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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 295, de 31/05/2005
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 295
NO PERMANENTE PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CIPRIÁ CÍSCAR CASABÁN
Sesión núm. 13
celebrada el martes, 31 de mayo de 2005


ORDEN DEL DÍA:

Celebración de las siguientes comparecencias, en relación con el libro blanco sobre atención a las personas en situación de dependencia en España:

- De la señora presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos, FIAPAS (Sanz Escudero). (Número de expediente 219/000189.) ... (Página 2)

- Del periodista experto en discapacidad (señor Fernández Iglesias).
(Número de expediente 219/000190.) ... (Página 10)

- Del profesor catedrático de Universidad (señor Rodríguez Cabrero).
(Número de expediente 219/000191.) ... (Página 19)

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Se abre la sesión a las diez de la mañana.


CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS, EN RELACIÓN CON EL LIBRO BLANCO SOBRE ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN ESPAÑA:

- DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS (FIAPAS). (SANZ ESCUDERO) (Número de expediente 219/000189.)

El señor PRESIDENTE: Comenzamos la sesión continuando con las comparecencias en relación con el Libro Blanco sobre atención a las personas en situación de dependencia en España. Hoy, en primer lugar, comparece doña María Luz Sanz Escudero, presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos (Fiapas). En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la señora Sanz a esta Comisión.
Estoy seguro de que su intervención y la información que nos va a proporcionar van a ser de gran interés y utilidad para los trabajos que la Comisión viene desarrollando.


Tiene la palabra la señora Sanz Escudero.


La señora PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS, FIAPAS (Sanz Escudero): Señor presidente, señores diputados, en nombre de la Confederación Española de Padres y Amigos de los Sordos (FIAPAS) y en el mío propio, gracias por darnos la oportunidad de exponer el punto de vista del movimiento asociativo de padres de sordos, nuestras inquietudes y nuestras aspiraciones ante la futura ley de autonomía personal, cuyo objetivo es garantizar la máxima autonomía en la vida diaria de, entre otros, las personas con discapacidad. Soy María Luz Sanz Escudero, presidenta de Fiapas. Soy madre de una niña sorda de doce años que utiliza implante coclear en ambos oídos, desde los dos años en su oído izquierdo y desde los once años en el derecho. Me acompaña Carmen Jáudenes, directora técnica de Fiapas.


En primer lugar, quiero señalarles que, como miembros del Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (Cermi), una de cuyas vicepresidencias tengo el honor de ostentar, compartimos plenamente y apoyamos los planteamientos expuestos ante la Comisión del Pacto de Toledo por su presidente y contenidos en su publicación: La protección de la dependencia en España. Una alternativa para la atención de las personas en situación de dependencia desde la óptica del sector de la discapacidad, a los que nos remitimos. A modo de resumen, queremos señalar que consideramos que la articulación de un modelo de protección pública debe producirse a través de un sistema integral encuadrado en el ámbito de la Seguridad Social, con sus efectos en los sistemas de servicios sociales y que contemple una cobertura universal. Es esencial el reconocimiento del derecho a la protección como un derecho subjetivo perfecto de las personas interesadas al que la sociedad debe hacer frente, poniendo los medios necesarios para garantizar su satisfacción, a través de un catálogo de prestaciones y de una cartera de servicios similares en todo el territorio del Estado, adecuando las prestaciones y servicios reconocidos a las características específicas de sus destinatarios.


A continuación, permítanme centrarme en la organización a la que represento. La Confederación Española de Padres y Amigos de los Sordos (Fiapas), entidad creada en el año 1978, sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública y de ámbito estatal, que cuenta con 43 entidades confederadas, constituyendo la mayor plataforma de representación de los padres con hijos sordos de nuestro país. Durante sus más de 27 años de existencias, Fiapas ha centrado su misión en la representación y defensa de los derechos y de los intereses globales de las personas con discapacidad auditiva y de sus familias, tanto a nivel nacional como internacional, ante la sociedad, administraciones y demás instituciones, integrando e impulsando con este fin la acción de las federaciones autonómicas y de las asociaciones de padres de sordos.
Nuestra filosofía de gestión se concreta en los siguientes principios: los padres, quienes son el pilar más importante en el diseño de la política de la confederación y a quienes asesoramos y orientamos en todos los aspectos relacionados con la deficiencia auditiva; los niños y jóvenes sordos, que son prioritariamente nuestra razón de ser por lo que todas nuestras acciones van encaminadas a su integración familiar, educativa, laboral y social; los miembros de la confederación, quienes encuentran en ella un punto de apoyo, aunque cada uno mantenga su autonomía e independencia de gestión; la sociedad, a la que debemos sensibilizar en relación con la deficiencia auditiva y las necesidades y demandas de las personas con discapacidad auditiva y sus familias, con el fin de promover la prevención de la sordera, la eliminación de las barreras de comunicación a partir del diagnóstico precoz, su tratamiento y de la intervención educativa temprana, favoreciendo el acceso a la lengua oral en los primeros años de vida. Todo ello con el objetivo de lograr su integración y conseguir, en último término, su plena participación social y su accesibilidad en todos los ámbitos. En síntesis, en sus 27 años de existencia, Fiapas se ha ido consolidando como referente del movimiento asociativo de padres, desarrollando una doble labor: actuando como representante del colectivo de padres de niños y jóvenes sordos ante los organismos e instituciones públicas o privadas relacionadas con sus objetivos y ejecutando también aquellas acciones que considera precisas para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de quienes están afectados por una deficiencia de audición.


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Antes de pasar a exponerles lo que nosotros, los padres de sordos, esperamos de esta futura ley, permítanme presentarles algunos datos y características sobre el colectivo al que representamos y sobre la propia discapacidad auditiva. Según datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2000, en España existe alrededor de un millón de personas afectadas por una discapacidad auditiva de distinto grado y tipo. Hay alrededor de 100.000 personas con sordera profunda. Es importante llamar la atención sobre el hecho de que el grado de sordera no correlaciona con la modalidad de comunicación. Nunca ha sido así, pero hoy menos que nunca gracias a los avances médicos, científicos, tecnológicos y didácticos existentes en la actualidad que permiten a los niños sordos profundos acceder precozmente a la lengua oral. De hecho, según datos del estudio sociodemográfico y de necesidades de las personas sordas y sordociegas en Cataluña, del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales del Departamento de Bienestar Social de la Generalitat, del año 2001, más del 66 por ciento de las personas sordas con certificado de minusvalía, es decir, con sorderas severas y profundas, utilizan siempre la lengua oral en su comunicación. En sorderas leves y moderadas es asimismo la lengua oral la lengua vehicular de la comunicación. Por tanto entre ese millón de personas afectadas es necesario diferenciar entre las personas sordas que comunican en lengua oral y son usuarias de prótesis auditivas (audífonos e implantes cocleares) y consideran esta lengua como su lengua materna, que son más del 90 por ciento, de aquellas otras que comunican en lengua de signos y que consideran estos como su lengua materna, que son en torno al 6 u 8 por ciento. Estos porcentajes de personas sordas que comunican en lengua oral y personas sordas usuarias de lengua de signos son equivalentes a los de nuestro entorno europeo más próximo. En Reino Unido se estima que hay nueve millones de personas con discapacidad auditiva, de las cuales sólo 50.000 son usuarias de lengua de signos, según el Real Instituto Nacional de Sordos, de mayo de 2003. En Francia hay entre tres y cinco millones de personas discapacitadas auditivas, de las que solo el 2,5 por ciento utilizan la lengua de signos, según información de Le Figaro de abril 2005. En la actualidad existen aproximadamente 20 millones de personas en la Unión Europea con pérdida auditiva, de las cuales solo son usuarias de la lengua de signos 500.000, según la resolución del Parlamento Europeo sobre las lenguas de signos, sesión plenaria celebrada en Estrasburgo el 18 de noviembre de 1998.


Según datos de la comisión para la detección precoz de la hipoacusia, en 1999 se estimaban en 378 los nuevos casos de sordera profunda diagnosticados al año en España, lo que corresponde al uno por mil de los recién nacidos. Cinco de cada mil recién nacidos padece una sordera de distinto grado, lo que en España supone que alrededor de 2.000 familias cada año están afectadas por la presencia de una discapacidad auditiva en uno de sus hijos. Más del 90 por ciento de los niños sordos nacen en el seno de familias cuyos padres son oyentes. El 40 por ciento de la población infantil con sordera severa y profunda va a ser candidata a implante coclear. El 80 por ciento de las sorderas infantiles permanentes están presentes en el momento del nacimiento. Solo en el 50 por ciento de los recién nacidos con sordera se identifican indicadores de riesgo. El 60 por ciento de las sorderas infantiles tienen origen genético.


No todas las sorderas son iguales. Además del tipo y el grado, el momento de aparición de la misma, que puede ser antes o después de la adquisición del lenguaje oral, es determinante pues compromete aspectos relacionados no solo con la comunicación, sino también con la propia lengua oral y, lo que es más importante, con todas las habilidades cognitivas que derivan de elementos como la fonología o la morfosintaxis, que sólo se adquieren a través de la lengua oral. Se comprometen además aspectos de la maduración neurológica que están exclusivamente vinculados con la estimulación auditiva precoz.


Partiendo de que la audición es la vía principal a través de la cual se desarrolla el lenguaje oral y que además, por fundamental, constituye un importante vínculo de unión con el entorno, debemos tener presente que cualquier trastorno en la percepción auditiva del niño a edades tempranas afectará a su desarrollo lingüístico, cognitivo, afectivo y de aprendizaje y consecuentemente a su posterior integración escolar, social y laboral, y por tanto a su autonomía e independencia en la vida adulta.


Debido a la existencia de un periodo sensible para el desarrollo del lenguaje oral, que va de los cero a los tres años, en el que se adquieren de manera espontánea componentes básicos de la lengua oral, como son la fonología y la morfosintaxis, es fundamental facilitar el acceso del niño sordo al lenguaje oral en las primeras edades ya que, de lo contrario, no podrán desarrollarse determinados procesos cognitivos complejos de carácter generativo como la lectoescritura, que se basan en estos aspectos lingüísticos. En el momento del nacimiento el cerebro del recién nacido está preparado para ir recibiendo durante los primeros años de vida los estímulos auditivos, visuales y táctiles que facilitarán la formación de las sinapsis necesarias para desarrollar y completar las características morfológicas y funcionales de las áreas corticales, las cuales quedarán definitivamente selladas en los tres primeros años de vida. Sin embargo, en el caso de los niños que presentan desde el nacimiento una deficiencia de audición esta actividad cerebral se verá afectada en ausencia de la estimulación auditiva y, en consecuencia, si no se restaura esta vía de estimulación el córtex auditivo comienza a realizar funciones propias de áreas cerebrales que reciben otro tipo de estímulo: plasticidad cerebral cruzada. De ahí la existencia de diferencias altamente significativas entre los niños estimulados tempranamente y los que reciben esta estimulación de forma más tardía y/o inadecuada, ya que las posibilidades de habilitación auditiva y lingüística en

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las primeras edades son difícilmente recuperables una vez superados estos periodos críticos de desarrollo.


Por otra parte, debemos tener presente que la capacidad humana para desarrollar el lenguaje oral es innata. La exposición a situaciones de habla durante los primeros años de vida permite que los niños adquieran y desarrollen el lenguaje de manera natural y sin esfuerzo. Sin embargo, la ausencia de esta estimulación debido a una deficiencia auditiva no compensada mediante la precoz adaptación protésica y la estimulación del lenguaje compromete seriamente el acceso de los niños sordos al lenguaje oral y, en consecuencia, y como ya hemos dicho, el desarrollo de otros procesos cognitivos que de él se derivan: comprensión, razonamiento, memoria, lectoescritura, etcétera. De ahí que en la mayoría de las ocasiones, si no existe una suficiente competencia en lenguaje oral, muchos alumnos sordos finalicen la etapa educativa obligatoria con escaso nivel académico y con un grave problema lector. De hecho, tal como revelan los estudios e investigaciones realizados, en estas circunstancias, sin lenguaje oral, alcanzan una competencia lectora equivalente a un niño de siete u ocho años de edad. Por tanto, los alumnos sordos, si no son estimulados convenientemente y de manera precoz, tienen serias dificultades para completar su formación académica y, en consecuencia, sus opciones vocacionales quedan condicionadas y les conducirán en el tiempo a una situación laboral precaria, limitando su acceso al mundo laboral en un empleo de calidad. Además si está situación no se soluciona, las personas con discapacidad auditiva pueden presentar inseguridad, baja autoestima e inadaptación personal y social, que afectarán de manera negativa a su madurez psicológica y a su estabilidad emocional, pudiendo desembocar en algún caso en trastornos emocionales y de personalidad.


En este último año hemos realizado un estudio sociológico en todo el territorio nacional, de carácter tanto cuantitativo como cualitativo, con objeto de conocer la situación real, necesidades y expectativas que presentan las familias de los niños y jóvenes con discapacidad auditiva de edades comprendidas entre cero y 18 años. El estudio se ha realizado en colaboración con Ipsos-Eco Consulting, empresa que ustedes conocerán y que está especializada en el campo de la investigación sociológica. La muestra operativa ha sido de 600 familias, siendo una muestra representativa y equilibrada cuya validez y consistencia hacen que los resultados del estudio sean técnicamente defendibles ante cualquier foro especializado. Los datos obtenidos ponen de manifiesto que, en cuanto a prótesis auditivas, el 57 por ciento de los niños de nuestro movimiento asociativo son usuarios de audífonos, y el 43 por ciento son usuarios de implante coclear. En cuanto a la comunicación, el 89,6 por ciento de los niños de nuestro movimiento asociativo comunican en lengua oral y el 9,4 por ciento de los niños comunica en lengua de signos; de estos, el 1,4 por ciento sólo comunica en lengua de signos y el 8 por ciento también comunica en lengua oral, aunque su lengua vehicular es preferentemente la de signos. En cuanto a la escolarización, el 70 por ciento de las familias entrevistadas responde que su hijo se encuentra en el curso académico que le corresponde, el 90 por ciento de los niños utiliza la lengua oral en el centro escolar y el 82 por ciento de los niños estudian en colegios de integración. Respecto a factores sociales y autonomía personal, disponer de un puesto de trabajo y tener una buena formación académica son los factores sociales que más contribuyen a la autonomía personal si tenemos en cuenta el número de veces que los padres los mencionan en sus respuestas, en torno al 40 por ciento. Sin embargo, cuando se solicita a los padres que destaquen por orden de importancia (de 0 a 8) los factores sociales que contribuyen a la autonomía personal, sitúan en primer lugar el dominio de la lengua oral, seguido del dominio de la lengua oral combinado con el uso de las prótesis auditivas; en octavo y último lugar se sitúa el dominio de la lengua de signos.


En relación con estos últimos datos sobre la integración laboral como factor social que contribuye a la autonomía de las personas con discapacidad auditiva, a continuación, podemos facilitarles resumidamente los resultados obtenidos por 17 servicios de empleo de la red de inserción laboral (Fiapas) en cuya bolsa de empleo hay registrados en torno a 3.500 jóvenes sordos, con ello podrán conocer una muestra del perfil de nuestros jóvenes con discapacidad auditiva.


Durante el año 2004, en nuestra bolsa de empleo se atendieron 750 personas con discapacidad auditiva; de ellas, 392 fueron contratadas. El 88 por ciento de los contratos se realizaron en empresas ordinarias, el 45 por ciento es de más de un año de duración y el 20 por ciento son indefinidos. El 9 por ciento de las personas atendidas en nuestro servicio de empleo tienen estudios universitarios. Teniendo en cuenta que a los servicios de empleo se acercan los casos que presentan más necesidad de apoyo para la inserción laboral debemos observar que el 51 por ciento de las personas demandantes de empleo son usuarias de lengua de signos frente al 49 por ciento de las mismas que se comunican en lengua oral. Solamente el 35 por ciento de las usuarias de lengua de signos han encontrado empleo. En el caso de las personas sordas que comunican en lengua oral este porcentaje de contratados se eleva hasta el 76 por ciento. Todo ello pone de manifiesto la correlación positiva existente entre la competencia en la lengua oral y las mayores posibilidades de desarrollo educativo e inserción laboral como elemento clave para la autonomía personal de las personas con discapacidad auditiva. En definitiva, situaciones de necesidad de apoyo pueden darse a lo largo de toda la vida, pero es evidente que la atención en las primeras edades es una inversión productiva que se rentabiliza al 101 por ciento en la edad adulta cuando nos encontramos con personas con discapacidad (en nuestro caso auditiva) autónomas e independientes, preparadas para la vida adulta y capacitadas social y laboralmente.


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Como acabamos de exponer, si no se ponen los medios adecuados y en el momento oportuno para paliar las consecuencias de la sordera, ésta puede acabar afectando a las personas que la sufren de manera negativa e irreversible, convirtiéndolas en adultos sin autonomía para el acceso a la información, sin autonomía para el aprendizaje y la elaboración de conocimientos y sin autonomía para la comunicación con el entorno; en definitiva, adultos que pueden acabar en situación de dependencia. Por ello, desde el movimiento asociativo de padres (Fiapas) consideramos indispensable que la futura ley de autonomía personal contemple como beneficiarios de la misma a todos los niños con discapacidad. Todas las medidas que se adopten en favor de las personas en situación de dependencia han de entenderse también aplicables a los menores con discapacidad y a sus familias, con independencia del grado de la misma, siendo esencial darle un lugar prioritario a la atención temprana (de 0 a 6 años) y de apoyo a la familia en esta etapa crucial para las personas con discapacidad. Es necesario que esta ley contemple todas las medidas, recursos y servicios necesarios para dotar a los niños con discapacidad de las herramientas precisas para llegar por sí mismos, siempre que sea posible, al mayor grado de autonomía personal en cada caso concreto.


Desde el movimiento asociativo de padres (Fiapas) demandamos una ley que contemple la atención a la infancia con discapacidad como una inversión preventiva de futuras situaciones de dependencia y/o desventaja. Por ello, se hace necesario establecer una red integral de servicios en la que se dé respuesta a las necesidades de cada uno de los diferentes colectivos en situación de dependencia, incluyendo en todo caso, en primer lugar, la puesta en marcha y el seguimiento de los programas de detección precoz de las deficiencias. En nuestro caso concreto demandamos la aplicación en todo el Estado y el seguimiento de la implantación del programa de detección precoz de las sorderas infantiles, aprobado por el pleno del Consejo Interterritorial de Salud Pública en noviembre de 2003.
A pesar del compromiso asumido, el Ministerio de Sanidad no ha llevado a cabo el seguimiento inicial previsto y se hace necesario ante la aplicación desigual de este programa entre las diferentes comunidades autónomas.


En segundo lugar, una provisión de prótesis y órtesis para las personas con discapacidad que las necesiten para, a través de ellas, posibilitar su rehabilitación. Por ello, en el caso de la discapacidad auditiva reclamamos la ampliación de la cobertura de la prestación por audífonos a los mayores de 16 años; no hacerlo supone una discriminación por razón de edad que no tiene justificación clínica, ni terapéutica, ni habilitadora, ni mucho menos política o social. Igualmente, reclamamos control sobre la calidad de las adaptaciones audioprotésicas, de acuerdo con la legislación vigente sobre productos sanitarios. Además, demandamos el establecimiento de una red de centros de referencia con programas de implantes cocleales estables, con continuidad, con equipos interdisciplinares específicamente entrenados y suficiente y adecuadamente dotados para atender las necesidades de las personas implantadas y la inclusión, dentro del catálogo de prestaciones ortoprotésicas del Sistema Nacional de Salud, del mantenimiento y renovación de los componentes externos del implante coclear y la actualización e incorporación de las mejoras tecnológicas en los componentes externos, siempre que exista una indicación médica.


En tercer lugar, la atención temprana en las primeras edades del niño con discapacidad o con riesgo de presentarla, de modo que se puedan aprovechar los períodos sensibles de desarrollo. En el caso de los niños con discapacidad auditiva será imprescindible contar con profesionales titulados debidamente especializados y con experiencia en intervención logopédica temprana del niño con discapacidad auditiva, capaces de aplicarla para el acceso precoz al lenguaje oral. Además, es fundamental aprovechar las estructuras y experiencia que en esta materia y en la formación e información a las familias tenemos las organizaciones de padres.


En cuarto lugar, servicios de formación, información y apoyo a las familias con hijos con discapacidad, porque solo así podrán superar los problemas emocionales y de desajuste personal y familiar que supone la presencia de la discapacidad en uno de sus miembros. De nuevo insistimos en la necesidad de rentabilizar la experiencia y las estructuras de las organizaciones de padres. No en vano, las asociaciones de padres son el natural punto de encuentro de las familias, basado en la solidaridad, la autoayuda y el apoyo interfamiliar.


Por último, en relación con las familias, debieran contemplarse medidas de conciliación de la vida familiar y laboral cuando existen hijos con discapacidad, independientemente del grado de discapacidad que estos presenten, ya que sus progenitores, en especial sus madres, necesitan dedicar tiempo y cuidados especiales a estos niños, y disponibilidad para los desplazamientos necesarios para acudir a la rehabilitación (logopedia, control audioprotésico, etcétera) En estos casos, la mayor parte de las veces las madres se ven en la necesidad de dejar sus puestos de trabajo con todas las consecuencias personales y de realización profesional para la mujer que ello trae consigo, entre otros, los problemas derivados del incremento en el gasto familiar, baste recordar la escasa cobertura por audífonos.


Además de estas demandas concretas que acabamos de mencionar, esperamos una ley que reconozca el derecho subjetivo exigible tanto de la prestación de dependencia como de los sistemas de servicios sociales y sociosanitarios; que establezca un conjunto de prestaciones económicas y de servicios a favor de las personas en situación de dependencia y sus familias, ya que las prestaciones económicas posibilitarán la compra de servicios cuando estos no fueran directamente facilitados por la Administración; que prevea el sistema de copago de los servicios en función del nivel de renta personal combinado con el tipo y coste del servicio; que revise,

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en colaboración con las organizaciones representativas del sector, el sistema de valoración y baremación de la dependencia y los parámetros de referencia; que regule el incremento del número de equipos de valoración y optimice su formación y especialización; que no solo cree infraestructuras, servicios y dispositivos necesarios que exige el desarrollo de esta ley, sino también que aproveche los centros y servicios ya existentes, puestos en marcha por las organizaciones representativas del sector. En este sentido, Fiapas se pone a disposición de las administraciones públicas para ofrecer su colaboración en cualquier aspecto relacionado con la autonomía personal de las personas con discapacidad auditiva.


En resumen, en el espíritu de la futura ley esperamos encontrar medios y medidas para la prevención de futuras situaciones de dependencia personal, siempre que esto sea posible, y en su letra, que en la definición de dependencia se tengan en cuenta las diferentes edades, sin olvidar, por esencial, a los menores con discapacidad entre 0 a 6 años, época necesitada de intenso apoyo.


Por último, en época tan sensible debe contarse con las organizaciones de padres, porque a los padres nos corresponde la responsabilidad del cuidado de la salud y de la educación de los hijos, porque la familia es la que aporta, con absoluto desinterés, la dedicación a los hijos con discapacidad; porque las organizaciones de padres somos pioneras en la atención temprana especializada, con experiencia habilitadora desde las primeras edades y, sobre todo, somos punto natural de encuentro de las familias, basándonos en la autoayuda, la solidaridad y el apoyo interfamiliar, todo lo cual es imprescindible en estos casos, pues detrás de cada niño con discapacidad está su familia y es básico asumir, desde todo punto de vista, que los apoyos a la familia -en todos los órdenes, emocional, formativo, fiscal, de conciliación de la vida familiar y laboral- forman parte del tratamiento y atención al propio niño con discapacidad y a su mejor futuro.


Para concluir, reitero, señorías, mi agradecimiento por esta invitación a participar en esta ronda de comparecencias, así como por su atención.
Quedamos a su disposición por si desean formular alguna pregunta o que les ampliemos cualquiera de los aspectos tratados. Dejo, asimismo, al señor presidente copia del texto de mi intervención y unos dossieres de documentación para los miembros de la Comisión.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)

Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Caracuel del Olmo.


La señora CARACUEL DEL OLMO: Señora Sanz Escudero, quiero darle en nombre de mi grupo la bienvenida a esta Comisión y, al mismo tiempo, quiero agradecerle su exposición que, al menos para mí, ha sido altamente enriquecedora. Ha evidenciado de una forma muy clara las inquietudes y preocupaciones, a la vez que las ambiciones y aspiraciones de muchas familias que confían en la implantación del futuro sistema nacional de la dependencia.


Para empezar, señora Sanz, me gustaría saber -aunque quizá mi intervención va a ser un tanto repetitiva porque, como he dicho al principio, ha dejado usted muy claro cuál es su postura, su labor y lo que quieren y esperan de esta ley- su opinión sobre si es necesario o no que se defina claramente el concepto de dependencia frente al de independencia, así como cuál sería, desde el punto de vista de su organización, el nombre más adecuado para la futura ley.


Señora Sanz, de su intervención se desprende que su organización le presta una atención especial, además de a los sordos, a las familias con hijos sordos. También he podido entender que su organización considera que es dentro de la familia donde se establece el desarrollo comunicativo y de adquisición del lenguaje del niño y, por otra parte, que es en la primera etapa de desarrollo del niño cuando se fragua la consecución de una vida plena y autónoma. Ante esta visión -y dado que es la mujer, la madre en este caso, la que se dedica más a este cuidado especial que requiere un niño sordo- creo que serán muchos los casos en los que -y usted lo ha dicho en su intervención- la madre se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo para dedicarse a este cuidado especial y especializado. ¿Cree que de una forma especial y específica deben ser recogidas estas situaciones en la nueva ley para facilitar de esta forma lógicamente la conciliación de la vida familiar y laboral? ¿Cree que deben contemplarse algunas medidas que permitan a las madres con hijos sordos no verse obligadas a tener que abandonar su trabajo por tenerse que dedicar de una forma más intensa de lo normal al cuidado y atención de estos niños sordos, como puedan ser la visita al logopeda, la rehabilitación, etcétera? ¿Qué tipo de medidas se podrían contemplar para paliar estas situaciones? ¿Podría servir la figura del asistente personal?

Señora Sanz, usted en su intervención ha hablado mucho de los distintos instrumentos que existen para acabar con la barrera de la comunicación.
No obstante, quisiera que incidiera en ello, ya que considero importante para el desarrollo de la nueva ley que todos lo tengamos muy claro y, sobre todo, para saber hacia dónde tenemos que volcar nuestros esfuerzos; que nos dijera si cree que garantizando la lengua de signos como instrumento único para acabar con la barrera de la comunicación se consigue el objetivo de garantizar la máxima autonomía en la vida diaria o si, por el contrario, considera que la lengua de signos es un instrumento más, y si el nuevo sistema nacional de la dependencia debe garantizar cualquier tipo de instrumento que sirva para la plena integración social y laboral de las personas sordas, siempre contando, desde luego, con la libertad de elección del individuo. Le iba a preguntar también si tenía datos de esto que le acabo de comentar. En su intervención nos ha dado unos datos que son muy ilustrativos y que me han sorprendido, sobre todo, al conocer el porcentaje

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de sordos que utilizan la lengua oral en su comunicación; yo tenía un poco distorsionado el concepto sobre esta idea. Por otra parte, también me gustaría saber si considera que la persona sorda, por el hecho de llevar continuamente pegado un intérprete, logra su autonomía. También le pensaba preguntar si tenían datos concretos de sordos que se hayan insertado en el mundo laboral o de sordos que lleguen a la universidad.
Veo que usted nos ha dado unas cifras muy claras. Por otra parte, creemos que a pesar de la discapacidad sí se va avanzando también en la formación de estos niños, quizá también por la labor y aportaciones que desde su colectivo se vienen haciendo. En otra línea, también me gustaría saber qué opina usted sobre las consideraciones de otros comparecientes que han pasado por esta Comisión, que se han manifestado a favor de que el futuro sistema nacional de la dependencia se enmarque en el ámbito de la Seguridad Social y que, por tanto, llegue a todos los afectados que lo necesitan, financiándose mediante impuestos, o si, por el contrario, estaría de acuerdo con las manifestaciones que en su día hizo el ministro al declarar que para financiar la atención a los dependientes no se elevarían los impuestos ni se encarecerían los costes laborales. Por otra parte, también me gustaría saber su opinión sobre si piensa que es compatible financiar los 4.500 millones de euros adicionales anunciados por el ministro sin elevar los impuestos ni los costes laborales.


Señora Sanz, nuevamente quiero darle las gracias por sus aportaciones en esta Comisión y, sobre todo, por la labor que su organización viene desarrollando en la sociedad, con tantas familias, prestándoles todo tipo de orientación especializada, acogida, información, etcétera, que, sin duda, contribuye de una forma altruista a dar respuesta a las necesidades en la atención y apoyo a las familias de personas con deficiencias en su audición, prioritariamente en esas edades más tempranas. Quisiera terminar mi intervención agradeciendo de nuevo su comparecencia y su aclaración y, desde luego, le ofrezco, como siempre, la disposición del Grupo Parlamentario Popular a ayudarles, en todos los aspectos que pudiéramos, en pro de conseguir ese cuarto pilar de bienestar.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Heredia Díaz.


El señor HEREDIA DÍAZ: Señora Sanz Escudero, en primer lugar, quisiera agradecer su intervención y su información extensa y pormenorizada de la discapacidad auditiva y, en segundo lugar, felicitarle por el trabajo que realiza Fiapas. Ha dado en su intervención datos, desde nuestro punto de vista, bastante interesantes como, por ejemplo, el hecho de que hay un millón de personas con discapacidad auditiva en nuestro país, de los cuales 100.000 tienen sordera profunda. También ha dicho que únicamente entre un 6 y un 8 por ciento utilizan lengua de signos y nos ha dado datos no solamente a nivel nacional sino a nivel europeo: hay 20 millones de europeos que tienen discapacidad auditiva, de los cuales solo 500.000 utilizan lengua de signos. Otro dato que me parece importante a destacar es que en ese estudio al que ha hecho referencia, con 600 familias, un 57 por ciento de los niños son usuarios de audífonos, un 43 por ciento de implante coclear, y únicamente un 9 por ciento de estos niños utilizan la lengua de signos, mientras que un 90 por ciento de niños que utilizan la lengua oral en el colegio. Ha dado datos muy interesantes sobre el tema del empleo, sobre las personas con discapacidad auditiva y los diversos niveles de estudio, que sobre todo son llamativos en la universidad.


Yo voy a hacerle una batería de preguntas parlamentarias, porque, si bien es cierto que ha incidido en el problema de la discapacidad auditiva, hay una serie de cuestiones en las que las asociaciones y los colectivos que están pasando por esta Comisión hacen mucho hincapié y nos gustaría conocer su opinión. La primera es qué posición mantiene Fiapas en cuanto a la universalización de la prestación de la dependencia. La segunda es si considera que la prestación de dependencia debe tener carácter público. He creído entender en su intervención que sí, que el modelo de protección debe ser público; no obstante, le agradecería que nos diese su opinión. Y, teniendo en cuenta que en la distribución de las competencias del Estado son las comunidades autónomas las que llevan los servicios sociales, la tercera pregunta es: ¿considera posible que el Estado regule las prestaciones de dependencia para todo el territorio nacional? Una cuestión que preocupa mucho a los colectivos que han pasado por esta Comisión es qué papel deben jugar los ayuntamientos como Administración más próxima a los ciudadanos. Otra duda reiterada en numerosas intervenciones en esta Comisión es cuáles son los criterios necesarios para determinar el grado de dependencia. Usted ha hablado de la discapacidad auditiva y el libro blanco afecta a numerosas discapacidades. ¿Cuáles son a su juicio, a juicio de Fiapas, los criterios necesarios para determinar el grado de dependencia? ¿Qué fuente de financiación considera que debe participar en el desarrollo de la ley? He creído entender que ustedes apuestan por el copago; no obstante, me gustaría saber si esa es su respuesta. También quiero conocer su opinión con respecto a si la protección de la dependencia debería ser una prestación económica o de servicio, por qué y si, a su juicio, son compatibles ambas modalidades. Por último, hasta dónde se debe compatibilizar la provisión pública de servicio y la acción concertada con la iniciativa privada. En su opinión, ¿cuál de los dos ámbitos debería ser potenciado?

El señor PRESIDENTE: Para responder a las intervenciones y preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios, tiene la palabra la señora Sanz Escudero.


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La señora PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS, FIAPAS, (Sanz Escudero): Voy a empezar a contestar a quien primero me ha preguntado, la señora Caracuel. En cuanto al nombre de la ley, a nosotros el de autonomía personal nos gusta; en nuestro colectivo vemos que ese nombre se adapta muy bien porque se trata de gente que puede llegar a ella, pero, con respecto a la dependencia, en el movimiento en el que estamos nosotros insertos hay cierta sensibilidad y determinados colectivos piensan que ese nombre puede llevar a confusión.
Es muchísimo más contundente el de dependencia, porque así todo el mundo sabe de lo que está hablando. De alguna manera habría que compatibilizarlo -no sabemos muy bien cómo podría quedar semánticamente- y que se incluyeran los dos, porque no es lo mismo una persona con discapacidad auditiva, que tiene una buena autonomía, que se puede comunicar, que puede valerse bastante bien por sí misma, que una persona con parálisis cerebral, que nunca va a poder hacerlo. Y si estamos hablando de autonomía de una persona que nunca va a poder hacer nada por sí misma, no estamos trasmitiendo muy bien lo que queremos decir. El debate está abierto en el colectivo, pero deberíamos ser sensibles a todas las características de las personas que forman parte del mismo. Ya le he dicho que a nosotros el nombre nos parece bien, es tener una visión muy positiva de la discapacidad llamarla autonomía personal, pero en todos los casos esa autonomía personal es muy difícil de conseguir y las personas que no están inmersas en la discapacidad pueden perder la referencia de lo que queremos decir. Es una opinión personal y estamos hablando con otros compañeros de los colectivos, porque en un principio todo el mundo estaba contento con el nombre de ley de dependencia, aunque después una parte del colectivo prefirió que fuera más positiva, llamándola ley de autonomía personal, pero los que no se ven representados por esa palabra, porque nunca la van a poder lograr, también quieren que se refleje su situación. Habría que buscar semánticamente cómo poder contentar a todos.


En cuanto a cómo debe ser recogida la conciliación de la vida laboral y las medidas para las madres, es verdad que en la mayor parte de los casos en los que se tienen niños con discapacidad suelen ser las madres las que se hacen cargo de su cuidado. Hay padres muy responsables que también lo hacen, pero en mayor medida el cuidado suele recaer en las madres. La conciliación laboral podría consistir en la flexibilidad del horario durante los primeros años de vida, ya que es cuando más hay que moverse con los niños. Los horarios muchas veces no son compatibles, porque las sesiones de rehabilitación y las visitas a los médicos suelen ser por la mañana y no son fijos, suelen variar; hace falta una gran flexibilidad y sabemos que en todos los puestos de trabajo eso no es posible. Otra solución serían las excedencias, que con un hijo con discapacidad fueran más fáciles de conseguir y que luego se pudiera volver al puesto de trabajo de forma más sencilla que cuando uno pide una excedencia porque simplemente quiere cuidar a sus niños. A un niño con discapacidad te quieres quedar a cuidarlo, pero también te ves obligado a hacerlo, la situación no es la misma. Se trataría de medidas de apoyo que fueran en el sentido de que, si la madre quisiera seguir con su puesto de trabajo, de alguna manera pudiera hacerlo y, si no, que pudiera volver luego al mismo una vez que el niño está inmerso en el sistema escolar, etapa en que los horarios ya son más fáciles de encajar.


Tipos de medidas, asistente personal. En nuestro caso podría ser, pero no es la mejor medida, puesto que muchas veces en las sesiones de rehabilitación o los mismos médicos te dan pautas de trabajo para casa y tienes que ver cómo hacerlo, con lo cual el asistente personal no tiene cabida, pero a lo mejor en otras discapacidades sería una opción válida.
La lengua de signos es un tema altamente comprometido y controvertido. La confederación de padres de sordos tiene una postura clara y es que no está en contra de la lengua de signos, creemos que es necesaria para quien la emplea. Ningún sordo es igual a los otros, cada uno tiene sus características y cada familia ha elegido una manera de comunicarse con su hijo. Las personas que son usuarias de la lengua de signos tienen que tener los mismos derechos que las que son usuarias del lenguaje oral. A nosotros todo lo que sea regular nos parece bien. Es verdad que nuestro punto de vista es que la lengua de signos es un instrumento más, no le damos otro valor añadido, para la comunicación y no tenemos ningún problema siempre que cuando haya medidas de un tipo se contemplen también medidas complementarias para el resto. Como les he dicho, en nuestro movimiento asociativo la mayor parte de los niños utilizan el lenguaje oral, hoy pocos que usen la lengua de signos, pero la necesitan. Por lo tanto, tendrán que regularse sus necesidades, pero el 90 por ciento restante necesita que se regulen las medidas necesarias para adquirir ese lenguaje oral, que es lo que nosotros como padres hemos elegido. No tenemos problema en que se regulen las dos cosas paralelamente, pero paralelamente, nunca una u otra o una en vez de otra. A nosotros nos parece que siempre tienen que ir en paralelo. Sabemos que el ministerio está trabajando en ello y creemos que dentro de poco podremos felicitarnos porque la ley que regula la lengua de signos y el apoyo a la comunicación oral parece que va a ir adelante. En cuanto a si el intérprete logra autonomía, probablemente las personas sordas le dirán que sí, porque sirve de intermediación con la persona oyente. Nosotros, como padres, hemos decidido que nuestros hijos aprendan la lengua oral porque en cierta manera el intérprete les hace dependientes y pensamos que es mejor para ellos que sean autónomos y que se puedan comunicar por ellos mismos con el entorno que tienen, que, queramos o no, es oral. Ese tema depende de la sensibilidad de cada uno. Desde nuestro punto de vista, sí que crea cierta dependencia,

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pero las personas que son usuarias de intérpretes, por ser usuarias de lengua de signos, no lo ven así.


Me ha preguntado también si creía que el sistema de dependencia tenía que estar a cargo de la Seguridad Social. Eso lo querríamos todos. Cuando se echen cuentas sobre esta ley de dependencia habrá que ver si se puede o no financiar. Eso no dependerá de nosotros. Como ciudadanos de a pie nos gustaría que fuera la Administración la que cubriera todas las necesidades, más siendo un grupo que está en desigualdad con respecto al resto, ya que tener personas con discapacidad en la familia supone un coste añadido que el resto de las familias no tienen. Lo deseable sería que estas necesidades se cubrieran a través de los impuestos o de la Seguridad Social. En el caso de que no fuera posible, el copago está ahí, sería un mal menor dentro de los males, porque en este momento lo tenemos que realizar de nuestro bolsillo. Todas las discapacidades dependen de las autonomías y unas financian más y otras, menos. En las ayudas para los procesos de rehabilitación, para las prótesis, creemos que se debería fijar un mínimo, que no dependiera de la comunidad en la que residas; las prestaciones no deberían depender del territorio donde has nacido. No es justo que, dependiendo de donde nazcas, tengas más prestaciones o menos, crearía una desigualdad. Lo más conveniente sería que se marcasen los mínimos deseables por todos a nivel nacional y que las autonomías que puedan conceder más prestaciones lo hagan. En las autonomías que no puedan hacerlo serán las familias las que tendrán que hacerse cargo de ello. Ustedes, por ejemplo, se pueden comprar cualquier teléfono. Yo, no.
Yo necesito un teléfono especial para que mi hija pueda hablar. Tiene volumen. Un teléfono normal puede costar 8.000, 10.000, 12.000 pesetas; el que tiene mi hija vale 35.000. Y como eso muchas cosas más. Lo que les quiero transmitir es que tener una persona con dispacidad en la familia supone un coste añadido que nadie es capaz de apreciar. Por supuesto, los padres o las personas que tenemos discapacitados en nuestras familias lo asumimos, no nos queda otro remedio.


En cuanto a los impuestos, ninguno queremos que nos suban los impuestos ni los costes laborales, pero cuando se cuantifique el coste de esta puesta en marcha probablemente el señor Solbes no pensará lo mismo. Me imagino que esta puesta en marcha es muy complicada, hay mucha gente en situación de dependencia, hay muchos mayores, la esperanza de vida cada vez es mayor, por lo que el coste que va a suponer será muy importante. Todos deberemos aportar nuestro grano de arena. Lo ideal sería que no fuera así, pero no sabemos si el Estado sería capaz de soportarlo. Cuando se discuta la ley de acompañamiento lo podremos ver.


El señor Heredia me ha preguntado sobre nuestra posición con respecto a la universalización y a que la prestación sea pública. Nosotros pensamos que hay que intentar que sea pública y universal. Eso no quiere decir que no se pueda contar con organizaciones sin ánimo de lucro y otro tipo de entidades que den sus servicios a través de conciertos o de convenios. En este momento se está haciendo así en muchos sitios. Sí tenemos claro que sería necesario que se controlase muy bien y que hubiera unos estándares y unas normas iguales en todo el Estado para todos los centros que atendieran a personas con discapacidad o a mayores. Si tiene que hacerse con dinero público, pero prestado por otras entidades, también nos parecería bien.


Respecto al papel de los ayuntamientos y de las comunidades, nosotros creemos que todas las administraciones deben poner su granito de arena.
Es una manera de dar un servicio a sus ciudadanos. En algunos sitios se está haciendo y el resultado es muy bueno, por lo que se podría extender.
Hay experiencias buenas y experiencias malas, pero lo deseable es que la Administración asuma los servicios sociales. Muchas veces las asociaciones de discapacitados van por delante de la Administración.
Necesitamos un servicio y a la Administración le cuesta mucho darlo y montarlo. Nosotros lo hacemos por la necesidad imperiosa que tenemos. Las organizaciones han sido capaces de montar muchos servicios antes que la Administración. Hay muchas organizaciones que prestan muchos servicios y a las que nosotros podemos ayudar. No es necesario crearlo todo porque ya hay muchas cosas creadas. Vamos a aprovechar lo que tenemos, la experiencia de muchos años, para que esta ley se lleve a cabo y funcione lo mejor posible.


En cuanto a los criterios necesarios para determinar los grados de dependencia, habría que hacer una baremación adecuada, porque hay personas que tienen discapacidades que no llegan al 33 por ciento, pero son más dependientes que otras que tienen un 65. Todos esos criterios habría que revisarlos no solo con las entidades que formamos parte del movimiento asociativo sino con la Administración. En este momento se están revisando las valoraciones y las baremaciones, pero las comunidades autónomas tienen sus propios criterios y habrá que ponerse de acuerdo.
Por ejemplo, personas que necesitan una pequeña adaptación para un puesto de trabajo determinado, como no tienen el porcentaje de discapacidad del 33 por ciento, no pueden hacerlo, lo cual no es justo. Quizás ese tipo de baremación debería ser más flexible, debería depender de la discapacidad; dependiendo de la discapacidad, la baremación debería ir variando.


Con relación al copago, todos agradeceríamos que el gasto lo asumiera la Administración, pero no sabemos si eso va a ser viable y posible y de las soluciones malas, ya he dicho que la menos mala es el copago.
Prestaciones económicas de los servicios y qué se debe potenciar. La verdad es que no sé exactamente qué me quiere preguntar.


El señor PRESIDENTE: Señor Heredia, en un momento, con brevedad, precise la pregunta.


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El señor HEREDIA DÍAZ: Algunos de los colectivos que han comparecido en la Comisión han expuesto dos planteamientos: dar una prestación económica o una prestación de servicio a las personas con discapacidad. ¿Son compatibles ambas?

El señor PRESIDENTE: Señora Sanz.


La señora PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS, FIAPAS, (Sanz Escudero): Si la Administración no va a prestar el servicio, lo puede comprar. Ahora el servicio lo compra cada uno de su bolsillo y depende de la disponibilidad económica de cada uno que pueda acceder o no al mismo. Eso no nos parece que sea bueno para la discapacidad. Hay que tener en cuenta la cantidad de personas inmigrantes que están llegando con problemas de discapacidad. Nuestro colectivo se está viendo incrementado con bastantes niños con discapacidad, niños que están llegando, como digo, porque les están reagrupando sus padres, niños que en sus lugares de origen no han tenido ningún tipo de rehabilitación, no les han hecho nada y están en una situación realmente comprometida y difícil. Si a eso sumamos las dificultades económicas que sus familias puedan tener, el riesgo de exclusión es bastante grande en este momento.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sanz Escudero, por su presencia, por toda la información que nos ha ofrecido en su comparecencia y por las respuestas que ha dado a los portavoces de los grupos. Seguro que todo ello va a ser muy válido para los trabajos que esta Comisión viene desarrollando en torno al Libro Blanco sobre atención a las personas en situación de dependencia.


Se suspende la sesión tres minutos para dar paso al siguiente compareciente. (Pausa.)

- DEL PERIODISTA EXPERTO EN DISCAPACIDAD (SEÑOR FERNÁNDEZ IGLESIAS).
(Número de expediente 219/000190.)

El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión con la comparecencia de don José Luis Fernández Iglesias, periodista experto en discapacidad, que hoy comparece en esta Comisión para contribuir a los trabajos que venimos realizando con relación al Libro Blanco sobre atención a las personas en situación de dependencia en España.


Bienvenido, señor Fernández Iglesias, a esta Comisión. Sabemos que sus opiniones, sus conocimientos y la información que nos va a dar van a ser de gran utilidad.


Tiene la palabra.


El PERIODISTA EXPERTO EN DISCAPACIDAD (Fernández Iglesias): Señorías, en primer lugar quiero agradecerles su invitación y la oportunidad que tengo de poder exponer mi punto de vista sobre un asunto de gran importancia como es el que nos ocupa. Voy a dividir mi intervención en dos bloques: uno, sobre el Libro Blanco, y otro, inevitable, porque, de todos los comparecientes, supongo que pocas personas que trabajen profesionalmente en el ámbito de la información van a tener acceso a esta Comisión, centrado en algo que a mí me preocupa especialmente y que es tanto el lenguaje como los medios de comunicación.


Comenzaré hablando de la necesidad de la futura ley de autonomía personal.
El retraso histórico de este país en el desarrollo de los servicios sociales ha propiciado un enorme vacío y un gran retraso comparativo con los países del centro y norte de Europa. Este déficit se ha cubierto en gran medida por las familias españolas, que, con un enorme coste económico y humano, han sustituido al Estado en la atención y el cuidado de los más débiles. Digno es de reseñar el gran desfase entre nivel de desarrollo y riqueza nacional y la escasez de recursos dedicados a servicios sociales; por tanto, ya es tiempo de cubrir lo que se ha dado en llamar el cuarto pilar del Estado del bienestar, junto con las pensiones, la educación y la sanidad, y que se consagren unos derechos ansiados por buena parte de la sociedad española y que son disfrutados en otros países europeos desde hace mucho tiempo.


En cuanto a la ley de autonomía personal quería comentar que el futuro sistema nacional debe configurarse como un derecho universal y público, como ocurre con la educación y la sanidad. Todas las personas en situación de dependencia, sea cual sea su edad o su lugar de residencia, deben tener igual derecho a acceder a las prestaciones que el sistema determine. Un asunto para mí de una gran importancia es la equidad territorial en la protección social. Esta es una de las reivindicaciones más antiguas y más reiteradas dentro del mundo de la discapacidad. En la actualidad existen excesivas desigualdades en función de la comunidad autónoma donde se viva, con servicios y prestaciones dispares y con un laberinto normativo considerable. Con respecto a las prestaciones, deben ser reconocidas por ley y sería recomendable considerar tanto las económicas como las de servicios. Debe existir flexibilidad según quien sea el receptor de la prestación. Con un mínimo nivel de dependencia, no es lo mismo una persona joven que una persona mayor, ni una con dependencia con moderada que una con dependencia severa; tampoco es lo mismo un niño con cáncer que un adulto con esclerosis lateral amiotrófica. Entiendo que es diferente el caso de una persona mayor, con problemas de movilidad, que vive sola, que no sale habitualmente de casa -situación que se da con bastante frecuencia- y que lo que quiere es una plaza en una residencia, que el de una persona joven, aunque tenga una lesión medular o una esclerosis múltiple, que quiere un asistente personal y que aspira a tener una vida lo más autónoma posible residiendo en su propia vivienda. Razonablemente, al asistente personal

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querría elegirlo ella, con una prestación económico previa. Ante la enorme diversidad que se plantea según el grado de dependencia, edad, tipo de limitación, actitud ante la vida o situación familiar es recomendable la prestación tanto económica como de servicios, incluso mixta, si fuera necesario, aplicados de una forma flexible.


Respecto a la atención especial que debe tener cierto tipo de colectivos dentro de la dependencia, tengo que referirme de una manera muy concreta a las personas más gravemente afectadas, los menores y las mujeres con discapacidad. Estos tres colectivos son especialmente vulnerables y deben ser protegidos de una forma especial. La mujer dependiente requiere atención preferente por su número y nivel de necesidad y discriminación, pues es difícil encontrar en la sociedad española un grupo social que, como este, esté en el último escalón de dos colectivos con diversos grados de discriminación como son el de las mujeres y el de las personas con discapacidad. Quiero resaltar la mayoría numérica de mujeres, tanto entre las personas dependientes como entre las cuidadoras.


Hay otro asunto que en mi opinión también requiere la máxima importancia y es definir a quién se debe proteger distinguiendo las necesidades según la edad. Debe existir un baremo único para todo el Estado en el que se tiene que determinar claramente quién debe realizar la valoración de la dependencia, quién podrá beneficiarse de ella y en qué grado se considera dependiente a una persona. Este asunto no es baladí, pues en los últimos años ha creado multitud de problemas con el decreto de 23 de diciembre de 1999, para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, que ha motivado infinidad de quejas y problemas a muchas personas y ha afianzado una desigualdad territorial a la hora de baremar.
Incluso el Defensor del Pueblo, en su informe anual de 2004, destaca el gran número de quejas recibidas en su oficina por las trabas de las administraciones para otorgar el certificado con el grado de minusvalía a las personas que lo habían solicitado.


Sobre la valoración de la dependencia, sería necesario que existiera una graduación de los niveles de dependencia, que tuviera en cuenta las diferencias entre la dependencia causada por discapacidades antes de la vejez y la dependencia derivada de la edad. Las dependencias originadas por discapacidades se caracterizan por el tiempo dilatado de necesidades, sobre todo cuando la discapacidad se presenta en la infancia o en la juventud por causas congénitas, perinatales, traumáticas por accidente, mórbidas, etcétera, mientras que las personas mayores tienen necesidades por períodos más cortos y de forma más previsible. Asimismo afecta a las familias de forma diferente según la edad: cuando se trata de personas con discapacidad, afecta generalmente a gente más joven y tiene mayor efecto económico, requiere mayor dedicación y genera un mayor nivel de angustia por el futuro incierto, mientras que en el caso de las personas mayores cumplen un ciclo natural y habitualmente existe un reparto familiar de responsabilidades que permite mayor margen vital a sus familiares.


Para la financiación de los servicios debe regir un modelo público y sufragado según esquema de financiación establecido en la propia Ley General de la Seguridad Social, diferenciando entre prestaciones de carácter contributivo, a través de cotizaciones sociales, y prestaciones de carácter no contributivo, financiadas con impuestos, con la participación del usuario a través del copago por equidad y por sostenibilidad en función de las posibilidades de cada uno. Respecto al modelo, no se debería descartar el apoyo de la iniciativa privada para la sostenibilidad del sistema, siempre tutelado por lo público. En las competencias, es importante la colaboración y la coordinación entre las distintas administraciones. En mi opinión, las corporaciones locales como instituciones más cercanas a los ciudadanos deben tener un papel protagonista en la prestación de servicios. Y sobre la protección a los cuidadores se debería legislar. El 83 por ciento de los cuidadores son mujeres, con una edad media de 52 años; la ley debe incorporar medidas que amparen a estas personas que en muchos casos van a continuar cuidando a sus familiares.


A continuación quisiera hacer un apartado muy concreto y que tiene una gran importancia, que es el de la prevención de la dependencia. Estamos hablando de cuidar a las personas dependientes y de una ley que debe cubrir huecos importantes en nuestra sociedad, pero es importante, sobre todo de cara al futuro, hacer políticas que prevengan y que eviten la dependencia en el futuro. Nadie discute la importancia en la prevención; es una de las armas más importantes en la lucha contra la dependencia.
Voy a enumerar algunas de las que considero más importantes. La prevención de deficiencias es un derecho recogido en la Lismi, de 1982, y en la Ley General de Sanidad, de1986; sin embargo, la atención temprana en España no se ha desarrollado suficientemente. Según la doctora María Luisa Martínez Frías, directora del Centro de Investigación sobre Anomalías Congénitas del Instituto de Salud Carlos III, la discapacidad afecta a entre un 3 y un 6 por ciento de los recién nacidos. Todos estos niños requieren una atención importante que debe prestarse desde el nacimiento o desde el momento en que se detecte la discapacidad y en muchos casos podrá evitar la aparición de una situación de dependencia o aminorar su gravedad. Pero muchas veces no se actúa a tiempo por fallos en la detección. Considerando que me ha precedido esta mañana en la Comisión Fiapas, sirva como ejemplo la detección precoz de la sordera; a día de hoy todavía hay comunidades autónomas en nuestro país que no la aplican. También debe existir prevención para la discapacidad en las edades adultas y en los ancianos. El hecho de que se dé por supuesto que la vejez genera inevitablemente dependencia ha impedido que exista una política de prevención para los ancianos. Hay personas con cien años que son autónomas. Los ancianos sin estudios tienen un riesgo dos veces mayor de sufrir un problema de dependencia que aquellos con estudios

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superiores. Según el investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, Antonio Abellán, esta carencia como factor de riesgo es un aspecto que afecta a las actuales generaciones de ancianos y a las que vienen inmediatamente detrás. Son evidentes las dificultades para prevenir la dependencia en estas generaciones de ciudadanos, pero es importante saber la incidencia de este factor que, al igual que la pobreza, referida en un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 2001, son generadores de discapacidad.


Las barreras arquitectónicas son también un enorme creador de dependencia en las personas mayores. Según un estudio del Instituto Gerontológico, la tercera parte de los ancianos sufre una caída al año. La cifra aumenta al 50 por ciento en los mayores de 80 años. Las caídas de los mayores generan unas complicaciones agudas importantes. Dos tercios de las caídas suponen lesiones serias: fractura en un 62 por ciento de los casos; esguince en un 25 y, herida profunda, en un 8 por ciento. En tres cuartas partes de los casos provocan una consulta médica y, en un 29 por ciento de este grupo, una hospitalización. En un número no despreciable de casos, las complicaciones posteriores a la caída terminan causando la muerte del anciano. Por otro lado, cifras nada despreciables de personas mayores llegan a encerrarse en casa después de haberse caído varias veces en la calle y haber cogido miedo, lo que a la larga favorece una situación de dependencia.


La promoción de modos de vida saludable es especialmente importante para la prevención de la dependencia. Ya se ha comprobado que el abandono de la dieta mediterránea, la vida sedentaria o la obesidad y el sobrepeso están detrás del escandaloso incremento de enfermedades como la diabetes, que a largo plazo son generadores de discapacidades y de situaciones de dependencia. De igual manera, los problemas cardíacos o los ictus siguen su carrera ascendente alimentados por unos modos de vida que necesitarían ser modificados.


Hay otro aspecto para mí importante: positivar la ley de autonomía personal. Un asunto de gran importancia es la percepción que de la dependencia en general y de la futura ley de autonomía personal puedan tener los ciudadanos. La negatividad con que la sociedad ha vivido, y en buena medida vive, la discapacidad, ha impedido que los avances experimentados por este colectivo no hayan sido más importantes. Las barreras mentales, consecuencia de esta visión negativa, son el mayor impedimento con el que nos encontramos las personas con discapacidad, pero aparte del poco conocimiento que pueda tener la sociedad sobre la futura ley, consecuencia entre otras cosas de la falta de atención de los medios de comunicación, existe el riesgo de que una parte de la población la viva como una carga inevitable y un gasto excesivo. Había que evitar el mensaje de que la dependencia es qué hacemos con ellos y huir de poner el énfasis en los costes de la ley en vez de en los beneficios, algo que no ocurre cuando se habla del gasto que supone la educación o la construcción de carreteras. Para combatir esta forma de pensar sería bueno hacer hincapié en la indudable bondad de esta ley y en los beneficios sociales y económicos que pueda reportar. Sirvan los siguientes ejemplos, creación de 330.000 nuevos empleos para 2010, según el libro blanco. El mayor número de empleos estaría relacionado con los servicios de atención residencial y ayuda a domicilio, seguidos a considerable distancia por la atención en centros de día, servicios de asistente personal para la autonomía y la teleasistencia. La generación de riqueza de estos puestos de trabajo compensaría parte de la inversión que tuvieran que hacer las distintas administraciones en dependencia, pero no es sólo la creación de empleo que se pueda generar, es que se va a permitir que muchas de las actuales cuidadoras puedan volver al mercado de trabajo que abandonaron o sencillamente no pudieron ingresar debido a las necesidades de atención constante del ser querido y dependiente. Otro aspecto positivo sería el mayor y más eficiente gasto social, que supondría un menor y más eficiente gasto sanitario con un reparto de competencias adecuado entre los dos niveles, el social y el sanitario. La potenciación de los servicios que facilitan la autonomía de las personas con discapacidad facilitaría una mayor actividad y vida social de estas personas, con todas las implicaciones positivas que esto tendría y, por último -estoy poniendo unos ejemplos-, acabar con la idea de que dependiente es igual a inactivo.


Paso a la segunda parte de mi intervención en la que voy a hablar de lenguaje y medios de comunicación. Hay dos aspectos, desde mi perspectiva de profesional de la comunicación, que resultan básicos para las personas con discapacidad, dependientes y no dependientes, que no están resueltos.
Hasta ahora, la dependencia se ha abordado desde un punto de vista muy técnico. La no aparición de este debate en los medios de comunicación generalistas, sólo se habló de esta ley cuando se presentó el libro blanco, ha impedido que este debate sea público, con el coste añadido que en muchos sectores de la sociedad se viva como un nuevo gasto. Como he dicho, estos dos asuntos que desde mi perspectiva frenan un avance de una imagen positiva, permiten que se siga viendo tanto a la discapacidad como a la dependencia de una forma triste y poco real. Voy a hacer un desarrollo de lo que yo entiendo que se pueden beneficiar la discapacidad y la dependencia en estos dos ámbitos.


En cuanto al lenguaje, cualquier grupo social que quiere salir de una situación de discriminación, como es el caso del colectivo que nos ocupa, debe intentar modificar y positivar la terminología que les afecta. Esa fue, por ejemplo, una de las batallas que tuvo que librar la mujer hace varias décadas. Bajo este prisma, varias organizaciones representativas de las personas con discapacidad solicitaron el cambio de denominación de la ley de dependencia, es de agradecer que fueran escuchados, modificándose por el actual título de ley de autonomía personal. El lenguaje, señorías, no es neutral, el uso y la intencionalidad dan a muchas palabras contenidos

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muy distintos a los que se les asigna teóricamente. Con el lenguaje se integra o se margina. Por eso es tan importante utilizarlo bien, usar en cada caso los términos adecuados. La discapacidad ha sufrido históricamente un lenguaje discriminador y tremendamente negativo; a pesar de la evolución favorable que ha tenido en estos últimos años, sigue perdurando la utilización de términos incorrectos en algunos casos insultantes y, en cualquier caso, negativos. Me van a permitir que les ponga unos ejemplos de esta negatividad e inexactitud en el lenguaje con el que habitualmente nos referimos a las personas con discapacidad.


Se utilizan términos como disminuido, cuyo significado es por debajo de lo normal; inválido, no válido; minusválido, menos válido; deficiente, defectuoso, incompleto. Hay términos insultantes como subnormal, por debajo de lo normal; loco, afortunadamente en desuso pero que todavía se oye, etcétera. También se utilizan términos incorrectos, como el de sordomudo, con el que se suele definir a un colectivo de personas con sordera, que ni mucho menos tienen estas dos carencias. En algunos ámbitos sociales, políticos y periodísticos, se suele calificar a la persona objeto de comentario con términos como autista, esquizofrénico, retrasado mental, etcétera; son ejemplos escritos. Una carta al director de hace unos meses titulaba: Discúlpeme la esquizofrenia -estoy hablando de un diario generalista, un diario de ámbito nacional-; otro artículo en un periódico distinto, se titulaba, El autismo de Ibarretxe; otro más reciente con el siguiente título: Barceló exhibe su esquizofrenia creativa a través de su obra. Fuera y dentro del propio colectivo se usa la palabra anormal cuando se compara a la persona con discapacidad con otro individuo o colectivo social, como si nosotros no fuéramos normales, un término ante el que personalmente me suelo rebelar de una forma especial. Se utilizan los verbos sufrir y padecer cuando se especifica la discapacidad -sufre polio, padece sordera-, en vez de utilizar el verbo tener que es menos negativo. También se usa con cierta frecuencia la palabra postrado -está postrado en una cama o en una silla de ruedas-, cuando el verbo postrar según el Diccionario de la Real Academia Española significa textualmente, rendir, humillar, enflaquecer, debilitar, quitar el vigor, arrodillarse o ponerse a los pies de alguien humillándose o en señal de respeto, veneración o ruego. Se perpetúa otro tipo de confusiones como la de seguir utilizando discapacitado psíquico para referirse a personas con discapacidad intelectual o a personas con problemas de salud mental indistintamente. Esta confusión ha llegado incluso en medios de comunicación a generar informaciones sobre personas con enfermedades mentales con fotos de personas con discapacidad intelectual. Se utilizan con mucha frecuencia los adjetivos sustantivados, como minusválido o discapacitado, que catalogan a la persona como un todo y eliminan injustamente cualquier atisbo de capacidad o validez. Debería utilizarse la palabra persona delante, por ejemplo, persona con discapacidad o persona con autismo, etcétera. Por último, otro ejemplo, incluso términos que favorecen la normalización del colectivo que nos ocupa como discriminación positiva resulta un término negativo; se debería decir acción positiva o acciones positivas.


Existe una importante responsabilidad de las administraciones en la utilización de un lenguaje incorrecto, al mantener términos como incapacidad permanente o total, pensión de invalidez o certificado de minusvalía, que no favorecen que las personas ajenas al mundo de la discapacidad se acerquen a un lenguaje más positivo. Si alguien pretende utilizar un vocabulario correcto al referirse a las personas con discapacidad, se ve obligado a traicionar permanentemente este lenguaje cuando se refiere a terminologías oficiales como las anteriormente descritas. Estas expresiones deberían actualizarse en unos casos como, por ejemplo, utilizar los términos personas con discapacidad en vez de minusválidos o disminuidos y cambiarse en otros por términos que eviten la confusión en la identificación, como ocurre con las palabras invalidez o incapacidad. Además, con este lenguaje se obstaculiza la normalización de las personas con discapacidad y de las personas dependientes. En este punto, señorías, pueden jugar un papel importante. En su mano está el cambiar el lenguaje oficial y favorecer otro más actualizado y positivo.


Por último, referencia a los medios de comunicación. ¿Aparecen la dependencia y la discapacidad habitualmente en los medios de comunicación? La dependencia como tal no aparece nunca, sólo cuando se presentó el libro blanco, como he comentado anteriormente. Por este motivo, mis referencias a este apartado serán sobre todo a las personas con discapacidad. La presencia de este colectivo en los medios de comunicación es inversamente proporcional al ámbito al que nos refiramos.
Es decir, cuanto mayor sea el área geográfica de difusión del medio, menor es la presencia de este colectivo y viceversa. Aquí habría que hacer un paréntesis y reconocer todo lo que se ha avanzado en los últimos años en este campo, aunque este avance haya sido insuficiente. Por tipo de medio, en la prensa y en la radio existe una cierta presencia, sin embargo en la televisión es muy difícil ver a una persona de este colectivo, salvo de vez en cuando en los informativos. Existe una creencia demasiado generalizada sobre la incompatibilidad del medio televisivo con la imagen de la discapacidad; otro asunto diferente es que, cuando se habla de la discapacidad en los medios, el trato es el adecuado y aquí hay que decir que en muchos casos no lo es por el enfoque, por el lenguaje o por el contexto. Las informaciones además de escasas pecan de negatividad, sensacionalismo, victimismo o conmiseración. Hay falta de naturalidad y sentido de la proporción. ¿Por qué son necesarios los medios de comunicación cuando hablamos de personas dependientes o con discapacidad? Por la necesidad que tiene cualquier colectivo con un alto grado de discriminación de la complicidad social para superar sus déficit de ciudadanía. Sin embargo, la sociedad no se hace cómplice de lo que no conoce y el vehículo más

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rápido para este conocimiento lo ofrecen los medios de comunicación.


Acabo ya, señorías, llamando la atención sobre la parte de mi intervención que habla de positivar y de acercar el mundo de la dependencia y el mundo de la discapacidad a la sociedad. Desde el poderoso mundo de los medios de comunicación, se puede favorecer la mejora de la imagen de la futura ley de autonomía personal y de las personas que se pueden beneficiar y sus familias; al mismo tiempo y por el mismo precio, saldrían beneficiadas las personas con discapacidad. Ustedes también pueden ayudar a mejorar esto. Ustedes son, como representantes de los ciudadanos, un objetivo permanente de los medios de comunicación. Sus declaraciones son reproducidas y tomadas en cuenta y, por este motivo, se convierten en fundamentales para poner encima de la mesa asuntos como los que nos ocupan, que no parecen atraer suficientemente a los profesionales de la información.


No me queda más que reiterar mi agradecimiento a mi invitación y despedirme de SS.SS. con la esperanza de haber sido útil con mi intervención.


El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martín Soledad.


El señor MARTÍN SOLEDAD: Muchísimas gracias por su presencia en esta casa, que es la de todos. Ha sido muy reveladora su exposición, y, compartiendo la práctica totalidad de su intervención, sí que le voy a apostillar un par de anécdotas, en concreto alguna referida al mundo de la psiquiatría o alguna donde el hecho de que el acceso de la población no técnica a los medios de comunicación hace este mal uso del tecnicismo y le da una característica de generalidad. Le voy a decir que, dentro del mundo de la psiquiatría, nosotros siempre nos habíamos regido por la clasificación de las enfermedades mentales de Kraepelin donde curiosamente existían tres categorías diagnósticas del retraso mental: los cretinos, los idiotas y los imbéciles. Esta clasificación tuvo que ser cambiada y empezamos a hablar de retraso mental leve, moderado o severo profundo, casualmente por este mal uso de esos tecnicismos y la proyección que se hacía en sentido peyorativo contra determinadas personas y, a partir de ahí, tísico, apestado, esquizofrénico y demente; en el fondo, estamos viendo un uso generalizado por parte de la población dando unas denominaciones o unas categorías diagnósticas a personas que, lógicamente, no padecen ningún tipo de afectación psiquiátrica, ni pulmonar en el caso de los tísicos. Ahí es donde reside gran parte de la fuerza de los medios de comunicación, conseguir que no se haga un mal uso de los términos técnicos. En concreto, el mundo del periodismo ha sido uno de los grandes impulsores de esa difusión de la terminología científica que ha acabado con ese mal uso del vocabulario técnico. Por tanto, entraríamos en el debate de qué va primero si el huevo o la gallina. Desde luego, desde mi posición, soy muy cauto a la hora de referirme a determinados comportamientos o a determinadas personas con categorías diagnósticas reflejadas en el catálogo internacional de enfermedades. No debería ser el estilo de ninguno de los aquí presentes ni de nadie.


Entrando un poco más en materia, le agradecemos que contribuya notablemente a que haya eso que pedimos los que nos dedicamos a la atención de la población con problemas de autonomía, difusión y normalización. Creo que este es otro de los términos en los que tenemos que hacer mucho hincapié; no estamos hablando de la famosa integración, lo que era la Lismi, sino que estamos hablando de normalizar a un colectivo de personas que presentan mayores dificultades que otras a la hora de desarrollar las actividades de la vida cotidiana y esta podría ser la definición exacta de las personas con problemas de autonomía personal.


Me viene a la memoria la anterior ronda de comparecencias, en las que el director general del Imserso nos dio algunas pistas de cómo iba a funcionar la futura ley de autonomía personal. En concreto, nos dio alguna pista sobre el tema de la financiación. Parece que la financiación, según las manifestaciones que hizo aquí el director general, va a ser con cargo a impuestos y con la fórmula de copago como mecanismo financiero principal. Va a haber un gran trabajo de campo en una primera fase para adecuar los actuales equipos de valoración de discapacidades a la nueva funcionalidad que van a tener, no solamente emisión de los certificados de la mal llamada minusvalía, sino adecuarlos también al recurso específico que sería el más adecuado para garantizar la autonomía de esa persona sea en prestación económica o en prestación de servicios. La primera pregunta que se me ocurre es qué opinión le merece este pequeño avance de lo que fue la comparecencia anterior del director general del Imserso sobre la financiación de la futura ley de autonomía personal.


Por otro lado, también se me ocurre que, en toda esta ronda de comparecencias, hemos hablado siempre del mal menor que representa la provisión mixta de servicios, con presencia de organizaciones privadas tanto con ánimo de lucro como sin ánimo de lucro. Hoy por hoy es un activo; muchos recursos residenciales, mucha prestación de ayuda a domicilio, la mayor parte de las prestaciones de servicio de teleasistencia se están haciendo desde la iniciativa privada y con buen resultado. No pondría en duda la capacidad organizativa del sector privado a la hora de proveer servicios orientados a la mejora de la autonomía personal de la población objeto de estas comparecencias. De todas formas, mi pregunta es: ¿le parece correcto la coexistencia de ese modelo sociosanitario, del modelo de atención a la dependencia o de mejora de la autonomía personal con responsabilidad pública, desde luego, pero con provisión de servicios privada, semiprivada, pública o con ausencia de afán de lucro?

Hay otro tema que considero importante conceptualmente. ¿Considera usted que determinados colectivos de

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personas que, precisando algún tipo de apoyo para su autonomía personal y que actualmente se encuentran dentro de programas de integración tanto educativa como laboral, queden recogidos específicamente dentro de la futura ley de promoción de la autonomía personal?

El señor PERIODISTA EXPERTO EN DISCAPACIDAD (Fernández Iglesias): Perdón, no le he entendido la pregunta.


El señor MARTÍN SOLEDAD: Respecto a colectivos que están actualmente en integración, sea educativa, como menores con pequeños problemas de discapacidad que acuden a una reeducación especial, o personas con discapacidades leves que están en áreas de integración laboral, ¿cree que tienen que ser beneficiarios de esta futura ley de atención a la dependencia? ¿Cree que falta algún colectivo entre los estudiados en el contexto del Libro Blanco de la discapacidad? A mí me llama la atención que, por ejemplo, un problema emergente, como el de los comas neurovegetativos, que actualmente precisan de unos cuidados mínimos, no queden bien reflejados como colectivo específico objeto de la atención de la futura ley de atención a la dependencia o ley de autonomía personal.
¿Cree que, en este modelo mixto publico-privado, se debe dejar al usuario la opción de recibir una prestación económica sustitutoria de la prestación por servicio? ¿Habría que modificar en algún sentido la Constitución para reconocer los servicios sociales o la atención a la dependencia con la misma categoría que tienen actualmente la educación o la sanidad?

Habría que destinar partidas muy importantes a las ayudas técnicas, lo que nos ha comentado antes la representante de Fiapas, por ejemplo para esos teléfonos adaptados para gente con problemas auditivos o para adecuación de viviendas y eliminación de barreras arquitectónicas para esa gente que quiere continuar viviendo de manera autónoma. ¿Cree que desde su ámbito habría que concienciar a los profesionales de la información para ejercer una presión efectiva sobre las administraciones responsables para poner en marcha ya, de una vez por todas, la ley de eliminación de barreras arquitectónicas? ¿Cree que hay que hacer algún tipo de presión sobre la Administración laboral para que se cumplan las previsiones de reserva de puestos de trabajo para la población afectada por algún grado de pérdida de autonomía? Por último, ¿cree que las expectativas que ha generado esta futura ley de promoción de la autonomía personal, si no va dotada económicamente de una manera potente, pueden generar una frustración social importante? Le reitero mi agradecimiento por su comparecencia.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Cedrés Rodríguez.


La señora CEDRÉS RODRÍGUEZ: En primer lugar, me gustaría agradecer, en nombre de mi grupo, su presencia en esta Comisión, en la que comparece para aportar su interesante visión a la hora de elaborar esta ley. Desde mi grupo le felicitamos por su intervención y por las aportaciones realizadas a lo largo de su exposición, que han sido bastante claras y nos han hecho ver aspectos en los que quizá hasta ahora no habíamos profundizado, como el lenguaje, que ha sido muy interesante. También quiero felicitarle por su trabajo en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser y a todo el equipo, que los lunes nos hacen llegar información exhaustiva sobre la discapacidad. Tengo que resaltar una frase suya que me gusto mucho, en una entrevista en la que hablaba de que había que romper el estereotipo de la discapacidad como término absoluto, y decía: yo tengo discapacidades y tengo capacidades como todo el mundo. Me gustaría resaltar esa valoración positiva.


Mi primera pregunta sería: ¿cree usted, después de haber analizado el Libro Blanco para la dependencia, que éste está enfocado desde una perspectiva de máximos con respecto a las capacidades o, al contrario, tiene un carácter paliativo referido exclusivamente a la falta de autonomía? En el Libro Blanco para la dependencia se expone que, para poder hablar de una situación de dependencia y de acuerdo con la definición aceptada por el Consejo de Europa, debe darse la concurrencia de tres factores: existencia de una limitación física, psíquica o intelectual que merme determinadas capacidades de la persona, la incapacidad de la persona para realizar por sí misma las actividades de la vida diaria y la necesidad de asistencia o cuidados por parte de una tercer persona. ¿Añadiría usted algún factor más? ¿Cree que la definición aportada por el Consejo de Europa referida a la situación de dependencia es acertada? La protección de la dependencia debe graduarse en función de la cantidad y el tipo de ayuda que se necesita de una tercera persona.
Siguiendo las experiencias de los países de nuestro entorno, el libro blanco clasifica la dependencia en tres grados: dependencia moderada, severa y gran dependencia. En este sentido, usted habló antes de los criterios y añadía, por ejemplo, la edad como factor. Me gustaría conocer si usted cree que estos criterios deberían ser únicos en el territorio nacional y si todavía añadiría otros criterios.


Ha hablado de la prevención. Yo creo que la prevención es un aspecto muy importante para aquellos que hemos trabajado, antes de estar aquí, en el área de servicios sociales. Me gustaría preguntarle qué papel atribuiría usted a las instituciones, tanto autonómicas como locales, en materia de prevención en esta ley, así como si podría extender todavía más ese análisis que ha hecho respecto a la prevención. También ha hablado de legislar acerca de los cuidadores y me gustaría que profundizara en este sentido, puesto que los cuidadores son muy importantes a la hora de trabajar la autonomía personal. Se contempla que los usuarios participen en el pago de los servicios. Me gustaría saber qué criterios deberían

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tenerse en cuenta a la hora de establecer el copago, aparte de los que se han dicho. Los medios de comunicación -me consta por mi experiencia profesional anterior- son básicos a la hora de transmitir información y potenciar la formación ciudadana en muchos aspectos. Podría relatar anécdotas, como descubrir que muchas veces los menores conocen síndromes como el de Rett o Munchausen a través de lo que ven en la televisión, que muchas veces puede ser acertado. En este sentido, creo que los medios de comunicación -y lo comparto con usted totalmente- tienen una capacidad formativa e informativa -me gustaría resaltar la formativa- muy importante. Me gustaría saber, primero, cuál es el papel que usted atribuiría a los medios de comunicación dentro de la ley. También me gustaría conocer cómo plantearía usted esos cambios tan profundos como los que ha expuesto referidos al lenguaje a la hora de elaborar totalmente esta ley, puesto que desde nuestra labor como diputados quizás no seamos tan doctos en la materia del lenguaje y usted podría aportarnos una visión mucho más constructiva. Por último, quisiera reiterarle nuestro agradecimiento por su colaboración para la elaboración de esta ley, ya que además conozco su perspectiva a cerca de que el papel del legislador debe ir unido a las aportaciones de la sociedad para la que se legisla.


El señor PRESIDENTE: Para responder a las intervenciones de los portavoces de los grupos, tiene la palabra el señor Fernández Iglesias.


El PERIODISTA EXPERTO EN DISCAPACIDAD (Fernández Iglesias): Señorías, les agradezco sus preguntas. El señor Martín Soledad me ha preguntado sobre la financiación. Yo hubiera hecho una ponencia, sólo sobre medios de comunicación, tres veces más larga que la que he hecho, es decir, estás obligado, por ajustarte al tiempo, a no desarrollar suficientemente los conceptos. En mi intervención ya he dicho que me parece que esa financiación primero tiene que ser pública. Voy a aprovechar para contestar a los dos diputados que me han preguntado sobre la financiación y el copago concretamente. Voy a ser muy claro, habitualmente lo soy, y a veces excesivamente crudo, pero me parece importante hablar con claridad.
A mí me parece que estamos viviendo unos tiempos donde nadie gana unas elecciones diciendo que va a subir los impuestos y donde el equilibrio presupuestario se ha convertido en sacrosanto. Esto ata las manos.
Estamos viviendo en un país con un retraso en servicios sociales espectacular, preocupante. Ocurre que, cuando Francia y Alemania están bajando sus niveles de bienestar y a pesar de ello se van a quedar en unos niveles insospechados para nosotros, nosotros tenemos que crearlos.
A mí me gustaría decir que de copago nada, que todo como la sanidad, pero hay que ser realista.


Ustedes van a tener un papel importante, se las van a tener que ingeniar para muchas cosas, no solamente para la ley, sino que van a tener que intentar sustituir esa falta de medios, que inevitablemente va a haber porque las necesidades son tan tremendas que es imposible cubrirlas con los presupuestos ni en ocho años ni en otros ocho más que pudieran venir, con lo cual, desde mi punto de vista, el copago es un mal necesario. A lo mejor también tiene una parte justa repartir esos servicios que en un momento determinado puede crear la ley de autonomía personal. De la misma manera, y también contesto a su pregunta sobre la iniciativa privada, creo que esta debe estar. El Estado no va a poder cubrir sobre todo la parte residencial y de servicios requeridos, que puede suponer un monto espectacular. La iniciativa privada tiene cabida, lógicamente, debe tenerla, pero siempre bajo el control estricto de lo público. Respecto a contemplarlo o no de forma contributiva, el papel que están jugando las pensiones se puede perfectamente trasladar a la ley de autonomía personal; no cabe duda de que se puede hacer y que se debe contemplar. En las pensiones ha dado buenos resultados, luego no veo por qué no puede darlos en la ley de autonomía personal.


Usted me preguntaba si se debe reflejar en la ley la integración educativa de las personas con discapacidad leve. En mi opinión, va a haber que ajustarse porque el concepto de dependencia -he hecho mucho énfasis en ello- requiere una delimitación muy clara de qué se entiende por la misma. De todos modos, a nivel educativo considero que esta es una de las grandes preocupaciones. En este país, cuando se habla de educación y de personas con discapacidad, siempre se habla de la universidad, cuando a la universidad solo llega un 3 por ciento de las personas con discapacidad y el problema se encuentra desde los tres años hasta el final de la enseñanza obligatoria, porque se están dando circunstancias claras en las que una serie de servicios necesarios para que esa persona con discapacidad pueda llegar a la universidad, se le quitan cuando acaba la enseñanza obligatoria. Es especialmente preocupante la situación de la educación en España referida a las personas con discapacidad. No se está aplicando, no se está haciendo bien porque no se está llevando bien la integración en un colegio ordinario y no se está llevando bien que las personas que las necesitan tengan las instalaciones y ayudas técnicas necesarias, porque hay que tener en cuenta que hay discapacidades en las que el problema es exclusivamente de ayudas técnicas. Es preocupante que haya profesores universitarios que se nieguen a ponerse un micrófono para que le puedan entender alumnos con sordera que con su implante coclear solo necesitarían que el profesor se cuelgue un micrófono en el pecho y, sin embargo, se están dado este tipo de situaciones. De alguna manera la educación debe estar reflejada en la ley de y sobre todo debe potenciarse; no sé si desde la ley de autonomía personal o desde otro ámbito, pero debe potenciarse. Está más que demostrado que las personas con discapacidad que no tienen suficiente nivel educativo, cuando llegan a mayores, no tienen trabajo y, si no lo tienen, se convierten en personas dependientes y pasivas. Dentro del lenguaje positivo del que hablaba

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antes, es importante conseguir que la sociedad entienda que la mayoría de las personas con discapacidad podemos convertirnos en personas activa y, por tanto, en generadoras de riqueza, en vez de ser pasivas y estar recibiendo dinero. Hay múltiples conceptos dentro de la discapacidad, de la dependencia y del libro blanco que habría que aclarar a la ciudadanía, no solamente para que no se equivoque a la hora de juzgar esto como un gasto que hay que hacer ya que somos unos pobrecitos a los que hay que cuidar, sino que tienen que darse cuenta de que dependencia o discapacidad no tiene nada que ver con pasividad, con inactividad ni con inutilidad. Hay que eliminar ese resorte mental que todavía en esta sociedad está muy arraigado y el primero de ellos es la creencia de que somos pocos, y no es cierto, sino que no hay condiciones sociales ni urbanas para que podamos salir. De hecho, conozco el caso concreto de una amiga cuyo hijo hizo un máster en Canadá y al volver le dijo a su madre que había una cantidad enorme de personas con discapacidad en Canadá.
Ella le sacó de su error explicándole que realmente lo que ocurre en Canadá es que las ciudades están adaptadas para que las personas discapacitadas puedan salir. En Madrid hay algún distrito con una considerable eliminación de barreras y las personas con discapacidad aparecen en cada esquina, pero es porque pueden salir.


Respecto a la prestación económica sustituyendo a la prestación de servicios, creo que deben ser compatibles. Hay algún colectivo dentro de la discapacidad que habla del asistente personal. Entiendo que el asistente personal es fundamental. Si el objetivo es potenciar la autonomía personal de las personas con discapacidad, ¿cómo vamos a eliminar conceptos? ¿El asistente personal me lo tiene que dar el ayuntamiento o soy yo el que lo elige? Este es un asunto extraordinariamente delicado. La actitud ante la vida es fundamental, es un elemento clave a la hora de diferenciar una persona dependiente o con discapacidad con una vida activa o no activa. Seguramente en un mañana, por mi grado de discapacidad y por la edad que tengo -evidentemente, voy para abajo, como todo el mundo a mi edad, pero yo un poco más deprisa-, puede que necesite un asistente personal y, desde luego, si lo necesitara, quiero elegirlo yo y me gustaría que me dieran el dinero para ser yo quien elija a la persona -no es mi caso, pero sí el de otros-, que te tiene que desnudar por la mañana, que te tiene que duchar, que te tiene que limpiar o dar de comer. Eso es algo personal e intransferible y, en este caso, la dotación económica es fundamental. Además, debe haber flexibilidad. ¿Por qué no va a haber un servicio y en otro caso una dotación económica a la misma persona por motivos diferentes en unos elevados grados de dependencia? Me parece que esto es importante.


Sobre las ayudas técnicas y la eliminación de barreras, es obvio y volvemos otra vez a lo mismo, porque al final se trata del objetivo de siempre, es decir, qué queremos. ¿Queremos autonomía, queremos tener una vida lo más independiente posible? Entonces está claro que las ayudas técnicas nos favorecen, no los precios, pero sí las ayudas técnicas, con lo cual el contemplar estas es fundamental porque ¿qué sería de nosotros sin una silla de ruedas, sin unos bastones o sin un vehículo adaptado? Pongo estos ejemplos, aunque hay miles, porque son fundamentales. Por supuesto, si hablamos de la eliminación de barreras qué puedo decir. Si hablamos del CIF, todos tenemos claro que una gran parte de mi discapacidad se la debo a la sociedad en la medida en que no me ha quitado esos obstáculos que me permitirían ser infinitamente más autónomo, infinitamente menos dependiente de lo que soy en estos momentos. De hecho, veníamos sonriendo porque a la entrada del Congreso, en la calle Cedaceros, hay un ejemplo de irracionalidad y de absurdo enorme: hay una puerta al Congreso de los Diputados -nada menos- en la que en una parte del paso de peatones tiene un rebaje a cota cero -que es como debe ser- y, sin embargo, en el otro lado nadie ha caído en que tiene 20 centímetros de altura; es absurdo, ridículo y para mí el ejemplo vivo de la irracionalidad absurda y de las barreras mentales que tenemos que sufrir las personas con discapacidad.


Respecto a lo que usted decía, señoría, sobre concienciar a los periodistas de la accesiblidad; desde luego los periodistas son fundamentales, igual que ustedes, en la toma de conciencia. El mundo de la comunicación es omnipresente y, por tanto, la concienciación de los periodistas es importante, pero hay un problema, y es que la vida del periodista es absolutamente frenética y todos los días tienen que dar noticias sobre un millón de cosas distintas y muchas veces no tienen tiempo de profundizar en ellas. Sin embargo, la discapacidad es para estudiar una carrera, no es para tratarla por encima sino para profundizar en ella. Usted que se ha referido antes al CIF sobre las enfermedades mentales, hay que decir que es un libro que impresiona con solamente verlo, es un libro extraordinario para que todo el mundo lo leyera y se diera cuenta de que casi todos -por supuesto, me refiero a una buena parte, no a todos- los que respiramos en este mundo somos discapacitados en el ámbito de las enfermedades mentales, porque ¿ quién no ha pasado alguna depresión, por supuesto, no crónica? Es decir, todos en algún momento bordeamos la discapacidad, y no hablemos de la discapacidad social pues podríamos entrar en multitud de ámbitos.


Me hablaba usted del cumplimiento de cuotas. Por supuesto, es la clave, ¿cómo se va a obligar a las empresas privadas a cumplir una cuota si las propias administraciones públicas no solamente no cumplen sino que muchas veces bordean de forma grave esta ley? Podría hablar de administraciones públicas en este país que solamente hacen cuota de reserva cuando es para ordenanzas y auxiliares administrativos, pero no consideran que un médico, un ingeniero o un perito con discapacidad puedan entrar en un ayuntamiento o en una comunidad autónoma. Es que el propio concepto es insultante, a mí me irrita. Me parece tremendo que solamente haya reserva de plazas para puestos de trabajo de baja cualificación,

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y existe. Comprendo que en esto soy duro, pero en todos los países donde estas cosas funcionan bien hay un reglamento sancionador que se aplica como un mazo en cuanto alguien incumple la ley. Las leyes se hacen, luego hay que esperar un montón de tiempo para los reglamentos de desarrollo y después el reglamento sancionador existe o no y, si existe, no se aplica.
Esto, al final, tiene un efecto demoledor sobre un colectivo como el nuestro. Estados Unidos, que para mí es un ejemplo en la aplicación de la supresión de barreras arquitectónicas, es un país donde no se han gastado ni una sola broma y al que incumplía la ley, aunque fuera una administración, se le imponía una multa y pagaba y, en cuanto nos tocan el bolsillo, todos nos convertimos en rigurosos cumplidores de la ley. La discapacidad no debería ser diferente y ahí ustedes también tienen un papel importante que desarrollar.


Decía usted que sin dotación económica de esta ley se generaría frustración. Evidentemente, si se llega tarde y encima se hace mal, sería tremendo. Por eso he apelado antes a su ingenio, al ingenio que tienen que desarrollar todos ustedes para que no haya frustración. No solamente es un problema económico, es un problema de ingenio, es un problema de utilizar todos los recursos que hay -que no son pocos- y que, de alguna manera, habría que buscar. Si se aplica bien esta ley -y no tengo motivos para pensar que vaya a ser lo contrario-, puede generar mucha riqueza, solamente con los puestos de trabajo, con la gente cuidadora que va a liberar esta ley, con la cantidad de frustración que va a dejar en la cuneta en tantas mujeres -sobre todo mujeres- que han tenido que frustrar su vida por cuidar a su ser querido. Me parece que esta ley tiene cantidad de recovecos extraordinarios como estos que se pueden utilizar no solamente para concienciar a la población sino para darle una salida satisfactoria.


Señorías, me parece que me estoy pasando y voy a intentar ser lo más breve posible. Creo que el libro blanco debe ir enfocado a las capacidades.
Volvemos a lo mismo -al final rondamos sobre dos o tres ideas-, a las barreras mentales; es decir, desde el momento en que hablamos de dependencia, estamos negativizando la ley, desde el mismo momento en que hablamos y no explicamos o hacemos una cierta pedagogía sobre estos términos, resulta que estamos negativizando. El otro día leí que en Andalucía habían hecho campañas muy serias para el ahorro de agua, y cuando otras comunidades autónomas estábamos prácticamente sin agua y con las luces rojas, allí, que ya ha llovido menos, resulta que la gente ha aprendido a ahorrar agua. Creo seriamente, porque se ha demostrado que siempre que se han hecho han servido, en las campañas institucionales. Me parece que los ciudadanos son extraordinariamente inteligentes -más de lo que nos imaginamos la mayoría de las veces- y son capaces de comprender las cosas. Las campañas institucionales, tanto de ámbito local, comunitario o incluso estatal, no son precisamente lo más caro -depende cómo se hagan, lógicamente, pero no lo son necesariamente- y pueden tener unos efectos extraordinariamente positivos. El libro blanco y la ley de autonomía personal hay que publicitarla correctamente y podrían ahorrarse cantidad de problemas futuros sencillamente haciendo una campaña de positivación de esta ley y de las personas a las que va a afectar y eso se puede hacer. Creo que ese es el dinero mejor gastado; educar a los ciudadanos y explicarles claramente de qué trata esta ley y cuáles son los efectos positivos. Ahorraría el sentido negativo o el enfoque de capacidades que pueda tener la ley porque, al final, todo es cómo la percibamos y cómo la desarrollen ustedes.


Sobre la definición de dependencia, yo creo más en los hechos. Es muy importante definir, pero en la situación en la que estamos ahora mismo me interesa poco la definición de dependencia y me interesa mucho más cómo se vaya a enfocar. Es decir, eso al principio podía estar bien, según se estaba haciendo el libro blanco, pero a día de hoy es mucho más importante cómo se va a llevar a la práctica. Me hablaba de si son correctos o no los tipos de dependencia. Volvemos a lo mismo. Creo que inevitablemente el libro blanco tiene que ser genérico, hay que hacer unas definiciones y una clasificación genérica. Me parecen bien esos tres bloques; ahora vamos a ver qué servicios se ofrece a cada una de ellas y ahí es donde puede estar la clave, pero ahora mismo, ni ampliar ni reducir; en principio es correcto y luego está en función del tipo de prestaciones que se vayan a ofrecer a cada una.


Respecto al papel de las administraciones en la prevención, ya le he contestado. Creo que las campañas institucionales son extraordinariamente importantes en todos los aspectos: el de la prevención, el de la alimentación, por qué hemos llegado a unos tipos de alimentación que ahora mismo están ocasionando y multiplicando por cifras extraordinarias las enfermedades que provocan discapacidades y las propias discapacidades. El otro día leí un informe sobre el avance del ictus en las sociedades avanzadas y me resulta escandaloso y no solamente es por el envejecimiento, sino por los hábitos, unos hábitos poco saludables en la alimentación y en la forma de vida que están llevando a que aumenten las discapacidades. Lo de la diabetes es extraordinariamente importante.
Es una enfermedad que, en principio, no tiene problemas; los problemas vienen después, cuando esa enfermedad se convierte en una discapacidad severa y, por tanto, en una dependencia importante y grave. Por supuesto, sigo haciendo hincapié en las campañas institucionales, no solamente para positivizar sino para prevenir.


Los cuidadores. Me parece fundamental eso de quién cuida al cuidador, esa frase tan gráfica que alguien dijo. Los cuidadores y cuidadoras en este país se han ganado a pulso que se les cuide de una forma especial.
Intento ponerme en el papel de una cuidadora de un enfermo de Alzheimer en esa última etapa terrible o de una persona con discapacidades muy severas y no soy capaz de imaginármelo. Creo que requieren un cuidado, un mimo y una atención especiales. Hay que facilitar a las cuidadoras

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y cuidadores la salida de ese mundo encerrado entre cuatro paredes y del cuidado de su único eje en la vida, que es ese ser débil y querido.


Respecto a los criterios sobre el copago ya se los contesté anteriormente.
Creo que sí es inevitable el copago para hacer sostenible el sistema.


Por último, me ha preguntado sobre qué papel pueden jugar los medios de comunicación. Fíjense, creo que son ustedes más importantes que los medios de comunicación. Los medios de comunicación no le van a dedicar la atención a la dependencia si no se la dan ustedes. Cuando se acercan y les ponen un micrófono delante, igual que se habla de todos los temas de actualidad, creo que por parte de los políticos se debería poner la dependencia en uno de los primeros lugares porque tiene una importancia para este país y para millones y millones de personas que no se acierta a entender en muchos ámbitos de la sociedad y, desde luego, tampoco en los medios de comunicación, porque no se habla de ello. Es decir, este debate de la dependencia debería estar en la calle y no está. No les quiero responsabilizar, sencillamente creo que ustedes hacen la actualidad y esta casa tiene permanentemente periodistas que van a la caza de ustedes y de la noticia e, igual que hablan de todo lo cotidiano, que vayan introduciendo elementos de la dependencia y de la ley de autonomía personal me parece que puede ser una clave. Desde luego, es tremendo que los periodistas que tienen que estar a cuarenta mil cosas, que viven de una forma frenética, que llegan a la redacción y reciben cuarenta mil noticias cuando no tienen tiempo más que para dar veinte, tengan que elegir. Yo les doy un valor importantísimo a ustedes, a las declaraciones políticas, porque es la única manera de que los periodistas empiecen a hablar. Ustedes son extraordinariamente importantes para los periodistas, son los que marcan la actualidad y los que ponen o quitan; luego los periodistas se pueden encargar de quitar o poner otras cosas, por supuesto, no vamos a andar aquí diciendo que somos unos pobrecitos que no rompemos un plato, rompemos muchísimos, pero es cierto que en el ámbito político son ustedes los que marcan la pauta. Creo que la ley de autonomía personal es una ley de una envergadura extraordinaria y que ni los medios de comunicación ni la ciudadanía se han dado cuenta o saben todavía hasta qué punto les puede afectar en sus vidas una ley como esta.
Me parece que generar ese debate debería ser una prioridad y les rogaría que siempre que puedan lo aborden.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Iglesias, por su presencia hoy en la Comisión, por su comparecencia, por las opiniones que con absoluta claridad nos ha ofrecido y por las respuestas a las intervenciones de los grupos. Seguro que van a ser de gran utilidad para los trabajos que venimos desarrollando en esta Comisión. Gracias por su presencia.


Suspendemos durante dos minutos hasta la siguiente comparecencia.
(Pausa.)

- DEL PROFESOR CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD (SEÑOR RODRÍ­GUEZ CABRERO) (Número de expediente 219/000191.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos la sesión.


Comparece don Gregorio Rodríguez Cabrero, profesor catedrático de universidad, en relación con el Libro Blanco sobre atención a las personas en situación de dependencia en España. Quiero agradecerle, en primer lugar su presencia entre nosotros y darle la bienvenida a esta Comisión. Tiene la palabra para informarnos sobre estas cuestiones relativas al libro blanco.


El señor PROFESOR CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD (Rodrí­guez Cabrero): Agradezco la invitación que se me ha hecho a participar en esta sesión y pido disculpas por mi retraso, pues vengo de Alcalá de Henares y el tráfico es muy denso.


Resumir en 20 minutos mi visión sobre la problemática de la dependencia es bastante difícil, pero voy a tratar de sintetizar mis principales ideas y sobre todo me voy a centrar en un tema que va a ser objeto de debate en este Parlamento: la financiación de la ley de la dependencia. A modo de introducción de tipo general, mi aportación al libro blanco se ciñó sobre todo al capítulo comparativo internacional, basado en visitas a Alemania, Holanda y Francia, donde tuve la oportunidad de ver cómo funcionan algunos de los dispositivos actuales de protección a la dependencia.


Yo parto de varios hechos fundamentales. En primer lugar, en nuestro país el problema de la dependencia ya es real, pues afecta al conjunto de la estructura social, pero sobre todo a la población mayor. De cada 100 personas que podemos calificar de dependientes aproximadamente 65 a 68 son personas mayores. Por lo tanto, recorre todas las edades, pero sobre todo afecta a la población mayor. En segundo lugar, hasta ahora, el modelo de cuidados en nuestro país ha estado basado en la familia o, mejor dicho, en la mujer. Este modelo de solidaridad familiar va a continuar en el futuro, por lo que una ley de protección a la dependencia es para apoyar a la familia y a los cuidadores y cuidadoras. Esta nueva situación se plantea desde el momento en que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo es una realidad, proceso que no concluirá hasta que no lleguemos a una participación femenina del 60 por ciento de la población; todavía nos quedan cerca de 15 puntos de crecimiento desde la actual tasa de participación femenina. Las familias son más pequeñas, hay mayor movilidad y el modelo de cuidados tradicional, basado en familia extensa, género femenino, mujer cuidadora principal, es un modelo que en los próximos años irá cambiando de manera muy importante, y es bueno que cambie porque eso quiere decir que habremos logrado otros éxitos por otras vías, como es la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, una mayor solidaridad

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entre hombres y mujeres a la hora de repartir los cuidados, y por lo tanto la familia, las mujeres y los hombres podrán dedicarse no solo a ayudar a las personas dependientes, sino a no renunciar a ese núcleo fundamental, que es el apoyo y el afecto a las personas dependientes.


En tercer lugar, la estimación de la población dependiente puede ser objeto de algún tipo de discrepancia. La que ha planteado el libro blanco a mí me parece correcta, ya que es una población razonable. Sin embargo, hay que advertir una cosa. Hasta el año 2012 no conoceremos de manera estable la población realmente dependiente que hay. Suponiendo que este año se aprobara una ley de protección a la dependencia y que se pusiera en marcha a lo largo del año 2006 con sus reglamentos, la velocidad de crucero de la ley se alcanzaría en el año 2011 ó 2012. En ese momento sabremos de manera relativamente estable cuál es la población que realmente tenemos que atender. Basta únicamente recordar la experiencia que tuvimos con la Ley de pensiones no contributivas del año 1990. Por tanto, la estimación que se ha hecho desde el Ministerio de Trabajo es razonable. Puede ser más alta o más baja, pero esto no debería ser objeto de debate, puesto que todas las estimaciones están basadas en encuestas a la población, y no es lo mismo una encuesta que una evaluación en un centro de servicios sociales. En las encuestas la gente nos dice cómo está o qué necesidades tiene, pero la evaluación concreta de una persona dependiente es un problema técnico, físico, médico y social. Por tanto, habrá que esperar aproximadamente seis años para tener un conocimiento de ese tipo de población.


Sobre la base de que efectivamente la necesidad de proteger a la persona con dependencia es ya una realidad, por el volumen y por la incidencia que tiene en nuestra sociedad, hay que añadir a continuación que todos los países de nuestro entorno, todos sin excepción, están caminando por la senda de la protección a la dependencia. Los países nórdicos no tienen leyes, pero han extendido de manera natural sus mecanismos de protección social, sus dispositivos tradicionales: sanitarios, de servicios sociales, mixtos, etcétera. En ese modelo ha habido una extensión natural. Los países con un modelo continental de Seguridad Social, como Austria, Alemania, Luxemburgo y Francia, han implantado dispositivos específicos en el ámbito de la Seguridad Social en la década de los noventa, precisamente para cubrir el riesgo de la dependencia. Hay países, como Holanda, que tienen un sistema montado y ahora están rediseñando su futuro; hay países que ya han elaborado su libro blanco, caso de Italia, y hay países, como Bélgica, sobre todo Flandes, que tienen muy avanzado el modelo de protección a la dependencia. Por tanto, existe una convergencia sui géneris, global, en el ámbito de la Unión Europea sobre la necesidad de dar apoyo a las personas en situación de dependencia y a sus cuidadores y cuidadoras. Ello va a depender, evidentemente, de la tradición de cada país, de su modelo de Seguridad Social, del grado de desarrollo económico, del modelo de familia y de una serie de cambios culturales. Por tanto, nuestro país está abocado a afrontar una política de este tipo, que va a significar en definitiva un desarrollo de la protección social.


¿Cómo podemos hacerlo? Esta es la pregunta que se va a plantear a lo largo de los próximos meses y es realmente compleja. Lo importante es tener claros los principios para poder actuar luego sobre las medidas reales.
Desde mi punto de vista, este país no parte de cero. Tenemos dispositivos protectores no fragmentarios, si bien descoordinados y claramente insuficientes. Unos proceden de la Seguridad Social, por vía de prestaciones monetarias, tanto en el ámbito contributivo como en el no contributivo. Bien es cierto que, por ejemplo, en el caso de la pensión de gran invalidez, el complemento está unido a la relación laboral, lo cual es sumamente injusto, porque puede suceder que una persona cumpla los 65 años, que se le declare una situación de invalidez absoluta y que a los dos días sea gravemente dependiente como consecuencia de la evolución de esa dependencia, produciéndose un corte que ya no tiene vuelta atrás. En el mismo sentido, durante los últimos años ha habido un notable crecimiento de los servicios sociales en las comunidades autónomas, tanto de tipo comunitario como de tipo residencial. En este momento tenemos un gasto de cerca de 2.800 millones, estamos hablando de aproximadamente un 0,34 por ciento del producto interior bruto, lo cual supone un esfuerzo inicial insuficiente para cubrir los objetivos que ahora voy a mencionar, pero evidentemente no podemos afirmar que partimos de cero. Tenemos una plataforma, aunque modesta, sobre la cual habría que montar el nuevo sistema.


Sobre este supuesto, una ley que no sea universal, que no se base en un derecho subjetivo real a las prestaciones monetarias, de servicios o en la combinación que fije la ley sería un error. ¿Por qué? Porque lo que este país tiene que superar ahora es una protección de tipo puramente asistencial. El problema de la dependencia no es un problema que afecte únicamente a la población pobre, afecta también a las capas medias y a las capas altas, es decir, a toda la estructura social. Por tanto, este tipo de protección tiene que ser universal, tiene que generar un verdadero derecho subjetivo basado en un catálogo de prestaciones, catálogo que evidentemente no puede ser infinito, pues los recursos públicos son limitados. Tiene que haber un catálogo de prestaciones, tanto monetarias como de servicios, en función del grado de dependencia.
Está asumido ya en la práctica en los sistemas de protección social europeos que los grados a reconocer serían básicamente: moderado, severo y grave. Dentro de cada uno podemos modular, pero básicamente los grados serían esos. Este modelo de protección debe contemplar también las ayudas a los cuidadores y cuidadoras, y, desde luego, las prestaciones deben ser topadas. No hay ningún país de la Unión Europea en el que las prestaciones sean ilimitadas. En todos los sistemas hay un conjunto de prestaciones a partir de las cuales la persona

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afectada tiene que contribuir con sus recursos, con un copago. En el caso alemán, por poner un ejemplo muy sencillo, si a una persona se le reconoce una prestación equis con un tope de 500 euros y las necesidades de esa persona superan la definición que ha hecho el equipo de valoración y, por tanto, necesita alguna ayuda adicional, hay un orden de pago clarísimo: primero, el individuo; después, la familia y, por último, los ayuntamientos. Hay un sistema en cascada mediante el cual se cubre la diferencia del coste entre la prestación reconocida y la diferencia que tiene con el coste real de la misma. Con esto estoy queriendo indicar claramente que cuando hablamos de una ley de protección a la dependencia podemos ser capaces de fijar un horizonte financiero razonable, que no se va a modificar de una manera arbitraria o loca, puesto que estamos hablando de prestaciones de tipo topado y, por tanto, de ayudas que no son ilimitadas.


Voy a poner un sencillo ejemplo, entrando en la pregunta de cuánto nos cuesta. En el ejercicio que hemos hecho en la Universidad de Alcalá, de cara al libro blanco -aunque estos datos no se incluyeron en su momento, puesto que estaban destinados a mejorar el debate con Hacienda- hicimos la siguiente suposición. Tenemos 1.100.000 personas; suponemos que la mitad va a elegir prestación en servicios y la otra mitad va a elegir prestaciones de tipo monetario, porque evidentemente cualquier sistema de protección social a la dependencia no puede imponer a la gente de manera inexorable qué es lo que quiere: prestaciones monetarias o servicios.
Evidentemente, el equipo de valoración tendrá que modular y pondrá algunas restricciones, pero la persona dependiente o sus tutores deben tener la libertad de elegir aquella combinación de sistemas de protección que mejor vaya a su situación real, sin ningún tipo de imposición sobre el particular. A partir de esta situación y sobre la base de que establecemos un copago para servicios no residenciales o comunitarios del 25 por ciento del coste y de un 40 por ciento para servicios residenciales, llegamos a la conclusión, basándonos en los precios reales del mercado como muestra que hemos tomado de los costes reales de los servicios en el año 2004 y después de valorar el coste real y estimar la aportación de los usuarios en términos de copago, como digo, de un 25 por ciento en servicios comunitarios y de un 40 por ciento en los residenciales, de que las personas dependientes deberían recibir en términos de servicios 342 euros al mes si son moderadas, 686 euros si son severas y 1.374 si son graves. Si ustedes hacen un repaso mental al respecto verán que aproximadamente se corresponde, mutatis mutandi, con unas tres o cuatro horas de ayuda a domicilio en el primer caso, con el coste de un centro de día en el segundo y aproximadamente con algo más de la diferencia entre el coste de una residencia de válidos y una de asistidos en el tercero. Estas prestaciones no son pequeñas y supondría la atención a la mitad de la población, mientras que a la otra mitad de la población, siguiendo siempre la tradición de los modelos europeos, se le daría la mitad de la prestación. ¿Por qué la mitad? Evidentemente porque los servicios son más caros, generan empleo y hay que dotarlos de una mayor financiación y también porque tenemos que intentar que nuestro modelo de protección camine en la senda de los servicios ya que generan empleo, permiten que la mujer pueda trabajar y, en definitiva, que la situación del cuidador que solamente se dedica a eso sea, a ser posible, excepcional. Hoy por hoy esto no es así.


En mi opinión, si en nuestro país se pusiera en marcha una ley durante los primeros cuatro o cinco años con toda seguridad, y no creo que me equivoque, el 70 por ciento de la población elige prestaciones monetarias, pero a medida que la mujer se vaya incorporando al mercado de trabajo eso irá cambiando progresivamente. De esta manera quiero imaginar que para el año 2012, aproximadamente un 40 por ciento de la población recibiría prestaciones en dinero y un 60 por ciento en servicios. A lo mejor se trata de un pío deseo mío pero estoy pensando en la evolución de nuestra sociedad. Como digo, si esto fuera así, es decir, con estas prestaciones por servicios y si la mitad son monetarias, para atender a 1.100.000 personas en el año 2005 tendríamos un coste total de 6.888 millones de euros, de los cuales 2.700 corresponderían a servicios y 2.139 a prestaciones de tipo monetario. Teniendo en cuenta que nuestro gasto actual es de 8.500 millones de euros, estamos hablando de que el coste adicional de una ley de protección a la dependencia, en el supuesto de que 1.100.000 personas estuviesen cubiertas -luego haré alguna matización-, sería de 4.389 millones de euros, es decir, medio punto del producto interior bruto. Tengo que decir que esto no será así porque evidentemente la ley se pondrá en marcha; las personas dependientes empezarán a solicitar las prestaciones y, por tanto, pasarán tres o cuatro años hasta que en definitiva haya un volumen importante de personas como para poder hablar de este tipo de cifras. Estoy hablando en el supuesto de que todo lo previsto por el libro blanco fuera cubierto en su totalidad, mitad por servicios y mitad por prestaciones monetarias.
Esto es lo que habría que añadir y, por tanto, estamos hablando de un coste total de casi un 0,9 por ciento del producto interior bruto.


He enfatizado este dato por una sencilla razón, porque el coste de los seguros de dependencia en los países de nuestro entorno en estos momentos está en una media del 1,3 por ciento del producto interior bruto. Por supuesto estamos incluyendo a países como Suecia o Noruega, que tienen un porcentaje de gasto muy elevado, del 2 por ciento. En el caso de Francia, Bélgica y Austria estamos hablando del 0,8 por ciento del producto interior bruto y en el caso de Alemania del 1 por ciento. Por tanto, el coste de una ley de protección a la dependencia estaría en ese entorno, es decir, aproximadamente entre un 0,8 y un 1,2 por ciento del PIB.
¿Hasta cuando? Evidentemente hasta el año 2015 ó 2020; a partir de ahí tendremos dos efectos: un incremento de la dependencia por razones demográficas, es decir, se jubilan cohortes

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de población nacidas en los primeros años sesenta, y un factor de freno.
Si sigue el nivel de desarrollo de nuestro país, cabe pensar que la mejora en la calidad de vida, de la medicina y la alimentación permitirá reducir años de dependencia y ganar años en calidad de vida, sobre todo en las edades provectas, es decir, en las personas mayores. Asimismo, cabe pensar que habrá avances importantes en cuanto a las enfermedades mentales. En este sentido, ahora mismo el tema del Alzheimer es tremendo en todos los niveles: monetario, de tiempo, de oportunidad y va a seguir creciendo durante los próximos años, pero, como digo, cabe esperar avances científicos y médicos al respecto en años venideros. Básicamente esto sería todo en lo que se refiere al coste.


Para terminar y dar paso a sus reflexiones, quisiera entrar por un tiempo de cinco minutos en un último punto, el que se refiere a la financiación.
En este sentido, tengo que confesarles que también tengo mis dudas sobre este particular y me imagino que los parlamentarios tendrán que darle vueltas. En síntesis, tengo que decir que tenemos dos grandes modelos: un modelo llamado de tipo universal, financiado con impuestos generales.
Este sería un modelo típico de los países nórdicos, es decir, un modelo donde reconocemos la dependencia para toda la población y lo financiamos con impuestos generales. El otro modelo es el de Seguridad Social, es decir, decidimos que esto es un riesgo y establecemos dos vías de entrada: contributiva y no contributiva. Los de vía contributiva pagarían, en su caso, una fracción de cuota de la Seguridad Social y los de la vía no contributiva se financiarían a través de impuestos generales, es decir, algo así como la Ley de Pensiones no Contributivas.
Evidentemente, en principio, el primer modelo parece teóricamente deseable; incluso diría que cuando desde el punto de vista de la financiación nos comparamos con el resto de Europa tenemos margen. Por ejemplo, nuestros impuestos directos en España en el año 2004 suponían el 10,4 por ciento del producto interior bruto mientras la media de la Unión Europea era del 14 por ciento, es decir, hay una diferencia de 4 puntos.
Por tanto, teóricamente este modelo -luego veremos la situación concreta de nuestro país- podría ser utilizable en la medida en que tenemos un recorrido teórico de 4 puntos en términos de presión fiscal. En cuanto a las cotizaciones sociales, el problema es el contrario: la media de las cotizaciones sociales de la Unión Europea sobre el PIB es del 11,4 por ciento, mientras que en España es del 12,6 por ciento, es decir, nuestra presión fiscal por cotizaciones es superior. Otro problema añadido es si lo deben financiar solo los trabajadores o los trabajadores y las empresas, y en qué medida. En Alemania lo financian al 50 por ciento, es decir, los empresarios y los trabajadores financian el 1,7 por ciento de los sueldos brutos. No obstante, en Alemania en estos momentos hay un debate muy intenso que va a concluir el 1 de enero de 2007 con una reforma. El debate es si esto es un problema de todos o un problema individual en el que las empresas tienen que poner la parte que les corresponda, porque evidentemente las empresas tienen que asumir una parte. Por tanto, el tema de la financiación no es baladí si cargamos la misma en la Seguridad Social en la medida en que hay que discutir quién financia ese tipo de fracción de cuota y qué porcentaje financia cada parte, empresarios y trabajadores. Luego nos quedarían algunos flecos, como las clases pasivas, que hay que tenerlas en cuenta a la hora de la protección a la dependencia.


Nuestro país tiene que elegir uno de los dos modelos. Siguiendo con el razonamiento, si escojo el modelo de Seguridad Social y lo cuelgo del artículo 41 de la Constitución me garantizo que haya una ley en todo el Estado con unas prestaciones iguales para todos, pero con un margen de decisión para las comunidades autónomas inferior a lo que sería con un modelo de tipo universal. Eso también hay que tomarlo en consideración.
Entiendo como Estado no solo a la Administración central, sino también a las comunidades autónomas. Desde este punto de vista, una ley de tipo universal permitiría no solamente el principio de igualdad en todo el Estado, sino también que las comunidades autónomas puedan tener un peso importante a la hora de gestionar el sistema de dependencia, a la hora de establecer los precios públicos de los servicios, a la hora de modular el complemento que van a asumir por la diferencia entre la prestación básica del Estado y el coste real de los servicios. Es decir, estamos en un modelo donde las comunidades autónomas tienen la competencia de los servicios sociales, no podemos olvidarlo, tienen la transferencia del sistema sanitario y hay que pensar: una de dos, o elegimos un modelo de tipo universal financiado con impuestos, lo cual permite que el conjunto del Estado, Administración central y comunidades autónomas, hagan una ley conjunta que se pueda gestionar de una manera coordinada, solidaria y con fondo de compensación entre las diferentes comunidades autónomas, o elegimos el modelo de Seguridad Social, que me parece aceptable con la condición de que se prevean claramente las competencias que tienen las comunidades autónomas en este campo; es decir, que el reconocimiento de las prestaciones por parte de la Seguridad Social, el reconocimiento del derecho subjetivo no menoscabe las competencias que tienen las comunidades autónomas en este campo. Esa sería mi visión del tema: O el primer modelo, de tipo universal con impuestos, o el segundo, de Seguridad Social, modulado en función de las competencias de las comunidades autónomas y teniendo en cuenta que el hecho de que se cuelgue de la Seguridad Social no implica que la totalidad del coste se tenga que financiar con cuotas de la Seguridad Social, sino que puede financiarse una parte con una fracción de cuota de la Seguridad Social y, otra parte, con impuestos. Incluso diría más, al principio puede hacerse con una fracción de cuota y echando mano del Fondo de reserva de la Seguridad Social, para la puesta en marcha puntualmente y sin que sirva de precedente durante un tiempo, un año o dos, y luego lentamente ir cambiando progresivamente

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el sistema de Seguridad Social e irse trasladando desde la financiación con cotizaciones hacia una financiación completa con impuestos a medio plazo, en torno al año 2010 ó 2012. Esto es, no habría que definir un modelo cerrado en lo que se refiere a financiación, puesto que se quiere poner en marcha una ley de amplia envergadura.


Para terminar, hablaré del copago. Hay que tener muy claro que las prestaciones que se establezcan permitan un tipo de copago que no traslade el coste de la ley a las personas. Esto es, si definimos unas prestaciones muy bajas que implican un copago muy elevado por la diferencia que hay entre estas prestaciones y el coste de los servicios, estaremos condenando a la población a pagar una cantidad de dinero excesiva. Por ejemplo, el coste de los servicios que hemos estimado, con una hipótesis de copago en los servicios del 25 por ciento, significaría el 31 por ciento del salario mínimo para una persona moderada, el 51 por ciento del salario mínimo para una persona con severidad y el 63 por ciento para una persona con un máximo de gravedad. Ahora bien, si la aportación fuera del 50 por ciento del coste, trasladamos el coste al usuario porque en el primer nivel el usuario tendría que pagar el 62 por ciento del coste; en el segundo nivel el 103 por ciento del salario mínimo y, en el último nivel, el 125 por ciento. Por tanto, debemos ser muy cuidadosos a la hora de establecer las prestaciones de tal manera que no hagamos una ley formalmente universal basada en un derecho subjetivo y traslademos el coste real a las personas dependientes.


Aunque quedan pendientes algunas cosas más, prefiero acabar aquí y dar paso a sus preguntas.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Seré discreto y breve en la intervención, puesto que no he podido asistir más que a la parte final de la exposición del compareciente. Sin embargo, me parece muy sugerente lo que nos ha expuesto en relación con las fórmulas para abordar esta fenomenología.
Estoy recordando el tenor literal del artículo 41 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos del Estado a mantener un sistema público de pensiones de protección de carácter universal para proteger cualquier situación de necesidad. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha tenido en numerosas sentencias la oportunidad de interpretar este precepto constitucional, que es uno de los paradigmas del Estado del bienestar de cualquier país del mundo, y situación de necesidad no es un concepto equivalente a las contingencias protegidas por el real decreto legislativo que ahora ordena nuestro sistema de pensiones o la legislación de la Seguridad Social. Desde esa perspectiva, me gustaría saber, señor compareciente, qué opina de situaciones de necesidad y cuando hay un requerimiento constitucional tan específico, tan inequívoco, tan interpretado además en una prolija jurisprudencia constitucional, si no tendría que ser el sistema público de Seguridad Social el que tendría que afrontarlo. Además cuando decimos público, aunque parezca tautológico, estamos hablando de lo que no es privado; aunque se admita en el artículo 41 que se puede complementar de forma privada, la parte o el núcleo de la protección de la necesidad tiene que ser exclusivamente pública. Esto lo desarrolla así la prolija jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ello nos llevaría, desde una perspectiva analítica jurídico-constitucional, a un sistema de Seguridad Social para acometer las protecciones que estamos comentando. No obstante, el sistema de Seguridad Social tiene una serie de problemas serios en este momento que están siendo objeto de seguimiento por la Comisión del Pacto de Toledo. No es fácil mantener un sistema público de pensiones que cumpla estos estrictos requerimientos del artículo 41 de la Constitución. Hay problemas de toda índole y sería muy prolijo hablar de estos problemas que gravitan negativamente sobre la viabilidad de un sistema público de pensiones configurado congruentemente con los requerimientos del artículo 41. Esto nos lleva a que numerosas contingencias se vayan desagregando progresivamente de la acción protectora del sistema de protección, a algunas de las cuales usted se refería.


Parece evidente que si el sistema de Seguridad Social español exige que los poderes públicos del Estado, con un sistema de naturaleza pública o jurídico-pública protejan de forma suficiente, que es la otra locución que utiliza el precepto constitucional, cualquier situación de necesidad, tendríamos que estar cumpliendo estos requerimientos en principio, cosa difícilmente incompatible hasta con el propio concepto de copago. Me gustaría conocer también su opinión.


Desde una perspectiva autonómica del sistema de Seguridad Social, a la que también se ha referido el compareciente, se ha incorporado a sus esencias un concepto metajurídico, un concepto de creación jurisprudencial que no está en la legislación de Seguridad Social, que es el concepto de caja única, respecto al cual mi grupo tiene severas reservas. El tema de caja única no está previsto en la legislación de la Seguridad Social; está previsto no como lo interpretan quienes han ostentado responsabilidades gubernamentales tradicionalmente en el Estado español, sino en dos sentencias del Tribunal Constitucional de forma muy diferente, y hay preceptos estatutarios que posibilitan la transferencia de la Seguridad Social -la disposición transitoria quinta en el caso de Euskadi, por ejemplo-, que han sido sistemáticamente incumplidos y no parece que sean preceptos de fácil cumplimiento, a tenor de lo que se ha proclamado por los portavoces de los distintos partidos que han gobernado sucesivamente en el Estado español. Desde esta perspectiva, si optamos por un sistema de Seguridad Social, me gustaría también conocer la opinión del compareciente de hasta qué punto la Seguridad

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Social necesariamente forma parte del tronco invertebrado no esencial de la estatalidad y si sería posible también en la Seguridad Social, como se ha hecho con otras materias, una transferencia a las comunidades autónomas, sobre todo aquellas en las que está previsto que esa transferencia se produzca. Fundamentalmente, estas son las dos preguntas que en este momento mi grupo quiere realizar.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Del Pozo.


La señora DEL POZO FERNÁNDEZ: Señorías, señor Rodríguez Cabrero, lo primero que quiero es darle la bienvenida a esta casa, su casa evidentemente, y agradecerle su presencia en esta Comisión en el día de hoy. Asimismo, en nombre del Grupo Popular, quiero felicitarle francamente por la magnífica intervención que ha tenido, que, sin duda, nos aporta datos interesantísimos que podrán ser analizados, estudiados y reflexionados para que en un futuro sean recogidos y nos ayuden a elaborar las enmiendas que tenemos que presentar cuando estemos en ese trámite y ese proyecto de ley esté en esta Cámara. Y no solo su intervención del día de hoy está cargada de datos buenos, sino también los numerosos trabajos que tiene publicados, como Cuidados de larga duración en España: contexto, debates, políticas y futuro, que me parecen de una complejidad y de una envergadura extraordinaria y que también serán tenidos en cuenta por este grupo.


Señor Rodríguez Cabrero, uno de los temas que está siendo objeto de creciente atención en la sociedad por las organizaciones sociales, por los profesionales y por los responsables políticos es, sin duda, el fenómeno de la dependencia, la imposibilidad o la falta de autonomía personal para realizar actividades básicas en la vida ordinaria de cualquier persona. Además, la celebración de la Asamblea mundial sobre el envejecimiento en Madrid, en el año 2001, el Año Internacional de la Discapacidad, la renovación del Pacto de Toledo, todos estos trabajos que se han hecho con el Libro Verde, y ahora el Libro Blanco, de personas con discapacidad, de personas dependientes, todo este trámite de comparecencias y el próximo proyecto de ley, son circunstancias o hechos que, de algún modo, están ayudando a una creciente sensibilización social en todo este tema, que es muy necesaria. A lo mejor, todavía no se ha conseguido lo que se espera, pero estamos en ese camino.


Estamos hablando de un fenómeno, el de la dependencia, que, como usted muy bien ha expuesto, por unas circunstancias u otras, quizá más por el envejecimiento, que es el denominador común que tenemos con todos los países europeos, quizá sea la característica más firme, pero también por otros motivos, afecta a muchísimas personas. En Europa en torno a unos 40 millones de personas y en España podemos hablar a lo mejor de tres millones y medio de personas, aunque estoy de acuerdo con usted en que hay que esperar unos años para saber exactamente cuántas personas tiene que atender el sistema. Estoy completamente de acuerdo, pero hablamos con los datos que ahora mismo tenemos. Por tanto, nos encontramos ante un verdadero desafío para todos los sistemas de protección social, tanto desde la perspectiva sanitaria como desde la atención a cargo de los servicios sociales. Además, como bien se ha dicho aquí por activa y por pasiva por todos los comparecientes, no todas las situaciones de falta de autonomía personal son iguales, ya que hay casos diferentes, hay motivaciones, hay causas distintas y nos encontramos con un concepto muy amplio, muy complejo y en absoluto unívoco. Además, por este motivo los requerimientos de asistencia son diferentes y los dispositivos y estructuras que hay que poner al servicio de estas prestaciones también tienen que ser diferentes. Por tanto, al hilo de esta cuestión y teniendo en cuenta estos datos, ya que hablamos de un concepto tan complejo y de que las situaciones son muy variadas, me gustaría saber si le parecen correctos los diferentes grados de dependencia, todos los grados que nos aporta o que se expresan en el libro blanco en relación con las diferentes situaciones de dependencia y también si cree suficiente la cartera de servicios que actualmente contiene o si habría que ampliarla.
En ese caso, por dónde considera que debería venir esa ampliación de los servicios que actualmente están dispuestos en el libro blanco.


En cuanto a las soluciones a la protección social de las personas dependientes, como usted bien ha dicho, hoy por hoy son muy variadas, depende del país en el que nos encontremos, incluso dentro de la Unión Europea. Unos responden a un modelo de cobertura a través de la Seguridad Social, otros países optan por una financiación con cargo a impuestos; incluso, dentro de estos que se decantan por los impuestos, hay algunos que ofrecen una pensión universal para determinadas situaciones de dependencia, en tanto que otros ofrecen servicios sociales en función del nivel de renta de los ciudadanos. También los hay, como España, que responden a un modelo mixto, ya que tenemos algunos supuestos cubiertos por la Seguridad Social, otros a través del Sistema Nacional de Salud y otros que vienen por vía de servicios sociales. En este sentido, a pesar de que usted ha expuesto los dos modelos y se ha referido de manera muy detallada a la fórmula del copago, no sé si sería muy atrevido por mi parte preguntarle cuál de esos modelos le parece a usted que podría funcionar mejor en este momento, teniendo en cuenta las circunstancias sociales actuales de España, la Administración, los sistemas de protección que tenemos, etcétera. Teniendo en cuenta las circunstancias actuales, ¿cuál cree usted que de esos sistemas podría ser mejor y más efectivo en estos momentos?

En cualquier caso, estoy completamente de acuerdo con usted: el gran colectivo de personas con discapacidad que tenemos en España con falta de autonomía, el horizonte de envejecimiento acelerado de población que tenemos, los cambios en la estructura familiar, como

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usted bien ha expuesto, la incorporación de la mujer al mercado del trabajo, que también es un hecho real y que posiblemente irá incrementándose, y una cierta insuficiencia de equipamientos e instalaciones que también hay que mejorar, todos son motivos más que suficientes para otorgar a este fenómeno de la dependencia la prioridad que merece tanto en el ámbito institucional como en el ámbito de la política social. Para ello, desde el Grupo Popular entendemos que es imprescindible mantener un diálogo fluido, que haya diálogo político social y una estrecha cooperación entre las distintas administraciones, porque entendemos que es esencial para llevar la prestación adecuada en atención social y sanitaria y, por supuesto, también consideramos que, junto a ello, habría que reforzar la colaboración con los profesionales, con el sector privado y establecer medidas y soluciones concretas respecto a temas residenciales, centros de día, ayudas a domicilio, teleasistencia y, por supuesto, a todo lo relacionado con los cuidadores y las familias cuidadoras que, en definitiva, por hache o por be, son los que actualmente sustentan en gran medida este tema. No obstante, parece también evidente que, en cuanto a la cobertura social de la dependencia, en estos momentos en términos de debate jurídico, estamos todavía en una situación preliminar, especialmente si lo comparamos con otros ámbitos de la Seguridad Social, como pueden ser las pensiones o la asistencia sanitaria. Por tanto, también estamos de acuerdo en que hay que seguir trabajando al respecto y es urgente que profundicemos en ello.


Con independencia de cuál sea la configuración jurídica de la cobertura social de las personas dependientes, también es necesario optimizar la gestión de los recursos y promover actuaciones y planes coordinados tanto con las comunidades autónomas como con las corporaciones locales. Esto es fundamental para que triunfe el sistema. En este sentido, me gustaría saber -aunque al final de su exposición en el tema de las comunidades autónomas ha hablado de los dos modelos que usted planteaba- si le parecería correcto que esta futura ley de autonomía personal se planteara como una ley marco, general para todo el Estado evidentemente, con unos determinados contenidos mínimos para evitar que se produjeran situaciones desiguales en función de los distintos territorios, pero que a su vez permitiera que cada comunidad autónoma pudiera desarrollar estos servicios e implicarse de una manera efectiva y tener un ámbito importante de desarrollo. Me gustaría saber si usted cree que eso sería una buena fórmula y si sería compatible con garantizar una cobertura mínima, un parámetro en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos.


Por otro lado, ¿cuáles podrían ser los objetivos fundamentales que deberían perseguirse o intentar conseguirse con esta futura ley de dependencia o de autonomía personal, que parece que finalmente puede ser el término que se va a utilizar para su denominación? Yo creo que -y no sé si estará de acuerdo con nosotros, me gustaría también saber su opinión- con independencia del sistema que finalmente se busque para su financiación, la fórmula del copago u otra, con independencia de eso deberíamos caminar hacia tres objetivos fundamentales: en primer lugar, el acceso de todos a las prestaciones por dependencia, independientemente de los ingresos o del patrimonio que se tenga; es decir, que todo el mundo pueda acceder a las prestaciones. En segundo lugar, que al mismo tiempo consigamos un alto nivel de calidad asistencial. Y en tercer lugar, la sostenibilidad financiera en el tiempo de todas estas prestaciones. Estos serían los tres objetivos hacia los que tendríamos que tender. Son tres objetivos que no nos los hemos inventado nosotros, fueron aprobados durante la Presidencia española en Barcelona en marzo de 2002, y constituyen un verdadero desafío en política social y en política de dependencia en los próximos años.


Señor Rodríguez Cabrero, muchas gracias por estar hoy aquí, creo que ha tenido una intervención magnífica y le felicitamos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Esteve.


La señora ESTEVE ORTEGA: Quiero darle al profesor Rodríguez Cabrero la bienvenida en nombre de mi grupo y también en el mío propio. Es usted un referente para toda la gente que hemos estado dedicando nuestra vida a la intervención social, intentando poner un granito de arena para crear mejores condiciones.


Sus referencias sobre la inclusión, exclusión, el coste de los servicios sociales, me llevan a hacer una reflexión sobre el tema que nos ocupa hoy, como no puede ser de otra manera, pero me generan algún tipo de dudas. Por ejemplo, usted decía que no partimos de cero. Efectivamente, yo siempre digo que en política o en cualquier otro ámbito no recoger lo que se ha hecho y no recoger la historia, analizar y ver lo que tenemos como patrimonio, es desperdiciar precisamente este patrimonio. No partimos de cero, tenemos una realidad dispersa, pero a la vez -y es cierto que hemos de partir de esta realidad- nos encontramos con una circunstancia que marca muchísimo lo que vamos a hacer ahora, cómo hemos de abordar los temas de la autonomía personal, el tema de la dependencia.
Me explicaré. Tenemos un bajo desarrollo de uno de nuestros sistemas, que es el sistema de servicios sociales. Y esto usted lo decía, estamos situados todavía muy lejos de la media europea en cuanto a producto interior bruto. Es un sistema que empieza a articularse en 1985 con leyes básicas en todo el Estado, en las autonomías, y que posteriormente, en 1994 y 1995, se va modificando y complementando con nuevas leyes, pero lo que es cierto es que el grado de desarrollo de este sistema de alguna manera está condicionando que ahora podamos abordarlo en unas condiciones que serían deseables. Por ejemplo, usted hablaba del libro blanco y señalaba en términos de costes la inversión que había por autonomías, pero fíjese, es muy fácil ver los datos que nos da el sistema público de salud -sabemos los costes, etcétera- pero nos es

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mucho más difícil establecer el gasto en servicios sociales. No disponemos de datos fiables, no disponemos de datos comparativos. No sabemos exactamente de qué tipo de servicio estamos hablando, si es el mismo en una comunidad autónoma que en otra. Esto, ¿qué quiere decir? Pues que habrá que hacer un esfuerzo mayor, y a mí me preocupa personalmente porque podríamos encontrarnos desarrollando o implementando un sistema para la autonomía personal que pusiera su acento en aquella pata del sistema que está mejor desarrollada, que es más cuantificable, etcétera; por tanto, más sanitaria, menos social. Nuestra posición es que tiene que ser claramente social y médica en lo que sea necesario. En el debate a veces ponemos mucho el acento en todo lo que son servicios residenciales, los costos, etcétera, pero creo que nos queda un poquito cojo hacer una reflexión sobre todos los servicios de proximidad. Es decir, aquellos que son el origen, la esencia de los servicios sociales, entendiendo por tanto -y ésta es mi posición- que el sistema de soporte a la autonomía personal tiene que darse también en el marco de los servicios sociales.


En ese marco voy a hacerle unas preguntas concretas. Si planteásemos el sistema de soporte a la dependencia con un modelo basado en la subsidiariedad, es decir, desde los ayuntamientos, comunidades autónomas, Estado, ¿el ser más subsidiario nos garantiza mayor racionalización del coste? En segundo lugar, ¿cómo vemos la entrada del mercado privado no solo en la definición, sino básicamente en la prestación? ¿Lo entendemos como un valor añadido, es imprescindible, tiene que haber mucho margen de maniobra, menos margen de maniobra? ¿Cómo situamos aquí el tema de la capacidad de elección de las personas beneficiarias? A menudo estamos haciendo un discurso unos y otros donde hablamos de servicios pero desaparecen como elemento central precisamente las personas con discapacidad. ¿Dónde han de estar situadas a la hora de la elección? Es decir, en cuanto a la prestación económica que hemos de recibir, en cuanto al asistente personal que hemos de elegir, ¿quién elige? ¿Cómo ha de ser esta cartera de servicios y sobre todo la capacidad de elegir? Otro elemento que usted señalaba, que para mí es el más importante, es el que se refiere al modelo de financiación. Una cosa es cómo lo financiamos y otra cosa es desde dónde se prestan los servicios. A mí me ha parecido entender que usted se posicionaba quizá con un poquito más de simpatía en lo que entenderíamos por un sistema universal, un derecho subjetivo. En este sentido, ¿no cree usted que debería haber, precisamente porque tenemos un bajo desarrollo del sistema de servicios sociales, unas prestaciones básicas que deberían ser de acceso universal y de carácter gratuito para todos, y a partir de cierto nivel de prestaciones empezar a establecer el copago? Es una pregunta, no digo que yo me identifique con ella. Evidentemente, en el sistema de servicios sociales somos expertos en el tema del copago, no en vano nace ya siempre con la contribución del beneficiario en la mayoría de los servicios, excepto aquellos que son pobres de solemnidad, y éste es el modelo asistencial que debemos superar para ir a un modelo distinto, universal, etcétera. En este sentido, haría la misma pregunta: ¿no sería un modelo universal, con cargo a los impuestos, que tuviera un recorrido o una vía inicial con el fondo de reserva de la Seguridad Social, pero para ir a parar al final a un sistema universal, de derecho subjetivo y con cargo a los Presupuestos Generales del Estado? En definitiva, quien algo quiere algo le cuesta y en el fondo hacer una apuesta por esto es hacer una apuesta también por un modelo de sociedad.


El señor PRESIDENTE: Para responder a las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Rodríguez Cabrero.


El PROFESOR CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD (Rodrí­guez Cabrero): Empezaré contestando la última. He de decirle que mi posición global a este respecto es que tenemos que ser capaces de hacer un sistema universal, basado en derechos subjetivos y financiado con impuestos, por lo menos en el medio plazo; otra cosa es el arranque de la ley, que puede modularse en estos momentos.


Contestando ahora al señor Olabarría, cuando usted dice suficiente, se me viene a la cabeza lo que ha ocurrido en Alemania. Las prestaciones de Alemania se fijaron en el año 1995 y no se han incrementado en estos 10 años. ¿Qué ha ocurrido? Pues que cada año los proveedores de los servicios, fundamentalmente ONG y empresas privadas - ahora estas tienen un mayor peso en Alemania, porque hasta hace unos años eran sobre todo ONG y muy poco las empresas privadas-, se reunían con el Gobierno y fijaban el coste real de los servicios, es decir, cuál sería el punto para que fuese rentable para las organizaciones prestar los servicios y tener un beneficio por lo menos razonable. Por tanto, se iba estableciendo cada año una diferencia entre las prestaciones y el coste.
¿ Qué ocurría ante eso? Pues que al no modificarlo, la Seguridad Social iba trasladando hacia las personas el coste: primero, hacia la persona, que tenía que demostrar que disponía de medios -cuentas corrientes, patrimonio, etcétera-; cuando eso falla, en el caso de Alemania, es la familia, porque paradójicamente en Alemania se aplica una estricta obligación napoleónica, es decir, se reúnen con la familia y de manera no imperativa absoluta, pero sí negociando con la familia, en función de lo que tenga la misma, es la familia la que realiza el copago; y cuando eso se agota, son los ayuntamientos. ¿Cuál fue la queja de los ayuntamientos en una reunión que recuerdo tuvo lugar en una ciudad cercana a Berlín? La responsable de servicios sociales de una federación de grandes municipios de Alemania nos dijo que cada año que pasaba sus costes aumentaban, porque la diferencia entre coste y prestación va aumentando y la población que no llega también

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va aumentando, con lo cual la carga financiera del sistema la estaban trasladando indirectamente hacia los ayuntamientos. De ahí que sea muy importante el principio de suficiencia y que cada año se vaya modulando en función del coste de los servicios y, al mismo tiempo, de los recursos del Estado. Por tanto, ahí hay que jugar con dos variables. Le he contado la experiencia internacional y a mí personalmente también me preocupa que no hagamos una ley con unas prestaciones que queden congeladas cuatro o cinco años y, por tanto, vayamos trasladando hacia los ciudadanos el pago.


Respecto a la caja única, la idea que tengo es que mientras que no esté completamente articulado el Estado de las autonomías, que ahora es un Estado incompleto y desequilibrado en muchos sentidos, desde mi punto de vista no sería posible hacer una traslación de la Seguridad Social. La Seguridad Social en este país -todos los estudios nos lo dicen- tiene una función redistributiva capital. Cualquier tipo de transferencia que se hiciera en ese sentido tendría que garantizar de una manera meridiana que hay un fondo de solidaridad muy claro entre todas las comunidades. Sin ese fondo de solidaridad, hoy por hoy, personalmente no veo claro lo que supondría desmembrar la caja única de la Seguridad Social, lo cual no quiere decir que no sea posible en los años venideros, pero una vez que se articule el entramado institucional de nuestro Estado de manera mucho más articulada. En cualquier caso, tengo que señalar -si no me falla la memoria- que en los países de tradición de Seguridad Social, como es el nuestro, la Seguridad Social sigue siendo caja única, por ejemplo, en Alemania y Francia. Puedo estar equivocándome en este momento y tendría que revisar mis notas para comprobarlo, pero creo que sigue siendo caja única, al menos en la situación actual. Por supuesto eso no quiere decir que tenga que ser así; entiendo que es posible llegar a un nuevo modelo en los años venideros, pero en la situación actual personalmente no lo veo claro; no soy constitucionalista, puesto que tenemos un Estado que se tiene que rearticular y estamos en pleno proceso. Por tanto, sería prematuro.


Paso a contestar a la señora Del Pozo, además de agradecerle en primer lugar sus felicitaciones. Efectivamente, los grados de dependencia que señala el libro blanco son los correctos, son los de la doctrina internacional y hay un acuerdo unánime. Sin embargo, entre los distintos países lo que sí hay es alguna modulación dentro de cada grado, es decir, en el grado más alto, en el más grave, puede haber alguna pequeña escala dentro del mismo, pero las tres graduaciones forman parte ya de la doctrina y de la práctica internacional.


En cuanto al modelo, hay que volver al final. En teoría lo que sería deseable desde mi punto de vista es un modelo de tipo universal, financiado con impuestos generales. Desde el punto de vista pragmático y del arranque de la ley, es muy posible e incluso deseable que los primeros años haya que hacer un mix para poder arrancar el modelo.
Incluso hay que pensar, por ejemplo, que en el caso de que se colgara de la Seguridad Social no se tiene por qué financiar con cuotas de la Seguridad Social, se puede financiar perfectamente con impuestos. La pregunta que me hago o la duda que tengo es que, si empezamos colgándolo de la Seguridad Social, eso nos dificulte luego su plena estabilidad a medio plazo al hacerlo de tipo universal y financiado con impuestos.
Pero, claro, no tengo la capacidad de que mis profecías se cumplan o no, lo que digo es que sospecho que pueda haber algún tipo de dificultad para modificar luego el sistema. En cualquier caso, si fuera un modelo inicialmente vía Seguridad Social o un modelo de tipo universal, se puede hacer perfectamente con una ley marco. Creo que es necesaria una ley marco. Las comunidades autónomas no pueden estar ajenas a esto, tienen que tener un protagonismo muy importante, en muchos sentidos: en decir quién es y quién no es dependiente, a partir de un baremo estatal negociado -son las que tienen que aplicar el baremo y decir quiénes entran y quiénes no entran-; tienen que definir, junto con el Estado, la cartera de servicios, una cartera de servicios que puede ser de todo el Estado pero cada comunidad autónoma debe tener plena libertad para modularla en función de las necesidades de sus ciudadanos y de su propio territorio. Ahí el Estado no puede interferir en una competencia que no le corresponde, lo que el Estado puede hacer es debatir con las comunidades autónomas cuáles serían los mecanismos que pueden ser común denominador básico para todos, pero hasta ahí, nada más. Entiendo que, a partir de esa ley marco, los cuatro principios que ustedes han enumerado son muy claros: universal, tiene que ser suficiente, esto no se puede financiar con multas, con rifas ni con nada por el estilo, tiene que ser con cosas muy claras, con impuestos, cotizaciones; tiene que ser sostenible a medio plazo. Posiblemente, como ha dicho la señora Esteve, haya que incrementar la presión fiscal, puesto que en definitiva estamos creando una nueva rama de protección social, eso va a costar y, por tanto, debemos asumirlo todos los españoles si decidimos crear un sistema solidario, como es una ley de protección a la dependencia. Luego, entiendo que tiene que ser corresponsable. El principio de corresponsabilidad entre las comunidades autónomas creo que es muy claro y se pueden crear mecanismos para establecer una solidaridad que evite los desequilibrios entre las comunidades autónomas. Con esos cuatro principios, evidentemente, el objetivo de garantizar la calidad de vida de la persona dependiente es posible; con mecanismos de tipo asistencial, insuficiente, no podríamos ir a ninguna parte, estaríamos en el mismo punto de partida.


Finalmente, contestando a las amables preguntas de la señora Esteve, le diré que, efectivamente, partimos de un infradesarrollo de los servicios sociales con la excepción peculiar de las comunidades autónomas del País Vasco y de Navarra, que tienen un nivel que no llega a la media europea, pero bastante notable, porque duplica los indicadores de todo el Estado.
Efectivamente, partimos

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de un nivel de provisión todavía muy insuficiente. Por otro lado, no sabemos los costes, porque para darles estos datos que les he enumerado hemos tenido que hacer un trabajo de campo preguntando a una muestra de ayuntamientos, de empresas privadas y de ONG cuánto cuesta una plaza/día o cuánto cuesta un servicio nocturno en todas las comunidades autónomas, y a partir de ahí hicimos una media. Pero no es admisible que si vamos a regular una ley de este tipo no sepamos cada año la evolución del coste de los servicios por comunidad autónoma, porque no es lo mismo el precio de una residencia en Vitoria, por ejemplo, que en Cádiz. Hay muchos factores, no solamente de tradición sino de calidad y de profesionalidad, que inciden en el coste y que no se pueden comparar. No se puede decir que una residencia en Vitoria para personas con problemas de déficit de tipo mental, psicogeriátricos, nos cuesta siete millones de las antiguas pesetas y una equivalente en el nombre en Toledo nos cuesta tres millones y medio. No se puede comparar, porque hay que saber qué es lo que hay allí metido para poder comparar. Incluso utilizar las medias como yo he hecho es abusar también de la estadística, pero es la manera de intentar aproximarnos a la realidad.


La ley tiene que ser social y no médica, efectivamente. Todos los seguros de dependencia en Europa son fundamentalmente sociales. Evidentemente, el sistema sanitario interviene porque tiene que intervenir en muchos de los casos para definir la situación de la dependencia; en general son equipos mixtos, trabajadores sociales, psicólogos, médicos, esa es un poco la combinación que define cuál es la situación real de dependencia de una persona, pero el carácter de social es lo que caracteriza -valga la redundancia- a este tipo de dispositivo protector. A partir de ahí, y en relación con las preguntas que me planteaba, el sistema tiene que garantizar unas prestaciones básicas, tiene que actualizarlas, el copago tiene que ser muy meditado, para que no recaiga sobre las personas con un sobrecoste añadido y, por tanto, sea una ley vacía. En consecuencia, la garantía de las prestaciones es muy clara.


En cuanto al mercado privado, hay que decir lo siguiente. Si se analiza la historia de los servicios sociales de España, prácticamente la mitad de los servicios sociales siempre han estado en manos del sector privado, sobre todo en ONG, en la Iglesia, con Cáritas fundamentalmente, y en los últimos años en otro tipo de ONG, y la otra mitad ha sido responsabilidad del Estado. En los últimos años ha entrado la empresa privada también en la ayuda domiciliaria, en la gestión de centros de día, etcétera. No somos diferentes de los modelos europeos. Los modelos europeos son de gestión mixta, lo que no quiere decir que el sector público tenga que renunciar a tener una red de referencia importante, una red de referencia que sirva para ensayos de calidad, para la formación de tipo profesional y, en definitiva, para marcar el rumbo al conjunto de la sociedad civil, pero el modelo de gestión de nuestro país no va a ser muy diferente del de los países que nos rodean. Por otro lado, si el Estado tuviera que cubrir no solo el coste de la ley, sino hacer una inversión en servicios sociales simplemente para cubrir, no digo la totalidad sino la mitad de la mitad de la población dependiente con esos servicios, tendría que hacer un esfuerzo de inversión que habría que hacer o a muy largo plazo o en tres o cuatro años sería imposible digerirlo por la empresa privada.
El Estado tiene que reconocer el derecho, garantizar las prestaciones básicas y crear los mecanismos de regulación y de compensación interterritorial, pero entrar de manera plena en la gestión es de alto riesgo, porque previamente hay que hacer inversiones masivas en servicios, y eso sería un coste adicional muy importante. Pero, insisto, desde mi punto de vista el sector público no debe renunciar a tener una red de referencia de calidad en todo el Estado y cuando digo el Estado me estoy refiriendo a las comunidades autónomas, evidentemente.


En cuanto a los seguros privados, que no he tocado, ¿cuál es su papel? Yo he analizado esto detenidamente, he leído todo lo que he podido leer y la verdad es que los seguros privados de dependencia solo han tenido éxito y muy limitado en Estados Unidos. ¿Por qué? En primer lugar, la versión de este tipo de riesgo está muy extendida, es decir, la mayoría de la población no contempla el riesgo de la dependencia hasta una edad muy elevada. Cuando se quiere plantear este tipo de seguro, el coste de las primas es tan elevado que hay muy poca parte de la población que realmente lo pueda asumir, de tal manera que el esfuerzo que han hecho las aseguradoras privadas en pro del seguro en Europa ha sido fallido hoy por hoy, lo cual no quiere decir que no pueda tener alguna función. En conjunto, la gente demora tanto hacer frente a este tipo de riesgo que cuando quiere asumir un seguro de este tipo las primas son elevadísimas y, claro, lo que hay que pagar a los 50 y hasta los 65 puede ser financiado únicamente con un nivel de renta muy elevado, con lo cual los seguros privados tanto en Estados Unidos como lo poco que hay en Europa está reducido a un segmento muy elevado de renta de la población. Donde sí está entrando el sector privado de una manera importante y donde demuestra que tiene un papel y una función reconocible es en el campo de la gestión de los servicios, pero no tanto en los seguros en cuanto tales.


Tercero, la elección de las personas. Esto es clave. No se le puede imponer a una persona que vaya a una residencia a 150 kilómetros, sacándola de su entorno. La elección de la persona es fundamental; ahora bien, aquí los sistemas van modulando. Por ejemplo, Alemania da plena libertad para modular la combinación entre servicios y prestaciones, pero el modelo luxemburgués no.
A medida que eres más y más dependiente, el sistema te va desmonetarizando las prestaciones y te va obligando por ejemplo a la prestación de servicios. En definitiva, la elección de la persona es lo que hay que proteger, la persona dependiente. Su libertad de elección tiene que

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ser indiscutible. Ahora bien, dicho esto, cabe pensar que las comunidades autónomas hagan que sus equipos de valoración discutan y modulen junto con las familias este tipo de libertad en función de la necesidad real de la persona dependiente y de los recursos disponibles. Por tanto, tres son las variables que hay que combinar: libertad de elección, necesidad real y recursos disponibles. Eso es lo que habría que manejar. En cuanto al copago, lo que ya he dicho.


Quiero terminar mi intervención con su afirmación-pregunta última. En definitiva, si este país -esta es una idea personal, que no quiere decir la manera imperativa, pero sí una idea fuerte- no elabora una ley que reconozca unos derechos subjetivos de naturaleza universal, con suficiencia en la financiación y con una gestión corresponsable en todo el ámbito del Estado, evidentemente no habremos hecho una buena ley.
Ahora bien, como todas las leyes, tienen que arrancar y luego se pueden perfeccionar. En esto -con ello termino- no habría que intentar hacer una ley perfecta, sino una ley buena y suficiente y luego irla perfeccionando a lo largo de los años. ¿Cuál es la historia de la Seguridad Social? El perfeccionamiento continuo de los sistemas de protección social. Por lo tanto, no hay que pensar en un acabado completo, que sea perfecto en el diseño normativo y que luego no funcione en la realidad, sino que hay que ir a un entramado normativo básico que combine lo ideal con lo pragmático y que sea perfeccionable en los años venideros.


El señor PRESIDENTE: Quiero agradecer su comparecencia a don Gregorio Rodríguez Cabrero. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)

Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Quisiera un pequeño turno para matizar alguna cuestión.


El señor PRESIDENTE: No lo hay, pero se lo concedo muy brevemente.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Solo quiero agradecerle al señor Rodríguez Cabrera la brillantez de su exposición, porque antes se me olvidó y la cortesía obliga, y algo que es particularmente dilecto para el grupo parlamentario que yo represento, que es su referencia a los buenos estándares de protección de asistencia social en Euskadi. Cuando se proyecta sistemáticamente la imagen de que en Euskadi los vascos nos estamos siempre mirando el ombligo, pensando en lo telúrico, en la patria, en la violencia o en cuestiones de naturaleza casi metafísica, que alguien reconozca que se hacen cosas importante en este ámbito es de agradecer, porque para nosotros es hasta terapéutico, nunca mejor utilizada esta expresión en esta Comisión.


Dicho esto, quiero hacer un comentario en cuanto a la Ley General de la Seguridad Social. No sé si nuestro sistema público de pensiones es bismarckiano o del estilo de Beveridge, porque es imposible determinarlo ya que tenemos una legislación hecha por accesión y es terriblemente complicada por el Pacto de Toledo, contra lo que piensan los expertos, aunque esta opinión es muy heterodoxa. El primer requerimiento del Pacto de Toledo es, como usted sabe, lo que se denomina eufemísticamente clarificación de los flujos financieros. La parte contributiva abona las contingencias de carácter contributivo y todo lo demás se paga con impuestos. Esto lejos de merecer una reflexión apologética por parte de mi grupo, merece severas críticas, porque nos lleva a la parte impositiva -cuyos déficits se compensan con el superávit de la parte contributiva del sistema público de pensiones, lo cual es una vergüenza presupuestaria- a incrementar nuestra presión tributaria en este ámbito de forma muy notable. Se debería realizar una reflexión adicional sobre esto.


El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Cabrero.


El PROFESOR CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD (Rodrí­guez Cabrero): Tengo que responder a su primera observación que cuando realizo trabajos de campo en este ámbito hay un lugar por el que siempre paso, Vitoria. Cuando puedo voy a todas las comunidades autónomas, pero cuando tengo que utilizar cuatro o cinco siempre elijo Castilla-La Mancha, Cataluña, en concreto Barcelona; Vitoria y algún punto de Andalucía, para tener una visión global. En el caso de Vitoria, por su carácter pionero en el sistema de Seguridad Social, ha sido muy importante en los años pasados y, por tanto, es una referencia obligada de tipo científico.


El señor PRESIDENTE: Quiero agradecer, en nombre de la Comisión, a don Gregorio Rodríguez Cabrero su presencia hoy en la Comisión, la información y opiniones que nos ha ofrecido en su comparecencia que seguro que van a ser de mucha utilidad e interés para los trabajos que se están desarrollando.


Se levanta la sesión.


Eran la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

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