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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 6, de 12/05/2004
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 6
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 6
celebrada el miércoles, 12 de mayo de 2004


ORDEN DEL DÍA: Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 184)

Preguntas ... (Página 185)

Interpelaciones urgentes: ...


- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la posición del Gobierno ante la Unión Europea. (Número de expediente 172/000001.) ... (Página 208)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas a adoptar en relación con la ejecución del Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro. (Número de expediente 172/000002.) ... (Página 214)

- Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), sobre la política de extranjería. (Número de expediente 172/000005.) ... (Página 219)

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SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados ... (Página 184)

Preguntas ... (Página 185)

Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cuál piensa el Gobierno que es el ámbito de intervención parlamentaria en torno al terrorismo global en lo referido al atentado del 11 de marzo en Madrid? (Número de expediente 180/000003) ... (Página 185)

Del Diputado don Josep Antoni Durán i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cuál es la posición colegiada del Gobierno sobre el calendario para la aprobación y puesta en marcha de un nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas? (Número de expediente 180/000005) ...
(Página 186)

Del Diputado don Joan Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué avances se han producido por parte del Gobierno español para que la lengua catalana forme parte de la Unión Europea? (Número de expediente 180/000007) ... (Página 187)

Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cómo valora usted los primeros días de su Gobierno? (Número de expediente 180/000021) ... (Página 188)

Del Diputado don Ángel Jesús Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Considera el Gobierno que todos los nombramientos que ha efectuado se ajustan a los compromisos adquiridos? (Número de expediente 180/000022) ... (Página 189)

De la Diputada doña Teresa Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Qué opinión le merece al Gobierno el nombramiento de don Rodrigo Rato como Director Gerente del Fondo Monetario Internacional? (Número de expediente 180/000008) ...
(Página 190)

Del Diputado don Ricardo Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Por qué se ha decidido posponer hasta el 2005 la actualización de la Encuesta de Población Activa? (Número de expediente 180/000009) ... (Página 191)

Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Va a mantener el Gobierno en esta Legislatura el actual sistema de financiación autonómica pactado con todas las Comunidades Autónomas? (Número de expediente 180/000023) ... (Página 191)

Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia: ¿A qué personas, empresas e instituciones se refiere en la entrevista publicada el domingo 25 de abril en un medio escrito de Canarias en la que textualmente afirma: "en las Islas

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se cuecen negocios millonarios con la complicidad de los poderes públicos"? (Número de expediente 180/000001) ... (Página 192)

Del Diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia: ¿Se mantiene por parte de ese Ministerio algún tipo de instrucción a la Fiscalía General del Estado para que los Fiscales Jefes de las demarcaciones judiciales accionen por delito electoral a los que se manifestaron solicitando conocer la verdad de la autoría del atentado del 11 de marzo? (Número de expediente 180/000004) ... (Página 194)

Del Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia: ¿Qué medidas tiene pensado adoptar el Ministerio de Justicia ante los dramáticos casos de violencia de género que continúan sucediéndose?.
(Número de expediente 180/000011) ... (Página 195)

Del Diputado don Salvador de la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Fomento: ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno en relación a la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario? (Número de expediente 180/000016) ... (Página 196)

Del Diputado don Raimundo Benzal Román, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Cuáles son los criterios del Gobierno sobre el calendario de aplicación de la LOCE? (Número de expediente 180/000013) ... (Página 197)

De la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿No considera el Gobierno necesario revisar el Real Decreto 429/2004, de 12 de marzo, para su derogación o modificación? (Número de expediente 180/000002) ... (Página 197)

Del Diputado don José Pliego Cubero, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué compromiso político tiene previsto asumir el Gobierno a favor del sector del olivar tras la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del aceite? (Número de expediente 180/000015) ...
(Página 198)

Del Diputado don José Madero Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Considera el Gobierno que ha defendido adecuadamente los intereses de los agricultores en el Consejo de Ministros de Agricultura celebrado el pasado 22 de abril? (Número de expediente 180/000024) ...
(Página 199)

Del Diputado don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Considera el Gobierno que ha defendido adecuadamente los intereses del sector del aceite de oliva español en el Consejo de Ministros de Agricultura celebrado el pasado 22 de abril? (Número de expediente 180/000025) ... (Página 200)

Del Diputado don Amador Álvarez Álvarez, en sustitución de la Diputada doña María Pía Sánchez Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra.


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Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Considera el Gobierno que ha defendido adecuadamente los intereses del sector del tabaco español en el Consejo de Ministros de Agricultura celebrado el pasado 22 de abril? (Número de expediente 180/000026) ... (Página 201)

De la Diputada doña M.ª Encarnación Naharro de Mora, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra.
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Considera el Gobierno que ha defendido adecuadamente los intereses del sector del algodón español en el Consejo de Ministros de Agricultura celebrado el pasado 22 de abril? (Número de expediente 180/000027) ... (Página 203)

De la Diputada doña Elisenda Malaret García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Administraciones Públicas: ¿Qué pasos está dando el Gobierno para recuperar el diálogo político y la normalización institucional con todas las Comunidades Autónomas?. (Número de expediente 180/000014) ...
(Página 204)

Del Diputado don Eduardo Madina Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación: ¿Considera el Gobierno que la política exterior que va a desarrollar cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad española? (Número de expediente 180/000010) ... (Página 204)

De la Diputada doña M.ª Montserrat Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Excma. Sra.
Ministra de Medio Ambiente: ¿Cuál ha sido el contenido de la visita de la Ministra de Medio Ambiente a la Comisaría de Medio Ambiente de la Unión Europea realizada el pasado 3 de mayo? (Número de expediente 180/000017) ... (Página 205)

Del Diputado don Jesús Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Qué balance hace el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de los contactos mantenidos con los interlocutores sociales? (Número de expediente 180/000012) ... (Página 206)

De la Diputada doña Ana Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Por qué ha incumplido el Presidente del Gobierno su compromiso de aprobar en el primer Consejo de Ministros una Ley Integral contra la violencia de género? (Número de expediente 180/000028) ... (Página 207)

Interpelaciones urgentes ... (Página 208)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la posición del Gobierno ante la Unión Europea ... (Página 208)

Presenta la interpelación urgente el señor Durán i Lleida, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Ante la circunstancia de que el cambio de Gobierno en España coincide con la ampliación de la Unión Europea y con la finalización de los trabajos de la Convención europea para la aprobación de un proyecto de Constitución europea, pregunta al Gobierno sobre las consecuencias de ambos acontecimientos en los planos político, económico y social y sobre las sensibilidades y compromisos del Gobierno en relación con Europa. Asimismo quiere saber la opinión del Gobierno en relación con la incorporación de las comunidades autónomas en la elaboración de la posición española sobre aquellas políticas europeas que afecten a sus ámbitos propios de competencia y sobre el reconocimiento de todas las lenguas oficiales del Estado por parte de la Unión Europea. Al mismo tiempo plantea la necesidad de que el Gobierno recabe de la Cámara la posición de los grupos parlamentarios en relación con la ampliación europea y la aprobación de la nueva Constitución.


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El señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé) contesta en nombre del Gobierno. En primer lugar agradece al señor Durán i Lleida y al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la interpelación presentada y pasa a contestar a la larga lista de preguntas, interrogantes y propuestas sobre las consecuencias de la ampliación de la Unión Europea, ampliación que España siempre ha apoyado, y sobre las posiciones que defenderá el Gobierno en relación con el proyecto de tratado constitucional de la Unión Europea. En relación con el reconocimiento de la pluralidad de lenguas oficiales de España en el seno de la Unión Europea, manifiesta que el Gobierno hará todo lo que esté en su mano, pero ya adelanta que será un proceso largo y laborioso.
Asimismo, sobre la incorporación de las comunidades autónomas en la elaboración de la posición española sobre aquellas políticas europeas que afecten a sus ámbitos propios de competencia, afirma que el Gobierno tiene la firme voluntad de abrir un proceso de reflexión entre los representantes de las comunidades autónomas, con el fin de encontrar fórmulas adecuadas y eficaces que permitan esa incorporación.


Replica el señor Durán i Lleida, y duplica el señor ministro de Asuntos Exteriores.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas a adoptar en relación con la ejecución del Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro ... (Página 214)

Presenta la interpelación urgente el señor Zaplana Hernández-Soro, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Expone las consecuencias para las zonas mediterráneas del problema histórico de la falta de agua, problema que está pendiente de resolver desde hace muchas décadas, y que afecta directamente a la calidad de vida de las personas, pone en peligro la agricultura y los ecosistemas, daña gravemente el sector turístico, frena la modernización del país, paraliza nuevas iniciativas y proyectos emprendedores en zonas muy dinámicas de España y daña nuestra imagen exterior. Fue el Gobierno del Partido Popular -dice- el primero que tuvo el coraje de abordar esta cuestión y el primero que presentó ante esta Cámara un proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional, y pregunta en concreto sobre la medida tomada por el Gobierno del Partido Socialista de paralizar el trasvase del Ebro, trasvase que, considera, obedece a una razón de sentido común, de justicia y de solidaridad interterritorial.


Contesta en nombre del Gobierno la señora ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz). Agradece al Grupo Popular la preocupación por el agua y por los humedales, pero les acusa de venir a defender una vez más, ya desde la oposición, lo que no fueron capaces de llevar a cabo durante los ocho años en que gobernaron y de haber reducido drásticamente la inversión pública en materia hidráulica. Asimismo les acusa de haber estado prometiendo como panacea el gran trasvase del Ebro hasta Almería, pero sin llevar a cabo actuaciones que hubieran permitido mejorar la calidad y la disponibilidad no sólo en las cuencas mediterráneas.
Defiende a continuación la alternativa a la Ley del Plan Hidrológico Nacional que su grupo ya presentó en esta Cámara en el año 2001 y que es la que ahora van a desarrollar, después de que las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Murcia y Valencia conozcan los proyectos concretos que llevarán el agua y mejorarán, además, la calidad y la gestión de las cuencas que hubieran sido receptoras de esa panacea del trasvase del Ebro.


Replica el señor Zaplana Hernández-Soro, y duplica la señora ministra de Medio Ambiente.


Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), sobre la política de extranjería ... (Página 219)

Presenta la interpelación urgente el señor Tardá i Coma, en nombre del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC) Centra el análisis del fenómeno de las migraciones en el ámbito de las libertades y de la justicia social, porque, asegura, las migraciones se deben básicamente a las desigualdades económicas mundiales y a la creciente interdependecia entre estados con niveles de vida muy desequilibrados y que son a la vez el reflejo de nuestra misma riqueza relativa. Considera que la acogida e integración de la inmigración es todavía hoy una cuenta pendiente para las administraciones públicas y está demostrada la inutilidad de la actual legislación a la hora de controlar los flujos migratorios y asegurar la integración social de las personas llegadas. Falta, pues, dice, una política integral de inmigración y la Cámara tiene que ser capaz de articular un proyecto político de inmigración y un discurso moderno basado en la realidad de hoy en día y no en viejos estereotipos del pasado, puesto que nuestro sistema social y productivo requiere el factor inmigración para amortiguar el declive de población, para mantener el crecimiento económico y reducir la tasa de dependencia de inactivo sobre activo, base de nuestro Estado del bienestar.


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Contesta el nombre del Gobierno el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán) Agradece al señor Tardá la presentación de la interpelación y el análisis del fenómeno, que comparte en sus líneas fundamentales, así como el tono de la intervención y las propuestas presentadas. A continuación reitera la declaración de principios que hizo el presidente del Gobierno en el debate de investidura en el sentido de que la inmigración es un factor positivo y necesario, tanto desde el punto de vista económico y laboral como desde el punto de vista del enriqueciemiento que supone la convivencia entre diversas culturas. Sin embargo, añade, existen algunas dificultades y tensiones y si no se ordena adecuadamente este fenómeno estas dificultades y tensiones pueden crecer y agravar el futuro de la convivencia entre inmigrantes y españoles. Afirma que el núcleo fundamental de los problemas de hoy está en una cierta deficiencia en la gestión migratoria y sobre todo en la ausencia de una visión integral del fenómeno migratorio en nuestro país, dispersión legislativa que ha ido acompañada de una cierta dispersión administrativa y de una falta de coordinación entre Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos que su Gobierno se propone resolver.


Replica el señor Tardá i Coma, y duplica el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


Se suspende la sesión a las siete y cincuenta y cinco minutos de la tarde.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.


El señor PRESIDENTE: Conforme al artículo 20 del Reglamento, se procede al llamamiento de los siguientes diputados, proclamados electos por la Junta Electoral Central, para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.


Doña Clemencia Torrado Rey, en sustitución de doña Leyre Pajín Iraola, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

La señora TORRADO REY: Sí, prometo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Don José María Becana Sanahuja, en sustitución de don Victor Morlán Gracia, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor BECANA SANAHUJA: Sí, prometo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Don Juan Moscoso del Prado Hernández, en sustitución de don Vicente Ripa González, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Sí, prometo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Don Carmelo López Villena, en sustitución de doña María Consuelo Rumí Ibáñez, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor LÓPEZ VILLENA: Sí, prometo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Don Luis Fernández Santos, en sustitución de don Jaime Lissavetzky Díez, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor FERNÁNDEZ SANTOS: Sí, prometo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Don Agustín Turiel Sandín, en sustitución de doña María Amparo Valcarce García, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor TURIEL SANDÍN: Sí, prometo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Doña María Angustias Alcázar Escribano, en sustitución de don Máximo Ramón Díaz-Cano del Rey, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

La señora ALCÁZAR ESCRIBANO: Sí, prometo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Doña María Soledad Herrero Sainz- Rozas, en sustitución de don Francisco Javier García Breva, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

La señora HERRERO SAINZ-ROZAS: Sí, prometo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Doña Clemencia Torrado Rey, don José María Becana Sanahuja, don Juan Moscoso del Prado Hernández, don Carmelo López Villena, don Luis Fernández Santos, don Agustín Turiel Sandín, doña María Angustias Alcázar Escribano y doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas han adquirido la condición plena de diputados.


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PREGUNTAS.


- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁL PIENSA EL GOBIERNO QUE ES EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN PARLAMENTARIA EN TORNO AL TERRORISMO GLOBAL EN LO REFERIDO AL ATENTADO DEL 11 DE MARZO EN MADRID? (Número de expediente 180/000003.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos el orden del día.


Tratándose de la primera sesión de control al Gobierno, quisiera señalar a quienes van a preguntar y a quienes van a responder que, siendo el turno de preguntas, se aplicará el método habitual, es decir, el tiempo justo y nada más. Muchas gracias.


Pregunta del diputado don Gaspar Llamazares Trigo.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, ¿cuál es el ámbito parlamentario en el que piensa el Gobierno compartir la política antiterrorista?

El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.


Señor Llamazares, el Gobierno ha establecido como su gran prioridad la lucha contra el terrorismo y el Gobierno está convencido de que la más amplia participación y el mayor concurso de las fuerzas políticas democráticas es un instrumento decisivo en la lucha contra el terrorismo.


Como sabe S.S., el Partido Socialista y el Partido Popular tienen un pacto denominado Pacto por las libertades y contra el terrorismo con el objetivo de sumar esfuerzos en la lucha contra el terror y ganar el fin de la violencia. El Gobierno entiende que es conveniente que todos los grupos parlamentarios tengan la máxima información por parte del Gobierno en la estrategia de la lucha contra el terrorismo y entiende que el ámbito natural de esa información y de ese diálogo es la Comisión de Secretos Oficiales de esta Cámara.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Desde el grupo parlamentario al que represento consideramos que es muy importante tener en cuenta que el día de las elecciones hubo un mensaje, el de que el terrorismo no fuera el elemento de división y de confrontación entre las fuerzas políticas democráticas y por tanto que hubiese ámbitos parlamentarios donde todas las fuerzas políticas democráticas pudiéramos compartir la información y la estrategia frente al terrorismo. Esto en relación con lo que ocurrió en la legislatura pasada. Felizmente ese ámbito está abierto y es la Comisión de Secretos Oficiales. Hay también otro mensaje de los ciudadanos que no debemos desoír, que es el mensaje de luz y taquígrafos con respecto al atentado del 11 de marzo; luz y taquígrafos sobre si la política de la guerra preventiva y la tortura son la mejor forma de luchar contra el terrorismo o por el contrario lo que provocan son nuevas formas de terrorismo; luz y taquígrafos asimismo para saber si teníamos garantías de seguridad, de prevención y de coordinación en nuestro país frente a esa amenaza provocada también por nuestra participación en la guerra de Irak; y luz y taquígrafos, por fin, en relación con la información. No hay ningún problema en que se sepa quién engañó a quién o quién manipulo a quién, en el mejor sentido de Gila -Gila humorista-. Nosotros estamos convencidos de que se puede investigar lo que ocurrió entre los días 11 y 13 de marzo y estamos convencidos también de que los que no se dejaron engañar fueron los ciudadanos españoles.


El señor PRESIDENTE: Presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias.


Gracias, señor Llamazares. Comparto con usted la idea de que el Parlamento es un ámbito adecuado para la tarea de sumar esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, porque tengo el pleno convencimiento de que ese es un objetivo de todos los grupos políticos democráticos que se sientan en esta Cámara. Agradezco que le parezca bien el ámbito de la Comisión de Secretos Oficiales. El Gobierno no va a perder el tiempo. Hoy mismo, por la tarde, el ministro del Interior va a solicitar su presencia en esa comisión para explicar la situación de la lucha contra la banda terrorista ETA, para explicar la situación como consecuencia de los atentados terroristas del 11 de marzo, para explicar la estrategia que el Gobierno está diseñando en torno a la amenaza del terrorismo internacional y, por supuesto, para escuchar y recibir cuantas sugerencias estimen conveniente formular los grupos. Quiero también garantizar que el Gobierno va a dar toda la información, que va a ser un Gobierno transparente en la lucha contra el terrorismo ante todos los grupos parlamentarios, porque consideramos que eso es un valor esencial para la eficacia en la unidad de todos los demócratas contra los terroristas.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

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- DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONI DURÁN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA POSICIÓN COLEGIADA DEL GOBIERNO SOBRE EL CALENDARIO PARA LA APROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS? (Número de expediente 180/000005.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Josep Antoni Durán i Lleida.


El señor DURÁN I LLEIDA: Señor presidente, en los últimos días hemos podido leer o escuchar declaraciones contradictorias de diversos ministros tanto sobre calendario como sobre contenidos o el método respecto al sistema de financiación. Nos gustaría conocer la posición colegiada del Gobierno. Y convendrá conmigo, señor presidente, que es bueno que en temas de tanta importancia se clarifiquen y que no se puedan escuchar voces distintas que, en función de los interlocutores, también mantengan mensajes distintos.


El señor PRESIDENTE: Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.


Señor Durán i Lleida, agradezco su pregunta porque sirve, en efecto, para hacer una clarificación sobre los objetivos del Gobierno en lo que afecta al sistema de financiación autonómica. Como sabe, tenemos un modelo vigente, acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, trasladado a la oportuna norma del año 2001. Ya en el debate parlamentario el Grupo Socialista dijo que no era el modelo que le gustaba y que llevaría el compromiso electoral de una reforma del actual sistema de financiación autonómica. No hay un calendario cerrado al día de hoy. Reitero el compromiso.


Le voy a explicitar cuál va a ser el método de trabajo que el Gobierno quiere aplicar. En primer lugar, la elaboración de un informe sobre el modelo vigente y los efectos reales del modelo que tenemos en estos momentos. Una vez que el informe esté elaborado, el Gobierno abrirá, como es obligado, un diálogo con todas las comunidades autónomas, con todos los grupos políticos, para buscar el consenso sobre un nuevo modelo, que lógicamente tendrá que ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera y posteriormente a su traducción, desde el punto de vista legislativo. El objetivo es la reforma. El tiempo será el necesario ante una cuestión que exige estudio, rigor, diálogo y el máximo acuerdo de todas las comunidades autónomas y también sería deseable que de todos los grupos parlamentarios.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Durán.


El señor DURÁN I LLEIDA: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero recordarle -usted lo sabe- que en Cataluña hay una posición unánime en torno a la necesidad de un sistema de financiación nuevo, de más recursos para Cataluña. (Varios señores diputados: ¡Sí, sí, claro!-Pausa.) Si me lo permiten, acabo mi explicación. Unanimidad que va más allá del ámbito político, que afecta al ámbito social. Identificará usted una palabra, hay un clam en petición de un nuevo sistema de financiación con más recursos para Cataluña. Vamos a ser la voz que reivindique esa necesidad en nuestro país. Aunque extrañe a algunos, por ejemplo, en Alemania -país que se ha puesto como ejemplo para España de descentralización política- se ha llevado a cabo más de una reforma del sistema de financiación, reivindicada por los Länder con más capacidad económica para afrontar los retos de internacionalización de la Unión Europea o del propio mantenimiento del Estado de bienestar social.


Diferimos del calendario, deseamos que sea a lo largo de esta legislatura, que forme parte del estatuto de autonomía. Deseamos que haya transparencia y pedagogía, para evitar que alguien pueda hacer uso a través de rumores o palabras falsas, que se publiquen las balanzas fiscales, que se sepa realmente cuál es el grado de solidaridad, que los contenidos permitan a Cataluña llegar a un sistema próximo en cuanto a resultados al concierto, manteniendo la solidaridad. En cuanto al método, nosotros deseamos, como ya establece nuestro estatuto de autonomía, en su artículo 45, una bilateralidad, en la medida en que, si deseamos incluir el sistema en el estatuto, rescatamos lo que ya hoy simplemente fue modificado, aunque no debiera, por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, LOFCA.


El señor PRESIDENTE: Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.


Señor Durán i Lleida, no advierto una discrepancia en cuanto al calendario. El objetivo es la reforma en la legislatura. Simplemente he referido, por prudencia, que es entendible, que no hay un calendario cerrado porque la tarea exige tiempo y esfuerzo. Estoy plenamente convencido de que su grupo tiene la voluntad de conseguir el nuevo modelo de financiación autonómica, el nuevo sistema, con un gran acuerdo, que por otra parte es lo exigible conforme a nuestro ordenamiento. Su grupo tiene experiencia en llegar a acuerdos con otros grupos en relación con modelos de financiación, con algunos de los que han ido sucediéndose a lo largo de la existencia de nuestro modelo autonómico. Le puedo asegurar que la voluntad del Gobierno está centrada

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en tres principios para ese nuevo modelo: suficiencia... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor presidente, lo lamento profundamente. Terminó su tiempo.


- DEL DIPUTADO DON JOAN PUIGCERCÓS I BOIXASSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ AVANCES SE HAN PRODUCIDO POR PARTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL PARA QUE LA LENGUA CATALANA FORME PARTE DE LA UNIÓN EUROPEA? (Número de expediente 180/000007.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del señor Puigcercós, que tiene la palabra.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.


Señor presidente del Gobierno, ¿en qué estado se encuentran las negociaciones de su Gobierno y de su cuerpo de Exteriores para la inclusión de la lengua catalana en el tratado de...


El señor PRESIDENTE: Espere, por favor. Se están acoplando los móviles; en la medida de lo posible rogaría que no se hicieran llamadas desde el hemiciclo.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.


Decía que en qué momento se encuentran las negociaciones de su Gobierno con la Presidencia europea para la inclusión de la lengua catalana en el artículo 4.10 del futuro tratado de la Constitución europea.


El señor PRESIDENTE: Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.


Señor Puigcercós, como sabe, me he expresado en más de una ocasión como alguien que defiende la diversidad de los pueblos y de las culturas de España y en consecuencia como alguien que defiende también las diferentes lenguas que tienen un carácter oficial en las distintas comunidades autónomas. Desde esa declaración de principios adquirí un compromiso en el debate de investidura: trabajar, aunque con un tiempo limitado, como es conocido, por el reconocimiento de las lenguas oficiales de nuestras comunidades autónomas y en singular del catalán en el futuro tratado constitucional de la Unión Europea. Desde el día siguiente a la toma de posesión del Gobierno, tanto el ministro de Asuntos Exteriores como yo mismo hemos venido trabajando y realizando una solicitud formal para establecer ese reconocimiento. Y lo hemos hecho en todas las reuniones que hemos mantenido con los diferentes primeros ministros y líderes europeos, con el presidente del Consejo en estos momentos, cargo que, como es sabido, ostenta el primer ministro irlandés. Queda poco tiempo porque evidentemente el tratado constitucional europeo está muy avanzado y sabe S.S. que es un problema complejo por la diversidad de lenguas existentes en la Unión y por el régimen jurídico tan diferente que tiene.
Yo tengo una visión en este momento optimista, aunque la tarea no es fácil y espero que el resultado sea positivo, conforme al compromiso que adquirí en mi investidura.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor Puigcercós, usted va a recuperar ahora los segundos que perdió antes.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.


Señor Rodríguez Zapatero, usted se comprometió en el debate de investidura y mi grupo parlamentario le agradece las gestiones que su Gobierno ha hecho hasta este momento, pero quiero manifestar, como decía muy bien el señor Durán i Lleida, portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que en Cataluña hay unanimidad no sólo en el modelo de financiación, sino también en el hecho de que el catalán forme parte del futuro tratado de la Constitución europea, que sea una de las 21 lenguas que se citan en el artículo 4.10 de la futura Constitución. Ello también es un clam en Cataluña, hay unidad y consenso en este sentido. Esperemos que su Gobierno pueda llevarlo a cabo. Este clam incluso va más allá de Cataluña. El Gobierno andorrano también ha mantenido reuniones con la Presidencia europea para que en Andorra el idioma oficial de su Gobierno sea el catalán, pudiendo un día a través de un tratado articularse y formar parte de la Unión Europea y asimismo ha habido un acuerdo con el presidente del Parlamento Europeo, el señor Pat Cox, que hace poco acudió al Parlament de Catalunya.


Lo que le decimos, señor Rodríguez Zapatero, señor presidente, es que sea consciente de que más allá de la cláusula que hemos leído en los medios de comunicación para abrirnos a la pluralidad de lenguas hay una realidad demográfica, la realidad de que hoy la lengua catalana, como le dije en el debate de investidura, puede ser la anomalía mayor de Europa. En este momento se van a adherir a la Unión Europea nuevos Estados, como por ejemplo Malta, que tiene un porcentaje de hablantes muy pequeño y muy reducido; va a ser el idioma oficial. Y nos encontramos con situaciones como la de Eslovenia. Le pedimos que haga lo posible para que la lengua catalana forme parte de estas 21 lenguas, que serán las lenguas que definirá la futura Constitución europea.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor presidente.


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El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.


Señor Puigcercós, simplemente voy a hacer dos matizaciones. La primera de ellas es que además de que resulte una aspiración del pueblo de Cataluña, cosa que entiendo perfectamente, también es un compromiso de este Gobierno la defensa de lo que es la pluralidad lingüística de España. Por tanto, también lo es su reconocimiento en lo que representa el Tratado constitucional de la Unión Europea, con la relevancia y la importancia que eso supone. Le puedo asegurar que no hemos perdido un solo día en esta tarea y en este objetivo y que no vamos a perder ni un solo día hasta que el Consejo Europeo tenga que dirimir sobre esta cuestión.
Quiero ser prudente y he sido prudente en cuanto a la expectativa, porque el tiempo, después de mucho trabajo... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Lo lamento, señor presidente. Terminó su tiempo.


- DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA USTED LOS PRIMEROS DÍAS DE SU GOBIERNO? (Número de expediente 180/000021.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Mariano Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo valora usted los primeros días de su Gobierno?

El señor PRESIDENTE: Presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rajoy, no sé si le voy a defraudar, pero el Gobierno no va a hacer una valoración de sí mismo. En mi concepción de la democracia, el Gobierno en esta Cámara rinde cuentas, explica e informa de su actuación y de sus objetivos. Creo que la valoración le corresponde a los ciudadanos, en esta Cámara, a los grupos parlamentarios, y a la opinión pública.


Voy a resumirle brevemente qué hemos hecho en estas tres semanas o un poco más de tres semanas. Hemos intentado cumplir nuestros compromisos electorales y las grandes líneas del debate de investidura. Desde el primer compromiso, en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, haciendo un Gobierno con tantas ministras como ministros, según conoce la opinión pública. Hemos cumplido nuestro objetivo de establecer la lucha contra el terrorismo como objetivo prioritario y retomar la fuerza y la vigencia del Pacto por las libertades y contra el terrorismo, que hemos reunido esta mañana, reunión a la que ha acudido por primera vez el presidente del Gobierno y me felicito de que el resultado de la reunión haya sido positivo, como usted y yo conocemos. Hemos puesto en marcha el rumbo que dijimos en materia de política exterior, dando la orden de regreso de las tropas de Irak, después de haber establecido un compromiso claro con la ciudadanía y ante lo que cada día sucede en Irak. Por cierto, decisión que cada momento me siento más satisfecho de haberla tomado en el momento en que lo hice. También hemos desplegado una ofensiva para recuperar el mejor entendimiento posible en el ámbito de la Unión Europea con distintos gobiernos europeos y para agilizar la aprobación de la Constitución europea, que es un compromiso electoral, como S.S. conoce. Hemos puesto en marcha medidas de renovación democrática: desde mi presencia ayer en el Senado -18 años sin que un presidente del Gobierno asumiera un debate ante el Pleno de la Cámara del Senado sobre el Estado de las autonomías y la presentación del Gobierno- y desde poner en marcha el Consejo de reforma para los medios públicos de comunicación y su objetivo de que sea independiente. Muchas medidas hemos tomado, señor Rajoy. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.


Es encomiable su espíritu autocrítico, señor presidente. No seré yo quien le contradiga. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Sólo quiero animarle a que dé un paso más en algunos temas. Usted ha hablado de sus compromisos electorales. Eso que usted llama a veces hacer honor a la palabra dada.
El problema es que a veces es difícil saber cuál es su palabra y la de su Gobierno. Porque en temas como el IVA, la financiación autonómica -de la que preguntó el señor Durán-, la privatización de Televisión, los 100 euros, el mando único, el cálculo de las pensiones, el control de los imames, en todos estos temas y otros muchos hay muchas palabras. Y está bien que tenga usted compromiso a la palabra dada, pero debía dar un paso más y es tener una sola palabra, porque si no es muy fácil, señor presidente. Además, con eso, se evitaría usted la generación de incertidumbres y de inseguridad, que creo que no es buena en ningún Gobierno.


Habla usted también del diálogo. A mí me parece bien y le animo a que dé un paso más, es decir, a que lo practique. Hay dos temas en concreto que me parecen muy importantes: el Plan Hidrológico Nacional y la Ley de Calidad de la Educación. Le invito a que dialogue. El talante es asimismo un tema muy importante y yo le apoyo. También le animo en esto a que dé usted un paso más. Tiene una colosal oportunidad si dice usted aquí que va a cumplir lo que hoy ha aprobado el

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Senado y que significó su primera derrota parlamentaria, esto es que la Ley de Educación no se va a reformar. (Aplausos.) Espero que se comprometa.


Ha hablado usted de los temas europeos. En el talante, dé un paso más.
Sigan ustedes con el talante, pero a ser posible acompañado de una mayor eficacia, para que no le pase lo que le pasó a la ministra de Agricultura y que espero que no le pase al señor Moratinos cuando se negocie la Constitución europea. Ha hablado usted de renovación democrática. Yo estoy a favor. Pero dé un paso más. Nombre mejor que cuando nombró al director del Centro Nacional de Inteligencia o que cuando nombró al fiscal general del Estado, que no pasó por aquí a someterse al examen previo de idoneidad que recoge su programa electoral. (Aplausos.) Y por último...


El señor PRESIDENTE: Su tiempo ha concluido.


El señor RAJOY BREY: Pues no hay más, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.


Agradezco sus valoraciones. Me reitero en la línea. Quiero venir a la Cámara a informar y por ello voy a anunciar la nueva medida en cumplimiento del programa, el viernes el Consejo de Ministros aprobará una ampliación de la dotación de becas por valor de 36 millones de euros...


El señor PRESIDENTE: Señor presidente, su tiempo ha concluido. Lo lamento.
(Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL JESÚS ACEBES PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE TODOS LOS NOMBRAMIENTOS QUE HA EFECTUADO SE AJUSTAN A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS? (Número de expediente 180/000022.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Ángel Jesús Acebes.


El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, ¿considera el Gobierno que con los nombramientos más importantes que ha efectuado cumplen con los compromisos adquiridos por ustedes con los ciudadanos?

El señor PRESIDENTE: La señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.


En estas tres semanas que llevamos de Gobierno, el Gobierno ha cumplido con todos sus compromisos. En materia de nombramientos también, señor Acebes.


El señor PRESIDENTE: Señor Acebes.


El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor presidente.


Señoría, creo que no, creo que en materia de nombramientos también van por mal camino. Hoy voy a referirme a dos ejemplos que tienen una especial trascendencia por el interés del Estado. El nombramiento del fiscal general del Estado. El capítulo IV del programa electoral del Partido Socialista dice textualmente, no invento nada: Un fiscal general del Estado, no del Gobierno -enfatiza-, y para ello estableceremos una comparecencia en el Parlamento previa a su nombramiento. Créame que he preguntado a muchos diputados de mi grupo, que son muchos, del resto de los grupos e incluso del Grupo Socialista, y nadie ha visto al fiscal general por aquí. Era para que no fuese una cosa mía. Así que es un claro incumplimiento con algo que era muy fácil de cumplir. Nadie se lo había exigido, era un compromiso del presidente del Gobierno con los ciudadanos, fácil de cumplir y que han incumplido. Eso, señor presidente, no es renovación democrática, eso no es honor a la palabra dada. Han nombrado a dedo, han nombrado por los intereses del partido y con lío en el Consejo de Ministros y en el Consejo del Poder Judicial. Segundo nombramiento: el director del Centro Nacional de Inteligencia. Cuando nombramos al primer civil, el Partido Socialista dio su acuerdo. Tiene el perfil adecuado -dijeron ustedes-, neutralidad política, cualificación técnica y experiencia en materias relacionadas con su cargo. Respecto al perfil del director que el Gobierno socialista ha nombrado, para que no me acusen, nada diré mío sino lo que dijo el ministro de Defensa: No tiene experiencia en asuntos de seguridad, no domina idiomas, no se ha intentado consensuar su nombramiento; sus activos: fue consejero socialista en Castilla-La Mancha y viene de buena familia. (Rumores.) Sí.


Señor presidente, esto no es renovación democrática; esto, en los anuncios, se llama publicidad engañosa: mucha propaganda y muy poca verdad. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señorías, ustedes saben que los compromisos de este Gobierno en relación con los nombramientos requieren determinadas modificaciones legales.


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(Rumores.) Eso es lo que va a hacer este Gobierno: cambiar las normas para permitir que se puedan designar determinados puestos en las administraciones públicas y en las instituciones de forma distinta a como se ha venido haciendo hasta ahora. Claro que queremos que los nombramientos a los que nos hemos comprometido se realicen en el Parlamento -el director de Radiotelevisión, el director del CIS, el de la Agencia Efe-, pero para eso habría que hacer lo que hemos hecho: poner en marcha mecanismos para que esas normas -que, por cierto, ustedes nunca cambiaron- se modifiquen y esos nombramientos puedan realizarse por el Parlamento, tal como nos hemos comprometido. (Rumores.) Señorías, este Gobierno cumpliendo con sus compromisos ha nombrado a un fiscal general del Estado y el otro día he anunciado en la Comisión Constitucional que vamos a proceder a una reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal para que el fiscal general del Estado pueda ser nombrado con arreglo a nuestro compromiso, es decir, con una comparecencia previa en este Parlamento, cosa que ustedes nunca hicieron. (Aplausos.)

En tercer lugar, señor Acebes, le aseguro que todos los nombramientos que ha hecho este Gobierno para las instituciones, incluido el del director del Centro Nacional de Inteligencia, al que usted se ha referido -que es una persona, como se ha dicho, de acreditada capacidad, solvencia y confianza-, han sido hablados con su grupo. (Rumores.) Pregúntele a su grupo porque quizás no le han informado bien. Que les quede claro: este Gobierno cumple con su compromiso en materia de nombramientos y va a producir las reformas legales necesarias. Tenga S.S. la absoluta seguridad y tenga todo el mundo la garantía de que las personas que han sido nombradas y designadas nunca van a utilizar... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo, señora vicepresidenta.


Señor Acebes, tiene apenas unos segundos. (Rumores.)

El señor ACEBES PANIAGUA: Simplemente era una cuestión de orden. Sólo quería decirle que con la dirección de este grupo no ha hablado y, si no, que nos explique con quién. (Aplausos.-Rumores.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA TERESA CUNILLERA I MESTRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE AL GOBIERNO EL NOMBRAMIENTO DE DON RODRIGO RATO COMO DIRECTOR GERENTE DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL? (Número de expediente 180/000008.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Teresa Cunillera.


La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente, seguramente el nombramiento del que ahora vamos a hablar no va a generar tanta tensión con el Grupo Popular, porque vamos a hablar del nombramiento de don Rodrigo Rato como director gerente del Fondo Monetario Internacional. (Risas y aplausos.) No sé que hacer para que sean felices. (Risas.) Este nombramiento ha tenido un amplio respaldo dentro y fuera de España, en el que sin duda ha tenido mucho que ver el Gobierno español. El señor Rato ha sido un adversario duro de este grupo parlamentario, tanto cuando fue portavoz de la oposición del Grupo Popular como cuando fue ministro y vicepresidente de Economía en nuestra etapa de oposición. Nosotros hemos tenido mucho respeto al señor Rato; le hemos tenido respeto como persona, porque se lo ha ganado por la pasión y la energía que ha puesto en la defensa de sus ideas y proyectos, y se lo hemos tenido también como político en los cargos que ha ejercido. Desde ese respeto y ese reconocimiento, nos congratulamos sinceramente de este nombramiento y le deseamos que le vaya muy bien como director gerente del Fondo Monetario Internacional. Seguramente será bueno para nosotros y también para amplias zonas geográficas que lo necesitan. Sobre la base de este respeto, de esta historia común y de esta congratulación, tal como les decía, le pregunto al señor ministro de Economía qué opinión le merece al Gobierno el nombramiento de don Rodrigo Rato como director gerente del Fondo Monetario Internacional. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


La primera vez que me preguntaron por este tema ocupaba una función distinta -era comisario europeo- y dije que estaba a favor de que un europeo ocupase la presidencia del Fondo Monetario Internacional y que el señor Rato era un excelente candidato europeo para esta función.
Posteriormente, ya con responsabilidades de Gobierno, tuve que adoptar otra decisión: apoyar o no apoyar al señor Rato en la petición, que ya estaba en marcha, de su posible candidatura al Fondo. Nuestra decisión fue muy clara desde el primer momento. Apoyamos claramente esta candidatura por sus características técnicas, por su habilidad política y por su excelente funcionamiento durante el período en que fue miembro del Consejo Ecofin de la Unión Europea. Les guste o no les guste, sin la existencia de una candidatura nacional la posibilidad del nombramiento

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no hubiera existido, por lo menos no hubiera existido la unidad en términos europeos y nunca se hubiera producido. La señora Cunillera tenía razón cuando hacía referencia a que sin este apoyo no se hubiera producido el nombramiento.


El señor Rato, en mi opinión, es un candidato importante por dos razones: primero, por su experiencia y segundo, porque nos va a aportar excelentes relaciones con América Latina y también con la Unión Europea. Estos van a ser activos fundamentales en un momento en que el Fondo tiene algunos riesgos básicos porque tiene que buscar estabilidad y equidad en la economía global; tiene que buscar soluciones para resolver de forma preventiva las crisis y tiene que buscar soluciones para resolver los problemas de endeudamiento externo duradero para los países de bajos ingresos. En todos estos temas el señor Rato contará con el apoyo total del Gobierno español.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON RICARDO TORRES BALAGUER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. (Número de expediente 180/000009.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Ricardo Torres Balaguer.
(Rumores.)

Un momento, señor diputado. (Rumores en los bancos del Grupo Popular.) Perdónenme, no les estoy diciendo que sean ustedes quienes están llamando por teléfono. ¡No sean ustedes tan sensibles! (Rumores.) Por favor, silencio. Hago un llamamiento general a la Cámara, y por supuesto no me estoy refiriendo a nadie en especial, para que en la medida de lo posible eviten el teléfono móvil porque produce una situación muy desagradable en el sistema de audio. Gracias.


Señor diputado, adelante con su pregunta.


El señor TORRES BALAGUER: Gracias, señor presidente.


Actualmente en los medios de comunicación existe una polémica sobre la actualización de la encuesta de población activa. Creemos que es de general interés conocer los motivos por los que se ha decidido posponer esta actualización hasta el 2005.


El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Antes de tomar posesión como ministro de Economía la presidenta del INE me comentó las dificultades que se planteaban en términos técnicos para la revisión de la encuesta de población activa, que corresponde hacer en el año 2005. La encuesta de población activa es una investigación continua, de periodicidad trimestral, que exige pasar de una muestra a un cálculo global mediante lo que se denomina técnicamente un factor de elevación.
Este factor de elevación se actualizó por última vez en el año 2002 y se trabaja todavía sobre los censos del año 1991. Desde entonces se ha producido un cambio muy importante en el movimiento migratorio en este país que trastoca esta parte fundamental de la encuesta. Corregir únicamente esta encuesta sin ver cuáles eran las implicaciones de otra naturaleza, podría dar lugar a una información correcta pero que fuera inconsistente con otro tipo de informaciones de que ahora se dispone.


Ante esta situación, la directora del INE me indicó que su intención -y era su decisión- era dar la información de los datos disponibles para el año 2003 en cuanto a la evolución de la EPA, pero hacer la actuación de forma total en el año 2005, de acuerdo con el reglamento de la Unión Europea que obliga a esta actualización a todos los países de la Unión Europea. Esto implica disponer de más tiempo para estos ajustes técnicos, pero consideraba -cosa que me pareció correcta- que, en aras de la transparencia informativa, el INE debería publicar también los datos de población real obtenidos a través del censo de 2001 y las nuevas hipótesis sobre la incorporación de población inmigrante a la población residente. Esa es la razón por la que el INE estima que la EPA actual podría estar infravalorada en los ocupados, en el año 2003, en unas 630.000 personas, dato publicado por el propio Instituto Nacional de Estadística en su nota de prensa del 21 de abril de este año. El INE sigue trabajando... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente, lo lamento, concluyó su tiempo.


Señor Torres.


El señor TORRES BALAGUER: Agradecemos al señor vicepresidente la información. Es conocida por todos la dificultad de censar la población inmigrante. Los tres millones que estaban censados por métodos indirectos más que duplicaban los registros policiales, trabajando, como es de general conocimiento, en sectores que tienen una difícil contrastación.
Es muy interesante que se tome este tiempo y que técnicamente se resuelvan los problemas para que los datos, de aquí en adelante y homogeneizados con el pasado, sirvan a todo el mundo de referencia para la creación de empleo que se registre en el futuro y en contraste con el pasado.


- DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿VA A MANTENER

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EL GOBIERNO EN ESTA LEGISLATURA EL ACTUAL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA PACTADO CON TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS? (Número de expediente 180/000023.)

El señor PRESIDENTE: La pregunta corresponde a don Eduardo Zaplana.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señor vicepresidente, me gustaría saber si el Gobierno va a mantener en esta legislatura el actual sistema de financiación autonómica, que fue pactado por el Gobierno con las comunidades autónomas y con la mayoría de formaciones políticas hace poco más de dos años.


El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Es cierto que el sistema actual se pactó en el año 2001 con acuerdo del Grupo Socialista y de las comunidades autónomas, pero en aquel momento el Partido Socialista declaró que el sistema aprobado para este quinquenio debería revisarse, y nos comprometimos a hacer esa revisión cuando gobernáramos.


El Gobierno va a aplicar el sistema tal como está mientras no se modifique. El funcionamiento del actual sistema debe revisarse en nuestra opinión, tal como ha dicho el presidente del Gobierno, para mejorarlo, basándonos en los principios de suficiencia, solidaridad y autonomía financiera.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor Zaplana.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente, yo le preguntaba de forma clara si lo iban a mantener en esta legislatura. Lo hacía porque el sistema vigente, recientemente aprobado como ha reconocido S.S., es un sistema sobre el que se han producido multitud de declaraciones. El ministro de Administraciones Públicas ha dicho que la reforma del nuevo sistema, el que tenga que sustituir al actual según la voluntad del Gobierno socialista, se acometería en la próxima legislatura. La vicepresidenta primera dijo un día que se haría después de las reformas de los estatutos, sin expresar de qué reformas se trataba, y otro día, que se haría a la vez que las reformas de los estatutos. El señor Montilla ha dicho categóricamente que en esta legislatura. Y acaba de afirmar el señor Rodríguez Zapatero, en contestación a la pregunta del señor Durán i Lleida y agradeciéndole la posibilidad que le ofrecía de clarificar su posición, que tiempo, el necesario. Esas son las respuestas que se han realizado cuando se les ha preguntado sobre la reforma del sistema de financiación. Además, nadie nos ha dado razones suficientes para modificar el actual sistema. Sus declaraciones de hace dos años están llenas de elogios también al sistema que está en estos momentos en vigor y que acaba de echar a andar. El sistema actual es un buen sistema. Diría que es muy buen sistema y, sobre todo, es consensuado. Permite la suficiencia financiera a las comunidades autónomas o lo que es lo mismo, el ejercicio del autogobierno; acabar con déficit estructurales que acompañaban a las comunidades autónomas y, sobre todo, cierra un proceso tremendamente complejo que se inició con la aprobación de los estatutos de autonomía. Por si eso fuera poco, se nos habla de mecanismos bilaterales; se nos habla de adelantos; se nos habla de anticipos; se nos habla de atender urgencias financieras sólo de algunas comunidades autónomas; se habla, en definitiva, de asimetría. Señor vicepresidente, los problemas de cada uno, de cada formación política, los tiene que resolver cada formación política y ustedes en estos momentos...


El señor PRESIDENTE: Señor Zaplana, su tiempo ha concluido.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Voy a ser muy breve, señor Zaplana. Primero, si entiendo bien lo que dijo ayer el PP en el Senado no es exactamente lo que usted ha dicho aquí hoy.
Segundo, la posición definida por el presidente del Gobierno es muy clara y tampoco veo contradicciones en algunos de los temas que usted plantea.
Vamos a analizar el resultado de este primer año. Dijimos en su momento que revisaríamos. No estamos hablando de pactos bilaterales por parte del Gobierno, puede haber otras voces que lo digan, pero no mezcle unos conceptos con otros. Tomaremos el tiempo necesario para buscar un nuevo acuerdo y ese acuerdo lógicamente debe responder a los principios de suficiencia solidaria y autonomía financiera. Usted puede pensar que el sistema actual es el mejor de los existentes. Es posible. Sin embargo, parece que esa tesis no es compartida. Lo que puedo decirle es que estoy abierto a analizar otras posibilidades y ver si en otras posibilidades podemos encontrar esa unanimidad que hoy no tenemos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿A QUÉ PERSONAS, EMPRESAS E INSTITUCIONES SE REFIERE EN LA ENTREVISTA

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PUBLICADA EL DOMINGO 25 DE ABRIL EN UN MEDIO ESCRITO DE CANARIAS EN EL QUE TEXTUALMENTE AFIRMA: "EN LAS ISLAS SE CUECEN NEGOCIOS MILLONARIOS CON LA COMPLICIDAD DE LOS PODERES PÚBLICOS"? (Número de expediente 180/000001.)

El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta corresponde a don Paulino Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, el pasado domingo 25 de abril en un periódico de Canarias se publicaba una entrevista en la cual S.S. aseveraba textualmente: En las islas se cuecen negocios millonarios con la complicidad de los poderes públicos. ¿A qué personas, empresas o instituciones ser refiere el señor ministro?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.


Señor diputado, la VIII Legislatura inaugura un tiempo político que quiere impulsar la centralidad del Parlamento y, por tanto, respetaré siempre el modo en que usted y cualquier diputado decida emplear su turno de control parlamentario, pero le confieso también que aspiro a que esto tenga que ver con el ejercicio de las responsabilidades que desde este banco azul ostentamos los miembros del Gobierno y, consiguientemente, con mi responsabilidad como ministro de Justicia. En este caso no es así y no tengo ningún inconveniente en comentarle que se corresponde con declaraciones que tengo el derecho como ciudadano y también el deber como representante y como diputado por la provincia de Las Palmas de efectuar a través de los medios de comunicación, en la medida en que se corresponden con preocupaciones ampliamente compartidas en la sociedad canaria y que tienen que ver con la calidad democrática en la Comunidad Autónoma de Canarias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, sus declaraciones no nos sorprenden porque están en sintonía con lo que usted viene afirmando a lo largo de los últimos cuatro años cada fin de semana para llamar la atención cuando viaja a Las Palmas.


No nos llamarían la atención si usted fuera un ciudadano de a pie o quizás un diputado, pero nos llaman poderosamente la atención porque están frontalmente en contra del manual de estilo que defiende el presidente de su Gobierno y porque ahora usted, como le decía, no es un ciudadano de a pie, no es un diputado; usted es el ministro de Justicia y como tal tiene que velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico; como ministro de Justicia tiene la obligación de perseguir los delitos si entiende que los hay. El responsable de la Justicia tiene que velar por la misma y no hacer insinuaciones, descalificaciones, tirar la piedra y esconder la mano, para intentar sembrar dudas sobre la honorabilidad de las personas, de las instituciones o de las empresas. Si usted tiene conocimiento de algún caso como a los que se refiere en la entrevista, tiene la obligación de denunciarlos directamente o a través del ministerio fiscal; en caso contrario, S.S. incurre en una gravísima responsabilidad, comete un delito contemplado en el artículo 408 del Código Penal, que se refiere a que las autoridades y los funcionarios, cuando conocen de un delito, tienen la obligación de denunciarlo y si no incurrirán en causa de inhabilitación.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señor diputado, mis palabras no le pueden extrañar, pero seguramente por razones distintas a las que usted aduce. No le pueden extrañar porque, para empezar, se corresponden con preocupaciones muy ampliamente compartidas en la sociedad canaria. Le puedo dar un amplio muestrario de comentarios de opinión y artículos especializados en la prensa de Canarias y también, por qué no, de comentarios de personalidades de su propia formación política que, empleando términos todavía más duros, aluden incluso a un complot de sectores empresariales con la política en Canarias. Estoy hablando de quien tiene en estos momentos representación política de su formación, del consejero de la Comunidad Autónoma de Canarias y presidente al mismo tiempo, por cierto, de empresas públicas que mueven importantes volúmenes de negocio con participación de capital privado.
Esas preocupaciones se encuentran también en los informes de la Audiencia de Cuentas, órganos de control externo de la Comunidad Autónoma de Canarias, del que le puedo facilitar copia en algún caso, del que seguramente usted tiene cumplido conocimiento. Asimismo se hallan en la actividad de los tribunales las repetidas condenas de algún alcalde al que, habiéndole condenado por delitos cometidos en el ejercicio de cargo público por malversación o por corrupción, usted se ha permitido calificar: de un buen alcalde que comete una alcaldada y ¿qué alcalde no ha cometido alguna vez alguna alcaldada? Yo no calificaría de alcaldada a aquellas figuras que tienen calificación penal en el Código Penal y que merecen condena desde los tribunales superiores de justicia. (Aplausos.)

Por si necesitara reflescarle la memoria, déjeme simplemente que aduzca el fundamento número noveno de una sentencia, que seguramente usted también conoce, en la que se dice que de ninguna manera podría haber

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tenido lugar el caso de marras del que entiende este tribunal en un pronunciamiento del tribunal penal si no hubiera habido colaboración...


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, lo lamento profundamente, terminó su tiempo.


- DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRÍA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿SE MANTIENE POR PARTE DE ESTE MINISTERIO ALGÚN TIPO DE INSTRUCCIÓN A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO PARA QUE LOS FISCALES JEFES DE LAS DEMARCACIONES JUDICIALES ACCIONEN POR DELITO ELECTORAL A LOS QUE SE MANIFESTARON SOLICITANDO CONOCER LA VERDAD DE LA AUTORÍA DEL ATENTADO DEL 11 DE MARZO? (Número de expediente 180/000004.)

El señor PRESIDENTE: La próxima pregunta es del diputado don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señor ministro de Justicia, ¿existe en este momento en su ministerio alguna instrucción dirigida al fiscal general del Estado viva, vigente, para que éste ordene a los fiscales jefes de las demarcaciones judiciales que accionen por delito electoral contra los ciudadanos que se manifestaron en los días posteriores al 11 de marzo, queriendo conocer la autoría de este brutal atentado?

Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Su turno, señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Por parte del Gobierno del que formo parte no existe ninguna instrucción al fiscal general del Estado para que los fiscales jefes persigan por delito electoral a los manifestantes de las jornadas del 11 al 13 de marzo. En todo caso, esa instrucción que tuvo lugar en su momento fue calificada por quien hoy hace uso de la palabra aquí como una instrucción políticamente equivocada y jurídicamente desafortunada, y esa misma opinión es la que tengo en estos momentos.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, gracias, señor presidente.


Gracias, señor ministro, por su información, que nos satisface. El mandato del anterior fiscal general del Estado nos parece la historia más negra de esta institución desde el inicio de la transición democrática. Mi grupo ha comentado en reiteradas ocasiones que cuando se confunde la defensa de los intereses de determinado gobierno o de determinadas ideologías políticas con la defensa de la legalidad se está prostituyendo esencialmente la función constitucional de la institución de la Fiscalía General del Estado, y el colofón del mandato del anterior fiscal general del Estado lo constituye esta acción aberrante -mandato dirigido a todos los fiscales jefes de todas las demarcaciones judiciales- exigiéndoles que accionen, por delito electoral, contra quienes se manifestaron por algo tan legítimo -y crecientemente legítimo en el tiempo según se van conociendo noticias sobre este episodio- como querer conocer la verdad sobre la autoría del 11 de marzo, sobre todo cuando ya conocemos que el Gobierno anterior utilizó -y vamos a usar una expresión perifrástica o amable, señor presidente- ambigua o difusamente esta información. Nos gustaría conocer, desde esta perspectiva, cuál va a ser el talante de este ministerio en relación con el Estatuto del ministerio fiscal -de la Fiscalía General del Estado-, cuál va a ser la actitud -si considera pertinentes algunas reformas en relación con el Estatuto orgánico del ministerio fiscal-; si considera que realmente el ministerio fiscal puede ser un órgano, una institución, al servicio de las instrucciones o de los intereses políticos de determinado gobierno o si, por fin, el ministerio fiscal puede convertirse en aquello para lo que está mandatado por la propia Constitución española como es la defensa de la legalidad. En este momento, señor ministro, usted sabe que hay algunas personas que están procesadas -hay aperturas de juicios orales- por manifestarse pidiendo algo tan legítimo como es conocer la verdad de la autoría del atentado, cuando el anterior Gobierno practicaba una confusa...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, lo lamento, terminó su tiempo.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señor Olabarría, rreitero que, en su momento, calificamos esa instrucción que motiva su pregunta de políticamente equivocada en la medida en que daba la impresión de estar más animada por la tendencia a crispar la vida política además de ser jurídicamente desafortunada; en realidad, inviable como prueban las secuencias posteriores descritas por los archivos y sobreseimientos a que están dando lugar las acciones iniciadas en ejercicio de esa instrucción.
Déjeme que le diga también que es propósito de este Gobierno impulsar una modificación del Estatuto orgánico del ministerio fiscal para conjurar o desactivar cualquier sombra de sospecha de sumisión del Ministerio de Justicia, en lo que interesa al fiscal general del Estado, al partido en el Gobierno y, consiguientemente, de sectarismo en el ejercicio de acciones judiciales y, en particular, de las acciones penales. Queremos reforzar los principios de autonomía, de imparcialidad y atenernos estrictamente

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a la legalidad en la interpretación del interés público tutelado por la ley, porque esa es la función que debe de cumplir el ministerio fiscal.
No se nos pasa por la cabeza dictar una instrucción ni tampoco una orden para que se retire el ejercicio de las acciones que dieron lugar a esa instrucción jerárquicamente ordenada a los miembros del ministerio fiscal, sino, por supuesto, a través del conducto que está contemplado en el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, interesar del fiscal el ejercicio de acciones que interpreten la política criminal que legítimamente el Gobierno determina y de la que es responsable ante esta Cámara. Lo que desea no sólo el Gobierno, sino también la mayoría de la ciudadanía española, el conjunto de la sociedad española, es ver retratado eso en el ejercicio de las acciones del ministerio fiscal.


- DEL DIPUTADO DON JULIO VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ MEDIDAS TIENE PENSADO ADOPTAR EL MINISTERIO DE JUSTICIA ANTE LOS DRAMÁTICOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO QUE CONTINÚAN SUCEDIÉNDOSE? (Número de expediente 180/000011.)

El señor PRESIDENTE: Siguiente pregunta, del diputado don Julio Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, en primer lugar, quiero darle mi más sincera felicitación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, por su nombramiento como ministro de Justicia. No puedo ocultar, aunque haya sonrisas, mi satisfacción por hacer por primera vez una pregunta a un ministro de un gobierno socialista. Le deseo mucho éxito en su tarea por mejorar la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y el funcionamiento del servicio público de justicia.


Señor ministro, uno de los problemas más importantes que tiene nuestra sociedad lo constituye la lacra contra la violencia de género. Somos conscientes de que la respuesta a este problema es global y no sólo de un ministerio. Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos venido reclamando desde hace años la adopción de medidas tendentes a paliar este grave problema en su doble vertiente: la de prevención y la de atención real y efectiva a las víctimas. En ambos casos, señor ministro, se requiere sin duda un importante incremento de los medios personales y materiales existentes en la actualidad y consignados en los vigentes Presupuestos Generales del Estado para el año 2004. Aunque supongo que tendrá usted ocasión en su próxima comparecencia ante la Comisión de Justicia el próximo día 25 de ampliar y desarrollar este importante asunto, le agradecía que me contestara a la pregunta que figura en el orden del día.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor diputado.


La determinación del Gobierno de aportar todo cuanto sea necesario para combatir esta lacra insufrible que viene padeciendo la sociedad española y que se expresa en esa tasa de mortandad de mujeres víctimas de violencia de género está fuera de toda duda y, por tanto, va a ser principal en la acción de este Ministerio de Justicia en esta legislatura en colaboración ya con los ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Educación y por supuesto el Ministerio del Interior. Es precisamente en este marco en el que se encuadran los trabajos que estamos desarrollando para poner en marcha cuanto antes nuestro compromiso de adoptar en esta Cámara una ley orgánica integral contra la violencia de género, pero teniendo en cuenta que hay un tiempo de tramitación, el Consejo de Ministros ha adoptado ya un plan de medidas urgentes que quiere incorporar también una aportación por parte del Ministerio de Justicia interesando del fiscal general del Estado, por el conducto contemplado en el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, la adopción de una instrucción de prioridad de persecución de los delitos relacionados con la violencia de género; la adopción también de medidas cautelares de arresto, detención inmediata o incluso prisión provisional en el caso del quebrantamiento del régimen de visitas dictado en los procesos de separación o disolución matrimonial y también la adopción de un mapa de riesgos que refuerce la coordinación entre el ministerio fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que deben de prestar la adecuada protección a las mujeres que se encuentran con esta amenaza; también un protocolo de denuncia que favorezca un modelo normalizado de denuncia que nos ayude a un mejor conocimiento y una mayor capacidad de respuesta para proteger adecuadamente a las mujeres. El mensaje en definitiva es claro: no permitir en ningún caso que el agresor pueda escapar a la acción de la justicia, conseguir que todo el peso de la ley pueda recaer sobre los agresores de mujeres, en definitiva contra los maltratadores y quienes incurren en delitos de violencia de género, pero sobre todo conseguir que la víctima se sienta adecuadamente protegida, acercando la Administración de la justicia a las necesidades de la víctima, en lugar de, como ha venido sucediendo quizá durante demasiado tiempo, invitando a la víctima a acercarse a la Administración de justicia, corriendo ella con los costes y con los gastos. Vamos a intentar, por tanto, ofrecer una medida adecuada y que en el curso de la legislatura las mujeres encuentren que todos los poderes públicos efectivamente se han puesto las pilas para

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captar el mensaje y comportarse protegiendo.. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON SALVADOR DE LA ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿QUÉ ACTUACIONES TIENE PREVISTO REALIZAR EL GOBIERNO CON RELACIÓN A LA LEY 39/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL SECTOR FERROVIARIO? (Número de expediente 180/000016.)

El señor PRESIDENTE: Siguiente pregunta, del diputado don Salvador de la Encina Ortega.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señor presidente, a finales de la pasada legislatura el Partido Popular, con su mayoría absoluta y su forma tradicional de traer los proyectos de ley con urgencia, a caballo, a galope, aprobaba la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. Se hizo a pesar de las duras críticas al proyecto por el Consejo de Estado, sin atender las recomendaciones del Consejo Económico y Social, de espaldas a la Federación Española de Municipios y Provincias y en contra de las comunidades autónomas, seis de las cuales recurrieron en inconstitucionalidad. También en su elaboración se violaron la consulta, el diálogo y la colaboración de las entidades que asesoran en la organización del transporte terrestre, como el Consejo Nacional del Transporte. Tampoco se tuvo en cuenta la opinión de las organizaciones de consumidores y usuarios. Esta ley, conocida coloquialmente como privatización de RENFE, también se hizo de espaldas a los sindicatos mayoritarios y a los colectivos sociales, que la contestaron ampliamente.
Por esta y otras muchas razones que se expusieron ya en el debate a la totalidad de la pasada legislatura, mi grupo votó en contra de esta ley y por eso, señora ministra de Fomento, le pregunto: ¿qué determinaciones ha adoptado el Gobierno en relación con la Ley del Sector Ferroviario?

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señor presidente, señorías, efectivamente el Consejo de Ministros, a la vista de la situación de la Ley del Sector Ferroviario, el viernes 7 de mayo de 2004 aprobó el Real Decreto-ley en el que se amplía hasta el 31 de diciembre de 2004 el plazo establecido para la entrada en vigor de dicha ley. El plazo vencía, como saben SS.SS., el día 18 de mayo próximo y la situación de los desarrollos reglamentarios normativos necesarios para la entrada en vigor efectiva de la ley era que no se había realizado nada. La organización funcional de los nuevos organismos que la ley prevé, ADIF y RENFE-Operadora, no esta definida. Seis comunidades autónomas tienen planteados recursos de inconstitucionalidad y la deuda acumulada por RENFE asciende al menos, que nosotros sepamos, al día de hoy a más de 7.200 millones de euros.
Dada la importancia de estas cuatro cuestiones, se creyó oportuno ampliar el plazo establecido en la vacatio legis. Por ello quisiera hacer algunas consideraciones. Primero, debo señalar que para conseguir y asegurar la eficacia y la seguridad del transporte ferroviario tenemos que contar con el desarrollo reglamentario que la misma ley contempla. Por ello, en la disposición final tercera de la propia ley, se establecía, entre otros, el mandato de que el Gobierno aprobara antes de la entrada en vigor los estatutos del Administrador de las Infraestructuras Ferroviarias y de RENFE-Operadora. Por otra parte, señorías, en el plano organizativo y como consecuencia de la separación de actividades de la administración de la infraestructura ferroviaria y la prestación de los servicios de transportes, la reforma legal implica extinción de la entidad publica empresarial Gestor de Infraestructuras, la división de RENFE y la creación de dos nuevos organismos públicos. Quiero advertir a SS.SS. que toda vez que la ley no define la organización interna ni las reglas de funcionamiento de los dos nuevos organismos, se hace necesario establecer, previo a la entrada en vigor de la ley, la modificación funcional para que sea plenamente operativo y, por tanto, separar los activos humanos y materiales de las sociedades que van a empezar a funcionar tras la entrada en vigor de la ley. Ya le anuncio que vamos a crear... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra, lo lamento profundamente, tiempo.


Señor diputado.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Vemos que nos ha expuesto razones de peso y de gravedad, también por la deuda, para que se adopte una prórroga de siete meses en la entrada en vigor de la ley, señora ministra. No obstante, le tengo que decir que nos preocupa que la ley no contemple planteamientos que permitan resolver los problemas que van a surgir con su aplicación cuando entre en vigor. Al Grupo Socialista también nos preocupa la transferencia competencial a las comunidades autónomas y sobre todo, incidiendo en lo que usted ha dicho, nos preocupa la deuda de RENFE, la deuda de 1,2 billones de las antiguas pesetas que el Gobierno anterior del Partido Popular nunca supo enjugar ni encauzar. Es un tema grave que tenemos y por eso permítame que la felicite por la adopción de esta prórroga durante siete meses para que a partir del año 2005 tengamos un sector ferroviario con una ley consensuada con todos que permita, nunca mejor dicho, viabilidad al tren.


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Como andaluz permítame, antes de terminar, ya que le he expuesto todo, que la felicite.. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, lo lamento profundamente.


- DEL DIPUTADO DON RAIMUNDO BENZAL ROMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO SOBRE EL CALENDARIO DE APLICACIÓN DE LA LOCE? (Número de expediente 180/000013.)

El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta, del diputado don Raimundo Benzal.


El señor BENZAL ROMÁN: Gracias, señor presidente.


El sistema educativo regulado por la LOCE puede proyectar sobre el próximo curso 2004-2005 una importante inestabilidad, porque todos conocemos que la propia ley nació sin el suficiente consenso político, con toda la legitimidad de la aritmética parlamentaria, pero no estaría mal añadir algo de política a la propia aritmética. Tampoco tuvo el suficiente respaldo social, puesto que no se dio participación ni en su elaboración ni por supuesto en su recorrido parlamentario, porque todos conocemos el recorrido de ir a cincuenta segundos por enmienda. Tampoco en el sistema educativo tiene el suficiente respaldo, porque hemos conocido amplísimos sectores, de profesores, de padres y de alumnos que se han opuesto a esa ley. Por último, además, en lo estrictamente organizativo, nos encontramos con que en septiembre tendría que ponerse en marcha un curso para el que no ha habido tiempo por parte de las comunidades autónomas -que también en una gran cantidad la han recurrido al Tribunal Constitucional- y, por tanto, sin el suficiente apoyo territorial para desarrollarla y para tener un inicio de curso a estas alturas lo suficientemente bien planificado. Por todos estos motivos, como al Grupo Parlamentario Socialista le preocupa esta situación y específicamente el calendario de aplicación, le preguntamos cuáles son los criterios del Gobierno sobre ese calendario de aplicación de la LOCE.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: La señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.


Señorías, el Gobierno conoce bien los problemas que la mayoría de las comunidades autónomas tenían para desarrollar y aplicar la Ley Orgánica de Calidad de la Educación. Más importantes aún nos parecen las divisiones y el rechazo que ha causado esta ley. El Gobierno se ha fijado el doble objetivo de buscar la calidad educativa para toda la población y hacerlo con el mayor acuerdo posible. Para lograr esos objetivos se va a modificar el calendario de aplicación de la LOCE. Durante los dos próximos años estarán en vigor todas las medidas vigentes en el presente curso 2003-2004. En consecuencia, el escenario educativo para los dos próximos cursos está muy claro. Se respeta escrupulosamente lo que ya ha entrado en vigor en este momento y se paralizan aquellas medidas que debían aplicarse por primera vez en los próximos cursos. Únicamente se exceptúa de la paralización la gratuidad de la educación infantil, por tratarse de un objetivo que compartimos todos, esto es, que toda la población tenga acceso gratuito a la educación desde los tres años de edad de manera progresiva.


El Gobierno hace uso de sus competencias para modificar el calendario de aplicación de la ley con el objetivo de habilitar un período de diálogo y reflexión que permita alcanzar el mayor grado de consenso posible para articular un sistema educativo que ofrezca calidad para todos los estudiantes. Por ello la conferencia sectorial analizará la próxima semana el real decreto y unos días más tarde lo harán el Consejo Escolar del Estado y el Consejo de Estado. El ministerio ha iniciado otras consultas que no son preceptivas, pero que considera importantes para la formulación de las políticas educativas más adecuadas para nuestro país.
Es intención del Gobierno que este período de debate conduzca a la presentación de un proyecto de ley en el Congreso que culmine en normas aprobadas antes del verano de 2005.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA OLAIA FERNÁNDEZ DÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿NO CONSIDERA EL GOBIERNO NECESARIO REVISAR EL REAL DECRETO 429/2004, DE 12 DE MARZO, PARA SU DEROGACIÓN O MODIFICACIÓN? (Número de expediente 180/000002.)

El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta, de la diputada doña María Olaia Fernández Dávila.


La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, presidente.


Queremos saber si el Gobierno tiene previsto revisar para su derogación o modificación el Real Decreto 429/2004, que ordena la flota pesquera de cerco en los caladeros competencia del Estado, dado que fue un decreto elaborado por el anterior Gobierno, además en un momento que estaba en funciones.


Gracias.


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El señor PRESIDENTE: La señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente. Señora diputada, el Gobierno considera necesario estudiar el tema y adoptar una resolución después de haber hablado con el sector afectado, reunión que ya está prevista a fecha de hoy.


El señor PRESIDENTE: Señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias por la contestación a nuestra pregunta. Parece satisfactoria en un principio, dado que ustedes piensan entrevistarse con el sector. Esperamos que tengan en cuenta lo que el sector piensa en este momento, teniendo como horizonte lo que representa para la economía de Galicia y para los puestos de trabajo la posibilidad de que 321 barcos de la flota gallega puedan faenar en el caladero del Cantábrico noroeste, y que tengan en cuenta que el propio decreto es discriminatorio, dado que para las embarcaciones gallegas se pide 18 metros de eslora, mientras que en el resto de los caladeros, justamente donde la flota pesquera gallega no actúa, son 9 metros en el Mediterráneo y 11 en Canarias y en el Golfo de Cádiz. Esperamos que, si no la derogación, sí haya una modificación que elimine por lo menos la discriminación.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: La señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Como ya le había anunciado en mi anterior intervención, el Gobierno considera necesario valorar las repercusiones de este real decreto, en el que se establecen las medidas de ordenación de la flota pesquera de cerco en colaboración con el sector. Quiero recordar que este real decreto, elaborado recientemente por el Gobierno del Partido Popular, tiene su origen en un proyecto anterior, del año 2001, que contenía no sólo la regulación referente a la ordenación del sector sino también la relativa a la gestión de la pesca marítima en esta modalidad. En el citado proyecto originario se proponía como eslora mínima 9 metros entre perpendiculares y en una reunión con todas las comunidades autónomas del caladero Cantábrico noroeste se llegó a la conclusión de que por motivos de seguridad marítima, la eslora mínima exigible para estos buques debería ser de 15 metros entre perpendiculares.


En el año 2002 se decide la transformación de estos distintos reales decretos existentes en uno solo. En el momento de la consulta al sector y a las comunidades autónomas sobre el nuevo proyecto, las federaciones de cofradías de A Coruña y Pontevedra solicitaron que la eslora mínima se mantuviese en 9 metros entre perpendiculares, señalando que por las características del litoral de las rías gallegas era necesario que estas embarcaciones fueran de un porte menor. Mencionaban además que la difícil situación económica por la que atravesaba el sector desaconsejaba promover la construcción de grandes unidades, ya que para su mantenimiento se necesitaría pescar en grandes cantidades para ser más rentables. Esta petición no fue tomada en consideración por el Gobierno del Partido Popular y en el artículo 2 del Real Decreto 429/2004 queda fijada la eslora en 15 metros. Por supuesto, llevaremos a cabo la reunión con el sector e intentaremos llegar a un acuerdo para mantener la flota de cerco en Galicia en la mejor situación económica y social.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON JOSÉ PLIEGO CUBERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿QUÉ COMPROMISO POLÍTICO TIENE PREVISTO ASUMIR EL GOBIERNO A FAVOR DEL SECTOR DEL OLIVAR TRAS LA REFORMA DE LA ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADO (OCM) DEL ACEITE? (NÚMERO EXPEDIENTE 180/000015.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don José Pliego Cubero.


El señor PLIEGO CUBERO: Gracias, señor presidente.


Felicidades por su nombramiento, señora ministra.


En la reciente reforma de la OCM del aceite de oliva aprobada recientemente ciertamente no se han cubierto las expectativas en términos presupuestarios que se habían demandado por parte de las comunidades autónomas, de las organizaciones agrarias o de los grupos políticos.
También es cierto que tal como estaba planteada la negociación y después de nueve meses de la misma, España ha obtenido lo mejor de lo que era posible. (Rumores.) Esta negociación partió lastrada y condicionada por dos elementos que eran irreversibles, en primer lugar, el cupo por países aceptado por España en la reforma de 1998 (copyrigth de doña Loyola de Palacio) y, en segundo lugar, en la reforma intermedia de la PAC, de junio de 2003, la estabilidad presupuestaria y el desacoplamiento de las ayudas (copyright de don Miguel Arias Cañete). Entonces no hubo recursos al Tribunal de Luxemburgo ni nada. Eran otros tiempos.


Yo soy diputado por Jaén, conozco este tema sobre el terreno y lo que le preocupa a la gente, señora ministra, son tres cosas: en primer lugar, si el Gobierno va a trabajar en el sentido de dar respuesta a que el olivar menos productivo tenga un tratamiento adecuado y que eso sea compatible con que la comunidad autónoma de

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Andalucía no pierda fondos para ello; en segundo lugar, si el plan de ayudas agroambientales, que en una carta a los olivareros prometió doña Loyola de Palacio el 1 de julio de 1998, después de seis años lo ponemos ahora en marcha -lo prometió el señor Rajoy, en la oposición, hace unos días en Jaén, pero si lo ponemos nosotros en marcha ahora-; en tercer lugar, el futuro del olivar es la calidad y la comercialización y mientras el aceite siga saliendo de España en camiones cisterna de 20.000 ó 40.000 kilos, esa batalla la tenemos perdida. Por ello hay que saber si el Gobierno, junto con el sector, siendo este el protagonista, va a poner toda la carne en el asador para que ese pilar sea de verdad el futuro del aceite de oliva. Con todas estas consideraciones no me queda más remedio, señora ministra, que formularle la pregunta: ¿qué compromiso político tiene previsto asumir el Gobierno en este tema de la reforma de la OCM del aceite de oliva?

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señor diputado, el planteamiento que usted hace en su exposición es exacto. Debo añadir, señorías, que este Gobierno ha tenido que recomponer una negociación mal realizada de nueve meses en menos de nueve días, recuperando cultivos y ayudas para los productores españoles. Quiero poner de relieve que nuestro voto inicial en contra fue para evitar sacrificar unos sectores por otros, que era lo que estaba encima de la mesa, y creo que el resultado final de esta apuesta fue satisfactorio. Si hubiésemos accedido, el sector del algodón se encontraría ahora profundamente dañado. Le quiero decir más. Sabíamos que la negociación previa llevada a cabo por el anterior Gobierno no había obtenido resultado alguno. Aun así nos quedamos callados. Decirlo hubiese perjudicado la posición de España y por tanto fuimos leales. Asumimos el reto de intentar lograr el mejor acuerdo posible y lo conseguimos, y quiero remarcarlo: el mejor posible. No era viable nada mejor y la oposición lo sabe, aunque se esfuercen en transmitir informaciones que son absolutamente falsas.


Me pregunta usted, señor diputado, por los compromisos políticos que tiene previsto asumir el Gobierno a favor del sector del olivar. Pues bien, señorías, en primer lugar, quiero trasmitir que estamos trabajando ya en el estudio de fórmulas que cohesionen el sector. Nuestro propósito es utilizar los recursos y la flexibilidad de la que disponemos en este sector para dar una respuesta equilibrada y realista a todos los tipos de olivar español, articulando eventualmente las medidas de acompañamiento que se estimen oportunas. Que no les quepa duda de que pondremos todo nuestro esfuerzo y trabajo en apoyar de una forma decidida a los productores y a los trabajadores del olivar garantizando así la estabilidad. Lo haremos además bajo dos premisas que consideramos incuestionables: desde el diálogo y el consenso con los afectados y las comunidades autónomas y desde la información y la transparencia, nunca desde la demagogia y el engaño. Estamos trabajando para ello, para mantener un olivar vigoroso, y vamos a lograrlo haciéndolo conjuntamente.


Señorías, quiero transmitir un mensaje de futuro al sector olivarero: que tenemos muchas posibilidades para mejorarlo. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON JOSÉ MADERO JARABO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN : ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE HA DEFENDIDO ADECUADAMENTE LOS INTERESES DE LOS AGRICULTORES EN EL CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA CELEBRADO EL PASADO 22 DE ABRIL? (Número de expediente 180/000024.)

El señor PRESIDENTE: Siguiente pregunta, del diputado don José Madero Jarabo.


El señor MADERO JARABO: Gracias, señor presidente.


Antes de realizar la pregunta a la señora ministra de Agricultura, me permitirá que le dé el consejo de la legislatura, sólo doy uno por legislatura y se lo voy a dar esta tarde: no haga ni caso al señor Pliego, que le ha hecho la pregunta antes. (Aplausos.)

Le pregunto, señora ministra -y espero que conteste con sinceridad-, si considera que el Gobierno ha defendido adecuadamente los intereses de los agricultores en el Consejo de Ministros de Agricultura celebrado el pasado mes de abril.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su turno.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Sí, señor diputado, mucho mejor de lo que el Gobierno anterior, al que su grupo parlamentario apoyaba, lo hizo en toda la larga negociación previa.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Madero.


El señor MADERO JARABO: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, el resultado es exactamente 1.000 a 20. La señora De Palacio, el señor Arias Cañete, del Partido Popular, lograron 1.000 millones para el olivar; su señoría 20 millones: 1.000 a 20, esos son sus éxitos.


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(Aplausos.) Si me lo permite, le diré que absolutamente todos los medios de comunicación y todos los profesionales del sector de manera unánime han calificado de rotundo fracaso el resultado de las negociaciones en el Consejo agrícola del 21 de abril. Después de hacer el ridículo, así, el ridículo, y tras cerrar el Consejo sin un solo euro adicional, encima tuvimos que pasar por la humillación que supone la repesca -inusual, por otra parte- que hizo el Consejo especial de Agricultura, en el que se nos dio la propina de 20 millones -los 20 que decía del resultado-, 20 millones de euros que el día anterior su señoría había rechazado.


Señora ministra, después de ocho años de bonanza en el campo aparece su señoría trayéndonos a la memoria las negociaciones de otros consejos agrícolas, en que cada vez que un ministro de Agricultura iba a Bruselas nos obsequiaba al regreso con que había que matar vacas, arrancar viñas o pagar 200.000 millones de las antiguas pesetas por una multa de la leche, y si no se lo cree, pregunte en su tierra gallega o pregúntele al señor Solbes, que lo tuvo que sufrir. Señora ministra, el campo español no está para bromas, el campo español no está para aguantar a personas incompetentes y tampoco podrá soportar en estos momentos fracasos como el que nos ha traído su señoría.


Permítame que le diga, señora ministra...(Rumores.) Señor presidente, me pregunto si algunos de los que gritan por la parte siniestra de la Cámara sabrán lo que es el desacoplamiento parcial de los pagos compensatorios, que es de lo que estamos hablando. Me temo que no. (Rumores.)

Decía, señor presidente, para terminar, que me permita la señora ministra que califiquemos con un suspenso rotundo su actuación en Bruselas.
Exactamente la calificación es de cero zapatero.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señor diputado, en primer lugar, quisiera recordarle que los resultados del Consejo de Agricultura parten del Consejo de junio del año 2003, en el que el anterior ministro de Agricultura suscribió un acuerdo con una declaración relativa al aceite del olivar, al tabaco y al algodón. En ese Consejo se aprobó una reforma profunda de la PAC que constituye la base de la reforma que ahora nos ocupa. Por tanto, el punto de partida era malo y estaba condicionado por el acuerdo del Consejo de junio de 2003.
Sí que podemos afirmar que el ministro de Agricultura en aquel momento no defendió adecuadamente los intereses de los agricultores españoles.
(Protestas.-Aplausos.) Fue el señor Cañete quien comprometió las reformas que a partir de aquel momento se estaban haciendo. En consecuencia, el acuerdo del Consejo de Ministros de los días 21 y 22 de abril de 2004 partía de aquel compromiso mal negociado. Les quiero recordar además que desde las propuestas legislativas del mes de noviembre de 2003 hubo seis ocasiones para debatir y en su caso aprobar la reforma. ¿Por qué no se hizo? ¿No será porque aquel ministro sabía que había negociado mal y que el resultado iba a ser un fracaso?

Una negociación tan compleja en la que España era el único país con intereses clave en tres sectores no puede ser resuelta en 24 horas. El señor Cañete tenía que haber aprovechado el tiempo y no dilapidarlo.
(Rumores.) Con nuestro voto en contra logramos una recomposición de las posiciones iniciales y en el Comité especial de Agricultura del 26 de abril se consiguió un acuerdo mucho mejor que el que el Gobierno del PP nos había dejado sentenciado. No pongan en boca del comisario Fischler algunas acusaciones que han hecho de que se había ahorrado dinero a cuenta de España. Este Gobierno ha logrado defender los intereses de los agricultores y recomponer una situación política muy negativa de partida que el Gobierno del PP nos había dejado con un incremento presupuestario sobre el que había previsto... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo.


- DEL DIPUTADO DON GABINO PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE HA DEFENDIDO ADECUADAMENTE LOS INTERESES DEL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL EN EL CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA CELEBRADO EL PASADO 22 DE ABRIL? (Número de expediente 180/000025.)

El señor PRESIDENTE: Siguiente pregunta, del diputado don Gabino Puche.


El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Señora ministra, ¿considera usted que el Gobierno ha defendido adecuadamente los intereses del sector del aceite de oliva en el Consejo de Agricultura del día 22 de abril? (Una señora diputada: ¿Otra vez?)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Sí, señor diputado, y además mucho mejor de lo que el Gobierno anterior del PP había hecho. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


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El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Gracias, presidente.


Señora ministra, yo esperaba que usted en su breve consideración se hubiese ajustado un poquito más a la realidad, realidad que usted en absoluto quiere ver. Fíjese usted que lo que usted ha obtenido ha sido un estrepitoso fracaso. Fíjese usted si ha sido un estrepitoso fracaso que el segundo de su ministerio, el señor Moraleda -hoy segundo pero antiguamente secretario general de la UPA, sindicato hermano, como todos sabemos, del Partido Socialista-, reclamaba que una buena negociación sería la obtención de 150 millones de euros. Pero el consejero de la Junta de Andalucía va más allá y dice que una buena negociación sería obtener 180 millones de euros. Pero ahí no queda todo. La demagogia llega hasta tal punto que el secretario general del Partido Socialista, hoy presidente del Gobierno, en sus folletos electorales indicando que va a defender a los olivareros de Jaén y del resto de Andalucía, dice que no, que ni 150 ni 180, sino 200 millones de euros hay que exigirle al Gobierno en la negociación de la OCM. (Aplausos.)

Señora ministra, usted viene ahora con 20 millones diciéndonos que es un magnífico acuerdo el que ha conseguido, 20 millones que usted, por cierto, rechazó, fruto de su desconocimiento evidentemente, y que de limosna le dieron al día siguiente en la comisión de redacción, después de que todos los organismos europeos se mofaran de la delegación española e incluso les tildaran a ustedes de pardillos. Fíjese usted, señora ministra, hasta qué punto ha sido un estrepitoso fracaso el fruto de su negociación, y no le eche la culpa a gobiernos anteriores. Esta es su OCM (Rumores.), el fruto de su negociación, de una negociación inepta, de una negociación ineficaz, de una negociación torpe, de una negociación prepotente y de una negociación, señora ministra, inexperta. (Rumores.) Yo supongo, señorías, que este fruto de la negociación es fruto del nuevo talante; lo que está claro es que no es fruto del talento, porque hay que poner más talento para defender a los agricultores españoles.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señor diputado, las negociaciones en Europa son largas y complejas y de ellas y de sus antecedentes derivan los acuerdos que finalmente se van a adoptar.


Vamos a hacer una serie de memorias históricas para que así al señor diputado no le quede ningún género de duda sobre quién no ha defendido los intereses del sector del aceite de oliva. Para valorar adecuadamente la negociación de la reforma del olivar, debemos tener en cuenta varios datos. Primero, que la anterior reforma del sector, en 1998, fue negociada por el entonces Gobierno del PP con resultados insatisfactorios. Hay que recordar también el reconocimiento de aquellos malos resultados por parte de la ministra De Palacio, que prometió un programa medioambiental para el sector que ni ella ni sus sucesores llevaron a la práctica, a pesar de que lo anunció a bombo y platillo y en cartas a los sectores olivareros. Segundo, que la propuesta de la Comisión para la actual reforma parte del acuerdo del Consejo de Ministros de junio de 2003, como ya se ha dicho en otras intervenciones.
Y también fue el Gobierno del PP el que comprometió las reformas a partir de aquel momento que ahora se están realizando, las cuales tuvieron como consecuencia las propuestas a las que España se enfrentaba. Partíamos, pues, de una negociación ya cerrada y de unos planteamientos puestos encima de la mesa que no podían de ningún modo ser aceptados. España votó en contra de la propuesta final. Su aceptación hubiese supuesto sacrificar unos sectores por otros y eso era inaceptable. Y acertamos, a pesar de que el Gobierno nos lo había puesto imposible, y me refiero al Gobierno anterior, lógicamente. Tras el voto en contra, conseguimos un cambio de posición que permitirá un futuro más optimista. Logramos el mejor acuerdo que se podía esperar y ustedes, la oposición, lo saben de sobra, aunque insistan en manipular a la opinión pública con afirmaciones que saben que son falsas. Hablan de 120.000.000 de euros que al parecer había conseguido el señor Cañete y saben que no es cierto, que eso era el total del paquete y que para el aceite de oliva solamente se disponía de 43, de los cuales 20 ya estaban comprometidos, habiendo conseguido España por primera vez incrementar su ficha presupuestaria en 20.000.000, que era el total existente presupuestariamente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON AMADOR ÁLVAREZ ÁLVAREZ, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA PÍA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. (Número de expediente 180/000026.)

El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta es la formulada por María Pía Sánchez.


El señor ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Señor presidente, al no estar presente doña María Pía formulará la pregunta Amador Álvarez, diputado por Cáceres.


El señor PRESIDENTE: Efectivamente, lleva usted razón.


El señor ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Se ha producido una sustitución.


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El señor PRESIDENTE: Perdón.


El señor ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, créame que me gustaría felicitarla; sin embargo, el efecto de su incapacidad negociadora ante los ministros de la Unión Europea y los efectos desastrosos que tendrá su acuerdo en más de 14.000 familias extremeñas, de la provincia de Cáceres, me obligan a decirle que usted y su Gobierno son los culpables de la desaparición del cultivo del tabaco en España, que es tanto como decir en Extremadura y en Cáceres, en donde se cultiva más del 90 por ciento del tabaco español. Por eso le pido una respuesta a la pregunta que figura en el orden del día. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Sí, señor diputado, y prueba de ello es la felicitación que el Gobierno ha recibido de la Mesa del Tabaco de Extremadura, que reúne a los agricultores y a los transformadores. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Señora ministra, creo que usted no es consciente del desastre que supone para más de 14.000 familias que directa o indirectamente dependen del cultivo del tabaco verse abocadas a abandonar este cultivo y también el despoblamiento del medio rural que llevará consigo en el norte de la provincia de Cáceres.


¿Sabe usted que cuando entre en vigor esta reforma en el año 2006 desaparecerá más de la mitad de los cultivadores de este producto y que en 2010 desaparecerán los cultivadores en su totalidad? Usted, señora ministra, ha podido comprobar que el talante no es suficiente para negociar los intereses de los agricultores españoles, hay que hacerlo con talento y con eficacia y, al mismo tiempo, con menos soberbia y negligencia. El Gobierno socialista pidió al Gobierno en funciones del Partido Popular que no cerrase las negociaciones en el mes de marzo con los ministros de la Unión Europea porque querían ustedes asumir la plena responsabilidad en esta materia y rechazaron cualquier ayuda del equipo negociador.


Señora ministra, su antecesor el señor Arias Cañete había conseguido que el 70 por ciento de las ayudas ligadas a la producción y que el 30 por ciento fueran desacopladas. Por cierto, esto le pareció insuficiente al señor Ibarra y a la Mesa del Tabaco de Extremadura, porque solicitaban al Gobierno anterior que utilizaran la minoría de bloqueo si no se conseguía que fuera el cien por cien de las ayudas ligadas a la producción. También el Gobierno anterior había logrado un acuerdo con Portugal, Francia, Italia y Grecia para aplicar la minoría de bloqueo si era necesario. ¿Por qué no ha utilizado el Gobierno socialista español esa minoría de bloqueo? ¿Dónde está su coherencia como partido político? ¿Por qué se ha permitido que desaparezca en el año 2010 un cultivo que genera miles de jornales en una región subdesarrollada, la última en los índices de desarrollo y de renta per cápita nacional? ¿Por qué usted y su Gobierno aceptan un acuerdo tan nefasto para el sector tabaquero sin ninguna contraprestación? Sencillamente, porque los gobiernos socialistas, históricamente, han abandonado a nuestros agricultores. Por eso, ante esta ruina y este desastre nosotros le pedimos que recurran este acuerdo... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, lo lamento.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


En primer lugar quiero aclarar que no se ha rechazado ninguna colaboración de los técnicos del ministerio. Todos los técnicos continuaron en la delegación española y si algún cargo ex público no estuvo, no tendría problemas en darle razones.


Para ir ya al tema concreto del tabaco, señor diputado, tengo que decirle que en la propuesta de la OCM del tabaco que el señor Cañete había negociado no existía perspectiva a medio y largo plazo para garantizar la producción del tabaco, pues tras un período transitorio de 3 años, en el mejor de los casos, la producción desaparecería. Así estaba la situación los días 21 y 22 de abril de 2004. Era inaceptable y, finalmente, la minoría del bloqueo formada por los países productores logró que se aceptaran nuevas propuestas que paso a detallar: Eliminar el riesgo del abandono masivo del cultivo al desaparecer el incentivo desacoplado total desde el año 2005 para la mayoría de los productores del tabaco; garantizar la continuidad de la actividad tabaquera al lograrse que la ayuda a los productores fuera parcialmente desacoplada, y la mayor parte de la ayuda, el 60 por ciento, continúa acoplada; flexibilidad de los Estados miembros para elevar el porcentaje de desacoplamiento; reconocimiento de la realidad productiva del sector en cuanto al período de referencia; aplazamiento de la constitución del fondo para el desarrollo rural hasta el presupuesto del año 2011.


Como conclusión, puede asegurarse que se ha pasado de una previsible desaparición inmediata del cultivo para la próxima campaña, debido a la propuesta inicial que había de desacoplamiento total, a la instalación de un período transitorio de desacoplamiento parcial hasta el año 2010 y también de la prórroga actual de la OCM hasta el año 2006, lo que garantiza el mantenimiento de la actividad productiva, de vital importancia socioeconómica

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en las actuales regiones de producción. Buena parte de la confianza del sector se pone de manifiesto en la compra de maquinaria que se ha realizado en la última semana.


Permítame que finalice pidiéndoles que no hagan demagogia, porque es absolutamente falso que el señor Cañete hubiera conseguido...
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Su tiempo ha terminado, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ENCARNACIÓN NAHARRO DE MORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE HA DEFENDIDO ADECUADAMENTE LOS INTERESES DEL SECTOR DEL ALGODÓN ESPAÑOL EN EL CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA CELEBRADO EL PASADO 22 DE ABRIL? (Número de expediente 180/000027.)

El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta es de la señora diputada doña María Encarnación Naharro de Mora.


La señora NAHARRO DE MORA: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, en sus declaraciones ha calificado el acuerdo de las OCM mediterráneas de plenamente satisfactorio. ¿Considera el Gobierno que ha defendido adecuadamente los intereses del sector del algodón español en el Consejo de Ministros del pasado 22 de abril en Europa?

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


El resultado alcanzado, señora diputada, es sustancialmente mejor que la propuesta de la que partíamos, que fue la herencia que recibimos del anterior ministro de Agricultura, el señor Cañete. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora diputada.


La señora NAHARRO DE MORA: Señora ministra, los acuerdos alcanzados no responden en absoluto a las peticiones planteadas por el sector, es más, empeoran la situación de partida al desvincular el 65 por ciento en vez del 60 por ciento de la subvención. Por tanto, a los agricultores, a los algodoneros les será mucho más rentable no producir, con lo cual se acabará el cultivo del algodón. Además, el parche de disminuir la superficie en 15.000 hectáreas para subir la subvención al resto no tiene ninguna eficacia, porque si superamos esta superficie de referencia se producirán penalizaciones.


Señora ministra, gracias a sus negociaciones está en peligro la viabilidad del cultivo y de las industrias asociadas, un cultivo social por excelencia. En zonas donde no existe alternativa, en zonas donde no hay otras producciones viables está asegurada la ruina para los 139 municipios que dependen exclusivamente de este cultivo del algodón y que además afecta a 10.000 productores con sus familias, un millón de jornales al año y 2.000 empleos de la industria desmotadora, además del desmantelamiento del tejido económico en toda la zona, que mueve cerca de 900 millones de euros al año. Las consecuencias van a ser caóticas, se va a producir un riesgo clarísimo de desaparición de este cultivo. Yo lo que quiero que nos diga es qué va a hacer su Gobierno, además de negar el evidente fracaso, como ya lo están haciendo, qué futuro les espera a los 10.000 productores y a sus familias, a qué pretende que se dediquen si no se garantiza el futuro de la actividad que siempre han desempeñado, qué piensa hacer con las industrias. Tendrá que hacer un plan de reconversión. En definitiva, ¿qué esperanzas podemos transmitir al sector algodonero? (Un señor diputado: Muy bien)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Como ya se había dicho, señora diputada, partíamos de una propuesta que resultaba inaceptable para España, propuesta de la que usted sabe perfectamente no somos responsables. Hubo que recomponer una mala negociación de casi un año en poco menos de una semana. El señor Cañete se había jactado durante meses de que la negociación se había llevado en Bruselas, pero a Bruselas se va a trabajar y no a hacer demagogia.


Y continúo refrescándoles a ustedes la memoria, que fueron los responsables de la mala situación en la que se encontraban los intereses españoles en la reforma de la OCM del algodón. España tenía enfrente a todos los países que querían un desacoplamiento al cien por cien. Aquel Gobierno del PP no había sido capaz de lograr un cambio en las posiciones. La Comisión propuso una ayuda desacoplada del 65 por ciento.
Grecia, que es el otro país productor dentro de la Unión Europea, apoyaba la propuesta de la Comisión. España tuvo que defender en solitario su posición el miércoles 21 de abril, pero el Consejo no se bajó del 65 por ciento. La situación era claramente insatisfactoria, por lo que se decidió votar en contra, defendiendo así los intereses de España. Si se hubiese aceptado la propuesta inicial se habría producido la práctica desaparición del cultivo en

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España. La ayuda que se proponía, muy por debajo de los costes de producción española, habría producido una elevada pérdida de fondos, que dejaría de percibir el sector, además de los efectos negativos sobre la industria desmotadora. Sin embargo, tras el voto de España en contra, se consiguió que la práctica totalidad de los fondos disponibles repercutan directamente en el sector algodonero. Y se ha logrado con una leve disminución del número de hectáreas y elevando las ayudas por hectárea de 852 euros propuestos hasta 1.039.


Por otro lado, la aplicación de las reformas, un año después de lo que era la propuesta inicial, permitirá a los sectores y a las administraciones una más fácil adaptación a los nuevos escenarios. Además, el Gobierno colaborará con el sector del algodón y las administraciones interesadas para estudiar en profundidad las mejoras del cultivo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA ELISENDA MALARET GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ PASOS ESTÁ DANDO EL GOBIERNO PARA RECUPERAR EL DIÁLOGO POLÍTICO Y LA NORMALIZACIÓN INSTITUCIONAL CON TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS? (Número de expediente 180/000014.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Elisenda Malaret García.


La señora MALARET GARCÍA: Muchas gracias, presidente.


El pasado 14 de marzo los ciudadanos acudieron a votar masivamente. Con ese ejercicio de responsabilidad cívica nos dieron un mandato a todos los electos para recuperar la política; votaron para reconstruir un espacio de diálogo, de debate y de confrontación racional de las posiciones, para escuchar todas las voces. El Estado autonómico supuso precisamente dar voz a los distintos territorios, reconocer como valor el pluralismo territorial. Un gobierno multinivel exige en la actualidad recuperar la lealtad institucional entre todos los gobiernos que lo componen. En este contexto, señor ministro, ¿qué pasos está dando el Gobierno para recuperar el diálogo político y la normalización institucional en todas las comunidades autónomas?

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señoría.


Agradezco esta pregunta, porque me va a permitir señalar que también en esto el Gobierno está cumpliendo compromisos electorales, compromisos que son un objetivo permanente, como lo es normalizar las relaciones y el diálogo institucional, con independencia de quiénes sean los partidos políticos que en cada momento ocupen unas instituciones u otras. Esa es una convicción profunda de este Gobierno, que hemos empezado a practicar desde la primera semana de ejercicio. Además, ese compromiso electoral se une en esta legislatura con una intensa agenda territorial, una agenda que incluye la reforma del Senado, reformas de estatutos en algunos casos, reformas del modelo de financiación y mejora de la presencia de las comunidades autónomas en la formación de la política general del Estado, y especialmente en la Unión Europea, con el objetivo de conseguir sustituir la confrontación por la cooperación y el aislamiento institucional por la negociación institucional.


Con esa voluntad de generar un clima de cooperación institucional entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España he iniciado una visita a todos los presidentes de comunidades autónomas, que finalizará el día 1 de junio; el presidente del Gobierno ha anunciado su voluntad de recibirles a todos en el Palacio de la Moncloa antes de finalizar el verano; hemos anunciado ya que antes de finalizar este año se celebrará una conferencia de presidentes -por primera vez veremos dialogando juntos a los presidentes de las comunidades autónomas y al presidente del Gobierno- y también hay una oferta de diálogo con la oposición, que ayer se reafirmó en el Senado. He notado mucha sed de diálogo, muchas ganas de hablar, mucha necesidad de recuperar un clima institucional de diálogo después de ocho años de sequía. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora diputada.


La señora MALARET GARCÍA: Muchas gracias.


Como bien sabe el ministro, el diálogo es precisamente condición previa y necesaria para la tan apreciada estabilidad institucional.


Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON EDUARDO MADINA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LA POLÍTICA EXTERIOR QUE VA A DESARROLLAR CUENTA CON EL APOYO MAYORITARIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA? (Número de expediente 180/000010.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Eduardo Madina Muñoz.


El señor MADINA MUÑOZ: Gracias presidente.


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Buenas tardes, señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. En numerosas ocasiones ha expresado su deseo de que la política exterior de este Gobierno vuelva a ser una política de Estado, diseñada desde el consenso en esta Cámara y no desde la imposición, como hemos visto en la anterior legislatura. El Partido Socialista y el actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, han mostrado en muchas ocasiones su disposición a la vuelta a los vectores clásicos de la política exterior en periodos políticos previos a las dos últimas legislaturas. Es el deseo del Grupo Socialista en esta Cámara un futuro sin rupturas trágicas, como las que hemos visto en los últimos tiempos entre la ciudadanía y la acción exterior del Gobierno. En ese sentido, señor ministro, le formulo la siguiente pregunta, ¿considera el Gobierno que la política exterior que va a desarrollar cuenta con el apoyo de la ciudadanía?

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, como saben la política exterior paradójicamente tuvo en el debate electoral y en el resultado de las elecciones últimas un protagonismo que era inusual. No estábamos acostumbrados a que se hablase tanto de política exterior porque no era objeto de preocupación ni de interés de la ciudadanía. Sin embargo, afortunada o desafortunadamente -yo diría afortunadamente para el Gobierno actual y desafortunadamente para la oposición actual y anterior Gobierno- lo que había ocurrido es que se había roto lo que había sido difícil de construir: una política de Estado y una política de consenso que defendiese en cualquier momento los intereses de España y de los españoles. Por tanto, sin entrar ahora en debates electoralistas y buscando precisamente el bienestar de los ciudadanos españoles y los intereses de nuestro país, todos tendríamos que hacer un esfuerzo -desde luego el Gobierno está dispuesto a ello- para que se vuelva a reconstruir el consenso, la política de Estado, en materia de política exterior.


En breve tendré ocasión de comparecer en la Comisión de Asuntos Exteriores para debatir cuáles van a ser los ejes principales en política exterior.
Sin embargo, ya puedo señalar que nos gustaría que toda esta Cámara, los partidos políticos y sobre todo la ciudadanía española estuviesen de acuerdo con ese sentir generalizado de que España tiene que defender el uso del multilateralismo, el de la defensa del derecho frente a la fuerza. Esa España europeísta que vuelva al corazón de Europa, que defienda los intereses europeos, que consiga una Constitución europea en donde España tenga peso e influencia, una relación equilibrada y fuerte con Estados Unidos, una vocación mediterránea y una relación con Iberoamérica y con Latinoamérica que vuelva a recuperar la complicidad y la defensa de esas relaciones que todos deseamos llevar acabo.


Es verdad que hoy el mundo es un mundo complejo, enfrentado a nuevos desafíos: el terrorismo, las armas de destrucción masiva, las organizaciones criminales. Todo ello nos exige, nos demanda y nos interpela, para que todos aquí en la Cámara, los distintos grupos políticos, hagamos ese esfuerzo de Estado de construir una defensa y dar respuesta... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, lo lamento profundamente, terminó su tiempo.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor MADINA MUÑOZ: Muchas gracias, señor ministro.


No le quepa la menor duda de que el Grupo Socialista trabajará en esta Cámara en esa dirección, porque es nuestro deseo, nuestro programa electoral y nuestra tradición política. También trabajaremos para que otros grupos que en el pasado no lo hicieron en el futuro aprendan a hacerlo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA MONTSERRAT COLLDEFORNS I SOL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CUÁL HA SIDO EL CONTENIDO DE LA VISITA DE LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE A LA COMISARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA UNIÓN EUROPEA REALIZADA EL PASADO 3 DE MAYO? (Número de expediente 180/000017.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña María Montserrat Colldeforns.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Señor presidente, señorías, el pasado 3 de mayo la ministra de Medio Ambiente acudió a Bruselas a entrevistarse con la comisaria de Medio Ambiente de la Unión Europea. Los medios de comunicación han dado versiones distintas, en algunos casos incluso divergentes, respecto a los planteamientos realizados por la señora ministra y respecto a la receptividad a los mismos de la señora comisaria. Por ello en esta nueva etapa, en esta nueva legislatura y en esta nueva, esperamos, política medioambiental que se va a poder desarrollar es de interés de esta Cámara conocer de primera mano -y esta es la pregunta, señora ministra- cuál ha sido el contenido de la visita que tuvo en Bruselas con la comisaria de Medio Ambiente el pasado 3 de mayo.


El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


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La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.


Señorías, señora diputada, me complace que mi primera intervención como ministra en esta Cámara sea precisamente para informar de la visita a la comisaria europea de Medio Ambiente, que espero que sea, de verdad, el inicio de un proceso de convergencia de España en la Unión Europea en materia de sostenibilidad.


Precisamente la razón principal de dicha visita ha sido la de trasladar a la comisaria la voluntad inequívoca del nuevo Gobierno en cuanto al necesario avance de nuestro país hacia un modelo de desarrollo más sostenible. El propio presidente del Gobierno asumió en su discurso de investidura el compromiso de situar a España en la misma senda que otros países europeos, en pos de un progreso económico y social que sea compatible con menor contaminación y con un uso más eficiente de los recursos naturales. Y no se trata de retórica vacía. El compromiso del presidente se traducirá, como él anunció, entre otras cosas, en una reorientación de la política del agua y en el esfuerzo, liderado por el Gobierno, para la aproximación a los objetivos del Protocolo de Kioto.
Recordemos que esta Cámara ratificó dicho protocolo sin que ello fuera seguido, por parte del anterior Gobierno, de los esfuerzos necesarios. Y de esa desidia se deriva que hoy España es el país más alejado de toda la Unión Europea del cumplimiento de los compromisos del Protocolo de Kioto.


En particular, anuncié a la comisaria que la política del agua tendrá como prioridades, a partir de ahora, el control público del buen uso y de la calidad del agua y de los ecosistemas asociados, conforme a lo establecido en la correspondiente directiva europea. Para ello, se llevará a cabo una profunda reforma de las confederaciones hidrográficas, así como la revisión de las inversiones previstas en materia de agua, de acuerdo con criterios de racionalidad económica, de cohesión social y de sostenibilidad ecológica. En coherencia con tales criterios, comuniqué a la comisaria que el actual Gobierno descarta el trasvase del Ebro y que presentará un conjunto de proyectos alternativos para obtener los fondos europeos que no habían sido conseguidos por el anterior Gobierno. La comisaria mostró su satisfacción y dio la bienvenida al enfoque...
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Su tiempo concluyó, lo siento, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON JESÚS MEMBRADO GINER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿QUÉ BALANCE HACE EL MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DE LOS CONTACTOS MANTENIDOS CON LOS INTERLOCUTORES SOCIALES? (Número de expediente 180/000012.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Jesús Membrado Giner.


El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. El presidente del Gobierno, en su discurso en el debate de investidura del pasado mes de abril, planteó la concertación social, el intercambio de opinión y la búsqueda de acuerdos entre los agentes económicos y sociales como una parte y un activo fundamental del futuro Gobierno, y de este Gobierno en este caso, y lo planteó con el convencimiento de que es la mejor fórmula para resolver los problemas del mundo del trabajo y los problemas del mundo de la empresa.


Usted, señor ministro, en los 10 días inmediatos a su toma de posesión, ha tenido ya los primeros intercambios de opiniones y los primeros encuentros con estos agentes económicos y sociales, con los empresarios y con los sindicatos. Para el Grupo Parlamentario Socialista estos encuentros son fundamentales, son muy importantes. De ahí que queramos saber cuál es el balance que usted hace de estos encuentros y, al mismo tiempo, las repercusiones que pueden tener de cara al futuro.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor Membrado.


Las conversaciones son muy positivas. Se han celebrado, como usted indicaba, en los primeros días inmediatos a la toma de posesión del Gobierno y quiero dejar constancia en esta Cámara de mi agradecimiento a la excelente disposición de empresarios y sindicatos para iniciar el diálogo social.


Quiero también reafirmar ante la Cámara la importancia del diálogo social para el Gobierno. Es un elemento central de nuestro proyecto político.
Como usted sabe, el diálogo es un instrumento, pero no sólo es un instrumento; va más allá, es también un método. Yo creo, señor diputado, que las mejores reformas no son aquellas que están mejor planteadas, sino aquellas que reúnen el mejor consenso social. Y eso es lo que va a buscar este Gobierno.


Hemos iniciado las conversaciones entre el 25 y el 30 de abril y hay ya una importante coincidencia con los agentes sociales. Los problemas de la economía española radican en la necesidad de mejorar el sistema productivo para crear las condiciones de un crecimiento económico sostenido que dé lugar a más empleos, pero sobre todo de mejor calidad.
Hoy, la economía española dispone de un importante volumen de empleo, pero hay una gran preocupación acerca de la tasa de temporalidad, de la precariedad que existe en nuestro mercado laboral. Por eso hay coincidencia, señoría, en

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la necesidad de abordar reformas en materia de contratación laboral, formación, negociación colectiva, siniestralidad laboral y análisis del sistema de protección social, todo ello dirigido a alcanzar un gran pacto por la competitividad y por el empleo estable. Ya puedo anunciar a la Cámara que la próxima semana será el presidente del Gobierno quien comience los encuentros formales con representantes de los sindicatos y de los empresarios españoles a la búsqueda de las bases para la firma de ese gran acuerdo, que estoy convencido de que con el consenso de todos -agentes sociales y espero que de este Parlamento- dará lugar a más empleo en España y de mejor calidad. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA TORME PARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿POR QUÉ HA INCUMPLIDO EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO SU COMPROMISO DE APROBAR EN EL PRIMER CONSEJO DE MINISTROS UNA LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO? (Número de expediente 180/000028.)

El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta es de la diputada doña Ana Torme Pardo.


La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, a lo largo de la pasada campaña electoral, el señor Rodríguez Zapatero se comprometió reiteradamente a aprobar en el primer Consejo de Ministros un proyecto de ley integral contra la violencia doméstica. ¿Por qué han incumplido también ese compromiso?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señora Torme.


Suponía que era un error involuntario que ahora ha corregido, porque la pregunta dice que por qué no aprobamos una ley en el primer Consejo de Ministros. Eso sólo lo puede aprobar el Parlamento. Lo que puede hacer el Gobierno es aprobar un proyecto de ley. Sinceramente creo que no hemos incumplido tal compromiso. El presidente del Gobierno habló de examinar en el primer Consejo de Ministros un anteproyecto para combatir de modo integral la violencia de género. Así lo hemos hecho. Llevé un informe que establece las bases directrices para garantizar la seguridad, protección y recuperación integral de las víctimas de la violencia de género. Usted sabe que este informe, de acuerdo con la Ley de Gobierno, tiene que pasar unos trámites preceptivos, unos primero para dotar de la mejor precisión y rigor y velar por la coherencia interna de los proyectos y otros, después, porque el anteproyecto tiene que recibir diversos informes preceptivos (Consejo Económico y Social, Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, incluso Consejo Escolar), y una vez emitidos el Gobierno aprobará el proyecto. Ya le anuncio, señoría, que entre los días 19 y 26 de junio, dentro de menos de un mes, estará en esta Cámara, eso sí con exposición de motivos y con memoria económica, como deben presentarse los proyectos de ley. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora diputada.


La señora TORME PARDO: Señor Caldera, hoy habla de examinar un proyecto en el primer Consejo de Ministros, pero en reiteradas ocasiones ustedes se han comprometido públicamente a presentar ese proyecto de ley en el primer Consejo de Ministros. La responsabilidad ahora es suya y ustedes han de saber cómo se tramitan los proyectos de ley; por supuesto que los aprueba la Cámara, que es la que tiene la potestad legislativa. Ustedes ya conocían todos esos trámites y cuando formularon esos compromisos los tenían que haber tenido en cuenta. Como digo, la responsabilidad ahora es suya.


El Gobierno del Partido Popular actuó con toda responsabilidad en la lucha contra la violencia doméstica, y usted lo sabe. Fue el Gobierno del Partido Popular el que impulsó el proceso de reforma más ambicioso de nuestra democracia con la aprobación de dos planes sucesivos contra la violencia doméstica, con dotación presupuestaria, una financiación de más de 120 millones de euros. También impulsó importantes reformas legales para endurecer las penas respecto a los delitos de violencia doméstica o para garantizar la protección de las víctimas. Aquí, en esta Cámara, entre todos los grupos parlamentarios aprobamos la Ley de Protección, la orden de protección, que constituye una actuación integral frente a la violencia doméstica. Medidas son muchas, pero como le digo la responsabilidad ahora es suya y ustedes han empezado incumpliendo su principal compromiso en la lucha contra la violencia doméstica. Decían -lo dijeron en la campaña y lo dijeron hace tiempo-, que tenían una ley, pero o no la tenían o la ley era mala y por eso no la han querido presentar. En el primer Consejo de Ministros no aprobaron ese proyecto de ley que ustedes habían comprometido. En el Consejo de Ministros del pasado viernes intentaron presentar como novedoso un conjunto de medidas que ya se encontraban en vigor desde hace tiempo porque fueron aprobadas por el Gobierno del Partido Popular. Es lamentable que el actual Gobierno anuncie a bombo y platillo un plan de choque para combatir la violencia doméstica y que el resultado sea que aprueben medidas que ya estaban en vigor. Es irresponsable crear falsas expectativas en personas que están pasando

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por situaciones dramáticas. Si de verdad les preocupa este grave problema, en vez de copiar medidas en marcha pónganse a trabajar. Contarán con nuestro apoyo, pero eso sí, señor Caldera, le pedimos que con la violencia doméstica no haga ni demagogia ni propaganda.
(Rumores.-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


No dude de que contaremos con todos ustedes y le agradezco el apoyo a las futuras medidas.


Aprobamos un conjunto de medidas urgentes en el Consejo de Ministros porque nos parecía, también a las asociaciones de mujeres que representan los intereses de las personas amenazadas, que eran insuficientes las medidas que actualmente tenemos para combatir esta tremenda lacra. Cuando se envíe este proyecto a la Cámara, en menos de un mes, yo espero contar con el apoyo unánime de este Parlamento. Celebro además -lo digo en sentido positivo- que ustedes hayan rectificado. Lo digo en sentido positivo porque, hace poco tiempo, el señor Aznar contestaba en esta Cámara que no era necesaria una ley integral contra la violencia de género porque había métodos y vías más eficaces para luchar contra la violencia doméstica. A la vista está que no es así. Necesitamos una ley.
Yo espero contar con el consenso de todos y desde luego espero que este Parlamento esté -estoy seguro de que lo va a estar- a la altura de esta necesidad. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres que sufren esta violencia se lo merecen, señoría. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


INTERPELACIONES URGENTES.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 172/000001.)

El señor PRESIDENTE: Habiendo concluido las preguntas, pasamos al punto II del orden del día: Interpelaciones urgentes. La primera es del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la posición del Gobierno ante la Unión Europea. Tiene la palabra el señor Durán.


El señor DURÁN I LLEIDA: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, señor ministro de Asuntos Exteriores, el 1.º de mayo la Unión Europea se amplió de 15 a 25 países, lo que sin duda va a tener consecuencias políticas para el conjunto de la Unión y por tanto para nosotros; las tendrá también económicas y fundamentalmente en aquello que se refiere a los fondos que bajo denominación diversa no son otra cosa que fondos de solidaridad. Por otra parte, la Presidencia irlandesa se ha propuesto concluir con acuerdo -al menos esa es su intención- los debates entre los diversos Estados miembros acerca de la futura Constitución europea. Sabe usted perfectamente, y esta Cámara también, que acerca de esta cuestión en Europa, a raíz de los resultados del 14 de marzo, se levantaron y se levantan todavía voces de esperanza de cambio de actitud de la posición española. Aparte queda la posición de Polonia, que será mucho más difícil -con todos los respetos para Polonia- por la situación de gobierno o, mejor dicho, de desgobierno de ese país.
Finalmente, de manera particularizada desde Cataluña se plantea -y no desde ahora y sólo por nosotros sino desde hace tiempo y por muchos- la necesidad de que por una parte en el ámbito institucional se configure la presencia de las comunidades autónomas y, por otra, el reconocimiento de nuestra lengua, el catalán, como lengua oficial. Sobre estas cuestiones quisiera amparar nuestra interpelación.


Primero debo decirle -aunque sea innecesario recordárselo-, señor ministro, que nuestra apuesta es por una Europa fuerte en una escena internacional, dotada por tanto de poder político e instituciones eficaces, y que España debe alinearse con aquellas posiciones políticas que más pretenden esa dimensión política de la Unión. Celebro los viajes del presidente del Gobierno a Francia y a Alemania. Creo que hay que estar en la sala de máquinas, como dije en otra ocasión desde esta misma tribuna, de la construcción europea; también hay que tener cuidado con el abrazo del oso por parte de alguno de esos países, y usted decía antes, y yo lo suscribo, que hay que regresar al corazón de Europa.


Aparentemente -hablando ya de la ampliación-, Europa es más fuerte con la ampliación, es cierto, y lo es sobre todo en términos de población, lo es en términos de territorio y si quieren también en términos de mercado, pero me gustaría conocer cómo piensa el Gobierno afrontar alguno de los retos que comporta esta ampliación. Sé que en general se valora mucho políticamente la ampliación por lo que significa de reunificación de Europa. Estamos políticamente de acuerdo con esa actitud, con ese juicio de valor respecto a lo que implica la reunificación de Europa. Debo señalar también en este contexto de reflexión que la Europa actual, la de los dirigentes actuales, ha sido incapaz de liderar políticamente esa ampliación; no ha habido liderazgo político para esa ampliación. Es más, los principales agentes, jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea, a veces con sus críticas han hecho un flaco favor a lo que es la propia ampliación. Pero estando de acuerdo con esa ampliación soy consciente -y estoy convencido de que usted también- de que la arquitectura y diseño de la actual institución no sirve

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para los 25 países; la actual de los Quince, que de hecho no deja de ser la inicial de los Seis, no sirve para la Unión Europea ampliada. Por tanto, si no procedemos a reestructurar institucionalmente la Unión, podría suceder al final que entre todos hayamos construido una especie de Frankenstein con muchas costuras a última hora y con cierta urgencia.
Ello me lleva a hablar de la Constitución.


Hay que posicionarse ante la nueva Constitución -ese es nuestro criterio, señor ministro- haciendo compatible la construcción de Europa con la defensa de los intereses españoles. A nuestro juicio no es incompatible mantener ambas posiciones. Creo que se ha sacralizado Niza y hay que abrirse a la búsqueda de una solución para lo que comportan los efectos posteriores de Niza. Por cierto, y dicho sea de paso, hay que recordar que en Niza se alcanzó un acuerdo gracias a la renuncia por parte de España al aceptar una disminución del número de diputados en el Parlamento europeo, lo que me parece un error en la medida en que el Parlamento europeo interviene cada vez más en la codecisión y, consecuentemente, España pierde peso político en el mismo. En cualquier caso, señor ministro, quisiera conocer cuál es la posición del Gobierno con respecto a la doble mayoría. ¿Es cierta esa propuesta que a través de los medios de comunicación hemos conocido del 55 por ciento de los Estados y el 66 por ciento de la población? ¿Cómo valora el rechazo que el presidente Prodi ha hecho de esta supuesta posición del Gobierno español? ¿Por qué no pensar también en añadir algún mecanismo que no sitúe simplemente un porcentaje para los Estados sino que un mínimo número de Estados -es decir, ese 55 por ciento, el 50 ó el 60 por ciento de Estados- represente a cuatro o cinco, al menos a más de tres Estados? En cualquier caso, quisiera decirle en este ámbito nuestra posición. No es bueno obsesionarse por el bloqueo, tampoco debemos ser tontos, por tanto no hay que pensar en bloquear pero tampoco permitir que se bloquee.
Esa debe ser, a mi juicio, la conducta política que ampare la posición del nuevo Gobierno.


La ampliación comporta también retos económicos. Muchos ven con inquietud esa ampliación; es más, la identifican con deslocalización. ¿Qué piensa hacer el Gobierno para promocionar la presencia española en esos mercados del este? En la práctica estamos solamente en Polonia, Chequia y Hungría.
¿Cuál va a ser la posición del Gobierno español con respecto a la financiación y especialmente con respecto a los fondos regionales? Usted sabe, señor ministro -y conozco en ese sentido su vocación-, que España debe seguir siendo, y más que antes, punta de lanza en la reivindicación de una política euromediterránea. No podemos aceptar que exista incompatibilidad entre la ampliación de la Unión Europea y el cuidado debido a la política euromediterránea. Por tanto, procede fomentar y en cualquier caso reforzar las políticas derivadas del proceso de Barcelona.


¿Cómo encaja este Gobierno -también en el ámbito europeo pero entrando ya en otra consideración- el reconocimiento de las regiones? El Gobierno de un Estado plurinacional o, si usted quiere, tal y como se presenta de una España plural ¿acepta y defenderá el concepto de región asociada que introdujo en el Parlamento Europeo el informe Lamassoure? ¿Defiende este Gobierno un reconocimiento de las regiones con competencias exclusivas? ¿Defiende este Gobierno que las regiones con competencias exclusivas puedan acudir directamente al Tribunal de Justicia de Luxemburgo a defender sus posiciones? Siempre se decía en círculos europeos que el anterior Gobierno español era el gran vetador de este reconocimiento.
Creo que no era el único, pero también sin duda el Gobierno español influía en vetar la posibilidad del reconocimiento de las regiones. ¿Cuál será, por tanto, la posición del Gobierno socialista? Ya no hay un presidente del Partido Popular en el Consejo Europeo, hay un presidente socialista. ¿Cuál es la posición del Gobierno socialista con respecto a aquello que ya permite la actual legalidad, que es usar el artículo 203 del Tratado de Maastricht y, por tanto, permitir la presencia de las comunidades autónomas en ámbitos institucionales europeos? ¿Qué papel va a jugar la conferencia sectorial para configurar la posición española en materia europea? ¿Tiene intención este Gobierno de resucitar algo que ya existe, como es la Comisión bilateral para asuntos europeos entre la Generalitat de Catalunya y el Gobierno del Estado?

Finalmente, si me lo permite, señor ministro, hablemos de la lengua, sin que una vez más el orden de los factores altere en este caso nuestra prioridad. Por tanto, que hable en último término de la lengua no significa que no sea uno de los aspectos principales que nos preocupan y que motivan plantear esta interpelación al Gobierno. Celebro sin reserva alguna -y así debo dejar constancia- el nuevo talante y posición del Gobierno español sobre la lengua. Sé que puede resultar fácil decir que es muy fácil -valga la redundancia- presentar un documento, un papel ante la Presidencia irlandesa, pero soy consciente de que ésta había dicho que no quería admitir nuevas posiciones sobre temas importantes y, en la medida en que la Presidencia irlandesa admite el papel que el Gobierno le presenta, es algo que hay que valorar en términos positivos. Por cierto, señor ministro, me gustaría conocer cuál es el papel, el documento que realmente ha presentado el Gobierno ante la Presidencia irlandesa respecto del reconocimiento del catalán y otras lenguas oficiales en el conjunto del Estado. Sería extraordinario que se aceptase como lengua de tratado y por tanto que se incluyese como tal, como alguien reivindica en esta Cámara, en el futuro Tratado constitucional europeo. Si me lo permite -y que conste que es un piropo, un elogio-, esto está muy bien para el PSOE porque reconozco que ha cambiado de actitud y puede sentirse muy

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satisfecho el Partido Socialista Obrero Español, pero no es suficiente para nosotros y me sorprende que sea suficiente para otros; no es suficiente en cualquier caso para nosotros. A nuestra lengua -ese es nuestro criterio político- no le basta un reconocimiento como el gaélico.
Hoy ya se editan -usted lo sabe- los tratados en catalán. Hoy en el Parlamento y en la Comisión Europea, gracias a los parlamentarios catalanes y a su actitud unitaria, ya se publica en catalán, sobrepasando ampliamente la utilización del gaélico o luxemburgués, por ejemplo, en la Unión Europea. Nuestra aspiración, señor ministro, no es que nuestra lengua sea considerada puramente como una lengua de tratado, igual que el gaélico; lengua por cierto poco hablada y con poca intención de recuperarse. Nuestro caso es distinto. No olvidemos que mientras la independencia de Irlanda a principios del siglo XX se basa en la religión, no en la lengua, en cambio el nervio de nuestra realidad nacional se fundamenta en nuestra lengua y por eso tiene sentido una defensa distinta del reconocimiento de la misma. Recuerdo un dato a la Cámara y al señor ministro: el Parlamento Europeo hizo una publicación, Europa a debate, en 11 lenguas de trabajo y en catalán, con 51.000 suscripciones para Italia, 63.000 para Francia y 31.000 en catalán, lo que refleja -insisto- la importancia y la consideración que debiera tenerse a nuestra lengua. Tampoco nuestro objetivo es ser como el maltés en la medida que es una lengua de Estado, o como alguna lengua del Estado báltico que no cuenta con intérpretes capaces de traducir el acervo comunitario. Nuestro objetivo es ser como el danés, lengua de trabajo, y si me lo permite le explicaré qué quiero decir. Somos muy conscientes de que en el futuro en la Unión Europea deberá establecerse un nuevo régimen lingüístico. No se aguanta que en el futuro deba haber 25 lenguas de trabajo y 25 cabinas de traducción, consecuentemente habrá que establecer un nuevo régimen lingüístico que comportará que sólo existan tres o cuatro lenguas a lo sumo en Europa reconocidas como de trabajo, pero habrá otras lenguas oficiales que tendrán una consideración que no será la que pueda tener puramente como de tratado, y ahí estarán lenguas que hoy son oficiales pero que no serán consideradas como lenguas de trabajo.
Nos gustaría que el Gobierno no se limitara a defender, especialmente frente a su colega francés, el reconocimiento del catalán y de otras lenguas que son oficiales en el contexto del Estado como lenguas de tratado, sino que en el Consejo de Ministros también se defienda un trato de nuestra lengua superior al gaélico o al luxemburgués por las razones explicitadas a lo largo de esta intervención.


Señor ministro, con mucho gusto estoy dispuesto a oír sus reflexiones, que esta interpelación no plantea con el ánimo de cuestionar sino de recoger información sobre cuál es la intención global del Gobierno en estas materias.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Durán.


El señor Ministro de Asuntos Exteriores tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.


Quiero agradecer al señor Durán i Lleida y al Grupo Catalán (Convergència i Unió) su interpelación sobre la posición del Gobierno ante la Unión Europea. Mi amigo Durán i Lleida ha hecho una larga lista de preguntas, interrogantes y propuestas. En la primera fase de mi intervención voy a tratar de concentrarme en las que considero fundamentales y, si se me queda algo en el tintero, luego en la réplica trataré de dar respuesta a sus inquietudes.


Empezaré por la ampliación de la Unión Europea en ese 1.º de mayo que todos celebramos y que ha creado un nuevo marco en el que lógicamente esa dialéctica entre ampliación y profundización de la Unión Europea constituye el elemento esencial. El resultado final de este proceso será, por tanto, decisivo para concertar y sobre todo confirmar esta nueva Europa que todos deseamos crear. Me dedicaré más tarde a reflexionar sobre las consecuencias de la ampliación, pero la primera preocupación en estos momentos, una vez concluida ya esa ampliación de la Unión Europea, son las posiciones que defenderá el Gobierno en relación con el proyecto de Tratado constitucional de la Unión Europea. Como saben SS.SS., en el Consejo Europeo del pasado 26 de marzo se acordó relanzar las negociaciones de la Conferencia Intergubernamental con el objetivo de finalizarlas a más tardar el 18 de junio, fecha del próximo Consejo Europeo de la Presidencia irlandesa. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.) El nuevo Gobierno, por razones obvias, interviene ya en su última fase de negociación, aunque diré que no ha habido mucha negociación hasta ahora. Hasta el Consejo Europeo de Bruselas hubo intercambio de posiciones, pero la negociación propiamente dicha, la negociación seria y definitiva ha empezado hace muy pocas semanas. No obstante, desde el mismo 15 de marzo los responsables políticos del entonces futuro Gobierno empezaron a trabajar en este ámbito con el fin de asegurar la defensa de los intereses españoles y facilitar, en la medida de lo posible, un pronto acuerdo del Tratado constitucional de la Unión. Naturalmente hay muchos temas en los que existe una lógica continuidad entre las posiciones de este Gobierno y las del Gobierno anterior. A modo de ejemplos puedo citar el caso de la construcción del espacio de seguridad, libertad y justicia y la cuestión del régimen de adopción de los futuros fondos estructurales. Son temas en los que los intereses objetivos del Estado, en los que existe un amplio consenso, son claros.


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Se trata, por tanto, de resumir las disposiciones en buena medida de la parte tercera del proyecto de Constitución, que abarca las distintas políticas de la Unión. Sin embargo, hay dos temas en los que este Gobierno hubiera deseado que la Convención y el proyecto que nació de ella hubieran sido más ambiciosos. Me refiero, en primer lugar, a las cuestiones relativas a lo que se ha venido en llamar la Europa social, donde este Gobierno hubiera deseado en particular un uso más amplio del voto por mayoría cualificada; en segundo lugar, a las disposiciones del proyecto que conciernen a lo que se denomina la gobernanza económica de la Unión. A nosotros, Gobierno, nos hubiera gustado ver una intervención institucional más activa por parte de la Comisión y un papel más claro de la Unión en lo que concierne a la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros. Al margen de estos dos temas quedan importantes cuestiones por resolver. Sus señorías saben que todavía quedan pendientes en el marco de la Conferencia Intergubernamental algunos temas muy sensibles y fundamentales. Me voy a referir a los más importantes y a indicar cuál es la posición del Gobierno sobre ellos.


En lo que concierne a los temas institucionales, las cuestiones esenciales que quedan todavía por cerrar son la definición del sistema de voto en el Consejo, la composición de la Comisión y el reparto de escaños en el Parlamento Europeo. En lo que respecta al sistema de voto en el Consejo, el tema que atrae más atención mediática y política, porque en definitiva lo que está en juego es el peso e influencia de nuestro país en el nuevo equilibrio de poder en la Unión Europea, el Gobierno español ya ha indicado que está dispuesto a hacer un notable esfuerzo para facilitar el logro de un compromiso. Por ello está dispuesto a trabajar sobre el modelo de voto de doble mayoría de Estados y de población, ya que ésta es la opción de voto que cuenta con el apoyo de la amplia mayoría de los Estados de la Unión, pero sobre todo porque recoge lo que nosotros consideramos que es el elemento esencial de la legitimidad de la futura Unión Europea: una legitimidad de Estados y una legitimidad de ciudadanos de población. Esa doble legitimidad constituye el principio filosófico, político, esencial de nuestra defensa del sistema de voto en el futuro Tratado de la Unión. En ese sentido puedo garantizar a SS.SS. que el Gobierno tratará de defender al máximo los intereses españoles para que en el acuerdo que se alcance en esa futura Constitución del Tratado de la Unión quede reflejado que la capacidad de influencia y de peso sea la suficiente y muy similar a la alcanzada en el Tratado de Niza. La legitimidad del proceso, por tanto, dependerá de ese juego de votos, de esa red de seguridad que todos tendremos que imponer para garantizar la defensa de los intereses y también de la capacidad de influencia, porque en Europa los votos son esenciales pero también lo es esa capacidad de influencia con algunos socios esenciales en la construcción de consensos y de políticas sectoriales en la Unión Europea. No es concebible que una Europa del futuro con 400 millones de habitantes no pueda llevar a cabo lo que yo anuncié ya, dos tercios de la mayoría de la población, porque sería dejar a más de 50 millones de europeos fuera de alguna decisión que podrían señalar dos o tres países. Por tanto, España va a defender con tenacidad y con la voluntad de alcanzar un acuerdo ese sistema de doble mayoría.


En cuanto a la composición de la Comisión, puedo señalar que España podría llegar a aceptar la propuesta que ya circula oficiosamente sobre una Comisión reducida a 15 ó 18 comisarios a partir del año 2014.


Por lo que se refiere a los escaños en el Parlamento Europeo, puesto que el Tratado de Niza -y lo tengo que recordar aquí- llevó a que España renunciase a una pérdida notable -la más notable de nuestra presencia en las instituciones parlamentarias europeas- de más de 14 eurodiputados, este Gobierno va a tratar de recuperar un número de eurodiputados para que ese déficit democrático institucional en la Unión pueda ser compensado.


Otro tema abierto en la Conferencia Intergubernamental extraordinariamente delicado, a caballo entre lo institucional y lo no institucional, es el relativo a la ampliación del ámbito del voto por mayoría cualificada. El anterior Gobierno indicó que España puede aceptar sin modificaciones las propuestas de la Convención en este punto. Este Gobierno hubiera deseado hacer más en este terreno, por ejemplo, en el ámbito de la política exterior de seguridad común. El Gobierno comprende, no obstante, los problemas que esta cuestión plantea en algunos Estados en temas como la fiscalidad o la Seguridad Social, y no descarta trabajar en el marco de un acuerdo global sobre la base de las vías de compromiso que se han avanzado informalmente a lo largo de estos dos últimos meses.


En lo que concierne a algunas cuestiones no institucionales objeto todavía de debate en la Convención, me limitaré a señalar que el nuevo Gobierno ha solicitado con firmeza, continuando un trabajo ya emprendido, que se incluyan las regiones ultraperiféricas entre las zonas que puedan recibir ayudas públicas consideradas compatibles en el mercado interior.


En relación con las lenguas que ha mencionado S.S., para completar lo que ha señalado el presidente del Gobierno esta tarde le volveré a indicar que haremos todo lo que esté en nuestra mano. No va a ser fácil porque es iniciar un nuevo proceso y usted conoce cómo en la Unión Europea es siempre largo y laborioso el trabajo de iniciar una nueva presencia de lenguas o de cualquier otra iniciativa que no haya sido contemplada con anterioridad, pero le puedo garantizar que haremos todo lo que esté en nuestra mano para alcanzar ese acuerdo, esa voluntad de reconocer la pluralidad de lenguas de nuestro país dentro del seno de la Unión Europea. Lo mismo en relación con la incorporación

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de las comunidades autónomas en la elaboración de la posición española sobre aquellas políticas europeas que afecten a sus ámbitos propios de competencia. Este Gobierno tiene la firme voluntad de abrir un proceso de reflexión entre los representantes de las comunidades autónomas con el fin de encontrar fórmulas adecuadas y eficaces que permitan la incorporación de sus posiciones en sus ámbitos de competencia en la elaboración de la posición española en las instancias comunitarias.
Subrayo, en nombre del Gobierno, la necesidad de mejorar el funcionamiento de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (CARCE) y las conferencias sectoriales previstas en el acuerdo de participación interna de 1994.


Por último, respecto a la ampliación -me queda poco tiempo pero podremos debatir con más tranquilidad y serenidad-, España siempre ha apoyado la ampliación de la Unión Europea. Lo ha hecho por razones políticas, para consolidar la paz y estabilidad de este continente; por razones económicas, porque se abre un mercado de 80 millones de ciudadanos; por razones incluso éticas o morales, porque nos sentimos el espejo de lo que fue nuestra adhesión al proceso de integración europea. Por todo ello nos consideramos extremadamente satisfechos con esta ampliación. Según los últimos datos del Eurobarómetro de la Comisión Europea, el 62 por ciento de los españoles se declara partidario de la ampliación y sólo un 15 por ciento se manifiesta en contra. Debemos, por tanto, ser conscientes de que la nueva Unión Europea contará con más de 450 millones de ciudadanos, casi el doble de la población de Estados Unidos y casi el triple de Brasil o Japón. Europa, durante muchos años, lamentablemente, ha sido simplemente un escenario en el que se sucedían las guerras y los conflictos entre europeos; posteriormente, perdió su papel tradicional en la escena internacional. Ahora queremos que sea un actor global, un actor que influya, un actor activo para crear una solidaridad internacional y que pueda defender los intereses españoles, los intereses europeos en un mundo en cambio.


Con el ingreso de los 10 nuevos Estados miembros, Europa se consolida como la mayor potencia económica y comercial del mundo y como el mayor donante mundial. Yo creo que España tiene que observar esta ampliación como una oportunidad y así, en definitiva, es lo que hará este Gobierno, para crear una Europa más fuerte y más próspera, una Europa más eficaz, más democrática, más solidaria tanto a nivel interno como internacional.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor ministro.


Para sus cinco minutos de réplica, tiene la palabra el señor Durán i Lleida.


El señor DURÁN I LLEIDA: Muchísimas gracias, señor ministro, por la información que nos ha facilitado, y aprovecho este turno para insistir en algunos de los aspectos que mencioné en mi primera intervención y que quizá son los que han sido administrados en la respuesta del señor ministro de manera más superficial, si me permite la expresión.


Estamos de acuerdo con su primera reflexión acerca de lo que es ampliación y profundización. Nos parece imprescindible que Europa tenga en cuenta el valor de la profundización; sin ella, no estaríamos apostando por una Europa de dimensión política, el proyecto sería otro y, en cualquier caso, no es el proyecto europeo del que participa nuestro grupo parlamentario.


Estoy de acuerdo, en términos generales, en las posiciones mantenidas por el señor ministro respecto a lo que es el voto en el Consejo, asunto muy importante. Contará con el apoyo de este grupo parlamentario en lo que se refiere a recuperar presencia en el Parlamento Europeo. Insisto en que cada vez -esa debe ser la tendencia de futuro- va a haber ámbitos de codecisión entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, razón de más para reforzar la presencia en cuanto al número de diputados que representen al conjunto del Estado. Y por supuesto, nuestro propio proyecto europeo nos lleva a reforzar un concepto de Comisión como auténtico Poder Ejecutivo de la Unión Europea y nos gustaría que, en su día, el diseño final de construcción europea fuese no simplemente una expresión del Ejecutivo, sino que fuese el Ejecutivo de esa Unión. No obstante, como le anuncié, me permito remarcar dos aspectos en los que va a insistir a lo largo de esta legislatura nuestro grupo parlamentario, al menos hasta que no encuentre una solución satisfactoria.


El ámbito de la lengua. Insisto en reiterar mi agradecimiento al Gobierno por el gesto -y más allá del gesto- de la presentación del documento, que insisto en solicitar al señor ministro para que lo conozca la Cámara, sobre el reconocimiento de las lenguas como lenguas de tratado. Acepto las dificultades que va a haber. Yo mismo le dije en mi intervención anterior que el hecho de incluir a última hora, contra el criterio de la Presidencia irlandesa, un tema importante como sin duda lo es el reconocimiento de una lengua de tratado va a conllevar dificultades a este Gobierno, pero yo no me fijo la meta del tratado y por eso sobrepaso la dimensión del propio tratado. Usted sabe que en el reglamento correspondiente y a partir de un acuerdo del Consejo Europeo puede incluirse, lógicamente con el acuerdo de todos, el reconocimiento de una lengua oficial y de trabajo en el seno de la Unión Europea. Sin duda, más allá de cuál sea el resultado de la inclusión o no como lengua de tratado en la próxima Constitución Europea, el Gobierno va a tener la gran oportunidad el día que se discuta ese nuevo régimen lingüístico necesario e imprescindible de la Unión Europea, especialmente a partir de la ampliación de lenguas que conlleva

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la propia ampliación política a nuevos 10 miembros de la Unión. Es ahí donde yo le pido que insista. Fíjese en que, de hecho, estamos hablando del fuero y del huevo. No tengo suficiente con un fuero que me reconozca el catalán como lengua de tratado y que en la práctica me sirva de poco.
Lo que le estoy pidiendo, señor ministro, es que intente, desde lo que es la actitud y defensa de este Gobierno, superar dificultades, reconocer el fuero y el huevo de lo que son lenguas oficiales de este Estado, de esta España a la que usted representa en el Consejo de Ministros.


Donde quizá tengo una impresión más negativa o al menos deseo tener respuesta en esta segunda intervención del señor ministro, es en el ámbito del reconocimiento de lo que representan las comunidades autónomas en general, en tanto que tienen capacidad legislativa, o si quiere de otras realidades, más allá de lo que es pura y simplemente una comunidad autónoma o una región. El propio Lamassoure, insisto, en su informe ante el Parlamento Europeo situó como necesidad para ellos el reconocimiento de región asociada. Es ahí donde también solicito de este nuevo Gobierno que cambie la actitud del Gobierno anterior y que defienda en el esquema, en el edificio institucional europeo el reconocimiento especial de lo que son regiones -utilizo la palabra en terminología europea- que tienen competencias y, por tanto, derecho a defender directamente ante las instituciones europeas sus propias competencias y, por supuesto, por extensión, ese mismo derecho ante el Tribunal de Justicia europeo. Es en este sentido en el que le pregunto: ¿El Gobierno socialista sigue manteniendo las posiciones del anterior Gobierno o va a defender que en Europa se reconozcan esas determinadas comunidades o regiones con competencia legislativa y su derecho a acudir al tribunal europeo en defensa de sus propias competencias?

Muchas gracias, señor ministro.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Durán.


Para consumir sus cinco minutos de réplica, tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señora presidenta.


Señor Durán Lleida, le agradezco su apoyo a la mayoría de los planteamientos del Gobierno y, por tanto, agradezco a su grupo que podamos contar con ustedes en este momento crítico y esencial para el futuro de la Unión Europea, que es finalizar la negociación de ese tratado constitucional de la Unión.


En relación con las dos cuestiones que quiere resaltar y que no he tenido tiempo de desarrollar en mi primera intervención, me gustaría hacer las siguientes reflexiones. Cuestión de las lenguas oficiales autonómicas.
Como ha señalado el presidente, señor Rodríguez Zapatero, este Gobierno quiere dar reconocimiento y, por tanto, proyección a la pluralidad lingüística de nuestro país y hacer todo lo que esté en su mano para que estas lenguas puedan ser reconocidas al máximo nivel -cuanto más mejor- dentro de la Unión Europea.


Como sabe -lo he indicado al comienzo de mi intervención-, no era fácil la tarea. Había incluso comentarios y sugerencias por parte de la secretaría del Consejo, por parte de la propia presidencia, durante los primeros sondeos que hicimos, en el sentido de que sería mejor no abrir esta caja de Pandora en un tema tan sensible, como es la cuestión lingüística, que afecta a la diversidad cultural europea. No obstante, este Gobierno comprende perfectamente la legitimidad de su grupo y de las distintas comunidades autónomas en la defensa de sus lenguas, que son lenguas oficiales en nuestro país. Por ello hemos hecho un primer intento, una primera negociación y hemos entregado un texto a la presidencia -creo que este texto ha sido remitido esta mañana a todas las comunidades autónomas y ha sido bien recibido-, que es al que usted hacía referencia, y como muestra de mi voluntad de transparencia no tengo inconveniente en entregárselo a SS.SS. y a esta Cámara para que conozcan con todo detalle lo que se ha estado negociando con la Presidencia de la Unión Europea y con los demás socios de la misma.


Sabemos cuál va a ser la batalla. Esta defensa de la presencia de las lenguas oficiales de la Nación española y de las comunidades autónomas va a ser una batalla difícil, precisamente en el momento final de la negociación para el Tratado de la Unión Europea. No obstante, le garantizo que trataremos de ir allí donde podamos alcanzar el consenso.
Pero quisiera recabar su apoyo, su defensa, su solidaridad para que en el transcurso de los próximos meses, cuando se debata, como ha señalado, precisamente el régimen jurídico, podamos de nuevo resucitar su preocupación sobre la lengua catalana y sobre las otras lenguas oficiales de nuestro Estado.


En cuanto a las reivindicaciones sobre la presencia de las autonomías en la Unión Europea, el proyecto de tratado constitucional introduce por primera vez -imagino que lo sabe el señor Durán i Lleida- el reconocimiento de la dimensión regional de la Unión y el Gobierno, por tanto, se congratula de este reconocimiento. Así, el respeto a la autonomía regional por la Unión figura en el artículo quinto, de la parte I del proyecto. La dimensión regional se menciona de modo expreso de nuevo al hablar de respeto al principio de subsidiariedad. El protocolo sobre subsidiariedad reconoce en este contexto la posibilidad de que los parlamentos regionales participen en el control de respeto de estos principios. En ese protocolo se hace referencia también a la consulta, en caso necesario, de las autoridades regionales y locales por parte de la Comisión. Son avances significativos. A estas alturas del debate sobre el nuevo tratado constitucional, no puedo dejar

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de señalarle que nos parecería quizá no demasiado oportuno reabrir totalmente todo ese capítulo si queremos un acuerdo final del tratado para el 18 de junio. Pero sí podríamos presentar sus reivindicaciones en un ejercicio intramuros para potenciar la participación de las comunidades autónomas en la elaboración de la posición del Estado ante la Unión.


Esto es lo que yo considero que puede ser la obligación del Gobierno de mejorar la participación de las comunidades autónomas en todo el proceso de decisión y de defensa de las posiciones de las distintas comunidades autónomas en aquellas cuestiones que afecten a su competencia a la hora de la negociación o de la defensa de distintos sectores o proyectos sobre los que tengan especial interés las comunidades autónomas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL Y EL TRASVASE DEL EBRO. (Número de expediente 172/000002.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señorías, la siguiente interpelación es del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas a adoptar en relación con la ejecución del Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro.


Tiene la palabra el señor Zaplana.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señora presidenta, señoras y señores diputados, señora ministra, el agua es un recurso vital y, por ello, esta es la primera interpelación que presenta mi grupo en esta legislatura.
Garantizar su suministro a todos los ciudadanos no sólo es una responsabilidad de cualquier Gobierno, sino que es y constituye su principal obligación; una obligación urgente en un país como el nuestro, en un país como España donde la escasez de agua en muchas zonas condiciona su progreso, su crecimiento y su calidad de vida.


En nuestro país hay algunas zonas que tienen un problema histórico de falta de agua, una cuestión que desgraciadamente está pendiente de resolver desde hace muchas décadas. Son muchos los proyectos que han intentado resolver la carencia de agua en algunas zonas de España, algunos impulsados en su día -sin que ninguno se haya materializado- por importantes dirigentes socialistas históricos. Como usted sabe, las consecuencias de esa falta de agua son muy numerosas: restricciones de agua en muchos municipios, desertificación, infradotación de regadíos, sobreexplotación de acuíferos, abandono de cultivos y un largo etcétera.
Muchas zonas de nuestro país han experimentado en las últimas décadas disminuciones muy importantes en su superficie de regadío. Municipios turísticos de primer orden han atravesado y siguen atravesando dificultades graves de abastecimiento de agua. Ciudadanos de las regiones mediterráneas han sufrido restricciones de agua para el consumo humano que se han repetido en fechas recientes. Todo ello genera un problema para muchos miles de personas, de ciudadanos de estas tierras, un problema que afecta de forma crucial al bienestar y a la prosperidad de todos los españoles, porque la falta de agua afecta directamente a la calidad de vida de las personas, pone en peligro nuestra agricultura y ecosistemas muy importantes, como los humedales, daña gravemente un sector estratégico de la economía española, como es el turismo, frena la modernización de nuestro país, paraliza nuevas iniciativas y proyectos emprendedores en zonas muy dinámicas de España y por lo demás sabe, señora ministra, que no contribuye positivamente a nuestra imagen exterior.


Las comunidades mediterráneas se han esforzado siempre, y lo hacen en la actualidad, por valorar y aprovechar cada gota de agua al máximo, pero sus recursos propios no son suficientes. Esa parte de España pide simple y llanamente agua porque la necesita y usted, señora ministra, lo sabe muy bien, ya que fue usted quien en 1993 elaboró un proyecto de plan hidrológico cuando era entonces la máxima responsable de Medio Ambiente, en el último Gobierno socialista; un plan que perseguía el objetivo, que nosotros compartimos, señora ministra, de llevar agua a las zonas de España en las que este recurso es necesario, donde hace falta; un plan que para ello proyectaba realizar 13 trasvases y que usted intentó llevar a cabo, pero no pudo hacerlo, me imagino que porque no logró los apoyos necesarios ni los acuerdos para ello. No sólo no logró acuerdos para aprobar el plan hidrológico que defendía, sino tampoco para aprobar los planes de cuenca que previamente requerían su aprobación. Además, yo creo que faltó algo fundamental para un proyecto de esta naturaleza: la valentía política para sacarlo adelante.


Ha sido precisamente el Gobierno del Partido Popular el primero, después de muchísimos intentos, que ha tenido el coraje de abordar esta cuestión y el primero que ha presentado en esta Cámara un proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional. El motivo esencial por el que lo hicimos, entre otros muchos, fue por su necesidad y porque además se trataba de un compromiso recogido explícitamente en nuestro programa electoral del año 2000, un programa que habían votado más de 10 millones de personas. El plan hidrológico obtuvo el respaldo mayoritario del Consejo Nacional del Agua y de 13 de las 17 comunidades autónomas de nuestro país, entre ellas, recordará perfectamente la señora ministra, algunas comunidades gobernadas por el Partido Socialista, como Extremadura o como Castilla-La Mancha, entonces presidida por su compañero de Gobierno y hoy ministro de Defensa, señor Bono; un

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plan que finalmente trajimos a esta Cámara y presentamos en este Parlamento, en donde obtuvo un amplísimo apoyo. Con su aprobación parlamentaria entonces se dio por fin una solución al problema histórico de la falta de agua en una parte importante del territorio español, una respuesta definitiva a la insuficiencia de agua de las cuencas del arco mediterráneo. Yo estoy seguro, señora ministra, que sabrá que las comunidades del arco mediterráneo tienen un déficit hídrico en conjunto, según acreditan los estudios, de 2.270 hectómetros cúbicos. Le falta mucho agua, como S.S. debe saber. En cambio, también debe saber que hay otras cuencas hidrográficas de nuestro país que tienen excedentes importantes o, en otras palabras, que les sobra agua. Concretamente, el Ebro tiene unos excedentes que superan, asegurando su caudal ecológico y satisfechas todas las demandas y necesidades presentes y futuras de su cuenca, más de 5.000 hectómetros cúbicos anuales. El Plan Hidrológico Nacional vigente en estos momentos prevé trasvasar, como máximo, sólo una quinta parte de ese excedente de agua del Ebro, concretamente, 1.050 hectómetros cúbicos al año, y además prevé hacerlo únicamente en los meses de octubre a mayo, que es la época en la que el río lleva más agua, y hacerlo sólo cuando sobre agua. Lo dice así textualmente el Plan Hidrológico Nacional.


Lo explicaré de otro modo. El trasvase del Ebro cubre tan sólo algo menos de la mitad del déficit de agua de las comunidades mediterráneas. ¿De dónde se obtiene la otra mitad? El resto se obtiene mediante la reutilización de aguas residuales, la mejora de las redes de distribución, la modernización de regadíos, el ahorro de agua y desaladoras. Medidas, todas ellas, basadas en criterios racionales que ya en estos momentos se están ejecutando y que se aprovechan al máximo -y repito, señora ministra, se aprovechan al máximo-, pero, aun así, sigue haciendo falta agua. Por eso, se necesita también, además de todas esas medidas, trasvasar agua del Ebro.


El trasvase, como se deduce lógicamente, obedece a una razón de sentido común, de justicia y de solidaridad interterritorial. Para ello, lo normal y lo sensato es que existiera un espacio amplísimo para el consenso sobre esta política del agua, sobre esta necesidad, pero desgraciadamente no ha sido así. Su partido no sólo no ha apoyado un proyecto vital para la cohesión y la vertebración de España, sino que de manera, desde mi punto de vista, muy poco comprensible ha pedido a la Unión Europea que no conceda fondos para el desarrollo de las infraestructuras del Plan Hidrológico Nacional. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!) El Partido Socialista ha intentado impedir que la Unión Europea concediera a España aproximadamente un billón de las antiguas pesetas destinadas básicamente a abastecimiento y saneamiento de las ciudades, a prevención de inundaciones, a la restauración hidrológico- forestal y a la mejora del control de la calidad de las aguas. Ejemplo de obras que en estos momentos se están haciendo ya, pese a la oposición de su partido, como por ejemplo en el saneamiento del delta del Llobregat en Cataluña. Ahora, cuando su partido gobierna, lo primero que se propone es paralizar este proyecto modernizador de nuestro país que va a permitir la puesta en explotación de nuevos regadíos, la mejora de la calidad de las aguas, la garantía del suministro de agua suficiente en muchos municipios y va a suponer también oportunidades, más progreso y mejor calidad de vida para miles de ciudadanos españoles. Va a suponer algo tan comprensible como que en el siglo XXI no haya municipios en nuestro país, como ocurre ahora desgraciadamente, con restricciones y cortes de agua superiores a las 12 horas.


Señora ministra, usted debe saber que el 50 por ciento de los productos agroalimentarios que exporta España se producen en las regiones mediterráneas y el Gobierno, con sus decisiones, les va a impedir que tengan los recursos necesarios para mantener su actividad económica y asegurar su futuro desarrollo. Ya hay una solución en marcha para resolver esta falta de agua en estas regiones; una solución que usted misma consideraba positiva -la del trasvase- y consideraba idónea en el año 1993. Y yo le preguntaría...


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Zaplana, ya sabe cuán riguroso es el tiempo en las interpelaciones. Le concederé un minuto de cortesía para que finalice.


Muchas gracias.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Acabo, señora presidenta.


Y yo le pregunto: ¿Qué ha pasado para que ahora la considere injusta e inadecuada? ¿Por qué quieren paralizar el trasvase del Ebro? Expliquen las razones de fondo. Y las razones no son otras, señora ministra, que a ustedes nunca les ha importado de verdad la ley del Plan Hidrológico Nacional. Lo que les ha ocupado ha sido desgastar al Gobierno, lo que les ha ocupado es hacer un ejercicio poco responsable de la oposición, lo que les ha ocupado posteriormente es asentar en el daño que se puede generar a una parte importante de España los compromisos políticos que les permitan gobernar en algunas zonas de España.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Zaplana.


Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señora presidenta, señorías, señor diputado, bienvenido a la preocupación por el agua y por los humedales. (Aplausos.) La verdad es que oyéndole describir los graves problemas del agua en España,

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de la calidad del agua, de la situación de los humedales, francamente me parecía imposible que lo estuviera haciendo un miembro del anterior Gobierno, después de que durante ocho años el Partido Popular gobernando en España no solamente no ha mejorado ni la calidad del agua ni los problemas de disponibilidad del agua, sino que han empeorado. Durante ocho años ustedes han gobernado y vienen aquí ahora a defender una vez más, ya desde la oposición, lo que no fueron capaces de llevar a cabo durante el Gobierno. (Aplausos.)

Ha hablado de restricciones. Pues bien, hubo restricciones, creo recordar, el verano pasado en Murcia, donde todavía no se habían puesto en marcha obras licitadas el año 1996, desaladoras licitadas por el último Gobierno socialista que si se hubieran podido acabar bajo mandato del Partido Popular no habría habido las restricciones que sufrieron los murcianos el año pasado. Ustedes saben que durante estos ocho años ha habido una drástica reducción de la inversión pública estatal en materia hidráulica.
Se inventaron lo de las sociedades estatales de agua, algo para agilizar y hacer más eficiente la acción pública en materia de agua. Bueno, más bien para todo lo contrario: las sociedades estatales se quedaron con el dinero de las privatizaciones, pero agilizar la política del agua en España ahí están los resultados.


Ustedes han estado prometiendo esa panacea del gran trasvase del Ebro hasta Almería hasta el último momento de su mandato, pero descuidando el llevar a cabo actuaciones que hubieran permitido mejorar la calidad y la disponibilidad no sólo en las cuencas mediterráneas. Seguramente ustedes saben que eso de la España seca y la España húmeda está cambiando un poquito de contenido. Recuerden el cambio climático, esos temas que hasta ahora tampoco parecían importarles mucho, que hace que haya restricciones en la España húmeda, como por ejemplo en Cantabria, y problemas de calidad del agua cada vez mayor en toda España: nitratos, contaminación de variado origen, salinización de acuíferos, etcétera. Todo eso ha empeorado con el Gobierno del Partido Popular. (Aplausos.) Luego no vengan ustedes aquí ahora como si empezaran la legislatura, porque ustedes han tenido su ocasión durante dos años.


Al cabo de tres años de defender ustedes el trasvase del Ebro ante la Comisión Europea, con toda la fuerza que tenían desde el Gobierno y con todos sus argumentos, aquí están los informes que dicen claramente que la obra del trasvase es una obra inviable desde el punto de vista económico.
(Aplausos.) Es una obra cuyo coste nunca llegaron a decir a los agricultores; es más, el Gobierno de la nación dijo que diría el coste cuando se acabase la obra, que diría cómo iba a repercutir ese coste en los usuarios cuando acabase la obra. Eso es un disparate de gran calibre que está aquí dicho; está aquí dicho que los costes no estaban bien contemplados. (Un señor diputado: ¡Agua para todos!) ¿A qué precio agua para todos?, porque el trasvase del Ebro, señores del Partido Popular, tendría el módico coste medio de 90 centavos de euro el metro cúbico transferido. (Aplausos.) Esa es la realidad. (Rumores.) En las desaladoras el coste es de menos de 90 centavos el metro cúbico, bastante menos señorías. (Continúan los rumores.-Un señor diputado: ¡Ah!) En cualquier caso, nosotros ahora estamos en el Gobierno siendo coherentes con una posición que defendimos en esta Cámara el año 2001. Nosotros trajimos una alternativa a la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Esa alternativa es la que ahora vamos a desarrollar, y los responsables autonómicos de Andalucía, de Cataluña, de Murcia y de Valencia conocen ya los proyectos concretos que van a llevar el agua, y no solamente llevar agua, van a mejorar la calidad y la gestión de las cuencas que hubieran sido receptoras de esa panacea del trasvase del Ebro. Sólo quiero insistir en que ese trasvase no hubiera podido hacer llegar 1.050 hectómetros cúbicos, entre otras cosas, señores del PP, porque ahí está el proyecto, y en ese proyecto se ve que no hay suficiente capacidad de almacenamiento en las cuencas receptoras del supuesto trasvase, porque solamente estaba planteado el embalse de Azorín y hubieran hecho falta cuatro embalses como el de Azorín para poder hacer que los años que hubiera sido posible se disfrutara de verdad de los 1.050 hectómetros cúbicos que ustedes habían prometido. Ustedes habían prometido esa cantidad sin fijarse en el caudal ecológico en la desembocadura del Ebro; ustedes habían fijado y comprometido esa cantidad sin tener en cuenta las pérdidas, que por pocas que fueran hubieran significado una detracción de esas cantidades. Tampoco habían tenido en cuenta que de acuerdo con la evolución de los caudales del Ebro uno de cada cuatro años no hubiera habido garantía para regar las superficies que ustedes han estado estimulando con una enorme irresponsabilidad con la promesa del trasvase del Ebro. Hay que ir a una respuesta racional, y eso es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es ni más ni menos que aplicar en la política del agua los criterios que a nivel internacional y en el ámbito europeo hoy día están muy claros. Señorías, recuerden que hace 11 años no había directiva europea en materia de política del agua; hace 11 años la obra pública no estaba sometida a los criterios de exigencia de control presupuestario y de déficit cero, que ustedes y nosotros hoy día compartimos. Por tanto, si hoy día hacemos obras hidráulicas -y las haremos-, tendrán que ser aquellas que desde el punto de vista económico sean las más racionales. Con menos dinero del que ustedes anunciaban para el trasvase del Ebro -4.200 millones-, nosotros vamos a conseguir agua para todas esas cuencas y además vamos a mejorar la calidad y la gestión.
Eso va a significar que las comunidades autónomas beneficiarias del supuesto trasvase van a ver que se llevan a cabo en sus territorios inversiones equivalentes y que se obtienen fondos europeos

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que francamente el trasvase del Ebro no tenía ninguna capacidad de obtener. Eso he tenido ocasión de comprobarlo muy directamente en mi visita a Bruselas, donde la comisaria dijo públicamente que no había certeza sobre la cantidad de agua a detraer del Ebro, ni sobre el coste de esa actuación, ni sobre su verdadero impacto ambiental. Esas son las razones por las cuales los servicios de la Comisión Europea habían diagnosticado de manera muy desfavorable, en marzo de este año, la actuación del trasvase del Ebro.


Nosotros no vamos a descartar ese trasvase por ningún acuerdo actual, sino que lo hacemos por coherencia con una posición que defendimos aquí en la Cámara hace exactamente tres años. Una posición, por cierto, que tuve ocasión de anticipar en el mes de septiembre del año 2000 al ministro de Medio Ambiente, señor Matas, que puso en marcha la elaboración del proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional. Desde el Partido Socialista planteamos al señor Matas que en el año 2000 ya no se podía hacer la misma política del agua que se podía haber hecho 10 ó 20 años atrás porque había cambiado el marco normativo, porque había nuevas exigencias presupuestarias económicas y ambientales y por tanto había que plantear una política del agua con otros criterios. Yo fui para intentar negociar y aproximar posiciones con el señor Matas, a la sazón ministro de Medio Ambiente. Sin embargo, lo único que quería el ministro de Medio Ambiente era saber si el Partido Socialista iba a decir sí o no al trasvase del Ebro, todo lo demás no le importaba absolutamente nada. No le importaba la necesidad y la urgencia de reformar las confederaciones hidrográficas; en absoluto le importaban los problemas crecientes de calidad de agua en las cuencas mediterráneas que condicionan -y mucho- la disponibilidad real en esas cuencas. Lo único que quería el señor Matas era saber si el Partido Socialista iba a aceptar o no el trasvase del Ebro. Señorías, eso significa querer construir la casa empezando por el tejado. Hay que empezar la casa por los cimientos y hoy día los cimientos son garantizar de verdad una buena gestión del recurso. Ya sé, señor Zaplana, que se ha hecho mucho, y mucho con dinero del Gobierno central, para modernizar los regadíos también en la Comunidad Valenciana, pero quedan muchas cosas por hacer. Por cierto, quedan por hacer actuaciones que corresponden al Gobierno de Valencia para que en esas obras, por ejemplo de la acequia del Júcar, se pueda aprovechar el ahorro que representan porque de lo contrario sólo habremos hecho una gran inversión, y debe saber usted que esos regantes del Júcar han venido a pedir la intermediación del Ministerio de Medio Ambiente ante su Gobierno en Valencia, porque tienen severas quejas de no ser atendidos para poder disfrutar de las ventajas del ahorro y de la modernización de los regadíos. Nosotros planteamos un conjunto de actuaciones, que vamos a presentar oficialmente ante Bruselas, para conseguir esos fondos que se hubieran podido perder de haber seguido empeñándose el Gobierno del Partido Popular en que todo se juega a la carta del trasvase del Ebro.
Esa era una posición absolutamente disparatada en el año 2001, aunque estábamos en momentos en los cuales nadie miraba el coste de la obra hidráulica, más bien lo contrario cuanto más grande y más costosa la obra hidráulica mucho mejor, y ahora hay que ver si la obra hidráulica es la adecuada en términos de rentabilidad social, económica, en términos de viabilidad ambiental. Estas cuestiones hace algunos años en absoluto se planteaban en nuestro país. Cuando ustedes estaban en la oposición le hicieron la contra a ese anteproyecto de ley del Plan Hidrológico de 1993 que me recordaba antes, señor Zaplana, atribuyéndome por cierto competencias que yo no tenía. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente no era la responsable de la planificación hidrológica. En cualquier caso, ustedes hace 11 años bloquearon en esta Cámara la tramitación del Plan Hidrológico Nacional diciendo que antes de que se aprobara la ley del Plan Hidrológico Nacional era necesario un Plan Nacional de Regadíos. ¿Lo recuerdan? Después se les olvidó, y a esta Cámara primero, vino el Plan Hidrológico del Partido Popular, y después se aprobó el Plan de Regadíos.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señora ministra, le recuerdo que tiene que ir acabando.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Voy terminado, señora presidenta.


Los presidentes de Murcia y de Valencia saben ya lo que les hemos ofrecido y tienen dos opciones: seguir engañando a sus ciudadanos diciéndoles que el trasvase es una panacea (Rumores.); seguir engañándoles porque no se les dice el coste ni la garantía, o aceptar que la política del agua en España debe cambiar si queremos además, como países miembros de la Unión Europea, respetar la legislación y los criterios de la Unión Europea.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministra.


Para los cinco minutos, y sólo cinco minutos de réplica, tiene la palabra el señor Zaplana.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señora presidenta, señorías, señora ministra, el plan es una gran ocasión para poder hacer política de Estado. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Ahora!) Sin duda, habrá grupos regionales que se sumirán en el regional populismo, habrá grupos regionales que cultiven el ombliguismo, el agravio. Habrá quien se dirigirá a las vísceras de la gente para presentarles el plan como un atentado, como un atentado contra su futuro cuando realmente es la forma inteligente de construir el futuro de todas las partes del territorio de España. José Borrell, 3 de febrero de 1993. (Aplausos.) Decía además:

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La posición de mi Gobierno y del ministerio es que los trasvases en nuestro país no solamente son posibles, sino que son necesarios. Eso lo dijo el 15 de febrero de 1995. Y ese mismo día, señorías, dijo que para compensar los déficit hidráulicos no hay otra solución que hacer trasvases. (Risas.)

Pues bien, eso es lo que el Partido Popular ha querido hacer, una política de Estado desde la responsabilidad del Gobierno, y a eso es a lo que se ha dedicado. Señora ministra, el Partido Popular asume por primera vez la responsabilidad del Gobierno en el año 1996 y es una irresponsabilidad que S.S. venga aquí a decir que no hay agua en estos momentos por culpa del Partido Popular, porque no ha perdido ni un solo minuto (Aplausos.); ni un solo minuto para que los ciudadanos de las zonas de España que no tienen agua la puedan tener, y lo ha hecho por consenso. Probablemente se le niegue cierto talante, pero lo ha hecho por consenso; con el consenso del Consejo Nacional del Agua, con el consenso de todas las cuencas de nuestro territorio, con el consenso de 13 comunidades autónomas y con el consenso de parte del Partido Socialista, entre otras las comunidades de Extremadura y de Castilla-La Mancha (Aplausos.); con ese consenso amplísimo y sobre todo con una votación amplísima de esta Cámara. No se puede ir -y S.S. lo sabe- más deprisa de lo que hemos ido, no se puede hacer más en menos tiempo. Lo que es engañar a los ciudadanos es decir que el agua ya podría estar, porque es materialmente imposible. Se han negociado con Europa todas las subvenciones y ayudas necesarias, se han iniciado y adjudicado parte de las obras, y si no fuera porque hemos perdido las elecciones el Plan Hidrológico Nacional sería una realidad en muy poco tiempo y todas las zonas de España tendrían agua. (Aplausos.)

Además, si ustedes estaban tan convencidos de lo que acabo de decir, de la defensa de los trasvases que hacía en el último Gobierno el ministro responsable del ramo de Obras Públicas, señor Borrell, ¿qué ha pasado para que SS.SS. cambien de opinión? ¿Qué transformación se ha producido? ¿Qué ha pasado para que S.S., que defendía entonces hacer 13 trasvases en España, en estos momentos no quiera uno, y limitado, para cubrir parte del déficit que tiene todo el Mediterráneo? No se está atendiendo, señoría, solamente a una zona de España sino al conjunto de España. La riqueza que se genera en cualquier lugar de España contribuye al progreso del conjunto de nuestro país. Por tanto, sí es una irresponsabilidad agitar los agravios entre territorios de España. (Rumores.)

Señoría, en todo este tiempo hemos aprovechado muy bien todas las posibilidades que teníamos, desde el diálogo y desde el consenso, con quien ha querido entenderse con nosotros. Su señoría ha faltado a la verdad -perdóneme que se lo diga- y no voy a poder extenderme por limitación de tiempo en la contestación, pero luego estaré encantado de poder desarrollar los datos que le voy a facilitar. Ha dicho que el agua del trasvase es más cara que la de la supuesta propuesta, que nunca se ha concretado, que su Gobierno actual está defendiendo y que no sabemos en qué consiste. Dicen que van a poner desaladoras, pero poco más. Bien, el coste se situaría, el del trasvase, en 33 céntimos por metro cúbico de agua. ¿Sabe lo que costaría el agua desalada sin meter todo el encarecimiento del trasvase entre la propia zona, contando lógicamente con la altura de algunos territorios, entre donde se encontraría la planta y el transporte a las zonas que necesitan agua? Exactamente 57 céntimos, casi el doble que el agua del trasvase. (Rumores.-Una señora diputada: ¡Toma ya!)) Si S.S. mantiene otra cosa, le puedo asegurar que está faltando a la verdad. Lo que van a hacer es aplazar de nuevo un debate que en este país es centenario, van a aplazar de nuevo una solución que desde hace siglos viene reclamando la sociedad española. Es una decisión que requiere coraje, que requiere valentía, y que por primera vez un Gobierno conocedor de las dificultades a que se enfrentaba fue capaz de afrontar y de poner en marcha. Van a impedir adjudicaciones que ya están en marcha, y sobre ustedes y su responsabilidad caerá que España no coja el tren del progreso y no solucione un problema histórico que nos acompaña desde hace muchos años.


Muchas gracias. (Rumores.-Prolongados aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Zaplana.


La señora ministra también cinco minutos. Gracias.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señor Zaplana, posiblemente usted y yo no tenemos la misma concepción de la palabra progreso; estoy prácticamente segura de ello. (Aplausos.) Usted está invocando que la solución a los problemas del agua es la que se preveía desde hace siglos. Pues claro, han pasado siglos, señor Zaplana. Es más, desde 1993 -quizá usted no me ha oído antes pero escúchelo- hasta aquí hay cuestiones que han cambiado. En 1993 no había una directiva europea en materia de política del agua. Sé que a ustedes lo de la Unión Europea sólo les viene bien para ir a pedir fondos, pero somos un país miembro de la Unión Europea para cumplir con las normas de la Unión Europea y hace once años esas normas no existían (Rumores.) Hace once años, señor Zaplana, nadie planteaba en España la repercusión del coste de las obras en los usuarios del agua. Ahora estamos abocados a introducir en las tarifas del agua en nuestro país el verdadero coste de las distintas formas de su obtención y de su tratamiento.


Eso ha cambiado, entre muchas otras cosas, y usted puede sacarme aquí todos los textos que quiera del año 1993. Si quiere le recuerdo lo que dijo el señor Aznar en Zaragoza sobre que no se iba a sacar una gota

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del Ebro. (Aplausos.) Si quiere le recuerdo la campaña pseudoecologista de la señora Loyola de Palacio, que entonces se iba por los montes de los Pirineos con los expertos de la nueva cultura del agua, prometiéndoles que si el Partido Popular llegaba al poder ese horror del Plan Hidrológico que defendía el Partido Socialista jamás se llevaría a cabo.
Eso fue hace once años. Claro que han cambiado cosas. El Partido Socialista ha evolucionado lo lógico en un marco que evoluciona. Cambian las normas, señor Zaplana, cambian las tecnologías. Por cierto, si cree que la desalación cuesta lo que me ha dicho, simplemente le invito a que vaya a Carboneras y verá que allí por 55 de las antiguas pesetas por metro cúbico, es decir bastante menos que lo que usted ha dicho, los agricultores disponen de agua y de una calidad, señor Zaplana, que nada tiene que ver con el agua que se iba a trasvasar desde el Ebro, porque a los propios informes del ministerio me remito: agua de pésima calidad que no hubiera llegado todos los años porque el comportamiento del Ebro está ahí, señor Zaplana. ¡Queremos hablar de progreso! Póngase ustedes a trabajar con nosotros. Vamos a defender ante la Unión Europea proyectos de reutilización de aguas residuales depuradas, por supuesto. Para eso, entre otras cosas hay que terminar de depurar el agua en todo el arco mediterráneo porque de otra manera no hablamos de lo mismo.


Vamos a hablar de desalación con energías renovables, señor Zaplana. Eso es progreso, señor Zaplana; eso es innovación tecnológica, y sobre todo vamos a hacer lo que el Libro Blanco del agua, del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno del Partido Popular, en 1998 (eso seguro que la señora De Lara lo recuerda bien porque se explicó aquí eso del Libro Blanco del agua que tenía muchas cosas muy interesantes). Nos decía entonces el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno del Partido Popular que antes de hacer cualquier obra aquí había un problema de desgobierno y de caos administrativo de las confederaciones hidrográficas. Lo reconocía su Gobierno el año 1998. Usted me pregunta qué ha pasado. Por lo que veo el tiempo pasa por ustedes sin que ustedes se muevan de posiciones, que como usted mismo dice se corresponden con planteamientos de hace siglos, señor Zaplana, de hace siglos. (Aplausos.)

No siga usted diciendo que no hay propuesta, porque la tiene desde hace dos semanas el presidente Camps. A lo mejor el presidente Camps no se la cuenta a usted, esto no lo sé (Aplausos.), a lo mejor hay problemas de comunicación (Continúan los aplausos.); pero el presidente Camps sabe hace dos semanas sobre esa propuesta que tiene actuaciones concretas, que esas actuaciones concretas van a significar más hectómetros cúbicos de los de verdad que los que hubieran podido llegar por el tubo del trasvase, naturalmente haciendo los cálculos, como pide el señor Zaplana, con inteligencia, porque creo que las cosas hay que hacerlas no quedándose sólo en la apariencia de la panacea del trasvase del Ebro.


Esa obra tenía problemas muy serios de irracionalidad, y lo que hemos puesto sobre la mesa es mucho más racional, porque obtendrá recursos por parte de la Unión Europea, solucionará mucho más rápido los problemas del agua en Valencia y en Murcia, y estaré encantada de que ustedes cambien su posición que, como bien dice usted, viene de siglos, señor Zaplana.
(Prolongados aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE LA POLÍTICA DE EXTRANJERÍA. (Número de expediente 172/000005.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señorías, pasamos a la tercera y última interpelación urgente del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Cataluña, sobre la política de extranjería. Tiene la palabra el señor Tardá. (Pausa.)

Señor Tardá, su turno.


El señor TARDÁ I COMA: Señora presidenta, señorías. Els tornem a fer avinent que com a catalano-parlants no tenim respetats els nostres drets lingüístics en aquesta Cámara. Els instem a adquirir el compromís solidari de superar aquesta injustícia. De nuevo les emplazamos a superar solidariamente la injusticia que padecemos los catalanohablantes de no tener respetados nuestros derechos lingüísticos en esta Cámara.


En algunas nacionalidades del Estado español el proceso inmigratorio actual no es un hecho nuevo. Los países catalanes, Euskadi, la Comunidad de Madrid, Murcia o Canarias han sido comunidades nacionales o regionales receptoras de población, y buena parte de su actual potencialidad radica precisamente en la gran aportación de capital humano producto de estos movimientos de población. De hecho, en la actualidad una gran parte de los ciudadanos del Estado español tiene sus orígenes familiares en territorios distintos a los de residencia, que en el caso catalán ha contribuido a enriquecer cultural y económicamente nuestro país y a fortalecer la conciencia nacional catalana. Les confieso que por lo general en Cataluña vivimos el fenómeno de la inmigración extranjera con una actitud abierta y progresista, y si me permiten les diré que sabemos de qué hablamos.


Dicho esto, queremos centrar el análisis en el ámbito de las libertades y de la justicia social. En este sentido sólo hay una verdad a tener en cuenta: las migraciones se deben básicamente a las desigualdades económicas mundiales y a la creciente interdependencia entre Estados con niveles de vida muy desequilibrados, y son a la vez el reflejo de nuestra misma riqueza relativa. Ante

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ello, nosotros que fundamentamos nuestra actuación social y política en la erradicación de la explotación económica del capitalismo salvaje y en el fomento de la solidaridad al amparo de la fraternidad republicana, debemos priorizar la univesalización del Estado del bienestar y de los derechos sociales y políticos. Posiblemente la mayor diferencia entre las migraciones anteriores interpeninsulares y las de hoy radica en la necesidad de los inmigrantes actuales de disponer de unos permisos para residir y trabajar en el lugar de acogida. Este hecho provoca una serie de dificultades añadidas a cualquier itinerario migratorio, ya que con frecuencia comporta situaciones de marginación, véanse si no los índices de población reclusa. Otro hecho diferenciador es que los inmigrantes provienen de territorios con una lengua, una religión y una cultura más distantes y diversos que los anteriores. En tercer lugar, existen otras características importantes. La migración de ahora no es una migración buscada por los poderes político-económicos, pero sí necesaria para realizar una serie de tareas en determinadas condiciones. Además cabe reseñar que con anterioridad el polo de atracción se reducía a las zonas industriales y turísticas del Estado español, mientras que en la actualidad se puede hablar en parte de una cierta ruralización de la inmigración. Las cifras son elocuentes; valgan como ejemplo las referidas a Cataluña. Según los datos de que disponemos a 31 de diciembre del año pasado, los extranjeros residentes en Cataluña, sin contar aquellos que se encuentran en proceso de tramitación de su regularización, eran 384.000, el 5,7 por ciento del total de la población catalana. Eso significa, según los datos del Ministerio del Interior, que el 23,3 por ciento del total de extranjeros del Estado español reside en Cataluña, a pesar de que nuestro peso demográfico es del 15,7 por ciento, pero respecto a los empadronados a febrero del año actual, la cifra asciende al 10 por ciento de la población catalana. Hablamos, pues, de 690.000 personas. En consecuencia, observamos que los extranjeros empadronados casi doblan a aquellos que tienen un permiso de residencia en vigor, sin contar el número de personas que no se han empadronado. Si me permiten, y a fin de visualizarles la diversidad de procedencias, sepan que en Cataluña residen personas de 190 nacionalidades diferentes.


¿Cuál es la situación actual? Hoy por hoy corresponden al Estado las competencias en materia de inmigración, la política de fronteras, el control de flujos migratorios, la fijación de los contingentes, la concesión de asilo y de nacionalidad, primeras políticas de acogida, relaciones oficiales con las confesiones religiosas, etcétera. El Estado, pues, tiene en sus manos los principales instrumentos que ha infrautilizado o ha utilizado pésimamente: no ha legislado en la línea adecuada, ni ha aplicado la ley una vez aprobada, por no referirnos a la nula voluntad de traspasar o delegar responsabilidades; en cambio corresponde a las administraciones autonómicas y locales afrontar día a día la acogida y la integración de los inmigrantes. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Hasta hoy la política del Gobierno español demuestra la inutilidad de la Ley Orgánica 8/2000, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y de su aplicación a la hora de regular los flujos migratorios y favorecer la integración social, especialmente en el caso del reglamento, que se deriva la caótica y en ocasiones perversa gestión de los flujos internos entre comunidades autónomas de personas inmigrantes extracomunitarias (recuerden el Hércules del ejército que trasladó un buen número de personas desde Canarias hasta Cataluña sin ni siquiera tener la delicadeza de informar a las autoridades catalanas); la falta de agilidad en la gestión de los permisos de trabajo o de residencia de aquellas personas inmigrantes dispuestas a trabajar y en las demandas de obra por parte del empresariado. En la subdelegación del Gobierno en Barcelona, existen en el día de hoy 25.000 correos electrónicos acumulados de personas inmigrantes sin contestar para pedir cita para la renovación de los papeles. Cada día caduca una media de 400 expedientes y no se solventan más de 200, lo cual lleva a un gran número de personas a la clandestinidad. La deficiencia en la inspección a los empresarios que utilizan trabajadores inmigrantes en situación irregular y en la persecución legal de los prestamistas y de las redes de tráfico de personas; la incapacidad a la hora de establecer convenios de retorno de los inmigrantes con orden de expulsión; la inexistente política internacional y de cooperación exterior destinada a reducir los flujos de inmigración económicos, especialmente respecto a Marruecos; la escasísima solidaridad para estimular modificaciones en la regulación del código de nacionalidad para permitir la adquisición de la nacionalidad española en los descendientes de ciudadanos españoles que tuvieron que emigrar o exiliarse; la incapacidad para gestionar fórmulas que hagan posible el afloramiento del trabajo doméstico o de asistencia geriátrica clandestino llevado a cabo por trabajadores y trabajadoras inmigrantes.


Ante la inoperancia del Gobierno anterior, las comunidades autónomas, con las competencias sectoriales mínimas que reconocen sus estatutos respectivos, y los municipios, prácticamente sin competencias ejecutivas en esta materia, exceptuando las relacionadas con el empadronamiento, han tenido que asumir las consecuencias derivadas de la nueva inmigración.
Aun así, la ausencia de criterios suficientemente claros por parte de los gobiernos de las comunidades autónomas traspasa la última responsabilidad a las ONG y a los ayuntamientos, que ponen en funcionamiento políticas de acogida bien intencionadas, pero no siempre adecuadas y con frecuencia contrapuestas y escasamente integrales desde el punto de vista de la integración social y cultural. Tenemos que ser capaces de articular un proyecto

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político de inmigración y un discurso modernos, basados en la realidad de hoy día y no en viejos estereotipos del pasado, puesto que nuestro sistema social y productivo requiere el factor inmigración para amortiguar el declive de población, para mantener el crecimiento económico y reducir la tasa de dependencia de inactivo sobre activo, base de nuestro Estado del bienestar.


Hay que apostar por pasar de la inmigración como coste a la inmigración como capital, con beneficios para todos. Y por supuesto las comunidades autónomas deben asumir las funciones referentes a la tramitación de las autorizaciones administrativas para trabajar; deben poder conocer los trabajos de elaboración del futuro reglamento de ejecución de la actual ley de extranjería; deben asumir todas las competencias en materias de inspección fiscal; deben recibir la transferencia del fondo voluntario del IRPF para fines solidarios o religiosos; deben disponer de capacidad para ser los interlocutores con la jerarquía de los colectivos religiosos. Aunque las fronteras fueran infranqueables, cosa que no se da, las personas inmigradas continuarían llegando por el reagrupamiento familiar, por la misma necesidad de cubrir ciertos puestos de trabajo que la sociedad -tenemos que reconocerlo- ya ha asumido que deben hacerlos personas inmigrantes o por efecto de la globalización de la economía.


Señor ministro, ¿en qué dirección piensa actuar? Es de justicia reclamar que de inmediato se actúe con la reforma de la ley, en favor de los trabajadores inmigrantes sin papeles, con el compromiso de proceder a su urgente regularización provisional, en caso de disponer de trabajo, o a librarles un visado temporal, en caso contrario. Mucho nos decepcionaría si no asumiera como prioridad todo aquello que le hemos planteado. No se entendería que en un Gobierno de izquierdas, progresista, como es el suyo, no modificara profundamente la Ley de Extranjería y no avanzaremos juntos en la universalización de los derechos sociales para los nuevos españoles y, en nuestro caso, para los nuevos catalanes, y en la asunción de su condición de ciudadanos. Estamos convencidos de que así será y en consecuencia esperamos con máximo interés su respuesta.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Señor presidente, señorías, señor Tardá, gracias por su intervención y por el análisis acerca del fenómeno, análisis que comparto sustancialmente en sus líneas fundamentales. Gracias también por la pasión comprometida que he notado en su intervención. Es positivo que todos entendamos que este fenómeno, el fenómeno de la inmigración, puede ser y debe ser un fenómeno positivo para la sociedad de acogida. Es obvio que tiene sus límites, ahora diré algunos, pero le agradezco de nuevo el tono de su intervención y sus propuestas.


Coincido en una parte muy importante con el diagnóstico que S.S. ha hecho.
La realidad es que nos enfrentamos a un fenómeno que ha crecido de modo extraordinario en los últimos años. Usted ha citado cifras de Cataluña, son correctas, pero es más, si las aplicáramos al conjunto del Estado español, al conjunto del territorio, cada vez van siendo más similares en su comportamiento. Le daré un dato: al día de hoy en el régimen de afiliación a nuestra Seguridad Social ya supera el 6 por ciento el número de trabajadores inmigrantes afiliados, más de un millón, una realidad desconocida o imposible de prever hace muy poco tiempo. También comparto las causas que usted ha analizado en relación con la inmigración.
Fundamentalmente son económicas: las crisis económicas que han asolado a diversos países de América Latina, la situación de España como frontera con el sur de la Unión Europea y desde luego los procesos de globalización, que alientan un fenómeno que, si bien ha sido universal en el tiempo y en el espacio, hoy lo es con mucha mayor intensidad.


Quiero hacer una declaración de principios, por supuesto similar a la que ya hiciera aquí el presidente del Gobierno en el debate de investidura: la inmigración es un factor positivo y necesario, tanto desde el punto de vista económico y desde el punto de vista laboral del mercado de trabajo como desde el punto de vista del factor que supone de enriquecimiento, desde el punto de vista del favorecimiento de la convivencia entre diversas culturas. Pero también, señoría, y estoy seguro de que estará de acuerdo, existen algunas dificultades y tensiones y, si no ordenamos adecuadamente el fenómeno, estas dificultades y tensiones pueden crecer y pueden agravar el futuro de la convivencia entre inmigrantes y españoles.
En los últimos años la situación -usted lo ha dicho bien- se ha caracterizado por una dispersión, desde luego dispersión legislativa, con continuas reformas de la ley. Nosotros somos sensibles a posibles reformas. Es más, S.S. sabe que seguramente nos veremos obligados a realizar reformas legales por desarrollo y por incorporación de normativa comunitaria, pero no es ese, créame, en nuestra opinión, el principal problema que tenemos. El núcleo fundamental de los problemas que hoy padecemos está en una cierta deficiencia en la gestión migratoria y sobre todo en la ausencia de una visión integral del fenómeno migratorio en nuestro país. Y esa dispersión, que ha sido legislativa, también ha venido acompañada de una cierta dispersión administrativa y de una falta de coordinación entre Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos, situación que nos proponemos resolver.


La primera decisión que hemos tomado para solucionarlo, y espero que la comparta, consiste en la creación de una Secretaría de Estado de Inmigración. Ello refleja la importancia que a esta cuestión otorga el Gobierno; en ella se van a reunir todas las competencias

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dispersas para conseguir la máxima coherencia y eficacia en la gestión migratoria, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como es la gestión del tráfico en frontera. Además, esta Secretaría de Estado se inscribe en la estructura del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, puesto que el fenómeno migratorio en nuestro país tiene una dimensión esencialmente laboral. Estamos comprometidos a coordinarnos con todas las administraciones, como usted ha solicitado, para conseguir que la canalización de los flujos migratorios y la promoción de la integración de la población inmigrante en la realidad social de nuestro país sea una tarea compartida por todos. Así debe ser. Son las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que en ocasiones conocen más de cerca, de manera mucho más próxima, los problemas o los desafíos que genera la inmigración.


¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? Los objetivos de la política. Y fíjese, señor Tardá, no queremos que sea una política del Gobierno, debe ser una política de la sociedad española; debe ser una política expresada y consensuada por toda la sociedad española, por sus fuerzas políticas, por sus órganos institucionales, por sus diversos poderes, por los agentes sociales. Queremos una política de consenso, que creemos que debe tener los siguientes objetivos: El primero, la ordenación de los flujos migratorios mediante el control y la canalización de la inmigración ilegal. Y coincido con usted, no ha funcionado el contingente anual establecido para la contratación de trabajadores en el exterior. Tenemos por tanto que proceder a las modificaciones oportunas para que este sistema de canalización regulada, ordenada, legal, del fenómeno migratorio sea posible en España, en beneficio de quienes quieren estar entre nosotros trabajando y en beneficio también de la sociedad española.
Ahí habrá una primera línea de actuación. El control mediante la lucha contra la inmigración ilegal que nos perjudica a todos, reforzando las tareas de inspección para evitar que la existencia de mano de obra irregular sea utilizada para establecer condiciones salariales y laborales inaceptables. Esta situación deprime nuestro mercado laboral y condiciona a la baja el conjunto de los derechos, no sólo de la población inmigrante, también de la población nacional. Ahí es donde tenemos hoy el principal problema. El propio Consejo Económico y Social, señor Tardá, nos ha dicho en un excelente informe que en estos momentos, en la situación del mercado laboral en relación con los inmigrantes, tenemos los siguientes problemas: Una alta tasa de temporalidad y rotación; un apreciable volumen de economía sumergida, irregular o informal; bajo crecimiento de la productividad del trabajo y fuertes diferencias territoriales en los indicadores de mercado de trabajo y baja movilidad de la población activa. Todos ellos, señor Tardá, tenemos que resolverlos. Esa será la primera línea de actuación.


La segunda línea de actuación tiene que ser la canalización, establecer un adecuado sistema, que goce de la máxima eficacia, de llegada de la inmigración legal. Existe, usted lo ha dicho bien, una demanda que no cubren en la actualidad los trabajadores nacionales. Por ello hay que establecer un mecanismo eficaz y ágil para satisfacerla. Dicho de otro modo, es contraproducente y es irreal que no seamos capaces de casar la oferta y la demanda en nuestros mercados laborales, en nuestros mercados de trabajo. Existe incluso una problemática más preocupante todavía y es que nos encontramos con muchas personas que, habiendo disfrutado o disfrutando de un permiso de trabajo, cuando finaliza su actividad encuentran problemas para la nueva concesión del mismo y caen en situación de irregularidad. Es decir, la no aplicación, la falta de mecanismos eficaces para tratar estas situaciones está llevando a la ilegalidad, a la irregularidad a muchos miles de personas. Tenemos que evitarlo.


La tercera línea será sin duda, y usted lo indicaba también, la colaboración con los países de inmigración, tanto en el ámbito de los convenios de readmisión y regulación de flujos como en el de la cooperación al desarrollo. En ese sentido quiero mencionar de forma positiva la visita que realizó el presidente del Gobierno español a Marruecos, que muestra la voluntad de este Gobierno de fomentar la cooperación con Marruecos en el terreno migratorio. Y el compromiso europeísta, por último. Es necesario desarrollar una verdadera política de inmigración, porque la presión migratoria no es nacional; es, señor Tardá, de ámbito continental y la respuesta debe ser concertada. Segundo gran objetivo, la integración social de los inmigrantes será la mejor garantía para una mejor convivencia entre personas de culturas, razas y religiones distintas. La creación de la dirección general de Integración de los inmigrantes, que deberá realizar su labor, garantizará la imprescindible colaboración con comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales.


Como resumen de todo ello desarrollaremos las siguientes actuaciones: Primero, buscar un gran acuerdo, lo que llamamos un pacto de Estado. El Gobierno percibe la inmigración como un factor necesario y quiere abordarlo contando con el diálogo y la colaboración intensa y permanente de comunidades autónomas y ayuntamientos, también en la participación de la gestión de este fenómeno. Hay múltiples espacios para desarrollar esa gestión compartida, valorando además su participación como una contribución a un mejor tratamiento de la inmigración y sin perjuicio de la imprescindible dirección de la política integral que corresponde al Gobierno de la nación. Fíjese que hablo sólo de dirección de la política integral; no de gestión completa de esa política integral. La magnitud social, económica y cultural del fenómeno de la inmigración requiere, a nuestro modo de ver, un acuerdo que siente las bases de esta política migratoria por parte de todas las instituciones,

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fuerzas políticas, agentes sociales y organizaciones sociales; es decir, todos los representantes de la sociedad española.


Está también el reglamento. Usted lo decía. Vamos a desarrollar un diálogo intenso, que el Gobierno comenzará con la elaboración del reglamento que desarrolle la ley vigente y que más tarde se ampliará al pacto de Estado a que me he referido. No sólo, señoría, deben conocer las comunidades autónomas este reglamento; deben -y así lo ofrezco, al igual que al resto de las fuerzas políticas- participar y cooperar en su redacción. En él incorporaremos varias de las medidas que usted ha citado aquí esta tarde para mejorar la gestión de esos flujos y para impedir que situaciones de irregularidad se perpetúen en nuestro mercado laboral, impidiendo el afloramiento de muchos empleos que hoy podrían aflorar en términos de legalidad, porque así lo desean los empresarios y es necesario por parte de quienes están dispuestos a trabajar. Por ello apelaremos a la responsabilidad de todos, porque estamos convencidos de que los ciudadanos no desean enfrentamientos en un ámbito tan sensible y de tanta transcendencia. Es una dimensión que a todos, escuchándole a usted y a su grupo, se nos antoja crucial para el futuro de nuestra sociedad.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, para su turno de réplica.


El señor TARDÁ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, sería imperdonable que el grupo que apoya a su Gobierno y nosotros no nos entendiéramos en esto. Habrá muchas ocasiones para no coincidir. Posiblemente nuestra visión nacional y la suya son distintas y ello nos llevará a momentos de desencuentro, pero estamos convencidos de que sería imperdonable que en temas de carácter social urgente, como es el referido a la inmigración y extranjería, no nos pusiéramos de acuerdo.
Nosotros tenemos muy claro que por encima de las patrias, de la suya y de la mía, que aunque no sean las mismas pueden vivir hermanadas, nosotros levantamos la patria de las personas y en este caso tenemos muy claro que, en la base de la sociedad, donde existe mayor explotación es justamente entre los inmigrantes y los autóctonos, que compiten con las otras poblaciones. Hay que tener la voluntad de educar a las nuevas generaciones, justamente para evitar los brotes de xenofobia y racismo.


Estamos de acuerdo en muchas cosas que nos ha dicho usted. Esperamos su respuesta a las propuestas que haremos en la moción subsiguiente, pero le recuerdo que existen unos acuerdos en el Gobierno de la Generalitat de Catalunya que afrontan con valentía este problema y en los que figura la necesidad de que el Gobierno de Cataluña asuma competencias, porque es el Gobierno de Cataluña y son los ayuntamientos los que día a día tienen que batallar con los problemas que genera la nueva inmigración. En principio, estamos de acuerdo, repito, con lo que ha dicho usted y nos hacemos unas relativas ilusiones al respecto, pero usted sabe igual o mejor que yo que en Cataluña el problema es muy grave. Los ayuntamientos están absolutamente desbordados, la clandestinidad genera pánico en algunos barrios populares y justamente los problemas siempre se ciernen sobre los mismos. Como decía alguien hace unos días, hay personas que tienen más oportunidades de ser felices y otras personas, justamente las personas trabajadoras, autóctonos e inmigrantes, son los que padecen con mayor agudeza las injusticias sociales, producto de esas situaciones agudas.


Por nuestra parte tendrá el máximo diálogo, pero tampoco le voy a engañar, para nosotros es un tema fundamental, queremos que el Gobierno de Cataluña tenga competencias para afrontar el problema, el reto que tenemos. Sinceramente, de aquí no nos bajaremos. Creo que ya me ha entendido.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


Si no le importa al señor diputado, le contestaré desde el escaño. Claro que este es un asunto esencial, figurará como objetivo prioritario en la acción de Gobierno. Celebro coincidir con usted en que, por encima de cualquier otra circunstancia, lo que nos une a todos es el derecho de ciudadanía. Efectivamente la patria de las personas es el principal elemento de cohesión y de entendimiento entre los seres humanos y por tanto siempre nos encontrará en esa línea de trabajo.


Señoría, no sólo debemos, trabajando en pos del futuro pacto, del futuro acuerdo de Estado, estudiar el mejor régimen de distribución competencial, que por supuesto hay que hacerlo; es más, en este momento comunidades autónomas y ayuntamientos están asumiendo de facto la ejecución de competencias que no les corresponden en relación con este fenómeno tan importante. De ahí surge la imperiosa necesidad de que desarrollemos una verdadera política integral, política que esté acorde con el conjunto de recursos de que dispongamos. Y desde luego este Gobierno en modo alguno va a regatear nada en ese marco. Es más, en materia de reglamento, le invito -invito también a todos los grupos parlamentarios- a que vayamos discutiendo medidas concretas que ya se deben poner en marcha y que ayudarán mucho a superar situaciones de dificultad. Invito a toda la Cámara a que sigan el informe que ya ha emitido el Consejo Económico y Social, por unanimidad y con el acuerdo de empresarios y trabajadores. Es un informe muy interesante que creo que desbroza las líneas a incorporar en el futuro reglamento

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que tenemos que discutir, como le he dicho antes, entre todos; es un informe que empieza por reconocer que existe una gran complejidad en la regulación del régimen general que se aplica hoy en España y que por tanto hay que simplificarlo, como usted pedía en su intervención. Tenemos una enorme saturación en la gestión de las oficinas de extranjería, hay que agilizarlo de forma urgente e inmediata y eso nos proponemos hacer a través del debate y aprobación del reglamento. Hay que simplificar y homogeneizar el procedimiento de certificación de oferta de trabajo, que impide a muchos ciudadanos inmigrantes, aun con permiso de residencia en España, acceder al mercado laboral, siendo necesaria su presencia; la burocracia y las certificaciones de inexistencia de solicitudes de demanda de trabajadores nacionales en ese espacio lo impiden en ocasiones. Hay que estudiar las posibilidades que da la expedición del nuevo visado de búsqueda de empleo y hay que dar respuestas inteligentes y sensatas a la irregularidad.


No estamos de acuerdo con procesos de regularización amplios y generales, pero sí creemos, señoría, que hay que desarrollar, como nos pide el Consejo Económico y Social, procedimientos que permitan que, cuando haya ofertas de trabajo que pueden ser ocupadas por personas que son necesarias para la actividad económica nacional, pueda haber un procedimiento de concesión del permiso de trabajo, aunque sea temporal, como usted decía, para que no nos encontremos con situaciones de irregularidad en el mercado laboral.


Esas serán nuestras líneas de actuación. Comenzaremos por el reglamento, seguiremos por la definición de los objetivos del gran acuerdo de Estado y pondremos a disposición de esta política todos los recursos que podamos y toda la política de diálogo y entendimiento con las comunidades autónomas y los ayuntamientos que son necesarios para regular adecuadamente este importantísimo reto que tiene nuestra sociedad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a suspender la sesión hasta mañana a las nueve, pero quiero recordarles que no olviden que mañana tendremos una elección por papeleta, lo cual llevará su tiempo. Mañana tendremos dos proposiciones no de ley, que van a ser acumuladas en la votación, pero excepcionalmente habrá una nueva votación por urna y papeleta secreta, que, como ya he dicho, llevará su tiempo. Gracias.


Se suspende la sesión.


Eran las siete y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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