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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 445, de 13/12/2005
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 445
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN MARÓN BELTRÁN
Sesión núm. 28
celebrada el martes, 13 de diciembre de 2005


ORDEN DEL DÍA:

Solicitud de prórroga de los trabajos de las siguientes subcomisiones:

-Para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas.
(Número de expediente 154/000003.) ... (Página 2)

-Para la emisión de un informe que analice la ordenación y adecuación del tiempo de trabajo, la flexibilidad horaria y de la jornada, así como de las posibilidades de adecuación del horario laboral a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. (Número de expediente 154/000005.) ... (Página 2)

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Proposiciones no de ley:

-Por la que se acuerda la comparecencia cuatrimestral en Comisión, previa remisión de los informes correspondientes, de distintas autoridades del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000061.) ... (Página 3)

-Relativa a los certificados de idoneidad en materia de adopción internacional. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001307.) ... (Página 5)

-Relativa a la promoción y mejora del tratamiento de la imagen de las personas mayores en los medios de comunicación. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000392.) ... (Página 9)

-Relativa al procedimiento de recaudación de la Seguridad Social.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001105.) ... (Página 11)

-Para facilitar la movilidad de los investigadores y de los profesores de educación superior extranjeros, mediante la agilización de la concesión de visados. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Número de expediente 161/001112.) ... (Página 13)

-Relativa a la compatibilidad de la pensión de orfandad y el matrimonio.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001274.) ... (Página 17)

Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES SUBCOMISIONES:

-PARA POTENCIAR Y PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS.
(Número de expediente 154/000003.)

-PARA LA EMISIÓN DE UN INFORME QUE ANALICE LA ORDENACIÓN Y ADECUACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO, LA FLEXIBILIDAD HORARIA Y DE LA JORNADA, ASÍ COMO DE LAS POSIBILIDADES DE ADECUACIÓN DEL HORARIO LABORAL A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL. (Número de expediente 154/000005.)

La señora PRESIDENTA: Damos comienzo a la sesión de la Comisión con dos solicitudes de prórroga de los trabajos de las siguientes subcomisiones: en primer lugar, de la Subcomisión para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas. Se prorroga por tres meses más a contar desde su finalización. En segundo lugar, tenemos la de la Subcomisión para la emisión de un informe que analice la ordenación y adecuación del tiempo de trabajo, la flexibilidad horaria y de la jornada, así como de las posibilidades de adecuación del horario laboral a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal durante el próximo periodo de sesiones. Si los señores y señoras diputadas lo consideran así, ¿damos por prorrogados estos plazos? (Asentimiento.) (El señor Tardá i Coma pide la palabra.)

Tiene la palabra el señor Tardá.


El señor TARDÁ I COMA: Quiero dejar constancia, de hecho es la consulta que acabo de hacerle al señor letrado, de que existe una solicitud del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana para que se cree una subcomisión que se encargue de estudiar la viabilidad de la renta básica. Como ya hemos hablado de este tema en alguna reunión de la Mesa, temiendo que se alarguen los plazos y atendiendo al hecho de que hay otra propuesta anterior a la nuestra presentada por el Grupo Parlamentario Popular, quisiera saber qué posibilidades de éxito tenemos para que la comisión que solicitamos se pueda crear en el próximo periodo de sesiones.


La señora PRESIDENTA: Entiendo su posición y queda constancia de su planteamiento, pero es una cuestión de reunión de Mesa, no de esta Comisión. Por

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tanto, no tenemos en este momento ningún debate. Muchas gracias.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

-POR LA QUE SE ACUERDA LA COMPARECENCIA CUATRIMESTRAL EN COMISIÓN, PREVIA REMISIÓN DE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES, DE DISTINTAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000061.)

La señora PRESIDENTA: Continuamos con el orden del día establecido. Debate y votación de las siguientes proposiciones no de ley: Punto número tres del orden del día por el que se acuerda la comparecencia cuatrimestral en Comisión, previa remisión de los informes correspondientes, de distintas autoridades del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Tiene la palabra para su defensa la señora Martín Mendizábal.


Simplemente a título orientativo, esta Comisión será corta y en torno a dos horas como máximo será la votación. (La señora vicepresidenta, Cortajarena Iturrioz, ocupa la Presidencia.)

La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Efectivamente, como se ha dicho, mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, ha presentado esta proposición no de ley que da simplemente cauce o establece un procedimiento que dé una buena práctica democrática, porque va a permitir a esta Cámara a través de esta Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales ejercer una función de control a la acción del Gobierno en su vertiente de políticas de empleo y políticas sociales. Es verdad que disponemos de diversos, multitud y variados datos de contratación, de pensiones, de recaudación, etcétera, pero también es verdad que carecemos en esta Cámara -resalto lo de en esta Cámara, donde reside la soberanía nacional- de la valoración política que el Gobierno hace de esos datos y de su evolución, más allá, repito, de lo que puede ser una rueda de prensa y de lo que conocemos por los medios de comunicación. Tengo que recordar que el presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, como decimos en nuestra proposición, en su discurso de investidura dijo, por un lado, que prometía un cambio sustentado en valores como el diálogo y la transparencia; también dijo: Lo que se dice se hace, y estoy decidido a propiciar que las Cámaras puedan ejercer efectiva y eficazmente su misión fundamental de control al Gobierno. Pues bien, señorías, esa transparencia y ese control se plasman, en el caso de las políticas sociales y de empleo, en que el Congreso, repito, a través de esta Cámara reciba los informes correspondientes, las explicaciones y las valoraciones sobre la evolución de las líneas generales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; en definitiva, que la trasparencia, el diálogo y el control parlamentario al Gobierno se hagan realidad y no se limiten a datos de la página web del ministerio o el correspondiente disquete de Seguridad Social. Por ello, solicitamos en esta proposición no de ley comparecencias periódicas -hemos indicado cuatrimestrales-, y yo creo que tres veces al año no parece que sea excesivo. No obstante, estaríamos dispuestos a otro periodo, previa remisión de los informes correspondientes, con una antelación mínima de 15 días para que nos dé tiempo a estudiarlos.


Solicitamos la comparecencia de estas autoridades en concreto: del secretario de Estado de Seguridad Social para informar de la evolución del sistema de la Seguridad Social, del secretario general de Empleo para informar de la evolución del empleo y de la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad para informar de la evolución de la aplicación de las políticas sociales. Espero que todos los grupos apoyen y voten a favor de esta propuesta y en especial, si me permiten, que el Grupo Socialista lo acepte porque, aparte ya del compromiso de transparencia y de diálogo del presidente del Gobierno en su discurso de investidura, tenemos unos antecedentes que están en otra comisión -es verdad-, la Comisión de Economía y Hacienda, pero que a estos efectos es similar. En ella también se dispone de multitud de datos, y es muy importante la valoración política que de esos datos realice el Gobierno; es muy importante el debate y es muy importante poder ejercitar fluídamente esa acción de control al Gobierno.


Pues bien, desde el año 1996 en esa Comisión de Economía y Hacienda -VI Legislatura- se institucionalizan estas comparecencias periódicas, y se hace a instancia de dos proposiciones no de ley, una del Grupo Socialista y otra del Grupo Popular, que se acumulan y se votan por unanimidad, y el Gobierno del Partido Popular se somete, por supuesto y como no podía ser de otra manera, a este control democrático. Por otra parte, en la VII Legislatura, año 2000, siguiendo con estos antecedentes, igualmente en dicha Comisión de Economía y Hacienda se aprueba por unanimidad y por una proposición no de ley del propio Grupo Popular estas comparecencias cuatrimestrales; y en la VIII Legislatura, año 2004, también se aprueba por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Popular en el mismo sentido. Es decir, esa Comisión de Economía y Hacienda nos sirve de antecedente en cuanto a esas comparecencias.


Pues bien, el Grupo Popular cree que las políticas de empleo y las políticas sociales en su doble vertiente de seguridad social y servicios sociales, familia y discapacidad requieren de ese diálogo, de ese debate, de esa transparencia y de ese control al Gobierno a través de las comparecencias que hemos solicitado. Repito que mi grupo espera el apoyo de todos los demás a esta proposición, y lo espera especialmente -lo digo y lo

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he dicho ya- del Grupo Socialista. Lo tengo que decir porque si no se podría aplicar aquello de que del dicho al hecho hay un trecho, y del dicho del diálogo, del dicho de la transparencia y del dicho del talante al hecho del diálogo, al hecho del talante y al hecho de la transparencia hay un trecho que no ha recorrido el Grupo Socialista; o de otra forma, dime de qué presumes y te diré de qué careces; o si prefieren más coloquialmente tengo que lamentar que si no fuera de esta forma y no se aceptara por el Grupo Socialista de nuevo el señor Rodríguez Zapatero nos habría engañado.


La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): ¿Quiere fijar posición algún grupo parlamentario? (Pausa.)

Si no hay ningún otro grupo que pida la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la diputada María Soledad Pérez Domínguez.


La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Como no podría ser de otro modo, el Grupo Socialista comparte la necesaria transparencia que debe existir en la labor del Gobierno y en el control que de su actividad realiza el Parlamento en cuanto que es uno de los cometidos que constitucionalmente tiene atribuidos. Se trata sin duda de principios incontestables y respecto de los que el actual Gobierno, como ha dicho usted y en especial su presidente, ha reiterado repetidamente su voluntad de convertirlos en elementos básicos, y hoy, un año y medio después de comenzada esta legislatura, podemos afirmar con rotundidad que se han convertido en elementos básicos de la acción del Gobierno y que la Cámara tiene una actividad como no la ha tenido en otros momentos. Son, por otra parte, principios que llevan vigentes en la vida política desde que se aprobó la Constitución española, esa que defienden ustedes ahora de una manera tan férrea, y que se han venido aplicando por tanto en las sucesivas legislaturas, también cuando gobernaban ustedes. ¿Acaban de descubrir ahora que es necesario obligar a que vengan los responsables del ministerio a dar cuenta de la política que se está efectuando en el Gobierno? ¿Lo acaban de descubrir ahora después de siete legislaturas y de estar ustedes dos legislaturas en el Gobierno? Si además esto fuera necesario, supongo que, como usted bien conoce, está abierta la discusión del Reglamento de la Cámara, donde debería recogerse; y por qué para este ministerio y no para otro.


El ejemplo que usted pone de economía no tiene ningún sentido. Sabe, y de ello ha hecho buena referencia, que se trata de un hecho especial el que en la Comisión de Economía al comienzo de cada legislatura se presente una proposición no de ley que aprueban los dos grupos mayoritarios, el suyo y el mío, porque, sabe usted también, cuatrimestralmente se presentan informes de coyuntura económica que son de obligado reconocimiento en dicha Comisión. El objetivo de las iniciativas parlamentarias del control está bien claro. A través de todas las figuras de control que se establecen, que son un marco muy amplio, se conoce qué hace el Gobierno. No comprendemos muy bien la razón de que el Grupo Popular estime justo en este momento y después de un año y medio, en el que se han producido 83 comparecencias del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en Pleno y 13 en esta Comisión, la presentación de esta proposición de ley, y le recuerdo a la señora diputada que solo ha habido 14 meses hábiles desde que empezó la legislatura, o sea una vez por mes mínimo. La secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Discapacidad y Familias ha comparecido en 19 ocasiones solo en esta Comisión; sale a más de una por mes. Además le recuerdo que hay otras comisiones en esta Cámara que son comisiones no legislativas en las que también comparecen los altos cargos del ministerio, como es la Comisión de Discapacidad o la del Pacto de Toledo. Así podríamos seguir. Tampoco entiendo muy bien por qué piden ustedes la comparecencia de la secretaria de Estado de Asuntos Sociales y no la de la secretaria de Estado de Inmigración.


Además, por si hubiera alguna duda, tengo la relación de todas las comparecencias que se han producido durante este periodo por el Gobierno socialista, que ha cumplido su compromiso; sin olvidar además, señora diputada, que en esta legislatura se han reunido esas dos comisiones no permanentes; que además hay otra Cámara donde se ejerce el control, que es el Senado; que el Gobierno está cumpliendo y los diputados también, así como la Mesa de esta Comisión, porque hay otras formas de control del Ejecutivo, y si no que se lo pregunten al señor Campuzano, que es un experto en hacer preguntas -tiene un voluminoso compendio de preguntas-, o a su compañero el señor Vañó, que ejerce un control riguroso de la actividad del Gobierno y, en concreto, de la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales.


Señorías, esta Comisión encabeza el ranking de la Cámara por su permanente actividad; eso habla en beneficio de todos nosotros, de la Mesa y de los miembros de esta Comisión. Además, en este momento tenemos constituidas dos subcomisiones, el máximo que hay en la Cámara, para las cuales acabamos de pedir una ampliación. La actividad legislativa de esta Comisión no puede ser mayor: empezamos por aprobar una ley tan importante como la Ley Integral o la del SOVI; estamos trabajando en la subcontratación; inmediatamente van a entrar la ley de lengua de signos, la de infracciones y sanciones o la ley de atención a la dependencia. Al mismo tiempo estamos trabajando en dos subcomisiones de tanta importancia como la de responsabilidad social de las empresas o la de conciliación de la vida familiar. El Gobierno controla, esta Comisión está haciendo su trabajo, así como todos los diputados que la forman, también los del Grupo Popular. En consecuencia, vamos a votar en contra de esta propuesta que solo establecería una rigidez innecesaria.


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La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Pido la palabra para consumir un breve turno de réplica, con el fin de matizar...


La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Señoría, lo siento, no hay turno de réplica en una proposición no de ley.


Hay una petición por parte de Esquerra Republicana que solicita a la Mesa, ya que debe estar presente en la reunión de la Mesa de la Cámara, anticipar la proposición número 8, relativa a los certificados de idoneidad en materia de adopción internacional, y pasarla a debate en este momento. ¿Hay oposición por parte de algún grupo? (Pausa.) ¿Se puede modificar el orden del día? (Asentimiento.)

-RELATIVA A LOS CERTIFICADOS DE IDONEIDAD EN MATERIA DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001307.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Pasamos seguidamente al debate del punto número 8, que es la proposición no de ley relativa a los certificados de idoneidad en materia de adopción internacional, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.


Para su defensa, tiene la palabra la diputada Olivia Cedrés Rodríguez.


La señora CEDRÉS RODRÍGUEZ: Señorías, la incorporación de niños y niñas a familias nuevas para ellos a través de la adopción es un fenómeno que tiene a la vez larga historia y gran actualidad. Es una historia que data de muchos siglos, pues desde tiempos remotos hay constancia de la existencia de familias que asumían funciones parentales con niños y niñas a los que no estaban ligados biológicamente, y se puede citar, por ejemplo, el Código de Hammurabi, documentos egipcios, chinos, indios, griegos, romanos, las Partidas y los fueros españoles; pero tiene una enorme actualidad, pues la adopción ha adquirido una visibilidad y una relevancia social que no había tenido anteriormente. En efecto, hasta épocas nada remotas la adopción era considerada un asunto interno y privado de la familia, mantenido muchas veces en secreto no solo cara al exterior de la familia, sino incluso de puertas adentro, hasta el punto de que no han sido pocos los adoptados que entre nosotros han crecido sin conocer la verdad de sus orígenes. Cada vez más la adopción es una realidad abiertamente reconocida, tanto dentro como fuera de los hogares adoptivos, hecho que refleja los cambios que se han operado en apenas unos años en la población española.


Con respecto a la adopción internacional, y al igual que lo ocurrido con otros fenómenos sociales, España se ha incorporado relativamente tarde, pero a una gran velocidad, de manera que a principios del siglo XXI se ha situado entre los primeros países del mundo en lo que a cifras de adopción internacional se refiere. Desde 1997 hasta diciembre de 2004 han llegado a España, adoptados internacionalmente, unos 24.000 niños y niñas. Si bien no hay cifras oficiales, se calcula que actualmente puedan estar a la espera de culminar este proceso 15.000 familias, añadiendo que podemos realizar una estimación de más de 8.000 familias las que cada año inician el proceso. En ese camino hacia la constitución de la familia adoptiva el primer requisito al que se someten las familias es a la evaluación psicosocial para obtener el certificado de idoneidad; y en este sentido va el primer punto de esta proposición no de ley que dice estudiar las distintas fórmulas y procedimientos utilizados en las distintas comunidades autónomas, de cuyas conclusiones sea posible proceder a mejorar los procedimientos actuales. Por supuesto, se contempla en el texto que esto se haga en el marco que se considere más adecuado, ya que mi grupo conoce perfectamente que las competencias en materia de menores las tienen las comunidades autónomas y de ningún modo con esta propuesta se trata de cercenar o restar importancia a las autonomías; al contrario, la finalidad de esta proposición no de ley es que pueda mejorar el procedimiento y los criterios para establecer la idoneidad y mejorarlo, teniendo en cuenta las formas de llevarlo a cabo en las distintas comunidades autónomas y que exista un enriquecimiento de aquellas que menos desarrollado lo tienen por aquellas que más lo han hecho.


Se constata en las conclusiones, que datan de diciembre de 2003, de la Comisión especial sobre adopción internacional, llevada a cabo en el Senado, que los procesos y efectos de la declaración o certificado de idoneidad son sensiblemente diferentes en función de las comunidades autónomas y según se resida en una u otra la obtención puede ser de distinta manera. Un modo sería a través de los servicios de la correspondiente comunidad autónoma y otro a través de profesionales mediante abono de sus honorarios, con sensibles diferencias en este caso en cuanto a plazos de obtención. El incremento del número de solicitudes de adopción internacional ha obligado a las comunidades autónomas a incrementar recursos materiales y humanos para dar respuesta a la creciente demanda de los solicitantes de adopción. Al mismo tiempo, al tratarse de un fenómeno en continua evaluación han podido producirse entre las distintas comunidades ciertos desfases en cuanto a disponibilidad de recursos, lo que ha dado lugar a que la duración de las intervenciones en las distintas etapas del proceso adoptivo pueda diferir notablemente según se trate de una comunidad u otra. Estas diferencias, por razón de territorio, en la tramitación y obtención de los certificados de idoneidad se acentúan también en relación con los efectos, plazos y costes. No podemos obviar la situación que se produce entre familias según

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vivan en una comunidad autónoma u otra, en los plazos que tardan las mismas en la expedición del imprescindible certificado de idoneidad, porque nos encontramos en plazos que oscilan desde los tres meses en algunos casos hasta más de un año en otros. Este hecho evidencia claramente la discriminación territorial de la familia y el perjuicio que se les ocasiona, ya que el tiempo es irrecuperable y la edad de los adoptantes es determinante según el país de origen, con la consecuencia de que la paternidad o maternidad biológica dura nueve meses y la que se hace a través de la adopción internacional podría oscilar entre dieciocho meses y cuatro años. Una queja generalizada de las familias, también ratificada por los expertos que comparecieron en el Senado, se centraba en la investigación y el contenido de las entrevistas con psicólogos y trabajadores sociales para la realización de informes. Se denunciaba la sensación de ser sometidos a un juicio sumarísimo o de experimentar una valoración de motivaciones y conductas que originaba un modelo de exclusión y no de ayuda. Se aprecia además una falta de especialización en el tema y una duplicidad en la evaluación de los psicólogos y de los trabajadores sociales.


En consonancia con lo que acabo de citar, referido a las conclusiones, también en estas se habla, refiriéndose al ámbito normativo, de la conveniencia de estudiar la revisión de la legislación estatal sobre adopción, examinando los procedimientos de la adopción internacional para adaptarlos a las circunstancias actuales. Para este fin se pide que la Administración atienda a las conclusiones del informe. Pero no solo consideramos las conclusiones del Senado, sino que nos atenemos a lo que las familias adoptantes plantean con respecto a la obtención de la idoneidad, porque aseveran que se enfrentan a la obtención de este certificado con la mayor inseguridad jurídica que cabe imaginar en un procedimiento administrativo; son las propias familias las que lo denuncian. Plantean que no saben en la mayoría de los casos qué se evalúa, qué requisitos sociales o psicológicos se les piden e ignoran en algunos momentos, por falta de regulación en algunos casos, que tienen derecho a leer y conocer el contenido de los informes antes de que el órgano competente conceda o deniegue la idoneidad; desconocen que pueden hacer alegaciones al contenido de esos informes y, sobre todo, corregir errores o malas interpretaciones; en algunos casos desconocen la validez y vigencia de la idoneidad adquirida, porque puede ser que en la regulación no aparezcan. En este sentido es notoria la necesidad de un estudio sobre los distintos procedimientos y fórmulas que utilizan las comunidades autónomas para valorar la idoneidad de los solicitantes de adopción, analizar las ventajas y dificultades de cada uno de ellos y obtener unas conclusiones generales que puedan ser útiles a las entidades públicas para las mejoras de los mismos. En cuanto a la idoneidad, me gustaría decir que el dictamen del Comité Económico y Social de la Unión Europea de 1 de julio de 1992 sobre la adopción contiene una recomendación sobre los procedimientos de adopción que deberíamos considerar. Según ella, estos procedimientos deben ser rigurosos sin ser meticulosos. El abuso de las gestiones a las que se somete a los candidatos a la adopción puede atentar contra el respeto que merecen como personas, a su proyecto. Los candidatos deben ser ayudados y no simplemente juzgados. Para que esto no ocurra es imprescindible que desde la Administración se trabaje por la mejor formación y especialización de los profesionales que trabajan con las familias adoptantes a través de la adopción internacional, y esto es lo que se recoge en el segundo punto de esta proposición no de ley. Son los profesionales quienes abren la posibilidad de la adopción a través de un informe de idoneidad, quienes orientan en muchos casos a las familias en relación con el tipo de adopción y con el país, quienes hacen o dejan de hacer la formación para la adopción, quienes informan sobre las características de la niña o niño, quienes preparan a los padres para el viaje y quienes después les ayudan cuando llegan a España. Es mucho lo que se juega en la adopción internacional. Es enorme el potencial de bienestar y satisfacción implicados y es muchísimo lo que las administraciones públicas aportan al proceso y muchísimo lo que los profesionales y entidades ponen de su parte para que las cosas funcionen satisfactoriamente. La formación de los profesionales que trabajan en la adopción internacional es imprescindible cara a conseguir mejorar el buen hacer de las administraciones, de las entidades y por tanto de los profesionales implicados.


Dicho esto, el Grupo Socialista va a aceptar la enmienda que modifica el punto 2 y que ha presentado el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña, en la que añade el tema de las comunidades autónomas. Con respecto a las enmiendas del Grupo Popular, como habrán comprobado en esta exposición, la proposición no de ley del Grupo Socialista ya recoge lo que esas enmiendas proponen, con lo cual mi grupo no puede aceptarlas.


La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Para justificar la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Tardá.


El señor TARDÁ I COMA: Quiero agradecerle a usted y a los grupos parlamentarios presentes en la Comisión que me hayan permitido el cambio en el orden del día. Decía la diputada del Grupo Popular que le debo una, lo cual me llena de intranquilidad. (Risas.)

La enmienda lo que pretendía, aunque ya ha manifestado la diputada socialista que nos la acepta, era reforzar la idea de que las adopciones en las comunidades autónomas gozan de la llamada autoridad central. De hecho, tenía anotado que en el año 1995 el Rey de España ratificó el Convenio de La Haya de adopción internacional, en el que queda claro que las comunidades

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autónomas son autoridad central. Aunque los convenios internacionales los suscriba, tal y como debe ser, el Estado a través del ministerio del señor Moratinos, es cierto que las comunidades autónomas son las que instan al ministerio a firmar los convenios. Esta condición de autoridad central permite a las comunidades autónomas establecer convenios internacionales con los organismos oficiales de los Estados con los cuales se establecen esos convenios. En ese sentido, en Cataluña tenemos establecidos acuerdos con China, Etiopía, Rusia y Nepal, y según lo que se me comunica desde el Gobierno de Cataluña, el próximo año se van a establecer siete acuerdos con siete países más. Esto permite afirmar que en este caso Cataluña, así como otras comunidades autónomas del Estado español, viene desarrollando hace tiempo una actividad interesante en este sentido. Queda claro, pues, que por razones competenciales efectivas la formación debe llevarse a cabo en donde se ejecuta y se despliega la actividad. Quizá estaba en el ánimo y en el espíritu del Grupo Parlamentario Socialista que quedara integrada esta voluntad, pero, si se me permite la expresión, por si acaso, nosotros entendíamos que valía la pena que quedara no solo implícito sino explícito, ya que no tendría ningún sentido implicar a toda la Administración del Estado, también la central, en la formación y que se pudiera caer en posibles errores de duplicidades, como fomentar aquello que ya se está llevando a cabo.
Quizás era una enmienda excesiva; en todo caso agradezco al Grupo Socialista que la haya asumido.


La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Méndez Monasterio.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Señorías, la adopción internacional, como saben, ha sido objeto de numerosas iniciativas en esta Cámara y además sobre todo en la legislatura anterior fue objeto incluso de la constitución de una comisión específica en el Senado sobre adopción internacional. La causa fundamental de entonces fue el elevado número de adopciones internacionales que se estaban produciendo en nuestro país debido a la baja tasa de natalidad y por tanto a los muchos solicitantes que existían y los pocos niños objeto de adopción que había en nuestro país. Fue en el Convenio de La Haya de 1993, como ya se ha repetido en diversas ocasiones, ratificado por España en 1995, donde se sentaron las bases sobre este tipo de adopciones. Los objetivos del convenio fueron garantizar que las adopciones internaciones tuvieran lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto a sus derechos fundamentales. Reconoce el convenio que para el desarrollo armónico de su personalidad el niño debe crecer en un medio familiar y en un clima de felicidad, amor y comprensión. Dichos extremos se deben controlar por el Estado de origen y por el receptor.


La Comisión creada en el Senado acogió las comparecencias de diversos expertos sobre el tema y culminó con una serie de conclusiones y recomendaciones al efecto en los ámbitos normativo, administrativo y de las entidades colaboradoras de adopción internacional. En la Comisión se expusieron y revisaron los procedimientos de adopción internacional y se estudiaron los problemas que pudieran surgir para intentar solventarlos y al fin garantizar los derechos del niño y evitar dificultades para los adoptantes. Entre los diversos temas que se expusieron fue bastante reiterada -además ya lo ha dicho al representante del Grupo Parlamentario Socialista- la diferencia de trato y de criterio en las diferentes comunidades autónomas para la expedición del certificado de idoneidad, y todos los problemas que surgían allí se expusieron. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, establece los requisitos que deben tener los adoptantes, así como las administraciones competentes en materia de protección del menor. En materia de adopción internacional son competentes las comunidades autónomas; son quienes emiten los certificados de idoneidad, que es de lo que se trata en esta proposición no de ley, y también son quienes tienen la competencia de la acreditación de las entidades colaboradoras. En todo este procedimiento el objetivo fundamental es la protección del menor. La Ley de 1996 tiene como principio general que en toda actuación de los poderes públicos ha de primar el interés del menor. El sujeto objeto de protección es el niño y los poderes públicos tienen que garantizar que las personas que solicitan su adopción sean las idóneas para el normal desarrollo del niño. Es el niño el que hay que proteger y se han de garantizar los derechos que le asisten. No se tiene derecho a un niño a toda costa. Es oportuno señalar en este punto que uno de los objetivos perseguidos por la nueva regulación de matrimonios de personas del mismo sexo, como es la adopción, es imposible que se pueda conceder con carácter internacional, ya que ninguno de los países ofertantes de niños en adopción admiten que lo sean por parejas del mismo sexo. Los países ofertantes prefieren matrimonios. China, Bolivia y Colombia requieren que las parejas estén casadas y los cupos para monoparentales son muy pequeños y, en algunos casos, como en Bolivia, no se aceptan. El convenio de La Haya reconoce que es el niño el que tiene derecho a una familia y a crecer y a desarrollarse en un entorno familiar adecuado. Para la obtención del certificado de idoneidad se exige previamente un estudio psicosocial de los adoptantes que se realiza de diferentes maneras por las distintas comunidades autónomas; en unas se realiza por los propios profesionales de la comunidad autónoma, en otras se hace por medio de contratos a empresas dedicadas específicamente a estos estudios y en otras se realiza por medio de turnos de oficio en los respectivos colegios de psicólogos o trabajadores sociales. Ante esta

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perspectiva, la Comisión del Senado recomendó que se efectuara una mejora en la formación de los profesionales que realizan estos trabajos y además que, en la medida de lo posible, se unificaran criterios, porque dependía de dónde se solicitara la adopción para que la emisión del certificado de idoneidad tardara más o menos tiempo, la propia emisión tuviera un coste, aparte de otro tipo de diferencias. Por ello, además de considerar que lo solicitado por el Grupo Parlamentario Socialista responde a las recomendaciones de la Comisión, hemos presentando una enmienda ampliando y modificando mínimamente uno de los puntos. Ampliamos el texto adecuándolo más exactamente a las recomendaciones de la Comisión, por lo que, además de solicitar que se realice un estudio del procedimiento de emisión de los certificados de idoneidad por las diferentes comunidades autónomas con cuyas conclusiones sea posible proceder a mejorar los procedimientos actuales, añadimos: Intentar establecer un acuerdo con las administraciones competentes sobre los criterios generales para la concesión o denegación de la idoneidad a los solicitantes de adopción internacional, de manera que se trate por igual a los solicitantes del mismo tanto en lo que se refiere a su coste como a su plazo de emisión, con independencia del organismo o entidad que los expida. Hemos modificado el segundo punto simplemente añadiendo el verbo mejorar porque se ajusta más a la verdad, ya que siempre ha existido formación de estos profesionales, por lo que, tal y como consta en las recomendaciones, nos parece más oportuno. Por último, añadimos un punto más relativo a la mejora de la información que se debe dar a los adoptantes a la hora de tomar esta decisión. Se aconsejó así porque también se detectó la carencia en los procedimientos.


Siempre ha existido un espíritu de consenso en el tema de la adopción -lo que es de alabar- ya que ello beneficia sobre todo a los niños, pero también a los nuevos padres. Teniendo claro que el objetivo que todos pretendemos es la protección del menor y garantizar sus derechos fundamentales, debe facilitarse que los procesos de adopción se hagan de la manera más eficaz posible. Podemos estar de acuerdo con la representante del Grupo Parlamentario Socialista sobre que en la redacción del primer punto sí puede estar incluido lo que nosotros proponemos añadir en este punto. Por tanto, lógicamente, votaremos a favor, pero creemos que la enmienda que proponemos no está incluida en la redacción de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista.


Al principio hablábamos de que el tema de la adopción había sido objeto de diversas iniciativas. Así, además de la constitución de la Comisión de adopción, en esta legislatura nuestro grupo presentó una iniciativa en el Senado para la creación de un organismo, entidad o instituto de adopción internacional en el marco de la Administración del Estado y en coordinación con las comunidades autónomas que se aprobó mediante una transaccional y por unanimidad el 5 de abril de 2005. Esperamos que se estén realizando los trabajos para la consecución de dicho objetivo porque lo único que sabemos es que se ha constituido un órgano consultivo y que en la reunión de constitución del mismo se solicitaron una serie de equipos de trabajo, aprobándose solamente la formación de uno de ellos con la misión de definir los objetivos, funciones y funcionamiento de la Agencia estatal para la adopción internacional. Todo lo que se adelante en mejorar los procesos de adopción sea bienvenido, ya que los datos que tenemos nos demuestran que año tras año se van incrementando las adopciones internacionales en España. El mayor número de adopciones procede de China. En el primer semestre de este año en España se han producido 1.517 adopciones de este país, frente a 1.142 en el primer semestre de 2004. Sin embargo, las adopciones procedentes de Rusia han bajado; en el primer semestre de 2004 se produjeron 803 y en el primer semestre de 2005 se han aprobado 538. De Ucrania, en el primer semestre de 2004 fueron 176 y en el primer semestre de 2005, 180. De Colombia, en el primer semestre de 2004, 124, y en el primer semestre de 2005, 101. No se produjo ninguna adopción procedente de Etiopía en el primer semestre de 2004 y en el primero de 2005, 116. Estos son los números más relevantes de la adopción internacional en España y con estos datos termino mi intervención.


La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): ¿Hay algún grupo que quiera tomar la palabra para fijar posición?

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Mi grupo votará favorablemente esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, con la enmienda presentada por el señor Tardá. Todos coincidimos en la cuestión de fondo, que es el impulso de medidas que recojan la preocupación de las familias que viven procesos de adopción internacional y que, con independencia de la comunidad donde residan, se encuentran con más o menos dificultades para acceder con normalidad a este proceso, por otro lado delicado y necesitado siempre de tutela por las administraciones públicas. El vía crucis al que muchas familias se ven sometidas para adoptar un niño en otro país, los largos plazos que existen, etcétera, conforman preocupaciones que hemos venido conociendo a lo largo de estos últimos años de amigos y electores. Por tanto, hay una coincidencia indudable en la cuestión de fondo que nos plantea el Grupo Parlamentario Socialista desde la perspectiva de que la intervención de la Administración Central del Estado -y ahí mi grupo aplaude el redactado del punto primero de esta proposición no de ley- debe centrarse en la recepción de estudios con cuyas conclusiones cada una de las comunidades autónomas, en función de sus

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necesidades, de sus prioridades y, en definitiva, del ejercicio de su autogobierno, pueda tomar las medidas necesarias para mejorar los procedimientos que se estén utilizando. Por tanto, coincidimos en la necesidad de impulsar medidas que mejoren la gestión de la adopción internacional, especialmente en lo que hace referencia a la emisión de los certificados de idoneidad, y respetamos plenamente que esta actuación corresponde las comunidades autónomas, pero rechazamos no el texto del Grupo Socialista pero sí algunas afirmaciones que se han hecho por la portavoz del Grupo Popular en el sentido de que quizás la intervención de la Administración Central del Estado debería suplir la actividad de las comunidades autónomas. (La señora Méndez Monasterio: No.) Eso sería un error porque quien es competente es la comunidad autónoma, y el papel del Estado es facilitar, acompañar, hacer públicas buenas prácticas y recomendar. En todo caso, debe ser en los parlamentos autonómicos donde se discutan los cambios legislativos correspondientes.


Finalmente, con la enmienda que ha presentado el señor Tardá el punto segundo sitúa en sus justos términos la necesidad de mejora de la formación de los profesionales de este sector. Por tanto, votaremos favorablemente la proposición no de ley con esa enmienda.


-RELATIVA A LA PROMOCIÓN Y MEJORA DEL TRATAMIENTO DE LA IMAGEN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000392.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente pasamos al debate de la proposición no de ley relativa a la promoción y mejora del tratamiento de la imagen de las personas mayores en los medios de comunicación. Esta proposición no de ley ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra doña Carmen Quintanilla.


La señora QUINTANILLA BARBA: Efectivamente, mi grupo parlamentario trae al seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales una proposición no de ley para tratar de la imagen social de los mayores en los medios de comunicación. Tengo que recordar que el Gobierno del Partido Popular puso en marcha el Plan de acción de las personas mayores uno de cuyos pilares hablaba de la imagen de la vejez, del envejecimiento y de cómo había que promover esa imagen social de las personas mayores en España. Y lo digo con el respaldo de los estudios que he tenido que conocer para preparar esta proposición no de ley y en el contexto de la importancia que los medios de comunicación tienen en la formación de criterios en la sociedad y de su enorme influencia a la hora de difundir valores sociales o, por el contrario, de repetir imágenes estereotipadas que en muchas ocasiones nada tienen que ver con la realidad, difundiendo mensajes sobre determinados sectores que no favorecen un tratamiento adecuado a los mismos. Me refiero a que en los informes o reportajes de nuestros medios de comunicación solo vemos a nuestros mayores -en una sociedad cada vez más envejecida- como personas que viven en residencias, tienen escasa capacidad económica, viven solos y además en muchos casos están enfermos y se sienten desamparados. Esa es la realidad en la que viven muchos mayores en España, pero también es importante conocer que tenemos mayores activos, que tenemos que reflejar la importancia de lo que nuestros mayores pueden aportar a la sociedad. En los medios de comunicación solamente un 8 por ciento de los actores de la programación televisiva son mayores. Eso ya ha sido denunciado por la Confederación de organizaciones de personas mayores en su último congreso celebrado en los últimos días de octubre en Madrid, donde efectivamente requerían que nos preocupáramos de la importancia de la imagen de las personas mayores en la sociedad española.


Tengo que decirles que, por ejemplo, la presencia de los mayores en la prensa escrita, en los periódicos de gran difusión nacional es mínima; no se preocupan de la importancia de esas personas mayores y solo aparecen en momentos en que son víctimas de malos tratos o de fenómenos delictivos y, en general, como personas infravaloradas por la sociedad. Tan solo el 24 por ciento de los artículos recogen la onomástica de un personaje famoso ya anciano, a propósito del cual se ensalzan sus obras. Las investigaciones sobre estos temas han puesto de relieve que, con carácter general, se tiene una actitud negativa hacia el envejecimiento y los valores que la experiencia y el conocimiento de estas personas pueden aportar a toda la sociedad en general. Además, tengo que decirles que, desde el punto de vista de la importancia de las personas mayores, el 80 por ciento de estas personas pasan más de cinco horas al día frente a la televisión, lo que les convierte en consumidores masivos de este medio aunque sus necesidades estén completamente desatendidas. La mayoría declara que no existen espacios suficientes que aborden los temas que les afectan directamente y que en la mayor parte de los casos las informaciones esporádicas referidas a ellos en medios de comunicación contienen un mensaje negativo, ya que siempre aparece la vejez como una situación de desgracia. Desde esta Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales y con la preocupación que tiene mi grupo parlamentario, tenemos que decir que contamos con un colectivo de personas mayores muy numeroso, que muchos de ellos en estos momentos están realizando grandes trabajos a favor de la sociedad y que ese trabajo se presta anónimamente. Cuántos abuelos y abuelas hoy hacen posible la conciliación de la vida profesional, familiar y personal de sus hijos e hijas para

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que tengan mayores oportunidades en el mundo del empleo y en el mundo del ascenso profesional y que hacen posible esa conciliación de padre y madre porque tienen un abuelo y una abuela que están prestando esos servicios.
Tenemos mayores -personas de más de 65 años- que están cuidando a personas muy longevas, de 80 ó 90 años, que están haciendo posible el cuidado de personas dependientes y tampoco aparece la imagen de ese trabajo tan importante. Por otra parte, también me estoy refiriendo al gran trabajo que hacen en el voluntariado social. Hay organizaciones no gubernamentales que hoy ayudan en múltiples materias a licenciados por las distintas facultades de las universidades de España, ayudándoles a su integración en el mundo del empleo, y también hay personas mayores que tienen que estar presentes en la sociedad como consejeros o como hombres y mujeres dinámicos.


Señoras y señores diputados, ¿por qué nos empeñamos en transmitir que la vejez es solitaria y desgraciada? Es fundamental reconocer que las sociedades cambian y avanzan, que los mayores cada día nos dan lecciones de fuerza y optimismo. Se han convertido en pieza clave por lo que pueden aportar a la sociedad. No podemos seguir viendo la imagen de lo que la sociedad puede dar a los mayores, sino lo que los mayores tienen que dar a la sociedad, que fue uno de los grandes retos de la segunda asamblea mundial del envejecimiento celebrada en Madrid para precisamente hablar de la importancia de las personas mayores en una sociedad que envejece y que también debe, cada día, tener el mejor concepto de una comunicación intergeneracional entre jóvenes y mayores para abordar los grandes retos del envejecimiento, la dependencia y de la comunicación entre jóvenes y mayores. Por lo tanto, es importante que tengamos claro que debemos transmitir una imagen positiva de la vejez, de la madurez y de que cumplir años significa vivir y que esos años nos van a dar la respuesta de tener que ofrecer mejores servicios a la sociedad española.


Señora presidenta, no sé si me estoy alargando demasiado y estoy poniendo demasiado ímpetu a mi intervención pero, desde luego, le puedo asegurar que es fundamental tener clara la importancia de los mayores en la sociedad española. Pido a todos los señores diputados de los distintos grupos parlamentarios que apoyen esta proposición no de ley por la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas en el marco del IV objetivo del Plan de Acción del Mayor aprobado en el año 2003 y con vigencia hasta el año 2007; que se revisen, desde la seriedad, los contenidos de los medios de comunicación públicos, de forma que la imagen del mayor se ofrezca como un miembro más de la sociedad y no en los aspectos marginales; que se impulsen programas específicos a través de las asociaciones de mayores y en las convocatorias de subvenciones del 0,5, en los que se difunda la vejez como una etapa de la vida que ofrece oportunidades y aportaciones fundamentales en el marco de las relaciones intergeneracionales; que se realicen campañas específicas en las que se promocione una imagen positiva y activa de los mayores y se pongan de relieve sus cualidades, capacidades y experiencias como bagaje de aportación a la sociedad actual.


Termino, señora presidenta, pidiendo de nuevo el voto afirmativo de todos los grupos parlamentarios, porque hoy los mayores nos lo han pedido, quieren el protagonismo que se merecen, necesitan nuestro apoyo que es imprescindible para el avance de nuestra sociedad; una sociedad que envejece y que, posiblemente, seamos en el año 2050 una de las sociedades más envejecidas. Este es el momento de abordar esa imagen del mayor porque posiblemente muchos de nosotros seremos mayores y querremos que la sociedad nos respete y cuente con nosotros.


La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): ¿Hay algún grupo parlamentario que desea fijar posición? Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Mi grupo apoyará esta proposición no de ley que con tanta pasión ha defendido la señora Quintanilla. Coincidimos en las cuestiones de fondo que nos plantea, como no podía ser de otra manera; es más, en la etapa de Gobierno de la Generalitat en la que Convergència i Unió tenía esa responsabilidad, como resultado del diálogo con las asociaciones de personas mayores, el concepto de persona mayor activa -gent grand activa- conformó parte de nuestra política pública en ese ámbito. En la última legislatura, con el Gobierno comandado por Convergència i Unió, la Generalitat incluso llegó a elaborar un libro blanco sobre la gente mayor activa, orientado a introducir ese enfoque en positivo sobre las cuestiones vinculadas a las personas mayores. Por tanto, esta proposición no de ley, que reclama un compromiso del Gobierno del Estado a través de los medios de comunicación públicos para propiciar ese enfoque, cuenta con nuestro apoyo.


Es inevitable -me toca hacerlo hoy- recordar que hoy los medios de comunicación de Barcelona publican un informe del Colegio de Médicos de Barcelona que sitúa una realidad negativa sobre la gente mayor que no podemos obviar: los maltratos a personas mayores por parte de sus hijos y de otros familiares. Esta es una realidad que no podemos obviar y que defender una visión de las personas mayores activas, emprendedoras, con capacidad de implicarse en la sociedad no debe hacernos olvidar esas realidades tan dramáticas como que haya abuelos o abuelas que son maltratados por sus hijos.


La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don José Andrés Torres Mora.


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El señor TORRES MORA: Nosotros valoramos positivamente la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. Creo que es una preocupación compartida obviamente por todos los grupos y por toda la sociedad el bienestar de las personas mayores y, dentro de él, el bienestar psicológico que se asocia a su imagen pública. Cuando observaba los datos de la exposición de motivos de la proposición no de ley, recordaba un viejo estudio de sociología de la educación que se llamaba Del rosa al azul o algo así, en el que los sociólogos constataban que en las clases objeto de investigación los profesores se dirigían mucho más a los chicos que a las chicas. Inicialmente pensaban que era una forma de discriminación hacia las chicas, hasta que descubrieron el contenido de las apelaciones, y es que los profesores se dirigían a los chicos para regañarles y a las chicas para atenderlas. Entonces, realmente a veces los estudios nos muestran solo una parte de la realidad que no coincide exactamente con toda la realidad. Lo cierto es que yo veía estos datos -que estoy seguro, además, que son absolutamente ciertos- y pensaba que, después de todo, los medios de comunicación no son tan influyentes, ya que la imagen social de los mayores en nuestro país en general es buena, a pesar de esa imagen que se transmite por los mismos. Por otra parte, cuando veía a personas en residencias, en asilos, solas, enfermas, de mal humor, me preguntaba por qué razón los medios de comunicación daban esa imagen; la respuesta parece evidente y es que probablemente la intención de los medios de comunicación consiste en sensibilizar a la sociedad sobre las peores situaciones o sobre las situaciones más denunciables de la condición de las personas mayores. A veces, la consecuencia de nuestras acciones es absolutamente perversa e intentamos hacer cosas con un efecto positivo y en muchas ocasiones eso tiene un efecto negativo.
Estoy convencido de que la aparición de las personas mayores en los medios de comunicación con esa imagen no se refiere tanto a la expresión de una ideología de la opinión pública española, sino precisamente al interés por denunciar y por sensibilizar sobre los sectores más débiles de entre de las personas mayores, que, en efecto, no son afortunadamente la mayoría, sino pequeños grupos por los que nos interesamos.


Es muy necesaria la propuesta que presenta, además con tanta fuerza y pasión, la señora Quintanilla. Es muy importante que todos, que los gobiernos, que las instituciones, tengamos levantada la guardia en nuestra preocupación por los mayores, por todos sus aspectos, pero también es fundamental ser astutos a la hora de defenderlos para no provocar en muchas ocasiones efectos perversos; es el destino de la vida humana y de la política, que hacemos cosas que suelen tener a veces consecuencias no queridas. En todo caso lo único que nos queda siempre es mejorar la condición material y personal de los mayores. En ese sentido este Gobierno está muy comprometido con la condición de los mayores, como todos los gobiernos socialistas lo han estado a lo largo de la historia de nuestra democracia. Pensiones no contributivas, aumento de pensiones en la actualidad, ley de la dependencia son acciones que contribuyen a mejorar la vida de los mayores y también su imagen, en la medida en que los mejores propagandistas de la buena imagen de los mayores y los mejores defensores son los propios mayores, con su vida, que son los que consiguen que realmente que haya, pese a esa imagen que a veces se publica, una buena impresión en la sociedad respecto a la situación o al papel que juegan y de mucho respeto hacia ellos. Por eso, agradeciendo una vez más la iniciativa a la señora Quintanilla, tomando naturalmente el deseo de mantener levantada la guardia, reconociendo la importancia y el valor de lo que aportan los mayores a nuestra sociedad, nosotros vamos a votar a favor de la iniciativa de la proposición no de ley con absoluto entusiasmo.


-RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001105.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente pasamos a defender el punto quinto, proposición no de ley relativa al procedimiento de recaudación de la Seguridad Social, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y, en su nombre, para su defensa, toma la palabra don Carlos Mantilla.


El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: El 26 de septiembre de 2002 en esta misma Comisión se aprobó una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que defendía este mismo portavoz referida prácticamente a este mismo tema. El fondo de la cuestión es la diferencia existente en cuanto a los medios de recaudación entre la Seguridad Social y la Hacienda Pública. Hay temas que son tremendamente concordantes entre una y otra y que han intentado equipararse, por ejemplo, la prescripción o el interés legal del dinero, llegándose a una coincidencia entre el reglamento de recaudación de la Seguridad Social y el reglamento de recaudación de la Administración tributaria. Sin embargo hay un aspecto que me gustaría hacer llegar a SS.SS., y vuelvo a repetir que el 26 de septiembre de 2002 se había aprobado por unanimidad, con el apoyo entusiasmado del Grupo Socialista que incluso era imperativo diciendo que quería aplicarse a partir del 1 de enero de 2003. Algo de ello se hizo y así, tanto la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, como la Ley General de la Seguridad Social 52/2003 intentan de alguna manera equiparar los temas de recaudación. Fíjense, señorías, que tanto una ley como otra destinan el artículo 27 a tratar de los ingresos extemporáneos. Como bien saben SS.SS., cuando uno deja de declarar cualquier tipo de impuesto

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a la Administración tributaria tiene un recargo del 5, 10 ó 15 por ciento según se ingresa a los tres meses, a los seis meses o al año; a partir del año tiene un 20 por ciento de recargo más intereses de demora, y eso es así sin declaración. Curiosamente, y no sé cuál es el motivo, la Seguridad Social discrimina entre si se han presentado documentos o no se han presentado. Aquí está la cuestión fundamental de esta proposición no de ley. Tengan en cuenta SS.SS. que la Seguridad Social tiene perfecto conocimiento de todos los contribuyentes, es decir, casi automáticamente la Seguridad Social puede detectar quién ha presentado la documentación y quién no la ha presentado. Pues bien, la Ley 52/2003 ha suavizado los recargos que estaban vigentes en aquel momento posiblemente gracias a la proposición no de ley aprobada por unanimidad. En aquel entonces, presentando los documentos, eran dos meses -para el primer mes era el 5 por ciento de recargo- y ahora, para el primer mes es el 3 por ciento, para el segundo mes el 5 por ciento y para el tercer mes el 10 por ciento y, de recargo, el 20 por ciento (antes era el 20 por ciento de demora y el 20 por ciento de apremio, que, aunque eran incompatibles, podían tener los dos), en tanto que si no se presentan los documentos, el recargo automático es del 20 por ciento. Entonces, señora portavoz del Grupo Socialista, le puedo decir que hay muchísimas pequeñas empresas en España que confeccionan ellas mismas los impresos de la Seguridad Social que incluyen a tres o cuatro personas y no tienen por qué pagar a una gestoría por la confección de unos impresos de la Seguridad Social, y como -primero hay que rellenar ese impreso y después hay que llevarlo al banco antes del último día del mes-, ocurre con frecuencia que te has despistado, pensabas que estabas en el día 30 y resulta que era el último día de ese mes, o porque el día siguiente fue sábado, por cualquier circunstancia puede ocurrir que ese pequeño empresario no haya llevado el impreso al banco el último día del mes y lo lleve al día siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces tiene un recargo automático del 20 por ciento. Eso me parece una discriminación absurda que no viene a cuento, porque la Tesorería de la Seguridad Social es perfectamente conocedora de quién ha presentado y de quién no ha presentado estos impresos. Por tanto, el que vaya al día siguiente o a los dos o tres días y tenga un recargo similar al de la hacienda pública, que es un 5 por ciento, nos parecería adecuado.


Señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, vuelvo a repetirle que su compañera y defensora en su día de la postura del Grupo Parlamentario Socialista mostró un entusiasmo por esta proposición no de ley; es más, nos incitaba a ver si éramos capaces de aplicarla el 1 de enero de 2003.
Le recuerdo que ambas leyes se aprobaron en el año 2003, aunque no con esa prontitud. Repito que simplemente se trata de anular la diferencia que hay entre presentar los documentos y no presentarlos, que tengan el mismo recargo en ambos casos. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista nos ha señalado que un 20 por ciento de la recaudación en España se encuentra en esta situación, por tanto, son pequeños y medianos empresarios que confeccionan sus propios impresos, que los llevan al banco y que muchas veces se despistan. Se trata de que ese despiste no les salga tan caro y, vuelvo a repetirlo, es tremendamente fácil solventar la situación. Ya que se pretende reformar una vez más la Ley de recaudación de la Seguridad Social -hoy tenemos el Real Decreto 14/2004 recientemente aprobado-, con esa pequeña modificación podemos solventar esta cuestión.


La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): ¿Algún grupo desea intervenir para fijar posición?

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votará a favor de esta iniciativa que nos plantea el Grupo Parlamentario Popular. Todo lo que sea mejorar el trato del sistema de recaudación de la Seguridad Social con los ciudadanos del Estado español, con las pequeñas y medianas empresas nos parece necesario. Mi grupo parlamentario, aunque no con la concreción de la iniciativa que hoy plantea el Grupo Parlamentario Popular, en diversas ocasiones se ha ocupado de esta cuestión, ya que electores de nuestras demarcaciones nos han manifestado preocupaciones relacionadas con situaciones que entienden de abuso exagerado por parte de la Seguridad Social en procesos de demora de pago por muy pocos días. Esto afecta a pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas poco dotadas de los recursos para hacer frente a la carga de gestión que supone hacer las cosas bien en este ámbito y, por tanto, es una situación injusta. Por ese motivo y teniendo en cuenta que la medida que nos plantea el Grupo Parlamentario Popular es posible que la Seguridad Social la lleve a cabo sin ningún tipo de problema, votaremos a favor de la misma.


La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López i Chamosa.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: El portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos decía que el 1 de octubre de 2002 se aprobó una proposición no de ley textualmente idéntica a la que hoy estamos planteando aquí, sin cambiar ni una coma, y que nosotros la votamos. La votamos porque era razonable en ese momento. Sin embargo, como también conoce el portavoz, posteriormente, en diciembre la Ley 52/2003 cambió varias cuestiones y normas del sistema de recaudación, y entre ellas cambió las fórmulas de aplicación, como usted bien ha explicado. Sobre esta cuestión me gustaría hacer un par de reflexiones.


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Aquí no estamos hablando de rebajar los porcentajes de recargo, sino de la presentación de los boletines, ya que su argumentación es la no presentación de los mismos. Respecto a esta cuestión, en primer lugar hemos de decir que en las cuotas de la Seguridad Social, a diferencia de lo que ocurre con otras recaudaciones del Estado, hay cuotas no aplazables, porque hay dos cuotas que paga el trabajador y son inaplazables de todo punto, ya que el empresario solo hace de recaudador, cobra al trabajador y liquida; este el caso de la cuota obrera y de la cuota de accidentes de trabajo. Por tanto, esa recaudación hay que presentarla mensualmente de forma inevitable, y hay que tener en cuenta que eso va en el boletín. Aquí no estamos hablando de que se pague menos, sino de que no se presenten los boletines, porque la empresa que presenta un boletín a final de mes y no puede pagar ese mes tiene un 3 por ciento de recargo. Algo que se ha hecho en esta legislatura, que me parece razonable y que estoy convencida de que ustedes lo hubieran hecho igual -en temas de recaudación se ha avanzado mucho en los últimos años, al margen del Gobierno que haya habido en cada momento- es equiparar las condiciones, dado que en los últimos años se daban mejores condiciones de moratorias y de concesiones a las grandes empresas que a las pequeñas empresas. Ahora se han equiparado las condiciones, pero ¿cuál es el problema que se nos plantea con esta cuestión? Partamos del hecho de que no se presenten los boletines a final de mes. Si un empresario presenta los boletines y dice que no puede pagar ese mes, tiene un 3 por ciento de recargo, no un 20 ni un 5 ni un 10 por ciento. Es más, si un empresario dice que no va a poder pagar ese mes y automáticamente pide que se le aplace, teniendo además en cuenta que los aplazamientos de la Seguridad Social son de 15 ó 20 días dependiendo de cómo lo plantee la empresa, incluso no paga ni ese 3 por ciento porque ya tiene concedido el aplazamiento de ese mes que no puede pagar. Por supuesto que puede haber despistados, no digo que no porque de todo hay, pero si abrimos la puerta para esos despistados, abrimos también la puerta a los espabilados que ni pagan a final del mes ni presentan los boletines. Ese el miedo que tenemos en este momento para aceptar esta cuestión. Señoría, actualmente si no se presentan los boletines de recaudación, como usted bien decía, van al 20 por ciento o incluso, si se tarda más tiempo, pueden ir al 30 por ciento, pero siempre para aquellas personas que tienen una actitud muy poco aceptable por parte de cualquiera de nosotros. Hay que ser muy precavidos con este tema porque no podemos abrir la puerta y volver a situaciones que teníamos hace 15 ó 20 años, cuando la deuda de la Seguridad Social era más que considerable. En los últimos años se han ido reduciendo las recaudaciones y es importante seguir ese camino.


Desde nuestro punto de vista, sí hay una posibilidad. Como ustedes saben el Pacto de Toledo tiene una recomendación, la octava, sobre el avance considerable en la eficacia de la recaudación y en la eficacia de la gestión por parte de la Seguridad, y recomienda seguir en esa línea. En estos momentos hay una mesa abierta con los agentes sociales que está negociando el desarrollo del Pacto de Toledo. Esperemos que a primeros de año dé su fruto y que en el próximo período de sesiones vengan esas modificaciones en forma de proyecto de ley. Ese será el momento para que todos, a través de las enmiendas que consideramos oportunas, hablemos de este tema. Repito, a nosotros el miedo que nos da es que al dar facilidades a los pequeños se produzcan abusos. Cuando hablamos de la no presentación de boletines será para las pequeñas empresas pero también para las grandes. (El señor Mantilla Rodríguez: En vía de apremio.) En vía de apremio será cuando ya han pasado una serie de meses, porque esa vía consiste en lo siguiente: cuando la Seguridad Social ve que el empresario correspondiente no ha presentado su boletín o la liquidación, le envía una carta diciéndole que todavía tiene una determinado plazo en vía voluntaria. Por tanto, en ese momento todavía no se le aplican los mayores porcentajes. (El señor Mantilla Rodríguez: Al que presentó.) No, al que presentó ya no se le dice nada, porque de forma voluntaria ya ha presentado el boletín y, según esto, a este se le concede y se le aplica el 3 por ciento, el 5 por ciento o el 10 por ciento. Al que se le envía una carta en vía todavía de liquidación voluntaria es al que no presentó los boletines. Respecto a todo lo que sea facilitar la gestión, que las pequeñas empresas tengan más facilidades, que la gestión de la Seguridad Social sea más eficaz, siempre nos encontrarán en esa línea, tanto si estamos en el Gobierno como en la oposición. Sin embargo, tampoco queremos abrir puertas para los espabilados -que los hay y a veces no son los pequeños- y que empecemos a tener unos problemas que en estos momentos no tenemos.


Por todo ello, nosotros vamos a votar que no a esta iniciativa.


-PARA FACILITAR LA MOVILIDAD DE LOS INVESTIGADORES Y DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EXTRANJEROS, MEDIANTE LA AGILIZACIÓN DE LA CONCESIÓN DE VISADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente 161/001112.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Pasamos a la defensa de la proposición no de ley para facilitar la movilidad de los investigadores y de los profesores de educación superior extranjeros mediante la agilización de la concesión de visados. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y, en nombre del mismo, va a tomar la palabra el señor Campuzano para su defensa.


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El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Esta iniciativa de Convergència i Unió pretende que la Administración española dé una mayor prioridad, en el enfoque de nuestras políticas de inmigración, desde la perspectiva de facilitar la movilidad de los investigadores y profesores de educación superior extranjeros mediante la agilización de la correspondiente concesión de visados. Desde nuestra perspectiva -y creo que los miembros de esta Comisión, que conocen a fondo la política de inmigración, también lo comparten-, nuestra política inmigratoria hasta ahora ha basculado entre una retórica de pretendido control de fronteras, de rigidez en la gestión de los procedimientos para la entrada en España. Ello no ha impedido que desde el año 2000 hayamos vivido cuatro o cinco procesos extraordinarios de regularización que en la práctica han comportado que la vía normal de entrar en España para un ciudadano extranjero que pretende trabajar sea una vía irregular y que, después de un periodo más o menos largo de irregularidad, se intente conseguir una normalización de su situación administrativa. Con esa realidad y esa retórica, hemos dificultado el acceso por las vías legales, por las vías regulares, de aquellas personas que pretendían incorporarse a España a trabajar, en este caso, a investigar. Hemos puesto trabas para que se pueda acceder con facilidad, por las vías legales, al territorio del Estado español.
Estamos en esa contradicción que afecta tanto a trabajadores poco cualificados como a trabajadores cualificados, como son los investigadores extranjeros que pretenden llegar a nuestras universidades para contribuir allí al desarrollo científico y tecnológico del conjunto de la sociedad.


Esta proposición no de ley pretende un enfoque de la inmigración que haga posible que la inmigración se pueda producir por las vías legales y que aquellos extranjeros que demanda nuestra sociedad puedan encontrar cauces que les puedan permitir aportar su conocimiento, su experiencia, su formación, al interés común de la sociedad española en este caso. Lo hacemos convencidos de que la modernización de nuestro sistema de investigación y desarrollo, la mejora de nuestras ratios de competitividad y un uso inteligente de la diversidad van a ir ligados a una presencia importante de investigadores extranjeros en nuestras universidades. Si observamos a los países más avanzados de nuestro entorno, vemos que la presencia de investigadores extranjeros es un factor de desarrollo positivo desde todos los puntos de vista. El último reglamento de la Ley de Extranjería, aprobado en esta legislatura, supuso algunos avances en esta materia -que mi grupo valoró positivamente y nos consta que la comunidad educativa universitaria también lo hizo-, tanto para los investigadores y profesores en las universidades como para la presencia de estudiantes de doctorado en nuestro sistema. Sin embargo, en la práctica y habiendo recibido el impulso de esta iniciativa algunas universidades de Cataluña, concretamente la Universidad Politécnica de Cataluña, los problemas para que un investigador extranjero pudiese efectuar sus actividades en el Estado español eran realmente muchos y complicados.


Esta es una cuestión que no se plantea solamente en el seno del Estado español sino que forma parte de una preocupación del conjunto de la Unión Europea que, desde 1999 y en el marco de Tampere, pretende constituir una política común de inmigración. Cuando Convergència i Unió redactó esta iniciativa existía una propuesta de directiva, relativa a procedimiento específico de admisión de nacionales de terceros países a efectos de investigación científica, y diversas recomendaciones del Consejo y del Parlamento orientadas precisamente a facilitar un visado exprés, rápido, ágil, que permitiese que estos investigadores pudiesen llegar a la Unión Europea, incorporarse a las universidades europeas, para poder poner sus conocimientos al servicio de nuestras comunidades. Hoy, cuando esta proposición no de ley es objeto de tramitación en esta Comisión, la directiva ya es una realidad y las recomendaciones ya se han aprobado por los correspondientes organismos de la Unión Europea. Por tanto, nos encontramos con una directiva que España debe trasponer para facilitar la implantación de un visado exprés y unas recomendaciones que instan a los gobiernos europeos a facilitar esta presencia de investigadores.


En este sentido y precisamente por esos cambios, mi grupo entiende que las enmiendas que nos plantea el Grupo Popular son acertadas en la medida en que responden a ese cambio respecto a la fecha de 4 de julio y, por tanto, las aceptamos. Queremos un compromiso del Congreso de los Diputados hoy reclamando la inmediata trasposición de esa directiva que facilite el visado exprés para los investigadores de terceros países. El Grupo Socialista también nos plantea dos enmiendas y mi grupo va a aceptar la primera de ellas, que añade un punto tercero en el que se reclama que la Administración adopte las medidas necesarias e implemente los medios más adecuados para agilizar la tramitación de los mencionados visados. Mi grupo aceptaría esa enmienda en la medida en que supone un compromiso de la Administración, bajo esa lógica de las recomendaciones de la Unión Europea, para hacer posible efectivamente esa movilidad de personas que pretenden investigar en España y aportar sus conocimientos a nuestras universidades.


Mi grupo está convencido de que una gestión inteligente de la inmigración pasa también por ser activos, ir a buscar a aquellas personas que, viviendo fuera de la Unión Europea, pueden aportar mucho a nuestra sociedad y que una visión en positivo de la diversidad que supone la llegada de trabajadores extranjeros debe formar también parte de nuestra política común en materia de inmigración. Estoy seguro de que este texto, con la aceptación de las dos enmiendas del PP y la enmienda del Grupo Socialista, constituye una buena instancia al Gobierno para que ponga en marcha la política adecuada.


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La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): En relación con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Burgos.


El señor BURGOS GALLEGO: Señorías, por estos extraños arcanos del destino que rigen esta Cámara en algunos momentos, esta proposición no de ley, que en su día se presentó para que fuera debatida en la Comisión de Educación y Cultura y que habla de visados y de investigadores, se ve en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales. Los caminos de las proposiciones no de ley son inexcrutables en esta Cámara y, aunque los esfuerzos loables del portavoz por reconvertir esta proposición en un debate sobre la inmigración de los investigadores son dignos de alabanza, el objetivo real de esta proposición era precisamente impulsar el papel de España como vector de atracción de esos investigadores, de esos profesionales, de esos docentes, de esos doctores que puedan contribuir con su trabajo, con sus proyectos, no solo a su propia formación sino también al beneficio de nuestro propio país. Esa es la perspectiva desde la que mi grupo ha planteado el debate de esta proposición no de ley.


Ya al aprobar el espacio europeo de investigación, el Consejo Europeo, en su reunión de Lisboa de los días 23 y 24 de marzo del año 2000, fijó como objetivo para la Unión Europea durante la siguiente década, hasta el año 2010, convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. España jugó un papel muy importante en aquel momento en la definición de esos objetivos, que hoy tal vez con el paso del tiempo aparecen algo más difusos y complicados de lograr.
Asentar el papel de ese espacio europeo de investigación era entonces, y sigue siendo ahora, una de las características más relevantes de las políticas que tiene que realizar la Unión Europea si de verdad quiere potenciar el desarrollo y el bienestar futuro de nuestra sociedad.


Para el Grupo Parlamentario Popular, la educación, el saber y la inteligencia son de hecho los grandes retos del entorno mundial globalizado en el que nos encontramos, un mercado con desafíos comerciales, culturales, estratégicos, y por tanto políticos, para todas nuestras sociedades. Este mercado -hay que reconocerlo porque hay que analizar bien la realidad para poder modificarla- está dominado en este momento por el mundo anglosajón. La acción y los medios de España, como de otros países de nuestro entorno, se está desplegando a lo largo de estos últimos años esencialmente a países que pertenecen a nuestro ámbito de relaciones tradicional más que a las regiones del mundo que muestran hoy un mayor potencial de crecimiento, zonas y países donde sus investigadores y estudiantes están llamados a convertirse en un futuro próximo en dirigentes e interlocutores tanto para nuestros universitarios como para nuestros empresarios y nuestros dirigentes públicos y privados.


Esta oferta de servicio en materia científica y educativa constituye, sin duda alguna, un vector importante de la presencia económica, cultural, científica, educativa y, por tanto, de nuestra capacidad de influencia futura como país. Numerosos países son potenciales demandantes de nuestras competencias en esta materia e incluso están dispuestos a incrementar sus recursos para que formemos aquí a sus estudiantes, a sus técnicos, a sus científicos y no solo vengan a colaborar esporádicamente, a participar en eventos o a desarrollar aquí investigaciones puntuales en proyectos concretos, sino a desarrollar una labor mucho más imbricada, mucho más relacionada con nuestra propia sociedad. Este elemento no puede ser desestimado si queremos jugar un papel relevante en el futuro como país. Tenemos potencial, aunque queda mucho por hacer, tenemos posibilidades con centros de enseñanza de renombre, con investigadores de renombre, con organismos de investigación, pero todavía son pocos los operadores públicos y privados que se han especializado en la acogida de investigadores, de estudiantes de doctorado o de científicos extranjeros.
En ese sentido, habría que preguntarse qué posibilidades reales tenemos como país, qué posibilidades tienen los científicos y los profesores extranjeros para ser acogidos en buenas condiciones en nuestros centros y en qué medida no estamos colaborando en algunos momentos a generar más problemas para la movilidad interna dentro de nuestro propio país de nuestros científicos y nuestros investigadores cuando deberíamos, como están haciendo otros países de nuestro entorno, volcarnos en la acogida y en la recepción de cuantos investigadores foráneos quieran venir a trabajar a nuestro país.


Digo esto porque tal vez el motivo de este debate, que mi grupo acoge con interés, es una buena ocasión para ver qué están haciendo otros países de nuestro entorno. Consultando información sobre esta cuestión, hemos visto que países como Francia van más allá de una política de agilización de visados como la que plantea la proposición no de ley y han adoptado una estrategia tal vez mucho más potente, mucho más ambiciosa en esta materia. Por ejemplo, han creado un nuevo instrumento que se llama la Agencia EduFrance, capaz de reagrupar y ampliar los esfuerzos de promoción y de dar condiciones para responder a la demanda extranjera; lo han hecho bajo el impulso de diferentes ministerios, en una política mucho más global, mucho más amplia en cuanto a objetivos, en tanto en cuanto esta agencia tiene entre otras misiones garantizar la promoción en el extranjero de la oferta francesa de formación y de experiencia en materia educativa y científica, estimular y coordinar la respuesta a las ofertas públicas internacionales y proporcionar una prestación global en la acogida, organizando a los estudiantes y científicos todas las gestiones de su estancia, de sus visados, de su alojamiento y de su trabajo en Francia, estableciendo también un modelo de prestación económica similar al propuesto por los países anglosajones. Todo

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ello con la concepción que nuestros países vecinos están adoptando, y que nosotros deberíamos adoptar también, en el sentido de que la concesión de visados educativos y científicos va a ser el centro de su política de formación de élites extranjeras del futuro. Para ello han adoptado una estrategia mucho más amplia que la de la mera agilización de los visados.


Sobre ello ha reflexionado la Unión Europea y ha llevado a la aprobación de esa directiva que nosotros planteamos en nuestra enmienda y de las dos recomendaciones, que han pasado de ser propuestas a ser realidades, y por lo que nosotros nos hemos decantado en esta enmienda, que es ir más allá de lo que inicialmente planteaba Convergència i Unió, instando al Gobierno a que adopte a la mayor brevedad posible, y con esta visión más ambiciosa y de mayor alcance, el conjunto de iniciativas contenidas en la directiva y en las recomendaciones que sobre esta cuestión citamos en nuestra enmienda. Dado que existe una competencia importante en esta materia con los países de nuestro entorno, más vale que lo hagamos con la mayor agilidad posible y sin esperar a que los plazos de cumplimiento de esa directiva nos coloquen, como suele ocurrir en nuestro país, ante la necesidad imperiosa de adoptar medidas de esta naturaleza, no por convicción sino muchas veces por obligación. Hemos de tener la convicción -creo que la tenemos todos los grupos- y podemos llegar al acuerdo de que es importante para España ser un país puntero, un país avanzado en esta materia, porque eso va a ser bueno para nuestra política de cooperación internacional con los países que nos envían esos investigadores y científicos, pero también en la medida que aumentamos nuestro bagaje de conocimientos con las aportaciones de estos científicos que provienen de países que pueden ser pujantes, si no lo están siendo ya, en un futuro realmente próximo.


Con esa filosofía hemos planteado nuestra enmienda y con esa filosofía hemos querido que España no solamente plantee estas posibilidades de mejora en la agilización de los visados, sino que también desarrolle activamente los contenidos de esa directiva, que van -como digo- mucho más allá y que establecen la necesidad de un convenio de acogida mucho más formalizado y con contenidos mucho más amplios, que van desde asegurar el reagrupamiento familiar de los investigadores a la cobertura de la Seguridad Social o del sistema sanitario público para esos investigadores, que van a definir un proyecto de acogida sin duda mucho más importante, amplio y ambicioso que evita también cualquier tipo de discriminación de cualquier índole, en la recepción y acogida de estos científicos y de estos investigadores. Sin duda esta directiva y las recomendaciones que planteamos son ambiciosas, pero creo que en esto nos jugamos nuestro papel impulsor en el mundo de políticas, no sólo de una eficaz cooperación, sino también de la definición de un espacio de investigación común que vaya más allá del entorno europeo que redundará en beneficio de todos los ciudadanos, sean estos nacionales, inmigrantes coyunturales o inmigrantes con vocación de permanencia entre nosotros.


La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Antonio Hernando.


El señor HERNANDO VERA: Con su permiso, voy a ser muy breve, porque, con la enmienda transaccional que propone Convergència i Unió, la proposición no de ley nos queda -si me permiten la expresión- muy completa, entre comillas. Me da la impresión, don Tomás, que los dos enfoques son compatibles. Es compatible el enfoque desde el punto de vista de la educación y de la investigación en la universidad y es compatible el enfoque desde el punto de vista de la inmigración. Su intervención me traía a la memoria una pequeña obrita de teatro de Bertold Brecht que situaba a dos refugiados en los años cincuenta en una estación de ferrocarril en el centro de Europa; cuando estaban filosofando acerca de la naturaleza de la vida y del futuro, llegaron finalmente a la conclusión de lo importante que es un pasaporte en los tiempos que corren y de alguna manera aquello de que el hombre está unido indefectiblemente a un pasaporte, a un documento de identidad y a un documento que le permita trasladarse, viajar e investigar, en este caso. Por tanto, ambos enfoques son compatibles. En todo caso, me centraré en uno, quizá por formación y conocimiento, más que en el que usted se ha centrado, aunque estoy absolutamente de acuerdo también en este otro.


Nuestra legislación ha estado de acuerdo históricamente en esto pues desde la Ley 7/1985, la primera ley de derechos y libertades de los extranjeros en España, se ha establecido la exención de permiso de trabajo y residencia para los investigadores o para los profesores invitados por universidades españolas. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Es decir, esto es una tradición legislativa en nuestra normativa de extranjería. Asimismo se establecía un procedimiento preferencial, tanto en la ley orgánica como en el reglamento de desarrollo de la misma. Se ha mantenido en las diversas reformas de la legislación de extranjería, pero lo cierto y verdad es que todos somos conscientes de que existe un problema y que muchas veces esos investigadores no reciben los visados a tiempo, muchas veces no pueden venir a conferencias y a seminarios a los que son invitados y las universidades españolas tienen auténticos problemas para que estas personas puedan desarrollar su labor investigadora en nuestro país. Don Carles Campuzano ha mencionado algunas universidades. Tengo aquí un informe de la Universidad Pablo de Olavide, de la Universidad de Almería o de la Universidad Rey Juan Carlos, incluso de la Rovira i Virgili de Tarragona, en el que se ponen en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores para que agilice estos

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trámites y ponga fin a un problema que es cierto: los impedimentos que se ponen a estas personas y las dificultades que tienen ante los consulados de España en el extranjero.


Por eso parece muy apropiado, como ustedes han hecho, que instemos al Gobierno a que trasponga la directiva, que se aprobó el 12 de octubre del año pasado, lo antes posible. Sin embargo quisiera hacer una reflexión -como diría nuestro querido amigo Olabarría que hoy no está por aquí- obiter dicta sobre este tema. Estamos hablando de investigadores y está muy bien que los investigadores vengan, pero los nuestros, los famosos mileuristas, se tienen que ir a investigar a otros países y lo suyo sería que éstos se quedasen y que los extranjeros de terceros países y de países en vías de desarrollo pudiesen venir temporalmente para poder volver a sus países a aportar todo lo que aquí han investigado; porque, si no, estamos contribuyendo a eso que en cooperación al desarrollo y en este terreno se denomina fuga de talentos y de cerebros. Al final nos estamos quedando con todas esas personas, fundamentalmente procedentes de terceros países y de países en vías de desarrollo, que investigan mucho en los países desarrollados y no son capaces de poner esos conocimientos al servicio de los suyos y de su desarrollo. Esto también hay que tenerlo siempre en cuenta; no digo que la directiva no lo tenga en cuenta porque sí lo tiene, como lo tiene en cuenta nuestra legislación.


Finalmente, en el marco de la legislación de extranjería y de la política migratoria, tenemos en España un problema respecto a la administración exterior, a la administración encargada de la canalización de los flujos migratorios y de la concesión de los visados. Llevamos hablando 10 ó 15 años de que nuestro país ha dejado de ser un país de emigración para convertirse en un país de inmigración, tenemos una administración interior que más o menos se está modernizando y adaptando a ese cambio estructural, pero tenemos una administración exterior que no se ha adaptado lo suficientemente rápido. Tenemos unos consulados que estaban acostumbrados fundamentalmente, porque era su obligación, a atender a los españoles emigrantes, pero que no están tan acostumbrados a atender a los nacionales de esos países que quieren venir a España. En este sentido, me parece fundamental que todos seamos conscientes de que, junto a la conveniencia de agilizar los visados de estas personas, de estos investigadores, modernicemos la administración exterior y la dotemos de suficientes medios para que se atienda adecuadamente a todos los ciudadanos que vengan, aunque no sean investigadores o futbolistas y sean simplemente trabajadores que vienen porque el mercado de trabajo les reclama y les necesita. Es necesaria -simplemente lo digo a título de reflexión- esa modernización y esa mayor dotación de medios en la administración exterior para que los consulados puedan cumplir mejor esta nueva faceta que se requiere de ellos, que es la de ayudar a canalizar y a ordenar las migraciones desde el exterior, de los investigadores y de todas aquellas personas que reclamamos y que queremos que entren ordenada y legalmente en España. La proposición no de ley resultante con la enmienda transaccional que nos propone Convergència i Unió tiene la suficiente ambición y lo deseable es que se trasponga esta directiva cuanto antes.


-RELATIVA A LA COMPATIBILIDAD DE LA PENSIÓN DE ORFANDAD Y EL MATRIMONIO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001274.)

La señora PRESIDENTA: Debate de la última proposición no de ley relativa a la compatibilidad de pensiones de orfandad y el matrimonio.


Grupo Parlamentario Socialista.


La señora CORRAL RUIZ: En nombre de mi grupo vamos a retirar esta proposición no de ley. El motivo es -como seguramente conocen SS.SS.-que el Gobierno está tramitando actualmente un proyecto de real decreto por el que se regulan las prestaciones familiares de la Seguridad Social que actualmente está en el Consejo de Estado. Este proyecto de real decreto contempla la modificación del artículo 21.1, de la citada orden de 13 de febrero de 1967, en el que se regulan las causas de extinción de la pensión de orfandad y es totalmente previsible que esta pensión de orfandad no se va a suprimir por contraer matrimonio cuando los beneficiarios estén incapacitados para el trabajo en un porcentaje...


La señora PRESIDENTA: Disculpe, señora diputada, concrete lo que sea porque no es un debate.


Hemos entendido que retira la proposición no de ley.


La señora CORRAL RUIZ: Sí.


La señora PRESIDENTA: Queda retirada.


Suspendemos la sesión cinco minutos de rigor, hasta las doce, para proceder a las votaciones. (Pausa.)

Señorías, vamos a proceder a las votaciones.


En primer lugar, sometemos a votación la proposición no de ley que figura con el número 3 del orden del día, por la que se acuerda la comparecencia cuatrimestral en la Comisión, previa remisión de los informes correspondientes, de distintas autoridades del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 20.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


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Siguiente proposición no de ley relativa a la promoción y mejora del tratamiento de la imagen de las personas mayores en los medios de comunicación. Se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dijo:

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.


Proposición no de ley relativa al procedimiento de recaudación de la Seguridad Social, del Grupo Parlamentario Popular. Se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 20.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Proposición no de ley para facilitar la movilidad de investigadores y de los profesores de educación superior extranjeros, mediante la agilización de la concesión de visados, incorporando la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y la enmienda adicional del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.


Proposición no de ley relativa a los certificados de idoneidad en materia de adopción internacional, del Grupo Parlamentario Socialista, incorporando la enmienda de Esquerra Republicana de Cataluña.


Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.


No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Eran las doce y cinco minutos del mediodía.

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