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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 19, de 22/06/2004
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 19
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 18
celebrada el martes, 22 de junio de 2004


ORDEN DEL DÍA:

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. ...


- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excelentisimos señores Diputados. (Número de registro 6096.) ... (Página 744)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...


- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), reguladora de los horarios comerciales. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 18-1, de 23 de abril de 2004. (Número de expediente 122/000004.) ...
(Página 744)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre modificación del artículo 37.3 b) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 70-1, de 30 de abril de 2004. (Corrección de error: "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie B, número 70-2, de 18 de junio de 2004.) (Número de expediente 122/000026.) ... (Página 752)

Página 740


Proposiciones no de Ley: ...


- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la ampliación del ámbito y contenido del Servicio Postal Universal. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, número 24, de 28 de mayo de 2004.
(Número de expediente 162/000083.) ... (Página 757)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a realizar una evaluación ambiental estratégica del impacto conjunto de la presunta propuesta sustitutiva al trasvase del Ebro.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 29, de 4 de junio de 2004. (Número de expediente 162/000086.) ... (Página 764)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...


- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la posición del Gobierno ante los problemas y el retraso en la construcción de la línea AVE Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. (Número de expediente 173/000012.) ... (Página 774)

- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre las actuaciones que piensa adoptar el Gobierno con el fin de compensar a los sectores agrícolas perjudicados por los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos. (Número de expediente 173/000013.) ... (Página 781)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre actuaciones que va a llevar a cabo el Gobierno para dar cumplimiento al Plan Galicia.
(Número de expediente 173/000014.) ... (Página 785)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde, con carácter secreto.


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página 744)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentisimos señores diputados ... (Página 744)

Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los diputados, es aprobado.


Continúa la sesión con carácter público.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 744)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), reguladora de los horarios comerciales ... (Página 744)

El señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta esta proposición de ley para su toma en consideración) porque entiende, en primer lugar, que una parte muy importante del sector español pide un cambio total de la actual legislación sobre horarios comerciales; en segundo lugar, porque urge modificar la actual legislación rápidamente y, en tercer lugar, porque es fundamental la recuperación de la paz social y el consenso para el desarrollo del sector comercial en España. Explica la proposición de ley cuyos planteamientos básicos son que el ejercicio de las competencias en materia comercial corresponderá a las comunidades autónomas, el límite de horarios que entienden debería regir a partir del año 2005, y el mínimo de días festivos que se podrá abrir al público. Considera que la aprobación de esta iniciativa sería de una gran justicia y de una gran alegría para todo el sector comercial, por lo que esperan contar con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez y Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Delgado

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Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Mas i Estela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), sobre modificación del artículo 37.3 b) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores ... (Página 752)

Presenta la proposición de ley para su toma en consideración el señor Tardá i Coma, en nombre del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) Comienza su intervención en catalán, continuando en castellano.
Pretende sumar otra iniciativa más en esta legislatura para avanzar de manera definitiva en la adecuación entre el mundo del trabajo, en donde las relaciones laborales todavía están lejos de alcanzar las condiciones de progreso de otros Estados, y la aspiración de los ciudadanos y ciudadanas a vivir de manera plena y feliz en el marco de la unidad familiar. Todo ello en el conjunto de medidas legislativas de amplio calado que, respecto a la familia, exige el ritmo acelerado de cambios culturales y sociales de nuestro entorno inmediato. Se trata, dice, de acelerar el proceso de impulso legislador y proceder a la modificación del articulado del Estatuto de los Trabajadores referido a la concesión de permiso al progenitor por nacimiento de un hijo o hija. Finaliza su intervención anunciando que, a petición de los sindicatos y en aras de la mejor viabilidad del diálogo social, su grupo retira la proposición de ley, reservándose el derecho de volver a presentarla si no se llega al consenso con los agentes sociales.


En un breve turno para precisiones, a pesar de que la proposición de ley ha sido retirada, intervienen la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); los señores Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Carro Garrote, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Sometida a la votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), reguladora de los horarios comerciales, se rechaza por 18 votos a favor, 277 en contra y cinco abstenciones.


Proposiciones no de ley ... (Página 757)

Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la ampliación del ámbito y contenido del Servicio Postal Universal ... (Página 757)

Presenta la proposición no de ley el señor Torres Sahuquillo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Explica en primer lugar la Directiva comunitaria 97/67 CE, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la comunidad y la mejora de la calidad del servicio, y la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de liberalización de los servicios postales. Hace un análisis comparativo de estas dos normas, llegando a la conclusión de que la legislación española ha restringido indebidamente el contenido del servicio postal universal y que, por tanto, no traspone correctamente la legislación comunitaria ocasionando un perjuicio a los ciudadanos y empresas españolas, usuarios del mismo. El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso presenta esta proposición no de ley con el fin de homologar el ámbito del servicio postal universal en España al establecido con carácter general para todos los países miembros de la Unión Europea, añadiendo que existe la voluntad por parte de su grupo parlamentario y del Gobierno de estudiar también la repercusión que sobre el correo español pueda tener el cumplimiento de la normativa para imponer las lenguas cooficiales del Estado español en los documentos y en el logotipo de Correos.


En defensa de la enmienda presentada a la proposición no de ley interviene el señor Jané i Guasch, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Canet Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda intervienen los señores Torres Sahuquillo y Jané i Guasch.


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El señor Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, interviene para rechazar la enmienda transaccional presentada.


El señor Torres Sahuqillo, del Grupo Parlamentario Socialista, ante la negativa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a la presentación de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista a la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), mantiene la proposición no de ley en sus propios términos y rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


La Presidencia, después de escuchar al señor Jané i Guasch en contra de la retirada de la enmienda transaccional, mantiene la interpretación del artículo 118.3 del Reglamento que dice que es necesaria la unanimidad de todos los grupos parlamentarios para aceptar una enmienda transaccional que se presente en el momento del plenario.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a realizar una evaluación ambiental estratégica del impacto conjunto de la presunta propuesta sustitutiva al trasvase del Ebro ...
(Página 764)

Presenta la proposición no de ley la señora Ramón-Llin i Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Pretenden con esta iniciativa que se haga una evaluación ambiental estratégica sobre los efectos de todas y cada una de las desaladoras que el Gobierno piensa construir en el litoral mediterráneo, y acusa al Partido Socialista de no tener en cuenta a las comunidades autónomas, crítica que hacía igualmente la actual ministra de Medio Ambiente al Partido Popular cuando estaba en el Gobierno. Pone de relieve las preocupaciones de diferentes grupos ecologistas por el impacto de las medidas alternativas propuestas, fundamentalmente en relación con los efectos ambientales de la construcción de las desaladoras en cuanto al consumo energético y los vertidos de salmuera al litoral mediterráneo, que no asumen los principios de la nueva cultura del agua y del desarrollo sostenible.


En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley intervienen el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y las señoras Ortiz Rivas, del Grupo Parlamentario Socialista, y Bonás Pahisa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas propuestas interviene la señora Ramón-Llin i Martínez.


El señor presidente pregunta, en relación a la primera proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la ampliación del ámbito y contenido del Servicio Postal Universal, si hay alguna otra alternativa a la no aceptación por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista a la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a su proposición no de ley.


El señor Torres Sahuquillo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, en contra de lo manifestado anteriormente en el debate, dice que aceptan en este momento la enmienda presentada en principio por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Tras las intervenciones de los señores Jané i Guasch y Merino López, el señor presidente da por concluido el debate sobre la aplicación del Reglamento en el caso de la enmienda transaccional rechazada.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre la ampliación del ámbito y contenido del Servicio Postal Universal, en los términos de la enmienda original presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 174 votos a favor, uno en contra y 134 abstenciones.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre una evaluación ambiental estratégica del impacto conjunto de la presunta propuesta sustitutiva al trasvase del Ebro, en sus propios términos, se rechaza por 130 votos a favor, 169 en contra y nueve abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 774)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la posición del Gobierno ante los problemas y el retraso en la construcción de la línea AVE Madrid-Barcelona-Frontera Francesa ... (Página 774)

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Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Jané i Guasch, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Considera que se trata de una moción importante que pretende trasladar a la Cámara lo que son unos compromisos en materia de impulso al AVE hasta Barcelona y la frontera-francesa. Plantea la incertidumbre que existe sobre el proyecto de AVE, sobre la velocidad que tendrá hasta Barcelona, sobre cuándo llegara y sobre los impulsos que tendrá, y explica el texto de la moción, que no es otro que los compromisos que se adquirieron por parte de la ministra de Fomento en el debate de la interpelación urgente.


En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los señores Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Jané i Guasch.


Tras las intervenciones por alusiones del señor Ayala Sánchez y de la señora Cunillera i Mestres, el señor presidente da por finalizado el debate.


Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre las actuaciones que piensa adoptar el Gobierno con el fin de compensar a los sectores agrícolas perjudicados por los acuerdos de la Unión Europea en Marruecos ... (Página 781)

El señor Rivero Baute, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, presenta la moción consecuencia de interpelación urgente que tiene que ver, dice, con las dificultades por las que atraviesa la agricultura en Canarias, básicamente la de exportación. La difícil utilización de métodos tecnológicos actualizados a causa de la orografía del archipiélago canario les hace poco competitivos, contando además con el grave problema de la escasez de agua. A esas dificultades añade los problemas de algunos subsectores, agravados a lo largo de los últimos tiempos, como son el plátano, encauzado actualmente a través de la OCM, las frutas y hortalizas en general, las flores y plantas y, en estos momentos, el tomate. Pide en la moción que se incrementen las ayudas al transporte de mercancías, modificando el decreto que regula las aportaciones al transporte de mercancías de Canarias, para lo que espera contar con el apoyo de la Cámara.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora Cedrés Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Ramón Torres, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Rivero Baute.


El señor presidente aclara a la Cámara que se incorporará un nuevo punto, propuesto por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a la transaccional a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre actuaciones que va a llevar a cabo el Gobierno para dar cumplimiento al Plan Galicia ...
(Página 785)

El señor Delgado Arce presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la moción consecuencia de interpelación urgente que trata de contrastar las explicaciones cumplidas de la señora ministra en el debate de la interpelación sobre las previsiones y compromisos en materia de infraestructuras con la Comunidad Autónoma de Galicia para ejecutar y cumplir el Plan Galicia. Su moción pretende que se refrende el compromiso del Estado contraído en Consejo de Ministros de 24 de enero de 2003, llamado Plan Galicia, que supone sin duda, dice, el más ambicioso plan que se ha aprobado en dicha comunidad y que tiene como finalidad contrarrestar los negativos efectos de la catástrofe del "Prestige" y relanzar la economía del país.


En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Louro Goyanes, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Delgado Arce.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la posición del Gobierno ante los problemas y el retraso en la construcción de la línea AVE Madrid-Barcelona-frontera francesa, en los términos de las enmiendas aceptadas por el grupo proponente, se aprueba por 302 votos a favor y seis abstenciones.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria sobre las actuaciones que piensa adoptar el Gobierno con el fin de compensar a los sectores agrícolas perjudicados por los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos, en los términos de la enmienda transaccional consensuada por todos los grupos parlamentarios, se aprueba por 309 votos a favor.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre actuaciones que va a llevar a cabo el Gobierno para dar cumplimiento al Plan Galicia, en los términos de la enmienda transaccional repartida a los grupos parlamentarios, se aprueba por 305 votos a favor y una abstención.


Se suspende la sesión a las nueve y veinticinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde, con carácter secreto.


DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro 6096.)

Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Continúa la sesión con carácter público.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), REGULADORA DE LOS HORARIOS COMERCIALES. (Número de expediente 122/000004.)

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), reguladora de los horarios comerciales. Tiene la palabra, por el grupo proponente, el señor Sánchez Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Gracias, señor presidente

Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado esta proposición de ley sobre regulación de los horarios comerciales por varios motivos, en primer lugar por entender que una parte muy importante del sector comercial español clama y pide un cambio total de la actual legislación sobre horarios comerciales.
Convergència i Unió siempre ha sido muy sensible a las reivindicaciones de este sector comercial basado en pequeños y medianos comerciantes, en pequeñas empresas -por algo nos llaman el partido de los botiguers-. No se nos esconde la satisfacción de afirmar que sí, que somos especialmente sensibles a las pretensiones de este colectivo tan importante, como son los botiguers, y por eso hemos presentado esta proposición de ley esperando que sea bien acogida por la mayoría de los grupos de la Cámara.
La hemos presentado asimismo por ser conscientes de la gran importancia de un sector comercial español que agrupa alrededor de 700.000 empresas, la mayoría de carácter individual, con dos millones y medio de puestos de trabajo en todo el Estado español. Tampoco quiero olvidar en esta intervención que Convergència i Unió siempre ha tenido gran complicidad con este sector comercial español. Quisiera recordar a todas SS.SS. el protagonismo que tuvo nuestro grupo parlamentario en 1993-1995 cuando planteamos una Ley de ordenación del comercio minorista, que fue pactada con el Grupo Parlamentario Socialista -que en aquel tiempo gobernaba en España- y que gozó de la complicidad de la mayoría de grupos parlamentarios de la Cámara.


En segundo lugar planteamos esta proposición de ley reguladora de los horarios comerciales porque urge modificar la actual legislación rápidamente. Es una legislación promovida por el Partido Popular, que también fue recurrida por muchas comunidades autónomas y entre ellas la Generalitat de Cataluña. Al entender que

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la actual legislación va en la dirección de liberalización total de los horarios comerciales, que aboca a un precipicio a todos los pequeños y medianos comerciantes, presentamos esta proposición de ley porque la actual legislación vulnera las competencias de las comunidades autónomas, perjudica notablemente a los pequeños comerciantes, imposibilita la conciliación laboral y familiar y si prospera esta liberalización total que se ha de iniciar a partir del 1 de enero del año 2005, destruirá muchos puestos de trabajo. Curiosamente, esta es una legislación que va en la dirección contraria a la mayoría de legislaciones del resto de países de la Unión Europea. Si analizamos en estos momentos cuál es la legislación que tiene la mayoría de países de la Unión Europea, veremos que solamente en cuatro de ellos existe libertad total de horarios, concretamente, en el Reino Unido, Irlanda, Portugal y Suecia; en el resto de países de la Unión Europea, concretamente en once, existen restricciones importantes en la apertura los días festivos. Por tanto la legislación actual va en dirección contraria a la de la mayoría de países de la Unión Europea.


En tercer lugar, presentamos esta iniciativa porque Convergència i Unió entiende que es fundamental la recuperación de la paz social y el consenso para el desarrollo del sector comercial en España. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha venido reclamando insistentemente la necesidad de recuperar dicha paz social y dicho consenso para impulsar el desarrollo comercial en los próximos años. Ya nos opusimos en su momento a la ampliación de los horarios comerciales promulgados a través de la ley del año 2000 por el Partido Popular, por los perjuicios que están produciendo en este sector, no sólo desde un punto de vista económico -he manifestado anteriormente que seguramente se están produciendo reducciones de empleo en el sector de las pymes- sino también en el tema competencial -invasión de competencias autonómicas- y también tendríamos que incorporar todos aquellos aspectos de la vertiente social, como son la pérdida de la vida familiar ante el incremento de horarios en el pequeño comercio. Reitero también -este es un aspecto importante para Convergència i Unió- que por encima de los pretendidos y no demostrados efectos económicos de la ampliación de horarios comerciales debe prestarse atención a las tradiciones culturales, sociales y religiosas, a las necesidades de los ciudadanos reconociendo el carácter especial del domingo como día de descanso, como afirma la resolución de 12 de diciembre de 1996 del Parlamento Europeo.


Enfocándolo desde otro prisma, señorías, ¿qué sentido tiene hablar de calidad de vida, de reducción de la jornada laboral o de políticas de ayuda a la familia con el objetivo de favorecer y hacer más compatible la vida profesional y la vida familiar si después todo lo lanzamos por la borda sin ningún tipo de escrúpulo? ¿Dónde está la sensibilidad social del Gobierno frente a los comerciantes -que en conjunto dan trabajo a un millón y medio de personas- cuyos establecimientos van a pasar de tener un horario comercial de 76 a 90 horas semanales, obligándoles a abrir todos los domingos? Probablemente, a partir del año 2005, en muchas comunidades, si no se deroga, tendrán que trabajar la mayoría de los domingos de todo el año. El pequeño comercio, señorías, ocupa a 970.000 mujeres y la libertad de horarios entiende nuestro grupo supondrá un gran sacrificio para todas ellas, que únicamente pueden estar en casa con sus hijos los días festivos. La defensa de los horarios comerciales y los días festivos de apertura es la defensa de la estructura social del país; por ello nosotros reclamamos la responsabilidad social de todos los grupos parlamentarios hacia todas estas personas para que puedan disfrutar los domingos del descanso semanal y puedan conciliar las relaciones laborales y familiares como cualquier otro trabajador que no preste sus servicios en el sector comercial.


Estas tres consideraciones importantes hacen que nuestro grupo parlamentario tome esta iniciativa, como ya hizo en su momento respecto al comercio minorista, para plantear una legislación moderna, más activa y que haga compatible la conciliación de la vida familiar y la vida laboral. Por ello hemos formulado esta proposición de ley que, básicamente, recalca tres o cuatro aspectos muy importantes desde nuestro punto de vista. En primer lugar, en esta proposición de ley queda muy claro que el ejercicio de las competencias en materia comercial corresponderá a las comunidades autónomas; todos aquellos aspectos que hagan referencia a los horarios para la apertura y cierre de los locales comerciales en sus respectivos ámbitos territoriales, en el marco de la libre y leal competencia y con sujeción a los principios generales sobre la ordenación de la economía que se contienen en la presente disposición.
Por tanto las competencias exclusivas sobre todos aquellos aspectos que afectan a la regulación de los horarios para apertura y cierre de los locales corresponderán, única y exclusivamente, a las comunidades autónomas. En segundo lugar, también definimos perfectamente cuál es el límite de horarios que entendemos que debería regir a partir del año 2005. En este sentido planteamos que la semana laboral tenga un mínimo de 72 horas y que cada comunidad autónoma pueda convertirlas en máximos. Por tanto la comunidad autónoma que lo prefiera podrá hacer 72 horas semanales, que sería el mínimo establecido por la ley; la comunidad autónoma va a tener la competencia exclusiva para poder determinar este mínimo como máximo. En tercer lugar, planteamos otro aspecto que ha sido motivo de polémica en estos últimos cuatro años y es cuál va a ser el mínimo de días festivos que se podrá abrir al público. En este sentido, planteamos que, como mínimo, los establecimientos tendrán que permanecer abiertos ocho días festivos en las respectivas comunidades autónomas. Por consiguiente proponemos un mínimo de 72 horas semanales, que las comunidades autónomas

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podrán convertir en máximos, y, al mismo tiempo, planteamos un mínimo de ocho días festivos, que cada comunidad autónoma también podrá convertir en máximos, si están en esta línea, y también tendrán la libertad o la posibilidad de incorporar más aperturas en sus respectivos territorios.
Señorías, señoras y señores diputados, estos son los planteamientos básicos que nosotros proponemos en esta proposición de ley, a la vez que incorporamos algunos aspectos que no dejan de ser referenciales en una legislación de este tipo, como puede ser que la determinación de ocho días al año, como mínimo, entre domingos y festivos, para que los comercios puedan permanecer abiertos al público, corresponderá, única y exclusivamente, a cada comunidad autónoma para su respectivo ámbito territorial.


En esta proposición de ley hay algunos aspectos que nosotros querríamos introducir en el proceso legislativo que se pueda abrir en la Comisión correspondiente, en el sentido de dar también más capacidad de autonomía a todas las comunidades autónomas para introducir la posibilidad de cerrar a las 12 de la noche en aquellos municipios turísticos que tengan unas características excepcionales que les permitan unos horarios mucho más flexibles que en otra zona que no sea municipio turístico. Al mismo tiempo, pretendemos introducir en el ámbito legislativo y en el trabajo de Comisión que aquellas comunidades autónomas en las que algunos de sus municipios sean turísticos y tengan la posibilidad de incorporar su fiesta mayor puedan escoger el horario de apertura.


Señorías, volvemos a plantear una iniciativa de este calibre, en el bien entendido de que creemos que su aprobación sería de una gran justicia y de una gran alegría para todo el sector comercial y, lógicamente, esperamos contar con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


¿Algún turno en contra? (Pausa.)

Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Nos gustaría comenzar por recordar cuál fue el proceso legal por el cual la situación del comercio en el Estado español se encuentra en el actual marco jurídico. En efecto, como ya fue señalado, la Ley orgánica 2/1996, de 15 de enero, complementaria de la Ley de ordenación del comercio minorista, transfirió por vía del artículo 150.2 de la Constitución española la competencia estatal a las comunidades autónomas en la aplicación de la libertad de horarios en coordinación con la Administración central, y, en concreto, después de contemplar en el artículo 2 la libertad total de horarios por parte de los comerciantes a partir de 1 de enero de 2001, se atribuía al Gobierno de las comunidades autónomas la regulación de los horarios comerciales en ese periodo transitorio fijando un mínimo de apertura de 72 horas semanales y 8 domingos y días festivos al año. En todo caso -y esto es muy importante-, quedaba claramente reflejado que la determinación de los domingos o días festivos en los que los comercios podrían abrir al público con el mínimo señalado correspondería a las comunidades autónomas en su respectivo ámbito territorial. Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular modificó unilateralmente esta regulación con la aprobación del Real Decreto-ley 6/2000, del 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia de mercados de bienes y servicios, que fue posteriormente convalidado por el Pleno del Congreso de los Diputados, en la sesión del 29 de junio de 2000, ampliando a 90 horas el horario de apertura semanal, a 12 domingos y festivos de apertura anual progresivamente y liberalizando totalmente los horarios de los establecimientos comerciales de menos de 300 metros cuadrados.


Desde el punto de vista competencial, después de la atribución de la competencia de fijación de horarios comerciales a las comunidades autónomas por medio de la citada ley orgánica de 1996, el Gobierno se arrogó unilateralmente de nuevo esa potestad sin consulta a las comunidades autónomas, liberalizando los mismos por encima de las previsiones de la anterior ley, que por lo menos hasta el año 2001 aún tenía vigencia. En concreto, el artículo 3 de la ley orgánica de 1996 reconocía textualmente que la liberalización plena de los horarios comerciales no sería de aplicación hasta que el Gobierno central, conjuntamente con el Gobierno de cada una de las comunidades autónomas, así lo decidieran y no antes del 1 de enero de 2001, por lo que el Real Decreto-ley 6/2000 supuso una vulneración deliberada de esa previsión legislativa, puesto que no consta que existiera ese acuerdo con las comunidades autónomas correspondientes, adoptándose un nuevo régimen de horarios comerciales que alteró el que venía rigiendo en virtud del citado artículo 3 de la ley orgánica de 1996. Por eso es muy importante esta iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán que viene a restituir las cosas a una situación anterior al año 2000, con el real decreto-ley que se presentó eufemísticamente como de flexibilización de los horarios comerciales, pero desde que está en aplicación ese real decreto-ley el nuevo régimen de horarios comerciales contó efectivamente con la oposición de organizaciones representativas del pequeño y mediano comercio y también de muchas fuerzas políticas, entre ellas el Bloque Nacionalista Galego. Esto es así por varios motivos, en primer lugar, porque significó aumentar la concentración del mercado de distribución.
Significó también que se redujesen los empleos que crean los pequeños y medianos comercios por la desaparición progresiva de muchos de ellos.
Aumentó además

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la posición dominante de las grandes superficies comerciales y, por último, todo esto produjo un incremento de los precios al consumo sin duda notorio en el conjunto del Estado español.


Por nuestra parte además es fundamental que las comunidades autónomas, los distintos territorios del Estado español mantengan un tejido comercial propio y que haya una situación armoniosa desde el punto de vista de la integración del pequeño y mediano comercio en relación con las grandes áreas comerciales. Por eso esta modificación que ahora se propone, de forma que la regulación sobre horarios comerciales sea una competencia exclusiva de las comunidades autónomas restaura una situación que nunca se debió de haber violado y estamos por asegurar que esto va a servir positivamente no solamente para el mantenimiento del empleo, sino también para incitar o impulsar hábitos de consumo en el pequeño y mediano comercio, que es una fuente fundamental de riqueza y sin duda también una forma de articulación social que es muy necesaria en la actual situación que conduce a la gran creación de monopolios. Por lo tanto vamos a apoyar de forma decisiva y entusiasta esta iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) esperando que en el debate posterior a su toma en consideración la podamos mejorar sensiblemente para que las competencias de las comunidades autónomas en este terreno se consideren realmente exclusivas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.


Intervengo para mostrar el apoyo de Chunta Aragonesista a la toma en consideración de esta proposición de ley. Pedimos que se admita a trámite para poder presentar en el debate parlamentario posterior toda una serie de medidas para mejorar la normativa propuesta. Entendemos que es necesario, independientemente del proyecto que pueda estar preparando el Gobierno, dar vía libre a esta iniciativa, puesto que partimos de una situación normativa doblemente negativa, ya que por un lado se prima a las grandes superficies y por otro se recorta capacidades a las comunidades autónomas. Chunta Aragonesista apuesta por elaborar un plan de apoyo al pequeño y mediano comercio gestionado por las comunidades autónomas para su dinamización y modernización y para que pueda hacer frente a las grandes superficies y además estamos por derogar la normativa estatal que ha invadido competencias autonómicas en comercio interior, en especial el decreto de liberalización de horarios comerciales, que implica la total desregularización en 2005. Por tanto, señor presidente, para mejorar la situación en la que nos encontramos, votaremos a favor de la iniciativa propuesta.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Labordeta.


A efectos de la administración familiar del tiempo del Grupo Mixto, les informo de que todavía les queda un par de minutos. (Pausa.)

Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, intervengo para felicitar al Grupo Catalán (Convergència i Unió) por su iniciativa, así como para manifestar nuestro apoyo a la misma, fundamentalmente porque esta debe ser una responsabilidad de las comunidades autónomas. La diversidad territorial se expresa también en este ámbito y claramente esta es una responsabilidad que nunca se debió sustraer a las propias comunidades autónomas. Por tanto suscribimos en todos sus términos los argumentos de Convergència i Unió y si la proposición se toma en consideración, procuraremos enriquecer la misma. Las comunidades autónomas deben residenciar esta responsabilidad y ser capaces de conciliar los intereses que en este caso concita el sector comercial de los pequeños y grandes comercios y también deben tratar de conciliar los intereses empresariales con los de los trabajadores. Por tanto nuestro apoyo claro a la toma en consideración de esta iniciativa de Convergència i Unió.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Para su turno de fijación de posición, por el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Pérez.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Nosotros estamos de acuerdo en cuanto a lo manifestado hasta ahora en este debate en el sentido de que esta cuestión debe ser competencia de las comunidades autónomas. Si la proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) planteara exclusivamente ese criterio, nosotros evidentemente estaríamos de acuerdo, pero en dicha proposición de ley se establecen unos mínimos y unos criterios que nosotros creemos que no se corresponden con la situación real de una parte de la distribución del comercio de nuestro país, concretamente con los pequeños y medianos comerciantes. Compartimos la preocupación de fondo que expresa la proposición de ley en el sentido, según reza la propia proposición, de compatibilizar los sistemas de distribución no sólo de las grandes empresas o de las grandes superficies y del pequeño comercio, sino también -esto lo añadimos nosotros- de las superficies medias, que sobre todo en el sector de la alimentación están demostrando una gran implantación y un gran nivel de competencia, y desde luego compartimos lo que expresa el propio texto de la proposición de ley que debiera ser el pequeño comercio, es decir, una parte del tejido urbano, un elemento dinamizador y articulador

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de ese tejido social, un factor de vertebración, un generador de empleo para iniciativas familiares y locales y también, por qué no decirlo, una forma diferenciada de servicios de calidad y de especialización. Ahora bien, la visión que nosotros tenemos del pequeño comercio no es esa.
Nosotros entendemos que en muchas grandes ciudades en las que vivimos, el urbanismo asocial desvertebra y afecta al pequeño comercio. Se ha destruido ciudad como espacio de convivencia y hoy distritos enteros en grandes ciudades son simplemente zonas de paso. La especulación del suelo no sólo encarece el suelo para la vivienda, también afecta al pequeño comercio y a los locales comerciales. La fiscalidad de tabla rasa, que es injusta y desigual para el pequeño comerciante, también está afectando a la falta de desarrollo del pequeño comercio y las condiciones de competencia leal, de las que se habla en la proposición de ley, se alteran a la hora de comprar, vender, pagar y cobrar. Se tiene más fácil cuanto más grande se es. A la hora de la relación con las entidades financieras es evidente que no podemos hablar tampoco de esa competencia leal. Cuando hablamos de las entidades financieras, es decir, de esas entidades que nos cobran no sólo por tener el dinero, sino por el hecho de cogerlo de nuestro bolsillo, evidentemente no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos del pequeño comercio que cuando nos referimos a las grandes cadenas multinacionales instaladas en nuestro país con todos los apoyos; apoyos que en su momento han faltado de manera histórica para el asociacionismo de la pequeña y mediana empresa y, en este caso, del pequeño comercio.


De aprobarse la proposición que nos trae Convergència i Unió incidiría también en mayores desventajas para ese pequeño comercio que tanto nos preocupa a todos. Las condiciones de contratación y de trabajo, si bien no se distinguen por grandes privilegios para los trabajadores del pequeño comercio, sí incluyen para los trabajadores de las grandes superficies temporalidad, inseguridad y falta de derechos, aspectos en los que las grandes superficies con frecuencia son bastante avanzadas. Si la proposición que nos trae el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) refleja la situación, que conocen, a nosotros no nos queda más que felicitarles y envidiarles. No obstante, nos extraña que un grupo como Convergència i Unió pretenda legislar en este ámbito del Estado sobre esta cuestión, cuando son evidentes las peculiaridades de las comunidades autónomas en cuanto a estructura del comercio, estacionalidad, etcétera, por lo que cabría pensar en una mayor mano abierta para que sean verdaderamente las comunidades autónomas las que legislen. Lo que nosotros conocemos, desde luego, es un pequeño comercio en crisis en el que hablar de instrumentos de gestión, de racionalización y de optimización es sencillamente un sarcasmo y en el que la generación de empleo, en un sector que apenas se sostiene, nos parece simplemente ironía. Nosotros creemos que buena parte del pequeño comercio existente que tiene 1, 2 ó 3 trabajadores, de carácter familiar muchas veces, no está en condiciones de hacer frente, en condiciones de dignidad, a las obligaciones laborales, comerciales y de competencia que esta proposición de ley nos plantea. Compartiendo la preocupación de esa exposición de motivos, tenemos argumentos más que suficientes para oponernos a la aprobación de esa proposición. Por tanto, nuestro voto será contrario.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.


Señorías, la proposición de ley reguladora de los horarios comerciales, que hoy trae a esta Cámara el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para su toma en consideración, cabe calificarla de oportuna. La opinión pública es mayoritariamente favorable a una regulación del sector, un sector complejo, diverso y cuyos intereses son en ocasiones contrapuestos, por no calificarlos de contradictorios. Las opiniones de los grandes comerciantes son diferentes a las de los pequeños comerciantes e igualmente diferentes son las de los consumidores en relación con los propios comerciantes. En ocasiones tampoco la dimensión prejuzga la postura de unos y otros en relación con la regulación de los horarios comerciales. El tema es complejo y delicado, por ello requiere de un análisis y estudio preciso y sosegado. De lo que al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) no le cabe ninguna duda y quiere ser contundente al respecto es de que el Gobierno vasco tiene las competencias plenas en materia de comercio. Por tanto, debe tener la capacidad de regular esta materia de acuerdo con los intereses económicos y sociales del sector en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
En coherencia reivindicamos que la regulación de los horarios comerciales se sitúe exclusivamente en el marco de las comunidades autónomas con competencia en la materia y, en concreto, de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Los horarios comerciales deben permitir atender de manera adecuada las necesidades de los consumidores y, por otra parte, tener en cuenta el derecho de los trabajadores a compaginar su vida laboral con sus relaciones personales y familiares, según establece la resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 1996, sobre el trabajo dominical. Además, es necesario tener en cuenta la importancia social que el comercio urbano de proximidad tiene en nuestros modos de vida y en nuestro modelo de ciudad. Todo ello hace aconsejable adoptar las medidas necesarias que propicien la libre y leal competencia entre empresas, evitando situaciones de dominio de mercado.


Conviene matizar que todas las partes intervinientes coinciden en que la situación actual operante en Euskadi, en la que aún esta materia no ha sido objeto de regulación, con sus matices, es satisfactoria y ha venido

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funcionando con total aquiescencia de empresarios, empleados y consumidores. En este sentido, según los resultados de una encuesta realizada en el año 2000 por el departamento de sociología de la Universidad del País Vasco sobre los hábitos de los consumidores vascos en relación con los horarios comerciales, sus necesidades, opiniones, actitudes y potenciales comportamientos, nueve de cada 10 consumidores vascos no se sienten perjudicados por la limitación de apertura de los establecimientos comerciales en domingos y festivos, si bien un 10 por ciento de los encuestados abogaba por la apertura de un número limitado de domingos y festivos, fundamentalmente en Navidades y Reyes.


En el momento en que los agentes implicados se han manifestado a favor de la regulación, es necesario establecer normas de ordenación precisas para la apertura y cierre de los locales comerciales, de acuerdo con los criterios de libre y leal competencia, tomando en cualquier caso en consideración la opinión del sector. Entendemos que de forma previa a la regulación de horarios comerciales, es imprescindible analizar el impacto económico de dicha regulación en distintos sectores y formatos comerciales, al tiempo que se favorezca el diálogo y el detalle entre las diferentes comunidades autónomas competentes en la materia. A la hora de regular los horarios, es necesario atender a los criterios de mínima regulación, máxima flexibilidad y perdurabilidad de la norma y en ningún caso regular aspectos relativos a horarios laborales correspondientes a otro ámbito competencial. No creemos que el Gobierno central deba establecer un mínimo ni de 12 ni de ocho ni de cuatro y mucho menos hacerlo sin un estudio serio y profundo.


En coherencia con lo anterior, nuestro grupo parlamentario, aun considerando que esta situación de horarios comerciales que se alcanzaría con la regulación que propone el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), es más favorable que la actualmente vigente, aprobada sobre la base del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, se va a abstener en esta toma en consideración de la proposición de ley por los argumentos que le he dado, que son fundamentalmente que los que deben regular son los que efectivamente tienen las competencias y en el caso que más le preocupa al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sería el Gobierno vasco.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.


Turno de fijación de posiciones. Señor Ramón, de Esquerra Republicana de Cataluña.


El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente. (Comienza su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega a la Redacción del "Diario de Sesiones", dice lo siguiente: M' agradaría recodar-les la voluntat del nostre grup de poder expresar-nos en aquesta Cambra en català; els emplego a acabar amb aquesta injusticia. El señor diputado continúa su intervención en castellano.)

Desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana entendemos la necesidad de resolver definitivamente el peligro de liberalización que tenía prevista el Partido Popular mediante el artículo 43 del Real Decreto-ley 6/2000, a partir del 1 de enero del año que viene. Es necesario frenar este peligro para que se pueda mantener el equilibrio entre formatos comerciales y el modelo comercial específico de Cataluña, basado en el predominio de pequeñas y medianas empresas implantadas en trama urbana y que constituye un elemento clave en la configuración del territorio de los pueblos, ciudades y barrios, vertebrándolos y haciéndolos convivenciales y seguros.


El comercio urbano constituye uno de los máximos exponentes de nuestro estilo de vida y de nuestro modelo de ciudad mediterránea, un modelo en el que existe un equilibrio entre los diferentes formatos de oferta comercial entre operadores grandes, medianos y pequeños y en el que el consumidor tiene un gran abanico de ofertas y opciones entre las que elegir dónde, cuándo y cómo efectuar su gasto comercial. El comercio urbano nos ayuda también a cumplir una importante función económica, ya que constituye un factor clave en la creación de trabajo autónomo y ayuda a redistribuir la renta. Para preservar este modelo, el Govern de la Generalitat de Cataluña ha presentado al Parlament catalán una propuesta de ley catalana sobre horarios comerciales, una normativa con una serie de excepciones que implican la limitación a 72 horas semanales de apertura y a ocho el número de festivos en que los comercios podrán abrir sus puertas, y lo hace en virtud de las competencias exclusivas que en materia de comercio interior otorga a Cataluña tanto la Constitución como el propio estatuto. Los horarios comerciales forman parte indiscutible de este ámbito competencial. Hasta el momento, el Tribunal Constitucional sólo ha reconocido la capacidad de intervención del Estado en este tema cuando determinados objetivos en el ámbito de planificación general de la actividad económica lo justifiquen, pero sin que hasta el momento haya delimitado claramente la frontera competencial, provocando una situación de incertidumbre en los nueve recursos de inconstitucionalidad interpuestos por diferentes comunidades autónomas contra el artículo 43 del Real Decreto-ley 6/2000.


Señoras y señores diputados, la proposición de ley que nos presenta hoy el Grupo Catalán (Convergència i Unió) es sin duda una propuesta bien intencionada, pero se limita a reproducir la regularización que sobre esta materia se estableció en la Ley Orgánica 2/1996. Por consiguiente, no consigue el objetivo perseguido, ya que queda corta y no da cobertura a determinados aspectos del anteproyecto de ley catalana sobre horarios comerciales, porque este anteproyecto va más allá de la regularización que hasta ahora el Govern de la Generalitat de Cataluña había llevado a cabo y no daría amparo legal a algunos aspectos fundamentales de la misma,

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bien al contrario, interferiría directamente. En concreto, señoras y señores diputados, la propuesta de Convergència i Unió no permite regular los horarios de apertura y cierre de los establecimientos comerciales; no permite tampoco establecer que en determinados festivos, por razones de interés social, por ejemplo el día 25 de diciembre, el día 1 de enero o el día 1 de mayo, se pueda imponer el cierre general a todos los establecimientos comerciales, y tampoco permite, por motivos de interés general, avanzar el horario de cierre en determinadas vísperas de festivos. Tampoco contempla el reconocimiento de la posibilidad de que los ayuntamientos, por razones constatadas de interferencia en el orden público, puedan acordar el cierre en horarios nocturnos de aquellos establecimientos que pretendan acogerse a algunas de las causas de exclusión del horario comercial previstas tanto en la normativa estatal como en la autonómica que así lo permitan.


Aparte de estos aspectos fundamentales que no quedan reflejados en la propuesta que estamos discutiendo, lo que preocupa al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana es que la aceptación de esta proposición de ley signifique un reconocimiento explícito de competencias del Estado en esta materia, máxime cuando precisamente nos encontramos pendientes de una sentencia del Tribunal Constitucional que puede incidir en esta cuestión competencial, consecuencia de los recursos interpuestos por la Generalitat y el Parlament de Cataluña.


Desde nuestro grupo no podemos estar de acuerdo con esta proposición, atendiendo a que es prácticamente una transcripción literal de la Ley Orgánica 2/1996, de horarios comerciales, y que obedecería a un planteamiento restrictivo respecto a las competencias de las comunidades autónomas en materia de comercio interior, en general, y en materia de horarios comerciales, en particular. Entendemos la necesidad de impulsar un proyecto de ley que, en los términos que les he expuesto, recoja un marco normativo que, de acuerdo con la legalidad constitucional y estatutaria vigente, permita a Cataluña y al resto de las comunidades autónomas desarrollar plenamente las respectivas competencias en materia de comercio interior. Esta propuesta tendría que tener la amplitud suficiente para permitir la regularización de todos los aspectos que, como ya hemos comentado, la propuesta de Convergència i Unió no prevé.
Por consiguiente a esperas de esta nueva redacción, que tendría que estar enmarcada en el mayor consenso posible y sobre todo de los grupos parlamentarios del Parlamento catalán, pedimos a Convergència i Unió que rectifique y que retire esta proposición de ley; si no es así nuestro grupo parlamentario votará en contra. También quiero comentar que aceptamos de muy buen grado todo lo que han manifestado el señor ministro y el secretario de Estado respecto a este tema: su disposición a que sean las comunidades autónomas las que digan la última palabra en esta materia. Señorías, manifestamos que si no retiran esta proposición de ley votaremos en contra.


Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramón.


Para el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, señor Delgado.


El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de la toma en consideración de la proposición de ley de regulación de horarios comerciales presentada por Convergència i Unió y explicaré las razones fundadas que damos para ello.


Esta proposición de ley supone, por una parte, una marcha atrás en la libertad de actuación de las empresas en nuestro país y perjudica -y siento decirlo- especialmente a las microempresas, al tiempo que ignora a los consumidores; por otra, desconoce que la nueva regulación que debe entrar en vigor el 1 de enero de 2005 necesariamente ha de contar con el acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas.


La proposición de ley alude en sus antecedentes a dos normas: la Ley de ordenación del comercio minorista y a la Ley complementaria de la ordenación del comercio minorista. ¿Qué decía esta citada ley del año 1996 aprobada entonces cuando gobernaba el Partido Socialista? ¿Qué principios la inspiraban? Esta ley establecía claramente en su artículo 2 que cada comerciante determinaría con plena libertad y sin limitación alguna en todo el territorio del Estado el horario de apertura y cierre de sus establecimientos comerciales de venta y distribución de mercancías, así como el número de festivos, el número de horas diarias semanales y el número de días festivos o no. Por lo tanto, esta norma volvió a una desregulación de los horarios comerciales, pero bien es cierto que estableció una vacatio legis, una moratoria. Así, este mismo artículo 2 establecía un mínimo común normativo de 72 horas y de ocho domingos y festivos, que estarían vigentes hasta enero del año 2001. Por lo tanto, el principio de libertad horaria se proclamó en el año 1996, en una ley aprobada -repito- cuando gobernaba el Partido Socialista. Todo indicaba que llegado el 1 de enero de 2001, para que en España existiese libertad horaria tendría que producirse nuevamente un consenso entre el Gobierno central y los gobiernos de las comunidades autónomas. Pues bien, el Partido Popular en el año 2000, cuando tuvo responsabilidades de gobierno, mediante el Real Decreto-ley 6/2000 que luego se convalidó en esta Cámara y teniendo en cuenta la situación de crecimiento potencial y la productividad de nuestra economía, decidió abrir un nuevo período, una nueva moratoria, hasta el 1 de enero de 2005 y dar claramente un paso adelante en el sentido de incrementar el horario de 72 a 90 horas, y de ampliar cada año, desde el 2001 hasta el 2004, un domingo y festivo hasta alcanzar la situación actual de 12 domingos y festivos, determinándose evidentemente la competencia de las

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comunidades autónomas para la fijación de esos domingos y festivos.


Señorías, también esta norma estableció una ventaja competitiva a favor del pequeño comercio y así determinó que los establecimientos de venta de reducida dimensión que dispongan de una superficie útil para la exposición y venta al público inferior a 300 metros cuadrados, excluidos los que pertenezcan a grupos de distribución u operen bajo el mismo nombre comercial de aquéllos tendrán plena libertad de apertura en todo el territorio nacional. Yo le pregunto, señor Sánchez i Llibre, ¿por qué razón su proposición de ley suprime esta ventaja competitiva a favor del pequeño establecimiento de menos de 300 metros cuadrados? ¿En qué perjudica esa ventaja competitiva que hoy tienen los pequeños frente a los grandes que no disfrutan de la misma? ¿Por qué razón desaparece esa ventaja competitiva? Ni que decir tiene que el Grupo Parlamentario Popular no está a favor de esta iniciativa porque perjudica a los más pequeños.


El artículo 43 del Real Decreto-ley 6/2000, cuya derogación se pide justamente en la proposición de ley, está plenamente vigente, es de obligado cumplimiento y la pendencia de recursos ante el Tribunal Constitucional en modo alguno le resta vigencia ni capacidad. Todo parece indicar, señorías, que el Tribunal Constitucional fallará en contra desestimando estos recursos. No lo decimos por mera suposición, sino porque hay fallos anteriores del Tribunal Constitucional que otorgan al Estado competencia específica para dictar la legislación básica sobre la ordenación general de la economía, que resulta del artículo 149.1.13.ª de la Constitución española y que en modo alguno está limitando la competencia exclusiva que tienen las comunidades autónomas en materia de comercio interior, porque en el caso al que nos estamos refiriendo se persigue un objetivo de política general.


Lo que ustedes pretenden con esta proposición de ley es claramente una marcha atrás en el número de domingos y festivos en los que los comerciantes pueden abrir; una marcha atrás en el horario global en el que los comercios pueden desarrollar su actividad, en detrimento claro de los consumidores; y, desde luego, persiguen ustedes la supresión de esa ventaja competitiva para los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados. No sólo es este portavoz del Grupo Parlamentario Popular quien dice esto. El propio vicepresidente económico del Gobierno de España, el señor Solbes, lo ha dicho muy claramente: Reducir de doce a ocho el mínimo anual de apertura de comercios en domingos y festivos, es dar marcha atrás. Y añade: Los doce domingos no están planteando graves problemas y no sé si tiene sentido dar esa marcha atrás. Por lo tanto, no es solamente una posición que sostenga nuestro grupo, es una posición muy fundada que se sostiene también desde la máxima dirección económica del Partido Socialista.


Nosotros decimos que es imprescindible, de cara al futuro, alcanzar un gran consenso entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, que necesariamente hay que oír al sector de la distribución, a la gran distribución, a la mediana, a la pequeña y a la muy pequeña distribución, a los consumidores, a las organizaciones sindicales, a las comunidades autónomas, y que nazca ese consenso justamente del equilibrio entre los intereses de todos. Señorías, el objetivo fundamental de nuestra actividad con la regulación de estas cuestiones es lanzar la actividad económica, en modo alguno restringirla o limitarla. Hoy no vivimos, contrariamente a lo que he escuchado, una situación de deterioro de la actividad comercial. El comercio representa el 12 por ciento del valor añadido de este país, la facturación del comercio al por menor en este país ha crecido por encima de los 14.700 millones de euros y hoy tenemos 625.000 establecimientos minoristas abiertos. En estos últimos años, la ocupación en el comercio minorista ha crecido en más de 132.000 personas y la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 289.605 personas, tanto en el régimen general como en el régimen de autónomos. Por lo tanto, estamos muy lejos de esa situación que se describe de un tejido comercial español con problemas importantes. El índice de ventas al por menor también ha crecido en España en 20 puntos en diciembre de 2003 con respecto a diciembre de 2000, y el número de empresas comerciales en España ha crecido, según el directorio central de empresas, en 17.609.
Todo esto es una realidad, no es un artificio y es algo que deberemos considerar.


El Grupo Parlamentario Popular rechaza esta proposición de ley y aspira -y lo dice muy claramente, como lo hemos manifestado ya en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio- a un gran acuerdo entre comunidades autónomas y el Gobierno central. Aspiramos a que entremos en una situación de diálogo en la que partidos políticos que representan a 9.700.000 electores, como es el nuestro, tengan una voz y su criterio sea escuchado. Queremos conocer la opinión mayoritaria de los consumidores que aspiran, según nos dice, a una mayor libertad y hay que oír a esas asociaciones; apostamos por un diálogo claro y expreso con el sector; pedimos que se huya de la demagogia partidista y de las posiciones de maniqueísmo entre buenos y malos; pedimos que se analice debidamente la diferencia que existe entre lo que es la situación de horarios comerciales y de horas máximas y mínimas de apertura de lo que son domingos y festivos; pedimos que se tenga en cuanta claramente la opinión de los consumidores que demandan hoy una mejor y más fluida atención y, desde luego, que se tenga en cuenta la opinión del máximo órgano regulador de la defensa de la competencia en España, que es el Tribunal de Defensa de la Competencia, que en su informe sobre condiciones de competencia en el sector de la distribución comercial aboga por que exista una libertad horaria razonable en este país que permita y que expanda el ámbito de elección de los ciudadanos. No confundamos la defensa que nosotros protagonizamos y preconizamos desde siempre del pequeño comercio,

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por una mal entendida protección que, en definitiva, no beneficie a unos y desde luego no perjudique a la marcha de nuestra economía y la ansiada creación de empleo.


Gracias, señorías, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Delgado.


Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Socialista, el señor Mas i Estela.


El señor MAS I ESTELA: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, el 2 de abril, supongo que saliendo de la constitución de la Cámara, el Grupo Catalán (Convergència i Unió) presentó en el registro de la misma, entre otras cosas, una proposición de ley sobre horarios comerciales. Podríamos entender que fue una acción táctica que Convergència i Unió tenía interés en remarcar para empezar a acotar algunos aspectos de su acción parlamentaria que quería fueran relevantes hacia su electorado. Sin embargo, no tenemos inconveniente en reconocer que en esta acción hubo también una actuación estratégica, toda vez que no era la primera ocasión en que empezaba a plantear el tema de los horarios comerciales. En anteriores momentos, tanto en la legislatura de 1996 como en la anterior de 1993, fue planteado por el mismo grupo.
Hay que reconocer, en primer lugar, que la preocupación que tiene Convergència i Unió sobre este tema viene de lejos y me perdonará el señor Sánchez i Llibre que le diga que ha sido él quien ha dicho que son el partit dels botiguers, no hemos sido nosotros, porque a veces cuando debatimos se nos dice: nos acusáis de..., cuando el señor Sánchez i Llibre desde la tribuna, ha dicho que son el partit dels botiguers.


En segundo lugar, desde este mismo escaño hice unas preguntas al ministro de Industria, Turismo y Comercio sobre el tema en mi primera intervención. El ministro planteó cuál era la línea de actuación del ministerio respecto al tema. Coincidió desde el primer momento en la presencia de las comunidades autónomas en esta distribución, en la prisa con que habría que discutir la vigencia de la regulación actual porque entraba en vigor el 1 de enero de 2005 y que habría que hablar de todo con todo el mundo. Yo mismo en la intervención que hice en nombre de mi grupo planteé las diversas posiciones que existen en nuestra sociedad en relación con los horarios comerciales. En la comparecencia del ministro y en la del secretario de Estado ante la misma Comisión ambos coincidieron en la misma dirección y podríamos encontrar intervenciones en medios de comunicación donde el Gobierno y el ministro han ido fijando la posición que va bastante en la línea que tiene Convergència i Unió. Esto es indiscutible. Sin embargo, hay un tema que creo que tenemos que reseñar desde el Grupo Socialista, y es que a partir del hecho de que no se trata de un debate inocuo o unidireccional en el que hay acuerdo total, sino que hay líneas transversales y opiniones controvertidas dentro de la propia sociedad, es necesario establecer diálogos profundos con la misma.


El Grupo Socialista conoce que el ministerio ha iniciado conversaciones con las comunidades autónomas, con todos los directores de comercio de las comunidades autónomas, que está estableciendo comunicaciones con los grupos empresariales -y aquí habría grupos absolutamente dispares de pequeños, medianos, grandes y grandes superficies de distribución, etcétera, que tienen posiciones distintas-, con consumidores -saben ustedes que hay agrupaciones de consumidores que tienen también posiciones distintas sobre el tema- y con los propios grupos de la Cámara. Creo que tendríamos que respetar esta voluntad de diálogo manifestada por el ministro en una dirección, pero previamente la voluntad de diálogo necesaria con toda la gente para que la orientación nueva que salga del real decreto del año 2000 pueda tener el mayor consenso posible de todos los grupos afectados por el tema.


Señor Sánchez i Llibre, señores de Convergència i Unió, creo que durante este diálogo que el ministerio va a mantener y al que el Grupo Socialista se apunta nos vamos a poder encontrar. Sus proposiciones son muy concretas, probablemente -y como se ha puesto de manifiesto en anteriores intervenciones en esta misma Cámara- hay aspectos en los que habrá gran consenso, otros en los que habrá discusión, habrá comunidades autónomas que aceptarán las cosas con bastante facilidad y otras a las que resultará más difícil, pero yo creo que si podemos entablar un proceso de diálogo largo -en el bien entendido de que esto tiene que acabarse antes del 1 de enero del año 2005 porque, si no, entra en vigor la nueva situación- podremos encontrarnos en el camino.


Nosotros hoy no estamos de acuerdo en tomar en consideración esta proposición de ley, pensamos que hay que agotar las vías del diálogo y que en ellas hay posibilidad de acuerdo con mucha gente, supongo que también tendremos desencuentros, pero en esta vía de diálogo en los próximos meses creo que podremos avanzar bastante y positivamente.
Nuestro voto será contrario a la toma en consideración, pero el espíritu es de negociar una reforma importante de la situación actual para mejorarla de cara al futuro, de forma que haya un consenso más amplio del que existe actualmente en la cuestión.


Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 37.3 B) DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, DE 24 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. (Número de expediente 122/000026.)

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El señor PRESIDENTE: Terminado el debate, continuamos con la siguiente proposición de ley, comunicándoles que procederemos a la votación de este bloque cuando se termine el mismo.


Proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre modificación del artículo 37.3.b) del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores.


Tiene la palabra para su presentación el señor Tardá.


El señor TARDÁ I COMA: Gracias, señor presidente, señorías. (Comienza su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega a la Redacción del "Diario de Sesiones", dice lo siguiente: Els recordem, una vegada més, que els nostres drets lingüistics en aquesta cambra no són reconeguts.
Els demanem la seva solidaritat per superar aquesta injusticia i fer possible que els catalanoparlants puguem expressar-nos amb llibertat, amb la mateixa llibertat que gaudeixen la majoria de vostès per poder utilitzar la seva llengua materna. Només volem ser tan lliures, lingüisticament, com ho son vostès. Ni més ni meys. El señor diputado continúa su intervención en castellano.)

No debería haber provocado demasiadas objeciones la proposición de ley que hoy presentamos a ustedes para que sea aceptada a trámite de la comisión legislativa. De hecho persigue sumar, una más, otra iniciativa de las que deben plantearse en esta legislatura para avanzar de manera definitiva en la adecuación entre el mundo del trabajo, en donde las relaciones laborales todavía están lejos de alcanzar las condiciones de progreso de otros Estados, y la aspiración de los ciudadanos y ciudadanas a vivir de manera plena y feliz en el marco de la unidad familiar. Todo ello en el conjunto de medidas legislativas de amplio calado que, respecto a la familia, nos exige el ritmo acelerado de cambios culturales y sociales que nos impone nuestro mundo inmediato. Ciertamente la familia continua siendo para una gran mayoría de la ciudadanía el primer círculo de afecto personal, de identidad cultural y nacional y también de solidaridad económica y humana. Es, pues, el primer ámbito de vida, el más cercano, el espacio privilegiado para la intimidad y la privacidad, la fortaleza para la protección y el refugio solidario. Naturalmente tenemos que saber apreciar los cambios culturales y sociales producidos en nuestros tiempos en las relaciones entre las personas y en los vínculos que se establecen entre ellas. Por eso no podemos sostener un enfoque estático de la familia, a partir del modelo convencional que siempre hemos conocido, si no que, conservando los valores positivos heredados, tenemos que mantener una visión dinámica de los vínculos humanos, respetuosa también con las nuevas realidades familiares de nuestros días: personas separadas o divorciadas, parejas de hecho, del mismo sexo o no, con hijos o sin ellos, que han escogido libremente a la otra persona; o esta forma de vida como las unidades monoparentales con uno solo de los progenitores, o adultos con menores a su cargo, o personas que han decidido vivir solas.


Con estas palabras los diputados republicanos e independentistas queremos poner de manifiesto que vamos a priorizar a lo largo de esta VIII Legislatura, en la medida que nos lo posibilita el hecho de estar constituidos ahora como grupo parlamentario, nuestra acción hacia la toma de medidas para modificar la actual consideración de unidades familiares, hacia el establecimiento de mayores prestaciones económicas de apoyo a las familias, hacia la ampliación de las ayudas para la adopción y el acogimiento, hacia el establecimiento de deducciones en el tramo del IRPF, hacia la formulación de ayudas para la aplicación de técnicas de reproducción asistida. Hacer aplicables también a todas las unidades familiares las disposiciones del código de familia; establecer ayudas para favorecer la excedencia y la reducción de jornada de las personas trabajadoras para la atención de los hijos o familiares con dependencia, y un largo etcétera. Además, no podíamos dejar de lado otra de estas necesidades: la de hacer posible que todos los trabajadores y trabajadoras dispongan de la oportunidad de conciliar la vida familiar y la laboral mediante la actuación sobre los permisos de paternidad y maternidad.


En consecuencia, queremos destacar que es voluntad de nuestro grupo parlamentario contribuir a hacer realidad una ley de conciliación que dé solución a las demandas sociales de las clases populares y trabajadoras y contribuya al impulso de políticas natalistas. En este sentido, hay que recordar que el Estado español se halla en el furgón de cola europeo y mundial en cuanto a los índices de natalidad. Ya en su día Esquerra Republicana dio apoyo a las propuestas del Grupo Socialista y de Convergència y Unió encaminadas a modificar la ley de conciliación del año 1999, con la finalidad de conseguir un permiso de derecho exclusivo de paternidad para el padre, a cargo de la Seguridad Social, de cuatro semanas, es decir, independientemente del permiso de maternidad de 16 semanas, que fueron rechazadas por la mayoría parlamentaria de entonces del Partido Popular. Los déficit que acumula la ley son múltiples y diversos, por referirnos sólo al ámbito del permiso de paternidad. Para muestra un botón. Si bien es cierto que la madre puede ceder un número considerable, diez, de semanas de su baja de maternidad al padre, ¿qué ocurre con los padres cuyos consortes no tienen un empleo? ¿Cómo resolver la problemática que padecen las familias monoparentales?

Entendemos, pues, que debemos focalizar el ámbito de nuestra actuación en la Ley de conciliación. Es por ello que hemos presentado una proposición de ley encaminada a contribuir a sumar esfuerzos con el resto de grupos parlamentarios que previamente al nuestro han mostrado este mismo interés. Es más, consideramos que como grupo parlamentario de nuevo cuño aceptamos actuar desde la colaboración. Por ello, el buen criterio de la modestia presidirá la actuación de un grupo parlamentario,

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como el republicano, de nueva creación. Aún así tenemos la voluntad de contribuir al debate. Es más, deseamos acelerarlo, y es en este contexto en el que hoy les planteamos la necesidad de proceder a la modificación del articulado del Estatuto de los Trabajadores referido a la concesión de permiso al progenitor por nacimiento de un hijo o hija. En la actualidad, según determina el artículo 37.3 b) del Estatuto de los Trabajadores, a los padres se les conceden dos días de permiso retribuido por el nacimiento de un hijo o hija. Este período es claramente insuficiente para que el padre se pueda hacer cargo de la nueva situación con la que la pareja se encuentra. Por un lado, la realidad demuestra que como mínimo son dos los días que un trabajador viene usando para atender las necesidades inmediatas, tanto de atención a la madre como de cumplimiento de los trámites burocráticos relacionados con el nacimiento del hijo o hija; por otro, es evidente que para atender las necesidades del hijo y de la madre durante los primeros días tras el parto es necesaria la ayuda de otras personas, hecho contradictorio para nosotros que concebimos como valor progresista que lo deseable es que este apoyo lo preste el propio padre. Más allá del deber de atender al bebé, y a una madre probablemente dolorida y agotada por el parto, también debemos reconocer al padre un derecho, el derecho a disfrutar de ese momento de felicidad, de disfrutar de los primeros días de su hijo o hija. Es por ello que entendemos que debería contemplarse el necesario incremento de dos a diez días de permiso laboral para los trabajadores por nacimiento de un hijo o hija.


Señorías, no puede ser que incluso en esto Portugal gane a España, reconociendo cinco días de permiso por paternidad. Son ya muchas las negociaciones colectivas que han dado como resultado la aceptación de cuatro, cinco y hasta seis días de permiso retribuido al trabajador en concepto de permiso de paternidad. Es más, sabemos de alguna industria metalúrgica de las comarcas de Lleida que incluso ha firmado en convenio diez días. Conocemos, sin embargo, las múltiples variables y dificultades que atañen al mundo sindical al socaire de la negociación colectiva, léase diferencia entre grandes y pequeñas empresas, ámbitos productivos y de servicios, en donde la negociación colectiva aún está desgraciadamente ausente.


En definitiva, nuestro objetivo pretende acelerar el proceso de impulso legislador al cual nos hemos referido, actuar de acicate en la negociación colectiva y no esconder la necesidad de evitar introducir reparos en el mundo empresarial, porque estamos en condiciones, gracias a la nueva correlación de fuerzas presente en esta Cámara, de abordar la actividad legislativa sin prejuicios políticos ni sociales. Un panorama muy distinto, pues, del hegemonizado por el Partido Popular anteriormente, cuyo resultado fue el debilitamiento del Estado del bienestar. En cambio, esta nueva coyuntura nos permite plantear en profundidad todos los temas, sin prejuicios. Es por esto por lo que paralelamente debe analizarse el nivel de implicación también de la Administración, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la financiación de los permisos de paternidad. ¿Hasta qué punto el Estado debería contribuir a la retribución de estos días? ¿Hasta qué punto la no implicación de la Seguridad Social podría generar la estigmatización de los padres en el mercado laboral como productores poco rentables? Porque buena parte del coste de la paternidad lo padece la propia empresa.


Se trata, pues, de obtener una legislación laboral que sea suficientemente flexible para conciliar la vida laboral con la familiar, entendiendo la vida familiar como la corresponsabilización de ambos miembros de la pareja. La normativa actual sigue estando básicamente orientada al hecho biológico del postparto y perpetúa el modelo familiar donde hombres y mujeres tienen unos papeles diferenciados, y por ello todas las medidas de conciliación se orientan básicamente hacia las mujeres. Por tanto, cuando se produce el nacimiento de un hijo o hija es imprescindible la implicación del padre desde el primer momento, para conseguir que tanto el hombre como la mujer se sientan protagonistas de esos primeros días, compartiendo y responsabilizándose juntos de las nuevas tareas y experiencias relacionadas con el cuidado del hijo. Se trata de que la ley se adapte al modelo de familia basado en la igualdad, en la corresponsabilidad y en la no discriminación por motivos de género. Si queremos impulsar la corresponsabilidad en la atención y educación de los hijos, no podemos permitir que la madre tenga su cuidado en exclusiva. Es necesario, pues, que la Administración impulse las condiciones que favorezcan la concienciación del género masculino y la asunción de sus responsabilidades. Desde siempre la sociedad ha avanzado más rápidamente que la legislación, de modo que hay que acelerar el proceso para que ningún sector de la sociedad se quede al margen, lo que implicaría un déficit de derechos y de deberes.


Señorías, nuestra propuesta no tiene otro fin que el de poner la política al servicio de la ciudadanía, en un hecho tan concreto y singular para la felicidad de una persona como el de ser padre. Aun así les comunico que, por demanda de los sindicatos -tanto de los catalanes como de los españoles- y en aras de la mejor viabilidad del diálogo social, hemos decidido retirar de votación la proposición de ley, en espera de que provechosos resultados durante los próximos meses propicien avances de los derechos de los trabajadores y de la economía social y productiva por medio del citado diálogo social. Esta es, pues, nuestra aportación una vez defendida nuestra proposición de ley. Aun así, advertimos que, de no llegar al consenso con los agentes sociales, este grupo parlamentario se reserva el derecho de volver a presentar esta proposición de ley, puesto que lo que persigue es justo y necesario. Puesto que la legislatura es larga, tiempo habrá de defender los derechos de las clases trabajadoras.


Gracias. (Aplausos.-El señor Carro Garrote pide la palabra.)

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El señor PRESIDENTE: Lo lamento, pero al haberse retirado el proyecto no cabe dar opinión sobre un acto parlamentario que, por dicha retirada, ha dejado de existir. (Rumores.) No se trata de mala o buena voluntad, sino de que no se puede opinar sobre un acto parlamentario que ya no existe.
(Rumores.) Lo lamento profundamente, no lo quiero repetir una tercera vez: no tiene sentido opinar sobre un acto parlamentario que ya no existe, porque ha sido retirado. (La señora Pigem i Palmés pide la palabra.)

Sí, señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Señor presidente, entiendo que, si Esquerra Republicana hubiera retirado la propuesta sin defenderla, las razones que está argumentando la Presidencia serían lógicas. Sin embargo, como lo ha hecho después de defenderla, cabe entender que se abre un turno de palabra para los grupos parlamentarios, y así se lo solicito.


El señor PRESIDENTE: Lo lamento. Comprenderán que a mí no me importaría darles a ustedes la oportunidad de exponer su punto de vista sobre esta cuestión, importante sin duda, pero al ser una proposición de ley, el grupo que la presenta es el propietario -para entendernos- de la iniciativa, como usted sabe bien. Así, como propietario, puede tomar libremente la decisión de retirarla. Una vez retirada del orden del día, no tiene sentido establecer debate sobre un acto parlamentario que acaba de dejar de existir. Esta es la interpretación que me dan los servicios de la Cámara como correcta.


De todos modos, si les supone a ustedes tanto, se abre un turno breve, de dos o tres minutos, para hacer precisiones desde el escaño. Intervendrán los grupos de menor a mayor, pero con brevedad.


Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. Vuelvo a insistir en que será un turno muy pequeñito, de dos minutos, para que indiquen su punto de vista en un debate un poco absurdo, puesto que tiene que ver con un acto parlamentario que ya no existe.


La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señor presidente.


Entiendo que una vez que se usa un turno de intervención, independientemente de que después se retire la propuesta, el debate, como dice la diputada, ha dado comienzo en esta Cámara. Mi intención no es extenderme en lo que íbamos a decir, pero como pensábamos apoyar la propuesta como forma de incentivar un debate sobre los permisos parentales, entendiendo que estos permisos son mucho más amplios, tiene que haber un debate donde se profundice no solamente en el ámbito legislativo sino en el ámbito social para que la actitud social de padres y madres y también de las empresas hagan efectivas las leyes que podamos legislar. Por tanto nosotros, que en estos momentos tenemos presentada una proposición de ley de modificación de la Ley 39/1999, referente a la corresponsabilidad laboral y familiar, teníamos intención de apoyar la proposición de Esquerra Republicana, independientemente de que nos parezca que a pesar de ser un punto insuficiente propiciaría avanzar sobre un debate que creemos crucial porque tenemos necesidad de igualar, equiparar la corresponsabilidad o la responsabilidad de padres y madres en la crianza y en la educación de los hijos e hijas.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, veo que mi carisma personal sigue llenando el hemiciclo, pero como no termino de identificar exactamente la naturaleza del trámite que estamos dilucidando y la intención de nuestro grupo era apoyar la iniciativa presentada por el Grupo de Esquerra Republicana, que la ha retirado, esta es una laguna jurídica, quizás reglamentaria, una situación de indefensión y de inseguridad jurídica que me impide decir nada coherente ni razonable en este contexto, por lo que el señor presidente me va a perdonar que no diga más que agradezco la amabilidad que ha tenido por concederme este atípico y peculiar uso de la palabra.


El señor PRESIDENTE: Comparto su punto de vista, pero no quiero pasar por alguien que quita la palabra.


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Desde Convergència i Unió compartíamos la bondad de la iniciativa que Esquerra Republicana traía hoy a debate y votación. Por eso queremos dejar constancia de que lamentamos profundamente que Esquerra Republicana se haya plegado a las presiones y a las indicaciones del Grupo Parlamentario Socialista y haya retirado la proposición de ley de votación. (Aplausos.) Lo lamentamos porque estamos seguros de que Esquerra Republicana cree en la bondad de esta iniciativa pues si no ni la hubiera presentado ni la hubiera defendido con la vehemencia y con las razones con que la ha defendido el señor Tardá. Además pensamos que creía hasta este mismo instante que este era el momento oportuno para discutirla, de lo contrario no la hubiera mantenido en el orden del día.
Por tanto lamentamos que por razones extraparlamentarias, a las que ha aludido el señor Tardá y que de alguna manera se identifican con las mismas razones que había dado el Grupo Parlamentario Socialista a esta misma portavoz para que tuviéramos una posición distinta de la que queríamos tener, que era aprobarla, lamentamos, digo, que por presiones del Grupo Parlamentario Socialista, a las que se ha plegado

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Esquerra Republicana, se haya retirado esta iniciativa de votación.


Gracias. (Aplausos.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Por favor, guarden silencio.


Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Barrachina.


El señor BARRACHINA ROS: Muchas gracias, señor presidente.


Hoy el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya ha evitado evidenciar una contradicción más del Partido Socialista en tanto que proponía pasar de dos a diez días el permiso de paternidad y los socialistas, en su programa, proponían 14 días. Claro, han sacado cuentas y resulta que esos 14 días supone un coste de 140 millones de euros anuales para las empresas españolas. A nosotros nos parece bien que se prosiga en el esfuerzo de conciliar la vida familiar y la vida laboral; nosotros lo hemos hecho posible, primero, ofreciendo empleo a 2.200.000... (Un señor diputado: ¡Venga ya, hombre!.-Rumores.-Protestas.) Decía, señor presidente, que para conciliar la vida familiar y la vida laboral hacen falta dos cosas: poder tener familia y poder tener empleo.
Nosotros hemos hecho eso posible reduciendo del 30 al 15 por ciento la tasa de desempleo de la mujer y aumentando de 4.300.000 a 6.500.000 el número de mujeres empleadas. La Ley 39/1999 ha permitido que 3.500 hombres disfruten de ese periodo de suspensión del contrato laboral que la nueva regulación aporta y nos parece interesante que se prosiga en ese sendero de conciliación de la vida familiar y laboral. Hoy nosotros hubiésemos respaldado la postura lógica y sensata de esperar a que haya un gran acuerdo social, pero la negociación con sindicatos y empresarios no puede servir de coartada permanente para no llevar a cabo propuestas en este Parlamento. Y anunciamos que si eso no ocurre, es decir, si el esfuerzo que ha hecho el Partido Popular en estos últimos ocho años para que existan hoy 605.000 mujeres españolas percibiendo una paga de 100 euros, y otras muchas más que esperan que ustedes den cumplimiento a sus promesas, si ustedes no hacen eso en el plazo razonable de unos meses, el Grupo Popular planteará esa propuesta. Yo creo que el favor que hoy le ha hecho Esquerra Republicana de Catalunya iba en el sentido de que en política social ya no caben más incumplimientos, porque no tenemos ni ministerio de la juventud, ni secretaría de Estado de la discapacidad, ni secretaría de Estado de la familia, ni paga de 100 euros para todos, y las pensiones, que iban a crecer un 26 por ciento, lo van a hacer un 17 por ciento si el IPC nos lo permite. Por ello, señoras y señores diputados, lamentamos que hoy no haya podido existir ese debate y que se le haya hurtado a la opinión pública una nueva contradicción programática del Partido Socialista.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Por último, Grupo Socialista en el Congreso. Señor Carro.


El señor CARRO GARROTE: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, lamento contribuir a la suma de decepciones, pero tengo que decirle al portavoz del Grupo Popular que ese mundo feliz que describe simplemente nunca ha existido. (Aplausos.)

En relación con lo manifestado por la portavoz de CiU, yo creo que se equivoca de gobierno. Las presiones no son patrimonio ni mucho menos estilo de este Gobierno (Varios señores diputados: ¡Ah!), más bien lo han sido de un gobierno que perdió las recientes elecciones en Cataluña; un gobierno que presidía su partido.


El Grupo de Esquerra Republicana, sinceramente, ha dado hoy aquí un buen ejemplo de razones y no de respuesta a presiones. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Qué vergüenza!) Déjenme hablar, por favor.


El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor CARRO GARROTE: Ha expuesto una razón de gran peso que para mí, como sindicalista, tiene mucho valor, y es la razón del respeto al diálogo social. Compartiendo absolutamente los objetivos de la propuesta, tengo que decir que hoy es un día en el que los sindicatos y la patronal agradecerán la cordura del Grupo de Esquerra Republicana por saber entender los tiempos para la puesta en marcha de las políticas absolutamente necesarias. Compartimos, por tanto, el objetivo, nos comprometemos a trabajar en una ley de protección de la familia, tal como el ministro ha dicho en su primera comparecencia parlamentaria, pero, por supuesto, señorías, a pesar de sus decepciones, los tiempos son los que son y la razón, en este caso, la tienen Esquerra Republicana y el Partido Socialista.


Gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Que se besen, que se besen!)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señores diputados, finalmente y para que nadie se sienta lesionado en sus derechos en esta situación atípica que se ha creado, muy brevemente, tiene la palabra la señora García Suárez, porque no vi que levantaba la mano.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.


Intervendré brevemente. En primer lugar, quisiera aclarar que nuestro voto hubiera sido de abstención, como ya sabía el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. ¿Que no estábamos de acuerdo con los 10 días? En absoluto; estamos de acuerdo en 10, en 20, en un mes y en mes y medio para compartir mucho más de lo que ahora se está compartiendo. (Rumores.) Precisamente, tenemos una proposición de ley presentada desde el mes de abril en la que se recogen toda una serie

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de medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar. Pero, recogiendo el sentido del último minuto de intervención del señor Tardá, nuestro grupo celebra que haya finalizado esta proposición de esta manera, porque creemos que hace falta este marco global y esa discusión amplia sobre las diferentes medidas que hace falta adoptar.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, concluido este breve turno que ha permitido a los diferentes grupos parlamentarios expresar su posición respecto a esta situación, no puede proseguir el debate y, en este sentido, voy a proceder a la lectura del artículo 129: La iniciativa de retirada de una proposición de ley -que es el caso- por su proponente -que es el caso- tendrá pleno efecto por sí sola. En consecuencia, no tiene sentido que sigamos un debate sobre un acto parlamentario que ya no existe.


Así pues, vamos a proceder a la votación de la primera de las proposiciones de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), reguladora de los horarios comerciales.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 18; en contra, 277; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), reguladora de los horarios comerciales.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO Y CONTENIDO DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL. (Número de expediente 162/000083.)

El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Proposiciones no de ley.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la ampliación del ámbito y contenido del servicio postal universal. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio.


Para la defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Torres. (Continúan los rumores.) Espere, señor Torres. Por favor, guarden silencio.


Adelante, señor Torres.


El señor TORRES SAHUQUILLO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la Directiva comunitaria 97/67/CEE, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la comunidad y la mejora de la calidad del servicio, determina en el artículo 3.4 que cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para que el servicio universal incluya, por lo menos, las siguientes prestaciones: la recogida, clasificación, transporte y distribución de los envíos postales de hasta dos kilogramos; la recogida, clasificación, transporte y distribución de los paquetes postales de hasta diez kilogramos; los servicios de envíos certificados y envíos con valor declarado. Por otra parte, el artículo 2.6 de la misma directiva define como envío postal el envío con destino constituido en la forma definitiva en la que deba ser transportado por el proveedor del servicio universal, que incluirá los envíos de correspondencia, por ejemplo, los libros, catálogos, diarios y publicaciones periódicas, así como los paquetes postales que contengan mercancías con o sin valor comercial. La puesta en relación de ambas normas permite concluir que los envíos postales de hasta dos kilos que forman parte del servicio postal universal son: los envíos de correspondencia que no están explícitamente definidos por la directiva comunitaria pero sí en el Convenio de la Unión Postal Universal, artículo 10, suscrito por el Gobierno español, y entre los que se incluyen las cartas, las tarjetas postales, los impresos, los cecogramas y los pequeños paquetes, los libros, los catálogos, los diarios y publicaciones periódicas. La directiva comunitaria señala estos tres últimos envíos a modo de ejemplo, lo que indica que pueden existir otros que cada país miembro decida incluir en el servicio postal universal.


La Ley 24/1998, de 13 de julio, del servicio postal universal y de liberalización de los servicios postales, persigue, de un lado, regular el mercado postal español y, de otro, trasponer a la legislación interna la Directiva 97/67/CEE. Con esta finalidad define en el artículo 15 el concepto y ámbito del servicio postal universal en los siguientes términos. Se incluyen en el ámbito del servicio postal universal los siguientes servicios, cuya prestación deberá garantizarse en la forma que se determine reglamentariamente: A. Servicio de giro. B. La prestación ordinaria de servicios postales nacionales y transfronterizos para envíos postales que incorporen una dirección indicada por el remitente sobre el propio objeto o sobre su embalaje, pudiendo tratarse de: a. Cartas y tarjetas postales que contengan comunicaciones escritas en cualquier tipo de soporte, de hasta dos kilos de peso. b. Paquetes postales, con o sin valor comercial, de hasta diez kilos de peso. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.)

El análisis comparativo de las definiciones que la Directiva 97/67/CE hace del servicio universal y del envío postal con los productos que incluye la misma y la definición que la Ley 24/1998 hace del servicio postal universal, en el que sólo incluye los productos en forma de carta o paquete postal, permite concluir que la legislación española ha restringido indebidamente el contenido del servicio postal universal y que, por tanto, no traspone correctamente la legislación comunitaria,

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ocasionando un perjuicio a los ciudadanos y empresas españolas usuarios del mismo.


Por lo expuesto, y a fin de homologar el ámbito del servicio postal universal en España al establecido con carácter general para todos los países miembros de la Unión Europea, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente proposición no de ley: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 1) Ampliar el ámbito y contenido del servicio postal universal encomendado al operador público Correos y Telégrafos a fin de que, además de las cartas, las tarjetas postales y los paquetes postales, incluya también al menos el conjunto de servicios y envíos postales contemplados en la Directiva 97/67/CEE y en concreto los envíos de impresos, cecogramas, pequeños paquetes, publicidad directa, libros, catálogos, diarios y publicaciones periódicas. Y 2) Presentar a la Cámara un proyecto de ley para modificar en el sentido expuesto en el apartado anterior la Ley 24/1998, de 13 de julio, del servicio postal universal y de liberalización de los servicios postales. Este es el contenido de nuestra proposición no de ley, a lo que debo añadir, señorías, dos o tres argumentos más. Nosotros pretendemos con esta proposición no de ley que la Directiva comunitaria 97/67/CEE sea traspuesta al derecho español de forma correcta, es decir, con todo su contenido, y que por tanto el contenido y el ámbito del servicio postal universal en España sean similares a lo existente en toda Europa, haciendo por tanto una trasposición correcta de la directiva. El segundo argumento es que nosotros valoramos ante todo la importancia que tiene el servicio esencial de Correos para los ciudadanos y ciudadanas y para las pequeñas y grandes empresas de un país. Queremos primar la importancia del servicio público y por tanto queremos que el servicio postal universal llegue a todas partes del territorio español, como debe ser, sobre todo a las zonas rurales, que es donde el correo no es rentable, para que todos los ciudadanos y ciudadanas de España, vivan en el lugar que vivan y tengan la condición social que tengan, puedan tener un servicio exactamente igual al servicio postal que planteamos, ampliado respecto a lo que recoge la Ley postal española, y que lo tengan en condiciones de accesibilidad, de precio asequible y de calidad semejantes al resto de la prestación del servicio postal universal que ahora contempla la ley española. Pensamos además que el sobrecoste que puede significar, si lo significa, para la entidad pública prestadora del servicio postal universal, que es Correos y Telégrafos, S.A., en España puede quedar perfectamente integrado en la cuenta de resultados de la propia empresa.
Nosotros creemos que esto no es gravoso, pero sí importante para que todos los ciudadanos, repito, con independencia de su condición económica o de dónde vivan, tengan este servicio exactamente igual que lo tiene un alemán, un holandés, un francés o un belga. Por tanto, señorías, nuestra petición es que aprueben ustedes esta proposición no de ley.


Debo añadir que existe la voluntad por parte de este grupo parlamentario y del Gobierno de estudiar también la repercusión que sobre el correo español pueda tener el cumplimiento de la normativa para imponer las lenguas cooficiales del Estado español en los documentos y en el logotipo de Correos. La voluntad del Gobierno, me consta, y la de mi grupo parlamentario es tomar en serio este asunto, estudiarlo y tratar de resolverlo satisfactoriamente para todos. Señorías, esto es lo que el Grupo Socialista plantea.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Torres.


A continuación, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) comparte los objetivos de esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para ampliar el ámbito y el contenido del servicio postal universal. Entendemos justificado el argumento empleado por el Grupo Parlamentario Socialista para que los envíos de impresos, cecogramas, pequeños paquetes, publicidad directa, libros, catálogos, diarios y publicaciones periódicas queden incluidos en el servicio postal universal. Señora presidenta, señorías, este no es el motivo de nuestra enmienda. Compartimos el fondo de esta proposición no de ley, pero si hoy abrimos un debate sobre Correos y sobre el servicio postal universal entendemos que hay una asignatura pendiente que nos duele de manera especial a aquellos ciudadanos que vivimos en un país, en mi caso en Cataluña, que tiene una lengua oficial propia, en este caso el catalán, y que está ninguneada por parte de Correos cuando Correos es una empresa pública. Está ninguneada cuando no lo estaba antes. Antes el logo era Correos, pero figuraba Correus. Igual pasaba en otras comunidades con lengua oficial propia. En cambio se modificó el logo y únicamente figura Correos. Logo único con una sola lengua, sin poner ni tan siquiera al lado la lengua en la que debería vehicularse la información de Correos en una comunidad que tiene una lengua oficial propia como es Cataluña, Galicia o el País Vasco. Por tanto, ¿qué pedimos nosotros? Coincidiendo como coincidimos con la redacción de la proposición no de ley, pedimos superar hoy esa asignatura pendiente. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con el único medio que tiene nuestro grupo parlamentario para buscar un compromiso, en este caso del Pleno de la Cámara, y es que, al hilo de esta serie de recomendaciones que en materia de Correos y del servicio postal universal se realizan en esta proposición no de ley, pedimos que se adopten también las medidas que sean necesarias para modificar el nuevo logotipo de la empresa pública Correos con la finalidad de que asuma plenamente el carácter plurilingüe del Estado, así como garantizar el uso de las lenguas cooficiales en toda la

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documentación que dependa de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.
Este es el sentido de nuestra enmienda, hacer una petición; no es nada más que hacer una petición dirigida al Gobierno que saldría de esta Cámara con un mensaje: No estamos de acuerdo con el tratamiento lingüístico que se da a las lenguas oficiales propias de las comunidades autónomas por parte de Correos. No estamos de acuerdo y lo denunciamos públicamente desde esta tribuna, desde el Congreso de los Diputados, porque no lo podemos aceptar ni tan siquiera desde un punto de vista constitucional o estatutario. Hay lenguas oficiales propias que están reconocidas en la Constitución y en los estatutos, estamos hablando de una empresa pública y estamos hablando de un tema sensible que ha sido abordado por la mayoría de ayuntamientos catalanes, que han tenido que aprobar mociones dirigidas a las distintas instituciones del Estado con este ruego. Por tanto, nosotros, señora presidenta, señorías, entendemos que hoy no podemos aprobar esta proposición no de ley si no complementamos la misma con un gesto que significa superar una situación de injusticia hacia la lengua oficial propia de la comunidad autónoma por parte de una empresa pública como es Correos. Aquí, señores del Grupo Parlamentario Socialista, tampoco valdrían explicaciones de marketing de la empresa Correos para unificar el logo. Estamos en un Estado plural, plurinacional, pluricultural, plurilingüe y la expresión de esa pluralidad debemos extenderla a todos los ámbitos. Claramente uno de ellos es el propio logo de la empresa que caracteriza, precisamente hoy que se plantea esta proposición no de ley, la necesidad de ampliar un servicio público universal. Si es un servicio público universal, debe respetar la pluralidad de lenguas oficiales que existen. Por tanto, señorías, esta propuesta no va contra nadie; va a favor del reconocimiento de la pluralidad, va a favor de superar una clara injusticia que ha herido la sensibilidad de muchos ciudadanos, que han visto cómo se cambió un logo en la pasada legislatura no para incorporar la pluralidad, que ya existía, sino para ir hacia atrás en una operación cangrejo; fue caminar hacia atrás porque ya existía una cierta pluralidad. Se unificó el logo, se puso un único logo: Correos. Este es el ánimo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y les pedimos a todos los diputados de la Cámara que al votar esta enmienda piensen en lo que significa adaptar una empresa pública a esa realidad plural. Nuestro grupo, que comparte los objetivos de esta proposición no de ley, no podría votarla favorablemente si esta manifestación de la Cámara hacia el Gobierno no fuera aceptada por todos los grupos parlamentarios. Entendemos que debe existir -por lo menos en Cataluña existe- una clara voluntad de la mayoría de fuerzas políticas de avanzar hacia ese necesario reconocimiento. Después de 25 años de aprobada la Constitución, no deberíamos estar hablando de un tema como el de Correos.
Debería ser un tema superado, pero lamentablemente no lo está y de ahí que mi grupo se vea obligado hoy a defender ante el Pleno del Congreso esta enmienda. Espero de la buena voluntad del Grupo Parlamentario Socialista, que es el autor de la propuesta, que acepte nuestra enmienda y esperaremos hasta el final de la votación para poder concretar el sentido de nuestro voto, que deseamos que sea positivo atendiendo a las palabras finales de la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista abriendo la posibilidad de llegar hoy a un acuerdo.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Jané.


Pasamos al turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra en primer lugar la señora Fernández Dávila, por el Grupo Parlamentario Mixto.


La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, presidenta.


Señoras y señores diputados, en el año 1998, y durante la tramitación de la Ley del servicio postal universal, Ley 24/1998, el Bloque Nacionalista Galego presentó una enmienda prácticamente en los mismos términos en que hoy se presenta aquí esta proposición no de ley. Por lo tanto, la posición del BNG va a ser favorable a esta propuesta que hoy hace el Grupo Parlamentario Socialista. Desde luego, votaríamos mucho más satisfechos esta proposición no de ley si se acepta la enmienda que acaba de defender el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), porque es una reivindicación que desde el nacionalismo gallego llevamos haciendo en esta institución desde el año 1996. Entendemos que en el momento en que se reconocen muchas peculiaridades de las nacionalidades históricas y que se tiene una postura más abierta que en tiempos anteriores, lo más lógico es que el Grupo Parlamentario Socialista apoyase esta enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unión). De todas las maneras, y aunque votaríamos más satisfactoriamente la proposición con esta enmienda, vamos a hacerlo a favor de la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Fernández Dávila.


A continuación tiene la palabra, por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi grupo va a votar favorablemente esta iniciativa que ha presentado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y ahora daré los argumentos de nuestra fijación de posición al respecto, aunque adelanto que votaríamos favorablemente si fuera aceptada por el Grupo Parlamentario Socialista la enmienda que ha presentado el señor Jané como portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) pidiendo la adición de un tercer párrafo a la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, con la terminología propia de la comunidad

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autónoma en su lengua vernácula para el logotipo Correos.


Dicho esto, voy a los argumentos fundamentales. Lo que ha ocurrido es que desde que aprobamos en el Congreso de los Diputados la Ley 24/1998, del servicio postal universal, se ha producido una serie de avances en la competencia de las empresas que están autorizadas para la distribución de efectos postales, pero sin estar obligadas a lo que ya habían señalado tanto la legislación española como la directiva comunitaria de 1997. La Directiva comunitaria de 1997 fijó unas obligaciones, pero de mínimos. El artículo 3 de la Directiva número 67, que se aprobó en diciembre de 1997, viene a señalar que los Estados miembros garantizarán a los usuarios el derecho a un servicio universal que corresponda a una oferta de los servicios postales, con una calidad determinada y prestados de forma permanente -cosa a la que nos están obligadas las empresas privadas- en todos los puntos del territorio y a precios asequibles a todos los usuarios. Asimismo, el punto 2 señala la densidad obligatoria de los puntos de contacto en todo el territorio del Estado y que se tengan en cuenta las necesidades de los usuarios. Este término de necesidades de los usuarios es el que está recogido en el Convenio de la Unión Postal Universal. Este diputado entiende que entre lo que obliga la Ley 24/1998 y la Directiva 97/67 hay que tener en cuenta los distintos efectos de envío postal del servicio universal que señala el Convenio de la Unión Postal Universal, firmado y ratificado por el Gobierno español. Aquí se da entrada -el portavoz socialista lo ha citado- a las tarjetas postales, los pequeños paquetes y los cecogramas. Para los señores diputados que no estén en el ámbito del envío específico, el cecograma es cualquier soporte de impresión que vaya en lenguaje para los invidentes, en lenguaje braille. Con la directiva Europea, si no los tenemos en cuenta, estamos dejando fuera a un sector hacia el que hoy día hay una tremenda sensibilidad, como es el de los discapacitados, en este caso el de los invidentes. Si ya se está obligando a toda una red de distribución del servicio postal universal, aclárese que tiene que contemplar también no una distribución de productos estándares de correo, como cartas o paquetes con la limitación de los dos o los diez kilos, sino que también es necesario recoger dentro del envío postal la difusión del libro, de los catálogos, de los diarios y publicaciones periódicas, de los pequeños paquetes, de los cecogramas y de los impresos. Por tanto, esta nos parece una medida positiva que abre un nuevo horizonte de posibilidades. Además, con esta iniciativa, la red física estructural del servicio postal de Correos no tiene que modificar su infraestructura -esta es una cuestión importante en una medida notoria-, pero permite aumentar los mínimos que la Ley 24/1998 señalaba, ampliando este ámbito y el contenido del servicio postal universal, que está encomendado por ley a este operador público del servicio de Correos. Por tanto, nuestro voto, señora presidenta, señorías, será favorable a la iniciativa.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Mardones.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.


La filosofía central de la Directiva 97/67 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión era, como recogía ella misma en su considerando octavo, la de que son necesarias -cito textualmente- unas medidas orientadas a asegurar una liberalización progresiva y controlada del mercado y un justo equilibrio en su aplicación, con el fin de garantizar la libre prestación de servicios en el sector postal, respetando las obligaciones y los derechos de los proveedores del servicio universal en toda la comunidad. La directiva buscaba pues la liberalización progresiva y controlada, liberalización además con una fecha de llegada para la realización del mercado interior de los servicios postales, como es sabido, el año 2009. Esta directiva fue, por lo demás, la que inspiró e inspira, según se recoge en la propia exposición de motivos, la Ley 24/1998, de 13 de julio, que como se sabe es la que regula el régimen postal en España. Teóricamente hablando estaríamos viviendo un proceso de liberalización progresiva y controlada, al menos, desde el año 1998.
Sería interesante conocer los efectos reales que este proceso ha tenido a lo largo de estos seis años. Según nuestras noticias, el Ministerio de Fomento encargó y recogió ya en la pasada legislatura un estudio al respecto. Hubiera sido interesante haber tenido conocimiento del caminar de esta supuesta liberalización en estos años antes de enfrentarnos a esta proposición no de ley. Desde luego, entendemos que es del todo necesario que tengamos conocimiento del mismo antes de que el Gobierno, en su caso, se decida a elaborar la proposición, para la que por otra parte no le faltan motivos sobrados además de lo que hoy este Congreso pueda demandarle. Por ejemplo, no le faltan motivos tales como sentencia judicial por parte del Tribunal de Luxemburgo demandando la anulación de determinado artículo del reglamento del servicio postal, etcétera.


En todo caso, estamos hoy ante una proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista y refiriéndome en concreto a ello, quisiera decir que la primera impresión que uno extrae de su lectura es su extemporaneidad o la impresión de tal, cuando menos, y me explico. La directiva europea a la que se acoge la proposición no de ley para la propuesta que hace establecía en su artículo 27 que las disposiciones de la presente directiva, excepto el artículo 26, serán de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2004, y estamos ya en el mes de junio de 2004.
Subraya esta misma sensación de extemporaneidad el hecho de que, además, en la proposición no de ley no se haga referencia alguna a la Directiva 2002/39, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, que vino a modificar la Directiva 1997/67 justamente con el objetivo de proseguir

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la apertura a la competencia de los servicios postales de la comunidad.
Esto como mínimo extraña. Este grupo no discute que de la lectura de la Directiva 1997/67 no se deduzca que los envíos de impresos, cecogramas, catálogos, diarios y publicaciones periódicas no puedan formar parte del ámbito y contenido del servicio postal universal. Creemos que sí, que puede deducirse, pero habría que decir con más rigor que había que haberlo deducido en el año 1998 y no seis años más tarde. El que se llegue a esta conclusión ahora y se pretenda esta aplicación -insisto, seis años más tarde- nos deja perplejos y confusos. No es fácil entender su lógica si ésta al menos debe situarse en el marco de la lógica de la directiva aludida, que es -como hemos recordado- la de una progresiva liberalización. La confusión es mayor cuando se propone no sólo ampliar el ámbito y el contenido del servicio postal universal en los términos antes señalados, sino además establecerlo como encomendado al operador público Correos y Telégrafos. Nos hacemos algunas preguntas. ¿Tiene esto lógica hoy, aquí, seis años después de la Directiva de 1997 y a cinco años de la liberalización plena? ¿Qué consecuencias se derivarían de ello? Hemos escuchado decir al portavoz del Grupo Socialista que cree que no va a ser costoso. Él lo cree pero va a ser así. ¿Habría que entender que los servicios ampliados pasarían a formar parte reservada a Correos? Consecuentemente ¿Correos y Telégrafos podría demandar de la Administración y derivadamente del Fondo de Compensación dotado por las empresas particulares una mayor dotación presupuestaria en contraprestación a los mayores servicios a los que estaría obligado? En caso afirmativo, ¿alguien puede afirmar que vamos por el camino trazado por las directivas europeas a las que dice acogerse la proposición no de ley?

Sinceramente, respecto a esta proposición no de ley el Grupo Vasco se mueve entre una cierta incapacidad de entenderla, al menos con precisión, y difícilmente situarla en el contexto de las directivas europeas a las que se alude. Desde luego, nosotros nunca apoyaríamos esta proposición no de ley mientras el Grupo Socialista no entendiera la reclamación que se ha hecho desde el Grupo de Convergència i Unió.


Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Beloki.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Canet.


El señor CANET COMA: Gracias, señora presidenta. Muy brevemente sólo voy a fijar posición.


Señoras y señores diputados, estamos básicamente de acuerdo con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista porque creemos que defiende una concepción de Correos como servicio público y detiene la línea liberalizadora que se había iniciado. Pensamos que conviene frenar una posible expansión desmesurada de la competencia del sector privado, con posibles repercusiones en la situación laboral de los trabajadores de Correos. Estamos absolutamente de acuerdo con la enmienda del Grupo de Convergència i Unió y con todos los argumentos, cargados de sentido común y lógica democrática, que ha utilizado y nos gustaría que fuese aceptada porque el movimiento se demuestra andando y el respeto a la pluralidad nacional cultural y lingüística del Estado exige tomar determinadas decisiones para no inducir a pensar que algunas solemnes declaraciones de principios sólo son papel mojado.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Canet.


Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Merino.


El señor MERINO LÓPEZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, antes de subir a esta tribuna en el Grupo Parlamentario Popular -al cual es un honor representar hoy como portavoz- teníamos dudas en cuanto al contenido y al ámbito de esta proposición presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, pero después de escuchar la intervención de su portavoz -a quien valoramos como un gran parlamentario-, que se ha limitado a dar lectura a la proposición y a hacer dos comentarios muy breves, esas dudas que teníamos se mantienen y se acrecientan.


La primera duda que nos surge y que evidencia, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular, otra contradicción más del Grupo Socialista, del Partido Socialista y del Gobierno socialista, es que... (La señora Cunillera i Mestres pronuncia palabras que no se perciben.) Si S.S. me permite continuar, yo le pido que no se ponga nerviosa antes de que diga la contradicción en la que ustedes caen. (La señora Cunillera i Mestres: No hablaba con él.) Quería decirle, si S.S. me lo permite, que vuelven ustedes a caer en una contradicción puesta públicamente de manifiesto por la señora ministra de Fomento en su comparecencia del día 1 de junio de este año, justo tres días después de que ustedes presentaran esta proposición que hoy estamos debatiendo. Por los antecedentes que yo he estudiado, por parte del Grupo Parlamentario Socialista había un interés enorme sobre esta materia en la anterior legislatura y una de sus primeras iniciativas legislativas es ésta que hoy nos ocupa. Sin embargo, la ministra de Fomento, en una intervención que duró más de una hora y cuarto, dedicó al servicio postal y a la empresa Correos dos minutos y 38 segundos. En esa comparecencia -entiendo yo y entiende el Grupo Popular- la señora ministra va absolutamente en contra del planteamiento que ustedes están defendiendo hoy aquí porque en 43 líneas -me he detenido a contar las 43 líneas del "Diario de Sesiones" que dedica a Correos la señora ministra- hace una clara defensa de la liberalización del sector, como ha comentado el portavoz del Partido

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Nacionalista Vasco que me ha precedido. Nosotros coincidimos en ese argumento. Es decir, ¿cómo se trae hoy esta proposición cuando la directiva comunitaria tan aludida aquí y la Ley postal establecen un proceso de liberalización? Sinceramente no sabemos -y es una de nuestras grandes dudas- si lo que aquí se está planteando es una involución en la liberalización del sector postal. Tendríamos que verlo en la modificación legal que se plantea porque sería una de las cuestiones que para este grupo es importante observar. La proposición del Grupo Socialista no coincide con la comparecencia de la señora ministra ni con el interés que la misma dedica al servicio postal, y la ausencia de la señora ministra hoy -frente a la actitud del ministro de Industria de estar presente en la anterior proposición, que era de su ramo- viene a demostrar que esa falta de interés que mostró en la comparecencia con respecto al servicio postal es pública y manifiesta.


Cuando el Partido Popular ha gobernado España en estos ocho años ha hecho de Correos -que cuando ustedes gobernaban era una empresa deficitaria- una empresa que da beneficios; una empresa que ha mantenido y ha incrementado los puestos de trabajo en más de 60.000 trabajadores; una empresa que ha logrado una cuota de mercado del 90 por ciento; una empresa cuyas tarifas son 0,22 euros inferiores a la media europea; una empresa que en el año 2004 va a tener una inversión de 293,2 millones de euros; una empresa en la que, en base al diálogo y a la concertación, el Gobierno del Partido Popular y sus órganos administrativos en Correos, en diciembre de 2002, llegaron a un acuerdo con Comisiones Obreras, UGT y CSIF; una empresa que ha logrado, en los ocho años de Gobierno del Partido Popular, un 70 por ciento de automatización en el servicio frente al 20 que nos encontramos en el año 1996; en definitiva, una empresa de servicio moderno y eficaz, y nosotros creemos sinceramente que se cumple en gran parte la directiva comunitaria que hoy aquí se ha comentado.
Hacía una muy breve referencia el portavoz socialista -creo que hay mucha precipitación en este planteamiento por su parte- a los posibles sobrecostes, que es otra de nuestras grandes dudas. Nosotros creemos sinceramente que el Grupo Socialista no ha preguntado ni se ha interesado por los costes que puede tener esto para la empresa estatal Correos, si Correos tiene capacidad para asumir estos servicios que se plantean, qué inversión se requiere para poder llevar a cabo estos servicios y si esas inversiones y esos ajustes que tendrían que hacerse están justificados ante la liberalización que se establece en la directiva y en la Ley postal y que la propia ministra de Fomento defendió en su intervención en la comparecencia. Al Grupo Popular le preocupa también otro aspecto importante, y es otra de nuestras dudas. Los trabajadores de Correos -a los cuales desde nuestro grupo reconocemos expresamente su trabajo y su esfuerzo- y sus directivos formalizaron un plan estratégico 2004/2006 para el buen desarrollo de la empresa, y no sabemos si esta proposición va en absoluta contradicción con ello, lo cual es otra de las dudas que ponemos encima de la mesa.


Nosotros estamos por el diálogo y la mejora de los servicios y creemos que los ocho años de Gobierno del Partido Popular han demostrado que hemos mejorado los servicios y que hoy los ciudadanos tienen una calidad de servicio y un bienestar mucho mejores que los que nos encontramos en el año 1996. Creemos que la evolución que ha tenido la Sociedad Estatal Correos es correcta y acertada, tanto en la inversión como en la modernización que se ha producido en estos ocho años, y nos cabe seriamente la duda de si esta proposición no es fruto de esa cadena de proposiciones y actuaciones legislativas del Grupo Socialista en la anterior legislatura, cuando estaba en la oposición, y si mantiene todavía el chip de la oposición, pero nos preocupa enormemente la falta de dedicación y atención que la ministra de Fomento mostró en su comparecencia del pasado 1 de junio, tres días después de que ustedes hubieran presentado esta proposición, en la cual no hizo una sola referencia a modificar la Ley postal sino, todo lo contrario, una enorme incidencia en defender la Ley postal y la directiva comunitaria y en la liberalización del sector postal. Todas estas dudas nos llevan a esperar que el Gobierno presente ese proyecto de ley al que ustedes le instan modificando la Ley postal, y a ver el contenido y el alcance, previos los estudios técnicos, económicos, de costes, de inversiones, de reajustes y de modificaciones, que la sociedad necesitaría hacer para poder llevar a cabo estas actuaciones que ustedes pretenden, y nos queda la duda que antes planteábamos de si la puesta en marcha de ese servicio, en estos tiempos de liberalización en que estamos, coincidiría prácticamente con esa liberalización. Por tanto, hay una enorme cantidad de dudas técnicas.
Creemos que el planteamiento del Grupo Socialista no está basado en la realidad y en las aspiraciones de la Sociedad Estatal Correos y, sinceramente, no llegamos a saber si estas solicitudes que hacen al Gobierno van a tener reflejo en la realidad; sinceramente no sabemos si este instar al Gobierno se va a traducir en una modificación de la Ley postal o va a quedar simplemente en un juego electoralista en esta Cámara que no va a tener transcendencia ninguna. Creemos que el plan estratégico que los trabajadores y directivos acordaron, que el diseño de actuación y la satisfacción de los ciudadanos con el servicio de Correos justifican las actuaciones que se estaban llevando a cabo, justifican que la señora ministra en su comparecencia de 1 de junio no hiciera ni una sola referencia a que habría que realizar cambios, modificaciones ni actuaciones de leyes como las que ustedes están planteando, y nos preocupa enormemente que el Grupo Socialista y el Gobierno socialista vuelvan a caer en otra contradicción que no sabemos si va en perjuicio de los ciudadanos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias.


En turno de aceptación o rechazo de la enmienda, se ha hecho llegar a la Presidencia de la Cámara una enmienda transaccional de sustitución. Tiene la palabra el señor Torres.


El señor TORRES SAHUQUILLO: Muchas gracias, señora presidenta.


Teniendo en cuenta las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario Socialista quiere plantear una enmienda transaccional a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y que sería de sustitución de la proposición no de ley de nuestro grupo. Creemos que la enmienda de Convergència i Unió hay que atenderla pero que su aplicación de manera automática no sabemos exactamente qué efectos económicos y de otro tipo tiene, por lo que pretendemos que se estudie qué hay que hacer y hacerlo después, naturalmente. Para darle el mismo tratamiento que a la parte primera de nuestra proposición planteamos sustituir todo el texto por el siguiente: 1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar los estudios de todo tipo que sean precisos para evaluar: a) la inclusión en el servicio postal universal del tratamiento de los envíos de impresos, cecogramas, pequeños paquetes, publicidad directa, libros, catálogos, diarios y publicaciones periódicas; b) la utilización de las lenguas cooficiales en la documentación de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y la asunción del carácter plurilingüe del Estado en su imagen corporativa. 2. El Gobierno realizará las actuaciones e impulsará las modificaciones normativas que sean necesarias para la aplicación de las previsiones del apartado anterior.


Este texto que acabo de leer, señora presidenta, sustituiría por tanto al de la proposición no de ley presentada por mi grupo. Quizá para aclarar una duda que se ha suscitado en la Cámara, quiero decir que nosotros ni en la proposición no de ley ni en el texto que ahora leo hemos pretendido ni hemos pedido nunca una ampliación del servicio reservado a Correos, ni hemos ido nunca en contra de la liberalización del servicio postal universal, puesto que lo que estamos planteando es la libre concurrencia con las demás empresas.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Torres.


En este punto, ¿existe alguna objeción de algún grupo? (Pausa.)

Para la aceptación o no de la enmienda, tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Sí, señora presidenta.


El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a aceptar la transaccional que se hace a nuestra enmienda originaria. Señor Torres, entendemos más la segunda parte de la enmienda que la primera, en tanto que es imperativo que el Gobierno realizará las actuaciones e impulsará las modificaciones normativas que sean necesarias para la aplicación de las previsiones del apartado anterior. En esas previsiones se dice: la asunción del carácter plurilingüe del Estado en su imagen corporativa y la utilización de las distintas lenguas cooficiales en Correos.
Preferimos entender que esta es la voluntad que hoy vamos a acordar, ese ánimo imperativo de la segunda parte de la propuesta, tenemos esa esperanza, queremos pensar que esto es lo que hoy aprueba esta Cámara y este es el sentido del voto de todos los diputados que van a votar que sí y, por tanto, aceptaríamos esta transacción y permitiríamos que nuestra enmienda fuera incorporada como tal y como enmienda transaccional.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A usted, señor Jané.


Solicito que los servicios de la Cámara hagan llegar a todos los portavoces, para conformar finalmente el sentido de su voto en el momento del mismo, la enmienda transaccional, en este caso de sustitución, aceptada por todos los grupos de la Cámara. (El señor Merino López pide la palabra.)

Señor Merino.


El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.


Nosotros nos opondremos a esta enmienda transaccional que ha sido presentada. Lamentamos profundamente la ausencia de talante y de diálogo del Grupo Socialista. Qué menos que compartir con un grupo que tiene 148 diputados y que representa a 9.700.000 votantes una enmienda transaccional en una proposición que se está presentando, y no que se nos dé hecha como ustedes así, de acuerdo con algún otro grupo político minoritario en esta Cámara y minoritario en cuanto al número de votos, la han presentado. Por tanto, no podemos aceptar esta enmienda transaccional.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Merino.


Señorías, les recuerdo que, según el artículo 118.3, necesitamos la unanimidad de todos los grupos parlamentarios para aceptar una enmienda transaccional que se presente en el momento del plenario. Por tanto, pasaríamos a votación el texto tal y como se presentó, y sólo cabe que el señor Torres nos diga si en este momento aceptaría o no la enmienda de Convergència i Unió presentada en registro.


El señor TORRES SAHUQUILLO: Sí, señora presidenta.


Lamentamos que no sea posible votar la enmienda transaccional que hemos planteado a CIU y que CIU ha aceptado. Por tanto, si no es posible votar eso, mantenemos nuestra proposición no de ley tal y como está y no aceptamos la enmienda de CIU.


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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, aquí hay una proposición no de ley y hay un grupo enmendante. El grupo proponente es el autor y el que decide sobre la propuesta. Hay pleno acuerdo entre el grupo proponente y el grupo enmendante. Por tanto, señora presidenta, entendemos que en este caso la discusión se da entre el grupo que hace la proposición no de ley y el único grupo que ha presentado una enmienda a la misma, enmienda que entendemos que se nos acepta a través de una transacción. Por consiguiente, cuando el grupo proponente y el único grupo enmendante llegan a un acuerdo, en este caso sobre el texto de la proposición no de ley, sería muy negativo para la dinámica de los debates y un mal precedente en esta legislatura, en la que no hay mayoría absoluta, que no se pudiera llegar a acuerdos de este tipo. Por eso pido también a la Mesa una interpretación amplia y generosa del Reglamento para permitir que, dado que existe acuerdo, éste pueda vehicularse a través de una votación.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Jané, le agradezco su ayuda y sé de lo anómalo de las cosas que acaban de suceder con esta enmienda transaccional de un grupo propietario y del grupo enmendante, pero le recuerdo que el artículo 118.3 es muy claro a este efecto: Durante el debate la Presidencia podrá admitir enmmiendas que tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales. Sólo podrán admitirse a trámite enmiendas de transacción entre las ya presentadas y el texto del dictamen cuando ningún grupo parlamentario se oponga a su admisión y ésta comporte la retirada de las enmiendas respecto de las que se transige. Discúlpeme pero es muy claro el Reglamento a este efecto. En cualquier caso, gracias, señor Jané.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR UNA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL IMPACTO CONJUNTO DE LA PRESUNTA PROPUESTA SUSTITUTIVA AL TRASVASE DEL EBRO.
(Número de expediente 162/000086.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Pasamos al punto 5: Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a realizar una evaluación ambiental estratégica del impacto conjunto de la presunta propuesta sustitutiva al trasvase del Ebro. Tiene la palabra por parte de su grupo la señora Ramón-Llin.


La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, decía textualmente la actual ministra de Medio Ambiente señora Narbona, en el año 2000, entonces en su calidad de secretaria federal de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Partido Socialista, concretamente en el Boletín de la Organización Sectorial de Medio Ambiente de noviembre y diciembre del año 2000 lo siguiente: En primer lugar, la elaboración del Plan Hidrológico Nacional debe contar con un mínimo aval ambiental. El Gobierno se niega y se escuda en que la legislación vigente exige declaración de impacto ambiental sólo para proyectos concretos y no para planes y programas, pero olvida que la Directiva Hábitat obliga a realizar una evaluación ambiental estratégica de todos aquellos planes que afecten a áreas naturales protegidas, como es el caso del Plan Hidrológico Nacional. De hecho, la comisaria europea de Medio Ambiente ha solicitado ya dicha evaluación al Gobierno español.
Y decía también: Y por último, exigimos del Gobierno mayor capacidad de negociación con los responsables territoriales. Si pretende aprobar -como anuncia- este Plan Hidrológico Nacional, aunque sea sin un consenso amplio con las comunidades autónomas, generará nuevas reivindicaciones y un nivel de crispación que posiblemente convertirá en papel mojado ese Plan Hidrológico Nacional. Creo que es muy edificante lo que decía entonces para situarnos en dónde estamos en estos momentos.


Quisiera decir también qué hizo el Gobierno del Partido Popular en aquel momento. Lo que hizo fue claramente realizar una evaluación estratégica ambiental de esa Ley del Plan Hidrológico Nacional ante esa importancia social, económica, territorial y ambiental que tenía y tiene, y su objetivo era proporcionar esas mayores garantías en la incorporación de todas las consideraciones ambientales en el Plan Hidrológico. Además, quiero recordar aquí que lo hizo de manera voluntaria porque aún no existía una norma que formalmente lo requiriera: y se hizo y se presentó ante toda la sociedad y ante la Unión Europea. En ese momento -oigan esto que es muy curioso- se criticó por parte de la oposición -el Grupo Socialista- y movimientos ecologistas que esa evaluación ambiental estratégica fuera llevada a cabo en momento posterior a la aprobación del plan, lo cual generó esa polémica. Quisiera recordar a este respecto qué ha hecho el Gobierno del Partido Socialista. En primer lugar, aprobar rápidamente, con una inusitada urgencia aunque lo vamos a tramitar con mucha mayor calma en las Cortes, el Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, es decir de hace unos días, para derogar ese trasvase de las aguas del Ebro a la cuenca mediterránea, con una exposición de motivos en la que se dedica casi única y exclusivamente a falsear de forma sistemática la realidad, a justificar de forma exclusiva esa derogación de los trasvases con una serie de descalificaciones, en una serie de críticas gratuitas hacia los contenidos de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, incluyendo los trasvases intercuencas. También hablan -y quiero decirlo hoy aquí-, como en todos estos últimos tiempos, de distintos informes técnicos en algunos casos inexistentes a los efectos que ustedes remarcan y, por supuesto,

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en muchos de ellos sin ser vinculantes a nivel europeo y en otros muchos, como en cualquier norma que se tramita o en cualquier propuesta para ser subvencionada por Europa, en los que existen informes de diferentes signos y en función de ellos se toman las decisiones pertinentes. Al final, entre descalificaciones y críticas a todo lo que se relacione con un trasvase del Ebro que, quiero recordar también -y se lo recordamos recientemente aquí-, la señora ministra ha dicho que no se ha desechado la idea de un ministrasvase del Ebro a la provincia de Castellón, y después de todo ello y ante esta incongruencia vemos que se descubren las verdaderas razones que hemos repetido en más de una ocasión y que ustedes muy bien trasladaron a los medios de comunicación en la posterior rueda de prensa al Consejo de Ministros cuando comentaban la derogación del trasvase y entre otras muchas razones de peso técnico decían que con esta derogación cumplen una promesa electoral. Es tan sencillo y tan absurdo en un caso en el que, como ya les hemos dicho, entendemos que fue un compromiso sin pensar en su alcance, sin meditarlo, sin pensar que esas propuestas o esa supuesta o presunta alternativa, como nos gusta llamarle, que ustedes han presentado no era la solución al problema, y que un compromiso electoral hecho en momentos distintos, en momentos en los que no había que ganar esas elecciones, el poder rectificar hubiera constituido una acción importante del Gobierno y ese talante demuestra mucho. Entre todas estas críticas, están también las que realizan a la falta de análisis de las repercusiones ambientales del originario Plan Hidrológico Nacional; es decir el que contemplaba el trasvase del Ebro.


¿Qué pedimos nosotros hoy con esta proposición no de ley? Ustedes hacen lo que les apetece sin tener en cuenta a las comunidades autónomas, que es lo que criticaba la actual ministra al Partido Popular. Sin embargo, es en este caso cuando se ha producido la mayor crispación, porque se han dedicado sencillamente a reunirse y a entregar unos cuantos folios, que no suponen ninguna alternativa, sin tener en cuenta siquiera a los regantes de todo el Estado, todos ellos de acuerdo con el trasvase.
Nosotros queremos que hagan bien las cosas con esas medidas que ustedes llaman alternativas, y pensamos que es necesaria la evaluación ambiental estratégica, porque hay que tener en cuenta los efectos de todas y cada una de las desaladoras que su Gobierno piensa construir en el litoral mediterráneo. Por mucho que se empeñen en lo contrario, las desaladoras -las plantas- generan contaminación en el aire, en la tierra y en el mar, y tanto nosotros como la sociedad y los más directamente afectados queremos conocer su impacto conjunto. Para nosotros, y según la opinión de algunos técnicos, tal impacto conjunto será mucho mayor que el que se pueda observar sometiendo sólo a las desaladoras a evaluaciones de impacto ambiental de forma aislada. Pedimos la evaluación ambiental estratégica, porque queremos conocer la incidencia de todas las desaladoras que el Gobierno pretende instalar en el litoral -en el territorio- y sus efectos sobre los campos en que las posiciona que nos preocupa muchísimo. Por otro lado, la aplicación de la evaluación ambiental estratégica nos permitirá mejorar la evaluación de los impactos ambientales indirectos acumulativos que se puedan derivar de las políticas, planes y programas.


Es muy importante, por tanto, y nos extraña que no se haga, cuando además no estamos solos en esta solicitud. Saben perfectamente que diferentes grupos ecologistas también piden que se realice la evaluación ambiental estratégica, fundamentalmente para ver los efectos ambientales de la construcción de las desaladoras en cuanto al consumo energético y en cuanto a los vertidos de salmuera al litoral mediterráneo. Quisiera recordarles que en un documento muy reciente de Ecologistas en Acción, así como en muchos otros, se habla precisamente de que están preocupados por el impacto de las medidas alternativas propuestas, que piensan no asumen los principios de la nueva cultura del agua y del desarrollo sostenible. Efectivamente hablan de que teniendo en cuenta el conjunto de efectos directos e indirectos de las medidas propuestas, consideran imprescindible la realización de una evaluación ambiental estratégica que incluya las posibles afectaciones sobre la red Natura 2000. Además, este documento recoge también que se considera necesario que el plan de actuaciones urgentes alternativas al trasvase se someta a evaluación ambiental conjunta, para corregir o eliminar las actuaciones que sean ambientalmente inadmisibles. El quid de la cuestión está en lo que dicen -y compartimos- de que la evaluación le resultaría también útil al Ministerio de Medio Ambiente en un aspecto también vital, como es la obtención de financiación comunitaria para estos proyectos. El informe permitiría determinar todas las medidas protectoras y correctoras que sería necesario adoptar, y que podrían implicar en algunos casos un incremento del coste a la hora de incluirlo en la financiación europea.


Efectivamente, es una cuestión que si no la plantea el Grupo Parlamentario Popular en este foro -en el Congreso-, no se habría planteado. El Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista no han hecho referencia alguna a ella hasta ahora. Ahora sí; ahora se suman con las enmiendas que veremos a continuación, pero realmente les voy a decir una cosa anticipadamente y es que lo que no gustaba antes y no parecía correcto -que desde el Gobierno del Partido Popular, por su parte, se hizo adecuadamente-, no vamos a pretender ahora que parezca correcto porque las cosas han cambiado de color. Por tanto todos somos responsables de nuestras palabras y de nuestros compromisos en los diferentes momentos.
El Grupo Popular no ha rectificado, ustedes han cambiado de una forma rápida, rápida, o de forma absolutamente increíble, ese es su problema, y no sólo es el problema que tienen hoy en este debate sino el que tienen en general con un tema del que pido formalmente que de aprobarse esta proposición no de ley se haga un estudio serio y riguroso y que no hagan aparecer informes

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extraños que luego no se conocen, y no diré que se inventan los resultados pero da la sensación de que algo hay. También preocupa al Grupo Parlamentario Socialista y al Gobierno hacer este estudio porque al derogar el trasvase, señores socialistas, se han metido en un tremendo lío. El Plan Hidrológico Nacional tal como estaba, tenía resueltas todas las cuestiones, incluidas las ambientales, y no se verían en la necesidad de falsear la realidad en estas últimas semanas ni indicar en los últimos días, allá donde van y todos a piñón fijo cual lorito repetitivo, hablar de informes vinculantes de Bruselas inexistentes o que no son vinculantes porque la propia Comisión remitió un escrito para pedir disculpas por esas filtraciones de documentos que no deciden nada. Por supuesto estábamos a punto de obtener esa financiación que ustedes han negado a este proyecto y que ya veremos si consiguen para el proyecto nuevo porque van a tener serias dificultades. Además les preocupa otra cosa, y es que dadas las elecciones que ha habido en estos tiempos cambien los comisarios y no tengan un comisario o comisaria con unas presiones tan bárbaras, que influencien tanto su actuación y tengan serios problemas en una cuestión que ustedes han planteado mal, sin impacto ambiental, sin evaluación ambiental estratégica que al Gobierno del Partido Popular le exigían por activa y pasiva.


Señores del Grupo Parlamentario Socialista y señores del Gobierno, que no están: hagan bien las cosas porque el lío en que se han metido es tremendo, lamentablemente nos han metido a todos los ciudadanos, a todos los regantes y a todas las regiones, y vamos a ver si unos u otros por culpa de su responsabilidad van a tener ningún tipo de actuación.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Ramón-Llin.


A continuación, para la defensa de las enmiendas que se han presentado a esta proposición no de ley, tiene la palabra en primer lugar el Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


Nuestro grupo va a votar negativamente a la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, por diversos motivos. La portavoz del Grupo Popular hablaba de la evaluación estratégica ambiental como si estuviésemos hablando de la misma situación y cabría recordarle a la portavoz del Grupo Popular que mientras ellos se referían a una única unidad de actuación, en la modificación que se ha planteado se habla de 115 actuaciones distintas. ¿De dónde partíamos? Lo hacíamos de un escenario radicalmente diferente. Decían que había evaluación estratégica ambiental, pero lo cierto es que no se evaluaban los impactos en las cuencas receptoras, se escondían en el cajón los informes desfavorables de comités científicos y de la comunidad científica, que obviamente manifestaba su opinión contraria. No se tenía en cuenta para qué se emplearía el agua y por supuesto nuestro grupo, y así lo transmitimos en la Comisión de Medio Ambiente, lo que pedía y continúa pidiendo al Gobierno es evaluación estratégica ambiental antes y ahora; pero evaluación estratégica ambiental bien hecha, con rigor científico, en definitiva con aquello que no se dio en la anterior legislatura.


Lo que plantea nuestro grupo parlamentario de Izquierda Verde es que en el trámite como ley del Real Decreto se incorpore esta evaluación estratégica ambiental. ¿Cuáles son las ventajas de donde partimos? Nuestros criterios son de hecho los de Pedro Arrojo, que seguramente va a exponer el señor Labordeta. Son los criterios de la comunidad científica, que apuesta abierta y claramente por una nueva cultura del agua, y partimos de muchas ventajas: consumimos menos energía con la desalación -con la desalobración- que con los trasvases a larga distancia. Estamos hablando de KWh que en cualquier caso, en todas las circunstancias y en el peor escenario son menos KWh que los que ustedes planteaban. Hablan ustedes de la salmuera como si fuese un producto tóxico. Pues bien, la salmuera con una buena distribución en el mar, distribuida de forma dispersa, no tiene efectos sobre el mar, y ustedes lo saben. (Rumores.-Un señor diputado: Vosotros lo decíais.) Si gritan un poco menos también les escucho. Lo que decíamos antes es que hay que hacer una buena gestión de la demanda. En cualquier caso, la salmuera de forma dispersa no tiene el efecto ambiental que de forma clarísima tiene el trasvase y el Plan Hidrológico Nacional que ustedes habían planteado, y por supuesto los costes de las desaladoras son muy inferiores a los del trasvase. Lo qué sí decíamos y continuamos diciendo es que la desalación no es la solución óptima, que lo óptimo es una estrategia en la gestión de la demanda, que por supuesto el gobierno del Partido Popular no planteaba y que en las reformas que se presentan se empieza a plantear. Hace falta una ordenación territorial sostenible, como no ha hecho el Partido Popular, donde hay que poner mayor énfasis. Además, se tiene que dar una persecución de los pozos y de los regadíos ilegales, que no se ha dado en regiones como la de Murcia, una de las regiones con mayores denuncias por delito ecológico de todo el territorio español. Nosotros queremos que haya evaluación ambiental estratégica, que haya evaluación de las 115 actuaciones y que se dé desde esa perspectiva global. Lo que planteamos es rigor científico y queremos que el rigor científico se dé como no se dio en el anterior Plan Hidrológico Nacional. Lo que pedimos, y le pediremos al Gobierno la semana próxima, es que haya mayor énfasis en la gestión de la demanda, porque las desaladoras, en definitiva, son la última opción óptima (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Ah!), y por supuesto las desaladoras, tal y como se plantean, con energías renovables y con una extensión y una dispersión

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efectiva de la salmuera, son una solución mucho mejor que el disparate del trasvase del Ebro.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Herrera.


A continuación, para la defensa de su enmienda y por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ortiz.


La señora ORTIZ RIVAS: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, debatimos hoy en la Cámara una proposición no de ley del Grupo Popular, instando al Gobierno a realizar una evaluación ambiental estratégica del impacto conjunto de las propuestas sustitutivas del trasvase del Ebro.


Lo primero que quiero recordar una vez más, es que el pasado 14 de marzo el PSOE ganó las elecciones, por tanto el Gobierno socialista y en concreto el Ministerio de Medio Ambiente anunció y ha puesto en marcha, en cumplimiento del programa electoral, una nueva política de agua. Esta nueva política de agua se concretó el pasado 18 de junio con la aprobación del Real Decreto-ley de modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, por el que se derogan los preceptos que regulan el trasvase del Ebro y se aprueban una serie de proyectos urgentes y prioritarios para mejorar la disponibilidad del recurso en las cuencas con déficit estructural o con graves problemas de sobreexplotación. Por tanto, señores diputados del Grupo Popular, las medidas no son presuntas como indica su proposición no de ley sino que son reales, es decir medidas que con carácter urgente y prioritario van a poner a disposición de comunidades como Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía más agua que la que presuntamente -esto sí- aportaba el trasvase, en menos tiempo y con un coste inferior.


Estas medidas reales, urgentes y yo diría que imprescindibles para estos territorios, han despertado la presunta preocupación ambientalista del Grupo Popular, que pide una evaluación ambiental estratégica de su impacto. Digo presunta preocupación ambientalista que no tuvieron, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, a la hora de redactar, por ejemplo, el Plan Hidrológico Nacional y en concreto la parte del trasvase del Ebro; preocupación que tampoco existía en el Grupo Popular cuando las desaladoras las construía el Gobierno del Partido Popular. Por ejemplo, en el caso de la desaladora de Carboneras, en la provincia de Almería, se hizo este magnífico folleto en el que el ministerio de entonces, del Partido Popular, aseguraba que el mar se había convertido ahora en nuestro mejor aliado, aportando una fuente de riqueza inagotable y totalmente respetuosa con el medio ambiente. Este era el folleto de la desaladora, cuando la construía el Partido Popular. (Aplausos.) Pues bien, como digo, desde el Grupo Socialista saludamos esta repentina preocupación ambientalista del Partido Popular. En todo caso quisiera decirles para su tranquilidad, que las propuestas alternativas al trasvase del Ebro que recoge el Real Decreto, van acompañadas de la correspondiente memoria ambiental comparativa.


En cuanto a la evaluación ambiental estratégica que solicitan en su iniciativa, como ustedes conocen legalmente precisa la obligatoria trasposición de la Directiva comunitaria 2004/42, cuyo plazo termina el próximo 21 de julio. Dicho plazo, como ustedes entenderán, es de imposible cumplimiento, dado que el anterior Gobierno no elaboró ni tan siquiera un borrador de proyecto de ley para la trasposición de la citada directiva. En la actualidad, el ministerio ha constituido un grupo de trabajo y se está elaborando un primer borrador para esa trasposición urgente de la directiva comunitaria; pero en todo caso la propia directiva establece el hecho de que la presentación de un acto formal anterior a la entrada en vigor de la directiva excepcionaría la aplicación de la misma. No obstante, y teniendo en cuenta que la voluntad del Grupo Socialista y del ministerio es el cumplimiento estricto de la directiva ambiental, hemos presentado una enmienda en el sentido de que dicha evaluación ambiental estratégica, adaptada a la ley, se incorpore en la tramitación del Decreto-ley como proyecto de ley en esta Cámara, garantizando en todo caso que no conllevará demora en las actuaciones más urgentes y prioritarias.


Ahora bien, señoras y señores diputados, no nos vamos a engañar, está claro que la preocupación del Partido Popular con esta propuesta alternativa al trasvase del Ebro no es fundamentalmente por su posible repercusión ambiental, que en todo caso ya se tiene en cuenta como he dicho: se pretende, y lo han dejado claro el presidente de la Comunidad valenciana, el presidente de la Comunidad murciana, los dirigentes del Partido Popular en la provincia de Almería y los diputados del Grupo Popular, paralizar los nuevos planteamientos de la política de aguas. Han anunciado ponerse a la cabeza de las manifestaciones, han acordado un recurso al Constitucional, han pedido que el PP haga el trasvase del Ebro por su cuenta, e incluso han anunciado la puesta en marcha de una iniciativa legislativa popular; medidas todas ellas para paralizar las nuevas propuestas, olvidando lo fundamental y es lo que quieren los ciudadanos. Los usuarios de las cuencas mediterráneas quieren el agua que necesitan, y por tanto desde el sentido común y en muchos casos desde una opinión formada sobre la política del agua, han dado al nuevo Gobierno y al ministerio un margen de confianza para la ejecución del nuevo plan, cosa que el Partido Popular sigue ignorando. Esto sucede, por ejemplo, en la provincia de Almería, donde la mayoría de los agricultores e incluso la asociación de empresarios han expresado su apoyo a la obtención de más agua para la provincia y a las nuevas propuestas. Desde luego, si la estrategia política del Partido Popular va a consistir en entorpecer, bloquear, demorar las actuaciones previstas, tengan ustedes en cuenta que los ciudadanos no les van a entender. El

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Grupo Socialista no les va a seguir en sus viejos y conocidos planteamientos políticos del agua, que además de algunos principios trasnochados ha consistido básicamente en utilizarlos como arma partidista electoral y de confrontación.


Como decía sin ir más lejos, el presidente de la Comunidad Valenciana en la última campaña de las elecciones europeas, afirmaba y leo textualmente: El domingo en el Partido Popular brindaremos con agua dulce de la que se tira al mar, y ellos -se refería a nosotros, a los socialistas- con agua y dos cucharadas de sal. Pues bien, no sé con qué brindaron, señores del Partido Popular, pero me da la impresión de que no les supo bien. Tampoco vamos a seguir la actitud antigua, irresponsable y demagógica del Grupo Popular en materia de precios. El señor Camps ha dicho también que si el Gobierno les permite hacer el trasvase el agua saldrá gratis. El Partido Popular en Almería ha dicho a los ciudadanos que el agua del Ebro iba a ser gratis para los regantes dentro de 25 años. Para terminar -eso sí-, el Grupo Popular acusa a los socialistas de haber robado el agua, esa agua que nunca ha existido. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Frente a la demagogia y la confrontación, los socialistas vamos a seguir trabajando para satisfacer las necesidades de agua de Cataluña, de Murcia y de Andalucía, con las mayores garantías ambientales posibles, apoyando las nuevas tecnologías de desalación como la utilización de energía alternativa -eólica, solar o bionatural-, para que llegue en el menor tiempo posible el agua -desde luego llegará antes que la del trasvase-, con transparencia y con racionalidad. Desde luego señorías, el agua tiene un precio, no es gratis. Decir esto en el siglo XXI es una irresponsabilidad de calibre mayúsculo. El agua tiene un coste y tendrá unas tarifas según sus usos, como ha anunciado la ministra. Por cierto para algunos casos esas tarifas son más baratas que las que se preveían con el trasvase. Sin ir más lejos, con el trasvase del Ebro, según la información del propio Partido Popular, el agua iba a costar a 0,34 euros, aunque en realidad sabemos que hubiese costado a 0,94 euros. En todo caso, para la agricultura la actual tarifa del ministerio está por debajo de la del trasvase: 0,30 euros, más barata también que la acordada por el Partido Popular con los regantes de la provincia de Almería para esta desaladora que ustedes pusieron en marcha, pues ustedes acordaron una tarifa para la desalación de Carboneras de 0,36 euros para los agricultores en alta. Por tanto, les digo que el agua tiene un precio; para algunos de los usos va a ser más barata, pero hay que pagarla.


Termino, señorías. Como les decía, vamos a trabajar para que en las cuencas mediterráneas que necesitan agua les llegue en las mejores condiciones medioambientales lo antes posible y a un precio razonable.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señora Bonás.


La señora BONÁS PAHISA: Gracias, señor presidente.


Señores diputados, señoras diputadas, desde Esquerra Republicana hemos insistido en la derogación del trasvase del Ebro. Hemos insistido, porque después de escuchar la opinión de expertos ambientales consideramos que ese trasvase hubiera dañado irreversiblemente no sólo el delta del Ebro, sino todas las cuencas mediterráneas; por tanto, apoyamos su derogación mediante el Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros.
Compartimos la necesidad de acabar cuanto antes con una propuesta de gestión hidrológica que ponía en peligro el medio ambiente y refrendamos el procedimiento de urgencia con que el Gobierno ha intervenido. Dada la falta clara de garantías ambientales que llevaba asociado el Plan Hidrológico Nacional basado en el gran trasvase del Ebro, consideramos que era necesario apelar al principio de precaución, al principio de política medioambiental europea y al deber de velar por la protección del medio ambiente, artículo 45.2 de la Constitución, y compartimos la derogación inmediata de los artículos del Plan Hidrológico Nacional cuya ejecución hubiera supuesto un daño irreparable.


En cuanto a la proposición no de ley objeto de debate, muestra la actitud cínica del Grupo Popular en temática ambiental. No se puede plantear una preocupación por los resultados ambientales de un determinado plan hidrológico, como es la alternativa del Gobierno al Plan Hidrológico Nacional, y al mismo tiempo estar argumentando que hay aguas sobrantes en determinadas cuencas del Norte y pregonar que se suministrará agua gratuita. Estas afirmaciones que estamos oyendo con especial intensidad estos últimos días, reflejan que no se ha entendido nada respecto de una interpretación sostenible de la planificación hidrológica. No se han entendido las voces críticas de la comunidad científica que abogan por una nueva cultura del agua. No se ha entendido la movilización de cientos de miles de personas en contra de los trasvases. No se ha entendido el origen de las múltiples dudas y recelos de las instancias europeas, que han evitado recurrentemente la financiación del Plan Hidrológico Nacional. Aparentemente, el Partido Popular está defendiendo los intereses de las zonas hídricamente deficitarias, pero en realidad lo que está haciendo es promover unas opciones que pondrán en riesgo los recursos de las generaciones futuras y el desarrollo sostenible posterior de estas regiones. Esta es precisamente la novedad que el concepto de desarrollo sostenible tiene respecto a los planteamientos populistas de beneficio a corto plazo. El Partido Popular todavía no ha entendido este concepto. Plantear la gratuidad del agua cuando las anteriores propuestas del PHN eran a todas luces inconsistentes en cuanto a la contaminación de costes, beneficios, aplicación tarifaria, etcétera, y

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cuando al mismo tiempo la Directiva marco de aguas insta al principio de recuperación de costes, es una insensatez política. Hablar de excedentes hídricos en vez de establecer caudales ecológicos, de entender el recurso agua como una riqueza en sí mismo y de buscar alternativas sostenibles y relacionadas con la gestión de la demanda, es una irresponsabilidad pública; hablar de solidaridad interterritorial, un concepto peculiar de solidaridad que conlleva destruir un ecosistema como el del delta del Ebro para construir el Miami del sur de Europa, el paraíso de los jubilados europeos: casas con piscina y césped para recordarles sus verdes paisajes y numerosos campos de golf. Cuando hacen demagogia con la palabra solidaridad, deberían especificar quién va a enriquecerse y a costa de quién.


Con los antecedentes del PHN y el contexto discursivo actual del Grupo Popular, desconfiamos del objetivo de esta proposición. El Grupo Esquerra Republicana entiende que la evaluación ambiental debe ser necesaria para cualquier plan o programa que se elabore con respecto a la gestión de recursos hídricos, tal y como expresa la Directiva 2001/42 de la Comunidad Europea en su artículo 3.2.a), y confiamos en la redacción de un informe ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente. El contenido del artículo 4.1 de la Directiva expresa que la evaluación medioambiental contemplada se efectuará durante la preparación y antes de la adopción o tramitación por el procedimiento legislativo de un plan o programa. Asimismo, el artículo 6 expresa que los procesos de consulta, tanto a las autoridades como al público, deben ser previos a la tramitación del proceso legislativo. La Directiva 2001/42 de la Comunidad Europea, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, debería estar traspuesta antes del 21 de julio de 2004, tal como está previsto en el artículo 13. Esta Directiva se publicó en junio de 2001, y según informaciones del ministerio no existe ni tan siquiera un borrador para su trasposición. Es otra circunstancia paradójica. El Grupo Popular elabora una proposición no de ley que demuestra que no cumplieron sus obligaciones en el Gobierno.
Apelando a la exposición de motivos, que aconseja la aprobación del Real Decreto-ley que deroga los trasvases del Ebro, cabe añadir que Esquerra Republicana considera la necesidad de ampliar su aplicación a otros trasvases, como al Júcar-Vinalopó. Los mismos argumentos que atañen a la derogación de los grandes trasvases del Ebro son igualmente aplicables al trasvase Júcar-Vinalopó. Graves dudas sobre la definición y conservación del caudal ecológico, adecuada evaluación de los impactos ambientales del proyecto, falta de rigor técnico, sobreestimación de recursos, ausencia de estudios alternativos y vulneración de la Directiva marco de aguas, que se verá más perjudicado que con la ausencia del agua del Ebro.
Asimismo mostramos nuestro deseo de que en el desarrollo de la evaluación ambiental de la propuesta alternativa se trate con especial interés el delta del Ebro como ecosistema y que se consideren y valoren las posibles sinergias e impactos del futuro plan alternativo con un futuro plan estratégico de conservación de dicho delta. A pesar del cinismo del Partido Popular, votaríamos a favor de esta proposición, que, repetimos, si hubiesen hecho sus deberes trasponiendo la directiva europea, no sería necesaria. Aunque desconfiemos de los motivos reales de esta proposición, que puedan ser sólo entorpecer el nuevo plan, si se admiten nuestras enmiendas, la número 1, que era incluir en la evaluación ambiental el trasvase Júcar-Vinalopó, y la enmienda número 2, que era incorporar y considerar con especial interés el delta del Ebro como ecosistema durante el desarrollo de la evaluación ambiental, y se consideraran y valoraran las posibles sinergias e impactos del futuro plan hidrológico alternativo con un futuro plan estratégico de conservación del delta del Ebro -enmiendas que son complementarias a las presentadas por el Partido Socialista-, en este caso votaríamos a favor de la proposición no de ley del Partido Popular.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonás.


En el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señor presidente.


Voy a intentar argumentar datos científicos frente a la proposición no de ley del Partido Popular. El Partido Popular afirma que la desalación y la desalobración conllevan un elevado consumo energético. El consumo energético de las más modernas técnicas por osmosis inversa con recuperación energética supone los siguientes costes energéticos: desalación de aguas marinas, entre 3 y 3,5 KWh/m3, y la desalobración, por debajo de 1 KWh/m3. El consumo energético que supondría llevar un metro cúbico desde la desembocadura del Ebro hasta los tramos comprendidos entre Alicante y Almería se elevan a 3,3 y 4 KWh/m3. Ello equivale a la energía necesaria para bombear agua desde una profundidad de entre 950 y 1.200 metros. Si a esta energía neta de transporte se añade la amortización a 50 años de la energía empleada en la construcción de las grandes obras hidráulicas del trasvase, los costes energéticos totales para este tramo se elevarían entre 3,5 y 4,2 KWh/m3. Por todo ello la energía consumida por metro cúbico es menor por desalación y mucho menor aún en procesos de desalobración y reutilización que en los trasvases a larga distancia en los tramos Alicante, Murcia, Almería.


Segundo, el Partido Popular afirma que ambas técnicas, desalación y desalobración, conllevan la producción de residuos de elevada salinidad con las repercusiones negativas sobre el entorno. Las salmueras producidas por la desalación de aguas del mar no son tóxicas ni propiamente contaminantes, pues son simplemente aguas con sales marinas en elevada concentración. Su vertido en el mar debe evitar afectar a los fondos

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de posidonia, lo cual se consigue fácilmente, bien con colectores que saquen la salmuera más allá de la barrera de posidonia o bien mediante difusores del producto, reiteradamente probados con éxito, que aceleran su disolución y dispersión por las corrientes costeras. El coste medio de este tipo de instalación supone a lo sumo entre un 5 y un 7 por ciento del encarecimiento de los costes totales de la desalación. En los últimos contratos internacionales, Singapur, Israel, etcétera, tales costes se sitúan entre un 0,43 y un 0,5 euros por metro cúbico, frente a los costes de los trasvases que en los tramos Alicante, Murcia, Almería se elevan por encima de un euro por metro cúbico. Es de reseñar que en la propuesta del Gobierno se prevén procesos de desalación para generar del orden de 600 hectómetros cúbicos, abriéndose otras opciones de ahorro, como reutilización y aprovechamiento integrado de aguas subterráneas y superficiales, cuyos impactos ambientales son positivos o despreciables frente a los que hubieran implicado los trasvases.


Tercero, no obstante -aquí está nuestra duda-, el Gobierno hubiera debido abordar una estrategia de gestión de la demanda ordenación territorial sostenible y de persecución de pozos y de regadíos ilegales, de forma que en lugar de ofrecer más agua se pudieran redimensionar las demandas con un nivel sostenible. Desgraciadamente, estas informaciones científicas parece que al Partido Popular no le interesan nada porque el señor Matas, siendo ministro de Medio Ambiente, pidió el informe de cerca de 200 científicos sobre el trasvase del Ebro. El otro día, el señor Matas decía que no se habían sacado a la luz pública porque eran informes secretos.
Eso es absolutamente mentira. En septiembre del año 2002, a miembros de Chunta Aragonesista se nos permitió revisar y sacar notas de esos informes. El problema fundamental es que de los 200 informes, 190 eran absolutamente negativos para el trasvase del Ebro, y aquí mismo, en este hemiciclo, yo le denuncié al señor Matas que los científicos que habían hecho estos informes estaban bastante molestos porque a pesar de haberlos cobrado -se les pagó a todos ellos el informe, me parece que eran unas 200.000 ó 250.000 pesetas de entonces-, ellos no podían ponerlos en su currículum porque no habían sido publicados todavía, así que por lo menos vamos a ver si el Partido Popular hace caso de los argumentos científicos y se deja de sentimentalismos y de irritar al personal con esas llamadas casi casi a la guerra santa. El problema fundamental está muy claro, pero el Partido Popular nunca jamás ha hecho caso de los estudios de catedráticos de Hidrología tan importantes como el señor Llamas, como el señor Prat, de la Universidad de Barcelona, o como don Pedro Arrojo, de la Universidad de Zaragoza, que científica, técnica y económicamente han demostrado que el trasvase del Ebro era una locura, locura que naturalmente ha corroborado la Unión Europea, a pesar de que la señora diputada del Partido Popular diga que el Partido Socialista presionaba a la comisaria de Medio Ambiente para que dijera que no; la verdad es que no creo que tengamos tanto poder como para presionar a una comisaria de Medio Ambiente de la Unión Europea. La realidad es que el trasvase del Ebro está detenido y una prueba de para qué era el trasvase del Ebro es que a los dos días de ganar el Partido Socialista el señor Julio Iglesias, que era socio capitalista de una empresa de urbanismo en la costa mediterránea, abandonó la empresa y se marchó. Entonces, la pregunta fundamental es: ¿para qué quiere el levante el agua? Desde luego para la agricultura no; de una vez, no.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. (Pausa.) Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, con toda honestidad, tengo que reconocerle que no siendo experto en estas cuestiones tan relevantes tengo que opinar por traslación de opinión de otras personas, pero mi grupo tiene una opinión fundada y yo creo que razonable y equilibrada sobre esto que se ha convertido en una especie de teatro de sombras chinescas entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que es la problemática o lo atinente al trasvase del Ebro. Nuestros criterios son los siguientes, señor presidente. En primer lugar, lo fundamental y lo imprescindible es que haya agua; que haya agua suficiente para el desarrollo sostenible de la agricultura, del turismo, y cuando hablamos del turismo lo hacemos con las matizaciones que aceptamos en sus propios términos de la representante de Esquerra Republicana. Nosotros no compartimos ese concepto de turismo glamuroso -somos gentes sencillas- que se está practicando mediante la proliferación de campos de golf, hoteles de alto standing, piscinas de alta categoría. En fin, hablamos de un turismo un poco más ajustado a nuestros requerimientos metaculturales en relación con esta materia y a la posible dilapidación de este recurso hídrico tan importante a la actividad industrial y al suministro a la población de la cuenca mediterránea. Esta es nuestra opinión.


En segundo lugar, nosotros consideramos particularmente relevante el concepto de sostenibilidad. Los distintos agentes han de ser conscientes de que su legítimo derecho al agua -y ese es un derecho que está previsto en el artículo 45 de la Constitución- lo es tanto porque se proyecta una realidad sostenible y en total contradicción por lo tanto con el desarrollismo, con el descontrol y con esa concepción del turismo que de forma irónica y crítica nosotros manifestábamos anteriormente.


Entendemos por otra parte, señor presidente, que el concepto de desalación, incompatible absolutamente con el trasvase, como parece ser la opinión del Partido Socialista en este momento, es una posición que no carece de ribetes demagógicos en alguna manera, alejada de la realidad, y que de cara a la sostenibilidad

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medioambiental, la desalación es una solución factible, pero sólo para zonas costeras o para las necesidades costeras, y el trasvase y las aguas subterráneas sin embargo son las únicas posibles para las necesidades de la zona del interior.


Nuestra opinión es que cualquier decisión precisa tener en cuenta las siguientes premisas: en primer lugar, el consenso social; en segundo lugar, el coste ambiental y, en tercer lugar, el coste económico, incluyendo la inversión, su amortización y el mantenimiento de las instalaciones. Existen experiencias que nos permiten tener una comprobación experimental de lo que ha sucedido, como por ejemplo la desalación en Canarias o la desalación en el propio Mediterráneo. Por otra parte, es indudable que sus costos son perfectamente predecibles, pero nosotros mantenemos ciertas reservas o cuando menos una duda razonable sobre la imputación de costos en cuanto al trasvase del Ebro.
Tenemos por lo menos una duda razonable de que esta imputación de costos al trasvase del Ebro se haya hecho en su absoluta integridad. En cuanto a la desalación, mantenemos la interrogante sobre las dos últimas grandes desaladoras, la de Carboneras y la de Marbella, que en el día de hoy, tras dos años de haber sido finalizadas, no están en funcionamiento. Algo está ocurriendo con estas desaladoras. Alguien tendría que explicar qué ocurre y cuál es la causa de esta ineficiencia, sobre todo cuando la cuenca se halla en esta situación de incertidumbre y necesidad. En cuanto al impacto ambiental de la desalación y las repercusiones de la salmuera sobre las praderas marítimas de posidonia del litoral mediterráneo es técnicamente factible de solventar si la devolución al mar de la salmuera se realiza correctamente y a suficiente distancia del litoral. Por estas razones, señor presidente, y porque estamos hablando de intereses constitucionales en conflicto, previstos en los artículos 45 y 40 de la Constitución, no viendo clara la situación, no viendo claro que los intereses en juego estén perfectamente dilucidados, vamos a abstenernos en la votación de esta importante cuestión que se ha traído a debate a este Parlamento por enésima vez y nos tememos que no por última.


El señor PRESIDENTE: Para turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guinart.


El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ante la proposición no de ley del Grupo Popular, referida a la necesidad de elaborar un estudio de evaluación ambiental estratégico a la alternativa del trasvase del Ebro. Este estudio debería profundizar en una materia sobre la cual no hay unanimidad absoluta en la comunidad científica, se diga lo que se diga, como es el debate sobre los efectos ambientales de la desalación o la desalobración. (Numerosos señores diputados entran en el hemiciclo.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Guinart.


Señorías, ocupen sus escaños guardando silencio en la medida de lo posible.


Continúe, señor Guinart.


El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.


Decía que no había unanimidad en la comunidad científica sobre los efectos ambientales de la desalación y la desalobración, siendo este el elemento nuclear sobre el cual gira precisamente la alternativa socialista al trasvase del Ebro. Si no hay unanimidad entre los expertos, lógicamente el debate político está servido, y cuando además hay legítimos intereses políticos y partidistas en este tema, evidenciando cambios por parte del nuevo Gobierno, pretendiendo lo acertado tras decisiones tomadas anteriormente por parte del otro lado, provoca que en el escaso tiempo de esta legislatura sea el trasvase del Ebro el tema sobre el que más ha tratado esta Cámara. Los expertos discuten especialmente, y no son unánimes en sus conclusiones, sobre el impacto ecológico de la energía necesaria para generar la suficiente presión sobre el agua a través de las correspondientes membranas que han de generar por ósmosis la separación del sodio del agua. También debaten sobre la reutilización de la salmuera excedente y su posible reutilización o devolución al medio de forma inocua, todo ello comparándolo con la tecnología elemental del transporte de superficie y al aire libre para evitar pérdidas por rozamiento pero habiendo la evaporación que significa el trasvase y el consumo para su transporte hasta su destino tanto del agua desalada como del agua trasvasada. (Continúan los rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


El señor GUINART SOLÁ: La investigación y el desarrollo tecnológico sobre la desalación han progresado muy considerablemente en los últimos años, lo cual ha significado un gran avance en la eficacia de esa tecnología, tanto en la producción y calidad del agua potabilizada como en la reutilización colateral de la energía derivada y muy especialmente por los costes, que se han visto reducidos de forma tan determinante, lo que necesariamente ha obligado a un nuevo esquema en la tabla de variables a considerar en la toma de decisiones de las diversas alternativas de obtención del agua y su disposición en el punto de consumo. Entendemos que todos los estudios y análisis técnicos sobre alternativas para conseguir un mismo objetivo tienen siempre un sentido y que profundizar en el conocimiento de una materia novedosa como es la de la desalación, sus técnicas, su impacto ambiental, etcétera, nunca es innecesario ni desechable.


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Deducimos de las negociaciones y conversaciones previas que el grupo que apoya al Gobierno también comparte el criterio amplio de la necesidad de contar con ratificaciones y confirmaciones técnicas y académicas a sus decisiones políticas y habiendo propuesto una enmienda de sustitución que sin desvirtuar la proposición no de ley del Grupo Popular enmarca la realización del estudio de evaluación ambiental y lo temporaliza en el contexto de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley del nuevo plan hidrológico, sin menoscabo de realizar actuaciones de urgencia que fueran necesarias en caso de ser aceptado por el Grupo Popular, nuestro grupo apoyaría la proposición resultante. También veríamos con buenos ojos -y así se ha comentado- la incorporación en el texto final de la proposición de una referencia específica a que el estudio requerido del Gobierno integrara también en su evaluación del futuro plan estratégico de conservación del delta del Ebro. No obstante, en el caso de que el grupo proponente no aceptase la enmienda del Grupo Socialista, como parece ser que así será, y se mantuviera su redacción inicial, nuestro grupo se manifestaría en contra, por entender que el bloqueo de la proposición responde más a una cerrazón partidista del Grupo Popular que a la persecución sincera de la razonable pretensión de tener a disposición la máxima y exhaustiva información científica para la toma correcta de decisiones.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.


En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas, señora Ramón-Llin.


La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Concretamente se han presentado tres enmiendas. La primera, presentada por el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, no podemos aceptarla porque efectivamente entendemos que con lo que han planteado pueden perfectamente votar esta propuesta, porque pedimos absolutamente lo mismo: la evaluación ambiental estratégica.
También he visto que la salmuera es un concepto elástico para ellos, cuando gobierna el PP es peligrosa y cuando gobierna el PSOE no lo es. En cuanto al concepto del rigor científico, lo es para ustedes cuando coincide con sus planteamientos y si no, no lo es. La comunidad científica no va a golpe de pito. Por tanto no podemos aceptar su enmienda, quedándonos una pregunta en el aire sobre cuáles son sus energías alternativas y qué garantías tienen para funcionar las desaladoras.


La segunda enmienda, del Grupo Socialista, en el fondo está de acuerdo en que se realice esa evaluación ambiental estratégica y pueden perfectamente votar nuestra propuesta. Quiero aclarar algo al respecto.
Sí tienen razón en el sentido de que cuando se presentó nuestra propuesta eran medidas presuntas y hoy son reales, pero siguen sin ser alternativas del trasvase. En ese sentido, también quiero decir por qué podrían aceptar nuestra propuesta, que es igual, y debo matizar que la Comunidad Valenciana lidera el ahorro de agua en España en agricultura y Alicante lidera la depuración de aguas. Por tanto creo que no es fruto de su trabajo sino de estas dos regiones de cuyos gobiernos hablan despectivamente, que han iniciado otra cultura del agua, no la nueva porque ya hace años que la iniciamos...


El señor PRESIDENTE: Señora Ramón, no me importa que hagan ustedes una apostilla, pero breve, porque si no reabre el debate. La tercera enmienda.


La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: La tercera enmienda, de Esquerra Republicana de Catalunya, no la podemos aceptar, y lo lamento de verdad, porque creo que plantean cuestiones distintas que distorsionan el objetivo de esta proposición no de ley. Hablamos de una evaluación ambiental estratégica de las medidas alternativas que plantea el Gobierno y ustedes hablan de unas actuaciones que, en el caso del trasvase Júcar-Vinalopó, tienen impacto ambiental y financiación europea y están ejecutándose, y el tema del delta del Ebro entendemos que sería objeto de otro debate y otro análisis. Por todo lo expuesto y una vez explicado bien el porqué, no aceptamos estas enmiendas.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Así las cosas, queda concluido el debate del punto III del orden del día, que incluye dos proposiciones no de ley. Respecto a la primera, del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, relativa a la ampliación del ámbito y contenido del Servicio Postal Universal, queda una cuestión pendiente. Se ha presentado una enmienda transaccional que un grupo parlamentario, en opinión de la Mesa y del presidente, legítimamente no ha aceptado, con lo cual no es posible realizar esta enmienda de sustitución.


¿Hay otra alternativa? (Pausa.) Adelante.


El señor TORRES SAHUQUILLO: Gracias, señor presidente.


Efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) habían llegado a una enmienda transaccional para poderla votar y resolver no solamente los deseos del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sino de otros grupos parlamentarios que han expresado su simpatía por la enmienda de dicho grupo. Esto lo ha impedido el Partido Popular, en una actitud que me parece obstruccionista y fuera de lugar. (Rumores.) En todo caso, lo ha impedido.


El señor PRESIDENTE: Señor Torres, no.


El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor presidente, no entro más en el tema.
Sólo diré lo siguiente. Nosotros aceptamos en este momento la enmienda presentada por Convergència i Unió, bien entendido que aceptamos

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que está en el espíritu del acuerdo al que habíamos llegado, que era realizar los estudios para la utilización de las lenguas cooficiales en la documentación de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y la asunción del carácter plurilingüe del Estado en su imagen corporativa, para que esto, una vez realizado, se pudiera poner normativamente en marcha por parte del Gobierno..


El señor PRESIDENTE: No siga, está comprendida su propuesta.


El señor TORRES SAHUQUILLO: Por tanto aceptamos la enmienda de Convergència i Unió en ese espíritu.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Grupo proponente de la enmienda, está claro que es su enmienda original.
En consecuencia no hay dificultad para votarla.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, toda vez que no se ha aceptado por parte de un grupo parlamentario, sin valorar la actitud como usted nos pide...


El señor PRESIDENTE: No valoren, eso es.


El señor JANÉ I GUASCH: ..no se ha aceptado que pudiéramos tramitar una transacción, que era transacción de mutuo acuerdo entre varios grupos de la Cámara, si se somete a votación la enmienda original, que es lo que se va a aprobar, entendemos que jurídicamente se aprueba esto, pero por parte de Convergència i Unió, que es el grupo enmendante, políticamente -estamos en una Cámara política- entendemos que nos vincula el texto que se hubiese aprobado si al final se hubiese aceptado la transacción. Este es el sentido de nuestra votación. (Rumores.-Aplausos.)

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Sometemos a votación la proposición no de ley sobre el Servicio Postal Universal... (El señor Merino López pide la palabra.)

Perdone, señor Merino. Tiene la palabra.


El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, lo primero que queremos es felicitar a la señora vicepresidenta primera por la actitud que ha tenido de justicia, de respeto a esta Cámara y de respeto al propio Reglamento cuando ha presidido el debate. Quiero decirle al portavoz socialista que lamentamos profundamente que llame obstruccionista a un Reglamento que aprobó esta Cámara. Si hay alguna obstrucción aquí, tendrá que achacársela al Reglamento..


El señor PRESIDENTE: Señor Merino, ese no es turno de explicación de enmiendas.


El señor MERINO LÓPEZ: No, señor presidente. Es que ha habido una alusión de obstruccionismo al Grupo Popular..


El señor PRESIDENTE: Pero indebidamente. Termine.


El señor MERINO LÓPEZ: Decía que ha habido una alusión de obstruccionismo al Grupo Popular y queremos dar la explicación. (La señora Cunillera i Mestres: ¿Qué artículo se aplica?-El señor Pérez Rubalcaba: ¿Este qué trámite es?)

El señor PRESIDENTE: Termine.


El señor MERINO LÓPEZ: Si me lo permite, concluyo.


La enmienda que tendrá que votarse ahora será en los propios términos en los que venía redactada y no en el espíritu político que plantea el Grupo Socialista, que no corresponde con la letra de dicha enmienda.


El señor PRESIDENTE: Obvio. Muchas gracias, señor Merino y disculpe que habiendo sido interviniente no le diera la palabra, pero no le veía por su ubicación.


La Mesa no puede entrar en valoraciones y entonces vamos a someter a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, enmendada en el sentido de la enmienda original presentada por el Grupo de Convergència i Unió. Gracias.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 174; en contra, uno; abstenciones 134.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la ampliación del ámbito y contenido del Servicio Postal Universal ha sido aprobada.


Segunda votación, relativa a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre una evaluación ambiental estratégica del impacto conjunto de la presunta propuesta sustitutiva al trasvase del Ebro. Se vota en su integridad, ya que el Grupo Popular ha entendido, al ser el grupo que tomó la iniciativa, no aceptar ninguna de las tres enmiendas presentadas. En consecuencia se somete a votación la proposición no de ley del Grupo Popular en su estadio inicial. Gracias.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 130; en contra, 169; abstenciones, nueve.


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El señor PRESIDENTE: En consecuencia, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular ha sido rechazada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE LOS PROBLEMAS Y EL RETRASO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA AVE MADRID-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA. (Número de expediente 173/000012.)

El señor PRESIDENTE: Continúa el orden del día con las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. La primera de ellas es la presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la posición del Gobierno ante los problemas y el retraso en la construcción de la línea AVE Madrid-Barcelona-frontera francesa.


Señorías, antes de abandonar el hemiciclo y sin atreverme a predecir la evolución de la sesión plenaria de hoy, que está siendo bastante particular, podemos intentar terminar sobre las 8:30 de la tarde. Vamos a votar acumuladamente y a intentar terminar en no mucho más de una hora.
Los que quieran abandonar la sala que lo hagan rápidamente, que continúa el debate.


Tiene la palabra el señor Jané para la defensa de la moción presentada por su grupo.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.


Convergència i Unió trae hoy ante el Pleno del Congreso una moción importante porque quiere trasladar a la Cámara lo que son unos compromisos en materia de impulso al AVE hasta Barcelona y hasta la frontera francesa. Saben SS.SS. que este debate no debería estar celebrándose en el año 2004. Hoy no podemos dar ninguna imagen triunfalista. Estar hablando hoy de cuándo llegará el AVE a Barcelona, cuando hemos incumplido ya las previsiones iniciales, no es un buen debate pero es una realidad. La realidad es que hay una gran incertidumbre sobre el proyecto de AVE, sobre qué velocidad tendrá el AVE hasta Barcelona, cuándo llegará, qué impulsos tendrá. Tuvimos ocasión de debatirlo con la ministra de Fomento el pasado miércoles, y en esa sesión se adquirieron ya por la ministra unos compromisos que Convergència i Unió intenta hoy trasladar al texto de la moción que presentamos.
Presentamos, señor presidente, señorías, una apuesta ante la Cámara para llegar a un acuerdo. Entendemos que la sociedad nos pide un acuerdo en este ámbito, la sociedad nos pide que cuando hablamos de incumplimientos en materia de AVE, de deficiencias en las obras, de velocidades no adecuadas, seamos capaces de encontrar un punto de acuerdo, y esto es lo que intenta hoy Convergència i Unió con su moción.


La moción marca unos plazos máximos que nos van a comprometer a todos, lo que no implica que si los podemos cumplir antes mejor será para el conjunto de la ciudadanía. Marcamos unas finalidades, unos topes máximos, y el tope máximo es que el AVE llegue a Barcelona en el año 2007, como máximo en 2007 -este es el acuerdo al que se llegó también con la ministra de Fomento-, y que esto sea una prioridad, que llegue a Barcelona cuanto antes, con ese plazo máximo de 2007, porque la capital de Cataluña está esperando el AVE con los retrasos que ha tenido y con la inquietud que se ha generado. Por tanto, plazo 2007.


¿Debe llegar al aeropuerto del Prat? Entendemos que sí, y por eso ponemos en la moción que se garantice la llegada del AVE al aeropuerto del Prat.
Esta ha sido siempre la apuesta de Convergència i Unió, hemos entendido que es necesario para la conexión total de las infraestructuras ferroviarias y aéreas que lo que es una apuesta, el AVE, llegue también al aeropuerto del Prat, y esto también lo ponemos en la moción, sin necesidad de que la llegada al aeropuerto entorpezca que llegue a Barcelona cuanto antes. Por tanto, no son incompatibles: que cuanto antes llegue a Barcelona, pero no renunciemos a que el AVE llegue al aeropuerto del Prat para conectar las infraestructuras en su globalidad.


Pedimos en esta moción, con un plazo a 30 de septiembre de 2004, que desde el Gobierno se nos remitan unos estudios -el Grupo Socialista nos pide que sean informes y ya anuncio que estaremos de acuerdo con esas enmiendas y después ya me pronunciaré al respecto-sobre las causas que motivan la baja velocidad en el tramo Madrid-Lleida y las posibles soluciones. Este es un tema urgente y será bueno ese compromiso al que hoy se llega. El estudio deberá remitirse a esta Cámara antes del 30 de septiembre próximo, al igual que un informe sobre qué previsión de velocidad tendrá el tramo Lleida-Tarragona, Tarragona-Barcelona y Barcelona-frontera francesa. El conjunto de la ciudadanía está inquieto ante esa previsión de velocidad y pedimos que se concrete. Si se cumple la moción, antes del 30 de septiembre próximo tendremos esa concreción en esta Cámara y podrá ser objeto de debate. Como nos pedía también el Grupo Popular que se debatiera en esta Cámara lo que es el informe o el estudio que llegue del Gobierno, entiende nuestro grupo que ese estudio o ese informe deberá presentarse ante la Cámara y, como en otro punto de la moción también se dice claramente que en cada periodo de sesiones deberemos debatir este asunto en la Comisión de Fomento y Vivienda, entendemos que marco para el debate lo tendremos en esta Cámara que es donde debemos tenerlo.


Un segundo aspecto de nuestra moción es de trascendental importancia. Hoy vamos a acordar en esta Cámara un compromiso. El compromiso de que cuando el AVE pueda llegar a Tarragona sea operativo hasta Tarragona. Ese es un compromiso de gran importancia. Llegará

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a Barcelona, como máximo, en 2007, pero si antes puede llegar a Tarragona, que funcione ya el AVE hasta Tarragona. Entendemos que es una apuesta para toda la zona de Tarragona y para lo que es el dinamismo del propio AVE, y ponemos un plazo máximo: el de 2006 como máximo. Si puede ser antes, antes. Es cierto, y lo reconoció la ministra, que ya hay algún tramo que puede estar sujeto a alguna variación en los tramos de Montblanc, el túnel de Lilla, donde puede haber algunos problemas, pero no renunciemos a que el plazo máximo sea el de 2006 y si puede ser antes, antes. El compromiso de hoy en esta Cámara, de si puede llegar antes a Tarragona que llegue, será también importante. Con ello iremos dando al proyecto la magnitud de conexión y de esperanza que tiene el AVE. Como hemos dicho tantas veces, desde Convergència i Unió ya pedíamos el AVE en las primeras legislaturas y en el propio año 1992, cuando se impulsó el AVE a Sevilla, ya decíamos que era una prioridad que el AVE llegara a la capital de Cataluña, a Barcelona y después a la frontera francesa, para lo que también hay un plazo máximo que es el año 2009.


Existen otra serie de aspectos que sé que para otros grupos, como Esquerra Republicana, son importantes. Debemos consensuar los trazados definitivos. Debemos buscar el consenso en todos los aspectos en donde hay todavía problemas. En ese consenso debemos buscar el soterramiento en tramos importantes y yo me referí a algunos el miércoles pasado en la interpelación. No debemos renunciar al respecto a la ciudad de Girona y mañana nuestro grupo tiene presentada una pregunta a la ministra. En el último punto de nuestra moción nosotros planteamos también la potenciación de lo que es el eje, el corredor mediterráneo. Sé que hay alguna objeción del Grupo Socialista. Si esto no fuera aprobado hoy, como no queremos renunciar a potenciar el corredor mediterráneo y la alta velocidad por ese corredor, anuncio que mi grupo presentará una iniciativa concreta sobre este aspecto porque es de vital importancia para Convergència i Unió.


Termino, señor presidente, señorías, con una apelación a un punto que en todos los proyectos, en todas las iniciativas es crucial para Convergència i Unió. Se trata de la necesidad de que se tenga en cuenta a las personas que padecen algún tipo de discapacidad con reducción de su movilidad. Debemos adaptar las estaciones del AVE, los trenes, y hay una enmienda de Izquierda Unida que entendemos subsanada en el texto de la moción final. Esa adaptación a las personas con discapacidad debemos contemplarla claramente en nuestra moción, al igual que debemos comprometer al Gobierno a que se debata este aspecto en la Comisión de Fomento y Vivienda. Por tanto, garantizamos con nuestra moción que existirá un debate en cada periodo de sesiones, como mínimo un debate cada seis meses, sobre un tema de vital importancia, como es el AVE Madrid-Barcelona-frontera francesa, así como su paso por Tarragona que es crucial, y esperamos que hoy pueda ser aprobado en esta moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.


¿Turno en defensa de enmiendas presentadas a la moción? (Pausa.)

En primer lugar el Grupo Parlamentario Popular, señor Ayala.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Señor presidente, señoras y señores diputados, con la venia.


El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda que es de adición a la moción de Convergència i Unió y que viene a consolidar la posición del Congreso en su labor de impulso y control del Gobierno.


Convergència i Unió ha presentado una moción muy respetuosa con la interpelación a la señora ministra, de forma y manera que sólo pide que fije mediante moción los compromisos asumidos en el Pleno de la semana pasada, con lo cual entiendo que el Grupo Socialista no tendrá ninguna dificultad en aprobarla.


Nosotros respetamos la moción, a pesar de no estar de acuerdo con algunos datos e interpretaciones que se han dado a la Cámara, pero estamos en los cien días y vamos a ser respetuosos, porque sí sabemos mantener y respetar las normas de la oposición. Ahora bien, tenemos que hacer alguna aclaración. Es cierta la inquietud de la ciudadanía a la hora de saber cómo va a llegar el AVE a Barcelona, pero también hay que recordar aquí en la Cámara que ya en el año 2000 se sometió por primera vez a información pública la llegada a Barcelona; el 10 de octubre de 2001 se firmó un primer acuerdo Generalitat, ayuntamientos del Baix Llobregat y el Ministerio de Fomento; posteriormente las administraciones territoriales catalanas cambiaron de opinión, se tuvo que volver a negociar un nuevo trazado, trazado que se suscribió con un acuerdo en octubre de 2003, y ahora, la nueva Administración de la Generalitat catalana quiere volver a cambiar el trazado, que por cierto se asemeja al que ya se acordó en el año 2001 y que la ministra dijo que se siguiera haciendo. En consecuencia el AVE de Barcelona tiene un proyecto producto de tres consensos del Partido Popular con la Generalitat de Catalunya y con los ayuntamientos del Baix Llobregat que se está ejecutando. Por el bien de Barcelona y de todos, espero que no se modifique más y que se ejecute.


La señora ministra se comprometió a unas fechas que eran: llegada a Tarragona para el 2006, llegada a Barcelona para el 2007 y a la frontera francesa para el 2009. Esas son con las que hoy se conforman como mínimos Convergència i Unió. Yo creo que conformarse con esos retrasos que la ministra despachó con un las fechas no son negociables, no dice mucho a favor de esta moción. A poco se comprometió la ministra, ya que estas fechas son fácilmente cumplibles, pero no se podrían cumplir si el Partido Popular no lo hubiera dejado todo absolutamente

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preparado. Sería imposible que el Partido Socialista en 60 días pudiera comprometerse a esas fechas, pero llegar a Tarragona en el 2006 cuando ya están en ejecución 182,78 kilómetros desde Lérida es francamente sencillo; igualmente, se puede decir que se va a respetar el acuerdo firmado en el 2003, que era el segundo alcanzado, y que estas obras, tal y como reconoció la ministra, están en marcha, se van a seguir ejecutando hasta la estación de Sans y simultáneamente se buscará la solución del Prat, porque es lo que ha estado haciendo el Partido Popular hasta el 18 de mayo exactamente. Nos alegra que la ministra adoptara esta postura, porque al final es la postura coherente del Partido Popular. De la misma manera que hoy hemos visto cómo en una comida con empresarios la ministra ha confirmado que va a mantener la política inversora y que va a mantener la participación de la iniciativa privada, dos pilares básicos de la política de infraestructuras del Partido Popular, lo cual nos alegra, al mismo tiempo que confirma que el Gobierno acierta cuando rectifica. Fue el Partido Popular el que decidió, impulsó y proyectó el AVE a Barcelona, construyó el AVE a Lérida y ha dejado en ejecución todo el resto. Si hubo un retraso, evidentemente no querido pero irremediable, fue un retraso técnico de nueve meses, y no un retraso como el que hubo desde el año 1982 hasta el año 1996, durante los cuales el Partido Socialista se olvidó del AVE a Barcelona. Por tanto, si se pueden cumplir las fechas, es porque, como ha reconocido la propia ministra, las obras están en marcha en su totalidad.


Hay cuestiones latentes y otras a las que se ha estado dando vueltas. Yo no voy a entrar en ellas, porque está claro que en la Comisión hablaremos de cómo funciona el sistema de seguridad RTMS, y tendremos ocasión de hacerlo. Sin embargo, me gustaría puntualizar lo relativo a cómo están las obras, porque la ministra hizo unas afirmaciones en el Pleno de esta Cámara que no se atienen a la verdad. En el tramo Lleida-Barcelona, las obras que están en marcha constituyen el 74,91 por ciento en cuanto a kilómetros y el 63,14 por ciento en cuanto a gasto presupuestario comprometido; no el 45 por ciento. En proyecto queda el 25,09 por ciento, y el 28,76 que corresponde al gasto presupuestario comprometido. En el tramo Barcelona-frontera francesa está en marcha el 38,71 por ciento en cuanto a kilometraje, y el 16,16 por ciento en cuanto a gasto presupuestario comprometido; no el 0,6 por ciento, como sostuvo la ministra. Pues bien, señorías, si hoy se puede aprobar esta moción es por lo que ha dejado hecho el Partido Popular, por mucho que les moleste oírlo; si no, sería imposible cumplir los plazos.


El Partido Popular, como dije anteriormente, ha presentado unas enmiendas que son simplemente de adición y mejora del texto, y que abundan en las materias de la moción. La primera de ellas pretende evitar que los nuevos plazos que ha dado la ministra supongan la pérdida de la condición de pertenencia a la red transeuropea de transporte, que no es una cuestión menor. La segunda pretende que la polémica suscitada por la velocidad de la línea y de los elementos móviles pueda ser debatida en su integridad en el Congreso, en vez de limitarse a una mera comparecencia. Por último, insta al Gobierno a que maximice la línea de alta velocidad, que parece que se va a quedar como tercera cuestión. Pues bien, nos pronunciaremos en el momento en que el portavoz de Convergència i Unió lo haga.


Acabo, señor presidente, y le agradezco su generosidad. Parece obvio que nuestras enmiendas son positivas y mejoran el texto de la moción. Además, se enmarcan en el posicionamiento del Grupo Parlamentario Popular, que, sin necesidad de hablar de talante, demuestra su decidida e inquebrantable voluntad de que las infraestructuras -el AVE Madrid-Zaragoza-Lleida-Tarragona-Barcelona-frontera francesa, entre ellas- vertebren verdaderamente el territorio.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de su enmienda, le corresponde ahora el turno al portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Diputados, diputadas, señorías, nuestro grupo presenta una enmienda con un doble sentido. Damos por buena parte de la propuesta contenida en la moción de Convergència i Unió; creemos que es positivo que se comprometa la llegada del AVE para 2007, que haya un estudio informativo sobre las causas que motivan la baja velocidad, que haya un estudio informativo sobre las previsiones de velocidad en el tramo pendiente aún de ejecutar, y entendemos por tanto positivos los compromisos que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ofrece al Gobierno, sobre los cuales hay consenso entre el Grupo Parlamentario Socialista y Convergència i Unió; esa es la parte que valoramos positivamente. También es cierto que no podemos hablar de la infraestructura del AVE sin hacer un balance crítico de lo que ha supuesto su ejecución y de lo que tendría que ser una revisión de las políticas generales en materia de infraestructuras, y concretamente de la política en torno al tren de alta velocidad.


La realidad es que el AVE llega tarde y llega mal. Llega con retraso en cuanto al tiempo, con costes extraordinarios, costes económicos muy por encima de lo que estaba previsto, costes ambientales también extraordinarios, tan solo hace falta ver el trazado del AVE, especialmente en las comarcas de Tarragona, cómo acaban triturando parte del territorio en la Conca de Barberà, donde el impacto es claramente extraordinario. Además viene acompañado de un abandono de la inversión en trenes de cercanías y regionales en todas las áreas, también en Cataluña, también en el área de Barcelona. Lo que tenemos al final es un tren que va a 220 con el coste de un tren que pretendía ir a 350 kilómetros/hora.


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Dicho de otra manera, podrían haber ido por otra vía, podrían haber ido por la vía del tren de 220 kilómetros por hora, lo que hubiese supuesto un coste de un tercio de lo que ha supuesto la infraestructura del AVE; tendríamos los mismos resultados con mucho menos tiempo y al fin y al cabo podríamos haber destinado recursos sustanciales a los trenes que utiliza la mayoría de la gente -regionales, cercanías- y a un tren que por supuesto funcionase y que vertebrase el territorio de forma mucho más eficaz.


¿Qué plantea nuestro grupo? Lo que hace nuestro grupo es apoyar las propuestas de Convergència i Unió para que esta ejecución se dé. No se suma a la petición de la estación del AVE a pie de pista en el aeropuerto de Barcelona porque tendría un impacto ambiental extraordinario, especialmente en los acuíferos del delta del Llobregat, también en el Parque Agrario del Llobregat y asimismo, por supuesto, en el desarrollo territorial de las diferentes ciudades del Baix Llobregat, especialmente de la ciudad de El Prat; en cualquier caso nos podríamos sumar a esta parte. Sin embargo, lo que plantea nuestro grupo es que haya un cambio de planteamiento, que se tome nota de los errores en el tramo que va desde Barcelona a la frontera. Este cambio de planteamiento, ¿a favor de qué? A favor de un menor coste. Un coste que significaría un tercio de las inversiones previstas, que permitiría invertir mucho más -muchísimo más- en el tren de velocidad alta y también en trenes de cercanías y regionales. Una línea de velocidad alta que fuese compatible con los trenes regionales de cercanías y por supuesto con los trenes de mercancías, que respetase el territorio y no hiciese en el Vallès oriental lo mismo que ha pasado en la Conca de Barberà. En definitiva que se asumiesen los errores del pasado y que hubiese esta reorientación en la política de infraestructuras y en la política del AVE.


Cuando nosotros planteábamos esta iniciativa a los señores de Convergència i Unió nos llamaron ilusos. Decían que lo que planteábamos no tenía apenas sentido. Lo cierto es que el tiempo lamentablemente nos ha acabado dando la razón. Lo cierto es que en Alemania hoy se ha abandonado el AVE y se ha optado por el tren de velocidad alta, por el tren de 200 ó 220 kilómetros por hora, que tiene un menor impacto ambiental y un menor coste económico. Nosotros sabemos que hoy la opción del Gobierno no es esa, pero creemos que a medio plazo y quizás también a corto plazo tendrán que reorientar sus políticas y hacer una apuesta decidida por el tren de 220 kilómetros por hora, que es la apuesta que hoy se está dando en Europa. No se trata de una competición para ver quién consigue el tren más rápido. Se trata -debería tratarse- de una competición para ver quién consigue el tren que lleva más pasajeros, que vertebra más el territorio y que es más eficaz, y hoy ese tren ha dejado de ser el AVE; el tren de alta velocidad en Europa es el tren de 200, de 220 kilómetros por hora.
Lo que planteamos en nuestra enmienda es que haya un cambio de actitud y una reorientación, asumiendo lo que plantea el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) hasta la llegada a Barcelona, pero reorientando la política de Barcelona hasta la frontera; asumiendo por tanto un tren más razonable, más ecológico, más económico y que en definitiva lo que hace no es mejorar la vida de unos pocos, sino de la mayoría.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Turno del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso para la defensa de su enmienda. Señora Cunillera.


La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, quiero empezar mi intervención agradeciendo al señor Jané no sólo el tono que ha utilizado esta tarde en el debate de la moción sino también en la propia interpelación, que es lo que ha propiciado que seguramente lleguemos a un acuerdo gracias a nuestras enmiendas a la moción presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió)

Las enmiendas que mi grupo presenta a esta moción, con la que coincidimos básicamente, introducen en sus puntos 1.º y 2.º elementos de mejora que el grupo proponente ha entendido. Nosotros hemos pedido que se traigan a esta Cámara informes porque, señor Jané, usted ha sido diputado igual que yo durante los últimos ocho años y hablar de estudio informativo recuerda mucho aquellos estudios informativos que, presupuesto tras presupuesto, hemos vivido con el Partido Popular cuando nos prometía una autovía que estaba siempre en estudio informativo. Por tanto, vamos a hablar ya de temas serios y hablemos de informes que se van a traer a esta Cámara.
Hemos pedido también que cualquiera de los acuerdos que se adopten desde el Gobierno o que adoptemos nosotros aquí se consensue con el resto de las administraciones.


Quiero explicar a SS.SS. por qué hemos pedido la supresión del punto 3.º, con el que coincidimos en algunos aspectos y sobre el que podríamos haber trabajado con la presentación de una enmienda sobre algunas de las cosas que se han dicho aquí. Nos referiríamos en ese punto al corredor mediterráneo, que tendrá su propio debate y que requerirá sus propias soluciones, pero, al igual que respecto al tema del que estamos discutiendo esta tarde, requerirá que se solucionen deficiencias que vienen arrastradas del pasado.


Señorías, como decía anteriormente, me alegro mucho de que se presente esta moción consecuencia de interpelación con el mismo estilo con que se debatió el miércoles pasado porque no ha sido siempre ésa la alternativa que hemos vivido aquí. En el pasado, muchos de los que estamos aquí hemos podido vivir debates sobre esta línea de alta velocidad que han tenido muchísima tensión. En primer lugar, para que quede claro y conste en el "Diario de Sesiones", he de decir que el señor Ayala también era diputado, igual que nosotros, y el

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señor Ayala tendrá que admitir, si quiere recordar correctamente, que esta línea de alta velocidad se inició en el año 1995, Boletín Oficial del Estado de 30 de diciembre de 1995, gobierno socialista. En segundo lugar, aquí, en esta Cámara, el entonces ministro de Fomento, señor Álvarez-Cascos, a preguntas de mi grupo y de otros grupos, entre ellos el de Convergència i Unió, dijo taxativamente: 2002, AVE en Lleida; 2004, AVE en Barcelona. No llegó en 2002 a Lleida, y es evidente que en 2004, sin culpa del presente Gobierno, tampoco llegará a Barcelona. Quiero decirle, señoría, que usted se ha mostrado orgulloso, cosa que le honra en tanto que miembro del Grupo Popular, pero, francamente, como técnico no tendría usted precio. Han pasado ocho años largos para construir 480 kilómetros de una línea de alta velocidad que no resiste el mínimo análisis crítico, 60 kilómetros por año de chapuza tras chapuza; una línea que ustedes mismos han tenido que reconocer que no tiene señalización, que tiene mala electrificación, que efectivamente no corre a lo que aquí se comprometió. Se le dijo aquí al señor Álvarez-Cascos: esta línea no sostiene lo que usted compromete aquí de los 350 kilómetros por hora, y no va a 350 kilómetros por hora. Cuando ahora por primera vez asistimos a un compromiso firme de este Gobierno con un gobierno de la comunidad autónoma, que tiene que contribuir con su esfuerzo, igual que los ayuntamientos, a la continuación de estas obras, que me diga que esto es gracias al esfuerzo del anterior gobierno... A usted le darán la medalla de militante del Partido Popular, pero ninguna otra. (El señor Ayala Sánchez: Pero no la de Bono.) No se puede decir que lo que estamos haciendo en este momento, lo que se va a tener que hacer por cualquiera de las administraciones, es gracias al Partido Popular. ¿Sabe lo primero que hay que hacer? Reparar las chapuzas, reparar las deficiencias, y esto lo sabe usted igual que yo, defienda usted lo que defienda.


Aquí se les ofreció a ustedes que se hiciera una auditoría por alguien ajeno a esta Cámara, que se hiciera una auditoría que analizara las deficiencias que conducían al fiasco que ha sido esta línea de alta velocidad, y ustedes, con sus votos, se negaron. Esta auditoría que ustedes se negaron a hacer son los informes que hoy este Gobierno va a presentar. Lo primero que tenemos que saber es qué es lo que falla; eso es lo primero que hay que saber, qué es lo que ustedes hicieron mal y, cuando sepamos qué es lo que se ha hecho mal, sabremos lo que hay que hacer. Por tanto, señor Ayala, no venga usted a decir lo que no es cierto, porque si alguien ha faltado a la verdad en este hemiciclo, en esta tribuna, ha sido el Grupo Popular, ha sido el Gobierno del Partido Popular. Hoy, por primera vez, tenemos un Gobierno que ha hablado con el Gobierno de la Generalitat para articular las soluciones, soluciones que van a llegar. Ahora a ustedes se les hacen los dedos huéspedes porque todo les parece poco; ¡qué lástima!, porque si se les hubiera despertado este ansia hace ocho años, igual teníamos ahora una línea de alta velocidad en condiciones. Pero los compromisos se han adquirido, se van a cumplir y entiendo que eso se haga difícil de comprender para todos aquellos que -quiero recordarlo- aquí asumieron compromisos que nunca cumplieron. Yo lo entiendo, entiendo que ustedes no se lo crean, ¿cómo lo van a creer, si no han cumplido ni uno de ellos? ¿Cómo lo van a hacer?

Quiero terminar insistiendo en que, por primera vez, hemos podido llegar a un acuerdo razonable, un acuerdo que podría ser mejor, efectivamente, si la línea construida hubiera sido mejor. Pero nosotros tenemos, primero, el compromiso de algo que aquí también se pidió muchísimo -lo he dicho-, que es estudiar, evaluar, poner las reparaciones necesarias y, sobre todo, informar a esta Cámara. Usted, señor Ayala, va a tener una ventaja sobre mí y sobre todos aquellos que en el pasado preguntamos aquí en esta Cámara, tendrá la ventaja de que usted tendrá papeles, tendrá informes sobre los que poder sustentar su tarea de oposición, cosa que los demás nunca pudimos hacer y si lo hicimos fue porque el Tribunal de Cuentas nos dio la razón.


Quiero decir que estamos en un momento muy importante. Lo hemos pedido de manera reiterada en el pasado, lo vamos a aprobar hoy y siento mucho que, por motivos colaterales a lo que es esta línea de alta velocidad, otros grupos se vayan a abstener. Pero, señor Ayala, no tenga ninguna duda, la línea de alta velocidad, aunque a ustedes no les gustaba, va a funcionar y lo va a hacer bien.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de su enmienda, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Tardá.


El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, algunas de las enmiendas que presenta nuestro grupo parlamentario pretenden garantizar la conexión entre la estación de Sans y el aeropuerto con una frecuencia y un tiempo de recorrido mínimos. Como quiera que no consideramos imprescindible, aunque sí posiblemente necesario, que la línea de alta velocidad llegue al aeropuerto, entendemos que previamente hay que asegurar que su paso por el Baix Llobregat no impida mantener el ya débil equilibrio medioambiental. El parque agrario del Baix Llobregat es fundamental para mantener la cohesión social de una comarca que ha sufrido en los últimos decenios una gran transformación económica y demográfica. En ese sentido reconocemos una cierta desconfianza, un cierto resquemor con nosotros mismos, con los catalanes, y también con el Estado español, en la medida en que no hemos sabido, no hemos podido o no ha habido la suficiente voluntad para consensuar proyectos que no significaran dar por hecho que algunas zonas, que viven un estado muy alterado por lo que respecta al equilibrio medioambiental, fueran a sufrir una muerte súbita. En ese sentido, hubiésemos preferido que se hablara, tal como nosotros hemos planteado,

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de proyectos concretos. Esquerra Republicana de Catalunya en estos momentos plantea que la llegada al aeropuerto del Prat no es imprescindible.


Por otro lado, mantenemos la necesidad de que la Comisión de Infraestructuras del Congreso de los Diputados reciba los informes técnicos de Renfe y de GIF previos a la adjudicación por concurso de los contratos adjudicados del sistema de señalización y de las 32 unidades de trenes cuyo incumplimiento ha ocasionado retrasos en la puesta en marcha y en la baja velocidad actual en el tramo Madrid-Lleida. Estamos ante una situación de fraude, creemos de fraude de ley. La misma Diputación de Lleida está exigiendo responsabilidades.


Entendemos que deberían asumirse estas enmiendas. Por otro lado, en el trazado de Barcelona a la frontera que, según Esquerra Republicana, no solamente se trata de un tren de alta velocidad, no necesariamente, sino de un tren de altas prestaciones, habría la necesidad de incluir en este consenso, en este anhelo de consenso, la necesidad de plantear el soterramiento de las vías en los tramos urbanos especialmente donde coincide con las líneas actuales de ferrocarril y minimizar los impactos ambientales en todo su recorrido.


Por último, por lo que respecta a la conexión en el arco mediterráneo era imprescindible tener garantizado el desdoblamiento de la línea del ferrocarril entre Vandellós y Tarragona. Por esas cuatro razones, esas cuatro enmiendas que consideramos que deberían incluirse y que, al parecer, no son aceptadas, el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya se abstendrá.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardá.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo de Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Mi grupo va a votar favorablemente el texto con las enmiendas que en su caso pudiera aceptar el Grupo Catalán (Convergència i Unió) en este planteamiento de unas exigencias cronológicas fundamentalmente en la llegada para los años que se citan aquí, 2007 del AVE hasta Barcelona y 2009 hasta la frontera. Lo hacemos en un principio de solidaridad, dado que el otro día cuando compareció ante la Comisión de Fomento la señora ministra y este diputado en nombre del Grupo de Coalición Canaria le planteó temas de transporte ferroviario nuevos en las islas Canarias, concretamente en las dos islas capitalinas, la de Tenerife y Gran Canaria, por los proyectos que ya teníamos establecidos y hablados en la anterior legislatura entre el Gobierno autónomo de Canarias y, concretamente, los cabildos insulares de Tenerife y de Gran Canaria para unos trenes rápidos entre las capitales provinciales y los grandes aeropuertos -Reina Sofía, en Tenerife, y Gando en Las Palmas-, la señora ministra parece que por un desconocimiento de datos hizo algunos juicios que no fueron del agrado de Coalición Canaria, quedamos en someter a su conocimiento y con gestiones también posteriores tanto de los presidentes de los cabildos insulares de Gran Canaria y de Tenerife, como del propio Gobierno autónomo y de nuestros grupos parlamentarios aquí en el Congreso y también en el Senado para clarificar estas ideas. Cuando vemos esta iniciativa del Grupo Catalán (Convergència i Unió) nos sumamos a ella en un principio de racionalidad y de solidaridad, porque hemos combatido siempre cualquier marginación que nos quisieran hacer en territorios tanto del ámbito peninsular como del ámbito insular, y concretamente en el canario, de apartarnos de las grandes redes transeuropeas de transporte. Los transportes mixtos, los transportes que son bimodales, como pueden ser el transporte marítimo o el transporte terrestre, bien en carretera, bien en ferrocarril, nos llevan a mantener siempre en el Parlamento un principio de solidaridad.


Por estas razones y por las que podamos aportar en su día con motivo de la defensa de iniciativas parecidas relacionadas con nuestro Archipiélago entendemos perfectamente, no solamente por un principio de solidaridad, sino también de racionalidad, las exigencias que Convergència i Unió refleja en su iniciativa. Nos parece lógico disciplinar un calendario que permita que las obras de infraestructuras, las obras de adecuación de los trenes AVE que vayan a cubrir la distancia entre Madrid, Barcelona y la frontera francesa respondan precisamente a los principios de diseño del material rodante de arrastre de las cabezas tractoras de las locomotoras y de los trenes para que cumplan el estándar de alta velocidad y no de velocidad alta, sino intermedia. El Ministerio de Fomento ha venido haciendo una aportación relacionada con las infraestructuras desde la anterior legislatura y ahora se le ha pasado el testigo con todas las consecuencias a la nueva Administración del Gobierno socialista, debiendo el actual Ministerio de Fomento, siguiendo una línea de sentido común y de perfeccionamiento, cumplir con los estándares de calidad ajustados al primitivo proyecto, primitivo proyecto en relación con el cual existen imponderables: estudios geotécnicos, los sucesos que ocurrieron en los tramos de la provincia de Zaragoza, las limitaciones del material rodante o los compromisos de los fabricantes -Siemens o Talgo-, aquellos que vayan a aportar el material rodante. Pues bien, ello se debe poder alcanzar con el principio de estímulo político, racional y sensato, tal y como lo refleja la propuesta de Convergència i Unió. Como he dicho, señor presidente, mi grupo, siguiendo esta línea de principios, va a votar a favor de la forma en la que finalmente la acepte el grupo proponente con las enmiendas presentadas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: El turno de fijación de posiciones corresponde al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al señor Beloki.


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El señor BELOKI GUERRA: Muchas gracias, señor presidente.


Nuestros amigos de Convergència i Unió, como consecuencia de una interpelación presentada en el Pleno la pasada semana, traen hoy una moción en relación con la cual el Grupo Vasco entiende que con criterio y con razón persiguen clarificar en unos casos, precisar en otros y comprometer la posición del Gobierno central sobre distintos aspectos relacionados con la línea AVE Madrid-Barcelona-frontera francesa.


Tienen desde luego el apoyo de este grupo, del Grupo Vasco, y nos alegramos de que al parecer más grupos se vayan a sumar a este apoyo. Lo hacemos desde la amistad que nos une con ellos, pero también por el convencimiento que siempre ha presidido nuestra postura sobre el desarrollo del tren de alta velocidad en el Estado español. Hemos entendido siempre y seguimos entendiendo que se trata de una prioridad clara, a impulsar con decisión en el campo de las infraestructuras del transporte para el siglo XXI. La prioridad que debe presidir su desarrollo gradual debe ser situarnos cuanto antes en las redes transeuropeas del transporte. Esa y no otra debió ser, a juicio de este grupo, la prioridad que debió perseguirse desde que comenzó a desarrollarse este sistema de transporte en el Estado y esa y no otra sigue siendo a nuestro entender la prioridad indiscutible que debe seguir persiguiéndose, pero esto no ha sido así. No lo fue, como recordaba el propio señor Jané el pasado día, cuando alguien con visión alejada de esta perspectiva implantó el primer tren de alta velocidad entre Madrid y Sevilla allá en el año 1992. Y no ha sido así tampoco en su desarrollo posterior, puesto que de otra forma, como también el propio portavoz de Convergència i Unió afirmó con acierto el pasado día, no debiéramos estar hablando en el año 2004 de si el AVE va a llegar o no a Barcelona y en qué fecha.


Tienen razón, pues, nuestros amigos catalanes cuando insisten, cuando reclaman fechas, compromisos, garantías y trazados definitivos; en resumen, procedimientos claros y rigurosos de decisión y seguimiento ante temas de tal trascendencia. Y si mis compañeros catalanes me lo permiten, quisiera decirles que este apoyo va acompañado también de una sana envidia. Les oigo hablar de fechas, de retrasos incluidos, de tramos con distinto grado de ejecución, de velocidades, de sistemas de señalización, de presupuestos contraídos y ejecutados, en algunos casos con desviaciones y en algunos casos todavía con un bajo nivel de ejecución e incluso de proyectos complementarios. Les oigo hablar a ellos y, sobre todo, también oigo hablar a la propia ministra de Fomento respondiéndoles con fechas, cifras y datos. Incluso oigo hablar a la ministra de recuperar el clima de diálogo entre la Generalitat y el ministerio. Le oigo hablar de reuniones con la Generalitat, con su presidente, y le oigo hablar de acuerdos entre ellos, como el de constituir una comisión bilateral para la resolución de los problemas comunes entre el ministerio y la Generalitat y de todas aquellas incidencias que surjan como consecuencia de la alta velocidad. Son palabras textuales de la propia ministra. Oigo hablar -insisto- de todo ello con agrado, pero también con cierta perplejidad, además de con la sana envidia a la que hacía alusión anteriormente. Con agrado, porque deduzco que mal que bien la conexión ferroviaria en alta velocidad del Estado español con Europa, al menos por su ramal mediterráneo, va avanzando. Al revés de lo que ocurre con el ramal atlántico por el lado oeste, el eje Dax-Vitoria-Madrid, que no quisiera dejar pasar por alto, que eran dos ramales de un único proyecto, un proyecto prioritario, definido como número 3 en el año 1994, dentro de la red ferroviaria transeuropea de alta velocidad. Pues bien, al menos por algún lado parece que por lo que al tren se refiere caminamos hacia Europa. Comprenderá que esto último provoca en mi grupo perplejidad -para decirlo todo y con más precisión-, que se debe no sólo y principalmente a lo que podemos entender como un retraso comparativo, sino que se debe más a la constatación de que, más allá del retraso en el calendario, hoy es el día en el que tampoco encontramos, por lo que se refiere al ramal atlántico, ningún acuerdo preciso ni ningún ámbito de colaboración sobre el que llamar la atención ni del que reclamar su ejecución. Ni siquiera termina de haber encuentros entre el ministerio y las autoridades vascas.
Muy al contrario, las autoridades vascas hace unos pocos días -por última vez- siguen quejándose de que esta fase que se proclama de entendimiento y colaboración parece haber iniciado su camino justo en sentido contrario. Perplejidad, porque se siguen tomando las decisiones, todas, se refieran estas a suspensiones de licitación o a próximas licitaciones de tramos, al margen de las autoridades vascas, sin atender en absoluto no ya sus opiniones, sino también sus propios ofrecimientos de colaboración.


Nos alegramos en todo caso por nuestros amigos catalanes y sepan que estamos con ellos en reclamar y exigir fechas, compromisos, cumplimientos de acuerdo y seriedad para que cuenten cuanto antes con la conexión ferroviaria que les una a Madrid y a Europa. No perdemos la esperanza de que un día llegará nuestra hora y, en todo caso, anunciamos que seremos no menos exigentes que ellos en relación con la conexión ferroviaria en alta velocidad a través del País Vasco, eso que se conoce por la Y.


El señor PRESIDENTE: Para un turno de aceptación o rechazo de las enmiendas, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.)

El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo agradece las distintas enmiendas presentadas y en aras de conseguir un consenso en la votación acepta las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. En relación con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana hay un hecho cierto que nos separa, porque

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para nosotros sí que es una prioridad que el AVE llegue al aeropuerto de Barcelona y, por tanto, no podemos aceptar la literalidad de sus enmiendas. En cuanto a las enmiendas presentadas por Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, nuestro grupo parlamentario entiende que la segunda de sus enmiendas, que se refiere a la discapacidad, queda dentro del texto que finalmente se someterá a votación. Tampoco coincidimos con la enmienda relativa a otro concepto de alta velocidad de Barcelona a la frontera francesa, porque nuestra propuesta es que sea el AVE el que llegue también a la frontera francesa.
Por último, en cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, agradeciendo el tono de la intervención del señor Ayala, entendemos que con el texto que finalmente aprobemos habrá un compromiso claro de informar a esta Cámara puntualmente cada periodo de sesiones de la evolución que van a tener las obras del AVE, y agradezco la presencia de la ministra de Fomento aquí para recalcar la importancia de la moción que va a ser aprobada.


Por tanto, aceptamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y no podemos aceptar, por las razones que he expuesto, el resto de enmiendas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané. (El señor Ayala Sánchez pide la palabra.)

¿Qué desea, señor Ayala?

El señor AYALA SÁNCHEZ: No quisiera en ningún caso reabrir el debate, pero creo que he sido aludido gravemente por la doctora Cunillera, por lo que le pediría un brevísimo turno por alusiones.


El señor PRESIDENTE: Sinceramente, yo no he notado ninguna alusión grave.
¿Me podía decir específicamente en qué ha consistido?

El señor AYALA SÁNCHEZ: Me ha dicho que he faltado a la verdad, que he olvidado todas las cuestiones que se han dicho aquí, me ha dicho que tengo que ponerme una medalla del Partido Popular, etcétera. Todo está reflejado en el "Diario de Sesiones".


El señor PRESIDENTE: Perdóneme, señor Ayala. Si yo hubiera notado -y usted es testigo de eso- una descalificación o un insulto personal no lo hubiera consentido, y usted lo sabe. Lo que no puedo juzgar como alusiones son elementos del debate que pueden ser más duros, más rudos si quiere, determinados adjetivos, pero no creo que haya habido nada más en un debate que me ha parecido francamente bastante pacífico. Lo siento, señor Ayala.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Señor Presidente, entonces solamente deseo decir que admitiendo las justificaciones que ha señalado el señor portavoz de Convergència i Unió, entendemos que nuestras enmiendas se pueden subsumir en su propuesta definitiva y que votaremos la moción favorablemente.


El señor PRESIDENTE: Gracias. Esto es lo que aclara la posición del Partido Popular. (La señora Cunillera i Mestres pide la palabra.)

Señora Cunillera, tiene la palabra específicamente para el tema de enmiendas nada más.


La señora CUNILLERA I MESTRES: Simplemente para pedir al señor Ayala que retire el término peyorativo de doctora Cunillera.


El señor PRESIDENTE: No, no. Se acabó. Eso no es turno de enmiendas. Yo lo que no puedo es favorecer este tipo de parlamentarismo, que creo que no es bueno.


En consecuencia, señor Jané, en los términos que usted ha precisado y que el señor Ayala le ha concretado luego, se va a sumar a su moción.
Entiendo que acepta la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, pero por las razones que ha señalado no puede aceptar las de Esquerra Republicana, la de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la del Grupo Parlamentario Popular.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO CON EL FIN DE COMPENSAR A LOS SECTORES AGRÍCOLAS PERJUDICADOS POR LOS ACUERDOS DE LA UNIÓN EUROPEA CON MARRUECOS. (Número de expediente 173/000013.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, pues, al punto número 7, que es una moción del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre las actuaciones que piensa adoptar el Gobierno con el fin de compensar a los sectores agrícolas perjudicados por los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos.


Tiene la palabra el señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, la moción que presenta mi grupo parlamentario tiene que ver con las dificultades por las que atraviesa la agricultura en Canarias. La agricultura en Canarias, y básicamente la de exportación, tiene la dificultad de la orografía del archipiélago canario, tiene la dificultad de que a través de las dificultades que plantea esa orografía hace difícil la utilización de métodos tecnológicos actualizados, por lo tanto de ser competitivos, y el grave problema de la escasez de agua. A esas dificultades hay que añadir los problemas que tienen algunos de los subsectores, que se han ido agravando a lo largo de los últimos tiempos, como es el subsector del plátano, que como SS.SS. conocen está encauzado actualmente a través de la OCM del plátano, dificultades en las negociaciones ante Bruselas, que es

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un asunto que en estos momentos se negocia en el seno de la Unión. Pero la parte referida al tomate, a las frutas y hortalizas en general, a las flores y plantas y sobre todo al subsector tan importante para Canarias como es el del tomate, en estos momentos, debido a distintas adversidades, pasa por complicaciones que le hace prácticamente poco competitivo y pone en riesgo a un sector que acumula en estos momentos una mano de obra muy importante en Canarias. Más de 20.000 personas viven directamente del subsector del tomate en Canarias y más de 30.000 dependen indirectamente de él. Por otro lado, además de lo que significan como aportación de mano de obra y de lo que significan como aportación al producto interior bruto, la agricultura en general y el tomate en particular son elementos que sirven para diversificar el sector económico del que depende básicamente la economía canaria, que es el turismo. El turismo aporta casi el 80 por ciento del producto interior bruto, pero la agricultura es un elemento clave en Canarias como coadyuvante a la construcción del paisaje, que también es clave para mantener el turismo.


En ese sentido, el planteamiento que hace Coalición Canaria no supone ningún tipo de privilegio con respecto a cualquier otro territorio del Estado, el planteamiento que se hace desde Canarias se basa en medidas que superen la lejanía, que superen la dificultad que significa estar alejado más de 1.000 kilómetros de Cádiz. La única posibilidad que tenemos para estar en igualdad de condiciones y para poder competir con otros productos en el seno de la Unión Europea es incrementar la ayuda al transporte de mercancías. En esa línea va la moción que presentamos hoy.
Se trata de modificar el decreto que regula las aportaciones al transporte de mercancías de Canarias, que en estos momentos está fijado en un 33 por ciento. La Unión Europea autoriza que esas ayudas al transporte de las mercancías puedan incrementarse hasta un 50 por ciento, y entendemos que en este momento ese incremento es absolutamente imprescindible para sostener la agricultura en Canarias. Para que ese incremento sea viable es necesario modificar el real decreto que regula la ayuda y es necesario complementar esa ayuda a la aproximación de los productos canarios a la Península con la actividad negociadora en Bruselas, con las negociaciones que permanentemente deben estar abiertas para mejorar las condiciones de nuestros productos de exportación. En ese sentido, es imprescindible que el Gobierno español, con la colaboración del Gobierno de Canarias, siga profundizando y avanzando en el incremento de las ayudas a la comercialización exterior del tomate.


Señoras y señores diputados, lo que se plantea aquí es una cuestión tan de sentido común como acercar a Cádiz las islas, que están a 1.000 kilómetros de distancia, para que sus mercancías estén en las mismas condiciones que las del territorio continental, y para ello esperamos contar con el apoyo de todos ustedes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Matos.


El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor Rivero, quiero comenzar mi intervención manifestándole que el pasado miércoles escuchamos con mucha atención su interpelación a la ministra de Agricultura, que tiene como consecuencia la moción que hoy debatimos. Quiero decirle también que el debate de la interpelación nos pareció un auténtico descanso dentro del clima de agresividad y demagogia con que el Partido Socialista y alguno de sus socios tiñen últimamente todas sus intervenciones en los debates en los que el Partido Popular hace cualquier propuesta. Esperemos que esa agresividad no la saquen hoy sólo por el hecho de que el Grupo Parlamentario Popular apoya desde la primera hasta la última línea el texto de la moción que hoy debatimos, y más tarde me referiré a la enmienda transaccional que se nos ha propuesto. También quiero decirle que su debate con la ministra nos pareció en un principio un auténtico diálogo de besugos, dicho sea con todos los respetos. Después de leer el "Diario de Sesiones", lo único que podemos hacer es ratificarnos en nuestra opinión inicial, porque ese debate fue un auténtico diálogo de besugos. Usted se pasó el 75 por ciento de su intervención hablándole a la ministra de la importancia que tiene el sector del tomate en Canarias y la ministra se pasó el 75 por ciento de su contestación hablándole a usted del incremento de los contingentes de los pepinos, de los calabacines -es decir, los bubangos- y de las clementinas. Todo esto se recoge en la página 684 del "Diario de Sesiones". También la señora ministra le contó a usted los efectos en los productores españoles de los calendarios de aplicación de algunos contingentes como, por ejemplo, las judías verdes, es decir, las habichuelas, el melón y las alcachofas. Asimismo le contó a usted -imagino que porque creía que usted estaba tan preocupado por estos temas como con el tomate- la situación del ajo, de la patata temprana y de la fresa, así como de la apertura del mercado marroquí a los guisantes -es decir, a las arvejas-, a las peras, a los kiwis, a los frutos secos y a los champiñones en conserva. Todas estas referencias están en la página 685 del citado "Diario de Sesiones". De verdad, señor Rivero, un auténtico diálogo de besugos.


Señor Rivero, en el debate de la interpelación usted planteó a la ministra tres medidas que consideraba necesarias para una mejor protección del tomate tras el aumento de los contingentes acordados entre la Unión Europea y Marruecos y que ha trasladado a la moción que ha presentado y que hoy debatimos. La primera era aumentar las ayudas al transporte de mercancías entre Canarias y Cádiz hasta el 50 por ciento del coste del trayecto; la segunda, la modificación del Real Decreto 199/2000 para poder aplicar sin ninguna limitación esas ayudas; y la tercera, el aumento de las cantidades destinadas

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a la comercialización del tomate previstas en el Poseican, que usted fija en la moción en 8,8 millones de euros. Le tengo que confesar que la respuesta de la ministra a estas tres medidas nos dejó muy preocupados.
La ministra contestó literalmente que no debemos cegarnos en conseguir ayudas al transporte, que es precisamente lo que consideramos que puede ayudar y que necesita el tomate canario, y que lo que debíamos hacer era luchar no por la ayuda, como usted propone y como yo apoyo, sino por mecanismos de calidad y de trazabilidad que hagan más competitivo el tomate canario. Sinceramente, creo que cambiar ayudas al transporte por más calidad es como cambiar 180.000 viviendas nuevas por 180.000 soluciones habitacionales.


Le confieso que desde el Partido Popular íbamos a apoyar su iniciativa, no podía ser de otra manera, pues la moción que usted ha presentado es prácticamente idéntica a una proposición no de ley que presentamos conjuntamente el Partido Popular y Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias y que fue debatida y aprobada el pasado 11 de diciembre de 2003.
Y fue presentada conjuntamente no sólo porque estamos de acuerdo en las soluciones que necesita el tomate, sino porque en Canarias gobernamos juntos su partido y el mío. Ya sé que últimamente aquí en Madrid a usted le da cierto reparo, cierto pudor, apoyar algo que propone el Partido Popular y que en cuestiones que en Canarias estamos de acuerdo -como pasó hace 15 días con la proposición no de ley sobre el fomento del mercado en alquiler-, aquí en Madrid ustedes se abstienen con el único fin de escenificar cierta distancia con nosotros.


Señor Rivero, la enmienda de adición que nosotros hemos presentado y que hace referencia a la conveniencia de instar a la Administración europea la aplicación de un eficaz sistema de control aduanero sobre el contingente actualmente en vigor, acordado entre la Unión Europea y Marruecos, es el único apartado de la proposición no de ley que presentamos conjuntamente en el Parlamento de Canarias y que no recoge su moción, la que hoy debatimos. Nosotros creemos que se debía mantener este apartado. Su partido político y el mío, en Canarias, siempre hemos tenido la sensación, por no decir la constancia, de que en la Unión Europea siempre ha entrado más cantidad de tomate marroquí que lo acordado entre la Unión y Marruecos, y esos contingentes siempre han entrado por los puertos españoles y por los puertos franceses. Sabemos del control que ejercen las autoridades españolas porque ese control redunda en el beneficio no sólo del tomate canario, sino también del tomate que se cultiva en Murcia -me refiero a Lorca, a Ramonet y Morata, a Águilas, a Mazarrón- y también en Almería. Pero reconocerá conmigo que en Canarias siempre hemos tenido razonables dudas sobre el control que se ejerce en los puertos franceses, dadas las especiales relaciones entre Francia y Marruecos. Creo que ahora es el momento adecuado para plantear un mejor control de esos contingentes, pues Francia tiene que estar en estos momentos enormemente agradecida a España tras cederle el Gobierno de la nación todo el poder que le ha cedido en la última cumbre que aprobó la Constitución europea.


El señor PRESIDENTE: Señor Matos.


El señor MATOS MASCAREÑO: Termino.


El señor PRESIDENTE: Fíjese que ha hablado usted ya más tiempo que el autor de la moción. Contrólense. Yo tengo que ser flexible, pero no tanto. Está hablando usted más que el autor de la moción. Concluya.


El señor MATOS MASCAREÑO: Termino, señor presidente. Igual he dedicado más tiempo a prepararla.


Con respecto a la enmienda transaccional que nos propone el Partido Socialista y que nos ha propuesto usted, le quiero decir que la vamos a aceptar en todos sus términos, pero que el Partido Popular hubiera preferido apoyar su iniciativa porque nos parece que es muchísimo mejor.
Establece el incremento de las ayudas ahora mismo y también incorpora la cifra de los 8,8 millones de euros que usted había propuesto. Nos hubiera gustado que usted no hubiera renunciado a la negociación con otros grupos...


El señor PRESIDENTE: Ahora sí, lo siento, señor Matos. Despídase del hemiciclo, porque ya es excesivo. (Risas.)

El señor MATOS MASCAREÑO: Perdone, señor presidente, pero no pienso abandonar el hemiciclo; si acaso, esta tribuna.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Un hasta luego. Gracias.


Por el grupo Parlamentario Socialista del Congreso, señora Cedrés.


La señora CEDRÉS RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, me corresponde, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, exponer nuestra posición con respecto a la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria sobre medidas a adoptar dirigidas a compensar al sector del tomate debido a la competencia de terceros países. Mi grupo ha presentado una enmienda de sustitución que da una perspectiva más global y profundiza en algunos aspectos no planteados inicialmente en la moción de Coalición Canaria.


En primer lugar, me gustaría resaltar que mi grupo comparte con usted, señor Rivero, la preocupación por el sector tomatero en Canarias, tal como usted expresó en su interpelación de la cual ha surgido esta moción.
Ha sido siempre caballo de batalla de los socialistas su lucha por los sectores agrícolas y la mejora de estos, así como facilitar la protección y la promoción en los mercados exteriores. Somos conscientes de que hablamos del interés común de muchas familias y empresas que hoy en día viven de las zafras tomateras y que con

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expectación esperan que sus rentas se mantengan en un marco de estabilidad futuro, procurando evitar su crisis y desaparición para dar paso a una dependencia total del monocultivo del turismo, con la consiguiente degradación del medio ambiente y el acotamiento económico al que nos veríamos sometidos.


Por este motivo, se hace imprescindible la aplicación de una serie de medidas que protejan e incentiven al sector ante la competencia de terceros países, y la señora ministra expuso claramente que este Gobierno no va a permitir perjuicio a las producciones españolas en la revisión de los acuerdos con Marruecos. Debemos tener en cuenta que las políticas anteriormente desarrolladas por el Partido Popular nos han llevado a una situación de incertidumbre y debilidad del subsector en el mercado exterior, ocasionando un deterioro y preocupación del subsector productor que ha venido demandando medidas claras y defensoras de esta actividad.
Ahora, con un Gobierno preocupado por la política agraria, comenzamos a proponer medidas realmente efectivas. Estas medidas serán las siguientes: En primer lugar, incrementaremos los esfuerzos por reducir los costes de la insularidad para el transporte de mercancías desde Canarias a Cádiz, hasta llegar al 50 por ciento de su coste durante la legislatura, garantizando como mínimo un incremento del 7 por ciento en el ejercicio de 2005. Nos comprometemos, en segundo lugar, a revisar el Real Decreto 199/2000, de 11 de febrero, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las islas Canarias, para partir de un análisis global de éste que nos permita asegurar que cumple su objetivo de abaratar el coste efectivo del transporte de mercancías entre Canarias, Península y el resto de la Unión Europea. Este decreto no es sólo para el tomate, sino para todos los productos agrícolas recogidos. Quiero resaltar el tercer punto de esta enmienda en la que mi grupo expone su disposición a negociar en instancias europeas el Poseican, que como todos saben es un programa de opciones específicas para paliar la lejanía y la insularidad de las islas Canarias en función de su singularidad como región ultraperiférica. Además debemos estar satisfechos de que en el reciente acuerdo de la Constitución europea se refuerza esta singularidad específica. Los objetivos que perseguimos en esta negociación priorizan la maximización de los recursos financieros para paliar las singularidades que antes exponíamos: conseguir la flexibilidad suficiente para poder adaptar las medidas a aplicar de una manera óptima para cada producción canaria y, por último, determinar las ayudas a la comercialización del tomate de acuerdo con el Gobierno de Canarias y teniendo en cuenta las condiciones de competencia con otras zonas de producción. Considerar que el tomate canario debido a las plagas y a los virus tiene menor extensión de cultivo, menor producción y, por tanto, menor renta en el sector. Por esto es muy importante el cuarto punto de esta enmienda, que sería que ENESA ampliara la cobertura de seguros agrarios aplicable a Canarias para paliar los daños producidos en el ciclo de producción por virus, enfermedades o fenómenos climatológicos. En quinto lugar, pretendemos solicitar ante la Administración europea la aplicación de un eficaz sistema de control aduanero sobre el contingente actualmente en vigor acordado entre la Unión Europea y Marruecos.


Teniendo en cuenta estas aportaciones que creemos necesarias para salvaguardar el subsector tomatero de Canarias, esperamos la aprobación por el Pleno de esta Cámara.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cedrés.


En turno de fijación de posiciones, empezamos, debido a la ausencia de otros grupos, por el señor Pérez directamente.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente, voy a intervenir con la brevedad que requiere una exposición clara, puesto que estamos en una posición favorable a la moción de Coalición Canaria.


El señor Rivero, tanto la pasada semana en la interpelación a la señora ministra como esta semana en la defensa de la moción, ha explicado perfectamente cuál es la importancia de la agricultura para Canarias, para su economía, para el mantenimiento de sus puestos de trabajo, como aportación también al sector turístico, como activo principal de la economía de las islas y, por tanto, no insistiremos en este aspecto que nos parece suficientemente claro. Se trata de atender una reivindicación reiterada del sector, concretamente del sector vinculado al cultivo del tomate en las islas. Se trata, por otra parte, de ayudas que están perfectamente contempladas y permitidas por Bruselas y que son perfectamente atendibles. Entendemos que como no se pretende reducir las ayudas a otros productos, eso tendrá que tener repercusión presupuestaria también y, aunque no se dice en la moción, sí parece de lógica pensar en ello.


Por otra parte, pedir que se apliquen los costes reales, como pide el sector, parece una medida razonable, tan razonable como que la determinación de los costes no sea una decisión política sino una decisión técnica, que es lo que corresponde en estas cuestiones.


En lo que hace referencia al Poseican, el incremento de ayudas nos parece lógico porque es la forma de compensar el incremento de cuotas de exportación de tomate de Marruecos.


Por todo ello, compartimos la moción y nuestro voto será favorable.


El señor PRESIDENTE: Señor Ramón, de Esquerra Republicana, y cerrará el señor Grau.


El señor RAMÓN TORRES: Señor presidente, intervengo sólo para mostrar nuestro soporte al Grupo de Coalición Canaria. Entendemos que las reivindicaciones que se hacen en esta moción son justas. Creemos

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que es imprescindible intentar mantener el equilibrio que representa la agricultura en todo el sistema económico de Canarias, y más aún en un territorio donde el turismo cada vez es más importante. Es fundamental para la sostenibilidad de los territorios que esta economía que surge de la agricultura se potencie.


Nosotros votaremos favorablemente y, si Coalición Canaria acepta la enmienda de sustitución que ha presentado el Grupo Socialista, nosotros votaremos a favor de ella.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Finalmente, don Pere Grau, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.


Quiero sumarme, como los demás intervinientes, con nuestro voto favorable a esta proposición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Creemos que se ha trabajado muy positivamente porque se ha obtenido con el partido que soporta al Gobierno un acuerdo favorable, en definitiva posibilista, intentando resolver este problema a medio plazo y rápidamente. Es un compromiso que se obtiene del Gobierno a favor de Canarias y nosotros vamos a darle nuestro soporte.


Quiero añadir, dentro de esta implicación de todos los grupos y sobre todo del Gobierno con esta propuesta, si al Grupo canario le parece bien, un punto cuarto en el que tenemos que intentar aumentar este consenso promoviendo la formación de una interprofesional para un mejor conocimiento y defensa de los intereses del sector. Es, en definitiva, el interés de nuestro grupo por implicar aquí a todas las partes, y esta enmienda surge después de leer la propuesta transaccionada que han hecho el Partido Socialista y Coalición Canaria. Brindo esta oferta por si mejora la redacción y el interés, al menos esa es la intención, de la moción que presenta el Grupo de Coalición Canaria. De no ser aceptada la retiraríamos y, en todo caso, nuestro grupo dará el soporte a la moción transaccionada.


Nada más. Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Por el grupo proponente, Coalición Canaria, en turno de aceptación o rechazo, el señor Rivero tiene la palabra.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo para expresar, en nombre de mi grupo, nuestro sincero agradecimiento a las intervenciones de todos los grupos parlamentarios que me han precedido ahora en el uso de la palabra, al apoyo que han expresado a esta moción presentada por Coalición Canaria. Acepto todas las enmiendas, incluida la que ha planteado in voce el representante de Convergència i Unió, porque entendemos que tanto su aportación como fundamentalmente la que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista y la que hace el Partido Popular sirven para conseguir un objetivo. El objetivo que plantea mi grupo parlamentario con esta moción no es otro que beneficiar a los productores, a los trabajadores del sector agrícola en Canarias, y nunca desde posiciones partidistas, porque una de las virtudes que tenemos los grupos pequeños tan importante en la democracia es que permitimos que cosas que parecen imposibles se consigan, como es que los dos grandes partidos de la Cámara, el Partido Popular y el Partido Socialista, se pongan de acuerdo en un tema tan importante para la gente como es la agricultura.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor Rivero, entiendo, según el documento que se nos ha suministrado y que supongo es conocido por el Grupo Socialista y el Grupo Popular, que se trata de una enmienda transaccional que subsume las iniciales de estos dos grupos. El único problema a resolver es si usted termina o no aceptando el nuevo punto de una interprofesional que ha propuesto el señor Grau.


El señor RIVERO BAUTE: Es incorporar a esa transaccional que hemos aceptado la aportación que hace el señor Grau.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Estrictamente pro forma, porque el Pleno es dueño de este momento procesal, ¿todos los grupos parlamentarios aceptan que se incorpore un punto nuevo presentado por Convergència i Unió que no estaba previsto en la transaccional? ¿No se opone nadie? Queda así consolidado. Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE ACTUACIONES QUE VA A LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN GALICIA.
(Número de expediente 173/000014.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día. Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre actuaciones que va a llevar a cabo el Gobierno para dar cumplimiento al Plan Galicia. Para su defensa. Tiene la palabra, para la defensa de la moción, el señor Delgado.


El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señorías, el pasado miércoles formulábamos una interpelación a la señora ministra de Fomento sobre las previsiones de cumplimiento de los compromisos en materia de infraestructuras con la Comunidad Autónoma de Galicia para ejecutar y cumplir el Plan Galicia. Recibimos entonces de la señora ministra explicaciones cumplidas sobre las previsiones y compromisos que nosotros queremos contrastar en el día de hoy. Por ello, hemos presentado una moción que busca justamente que se refrende este compromiso del Estado, contraído

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en Consejo de Ministros de 24 de enero de 2003, llamado Plan Galicia y que supone, sin duda, el más ambicioso plan que se ha aprobado en nuestra comunidad y que tiene como finalidad, por una parte, contrarrestar los negativos efectos de la catástrofe ocasionada por el Prestige y, por otra parte, relanzar la economía de nuestro país. Este plan ha sido considerado por toda la sociedad gallega como el factor de desarrollo más importante de la historia de esta comunidad. Ayer mismo se publicaba un sondeo de un periódico de nuestra comunidad que decía que para más del 70 por ciento de los gallegos la falta de ejecución del plan influiría mucho o bastante en el desarrollo económico de la comunidad. Un destacado líder empresarial de Galicia cifraba nada más y nada menos en un 7 por ciento la aportación del Plan Galicia al PIB hasta el año 2010. Yo no hago más que corroborar estas afirmaciones. La importancia de este plan es tremenda, no sólo supone un compromiso institucional del Estado, sino que forma parte de las decisiones estratégicas de los sectores económicos en relación con Galicia porque ha generado unas expectativas notables de crecimiento económico y de mejora radical de las infraestructuras y de atracción de inversiones. Lo que nosotros buscamos en el texto de la moción es que el Gobierno actual comprometa el necesario impulso a todas las actuaciones recogidas en el Plan Galicia, que garantice el cumplimiento de los plazos previstos y, si es posible, incluso que los mejore.


En el texto de nuestra moción, que SS.SS. ya conocen, hacemos un primer relato de las infraestructuras de alta velocidad ferroviaria: el AVE del Eixo Atlántico, que queremos que se cumpla el compromiso de que esté rematado en el horizonte 2007; el AVE que comunica Santiago con Ourense, que debe rematarse en el año 2008, según los compromisos contraídos; el AVE Ourense-Lugo, cuya declaración de impacto ambiental está en estos momentos en tramitación y que debe de estar ejecutado en el 2009; el AVE Vigo-Ourense, por Cerdedo, que debe estar rematado también en el año 2009, y los tres corredores definidos por el acuerdo del Consejo de Ministros: el corredor do Cantábrico, el corredor ferroviario Lugo-A Coruña y el Ponferrada-Monforte, que lo planteamos en el horizonte 2012-2014, ya que se encuentra en su incipiente fase de estudio informativo.


Por lo que se refiere a las autovías, queremos en esta moción que el Gobierno se comprometa a ejecutar las autovías en los plazos fijados, en concreto, la autovía del Cantábrico en el horizonte 2007-2008; la autovía Lugo-Ourense y la autovía Lugo-Santiago, que esperan la declaración de impacto ambiental, en el 2008-2010; la conexión al aeropuerto de Santiago en el horizonte 2004-2005; la conexión al Porto de A Coruña en el horizonte 2005-2006, y las dos nuevas autovías definidas en el Plan Galicia, la autovía Pontevedra-A-52 y la autovía Chantada-Monforte, en el horizonte 2010.


En materia de infraestructuras portuarias, señorías, queremos conseguir el compromiso del Gobierno de que esta importantísima obra de ingeniería portuaria, la más importante sin duda que se va a acometer en Europa, vea culminada su ejecución final en el año 2012.


Señorías, en el espíritu constructivo que ha presidido nuestra actuación con la formulación de esta interpelación, hemos analizado las enmiendas presentadas por los dos grupos parlamentarios que han tenido a bien formularlas. Por una parte, en la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista se solicita la adición de un nuevo apartado. Nuestro grupo parlamentario se muestra favorable a la aceptación de ese punto con una modificación, sustituir la expresión "a modificar en consecuencia" por "mejorar en consecuencia". Si lo que nos proponen con esta enmienda es incrementar las dotaciones presupuestarias que actualmente están ya comprometidas, lo vemos bien, pero si se produce alguna modificación debe ser siempre en plazos para mejorar, nunca en otro sentido. Estaríamos dispuestos a aceptar esta enmienda sustituyendo la palabra "modificar" por "mejorar"

Por lo que se refiere a la enmienda del Bloque Nacionalista Galego, que también hemos estudiado y leído con detenimiento, coincide en muchos de sus planteamientos, desde luego en la parte dispositiva, con los que nosotros exponemos y creo que estarían subsumidos íntegramente en nuestro catálogo. No obstante, merece la pena hacer dos puntualizaciones. En concreto, la prolongación del corredor desde Vigo hasta la frontera portuguesa, que luego seguiría hasta Oporto, es un compromiso que ha sido adquirido en la Cumbre de Figueira Da Foz del 8 de noviembre de 2003, cuyo horizonte previsto nosotros estimamos en el año 2009, y así estamos dispuestos a hacerlo constar. Lo mismo respecto de una prolongación que nosotros entendíamos que estaba ya en nuestro texto en el Eixo Atlántico, que es la conexión de A Coruña con Ferrol, pero que no tenemos ningún inconveniente en que conste expresamente Ferrol-A Coruña, 2009.


Termino, señorías, diciendo que nos alegra que podamos llegar a un acuerdo. El 14 de junio de 2004 el presidente de la Xunta, el presidente de todos los gallegos, don Manuel Fraga Iribarne, visitaba al presidente del Gobierno de España, don José Luis Rodríguez Zapatero. Fue allí en visita protocolaria, pero también en defensa de los intereses de Galicia y su intervención creemos que sirvió para que se produjera un cambio de actitud hacia el Plan Galicia. Nosotros hemos visto confirmada esta actitud con las respuestas de la señora ministra a la interpelación, y esperamos que también se vea refrendada con la aprobación hoy en este hemiciclo de la moción. En el otoño tendremos oportunidad de plasmar estos compromisos en los Presupuestos Generales del Estado. En cualquier caso, yo creo que si aprobamos esta moción hoy Galicia y los gallegos nos lo reconocerán y nos lo agradecerán.


Nada más, señor presidente. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción, tiene la palabra, en

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primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


No nos cansaremos de divulgar que el anterior Gobierno inicialmente excluía a Galicia de los planes de modernización ferroviaria y que, afortunadamente, rectificó por presión política ante la evidencia de marginación, discriminación y abandono. Decimos esto porque, efectivamente, el Gobierno anterior acabó aceptando en su Plan de infraestructuras 2000-2007 que se introdujesen obras de doble vía y electrificación en el denominado Eje Atlántico A Coruña-Vigo, que se aceptase entre Ourense y Santiago algo similar a un AVE de los tradicionales en el resto del Estado español, y que se contemplase la posibilidad de integrar en los itinerarios de alta velocidad, conforme al decreto de interoperabilidad, las líneas Ourense-Vigo, Ourense-Lugo y Ferrol-A Coruña, igual que la de Ourense-Lubián, si bien inicialmente en este caso con vía única -que ya es decir: un auténtico cuello de botella- en la conexión con la meseta. Realmente, el hecho de que hayan llamado de AVE a todos los itinerarios de Galicia no deja de provocar cierta perplejidad porque los proyectos no estaban redactados y se dejaba bien claro además que la definición de los mismos estaría en función de coordenadas y contextos que no fueron clarificados en absoluto. En todo caso, los estudios informativos, los que están sometidos a declaración de impacto ambiental e incluso aquellos que están como proyectos y obras licitadas indican que la media de la velocidad en Galicia sería de unos 150 kilómetros/hora en el mejor de los casos, a no ser en el corredor Ourense-Santiago en que alcanzaría los 220 kilómetros/hora. Habría incluso itinerarios con una velocidad de 120 kilómetros/hora, como el de Ferrol-A Coruña. Les digo todo esto para que SS.SS. sean conscientes de que se trataba de un proyecto de modernización ferroviaria que en absoluto podría homologarse con las líneas de Madrid-Sevilla y Madrid-Lleida-Barcelona-frontera francesa.


Después de la catástrofe del Prestige, el Gobierno aceptó integrar un AVE del Cantábrico, una conexión Ponferrada-Monforte -denominada también de alta velocidad- y otra de Lugo-A Coruña, que eran las que quedaban sin completar en el Plan de infraestructuras 2000-2007 al que siempre se le colocaba en el horizonte 2007-2010. Estas nuevas obras de infraestructuras, en concreto con la autovía Pontevedra-Cañiza y Xantada-Monforte, eran las que se colocaban en nombre de los nuevos 5.200 millones de euros y, por tanto, también en una especie de plano virtual que no estaba situado desde el punto de vista temporal ni desde el punto de vista de los presupuestos plurianuales. Es cierto también que con esta catástrofe el Gobierno aceptaba la doble vía para Lubián-Ourense, es decir, para la conexión con la meseta. Por tanto, señorías, pensamos que no era falso decir que aquel plan era en muchos aspectos virtual e incluso confuso, hasta el extremo de que nos enteramos recientemente de que el puerto exterior de A Coruña no tenía financiación y tenía graves problemas técnicos. Por lo demás, pensamos que sería bueno que el nuevo Gobierno aceptase hacer estas obras pero no con la lentitud a que nos tienen habituados. Por ejemplo, es conveniente que se sepa que en el Eje Atlántico, que está en obras, van a tardar nada menos que casi 10 años en completar la infraestructura de 160 kilómetros, incluida la catenaria; o bien que se acepte que el tramo Ourense-Santiago no merece ningún tipo de rectificación en cuanto a sus características de alta velocidad.
Igualmente pensamos que no puede ser obviado, como se hacía en la moción del Grupo Parlamentario Popular, el hecho de que existe la conexión A Coruña-Ferrol, que forma parte del Eixo Atlántico pero que desgraciadamente no podrá estar ejecutada hasta 2009 en el mejor de los casos. Estando presente la señora ministra, nos interesa sobre todo que tenga en cuenta que la modificación de los proyectos o los proyectos a ejecutar en Galicia deben contemplar en todo caso algo que es mínimo pero de recibo: que todos los itinerarios ferroviarios en Galicia tengan doble vía electrificada, sean compatibles para transporte de viajeros y mercancías y sus velocidades medias en la red interior gallega no sean inferiores en ningún caso a 150 kilómetros/hora, lo cual no es mucho pedir y sitúa el debate no tanto en AVE o no AVE como en modernización ferroviaria adecuada para el interior de la red de Galicia y conexiones adecuadas con el exterior; una fundamental, la conexión con Portugal, Vigo-Porto, que nos parece que en esta relación en malla de la península Ibérica sería muy importante en todo el Eje Atlántico.


Acabo ya, señorías, haciendo votos porque esta primera aproximación, efectivamente positiva aunque muy moderada, de concreción de lo que era virtual en el Plan Galicia llegue a concretarse con todas estas obras programadas desde el punto de vista temporal y con los presupuestos debidos en el nuevo Plan estratégico de infraestructuras del transporte que está elaborando el nuevo Gobierno. Y esperemos que no tenga la tendencia a no aceptar ni siquiera un plan que es de recibo desde el punto de vista de las necesidades de Galicia y mucho más si nos atenemos a lo que fueron las consecuencias de la catástrofe del Prestige.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Louro.


El señor LOURO GOYANES: Señor presidente, señorías, hago uso de la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar posición respecto de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en relación con los contenidos y plazos de la ejecución del Plan Galicia. Les adelanto que nuestro grupo ha presentado una enmienda y que hemos llegado a un

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entendimiento con el Grupo Popular y con el Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego. Las razones que nos aconsejan el entendimiento y el acuerdo son múltiples. Todas derivan de la necesidad de realizar el Plan Galicia y que éste necesita acuerdo, necesita apoyo y necesita entendimiento del conjunto de las fuerzas políticas gallegas, del conjunto de las fuerzas políticas españolas, para llevar adelante un plan que va a durar más allá de tres legislaturas.


Señorías, es sabido por todos que en el otoño del pasado 2002 Galicia sufrió una grave catástrofe de enormes consecuencias sociales y económicas. A lo largo de varios días el buque Prestige navegó por las costas de Galicia luego de un grave accidente, generando la más grave catástrofe ecológica de nuestra historia. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista es consciente de que la recuperación de Galicia exige un gran esfuerzo; un gran esfuerzo económico, presupuestario, técnico y político. Nos espera a todos una inmensa tarea que requiere el apoyo y la solidaridad de las fuerzas políticas, de las fuerzas sociales, de las fuerzas económicas, ciudadanas y, cómo no, de todos los pueblos y comunidades de España y mismamente de la Unión Europea. Señorías, los socialistas de Galicia y de toda España fuimos conscientes desde el primer momento de la grave desgracia provocada por el buque Prestige.
Estuvimos desde el primer momento exigentes con nosotros mismos y exigentes y colaboradores con los poderes públicos, escapando en todo momento de la demagogia y del oportunismo. Ante la catástrofe reaccionamos elaborando un plan de actuación a corto, medio y largo plazo que nos permitiese trabajar de una manera ordenada para asegurar el futuro de nuestra tierra. Elaboramos un Plan Galicia antes que el propio Gobierno de Galicia y que el Gobierno de España. Ese Plan Galicia fue presentado aquí en Madrid y en Galicia por Emilio Pérez Touriño y por José Luis Rodríguez Zapatero; ese plan fue trasladado al Parlamento de Galicia y a este Congreso de los Diputados para su debate.
Lamentablemente el Partido Popular, en el Gobierno en aquel momento, lo rechazó. Cierto es que posteriormente el Gobierno de España presentó su Plan Galicia. Los socialistas solicitamos que el Plan Galicia del Gobierno fuese debatido en el Parlamento gallego y fuese debatido en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, con el ánimo de que el plan del Gobierno nos comprometiera a todas las fuerzas políticas y comprometiera también a los futuros gobiernos, ya que se trata de un plan que alcanza una ejecución en el tiempo próxima a las tres legislaturas. En aquel momento, los socialistas anunciamos la retirada de nuestro plan con el ánimo de facilitar el debate y propiciar el acuerdo con el Gobierno. Sin embargo no fue posible. El Gobierno del Partido Popular, en aquel momento, se mantuvo inflexible y consideró necesario no abrir el diálogo y el debate del que pudiera derivar el apoyo de las demás fuerzas políticas al plan aprobado por el Gobierno de España en el Consejo de Ministros celebrado en la ciudad de A Coruña el 24 de enero del año 2003.
Felizmente, la derrota electoral cambió la posición del Partido Popular, lo cual celebramos. El Plan Galicia no es ni debe ser de una fuerza política; es un proyecto de todos, un compromiso de todos, un proyecto de país, un compromiso de Estado que tendrá que ser ejecutado y realizado por el Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.


El debate de la interpelación, señorías, fijó con claridad la posición del Gobierno. La ministra de Fomento se pronunció con claridad y con rigor; anteriormente lo había hecho el presidente del Gobierno de España. El presidente ha sido claro y rotundo en su compromiso con Galicia para neutralizar las consecuencias de la catástrofe del Prestige y para dotar a Galicia de las infraestructuras y equipamientos que aseguren niveles de desarrollo en el futuro. El apoyo del Grupo Parlamentario Socialista también se hace patente en este momento en esta Cámara presentando una enmienda y asumiendo la moción y la enmienda del Bloque Nacionalista Galego, que reafirma nuestro compromiso con el Plan Galicia. Aprovecho, señorías, para pedir a las demás fuerzas políticas que den su apoyo a la propuesta de resolución que se va a tomar en consideración.


Quiero terminar aprovechando esta ocasión (mi primera intervención en el Pleno del Congreso) para reconocer y agradecer la solidaridad de miles de voluntarios y múltiples entidades e instituciones que a lo largo de varios meses de tragedia en nuestras rías y en nuestras costas nos han enseñado lo mejor y nos han aportado su generosidad. Nos han enseñado su mejor rostro; el rostro de la solidaridad teñido en este caso por el chapapote.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posición, señor Pérez.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Manifestamos nuestro acuerdo con la enmienda transaccional de los demás grupos parlamentarios, aunque es cierto que nos gustaría que no se citara el AVE como parte del modelo ferroviario porque no lo consideramos lo idóneo para el desarrollo ferroviario en Galicia, pero la apoyaremos porque creemos que este consenso vale más que este pequeño matiz que nosotros podemos establecer.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.


Señor Tardá.


El señor TARDÁ I COMA: Queremos manifestar que votaremos a favor de la propuesta transaccional. Entendemos que la nación gallega requiere actuaciones ambiciosas por lo que respecta a las inversiones; de hecho es una deuda histórica del Estado español respecto -repito- de la nación gallega, y lamentamos que tuviera que ocurrir un desastre como el del Prestige para

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que se desvelara esta ansia de recuperar lo que los gallegos requieren históricamente.


El señor PRESIDENTE: Señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.


Quiero manifestar la posición favorable del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al texto final a que se ha llegado, esperando que no quede en palabras y que redunde en potenciar infraestructuras e inversiones para Galicia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor Delgado, por el Grupo Parlamentario Popular, en el turno de aceptación o de rechazo de enmiendas.


El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, quiero manifestar que aceptamos la enmienda del Partido Socialista en los términos que manifesté en la tribuna y esas dos sugerencias del Bloque Nacionalista en los términos del texto que he facilitado a los servicios jurídicos de la Cámara para su votación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Delgado, por su texto porque ayuda mucho a la Presidencia. Entiendo que la propuesta es conocida por el resto de los grupos parlamentarios. En cualquier caso se les va a repartir, pero puedo avanzar que -si he comprendido bien al señor Delgado- se introduce la fecha 2009 para la de Ferrol-A Coruña, 2009 para Vigo-frontera portuguesa -voy rápido-, 2006 para la conexión del puerto de A Coruña y se cambia también la palabra mejorar. ¿He entendido bien? (Asentimiento.) Gracias.


Señorías, vamos a votar las tres mociones. En primer lugar, se somete a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la posición del Gobierno ante los problemas y el retraso en la construcción de la línea AVE Madrid-Barcelona-frontera francesa, en los términos de las enmiendas aceptadas por el grupo proponente.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 302; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Segunda votación, relativa a la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria sobre las actuaciones que piensa adoptar el Gobierno con el fin de compensar a los sectores agrícolas perjudicados por los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos. Se votará sobre la enmienda transaccional que ha sido construida por todos los grupos parlamentarios.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 309.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Finalmente, la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre actuaciones que va a llevar a cabo el Gobierno para dar cumplimiento al Plan Galicia, en los términos que ustedes conocen porque me dicen los servicios de la Cámara que ya ha sido repartida. Se somete a votación con esta enmienda transaccional.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 305; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Se suspende la sesión hasta mañana a las cuatro de la tarde.


Eran las nueve y veinticinco minutos de la noche.

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