operación Tránsito a la que hoy conocemos como operación Paso del Estrecho. Felizmente, se superaron aquellos años en los que la vuelta a casa de millones de inmigrantes en época estival se convertía en una auténtica odisea repleta de dificultades. Por aquel entonces, el tiempo de espera para embarcar en los puertos de Algeciras y Ceuta era de tres o cuatro días mientras que hoy la media máxima de espera es de una hora desde el puerto de Ceuta o tres horas desde el de Algeciras. La operación Paso del Estrecho se convierte, pues, en una de las actuaciones más importantes de seguridad y coordinación con los distintos agentes implicados (Protección Civil, autoridades portuarias, delegaciones del Gobierno, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como personal de puertos, voluntarios y organizaciones no gubernamentales) y afecta a más de dos millones de pasajeros y más de medio millón de vehículos.


A día de hoy ha finalizado la operación Paso del Estrecho 2004 con total calma y tranquilidad y no se han cumplido las pesimistas premoniciones de algunos responsables del Partido Popular, incluso cuando en este año se presentaban complicaciones añadidas por la entrada en vigor de la Orden europea de control, que obligaba a una mayor inspección de pasajeros, vehículos y equipajes.


Usted, señor ministro, nos informará sobre los datos concretos del dispositivo, pero sólo como muestra quisiera señalar el comunicado de la Autoridad Portuaria de la bahía de Algeciras en el que se da cuenta de que durante el fin de semana punta de toda la operación, el último fin de semana del mes de julio, ha habido un incremento del 18 por ciento en el volumen

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de embarque y únicamente ha aumentado en ocho minutos el tiempo de espera de los usuarios.


Hoy debemos felicitarnos por que este verano el señor ministro del Interior no haya sido noticia. Ya sabemos que hay ocasiones en las que no ser noticia es el mejor síntoma de que las cosas no han ido mal sino, muy al contrario, que se han desarrollado bastante bien.


Señor ministro, ¿qué valoración hace el Gobierno de la operación Paso del Estrecho que acaba de finalizar? (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.


Señora diputada, la valoración que hacemos es francamente positiva.
Estamos contentos del modo en el que se ha desarrollado la operación Paso del Estrecho de este año. En primer lugar, porque se ha garantizado la seguridad de los ciudadanos a quienes afecta la operación, hasta el punto de que ha habido un apreciable descenso, en las concentraciones de ciudadanos, de las infracciones penales, un 8 por ciento menos respecto al año 2003, lo que entre otras cosas da cuenta del excelente comportamiento de los más de 11.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que estaban implicados en la operación en los diferentes momentos de control de los viajeros y vehículos, que este año han sido más complicados en cuanto se trataba de garantizar, además de la seguridad ciudadana, la seguridad genérica, la seguridad frente a eventuales entradas de terroristas. En segundo extremo, porque la seguridad vial ha mejorado también. Los datos reflejan una importantísima reducción, tanto de los accidentes mortales, un 160 por ciento menos que el año anterior, como de víctimas, un 142 por ciento menos que el año anterior. En tercer extremo, hemos conseguido adecuar la demanda de los usuarios a las plazas de embarque y estacionamiento de los puertos participantes, lo que ha permitido que el flujo sea más fluido y no se planteen los problemas de orden público de ejercicios anteriores. A esto ha coadyuvado sin duda la existencia de dos importantes novedades, los paneles informativos que han ido informando a los usuarios en las carreteras de cómo estaba el estado de los puertos y las campañas de información en radio, prensa y televisión que hemos realizado en colaboración con las autoridades marroquíes. En cuarto extremo, el comportamiento del plan de flota ha sido también muy satisfactorio. Han intervenido 12 compañías navieras y, si no recuerdo mal, unos 32 barcos.
Eso nos ha proporcionado una gran capacidad de evacuación, demostrada en la cifra estrella de la operación de verano: más de 600.000 vehículos movidos y más de 2,5 millones de personas han utilizado la operación.


Finalmente, no sería de justicia, dejar de aludir al también excelente comportamiento de los servicios de salud de las comunidades autónomas implicadas, la andaluza y la valenciana, así como de la Cruz Roja y de los servicios de Protección Civil, que han asegurado...


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, lo siento. Terminó.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Estoy últimamente desafortunado con el tiempo. Lo siento.


- DE LA DIPUTADA DOÑA GRÀCIA MUÑOZ SALVA, EN SUSTITUCIÓN DE DOÑA ELVIRA CORTAJARENA ITURRIOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ MEDIDAS VA A PONER EN MARCHA EL GOBIERNO PARA FACILITAR A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS EL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO? (Número de expediente 180/000261.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Administraciones Públicas.


Doña Gràcia Muñoz tiene la palabra.


La señora MUÑOZ SALVÀ: Gracias, señor presidente.


Todas las personas tenemos derecho a un trabajo, pero hay personas que por sus características tienen más dificultades que otras para acceder a un puesto de trabajo; me refiero al colectivo de personas discapacitadas. En esta Cámara no queremos dejar al margen las desigualdades que se producen en el derecho al empleo para desarrollar una actividad y completar su desarrollo como personas, no podemos ignorar las dificultades que muchas personas tienen para acceder al empleo. También a nosotros nos compete modificar leyes, comportamientos y valores. Es necesario poner en valor la discriminación positiva y poner cara y ojos a los tres millones y medio de discapacitados que existen en nuestro país. Sin duda, a través de los planes integrales para la discapacidad se han conseguido logros, pero no los suficientes para dar respuesta a las necesidades y retos que nos plantea el colectivo de discapacitados.


De todos es sabido que el 2 por ciento que marca la legislación en el ámbito de la Función pública no se ha cumplido de manera generalizada y estandarizada, sino todo lo contrario. En los ocho años de Gobierno

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Del Partido Popular ha habido avances porque, ni queriéndolo, puede un Gobierno hacerlo todo mal. El compromiso que ha asumido nuestro presidente es alcanzar el 5 por ciento de empleo en la Moncloa para el colectivo de discapacitados. Sin duda es una muy buena noticia, de la cual nos sentimos orgullosos, pero además nos gustaría que el acceso al empleo público de las personas discapacitadas tuviera una mayor repercusión de la que ha tenido hasta ahora.


Desde nuestro grupo parlamentario, conscientes de la necesidad de acometer medidas que generalicen el acceso al empleo de las personas discapacitadas, queremos saber qué medidas va a poner en marcha el Gobierno para facilitar a las personas discapacitadas el acceso al empleo público.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría por su pregunta.


La verdad es que facilitar el acceso al empleo público de las personas discapacitadas ha formado parte de la voluntad de prácticamente todos los gobiernos. El problema es que algo ha debido fallar cuando hasta ahora la realidad es que ni tan siquiera se llega al 1 por ciento del total del empleo público ocupado por personas discapacitadas. Algo se ha tenido que hacer mal para que esta sea la realidad. Nosotros queremos corregirlo, y corregirlo en la práctica asumiendo el compromiso de duplicar la cifra hasta alcanzar ese 2 por ciento a través de medidas concretas que hagan posible el cumplimiento de ese objetivo.


Desde el Ministerio de Administraciones Públicas hemos elaborado un reglamento sobre el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, reglamento que, de acuerdo a la voluntad de diálogo, de consenso, de talante, como le gusta a este Gobierno hacer las cosas, como nos gusta a todos los demócratas hacer las cosas, hemos pasado al CERMI, al Comité español de representantes de personas con discapacidad, para que nos haga llegar sus propuestas, sus observaciones y sacarlo con la mayor eficacia y apoyo social posible. En él se contempla no sólo la obligatoriedad para todas las administraciones públicas de reservar un 5 por ciento mínimo de las vacantes en las nuevas ofertas de empleo público para personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, sino que además se especifica que estas plazas se podrán convocar en un turno diferenciado o en un turno independiente de aquel, con la obligatoriedad de establecer mecanismos de adaptación y medios en función del grado de discapacidad de los opositores, favorecer medidas que permitan que se pueda desarrollar el trabajo una vez se haya obtenido el puesto de trabajo y que los empleados públicos con discapacidad tengan preferencia a la hora de elegir provincia de destino; adjudicar también puestos de trabajo adecuados en función de las necesidades concretas y las posibilidades de cada persona con discapacidad y una garantía de adaptación obligatoria de los puestos de trabajo a sus necesidades. Estos son compromisos concretos, no solamente promesas, promesas y promesas; compromisos que queremos sacar adelante conjuntamente con la sociedad, con los interesados y esperamos que con el apoyo de todos los demócratas.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- DE LA DIPUTADA DOÑA BEATRIZ RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA: ¿CONSIDERA LA MINISTRA QUE EL RELEVO DE ALTOS CARGOS DEL MINISTERIO DE CULTURA SE HA PRODUCIDO DE MANERA ADECUADA? (Número de expediente 180/000251.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Beatriz Rodríguez-Salmones, del Grupo Parlamentario Popular, que formula a la señora ministra de Cultura.


Adelante, señora diputada.


La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, sus ceses, dimisiones y nombramientos fallidos han ocupado páginas y páginas, y todos han tenido un componente común: la falta de respeto y la falta de consideración hacia personas honorables, eficaces, hacia servidores del Estado y por ello también a las instituciones que dirigían. ¿Cómo explica usted esto?

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.


Señoría, niego la mayor, niego lo que acaba de decir usted. Los nombramientos y los ceses se han hecho con plena normalidad democrática, consecuencia del relevo propio de un Gobierno nuevo y con absoluta legalidad. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora diputada.


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La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Respecto de la legalidad, faltaría más y, respecto de la normalidad, la que niego la mayor soy yo, señora ministra. Si esto hubiera sido normal habría pasado en otros departamentos, pero es que usted ha tenido casi la exclusiva de todo esto.


Señora ministra, ha habido insidias, acusaciones muy, muy graves, faltas a la verdad, utilización en beneficio propio de nombres respetables desde Todolí hasta Lissner, de gente que luego no ha aceptado los cargos que usted ofrecía y que usted ha utilizado a su mayor honor y gloria. Lo último ha sido sangrante porque a un director general, ya nombrado por usted, que se explaya muy largamente sobre cómo piensan ustedes subir los libros de texto -proyecto que es evidente que usted compartía- le deja usted a los pies de los caballos, no le apoya ni asume usted su responsabilidad; ni siquiera apoya a los que usted nombra.


Señora ministra, en su departamento sobra ignorancia, sobra frivolidad, sobran contradicciones, sobran -lo digo benevolamente- locuacidad y falta respeto, consideración, trabajo y seriedad. Usted está muy contenta de haberse conocido y yo muy contenta de que usted esté tan contenta, pero no atropelle, señora ministra. Usted ha atropellado y eso es muy grave.
No atropellar, es lo menos que se le puede pedir a la ministra de Cultura.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.


Señoría, yo solo estoy contenta de la confianza que los ciudadanos le han dado al Partido Socialista y a este Gobierno socialista. Así de simple.
Le voy a citar algunas frases por si le suenan: Los cargos no son vitalicios, hay necesidad de contar con un equipo de confianza, la razón de los nombramientos y de los ceses es la desconfianza política. ¿Le suenan? Son de Miguel Angel Cortés, de Pilar del Castillo, de Esperanza Aguirre cuando nombraron sus respectivos equipos de confianza por desconfianza política. ¿Le suenan, señoría? (Aplausos.)

Señoría, la pregunta que me ha hecho o es ingenua, democráticamente hablando, en un relevo de Gobierno o es de cinismo político. Casi prefiero lo primero. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON JOSÉ MARÍA LASALLE RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA: ¿POR QUÉ MOTIVOS ANUNCIÓ EL DIRECTOR GENERAL DEL LIBRO UNA LEY PARA ESTABLECER UN PRECIO FIJO PARA LOS LIBROS DE TEXTO? (Número de expediente 180/000252.)

El señor PRESIDENTE: Siguiente pregunta, del diputado don José María Lasalle, del Grupo Parlamentario Popular.


El señor LASALLE RUIZ: Señora ministra, usted, a quien le gustan tanto las declaraciones intempestivas y las sesiones fotográficas; usted quien, como decía ayer mismo, no sólo nos obliga a aguantarnos a ver sus fotos en el Vogue, sino incluso a verla luciendo -y cito literalmente- unos vaqueros y una camisa muy mona, ¿tendría la amabilidad de asombrarnos intelectualmente respondiendo a la pregunta de la que usted ya tiene conocimiento? (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Señor presidente, no le voy a pedir el amparo porque no lo necesito en este caso.


Estoy segura de que esa pregunta no se la habría hecho a un ministro, estoy segura, señoría. (Aplausos.) Usted forma parte de esa derecha absolutamente antigua, que representa poco en este país donde las mujeres en este caso compartimos el poder. Claro que le voy a contestar porque a eso vengo cada vez que la oposición convoca al Gobierno.


Vamos a hacer una Ley del libro. ¿Y sabe usted por qué? La vamos a hacer porque la ley actual, que regula una parte importante de toda la cadena que se inicia con la escritura y termina con la lectura y con las bibliotecas como servicio público en un Estado de bienestar, es del año 1975, está en parte derogada y en parte en vigor, es una ley preconstitucional. Hay que hacer una Ley del libro, pero no para el precio fijo. Permítame que intelectualmente, incluso con vaqueros, le diga que es para el precio único, que no es lo mismo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor LASALLE RUIZ: Señora Calvo, desgraciadamente sigue sin despejar la nebulosa de su ministerio. Que el director general del Libro comunique el día 9 de septiembre, precisamente cuando está encima la vuelta al colegio, que la nueva Ley del Libro tiene la intención de establecer un precio fijo sin excepciones, que suprima los descuentos que se aplican a los libros de texto es una irresponsabilidad, aunque se tratara de una mera reflexión, como dijo, ya que fue reincidente a lo largo de todo el día 9. Es una irresponsabilidad en el director general y en usted,

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que lo nombró y se supone que despacha habitualmente con él. Si la Ley del Libro será corta y clara, como dijo también y anunciaron, entonces ya tenía que ser bien conocida por ustedes en los escasos detalles normativos que se supone que tendrá, sobre todo en una materia donde presuntamente se han comprometido electoralmente a promover la gratuidad, donde hay en juego 615 millones de euros al año y donde las medidas liberalizadoras del Partido Popular han conseguido, según destaca la propia Asociación Nacional de Editores de Libros, que los precios de los libros de texto este año hayan tenido un comportamiento realmente excepcional, con un incremento muy por debajo del IPC. Todos estamos preocupados por el futuro de las pequeñas librerías de barrio, señora ministra. De hecho le recuerdo que el Partido Popular hizo que desapareciera el impuesto de actividades económicas. Pero el interés general del libro no sólo lo fijan los libreros, también los editores y más que nadie los lectores, que son los consumidores de un bien que debe venderse lo más barato posible para que todos lo puedan consumir al menor coste.


Señora Calvo, por favor, en lo sucesivo administre con mayor profusión los silencios, ya que no podrá hacerlo con las fotos. No obligue a la señora vicepresidenta primera a ir detrás de usted y de los suyos apagando los fuegos de su incontinencia. No alardee tanto de leer a Wittgenstein, demuestre que lo ha leído con aprovechamiento y hable lo mínimo, sólo así obtendremos certeza y claridad en sus declaraciones. Señora ministra, la cultura es demasiado seria para que se rija por los gestos de animación sociocultural que usted tanto prodiga de palabra e imagen.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.


Señoría, le convoco intelectualmente a su pregunta sobre lo que usted denominada como precio fijo. Le he dicho que es precio único, que significa que es el mismo precio en todos los sitios para impedir que el libro sea un simple objeto de oferta y demanda en el mercado. Si usted está de acuerdo con eso, porque es lo que me preguntaba, explíqueme por qué el 16 por ciento de los españoles compran los libros con descuento en las grandes superficies en detrimento de la red de librerías, que en muchos lugares, pequeños y medianos, de este país están desapareciendo, lugares que son de amparo e información cultural para los ciudadanos y, desde que el mundo es mundo, donde se amparan en muchas ocasiones las libertades. ¿Por qué no se mete usted en harina intelectual en este asunto y me dice lo que van a opinar ustedes cuando llegue esa ley a esta Cámara? Porque ustedes no fueron capaces, ni siquiera cuando pudieron, de plantear al Ministerio de Hacienda la rebaja del IVA que nos hubiera acercado a Europa. Contésteme usted a eso porque es de lo que se trata en este momento y, repito, no es el precio fijo, sino el precio único en los libros. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON DOMINGO TABUYO ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA MINISTRA DE CULTURA: ¿VA A SUPRIMIR EL GOBIERNO LOS DESCUENTOS EN LA FUTURA LEY DEL LIBRO? (Número de expediente 180/000260.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Cultura del diputado don Domingo Tabuyo, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor TABUYO ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, como ustedes ya conocen, para los socialistas la cultura es un recurso estratégico para el desarrollo humano de los territorios y desempeña un papel decisivo en la mejora de las condiciones de vida de los pueblos. Concebimos el espacio de la cultura como un lugar abierto en el que se sienta a gusto la reflexión, el pensamiento, el debate, la crítica y el diálogo. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.) Consideramos que los bienes y servicios culturales no pueden ser tratados como una mercancía más y que su diseño y planificación tienen que tener como finalidad principal el acercarse a la mayor parte de la sociedad y democratizar la difusión del conocimiento y de la formación cultural de nuestros ciudadanos. La industria del libro forma parte de la excepcionalidad cultural que el ministerio, en palabras de la señora ministra, se propone defender y potenciar mediante la elaboración de una ley del libro; una ley que regulará el concepto y el proceso en que se basa su creación y difusión, apostando por el apoyo a la edición, a la traducción y a la difusión del libro y de las letras españolas en todo el mundo, propugnando un marco fiscal adecuado. El compromiso del PSOE con la sociedad de avanzar hacia la gratuidad de los libros de texto en todos los tramos de la enseñanza obligatoria es un elemento irrenunciable que previene y compensa las desigualdades, contribuyendo a su superación mediante el apoyo directo a las familias.
Asimismo, es necesario armonizar los intereses de los consumidores con los de la red de pequeñas librerías, que actúan como auténticos dinamizadores de los procesos culturales y no debemos olvidar que constituyen una parte significativa del tejido básico que soporta la existencia de la cultura de proximidad y son garantía de pluralidad.


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Por lo expuesto, señora ministra de Cultura, ¿va a suprimir el Gobierno los descuentos en la futura Ley del Libro? (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Tabuyo.


Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.


Señoría, es cierto que el director general del ministerio no debió entrar en una competencia que no forma parte directa de las decisiones del Ministerio de Cultura porque, como usted y yo bien sabemos, el compromiso electoral de este Gobierno, que tiene que compartir con las comunidades autónomas dado que están transferidas las competencias de Educación, es avanzar en esta legislatura para llevar al final de la misma la gratuidad de los libros y por tanto de los materiales escolares del sistema educativo de este país. Pero también es verdad, como usted ha apuntado en su discurso, que es un núcleo de la política cultural de bastante enjundia para el Gobierno socialista a quien preocupa enormemente la competencia que se establece entre las grandes superficies y los pequeños y medianos comercios tradicionales que son las librerías. Nos preocupa porque es una competencia no siempre leal, que permite la horquilla de rebaja que supuso la posibilidad de los descuentos en los libros de texto, que a veces se utilizan como un reclamo con otros fines comerciales y que están obligando al cierre de una red importante de librerías. En la futura Ley del Libro tendremos que contemplar medidas, en coordinación con el Ministerio de Comercio y de Industria, de apoyo, desde el punto de vista de las políticas económicas, a ese modelo de negocio que, parangonándolo con las farmacias, no es un negocio en el sentido estricto del término por el papel y la función social que cumple y resulta triste tener que recordar que en algún lugar de nuestro país, desgraciadamente, se han quemado librerías hasta hace muy poco tiempo como símbolo tristísimo de lo que representan las libertades. Es verdad que en la Ley del Libro pretendemos articular todo el circuito que supone proteger los derechos de autor, ya que sin ellos nos quedamos sin creadores; proteger la posibilidad de las pequeñas editoriales que van unidas a las librerías pequeñas y medianas; acercar el asesoramiento y la compra fácil de muchos ciudadanos que no viven en las grandes ciudades.
Todo ese circuito termina en el Plan de fomento de la lectura que el ministerio está ultimando para que salga al final de este año, potenciando las bibliotecas de nuestro país como verdaderos servicios públicos.


Como ve S.S., se hace necesario derogar definitivamente con una ley posterior actualizada, la Ley de 1975. El tema es mucho más serio y más importante de lo que nos parece... (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señora ministra, se acabó su tiempo. Lo siento.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA TERESA DE LARA CARBÓ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CUÁL ES EL MOTIVO POR EL QUE HA ANUNCIADO UNA SUBIDA DEL PRECIO DEL AGUA? (Número de expediente 180/000249.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A continuación, señorías, preguntas dirigidas a la señora ministra de Medio Ambiente.


En primer lugar, la número 20, que realiza la diputada doña María Teresa de Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Adelante, señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra de Medio Ambiente, ¿cuál es el motivo por el que ha anunciado una subida del precio del agua?

Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora diputada.


Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Por idéntico motivo por el que el Gobierno del Partido Popular incluyó el principio de recuperación de costes del agua en la trasposición de la Directiva europea sobre política del agua, que exige que ese principio se aplique plenamente el año 2010. Por idéntica razón, nosotros tenemos que desarrollar ese principio y pasarlo a la realidad, realidad de la que hoy día estamos muy alejados. Entendemos que podemos empezar a aplicar tarifas más próximas a los precios reales para las futuras infraestructuras, en ningún caso para infraestructuras ya existentes.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora ministra.


Adelante, señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Señora ministra, efectivamente la Directiva marco de aguas que traspuso el Gobierno del Partido Popular indica, en su artículo 9 apartado 1, el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua.


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Pero lo que usted, señora ministra de Medio Ambiente, oculta a esta Cámara y a los ciudadanos, en su conocida política de siempre, es que el régimen económico-financiero de la vigente Ley de Aguas fija un mecanismo de repercusión en los usuarios que financian ya el cien por cien del coste de la infraestructura, a lo que hay que añadir un canon de regulación, una tarifa de utilización y un coste por mantenimiento y explotación.


Lo que usted, señora ministra, oculta a esta Cámara y a los ciudadanos en su política tan conocida de ocultar y de mentir es que, en el mismo artículo 9 apartado 1 de la directiva, hay un último párrafo que leo textualmente y que dice así: Los Estados miembros podrán tener en cuenta los efectos sociales, medioambientales y económicos del principio de la recuperación de costes, y las condiciones geográficas y climáticas de la región o regiones afectadas. Es decir, señora ministra, este párrafo hace que el Gobierno español tenga un margen suficiente para tomar en consideración las condiciones climáticas de una amplia zona española y los efectos sociales y económicos que una subida del precio del agua puede tener en la competitividad de los productos agrícolas, especialmente en el levante y el sudeste español. Pero a usted, señora ministra, esto no le interesa porque lo único que le interesa es cómo va a financiar sus desaladoras, que no tienen el precio que usted nos decía al principio. Usted sabe que el agua obtenida por desalación es mucho más cara de lo que usted nos decía y ahora busca desesperadamente cómo anunciar que el precio del agua, si finalmente se hacen las desaladoras -cosa que dudo-, será mucho mayor que el anunciado.


Señora ministra, deje usted de estar más pendiente de que sus proyectos gusten a los comisarios europeos y esté pendiente de los ciudadanos españoles, que observan con estupor cómo su afán recaudatorio no tiene límites. Nos habla de subida del recibo de la luz, de las tarifas...


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Lo siento, señora De Lara, terminó su tiempo.


Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señora De Lara, quien ha ocultado a los ciudadanos lo que les iba a costar el agua del trasvase del Ebro son ustedes. La anterior ministra de Medio Ambiente lo dijo muy claro: se establecerá la tarifa del agua cuando se termine la obra, es decir, cuando nos hayamos gastado 4.200 millones de euros. Se ocultó a los ciudadanos cuál iba a ser el coste del agua trasvasada que no era, ni muchísimo menos, el que ustedes apuntaban en sus estudios previos, como es evidente y ha quedado claro precisamente en los informes de la Comisión Europea, que señalaban como muy grave el hecho de que el Gobierno español no estableciera previamente unas tarifas que incorporaran el principio de recuperación de costes. Naturalmente que nosotros vamos a tener en cuenta lo que dice la directiva en el párrafo que usted ha leído. Por eso estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura para poder tener en cuenta para las futuras infraestructuras de este país, en ningún caso para las existentes, las condiciones específicas de los distintos cultivos, de la climatología y del desarrollo económico de cada una de las regiones, precisamente porque eso es lo que establece la directiva marco europea.


Señora De Lara, lo que ustedes han hecho en materia de agua es pura demagogia. Ustedes han hablado, incluso, de agua gratuita. Tengan el valor de reconocer que han engañado a los ciudadanos de este país y que desde luego formar parte de la Unión Europea no significa ir a pedir dinero intentando incumplir todas las normas ambientales, que es lo que ustedes han venido haciendo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON ALBERTO GARRE LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE HAN DESAPARECIDO AL MENOS 40 OBRAS DEL LLAMADO PROGRAMA DE AGUA DE LA CUENCA DEL SEGURA? (Número de expediente 180/000250.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A continuación, la pregunta número 21, que realiza el diputado don Alberto Garre López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Adelante, señor Garre.


El señor GARRE LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra del Gobierno de España, en virtud del talante, del diálogo y del consenso al que tanto recurre el presidente del Gobierno -esta misma tarde en el hemiciclo-, derogó por zapatazo en forma de decreto el trasvase del Ebro al Segura. Ahora, no sabemos por qué razón, por qué norma ni por qué sistema, S.S. ha hecho desaparecer en torno a cuarenta obras, que son imprescindibles para la regulación de la cuenca del Segura, del anexo número 2 al Programa Agua que usted ha presentado.


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Queremos que nos ilustre científicamente, porque seguro que tendrá una respuesta razonable para la eliminación de esas obras.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Garre.


Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señoría, le recuerdo que de la Ley del Plan Hidrológico Nacional lo único que se ha derogado es el trasvase del Ebro. Todas las obras incluidas en el anexo 1 están vigentes. Por tanto, lo que estamos explicando ahora es el conjunto de nuevas obras, de obras urgentes, de obras prioritarias que sustituyen al trasvase del Ebro. El Programa Agua tiene que hacer hincapié en esa explicación precisamente para superar la demagogia del agua gratuita y del agua ilimitada en la que ustedes han querido instalar a la ciudadanía. Pero insisto, señoría, en que no ha desaparecido ninguna de las obras a las que usted hace referencia, están en diferente grado de ejecución cada una de ellas y están en vigor porque no se ha anulado, no se ha derogado el anexo 1 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.


Adelante, señor Garre.


El señor GARRE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra, usted sabe que de ese anexo número 2 han desaparecido nueve presas que son fundamentales para la cuenca del Segura; que del plan de desaladoras, del que S.S. hace continuamente alarde, todas ellas, a excepción de una, estaban ya incluidas en el Plan Hidrológico Nacional del anterior Gobierno.


Señora ministra, en un asunto esencial para Región de Murcia, como es el agua, no queremos llegar a tener que invocar nuevamente a la Virgen de la Fuensanta; tampoco queremos llegar a tener que invocar a la Virgen de los Peligros para que elimine las plagas de los cultivos, para que nos elimine esas seculares sequías que venimos padeciendo en la cuenca del Segura o para que evite las instrucciones, las ejecuciones de la ministra de Medio Ambiente, señora Narbona. Lo que nosotros queremos es que S.S.
administre justicia sobre un bien que es del patrimonio hidráulico nacional. Pedimos solidaridad al resto de las comunidades y pedimos, sobre todo, que S.S. sea la ministra no del mal ambiente que quieren implantar en España todos y cada uno de los que quieren dividirla.


Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Garre.


Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señoría, le aconsejo que vaya al otorrino, porque no ha querido oir o no ha oído lo que le he dicho antes. No se ha derogado ninguna de las obras a las que usted hace referencia. Solamente se ha derogado de la Ley del Plan Hidrológico Nacional el trasvase del Ebro; el resto, todas esas presas que usted comenta, están en diferente grado de ejecución, por cierto, como la mayoría del anexo 1 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, en bajísimo grado de ejecución, porque había muchas cosas incluidas; incluido estaba todo, incluso cosas que estaban prácticamente terminadas y alguna inaugurada que ustedes retiraron en el último momento en la tramitación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Aquello que no estaba hecho ha ido ejecutándose con una lentitud bastante evidente, las pruebas están en la tramitación de todos los expedientes de las obras por las que usted hoy me pregunta dos veces seguidas, aunque ya le he contestado que no están derogadas y que están en diferentes fases de tramitación.


Señoría, el anexo de la Ley del Plan Hidrológico Nacional no ha sido derogado y si hablamos de planes de defensa de avenidas le tengo que decir que fue el Gobierno socialista, entre los años 1987 y 1996, quien llevó a cabo todas las obras en la cuenca del Segura, por un importe de más de 300 millones de euros, que han hecho superar en gran medida los problemas de avenidas que sufría la cuenca del Segura, y eso ustedes lo saben perfectamente. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON FRANCESC VALLÈS VIVES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ ACTUACIONES TIENE PREVISTO LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA ABORDAR EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN QUÍMICA DEL EMBALSE DE FLIX (TARRAGONA)? (Número de expediente 180/000262.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Pasamos a la última pregunta, señorías, la número

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32, del diputado don Frances Vallès Vives, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Adelante, señor Vallès.


El señor VALLÈS VIVES: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra, el pasado día 9 de septiembre se hizo público un informe elaborado conjuntamente por el Centro Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Autónoma de Barcelona, que revelaba la acumulación de entre 200.000 y 300.000 toneladas de sedimentos contaminados por residuos tóxicos y radiactivos en el río Ebro, a la altura del pantano de Flix. Según dicho informe, los vertidos proceden de la fábrica Erquimia, perteneciente a la empresa Ercros. Entre los residuos analizados se encuentran metales pesados, como el mercurio, y organoclorados, como el DDT. Asimismo se ha hallado, aunque en menor cantidad, un material radiactivo, la fosforita, que se utiliza en el proceso industrial de fabricación de piensos para animales.


Es conocido que desde 1972 Erquimia produce fosfatos que generan residuos radiactivos, pero la ausencia de una legislación ambiental adecuada sobre la responsabilidad de los vertidos dificulta la posibilidad de obligar a la empresa a contribuir económicamente a la reparación de los daños causados. Es cierto que la contaminación no presenta un motivo de alarma inmediata porque, según los análisis efectuados hasta ahora, no se superan los límites máximos de contaminación establecidos internacionalmente. Es cierto también que la calidad del agua está garantizada mediante la reciente instalación de sistemas de control más intensos y exhaustivos, pero también es cierto, señora ministra, que el riesgo es real y que cualquier alteración brusca de los sedimentos acumulados en el fondo del pantano podría provocar consecuencias imprevisibles y muy perjudiciales tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas. Una vez hechas públicas tanto la magnitud de la contaminación como las conclusiones del informe -el cual, por cierto, ya estaba a disposición del anterior Gobierno del Partido Popular a finales del año pasado y no tomó ninguna medida al respecto- y una vez conocidas las soluciones técnicas que en él se proponen para proceder a su adecuada limpieza y descontaminación, quisiera preguntarle, señora ministra, ¿qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para abordar el problema de la contaminación química del embalse de Flix en Tarragona?

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Vallès.


Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruíz): Gracias, presidente.
Gracias, señoría.


Tuve conocimiento del informe de manera inmediata al incorporarme como ministra de Medio Ambiente al actual Gobierno. Me lo hizo conocer el consejero de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña, que lo había enviado también, sin ninguna respuesta, a la anterior ministra de Medio Ambiente. Entendí que había que trazar inmediatamente una estrategia para resolver ese problema acumulado a lo largo de cien años, en gran medida durante etapas en las que no existía una legislación ambiental, pero sin ninguna duda lo suficientemente importante como para no mirar hacia otra parte. En ese sentido, acordamos con la Generalitat de Cataluña que dentro de las actuaciones en las cuencas internas de Cataluña sustitutorias del ramal norte del trasvase del Ebro, se incorporaría una partida de 104 millones de euros para llevar a cabo los estudios necesarios que identificaran la mejor opción posible y también para comenzar a abordar esa propia alternativa a la situación actual.


Aparte de ello, cuando comparecí en el Congreso, entre las prioridades de esta legislatura anuncié la necesidad urgente de dotar a este país de una legislación en materia de responsabilidad civil por daño ambiental, algo prometido desde hace mucho tiempo pero de lo que este país carece, porque sin ninguna duda cara al futuro problemas como los que nos hemos encontrado en el lecho del Ebro deben evitarse de entrada. Hoy día será difícil corregir esa situación, conllevará sin ninguna duda gasto público, más allá de las responsabilidades que se establezcan por la vía judicial a la empresa Ercros. Pero como Gobierno, creo que tenemos la obligación de trabajar en la solución definitiva de ese problema. Hemos intensificado ya, como ha señalado, los controles que existen por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de manera coordinada con la Agencia Catalana del Agua, para que exista tranquilidad por parte de los ciudadanos. Esos lodos están en estos momentos quietos, pero ciertamente no podemos mirar para otra parte. Por eso hemos empezado ya a trabajar con ese objetivo, al margen de las actuaciones precautorias que incluyen, entre otras cosas, esa ley de responsabilidad civil por daño ambiental.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A usted, señora ministra, muchas gracias.


INTERPELACIONES URGENTES

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS INICIATIVAS DEL GOBIERNO EN LA REGULACIÓN DE LA EUTANASIA. (Número de expediente 172/000036.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Continuamos, señorías, con el punto siguiente del orden del día, el punto V, referido a interpelaciones urgentes. En primer lugar, la que realiza el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las iniciativas del Gobierno en la regulación de la eutanasia.


Tiene la palabra la señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Empezaré y acabaré esta interpelación deseando, señora ministra, que sea usted quien haga realidad que en la próxima legislatura no se tenga que volver a defender por parte de ningún grupo parlamentario la petición de iniciar un procedimiento legislativo que permita actuar libremente a las personas que quieran ejercer el derecho a la eutanasia. Y digo eutanasia sabiendo incluso que en estos momentos hay cierta polémica sobre si ya está desfasada o no esta terminología. Recuerdo que eutanasia, que proviene del griego, significa simplemente el bien morir. A este grupo parlamentario le parece que realmente el bien morir no está superado en nuestro país. Empiezo así debido a la historia acumulada en este Parlamento en los últimos 12 años con respecto a la necesidad de regular la disponibilidad de la propia vida.


Señora ministra, como diputada electa reciente, tengo la costumbre de intentar documentarme previamente sobre qué, cómo y cuándo otros diputados de otros grupos han intervenido sobre la materia que voy a defender. Iniciativa per Catalunya, cuando estaba en el Grupo Mixto, así como otros partidos, el Grupo de Izquierda Unida, el Grupo de Esquerra Republicana, el Grupo actualmente de Izquierda Verde y, señora ministra, el Grupo Socialista, han intervenido en diferentes ocasiones en esta Cámara durante varias legislaturas defendiendo proposiciones de ley o la creación de subcomisiones de estudio para llegar a consensos y acuerdos que permitan superar la situación de clandestinidad en que se desarrolla lo que todos conocemos como el derecho a una muerte digna.


Si no fallan los datos, el febrero de 1998 el Grupo de Izquierda Unida y el Grupo Mixto defendieron una propuesta de despenalización de la eutanasia que fue rechazada. No obstante, se creó una Comisión especial sobre el tema en el Senado, que tuvo que concluir su trabajo sin realizar ningún informe definitivo debido a que, con motivo de las elecciones del 3 de marzo del año 2000, se disolvieron las Cortes. En la pasada legislatura se volvieron a traer nuevas proposiciones para su toma en consideración y, aunque no prosperaron, sí contaron con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. Me van a permitir que lea unas palabras pronunciadas por el diputado socialista Javier Barrero, quien intervino en diciembre de 2002 en el debate de toma en consideración de las propuestas de Iniciativa per Catalunya, Izquierda Unida y Esquerra Republicana, y si las menciono es porque franca y personalmente me han parecido excelentes. Dice así: A quien aborrece la vida que le queda, porque eso no es vida, tenemos que darle la oportunidad de una decisión que ampare su libertad y su dignidad. El final de la vida, señorías, debe ser un final digno.


Debo reconocerle que al repasar la documentación, la historia parlamentaria y las intervenciones, a esta diputada le han asaltado varias preocupaciones que considero importantes. La primera tiene que ver con la escasa y lamentable por ello credibilidad que en ocasiones tiene la clase política -entre la que me incluyo, evidentemente- y que, sin duda. en muchas ocasiones está bien merecida. No podemos esperar confianza en la ciudadanía si no somos capaces de ser mínimamente coherentes con nuestras promesas y con nuestras ideas, y mucho menos con temas que requieren de una extrema sensibilidad y respeto. No podemos defender una cosa en la oposición o durante la campaña electoral y otra distinta una vez que estamos en el gobierno. Sí podemos, claro que podemos, pero entonces no nos quejemos del deterioro de nuestra imagen y de la falta de rigurosidad con que se nos identifica por una gran parte de la ciudadanía.


Por último, los inconvenientes o no de la regulación y legalización de la disponibilidad de la propia vida son los mismos hoy que hace dos, cuatro y doce años; sólo se ha deteriorado un aspecto: la vida y la situación de muchas personas que desde hace años están solicitando que se les ayude a morir en paz y con la máxima dignidad. En esta legislatura, el 15 de julio, se debatió en esta Cámara una propuesta del Grupo de Esquerra Republicana encaminada también a la despenalización de la eutanasia, cuya toma en consideración contó con nuestro apoyo, pero que fue rechazada por los votos del Grupo Popular, de Convergència i Unió y del Grupo Socialista. Usted sabe, señora ministra, que al inicio de esta legislatura nuestro grupo parlamentario presentó de nuevo otra proposición de ley sobre disponibilidad de la propia vida. No es intención de esta diputada desarrollar aquí esta iniciativa, por muchos motivos, entre ellos porque no es el objetivo de esta interpelación. Lo que pretendemos nosotros es, en primer lugar, fomentar el diálogo, impulsar el consenso y el respeto a la diferencia de opinión y consideración sobre la eutanasia y abrir un canal parlamentario para debatir lo que nosotros entendemos que ha de ser la futura reglamentación, que debe respetar y recoger la necesidad y la decisión personal de poner fin a la vida de manera voluntaria.


Yo sé, señora ministra, créame que lo sé, que usted no es responsable de las actuaciones pasadas, pero sí le pido que reflexione sobre la responsabilidad que pesa sobre usted en este momento; responsabilidad y sobre todo, señora ministra, oportunidad, oportunidad

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de dar un paso adelante sobre esta necesidad social. Mucho ha llovido desde el año 1986, cuando el entonces, y muy admirado personalmente, ministro de Sanidad, Ernest Lluc, promovió la Ley de Sanidad que permitió después el desarrollo autonómico y que a la vez, en la materia que hoy nos ocupa, ha supuesto la regulación legal para poder llegar a suscribir un testamento vital o de voluntades anticipadas. Hoy son muchas las comunidades autónomas del Estado español que tienen aprobadas leyes en este sentido. El 14 de noviembre de 2002 se aprobó la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Esta ley, pese a su importancia, dejaba muchas lagunas y resolvía poco el problema planteado, pero es una fase necesaria, que, bien informada, podía haber sido y puede ser de una gran utilidad. El problema es su desarrollo y la eficacia.


Señora ministra, nosotros le preguntamos, por ejemplo, si se ha creado ya el registro nacional de instrucciones previas que prevé la mencionada ley, y que puede permitir valorar y analizar el conjunto de instrucciones previas manifestadas por los pacientes en todo el territorio español. La información que tenemos es que no se ha creado, lo cual valoramos como inadmisible y sobre todo como la pérdida de una oportunidad de haber ido avanzando en la protección de los derechos y deberes de las personas en relación con la decisión sobre la propia salud. La falta de desarrollo de esta ley demuestra, desde nuestro punto de vista, una vez más, que aprobar leyes no es suficiente. Lo fundamental, lo previo, en nuestro criterio, es tener una verdadera voluntad política de abordar un problema y poner soluciones al mismo. Esta voluntad política para ir avanzando en este tema no existía la legislatura pasada o existía sólo en una parte de esta Cámara.


El resultado es que no ha habido desarrollo de esta ley; una ley que es fundamental, como ya he comentado, para avanzar en la posibilidad de expresar anticipadamente los deseos de los pacientes respecto a las decisiones clínicas que les pueden afectar en aquellas situaciones futuras en las que no estén en condiciones de expresar su voluntad. ¿Por qué no tenemos ese registro central creado? ¿Por qué no hay interés en sensibilizar a la población sobre un paso tan importante y, por otro lado, tan humano como este? ¿De qué sirve que muchas comunidades autónomas tengan también sus propias leyes al respecto si no hay un registro centralizado? Creemos que sirve de muy poco y nos preguntamos por qué estamos en esta situación anterior a esta legislatura. Es imprescindible que se inicie un debate profundo en este Parlamento y es urgente poner fecha al debate y al calendario para llegar a acuerdos.


Con todo el respeto, pero con toda radicalidad, nuestro grupo opina que no se puede apoyar en la legislatura pasada el inicio de este debate y que ahora, después de cinco meses, no se puede decir que no forma parte de la prioridad política o de la agenda política. Señora ministra, usted tiene, permítame que se lo repita, la oportunidad de cumplir con un compromiso que al Gobierno no le supone un gran coste económico y que sin embargo derivará en un enorme beneficio para la vida y la dignidad de muchas personas que hace años están esperando que los políticos cumplamos las promesas. Por más vueltas que le demos, sabemos que este debate tiene más de debate ético e ideológico que de debate jurídico. Jurídicamente todo es regulable. Si países como Holanda o Bélgica tienen leyes concretas, si Francia ha anunciado que legislará sobre esto y en Suiza también hay una legislación mínima al respecto, así como en algunos Estados de Estados Unidos, ¿por qué no vamos a poder legislar y regular nosotros sobre esta necesidad? Nuestra sociedad es suficientemente madura para abordar este debate y está en la mente de todos que debe abordarse desde los aspectos ético, social, jurídico y sanitario.


No podemos olvidar las cifras, que también son importantes. En las unidades de cuidados paliativos de España más de 200 enfermos terminales piden cada año que se les ayude a poner fin a su vida y ello pese a las atenciones que reciben y sin que signifique en absoluto desatención por parte de la familia ni del personal sanitario. Otros 10.000 enfermos -son datos oficiales-, con dolencias irreversibles y degenerativas, desean en algún momento que se les facilite terminar con su largo y doloroso proceso. Estos datos no contabilizan las opiniones favorables a la eutanasia de las personas que al final de su vida no están atendidas en centros especializados. Por otro lado, un centenar de españoles han pedido información a la asociación pro eutanasia Dignitas para viajar a Zurich, por no encontrar solución a esta situación en nuestro país. Según una encuesta del CIS del año 2003, seis de cada 10 médicos apoyan un cambio o una regulación en la ley para permitir a los enfermos pedir y recibir el suicidio asistido por un médico. La asociación pro derecho a morir dignamente considera cortos estos datos y opina que, en nuestro país, son más de 20.000 los pacientes que desean la eutanasia.


A pesar de todo esto, como todos conocemos, nuestro Código Penal castiga con penas de seis meses a seis años de prisión a quien colabore o ejecute la acción de terminar o ayudar a terminar con la vida de un enfermo. ¿Qué está pasando? A nosotros nos parece que estamos mirando hacia otro lado para no ver lo que no deseamos ver o lo que algún sector de la sociedad no quiere ver, que no es otra cosa que el hecho de que se está cuestionando el derecho humano a decidir un final acorde con nuestra conciencia y con nuestra voluntad y que eso puede ser y es perfectamente compatible

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con tener un gran amor a la vida. Este es un derecho que debe contemplarse dentro del marco de la libertad individual. Estamos en una sociedad plural y secular. Por suerte, en nuestro entorno hace tiempo que la vida del ser humano dejó de ser una propiedad. La vida humana no es propiedad social de nadie, ni del Estado ni de ningún estamento político o religioso. La propia persona es la única competente para decidir qué hacer con su propia vida y, llegado el momento, decidir cómo quiere finalizarla. ¿Quién puede -nos preguntamos- atreverse a decidir en nombre de otro qué es vivir dignamente? Desde nuestro punto de vista, la vida y la muerte son conceptos íntimos que no permiten consejos, ni enmiendas, ni imposiciones. Lo que para un individuo puede ser tolerable y soportable, para otro puede ser un infierno, un maltrato, un dolor interno imposible de sobrellevar. ¿Quién es nadie para que, llegado ese extremo, pueda obligar a otro a seguir sufriendo en contra de su voluntad?

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señora García, le ruego que vaya concluyendo.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Finalizo ya.


Me temo, señora ministra, que no estamos ante un problema legal o judicial, sino más bien, como en tantas otras cuestiones, ante una dificultad, la de aceptar que la libertad de uno comienza y acaba allí donde empieza la libertad del otro.


Voy a saltarme alguna consideración, aunque la considero importante, puesto que no dispongo de tiempo. Somos conscientes de que este es un tema delicado, un tema complejo, en el que se puede llegar a mezclar y se están mezclando diferentes conceptos o diferentes realidades; desde quien argumenta que si las unidades de cuidados paliativos funcionaran mejor y hubiera más recursos no habría solicitudes de eutanasia hasta quien argumenta absolutamente lo contrario. Nosotros entendemos que no podemos continuar dejando que la sociedad vaya discutiendo en la calle, poniendo en el debate de la calle conceptos tan delicados como este que acabo de mencionar cuando nos parece que en principio no tiene nada que ver una cosa con otra. Nuestro grupo siempre ha defendido, y continuará haciéndolo, la mejor sanidad pública, los mejores cuidados paliativos y, por supuesto, la atención integral y completa hasta el último momento de la vida de una persona. Pero entendemos que esto, con ser un debate que debe llevarse a cabo -el de los cuidados paliativos y el de las unidades de atención paliativa-, no es un debate que haya que poner al lado del que deba hacerse sobre la muerte digna. Sería un tema importante a debatir, pero habría que debatirlo en su contexto, no en este.


Nosotros vamos a proponer, señora ministra, que se abra de verdad un espacio parlamentario para que, de una manera tranquila, serena y sosegada, los grupos parlamentarios y el Gobierno evidentemente en primer lugar puedan debatir qué alternativas y propuestas hay en este sentido.
Por nuestra parte, vamos a acotar esta propuesta en el tiempo en la moción de la semana próxima. Se trata de que con la mayor brevedad posible podamos explicar a la sociedad cuál es la propuesta y qué tipo de reglamentación y de regulación se va a hacer, de modo que podamos sacar de dudas a la sociedad en un tema tan importante como este.


Disculpen. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias.


Para contestar a la interpelación, tiene la palabra la señora ministra de Sanidad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Señora presidenta, señora diputada, señorías, como ya tuve ocasión de expresar la semana pasada en contestación a una pregunta oral formulada por el senador Cuenca Cañizares, la disponibilidad de la propia vida es una cuestión delicada y compleja sobre la que, a criterio del Gobierno, no existe todavía el necesario sentir social ni un consenso social mayoritario. Dicho esto, quiero aclarar, como también lo señalé la semana pasada, que el Gobierno está a favor de que se abra un sereno debate en la sociedad en torno a la capacidad de decisión de las personas sobre la última etapa de su vida y que no tiene ninguna intención de bloquear las iniciativas que el Parlamento pudiera adoptar, en su caso, para emprender una discusión madura, libre y pluralista en torno a este tema.


La cuestión del derecho a disponer de la propia vida presenta muchas aristas que, a nuestro entender, impiden en este momento acometer en España una regulación del alcance de la que se ha aprobado recientemente -hace apenas dos años- en Bélgica y en Holanda, puesto que, aunque no se diga expresamente, ese es el modelo que se está planteando. En el mundo hay cuatro experiencias -por cierto, de muy distinto enfoque, contenido y alcance- de normas reguladoras de la disponibilidad de la propia vida; tan solo cuatro normas en todo el mundo. De ellas, dos están en vigor -las mencionadas de Bélgica y Holanda- y las otras dos no lo están; una de ellas, por haber sido suspendida por los tribunales: la del Estado de Oregón, en Estados Unidos, que se extendió después a otros ocho Estados norteamericanos; la otra, porque fue anulada por su Parlamento nacional, en el territorio del norte, en Australia. Recientemente, en Francia, un grupo de diputados formuló una proposición de ley, que no es exactamente similar a las citadas

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en su contenido y que además está pendiente de inclusión en el orden del día para su tramitación parlamentaria.


Todo esto nos indica la dificultad de esta cuestión, cómo confluyen en este tema aspectos éticos y morales, jurídicos y sanitarios. Estamos hablando de la vida, señorías. Y, si siempre es complejo regular aspectos de la vida, establecer normas sobre el fin de la misma es aún más complicado. Es probablemente la materia más sensible a la que una sociedad y el Parlamento que la representa pueden enfrentarse. Las opiniones que durante estos días vienen manifestando determinados colectivos sociales no nos parece que respondan al sentir mayoritario de la sociedad española. Desde luego, hay algunos colectivos -y no me estoy refiriendo en absoluto a aquellos cuyos motivos son exclusivamente religiosos- que sienten este asunto como un riesgo y una desprotección.
Tampoco los profesionales sanitarios, como acabamos de conocer, están mayoritariamente a favor, sino todo lo contrario, de la despenalización total de la eutanasia activa.


El Gobierno no cree que exista una demanda de la sociedad para abordar en este momento la regulación de esta materia, por modificar las normas existentes; probablemente, ni tan siquiera existe ese debate social extendido sobre la cuestión. Sin duda, muchos nos encontramos ahora afectados por la cercanía y dramatismo de la historia de Ramón Sampedro, pero, no nos engañemos, ello no es objeto de un debate generalizado, y aun suponiendo que lo fuera, ello no necesariamente significaría la existencia de una postura clara, nítida y mayoritaria a favor de avanzar en la despenalización plena de la eutanasia. Antes al contrario, si el debate no se hace desde posiciones reflexivas y serenas, con facilidad sería un debate enconado y, en lugar de acuerdo y consenso, podría dar lugar a enfrentamientos y a una radicalización innecesaria. Por eso el Gobierno cree que, con carácter previo a cualquier regulación, debe producirse un debate que aclare conceptos, que defina el alcance, que ofrezca garantías, que examine profundamente la legislación comparada; que en definitiva posibilite sentar las bases que puedan dar salida a esta cuestión con serenidad, confianza y tranquilidad para todos. Es esta reflexión la que ha llevado al Gobierno a no incluir entre los asuntos de su agenda legislativa más inmediata la regulación sobre la disponibilidad de la propia vida.


Esta reflexión se complementa con la convicción de que por el contrario sí hay aspectos íntimamente ligados a esta cuestión sobre los que existe consenso social y que sí deben incluirse en las prioridades inmediatas del Gobierno, porque hay ámbitos en los que todos los grupos parlamentarios están de acuerdo; por ejemplo, el documento de instrucciones previas, también conocido por testamento vital; por ejemplo, los cuidados paliativos, y por ejemplo no prolongar artificialmente la vida. Creo que en estos campos, entre otros, tenemos todavía muchas cosas por hacer y que avanzar en ellos aliviará muchísimo sufrimiento, permitirá una vida más digna hasta su final e introducirá paulatinamente otra forma de ver las cosas en la sociedad española.


El Gobierno cree que es preciso que todo ciudadano tenga la posibilidad de expresar claramente su voluntad ante determinadas situaciones clínicas y, lo que es aún más importante, que tenga la certeza de que, ocurra donde ocurra la enfermedad o el accidente que origine esa situación, los profesionales que le atienden van a tener acceso a sus instrucciones, a su previa manifestación de voluntad y van a poder actuar en consecuencia.
Esto es un elemento clave para los ciudadanos y también para los profesionales sanitarios, que en todo momento van a poder saber qué previsiones, si las hizo, estableció el paciente para esas circunstancias o a quién encomendó tomar decisiones en su nombre. Para ello es preciso continuar con el establecimiento de los documentos de instrucciones previas, pero también es preciso establecer un registro nacional que permita a los profesionales sanitarios conocer si el paciente ha dictado instrucciones previas para el caso de situaciones clínicas extremas que permitan conocer su voluntad en el caso de llegar a esas circunstancias, y que el acceso a esa información sea posible en todo el territorio nacional, de manera que, sea cual sea el lugar de origen del paciente y se encuentre donde se encuentre, pueda darse satisfacción a la decisión personal que adoptó frente a los momentos difíciles y transcendentales del final de su vida.


El segundo bloque de materias donde el Gobierno cree que existe un extenso consenso social es en la necesidad de avanzar en la generalización de los cuidados paliativos, porque es verdad que ya existen, pero también es verdad que su extensión es claramente insuficiente. Las personas en situación terminal muy avanzada necesitan con frecuencia cuidados específicos que van más allá de los estrictamente referidos a su enfermedad. El dolor, la ansiedad, la soledad y la incomunicación de los propios enfermos y de sus familias hacen preciso un esfuerzo adicional del Sistema Nacional de Salud para hacerles frente. Las unidades de cuidados paliativos están desigualmente repartidas, la información sobre su existencia no siempre llega adecuadamente a los enfermos ni a sus familiares e incluso a veces los propios profesionales tienen que suplir con voluntarismo la falta de formación especializada.


Hemos avanzado mucho en los últimos años, pero la asistencia total, activa y continuada a los pacientes y a sus familias, también cuando no hay posibilidad de curación, constituye un elemento del Sistema

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Nacional de Salud en cuya extensión hay que profundizar. La respuesta conjunta de los servicios sanitarios y asistenciales permite mejorar la calidad de vida del enfermo y de su familia, sin intentar alargar inútilmente la supervivencia, facilitando así a unos y a otros soportar mejor la dureza de este proceso y posibilitando al enfermo una muerte digna. El Gobierno cree también que existe un consenso social generalizado sobre el rechazo al ensañamiento terapéutico y que la inmensa mayoría de los ciudadanos está en contra de prolongar artificialmente la vida, está en contra de someter al enfermo a tratamientos inútiles de los que no obtendrá beneficio alguno y que, por el contrario, prolongarán su agonía y mermarán su dignidad personal.
Todos deseamos no sufrir en nuestro trance final y todos deseamos que tampoco sufran nuestros seres queridos. Así, la supresión de la prolongación artificial de la vida, la mitigación del sufrimiento y el dolor con un tratamiento es algo que mayoritariamente aceptamos y deseamos. Avanzar en protocolos que den seguridad a enfermos y a profesionales sanitarios en estos y en otros aspectos son cuestiones en las que entendemos que contamos con el respaldo social de todos.


De mi intervención tal vez saque S.S. la conclusión de que el Gobierno se opone a la regulación sobre la disponibilidad de la propia vida. Pues no es así. El Gobierno está a favor de dignificar la vida, toda la vida en su conjunto, incluido el final. Por ello, tiene en sus prioridades avanzar decididamente en aquellas materias en las que el consenso social existente nos permite ya tomar medidas positivas en apoyo de los momentos más difíciles y transcendentales de nuestra vida.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.


Su turno de réplica, señora García Suárez. Le recuerdo que dispone de 5 minutos.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Gracias, señora ministra, por su explicación. Voy a ser muy breve, porque reconozco que en la primera ocasión me he excedido y por tanto intentaré ajustarme lo más posible.


En primer lugar es para mí una gran satisfacción comprobar que en algunas de las cuestiones que esta diputada ha planteado hemos coincidido, como es la necesidad de que funcione, por ejemplo, el desarrollo de la Ley reguladora de la autonomía del paciente. Le preguntaba si realmente existía ya este registro nacional. Usted me ha contestado que no, pero que la voluntad es que funcione y entiendo que de una manera inmediata se va a poner remedio a este retraso de dos años. En este aspecto quiero felicitarla, porque pensamos que es fundamental para el futuro, en cuanto al análisis de los temas que estamos hoy tratando, poder valorar esta información a lo largo de unos años. Coincidimos con usted, señora ministra, en que se necesita un consenso y un debate reflexivo y sereno; nosotros estamos absolutamente convencidos también de esto. Consideramos que este debate no está acabado. Sabemos también que hay quien comenta que esto ya está liquidado, que esto ya se ha hablado, que esto ahora no toca; nosotros creemos que sí que toca. Tenemos por delante cuatro años de legislatura y nos parece que se puede empezar a trabajar ya y no dejarlo para el último momento. Por tanto, nosotros vamos a proponer el marco y la propuesta concreta para que este debate se pueda desarrollar en esta línea. Estamos convencidos de que es un tema complicado y difícil, un tema que tiene muchos colores y muchas aristas, como usted muy bien ha dicho y yo también, pero que sea muy complejo y difícil no significa que no tengamos que abordarlo.


Señora ministra, usted ha comentado que no hay una gran demanda social como para que se legisle. Yo no sé si en una materia tan delicada como esta se puede esperar que haya explícitamente demanda para que se legisle; hay una demanda y esta demanda -lo he comentado anteriormente- la conocen las asociaciones, que hace más de 20 años que están dedicándose a ayudar a las familias y a las personas que tienen problemas. Existe esa demanda, una demanda de las personas que se encuentran en esta situación, una situación en la que algunos de los que estamos aquí o nuestros familiares por desgracia nos podemos encontrar en cualquier momento. Esa demanda existe. Evidentemente, no hay una solicitud mayoritaria de la sociedad para que se legisle. La verdad es que no lo sé y tampoco se ha preguntado; lo que sí parece, según algunas encuestas, es que en estos momentos un considerable número de ciudadanos está diciendo que este tema se tendría que regular de alguna manera, puesto que está siendo un problema en muchos momentos y en muchas ocasiones.


Por último, quiero manifestar que, si bien a mi grupo parlamentario le preocupa el tema de los cuidados paliativos y va a trabajar tanto en el análisis de la realidad en nuestro país como en las necesidades y recursos que sean precisos para mejorar la situación de la atención en dichos cuidados paliativos, desde nuestro punto de vista son dos debates diferentes. Ello no quiere decir que algunas personas que puedan solicitar, por lo que explican las asociaciones, la eutanasia también en algunos momentos hayan pedido mayores cuidados paliativos. Una cosa y la otra, como interpreto que aquí se está relacionando, nos parece un discurso incluso preocupante, puesto que creemos que se está hablando del derecho que una persona

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tiene a decidir que no quiere continuar con una situación que no ha buscado, con una situación sanitaria, personal, etcétera, de dependencia o de enfermedad que no ha escogido, sino que le ha sobrevenido. Esto en principio no tiene que unirse a una cuestión de cuidados paliativos.
Puede coincidir, pero entendemos que son dos discursos o dos planteamientos que van por caminos diferentes.


Una vez más le agradezco su explicación y le manifiesto que mi grupo parlamentario, Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, está a su disposición para todo aquello que sea necesario. Y esta diputada, más todavía, desde su responsabilidad, para cualquier cosa que podamos hacer en este tema y en cualquier otro.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias a usted, señora García Suárez.


Señora ministra, su turno de réplica.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, presidenta.


Señora diputada, señorías, no puedo sino reiterar lo que ya he expuesto en mi primera intervención. El Gobierno considera que la iniciativa legislativa hoy en día directamente orientada a la despenalización total de la eutanasia es una iniciativa prematura en este momento. El Código Penal del año 1995 representa a nuestro entender el nivel de acuerdo social exigible en torno a esta delicada cuestión, sin perjuicio de que quepa profundizar en otros ámbitos, como el que ya le he señalado del testamento vital, dirigido a la utilización de cuidados paliativos y a evitar el llamado ensañamiento terapéutico. El Gobierno cree que antes de cualquier modificación es preciso un debate en el seno de la sociedad, que no se circunscribe en exclusiva al ámbito político, puesto que afecta a todas las realidades presentes en la sociedad, a todos los aspectos éticos, legales, sanitarios, religiosos, etcétera. Ese debate hoy por hoy todavía no se ha llevado a cabo y mientras no se produzca ese debate en profundidad y no se alcance el necesario consenso social no es, insisto, un asunto prioritario que esté en la agenda legislativa inmediata del Gobierno. Por otro lado, la reforma de la regulación sobre la disponibilidad de la propia vida quiero recordar que no formaba parte del programa de Gobierno con el que el partido que sustenta al Ejecutivo se presentó a las elecciones ni del programa de Gobierno que se presentó en la sesión de investidura. Por tanto, el Gobierno no tiene ningún compromiso concreto para acometer en esta legislatura la regulación sobre la disponibilidad de la propia vida ni considera que exista en este momento el sentir social que exija esta reforma.


Como he dicho en mi anterior intervención, la despenalización de la eutanasia activa sólo es una realidad en dos países: en Bélgica y en Holanda, puesto que el proyecto de ley francesa, que ha sido presentado por un grupo de diputados, tiende verdaderamente a otorgar protección a los profesionales sanitarios para definir con mayor exactitud a qué se llama ensañamiento terapéutico. No es un proyecto de ley destinado a despenalizar la eutanasia activa. Por tanto, insisto, el Gobierno estima que sí hay ya en este momento ámbitos para dignificar el final de la vida en los que aún se puede avanzar, como el testamento vital, en el que ya manifiesto que el Gobierno tiene previsto crear un registro nacional que facilite el conocimiento de la voluntad del enfermo en todo el territorio nacional o los cuidados paliativos. Nuestros profesionales sanitarios conviven cada día con la realidad de enfermos o familiares que solicitan retirar o no iniciar un tratamiento que sólo comportaría prolongar la vida del enfermo con mucho sufrimiento. Para eso sí tenemos respuesta, para eso hay consenso social y además esta consideración colaborará en la aceptación por la sociedad de que los avances de las tecnologías médicas y el incremento de la esperanza de vida plantean la necesidad de avanzar en los aspectos que garanticen una muerte digna. El apoyo a los más débiles, a los que sufren, a los que se sienten a sí mismos como una carga, la necesidad de procurar los medios para que el mayor número posible de ciudadanos cumpla con su deseo mayoritario en esa hora final: morir en mi cama sin sufrir, rodeado de los míos y en paz. El conocimiento de la voluntad previamente expresada por los ciudadanos para esos momentos difíciles y el deber de respetar esa voluntad, esas, sí, son prioridades para el Gobierno y en eso estamos todos de acuerdo, sociedad y grupos parlamentarios. Yo creo que debemos aprovechar este consenso para seguir avanzando en la dignificación de la vida hasta el final.


Muchas gracias, señoría, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL CORREDOR DE ALTA VELOCIDAD MADRID-CASTILLA-LA MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA. (Número de expediente 172/000039.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señorías, continuamos con la interpelación siguiente, interpelación que realiza el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el corredor de

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alta velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tiene para ello la palabra el señor Ayala.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Señora presidenta, señores diputados.


Señora ministra, su departamento, en recientes respuestas a preguntas parlamentarias por escrito relativas al corredor de alta velocidad Madrid-Levante y el Mediterráneo, que discurre por las comunidades autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía, para llegar hasta a Almería, y Cataluña para conectar con Tarragona, ha afirmado que el Ministerio de Fomento no va a parar ninguna actuación. Al contrario, que va a impulsar la puesta en marcha de todos los tramos que restan para que este corredor sea una realidad en el menor tiempo posible, pero en dichas respuestas parlamentarias no ha comprometido ninguna fecha de puesta en servicio. Por el contrario, en diversas manifestaciones públicas, destacados miembros de su equipo y usted han generado dudas e incertidumbres sobre este corredor, y además están poniendo fecha de puesta en servicio a otros corredores que quizás les sean más queridos o afines o con los que sientan mayor compromiso y obligación.


Señora ministra, este corredor es fundamental para la vertebración de todo el Levante español, desde Cataluña hasta Andalucía con la Meseta y, en consecuencia, con toda la trama ferroviaria del proyecto número 19, de los proyectos prioritarios de la red transeuropea de transporte, el denominado interoperabilidad de la red de alta velocidad ferroviaria en la península Ibérica. Hay muchas decisiones y determinaciones adoptadas que afectan al corredor y que vinculan a la Administración pública. En primer lugar -aunque sé que a usted no le gusta hablar de él y trata de evitarlo-, el Plan de infraestructuras de transporte 2000-2007. No le queda más remedio que reconocer que las obras, proyectos e informes hacen referencia a sus determinaciones y compromisos, de tal suerte que usted, aunque no le guste, está ejecutando precisamente los proyectos correspondientes a dicho plan. El Plan de Infraestructuras de Transporte, ya se lo he dicho en alguna otra ocasión, era y es el plan del Ministerio de Fomento, mientras no se derogue o se sustituya por otro; se estaba ejecutando por encima de sus previsiones; tiene coherencia, cohesión, vertebración, equilibrio territorial; tiene compromisos presupuestarios, horizonte financiero, vinculación de fondos europeos y fecha de terminación y tenía la voluntad decidida de su ejecución, que es lo único que ahora le falta, voluntad de ejecución. Pues bien, señora ministra, el Plan de Infraestructuras de Transporte contempla la ejecución completa de este corredor con un recorrido de 1.271 kilómetros. En segundo lugar, nos vincula el acuerdo firmado el 8 de enero del año 2001 por el ministro de Fomento con los presidentes de las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, en virtud del cual se desbloqueaban definitivamente los trazados de las obras de alta velocidad a Levante. En dicho convenio se estableció además que por el ministerio se priorizaría la adecuación de las líneas convencionales existentes y la simultaneidad de la puesta en servicio de los distintos tramos con los que afectaban a la ciudad de Albacete. En tercer lugar, los acuerdos de los ministros del ramo en la cumbre de la Unión Europea de diciembre de 2003, que incluían este corredor entre los proyectos prioritarios de las redes transeuropeas de transporte. Esto implica que el compromiso de la acepción de los fondos comunitarios ha de ser antes de 2007, y le recuerdo, aunque usted lo sabe bien, que este proyecto tiene el 60 por ciento de financiación europea. En cuarto lugar, aunque a usted tampoco le guste recordarlo, el PISIT. Con él se presentaron ustedes a las elecciones generales y en él señalaban ustedes que este corredor era prioritario. En quinto lugar, sus promesas electorales y post electorales. Baste una muestra, por ser sin duda la más comprometida y, por tanto, la más exigible, la del portavoz de la Comisión, señor Contreras, que prometió que el AVE a Almería llegaría en el año 2007, sin olvidar la del AVE a Valencia coincidiendo con la fecha de la celebración de la Copa de América. Recientemente, los socialistas valencianos han querido romper el compromiso y el equilibrio territorial que todas estas determinaciones comportaban, exigiendo que el AVE se priorizara en perjuicio del resto del corredor. No sé si lo han hecho por tratar de contrarrestar los perjuicios que para el PSOE valenciano ha supuesto la derogación del trasvase del Ebro o simplemente para hacerse notar, pero lo han pedido. Usted, bien es verdad, adelantó ayer que va a mantener el acuerdo de Murcia, pero no se trata sólo de decirlo, señora ministra, y de ceñirse ad pedem litterae al acuerdo, sino de todo lo que ello comporta, siendo imprescindible que la incertidumbre creada se disipe, si a ello está usted dispuesta. Esa es la razón por la que la interpelamos.


Señora ministra, no estamos aquí para que nos diga lo que ya sabemos que usted dice. Ya sabemos que usted a continuación, sin ningún pudor, le va a echar la culpa al Partido Popular. Ya sabemos que el Partido Popular es el culpable de todo, puede usted ahorrárselo porque ya lo sabemos. Se puede usted ahorrar decir que el corredor está ejecutado en el 1,5 por ciento porque no es verdad. (La señora ministra de Fomento: Es verdad.) Ya sabía yo que lo iba usted a decir, ya me hace gestos con la cabeza. Se puede ahorrar decir que existe falta de planificación y de conexión porque por mucho que usted no quiera existen datos y cifras que son irrebatibles. Si alguna vez ha habido una planificación

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global y creíble de las infraestructuras en España ha sido con el Partido Popular y con el Plan de Infraestructuras de Transporte 2000-2007.
(Aplausos.)

Con respecto a esos proyectos que usted denomina aislados -oigalo, hágame caso, de una vez por todas porque dejará usted de decir cosas que no se ajustan a la verdad- cuando se tiene la planificación, que está, y la voluntad firme de hacer un corredor, que se tenía, lo lógico es ir licitándolo y construyéndolo conforme se van terminando los proyectos de los tramos que se tienen preparados. No es un capricho la división en tramos, sino que es una cuestión técnica que se efectúa por similitudes orográficas, por dificultad de la declaración de impacto ambiental, por facilidad de obtener los terrenos, por no existir dudas en el trazado, etcétera. Lo lógico y racional es que una dificultad técnica surgida en un momento no paralice todo el corredor. Por ello se licita y se construye por tramos, porque mientras se está construyendo uno, se termina la tramitación y el proyecto de otros, se van solapando las construcciones y se ponen en marcha simultáneamente. Así se está haciendo y así lo está haciendo usted en corredores ferroviarios y en la red de gran capacidad. Por tanto, no sé a qué en tanta respuesta escrita viene quejarse siempre de la falta de planificación y de la individualidad. Le recuerdo que dicho corredor había sido encargado al GIF el 18 de septiembre de 1999 y posteriormente el 20 de diciembre de 2002 la conexión de Almería con la Región de Murcia, para reponer la barbaridad histórica que fue suspender en el año 1984 la línea de Almendricos a Baza. Desde el año 1999, con el encargo al GIF, se está trabajando en las distintas fases de este corredor.


Señora ministra, las cifras que le voy a dar no le van a gustar, pero usted no me las puede negar. En el mes de marzo de este año de los 1.271 kilómetros del corredor, 236,8 estaban en servicio, el 18,63 por ciento y 266,67 kilómetros estaban ejecutándose o en licitación de las obras, el 21 por ciento. Compruebe usted sus datos, señora ministra, si no luego se los dejaré si es que se lo ocultan en el ministerio. Yo le daré los datos a usted, no se preocupe, pero no me diga que no. Yo le doy los datos. De 331,5 kilómetros, estaban terminándose los proyectos en el 26 por ciento y 462 kilómetros tienen los estudios previos y con la declaración de impacto ambiental aprobada o en fase de aprobación, el 36 por ciento. Es decir, que el 100 por ciento del corredor está en alguna fase de tramitación administrativa o constructiva. La inversión era de 9.122 millones de euros, que se encontraba prevista no sólo en el Plan de Infraestructuras de Transporte -veo que la engañan, señora ministra, cuya viabilidad estaba reconocida por el comisario señor Solbes y lo había dicho públicamente-, sino que también estaba en los presupuestos del 2004 y en las previsiones presupuestarias para 2005 y 2007, que como ustedes saben son datos orientativos, pero vinculan políticamente.


En una obra de esta envergadura el tiempo que se tarda en la fase previa, es decir, en todas esas que se están realizando y que está en algún momento de ellas, ocupa a veces más tiempo que el de la ejecución de la obra. Usted se ha encontrado con todo hecho o en alguna fase para estar hecho. Sólo tiene que convocar las licitaciones porque se ha encontrado los proyectos y la financiación prevista. Señora ministra, todas las obras sin dejar ni una que usted ha adjudicado desde que es ministra eran licitaciones que había convocado el Partido Popular. (Rumores.-Pausa.) Quiero que me atienda y por eso cuando usted habla, yo me callo. Incluso algunas que usted se ha permitido el lujo de paralizar, luego las ha vuelto a poner en funcionamiento. Por tanto, es hora de que usted llame a las cosas por su nombre. Si aquí solamente queremos que usted llame a las cosas por su nombre. Usted ha dicho que va a mantener los acuerdos del 8 de enero de 2001, a nosotros nos satisface y nos alegra, pero también las consecuencias y compromisos que les son inseparables.


Por eso, señora ministra, en esta interpelación queremos saber los planes y plazos que usted compromete, ya que si está dispuesta a cumplir los compromisos que asume, nos llevaría a que la alta velocidad debe llegar a Valencia, al menos por Albacete o si no por Montilla, en el año 2007, a que la alta velocidad debe llegar a Almería también en el año 2007 y, por tanto, tiene que llegar a Alicante y a Murcia. Para ello usted tiene que mantener los proyectos y las previsiones presupuestarias. No crea, señora ministra, que me he olvidado de que, para cumplir el acuerdo, usted también tiene que priorizar la adecuación de la obra más urgente y más importante de las líneas convencionales que le afectan, que es la variante de Camarillas, señora ministra, para lo cual usted tiene una oportunidad de quedar bien ante esta Cámara. En el presupuesto de este año usted tiene una partida que le permite redactar el proyecto y comenzar la obra, y en las previsiones de los años 2005-2007 reflejadas cantidades suficientes para construirla y ponerla en servicio. ¿Qué ha hecho hasta ahora con la partida presupuestaria que tiene usted para la variante de Camarillas y qué va a hacer en el futuro con dicha variante? Ha tenido usted tiempo de sobra.


Señora ministra, esperamos su respuesta y sus compromisos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Para responder a la interpelación tiene la palabra la señora ministra de Fomento.


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La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señora presidenta, señorías, señor diputado, permítame que le agradezca la interpelación que usted plantea, porque me da la oportunidad de analizar distintas cuestiones que afectan al desarrollo de la alta velocidad en España y, más concretamente, a la línea Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.


De la apuesta por la alta velocidad de los gobiernos socialistas no cabe la menor duda, está muy clara. En el año 1987 fue un gobierno socialista quien inició la alta velocidad en España y en el año 1992 un gobierno socialista puso en servicio la única línea absolutamente operativa de alta velocidad que hay ahora mismo en nuestro país. (Aplausos.) En cinco años. El AVE a Sevilla es el referente de la alta velocidad de los gobiernos socialistas, en cinco años, y con todas las características que prometimos, y en los plazos prometidos, claro. También es verdad, señorías, que si el señor Aznar decía que el AVE es simplemente un lujo y un delirio de grandeza de Felipe González, se ve lo que han hecho ellos con la alta velocidad en España, un destrozo, y ahora lo voy a demostrar.
(Aplausos.-Protestas.) En 1994 un gobierno socialista decidió la realización de dos proyectos más de alta velocidad -un gobierno socialista, señorías, no un gobierno del Partido Popular-. ¡Uy, qué nerviosos se ponen! Un gobierno socialista decidió el proyecto de la línea Madrid-Barcelona-frontera francesa. (Protestas.), el tramo Zaragoza-Lleida lo dejó pendiente de vía y redactados muchos de los proyectos que, efectivamente, fueron base de las obras que realizaron los siguientes gobiernos del Partido Popular. Hay otro proyecto más del Gobierno socialista, Madrid-Valencia, que se lo dejan a ustedes con el estudio de viabilidad técnica listo para que ustedes empiecen a trabajar.
Llega el Partido Popular -la historia de la alta velocidad en España-: ocho años para no hacer nada y para hacer mal lo que poco que hacen.
(Aplausos.) Solamente una parte de la vía de un tramo del tren de alta velocidad Madrid-frontera francesa, hasta Lleida. Y ahora voy a dar oportunidad al Partido Popular de que se avergüence de su gestión en el proyecto Madrid-Lleida, donde no funcionan ni los teléfonos móviles.
(Aplausos.) No opera el Madrid-Lleida a las velocidades ofertadas por el Partido Popular; se puso en servicio con un año de retraso y eso a pesar del compromiso del señor Cascos que, a bombo y platillo en el Senado, dijo que en muy poco tiempo él iba a hacer tres veces más kilómetros de alta velocidad que el Gobierno socialista. Ha hecho 10 kilómetros más y un destrozo de alta velocidad, el Madrid-Lleida y ahora vamos a tener oportunidad de conocerlo, después de que yo le conteste a usted a cada una de las cuestiones que ha planteado. (El señor Cuesta Martínez: ¿Cuántos cuadros?) Muchos, muchos.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Cuesta, por favor.


Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Pobres resultados los de las dos legislaturas del Partido Popular: 481 kilómetros de vías, frente a los 471 del Madrid-Sevilla, pero con unas características que avergonzarían a cualquiera, siempre que se tenga capacidad de avergonzarse. El trazado de la línea por el que usted pregunta no quedó definido, lo dejamos con estudio de viabilidad en 1996 y la eficiencia del Partido Popular de la que ha presumido el señor diputado aquí nos lleva a que hasta el 2001, como él ha dicho, no se definió el trazado; cinco, seis años para definir un trazado, imagínense lo que ustedes pueden tardar en terminar de verdad una vía. Cinco años mareando la perdiz para ver por dónde pasaba el AVE, que ya se lo habíamos dejado con estudio de viabilidad. (Rumores.-Protestas.) No se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos.


Efectivamente, hay un acuerdo que nosotros vamos a respetar porque desde aquí, desde esta tribuna, me comprometo a impulsar y a terminar la alta velocidad del trazado por el que usted me ha preguntado y sobre el que me hace la interpelación. (Un señor diputado: Fecha, fecha.) Tranquilo, tranquilo, no voy a hacer el mismo ridículo que ustedes que han dado por lo menos 10 fechas distintas y hoy la han vuelto a cambiar. (Aplausos.) Esto es mucho más serio, señorías. Nosotros no somos tan frívolos como ustedes con las obras públicas ni con los ciudadanos, somos respetuosos y no engañamos a nadie. Les voy a dar ahora todas las fechas que ustedes han dicho. Además usted ha vuelto a cambiar la fecha de Cascos, quien anunció que hasta 2010 seguramente no podría llegar el AVE y ahora dice usted aquí que estaba comprometido en esa planificación virtual en el 2007. Como no existe planificación puede usted decir lo que le parezca.
Pruebas, señoría, pruebas. ¿Dónde se ha comprometido el señor Cascos al 2007? En todos los medios de comunicación dijo que, al menos, hasta el 2010 no llegaría la alta velocidad. (Un señor diputado: Presupuesto.) De todas formas, señorías, les ratifico desde aquí que vamos a cumplir el acuerdo aunque lo dejaron sin financiación, sin respaldo presupuestario, sin compromiso de fecha de licitación, sin compromiso de terminación o de puesta en servicio de la vía.


Vamos a ver qué pasaba con la declaración de impacto a la que usted ha hecho referencia: ni siquiera tiene todo el corredor declaración de impacto ambiental. No es cierto lo que usted ha dicho aquí de que están todos los proyectos acabados, no está la

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declaración de impacto ambiental de Aranjuez y Campo del Paraíso. Pruebas, señoría, pruebas. No diga usted que los demás mentimos cuando el que miente descaradamente es usted diciendo que están hechos todos los proyectos de ese trazado porque no es así. (Aplausos.) Vamos a ver los proyectos. Hay 62 tramos. Vamos a ver esa afirmación que ha hecho S.S.
sobre que están todos los proyectos de los 62 tramos; 29, señorías, 29; el 47 por ciento del trazado tiene proyecto y el resto, el 53 por ciento, no tiene siquiera el proyecto redactado. Ese es el interés que tienen ustedes por el AVE Madrid-Valencia; el interés de salir aquí presumiendo que lo apoyan y de no hacer absolutamente nada para que sea un hecho o una realidad. La inversión total. No son 9.000 millones; en el estudio informativo, 10.000 millones. ¿Saben ustedes lo que han invertido en ocho años? Pues 162 millones. Claro que voy a decir que tienen ustedes ejecutado el 1,56 por ciento; claro que lo voy a decir, cómo no, si usted exige que terminemos lo que ustedes en ocho años no han sido prácticamente capaces de empezar. Llevamos aquí cuatro meses y en cuatro meses hemos duplicado lo que ustedes han hecho en ocho años. Y vienen a preguntarme y a exigirme el ritmo de ejecución. Una regla de tres: ustedes en ocho años, el 1,56 por ciento; nosotros, la misma cantidad en cuatro meses. Ese es el ritmo y ese es el compromiso. (Aplausos.-Risas.) Ríanse, ríanse. Se ríen nerviosos, se reirán porque se ponen muy nerviosos, porque gracia no tienen ninguna, que ustedes en ocho años sean tan ineficaces que solamente hagan un 1,56 de una obra, de verdad que es para meterse debajo del banco, no para reírse. (Risas.) O sea que no entiendo nada.


Adjudicaciones de obras. ¿Qué es lo que se ha contratado? De esa obra que ha dicho de tantos kilómetros que podíamos haber dado la vuelta a España en alta velocidad según S.S. sólo hay un subtramo contratado. Le voy a decir cuál, porque doy datos y usted sólo hace afirmaciones generales y además, en su mayoría, falsas. El subtramo es el de Requena-Siete Aguas, ese tramo es el que tiene adjudicada la obra, 6,8 kilómetros de todo el trazado. ¿De qué partido era el alcalde de la ciudad donde se puso la primera traviesa? Del Partido Popular. ¿Cuándo la puso? Dos días antes de las elecciones. Ese es el interés que tienen ustedes en la alta velocidad. (Rumores.) ¿Sabe usted, señoría, cuándo comenzaron la obra? En 2002 y se la dejamos en 1996 con el estudio de viabilidad hecho. Esa es la eficacia en la gestión del Partido Popular: seis años tardaron en empezar la obra. Ese es el ritmo que querían imponer a una obra que, según ellos, es de la máxima prioridad. Qué será de las obras por las que no tienen interés. Imagínense ustedes, el Partido Popular tardaría siglos en abordar obras que no sean de su prioridad.


Señorías, les podría resumir en pocas palabras -y por eso le he agradecido al principio que me preguntara usted, porque me ha dado una magnífica oportunidad para situar los hechos en su realidad- lo que ustedes han hecho: inoperancia en la cúpula del ministerio, que tardó casi cinco años en decidir el trazado definitivo. Ineficacia en la adjudicación de los tramos, no tienen continuidad y, por tanto, son tramos inútiles, señoría.
Lo que ustedes han hecho es tirar el dinero directamente porque no se puede utilizar lo que ustedes han hecho en la alta velocidad para Valencia hasta que el resto de los tramos no estén conectados.
Ineficiencia en la gestión, señoría, porque la tramitación se ha prolongado innecesariamente. Pérdida de tiempo, pérdida de dinero y falta de respeto a los ciudadanos al afirmar aquí lo que usted se ha atrevido a decir. Se han reído mucho y les voy a dar más datos porque así les alegro la tarde.


¿En tres meses qué hemos hecho nosotros? Lo digo porque usted me ha preguntado qué vamos a hacer. No le voy a decir qué vamos a hacer, que es terminar la línea y terminarla en las condiciones que se merecen los valencianos, los murcianos y por donde pasa toda la línea, los de Cuenca, los de Albacete, porque los otros... (El señor Atencia Robledo: ¿Y Almería?) Todos, todos, y los de Almería. Mire, señor Atencia, usted que es andaluz, en Almería no han sacado ustedes ni siquiera la redacción de los proyectos, Pulpí-Almería no hay nada hecho, cero patatero, cero patatero, señor Atencia, así que tome nota y diga a los andaluces que les están tomando el pelo con la alta velocidad.


Adjudicaciones. ¿Qué hemos hecho en adjudicaciones en tres meses? Hemos adjudicado doce tramos. ¿Qué han hecho ellos en los ocho años? Trece tramos. Fíjense ustedes la diferencia en cuanto a capacidad de gestión, porque si tan fácil era adjudicar los tramos que hemos adjudicado, ¿por qué no lo han hecho ustedes antes de irse y hubieran tenido 25 y no nos hubieran dejado a nosotros adjudicar los doce? Algo habrá de diferencia cuando ustedes no han sido capaces de adjudicar esos tramos. Si quiere ahora en la réplica se los digo uno a uno, que los tengo aquí apuntados, porque usted no me ha dado una sola prueba. Enseña muchos papeles como si alguien los viera de aquí allí: mire usted, mire usted, ¿esto qué prueba es? Y por si acaso los muevo por si alguien alcanza a verlos. (Aplausos.)

Ejecución. De un total contratado de obra por 1.100 millones de euros, ustedes han contratado 710 millones de euros en ocho años, nosotros en tres meses 391 millones de euros. (Una señora diputada: En tres meses está todo paralizado.)

Obra ejecutada. Ustedes, de los 260 millones que hay ejecutados, 162 en ocho años, nosotros 96 en cuatro meses. Por tanto, en tres meses de gestión

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hemos realizado más de la mitad de lo que había hecho el PP en los últimos ocho años. Para usted comprendo que es incomprensible y casi increíble, pero cualquier persona que se ponga a trabajar es capaz de hacerlo, solamente que ustedes no tuvieron ese interés. (Aplausos.)

Señoría, hemos sido mucho más eficaces en la gestión, hemos introducido racionalidad técnica, hemos dado rapidez a las licitaciones y me puedo comprometer en este Parlamento a que antes de que concluya 2004 estarán licitados prácticamente todos los proyectos del tramo comprendido entre Madrid, Cuenca y Albacete. Otra cosa más, en los presupuestos de 2005 tendrán ustedes ocasión de ver todo lo que le estoy diciendo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora ministra.


Tiene la palabra el señor Ayala.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra, en ningún caso le he llamado embustera -le he dicho que le faltarían datos- ni por supuesto le he hablado de frivolidades. Por tanto, me gustaría que por cortesía parlamentaria evitáramos algunos calificativos. Lo que sí tengo que decirle es que evidentemente lo que usted ha hecho ha sido dar una auténtica lección de demagogia (Varios señores diputados: ¡Ah!), una auténtica lección de demagogia, porque ha venido a hablar aquí de cosas distintas de lo que era el motivo de la interpelación. La interpelación se ha presentado para hablar sobre corredor de Levante y del Mediterráneo, no para venir a hablar del AVE, pero si quiere usted un día hablamos de ello; es más, me comprometo a presentar otra interpelación para hablar del AVE de Sevilla o del AVE de Cataluña cuando usted quiera, cuando usted quiera.


Los porcentajes son los que son, aunque a usted no le gusten. Señora ministra, usted no podría haber adjudicado obras que implican un porcentaje importante, porque se trata de la ejecución de la obra, si no hubiéramos hecho los proyectos. Usted se ha encontrado todos los proyectos hechos, todos los proyectos hechos, y el porcentaje es ínfimo en relación con el presupuesto, pero es importantísimo en relación con la vinculación que queda hecha del presupuesto total, porque cuando usted vincula el inicio -lo sabe de sobra porque ha sido usted consejera de Hacienda- de un proyecto está usted vinculando los compromisos que lleva consigo la ejecución presupuestaria. Por tanto, venir aquí a decir que el proyecto es la ejecución del 0,5 por ciento y que cuando usted adjudica la obra representa el 40 o el 80 por ciento...Naturalmente, señora ministra, pero eso no tiene mérito; el mérito es hacer primero los proyectos, para que luego venga usted a ponerse la medalla y a adjudicarlos. (Risas.-Aplausos.) De los once proyectos que ha adjudicado en el mes de junio de este año no había hecho usted ni uno solo, se los ha encontrado usted hasta licitados. Por tanto, ese porcentaje no es suyo; no venga aquí a decir que en los últimos cuatro meses ha hecho una adjudicación extraordinaria, porque usted no puede, no ha tenido tiempo material.


Señora ministra, la época del Partido Socialista es triste, es una época de inejecuciones, en la cual se demoraron todas las infraestructuras de este país. Usted ha venido aquí a decir algunas cosas que no son verdad.
(La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.) No se quiere acordar -probablemente porque no se acuerda- del Plan Director de Infraestructuras ni se quiere usted acordar del plan puente. El estudio informativo de la alta velocidad Madrid-Levante salió en diciembre de 1999 no en la fecha que usted ha dicho aquí; repito, en diciembre de 1999, y ahí tengo el boletín y se lo voy a enseñar. Señora ministra, no venga usted aquí a exagerar, reconozca que sin esos proyectos usted no hubiera podido adjudicar nada y piense que ya se le han acabado los cien días, que generosamente hemos aumentado en el 50 por ciento (Risas.), para que usted empiece a hablar y a comprometerse, porque esta tarde no se ha comprometido a nada; se ha comprometido a seguir haciendo los documentos, los proyectos que se ha encontrado en su departamento, a eso es a lo único que se ha comprometido usted aquí, y a que antes de finalizar el año 2004 va a sacar a licitación los proyectos. ¡Señora ministra, si tiene usted preparadicos para sacar los que le faltan! Insisto en que ninguna de las adjudicaciones de obra, ni una de las que usted ha hecho ha sido consecuencia de algún proyecto que usted haya sacado; por tanto, son los proyectos que estaban en marcha y usted ahora quiere arrogarse los porcentajes. No señora, porque ni siquiera usted ha ordenado que se liciten en este corredor; al contrario, como le he dicho antes y le puedo demostrar, en concreto la variante Venta del Moro-Caudete de las Fuentes la paralizó usted y ahora la ha vuelto a poner en marcha. Lo digo por si quiere que le dé un detalle, porque igual que usted presume de tener datos yo también los tengo.


Señora ministra, el movimiento se demuestra andando. Vamos a ver qué trae usted en esos presupuestos del 2005; vamos a ver cómo cumple usted sus compromisos. Por ahora ya nos hemos llevado la primera decepción, el señor Solbes ha anunciado que los presupuestos de Fomento van a crecer un 8 o un 8,5 por ciento. Le recuerdo que en el año 2004 crecieron el 14,15 por ciento y que en los últimos cinco años el crecimiento en todos los años ha sido superior al 10 por ciento. Lo menos que se merece este

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país es que usted exija que los presupuestos crezcan porcentajes similares. Tiene usted tiempo hasta el viernes en que se aprueba el proyecto de presupuestos; tiene usted tiempo hasta el viernes, a ver si viene aquí con unos presupuestos dignos como los que este país se merece.


Señora ministra, está perdiendo un tiempo precioso. Vamos a pasar algunos años en blanco. Desde luego, usted sabrá hasta qué punto se responsabiliza y se compromete con eso, pero usted debe de comprometerse con esta Cámara diciendo cuándo va a llegar el AVE a Valencia, a Albacete, a Alicante, a Murcia, a Almería; qué línea de alta velocidad va a estar en servicio en el 2007, si dice usted que no hay ningún compromiso; si va usted a mantener los proyectos y las previsiones presupuestarias y, por supuesto, cuándo va a hacer la variante de Camarillas, de la cual no me ha dicho usted ni una palabra.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Ayala.


Señora ministra, para su réplica, tiene usted la palabra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señora presidenta, señorías, señor diputado, no dude usted -se lo he dicho desde el principio- que apoyamos y vamos a impulsar el trazado del AVE Madrid-Valencia-Alicante-Murcia y Almería, y que lo vamos a hacer mucho mejor que lo hubieran hecho ustedes. Tenemos el referente de la alta velocidad socialista, el AVE a Sevilla, y el de la alta velocidad Madrid-Lleida. Señoría, me siento obligada a decirle en qué situación han dejado ustedes la línea Madrid-Lleida. (Rumores.) Le voy a contestar a todas las preguntas. Yo le he agradecido que usted me haga la interpelación; estaba deseando decirlo y no sabía dónde. Aquí me lo han preguntado, aquí lo digo. (Aplausos.) Señorías, el material móvil de la línea Madrid-Lleida no puede ser utilizado por las malas relaciones -según me informan- de los presidentes de Renfe y del GIF. Todo lo que voy a decir es sobre los informes del presidente de Renfe y del GIF.
Según me informan, el GIF había prohibido a Renfe -escuchen, señorías, porque raya en el surrealismo- que probaran los trenes que tenían que ir en la línea Madrid-Lleida sobre la línea Madrid-Lleida, y como no los podían probar en una línea adecuada porque la de Sevilla no tiene las mismas características ahora mismo el material móvil no está homologado.
Desde que hemos llegado nosotros hemos roto con esa desconexión, con esa descoordinación y esa falta de autoridad que tenía el ministro que no se preocupaba ni siquiera de que resolvieran sus cuestiones dos presidentes de dos empresas públicas que se tratan en el mismo sector, que es el ferroviario. Ya se están haciendo las pruebas. Talgo ha dicho que no va a entregar la señalización que ustedes habían contratado hasta el segundo semestre del 2005, señorías; o sea, que hacer compatible señalización y material móvil no va a ser posible antes de final del 2005, y mientras tanto estamos utilizando los rapidillos que iban a Sevilla, según Aznar, que son los únicos que están pudiendo hacer la línea Madrid-Lleida, porque los suyos eran tan buenos, tan buenos, tan buenos que no los tenemos; son tan buenos, tan buenos que no han venido. No tenemos los de Siemens, no tenemos los de Talgo, no tenemos la señalización.
(Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) ¡Qué nerviosos! No han hecho las pruebas de la señalización; por tanto, tampoco ese aspecto se puede tratar. Ya estamos haciendo las pruebas y lo vamos a solucionar. Se lo cuento, señoría, porque como usted ha dicho que nuestra época era negra, la suya qué será. Si la nuestra era negra, que hemos hecho el AVE en todas las condiciones, yo traslado la misma regla de tres: la suya qué será. No han sido capaces de establecer la compatibilidad entre la señalización y el material móvil. Le vuelvo a decir, señorías, y a todos los que utilizan la línea Madrid-Lleida, que los teléfonos móviles no funcionan. Nosotros ya hemos llegado a un acuerdo con las empresas para que antes de finales de 2004 funcione la telefonía. El AVE que ustedes han dejado en esa línea es de subdesarrollo, y no se lo merece nadie que tenga que utilizarlo.


Usted me pregunta concretamente qué pasa con la línea del AVE a Almería y qué pasa con la línea Madrid-Valencia. Se lo voy a contestar. El AVE a Almería era un compromiso del PP que decía que iba a llegar en 2005.
Señorías, repito, no están ni los proyectos redactados. Nosotros hemos dado las instrucciones para que en el presupuesto de 2005 -ustedes lo verán- figure la redacción de los proyectos. Efectivamente, señoría ¿cómo voy a adjudicar una obra sin proyecto? Si llevo tres meses, ¿cómo voy a hacer el proyecto en tres meses? Si es que nuestro mérito es haber adjudicado la obra. Si ustedes lo tenían tan claro haberla adjudicado ustedes. ¿Por qué no la adjudicaron? (Aplausos.) Díganme ustedes por qué no la adjudicaban. Claro que yo no voy a adjudicar una obra sin proyecto, eso solamente se les hubiera ocurrido a ustedes, pero no a nosotros.
(Risas.) Usted ha hablado y yo no le he interrumpido, pero usted me está interrumpiendo continuamente. Es más, señoría, le voy a decir una cosa para resumir esta especie de debate. En el AVE Madrid-Valencia-Alicante-Murcia-Almería (lo digo todo porque si me dejo algo ustedes me gritarán desde sus escaño)- nosotros vamos a cumplir nuestros compromisos e incluso los suyos. Vamos a cumplir los dos compromisos, los suyos y

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los nuestros, porque vamos a completar su compromiso haciendo que el AVE tenga las características que debetener, mejorando sus compromisos y completando lo que ustedes han dejado sin completar. Por supuesto, he dicho que voy a cumplir los compromisos del anterior Gobierno porque en obras públicas no se puede hacer lo que hacen ustedes, que son locuras, como sacar a adjudicación un tramo que no tiene nada que ver con otro para dejar contento al alcalde de un pueblo cuando nunca más se va a poder utilizar la vía; eso no lo hacemos nosotros. Vamos a darle racionalidad, coherencia, eficacia en la gestión y una solución que sea la adecuada para la línea. Por lo tanto, no me pregunte usted tantas veces: ¿Qué van a hacer ustedes? Pues la línea ¿Qué más quieren que hagamos? ¿En qué condiciones? En la de la alta velocidad. Ahora, ¿qué quiere usted, plazos? Le voy a decir los plazos que ustedes han ido dando. Señorías, lo digo para que tomen nota. Camps dijo que el AVE iba a llegar a Valencia en 2004, Zaplana en 2005, Loyola de Palacio en 2007 -no el Plan de infraestructuras que usted dice- y Álvarez-Cascos en 2010, no en 2007. ¿Cómo iba a decir Álvarez-Cascos en 2010 si en el plan tenía el 2007? Además qué plan, porque yo le he pedido a usted que me dé el plan y no me lo ha dado nunca. No voy a entrar nuevamente en una discusión sobre el plan; con que lo ponga sobre la mesa o dé la fecha de aprobación del Consejo de Ministros ya tendríamos bastante porque todos podríamos discutir sobre un documento. Como yo no voy a hacer esa guerra de datos y usted no me va a llevar a una discusión absurda, termino esta contestación a su interpelación diciendo que nosotros vamos a trabajar con seriedad, con rigurosidad y que vamos a llevar el AVE a Valencia, a Alicante, a Murcia y a Almería -donde ustedes no habían hecho absolutamente nada; tampoco lo habían hecho con otras partes del trazado, pero especialmente llamativo era el caso de Almería, donde no habían hecho nada, y no sé cómo se atreven a preguntarme-; lo vamos a hacer en los plazos que la ley y el proceso de ejecución nos permitan, pero en las condiciones que se merecen los ciudadanos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, ministra.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EN LA ACCIÓN DE GOBIERNO ANTE EL GRAVE EPISODIO DE CONTAMINACIÓN ACAECIDO EN EL RÍO EBRO, A LA ALTURA DEL PANTANO DE FLIX. (Número de expediente 172/000038.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Pasamos, señorías, a la última interpelación. Interpelación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, sobre la responsabilidad ambiental en la acción de Gobierno ante el grave episodio de contaminación acaecido en el río Ebro, a la altura del pantano de Flix. Para ello tiene la palabra la señora Bonás.


La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, señoras y señores diputados, ha tenido que ser a través de los medios de comunicación que se dé a conocer la presencia de más de 200.000 toneladas de residuos tóxicos en el lecho del río Ebro. Es evidente que nos encontramos ante una violación de los derechos de la ciudadanía, derechos definidos en la Constitución, a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Es evidente que los poderes públicos han violado sus responsabilidades de proteger los recursos naturales. La gravedad de la situación hace que presentemos esta interpelación al Gobierno para que interceda y tome medidas para paliar esta situación.


Según la información aparecida en los medios de comunicación, las más de 200.000 toneladas de residuos tóxicos que han sido vertidos en el pantano de Flix no sólo afectan al embalse, sino que se extienden por el río Ebro hasta la desembocadura. Según la información recibida, debido a la densidad de los contaminantes estos permanecen en el lodo y no contaminan el agua; sin embargo, la presencia de sustancias tóxicas en la zona de la desembocadura, aunque en menor cantidad, indica que en parte se han desplazado río abajo. Las concentraciones de estas sustancias en los sedimentos superan todos los límites permitidos y en el caso de una disminución drástica de caudal, como el que pudiera producirse bajo determinadas condiciones climatológicas o el resultado de pequeños movimientos sísmicos o de un trasvase, los productos tóxicos podían contaminar las aguas con resultados catastróficos para la salud de los habitantes de la zona y pérdidas económicas incalculables para toda la zona de la ribera del Ebro.


Las últimas noticias revelan que los alcaldes de la zona no habían sido informados de los altos niveles de radioactividad en el vertedero de residuos especiales del Racó de la Pubilla. En ese sentido queremos recordar el artículo 45.1 de la Constitución: Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo; 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva; 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los

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términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Este grave caso de contaminación, como otros casos que han tenido lugar anteriormente en otras zonas del Estado, atenta gravemente contra el derecho enunciado y ponen en tela de juicio la responsabilidad pública requerida. La publicidad y transparencia de un episodio grave de contaminación no pueden depender de una cuestión coyuntural entre Gobierno y empresas. Consideramos que el Gobierno deberá posicionarse al respecto y rogar explícitamente a la Fiscalía de Medio Ambiente que investigue esta cuestión y asigne las oportunas responsabilidades administrativas y penales a entes públicos y privados de forma ejemplar, para sentar un precedente favorable y rotundo en defensa del medio ambiente y la salud de la población.


Una empresa con capital multinacional, al amparo del vacío legal existente en España, se instaló en Flix para poder realizar impunemente sus vertidos tóxicos al río. Los directivos de la empresa sabían que desde 1975 existían directivas europeas relativas al vertido de sustancias peligrosas al medio. No entendemos cómo se puede sustentar el argumento de que la empresa podía quedar exenta de cualquier responsabilidad.
Sorprende el silencio del Consejo de Seguridad Nuclear respecto a los vertidos radioactivos en el vertedero del Racó de la Pubilla. Están aun en el recuerdo colectivo los casos de Aznalcóllar, el Prestige y ahora Ercros. Al final los desastres ecológicos acaban siendo pagados por los recursos públicos. ¿Piensa el Gobierno poner en marcha las medidas legislativas necesarias para que los causantes de delitos ecológicos paguen los gastos que se deriven de la recuperación ambiental? En este caso, ¿cree el Gobierno que existe una responsabilidad de la Administración competente, ya que no se ha enterado o si se ha enterado ha permitido durante años el vertido de sustancias tóxicas sin preocuparse de posibles daños ecológicos? A la luz del artículo mencionado en la Constitución, ¿piensa el Gobierno actuar para que donde haya instalaciones con potencial contaminante se establezcan los controles necesarios para evitar situaciones como la que nos ocupa? Hasta ahora la Confederación Hidrográfica del Ebro no había notificado a los ayuntamientos la existencia de tan elevado grado de contaminación. Surge la pregunta de en cuántos puntos del Estado puede repetirse una situación parecida en la que la ciudadanía no está informada de la existencia de fuentes contaminantes hasta que ya es demasiado tarde. Surge la necesidad de que la ciudadanía, por medio de las autoridades autonómicas, municipales y asociaciones que tengan por objetivo el cuidado del medio ambiente, tenga acceso a los resultados de los análisis medioambientales.
La Confederación Hidrográfica del Ebro debería suministrar datos de la calidad de las aguas en los diferentes puntos del cauce, tanto a la entrada del embalse de Ribarroja como a la salida del embalse de Flix o después del paso por Ascó. Es inconcebible que hasta ahora el Ayuntamiento de Flix no hubiera recibido información de la naturaleza radiactiva de los residuos que la empresa Ercros vertía en el vertedero de su municipio. Ante la sensación de incertidumbre creada en la ciudadanía, ¿no cree el Gobierno que debe velar para que la información llegue de forma transparente a las distintas autoridades autonómicas y locales?

Según el punto 2 del citado artículo, los poderes públicos velarán para restaurar el medio ambiente apoyándose en la solidaridad pública. En este caso interpelamos al Gobierno para que procure una respuesta urgente y efectiva. Las autoridades locales, los vecinos y vecinas cercanos al foco de contaminación requieren un plazo para la intervención inmediata.
Aunque hayan pasado años sin tomar medidas la constatada contaminación por metales pesados y uranio, entre otros compuestos, exige que los plazos de solución sean de extrema urgencia. La consigna de que no debe haber alarmismo social no exime de que la situación sea crítica. Respecto a las posibles soluciones consideramos que este criterio de urgencia debe combinarse con la garantía de que los procedimientos escogidos sean los más seguros para la población y el medio ambiente. En este sentido, pedimos al Gobierno que cuanto antes exponga el ámbito en el que se van a tomar estas decisiones y lo modifique convenientemente para poder incluir la participación de las entidades locales y de asociaciones científicas, ecologistas y vecinales. El citado artículo 3, además de las sanciones penales, exige la obligación de reparar el daño causado. Apoyándonos en la solidaridad colectiva que menciona la Constitución, preguntamos al Gobierno si piensa aportar fondos en los presupuestos de 2005 para emprender cuanto antes un programa de descontaminación. ¿Cuál ha sido el destino concreto de los 104 millones de euros mencionados? Insistimos en que debe aplicarse el principio de que quien contamina, paga.


Finalmente hay que apuntar la grave injusticia que se está haciendo a las pymes y a las industrias que invierten en la ambientalización de sus actividades. Nos consta que en Cataluña gran cantidad de empresas han tenido que adaptar sus modelos de gestión a la normativa ambiental relacionada con residuos industriales, la regulación ambiental de actividades, la emisión de aguas y otras normativas sectoriales. ¿Cómo se puede legitimar cualquier procedimiento de requerimientos o sanciones ante cualquiera de estas empresas cuando se permite un nivel de irregularidad proporcionalmente muy superior en Erkimia? ¿Dónde se decide que el trato debe ser diferente? ¿En cenas, en comidas? Además de solicitar una

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investigación por parte de la Fiscalía, pedimos al Gobierno que exponga su opinión al respecto y que explore las posibilidades para que sean Ercros y los responsables que han permitido esta crisis los que asuman el coste de restaurar ambientalmente el pantano de Flix. Aunque por razones de urgencia es necesario que sean los fondos públicos los que sufraguen inicialmente estos costes de restauración, deben recuperarse íntegramente. ¿Es que Ercros no ha tenido beneficios desde que se conoce el problema? ¿Es lícito que los fondos públicos sirvan para garantizar el lucro de sociedades y directivos? Por todo lo expuesto y ante la alarma social creada al respecto en los últimos días hemos interpelado al Gobierno con carácter urgente sobre la responsabilidad ambiental en la acción del Gobierno ante el grave episodio de contaminación acaecido en el río Ebro a la altura del pantano de Flix. Asimismo, y a tenor de los puntos tratados anteriormente, nuestro grupo redactará una moción, que esperamos que apoyen los demás grupos, para que el Gobierno solicite una investigación por la Fiscalía y tome las medidas oportunas para reparar el daño causado.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Bonás.


Señora ministra, tiene la palabra para responder a la interpelación.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señora presidenta.


Gracias, señoría. Creo que su interpelación es absolutamente oportuna.
Esta Cámara debe tener una opinión formada sobre algo tan significativo como los resultados del informe del CSIC en relación con la contaminación procedente de la empresa hoy día Erkimia (Ercros) en Flix. También me parece que debo felicitarla por haber hecho alusión al artículo 45 de nuestro texto constitucional; uno de los artículos menos desarrollados posiblemente de nuestra Carta Magna, e insólitamente precursor del concepto de desarrollo sostenible, en el que aparece claramente el derecho a un medio ambiente saludable para todos los ciudadanos pero también responsabilidades para cada uno de ellos. Este Gobierno está comprometido en esa dirección, como manifestó el presidente Rodríguez Zapatero en su primer discurso de investidura y se observó en las primeras decisiones que tomó el Gobierno.


Quiero que la Cámara sepa que nada más llegar al Ministerio de Medio Ambiente tuve conocimiento por medio de la Generalitat de Catalunya del informe encargado en su día por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que había sido remitido antes a la ministra de Medio Ambiente del Gobierno del Partido Popular. Ella sabía, por tanto, cuál era la situación de riesgo, confinado pero cierto, del río Ebro, sin embargo siguió trabajando hasta el último momento por conseguir fondos europeos para llevar a cabo el trasvase del Ebro; un trasvase que, aun sin conocer la situación, todos los grupos de la Cámara rechazaron, sabiendo -entre otras cosas- que los datos oficiales indicaban que la calidad del agua en la desembocadura del Ebro era de calidad denominada prepotable, es decir, de baja calidad, que requiere tratamiento incluso para su uso por los animales, y no sólo para las personas. De modo que, aunque no se tenía esta información, sí se sabía que la calidad del agua a trasvasar desde el delta del Ebro no era de buena calidad, pero esto nunca lo tuvo en cuenta el Gobierno anterior.


En cualquier caso, se trata de mirar hacia delante, no hacia atrás. Este Gobierno quiere tomarse en serio la responsabilidad ambiental de todos, ciudadanos y administraciones. Por ello anuncié en mi primera comparecencia ante la Cámara que una de las prioridades legislativas de este período sería la elaboración y presentación a las Cortes de una ley sobre responsabilidad civil por daños ambientales; una gran carencia para un país desarrollado como el nuestro, en el que a pesar de nuestro nivel de desarrollo económico existe excesiva impunidad para los delitos ecológicos, excesivas carencias para una posible actuación de las fiscalías, por ejemplo, y una concepción del bienestar económico que va unida necesariamente a la contaminación para muchos ciudadanos españoles.
Es más, durante los últimos años se ha avanzado hacia un modelo de desarrollo económico basado más en la especulación y el despilfarro que en el uso racional de los recursos, entendiendo además que el incremento del bienestar llevaba aparejado el incremento de la contaminación. Este Gobierno no cree eso en absoluto. Por eso entendemos, en primer lugar, que debe haber una ley de responsabilidad civil por daño ambiental, en la que ya estamos trabajando. Será más exigente que la directiva europea en vigor, que es una directiva de mínimos y que convivirá, por tanto, con legislaciones nacionales más exigentes, como las que existen ya en muchos países miembros de la Unión Europea. En segundo lugar, para prevenir es necesario un mayor control público del uso del agua y de su calidad. Este es el criterio prioritario para la reorientación de la política del agua que anunció el presidente Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura.


Por eso hemos comenzado a reformar las confederaciones hidrográficas, y llegará un momento en que la reforma se plasme en un texto normativo.
Todos los presidentes de confederación han recibido desde el inicio de su mandato la instrucción de dar prioridad absoluta a la mejora de los controles de calidad del agua en todas las cuencas y, por supuesto, a la mejora del uso del agua, a la mejora del control público de un

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bien que es también público. Como continuación de algo que la Confederación Hidrográfica del Ebro concretamente había comenzado a articular con la Generalitat de Catalunya en 2002, hemos mejorado la coordinación y frecuencia de la toma de muestras de agua que lleva a cabo en unas estaciones la Confederación Hidrográfica del Ebro y en otras la Agencia Catalana del Agua. En estos momentos tenemos ya la capacidad de aumentar de tres muestras al mes sobre compuestos peligrosos en el agua a una muestra cada semana y además una muestra cada vez que exista un incremento significativo del caudal del río, porque esos lodos que están quietos afortunadamente se pueden remover si aumenta el caudal del río en un momento de riada, si hay, como decía usted misma, algún movimiento sísmico, en fin, situaciones que podemos considerar excepcionales, existiendo ahora mismo la regulación de avenidas desde Mequinenza, Flix y Ribarroja que, por decirlo gráficamente, serenan en ese tramo del Ebro las posibles consecuencias de avenidas. Pero, insisto, es nuestra obligación y hemos comenzado a hacerlo desde el principio de esta legislatura: más control público y más muestras. He insistido a todos los presidentes en la necesidad de la transparencia. Cuando se pide un dato sobre calidad del agua a nuestras confederaciones, las confederaciones deben darlo, y si no es así, será la ministra quien recuerde a los presidentes de las confederaciones que esa es su obligación: dar información a los ciudadanos.


Respecto al informe del CSIC, cuando tuve conocimiento del mismo en el trabajo de concertación con la Generalitat de Cataluña previo a definir qué actuaciones haríamos desde el Gobierno de la nación en el territorio de Cataluña en sustitución del ramal norte del trasvase del Ebro, determinamos un conjunto de 24 actuaciones, por un total de 1.100 millones de euros, para acometer problemas no sólo de cantidad, que eran los que supuestamente iba a acometer el trasvase del Ebro, sino también y prioritariamente de mejora de la calidad y de restauración ambiental de nuestros ríos en Cataluña. Dentro de esas actuaciones incluimos una partida de 104 millones de euros, que ha sido aprobada en el mes de junio dentro del anexo de inversiones del decreto-ley que después fue convalidado en esta Cámara y sobre el que ahora hay abierto un proceso de tramitación como ley. A partir de ese momento comenzamos a analizar los posibles informes complementarios que todavía no se han contratado porque queríamos tener suficiente capacidad de valorar dónde debemos emplear ese dinero, del que he informado de manera detallada durante mi visita a los comisarios de la Unión Europea -la última el pasado lunes- porque el estudio del CSIC es una cuantificación del problema y en ese estudio aparece ya alguna posible alternativa para resolver esta cuestión de manera definitiva. Hemos tomado información en estos meses sobre cómo se han resuelto estos problemas en otros países europeos, cuáles parecen las opciones sobre las que se tiene más experiencia, porque en esto también los países europeos más desarrollados nos llevan ventaja -es verdad que ellos tuvieron contaminación mucho antes que nosotros-, así como sobre normas que regulan, previenen y controlan la contaminación. Esa tarea se está llevando a cabo y ayer mismo se constituyó en Flix una comisión de seguimiento inicialmente integrada por la Administración General del Estado, la Administración autonómica y la Administración local, que, como usted muy bien señala en su interpelación, debe participar, sentirse implicada y suficientemente informada respecto a las soluciones que se vayan determinando. En esa comisión de seguimiento están también presentes representantes del Consejo de Seguridad Nuclear, representantes de la empresa pública Enresa y vamos a invitar -así se acordó ayer- a la empresa Ercros para que forme parte de la comisión de seguimiento, a las organizaciones ambientales de este país y también a los sindicatos.
Queremos una comisión de seguimiento que permita que el mayor número posible de representantes sociales, y en particular de representantes de la sociedad en Cataluña, puedan participar y hacer oír su voz. Estamos convencidos de que esa es una herramienta importante, pero no la única.
Hoy mismo, en conferencia de prensa conjunta con el consejero de Medio Ambiente, hemos anunciado en Barcelona la próxima celebración de una conferencia a la que estará invitada la comunidad científica, la que quiera aportar e incorporarse al proceso de reflexión actual sobre las soluciones sobre este problema, y los medios de comunicación especializados, el periodismo científico en particular, para que sobre el informe del CSIC no haya ninguna sombra, para que sea suficientemente conocido y debidamente abordado por quienes tienen mayor criterio al respecto. Por lo tanto, todavía no hemos hecho uso del dinero solicitado a la Comisión Europea, porque estamos valorando dentro de esa comisión de seguimiento ya creada cuál debe ser el encargo preciso y las condiciones de los equipos de investigación de las empresas, en su caso, de análisis ambiental o de análisis económico que deban colaborar para identificar la viabilidad de las distintas empresas.


Voy terminando para dar paso a su réplica, señora diputada. En cualquier caso, respecto a la responsabilidad de lo sucedido, quiero que sepa que lo sucedido tiene cien años de antigüedad. No es que todo se haya acumulado hace cien años sino a lo largo de cien años. Lo que es verdad es que sólo en los últimos 16 años este país se ha dotado de una normativa en materia ambiental y ha empezado a aplicarla. De hecho, la empresa ha tenido sanciones y expedientes abiertos,

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tanto por parte de la Confederación Hidrográfica del Norte como de la propia Generalitat de Catalunya, pero en los últimos años, porque, efectivamente, si vamos más atrás, no existía en nuestro país no digo ya ley de responsabilidad civil, que todavía no la tenemos, ni siquiera había Código Penal con una tipificación clara del delito penal, que sólo lo hemos tenido en el año 1995. De hecho, la Fiscalía, en su momento, tuvo que sobreseer otra de las denuncias correspondientes a posibles vertidos de la empresa Erkimia porque es difícil a posteriori establecer la causa en cuanto al origen empresarial en concreto de los vertidos, de los sedimentos que hoy día se están identificando, pero eso evidentemente no excluye todo el interés en que la Fiscalía determine en su caso responsabilidades exigibles a la empresa. Le digo más: más allá de las responsabilidades penales o civiles, hay una responsabilidad ética, porque desde 1978 este país se ha dado una Carta Magna y sobre la base de esa Carta Magna, aunque no hubiera ni una sola responsabilidad determinada por la Fiscalía por las dificultades de determinarlas, yo entiendo que la empresa Ercros tiene una responsabilidad moral, como la tengo yo como ministra de Medio Ambiente aunque no haya sido responsable durante los últimos años y haya conocido, cuando he conocido, el contenido de ese informe. Esta es la posición del Gobierno y, por supuesto, analizaremos con todo detalle la moción que se presente a esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.


Señora Bonás, tiene usted la palabra para sus cinco minutos de réplica.


La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señora ministra.


En este Estado desde el 14 de marzo se respira algo mejor. Espero que no nos haya legado más regalos como este el anterior Gobierno. Me tranquiliza su posición al respecto. Yo también deseo que la comisión de seguimiento, además de estar integrada por la ciudadanía, tenga un aspecto muy científico, porque no podemos dejar que criterios políticos dominen la comisión de seguimiento.


Respecto a la responsabilidad ética, me parece muy bien, pero me gustaría que dicha responsabilidad costara dinero. Manos a la obra, señora ministra. Hemos de conseguir que quien ha contaminado pague.


Quería hacer también una reflexión. En Flix se ha permitido un sector industrial que es incapaz de asumir sus externalidades, ni siquiera los costes contemplados en la normativa vigente. En otras palabras, Flix depende de una sola empresa. Esa empresa está contaminando el ambiente, es una realidad que era conocida por autoridades supralocales, y sin embargo han pasado muchos años para dar una respuesta. La estabilidad económica de la ribera del Ebro, con el beneplácito de la Administración pública, se ha dejado en manos de empresas con constatadas deficiencias de sostenibilidad. Así, cabe una responsabilidad pública en cuanto a que no se han abierto posibilidades distintas para que esta zona se desarrolle económicamente. No será suficiente con conseguir descontaminar el pantano de Flix, sino que además hay que aportar soluciones a esta zona, que no dependa de una empresa contaminante que cuando cierre se irá a contaminar a África pero que dejará aquí la zona sin medios de subsistencia. No hemos querido crear una alarma respecto a esta situación porque ya hemos dicho que el agua no está contaminada y la situación económica de la zona depende del Ebro, y así debe ser. Los proyectos futuros de turismo, de agricultura y de pesca dependerán siempre del agua del Ebro. Por lo tanto, será necesario que este Gobierno, con su responsabilidad ética, sea capaz de asumir recursos para esta zona y establecer sendas de desarrollo futuro desligadas de Erkimia. Así pues, nuestra moción también irá en el sentido, señora ministra, de que, además de las responsabilidades éticas, hay una responsabilidad respecto a futuros desarrollos para esta zona.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora Bonás.


Adelante, señora ministra, para su réplica.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señora presidenta. Gracias, señora diputada.


Evidentemente, hay que combinar el desarrollo económico con una reducción de la contaminación. Lo que tenemos que hacer es intentar que las empresas no tengan que cerrar porque sean incapaces de dejar de contaminar. En estos momentos existe normativa europea reciente que obliga a pedir antes de 2007, como sabe, una autorización ambiental de acuerdo con la Directiva sobre prevención y control integrado de la contaminación. Incluso en el caso de la empresa de Flix me consta que la Generalitat le ha exigido que esa autorización la obtenga mucho antes del año 2007, acelerando un proceso en el que ahora mismo están todas las empresas de nuestro país, al menos aquellas de los grandes sectores productivos que tienen que trabajar dentro del marco de esa directiva denominada IPPC. Por lo tanto, tenemos que ayudar al tejido industrial con carácter general, pero también al sector agrario, por ejemplo, para que se reduzca la contaminación en nuestro país por unidad de producto interior bruto, igual que queremos ayudar desde el Gobierno a que haya un uso más eficiente de

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la energía para que no siga sucediendo que este sea el único país desarrollado en el que cuando aumenta el producto interior bruto el consumo de energía aumenta más que proporcionalmente. Nos ha pasado algo parecido con la contaminación. Hemos crecido mucho, hemos creado mucho empleo, pero ¿a costa de qué? Yo no sé con cuántos problemas me voy a encontrar durante este mandato. Estoy poniendo las bases para que los riesgos latentes que puedan existir se detecten con suficiente tiempo y no haya un riesgo real para las personas y para los ecosistemas, pero ciertamente puede haber otros Flix. Yo ahora mismo no lo sé, pero lo que sí sé es que tengo que trabajar para que, si los hay, no lo paguen los ciudadanos y no lo paguen, como usted dice, de su bolsillo, sino que, efectivamente, cualquier empresa tenga claro antes de tomar cualquier decisión respecto a su proceso productivo que si ese proceso productivo genera contaminación, la empresa es la única responsable de los daños causados por esa contaminación. Por supuesto, también hay que exigir más responsabilidad a las administraciones. Usted sabe que en Cataluña tienen un fiscal muy activo en esta materia que ha llevado a juicio a funcionarios. Los funcionarios tienen que entender que ser funcionario es trabajar al servicio de todos. Es un servicio público y por lo tanto cualquier falta de diligencia es un delito contemplado hoy en nuestro Código Penal y se tiene que aplicar igual que a las empresas. En cualquier caso, me gustaría insistir en el hecho de que nuestro objetivo como Gobierno no es que cierren las empresas. Que cierren aquellas que, evidentemente, no tengan viabilidad económica o que no sean consecuentes con las exigencias ambientales que ahora ya existen en nuestro país. Por eso, como usted recordaba antes y creo que es importante, muchas pequeñas y medianas empresas de reciente creación ya han nacido en un país democrático y exigente en materia ambiental, cada vez más exigente, y hay muchas pymes que están haciendo un esfuerzo proporcionalmente mayor que el de empresas que tienen una mayor antigüedad y pueden haber acumulado problemas como el que estamos comentando. Por eso hay que aplicar la ley a todos, a los grandes, a los medianos y a los pequeños y hay que intentar que el desarrollo de cualquier comarca sea lo más diversificado posible, no solamente por razón ambiental, que también, sino además por lo que significa un modelo de desarrollo más diversificado frente a un modelo de desarrollo económico que si ha crecido España, si ha crecido el producto interior bruto de España por encima de la media europea, es porque ha crecido muchísimo la construcción, el sector inmobiliario, a partir de grandes dosis de especulación y de beneficios contrarios al interés general. Pero por ahí hemos crecido, el producto interior bruto lo refleja. Este Gobierno no quiere ese modelo de desarrollo económico, sino un modelo más diversificado en el que podamos tener industria, también química, pero que cumpla con las reglas del juego, y, evidentemente, que no haya una dependencia excesiva en cualquier comarca en torno a una sola actividad económica, porque incluso si esa actividad cumple con todos los requisitos ambientales, si sufre los vaivenes de la globalización, del mercado, etcétera, su cierre puede conllevar mucho más daño para una comarca si es un monopolio, desde el punto de vista de la actividad económica. Por lo tanto, como he señalado, deseamos la máxima aproximación a los planteamientos que se hagan desde su grupo parlamentario, creo que hay una gran coincidencia, y agradezco la confianza que ha manifestado al inicio de su segunda intervención. Lo que tenemos que hacer es lo que nos han pedido los ciudadanos de este país: entre otras cosas, que se respire un aire más limpio.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.


Buenas tardes, señoras y señores diputados. Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.


Eran las siete y cincuenta minutos de la tarde.

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