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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 741, de 19/12/2006
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 741
MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ROSA MARÍA BONÀS PAHISA
Sesión núm. 35
celebrada el martes, 19 de diciembre de 2006


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas:

Del señor Heredia Díaz (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre:

-Contenido del convenio de colaboración firmado entre el organismo autónomo de Parques Nacionales y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la realización del proyecto "Seguimiento científico de las águilas imperiales de Doñana". (Núm. exp. 181/001796.) ... (Página 3)

-Valoración del Ministerio de Medio Ambiente respecto al desbloqueo del proyecto para el alzado de la carretera CC-3310 (Almogía-Málaga) competencia de la Confederación Hidrográfica del Sur. (Núm. exp.
181/001813.) ... (Página 5)

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-Actuaciones impulsadas por el Ministerio de Medio Ambiente desde el 14/03/2004 hasta la fecha de cara a evitar el riesgo de inundaciones en el municipio de Rincón de la Victoria (Málaga). (Núm. exp. 181/001814.) ... (Página 6)

Del señor Quirós Pulgar (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre:

-Plan de actuación para el encauzamiento del río Guadalquivir en la campiña de Andújar. (Núm. exp. 181/001855.) ... (Página 8)

-Grado de desarrollo de las obras de la presa de laminación del río Eliche en la provincia de Jaén. (Núm. exp. 181/001858.) ... (Página 8)

-Estado de las obras para la modernización de regadíos en la provincia de Jaén. (Núm. exp. 181/001861.) ... (Página 9)

De la señora Lizárraga Gisbert (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre:

-Nivel de participación del Ministerio de Medio Ambiente en el plan integral de protección del Delta del Ebro. (Núm. exp. 181/001911.) ...
(Página 10)

-Actuaciones para recuperar el litoral sur de Alcanar (Tarragona). (Núm.
exp. 181/001946.) ... (Página 11)

Del señor Heredia Díaz (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre:

-Actuaciones que se están impulsando acerca del paseo marítimo de poniente en Málaga. (Núm. exp. 181/001947.) ... (Página 12)

-Actuaciones de la Dirección General de Costas en relación al plan de aportes de arenas 2006-2007 en la provincia de Málaga. (Núm. exp.
181/002013.) ... (Página 13)

De la señora Bonàs Pahisa (Grupo Parlamentario de Izquierda Republicana ERC), sobre opinión del Gobierno acerca del proyecto a realizar frente al litoral de Cabrera de Mar (Maresme) para evitar los reiterados daños que los temporales ocasionan a sus playas. (Núm. exp. 181/002463.) ...
(Página 14)

De la señora Ramón-Llin i Martínez (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre proyectos del programa AGUA presentados a la Unión Europea dentro de los plazos establecidos, para ser financiados por los fondos de cohesión, tras la derogación del trasvase del Ebro. (Núm. exp.
181/002502.) ... (Página 15)

Del señor Pintado Barbanoj (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre motivos para no licitar las obras de restitución del embalse de Montearagón en Huesca. (Núm. exp. 181/002727.) ... (Página 18)

Del señor Hernando Fraile (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre valoración de la situación de los acuíferos subterráneos del puerto almeriense. (Núm. exp. 181/002731.) ... (Página 20)

De la señora Villalobos Talero (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre formalización del convenio de obras hidráulicas entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente. (Núm. exp.
181/002733.) ... (Página 22)

Del señor Garre López (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre opinión de la Ministra de Medio Ambiente acerca de la operatividad del principio de unidad de cuenca establecido en el artículo 14 de la ley de aguas. (Núm. exp. 181/002746.) ... (Página 24)

Del señor Esteve Ferrer (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre nivel de ejecución, compromiso de gasto y fecha prevista de finalización de las obras contenidas en el Programa Agua y en el Plan Hidrológico Nacional, que afecten al territorio de Castilla-La Mancha.
(Núm. exp. 181/002748.) ... (Página 26)

Del señor Álvarez Álvarez (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre previsiones acerca del abastecimiento a Cáceres y su entorno. (Núm.
exp. 181/002751.) ... (Página 28)

Del señor García Díez (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre puesta en servicio de la obra de nuevo abastecimiento de agua potable a la ciudad de Lugo. (Núm. exp. 181/002753.) ... (Página 30)

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Del señor Merino Delgado (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre proyectos a los que se piensa destinar la partida correspondiente a la construcción de la presa de Bernardos (Segovia), suprimida por el Ministerio de Medio Ambiente. (Núm. exp. 181/002763.) ... (Página 32)

De la señora Sánchez García (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre situación de la problemática del Arroyo de Villalobón, en la urbanización de dicha zona, en opinión del presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, ante las últimas noticias sobre la zona inundable del sector 8 en Palencia. (Núm. exp. 181/002827.) ... (Página 34)

De la señora García Suárez (Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds); sobre previsiones acerca de la aprobación de la declaración de impacto ambiental de la refinería de Tierra de Barros (Badajoz). (Núm. exp. 181/002213.) ... (Página 36)

Del señor Erias Rey (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre impacto potencial sobre la competitividad y el empleo de los escenarios de reducción de emisiones que analizados, así como de los que han servido de base para la toma de decisiones que han supuesto una sobrecarga sectorial respecto al Plan Nacional de Asignaciones I (PNA-I), en especial el de generación eléctrica. (Núm. exp. 181/002740.) ...
(Página 39)

Comparecencia del señor secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático (Gonzalo Azpiri) para informar sobre:

-Los planes de la Oficina del Cambio Climático en el marco del recientemente aprobado Plan nacional de asignaciones de derechos de emisión. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
(Núm. exp. 212/000140.) ... (Página 42)

-El Plan nacional de adaptación al cambio climático, aprobado el pasado mes de julio. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Núm. exp. 212/001225.) ... (Página 42)

-El Plan nacional de asignación de derechos de emisión 2007-2012.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Núm. exp.
212/001434.) ... (Página 42)

Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


PREGUNTAS:

DEL SEÑOR HEREDIA DÍAZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO) SOBRE:

-CONTENIDO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO DE PARQUES NACIONALES Y EL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO CIENTÍFICO DE LAS ÁGUILAS IMPERIALES DE DOÑANA". (Número de expediente 181/001796.)

La señora PRESIDENTA: Vamos a dar comienzo a la comisión. Damos la bienvenida al secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, que va a responder a las preguntas de las señoras y señores diputados.
Les recuerdo que tal como se decidió en la reunión de Mesa y portavoces, el tiempo máximo para las preguntas es de seis minutos, divididos en dos comparecencias, como máximo; pueden ser menos, pueden ser cuatro minutos.
En el cronómetro podrán ver el tiempo máximo y saber lo que les queda hasta el final de las dos intervenciones. (La señora De Lara Carbó pide la palabra.)

Diga, señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Señora presidenta, considero que si hay alguna pregunta en la que no está presente la persona que tiene que hacerla la puede asumir alguien del grupo, porque el Grupo Parlamentario Popular ha echado cuentas y hasta la número 14 no nos toca intervenir y, por consiguiente, los representantes de nuestro grupo no vendrán hasta la hora en que les toque. Si empezamos así, iremos aplazando preguntas hasta el final y aquí no habrá preguntas que hacer. Creo que el grupo que las ha propuesto las puede hacer.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Señora presidenta, en primer lugar, no estoy de acuerdo en esto, pero estaría obviamente a lo que decidiera la Mesa.
No creo

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que lo que suscita la señora De Lara sea el caso, porque solamente se trataría de la pregunta cuarta, que es del diputado don Sebastián Quirós, que está llegando y que tiene tres preguntas que pueden perfectamente pasar después de las tres primeras, que son de mi grupo.


La señora DE LARA CARBÓ: De acuerdo.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz.


El señor HEREDIA DÍAZ: Señor secretario general, cientos de aves rapaces caen cada año a causa de disparos y cepos de los cazadores. Las creen culpables de la escasez de caza en algunos parajes. A estos disparos y trampas se unen otros peligros, los cables de alta tensión y los tendidos y antenas de telefonía. Una de esas aves rapaces afectadas es el águila imperial, una rapaz que es el orgullo de la fauna española y una de las especies más amenazadas del mundo que figura en la categoría en peligro de extinción en el catálogo nacional de especies amenazadas. Cabe recordar que a comienzos del siglo XX el águila imperial ibérica era un animal muy abundante en gran parte de su zona de distribución, pero en la última década su número ha descendido en picado y actualmente solo se tienen noticias en Portugal de avistamientos ocasionales de nómadas y la población de Marruecos podría estar reducida a una única pareja reproductora y a una de sus crías. En España habitan actualmente unas 220 parejas adultas y un número indeterminado de jóvenes nómadas, principalmente en los parques nacionales de Cabañeros y del Coto de Doñana. Desde 1991 se observa una acusada desproporción de sexo en la especie siendo el 70 por ciento de los pollos nacidos del sexo masculino.
Las causas del descenso poblacional del águila imperial ibérica son varias. A mediados del siglo XX las águilas eran muertas por los ganaderos, junto con muchas otras especies rapaces, a pesar de que nunca se han observado ataques de esta especie contra rebaños. La primera medida de protección llegaba a mediados de los años sesenta como consecuencia principalmente de la labor de Félix Rodríguez de la Fuente.
A pesar de ello, el desarrollo de la red eléctrica en España y con ella el aumento de las muertes de águilas que chocan con los tendidos de alta tensión, el uso de pesticidas y la extensión de la mixomatosis y otras epidemias sobre el conejo -su principal alimento- han puesto a la especie al borde de la extinción. Por este motivo, la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, órgano colegiado de coordinación entre el Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades autónomas, aprobó la estrategia nacional para la conservación del águila imperial ibérica.


El águila imperial o águila heliaca es endémica de España, aunque hay una subespecie que habita en Europa oriental. Se trata de un ave majestuosa e inconfundible cuando se la ve en vuelo, con unas manchas blancas que ocupan todo el hombro y que impresionan por su gran envergadura, que puede pasar de los dos metros. Su hábitat y áreas de distribución están muy ligados a las zonas de bosque y matorral mediterráneo, por lo que la continua deforestación de nuestros bosques perjudica muy seriamente al futuro de sus últimas poblaciones. Las grandes águilas necesitan enormes cazaderos para sobrevivir, donde se dedican fundamentalmente a la captura de conejos y aves de mediano tamaño, alimentándose también -aunque en menor medida- de anfibios y reptiles. En los meses de febrero y marzo tienen lugar las paradas nupciales, que consisten en una interminable coreografía de vuelo en pareja y que resulta un espectáculo difícil de olvidar para quienes tienen el privilegio de contemplarlo en vivo. El águila imperial vive en las serranías del centro y sur de la península Ibérica y de Europa oriental. Se han encontrado nidos con un peso de hasta 200 kilos, que muchos árboles no son capaces de sustentar y terminan cayendo al suelo. Sus huevos, desgraciadamente, son muy apreciados por los coleccionistas cotizándose a sumas elevadas en el mercado negro. En este contexto, Parques Nacionales y el CSIC firmaron un convenio de colaboración para realizar el seguimiento del águila imperial ibérica en Doñana. Por ello le pregunto por el contenido del convenio y si puede facilitar o adelantar los resultados de lo realizado hasta la fecha en esta materia.


La señora PRESIDENTA: Le quedan dos minutos, señor Heredia. Tiene la palabra el señor secretario general para el Territorio y la Biodiversidad.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Efectivamente, el 25 de diciembre del año 2005 se firmó un convenio entre el organismo autónomo Parques Nacionales y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas dedicado fundamentalmente al seguimiento del águila imperial, al análisis de las causas de su evolución, no muy positiva en el caso del Parque Nacional de Doñana, y al establecimiento de mecanismos para su recuperación. Este convenio va muy directamente dirigido al hecho de que el número de ejemplares en Doñana ha disminuido de una manera muy sensible. De las quince parejas de ejemplares que existían aproximadamente a principios de 1990, la situación en Doñana ha empeorado, pese a que se ha actuado de una manera muy activa sobre los temas ligados a su alimentación, fundamentalmente el conejo, que es una medida que actúa coordinadamente respecto al lince y al águila imperial. No obstante, los análisis realizados demuestran que el mantenimiento de venenos, los tendidos eléctricos y los atropellos están dando lugar a una disminución de la especie en esa área, exactamente en el caso del Parque Nacional de Doñana y su entorno, todo lo que es el Parque Natural de Doñana, cuando en el resto del territorio español está habiendo una recuperación de esta especie. En Cabañeros el número de ejemplares ha crecido muy sensiblemente, pero en

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Doñana no se ha conseguido revertir esta situación. Desde ese punto de vista, se ha puesto en marcha este convenio que va en la línea de la estrategia nacional de conservación y que trata de establecer un análisis y un conjunto de actuaciones para la recuperación de la especie en el Parque Nacional de Doñana. Este convenio tiene el visto bueno y el informe positivo del patronato, también tuvo el visto bueno en su momento de la comisión mixta y básicamente es desarrollado por la estación biológica de Doñana. En síntesis, podemos decir que este convenio de cuatro años de duración y con un presupuesto de 200.000 euros, de los cuales 150.000 eran aportados por el organismo autónomo Parques Nacionales, entra dentro del conjunto de líneas de actuación para recuperar esta especie, recogidas en la estrategia nacional de conservación. Como aspectos fundamentales se puede señalar que en la actualidad este convenio ha sido transferido a la Junta de Andalucía, junto con todos los mecanismos de gestión del Parque Nacional de Doñana; que este convenio se une en cuanto a su desarrollo a otro que existía entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Junta de Andalucía, de manera que ambos convenios se integran para hacer un protocolo conjunto de actuación; que en los trabajos que se desarrollaron durante la vigencia del convenio, con competencia por parte del organismo autónomo Parques Nacionales, se marcaron cinco ejemplares -el objetivo fundamental es marcar ejemplares para realizar un seguimiento de los mismos y ver cuál es su evolución y los riesgos a los que se ven sometidos- y puedo señalar que adicionalmente a esta coordinación, también por parte del ministerio se ha puesto en marcha, en línea con el objetivo de la UICN de freno a la pérdida de biodiversidad para el año 2010, un convenio de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias que va a promover el incremento de biodiversidad en los municipios españoles y, en particular, en el caso de especies amenazadas como es el águila real al que se refería su señoría.


La señora PRESIDENTA: ¿El diputado quiere intervenir? (Denegación.)

- VALORACIÓN DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE RESPECTO AL DESBLOQUEO DEL PROYECTO PARA EL ALZADO DE LA CARRETERA CC-3310 (ALMOGÍA-MÁLAGA) COMPETENCIA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR. (Número de expediente 181/001813.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la segunda pregunta, también del señor diputado don Miguel Ángel Heredia. Tiene la palabra.


El señor HEREDIA DÍAZ: Señor secretario general, quiero comenzar mi intervención haciendo un breve recordatorio de una actuación que es un buen ejemplo, otro más, de la chapuza que caracterizó la gestión del anterior Gobierno del Partido Popular en la provincia de Málaga. La presa de Casasola estaba prácticamente terminada cuando el Partido Popular llegó al Gobierno allá por mayo de 1996. De hecho, la primera fecha que dieron para la entrada en funcionamiento de este embalse, mediante una respuesta parlamentaria, fue julio de 1996. Después de este primer incumplimiento vinieron otros muchos; dijeron que se terminaría en septiembre de 1996, más tarde que en 1997, principios de 1998, octubre de 1998, varios a lo largo de 1999 y primavera de 2000. No fue, sin embargo, hasta octubre de 2000 cuando el entonces ministro de Medio Ambiente, el señor don Jaume Matas, vino a Málaga a hacerse la foto inaugurando la presa de Casasola. Eso fue lo que hizo, hacerse la foto, porque lamentablemente no fueron capaces de ponerla en servicio durante toda la pasada legislatura. Estamos hablando de una presa que ha tenido un coste de 23 millones de euros y una capacidad de 23,64 hectómetros cúbicos, que puede suministrar a la ciudad de Málaga la tercera parte de las necesidades de agua potable al año. El motivo del retraso fue que una vez que el anterior Gobierno del Partido Popular se hizo la foto inaugurando la presa se olvidó de realizar una actuación esencial para ponerla en funcionamiento, que es el alzado de la carretera comarcal 3310, un alzado que cualquier persona sensata tendría que haber hecho al mismo tiempo que se ejecutaba la presa, puesto que el antiguo trazado de la carretera desapareció bajo el agua en el momento en que la presa se cerró, dificultando gravemente el acceso a su vivienda a más de cuatrocientos vecinos de Barranco del Sol, una pedanía de Almogía, sobre todo en época de lluvias. Y es que el camino provisional que había habilitado la entonces Confederación Hidrográfica del Sur a través del puente de Rosa Capilla, pasaba por la mitad del río, justo en la cola del embalse, por lo que se inundaba cada vez que había una pequeña crecida del agua. El resultado es que estos cuatrocientos vecinos debían de dar un gran rodeo y perder más de dos horas al día para llegar a sus casas, con el problema que esto suponía en caso de una emergencia, por ejemplo, ante cualquier problema médico. Es cierto que el anterior Gobierno inició la obra del nuevo trazado de la carretera por un importe de 2 millones de euros, pero hicieron una chapuza de proyecto y tuvieron que volver a paralizar esa obra y rehacer otra vez el proyecto, con el argumento de la inestabilidad de los terrenos. El nuevo proyecto multiplicó por cinco el coste de la obra. Mientras tanto, con falsedades y engaños, el Partido Popular trataba de ocultar la realidad. De hecho cabe recordar que el entonces presidente de la Confederación Hidrográfica del Sur anunció en los medios de comunicación malagueños en abril del año 2000 que su alzado estaba prácticamente finalizado, es decir que la obra de esta carretera estaba prácticamente terminada. Lástima que el tiempo demostró que no dijo la verdad tampoco en este caso. Tuvo que ser este Gobierno quien adjudicara el nuevo proyecto de alzado,

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concretamente el 11 de noviembre de 2004. Ha sido este Gobierno el que ha tenido que impulsar esta actuación por un coste de 6,2 millones de euros; la actuación se inició el 3 de enero de 2005 y desde entonces se están ejecutando las obras del proyecto del nuevo trazado de esta carretera que va del punto kilométrico 559,8 al 564, en el término municipal de Almogía. La realidad es que en dos legislaturas del Partido Popular, la capacidad de almacenamiento de agua no se ha incrementado en una sola gota. Prometieron, en plena campaña electoral, lo que se denominó Plan Málaga, 40.000 millones de las antiguas pesetas, prometieron realizar nueve actuaciones en materia hídrica, de las cuales no fueron capaces de terminar ni una sola de ellas y en ocho de esas nueve no fueron capaces tan siquiera de terminar los proyectos y lo único que hicieron durante dos legislaturas fue rezar mucho para que lloviera. Esa es la gestión que realizó el Partido Popular en la provincia de Málaga durante ocho años que estuvieron en el Gobierno. En este contexto, le pregunto cómo valora el Ministerio de Medio Ambiente el desbloqueo del alzado de esta carretera comarcal 3310 Málaga-Almogía y asimismo, si es posible, que me diga si existe alguna fecha de finalización de la carretera y del posible comienzo de embalse de la presa de Casasola.


La señora PRESIDENTA: Le ha restado un minuto y veinte segundos. Doy la palabra al secretario general, don Antonio Serrano.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Como muy bien ha relatado su señoría, esta presa es una obra que debería haber estado terminada y en funcionamiento entre los años 1996 y 1997. Desgraciadamente, las actuaciones se han ido retrasando y es ahora, casi después de doce años del inicio de los trabajos y con una inversión que ha superado los 30 millones de euros, cuando podemos decir que en el primer trimestre del año que viene, con toda garantía, la presa podrá entrar en funcionamiento. De hecho, la carretera está prácticamente terminada y el estudio que faltaba de seguridad de la presa está aprobado, con lo cual únicamente quedan las pruebas que hay que realizar en la presa para que se pueda efectuar los trabajos correspondientes con total garantía. Es particularmente preocupante que una pequeña obra, de menos del 10 por ciento inicialmente del total del proyecto, haya tenido durante seis años fuera de servicio un embalse que podría haber ayudado a paliar las graves circunstancias que pasó la ciudad de Málaga durante el año pasado. Esta presa tiene dos objetivos fundamentales: sirve para la laminación de avenidas y para el abastecimiento al área de Málaga. Por lo tanto, el que esta presa no haya estado funcionando como podría haberlo hecho si los trabajos hubieran sido terminados lo podemos considerar como muy grave y una falta muy importante de planificación y coordinación en las actuaciones. En la actualidad -como sabe su señoría- esta presa ha sido transferida a la Junta de Andalucía y la puesta en funcionamiento ya será directamente realizada por la citada junta.


La señora PRESIDENTA: ¿Tiene algo que añadir, señor Heredia?

El señor HEREDIA DÍAZ: Solamente para felicitar al Ministerio de Medio Ambiente por haber concluido lo que el Partido Popular fue incapaz de terminar durante ocho años, que es el alzado de la carretera, y con ello permitir que se incremente casi en 25 hectómetros cúbicos la capacidad hídrica de la provincia de Málaga.


-ACTUACIONES IMPULSADAS POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DESDE EL 14 DE MARZO DE 2004 HASTA LA FECHA DE CARA A EVITAR EL RIESGO DE INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA). (Número de expediente 181/001814.)

La señora PRESIDENTA: Tercera pregunta del señor Heredia, que formulará la señora Martel.


La señora MARTEL GÓMEZ: El municipio de Rincón de la Victoria sufrió el día 28 de marzo de 2004, unas graves inundaciones que provocaron una situación que podría calificarse de dantesca y le digo esto porque así pudo comprobarse a través de las imágenes que todos los medios de comunicación recogieron y trasladaron a todo el país. Un régimen de lluvias torrenciales de hasta 225 litros por metro cuadrado en doce horas provocó la inundación de viviendas y de calles en el municipio. La fuerza que alcanzó la corriente en los arroyos que atraviesan el municipio y que se desbordaron, llegó a derribar muros, a reventar alcantarillas, a tumbar farolas y a resquebrajar el pavimento de las calzadas. Las inundaciones obligaron a desalojar más de 150 viviendas que habían sido anegadas. Uno de los barrios más afectados por estas inundaciones fue el barrio de pescadores, ubicado entre la N-340, convertida ahora en travesía urbana, y el paseo marítimo, que al estar construido en perpendicular a los arroyos que atraviesan el municipio, se convirtió en represa impidiendo la evacuación del agua al mar. Según consta en el informe emitido por Protección Civil, entre las causas que podían haber contribuido a magnificar el desastre ocurrido en el municipio de Rincón de la Victoria el día 28 de marzo, se incluye el inapropiado diseño del paseo marítimo, deficiente drenaje de los cauces y el abovedamiento de los tramos fluviales urbanos. Pero no era esta la primera vez que el municipio de Rincón de la Victoria sufría un episodio de inundaciones, ya que el 28 de septiembre del año 2001 esta localidad había sido azotada de nuevo por las lluvias. En esta ocasión, en 2001 y como consta en el "Diario de Sesiones" de fecha 28 de noviembre, mi

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grupo planteó una proposición no de ley en la que se pedía que se adoptaran medidas urgentes al objeto de reparar los daños ocasionados por las fuertes lluvias acaecidas en el Rincón de la Victoria y en la cala del Moral. Lo que pedía mi grupo es que se replanteara el diseño del paseo marítimo, que como ocurrió por segunda vez en 2004, había servido de represa contribuyendo, como les decía, a magnificar las inundaciones ocurridas. En ese momento, el Gobierno del Partido Popular desoyó la petición formulada por mi grupo, lo que desgraciadamente dio pie a que, por segunda vez en este municipio, se sufrieran las consecuencias de una obra mal diseñada que ocasionó elevadas pérdidas materiales para el municipio y sus ciudadanos. Por ello, señor Serrano, me gustaría que nos dijera hoy cuáles son las actuaciones impulsadas por el Ministerio de Medio Ambiente desde el 14 de marzo de 2004 hasta la fecha de cara a evitar los riesgos de inundaciones en el municipio de Rincón de la Victoria en Málaga, mi provincia.


La señora PRESIDENTA: Le han restado 2 minutos y 45 segundos. Tiene la palabra el señor secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Creo que el tema es importante. Hay varias preguntas a lo largo de esta mañana que tienen que ver con inundaciones, sobre todo en áreas urbanas. Voy a referirme brevemente en esta contestación a algo que hizo respecto a este caso la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, que realizó un informe exhaustivo sobre las causas que incidían en la producción de este tipo de fenómenos, inundaciones como las que hemos tenido hace escasas fechas en Galicia, que tenemos reiteradamente en muchos municipios españoles por toda la geografía y que tienen como origen fundamentalmente cuatro causas: en primer lugar, la no existencia de la delimitación del dominio público hidráulico. Este es un tema con un origen antiguo. De los 65.000 kilómetros de ríos que tenemos en España aproximadamente solo 1.000 están delimitados en lo que es el dominio público hidráulico. Eso quiere decir que ni ese dominio público hidráulico ni el área de inundación asociada están adecuadamente reflejados en el planeamiento urbanístico ni en el planeamiento territorial, que debería ser el primer aspecto o la primera medida de prevención ante producción de inundaciones. Desde ese punto de vista, quiero señalar que por parte del Gobierno se ha hecho una propuesta de modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, donde se da un nuevo tratamiento a las áreas en riesgo de inundación y se establecen las medidas correspondientes para incidir sobre ellas. En el caso de Rincón de la Victoria el estudio que realizó la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía hacía referencia a ese inadecuado desarrollo urbanístico. Hay una urbanización y una edificación en áreas inundables y además normalmente el propio proceso de urbanización, al pavimentar mucho terreno, lo que hace es disminuir el freno que produce el terreno natural a las aguas de lluvia, incrementa la escorrentía e incrementa la velocidad del agua que circula por los cauces y que llega a los mismos. Todo ello da lugar a un incremento de los riesgos de inundación, porque se acumula más agua en menor tiempo y porque además esa agua lleva mayor velocidad, que es el elemento fundamental que da lugar a los daños que producen las inundaciones. Desde ese punto de vista, el tratamiento urbanístico se superponía en este caso a los efectos de la autovía del Mediterráneo, con una incidencia negativa elevada, a las infraestructuras construidas y muy en particular -como señalaba su señoría-, al paseo marítimo y también al hecho de que las infraestructuras hidráulicas habían sido objeto de obras en los años anteriores que disminuían su capacidad de desagüe. La Junta de Andalucía proponía una serie de actuaciones ligadas al deslinde del dominio público hidráulico y a la delimitación del área inundable, que debería haber sido un trabajo previo en el que en España llevamos más de cuarenta años de retraso; estabilización y sellado de escombreras y vertederos peligrosos, programa de conservación de cauces, estabilización de taludes de infraestructuras, eliminación de estrangulamientos en la red de infraestructuras, adecuación del planeamiento urbanístico y permeabilización del paseo marítimo. A partir de marzo del año 2004, el ministerio realizó obras de emergencia por valor de 2,6 millones de euros para proceder a la limpieza de cauces y a soterrar la tubería de Viñuela, que era uno de los elementos que había disminuido la capacidad de desagüe de los arroyos. Por parte de la Dirección General de Costas se han hecho obras por valor de 3,4 millones de euros, que fundamentalmente han incidido en retirar todos aquellos elementos que tendían a incrementar la altura del nivel del mar y, por lo tanto, a dificultar el desagüe de las avenidas; ha permeabilizado el paseo marítimo y ha adecuado las playas retirando todos aquellos elementos que podían dificultar la circulación de las aguas. Con respecto al resto de las medidas, la transferencia de la cuenca ha dado lugar a que sea la Junta de Andalucía la que haya seguido con posterioridad todo lo que hacía referencia a los cauces, ya dentro de su competencia. En todo caso, quiero resaltar la importancia de la búsqueda de una solución integral por la Junta de Andalucía, coordinada para toda la comarca de la Axarquía y la excelente colaboración que ha existido por parte de las dos administraciones al respecto.


La señora PRESIDENTA: Señora Martel, ¿quiere añadir algo? (Denegación.)

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DEL SEÑOR QUIRÓS PULGAR (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO) SOBRE:

-PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL ENCAUZAMIENTO DEL RÍO GUADALQUIVIR EN LA CAMPIÑA DE ANDÚJAR. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 181/001855.)

La señora PRESIDENTA: Damos la palabra al diputado don Sebastián Quirós.


El señor QUIRÓS PULGAR: Señor secretario general, las inundaciones en Andújar no es la primera vez que se han tratado en esta Comisión de Medio Ambiente, pero ahora lo hacemos con la satisfacción de que se está finalizando la tramitación administrativa de esta actuación que va a posibilitar el encauzamiento del río Guadalquivir en la campiña de Andújar y así evitar los episodios de las reiteradas inundaciones que se dieron con los gobiernos del Partido Popular, y todo gracias a la voluntad política de un Gobierno socialista. Mientras el Gobierno del Partido Popular miraba para otro sitio, el Gobierno socialista ha retomado este tema trabajando con celeridad para poder acometer con las mejores garantías la solución definitiva a las reiteradas inundaciones que ha sufrido el municipio de Andújar. Son muchas las iniciativas que presentamos desde este Grupo Parlamentario Socialista al Gobierno del Partido Popular para solucionar este problema, que fueron una por una rechazadas por el Partido Popular, por lo que nos satisface la receptividad y la diligencia del Ministerio de Medio Ambiente para acabar con unas inundaciones que empezaron en el año 1996 y que la falta de voluntad política -como he dicho anteriormente- de los gobiernos del Partido Popular propició que se repitieran en tres ocasiones más causando daños valorados en más de 3 millones de euros y poniendo en peligro la seguridad de las personas. Por eso, señor secretario general, quisiéramos conocer en qué situación se encuentran actualmente los proyectos de encauzamiento del río Guadalquivir en la campiña de Andújar.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): En efecto, el proyecto de encauzamiento del río Guadalquivir en la campiña de Andújar es una actuación incluida en el programa de medidas del denominado Plan Jaén XXI, que fue aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros del 20 de enero del año 2006. La delimitación del dominio público hidráulico, así como las actuaciones en este tramo de río son procesos que han sido ya puestos en marcha por parte del actual Gobierno, aunque respecto al primer apartado, la delimitación del dominio público hidráulico, hay que señalar que es un proceso largo y complejo, pues se necesitan unos ocho años de gestión, tres exposiciones públicas y un procedimiento administrativo que normalmente suele terminar en los tribunales. Es un proceso largo y complejo, pero hay que desarrollarlo juntamente con las actuaciones de prevención y de corrección de las inundaciones en esta área tradicional, área tradicional desde muchos puntos de vista; por ella discurren rutas históricas de gran importancia para toda la comarca, en ella existen aspectos de gran valor ambiental y todo ello ha llevado a que se hayan establecido seis proyectos de intervención -con un presupuesto global de unos 15 millones de euros- que actúan sobre 9 kilómetros del río Guadalquivir y 1,5 kilómetros del arroyo Mestanza, que son las áreas que normalmente tienen una mayor afección sobre toda la zona. Todos estos proyectos están ya aprobados, en este momento están únicamente pendientes de la declaración de impacto ambiental que tiene que elaborar la Junta de Andalucía y las obras se van a adjudicar, con toda seguridad, a inicios del año 2007. Son proyectos de acondicionamiento, cinco de ellos de los márgenes del río Guadalquivir o del arroyo al que hacía referencia y hay un proyecto de retranqueo con un presupuesto estimado de aproximadamente 900.000 euros. Cuando estos proyectos estén terminados los procesos de inundación con un periodo de recurrencia inferior a los cinco años, que es a lo que hacía referencia su señoría, estarán completamente resueltos. Quedarán todavía por resolver y no tendrán una solución factible las inundaciones de un periodo de recurrencia de 500 años, para las cuales los proyectos no están habilitados. Esos proyectos y esa solución tendrán que enmarcarse dentro de la cooperación entre ayuntamientos, comunidad autónoma y ministerio y dentro del futuro plan hidrológico de la demarcación del Guadalquivir.


La señora PRESIDENTA: ¿Señor Quirós? (Denegación.)

-GRADO DE DESARROLLO DE LAS OBRAS DE LA PRESA DE LAMINACIÓN DEL RÍO ELICHE EN LA PROVINCIA DE JAÉN. (Número de expediente 181/001858.)

La señora PRESIDENTA: Tiene nuevamente la palabra el señor Quirós para la siguiente pregunta.


El señor QUIRÓS PULGAR: Si las inundaciones de Andújar -como dije anteriormente- fue un tema muy debatido en esta Comisión en la legislatura anterior, le puedo decir que la presa de laminación también fue objeto de un amplio trabajo por parte de este Grupo Socialista.
Estamos hablando también de un problema de inundaciones que afecta en este caso a otra zona de la provincia, concretamente a la zona de los puentes de Jaén capital, y que tiene de coincidencia con la zona de la campiña de Andújar vista anteriormente que ambas inundaciones se produjeron en el año 1996. Gracias a

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este grupo parlamentario se pudo incluir esta actuación en el anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional al aceptar el Partido Popular una enmienda en su tramitación parlamentaria. Es reseñable este aspecto ante unas inundaciones que habían producido graves daños materiales y posteriormente incluso la pérdida de una vida humana. El Gobierno del Partido Popular no establecía en el Plan Hidrológico Nacional ninguna solución y tuvo que ser el Grupo Parlamentario Socialista el que presentara una enmienda para que se acometiera la presa de laminación y solucionar así el problema. Pero no solo es reseñable este aspecto; también hay que destacar la actitud posterior del Partido Popular, tanto en el Gobierno de la nación como en el Ayuntamiento de Jaén. Entre ambos dilataron la realización de esta actuación: el Gobierno del Partido Popular por no impulsar el proyecto de la presa de laminación y el Ayuntamiento de Jaén -gobernado también por el Partido Popular- por no realizar la notificación preceptiva previa a los afectados por el deslinde del dominio público hidráulico. Han tenido que ser de nuevo los socialistas los que una vez ganadas las elecciones en el año 2004 hayan impulsado una solución global, que incluye la realización de la mencionada presa y el encauzamiento de los cauces de los ríos que discurren por la zona residencial. Cuando hay voluntad política para resolver los problemas se consiguen acuerdos. Lo que no consiguió el Gobierno del Partido Popular con un ayuntamiento de su propio color político lo ha conseguido esta Administración socialista. Lo hemos conseguido porque realmente hay voluntad política para solucionar los problemas de los ciudadanos y la peligrosidad que puede tener para los habitantes de las zonas residenciales de los puentes de Jaén capital. No solo hemos conseguido ese acercamiento con la firma de un convenio, sino que se ha llegado a una solución global en la que participa también la Junta de Andalucía para el encauzamiento de los ríos en esa zona. Ahora esperamos que el Ayuntamiento de Jaén esté a la altura de las circunstancias realizando las notificaciones para poder realizar el deslinde del dominio público hidráulico, paso previo sobre todo para el tema del encauzamiento, pero como en la presa de laminación se está siguiendo un procedimiento más avanzado que en el encauzamiento, quisiéramos conocer en qué situación se encuentra actualmente el proyecto de la presa de laminación del río Eliche.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Efectivamente, tal y como ha señalado S.S., es importante reseñar que esta actuación se inserta en el marco de un convenio de colaboración que afecta a un conjunto de municipios, dado que las actuaciones que se están desarrollando son de gran interés y tienen una incidencia significativa sobre los ríos Frío, Eliche, Quiebrajano, Jaén y Guadalbullón. Todos estos términos municipales se ven afectados por los ríos que son objeto de intervención y que van a verse afectados en el conjunto de su funcionamiento por la presa de laminación que se va a construir. Fundamentalmente en enero del 2006 se aprobó, como antes señalaba, lo que actualmente se conoce como Plan Jaén y, en base a este Plan Jaén, se ha elaborado un protocolo que fundamentalmente incorpora las actuaciones dedicadas a la realización del deslinde del dominio público, a la ordenación del territorio en la zona de los puentes, con la aprobación definitiva del Plan especial de la vega de los ríos, la elaboración de la presa de laminación del río Frío o Eliche, las labores de defensa en los cauces de los ríos Frío, Quiebrajano, Jaén y Guadalbullón, así como de afluentes secundarios, y la regularización del abastecimiento de agua, saneamiento y urbanización de la zona. Todos estos elementos, que son elementos que, como señalaba anteriormente, deben estar dentro de la consideración integrada de la ordenación del territorio, del urbanismo y de la regulación de todo el ciclo hídrico, son instrumentos que se han podido poner encima de la mesa y han podido dar lugar al establecimiento de un acuerdo entre las distintas partes. En este marco, la realización de la presa de laminación va a ser financiada al cien por cien por el Ministerio de Medio Ambiente, con un presupuesto estimado de unos 30 millones de euros. En cuanto a lo que hace referencia al encauzamiento, también con otro presupuesto aproximado de unos 30 millones de euros, va a ser financiado al 45 por ciento por parte del Ministerio de Medio Ambiente y por parte de la Junta de Andalucía y al 10 por ciento por parte del Ayuntamiento de Jaén. La realización conjunta y simultánea de todas estas medidas va a permitir, sin lugar a dudas, que no haya lugar a que se produzcan nuevas desgracias personales y a que todas las actuaciones urbanísticas que ya existen en la zona puedan regularizarse adecuadamente, eliminando todas aquellas que no tienen alternativa de actuación e integrando el resto dentro de este Plan global de ordenación del territorio en la zona.


-ESTADO DE LAS OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS EN LA PROVINCIA DE JAÉN. (Número de expediente 181/001861.)

La señora PRESIDENTA: Le doy la palabra señor Quirós para la siguiente pregunta.


El señor QUIRÓS PULGAR: Si en materia de inundaciones los gobiernos del Partido Popular no hicieron nada en la provincia de Jaén en sus ocho años de gobierno, le puedo decir también que en materia de modernización de regadíos no invirtieron ni un euro. Ha tenido que ser el Gobierno socialista el que planificara la modernización de 36.000 hectáreas de regadíos con la activación del programa de medidas Jaén XXI. La mayoría de estas actuaciones se han incluido en el Plan

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de choque de regadíos 2006-2007, aprobado en el Consejo de Ministros en marzo de 2006, que prevé la inversión de 168,4 millones de euros en la modernización de regadíos en la provincia de Jaén. El objetivo de estas actuaciones es conseguir un ahorro de agua cercano a los 41,49 hectómetros cúbicos al año en la provincia. Las acciones que le corresponden acometer al Ministerio de Medio Ambiente en la zona regable de Jaén dentro del Plan de choque son las vegas altas, medias y bajas y las zonas regables del Guadalbullón, con una inversión de 145 millones de euros, es decir, un 86 por ciento del total de la inversión canalizada a través del Plan de choque de regadíos que beneficia a la provincia de Jaén. A estas actuaciones, hay que sumarles las de la Comunidad de Regantes del Rumblar y la del Guadalmena, Arjona y Mengíbar, una inversión de otros 110 millones de euros en conjunto. Estamos hablando, por tanto, de una importante inversión en la provincia de Jaén, en torno a los 255 millones de euros en modernización y en consolidación de regadíos para la zona regable de esta provincia, gracias al compromiso del Ministerio de Medio Ambiente. Ante esta importante inversión nos gustaría conocer el estado actual de las obras de modernización de regadíos que se van a acometer en la provincia de Jaén.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Efectivamente, en el Plan hidrológico del Guadalquivir, se contemplaba la mejora y transformación de los regadíos existentes ya que muchos de ellos tienen una antigüedad de cerca de 60 años y los propios regadíos y su ordenación respondían a criterios y a formas de actuación que en la actualidad pueden considerarse obsoletos. Las infraestructuras están altamente deterioradas y se produce de esta manera una baja eficiencia en la utilización del agua. Desde esa perspectiva, el Plan de modernización y mejora de las zonas regables intentaba fundamentalmente conseguir un importante ahorro del agua con una serie de actuaciones significativas, que en la zona a la que se refiere S.S. con la pregunta se concretan en cinco proyectos que inciden en un importantísimo número de agricultores. Los cinco proyectos que en este momento están avanzados, están a punto de tramitar los correspondientes estudios de evaluación de impacto ambiental, hacen referencia en las vegas bajas, con un primer proyecto de 30,9 millones de euros -ya está firmado el convenio de colaboración con lo que es el sector primero-, y uno b), a las vegas medias, con un presupuesto aproximado de 14 millones de euros; a las vegas altas con 21 millones de euros de presupuesto; a la consolidación de la zona de Guadalmena, Nuestra Señora de los Dolores de Arjona y Santa María Magdalena de Mengíbar con 60 millones de euros y a la zona regable del Rumblar y Guadalmena con un presupuesto aproximado de 50 millones de euros. Estos son los cinco proyectos que tienen una tramitación más avanzada en este momento y que esperamos que a lo largo del año que viene puedan salir a licitación una vez terminado el trámite de información pública de los correspondientes estudios de evaluación de impacto ambiental.


DE LA SEÑORA LIZÁRRAGA GISBERT (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO) SOBRE:

-NIVEL DE PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EN EL PLAN INTEGRAL DE PROTECCIÓN DEL DELTA DEL EBRO. (Número de expediente 181/001911.)

La señora PRESIDENTA: Damos la palabra a la diputada doña María Luisa Lizárraga. Le recuerdo que tiene seis minutos para distribuir su tiempo.


La señora LIZÁRRAGA GISBERT: Señor secretario general, como usted muy bien sabe, el Plan integral para la protección del Delta del Ebro en un principio era una compensación económica encubierta al trasvase del Ebro, pero al derogarse por el actual Gobierno dicho trasvase, el Plan integral se convierte en un plan con una clara vocación ambiental y, de hecho, sus objetivos son en gran parte coincidentes con la directiva marco del Agua, que pretende mantener o regenerar la estructura y la funcionalidad de los ecosistemas acuáticos, de los cuales el Delta tiene ejemplos de diversas clases, incluidos la mayor parte de los agrosistemas del Delta, como son los arrozales. El Plan integral es un instrumento de planificación territorial, que se deberá coordinar con el plan de medidas previsto en la directiva marco del Agua para la consecución del buen estado de las aguas, cuantitativo, fisicoquímico y ecológico de la zona baja del río Ebro, el Delta y las masas de agua costeras implicadas. También tiene que ser un instrumento auxiliar de las planificaciones sectoriales que defina el carácter sostenible de la vocación agroambiental del Delta del Ebro y cree sinergias con otras actividades económicas que contribuyan al desarrollo del territorio y, por supuesto, tiene que seguir los principios y recomendaciones de las metodologías de la gestión integrada de cuencas, de gestión integrada de costas y de gestión adaptativa. Para la redacción del Plan, la Ley 11/2005 previó que el Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat de Catalunya suscribieran el oportuno instrumento de colaboración, y es a partir de este hecho que le formulo la pregunta: ¿Cuál es la participación del Ministerio de Medio Ambiente en el Plan integral de protección del Delta del Ebro?

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La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Efectivamente, como señalaba S.S., el actual Plan integral de protección del Delta del Ebro -ya aprobado- es un documento que tiene su origen en la Ley 11/2005 que modificaba la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional. Fundamentalmente, las modificaciones que se establecen en esta ley hacen referencia a dos aspectos que tienen una trascendencia fundamental para el territorio. En primer lugar, se establece que el Plan integral de protección del Delta del Ebro va a ser un plan que van a desarrollar conjuntamente ambas administraciones, de hecho existe un convenio entre el departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Medio Ambiente y existe adicionalmente una Comisión de desarrollo de este Plan integral en el que se han incorporado el Ministerio de Agricultura, el departamento de Agricultura de la Generalitat catalana y también el departamento de Política Territorial de la misma. De esta manera, en el comité que ha desarrollado este Plan integral, desde el punto de vista de la participación de las administraciones, se ha conseguido que haya realmente una presencia de todas las administraciones que tienen capacidad de incidir en el territorio y que de una manera práctica inciden en dicho territorio. Un nuevo aspecto fundamental que también se ha tenido en cuenta en el desarrollo de este plan, ha sido la participación pública. Por parte de la Generalitat de Catalunya se ha establecido un órgano de participación, de colaboración, de información a la ciudadanía que ha informado y está informando de una manera continua de todos los pasos que se dan en desarrollo de las actuaciones previstas en el plan. En la Ley 11/2005 se preveía que el Plan sería aprobado en el plazo de un año; en ese plazo el Plan fue aprobado, fue informado positivamente por parte del organismo de coordinación, y quiero señalar que este plan, que al final tiene prevista una inversión que supera los 1.000 millones de euros para el periodo 2006-2008, tiene una inversión comprometida de 425,5 millones de euros, de los cuales 318,5 corresponden a la Administración General del Estado y 107 a los distintos departamentos de la Generalitat de Catalunya. El último aspecto importante a destacar es que este plan se concibe como un plan de gestión, un plan adaptativo que va siendo objeto de modificación según se van desarrollando las correspondientes actuaciones, de forma que el plan va a permitir su integración en el futuro Plan hidrológico de la demarcación, que será el marco donde todas las actuaciones de ordenación del territorio, de desarrollo sostenible del medio rural, tendrán su integración con las actuaciones ligadas a la planificación hidrológica del río Ebro.


-ACTUACIONES PARA RECUPERAR EL LITORAL SUR DE ALCANAR (TARRAGONA). (Número de expediente 181/001946.)

La señora PRESIDENTA: Tiene nuevamente la palabra para la siguiente pregunta.


La señora LIZÁRRAGA GISBERT: Señor secretario general, la zona más meridional del litoral catalán en la desembocadura del río Senia, conocida como Sol de Riu en el término municipal de Alcanar, y más concretamente un tramo de dos kilómetros de pequeñas playas vírgenes y acantilados, se encuentra afectada por un proceso de erosión que ha hecho retroceder la línea de la costa más de 10 metros en los últimos 20 años.
El Ayuntamiento y la Dirección General de Costas de Tarragona hace tiempo que trabajan en el tema, aunque es muy difícil luchar contra la fuerza de las olas, que chocan directamente contra los acantilados y los va desgranando. Después de que el año pasado se colocaran algunas piedras del rompeolas para proteger los puntos más delicados, se ha constatado que esta acción no fue suficiente para atajar la erosión, pues se ha visto que el agua de lluvia se canaliza de forma natural y se infiltra en los terrenos antes de llegar al mar, lo que unido a la fuerza del oleaje provoca una enorme erosión en este tramo de costas. Es necesaria una actuación que permita canalizar satisfactoriamente el agua de lluvia y eliminar los puntos de los acantilados con más peligro de precipitarse, para que la ciudadanía podamos disfrutar de este espacio de dominio público. Por todo ello, ¿cuáles son las actuaciones que piensa llevar a cabo este ministerio a través de la Dirección General de Costas para recuperar el litoral sur de Alcanar?

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Si antes nos referíamos de una manera genérica a la problemática de las inundaciones, ahora nos tenemos que referir a otra problemática que tiene mucho que ver con la comparecencia del secretario general para la Prevención del Cambio Climático, que se producirá posteriormente. En el mar Mediterráneo se están produciendo una serie de fenómenos ligados al cambio climático, que están dando lugar a un proceso de elevación del nivel del mar, a un proceso de disminución del periodo de retorno de las tormentas asociadas a los temporales en ese mar, lo que está llevando a un incremento muy sensible de la agresión sobre nuestras costas. Ese incremento de la agresión sobre nuestras costas, unido normalmente a un proceso geomorfológico en algunas áreas -como es ésta a la que nos referimos- con rocas blandas en base, da lugar a desprendimientos, a problemas de riesgo y a una pérdida más acelerada del litoral, a una dinámica regresiva del litoral que es preocupante.


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Adicionalmente, en muchos casos y también lo es en algunas de las áreas, sobre todo en la zona baja, en la zona de Vinaroz al otro lado del río Senia, se produce también un proceso de urbanización en áreas de riesgo, proceso de urbanización que, normalmente, ayuda a romper los equilibrios en estas áreas. Estos procesos, junto con la disminución de aporte de áridos desde los ríos, como consecuencia de su extracción para la construcción en esos ríos de arrecifes o de puertos a lo largo del litoral o como consecuencia de la regulación de los ríos, generan una dinámica tremendamente preocupante para muchas de las áreas de nuestras costas. En este marco, por parte del ministerio se está elaborando un plan estratégico de actuación en el litoral que está estudiando por separado lo que son las áreas pertenecientes a las distintas demarcaciones y proponiendo las soluciones más adecuadas desde la perspectiva de una gestión integrada de la zona litoral que, en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos, deberían definir los marcos de actuación en cada una de las áreas de costa. Este proceso es un proceso que estará terminado para el año 2008, pero mientras tanto se están desarrollando actuaciones específicas que permiten resolver los problemas de las áreas costeras. En particular, en este caso concreto, tenemos una serie de proyectos anuales, que se van desarrollando desde la propia Delegación de costas, que están interviniendo en la limpieza de la zona de los acantilados para reducir los riesgos sobre la población y están elaborándose plantaciones, que permitan reducir también el riesgo de desprendimientos, y colocación de escolleras allí donde el riesgo para la dinámica de litoral era mayor. Ya están ejecutadas varias de las actuaciones ligadas también a la normalización de los accesos a todas las playas del sur de Alcanar; estas actuaciones ya se han realizado. Por otra parte, se está haciendo un conjunto de estudios específicos sobre ese territorio, en particular un estudio sobre los comportamientos de los acantilados en la zona de Vinaroz, que tiene incidencia sobre lo que sucede en el área de Alcanar, zona que está muy urbanizada y donde la solución tiene mayores complicaciones, y se ha contratado y se está realizando en este momento un estudio titulado: Lucha contra la erosión en los acantilados de Alcanar, donde todavía a través de escolleras o taludes es posible encontrar soluciones blandas sin afectar a propiedades privadas de forma significativa. Este estudio tiene que estar terminado en los próximos tres meses y ha tenido un coste total de 30.000 euros.
Adicionalmente se ha puesto en marcha un proyecto para rehabilitar la zona de la desembocadura del río Senia muy directamente ligado con la dinámica del litoral de los dos municipios que, en este momento, tiene en trámite la evaluación de impacto ambiental y prevé una inversión del orden de 2,5 millones de euros sobre la zona, además de establecer medidas para una utilización ambiental y turística más adecuada de todo el entorno. Evidentemente, la solución estructurada a los problemas del área no se podrá encontrar hasta que tengamos ese plan estratégico, que ya tiene unos estudios de dinámica de litoral mucho más profundos, pero los problemas concretos que cada año tiene toda esta zona están en vías de solución y espero que para el próximo verano la solución esté puesta en práctica de una manera efectiva.


DEL SEÑOR HEREDIA DÍAZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO) SOBRE:

-ACTUACIONES QUE SE ESTÁN IMPULSANDO ACERCA DEL PASEO MARÍTIMO DE PONIENTE EN MÁLAGA. (Número de expediente 181/001947.)

La señora PRESIDENTA: Damos la palabra al diputado Miguel Ángel Heredia para la siguiente pregunta.


El señor HEREDIA DÍAZ: La Dirección General de Costas está llevando a cabo una importante apuesta por Málaga, nuestra provincia, que se traduce en numerosas actuaciones y en elevadas inversiones. De hecho, como media, se está invirtiendo anualmente más del doble de lo que destinaba el anterior Gobierno del Partido Popular a nuestra provincia, y es que el Partido Popular en tema de costas, como en tantas otras cosas, marginó a la provincia de Málaga durante ocho años. Los paseos marítimos suponen no solo un atractivo turístico más, sino una importante inversión del Ministerio de Medio Ambiente. Este Gobierno ha ejecutado y ha finalizado ya cinco paseos marítimos por valor de 5,7 millones de euros y ha impulsado la construcción de otros nueve por valor de unos 15 millones de euros. El Partido Popular prometió mucho, prometió en obras hídricas, prometió también en paseos marítimos y, como siempre, engañó en esta materia. Puedo poner algunos ejemplos: el paseo marítimo de Benajarafe y de Algarrobo fueron prometidos en 2001; en 2002 y en 2003, no hicieron absolutamente nada. Este Gobierno en los dos primeros años los ha iniciado y los ha ejecutado al completo. También ha ejecutado la remodelación del paseo marítimo de la Cala y el Rincón, cuya inversión ha sido de 2,6 millones de euros, la finalización de la tercera fase del paseo marítimo de Fuengirola, segunda fase, 380.000 euros, y la pasarela peatonal sobre el río Fuengirola, cuyo coste alcanza los 1,5 millones de euros. Además se están impulsando otros nueve paseos marítimos: cuatro en el litoral oriental, el de los Llanos en Torrox, el de la Playa del Chucho en Nerja, el sendero peatonal de Chilches en Vélez Málaga y la prolongación del paseo marítimo de Rincón de la Victoria, a lo que hay que añadir otros tres en el litoral occidental: el de las Dunas de Bahía de Marbella, Mi tiempo libre, el de la playa de El Egido en Fuengirola, ya iniciado, y la remodelación del paseo marítimo en la zona de Carvajal, recientemente acordado entre la Dirección General de Costas y la alcaldesa de

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este municipio. Por cierto, de los 14 proyectos impulsados en materia de paseos marítimos por este Gobierno, cuatro de ellos, es decir el 30 por ciento, han sido impulsados en Fuengirola y la alcaldesa de esta ciudad, del Partido Popular -lo pongo como ejemplo de la forma de hacer política del Partido Popular- ha puesto inmensos carteles, pagados evidentemente con los impuestos de los ciudadanos, diciendo: Aquí no invierte la Dirección General de Costas, aquí no invierte el Gobierno de Rodríguez Zapatero. El 30 por ciento de todos los paseos marítimos que se están impulsando y haciendo en la provincia de Málaga se están llevando a cabo en Fuengirola. Lo digo sencillamente como ejemplo significativo y orientativo para los diputados del Partido Popular. (La señora Villalobos Talero: ¡Madre mía!). Eso digo yo, ¡madre mía! Pero yo quiero centrarme en los de Málaga capital, sendero peatonal de la Araña y prolongación del paseo marítimo del Poniente, dos proyectos que me consta... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Heredia. Tendrán tiempo de intervenir todos los diputados. Les pido respeto a los demás.


El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias señora presidenta. Quiero centrarme en los de Málaga capital, dos proyectos en los que me consta la voluntad política de impulsarlos por parte de la Dirección General de Costas, pero parece que hay problemas por parte del ayuntamiento. En el primero, el del sendero peatonal de la Araña, se perdieron los 600.000 euros contemplados en los presupuestos generales de 2005, y probablemente se va a perder también la mayor parte del millón de euros contemplados para el presente año 2006 porque el señor De la Torre, el alcalde de Málaga, no ha tenido la voluntad de ejecutar en los plazos establecidos el proyecto para esta actuación. Pero en lo que se refiere al paseo marítimo de Poniente, que es el sentido de mi pregunta parlamentaria, me gustaría conocer qué ha ocurrido. Había prevista una partida de un millón de euros en los presupuestos del presente año, ¿por qué no se ha impulsado?, ¿por qué no se ha podido ejecutar por parte de la Dirección General de Costas esta actuación?

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): De una manera muy breve hay que decir que, efectivamente, la Dirección General de Costas tiene aprobado el proyecto, que se ha elaborado junto con el ayuntamiento, y realizado los trámites de información pública para terminar hasta el espigón de la Térmica lo que sería todo el proyecto marítimo del frente costero urbano a poniente del puerto de Málaga. El motivo por el que este proyecto no se ha podido desarrollar es que no se dispone de los terrenos correspondientes, con lo cual es evidente que no se puede seguir la tramitación administrativa de este proyecto. La tramitación prácticamente está terminada, solo faltaría licitar las obras, pero de las cuatro fincas privadas existentes todavía una de ellas no ha sido expropiada y, como mínimo, se estima que esa expropiación -de llevarse a cabo- duraría un periodo de entre cuatro a seis meses. A partir del momento en el que esa expropiación esté terminada, podríamos iniciar el proceso de licitación y realizar las obras correspondientes.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Heredia Díaz.


El señor HEREDIA DÍAZ: Solo una pequeña cuestión. Se tardaría de cuatro a seis meses en llevar a cabo esa expropiación, señor secretario general, pero me gustaría conocer -si tiene el dato- cuánto tiempo lleva el ayuntamiento tratando de dar una solución a esa cuestión. Lo digo porque me consta que hay voluntad de la Dirección General de Costas y partida económica para impulsar esa actuación y se está pendiente de que el ayuntamiento ponga a disposición los terrenos. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo lleva el ayuntamiento buscando esos terrenos para poder ponerlos a disposición de Costas?

La señora PRESIDENTA: tiene la palabra el señor secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Efectivamente, este es un proyecto antiguo, es continuación de un proyecto integral que era todo un paseo marítimo que llegaba -como antes señalaba- hasta el espigón de la Térmica. Por lo tanto es un proyecto anterior y la Dirección General de Costas lleva esperando en este Gobierno desde abril del 2004.


-ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COSTAS EN RELACIÓN AL PLAN DE APORTES DE ARENAS 2006-2007 EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA. (Número de expediente 181/002013.)

La señora PRESIDENTA: La segunda pregunta la va a formular la pregunta la señora Martel, que tiene la palabra.


La señora MARTEL GÓMEZ: En mi provincia, Málaga, el turismo de sol y playa constituye un sector clave para la economía, fundamentalmente por el efecto arrastre que tiene para otros sectores económicos. (El señor vicepresidente, Merino Delgado, ocupa la presidencia.) Son casi ocho millones y medio de turistas los que recibimos en Málaga cada año, de los que el 70 por ciento buscan la oferta de sol y playa. Esto hace que la

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importancia del litoral para el sector turístico represente para nuestra economía el 26 por ciento del producto interior bruto de la provincia.
Debo decirle lo agradecidos que los malagueños nos sentimos con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por el especial interés que ha mostrado, a través del Ministerio de Medio Ambiente, por la recuperación, la regeneración y estabilización del litoral malagueño desde el comienzo de esta legislatura. En los 170 kilómetros de costa que tiene mi provincia, del que el 80 por ciento son playa, se han realizado en tan solo tres años largos que llevamos de legislatura obras que por falta de interés en la legislaturas pasadas del Partido Popular habían sido guardadas en los cajones sin impulsarlas o ejecutarlas. Durante los ocho años del Gobierno del Partido Popular, los gobiernos de Aznar marginaron a Málaga imponiéndole una sequía inversora en materia de playa y, como ejemplo, podría decirle que en el mismo periodo, en los ocho años de Gobierno del Partido Popular, la provincia de Castellón había recibido ocho veces más dinero en inversiones que mi provincia. El Gobierno socialista, nuestro gobierno, mi gobierno, ha dado fin a esa política sectaria destinando importantes inversiones en materia de playa para Málaga. Las actuaciones referidas a las aportaciones de arena en las playas, con el fin de paliar los efectos que las mareas producen en los tramos de nuestro litoral, han resuelto puntualmente las alteraciones que se han producido en determinadas playas de forma inmediata, con el fin de que éstas presentaran el mejor aspecto al comienzo de las temporadas turísticas. Lo que hoy me gustaría que nos dijese es cuáles son las actuaciones que desde la Dirección General de Costas, en relación con el Plan de aportación de arenas 2006-2007, se están realizando en la provincia de Málaga.


El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Tiene la palabra el señor secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Como antes señalaba, uno de los graves problemas de muchas de las costas españolas es la dinámica del litoral que se está produciendo, y en particular el déficit de aportación de arenas a las playas como consecuencia de los factores que antes señalaba. En el caso de las playas de Málaga hay un déficit estructural que cabe cifrar en aproximadamente unos 250.000 metros cúbicos de arena al año. Esto quiere decir que, de no haber aportaciones artificiales y, como consecuencia de la dinámica del litoral, esos 250.000 metros cúbicos de arena al año se perderían por parte de las playas existentes. La única manera de resolver este problema es con unos planes, hasta que podamos establecer -una vez tengamos el plan estratégico de todo el litoral- medidas complementarias que necesariamente han de basarse en la aportación de arenas a los tramos del litoral que así lo necesitan. En el caso de Málaga, y teniendo en cuenta ese carácter estructural del problema, a principios del presente ejercicio se aprobó el proyecto aportación de arena a las playas de Málaga 2006-2007, cuyas obras se han desarrollado a lo largo de todo este año 2006 y seguirán a lo largo del próximo año 2007. El objetivo de este proyecto es aportar unos 650.000 metros cúbicos de arena para paliar ese déficit y el déficit que teníamos de años anteriores, aproximadamente en unos 30 puntos del litoral de la provincia de Málaga, fundamentalmente con la restitución artificial de ese proceso natural que no se produce en la actualidad. Estas actuaciones ya han sido desarrolladas antes de abril de 2006, con una aportación de 200.000 metros cúbicos, y también antes del 30 de junio -hay que tener en cuenta las fechas de producción de temporales y de erosión que se producen en las distintas playas- con una aportación de 180.000 metros cúbicos adicionales. Está previsto que los 270.000 metros cúbicos que faltan por aportar se aporten en el momento en que se considere más adecuado desde el punto de visa de la propia dinámica de los temporales en el año.


DE LA SEÑORA BONÀS PAHISA (GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA) SOBRE:

-OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DEL PROYECTO A REALIZAR FRENTE AL LITORAL DE CABRERA DE MAR (MARESME) PARA EVITAR LOS REITERADOS DAÑOS QUE LOS TEMPORALES OCASIONAN A SUS PLAYAS. (Número de expediente 181/002463.)

El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Tiene la palabra para la siguiente pregunta la señora Bonàs.


La señora BONÀS PAHISA: Señor secretario general, en primer lugar déjeme manifestar la satisfacción de la población de Cabrera de Mar. Cabrera de Mar, como usted sabe, es un pueblo al sur de Mataró que hace 10 años tenía una playa magnífica que, después del puerto, fue desapareciendo paulatinamente. Así se quedaron sin playa, hasta el punto de que la vía del tren que circula paralela a la playa tuvo problemas y tuvieron que reforzarla porque el oleaje ya llegaba a la vía del tren. Gracias a la actuación del ministerio del año anterior, se hicieron aportaciones de arena, se está reforzando el espacio entre la vía del tren y la playa, se están sedimentando las rocas, se está haciendo un paseo para que se pueda pasear e ir en bicicleta. No sé qué relación existe entre el Ministerio de Medio Ambiente y el de Fomento, pero está la vía del tren, está la valla de Renfe que había que cambiar y es una lástima que cuando este proyecto esté acabado la valla esté oxidada y rota, aparte de que es un peligro para los viandantes. No sé si hay buenas relaciones para que puedan arreglarlo ahora. En el proyecto global se habló de poner arenas hasta llegar al punto cero y, a partir de este momento, el mantenimiento.
De momento no se ha llegado al punto cero, existe la inquietud de si seriamente va a ser así, si se van a hacer más aportaciones de arena

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este año o no, y el tema que preocupa es, a partir de ahora, el proyecto global. ¿Qué soluciones se aportan para el mantenimiento de las arenas? Si tienen que aportarse desde el puerto de Mataró ¿quién va a controlar que el puerto de Mataró haga las aportaciones, si es que se cree que esa va a ser la solución? En el proyecto global se habló de que los ayuntamientos podían hacer aportaciones, que se les manifestaría cuál era el proyecto definitivo y lo que ellos podían aportar. De momento no saben nada. Querían saber si esto va a ser así y en qué plazo de tiempo y, finalmente, si podremos ya este año inaugurar la playa completa y que la podamos mantener durante muchos años.


El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Tiene la palabra el señor secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Como muy bien sabe la señora diputada, el problema principal que tenemos en esos aproximadamente 50 kilómetros de costa es que hay nueve instalaciones portuarias, las nueve tienen el compromiso escrito de proceder al trasvase de arenas entre la zona alta y baja, digamos aguas arriba y aguas abajo, pero desgraciadamente ese traslado de las aportaciones de arena no se produce de una manera adecuada. Este es uno de los elementos en los que se está en conversaciones con la Generalitat para resolverlo de forma apropiada y a largo plazo. En segundo lugar -como muy bien señalaba S.S.-hay también un déficit acumulado de épocas anteriores donde -como también yo señalaba anteriormente- la disminución de aportaciones como consecuencia de la extracción de áridos para la construcción y el resto de procesos a los que he hecho referencia anteriormente y no quiero referirme ahora, dan lugar a que en ciertas áreas del litoral se produzca déficit. En este caso concreto se han aportado más de un millón de metros cúbicos de arena, que es la cifra que pensamos que puede dar lugar a un equilibrio en la zona, teniendo en cuenta que ya el río Tordera -que es uno de los que más se han visto afectados por esta extracción de áridos-, ante la disminución de la actividad constructora, parece que está recuperando en parte esa aportación de áridos a la playa. En todo caso, las actuaciones previstas están integradas en los proyectos derivados de los estudios que se realizaron. Es cierto que hay algunos alcaldes en la zona que piensan que más que ese proyecto de gestión de arenas sería necesaria la realización de espigones y de actuaciones más agresivas para el medio. Nosotros consideramos que los resultados del estudio son satisfactorios y que los cuatro proyectos que en este momento se están refundiendo en un único proyecto para ser sometido a la preceptiva evaluación de impacto ambiental, cuando se desarrollen, que no podrá ser para el verano que viene -el verano que viene tendremos que aprovechar los beneficios derivados de las actuaciones ya desarrolladas- podrán estar desarrollados para el verano del año 2008. Con ello pensamos que de una manera estructural y, por lo tanto, con una cierta estabilidad a largo plazo estará resuelto el problema para estos 50 kilómetros de costas sobre los que estamos actuando.


El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Señora Bonàs, tiene la palabra.


La señora BONÀS PAHISA: Al margen de la pregunta, no sé si podrá responder ahora, quiero hacerle una reflexión. Algunos alcaldes han apoyado la idea de por qué no tenemos cada pueblo un puerto deportivo y una pequeña playa delante del puerto. Si esto va a ser así, si hay solicitudes de más puertos ¿tiene pensado el Ministerio de Medio Ambiente dar más permisos para construir más puertos deportivos en la zona?

El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Señor secretario general, tiene la palabra.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Como muy bien sabe S.S. la competencia sobre puertos deportivos no es de la Secretaría General del Ministerio, sino que compete a la Generalitat catalana. El ministerio siempre ha señalado que debe haber un plan integral de puertos deportivos en cada comunidad autónoma, plan integral de puertos deportivos que debe estar en consonancia y coordinación con los planes de ordenación del territorio y, desde luego, también en consonancia y en coordinación con la planificación hidrológica y con ese Plan estratégico de gestión integral de la costa donde -como antes señalaba- es fundamental la coordinación entre todas las administraciones. Desde luego, el Ministerio de Medio Ambiente se viene oponiendo a aquellos casos de intervención en el litoral que ponen en peligro la integridad del litoral, la dinámica del litoral, pero normalmente suele haber dentro de este marco de gestión integral de la zona costera soluciones adecuadas y creo que válidas para el conjunto de las administraciones y sus ciudadanos, y ese debería ser el marco en el que se interviniera.


DE LA SEÑORA RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO) SOBRE:

-PROYECTOS DEL PROGRAMA AGUA PRESENTADOS A LA UNIÓN EUROPEA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA SER FINANCIADOS POR LOS FONDOS DE COHESIÓN, TRAS LA DEROGACIÓN DEL TRASVASE DEL EBRO. (Número de expediente 181/002502.)

El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Para realizar la siguiente pregunta tiene la palabra doña Mari Angels Ramón-Llin.


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La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: La verdad es que iniciamos un capítulo nuevo en esta Comisión después del de felicitaciones efusivas al Ministerio de Medio Ambiente y a su secretario general y diferentes grados de lo que podríamos llamar coloquialmente un peloteo. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Creo que ahora vamos a poner en marcha, o por lo menos vamos a intentarlo, lo que sería la máquina de la verdad, porque creo que es lo que interesa. Nosotros formulamos esta pregunta porque, efectivamente, con la modificación y derogación de muchas cuestiones y añadidos y eliminados posteriores de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, que dio lugar a una nueva Ley, la 11/2005, interrumpieron ustedes todo un proceso de negociación que había con las autoridades europeas para dotar de financiación a las obras que garantizaban el agua en todas las regiones españolas. Además, todo ello agravado por la nota que se adjuntó al expediente, de la que ya hablamos tanto con la ministra como con usted, que denotaba que la ejecución era muy lenta y que no se estaban haciendo esas actuaciones urgentes o, por lo menos, no de manera urgente. Todo ello disparó las alarmas y por tanto en este momento y en el que presentamos esta pregunta, nos seguía preocupando muchísimo para qué obras se había solicitado financiación a la Unión Europea, cuáles se habían presentado, cuáles han sido aprobadas y también si, tal y como ustedes se habían comprometido, todas las plantas desaladoras van a tener esa financiación europea. Por tanto, queremos tener una información en estos momentos de qué es lo que está sucediendo en este ámbito de financiación y de concesión de ayudas, y sobre todo cuáles se solicitaron.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): La verdad es que el Ministerio de Medio Ambiente, de este Gobierno tiene ya una amplia tradición y práctica en eso que ha denominado S.S. la máquina de la verdad, y está encantado en colaborar con el Grupo Popular en desarrollarla. Me satisface mucho -como se suele decir en estos casos- que me formule usted una pregunta sobre los fondos de cohesión, porque como hemos tenido ocasión de manifestar la ministra y yo en ésta Cámara la situación que nos encontramos con respecto a los fondos de cohesión fue realmente una situación desastrosa. El Ministerio de Medio Ambiente, en el año 2004, nos hacía llegar una carta fuertemente preocupado por la situación con respecto a la gestión de estos fondos.
Quiero señalarle que desde ese momento hasta la actualidad se nos ha felicitado dos veces por parte del Ministerio de Hacienda y por parte de la Comisión Europea, porque hemos sido capaces de presentar proyectos con demandas de volúmenes de fondos de cohesión por encima de los que inicialmente teníamos asignados y es más, en el año 2005, como consecuencia de que un país -que no presentó proyectos para absorber la totalidad de los fondos de cohesión, ese exceso de fondos de cohesión de que disponía la Comisión se asignó al Estado español y, en particular, al Ministerio de Medio Ambiente. En el año 2005, en el actual año 2006 y a finales del año 2004 presentamos a la Unión Europea proyectos de demanda de Fondo de Cohesión por encima de las cantidades que inicialmente tenía asignadas el Ministerio de Medio Ambiente y el resultado de ese proceso ha sido que en el año 2004 se nos han asignado 280,2 millones de euros, en el año 2005 723,4 millones de euros, en el año 2006 llevamos asignados 80 millones de euros y la Comisión nos ha prometido que en las decisiones que faltan por tomar esta semana y la semana que viene, va a incrementar nuestra asignación en 54 millones de euros adicionales, con lo cual en estos tres años -2004, 2005 y 2006- habremos tenido un total de 1.138 millones de euros de ayuda para las actuaciones alternativas a los proyectos que fueron objeto de consideración en el programa. Por tanto, tengo que señalarle que con respecto a los fondos de cohesión la situación no puede más que considerarse extraordinariamente satisfactoria para España.


La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene cuatro minutos para concluir su intervención.


La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Señor secretario general, nosotros no lo vemos de esta manera. Es decir, usted habla de cantidades, y como siempre hacen, pero, en definitiva, no sabemos para qué son esas cantidades que usted dice que nos han asignado y, sobre todo, esperemos que lo que usted dice que la Comisión nos ha prometido sea una realidad y no un compromiso en el aire. Pero además de que queramos saber para qué son esas asignaciones también hay un elemento muy importante y es que a una asignación económica tiene que haber una ejecución en tiempo y adecuada de esas subvenciones y ayudas. Nosotros no podemos fiarnos absolutamente de todo ello porque no solo es que la ejecución de Acuamed esté siempre en niveles bajísimos, sino que tenemos muchos datos que ustedes nos han facilitado a través de respuestas parlamentarias en que se ve que a lo largo de este año 2006, en las reuniones de seguimiento, que se realizan con la Comisión Europea, fundamentalmente Acuamed no ha certificado en muchos casos el gasto. Estamos otra vez -y vuelvo a remitirme a esa nota de la Comisión, porque no se ha quedado antigua en el tiempo sino en la realidad- en que las ejecuciones no se producen o son muy lentas y, además, queremos saber para qué son y en qué se va a ejecutar todo ello.
Por otro lado, ustedes siempre han hablado en intervenciones recientes aquí en el Congreso sobre sus reuniones con representantes de la Comisión, de intentar obtener más recursos; dicen que ha habido un compromiso, que esperemos que se plasme en realidades y que, si se plasma, corresponda a una actuación rápida del Gobierno. También nos decía que sus

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esfuerzos iban dirigidos a que se asignen a España más recursos que otros países no pueden gastar, porque han presentado peticiones por encima de los fondos que hay. Queremos saber los fondos que hay realmente o los que usted dice que hay y cuáles son esas peticiones, como se llaman y cuántos fondos se le asignan a cada una de ellas si se les ha asignado ya, porque tampoco sabemos si para todas esas obras que no ha enumerado existe ya esa aprobación. Creo que sería importante conocer si esa declaración de intenciones que usted hizo en esta Comisión se corresponde con la realidad en estos momentos o no. Como he dicho, nos gustaría saber también cuál es el plazo de ejecución de cada una de esas obras que esperemos que nos diga cómo van a iniciarse, cómo se van a hacer, cuál es esa cartera tan amplia de proyectos disponibles de la que también hablaba en una nota de prensa el Ministerio de Medio Ambiente cuando surgió la polémica de la nota de la Comisión -que tampoco sabemos si es tan amplia- y, en definitiva, ver cómo se va a plasmar, porque el problema de todo esto es que a pesar de sus palabras y a pesar de que pueden ir asignando recursos, nadie -en las zonas que necesitan agua- ve ninguna realidad, con lo cual nos quedamos exactamente igual.


También quisiera hacerle algunos apuntes importantes en este momento al hilo de la financiación y de las obras. En primer lugar, es grave el hecho de que estemos diciendo que la Unión Europea va a mantener financiación, que ya veremos, para una serie de actuaciones que se desconoce -según palabras de la ministra- si van a resolver el problema del agua en toda España y en la cuenca mediterránea, fundamentalmente, porque ha dicho la ministra de Medio Ambiente en reiteradas ocasiones que cuando estas obras del Plan Agua estén finalizadas se volverá a hacer un análisis para ver si todavía faltan recursos hídricos en algunas zonas de España. Esto es bastante grave porque podrán dudar de si habrá suficiente agua o no, pero de lo que no podrán dudar desde el Gobierno es que ya no habrá ni un solo euro para poder financiar esas obras que a buen seguro van a faltar y entre las que incluirán muchas que ahora no quieren incluir.


La señora PRESIDENTA: Vaya concluyendo.


La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Voy concluyendo.


Por último, cuando se nos ha acusado en muchísimas ocasiones de que no hemos hecho un ahorro en regadío, cuando ha sido justo todo lo contrario, simplemente quiero recordar que las líneas para modernizar regadíos y ahorrar agua en la Comunidad Valenciana y en otras regiones tienen una parte importantísima de fondos europeos, aunque son agrícolas, pero en este caso van absolutamente ligados, y en el reciente reparto de fondos que ha hecho el Ministerio de Agricultura en los planes de desarrollo regional, en la comunidad valenciana, para estas líneas, se ha disminuido esa ayuda en un 60 por ciento cuando era algo de lo que podía disponer el ministerio a su gusto. Por tanto, creo que esto son una serie de contradicciones que mantiene su Gobierno. Hablan de obras que son las mismas, retiran otras líneas...


La señora PRESIDENTA: Ha concluido su tiempo.


La señora RAMÓN-LLIN Y MARTÍNEZ: Por último, quiero decir que la diferencia, a pesar de que hagamos aquí esta política de oposición, como nos corresponde, y de que discrepemos de lo que ustedes hacen, es que nosotros no vamos al Parlamento Europeo a dinamitar las peticiones que hace el Gobierno español para ayudar económicamente a obras que son importantes, mientras que ustedes, con sus europarlamentarios, iban a la Unión Europea a dinamitar las ayudas a cualquier acción que el Gobierno planteara, y está en el "Diario de sesiones" (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señora Ramón-Llin, está abusando de su tiempo.


La señora RAMÓN-LLIN MARTÍNEZ: No estoy abusando, estoy acabando un tema.
Esa es la diferencia, señor Serrano, y, por tanto, aunque aquí le acusemos de todo ello no iremos a la Unión Europea a hacer que los españoles sufran por hacer una oposición al PSOE. Ustedes para opositar contra el Partido Popular, perjudicaron a un gran número de españoles.
(Una señora diputada: Eso es poder.)

La señora PRESIDENTA: El pacto era de seis minutos, pero si cada uno va a intervenir siete u ocho minutos, a las doce no habremos terminado. Les ruego que recapaciten. (El señor Pintado Barbanoj: Es que ahora han empezado las preguntas de verdad. Hasta ahora solo eran flores.)

Señor Secretario general, tiene la palabra.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): En primer lugar, en lo que hace referencia a los datos, el Ministerio de Medio Ambiente siempre ha sido absolutamente transparente en los mismos, los tienen en la web. Es decir, es tan sencillo como ir a la web del ministerio (La señora De Lara Carbó: No, aquí.) pero si S.S.
quiere, tiene aquí los datos y los pongo a su disposición, porque son datos públicos tanto a nivel de la Unión Europea, como a nivel del propio ministerio. Aquí tiene los datos de los fondos de cohesión que han sido objeto de presentación, los proyectos que se han presentado a la Unión Europea, cuál es el coste elegible, la ayuda, los que se aprobaron en 2004, los que se aprobaron en 2005, los que ya tienen decisión en 2006 y los que están pendientes de decisión en 2006; así como aquellos proyectos por encima de las cantidades asignadas al Estado español desde el punto de vista de los fondos de cohesión. Estos proyectos y estos datos reafirman y demuestran las cifras que se les ha dado. Lo

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segundo que nos plantean es si estos proyectos se van a ejecutar. Como muy bien saben SS.SS., en este momento, a diciembre del año 2006, hay 3.860 millones de euros en licitación y se han adjudicado 2.340 millones de euros por parte del ministerio. Para realizar y certificar estas ayudas a la Unión Europea existe el plazo hasta el 31 de diciembre del año 2008; ese es el plazo y el compromiso que tiene el ministerio para ejecutar los correspondientes proyectos. Efectivamente, si nos hubiéramos encontrado con los proyectos en otra situación y no como nos los encontramos, seguramente ni hubiéramos necesitado estos dos años que, afortunadamente, concede la Unión Europea para el desarrollo de los proyectos correspondientes.


Con respecto a los recursos hídricos, no forma parte de la pregunta, pero sí quiero decir a S.S. que el marco adecuado para la estructura final de los recursos hídricos que corresponden a cada demarcación van a ser los planes hidrológicos de la demarcación, que en este momento están en elaboración están los primeros trabajos siguiendo las pautas y los calendarios que establece la Unión Europea, en los cuales la colaboración con las comunidades autónomas es absoluta. No se a qué responde la afirmación de S.S. de que no hay fondos para el periodo 2007-2013; hay fondos tanto F.E.D.E.R. como fondos de cohesión. Por último, no puedo responder de lo que hacen otros ministerios, pero sí sería bastante adecuado que lo que hace la comunidad autónoma o lo que dice que va a hacer lo hiciera, porque dejaríamos de tener problemas que estamos teniendo en la actualidad, por ejemplo, en la cuenca del Júcar. (La señora De Lara Carbó pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Quería solicitar al secretario general que, por favor, nos entregue los papeles que ha dicho que nos iba a entregar, porque no creo que tengamos que ir a la página web, cuando usted ha comparecido aquí.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Perdón, señora presidenta, quisiera que se hiciera una copia para todos los grupos.


-DEL SEÑOR PINTADO BARBANOJ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO) SOBRE MOTIVOS PARA NO LICITAR LAS OBRAS DE RESTITUCIÓN DEL EMBALSE DE MONTEARAGÓN EN HUESCA. (Número de expediente 181/002727.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado Ángel Pintado. Tiene la palabra por seis minutos.


El señor PINTADO BARBANOJ: Señor secretario general, le traigo hoy a colación una pregunta en relación con embalse de Montearagón. Según la respuesta a una pregunta escrita formulada por este diputado que les habla, con fecha de mayo de 2006, ustedes nos informaban sobre el Plan de restitución de Montearagón que con fecha 7 de septiembre de 2005 se había aprobado por parte de la Dirección General del Agua el expediente de información pública y el proyecto, remitiéndose el 9 de noviembre de 2005 el acta de replanteo para su licitación. También en esa respuesta escrita nos pormenorizaban las distintas actuaciones que en el Plan de restitución del embalse de Montearagón se iban a llevar a cabo. Es decir, actuaciones que vienen recogidas desde el número uno hasta el número trece, obras en relación no solo con el ciclo del agua, sino como se suele hacer en todos los planes de restitución aprovechar para crear infraestructuras de todo tipo en los distintos ayuntamientos afectados por las presas hidráulicas. El Partido Popular, lógicamente, está totalmente de acuerdo y, en definitiva, con la modificación de la Ley de Aguas en el año 1998 hay un mandato a la Administración general del Estado para que al mismo tiempo que se realicen los proyectos de ejecución de estas obras se puedan poner en marcha los planes de restitución. Ahora bien, no entendemos -y por eso el motivo de la pregunta- que desde el 7 de septiembre, cuando se aprobó el expediente de información pública y el proyecto, hayamos llegado al 19 de diciembre del año siguiente, y cuando ustedes hablaban que había un plazo estimado de ejecución de 24 meses -un importe de actuaciones por 29.902.000 euros- a esta fecha todavía no tengamos constancia ni en la página web, ni en el Boletín Oficial del Estado, ni en las informaciones que este diputado ha procurado obtener, de que se haya licitado absolutamente nada en relación con el plan de restitución. Sabemos que ha sido muy recientemente recepcionada la obra por parte del Ministerio de Medio Ambiente, y que ahora empieza todo el proceso en cuanto a las cargas y descargas para comprobar la seguridad de la presa, y nos gustaría conocer, señor secretario general, cuáles son las razones para que después de un año desde que fue aprobado el proyecto, todavía no han tomado la decisión de licitarlo.


La señora PRESIDENTA: Le quedan tres minutos para la siguiente intervención. Señor secretario general tiene la palabra.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Efectivamente, como muy bien señalaba S.S., son trece actuaciones las que había previstas, con aproximadamente unos 30 millones de euros. Le tengo que señalar que el motivo por el cual las actuaciones todavía no se han licitado es porque se ha abierto -no solo en el caso del embalse de Montearagón, sino también en el caso de Yesa, en el caso de varios de los embalse que hacen referencia a la Comunidad Autónoma de Aragón- un proceso de establecimiento de actuaciones coordinadas entre las diputaciones, las asociaciones

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de municipios -en este caso concreto sería Adelpa- y el Gobierno de Aragón, con la Diputación General de Aragón, para establecer proyectos integrados de desarrollo rural sostenible en las áreas afectadas por estos embalses. Fundamentalmente, el objetivo de estos proyectos es coordinar algunas de las actuaciones -que estaban duplicadas en el proyecto al que nos referimos y otra serie de proyectos y convenios en marcha- y conseguir eso que se denomina sinergia de actuación por parte de las distintas administraciones para aprovechar de una manera más eficiente los recursos en la zona. Está bastante avanzada la tramitación de varios de estos convenios para actuaciones de desarrollo rural sostenible y esperamos que a principios del año que viene -o al menos ese es nuestro objetivo- podamos firmar el convenio correspondiente y sacar a licitación las actuaciones, que ya no serían solo las que aquí aparecerían, sino actuaciones complementarias a las que aquí se señalan.


La señora PRESIDENTA: Tiene tres minutos.


El señor PINTADO BARBANOJ: Señor secretario general, excusas de mal pagador entiende este diputado. Excusas de mal pagador en el sentido de que usted ha mezclado churras con merinas. Es decir, los planes de desarrollo rural sostenible que ustedes quieren embarcar con el Gobierno de Aragón y con la Diputación Provincial de Huesca, según la información que tiene este diputado, hasta ahora no afectan absolutamente para nada al embalse de Montearagón. El embalse de Montearagon es una pieza de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente desde el punto de vista de la ejecución material de la obra y de la ejecución material del plan de restitución. Si la Diputación Provincial de Huesca, si la comarca de la Olla de Huesca, si el Gobierno de Aragón quieren actuar, me parece genial, por parte del Partido Popular no nos vamos a oponer a que haya otro tipo de actuaciones, pero nos parecía y nos sigue pareciendo que el plan establecido es más que suficiente; es más, a buen seguro que en este caso habrá algún tipo de actuaciones que a lo mejor lo que se pretenda por parte del Ministerio de Medio Ambiente es desviarlas para que las hagan otras administraciones. Estamos en total desacuerdo. En el Plan de restitución de Santa Liestra -ya que usted ha abarcado el Plan de Aragón- se ha desestimado por parte del Ministerio de Medio Ambiente, el acuerdo previo que hubo dentro de la Comisión del Agua de Aragón, pero el plan de restitución está prácticamente acabado. No conozco que el Gobierno de Aragón o que la Diputación Provincial de Huesca hayan invertido ni un solo euro en ese plan de restitución. Ha sido una competencia nuestra -cuando digo nuestra digo del Gobierno de la nación- ejecutada en una parte muy importante por el Gobierno anterior del Partido Popular; ustedes han continuado con el tema de las actuaciones y traer aquí ahora este asunto, después de doce meses de retraso, me parece que no tiene absolutamente ninguna lógica. Le digo que vamos a estar vigilantes, porque ha mezclado usted Adelpa, que es un convenio de municipios del Pirineo, con embalses hechos en los años cincuenta, en los años sesenta y algunos de ellos que vendrán ahora. Es decir, es una cuestión totalmente diferenciada, y si usted lo que quiere es unir para al final decir que en enero o en febrero del próximo año entraremos a trabajar en ese asunto, me parece que si tiene que esperar a las administraciones autonómicas -usted ha nombrado a la Diputación Provincial- no sé de qué forma va a poder entrar. Por cierto, Adelpa no creo que pueda poner ni un solo euro, porque como asociación de entes de municipios del Pirineo creo que sus posibilidades son muy escasas. En este sentido, quiero decirle, señor secretario general, que una obra de restitución no es una presa de regulación, va paralela a ella. Pero sí que nos parece importante, de cara a la regulación -no solamente de Aragón, sino del resto de España- que la credibilidad del Ministerio de Medio Ambiente no se vea afectada por unas obras menores, de un importe relativamente importante para el Ministerio de Medio Ambiente -otra cuestión es que lo tuviera que hacer una administración autonómica o una administración provincial como la que usted nos hablaba- para que estén todavía retrasando unas actuaciones que no solamente van a dar credibilidad desde el punto de vista de la ejecución, sino una necesidad y unos compromisos que todas las fuerzas políticas y el Gobierno actual y el anterior asumieron con los responsables municipales de esta zona.
Quiero decirle que obras son amores y no buenas razones, y esperamos que el Ministerio de Medio Ambiente, independientemente de lo que haga el Gobierno de Aragón o de lo que haga la Diputación Provincial, saque a licitación estas obras y si luego se quieren sumar y quieren hacer otro tipo de actuaciones, bienvenidas sean.


La señora PRESIDENTA: ¿Quiere intervenir el señor secretario general?

El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Únicamente quería señalar dos aspectos. Primero, el ministerio no intenta disminuir la inversión, va a seguir manteniendo los 30 millones de aportación, pero, como he señalado antes en mi intervención, hay una serie de actuaciones -en la contestación que tiene S.S. la actuación número seis y número siete, pero fundamentalmente la número seis que hace referencia a la construcción de fosas sépticas, depuración biológica y demás- que son redundantes con actuaciones que en paralelo se están desarrollando por otras administraciones, y algunas de las actuaciones que se recogen aquí no es muy coherente que el ministerio las lleve a cabo, porque son pequeñas actuaciones que pueden encomendarse perfectamente a los propios municipios. No es que los municipios vayan a poner dinero, sino que si los municipios hacen esas actuaciones -que son los más

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adecuados para hacerlo- evidentemente también se haría con fondos del ministerio o, en su caso, con fondos de la diputación. El propósito no es ahorrar dinero, sino racionalizar los procesos de gestión.


-DEL SEÑOR HERNANDO FRAILE (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO) SOBRE VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS ACUÍFEROS SUBTERRÁNEOS DEL PUERTO ALMERIENSE. (Número de expediente 181/002731.)

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el diputado Rafael Antonio Hernando Fraile.


El señor HERNANDO FRAILE: Señor secretario general, como usted muy bien sabe, en el poniente de Almería se producen al año frutas y verduras, fundamentalmente verduras, que implican que Almería se haya convertido en gran parte en la huerta de Europa, con unas exportaciones de 1.500 millones de euros el año pasado, 40.000 empleos directos e indirectos ligados a esta actividad, lo que implica y supone el 26 por ciento del producto interior bruto de Almería y que gran parte de la balanza exportadora de Andalucía esté compensada gracias a los productos del poniente almeriense. Sin embargo, esta producción agrícola está encontrando serios problemas y en algunos casos peligros; peligros que tienen que ver con la situación de los acuíferos, que es lo que ha permitido su explotación, este milagro que en algunos casos se ha llamado de la economía almeriense y de la huerta almeriense. En ese sentido, el anterior Gobierno decidió adoptar dos medidas muy importantes, a nuestro juicio. En primer lugar, decidió buscar aportes de otras cuencas -el trasvase del Ebro llegaba precisamente hasta el poniente con el objeto de rellenar e intentar recuperar estos acuíferos que están en situación de sobreexplotación y en una situación realmente preocupante- y, en segundo lugar, encargó un estudio al Instituto Geológico y Minero con el objetivo de estudiar cómo funcionaban los distintos acuíferos que componen esta zona, la relación entre ellos, la situación de intrusión marina, la situación de salinización que se observaba ya en algunos acuíferos y elaboró en 2003 un informe con una serie de conclusiones. En ese informe, se mantenía que el 85 por ciento del agua que se utilizaba para mantener este milagro almeriense provenía de los acuíferos inferiores y su extracción se realizaba a 800 y 1.000 metros de profundidad. Lo que le vengo a preguntar es cuál es la valoración que hace el actual Gobierno de la situación de estos acuíferos y qué medidas ha adoptado y piensa adoptar en el futuro para paliar esta situación que, sin duda alguna, es preocupante y que puede hipotecar el futuro de esta zona.


La señora PRESIDENTA: Tiene todavía algunos minutos para la siguiente intervención.


Tiene la palabra el señor secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Efectivamente, tal y como señalaba S.S., hay que decir que tenemos un problema con las aguas subterráneas en todo el área a la que se refería S.S. Un problema que ha evolucionado a lo largo del tiempo de forma muy diferente. Hay que señalar un primer episodio, desde que se tienen datos, que fundamentalmente haría referencia al periodo desde enero de 1998 hasta enero del año 2000; en esos dos años se produce una fuerte disminución de los acuíferos, con una pérdida muy importante de capacidad en los mismos. Hay un periodo de estabilización de estos acuíferos que va desde enero del año 2000 hasta julio del año 2005, proceso que se debe, evidentemente, a las medidas que se fueron tomando desde el punto de vista de las actuaciones de Acusur y desde las actuaciones de las distintas administraciones. Este periodo de estabilización, se ha visto truncado, aunque no de una manera muy grave, como consecuencia de la sequía de los últimos años. No obstante, esa reducción en la profundidad del nivel freático ha sido una reducción mucho menor de la esperada y podemos decir que con una probabilidad muy grande de pronta recuperación. Si desde el punto de vista de la calidad la situación de los acuíferos es una situación de sobreexplotación, aunque el inicio del expediente de sobreexplotación de estos acuíferos ha tenido que ser puesto en marcha por el actual Gobierno, hay que señalar que, desde el punto de vista de la calidad, hay un proceso de salinización y de concentración de nitratos en estas aguas que no deja de ser preocupante desde el punto de vista de las exigencias que establece la Directiva marco del agua. Por ello se ha puesto en marcha un plan estratégico de actividades de apoyo a la protección y regeneración de los acuíferos del sur de la sierra de Gador, Campo de Dalías, en cumplimiento de la Directiva marco del agua cuyo desarrollo está previsto que se produzca entre los años 2007-2009 para atender no solo a los procesos de calidad, sino también a ese proceso de regeneración al que antes nos referíamos. Hay que señalar, en ese freno a la pérdida de aguas, las actuaciones desarrolladas en su momento por Acusur, como los estudios que están en este momento en marcha para ver la posibilidad de establecer áreas de recarga de acuíferos. Este es un procedimiento y un tipo de actuación difícil de llevar a cabo, porque los estudios para ver si esa recarga de acuíferos se produce y lo hace de una manera estable son estudios complejos, son actividades que en este momento se están llevando a cabo y que completarán las cuatro actuaciones que con un importe de 17,2 millones de euros llevó en su momento Acusur; la pantaneta de Celín, las pluviales de El Egido, la Balsa del Sapo y el desagüe de la Balsa del Sapo, que entrarán dentro de ese Plan estratégico y dentro de las actuaciones que en la actualidad la sociedad estatal Acuamed está llevando a cabo en la zona. Evidentemente, las actuaciones de Acuamed han de ser adecuadamente coordinadas con la Junta de Andalucía, porque en estos momentos -como

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muy bien sabe S.S.-es la Junta de Andalucía la competente en la Confederación Hidrográfica a la que nos estamos refiriendo.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Hernando Fraile.


El señor HERNANDO FRAILE: El informe del Instituto Geológico y Minero decía, hablando de la gravedad en 2003, que se habían producido una serie de efectos muy negativos. Decía que había conexión de los acuíferos inferiores con la descobertura a través de sondeos profundos en la zona central del campo, inundación de invernaderos de las zonas bajas del acuífero superior central a la zona de las Norias, y concluía el informe que todo ello obligaba a adoptar medidas urgentes para garantizar adecuadamente el uso sostenible del sistema y reposición de los acuíferos y del futuro de la zona. Esto, en 2003, y usted me habla de que van a hacer un plan 2007-2009. Parece que hasta 2007 han estado de vacaciones.
Me sorprenden algunas de las cosas que usted me dice. Ha dicho que ha habido un proceso de estabilización hasta julio de 2005 y que, sin embargo, ahora se ha producido un agravamiento. Si la situación que nos describía el Instituto Geológico y Minero en 2003 era una situación grave y a usted eso le parece estabilización, y ahora nos anuncia un agravamiento en este último año, la verdad es que la situación tiene que ser más que grave, gravísima. Nos preocupa que ustedes vengan a anunciar medidas que estaban ya en el plan de Acusur y que tenían que haberse concluido. Creo que ustedes han estado empleado más tiempo en ver cómo disolvían la sociedad que en impulsar la nueva sociedad de Acuamed. Me habla usted ahora de qué es lo que pretende hacer Acuamed. Le voy a decir a usted lo que ha hecho Acuamed. Acuamed, en 2006, tenía un presupuesto de 41,6 millones en la provincia de Almería -gran parte de actuaciones en la zona del poniente- y ejecutó 2,7 millones de euros, es decir, el 6,73 por ciento, pero vemos que en el 2006 siguen ustedes con la misma capacidad de gestión; de los 41,6 millones de euros han ejecutado apenas 2,7 millones de euros, es decir, otra vez el 6,7 por ciento. Yo no sé si un gestor de una empresa pública o de una empresa privada podría presentarse ante la junta de accionistas después de decir que en el año anterior ha ejecutado solo el 6 por ciento del presupuesto y que al año siguiente, pasados nueve meses, nos encontráramos con que sigue ejecutando el 6 por ciento de los presupuestos. No voy a hablar ya de lo que ejecutaron en 2004, que solo llegó al 1,53 por ciento. Creo que tienen un problema muy serio, y es la grave incompetencia al frente de las empresas públicas que ustedes mantienen. Me habla usted de Acusur.
Acusur no va a hacer nada porque esta en proceso de disolución, y usted lo sabe, y Acuamed no hace nada porque está en proceso permanente de incompetencia por parte de sus gestores, como demuestra la ejecución presupuestaria. Me parece muy bien que anuncie hoy planes estratégicos.
Lamento que haya tenido que venir usted a esta comparecencia para anunciarnos esos planes estratégicos, a los ciudadanos de Almería nos hubiera gustado conocer esos planes estratégicos hace seis meses o un año, cuando ustedes detectaron, en julio de 2005, esa reducción drástica que ahora nos ha contado de la situación de los acuíferos. Ahora, ustedes harán que cuatro funcionarios redacten un plan estratégico. Me parece muy bien. Sigan ustedes huyendo hacia delante. Lo que es cierto es que no hay medidas suficientes, hay mucha incapacidad, no han planteado alternativas serias al trasvase del Ebro para poder recargar y rellenar los acuíferos y eso cada día es más palmario y más evidente.


La señora PRESIDENTA: Vaya concluyendo señor diputado.


El señor HERNANDO FRAILE: Usted sabe que hoy la situación de los acuíferos sería muy diferente, que su futuro no sería tan preocupante si ustedes no hubieran adoptado una decisión política absolutamente irracional como fue suspender aquel trasvase, o si por lo menos hubieran adoptado medidas para plantear alternativas porque hasta ahora lo único que hay es papel mojado.


La señora PRESIDENTA: Señor Hernando Fraile, ya ha acabado su tiempo.


Tiene la palabra el señor secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Me parece que S.S. no me ha escuchado adecuadamente. He dicho que hubo una gravísima reducción del nivel freático entre enero de 1998 y enero de 2000, reducción que no vino en su momento -y creo que entonces gobernaba su partido- acompañada de las medidas correspondientes. He dicho a S.S. que el inicio del expediente de declaración como acuífero sobreexplotado se produce por parte de este Gobierno previamente al pasar la cuenca hidrográfica a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por tanto, desde enero del año 2000, donde este grave proceso se produjo, hasta el año 2004 ustedes no habían hecho absolutamente nada. En segundo lugar, ese proceso de estabilización se desarrolla en esta área igual que se desarrolla en muchas otras áreas del litoral mediterráneo español y se debe a causas, fundamentalmente, de índole estructural en los propios acuíferos. Es un proceso, que por desgracia, va acompañado de una grave pérdida de calidad en las aguas no solamente en el caso de Almería, sino en muchísimas zonas del litoral mediterráneo, que además responde a procesos difíciles de combatir y que son a largo plazo, ya que responden a proceso de contaminación difusa como consecuencia de los productos fertilizantes y pesticidas que se utilizan en la agricultura. El proceso de corrección de toda esta contaminación de las aguas subterráneas de toda España será un proceso largo en el que habrá que colaborar por parte de distintos gobiernos

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durante muchos años. Para adaptarnos a los objetivos de esa Directiva marco del agua y cumplir para el año 2015 este difícil reto que tenemos en España es por lo que se pone en marcha este plan al que hacía referencia. Plan, que no solo incide sobre Almería, sino que tiene que incidir prácticamente sobre todos los territorios españoles que se encuentran en esa gravísima situación y que no es resultado de un proceso de tres, cuatro o diez años, sino que es resultado de un proceso muy largo que se ha ido acumulando en nuestras tierras. Este proceso también existe en muchos otros países de la Unión Europea, no es España el único sitio donde se produce.


Con respecto a las actuaciones del ministerio, creo que queda claro algo que he tenido ocasión de escuchar a los propios regantes, a los propios usuarios de la provincia de Almería, su satisfacción por las actuaciones desarrolladas por el ministerio, su satisfacción por las soluciones que se les están dando a sus demandas de agua. De todas maneras, como esta es una cuestión que pronto tendremos ocasión de contrastar, lo dejo a la decisión de los ciudadanos. Sí le quiero señalar que Acuamed, en junio de este año, adjudicaba por 9,8 millones de euros la reutilización de aguas residuales en el Campo de Dalías y por 161,4 millones de euros la planta desaladora de Campo de Dalías en Almería, y, afortunadamente, están muy avanzadas las obras que van a permitir utilizar los hectómetros cúbicos que en este momento están muertos de risa en Carboneras, porque a ustedes no se les ocurrió poner en marcha las conducciones para que esa agua se pudiera utilizar.


-DE LA SEÑORA VILLALOBOS TALERO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO) SOBRE FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO DE OBRAS HIDRÁULICAS ENTRE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (Número de expediente 181/002733.)

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para la siguiente pregunta la señora Villalobos. Tiene seis minutos.


La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señora Presidenta, y si se me va limitar el tiempo de esa forma, rogaría que también se hiciera con el señor secretario general.


La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Villalobos. El tiempo se ha controlado y se ha repartido exactamente igual.


La señora VILLALOBOS TALERO: En cualquier caso, espero que esto no me lo cuente usted como tiempo, porque yo nunca he vivido una Comisión como esta.


En primer lugar, señor secretario general, enhorabuena porque gobiernan ustedes ahora, porque no hemos hecho nada los del Partido Popular, ha sido todo un desastre y gracias a la labor que llevan ustedes en el Ministerio de Medio Ambiente este país se salva de las sequías y de todos los problemas relacionados con el agua. Yo le quiero hablar de uno de ellos y lo que le ruego son contestaciones muy concretas, porque mis preguntas lo van a ser.


El 9 de febrero, su ministerio firma un convenio con la Junta de Andalucía por el cual se van a realizar todas las obras de interés general planteadas en el Plan Hidrológico Nacional, es decir, responsabilidad de la Administración central. La primera pregunta es: ¿cuándo se publicó en el Boletín Oficial del Estado este convenio de colaboración? La financiación de este convenio, lógicamente, es del Ministerio de Medio Ambiente y tiene que aparecer en los Presupuestos Generales del Estado, y especifica el propio convenio que es para las obras de este convenio. Por tanto, le pregunto: ¿en qué partida presupuestaria de 2007 aparecen las obras que afectan a este convenio del que estoy hablando? Según el propio convenio, en el año 2007 tienen que ser 40 millones de euros: 32 capítulo 6, 7 capítulo 8, además en dos modalidades, encomienda de gestión y colaboración económica con la Junta de Andalucía, la empresa de Aguas de Andalucía. Aquí afecta a mi provincia, porque no solamente los diputados del PSOE son de su provincia, los del PP -con perdón de los del PSOE- también somos de nuestra provincia, incluso los de Izquierda Unida, aunque últimamente han perdido su escaño. Todas las obras que afectan a nuestra provincia -porque yo soy más generosa, la de todos-, afectan a este convenio. Por cierto, qué chapuza de convenio, parece mentira con lo inteligentes que son ustedes y lo torpes que somos nosotros que aparezca una fotocopia de un Boletín Oficial del Estado de noviembre de 2004, e incluso se diga en este convenio: Relación de actuaciones a desarrollar según próximos convenios. No sé si este convenio tiene eficacia y eficiencia porque además podemos hablar de una obra concreta -no tengo tiempo de hablar de Acuamed, hablaremos en otro momento, no se preocupe-, aparece la conducción de Cerro Blanco a la ETAP del Atabal en Málaga capital. Esta es una obra licitada ahora y reconocida, no vaya a decir ahora otra cosa porque en respuesta a preguntas parlamentarias la propia AcuaMed me reconoce que el proyecto estaba hecho por Acusur, por lo tanto lo había hecho el Partido Popular. Perdón, de vez en cuando algunas cositas hemos hecho, poquitas. Pero en esta obra de Acuamed sin embargo hay dos convenios firmados por la Agencia del Agua el 3 de agosto de este año con el alcalde de Málaga y con los ayuntamientos del valle del Guadalhorce, donde aparece una de las grandes obras a desarrollar por la Agencia Andaluza del Agua en la infraestructura de abastecimiento de agua potable, y aparece la conducción de Cerro Blanco a la ETAP del Atabal.
Pero es que además ese mismo día, para no ser menos, Acuamed firma con el Ayuntamiento de Málaga el mismo convenio pero de otra forma. Es decir, yo, Acuamed, pongo el

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dinero -por cierto, el 50 por ciento de fondos europeos conseguidos lógicamente por ustedes, porque nosotros no hemos hecho nada- y el otro 50 por ciento lo pone Emasa, la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, sin embargo, lo firma también la Agencia Andaluza del Agua, que no pone un duro. Una obra que está sujeta a un convenio de colaboración, una obra que ya ha licitado Acuamed, una obra que Acuamed firma con el ayuntamiento para su financiación y posterior traslado para la gestión del agua a través de esta obra. Yo me pregunto, ¿es este convenio eficaz?, es decir, ¿se está aplicando? ¿Qué pinta aquí Acuamed? Lógicamente estos errores ustedes no los cometen. Por lo tanto, señor secretario general, dada su enorme clarividencia, usted me va a decir las cosas muy claritas, porque como soy del Partido Popular soy ligeramente torpe.


La señora PRESIDENTA: Señora Villalobos, le queda un minuto para la siguiente intervención.


Tiene la palabra el señor secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Lo primero que señalaba S.S. es la sequía; sí, me he apuntado el tema de la sequía.


La señora PRESIDENTA: Un momento, señor secretario general.


La señora VILLALOBOS TALERO: No, le he preguntado por la fecha del convenio.


La señora PRESIDENTA: Señora Villalobos, ha terminado su intervención, le ruego que no interrumpa al secretario general, ya que si no estaría haciendo abuso de su tiempo. Le pido silencio, por favor.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Con respecto a la sequía, quería simplemente recordarle que hace diez años había una sequía en España que llevaba a que uno de cada cuatro ciudadanos tuviera restricciones. Este año no ha habido ningún municipio con restricciones de forma significativa. En segundo lugar, este Gobierno, después de iniciar los trámites de transferencia de la cuenca hidrográfica del sur en el año 1995, ha recuperado esos procesos de transferencias en el año 2004 y transfirió la antigua Confederación Hidrográfica del Sur a la Junta de Andalucía con efectos en 2005 el resto de cuencas internas a la Junta de Andalucía en 2006. Como consecuencia de esa transferencia, el ministerio se ha quedado con una serie de actuaciones declaradas de interés general del Estado, bien en el Plan Hidrológico Nacional o bien en actuaciones específicas de declaración de esas obras como de interés general del Estado que quedaban dentro del ámbito de actuación de las cuencas internas andaluzas. El Ministerio de Medio Ambiente, cuando esos procesos se producen, ha ido estableciendo convenios: hay un convenio con Canarias, hay un convenio con Baleares, hay un convenio con Cataluña e igualmente ha establecido un convenio con la Junta de Andalucía, para que las obras de interés general del Estado que se desarrollaban en el marco de estas cuencas internas se realizaran por vía de este convenio en dos grandes grupos de actuaciones, vía capítulo 6, por tanto inversión del ministerio y recogidas las obras correspondientes en los Presupuestos Generales del Estado; preguntaba dónde estaban estas obras y las del capítulo 6 están en las del correspondiente anexo de los Presupuestos Generales del Estado. Y otra parte muy importante que va variando a lo largo del tiempo, capítulo 7, que son transferencias que se realizan a la Junta de Andalucía y que van siendo cada vez crecientes. En el capítulo 6 se siguen desarrollando las actuaciones que se habían iniciado por parte de la Administración General del Estado y en el capítulo 7 se recogen las nuevas actuaciones que se encomiendan a la Junta de Andalucía. Desde esa perspectiva, el convenio establece en su página 3 la secuencia de fondos que van a corresponder a capítulo 6 y que por lo tanto estarán en el anexo I de los Presupuestos Generales del Estado y que vendrán especificadas con nombres y apellidos, y al capítulo 7, que no vienen porque se transfieren los fondos a la Junta de Andalucía para que ella realice las actuaciones que vienen en el anexo del citado convenio. Creo que así podrá entender S.S. por qué unas obras vienen en los Presupuestos Generales del Estado y otras no vienen.
Respecto a las actuaciones que se recogen en el anexo, todas estas actuaciones, repito, son actuaciones que estaban declaradas como de interés general del Estado. El convenio se firma por unos compromisos de inversión y esos compromisos de inversión son 319,4 millones de euros.
Esos compromisos de inversión es posible que no lleguen a cubrir todas las actuaciones que la Administración General del Estado tenía comprometidas. Hasta qué punto llega a cubrir o no todas las actuaciones, depende mucho de cómo varíen los precios de las propias actuaciones. Les quiero recordar -y he traído la información a esta Cámara- que desde el año 2001 en que se aprueba el Plan Hidrológico Nacional, hasta el valor actual de esas mismas obras en el año 2005, cuando se hace el informe sobre el Plan Hidrológico Nacional, los presupuestos se han incrementado en un 30 por ciento. Atendiendo a que puede haber ese incremento del presupuesto, se señala en el convenio, como señalaba S.S., que hasta el año en que este convenio se firma hay un compromiso de 319,4 millones de euros y que si con ese presupuesto no se acaban todas las actuaciones, se ampliará con nuevos convenios para desarrollar el conjunto de las mismas.
El convenio es firme, se está llevando a cabo y las actuaciones están realizándose al ritmo normal de ejecución. Muchas de las preguntas parlamentarias que ustedes han hecho se desarrollan en tiempo y forma correspondiente. Respecto a cuál es el papel de Acuamed en este proceso, dentro del convenio, ninguno; dentro del convenio entre

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el Gobierno de la nación y la Junta de Andalucía no hay ninguna aportación de Acuamed, y ese convenio al que S.S. hace referencia es un convenio en el que interviene la Junta de Andalucía, porque estamos interviniendo en cuencas internas de la Junta de Andalucía, y cuando la Junta de Andalucía tiene competencias sobre la gestión o sobre la utilización de las obras, se les incorpora al convenio.


La señora PRESIDENTA: Señora Villalobos

La señora VILLALOBOS TALERO: El señor secretario general no tiene nada de tiempo, se ha puesto en rojo. En cualquier caso, en primer lugar, de modo telegráfico, sequía. Vamos a hablar de sequía. ¿Sabe usted lo que me encontré cuando llegué al Ayuntamiento de Málaga en 1995? Que de seis horas de restricciones tuve que pasar a 16. Gobernaba entonces el señor Felipe González, que creo recordar que era socialista, aunque a lo mejor ustedes ya ni siquiera quieren recordarlo. Y ahora, gracias a lo que hicimos nosotros de 1995 hasta ahora, es cuando hemos conseguido que ya no haya restricciones. Por lo tanto, algo hemos hecho, aunque a usted no le guste mucho. En segundo lugar, yo sé leer y me da la sensación de que usted o me ha tomado por torpe, por tonta, o no le han informado bien; porque yo me he leído el convenio, claro que sí, le he hecho unas preguntas muy concretas y usted no me ha respondido. Yo quiero saber en qué Boletín Oficial del Estado se ha publicado este convenio; lo he preguntado también por escrito y ustedes no me contestan. Por favor, para que tenga una eficiencia y una eficacia real. En segundo lugar, mire, en los convenios con la Junta de Andalucía existe financiación externa de la Junta de Andalucía. Y tercero, en los Presupuestos Generales del Estado para este año aparecen determinadas obras pero no aparece, como dice el convenio, especificando que es para la aplicación de este convenio. Por eso mis serias dudas de que este convenio tenga vigencia y, desde luego, no me ha dicho usted absolutamente nada de la obra por la que le he preguntado, que forma parte, por supuesto -según dicen ustedes-, de este convenio, que es la conexión de Cerro Blanco-El Atabal, porque según ustedes lo está haciendo AcuaMed y según la Agencia del Agua de Andalucía lo están haciendo ellos a través de su consejería y a través del acuerdo que han firmado con los ayuntamientos, en concreto, con el Ayuntamiento de Málaga. Me da la sensación de que esta vez le han fallado sus asesores, señor secretario general, de vez en cuando hay que ser un poquito más humilde.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Villalobos. Señor secretario general, aunque agotó su tiempo, si a la señora diputada le interesa su respuesta...


La señora VILLALOBOS TALERO: No me interesa.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Perdón, señora presidenta, si esta es la decisión de la Mesa, la acato, pero tenía entendido -y lo digo como información para posteriores actos- que el representante del Gobierno que está aquí para contestar en principio tenía el tiempo disponible que considere necesario. No necesito que me responda ahora, solamente si no es así que se aclare.


La señora PRESIDENTA: El acuerdo de Mesa era seis minutos y seis minutos.
Si en otra Comisión se acuerda diferente, será diferente; pero hay que respetar lo que se dijo desde que hemos empezado. Si algún grupo interviene menos y quiere compartir el tiempo con otro diputado, se puede hacer; el objetivo no es acortar el tiempo, el objetivo es terminar la Comisión a las doce.


-DEL SEÑOR GARRE LÓPEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO) SOBRE OPINIÓN DE LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE ACERCA DE LA OPERATIVIDAD DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE CUENCA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE AGUAS. (Número de expediente 181/002746.)

La señora PRESIDENTA: La pregunta 18 va dirigida al secretario general de Cambio Climático y no la puede responder el secretario para el Territorio y la Biodiversidad, la tiene que responder el secretario general del Cambio Climático, pero eso será a las doce y ahora viene la pregunta número 19, que la va a formular el diputado Alberto Garre López.


El señor GARRE LÓPEZ: Admitiendo también que la pregunta va dirigida a la señora ministra y que, sin embargo, la va a contestar el secretario, nos adherimos a la decisión de la Mesa y, por lo tanto, paso a formular la pregunta. Señor secretario, tras dos años de legislatura, tras más de dos horas y media de Comisión respondiendo -o no- a las preguntas que se hacían desde los distintos grupos parlamentarios en la Comisión, ya nos consta algo que tenemos que asumir. Ustedes tienen absolutamente respuesta para todo y soluciones para casi nada, señor secretario.
Partiendo de la realidad que acabo de exponer, créame señor secretario que no formulo esta pregunta para que ustedes tengan el valor de equivocarse -ya sabemos que valor les sobra y errores también-, todo lo contrario; con esta pregunta lo que pretendo es que su ministerio, a través de la señora ministra -como había interesado-, o del señor secretario -el ministerio de toda España, de todos los españoles- dé su opinión acerca de un principio, el de unidad de cuenca, que tiene carácter nacional y que está incluido en el artículo 14 de la Ley de Aguas de 1985 que ustedes elaboraron con una mayoría socialista.


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La señora PRESIDENTA: Secretario general, por favor.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Le voy a decir algo más. No solamente estamos de acuerdo con el principio de unidad de cuenca, desde el punto de vista de lo que debe ser la planificación de una cuenca hidrográfica, sino que hay que ir más allá porque, como muy bien sabe S.S., la Directiva Marco del Agua obliga a que esa planificación se amplíe desde el concepto de cuenca al concepto de demarcación; concepto de demarcación que se diferencia de la cuenca, en el caso español, porque incluye las aguas de transición, las aguas costeras, como parte integrante de ese proceso de planificación. Por parte del ministerio se han puesto en marcha -como antes tenía ocasión de señalar-, los planes de la demarcación, que van a incluir esa unidad de cuenca desde el punto de vista de las aguas superficiales y subterráneas y que incluye también las aguas costeras y de transición desde el punto de vista de la obligación que establece al respecto la Directiva Marco del Agua.


La señora PRESIDENTA: Señor diputado, tiene la palabra.


El señor GARRE LÓPEZ: Ya me lo temía yo, señor secretario, que no iba usted a contestar a las preguntas. Se ha ido usted a las distintas cuencas, y yo le estoy preguntando por el principio de unidad de cuenca nacional establecido en el artículo 14 de una ley -le digo- que elaboraron ustedes con mayoría socialista, y me estoy refiriendo también a la Ley 10/2001, de 5 de julio, que elaboró una mayoría del Grupo Parlamentario Popular. Sabe perfectamente que ya se han elaborado en distintas comunidades autónomas estatutos de autonomía que no es que rocen, sino que en cierta medida están sobrepasando ese principio de unidad de cuenca nacional, señor secretario; y sabe muy bien a lo que me estoy refiriendo. No me dé una respuesta tan ligera después de dos meses a esta pregunta, que se la formulé en octubre; piénseselo dos veces, que yo estoy dispuesto a admitir la rectificación. Dos meses para no contestar o, lo que es peor, para dar una respuesta políticamente correcta a lo que es ahora mismo un principio de unidad nacional de cuencas establecido en leyes básicas y unos estatutos de autonomía pendientes de venir al Congreso de los Diputados. Eso que usted ha contestado es lo políticamente correcto y a lo mejor lo que tiene que contestar es lo íntimamente inconfesable en este momento, pero yo le pido que lo haga y así nos podremos poner de acuerdo. Prefiero que no conteste tan rápido. Las mentiras tienen siempre mucha prisa, don Antonio, y una vida muy corta -como las moscas efímeras, nacen por la mañana y mueren por la noche- y la verdad, sin embargo, por ajustarse a la realidad es más difícil de contrastar pero al final siempre queda. Contésteme usted lo que piensa realmente a la pregunta que le hago y no se me vaya usted por las ramas. Yo quería hacer esta pregunta, y de hecho la hice, a quien ejerce el poder en materia de medio ambiente, a la señora ministra; usted también es poder y también la puede contestar. Pero además de poder, para contestar a una pregunta como ésta, de índole nacional, que tiene trascendencia al pasado porque viene de leyes del pasado, pero que va a ser trascendente en el futuro para todos los españoles -incluido para quien ocupa la Presidencia de la atalaya de esta Comisión, también para la señora presidenta de la Comisión; para todos los españoles-, señor secretario, usted no puede darme una respuesta de este tipo porque va a ser trascendente también en el futuro y se puede tergiversar o no el principio de unidad de cuenca nacional según la visión que el ministerio tenga. Por eso le digo: desde la autoridad, no tanto desde el poder; desde la autoridad. Autoridad usted sabe perfectamente lo que es; es fuerza moral, solo eso, fuerza moral, pero es mucho. Con la fuerza moral que su secretaría le concede, contésteme de verdad a la pregunta que le estoy realizando.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Tengo que señalar a S.S. que le he contestado a lo que me ha preguntado. La definición de cuenca viene en el texto refundido de la Ley de Aguas y al principio de unidad de cuenca le he contestado tal y como la unidad de cuenca viene recogida en el texto refundido de la Ley de Aguas, vigente con las últimas modificaciones desde diciembre de 2003. Si lo que me quiere preguntar es si va a haber un plan hidrológico nacional y, por lo tanto, va a haber una concepción del dominio público hidráulico a nivel del conjunto del Estado nacional, la respuesta también es que sí.
Está previsto que haya un plan hidrológico nacional, está previsto que haya una coordinación entre todos los planes hidrológicos de demarcación.
No sé si S.S. me está preguntando eso. Cuenca, en el texto refundido de la Ley de Aguas, se define como el territorio ocupado por todos aquellos arroyos y cauces de agua que desembocan en un mismo río, que tienen una desembocadura única en un punto del mar. Eso es una cuenca, el principio de unidad de cuenca es la integración de todo ese territorio en un único plan, que va a ser el plan de demarcación; y a eso es a lo que le he respondido antes a S.S. contestándole afirmativamente. Se están elaborando -con los plazos, metodologías y previsiones establecidas por la Unión Europea- los planes de demarcación de todas y cada una de las demarcaciones intercomunitarias que existen, en este momento, en España.
Se están elaborando, se está en el proceso de elaboración del Guadalquivir, del Duero, del Ebro, del Tajo, de todas y cada una de las demarcaciones. Y está previsto, y se ha recogido en el

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proyecto de real decreto que se ha transmitido y se ha discutido en el Consejo Nacional del Agua, el reglamento de planificación, adaptado a la Directiva Marco del Agua, donde específicamente también se recoge cómo se va a realizar el Plan Hidrológico Nacional. Por lo tanto, unidad de cuenca a nivel de cada demarcación y un plan para cada demarcación, unidad a nivel del conjunto del Estado español y un plan hidrológico nacional para coordinar los planes de demarcación.


La señora PRESIDENTA: Señor Garre, le queda un minuto.


El señor GARRE LÓPEZ: Señora presidenta, no había caído en ello.
Efectivamente, en esta segunda respuesta ya ha matizado el señor secretario más concretamente que dentro del principio de unidad de cuenca de cada demarcación además hay un principio de unidad de cuenca nacional, que ustedes dicen que van a elaborar un plan hidrológico nacional. Ahí es donde quería la contestación. No sean ustedes tibios en esta cuestión cuando llegue su momento, no tergiversemos a través de la quiebra del principio de unidad nacional hidráulica, del patrimonio hidráulico nacional al que usted ha hecho referencia, algo todavía mucho más importante que es el principio de solidaridad interterritorial que recoge la Constitución española. Por ahí debe de ir el camino que debe de seguir el ministerio para preservar ese principio del patrimonio hidráulico nacional, del principio de unidad nacional de cuenca y, por tanto, el principio de solidaridad interterritorial entre todos los españoles, entre todos los territorios españoles y entre todos los españoles, porque el Ministerio de Medio ambiente lo es de todos los españoles.


La señora PRESIDENTA: Perdón, sin darme cuenta he dado paso a una tercera intervención de un minuto. Tampoco había agotado su tiempo el secretario general, pero renuncia a intervenir.


-DEL SEÑOR ESTEVE FERRER (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO) SOBRE NIVEL DE EJECUCIÓN, COMPROMISO DE GASTO Y FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA AGUA Y EN EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL, QUE AFECTEN AL TERRITORIO DE CASTILLA-LA MANCHA.
(Número de expediente 181/002748.)

La señora PRESIDENTA: Señor Esteve.


El señor ESTEVE FERRER: A través de la pregunta que figura en el orden del día, nuestro grupo quiere saber qué se está haciendo y qué tiene previsto hacer el Gobierno en cumplimiento del Plan Hidrológico Nacional en lo que afecta a Castilla-La Mancha. Una región que cuando se aprobó el Plan Hidrológico Nacional -era el año 2001- tenía multitud de inversiones previstas, un Plan Hidrológico Nacional que fue derogado por su Gobierno.
Sé que me va a decir que lo único que hicieron ustedes fue derogar el trasvase del Ebro, pero no solo eso; Castilla-La Mancha se vio afectada por algo más. Cuando ustedes introducen dos nuevos anexos en un anexo III, en el que van las obras teóricamente sustitutivas del trasvase del Ebro, que ninguna de ellas afecta a Castilla-La Mancha, y un anexo IV que establece, entre las inversiones del anexo II y del anexo III, cuáles son prioritarias y cuáles no; y aquí es donde a Castilla-La Mancha no le toca ni la pedrea -ahora que viene la lotería- porque son muy pocas las inversiones que su Gobierno considera que son prioritarias. Son muy pocas. Lo general es que no sea prioritario, pero como excepción a esa regla general -es decir, de esas obras que sí que iban incluidas, o que se entendía que las necesidades que Castilla-La Mancha tenía podían ser merecedoras de una satisfacción inmediata por medio de actuaciones prioritarias-, la tónica dominante en estas excepciones ha sido el engaño, la mentira y los dobles discursos. No estoy acusando de nada, simplemente estoy transmitiendo una sensación. Prueba de ello son algunos ejemplos que le voy a poner y que conozco perfectamente porque radican en la provincia de Albacete, de la que soy diputado. Por ejemplo, túnel Talave-Cenajo. Es una obra conflictiva por obra y gracia del Partido Socialista; un Partido Socialista que tiene una plataforma que llamó Plataforma de Defensa del Segura y el 80 por ciento de sus miembros lo componían cargos del Partido Socialista que se oponía a esta obra. La oposición a esta obra llegó incluso a hacer que el alcalde de Hellín, socialista también, junto con sus concejales, se encerraran en el ayuntamiento llegando a decir que dimitirían en caso de que esta obra se hiciera. Tal era la oposición que hasta la propia ministra -y está colgado en la página web del ministerio- tuvo que hacer una carta abierta al alcalde de Hellín, de su partido, para recriminarle su actitud; pero como estaba este debate, me imagino que para evitar problemas o mayores conflictos internos dentro del Partido Socialista lo que hacen en su Plan Hidrológico Nacional es cambiarle el nombre a esta obra, y del túnel Talave-Cenajo pasa a llamarse: mejora de la calidad del agua para abastecimiento urbano procedente del Tajo-Segura; me imagino que sería para disimular un poco. Claro, a raíz de eso el Partido Socialista nos ha estado vendiendo en nuestra provincia durante más de un año que se habían cargado la obra, que se había anulado el túnel Talave-Cenajo, y cuando el ministerio hizo algún gesto para indicar lo contrario, llegó incluso Barreda y por su cuenta y riesgo suspendió esas obras. Ahora nos venden que al final la obra se va a hacer porque se ha modificado el proyecto, sin embargo, la modificación del proyecto no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado porque no la hemos podido ver. ¿Cuál ha sido el gran cambio? Pues cambiar la obra túnel Talave-Cenajo por lo que hoy llaman -en el proyecto de los Presupuestos Generales de 2007

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está- conducción Talave-Cenajo; bueno, pues si quieren ustedes llamar conducción a un túnel de cinco metros de diámetro, que es el mismo diámetro que tenía el túnel, llámenlo como quieran, pero la sensación es que nos está tomando el pelo alguien.


Otro ejemplo, conexión Fuensanta-Taibilla. El presidente de las Cortes regionales de Castilla-La Mancha y el propio alcalde de Hellín, ambos socialistas, nos estuvieron vendiendo en junio, principios de verano, que se había anulado ese trasvase, que esa conexión no se iba a hacer. A ese anuncio, que creo que nace de una comisión de seguimiento, se suman ecologistas y un foro social también capitaneado por todos los alcaldes socialistas de la sierra del Segura. Ya no hay conexión Fuensanta-Taibilla. Tarea del posicionamiento del Partido Socialista respecto a esta obra, que en la página web de la diputación se puede encontrar un logo: No al trasvase Fuensanta-Taibilla, para que cualquiera que quisiéramos lo pudiéramos descolgar y ponerlo como fondo de escritorio de nuestro ordenador; institucionalmente en contra. Sin embargo ahora viene presupuestado en los Presupuestos Generales de 2007, en el proyecto que vamos a terminar de aprobar mañana. Hay otros ejemplos. Obras que cambian de nombre porque como no se ha invertido nada, cambiamos el nombre y parece que es una obra nueva; Zapateros, por ejemplo, y no es un mote, es el nombre de la presa. En otros casos no se ha invertido nada, ni en 2005 ni en 2006, directamente desaparecen las obras; como es el abastecimiento con aguas superficiales, como es la planta nueva de filtración de la ciudad de Albacete o como son las inversiones de restauración hidrológico-forestal en cualquiera de las cuencas que discurren por Castilla-La Mancha. Por tanto con ustedes los ciudadanos de Castilla no sabemos muy bien a qué atenernos, nos mienten con demasiada frecuencia, además utilizan discursos distintos en función del lugar o del pueblo al que se dirigen. Fíjese, el 14 de marzo de 2005 el presidente Barreda anuncia a bombo y platillo la firma de un acuerdo con la ministra Narbona, llamado pacto histórico en materia de agua. El señor Barreda nos habló sobre esto al día siguiente en Televisión Española, en Radio Nacional, en la COPE, en la SER, todos los periódicos el día 15 hablaban de este acuerdo o pacto histórico firmado entre Castilla-La Mancha y el Ministerio de Medio Ambiente; curiosamente el contenido del acuerdo era que gracias al acuerdo se reconocían los derechos históricos de Castilla-La Mancha en materia de agua o la prioridad de la cuenca cedente en relación con el agua del trasvase Tajo-Segura pero, casualidades del destino, el mismo día 15 la ministra estaba compareciendo en esta Comisión y a respuesta de mi compañera dijo todo lo contrario. ¿Quién mentía? La primera sensación es que quien mentía era la ministra porque casi todas las organizaciones y agentes sociales de Castilla-La Mancha días después se reunieron en Toledo para suscribir el acuerdo firmado entre Narbona y Barreda. Claro, cuando pedimos a esos agentes sociales que nos den traslado del acuerdo y ninguno nos lo da, le preguntamos al ministerio y el ministerio nos contesta que no existe acuerdo.


La señora PRESIDENTA: Señor Esteve, ha agotado su tiempo.


El señor ESTEVE FERRER: Termino. Entiéndase cuál es la sensación del resto de los mortales, cuando la sociedad articulada -como le gustaba llamar Bono a la sociedad castellanomanchega- suscribe un acuerdo que ni se firmó ni existe. Nuestra sensación es de escepticismo y esperamos que con su respuesta sepamos qué se va a hacer en materia de política de agua en Castilla-La Mancha.


La señora PRESIDENTA: Señor secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): En primer lugar, quiero señalarle que en el ministerio ni mentimos nunca ni tenemos ninguna necesidad de mentir. El ministerio desde el principio ha hecho gala de la transparencia como principio de comportamiento y de dar el acceso a la información a todos los ciudadanos como forma de ejercer esa transparencia con la sociedad. Me temo que algunas de las consideraciones que ha hecho están manifiestamente equivocadas, pero además los datos se han hecho públicos -porque el ministerio tiene la buena costumbre de hacer los datos públicos- y me ha hablado de varios temas. Primero, de los volúmenes de inversión, luego del Talave-Cenajo, luego de la conexión Fuensanta-Taibilla y luego del acuerdo entre el ministerio y la Comunidad Autónoma de Castilla La-Mancha. En primer lugar, en cuanto a las cifras, S.S. sabe muy bien que el Plan Hidrológico Nacional establecía la obligación de que a los cuatro años había que hacer un informe sobre el cumplimiento de ese Plan Hidrológico Nacional; ese informe lo hizo público el ministerio, se lo entregó a todos los miembros del Consejo Nacional del Agua, que es donde la Ley del Plan Hidrológico Nacional establecía que había que señalarlo, y no es por nada, pero el grado de cumplimiento del Plan Hidrológico Nacional en Castilla-La Mancha es del 6 por ciento en los cuatro primeros años de vigencia; se supone que debería ser el 50 por ciento. Creo que no necesita más comentarios.


Con respecto a las cifras de inversión, esto también lo hemos hecho público; son datos de los que usted debe disponer porque se ha hecho público y yo lo he traído ya en otras ocasiones a esta Cámara. Media anual de inversión real, de certificación, en el periodo 2000-2003 en Castilla-La Mancha, 49.2 millones de euros; en el periodo 2004-2005, 65.9 millones de euros, un incremento de casi el 50 por ciento; previsión en el año 2006, 87.7 y en este momento llevamos invertidos más de 60, hay previsión de que faltan por incorporar por la Intervención unos 20 millones de los dos últimos meses, y llegaremos a los 87.7, incremento del 30 por ciento con respecto a la

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cifra del año 2005. Presupuestos del año 2007, 287 millones de euros. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, junto con Murcia y la Comunidad Valenciana, son las comunidades donde en mayor medida se ha incrementado la inversión del Ministerio de Medio Ambiente, de una manera excepcional en esas tres comunidades. Luego desde el punto de vista de la inversión, no está muy bien informada S.S.; los datos son públicos y, por lo tanto, no hay nada que esconder al respecto.


Con respecto al Talave-Cenajo, en el Talave-Cenajo como en el Fuensanta-Taibilla como en las relaciones con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como sabe S.S. se ha formado una comisión, una comisión integrada de forma paritaria por el Ministerio de Medio Ambiente, por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en algunos casos con la participación también del Ministerio de Agricultura. En estas comisiones hemos estado tratando los asuntos conflictivos, los asuntos donde en principio no había acuerdo, no había posiciones comunes entre ambas partes. En el caso del Talave-Cenajo, efectivamente, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha señalaba que el compromiso y la aceptación que estaba dispuesta a realizar Castilla-La Mancha respecto a este proyecto, que es un proyecto antiguo que había sufrido bastantes modificaciones a la baja, era que sirviera exclusivamente para agua de boca. Aceptaban que si no se hacía este trasvase, este túnel, conducción o como lo queramos llamar -en la actualidad el título es conducción Talave-Cenajo-, si no se hacía esta conducción, efectivamente el río Mundo daba lugar a una contaminación, unas capas salinas que existen en el río Mundo, a un endurecimiento y contaminación de las aguas que venían del Tajo; aceptaban la realización del Talave-Cenajo siempre y cuando se redujera el caudal al caudal para agua de boca. Las modificaciones que se han realizado al proyecto, en las cuales ha intervenido la Universidad de Castilla-La Mancha, han venido ligadas a dos aspectos fundamentales: en primer lugar, a los estudios de impacto ambiental para minimizar el impacto ambiental de todas las obras y, en segundo lugar, a los elementos a incluir en las modificaciones al proyecto para garantizar que solo pasaba ese caudal de boca en el que estaba de acuerdo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Comunidad Autónoma de Murcia que fuera el caudal que circulara por esta conducción. Hay un modificado que no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado porque no se necesita, es un modificado a la baja, es un modificado donde las obras que se realizan son menores que las obras que se habían previsto. Por lo tanto, sí hay un modificado que está en proceso de aprobación en este momento, hay obras en realización, el túnel se ha iniciado, la parte final del túnel ya se ha terminado prácticamente y lo que falta es simplemente la embocadura porque falta la modificación del proyecto para garantizar que solo pasa el agua de boca correspondiente por esa zona y que puede funcionar también el túnel para la otra finalidad que tenía, que era la laminación de avenidas. Por lo tanto, es un proyecto en el que ha habido acuerdo entre las partes y hay una solución satisfactoria para las dos comunidades autónomas y racionalizadora del proceso.


Con respecto a la Fuentansa-Taibilla, también había una comisión, esta comisión lo primero que hizo fue encargar una evaluación de impacto ambiental sobre esta obra, porque, efectivamente, desde que estos proyectos se iniciaron hasta el año 2004 habían sido declarados como LIC espacios a los que afectan estos proyectos. La realización de esos estudios de impacto ambiental por parte, nuevamente, de la Universidad de Castilla la Mancha establecían que había una afección muy significativa al río Segura en una zona de alto valor ambiental y esa fue la razón para que se buscara una alternativa a esta obra, alternativa que se ha encontrado, es el Taibilla-Cenajo. Es una obra cuyo proyecto se está desarrollando en este momento, está haciéndose el proyecto correspondiente y una cosa es que la conexión Fuensanta-Taibilla siga figurando en el anexo I porque no se ha declarado todavía como obra de interés general del Estado y otra que tenga presupuesto. Si usted va al anexo I verá que para el año 2007 no tiene ningún presupuesto, los presupuestos correspondientes se van a emplear en la actuación sustitutiva que se denomina conexión Taibilla-Cenajo. No sé si habrá quedado una cantidad presupuestada, pero desde luego esta obra está desechada, está sustituida por otra actuación, la Taibilla-Cenajo, y en este momento se está realizando el proyecto de esa obra.


Con respecto al tercer aspecto, los compromisos entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el ministerio, existe una comisión, que se reúne aproximadamente cada trimestre que hace un seguimiento de las inversiones que se están efectuando en la comunidad por parte del ministerio, se ve qué inversiones se han realizado y cuáles no se han realizado. El acuerdo es que esta Comisión establezca los ritmos y las prioridades de ejecución de acuerdo con las cantidades disponibles en los Presupuestos Generales del Estado. Lo único que puedo señalar es la satisfacción de estas reuniones porque, como he mostrado al principio con las cifras, la efectividad de las inversiones y el ritmo de inversión se han incrementado muy sensiblemente en el caso de Castilla-La Mancha. Como antes le señalaba, un 50 por ciento con respecto al periodo anterior en los años 2004-2005; un 30 por ciento en 2006 con respecto a la media de los años anteriores 2004-2005 por parte del propio ministerio.


-DEL SEÑOR ÁLVAREZ ÁLVAREZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO) SOBRE PREVISIONES ACERCA DEL ABASTECIMIENTO A CÁCERES Y SU ENTORNO.
(Número de expediente 181/002751.)

La señora PRESIDENTA: Vamos a dar la palabra para formular la siguiente pregunta al señor Álvarez.


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El señor ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Señor secretario general, todos somos conscientes y cualquier Gobierno responsable también lo es, de que el agua es un bien necesario y apreciado por los ciudadanos y que hoy más que nunca -dada nuestra calidad de vida- se hace indispensable dotar a cualquier pueblo o ciudad de esta agua para sus necesidades. Cáceres es una ciudad de más de 90.000 habitantes que se abastece del pantano de Guadiloba desde hace más de 35 años, al mismo tiempo que también lo han hecho desde hace unos 15 otras poblaciones de su entorno, que se acercarán en los próximos años a una población total de más de 130.000 habitantes. El Gobierno del Partido Popular, de manera responsable, teniendo en cuenta esta circunstancia, abordó dentro del Plan Hidrológico Nacional un proyecto de mejora y ampliación de este abastecimiento y para ello la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente elaboró un proyecto de construcción de una presa en el río Almonte, a unos 16 kilómetros de la capital. Cuando estaba a punto de licitarse la construcción de la presa, llega por sorpresa el Gobierno de Rodríguez Zapatero y de manera irresponsable y con tintes sectarios -en la ciudad de Cáceres gobierna un alcalde del Partido Popular- abandona este proyecto, valorado en 28,5 millones de euros -lo mismo que se abandonó el Plan Hidrológico Nacional-, y pretende hacer un trasvase desde el pantano de Portaje, con una capacidad de 20 millones de metros cúbicos, a unos 65 kilómetros de Cáceres, con un presupuesto de más de 60 millones de euros. Por cierto, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento ha hecho alegaciones importantes a este proyecto, puesto que al tener que pasar las tuberías por encima del pantano de Alcántara, las conducciones deben colgarse de los puentes que sobre el río Tajo y el río Almonte salvan el citado pantano de Alcántara, un verdadero despropósito. Y a estas alturas, después de dos años y medio de gobierno del Partido Socialista, los ciudadanos de Cáceres y de los pueblos del entorno están pensando que la solución a los problemas tan graves de falta de agua en esta zona no los soluciona este Gobierno sino las borrascas que vienen del Atlántico, como ha sucedido este otoño. Por eso dicen que, en este caso al menos, este Gobierno es manifiestamente prescindible, También se preguntan, señor secretario general, por qué no se llevó a cabo el proyecto de la presa del río Almonte, por qué se han perdido de manera irresponsable tres años en la solución de un problema que será acuciante antes de 2010, por qué no se han abordado otras soluciones como el recrecimiento de la misma presa, del pantano de Guadiloba o la construcción de un azud en el río Tamuja que elevara el agua hasta el pantano de Guadiloba, mucho más simple, más rápida y menos costosa que el proyecto del pantano. ¿Tiene decidido el Gobierno, señor secretario general, de manera definitiva lo que va a hacer con la mejora del abastecimiento a Cáceres? ¿En qué plazos se dará por resuelto este proyecto del Gobierno? Y, ¿en qué situación administrativa se encuentra este proyecto de Portaje? Señor secretario general, me gustaría recibir contestación a cada una de estas preguntas.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Como muy bien sabe S.S., hace escasos días he tenido la oportunidad de estar en Mérida precisamente para inaugurar una de las sedes de Hidroguadiana en la Comunidad Autónoma de Extremadura para realizar una nueva reunión de la comisión de seguimiento de las distintas actuaciones que existen entre la Junta de Extremadura y el Ministerio de Medio Ambiente, y tuve ocasión de manifestar que una de las obras prioritarias que existían en este momento dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura era precisamente este abastecimiento a Cáceres.
Señalábamos que es prioritaria para la Junta y para el propio ministerio porque es una obra que viene a satisfacer no solo las demandas de agua de una manera definitiva para Cáceres, sin someterla a restricciones -que SS.SS. saben muy bien que existen- de calidad y de disponibilidad como ocurría con las otras alternativas que se estudiaron por parte de la Confederación Hidrográfica previamente a seleccionar esta obra como la adecuada-, sino también de Malpartida de Cáceres, de Sierra de Fuentes, Monroy, Santa Marta de Magasca, Casar de Cáceres, Arroyo de la Luz, Aliseda, Torreorgaz, Torrequemada, Torremocha y Botijo; soluciona el problema del agua de una manera definitiva y a largo plazo, asegurando los caudales en cantidad y calidad adecuada para todos estos municipios.
También, como sabe S.S., en julio se aprobó la declaración de impacto ambiental y la licitación del proyecto está pronta a salir. Como máximo en el plazo de un mes, esperamos que esa licitación del proyecto se pueda producir de una manera efectiva si no surge -esperamos que no surja- ningún tipo de problemas que pueda retrasar esta licitación.


La señora PRESIDENTA: Señor Álvarez.


El señor ÁLVAREZ ÁLVAREZ: El que sea una obra prioritaria, indudablemente nos satisface, pero hasta ahora no hemos visto que por parte de ese ministerio, desde que llegó al Gobierno el Partido Socialista, se haya hecho así. Fíjese, en junio de 2002, la Dirección General de Obras Hidráulicas licitó el concurso Ideas para la presa de Almonte y se lo adjudicó a la empresa Gipsa; en enero de 2003 se presentaron cuatro alternativas con el objeto de solicitar el estudio de impacto ambiental; en julio, en respuesta por escrito -por cierto, el señor Quirós está aquí- a doña Inés María Rodríguez, el Gobierno informaba que estaba en redacción el proyecto; en abril de 2004 ya estaba terminado el proyecto y estaba previsto que en agosto o septiembre de ese año pudiera estar aprobado

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el estudio de impacto ambiental; en julio de 2004, el propio presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo decía que la confederación empezará la nueva presa a mediados de 2005, un proyecto para el que prácticamente todo estaba en marcha; en los Presupuestos Generales del Estado para 2005 no se demostró esa prioridad porque no se financió nada de ese proyecto, a pesar de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular para dotar con 20 millones de euros a este proyecto y que rechazó el Grupo Socialista; en los presupuestos de 2006 tampoco apareció cantidad alguna para este proyecto de Portaje y se rechazó otra enmienda del Grupo Parlamentario Popular; y en los presupuestos de 2007, por fin, aparece el ratón, un proyecto de casi 63 millones de euros, señor secretario general, se financia con 5 millones de euros para esta anualidad, nada menos que el 8 por ciento del presupuesto total y también se ha rechazado otra enmienda del Grupo Popular. Esto nos hace pensar que hay poco interés y demuestra la falta de compromiso de este Gobierno con el abastecimiento de agua para Cáceres. Estamos mareando la perdiz, creemos sinceramente que se está jugando con los ciudadanos de Cáceres y con los de su entorno. No es seria esta situación, señor secretario general, y mucho menos si se tiene en cuenta que Cáceres tiene muchas -por no decir todas- posibilidades de ser la capital cultural europea en 2016 y lo que eso significaría no solo para la población sino para los visitantes si se vieran ante un problema de abastecimiento de agua. Claro que la receta del Gobierno -al menos la de la ministra de Medio Ambiente- ya la sabemos: 60 litros de agua al día. En ese caso, señor secretario general, creemos que no sería necesario siquiera el proyecto de Portaje. Por tanto, si es cierto que el Gobierno considera prioritaria esta obra, le ruego, señor secretario general, que pongan en marcha, que agilicen los trámites administrativos y que acepten, en todo caso, las propuestas que ha hecho del Grupo Popular de dotar con más financiación la obra, porque todos sabemos que mientras que no tenga una financiación suficiente, va a ser imposible que esté terminada. En los presupuestos de 2007 se acordó llevar la mayor parte de la financiación a 2010; como diría Don Quijote: ¡Cuán largo me lo fiáis, amigo Sancho! Espero que con este tema tan importante para Cáceres y los cacereños no ocurra lo mismo.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Habla S.S. de responsabilidad y de seriedad, y es una lástima que previamente esa responsabilidad y esa seriedad no la hayan tenido nuestros antecesores en el Gobierno y que cuando el proyecto ya estaba prácticamente terminado, después de la evaluación de los efectos ambientales, económicos y sociales previsibles para ese proyecto y fundamentalmente en lo referido al tema de la calidad del agua y la garantía de su abastecimiento, ese proyecto haya tenido que ser abandonado y hayamos tenido que iniciar otro proyecto para resolver un problema grave y urgente, en lo cual el Gobierno está absolutamente de acuerdo. Esperamos que eso no vuelva a suceder, porque en la Ley 11/2005 el Gobierno ha establecido que previamente a la realización de cualquier actuación hay que realizar esos estudios, hay que comprobar que técnicamente, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico de la eficiencia de las actuaciones, el proyecto es adecuado.
Esto es lo que ha dado lugar a tener que sustituir un proyecto por lo que sí va a ser un proyecto que resuelva los problemas no solo para Cáceres, como he dicho, sino para el conjunto de su área metropolitana.


Quiero señalar adicionalmente otra cuestión que tiene importancia.
Básicamente este proyecto se inicia, como sabe S.S., en 2004, cuando se ven los problemas que planteaba el proyecto anterior. Efectivamente, este proyecto tiene 5 millones de euros de presupuesto para el año 2007. Como le he señalado, está prevista que su licitación sea prácticamente inmediata, lo que exige establecer una serie de plazos: tres meses, más dos meses adicionales para la resolución del correspondiente concurso y un mes adicional para la firma del contrato; después viene el replanteo de la obra. Sume S.S. los meses de los que estamos hablando y comprobará cuánto nos vamos a poder gastar en el año 2007 para la realización del correspondiente contrato. La urgencia está definida tanto por la Junta de Extremadura como por nosotros. El año que viene iniciaremos las obras y aunque haremos todo lo posible por gastarnos más dinero, difícilmente certificaremos poco más de esos 5 millones que están previstos en los Presupuestos Generales del Estado.


-DEL SEÑOR GARCÍA DÍEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO) SOBRE PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA DE NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE LUGO. (Número de expediente 181/002753.)

La señora PRESIDENTA: Señor García Díez.


El señor GARCÍA DÍEZ: Señor secretario general, cuando planteé esta pregunta, hace ya algún tiempo, estaba previsto iniciar la obra, de la que ahora usted me hablará, de la nueva estación de tratamiento de agua potable para mi ciudad, para la ciudad de Lugo. Había el compromiso por parte del Gobierno de la nación y también por parte del alcalde y del gobierno municipal de que esta obra se comenzaría en enero del año en curso y aproximadamente, si no me falla la memoria, no hace ni un mes que se dio comienzo a estos trabajos, con casi 12 meses de retraso. Por tanto, en primer lugar, cabría preguntar cuáles son las nuevas previsiones para poder cumplir con los compromisos iniciales, pero realmente, señor secretario general, estará de acuerdo conmigo en que lo que hoy más puede preocupar a los ciudadanos, lo que hoy está preocupando en la ciudad de Lugo no es tanto el

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retraso en la ejecución de estas obras como el debate sobre la oportunidad de seguir captando el agua que va a abastecer a la ciudad de Lugo, que vamos a beber todos los lucenses, de la misma fuente de donde durante los últimos años, durante muchos años, se ha estado captando, que no es otra que el río Miño, un río que usted sabe que tiene un potencial muy alto de ser contaminado, como lo ha sido, como digo, en los últimos años.
Ignoramos las razones -al menos yo las ignoro- por las que se decidió abordar esta alternativa a la hora de decidir esta importante inversión y no se estudiaron otras opciones u otras alternativas. No lo digo improvisando, lo digo porque, si no estoy equivocado, en el Ministerio de Medio Ambiente, con anterioridad al periodo último de Gobierno del Partido Popular, existían planes, proyectos y estudios en los cuales la solución al problema de abastecimiento de la ciudad de Lugo pasaba por captar agua de otros cauces, de otras fuentes, concretamente creo que se había abordado la posibilidad de hacerlo del río Neira. Ahora que ustedes vuelven a tener esa responsabilidad de gobierno cambian su propio criterio -no sabemos, insisto, las razones-, y nos preocupa, como le decía, que ese proyecto que ahora se está comenzando sea incapaz de resolver los problemas, sobre todo de calidad del agua -por supuesto, doy por hecho que tiene que resolver los problemas de potabilidad-, que es una palabra que creo que lleva implícito que los propios lucenses, los consumidores, puedan apetecer del consumo de esa agua y no seguir adquiriéndola embotellada como se hace de forma casi generalizada en este momento. Sería incalificable -supongo que estará usted de acuerdo conmigo, que lo estaremos todos- que después de invertir, según las cifras que maneja el propio ministerio y que se me han facilitado en respuesta a otras preguntas escritas, en torno a unos 33 millones de euros -cifra que supone el total de la inversión prevista en el conjunto de las acciones-, se mejora poco la situación actual. Por ello, nos gustaría saber si estas mejoras, tanto desde el punto de vista químico como biológico y desde todos los parámetros que lleva implícita la potabilidad y la calidad que contempla este proyecto, suponen un salto cualitativo sobre la situación actual y si lo será por mucho tiempo. Esto es lo que quería trasladarle hoy al ministerio a través del secretario general.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Como muy bien sabe, la primera solución prevista para el abastecimiento a Lugo era a partir de la presa del Narla, presa que se situaba sobre un LIC y desde ese punto de vista se consideraba ambientalmente no aceptable, con lo cual esa presa fue desestimada y se realizó una serie de estudios para ver cuáles eran las alternativas más adecuadas desde el punto de vista de la satisfacción de las demandas de agua en calidad y en cantidad para la ciudad de Lugo y su entorno en el ámbito de los próximos decenios, en concreto, para el horizonte del largo plazo y para el cumplimiento de las especificaciones de la Directiva-marco del Agua para el año 2015. De todas las alternativas que se estudiaron, se consideraba que la que mayor garantía establecía de calidad y de cantidad, que no de menor volumen de inversión, era la que tenía que ver con la obra que se está llevando a cabo en este momento, a la que en su conjunto se han adjudicado 24 millones de euros, que se han adjudicado a Acunor para la realización de la captación, y que vendrá acompañada posteriormente por las obras ligadas a la estación de tratamiento de agua potable y a las distintas conducciones que permiten resolver la actuación de una manera adecuada. Esta actuación no es solamente la que establece mayores garantías, sino que también es la que establece un plazo más satisfactorio de realización y, por lo tanto, la no aparición de posibles problemas de garantía de abastecimiento para la ciudad y su entorno. En concreto, prevemos que esta obra pueda estar finalizada para el mes de junio del año 2008 y que pueda entrar en funcionamiento en el verano de ese mismo año. Como sabe S.S., las obras se iniciaron en octubre de este mismo año y el plazo de realización previsto nos llevaría a esa fecha de junio del año 2008 como fecha de entrada en funcionamiento.


La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene tiempo para una concisa intervención de dos minutos.


El señor GARCÍA DÍEZ: Si le planteaba estas cuestiones a las que hacía mención es porque hoy hay mucha más preocupación, como decía, más que por los plazos, por el tema de la calidad. Según el último análisis que publica la OCU y que han recogido distintos medios de comunicación, que podrá usted haber observado y conocido, el suministro de agua a la ciudad de Lugo es el que más empeoró en el último año -matizo, en el último año- de toda España; lo matizo porque como durante toda la mañana hemos escuchado un argumentario común de descalificaciones hacia la gestión del anterior Gobierno, no es precisamente bajo el anterior Gobierno del Partido Popular cuando empeoró la calidad del agua. El Partido Socialista lleva gobernando en la ciudad desde hace casi ocho años y en España desde hace más de dos años. Dicho análisis lo recogen muchos titulares de prensa, como por ejemplo: el agua está al límite de la calidad para el consumo humano, contiene 146 microgramos de trihalometanos por litro -antes, hace un año, eran 105, de ahí el empeoramiento- cuando el máximo legal hoy es de 150, de ahí que esté al límite, y el recomendable es de 100. Con todos estos datos, la ingesta de estas sustancias -dicen estos estudios- durante periodos prolongados de tiempo pueden ser perjudiciales para la salud e incluso, según se publica por la OCU, con complicaciones en el hígado y en el riñón. Por todo ello, usted estará de acuerdo conmigo, supongo, en que a los ciudadanos les preocupe que el proyecto en cuestión del que estamos hablando pueda resolver definitivamente

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estas cuestiones. Yo quisiera transmitirles, en este caso al representante del Gobierno, que en Lugo dudamos de que con esta misma fuente de captación, a pesar de lo que nos acaba de decir, se logre variar esta grave situación. Solucionado, por tanto, este problema del proyecto, ¿será suficiente para conseguir niveles de potabilidad y calidad a pesar de no variar la fuente? ¿Conseguirá la nueva etapa que el agua que bebamos, además de cumplir los parámetros, sea utilizable porque sea apetecible? No olvidemos que casi estamos fabricando el agua. Me preocupa como consumidor y, finalmente se lo digo, me preocupa como futuro alcalde de la ciudad de Lugo, que voy a tener que recibir las quejas de los ciudadanos y voy a tener que promover nuevos proyectos alternativos.


La señora PRESIDENTA: Secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Como muy bien señalaba S.S., el alcalde de la ciudad de Lugo lleva ocho años y a lo mejor por eso tuvimos nosotros que afrontar en abril del 2004 la solución a los problemas del agua en Lugo, que ha llevado a esa situación que S.S. señala. Efectivamente, he dicho que hemos licitado y adjudicado definitivamente las obras el 30 de julio del 2006; reste S.S. los dos años que suele llevar todo el proceso, desde que se inician las actuaciones hasta que se puede licitar, y comprenderá cuándo iniciamos el proceso de solucionar el problema del agua en Lugo, que no se había iniciado en los años anteriores. Afortunadamente, en la actualidad es posible garantizar, sin ningún género de duda, la calidad y la potabilidad del agua con las plantas de tratamiento que se están estableciendo, porque el desarrollo tecnológico permite que tanto la calidad como aspectos ligados a los sabores, a los componentes, queden perfectamente resueltos. El problema, una vez estén terminadas las actuaciones, igual que en general en todas las ciudades, con las actuaciones que en la actualidad se están llevando a cabo, desaparecerá; todos los ciudadanos no solo de Lugo sino de todas las ciudades de España que tienen nuevas plantas de tratamiento de agua potable, ese problema lo tienen absolutamente resuelto. Es una pena que Lugo no haya tenido la oportunidad de que se realizaran antes los correspondientes proyectos y se ejecutaran con la prontitud que los ciudadanos de Lugo demandan.


-DEL SEÑOR MERINO DELGADO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO) SOBRE PROYECTOS A LOS QUE SE PIENSA DESTINAR LA PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DE BERNARDOS (SEGOVIA), SUPRIMIDA POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (Número de expediente 181/002763.)

La señora PRESIDENTA: Tiene ahora la palabra el diputado Jesús Merino Delgado.


El señor MERINO DELGADO: Señor secretario general, ustedes tradicionalmente clasifican a las provincias y a las regiones en las políticamente afines, las políticamente necesarias y las políticamente contrarias. Después de lo que estamos viendo en el caso que planteamos en esta pregunta, mi provincia desde luego está clasificada en la tercera categoría. Y si en materia de medio ambiente el Gobierno socialista no ha hecho nada, en tres presupuestos que llevamos ya ejecutados por parte del Gobierno en la provincia de Segovia pese a sus graves problemas de abastecimiento, tampoco lo hizo en los casi 14 años de Gobierno de don Felipe González. Efectivamente, después de esos 14 años tuvo que ser un Gobierno del Partido Popular quien proyectase y presupuestase la presa de Bernardos, que mejoraría el abastecimiento de un gran número de municipios en las provincias de Segovia y de Valladolid. Así figuraba ya en el presupuesto del Estado del año 2004, cuando llegó el Partido Socialista al Gobierno, y de nuevo llegó el abandono a la provincia, la falta de compromiso, la pésima gestión de los proyectos, que los suprimen y no dan alternativas. La ministra de Medio Ambiente llegó a Segovia en verano del año 2004 y, después de numerosas fotos, prometió solemnemente que la presa de Bernardos no se haría, pero que ese dinero no lo perderían los segovianos sino que su importe, que eran más de 60 millones de euros, se utilizaría en otras obras que fuesen importantes para el abastecimiento de la provincia -estoy repitiendo casi textualmente sus manifestaciones-. Por eso yo le pregunto, casi tres años después, tres presupuestos después, ¿qué obras ha realizado el ministerio, qué obras han realizado ustedes con cargo a ese presupuesto prometido por la ministra en la provincia de Segovia?

La señora PRESIDENTA: Secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Puesto que S.S. ha hecho una referencia a la historia reciente de la presa de Bernardos y a los problemas de la zona, creo que es conveniente, para una información adecuada de todo el proceso, señalar que esta presa es del siglo pasado, con lo cual su diseño y los primeros proyectos de esta presa vienen de 1900 y se incluyen dentro del Plan general de pantanos y canales. Es importante señalarlo porque quizá eso nos permita comprender por qué cuando se realiza la correspondiente evaluación de impacto ambiental de esta presa es una de las primeras que tienen el gran privilegio, entre comillas, de obtener una declaración de impacto ambiental negativa y, por lo tanto, tener que ser excluida de los planes de intervención del ministerio. En segundo lugar, es importante también hacer referencia a las utilidades que teóricamente iba a cubrir esta presa; y, desde ese punto de vista, es conveniente ver cuál era el convenio. Esta presa, por parte del Gobierno anterior, se encomienda a la Sociedad Estatal de Aguas del Duero,

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con unos objetivos y con unos presupuestos iniciales en el primer convenio de gestión que hacen referencia a una utilidad básica para producir energía hidroeléctrica; tanto es así, que prácticamente dos terceras partes de la financiación de la presa provienen de fondos privados y solo un tercio proviene de la Sociedad Estatal Aguas del Duero. Ese convenio inicial de gestión se modifica y la participación pasa a ser mayor; se llega a esa cifra de 62 millones de euros aproximadamente, que el ministerio está comprometido no a dedicar a esta presa sino a solucionar los problemas que existen en su área de influencia. Esos problemas, según el Gobierno anterior, se centraban en dos ámbitos. Uno, que difícilmente encontraba en la presa una solución adecuada, es el ámbito de los regadíos. Se supone que esta presa iba a servir para realizar regadíos en una zona en la que el Plan Nacional de Regadíos, también realizado por el Gobierno anterior, no tenía previsto que hubiera nuevos regadíos y, por lo tanto, nuevas aportaciones ni concesiones de recursos hídricos. Y en segundo lugar, el abastecimiento a una serie de municipios que tienen alternativas afortunadamente mucho más económicas y mucho más sencillas, puesto que recuerdo -y el tema de que hay alternativas mucho más económicas es importante- que la Directiva-marco del Agua obliga a repercutir íntegramente los costes y la amortización de las inversiones que se realizan sobre los usuarios de ese recurso. Por lo tanto, el que haya alternativas mucho más económicas es un aspecto importante.


¿Cuál es el resumen de todo ello? Pues, en resumen, nos encontramos con que las soluciones que hasta ahora se habían estudiado no son válidas, porque desde el punto de vista de la viabilidad económica, ambiental y técnica no son las soluciones adecuadas. Y desde el punto de vista de los estudios realizados para optimizar esas soluciones, en este momento la sociedad Aguas del Duero, que sigue teniendo encomendada la resolución de los proyectos de abastecimiento a esta zona, está negociando y desarrollando dos actuaciones fundamentales. Primero, garantizar la aportación de caudales para el abastecimiento humano a las 36 poblaciones que conforman la mancomunidad del Eresma, mediante la construcción de un pequeño embalse que en este momento está en estudio, con dos soluciones en concreto: un pequeño embalse superficial o un embalse, que también tendría efectos muy positivos desde el punto de vista de la satisfacción de los regantes que existen en la actualidad, con la estructura que tienen en la actualidad, que no son propiamente embalses, son cubetas subterráneas que permitirían simultáneamente el abastecimiento a la población y la recarga de acuíferos para que los regantes pudieran seguir funcionando. De esta manera, con este tipo de solución, también podríamos solucionar en parte la sobreexplotación de los acuíferos del Páramo de Cuellar y de Los Arenales o, en su caso, si esta solución no fuera suficiente, estableceríamos un proyecto complementario para actuar sobre esta sobreexplotación y que los regantes actuales pudieran seguir satisfaciendo sus necesidades como lo hacen en la actualidad. Una solución mucho más económica y eficiente, dada la estructura del regadío en el área. Por lo tanto, hay solución, sigue habiendo solución dentro de la Sociedad Estatal Aguas del Duero y, por desgracia, igual que sucedía en los casos anteriores, es una solución nueva, una vez que se ha tenido que desechar la anterior por inadecuación, mal estudio, mala planificación y mala programación de las actuaciones desarrolladas por el Gobierno anterior.


La señora PRESIDENTA: Señor Merino, tiene tiempo para una segunda intervención.


El señor MERINO DELGADO: Efectivamente estos proyectos, como usted ha dicho, vienen de hace muchos años. Por tanto, la mala planificación viene heredada y si se hubiera hecho en la época en que el Gobierno socialista empezó a planificar esa presa, en tiempos de don Felipe González, posiblemente no se hubiera producido el abandono progresivo de poblaciones, como se ha ido produciendo en los últimos 30 años en toda esa zona. Porque 14 años de Gobierno socialista, ocho de Gobierno del Partido Popular y tres más son ya casi 25 y, por lo tanto, estamos hablando de una época suficientemente larga como para que se pudiera haber hecho antes de llegar al Gobierno el Partido Popular.
Efectivamente, la ministra no habló de que ese dinero se iba a emplear en esa zona, habló de que se iba a emplear en las necesidades de abastecimientos y de proyectos que tuviera la provincia. Y hay ejemplos claros, como el recrecimiento de la presa del río Tejo, en El Espinar, que soporta épocas de más de 40.000 habitantes, el abastecimiento a la mancomunidad de La Atalaya, que es un conjunto de municipios que sufren escasez y que tienen que llevar cisternas pese a la presión que supone que cientos de madrileños tienen allí su segunda residencia, y la presa del río Viejo; son obras pequeñas, como la que usted ha citado, que deberían incluirse en ese presupuesto. Estas pequeñas obras y otras similares no llegan en su coste total al importe comprometido en esa presa. Por tanto, admitiendo que esa presa no se va a hacer, deberían ustedes haber iniciado proyectos para todas esas obras, y no lo han hecho. Únicamente se despachan con un plan del Eresma, pero a día de hoy la Confederación Hidrográfica, la Sociedad de Aguas y el ministerio han gastado en Segovia un millón de euros, según la última contestación que ustedes me han dado, en el año 2006. Un millón de euros en toda la provincia, cuando existen estos problemas. Por tanto, ¿dónde ha ido ese dinero que año tras año se nos está negando? La ministra dejó claro en Segovia que ese dinero se emplearía en otros proyectos que fueran importantes para la provincia. ¿Mintió la señora ministra? ¿No dijo la verdad? ¿Engañó a los ciudadanos de Segovia? No es la primera vez, por supuesto, que este Gobierno lo hace.


De todas las preguntas que hoy ha planteado el Grupo Socialista, el 90 por ciento eran consecuencia de malos

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proyectos, de abandonos, de retrasos, de mala gestión del Gobierno del Partido Popular, que según ellos dejó a España bajo mínimos; menos mal que llegó el Gobierno del Partido Socialista, que después de casi tres años ha dado solución, curiosamente, a todos los problemas planteados en esas preguntas, en sus preguntas, pero parece que desgraciadamente en este caso ni quieren cumplir sus promesas ni tiene voluntad política de hacerlo. Que suerte tienen el señor Heredia y la señora diputada de Málaga, que decían: Muchas gracias por hacernos cinco paseos marítimos.
Lo ha hecho su Gobierno, y aquí pedimos solamente que podamos beber el agua y que no se pierda por esa red de abastecimientos tan deteriorada; debe ser que el importe de esta presa se ha gastado en esos cinco paseos marítimos, todos ellos en Málaga, lo cual a nosotros nos alegra mucho por los malagueños, pero en la provincia de Segovia, como le he dicho, en todo el año 2005 el ministerio, según la respuesta escrita, ha gastado un millón de euros. Eso creo que es suficientemente vergonzoso, tratándose de una provincia con grandes bosques de pinares, con zonas protegidas del patrimonio nacional, etcétera. Señor secretario general, debía usted considerar seriamente que hay que cumplir lo que la señora ministra ha prometido ahí varias veces. Está en la prensa, está en las declaraciones públicas que ella hizo, nosotros tenemos que confiar en la palabra de la señora ministra, pero a día de hoy han pasado tres años, ya no se puede imputar todo al Partido Popular; han pasado tres presupuestos, ustedes tenían que haber ejecutado ya esas obras. Son obras menores, no son obras importantes que necesiten de unos informes de impacto ambiental complejos; la obra que usted ha citado es una obra pequeña que es absolutamente necesaria y las tres que yo le he citado también son obras pequeñas estrictamente necesarias. Usted tiene que hacer algo para que, antes de que acabe la legislatura, no podamos decir: la ministra nos ha mentido.


La señora PRESIDENTA: Le voy a dar tiempo para una brevísima respuesta.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Simplemente quiero señalarle tres cuestiones. En primer lugar, reiterando lo de las mentiras, difícilmente se miente cuando los 62 millones siguen estando en la Sociedad de Aguas del Duero a disposición del proyecto. En segundo lugar, le quiero recordar que las competencias en las obras que usted señala no son competencias del ministerio; el ministerio ha hablado en reiteradas ocasiones con la Junta de Comunidades de Castilla y León para señalarle que si no son obras de interés general del Estado, la vía para actuar en las obras que conjuntamente establezcamos, es la vía del convenio. Finalmente, vamos a iniciar un convenio -están sentadas todas las bases para iniciar un convenio con la Junta de Castilla y León- para actuaciones en el campo del saneamiento, lo que no tiene nada que ver con esto. En el campo del abastecimiento, estamos dispuestos y contamos con las disponibilidades económicas para intervenir, desde el punto de vista de actuaciones de abastecimiento a los municipios, conveniando, porque es la única manera de que podamos hacerlo dado el ámbito competencial en que nos movemos, con la Junta de Castilla y León al respecto. No hay ningún problema en ese sentido. A Aguas del Duero se le habría encomendado la realización de esas obras por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto existen las disponibilidades económicas. Son, como muy bien ha señalado, pequeñas obras que competen a la comunidad autónoma y a los ayuntamientos, en su caso, pero en las que, vía convenios y de acuerdo con el compromiso de la ministra, se puede intervenir si se llega al acuerdo correspondiente.


-DE LA SEÑORA SÁNCHEZ GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO) SOBRE SITUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DEL ARROYO DE VILLALOBÓN, EN LA URBANIZACIÓN DE DICHA ZONA, EN OPINIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO, ANTE LAS ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE LA ZONA INUNDABLE DEL SECTOR 8 EN PALENCIA. (Número de expediente 181/002827.)

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la diputada doña Celinda Sánchez García.


La señora SÁNCHEZ GARCÍA: El Ayuntamiento de Palencia en el año 2002 aprobó inicialmente el proyecto del plan parcial del sector 8, que abarcaba una superficie de 202.000 metros cuadrados para la construcción de 984 viviendas, un centro comercial y de ocio, un nuevo estadio de fútbol, que ya ha sido inaugurado, y 1.500 plazas de aparcamiento en superficie. (El señor vicepresidente, Merino Delgado, ocupa la Presidencia.) Hago esta referencia porque, según el concejal de Urbanismo del Partido Socialista, es el sector de todo el plan general que pone en el mercado más cantidad de solares para la construcción de viviendas.
Pues bien, como es preceptivo, fue remitido a las administraciones públicas este informe, entre ellos, por supuesto, a la Confederación Hidrográfica del Duero, precisamente por el cauce del arroyo de Villalobón. Transcurrido un mes de esa solicitud, este proyecto pasa a Pleno para su aprobación definitiva, y en ese Pleno se dice, y así consta porque está escrito, que no hay respuesta de la confederación hidrográfica y, por tanto, es aprobado el 14 de noviembre de 2002. Pues bien, hace unos meses se ha conocido que ese informe existía, que se había remitido al ayuntamiento un día antes del Pleno, es decir el día 13 de noviembre de 2002, según el sello municipal de dicho ayuntamiento. Es decir, este informe decía que no autoriza la construcción de viviendas en zona inundable si no se toman las medidas correctoras; por tanto, este

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informe es vinculante y fue ocultado al Pleno, Pleno que fue celebrado, vuelvo a repetir, un día después del sello de este informe en el ayuntamiento. Como usted conoce, ha sido causa de polémica, de preocupación por parte de los palentinos y, sobre todo, esto es un escándalo político y ha sido motivo de intervención judicial porque precisamente en el Código Penal está tipificado como custodia de documentos. Es decir, el señor alcalde del Partido Socialista y presidente de la Federación Española de Municipios ha dicho que él desconocía este documento. Pero además de que no sabe nada al respecto, su grupo de concejales también dicen que no tienen ni idea de lo que se está diciendo, a pesar de que está en el expediente y que nadie sabe quién lo ha puesto en dicho expediente después de ser aprobado por el Pleno. Obviamente, la prensa ha hecho un seguimiento específico de este tema y aprovechando un acto con el presidente de la confederación hidrográfica, le preguntó en qué situación se encontraba el sector 8 en Palencia. Y claro, su contestación todavía arroja más dudas y preocupación al respecto. Porque los titulares son: el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero reconoce que la zona de Pan y Guindas será inundable hasta que se haga el soterramiento del tren; matiza: es inundable pero menos inundable. Por tanto, la pregunta que le quiero hacer hoy es: ¿Me quiere usted informar, para que a su vez yo informe a los palentinos, si el sector 8 es o no inundable? Porque el que sea menos inundable no cabe, o se inunda o no se inunda. Por cierto, el arroyo de Villalobón se desbordó en el año 1997 y causó unos problemas impresionantes a este barrio; hay que buscarle una solución, solución que viene planteándose desde el Gobierno anterior. Hasta que el propio ayuntamiento socialista decida cuál va a ser la solución para la estación del tren de alta velocidad, que parece ser que es el soterramiento, hay que darle una solución a este problema. Por otro lado, el alcalde dice que esa solución ya debe de estar tomada por parte del Ministerio de Medio Ambiente, puesto que va a presentar el proyecto del soterramiento en breve en Palencia. Yo espero que usted hoy aclare estas dudas.


El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Tiene la palabra el secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Empezábamos con preguntas de inundaciones y terminamos con preguntas de inundaciones. De los problemas graves que tenemos en nuestros ríos, como consecuencia de lo que señalaba al principio de mi intervención, de los aproximadamente 65.000 kilómetros de cauces existentes, tenemos hecha la delimitación del dominio público hidráulico en menos de 1.000. Eso implica que las áreas de inundación, que se determinan a la vez que las áreas del dominio público hidráulico, en la mayoría de los casos no están realizadas, con el consiguiente riesgo que existe para la población y para los desarrollos que se están produciendo en muchas áreas donde no se deberían producir. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) También he señalado que, desde el punto de vista del ministerio, en las modificaciones que está haciendo a la Ley de Aguas se establecen las medidas correspondientes para proporcionar una delimitación de las áreas inundables, para que las autoridades competentes, es decir, las comunidades autónomas y los ayuntamientos -el ministerio no es competente, ni la confederación hidrográfica tampoco, para decir qué se puede hacer o qué no se puede hacer en el área inundable, el ministerio lo que dice es cuáles son las áreas inundables-, las comunidades autónomas a través de su ordenación del territorio y los ayuntamientos a través de su planeamiento urbanístico, con los planes de prevención de inundaciones o con los planes de ordenación del territorio, establezcan las áreas a preservar de la inundación. El ministerio lo único que puede decir es la delimitación del dominio público hidráulico, donde no se puede hacer nada porque pertenece a todos los españoles, las áreas de servidumbre, donde se puede hacer lo que la ley establece, y cuáles son las áreas previstas de inundación con periodo de retorno; normalmente se calcula la avenida ordinaria o la normal, que es la de cinco años, que sirve para delimitar las áreas que he señalado, y después la de cien y la de quinientos años, que son las que deben servir para que las comunidades autónomas establezcan las áreas de afección y protección contra inundaciones y los ayuntamientos las trasladen a su planeamiento urbanístico. Dicho esto, la solución en el caso que nos ocupa tiene que ser coordinada, en este caso con el Ministerio de Fomento, con el Ayuntamiento y con el Ministerio de Medio Ambiente, que son los tres afectados por la actuación. Efectivamente, estamos teniendo una serie de reuniones, la última, si no me equivoco, la semana pasada, para el desarrollo de un convenio donde se establezcan las actuaciones que se van a llevar a cabo por parte de cada una de las administraciones y de cada uno de los departamentos para solucionar, de una manera definitiva, los riesgos que existen y que están siendo crecientes en todas las áreas urbanas de este país. Cada vez que se urbaniza un territorio, el riesgo de inundación no solo aparece en el área directa de intervención, sino que también aparece en el área afectada por la actuación. El tipo de solución que se está buscando es una solución que ya estaba prevista, que se había estudiado como alternativa en épocas anteriores, es decir, estamos estudiando la posibilidad de actuaciones de limpieza de márgenes y de prevención de la población afectada como consecuencia de las áreas inundables a largo plazo por el arroyo, y también una actuación de variante, de desvío de lo que sería el arroyo hacia un cauce que permite un desagüe adecuado de las avenidas. Ese desvío solamente entraría en funcionamiento en caso de grandes avenidas, pero garantizaría la disminución o la anulación del riesgo para el conjunto de la población de la ciudad de Palencia.


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La señora PRESIDENTA: Señora Sánchez García.


La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Bueno, si yo traía dudas, me voy con más. Ahora resulta que usted, a la pregunta que le he hecho, no ha querido contestarme. Usted ha sido muy hábil. Es cierto, el ministerio no miente, pero, usted arroja una confusión increíble. Ha sido habilísimo, le felicito, no me ha contestado a lo que le he preguntado. ¿Qué tienen que opinar en estos momentos y qué les digo yo a las mil familias que tienen esas viviendas construidas y a las que las declaraciones del presidente de la confederación hidrográfica han arrojado un gran desconcierto? Con todos mis respetos, usted tiene que saber que al único que le pueden preguntar sobre este tema es al que es competente en temas del agua y, que yo sepa, el competente es el ministerio y, en este caso, su representante en Castilla y León, que es el presidente de la confederación. No me ha contestado nada, pero yo le voy a decir algo: me alegra muchísimo que estén ustedes ya de acuerdo con el ayuntamiento y que, por fin, se deshoje la margarita. Pero sinceramente, aquí, en el año 2005, el señor Monfort, secretario general de Infraestructuras, me dijo que el problema del arroyo de Villalobón, a pesar del encauzamiento que hizo en su momento el alcalde con fondos europeos, no sirve absolutamente para nada y que hay un problema gravísimo por el cauce de ese arroyo y que no era factible el soterramiento. Es decir, estamos hablando de una obra de una envergadura tremenda, que no es fácil, lo reconozco, pero ustedes no dan soluciones. Usted hoy aquí no me ha contestado, sé que le quedan unos minutos, haga un esfuerzo, dígame solamente si es o no inundable con lo que está ya construido, no me hable de lo que va a pasar ahora con el arroyo; en estos momentos, actualmente. Era un informe vinculante y eso para un político que está en la Administración pública, la ocultación de ese documento es muy grave, y estamos hablando del año 2002. Yo pregunto, si ese documento es vinculante, ¿por qué no se dijo después? Y si no tiene ninguna importancia para la zona y no vamos a tener ningún problema, ¿por qué no se dio a conocer? Pero usted aquí hoy no me ha dicho nada. Es usted hábil, pero a mí eso no me sirve y a los palentinos, menos. Haga un esfuerzo, contésteme, por favor, que le quedan unos minutos.


La señora PRESIDENTA: Señor secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Me parece que le he contestado perfectamente. Le he dicho que en este momento se está firmando un convenio para resolver el tema de las áreas inundables que existen en el municipio de Palencia. ¿Existen áreas inundables? Pero si ha habido inundaciones, ¿cómo no van a existir áreas inundables? Lo que sucede es que las áreas inundables tienen un periodo de retorno asociado, es decir, las inundaciones en España se producen, por las propias características físicas, climáticas y geomorfológicas de los territorios, con una cierta periodicidad. Hay inundaciones con periodos de retorno de cien años, de quinientos. ¿Es inundable Palencia? Pero si ha habido inundaciones que la han inundado, ¿cómo no va a ser inundable? Claro que lo es, es inundable. ¿Están en marcha los proyectos para resolver esa situación, que es real en este momento, al margen de que se haga o no se haga el soterramiento? Sí. En este momento, tal y como están las cosas, sin ningún tipo de obras, Palencia tiene áreas inundables, igual que muchísimas ciudades españolas, y los proyectos y el convenio que se están desarrollando es para que esas áreas inundables desaparezcan, para resolver ese problema, y las administraciones competentes para regular lo que se puede hacer o no en las áreas inundables son las comunidades autónomas, no la Administración General del Estado; el que la Administración General del Estado diga que un área es inundable no significa nada si la comunidad autónoma, que es la que tiene la competencia en ordenación del territorio, no establece la regulación correspondiente. La Administración General del Estado solo puede señalar en un mapa cuáles son las áreas inundables, que es lo que vamos a hacer de una manera mucho más ágil a partir de las modificaciones que estamos estableciendo en la ley.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario general, por su presencia en esta Comisión.


-DE LA SEÑORA GARCÍA SUÁREZ (GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS) SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA REFINERÍA DE TIERRA DE BARROS (BADAJOZ). (Número de expediente 181/002213.)

La señora PRESIDENTA: Vamos a dar paso a la comparecencia del secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático.
Quedan pendientes dos preguntas para el secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático y después hay tres comparecencias que se tramitarán conjuntamente a solicitud del Grupo Socialista.


Damos la palabra a la diputada García Suárez, que tiene seis minutos para formular su pregunta.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Señor Gonzalo, secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, quisiera repartir mi tiempo, ahora de forma breve y después, en función de su respuesta, quisiera volver a hacer una nueva intervención.


Nuestro grupo parlamentario es conocedor de la posibilidad de que se lleve a cabo un proyecto de instalación de una refinería de petróleo en Extremadura, concretamente

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entre los municipios de Villafranca de los Barros, Los Santos y Fuente del Maestre, alrededor de la sierra de San Jorge. También somos conocedores de la opinión y de la preocupación que tiene una gran parte de los vecinos de estas poblaciones y que están siendo canalizadas de manera ejemplar a través de la plataforma ciudadana Refinería No. Por eso, nuestro grupo ya formuló unas preguntas por escrito este año, concretamente en la primavera, y también una pregunta en Comisión que es la que hoy vamos a plantear. Nos preocupan muchísimo las consecuencias medioambientales de este proyecto, ya que la necesidad de construir un oleoducto, debido al proyecto, procedente del puerto de Huelva, implica que se tengan que bombear seis millones de toneladas de crudo anuales a una distancia de unos 200 kilómetros de longitud, con un desnivel total de más de 400 metros de altura y, además, dicho oleoducto atraviesa necesariamente el parque natural de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche y, según la memoria resumen de dicho proyecto, la planta necesita algo así como 4 hectómetros cúbicos de agua potable al año, que será suministrada desde el pantano de Alange, perteneciente a la cuenca del Guadiana y además verterá sus aguas residuales a dicha cuenca. Aparte de otras muchas preocupaciones, como usted puede imaginarse, señor Gonzalo -he resaltado en esta primera intervención algunas de ellas-, nuestro grupo parlamentario tiene un gran interés en conocer -además sabemos que quizás es muy oportuna esta pregunta en el momento en que la estamos realizando, porque ha finalizado recientemente la fase de consulta por parte de su ministerio- y en qué punto está este proyecto y cómo lo valora el ministerio.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el secretario general también por un tiempo global de seis minutos.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO (Gonzalo Aizpiri): Señorías, el proyecto al que se refiere S.S. está siendo objeto de un intenso debate social y de una intensa atención institucional y de la opinión pública. En todo caso, es importante tener presente la tramitación de una declaración de impacto ambiental como la que nos ocupa y, por tanto, conocer también el momento en el que el Ministerio de Medio Ambiente se puede pronunciar sobre la sustancia de la valoración ambiental del proyecto. Ese momento llegará cuando emitamos la declaración de impacto ambiental. Hasta entonces, el Ministerio de Medio Ambiente no puede hacer ninguna valoración preliminar sobre la viabilidad ambiental del proyecto porque supondría ignorar elementos cruciales del procedimiento como es, por ejemplo, la fase de información pública. En todo caso, resumiré cuáles han sido hasta el momento las actuaciones del ministerio.


Como ustedes saben, el promotor presentó inicialmente una memoria resumen que incluía únicamente el proyecto de refinería, no tenía en cuenta la construcción del oleoducto, de las infraestructuras portuarias, y la primera solicitud que le hizo al promotor el Ministerio de Medio Ambiente fue que la memoria resumen contemplara todos los previsibles impactos relevantes del proyecto, incluyendo el oleoducto y las infraestructuras portuarias. El promotor incorporó a la memoria resumen lo que le habíamos solicitado y fue presentada la memoria resumen el 17 de abril de 2006. Es decir, quiero recordar que a efectos de la tramitación del proyecto en el Ministerio de Medio Ambiente, el reloj se pone realmente a cero en abril de 2006. Además, como he dicho, se trata de un proyecto de gran envergadura y que ha suscitado un intenso debate público, de modo que hemos hecho un proceso de consultas previas también extraordinariamente amplio, dando la oportunidad de pronunciarse preliminarmente sobre los elementos a tener en cuenta en el estudio de impacto ambiental a un número muy elevado de instituciones. Hemos consultado a 140 entidades, entre ellas 100 ayuntamientos. Esto tiene pocos precedentes pero es que, como S.S. ha dicho, hay una infraestructura lineal que tiene diversas alternativas a priori que cruza un gran número de términos municipales.
Quiero subrayar que en esta primera fase no solicitamos la opinión sobre el proyecto, solicitamos una valoración preliminar de qué aspectos se tienen que tener en cuenta en el estudio de impacto ambiental. Es algo que permite orientar al promotor en lo que es su responsabilidad, que es elaborar el estudio de impacto ambiental, pero, si no existiera esa fase de consultas previas, el estudio de impacto ambiental podría no atender las preocupaciones que suscita el proyecto entre todo tipo de instituciones y partes afectadas. Es notable que en esta fase de consultas previas hayamos recibido un volumen de respuestas y de alegaciones de partes interesadas que normalmente no es propio de esta fase, sino posteriormente de la información pública, pero como el Ministerio de Medio Ambiente hace pública la memoria resumen de los proyectos que somete a este procedimiento de consultas previas, pues por ejemplo, hemos recibido 2.800 escritos de particulares, que es algo, insisto, muy inusual en esta fase preliminar, que normalmente se trata de una consulta restringida a instituciones, ONG, etcétera. Hemos recibido la respuesta a estas consultas previas a lo largo de los meses pasados.
Es un proceso que ha llevado algo más de tiempo de lo habitual, pero también las instituciones implicadas han necesitado valorar un proyecto más complejo de lo que es habitual y, por ejemplo, los informes de la Junta de Andalucía o de las confederaciones hidrográficas eran elementos cruciales y hasta que no hemos dispuesto de ellos no hemos podido dar traslado de las consultas previas al promotor. Esto ha ocurrido el pasado día 14 de diciembre, el viernes de la semana pasada. El día 14 hemos dado traslado al promotor del resultado de las consultas previas, y este es un análisis de los aspectos

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que tiene que tener en cuenta el promotor en el estudio de impacto ambiental. Le diré a S.S. que es un análisis de una complejidad casi sin precedentes, porque realmente el proyecto puede dar lugar a impactos de muy distinta naturaleza, entre estos le puedo citar algunos, aparte de los que ya ha comentado S.S., pero el promotor tiene que evaluar la emisión de contaminantes a la atmósfera, incluidos olores, su afección a los cultivos en la zona, la generación de ruido, el consumo de agua, el tratamiento de los vertidos, la producción y el manejo de los residuos, la afección a la población, la posible afección a la salud pública, a las actividades económicas de la zona, a la agricultura, al turismo, las denominaciones de origen de productos agropecuarios, la afección a espacios naturales protegidos, a bienes culturales, incluidos los histórico-artísticos, etcétera. Este es el traslado que hemos hecho al promotor. Ahora le corresponde al promotor, con todas estas indicaciones, elaborar el estudio de impacto ambiental y a través del órgano sustantivo, que es la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, someter el estudio de impacto ambiental a información pública. Posteriormente, nos dará traslado el órgano sustantivo del expediente completo de la información pública, el estudio de impacto ambiental y todas las alegaciones recibidas de contenido ambiental, y solo entonces el ministerio comenzará a elaborar la evaluación, es decir, la declaración de impacto ambiental, que puede dar lugar a la solicitud de información complementaria, etcétera, antes de concluir el procedimiento con la firma de la resolución de la declaración de impacto ambiental y su publicación en el boletín. Es decir, en este momento y en el tiempo más breve posible, teniendo en cuenta la participación de más de cien instituciones públicas, hemos dado traslado al promotor de estas consultas previas y ahora el expediente está en sus manos para elaborar el estudio de impacto ambiental y someterlo a información pública.


La señora PRESIDENTA: Señora diputada, tiene tres minutos para intervenir.


La señora GARCÍA SUÁREZ: En primer lugar, agradezco la respuesta del señor Gonzalo, la cual realmente me deja muy satisfecha, porque ha sido clara, concreta y además, por el momento, de una gran oportunidad por lo que acaba de explicar. También quiero trasladar, en nombre de mi grupo parlamentario, al ministerio que nuestro grupo confía, como en muchas otras ocasiones, pero ahora especialmente, en este proyecto, porque estamos convencidos de que va a ser así, de que desde el Ministerio de Medio Ambiente se va a actuar, como es frecuente, con toda rigurosidad y con el máximo de concreción en este estudio y en este análisis. También entendemos que en este proceso el ministerio, lógicamente, además de velar por este procedimiento, también velará por que todas estas alegaciones o estas propuestas o escritos particulares queden realmente recogidas en el proyecto final. Pero hay un aspecto sobre el que sí quisiera preguntar más concretamente. Además de los escritos de particulares, las alegaciones, etcétera, y, por tanto, lo que la propia legislación estatal obligue a contemplar, me gustaría saber de qué manera la legislación, en este caso los acuerdos de Kioto, por ejemplo, van a influir en el Ministerio de Medio Ambiente al finalizar todo el proceso, en el dictamen final o en todo caso en la valoración final del ministerio.


La señora PRESIDENTA: La señora García Suárez ha hecho una pregunta compleja y el señor secretario no tiene mucho tiempo; sea lo más breve posible.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO (Gonzalo Aizpiri): Le agradezco la confianza de su grupo en el rigor que aplica el Ministerio de Medio Ambiente a estos procedimientos. El Ministerio de Medio Ambiente tiene que garantizar en este caso la protección de un interés público, la protección del medio ambiente y, por tanto, tenemos como prioridad aplicar estrictos criterios ambientales en la valoración de los proyectos y naturalmente así es también en este caso, con la adecuada atención a las partes interesadas.
En esta fase previa hemos mantenido reuniones con todos los que nos lo han pedido, incluida la plataforma, pero también los promotores y las administraciones públicas, de modo que garantizo que vamos a mantener estos criterios, como en los demás procedimientos, pero desde luego en toda la tramitación de este proyecto.


En relación a cómo influye el Protocolo de Kioto, como usted sabe, la actividad de refino de petróleo es una de las actividades incluidas en la Ley del comercio de emisiones, la Ley 1/2006, en la directiva comunitaria, y por tanto, la refinería, en el caso de que llegara a construirse, estaría claramente dentro del ámbito de aplicación de la ley y en ese caso tendría el mismo trato que las refinerías existentes. Este es un principio de funcionamiento del comercio de emisiones en todos los países europeos. En caso de que aparezca una actividad nueva, recibe el mismo trato que las existentes. En ese caso, el promotor tendría que hacer una solicitud de una autorización de emisión sobre la que le corresponde pronunciarse a la comunidad autónoma. Si la comunidad autónoma autoriza que la instalación cuente con un permiso de emisión de gases de efecto invernadero, entonces el titular le solicita los derechos de emisión al Estado, y al Estado le corresponde aplicarle la misma metodología de cálculo que se le aplicó a los existentes, que está basada en la mejor tecnología disponible y, obteniendo derechos de la reserva de nuevos entrantes, concedérselos, si todavía quedan derechos suficientes en la reserva, que cabe pensar que sí porque el Gobierno ha dimensionado globalmente la reserva de nuevos entrantes como para que admita un incremento de la actividad. Por tanto, la valoración ambiental del proyecto se realiza en

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base a numerosísimos parámetros, algunos de los cuales he citado, pero si finalmente la refinería obtiene su declaración favorable, su autorización y se convierte en un proyecto real, entonces tendrá el mismo tratamiento que las otras instalaciones del sector ya existentes en España.


-DEL SEÑOR ERIAS REY (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO) RELATIVA AL IMPACTO POTENCIAL SOBRE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO DE LOS ESCENARIOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES QUE HAYAN SIDO ANALIZADOS, ASÍ COMO DE LOS QUE HAN SERVIDO DE BASE PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE HAN SUPUESTO UNA SOBRECARGA SECTORIAL RESPECTO AL PLAN NACIONAL DE ASIGNACIONES I (PNA-I), EN ESPECIAL EL DE GENERACIÓN ELÉCTRICA. (Número de expediente 181/002740.)

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el diputado don Antonio Erias Rey.


El señor ERIAS REY: Señor secretario general, señorías, está claro que el cambio climático supone en España y en el resto de los países hoy en día un gran reto para todos y que debemos enfrentarnos a él desde una perspectiva tanto de naturaleza nacional como de carácter supranacional, pero sobre todo viendo la complejidad que lleva aparejada la toma de decisiones sobre este asunto. Está claro, por lo tanto, situado el problema del cambio climático en estas coordenadas, que en las decisiones tomadas en España, sobre todo el Plan Nacional de Asignaciones, el mayor esfuerzo lo van a tener que hacer los sectores sometidos a la directiva y, de estos, en el sector eléctrico recae el mayor peso, pues entre 2008 y 2012 podrá emitir un total de 54,6 millones de toneladas al año, lo que supone una reducción del 11,2 respecto a 1990. Con respecto al primer plan, las eléctricas tendrán que reducir en más de 30 millones anuales sus emisiones y pasar de los 85,4 millones del primer plan a los 54,6 fijados en el segundo. En estas condiciones, no cabe duda de que se necesita dar un paso más en la búsqueda de la eficiencia energética de todos los sectores productivos, y digo de todos los sectores productivos; estamos acotando a los que caen dentro de lo que es la directiva marco y sería conveniente que el Gobierno también pensara un poco en los demás, en qué medida están contribuyendo y qué medidas de las tomadas, tanto de naturaleza transversal como individualmente, han intentado comprender esta situación que acabo de exponer. De este modo, mientras que los sectores industriales van a recibir 152,66 millones de toneladas, un 16 por ciento menos que en el Plan 2005-2007, el mayor esfuerzo, como ya he dicho, va a corresponder a la generación eléctrica. Dado que no solamente se ha penalizado esta fuente de energía, sino que también se ha extendido a otras y como los principios establecidos abundaban en que la elaboración debería ser consensuada con los sectores productivos para que las nuevas asignaciones minimizaran sus efectos, y dada la gran dependencia que como input existe por parte del tejido productivo y en particular de la energía eléctrica, nos parece bastante razonable que el señor secretario nos informe del impacto potencial que sobre la competitividad y el empleo va a tener este marco del segundo Plan de Asignación y, sobre todo, qué escenarios se manejaron desde la perspectiva de la competitividad y el empleo para llegar a que el sector energético tenga que contribuir, dentro de éste el eléctrico, de la manera que se propone. En ese sentido, nos gustaría que nos aclarara o, en su caso, que nos diera alguno de los fundamentos que han servido y que se han utilizado para motivar esta decisión.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO (Gonzalo Aizpiri): Muchas gracias, señoría, por su intervención, que comparto en gran medida. La metodología que aplica el Gobierno para elaborar el Plan Nacional de Asignación parte, en primer lugar, de los criterios que ha proporcionado la Comisión Europea para la elaboración de los planes nacionales de asignación. El primero de esos criterios es que la asignación tiene que ser consistente con el objetivo que cada Estado tiene en el marco del Protocolo de Kioto. La Comisión Europea, de hecho, que recientemente ha publicado ya una decisión sobre un primer paquete de planes nacionales de asignación, había indicado con claridad que la asignación no podría superar la aplicación a los sectores de la directiva del compromiso del país. ¿Esto qué quiere decir en nuestro caso? Que en el caso de España, los sectores industriales, incluido el sector eléctrico, no podían recibir una asignación mayor que sus emisiones en el año 1990 más el 15 por ciento, que es el objetivo del país. Esto es plenamente consistente con uno de los criterios que habían inspirado al Gobierno ya en el primer Plan Nacional de Asignación y que, naturalmente, se mantienen en el segundo, que es que mantenemos el peso relativo de los sectores industriales y de los sectores difusos en el conjunto del inventario nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que no le vamos a pedir a la industria que asuma parte del esfuerzo que le corresponde a los sectores difusos pero que, al contrario, no vamos a hacer tampoco una asignación excesivamente generosa a la industria apostando por una hipotética reducción adicional en los sectores difusos. Por tanto, el primer criterio de elaboración del PNA, los sectores industriales, ven limitada su asignación a sus emisiones en el año 1990 más el 15 por ciento. Debo decirle a S.S. que en algunas de las actividades incluidas en el ámbito de

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aplicación de la ley eso ha obligado a hacer una estimación de sus emisiones en 1990 porque en aquel momento no tenían la consideración de focos puntuales y, por tanto, en el inventario nacional no aparecían detallados como, en cambio, sí lo hacen las centrales eléctricas, las refinerías o las instalaciones siderúrgicas. Por tanto, esto nos marca el techo global que podemos asignar. Aquí entra el segundo de los principios del Gobierno para la elaboración del Plan nacional, cumplir con el Protocolo de Kioto y con nuestras obligaciones en la directiva de comercio de derechos de emisión, pero preservando la competitividad y el empleo. Eso significa dos cosas: primero, identificar en qué sectores industriales existe mayor capacidad de asumir esfuerzos. ¿A qué me refiero cuando hablo de capacidad de asumir esfuerzos? A cuestiones tecnológicas y a cuestiones relacionadas con la competencia a la que están sometidos esos sectores. El Gobierno ha llegado a la conclusión de que quien está en mejores condiciones desde ambos puntos de vista es el sector eléctrico. Primero, porque tecnológicamente tiene una gran capacidad de reducción de emisiones. Como sabe S.S., un kilovatio/hora producido en una central térmica convencional emite casi tres veces más que ese mismo kilovatio/hora producido en un ciclo combinado de gas e infinitas veces más que producido en un parque eólico, por ejemplo. Por tanto, esa capacidad tecnológica existe, cosa que, por ejemplo, en el sector del cemento no se puede decir, porque en el sector del cemento una gran parte de sus emisiones, hasta un 60 por ciento, procede de la descarbonatación de la caliza que sirve como materia prima, que es imposible de eliminar. En segundo lugar, el sector eléctrico no compite directamente internacionalmente, cosa que sí hacen otros sectores industriales que, por tanto, tienen una capacidad mucho menor de transmitir cualquier nuevo coste a sus precios. Eso no quiere decir que el Gobierno no le dé importancia al papel que tiene la factura eléctrica en la competitividad de nuestra industria, naturalmente que sí, pero también creemos que es un hecho que el sector eléctrico está más protegido de la competencia internacional. Por tanto, es al sector eléctrico al que el Plan nacional de asignación atribuye la mayor parte del esfuerzo. Pero le decía que actuamos también en una segunda vía, que es discutiendo con los agentes sociales si realmente estamos abordando de forma adecuada los potenciales impactos en la competitividad y el empleo, y eso lo hacemos mediante las mesas tripartitas de diálogo social que se crearon en la Ley 1/2005. Desde ese punto de vista, le informo que hemos mantenido durante la consulta pública del Plan nacional de asignación una reunión de la mesa confederal entre Gobierno, sindicatos y patronal y reuniones de todas las mesas sectoriales, y próximamente convocaremos nuevamente a dichas mesas.


Respecto a los distintos sectores industriales distintos del eléctrico, el criterio que hemos asumido es el siguiente: calculamos la producción estimada de cada uno de los sectores en el periodo, normalmente por proyección del crecimiento registrado entre los años 2000 y 2005.
Calculamos en base a las emisiones verificadas del año 2005 las emisiones por unidad de producto en las plantas más eficientes de su categoría.
Aplicamos este factor de emisión unitaria a la producción estimada en 2008-2012 y restamos aquello que creemos que puede suponer de ahorro las tecnologías de eficiencia energética en ese sector, identificadas en la estrategia española de eficiencia energética. Esto quiere decir que los sectores industriales tienen aseguradas sus necesidades si introducen en sus procesos las medidas de eficiencia energética que fueron identificadas en la E4, en la estrategia española de eficiencia energética. Por tanto, creemos que el PNA no va a perjudicar la competitividad y el empleo, al contrario, creemos que va a servir de incentivo para la innovación tecnológica y la mejora de la eficiencia en los procesos que, a fin de cuentas, es un elemento de competitividad.
Creemos que, en general, los sectores industriales en la valoración del PNA han transmitido una valoración similar a la que yo hago: reconocen que es un esfuerzo, pero en términos generales consideran que es un esfuerzo realista y alcanzable. Quiero subrayarle a S.S. que hemos trabajado en muy estrecha colaboración con los sectores en la elaboración del PNA, aunque naturalmente la decisión le corresponde al Gobierno, y hemos trabajado en muy estrecha colaboración con las comunidades autónomas que yo diría que en su conjunto han mostrado también su coincidencia con el resultado del PNA.


La señora PRESIDENTA: Señor Erias, tiene un tiempo para la segunda intervención de unos tres minutos.


El señor ERIAS REY: Después de escucharle, la verdad es que en ese terreno en el que su explicación se desarrolla, es difícil, salvo que establezcamos un debate diferente, encontrar puntos de desencuentro. Como yo no trato de buscar desencuentros sino que trato de identificar situaciones que sirvan para comprender mejor cómo el Gobierno de España, a través de su Ministerio de Medio Ambiente, está en estricta coordinación con lo que son los intereses de los ciudadanos, particularmente del tejido productivo, me choca que me siga haciendo un análisis de todas las necesidades energéticas para todas las formas de energía, cuando ciertamente no es igual, como dice usted, el kilovatio producido por una central hidroeléctrica que el kilovatio de energía eólica, ni la capacidad de producción de energías renovables tiene que ver con la capacidad de producción, ni las necesidades de nuestro sistema productivo se pueden satisfacer de la manera en que se están llevando a cabo hasta ahora, porque precisamente si lo que debemos buscar es mayor eficiencia energética -que lo compartimos-, hay que, entre todos, estrujarnos para que realmente seamos capaces de producir utilizando menos

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los recursos, y esa es una buena práctica; sin embargo, lo que no acabamos de ver en ningún sentido es el cambio de modelo productivo, porque usted me ha dado por sentado que en la estimación que hicieron de la competitividad y de cómo se estaban comportando los sectores establecían una especie de simulación sobre la base de lo existente, proyectado desde 2004 a 2006, claro está, y yo no pretendo entrar en ninguna polémica metodológica pero, ciertamente, este es el mismo modelo productivo que tenemos, es decir, seguimos pivotando nuestra economía sobre la base de los sectores y con la importancia relativa que ellos tienen. Creo que también desde el punto de vista medioambiental y no ciñéndonos estrictamente a las variables medioambientales sino también a las socioeconómicas y a algunas de tipo cualitativo complementarias, no cabe ninguna duda de que hay que hacer un esfuerzo y el Gobierno ha predicado, también desde la oposición, pero sin poner en práctica, que este modelo productivo estaba agotado, y si el modelo productivo está agotado, no veo cómo todos los cálculos se realizan sobre la base de las buenas prácticas que se están realizando en esos sectores para los últimos cinco años y se sigue simulando lo mismo y los agentes sociales debaten en esa mesa sobre lo que ya tienen; pues, claro está, continuarán queriendo tener lo mismo.
Por eso le digo que creo que probablemente el escenario no es este. La pregunta pretendía conocer si el propio ministerio había desarrollado análisis sobre la competitividad, el empleo y el impacto que esto tiene en los distintos escenarios posibles que habrán simulado ustedes, y algunas cifras, porque también es bueno disponer de datos para luego poder cuantificar; en todo caso, conocer si esos resultados se adecuan o no a lo previsto. Repito, el debate establecido en estos términos es retórico más que un debate aclaratorio sobre el particular que nos ocupaba.


La señora PRESIDENTA: El señor secretario general no tiene ya tiempo, así que le ruego que sea breve.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO (Gonzalo Aizpiri): Tenga la seguridad S.S. de que yo intento con mi humilde pero leal saber y entender responder a las preguntas de SS.SS. Quizás es que no la entendí correctamente.
Naturalmente que creemos que hacer frente a algunas de las debilidades estratégicas de España supone introducir cambios en el modelo económico, porque no cabe duda de que tenemos un modelo económico que en las últimas décadas y singularmente en los últimos años ha descansado en exceso en actividades muy intensivas en consumo de energía, como es la industria básica, la construcción y el transporte, y estoy de acuerdo con S.S. en que es necesario ir introduciendo en el modelo económico español un mayor componente de alta tecnología, de eficiencia, un valor añadido basado en el conocimiento y en la innovación más que en bajos costes laborales o energéticos; naturalmente, pero también creo, señoría, que el Plan nacional de asignación no es la única ni la principal herramienta en esa dirección, el Plan nacional de asignación supone un incentivo adicional a otras políticas públicas para ese cambio de modelo, porque introduce un coste al consumo energético de origen fósil y a las emisiones de CO2, pero están también los instrumentos de mercado, que harán más atractivas para la economía otras actividades con una menor intensidad energética.
Con todo, también debo decirle a S.S. que de aquí a 2012 nuestra obligación es producir ese incentivo hacia actividades más limpias pero, al mismo tiempo, mantener la competitividad y el empleo en sectores económicos que ocupan a decenas de miles de españoles y españolas. Y lo que hemos hecho ha sido introducir en la actividad proyectada de esos sectores las medidas de eficiencia identificadas en la anterior legislatura en la E4, corregidas con el análisis del Gobierno de cuál puede ser la evolución de los sectores, y le pongo dos ejemplos: creemos que en España se va a producir una pérdida de ritmo en el crecimiento de la actividad de la construcción y a partir de 2008 reducimos el crecimiento del sector cemento respecto a lo que indicaría una simple proyección lineal. Sin embargo, creemos que el código técnico de la edificación va a incrementar la demanda de vidrio como elemento aislante en las viviendas y al sector del vidrio le ponemos un crecimiento superior al que indicaría su mera proyección, de modo que ajustamos las proyecciones a los cambios en los ritmos económicos en los distintos sectores como consecuencia de la coyuntura o de las políticas públicas.
Me pedía datos. En el Plan nacional de asignación hemos estimado que el déficit que va a tener el sector eléctrico, al que S.S. se refería, se puede estimar en un promedio de unos 26 millones de toneladas año y ya en la presentación pública del Plan nacional de asignación estimábamos que con un coste para las empresas de entre 11 y 15 euros por tonelada en el mercado de derechos de emisión, lo que produciría un desembolso anual de entre 286 y 390 millones de euros. Fíjese que hicimos esta estimación en un momento en el que el mercado europeo de derechos de emisión estaba en precios muy altos y este análisis del Gobierno produjo un cierto escepticismo; hoy, el derecho está a 6,70 euros y si tuviéramos que hacer este cálculo ahora, el impacto económico sería de 174 millones de euros al año, que es significativamente inferior al 1 por ciento de la tarifa eléctrica. De modo que creo que puedo soportar con datos el análisis que he hecho ante S.S. de que este Plan nacional de asignación no perjudica a la competitividad y al empleo en nuestra industria, pero sí es consistente con nuestros objetivos y sí introduce un claro incentivo a la eficiencia energética, que es un objetivo con el que estamos de acuerdo todos.


La señora PRESIDENTA: Concluimos la fase de preguntas.


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COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO (GONZALO AIZPIRI) PARA INFORMAR SOBRE:

-LOS PLANES DE LA OFICINA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MARCO DEL RECIENTEMENTE APROBADO PLAN NACIONAL DE ASIGNACIONES DE DERECHOS DE EMISIÓN. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente 212/000140.)

-EL PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, APROBADO EL PASADO MES DE JULIO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/001225.)

-EL PLAN NACIONAL DE ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE EMISIÓN 2007-2012. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/001434.)

La señora PRESIDENTA: Vamos a proceder ahora a la comparecencia del secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático. Son tres solicitudes de comparecencia que se van a acumular.
Damos la palabra al señor secretario general.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO (Gonzalo Aizpiri): Las peticiones de comparecencia giran sobre los dos principales instrumentos de planificación con que cuenta el Gobierno para hacer frente a las dos dimensiones del problema del cambio climático. Como saben SS.SS., la lucha contra el cambio climático se ha identificado de forma casi exclusiva con la mitigación. La mitigación es combatir el origen del fenómeno, que son las emisiones de gases de efecto invernadero. La mitigación consiste en reducir las emisiones de dióxido de carbono, de metano y de los restantes gases de efecto invernadero, y ese es el contenido mejor conocido del Protocolo de Kioto. En el caso de España el Protocolo de Kioto nos obliga a contener el crecimiento de nuestras emisiones al 15 por ciento. La Unión Europea, dentro de las iniciativas que ha tomado para combatir el cambio climático, ha dado un gran protagonismo al comercio de emisiones, y el comercio de emisiones se focaliza en la industria, que es responsable en nuestro país de aproximadamente un 45 por ciento del inventario nacional, y esto se ha instrumentado mediante los planes nacionales de asignación. El motivo de mi comparecencia aquí es explicarles cómo se ha elaborado el II Plan nacional de asignación y qué valoración hace el Gobierno del momento en el que estamos.


La segunda parte de mi comparecencia se refiere a la otra gran prioridad, que es la adaptación al cambio climático. Aunque hoy elimináramos completamente las emisiones de gases de efecto invernadero, en todo caso el proceso del cambio climático está ya en marcha y un cierto nivel de impactos es inevitable. Adaptarnos significa, en primer lugar, evaluar nuestra vulnerabilidad al cambio climático. No es igualmente vulnerable a una pérdida de disponibilidad de recursos hídricos quien los tiene ya en una cantidad muy ajustada que quien los tiene de sobra. En segundo lugar, conocer los impactos previsibles teniendo en cuenta esa vulnerabilidad y, en tercer lugar, definir estrategias de adaptación para minimizar los daños causados por esos impactos, y el soporte de planificación del Gobierno es el Plan nacional de adaptación sobre el que girará la segunda parte de mi intervención.


Por tanto, abordo el Plan nacional de asignación 2008-2012. La pregunta de S.S. me ha permitido ya explicar algunos de los grandes principios que han servido para la elaboración del plan. Añadiré tan solo, primero, que el Gobierno ha comunicado formalmente a la Comisión Europea la aprobación del PNA inmediatamente después del Consejo de Ministros y de su publicación en el BOE el pasado mes de noviembre; esperamos una decisión de la Comisión Europea en el mes de enero sobre nuestro PNA, como sobre otros que están siendo valorados por parte de la Comisión. Aunque una impresión personal tenga un interés limitado para SS.SS., les diré que la Comisión Europea nos ha transmitido informalmente su satisfacción por el Plan nacional de asignación presentado por España. Es un plan consistente, riguroso, está de acuerdo con los criterios y las limitaciones, a priori, fijadas por la Comisión. Desde la propuesta presentada en consulta pública hasta la versión finalmente aprobada por el Gobierno hemos intentado reflejar algunas de las indicaciones informales que nos había hecho llegar la Comisión Europea, y por tanto esperamos la decisión de la Comisión, pero con la relativa satisfacción de considerar que hemos presentado un plan riguroso y que así está siendo considerado en diversos medios internacionales. No obstante, quiero subrayar lo que he dicho con anterioridad. Creemos que este es un Plan nacional de asignación plenamente compatible con la competitividad y el empleo de la industria española que aquilata adecuadamente el esfuerzo que puede asumir cada sector y a cada sector le pide ese esfuerzo y no más. Dentro del sector que ha recibido el mayor déficit respecto a sus peticiones y respecto a la proyección de sus emisiones, que es el sector eléctrico, el Gobierno ha intentado dar una señal adecuada respecto a las tecnologías de generación que tienen que ir cobrando una mayor participación en nuestro sistema eléctrico, pero sin introducir distorsiones indebidas en la posición competitiva de las empresas.
Creemos que globalmente así es como ha sido recibido el PNA, un plan riguroso, exigente, pero sensato

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y equilibrado, y estamos decididos a mantener el diálogo con las partes, que creemos que es un elemento imprescindible para mantener esa sensatez, ese rigor y ese equilibrio. Ante la decisión que va a tomar la Comisión Europea sobre el Plan nacional de asignación, les diré que los dos grandes elementos que están siendo examinados con mucha atención por la Comisión son, primero, la cantidad total asignada -y creemos que ahí España es de los pocos países que ha aplicado con rigor las limitaciones que había indicado la Comisión- y, segundo -y quiero informar a SS.SS.
sobre esto porque es uno de los aspectos que ha causado sorpresa en la evaluación de otros planes-, el límite de derechos de emisión procedentes de terceros países que se pueden canjear por derechos de emisión del sistema europeo. Sus señorías saben que el Protocolo de Kioto contempla tres mecanismos de flexibilidad y el comercio de emisiones entre países industrializados es solo uno de ellos. Además, está el mecanismo de desarrollo limpio, que se refiere a reducciones de emisiones en países en desarrollo y la aplicación conjunta entre países de la OCDE y países del antiguo bloque del Este, lo que se llaman países con economías en transición. El Gobierno ha querido ser muy flexible con la capacidad de las empresas para utilizar estos derechos procedentes de los mercados de flexibilidad. De hecho, en la propuesta que sometimos a consulta pública, establecimos en el 50 por ciento de la asignación recibida la capacidad de canjear estas reducciones de emisiones del MDL o de la aplicación conjunta por derechos de emisión del sistema europeo. En el Plan nacional de asignación finalmente aprobado por el Gobierno hemos introducido una diferenciación, que habían pedido muchos alegantes, de acuerdo al esfuerzo solicitado y le hemos reconocido a las compañías eléctricas un 70 por ciento de capacidad de canje, porque son las que realmente van a tener que hacer un uso intensivo de esos mecanismos, y al resto de los sectores un 20 por ciento. Sabemos que en otros Estados miembros puede parecer una flexibilidad excesiva, pero defendemos que es importante consolidar los mercados internacionales de carbón. Creemos que va a ser una pieza decisiva del régimen futuro, más allá de 2012; creemos que es un instrumento crucial para que los países en desarrollo se involucren en el régimen futuro y en la lucha multilateral contra el cambio climático.
Y, además, es algo que debe reducir el coste de cumplimiento para nuestras empresas, estimulando su internacionalización, etcétera. Por tanto, estamos explicando estos argumentos a la Comisión Europea y a otros Estados miembros porque creemos que está justificado. Concluyo aquí mi intervención inicial sobre el Plan Nacional de Asignación. El Gobierno, en todo caso, es plenamente consciente de que la actuación sobre los sectores de la directiva no es suficiente, es imprescindible avanzar en los sectores difusos, y a ese respecto informo a SS.SS. de que estamos ultimando un borrador de estrategia española de cambio climático y energía limpia que próximamente esperamos remitir a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático y al Consejo Nacional del Clima y que será el marco de colaboración institucional para abordar la acción en los sectores difusos.


Y paso ya al Plan nacional de adaptación. El Plan nacional de adaptación, en realidad, se aparta de lo que tradicionalmente se entiende por un plan, en el sentido de que no tiene un alcance temporal cerrado. El Plan nacional de adaptación es el inicio de un proceso que, aunque suene grandilocuente, no acabará nunca. Es un proceso de adquisición de conocimientos y de generación de estructuras adaptativas a esos nuevos conocimientos. El cambio climático está aquí para quedarse; a medida que mejore nuestro conocimiento del fenómeno mejorará también nuestra capacidad de responder a él. ¿Qué hace el Plan nacional de adaptación? En primer lugar, identifica los sectores socioeconómicos y los sistemas ecológicos prioritarios. Les podría leer todos, pero quizás por el tiempo no lo haré. Cuando hablamos de sectores socioeconómicos hablamos de agricultura, de turismo, de transporte, de seguros; y cuando hablamos de sistemas ecológicos hablamos de ecosistemas de montaña, biodiversidad, bosques, recursos hídricos, etcétera. En segundo lugar, definimos cuáles son las principales líneas de acción que hay que abordar en cada uno de estos sistemas o sectores. En tercer lugar, definimos el marco de cooperación institucional. De hecho, el Plan nacional de adaptación tiene como subtítulo: Marco para la coordinación entre administraciones públicas para las actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación. Tengo que decirles que es singular que el órgano responsable para la aprobación y el seguimiento del Plan nacional de adaptación sea la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, que es un órgano paritario entre las comunidades autónomas y el Estado. Este Plan nacional de adaptación, que se aprobó en el mes de julio, cuenta con el consenso y el respaldo de todas las comunidades autónomas y del Consejo Nacional del Clima, que incluye a municipios, expertos, empresas, sindicatos, etcétera. Por tanto, creemos que es un marco de trabajo muy adecuado. El Plan nacional de adaptación ha contado con un proceso muy abierto de participación pública, fue presentado preliminarmente en el mes de febrero, se colgó en la página web abierto a aportaciones de toda procedencia durante un mes antes de su aprobación final en el mes de julio y su toma de conocimiento por parte del Gobierno en el mes de octubre. El Plan nacional de adaptación quizá pueda dar la sensación de que es demasiado general, demasiado vago, demasiado carácter marco, se concreta en programas de trabajo anuales que aprueba igualmente la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático. En el primer programa de trabajo 2006 nos parecía que la forma más rápida de empezar a trabajar era abordar materias que son responsabilidad directa del Ministerio de Medio Ambiente, y eso fue algo compartido por las comunidades autónomas. Hemos abordado cuatro proyectos dentro de este programa

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de trabajo. El primero de ellos, escenarios climáticos regionalizados.
Necesitamos conocer con mayor precisión y resolución territorial cuál va a ser el cambio esperado en nuestro territorio: incrementos de temperatura, previsión de evolución de la precipitación, etcétera. Este es un proyecto que lidera el Instituto Nacional de Meteorología con la comunidad científica. En segundo lugar, recursos hídricos. Es un proyecto ya iniciado con la colaboración de la Dirección General del Agua y el Cedex. En tercer lugar, impacto en la biodiversidad. Se ha iniciado ya un primer trabajo de seguimiento en parques nacionales y estamos iniciando el estudio más amplio, del que tengo que informar a SS.SS. que en la pasada cumbre bilateral con Portugal se acordó coordinar los trabajos en materia de adaptación en biodiversidad en el conjunto de la península Ibérica y los archipiélagos atlánticos, y, en último lugar, zonas costeras. Esos cuatro proyectos ya están en marcha y les anticipo que vamos a proponer próximamente a las comunidades autónomas la elaboración de un programa coordinado de I+D+i en materia de impactos y adaptación al cambio climático, de modo que nuestros respectivos recursos en materia de investigación y desarrollo se coordinen identificando áreas prioritarias, principios básicos y herramientas comunes. Creemos que va a ser una auténtica política de Estado, debe serlo, porque todo indica que el impacto del cambio climático en nuestro país está siendo más intenso y más rápido de lo inicialmente previsto. Les anticipo datos que el Instituto Nacional de Meteorología va a presentar mañana. Hasta el momento, hasta el 17 de diciembre, 2006 está siendo el año más cálido en nuestros registros. La anomalía de temperatura, es decir, la diferencia respecto al promedio entre 1961 y 1990, es de 1,46 grados centígrados.
Este año es casi un grado y medio más cálido que el de nuestra serie histórica de referencia. Todavía pueden cambiar las cosas en las dos últimas semanas del año, pero presumiblemente no va a cambiar lo que les estoy diciendo. Fíjense que el anterior año más cálido fue 2003, que fue el de la ola de calor en Europa, y la anomalía fue de 1,32. Repito que este año vamos ya por 1,46. Es muy significativo que de los once meses transcurridos del año en seis (abril, mayo, junio, julio, octubre y noviembre) la anomalía media supera en algún caso ampliamente los 2 grados centígrados. Esto es básicamente coincidente con el análisis preliminar que ha hecho la Organización Meteorológica Mundial del año 2006, que presumiblemente va a ser también el año más cálido de la historia, con la diferencia de que a nivel mundial el incremento de la temperatura media se sitúa aproximadamente en 0,7 grados centígrados. En España estamos mostrando anomalías de aproximadamente el doble que la media mundial, por eso les decía a SS.SS. que cree el Gobierno que las políticas de adaptación que han estado relegadas a un relativo segundo plano tienen que colocarse en un nivel de prioridad equivalente y el Gobierno va a buscar que las comunidades autónomas y el Estado compartan este ámbito como una política de Estado donde actuemos de una forma coordinada.


La señora PRESIDENTA: Ahora tiene la palabra el grupo que ha solicitado la comparecencia, el Grupo Socialista.


La señora CASAUS RODRÍGUEZ: En primer lugar, en nombre del Grupo Socialista, quiero agradecer la presencia del señor secretario general ante esta Comisión para explicarnos los planes y directrices que lleva a cabo desde su departamento. Además me gustaría agradecerle la exactitud y el detalle con los que ha expuesto estos temas. Estamos hoy aquí, como usted ya ha dicho, para hablar del II Plan nacional de Asignación 2008-2012 que aprobó el Gobierno el pasado 24 de noviembre, demostrando una vez más su compromiso con el Protocolo de Kioto, porque hasta ahora -lo ha dicho también el señor secretario general- se había dedicado una especial atención y esfuerzo para intentar reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o contener el crecimiento de esas emisiones, que era una de las obligaciones a las que se enfrentó este Gobierno al inicio de la legislatura, tal y como encontró el panorama de actuaciones políticas dentro del cumplimiento del Protocolo de Kioto del Gobierno del Partido Popular. También hay que trabajar en la materia de adaptación; hemos de prepararnos tanto para minimizar como para hacer frente a todos aquellos efectos que se puedan producir debido a esta situación. Al hilo de esto, yo tenía una pregunta sobre el plan de trabajo, a lo que usted ya me ha contestado. Antes de pasar a este II Plan nacional de asignación, me gustaría que hiciese usted una valoración del I Plan nacional de asignación, el de 2005-2007. Aunque ya se ha comentado por usted en la anterior pregunta previa a la comparecencia, vista la situación actual de la emisión de gases de efecto invernadero, cuál cree usted que es la tendencia en la que nos encontramos ahora, ya que mi grupo considera que se prevé un cambio en la tendencia e incluso una reducción de las emisiones.


Centrándonos ya en este nuevo Plan de asignación, (PNA), España va a reducir cada año un 16 por ciento más las emisiones contaminantes que en el plan anterior y un 20 por ciento menos que las emisiones producidas por nuestras industrias en el año 2005. Responde así al cumplimiento de la normativa comunitaria que afecta al sector industrial; dicho sea de paso consideramos que la actuación con el plan nacional anterior hacia los sectores industriales es ya una realidad consolidada en nuestro país, como así se ha expuesto también por usted contestando a la pregunta anterior del representante del Grupo Popular. Con eso se ha conseguido desmentir esa afirmación que hacían algunos dirigentes políticos sobre que el Protocolo de Kioto iba a ser el cementerio de las empresas españolas, porque ha sido una realidad que está consolidada ya. Como también se ha indicado aquí, el desarrollo del I Plan nacional de asignación nos hace ver que el problema no es tanto del sector industrial, al cual

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va dirigido especialmente el plan nacional, sino que nos faltaría la pata -por llamarlo así, si se me permite- de los sectores difusos. El reto que se nos presenta sería abordar esas emisiones difusas, y al hilo de esto ha comentado S.S. que hay ya un borrador de cambio climático y energía limpia, que es el marco de colaboración institucional de los sectores difusos, que es una forma muy importante de empezar a asumir la realidad y a trabajar este reto que se nos plantea con la problemática del cambio climático. El Gobierno ya ha comenzado a adoptar medidas que van a dar su fruto a medio y largo plazo, aparte de esta. Hay medidas para reducir las emisiones de esos otros sectores que no están sometidos a la directiva comunitaria, que son el transporte, los servicios y el sector comercial, que representan hoy en día el 55 por ciento de los gases emitidos. Además de ese real decreto que nos ha anunciado, se ha puesto en marcha ya por el Gobierno el Plan de energías renovables 2005-2012; el Plan de acción de ahorro y eficiencia energética 2005-2007 y el Código técnico de la edificación, que son medidas para que a medio y largo plazo podamos abordar este problema. Acerca de este reto, que hemos de abordar porque es la pata que nos faltaría, cómo se piensa acometer concretamente el tratamiento de estos sectores difusos.


En esta misma línea de compromiso y responsabilidad política, este Gobierno ha elevado el rango político e institucional de la Oficina española de cambio climático, nombrándola como una dirección general dentro de su propia secretaría. Entre las funciones de esta oficina están las técnicas y de gestión del secretariado de los órganos colegiados en materia de cambio climático, las de seguimiento y verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquellas instalaciones que están incluidas en la propia ley y además tendrá -es algo fundamental- un papel importante en la corresponsabilidad de la administraciones, ya que para que todas estas medidas de las que estamos aquí hablando sean un éxito las comunidades autónomas deben jugar un papel destacado realizando planes de lucha contra el cambio climático en cada uno de sus territorios. España ha sido uno de los primeros países que ha aprobado y puesto en marcha un Plan de adaptación al cambio climático, como aquí se ha comentado. Dicho plan va a ser el marco general de referencia sobre la evaluación de los impactos causados por el cambio climático en cada uno de los diferentes sectores y sistemas del país, como son -usted ya ha dicho algunos-: la biodiversidad, los recursos hídricos, el transporte, el comercio, la industria, el urbanismo, etcétera. En referencia a este plan de adaptación -me parece muy interesante lo que usted ha dicho de que nunca va a tener fin porque siempre vamos a tener que estar adaptándonos- cuál es el objetivo inmediato que se plantea a muy corto plazo. Tenía alguna otra pregunta al respecto: qué sectores se iban a abordar en primer lugar, pero en su intervención ya ha dado la contestación. Sabemos -fue usted mismo quien nos informó de ello ante esta misma Comisión con motivo de las comparecencias para los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007- el espectacular incremento que ha tenido la partida de I+D+i, a la que también usted ha hecho referencia, y si no recuerdo mal era en torno al 27 por ciento. Era una partida que iba a destinarse -también se nos dijo- a programas y proyectos para la prevención del cambio climático y los planes de residuos, incluyendo este año además algo novedoso e importante, que son proyectos para la calidad del aire en las grandes ciudades y proyectos tecnológicos en los municipios. Esta apuesta nos pareció muy interesante en su momento al Grupo Parlamentario Socialista, y a propósito de esto me gustaría saber qué papel se le va a conferir concretamente a este aspecto dentro de la I+D+i.


No me gustaría dejar pasar que para el éxito de todo lo que hoy aquí estamos hablando es imprescindible, -me gustaría recalcarlo una vez más- la corresponsabilidad tanto del Gobierno, a la cabeza evidentemente y sin eludir ninguna responsabilidad, como de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y del conjunto de la ciudadanía, y esta problemática afecta al comportamiento de cada uno de nosotros. Es tarea de todos fomentar en la conciencia y la sensibilidad ciudadana la necesidad de asumir esta corresponsabilidad interterritorial y social que implica preservar nuestro bienestar, nuestra competitividad y el empleo de nuestro sistema productivo, y por eso le formulamos la pregunta de cómo desde su competencia va a asociarse a las comunidades autónomas y a los entes locales. Este pasado fin de semana ha tenido lugar el Consejo Europeo de Bruselas y en las conclusiones de la Presidencia de dicho Consejo se ha reiterado lo que acabo de poner aquí en evidencia, como en su intervención, acerca del gran desafío que supone Kioto: la estrecha vinculación entre la política de la Unión Europea -que es la nuestra como Estado miembro dentro de la Unión Europea- sobre cambio climático y nuestra política energética, debiéndose reforzar estas políticas con las de crecimiento, con las de empleo y para un desarrollo sostenible. La seguridad energética está -como señala el propio Consejo Europeo- unida a las fuentes de energías renovables así como a las nuevas tecnologías de la energía.


Concluiría con lo que ha sido el hilo conductor de mi intervención y que refuerza la importancia de las medidas adoptadas por este Gobierno, básicamente referidas a la importancia de adoptar medidas proactivas para hacer frente al desafío del cambio climático. Como ha señalado el Consejo Europeo en su reciente reunión de estos pasados 14 y 15 de diciembre, hay estudios recientes que ponen de manifiesto que los costes de la inacción para la economía mundial resultarían mucho más onerosos que los que conlleva la adopción de medidas activas para hacer frente a las consecuencias del cambio climático, y que la necesidad de atender a los requisitos de atenuación y adaptación es uno de los principales resultados de los que se han alcanzado en Nairobi para lograr el acuerdo amplio para el periodo

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posterior a 2012. En coherencia con estas conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo, le preguntaría asimismo, si nos lo puede adelantar, cómo está participando nuestro país en el proceso de revisión de la Directiva sobre el comercio de derechos de emisión, que deberá ponerse en marcha y surtir sus efectos a partir del 2012, del 2013, y si tiene información acerca de nuestra implicación en la preparación de la próxima sesión prevista de primavera de 2007, en la que el Consejo Europeo va a estudiar las posibilidades de un acuerdo mundial posterior al 2012 que implique garantizar ese objetivo coherente de la Unión Europea de que el crecimiento máximo de la temperatura mundial no rebase los 2 grados centígrados en los niveles preindustriales.


Para finalizar, el Grupo Parlamentario Socialista se siente satisfecho de las acciones emprendidas para abordar este fenómeno, aunque somos conscientes de las grandes dificultades que existen para actuar en los sectores difusos, donde creemos que es necesaria la corresponsabilidad de todas las administraciones y de los propios ciudadanos, sin obviar -no queremos dejarlo de lado- la implicación directa del Gobierno central.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por el Grupo Popular doña María Teresa de Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Voy a dividir mi tiempo con don Ángel Pintado.


Gracias a don Arturo Gonzalo por sus explicaciones. Indudablemente estamos de acuerdo con la metodología que ha expuesto del Programa Nacional de Emisiones. Nuestras dudas no vienen por la metodología empleada, que suponemos que viene marcada por las directrices de la Comisión Europea, sino porque el sector energético es el principal responsable del incremento de las emisiones; esto es indudable. El año 2005 representa algo más del 78 por ciento del total con el desglose siguiente: generación de electricidad 30,5 por ciento, transporte por carretera 28 por ciento, refino de petróleo 4 por ciento, consumos energéticos industriales 22 por ciento, transporte aéreo interior 1,8 por ciento, usos residenciales 6 por ciento y servicios 2, 8 por ciento. Parece que el Plan nacional de asignación de emisiones centra todo el esfuerzo en la generación de electricidad, porque ya se ha dicho aquí reiteradamente que tiene mecanismos para trasladar los costes a los precios, pero es que este esfuerzo se traslada asimismo al sector industrial, que es un consumidor nato de energía. Nuestro miedo viene de que este esfuerzo que se pide al sector eléctrico, y que se trasladará a los precios indudablemente, a su vez tendrá repercusión en la industria española, que tiene unas emisiones y unas asignaciones concretas, y si se rebasan tendrá que comprar derechos de emisión y a la vez se encuentra con una energía cuyos precios están en ascenso. Por eso nosotros creemos que este Plan nacional de asignación de emisiones podrá repercutir en la competitividad y en el empleo. Se ha hablado aquí mucho y también en diversos medios de la necesidad de reducir el consumo a nivel individual, de una mayor eficiencia energética y de un ahorro de energía; estamos de acuerdo, pero estamos hablando de unas cantidades ridículas, con perdón, porque, si los usos residenciales suponen el 6 por ciento, todos los esfuerzos que haga toda la sociedad para reducir en su ámbito, en su domicilio, en sus costumbres, ¿qué permitiría reducir, el 50 por ciento? Pasaríamos del 6 al 3, pero nos encontramos con que ciertos sectores, cuyo consumo tiene incidencia, como el del transporte y el industrial, no se contemplan. Hemos convertido Kioto en un problema de estar por casa, pero el problema excede estos ámbitos. Por esto mi compañero en una pasada intervención le preguntaba al señor secretario general si creía que podríamos cumplir con Kioto. Sinceramente, creo que no; yo no lo achaco al Partido Socialista ni al Partido Popular. No podremos cumplirlo, porque hay que tener en cuenta que partimos de unas condiciones que nos ponen en desventaja frente a los demás países. No es lógico que en España las emisiones per cápita sean de 8 y en Alemania sean de 12; nosotros podemos emitir menos que un ciudadano alemán; nuestra industria por muy eficiente que sea puede emitir menos que una industria alemana. Si una industria de cemento o cualquier tipo de industria puede emitir una cantidad, nos encontramos con que la alemana puede emitir mucho más, luego la competitividad se tiene que ver dañada a la fuerza, por mucha voluntad que ponga don Arturo Gonzalo, todo el ministerio y por mucho que nosotros le podamos apoyar, porque es un cálculo matemático. Si la industria española demuestra que tiene la eficiencia energética necesaria y la que se le exige, a esta industria no se le puede limitar las emisiones. Si a una industria que tiene una eficiencia suficiente y comprobada le limitamos las emisiones concediéndole unos derechos que no son suficientes, lo que estamos haciendo es limitar la producción, y si estamos limitando la producción de esta industria, -supongamos que estamos hablando de una multinacional-, lo que hará es irse a otro país donde puede emitir mucho más CO2 a establecer esta industria. Tenemos serias dudas de la influencia en la competitividad y en el empleo; un crecimiento del sector eléctrico del orden del 2 por ciento de media sobre los precios de la electricidad nos pone en desventaja respecto del resto de países de la Unión Europea, porque estos disponen de los planes de asignación con menos restricciones de derechos de emisión. En cualquier caso, este es un problema en el que realmente tendremos que estar de acuerdo Gobierno y oposición porque es muy importante, y habría que revisar en la Unión Europea, en el lugar que fuera necesario, la cuota que tiene asignada España; no porque no queramos reducir las emisiones sino porque queremos que haya una igualdad con el resto de países de la Unión Europea. Decía la señora Narbona al salir de la cumbre de Nairobi que España reduciría sus emisiones pase lo que pase. Yo no sé lo que quiere decir esta frase porque empeño hay en reducirlas, empeño

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hubo -aunque se intente negar- por el Gobierno del Partido Popular, y nos encontramos con el 53 por ciento por encima de lo que tenemos asignado.
Es difícil y temo sinceramente que no lo vamos a conseguir, y a la postre no conseguirlo se va a convertir en un problema económico. Señor Gonzalo, partiendo de la base de que estoy completamente de acuerdo con que hay que combatir el cambio climático, yo desearía saber si usted cree sinceramente que el comercio de emisiones contribuye a disminuir las emisiones; sinceramente, creo que no. El comercio de emisiones lo que hace es repartir la escasez; si a un sector se le asigna equis, pero necesita emitir más, compra derechos de emisión; luego no reduce. Si no se ha incorporado la tecnología suficiente, el sector no reduce emisiones; si el sector es potente compra derechos de emisión. No se reducen las emisiones; no es que no las reduzcamos nosotros sino que no se reducen en general. Sí funciona el mercado, pero desde el momento en que se pueden comprar emisiones el sector potente las comprará y lo repercutirá en los precios.


Termino, señora presidenta. El objetivo del I Plan de reducción de emisiones no se ha cumplido, que era estabilizar las emisiones al nivel del año 2002. Cada vez va a ser más difícil el cumplimiento. En estos momentos que se reduzcan o no las emisiones -aparte de las medidas que se están tomando o que se puedan tomar- supone estar a expensas de las condiciones meteorológicas porque si el año es intenso en frío o en calor se consumirá más energía, si el año es seco se consumiría más energía contaminante porque las hidroeléctricas no funcionarían. Luego estamos un poco a expensas de las previsiones meteorológicas y de los precios de los combustibles. Si ustedes como Gobierno nos proponen medidas adecuadas no les quepa duda de que nosotros las apoyaremos.


La señora PRESIDENTA: Ha consumido siete minutos del tiempo compartido.
Vamos a ser un poco flexibles, pero no mucho porque es muy tarde.


El señor PINTADO BARBANOJ: Señora presidenta, no se preocupe. Como ya ha dicho el secretario general el Plan de adaptación al cambio climático es un tema que va para largo, aunque esperamos en el Grupo Popular que no sea ad eternum.


La primera reflexión que le quisiera hacer, señor secretario general, va referido a los dos ámbitos de la comparecencia, no solamente al Plan de adaptación, sino a los planes de asignación del Protocolo de Kioto.
Parece que en vez de atacar las causas pasamos a prevenir y trabajar sobre los efectos. Estando totalmente de acuerdo con la intervención de mi compañera María Teresa de Lara, me parece que valdría la pena seguir haciendo esfuerzos en esa dirección no solamente con el mercado de derechos sino con la aplicación de nuevas tecnologías dentro del sector.
Me refiero al Plan de adaptación, como usted muy bien ha dicho, como un marco de referencia para la coordinación entre administraciones, evaluación de impactos, vulnerabilidad, adaptación. Es una adaptación o, mejor dicho, refleja los propios programas de Naciones Unidas en cuanto a la red global de desarrollo. En este sentido, quisiéramos preguntarle si existen programas de adaptación en otros países firmantes del protocolo de Kioto, si ha habido al respecto algún tipo de experiencias y en qué medida se ha entrado a trabajar en unos programas u otros. Le iba a preguntar por qué hemos entrado en estos cuatro capítulos, pero ya ha explicado usted que es en función de que es competencia del Ministerio de Medio Ambiente, lo cual nos parece una decisión correcta. También le quería preguntar si este plan prevé establecer programas sobre sectores económicos específicos, no generalistas, como, lo que se ha hecho en el primer plan de trabajo; si va a haber afecciones sobre temas tan concretos como la fauna, la agricultura o los montes, aunque por lo que ha explicado se entiende que sí; si esto se va a hacer por zonas regionalizadas, con la participación de los sectores que usted anteriormente ha comentado, o va a ser siempre desde el punto de vista del ámbito global de nuestro territorio. También querría saber si dentro de este plan está previsto el análisis de los impactos sobre la economía.
¿La adaptación persigue solamente analizar aspectos de carácter medioambiental o puede ampliarse a otros impactos? Estamos hablando no solamente de la economía sino también de la salud y del desarrollo tecnológico y, tal como le hemos manifestado en otras comparecencias, seguimos insistiendo en que, a juicio del Partido Popular, el tema de los programas de investigación directamente vinculados a esta problemática nos parece que a medio y largo plazo tienen que dar grandes resultados no solamente con la aplicación tecnológica para las empresas sino también en este programa de adaptación vuelvo a reiterarle que le agradecería que nos enviaran cuanto antes al Congreso de los Diputados el documento que se aprobó para poder ir trabajando y poder ir desmenuzándolo. Nos parece que la credibilidad va acompañada en el programa de investigación de la propia sensibilización de los sectores implicados, no de los sectores emisores sino de los sectores sufridores directamente, aunque en un aspecto -no voy a decir que ambiguo- ha planteado cuestiones de recursos hídricos, costas, etcétera que ya tienen unas afecciones muy concretas.
Hablan de dinamización de los procesos participativos y usted se ha referido a programas anuales concretos. Si son programas anuales concretos, nos gustaría conocer con detalle cuál es la estrategia concreta al final de la evaluación de ese programa para las zonas, porque si no nos da la impresión que el tema puede quedar como mucha filosofía de adaptación, de previsión de cara al futuro, pero que luego no haya medidas concretas a la hora de establecer estos términos.


Termino. Creo que la terminología utilizada es suficientemente ambigua como para servir a este plan o a otro cualquiera. Yo entiendo -es una apreciación personal- que puede ser una traducción directa del inglés y entonces la terminología que se utiliza sirve igual para

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un roto que para un descosido. No se ven objetivos concretos -lo ha explicado usted anteriormente- derivados del plan porque es un plan que lo primero que tiene que hacer es analizar, en función de los cambios que puedan producirse por los efectos del cambio climático, y por último creo que es un plan de adaptabilidad que tiene implicaciones políticas que pueden ser importantes a la hora de la toma de decisiones por parte del Gobierno. Me vienen a la cabeza dos ejemplos; uno es en relación con el tema de generación de producción eléctrica en cuanto si se prevén años de sequía o se prevé que las emisiones van a seguir en función de dónde obtenemos la generación de energía eléctrica, ya que eso puede llevar a posiciones del Gobierno en cuanto a la toma de decisiones importantes para cambiar el sistema de generación eléctrica o impulsar una dirección determinada, y otro un tema muy concreto -que es también materia de esta misma Comisión- que es el de los recursos hídricos y el efecto sobre la demanda de riego en España, que es una de las cuestiones que usted exponía. Pero que no vaya a servir un programa de adaptación de este tipo para decir que se prevé que en los próximos años el índice de pluviometría va a tener un descenso importante y que la consecuencia inmediata respecto a este objetivo concreto del programa de adaptabilidad sería la reducción de regadíos. Lo que le quiero recordar en este sentido al secretario general -aunque el ámbito de la competencia de los regadíos o de la política hidráulica depende tanto del Ministerio de Agricultura como del Ministerio de Medio Ambiente- es que este tema entra dentro de la planificación; la planificación hidrológica y la planificación hidráulica. Y ya que estamos hablando de planes de adaptación derivados de Naciones Unidas -espero que se lo pueda decir personalmente a la señora ministra-, recientemente hemos tenido acceso a un informe de Naciones Unidas donde se recomienda a los países que sigan adelante con la planificación hidráulica y con el tema de embalses como mejor garantía, de cara al futuro, de tener agua en reserva para poder utilizarla. Los embalses se utilizan en función de la capacidad que tienen, de la pluviometría, pero lo que hay que salvaguardar es el hecho de que no se puedan tomar decisiones en función de una planificación como la hidráulica, que es a muchísimos años vista, y lógicamente, la adaptabilidad que tenga el cambio climático, que puede decidir en un momento dado, porque se ha estudiado, que va a haber un índice de pluviometría mucho menor. Es decir, tener mucho cuidado a la hora de vincular unas cuestiones con otras. En el Partido Popular vamos a estar muy vigilantes, no solamente de ustedes sino de los informes que pueda haber y de las decisiones que se puedan derivar.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Guinart. Tiene diez minutos.


El señor GUINART SOLÁ: Señora presidenta, simplemente un apunte para disculparme por no haber podido asistir a la exposición del compareciente, debido a que la Comisión de seguimiento del pacto antitransfuguismo se ha prolongado más de lo previsto. (El señor vicepresidente, Merino Delgado, ocupa la Presidencia.) No obstante, leeré atentamente su intervención, en el "Diario de Sesiones" porque nuestro grupo, tiene mucho interés en el tema del cambio climático. Más allá de todo lo que se ha desarrollado a partir de las obligaciones que nos impone el Protocolo de Kioto, nuestro grupo tenía especial interés en conocer cuáles eran las medidas en relación con las llamadas emisiones difusas, pero, en cualquier caso, lo leeré en el "Diario de Sesiones".


Nuestro grupo, más allá de la sensibilidad medioambiental de la que hoy todo el mundo hace gala, tiene un interés específico en el impacto que puedan tener las medidas de control del cambio climático en la economía de nuestro país y en el bienestar de los españoles. Por ese motivo seguiremos sus explicaciones y, si conviene, tomaremos iniciativas parlamentarias en este ámbito.


El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Tiene ahora la palabra la portavoz del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, señora Bonàs.


La señora BONÀS PAHISA: Intervendré muy brevemente dado que se trata de un tema apasionante y no podía dejar de hacerlo.


Comparto muchas de las preocupaciones de la diputada señora De Lara en cuanto al sector eléctrico, que, de alguna forma, sí va a incidir en la competitividad, y aquí está la pregunta que siempre nos hemos hecho de por qué las tarifas eléctricas no tienen que estar relacionadas con la contaminación. Hoy hay medios tecnológicos suficientes para saber cuáles son las fuentes de la energía eléctrica y de alguna forma podremos incentivar las energías limpias, las no contaminantes, con una diferencia en la tarifa. Quisiera saber si, en esta línea, cree el secretario general que se podría avanzar para reducir las emisiones.


Hay un tema que no se ha apuntado aquí en la Comisión, que son las emisiones que corresponden al sector agrícola, que no es despreciable, es un 14 por ciento del total. Creo que en este sector hay mucho campo por recorrer, es un sector difícil pero en el que se podría avanzar y, comparativamente, es casi el doble del sector de la vivienda. Si tenemos para la vivienda un 6 por ciento y si, como anunciábamos, lo podemos reducir, trabajando intensamente con la edificación, a un 3 por ciento, es mucho más lo que se podría reducir en el sector agrícola si nos dedicáramos a investigar en este aspecto. El comercio de emisiones, es verdad, no reduce las emisiones; el comercio de emisiones facilita que otros países, de alguna forma, puedan controlar, pero no reduce las emisiones en nuestro país, y sí es cierto que las emisiones per cápita en España están penalizadas y

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que, en su momento, cuando hubo un I Plan Nacional de Asignaciones, cuando hubo el Protocolo de Kioto, Europa sacó ventaja. Especialmente Alemania, que tenía la industria obsoleta de la Alemania del Este, sabía que iban a reconvertir y pasaron a ser positivos y nosotros a negativos, muy negativos. Lo mismo pasaba con Rusia. En cambio aquí, no sé hasta que punto el Gobierno de España ha podido incidir en hacer cuentas sobre este aspecto, en que podríamos salir más beneficiados en ese II Plan de asignaciones teniendo en cuenta que históricamente nos perjudicó, que no se tuvo en cuenta que España entraba en un proceso de desarrollo económico cuando los demás países ya habían alcanzado una estabilización.
¿Hasta qué punto nuestra industria no va a sufrir ahora un peaje de competitividad por el que tendrán que pagar los comercios de emisiones? Porque aunque se carguen en la generación eléctrica, directamente van a pasar al gasto de las empresas y es sumamente importante la adecuación al cambio climático. Me ha impresionado, y es bueno que alguien lo diga, que estamos ya en el cambio climático y que no se va a parar aunque las emisiones se redujeran a cero, que es un proceso que ha avanzado, que no sabemos lo rápido que va a ser y que nuestro país está en la zona sensible. Ya es hora de que tengamos esto en cuenta, y si creemos que hay que planificar los regadíos, habrá que planificar los cultivos. Los cultivos tendrán que ser en función del agua que necesitan, habrá que planificar el agua que se consume, habrá que planificar el tipo de construcción y el tipo de ciudades. Es un trabajo arduo que no puede hacer el Ministerio de Medio Ambiente solo, tiene que hacerse en complicidad con las comunidades autónomas y con las demás administraciones, pero es el momento de la alerta roja. No quiero ser catastrofista, pero creemos que es un momento importante y que hay que dar el mensaje a la ciudadanía de que ya no estamos en hipótesis sino en realidades.


El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Tiene la palabra, el señor secretario general. Como a las cuatro tenemos Pleno, le ruego sea lo más breve posible.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO (Gonzalo Aizpiri): Me lo ponen difícil, porque en las intervenciones de los grupos creo que hay muchísimos elementos que merecen una gran atención.


Tengo que empezar agradeciendo la intervención del Grupo Parlamentario Socialista. Les anticipo que agradezco las intervenciones de todos los grupos y que estemos entendiendo claramente esta materia como una cuestión de Estado que necesita de la colaboración de todos a nivel de grupos parlamentarios y también a nivel institucional, que creo que es un enfoque imprescindible. Me pedía S.S. que hiciera una valoración del I Plan nacional de asignación. La valoración que hacemos es positiva. Hay tres aspectos: un primer aspecto es cómo está funcionando en el mercado, un segundo aspecto es cómo se ajustan las emisiones a la asignación realizada y un tercer aspecto es cómo están evolucionando las emisiones del sector industrial en el conjunto del país. Yo no haré ni muchísimo menos un discurso de mucha autosatisfacción porque, por supuesto, hay mucho que hacer, pero lo que ha sido un esfuerzo de todos creo que sí merece la pena poner de manifiesto en qué medida está siendo exitoso. En relación con el funcionamiento del mercado, tenemos en este momento un cumplimiento casi total, están puestos en circulación el 99,93 por ciento de los derechos asignados; la diferencia normalmente tiene su origen en instalaciones que han cesado su actividad, etcétera. El registro nacional de derechos de emisión ya está funcionando a velocidad de crucero. Hasta el momento se han producido 900 transacciones en el registro que suman más de 61 millones de derechos de emisión, más de 61 millones de toneladas intercambiadas. De estas transferencias tienen su origen o destino en otros registros de la Unión Europea más de 600, tiene, por tanto, un funcionamiento absolutamente normal, sin contratiempos y con una adecuada conexión con los otros registros comunitarios.


En cuanto a la correlación entre asignación y emisiones efectivamente producidas en 2005, tuve ya ocasión de hacer un pequeño balance a SS.SS.
Creemos que los datos muestran que la asignación estaba hecha de forma muy ajustada, todos los sectores industriales en 2005 han sido excedentarios en derechos -quiero subrayar esto- y han podido obtener un ingreso adicional o reservar sus derechos para este año, con la única excepción del refino de petróleo, que ha tenido un déficit de poco más de 200.000 toneladas, que es una cantidad pequeña para la asignación del sector. El sector que ha tenido un déficit significativo ha sido el eléctrico, como saben SS.SS., que en resultado neto ofrece un déficit de aproximadamente 10,1 millones de toneladas. Debo decir que en condiciones normales de producción hidroeléctrica y nuclear, el déficit hubiera sido muy bajo. El año pasado, como ya comenté a SS.SS., fue especialmente negativo en ese sentido, pero creemos que en este año 2006 se va a corregir.


Paso a la tercera parte, que es cómo pensamos que se están comportando las emisiones. Es la tercera línea a la que me refería. Creemos que las emisiones están confirmando la tendencia a la moderación que les informé en relación con primer semestre. En mi anterior comparecencia les dije que la suma del sector eléctrico y del sector transporte arrojaba una reducción del 1 por ciento en el primer semestre. Todo hace pensar que esa tendencia se mantiene en el conjunto del año. Los datos que tenemos en este momento a 15 de diciembre en el sector eléctrico muestran una moderación del consumo hasta el 2,5 por ciento en el sistema peninsular, y es importante porque el consumo, aunque tiene un componente estacional climatológico, es mucho menor que el reparto de generación dentro del mix entre tecnologías térmicas o

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no térmicas. Es cierto que estamos teniendo un mejor año hidroeléctrico.
La generación hidroeléctrica hasta 15 de diciembre se ha incrementado en un 25 por ciento respecto al año anterior, la producción nuclear se ha normalizado -el año pasado, como saben, fue un mal año nuclear- y la generación ha crecido un 4,8 por ciento, y esto sumado a menores consumos en el sistema, autoconsumos y bombeos y a la moderación del consumo del 2,5 por ciento, que es más de un punto por debajo del crecimiento del producto interior bruto, hace que la generación termoeléctrica haya crecido sólo un 0,4 por ciento hasta el 15 de diciembre. Dado que la participación del gas cada año es mayor, esto significa una reducción de emisiones seguramente en la línea del dato preliminar que les di para el primer semestre. El transporte sigue mostrando luces y sombras. Los últimos datos que tenemos son del mes de agosto y reflejan que el consumo acumulado de productos petrolíferos en los ocho primeros meses del año se había reducido un 0,3 por ciento respecto al año anterior. Sin embargo, ahí tiene un cierto peso el consumo de fuelóleos para generación eléctrica, es decir, no hay una relación directa con consumo de carburantes en transporte. Estimamos que seguimos próximos al incremento del 3 por ciento en emisiones que dimos para el primer semestre. Los dos meses de los que tenemos información, más allá de lo que ya les di, parecen confirmar claramente esa tendencia: una moderación del incremento del consumo de gasóleos en automoción y una acentuación de la reducción de consumos de gasolinas. Probablemente se está acentuando un poco esa tendencia a la moderación de la que les informé. Por tanto, la valoración que hacemos es positiva, aunque sin excesos de autocomplacencia, porque seguimos muy lejos de lo que tenemos que conseguir. Con todo, los datos que ha dado S.S. son ciertos. El nuevo Plan nacional de asignación supone un esfuerzo adicional, una reducción del 16 por ciento respecto a la anterior asignación en promedio anual y del 20 por ciento respecto a las emisiones físicas en 2005.


Preguntaba S.S., en el marco de la estrategia de cambio climático y energía limpia, cómo se aborda el tratamiento de los sectores difusos, cómo se consigue la corresponsabilidad de las administraciones. Sin ninguna duda, el éxito en relación con los sectores difusos corresponde en primer lugar a las administraciones públicas y entre ellas, naturalmente, al Gobierno de la nación. Nosotros tenemos que poner en marcha medidas imprescindibles para actuar en los principales sectores difusos, que son fundamentalmente cuatro. El primero, el del transporte, que ha sido ya mencionado aquí, es el principal de todos ellos con diferencia y el que está creciendo de una forma más acelerada. Entre 1990 y 2004 el crecimiento del sector transporte ha sido de un 77 por ciento.
A continuación, el sector residencial, con un 49 por ciento, pero déjenme SS.SS. hacer un comentario. Señalaba la señora De Lara, que el sector residencial tiene un impacto reducido en el inventario total. Es verdad en cuanto a emisiones directas, emisiones de calderas de calefacción, etcétera, pero si añadimos emisiones indirectas atribuidas al consumo de energía eléctrica, la participación se incrementa notablemente. El consumo de electricidad en el sector residencial computa en el sector eléctrico, sin embargo, seguramente es en el sector residencial donde hay mayores posibilidades de ahorro en consumo eléctrico, que es el que fundamentalmente nos va a permitir moderar las emisiones en el sector eléctrico. Por tanto, transporte, sector residencial, agricultura y residuos. Estos son los cuatro grandes elementos. La Agricultura -y hago un comentario de pasada a la intervención de la señora Bonàs-, ciertamente, tiene un largo recorrido, pero también es el único sector que ha reducido significativamente sus emisiones desde 1990. Quizá hacemos menos énfasis en el sector agrícola porque su evolución es bastante positiva ya que ha reducido sus emisiones en términos absolutos, ¿Las puede reducir más? Sin duda, pero hasta ahora es el sector que más está contribuyendo y que mejor se está comportando, igual que el sector de residuos, que empieza ya a mostrar mejoras. El sector de residuos ha venido empeorando rápidamente su perfil de emisiones, pero no por una peor gestión, sino por un mayor control. Las emisiones de los vertidos incontrolados eran desconocidas, pero cuando todo eso está ya adecuadamente controlado aparecen emisiones que antes existían en mayor medida pero que no se registraban. Ya empiezan a reducirse las emisiones en el sector de residuos y creemos que con los nuevos proyectos que hay de biometanización, recuperación de biogás, etcétera, esto se va a intensificar. Les anuncio que vamos a presentar el borrador del nuevo Plan nacional integral de residuos a las comunidades autónomas en los próximos días; les hemos enviado ya dos borradores y en breve les vamos a enviar la propuesta del ministerio para el nuevo plan nacional.


Las responsabilidades de la Administración General del Estado son numerosas -planificación de infraestructuras, política fiscal, etcétera-, pero sin ninguna duda hay una responsabilidad compartida con las comunidades autónomas y municipios. ¿Qué le vamos a proponer a las comunidades autónomas en la nueva estrategia? Que todas las comunidades se comprometan en un tiempo determinado a aprobar estrategias autonómicas sobre la base de unos criterios de homogeneidad y de comparabilidad comunes, y vamos a proponer a la Federación Española de Municipios y Provincias que los municipios que hoy tienen compromisos voluntarios, estando incorporados a la red de ciudades por el clima, alcancen unos umbrales mínimos a lo largo del próximo año. Es decir, claramente necesitamos esa colaboración de comunidades autónomas y de municipios y esa es la estrategia que va a servir de marco para ello.


Su señoría subrayaba la importancia del I+D+i, al igual que han hecho otros intervinientes, singularmente el señor Pintado, y señalaba en concreto la calidad del aire. Nosotros compartimos absolutamente esta prioridad. La lucha contra el cambio climático y a favor de

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la calidad del aire son dos caras de la misma moneda. Así lo vemos.
Combatir un uso insostenible del vehículo privado en las ciudades es una prioridad en materia de cambio climático -ya he dicho que las emisiones del transporte han subido un 80 por ciento y la mitad de esas emisiones tienen lugar en áreas urbanas y metropolitanas- y, al mismo tiempo, es una prioridad para no superar los niveles de óxidos de nitrógeno y partículas, que es un problema en estos momentos generalizado en nuestras grandes ciudades. A ese respecto, les quiero anticipar que el Gobierno, en el inicio del próximo año, espera poder remitir a esta Cámara un proyecto de ley de calidad del aire y protección de la atmósfera que entendemos que cuenta ya con un amplísimo consenso entre las comunidades autónomas y también en el Consejo asesor del medio ambiente. Creemos que ese proyecto de ley, cuando se convierta en ley pasando por las cámaras, puede ser un instrumento muy valioso. En ese borrador de proyecto de ley se establece que aquellas zonas urbanas y metropolitanas que superen los niveles de calidad del aire deberán aprobar planes de mejora de la calidad del aire que incluyan planes de movilidad sostenible. Creemos, por tanto, que va a ser un instrumento muy poderoso en este ámbito.


Intentaré ser más sintético en lo sucesivo, pero abordando la última parte de su intervención, efectivamente, el informe que presentó hace dos meses el economista jefe del Reino Unido, Nicolas Stern, ha supuesto cambiar el enfoque del problema para mucha gente. Stern nos dice que, si seguimos como hasta ahora, el cambio climático va a producir una pérdida de producto bruto mundial entre el 5 y el 20 por ciento, pero que mantener el cambio climático en unos parámetros manejables costaría un 1 por ciento del producto bruto anual. Esta visión económica del problema, oír decir a un ex economista jefe del Banco Mundial que si no se pone remedio el cambio climático va a suponer un hecho económico similar a las guerras mundiales o a la gran depresión, es algo que ha cambiado la perspectiva para mucha gente. Nosotros creemos que es así y nuestros estudios en materia de adaptación nos deben permitir obtener proyecciones para España con la mayor precisión sectorial y territorial posible.


Se ha hablado por parte de todas SS.SS. de si es o no correcto el objetivo que tiene hoy España, qué vamos a hacer, si es posible revisarlo, cómo vamos a participar en la revisión de directiva y en los compromisos futuros. Me gustaría responder en este momento a todas SS.SS. El Gobierno entiende que el compromiso que se asumió en el año 1997 no reflejaba de forma adecuada las perspectivas de crecimiento de España y su convergencia a los niveles de emisiones per cápita que razonablemente iba a tener que producirse, como así ha sido. Por tanto, creemos que el compromiso de España no responde, visto, es verdad, retrospectivamente, a los elementos de equidad que tiene que tener el régimen futuro de responsabilidades mundiales en esta materia. No obstante, el Gobierno entiende que el compromiso de Kioto no se puede revisar o renegociar. No hay ningún precedente, no hay ningún resquicio a nivel multilateral ni mucho menos a nivel comunitario. Toda la normativa multilateral, porque el Protocolo de Kioto no puede calificarse de otro modo sino como normativa multilateral, como la normativa comunitaria, es plenamente vigente, jurídicamente vinculante y no admite la posibilidad de posiciones unilaterales, es decir, que un país unilateralmente reclame una revisión de sus compromisos. El Gobierno entiende que esa opción no está disponible realmente y, por tanto, la posición del Gobierno es que tenemos que cumplir, sea como sea -y voy a explicar este comentario a continuación-, pero que desde luego tenemos que aprender la lección para la negociación del nuevo periodo de compromiso más allá de 2012. El mensaje que está dando España en todos los foros es totalmente nítido: el futuro régimen de compromisos tiene que estar basado en la equidad y eso no lo hace el régimen actual de compromisos. España va a exigir a nivel comunitario y multilateral que se incluya el principio de equidad, porque es cierto, como se ha dicho aquí, que una empresa española tan eficiente, o más que un competidor suyo en otro país europeo hoy puede verse obligada a comprar derechos a un competidor menos eficiente, y eso no tiene ningún sentido y, como no tiene ningún sentido, hay que corregirlo para el futuro. Por tanto, creemos que tanto a nivel comunitario como multilateral el próximo régimen de compromisos tiene que estar basado en la equidad y en la flexibilidad, y eso significa tomar en cuenta, entre otros factores, las emisiones per cápita para los sectores difusos y las emisiones por unidad de producción para los sectores productivos. Y estos criterios los vamos a aplicar ya en la revisión de la directiva a la que se han referido S.S. y otros portavoces. Ya hemos trasladado a la Comisión Europea una posición preliminar y, de hecho, participamos en Nairobi en un seminario organizado por la Comisión donde ya dijimos con claridad que vamos a requerir que en el régimen futuro se dé mayor importancia al -les digo la palabra en inglés porque es de uso universal en este ámbito- benchmarking, la comparación referencial entre distintos países. Creemos que para una misma actividad económica la asignación no puede apartarse de un intervalo que esté alrededor del de la mejor tecnología disponible, es decir, no puede ocurrir, como en la actualidad, que una planta con similar tecnología en dos países europeos tenga una diferencia de hasta un cien por cien en la asignación. Eso ocurre en algún caso muy singular y con mucho gusto les puedo enviar a SS.SS. la presentación que hice yo mismo en Nairobi a este respecto.


Por tanto, para la segunda fase, más referencias por unidad de producción a nivel comunitario, más flexibilidad en las instalaciones pequeñas -creemos que en instalaciones pequeñas el coste administrativo de participar en el comercio de emisiones puede superar los posibles ahorros en las emisiones, las instalaciones pequeñas deben contar con otros instrumentos-, e inclusión desde luego de nuevas actividades y nuevos

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gases cuando lo justifique la dimensión y siempre de una forma adecuada.
Por ejemplo, creemos que poner bajo el mismo sistema de comercio de emisiones a todos los sectores introduce distorsiones que hay que corregir y el sector eléctrico es buen ejemplo de ello. Ya he comentado en otras ocasiones a SS.SS. cómo otros aspectos regulatorios del sistema eléctrico causan una amplificación del impacto del comercio de emisiones en la tarifa eléctrica y en el sistema de formación de precios, como son los costes de oportunidad y los beneficios incumbentes o windfall profits, y luego volveré a ello. Por tanto, esta es la posición del Gobierno planteada de forma muy consistente, en este momento de forma muy creíble. España hará sus deberes, los está haciendo, cumplirá. ¿Qué queremos decir con lo de sea como sea? Hasta donde podamos llegaremos con reducciones dentro de nuestro territorio y, a partir de ahí, participaremos en los mercados globales del carbón y lo haremos, primero, intentando reducir el precio al máximo, naturalmente; segundo, optimizando el potencial que tienen los mercados de carbón como instrumento de cooperación y como motor del desarrollo sostenible y, tercero, optimizando los retornos para España, y volveré a ello a continuación.


Quería abordar ya directamente algunas de las preocupaciones del Grupo Parlamentario Popular. Naturalmente, comienzo agradeciendo, como siempre hago, la disponibilidad para alcanzar acuerdos del Grupo Popular en esta materia. Hay una primera preocupación que tiene que ver con el impacto en nuestra competitividad. Creo que estamos razonablemente de acuerdo en que los sectores industriales, con la asignación recibida, no van a tener un impacto negativo en su competitividad. Dentro de los sectores, sin ninguna duda, están más satisfechos los más eficientes que los menos eficientes, aunque ganar eficiencia es, en todo caso, una obligación que tiene otras muchas dimensiones que la del cambio climático, pero en conjunto creo que los sectores reconocen que ese es un esfuerzo que se puede hacer, que está asignado de una forma razonable. Nos preocupa la tarifa eléctrica, y es muy razonable que así sea. Yo les he dado algún número que, evidentemente, es discutible, pero a los precios de hoy el impacto en la tarifa eléctrica es de menos de un 1 por ciento. Es verdad que los precios pueden ser más altos en el futuro, en todo caso en el horizonte de precios más alto que en este momento consideramos razonable, el impacto estaría entre un 1 y un 2 por ciento, pero hoy el impacto es de menos de un 1 por ciento en la tarifa eléctrica; la tarifa eléctrica, si no recuerdo mal, está en torno a los 20.000 millones de euros, algo más, pues si calculamos el déficit proyectado y multiplicamos por 6,70, estamos claramente por debajo del 1 por ciento. Es decir, creemos que ese no es un elemento por sí solo decisivo en términos de competitividad.
Creemos que ese menos de un 1 por ciento se puede recuperar varias veces con una política de ahorro, eficiencia y de innovación tecnológica y que la prioridad por parte del Gobierno es facilitar ese cambio tecnológico.
Por tanto, naturalmente que nos preocupa la competitividad, estamos muy vigilantes con la competitividad, pero creemos que este Plan Nacional de Asignación no es una amenaza para la competitividad, tampoco por el impacto indirecto del efecto en los costes eléctricos.


He comentado el papel del sector residencial y me gustaría abordar ahora la preocupación de S.S. por nuestra posibilidad real de cumplir con Kioto. Ya he abordado algunas de las preocupaciones de S.S., pero me gustaría subrayar un par de puntos. Estamos de acuerdo en que por estar ubicada en un país o en otro una industria eficiente no debe verse obligada a comprar derechos a una industria que lo es menos y la posición del Gobierno ante la revisión de la directiva va a ser claramente la defensa de ese punto de vista. Creemos que, con todo, debemos y podemos cumplir con Kioto. Como SS.SS. saben, el nuevo Plan Nacional de Asignación se marca como objetivo que las emisiones en nuestro territorio no crezcan más del 37 por ciento; creemos que es posible, pero es extraordinariamente ambicioso. El resto lo tenemos que obtener de sumideros y de mercados de flexibilidad, y eso significa 289 millones de toneladas hasta 2012 en los mercados de flexibilidad; también es un objetivo extraordinariamente ambicioso y, sin embargo, todo apunta a que es un objetivo también alcanzable. ¿Cómo vamos hasta ahora? Hasta ahora hemos alcanzado compromisos con distintas instituciones multilaterales para adquirir aproximadamente 60 millones de toneladas, que es casi el 38 por ciento del exceso de emisiones que pensamos que van a tener los sectores difusos. Conocen ya SS.SS. nuestros acuerdos con el Banco Mundial, con la Corporación Andina de Fomento, más recientemente con el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, y con el Banco Asiático de Desarrollo. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Por lo tanto, con la suma de acciones domésticas y de participación en los mercados de carbono, estamos comprometidos, pero además convencidos de que podemos cumplirlo.


Se preguntaba S.S., la portavoz del Grupo de Esquerra Republicana, si realmente el comercio de emisiones reduce o no las emisiones. Hemos hablado muy a menudo de lo importante que es internalizar los costes ambientales de modo que sean una variable económica más y se ha venido diciendo desde una perspectiva económica de mercado que hay que dejar funcionar al mercado, pero asegurándonos de que se internalizan estos costes de naturaleza ambiental que antes no veía el mercado. Lo que hace el comercio de emisiones es exactamente eso. El comercio de emisiones introduce un coste adicional en los sectores más intensivos y menos eficientes, pero por comparación competitiva introduce una ventaja para los sectores menos intensivos en consumo energético y más eficientes. Y a nivel global ocurre lo mismo, cuando en México o en China se venían preguntando qué decisiones de política energética tomar, ahora se encuentran con que las energías renovables que

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típicamente no entraban en rentabilidad, tienen un ingreso adicional que cambia su posición competitiva entre las alternativas de inversión. Y fíjense que estamos en un momento en el que los países emergentes están tomando decisiones para instalar decenas de miles de megavatios de nueva potencia y estamos comprobando fehacientemente que la nueva realidad de los mercados de carbono está haciendo que estas decisiones en los países en desarrollo den una atención, una prioridad, un apoyo a las energías renovables que hasta ahora era muchísimo menor. Por tanto, creemos que los mercados de carbono no consisten solo en comprar el derecho a emitir, sino que dan una señal muy clara y muy interesante para que los países en desarrollo tomen decisiones en materia energética con tecnologías de menor intensidad en carbono, y hay muchos datos que apuntan en esa dirección, todavía de forma insuficiente, pero ya de forma indiscutible.
También les diré a SS.SS. que creemos que participar en los mecanismos de flexibilidad no es solo pagar por comprar derechos de emisión.


He subrayado ya el carácter de apoyo al desarrollo sostenible en los países anfitriones y me gustaría darles un dato que nos ha parecido muy revelador, sobre las posibilidades que tienen también los mercados de carbono de producir retornos para las empresas españolas. En un estudio independiente que ha financiado la Comisión Europea, que se presentó en Nairobi, se han medido para todos los proyectos del mecanismo de desarrollo limpio registrados hasta enero de este año la procedencia de la tecnología utilizada y se ha llegado a la conclusión de que casi la mitad de toda la exportación de tecnología limpia a países en desarrollo en el marco de proyectos MDL es exportación española, de los casi 500 millones de euros exportados en los proyectos del mecanismo de desarrollo limpio, casi 250 son exportaciones españolas, seguidas por Francia que no alcanza los 100 millones de euros. O sea, que realmente estamos hablando de un instrumento muy interesante desde muchos puntos de vista. Respecto a la preocupación de la señora De Lara sobre si estamos a expensas de la meteorología y de los precios del combustible, empezamos a apreciar tendencias subyacentes que van más allá de la coyuntura meteorológica o de precios de la energía. Le comentaba a S.S. que a 15 de diciembre el consumo eléctrico está en un 2,5 por ciento y creemos que eso es realmente significativo, es casi la mitad de lo que crecía el consumo eléctrico el año pasado por estas fechas y el año ha sido caluroso; eso es bueno en invierno pero es malo en verano, que nos produce unas puntas en necesidades de refrigeración muy intensas.


Pasando a los comentarios del señor Pintado sobre la adaptación, existen planes en otros países. A nivel de Naciones Unidas, el Plan Quinquenal de Adaptación se aprobó en Montreal hace un año y los procedimientos operativos para que pueda ponerse en marcha se han aprobado en Nairobi.
Por tanto, la experiencia internacional va ligeramente retrasada en relación con España; ciertamente somos uno de los primeros países que ha aprobado su plan de adaptación, como saben SS.SS., además, hemos promovido el Plan iberoamericano de adaptación al cambio climático en el seno de la red iberoamericana de oficinas de cambio climático y es el primer plan regional de que tiene constancia Naciones Unidas y que se está utilizando como ejemplo para otras iniciativas regionales. Su señoría pedía mayor precisión y preguntaba si vamos a trabajar o no en sectores económicos. Vamos a proponerle a las comunidades autónomas un programa coordinado de I+D+i en materia de adaptación que aborde sectores que comúnmente identifiquemos como prioritarios y algunas propuestas las ha mencionado S.S.: la salud ha de ser claramente uno de esos sectores prioritarios; la agricultura debe ser otro, y el turismo debe ser un sector prioritario, y acabamos de ver cómo la disponibilidad de nieve es muy dependiente de la temperatura media. Por tanto, vamos a abordar las cuestiones que ha citado S.S. y vamos a intentar hacerlo en un programa coordinado con las comunidades autónomas.


Su señoría me pedía que explicara medidas específicas y decía que esto va a tener una fuerte implicación política en la toma de decisiones. Sin ninguna duda tiene que ser así y, aún más, le diría que tiene que servir para eso, tiene que servir para orientar la toma de decisiones en los planificadores públicos y privados. Les puse el ejemplo en otra comparecencia del sector de los empresarios del vino, que están muy preocupados por cómo va a influir esto en su negocio, si van a poder seguir utilizando las mismas variedades o no, si las enfermedades propias de las vides van a cambiar, si se van a intensificar, o van a aparecer nuevos rivales comerciales. Todo esto tiene que dar lugar a la toma de decisiones y ese debe ser nuestro objetivo. Cuando esperaba para iniciar mi comparecencia oí una pregunta sobre zonas inundables. En materia de cambio climático, sin ninguna duda, en las zonas costeras hay que conocer cuál va a ser el efecto del nivel del mar y hay que conocer qué medidas preventivas desde el punto de vista de la ordenación del territorio va a ser preciso adoptar. Estos programas a los que me he referido van a contemplar esas medidas específicas teniendo en cuenta el esquema competencial, hay muchas medidas que tienen que ser abordadas por otras administraciones o por otros agentes. Creo que le puedo asegurar a S.S.
que el Plan de adaptación va a proporcionar a los responsables sectoriales la información que necesitan para tomar decisiones, pero el Plan de adaptación no va a ser prescriptivo, no va a decirle a nadie lo que tiene que hacer; evidentemente, le va a dar información suficiente como para que el responsable de tomar decisiones no pueda alegar ignorancia. Yo le diré, por ejemplo, que en materia de agricultura, sin ninguna duda, se va a dibujar un horizonte en el que va a haber que apostar crecientemente por especies con menor necesidad de agua, con mayor resistencia a la temperatura, pero eso no va a ser una receta que dé el Plan de adaptación, los responsables de esta materia serán los que deban tomar decisiones.


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Espero haber respondido a las preguntas de S.S. y si no, me solicitará que se lo aclare.


Compartimos, como hemos dicho, la preocupación del Grupo Catalán (Convergència i Unió) por los sectores difusos y los impactos en la economía y he puesto ya algún ejemplo. Hay otros más y se están dirigiendo a nosotros sectores como el de los seguros, el señor Pintado había abordado también el sector energético; naturalmente que esta es una información clave para conocer las posibilidades de actuales tecnologías en el futuro. En cuanto a la intervención de la señora Bonàs, conectar las tarifas eléctricas con la contaminación, creemos que es uno de los efectos que produce precisamente el comercio de emisiones. Un kilovatio/hora producido en una central térmica de carbón, hoy tiene un sobrecoste respecto al kilovatio/hora producido con una tecnología limpia. Es cierto que tenemos un sistema eléctrico que hace que ese impacto se diluya en el conjunto del sistema eléctrico, porque si el kilovatio marginal, es decir, el último kilovatio/hora en entrar en el sistema, es de una tecnología térmica, el incremento de coste se aplica a todo el sistema eléctrico. Por tanto, ahí hay una clara distorsión que debe ser objeto de atención, aunque no por este secretario general. La virtud del comercio de emisiones es precisamente esa, que introduce en el coste de la electricidad el carácter contaminante de unas tecnologías respecto a otras. Con todo, pensamos que para evitar estos efectos -y lo he mencionado anteriormente- en la revisión de la directiva hay que dar un tratamiento diferenciado al sector eléctrico porque en la situación actual ese efecto beneficioso solo se pone de manifiesto cuando es extremo, en condiciones normales queda diluido en el conjunto del sistema y retribuye al conjunto de las tecnologías. Me he mostrado ya de acuerdo en la necesidad de actuar sobre el sector agrícola; SS.SS. saben, por ejemplo, que el Gobierno está aplicando una nueva filosofía en relación con la gestión de residuos agropecuarios, singularmente purines. Estamos intentando apostar por tecnologías mas eficientes energéticamente para la gestión de los purines, pero es cierto que todavía hay importantes oportunidades de ahorro, que vamos a intentar aprovechar.


He comentado las preocupaciones de S.S. en relación al poder efectivo del comercio de emisiones para reducir las emisiones y nuestra opinión sobre las emisiones per cápita. Y S.S. terminaba -yo también lo haré- subrayando la importancia de la planificación, de la complicidad con las comunidades autónomas. El Gobierno lo comparte absolutamente. Creemos que es necesario visualizar pronto con las comunidades autónomas una consideración compartida de la política del cambio climático como política de Estado y eso en 2007 se debe hacer visible con la aprobación de la estrategia española de cambio climático y energía limpia y la aprobación de las estrategias de las comunidades autónomas, de una forma cooperativa tal y como está hecho el Plan de adaptación y en segundo lugar el programa coordinado en materia de adaptación. Esa tiene que ser la expresión de esas complicidades. S.S. decía que estamos en un momento de alerta roja, nosotros intentamos dar el mensaje de que estamos a tiempo de actuar. No nos queda mucho tiempo y la acción tiene que ser muy decidida, pero estamos a tiempo de responder. No pensemos que ya da igual lo que hagamos porque es demasiado tarde. No, estamos a tiempo de actuar y por tanto esa transmisión a la sociedad española de un acuerdo entre instituciones en esta materia, creemos que es decisiva.


La señora PRESIDENTA: Damos las gracias por su interesante comparecencia a don Arturo Gonzalo. Si alguno de los grupos desea intervenir, muy brevemente, tiene su derecho. (Pausa.)

Damos por finalizada la sesión de la Comisión. Agradezco a todos, diputados y diputadas, su asistencia.


Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.

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