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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 31, de 21/09/2004
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 31
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 27
celebrada el martes, 21 de septiembre de 2004


ORDEN DEL DÍA: Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...


- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 23-1, de 23 de abril de 2004. (Número de expediente 122/000009.) ... (Página 1296)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre equiparación de la situación de los trabajadores autónomos con la de los trabajadores que cotizan por el régimen general. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 39-1, de 23 de abril de 2004. (Corrección de error en BOCG, serie B-39-2, de 18 de junio de 2004.) (Número de expediente 122/000025.) ... (Página 1305)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la equiparación en deberes y derechos de los trabajadores autónomos y los trabajadores que cotizan por el régimen general. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 27-1, de 23 de abril de 2004. (Número de expediente 122/000013.) ... (Página 1305)

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Modificación del orden del día ... (Página 1315)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votaciones.) ... (Página 1316)

Proposiciones no de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la realización de actuaciones encaminadas a la mejora de la Administración de Justicia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 65, de 10 de septiembre de 2004. (Número de expediente 162/000138.) ... (Página 1316)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la publicación de las balanzas fiscales entre las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 15, de 14 de mayo de 2004. (Número de expediente 162/000050.) ... (Página 1328)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno y el Ministerio de Administraciones Públicas para dar cumplimiento a las Sentencias del Tribunal Constitucional sobre Formación Continua y para descentralizar los recursos y la gestión de esta competencia hacia la Administración autonómica. (Número de expediente 173/000021.) ... (Página 1337)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez), para informar del Plan Industrial para el Grupo IZAR, su repercusión económica, social y territorial. (Número de expediente 173/000022.) ... (Página 1344)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas de política general que piensa adoptar el Ministerio de Medio Ambiente en materia de prevención y extinción de incendios forestales. (Número de expediente 173/000023.) ... (Página 1352)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 1296)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado ... (Página 1296)

El señor Campuzano i Canadès defiende, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la proposición de ley que pretende facilitar la compatibilización de las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado, iniciativa que forma parte de un debate complejo y difícil como es el de las políticas que han de permitir que las personas discapacitadas puedan acceder al mundo del trabajo y que ya se produce en el marco de la LISMI. A pesar de las cuotas de reserva del 2 por ciento en las empresas privadas y del 3 por ciento en las administraciones públicas, la realidad de las personas discapacitadas indican que las previsiones de la LISMI y las políticas desarrolladas a lo largo de 23 años han sido claramente insuficientes para dar respuesta al desempleo o falta de actividad laboral de las personas discapacitadas. Por eso su grupo plantea en la proposición de ley la necesidad de introducir un régimen más flexible de compatibilidad entre las prestaciones no contributivas y empleo remunerado, entendiendo que es necesario no entrar en contradicción entre las políticas pasivas de empleo y las políticas activas de empleo o de protección social con las políticas que van orientadas a la incorporación de sus beneficiarios al empleo remunerado.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per

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Catalunya Verds; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora Sánchez Rubio, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), sobre equiparación de la situación de los trabajadores autónomos con la de los trabajadores que cotizan por el régimen general ... (Página 1305)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la equiparación en deberes y derechos de los trabajadores autónomos y los trabajadores que cotizan por el régimen general ... (Página 1305)

El señor Tardá i Coma defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) porque asume la necesidad de impulsar todas aquellas modificaciones necesarias del actual marco normativo para garantizar una protección social de los trabajadores autónomos equivalente y proporcional en derechos y obligaciones a la protección social de que goza el trabajador asalariado; objetivos que configuran el frontispicio estratégico de la Taula d'autònoms de Catalunya, organización unitaria y plural de los autónomos catalanes que, lamentablemente, denuncia, no tiene acceso a la mesa del diálogo social.
En la proposición de ley se pide un marco adecuado de cobertura de prestaciones sociales similar al del régimen general de la Seguridad Social, donde un mismo esfuerzo contributivo comporte igual protección social. Persigue la equiparación de la situación de los trabajadores autónomos con la de los trabajadores que cotizan por el régimen general, para lo cual se propone la adición de una nueva disposición transitoria al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto-legislativo 1/1994.


El señor Sánchez i Llibre presenta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para su toma en consideración. Recuerda que su iniciativa ya se propuso por todos los grupos parlamentarios en un Pleno de la pasada legislatura en el sentido de hacer justicia al colectivo de trabajadores autónomos y que se creó en el marco de la Comisión de Economía una subcomisión para analizar toda la problemática que hacía referencia a los trabajadores autónomos, a las microempresas y a los emprendedores, con el único objetivo de igualar las prestaciones de los trabajadores autónomos a las prestaciones de los trabajadores por cuenta ajena. Con una nueva mayoría surgida de las urnas y con un horizonte lejano a tres años y medio vista para las próximas elecciones generales considera que es el momento oportuno para hacer justicia a los trabajadores autónomos. A continuación explica los extremos concretos de su proposición para la que pide la votación favorable a su toma en consideración.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Lasagabaster Olazábal y Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Modificación del orden del día ... (Página 1315)

La Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 34, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, pase a debatirse con anterioridad al punto 33, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votaciones.) ... (Página 1316)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado, se aprueba por 315 votos a favor.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), sobre equiparación de la situación de los trabajadores autónomos con la de los trabajadores que cotizan por el régimen general, se aprueba por 187 votos a favor, un o en contra y 128 abstenciones.


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Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para la equiparación en deberes y derechos de los trabajadores autónomos y los trabajadores que cotizan por el régimen general, se rechaza por 156 votos a favor y 162 en contra.


Proposiciones no de ley ... (Página 1316)

Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la realización de actuaciones encaminadas a la mejora de la Administración de Justicia ... (Página 1316)

Presenta la proposición de ley el señor Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y aclara que la iniciativa que someten a la aprobación de la Cámara lleva la firma del Grupo Parlamentario Socialista, de Esquerra Republicana y de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Muestra su satisfacción asimismo por estar presentando por fin algo positivo desde el punto de vista global para la mejora del servicio público de la justicia y para la mejora de la tutela judicial efectiva, y pasa a explicar el contenido concreto de la proposición de ley con extremos tales como la creación de 250 plazas de jueces, con la paralela creación de órganos judiciales, y de las plazas necesarias de fiscales; la modificación en el Consejo General del Poder Judicial de la práctica de la imposición por la mayoría coyuntural cambiándola por el consenso y el diálogo mediante mayorías cualificadas; o la habilitación de los medios presupuestarios necesarios para mejorar en forma relevante los instrumentos de formación dirigidos a fiscales, secretarios y miembros de los demás cuerpos de la Administración de Justicia. Se refiere a las enmiendas presentadas a la proposición no de ley y agradece de antemano lo que supone será un voto favorable a la que considera una magnifica proposición de ley.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Villarrubia Mediavilla.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la publicación de las balanzas fiscales entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado ... (Página 1328)

El señor Sánchez i Llibre presenta ante la Cámara una iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que va en la dirección de reclamar, una vez más, que se publiquen las balanzas fiscales entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Explica una serie de objetivos que han negociado con otras fuerzas parlamentarias y en los que han logrado un acuerdo con el Grupo Socialista, por lo que espera una votación favorable mayoritaria, incluso de Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y Utrera Mora, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Sánchez i Llibre.


Sometida a votación en primer lugar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso relativa a la realización de actuaciones encaminadas a la mejora de la Administración de Justicia con las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto incorporadas por el Grupo Socialista y con la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 189 votos a favor, 134 en contra y una abstención.


Sometida a votación en segundo lugar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) relativa a la publicación de las

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balanzas fiscales entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, con la incorporación de la enmienda transaccional que ha sido aceptada por el Pleno de la Cámara, se aprueba por 189 votos a favor, uno en contra y 134 abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 1337)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno y el Ministerio de Administraciones Públicas para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Constitucional sobre formación continua y para descentralizar los recursos y la gestión de esta competencia hacia la Administración autonómica ... (Página 1337)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Campuzano i Canadès, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Se trata, explica, de dar cumplimiento a los títulos competenciales de los estatutos de autonomía, a la distribución competencial que establece la propia Constitución y a sentencias del propio Tribunal Constitucional que dejan establecido, de manera inequívoca, que la competencia en la gestión de la formación ocupacional corresponde a los gobiernos autonómicos. Pretenden con la moción que el Congreso exprese el rechazo al sistema aprobado en la pasada legislatura e inste al nuevo Gobierno a cumplir con las sentencias del Tribunal Constitucional, superando el sistema anterior y articulando un nuevo modelo de gestión que responda a los títulos competenciales y al mandato de las sentencias del Tribunal Constitucional.


En defensa de las enmiendas intervienen las señoras Fernández Dávila y Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, y López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV): Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Canet Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Campuzano i Canadès.


Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez), para informar del plan industrial para el Grupo Izar, su repercusión económica, social y territorial ... (Página 1344)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto. Dice que fue intención de la interpelación la semana pasada y lo es de esta moción hacer que el Gobierno reflexione y rectifique en relación con el problema de los astilleros y que no abogue por un plan industrial que consiste objetivamente en liquidar capacidad productiva del sector naval en el Estado español y, sin duda, puestos de trabajo. En la moción se anima al Gobierno a elaborar un plan industrial con objetivos claros a partir de la decisión de esforzarse por defender el sector, sin ceder a ningún tipo de chantaje, se admite que hay que mejorar la gestión comercial y empresarial y se aconseja que se de participación plena y determinante a las comunidades autónomas en la gestión de estos centros a nivel territorial.


En defensa de las enmiendas presentadas interviene la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Rodríguez Sánchez.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas de política general que piensa adoptar el Ministerio e Medio Ambiente en materia de prevención y extinción de incendios forestales ... (Página 1352)

Interviene en defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Báñez García, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Ante los graves daños ecológicos, económicos y sociales provocados por los incendios este verano, su grupo insta al Gobierno en esta moción a

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enviar al Congreso información detallada por comunidades autónomas de los incendios forestales ocurridos durante el año 2004; a mejorar y reforzar los mecanismos de prevención en la lucha contra los incendios, así como la coordinación del Estado con las comunidades autónomas; a explicar las medidas de prevención y de divulgación que piensa impulsar; a convocar una reunión de la Comisión Nacional de Conservación de la Naturaleza que tenga carácter trimestral y a continuar impulsando el grupo de trabajo que se puso en funcionamiento para la lucha contra los incendios en la anterior legislatura. Ya centrándose en el incendio que arrasó este verano las provincias de Huelva y Sevilla, solicita que se tomen medidas con carácter excepcional y pasa a referirse a las enmiendas presentadas.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Quirós Pulgar, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora Báñez García.


Sometida a votación en primer lugar la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno y el Ministerio de Administraciones Públicas para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Constitucional sobre formación continua y para descentralizar los recursos y la gestión de esta competencia hacia la Administración autonómica, en sus propios términos, con excepción del punto 3, se aprueba por 184 votos a favor y 135 en contra.


Sometido a votación separada el punto 3 de dicha moción, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 31 votos a favor, 286 en contra y una abstención.


Sometida a votación en segundo lugar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, para informar del plan industrial para el Grupo Izar, su repercusión económica, social y territorial, en los términos de la enmienda transaccional que ha sido presentada, se aprueba por 167 votos a favor, 151 en contra y una abstención.


Sometida a votación en último lugar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas de política general que piensa adoptar el Ministerio de Medio Ambiente en materia de prevención y extinción de incendios forestales con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas por el Grupo Popular, se rechaza por 146 votos a favor, 162 en contra y nueve abstenciones.


Se suspende la sesión a las once y quince minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) PARA COMPATIBILIZAR LAS PENSIONES DE INVALIDEZ EN SU MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA CON EL TRABAJO REMUNERADO. (Número de expediente 122/000009.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos la sesión con el primer punto del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado. Por el grupo proponente, señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Señorías, subo a la tribuna para defender en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la proposición de ley que pretende facilitar la compatibilización de las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado, iniciativa que no es nueva en la Cámara -en la pasada legislatura tuvimos ocasión de analizarla y discutirla-, que forma parte de un debate complejo y difícil como es el de las políticas que han de permitir que las personas discapacitadas puedan acceder al mundo del trabajo; iniciativa que se produce en el marco de una vigencia prolongada en el tiempo de la LISMI de 1983, promovida en su día por Ramón Trias Fargas, diputado fallecido de este grupo parlamentario que abrió importantes expectativas de generación de empleo para las

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personas discapacitadas a través de la fórmula de la cuota de reserva del 2 por ciento en las empresas privadas y el 3 por ciento en las administraciones públicas. A pesar del marco de la LISMI, la realidad de las personas discapacitadas nos indica que seguramente las previsiones de esta ley y el conjunto de las políticas públicas que hemos desarrollado a lo largo de estos 23 años han sido claramente insuficientes para dar respuesta al desempleo o a la falta de actividad laboral de las personas discapacitadas. Cerca de 900.000 ciudadanos españoles discapacitados son considerados inactivos, no tan sólo que no trabajen sino que han renunciado a buscar un puesto de trabajo. La tasa de inactividad de este colectivo se sitúa alrededor del 68 por ciento y en el supuesto de las mujeres discapacitadas supera el 65 por ciento. La tasa de paro de los hombres se sitúa alrededor del 26 por ciento y en el caso de las mujeres en el 33 por ciento. Por tanto, es una realidad cruel y dramática: 900.000 ciudadanos que han renunciado a buscar puestos de trabajo como resultado de su incapacidad. Si además situamos esa realidad en el contexto europeo, en cifras de Eurostat, tan sólo el 4,2 por ciento de los discapacitados forma parte del conjunto de personas ocupadas en España.


Desde la perspectiva de Convergència i Unió, esta realidad exige una nueva política orientada a la creación de empleo para las personas discapacitadas más ambiciosa, más potente, más avanzada, quizá menos cargada de visiones excesivamente burocráticas. Aun reconociendo que en los últimos ocho años -y mi grupo no quiere quitar ese mérito al anterior Gobierno- se han producido avances sustanciales en esa materia, las cifras continúan indicándonos que necesitamos nuevas políticas de generación de empleo orientadas a las personas discapacitadas para hacer frente a esa realidad. En este sentido, desde Convergència i Unió -coincidiendo con el análisis que los sectores de los movimientos sociales vinculados a la discapacidad vienen reivindicando desde hace tiempo- nos parece entender que el actual régimen de las prestaciones no contributivas en relación con la compatibilidad con el empleo remunerado no facilita que las personas discapacitadas que vienen cobrando una pensión no contributiva -poco más de 200.000 en todo el Estado, con una pensión media de 295 euros- puedan no sólo mantener su prestación no contributiva sino, manteniendo la misma, ser capaces de incorporarse al mercado de trabajo. El régimen que establece la ley -que permite esa compatibilidad, pero regulándola de tal forma que los ingresos que recibe la persona como resultado de su trabajo son restados de la cuantía de la pensión no contributiva- no favorece que los beneficiarios de estas prestaciones decidan acceder al mundo del trabajo laboral. Ya sea por razones de formación o porque sus condiciones físicas no les permiten trabajar una jornada laboral, este mecanismo evita muchas veces que aquella persona que lo pretende pueda incorporarse al mercado de trabajo, porque considerando lo que va a cobrar no le sale cuenta incorporarse al mismo. Esa es la realidad que constatamos que -insisto- está denunciada por los movimientos sociales vinculados al ámbito de la discapacidad y que desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) pretendemos modificar a través de esta proposición de ley. Pretendemos, por tanto, hacer posible que quien recibe una pensión no contributiva -que insisto en que se sitúa en unos 295 euros mensuales de media en el conjunto del Estado- encuentre un marco normativo que le estimule a acceder al mercado de trabajo. Estamos planteando la necesidad de introducir un régimen más flexible de compatibilidad entre las prestaciones no contributivas y el empleo remunerado, bajo la lógica de entender que es necesario no entrar en contradicción entre las políticas pasivas de empleo y las políticas activas de empleo o las políticas de protección social -el establecimiento de una prestación- y las políticas que van orientadas a la incorporación de sus beneficiarios al empleo remunerado. Nos parece además, señorías, que esta es una medida positiva para el conjunto de la sociedad, pues estamos hablando de aumentar el número de personas que trabajan en España; por tanto estamos hablando también de aumentar el número de personas que van a formar parte de esos más de 17 millones de ciudadanos que están cotizando en el sistema de la Seguridad Social. Entendemos también que esta medida que a corto plazo puede suponer un incremento del gasto público en materia de pensiones no contributivas, en el medio plazo va a quedar ampliamente compensado por la incorporación de nuevos activos en nuestro mercado de trabajo. El elemento sustancial en el análisis que hacemos nosotros de esta problemática es que, aun hoy, el poder trabajar es lo que permite en nuestras sociedades que las personas puedan ejercer efectivamente sus derechos como ciudadanos. Ser ciudadano continúa hoy vinculado a poder trabajar, y el derecho al trabajo que tiene cualquiera de los ciudadanos del Estado español no se puede ejercer con este régimen estricto que tenemos de relación entre la pensión no contributiva y el empleo remunerado. Por tanto, a través de esta iniciativa pretendemos que las personas discapacitadas puedan ejercer su efectivo derecho al trabajo, como fórmula para garantizar ese ejercicio de derechos y para participar activamente en nuestra sociedad.


Decía también, señorías, que los movimientos sociales vinculados a la discapacidad, en concreto el CERMI en el conjunto del Estado, pero también el COCARMI en Cataluña o aquellas organizaciones vinculadas a los centros especiales de empleo, como la Coordinadora de talleres de disminuidos psíquicos, vienen reivindicando que seamos capaces de dar respuesta a esta situación. Ayer mismo, en Barcelona, en una reunión de trabajo con sectores vinculados a los enfermos de VIH-sida les informábamos del debate que iba a tener

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lugar esta tarde. Nos decían que la única manera de que muchos enfermos de VIH-sida pudieran acceder al empleo era hacer compatibles las pensiones no contributivas con el empleo remunerado y nos encarecían que hoy, entre todos, fuésemos capaces de dar respuesta a esta demanda. Por tanto, si queremos dar respuesta a este problema social, respuesta que se viene demandando desde hace tiempo, si queremos dar salida a estas más de 200.000 personas que hoy se configuran en el Estado como perceptores de prestaciones no contributivas, hay que dar un paso adelante y configurar una verdadera política social, una política social más avanzada y más progresista, una política social que no responda a una lógica burocrática y que permita que esas 200.000 personas puedan incorporarse al mercado laboral, que encuentren un mecanismo que permita su incorporación al mercado de trabajo. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.) Somos conscientes de que simplemente con esta mejora legal no vamos a resolver el problema de fondo, que es el del desempleo de las personas discapacitadas; somos conscientes de que en esa nueva generación de políticas de empleo dirigidas a este sector debemos abordar muchas otras cuestiones; somos conscientes también de que con este debate no abordamos otra cuestión pendiente prácticamente desde la aprobación de la Ley de Pensiones no Contributivas, como es la propia configuración legal de la pensión no contributiva en relación con las previsiones que contenía la LISMI sobre el subsidio de ingresos mínimos; somos conscientes de que esa cifra de 295 euros al mes que supone la pensión no contributiva no garantiza unos ingresos mínimos dignos, pero nos parece que con esta iniciativa rompemos una lógica burocrática que a lo largo de estos años ha impedido que muchas personas discapacitadas pudiesen trabajar.


Espero que tras las conversaciones que hemos tenido en las últimas horas esta iniciativa tenga luz verde para su toma en consideración por este Pleno y que en las próximas semanas podamos avanzar en la discusión de la misma para intentar articular una ley que supere esta situación. En la pasada legislatura éramos un bloque amplio de grupos políticos los que exigíamos esto, hoy se va a sumar a esta mayoría el Grupo Popular, lo cual mi grupo agradece. Estamos convencidos de que entre todos vamos a ser capaces de configurar un régimen más flexible, un régimen que dé respuesta a las necesidades de empleo de las personas discapacitadas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Campuzano.


¿Algún grupo desea utilizar un turno en contra? (Pausa.)

Pasamos al turno de fijación de posición. En primer lugar tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señora presidenta.


El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y su portavoz, el señor Campuzano, nos han presentado para su toma en consideración una proposición de ley que tiene como objetivo compatibilizar las pensiones de invalidez, en su modalidad no contributiva, con el trabajo remunerado.
Señalaba el portavoz de Convergència i Unió la realidad cruel de las personas con discapacidades que tienen que buscar un puesto de trabajo, que tienen que integrarse en el mercado laboral, lo que realmente les resulta muy difícil, lo cual no es algo novedoso, evidentemente, y requiere múltiples iniciativas para tratar de buscar una salida. Hoy se nos presenta una concreta que hace referencia a una cuestión que genera dificultades porque, en definitiva, las personas que reciben una pensión de invalidez en su modalidad no contributiva son aquellas que están afectadas por una minusvalía o enfermedad crónica en un grado igual o superior al 65 por ciento y que carecen de rentas o ingresos suficientes.
No obstante, la percepción de estas pensiones por parte de los beneficiarios no impide el ejercicio de actividades compatibles con su grado de incapacidad, pero ¿qué ocurre en la realidad? Que la realización de una actividad profesional lucrativa implica automáticamente la reducción del importe de la pensión no contributiva de invalidez en la misma cuantía que la retribución que se percibe. Esta legislación vigente provoca muchas veces que personas con un cierto grado de discapacidad que les permitiría realizar determinadas actividades laborales remuneradas no acepten realizarlas cuando la remuneración es de escasa cuantía, ya que les falta el incentivo económico adicional para efectuar tales actividades. Es evidente que esta situación produce dificultades adicionales para que estas personas se integren en el mercado laboral, y que tales dificultades pueden ser solventadas si se reduce o se elimina la penalización existente a los perceptores de pensiones de invalidez no contributiva que realicen una actividad profesional remunerada. Por eso nuestra posición es favorable a la toma en consideración de la iniciativa que se nos presenta hoy, de compatibilización de pensiones, para terminar con la dificultad que explicábamos. La medida es razonable y no supone un incremento de las necesidades financieras del sistema de protección social, puesto que no se trata de reconocer nuevas prestaciones sino de permitir compatibilizar las existentes con actividades remuneradas. Esto va a permitir, además, una mayor y mejor integración en el mercado de laboral de las personas con discapacidad. Creemos que esta debería ser una iniciativa más de las que el Parlamento llevara a cabo para llegar al objetivo de integrar en el mercado laboral a todas las personas con discapacidad y, con ello, al de integrarles completamente desde el punto de vista social. Votaremos a favor de la toma en consideración de esta iniciativa, y esperamos que la misma salga adelante para proceder

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a realizar las aportaciones pertinentes a lo largo del procedimiento.
(Rumores.)

Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora Lasagabaster.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora García Suárez.


Señorías, les ruego que guarden silencio mientras intervienen sus compañeras y compañeros diputados, porque hacen realmente difícil el seguimiento de la intervención e incluso el desarrollo de la misma por el diputado interviniente.


Adelante, señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.


La propuesta que ha traído a debate el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nos parece razonable, tal como se acaba de expresar, porque da la posibilidad de compatibilizar la prestación con rentas derivadas del trabajo y porque limita la cantidad percibida al salario mínimo. Es decir, que la suma de la pensión no contributiva más la retribución por trabajo no ha de superar el salario mínimo interprofesional, lo cual nos parece importante para evitar que se creen desajustes o agravios comparativos con algún otro colectivo.


Según un informe reciente de la OCDE sobre empleo en Europa de personas con discapacidad, España comparte con Polonia el último lugar del ranking; ambos países presentan la cifra más baja de personas con discapacidad en activo. Estas cifras y otras de las que se puede disponer ponen de relieve que las personas con discapacidad inactivas constituyen el núcleo duro de la exclusión laboral en España. En la mayoría de los casos es una situación no querida yque los que la padecen se ven abocados a ella por motivos estructurales que les excluye de partida del mercado de trabajo. El análisis de las causas de este tipo de inactividad sería una ardua tarea y no podemos hacerlo esta tarde. Ahora bien, está demostrado que la situación laboral en España y en Europa de las personas con discapacidad está lejos de ser satisfactoria y que las mismas constituyen un grupo con gran riesgo de exclusión. Estas personas acceden al empleo en menor medida que el resto de la población, tienen tasas de actividad más bajas y sufren niveles de desempleo muy superiores. Además, la cualificación y los niveles retributivos de los pocos que consiguen acceder a un puesto de trabajo son muy inferiores a la media de los trabajadores sin discapacidad. La proposición de ley cuya toma en consideración debatimos en este Pleno va en la línea de atacar una restricción legal que no favorece en absoluto a las personas con discapacidad. Por el contrario, condena a muchas personas con discapacidad a permanecer en la inactividad, dependiendo de una renta apenas de subsistencia, una pensión no contributiva que, como todos sabemos, no garantiza ni tan sólo unos mínimos vitales dignos para sus perceptores, que son la mayoría personas con discapacidad muy severa. Por todo ello anuncio que el voto del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde va a ser positivo a esta iniciativa pues consideramos que se trata de una medida oportuna, como ya se ha dicho, reclamada desde hace tiempo unánimemente por el sector de la discapacidad y de profundo calado social entre un grupo humano especialmente excluido, como es el de las personas con discapacidad severa.


El empleo es uno de los factores preferentes de socialización y de participación regular en la vida comunitaria, y así lo entiende nuestro grupo parlamentario. Para las personas con discapacidad la importancia del acceso al mercado de trabajo se refuerza en relación con el resto de la población pues empleo significa, en su caso, vía privilegiada de participación social. Sin un puesto de trabajo es muy difícil llevar una vida autónoma y decidir por uno mismo; sin empleo, las personas con discapacidad se colocan en situación de dependencia, al arbitrio de la familia o de los poderes públicos y siempre en permanente peligro de marginación y exclusión social. Por tanto, la incorporación de las personas con discapacidad al mercado de trabajo exige la voluntad decidida y la acción enérgica de los poderes públicos, de los agentes sociales y de la sociedad en general, y muy especialmente de las propias personas con discapacidad, las cuales, qué duda cabe, deben convertirse en los agentes de su propia inserción. No podemos continuar marginando a casi el 10 por ciento de la población de la sociedad a la que legítimamente aspira a formar parte en igualdad de deberes y obligaciones. Se aconseja y es necesario la adopción de medidas activas que promuevan el acercamiento de este grupo de población al mercado de trabajo, permitiéndoles con su esfuerzo contribuir a la riqueza de sus países y al desarrollo de la comunidad a que pertenecen.


Nuestro grupo quiere concretar que quizá un problema aún más agudo que el desempleo en las personas con discapacidad, con ser éste realmente muy grave, es el de la inactividad. En España, por ejemplo, según datos oficiales de la encuesta del INE de 1999 sobre discapacidad, el desempleo entre las personas con discapacidad es del 26,1 por ciento y llega al 33 por ciento en el caso de mujeres con discapacidad, tasa muy elevada, pero la inactividad es mucho mayor, la inactividad llega al 67 por ciento y en el caso de las mujeres a más del 76 por ciento. Por tanto, en nuestro Estado, más de 900.000 personas con discapacidad en edad laboral (entre 16 y 64 años) están al margen absolutamente del mercado de trabajo. Con ello estamos diciendo que dos de cada tres personas con discapacidad potencialmente activas no se han incorporado al mercado laboral. Tenemos, pues, la oportunidad de hacer posible con nuestro voto favorable a esta iniciativa (iniciativa

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que sin duda nuestro grupo parlamentario hubiera presentado próximamente) comenzar una reparación y una mejora en la vida de muchas personas y también hacer realidad que poco a poco en nuestro país las políticas sociales recuperen un tiempo perdido, como ha sucedido durante estos últimos años. Por todo ello, repetimos, nuestro voto será favorable y esperamos que esta propuesta que hoy se trae a la Cámara sea aprobada.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora García Suárez.


Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: (Comienza su intervención en euskera continuando en castellano.) Quiero manifestar la posición favorable de mi grupo parlamentario a esta iniciativa y felicitar al Grupo de Convergència i Unió y al señor Campuzano por su sensibilidad y sus reflejos en relación con estas materias de profundo contenido social y que tan recurrente nos presenta en este Pleno.


Señor Campuzano, no pueden ser más pertinentes sus manifestaciones; nosotros las compartimos en sus propios términos. Nos parece que aquí se acredita el carácter social del grupo parlamentario que usted representa.
Quisiera comentarles que con esta iniciativa se están cohonestando dos derechos constitucionales en relación con cuyo cumplimiento mi grupo mantiene severas reservas: el consignado por el artículo 19 del texto constitucional, de la norma fundamental, relativo a la promoción de los discapacitados, algo sin cumplir todavía en su plenitud porque claramente hay una disconformidad por parte de los interlocutores de las organizaciones de discapacitados que manifiestan que una mera aproximación empírica al fenómeno acredita que la integración, en sus distintos aspectos, también en el laboral que es el que estamos discutiendo aquí, no se ha producido eficazmente; y el consignado en el artículo 35 del texto constitucional que consagra un derecho-deber a trabajar también para los discapacitados, amén de todas las demás personas. Desde esta perspectiva, la mejor forma para integrar a estas personas que tienen un grado de discapacidad superior al 65 por ciento es precisamente compatibilizar esta pensión con una actividad remunerada, que no será una actividad altamente remunerada, hasta el punto de que la cautela del Grupo de Convergència i Unió de establecer como tope el salario mínimo interprofesional en cómputo anual para, a su vez, reducir estas deducciones en un grado del 50 por ciento ya acredita que esas actividades remuneradas tendrán una dimensión, señora presidenta, discreta en todo caso. Pero no hay que renunciar a un requerimiento constitucional que es de justicia social, un requerimiento de solidaridad elemental que es buscar la incorporación de las personas con discapacidad, sobre todo con discapacidad tan amplia, y que están cobrando pensiones no contributivas cuya dimensión es tan pequeña proporcionalmente al mercado de trabajo. Desde esta perspectiva felicito al Grupo de Convergència i Unió y al señor Campuzano por su sensibilidad y también por la lucidez de sus argumentaciones y espero que estas propuestas sigan siendo presentadas por Convergència i Unió que, por cierto, se nos ha adelantado. Nosotros también teníamos esta pretensión de presentar algo de estas características. También le felicito por la agilidad y la rapidez y esperemos, sobre todo, que se incorporen a nuestro ordenamiento positivo, que es lo más importante.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Olabarría.


Tiene la palabra el señor Tardà por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).


El señor TARDÀ I COMA: (Comienza su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega a la Redacción del "Diario de Sesiones", dice lo siguiente: Señora presidenta, señoras y señores diputados, "una vegada més des d'aquesta tribuna els recordem la nostra exigència de poder fer ús de la nostra llengua ben aviat en aquesta cambra amb les mateixes garanties que els diputats i diputades castellanoparlants. Fins que això no s'esdevingui, els diputats catalanoparlants viurem una situació d'anormalitat que, vostès, haurien d'ajudar-nos a superar." - El señor diputado continúa su intervención en castellano.) Una vez más, desde esta tribuna, les recordamos nuestra exigencia de poder hacer uso de nuestra lengua en esta Cámara, con las mismas garantías que los diputados y diputadas castellanohablantes, Hasta que esto no suceda, los diputados catalanohablantes viviremos una situación de anormalidad que ustedes deberían ayudarnos a superar.


El señor ministro manifestó en su primera comparecencia su firme decisión de eliminar el déficit de ciudadanía de los ciudadanos que presentan limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales a través de políticas sociales que promuevan las condiciones de igualdad en el acceso a los bienes y a los servicios públicos. Por otro lado, reconoció y destacó la enorme dificultad a que se enfrentan estas personas a la hora de acceder a un empleo. Esta declaración de intenciones coincide básicamente con una parte del horizonte de Esquerra como, por ejemplo, garantizar ingresos económicos dignos a todas las personas discapacitadas hasta alcanzar el cien por cien del salario mínimo interprofesional, incluyendo los mecanismos que garanticen que las prestaciones sociales tengan el mismo poder adquisitivo real en cada una de las comunidades autónomas. A todo ello habría que añadir la garantía de la prestación

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de los servicios sociales que requieren estas personas afectadas por algún tipo de discapacidad, tanto al impulso necesario para garantizar los servicios alternativos a los servicios residenciales como al incremento de ayudas a las familias con personas discapacitadas o dependientes y, lo que es imprescindible, cambiar el sistema de prestaciones a las personas con discapacidad de manera que no dependan del presupuesto anual sino de las necesidades del usuario en función de los baremos económicos, así como un conjunto de medidas complementarias, todas ellas importantes, entre las que me permito destacar la creación de una prestación económica destinada a la persona con disminución para sufragar el gasto que supone la contratación de un asistente personal. Hoy día vemos que las personas que por su grado de incapacidad no pueden acceder al mundo laboral están condenadas a la pobreza, a no ser que reciban el apoyo básicamente del núcleo familiar, lo cual grava más la economía del ámbito generador de solidaridad.


El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana va a votar favorablemente la proposición de ley que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Entendemos que hoy por hoy no se puede admitir que personas con un grado de discapacidad superior al 65 por ciento, a las cuales ya les resulta muy difícil su integración en el mundo laboral, por razones físicas o por adolecer de suficiente capacitación por las mismas causas que les caracterizan como discapacitadas, vean reducida su pensión en la misma cuantía que el fruto de su trabajo. Compartimos el criterio expresado por el diputado Campuzano cuando argumenta que ello no facilita ni estimula la integración de estas personas en la sociedad. De hecho, medidas similares a esta ya se están llevando a cabo en otros países europeos como es Francia. Debo decir también que lo propuesto ya lo prevé el Plan de inserción sociolaboral de las personas con disminución de la Generalitat de Catalunya, que en su apartado 2.5, referido a la compatibilización de pensiones y graduación complementaria de salarios, hace referencia al hecho de que el actual sistema de pensiones no resulta motivador para hacer el paso de pensionista a trabajador. Es más, teniendo en cuenta que la vida para una persona discapacitada acaba siendo más cara que para otra que carezca de dicha deficiencia -recordemos que para cobrar la pensión no contributiva se requiere una discapacitación del 65 por ciento, hecho que significa una gran cantidad de necesidades extraordinarias respecto a otra persona sin disminución-, ¿no deberíamos ir más allá del cien por cien del salario mínimo interprofesional? Sería necesario estudiar el límite de la prestación. Incluso así, creemos que hay que introducir algunas reflexiones.


Estamos ciertamente ante una propuesta que parte de la defensa de la causa de los discapacitados, lo cual le da la legitimidad necesaria para ser defendida y apoyada, máxime en las condiciones en que están explicitados los contenidos propuestos. En primer lugar se habla de las prestaciones no contributivas de invalidez, lo cual nos lleva a destacar lo realmente relevante del término no contributivas, es decir, aquella vertiente universal del sistema de Seguridad Social que gestionamos de manera milagrosa las comunidades autónomas. La vertiente universal está pensada desde la perspectiva de garantía de mínimos para aquellos ciudadanos que de una manera u otra no perciben ingresos de ningún tipo o perciben ingresos escasos, que no han podido contribuir al sistema de Seguridad Social de forma suficiente para acceder a la prestación contributiva.
Diríamos que son prestaciones debidas al Estado del bienestar que hemos conquistado, por las que no hace falta abonar previamente y sólo tienen razón de ser bajo el criterio de que nadie puede quedar sin la garantía de unos ingresos mínimos y, en lógica del sistema, debería ser incompatible la prestación en relación proporcional a los ingresos adicionales obtenidos.


Hoy por hoy no obstante hablamos en condicional, en la medida en que constatamos que los importes de las prestaciones no contributivas son claramente insuficientes, no llegan a garantizar una vida digna a los que las perciben. Por consiguiente, es en este caso extremo en el que deberíamos focalizar los objetivos últimos, centrándonos además en el debate de que en algunos territorios del Estado, como es el caso de Cataluña, las prestaciones resultan más escasas que en el resto del Estado en razón del coste mayor de la vida; hasta cierto punto quizás sería sutilmente discriminatoria la propuesta que hoy defendemos si se diera el caso de unas pensiones no contributivas -repito- que fueran dignas, que no condenaran al beneficiario a vivir en el umbral de la exclusión social; repito que si fuera así, no aceptaríamos lo propuesto.
Por ello es necesario ampliar las pensiones no contributivas con grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, que las incompatibilidades entre la pensión y el salario no se hagan efectivas mientras no permitan un margen de beneficio del trabajador que incentive realmente la inserción laboral.


Finalmente querría referirme a la moción aprobada en el Pleno pasado por unanimidad referida a la discapacitación. Les recuerdo que, en términos generales, todos los grupos parlamentarios hicieron referencia a la necesidad de aunar voluntades más allá de aspectos más partidistas en beneficio de un cariz tan importante y sensible como es el que hoy debatimos. Es más, en el apartado i) se hace referencia explícita a estudiar los criterios de otorgamiento de las pensiones no contributivas de las personas discapacitadas y a estudiar la posibilidad de compatibilidad entre dichas pensiones y el trabajo remunerado. Hoy día un total de 207.000 ciudadanos y ciudadanas del Estado español, de ellos 26.000 catalanes -cerca del 60 por ciento hombres de entre 30 y 49 años y el resto mujeres de entre 30 y 54 años-, perciben

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la prestación no contributiva de incapacidad, cuya media alcanza solamente 329 euros. Todos ellos son candidatos a ser beneficiarios de la propuesta. Bienvenida, pues, la proposición de ley que hoy se nos presenta de la mano del diputado Campuzano.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardá.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Burgos.


El señor BURGOS GALLEGO: Señor presidente, señorías, anuncio desde el primer momento que el Grupo Popular va a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley. Estamos sustancialmente de acuerdo con los objetivos y con la defensa que de la misma ha hecho el señor Campuzano, activo siempre en estas materias, pues responde realmente a una necesidad social, en este caso de las personas con discapacidad y de sus familias, a las que hay que dar una respuesta legal satisfactoria y que viene además siendo reclamada por las organizaciones representativas del sector.


Nuestra posición desde luego no es una novedad. Así lo pusimos de manifiesto en la moción que esta misma Cámara aprobó el pasado 14 de septiembre, que incluyó en su redacción final esta cuestión, y así se consignaba también en el informe de la subcomisión del Congreso sobre discapacidad, que fue aprobado en el año 2003, obviamente con el voto favorable del Grupo Popular. Para nosotros es muy importante seguir avanzando en medidas que favorezcan el acceso de los discapacitados al empleo, desde la idea de que ello constituye el mejor síntoma de integración posible en la sociedad como parte activa de la misma.
Realmente sólo desde una posición muy sesgada de la realidad se puede negar que en los últimos años se han producido notables avances en la integración laboral de los discapacitados. Por ello hoy son cerca de 700.000 los discapacitados con un empleo, más del doble que hace ocho años. Aún así, algunos lo negarán también. Pero a nosotros lo que nos diferencia de otros planteamientos políticos es que creemos que las sociedades son siempre perfectibles, que cabe avanzar más y que siempre es posible mejorar, que podemos y que debemos hacerlo. Somos el centro reformista y, si me permiten, el centro inconformista. Por ello somos conscientes de que siempre cabe hacer más y en eso estamos, también con esta proposición de ley.


Hemos asumido siempre como una de nuestras principales orientaciones que la frontera entre actividad laboral e inactividad con percepción de una pensión, por escasa que esta sea, no tiene por qué atravesarse siempre en la misma dirección y menos de forma irreversible, que es posible estimular más la incorporación o la reincorporación de una persona inactiva a la actividad laboral remunerada, porque no creemos en una sociedad pasiva entregada o resignada. Siempre es posible buscar nuevas fórmulas, avanzar en propuestas que quiebren una inercia si esta resulta negativa para la persona y el conjunto de la sociedad. Desde luego hay un ámbito, el de las pensiones no contributivas, aunque no sólo en él, donde en ocasiones puede cundir la idea de que la percepción de una pensión -insisto, por escasa que esta sea- y su pérdida en todo o en parte, si se vuelve a percibir un salario, provoca una cierta disuasión en la búsqueda o en la aceptación de un empleo. Este riesgo aumenta, señorías, conforme se incrementan las propias cuantías de las prestaciones no contributivas o se reduce su distancia con las propias pensiones contributivas. Es en ese ámbito donde además se dan situaciones de mayor necesidad, de mayor riesgo de exclusión, de mayor inseguridad ante los cambios, de mayor desesperanza ante la posibilidad de una situación mejor, de menor cualificación, de menores recursos; en fin, señorías, donde la mera idea de perder una percepción económica atenaza de forma relevante al afectado. Si esto es así con carácter general, la situación se acentúa sin duda cuando hablamos de perceptores de pensiones de invalidez.


Esta proposición de ley, trascendiendo un cierto debate demagógico sobre la cuantía económica de las pensiones, viene a plantear la supresión de una incompatibilidad en un sector donde todo lo que se haga por incentivar la actividad laboral no sólo presenta un efecto positivo sobre el conjunto de la economía -algo que hasta el Grupo Socialista agradecerá, tal y como están las cosas-, sino que, lo que es más importante, abunda en la integración y en la plena participación social y económica de las personas con discapacidad. Lo que nos debe preocupar es que la percepción de una pensión no pueda convertirse en algunos casos, y dadas las características de la misma, en un serio obstáculo, a veces insalvable, para el desarrollo de una actividad lucrativa, bien por cuenta ajena o bien por cuenta propia. El sistema puede presentar ciertas disfunciones en esta cuestión. Por ello nosotros consideramos oportuno que, aunque optemos por destinar recursos públicos a sostener una percepción compatible con un salario, esto puede estar plenamente justificado en algunas situaciones. Y la que nos ocupa es sin duda una de ellas, sobre todo si pasamos de una cierta óptica rigorista, que a veces solo presta atención al frío dato estadístico, no exento de burocrática insensibilidad, de los niveles de renta de una persona, a un concepto mucho más dinámico, mucho más eficiente y mucho más solidario del sistema de protección social, porque este no ha de ser visto como un obstáculo para la eficiencia económica, sino como un elemento que, convenientemente articulado, puede ser un aliado muy eficaz de una economía productiva.


Señorías, no podemos aceptar que una reflexión meramente economicista prime sobre otras consideraciones y lleve a un discapacitado perceptor de una pensión

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no contributiva a no aceptar un posible trabajo remunerado. Los beneficios personales y sociales derivados de la actividad laboral remunerada son evidentes. No supondría aumento de costes, en todo caso minoración de ahorros posibles, e incluso se vería incrementada, como dice la proposición de ley, la afiliación y la cotización de estas personas. En todo caso, no será el coste, sino la filosofía de la medida lo que nos tiene que convencer. Bastará si nos preocupa -y nos tiene que preocupar- el uso justo y eficiente de los recursos públicos con que establezcamos los mecanismos adecuados para combatir el fraude o el uso inadecuado de las pensiones, que éstas no se orienten subjetivamente a atender a quien ya ha dejado de necesitarla. Sobreproteger a quien ya no lo necesita siempre tiene el coste, en un entorno de recursos necesariamente limitados, de dejar insuficientemente atendido a quien de verdad precisa de esa ayuda. Por eso es básico que ayudemos más a quien más lo necesita, por supuesto, pero no es menos básico que ayudemos también más a quien está dispuesto a poner de su parte su plena incorporación o reincorporación al trabajo; más aún si median limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales. No estaremos estableciendo los marcos adecuados si establecemos fronteras rígidas entre la actividad y la inactividad laborales, si entendemos las prestaciones como algo que perpetúa las situaciones de necesidad en lugar de ayudar a superarlas o si sólo permitimos que se pueda, como decía en un principio, recorrer el camino en una dirección, si sólo cabe pasar de la actividad a una inactividad que nos atrapa y que nos acoge de forma definitiva.


Es oportuno acoger favorablemente esta propuesta precisamente como mecanismo de incentivo a la ocupación y con ella a la integración en esta ocasión en el sector de la discapacidad, que nos ha de merecer una consideración especial. Para nosotros el objetivo está claro. Las prestaciones sociales de carácter económico no pueden constituirse en un factor disuasorio de la actividad remunerada y menos cuando media una invalidez, cuando media una discapacidad. Tomemos en consideración hoy esta proposición de ley y busquemos inteligentemente fórmulas condicionadas, transitorias, limitadas. Las que plantea la proposición de ley pueden ser un buen comienzo para la discusión, que pensión no contributiva y salario puedan convivir, puedan ser compatibles de alguna forma, buscando precisamente un empleo más eficiente de las prestaciones, para que no sólo den cobertura a situaciones de necesidad con, a veces, el efecto no querido de perpetuarlas, sino que favorezcan, cuando sea posible, una efectiva superación de las mismas o al menos que contribuyan decididamente al inicio de un camino para ello.


Ya adelanto que mi grupo, si prospera hoy esta iniciativa, aprovechará esta coyuntura de modificación normativa para ofrecer respuesta a otras situaciones semejantes que afectan a las personas con discapacidad y a sus familias y que precisarán de un tratamiento equiparable, porque a situaciones de hecho similares es lógico ofrecer respuestas análogas.
Frente al discurso insolidario e injusto de quienes defienden que las pensiones sean diferentes en cada territorio, nosotros abogamos, como hoy, por mejoras para todos los ciudadanos, por medidas que mejoren la situación de quien se enfrenta a una situación de necesidad o precisa de un especial apoyo. Esta Cámara siempre nos va a encontrar receptivos en esta línea porque, más allá de lo conseguido en estos años, que es mucho, somos conscientes de las dificultades con las que diariamente se encuentran las personas discapacitadas y las familias con discapacitados a su cargo, sean de donde sean y vivan donde vivan. Somos conscientes de eso y somos conscientes también de lo que estas familias esperan de nosotros, sentido y sensibilidad. Nuestro voto favorable hoy responde precisamente a ello.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burgos.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Sánchez.


La señora SÁNCHEZ RUBIO: Señor presidente, señorías, la proposición de ley que nos plantea hoy el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió modificaría parcialmente los artículos 145 y 147 del vigente texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, para permitir la percepción de la pensión de invalidez no contributiva, para que sea compatible con las rentas derivadas del ejercicio de una actividad profesional hasta el límite del salario mínimo interprofesional.


Estas modificaciones irían encaminadas, según lo formulado en la exposición de motivos de la proposición de ley, a facilitar la integración de las personas discapacitadas. Durante años la gran dificultad para el acceso a la educación y a la integración sociolaboral de las personas con discapacidad era tal que para conseguir a través de una pensión unos ingresos mínimos esta pensión se convirtió en un fin en sí misma. Hoy nos planteamos abordar ese otro aspecto rehabilitador y de incorporación laboral desde la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva. Retomamos así una asignatura pendiente de la LISMI. Como es conocido, la prestación de modalidad no contributiva va orientada a cubrir una escasez de ingresos que provoca en quien lo padece una carencia de medios para poder subsistir dignamente y se reconoce no sólo en el caso de ausencia de rentas, sino también cuando aquéllas de las que se dispone sean manifiestamente insuficientes, no reuniendo además los requisitos para alcanzar la prestación de nivel contributivo. Estas prestaciones ya se declaran compatibles con la percepción de otra renta de cualquier naturaleza en tanto que ésta no sobrepase un límite de recurso legalmente establecido, que, según

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la norma, es el propio importe de la pensión, que se establece y se fija anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y es aquí donde surge una parte importante del problema, en la cuantía que se fija para compatibilizar trabajo y pensión, que se entiende muy baja.


En otro aspecto de la regulación ya las personas discapacitadas que cobran una pensión de invalidez no contributiva disfrutan de un régimen singular cuando perciben ingresos en concepto de realización de una actividad laboral por cuenta ajena o por cuenta propia si se superan esos límites establecidos, ya que inmediatamente que se interrumpe la actividad laboral se reanuda automáticamente el derecho a percibir la pensión, no teniendo en cuenta los ingresos obtenidos del trabajo a efectos de percibir la misma. El mismo trato se otorga también en lo relativo a la inserción para trabajadores desempleados de larga duración mayores de 45 años. En la exposición que nos hace el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) hay algo en lo que no podemos estar de acuerdo, y es en la similitud que nos hace entre la regulación sobre la compatibilidad entre jubilación parcial y trabajo. Se trata de prestaciones de distinta naturaleza y de finalidad diferente.


La compatibilidad de la jubilación a tiempo parcial con el trabajo a tiempo parcial es uno de los elementos definitorios, puesto que la jubilación tiene como propósito acceder a la jubilación de forma gradual y flexible. Nuestro compromiso expreso, manifestado de forma reiterada, por la integración laboral y social de las personas con discapacidad nos lleva hoy a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley.
Estamos de acuerdo con el fondo que se plantea en esta proposición de ley. Pero, señor Campuzano, he de decirle que, después de lo acordado en el Pleno del pasado día 14, la semana pasada, entendemos que este método no es el adecuado. En el Pleno del pasado día 14, aprobamos una moción del Grupo Parlamentario Popular, con una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista, en la que literalmente instábamos al Gobierno a estudiar los criterios de otorgamiento de las pensiones no contributivas de las personas discapacitadas y al mismo tiempo la posibilidad de compatibilizar dichas pensiones y el trabajo remunerado, dentro del diálogo con los agentes sociales. ¿Qué hay del estudio y del diálogo con los agentes sociales? Creo sinceramente, por respeto a este acuerdo y por entenderlo necesario, porque creo que hay bastantes matices que aclarar, que en el proceso que se inicia habría que recabar al Gobierno el estudio que acordamos la semana pasada.


Como SS.SS. conocen por lo reflejado en nuestro programa electoral, así como por el posicionamiento que hemos venido manteniendo, la integración laboral de las personas con discapacidad es uno de nuestros objetivos fundamentales. Nos decía antes el señor Burgos -aunque no sé si le he entendido bien- que era de centro reformista y que se habían declarado favorables a este posicionamiento en anteriores ocasiones. No fue así en la enmienda al proyecto de ley de disposición específica en materia de Seguridad Social, la Ley 53/2003, que introdujo avances. Una enmienda con un contenido similar fue rechazada por el Grupo Popular en la Comisión de Empleo; creo que fue el señor Azpiroz Villar quien hizo la argumentación en contra de este planteamiento. Como les decía, nuestro posicionamiento siempre ha sido favorable, en todas las ocasiones, a la integración social y laboral de las personas con discapacidad. Este es uno de nuestros objetivos fundamentales. Así lo han venido manifestando miembros del Gobierno en estos meses de andadura. Ya en el discurso de investidura, el presidente del Gobierno habló expresamente del fomento de empleo de las personas con discapacidad; el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, señor Caldera, en su comparecencia en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales el pasado 18 de mayo, entre otras medidas encaminadas a esa inserción laboral, habló del plan estatal de promoción del empleo para las personas con discapacidad 2004-2008; también está el seguimiento del segundo Plan de acción para las personas con discapacidad 2003-2007 que, entre otros objetivos, tiene la promoción en el empleo; el Plan de acción para la mujer con discapacidad, con especial incidencia en las condiciones para el acceso al empleo; la reserva del 5 por ciento de cuota en el empleo público destinado a personas con discapacidad, que será reservado en exclusiva y al que accederán, a través de un turno especial, las personas con discapacidad; otros miembros del Gobierno, en comparecencias en distintas Comisiones, han incidido igualmente en esta materia, como el ministro de Industria, Turismo y Comercio y la ministra de Educación y Ciencia. Hacer compatible la pensión no contributiva de invalidez con las rentas derivadas del ejercicio de una actividad profesional hasta el límite de ingresos superiores al importe de la pensión puede contribuir a facilitar la integración de las personas con discapacidad, pero no es en sí mismo una solución al problema de la integración laboral. Sí puede ser un instrumento más, una medida más, pero dentro de las medidas globales que el Partido Socialista, este grupo y el Gobierno, estamos empeñados en llevar a cabo.


Apoyaremos, por tanto, la toma en consideración de esta proposición de ley desde la apuesta por medidas de acción positiva que faciliten la integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral normalizado o protegido, que les permita en el futuro ser perceptores de pensiones de invalidez o jubilación en su modalidad contributiva. Medidas como las que están previstas por el Gobierno y a las que he hecho referencia con anterioridad con seguridad contribuirán a conseguir estos objetivos.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE EQUIPARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS CON LA DE LOS TRABAJADORES QUE COTIZAN POR EL RÉGIMEN GENERAL. (Número de expediente 122/000025.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA LA EQUIPARACIÓN EN DEBERES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y LOS TRABAJADORES QUE COTIZAN POR EL RÉGIMEN GENERAL. (Número de expediente 122/000013.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día. Vamos a debatir de una forma acumulada, ya que tienen identidad de objeto, las dos siguientes proposiciones de ley. La primera, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre equiparación de la situación de los trabajadores autónomos con la de los trabajadores que cotizan por el régimen general, y la segunda, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, para la equiparación en deberes y derechos de los trabajadores autónomos y los trabajadores que cotizan por el régimen general. Una vez que se haya concluido el debate sobre la toma en consideración de proposiciones de ley, procederemos a la votación de los puntos del orden del día contenidos en este epígrafe.


Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, para la defensa de su proposición de ley, el señor Tardá

El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana asume la necesidad -y cito textualmente- de impulsar todas aquellas modificaciones necesarias del actual marco normativo para garantizar una protección social de los trabajadores autónomos equivalente y proporcional en derechos y obligaciones a la protección social de que goza el trabajador asalariado.
Todos estos objetivos configuran el frontispicio estratégico de la Taula d' autònoms de Catalunya, organización unitaria y plural de los autónomos catalanes, la cual lamentablemente no tiene acceso a la mesa del diálogo social.


En estos momentos, los trabajadores autónomos y los nuevos emprendedores que deciden acceder al mercado de trabajo bajo esta figura deben cotizar a la Seguridad Social por un régimen especial, que, aunque prevé aportaciones menores a las del régimen general, también comporta un nivel de protección social menor a la que se percibiría en las mismas circunstancias si se cotizara por el régimen ordinario. Esta situación se concreta en prestaciones inferiores por enfermedad o jubilación o en la imposibilidad de acceder a un subsidio por desempleo, entre otras. Y en cambio nos referimos a un colectivo de trabajadoras y trabajadores autónomos y, en general, por cuenta propia que alcanza la cifra de 2,8 millones de personas. Sólo en Cataluña hacemos referencia a 535.000 ciudadanos. De éstos un 29 por ciento corresponde al sector del pequeño comercio, un 15 por ciento a la construcción y un 10 por ciento a la hostelería. Partiendo además de la premisa de que la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas tienen al frente un autónomo, podemos afirmar que éstos ocupan el 65 por ciento de todos los trabajadores dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, puesto que, de los 12,8 millones de trabajadores por cuenta ajena, las pequeñas y medianas empresas ocupan a 8,2. Y no es menos cierto que las condiciones de nuestro mercado de trabajo favorecen la aparición de nuevos trabajadores autónomos. Aun así es necesario distinguir que estamos ante un proceso que nos aleja de la concepción del trabajador autónomo tradicional, la de aquella persona que iba creando mediante su actividad profesional un patrimonio empresarial estable que favorecía su posición en el mercado competitivo y le garantizaba la posibilidad de afrontar con éxito las adversidades que se le presentaban. Al contrario, el incremento extraordinario actual del número de autónomos se basa en los llamados dependientes; nos referimos a cerca de 650.000 autónomos que dependen económicamente de un solo cliente o poco más, que son sometidos por tanto a un solo empleador y no tienen organización propia ni capital y que, a pesar de que a veces tienen personal a su servicio, dependen básicamente de la fuerza de su trabajo y de sus conocimientos como único valor añadido. Esta nueva tipología de trabajador, a veces profesional liberal, a veces excluido del mercado de trabajo por los sucesivos procesos de debilitamiento de las estructuras empresariales, a veces emprendedor, ciertamente intrépido, se convierte en el mercado, según las expectativas actuales, en un nuevo protagonista de la precarización laboral moderna.
Mientras las políticas públicas no frenen la mano de obra desregularizada y la competencia por coste -batalla perdida desde hace años con los del este de Europa y Asia-, tendremos un mercado donde la reducción progresiva de los costes será el objetivo estratégico de muchas empresas.
Cuando hablamos de reducción de los costes, resulta que nos encontramos con la deslocalización productiva hacia otras zonas del planeta, pero también con la externalización interior de fases del proceso productivo y con el fenómeno de la subcontratación a la que sólo se accede, lógicamente, si se es autónomo. Las cadenas de subcontratación, en tanto que se configuran como fórmula mágica para reducir costes en las empresas, tienden a convertir en precarios los puestos de trabajo de las cadenas finales. Y resulta que, al final, siempre hay un autónomo, con o

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sin trabajadores, que además de trabajar en su oficio, acaba haciendo de financiero, de contable, de administrativo, de relaciones públicas y de malabarista para poder pagar las nóminas y la Seguridad Social de los trabajadores, y al que, con un poco de suerte, le quedan las sobras para poder pagar la hipoteca, que además es del mismo banco que le niega a menudo financiación y le cobra comisiones desorbitadas por los descubiertos, por las pólizas de crédito. Es más, algunos nuevos sistemas de empleo ya se están concibiendo sólo a partir de la configuración como autónomos de los trabajadores que los ocupan. Así pues es necesario ordenar nuestro mercado de trabajo y, específicamente, el de los trabajadores autónomos, combatiendo aquellas situaciones que, por irregulares, no pueden continuar siendo enmarcadas dentro de este colectivo. No nos hayamos ante un problema exclusivo del ámbito de la Seguridad Social, sino que tiene un alcance sociolaboral más extenso y deja fuera del Estado de bienestar a muchas personas. No obstante, en esta ocasión hablamos de cobertura social, y nos ratificamos en la necesidad de articular un marco adecuado de cobertura de prestaciones sociales similar al del régimen general de la Seguridad Social, donde un mismo esfuerzo contributivo comporte igual protección social.


La proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana persigue, pues, la equiparación de la situación de los trabajadores autónomos con la de los trabajadores que cotizan por el régimen general, para lo cual proponemos la adición de una nueva disposición transitoria al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, que disponga la equiparación del grado de protección oficial entre el régimen especial de los trabajadores autónomos y el régimen general, así como la equivalencia progresiva de los tipos y bases de cotización previstos en cada caso. Hablamos, efectivamente, de equivalencia progresiva de los tipos y bases de cotización previstos en cada caso porque resulta lógico que en un sistema contributivo de reparto la mejora tenga una correlación en el coste y, por tanto, la contribución debe hacerse desde una perspectiva equitativa y con criterios de igualdad en la contribución con el resto de regímenes. Hablamos de equivalencia también en la medida que nuestra voluntad es la de defender la equiparación de coberturas entre regímenes, ampliando por tanto las que actualmente tienen los autónomos, entre otras, las del paro. En definitiva, a igual contribución, igual protección. Señorías, entendemos que los autónomos llevan demasiados años esperando su turno. Desde su creación en el año 1970, esperan ser tratados adecuadamente por el sistema. Hablamos de una deuda histórica, de un agravio comparativo en algunos aspectos. No podemos dejar para el diálogo social los problemas de un colectivo que está tan parcialmente representado en él. Por otro lado, nuestra proposición se presenta con una redacción deliberadamente neutra, con la intención de que posteriormente se puedan concretar las medidas. La clase política debe afrontar con responsabilidad los problemas de aquellos colectivos que por debilidad, heterogeneidad y dispersión no acceden en condiciones de igualdad a los sistemas de protección porque no gozan de representatividad en los marcos del debate. El problema de los autónomos es el de no haber podido participar en las decisiones sobre el futuro del sistema de Seguridad Social. El propio presidente del Gobierno en las últimas semanas ha declarado públicamente y en repetidas ocasiones que nos hallamos ante un tema para el cual hace falta concertación con los beneficiarios, con los protagonistas.


El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene suficiente sentido de la responsabilidad de Estado como para saber que en materia de protección social, a pesar del contenido del artículo 41 de la Constitución, tenemos un sistema fundamentalmente contributivo. Desde esta perspectiva, desde la contribución en beneficio del reparto de la riqueza, es desde donde se tiene que afrontar la propuesta. A pesar de no renunciar por razones ideológicas a la búsqueda de la máxima universalidad, se deben ponderar las posibilidades del sistema, lo cual conlleva no alejarse del principio de que tiene que haber aportaciones para garantizar las prestaciones.
Bajo este principio solicitamos el apoyo de la Cámara a la proposición de ley que presentamos los republicanos catalanes.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardá.


A continuación, turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para defender su proposición de ley, acumulada a la anterior.


Señor Sánchez Llibre.


El señor SÁNCHEZ LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, esta tarde volvemos a debatir un tema que reiteradamente mantuvimos vivo todas las formaciones políticas en el Pleno del Congreso de los Diputados en la pasada legislatura en el sentido de hacer justicia a este colectivo tan importante de los trabajadores autónomos. Es evidente y obvio que en la pasada legislatura, a iniciativa de Convergència i Unió, se creó en el marco de la Comisión de Economía una subcomisión para analizar la problemática que hacía referencia a los trabajadores autónomos, a las microempresas y a los emprendedores con el único objetivo de igualar las prestaciones de los trabajadores autónomos a las de los trabajadores por cuenta ajena.
Hicimos un trabajo arduo, con profundidad, se alcanzaron unas conclusiones en las que se dio un paso cualitativamente muy importante y algunas de las pretensiones de los trabajadores autónomos fueron una realidad, aunque es cierto que todavía queda mucho camino por

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recorrer. A finales de la pasada legislatura -estábamos en vísperas de la campaña electoral y si ustedes repasan los programas electorales de todas las formaciones políticas lo podrán comprobar- prácticamente todos los grupos políticos hablaban de los trabajadores autónomos, y casi me atrevería a decir que todos los grupos sin excepción proponíamos equiparar las prestaciones de los trabajadores autónomos a las de los trabajadores por cuenta ajena.


Hoy ya se han realizado las últimas elecciones al Parlamento español, hay configurado un Gobierno y se han posicionado el resto de formaciones políticas. En un horizonte lejano, a tres años y medio vista para las próximas elecciones generales, tenemos una gran oportunidad para hacer justicia a los trabajadores autónomos. En la campaña electoral, todas las formaciones políticas nos comprometíamos a que en esta legislatura resolveríamos esta injusticia flagrante, a la que se ha referido el diputado que me ha precedido en el uso de la palabra. Hoy tenemos esta oportunidad de oro y el planteamiento de Convergència i Unió, junto al que ha hecho también el portavoz de Esquerra Republicana, es la toma en consideración de una proposición de ley. Si hoy votamos a favor de esta toma en consideración, será la Comisión y posteriormente el Pleno del Congreso de los Diputados los que configuren el acuerdo para llegar finalmente a esta equiparación de las prestaciones de los trabajadores autónomos y de los trabajadores por cuenta ajena. Apelo a la sensibilidad de todas las formaciones políticas que en la pasada legislatura, en la campaña electoral y en sus programas electorales decían que era factible esta equiparación. Votando afirmativamente hoy podremos hacer justicia a este colectivo que ha sido tan maltratado estos últimos años, estas últimas legislaturas.


Nosotros quisiéramos incorporar otra cuestión que hace referencia a los trabajadores autónomos. Si beneficiamos a los trabajadores autónomos también beneficiamos a un colectivo muy importante de futuros emprendedores que pueden existir en el tejido social y económico español.
Si comparamos las estadísticas veremos que el índice de vocaciones empresariales que existe en España es solamente el 10 por ciento de los estudiantes que acaban sus estudios empresariales o profesionales. Sólo un 10 por ciento tiene vocación empresarial; el 90 por ciento restante prefiere trabajar por cuenta ajena. Si lo comparamos con el índice de vocaciones empresariales del resto de la Unión Europea, veremos que existe un diferencial abismal hoy entre las vocaciones empresariales en España y en el resto de la Unión Europea. Cabría citar que la media de las personas que quieren ser empresarios el día de mañana en el resto de países de la Unión Europea oscila entre un 25 y un 30 por ciento. Pero si lo comparamos con el índice de vocaciones empresariales que existe en los países anglosajones, vemos que la diferencia es todavía más abismal ya que en estos países ese índice oscila entre el 30 y el 40 por ciento. Por tanto, nosotros estamos en un techo muy bajo, en España existe solamente un 10 por ciento de vocaciones empresariales. Podría añadir que cuando tratamos de materializar efectos positivos para equiparar los trabajadores autónomos a los trabajadores por cuenta ajena, estamos ayudando también a estos jóvenes que quieren ser empresarios el día de mañana. Si hoy nosotros no damos luz verde a esta iniciativa, estaremos bloqueando la posibilidad de que en España existan más vocaciones empresariales en un futuro inmediato.


Hay otro aspecto que me gustaría suscitar hoy ante el Pleno, y es que en España existe una cantidad muy importante de autónomos dependientes. En nuestra exposición de motivos decimos que en España existen unos tres millones de trabajadores autónomos, pero de ellos unos 500.000 ó 600.000 son autónomos dependientes, o sea, que dependen única y exclusivamente de uno o dos clientes. Este colectivo tiene una precariedad que les pesa en la realización de su trabajo diario ya que si alguno de sus pocos clientes, uno o dos, por las circunstancias que sean, dejan de serlo, este trabajador autónomo se verá abocado al paro inmediato sin la posibilidad de cubrir su situación a través de un seguro de desempleo o del fondo de garantía. En la pasada legislatura todas las formaciones políticas aquí presentes estábamos de acuerdo en implementar un paraguas para que el autónomo dependiente, cuando por razones objetivas tuviera que cerrar su empresa, pudiera tener un seguro de desempleo -nosotros lo definíamos como un fondo de garantía- no tanto para cobrar el desempleo y buscar trabajo sino para subsistir y emprender otra actividad empresarial.


Una de las conclusiones que salió a relucir en el trabajo de la subcomisión, que duró aproximadamente tres años y medio, es que en España, cuando un emprendedor fracasa en sus iniciativas empresariales, se siente repudiado por la sociedad y por los medios de comunicación, fracaso que le imposibilita iniciar otro proyecto empresarial. En otros países de la Unión Europea como los anglosajones el fracaso del emprendedor es síntoma de que el día de mañana triunfará en sus expectativas empresariales. Hemos de cambiar la mentalidad de nuestra sociedad, hemos de cambiar también la mentalidad de los diferentes medios de comunicación para valorar con mayor firmeza y rotundidad la profesión empresarial a la que puedan acceder los jóvenes españoles en un futuro inmediato. Repito que hoy tenemos una oportunidad de oro con la votación de la toma en consideración de esta proposición de ley en la que hay cuatro aspectos relevantes con los que estuvieron de acuerdo la mayoría de las fuerzas políticas la legislatura pasada.


Con independencia del fondo de garantía al que me he referido en mi intervención hay otro asunto importante, cual es la posibilidad de que los autónomos puedan desarrollar su trabajo en forma de contrato a tiempo

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parcial, cuestión que se suscitó en el debate del estado de la Nación de los años 1997-1998, que se aprobó en las mociones pero que no ha puesto en marcha el Gobierno del Partido Popular en las últimas dos legislaturas. Ahora el Partido Socialista tiene la gran oportunidad de poner en marcha el contrato a tiempo parcial para los trabajadores autónomos. Es probable que a un trabajador autónomo, un emprendedor, un joven recién salido de la universidad que acaba de finalizar sus estudios profesiones, que inicia un proyecto empresarial, el primer año de actividad solamente le pueda ocupar el 50 por ciento de su tiempo, con lo cual no tiene sentido que cotice el 50 por ciento de las prestaciones sociales que implica el coste de la Seguridad Social. Nosotros proponemos que los trabajadores autónomos que inician actividades empresariales puedan cotizar al 50 por ciento, tal como lo aprobó el Congreso de los Diputados.


Haciéndonos eco de las reivindicaciones que nos han hecho diferentes asociaciones autónomas catalanas y procedentes del Estado español, queremos hacer constar que es un contrasentido que los trabajadores autónomos se tengan que jubilar por razones de fuerza mayor a los 65 años, habiendo finalizado sus actividades empresariales. Tendríamos que hacer viable que el trabajador autónomo se pudiera jubilar por fuerza mayor -por no tener descendencia en el futuro del negocio o por causas que le imposibilitaran físicamente- antes de los 65 años. Hoy, reitero, los trabajadores autónomos han de continuar pagando su cotización para poderse jubilar a los 65 años y a lo mejor han estado siete u ocho años que no han podido trabajar. Es un gran contrasentido y, por otra parte, no representaría muchísimo dinero para las arcas de la Seguridad Social.
A veces vemos impasibles cómo se están jubilando personas con gran capacitación profesional, con grandes dotes intelectuales a los 50 ó 55 años y aquí no decimos nada, cuando, por otra parte, hay trabajadores autónomos que no pueden trabajar, que han tenido que cerrar sus negocios por las causas antes aducidas y tienen que continuar cotizando para tener una jubilación digna a los 65 años.


Ahora me voy a referir al último aspecto reivindicativo que planteamos y negociamos la pasada legislatura en innumerables ocasiones. Con el señor Azpiroz, con el diputado del Partido Popular, Celso Delgado, y con diputados del Partido Socialista tuvimos ocasión de debatir aspectos relevantes en los que todos coincidíamos que era necesario resolver, como es la contratación de los trabajadores autónomos de sus familiares más inmediatos. A pesar de que aquí se aprobó reiteradamente que sería posible que el trabajador pudiera contratar a su esposa, esposo o hijos, hoy la situación real es que los trabajadores autónomos continúan sin poder incorporar al régimen general de la Seguridad Social a sus descendientes más próximos. Esta es una injusticia flagrante, es un contrasentido. Parece mentira que estemos en el siglo XXI y que un empresario, trabajador autónomo, no pueda contratar a sus descendientes en el régimen general de la Seguridad Social. Esto lo hemos debatido absolutamente todos, ha existido siempre la voluntad de la Seguridad Social de que esto fuera una realidad, pero lo cierto es que hoy, a 21 de septiembre del año 2004, todavía es un tema insalvable. A pesar de que lo hemos aprobado muchísimas veces, todavía existe este contrasentido. Se argumenta que la Seguridad Social tiene miedo de que existan fraudes, pero nosotros replicamos que la Seguridad Social y la Agencia Tributaria tienen unos recursos informáticos, humanos y de inspección tan potentes que es imposible que pueda existir. Lo que no podemos hacer es tratar continuamente de una manera injusta a este colectivo tan importante de los trabajadores autónomos.


Me enorgullece que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) hace muchas legislaturas que habla de trabajadores autónomos y de economía productiva. Es para nosotros una gran satisfacción que no tengamos el monopolio de los trabajadores autónomos, pues hoy todas las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados hablan también de trabajadores autónomos y todos tienen como objetivo en sus programas resolver esta difícil situación. Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) estima que tenemos una gran oportunidad para hacer justicia con este colectivo tan importante, aprobando la toma en consideración de esta proposición de ley. Si se aprueba aquí irá a Comisión y tendremos que consensuar y dialogar con el partido del Gobierno y con los partidos de la oposición para, finalmente, hacer justicia e implementar unos mecanismos potentes, no solamente para hacer justicia con los trabajadores autónomos, sino para que los futuros emprendedores y empresarios españoles gocen de los mecanismos de que gozan los diferentes países de la Unión Europea y no tengamos menos competitividad que aquéllos. Apelamos a la sensibilidad de los diferentes grupos parlamentarios -y muy sinceramente a la del Grupo Parlamentario Socialista, porque estoy convencido de que está de acuerdo con nuestros planteamientos- para que, finalmente, aprobemos dicha iniciativa y podamos decir -ya que no lo pudimos decir la pasada legislatura- que la actual legislatura va a ser la legislatura de los trabajadores autónomos, de los emprendedores.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez Llibre.


¿Existe algún turno en contra? (Pausa.)

Siendo así, pasamos al turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. Les recuerdo a los intervinientes que estamos debatiendo acumuladamente dos proposiciones de ley.


Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto.


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La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.


Los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana de Catalunya y de Convergència i Unió nos han presentado dos proposiciones de ley para la equiparación en deberes y derechos de los trabajadores autónomos y los trabajadores que cotizan por el régimen general. El colectivo de trabajadores autónomos, como se ha venido diciendo esta tarde y desde hace ya muchos años, entre los que se encuentran los denominados trabajadores autónomos dependientes, cotiza a la Seguridad Social por un régimen especial, resultando una evidencia que la cotización mayoritaria de dicho colectivo se sigue efectuando sobre bases de cotizaciones mínimas. ¿Qué implica esto? Implica que las prestaciones que obtienen del sistema son inferiores a las que obtienen los trabajadores que cotizan al régimen general. A este respecto -debates ya muy antiguos-, el Pacto de Toledo llegó a prever la homogeneidad del ámbito protector entre el régimen general y los regímenes especiales de la Seguridad Social, a la vez que la equiparación del esfuerzo contributivo. A su vez, el acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social, de 9 de abril de 2001, considera conveniente la introducción de las medidas que mejoren el marco de la acción de los trabajadores por cuenta propia, de forma que aquella se vaya acercando a la dispensada en el régimen general. Estas previsiones se recogieron en el Real Decreto-ley 2003 y se procedió también a su desarrollo reglamentario, por lo que se reguló la cobertura de las contingencias profesionales y la prestación por incapacidad temporal de los trabajadores incluidos en el régimen especial de trabajadores autónomos. Dicha legislación posibilitó el acercamiento del régimen especial de trabajadores autónomos al régimen general, pero no lo llegó a equiparar. Por ello, y a fin de evitar situaciones que pudieran provocar agravios comparativos entre trabajadores en función del régimen de Seguridad Social al que coticen, Eusko Alkartasuna está dispuesta a apoyar las iniciativas formuladas por estos dos grupos parlamentarios de equiparar el régimen especial de los trabajadores autónomos al régimen general de la Seguridad Social en un plazo razonable. Como se ha señalado aquí, en aras a mejorar la acción protectora del sistema de protección social, hay que dar una valoración muy positiva a ese llamado paraguas del que se ha hablado esta tarde, a ese fondo específico para que el trabajador autónomo pueda percibir una prestación por desempleo en los supuestos en que se produzca el cese de la actividad por causas de fuerza mayor o por causas no imputables a la voluntad del propio trabajador.


Por estas razones, y siendo una toma en consideración, creemos que hay que abordar este tema. Es necesario que esta Cámara inicie el debate para proceder a esa necesaria y absolutamente urgente equiparación.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lasagabaster.


Señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el Consejo Económico y Social nos recuerda en sus memorias anuales que el Estado español presenta una amplia diferencia respecto a la mayoría de países de la Unión Europea en la financiación pública de la protección social que, además, se sigue manteniendo sin que haya avances hacia una convergencia real con aquellos Estados que gozan de niveles más altos de bienestar social. Es especialmente preocupante que, manteniendo unos gastos en protección social inferiores a la media de la Unión Europea, existan en el Estado español regímenes especiales de la Seguridad Social. En este caso nos referimos a los autónomos, que presentan aún cifras de gasto público inferiores a la media estatal y, por tanto, tienen diferencias de protección, de contingencias, que en muchos casos no se justifican por las especiales condiciones de trabajo de cada sector o por la diferencia de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.


El esfuerzo contributivo realizado en los últimos años por los autónomos a la Seguridad Social es patente, pues cada año los resultados económicos de los mismos mejoran. Ello ha servido, además de la insistente presión de las organizaciones representativas de los autónomos y de las iniciativas políticas presentadas en esta Cámara por diversos grupos, entre ellos el BNG, para que se realizase una cierta mejora en la cobertura social de los autónomos en el año 2003, pero manteniendo todavía un nivel de protección social inferior al régimen general en muchas contingencias.


Las proposiciones de ley que discutimos hoy pretenden introducir mejoras en las prestaciones reconocidas a los trabajadores incluidos en el régimen especial de autónomos, para equiparar su protección con la de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras y eliminar las diferencias de protección no justificadas que aún se detectan entre ellos y el resto. El BNG considera oportuna y justa esta regulación, porque las prestaciones que se introdujeron hace apenas un año no supusieron la equiparación total, además de que la mejora en la acción protectora iba acompañada generalmente de un incremento de las cotizaciones sociales; por tanto, debe acometerse la tarea pendiente de equiparación total de la protección social otorgada a los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena con la de los autónomos, eliminando las diferencias actuales no justificadas que existan y aprobando esta iniciativa para mejorar sustancialmente las prestaciones de los autónomos, eso sí, sin coste adicional para ellos -no como hizo el Gobierno anterior-, aprovechando los avances económicos de la Seguridad Social durante los últimos años para repercutirlos entre sustentadores y beneficiarios, entre los

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que se encuentran -claro está- los trabajadores y trabajadoras autónomos.
Nuestro grupo apoyará, pues, la toma en consideración de estas proposiciones de ley.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds, tiene la palabra el señor Pérez.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, como se dice en las proposiciones, son casi tres millones las personas que componen el segundo régimen en importancia en cuanto al número de afiliados. En el período interanual que va de agosto de 2003 a agosto de 2004 se han producido más de 108.000 altas de trabajadores por cuenta propia. Esto significa un incremento del 4 por ciento, mientras que el del régimen general es del 3,29. Es evidente, y ya se ha dicho en esta tribuna, que buena parte de estos trabajadores tienen una dependencia similar a la que tienen los trabajadores del régimen general.
Son posiblemente más de dos millones los que prestan su actividad laboral como auxiliares de empresas de diversas ramas. Así, grandes empresas del transporte tiene a más del 80 por ciento de sus efectivos como autónomos.
Igualmente, son muchas las grandes empresas de la construcción que utilizan la contratación de autónomos para múltiples especialidades: encofradores, soladores, fontaneros, electricistas, las más variadas profesiones son muchas veces trabajadores autónomos: independientes desde el punto de vista contributivo y fiscal, dependientes desde el punto de vista laboral, y, desde el punto de vista de las prestaciones, precarios.


Lo que queremos decir es que, junto a la del segmento tradicional de autónomos en sectores como el comercio, el transporte o la pequeña industria, se está produciendo una afiliación creciente como autónomos de trabajadores que poco tienen que ver con dichos sectores. Son trabajadores que contraen obligaciones pero que no suponen ninguna obligación para las empresas que los contratan. Los datos de esta realidad se pueden contrastar en la memoria de cualquier gran banco, de las constructoras o de los ministerios, empezando por el de Trabajo.
Paradójicamente, ser autónomo no es hoy una decisión autónoma en buena parte de los casos, sino una circunstancia que obedece a otras causas. Es una forma de dependencia que las grandes empresas utilizan para eliminar la relación contractual, para eliminar las bajas laborales y sus costes, para evitar los costes de la antigüedad, para evitar también engorrosas negociaciones colectivas, para evitar horas de huelga, para profundizar en la desregulación del mercado laboral, que es el marco en el que mejor se mueven, y -por qué no decirlo- para sustituir empleo fijo por trabajo libre o por trabajo en ese mercado que ellos entienden libre y que nosotros entendemos un mercado cautivo en estas circunstancias. No son sólo esas grandes empresas; hay ayuntamientos, hay ministerios, hay servicios públicos que utilizan también esta forma de contratación, la mayor parte de las veces, creemos nosotros, injustificadamente.
Estaríamos, pues, de acuerdo en la necesidad de equiparar y estaríamos más de acuerdo si además de en las prestaciones esa equiparación fuera extensiva a grupos de cotización. No cabe olvidar que en la actualidad da igual que un profesional tenga unos ingresos equis y que otro profesional tenga ingresos de 10 equis, porque pueden ser perfectamente autónomos con la misma base de cotización. Ante esta realidad, nosotros pensamos que el Gobierno debería abordar la elaboración del estatuto del autónomo, porque hablar del derecho a la jubilación anticipada, hablar de que los efectos económicos de la pensión de la jubilación o invalidez se apliquen desde el día mismo del hecho causante, como sucede en el régimen general, que las lesiones permanentes que no son invalidantes sean indemnizadas como en el régimen general, que haya un fondo de garantía para la percepción por desempleo en el que no deberían olvidarse las obligaciones de las empresas que realmente son beneficiarias del trabajo de estos autónomos, o dar de alta a familiares con los debidos controles para evitar el fraude son cuestiones generales que posiblemente van más allá del sentido de estas proposiciones de ley. Entendemos que la proposición que presenta Esquerra Republicana de Catalunya es más abierta y que no impide abordar posteriormente esa elaboración del estatuto del autónomo, que es lo que nosotros creemos que el Gobierno debería acometer. Compartimos esa preocupación, compartimos el sentido de las proposiciones de ley y en función del debate que aquí se produzca manifestaremos nuestro voto al final del mismo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.


Por el Grupo Vasco, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Manifestamos nuestra adhesión a las propuestas acumuladas presentadas por Esquerra Republicana de Catalunya y el Grupo de Convergència i Unió, felicitando a ambos grupos por el sentido de la oportunidad que han demostrado al traer estas iniciativas, que no son idénticas pero que sí hacen referencia a la misma problemática y que manifiestan un profundo sentido de la solidaridad que ya hemos alabado en la proposición anteriormente debatida, y manifiestan también un gran sentido de la oportunidad, honestamente se lo digo, señor presidente, porque también nosotros teníamos una iniciativa de este estilo pendiente de ser presentada y se nos han adelantado de nuevo. Abordar el problema y resolverlo correctamente siempre resulta pertinente por lo políticamente correcto.


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En relación con el contenido material de ambas proposiciones, que nos obliga a diseccionarlas de forma separada porque no son idénticas, he de decir que el señor Tardá ha hecho una brillante exposición, casi naturalista, que raya en el realismo absoluto, de la situación dramática que afecta a muchos autónomos, pero no a todos. No es la situación de todos los autónomos la que él en tono tan dramático ha expuesto, porque hay autónomos y autónomos. Al hilo de esta argumentación, expresamos nuestra primera prevención en relación con lo que aquí conjuntamente y por dos grupos se nos propone, y es que ese nuevo concepto consagrado del autónomo dependiente es una figura que no siempre debe ser objeto de apoyo institucional, porque hay autónomos dependientes que están resquebrajando la propia cohesión del mercado de trabajo, sobre todo cuando entendemos por autónomos dependientes aquellos que son los beneficiarios de subcontratas en cascada, a lo que tan propenso es el mercado de trabajo actual, y que están provocando la posibilidad de trabajar en condiciones de precariedad y en condiciones salariales absolutamente deleznables en muchas ocasiones. Los poderes públicos del Estado y los poderes públicos en general debieran mantener más que una posición apologética o de adhesión a esta figura una posición de prevención. No obstante, el fondo del asunto sigue siendo el mismo y el señor Sánchez i Llibre ha explicado perfectamente otro de los problemas que la no potenciación de la protección con cargo al sistema público de Seguridad Social de los autónomos está provocando, que sí que es una perversión económica que nosotros queremos reseñar, y es la inhibición de aquellos emprendedores o empresarios que se van a acoger posteriormente al régimen de autónomos y que, ante la minusvaloración del régimen de protección con cargo al sistema público de Seguridad Social, desisten en ocasiones o no se aventuran a iniciar una experiencia profesional o empresarial, que resultaría muy oportuna para la consolidación de nuestra economía.


Una última reserva, que no empece para nuestra adhesión a estas proposiciones presentadas, señor presidente, es la relativa a que efectivamente el Pacto de Toledo consagra como uno de sus principios troncales la unificación de los sistemas de la Seguridad Social, intentando acabar con la perversión de la multiplicación de los mismos; sin embargo, prevé la existencia de dos, lo cual sí que resulta un obstáculo para la aceptación en sus propios términos de estas dos proposiciones: acepta el mantenimiento del régimen general y del régimen especial de los trabajadores autónomos; luego la unificación de estos dos regímenes tampoco tendría acogida en los postulados o en los principios del Pacto de Toledo. No obstante, también se ha hecho referencia al artículo 10 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social y en ese artículo ya se prevé la necesidad de ir equiparando el régimen de autónomos al régimen general de la Seguridad Social en dos ámbitos, en el ámbito de las contingencias protegidas, que en relación con el régimen de autónomos tendrán que ser con el tiempo todas -y por eso la proposición de Convergència i Unió nos parece bastante más matizada que la de Esquerra Republicana en cuanto prevé un fondo de garantía para la protección de una concreta contingencia, que es la del desempleo-, y en el de la protección, más o menos universal y en cuantía suficiente, de todas las contingencias, siempre que la contribución sea adecuada a esa protección, es decir, la potenciación definitiva del carácter contributivo del sistema de Seguridad Social. Desde esa perspectiva, puesto que en la proposición de Convergència i Unió se alude de forma expresa a estos dos requerimientos que están en el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, que están en los principios inspiradores y expresamente en principios concretos que configuran el Pacto de Toledo; puesto que se habla de un fondo de garantía para proteger la contingencia del desempleo; de la posibilidad de que parientes, en los grados de consanguinidad y afinidad que el Grupo de Convergència i Unió propone, se puedan afiliar al régimen general, y de la unificación en relación con la protección concreta de la contingencia de jubilación, que también es otro requerimiento del Pacto de Toledo; puesto que están consignados requerimientos del Pacto de Toledo que no constituyen más que el cumplimiento de un principio constitucional, el del artículo 41 de la Constitución -que, repito, señor presidente, sigue sin cumplirse-: una protección adecuada con cargo a los poderes públicos, desde la perspectiva de un sistema público suficiente, irregresiva y para todos los ciudadanos universal, pertenezcan al régimen que pertenezcan en el sistema público de Seguridad Social; puesto que se acogen de forma adecuada en estas dos proposiciones estos requerimientos constitucionales, nosotros manifestamos nuestro apoyo a las dos, no sin antes decir que está más matizada y resulta más coherente con el posicionamiento de nuestro grupo la que presenta Convergència i Unió, reconociendo también que la de Esquerra Republicana tiene un recorrido político interesante.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.


Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, quiero fijar la posición del Grupo Popular en relación con las dos proposiciones cuyo debate acumulado estamos realizando y lo quiero hacer -no podría ser de otra manera- recordando que el Partido Popular en los años que ha tenido la responsabilidad de Gobierno ha promovido de una forma, creo que notable, la equiparación del régimen

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especial de los trabajadores autónomos con el mayor grado de protección que reúne el régimen general de la Seguridad Social. Me permitirán que aunque no voy a hacer un discurso in extenso de en qué ha consistido esa labor, sí ponga de relieve al menos algunos aspectos que me parecen notables y de importancia para el colectivo de los trabajadores autónomos. Así, he de recordar aquí como la incapacidad total cualificada, de forma que hoy los trabajadores autónomos con más de 50 años puedan cobrar el 75 por ciento en vez del 55 por ciento, es una realidad que obtuvimos en las legislaturas con Gobierno popular. La eliminación del requisito de la edad de 45 años para acceder al reconocimiento de una incapacidad permanente total también fue algo que salió adelante con los gobiernos populares. La unificación de los sistemas de cálculo en las pensiones de jubilación e invalidez fue otra realidad con los gobiernos de mi partido. El establecimiento de 14 pagas, es decir, que hubiera 12 mensualidades más dos pagas extraordinarias, fue igualmente una realidad que se hizo posible dentro del Gobierno del Partido Popular. La prestación por maternidad de la misma forma en que se tiene derecho dentro del régimen general es una realidad hoy dentro del régimen de los trabajadores autónomos, como lo es también la percepción de la prestación del riesgo durante embarazo. La rebaja en la cotización a los menores de 30 años o a las mujeres mayores de 45 años es otra realidad positiva en favor de los autónomos. La cobertura del subsidio de incapacidad temporal desde el cuarto día es una vieja reivindicación del colectivo de autónomos que también hoy es una realidad en nuestro ordenamiento jurídico y en la protección de este colectivo, todo ello, evidentemente, aparte de otro tipo de medidas que los anteriores gobiernos populares hicieron en el campo fiscal, en el campo de los riesgos laborales, en el campo de la formación continua y en otras facetas que afectan directamente a los trabajadores autónomos. Tan es así lo que manifiesto que el propio Pacto de Toledo, aprobado hace menos de un año en esta Cámara, en la recomendación cuarta de su desarrollo dice que la Comisión destaca las medidas aprobadas que han permitido ir equiparando los derechos de los trabajadores autónomos al régimen general. Por tanto, en este caso con la única abstención de Izquierda Unida -quiero recordar-, el refrendo de todos los grupos que hoy componen la Cámara vino a reconocer una realidad evidente, que era que se ha avanzado muchísimo a lo largo de estos años. Yo lo quiero poner de relieve para enmarcar en sus justos términos el debate. Es verdad, como han dicho portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, que todavía hay un recorrido, que todavía hay cuestiones -algunas que se han dicho y otras que por cierto no se han mencionado y tienen importancia- que hay que mejorar y que hay que intentar resolver. Por tanto, nosotros agradecemos ese justo reconocimiento que desde el pacto se nos hizo.


Lo que hoy se nos plantea y lo que vamos a votar es la equiparación de la acción protectora entre el régimen especial de trabajadores autónomos y el régimen general, así como la gradual equivalencia de los tipos y bases de cotización. En el caso de Convergència i Unió se pide que esto se haga con efectos del 1 de enero de 2005, en el caso de Esquerra Republicana de Catalunya en un periodo de seis meses. ¿Qué consideraciones debemos hacer desde el Grupo Popular? La primera es una obviedad, pero que necesariamente la debo manifestar: hay que seguir con el proceso de equiparación entre ambos regímenes. La segunda es -y la ha dicho el señor Olabarría- que la equiparación total no sé si va a ser imposible pero sí muy difícil, justamente porque el Pacto de Toledo parte de un principio que no podemos obviar y es que al final nuestro sistema de protección pública se va a fundar en dos bases diferentes: un régimen general, que podrá absorber o no determinados regímenes especiales en su seno, como ya lo hizo en el pasado con otros regímenes, y un gran macrorrégimen también, que va a ser el de los trabajadores autónomos. Por tanto, convergencia, equiparación, acercamiento, sí; asimilación total, no, porque no responde a lo que nosotros mismos hemos venido recomendando a los gobiernos que deban realizar; lo hemos hecho libremente y porque además creemos que las situaciones que objetivamente se cubren y las actividades de un trabajador autónomo -por mucho que podamos hablar de los trabajadores autónomos dependientes en relación con los que claramente tienen una relación por cuenta ajena y están, por tanto, dentro del régimen general, de su ámbito de aplicación- son dos realidades económicas, dos realidades de prestación de actividad del esfuerzo del trabajo diferenciadas y diferenciables y que conviene en el futuro equiparar, aproximar y mejorar, pero no confundir o hacer desaparecer.


Conviene en nuestro criterio conocer un poco más, aunque ya lo hemos ido conociendo en los últimos tiempos, lo que los afectados o alguno de los afectados piensan. Se dice que no representan a todos, es verdad, nunca nadie representa a todos: ni los sindicatos representan a todos ni las asociaciones de autónomos tampoco, estoy de acuerdo; pero hay una representación que está manifestando algo y nos gustaría conocer en mayor grado -hay ahora en este momento diálogo social- qué es lo que piensan al respecto.


He de decir que compartimos -lo hemos manifestado en otras ocasiones- algunas de las cuestiones que plantea Convergència i Unió, pero casi todas son complejas; con esto no quiero decir que no sean realizables, pero tienen un cierto grado de complejidad, un grado en el que hay que profundizar en el futuro para que al final no se produzcan efectos contrarios a los buscados y deseados. En este sentido, hace falta ahondar en algunos estudios y sobre todo hace falta una calendario realista, es decir, factible, posible.


Por último, en relación con este análisis general que hacemos de la cuestión, alguien que me ha precedido

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ha hablado del carácter heterogéneo del colectivo, y es verdad. No se trata de una masa uniforme de tres millones de ciudadanos en las mismas condiciones ni con las mismas preocupaciones. De hecho, la exposición de motivos, el preámbulo de las dos proposiciones de ley incide parcialmente en esta cuestión aludiendo a los diversos grupos de colectivos de autónomos, bien dependientes o bien de otro tipo. Insisto en que en los autónomos se da una pluralidad de situaciones, desde el autónomo que trabaja por la mañana en una empresa o en un banco y luego dedica unas horas a una actividad autónoma, hasta quien gana mucho dinero como autónomo y es un profesional libre e independiente, hasta quien es un auténtico empresario o hasta quien es un trabajador autónomo dependiente.


También quiero llamar la atención en cuanto a que la forma en que se plantean las proposiciones nos lleva a una ecuación casi automáticamente: incremento protección, incremento cotización. He de señalar que cuando hemos tenido responsabilidades de Gobierno hemos introducido algo que nos parece cabal, un cierto principio de voluntariedad, justamente en razón de esa heterogeneidad del colectivo que se pretende regular, justamente en virtud de los diferentes intereses a veces contradictorios que pueden tener las personas que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del régimen de autónomos. En este sentido, cuando el Gobierno anterior reguló la materia dio la opción para que voluntariamente la gente cotizase a accidentes de trabajo por ejemplo o percibiese la incapacidad temporal desde el cuarto día con una contraprestación del incremento de su cotización, y como a no todos les interesa por igual, unos se dan de alta y otros no lo hacen, es decir, se establece la posibilidad de tener el derecho a una protección que hasta el momento no existía, pero con la libertad de que cada uno lo haga. ¿Por qué digo esto? Pues lo digo porque llevada a sus últimos extremos una interpretación cerrada de esta cuestión podría producir un efecto contrario al que se pretende, que en definitiva es la mejor defensa de los intereses del autónomo. Si a autónomos que hoy en día a duras penas pagan la cuota mínima de treinta y pico mil pesetas de repente les lleváramos a un grado de protección muy interesante, pero pagando sesenta y pico mil pesetas, a lo mejor no lo pueden hacer y les arruinamos su futuro, puesto que medio millón de gasto adicional al año no todo el mundo lo puede asumir. Por lo tanto, quiero recordar que es necesario que subrayemos este principio de voluntariedad para no perjudicar justamente a quien pretendemos beneficiar.


Voy concluyendo, señor presidente, no sin antes mencionar algo que me preocupa y es que se está produciendo un debate sobre el fenómeno, contrario al que sometemos hoy a discusión en la Cámara y que vamos a votar, que es justamente la desequiparación, es decir, la separación entre el régimen de autónomos y el régimen general. Me explico. El secretario de Estado de Seguridad Social ha llamado pícaros a los autónomos. Ha dicho que compran pensiones y que debían pagar más, y recientemente pagar más se traduce aparentemente -no sabemos si luego se concretará en algún tipo de norma- en que aquellos que se presuma que no van a cotizar 20 años -que ya es presunción, porque no sé por qué hay que pensar que todos se van a jubilar a los 65 años- van a tener que pagar una cotización del 5 por ciento adicional. ¿Y por qué esta situación de discriminación negativa, por qué esta falta de equidad cuando el régimen de autónomos no da las mismas prestaciones que el régimen general? Y no las da en cuanto a las materias que se puedan plantear con carácter general, como ha hecho ERC, o las que especifica como prioritarias Convergència i Unió, pero en la cotización los autónomos tienen cero euros cuando tienen lagunas en los períodos de sus bases reguladoras, este es un tema importante; o en la incapacidad permanente parcial, en donde se pide que la pérdida del rendimiento funcional del trabajador afectado sea de un 50 por ciento y no de un 33 por ciento, como en el régimen general; o en el tipo de cotización de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, que es más alto en autónomos que en el régimen general. ¿Por qué se está pretendiendo penalizar ahora a los autónomos? Les he de decir que los votos de los diputados y senadores populares estarán siempre en contra de esto; que tenemos la firme voluntad de continuar trabajando como lo hemos hecho cuando hemos tenido responsabilidades directas de Gobierno en pro de los autónomos por razones de equidad, por razones de solidaridad, por razones de justicia y por razones de interés social, porque son un auténtico entramado de empleo y de creación de riqueza en nuestro país y hay que ser solidarios e ir mejorando las condiciones de su protección como hemos venido haciendo. Para esto, y concluyo, nos parece que hace falta un calendario claro y realista; que se debe, en segundo término, contar con el criterio de los afectados y que nos debemos basar como elemento objetivo, en mi opinión fundamental, en el principio de voluntariedad. Si no, vamos a hacer un totum revolutum en el cual al final vamos a poder tener manifestaciones de autónomos protestando porque los asfixiamos financieramente para tener que soportar las cotizaciones a que su sistema de protección social les obliga. Con seriedad y rigor, tengan por seguro que aquí encontrarán al Partido Popular, que continúa trabajando hoy como ayer en favor de los autónomos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiroz.


Grupo Socialista. Señor Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, afrontamos aquí un debate que tiene una enorme importancia para un grupo de trabajadores que van aumentando numéricamente conforme van pasando los

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años. Cada día hay más autónomos implicados en el tejido productivo de nuestro país. Los trabajadores autónomos, como muy bien han recordado las personas que me han precedido, son cerca de tres millones en España, y más del 50 por ciento de los mismos sin ningún trabajador a cuenta y dependiendo exclusivamente de su actividad. Estoy seguro de que esta es la razón de su preocupación, la de mejorar sus condiciones, y esa es la razón por la cual los dos grupos, CiU y Esquerra Republicana de Catalunya, han presentado estas proposiciones de ley que indudablemente tienen elementos comunes pero también elementos de diferenciación.
Agrupándolas en bloques las dos proposiciones recogen una parte común, como es la de la búsqueda de la igualdad de protección social entre el autónomo dependiente y el trabajador por cuenta ajena. Otro bloque es el de la equiparación en un plazo inferior a seis meses o hasta el primero de enero de 2005 del grado de protección del régimen general con el régimen especial de los trabajadores autónomos. Hasta ahí los elementos en común de las dos proposiciones. A partir de ahí, Convergència i Unió introduce cinco acciones concretas para priorizar su aplicación de forma inmediata. En cuanto a la inmediatez, no se sabe cuánto es el tiempo, pero si tenemos que verla en función de alguna fecha señalada anteriormente, estaríamos hablando del primero de enero de 2005. ¿Cuáles son esas cinco acciones concretas? El desempleo para los autónomos, la contratación de familiares, la reducción de la edad de jubilación y la equiparación de la fecha de jubilación con los trabajadores de régimen general. Casi nada.


Respecto de la igualdad de protección social entre el autónomo dependiente y los trabajadores por cuenta ajena, quiero decirles que tienen razón en que, como muy bien dicen las dos proposiciones de ley, el del autónomo dependiente es un sector que se va ampliando, que realiza trabajos para empresas en condiciones semejantes a las del trabajador por cuenta ajena y tiene respecto de éste diferentes prestaciones sociales. Eso va en aumento constantemente. Es un sector que se amplía no por el interés de los autónomos, sino por el interés que tienen las empresas en ello y que ya es en estos momentos una fuente de conflictos difícil de incardinar, no sólo por las diferencias de cobertura, sino por su relación contractual. Hace escasas semanas, señorías, hemos sufrido un conflicto de una importancia considerable, el de las grúas de automóviles con las compañías de seguros, un conflicto mercantil, que no laboral, protagonizado por personal autónomo dependiente en su mayoría y que ha llegado a tener la característica no se sabe muy bien si de una huelga o de un plante patronal. Por tanto, estamos asistiendo a un sector que va creciendo, que tiene enormes implicaciones en el tejido productivo y que hoy ya forma parte sustancial de la plantilla de numerosas empresas y es una parte fundamental de la plantilla de numerosos sectores.


Es cierto que la práctica de utilizar esta figura de trabajadores autónomos por parte de las grandes empresas de servicio no sólo se realiza, señor Sardá, en Cataluña, es una práctica rechazable en todo el país, pero no solamente por sus implicaciones territoriales, sino desde el punto de vista sociolaboral. Es una práctica que encubre una relación laboral que claramente es de trabajador por cuenta ajena mediante una falsa autonomía empresarial, consentida por las partes y con evidente distorsión de nuestro actual modelo de protección social. Por eso, señorías, consideramos que los problemas que tiene este colectivo de trabajadores dependientes no sólo son de prestaciones y de equiparación de las mismas, como ustedes plantean, sino de definición, de caracterización del sector. Es más, nos podemos encontrar con que la definición del mismo suponga en un momento determinado su desaparición como tal o su diferenciación del autónomo tradicional con condiciones laborales distintas y obligaciones del contratante diferentes, pero en ese caso seguro que no estaremos hablando de cómo ampliamos o equiparamos prestaciones del régimen general con el régimen especial, estaremos hablando muy probablemente de modificaciones del Estatuto de los Trabajadores.


Con esta proposición ustedes consolidan lo mismo que denuncian, pues consagran una definición de falso autónomo sujeto a una subordinación del empresario, al que liberan de sus obligaciones derivadas de una relación laboral, y a cambio plantean que se le percepcionen sus prestaciones de Seguridad Social igualándolos con los trabajadores por cuenta ajena. ¿Qué derechos pasan a tener estos trabajadores cuando son una masa importante en la misma empresa? Ninguno. ¿Qué capacidad de negociación tienen? Ninguna, porque se impone la negociación del contrato mercantil individualizado. Para nosotros eso hay que definirlo en el marco del estatuto del autónomo. Ahí es donde debe quedar clara la caracterización del trabajador autónomo, que no es la misma si no tiene ningún trabajador a cuenta que si tiene decenas en plantilla o si está subcontratado permanentemente para realizar la misma actividad en la misma empresa. Por eso, señorías, creemos que es prioritaria la definición antes que la igualdad de prestaciones en este ámbito.


Ustedes saben muy bien que definir este sector sobre la base de un estatuto del autónomo propio es una propuesta programática del Partido Socialista Obrero Español, recogida por el presidente del Gobierno en el debate de investidura en respuesta a una pregunta de Convergència i Unió.
Saben muy bien que tanto el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales como el ministro de Industria lo han corroborado recientemente, y saben muy bien que la problemática del autónomo dependiente no está, por lo tanto, en la equiparación de las prestaciones, sino en su función dentro de las empresas y en su función dentro de los sectores. Pero no es novedosa nuestra apuesta por este sector. En la pasada legislatura se apuntó CiU, junto al PP, en el rechazo de cuatro proposiciones no de ley, y fueron numerosas las proposiciones

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rechazadas por parte de la mayoría de la Cámara en contra del PNV y del BNG. Esta es la realidad. Señores de Convergència i Unió, ustedes pudieron hacer mucho en este sector durante los ocho años anteriores, sobre todo cuando los abrazos del Majestic, y a la luz de estas proposiciones de ley no hicieron casi nada.


Dentro del bloque común de las dos proposiciones, también plantean la equiparación en seis meses de los dos regímenes o a partir del 1 de enero de 2005. Pues bien, las dos propuestas tienen una caracterización semejante: el reconocimiento de la existencia de dos regímenes, un elemento muy importante que queda definido en el Pacto de Toledo, el de los trabajadores por cuenta propia y el de los trabajadores por cuenta ajena; dicotomía que resulta inevitable de reconocer dadas las diferentes condiciones laborales que existen en ambos sectores. Recuerden, señorías, que trabajar en su propio espacio físico, tener su propia jornada laboral no coincidente en la mayoría de los casos con la ordinaria, realizar una actividad empresarial propia y tener su retribución proveniente de la remuneración conjunta del trabajo y el capital es la base de estas diferencias actuales. De ahí que tengan prestaciones diferentes que responden al derecho individual del autónomo a tenerlas, un derecho individual reconocido también en el Pacto de Toledo; por ejemplo, a elegir su propia base de cotización. Por eso resulta difícil entender que en la proposición de ley que CiU propone se plantee la equiparación con efecto desde el día 1 de enero de 2005 de la opción protectora del régimen general. La equiparación, señorías, nunca se planteó en el Pacto de Toledo, en donde se apunta el mantenimiento de dos regímenes diferentes y con tratamiento contributivo también distinto. De la misma manera que plantean la equivalencia progresiva de los tipos y bases con cierta confusión y poco rigor para mí, puesto que en cuanto a tipos existe una plena igualdad y en cuanto a bases de cotización existen diferencias insalvables sobre las que no es posible equiparación alguna.
El régimen general les marca las retribuciones del trabajador y en el régimen especial la base la elige libremente el propio interesado, que es quien puede saber si puede o no contribuir y en qué intensidad puede y debe hacerlo. Además, priorizan también una serie de acciones como el Fondo de garantía para recibir una prestación por desempleo, respecto de las cuales la posición del Gobierno les fue suficientemente aclarada en la respuesta del presidente la pasada semana. Señorías, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está teniendo negociaciones con los representantes del sector para abordar estos temas en materias como contratación de familiares directos, regulación de los sistemas de doble cotización... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio.


Le ruego que vaya terminando, señor Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Estatuto del autónomo y el estudio que servirá de base para encauzar el mismo.


Señorías, no dudamos que las dos proposiciones de ley tienen una intencionalidad plausible, seguro que la urgencia de su desarrollo, su aplicación con efectos de 1 de enero del próximo año o en los próximos seis meses está motivada por la urgencia en resolver los problemas del sector. Ahora bien, señorías, no nos queda clara esa opinión a la hora de pergeñar el interés que ustedes tienen por sacarla adelante. Desde nuestro punto de vista, además del interés en la defensa de este sector, hay un cierto tufo de rivalidad electoral entre dos partidos de ámbito territorial en un mismo sentido, un interés que indudablemente están en su pleno derecho de defender pero que indiscutiblemente puede emponzoñar la propia dinámica de las dos proposiciones. Sólo así puede entenderse por qué los dos partidos, pero sobre todo CiU, asumen el Pacto...


El señor PRESIDENTE: Señor diputado, ya lleva bastante tiempo. Le ruego que concluya.


El señor MEMBRADO GINER: Un momento, señor presidente. Los dos partidos asumen el Pacto de Toledo, se vinculan a él, lo defienden y lo consideran conveniente para la estabilidad del sistema, pero al mismo tiempo que dicen esto por un lado intentan trocearlo cuando la renovación del mismo apenas lleva 10 meses.


Señorías, medidas como esta deben enmarcarse en acuerdos, deben consensuarse con los agentes sociales, con las diferentes fuerzas políticas, deben ser medidas para el presente, pero construyendo el futuro. Consideramos que dentro de las dos proposiciones hay una propuesta que desde nuestro punto de vista permite, por su abertura, dar mayor grado de debate y de discusión posterior, y hay otra propuesta, la de Convergència i Unió, enormemente cerrada y difícil de poder trabajar de cara al futuro. Teniendo en cuenta estas dos cuestiones, orientaremos nuestro voto.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


El señor PRESIDENTE: Señorías, existe una propuesta de modificación del orden del día. Conforme al artículo 68 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 34, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las iniciativas del Gobierno en la regulación de la eutanasia, pase a debatirse con anterioridad al punto 33, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el corredor de alta velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad

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Valenciana-Región de Murcia. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)

En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.


- TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)

El señor PRESIDENTE: Procedemos ahora a la votación de las proposiciones de ley. En primer término, la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 315.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley.


Proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre equiparación de la situación de los trabajadores autónomos con la de los trabajadores que cotizan por el régimen general.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 187; en contra, uno; abstenciones, 128.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley.


Proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la equiparación en deberes y derechos de los trabajadores autónomos y los trabajadores que cotizan por el régimen general.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 156; en contra, 162.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley.


PROPOSICIONES NO DE LEY.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. (Número de expediente 162/000138.)

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la realización de actuaciones encaminadas a la mejora de la Administración de justicia.


Para la defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor. ¡Qué bien le vendría a este hemiciclo la rara virtud del silencio! (Continúan los rumores.)

Señorías, si tienen la amabilidad, ¿pueden disolver la tertulia? Hay un diputado en el uso de la palabra. Se lo ruego. Gracias.


Adelante, señor diputado.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.


Señorías, la proposición no de ley que presentamos y sometemos a aprobación de esta Cámara lleva la firma del Grupo Parlamentario Socialista, Esquerra Republicana e Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Se deduce claramente, y es el primer dato que quiero recordar a SS.SS., que estamos ante una iniciativa parlamentaria, presentada por grupos parlamentarios, y esta es una buena práctica a la que debemos acostumbrarnos en el Parlamento. Tengo la tremenda satisfacción de estar presentando por fin algo positivo desde el punto de vista global para la mejora del servicio público de la justicia y para la mejora de la tutela judicial efectiva.


Mediante esta proposición no de ley instamos al Gobierno para que aumente el número de órganos judiciales y para que en los próximos presupuestos de 2005, no sólo en declaraciones, se recoja la creación de 250 plazas de jueces con la paralela creación de órganos judiciales para evitar, y resolver de una vez, que jueces que aprueban la oposición, que hacen el curso de formación, etcétera, no tengan que estar como jueces adjuntos y sí tengan su plaza. Esta propuesta insta también a que se creen las plazas necesarias de fiscales, cumpliendo más allá del porcentaje del compromiso que este Gobierno asumió ante esta Cámara de crear 1.000 plazas de jueces y de fiscales a lo largo de esta legislatura. El mandato, lo que instamos al Gobierno, señor ministro de Justicia, es que en la medida de lo posible ya en este año 2005 vayamos un poquito más deprisa y no sólo con la prorrata del 25 por ciento que nos correspondería en cuatro años. Esta es una cuestión fundamental para luchar contra la lentitud que todavía padece el funcionamiento de nuestra justicia.


Señorías, existe otro tema, quizás no tan importante como este que es de una auténtica mejora del servicio público de la justicia, pero que al parecer mediáticamente ha interesado o importado un poco más, y es la reforma que se pretende instar al Gobierno desde estos grupos parlamentarios, a los que aspiramos que se unan la totalidad de los grupos parlamentarios. En definitiva, en este tema estamos ante un debate de convicciones

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democráticas. No estamos ante una mera reforma de un quórum, sino que estamos mucho más allá, ante un de debate de auténticas convicciones democráticas. Queremos que el órgano del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, cambie la práctica de la imposición por la mayoría coyuntural que esté, hoy la conservadora del Partido Popular, dentro de escasas fechas pudiera ser la nuestra, aunque tuviéramos otro talante. Se trata de prever que una mayoría concreta no pueda copar o manipular políticamente. Muy al contrario de lo que de forma perversa he escuchado decir a algún portavoz del Partido Popular, que nos atribuye intenciones de hacer aquello que ellos están haciendo y vienen haciendo en los últimos años. Es curioso. Nosotros pretendemos impedir ahora y en el futuro, mediante la constitución o imposición de un quórum, esa práctica e imponer el consenso, el diálogo. Esto es más democrático, esto es llevar la pluralidad constitucional y social también al ámbito de los jueces. (El señor Michavila Núñez pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, señor Michavila, es así. Escuche y tome nota porque es interesante lo que estoy diciendo y espero que sea avalado por esta Cámara. (Aplausos.)

Fíjense, se dice que no cambiemos las reglas del juego, que nunca se había hecho. Pues bien, ¿saben qué pretendemos cambiar de las reglas del juego? Exigir el consenso y exigir mayorías cualificadas para que nadie, ni ahora ni en el futuro, pueda manipular. Señor Michavila, escuche bien porque esto quedará reflejado en el "Diario de Sesiones": no es verdad que ahora aprobemos esto para en el año 2006, con nuestra mayoría, volverlo a modificar para copar los órganos judiciales. No; el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno, porque el ministro lo ha dicho, se comprometen a mantener esto en el 2006 y en el futuro, para que nadie pueda manipular como actualmente se está manipulando. Señorías, la manipulación consiste en incrementar el quórum, por ejemplo, a tres quintos para que ningún grupo tenga esa mayoría.
Ustedes dicen que nunca se había hecho. Señores del Partido Popular, en la reciente Ley Orgánica 19/2003, ¿sabe qué hicieron? Claro que lo sabe, señor Michavila. Se ríe y no tiene gracia. ¿Sabe lo que hicieron? Ustedes cambiaron el quórum que exigía la Ley Orgánica 19/2003 de tres quintos para que la minoría pudiera bloquear ciertos atropellos imponiendo tan sólo el quórum de la mayoría simple, que ustedes tienen con diez vocales designados a propuesta suya, más el presidente que vota indefectiblemente con ustedes. Esta es la realidad. Se trata, en definitiva, de sustituir la práctica actual por una práctica más democrática, de mayor contenido y de mayor pluralidad, que prevea o impida que se produzcan las situaciones que en la actualidad se están produciendo.


Hay un tercer tema que nos parece también interesante, señor ministro. (El señor Michavila Núñez pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores.) Se pone muy nerviosa la derecha, no soportan estar en la oposición.
Acostúmbrense, que tienen para rato, señor Michavila. (Aplausos.) Pues bien, instamos al Gobierno a que se habiliten los medios presupuestarios necesarios para mejorar en forma relevante los instrumentos de formación dirigidos a fiscales, secretarios y miembros de los demás cuerpos de la Administración de Justicia. En aras a la brevedad, doy por reproducido lo que figura en la exposición de motivos. La reforma de la Oficina Judicial -que curiosamente se recoge en la misma Ley Orgánica 19/2003- nos impone ciertas obligaciones, pero si no las dotamos de consignación presupuestaria, su aplicación real sería difícil. Finalmente, instamos al Gobierno a que garantice que los medios presupuestarios dirigidos a la formación del personal de la Administración de Justicia tendrán especial incidencia en el conocimiento y uso de las lenguas oficiales y del derecho propio de las comunidades autónomas. Este es el esquema de la proposición no de ley que presentamos los tres grupos, insisto, Esquerra Republicana, Izquierda Verde-Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Socialista, a la que confiamos que se una el resto de los grupos.


A esta proposición no de ley se han presentado una serie de enmiendas y, como siempre, nuestra práctica de consenso, que hemos llevado hasta dos o tres minutos antes de esta intervención, creo que puede llegar a feliz término. El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió plantea tres enmiendas y dejo, porque el tiempo se me va agotando, que su portavoz don Jordi Jané transcriba literalmente y facilite a la Presidencia las transacciones a las que hemos llegado en los tres puntos.
En función de que obedezca a la literalidad de lo que hemos acordado hace no demasiados minutos, como así va a ser, en el turno de aceptación de enmiendas me limitaré, como es previsible, a ratificar lo que el portavoz de Convergència i Unió planteará en esta tribuna.


Hay otras dos enmiendas de la señora Lasagabaster. La primera de ellas -no tiene excesiva relevancia- no la vamos a apoyar porque el texto de la proposición no de ley es el que recoge la propia Constitución española y no queremos entrar en otro tipo de redacción, que además creo que no la mejora. Sin embargo, sí nos parece que se puede asumir, aunque entiendo también modestamente que va implícita en la redacción -pero a usted le parece que queda más claro-, la segunda, que dice que gestionen en su ámbito territorial. Es la enmienda de adición al punto tercero, que habla de miembros y demás cuerpos de la Administración. En lugar de decir necesariamente que se gestionen en su ámbito territorial, diría de la Administración de Justicia que gestione, y cortaríamos ahí esa propuesta.
Cuando le llegue su turno, como es breve, la puede explicar, porque me quedan tres segundos, los justos para agradecer a SS.SS. lo que espero sea un apoyo a esta magnífica proposición de ley en la que instamos al Gobierno

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al cumplimiento de estas demandas para mejorar presupuestariamente, de verdad y no sólo de palabra, el servicio público de la justicia.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, en primer lugar, tiene la palabra la señora Lasagabaster por el Grupo Parlamentario Mixto.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.


Bajo a esta tribuna, aunque suelo intervenir en este tipo de iniciativas desde el escaño, por deferencia al señor ministro y para hacerle una reflexión final, más allá de la consideración que nos merece esta proposición no de ley. Desde Eusko Alkartasuna, en principio, manifestamos nuestra conformidad con la finalidad de la iniciativa; digo en principio, porque luego haremos una serie de matizaciones. ¿Por qué manifestamos nuestra conformidad en principio? Porque, evidentemente, los dos objetivos que se pretenden nos parecen bastante razonables. En primer lugar, que sea un compromiso de todos los poderes públicos dotar a la ciudadanía de medios humanos al servicio de la justicia, suficientes para atender adecuadamente en tiempo y forma las demandas ciudadanas, es evidente que es un gran objetivo. Por ello, es necesario formar bien a las personas que atienden el servicio público de la justicia para que doten de calidad al mismo. El segundo objetivo que pretende esta iniciativa hace referencia a esa imagen de garantía de independencia e imparcialidad de los integrantes de la judicatura. Es evidente que eso es un bien a proteger, porque de ahí deriva la confianza en el sistema y, por lo tanto, es algo vital. De ahí nuestra primera conformidad al respecto.


¿Cuáles son nuestras tres matizaciones? Primera: creemos que hay que hacer una reflexión sobre la proliferación de modificaciones, aunque esto no sea un obstáculo para nuestro apoyo, en relación con este tipo de reformas puntuales. Creemos que esto no es bueno, como dijimos siempre, también en la anterior legislatura, y lo manifestamos una vez más.
Segunda: la mención del Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, que nosotros creemos debe ser matizado en dos sentidos. Por una parte, la existencia de casación autonómica en varios ámbitos, y la reforma de iniciativas existentes en la actualidad, que apuntan al cumplimiento de las previsiones de los estatutos de autonomía, siendo el Tribunal Superior de Justicia de cada ámbito territorial el órgano de casación ordinario, reservándose la función casacional del Tribunal Supremo para la unificación de doctrina, proponiéndose por tanto que fuera un texto válido a este respecto.
Tercera: si se nos dice que esto es así, lo consideraremos, pero, en todo caso, no parecía muy razonable, al no tener en cuenta que en materia de justicia -al menos de administración material y personal al servicio de la justicia-, en lo que se refiere a la competencia, aquí hay comunidades autónomas con competencias propias en esta materia. Por lo tanto, esto tenía que quedar muy claro. Compartimos el deseo y la necesidad urgente, por no decir la justicia, de que dentro de todo el personal -y no me refiero estrictamente al personal, sino también a los secretarios judiciales, los fiscales, jueces y magistrados- conozcan y usen las lenguas oficiales en cada territorio, a la vez que, lógicamente, conozcan y usen el derecho propio de las comunidades autónomas. A este respecto, sí me gustaría hacer una última reflexión, en relación con una cuestión pendiente. Entendemos que el Partido Socialista, que presenta esta iniciativa, debía recordar a su Gobierno -y por eso le hago esta reflexión, señor ministro, aunque no sé si me está escuchando- que si están preocupados por el conocimiento de las lenguas propias de cada uno de los territorios tendrían que retirar inmediatamente un recurso que hay ante el Tribunal Constitucional en relación con el decreto del Gobierno vasco del programa de euskaldunización de los funcionarios y del personal en materia de justicia. Nosotros tenemos esa obligación. Entre los sindicatos y el personal de justicia se acordó un determinado programa de euskaldunización, que tuvo la forma de decreto del Gobierno vasco, y que fue recurrido por los anteriores gobiernos. Por lo tanto, no parece razonable que ustedes sigan manteniendo ese recurso a día de hoy, si dicen defender ese conocimiento de lenguas y que es un elemento importante. Por ello, si realmente ustedes tienen voluntad política de llevar a buen término estas consideraciones, primero, señor ministro, retiren ese recurso.


Muchísimas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señor ministro de Justicia, señoras y señores diputados, se debate hoy en el Pleno de la Cámara una proposición no de ley que hoy, formalmente, está suscrita por el Grupo Socialista, pero cuya realidad de registro de entrada era como proposición conjunta de tres grupos parlamentarios. El día que entró en esta Cámara era una proposición no de ley suscrita por el Grupo Socialista, que hoy la ha defendido, y por los grupos de Esquerra Republicana y de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds. Por tanto, es una proposición no de ley que nace de una propuesta de tres grupos y yo quiero afirmar ante la Cámara que de entrada no se ha ofrecido al resto de grupos de la Cámara la posibilidad de estudiarla previamente y poder compartir su contenido. Por tanto, hay una crítica inicial de formas, que Convergència

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i Unió entiende que no se han respetado. La finalidad de la proposición no de ley es aunar esfuerzos hacia un mayor consenso en materia de justicia, aunar esfuerzos para reforzar mayorías, incluso en la toma de decisiones importantes: en la elección de magistrados del Tribunal Supremo, en la elección de los presidentes de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. Se pretende ofrecer un mayor consenso, pero se firma una proposición no de ley de forma no compartida por el conjunto de grupos de la Cámara, que hubiéramos debido tener la posibilidad, ante un aspecto sustancial a la hora de garantizar la independencia del Poder Judicial, de haber sido -o no, porque podríamos no haber compartido el texto final- proponentes de esta proposición no de ley. Por tanto, vaya por delante, y para que conste en el "Diario de Sesiones", que a mi grupo parlamentario, con el objetivo de esta proposición no de ley, no le parece acertada la fórmula final que se arbitró para presentarla a registro porque podía haber sido suscrita por otros grupos parlamentarios y, al final, haber llegado a un acuerdo en la redacción final de la misma. Es un ruego que hago para que conste en el "Diario de Sesiones" y aprovechando que está aquí el ministro de Justicia, que seguro que en este mandato quiere que haya el máximo consenso en las reformas que tenemos que emprender en el ámbito de la Administración de Justicia.


Nuestro grupo ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley, enmienda que tiene tres puntos concretos, y, en aras de su posible aprobación, estaría dispuesto a buscar una redacción transaccional para favorecer el acuerdo final y poder aunar con nuestros votos el sentido final de la proposición no de ley que defendía el diputado don Julio Villarrubia. Nuestra intención es podernos sumar a ese consenso final y, por tanto, estaríamos dispuestos a buscar un texto transaccional que haríamos llegar a la Mesa de la Cámara y que podría dar respuesta, como ha ofrecido el Grupo Socialista, a la finalidad última que pretendía nuestro grupo al realizar su enmienda de adición, una enmienda de adición que, como digo, tenía tres apartados específicos. El primero de ellos es tener en cuenta que el pasado mes de junio tomamos en consideración en esta Cámara una proposición de ley del Parlament de Catalunya en un sentido concreto y que su aplicación va a precisar medidas presupuestarias. Esa proposición de ley, que entre otros aspectos señalaba la necesidad de considerar como un requisito el conocimiento de la lengua propia de la comunidad autónoma y el conocimiento del derecho propio de esa comunidad -que fuera un requisito y no únicamente un mérito-, cuando finalmente se tramite con las enmiendas que formulen los grupos de esta Cámara, va a necesitar unas medidas presupuestarias. Por tanto, dado que también reclamamos medidas presupuestarias en el texto original de esta proposición no de ley, bueno será tener en cuenta la proposición de ley que presentó el Parlament de Catalunya. Quiero aprovechar, señor presidente, para hacer un ruego a la Mesa. Esta proposición de ley no tiene aún plazo de enmiendas. Se consideró que el Consejo General del Poder Judicial debería emitir un dictamen sobre su adecuación, como hace en el caso de los proyectos de ley. En los proyectos de ley hay un plazo para que el Consejo General del Poder Judicial emita su dictamen; en las proposiciones de ley nunca es debido ese dictamen. Si ahora se ha considerado que debía dictaminar el Consejo General del Poder Judicial, démosle un plazo para hacerlo pero no aparquemos la proposición de ley. Fue tomada en consideración y, por tanto, hay un mandato de esta Cámara. Además, hay que tener en cuenta el respeto debido al Parlament de Catalunya y a los diputados que vinieron a defenderla.


Hay un segundo aspecto importante, que iremos señalando para muchos proyectos de ley porque entendemos que forma parte de la necesaria lealtad institucional. Este es un principio muy acreditado en otros Estados de estructura compuesta; por ejemplo, en Alemania con los länder.
La lealtad implica que, cuando las Cortes Generales aprueben una reforma legislativa que obliga a una comunidad autónoma a aportar más medios de los que tenía previstos en su sistema de financiación, se valore el impacto de la reforma y se compense por él a la comunidad autónoma. Es un principio, señorías, que está en el artículo 2.1 e) de la LOFCA. Mi grupo pide que se tenga en cuenta esa repercusión en las leyes que aprobemos en materia de Administración de Justicia; que, por lealtad institucional, se compense a la comunidad autónoma por el impacto de los supuestos en que contraiga nuevas obligaciones. Compensemos a las comunidades autónomas por las previsiones que no tenían, puesto que no legislan sus respectivos parlamentos sino las Cortes Generales.


Por último, hay un tercer aspecto que hemos repetido en todas las legislaturas y cuyo contenido comparten otros grupos de la Cámara, como el Grupo Vasco. Pedimos la descentralización de funciones del Consejo General del Poder Judicial en los territorios de las comunidades autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia.
Pedimos la creación de los correspondientes órganos territoriales y la participación de las comunidades autónomas en el órgano de gobierno del Poder Judicial. Sé que esta redacción, tal como la presentamos hoy, no tiene el grado de maduración necesaria para conseguir el apoyo unánime de esta Cámara. Como sabemos esto, estamos dispuestos hoy a avanzar un paso.
Sin renunciar a lo que proponemos, avanzamos un paso pidiendo al Gobierno que, en reformas venideras de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tenga en cuenta, entre otras, la cuestión que diré a continuación, aunque no es para nosotros el objetivo final de nuestra pretensión: que se incrementen las competencias de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y que se incrementen las

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funciones y competencias de las salas de gobierno de los mismos. Este es el mínimo común denominador que, como he dicho para que quede constancia en el "Diario de Sesiones", no excluye nuestra petición inicial, en la cual esperamos avanzar a lo largo de la legislatura.


Si llegamos a un acuerdo final sobre los términos de la posible transacción, mi grupo parlamentario votará a favor de esta proposición no de ley. Y lo hará, señor ministro, porque entiende que hacen falta consensos amplios. El ámbito de la justicia requiere consensos amplios.
Cualquier modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cualquier modificación en cuanto a la elección de magistrados del Supremo, a la dotación de nuevas plazas judiciales o a la elección de los presidentes de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, precisa amplios consensos, señor ministro. Los tendrán por lo que concierne a mi grupo, pero le pido que cuenten con nosotros desde el principio; que no nos presenten las proposiciones no de ley como un contrato de adhesión cerrado, sin brindarnos la oportunidad de poder compartir firma si finalmente compartimos contenidos. Este debe ser un objetivo de esta legislatura en materia de justicia, y no le faltará al Gobierno -como no le ha faltado en ocasiones anteriores- la máxima colaboración de nuestro grupo parlamentario.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.


Turno de fijación de posiciones. (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente.


Señorías, en los aspectos que nos ocupan en este momento de la Administración de Justicia en España, el Grupo de Coalición Canaria, desde la peculiaridad que existe en un territorio fragmentado como es el archipiélago canario y los problemas derivados del día a día para las distintas jurisdicciones de la Administración de Justicia, tiene su peculiar punto de vista. Nosotros vamos a globalizarlo aquí, anunciando que vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley. Lo hacemos, en primer lugar, porque entendemos que esto es un escalón de subida, pero es insuficiente. Participo en gran medida de lo que acaba de decir desde la tribuna el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Nos parece una proposición no de ley adecuada en un momento procesal oportuno de debate parlamentario, pero muy insuficiente. Esto tiene que ser objeto de un acuerdo de todos los grupos parlamentarios con el señor ministro de Justicia, porque si esto no se lleva a un pacto, a una renovación del Pacto de Estado por la justicia, difícil veo su encaje.


En la próxima comparecencia del señor presidente del Consejo General del Poder Judicial ante la Comisión de Justicia para rendir cuentas de su memoria anual le vamos a preguntar para ver qué dice al respecto en algunas cuestiones que pueden ser bastante discutibles. Qué duda cabe que en lo que respecta al primer punto de esta proposición no de ley, esos 250 jueces actualmente sin destino es necesario que se les active. El señor ministro contará con nuestra colaboración en este punto si se lleva a una mesa para una renovación del Pacto de Estado por la justicia, donde el señor ministro nos convoque para que podamos allí intercambiar y apoyar al Gobierno en todas esas medidas de las que nosotros consideramos que esto es una parte, algunas de ellas con cuestiones críticas, pero en términos generales escalones para perfeccionar todo el dispositivo personal y material de la Administración de Justicia.


Entraré ahora en detalles que no figuran. ¿Por qué hay un olvido aquí de la oficina judicial? Si aparte de las plazas de jueces y magistrados no existe un compromiso renovado de apoyo a la oficina judicial todo ese sistema va a tener un defecto, e incluso yo no omitiría los juzgados de paz, que tienen una labor muy importante. Usted sabe que en el archipiélago canario tienen una peculiar actividad los señores jueces de paz. Hay cuestiones que nosotros aquí asumimos plenamente pero que nos gustaría ver reflejado no en una proposición no de ley sino en un proyecto de ley del Gobierno, con el consenso de los grupos, y le vuelvo a reiterar nuestra disposición más absoluta para colaborar en esta línea de apoyo y de progreso de la Administración de Justicia. Nos ha sorprendido que se haga un llamamiento a reconocer esa experiencia de los magistrados del Tribunal Supremo y que se trate, como dice aquí textualmente, disponiendo cauces que les permitan continuar colaborando en los órganos jurisdiccionales tras su jubilación. Señor ministro, en el año 1984 debatimos aquí la Ley 30 de la Función pública que contenía un artículo (creo que el 33) que hablaba de la jubilación forzosa de todos los funcionarios públicos. En esta Ley 30 -también llamada ley de don Javier Moscoso, entonces ministro del ramo- se acordó que todos los funcionarios civiles del Estado se jubilaran forzosamente a los 65 años.
Pasado un tiempo se empezó a abrir para los señores jueces y magistrados, después vinieron los catedráticos y al final todos los funcionarios públicos pueden prolongar su vida activa hasta los 70 años. Yo no sé qué opinarán de la propuesta de que los magistrados del Tribunal Supremo puedan tener esta segunda actividad en órganos jurisdiccionales, no sé cómo se podrá encajar que un funcionario público con su rango de jubilado continúe prestando en órganos jurisdiccionales esta segunda actividad que tienen en los Cuerpos de Seguridad del Estado, pero cabría preguntarse qué van a decir los señores jueces y magistrados de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas cuando estamos hablando

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incluso ya de una potenciación de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y qué van decir después los señores magistrados del Tribunal Constitucional. Si se empieza a reconducir, como ocurrió con la Ley 30/1984 para la reforma de la Función pública, aprobada en el año 1984, vamos a repetir el movimiento de estas circunstancias. Por lo que respecta al párrafo 3, los instrumentos de formación los suscribimos plenamente, teniendo en cuenta, como sabe el señor ministro de Justicia, las especialidades con que nos encontramos desde los pactos de Estado anteriores, las últimas relacionadas con la Ley concursal, lo que nos va a exigir fundamentalmente una estructura presupuestaria de gastos, en la que tendrá nuestro apoyo cualquier modificación referida a los presupuestos de su departamento en los Presupuestos Generales del Estado para todo aquello que conlleve que la aplicación de la Ley concursal o la Ley del menor se tenga que realizar por esta vía de especialización. En eso tendrá también nuestro apoyo.


Nos gustaría que esta proposición no de ley se complementara con un marco de acuerdo en la tutela y en la coordinación que usted pueda hacer como ministro de Justicia del Gobierno español para que complementemos todo lo que es un escenario de posibilidades en mejorar la Administración de Justicia. Vaya por delante, y lo reitero aquí, nuestro voto favorable a esta proposición, después de las observaciones que han realizado, pero que pueden servir, como nos ha adelantado el señor ministro de Justicia, para tener reuniones en las que busquemos una renovación o replanteamiento de un Pacto de Estado por la justicia, que es donde caben estas partes parciales.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Por Izquierda Unida, señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Comparezco en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds para mostrar el apoyo de nuestro grupo parlamentario a esta iniciativa que en nuestra opinión permite mejorar nuestra justicia tanto en el sentido de la justicia como servicio público como también en relación con la justicia como poder constitutivo del Estado. Nos parece que todas las medidas que propone la proposición no de ley con respecto a la justicia como servicio público pueden ser objeto de consenso por parte de los grupos parlamentarios y devienen también de acuerdos muy amplios en esta Cámara en torno al servicio público de la justicia, a la necesidad de mejorar sus medios, de mejorar el número y la formación de los miembros del Poder Judicial a todos los niveles: jueces, fiscales y el conjunto de los trabajadores del servicio público. Creemos que no existe ningún problema por parte de los grupos parlamentarios de esta Cámara para impulsar que el Gobierno mejore la justicia en nuestro país, mejore su calidad y mejore las condiciones de todo tipo, laborales y de formación de sus miembros. Ahora bien, esta iniciativa parlamentaria -no hay que ocultarlo- además de ir en el sentido de la mejora de la justicia como servicio público, tiene una parte importante que tiene que ver con la justicia como poder del Estado.


Tenemos que decir que a nosotros nos complace respaldar una iniciativa que trata de mejorar la independencia del Poder Judicial, independencia, que no autodeterminación del Poder Judicial, porque nosotros creemos que el Poder Judicial sí es de este mundo. Probablemente otros grupos parlamentarios piensen que el Poder Judicial no es de este mundo, y es legítimo, pero nosotros pensamos que sí y que también tiene una relación directa con otros poderes del Estado, en concreto con el Poder Legislativo. Así lo establece nuestra propia Constitución, que en los órganos de gobierno del Poder Judicial prevé la participación del Congreso de los Diputados como forma de contacto entre el Poder Judicial, la sociedad civil, los ciudadanos y el Parlamento. En ese sentido, esta iniciativa es pertinente y tiene que ver con nuestro Poder Judicial, con la división de poderes y con la relación necesaria entre el Poder Judicial y el Parlamento. Es verdad que el Poder Judicial debe ser independiente, en particular con respecto al Gobierno, pero también debe serlo en relación con la oposición, ya que se puede dar la paradoja de que el Poder Judicial se considere independiente con respecto al Gobierno de turno, pero dependiente en cuanto a la oposición, que fue Gobierno hace muy poco tiempo. Por eso decía que el Poder Judicial para nosotros sí es de este mundo y en ese sentido es importante estimular que, al igual que nosotros necesitamos una mayoría agravada, una mayoría cualificada para nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, de la misma manera ellos tienen que tener una mayoría cualificada para nombrar a los miembros del Tribunal Supremo, a los de los tribunales superiores de Justicia o a los de los órganos de carácter provincial. Nos parece de una lógica democrática aplastante. Y vendrá aquí el argumento de que esto significa un cambio en relación con la situación anterior y seguro que hay que felicitar a quien cambia en relación con la situación anterior mejorando la participación democrática, el pluralismo y el consenso en el ámbito judicial y hacer un reproche a quien no cambia en relación con la situación anterior y quiere mantener una situación muy poco presentable con respecto al funcionamiento de la justicia como poder del Estado. Únicamente quiero recordar las últimas votaciones que han tenido lugar en el ámbito del Consejo General del Poder Judicial para demostrar que no se trata de ninguna vendetta, de ninguna venganza, tal y como he oído de boca del Grupo Parlamentario Popular, sino de reponer el pluralismo

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político y quizás también territorial en nuestro país con respecto a la justicia y su vinculación al pluralismo parlamentario y al pluralismo de la sociedad civil. De eso se trata ni más ni menos en esta iniciativa.


Datos en este caso del rodillo judicial: Tribunal Supremo, 13 plazas, nueve de la mayoría conservadora y cuatro de la minoría progresista.
Nótese que la relación en el Consejo General del Poder Judicial es prácticamente equilibrada y sin embargo el resultado es nueve-cuatro.
Tribunales superiores de justicia, 13 plazas, 10 de la mayoría conservadora y tres de la minoría progresista. Audiencias provinciales, 14 plazas, 10 de la mayoría conservadora y tres de la minoría progresista. En definitiva, 29 a 10 -parece el Real Madrid-; de cuatro nombramientos, tres para la mayoría conservadora y uno para la minoría progresista. En nuestra opinión, esto es insostenible. Para nosotros la independencia del Poder Judicial se justifica con una independencia externa con respecto a otros poderes, en particular con respecto al Gobierno y también con respecto a la oposición, y con una independencia interna con respecto a cualquier riesgo corporativo. Hay otro factor novedoso en nuestra vida política que a nosotros no nos asusta y es que en todos los poderes del Estado se dé una politización de esos poderes o mejor dicho se exprese la ideología que existe, ideología plural, en cada uno de los poderes y dentro de los mismos poderes del Estado. No nos da miedo que existan sectores conservadores en el Poder Judicial y que se organicen, que existan sectores progresistas y que se organicen o que incluso exista un partido de la justicia divina en el Poder Judicial, puesto que todo eso forma parte de la normalidad democrática, lo que pasa es que en nuestra opinión debe haber un cierto equilibrio, pluralismo y consenso y esta iniciativa de proposición no de ley permite avanzar en ese sentido, en el sentido del consenso, en el del pluralismo y en el del diálogo en el seno del Poder Judicial. Con ello no hacemos otra cosa que reforzar la independencia interna y externa del Poder Judicial y, por tanto, creemos que es una buena iniciativa.


Yo me pregunto -y termino, señorías- por qué el Grupo Parlamentario Popular no respalda esta iniciativa. Si resulta que ahora hay un nuevo Gobierno que podría utilizar el cuatro a uno en cada uno de los nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial a partir de los dos próximos años, ¿por qué el Grupo Parlamentario Popular no considera conveniente que ahora en esta Cámara decidamos que este nuevo Gobierno no provoque la misma situación de mayoría que ha provocado su Gobierno en el seno del Poder Judicial, es decir, no utilice el rodillo en el Poder Judicial? A mí sólo me cabe una explicación, y es que el Grupo Parlamentario Popular se haya apuntado a la teoría del paréntesis. Es decir, estamos ante un Gobierno débil que no va a durar más de dos años, por tanto mantenemos la misma situación, porque bacarrá ahora y bacarrá dentro de dos años. Creo que el Partido Popular se está equivocando en sus valoraciones y debe apuntarse a una propuesta regeneradora que significa una rectificación por parte de los grupos parlamentarios mayoritarios de esta Cámara, un avance del pluralismo en el Poder Judicial y que no solamente habrá pluralismo político. Yo deseo que en el Poder Judicial haya pluralismo político y territorial, como lo hay en la sociedad española y como lo hay en el conjunto de los poderes del Estado en el sentido que decía también Montesquieu.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, señora Uría, esperamos su magisterio.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, siempre sorprende a mi grupo parlamentario la utilización del instrumento de la proposición no de ley por los grupos que forman la mayoría que apoya al Gobierno. Se me dirá que es una proposición no de ley de varias formaciones políticas, y no es así. Por razones formales, por razones de cupo de las demás formaciones o por lo que fuere, aparece publicada como iniciativa sólo del Grupo Socialista. No entendemos por qué quien tiene la posibilidad de traer directamente un texto que se convertirá en norma utiliza este otro medio, que por supuesto está reglamentariamente permitido pero que a nosotros siempre nos parece sorprendente. Se dice además que es para abordar modificaciones estables y profundas. En las materias de las que se trata, señorías, en los ocho años que llevo de diputada podemos comprobar que hemos sometido estas cuestiones a constantes vaivenes, como luego tendré ocasión de manifestar.


Finalmente se dice que se quiere someter al consenso de todos los grupos parlamentarios para darle un empuje decisivo. ¡Hombre!, de todos no. Yo pertenezco a una formación política que en modo alguno ha sido llamada para ninguno de los asuntos que se contemplan en esta iniciativa y me resulta hasta entrañable este llamamiento a la totalidad por parte de una formación política que en la legislatura pasada firmó el llamado Pacto de Estado para la reforma de la justicia dejándonos como meros espectadores a la mayoría de las formaciones políticas.


En cuanto a los contenidos, la verdad, señorías, hay algunos como el de que se va a crear el número suficiente de nuevas plazas judiciales que yo creía que ya lo estaban haciendo. Es obligación de todo Gobierno cumplir los contenidos de sus programas electorales; así consta en el programa del Partido Socialista y así nos lo vienen manifestando una y otra vez en la tramitación de leyes tan importantes en esta legislatura como la llamada ley para erradicar la violencia de género. El meollo de la cuestión, en todo caso, son las modificaciones

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que se pretenden respecto del sistema de elección de cargos que competen al Consejo General del Poder Judicial. Señorías, desde nuestra perspectiva -lo he manifestado varias veces en esta Cámara- no es sólo el Senado un órgano que no ha encontrado acomodo en el sistema constitucional, sino que de peor condición es el Consejo General del Poder Judicial, órgano que no ha dejado de dar que hablar, que no ha encontrado una ubicación y que ha tenido además siempre veleidades, como se aprecia si uno lee la tramitación parlamentaria no sólo del propio texto constitucional del año 1978, donde algún ilustre ponente llegó a decir que se creaba un órgano de veintiún miembros para unos cometidos que se desempeñaban por una única dirección general, por la disquisición o la separación entre los miembros que lo son de extracción judicial y los que son juristas de reconocido prestigio, por el propio debate de la elaboración de la ley orgánica por la que se regula y por las modificaciones sucesivas que ha habido de la Ley Orgánica del Poder Judicial, residenciando en unas ocasiones en este órgano determinadas competencias que en otras, sin embargo, se pasaban al Ejecutivo, como todos ustedes conocen y ha sido objeto de comentario en esta Cámara en sucesivas modificaciones normativas. Cierto es que a lo que se pretende hacer frente es al enquistamiento en las mayorías-minorías en cuanto a la elección de los miembros del Consejo, situación que se produce no desde tiempos muy cercanos, aunque en estos momentos con mucha más frecuencia, pero ya desde el año 1999 se evidenció -creo que a propósito del nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia- una ruptura del equilibrio entre once votos a favor y nueve en contra, mayoría y minoría, que se ha manifestado luego posteriormente en otras muchas decisiones. Más allá del significado concreto de aquel hecho, significaba la apertura de una nueva forma de adoptar decisiones en un órgano de la importancia del Consejo General del Poder Judicial rompiendo una tradición de consenso previa que nos parecía importante. Pero, señorías, no debe olvidarse que la composición del Consejo actual fue votada por todos los vocales, es decir, vocales que pactaron ustedes dos, el Partido Socialista y el Partido Popular, y su presidente fue también elegido por el consenso de todos. Que esta mayoría se haya convertido en férrea -mayoría de hierro se le ha llamado- es una circunstancia que no afecta al modelo elegido para la formación del Consejo, aunque mi formación política no se resiste a que puedan establecerse algunos requisitos que puedan llevar a soluciones mejores. Nos gustaría que ustedes mismos lo hubieran redactado, más allá de lo que se dice en la prensa y que el texto de la proposición no de ley no dice -porque no habla de cifras concretas-, para que pudiéramos pronunciarnos. Se ha criticado también desde distintas instancias -no precisamente retrógradas, muchas de ellas absolutamente progresistas- que para ponerse de acuerdo se podría llegar a nombramientos de juristas mediocres, menos polémicos, menos significados y que quizá supusiese una bajada en el escalón de los méritos de quienes puedan componer o llegar a desempeñar puestos tanto en el Tribunal Supremo como en los tribunales superiores de Justicia. Puede ocurrir también que se pospongan sine die determinados nombramientos, lo cual nunca sería un beneficio para el buen funcionamiento que se pretende con la norma.


Se ha dicho -nosotros lo asumimos- que estas modificaciones no son por razones de modelo democrático, no son por razones de concepto, sino por razones de estrategia de oportunidad política, que son perfectamente legítimas pero que nada tienen que ver con lo anterior y que a veces obligan incluso a retorcer, como ha ocurrido en el tiempo, argumentos que se han esgrimido en otras épocas. Quizá -y a mi formación política le hubiera gustado- el Partido Socialista, el Gobierno podía haber hecho el esfuerzo de modificar el Poder Judicial en otro sentido, una modificación legislativa que se proyectase de cara a adaptarlo a la configuración territorial del Estado de las autonomías, ya que uno de los aspectos que parecen preocupar es el de los nombramientos de los presidentes de los tribunales superiores de Justicia. Sé que se acepta -así lo ha manifestado el portavoz del Grupo Socialista- una enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) que permite dar entrada a una existencia de mayores competencias en las salas de gobierno de los tribunales superiores. Es la versión light de lo que nos hubiera gustado oír como consejos judiciales propios de las comunidades autónomas, de los que por cierto se han pronunciado a favor formaciones políticas no solamente nacionalistas, incluso el propio Libro Blanco de la justicia, de la misma manera que podían haber apostado por modificar el modelo de organización administrativa que soporta el servicio público identificado bajo la denominación de oficina judicial, rompiendo de una vez con ese esquema de cuerpos nacionales que nada tiene que ver con una administración sustentada en el servicio público y cercana al ciudadano que ustedes pretenden proyectar.


Hay otro aspecto al que me quiero referir -antes he hablado de pasos adelante y atrás- y es el que hace referencia a las jubilaciones de los magistrados del Tribunal Supremo, mencionándose expresamente la existencia de magistrados suplentes que -dicen- nutrirían con su experiencia el ejercicio de la función jurisdiccional. Experiencia también adquieren otros profesionales, tanto los ingenieros como los médicos y los profesores, y no se suele insistir con tanta frecuencia en prolongar la edad laboral como ocurre con los magistrados. Hicimos aquella subida retributiva que convertía a los magistrados del Supremo en magistrados de ejercicio; luego se excepcionó a través de una norma para un número importantísimo de ellos, pero

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nos gustaría pensar que quien ejerce judicatura, ejerce magistratura en el Tribunal Supremo lo es con las condiciones normales y objetivas exigidas en la ley y, en otro caso, vuélvase al sistema tantas veces pedido desde distintas instancias de que se acrediten debidamente las condiciones psicofísicas de aquellos a quienes se les prolonga la actividad laboral.
Quienes van a decidir no sobre nuestra vida y hacienda, porque esto ya no es así, sino sobre la libertad, los derechos y también sobre la hacienda, debieran tener esa condición de acreditación más allá de la larguísima experiencia profesional de estar en condiciones de impartir justicia si se decide finalmente prolongar su actividad laboral.


El apartado final de la exposición de motivos de la proposición no de ley lo entiendo como un reproche al Partido Popular y puedo asumirlo en la medida en la que se han dado por hecho importantes mejoras en lo que hace referencia a la oficina judicial, sin que, sin embargo, se hayan efectuado las adaptaciones presupuestarias ni de otra índole referidas a esta materia, pero no siempre son competencia solamente del Estado. En todo caso, a mi formación política le parece que este reproche es quizás lo que más sentido tiene de todo el contenido de la proposición. Nos sorprende y hasta nos parece divertido que se haga un llamamiento a que hoy este Congreso de los Diputados vaya a pedir que se incluya algo en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Los aprueban ustedes en el Gobierno el viernes. No me puedo creer que el señor Solbes de hoy al viernes les va a introducir algo a ustedes en el proyecto. Esto es burlarse de la capacidad de instar al Gobierno que tiene un órgano de la naturaleza de éste.


Finalmente, una referencia a la lengua. Me parece perfecto lo que se dice sobre promover el conocimiento y el uso de las lenguas oficiales. En este sentido, alabo desde este momento la actitud manifestada por el actual fiscal general del Estado en numerosas ocasiones respecto del respeto, reconocimiento y promoción del uso de estas lenguas, pero tienen también ustedes ocasión de demostrarnos que son partidarios de ello. En este momento en la Cámara hay una proposición del Parlament del Catalunya, pendiente -creo- del informe del Consejo General del Poder Judicial, pero del que no conozco que haya especial interés por parte del partido mayoritario en suscitar su puesta en marcha cuanto antes. En todo caso, les insto desde este momento a que lo hagan.


Señorías, ¿qué va a hacer mi formación política con el añadido de la enmienda que han aceptado ustedes al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)? Se nos hace difícil decir que no, pero sinceramente les manifiesto que no es así como ustedes harán cosas efectivas. Lo que hoy nos han traído a la Cámara son sólo proclamas, no son proyectos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.


Turno del Grupo de Esquerra Republicana, señor Cerdà.


El señor CERDÀ ARGENT: Señor presidente, señorías, desde Esquerra Republicana presentamos, al menos al inicio, conjuntamente con el PSOE e Izquierda Verde esta preposición no de ley en la que básicamente, a nuestro entender, se insta a mejorar el servicio público de la justicia.
Por ello, no es ningún secreto que votaremos favorablemente a la mejora de este servicio público esencial y fundamental, en primer lugar, porque se propone incrementar el presupuesto para la creación de nuevas plazas y órganos judiciales. Es un buen primer paso la previsión del incremento presupuestario; es un buen indicador que aquello que tiene presupuesto empieza a ser una realidad. La ciudadanía demanda una justicia eficaz y más ágil. La creación de nuevas plazas y de nuevos órganos judiciales puede contribuir a satisfacer la demanda de justicia ágil y eficaz que todos y todas demandamos. En segundo lugar, es una apuesta por un sistema de concordia y de consenso en el gobierno del Poder Judicial, desde la diferencia pero no desde la confrontación. Proponemos medidas para reforzar la posición institucional e independencia del Poder Judicial. En definitiva, es otro paso para mejorar el servicio público de la justicia.
Son los criterios de reconocida experiencia y de competencia los que deben imperar junto con el consenso de los grupos parlamentarios y de las instituciones. Experiencia, competencia, capacidad y consenso mejorarán sin ninguna duda la independencia del Poder Judicial. Esperemos que se acabe con el criterio de la división de fuerzas existentes en la que se distribuyen los diversos puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria. Mérito, capacidad y consenso son los criterios que deben imperar en la elección de las ylos miembros del Tribunal Supremo y las presidencias de los tribunales superiores de Justicia. Esto puede ser otro avance, otra mejora y, en definitiva, otra justicia. Desde Esquerra Republicana también consideramos una buena aportación a la justicia, y en consecuencia a la ciudadanía, establecer cauces que permitan continuar colaborando a magistrados del Tribunal Supremo tras su jubilación e incorporar su experiencia y conocimientos adquiridos. Insistimos también en la formación como un valor necesario en todos los ámbitos, un valor fundamental. El personal de la Administración de Justicia tiene derecho a disfrutar de la formación, una formación que beneficie también a la ciudadanía, a la Administración de Justicia. Por ello, desde Esquerra Republicana insistimos en la necesidad de invertir, tal y como se prevé en la proposición no de ley, en la formación. Los fiscales, los secretarios y el resto del personal al servicio de la Administración de Justicia han de tener una formación continuada y de

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calidad, una apuesta por la calidad y la eficacia, como dice el texto de la proposición que hemos acordado.


Finalmente, insistimos en la necesidad de la inversión en la justicia, inversión económica en la formación del personal de la Administración de Justicia, una formación que garantice los derechos lingüísticos de la ciudadanía y en justo cumplimiento de la Carta europea de las lenguas regionales y minoritarias. La formación del personal de la Administración de Justicia también debe incorporar el conocimiento y el uso de las lenguas oficiales y el derecho propio de las nacionalidades. Si el personal de la Administración de Justicia no tiene conocimiento de las lenguas oficiales, nos encontraremos ante la paradoja de que la propia Administración de Justicia no puede garantizar los derechos lingüísticos de su ciudadanía ni tampoco el propio sistema de doble oficialidad. Esta proposición no de ley apuesta por la necesaria promoción e inversión en la adecuada formación y capacitación lingüística y del derecho propio de las nacionalidades del personal al servicio de la Administración de Justicia. Se trata de garantizar un derecho vinculado a la tutela judicial efectiva como principio fundamental que ha de regir en la Administración de Justicia, una garantía más de los derechos lingüísticos de la ciudadanía. La Administración de Justicia es un servicio público esencial y el objetivo de esta proposición no de ley es mejorar precisamente la eficacia y la agilidad de este importante servicio. Por ello, como hemos anunciado al inicio de la intervención, votaremos a favor, no sin antes instar al Gobierno -siguiendo la petición que ha hecho la diputada Lasagabaster- a que retire el recurso que tiene interpuesto contra un decreto del Gobierno vasco en el que se impide la efectiva euskaldunización de la justicia. Entendemos que tenemos que pedirlo en justicia y en rigor porque, de no hacerlo, estaremos incurriendo en una incoherencia con el mismo texto que hemos presentado y al que ya hemos anunciado nuestro voto favorable.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.


Turno del Grupo Parlamentario Popular, señor Astarloa.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor presidente, señorías, voy a ser muy directo en la fijación de posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con esta proposición no de ley, en primer lugar porque el tema lo requiere y en segundo lugar porque el grupo mayoritario en materia de justicia sigue con esa técnica, a mi juicio absolutamente inaceptable, de guillotinar los debates que más profundamente deberían promoverse en la sociedad y en esta Cámara. Se lo han reprochado ya pero vuelven a hacerlo en el formato de una proposición no de ley, sin diálogo previo alguno y con el golpe de mano parlamentario habitual de incluirlo urgentemente en el primer orden del día, darnos nuestros modestos 10 minutos, votarlo y a otra cosa. Ya lo hicieron en julio y ahora lo repiten nada menos que para hablar del Consejo General del Poder Judicial, que como ustedes saben muy bien ha sido un tema absolutamente pacífico en nuestra historia constitucional reciente.


Presentan ustedes y sus socios que han subido a esta tribuna un texto con varias cuestiones que fundamentan genéricamente -no puedo negarles que a mi juicio con un muy notable humor negro- en la modernización de la justicia. Sin embargo, no me voy a entretener en las obviedades que han puesto de complemento para adornar su preocupación principal. Es evidente que todos estamos por incrementar el número de plazas judiciales, es evidente que todos estamos por mejorar la oficina judicial, es evidente que todos estamos por mejorar la formación de jueces, fiscales y restante personal al servicio de la Administración de Justicia; lo hemos aprobado cien veces -la última en junio- y pueden tener por seguro que vamos a volver sobre ello, desde luego en lo que toca al Partido Popular, otras cien, entre otras cosas porque tenemos en puertas -ya se ha dicho también- un largo y a mi juicio apasionante debate presupuestario en materia de justicia en el que vamos a hablar de verdad sobre estas cosas, no con la retórica de su papelito de hoy sino con las cifras que, según nos tememos, ustedes van a poner encima de la mesa para atender las incontables necesidades de la justicia después -tengo que añadir- de haber roto, hace ahora más menos un año, un pacto de Estado alegando la insuficiencia de unos recursos que estoy seguro van a añorar hasta los más escépticos y de prometer en campaña electoral una fortuna para la justicia. Así es que hablaremos muy pronto muy a fondo de sus nuevos juzgados y de sus intenciones sobre tantas libertades civiles y no civiles sobre las que hacen incansable propaganda a sabiendas de que no van a dotar los medios para hacerlas efectivas.


Me voy a centrar en su gran pretensión y en su gran objetivo real de hoy: la reforma del régimen jurídico básico del Consejo General del Poder Judicial. A nuestro juicio es -y no puedo decirlo con palabras más amables, ya saben que no suelo exagerar con el lenguaje- una reforma escandalosa y muy, muy grave, por todo: por sus causas, por su contenido, por su procedimiento y por sus consecuencias. Para explicarlo mínimamente me bastaría recordarles la secuencia sencillísima de los hechos, porque ustedes han hablado más que suficiente para que se les entienda perfectamente. Del Consejo General del Poder Judicial empezaron a hablar pronto para descalificar, con argumentos que no quiero recordar en este hemiciclo para no volver a faltar al respeto a esta Cámara y a los que están fuera de ella, determinados informes jurídicos sobre lo que yo -ya lo saben- califico como un muy mal proyecto de ley para combatir la violencia contra las mujeres. A

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continuación, producidos los primeros nombramientos del Consejo General del Poder Judicial con ustedes en el Gobierno, no ha habido figura del partido ni del Grupo Socialista que inmediatamente no haya apelado a la idea del rodillo, que esta tarde nos vuelven a traer aquí, a la necesidad de que se hubiese nombrado a tal o cual otra persona que no ha sido nombrada e inmediatamente también -y no por cualquiera, por el señor Blanco, por el señor López Garrido, por el señor ministro de Justicia o por el señor secretario de Estado, que habló de la necesidad de hacer inmediatamente ingeniería jurídica para acabar con este problema- de lo que hoy nos traen aquí, de evitar lo que ustedes consideran un problema.
No les han gustado los dictámenes, no les han gustado los nombramientos, y como no les han gustado han hecho ustedes llegar al Consejo -también públicamente, sin privarse- toda clase de recados para hacerle comprender que ahora mandan ustedes y que su concepto de la democracia no está, en consecuencia, para matices como la independencia o el autogobierno judicial. (Aplausos.) Y a continuación han pasado -también con carácter público, sin problemas- a la intimidación, a la más antidemocrática descalificación, y no vuelvo a repetir las cosas que se han dicho para descalificar informes jurídicos en este hemiciclo. En consecuencia, la solución la tienen fácil. ¿Que la mayoría del órgano de gobierno o de la propia profesión del Poder Judicial no se pliega por las buenas? A someterla cambiando inmediatamente la Ley Orgánica del Poder Judicial y el régimen jurídico básico del órgano de gobierno del Poder Judicial. Eso es lo que tenemos que votar esta tarde en esta Cámara. Y aunque han hablado ustedes más que suficiente para que todos sepamos muy bien a dónde van, han adornado también con alguna razón o justificación aparente que tenemos que llegar a un consenso porque es bueno para todos. Incluso se ha dicho en esta tribuna que cómo nos oponemos si esto es buenísimo para el Partido Popular, que ya es el colmo del sarcasmo. Apelan a la democracia, palabra sagrada: mayoría cualificada, dos tercios, tres quintos, es mejor que la mitad más uno. Vamos a reforzar el consenso y los nombramientos van a ser a partir de ahora todavía mucho más legítimos. Ese es el discurso. Ya me parece que han tenido ustedes suficientemente duro subirse a esta tribuna sabiendo que si dos o tres personas fácilmente identificables hubiesen sido designados en julio para determinados cargos de la justicia hoy no estaríamos debatiendo esta proposición no de ley. (Aplausos.) Todavía me parece más duro y que lo han tenido especialmente complicado subir aquí y decir al país entero que lo que se enseña en los colegios sobre el principio mayoritario como instrumento para tomar decisiones en democracia es sencillamente perverso sólo cuando se refiere al Consejo General del Poder Judicial, por lo menos desde este año 2004, porque desde 1985 hasta hoy, con todo lo que ha llovido en materia de justicia, no han sido conscientes de este evidente imperativo urgente ahora de regeneración democrática. Ya sabemos que a partir de ahora cualquier institución u organismo que quiera seguir definiéndose como democrático debe revisar su sistema de adopción de decisiones. En esta misma casa, señor presidente, hay que introducir ya mismo, antes que cualquier otra reforma del Reglamento de la Cámara, nuevas mayorías que hagan inevitable que lleguemos inmediatamente al consenso, que aprobemos leyes con más legitimidad y, si ustedes quieren, que todo lo que hagamos tenga más legitimidad, incluidas por ejemplo las conclusiones de las comisiones de investigación y más cuando tratan de temas de Estado. (Aplausos.) No lo han dicho en la tribuna, pero sí ha dicho esta mañana el portavoz del Grupo Socialista -además lo ha hecho interpelando al Grupo Popular, que sólo ha podido intervenir en este momento en este debate y que ya empieza a apelar a la benevolencia de la Presidencia- que por qué se opone el Grupo Popular a esto cuando la mayoría para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional es la que es. Ya es simpático que para dar un solo argumento que apoye este propuesta se acabe preguntando por qué se opone el Partido Popular. Les contesto: Por todo, por todo. Porque lo dice la Constitución, que ha previsto cómo se nombran unos y cómo se nombran otros; porque lo que dice la Constitución es lógico y ha dicho que los miembros del Tribunal Constitucional se nombran con determinadas mayorías por el Senado, por el Congreso, por el Gobierno y por el propio Consejo General del Poder Judicial, y porque responde a toda la lógica del sistema. El señor Llamazares ha sido muy franco -yo se lo agradezco- y ha dicho lo que ustedes no se han atrevido a decir: de lo que están hablando es de política. Lo ha dicho muy derechamente y yo se lo agradezco: de lo que están hablando es de política. Yo digo rotundamente que a lo mejor soy capaz de entender cuando el ministro de Justicia repite muchas veces que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano político, lo hemos discutido y podíamos hablar largo tiempo sobre eso, pero hay algo que no voy a discutir y es que el Tribunal Supremo no es un órgano político, que las decisiones del Tribunal Supremo no pueden jamás inspirarse en criterios políticos y que los criterios para organizar su nombramiento, su composición, funcionamiento y todo lo que se quiera -y ahí discrepo profundamente con la sinceridad del señor Llamazares- jamás deben ser criterios políticos. (Aplausos.)

Voy a ir terminando, señor presidente. Las consecuencias de todo esto, tremendas y desde luego en absoluto queridas por el Grupo Parlamentario Popular. Ustedes ponen -lo pienso sinceramente- a los pies de los caballos al Consejo General del Poder Judicial, al actual. Ustedes transmiten el castigo que le infligen por no gustarles lo que hace, y para ello lanzan un mensaje letal, a mi juicio, a la confianza de todos los ciudadanos sobre el funcionamiento del Poder Judicial.


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Ustedes son nítidos al decir al país que no quieren que se mueva una sola hoja en el mundo de la justicia si ustedes no dan su consentimiento. (La señora Cunillera i Mestres: ¡Madre mía!-Rumores.) Ustedes lo que quieren, en esto, es complacencia, una complacencia irresistible. Ustedes siguen creyendo y practicando que es necesario -como dijo sin ambages el fiscal general del Estado y hoy ha repetido el señor Llamazares aquí- que orienten los equilibrios ideológicos en los tribunales y en la Fiscalía y, a continuación, eso sí, hablan de los criterios del mérito y de la capacidad.


En definitiva, señorías, la pasada legislatura, con mayoría absoluta de ese Grupo Popular al que tanto les divierte referirse cuando presentan sus alternativas, se ofreció un acuerdo importante. La pasada legislatura se propuso, y se consiguió, algo que los ciudadanos condenaban unánimemente, que es que los políticos, los partidos políticos estuviésemos gravemente enfrentados por razón de las decisiones -muy equivocadas- que en su día se adoptaron en la Ley Orgánica del Poder Judicial, allá por 1985. He dicho muchas veces -y lo he dicho en esta tribuna- que lo importante de aquel acuerdo no era tanto el contenido, que también; lo importante de aquel acuerdo era el espíritu, el clima, resolver un obstáculo constitucional gravísimo, que lo único que estaba haciendo era perjudicar el funcionamiento del Poder Judicial, y a partir de ahí poder dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar, a potenciar la eficacia y la independencia del Poder Judicial.


Termino, señor presidente. En ese clima avanzamos en el Código Penal, en ese clima avanzamos en el cumplimiento de las penas, en ese clima avanzamos en reformas importantes del Poder Judicial, en ese clima hicimos incluso, fíjense, una ley de partidos políticos importantísima para este país. Pues bien, ahora, hoy, con su minoría mayoritaria, con los socios que han elegido en esta legislatura para llevar adelante su política de justicia -socios, déjenme que recuerde, que algunas de las importantes cosas que se aprobaron la pasada legislatura fueron los primeros en objetar, muy respetablemente-, a ustedes les ha faltado tiempo para empezar a modernizar la justicia modificando las reglas del juego, bajando la canasta para que entre la pelota, porque no llegaba más arriba.


Yo sólo puedo decirles que lo siento, no por la confrontación política, grave, que recobra, sobre el tema de la justicia, esta proposición no de ley. Lo siento sobre todo por el objetivo para el que trabajamos en la buena dirección en la pasada legislatura, que es por la justicia. Porque a la justicia esto le cierra muchas esperanzas y a la justicia le abre nuevamente un escenario de discordia y de disenso. Por eso les pido -para que conste por lo menos en el "Diario de Sesiones"- que retiren una proposición no de ley que han empezado por presentar, y está en su exposición de motivos, diciendo que persigue el consenso, la satisfacción de todos, en un proceso común de la modernización de la justicia. Como no me van a hacer caso, me temo, les pediría a continuación que, incluso si llegan a aprobar esto, este disparate, no se acuerden de él ni un minuto después y digan que el error se subsana con facilidad diciendo: No modificaremos las reglas del juego nunca si no se produce el mismo acuerdo que en su día se tuvo para resolver el problema del Consejo General del Poder Judicial. Y si no lo hacen -y me temo que no lo van a hacer-, sólo puedo añadir, honestamente, con toda sinceridad, que con esta votación hacemos algo más que aceptar o rechazar una proposición no de ley. Con esta votación se incorpora...


El señor PRESIDENTE: Señor Astarloa, tiene que terminar.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Se incorpora un tiempo muy triste para la justicia en España, un tiempo que deberíamos haber olvidado y que ustedes se han empeñado en rescatar.


Muchas gracias, señor presidente. (Prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda transaccional. Tiene la palabra, en turno de aceptación o rechazo de enmiendas, el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.


Intervengo para indicar que aceptamos la propuesta transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en los puntos 4, 5 y 6, es decir, en su totalidad. Reitero, porque lo he dicho anteriormente en mi intervención desde la tribuna, que, de las presentadas por la portavoz de Eusko Alkartasuna, rechazamos la primera enmienda pero aceptamos una transaccional en la segunda enmienda de adición al punto tercero, que recogería sólo las dos primeras palabras, que son: que gestione. Repito, en la enmienda de adición al punto 3, aceptaríamos las dos primeras palabras, que están en letra negrita, que dicen: que gestione.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


¿Algún grupo parlamentario se opone a la enmienda transaccional? (Pausa) En consecuencia, se incorporará a la votación. En cualquier caso, ruego al señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que tenga la amabilidad de dar a los servicios de la Cámara el texto con las palabras que se quitan o se ponen, porque es muy complicado. (Pausa.) ¿Está ya? (Pausa.) Gracias, muy amable.


Concluye el debate sobre el punto 4.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LA PUBLICACIÓN DE LAS BALANZAS FISCALES ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 162/000050.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al punto número 5 del orden del día. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la publicación de las balanzas fiscales entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado.


Para la defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Adelante, señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta esta tarde ante el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria, concretamente una proposición no de ley, que va en la dirección de reclamar, una vez más, que se publiquen las balanzas fiscales entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Este no es un debate nuevo, es un debate bastante viejo. Nuestro grupo parlamentario viene defendiendo esto durante varias legislaturas; concretamente, hace dos legislaturas defendió estas iniciativas con un éxito notable ya que, en diferentes debates sobre el estado de la Nación, conseguimos que las diferentes mayorías parlamentarias que conformaban el Congreso de los Diputados en aquellas fechas votasen favorablemente la iniciativa parlamentaria de Convergència i Unió sobre la publicación de las balanzas fiscales entre las diferentes comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Se conformaron mayorías solventes y estables para aprobar esto durante los años 1997, 1998 y 1999.


Han pasado dos legislaturas, estamos al inicio de una nueva y, como viene siendo habitual cuando tratamos cuestiones que van en la dirección de reflejar claramente los flujos financieros entre las diferentes comunidades autónomas y la Administración General del Estado, los diferentes Gobiernos que han tenido la posibilidad de cumplir este mandato del Parlamento español no lo han cumplido. Y no pasa absolutamente nada. Se aprueban iniciativas parlamentarias con amplios consensos, pero pasan los años, pasan las legislaturas y nosotros seguimos reiterando nuestras reivindicaciones antiguas, porque el Gobierno -en este caso los dos Gobiernos del Partido Popular que tuvieron la posibilidad de cumplir este mandato- no las han cumplido. Estamos en otra legislatura y hay un nuevo Gobierno que es del Partido Socialista, que, todo hay que decirlo, cuando nosotros presentamos estas iniciativas y ellos estaban en la oposición, votó favorablemente. Por tanto, ahora que están en el Gobierno, ahora que tienen la posibilidad de aprobar dicha iniciativa antes de que finalice esta legislatura, esperamos que lo hagan y veamos cumplido un objetivo que es de justicia: que se publiquen las balanzas fiscales que reflejan los diferentes flujos financieros entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado.


Es cierto que el Grupo Socialista en el Senado, concretamente Entesa, también ha reiterado en diferentes ocasiones ante el actual ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente segundo del Gobierno la posibilidad de que dichas balanzas fiscales sean publicadas por el actual Ejecutivo.
Nosotros pensamos que la publicación de dichas balanzas contribuirá a reducir algunas tensiones que se producen entre las comunidades autónomas y la Administración central a causa de la transparencia de dichos flujos y de la permanente indefinición de los diferentes Gobiernos del Estado en cuanto se hace referencia a los diferentes criterios de solidaridad.
Dicha publicación contribuirá a que disminuyan estas tensiones y a aportar la transparencia obligada en todas aquellas cuestiones que hacen referencia a las cuentas generales del Estado. Hoy precisamente, esta mañana, el vicepresidente segundo del Gobierno ha hecho una intervención magistral desde el punto de vista de la transparencia, porque ha manifestado que el actual Gobierno socialista va a posibilitar que exista una transparencia total en todas aquellas cuestiones que hacen referencia no sólo a la Administración General del Estado, a los diferentes departamentos, sino a aquellas empresas que, siendo públicas, actualmente no están sometidas al tutelaje y a la transparencia pública. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) piensa que ahí tenemos una oportunidad histórica -como la que hemos tenido en el debate habido antes de proceder el debate de esta proposición no de ley, cuando hablábamos de los autónomos-: aplicar esa transparencia de la que ha hecho gala hoy el vicepresidente del Gobierno y también, dicho sea de paso, cumplir unos objetivos que Convergència i Unió viene reclamando desde 1993.


Nuestro grupo ha presentado una iniciativa parlamentaria con una serie de objetivos. Hemos negociado con las demás fuerzas parlamentarias y finalmente hemos conseguido llegar a un acuerdo con el Grupo Socialista.
Con este acuerdo, nuestra proposición no de ley queda suficientemente reforzada y tendrá luz verde hoy en el Congreso de los Diputados. También otros grupos parlamentarios han presentado enmiendas. Inicialmente pensábamos incorporar la enmienda de Esquerra Republicana y la del Bloque Nacionalista Galego, pero en el acuerdo a que hemos llegado con el

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Grupo Socialista quedan perfectamente subsumidas las pretensiones de ambos grupos. En esta ocasión, Esquerra Republicana de Catalunya no tendrá que hacer cabriolas políticas para aceptar esta iniciativa de Convergència i Unió; puesto que el Grupo Socialista va a votar favorablemente, no tendrá hoy trabas política de consideración para votarla favorablemente también.
¡Eso espero! De todas formas, cuando hablamos con Esquerra, no se sabe nunca lo que van a hacer hasta que no llega el momento de la votación.


La enmienda que hemos pactado con el Grupo Socialista y que subsume los aspectos más importantes de la del Bloque Nacionalista Galego y de la de Esquerra Republicana de Catalunya pretende crear de inmediato, en el marco del Instituto de Estudios Fiscales, un grupo de trabajo compuesto por especialistas en la materia que analicen los aspectos metodológicos relativos a la elaboración de las balanzas fiscales, con objeto de establecer una metodología común para el cálculo de dichas balanzas fiscales y que permita determinar los flujos financieros anuales entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, teniendo en cuenta, eso sí, la máxima territorialización posible de ingresos y gastos. También hemos acordado que, para la creación de esta comisión -que debe ser inmediata, mañana mismo, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado-, sean consultados los principales expertos en estudios económicos que se refieren a los flujos fiscales. En la exposición de motivos hemos dado los nombres de un buen número de economistas, vinculados directa o indirectamente con las diferentes formaciones políticas, que han hecho estudios solventes e importantes sobre la materia.


Hemos conseguido también consensuar -y pienso que será del agrado de todas las formaciones políticas- que se proceda inmediatamente, una vez elaborado el estudio, a la publicación anual de las balanzas fiscales de las comunidades autónomas con la Administración General del Estado correspondientes al último ejercicio liquidado. Esta era una pretensión de Convergència i Unió, que hemos conseguido finalmente. En dichas balanzas se reflejarán los flujos financieros bilaterales que se produzcan. El Ejecutivo actual tiene así la obligación de proceder a la publicación anual de las balanzas fiscales que reflejen los flujos financieros entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Por último, si en la votación obtenemos la confianza de SS.SS., impulsaremos un debate en la Comisión de Economía y Hacienda para determinar los criterios de transparencia y solidaridad entre las comunidades autónomas.


Se trata, señorías, de un objetivo importante, ya conseguido en 1996, 1997, 1998 y 1999, cuyo compromiso han incumplido los Gobiernos en este caso del Partido Popular. Esperamos que, si aprueba esta iniciativa el Grupo Socialista, proceda, antes de que acabe la legislatura, a la publicación anual de las balanzas fiscales de las comunidades autónomos y la Administración General del Estado.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


A continuación, pasamos al turno de defensa de las enmiendas. Tiene la palabra el señor Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Mixto.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, para el Bloque Nacionalista Galego todo lo que sea echar luz sobre las cuentas públicas y conocer mejor la realidad es siempre positivo y, por ello, vamos a apoyar esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Pero también nos gustaría apuntar algunas limitaciones del instrumento de las balanzas fiscales y consideraciones que en parte aparecen reflejadas en nuestras enmiendas a la proposición no de ley que estamos debatiendo.


Como reconoce implícitamente la proposición en su parte resolutiva, cuando se habla de balanzas fiscales hay muchas formas posibles de abordar el problema y múltiple metodología aplicable que sin duda darán lugar a resultados diferentes. El tipo de metodología que parece sugerirse en la proposición no de ley apunta a una fotografía fija anual del saldo de las relaciones financieras entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Sin desacreditar este enfoque, nos gustaría llamar la atención sobre la existencia de elementos que aconsejan que al menos en el punto de partida se adopte una perspectiva distinta que nos permita conocer no sólo cómo están las cosas en ese momento, sino cuáles son las causas que originan esa situación concreta en cada uno de los territorios, cuál será la evolución previsible en el medio plazo o cuáles serán en términos financieros las implicaciones futuras de decisiones que se están tomando en la actualidad.


Pongamos ejemplos. Por poner uno que afecta no sólo a Galicia sino también a otras comunidades con rentas relativamente bajas, no se puede hacer una balanza fiscal que incluya las prestaciones sociales por jubilación o desempleo si no se tiene en cuenta el lugar donde en el pasado se han realizado las contribuciones que originan el derecho a la prestación que se percibe en el momento presente. Todos sabemos que Galicia cuenta con un importante contingente de personas que por necesidad han tenido que desplazarse al extranjero o a otras partes del Estado para desarrollar su vida profesional. Existe incluso hoy en día un flujo creciente de personas que se ven obligadas a buscar trabajo en otras comunidades del Estado, retornando a Galicia cuando cesa esa relación laboral. Madrid, Cataluña, Canarias o

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Euskadi son destinos frecuentes de estos trabajadores. Con la aplicación de una metodología como la indicada, la misma persona estaría dando lugar a saldos con la Administración General del Estado de distinto signo mientras trabaja en Madrid, por poner un ejemplo, y cuando regresa a Galicia y percibe su prestación por desempleo, en el caso de que tenga derecho. El problema de las pensiones de jubilación es todavía más complicado porque nuestro sistema de pensiones está diseñado sobre la base de una caja única para todo el Estado español y además sobre criterios de solidaridad interpersonal o podríamos decir también interclase, de forma que se producen transferencias de unos grupos sociales a otros incluso dentro del mismo territorio, y es también un sistema de reparto intergeneracional porque el derecho a las pensiones que se pagan con cotizaciones de hoy se ha generado a lo largo de los últimos 30 ó 40 años. Por eso no se pueden hacer saldos territoriales estáticos sin tomar en consideración los flujos inmediatamente anteriores que justifican las transferencias actuales.


Un segundo ejemplo de tipo distinto. Quizá menos complicado pero igualmente importante sería incluir en las balanzas fiscales todos los flujos económicos y financieros que, originándose aparentemente fuera del presupuesto público, están íntimamente ligados a él. Es el caso de las inversiones y gastos realizados por sociedades, fundaciones y otros entes públicos que no siempre aparecen consolidados en los Presupuestos Generales del Estado, o peor todavía, por entidades privadas con financiación pública. No podemos olvidar que el sector privado puede contribuir también a alterar el resultado de las balanzas fiscales. La mayor parte de las grandes empresas que operan en todo el territorio estatal están domiciliadas fiscalmente y liquidan sus impuestos en Madrid. Las retenciones de los funcionarios, por ejemplo, de la Administración General del Estado se liquidan también de forma centralizada.


Un tercer ejemplo, por último. Existen efectivamente algunas transferencias de importante cuantía económica que no se ven reflejadas en las balanzas fiscales, pero que merecerían ser estudiadas, aunque en esencia no pertenezcan al sector público. Todos sabemos, por ejemplo, que Galicia es uno de los principales productores de energía eléctrica y que la imposición de un marco tarifario único para todo el Estado encubre una subvención por parte de Galicia de los consumos que se producen en lugares más apartados de las zonas de generación, equivalente al menos al diferencial en el coste de transporte de la energía y a los costes ambientales soportados por Galicia, que tampoco han sido cuantificados.
Por todo esto, señorías, es importante que, antes de realizar las cuentas, nos pongamos todos de acuerdo sobre la metodología que se debe aplicar y que, en función de esa metodología, atribuyamos al resultado de las balanzas fiscales su justo significado en el momento al que se refieren, sin pretender convertirlas en el único elemento de juicio en los debates sobre financiación territorial, porque son un instrumento válido pero con muchas limitaciones. Para obtener un resultado aceptable es además crucial que se establezca con total nitidez, y con carácter previo a la realización de dichas balanzas, la delimitación de los puntos de conexión en todos los tributos, incluso en aquellos que no han sido objeto de cesión ni total ni parcialmente a las comunidades autónomas, como es el caso ya citado del impuesto sobre sociedades.


Con estas consideraciones, el Bloque Nacionalista Galego es partidario de una mayor transparencia en las cuentas públicas y de un mejor conocimiento de la realidad de los flujos financieros y fiscales entre el Estado central y las comunidades autónomas y por este motivo apoyamos la proposición no de ley presentada.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez.


A continuación, para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso tiene la palabra el señor Díaz.


El señor DÍAZ DÍAZ: Señora presidenta, señorías, cuando se trata en esta Cámara de la elaboración y cuantificación de las balanzas fiscales, no estamos ante un simple tema técnico, estamos ante un tema de fuerte contenido político, un tema polémico que hay que enmarcar dentro del debate sobre la organización territorial del Estado, pero es cierto que tiene una vertiente técnico-metodológica que, entre otras cosas, dificulta su operatividad. Es un dato objetivo que existen varias metodologías para afrontar la cuantificación de las balanzas fiscales. La falta de acuerdo en el método hace que no exista una única balanza fiscal para cada autonomía. Hay diferentes resultados cualitativos dependiendo de la metodología empleada y esta metodología depende en muchos casos de la finalidad del estudio o estimación. La cuestión metodológica es fundamental para la estimación de las balanzas fiscales. Por ello coincidimos en la necesidad de un acuerdo para la determinación de la misma, aunque discrepáramos en el método y en el tiempo marcados en la propuesta inicial.


Estamos ante un problema político, pero la falta de consenso científico a la hora de afrontarlo dificulta el acuerdo político. Para avanzar en una metodología común que permita compartir resultados, aunque no necesariamente su interpretación, hay que ponerse de acuerdo en la imputación de ingresos en temas como el impuesto sobre sociedades, que se traslada hacia delante vía precios, así como en el IVA y en los impuestos especiales. En el tema de gastos hay que alcanzar acuerdo sobre la imputación de inversiones generales, como defensa, y al tiempo cómo se territorializan los gastos, en el lugar donde se realizan, en el lugar donde

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residen los beneficiarios del bien o servicio financiado con el gasto público o en el lugar donde se localizan los perceptores de los pagos realizados.


Otro tema a resolver es con relación a qué administraciones públicas realizamos el balance. Decimos esto porque la mayoría de los estudios realizados hasta ahora se limitan al saldo fiscal que genera en cada comunidad autónoma la actuación tributaria y el gasto de la Administración Central del Estado, pero quedan fuera, y quizá no debieran quedar, organismos autónomos, entes públicos, Seguridad Social y la Administración local. Dadas las implicaciones políticas y sociales de esta cuestión, hace falta un acuerdo y un consenso para determinar para qué queremos las balanzas fiscales y la metodología para medirlas. Por ello, no podemos reclamar al Gobierno que asuma hoy el compromiso de lanzar en solitario -repito, en solitario- el método para un tema puntual cuando se está abriendo un diálogo global, que no total, sobre el conjunto de la organización territorial del Estado en el que deben entrar los aspectos de la financiación de las autonomías y con ellos los problemas de la solidaridad. En este debate es donde hay que marcar el conocimiento de las balanzas fiscales y también el estudio de los flujos de bienes y servicios y capitales existentes entre las diferentes comunidades autónomas. Los socialistas no queremos que se entienda que queremos escapar del problema y por eso proponemos -se recoge en la transacción- que dentro del Instituto de Estudios Fiscales se cree un grupo de trabajo compuesto por especialistas en la materia que analice la solución de los problemas metodológicos para facilitar el posterior debate político en las instituciones. Es una propuesta constructiva y lógica, sobre todo en el momento político en el que nos encontramos. Por nuestra parte, no tenemos nada que objetar a la transparencia y por ello aceptamos la última propuesta de transacción que nos ha hecho el grupo proponente.


Para nosotros lo más importante desde el punto de vista político no es probar que existen saldos fiscales diferentes entre distintas comunidades autónomas, puesto que esto es algo obvio, sino consensuar cuál es el criterio de nivelación que se considera aceptable y esto debe entrar en el debate general. Dicho de otra forma, ¿hasta dónde debe llegar el cumplimiento del principio de solidaridad interterritorial recogido en la Constitución? Si hablamos de saldos interterritoriales y de solidaridad, debemos aceptar que estos saldos no pueden valorarse en todas sus implicaciones sin tener en cuenta que forman parte de un contexto más complejo y amplio, integrado en el conjunto de flujos económicos que se originan en el territorio del Estado. Aunque los estudios no son tan abundantes como en el tema de las balanzas fiscales, tenemos informaciones básicas que nos dicen que las regiones que hoy tienen balanzas fiscales negativas durante años estuvieron recibiendo del sistema financiero recursos monetarios generados en regiones de menor renta y capital humano mediante inmigración interior y cuyo mercado interno desbordó el marco territorial tomando como tal el territorio del Estado. Entenderán que desde la responsabilidad del Gobierno del Estado tiene poco sentido examinar los flujos fiscales entre comunidades sin considerar el comportamiento de los restantes flujos económicos, en particular los comerciales de capital, así como los de capital humano.
Esto es así porque, señorías, la cohesión del Estado depende de la totalidad de los flujos.


Por último, todos sabemos que los déficit fiscales admiten diferentes lecturas en el mundo político y académico, según se vea el tema desde el centro o desde la periferia, entendido desde la óptica del desarrollo.
Así, desde el centro, desde las comunidades autónomas más desarrolladas, se admiten diferencias entre ingresos y pagos que los ciudadanos de un territorio aportan y reciben de la Administración central, pero con un cierto límite que no se debe sobrepasar sin riesgo de hipotecar su crecimiento. Se argumenta asimismo que los mayores niveles de desarrollo hacen que la demanda de servicios públicos y las necesidades de infraestructuras sean también más elevadas y requieran más ingresos fiscales. Teóricamente nada tenemos que objetar, pero desde la periferia económica del Estado la lectura es otra. Así, se argumenta que los datos revelan que las comunidades autónomas que tienen saldos comerciales negativos registran saldo fiscales positivos, o sea, en esta balanza reciben más de lo que recaudan; pero también se contrasta que en las comunidades autónomas más atrasadas los saldos fiscales positivos aún no compensan los saldos comerciales negativos y la perpetuación de esta situación no sirve para salir del atraso relativo en el que viven estas comunidades. Desde esta óptica, los saldos fiscales positivos no son un regalo. Tampoco una concesión filantrópica, sino la compensación por los beneficios que gozan los territorios más ricos al disponer de los mercados de los menos desarrollados. De todos modos, la solución del atraso relativo de algunas comunidades no pasa por mantener esta situación. La salida pasa por permutar saldos fiscales positivos por saldos comerciales positivos, pero el problema es cómo romper el círculo.
Tenemos así, señorías, para terminar, que unas comunidades demandan más inversión pública para conservar y mejorar legítimamente sus altas tasas de bienestar y desarrollo y otras lo hacen para intentar salir del atraso relativo en el que se encuentran o para frenar su imparable declive.
Desde los presupuestos del Estado hay que conciliar las dos demandas. En todo caso, estamos convencidos de que la perfecta cohesión territorial es aquí y ahora una utopía, pero las políticas redistributivas en el ámbito personal y territorial son, además de una obligación constitucional, una necesidad para el buen funcionamiento de la economía en su conjunto.


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Por último, permítanme una constatación que creo compartimos. Si repasamos el proceso de construcción de la Unión Europea hasta hoy podemos observar que los países más desarrollados financiaron las políticas del equilibrio territorial de los países menos desarrollados de la Unión Europea. Lo hicieron no solo por solidaridad, sino fundamentalmente por entender que el desarrollo del mercado global beneficiaba a los países con más desarrollo. Señorías, este hecho no devalúa el tema de las balanzas fiscales, pero relativiza su trascendencia.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Díaz.


El señor Puigcercós tiene la palabra, en nombre de Esquerra Republicana de Catalunya.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, asistimos hoy a un debate que no es nuevo en esta Cámara, que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ya llevó en otra legislatura, con otra mayoría no absoluta, era la legislatura del año 1996-2000, en la que curiosamente se aprobó una propuesta similar para el estudio, la consecución y la publicación de las balanzas fiscales. No es de extrañar que no se llevara a cabo este estudio; a lo mejor se realizó, pero no fue publicado. No hay noticia del citado estudio de balanzas fiscales y no es de extrañar que no haya noticia de él porque el titular de economía en aquel Gobierno, el señor Rato, afirmaba tajantemente frases como las siguientes: No creo en las balanzas fiscales; aunque sus saldos fueran negativos, serían datos estériles para tomar decisiones políticas. Todos reconocemos aquí los méritos en materia económica del señor Rato. La opinión del actual máximo dirigente del Fondo Monetario Internacional es importante, pero es absolutamente discutible. Nos tenemos que preguntar hoy si, por ejemplo, los fondos europeos de cohesión, las transferencias fiscales entre territorios, tienen algún efecto sobre la economía. Esta es la pregunta, señoras y señores diputados. Es evidente que lo tienen y por esta razón avanzamos nuestro apoyo a esta propuesta del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y la transaccional que se ha logrado a partir de las enmiendas de los diferentes grupos. Tienen un efecto claro sobre la economía y consideramos que es vital que se publiquen para saber no sólo donde estamos. Un país moderno, un Estado moderno, un sistema moderno requiere buenos sistemas estadísticos. Requiere cifras absolutas y transparentes y es difícil en un Estado compuesto establecer mecanismos de solidaridad, de cooperación y de autoexigencia de los diferentes territorios si no hay transparencia en el sistema. preguntémonos por qué, por ejemplo, la República Federal Alemana impuso en 1999 una reforma del formato de las balanzas fiscales para dejar claro quién contribuía al desarrollo de otros países en la Unión Europea. Este es el caso. Alemania ha sido pionera no sólo en materia de relaciones en el seno de la Unión Europea, también internamente: todos tenemos en mente que en Alemania está prohibido, por diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, que el déficit fiscal sobre el producto interior bruto de una región alemana supere el 4 por ciento. Tenemos el caso de Cataluña o de las Islas Baleares, donde hay un déficit fiscal calculado en el año base 2001 del 9 por ciento sobre el producto interior bruto. Si retrocedemos a los años 1991/1996, este déficit sobre el producto interior bruto era del 7 por ciento, es decir, en pocos años ha aumentado dos puntos el déficit fiscal tanto en Cataluña como en las Islas Baleares. El déficit fiscal, tal como decía la misma sentencia del Tribunal Constitucional alemán, limita el crecimiento económico, es causa principal de insuficiencia de infraestructuras de transporte -este caso es el que afecta a Cataluña, a las Islas Baleares y al País Valenciano- y, en tercer lugar, incide negativamente sobre los servicios sociales. Esta es la receta clara de cómo afecta el déficit fiscal sobre un territorio. Repito para que quede claro: limita el crecimiento económico, es la causa principal de insuficiencia de infraestructuras de transporte e incide negativamente sobre los servicios sociales. Decíamos que el país que ha avanzado más en la publicación y en mecanismos de transparencia absoluta en los flujos territoriales, la República Federal Alemana, es un país federal y hoy por hoy aún la Constitución española no es federal, pero es evidente que cuando se piden modelos de referencia, modelos comparados, hay un modelo en Europa de transparencia en este caso, que es la República Federal Alemana.


Todo sistema fiscal tendría que acotar los límites del déficit fiscal, de la misma forma que todos estamos de acuerdo en que establezca sistemas de solidaridad. Los diferentes modelos de financiación de las comunidades autónomas que han sido aprobados siempre han tenido como referente crear mecanismos y flujos de solidaridad en los que estaremos todos de acuerdo para apoyar el desarrollo de aquellas comunidades o territorios con menos capacidad que puedan alcanzar el crecimiento y situarse en la media europea, pero es evidente que un buen sistema de financiación, un sistema justo, también tiene que fijar un límite al déficit fiscal de algunos territorios o comunidades autónomas. Un ejemplo claro, el modelo de financiación de las comunidades autónomas del año 2001. Ahí es donde se nota la falta de un modelo teórico de información estadística y de un modelo de balanzas fiscales. La cesión por parte del Estado de una participación en origen de los impuestos fue exactamente la misma que se restó en las transferencias y en el IRPF al pasar algunos altos impuestos del IRPF al impuesto de sociedades, impuesto que recauda al cien por cien

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el Gobierno del Estado. Al final la conclusión fue que el modelo de financiación de 2001 acarreó más problemas aún a determinadas comunidades autónomas, como fue el caso de Cataluña. Hoy da la sensación de que el gran esfuerzo fiscal de algunos territorios y comunidades no ha servido para desarrollar y acercar a la media europea a todos los territorios o comunidades autónomas, que precisan más inversión y más solidaridad, sino que ha servido básicamente para una cosa: todo el esfuerzo fiscal que se ha hecho desde las Islas Baleares, Cataluña, País Valenciano y Aragón ha servido básicamente para que la Comunidad Autónoma de Madrid, la capital del Estado, supere en nueve puntos el ranking europeo de índice regional.
Ha sido el gran beneficiario de este modelo, el modelo poco transparente, que no fija cuáles son los flujos territoriales.


En 1996 se encargó un estudio al Instituto de Estudios Fiscales que al final no se llegó a publicar. Era un estudio completo que tenía dos variables, dos indicadores para calcular el modelo de flujos territoriales: en primer lugar, el flujo monetario y, en segundo, el criterio de beneficio. Son los dos indicadores necesarios para acoplar bien una balanza fiscal. Últimamente han aflorado en la capital del reino diferentes estudios de distintas corporaciones o fundaciones privadas donde curiosamente sólo se tiene en cuenta el criterio de beneficio.
Produce sensaciones extrañas al ver que la comunidad autónoma más perjudicada es la de Madrid, que curiosamente es la que ha recibido mayor inversión pública y el trato fiscal más beneficioso. Por todas estas razones, se impone un modelo de transparencia y de simplificación que sea didáctico y que consolide una situación definitivamente, que no sea flor de un día. Desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y con los diferentes grupos que van a apoyar hoy esta proposición no de ley, vamos a estar vigilantes para que no pase lo que sucedió en 1996, que se aprobó pero no se llevó a cabo. Esperemos que definitivamente este sea el año en que se publiquen las balanzas fiscales.


El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ha presentado diferentes enmiendas a esta proposición no de ley. En primer lugar, una fundamental, que no se demore el tiempo para concretar esta iniciativa y que no pase una legislatura sin que se implemente. En nuestra enmienda pedimos un margen razonable de doce meses para que se defina esta proposición no de ley. Existen otras enmiendas que proponen buscar fórmulas en el preámbulo que hagan esta propuesta más adaptable a todos. No es sólo una reivindicación de Convergencia i Unió, que es verdad que en 1996 la trajo a esta Cámara y se aprobó. En estos momentos es una reivindicación de muchos partidos catalanes, pero también de partidos de las Islas Baleares o del País Valenciano. En Aragón ha habido referencias claras y explícitas pidiendo que se publicaran las balanzas fiscales, así como hemos visto cómo otros grupos, como el Grupo Nacionalista Galego, apoyaban esta propuesta. Hoy podemos cerrar un período largo de opacidad, un período largo de incapacidad, para empezar a buscar una fórmula técnica, un modelo definitivo para calcular las balanzas fiscales.
Creemos sinceramente que el Gobierno actual y los anteriores tenían y tiene la suficiente capacidad técnica para llevar a cabo un cálculo de balanzas fiscales. Parece increíble que hasta ahora no podamos disponer de este modelo. Esperemos que a partir de la aprobación de esta proposición no de ley, podamos tener definitivamente luz sobre un sistema que requiere solidaridad, pero también saber quién paga, cómo se paga y a dónde van a parar todos nuestros recursos.


Muchas gracias, señoras diputadas, señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA(Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Puigcercós.


A continuación, y en turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


Nuestro grupo va apoyar la proposición no de ley presentada por Convergencia i Unió, así como la enmienda transaccionada. Esta no es una petición que venga de nuevo. En la comparecencia del secretario de Estado de Hacienda y presupuestos le plantee al secretario de Estado que ésta fuese la legislatura en la que afrontásemos las balanzas fiscales. De hecho, es una propuesta que se ha aprobado en legislaturas anteriores.
Nuestro grupo entiende que a la nueva mayoría tendremos que incorporarle mayores exigencias que las que se adoptaron en otras legislaturas. Está claro que se aprobó, pero también está claro que ocho años después de su aprobación no se ha avanzado ni se ha producido una demanda histórica. La realidad es que en modelos similares al nuestro existe transparencia en las balanzas fiscales. El portavoz de Esquerra Republicana lo explicaba hace un momento y no me voy a extender en cuál es la experiencia en Alemania. Nuestro modelo tiene mayores similitudes con Alemania que, por ejemplo, con el modelo que pueda haber en Francia. Esta es la realidad de Alemania, es la realidad de Canadá, en parte es la realidad de la Unión Europea. Sería razonable que el Estado español adoptase las medidas que adoptan Estados de similares características.


Todos sabemos que la transparencia de la balanza fiscal obedece, a la hora de contabilizarlo, a argumentos técnicos y políticos. No es lo mismo calcularlo de acuerdo con el criterio del flujo monetario que con el de beneficio, pero lo que está claro es que si a alguien sirve y beneficia este último es a las capitales administrativas.


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Por tanto, en la transacción que se plantea, según la opinión de nuestro grupo, si algún criterio se debe descartar de forma absoluta es el del flujo de beneficio, ya que, como digo, beneficia a las capitales administrativas en general. Ello supondría que no atendiésemos a un criterio de transparencia realmente eficaz. No es que apoyemos la transparencia porque neguemos el déficit fiscal entre comunidades autónomas, que en algunos casos tiene que producirse. De hecho, el déficit o el superávit tienen una función redistributiva, estabilizadora y aseguradora. Estamos de acuerdo con cada una de estas funciones. Ahora bien, la transparencia garantiza cómo calibramos la solidaridad y hasta dónde llegamos. El criterio está claro: la aportación debe ser en función de renta y de producción y la recepción debe hacerse en función de porcentaje de población, exceptuando desde mi punto de vista la aportación en infraestructuras, que tendría que hacerse sobre la base de la aportación al producto interior bruto. Estos criterios, que son absolutamente razonables, necesitan de balanzas fiscales para que sean transparentes. Lo que está claro es que hoy hay quien cumple de lejos y quien no. Es muy positivo que esos elementos de transparencia se aborden.
Uno de los muchos estudios realizados, el de la Fundación de Cajas de Ahorro, que no es nada sospechosa, nos dice que de 1995 a 2002 hay diferencias notables en la balanza fiscal. Comunidades autónomas como Cataluña han multiplicado por 15 su aportación solidaria en ese periodo, mientras que la de Madrid la han multiplicado por cuatro. Esto no significa que no hayan crecido, sino que hay diferencias notables en la aportación solidaria de las comunidades autónomas. Lo dice la Fundación de las Cajas de Ahorro. Mientras tanto, el gasto público no se ha incrementado por igual en unas comunidades autónomas que en otras. Estos criterios de transparencia son más necesarios que nunca para hacer la política que decidamos de forma conjunta y que entendamos es la más acertada.


En cuanto a la transacción de Convergència i Unió, valoramos positivamente el hecho de llegar a un acuerdo. Ahora bien, a nuestro grupo le gustaría que se fijasen plazos. El señor Sánchez i Llibre coincidirá conmigo en que sin plazos se corren más riesgos. Nos gustaría que no a lo largo de la legislatura, sino que una vez que hayamos definido un criterio, seguramente intermedio entre los diferentes puntos de vista, en poco tiempo, en año o año y medio, podamos tener la transparencia que necesitamos en las balanzas fiscales. Lo que hace falta es que haya las mismas oportunidades para todos y determinadas clases populares de diferentes zonas del Estado no las tienen con balanzas fiscales muy desajustadas. Nuestro grupo va a apoyar la transacción. Como digo, nos gustaría que hubiese un plazo en el que se acotase este compromiso y que en el marco de este Instituto de Estudios Fiscales se aprobasen criterios razonables que aporten luz, que nos permitan abordar las diferencias en las aportaciones y en lo que se recibe por parte de cada una de las comunidades autónomas y que entre todos podamos acordar criterios de solidaridad que no hipotequen el desarrollo de determinadas comunidades autónomas.


Eso es todo. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Herrera.


¿El Grupo Vasco quiere fijar posición? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Utrera.


El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señora presidenta.


Debatimos una proposición de ley que se ha convertido en un tema recurrente en los últimos años, no solamente en el debate político sino también en el debate académico, científico y de las ciencias sociales en el que se han elaborado muchos y muy importantes estudios sobre la metodología, el alcance y los condicionantes de los estudios sobre balanzas fiscales; en definitiva, los saldos ingresos-gastos que territorialmente se derivan de la actuación financiera de las administraciones públicas. Es evidente, por otro lado -y es algo de todo el mundo conocido-, que con disparidades en la distribución regional de renta no puede esperarse otra cosa que distintos signos en los saldos de esas balanzas fiscales y que el importe de esos saldos dependerá de algunas variables, muchas de ellas ensalzadas en el debate tanto académico como político, como, por ejemplo, el nivel de progresividad del sistema tributario que hace que efectivamente aquellas comunidades autónomas, aquellos territorios en los que el nivel de renta per cápita resulte más alto aporten en mayor medida a la política financiera de las administraciones públicas, de la misma forma que la distribución del gasto público y la estructura social, tanto por niveles de población, por edades y por otras circunstancias, hace que el gasto público afecte de una manera o de otra a distintos territorios. Los estudios realizados encuentran una correlación muy alta entre el nivel de renta per cápita y el importe del saldo de balanzas fiscales: conocido uno, se aproximan bastante los resultados del otro. Por tanto, no debemos sorprendernos -y quisiera exponerlo aquí como primera conclusión- de que las balanzas fiscales den resultados distintos, con signos distintos, dependiendo de los territorios y, a su vez, dependiendo de las rentas per cápita diferentes que existen en los territorios de España. Por otro lado, son conocidas las dificultades para determinar una metodología comúnmente aceptada para el cálculo de las balanzas fiscales. No voy a aburrirles con esta cuestión. No pensaba detenerme en ello, pero como alguna de las intervenciones que aquí se han producido ha obviado las tremendas dificultades y cualquier resultado que se pueda obtener deriva de las hipótesis previas que se

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asuman para la elaboración de las balanzas fiscales, voy a hacer mención a algunas de las dificultades que se presentan en su elaboración como son los ingresos.


Supongo que SS.SS. sabrán que la recaudación del impuesto de sociedades depende del lugar en el que éstas decidan domiciliar su sede social y en el que tengan por tanto su domicilio fiscal, que es independiente del lugar donde realizan sus actividades en el territorio nacional. De la misma forma, sabrán SS.SS. que el impuesto sobre sociedades en un alto porcentaje, en unos sectores más y en otros menos, se traslada a precios, es decir, no lo paga en realidad la sociedad, sino que la sociedad lo ha descontado previamente o ha obtenido los ingresos fiscales por la vía de aumentar los precios que pagan los consumidores, con lo cual es prácticamente imposible conocer quién ha pagado finalmente el impuesto sobre sociedades -por lo menos en su totalidad- y, consecuentemente, queda muy debilitado el argumento de atribuir a un territorio concreto el ingreso fiscal que se deriva por ese impuesto pagado por una persona jurídica. En el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas, aunque no hay traslación a precios, se produce otro efecto importante sobre el que quiero llamar su atención, y es que los tenedores de rentas de activos financieros, y que por tanto obtienen rentas de capital, las derivan de aquellas entidades en las que tienen esos activos financieros, que pueden radicar o no en el territorio regional o de la comunidad autónoma y que, consecuentemente, en un concepto de balanza fiscal o de equilibrio regional, no se pueden imputar a territorio concreto. Ocurre también con las cotizaciones a la Seguridad Social, en un mercado laboral en el que se está primando la movilidad. Durante la fase de actividad las cotizaciones sociales se satisfarían en un determinado territorio y podría ocurrir que cuando llegara la edad de retiro y se recibieran las prestaciones correspondientes por dichas cotizaciones fueran distintos el territorio en el que se ha cotizado y aquel en el que se reciben las prestaciones. Por tanto, atribuir el gasto a un territorio y el ingreso o la cotización a la Seguridad Social a otro no deja de ser una foto fija que, como tal, tiene muy poco valor. Qué decir del impuesto sobre el valor añadido o de los impuestos especiales, todos los cuales, por su propia naturaleza, se trasladan al precio de los bienes de consumo y, consecuentemente, son los adquirentes o consumidores de esos bienes quienes realmente han satisfecho los impuestos allí donde residen y no donde las sociedades declaran el impuesto, que es donde tienen el domicilio social.


En cuanto a los gastos ocurre exactamente lo mismo, como se ha explicado anteriormente. Una mala consideración de las balanzas fiscales podría llevar a dificultades en la realización de infraestructuras porque, como es de todos conocido, la imputación de gasto de infraestructuras presenta también muchos problemas a la hora de su adscripción territorial. Por ejemplo, habría que determinar, de esos gastos de infraestructuras, quién es el beneficiario final de las mismos, porque no siempre por donde pasa la línea del tren o la carretera es realmente el territorio beneficiario, sino que son los puntos extremos de esa infraestructura los que realmente se benefician de la misma, con lo cual la pura imputación del gasto en infraestructura al territorio donde se ha producido no deja de ser más que una aproximación burda al verdadero beneficio obtenido. De la misma forma -y también referido a las infraestructuras- resulta paradójico que en un año concreto o en una serie corta de ejercicios presupuestarios se trate de imputar el gasto presupuestario realizado en esos ejercicios, cuando puede coincidir con un ciclo alto de inversiones o un ciclo bajo, distorsionando los resultados de las balanzas fiscales. Habría que atender al stock de capital público en uso en infraestructuras e irlo descontando anualmente en términos de amortización o cuasi amortización.
En definitiva, podríamos hablar de la adquisición de otros bienes de consumo, medicamentos, por ejemplo, que se adquieren donde radican los laboratorios, aunque luego los beneficios de ese gasto se trasladan a todo el territorio de la Administración pública adquirente. Podríamos enumerar estos y otros muchos casos detallándolos, pero, en cualquier caso, entiendan SS.SS. que la metodología para elaborar las balanzas fiscales no es precisamente sencilla y además, y más importante, requiere unos supuestos previos que, cualquiera que sea el resultado final obtenido, lo relativizan y hace que esos resultados puedan ser cuestionables desde hipótesis diferentes.


Si difícil es la elaboración de las balanzas fiscales en cuanto a los criterios metodológicos a utilizar en la misma, el análisis de sus resultados quizá presente dificultades aún mayores, porque si lo hacemos a corto plazo para uno o varios ejercicios -concretamente en la propuesta que estamos considerando se habla de la publicación anual del ejercicio cerrado previo de la balanza fiscal-, estamos obviando que gran parte de las decisiones que afectan a los resultados flujos financieros actuales fueron tomadas en el pasado, incluso en un pasado remoto, en forma de decisiones de industrialización, en forma de aranceles protectores de determinados sectores industriales, en forma de decisiones de inversión en infraestructuras u otro tipo de inversiones, lo que ha dado lugar a los saldos que actualmente se obtienen de la balanza fiscal. Contemplar esos saldos en exclusiva sin admitir y sin administrar la información que tenemos del pasado resultaría ciertamente reduccionista.


Otra dificultad para interpretar estos resultados es, lógicamente, la decisión o la acción política sobre la corrección, reducción o tope a los saldos. Nos preguntamos -yo al menos me pregunto- si esa reducción de los saldos podría hacerse, si consideramos que finalmente representa una situación no deseada o no conveniente sobre las aportaciones regionales, reduciéndolas,

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con lo cual podríamos cuestionar gran parte del principio de solidaridad que impregna nuestra Constitución y que también impregna nuestra acción política, o, por el contrario, incidiendo sobre las transferencias, ampliando los saldos a favor de las comunidades autónomas que actualmente tienen rentas per capita más altas y por tanto tienen signos negativos en las balanzas fiscales. Cualquiera de las dos opciones sería posible y supongo que desde unas comunidades autónomas o entes territoriales se defendería una y desde otras se defendería la contraria, con lo cual, de nuevo, relativizamos el resultado final, en términos de saldos, de una metodología de la que ya hemos dicho que habría que hacer hipótesis porque su manejo resulta muy difícil en la práctica.


En cuanto a los estudios realizados sobre balanzas fiscales, y con esto voy terminando, señor presidente... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Discúlpeme, señor diputado.


Señorías, por favor, guarden silencio.


Continúe, por favor.


El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente.


Los estudios realizados sobre balanzas fiscales en los últimos años presentan una gran disparidad en cuanto a los resultados, lo cual forma parte de la dificultad de aprehender el concepto mismo de balanza fiscal, pero tienen una coincidencia básica y fundamental, y es que los expertos nos indican que no hay que mezclar ni confundir conceptos que son diferentes por naturaleza: la distribución regional y la distribución personal de la renta, y mucho menos aplicar instrumentos de esta última, de la distribución personal, a la distribución regional.


Termino, señorías, diciéndoles que los impuestos los pagan las personas, físicas y jurídicas; que los beneficiarios principales de los gastos públicos son las personas, físicas y jurídicas. Consecuentemente, los análisis territoriales que pretenden trasladar una especie de dificultades de encaje financiero entre territorios no pueden utilizar los instrumentos de distribución personal, que son precisamente los impuestos y los gastos públicos, que fundamentalmente afectan a personas.
Por otro lado -y con esto concluyo-, habría que decir que una visión estricta y exclusiva de las relaciones financieras no deja de ser una visión muy parcial y muy limitada del problema, puesto que, junto a la perspectiva financiera, habría que incluir otras relaciones económicas de naturaleza laboral, financiera de inversión, industrial, comercial y de muy variada naturaleza, en vista de lo cual el fenómeno o la pura evaluación de la actividad financiera de las administraciones públicas es sólo una parte, y desde luego no la más importante, de las relaciones económicas entre las personas y entre los territorios habitados por personas en el Estado español.


El problema final -ésa es nuestra objeción mayor y por eso nos vamos a abstener en esta proposición no de ley- es que, cualesquiera que sean los estudios que se vienen realizando -y creemos que hay que realizarlos en el mundo académico y también, por qué no, en las administraciones públicas-, derivar los resultados de unos instrumentos tan burdos como las balanzas fiscales, que exigen esas hipótesis para su confección, y que esos resultados puedan conducir a actitudes insolidarias e incluso a conformar o promover confrontaciones territoriales sobre la base de esta herramienta que he calificado como tan tosca, podría dar lugar a la utilización muy inconveniente de un concepto empírico, que tiene el alcance que tiene, de las balanzas fiscales. Por esta razón nos abstenemos y entendemos que la cautela que aconsejan los expertos, si es que se aprueba en la votación, forma parte de ese grupo. No sabía yo que había que instar a la creación de grupos; los grupos de estudio y de reflexión se crean para tener una buena metodología que luego sea comúnmente aceptada por todos los territorios -entendemos que tendría que pasar después por el Consejo de Política Fiscal y Financiera-, para finalmente tener unas balanzas fiscales con todas las limitaciones que he mencionado y que no se utilicen precisamente como arma arrojadiza entre comunidades autónomas.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: ¿El grupo proponente podría precisarnos cuál es su posición respecto a las enmiendas presentadas y a la enmienda transaccional nueva?

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Hemos hecho llegar a la Mesa y a los diferentes portavoces una enmienda transaccional junto con el Grupo Socialista que subsume algunas de las propuestas que hacían los diferentes grupos parlamentarios. El texto definitivo ya obra en poder de la Mesa y de los diferentes grupos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: En este caso pregunto a la Cámara: ¿algún grupo parlamentario se opone a la enmienda transaccional? No. Entonces, vamos a proceder a la votación.


Procedemos, pues, en primer lugar a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso relativa a la realización de actuaciones encaminadas a la mejora de la Administración de Justicia, con las enmiendas del Grupo Mixto, incorporadas por el Grupo Socialista, y con la enmienda transaccional presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 189; en contra, 134; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, se considera aprobada la proposición no de ley.


Segunda votación, relativa a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la publicación de las balanzas fiscales entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, a la cual se incorpora la enmienda transaccional que ha sido aceptada para su toma en consideración por el Pleno de la Cámara.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 189; en contra, uno; abstenciones, 134.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, se considera aprobada la proposición no de ley. (Aplausos.)

Queda concluido, pues, el II punto del orden del día.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO Y EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE FORMACIÓN CONTINUA Y PARA DESCENTRALIZAR LOS RECURSOS Y LA GESTIÓN DE ESTA COMPETENCIA HACIA LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA. (Número de expediente 173/000021).)

El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno y el Ministerio de Administraciones Públicas para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Constitucional sobre formación continua y para descentralizar los recursos y la gestión de esta competencia hacia la Administración autonómica.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Campuzano.
(Rumores.-La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señorías, por favor, les ruego que abandonen el hemiciclo en silencio; un diputado está tratando de hacer uso de la palabra.


Adelante, señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Subo a la tribuna a defender la moción consecuencia de interpelación que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado, con la sensación... (Continúan los rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Un momento, señor Campuzano.


Por favor, señorías, a quienes quieran abandonar el hemiciclo les rogaría que lo hicieran rápidamente y en silencio. Un compañero diputado lleva unos minutos intentando hacer uso de la palabra.


Adelante.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Decía que presentamos nuestra moción con la sensación de estar debatiendo en la Cámara un asunto que nos cansa y es cómo podemos dar cumplimiento a los títulos competenciales de nuestros estatutos de autonomía, a la distribución competencial que establece la propia Constitución y a sentencias del propio Tribunal Constitucional que dejan establecido, de manera inequívoca, que la competencia en la gestión de la formación ocupacional corresponde a los gobiernos autonómicos. Digo que nos cansa porque es un conflicto que empieza en el año 1991, momento en el que se produce un traspaso de esa competencia a las comunidades autónomas; al cabo de poco tiempo de dicho traspaso el Estado recupera la competencia por la constitución de la Forcem, una fundación tripartita que excluye la participación de las comunidades autónomas en la gestión de la formación continua; esa decisión inicia un largo proceso en el Tribunal Constitucional y éste, finalmente, después de 11 años, da la razón a la Xunta de Galicia y al Gobierno de la Generalitat, que habían recurrido aquel mecanismo; ante la necesidad de cumplir esa sentencia del Tribunal Constitucional y a pesar de debates en esta Cámara, el Gobierno anterior aprueba un real decreto que vulnera ese reparto competencial.
Ese es el motivo de la sensación de un cierto cansancio, al tener que ir repitiendo desde el año 1991 argumentos avalados por los tribunales, avalados por el sentido común y avalados por una lectura estricta del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de la Constitución.


La moción que hoy planteamos pretende poner de manifiesto, en primer lugar, que el sistema que se aprobó en la pasada legislatura no garantiza esa efectiva participación en la gestión por parte de las comunidades autónomas y que además crea disfunción en el 80 por ciento del tejido de la pequeña y mediana empresa, porque, en la medida en que se establece el sistema de

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deducción de cotizaciones de la Seguridad Social previa recepción de la formación, estamos comprobando que tan sólo las grandes corporaciones pueden beneficiarse del sistema; por tanto, es necesario que el Congreso exprese el rechazo al sistema aprobado en la pasada legislatura.


En segundo lugar, instamos al nuevo Gobierno al cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, superando aquel sistema y articulando un nuevo modelo de gestión que responda a los títulos competenciales y al mandato de dichas sentencias. En el debate de la semana pasada con el ministro se nos decía que el Gobierno fija el año 2005 para la configuración del nuevo sistema con los gobiernos autonómicos y los agentes sociales. Mi grupo no tiene más remedio que darle ese margen de confianza al Gobierno, pero hemos de recordar de nuevo desde la tribuna que estamos hablando de cumplir sentencias del Tribunal Constitucional y de dar respuesta a títulos competenciales estatuarios que son claros e inequívocos en esa materia. Además, en el marco de la gestión de ese nuevo modelo que debe ser gestionado por las comunidades autónomas, insistimos en dar respuesta a elementos que son fundamentales y cuya cuestión de fondo lógicamente preocupa a Convergència i Unió. Hoy se gestionan cerca de 1.000 millones de euros destinados a la formación continua. No es una cifra menor, sino una cifra sustancial e importante. Se trata de recursos que se generan por parte de trabajadores y empresas, que provienen de cotizaciones sociales. Creo que todos coincidiríamos en que a lo largo de estos años, desde 1991 hasta ahora, esa cantidad inmensa de recursos que se ha destinado a la formación de personas trabajadoras no ha tenido, en términos de eficacia, un valor suficiente que nos permita decir que España los ha aprovechado de verdad. En el debate de la semana pasada pusimos de manifiesto la cantidad de recursos no gestionados ni gastados por parte de la formación continua, cantidad importante de dinero procedente de cotizaciones de trabajadores y de empresas que no se ha gastado para formar a trabajadores equipados. Es necesario configurar un sistema que sea eficaz, que sirva de verdad para que los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos puedan estar en condiciones de mejorar su empleabilidad, de mejorar sus carreras laborales en el seno de sus empresas, de hacer frente a los cambios del modelo de nuestro sistema productivo y que cuando pierdan su empleo estén en condiciones de encontrar otro. En definitiva, se trata de hacer real el discurso que todos compartimos sobre la necesidad de fortalecer los aspectos de la sociedad del conocimiento como garantía de progreso y crecimiento económico del conjunto de la sociedad española, en este sistema económico, insisto, donde más del 80 por ciento son pequeñas y medianas empresas.


Finalmente, voy a referirme a una cuestión que hemos estado discutiendo con el Grupo Parlamentario Socialista hasta hace escasos minutos y donde esperamos alcanzar un acuerdo. El Gobierno, en julio del año pasado, en el marco de la conferencia sectorial y con el acuerdo por parte de los consejeros autonómicos, decidió distribuir 135 millones de euros entre las comunidades autónomas, de los cuales 24,5 millones correspondieron a la Generalitat de Cataluña. Esta es una cifra que está lejos de la participación de la población ocupada catalana, en el sentido de que, de esos 1.000 millones de euros que configuran el conjunto de recursos que se ingresan al Estado, 24,5 millones no representan el 18 por ciento de la población ocupada catalana ni tampoco representan el 20 por ciento del conjunto de recursos que conforman la formación continua, que es lo que se aporta a través de cotizaciones de empresas y de trabajadores. Los 135 millones de euros suponen alrededor de un 13 por ciento del conjunto de recursos de formación continua que el Gobierno traspasa para su gestión a las comunidades autónomas mientras discute la formulación de ese nuevo sistema. Nosotros -lo dije en el debate de la semana pasada- no vamos a discutir aquí una decisión del Gobierno catalán -vamos a discutir en el Parlament de Catalunya si el Gobierno catalán hizo bien al aceptar esa cifra-, pero sí queremos dejar sentado que la cifra de 135 millones de euros para ser gestionados por todas las comunidades autónomas es claramente insuficiente desde la perspectiva del cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, que instan a que la gestión de esos recursos -y el Tribunal Constitucional no dice si es el cien por cien, el 80 por ciento: lo que seguro que no afirma es que sea el 13 por ciento- debe corresponder a los gobiernos autonómicos. En este sentido, el punto 3 de la moción debe expresar la necesidad de avanzar en una efectiva distribución de esos recursos de carácter territorial. Yo espero que cuando la señora López i Chamosa suba a la tribuna nos pueda leer una propuesta con relación a este punto número 3 de la moción que satisfaga al Grupo de Convergència i Unió, en el sentido de procurar, en el marco del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, que la mayor parte de los recursos de la formación continua sean gestionados en el ámbito autonómico.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Le ruego que concluya, señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Mi grupo puede entender que en determinados supuestos el Estado pueda controlar parte de estos recursos, pero lo que es primordial, en cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, es que la mayoría de los recursos de la formación continua sean gestionados por las comunidades autónomas. Estos son el mandato de la sentencia del Tribunal Constitucional y los títulos competenciales

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en los que nos basamos y pretendemos que esta moción de hoy también refuerce el compromiso del Gobierno socialista en esta materia.


Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Campuzano.


A continuación, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Fernández y, en segundo lugar, la señora Lasagabaster, por un tiempo total de cinco minutos.


La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, después de que el Tribunal Constitucional, en el año 2002, dictara sentencia respecto a la reclamación que hicieron tanto el Gobierno gallego como la Generalitat de Cataluña en relación con las competencias en materia de formación continua, sentencias que fueran favorables a sendos recursos, se dio la paradoja -no sé si la palabra es la más adecuada- de que el Gobierno llevó a cabo una ofensiva, digamos, centralista y antidemocrática, que tuvo como consecuencia la aprobación del sistema de formación continua por el Ejecutivo central. Nosotros entendemos que ese sistema, intencionadamente, vulnera y transgrede la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional sobre reparto competencial en esa materia, privando a las comunidades autónomas, y por tanto a los ciudadanos, de ejercer y disfrutar de sus legítimos derechos. Entendemos que el sistema de formación continua tiene una clara intencionalidad política que nada tiene que ver con la mejora, la racionalización y la progresiva integración del subsistema de formación continua; al contrario, ahonda en la desregulación y desintegración progresiva del mismo al facilitar la ejecución de acciones formativas no vinculadas al sistema estatal de cualificaciones. Es fundamental que se hagan efectivas las transferencias a las comunidades autónomas, y no solamente por aplicación de las sentencias del Tribunal Constitucional, que ya sería suficiente, sino para poder programar la formación continua de acuerdo con las necesidades de cualificación de empresas y trabajadores desde la perspectiva de una planificación coordinada, ordenada y racional, de acuerdo con la realidad sociolaboral de cada país o comunidad autónoma, que, en el caso de Galicia, debería estar estratégicamente vinculada al desarrollo de los sectores productivos; una planificación que teniendo en cuenta las peculiaridades territoriales se desarrolle en un marco integrado de actuación y en el actual subsistema de formación profesional; una planificación, en definitiva, al servicio de políticas públicas eficaces y eficientes; un modelo de gestión más transparente, que asegure el empleo de recursos dispuestos para la consecución de los objetivos.


Por esta razón, defendemos las enmiendas que presentamos a esta proposición no de ley. Entendemos que es urgente que se revise la política que tiene el Gobierno en materia de formación continua.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora Fernández.


Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.


Efectivamente, el tema que nos ocupa en este momento no es un tema menor.
La formación continua es un tema de gran calado en la sociedad en que vivimos, porque forma parte de la necesidad de competitividad de la sociedad la formación continua de los trabajadores. Tampoco es tema menor por la cantidad de fondos que mueve y, como se ha demostrado en muchas ocasiones, por los agentes que mueven estos fondos, que a veces tienen sus propios intereses. En todo caso, siempre hemos manifestado que esta era una competencia de las comunidades autónomas y no una mera cuestión de declaración política. Apareciendo en muchos estatutos de autonomía, ha sido reconocido así por la jurisprudencia constitucional.


Al parecer, los gobiernos sucesivos no han entendido esta cuestión y han pretendido utilizar esta materia para otros menesteres. El sistema que ideó el Gobierno del Partido Popular no tuvo el apoyo de algunas comunidades autónomas ni de nuestra formación política. Siempre mantuvimos que la gestión de la formación continua la tiene que llevar a cabo quien tiene mayor conocimiento de causa, además de todos los agentes implicados y las instituciones. Decíamos que había que respetar las competencias de las comunidades autónomas, y también aquellos acuerdos de ámbito menor que el estatal -que, por cierto, tiene la protección del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores-, para que puedan realizar su formación continua. Eso es lo que hemos presentado como enmienda, en la medida en que las competencias no son sólo de las comunidades autónomas sino también de aquellos ámbitos en los que hay acuerdos sindicales de ámbito no estatal que hayan recogido esta cuestión, que son susceptibles de dotar de formación continua y de ser financiados por la misma. En definitiva, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que se respete el acuerdo de la Fundación Hobetuz, que no es más que la traducción de los acuerdos de la mayoría sindical en la Comunidad Autónoma Vasca; de los acuerdos de los sindicatos con mayoría sindical con los empresarios y con el Gobierno vasco. Algo que no tiene ningún problema de legalidad pero que, al parecer, ha tenido un problema de ilegalidad del Gobierno anterior, que esperamos que no se vuelva a producir con este Gobierno.


De una vez por todas, la formación continua es demasiado seria para que se juegue con ella, tanto desde el punto de vista de los objetivos como desde el

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punto de vista de la financiación. En definitiva, es un problema que afecta a los trabajadores, que, por cierto, son los que la pagan.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias a usted, señora Lasagabaster.


Señora López i Chamosa, tiene usted la palabra durante cinco minutos para defender su enmienda.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.


Como decía la portavoz que ha intervenido anteriormente, la señora Lasagabaster, estamos hablando de un asunto fundamental para el futuro de este país. En algunas zonas se empieza a ver que la necesidad de formación de los trabajadores es fundamental. En Cataluña, por ejemplo, hay comarcas cuyos empresarios han planteado ya que no tienen los trabajadores cualificados que precisan. Esto quiere decir que, durante los últimos años, la formación continua no ha jugado el papel para el que había sido diseñada, el que debe cumplir realmente. Durante los últimos años hemos visto cómo la cerrazón del Partido Popular en un tema como este, no queriendo negociar e imponiendo un sistema, nos ha llevado a la situación complicada que hemos tenido hasta hace pocos meses; una situación con dos sentencias que obligaban al Gobierno a negociar con las comunidades autónomas la formación continua, y al Gobierno del PP, como en algunas otras ocasiones (recuerden el tema de los complementos a mínimos de las pensiones por las comunidades autónomas), no se le ocurrió otra idea que hacer un real decreto para corregir aquellas sentencias.
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el Gobierno del Partido Socialista se ha encontrado con una situación totalmente ilegal y lo primero que ha hecho es cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional y negociar con las comunidades autónomas y con los agentes sociales cómo diseñar el futuro modelo de formación continua. Lo decía el ministro aquí la semana pasada. Decía qué objetivos habría de cumplir el nuevo modelo de formación continua, y también decía que se establecería un periodo transitorio para el año 2005 porque, señorías, en una cuestión tan delicada como la formación continua cometeríamos un grave error si hiciéramos una rotura total para pasar de un modelo al otro. Por tanto, creo que estamos en la dirección acertada, que vamos por el buen camino.
Hay un acuerdo con las comunidades autónomas en esta primera fase para ir avanzando.


Decía el señor Campuzano que 24,5 millones de euros para Cataluña no es la parte que le corresponde. Sin ninguna duda, señor Campuzano, no es lo que le correspondería en función de los trabajadores de nuestra comunidad autónoma, pero es evidente que cualquier gobierno anterior de la Generalitat hubiera hecho que le esperaran con banda y música en el aeropuerto de El Prat si hubiera conseguido 24,5 millones del Gobierno del PP. Por tanto, reconozcan que vamos por el buen camino y que vamos avanzando.


La enmienda transaccional que presentamos comparte todo el contenido de la moción. Sólo en el tercer apartado discrepamos un poco en las formas, aunque estamos de acuerdo en el objetivo de transferir a las comunidades autónomas la formación continua, lógicamente en la parte que el acuerdo permita, en estos momentos, los 135 millones. Hablamos de un 64-36, pero el ministro hablaba aquí hace unos días del 50-50 y decía también que primero hay que hacer un cambio en la distribución de la formación continua y la ocupacional porque es evidente que la situación de nuestro país hoy es diferente a la de hace cinco o seis años. En esa línea ¿qué es lo que nosotros planteamos al punto tercero? Planteamos lo siguiente: instar al Gobierno a ampliar la participación de las comunidades autónomas en los recursos del sistema de acuerdo con la población ocupada y otros factores de carácter objetivo. Esto es lo que el Grupo Socialista plantea como punto tercero alternativo, como transaccional a la moción presentada por el señor Campuzano.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora López i Chamosa.


Turno de fijación de posición. Tiene la palabra el señor Olabarría en nombre del Grupo Vasco.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Quiero anunciar en nombre de mi grupo que vamos a votar afirmativamente la moción, y si es objeto de transacción con las enmiendas presentadas votaremos lo que resulte de esas transacciones. Pero quería también comentar, señora presidenta, que el discurso que sirve de fundamento a esta moción no sirve para la Comunidad Autónoma vasca, no sirve para Euskadi. Aquí la expresión transferencia de competencias con relación a Euskadi ni siquiera es pertinente.


Como saben SS.SS., la formación ocupacional, como la formación continua, es de las pocas cosas que puede incidir en el ámbito de la consolidación del empleo. En relación con la formación continua, con la formación de las personas que poseen trabajo, la Forcem, que es la que ejecuta estas competencias en el Estado español con carácter general, es fruto de un acuerdo interconfederal de los previstos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y hace referencia al Estado español, salvo Euskadi, porque en Euskadi hay otro acuerdo interprofesional de signo diferente, consignado por interlocutores sociales diferentes a los que en este momento han creado la Forcem en el Estado español. En concreto, la mayor representatividad sindical que prevé el artículo 6 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical ha posibilitado que sindicatos como ELA y LAB,

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con la patronal vasca Confebask, hayan adoptado un acuerdo interconfederal que ha alumbrado la formación del homólogo de la Forcem en Euskadi, que se denomina Hobetuz, y que, en virtud de los requerimientos previstos en el ordenamiento jurídico, debería captar la totalidad de las cuotas patronales y de las cuotas de los trabajadores destinadas a la formación profesional continua. Desde esa perspectiva, nuestra pretensión es esta, sólo para Euskadi, porque la configuración sindical y empresarial en Euskadi es singularmente diferente a la del resto del Estado español.
Nosotros para el resto del Estado español y las comunidades con títulos competenciales vamos a votar favorablemente esta moción, pero ya anunciamos que vamos a presentar una interpelación diferente, con un discurso político diferente, que haga valer lo que la Ley Orgánica de Libertad Sindical ya prevé de forma imperativa, y es que hay un acuerdo interprofesional en Euskadi para el ámbito vasco que alumbra una institución diferente a la Forcem para el Estado español, que en Euskadi se denomina Hobetuz, y que ésta tiene que ser la receptora de la integridad, de la indemnidad de las cuotas patronales y de los trabajadores destinadas a la formación profesional continua. Para nosotros no es una cuestión de principios, es un mero respeto al ordenamiento jurídico, a la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Si se quiere analizar lo que prevé su artículo 6, nosotros se lo explicaremos cuando presentemos esta interpelación con sumo gusto.


Queremos ser solidarios con otras comunidades autónomas, que se ven forzadas a recurrir a los títulos competenciales en materia de ejecución de la legislación laboral, en materia de promoción económica, etcétera, pero es que nuestra situación no es esta. Este ámbito está fundado en acuerdos interprofesionales, la intermediación de la Administración pública es absolutamente colateral, los acuerdos interprofesionales son absolutamente imprescindibles para la creación de las instituciones que se dedican a gestionar la formación continua. Hay en el Estado español en este momento sólo dos: el que ha alumbrado para el Estado español, salvo Euskadi, la Forcem y el que ha alumbrado en Euskadi Hobetuz. Y Hobetuz en este momento no es objeto de los requerimientos que prevé la Ley Orgánica de Libertad Sindical y la Ley del concierto económico en materia de financiación. Nosotros no renunciamos a esta reivindicación.


Desde una perspectiva solidaria con otras comunidades, votaremos afirmativamente, pero ya le adelanto que nuestro perfil, el perfil de nuestro discurso político para Euskadi es sustancialmente diferente, y a estos efectos presentaremos otra interpelación en el momento oportuno.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Olabarría.


Mil disculpas, señor Mardones, su turno.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi grupo se congratula de esta iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en forma de moción y participamos plenamente de ella por la forma en que ha abordado el motivo fundamental, que es dar cumplimiento a sendas sentencias del Tribunal Constitucional al respecto, devolviendo a las comunidades autónomas unas competencias que en la anterior línea gubernamental se habían restringido o derivado hacia una centralización de todas las competencias en la formación profesional continua.


Para el archipiélago canario, desde hace más de diez años, 3 ó 4 legislaturas, tenemos reconocido en los Presupuestos Generales del Estado un Plan integral de empleo para Canarias. Parecería absurdo que, teniendo la Comunidad Autónoma de Canarias reconocido hasta en los propios Presupuestos Generales del Estado y en los propios de la comunidad un Plan integral de empleo canario, la parte de la formación profesional continua hubiera sido -digamos- sustraída del campo de competencia de la Administración autonómica canaria y puesta en una centralización que sería totalmente contraproducente, porque para promover la generación de productividad laboral, la generación de producto interior bruto en cada comunidad autónoma, y sobre todo las que son de ámbito archipielágico como la nuestra y con un territorio discontinuo, con un producto interior bruto generado fundamentalmente por el sector servicios, y más concretamente por el turismo, la formación profesional continua tiene que ser dejada dentro del ámbito de las competencias estatutarias y constitucionales.

Nos congratulamos tanto por la sentencia del Tribunal Constitucional como por la oportunidad que nos brinda hoy esta moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió), el cual estimará si acepta las enmiendas presentadas por otros grupos y el texto consensuado que conocemos los portavoces. También me parece muy oportuna la introducción para modificar el apartado tres que ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. La veo muy oportuna porque significa una corresponsabilidad entre la Administración General del Estado y la Administración autonómica, una participación del 50 por ciento o la que sea, pero no solamente es un ejemplo de corresponsabilidad en la financiación, sino también de solidaridad, puesto que no se trata sólo de un censo laboral, que en las grandes comunidades autónomas tendrá una gran dimensión y en las comunidades autónomas pequeñas su dimensión será menor. Si hay ese equilibrio del 50-50 o el que se estime pertinente, se cumplen estos dos principios, los cuales nos parecen muy aceptables, aceptando mi grupo la modificación que del punto tercero ha hecho la diputada del Grupo Parlamentario Socialista. Por todas estas razones, señora presidenta, vamos a votar

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favorablemente el texto final que resulte de la aceptación de las sugerencias y enmiendas de los grupos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A usted, señor Mardones.
Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra el señor Canet.


El señor CANET COMA: Gracias, señora presidenta.


Mi grupo va a votar favorablemente la moción de Convergència i Unió.
Estamos de acuerdo con el texto porque el modelo de formación continua diseñado por el Gobierno anterior abocó a diversos gobiernos autónomos, entre ellos la Generalitat, a recurrir al Tribunal Constitucional y ello por la necesidad de defenderse de un modelo absolutamente centralista y que al menos en el caso de Cataluña era claramente discriminatorio en la cuantificación de los recursos asignados, teniendo en cuenta el esfuerzo en las cotizaciones que realizan las empresas, en particular las medianas y las pequeñas, y también los trabajadores autónomos de Cataluña. Es un modelo que no ha dado resultados satisfactorios ni en el volumen de los recursos invertidos ni en la gestión, muy compleja y burocratizada, ni en el enfoque disgregador entre las diferentes modalidades: la formación profesional ligada al sistema educativo, la ocupacional para las personas desocupadas y la formación continua para los trabajadores ocupados. A la crítica que podemos hacer desde una perspectiva meramente técnica o de modelo se añade una incontestable realidad cronólogica que han puesto de relieve los anteriores portavoces. No es de recibo que en el año 2004 todavía esté en vigor un modelo de formación continua que al menos en apariencia quedó jurídicamente hundido en el año 2002, cuando el Tribunal Constitucional dictaminó claramente que correspondía al Estado el diseño de un marco general y a las comunidades autónomas la gestión de la formación continua. Por tanto, nos parece muy lógico que se plasme en la moción el rechazo al sistema, como se hace en el punto primero, así como también nos parece lógico que se inste al Gobierno a cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional y a favorecer la gestión de los programas de formación continua por parte de las comunidades autónomas. Asimismo, desde nuestra concepción del Estado consideramos también importante la transferencia de los recursos del sistema a las comunidades autónomas atendiendo a criterios lo más objetivos posibles.


Hechas estas consideraciones, valoramos también muy positivamente bastantes de las explicaciones que dio el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el Pleno de esta Cámara la semana anterior, en particular las relativas a los tres motivos principales que hacen inservible el marco vigente: la ilegalidad después de las sentencias del Tribunal Constitucional, la marginación de las comunidades autónomas y el rechazo de los interlocutores sociales. Aceptamos asimismo la apelación que hizo al breve espacio de tiempo del que ha dispuesto el nuevo Gobierno para resolver la cuestión, pero también es cierto que el tiempo transcurrido desde que se inició el conflicto, hace ya 13 años, obliga a un sobreesfuerzo para evitar toda demora que no sea estrictamente técnica y a adoptar posturas que vayan un poco más allá de la mera expresión de la buena voluntad de avanzar en la dirección prevista. Por todo ello, reiteramos el apoyo al texto de Convergència i Unió.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Canet.


Finalmente, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Barrachina.


El señor BARRACHINA ROS: Gracias.


En primer lugar, quiero manifestar mi sorpresa a la portavoz socialista, puesto que simplemente ha dicho cuatro cosas y ninguna de ellas es cierta. La primera es que ha habido sentencias del Tribunal Constitucional contra el Partido Popular. No, querida amiga, no. Las sentencias fueron contra decisiones del Gobierno de Felipe González en 1993, resueltas en 2001. Por tanto, esas sentencias fueron contra su Gobierno, no contra el nuestro. Y usted dice que la forma de resolver estas sentencias contra el Gobierno socialista es hacer un real decreto.
Efectivamente, hacer un real decreto que ustedes respetan y desarrollan, porque usted no debió atender a su ministro, que vino aquí a decir que el nuevo modelo que entró en vigor el 1 de enero de 2004, es decir, cuando llevaba tan sólo dos meses -perdimos accidentalmente las elecciones-, y ustedes están desarrollando con órdenes ministeriales ese real decreto que usted menosprecia. No habrá dado tan malos resultados ese real decreto en dos meses de vigencia cuando el señor Caldera dijo aquí que en 2005 empezarían a ver la forma para modificarlo y quizás en 2006 lo cambiarían dejando la parte esencial, que son las bonificaciones. Por tanto, el real decreto que usted desprecia y ningunea en su intervención aquí fue reclamado y hoy es sostenido por el Gobierno al que supuestamente usted debía hoy darle soporte. Dice además que fue la cerrazón del Partido Popular la que propuso ese modelo, la cerrazón del Partido Popular, el acuerdo con la Unión General de Trabajadores, el acuerdo con Comisiones Obreras, el acuerdo con la CEOE y con la mayoría de las comunidades autónomas. Y dice usted además, en el cuarto de los enormes despistes que le han acompañado esta tarde, que hay que revisar el modelo, que por cierto no revisan porque ese real decreto sigue en vigor y lo que están haciendo es simplemente desarrollarlo. Lo que hoy tienen las comunidades autónomas, que parece que sea una decisión suya, es simplemente el desarrollo normativo de ese real decreto. Ustedes están haciendo lo mismo que probablemente

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hubiese hecho el Partido Popular, desarrollar con órdenes ministeriales ese decreto. Y ya el colmo del despiste, como le decía, es que en España hay lagunas formativas. Es posible, pero en 1993, cuando a González le recurren esa formación continua, se formaban 300.000 trabajadores al año, bastante, y ahora dos millones de trabajadores y trabajadoras españoles se forman todos los años. Porque lo que les preocupa a ustedes -y he escuchado pacientemente siete intervenciones distintas- no es el resultado de la formación, no es que haya dos millones de trabajadoras y trabajadores españoles que se formen todos los años, no es que, producto de esa formación, haya en España cinco millones más de empleo. Eso a ustedes les da igual. Lo que les interesa es cómo se gestiona, cómo se gerencia, cómo se administra y que por la taquilla autonómica pase una cantidad de dinero importante. Eso es lo que a usted le preocupa. No le preocupa a ninguno de los siete intervinientes la eficacia y la eficiencia de este sistema que, por cierto, el señor Caldera ha anunciado que va a respetar. Hablan de centralización aquellos que no han leído el nuevo modelo. No hay modelo más descentralizado que éste, que permite que todas las empresas, estén en el País Vasco, estén en Galicia, en la Comunidad Valenciana o en Murcia, sean sus propios gestores. Esa es la máxima descentralización, ni Administración General del Estado ni comunidad autónoma, la propia empresa, y lo que pretenden justamente algunos de los grupos que he escuchado es recentralizar, es decir, eso que ahora es competencia de la propia empresa recuperarlo en las comunidades autónomas. Que nos parece bien, y de hecho hemos sido nosotros -nosotros, no el Gobierno socialista, al que le recurrieron esto en 1993- quienes hemos abierto, cumpliendo las sentencias del Tribunal Constitucional, el modelo a las comunidades autónomas, que hoy participan en su patronato, que hoy participan en la fundación y que hoy, además, por desarrollo de ese real decreto pueden disfrutar, como usted ha dicho, de 24 millones de euros que le parecen poco, pero es que parece que los haya dado usted. No, lo ha dado el real decreto que entró en vigor y que ustedes, como dice el señor Caldera, están desarrollando. Por tanto, las comunidades autónomas sí tienen participación. He escuchado además que lo que hace falta es que se desarrollen las pymes. Si es que este sistema lo que pretende justamente no es primar, es beneficiar de manera importante sobre todo a las empresas de entre uno y cinco trabajadores. Alguno de ustedes no ha leído ni siquiera la primera línea del texto, porque se dirige a eso, a las pequeñas y medianas empresas. Por eso su Gobierno lo respeta y por eso su Gobierno desarrolla nuestro real decreto, aunque usted, por la complejidad parlamentaria en la que vive su grupo, tenga que ponerse de acuerdo con todos y ponernos a parir a nosotros (Risas.) sin criticar uno solo de los resultados, ni los dos millones de trabajadores formados año tras año, ni los cinco millones de empleos generados, ni las 500.000 nuevas empresas de estos ocho años, criticando solamente lo accesorio, lo instrumental, lo que en teoría debiera ser algo para prestar un servicio para obtener un resultado. El resultado ha sido muy bueno, y sobre todo será mejor cuando dentro de cuatro años se compare con su gestión.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Barrachina.


Señor Campuzano, ¿en qué términos queda la moción?

El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señora presidenta, mi grupo entiende que en el texto que se ha distribuido a los grupos se recoge en su literalidad la enmienda de Eusko Alkartasuna que pretende dar respuesta a la cuestión que nos planteaba el señor Olabarría.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Por tanto, la enmienda de Eusko Alkartasuna de modificación del punto primero se entiende asumida en el texto.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Incorporada en el texto, en el punto primero. En el texto que ha leído la señora López i Chamosa se incorpora también parte del espíritu de una de las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Al apartado tres, quedando por tanto incorporada en el nuevo texto.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Entenderíamos que queda incorporada y aceptaríamos el texto que leía la señora López i Chamosa. Por tanto, quedaría una moción con tres puntos: uno, el rechazo al sistema aprobado por el anterior Gobierno porque no permite el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional; dos, el mandato al Gobierno de hacer un nuevo sistema para permitir que se apliquen efectivamente esas sentencias que el anterior Gobierno incumplió, y finalmente el avance en ese proceso de transición hacia una mayor transferencia de recursos a las comunidades autónomas con criterios objetivos, tal y como planteaba el BNG.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Me habla usted de tres puntos, pero existe una enmienda de adición del BNG.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Está incorporada, he dicho, en la referencia a los factores de carácter objetivo.


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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Pues en esas condiciones, señor Campuzano, votaremos la moción.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR RODRÍGUEZ), PARA INFORMAR DEL PLAN INDUSTRIAL PARA EL GRUPO IZAR, SU REPERCUSIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL. (Número de expediente 173/000022.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Continuamos con el punto 7 del orden del día, que es la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez), para informar del plan industrial para el grupo Izar, su repercusión económica, social y territorial.


Tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, fue intención de la interpelación de la semana pasada y es intención de esta moción hacer que el Gobierno reflexione y rectifique en relación con el problema de los astilleros, que rectifique su forma precipitada de hacer y de actuar, que mantenga una actitud que no se caracterice por estar predeterminada y por ser unilateral, y en definitiva que no abogue por un plan industrial que consiste objetivamente en liquidar capacidad productiva del sector naval en el Estado español y sin duda puestos de trabajo.


Realmente el Gobierno tomó una decisión política que no está al servicio de la industria naval del Estado español, dando a entender un extraño maridaje con intereses de una política destinada sobre todo a la concentración de producción en el sector naval, a su transnacionalización y sin duda a su privatización, pero el hecho es que en el Estado español internamente este proceso también provoca deslocalización dentro del Estado y por supuesto del Estado español en relación con la Unión Europea. Por tanto, en este momento, señorías, es muy importante la suma claridad sobre las posiciones políticas que defiende cada uno de nosotros, expresadas también con claridad en este y otros debates. Por eso el primer objetivo de nuestra moción es enfrentar directamente el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de julio, un acuerdo tomado con celeridad, sin duda de forma unilateral y que daba por hecho consumado nada menos que la conformación de un nuevo Izar, pero curiosamente con las mismas mecánicas del viejo. Es curioso que si ustedes analizan el grupo que se registra en el Registro Mercantil observarán que se trata de un apéndice del actual Izar y que además consiste en aliar astilleros civiles con astilleros militares y con un fondo de 30.000 euros. Todos sabemos que para que empiece a funcionar este nuevo Izar habrá que inyectarle como mínimo una cantidad de 100.000 millones de pesetas, 600 millones de euros, lo cual quiere decir que se está actuando exactamente igual pero en tamaño reducido. El objetivo es reducir la capacidad de producción del Estado español, y además diciendo que se va a un grupo militar, cuando todos sabemos que hay una parte proporcional, que no tenemos clarificada todavía, que va a ser de construcción civil. El modelo es idéntico, exactamente igual. Si el modelo anterior era tan malo y era tan caótico, ¿por qué se reproduce de la misma forma pero en pequeño? Porque se consigue el efecto de la reducción de la capacidad de producción y de la capacidad de plantillas, que es lo que en definitiva le interesa a la Unión Europea. Nosotros pensamos que reprobar o hacer retroceder este acuerdo es la piedra de toque fundamental, si queremos ir al fondo del problema. Como también es fundamental utilizar lo que el señor Solbes reconoció que era un espacio temporal, mayor que las urgencias que nos estaban colocando encima, para poder negociar o renegociar lo que es la cifra considerada atentatoria contra la libre competencia, que son exactamente 308 millones de euros, más los intereses. El resto de las cifras son cifras míticas y mágicas que, en todo caso, se utilizan para desvirtuar el problema ante una opinión pública totalmente confusa, haciéndosele creer que es un problema exclusivo de competitividad y empresarial lo que estamos debatiendo. En todo caso, ganando tiempo y durante un año, se podría analizar la situación y los precedentes en toda la Unión Europea, cuál es la situación real del sector naval en todos y cada uno de los Estados desarrollados de la Unión Europea. En tercer lugar, es también objetivo y no hay explicación para esto, conseguir que se llenen las gradas de los astilleros inmediatamente.


Señorías, hay datos contundentes, y en esto también tiene algo que ver el anterior Gobierno. El anterior Gobierno decidió, de una forma paulatina, ir dejando vacías las gradas de Izar, sin duda con alguna intención. Pero es que el actual Gobierno reprodujo esa política en grado muchísimo mayor. Las cifras son ostentosas y clarificadoras al respecto. Si cogemos a nivel mundial cuál es la cifra de producción y la cifra de contratos, en concreto de buques, nos encontramos con un hecho curioso, indicativo de la política que se sigue en el Estado español. De 2000 a 2003, evolución de la producción de buques en millones de TRBC en el mundo, 19.640.000, en 2000; 19.774.000, en 2001; 22.299.000 en 2002; 24.288.000, en 2003. Pues justo en 2003 es cuando se alcanza mayor producción en los astilleros españoles de Izar, y cuando menos pérdidas daban los astilleros, 30 millones de euros, unos escasos miles de millones de pesetas para tantos centros que estaban abiertos. Señorías, hay que preguntarse por qué se toma una decisión tan radical justo en el momento en que los astilleros podían empezar otra vez a ser rentables y competitivos, incluso con una gestión no eficaz. Pero

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miren ustedes, vamos ahora a la evolución de nuevos contratos de buques, que también es indicativo. En el año 2000, 31.723.000 de TRBC; en el año 2001, 22 millones; en el año 2002, 21 millones; y en el año 2003, 39 millones de TRBC, justo cuando el Estado español menos contrata. ¿Ven la correlación de causa efecto de una política predeterminada y teledirigida? Para nosotros es clave contratar en este momento, llenar las gradas, porque todo el mundo sabe que las pérdidas serían menores. No voy a perder el tiempo en explicar el problema de los costes fijos y variables, que a lo mejor es un rollo empresarial, pero que todo el mundo que tiene un mínimo de cultura económica entiende a la perfección. Con las gradas llenas, los costes fijos se cubren. Con las gradas llenas, en todo caso, los costes variables pueden reducir las pérdidas.


Hay una parte de nuestra moción destinada a animar al Gobierno a que elabore un plan industrial, con objetivos claros, a partir de la decisión de esforzarse por defender el sector, ya que él mismo reconoce, en sus textos elaborados recientemente, que hay más construcción civil en el mundo, que los barcos son más caros, que la antigua Bazán militar estaba sobredimensionada. Si la antigua Bazán está ahora con dos grandes centros, como la antigua Bazán de Ferrol, ¿Puerto Real no está ultradimensionada? Es más, reconoce que el PEC fue el fracaso. Para la viabilidad del sector naval se aplican las mismas medidas del PEC. Por otra parte, sería bueno que se considerase que no es posible reducir ya más las plantillas de las 10.766 personas que tenemos en este momento, que muchas veces provoca que cuando hay trabajo haya que quintuplicar en muchos de nuestros astilleros, especialmente en Puerto Real o en Izar-Fene, cuando este astillero tenía algún trabajo denegado y derivado, porque como saben ustedes, otra lacra de la política industrial única en Europa, es el único astillero que no puede construir buques. En todo caso, estamos dispuestos a discutir que hay mucho que mejorar en la gestión comercial y en la gestión empresarial. Debatamos esto con tranquilidad y con absoluta garantía de que no vamos a cerrar los ojos ante determinado tipo de evidencias. También, señorías, hay que dar participación plena y determinante a las comunidades autónomas en la gestión de estos centros en el ámbito territorial. Sin duda, se podría ganar mucho si se hicieran complejos industriales donde existiesen varios centros conjuntamente.


Por último, señorías, ¿por qué razón cuando estamos esperando una decisión de la OCDE en concreto, que no se va a producir nunca antes del año 2005, para ver cuáles son las condiciones de libre competencia real en el ámbito mundial, por qué razón, digo, la Unión Europea y el Gobierno del Estado español no acuerdan un periodo transitorio en el que se pueda dar ayudas de forma pautada, a la espera de que haya unas condiciones de igualdad para todos y por lo tanto que ahí se puedan discutir las ayudas del Estado?

Creo, señorías, como representante del Bloque Nacionalista Galego, que no podemos colaborar a mayores procesos de empobrecimiento económico, social, cultural y tecnológico del sector exportador industrial, uno de los más importantes que tenemos, y el señor ministro de Industria lo puede comprobar también con los datos del ministerio. Además, es una de las grandes industrias de cierto calado que tenemos algunos territorios como mi país, Galicia. Comprendan que no hay alternativa sustitutiva de esta envergadura. Son ya más de 20 años en la misma dirección y con un proceso que no da resultado: reducir capacidad, reducir plantillas. Así vamos francamente a la ruina.


Señores diputados, señoras diputadas, animamos al Gobierno a que tenga en cuenta esta experiencia y le decimos que el camino escogido no es el correcto. Esperamos ayudarlo a rectificar y que comprendan -todos comprendemos- que construir o tener alternativas constructivas significa muchas veces no dejar lugar a la confusión ni a la ambigüedad y sobre todo ceder a ningún tipo de chantaje. En nombre de esos criterios nosotros hemos presentado esta moción que esperamos que cuente con el aval de la mayoría, si no de la unanimidad, de este Congreso de los Diputados.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A usted, señor Rodríguez.


A continuación, para la defensa de las enmiendas presentadas, tiene la palabra en primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.


Daré por defendida la enmienda dado que, por norma de cortesía, dentro del Grupo Parlamentario Mixto la interpelación era del Bloque Nacionalista Galego.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchísimas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Torres.


El señor TORRES BALAGUER: Señora presidenta, señoras y señores diputados.


En primer lugar quiero expresar el respeto que el Grupo Parlamentario Socialista tiene por las manifestaciones que los trabajadores están haciendo en defensa de su puesto de trabajo y de la industria naval.
También la defensa que las ciudades afectadas están haciendo. No obstante, necesitamos aclarar cuál es la situación real de Izar para poder tomar medidas que puedan ser efectivas. Tanto la intervención del señor Rodríguez como la del representante del PP en Comisión siempre han pecado del mismo análisis. No se parte de la situación

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real de Izar. Expondré unos breves antecedentes para ubicarnos.


El Plan estratégico de competitividad 1995-1998 fue un compromiso del Gobierno español con la Unión Europea, un compromiso firme por el cual se permitían cuantiosas aportaciones al sector naval. A cambio, el Gobierno se comprometía a que a finales de 1998 todos y cada uno de los centros estarían en números positivos. Desgraciadamente, este plan, que contemplaba un aumento de productividad, una mejora en los costes de aprovisionamiento, etcétera, fue un plan fracasado. El Gobierno popular fracasó, como ha sido reconocido reiteradamente por sus ministros en el Senado y en esta Cámara. Esta situación produjo a continuación una cascada de aportaciones irregulares que han sido expedientadas por la Unión Europea. Cuando ya no se puede continuar con ese plan, en 1998 se aportan los llamados créditos fiscales, pero no se sale adelante; en 1999, cuando la Sepi compra las filiales que en ese momento tenía, Astilleros Juliana, etcétera, se aporta dinero, pero tampoco se soluciona, y ya en el año 2000 se abre otro expediente cuando se fusionan con Bazán los astilleros civiles y militares. Es cierto que no son expedientes que estén totalmente cerrados, pero ya tenemos un primer expediente, el de los créditos fiscales, que ha sido recurrido por el Partido Popular, y el Gobierno español ha sido expedientado por Bruselas por negarse a cumplir las resoluciones que la Unión Europea dictó en su momento. Este es el marco de partida que tenemos.


No podemos olvidar que el promedio de pérdidas de los astilleros está en torno a los 200 millones de euros; no podemos olvidarnos que los fondos propios que en estos momentos tiene Izar no soportan el cierre del ejercicio 2004. Todas estas circunstancias hacen que la sociedad entre en causa legal de disolución, bien porque la Unión Europea comunique fehacientemente la resolución de estos expedientes, bien por el transcurso del tiempo. No hace falta que nos comuniquen la situación, entraremos en causa de disolución por las pérdidas ordinarias de la actividad. En este momento tenemos unas restricciones importantísimas para funcionar. No podemos acogernos a ayudas de los mecanismos temporales, tampoco podemos pedir ayudas de I+D. Estamos en una situación de la que necesariamente tenemos que salir. No podemos olvidar que para el año 2005 cinco centros no tienen carga de trabajo -cero carga de trabajo-, y de la carga de trabajo actual, un 97 por ciento es militar y un 3 por ciento es civil. Este es el punto de partida. El Gobierno, a través de la Sepi, propone una salida negociada, una salida que tiene unos puntos que no podemos sustraer del marco legal. En primer lugar, tenemos que cumplir la legislación española. Si transcurren unos meses con las pérdidas ordinarias, supuesto legal de disolución; si la Unión Europea nos lo comunica, supuesto legal. Por eso propone la segregación de la actividad militar. No es por gusto, es por salvar directamente el futuro de los astilleros. ¿Qué hacer con los astilleros civiles? Se propone un plan para salvar el máximo de actividad y ese plan está trabajándose y negociándose ahora. Si hiciésemos caso de la moción, ¿saben ustedes lo que ocurriría? Que no habría mesa de negociación, porque, si cumpliésemos las leyes, estaríamos en situación de liquidación. No podemos salirnos del marco de Europa, señores del Partido Popular; Europa ha sido todo en los últimos años para nuestra economía: 14 billones de fondos recibidos por ayudas al desarrollo de este país.
Tenemos que cumplir esa legislación, y dentro de esa legislación hay un plan en el que el Gobierno está comprometido y que, por supuesto, garantiza los derechos de todos los trabajadores. ¿O es que el Grupo Socialista y el Partido Socialista no están trabajando desde el primer momento para salvar los puestos de trabajo, pues si se hubiese continuado con la inercia que llevaba el Partido Popular la situación hubiese sido muy difícil de superar? (Aplausos.) El Gobierno garantiza las obligaciones que tiene Izar con terceros; garantiza el cumplimiento de todos los contratos en vigor; garantiza que ningún trabajador va a quedar abandonado a su suerte; garantiza trabajar en un plan industrial para superar la situación de las ciudades que pueden quedar tocadas, naturalmente que sí, y está trabajando a fondo y va a comprometer recursos. Todo el Gobierno está por superar la situación. Lo que no podemos hacer es cerrar los ojos y aceptar una moción que se sustrae de Europa, que prácticamente pide no cumplir la legalidad. Por tanto, nosotros estamos para que dentro de la legalidad, todos juntos, los trabajadores también, superemos esta situación, de la que desde luego el Gobierno socialista no es responsable.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Torres.


Señorías, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Pérez.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, la historia de las reestructuraciones o los procesos de ajuste en nuestro país es la historia de los cierres y la historia de la desindustrialización. Este es uno de los temas en los que frecuentemente la cuestión no ha sido quién gobernaba, sino cuestión de qué modelo económico y social es el que se elige. Aunque es cierto que las cosas cambian, no es menos cierto que casi siempre ocurre lo mismo. Todos los procesos que se pueden recordar contenían y contienen el mismo discurso inicial: la falta de competitividad, la posición desfavorable en un mercado complejo, la carga insoportable para las arcas públicas. Y eso sirve y ha servido

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para reestructurar, cerrar, deslocalizar, despedir y especular. A continuación el discurso de la esperanza: la reconversión. Habrá nuevas inversiones, infraestructuras productivas, formación, cualificación, investigación, desarrollo, innovación, para que haya más productividad y para que seamos competitivos. Y al final siempre la misma realidad en la historia de los últimos años de este país: prejubilaciones, parados y dobles costes para la economía. De un lado, la pérdida de capacidad industrial y, de otro, los costes públicos para pagar precisamente los costes de los cierres empresariales. Eso ha generado beneficios a unos pocos, deslocalizaciones y especulación y así la cuarta reestructuración de la industria naval, la siderurgia, la gama blanca, el textil, las gráficas, la química, la automoción. Toda esta historia es la que conocemos desde hace muchos años. Y la pregunta que se hace mi grupo es: ¿Habrá algún día algún gobierno que diseñe una política industrial, que diga cuáles son los sectores de futuro, los sectores en los que se puede y se debe invertir para que se haga realmente la política que se viene prometiendo por muchos gobiernos, uno detrás de otro desde hace muchos años, reiteradamente incumplida, y que siempre terminan en la misma fase en la que los trabajadores son los que pagan todos los costes? ¿Alguna vez habrá un gobierno que explique en qué sectores vamos a ser competitivos en un mundo donde hay economías no sujetas a ninguna norma, que hay economías proteccionistas y hay economías que practican el dumping basadas en condiciones de casi esclavitud? ¿Alguna vez vamos a dejar de convencernos a nosotros mismos de que la primera industria de este país es la del sol y la playa? Y esta no es una cuestión para que el bipartidismo se entrene porque es algo que va más allá de cualquier gobierno.


Ustedes saben que todo barco que navega está subvencionado. Ustedes saben que la industria naval es importante y lo dice la comisión interministerial, que dice que es una industria de síntesis, de relevante capacidad impulsora de la economía española; que es una industria exportadora que permite que equipos, materiales y componentes que no podrían ser exportados de otra manera lo sean a través de la industria naval; que es una industria de tecnología desarrollada que permite tecnologías avanzadas y por tanto investigación, desarrollo, innovación; que es una industria intensiva relativamente en manos de obra; que es una industria de importancia local; que es una industria que genera empleo directo, indirecto, inducido, y que es una industria relevante para las comarcas en las que se desarrolla por la vida económica que genera. Y después de hacer este análisis, lo que dice la propia comisión interministerial es que hay que segregar, disminuir la capacidad, reducir plantillas y privatizar. Yo seguía intrigado y le hice esta pregunta al señor Martínez Robles: ¿Nos podría decir qué inversores privados son esos que se van a hacer cargo de empresas no rentables? Porque yo, en este país, todavía no he visto semejante cosa. ¿Nos podrían dar el teléfono de alguno de estos inversores para ver si nos pueden solucionar alguna ruina? Si los astilleros no son rentables, ¿qué puede ser rentable, el suelo en el que están? Sobre esto tienen posición también los ayuntamientos. ¿O es que se les está garantizando algo a los inversores privados futuros que no se puede garantizar a la industria pública hoy? ¿Por qué hay países como Alemania y como Italia que mantienen sus industrias navales? ¿Por qué el presidente del Gobierno confunde el plan de la Sepi con el diálogo con los sindicatos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos? ¿Acaso no se ha oído que los trabajadores no aceptan ese plan? Y no se trata de indemnizar y de dar soluciones personales a cada trabajador, se trata de si hay una apuesta por la industria o no hay una apuesta por la industria, si hay una apuesta por el futuro en un modelo económico que se asiente en una base sólida industrial para que genere realmente riqueza o, sencillamente, ese planteamiento no existe.


En junio planteábamos una proposición no de ley y decíamos: Mantenimiento de la capacidad, mantenimiento del empleo. Es posible que pueda haber prejubilaciones, pero no es lo mismo amortizar que rejuvenecer. Y una posición política ante Europa. Y una salida negociada con los sindicatos.
Hoy los sindicatos, los ayuntamientos, las comunidades autónomas no están de acuerdo con el plan de la Sepi. Por lo tanto, no es ese el plan del diálogo y no es el plan del consenso.


El día 27 de julio comparecía el señor Martínez Robles en la Comisión de Economía y la frase más repetida era la aceptación del marco de referencia, fue su frase preferida y evidentemente hacía alusión a la normativa europea. A partir de ahí, nos decía: Teniendo en cuenta la normativa europea, ¿tienen ustedes alternativas? Nosotros debemos confesar que en la aplicación estricta de la normativa europea, incapaz de definir hoy su posición con respecto al dumping y con respecto al proteccionismo, no hay alternativa. Pero nosotros al señor Martínez Robles le podemos permitir que diga esto porque el señor Martínez Robles es un gestor. Lo que le pedimos al Gobierno del Partido Socialista es que no solamente gestione, sino que tenga una política en Europa que sea capaz de conseguir ese periodo transitorio y que sea capaz, en definitiva, de que la política suene en este momento. Porque no se trata sencillamente de gestionar normativas, se trata de intentar paralizar la aplicación del plan de la Sepi, de paralizar la segregación porque, si eso se lleva a cabo, generará situaciones de difícil retorno. Lo que exigimos, por tanto, es una posición política, como una actitud previa y necesaria a cualquier solución. Diálogo sí, talante sí, pero creemos que hoy es también la hora de la política y es por lo que vamos a apoyar esta moción. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Señorías, creemos que se pueden flexibilizar las posiciones, pero hoy la posición de la Sepi no es una

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posición flexible, no es una posición que permita que nadie flexibilice sus posiciones porque lo que está en la calle son 12.000 puestos de trabajo; en peligro 60.000 puestos de trabajo indirectos y, evidentemente, unas decenas de miles de trabajos más que se generan en torno a la economía que son capaces de generar los astilleros. Una industria que debe seguir existiendo porque, si no, la gran pregunta dentro de unos años, cuando Corea y China se hayan quedado solos construyendo los barcos y Europa haya renunciado a la industria naval, será si nos creemos que los barcos van a seguir siendo tan baratos.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados.


Antes que nada, quisiera saludar a los alcaldes de las localidades afectadas por el plan de reestructuración planteado por el Gobierno socialista a través de la Sepi, solidarizarnos con sus preocupaciones y animarles a que continúen trabajando en la defensa del sector naval, así como solidarizarnos igualmente con los trabajadores inmersos en el proceso puesto en marcha.


Este no es un tema nuevo de debate en esta Cámara y me temo que tampoco será la última vez que discutamos este tema, pero la oportuna moción del BNG llega en un momento álgido, en un momento que incluso se ha pasado del debate más o menos académico a las manifestaciones de los trabajadores en la calle preocupados por el devenir y el de sus familias.
Hoy no podemos ser ajenos al problema económico al que pueden verse abocados multitud de trabajadores y familias ni al problema económico y social que puede generarse en determinadas localidades del Estado.
Además, tenemos que pensar que la dimensión de los efectos negativos no se circunscribe a los afectados directamente por un posible cierre o reducción drástica de las plantillas, los trabajadores empleados en la industria auxiliar también van a sufrir las consecuencias de manera importante. El pasado fin de semana leí en la prensa local cómo dos empresas auxiliares del sector naval habían cerrado en Euskadi por el problema de la inactividad de los astilleros. Esto significa que La Naval de Sestao, tal y como nosotros la entendemos, ya se está cerrando sin que ustedes pongan el más mínimo remedio, y no queremos que se cierren más.


Aun estando preocupado por el futuro de la totalidad del sector, me van a permitir que desde el Grupo Vasco (EAJ-PNV) haga hincapié y muestre especial preocupación en atención al futuro de La Naval de Sestao, localidad cuyo alcalde y teniente de alcalde están también hoy aquí con nosotros. Según el plan de la Sepi, el astillero de Sestao, al igual que Gijón, Fene, Manises, Sevilla y San Fernando, queda fuera de la nueva Izar, es decir, de la apuesta realizada por el Gobierno para garantizar el futuro de la actividad de los astilleros militares en ella englobados junto al astillero de Puerto Real. Esa es la apuesta del Gobierno y en esa apuesta La Naval de Sestao queda al albur de que la participación privada sea en un futuro mayoritaria en la empresa. Lo que el Gobierno socialista nos dice es que, una vez notificada a Izar por la Comisión Europea la obligación de devolver las ayudas ilegalmente concedidas, entre comillas, hay que contabilizarlas en un plazo máximo de dos meses, lo que llevará a la empresa a la quiebra técnica. ¿No piensa el Gobierno negociar lo que haga falta, señor Montilla, con la Comisión Europea con el fin de ganar tiempo y lograr una solución satisfactoria del sector? Queremos que el Estado español negocie con fuerza y no vaya en plan victimista, lo que no hace sino demostrar su debilidad.


Ustedes están administrando este problema con urgencia pero sin considerar la verdadera importancia del mismo. ¿Creen ustedes, señores del Gobierno, que antes de que finalice el plazo citado habrá algún inversor interesado en tomar una participación mayoritaria en La Naval de Sestao? Ustedes saben que, sin un apoyo público firme y sin un socio de referencia internacional, el plan planteado por Sepi nos conduce al cierre cantado de La Naval. El futuro al que nos conduce su plan estratégico es, primero, a la quiebra y, después, al cierre. Frente a las promesas realizadas por el presidente del Gobierno con motivo de presentar a Patxi López como candidato a lehendakari, curiosamente en el palacio de Euskalduna, ubicación del antiguo astillero del mismo nombre, está la cruda realidad del plan presentado por Sepi que condena a Sestao a la inactividad y al cierre.


Tengan en cuenta, señores del Gobierno, que, al menos desde el Partido Nacionalista Vasco, no nos vamos a resignar al cierre del astillero. Hay 1.200 trabajadores directos implicados y más de 4.000 si contamos los indirectos y empresas auxiliares, etcétera, un impacto muy considerable en un municipio como el de Sestao y en la margen izquierda del Nervión, tan afectada también en el pasado por múltiples reconversiones. Hay que recordar La Naval anteriormente, Babcock, Altos Hornos, etcétera. No queremos que esta margen de la ría vea, como en el pasado aún reciente, que sus jóvenes mayores están en paro y sus hijos sin oportunidades. No sólo esta Cámara, también el Parlamento vasco, preocupado por la cuestión, aprobó, con la abstención del PP y con el solo en voto en contra del Partido Socialista de Euskadi, una proposición presentada por los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno vasco, manifestando su disconformidad con la resolución aprobada por el Consejo de Ministros, rechazando cualquier hipótesis que pase por el cierre o la pérdida de puestos de trabajo en el astillero e instaba a Sepi a incluir a La Naval en un proyecto de futuro.


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Este es nuestro plan y esta es nuestra alternativa, que se incorpore también La Naval al grupo público. Se han producido iniciativas similares en diferentes municipios de Vizcaya. En Sestao, concretamente, fue aprobada una iniciativa de estas características por unanimidad, incluido el Partido Socialista de Euskadi. La preocupación del Grupo Vasco y del Partido Nacionalista Vasco es, por tanto, patente en relación con este tema. En coherencia, apoyaremos la moción presentada y reformulada por el BNG, puesto que entendemos que es posible reconsiderar la posición de Sepi y del Gobierno socialista, negociar con todos -sindicatos, trabajadores, comunidades autónomas y la Comisión Europea-, retirando previamente el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros del pasado 30 de julio y proponer una solución en la que tengamos cabida los astilleros civiles públicos, incluido el de La Naval. No nos vale con que se garanticen los derechos de los trabajadores, prejubilaciones, bajas incentivadas, etcétera, tal y como insiste el Gobierno. Aunque ello nos parece también imprescindible, desde nuestro grupo queremos que se garantice el futuro del empleo y de la actividad de La Naval. Esto es precisamente lo que exigimos al Gobierno socialista.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) tiene la palabra el señor Ramón.


El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, en el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana somos conscientes también de la importancia del sector naval, sin duda alguna un sector estratégico en la economía española, un sector productivo que emplea a más de 100.000 personas, ya que a las 12.500 que trabajan en los astilleros de Izar sumaríamos también las 60.000 que lo hacen en el sector auxiliar, sin olvidar tampoco el empleo generado en las empresas adyacentes. Estos números nos dan a entender que cualquier reconversión en el sector tendría una gran afectación en la economía de los territorios donde está instalada la empresa Izar, pero no podemos olvidar tampoco la repercusión que tiene en el resto del Estado la distribución de la actividad de la industria auxiliar de construcción naval; así, por ejemplo, en Cataluña realizamos el 2,9 por ciento de dicha actividad.


La moción que nos presenta hoy el Bloque Nacionalista Galego insta, en primer lugar, a retirar el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros del pasado 30 de julio en el que autorizaba a la Sepi a la creación de una sociedad mercantil cuyo objeto social principal consistía en la realización de las actividades relacionadas con los programas de construcción naval militar, segregando de esta manera la actividad militar de la civil y dando entrada a capital privado en algunos centros.
Esto, señoras y señores diputados, puede significar una reestructuración que no nos garantice ni el empleo ni la continuidad de los centros de la actual empresa Izar, como ya han anunciado las organizaciones sindicales; organizaciones sindicales que rechazan también esta propuesta debido a que parte de una premisa que ellos no comparten y que es la imposibilidad de seguir negociando los expedientes de Bruselas a Izar por ayudas ilegales que ascienden a 1.100 millones de euros. Esta inversión persigue también activar al máximo nivel la actividad comercial que permita alcanzar inmediatamente suficiente carga de trabajo para todos los centros productivos de Izar y elaborar un plan industrial para la viabilidad de la empresa con objetivos tan importantes como mantener los puestos de trabajo y la capacidad productiva actual. En el aspecto internacional, mejorar también la gestión comercial y empresarial. Estos dos motivos, señoras y señores diputados, son decisivos para que nuestro grupo, el Grupo de Esquerra Republicana, vote a favor de la moción del BNG. Nos sumamos así también a las reivindicaciones de los sindicatos, sociedad civil y de la mayoría de los grupos políticos de esta Cámara.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramón.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, estamos discutiendo aquí una moción consecuencia de una interpelación presentada por el Bloque Nacionalista Galego que hace referencia al plan industrial para el grupo Izar.
Obviamente, estamos ante una grave situación que afecta a un sector estratégico de la economía y de la industria española, concretamente el sector naval; que afecta a muchas zonas y localidades de diferentes comunidades autónomas del Estado español; que afecta también a muchísimas familias españolas que pueden ver amenazadas en estos momentos sus posibilidades de continuar trabajando y, por qué no decirlo, que puede afectar muy negativamente a muchos subsectores relacionados con el sector naval español, con las consecuencias negativas que puede traer consigo.
Resumiendo, estamos ante una grave situación, una situación gravísima que implica soluciones políticas al más alto nivel para resolverlas. Es cierto que en un momento determinado, cuando se planteó la problemática del grupo Izar, el Gobierno optó por una solución política que iba en la dirección de la segregación del grupo naviero englobado en el grupo Izar.
Dicha segregación dejaba en una situación delicada, desde la perspectiva económica y de la viabilidad, todas aquellas cuestiones industriales que hacían referencia a la construcción

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civil y, por otra parte, garantizaba la viabilidad económica de todas aquellas construcciones navales militares. Quizá esta solución, motivada por unas sanciones y unas devoluciones al grupo Izar, fue precipitada porque existían otras alternativas -como plantea la moción transaccionada presentada por el Bloque Nacionalista Galego-, otros mecanismos políticos que posibilitaban que no fuera necesaria esta segregación. Concretamente ellos plantean recurrir judicialmente los expedientes abiertos y activar al máximo nivel la actividad comercial, porque también es cierto, señorías, que hay algunos países de la Unión Europea que están construyendo buques civiles e implementando mecanismos fiscales innovadores que les posibilitan construir buques civiles a precios competitivos. Mi pregunta, que también le hizo mi grupo parlamentario al presidente de la Sepi en la Comisión de Economía, es por qué estos mecanismos de contabilidad creativa que están siendo utilizados en la Unión Europea no se pueden utilizar también en España.


La postura del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es neutral. En Cataluña, afortunadamente, tenemos muchos sectores en reconversión y tenemos deslocalizaciones, pero afortunadamente no tenemos problemas que afecten al sector naviero. Por tanto tiene una solución difícil. Sería cuestión de dar un voto favorable a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y, por otra parte, la posibilidad de dar un voto favorable a la moción del Bloque Nacionalista Galego, que también va a gozar del apoyo de un número importante de grupos parlamentarios de la Cámara. En esta ocasión nosotros nos inclinamos por dar respaldo a la moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego, pero me gustaría hacer una reflexión importante a todos los grupos de la Cámara. Repito, nosotros optamos por apoyar esta iniciativa, pensamos que hay mecanismos comunitarios que pueden posibilitar que no sea necesaria la segregación, pero mi reflexión que quiero compartir con todos los grupos parlamentarios de la Cámara va en el sentido de que yo no sé cómo verán esto muchos trabajadores españoles afectados por procesos de reconversión industrial que están en situación de paro y no encuentran trabajo. Quizá estos trabajadores no entiendan cómo hoy aquí va a prosperar esta moción -la vamos a apoyar una parte importante de grupos de la Cámara- por una reestructuración industrial a lo mejor mal planteada, quizá planteada súbitamente en busca de unas soluciones que no han estado debidamente contrastadas con el resto de grupos de la Cámara o no han estado debidamente contrastadas con las autoridades europeas.
Nosotros, ya digo, hemos decidido votar favorablemente esta moción, pero queríamos hacer esta reflexión: que una decisión de este tipo puede no ser entendida por muchísimos trabajadores españoles que también están afectos a procesos de reconversión y que no tienen el apoyo parlamentario del que hoy van a gozar los trabajadores de los astilleros españoles.


Muchas gracias, señor presidente; gracias, señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.


Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego, en primer lugar, porque estamos con la filosofía de la moción; en segundo lugar, porque estamos con los trabajadores; en tercer lugar, porque estamos por la defensa del sector de la construcción naval. (Protestas.-Aplausos.) ¡Hombre!, estar con los trabajadores es haber creado cinco millones de puestos de trabajo en ocho años. Eso es estar con los trabajadores y no destruir empleo, como reflejan los datos del mes de agosto. Eso es estar con los trabajadores.
(Aplausos.) Estamos con los trabajadores como están muchos de sus alcaldes, que viven en esas zonas, e incluso los presidentes de las comunidades autónomas, y estamos con la filosofía que defienden los alcaldes que ven con preocupación que esta política puede destruir todo lo que es su economía de escala, de la que dependen cientos de miles de puestos de trabajo en España. (Rumores.) Por eso el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la moción.


Miren ustedes, la política que el Partido Popular preconizaba en los años ochenta, cuando la reconversión naval, es la misma que estamos defendiendo hoy aquí; no les puede sorprender en nada. Y les voy a decir de dónde partimos, ya que se ha hablado de eso aquí esta tarde. Desde el año 1984 hasta el año 1996, desde el Real Decreto 1271/1984, de reconversión naval, del señor Solchaga, hasta el año 1996 pasamos a tener 45.000 millones de pesetas de pérdidas en Astilleros Españoles, 4.000 millones de pesetas de pérdidas en la Empresa Nacional Bazán, la pérdida del 66,2 por ciento de los puestos de trabajo y la reducción de más de un 70 por ciento de nuestras capacidades de producción en los astilleros; y me liberan de cualquier tipo de comentario los datos que acaba de dar el señor Rodríguez.


En la moción se dice que hay que luchar por el mantenimiento del empleo, pero decía el señor Rodríguez que la gestión del Gobierno del Partido Popular no había sido muy eficaz. Mire usted, señor Rodríguez, el Gobierno del Partido Popular ha mantenido el empleo -no se ha perdido ni un solo puesto de trabajo-; ha mantenido todas las instalaciones -no se ha cerrado ni un solo astillero-; ha pasado de unas pérdidas de casi 50.000 millones de pesetas a unas pérdidas que usted

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ha cifrado, con razón, en 30 millones de euros, poco más de 5.000 millones de pesetas. Y ahora hablan ustedes de que no había carga de trabajo en nuestras gradas. Naturalmente. Ustedes han rechazado la construcción de seis gaseros, acaban de rechazar una negociación con Trasatlántica para la construcción de dos portacontenedores, estamos perdiendo contratos con la marina de guerra de otros países siendo España pionera en la construcción de barcos de marina de guerra para terceros países, y nos estamos cerrando todas las puertas. (Aplausos.)

Hay una cosa muy clara, señorías. Nosotros podemos mantener nuestro discurso y ustedes, en el papel, no sostienen el suyo. Una de las cuestiones por las que más nos acosan es la de que hemos mantenido las ayudas públicas, que ahora no queremos que se segreguen y que ustedes quieren que se privaticen. Pues les voy a leer el "Diario de Sesiones" del 20 de noviembre de 2001 y lo que nos decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que no nombraré porque no está presente en la sala aunque es diputado. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Qué caballero eres!) Decía así: El Partido Socialista también considera que las ayudas que la Sepi ha puesto en marcha en los últimos años para mejorar la situación en que se encontraban los astilleros son correctas pero insuficientes. Y terminaba el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista diciendo: Nos parece muy importante el mantenimiento del grupo Izar como empresa pública; sería una pena que los 835.000 millones de fondos públicos que se han invertido en los últimos años terminaran en manos privadas, y no quiero ni pensar que en manos amigas. Este era su discurso en el año 2001; dígannos cómo tienen ahora otro completamente contrario.
(Aplausos.)

Todavía hay más, señorías. Otro diputado, otro portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, curiosamente de zona afectada por los astilleros -no como el de hoy-, nos decía lo siguiente, y aquí está el "Diario de Sesiones": Nosotros nos preguntamos por qué defienden ustedes con tanto ahínco las ayudas a las eléctricas y no se parten la cara ante Europa defendiendo las ayudas para el sector naval. Y terminaba diciendo: ¿Por qué son ustedes tan pulcros y tan rectos en defender la imposibilidad de esas ayudas? ¿Es que están prohibidas? ¿Es que está prohibido que hagan ustedes eso? Este era su discurso, señorías. No pueden pretender ahora que nosotros hagamos otros distinto. Esa es la realidad. (Aplausos.-Rumores.)

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular entiende dos cuestiones. Ustedes han encargado a un grupo de trabajo, que está integrado por personas nombradas por su Gobierno -donde no hay nadie nombrado por el Partido Popular-, un informe que se efectuó el día 24 de junio con el que nosotros estamos básicamente de acuerdo. Entre otras cosas se dice no a que dejen de ser duales los astilleros, porque todos sabemos lo que eso reporta desde el punto de vista de las ayudas en el seno de la Unión Europea, y se dice que hay carga de trabajo en el ámbito internacional, pero no sólo en Corea, Japón o China, sino también en Alemania, en Francia, en Italia, en Finlandia, en Holanda y en Dinamarca hay carga de trabajo. Lo que hay que hacer es pelear por ella y no rendirse desde el primer momento, hay que salir adelante con todo ello. (Rumores.) Nosotros decimos que la Empresa Nacional Bazán estaba completamente en quiebra y resulta que tras estos años -y por eso ustedes quieren ahora segregar- se encuentra con plena carga de trabajo, y con carga garantizada hasta 2010.
La solución que ustedes proponen es quedarse con lo que ha rentabilizado el Partido Popular y abandonar a su suerte lo que no les interesa, porque son incapaces de sacarlo adelante. (Aplausos.-Protestas.) El Partido Popular sólo ha planteado dos cuestiones: la primera, que se luche por la carga de trabajo y por el mantenimiento del empleo; y la segunda, que se recurra ante la Unión Europea. Ustedes dicen que para qué se va a recurrir. Pues nosotros decimos que se recurra porque en España no se hace nada distinto de lo que hace Francia con Chantiers de l'Atlantique, de lo que hace Italia con Fincantieri o de lo que hacen en Alemania y en otros países de Europa.


Termino, señor presidente, leyendo la sentencia de la Sala Quinta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del 29 de abril de 2004. ¿Y saben qué es? Una sentencia en la que después de haber recurrido Alemania, después de haberle dado la razón el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y después de haber recurrido en casación la Comisión Europea, la Sala Quinta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea termina diciendo que los alemanes tienen razón, que el comisario europeo se equivoca, desestima el recurso de casación de la Comisión Europea y condena en costas a la Comisión Europea. Señorías, hay quien lucha por sus intereses en el seno de la Unión Europea y hay quien hace dejación de sus obligaciones como Gobierno, como es su caso en este momento.
(Aplausos.-Protestas.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

Señor presidente, señorías, hay dos cuestiones bien claras. Antes decía el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que durante la última legislatura y en los últimos años Europa lo había sido todo. No. No se equivoque. Había un gobierno en España que había defendido y había puesto las bases de lo que ha sido una economía que ha crecido durante estos últimos años.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado, termine ya.


El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Termino diciéndoles, señorías, que acabó el tiempo de predicar, ha llegado el tiempo de dar trigo y esta es su hora.


Muchas gracias. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: En turno de aceptación o rechazo de enmiendas, el grupo proponente de la moción tiene la palabra.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, hay una moción transaccional que está en poder de la Mesa a partir de nuestra moción inicial pero consensuada con todos los grupos parlamentarios que van a apoyarla. Está transaccionada y tiene usted el texto.


El señor PRESIDENTE: Así será sometida a votación. Gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA GENERAL QUE PIENSA ADOPTAR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. (Número de expediente 173/000023.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre las medidas de política general que piensa adoptar el Ministerio de Medio Ambiente en materia de prevención y extinción de incendios forestales. Para la defensa de la moción consecuencia de interpelación tiene la palabra la señora Báñez.


La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender la moción que hemos presentado ante la Cámara sobre medidas que debería adoptar el Gobierno en la política de prevención y lucha contra los incendios forestales. Teniendo en cuenta los graves daños ecológicos, económicos y sociales provocados por los incendios de este verano, mediante esta moción instamos al Gobierno a que tome las siguientes medidas.


En primer lugar, que envíe al Congreso información detallada sobre los incendios forestales que hemos sufrido en España durante el año 2004.
Pedimos datos totales y por comunidades autónomas. La señora ministra, en el debate de interpelación de la semana pasada, nos adelantó una cifra que ya hoy ha variado porque ha habido algún incendio durante este tiempo, pero lo que queremos saber son los datos por comunidades autónomas porque en algunas de ellas los que se han dado en algún momento se han tenido que rectificar, y como queremos saber la verdad queremos que nos den los datos en esta Cámara. En segundo lugar, consideramos que es necesario mejorar y reforzar los mecanismos de prevención en la lucha contra los incendios, así como la coordinación del Estado con las comunidades autónomas. Por ello solicitamos al Gobierno que comparezca para anunciar las medidas de prevención que piensa impulsar, así como las necesarias medidas de divulgación que quiere tomar para la próxima campaña. Pedimos, además, que se convoque una reunión de la Comisión Nacional de Conservación de la Naturaleza que tenga carácter trimestral para que se diseñen nuevos planes de lucha contra los incendios forestales y se coordinen las acciones del Gobierno y de las comunidades autónomas. Nos parece muy importante que esta reunión tenga periodicidad ya que queremos mejorar la coordinación del Gobierno con las comunidades autónomas después del desastre de este verano y queremos que se incremente la eficacia de la lucha contra los incendios forestales.
Además, pedimos que se continúe impulsando el grupo de trabajo que con buen criterio la anterior ministra puso en funcionamiento para la lucha contra los incendios. Queremos que desde el ministerio se continúe impulsando y que se presenten cuanto antes en esta Cámara las conclusiones. Creemos que en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, que pronto se van a presentar a esta Cámara, se deben incrementar las partidas presupuestarias que el Estado transfiere a las comunidades autónomas y que se asignen estas cantidades teniendo en cuenta el esfuerzo inversor que hace cada una de ellas.


Como punto final de esta moción, pero no menos importante, ante la especial gravedad del incendio que arrasó este verano las provincias de Huelva y de Sevilla donde se quemaron más de 40.000 hectáreas, como SS.SS. conocen, solicitamos que se tomen medidas con carácter excepcional. Somos conscientes de que el Consejo de Ministros en la reunión del pasado viernes ha aprobado un decreto de medidas, pero nos parecen insuficientes, por lo que queremos que se tomen algunas medidas dando un tratamiento diferenciado al incendio que arrasó Huelva y Sevilla, porque estamos ante una catástrofe medioambiental sin precedentes, estamos ante la catástrofe medioambiental más importante que se ha producido en Andalucía en 20 años. Seguimos insistiendo en que se declare por parte del Gobierno como zona catastrófica a los municipios afectados, porque seguimos pensando que es la mejor manera de que lleguen todas las ayudas posibles desde todas las administraciones y que estas ayudas lleguen cuanto antes, que lleguen de forma urgente, porque los alcaldes de los municipios afectados siguen pidiendo que lleguen ya esas ayudas que no ven la luz. Pedimos también que se adopten de inmediato, en coordinación con la Junta de Andalucía, las medidas necesarias para reparar los daños causados por el incendio y la regeneración medioambiental de la zona. Pedimos en concreto un plan para la regeneración medioambiental de la zona afectada por el incendio y subvenciones para la recuperación económica de los sectores afectados.
Muchas familias se han quedado sin su medio de vida en Huelva y Sevilla y pedimos que se abra un horizonte de luz con unas subvenciones a la recuperación económica de esos sectores que se han visto gravemente afectados por los incendios forestales. Estas medidas no se

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contemplan en el real decreto aprobado por el Gobierno, por eso queremos pedirlo esta tarde aquí expresamente. En prueba de buena voluntad y para que exista un consenso esta tarde en la Cámara, queremos retirar las letras b), d) y e) del punto 3.2 de nuestra moción, porque parte de las medidas que en ellos estábamos pidiendo se han puesto en marcha con ese real decreto del Gobierno.


Señorías, permítanme que concluya mi intervención -no quiero cansarles dada la hora- refiriéndome a las enmiendas que han presentado los diferentes grupos parlamentarios. Les anuncio que aceptaremos la enmienda del Bloque Nacionalista Galego. Es una enmienda de adición y creemos que completa nuestra moción porque potencia el desarrollo rural sostenible.
También aceptaremos las enmiendas presentadas por Esquerra Republicana, con excepción de la número 5 porque estamos ante un tema que es competencia del Estado. No podemos aceptar la enmienda del Grupo Socialista porque carece, primero, de concreción, creemos que se trata de un brindis al sol, y por otro lado -y lo que más nos asombra- es que el Grupo Socialista, que además es del mismo partido que gobierna en Andalucía, no haga referencia expresa en su enmienda al incendio que arrasó las provincias de Huelva y de Sevilla, a esa catástrofe ecológica que hemos sufrido en Andalucía y que, como he dicho anteriormente, es la mayor que se ha producido en los últimos 20 años. Señorías, estamos ante una catástrofe medioambiental y las zonas calcinadas de nuestra tierra tardarán en regenerarse en el mejor de los casos más de 50 años. Ante eso, el Grupo Socialista, el Gobierno de Zapatero pasa de puntillas y no atiende no ya las peticiones del Grupo Parlamentario Popular, sino las de los municipios y las de los vecinos de los municipios afectados por el incendio. Una vez más se da la espalda a Andalucía, una vez más minimiza un incendio que se ha producido en Andalucía y que ha significado una catástrofe medioambiental sin precedentes. Por eso no entendemos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, no la podemos apoyar y lamentamos mucho que los parlamentarios andaluces de esta Cámara del Partido Socialista defiendan así a nuestra tierra.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Báñez.


Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción, tiene la palabra en primer lugar por el Grupo Mixto la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, presentamos sólo una enmienda a esta moción del Grupo Popular. Podíamos haber presentado muchas más que fueran en el sentido de las diferentes alternativas que nosotros entendemos que existen para afrontar el problema de los incendios de nuestros montes, pero, dado que las competencias en esta materia son de las comunidades autónomas, consideramos que no era necesario y presentamos sólo, como digo, esta enmienda, que va dirigida a llegar a un acuerdo entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para desarrollar el rural de manera sostenible, que ponga en valor los bosques, incentive la conservación y cuidado de las masas forestales y frene el progresivo abandono del medio rural.


Para nosotros esto es fundamental, ya que, si realmente se hace un informe en todo el Estado de las situaciones o de los motivos que provocan los incendios forestales, nos tendremos que dar cuenta de que efectivamente existen causas completamente distintas en unos territorios y otros.
Entendemos y apoyamos la reivindicación o la resolución que el Grupo Popular expresa en la moción con respecto a la catástrofe de Andalucía, concretamente los incendios de Huelva y Sevilla, por una razón, porque esta catástrofe la está viviendo Galicia año tras año. Allí se queman miles de hectáreas de bosque por no existir una política forestal efectiva, pero sobre todo por no existir una voluntad para hacer efectiva esa política forestal. Por eso entendemos lo que se plantea y por eso presentamos esta enmienda, creyendo además que es necesario que haya una coordinación entre las distintas administraciones autonómicas y central para afrontar con la mayor eficacia el problema de los incendios forestales.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.


Para la defensa de su enmienda tiene la palabra el señor Quirós.


El señor QUIRÓS PULGAR: Gracias, señor presidente.


Señorías del Grupo Popular, en política forestal no tuvieron el don de la eficiencia cuando gobernaron ni ahora, como oposición, tienen el don de la prudencia y de la sensatez. Y bienvenidos al debate de los incendios forestales, debate que nos negaron durante sus ocho años de gobierno, diciendo que era una competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
El otro día oímos decir a la señora Báñez que la ministra es la máxima responsable de los incendios en este país. Como están en la oposición, parece que también han cambiado su política territorial. Ustedes no tienen todavía ganada la legitimidad política para pedir responsabilidades a un Gobierno que lleva meses dirigiendo este país, que está trabajando a marchas forzadas intentando corregir y poner un cierto orden a su nefasta política forestal y limar las trabas y las zancadillas que pusieron a las comunidades autónomas para el desarrollo de sus competencias en sus ocho años de gobierno.


Sus políticas forestales se caracterizaron por el descenso de los fondos transferidos a las comunidades

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autónomas, que tuvieron su máxima expresión en el período 1997-1999.
También se caracterizaron por el desvío y el mal uso que hicieron ustedes de los fondos europeos, que venían a las comunidades autónomas para desarrollar sus programas operativos. En vez de invertir en los montes, ustedes invirtieron en zonas ajardinadas. Esa fue su política forestal durante mucho tiempo, pero gracias al nuevo Gobierno socialista se está reconduciendo. Asimismo se caracterizaron por el descenso de inversión real. El Gobierno del Partido Popular dejó de invertir 40 millones de euros en el capítulo de incendios forestales entre los años 2001-2003. Y, señora Báñez, usted dijo el otro día que hubo un incremento del presupuesto en 2004 de un 14,4 por ciento. No es así, señora Báñez. Por favor, dejen de engañar a la opinión pública, puesto que realmente fue del 0,9 por ciento.


A pesar de todos los inconvenientes de su política forestal, todos tenemos que tener un cierto grado de satisfacción porque a 5 de septiembre de este año, comparándolo con el mismo período del año anterior, ha habido un descenso de más de 26.000 hectáreas quemadas, un 24 por ciento menos de monte quemado, dado que hay datos que también hay que unir. Hemos pasado de 42 grandes incendios forestales a 15 en el mismo período de tiempo. Hay que hacer un reconocimiento en su conjunto a las comunidades autónomas por el esfuerzo en general y especialmente a las personas que conforman los cuerpos que se encargan y colaboran en la extinción de incendios, que se juegan la vida para que no perdamos nuestro rico patrimonio natural y las actividades socioeconómicas. A esta reducción también habrá contribuido el nuevo talante de colaboración, de predisposición y de implicación de los nuevos responsables ministeriales para mejorar la situación heredada del Gobierno anterior.


Señora Báñez, me sorprende la falta de seriedad y de incoherencia política de su moción. Se nota que ese día no escuchó a la ministra en su interpelación, usted venía con la escopeta cargada de improperios para hacer fuego del fuego, para sacar alguna rentabilidad. Por eso nos presentan una iniciativa que no aporta nada nuevo, nada que no esté haciendo el Gobierno socialista en este momento. Señores diputados del Grupo Popular, ustedes, como ya he dicho, hicieron oídos sordos a lo que dijo la señora ministra en su interpelación, porque no les interesaba escuchar que las medidas urgentes para reparar los daños causados por los grandes incendios forestales se iban a poner en marcha de forma inminente. Tan inminente era que ya ha sido aprobada en el Consejo de Ministros del 17 de septiembre mediante el Real Decreto-ley 6/2004.
Parece, señora Báñez, que usted no ha leído muy bien; ahí se recogen ayudas no sólo para su tierra, sino también -hay que ser un poco más solidaria- para el resto de grandes incendios que ha habido en Andalucía, de los que usted no se ha acordado.


Con su petición de declaración de zona catastrófica no buscaba más que se ralentizaran y llegaran más tarde las ayudas extraordinarias para los afectados de los grandes incendios de este verano. En definitiva, poner trabas y que ustedes tuvieran argumentaciones para seguir con su política carroñera y de seguir calentando las zonas quemadas. Pero, como hay un Gobierno que responde, señorías, en esta semana se pueden pedir ya las ayudas excepcionales por daños personales. Además, señorías del Grupo Popular, también se atiende a la demanda de los municipios afectados y se suman a las medidas puestas en marcha por la Junta de Andalucía. Ha sido muy benevolente en su intervención, pero hay ilustres personajes de su partido en Andalucía que lo han tachado de irrisoria y de un insulto para Andalucía. Lo que ha sido un insulto han sido los cinco años que nos negaron la financiación que nos correspondía, los 2.500 millones; lo que es un insulto es que muchos dirigentes de su partido consideren a Andalucía como un territorio comanche. Eso sí es verdad que es un insulto para Andalucía y no lo que ha hecho este Gobierno, que ha dado de forma urgente y rápida soluciones a los problemas que han surgido con los grandes incendios forestales. (Aplausos.)

Señorías del Grupo Popular, les invito, por falta de tiempo, a que lean el "Diario de Sesiones" del pasado 15 de septiembre, para que conozcan las propuestas que la ministra de Medio Ambiente presentó en su interpelación y que va a llevar a la conferencia sectorial que se dedicará de forma monográfica a los incendios forestales dentro de un mes, los días 22 y 23 de octubre. Ya que no quisieron escuchar a la ministra, tengan la decencia de conocer todo esto a través del "Diario de Sesiones", porque es otra de las peticiones que nos hacen en su moción.


Señora Báñez, ha querido promover un debate que no le corresponde a esta Cámara, pidiendo unas medidas que son competencia de la Junta de Andalucía. Voy terminando, señor presidente. Y como me imagino que tampoco ha tenido la delicadeza de enterarse, le diré que se está realizando todo lo que piden, porque en Andalucía también hay un Gobierno que responde. Y eso lo saben los andaluces, como también saben quién se dedica a engañar y a confundir a la ciudadanía. Eso lo demostraron el 14 de marzo en las elecciones que hubo en Andalucía y con los resultados que tuvieron mi partido y el suyo a nivel andaluz y en el ámbito nacional.


Por último, quiero decirles que hemos presentado una enmienda de sustitución, porque lo que piden ustedes lo están realizando tanto el Gobierno central como el de la Junta de Andalucía. Como los socialistas sí tenemos que aportar propuestas para la lucha contra los incendios forestales, que sean competencia del Gobierno central, hemos presentado esta enmienda para que se articule con las comunidades autónomas un gran pacto nacional contra el fuego y un marco de desarrollo

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para la prevención social; en definitiva, una propuesta para el consenso y el diálogo, que espero que ustedes acepten y también se suban al carro de la lucha contra los incendios forestales.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Quirós.


Por el Grupo de Esquerra Republicana la señora Bonás tiene la palabra.


La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.


Señores diputados, señoras diputadas, en cuanto a la moción que nos ocupa cabe decir que desafortunadamente no estamos ante una situación extraordinaria. Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Medio Ambiente, la reciente temporada del presente 2004 no ha sido más preocupante que la media anual de los últimos diez años ni en número de incendios, ni en superficie leñosa, ni forestal. Esto quiere decir que ya ha habido años suficientemente críticos mientras gobernaba el Partido Popular para haber actuado con más contundencia en la lucha contra incendios. Aún así, no pretendemos restar ni un ápice de importancia y gravedad a esta cuestión. Creemos que deben tomarse medidas para que no se repitan los grandes incendios y con este fin hemos presentado una serie de enmiendas.


Estamos de acuerdo con el punto 1 de la moción, en que debe enviarse información al Congreso, pero no creemos que el tema informativo sea de vital importancia. Respecto al punto 2, parece indicar que el diseño de los mecanismos y planes de prevención deben emanar necesariamente del Estado por medio de la Comisión nacional de conservación de la naturaleza. Si creemos en el Estado de las autonomías, debemos respetar que las comunidades sean precisamente autónomas en el diseño de sus planes de prevención de incendios. Al margen de la interesante y necesaria coordinación entre comunidades autónomas, los planes deben ser fruto de cada Gobierno autónomo. En el caso concreto de Cataluña, según la legislación vigente, corresponde al Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat la planificación, coordinación y ejecución de medidas y acciones que se realicen para la prevención de incendios forestales en colaboración con otros departamentos de la Administración, entes locales y agrupaciones de defensa forestal y particulares. La legislación es muy clara en cuanto a quién corresponde planificar las medidas contra incendios. Sin embargo, ya que la coordinación es necesaria, hemos propuesto una enmienda de sustitución, en el sentido de favorecer la coordinación entre las distintas comunidades y el Gobierno central.


Sobre el punto 2.d) queremos reseñar que la lucha contra incendios forestales no puede basarse solamente en medidas de extinción y control de incendios. La verdadera lucha contra los incendios es la prevención.
Es bien sabido que los grandes incendios forestales no se pueden combatir con medios de extinción. Si la situación climática es de mucho calor, poca humedad y viento, el esfuerzo inversor en aviones, balsas, camiones y caminos habrá sido en vano. En estos casos extremos la combinación de una gestión forestal sostenible, una minimización de los riesgos en la generación de los incendios y una buena campaña comunicativa puede ser mucho más efectiva. Si no se aclaran los conceptos que incluye el término esfuerzo inversor, se pueden estar premiando iniciativas más costosas y menos efectivas. Esta moción, surgida a raíz de un caso concreto, debería servir para plantear una lucha decidida contra los incendios que periódicamente afectan a una buena parte de la península Ibérica.


De las pasadas experiencias en la lucha contra incendios se ha visto la necesidad de consolidar un nuevo perfil profesional de intervención en la lucha preventiva. Este perfil profesional debe ser el resultado de combinar conocimiento de gestión forestal, extinción y protección civil, profesionales que intervengan en las agrupaciones de defensa forestal, contribuyendo a su dinamización y mejora. Está claro que la gestión forestal sostenible supone claros beneficios en la prevención de incendios forestales. Hay que recordar que el abandono de la explotación forestal y el descuido de los bosques con el incremento del sotobosque están provocando un gran incremento del poder combustible de las masas forestales, cada vez más alto. Para paliar este problema no cabe más que promover líneas de incentivos para la gestión forestal. En esta línea proponemos que el Estado invierta urgentemente en determinados estudios que deben desarrollarse en cada comunidad autónoma y bajo supervisión de las mismas.


La limpieza y explotación de bosques con finalidad energética puede ser una vía, y para esto y en línea con el Protocolo de Kioto, para promover las energías renovables, creemos necesario estudiar cómo mejorar la retribución económica de la biomasa. Otra alternativa es concebir los sumideros de carbono en el marco de las explotaciones forestales sostenibles. Para ello es necesario destinar recursos a las comunidades autónomas, para que, en la diversidad de los distintos ámbitos territoriales, planifiquen qué tipo de explotaciones forestales pueden ser más adecuadas como sumideros de carbono. En la misma línea de implicar a las comunidades y por consiguiente a los ciudadanos en la preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, creemos importantes programas como la lucha contra la desertización, los planes de restauración hidrológico- forestal, las intervenciones en el marco de la red europea de seguimiento de salud de los bosques y la genética forestal, que sean competencia exclusiva de las comunidades autónomas y que se las provea de los correspondientes fondos económicos para llevarlas a cabo.


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Para terminar, al margen de esta moción que de hecho fue concebida como una moción de desgaste político, pensamos que deben proponerse estas líneas, que supondrán un futuro para la prevención de los bosques.
Nuestra condición para aprobar esta moción era que fueran aceptadas todas nuestras enmiendas, ya que creemos que si no se propone desde el Gobierno central y las comunidades un plan decidido para la lucha contra los incendios forestales, estos seguirán, año tras año, asaltando nuestra península. Por tanto, votaremos en contra de esta moción, ya que no se han aceptado en su integridad todas nuestras enmiendas.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.


En turno de fijación de posiciones, el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente, por su venia.


Mi grupo, a la vista de la exposición que ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sobre todo anunciando la retirada de una serie de puntos, porque ya se contemplan en el real decreto-ley aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros, no tiene inconveniente en votar favorablemente el resto de la moción, entendiendo que es una moción moderada y que no menoscaba las competencias de las comunidades autónomas en la prevención y lucha contra los incendios forestales. A todo lo que sea un grado de sensibilización mi grupo se suma, esperando que tanto la conferencia sectorial, anunciada para un próximo futuro, trate en su agenda de trabajo el orden del día. Mi grupo está en esa línea de colaboración, tanto en la conferencia sectorial como en la Comisión nacional de conservación de la naturaleza, donde creemos que existe otro de los escenarios de cooperación colectiva con las comunidades autónomas, con las competencias de las mismas, las de coordinación que tenga la Administración central del Estado y los apoyos en bosques y zonas de incendios forestales que están solapadas en territorios de dos o tres comunidades autónomas. No es el caso de la canaria, porque vivimos en un archipiélago y cada incendio forestal no es ni siquiera de un ámbito territorial provincial o regional, sino que es puramente insular.


Por todas estas cuestiones nosotros no tenemos inconveniente en esta línea de sensibilidad, congratulándonos además de las directrices y las operaciones concretas del real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros. Recibir y recabar del Gobierno una información estadística, una vez que lo hayan comunicado las comunidades autónomas, saber cómo se ha desarrollado toda esta cuestión de incendios forestales en estos meses veraniegos pasados o lo que nos quede hasta la llegada de las lluvias generales que aminoran el fenómeno lamentable. Incluso, mi grupo sigue insistiendo en una acción que no se debe olvidar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, concretamente con la Guardia Civil, para que, a través del Seprona o de lo que sea, sea un instrumento de persecución implacable de algo donde no hay responsabilidad de las comunidades autónomas ni de la Administración General del Estado, que son todos los pirómanos que pegan fuego a los montes en nuestro país. Que se haga una acción policial y de seguimiento muy importante.


Nosotros, por todas estas razones, vamos a votar favorablemente el resto de la moción. Si el grupo proponente acepta alguna de las enmiendas de los grupos que las han presentado, no tendríamos tampoco ningún inconveniente, ya que tenemos una línea positiva y constructiva para la lucha permanente contra esta plaga de los incendios forestales.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Iniciativa per Catalunya Verds. Señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Mi grupo va a expresar una opinión contraria a la moción, ya que encontramos que en ella hay clamorosas ausencias. De hecho, y usted lo sabe, señora portavoz del Grupo Popular, la dicha de que los incendios se apagan en invierno no es artificial. Los incendios se apagan en invierno trabajando en la prevención en los bosques, limpiándolos. En cambio, en su moción no hay referencia alguna a lo que hacía el Gobierno anterior, si es que competencias tenía el invierno pasado. No es lógico que exijamos competencias y eficacia al Gobierno actual y que en cambio esta misma eficacia no la exigiésemos el invierno pasado, cuando precisamente se tenían que limpiar los bosques.


Hay más ausencias. Hay ausencias clamorosas, como el hecho de que en Huelva, sin ir más lejos, el 33 por ciento de los incendios en los últimos años hayan sido intencionados. No hay ni una sola referencia a cuando estos incendios obedecen a intereses ganaderos, agrícolas, urbanísticos; tampoco a la necesidad de las normativas urbanísticas para que no permitan la recalificación o la limitación de los aprovechamientos. Estas normativas son necesarias y en Andalucía existen.
Pese a ello, en muchos casos, después de los incendios, hemos sufrido recalificaciones o no se ha limitado la superficie quemada en la limitación de los aprovechamientos.


Fijándonos en la propia moción, encontramos que hay determinadas propuestas, como la del punto 2b), en la que se pide que se convoque una reunión de la Comisión nacional de conservación de la naturaleza.
Nosotros estamos de acuerdo, pero creemos que la fecha de la convocatoria, si no me equivoco, es mañana. En el punto 3, lo que plantean son competencias autonómicas. La verdad es que estamos de acuerdo con el espíritu, pero lo cierto es que entre las competencias autonómicas más lo que se va a poner en marcha no

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vemos motivo alguno para aprobarla. También les tengo que decir que existe un motivo para apoyarla: que incorporasen la séptima enmienda de Esquerra Republicana, que desde nuestro punto de vista es realmente trascendente.
Habla de que los programas contra la desertificación, los planes de restauración hidrológico-forestal, las intervenciones en el marco de la red europea de seguimiento de la salud de los bosques, etcétera, deberían ser competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Este sería el motivo de que la apoyáramos, pero tampoco lo aceptan. Lo que están planteando es una declaración de buenas intenciones, alterando el marco competencial en algunos casos. Y nos gustaría que esta concreción fuese la de las transferencias efectivas a comunidades autónomas y que se pudiesen prevenir los incendios con mucha antelación: en invierno.


Por todos estos motivos, teniendo dudas de partida, pero viendo su actitud en cuanto a las enmiendas decisorias, nuestro voto va a ser en contra.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.


Grupo Parlamentario Vasco, señor Txueka.


El señor TXUEKA ISASTI: Señor presidente, señorías, cuando supimos la cifra de más de 45.000 hectáreas quemadas en verano sólo en Andalucía, dos preocupaciones básicas nos asaltaron: la primera, naturalmente, preocupación humana, ecológica y sobre todo preocupación sobre el futuro de la actividad rural en dichas zonas. La segunda, preocupación por las informaciones y las acusaciones realizadas, que se centraban básicamente en dos cuestiones. Una, que espero que se aclare, es sobre las acusaciones de desvíos de fondos de la Unión Europea con destinos forestales. Se habla de más de 900 millones en los ocho últimos años de Gobierno del Partido Popular y que teóricamente se han desviado a otros menesteres, pero no a los forestales, que era su destino. La otra preocupación es que, en la zona de incendios en Huelva y Sevilla, el 50 por ciento de la vigilancia forestal en las torretas de vigilancia no estaba operativo. Por lo tanto, no había vigilancia.


Coincido con lo expresado por el portavoz de Izquierda Unida, los fuegos se apagan en invierno, pero también hay otra realidad, una cosa es la aparición de un incendio y otra es su capacidad de propagación. Tenemos que ser conscientes de una realidad que se está produciendo y es que el abandono del campo y de las prácticas agroganaderas está fomentando tremendamente la vulnerabilidad de nuestros bosques. Por ello me pregunto: ¿Cuáles han sido las causas y por qué? Y no me estoy refiriendo a los pirómanos, sino a la rapidez de la propagación. ¿Dónde están los análisis y las autocríticas a este desastre?, porque no he escuchado ninguna.


Haré otro comentario tanto para el grupo proponente, el Grupo Popular, como para el enmendante, el grupo que sostiene al Gobierno, el Grupo Socialista. Esta moción del Grupo Popular sobre los incendios forestales, con una loable intención de precisar y de concretar, es idéntica a las mociones que la oposición -en la que se incluían el Grupo Socialista y el resto de los grupos- ha venido proponiendo inútilmente durante los últimos años al Gobierno del Partido Popular, mociones a las que el Grupo Popular respondía con una enmienda de sustitución, mimética por cierto a la que nos ha presentado en estos momentos el Grupo Socialista desde su actual posición de Gobierno. Por lo que se ve, en este teatro -la política- y en este escenario -el Congreso de los Diputados- no se cambian ni el guión, ni los textos. Sólo hay un intercambio de papeles y de actores, según quien gobierna.


Ahora voy a entrar un poco más en materia. Que yo sepa, las competencias en incendios están transferidas a las comunidades autónomas, y en el caso concreto de Euskadi, con competencia exclusiva plena. Anualmente, el Estado efectúa subsidiariamente un reparto básico de medios de lucha contra los incendios a las comunidades autónomas más castigadas. Existen también mecanismos de cohesión y solidaridad y hay un grupo de trabajo que se reúne para estudiar la lucha contra los incendios. Por tanto, vuelvo a la reflexión anterior y me pregunto: ¿No han funcionado los sistemas? ¿Qué es lo que ha fallado? Nos gustaría que la moción lo hubiera especificado. Pregunto también: ¿Dónde radican los déficit de las comunidades autónomas responsables? ¿Cuáles son los déficit de la subsidiariedad del Estado? Ante ello, el Grupo Socialista nos ha presentado una enmienda de sustitución a la que se ha dado el pomposo título textual de gran pacto nacional contra el fuego. Dice que se va a trabajar en un gran pacto nacional. ¿Contenidos? No se sabe. Esperemos a que se desarrolle.


Finalizo. Nos preocupa este tipo de grandes pactos nacionales, y nos preocupa por dos motivos: primero, porque ha sido norma habitual del anterior Gobierno -y espero que no lo sea de este- apelar al interés estatal y abusar del artículo 42 de la Constitución para vaciar las competencias a través de legislación básica, alegando interés económico.
Y segundo, porque cuando se plantea este tipo de planes a nivel nacional, se solicita a las comunidades autónomas con competencias plenas que aporten -en nuestro caso vía cupo- a los planes declarados nacionales, pero después no participan en los beneficios de la parte correspondiente a dichos planes, porque, cuando lo solicitan, se las responde que, como tienen competencias plenas, no corresponde.


Resumiendo -y acabo-, solidaridad, coordinación de esfuerzos y subsidiariedad, sí; grupos de trabajo y expertos, sí, pero con asunción de las responsabilidades correspondientes al ejercicio de las competencias y autocrítica. Por tanto, visto lo visto y escuchado a los proponentes y al grupo enmendante del Gobierno, nosotros nos vamos a abstener.


Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Txueka.


Por último, en turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guinart.


El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar la posición de nuestro grupo ante la moción del Grupo Popular sobre los incendios forestales. Estamos a las puertas del otoño y como cada año por esa época, cuando nuestros bosques y montes cambian de color, contando pequeñas excepciones en las que el color predominante es ya irremediablemente el negro de la calcinación, en un Parlamento u otro, autonómico o estatal, se debate sobre incendios forestales, ya sea en forma de interpelaciones, de mociones, de preguntas en Pleno o en Comisión, de proposiciones no de ley, de comparecencias, etcétera. Algunas de estas iniciativas parlamentarias sin duda prospera, incluso por unanimidad como la del Senado la semana pasada. Así, hasta el otoño siguiente.


El Grupo Popular nos presenta una moción consecuencia de interpelación de la semana anterior con la que no podemos estar en desacuerdo en términos generales. Cómo podríamos estar en desacuerdo con una iniciativa que pone su acento en la necesaria información al Parlamento sobre los incendios sufridos este año, dato obtenible con una simple pregunta parlamentaria; en la demanda de los planes del Gobierno en materia preventiva y de concienciación social, en la que se solicitan más recursos presupuestarios para el futuro y se manifesta explícitamente el reconocimiento de las competencias que en este ámbito tienen atribuidas las comunidades autónomas, hecho que nos complace pues no ha sido siempre así. La moción incluye también una serie de medidas de tipo medioambiental, económico, financiero, fiscal y social para paliar los estragos producidos por el fuego en Huelva y Sevilla, aunque nos consta que muchas de ellas ya las está desarrollando el Gobierno. Nos sorprende que el Grupo Popular no las haga extensivas a otras zonas geográficas asimismo castigadas este verano por el fuego, como son la Comunidad Valenciana y Galicia.


Desde el punto de vista de nuestro grupo parlamentario, los incendios forestales deben abordarse de una vez por todas de una forma mucho más integral y profunda, estructural y a medio plazo, no año tras año; mucho más seria, eficaz y definitivamente. Ese mal endémico de los incendios forestales que padecemos, que afecta especialmente a aquellas comarcas o territorios con características más mediterráneas, precisa de una terapéutica global para que no se palien sus síntomas solamente, sus efectos, el fuego, sino que se contemple una actuación sobre sus causas, su etiología. No estamos hablando únicamente de prevención, la del invierno anterior, esa de que se apagan los fuegos en inviernos; ni estamos hablando de la sensibilización -que también-; estamos hablando, sobre todo, de una gestión actualizada acorde con la evolución de la economía y de la sociedad e inteligente del medio donde ese mal se ubica; estamos hablando de una gestión adecuada y sostenible del monte, del sistema rural, sostenible ecológicamente, pero también viable económica y socialmente.


Nadie discute que muchos fuegos son provocados y que hay que concienciar a los usuarios del monte del peligro de ciertas actividades y de sus descuidos; que hay que perseguir y castigar con rigor a los pirómanos; que hay que hacer campañas publicitarias para evitar incendios de origen fortuito o por un error involuntario. Coincidimos en que las presiones urbanísticas o de cambios de usos agrícolas pueden hallarse en la explicación de ciertos incendios, así como también puede influir el cambio climático, el calentamiento del planeta, la sequía y la desertización. Coincidimos asimismo en que es necesario actuar más efectivamente limpiando el bajo monte, con cortafuegos, pistas forestales y puntos de agua, contando con eficaces, bien distribuidos y coordinados medios de extinción, tanto humanos como materiales. Hasta ahí todos de acuerdo, pero al hablar de incendios forestales hay que hacer planteamientos mucho más globales. El problema de fondo es la gestión de ese medio, del monte, del bosque; en el núcleo de esta problemática está la rentabilidad del conjunto de nuestros montes, una rentabilidad acechada por la competencia tradicional de las grandes masas forestales del centro y norte europeo a la oferta y competencia emergente de otros países como Brasil o Indonesia.


Nuestro grupo votaría con entusiasmo a favor de la moción si el grupo proponente aceptara la enmienda del Grupo Socialista, que hace este planteamiento más a medio y largo plazo, entendida como enmienda de adición. De no ser así, votará igualmente a favor de las otras enmiendas aceptadas del grupo gallego, aunque con menor entusiasmo. Toma buena nota del contenido de la enmienda socialista y confía en que el Gobierno, para un futuro, promueva y propicie dicho pacto nacional contra el fuego, respetando lógicamente las competencias de las comunidades autónomas, que más allá de representar para los partidos un compromiso de no agresión arguyendo esa desgracia de incendios forestales, debe contener las necesarias medidas legales para instrumentalizar, entre otras, la anunciada nueva o reformada Ley de Montes.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.


Señora Báñez, respecto a las enmiendas presentadas, ¿me podría decir cuál es la posición de su grupo, por favor?

La señora BÁÑEZ GARCÍA: Señor presidente, aceptamos la enmienda de adición del Bloque Nacionalista Galego, como he dicho en mi intervención.


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El señor PRESIDENTE: Tengo aquí la indicación de que la de Esquerra también, menos una, la número 5. ¿Es así?

La señora BÁÑEZ GARCÍA: Sí.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Vamos a proceder a la votación de las mociones consecuencia de interpelaciones.


En primer lugar, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno y el Ministerio de Administraciones Públicas para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Constitucional sobre formación continua y para descentralizar los recursos y la gestión de esta competencia hacia la Administración autonómica.


Se ha presentado, como ustedes saben, una serie de enmiendas transaccionales. Antes de proceder a la votación pregunto si se opone algún grupo a la votación de estas enmiendas transaccionales. (Pausa.) Se opone el Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, no puede producirse la votación. (La señora López i Chamosa pide la palabra.)

La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Pedimos la votación separada del punto 3 de la moción de Convergència i Unió.


El señor PRESIDENTE: Gracias. Sí, eso en cualquier caso.


Para que el grupo proponente lo tenga claro, decaída la enmienda transaccional, vamos a votar la moción en su texto original. Si entiendo bien, se solicita votación separada del punto 3. Someto a votación la moción en su estadio original para todos los puntos, excepto el número 3, que votaremos después con votación aparte.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 184; en contra, 135.


El señor PRESIDENTE: Se considera aprobada la moción en todo, salvo el punto 3 que votamos a continuación.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 31; en contra, 286; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: El punto 3 ha quedado rechazado.


A continuación, moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, para informar del plan industrial para el grupo Izar, su repercusión económica, social y territorial.


Existe una enmienda transaccional también. Tengo que preguntarle al Pleno si algún grupo parlamentario se opone. (Pausa.) Si no es así, votamos la moción con la incorporación de la enmienda transaccional que ha sido distribuida ya a todos los grupos de la Cámara.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 167; en contra, 151; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción relativa al grupo Izar.
(Aplausos.)

Pasamos a la última votación, relativa a las medidas de política general que piensa adoptar el Ministerio de Medio Ambiente en materia de prevención y extinción de incendios forestales con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas por el Partido Popular. Se trata de enmiendas en plazo, en consecuencia, no procede preguntar si algún grupo parlamentario se opone.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 146; en contra, 162; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Se entiende, pues, rechazada la moción del Grupo Popular.


Buenas noches, señorías.


Se levanta la sesión.


Eran las once y quince minutos de la noche.

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