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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 29, de 15/09/2004
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 29
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARME CHACÓN PIQUERAS
Sesión plenaria núm. 25
celebrada el miércoles, 15 de septiembre de 2004


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas ... (Página 1224)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas de política general que piensa adoptar el Ministerio de Medio Ambiente en materia de prevención y extinción de incendios forestales. (Número de expediente 172/000031.) ... (Página 1248)

- Del Grupo Parlamentario Mixto, para informar del Plan Industrial para el Grupo IZAR, su repercusión económica, social y territorial. (Número de expediente 172/000032.) ... (Página 1254)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno y el Ministerio de Administraciones Públicas para dar cumplimiento a las Sentencias del Tribunal Constitucional sobre Formación Continua y para descentralizar los recursos y la gestión de esta competencia hacia la Administración autonómica. (Número de expediente 172/000033.) ... (Página 1261)

Página 1220


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas ... (Página 1224)

Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué alternativas propone el Gobierno en una solución negociada para los astilleros de IZAR? (Número de expediente 180/000213.) ... (Página 1224)

Del Diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cuándo van a poder beneficiarse los autónomos de la posibilidad de tener seguro de paro? (Número de expediente 180/000216.) ... (Página 1225)

Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cómo valora el Presidente del Gobierno el anuncio del "inexorable empobrecimiento" de España realizado por su Partido? (Número de expediente 180/000227.) ...
(Página 1226)

Del Diputado don Ángel Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno, Ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno: ¿Puede la Vicepresidenta explicar a qué se refería exactamente al afirmar que el Gobierno tiene un modelo territorial claro? (Número de expediente 180/000228.) ... (Página 1227)

De la Diputada doña M.ª Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación: ¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno respecto de las prioridades anunciadas por la Presidencia holandesa de la Unión Europea? (Número de expediente 180/000220.) ... (Página 1228)

De la Diputada doña M.ª Fátima Aburto Baselga, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación: ¿Qué análisis hace el Gobierno de la terrible tragedia de Beslán (Osetia del Norte)? (Número de expediente 180/000221.) ... (Página 1229)

De la Diputada doña Ana Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Va el Gobierno a recuperar los privilegios para los estudios universitarios de los miembros de ETA que están en prisión? (Número de expediente 180/000234.) ... (Página 1229)

De la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la Sra. Ministra de Fomento: ¿Qué planes tiene el Ministerio de Fomento para comunicar el futuro puerto seco de Salvaterra con el puerto de Vigo? (Número de expediente 180/000215.) ... (Página 1232)

Del Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Fomento: ¿En qué grado de cumplimiento se encuentra el plan de choque de conservación y seguridad vial que debe llevar a cabo toda una serie de realizaciones urgentes en materia de carreteras? (Número de expediente 180/000223.) ... (Página 1233)

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Del Diputado don Jesús Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Defensa: ¿Desde cuándo los miembros de las Fuerzas Armadas (FAS), en las tomas de posesión de sus nombramientos, utilizan la fórmula de acatamiento expreso a la Constitución? (Número de expediente 180/000222.) ... (Página 1234)

De la Diputada doña Lourdes Muñoz Santamaría, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Cuáles son los plazos que está manejando el Gobierno para la implantación de la Televisión Digital? (Número de expediente 180/000219.) ... (Página 1234)

De la Diputada doña M.ª Antonia de Armengol Criado, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué acciones ha realizado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en cada una de las instancias europeas, nacionales y regionales en relación a los cítricos provenientes del cono sur? (Número de expediente 180/000224.) ...
(Página 1235)

Del Diputado don Alejandro Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Cuál es el estado de situación que el alza de los precios en los carburantes provoca en campo español a juicio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación? (Número de expediente 180/000225.) ... (Página 1236)

Del Diputado don Francesc Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que formula al Sr. Ministro de Administraciones Públicas: ¿Tiene previsto el Gobierno español retirar el recurso de inconstitucionalidad de la vigente ley catalana del deporte aprobada por el Parlament de Catalunya? (Número de expediente 180/000214.) ... (Página 1237)

Del Diputado don Alberto Fidalgo Francisco, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para que puedan empezar a desarrollarse proyectos de investigación en España con preembriones sobrantes de las técnicas de reproducción asistida crioconservados? (Número de expediente 180/000226.) ... (Página 1238)

De la Diputada doña Ángeles Muñoz Uriol, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Cómo valora las consecuencias de las medidas en materia de inmigración anunciadas por el Gobierno? (Número de expediente 180/000229.) ... (Página 1239)

Del Diputado don Miguel Ángel Barrachina Ros, en sustitución del Diputado don Eugenio Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Qué valoración hace de los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de agosto? (Número de expediente 180/000231.) ... (Página 1240)

Del Diputado don Pedro Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Por qué no apuesta su Gobierno por la viabilidad y el futuro de la actividad y del empleo de la Naval de Sestao? (Número de expediente 180/000211.) ... (Página 1242)

Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Considera el Vicepresidente eficaces para el crecimiento y la creación de empleo las últimas decisiones del Gobierno en materia económica? (Número de expediente 180/000230.) ... (Página 1243)

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Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Qué valoración hace el Gobierno del informe del Grupo de Trabajo creado para la elaboración de la decisión C40/2000 de la Comisión Europea relativa a los astilleros de IZAR? (Número de expediente 180/000232.) ... (Página 1244)

Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Qué méritos profesionales han sido determinantes para que José Viera, ex Delegado del Gobierno en Andalucía, haya obtenido el voto favorable de los Consejeros de la Sociedad Estatal AGESA para ser nombrado Presidente de la Sociedad Estatal Cartuja 93? (Número de expediente 180/000233) ... (Página 1245)

Del Diputado don Francisco Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cree el Gobierno que los últimos datos económicos muestran un cambio de tendencia en la evolución de la economía española? (Número de expediente 180/000217.) ... (Página 1246)

Del Diputado don Ricard Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Por qué ha decidido el Gobierno la segregación de los astilleros militares de IZAR? (Número de expediente 180/000218.) ... (Página 1247)

Interpelaciones urgentes ... (Página 1248)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas de política general que piensa adoptar el Ministerio de Medio Ambiente en materia de prevención y extinción de incendios forestales ... (Página 1248)

La señora Báñez García presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la interpelación urgente que su grupo hace por la situación especialmente dramática sufrida en distintas zonas de nuestra geografía por los incendios forestales. Recuerda los sucesos acaecidos este verano y muestra su solidaridad con las víctimas y con sus familiares. Acusa a la señora ministra de Medio Ambiente de minimizar la tragedia, de negarse a comparecer ante la Cámara y de no tomar medidas para reparar los efectos del incendio ni para ayudar a las familias o vecinos afectados. Hace una serie de preguntas sobre el grado de cumplimiento del Plan de prevención de incendios forestales en Andalucía y de coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno.
Finalmente pide que las administraciones asuman responsabilidades por lo ocurrido, que se declare a los municipios afectados por el incendio de Huelva y de Sevilla como zona catastrófica y que se haga un paquete de medidas urgentes para dar un futuro de esperanza a esas familias.


Contesta la señora ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz), en nombre del Gobierno. Se extraña de que se estén pidiendo explicaciones sobre los incendios forestales a los cuatro meses y pico de llegar al poder el Gobierno actual, cuando el Partido Popular estuvo gobernando durante ocho años durante los cuales hicieron dejación de responsabilidades en materia de lucha contra incendios contestando sistemáticamente que un ministro de Medio Ambiente lo único que tenía que hacer era utilizar los medios aéreos que tiene a su disposición en apoyo a las comunidades autónomas y trasladarles subvenciones que, en gran medida, son simplemente fondos europeos que se transfieren a las comunidades autónomas para labores de prevención y de tratamiento de los montes. Reconoce, sin embargo, que eso es algo que hay que hacer sin duda alguna, pero es labor de todas las administraciones, y también de la Administración general del Estado, intentar evitar que se produzcan los incendios, y eso va más allá de las tareas de prevención, de extinción, de reparto de competencias y de la labor del Ministerio de Medio Ambiente en la lucha contra incendios. A continuación contesta a las preguntas sobre los medios empleados este verano y hace una comparación

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entre las hectáreas que ardieron el verano pasado y éste. Explica las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno que van más allá de las competencias exclusivas del Ministerio de Medio Ambiente y que incumben a otros departamentos.


Replica la señora Báñez García y duplica la señora ministra de Medio Ambiente.


Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez), para informar del Plan industrial para el Grupo IZAR, su repercusión económica, social y territorial ... (Página 1254)

El señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, presenta la interpelación urgente en la que se pide información sobre el Plan industrial para el Grupo IZAR, así como sobre su repercusión económica, social y territorial. Afirma que el nacionalismo organizado en Galicia lleva muchos años asistiendo a un proceso de destrucción de sectores productivos de carácter estratégico, en particular el sector naval, por lo que considera que tienen experiencia y capacidad de análisis suficiente para llegar al trasfondo de esta cuestión y encontrar posibles soluciones que terminen con una crisis que parece interminable. Acusa al Gobierno de no actuar ante Bruselas y de haber tomado una decisión política predeterminada que tiene su base en actitudes, decisiones e intereses políticos de ámbito europeo.


Contesta el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira), en nombre del Gobierno. En primer lugar hace una presentación general de las dificultades con las que se encuentra el Gobierno y pasa a dar respuesta a las preocupaciones expuestas por el señor Rodríguez, que él comparte. Explica que el documento de actuación para IZAR presentado por la SEPI pretende conseguir unos determinados objetivos en función de salvar el máximo empleo y la máxima actividad, pero también cumplir con las obligaciones comunitarias, pero añade que no hay que olvidar que las decisiones que se tomen sobre IZAR en estos momentos no son consecuencia de la decisión de la Comisión Europea del 12 de mayo pasado, sino que son consecuencia de no haber hecho frente a los problemas desde casi el año 1997. Explica que con la Comisión Europea se puede optar por una de las dos fórmulas: o negociar o recurrir, pero no las dos al mismo tiempo. Si España recurre, a lo mejor gana, pero dentro de dos o tres años y para entonces la disolución de la empresa ya se habrá producido, por lo que el Gobierno ha considerado más conveniente negociar pensando siempre en salvar el empleo y la actividadon Da cuenta a continuación de las actuaciones que ha desarrollado y que va a desarrollar el Gobierno con el objetivo de maximizar la actividad y el empleo para obtener un sector de astilleros razonable dentro del marco normativo comunitario.


Replica el señor Rodríguez Sánchez y duplica el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno y el Ministerio de Administraciones Públicas para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Constitucional sobre formación continua y para descentralizar los recursos y la gestión de esta competencia hacia la Administración autonómica ... (Página 1261)

Presenta la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Campuzano i Canadès, que agradece en primer lugar la presencia del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, aunque la interpelación iba dirigida al ministro de Administraciones Públicas. Se trata, en definitiva, de debatir con el Gobierno sobre el conflicto político y legal, que lleva abierto desde el año 1991 entre el Gobierno de España y los diversos gobiernos autonómicos, de la gestión de la formación continua. Presentan esta interpelación urgente porque es un tema que preocupa a amplios sectores de la sociedad catalana, a las empresas, a los representantes de los trabajadores, a los propios responsables de las políticas de formación y empleo del Gobierno catalán, del anterior y es de suponer que del actual, y porque tienen la sensación de que existe un doble rasero a la hora de medir la lealtad institucional y el respeto a las leyes, a la Constitución y a los propios estatutos de autonomía. Se refiere a las sentencias del Tribunal Constitucional, que tardaron 11 años en ver la luz, que dan la razón a Cataluña y a la Xunta de Galicia y que dicen que el Estado tiene la capacidad de diseñar el modelo de gestión de la formación continua, pero que la ejecución y la gestión de esa formación continua corresponde a los gobiernos autonómicos. Afirma que el Gobierno, incumpliendo las sentencias del Tribunal Constitucional, ha diseñado un nuevo modelo de formación continua que en la práctica mantiene la centralización de su gestión específica en los organismos de la Administración central. Hoy, su grupo pide, a través de esta interpelación urgente, el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, que le permitan llegar a un acuerdo con los gobiernos responsables de la gestión de la formación continua, y la definición de un modelo de formación continua que garantice esos principios que todos dicen compartir.


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Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán). Dice que cuando hace cinco meses los socialistas llegaron al Gobierno se encontraron con un sistema de formación continua carente de legalidad, primero, porque había sido declarado inconstitucional; segundo, porque marginaba el legítimo papel de las comunidades autónomas, y tercero, porque no contaba con el respaldo y el consenso de los interlocutores sociales, por lo que estaba claro que necesitaba un cambio. Ante esta situación el Gobierno ni ha escondido la cabeza ni ha paralizado la gestión actual del sistema de formación, sino que ha empezado a trabajar con comunidades autónomas y con interlocutores sociales para articular una solución, de momento transitoria, que camine hacia una solución definitiva, satisfactoria para todas las partes. A continuación, mostrando su sintonía con los planteamientos y la filosofía del interpelante, explica las actuaciones llevadas a cabo y las que acometerán en el futuro.


Replica el señor Campuzano i Canadès y duplica el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


Se suspende la sesión a las ocho y cinco minutos de la noche.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ ALTERNATIVAS PROPONE EL GOBIERNO EN UNA SOLUCIÓN NEGOCIADA PARA LOS ASTILLEROS DE IZAR? (Número de expediente 180/000213.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señorías, vamos a dar inicio a la sesión de hoy con el punto V del orden del día, relativo a preguntas de control al Gobierno.


En primer lugar, empezamos con las preguntas dirigidas al presidente del Gobierno. Pregunta número 13, que realiza el diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Adelante.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, ¿qué medidas piensa adoptar su Gobierno de forma concertada con los sindicatos para garantizar el futuro del sector naval, el futuro de Izar?

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Llamazares.


Adelante, señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Llamazares, como bien conoce S.S., la negociación, el diálogo y el acuerdo son la mejor base para encontrar el futuro adecuado al sector público naval en nuestro país. Ese es el objetivo del Gobierno, esa es la dirección en la que trabaja el Gobierno, afrontando la difícil y grave situación en la que, como es conocido por la opinión pública, se encuentran nuestros astilleros como consecuencia de una mala gestión (Rumores.), como consecuencia de olvidar lo que representaban las obligaciones con la Unión Europea y ocultar a la opinión pública la situación patrimonial y de pérdidas de los astilleros de nuestro país.
Sabe que el Gobierno tiene una especial sensibilidad para mantener la actividad productiva industrial de nuestros astilleros, para defender los derechos de los trabajadores, para hacer que ningún trabajador quede olvidado a su suerte y para llegar a un acuerdo con los sindicatos en un plan de futuro de viabilidad que desde luego sea compatible con las reglas normativas de la Unión Europea. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor presidente.


Adelante, señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, hemos estado juntos detrás de la pancarta (Risas.) y queremos seguir en el mismo sitio, queremos seguir con los trabajadores y queremos seguir también en la voluntad de cambio de este país, pero el Gobierno del cambio no puede empezar su andadura enfrentándose a los trabajadores ni con botes de humo ni con lunes al sol. Aunque haya razones, no hay excusa en la nefasta herencia recibida del Partido Popular. (Rumores.) Tampoco en el fatalismo frente a la política de la Unión Europea.


Señor presidente, usted debe aclarar hoy aquí quién gobierna, si gobierna usted o gobierna la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Si gobierna usted, señor presidente, el compromiso debe ser con la industria, con el sector público y con el empleo de calidad, como ha comprometido en su programa.
Si gobierna la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales nos puede ocurrir que ni siquiera se cumpla el documento de la comisión de trabajo, porque en el documento de la comisión de trabajo no hay propuesta de segregación;

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en el documento de la comisión de trabajo se propone una alternativa dual, civil y militar al futuro del sector naval español. De la misma manera, en el documento de trabajo no se plantea la privatización, sino que se plantea la colaboración con entidades privadas para garantizar el futuro de nuestro sector naval.


En definitiva, señor Zapatero, desearíamos que no se enturbiase la relación entre la izquierda, que hubiese una base sólida para que esa negociación y ese acuerdo que se dan en el ambiente político también se logren en materia presupuestaria. Para eso tiene que haber un compromiso cierto de su Gobierno con el futuro de Izar.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Llamazares.


Adelante, señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señora presidenta; gracias, señor Llamazares.


Ya conoce que yo respeto la pancarta y el derecho de manifestación, tanto en la oposición como en el Gobierno y así lo he expresado públicamente.
(Aplausos.) Por tanto, más allá del agrado que causa en algún grupo parlamentario la referencia a la pancarta, de lo cual sinceramente me felicito, le quiero decir que el Gobierno ha expresado en todo momento el respeto al derecho de los trabajadores en sus manifestaciones y exigencias, que queremos que se desarrollen a través de lo que es normal en el diálogo y en la concertación. (Rumores.) El Gobierno tiene el compromiso que ha establecido su presidente y desde luego el plan de la SEPI es el que considero adecuado para iniciar la base de la negociación y el futuro de los astilleros en nuestro país.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor presidente.


- DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁNDO VAN A BENEFICIARSE LOS AUTÓNOMOS DE LA POSIBILIDAD DE TENER SEGURO DE PARO? (Número de expediente 180/000216.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Seguimos, señorías, con la pregunta número 16, que realiza el diputado señor don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.


Adelante, señor Duran i Lleida.


El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor presidente, usted reconocerá a este grupo parlamentario que la defensa de las trabajadoras y los trabajadores autónomos ha sido una prioridad en nuestra acción legislativa, hasta el extremo de que si en esta Cámara se creó en su día una subcomisión que estudiara los problemas específicos de autónomos y de emprendedores en general fue gracias a este grupo parlamentario. El propio Gobierno anterior tuvo oportunidad, en vigilias electorales, de remitir una carta a cada trabajador autónomo exponiendo algunos de los avances a favor de ese sector que sólo tenía un defecto -campaña brillante e institucional- que era la firma: en lugar de ir firmada por el ministerio bien pudiera haber firmado Convergència i Unió ese conjunto de medidas.


Señor presidente, a la vista de nuestra preocupación, quisiera hoy renovársela preguntándole cuándo van a poder beneficiarse los autonómos de la posibilidad de tener seguro de paro.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Duran.


Adelante, señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Duran, no tengo ningún inconveniente en reconocer el interés que su grupo viene manifestando históricamente por lo que se conoce como la economía productiva y, dentro de ello, lógicamente por la posición que en la economía española ocupan los autónomos y especialmente en la Comunidad Autónoma de Cataluña.


Su señoría sabe que el compromiso del programa electoral del Partido Socialista es un compromiso claro: la reforma para la mejora de la situación y de los derechos de los trabajadores autónomos. Dentro de esa reforma y de esa mejora está sin duda alguna el objetivo de abordar la regulación del derecho a la prestación en los supuestos de cese de actividad de esos trabajadores. Sabe S.S. que esta es una cuestión compleja, que exige tiempo y estudio y una concertación con los beneficiarios, que es en lo que está en estos momentos empeñado el Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor presidente.


Adelante, señor Durán.


El señor DURÁN I LLEIDA: Gracias, señora presidenta.


Reconozco que es compleja, pero qué duda cabe que partidos como el suyo y nuestra federación de Convergència i Unió hace tiempo vienen trabajando de cara a facilitar ese reconocimiento y por tanto debemos tener ya a nuestro alcance los mecanismos para hacerlo viable. En cualquier caso le pido al señor presidente y, a través suyo, al Gobierno que lo haga a partir del

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próximo 1 de enero. Los trabajadores autónomos no pueden seguir siendo trabajadores de segunda como lo son en la actualidad. En España, en el censo del mes de agosto hay exactamente 2.853.605 personas en condición de trabajadores autónomos, gente que no simplemente se esfuerza en crear ese puesto de trabajo sino en mantenerlo, gente en muchos casos -650.000- que son dependientes, dependientes básicamente de otra empresa, y cuando ésta acaba su actividad por la razón que sea, ellos, como no tienen relación social con esa empresa, se encuentran con que no pueden acogerse a las prestaciones sociales. Eso no afecta simplemente a ese tipo de trabajadores dependientes de otras empresas, sino también a una cantidad importante: 640.000 del comercio, 430.000 de la construcción o 308.000 de la hostelería. Por tanto, le ruego, señor presidente, que acabemos de una vez por todas con esa diferencia entre trabajadores autónomos y trabajadores por cuenta ajena. Hagamos justicia y que los trabajadores autónomos dejen de ser trabajadores de segunda.


Muchas gracias, señor presidente.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Durán.


Adelante, señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señora presidenta.


Señor Durán, quiero ampliarle la información y decirle que el Gobierno, en el marco del diálogo social, ha iniciado ya el diálogo con las organizaciones más representativas: la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos y la Confederación Española de Autónomos. Se han celebrado ya tres reuniones, en junio, en julio y anteayer mismo -no hemos perdido el tiempo, por tanto- y pronto se podrá avanzar en la definición de medidas concretas y en la aplicación de las mismas. Se está estudiando la posibilidad de crear un fondo de cobertura financiado por los propios trabajadores autónomos, que permita contemplar instrumentos de apoyo durante el periodo en el que están en situación de no actividad.
Asimismo, se valora la posibilidad y la viabilidad de que las cantidades aportadas por trabajadores a entidades financieras, aseguradoras o mutualidades para cubrir esas contingencias puedan verse favorecidas a efectos fiscales. Por tanto, dialogamos intensamente con los autónomos, estudiamos sus demandas, atendemos sus problemas y vamos a mejorar su régimen jurídico sin duda alguna. Ese es el objetivo del Gobierno y estoy seguro que va a ser un objetivo que contará con el apoyo de su grupo.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor presidente.


- DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EL ANUNCIO DEL INEXORABLE EMPOBRECIMIENTO DE ESPAÑA REALIZADO POR SU PARTIDO? (Número de expediente 180/000217.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Seguimos, señorías, con la pregunta número 17, que realiza el diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Adelante, señor Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señora presidenta.


¿Cómo valora el presidente del Gobierno el anuncio del inexorable empobrecimiento de España realizado por los miembros del Grupo Parlamentario Socialista? (Rumores.-Un señor diputado: Eso lo ha dicho Aznar.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Rajoy.


Adelante, señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Rajoy, como es conocido, el Gobierno ha hecho la estimación en torno al crecimiento económico para el año 2005, estimación que sitúa en el entorno del 3 por ciento del producto interior bruto y ha estimado que para 2004 -cuyo objetivo de crecimiento y estimación era del 2,8- se va a producir una corrección ligera debido fundamentalmente a factores externos, entre los cuales destaca sobremanera la elevación del precio del petróleo. Por tanto, mantenemos la expectativa de un crecimiento razonable y, desde luego, ese crecimiento va a recibir el impulso de los presupuestos que esta Cámara va a debatir. Desde luego, es evidente que el precio del crudo influye en el crecimiento económico, es evidente que influye en un país que tiene una dependencia energética como es España y es evidente también que el precio del crudo tiene mucho que ver con lo que ha pasado y pasa en Irak. (Protestas.-Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Adelante.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Es verdad que hace año y medio dijeron aquí, al inicio de la guerra de Irak, que iba a bajar el precio del petróleo y que España iba a tener grandes beneficios.
Lamento que no haya sido así. La inversión en la guerra, que algunos propusieron, no

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produce más que efectos negativos. Nosotros vamos a invertir en investigación, en educación, en becas y en infraestructuras para mejorar el crecimiento económico. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor presidente.


Adelante, señor Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Señor presidente, me alegra que rectifique usted, siguiendo la línea habitual de los últimos tiempos de los miembros del Grupo Parlamentario Socialista.


Usted asumió el Gobierno y recibió una muy buena herencia económica: equilibrio en las cuentas públicas, ustedes mismos han revisado al alza el superávit del año 2003; una inflación del 2,2 por ciento, un crecimiento dos puntos mayor que la media europea, y muy buenos datos de empleo, es decir, partía usted de una buena base. Pero hoy las cosas ya no están tan bien. Usted ha dado luz verde a la ruptura del equilibrio presupuestario. La inflación es del 3,3 por ciento y ha aumentado el diferencial con la Unión Europea, donde también utilizan el petróleo. El crecimiento rompe la tendencia al alza, antes era el 2 por ciento respecto a Europa, hoy es el 0,6 y allí también utilizan el petróleo. Y los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social han sido francamente malos.


Señor presidente, no obstante eso, creo que aún estamos a tiempo. Quisiera decirle una cosa: usted no ha fijado ninguna política económica. Ha sido mudo e indiferente. Usted no ha tomado ni una sola medida económica, se ha comportado como don Tancredo. Usted y su Gobierno han generado muchas incertidumbres con sus declaraciones, con sus contradicciones y con sus rectificaciones. Usted tiene que terminar con este estado de cosas. Yo no me voy a poner como usted o como otros, ya que se ha hablado aquí de ello, detrás de una pancarta, pero quiero decirle algo: usted tiene la obligación de transmitir un mensaje claro y coherente y no como los que transmiten a la sociedad española. Usted debe de hacer algo. Tiene que tomar medidas que generen confianza y credibilidad y terminar con las incertidumbres. Por ejemplo, recuperar la estabilidad presupuestaria o, por ejemplo, presentar un paquete de medidas económicas como le exigen para generar confianza y credibilidad todos los agentes económicos y sociales. Me temo que en este tema de la política económica siga usted tan mudo y tan indiferente como cuando pretende ocultar a los españoles, como ha hecho esta mañana, lo que ha ocurrido entre los días 11 y 14 de marzo. Esa es su responsabilidad. (Aplausos.-Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Rajoy.


Adelante, señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señor Rajoy, simplemente quiero recordar que del 11 al 14 de marzo -porque a lo mejor no se acuerda- gobernaba en este país el Partido Popular. Por tanto, esa es la responsabilidad que tienen que asumir de alguna manera.
(Rumores.-Varios señores diputados: ¡Pásalo!, ¡Pásalo!, ¡Pásalo!)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Por favor, señorías, el mismo respeto que quieren ustedes para los intervinientes de su grupo debe ser el respeto que ustedes tengan para los intervinientes del resto de grupos. (Aplausos.)

Adelante, señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): En relación con la política económica, y sobre la invocación que hace, cuál es la línea y qué hemos hecho. Estamos elaborando unos presupuestos para mejorar un crecimiento económico, para fomentar la investigación, el desarrollo, las infraestructuras y a la vez para hacer más política social aumentando las pensiones, las becas y la ayuda a la vivienda en las familias. Ese es el objetivo de política económica que vamos a debatir con los presupuestos.


Para terminar quiero decirle, señor Rajoy, que lo único inexorable es el pasado; el pasado es suyo y el futuro es hoy mejor que hace seis meses.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Concluyó su tiempo, señoría.


- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL ACEBES PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿PUEDE LA VICEPRESIDENTA EXPLICAR A QUÉ SE REFERÍA EXACTAMENTE AL AFIRMAR QUE EL GOBIERNO TIENE UN MODELO TERRITORIAL CLARO? (Número de expediente 180/000218.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señorías, continuamos con las preguntas que se dirigen a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia y lo hacemos con la pregunta número 18, que le dirige el diputado don Ángel Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Adelante, señor Acebes.


El señor ACEBES PANIAGUA: ¿Puede la vicepresidenta explicar a qué se refiere exactamente cuando afirma que el Gobierno tiene un modelo territorial claro?

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Acebes.


Señora vicepresidenta, adelante.


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La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señora presidenta.


El Gobierno defiende una España unida, plural y diversa, es decir, el modelo constitucional y estatutario. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora vicepresidenta.


Adelante, señor Acebes.


El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, presidenta.


Después de seis meses de Gobierno socialista, lo único claro es que el Gobierno no tiene claro nada, tampoco el modelo de España. (Rumores.-La señora Cunillera i Mestres: Es que tú no entiendes.)

Hace tiempo les venimos diciendo que no es mucho pedir al presidente del Gobierno que tenga criterios claros sobre algunas cuestiones esenciales.
Como no ha sido así, las cosas no han hecho más que empeorar. Hoy, el Gobierno es un desbarajuste de contradicciones, de anuncios que se rectifican al día siguiente, de meteduras de pata que están afectando a la confianza y a la credibilidad en política económica, en política internacional y también en política territorial. Ya, incluso, se cuestiona el modelo constitucional de España por miembros de su Gobierno.
Un ministro dice un día que España es una nación de naciones y que hay que cambiar las denominaciones. Y el presidente ¿qué opina? Otro, el ministro de Administraciones Públicas, propone el derecho de veto en el Senado, que acabaría con la soberanía nacional que representa esta Cámara. (Rumores.) Y el presidente ¿qué es lo que opina? Otro día proponen la asimetría o la desigualdad entre las comunidades autónomas.
Aquí, a favor se muestra el señor Sevilla y parece que, esta misma mañana, usted; en contra, los señores Bono y Caldera. Así que, en el Gobierno, dos a dos en el debate de asimetrías. Y el presidente ¿qué es lo que opina?

Sí sabemos la opinión de presidentes de comunidades autónomas. Hablan de pillaje absoluto, de empezar la casa por el tejado en su proyecto o de que España no puede ser lo que quede después de que cada uno haya cogido lo que quiere. Y, al mismo tiempo, alcaldes de su partido, alcaldes socialistas, retiran vergonzosamente la bandera de España de sus ayuntamientos. (Rumores.) Y es que cuando el Gobierno no tiene ninguna convicción, cuando sus famosas reflexiones nunca culminan en nada, el Gobierno se limita a hacer lo que dicen los demás sin criterio propio, y España necesita un Gobierno y un presidente que dialoguen, pero también que sepan defender los intereses de España. Y aquí el señor Zapatero...
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Se acabó su tiempo, señor Acebes. Lo siento.


Adelante, señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señor Acebes, prácticamente todas las autonomías han anunciado procesos de revisión de sus estatutos, y el Gobierno cree que a ellas les corresponde dar el primer paso y evaluar, después de 20 años, si sus normas siguen respondiendo a las demandas de los ciudadanos. Este Gobierno cree en el Estado autonómico, señor Acebes, siempre hemos creído en él, incluso cuando su partido lo rechazaba. Sabemos que las autonomías son una parte esencial del modelo de Estado, y también lo saben muchos dirigentes de su partido, desde su presidente y fundador, renovador, señor Fraga, hasta la señora Aguirre, y no por ello el Gobierno sospecha ni recela, ni de sus intenciones ni de sus iniciativas.


Yo entiendo, señor Acebes, que usted no haya podido todavía digerir que el nuevo tiempo político ha traído debate, cambio y pluralidad. ¿Pero no le sorprende a usted, señor Acebes, que un ex ministro de las Administraciones Públicas no crea en el modelo territorial de este país y desconfíe hasta de los presidentes de las comunidades autónomas de su partido? (Un señor diputado: Ese, sí.) Yo llego a la conclusión de que usted lo ha tenido que pasar fatal como ministro de las Administraciones Públicas, porque ni creía en lo que hacía ni confiaba en sus interlocutores. Ahora, la verdad es que esperábamos que, ya que comparte usted dirección de su grupo con otro ex ministro de las Administraciones Públicas y con un ex presidente de una comunidad autónoma, tuvieran mayor sensibilidad y menos recelos. Pero no, ni por esas, señorías. Hemos pasado del trío de las Azores al trío de la desconfianza. (Aplausos.) Señor Acebes, yo le digo: No desconfíe, no confunda la realidad de sus miedos, ni la falta de fe en lo que usted hace y dice. No lo confunda. En España no hay un problema de convivencia territorial. No lo hay. No confundan a los ciudadanos que tienen derecho a saber que la reforma...
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Lo siento, señora vicepresidenta, se acabó su tiempo. Gracias.


Seguimos con las preguntas dirigidas al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.


- DE LA DIPUTADA DOÑA M.ª SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES: ¿CUÁL ES LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO RESPECTO DE LAS PRIORIDADES ANUNCIADAS POR LA PRESIDENCIA HOLANDESA

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DE LA UNIÓN EUROPEA? (Número de expediente 180/000230.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Pregunta número 28, de la diputada doña M.ª Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Adelante, señora Rodríguez.


La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, la Unión Europea vive actualmente un momento crucial.
Después de la quinta ampliación de la Unión Europea con diez nuevos Estados miembros y la aprobación, el pasado 18 de junio, en la Conferencia Intergubernamental, de la primera Constitución europea, son muchos los retos a los que el nuevo colegio de comisarios, que comenzará a trabajar el primero de noviembre, tiene, tenemos que hacer frente.
Entre estos, en primer lugar, la ratificación del texto constitucional por los distintos Estados miembros y negociaciones tan importantes como la de las nuevas perspectivas financieras 2013-2007, de las que dependerán los recursos financieros con los que haremos las políticas comunitarias en los próximos años. El primer presupuesto comunitario de una Europa ampliada no puede en ningún caso debilitar la cohesión social, territorial y económica, sino todo lo contrario.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señora Rodríguez, un momento por favor.


Señorías, les rogaría que desconectaran sus teléfonos móviles con el buen fin de poder seguir tranquilamente con esta sesión de control.


Adelante señora Rodríguez.


La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señora presidenta, estaba diciendo que los primeros presupuestos comunitarios de una Unión Europea ampliada no pueden en ningún caso debilitar la cohesión, sino reforzarla. La cohesión económica, social y territorial son señas de identidad de este proyecto político que todos construimos. No quiero o no puedo olvidar los retos importantes que tenemos que afrontar en materia de libertad, seguridad y justicia, profundizar en lo que ya denominamos Tampere 2 y, cómo, no profundizar y avanzar en nuestra política exterior y de seguridad. En estos momentos la visibilidad de una unión exterior común, de una política exterior común de la Unión Europea es un elemento primordial para actuar como un agente en el contexto internacional que garantice la paz y la seguridad frente al terror. Frente a la imposición de las armas hemos reiterado muchas veces que necesitamos más legalidad internacional, más derecho internacional y más política y eso significa más Europa.
Desde esta perspectiva, señor ministro, el Grupo Socialista considera importante que conozcamos en esta Cámara cuál es la valoración de su ministerio, del Gobierno, de las prioridades que la presidencia holandesa de la Unión Europea ha presentado para este semestre.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora diputada.


Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Muchas gracias, presidenta, muchas gracias, señoría.


Para conocer y configurar lo que serían las prioridades de la presidencia de la Unión Europea holandesa, tanto el presidente del Gobierno se desplazó a La Haya, para mantener una reunión de trabajo con su homólogo holandés, como yo mismo, con mi homólogo, para antes de la presidencia poder conocer de antemano cuál sería la agenda política y diplomática de la presidencia neerlandesa de la Unión Europea. Como pueden saber, la primera prioridad lógicamente es la firma del Tratado Constitucional de la Unión Europea que se llevará a cabo el 29 de octubre en Roma y que lanzará el proceso de ratificación por parte de toda la ciudadanía europea. En ese sentido, la presidencia holandesa ha puesto ya en funcionamiento un programa de comunicación y, por tanto, sensibilización del proyecto europeo ante la ciudadanía europea. En los dos consejos de Asuntos Generales ya celebrados, bajo presidencia neerlandesa, se ha discutido la manera de acercar Europa a los ciudadanos y esto constituirá una de las prioridades esenciales de la presidencia holandesa.


El segundo elemento, de enorme interés para todos los ciudadanos europeos y lógicamente para los españoles, es el inicio de la negociación de las perspectivas financieras. Como saben, al término de la Presidencia holandesa se fijarán los principios y las orientaciones de las perspectivas financieras para el período 2007-2013, elemento esencial para el futuro económico y financiero de toda Europa y por tanto también de España. En el último Consejo de Asuntos Generales, en nombre del Gobierno español defendí la inclusión de tres principios básicos: la suficiencia de recursos, el reparto equitativo y el gradualismo en la fase transitoria en el reparto de fondos.


La tercera prioridad será el espacio de justicia, libertad y seguridad, lo que se denomina la agenda Tampere 2, y para el Consejo de la Unión Europea del mes de noviembre la parte española ya ha presentado un memorándum proponiendo iniciativas concretas. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Lo siento, señor ministro, terminó su tiempo. Muchas gracias.


- DE LA DIPUTADA DOÑA FÁTIMA ABURTO BASELGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ ANÁLISIS HACE EL GOBIERNO

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DE LA TERRIBLE TRAGEDIA DE BESLÁN (OSETIA DEL NORTE)? (Número de expediente 180/000231.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Pregunta número 29, de la señora diputada doña Fátima Aburto Baselga, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Adelante, señora Aburto.


La señora ABURTO BASELGA: Gracias, presidenta.


Señor ministro, hoy deseamos preguntarle desde el Grupo Socialista cuál es el análisis que hace el Gobierno sobre la tragedia que ocurrió en Beslán.
El tema del terrorismo internacional, señor ministro, no está transcurriendo por buen camino. Se suceden los atentados cada vez mayores, se suceden las conmemoraciones, y además a la hora de calificar los hechos no se sabe muy bien o se titubea en calificarlos como hechos terroristas, como resistencias de la población ante la ocupación de sus territorios, incluso a veces como actos patrióticos. Esta confusión no es buena para la estrategia de la lucha contra el terrorismo. El Grupo Socialista sí está seguro de que las guerras preventivas no solamente son injustas, sino que son contraproducentes para la estrategia de esta lucha, producen el caos que estamos viendo ahora mismo en Irak, producen el miedo de la población y producen el odio y las excusas o los pretextos, evidentemente jamás la justificación de los grupos terroristas. Por otro lado, el uso partidista del miedo genera en la población la impresión de que la política no aporta ya ninguna solución, sino que solamente sirve la fuerza bruta, y eso cierra un círculo vicioso de consecuencias nefastas. La conculcación de los derechos humanos, de los derechos ciudadanos sólo produce en la población, en aras de una supuesta seguridad, una inseguridad y las cosas tan terribles que hemos visto, como las de Abu Ghraib, las de Guantánamo y otras menos conocidas.
En España desgraciadamente conocemos por experiencia lo que es necesario para esta lucha antiterrorista; conocemos que es necesaria la unidad de todos los demócratas dentro de la más estricta legalidad, pero esta situación no ocurre a nivel internacional. Por eso creemos que los atentados del islam, tan terribles que es difícil de imaginarlos, deben suponer una inflexión en la lucha antiterrorista a nivel internacional.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Aburto.


Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Presidenta, señoría, como saben, el Gobierno español condenó de manera firme y sin paliativos los acontecimientos de Beslán, en Osetia del Norte, y expresó su máxima repulsa a estos actos criminales e injustificables. También lo expresamos dentro de la Unión Europea, y desde el Consejo de Seguridad que España presidía, nuestro representante permanente condenó en nombre del Consejo de Naciones Unidas, y por tanto de la comunidad internacional, el rechazo y la condena de estos actos. El Gobierno español también expresó la solidaridad tanto hacia los familiares, las víctimas, el pueblo de Osetia de Norte, como a las autoridades rusas y al Gobierno ruso, y en prueba de solidaridad ofreció un tratamiento médico especializado en la red de hospitales públicos españoles a las víctimas y heridos en la tragedia. También ofrecimos, y estamos en contacto con distintas comunidades autónomas para trasladar a distintos alumnos, niños que sufrieron esa tragedia para que acudan a España y reciban el calor humano y un tratamiento psicológico adecuado.
Pero como bien señala S.S., el tema que se nos plantea y que ponen de manifiesto los acontecimientos de Osetia del Norte es de que manera debemos de responder al terrorismo. No hay ninguna causa que pueda justificar el terrorismo; eso tiene que quedar clara y firmemente expresado en esta Cámara, pero sí hay elementos que deben ser combatidos para evitar que sean caldo de cultivo para futuras acciones terroristas.
No hay causa que lo justifique pero sí hay elementos políticos, económicos, sociales que necesitan una reflexión estratégica global por parte de la comunidad internacional, y lógicamente por parte de España, Europa y Naciones Unidas. Por ello nuestro Gobierno va a ser muy activo, tanto a nivel de Europa, dentro del Consejo Europeo, para iniciar una reflexión estratégica sobre de qué manera debemos combatir y derrotar al terrorismo, como en el marco mediterráneo donde debemos iniciar una alianza estratégica con los países árabes musulmanes moderados. Por último, tenemos que trabajar en Naciones Unidas para que la comunidad internacional pueda combatir y derrotar esta plaga de manera unánime y unida.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA TORME PARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿VA EL GOBIERNO A RECUPERAR LOS PRIVILEGIOS PARA LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE LOS MIEMBROS DE ETA QUE ESTÁN EN PRISIÓN? (Número de expediente 180/000224.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Continuamos, señorías, con las preguntas dirigidas al ministro del Interior. A continuación la pregunta número

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24, que realiza la señora doña Ana Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Adelante, señora Torme.


La señora TORME PARDO: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, hace poco más de un año esta Cámara, con el apoyo del Grupo Socialista, aprobó una modificación de la Ley general Penitenciaria con el objetivo de evitar que los presos de ETA estudiaran en la Universidad del País Vasco. Se daba respuesta a una situación escandalosa que había sido denunciada por 253 profesores de esa universidad que sufrían coacciones y amenazas, mientras los presos terroristas se beneficiaban de irregularidades y de privilegios. Pues bien, ahora parece que ustedes dan marcha atrás y que el Gobierno socialista está dispuesto a que los presos de ETA puedan volver a matricularse en esa universidad.
Por ello, señor ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿Va el Gobierno a recuperar los privilegios para los estudios universitarios de los miembros de ETA que están en prisión?

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora Torme.


Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señora presidenta.


Señora diputada, supongo que todos los que nos sentamos aquí estamos de acuerdo en un principio básico de funcionamiento del sistema penitenciario democrático: el fomento de la educación y de la cultura es un instrumento indispensable para que los internos, los delincuentes que están cumpliendo condena consigan reinsertarse y rehabilitarse adecuadamente. Es uno de los principales instrumentos, y por eso las actuaciones que adoptamos las adoptamos para todo recluso, para toda la población penitenciaria. De esa población penitenciaria, los reclusos de ETA representan el 1 por ciento. En cuanto a lo que usted me pregunta, y dejando aparte lo que le acabo de replicar, usted conoce bien la naturaleza de la cuestión. Efectivamente, los reclusos de ETA tienen que estudiar en la UNED, salvo que haya carreras que demanden y que no estén ofertadas por la UNED. Para eso nosotros vamos a hacer un convenio marco con la conferencia de rectores que tendrá continuidad en los convenios con las diferentes universidades españolas, solución absolutamente acorde con la Constitución, con la Ley Orgánica general Penitenciaria vigente y con el contenido del Pacto antiterrorista que hemos reafirmado decenas y decenas de veces, como usted bien sabe.


Sólo una última cosa. Todo lo que nosotros hagamos lo haremos con las garantías precisas para que quede completamente a salvo la seguridad de los profesores, el rigor y el control de la docencia y de la discencia, para evitar cualquier coacción o cualquier situación de fraude y también para revertir cualquier situación en la que se pueda producir fraude.
Estaremos especialmente atentos; esa es una garantía, y no quepa ninguna duda de que ofreceremos a todo el mundo.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


Adelante, señora Torme.


La señora TORME PARDO: Usted nos dice ahora que no se van a recuperar esos privilegios pero lamentablemente lo que votan y lo que dicen aquí no vale para toda España. Vemos cómo el pasado 30 de junio el Partido Socialista de Euskadi votó a favor de una iniciativa que tenía justo el objetivo contrario de esa modificación que se hizo aquí: permitir que los presos de ETA vuelvan a la Universidad del País Vasco. Se insta a que Instituciones Penitenciarias firme un convenio con esa universidad.
Inmediatamente la directora general de Instituciones Penitenciarias anuncia que se va a promover la firma de esos convenios, y aunque usted intente decirnos hoy que no se van a recuperar esos privilegios, nos preocupan los pasos que se están dando. Parece que ya no comparten ese objetivo que defendía aquí el hoy ministro de Justicia. Pregúntele a su compañero de gabinete. En su intervención el señor López Aguilar decía que el hecho de que hubiera un solo profesor en la universidad vasca amenazado justificaba esa modificación legal. ¿Qué pasa? ¿Que ya no hay amenazas? ¿Qué pasa? ¿Que no les preocupa la situación de esos profesores? ¿O es que han cambiado las circunstancias que llevaron a esa modificación? Usted, señor ministro, sabe que no. Por eso nos preocupa que lo que pueda estar pasando es que esté cambiando la actitud del Partido Socialista. Si se han conseguido importantes avances en la lucha contra ETA ha sido gracias a una política antiterrorista firme y clara, actuando en todos los frentes. Señor ministro, le pedimos que reflexione, que actúe con lealtad al Pacto Antiterrorista y que diga aquí con claridad que no se va a dar marcha atrás. En ese camino contará con el apoyo del Partido Popular.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Torme.


Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias de nuevo, señora presidenta.


Señora diputada, no se puede estar en misa y repicando. Nosotros mantenemos la misma posición de absoluta coherencia en el Parlamento vasco y en el Parlamento español; de absoluta coherencia, la misma. No tengo la misma certeza en la que mantienen ustedes. Cuando ustedes presentan en el Parlamento vasco la enmienda a la totalidad y se discute esta cuestión dicen tres cosas: primero, el Parlamento vasco pide a la UNED que se garantice el derecho constitucional de los reclusos,

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de todos, para acceder a la educación superior; segundo, que se inste a Instituciones Penitenciarias a que no firme un convenio con la Universidad del País Vasco mientras no se establezca un procedimiento de enseñanza a distancia de reclusos blindado, es decir garantizado -justo lo que yo he dicho-; y tercero, dicen ustedes que en el tema de los reclusos que no pueden acceder a la educación porque no la oferta la UNED... (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Lo siento, señor ministro, se le acabó su tiempo. Muchas gracias.


Les recuerdo, señorías, que el tiempo de las preguntas es muy estricto y está tasado en dos minutos y medio.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA OLAIA FERNÁNDEZ DÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿QUÉ PLANES TIENE EL MINISTERIO DE FOMENTO PARA COMUNICAR EL FUTURO PUERTO SECO DE SALVATERRA CON EL PUERTO DE VIGO? (Número de expediente 180/000215.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Continuamos con las preguntas, dirigidas en este caso a la ministra de Fomento. Pregunta número 15, que formula la diputada doña María Olaia Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto.


Adelante señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, queremos saber qué planes tiene el Ministerio de Fomento para comunicar el futuro puerto seco de Salvaterra con el puerto de Vigo; comunicación para que efectivamente este puerto seco sirva de infraestructura útil para todos los puertos que forman parte del eje atlántico.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora Fernández.


Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, presidenta.


Muchas gracias, señoría. Supongo, señora Fernández, que cuando usted me está haciendo la pregunta y cuando me plantea si vamos a llevar a cabo o no una actuación, sabe que es competencia reservada a la Xunta de Galicia, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía gallego. Señoría, en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Galicia, su apartado 8 explicita que son de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma gallega ferrocarriles y carreteras no incorporadas a la red del Estado y cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la comunidad autónoma. Como este es el caso por el que usted me pregunta, permítame que le informe que mis planes son respetar el Estatuto de Autonomía de Galicia, siempre desde una posición de diálogo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora ministra.


Adelante, señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Señora ministra, déjeme decirle que me deja un poco preocupada con la respuesta que acaba de dar. Esperaba que en estos momentos ya hubiese en su ministerio alguna planificación para las infraestructuras del puerto seco de Salvaterra, o lo que es lo mismo para una infraestructura que tiene que servir para dar cobertura logística, y por tanto crear superficie para instalaciones que en estos momentos necesitan los puertos de Vigo, Marín, Vilagarcía o el puerto de Leixos, en Portugal. Usted me dirá que no tienen absolutamente nada planificado, porque todo es competencia de la Xunta de Galicia. Nosotros llevamos mucho tiempo hablando de la necesidad de la comunicación por ferrocarril y diciendo que tiene que comunicar no solamente este eje atlántico que es Galicia sino también con Portugal. Eso, señora ministra, corresponde también a su ministerio, al Gobierno central.


Hay una serie de infraestructuras además del ferrocarril, independientemente de la responsabilidad de la Xunta de Galicia, que yo nunca voy a obviar para reclamársela, pero es cierto que el Gobierno central tiene mucha responsabilidad en el hecho de si realmente va a existir ese ferrocarril para comunicar estos puertos, pero de manera fundamental el puerto de Vigo con el puerto seco de Salvaterra y sobre todo si efectivamente va a haber una comunicación viaria que pueda crear las conexiones adecuadas y necesarias con la A-9, con la A-52 y con la A-57; en definitiva que sea una infraestructura viable, ya que en estos momentos se está negociando para hacer las expropiaciones, porque son más de cuatro millones de metros cuadrados de superficie, y realmente sería un absurdo que se creara ese puerto logístico si el mismo iba a carecer después de aquellas infraestructuras...


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Lo siento, señora Fernández, se acabó su tiempo. Muchas gracias.


Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señoría.


No le debería de preocupar que respetemos el estatuto gallego. ¿Qué le habría parecido si hubiéramos invadido el ámbito de competencias, territorialmente hablando, de la Xunta y hubiéramos tomado decisiones sobre infraestructuras de su competencia? Por tanto, señoría, independientemente de que estamos a favor de la plataforma logística, independientemente de que creamos que tienen necesidades de comunicación, tal como usted ha

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planteado, le vuelvo a repetir que es un ámbito competencial que no corresponde al ministerio y sería muy extraño que hubiera una planificación sobre los ámbitos competenciales de otro nivel de Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿EN QUÉ GRADO DE CUMPLIMIENTO SE ENCUENTRA EL PLAN DE CHOQUE DE CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD VIAL QUE DEBE LLEVAR A CABO TODA UNA SERIE DE REALIZACIONES URGENTES EN MATERIA DE CARRETERAS? (Número de expediente 180/000233.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Última pregunta dirigida a la señora ministra de Fomento, formulada por el diputado Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.


Adelante, señor Heredia.


El señor HEREDIA DÍAZ: Señora presidenta, señora ministra, en su comparecencia del pasado 1.º de junio, usted planteó que sus compromisos en materia de carreteras eran en primer lugar la seguridad vial, y en segundo lugar la conservación, algo que parece más que razonable, teniendo en cuenta que en los últimos años se ha incrementado notablemente la siniestralidad en nuestras carreteras y en el sentido de que España presenta una de las tasas de accidentes más elevadas de Europa.


Según los datos ofrecidos por el anterior Gobierno del Partido Popular, a finales del año 2003 había 879 tramos de concentración de accidentes, es decir tramos donde se registran tres o más accidentes al año. ¿Qué significa esto? Esto significa que como media cada 27 kilómetros de la Red Nacional de Carreteras del Estado hay un punto peligroso para los conductores. Por tanto, de poco sirve invertir en la construcción de nuevas carreteras, si luego no se invierte en garantizar la seguridad, la conservación y la calidad de las mismas. Esto es algo que nunca le ha preocupado lo más mínimo al Partido Popular. Hay un ejemplo muy gráfico de cuál fue la política del anterior Gobierno. En la provincia de Málaga, que la ministra conocerá perfectamente, en el año 1998 el anterior ministro de Fomento del Partido Popular fue a presentar un plan extraordinario de seguridad vial y anunció una lluvia de millones de las antiguas pesetas, con el objetivo de eliminar estos tramos peligrosos.
Cuando se presentó ese plan había 36 tramos peligrosos en las carreteras nacionales malagueñas. ¿Sabe usted cuántos había a finales del año 2003? Exactamente 56, el doble. Este es otro ejemplo más de la irresponsabilidad y la dejadez del Partido Popular, de un anterior Gobierno que basó su política en la mentira y el engaño permanente.
Además, recortaron los gastos en conservación de carreteras, y mientras que en el año 1996 se destinaba a la conservación el 1,30 por ciento del valor patrimonial de la red de carreteras del Estado, a finales del año 2003 sólo se destinaba el 1 por ciento, un porcentaje absolutamente insignificante. En este sentido, en esa comparecencia usted planteó dos planes de choque: uno de seguridad vial y otro de conservación de carreteras, para eliminar estos tramos peligrosos, mejorar el firme, y por tanto reducir los accidentes. En consecuencia, quiero preguntarle: ¿cuál es el grado de cumplimento de ambos planes de choque en este momento?

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Heredia.


Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señora presidenta, señoría, efectivamente, la principal prioridad del Ministerio de Fomento durante la actual legislatura es la seguridad en el transporte. Ante el escenario presupuestario que nos encontramos al llegar al ministerio, creía necesario hacer un esfuerzo adicional, como lo hemos hecho, a la dotación prevista que usted ha señalado en el presupuesto de 2004, porque era claramente insuficiente teniendo en cuenta la situación en que hemos recibido esa herencia de las carreteras, a la que antes ha hecho usted referencia, del Partido Popular. En definitiva, en cumplimiento de ese compromiso que ya anuncié y en la materialización del mismo, el pasado mes de julio presenté los planes de choque de actuación de seguridad vial y conservación, para lo cual se priorizaron todas aquellas situaciones, cuyo nivel de accidentalidad era más elevado y por tanto necesitaba una actuación en el plazo más breve posible. Los planes de choque contemplaban inicialmente 157 actuaciones repartidas por todo el territorio y suponían una inversión de 289 millones de euros. Las actuaciones se agrupaban en 84 actuaciones de seguridad, 10 de señalización, 52 de refuerzos de firme y 11 de reparación de estructuras.


Posteriormente, dada la importancia del plan se incrementó el esfuerzo con tres nuevas actuaciones por importe de 17 millones de euros, por tanto las cifras finales, señoría, ascienden a 160 actuaciones y 306 millones de euros. Todas ellas se han licitado entre los meses de julio y agosto, concretamente las tres últimas el día 12 de agosto; en menos de dos meses se han licitado los 160 expedientes para la contratación de estas nuevas actuaciones que se pondrán en ejecución a lo largo de los próximos meses.


En definitiva, la elaboración de este tipo de planes se ha demostrado como una herramienta ágil y eficaz para tratar de atajar lo antes posible la degradación de la red de servicios que hemos heredado como consecuencia, según ha dicho S.S., de las insuficientes dotaciones que el Partido Popular, a lo largo de los ocho años que ha gobernado,

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ha mantenido en los presupuestos y que ha ido deteriorando nuestra red de infraestructuras. A medio plazo, señoría, el objetivo del Gobierno es dar continuidad y estabilidad a las actuaciones emprendidas con estos planes de choque mediante un progresivo... (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Lo siento, señora ministra, se acabó su tiempo. Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON JESÚS CUADRADO BAUSELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿DESDE CUÁNDO LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS (FAS), EN LAS TOMAS DE POSESIÓN DE SUS NOMBRAMIENTOS, UTILIZAN LA FÓRMULA DE ACATAMIENTO EXPRESO A LA CONSTITUCIÓN? (Número de expediente 180/000232.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A continuación, preguntas dirigidas al señor ministro de Defensa. Pregunta número 30, del señor Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, señor Cuadrado.


El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, presidenta.


Señor ministro, creo que la pregunta que he formulado se la hacen muchos ciudadanos españoles, que estamos acostumbrados a oír con muchísima frecuencia, y además nos gusta oírlo, en la ceremonia de la toma de posesión de un rector, de un magistrado, de un delegado del Gobierno o de cualquier funcionario público eso de juro o prometo guardar y hacer guardar la Constitución, etcétera. Sin embargo, no estamos acostumbrados a ver, no vemos que un mando militar, cuando toma posesión en un acuartelamiento, en una base o en una unidad, haga la misma ceremonia, una ceremonia que forma parte de la liturgia de nuestro sistema democrático. Por eso le pregunto, se lo preguntan muchos ciudadanos, señor ministro, por qué no se hace esto en nuestras Fuerzas Armadas.


Es verdad y a nadie se le oculta que en la historia de España ha habido un problema, el llamado problema militar, que se enquistó en nuestra historia en el siglo XIX y en gran parte del siglo XX, y eso ha hecho que en la transición democrática, en la constitucionalización de nuestras Fuerzas Armadas, el proceso haya sido lento y complejo. Hoy no hay ninguna razón, ninguna, para que no se produzca esa homologación con el resto de la Administración Civil del Estado.


Hace poco tiempo, hace tres años, señor ministro, en esta Cámara se votó esta misma propuesta y no diré el nombre del grupo que con su mayoría evitó que esto se hubiera normalizado. Por eso le pregunto, señor ministro ¿ha llegado ya la hora?

Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Cuadrado.


Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señora presidenta, señor diputado, dice usted ¿por qué? Pues usted mismo ha respondido, porque el Congreso de los Diputados no quiso que los militares españoles jurasen la Constitución en el relevo o en la toma del mando de una unidad. Pero eso, señor diputado, ha ocurrido hasta hace un mes porque el día 3 de agosto dicté una orden ministerial para que los militares tuvieran que jurar la Constitución, como por cierto hacen para adquirir la condición de militares, teniendo que jurar ante la bandera cumplir y hacer cumplir la Constitución.


La Orden Ministerial de 3 de agosto de este año hace que su pregunta hoy tenga el sentido que pudo haber tenido hace tres años cuando el Grupo Socialista presentó la misma iniciativa y el Congreso votó en contra. Yo le diría, señor diputado, cuál ha sido la intención del ministro a la hora de firmar esa orden ministerial. Ha sido no privar a los militares del honor que les supone poner de manifiesto su afección por la Constitución y por la libertad de los españoles. No les quepa duda, señoras y señores diputados, de que las Fuerzas Armadas están al servicio de los españoles y se les puede igualar, pero no ha nacido el español que aventaje a un militar en la defensa del orden constitucional. Tengan hoy esa seguridad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA LOURDES MUÑOZ SANTAMARÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿CUÁLES SON LOS PLAZOS QUE ESTÁ MANEJANDO EL GOBIERNO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL? (Número de expediente 180/000229.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A continuación, preguntas dirigidas al ministro de Industria, Turismo y Comercio. Pregunta número 27, de la diputada doña Lourdes Muñoz Santamaría, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Adelante, señora Muñoz.


La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Señor ministro, quiero formularle en este Pleno la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los plazos que está manejando el Gobierno para la implantación de la televisión digital?

La apuesta del ministerio por la tecnología digital en radio y televisión es importante porque es una puerta de entrada a los servicios de la sociedad de la información, porque reconducirán y regularizarán la televisión y haremos

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un uso más eficaz del espectro. Si nos centramos en televisión digital local, sabemos que hay múltiples y diversas situaciones en todo el territorio; la presencia, la cantidad de televisiones locales es muy distinta y el mundo local estaba esperando expectante el Plan técnico nacional de televisión digital local que fue aprobado el 12 de marzo de 2004, esperando precisamente que se ordenara esta realidad. La competencia del espectro radioeléctrico es estatal, pero sin duda el anterior Gobierno no tuvo sensibilidad para escuchar a las comunidades autónomas y esta es una cuestión de apuesta política, de diálogo, de concepto de Estado, pero también es una cuestión de eficacia, porque son las comunidades autónomas quienes mejor conocen su realidad territorial.
El Plan de televisión local no ha tenido en cuenta esta realidad, las comunidades autónomas demandaron una serie de cuestiones respecto a las demarcaciones, especialmente en aquellas comunidades en las que la televisión local tenía una implantación importante, como es el caso de Andalucía, País Valenciá o Cataluña, no se han tenido suficientemente en cuenta las demandas y la respuesta en este caso no se corresponde con la realidad. Un ejemplo que conozco por cercanía: se ha puesto en una misma demarcación a Badalona y Santa Coloma con el Baix Llobregat, dos comarcas distintas, con diferente situación y que ni siquiera tienen límite entre sí. Este era el talante del anterior Gobierno: planificar desde un despacho en Madrid sin tener en cuenta la realidad territorial ni a las comunidades autónomas. Desde la aprobación del plan, las comunidades autónomas han hecho la demanda de hacer ciertos ajustes en las demarcaciones, de disponer de algunos canales más en algunas demarcaciones y de intentar flexibilizar los plazos que indica la disposición transitoria segunda de la Ley de televisión local, ya que son excesivamente...


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Lo siento, señora Muñoz, se acabó su tiempo. Gracias.


Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señora presidenta.


Señora diputada, efectivamente y como usted sabe el Gobierno está trabajando en la modificación del Plan técnico nacional de la televisión digital local, un plan que tratamos de orientar a la consecución de una serie de objetivos. En primer lugar ampliar los plazos para la resolución por las comunidades autónomas de los concursos de adjudicación de los programas de televisión digital cuya fecha finaliza el 9 de diciembre de este año. Por tanto, la previsión es una ampliación de plazos que supondrá desplazar esta fecha al menos a junio de 2005. En segundo lugar ampliar en dos años el plazo previsto para la suspensión de las emisiones analógicas de las televisiones locales, trasladando la fecha límite del 1.º de enero de 2006 al 1.º de enero de 2008, dado que la fecha actualmente establecida se considera cuando menos absolutamente irreal, teniendo en cuenta que las televisiones de ámbito nacional generalistas tienen previsto el apagón, como usted sabe, en el año 2012. En tercer lugar y por último, efectuar determinados ajustes en las demarcaciones y en los canales; estos ajustes que se limitarán en su alcance a los casos imprescindibles se basarán en las solicitudes que las comunidades autónomas hayan formulado hasta el fin del plazo de presentación de alegaciones al primer borrador de la revisión del plan. Los ajustes se justificarán, además, por razones de cohesión territorial o afinidad sociocultural y en la necesidad imperiosa de nuevos canales, garantizándose en todo caso la compatibilidad electromagnética con otras estaciones de televisión analógicas o digitales nacionales o de otros países.


Por otra parte, en cuanto a la implantación de la televisión digital terrenal en el ámbito de la cobertura autonómica, la fecha de inicio de las emisiones de televisión con tecnología digital por los entes públicos autonómicos se ha de producir el 1 de enero de 2005; no obstante, en algunas comunidades, como S. S. sabe, ya se ha adelantado el inicio de emisiones, con programación tanto pública como privada.


Finalmente, en cuanto al ámbito de cobertura local, se prevé, como he comentado anteriormente, que la implantación de la televisión digital terrenal se inicie a más tardar antes del 1 de enero de 2008. Hasta ese momento, los adjudicatarios de concesiones para la prestación del servicio público de televisión digital terrenal podrán seguir utilizando la tecnología analógica.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Lo siento, señor ministro, se acabó su tiempo. Muchas gracias. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ANTONIA DE ARMENGOL CRIADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿QUÉ ACCIONES HA REALIZADO EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN EN CADA UNA DE LAS INSTANCIAS EUROPEAS, NACIONALES Y REGIONALES CON RELACIÓN A LOS CÍTRICOS PROVENIENTES DEL CONO SUR? (Número de expediente 180/000234.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Preguntas dirigidas a la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pregunta número 32, de la diputada doña María Antonia de Armengol Criado, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Señora De Armengol, adelante.


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La señora DE ARMENGOL CRIADO: Señora ministra, desde mediados de julio hasta finales de agosto se han detectado en nuestra comunidad, la Comunidad Valenciana, cuatro bacterias distintas procedentes de los países productores de cítricos del Cono Sur. A finales de julio fue la cancrosis, procedente de Argentina; después el greening, de Brasil; a continuación un ácaro de Suráfrica y, por fin, a finales del mes de agosto, la mancha negra, procedente de Brasil y de Suráfrica.
Lógicamente, el sector citrícola recibió todas estas noticias con una gran inquietud, puesto que el desarrollo de estas plagas en nuestra comunidad tendría consecuencias incalculables; pero también hay que decir que la introducción en nuestros cítricos de este tipo de plagas provenientes del Cono Sur no es una novedad de este año, como parece ser leyendo determinada prensa o escuchando a algún portavoz institucional o de organizaciones agrarias. Las autoridades nacionales europeas, como es su obligación, siempre han tratado de evitar la introducción de este tipo de plaga, a sabiendas de la grave problemática que ello generaría en nuestro campo; por tanto, la actitud alarmista de las autoridades valencianas e intentar poner en evidencia una supuesta desidia del ministerio o una incapacidad manifiesta de su titular en sus relaciones con la Unión Europea responde más a una estrategia partidista, en un intento de desgastar al adversario político, por no decir en este caso concreto que el cese de la consejera de Agricultura de la Comunidad Valenciana a finales de agosto ha puesto de manifiesto dónde está la incapacidad política, que, obviamente, residía en dicha titular de Agricultura. El riesgo, a pesar de todo ello, sigue vigente y en cualquier momento se puede introducir cualquier tipo de plaga proveniente del Cono Sur en las importaciones de cítricos en la Comunidad Valenciana.
Me consta que a su ministerio le preocupa el tema y me gustaría, señora ministra, que me dijese qué tipo de medidas se han tomado y se van a tomar para paliar estos posibles problemas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora diputada.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señora presidente.


Señora diputada, después de detectar en alguna inspección importaciones de cítricos con enfermedades de cuarentena, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desarrolló las siguientes actuaciones. A petición de España se ha examinado la situación de las importaciones de cítricos a la Unión Europea en la reunión del Comité fitosanitario permanente de los días 15 y 16 de julio. Se abordaron estos temas en la reunión de trabajo fitosanitario de la Unión Europea-Mercosur los días 19 y 20 de julio en Bruselas, acudiendo a esta reunión dos expertos del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, que formaban parte de la delegación Española. Por otra parte, la Comisión Europea ha iniciado a finales de agosto una misión comunitaria de control en Argentina y Brasil para revisar la situación fitosanitaria y la aplicación de las medidas en vigor. De todas estas actuaciones se ha informado periódicamente a la consejera de Agricultura de la Comunidad Valenciana y permítame que no entre a valorar la actitud que mantuvo la anterior titular, aunque sí le diré que sus apreciaciones al respecto no van desacertadas.


Lo que hoy quiero resaltar, señoría, en relación con el objeto de la pregunta que usted realiza es que la política global de mi departamento seguirá siendo la de mantener un control riguroso y exhaustivo sobre las importaciones de cítricos. Prueba de eso es el espíritu que guiará nuestra actuación presente y futura, y ahí están las declaraciones del actual consejero de Agricultura de Valencia, don Juan Cotino, que ha manifestado públicamente su satisfacción porque el Ministerio de Agricultura y todas las comunidades autónomas se hayan sumado, en la conferencia sectorial celebrada en Barcelona este lunes, a la preocupación de la Comunidad Valenciana y del Gobierno por el control sanitario de la importación de cítricos y porque se haya llegado al compromiso de celebrar una reunión del Comité fitosanitario, de cuyas conclusiones nos haremos todos eco. Esta reunión se realizará mañana jueves en Valencia, donde expertos y técnicos de diversas administraciones estudiarán cómo avanzar en la regulación fitosanitaria más adecuada.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON ALEJANDRO ALONSO NÚÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿CUÁL ES EL ESTADO DE SITUACIÓN QUE EL ALZA DE LOS PRECIOS EN LOS CARBURANTES PROVOCA EN EL CAMPO ESPAÑOL, A JUICIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN? (Número de expediente 180/000235.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Pregunta número 33, del diputado don Alejandro Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Adelante, señor Alonso.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra, el Grupo Parlamentario Socialista comparte con las organizaciones profesionales agrarias y con las cooperativas la preocupación por la subida de los carburantes y, especialmente, por la elevación del precio del gasóleo agrícola. Sabemos que las causas no hay que buscarlas en problemas de coyuntura económica nacional, sino que, por el contrario, se hallan en problemas

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internacionales: la guerra de Irak, la quiebra de la petrolera Yukos, los problemas derivados del incremento de la demanda de China y otros.
También sabemos que la evolución del precio durante estos últimos años no ha sido homogénea: ha habido altibajos, subidas y bajadas. La realidad, sin embargo, es que se está pagando el gasóleo a un precio muy superior al de los últimos meses. El último repunte de los precios se produjo en mayo del año pasado. Si hoy le pedimos a un agricultor de cualquier provincia que nos enseñe la factura del gasoil del último mes de agosto, veremos que lo ha pagado a 0,49 euros por litro, es decir, 82,53 pesetas.
La misma factura de hace un año nos mostraría que el precio era de 62,72, es decir, que hay una subida evidente, por la que mostramos nuestra preocupación. Los carburantes intervienen de forma fundamental en la rentabilidad de las explotaciones, y estas últimas subidas están generando cierta inquietud entre los agricultores y ganaderos de España.
Por eso le preguntamos al Gobierno, a la titular de Agricultura, por la situación actual, con la confianza de que podremos trasladar al sector un mensaje de tranquilidad y confianza por su futuro, en un sector clave para la economía, para el empleo y para la actividad de muchos pueblos de nuestro país.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Alonso.


Adelante, señora ministra.


El señor MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señora presidenta.


Señor diputado, el objetivo fundamental de mi departamento es elaborar una solución a largo plazo que pueda responder de forma estructural a los efectos que las subidas periódicas del precio del petróleo provocan en los sectores agrario y pesquero reduciendo en lo posible esa dependencia y aumentando la eficiencia en el uso de los carburantes. Se persigue dar una respuesta estructural y no simplemente coyuntural como la que se dio en septiembre de 2000. En aquella fecha se adoptó un plan estratégico de medidas 2000-2001 para el sector agrario español por el incremento del precio del petróleo. Estas medidas, que en principio tenían un carácter coyuntural, se mantuvieron a pesar de que en 2001 y 2002 descendió el precio del petróleo. Eso ha limitado el margen de reacción en este momento. Ciertamente, en la actualidad ha habido un incremento del precio del petróleo que ha repercutido en el encarecimiento del gasóleo B.
Atendiendo a los datos objetivos que se han elaborado desde el ministerio, la crisis actual no es comparable, sin embargo, a la que se generó en el año 2000. En aquel momento no se adoptaron medidas referidas al impuesto especial de hidrocarburos o al IVA del carburante, aun cuando la situación era más grave. Hay que recordar que en diciembre de 2000 se introdujo el impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos, que supuso un aumento de la presión sobre los precios. Por otra parte, alguna de las medidas adoptadas no fueron realizadas con rigor y la Comisión Europa las declaró incompatibles con la normativa vigente, lo que nos obligará a responder de ellas. También en diciembre de 2000 se modificó la Ley 38/1992, de impuestos especiales, estableciendo que, entre otros, se pudiera utilizar gasóleo B en embarcaciones de recreo, algo que nada tiene que ver con el uso agrícola o pesquero; eso sí, nos ha dificultado aún más poder tomar medidas en relación con el uso de este gasóleo. Por todo lo expuesto, el Gobierno quiere actuar con rigor evitando cometer viejos errores y tomando medidas más eficaces y duraderas.


Finalmente, quiero señalar que se está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Economía y que próximamente les podremos informar a los sectores afectados de las medidas que se van a tomar.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON FRANCESC CANET I COMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUÑA (ERC), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ESPAÑOL RETIRAR EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA VIGENTE LEY CATALANA DEL DEPORTE APROBADA POR EL PARLAMENT DE CATALUNYA? (Número de expediente 180/000214.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A continuación, las preguntas dirigidas al ministro de Administraciones Públicas. En primer lugar, la pregunta número 14, del diputado don Francesc Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.


Adelante, señor Canet.


El señor CANET I COMA: (Formula la pregunta en catalán.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Canet.


Señor ministro, como usted sabe, tiene la potestad de contestar o no, y en cualquier caso lo hará al redactado previsto en el orden del día.


Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Gracias, señora presidenta.


Señor diputado, el Gobierno no tiene previsto desistir del recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley 9/1999 del Parlament de Catalunya, sobre asuntos relativos al deporte.


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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor ministro.


Adelante, señor Canet.


El señor CANET I COMA: El recurso del Gobierno interpuesto contra el artículo 19.2 de la Ley del Deporte, del Parlament de Catalunya, y la Ley de apoyo a las selecciones deportivas catalanas se basaba en la Ley española 10/1990 del Deporte, que no tiene naturaleza de orgánica o de bases, y por tanto toda contradicción existente entre ambas leyes del deporte debe ser resuelta aplicando el principio de competencia, que en materia de deporte es exclusiva de la Generalitat de Catalunya. Pero más allá de eso, señor ministro, no acabamos de entender la negativa de su Gobierno, sobre todo teniendo en cuenta diversos factores, en primer lugar, la voluntad expresada por su Gobierno de resolver ese tipo de conflictos, con la retirada, en algunos casos ya ejecutada, de los recursos; en segundo lugar, el apoyo del Grupo Socialista a la proposición no de ley aprobada por el Pleno de esta Cámara el pasado 1 de junio, en la que se instaba al Gobierno a mantener lealtad constitucional con el sistema de distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas y a promover la presencia de las selecciones deportivas autonómicas en las competiciones internacionales, y, en tercer lugar, el hecho de que las federaciones deportivas internacionales son entidades de naturaleza asociativa privada y, por tanto, su regulación escapa al derecho público internacional y a la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales. Esta consideración de organizaciones de derecho privado de las federaciones deportivas con autonomía ha sido reconocida expresamente por el Gobierno en fecha 14 de julio de 2004 en la respuesta dada a la pregunta escrita formulada por el diputado de Esquerra Republicana Joan Puig. Además, el Gobierno aseguraba en su respuesta que no realizaría actuación alguna para impedir el reconocimiento internacional de la Federación Catalana de Patinaje, por haber sido adoptada la decisión de dicha federación internacional en el ámbito de sus competencias. Podríamos añadir el reciente voto favorable del presidente de la Federación Española de Balonmano al reconocimiento internacional de la Federación de Escocia, también de una nación sin Estado. Por todas estas razonas y porque a ustedes les consta el apoyo mayoritario del Parlament de Catalunya, incluido el del Grupo del Partido de los Socialistas de Cataluña, a la petición de retirar el recurso, esperábamos, señor ministro, algo más.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Canet.


Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Señor diputado, el hecho de que este haya sido un Gobierno que ha empezado una nueva etapa de relaciones institucionales con las comunidades autónomas y que lo hayamos hecho, entre otras cosas, retirando en la medida de lo posible recursos de inconstitucionalidad con los que no estábamos de acuerdo se puede también entender en el sentido de que lo hacemos porque objetivamente creemos que esa norma no es compatible con lo que la Constitución establece en cuanto a la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales e incluso con el marco jurídico actual de la Ley nacional del Deporte.


Yo creo que la moción que se aprobó en este Parlamento es un buen camino para encontrar un acuerdo. Mi opinión es que quien no está conforme con esa moción es precisamente la ley del Parlamento catalán, que se elaboró antes; por tanto, si se modificara en ese punto y se acordara adecuarla a la moción que se aprobó en este Parlamento, evitaríamos cualquier incompatibilidad y estaríamos en disposición de poder retirar el recurso.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON ALBERTO FIDALGO FRANCISCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUÉ MEDIDAS TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA QUE PUEDAN EMPEZAR A DESARROLLARSE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA CON PREEMBRIONES SOBRANTES DE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA CRIOCONSERVADOS? (Número de expediente 180/000236.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A continuación, señorías, preguntas dirigidas a la ministra de Sanidad y Consumo. Pregunta número 34, del diputado don Alberto Fidalgo Francisco, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Adelante, señor Fidalgo.


El señor FIDALGO FRANCISCO: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra de Sanidad, la investigación con células madre embrionarias quedó bloqueada por el Gobierno del Partido Popular, paralizándose así proyectos científicos que, además de urgir la búsqueda de resultados potencialmente aplicables a la prevención y/o tratamiento de enfermedades graves y a la mejora de la calidad de vida de miles de personas que sufren, podían situar a nuestro país a la cabeza de un área de conocimiento prometedor. El Grupo Socialista, identificado con esas personas y consciente de la trascendencia de las posibilidades, presentó más de 30 iniciativas para abrir y fomentar la investigación con células preembrionarias. Las iniciativas fueron rechazadas por el Grupo Popular con argumentos

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pseudocientíficos que querían más bien disimular con moralina reaccionaria pro vida y, en algún caso, al mismo tiempo que aplaudían en las Azores una campaña de muerte que aún llega hasta nuestros días. Así, a pesar de la demanda social, la oportunidad de la reforma de la Ley de Reproducción Asistida, de 1988, fue desaprovechada por la ministra Pastor, incapaz de superar sus ataduras, aun sabiendo que limitando a tres, salvo alguna excepción, los ovocitos a fecundar en cada ciclo abocaría a la mujer a la reiteración de dolorosos procedimientos en caso de fracaso. Además, la ley reformada pasaba a ser ley de punto final, pues no permitía la utilización de nuevos embriones. Por si fuera poco, la aplicación sectaria de las autorizaciones previas de los proyectos de investigación acabó en el bochornoso espectáculo de la deslealtad institucional del ministerio con las comunidades autónomas, supeditando el interés general y la seguridad jurídica a las estrategias del Partido Popular.


El Gobierno socialista, siguiendo su programa y compromiso electoral, ha querido recuperar el buen hacer y las esperanzas para miles de ciudadanos, y usted misma, señora ministra, promovió el Real Decreto de 23 de julio, que amplía el listado de excepciones fisiopatológicas -susceptibles de fecundarse más de tres ovocitos-, remediando así el potencial daño causado a la mujer. Ha implementado también otras medidas; sin embargo, el carácter restrictivo de la ley actual y la inseguridad jurídica que ha generado la gestión del Partido Popular aún sigue frenando nuestra capacidad investigadora. Por eso le rogamos que nos conteste a la pregunta que figura en el orden del día.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchísimas gracias, señor Fidalgo.


Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, como ha sido repetidamente manifestado, el fomento de la investigación es una de las prioridades de este Gobierno, y en particular la investigación en biomedicina es objeto de nuestro apoyo más decidido.
La actual legislación sobre investigación con células madre es muy restrictiva y por ello va a ser objeto de modificación, como ya expuse en esta misma Cámara; sin embargo, creemos que se pueden adoptar medidas inmediatas dentro del marco legal vigente en tanto esa modificación se produce. Como ustedes saben, la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, contempla la posibilidad de que preembriones crioconservados puedan destinarse a fines de investigación, insisto, de forma restrictiva, puesto que sólo podrá investigarse con preembriones supernumerarios crioconservados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley.
Además, es necesario el consentimiento de los progenitores o en su caso de la mujer, cuestión esta que no fue desarrollada por el Gobierno anterior y que por lo tanto imposibilitaba en la práctica el desarrollo de cualquier proyecto de investigación.


El Ministerio de Sanidad y Consumo ha elaborado un proyecto de real decreto por el que se establecen los requisitos y mecanismos para solicitar el desarrollo de proyectos de investigación con células troncales obtenidas de preembriones sobrantes. En ese real decreto se van a establecer las condiciones específicas para que las estructuras biológicas obtenidas tras la descongelación de preembriones puedan ser utilizadas con fines de investigación y se regula el procedimiento para obtener el consentimiento informado de los progenitores para ese destino.
Se abren así vías a la investigación sin renunciar a las debidas garantías, mediante el permiso de la autoridad sanitaria correspondiente, el informe de los proyectos que se presenten y regulando las condiciones de información y disponibilidad de los materiales biológicos que se pudieran derivar de dichos proyectos de investigación. Este proyecto de real decreto ha sido ya informado favorablemente por la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, ha superado todos los trámites y audiencias preceptivas y su presentación al Consejo de Ministros está únicamente pendiente de la emisión del dictamen del Consejo de Estado. En resumen, este real decreto va a ver la luz...


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Lo siento, señora ministra, se ha acabado su tiempo. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA ÁNGELES MUÑOZ URIOL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿CÓMO VALORA EL SEÑOR MINISTRO LAS CONSECUENCIAS DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN ANUNCIADAS POR EL GOBIERNO? (Número de expediente 180/000219.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A continuación, señorías, pasamos a las preguntas dirigidas al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Pregunta número 19, de la diputada doña Ángeles Muñoz Uriol, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Adelante, señora Muñoz.


La señora MUÑOZ URIOL: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, ¿qué consecuencias cree que han tenido las medidas en materia de inmigración anunciadas por su Gobierno?

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora Muñoz.


Adelante, señor ministro.


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El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señora presidenta.


Señoría, positivas, porque lo que pretenden es abrir un debate que a través del diálogo nos permita establecer una política consensuada en materia de inmigración y conseguir, si fuera posible -creo que lo es con una parte muy importante de la sociedad española-, un gran pacto de Estado en materia de inmigración. El consenso hasta ahora es alto, usted vio el otro día en la Comisión cómo todos los grupos de la Cámara apoyaron la propuesta de fondo del Gobierno, los interlocutores sociales han mostrado su mejor disponibilidad y sólo el Partido Popular de momento está fuera de ese consenso. Yo no desisto de conseguirlo.


El reglamento pretende ordenar la inmigración -ordenarla, bien- facilitando el control de fronteras, freno a la inmigración irregular, con la persecución de traficantes de mano de obra y de la explotación laboral, así como mejorar la gestión de las autorizaciones de trabajo y residencia. Como sabe usted muy bien, en España existe un número elevado de personas que trabajan en situación de irregularidad administrativa y ante ello sólo quedan dos alternativas: o cerrar los ojos o proponer que quienes están trabajando lo hagan en el marco de la legalidad, como propone por cierto el Consejo Económico y Social. La solución sería, según propone el Consejo Económico y Social, normalizar la situación de estas personas que llevan un tiempo viviendo en España y están trabajando y, por cierto, a través de una serie de propuestas que no se parecen en nada, permítame que se lo diga, a las regularizaciones que efectuó el Gobierno anterior. Ahora las condiciones serán más exigentes.


En todo caso, reitero, deseamos el diálogo, el acuerdo y el consenso por ser una materia tan delicada para el futuro de la sociedad española.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor ministro.


Adelante, señora Muñoz.


La señora MUÑOZ URIOL: Señor ministro, la verdad es que no sé lo que habrá leído usted, pero yo le voy a recordar algunos de los anuncios que se han hecho por parte de todos los sectores, porque las críticas no le han venido solamente del Partido Popular sino de todos los sectores. Desde los sindicatos, UGT los tachaba de imprudentes; desde las ONG, que han dicho que eran unos hipócritas -ustedes, su Gobierno; si quiere se lo paso para que lo vea; hay que leer toda la prensa, no solamente la que a uno le interesa-, que crean incertidumbre, que están provocando un efecto perverso, que además se están enfrentando a empresarios y a trabajadores y que crean desconfianza. Los empresarios, un sector que también es importante, no sé lo que le habrán dicho a usted, pero públicamente han manifestado que están engañando a los inmigrantes y acosando a los empresarios. La prensa marroquí, se lo digo por si acaso tampoco la lee usted, ha dicho que con sus anuncios se están incrementando las mafias y potenciando la inmigración irregular, y por si fuera poco Marruecos, el país que tiene mayor presión inmigratoria, tenemos un problema importante en Ceuta y Melilla que al parecer usted tampoco ha debido leer. Estas críticas no se han hecho ni una vez ni dos sino durante varias semanas, porque como ustedes han estado jugando a la confusión de semana en semana y haciendo anuncios para un sitio y para otro, las críticas se han reproducido. Ustedes primero dijeron que eran los empresarios los que tenían que regularizar, después dijeron que eran los inmigrantes los que tenían que denunciar, después pusieron una regularización generosa con multa sí y multa no. La verdad es que lo que evidencia es una falta de criterios, señor Caldera, impropia de un Gobierno, pero propia de lo que están haciendo ustedes. Ahora hacen otra contrapropuesta y el colmo de los colmos es lo que ha ocurrido hoy. Yo sabía que usted el lunes hizo una propuesta, el martes otra, pero hoy usted, según lo que ha dicho en la radio, ha hecho propuestas diferentes. Cuando ha ido a la Cadena Ser ha dicho que va a haber cotizaciones a pagar y cuando ha ido a Onda Cero, que habrá flexibilidad sin sanciones. Señor Caldera, diálogo y consenso, pero aclárense ustedes.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Muñoz.


Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Pero, señoría, si precisamente para eso hemos entregado el borrador -lo que no hicieron ustedes-, para buscar una fórmula consensuada entre todos. Ustedes hicieron algo que nos distancia: ustedes negaron el fenómeno. ¿Saben por qué? Para no tener que ordenarlo. ¿Y por qué no querían ordenarlo? Supongo que no sería para que explotaran a los trabajadores, miles de ellos, que están teniendo actividad económica en España. ¿Sabe usted que el señor Rajoy regularizó con un solo recibo de la luz? Lo que queremos ahora es un gran acuerdo nacional, para que quien tiene empleo esté en situación de regularidad, a través del diálogo; y no tiene autoridad moral para generar este problema quién no supo resolverlo. Yo les pido que se sumen al consenso, y ya verá usted como los grupos parlamentarios, los sindicatos y los empresarios acordarán con el Gobierno una fórmula que será buena para el futuro de España.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL BARRACHINA ROS, EN SUSTITUCIÓN DE DON EUGENIO AZPIROZ VILLAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE

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FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL SEÑOR MINISTRO DE LOS DATOS DE PARO REGISTRADO Y AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO? (Número de expediente 180/000221.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Pregunta número 21, formulada por el diputado don Miguel Ángel Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Adelante, señor Barrachina.


El señor BARRACHINA ROS: ¿Qué valoración le merecen, señor ministro, los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social del pasado mes de agosto?

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor diputado.


Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señora presidenta.


El paro en agosto ha subido, señoría, y no es una buena noticia; por tanto, no puedo ocultar que nos preocupa esa situación. Tampoco han sido buenos los datos de Seguridad Social, pero una vez reconocido esto creo que ha que valorar estos datos con rigor. En primer lugar, agosto suele ser un mes errático. En segundo lugar, el aumento del paro, aunque siempre es malo, ha sido de 13.000 personas, que tampoco creo que sea una cantidad como para entender que cambia la tendencia; por ejemplo, en enero de este año el paro subió en 50.000 personas y en octubre del año pasado, en 60.000. En el dato del mes de agosto han confluido determinados factores, todos ellos leves, señoría. El sector turístico ha tirado menos de la economía que en años anteriores y el sector de la construcción se ha desacelerado un poquito. Ahora bien, tengo que decirle, señor diputado, que en términos interanuales, a 31 de agosto estamos mejor que en abril, cuando llegamos al Gobierno. En abril, cuando ustedes acabaron su periodo de Gobierno, el paro crecía sobre el año anterior casi en 50.000 personas y en agosto sólo crece en 30.000 personas. (El señor Zaplana Hernández-Soro pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, señor Zaplana, son los datos oficiales del INEM. No se ría usted, por favor, vaya a la estadística. En abril, el dato interanual era 50.000 parados más y a 31 de agosto, el dato interanual son sólo 30.000 parados más. La contratación además marcha bien, lo que debería alegrarnos. Ha habido más contrataciones en agosto este año que el año pasado y, sobre todo, se ha incrementado un 20 por ciento el número de contratos indefinidos.


En cuanto a Seguridad Social, aunque los datos de agosto no han sido buenos, señoría, le daré un dato: su Gobierno previó que el crecimiento de afiliación a la Seguridad Social iba a ser del 1,9 por ciento y ¿sabe usted cuál ha sido hasta el 31 de agosto? El 2,6. Por tanto, los datos son incluso mejores que los que preveía el Gobierno del Partido Popular.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor ministro.


Adelante, señor Barrachina.


El señor BARRACHINA ROS: Muchas gracias, señor ministro, y felicidades por los resultados, que son, como usted bien conoce, los peores en 20 años.
La situación es, como UGT dice, que no yo, una situación crítica. Le parecerá a usted poco -porque dice que agosto es un mes errático, pero lo será siempre, todos los años, con ustedes y con nosotros- que haya aumentado en 13.000 personas el desempleo; sin embargo, en el año 2001, ante el peor dato del Gobierno del Partido Popular, cuando creció en 7.000 personas, su portavoz, Ramón Jáuregui, dijo que era la peor situación histórica. Es verdad que de esos 207.000 trabajadores menos afiliados a la Seguridad Social en el mes de agosto, que es una cifra récord en destrucción de empleo, no tiene usted sólo el mérito; han contribuido decisivamente compañeros de su Gobierno. Ha hablado usted del sector turístico, y es verdad. Durante el mes de agosto, el mes turístico por excelencia, el señor Montilla y la señora Narbona dijeron que nuestro modelo estaba agotado, que estaba acabado. ¿Se imagina usted, señor Caldera, que el presidente de Coca-Cola dijese que la coca-cola es un modelo acabado, es un modelo agotado? Por tanto, responsabilice durante el mes de agosto de esas declaraciones a quien tiene la autoría: dos de sus ministros. Es verdad que caminamos con 207.000 parados más en el mes de agosto inexorablemente hacia un empobrecimiento, como ustedes mismos reconocen, y usted permanece, señor Caldera, con los brazos cruzados: ni una sola medida de reforma del mercado de trabajo, ni una sola medida tributaria. Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno hace ocho años, en seis meses hubo siete pactos sociales, siete acuerdos. Con ustedes, con los del talante, señor Caldera, ninguno. Estamos todavía con los anuncios. La única acción gubernativa destacable que se recuerda del pasado mes de agosto es ese uso de La Moncloa para exhibir modelitos caros por las mujeres del Gobierno, mientras otras 100.000 mujeres españolas perdían su empleo. (Rumores.) En agosto, sus mujeres del Gobierno se exhibieron en Moncloa y 100.000 trabajadoras españolas perdieron el empleo. Felicidades, señor Caldera. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Barrachina.


Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): ¿Pero usted se cree de verdad, señor diputado, lo que dice, o le han

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escrito lo que tiene que decir aquí? ¿Usted cree que se puede calcular la tendencia de la evolución de la economía por el dato de un mes? Un poco de rigor, por favor. El dato de un mes. Le repito que, agosto sobre agosto, hay menos paro que abril sobre abril, señoría. Mire usted los datos. Le voy a decir algo más. Si a finales de septiembre los datos son mejores que el año pasado, ¿vendrá usted a decir a esta Cámara que la cosa va muy bien? Le invito a ello. No lo hará. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor ministro, se acabó su tiempo.


- DEL DIPUTADO DON PEDRO AZPIAZU URIARTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿POR QUÉ NO APUESTA SU GOBIERNO POR LA VIABILIDAD Y EL FUTURO DE LA ACTIVIDAD Y DEL EMPLEO DE LA NAVAL DE SESTAO? (Número de expediente 180/000211.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señorías, a continuación, preguntas dirigidas al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.


Pregunta número 12, que formula el diputado don Pedro Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Adelante, señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor vicepresidente, ¿por qué su Gobierno no apuesta por la viabilidad y el futuro de la actividad y el empleo de la Naval de Sestao?

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Azpiazu.


Adelante, señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Nuestro Gobierno apuesta totalmente por la viabilidad y el empleo, con el respeto de la legislación en vigor.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor vicepresidente.


Adelante, señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Sé que usted, señor vicepresidente, no va a reconocer hoy aquí que con sus medidas su Gobierno puede poner a la Naval en una situación extremadamente difícil y puede conducirla a un cierre definitivo. Y mucho menos tres días después de que el presidente Zapatero, en un brindis al sol, prometiera en Bilbao garantizar el futuro del astillero. Presentar a Patxi López como candidato a lehendakari y anunciar el cierre de Sestao a plazos quizás hubiera sido políticamente duro, pero al menos no hubiera generado falsas expectativas en los trabajadores y en sus familias. Frente a las promesas imputadas está la tozudez de los hechos y de las medidas por ustedes adoptadas: Crear una comisión interministerial para analizar la situación de Izar y en la que no se dio cabida ni a sindicatos ni a las comunidades autónomas afectadas, incumpliendo, por cierto, una moción aprobada en esta Cámara.


El 27 de julio, el señor Martínez Robles nos avanzó en Comisión un nuevo capítulo de este drama anunciándonos la separación de la actividad civil y militar, en contra de lo que la experiencia y el sentido común indicaban. Tres días después, en Consejo de Ministros, de 30 julio, se adoptó la decisión de crear una nueva sociedad con el fin de salvar básicamente la construcción naval militar, sociedad de la que queda expresamente excluida la Naval de Sestao. Y lo que conocemos por sus propios documentos, por las explicaciones dadas por el Gobierno, por la Sepi al Gobierno vasco y corroborado tristemente en esta sesión por el apoyo expreso del presidente del Gobierno al plan de Sepi, la parte civil no incluida en la nueva sociedad entrará inevitablemente en quiebra. Por tanto, hablar de privatización de la Naval es un fraude inadmisible, tal como lo calificó ayer el Gobierno vasco. Si quieren tener alguna credibilidad en relación con la viabilidad de Sestao, revoque las decisiones hasta ahora adoptadas y plantee soluciones que garanticen de verdad el futuro de la Naval. De esta manera, señor vicepresidente, tendrá el apoyo firme y la colaboración del Gobierno vasco, del Partido Nacionalista Vasco y de este grupo parlamentario. De lo contrario, su decisión, estrictamente política, de dejar abandonada la Naval de Sestao reflejará la nula apuesta de su Gobierno por la margen izquierda y por Euskadi.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Azpiazu.


Adelante, señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señora presidenta.


Yo creo que S.S. plantea el tema de forma equivocada. El problema no es el impacto de lo que hacemos, sino el impacto de si no hacemos nada. Aquí estamos hablando del final de una larga historia que empieza hace muchos años, que tiene un episodio fundamental en el año 1997, cuando se dan las últimas ayudas posibles de reconversión, por una aceptación específica por el Gobierno español en aquel momento de la reconversión de los astilleros, de ponerlos en marcha. A partir del año 1997 se van concediendo una serie de ayudas que son incompatibles con la legislación comunitaria. Se pide la devolución de esas ayudas incompatibles. Hoy se ha comunicado que se pone en tela de juicio el pago de

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unas de las ayudas anteriores; todavía hoy. Evidentemente, si no se hace nada, lo que nos vamos a encontrar es una situación en la que estemos en causa de disolución de la empresa en un periodo inmediato. A partir de ahí, lo que S.S. propone es: No hagamos nada. No hagamos nada y tendremos un problema mayor.


¿Qué es lo que propone la Sepi y qué es lo que propone el Gobierno? Podemos hacer dos cosas. Una de ellas es la escisión de lo civil de lo militar, en la medida en que es posible mantener la actividad militar con ayudas públicas, y sobre esa base se está trabajando; y segundo, en cuanto a la parte civil, hacer los esfuerzos máximos para mantener el empleo y la viabilidad de la empresa. Es cierto que la viabilidad de la empresa implica, para que sea aceptable desde el punto de vista de la legislación comunitaria, la participación del sector privado, y en ese sentido nuestra idea es trabajar con el sector privado, con el Gobierno vasco y con cualquier otro implicado, para salvar al máximo los empleos y la actividad en la zona. Lo que no parece razonable es plantearnos un modelo que signifique poner en riesgo toda la operación, en la medida en que se perderían muchos más empleos en un nivel nacional, o un modelo que...


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Lo siento, señor vicepresidente, acabó su tiempo.


Señorías, les sería muy útil mirar la luz que indica cuándo terminan los dos minutos y medio, y en particular los últimos 30 segundos. Gracias.


- DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CONSIDERA EL VICEPRESIDENTE EFICACES PARA EL CRECIMIENTO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO LAS ÚLTIMAS DECISIONES DEL GOBIERNO EN MATERIA ECONÓMICA? (Número de expediente 180/000220.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A continuación, la pregunta número 20, que formula el diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Adelante, señor Zaplana.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señora presidenta.


Doy por reproducida la formulación de la pregunta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Zaplana.


Adelante, señor vicepresidsente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señora presidenta.


Muchas gracias, señor Zaplana. ¿Considera el vicepresidente eficaces para el crecimiento y la creación de empleo las últimas decisiones del Gobierno en materia económica? Mi respuesta es, obviamente, sí.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor vicepresidente.


Adelante, señor Zaplana.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señora presidenta.


Señor vicepresidente, según mi criterio, la preocupación de mi grupo es una preocupación extendida en el conjunto de la sociedad española, al menos en los agentes económicos. Poco después de tomar posesión como ministro de Economía, se mostró S.S. de acuerdo con el rumbo de la política económica de los últimos años. Esa afirmación, además, tenía antecedentes, siendo usted comisario europeo, porque defendía entonces la buena combinación de estabilidad y de reforma. Y también afirmó que el equilibrio presupuestario es fundamental, decía usted, para que las cosas vayan bien, o que no era necesario, decía también, cambiar la regulación de los horarios comerciales, así como que las ayudas directas al alquiler le parecían una solución simplista. Decía usted entonces que las medidas judiciales eran mucho más eficaces.


Pues bien, después de todas esas afirmaciones y desde entonces, se han destruido los pilares de la estabilidad presupuestaria, porque así se lo han exigido sus socios de Gobierno; se han recortado los horarios comerciales, o se van a recortar, como quería su compañero de Gobierno el señor Montilla. En un alarde de simplismo, recordando sus palabras, tengo que recordarle que la medida estrella de su plan de vivienda es precisamente las ayudas directas, cosa que defiende la ministra señora Trujillo, pero que usted, lógicamente, criticaba. La pregunta es muy simple: ¿Quién dirige la política económica? ¿Para qué le nombraron ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno? ¿O sólo se trataba de sacar buenas notas en el CIS?

Señoría, ha sido derrotado en todas las decisiones que ha tomado en el Gobierno, su criterio hasta ahora no ha prevalecido nunca. Señor Solbes, decían que le ponían para ejercer de portero porque era, sin duda, el mito Solbes del que hablaban algunos medios de comunicación. Por favor, contribuya a que el mito Solbes no se convierta en el timo Solbes. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Zaplana.


Adelante, señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y

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HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Zaplana, yo creo que usted plantea los temas sin entrar con profundidad en los mismos. Su preocupación es si la política económica es distinta. Sí, es distinta. Hay matices distintos, aunque hay dos puntos en los que sigo manteniendo la misma posición que antes. Soy favorable a la estabilidad presupuestaria y soy favorable a las reformas. Soy favorable a la estabilidad presupuestaria que se cumpla, no a la estabilidad presupuestaria que no se cumpla. Usted me habla de algunos problemas que no conoce bien. Ayer sacamos las cifras de las comunidades autónomas y una que usted conoce muy bien tiene curiosamente los problemas más graves de todas las comunidades autónomas del país. Pero volvamos a nuestro tema. Los problemas que en este momento se nos están planteando son fundamentalmente como consecuencia de problemas derivados del Gobierno anterior. Cuando estamos hablando de desviaciones presupuestarias en el Estado es fundamentalmente como consecuencia de la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo referente al pago a Andalucía de las diferencias del sistema de financiación. O es por el pago del Prestige; ustedes recordarán que aprobaron un decreto que no tenía consignación presupuestaria. O es por la aplicación del sistema de segregación de Renfe entre Renfe Operadora y Renfe Infraestructuras, ya que ustedes aprobaron una ley que tenía que haber entrado en vigor el primero de julio y que no lo hizo porque no tenía consignación presupuestaria. O es porque ustedes concedieron un crédito a Argentina que no se está devolviendo y al que hay que hacer frente. Por tanto, son problemas y casualmente la política económica no es consecuencia de las acciones inmediatas, sino de actos anteriores.


Le preocupa a usted un segundo tema, los horarios comerciales. A mí, también. Analice lo que ha pasado de verdad con los horarios comerciales.
Hay un sistema de libertad con una sola excepción y curiosamente donde no se cumplen los ocho o los doce, como yo preferiría, días al mes abiertos.
Curiosamente en comunidades que son Baleares, La Rioja y otras, que podrían aumentar y ni siquiera cumplen los ocho días que en estos momentos tendrían que cumplir con la nueva ley. Estos son problemas sobre los que tendría que reflexionar usted.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor vicepresidente.
Se acabó su tiempo.


- DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DEL INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO CREADO PARA LA ELABORACIÓN DE LA DECISIÓN C40/2000 DE LA COMISIÓN EUROPEA RELATIVA A LOS ASTILLEROS DE IZAR? (Número de expediente 180/000222.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Pasamos a la siguiente pregunta, la número 22, del diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Adelante, señor Fernández de Mesa.


El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Gracias, señora vicepresidenta.


Señor vicepresidente del Gobierno, ¿qué valoración hace el Gobierno del informe del grupo de trabajo relativo a los astilleros de Izar?

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor diputado.


Adelante, señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): El grupo astilleros de Izar creado en el marco de las instrucciones dadas por la Comisión delegada ha hecho su trabajo. Ha planteado unas alternativas, alternativas que en estos momentos están sirviendo de base para negociar con los sindicatos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor vicepresidente.


Adelante, señor diputado.


El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Gracias, señora vicepresidenta.
Gracias, señor Solbes.


El grupo de trabajo no está nombrado por ningún miembro del Partido Popular. Eso está claro. Y que el informe del grupo de trabajo, que es un informe sólido, aunque sea superficial en algunas cuestiones, es un informe que presenta el presidente de la Sepi, produciéndose a continuación declaraciones completamente contradictorias entre los ministros del Gobierno, incluso del propio presidente del Gobierno, deja perfectamente claro que la crispación social que existe en este momento en las ciudades dependientes de la construcción naval está provocada por no existir una política clara del Gobierno en este momento en relación con el grupo Izar. De lo que dice el grupo de trabajo yo voy a resaltar dos cuestiones hoy. La primera, que hay carga de trabajo en el mundo entero, que no son sólo los países asiáticos, Corea, Japón o China, los que tienen carga de trabajo, sino que dentro de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, también tienen carga de trabajo. Luego mercado hay, señor Solbes. Por eso le pedimos que, en lugar de reunirse o de tener un grupo de trabajo para liquidar los astilleros públicos españoles, se reúnan para ver qué es lo que se puede hacer para acceder

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a ese mercado internacional. Sabe usted perfectamente, señor Solbes, que nuestros problemas no son que los barcos sean más caros que en otros sitios, sino que probablemente no tengamos mecanismos de financiación adecuados para que los armadores, astilleros y operadores puedan construir barcos en España. Y, en segundo lugar, hay una conclusión clara del grupo de trabajo y es que la situación actual del grupo Izar es la derivada del procedimiento C40 de la Unión Europea.


Nosotros, por eso, señor Solbes, pedimos al Gobierno español que recurra ese procedimiento, porque no son, como decía el presidente del Gobierno, 1.100 millones, a pesar del anuncio que usted acaba de hacer ahora, que ya conocemos desde hace tiempo, son 308 millones de pesetas más 67 de intereses. Y no se puede falsear la realidad. No se pueden inventar cifras. La realidad es el procedimiento C40. Recúrranlo ustedes. No será la primera vez que el señor Monti se lleva un varapalo en este sentido de la Comisión de la Corte Europea de Justicia. El señor Llamazares decía hace un rato al presidente del Gobierno que habían estado juntos detrás de muchas pancartas. El Partido Popular no les ha ofrecido esa fotografía en modo alguno con el tema de astilleros durante los últimos ocho años, y por algo habrá sido.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Fernández.


Adelante, señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias.


Señoría, vuelvo a comentar el tema. Esta historia empieza en 1997 -tendremos ocasión después de volver a ella con detalle- y desde 1997 se vienen dando ayudas claramente ilegales, una de ellas recurrida y condenada en el Tribunal de Justicia. A partir de ahí usted plantea una solución simplista y demagógica: recurran ustedes. Pensemos qué es lo que significa recurrir. Como usted conoce, me imagino, las sanciones por parte de Bruselas son ejecutivas, es decir, la devolución de las ayudas se produce se recurra o no se recurra. Si eso es así, el recurso a lo que nos lleva es, en vez de a la negociación, a que la aplicación automática de la sanción implica la quiebra de la empresa, y dentro de cinco años a lo mejor nos dan la razón pero con la empresa quebrada. Si ése es el sistema que usted prefiere, yo, no. Yo prefiero que la empresa funcione y que vaya adelante. Por otra parte, es bastante evidente que, cuando estamos hablando de 1.300 millones pendientes, eso es lo que está pendiente en la Comisión. Hubo una primera ayuda que se devolvió, pero a lo que me refería hoy, que usted dice que ya conocía -no sé si lo conocía o no-, es que en el día de hoy la Comisión ha considerado que la devolución de los 108 no fue correcta, porque se hizo a través de un intermediario que es la misma empresa y que por tanto no tiene sentido.
Estamos hablando de 308 más 100 más, 408. Conoce usted perfectamente, porque está bien informado, cuál es el patrimonio de la empresa, y usted sabe que a partir del momento de la comunicación el problema fundamental es que la empresa entrará en causa de disolución. Y el gran problema es que, si no actuamos desde ahora, lo que sucederá es una situación absolutamente inasumible para todos, que es lo que parece que ustedes pretenden conseguir.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor vicepresidente. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿QUÉ MÉRITOS PROFESIONALES HAN SIDO DETERMINANTES PARA QUE JOSÉ VIERA, EX DELEGADO DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA, HAYA OBTENIDO EL VOTO FAVORABLE DE LOS CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD ESTATAL AGESA PARA SER NOMBRADO PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL CARTUJA 93? (Número de expediente 180/000223.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A continuación, pregunta número 23, que formula el diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Adelante, señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor vicepresidente, una cosa es predicar y otra dar trigo. Usted es partidario de la estabilidad presupuestaria, pero nos lleva al déficit.
Es partidario de las reformas, pero las reformas son hacia atrás, son mirar al pasado. Hace usted unas declaraciones, que es lo más brillante que se le conoce, este verano, diciendo lo que no está escrito de los presidentes de empresas privatizadas y sin embargo, cuando ustedes tienen que poner a una persona al frente de una empresa, la exigencia del carné socialista va por delante. Al señor Viera le nombran ustedes delegado del Gobierno cuando toman posesión de la responsabilidad de Gobierno.
Posteriormente, el señor Chaves le hace ir a un congreso extraordinario contra el portavoz de las Cortes del Parlamento andaluz y gana el señor Viera, dimite de delegado del Gobierno por las presiones del propio Partido Socialista. Dimite aunque dijo que no iba a dimitir, y dice, textualmente: Dimito de delegado del Gobierno porque me voy a dedicar full time a la Secretaría del Partido Socialista de Sevilla. A los pocos días, para que tenga un sueldo, le nombran presidente de una empresa pública, con los votos de

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unos consejeros de una empresa que usted dirige. Señor Solbes, ¿le parece que está bien utilizar el dinero público para pagar los sueldos de los cargos socialistas? (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Martínez-Pujalte.


Adelante, señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señora presidenta.


La propuesta de nombramiento de la presidencia de AGESA depende evidentemente del capital mayoritario, que pertenece a la Junta de Andalucía. Se propone a una determinada persona que, entre otras características, ha tenido la de consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico en la Junta de Andalucía, presidente de esta misma empresa en el pasado, presidente del consejo de administración del Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga y presidente del Instituto de Fomento de Andalucía. Me parece que es una persona que cumple las condiciones para ser presidente de la empresa. Si todos los que se han nombrado en otras empresas hubieran sido parecidos, otro gallo nos cantara.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor vicepresidente.


Adelante, señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor Solbes, son ustedes los de siempre.
Déficit público nada más llegar, este mismo año; reconversiones industriales con gente a la calle; exigencia de carné y además amnistía fiscal. Señor Solbes, son ustedes los de siempre y están usando dinero público para pagar los sueldos del Partido Socialista. Lo de Sevilla es un escándalo. (Rumores.) ¿Qué dirían ustedes si a un señor del Partido Popular, secretario de una provincia, que dice que se va a dedicar full time al Partido Popular, le nombrarán al día siguiente presidente de una empresa?

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Se acabó su tiempo, señor Martínez-Pujalte. Lo siento.


Adelante, señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, presidenta.


Señoría, cuando usted quiera hablamos del déficit público, incluyendo el de la comunidad que usted debería conocer muy bien. (Aplausos.) Además de eso, el señor Viera puede tener, evidentemente, mayores o menores detractores, pero hay un dato que me gustaría comentarle. He dicho anteriormente que el consejo de administración Cartuja 93 estuvo ya presidido por el señor Viera hace unos años y fue nombrado entonces por unanimidad, con los votos del Partido Popular. Por lo tanto, no debe parecerles una persona tan inadecuada para este puesto.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor vicepresidente.


- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO FERNÁNDEZ MARUGÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CREE EL GOBIERNO QUE LOS ÚLTIMOS DATOS ECONÓMICOS MUESTRAN UN CAMBIO DE TENDENCIA EN LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA? (Número de expediente 180/000227.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A continuación, señorías, pasamos a la pregunta número 25, del diputado don Francisco Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Adelante, señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Gracias, señora presidenta.


Señor Solbes, permítame que me acerque al paisaje de la política económica desde la política. Así lo han hecho la semana pasada muchos ministros del último Gobierno conservador. El primero en abrir fuego fue el señor Aznar, quien habló de la situación del desempleo, de los precios, de los déficit gemelos y del nivel de crecimiento. Inmediatamente después le siguió en la misma actitud y lanzó la siguiente andanada el señor Cañete y más tarde hemos visto al pretendiente conservador a la Presidencia del Gobierno de España utilizar el mismo guión, enganchándose a la estela que marca el señor Aznar. En todos los casos ha habido un elemento común: la visión sombría del presente; cosa por otra parte habitual en la historia política de la derecha española, que suele tener una visión sombría del presente y a veces una visión tenebrosa de la realidad, sobre todo cuando los ciudadanos le privan del poder político. Por ventura son muchos los españoles que ven las cosas de manera diferente y nosotros estamos entre ellos. No voy a decir que nos alegra, pero constatamos el aislamiento de la derecha política española en este momento.


Las familias españolas, señor Solbes, ven sólida su situación patrimonial, holgadas las condiciones financieras y su renta continúa siendo alta. Las empresas españolas tienen una alta rentabilidad, una buena expectativa de beneficio desde la que impulsar las próximas decisiones de inversión. Por eso le preguntamos si hemos perdido la atracción, si cree el Gobierno que los últimos datos

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que se han conocido muestran un cambio de tendencia en la evolución de la economía española.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Fernández Marugán.


Adelante, señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señoría.


Los últimos datos conocidos son los de la contabilidad nacional del segundo trimestre. Es verdad que a ello se une la revisión que ha hecho el INE del último trimestre del año pasado y del primer trimestre de este año, y hay una cierta caída de actividad en el primer trimestre de este año, en el que por cierto no existía este Gobierno, y en el segundo trimestre de este año, cuando este Gobierno acababa de llegar. Lo que hemos visto ahí ha sido una ligerísima desaceleración, explicada en parte por la caída del consumo, y que algo tiene que ver también con la evolución de un factor fundamental, que es la evolución del precio del petróleo.


Sin embargo, cuando vemos la tendencia en el momento actual y las previsiones del futuro, hay dos elementos que me gustaría destacar. En primer lugar, el buen comportamiento de la formación bruta de capital en el segundo trimestre de este año. Lo que esto quiere decir, cuando vemos el conjunto de la evolución de las cifras de contabilidad nacional, es que se está ralentizando algo la construcción, que el consumo ha bajado algo y que sin embargo ha subido de menos 0,4 a más 4 por ciento la formación bruta de capital, distinto en la construcción, lo cual es un elemento enormemente positivo desde el punto de vista de las perspectivas de futuro. Junto a eso, es cierto que tenemos algunos riesgos derivados de la inflación, como consecuencia de la subida del petróleo, pero así y todo esperamos que la inflación vaya descendiendo si los precios se estabilizan y somos relativamente optimistas en lo que se refiere a empleo, con crecimientos todavía del 2,7 y, por supuesto, en cuanto al respeto de la estabilidad presupuestaria, a pesar de los esfuerzos que tendremos que hacer para sanear situaciones de pasado.


Todo ello nos hace ser relativamente optimistas respecto al año que viene; pensamos que debería producirse una aceleración en el segundo semestre de este año, especialmente en el último trimestre; pensamos que es posible todavía alcanzar el 2,8 de crecimiento, que es el que habíamos planteado como media, y seguimos apostando por un claro crecimiento del 3 por ciento para el próximo año. Pero nos gustaría que ese crecimiento fuese más sano que en el pasado, que tuviese algo menos de construcción, algo más de bienes de equipo, algo menos de importación y algo más de exportación. Ello nos demostraría que la evolución va en el buen camino y que la... (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor vicepresidente.
Terminó su tiempo. Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON RICARD TORRES BALAGUER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿POR QUÉ HA DECIDIDO EL GOBIERNO LA SEGREGACIÓN DE LOS ASTILLEROS MILITARES DE IZAR? (Número de expediente 180/000228.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señorías, entramos en la última pregunta de la sesión de control de hoy, la número 26, del diputado don Ricard Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Adelante, señor Torres.


El señor TORRES BALAGUER: Señor vicepresidente, los gobiernos del Partido Popular han dado muestras a lo largo de los últimos ocho años de su inoperancia para hacer frente a la situación real de la construcción naval pública, adoptando medidas discutibles que no sólo no han solucionado los problemas estructurales de la compañía, sino que además nos hemos visto envueltos en una serie de expedientes comunitarios, dado que incumplíamos la legalidad de la Unión Europea. Hemos incumplido el Plan estratégico de competitividad 1995-1998, en el que además se ha producido una importante reducción de plantilla y no se ha ganado productividad, que era el objetivo del mismo. Después del fracaso del plan, una huida hacia delante.


No es cierto que solamente haya un expediente, el C40; tenemos varios expedientes abiertos: el C3/98, sobre los créditos fiscales; el C40, de una compra de filiales y el más importante que tenemos en marcha, que es el relativo a la fusión de los astilleros civiles y militares. Por tanto estamos hablando de riesgos contingentes muy importantes. Es cierto que la decisión comunitaria del 12 de mayo pasado tiene una importante repercusión sobre Izar, pero no son las autoridades comunitarias las responsables de esto, de que Izar esté en una situación crítica con fondos propios rozando la posición legal de disolución. Los problemas que tiene Izar en estos momentos son consecuencia lógica de las decisiones adoptadas por el Partido Popular. En su momento se optó por la fusión de los astilleros civiles y militares, derivado de los propios intereses políticos del Partido Popular. El resultado es que desde el año 2000 hasta el año 2004 Izar ha perdido 664 millones de euros. La integración perjudicó claramente a los militares y no benefició en nada a los civiles. El actual Gobierno hereda esta situación catastrófica, se pone a trabajar, la Comisión delegada elabora un documento, la Sepi entrega el 7 de septiembre a los agentes sociales unas líneas básicas de actuación

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que en estos momentos están como documento de trabajo objeto de discusión.
Una de las propuestas de este documento entregado a las centrales sindicales es la segregación de las actividades que actualmente desempeña Izar desde la fusión acordada por el Gobierno del Partido Popular en el año 2000.


Este diputado desea saber por qué ha decidido el Gobierno la segregación de los astilleros militares de Izar.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Torres.


Adelante, señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señoría.


Comparto con usted que la fusión de astilleros civiles con astilleros militares, tal y como se hizo, fue un error estratégico. Lo que hicimos fue contaminar la producción militar con la producción civil, todo ello para no hacer frente a los problemas que planteaba la producción civil, evidentemente por no resolver problemas que en su momento se debieron resolver.


Cuando el grupo de trabajo de Izar en la Sepi tiene que elaborar su documento de líneas básicas de producción, plantea como tema fundamental dar marcha atrás y volver a la segregación. ¿Por qué se vuelve a la segregación? ¿Lo hacemos porque nos gusta más o porque tenemos alguna manía especial? No, no. Esto está bien fundamentado y es consecuencia de una idea básica, maximizar -en este caso concreto, para la solución de este problema- la actividad y el empleo, eso sí, con respeto del marco normativo comunitario, que es el que nos está planteando los problemas a los que estamos haciendo referencia hoy. La segregación es, en nuestra opinión, la única vía existente para garantizar la pervivencia de la construcción naval pública, opinión avalada por razones objetivas que voy a intentar explicar.


En primer lugar, por la propia situación de Izar. El negocio militar y el diagnóstico en Izar son radicalmente distintos que la situación del mercado civil. El posicionamiento competitivo de Izar en el mercado de la construcción civil es hoy insostenible por la estructura actual de nuestra producción pues sólo existen oportunidades puntuales para obtener contratos que, debido a su falta de competitividad por diversas razones, hacen muy difícil su permanencia, sobre todo, en términos de competencia y en términos de mercado. Por el contrario, en el mercado militar la posición competitiva es buena. Existen fundadas expectativas de mantener un nivel alto de contratación, tanto en el mercado nacional como en el de exportación, siempre que se haga el esfuerzo adecuado de reducción de costes.


Hay un segundo argumento que me parece fundamental, que es el artículo 296 del Tratado de la Unión...


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Lo siento, señor vicepresidente, se acabó su tiempo. Muchísimas gracias.


INTERPELACIONES URGENTES

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA GENERAL QUE PIENSA ADOPTAR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. (Número de expediente 172/000031.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señorías, pasamos al punto VI del orden del día, el referido a las interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre las medidas de política general que piensa adoptar el Ministerio de Medio Ambiente en materia de prevención y extinción de incendios forestales.


Tiene la palabra la señora Báñez.


La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, este verano ha sido especialmente dramático en nuestro país, ya que hemos sufrido en distintas zonas de nuestra geografía graves incendios forestales con consecuencias irreparables en algunos casos. El más trágico ha sido el que se produjo en Huelva el pasado 27 de julio, en el que dos vecinos fallecieron asfixiados por el fuego. Sean nuestras primeras palabras de recuerdo y solidaridad con las víctimas y con sus familias.


Señorías, en España se han quemado más de 100.000 hectáreas este verano, destruyendo viviendas y poniendo en riesgo núcleos de población, muchos de los cuales han tenido que ser evacuados, y se han producido importantes pérdidas materiales y medioambientales. Casi el 50 por ciento de la superficie quemada se encuentra en Andalucía, siendo el incendio producido en las provincias de Huelva y Sevilla el que arrasó mayor número de hectáreas, más de 40.000, que constituye una catástrofe ecológica sin precedentes. El fuego arrasó zonas de alto valor ecológico y ambiental, afectó a 12 municipios, obligó a la evacuación de más de 1.000 personas y acabó con el medio de vida de muchas familias.


Ante este desastre ecológico, usted, señora ministra, sigue de vacaciones, se niega a comparecer en esta Cámara para informar a los ciudadanos y se dedica a minimizar la tragedia como si no fuese con usted y, lo que es peor, el Gobierno no toma ni una sola medida para reparar los efectos del incendio ni ayudar a las familias o a los vecinos afectados. Usted me dirá que la mayoría de las competencias en esta materia la tienen las comunidades autónomas, y es verdad, pero el Gobierno de España también tiene las suyas, que no son menores, y usted tiene que dar explicaciones en esta Cámara.


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Señora ministra, su ministerio, a través de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, tiene encomendadas acciones de prevención, la coordinación básica de las actividades de la lucha contra incendios y el apoyo con medios de extinción a las administraciones autonómicas dentro de las directrices del Plan forestal español. Además, tiene medios para ello, cuenta con un presupuesto que el Gobierno del Partido Popular incrementó para este año en un 14,4 por ciento.


Señorías, en primer lugar, queremos saber qué medidas ha tomado el ministerio para la prevención de incendios forestales este verano, qué campañas de sensibilización se han puesto en marcha, con qué importe y cómo ha colaborado el Gobierno de España en materia de prevención con las comunidades autónomas. Está claro que, dada la magnitud de la superficie arrasada por el fuego, en algo hemos fallado. Por cierto, a esta Cámara le gustaría conocer exactamente las hectáreas calcinadas por el fuego, las mediciones hechas por su ministerio, las totales y las de las comunidades autónomas, porque en algunos casos los datos que hemos ido conociendo se han rectificado con posterioridad, y doy por sentado que los errores de medición no son achacables a los técnicos sencillamente porque no ganan nada ocultando hectáreas quemadas. Ustedes sí ganan o pierden políticamente si minimizan o exageran la zona quemada, por eso me dirijo a usted y no a unos técnicos que presumo que son profesionales independientes. Queremos saber la verdad. Así evitaremos que estas catástrofes vuelven a producirse.


Cuando usted y sus compañeros de partido minimizan el desastre están poniendo los intereses de su partido por delante de los intereses de los afectados por los incendios, es decir, cientos de familias que se han quedado sin medio de vida y los derechos de los ciudadanos a disfrutar del medio ambiente perdido en el futuro. Lo cierto es que en algunas ocasiones se le ha visto más preocupada en colaborar con las comunidades autónomas para minimizar los hechos que en buscar desde la verdad soluciones rápidas y eficaces. Le tengo que decir que personalmente, como andaluza, pero también como representante de los andaluces en esta Cámara, me ha resultado tremendamente bochornoso comprobar hasta dónde han llegado las administraciones socialistas para minimizar una desgracia medioambiental como ésta. A su compañero el señor Chaves los medios de que dispone Andalucía para la extinción de incendios le parecen razonablemente buenos; todos están muy satisfechos y complacidos. Mire si están satisfechos que han llegado a tener la poca elegancia de aplaudirse a sí mismos en una reunión del Partido Socialista por su gestión de la tragedia. Señoría, ¿se puede tener tanto descaro? Pues yo le tengo que decir que la actitud de sus compañeros en Andalucía no me parece ni mucho menos digna de aplauso ni en la forma ni en el fondo. Lo cierto es que sigue habiendo muchas incógnitas por despejar, aunque es de imaginar que a la luz de esos vergonzantes aplausos no tienen ninguna intención de investigar qué está fallando en las políticas de prevención, de coordinación, de extinción y de reparación de los daños causados por los terribles incendios de este verano. Desde mi grupo parlamentario nos preguntamos si cree usted que se hizo todo lo posible en relación con los incendios, pues un incendio de esas dimensiones es irremediable. Señoría, si ésta es una gestión de aplauso, no quiero ni imaginar lo que será una gestión deficiente: miedo me da pensarlo siquiera.


En segundo lugar, señorías, es muy importante analizar las deficiencias de coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas. El pasado 27 de mayo se celebró una conferencia sectorial de Medio Ambiente. ¿Fue monográfica de incendios? ¿Qué medidas de coordinación se establecieron entre las distintas comunidades autónomas? ¿Va a continuar usted celebrando la Conferencia sectorial de incendios que con buen criterio instauró su antecesora? ¿Continuará con el grupo de trabajo para analizar las causas y buscar soluciones al problema de los incendios forestales? ¿Se trabaja en este sentido desde su ministerio? Por otro lado, ¿conoce su ministerio cómo utilizan las comunidades autónomas los fondos estatales que reciben? ¿Lo dedican a prevención o a extinción? Esto no es un tema menor porque el monte, si está sucio, si no se cuida, si no se hacen los cortafuegos correspondientes y estos no están limpios ni son suficientemente grandes, ante un descuido o el ataque de un pirómano el fuego avanza con más virulencia y se hace más difícil su extinción. Le digo esto porque este verano se han producido incendios en distintas comunidades españolas y el resultado ha sido muy diferente. En algunas, como en Galicia, los focos aparecieron y se extinguieron en menos de 24 horas, mientras que en otras como en la mía, Andalucía, algunos incendios han tardado desgraciadamente varios días en sofocarse y esto será por algo. ¿Qué nos puede aportar la ministra sobre este tema? El Plan de prevención de incendios forestales en Andalucía, por ejemplo, se incumple en muchas ocasiones y la responsabilidad última de que los montes estén adecuadamente limpios de hojarasca y de maleza y de que los cortafuegos se encuentren en las debidas condiciones es de la Junta de Andalucía; la del Gobierno de la nación es conocer cómo se ejecutan esas competencias.
Para eso está el invierno, señorías, para aprovechar todos estos meses y vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas. Los incendios, señorías, se apagan en invierno.


En tercer lugar, la extinción. Queremos que nos explique qué ha pasado este verano con los incendios. ¿Ha existido coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno en la extinción de los incendios forestales? ¿Por qué los sectores sociales aseguran que no ha habido colaboración del ministerio con las comunidades autónomas que han sufrido incendios? ¿Con qué medios se ha colaborado? ¿Con todos los posibles? ¿El tiempo de reacción ha sido el correcto? ¿Por qué en algunos casos como el de Huelva no se recurrió al ejército para

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apagar un fuego que ha arrasado más de 40.000 hectáreas? ¿No les pareció suficientemente grave?

Cuando hay una catástrofe de grandes dimensiones, lo sensato, lo lógico, lo prudente es pedir cuantos más medios mejor. ¿Por qué no se atendió por la Junta de Andalucía y el Gobierno la petición de los alcaldes de los distintos municipios de que acudiera el ejército para colaborar en la extinción de un incendio que llegó a alcanzar el nivel 2? ¿Qué se quería ocultar? ¿Por qué ya no se ponen ustedes las pegatinas y tampoco encabezan las manifestaciones? Hay que ver, señorías, las vueltas que da la vida.


Permítanme que, como andaluza, me extienda un poco más sobre el incendio más importante que se ha producido en España este verano. Me refiero al que se produjo en julio entre las provincias de Huelva y Sevilla que tardó varios días en sofocarse. Como he dicho al principio de mi intervención, estamos ante un incendio sin precedentes y no tanto por la importancia de la superficie quemada, que también, sino porque el fuego ha arrasado una zona de alto valor ecológico y medioambiental. Se han quemado más de 40.000 hectáreas, como ya he dicho, entre eucaliptos, alcornoques, encinas y pinares que constituían un maravilloso entorno natural y el pulmón de dos provincias andaluzas. La riqueza forestal destruida por el incendio constituía el principal recurso económico de muchas localidades a las que afectó y el medio de vida de muchos de sus habitantes. La actividad económica de la zona, desde el aprovechamiento del corcho al turismo ecológico, ha sufrido un daño irreparable a corto y medio plazo. Una vez extinguido y conocida la verdadera magnitud de la tragedia, es hora de que las administraciones asuman responsabilidades sobre lo ocurrido y pongan todos los medios posibles para paliar las graves consecuencias de la catástrofe. Por eso no entendemos cómo, a día de hoy, el Gobierno de Zapatero no ha declarado a los municipios afectados por el incendio como zona catastrófica, que es la petición reiterada de los vecinos y de los alcaldes de los municipios, incluidos sus compañeros del Partido Socialista. Sus señorías conocen que esta declaración de zona catastrófica es la mejor garantía para que lleguen a la zona afectada todas las ayudas posibles de las distintas administraciones -central, autonómica y de la Unión Europea- y que dichas ayudas lleguen cuanto antes, de forma urgente. Además se debe solicitar a la Unión Europea las ayudas que tiene establecidas para catástrofes de estas características. Todos los recursos son bienvenidos y los afectados necesitan respuesta de las administraciones, la necesitan ya.


En el Partido Popular lamentamos profundamente, y queremos denunciarlo, que el Gobierno de Zapatero no haya enviado ni un solo euro a Andalucía para paliar los efectos de esta terrible catástrofe. Señorías, ante catástrofes similares, Andalucía fue solidaria con otras comunidades autónomas españolas y nosotros pedimos hoy aquí esa misma solidaridad para nuestra tierra, que debe llegar, fundamentalmente, de ese Gobierno y de esta Cámara. Por eso, pido una vez más que se declare zona catastrófica a los municipios afectados por el incendio. Muchos han comparado este desastre medioambiental con el Prestige o con la rotura de la presa de Aznalcóllar y me atrevo a decir hoy aquí que los efectos a corto y medio plazo de esta tragedia serán más importantes porque el tiempo de recuperación del bosque mediterráneo no será inferior a 50 años. ¿Hasta cuándo no podrán esas familias volver a vivir de ese entorno natural?

Hoy, gracias a un gran esfuerzo, las costas gallegas están limpias y se está pescando y mariscando con normalidad en toda la zona; sin embargo, si minimizamos la tragedia, si seguimos viviendo como si nada hubiera pasado, si no les decimos a los ciudadanos la verdad de lo ocurrido, puede volver a pasar lo mismo el próximo verano. No, señorías. Yo soy onubense, yo he visto el incendio con mis ojos y no me quedo tranquila.
Los jóvenes andaluces serán ancianos cuando puedan volver a ver un monte como el que se ha quemado este verano en Andalucía. La gente de los municipios afectados ven cada día la tierra carbonizada, los árboles y los animales muertos y ese manto, negro como el chapapote, que ustedes no ven porque no lo quieren ver. Ustedes todo lo hacen razonablemente bien, aunque no hagan nada. Esa actitud esconde una profunda cobardía porque hay veces en la vida en que hay que dar la cara. Espero que den la cara, que investiguen, que reconozcan que hubo fallos en la prevención, en la coordinación y en la reparación de daños. El día que la gente de los municipios afectados les aplauda por su gestión, me quitaré el sombrero, pero que ustedes aplaudan ante una de las mayores catástrofes ecológicas de los últimos tiempos es sencillamente inadmisible.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Báñez.


A continuación, tiene la palabra para responder la señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señora presidenta, señorías, señora diputada, las vueltas que da la vida, sin ninguna duda.
Yo no recuerdo haber visto el año pasado a la ministra de Medio Ambiente del Gobierno del Partido Popular en ningún incendio, en ninguno. Yo he estado este verano en el incendio por el que tan afectada se siente S.S., como no podía ser menos. He estado allí y he visto de cerca el drama que están viviendo muchas familias y las dificultades que van a tener los próximos años.


Usted pide explicaciones a los cuatro meses y pico de llegar al poder este Gobierno, como si ustedes no hubieran gobernado durante los últimos ocho años y no hubieran hecho una permanente dejación de responsabilidades en materia de lucha contra incendios, limitándose a decir -y tengo aquí las declaraciones que han hecho varios ministros de Medio Ambiente en esta Cámara- que un ministro de Medio Ambiente lo único que tiene que

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hacer es utilizar los medios aéreos que tiene a su disposición en apoyo a las comunidades autónomas y trasladarles subvenciones, que en gran medida son simplemente fondos europeos que se transfieren a las comunidades autónomas para labores de prevención y de tratamiento de los montes. Sin ninguna duda, eso es algo que hay que hacer; yo diría que es lo mínimo que hay que hacer y, en ese sentido, yo no puedo sino reproducir declaraciones que se han hecho el año pasado por la ministra de Medio Ambiente, que decía: Durante el pasado verano hemos aportado todos los medios aéreos para la extinción de incendios en apoyo a las comunidades autónomas. Más adelante, hablaba de la aplicación de un presupuesto de subvenciones para las comunidades autónomas, para sus tareas de prevención y de mantenimiento de los bosques. También decía la ministra de medio Ambiente: el fuego se ha producido y no es culpa de nadie. Quizá antes no había culpables y ahora los hay.


Señorías, siempre hay culpables. Desde luego, del Prestige sabemos que los hay, pero también de todos los incendios que se producen porque aproximadamente un 96 por ciento de todos los incendios están causados por el hombre, bien con intencionalidad, bien por negligencia. Luego fíjese si existen culpables, y es labor de todas las administraciones, indudablemente también de la Administración General del Estado, intentar evitar que los haya. Eso va más allá de las tareas de prevención, más allá de las tareas de extinción y de lo que corresponde, desde el punto de vista del reparto de competencias, a la labor del Ministerio del Medio Ambiente en la lucha contra incendios. Va bastante más allá.


Usted me pregunta qué hemos hecho este verano, si hemos puesto todos los medios a disposición de la comunidad autónoma. Por supuesto, igual que entiendo que, en épocas anteriores, los ministros también pusieron a su disposición en cada caso con que se encontraron aeronaves y helicópteros con las BRIF que se habían movilizado para atacar incendios.


Decía usted, señoría, que este año había sido dramático. Sin ninguna duda, no voy a minimizar en absoluto lo que ha sucedido durante el verano. Sin embargo, quiero decirle, para su conocimiento, que, en lo que va de año, concretamente del 1 de enero al 5 de septiembre, ha habido 108.404 hectáreas quemadas; el año pasado, en las mismas fechas, del 1 de enero al 5 de septiembre, hubo 134.490 hectáreas quemadas; es decir, aproximadamente 30.000 hectáreas quemadas más a lo largo de esos meses del año, que son comparables puesto que los incendios, como bien sabe, no se producen sólo en verano, se producen también en invierno, sobre todo, en la cornisa cantábrica, por multitud de razones. Parece identificado el origen de la mayoría de los fuegos en la cornisa cantábrica en la quema indebida de rastrojos. En cualquier caso, esos son los datos. El año pasado, hasta esta fecha, había habido 42 grandes incendios -es decir, incendios superiores en extensión a las 500 hectáreas-, frente a los 15 grandes incendios que ha habido este año; esos grandes incendios que son los que movilizan los medios aéreos del ministerio en apoyo de las comunidades autónomas. En estos momentos, los datos que tenemos son todavía provisionales y los hemos hecho llegar a todas las comunidades autónomas -como venimos haciendo desde el primer momento- para celebrar el próximo día 23 de septiembre una reunión ya convocada del Comité de lucha contra incendios forestales, para analizar con todas ellas lo que ha sucedido a lo largo de este año -en particular, los principales incendios que se han producido- y para seguir trabajando en una dinámica de colaboración, que sin ninguna duda ya existía y respecto a la cual este Gobierno no puede hacer otra cosa más que mantenerla y mejorarla en lo posible.


Ha sido ya convocada también, señoría, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que se celebrará durante los días 22 y 23 de octubre, en Extremadura, concretamente en Mérida, y cuyo debate estará destinado de forma monográfica a incendios forestales y a conocer la opinión de las comunidades autónomas sobre algunas propuestas en las que está trabajando el Ministerio de Medio Ambiente, que, por supuesto, pasan por analizar, por ejemplo, si el reparto de medios aéreos, que estaba decidido para este verano antes de que llegara el nuevo Gobierno, ha funcionado bien o si ha habido lugares en los que por dicho reparto ha habido alguna deficiencia que debamos corregir para el año que viene. Es una ocasión también de contrastar datos, porque a veces existen diferencias entre los datos que dan los gobiernos de las comunidades autónomas, los que ofrecen otras instancias que también investigan en materia de incendios y los que son deducibles del conocimiento que tiene el Ministerio de Medio Ambiente de los perímetros de los incendios. Sin ninguna duda, hay que hacer un análisis de los datos, de las estadísticas y de la capacidad que tenemos para contrastar la realidad de la extensión de los incendios, y hay que hacer también una puesta en común, como se lo he pedido a todos los consejeros, de las iniciativas que cada comunidad autónoma pueda aportar en la dirección correcta. De eso se trata.


Sin ninguna duda, la legislación básica de montes, que corresponde al Gobierno central a iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente, es manifiestamente mejorable en su redacción actual. Tuve ocasión de trasladar esta opinión a todos los consejeros de Medio Ambiente en la primera conferencia sectorial, en la que se les explicó precisamente los mecanismos de coordinación de medios aéreos durante este verano -resultado, como he dicho, de reuniones mantenidas por el anterior Gobierno- y en la que hubo espacio también para un primer debate. Ninguna comunidad autónoma manifestó la menor discrepancia hacia la propuesta formulada por el Ministerio de Medio Ambiente, al principio de esta legislatura, de corregir la actual legislación de montes, que deja sin definir el plazo mínimo de prohibición de cambio de uso de los suelos objeto de incendios. Yo he propuesto que ese plazo mínimo sea al menos de 30

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años, porque efectivamente en estos momentos hay comunidades autónomas que tienen plazos diferentes para esa prohibición, incluso algunas todavía no tienen ninguna legislación al respecto. Yo consideré muy acertado, por ejemplo, que el consejero de Galicia este verano hiciera una manifestación de regulación inmediata dentro del territorio de Galicia para prohibir el cambio de uso de terrenos forestales para usos agrarios, pues ciertamente aparecía ese cambio de uso como una posible motivación, concretamente en el caso de Galicia.


La legislación básica es mejorable, señorías, también en lo que se refiere a un incentivo efectivo para que los titulares de monte privado mantengan esos montes en condiciones. La legislación actual básica, la legislación del Estado, es francamente insuficiente. Está abierto el debate con las comunidades autónomas y con los expertos en esta materia porque creemos que se puede mejorar bastante la legislación del Estado.


Como he tenido ya ocasión de comentar en Consejo de Ministros, en el Ministerio de Medio Ambiente creemos que, mucho más allá de lo que puede hacer dentro de sus competencias y de la propia legislación básica el Ministerio de Medio Ambiente, hay otros departamentos que pueden tomar iniciativas muy positivas para cambiar tendencias que en los últimos años se han acentuado, por ejemplo, señorías, la despoblación creciente del mundo rural. En estos momentos, aunque parezca increíble, tres de cada cuatro españoles viven ya tan sólo en el 3 por ciento de territorio nacional. Viven, como es lógico, en los litorales, sobre todo en el litoral mediterráneo y en los archipiélagos y en las grandes ciudades, en las áreas metropolitanas con carácter general. El resto de España se está quedando vacío y no habrá ninguna política de prevención y de extinción de incendios si no hay personas en el territorio implicadas directamente en la conservación de los montes, en la buena conservación de los montes.
Hoy se da la paradoja de que muchas personas ligadas al mundo rural reciben determinadas subvenciones sin vivir en el mundo rural. Por tanto, a gran distancia de lo que debería ser la capacidad de las distintas administraciones de corregir un desequilibrio poblacional y ambiental creciente. También cabe tomar iniciativas, como he propuesto asimismo en el Consejo de Ministros, relativas a cambiar la tendencia de la disminución de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que se han reducido durante los últimos años. Como me decían vecinos de los pueblos de la sierra de Huelva durante el incendio, a partir del momento en que desaparece la Guardia Civil de un pequeño pueblo, aumenta sin ninguna duda la impunidad de los culpables de los incendios y la complicidad social en torno a ellos.


Tampoco nos podemos sentir satisfechos ni mucho menos, de las poquísimas sentencias sobre incendios en aplicación del Código Penal, que prevé penas muy importantes, pero que no se están aplicando porque en estos momentos tenemos tan sólo una sentencia en firme por un incendio de más de 3.000 hectáreas en su momento. Si esa sentencia se aplica, como parece, tan sólo va a tener una pena de once meses.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señora ministra, le ruego que vaya concluyendo, por favor.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): También doy la información a S. S. de que el día 8 de septiembre el Gobierno de la nación pidió recursos del fondo de solidaridad a la Dirección General de Política Regional en Bruselas, que es el órgano donde se tramita esa petición de ayudas. Ya hemos enviado un informe que por supuesto incluye todos los datos gravísimos relativos al incendio en Andalucía, pero también hemos enviado datos de incendios en Galicia, de incendios en Valencia y de incendios en Castilla y León, para que la Comisión lo considere.


Por último, en relación con el grave incendio de Extremadura del año 2003, quiero decirle que este Gobierno aprobará con bastante más diligencia que el anterior un decreto-ley, en el que ya está trabajando, para dar ayudas extraordinarias a los afectados por los grandes incendios de ese verano.
El Gobierno ya está trabajando en ello y esperamos que sea un decreto-ley de medidas que satisfaga a la comunidad afectada, como también en relación con las inundaciones que han acaecido recientemente y que han implicado a varios territorios.


Así pues, creo haber contestado a todas su preguntas, pero por supuesto en el turno de réplica estoy dispuesta a aportar algún dato más respecto de lo que usted me demande.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A usted, señora ministra.
Muchas gracias.


A continuación, para un turno de réplica de cinco minutos, tiene de nuevo la palabra la señora Báñez.


La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, le recuerdo que usted ha venido esta tarde a contestar a una interpelación del Grupo Parlamentario Popular y que nosotros hemos venido a escuchar lo que usted tiene que decir en materia de incendios y de política medioambiental. Asimismo, le recuerdo que no está usted en la oposición y que tiene que contestar a las preguntas y no hacerlas.
Además, sería bueno que se olvidase del Gobierno anterior y que no tratase de controlar aquí en estas fechas a un Gobierno que ya pasó, que es el Gobierno de José María Aznar.


Señora ministra, usted acudió al incendio acompañada del presidente de la Junta de Andalucía. Pues bien, usted ha estado en el incendio como estuvo en la foto del helicóptero y en las famosas fotos del Vogue, que hemos visto este verano. Lo comparo con las otras dos fotos porque tanto en esos casos como en el caso del incendio de Huelva usted no hizo nada, sino que simplemente

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posó. El Gobierno del señor Zapatero no ha enviado ni un euro a Andalucía para reparar el grave incendio que se sofocó en las provincias de Huelva y de Sevilla, y por eso le digo que usted simplemente fue y posó y que no ha hecho nada más. Y eso es grave, señora ministra. Es verdad que los incendios forestales a veces son inevitables, pero las administraciones tienen que responder con contundencia y la extinción no es la misma en todos los casos. Antes le he puesto el ejemplo de otras comunidades autónomas en las que se han producido incendios. Lo importante es que se sofoquen cuanto antes y usted debería saber por qué unos se sofocan en 24 horas y otros tardan en sofocarse varios días. Además, le recuerdo una frase que usted ha dicho este verano y que ha sido muy comentada, y es que en los incendios forestales habría que luchar contra el terrorismo forestal cuando luego simplemente fue un descuido de una familia con una barbacoa lo que provocó un incendio, concretamente en Valverde del Camino, en Huelva. Señoría, infórmese mejor, dedíquese a trabajar y no haga este tipo de declaraciones.


Permítame que le diga también que lamento profundamente que no haya hablado de la catástrofe medioambiental y ecológica que han sufrido las provincias de Huelva y Sevilla este verano. Usted ha pasado de puntillas por este tema. Simplemente ha anunciado que ya han solicitado ayudas a la Unión Europea, de lo cual nos alegramos porque lo hemos pedido reiteradamente, pero no ha dicho nada de las medidas que va a adoptar su Gobierno, el Gobierno de España, para reparar ese daño tan importante, ese daño medioambiental que ha roto de lleno el medio de vida de muchas familias de Huelva y de Sevilla. Señora ministra, póngase a trabajar y pídale a su presidente que declare esa zona como catastrófica, puesto que los vecinos de Huelva y de Sevilla necesitan una respuesta ya, una esperanza para su futuro, no habiéndoles llegado todavía desde el Gobierno de España ninguna ayuda. Usted y algún miembro de su partido han tenido la desfachatez de decir que el Gobierno anterior había desviado fondos de la Unión Europea, fondos de reforestación que eran para las comunidades autónomas, a otros menesteres. Yo le quiero decir aquí públicamente, porque la Junta de Andalucía ha acusado al Gobierno del Partido Popular de desviar a sus ayuntamientos 900 millones de euros de la Unión Europea para tratamientos hidroforestales, que eso es mentira.
La realidad del asunto es que las confederaciones hidrográficas asumieron proyectos de reforestación, recuperación de montes y riberas y trabajos hidrológicos forestales a través de convenios con ayuntamientos y diputaciones, incluidos los socialistas, ante la negativa de la Junta a colaborar con el Gobierno de la nación en esta materia y la pasividad demostrada por la posible pérdida del dinero procedente de fondos europeos. Chaves ha actuado de forma irresponsable utilizando Andalucía en un enfrentamiento con el Gobierno del Partido Popular y el dinero destinado a estos proyectos, procedente de fondos Feder, estaba consignado en el Ministerio de Hacienda y comprometido con las confederaciones hidrográficas para asignárselo a las comunidades autónomas. En concreto, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tenía asignados 420 millones de euros, la del Guadiana 150 y la del Sur 300, a lo que se hubiera sumado el 25 por ciento que debía haber puesto la Junta de Andalucía. Los documentos que prueban estas cifras existen y pueden hacerse públicos para desmontar y aclarar la estrategia de confusión y engaño del Gobierno andaluz sobre el asunto. Chaves ha encomendado a su consejera la estrategia burda de negar estas cifras, en vez de dar una explicación de los intereses partidistas que justificaron la negativa, cuando otras comunidades como Castilla-La Mancha lo hicieron. Esa, señoría, es su responsabilidad.


Yo le quiero decir algo más para terminar, señora ministra. Pida la declaración de zona catastrófica para los municipios afectados por el incendio de Huelva y de Sevilla, hagan un paquete de medidas urgentes para dar un futuro con mayor esperanza a esas familias, dejen de hacer declaraciones que no competen a su ministerio y pónganse a trabajar para que el próximo año la prevención, la coordinación y la extinción de incendios sea mejor, más eficaz y podamos evitar muchos incendios el próximo verano. Nos tenemos que poner a trabajar ya. Usted es la mayor responsable y la que tiene que poner el mayor de los empeños.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Báñez.


Para la última réplica tiene de nuevo la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señoría, acaba usted de hacer una declaración que no creo que le guste nada a ninguna comunidad autónoma de ningún signo político. Acaba usted de decir que la principal responsable en materia de política forestal y de incendios es la ministra de Medio Ambiente. Señoría, yo comprendo que usted viene aquí a hacer el papel de oposición y a pedirme varias veces que haga lo que ya está haciendo el Gobierno. Si me ha escuchado bien, he dicho que el Gobierno ya está preparando la norma que contendrá todas las ayudas extraordinarias previstas en estas circunstancias para la catástrofe que produjeron, concretamente en Huelva y en Sevilla, los graves incendios que tuve ocasión de ver; pude hablar con todos los alcaldes que acudieron y comprobar la situación de los propios vecinos de Berrocal a lo largo de toda una jornada de trabajo, señoría. Quizás haya habido otras ministras de Medio Ambiente que hayan posado mucho, pero no las recuerdo en los incendios, ni siquiera de lejos.


Usted ha dicho que la vida da muchas vueltas, y sin ninguna duda, señoría; la vida da tantas vueltas que nada más llegar al Gobierno esta ministra, en esta legislatura,

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ha asumido sus propias responsabilidades, que no son las únicas, le guste o no le guste, porque hay un reparto competencial al que ustedes han aludido siempre precisamente para eludir cualquier responsabilidad del Gobierno central, no fuera a ser que alguien se lo exigiera. Está en todas las intervenciones que han realizado los ministros de Medio Ambiente en este país durante los últimos ocho años. Hay muchas cosas en las que podemos estar de acuerdo. El señor Matas, el año 2000 decía: Este es un tema en el que no hay que buscar enfrentamientos ni politizaciones.
Además, encontramos ejemplos en todas las comunidades autónomas de todos los signos políticos. Creo que nuestro objetivo principal debe ser la colaboración y el interés general de la protección del patrimonio natural. Totalmente de acuerdo. Yo creo que este tema debería de salir de un debate de enfrentamiento partidista, que no político, que es algo muy distinto, en el que ustedes este verano se han querido ensañar exigiendo una y otra vez lo que no parecían dispuestos a acordar para Extremadura el año pasado. Tengan un poco de memoria porque si no su credibilidad como partido de la oposición, que ha sido ocho años partido del Gobierno, va a quedar mucho más por los suelos de lo que ya está. Por cierto, señoría, no dé cifras que no son ciertas: No ha habido un incremento en los Presupuestos Generales del Estado del año 2004 respecto del 2003 del orden que usted decía, pues apenas ha subido un 0,9 el presupuesto destinado a medios aéreos para extinción de incendios; está en el "Diario de Sesiones" del Congreso de los Diputados, en el debate de los presupuestos, por cierto, presupuestos que no se han gastado plenamente durante los últimos años. Así, entre el año 2000 y el año 2003 se han perdido, porque no los ha gastado el Gobierno central, más de 40 millones de euros que tenían como destino la ayuda a las comunidades autónomas.


Quiero informarle también de algo que creo que desconoce o que cree que se trata de inventos de la consejera de Andalucía. Nos hemos encontrado convenios entre las confederaciones hidrográficas, ayuntamientos y comunidades autónomas bastante discutibles en su contenido. Señoría, el Gobierno anterior dedicó fondos inicialmente destinados a la restauración hidrológica forestal nada menos que para hacer equipamientos colectivos en algunos ayuntamientos, parques urbanos e incluso restaurar una iglesia. ¿Eso es aplicación de fondos destinados a la restauración hidrológica forestal? Sería bueno que entendiéramos de qué hablamos, sobre todo a la hora de gastar dinero en el marco de la propia Unión Europea, que veremos si no nos obliga a devolver algunos de esos dineros canalizados por el anterior Gobierno de forma tan increíble.


Concluyo diciendo que me reitero en hacer una valoración absolutamente drástica de la culpabilidad humana de los incendios en más del 90 por ciento de los casos. He hablado de terrorismo forestal y sigo pensando que así debería verlo la totalidad de nuestra sociedad, para que no haya complicidades y para que no haya tolerancia, exactamente lo mismo que dice el consejero gallego de Medio Ambiente, que ha anunciado que luchará para implantar el principio de tolerancia cero ante los autores de los incendios. Estoy segura de que con el Partido Popular, a través de la conferencia sectorial y de las comunidades en las que gobierna este partido, vamos a tener muchos puntos en común. Trabajamos desde el primer momento de la legislatura, entre otras cosas para que este país supere la desidia ambiental que ha colocado a España en el último puesto dentro de la Unión Europea en cosas tan significativas como el cambio climático, que como bien sabe usted tiene mucho que ver con los incendios, muchísimo que ver, y se está notando en todas las comunidades autónomas, gobierne quien gobierne. Por tanto, señoría, el trabajo está siendo permanente. Le he explicado, si usted ha querido oírme, todas las iniciativas que van a ser propuestas al Consejo de Ministros, una vez oídas las comunidades autónomas en conferencia sectorial. Y le insisto, por si no lo hubiera oído todavía, que el Gobierno está preparando ya -seguramente lo aprobará con menor dilación que la que el año pasado tuvo el anterior Gobierno con Extremadura- el paquete de medidas extraordinarias en relación con los graves incendios acaecidos este verano.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR RODRÍGUEZ), PARA INFORMAR DEL PLAN INDUSTRIAL PARA EL GRUPO IZAR, SU REPERCUSIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL. (Número de expediente 172/000032.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Punto 36 del orden del día: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, para informar del plan industrial para el grupo Izar, su repercusión económica, social y territorial.


Tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, señor vicepresidente del Gobierno, el Bloque Nacionalista Galego -en general todo el nacionalismo organizado en Galicia- lleva muchos años asistiendo a un proceso de destrucción de sectores productivos de carácter estratégico, en particular el sector naval. Por eso no podemos dejar de tener no solamente experiencia, sino también un esfuerzo analítico para clarificar el trasfondo de esta cuestión y realizar unos análisis, lo más apropiados posibles, que busquen soluciones de fondo a una crisis que parece interminable. Ustedes han tomado una decisión política que estaba predeterminada, siempre y cuando accediesen al

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Gobierno, para ejecutarla además con prisas y aprovechando sin duda la necesidad de una supuesta devolución de unas ayudas que fueron declaradas no compatibles, en concreto el expediente C40/2000, de operaciones previas a la fusión del grupo Izar, por valor de 308 millones de euros.


Además, ustedes amenazaron con que hay otras reclamaciones comunitarias en curso, en concreto las aportaciones a los astilleros militares por valor de 1.477 millones de euros durante los años 2000 y 2002, bajo sospecha de haber sido desviadas para ayudas a los astilleros civiles del grupo. Sin duda esta cantidad, como usted muy bien sabe, es la externalización de las prejubilaciones de la antigua Bazán, con lo cual no corremos peligro de ningún tipo, a no ser que la Unión Europea ya practique una política sectaria que no tenga nada que ver con la libre competencia. Igual que estuvieron argumentando con el fantasma de los 180 millones de euros de garantías para Tapias, para Elcano y para Knutsen, por los gaseros, para Puerto Real y Sestao, que saben que, según fallos de la Unión Europea, son perfectamente compatibles con la libre competencia. Sin duda alguna se intentó, y en parte se consiguió, crear un clima psicológico derrotista y acrítico que venía a añadirse a una política anterior de vaciado de gradas, que fue conscientemente practicada por el Partido Popular desde el año 2001. Efectivamente, estas siempre son las antesalas de las reestructuraciones navales a las que estamos habituados, conforme a dictados que se presentan supuestamente como empresariales, pero que no tienen en gran parte o en su totalidad mucho que ver con los problemas supuestamente empresariales. Cuando se regulan plantillas y cuando se vacían gradas se anuncia en el Estado español inmediatamente una reestructuración.


Empecemos por cuáles pueden ser las causas de fondo que están llevando a este tipo de actuación. En primer lugar, nos parece que lo que estamos viviendo es producto de un largo proceso que tiene en su base actitudes, decisiones e intereses políticos. Sin duda alguna se quiere actuar sin contradecir ni esas actitudes, ni esas decisiones, ni esos intereses políticos. Pero ustedes conocían perfectamente la situación de los astilleros españoles antes de acceder al Gobierno y sin embargo, sintomáticamente, no hay nada en el programa electoral del Partido Socialista que anuncie la política que ahora quieren seguir con los astilleros. Señor vicepresidente, no es normal, a pesar de que pueda ser un recurso fallido, que ustedes se nieguen desde el principio a recurrir ante los tribunales diciendo que los fallos van a ser negativos, predeterminando el resultado. Incluso es menos normal, como hicieron al principio, que no quisiesen negociar una devolución pactada de las ayudas que realmente puedan obligarnos a devolver. Además, ustedes lanzaron mensajes consoladores para las aspiraciones de la Unión Europea que después diré cuáles son.


En todo caso, optan al final por una alternativa que no es tal porque se limita precisamente a un nicho, que es la construcción militar, que es precisamente la que no está puesta en duda en este momento y ustedes crean un nuevo grupo con dos antiguos astilleros militares y dos civiles.
¿Por qué? ¿Cuál es la predeterminación europea? Señor vicepresidente, usted sabe eso mucho mejor que yo. En primer lugar, hay una llamada carta de intenciones que establece la cooperación reforzada, en concreto en materia de defensa, entre Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia y el Estado español, destinada a la reestructuración del sector naval militar y a una concentración futura, garantizando que sea donde sea la concentración va a haber una lealtad para que puedan estar servidos los ejércitos de todos estos Estados de la Unión Europea. Además, usted sabe que existe en la Unión Europea a nivel de la construcción civil un empeño, que ellos llaman eficiencia empresarial, que pasaría por la distribución del trabajo entre los componentes estatales de la Unión Europea. Para eso se creó un grupo asesor de alto nivel que elaboró un documento -tiene fecha de octubre de 2003-, el conocido Leadership 2015, donde queda claro cuál es la definición para el futuro de la industria naval europea y de la reparación de buques. En este grupo de alto nivel participó Izar, la señora Margarita Retuerto, creo, a la que ustedes ahora premian con un puesto en Red Eléctrica. No creo que sea lógico que un Gobierno que discrepa de la gestión del grupo le dé un premio de este tipo a una de las responsables del anterior equipo de Izar. Participaron además siete comisarios europeos, entre ellos doña Loyola de Palacio, y dos representantes del Parlamento, en particular don Carlos Westendorp. Y este documento fue asumido por la Comisión y comunicado al Consejo, al Parlamento, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. El documento COM 2003/717, final, Bruselas, de 21 de noviembre de 2003.


Usted sabe perfectamente cuáles son las recomendaciones. Los Estados europeos no van a continuar en la inacción ni en el proteccionismo. Están por consolidar entre productores europeos aquellos que consideren viables y, por lo tanto, habría que establecer incentivos para eliminar producción ineficiente y ayudas al cierre y a la consolidación. Es más, consecuentemente, se actuó publicando en el diario oficial, el 30 de diciembre de 2003, un marco de ayudas para la construcción naval que está en la línea del proceso requerido por el documento Leadership 2015.


Con estos antecedentes, creo que la posición del Gobierno del Estado español es totalmente coherente y se explica, en parte, la decisión del Consejo de Ministros de 30 de julio de 2003, que decide destruir jurídicamente Izar para crear una empresa -y aquí es donde están no solamente las ocultaciones, sino las contradicciones- de construcción básicamente militar para convertirla, teóricamente, en un líder estatal que se integraría, sin duda, andando el tiempo, en esa nueva consolidada empresa de ámbito multinacional europeo. Pero, señor vicepresidente, en su documento oficial ustedes establecen

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unas líneas básicas de actuación para el nuevo grupo Izar que no solamente tienen interrogantes, sino que establecen muchas preocupaciones. Primero, porque a pesar de no ser totalmente cierto lo de su concepción militar (usted sabe que este grupo va a realizar construcción civil también, otra cosa es la proporción, que eso estará en estudio y en discusión), meter a ese nuevo grupo en el nicho militar y no debatir la viabilidad y la necesidad de la construcción civil, es todo un modelo de falta de estrategia futura. ¿Por qué razón? Porque los astilleros civiles tienen más autonomía tecnológica que la que tienen los astilleros militares en el Estado español; porque tienen más demanda, mientras que los astilleros militares tienen una demanda más reducida; porque los astilleros públicos tienen un mercado internacional y los astilleros militares tienen el mercado de los acuerdos políticos entre Estados; porque los astilleros públicos no dependen en exclusiva, ni siquiera prioritariamente, en muchos Estados de corte neoliberal, de la iniciativa pública sino de la iniciativa privada y de una demanda amplísima, mientras que los astilleros militares solamente dependen de la iniciativa del Estado. Ambos tienen pérdidas, no podemos ocultar que los astilleros militares tienen pérdidas en el Estado español. Si fueran a un mercado de libre competencia, con las mismas reglas de juego, o de falsa libre competencia, sin duda, no estaríamos por la labor de mantener unos astilleros que viven, hoy por hoy, de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, los astilleros civiles tienen una importancia exportadora en el Estado español cuantificable, y los datos los tiene el Ministerio del Interior, por no hablar de su alto contenido tecnológico y de su gran capacidad de creación de puestos de trabajo.


Señor Solbes, creo que habría que discutir muchas cosas antes de llegar a esto. Por ejemplo: ¿Por qué no se debate en la Unión Europea un marco diferente mientras no se producen las condiciones de libre competencia a nivel mundial, que no se van a establecer nunca antes de finales del año 2005, y veremos? ¿Por qué no se hace un estudio pormenorizado de cuántos Estados condonan deudas? ¿Cuántos identifican deudas después inyectando capital? ¿Cuántos bonifican intereses? ¿Cuántos construyen barcos civiles en empresas multisectoriales, por lo tanto opacas para saber cómo se desvía el dinero y las aportaciones de unas construcciones a otras? ¿Cuántos tienen sistemas de financiación claramente por encima del Estado español y cuántos no dan protección a las importaciones del Estado propio, precisamente para que no haya ese proteccionismo en relación con esa supuesta libertad de la oferta y de la demanda? ¿Y cuántos ofrecen contratos por debajo de las condiciones del mercado?

Alarma que ustedes no tengan el compromiso de mantener las 191.000 TBC asignadas al Estado español, porque es una cantidad tan baja que no es posible mantener construcción civil operativa y con futuro por debajo de esta cantidad. Ustedes decían que 191.000 toneladas no llegaban para seis centros, dos de los cuales estaban destinados a la gran construcción civil, con gran calado, que eran Puerto Real y Sestao, porque Izar Fene, muy importante, está eliminado prácticamente desde el año 1986. ¿Por qué en el Consejo de Ministros no acordaron una línea de actuación que no pasase por la nueva reducción de capacidad productiva y del empleo? ¿Por qué van ustedes al monocultivo militar? ¿Por qué le dan ya la puntilla definitiva a Izar Fene con violencia a lo que fueron promesas del Plan Galicia y con continuidad de la exclusión establecida con el PEC, cuya filosofía ustedes continúan? Porque no se puede explicar cómo se puede establecer una privatización de los astilleros que queden fuera del nuevo grupo por la vía privada si no se aclara primero cómo va a ser saneados, cómo se los van a entregar y qué carga de trabajo van a tener. Este es el gran debate político, porque no es un debate solamente ideológico.
Podemos estar más a favor de que sean todos públicos, pero si tuvieran unos proyectos de viabilidad privada o mixta podríamos discutirlos. Por el contrario, colocan a todos aquellos distintos de estos cuatro en unos interrogantes tan graves que nos conducen a preocupaciones inasumibles.
¿Por qué no nos aclaran, de los que quedan, cuáles van a ser los que se apropiarán del segmento civil que sin duda va a haber? Esto sería fundamental desde el punto de vista político, porque, señor Solbes, dentro de ser un plan muy preocupante para todos, usted sabe que es un plan proteccionista dentro del desastre con los astilleros del sur. Esto es indudable. Colocan en el terreno a Puerto Real para que se pueda salvar por la vía militar, construyendo un barco hermano de uno que construyó Ferrol anteriormente. Le dan además los sistemas, quedan las reparaciones de buques y queda el interrogante de toda la construcción civil que va a haber. No nos vamos a meter en esto si tienen una alternativa homogénea, pero sin duda esto debilita sensiblemente un proyecto de futuro.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Rodríguez, le ruego que vaya acabando, por favor.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Acabo ya, señora presidenta.


No son decisiones empresariales por lo que ustedes actúan. Son determinaciones de marco europeo y aplicación después de determinaciones a centros y a territorios, pero francamente con unos bandazos, desde el año 1974 a hoy, muy preocupantes. Pensamos, en todo caso, señor vicepresidente del Gobierno, que habría que tener otra clarificación, otra coherencia, un plan industrial que hablase de la gestión real empresarial. En cuanto a la gestión empresarial, usted sabe mejor que yo, como economista, que es increíble que hayan desechado contratos para ocupar las gradas cuando sabe que se podían minimizar las pérdidas.
Desechando los contratos lo que se está haciendo es que no se puedan cubrir los costes variables y no se puedan reducir los costes fijos, con lo cual más desastre. No obstante, si me dice

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que este es un plan empresarial lo acepto, pero contradice todos los argumentos fundamentales, sin negar que hay un problema de preocupación por hacer más competitivos nuestros astilleros.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez.


A continuación, tiene la palabra para su réplica el señor vicepresidente segundo.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, voy a intentar hacer una presentación general de las dificultades con las que nos encontramos y dar respuesta a sus preocupaciones, que sin duda alguna son bien comprendidas por todos nosotros, porque todos sabemos que usted ha venido prestando especial atención, a diferencia de otros grupos, durante la pasada legislatura a este tema. Evidentemente, el documento de Sepi, en líneas básicas el documento de actuación para Izar, es un documento que, en nuestra opinión, pretende conseguir unos determinados objetivos en función del tema fundamental, que es salvar el máximo empleo, salvar la máxima actividad, pero también cumplir las obligaciones comunitarias. Pero no nos equivoquemos, las decisiones que tenemos que tomar sobre Izar en estos momentos no son consecuencia de la decisión de la Comisión del 12 de mayo pasado, son consecuencia de no haber hecho frente a los problemas desde prácticamente el año 1997. Su señoría conoce muy bien que en aquel momento se aprobó un plan estratégico -ha hecho referencia al mismo-, y ese plan estratégico de competitividad dejaba muy claro, en un acuerdo de Consejo de Ministros, que era la última oportunidad de dar ayudas por encima de los límites autorizados. No estamos hablando de ayudas dentro de los límites autorizados. Corresponde a la Comisión hacer todo ese esfuerzo que usted ha hecho de saber lo que pasa en cada uno de los distintos países, y es verdad que dicho plan, que se aceptó en el Consejo por el Gobierno español que era la última posibilidad de dar ayudas, evidentemente no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Podemos entrar en el análisis de las razones, aunque necesitaríamos más tiempo, pero sin duda alguna tienen que ver con el mercado internacional, pero también por problemas de capacidad para ponernos al día en términos de competitividad. Aquí no estamos hablando de que no haya producción civil, no estamos hablando de que no haya astilleros que trabajan en el sector civil, estamos hablando de astilleros que cumplan la legislación comunitaria en materia de ayudas, que es un problema radicalmente diferente, y es irrelevante que sean públicos o privados. En el año 1998 la situación patrimonial se resuelve con créditos fiscales, que se declaran incompatibles por la Unión. En el año 1999 lo que se plantea para evitar la disolución son operaciones de venta de filiales de la Sepi, en las que la Comisión aprecia elementos de ayudas. En el año 2000 ante las dificultades del mercado civil, se toma la decisión de reestructurar el sector e integrar a astilleros civiles y militares. Yo nunca he dicho que la Comisión nos esté pidiendo la devolución de 1.200 millones de euros. Yo he dicho siempre y lo repito que hay cuatro expedientes abiertos de la Unión Europea que afectan a Izar y que suponen un importe aproximado de 1.200 millones de euros, y que de momento se ha tomado una resolución por dos de ellos que afectan a un total de 520 millones de euros, parcialmente devueltos, pero hay 309, más intereses, que no están devueltos, y desde el punto de vista del razonamiento fundamental, la situación es la misma. Ya con 309 millones, más la situación financiera de la empresa en estos momentos, con la cuenta de resultados de estos momentos, los riesgos que se plantean a la empresa, si no hacemos nada, son claros, son riesgos que evidentemente nos van a plantear una disolución de la empresa si no se actúa.


Usted ha propuesto un plan enormemente atractivo e inteligente en el sentido de por qué no intentamos aclarar más las cosas, por qué no pretendemos conocer mejor lo que sucede, qué márgenes de maniobra tenemos. Desgraciadamente no funciona con los tiempos de que disponemos.
Usted sabe que a partir del momento en que se produzca oficialmente la comunicación a Izar o se publique en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, se cuenta con dos meses para actuar, porque si no, dada la situación financiera de la empresa, se entraría en causa de disolución. Y si no hubiera una segregación de la parte militar, evidentemente el tema afectaría también a la militar, que indudablemente pondría en tela de juicio no sólo las actividades civiles, sino también las actividades militares.


Con todas estas decisiones de la Comisión usted plantea un segundo problema que es por qué no actuar y no recurrir la decisión de la Comisión. Se lo he comentado al señor Fernández de Mesa anteriormente y se lo vuelvo a repetir, por una razón muy simple. Con la Comisión podemos optar por una de dos fórmulas, o negociar o recurrir. No podemos acudir a las dos al mismo tiempo. Si recurrimos, evidentemente, nos pueden dar la razón. ¿Dentro de cuánto tiempo? Dentro de dos o tres años, es irrelevante; la disolución de la empresa se habrá producido ya. Esa es la razón, así de simple, por la cual hemos optado por negociar y creemos que es la mejor de las opciones posibles desde el punto de vista del salvamento del empleo y de la actividad. Evidentemente, yo hubiera preferido no tener que hacer frente a este problema. Usted dice: ustedes conocían bien lo que sucedía con Astilleros. No, no lo conocíamos bien.
Como comisario europeo sabía que había un expediente pendiente en Izar porque lo habíamos discutido varias veces en la Comisión. Lo que no sabía es que había muchos otros, por información e implicación de los servicios que no se

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habían comunicado y que se me comunicaron posteriormente, ya como ministro, por parte de los responsables de la política de competencia. La solución que tenemos que buscar tiene que permitirnos funcionar de la mejor forma posible y salvar lo más posible en el contexto actual.
Evidentemente hay unos condicionantes comunitarios que tenemos que respetar. De acuerdo con los condicionantes comunitarios, no se admiten nuevas aportaciones de capital procedentes de Sepi o de otro organismo público para la devolución de las ayudas; primer problema que es una norma general aplicable a todos los países de la Unión. Segundo, tampoco se admiten ayudas para reestructuración, aunque sí hay una posibilidad de ayudas para casos de cierre o liquidación de instalaciones.


Respecto a las ayudas de funcionamiento, hay una serie de ayudas permitidas. Usted decía: ¿Por qué han renunciado ustedes a contratar? Evidentemente si hubiéramos contratado algunos de los temas que se nos han ofrecido, es verdad que hubiéramos disminuido los costes pero habríamos aumentado el problema porque la concesión de ayudas era incompatible con el sistema que actualmente tenemos en vigor. Por tanto, habríamos hecho mucho más difícil la situación del problema al que actualmente nos enfrentamos. He hecho anteriormente referencia a por qué optamos por lo militar frente a lo civil. No comparto su visión de que todo esto responde a una especie de diseño de los gobiernos para saldar la actividad militar y llegar a una empresa única. No es cierto. La situación es muy simple: la carga de trabajo en actividad civil -y la escasa competitividad de Izar en la parte civil es evidente cuando uno analiza las cifras- y en el caso militar en estos momentos tenemos una amplia carga de trabajo tanto interna como externa. Es verdad, como usted ha dicho muy bien, que disponemos de una excepción dentro del artículo 296 del Tratado que nos permitirá funcionar mejor. Usted tiene razón, posiblemente también podremos hacer algo de actividad civil y vamos a intentar que sea al máximo posible, pero siempre será una actividad menor complementaria del total de la actividad.


¿Qué actuaciones ha desarrollado y va a desarrollar el Gobierno? Pusimos en marcha ese grupo de trabajo que ustedes conocen. Como decía antes, el objetivo era muy simple: maximizar la actividad y el empleo para obtener un sector de astilleros razonable dentro del marco normativo comunitario.
Hemos basado la operación en cuatro principios. Primero, como decía antes, segregar la actividad militar. Es la operación que podemos hacer en el tiempo de que disponemos. En el momento en que, como decía anteriormente, Izar tenga conocimiento fehaciente de la decisión de la Comisión Europea debe reflejar en la contabilidad la obligación de la devolución de ayudas y a partir de ese momento la empresa se encontrará en una situación de desequilibrio patrimonial por lo cual es necesario actuar antes. Conocida por los administradores de la sociedad la situación de desequilibrio, están obligados en un plazo máximo de dos meses a convocar la junta general de la sociedad para que adopte el acuerdo de restablecimiento patrimonial o de disolución; restablecimiento patrimonial que, como SS.SS. saben -porque lo hemos comentado anteriormente-, nos impide la Unión Europea. Por tanto, creemos que la única vía compatible con la normativa comunitaria es segregar la actividad militar y pasar a una nueva sociedad que estaría controlada por Sepi y que seguiría trabajando en lo militar con parte de civil. Es verdad que a partir de ahí tendríamos unos problemas importantes en la actividad civil. Aunque me pide más información, S.S. conoce ya de qué centro estamos hablando cuando estamos hablando de actividad civil. Me gustaría poder dárselo; estamos trabajando en ello y lo estamos haciendo a uña de caballo, pero desgraciadamente no puedo ser mucho más preciso en muchos de los temas que planteo porque como usted puede imaginar en el cortísimo período de que hemos dispuesto lo máximo que podemos hacer es un planteamiento general.


La segunda idea que teníamos era el mantenimiento de la máxima actividad y empleo en los astilleros civiles, pero ahí hay un punto fundamental y es que tiene que ser con participación de financiación privada; si no es así no nos lo admitirá nunca la Comisión. Unas actividades únicamente de tipo público no van a permitirse por parte de la Comisión. Evidentemente esa mayoría de capital privado va a ser fundamental para que el tema salga adelante, pero estamos dispuestos a apoyar y a buscar soluciones de ese tipo para los astilleros que sean exclusivamente civiles.


La tercera cuestión -que es fundamental- es que hay que garantizar el derecho de todos los trabajadores que actualmente componen la plantilla de Izar. Para ello se negociará, evidentemente, con los sindicatos y con sus representantes cuáles son las mejores acciones posibles y nuestra idea es que sean lo menos traumáticas posibles.


Último elemento que me parece esencial. Vamos a garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones de Izar. Creo que si eso es así nos va a permitir completar los trabajos en curso, cumplir con todos nuestros compromisos, aportar los recursos financieros necesarios para adecuar las plantillas y garantizar -si es necesario en algún caso- los procesos de venta de activos con los mejores resultados posibles.


No se equivoque, la situación es difícil, es complicada, es consecuencia de muchos años de inacción y contamos con muy poco tiempo para hacerla, pero posiblemente sus objetivos y los míos son los mismos: queremos mantener el máximo de actividad naval en este país. Sabemos que podemos salvar toda la actividad militar y hemos hecho un esfuerzo importante en una negociación permanente con la Comisión para intentar definir el marco más amplio de esa actividad militar, incluida una parte civil. Vamos a hacer todo lo posible también para salvar al máximo la actividad civil con la

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que podríamos contar en el futuro. Ese es nuestro objetivo, pero tenemos que hacerlo de tal forma que sea viable y que no resolvamos hoy un problema para volver a tener las mismas dificultades mañana, como se han tenido en los últimos años.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor vicepresidente.


Señor Rodríguez Sánchez, tiene usted la palabra para consumir sus cinco minutos de réplica.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Señor vicepresidente, de sus propias palabras y de la evolución de los debates que hemos tenido hasta ahora se deduce que efectivamente hay un espacio para la discusión, el diálogo, el debate político con la Unión Europea sobre cuál es la mejor forma de poder estar dentro de la legalidad comunitaria desde el punto de vista de la reclamación que se pueda hacer de ayudas declaradas no compatibles. Se han llevado a cabo en muchos casos procesos de discusión política y que van a durar también conforme a la voluntad política de las dos partes. Por tanto, no es indiferente el punto de partida en cuanto a la actitud que se mantiene de defensa de un sector estratégico y las señales que se mandan a la Unión Europea. Creo que incluso lo pudimos comprobar -y esto es sintomático- en el hecho de que muchas veces el portavoz en la Comisión actuaba -aunque ya sé que con afán propagandístico seguramente para que no se vea a la Unión Europea como el monstruo o como el gran culpable de las cosas- con más tolerancia que el propio Gobierno español. Creo que ese es un dato objetivo, lo cual indica que en la diplomacia, incluida la diplomacia de las relaciones por políticas industriales, que son siempre muy duras, ya que en definitiva se trata del reparto de una tarta, las cuestiones son muy virulentas, pero creo que precisamente porque son muy virulentas vale la pena tener otra actitud.


Le he dado unas cifras de cantidades supuestamente reclamadas que no tienen ningún tipo de fundamento. La Comisión -y eso está ya perfectamente dirimido- no puede pedir la devolución de cantidades por externalización de prejubilaciones en la antigua Bazán; eso sabemos que no va a ser así. Por tanto, no es igual decir a la opinión pública que hay que negociar 300 ó 500 millones de euros que decir que tenemos la espada de Damocles sobre 1.500 millones, porque entonces la gente ya se asusta de tal manera que dicen: Esto es un desastre, no hay por donde agarrarlo. Primera cuestión.


Segunda cuestión. Creo que usted, con este talante formal que le caracteriza, promete la solución del problema de los trabajadores y cierta capacidad de mantener la cuota de producción del Estado español, pero, claro, con el modelo que ustedes presentan es inevitable una reconversión que va a reducir prácticamente a la mitad el número de trabajadores de hoy; porque lo que no se va a hacer es dar las prejubilaciones y cubrir los puestos de trabajo con gente joven. Si ustedes se comprometieran a eso, sería mucho más fácil aceptar cualquier plan de actuación del Gobierno; tantos trabajadores que se van a casa prejubilados, tantos que se cubren con mano de obra para esos puestos de trabajo, en comarcas tremendamente deprimidas y muy problemáticas.
Tampoco se aclara cuál es el umbral y el punto de partida de la negociación con la Unión Europea, que sí tiene que figurar, y de cuál es la cuota que va a ser asignada al Estado español, dejando aparte la paradoja -que es admirable y que serviría para tener un gran espíritu crítico respecto a lo que es la Unión Europea- de cómo se pueden tolerar y permitir ayudas para la reestructuración de astilleros, siempre y cuando sean privados o tengan capital privado, si son públicos no.
Entonces dígame usted cómo se va a producir la privatización de todos los astilleros que quedan fuera, porque es materialmente imposible. Si no hay ayudas, encubiertas o de otra forma, yo le garantizo que no va a haber un solo impulsor de accionariado privado para hacerlo, si no es para hacer una operación urbanística de apoderarse de un muerto para después convertirlo en otra cosa. Por cierto, si no acaban ustedes con Bazán-Ferrol es imposible poner el otro a la venta para la especulación, porque, tal y como está aquella comarca, no vale para nada, aparte de que es un astillero de una entidad que no es fácilmente desmantelable si no es con graves pérdidas a acumular a los Presupuestos Generales del Estado, aunque esta es otra cuestión. Entonces, dígame usted cuál es el mecanismo de la privatización, porque no nos lo acaban de aclarar, para que sea creíble y respetuosa con las leyes de la libre competencia, al mismo tiempo que puedan recibir ayudas públicas o, por lo menos, algún tipo de viabilidad de cara al futuro. Además, cómo se come que no se tolere tener al Estado español 191.000 toneladas de TRBC y se vaya a permitir que vaya a haber más astilleros viables, a no ser que vayamos a un proceso de privatización transnacional y que algunos poderes fácticos muy reales de la Unión Europea o de Estados Unidos decidan instalarse aquí, cosa que no deja de ser un problema muy de fondo.


Hay una gran pregunta. ¿Usted cree que lo que proyectan de un grupo hegemónicamente militar y minoritariamente civil tiene aclarada la perspectiva de futuro más allá de seis años? ¿No creen que si no funciona todo, de tal manera que se le asigne al Estado español un papel en la industria de defensa colectiva de la Unión Europea, vamos a tener problemas de reconversión con los que queden? Ustedes mismos dicen taxativamente en el documento: Bazán estaba sobredimensionada para la ocupación de carácter militar. Ahora, con un gran astillero como Bazán en Ferrol, otro gran astillero como Puerto Real, en Cádiz, ¿no va a estar sobredimensionada? O el Estado español se convierte en una gran potencia que le hace la competencia a Estados Unidos o yo creo que

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esto va a tener muchísimos problemas. En todo caso, señor ministro, nuestra preocupación es porque nunca, ni cuando fue el Plan estratégico de competitividad ni ahora, se habla de cómo lograr la competitividad desde el punto de vista empresarial, por ejemplo, la política de compras y suministros, que es un desastre, la política de gestión comercial, que está a años luz de lo que se podía hacer, la política de sinergias, donde es para nota tener dos grandes centros de construcción naval en una ría, uno enfrente de otro, que no tienen nada que ver y que, además, ustedes se lo van a cargar. Realmente, yo creo que este es un modelo antiempresarial. No puede haber futuro para el Estado español. En cuanto a la cultura empresarial y la cultura técnica, van a tener que trasladar a ingenieros de Ferrol para acá. Unos tienen una cultura y otros tienen otra. La habilitación para hacer construcción militar estaba en Ferrol, no estaba en Cádiz, desde el punto de vista de las grandes construcciones. Yo creo que esto es una cantidad de bandazos, que es política de todo tipo menos política empresarial...


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Rodríguez, por favor, le ruego concluya. Muchísimas gracias.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Nada más, señora presidenta.


Esperemos que en lo que nos queda de tiempo podamos paliar algunas cuestiones y clarificar otras, para que nos podamos definir con entereza y sabiendo cada cual qué principios y objetivos defiende.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor vicepresidente segundo, tiene la palabra para sus cinco minutos de réplica.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Rodríguez, le decía antes que entiendo sus preocupaciones. Yo diría que es usted el decano y posiblemente el más experto en el debate de estos temas en esta casa y le he seguido con interés, pero hay algunos puntos de vista que no comparto con usted.


El problema de la definición del espacio político dentro de la Unión Europea que queremos jugar, usted lo plantea, en cierta medida, olvidando la historia y el estricto modelo comunitario de funcionamiento.
Evidentemente, hay un sistema de ayudas públicas que se va reduciendo progresivamente; se mantienen algunas de ellas, se declaran otras incompatibles y a partir del año 1997 se declara la incompatibilidad de nuevas ayudas para funcionamiento en el caso español o para reestructuración en el caso del sector público y del sector privado. No hay tratamiento diferente para ello. En ese sentido, no hay diferentes señales de la Comisión y nuestras en este punto concreto, como tampoco lo hay en cuanto a la comunicación. Su señoría dice: el portavoz de la Comisión es más tolerante. No. Si usted lee bien, lo que dice el portavoz de la Comisión es que la Comisión puede ser tolerante en cuanto al periodo de devolución de las ayudas. Sin embargo, he dicho anteriormente que a partir del momento en que la ayuda está comunicada de forma fehaciente a la empresa existe un periodo máximo de dos meses para resolver el problema, y el problema no es la devolución, el problema es la contabilización a partir de ese momento; en consecuencia, las dificultades las tenemos a partir de ese momento, sea más amable o menos amable la Comisión en cuanto al problema de la devolución física. La devolución física no nos plantea a nosotros ningún problema. Normalmente, la devolución física de estas ayudas se produce de Izar a Sepi, que la cuenta de resultados de Sepi aparezca con una situación algo mejor o algo peor no es el problema en este tema concreto. Por tanto, no es cierto que la posición de la Comisión sea distinta de la del Estado español en este sentido, y usted conoce bien cuál es la posición de la Comisión en los temas de competencia.


Su señoría pretende ir más lejos, como decía anteriormente, en los problemas de futuro. Dice: vamos a ver en qué medida se puede ver un proceso de privatizaciones más claro. No se lo puedo aclarar. Por supuesto, no hay ayudas para la empresa privada y para la privatización, lo que sí hay son ayudas para sanear unos activos que puedan funcionar en régimen de mercado. Y usted mismo ha planteado indirectamente algunos elementos que son de interés en este tema. Usted dice: hay dificultades en los suministros, hay dificultades en la gestión comercial, no se funciona de forma ordenada, es un desastre todo esto. Lo que pretendemos es tener un sistema que funcione mucho mejor, sea público o sea privado, y la posición óptima sería algo en lo que con participación pública pero con gestión privada obtuviéramos los mejores resultados posibles. El problema es el tonelaje atribuido en la medida en que se respetan las normas comunitarias, pero evidentemente ese tonelaje no se puede producir en cualquier condición. Ese es el punto fundamental. En consecuencia, si respetamos las normas de competencia, lógicamente tendremos que adaptarnos para ser lo más eficientes posible e intentar ajustar el máximo para el futuro.


Su señoría plantea un tema que yo creo que merece una reflexión. Pregunta si no estamos sobredimensionando de nuevo los astilleros militares.
Evidentemente, la dificultad territorial que tenemos en el país nos fuerza necesariamente, por razones que todos entendemos muy bien, a apostar por una mayor diversificación de astilleros. Yo creo que es razonable y esa es la razón también por la que pensamos que es imprescindible disponer de un porcentaje de actuación en el sector civil para poder mantener la carga de esos astilleros. Junto a eso, es verdad que las previsiones actuales de encargos de barcos por parte de la Armada española, pero también las innovaciones

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tecnológicas que se han introducido que están permitiendo obtener carga de trabajo sustanciosa de terceros países, nos permite ver los astilleros militares con algo más de optimismo. Por lo tanto, este plan que nos va a permitir avanzar, mejorar la situación y que lógicamente seguirá teniendo los problemas que tiene la construcción naval en el mundo y tendremos que, en vez de olvidar los cambios -cosa que se ha hecho en los últimos años-, apostar por el mejor sistema para mantener las cosas, que es ir cambiando las cosas para que al final puedan funcionar. El sistema de un excesivo conservadurismo y no hacer nada al final nos deja fuera del mercado y sin poder funcionar.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor vicepresidente segundo.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO Y EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE FORMACIÓN CONTINUA Y PARA DESCENTRALIZAR LOS RECURSOS Y LA GESTIÓN DE ESTA COMPETENCIA HACIA LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA. (Número de expediente 172/000033.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A continuación, señorías, pasamos a la última interpelación de hoy, que es la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno y el Ministerio de Administraciones Públicas para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Constitucional sobre formación continua y para descentralizar los recursos y la gestión de esta competencia hacia la Administración autonómica.


Para su defensa tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, quisiera agradecer la presencia del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Esta interpelación figura en el orden del día como dirigida al ministro de Administraciones Públicas porque al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió se le había informado en su momento de que el ministro no tenía previsto poder asistir esta tarde al Pleno.
Por la urgencia del tema nos parecía necesario mantener la necesidad de formular esta interpelación y, por tanto, orientamos la misma hacia el ministro no directamente responsable, ni mucho menos, de la gestión de la formación continua ni de los problemas que vamos a abordar, pero nos parecía también que el Ministerio de Administraciones Públicas, habiendo un conflicto de competencias abierto, alguna cosa nos podría decir.
Evidentemente, la presencia del señor Caldera satisface ampliamente las pretensiones de CiU de debatir con el Gobierno sobre este asunto, asunto que, desde nuestra perspectiva a estas alturas de la vida constituye, sin lugar a dudas, una historia grotesca. Lleva abierto desde el año 1991 un conflicto político y legal entre el Gobierno de España y los diversos gobiernos autonómicos alrededor de la gestión de la formación continua.
Una problemática que preocupa a amplios sectores de la sociedad catalana, que preocupa a las empresas, que preocupa a los representantes de los trabajadores, que preocupa a los propios responsables de las políticas de formación y empleo del Gobierno catalán, del anterior y supongo que del actual, con la sensación de que existe un doble rasero a la hora de medir la lealtad institucional y el respeto a las leyes, a la Constitución y a los propios estatutos de autonomía. Nos encontramos con una definición de un modelo de formación continua de 1991, un modelo centralizado y centralista que es recurrido por diversos gobiernos autonómicos, con 11 años de paralización de la resolución de esos recursos ante el Tribunal Constitucional, finalmente resueltos en el año 2002 que dan respuesta satisfactoria a los recursos planteados por la Generalitat y por la Xunta de Galicia, en el sentido de entender que el Estado tiene la capacidad de diseñar el modelo de gestión de la formación continua, pero que la ejecución y la gestión de esa formación continua corresponde a los gobiernos autonómicos. Dos sentencias, la que responde al recurso de la Generalitat y la que responde al recurso de la Xunta, inequívocas en su sentido. Tenemos votaciones en este Parlamento en la pasada legislatura en las que, por unanimidad de todos los grupos, se mandata al Gobierno a cumplir esas sentencias y tenemos el inicio de conversaciones con los gobiernos autonómicos para hacer frente al cumplimiento de esas sentencias. De manera sorprendente el Gobierno, incumpliendo las sentencias del Tribunal Constitucional, diseña un nuevo modelo de formación continua que en la práctica mantiene en los organismos de la Administración central su gestión específica, incumpliendo incluso las recomendaciones que el Consejo de Estado formuló al Gobierno en la elaboración del real decreto donde se concreta esa actuación administrativa y política, que es recurrida de nuevo a través de un conflicto positivo de competencias, entre otros por el Gobierno de la Generalitat durante el mandato de Convergència i Unió, que el actual Gobierno de coalición en Cataluña mantiene abierto, y por tanto estamos hablando de algo que aún es fuente de conflicto entre el Gobierno catalán y el Gobierno del Estado. Además, al conflicto que plantea el Gobierno de Cataluña en relación con la prórroga para el año año 2003 del sistema anterior, el Tribunal Constitucional vuelve a dar la razón al Gobierno de la Generalitat, al Gobierno de Convergència i Unió, sobre la necesidad de proceder al traspaso efectivo de la gestión de los recursos de la formación continua, por eso me permitía al inicio de mi

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intervención hablar de historia grotesca, de incumplimiento sistemático de los mandatos de la ley, de incumplimiento sistemático de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Así como otros estatutos de autonomía no dejan muy claro que la gestión de las políticas de empleo corresponde a las comunidades autónomas, mi grupo entiende que en el marco de la actual Constitución y del reparto competencial que establecen los estatutos, corresponde al Estado la capacidad de establecer un marco general para abordar la gestión de la formación continua, pero es evidente que ese marco general que corresponde al Estado no puede pasar por una efectiva gestión de la misma por parte de los organismos básicamente vinculados al Instituto Nacional de Empleo.


Hay una cuestión que no podemos minimizar por cuestiones de fuero sustancial, y que además desde la perspectiva de Convergència i Unió como grupo político es esencial, es básica en nuestra aproximación a estos problemas, pero aparte de esto no lo podemos minimizar porque hoy sabemos que un modelo centralizado y centralista de gestión de la formación continua es un mal modelo para mejorar las condiciones de empleabilidad de las trabajadoras y de los trabajadores que se deben beneficiar de estos recursos, que es bueno recordar son movilizados desde una perspectiva contributiva, son cotizaciones sociales, ni para mejorar la competitividad de nuestras empresas. En este sentido, el modelo que diseñó el anterior Gobierno -no sé qué cifras maneja el Gobierno actual-, por las informaciones que tenemos, supone que sólo un 15 por ciento de empresas han podido participar de alguna manera en este tipo de fórmulas que se diseñaron en la etapa del ministro Zaplana; son pocos los recursos que están llegando a las trabajadoras, a los trabajadores y a las empresas.


Ese modelo que se aprobó en la pasada legislatura fue un modelo más pensado para las grandes corporaciones que para la inmensa mayoría de pequeñas y medianas empresas, trabajadores autónomos, que constituyen más del 80 por ciento de las personas ocupadas en España; un modelo no tan solo centralista, centralizador, inconstitucional, antiestatutario, sino que no respondía a las necesidades de la mayoría del tejido económico del conjunto del Estado. Se mantenía esa carga burocrática, esa complejidad en la gestión que exigía de los gestores de esas pequeñas y medianas empresas un esfuerzo brutal, enorme en lo que era el propio manejo de los papeles que se les dan para poder beneficiarse de esos recursos frente a la llegada de esos propios recursos o a la propia rentabilidad que esos recursos le podían dar. Al mismo tiempo se mantenía esa separación absurda y que todos los expertos y todos los que poco o mucho nos hemos aproximado a estas cuestiones hemos criticado desde siempre, como la separación de los tres sistemas de formación profesional: la formación profesional vinculada al sistema educativo, la formación ocupacional para las personas desocupadas y la formación continua para los trabajadores ocupados.


El modelo que se definió en la anterior legislatura mantenía esa absurda separación. Yo decía además algo que todos compartimos, y recuerdo los debates sobre esa cuestión durante la pasada legislatura. Creo recordar que el ponente del Grupo Parlamentario Socialista fue don Ramón Jaúregui, que con convicción y vehemencia insistía en que el éxito de las empresas españolas durante los próximos años, en esa economía global en la que ya estamos instalados, iba a depender, entre otras muchas cosas, de su capacidad de ofrecer formación de manera continuada, de ofrecer capacidad de reciclaje a los trabajadores, y también de ofrecer estímulos a las empresas para mejorar la capacidad de sus trabajadores. La movilización de cerca de 1.000 millones de euros en el presupuesto debería constituirse en prioridad en la medida que tales recursos iban precisamente orientados a un objetivo: a cualquier política pública que pretendiese reforzar la productividad y la competitividad de las empresas españolas, y garantizar esa vía de mejora de las condiciones de trabajo de las personas ocupadas.


Hace casi 13 años que todos nos pusimos de acuerdo en la necesidad de movilizar recursos públicos hacia la formación. Trece años, y la sensación que se ha instalado en muchos sectores es la de que han sido trece años perdidos. Trece años en los que hemos perdido miles de pesetas y miles de euros destinados a mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas trabajadoras. Trece años de conflicto político y de conflicto legal. Creo recordar que la sentencia del año 2002 que resolvió los recursos que instaron la Xunta y la Generalitat, fue una de las sentencias que tardó más tiempo, los recursos estuvieron escondidos, arrinconados en el Tribunal Constitucional.; hicieron falta 11 años para que el Tribunal Constitucional resolviese la cuestión. Es muy importante la cantidad de recursos que año tras año no gasta el Estado en formación continua, y durante la pasada legislatura tuve ocasión de formular varias preguntas sobre esta materia.


Mi grupo pide hoy al nuevo Gobierno el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional; un cumplimiento que le permita llegar a un acuerdo con los gobiernos responsables de la gestión de la formación continua y la definición de un modelo de formación continua que garantice esos principios que todos compartimos. Todos apostamos por un cambio de los paradigmas de modelo económico que ha sustentado nuestro crecimiento durante los últimos diez años. Enfatizamos la necesidad de apostar por la innovación, el desarrollo, la formación y el conocimiento. En los Presupuestos Generales del Estado tenemos esos 1.000 millones de euros para hacer frente a estas necesidades de las empresas, de los trabajadores y de nuestro sistema productivo. Creo que es obligación del Gobierno dar respuesta inmediata a la definición de un nuevo modelo de formación continua.


Con la interpelación que presenta hoy Convergència i Unió pretendemos añadir desde el parlamento un acicate a la búsqueda de la solución que debemos encontrar

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entre todos, y agradecemos, como decía al principio, la presencia del señor Caldera.


Nada más, y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Campuzano.


Para contestar, tiene la palabra el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Campuzano por su intervención.


Como sabe, cuando nosotros llegamos al Gobierno no hace ni cinco meses -sólo en una ocasión lo ha recordado, pero conviene hacerlo de nuevo- nos encontramos con un sistema de formación continua en primer lugar carente de legalidad -tiene razón-, porque había sido declarado inconstitucional.
En segundo lugar, marginaba el legítimo papel de las comunidades autónomas, y por eso éstas lo rechazaban. Y, en tercer lugar, no contaba con el respaldo y el consenso de los interlocutores sociales; o sea tenía todos los ingredientes para necesitar un cambio. Esta era la situación a la que se llegó tras las sentencias del Tribunal Constitucional que usted ha citado.


Ante esa situación no quisimos esconder la cabeza ni paralizar la gestión actual del sistema de formación, pero sí empezamos a trabajar con comunidades autónomas e interlocutores sociales manos a la obra para articular al menos una solución, primero transitoria, que nos fuera encaminando hacia una solución definitiva satisfactoria para todas las partes, como usted ha indicado. Yo estoy en la filosofía que usted plantea -se lo digo ya de antemano-, y es lo que estamos haciendo. Le explicaré cómo. No podíamos derogar inmediatamente a mediados del ejercicio la regulación existente, no podíamos hacerlo porque se crearía un enorme vacío que sería más perjudicial que beneficioso. El Gobierno cree que la formación es algo de lo que estamos muy necesitados, y siendo una piedra angular del nuevo modelo productivo al que usted hacía referencia al final de su intervención, necesita un horizonte cierto a la hora de establecer las reformas que queremos sean por consenso. Por todo ello, por lógicas que fueran las discrepancias y por legítimo que fuera el rechazo a esa regulación, no podría justificar que se causara un grave perjuicio a la economía nacional.


¿Qué decidimos? El Gobierno decidió, primero, utilizar el marco legal disponible; segundo, desarrollarlo ya en este ejercicio 2004, abriéndolo en su desarrollo a la participación creciente de las comunidades autónomas; y, tercero, aumentando ya en este ejercicio los fondos transferidos a las comunidades autónomas para su gestión. Todo ello con el consenso de las comunidades y de los interlocutores sociales, desbloqueando la ejecución de la formación continua correspondiente al año 2004.


En segundo término, nos planteamos comenzar a trabajar en un periodo transitorio durante el año 2005, en el que las comunidades fueran asumiendo partes crecientes de la gestión en formación continua y durante el cual se desarrollara la elaboración de un nuevo modelo. Este año ya hemos dado participación a comunidades autónomas -ahora le diré en qué medida-; el año que viene esa participación se incentivará, será creciente para finalizar durante todo el año 2005 con el diseño de un nuevo sistema. Yo también creo que tiene que haber un diseño nuevo.
Creemos que la estructuración tripartita -o triple- del sistema de formación no es correcta, hay que ir a un modelo integrado y más simplificado, y lo haremos a lo largo del próximo año para que entre en vigor definitivamente en el año 2006. En este esquema la XXIII Conferencia sectorial, que se celebró el pasado 29 de julio, informó favorablemente dos órdenes ministeriales ya de este Gobierno, que regulan la realización de los contratos-programa para la formación de los trabajadores y las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación. Como sabe hay tres vías para desarrollar la formación continúa. Una, las acciones en las propias empresas donde éstas reciben una bonificación por la formación que desarrollan para sus trabajadores, y es verdad, como usted dice, que a este modelo difícilmente acceden las pequeñas y medianas empresas y que sólo las grandes corporaciones acceden al mismo. Luego están los contratos- programa; y por último las acciones complementarias. Pues bien, en estas dos órdenes, señorías, se estableció y se canalizó la participación de las comunidades en la gestión de las subvenciones. Fueron aprobadas el 30 de julio y lo fueron con consenso pleno de la conferencia sectorial, en la que, como usted sabe participan todas las comunidades autónomas. En síntesis, lo que hemos hecho este año ya, lo que concretan esas órdenes ministeriales son las siguientes previsiones. En este año, la participación de las comunidades autónomas se concentrará en la gestión de subvenciones mediante la suscripción de contratos-programa para la formación de trabajadores ocupados y también en la realización de acciones complementarias; es decir en dos de las tres vías en las que ahora está establecido el sistema de formación continua. La Administración General del Estado se reserva este año para contratos-programa estatales el 64 por ciento de los fondos y transfiere a las comunidades autónomas el 36 por ciento restante. En las acciones complementarias, que es la tercera vía, el Estado se reserva el 50 por ciento y transfiere el otro 50 por ciento para su gestión a las comunidades autónomas. Esto supone, señoría, que este año las comunidades van a disponer de 135 millones de euros para gestionar acciones de formación continua en su territorio, antes no tenían nada como usted sabe; en los presupuestos de este año sólo había 1.000 euros previstos por el Gobierno anterior. Hemos superado esa situación y hemos transferido 135 millones, de los que 120 se destinan a contratos-programa y 15 a acciones complementarias.


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La distribución territorializada fue aprobada también en la conferencia sectorial de 29 de julio por unanimidad. Los criterios para la distribución territorial de fondos a las comunidades autónomas han tenido en cuenta el número de trabajadores en cada comunidad y el porcentaje que suponen respecto al total de población ocupada en nuestro país, tomando como referencia las tablas anuales de la encuesta de población activa de 2003, salvo los trabajadores del sector público que se financian a través del Instituto Nacional de Administración Pública. Según ese reparto, señor Campuzano, la comunidad autónoma que cuenta con mayor asignación, por ser las que más trabajadores ocupa, es Cataluña que dispondrá de más de 24,5 millones de euros para gestión directa este año, el año 2004. Del presupuesto que se transfiere las comunidades autónomas podrán a su vez destinar hasta un 5 por ciento del total de su asignación territorial a financiar gastos de gestión, de evaluación y control de los contratos-programa y acciones complementarias.


En el segundo semestre de este año, o sea ya, estamos ya en ello, hemos comenzado un estudio para la regulación de un nuevo subsistema de formación profesional para el empleo, en el que se incorporarían los dos subsistemas existentes actualmente en el ámbito laboral, que como usted sabe son formación de desempleados y formación continua. Tiene que haber sólo un subsistema, ese es nuestro criterio, y hemos empezado el diseño de los estudios previos para proponerlo como modelo definitivo. Este modelo lo debatiremos durante el año 2005 y querríamos que entrara en vigor el 1.º de enero del año 2006. Hasta la entrada en vigor del nuevo modelo se aplicará el sistema derivado del Real Decreto 1046/2003, de 1.º de agosto, del Gobierno anterior, pero otorgando progresivamente una mayor participación en la gestión a las comunidades autónomas hasta alcanzar como mínimo, a partir del año 2006, el porcentaje de 50 por ciento Estado, 50 por ciento comunidades autónomas en el conjunto de la gestión. Durante el año 2005 la participación de las comunidades autónomas en la iniciativa de contratos-programa superará por tanto el 36 por ciento de este año. Además, vamos a flexibilizar la utilización de los fondos destinados a formación ocupacional, de forma que lo no ejecutado para formación de desempleados pueda destinarse a la formación de trabajadores ocupados. Durante el año 2005 también se analizará el funcionamiento del sistema de bonificaciones que se aplica a las acciones de formación continua de las empresas. Se pretende mantener este sistema en el modelo de formación profesional que se implante a partir del 1.º de enero de 2006, pero con las modificaciones que resulten necesarias para subsanar las deficiencias que se hayan podido observar en su funcionamiento. Dentro de este marco de actuación hay que tener en cuenta también la formación continua dirigida al personal de administraciones públicas, al objeto de homogeneizar acciones y unificar decisiones a tomar sobre la formación del futuro subsistema de formación profesional para el empleo. El Ministerio de Trabajo y las consejerías de las comunidades autónomas proponen la adaptación temporal en el año 2005 del modelo de formación continua en las administraciones públicas para adecuar su marco regulador a la situación que se derive de las modificaciones que se introduzcan en el sistema general.


Para acabar, señoría, conviene destacar que en la aprobación de las órdenes ministeriales relativas a contratos-programa y a acciones complementarias se han tomado en consideración las observaciones formuladas por las comunidades autónomas de forma que, entre otras, corresponda a cada comunidad autónoma ya la aprobación y publicación de la respectiva convocatoria con los modelos de solicitud, impresos a cumplimentar, la distribución de fondos asignados según las metodologías de financiación y valoración técnica que establezca cada comunidad autónoma, suscripción de los contratos-programa con arreglo al contenido mínimo que establece la orden ministerial, fijación de duración de contratos-programa, establecer la parte de presupuesto que se destina a financiar acciones formativas vinculadas al catálogo nacional de cualificaciones, determinación de los colectivos prioritarios para el acceso a la formación, regulación del procedimiento de concesión de subvenciones, resolución de solicitudes y formas de pago, establecimiento de plazos y procedimientos de gestión, evaluación de calidad e impacto de la formación continua en el respectivo territorio, registro de contratos-programa a nivel territorial, etcétera. Es decir una amplísima participación en la gestión de estos fondos por parte de las comunidades autónomas.


En suma, señorías, se ha hecho mucho en poco tiempo, llevamos menos de cinco meses, el Gobierno se encontró con un sistema cuya regulación y planteamiento de origen no era respetuoso con el papel de las comunidades autónomas y con lo establecido por el Tribunal Constitucional y nos pusimos a trabajar para adaptarlo y ajustarlo a tales requerimientos. En este sentido, las propias comunidades autónomas conocen el paso adelante dado por el Gobierno. Así, pues, el procedimiento que hemos seguido, basado en el diálogo y el contenido material de las disposiciones que regulan provisionalmente el sistema hasta tanto entre en vigor el nuevo modelo, creemos que respeta plenamente, hasta que entre en vigor el nuevo modelo -repito-, el papel y las competencias de las comunidades autónomas y se ha comenzado a dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Constitucional.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


Para sustanciar la réplica, tiene la palabra de nuevo el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


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Señor ministro, mi grupo se alegra de que podamos compartir esa filosofía crítica respecto al modelo que usted mismo ha definido como ilegal y que se aprobó en la pasada legislatura; coincidimos en esta Cámara votando al menos en dos ocasiones dos mociones que Convergència i Unió planteó sobre esta cuestión, y además compartimos, señor ministro, la necesidad de establecer un horizonte cierto, claro, que dé seguridad al conjunto de personas, de grupos sociales, de agentes económicos y sociales, de responsables que están implicados en las cuestiones relacionadas con la formación continua.


Usted nos plantea un calendario prudente: gestionemos el año 2005 y abordemos una solución de cara a 2006. Si el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista son capaces de solemnizar en esta Cámara ese compromiso, mi grupo puede darse por satisfecho. Seamos capaces de que la Cámara exprese un compromiso inequívoco del Gobierno de rechazo al sistema hoy vigente y de compromiso para elaborar un nuevo sistema que responda a esos mandatos del Tribunal Constitucional. Pero mi grupo, ante las medidas que el Gobierno ha tomado, las acordadas en la conferencia sectorial del mes de julio y las desarrolladas en las órdenes que creo que se aprobaron en el Consejo de Ministros del pasado día 10, también le ha de manifestar la sensación de que 24,5 millones de euros destinados a la formación continua que va a gestionar el Gobierno catalán, quedan muy lejos de las expectativas razonables que no tan sólo el Gobierno catalán sino los agentes sociales catalanes tenían en esa materia. Esos 135 millones de euros que se destinan a ser gestionados por los gobiernos autonómicos representa el 14 ó 15 por ciento del conjunto de los recursos de la formación continua, pero si aplicásemos la referencia de cuántos recursos aportan las empresas y los trabajadores catalanes al sistema de la formación continua quizás estaríamos reclamando el 20 por ciento del conjunto de todos esos recursos. Si estuviésemos aplicando como baremo el que utilizaban por ejemplo los agentes sociales en Cataluña, población ocupada en Cataluña el 17/18 por ciento de los trabajadores en el conjunto del Estado, en base a esos parámetros, población ocupada y aportaciones a la formación continua, estaríamos reclamando para Cataluña entre 155 y 161 millones de euros. Está bien 24,5 millones, pero se encuentra muy lejos del esfuerzo en cotizaciones sociales que hacen las empresas, los trabajadores catalanes y la población ocupada, o sea la población de Cataluña necesitada de esos recursos. Por tanto mi grupo no da la bienvenida a esos recursos, el Gobierno catalán lo ha decidido y mi grupo en el Parlamento de Cataluña ya efectuará las correspondientes críticas. Además, el Gobierno catalán no llegó a un acuerdo con el Gobierno español cuando Convergència i Unió gobernaba en Cataluña y el Partido Popular en el conjunto del Estado. En las propuestas que nos formulaba el Gobierno español había previstos 125 millones de euros como gestión de las comunidades autónomas, que correspondían a alrededor del 15 por ciento de los recursos de la formación continua. Ese planteamiento nos parecía insuficiente y eso llevó a que no hubiese acuerdo en esa materia. Ustedes han cumplido, han hecho ese mínimo esfuerzo, pero si me permite la expresión coloquial, señor ministro, tampoco es para lanzar cohetes. Seguramente en cinco meses no se puede esperar que el Gobierno haga más. El frente legal está abierto, el conflicto de competencias que ha planteado el Gobierno catalán está abierto y el frente político está abierto. Los agentes sociales con los que he tenido ocasión de hablar en estas últimas horas me han dicho: Campuzano, apretad; esto tiene que resolverse. Esto me lo han dicho todos en el ámbito sindical y en el ámbito patronal. Por tanto, desde el respeto a las decisiones que tome el Gobierno de Cataluña, a mi grupo le parece que la sociedad catalana, los sindicatos, las organizaciones y las empresas catalanes piden una solución ya. Seguramente vamos a tener que esperar ese proceso que el señor ministro avanza. Llevamos 13 años discutiendo sobre estas cuestiones. Si ese acuerdo que se configura alrededor del año 2005 nos permite resolver esta cuestión, bienvenido sea; pero señor ministro, y termino, en el año 2001 se perdieron, no se ejecutaron 29.000 millones de pesetas de gestión de la formación continua; en el año 2002, 205 millones de euros no ejecutados de recursos de la formación continua; dinero pagado por empresas y trabajadores y que no se ha utilizado para esa formación. Todo esto exige tomar medidas para garantizar un buen sistema, que respete las competencias que establece nuestro estatuto de autonomía y la Constitución y que sea útil a ese 80 por ciento de pequeñas y medianas empresas que constituyen el principal tejido económico de todo el Estado.


Nada más, muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Campuzano.


Para réplica, tiene la palabra de nuevo el señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señora presidenta.


Señor Campuzano, coincidimos plenamente en la filosofía de fondo cuando hacía usted referencia al Gobierno anterior, pues fue el Gobierno anterior quien elaboró una norma que ahora hay que desanudar, que hay que modificar, y le recuerdo que entonces ustedes tenían alianzas con aquel Gobierno. Al margen de ello, señor Campuzano, nosotros estamos cumpliendo la sentencia del Tribunal Constitucional y lo vamos a continuar haciendo, pero no quisiera que quedara la impresión de que sólo nos interesamos por quien reparte el dinero. Esa sería una visión alicorta de algo muy importante para el futuro de nuestra actividad económica y de la productividad de nuestro sistema. Lo importante es que el sistema esté bien definido y que camine en la dirección de aprovechar al máximo los recursos que tenemos -que,

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como usted decía, con el anterior Gobierno no se gastaban- para favorecer la formación. Seguramente hay que hacer cambios de fondo, es más siendo competencia del Gobierno de la nación, según la sentencia del Constitucional, no queremos hacerlo solos, porque será más inteligente y más útil que incluso el diseño, es decir la competencia para establecer el marco a aplicar en formación, lo hagamos también con las comunidades autónomas. A tal efecto, estamos dialogando con la Generalitat de Cataluña, presidida por Pascual Maragall, hemos tenido diversos encuentros y queremos caminar en ese sentido.


Somos el primer Gobierno que reconoce plenamente que la competencia en materia de formación continua es de las comunidades autónomas, lo reconocemos; además lo reconocemos porque en el presupuesto de este año no había nada para ello y hemos destinado 135 millones de euros. Es poco, sí, pero tenga usted presente que hay una parte de los gastos en formación que lo hacen las propias empresas y que por tanto habría que descontar del volumen global a gestionar por el Estado o por las comunidades autónomas. Es un sistema que puede ser discutible y que acoge una parte importante del conjunto de los fondos, que no lleva gestión administrativa para la concesión de ayuda, porque las propias empresas presentan los programas y, vía bonificación en sus cotizaciones, reciben esas ayudas. Por tanto ahí ni la Administración General del Estado ni las comunidades autónomas intervienen. Segundo, hemos reconocido que las comunidades ya tenían esa competencia, y por tanto hay que cumplirla; si no hubiera sido así no hubiéramos podido disponer de los 135 millones a distribuir este año, que irán creciendo el año que viene, señor Campuzano, no lo dude. Además, queremos que se gestionen lo mejor posible de forma conjunta, comunidades autónomas y Estado.


Hay una pregunta de fondo que usted me hará sin duda y es: ¿por qué no se transfiere totalmente toda la gestión -yo he planteado que en el modelo definitivo tiene que haber una pequeña parte que quede reservada a la Administración General del Estado- si las comunidades autónomas son competentes? Primero, porque el Gobierno ha decidido cumplir la sentencia pero con racionalidad. Antes el sistema de formación continua lo gestionaban todos los interlocutores sociales y nada las comunidades autónomas, y no era razonable, ni deseable, ni viable siquiera provocar una ruptura en la transformación del sistema. Racionalidad y sentido común exigen que se aborde con gradualidad este nuevo proceso y así lo vamos a hacer, porque es obligación de cualquier Gobierno hacerlo sin poner en perjuicio el sistema de formación continua. Segundo, porque las propias comunidades autónomas, señor Campuzano, no tendrían hoy siquiera capacidad para gestionar una transferencia completa -hay que ser realistas- porque la asumen ex novo. No tendrían capacidad y, por tanto, hay que preparar el camino en los próximos ejercicios para esa mayor transferencia. Por último, porque el sistema de formación continua -lo dijo usted- se financia con cotizaciones sociales. No es posible ni deseable, ni tampoco admisible, que los interlocutores sociales se vean despojados de una participación decisiva en el funcionamiento y en la gestión del sistema. Queremos que sigan participando en el mismo, no se les puede despojar de esa facultad, porque al final los recursos son suyos; también porque el sistema de formación continua debe garantizar su estrecha vinculación con la negociación colectiva, y esta vinculación sólo puede ser asegurada si se garantiza cada paso que se dé en el proceso, lo que de nuevo -si se garantizan todos los pasos- requiere gradualidad y progresividad.


En definitiva, el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, señor Campuzano, debe hacerse atendiendo a estos principios de gradualidad y participación de los agentes sociales. Por ello, sinceramente creo que estamos cumpliendo la sentencia, que tenemos la mejor voluntad de ampliar la participación de las comunidades autónomas en la gestión y que debemos hacerlo también en consonancia con el diálogo social y con los principios de la negociación colectiva. En esos términos mi grupo, estoy convencido -tiene su autonomía-, podrá comprometerse a que el diseño de futuro sea común, sea el mejor de los posibles y reconozca las competencias que el Constitucional ha atribuido a las comunidades autónomas. Esa es nuestra intención y espero que podamos llegar a un acuerdo en la moción que usted presente.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


Señoras y señores diputados, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.


Eran las ocho y cinco minutos de la noche.

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