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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 919, de 26/09/2007
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 919
MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMA. SRA. D.ª ROSA MARÍA BONÀS PAHISA
Sesión núm. 45
celebrada el miércoles, 26 de septiembre de 2007


ORDEN DEL DÍA:

De la señora Ramón-Llin i Martínez (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre novedades del Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015. (Número de expediente 181/003469.)... (Página 2)

- De la misma señora diputada, sobre motivo por el que la ministra de Medio Ambiente no cuenta con el Centro de Investigación sobre Desertificación (CIDE) como centro de referencia en temas de desertización y sequía. (Número de expediente 181/003470.)... (Página 6)

- De la señora Lizarraga Gisbert (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre situación administrativa de las 250 hectáreas de la isla de Buda (Tarragona), sita en el Delta del Ebro. (Número de expediente 181/003064.)... (Página 9)

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De la señora Serna Masiá (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre actuaciones para recuperar la calidad ambiental del río Segura y sus riberas. (Número de expediente 181/003080.)... (Página 10)

- De la misma señora diputada, sobre actuaciones para paliar la sequía en la Vega Baja del Segura. (Número de expediente 181/003081.)... (Página 12)

- De la misma señora diputada, sobre valoración del plan especial de sequía presentado por la Confederación Hidrográfica del Segura. (Número de expediente 181/003207.)... (Página 13)... (Página )... (Página )

- De la señora Vázquez Blanco (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre valoración del Ministerio de Medio Ambiente, desde el punto de vista medioambiental, del cierre en una parcela privada de 1.500 hectáreas de zona de Red Natura y 5 kilómetros del río Cadós, entre los Ayuntamientos de Loberia, Bande y Verea (Ourense). (Número de expediente 181/003451)... (Página 15)

- Del señor Garre López (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre déficit hídrico existente en la región de Murcia. (Número de expediente 181/001028.)... (Página 16)

- Del señor Murcia Barceló (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre medidas incluidas en la nueva política del agua para evitar la desertización en las zonas afectadas por el derogado Plan Hidrológico Nacional, especialmente el trasvase del Ebro. (Número de expediente 181/002758.)... (Página 19)

Se abre la sesión a las nueve de la mañana.


- DE LA SEÑORA RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE NOVEDADES DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS 2007-2015. (Número de expediente 181/003469.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a la Comisión, sesión número 45 de esta legislatura, para contestar las preguntas que SS. SS.
han presentado por escrito. Tenemos ante nosotros al secretario general para el Territorio y la Biodiversidad que responderá a sus preguntas.


Ha habido un cambio en el orden de las preguntas. La pregunta número 1 será la pregunta número 8 y la pregunta número 2 será la pregunta número 9, es decir, las preguntas 1 y 2 pasan a ser la 8 y 9.


Damos la palabra, para la pregunta número 1, a la diputada María Ángeles Ramón-Llin, del Grupo Popular.


La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Formulo la pregunta tal cual, y efectivamente es qué novedades aporta el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015 que fue recientemente aprobado por el Consejo de Ministros.


La señora PRESIDENTA: Señor secretario general, tiene la palabra.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Fundamentalmente el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015 responde a una obligación establecida por la Unión Europea que nos lleva a que el Gobierno español tiene que presentar a la Unión Europea cuáles son sus programas de acción para conseguir los objetivos contenidos en la directiva de 1991.


El Gobierno español puso en marcha en 1995 el plan 1995-2005, y era necesario por lo tanto establecer un plan que ante la Unión Europea definiera cuáles son las actuaciones que hasta 2015 van a poder permitir cumplir los objetivos de la directiva de 1991 y de la Directiva Marco del Agua. Este es el objetivo fundamental de este Plan Nacional de Calidad de las Aguas que tiene básicamente dos grandes componentes. La primera componente va a ser los diecinueve documentos de diagnóstico y programación que nos tienen que aportar las comunidades autónomas, que están elaborando todas ellas y que a lo largo de este año todas han señalado que aportarán para su incorporación al plan. La segunda parte, que es lo que aprobó el Gobierno, es la

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colaboración de la Administración General del Estado en el desarrollo de esos programas de actuación de las comunidades autónomas en cada una de sus respectivas comunidades. Por lo tanto, el Plan Nacional de Calidad de las Aguas es un documento preceptivo a presentar a la Unión Europea con dos partes diferenciadas: diagnóstico y programación en cada comunidad autónoma, que aporta cada una de las comunidades autónomas, y unas líneas de colaboración de la Administración General del Estado con esas comunidades autónomas para el desarrollo de su programación. En síntesis eso es lo que es el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015.


La señora PRESIDENTA: Señora Ramón-Llin, puede continuar.


La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Para nosotros es una cuestión importante, pero la pregunta obedece fundamentalmente al hecho de que cuando se presentó, cuando fue aprobado, vimos que una de esas partes no representa ninguna novedad, simplemente es una continuidad de actuaciones. Como bien se contempla al leer el documento que fue aprobado, una de las importantes actuaciones es seguir con las actuaciones que se declararon de interés general por el Estado y que estaban pendientes de ejecutar del primer plan. Por lo tanto, nos parecía y nos parece, al analizar algunas actuaciones de las que se presentaron en su momento, que sí, que cumplía una obligación a la que, evidentemente, estamos obligados, valga la redundancia, por la Unión Europea, a definir esas actuaciones y a cumplir con la directiva marco, pero que al final venía a ser lo que tantos planes que se realizan por este Gobierno, lo que coloquialmente podríamos decir como un refrito entre obras que ya estaban, otras obras que derivan del Plan AGUA y muchas de ellas del Plan Hidrológico Nacional, y que en definitiva no aportaba nada novedoso al respecto.


Aparte de todo esto, a nosotros también nos preocupa una cuestión que supongo que al ministerio también le preocupa y que no sabemos cómo se va a resolver. Se trata del problema de la financiación y la ejecución de este plan, puesto que al reducirse lo que han sido todas las ayudas de los fondos de cohesión y Feder para España por parte de la Unión Europea, este nuevo Plan de calidad de las aguas: saneamiento y depuración presentado por el Gobierno lógicamente tendrá que contar con otras vías de financiación importantes, sobre todo si pretendemos lo que usted ha dicho, y creo que todos lo pretendemos, que es conseguir el cumplimiento de la directiva sobre el tratamiento de aguas residuales. Por tanto, teniendo en cuenta que en el anterior plan que finalizó se utilizaron aproximadamente 5.000 millones de euros solo de fondos de cohesión, la verdad es que es preocupante ya que la reducción de fondos va a generar problemas. En este sentido iba a preguntarle cuál era exactamente la colaboración con las comunidades autónomas, pero colaboración que realmente lleve a tener resultados, ya que va a tener que haber no solo una colaboración sino un entendimiento que facilite la ejecución de este plan entre el ministerio y las propias comunidades autónomas, porque se tendrán que estudiar también, algunas otras vías de subvención y de financiación. Lógicamente, también pregunto si se contempla, porque entendemos que no se podrá descartar, la financiación privada o la aportación de entidades financieras para toda esta ejecución de un plan importante y necesario.


Por otro lado, también en el ámbito de la inversión económica y de las actuaciones en general, efectivamente, hay que tener en cuenta que hay una parte importante y fundamental de las actuaciones, por lo menos así se plasma cuando se habla de los puntos o de los diferentes bloques de actuación. Me refiero a las actuaciones declaradas de interés general, las que son para mejorar la calidad de las aguas en zonas sensibles. Los cuatro bloques de actuaciones tienen una parte fundamental no solo a la hora de colaborar sino de actuar las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Eso es algo básico que se contempla perfectamente y que entonces nos añade un elemento más de preocupación puesto que todos sabemos las dificultades que muchos ayuntamientos tienen a la hora de abordar aumentos de tarifas de manera que estemos contemplando los costes reales de todos los servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas.
Es cierto que ya se ha legislado en muchas comunidades autónomas sobre la gestión de la depuración y ya se está pagando todo esto por parte de los consumidores, pero, en definitiva, no queremos que este Plan nacional de calidad de aguas se quede en un mero cumplimiento de una obligación con la Unión Europea y en el cumplimiento de esta directiva del agua sino que sea una realidad, y, evidentemente, para ser una realidad tiene que haber un convencimiento de todas las partes, no solo del ministerio, una colaboración muy estrecha, no solo para establecer qué actuaciones se van a realizar, sino que hay algo fundamental para las administraciones públicas, locales y autonómicas, que es la financiación.


Repito, como no tenemos esa financiación que sí pudo tener el primer plan, la verdad es que nos resulta preocupante. No queremos que este Plan nacional de calidad de aguas, que la ministra cuando se aprobó en el Consejo de Ministros anunció a bombo y platillo, como se suele hacer, se quede como tantos otros proyectos y tantos otros planes, programas, etcétera, del Ministerio de Medio Ambiente en este caso, en agua de borrajas. Esperemos que nos aclare estas dudas y que podamos ir viendo que el trabajo que se hace desde las comunidades autónomas el ministerio no solamente lo recopila sino que lo tiene en cuenta además de una financiación importante. Esperemos también que en los próximos Presupuestos Generales del Estado, estos que se han presentado y que lógicamente

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están en proceso de debate y donde por tanto, se pueden incluir nuevas cantidades, se tenga ya en cuenta y no nos quedemos solo en la filosofía sino que sea una realidad palpable en los presupuestos, para que así las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan realmente cumplir con un objetivo que sí quieren, aunque muchas veces se ven impedidos por la falta de posibilidad de financiación.


La señora PRESIDENTA: Señor secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): En primer lugar, preguntaba la diputada por las novedades, preguntaba qué novedades existen, porque aquí veía que había mucha continuidad.


Como he señalado al principio, ante la Unión Europea tenemos que presentar un diagnóstico de la situación y después una programación. En el diagnóstico de la situación, evidentemente, nos tenemos que referir, y así se hace en el documento, a la situación a 31 de diciembre de 2006. En la situación a 31 de diciembre de 2006 necesariamente tenemos que hacer un balance de lo que ha sido el primer plan, el plan 1995-2005, plan 1995-2005 que ha tenido éxito en muchos de sus objetivos. Hay que señalar que hemos pasado de un grado de cumplimiento o de conformidad con la directiva del 41 al 77 por ciento en todas las aguas tratadas y también hay que señalar que el número de actuaciones desarrolladas ha sido muy significativo.


En este plan había una obligación de la Administración General del Estado de cubrir el 25 por ciento de los presupuestos totales y las comunidades autónomas tenían que cubrir el 75 por ciento. En la práctica, la Administración General del Estado ha cubierto más de lo que se había comprometido, pero las comunidades autónomas han cubierto menos de lo que se había comprometido. El resultado es que a 31 de diciembre de 2006 quedan por realizar bastantes obras, muchas por parte de las comunidades autónomas y algunas por parte de la Administración General del Estado -estoy refiriéndome al plan 1995-2005-, actuaciones de ese plan que el Gobierno anterior había metido también en el Plan Hidrológico Nacional y que por lo tanto no eran una novedad, eran del Plan de saneamiento 1995-2005 hecho por la anterior secretaria de Estado y actual ministra.
Esas actuaciones que no se llevaron a cabo hasta el año 2005 también en algunas ocasiones han sido incorporadas al programa AGUA, como dice S.
S., pero lo que importa es qué cosas faltan por hacer, y esas cosas que faltan por hacer son las que se incorporan en la programación que hay que presentar a la Unión Europea.


Lo segundo es que se dice quién las va a hacer o quién las está haciendo.
En el caso de las actuaciones de interés general del Estado, las está haciendo la Administración General del Estado. Están en realización prácticamente todas las actuaciones, de forma que en el año 2008 la previsión es que pasemos de este 74 a cerca de un 95 por ciento de conformidad. No obstante, van a quedar muchísimas actuaciones por realizar, son las actuaciones que tienen que programar las comunidades autónomas y que se refieren a municipios de menos de 2.000 habitantes equivalentes en el interior o a menos de 10.000 habitantes equivalentes en zonas costeras. Todas estas actuaciones son competencia de los ayuntamientos y responsabilidad de las comunidades autónomas porque esa responsabilidad se transfirió desde la Administración General del Estado con los correspondientes paquetes de transferencias en su momento. Dicho esto, en efecto hay muchas actuaciones que ya estaban en el primer Plan de saneamiento 1995-2005 y que como no se ejecutaron durante el período 1996-2005, tienen que ser reincorporadas y ejecutadas en la actualidad.


Me preguntraba cómo se van a financiar todas estas actuaciones. Todas estas actuaciones está estimado que representan unos 19.000 millones de euros, exactamente 19.007 millones de euros. De estos 19.007 millones de euros, 3.045 corresponden a actuaciones que son de interés general del Estado y que, por lo tanto, va a continuar desarrollando la Administración General del Estado. Adicionalmente y como consecuencia quedarían unos 16.000 millones, en cifras redondas, que correspondería realizar a las comunidades autónomas.


El Plan nacional de calidad de las aguas lo que incorpora son una serie de líneas de actuación para colaborar con las comunidades autónomas en el desarrollo de estas actuaciones. El volumen estimado viene en una hoja del propio plan y se centra, como señalaba S. S., en tres grandes líneas de intervención. La primera tiene que ver con lo que son las zonas sensibles. Como sabe, la Unión Europea tiene establecida una serie de zonas sensibles para España como propuesta y la Administración General española, el Estado español tenía que aportar cuál era su propuesta de zonas sensibles. Se realizó una primera propuesta de zonas sensibles; esa propuesta debería haberse revisado en 2002, cosa que no se hizo. Se ha revisado y se ha publicado una resolución de la secretaría general estableciendo cuáles son las zonas sensibles. Las zonas sensibles aprobadas son menores a las que establece la Unión Europea pero devienen de la obligación que la Unión Europea ha señalado. En estas zonas sensibles, básicamente los parámetros de calidad de las aguas son más exigentes, sobre todo en lo que hace referencia al fósforo y al nitrógeno, y normalmente exigen la incorporación de depuración terciaria.
Atendiendo a este hecho, en este capítulo, que, como puede apreciar en los datos que se publicaron del plan, aproximadamente representa unos 2.200 millones de euros, la colaboración de la Administración General del Estado es del 25 por ciento; esto quiere decir que se van a financiar 557 millones de euros por parte de la Administración General del Estado para cubrir el 25 por ciento de las necesidades de inversión en estas zonas sensibles;

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zonas sensibles que tienen una distribución geográfica diferenciada por las distintas comunidades autónomas.


El segundo grupo de actuaciones tiene que ver con una de las prioridades establecidas por parte de la Administración General del Estado tanto en la política de cohesión territorial como en dos de las leyes que están en este momento en tramitación en el Congreso: la Ley de desarrollo rural sostenible y la Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad.
Fundamentalmente se pretende beneficiar a las zonas afectadas por Red Natura 2000, colaborando en este caso la Administración General del Estado en la financiación de las actuaciones de calidad de las aguas en estas zonas, ya que el agua es un elemento fundamental para la preservación de los ecosistemas en estas áreas. De esta forma, hay compromiso del Gobierno para financiar en un 50 por ciento todas las actuaciones que se desarrollen en municipios afectados por Red Natura 2000. La estimación del presupuesto es aproximadamente de 1.200 millones de euros, siempre en euros constantes del año 2007.


El tercer grupo de actuación tiene que ver con la participación a través de las sociedades estatales en la, digamos, aceleración de las obras que corresponden a distintos municipios y comunidades autónomas.
Fundamentalmente a través de las sociedades estatales lo que pretendemos es que las obras más urgentes puedan desarrollarse de una manera rápida, lo cual implica que vamos a financiar actuaciones en distintos municipios por el 50 por ciento del importe total de las obras. Esto implica una financiación a través de sociedades estatales estimada en 1.430 millones de euros.


Estas cantidades que he señalado tienen una primera distribución tentativa, en el plan se hizo una distribución tentativa de estos grandes números aprobados por el Gobierno que van a tener una plasmación final a medida que se vayan firmando los convenios con las comunidades autónomas, convenios que efectivamente afrontan de una manera clara algo que señalaba también S. S. en su intervención. Nos preocupa mucho que ya haya habido grandes inversiones desde la década de los setenta hasta la actualidad, grandes inversiones en muchos municipios para realizar depuradoras, y muchas de esas depuradoras no están funcionando en la actualidad, está la infraestructura pero no funciona la depuradora. Por ello, en los convenios a firmar con las comunidades autónomas, se establecen seis grandes grupos de exigencias. En primer lugar, las que ya he señalado, que todas las comunidades autónomas tienen que definir sus programas de intervención hasta el año 2015 para cumplir los objetivos de la directiva de 1991 y de la Directiva- marco del Agua, y tienen que definir cuáles son los mecanismos de programación, financiación y gestión del plan o programa. Esto es un condicionante específico del convenio con cada comunidad autónoma, que en este momento quiero señalar que ya ha satisfecho la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Es la primera que ha satisfecho las condicionantes y, por lo tanto, la primera con la que podremos firmar los convenios, si bien todas las comunidades autónomas están en el proceso en este momento. En segundo lugar, cuando el programa regional es de nuevo cuño por no existir, exigimos que se realice una evaluación ambiental estratégica del programa, tal y como marca la normativa vigente. En tercer lugar, exigimos que se garantice el adecuado funcionamiento, mantenimiento y conservación de las instalaciones por parte de las comunidades autónomas. Ayer teníamos la reunión, por ejemplo, con Castilla y León, que nos señalaba que iba a hacerlo a través de tres líneas de intervención: a través de la creación de una agencia específica, a través de los convenios con diputaciones y a través del pacto con la Administración local. Señalo este ejemplo, otras comunidades autónomas, como Aragón, lo hacen mediante el establecimiento de contratos con empresas privadas, de forma que son las empresas privadas las que realizan el proyecto, la ejecución y después la explotación durante quince años de las instalaciones. Nos da igual cuál sea el sistema, admitimos desde el contrato privado hasta empresas públicas, pero sí exigimos que exista una garantía de funcionamiento de las instalaciones. En cuarto lugar, y como soporte de esta vía, establecemos la exigencia de que o bien exista canon de depuración o que se establezcan mecanismos para repercutir, tal y como establece la Directiva-marco del Agua, el principio de recuperación de costes en los distintos usuarios. Con respecto a la Red Natura 2000, exigimos que esta Red Natura 2000 tenga algún tipo de planificación u ordenación de los recursos naturales o de su gestión. Y, por último, en parques nacionales, exigimos que exista un programa realizado con los responsables de la Red de Parques Nacionales. En la Red Natura 2000, fundamentalmente lo que exigimos es que exista algún tipo de planificación, ordenación o gestión de los espacios correspondientes en los que el tema del agua esté de alguna manera diagnosticado, señalando qué necesidades tienen los recursos ambientales desde el punto de vista de los recursos hídricos.
Básicamente estas son las exigencias, donde en Red Natura 2000 y en la Red Parques Nacionales pedimos que haya una gestión y un seguimiento por parte de las consejerías correspondientes de Medio Ambiente para asegurar su adecuación a los objetivos ambientales.


Esta sería la síntesis de lo que es todo el programa, y como un elemento adicional, aunque no está incorporado en los presupuestos del Plan Nacional, pero como un elemento adicional quiero destacar que los presupuestos de I+D+i de la secretaría general y en el programa de I+D+i de la secretaría general sí está incorporado, y va a ser discutido con las comunidades autónomas el próximo 1 de octubre, promover conjuntamente la línea

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de investigación de depuradoras de mínima gestión para pequeños municipios, de manera que encontremos vías para establecer pequeñas depuradoras de prácticamente nulas necesidades de gestión en municipios de muy pequeño tamaño o en núcleos de población de muy pequeño tamaño, donde el problema principal no es la inversión sino, después, la gestión de esas infraestructuras.


La señora PRESIDENTA : Señora Ramón-Llin.


La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Si me permite la presidenta, una pequeña pregunta después de toda esta larguísima exposición.


Respecto a los cuatro bloques de actuaciones, de reparto de esta inversión con diferentes criterios en cuatro bloques, sí que hay una cuestión, la última, que nos preocupa, porque no nos queda claro en cuanto a las actuaciones que, como dice, se convenien con las comunidades autónomas, hasta un importe de 1.430 millones de euros, cuáles van a ser los criterios para conveniar, es decir, si las demandas o las posibilidades o planteamientos por parte de las diferentes comunidades autónomas superan esa cantidad, con qué criterios y cómo se va a priorizar, ¿con algún criterio puramente técnico o con criterios políticos, como se hace hasta ahora, según el color de la comunidad autónoma? Es un poco lo que no me queda claro.


La señora PRESIDENTA: Señora Ramón-Llin, nos estamos hoy un poco saliendo del funcionamiento habitual de las comisiones porque sabe usted que no hay segundo turno, pero, en fin, ya que estamos en pequeño quórum y su pregunta era casi una comparecencia más que una pregunta, entonces hemos sido un poco flexibles.


Señor secretario general, puede responder, y que no sirva de precedente.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Me gustaría que S. S. me pudiera demostrar esa supuesta prioridad según el color político, porque yo le puedo demostrar que en la secretaría general hacemos todo lo contrario. Hecha esa observación, le diré que la prioridad, como he señalado, la tienen que establecer las propias comunidades autónomas.


He dicho que la financiación por parte de las sociedades estatales, la cofinanciación, va a ir dirigida a las actuaciones más importantes y más urgentes que señalen las comunidades autónomas, y que como nosotros sólo financiamos el 50 por ciento, lamentablemente, no somos nosotros los que no tenemos recursos, por desgracia son las comunidades autónomas las que van a tener dificultades para aportar la cifra equivalente que nos permita ir a la velocidad que nos gustaría ir. Eso es por los estudios que hemos realizado y por eso hemos llegado a esa cantidad, pero la capacidad de financiación con sociedades estatales sería mayor que esa cantidad. Esa es la que hemos ajustado.


- DE LA SEÑORA RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE MOTIVO POR EL QUE LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE NO CUENTA CON EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOBRE DESERTIFICACIÓN (CIDE) COMO CENTRO DE REFERENCIA EN TEMAS DE DESERTIZACIÓN Y SEQUÍA. (Número de expediente 181/003470.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al segundo punto del orden del día, que es la pregunta número 9 y que formulará también la diputada María Angels Ramón-Llil.


La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: La pregunta es clara en el sentido de que queremos conocer por qué la señora ministra de Medio Ambiente, en este caso por su representante el secretario del ministerio, no cuenta con el Centro de Investigaciones sobre Desertificación que existe en Albal, Valencia, teniendo en cuenta que es un centro de referencia europea y mundial en temas de desertización y sequía.


La señora PRESIDENTA: Señor secretario general, tiene la palabra.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): El ministerio no solo cuenta sino que yo personalmente he estado colaborando con el centro participando en sesiones sobre programas de desertificación. Con el centro ha habido convenios de colaboración desde el año 1993, y, por lo tanto, yo diría que con este centro, igual que con la lista de los 66 centros que existen en toda España ligados a esta actividad, el ministerio y la secretaría general y la Dirección General para la Biodiversidad han venido colaborando de una manera activa desde 1993 hasta la actualidad. Por lo tanto, no entiendo la pregunta de por qué no se cuenta con este centro. Repito, yo he estado en el mismo impartiendo conferencias, he mantenido reuniones con su anterior director, las mantengo y las hemos mantenido con el actual, y las relaciones del ministerio con el centro son excelentes.


La señora PRESIDENTA: Señora Ramón-Llin.


La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Efectivamente, esto obedece a algo, lógicamente. En este sentido nos remontamos a hace muy poco, a escasas fechas, cuando se celebró, a principios de septiembre de este año, la Conferencia de las Partes, que, dicho sea de paso, y no por opinión de este grupo sino por parte de muchos investigadores, fue un verdadero fracaso para España, porque realmente lo que nos preguntábamos y se preguntan

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los científicos es qué ha aportado España, qué ha aportado el Gobierno de España a esa Conferencia de las Partes que se celebró en España. Y además de decir nada, con rotundidad y en mayúsculas, la verdad es que esta pregunta obedece a una idea genial que la ministra expuso públicamente y que pudimos leer y oír en todos los medios de comunicación tras la celebración de esta Conferencia de las Partes, y es que todo lo que se le había ocurrido a la señora ministra como conclusión a esta Conferencia de las Partes es que en Barcelona, aprovechando ya un centro existente, pues se iba a ampliar para crear un centro de investigación sobre la desertificación. Eso no lo inventa esta diputada, no lo inventa este grupo, está perfectamente escrito y en su momento lo pudimos oír y ver en los diferentes medios de comunicación de toda España.


La verdad es que es algo que, al margen de la ubicación -y ahora explicaré el porqué en sí-, dejó a la comunidad científica española y de más allá de Europa pues asombrada y boquiabierta. ¿Por qué? No por el lugar de la ubicación -que no se entienda mal en este sentido- que propuso la ministra, sino por unas razones puramente científicas y de lógica, algo también escaso en las grandes declaraciones de este Gobierno, ya que el centro que existe en estos momentos en Barcelona, que forma parte, como usted sabrá mejor que yo, de la red de centros temáticos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, se dedica a los cambios de uso del suelo, pero, además, no se trata en estos momentos de un centro de investigación sino de un centro que se dedica a elaborar informes para organismos europeos, en definitiva, no es un centro puramente investigador y no es un centro especializado en la investigación sobre el avance y las posibles actuaciones ante la desertización que amenaza y que crece en España. Además, y yo no lo he leído en cualquier sitio sino que lo he hablado con diferentes investigadores, no cuenta este centro con expertos en materia de desertificación, y, por otro lado, Europa tendría que ser la que aprobara la creación de este centro.


Frente a esta increíble propuesta, que no sabemos si obedece a alguna demanda del señor Carod-Rovira y del tripartito y de todas esas cosas, existe en España, y además es que es real porque no se lo explica de otra manera nadie, existe el Centro de Investigaciones sobre Desertificación que usted conoce, efectivamente. Sabía que lo conoce y que usted ha sido partícipe en algunas de sus actuaciones, lo cual nos parece lógico y bueno. Existe ese centro. Es que aquí en Madrid también habrá que decir que existen cosas por ahí que también dependen del Estado, porque realmente en muchos casos entendemos que ese centralismo se ha exacerbado sobre algunos territorios y no sobre otros en estos años de gobierno socialista. Entonces existe en Valencia un centro de investigación dedicado al estudio de las causas, factores y procesos de desertificación. Es un centro mixto que está ubicado en Albal, en Valencia, como bien sabe usted pero los demás, por lo visto, no, y que depende del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que es un organismo del Estado que ya existe hace años, la Universitat de Valencia y la Generalitat valenciana. Un centro además que está formado por un equipo multidisciplinar que trabaja en toda la tipificación de los suelos desde hace muchísimos años; no tiene nada que ver con el color político en este sentido, existía y existe y hemos estado creo que todos implicados, cada uno de una manera. Estudia los procesos de degradación de los suelos, estudia la ecología, la evolución de las plantas, es decir, específicamente sobre esta cuestión. Es un centro de investigación, como he dicho, vinculado al CSIC, es un referente internacional (cualquiera con quien hablen puede comentar esta cuestión) y se ha obviado desde hace mucho tiempo de una forma totalmente absurda.
Que usted comente que se ha llegado a algunos acuerdos, que se ha firmado algún convenio, nos parece cuando menos una obligación, pero, en cualquier caso, hay una ignorancia pública a efectos de hechos reales del ministerio al que usted representa, no de su persona, por parte del ministerio hacia este centro de investigación, hacia el CIDE de Valencia.
La verdad es que, aunque los investigadores buenos se caracterizan por la prudencia y no han hecho manifestación al respecto, ha supuesto, una verdadera bofetada para todos los que trabajan desde hace muchísimos años allí, a los que usted conoce, muchos tienen un reconocimiento internacional y muchos de ellos han obtenido premios de investigación importantes en el mundo.


Ante esta realidad, nosotros hemos formulado esta pregunta, porque entendemos, por mucho que se rían y digan lo que quieran, que hay un sectarismo en este sentido. Lo lógico en cualquier país sería incrementar la financiación y las actividades para el estudio de la desertificación en España, que es un grave problema y cuando además en muchos momentos hemos liderado esos movimientos en toda Europa. Por tanto, vamos a utilizar -entre comillas- el centro que ya existe y que lleva años dedicándose a esas cuestiones, en donde se encuentran los mejores especialistas y los mejores expertos. Está en Valencia como podía estar en otro sitio; no se trata de la ubicación concreta ni de la otra que se planteó, sino de tener un poquito de sentido común a la hora de gastar el dinero de todos los ciudadanos. Lo que tenemos que hacer, entendemos, es potenciar ese centro tan importante no solo con cuestiones y convenios puntuales o actuaciones puntuales sino con una actuación global e importante, que echamos en falta en materia de desertificación por parte de este Ministerio de Medio Ambiente, que sí que ha dicho muchas cosas, que sí que ha planteado cosas sobre el papel, pero que han concluido nada más que en un parcheo generalizado.


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Esta pregunta obedece a unas declaraciones y a unas manifestaciones y a unas afirmaciones de la ministra de Medio Ambiente, de las que, dicho sea de paso, desde ese momento nada más hemos vuelto a oír ni saber. Por todo ello hemos formulado esta pregunta esperando, lógicamente, que esto fuera simplemente una declaración del momento y que se centren en la cuestión.
Como usted conoce el centro perfectamente y a sus investigadores, sabe muy bien de qué estoy hablando: que estos investigadores puedan ser muy útiles, la comunidad científica pueda ser útil a todos los ciudadanos y pueda ser útil a una causa que creo que nos uniría a todos los grupos políticos en el sentido de aumentar la dotación económica para hacer crecer un centro y ayudar a los investigadores en una materia en la que estamos tan necesitados no sólo de que se estudie sino de que se analicen soluciones que nosotros, todos los ciudadanos y todos los grupos políticos, podamos poner en marcha de una forma coincidente. De ahí la pregunta

La verdad es que, aunque se rían de algunas cuestiones, es la única explicación que se encuentra. En estos momentos, como le he dicho en la anterior pregunta, aunque usted diga que no, estamos sometidos en cuestiones científicas, que no son políticas, a las decisiones políticas, a los pactos políticos y a cuestiones que no deberían ser. En ese sentido yo quisiera recordar, por ejemplo, un extracto, que además puede leer cualquiera porque creo que está en la página del ministerio, del documento de trabajo del programa de acción nacional contra la desertificación, de junio de 2003, que habla precisamente y dice que uno de los grupos pioneros en España en los estudios sobre desertificación ha sido lo que era entonces el antiguo departamento de Desertificación, lo que era el IATA-CSIC, en Valencia, que evolucionó y culminó en el año 1996 con ese decreto de creación del Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE) en virtud de ese convenio entre CSIC, Universitat y Generalitat de Valencia, como he comentado, constituyéndose como un centro mixto de investigación, con el objetivo de profundizar en la investigación de los aspectos científicos cruciales para la lucha contra la amenaza de desertificación de los ecosistemas mediterráneos, el gran problema que tenemos en España y, efectivamente, en la cuenca mediterránea. Eso lo dice, precisamente un documento de trabajo del programa de acción nacional contra la desertificación, y entre las iniciativas de investigación relacionadas con la desertificación con participación autonómica habla del CIDE, de investigación asociada al plan de reforestación de la Comunidad Valenciana, es decir, que lo remarca y lo centra como un foco importantísimo y fundamental, no sólo en España sino en Europa para la investigación y posterior aplicación de todo lo que está relacionado con la desertificación. Creo que estas cuestiones no son del Grupo Popular, son absolutamente de todos y sobre todo de los científicos, que cada uno tendrá su opinión política, indudablemente, pero que quieren seguir trabajando en esta materia, que se les reconozca y que a todos nos sea de utilidad, y al Gobierno.
Indudablemente, si ese tipo de actuaciones las realiza el Gobierno, tenga por seguro que las vamos a aplaudir y no las vamos a cuestionar, porque éste es un tema muy serio para todos y entiendo que para usted también, de ahí la pregunta. Las cuestiones puntuales no eran el objeto de la pregunta, sino algo que nos preocupa, saber en realidad si esto va a suceder así, si vamos a diversificar lo que no se debe diversificar porque no vamos a obtener ninguna conclusión y si de verdad al CIDE de Valencia se le va a otorgar una financiación importante para poder mejorar los estudios y ser de aplicación para el Gobierno que en cada momento decidan los ciudadanos.


La señora PRESIDENTA: Señor secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): La verdad es que es lamentable que con cosas serias se hagan referencias a temas como el sectarismo. Yo recomendaría a S. S. que leyera correctamente, y no solamente a través de los documentos de prensa, qué aportaciones y qué propuestas realiza el Ministerio. En ningún caso se ha hablado de un centro de investigación en Barcelona.
Como S. S. ha visto, en el programa de acción de lucha contra la desertificación que este Gobierno ha presentado a la COP y que, cuando terminen las aportaciones que tienen que llegar de las comunidades autónomas hasta el 1 de octubre, aprobará como programa de acción de lucha contra la desertificación, se recogen dos cosas distintas de lo que fueron las palabras de la ministra. En este documento se recoge la necesidad de crear una oficina técnica, que se propone que sea la actual subdirección que se ha encargado del tema, para coordinar todas las acciones de lucha contra la desertificación y, adicionalmente, se propone la creación de un observatorio que permita seguir los procesos ligados a la desertificación. En paralelo a la elaboración de este documento, en la Unión Europea se ha estado trabajando en dos temas ligados a sequía y a catástrofes o a desastres naturales. El día 1 de septiembre había una reunión, un Consejo de Ministros informal, de la Unión Europea, donde se presentó un documento sobre sequía a los ministros de la Unión Europea, y donde una de las recomendaciones que se señalaba era la posibilidad de crear un observatorio de seguimiento de la sequía. Ante esa proposición, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la ministra, realizó una propuesta formal de que ese observatorio de la sequía, de los incendios y de la desertificación, -y añadió el tema de la desertificación teniendo en cuenta que una semana después se iba a realizar la COP en

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España y que son aspectos absolutamente ligados-, se localizara en España y complementara el que ya existe para el oriente mediterráneo en Eslovenia. Ésa fue la propuesta, crear un observatorio de la sequía, de los incendios y de la desertificación complementario al que existe en Eslovenia para el conjunto de la Unión Europea. Teniendo en cuenta que la Unión Europea recoge entre sus directrices básicas la no creación de nuevos centros sino la utilización de los centros ya existentes para el desarrollo de todas aquellas acciones que están en marcha, y teniendo en cuenta que en España no sólo existe el de Cataluña, existen otros centros que están indirectamente ligados con este hecho, pero que el de Cataluña es el único que está formalmente ligado a la Agencia Europea de Medio Ambiente y que la Agencia Europea de Medio Ambiente había dado en principio su consentimiento a que se planteara la oferta de ese centro como posible sede ampliada de observatorio, no centro de investigación sino observatorio de la desertificación, siguiendo los parámetros que establece al respecto el convenio de Naciones Unidas, la ministra realizó esa propuesta que ha sido planteada a la Agencia Europea de Medio Ambiente y que su consejo tendrá que decidir al respecto. Eso con respecto a la oferta de un observatorio, que no un centro de investigación. No obstante, y complementariamente, en la conferencia sectorial del día 6 de septiembre, la ministra, -y así pueden apreciarlo en las actas de esa conferencia sectorial y se lo podría haber comunicado a S. S. la representación presente de la Comunidad Valenciana- hizo referencia a la existencia de estos centros, que yo le señalo que son 66 en toda España, y dijo que hasta el día 1 de octubre, sobre la base de los elementos que pueden aportar para el programa de acción de lucha contra la desertificación, podían proporcionar la oferta de centros de observación para España en el caso de que la oferta europea no saliera adelante y, en todo caso, como centro complementario al que sería el centro europeo. Por lo tanto, estamos hablando de dos cosas distintas.
Hay una oferta de la ministra encima de la mesa para que todas las comunidades autónomas, estos 66 centros en principio, digan en qué condiciones estarían dispuestos a colaborar en ese observatorio español, repito, no centro de investigación, observatorio español, y, en todo caso, está pendiente que la Unión Europea resuelva sobre si acepta que el Centro de Seguimiento de Usos del Suelo, como muy bien ha dicho S. S., amplíe sus funciones al seguimiento de zonas incendiadas, que también se analiza con uso del suelo, sequía, que tiene una plasmación espacial, y desertificación, que también se analiza a través de imágenes satélite y de usos del suelo. Ésa es la verdadera situación y ésa es la explicación de que no hay ningún tipo de actuación sectaria ni que se base en otros criterios que la consideración de la extraordinaria excelencia de los 66 centros que existen en España y en particular, y lo ratifico también, del de la Comunidad Valenciana.


- DE LA SEÑORA LIZARRAGA GISBERT (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS 250 HECTÁREAS DE LA ISLA DE BUDA (TARRAGONA), SITA EN EL DELTA DEL EBRO. (Número de expediente 181/003064.)

La señora PRESIDENTA: Para formular la siguiente pregunta del orden del día, tiene la palabra la señora Lizarraga del Grupo Socialista.


La señora LIZARRAGA GISBERT: Bienvenido, señor secretario general.


La isla de Buda, situada en el término municipal de Sant Jaume d'Enveja, ha sido siempre muy codiciada, tanto por particulares como por administraciones públicas. Ya a principios del siglo XX, dos resoluciones judiciales, una del Tribunal Supremo, del 23 de abril de 1919, y otra del Juzgado de Primera Instancia de Tortosa, del 26 de agosto de 1910, determinaron que la isla era propiedad privada. La familia Bores compró la isla en 1929. Por cuestiones de herencia, en 1985, se dividió la propiedad en dos partes: la meridional, formada por tres fincas, y la septentrional, también formada por tres fincas y que posteriormente se constituyó en la sociedad Arrozales y Ganadería del Delta, S.A. Dos de las fincas de la parte meridional fueron vendidas en 1993 a la Generalitat y la otra parte cedida a la misma, pero, a partir de la Ley de Costas de 1988, el ministerio entendía que la mitad septentrional de la Isla de Buda, propiedad de la sociedad citada anteriormente y compuesta por Calaix Gran y Calaix de Mar, las dos lagunas, formaba parte de la zona marítimo-terrestre, porque ambas lagunas estaban formadas por agua salada procedente del mar, es decir, que eran de terreno público.
Los propietarios de la finca aseguraban que eran aguas dulces, continentales, que salaban sólo en época de temporal, cuando el mar las inundaba. La pugna entre ambas partes terminó en los juzgados el 21 de enero de 1997. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Tarragona daba la razón a la parte demandante, Arrozales y Ganadería del Delta, S.A.
Esta sentencia determinaba que la finca era propiedad de la sociedad, las dos lagunas concretamente, excepto la parte este y norte, el cordón litoral que separa ambos lados, y la zona de dominio de la vegetación halófila, que pertenece a la zona marítimo-terrestre, por lo tanto, de dominio público. El ministerio presentó un recurso de apelación, al que se adhirió la Generalitat. Entre la documentación aportada figura la tesis doctoral de Francisco A. Comín, cuyos argumentos respaldan la tesis mantenida por las administraciones públicas, es decir, que el agente regulador de la hidrología de las

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aguas es el mar y no el río Ebro. También hay un informe anterior sobre las lagunas que apunta que la laguna costera de Els Calaixos de la Isla de Buda fue originada, ha evolucionado y es actualmente dependiente en su hidrología y en sus características físicas, químicas y biológicas de la acción del mar, por lo cual es inseparable y sería incomprensible su existencia y su funcionamiento ecológico sin la acción del mar. Mi pregunta hace referencia a la sentencia de la Audiencia de Tarragona, que suponemos que ya se ha hecho pública -la pregunta la presenté en febrero del año pasado-, y si el ministerio sabe si alguna de las dos partes ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo.


La señora PRESIDENTA: Señor secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): En efecto, los terrenos de la isla de Buda, unas 1.039 hectáreas, llevan en litigio desde el siglo XIX, es decir, que llevamos unos cuantos años ya en distintos pleitos. La situación en este momento es que unas 270 hectáreas son propiedad privada, de la empresa Argadelsa, aproximadamente otras 270 hectáreas pertenecen a la Generalitat catalana, que compró en su momento prácticamente una de las dos fincas que componían estas 1.039 hectáreas, y del total de 1.039, aproximadamente 680 -679,3 exactamente- son dominio público marítimo-terrestre. Sobre este dominio público marítimo-terrestre la mitad era parte de lo que compró la Generalitat catalana; no se ha recurrido y es dominio público marítimo-terrestre sin problemas. Unas 250 hectáreas que pertenecían al sector privado, a las empresas privadas, fueron recurridas. Sobre ese recurso, que se basa en distintos estudios y trabajos, ha habido dos sentencias contradictorias. En primer lugar, hubo la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tarragona que fue a favor de la propiedad privada, y el 7 de junio de 2005 la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Tarragona revocó dicha sentencia y consideró que las lagunas formaban parte del dominio público marítimo-terrestre, que en este momento se está tramitando en su inscripción registral. En todo caso, hay que señalar que estas sentencias establecían una peculiaridad. Todo el conflicto viene derivado por el aprovechamiento cinegético y pesquero de las lagunas, esto era lo que estaba en cuestión dentro de los recursos correspondientes, y al respecto la sentencia establecía que había unos ciertos derechos por parte de la propiedad privada a este tipo de aprovechamiento. En los términos en que la sentencia lo ha establecido, el 3 de octubre del año 2003 se ha otorgado una concesión para el aprovechamiento pesquero y cinegético de esta laguna de dominio público a los antiguos propietarios, con lo cual el elemento principal de disputa ha sido solucionado. En la actualidad esta área presenta graves problemas. Por un lado, forma parte del Parque Natural del Delta del Ebro, lo cual da una garantía desde el punto de vista de sus valores ambientales, pero, por otro lado, y desgraciadamente, está en una zona de una tremenda fragilidad ante los procesos de cambio climático, temporales, etcétera, y es una de las áreas que han sido especialmente consideradas dentro del Plan integral de protección del Delta del Ebro que se está desarrollando conjuntamente entre la Generalitat catalana y el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura. Las actuaciones en esta zona se están desarrollando de común acuerdo y tratan de, digamos, preservar la gran fragilidad de este espacio y que se puedan mantener las condiciones que dan lugar a estos aprovechamientos. Por lo tanto, en el momento actual la situación de los recursos puede darse por solventada. El dominio público está suficientemente garantizado. Con la inscripción registral podremos dar, esperamos, por terminado el tema. La disputa con respecto a los aprovechamientos está adecuadamente regulado a través de la concesión que se ha dado a los demandantes y, por último, desde el punto de vista de la fragilidad, las actuaciones del PIPDE, del Plan integral de protección del Delta del Ebro, son las que van a garantizar que pueda seguir con sus valores ambientales y las características tan positivas que tiene en la zona.


- DE LA SEÑORA SERNA MASIÁ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO) SOBRE: ACTUACIONES PARA RECUPERAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL RÍO SEGURA Y SUS RIBERAS. (Número de expediente 181/003080.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día, la pregunta número 4 para cuya formulación tiene la palabra la señora Juana Serna.


La señora SERNA MASIÁ: Señor secretario, le he hecho tres preguntas sobre el estado en que se encuentra el río Segura porque, y sobre todo en la Vega Baja a su paso por Alicante, que es mi circunscripción, ha tenido siempre un estado absolutamente lamentable. No he podido recoger algunos titulares que tenía de la legislatura pasada, pero en algunos de ellos los medios de comunicación, tanto de Murcia como de Alicante, hablaban de que el Segura se había convertido en la cloaca de Europa. La verdad es que era un río con graves problemas de contaminación a causa de los vertidos, vertidos ilegales -urbanos, industriales, agrícolas-, y con graves problemas de caudal ecológico, hasta el punto de que esto dio lugar a que se creasen asociaciones, algunas muy conocidas en toda mi zona, como Pro-Río, asociaciones ecologistas, pero es que incluso llegaron a crearse asociaciones de alcaldes -cuestión inédita- como la de Segura Limpio, de alcaldes de todo signo

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político. Quiero decirle con esto que si los alcaldes del Partido Popular y los alcaldes socialistas se unían a través del Segura Limpio sería una muestra de que llamar al Segura, como decían los medios de comunicación, cloaca de Europa era realmente cierto. Hubo incluso manifestaciones multitudinarias en Murcia, en Orihuela, ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Segura, e incluso hubo una manifestación de muchos miles de personas de toda la zona de Murcia y Alicante ante las puertas del Congreso de los Diputados en la legislatura pasada. En definitiva, el estado del río era lamentable. ¿Qué es lo que ocurre? Supongo que todos los partidos, pero, desde luego, a mí me corresponde hablar del Partido Socialista, y nosotros hicimos importantes promesas electorales en relación a la mejora que tenía que tener el río en el ámbito de calidad ambiental, y, por tanto, esa sería mi primera pregunta. Lo que a mí me consta es que ha habido unas inversiones históricas. Por ejemplo, en tres años ha habido un incremento en relación a la legislatura pasada de un 224 por ciento en inversiones, un récord histórico de 33 millones de euros, 33 millones de euros que son más de 5.000 millones de pesetas, por lo tanto, es mucho dinero el que se está gastando el Estado en mejorar la calidad ambiental del río Segura. También me consta que precisamente en el año 2006 comenzaron los trabajos para la mejora de la calidad ambiental. Como ha pasado un año, como esas inversiones han sido tan importantes, yo quisiera saber qué efecto se ha producido, si han acabado, qué es lo que ha ocurrido con los fangos, que a veces daba lugar incluso a delitos de tipo medioambiental, en definitiva, señor secretario, que nos contase cómo ha ido esto, si esas inversiones que nos han costado tanto dinero a los españoles han sido efectivas. Me gustaría que me aclarara todo esto para trasmitirles si las promesas electorales se están cumpliendo o no.


La señora PRESIDENTA: Señor secretario general, tiene la palabra.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Lo primero que hay que decir es que como muestra muy clara de la preocupación de este Gobierno por lo que sucedía en el río Segura y por las graves circunstancias de olores, contaminación y degeneración de las riberas que existía en el mismo y que nos encontramos en el año 2004, hay que señalar que una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno fue nombrar comisario de Aguas a una de las personas pertenecientes a esas asociaciones a las que hacía referencia su señoría. (El señor secretario segundo, Garre López, ocupa la Presidencia.) Qué mejor guardián y regenerador de una zona que una de las personas que habían pilotado las protestas contra situaciones absolutamente inadmisibles.
Desde ese punto de vista, la actuación de la Comisaría de Aguas del Segura desde el año 2004 hasta la actualidad ha sido absolutamente ejemplar dentro de lo que ha sido el programa de actuaciones que hemos denominado de tolerancia cero, que incide fundamentalmente en la ausencia de vigilancia y de control suficiente que existía sobre todos los vertidos en la zona. No voy a cansar a S. S. con cómo se han incrementado el número de toma de muestras -los datos, si quiere, se los puedo enviar, son datos cuantitativos-, pero sí puedo decirle que en el año 2006 se realizaron 17.000 ensayos cuando en el año 2003 eran 11.000; en el año 2002, 10.000; en el año 2001, 10.000; es decir, se han incrementado en un 70 por ciento los ensayos realizados en la zona. Igual ha sucedido con la tramitación de expedientes de vertido, con el control de infracciones, con las muestras respecto a las redes de control de calidad de aguas, etcétera, que hay en la zona. Si lo desea S. S., puedo aportar los cuadros que reflejan los datos cuantitativos al respecto. Adicionalmente a todas estas actuaciones de control fundamentalmente de vertidos y, por tanto, de calidad de las aguas, se han desarrollado actuaciones en positivo que fundamentalmente han venido ligadas a dos grandes proyectos que han tenido una serie de subproyectos, a los que hacía referencia S.
S. y que han implicado ese 224 por ciento en las inversiones en la zona.
Básicamente, estos proyectos han sido el Corredor Verde de la Vega Baja del Segura, en la provincia de Alicante, y el Corredor Verde de la Vega Media del Segura, en la provincia de Murcia. El segundo afecta, con un volumen total de 6,6 millones de euros, al tramo entre Ojós y Contraparada y, evidentemente, también tiene efectos e influencia en el Corredor de la Vega Baja, en la provincia de Alicante. Dentro de la Vega Baja, en la provincia de Alicante, se han desarrollado trece proyectos, algunos ya se han terminado, otros están en estos momentos en ejecución.
Está previsto que a lo largo del año 2007 terminen prácticamente todos, únicamente hay uno que se alargará al año 2008, a principios del año 2008, y todos estos proyectos están teniendo ya unos efectos que pueden apreciarse de una manera clara. Tengo diapositivas que no creo que merezca la pena poner, pero yo recomendaría y propondría a SS. SS. que se desplazaran a la Vega Baja del Segura para ver los cambios que efectivamente se han producido en la zona. Creo que fue un acierto elegir a uno de los que capitaneaban las protestas sobre el estado del río como comisario de Aguas y las actuaciones que se están desarrollando demuestran que efectivamente ha habido un cambio cualitativo y cuantitativo del que los ciudadanos, que son los beneficiarios, yo creo que se consideran bastante satisfechos.


El señor SECRETARIO SEGUNDO (Garre López): Señora Serna.


La señora SERNA MASIÁ: Muy brevemente. Me alegro de la noticia que me está dando, porque me había

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comprometido a ir a algunas casas de electores en la zona de Rojales, en Alicante, donde fuí, y me explicaron que, cada vez que utilizaban el inodoro lo tenían que sellar con celo grueso de embalaje. Que en una casa todos los usuarios de un inodoro cada vez que lo utilicen tengan que sellarlo, me parece increíble. Entonces me comprometí muy seriamente a que volvería, de manera que le agradezco muchísimo sus noticias para poder ir a dar cuenta de la gestión que se ha realizado por parte del Gobierno. Lo que sí le pediría, si el presidente tiene a bien, es que me dejase los datos que pueda para que mi visita sea más eficaz.


El señor SECRETARIO SEGUNDO (Garre López): Señor secretario.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Sin ningún problema le dejo la información disponible al respecto para que pueda informar a los ciudadanos.


- ACTUACIONES PARA PALIAR LA SEQUÍA EN LA VEGA BAJA DEL SEGURA. (Número de expediente 181/003081.)

El señor SECRETARIO SEGUNDO (Garre López): Para formular la siguiente pregunta, tiene la palabra doña Juana Serna.


La señora SERNA MASIÁ: Señor secretario, son dos preguntas de las que se puede hablar tanto que por eso las he dividido, pero en realidad se refieren a la cuestión de la sequía en el ámbito de la Vega Baja. Más bien parecería una pregunta que debería corresponder a la legislatura pasada, porque preguntarle a estas alturas sobre los planes de sequía cuando tendrían que haber estado hechos en 2003, pues es un poco curioso, pero la verdad es que cuando hemos llegado al Gobierno decía el vicepresidente Solbes que se había encontrado la caja vacía y además con la deuda de la última compra, creo que lo decía ayer, pues en el ámbito de los planes de sequía ha ocurrido exactamente lo mismo, con lo cual ha habido que hacer toda una serie de actuaciones de urgencia. Esto es muy importante y quiero que lo entiendan, usted lo sabe, también SS. SS., por lo siguiente. Ayer tuve ocasión, en otra Comisión de Medio Ambiente, de leer un titular de la ministra de Medio Ambiente que decía: El Plan Hidrológico Nacional ya no será equivalente a trasvases sino a uso racional del agua. Desde luego, cualquiera del Grupo Parlamentario Socialista estaría de acuerdo, lo que me sorprende es que no estén de acuerdo también los diputados del Grupo Parlamentario Popular, porque esta afirmación de que el Plan Hidrológico Nacional ya no será equivalente a trasvases sino a uso racional del agua no es de la ministra Narbona, es de la ministra Isabel Tocino en el año 1997. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ella se basaba fundamentalmente en el Libro Blanco del agua, un libro con el que nosotros estábamos de acuerdo, un libro que hicieron personas independientes del ámbito técnico y científico de la política hidráulica, que sabían perfectamente cómo enfocar estos problemas. Entonces, en un momento dado, lo que dice precisamente el Libro Blanco, insisto, que se realiza en la primera legislatura del señor Aznar, siendo ministra la señora Tocino, es El plan hidrológico no debe ser un plan de obras públicas, aunque la planificación hidrológica haya sido históricamente una planificación de obras, y no lo debe ser porque, como ya se ha puesto de manifiesto en las páginas anteriores, las obras ni son ya ni serán en el futuro el pilar central de las políticas hidráulicas, toda vez que no es ahí donde se encuentra la solución a los problemas. Le faltó decir entonces, con una cierta visión de futuro: La solución a estos problemas estará en el programa AGUA. Pero, bueno, eso es imposible de decir. A pesar de lo que ella dice en este ámbito, el Libro Blanco de estas personas independientes, científicos y técnicos, dice: El único plan hidrológico cuyo territorio es estructuralmente deficitario, sea cual sea la óptica de análisis, es el correspondiente a la cuenca del Segura. Esta situación sólo puede ser superada incrementando las aportaciones externas -subrayo- que actualmente recibe.
También le digo eso para recordar -usted lo sabe- a SS. SS. que el programa AGUA no es una alternativa al trasvase Tajo-Segura, es una alternativa al trasvase del Ebro. Lo digo porque a ver si vamos dejando algunas polémicas que son absolutamente estériles y falsas. Digo todo esto porque ¿qué es lo que decía el Libro Blanco? Que si hay una cuenca estructuralmente deficitaria ésa es la cuenca del Segura. Pero, claro, cuando a esa estructura deficitaria se le unen los tres años de sequía más graves que ha habido en la historia de España, entonces las cosas se ponen muy feas y se ponen muy mal, y solamente pueden arreglarse cuando hay paz en el tema del agua, cuando el beneficiario del agua no es ningún partido político sino los ciudadanos, cuando hay colaboración y cuando hay acuerdo. La ministra ayer por quinta vez ofrecía acuerdo, ofrecía pacto del agua, ofrecía lo que tiene que tener, y es que el agua no tiene color político y nos tendríamos que poner de acuerdo todas las administraciones para que el agua llegue, la lleve quien la lleve. Pues bien, hemos tenido la suerte de que el programa AGUA ha sido estupendo y es el que está evitando todo esto, pero, en definitiva, qué es lo que ocurre y por qué le pregunto sobre las actuaciones para paliar la sequía en la Vega Baja del Segura. Porque precisamente fue un acuerdo de colaboración entre el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Fuentes Zorita, y el entonces conseller de Obras Públicas y Transportes, señor García Antón, ahora tiene otra consellería, el que permitió que se

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resolviese de alguna manera. ¿Cómo se resolvió? Pues eso es lo que queríamos preguntarle, si ese acuerdo de colaboración ha sido efectivo, si se obtuvo agua, qué pasó cuando la Confederación Hidrográfica le dio permiso a la Generalitat Valenciana para construir pozos de sequía. ¿Toda esa colaboración dio resultados en sus actuaciones? ¿Ha sido efectiva para paliar de alguna manera esa sequía tan importante en la Vega Baja?

El señor SECRETARIO SEGUNDO (Garre López): Señor secretario.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): No voy a reiterar lo que ha dicho S. S., aspectos con los que claramente estoy de acuerdo, y sí voy a señalar algunas cuestiones que son fundamentales.


En primer lugar, en efecto, hemos padecido la sequía más fuerte en términos estadísticos de las que se tienen datos en España, de los últimos 120 años. Esto nos ha llevado a una situación tremendamente grave en varias zonas del territorio, que en algunos casos continúa, con menor intensidad, pero sigue planteando problemas, básicamente en el este, en la zona de Entrepeñas-Buendía. Evidentemente, la situación ha sido peor porque no se habían llevado a cabo, como ha señalado S. S., los planes de actuación en situaciones de sequía que tenían, como también ha dicho S.
S., que haber estado aprobados en julio del año 2003. Ello obligó a que, cuando en octubre de 2004 los episodios de sequía empezaron a sentirse en España, se pusieran en marcha una serie de actuaciones de urgencia. Se establecieron los protocolos de sequía, protocolos de sequía que intentaban, de una manera consensuada y con el acuerdo con las comunidades autónomas correspondientes, llevar a cabo una serie de medidas, básicamente de emergencia, para paliar los efectos más adversos de esta situación. Básicamente, estas medidas eran tanto de gestión como de inversión con obras de emergencia (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Las medidas de gestión son medidas tradicionales como, por ejemplo, el número de lectura de contadores. Se incrementó de una manera muy significativa el número de actuaciones de gestión de vigilancia con respecto a los contadores que existían, a las extracciones de agua que efectivamente se realizaban en la zona, para asegurarnos de que se adecuaran a lo legalmente vigente. Desde ese punto de vista, hubo actuaciones contra pozos o contra extracciones que no se ajustaban a la ley. En segundo lugar, se desarrollaron una serie de sondeos y se recuperaron los denominados pozos de sequías, que ya se habían abierto en el año 1995 pero que, desgraciadamente, con una falta de previsión grave, no se habían mantenido en el período 1996-2004 y que, por lo tanto, hubo que recuperar en muchos casos prácticamente en su totalidad, con las correspondientes inversiones efectuadas.


Básicamente, las actuaciones de emergencia han significado un presupuesto muy importante, 22 millones de euros en el año 2005 y más de 53 millones, cerca de 54 millones, en el año 2006. Muchas de estas actuaciones han permitido que, afortunadamente, los daños sobre la agricultura se hayan minimizado y que los daños ligados a la actividad turística o a la propia residencia de la población se hayan anulado, porque así como en la última sequía importante, en el año 1995, uno de cada cuatro españoles tuvo restricciones y eso afectó de una manera fortísima a todo el litoral mediterráneo, en los años 2005, 2006 y 2007 ni un solo municipio ha tenido restricciones significativas de agua. Por lo tanto, yo diría que las actuaciones que se han llevado a cabo son modélicas, ejemplos de buenas prácticas, y que los resultados para los ciudadanos en esta situación de sequía extrema histórica pueden considerarse muy positivos.
Adicionalmente, ya están aprobados los planes de sequía para todas las demarcaciones y, como consecuencia, en la próxima sequía, que se producirá previsiblemente dentro de otros diez años, estaremos en mejores condiciones para no tener que realizar tantas medidas de emergencia como hemos tenido que realizar en la actualidad y poder asegurar una situación mucho mejor para los ciudadanos.


La señora PRESIDENTA: Esperemos que la próxima sequía tarde diez años.


- VALORACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE SEQUÍA PRESENTADO POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA. (Número de expediente 181/003207.)

La señora PRESIDENTA: Para formular la siguiente pregunta, tiene la palabra la señora Serna.


La señora SERNA MASIÁ: Por si el secretario quiere ampliar algo más. -yo ya con eso daría por acabadas las dos preguntas sobre actuaciones y valoración del plan especial- le quería decir algo. Cuando en mi intervención anterior le indicaba que es verdad que nos habíamos encontrado con los cajones vacíos, que es verdad que esa situación ha sido dificilísima, que se han tenido que hacer inversiones históricas en toda aquella zona y que es muy difícil encontrar acuerdos, no acabamos de entender por qué, porque yo quiero hacer mucho hincapié en que el agua no tiene color ideológico, en absoluto, hasta el punto de que, por ejemplo, una intervención muy interesante que tuvo el conseller García Antón el otro día en las Cortes Valencianas explicando lo que va a haber en su nueva consellería, como allí lo que gusta es la política de con el mazo dando, pues ha tenido una repercusión absolutamente mínima, y ha sido una intervención interesante, interesante para los ciudadanos,

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porque también pide colaboración y pide pacto; pero eso es muy complicado en Murcia y en la Comunidad Valenciana. De todas formas, las inversiones que se están haciendo, desde luego, son inversiones históricas, y yo le quería indicar algunas de ellas. Que yo sepa, el Ministerio de Agricultura, para paliar el efecto brutal de la sequía en esta zona deficitaria estructuralmente, no coyunturalmente, ha tenido que invertir por vía de urgencia 159 millones de euros en modernización de regadíos.
El Ministerio de Medio Ambiente, del que usted forma parte, en Murcia, a través del programa AGUA, en tres años ha invertido 315 millones de euros, es decir, una media de 105 millones al año. Es que en la anterior legislatura eran 50 millones, por lo tanto, el incremento ha sido del 110 por ciento. Es que han sido inversiones importantísimas. Si además de eso, también para paliar la sequía, el Ministerio de Medio Ambiente ha tenido que invertir, por vía de urgencia, 640 millones de euros, de los cuales ha correspondido el 40 por ciento a Murcia, por tanto a la cuenca del Segura; si además la cuenca del Segura ha sido la principal beneficiaria del decreto ley que permite utilizar derechos de agua para abastecimiento y regadío correspondientes a la cuenca del Tajo mediante compensaciones económicas, por cierto, públicas y transparentes, llevadas a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno, en definitiva, ha tenido que cargar con una hipoteca y con unas deudas inmensas.
Entonces, es muy importante que lo que llaman deuda histórica los propios agricultores de la Comunidad de Murcia cuando están a solas con representantes socialistas, una deuda histórica que les viene de las malas gestiones y de las malas prácticas sobre el agua de las legislaturas anteriores, pues todo eso hay que decirlo. Pensarían invertir en otra cosa, pero en la cuenca del Segura ha sido un auténtico drama, y ahora se han tenido que hacer unas inversiones absolutamente millonarias para poder compensar todo ello. Y encima te encuentras algunos titulares de que es que en estos presupuestos y en los anteriores están maltratadas, cuando las inversiones son millonarias, históricas, tan históricas que me remito a la prueba del algodón que usted antes explicaba. Y es que en España, en los años anteriores, llegó a haber 12 millones de personas con restricciones de agua, y en estos tres años de sequía gravísima no ha habido ni una sola. Pues esto tiene que venir de una buena gestión. Podríamos llegar a acuerdos sobre esto.


¿Es necesario estar siempre peleando? Desde luego, los ciudadanos no lo comprenden. Mi obligación es explicarles lo que se invierte, lo que se está haciendo, y ellos saben que cuando abren el grifo tiene agua, y agua allí no hay. Tendrá que haber sido por algo, tendrá que haber sido porque esas inversiones son históricas. Por eso le pido que nos explique un poco cómo valora todo esto y qué se ha hecho en ese plan especial presentado por la Confederación Hidrográfica del Segura, porque a pesar de lo que usted ya ha dicho, bien interesante, quizá quiera ampliar algo más su información.


La señora PRESIDENTA: Señor secretario.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Quiero destacar que no ya solo con este Gobierno sino con el Gobierno anterior, el Plan Hidrológico Nacional establecía claramente la necesidad de que para luchar contra la sequía hacían falta dos líneas de actuación muy claras; en primer lugar, los planes de prevención de situaciones de sequía, que debía haber aprobado el Gobierno antes de julio del año 2003; y, en segundo lugar, los planes de las grandes áreas urbanas, que tenían un plazo de dos años para su realización. Porque como muy bien señalaba ese Plan Hidrológico Nacional y los estudios en los que se basaba, en particular el Libro Blanco del agua, es fundamental la colaboración entre las administraciones para resolver la problemática del agua en todas las comunidades autónomas.


El Plan Especial de Sequía contempla medidas por parte de las confederaciones hidrográficas, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, por parte de otros ministerios, en particular del Ministerio de Agricultura, pero también por parte de las administraciones locales y de las administraciones autonómicas. Por lo tanto, debe haber un marco de concertación que actúa en distintos niveles a medida que los indicadores de situación de gravedad van marcando que pasamos de una situación a otra.


Por desgracia, hasta la actualidad, en el caso de la Comunidad Valenciana, la colaboración ha sido muy reducida; de hecho, un gran número de las actuaciones que tiene que desarrollar Acuamed en la Comunidad Valenciana están siendo objeto de graves problemas para su desarrollo, de manera que estas actuaciones, que tienen como objetivo fundamental garantizar la disponibilidad y la calidad de agua a los usuarios, se están retrasando en el tiempo y al final los perjudicados por el hecho son claramente los ciudadanos, que van a tener esa agua de calidad más tarde en el tiempo.
Por eso me congratulo mucho del cambio de posición del nuevo consejero encargado del área. Espero que sea posible establecer el clima de diálogo que desde el principio se le ofreció a la Comunidad Valenciana, el clima de diálogo que más o menos existió y por el que pudo llegarse a acuerdos con el consejero Rafael Blasco, pero que con su sucesor fueron prácticamente imposibles. De esta manera muchos de los problemas que está teniendo Acuamed en el desarrollo de sus actuaciones son problemas que vienen del anterior consejero; esperamos que con éste se puedan resolver.
Y esperamos que se puedan resolver porque no sólo es acuamed quien lleva las actuaciones retrasadas sino la propia comunidad autónoma.


Por parte del ministerio se ha ofrecido colaboración. Como antes señalaba, en el Plan de Calidad de las Aguas hay un marco de colaboración estrecho.
En el mes de julio entré en contacto con el consejero para

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proponerle una cita que permitiera concretar esos marcos de colaboración en el Plan de Calidad de las Aguas, y, desgraciadamente, todavía no me ha dado fecha para esa primera reunión donde podamos concretar las actuaciones. Esperamos que se pueda producir cuanto antes, no sólo en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas y, por lo tanto, en la resolución de los problemas de depuración, saneamiento y reutilización de aguas residuales, que tienen una importancia tremenda en las comunidades autónomas que son litorales, sino que también en el campo del abastecimiento, en el campo de la regulación de la lucha contra la desertificación, de modernización de regadíos o en el campo de la gestión ambiental ligada al recurso hídrico, podamos ampliar los márgenes de colaboración. Esa oferta existe desde el año 2004 por parte del Gobierno, se le ha hecho pública cuando tomó posesión de su cargo al nuevo conseller, y yo deseo que cuanto antes se puedan celebrar esas reuniones que permitan eso que ahora se denomina sinergias de actuaciones, porque al final los que van a ser beneficiarios de las mismas son los ciudadanos y para eso tenemos que trabajar las administraciones públicas.


- DE LA SEÑORA VÁZQUEZ BLANCO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE VALORACIÓN DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, DESDE EL PUNTO DE VISTA MEDIOAMBIENTAL, DEL CIERRE EN UNA PARCELA PRIVADA DE 1.500 HECTÁREAS DE ZONA DE RED NATURA Y 5 KILÓMETROS DEL RÍO CADÓS, ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOBEIRA, BANDE Y VEREA (OURENSE). (Número de expediente 181/003451.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la pregunta número 7, que será formulada por la diputada señora Vázquez. Tiene la palabra.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: Señor secretario, hoy traigo aquí una pregunta respecto a la valoración que realiza sobre el cierre en una parcela de 1.890 hectáreas en una zona de Red Natura y 5 kilómetros de un río.
Planteado así el tema, parece que no tiene importancia, y mucho menos sabemos dónde quedan los ayuntamientos de Lobeira, Bande y Verea, pero hemos decidido traer estas iniciativas al Congreso de los Diputados para denunciar la situación de este cierre y para que de alguna forma, a través de sus representantes, los ciudadanos tengan aquí voz, y la voz de los ciudadanos de estos pueblos, que no tienen adónde ir a denunciar esta situación, es la que de cierta manera hoy represento yo aquí, y me imagino que casi todos estaremos de acuerdo con lo que voy a plantear.


En unos montes comunales, -les cuento la historia-, se autoriza el cierre de 1.890 hectáreas. Esto en Galicia es gigante, habida cuenta de que 5 hectáreas es lo más grande que tenemos en las parcelas. Esta parcela, que se autoriza cerrar en estos montes comunales en favor de un sólo señor, está limítrofe con el Parque Nacional del Gerês, el parque nacional portugués. Con esa parcela se ha cerrado todo el caudal de un río, 5 kilómetros de ese río, que es abundante en truchas y muy conocido en la provincia de Orense por su producción a la hora de la pesca, que es grandiosa, y, por otra parte, es una zona de alta montaña de las pocas que se han declarado en estos ayuntamientos Red Natura y que podrían disfrutar los ciudadanos. Hay también una ruta de senderismo, la P-32 de ese ayuntamiento, que está cerrada por esta parcela.


Cuando hemos visitado en el mes de julio esta parcela, -tengo algunas fotografías en el móvil que si después quiere el señor secretario puede ver, sin ningún problema-, se veía a las vacas que andan libres por el monte intentar saltar esas vallas para poder beber; es decir, vacas de otros propietarios, acostumbradas a beber en esos ríos, estaban intentando saltar esas vallas para poder beber, cosa imposible porque tienen que bajar casi 10 kilómetros para poder hacerlo. Otra de las fotografías es la de un corzo que quedó enganchado en esta malla que han instalado, porque incluso la malla en la parte inferior es más estrechita y en la parte más alta es más ancha, cosa que debía ser siempre a la inversa.


Cuando yo denuncio esto aquí es, por una parte, por la responsabilidad que pueda tener la Confederación Hidrográfica para autorizar el cierre de esos ríos, que deberíamos de disfrutar todos, y, por otra parte, ya que vamos a aprobar la ley de biodiversidad, que habla de la no proliferación de barreras cinegéticas, aquí son kilómetros y kilómetros de barrera en los que el hábitat se ha separado, donde los animales y la fauna salvaje que venía del Parque del Gerês en este momento está dividida de toda la fauna que quedó dentro de todo ese cierre artificial que se ha instalado en la única zona que teníamos de Red Natura en esos tres ayuntamientos.
Yo soy de uno de ellos y cuando presenté esta pregunta era la alcaldesa de ese pueblo.


Yo ya sé que usted no tendrá la capacidad suficiente para impedir ese cierre que ya se está realizado y al que ahora la Xunta dice que no dio permisos pero que el señor cerró, pero sí sé que tiene usted la capacidad de hablar con la Confederación Hidrográfica para que dejen en libertad las orillas de ese río, del río Cadós, que es parte de nuestra historia.
Yo quería traer hoy aquí esa denuncia de los ciudadanos e intentar adquirir por parte de usted el compromiso de que puede hacer algo; me emociono cuando hablo de esto, porque hay que ir allí y ver cómo están los animales. De verdad, se lo digo, porque es una zona en la que hemos nacido y crecido, en la que hemos disfrutado y que ahora no podemos disfrutar. Es lo único que pido.


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La señora PRESIDENTA: Señor secretario.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): La información de que dispongo, que me ha sido cursada con fecha actual y, por lo tanto, se supone que es la información que existe en este momento en el tiempo, es que efectivamente la ejecución del cierre ya se ha iniciado, pero, en todo caso, ni los cauces públicos ni la zona de servidumbre se ven afectados. La Guardería Fluvial así lo ha señalado. También se me señala que se ha incrementado la vigilancia de la zona por parte de la Guardería Fluvial con el fin de prevenir y denunciar las irregularidades que pudieran producirse.


Desde el punto de vista administrativo, el 21 de mayo se cursó a los propietarios el requerimiento para que aportaran una memoria descriptiva y los planos que definan lo que ellos llamaban "pasos canadienses" que intentaban establecer y que afectarían, en su caso, a este dominio público hidráulico y a su zona de servidumbre. Desde la Confederación Hidrográfica y desde el ministerio ya se ha señalado a los propietarios que necesariamente la actuación tiene que ser compatible con el uso del dominio público hidráulico, su protección y su conservación, y tiene que cumplir lo que al respecto establece la Ley de Aguas no solamente para ese dominio público hidráulico sino también para la zona de servidumbre y la zona de afección, y que esto se les va a requerir y se les va a exigir como paso previo a la concesión de cualquier tipo de permiso de actuación en la zona. Desgraciadamente, como sabe su señoría, en el resto de aspectos no tenemos ninguna competencia en el ministerio y desconocemos cuál es la situación exacta de los expedientes o de las actuaciones desarrolladas en la zona, pero le repito que, desde el punto de vista de lo que afecta al dominio público hidráulico y a la zona de servidumbre, la Guardería Fluvial está vigilando, de una manera particularmente intensa todo lo que afecta a las actuaciones en este ámbito.


La señora PRESIDENTA: Señora Vázquez.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: Eso será lo que corresponderá al propietario, pero no es así. Hace una semana que he vuelto a ir allí, he realizado estas fotografías, y lo único que tenemos libre son los puentes. En las fotografías -usted lo puede corroborar- se ven las vallas todavía; es decir, está todo cerrado, no está abierto. Yo le pido humildemente que, por favor, ponga todo el interés y compruebe eso, porque no es así. Está todo vallado, está el río completo vallado. Nosotros no tenemos acceso a esos ríos, no tenemos acceso a los caminos públicos y, lo que es peor, los animales no pueden pasar la valla, ya que tiene unas dimensiones muy amplias tanto en altura como después toda la superficie que está cerrada.
En cuanto al río le aseguro que la semana pasada estaba todo el río cerrado. Sólo podíamos hacer fotografías desde un puente que había allí; los laterales de ese puente están cerrados a ambos lados y no puede en ningún momento penetrar en ese río ni utilizarlo, ni la gente que se dedica a pescar ni los animales que andan por allí, de una raza autóctona de vacas denominada cachena y que la Xunta está promocionando mucho. Pues bien, esos animales no pueden beber hoy en ese río porque está todo cerrado.


Simplemente le pido que de alguna forma pongan el mayor interés posible, sobre todo desde la Confederación Hidrográfica del Norte, en vigilar, y si no reúne las condiciones, de verdad, por favorecer a un solo señor, en este caso por motivos políticos, y no del Partido Socialista, no vayan ustedes en contra de más de 2.000 personas.


La señora PRESIDENTA: Señor secretario.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Únicamente querría recordarle a su señoría que el dominio público hidráulico, la zona de servidumbre y la zona de afección, evidentemente, sigue el cauce de los ríos, por tanto, fuera de lo que son esos cauces y esas zonas, la competencia del Ministerio de Medio Ambiente, de la Confederación Hidrográfica, no existe. Sí tenemos que garantizar que todo el río sea accesible longitudinalmente desde su nacimiento hasta su desembocadura, pero a lo largo del río, no transversalmente, porque transversalmente no es competencia del ministerio. A lo largo del río, si se ha producido alguna obstrucción, pediremos de manera clara que desaparezca.


- DEL SEÑOR GARRE LÓPEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE DÉFICIT HÍDRICO EXISTENTE EN LA REGIÓN DE MURCIA. (Número de expediente 181/001028.)

La señora PRESIDENTA : Pasamos a al pregunta número 1, que será formulada por el diputado señor Garre, del Grupo Popular.


El señor GARRE LÓPEZ: Señor secretario, la pregunta creo recordar que es del año 2005, pero, en cualquier caso, es de actualidad que la conteste el señor secretario en el día de hoy, más aún cuando estamos prácticamente en el umbral del fin de la legislatura y, por tanto, lo que interesa a los ciudadanos en su conjunto y especialmente a los ciudadanos de la región de Murcia es saber, después de esta legislatura, después de la puesta en marcha del programa Agua, cuál es la situación del déficit hídrico en la región de Murcia.


La señora PRESIDENTA: Señor secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano

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Rodríguez): La pregunta es cuál es, según la señora ministra, el déficit hídrico de la región de Murcia.


Ya he tenido ocasión de decir a sus señorías en esta Comisión los problemas que existen con respecto a los conceptos de déficit hídrico. No les voy a repetir este tipo de reflexiones porque los problemas conceptuales y terminológicos están recogidos en un documento hecho durante el Gobierno del Partido Popular como es el Libro Blanco del Agua, por lo tanto, el concepto de balance hídrico, de oferta y demanda lo pueden ver en el capítulo 3 del Libro Blanco del Agua. Tampoco voy a entrar, como ya expliqué en su momento, en los conceptos de déficit, oferta y demanda, que pueden encontrar en cualquier diccionario económico. Tengo en la mente las reflexiones de este Libro Blanco del Agua cuando señala la variabilidad de las estadísticas con respecto a lo que son aportaciones y recursos naturales, y muestra que en el caso del Segura es una de las cuencas con un mayor coeficiente de variación (página 103), o cuando muestra cómo las capacidades de regulación pueden tener una variación tremenda (página 156), o cuando establecemos cómo varían las superficies y las distintas utilizaciones que existen en un territorio en función de los planes de ordenación del territorio o urbanísticos de la zona, pero para no reiterarles todos esos aspectos conceptuales que ponen totalmente en cuestión el concepto de déficit hídrico, tal y como se plantea en su pregunta, le quiero señalar que las diferencias en unos determinados escenarios entre la demanda esperada y la oferta esperada en el Plan Hidrológico Nacional aprobado por el Partido Popular, el déficit, -lo que ellos denominaban diferencias entre esa oferta y demanda en ese escenario- se suponía que era del orden de 343 hectómetros cúbicos. Naturalmente, si modificamos los escenarios o los criterios en que se basan esos escenarios, este déficit podría tener una variación hacia arriba o hacia abajo tremenda. Así sucede poco después en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura, también aprobado por el Partido Popular, en el que ese déficit no se situaba en 343 sino en 365 hectómetros cúbicos, porque los escenarios eran distintos.


¿Cuáles son los escenarios que estamos manejando en la actualidad? Son escenarios, en primer lugar, derivados del programa Agua. El programa Agua se centraba en garantizar agua en cantidad y calidad, y remarco el aspecto calidad, que era un tema que no estaba adecuadamente contemplado en estas dos planificaciones cuando hablaban de esa diferencia entre oferta y demanda, y lo contemplaba desde la perspectiva de garantizar la sostenibilidad en el uso de los recursos.


Quiero recordar aquí que cuando presenté la evaluación ambiental estratégica del programa Agua ante sus señorías en esta Comisión señalé que habíamos trabajado con distintos escenarios y distintos marcos de actuación: lo que denominábamos el escenario tendencial con el trasvase del Ebro, el programa Agua o el escenario que era de control de la demanda. En el escenario del control de la demanda, que fue el que propusieron fundamentalmente las asociaciones ecologistas y otros tipos de ONG, el déficit hídrico en los términos que está planteado desaparecía, no existía tal déficit hídrico en la región de Murcia. En esa evaluación ambiental estratégica, como tuve ocasión de plantearles, se demostraba que la mejor solución era, desde el punto de vista de un análisis multicriterio, el programa Agua; por eso el Gobierno desarrollaba al respecto el programa Agua con las correcciones que la propia evaluación ambiental estratégica establecía.


Dicho eso, de cara al futuro, está en realización el plan de la demarcación. En ese plan de la demarcación es donde en este momento se están haciendo los diagnósticos y estudiando los escenarios correspondientes para toda la cuenca del Segura, y será en ese plan de demarcación donde se establecerá la continuidad de las medidas del programa Agua que aseguren un agua de calidad en la cantidad necesaria para todos los ciudadanos y las demandas sostenibles de toda la cuenca del Segura.


La señora PRESIDENTA: Señor Garre.


El señor GARRE LÓPEZ: Evidentemente, no me ha fijado cuál es el déficit hídrico de la región de Murcia. El señor secretario se ha ido por las ramas. Ha hablado del Plan Hidrológico Nacional elaborado por el Partido Popular, de las actuaciones que está llevando a cabo en su programa Agua el actual Gobierno de la nación, pero no me ha fijado ese déficit, que estará establecido o muy próximo a los 1.200 hectómetros cúbicos de agua, y le digo por qué. Porque estaba previsto que hubiese aportaciones -eran las previsiones de las que usted ha hablado en el Plan Hidrológico Nacional- de 600 hectómetros cúbicos del Plan Hidrológico del Tajo, por ley, contemplado en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura, y a trasvasar por ley, desde el año 1981, en principio, 600 hectómetros cúbicos; 430 que se preveía trasvasar a través del trasvase del Ebro y 200 aproximadamente que se preveían de la desalación. Derogado el trasvase del Ebro, con una media anual del trasvase efectuado por ustedes a pesar de haber excedentes suficientes en la cabecera del Tajo y de acuerdo con la Ley de Explotación del año 1981, no se han realizado trasvases más allá de los 50 ó 60 hectómetros anuales, y usted lo sabe.
Por tanto, no puede hablar de cuál sea el déficit, lo conoce, pero sabe que el déficit ya no es que sea estructural, como ha dicho acertadamente la señora Serna, que lo es, reconocido absolutamente por todos, por unos gobiernos y por otros, es un déficit que es un verdadero desastre para las más de 198.000 hectáreas de regadío que hay en la región de Murcia.
Les recuerdo que más del 85 por ciento, desde hace ya mucho tiempo, no ahora, que es verdad que se siguen haciendo inversiones en regadíos, eran por goteo, pero les recuerdo también que hay 70.000 familias

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en la región de Murcia que viven del agua que no están recibiendo, más de 50.000 en Almería y otras tantas en la Vega Baja del Segura.


Ustedes dijeron más cantidad, más calidad y más barata. Ahora, al final de la legislatura, ¿más cantidad de dónde? Si no hay trasvases desde el Tajo, si han derogado el trasvase que estaba previsto realizar del Ebro, ¿de dónde? ¿De la sobreexplotación? ¿De los pozos, a los que hizo referencia ayer el señor Herrera? Más de 500.000 pozos ilegales, -dijo en la Comisión de ayer- y extracción de más de 3.000 hectómetros cúbicos anuales. Un tercio es lo que necesita todo el Levante de esa extracción ilegal, un tercio nada más.


Usted debería conocer que la memoria de la Fiscalía General del Estado que acabamos de recibir, en su página 464, habla del artículo 325 del Código Penal, habla de las extracciones que se están haciendo en el Guadiana.
Esto debería conocerlo, repase usted la página 464, a la que hace referencia el fiscal general del Estado. Tiene mucho que ver con lo que decía Joan Herrera ayer. Y repase también -y eso es lo más fácil, lo tiene usted en su documentación en el ministerio- el escrito que envío el Ministerio de Medio Ambiente el 28 de junio de 2005 a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en el que dice que se establezca una moratoria a los agricultores sancionados en el Alto Guadiana. Fíjese lo que le estoy diciendo; la ministra intercediendo ante los que tienen pozos ilegales. Hay figuras en el Código Penal para determinar esto, yo desde luego no lo voy a hacer, pero parece ser que el ministerio público ya está tomando cartas en el asunto. Seis sancionados hay en el Guadiana por extractores ilegales del agua que hay en esa bolsa del Alto Guadiana. Y mientras tanto, en la reunión de ayer y, en la de hoy, se sigue hablando de que si el Segura es una cloaca. Mire, que el Segura es una cloaca lo dijo el presidente de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia en su discurso de investidura del año 1995, lo reconoció expresamente -está en el Diario de Sesiones y ustedes pueden acceder a él-, pero cinco o seis años después el Segura es otra cosa, y hay que seguir mejorándolo porque es verdad que sigue teniendo deficiencias, pero no tiene nada que ver. A partir del año 2000 se celebran concursos de pesca y salen unos barbos así de grandes que antes eran impensables porque lo único que había eran unos patos que se habían vuelto hasta caníbales. Alguien ha hecho referencia a que había una sentencia judicial de Medio Ambiente en la cuestión del río Segura. Es verdad, y condenó al Gobierno regional de entonces, presidido por doña María Antonia Martínez, que no era precisamente del signo político del que le habla.


Que es una cuenca deficitaria lo hemos oído decir y actualmente se dice que tiene que recibir nuevas aportaciones, pero habla de actualmente. La interviniente anterior lo ha dicho. Si no somos capaces de apoyar trasvases desde la desembocadura del río más caudaloso de España, ¿cómo se puede argumentar eso para seguir pidiendo trasvases de la cabecera del Tajo y a continuación pedir diálogo?. Lo dijeron ayer y hoy. ¿Qué diálogo? ¿El diálogo del zapatazo por decreto de la derogación del trasvase del Ebro? ¿Ése es el diálogo que se nos pide?

Desde 1934, precisamente en Alicante, en el cine Capitol, como consecuencia de una reunión de la Cámara de Comercio, ya don Indalecio Prieto hablaba de que serían traidores a España los que se opusiesen a trasvasar agua desde las zonas donde hay excedentes a donde nos los hay.
Después estuvimos todos de acuerdo. Se aprobó una Ley de Aguas en el año 1985, donde se habla del patrimonio hidráulico nacional propiedad de todos; agua para todos, en 1985, con una mayoría socialista. A continuación estuvimos todos de acuerdo en que era necesario trasvasar cuando se aprobó el Plan Hidrológico Nacional. Ahí sí que había consenso; el consenso del cien por cien de los usuarios, el consenso del 85 por ciento de los miembros del Consejo Nacional del Agua, el consenso de prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas que componen la nación española, incluidas Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.
El señor Bono, hoy todavía sigue apoyando eso y lo decía el otro día en la prensa. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué diálogo? ¿Del zapatazo por decreto?, ¿O del diálogo y del consenso que manteníamos desde 1934 hasta que se derogó el trasvase del Ebro? De eso es de lo que habría que hablar.


No hay en la región de Murcia ni en toda la Vega del Segura ni más agua, ni de mayor calidad, ni más barata, pero es que ayer, al asistir a la Comisión de Medio Ambiente, me enteré de que esa agua de mayor calidad tampoco está. Lo decía el señor Labordeta: no hay mayor calidad de agua ahora tampoco en el Ebro. Los que vivimos cerca del litoral sabemos que el agua que se está mezclando con el Taivilla en la región de Murcia, el agua desalada, es prácticamente imbebible por el boro, y en Zaragoza -y ayer lo decía no este diputado, sino un diputado socialista-, ha aumentado muchísimo el consumo de agua embotellada. Claro que sí, porque no hay quien la beba. Y los técnicos aconsejan que no se rieguen ciertos árboles con el agua desalada porque ese boro precisamente no les trae lo mejor.


Su programa Agua era poco creíble, pero actualmente -y voy terminando, señora presidenta- es absolutamente increíble, por falta de diálogo, porque se ha intentado además al explicar ese programa Agua confundir a todos los ciudadanos. Primero se dijo en Murcia que allí se hacía mal uso del agua, después se dijo que eran ejemplares en el manejo del agua. Ya lo he dicho antes, el 85 por ciento de las tierras de riego están por goteo.


El otro día asistíamos -termino ya con la lectura de dos documentos, señora presidenta- a la reunión que tuvo lugar en esta misma sala sobre aplicación de la Convención de Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación, y fíjese lo que dice el punto 67: Lo más

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importante de todo es evitar el derroche. El precio del agua debe ser realista -estamos de acuerdo-. En la agricultura podrían explotarse alternativas. Dice que podrían explotarse alternativas. Fíjese de lo que están hablando; están ahora inventando la pólvora. Y fíjese qué alternativas son: La utilización de agua de desecho -se depura prácticamente, y usted lo sabe, el cien por cien de las aguas en la región de Murcia- y podrían utilizarse técnicas de riego por goteo en los cultivos. La panacea. Más de treinta años llevamos haciéndolo en la región de Murcia.


Para terminar, el peor trasvase, el más inútil de todos los trasvases es el que se hace de agua al mar, que nadie utiliza. Llamo la atención, después de oír a todos y cada uno de los representantes de los grupos parlamentarios ayer y hoy también, a los hombres de buena voluntad para que apelen a la inteligencia de todos, y de los vecinos también; para que no apelen a las vísceras sino al cerebro, para que seamos capaces de desarrollar entre todos un diálogo sereno, reflexivo y fructífero, para no acometer ningún trasvase innecesario -nosotros estamos de acuerdo en eso- y para evitar que la naturaleza, mientras siga existiendo la ley de la gravedad, le dé al mar el agua que en Aragón o en Cataluña no son todavía capaces de usar y que tan necesaria es para otros territorios.
Contéstenme si quieren, pero estarán contestando a don José Borrell, en su discurso sobre derecho del agua, discurso de clausura en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.


La señora PRESIDENTA: Señor Garre, he sido muy condescendiente.


Señor secretario, tiene la palabra.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): La verdad es que es un poco triste que desde 2004 a 2007 ustedes sigan empeñados con la discusión del trasvase del Ebro cuando se ha demostrado con un estudio científico que se les ha dado, titulado Evaluación ambiental estratégica, que es peor solución que el programa Agua; cuando ustedes saben, y se ha puesto encima de la mesa, que no había fondos para cofinanciar las actuaciones correspondientes; cuando, y eso usted también lo sabe, no habían previsto qué hacer en una situación de sequía como la que se ha producido, donde, si las actuaciones hubieran ido por la vía del trasvase, ya veríamos cómo podríamos haber respondido en Almería, en el sur de Alicante o en toda la provincia de Murcia. Pero, además, cuando este tema ha sido objeto de votación en esta Cámara, ustedes se han quedado solos. ¿Qué pasa que todos los grupos parlamentarios no saben lo que dicen y ustedes son los que tienen la razón? Es lamentable que sigan ustedes con este tema como objeto de discusión. Yo creo que podían buscar aspectos que desde el punto de vista de llegar a la sociedad fueran algo más convincentes. Porque lo que importa son los hechos y no los discursos, y lo que le tengo que decir es que en el año 2003, como usted muy bien sabe porque es murciano, 23 municipios tuvieron restricciones de agua en el mes de julio. Con la peor sequía histórica, ni uno solo la ha tenido en 2004, en 2005, en 2006 y en 2007. Digo yo que algo habremos hecho. ¿O eso no es una muestra de eficiencia? En la peor sequía de la historia, compare usted los daños en la agricultura que se han producido y los que se produjeron en la anterior del año 1995, o puede irse a la anterior, en el año 1982; con una sequía mucho más fuerte, compare lo que se ha producido. Compare usted lo que invertían en su comunidad autónoma, en la Comunidad Autónoma de Murcia, los gobiernos del Partido Popular, durante 2000-2004, y lo que estamos invirtiendo ahora y por qué cantidad se multiplican las cifras correspondientes. Compare usted cuál va a ser el escenario de autosuficiencia que se plantea para el año 2008 para algo tan sencillo como el abastecimiento no sólo de Murcia, sino también de, Alicante y Almería, o para restringirnos más, a lo que es canales del Taivilla, donde las disponibilidades de agua para abastecimiento, con las obras que están en realización, quedan garantizadas hasta el año 2017 en cualquiera de los escenarios de crecimiento de la población, es decir, con más de ocho años de antelación, vamos a garantizar las necesidades hídricas para abastecimiento. Esto son hechos, lo demás son palabras.


- DEL SEÑOR MURCIA BARCELÓ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE MEDIDAS INCLUIDAS EN LA NUEVA POLÍTICA DEL AGUA PARA EVITAR LA DESERTIZACIÓN EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL DEROGADO PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL, ESPECIALMENTE EL TRASVASE DEL EBRO. (Número de expediente 181/002758.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que será la pregunta número 2, que va a efectuar el diputado señor Murcia Barceló.


El señor MURCIA BARCELÓ: Señor secretario, hace pocas fechas se celebraba en Madrid la VIII Conferencia de las partes de la Convención de la ONU de lucha contra la desertificación. Yo quisiera iniciar mi intervención partiendo del carácter global de la desertización, que afecta negativamente a las personas y a los territorios de los cinco continentes, no quedando exenta España de este fenómeno ya que nuestro país cuenta con amplias zonas altamente degradadas desde el punto de vista medioambiental. En concreto, podríamos decir que la superficie del suelo afectado por erosión es el 12 por ciento del territorio español, sometido a procesos erosivos altos, y más del 31 por ciento de la superficie

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española está sometida a riesgos graves de desertificación.


En España se han venido ejecutando una serie de proyectos que han contribuido, con éxito en algunas ocasiones y con menos en otras, a luchar contra este grave problema. En la pasada legislatura se realizó el borrador de un plan de acción nacional, que a estas fechas tiene también previsto su Gobierno llevar adelante, y, entre otras, se establecía la ordenación y reestructuración de cuencas que favorecía los trabajos de control de la desertización a través de acciones integrales en esas cuencas afectadas, donde España tenía una larga tradición y experiencia en las mismas.


Asimismo, se estableció -y yo aquí no quisiera entrar en la polémica de trasvase sí, trasvase no-, el Plan Hidrológico Nacional, el cual incluía el trasvase del Ebro, y en el que una parte importante del agua trasvasada tendría como fin recuperar los humedales degradados del Mediterráneo, contribuyendo a frenar el avance de la desertificación del sureste español. Un uso prioritario del agua transferida tenía asimismo un objetivo puramente medioambiental, recargando los acuíferos sobreexplotados y recuperándolos medioambientalmente. Se prohibían también una serie de obras como, por ejemplo, regar con agua transferida nuevos campos de golf o el exceso en las cuencas receptoras para ampliar los regadíos. En fin, que una parte del agua trasvasada era para recuperar humedales degradados del Mediterráneo y frenar el avance de la desertificación.


Como todos sabemos, con posterioridad se produjo un cambio de opinión, un cambio de política, y se derogó el trasvase del Ebro, estableciéndose una nueva política del agua, en concreto con la intención de establecer macrodesaladoras en el litoral mediterráneo. Por eso, señor secretario, yo quisiera saber, con esa nueva política del agua, cuáles son las medidas que van a tomar en relación con la desertificación en la zona de Levante.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): En su pregunta usted planteaba algo que ya hemos señalado varias veces en esta tribuna pero que quiero volver a reiterar. Siguen refiriendose en su pregunta a zonas o provincias que se veían afectadas por el derogado PHN. Quiero reiterarles que el Plan Hidrológico Nacional no se ha derogado, que lo único que se ha derogado de ese Plan Hidrológico Nacional es el trasvase del Ebro, que ha sido sustituido por el programa AGUA que se ha demostrado técnica y científicamente que era mejor solución para resolver los problemas del litoral mediterráneo.
Hecha esa precisión, lo segundo que habría que tener en cuenta, en línea con lo que se señala en su pregunta, es que ustedes en el período 2001-2003, y con respecto al informe del seguimiento del PHN que, marcando lo que establecía el propio PHN, hicimos público y todos los miembros del Consejo del AGUA en noviembre de 2005, habían ejecutado apenas un 15 por ciento. Eso implica que este PHN, que ustedes señalaban que se iba a hacer en el período 2001-2008, con ese ritmo de inversión hubiera estado terminado en 2020. Baja credibilidad cuando las inversiones eran la principal acción que recogían en el PHN y ese era el ritmo de cumplimiento de su propio documento que ustedes estaban llevando a cabo.


Dicho esto, efectivamente, la problemática de la sequía afecta a España.
Le felicito, veo que ha visto el programa de Acción de Lucha contra la Desertificación que ha preparado el Gobierno y que ha distribuido a las comunidades autónomas para que hagan observaciones hasta el día 1, porque en la revisión que hemos hecho del documento que ustedes habían preparado, con un nivel de análisis mucho más detallado y mucho más fino de lo que sucede realmente el España, hemos reducido las cifras iniciales de su diagnóstico prácticamente a la mitad. Efectivamente, tenemos del orden del 17 por ciento del territorio español con un riesgo muy alto o alto de desertificación y aproximadamente el 18 por ciento con un riesgo medio, que no es preocupante pero que está ahí. También es importante señalar que este riesgo incide básicamente en Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, ése es el ámbito espacial donde este riesgo se produce. Y desde esa perspectiva, como usted habrá conocido también a la vista del documento que ha utilizado para sus análisis, las medidas de intervención inciden fundamentalmente en tres áreas. En primer lugar, en el sector agrario y de desarrollo rural, donde básicamente el Gobierno ha puesto en marcha, siguiendo las directivas de la Unión Europea, políticas de condicionalidad, donde la lucha contra la desertificación, la recuperación de acuíferos, el control del uso del agua o la calidad del agua son elementos fundamentales; el programa de medidas agroambientales, donde la recuperación y el mantenimiento del suelo son uno de los capítulos fundamentales, y el programa de forestación de tierras agrarias. Estas tres líneas de actuación dentro del sector agrario y de desarrollo rural se desarrollan fundamentalmente por las comunidades autónomas a través de los programas de desarrollo rural que las propias comunidades autónomas aprueban y que en su caso se llevan a Bruselas, es decir, en el período anterior el programa que afectaba al período 2000-2006 y para el futuro lo ya enviado a Bruselas y aprobado por las comunidades autónomas para el período 2007-2013.


Dentro del sector forestal, las áreas de intervención son ordenación de montes, lucha contra incendios forestales y actuaciones de defensa y protección frente a daños que se producen en estas áreas forestales.
También en este caso, sólo que ahora a través

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de la Dirección General de Biodiversidad, de mi Secretaría General, se establecen una serie de ayudas. Para el período 2000-2006 estaban ligadas al Feoga Orientación, estaban ligadas por lo tanto a la cofinanciación por parte de la Unión Europea, y se desarrollaba con convenios con las comunidades autónomas. En ese sentido, y como usted sabe, en el período 2005-2008 estos convenios ascienden a un importe de unos 82,5 millones de euros. Las cifras correspondientes a los convenios para firmar con las comunidades autónomas para este período se aprobaron en la conferencia sectorial del 6 de septiembre de este mismo año.


Tengo que señalar que estas actuaciones, como las ligadas a la gestión de los recursos hídricos, directamente asociadas a desertificación, implicaron un total de 1.589 millones de euros, en el período 2001-2003.
Para el período 2004-2007, la cifra equivalente son 3.193, es decir, hemos más que duplicado, un 101 por ciento de incremento, las cifras dedicadas directamente, en colaboración con las comunidades autónomas, a la lucha contra la desertificación. Adicionalmente, para el programa de desarrollo rural, con incidencia directa en la lucha contra la desertificación, período 2007-2013, en el eje 1, que es uno de los dos ejes que contempla este programa, se van a dedicar 4.926 millones de euros; en el eje 2, 744 millones de euros, y el total implica 15.800 millones de euros, que significa un incremento del 13 por ciento con respecto al período 2000-2006. De una manera sintética, las medidas que ha realizado este Gobierno durante el período 2004-2007 en la lucha contra la desertificación han duplicado los presupuestos que se dedicaron en el período 2001-2003. Las previsiones que este Gobierno ha establecido para el período 2007-2013, todo ello, tanto en el primer caso como en el segundo, en colaboración con las comunidades autónomas, implica un incremento de los fondos públicos de la Administración General del Estado del 40 por ciento, y un incremento del gasto público total, incluyendo Unión Europea y comunidades autónomas, del 13 por ciento. Estas medidas, que en gran parte van a ser muy potenciadas por la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, que está en discusión en esta Cámara, y por la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que también está en discusión en esta Cámara, van a incidir en los tres elementos fundamentales para luchar contra la desertificación: Primero, mantener la población en el medio rural en igualdad de oportunidades y condiciones adecuadas de vida; segundo, proteger todos los recursos ambientales, forestales, vegetación, flora y fauna en general que existe en el medio natural; Y, en tercer lugar, mimar de una manera muy especial el recurso hídrico, que es lo que este Gobierno ha venido haciendo con el programa AGUA, en particular en todo el litoral mediterráneo.


La señora PRESIDENTA: Señor Murcia.


El señor MURCIA BARCELÓ: Señor secretario, he estudiado el Plan de Acción Nacional (PAN), el proyecto que ustedes tienen, y los que realmente no están muy de acuerdo son los ecologistas. Parece ser que dicen que no hemos hecho nada nuevo, que es simplemente una continuación del anterior, que han sido ustedes poco arriesgados porque prácticamente -dicen- es un calco. Efectivamente, usted ha dicho que es una síntesis del anterior, mucho más perfilada y mucho más pormenorizada, pero yo no entraré ahí, yo no quisiera abrir un debate político en torno a los beneficios que puede dar la nueva política del agua en lo que se refiere al abastecimiento para estas zonas tan deterioradas del Levante español, pero sí es verdad que no hemos hablado o no me ha dicho nada sobre lo que opina y de qué manera puede afectar el agua procedente de las desaladoras, insisto, no comparándola con el trasvase del Ebro. Porque no estamos en absoluto en contra de la desalación, pero sí quizá en contra de la desalación masiva.
Evidentemente, la desalación es una nueva fuente de producción de agua de buena calidad para los usos consuntivos humanos, sin embargo, nosotros creemos que no es una alternativa, sino una fuente complementaria que por su elevado coste puede ser útil principalmente en los usos industriales, turístico y de consumo urbano, pero en la agricultura entendemos que solo lo es en estos momentos en cultivos de alto valor añadido.


Me ha hablado usted de un tema concreto, de la recuperación de acuíferos.
Ahí sí que veo que es importantísimo el tema de las desaladoras por cuanto el elevado coste nos hace dudar sobre la posibilidad de la recuperación de estos. Es decir, el agua producto de la desalación, por ese elevado coste, no podría cumplir con objetivos medioambientales tan importantes como la recarga de estos. En la lucha contra la desertificación son imprescindibles los acuíferos, y esta recarga se produce, evidentemente, por la lluvia, que es muy escasa, y por el riego de grandes superficies. Tenemos una muestra en el trasvase Tajo-Segura, que fue una de las grandes fórmulas que permitían regar las superficies que ahora se riegan con aguas subterráneas de mala calidad y que salinizan los suelos.


Las aguas superficiales producen un doble efecto benéfico, de un lado, a los acuíferos, ya que permiten reducir las extracciones, y, de otro, a las tierras, al sustituir aguas salitrosas por agua dulce. Por eso entendemos nosotros que sería también necesario un trasvase adicional al que ya existe. Es decir, la alternativa de la desalación frente a los trasvases plantea algunas incógnitas de difícil valoración, y yo creo que estando usted aquí me las podría valorar. La más grave es precisamente la repercusión sobre los acuíferos y su probable agotamiento, que produciría daños sociales, medioambientales y económicos, y esto entronca con lo que usted ha hablado de mantener la población, proteger los recursos,

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etcétera. Yo quisiera que me dijera si consideran ustedes que con el agua de la desalinización es posible la recuperación de los acuíferos, si se ha hecho un estudio sobre su coste y si es viable.


La señora PRESIDENTA: Señor secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Me alegro de que haya dicho que no tiene nada contra la desalación porque, a la luz de la intervención de su compañero en la pregunta anterior, parecía que hubiera una cierta posición de rechazo contra la desalación, que se entendería mal cuando ustedes también han puesto en marcha en Murcia una desaladora, en Escombreras y cantaban las excelencias de la desalación en las inauguraciones de la única planta que pusieron en marcha durante su período de gobierno. Por lo tanto, me alegro de esa valoración de las desaladoras, que, como se ha dicho muchas veces, tienen como objetivo fundamental una función de sustitución.


Las desaladoras aportan recursos nuevos que se asignan a las zonas del litoral donde la aportación de estos recursos presenta unos menores costes. Como consecuencia, los sondeos que en la actualidad están sirviendo para abastecer a esas zonas del litoral o los caudales de los cauces de los principales ríos que se detraen para abastecer a esas zonas del litoral pueden ser sustituidos por esta desalación en el propio litoral y permitir que esas aguas que pertenecen a los recursos subterráneos o que van por los cauces puedan tener el uso y el reuso que corresponde, que se vayan haciendo a lo largo de la cuenca y que no se deriven desde la cuenca alta hasta los municipios del litoral, con lo cual, con los retornos hacemos un mejor aprovechamiento de esos recursos y, por lo tanto, las desaladoras multiplican su beneficio sobre la zona interior. Garantizan la disponibilidad de agua, como usted muy bien ha dicho, para el uso industrial, el uso turístico y el uso residencial, y nos permiten utilizar el resto de los recursos en cabecera de forma reiterada para nuestros acuíferos, para el riego o para las necesidades ambientales ligadas a los caudales ecológicos. Desde esa perspectiva, las desaladoras multiplican los beneficios de las aguas disponibles.


Ha señalado también que los ecologistas dicen que en este plan no avanzamos lo suficiente. El día que los ecologistas estén satisfechos tendríamos que empezar a preocuparnos todos. Si los que fundamentalmente miran por la garantía ambiental nos dicen que estamos en el mejor de los mundos posibles, es que algo muy grave ha pasado. Ojalá siempre existan personas insatisfechas que nos obliguen a llegar más allá. Pero el cambio cuantitativo y cualitativo que este Gobierno ha producido en los tres años, ya tres años y medio, que llevamos de legislatura es un cambio que, por mucho que les cueste, más pronto o más tarde tendrán que reconocer, y que yo creo que los ciudadanos ya reconocen, afortunadamente, e incluso las propias organizaciones ecologistas.


La señora PRESIDENTA: No habiendo más puntos en el orden del día, damos por finalizada esta sesión.


Eran las once y veinticinco minutos de la mañana.

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