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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 111, de 14/10/2004
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 111
MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAN PUIGCERCÓS I BOIXASSA
Sesión núm. 5
celebrada el jueves, 14 de octubre de 2004


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. (Número de expediente 121/000009.) ... (Página 2)

- De la señora subsecretaria de Medio Ambiente (Toquero Plaza). A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso (número de expediente 212/000311) y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 212/000265.) ... (Página 2)

- Del señor secretario general para el Territorio y la Biodiversidad (Serrano Rodríguez). A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de expediente 212/000266), del Grupo Parlamentario Mixto-Chunta Aragonesista (número de expediente 212/000163), del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Cayalunya Verd (número de expediente 212/000321) y del Grupo Parlamentario Mixto-BNG. (Números de expediente 212/000188 y 212/000189.) ... (Página 11)

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- Del señor secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático (González Aizpiri). A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000267.) ... (Página 26)

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2005. (Número de expediente 121/000009.)

-DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE (TOQUERO PLAZA). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMEN­TARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO (número de expediente 212/000311) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expedien­te 212/000265.)

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, señora subsecretaria de Medio Ambiente, doña Concepción Toquero, tal como está previsto en el orden del día empezamos con la primera comparecencia que es la de la señora subsecretaria de Medio Ambiente, luego a las 17.30, si todo va bien y podemos marcar los tiempos, seguiremos con el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad y a las 19 horas con el secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático.
Antes de empezar, me gustaría aclarar que las preguntas de los grupos parlamentarios de Izquierda Verde-Iniciativa per Catalunya que pretendían formular a los directores generales de Agua y de Costas deberán ser planteadas al secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, y las preguntas del Grupo Parlamentario Mixto que pretendían formular al director general de Costas deberán ser planteadas al mismo secretario general del Territorio y la Biodiversidad.


Dicho esto empezamos por los grupos que han pedido la comparecencia de la subsecretaria de Medio Ambiente, con un tiempo de exposición de siete minutos. Voy a acortar los tiempos porque por la experiencia que tenemos acumulada en esta Comisión no acabaríamos. Por el Grupo Socialista la señora Colldeforns tiene la palabra.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Quiero dar la bienvenida más calurosa a la subsecretaria de Medio Ambiente, la señora Toquero, y agradecerle su presencia en este primer debate sobre los presupuestos en la Comisión de Medio Ambiente, que creo que es uno de los más importantes que tenemos en esta Comisión porque son los primeros presupuestos de una legislatura que tiene aún un largo recorrido. Sus señorías conocen el calendario y no lo voy a recordar, pero se ha hecho con una cierta premura de tiempo y yo diría que con dos condicionantes. Uno es el obvio de que lo que tenían como punto de partida era la herencia de ocho años de mandato del Partido Popular. Esto no es una crítica, simplemente es una constatación que después de ocho años hay una estructura de gestión consolidada y una dirección, un rumbo establecido. Por otro lado, también hago una constatación cuando recuerdo que los presupuestos de Medio Ambiente no son más que una sección de unos presupuestos generales del Estado que se enmarcan necesariamente en los compromisos de estabilidad presupuestaria y de dar prioridad a los aspectos sociales, que son los que ha marcado el Gobierno para los presupuestos generales de este año. Por tanto, una primera pregunta que le gustaría hacer a mi grupo es si nos puede explicar en qué medida este doble condicionamiento, las opciones del pasado y las nuevas prioridades, han afectado la elaboración de este presupuesto. Seguramente es así y nos gustaría que nos lo explicara.
Ahora bien, es obvio que a pesar de estos condicionantes pueden hacerse reajustes, pueden iniciarse acciones que permitan apuntar un nuevo rumbo a esa nueva política ambiental que nos prometió el Partido Socialista en sus programas electorales, que nos confirmó el presidente de Gobierno en su discurso de investidura y que ha sido explicado con detalle a los miembros de esta Comisión por la ministra de Medio Ambiente.


Una segunda pregunta, señora subsecretaria, es en qué medida este presupuesto empieza a materializar por lo menos una parte de los compromisos del Gobierno socialista. Me refiero no tanto al detalle por todos conocido de la nueva orientación de una política del agua o el detalle de hacer frente a los compromisos derivados del Protocolo de Kioto, que supongo explicarán con detalle los secretarios generales que vengan a continuación, sino a otros aspectos generales que quizá no se concretan en partidas importantes pero que al entender de nuestro grupo son decisivos para llevar a cabo esta nueva política, como puede ser, por ejemplo, la revisión del papel de las confederaciones hidrográficas -que se observa en el presupuesto que hay cambios importantes tanto en materia de personal como de actuaciones-, un nuevo impulso a la participación ciudadana -hay

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las partidas para ello-, una disponibilidad para mejorar la información ambiental, este tipo de aspectos que también se explican en el presupuesto y que quizá conviene que usted nos concrete.


Una tercera cuestión que va ligada con el tercer eje de los Presupuestos Generales del Estado es la transparencia a que se ha comprometido el Gobierno. En este sentido, a nuestro grupo le gustaría saber qué acciones concretas se piensa llevar a cabo con los créditos disponibles para mejorar este aspecto de la transparencia. La transparencia informativa no sólo tiene que ver con la situación o el estado del medio ambiente, no me refiero a esto, me refiero al presupuesto en concreto, que el ciudadano sepa cuál es la situación de partida, qué puede esperar y sobre todo en qué plazo razonable. Se trata de explicar cómo se cumple el presupuesto, puesto que todo presupuesto es un propósito y tenemos un reto que es el de su cumplimiento. Por tanto, nos gustaría saber cuál es la situación actual y qué es lo que piensan hacer para mejorarla.


Hay que hacer también la constatación de que este es un ministerio inversor, a pesar de que a este aspecto se le está dando una nueva dirección, pero también es un ministerio que para financiar estas inversiones -que espero que los próximos comparecientes expliquen un poco más- es receptor de fondos de la Unión Europea, tanto fondos de inversión como fondos para gastos corrientes, como el Fondo Social Europeo, los fondos estructurales y el Fondo de Cohesión. En este momento, el estado de información que facilita el presupuesto no nos permite conocer cuál es el estado de aplicación de los fondos comunitarios en el conjunto de obras y actuaciones del ministerio. A mi grupo le gustaría conocer la situación actual en la medida en que puede condicionar la realización de algunas actuaciones presupuestadas, no tanto -repito- en el aspecto de detalle de las políticas concretas como en la visión general del ministerio.


Por último, para no alargarme y no agotar los siete minutos concedidos, estamos interesados en que nos dé una visión de conjunto de cuál es el engarce, qué papel juegan las sociedades estatales en la política de aguas o en el conjunto de las políticas del ministerio y también cuál es el rol que piensa asignar a las fundaciones estatales dependientes del ministerio; estoy pensando en la Fundación Biodiversidad y en la Fundación de los Parques.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular el señor Esteve tiene la palabra.


El señor ESTEVE FERRER: Quiero dar la bienvenida a la señora subsecretaria a esta primera comparecencia para hablar del proyecto de presupuestos. La verdad es que esperaba con interés la intervención del Grupo Socialista después de releer algunas que no tienen desperdicio del hoy secretario de la Mesa, señor Quirós, porque el cuento tiene que haber cambiado muchísimo. Por tanto, algunas de las preguntas que voy a hacer son porque después de seis meses de aquellas intervenciones, en comparación con las de hoy, no sé qué habrá pasado, pero con mucho interés esperaremos las respuestas.


Entre las competencias que tiene la Subsecretaría del departamento está la de impulsar los centros directivos y las unidades dependientes de ellas, que además tiene que dirigir y supervisar. La primera pregunta es en qué va a consistir ese impulso. Por otro lado, se ha hablado aquí de presupuestos heredados, pero aunque sean heredados es responsabilidad del Gobierno ejecutarlos y queremos saber cuál es el nivel de ejecución. La portavoz del Grupo Socialista hacía una pregunta en relación con los fondos europeos y nuestra preocupación, aparte de saber cuál es el nivel de ejecución de los presupuestos actuales -que nos tememos que no será muy elevado-, también es saber si va a condicionar la posible pérdida de algunos de los fondos que tuviéramos concedidos por falta de ejecución.
Por otra parte, entre las competencias de los servicios comunes de la Subsecretaría estaría la gestión financiera del departamento y, en ese sentido, querernos saber si hay alguna novedad reseñable que podamos esperar en el próximo ejercicio económico. También le compete garantizar el funcionamiento de la Secretaría y todo lo relacionado con la Conferencia sectorial de Medio Ambiente y las relaciones institucionales.
Le deseamos la mayor de las suertes en esta cuestión, dado que las relaciones institucionales le competen a usted, viendo el panorama de lo que se le viene encima en el próximo ejercicio, pues hay que poner de acuerdo a muchas comunidades autónomas y los criterios son muy diversos.
También le compete la relación con los agentes económicos y sociales. En pasadas legislaturas, desde el Grupo Socialista se nos decía que las organizaciones no gubernamentales de carácter medioambiental estaban olvidadas y arrinconadas. ¿Cuál va a ser el cambio en esa política de relaciones con estos agentes, también con las comunidades autónomas y el resto de administraciones públicas? Igualmente le compete la programación de estudios sectoriales que formen posteriormente planes. ¿Nos podría adelantar qué estudios sectoriales prevé realizar en el año 2005?

Hay otro tema que nos preocupa desde siempre. La persona que le ha antecedido en la Subsecretaría se ha quejado de la falta de personal, y en algunos casos de organismos autónomos, en algunas confederaciones hidrográficas, esa falta de personal ha tenido problemas en la tramitación de los expedientes que se van acumulando. Nos preocupaba entonces y nos preocupa ahora. En esa coordinación y control de los procedimientos administrativos, unido a la materia de personal -a la que me dedicaré luego un poco más-, ¿qué cambios se van a realizar? ¿Cuáles son las propuestas?

Ha preguntado la portavoz socialista sobre el futuro papel de las empresas estatales de agua. Quiero recordar que durante mucho tiempo el Partido Socialista

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pretendía suprimirlas. Hoy vemos que hay incrementos considerables en algunas de las partidas para estas sociedades estatales, pero nos preocupa cuál es el papel que van a tener las confederaciones. Muchas veces se nos requería que se las fortaleciera, que hubiera mayor promoción, incluso que tuvieran la gestión directa del agua; eran palabras del Grupo Socialista en otras legislaturas, pues ahora en el Gobierno que nos diga qué se va a hacer.


En cuanto al capítulo 1, teniendo en cuenta el IPC previsto para el año 2005, tanto el que ha ido variando el ministro de Economía como el que ahora parece establecerse, cercano al 2 por ciento, o el que establece el Fondo Monetario Internacional, viendo también el incremento total del subsector Estado en este capítulo 1, nos gustaría que nos explicara cómo queda respecto a ese total el subsector Estado del capítulo 1 del Ministerio de Medio Ambiente, porque si tenemos en cuenta que la subida salarial de los funcionarios se prevé que sea alrededor del 3,7 por ciento, a este grupo no le cuadran mucho los números. También quería preguntarle en qué punto se encuentra el proceso de funcionarización del personal laboral del ministerio, que en su día inició el Gobierno del Partido Popular, y si va a haber posibilidades de dotar en su totalidad tanto la plantilla de personal laboral como la del personal funcionario.
También le pediríamos que nos destacara cuáles son los incrementos más importantes en este capítulo 1 por servicios. Es decir, en qué servicio hay un mayor incremento teniendo en cuenta que la ministra anunció contratación de personal para determinadas labores imagino que relacionadas con lo que se ha llamado siempre el Plan de choque de vigilancia de presas, de embalses y guardia fluvial. Como no hemos pedido desgajarlo con suficiente claridad, querríamos saber cuáles son las características más importantes en los presupuestos respecto a la formación de personal, acción social y prevención e higiene y seguridad en el trabajo; es decir, cuáles son los cambios porque lo que ya estaba lo conocemos. Nos preocupa también, porque siempre ha preocupado a los grupos de la oposición, cómo está el tema de las tecnologías y la modernización de las mismas dentro del ministerio y de los organismos autónomos, por lo que querríamos que nos dijera cuál es el presupuesto previsto para esta cuestión.


Se nos criticaba mucho la falta de información. Hoy agradezco a la portavoz socialista que haya hablado de falta de transparencia informativa, que no deja de ser un criterio subjetivo, y no haya imputado falta de transparencia presupuestaria, que es lo que en un principio me pareció oír y luego no es lo que ha dicho. Respecto a esa supuesta falta de transparencia informativa -que repito que no deja de ser una cuestión subjetiva-, ¿cuáles van a ser los importantes avances que nos va a aportar el Ministerio de Medio Ambiente y cuáles son las partidas presupuestarias destinadas a este fin? También, en concreto, cuál es el coste de los registros, tanto el nacional de derechos de emisión como el de asignación de derechos de emisión que en desarrollo del Real Decreto 1866/2004 y en relación con la Oficina de Cambio Climático se van a poner en marcha.


Creo que estoy en el límite de tiempo y el presidente me va a llamar la atención. Respecto a las subvenciones a diferentes organismos, la Fundación Centro de Estudios y Conservación de la Biodiversidad, no sé si ha cambiado de nombre o no viene recogida en la memoria actual. Respecto a esto nosotros, a diferencia de lo que siempre se ha mantenido por los portavoces socialistas en otros ejercicios económicos, nunca hemos pensado que sean oscurantistas ni que sean objeto de sospecha, pero dado que siempre se ha pedido información sobre las mismas lo hago yo también respecto a cuantías presupuestarias para destinar a las fundaciones, y de ahí la pregunta sobre esta fundación en concreto.


Nos llama la atención, en el apartado de meteorología, la importancia que se le dice dar a los equipos y sistemas meteorológicos; se le da mucho bombo, pero la verdad es que baja considerablemente el presupuesto respecto al que había en el 2003 y nos gustaría saber si en ese aspecto estaba prácticamente colmado lo que había que hacer de modernización de sistemas y esto es lo que quedaba, o si es que se ha bajado el ritmo de la inversión que se quería realizar.


Por último, aunque sé que ahora no depende tanto de usted sino más bien de la Secretaría General Técnica, y como nadie va a comparecer e históricamente ha sido una de sus competencias, nos gustaría que nos hable un poco del desarrollo normativo de la exposición de directivas europeas que se prevén, porque conocemos alguna como la modificación de la Ley 4/1989, de conservación de espacios naturales, de la flora y fauna silvestre, y la posible modificación de la Ley 43/2003, de Montes, pero si hay alguna novedad nos gustaría conocerla, dándole las gracias de antemano por las respuestas.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere intervenir? Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Bonás.


La señora BONÁS PAHISA: Bienvenida, señora Toquero. Mi intervención va a ser muy breve, sólo algunas preguntas técnicas. En estos presupuestos, que son muy generales, nos cuesta encontrar partidas, por ejemplo, la cantidad propuesta para descontaminar el pantano de Flix. Hay partidas generales de 627.000 euros de inversión en el Plan Hidrológico Nacional, pero no se ve exactamente a dónde van. Por ejemplo, en residuos, qué criterio se va a seguir para transferir, porque hay transferencias a las comunidades autónomas y el presupuesto es general; no sabemos qué criterio se va a seguir para regionalizar los presupuestos. En parques naturales pasa lo mismo. La sorpresa es que en meteorología en Cataluña se van a invertir sólo 396.000 euros. Y en general, si miramos las inversiones reales,

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según estos datos -igual estamos equivocados-, en Cataluña se van a invertir 34 millones de euros de un presupuesto de 1.200 millones. Le voy a pasar una lista de partidas que no están desglosadas, se las pasaré por escrito porque espero y deseo que estemos equivocados.


El señor PRESIDENTE: La señora subsecretaria tiene la palabra.


La señora SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE (Toquero Plaza): Empezaré contestando al Grupo Socialista. Encuadrados los dos condicionantes que nos encontramos, efectivamente es el primer año en que se podrá hacer un esfuerzo por modificar la política ambiental. Este esfuerzo se nota ya en los presupuestos, aunque sea relativamente poco, porque al ser un ministerio fundamentalmente inversor y cuyo capítulo 7, transferencias de capital, lo tiene con convenios con comunidades autónomas y planes que abarcan varios años, el comprometido que va a afectar el año 2005 está en torno al 85 por ciento del presupuesto entre capítulo 6 y capítulo 7.
Este condicionante da un margen de maniobra, incluso con lo comprometido da un ligero margen de maniobra para establecer criterios complementarios que permitan ir lentamente derivando hacia la política ambiental que todos ustedes conocen del Partido Socialista, pero realmente es un condicionante.


Hay otro condicionante que ha mencionado el primero y que tiene cualquier ministerio en cualquier momento, y es que tiene que sujetarse a la política del Gobierno, pues no sólo se sujeta sino que en el caso del Ministerio de Medio Ambiente se sujeta con agrado porque participa de los criterios, por supuesto, de contención y equilibrio presupuestario y, sobre todo, de priorización de cobertura de necesidades sociales y de crecimiento que se base no sólo en la sostenibilidad, que dice el presidente del Gobierno, sino en un incremento de productividad, es decir, un esfuerzo en investigación, desarrollo e innovación. En ese sentido, efectivamente, tenemos un presupuesto que ha crecido en una cuantía muy pequeña. El ministerio como subsector Estado sólo crece un 2,74 por ciento, los organismos autónomos incluso pierden peso en el presupuesto, un 3,57 por ciento, y las sociedades estatales de agua crecen un 4,71 por ciento. El presupuesto consolidado del ministerio crece un 4 por ciento, participa en la formación bruta de capital en unos 2.285 millones, sin contar las sociedades estatales de agua, y en cifras presupuestarias esto supone un incremento del 0,36 por ciento. Son unas cifras aparentemente modestas, pero debemos ser conscientes de que un presupuesto que crece poco no quiere decir que no vaya a ejecutar una inversión y un gasto muy similar, incluso más alto, del que se ha venido ejecutando en los últimos años. El portavoz del Grupo Popular me ha preguntado por la ejecución y dejaré la contestación para luego.
Consideramos que con las cifras que tenemos de capítulo de inversión en todo el Ministerio de Medio Ambiente con sus organismos autónomos vamos a ser capaces de ejecutar una política inversora que, aunque está condicionada por compromisos anteriores, nos va a permitir, a pesar de perder inversión en la Dirección General de Aguas en infraestructura hidráulica, incrementar la inversión en el programa de calidad del agua, infraestructuras para el saneamiento y la depuración, y la incrementamos en 45 millones de euros respecto a 2004. Esta es una de las claves que ya empiezan a aparecer en lo que va a ser la política inversora del ministerio, ir lentamente derivando las actuaciones inversoras hacia los programas de calidad del agua. También hay un incremento, el siguiente que consideramos importante y que alumbra hacia dónde queremos caminar, de 11 millones en el programa de mejora del medio natural. Estamos hablando de inversión. También hay un incremento en actuaciones en la costa y en este caso se reorienta hacia actuaciones que consideramos que van a ser prioritarias, no tanto actuaciones a las que venimos acostumbrados, que habrá que hacer porque hay que dar acceso al público al mar, sino que habrá que preocuparse de la regresión de la costa, de la regeneración del litoral. También crece -y voy a revisar mis datos ante una pregunta que me hacía el portavoz del Grupo Popular- en cinco millones la capacidad inversora de la Dirección General en el Instituto de Meteorología, en 19 millones la Secretaría General para la Ordenación del Territorio y la Biodiversidad y la Subsecretaría crece muy poco en inversión, dos millones, aunque hay un reajuste interno de partidas. Con este apunte de que la disminución que ha sufrido el presupuesto de inversión del ministerio y los organismos autónomos confederaciones, como se ha compensado a su vez con incrementos en aquellas líneas que el equipo considera relevantes, creo darle una prueba de cómo se está materializando de una forma todavía modesta, desgraciadamente, la reorientación de la política del ministerio.


Me preguntaba también en qué medida se materializan los compromisos que ha asumido el Gobierno, en concreto la ministra de Medio Ambiente, el equipo directivo del ministerio, en estos presupuestos. Si me permite, muy brevemente porque creo que es una pregunta que contestará con muchísimo más conocimiento, argumento, profundidad y concreción el secretario general para la Ordenación del Territorio y la Biodiversidad, hay una lenta reordenación del papel que han de jugar el Ministerio, la Dirección General de Aguas, las confederaciones hidrográficas y las sociedades estatales de agua. Las confederaciones hidrográficas necesitan una reforma profunda, tienen que atender a bastantes carencias no sólo de personal -y luego explicaré un poco el porqué de las carencias de personal-, sino también la gestión que han venido realizando y a qué le han dado prioridad. Tienen que conseguir una mayor participación de las administraciones públicas, comunidades autónomas y corporaciones locales en sus órganos

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de gobierno, tienen que dar una mayor participación ciudadana en sus tomas de decisiones, y todo esto conlleva necesariamente a que tengamos que hacer una reforma profunda de este instrumento básico del Estado en el territorio nacional, que es el que debe gestionar el agua continental y los acuíferos, y siguiendo la directiva marco también debe coordinarse con la Dirección General de Costas para proteger y llevar una acción integral con las desembocaduras, con el mar.


Me preguntaba cuáles son las acciones concretas que se preven y que permitirían hablar de una mayor transparencia. Efectivamente, los presupuestos tienen una estructura que no facilitan una información detallada y puntual de las actuaciones. Se someten a grandes cuestionamientos, sobre todo, en inversión, grandes superproyectos, proyectos que incluyen muchas actuaciones, y yo creo -no sé cuál habrá sido la comparecencia del ministro de Economía y Hacienda- que uno de los elementos que tenemos que perseguir es que la propia estructura formal del presupuesto permita una mayor información, en cualquier caso la información que detrás de estos formatos presupuestarios siempre estará a disposición de los señores diputados cuando se pregunte algo concreto, como alguna de las preguntas que contestaré posteriormente, porque detrás de superproyectos y proyectos con unas denominaciones genéricas existe un listado de actuaciones en distinto grado de maduración que son las que van a dar soporte a la ejecución del gasto. La transparencia no sólo tiene el presupuesto como un instrumento; la transparencia tiene otros instrumentos que al final tienen un reflejo presupuestario claramente; la transparencia, por ejemplo, facilitando la concurrencia y la publicidad en los procesos de contratación de la Administración, la transparencia utilizando las tecnologías que ahora están al alcance poniendo en el portal del ministerio información relevante de la actuación cotidiana, regular, del ministerio, que puede tener muchos interesados; la transparencia tendrá finalmente un reflejo presupuestario pero conlleva un conjunto de acciones.


Me preguntaba la portavoz socialista en qué situación estamos como receptor de fondos comunitarios. Digamos que en términos generales estamos razonables, pero vamos a tener que hacer algunos esfuerzos importantes porque algunas cantidades significativas del dinero que en principio correspondía a este ministerio disponer presentando proyectos elegibles tanto en cohesión como en FEDER estuvieron ralentizados, paralizados, no dejaban dar entrada a otros proyectos, y ahora nos vemos en la situación de que nos tenemos que dar prisa. Proyectos hay muchos, agotaremos los fondos comunitarios, pero tenemos una actividad bastante intensa para poder allegarnos todos los recursos en plazo y tiempo. Estoy segura de que lo haremos. No estamos tan bien en el Fondo Social Europeo, que gestiona la Fundación Biodiversidad, estamos mal y se prevé un plan de choque porque, aunque se ha dispuesto de proyectos para financiación, Fondo Social Europeo, prácticamente por la mitad de lo que teníamos concedido, tenemos un grado de certificación y justificación de fondos muy bajo y esto nos va a llevar, si no nos funciona el plan de choque en el que vamos a poner todo el interés y entusiasmo, nos podría llevar incluso a perder un porcentaje de fondos, pero sobre la Fundación Biodiversidad le podrá contestar muchísimo mejor el secretario general de Ordenación del Territorio y la Biodiversidad porque es el nuevo presidente del patronato de esa fundación.


Finalmente me preguntaba por el engarce de las sociedades estatales, qué rol van a tener. No querría eludir la respuesta que también le corresponde y que va a explicar, yo me atrevo a decir que brillantemente, el secretario general, pero las sociedades estatales en un primer momento, que tienen un capital desembolsado y por desembolsar importante, que tienen una cartera de inversión en ejecución importante, que tienen proyectos para ejecutar importantes, parece absolutamente necesario que sigan siendo una pieza clave en la política de aguas, pero va a ser necesario que se reorienten porque las sociedades estatales de agua se crearon básicamente para allegar recursos externos a los presupuestarios para afrontar nuevas obras, y en este sentido la respuesta del exterior no ha sido muy adecuada. Y no se me ocurre más que decir que este presupuesto no es el más ilusionante para el equipo directivo, pero empieza a ser muy ilusionante, y yo espero el próximo año estar incluso más contenta.


Hay dos preguntas que están muy relacionadas, que es el impulso en los centros directivos y la ejecución del 2004 y si ésta pudiera condicionar o no los fondos posibles a reintegrar por presentación de los hasta ahora existentes o futuros. No quiero aburrirles con datos. He traído aquí el informe de la intervención general de cómo está la ejecución presupuestaria por unidades; nos la va dando mes a mes y eso nos permite -sobre todo a mí- impulsar a los centros directivos cuando les veo que están un poco lentos, incluso nos va dando la comparación con el ejercicio anterior, el comprometido y más cosas. Se lo puedo hacer llegar. Si usted no lo tiene, le daré una copia. A pesar de que todo cambio de equipo supone una cierta paralización en la toma de decisiones, verá que estamos en unos términos razonablemente semejantes a los del año 2004, lo cual no nos deja muy satisfechos porque en este año, a 30 de septiembre, el ministerio iba mal, con lo cual no estamos nada satisfechos con el grado de ejecución del presupuesto 2004, porque estamos como en el año anterior, 2003, en estas fechas. Este ministerio tiene un defecto en la gestión presupuestaria, y tiene su explicación; concentra su ejecución presupuestaria en el segundo semestre y, sobre todo, en el último trimestre, con lo cual normalmente termina con un grado aceptable de ejecución presupuestaria pero lo es al final, no tiene una cadencia regular de ejecución del presupuesto y esto lo ha puesto de manifiesto la intervención delegada en todos sus controles financieros.
Es uno de los

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defectos que sistemáticamente la intervención general pone de manifiesto.
No es comprensible cómo un presupuesto que tiene proyectos de inversión con anualidades que no se ejecutan en un solo año puede tener esa cadencia no regular en compromisos y pagos. Este es uno de los esfuerzos que personalmente pienso hacer. No es una mera intención, es un propósito porque año tras año he venido leyendo todos los informes de la intervención delegada de los últimos años (yo estuve en el Ministerio de Medio Ambiente y también pasaba eso, no sé si tanto o menos, no me he puesto a comparar porcentajes) y efectivamente observo que hay que hacer una programación y una planificación del gasto que permita no perder los primeros meses en las nuevas contrataciones, en la presentación de certificaciones y en el funcionamiento de fiscalización. Le hago llegar con mucho gusto el informe de la intervención.


En cuanto a presupuestos heredados, me dicen que hay que ejecutarlos. Los órganos directivos contestaron a una pregunta que hizo la subsecretaría de cómo pensaba que se iba a ejecutar el presupuesto y me dan una cifra de ejecución razonable, incluso mejor que la del año 2003. Confío en que así sea porque estamos todos interesados. Le puedo leer cómo se prevé. Se lo puedo mandar por escrito pero está en un promedio del 90 por ciento.
Quiero recordarle que en ejercicios anteriores algunos programas se han terminado al 90 por ciento y otros muy por debajo de esa cifra. Yo espero que al menos estemos como en el año 2003 y confío, porque estamos trabajando duramente en ello, que mejoremos lo que es tradicional en los últimos años de ejecución presupuestaria.


Me preguntaban por las relaciones institucionales, de las que soy responsable formal, cuáles van a ser las relaciones con la conferencia sectorial, con los agentes económicos y sociales, con las organizaciones no gubernamentales, cuál va a ser el cambio. No sé si tiene usted referencia de cómo gestionó la Secretaría de Estado de Medio Ambiente o la Dirección General de la Vivienda la ministra Cristina Narbona, pero esta ministra es plenamente consciente del reparto competencial. El Plan Nacional de la Vivienda 1992-1995 fue un elemento clave y estrella que siguieron otros ministerios. El Plan Nacional para Saneamiento y Depuración también. La ministra es plenamente consciente, como todos nosotros, de cuál es el reparto competencial. En cuanto a las relaciones con la conferencia sectorial y a las relaciones institucionales, la convocatoria de la conferencia sectorial, que tenemos convocada una para los días 22 y 23 de este mes en Badajoz, será la segunda conferencia sectorial, en julio se convocó otra; estamos modificando pautas anteriores, intentamos enviar la documentación con tiempo y con comentarios suficientes para que haya unos mínimos posicionamientos previos a la celebración de las propias conferencias sectoriales. La ministra es muy consciente de que la responsabilidad ambiental en algunos temas es exclusiva del ministerio y en otros debe ser compartida, aunque la competencia la tengan las comunidades autónomas. El ministerio tiene la obligación, si considera que puede ayudar, de colaborar a que haya planes nacionales y cofinanciación de programas. Espero que la conferencia sectorial se reúna con bastante frecuencia y estoy segura de que todos los temas relevantes del ministerio, incluso los que afecten a competencias exclusivas del ministerio, van a ser puestos en conocimiento y debatidos en la conferencia sectorial.


En cuanto a la relación con los agentes económicos y sociales, hay ya un primer elemento de juicio para todos ustedes que ha sido la negociación, el compartir posturas, intereses y objetivos con la trasposición de la directiva de gases contaminantes y con el Plan nacional de asignación de recursos. En un tiempo récord se ha promovido una relación entre departamentos ministeriales y con los sectores afectados directamente por esta directiva y por la necesidad de presentar el Plan nacional de asignación que yo califico de récord y de muy razonable. Eso da prueba en un tema complicado, que venía con atraso y difícil, de cuál es la relación -por no emplear la palabra talante-, cómo ve necesario el ministerio la participación, la negociación, el poder poner intereses que aparentemente parecen contrarios o contradictorios, y buscar el entendimiento para el objetivo común, que es cumplir con las normas ambientales y mejorar la situación.


En cuanto a las organizaciones no gubernamentales, me voy a saltar la pregunta, porque preguntaban cuál era el calendario legislativo que se preveía. En este trimestre que nos queda uno de los reales decretos que pensamos llevar a delante es, precisamente, el de la nueva configuración del Consejo Asesor de Medio Ambiente. Va a ser una configuración muy distinta, la administración del ministerio no va a tener presencia mayoritaria en ningún caso, y se configura corno un órgano conflictivo al que la ministra le pondrá a información y debate todos los temas que considere relevantes y esperamos que tenga un papel importante. Las ONG se han sentido estos últimos años tratadas de una manera muy desigual, había áreas con las que tenían buenas relaciones uno a uno, de manera bilateral, había organizaciones ecologistas que tenían una buena relación con algunas direcciones generales para algunos programas, pero la presencia de las organizaciones no gubernamentales juntas de forma colectiva, teniendo también que conciliar intereses aparentemente contrapuestos, no ha gozado en los últimos años de mucha prestancia.
Queremos darle impulso y se lo vamos a dar. Uno de los temas que siempre estaba colgando era cómo financiar el Consejo Asesor de Medio Ambiente, que al no tener personalidad pública no figura en los presupuestos porque no puede allegarse una subvención nominativa, pero sí tenemos en la subsecretaría reservadas, tanto en el programa 640 como en el 22/679, cantidades que nos permitan atender, si el consejo asesor ve necesaria la contratación de determinados estudios, y la cuantía que tenemos destinada es

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de 180.000 euros. Lamento que no quede transparente en los presupuestos, pero así como otras subvenciones nominativas figuran con nombre y apellidos, la falta de personalidad jurídica y NIF impide que así sea.


Hablan de la falta de personal de las confederaciones hidrográficas y de una carencia endémica en las confederaciones. Efectivamente, con el capítulo 1 del presupuesto 2005 no vamos a poder cubrir carencias que son endémicas pero sí va a haber una primera entrada importante que, para ser totalmente sincera, no es por una acción de este equipo nuevo desde el mes de mayo, sino que es por un trabajo que se ha venido haciendo para intentar cubrir esta deficiencia por los equipos anteriores. Hay algunas novedades importantes y es que en la oferta pública de empleo laboral la mayor cobertura va a ser precisamente para dotar a confederaciones hidrográficas y el organismo autónomo Parques, solicitados, dotados y con posibilidades entre lo ya existente y lo que hemos conseguido en el presupuesto 2005 para 741 plazas, de las cuales le puedo decir exactamente cuántas irían a confederaciones: 606 plazas irían a confederaciones hidrográficas y 47 al organismo autónomo Parques, y, además, en los parques se incorporarán los 25 funcionarios de la escala de agentes ambientales. Creemos tener posibilidades de que la CECIR nos apruebe esta petición que está muy justificada y sabemos que en el peor de los casos tendríamos posibilidad de hacer una oferta de empleo público de 550 nuevos laborales, cuya distribución y peso sería el que se correspondiera con el de 606 confederaciones hidrográficas respecto a 697, que es nuestra solicitud. Se incorporan funcionarios de estos últimos concursos de promoción o de nuevo acceso, y las plazas que ofrece el ministerio son fundamentalmente en confederaciones hidrográficas.


Me hacían antes una pregunta sobre cómo el crecimiento del capítulo 1 del ministerio afectaba a las distintas direcciones generales y cómo con ese 3,75 de crecimiento se podía atender la subida previsible, el 2 por ciento del IPC y las nuevas orientaciones. El 1,75 restante va a atender fundamentalmente a los incrementos de nueva oferta de empleos de funcionarios en las distintas escalas y allega parte de financiación para la oferta de empleo de personal laboral. Si vemos el presupuesto del 2005 por direcciones generales, las más beneficiadas son, por orden, la Subsecretaría, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, la Dirección General de Biodiversidad, la Dirección General de Costas y la Dirección General del Instituto de Meteorología. Voy a procurar ser breve porque creo que me estoy extendiendo.


Uno de los fenómenos que se han producido en la política del personal que se ha llevado en estos ocho últimos años es una externalización de servicios muy importantes de la Administración. Aunque ya sabíamos de ello, lo primero que hicimos fue pedirle a todas las direcciones generales que nos dijeran cuántas asistencias técnicas tenían y cuántos trabajadores asociados tenían esas asistencias técnicas. Las cifras eran muy superiores a lo que yo consideraba que se había dado en este fenómeno de política de personal. El total del ministerio tiene vivas 837 asistencias técnicas, 2.921 trabajadores, de los cuales 697 tienen mesa, teléfono, ordenador y silla en el ministerio. Este es un fenómeno que nos obliga a reflexionar sobre qué servicios deben externalizarse y cuáles no. Es muy posible que en este estado haya que tener servicios externalizados, no puede ser todo funcionarios ni personal laboral del ministerio, pero hay que repensar cuidadosamente cuál es razonable externalizar y cuál ha sido una manera de paliar una política de personal muy restrictiva en el capítulo 1. En ese proceso estamos. Cuando mencionaba cómo variaba por direcciones generales el incremento -no el que nosotros queremos, por supuesto, cada ministerio quiere lo más-, estamos atendiendo precisamente a las direcciones generales que se ven con una externalización menos justificada. En las confederaciones hidrográficas en total hay 258 trabajadores sentados en las mesas y sillas, no trabajadores que por asistencias técnicas están en sus empresas; tenemos 120 trabajadores sentados en sillas y mesas en la Dirección General de Biodiversidad. Por eso aparece esta dirección general la tercera en prioridades de incremento de dotación de plantilla y de allegar personal para ella. Tenemos 102 trabajadores en el organismo autónomo Parques Nacionales, los 25 agentes ambientales que se incorporan no son suficientes. En la oferta de empleo laboral, a parte de las confederaciones hidrográficas, el siguiente colectivo importante a incorporarse a la Administración es precisamente Parques porque tenemos que ir lentamente sustituyendo aquella externalización de servicios que no se considera adecuada. Será lento y habrá que pensarlo razonable y convenientemente. Me preguntaban en política de personal cómo vamos a atender las prioridades con este incremento, que no es el que nos hubiera gustado tener, pues a todos los ministerios nos gusta tener mucho dinero.


En cuanto al papel de las empresas estatales y de las confederaciones, sinceramente no es por eludir la respuesta, creo que el secretario general lo conoce bien, pero le voy a decir que hay algo en las confederaciones hidrográficas en lo que vamos a hacer un esfuerzo extraordinario. No se trata sólo de ir dando pasos en vías a su reforma, sino que el esfuerzo extraordinario es mejorar todos los procesos de tramitación de expedientes, sobre todo los sancionadores, que tienen un desarrollo legislativo a nivel de reglamento y dominio público y que es un largo proceso de garantías, muchas veces hacia el usuario del agua, hacia el concesionario, que lleva en el tiempo seis meses o dos años hasta que el usuario se ve libre de un expediente sancionador o la Administración pública tiene capacidad para sancionar una conducta. Vamos a hacer un esfuerzo importante en desarrollar las tramitaciones que sabemos que están

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perjudicando la vida normal de las confederaciones en su papel de tutelante del dominio público. Creo que ya he contestado al papel a jugar con las sociedades.


En cuanto a funcionalización y dotar en su totalidad la plantilla, no la tenemos dotada en su totalidad. Nuestra plantilla aún tiene plazas vacantes de funcionarios y de personal laboral. No ha sido posible en este ejercicio 2005 conseguir tener dotadas todas las vacantes. Vamos despacio pero sin ninguna falta por pereza o por no tener las ideas claras, incluso revisando la relación de puestos de trabajo tal como está, y hemos hecho algunos actos importantes. Las confederaciones hidrográficas y las demarcaciones de costas tienen una RPT que no será quizá la que precisan, pero la tienen dotada y vacante, porque no conseguimos que en los concursos de provisión se presenten solicitudes.
Vamos a plantear con profundidad y persistencia que las plazas se abran a funcionarios de comunidades autónomas y, en los casos insulares, a corporaciones locales. Hemos de convencer a la CECIR de que sistemáticamente hay plazas que son importantes en la marcha de las demarcaciones o de las confederaciones que no tienen candidatos porque por estar ubicadas donde lo están les es mejor quedarse en sus puestos en la comunidad autónoma o en algún ayuntamiento. Lentamente vamos a abrir las plazas a otras administraciones públicas. También hemos hecho ya algunos actos pero vamos a pensarlo con cautela; vamos a abrir los puestos de confederaciones del ministerio, de costas, de parques naturales, que dan menos problemas, a funcionarios que no tengan que ser necesariamente del cuerpo cuya clave limita a que se presenten otros. La política ambiental requiere de biólogos, de químicos, de licenciados en ciencias naturales, de ingenieros de montes, de ingenieros de caminos y de ingenieros industriales. Hay que abrir lentamente aquellos puestos que entendemos clave a funcionarios que tengan una formación, una licenciatura, una maestría que permita completar nuestra propia formación.


Respecto a las tecnologías de la información, como usted bien sabe, el real decreto, a una propuesta mía, ha desdoblado la subdirección que llevaba patrimonio, régimen interior y sistemas informáticos. Se ha desdoblado y eso va a dar una mayor claridad a la gestión de ambas líneas, que son muy distintas. En tecnologías de la información el presupuesto crece muy someramente, y no hemos solicitado más del Ministerio de Economía y Hacienda porque ya en marzo con un informe que hizo el anterior subdirector, ahora mismo con una preocupación que tiene el nuevo subdirector, avanza muy lentamente el desarrollo que los distintos sistemas que, en un plan director muy ambicioso en el que desembarcó el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2000, no van al ritmo que se preveía. Los desarrollos informáticos de la Alberca, el Duna y el Senda, entre otros, van lentos; los pliegos de prescripciones técnicas son contradictorios, permiten facturar horas aunque no cumplan objetivos, y cuando uno quiere facturar cumpliendo objetivos, hay problemas. No hemos solicitado más dinero, esta vez no han sido las prioridades generales del Gobierno quienes nos han hecho ser humildes, porque tenemos que ejecutar el dinero que tenemos, que es muy importante.
Con el nuevo dinero del año 2005, con el nuevo pequeño incremento, vamos a completar ya algunos procesos, como el Alberca y el Senda, ambos van a llevar un año de retraso, y van a llevar mucho más retraso en marzo del 2004. Vamos a conseguir que terminen el 2005 y vamos a incorporar nuevos procesos, el de gestión presupuestaria, el de gestión de personal y vamos a dotar a la página web del ministerio de una capacidad de informar a los ciudadanos más potente que la que ahora mismo tiene.


En una segunda réplica, si me he dejado preguntas, las contestaré.


El señor PRESIDENTE: Tenemos un turno de réplicas por parte de los grupos parlamentarios de dos minutos. Si no, no cumpliremos las expectativas que tenemos fijadas por hoy.


En primer lugar, la señora Colldeforns tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Más que una réplica, deseo agradecer la exquisita educación y sutileza con que la subsecretaria ha contestado al portavoz del Partido Popular y a mí misma. Si yo hubiera estado en su sitio, que me preguntara el Partido Popular por qué normativa a desarrollar cuando hay multitud de directivas en las cuales no se han cumplido con los plazos; preguntar por subvenciones la organización de la biodiversidad; desear suerte en las relaciones institucionales cuando se han dedicado a sembrar vientos y tempestades..., quizá no hubiera sido capaz de contenerme de este modo. Ya que ha empezado citando al señor Quirós, le voy a hacer el favor de recordarle que yo también me he leído las sesiones anteriores del año pasado y que el señor Quirós profetizó que la estrategia para el desarrollo sostenible la iba a aprobar este Gobierno. Me gustaría saber qué es lo que pensó en aquel momento pero celebro que estamos en el camino correcto para que esto suceda y después de escuchar a la subsecretaria aún estoy más convencida de ello.


El señor PRESIDENTE: El señor Esteve tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor ESTEVE FERRER: Dirigiéndome a la portavoz socialista, espero que al final de esta legislatura tengamos la misma buena relación que tenemos el señor Quirós y yo. Lo he mencionado pero no para echarle nada en cara.


Tengo que agradecer a la señora subsecretaria el ofrecimiento de documentación que ha hecho, que

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voy a leer con mucha atención, así como que haya contestado prácticamente a casi todas las cuestiones. Quedan un par que no sé si es que no hay más o no me ha podido contestar, en concreto, qué estudios prevé iniciar la subsecretaría para establecer planes futuros, porque de los únicos estudios que hemos hablado hoy son de los que podrían contratar a través de organizaciones externas vía el consejo asesor. Y saco dos conclusiones, que más que conclusiones no dejan de ser aunque no haya querido casi ni nombrar la palabra talante, un discurso muy reiterativo, es decir, mucha información, mucho consenso. Como discurso está bien, hemos empezado bastante mal esta legislatura en el tema del consenso. Me remito al Plan Hidrológico Nacional. En cuanto a la información, espero que tengamos tanta como la que ha dado hoy, cosa que le agradezco porque además en muchas ocasiones ha sido de forma muy pormenorizada. Si me permite el presidente que cuente una anécdota: yo soy diputado, vivo en Albacete y nuestro alcalde va por toda España hablando de que es el ayuntamiento más democrático con lo que se llama la participación ciudadana. Lo cierto es que los concejales, representantes de los ciudadanos, casi nunca obtienen la información que los que participan sí tienen en materia presupuestaria y en muchas otras. A lo que me refiero es a ver si se va a abrir mucho a la participación ciudadana, cosa que nos parece bien, y se olvida, como hace mi querido alcalde, de que hay unos que son representantes de los ciudadanos y, en concreto, en este Parlamento está el Grupo Parlamentario Popular y también hay otros grupos que estarán encantados de participar en la elaboración de los planes y de los proyectos de forma muy previa, si se los invita, al trámite parlamentario normal con presentación de enmiendas que al final puede quedar frío.


Una última pregunta relacionada con las anteriores que me ha contestado sólo como novedades de desarrollo legislativo, el real decreto que se va a hacer para modificar el Consejo Asesor de Medio Ambiente. Me gustaría saber si hay alguna directiva que se prevé trasponer en el año 2005 y alguna nueva regulación normativa. Y una pregunta que no le había hecho antes pero que le quiero hacer ahora. La memoria habla de que el presupuesto total consolidado, al que usted también ha hecho referencia, en términos homogéneos tiene un crecimiento del 2,74. La pregunta es: ¿y en términos absolutos? En términos homogéneos -lo explica la propia memoria- es suprimiendo la transferencia a la comunidad autónoma de la Confederación Hidrográfica del Sur. Si supiéramos cuáles son los términos absolutos, sabríamos cuánto ha costado esa transferencia. Si puede, nos gustaría que nos explicara si se ha transferido del todo el personal y los muebles, incluso dotaciones para las inversiones que tenía previstas dicha confederación.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere intervenir?

Tiene la palabra la señora Bonás.


La señora BONÁS PAHISA: Sólo quería puntualizar un dato erróneo. He dicho antes que la inversión real era de 1.200 millones, era sólo respecto a gestión del agua. Las inversión real asciende a 2.000 millones; en Cataluña, a 58 millones.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora subsecretaria.


La señora SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE (Toquero Plaza): Agradezco a mi portavoz sus palabras, aunque no me importa, que no en público sino en privado, que me tiren de las orejas si me aparto de la política gubernamental y del Partido Socialista.


Voy a facilitar la documentación de la ejecución. Usted ha de pedírmelo por escrito, son las normas de la casa. En cuanto a estudios sectoriales desde la subsecretaría, voy a intentar no hacer existencias técnicas, voy a romper esa manera de actuar que me he encontrado de mucha contratación externa. Hay un propósito firme, que es que, empezando por el gabinete de la subsecretaría y hacia el resto de las unidades directivas, es absolutamente necesario que tengamos unas estadísticas ambientales completas que se incorporen de una manera completa en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. Sabemos poco acerca de cuál es el peso del sector ambiental, del sector productor de bienes relacionados con el medio ambiente, de los servicios prestados en el medio ambiente y es una de las carencias que muchas veces contrapone el desarrollo ambiental al paro, que esas empresas que tienen que invertir por cubrir determinados requisitos. Si se viera la importancia que ahora mismo tiene el sector productivo generador de bienes de equipo en materia ambiental, si viéramos la capacidad de innovación tecnológica que tienen los sectores productores de bienes de equipo ambiental, sabiendo que va a ser así, nos produciría una sorpresa, como a mí lo de la estandarización. Mi esfuerzo no va a ser realizar estudios sectoriales. Las unidades directivas realizan sus estudios sectoriales según sus competencias. Yo me voy a esforzar por ir diseñando una estructura de estadísticas ambientales que sean aquellas que el INE valoriza e incluye y se hace cargo de las encuestas porque lo veo absolutamente necesario. El sector ambiental ha tenido un desarrollo en los últimos años muy centrado en los costes ambientales del resto de los sectores, absolutamente necesario porque eso nos da el coste de una actividad, pero se ha desarrollado menos en saber qué supone el sector ambiental en la economía española. No tengo previsto para el año 2005 iniciar ningún nuevo estudio sectorial.


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Me pedía la normativa. Tengo la lista, porque tenemos un calendario de normativas. Para este trimestre tenemos previsto llevar a comisión de subsecretarios y a Consejo de Ministros, del Consejo Asesor de Medio Ambiente, la trasposición de tres directivas en un solo real decreto que es el de residuos eléctricos y electrónicos y un proyecto de real decreto sobre suelos contaminados. Y como iniciativas legislativas, aparte de los dos decretos leyes ya existentes para el año 2005, tenemos prevista la legislación sobre evaluación ambiental y estratégica, la legislación para aplicar el convenio de Arus sobre información y participación ciudadana, que es la trasposición de dos directivas, pero pretendemos hacerlo con una sola norma para que quede bien coordinado; la modificación de la Ley de Aguas y la Ley de responsabilidad civil por daños ambientales, yendo más allá de lo que nos obligaría la trasposición de la directiva de responsabilidad ambiental porque otros países europeos de nuestro entorno han hecho una ley que va más allá de la mera responsabilidad administrativa; y la modificación de la Ley de Conservación de la Naturaleza. Estamos pendientes de que el Tribunal Constitucional decida qué hay o no de constitucional en la última ley.


Me preguntaron por el presupuesto no consolidado. En términos homogéneos tendría que restar porque usted quiere saber la transferencia de la cuenca del sur: 149 millones y se transfiere personal, material, local y todas las previsiones comprometidas de adjudicaciones que están en marcha. Efectivamente, en el anexo de inversiones para Cataluña, anexo 6 sin capítulo 7 y sin sociedades estatales de agua, es decir, sin tener en cuenta los convenios que pudiera tener el ministerio en sus programas en Cataluña, aparecen 52 millones. Pero debe tenerse en cuenta la capacidad en las gestiones que tiene y ha tenido Cataluña por allegarse tramo de financiación autonómica en fondos de cohesión. Es una negociación en la cual el Estado prescinde de presentar sus proyectos, los que considera de interés para favorecer, y Cataluña decide en qué quiere invertir. Habría que ver -no tengo los datos, si me los pide se los ofreceré- qué supone la inversión por capítulo 7. Tendría que traer aquí -no lo he traído y lo siento- el importe convenios anualizados, cuánto llevamos y cómo lo prevemos desarrollar. Lamento no haber traído esa información pero si me la pide se la daré. Antes de la comparecencia, me preguntaba dónde estaban las actuaciones concretas, por ejemplo, la descontaminación del Flix. El secretario general que comparecerá podrá contestar. Por supuesto, toda la informac­ión que se nos requiera, los señores diputados la tendrán. No vamos a seguir el ejemplo anterior, la van a tener en tiempo y forma.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora subsecretaria.


Dejamos un margen de cinco minutos y empezaríamos inmediatamente con la siguiente comparecencia.


-DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (SERRANO RODRÍGUEZ). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000266), DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO-XUNTA ARAGONESISTA (número de expediente 212/000163), DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE- IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (número de expediente 212/000321) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO-BNG. (Números de expedien­te 212/000188 y 212/000189.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con la comparecencia del secretario general para el territorio y la biodiversidad, señor Serrano.


Para hacer las preguntas y por orden de petición, en este momento tendría la palabra la señora De Lara, del Grupo Parlamentario Popular.


La señora DE LARA CARBÓ: Quiero dar la bienvenida a esta Comisión al secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, que es la primera vez que comparece. Esperamos que lo haga mucho más para informarnos de todos los temas importantes en política medioambiental.


Decía la portavoz del Grupo Socialista en su intervención inicial ante la subsecretaria que en estos presupuestos se notaba la nueva política del agua, el nuevo enfoque que quería dar el Ministerio de Medio Ambiente a la política del territorio y la biodiversidad. Nuevamente tiene razón, creo que se nota el nuevo enfoque del ministerio, creo que en estos presupuestos se nota la importancia que el Gobierno del señor Zapatero da a la política del medio ambiente, porque un análisis global y según declaraciones de la ministra en ellos hay un leve crecimiento del 2,7 por ciento cuando los Presupuestos Generales del Estado suben un 6,2 por ciento; por consiguiente, escasa importancia a la política medio ambiental. Con el Gobierno del Partido Popular los presupuestos del ministerio se duplicaron en ocho años, pasando de 1.390 millones de euros en 1997 a 2.926 millones de euros en 2004. Por consiguiente, este leve incremento del 2,7 por ciento nos parece escaso y un mal síntoma en estos primeros presupuestos del Gobierno del Partido Socialista.


Nosotros no estamos de acuerdo con las declaraciones de la ministra de que por solidaridad con la política de becas, con la política de empleo y con la política de investigación estos presupuestos son tan escasos, porque creemos que en el tema que nos ocupa, el tema del agua, la solidaridad interterritorial se demuestra llevando el agua a aquellas regiones que no la tienen, no quitando presupuesto ni disminuyendo las inversiones en las comunidades autónomas. Efectivamente, en el tema de obras hidráulicas la caída de inversión es de un 15,3

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por ciento, lo cual nos parece una cantidad espectacular, clave de la nueva política de aguas que van a iniciar. Decía la ministra que esta caída se debía a que anteriormente no había ejecución presupuestaria.
Aquí tenemos un gobierno nuevo, un ministro nuevo y unos secretarios generales nuevos y, por consiguiente, están en su pleno derecho a hacer la política de aguas que quieran, siempre y cuando tengan el apoyo parlamentario. Lo que no me parece de recibo es decir que caen las inversiones porque antes no se ejecutaban los presupuestos. Si el secretario general tiene aquí delante la ejecución presupuestaria del año 2002 y del 2003, en lo que a Secretaría Estado de Aguas y Costas se refiere, estará de acuerdo conmigo en que la ejecución presupuestaria de enero del año siguiente, que es cuando se mira, era en los programas de gestión hidráulica del 92 al 94 por ciento y en los programas de gestión de costas cercano al 95 por ciento. Por consiguiente, ustedes han bajado el Presupuesto porque han querido, son muy dueños, pero digan abiertamente los motivos por los que lo han bajado, no se escuden en temas que considero realmente que son menores. Dijo la ministra que daría un listado de las obras que habían caído del Plan Hidrológico Nacional.
Tengo aquí sus declaraciones. Como me imagino que ya tiene el listado de estas obras, le agradecería al señor secretario general que nos dijera el listado de las obras que han caído de los presupuestos porque según la ministra eran irrealizables.


También se nos anunció que se iban a efectuar 52 actuaciones de mejora de la gestión del agua que aportarían 448 hectómetros cúbicos/año y 28 actuaciones de desalación que aportarían 615 hectómetros cúbicos­/año.
Desearíamos preguntar qué actuaciones de las anunciadas por la señora ministra a bombo y platillo en este programa del agua -anunciadas reiteradamente con distintos nombres pero que vendrían a ser lo mismo- vienen contempladas en los presupuestos; es decir, qué actuaciones nuevas de desalación tienen reflejo presupuestario, porque mis compañeros y yo por más que hemos buscado nuevas actuaciones de desalación no hemos encontrado ninguna. Tal vez es que no hemos sabido percibirlo y está en alguna partida por ahí que no hemos sabido ver. De las 52 actuaciones de mejora de gestión que ustedes han anunciado queríamos saber cuáles estaban incluidas ya en el anexo II de inversiones, del Pan Hidrológico Nacional, cuáles estaban ya en los presupuestos del 2004 y cuáles son actuaciones presupuestadas este año de nuevo. Queríamos saber si usted está de acuerdo con las declaraciones de la ministra de que sólo habrá nuevas desaladoras si se comprueba que hace falta agua en las regiones deficitarias; es decir, según esas declaraciones no se van a hacer nuevas desaladoras hasta que se haga un nuevo estudio de las necesidades de agua, y que tampoco se van a hacer nuevas desaladoras si los usuarios no están dispuestos a pagarlas. Querríamos saber lo que hay en torno a estas declaraciones.


Respecto a las obras en Aragón y al pacto del agua en la misma comunidad, queríamos hacer algunas preguntas. Analizado el presupuesto, la única partida importante que aparece es la relativa al embalse de Yesa.
Querríamos saber si el Ministerio de Medio Ambiente asumirá las propuestas de la comisión del agua de Aragón en relación en los embalses.
Desearíamos conocer qué pretenden hacer en el embalse de Biscarrués, que este año no tiene dotación presupuestaria. También desearíamos conocer la situación del proyecto y las previsiones del ministerio sobre el embalse de Santa Liestra. Respecto al embalse de San Salvador, vemos que no existe la dotación presupuestaria para su ejecución, cuando parece que hay un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Respecto de los convenios del Ministerio de Medio Ambiente en los municipios del Pirineo aragonés, hubo una modificación presupuestaria en febrero de 2004 para atender una serie de compromisos por importe de 30 millones de euros y queremos saber dónde está ese dinero, si se van a ejecutar los compromisos adquiridos con dichos ayuntamientos. Querríamos conocer la situación actual presupuestaria del plan de riberas del Ebro a su paso por Zaragoza y la partida económica para atender convenios con riegos del Alto Aragón.


Mi grupo parlamentario, a través de varios diputados, hizo una serie de preguntas, cerca de mil, de cada una de las obras contenidas en el anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional. Con fecha 20 de septiembre se nos contestó a todos los diputados con el mismo texto, en el que se nos indica que el Ministerio de Medio Ambiente está analizando todos los proyectos incluidos en el anexo de inversiones del Pan Hidrológico Nacional con objeto de verificar su viabilidad económica, social y ambiental, conforme a los criterios de la directiva marco de política de aguas; es decir, estaban revisando todas y cada una de las obras y no había decisión tomada sobre ninguna a fecha 20 de septiembre de 2004. Mi pregunta es si a fecha 20 de septiembre de 2004 ustedes no tienen tomada ninguna decisión sobre las obras que van a seguir y que no van a seguir del anexo de inversiones, ¿cómo es que hay obras que ustedes plasman en el presupuesto y otras que quitan? Es decir, ustedes a 20 de septiembre ¿sabían lo que iban a hacer o no? Si ustedes lo sabían nos han engañado en la respuesta parlamentaria, y si no lo sabían explíquenme cómo en cinco días pueden analizar todas las obras del anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional. Queríamos preguntar al señor secretario general qué ocurre con la desaladora de Carboneras, la desaladora estrella de la ministra de Medio Ambiente que, según sus declaraciones, es el modelo a seguir, porque si mis informaciones son correctas sigue cerrada por la Junta de Andalucía. Y queríamos saber qué ocurre con la segunda fase que estaba en los presupuestos del 2004.


Desearía conocer cuál es el presupuesto para el año 2005, dentro de la Sociedad Estatal Aguas de la

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Cuenca del Guadalquivir, de los embalses de La Breña y del Arenoso. Es un hecho que el decreto que deroga el trasvase del Ebro mantiene dos transferencias de agua desde ese río a las cuencas internas de Cataluña y elimina, en cambio, el trasvase a las cuencas del Mediterráneo del sur.
Se trata de la interconexión entre el Consorcio de Aguas de Tarragona y Aguas del Ter de Llobregat para incrementar en 50 hectómetros cúbicos las garantías de suministro en Tarragona, Barcelona y las tierras del Ebro, y otro trasvase de 60 hectómetros cúbicos desde Tarragona a Barcelona para el abastecimiento de la ciudad condal. Nosotros no estamos en contra en absoluto de estas transferencias, pero deseamos conocer cuál es la política del Partido Socialista. ¿Mantiene usted estas transferencias hacia Cataluña o no? ¿Por qué sí las transferencias a Cataluña y por qué no las transferencias al Levante y al sureste español? Creo que esto requiere una explicación política en lugar del oscurantismo que rodea a todo este proceso. Es decir, no estamos en contra de ello porque nosotros somos partidarios de llevar el agua donde haga falta, pero deseamos conocer cuál es la intención del Ministerio de Medio Ambiente y que explique hoy aquí los Presupuestos Generales del Estado.


Hay una partida dentro de la Confederación Hidrográfica del Segura, y en algunas otras confederaciones hidrográficas, que habla de centro de intercambio de derechos de uso de agua; es un proyecto nuevo programado hasta el año 2008 y para este ejercicio hay una inversión de 700.000 euros. Nosotros podemos interpretar que este proyecto es la máxima expresión presupuestaria de la inquietud de la Confederación Hidrográfica del Segura por el grave problema de escasez de agua en este río. Se trata de 700.000 euros para empezar un estudio que finalizará dentro de 4 años.
Nosotros deseamos que este no sea el estudio que ustedes tienen que hacer para saber si a la cuenca del Segura le falta agua, porque ya en unas declaraciones de la ministra de Medio Ambiente decía que harían unos estudios y si se veía que falta el agua, después verían la necesidad de alguna transferencia. Querríamos, secretario general, conocer este centro de intercambio de derecho de uso de agua que, por otro lado, está previsto en el artículo 31 de la Ley de Aguas, ley que se modificó con el Gobierno del Partido Popular, que no es ninguna novedad...


El señor PRESIDENTE: Señora De Lara, vaya concluyendo, por favor.


La señora DE LARA CARBÓ: Sí, señor presidente. Tengo que hacer una serie de preguntas. Querríamos saber la utilidad del centro de intercambio de derechos de uso de agua y también saber, por ejemplo, si tiene la confederación del Segura una idea de dónde va a venir el agua que satisfaga sus ofertas públicas de adquisición de derechos de uso de agua.
Y si es verdad, como en algún medio se ha dicho, que esta iniciativa se basará en las reservas del Sinclinal de Calasparra. ¿Qué parte del déficit de la cuenca se espera satisfacer con esta iniciativa? ¿Es este el único estudio que piensan ustedes hacer de la cuenca del Segura?

Desearíamos que nos informara sobre el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Palma de Mallorca y el Ministerio de Medio Ambiente para una cuña verde, o falca verde como lo dicen allí, valorada en 15 millones de euros, qué ocurre con ella porque esta partida presupuestaria no la hemos encontrado en el presupuesto. También desearíamos conocer qué ocurre con una serie de partidas de la región de Murcia que dan ampliación de abastecimiento a Calasparra, ampliación de abastecimiento a la zona norte del Mar Menor, ampliación del sistema Lorca-Puerto Lumbreras-Aguilar, ampliación de abastecimiento de Torre Pacheco, ampliación potabilizadoras. ¿Por qué se interrumpe, señor secretario general, la inversión plurianual prevista anteriormente en dichas obras? ¿Consideran ustedes que estas obras de abastecimiento no son necesarias para la región de Murcia?

Finalmente, porque me está mirando mal el señor presidente de la Comisión de Medio Ambiente, como también de usted dependen las partidas destinadas a política forestal, biodiversidad y parques nacionales, queríamos que nos informara, si es posible, dentro de la partida destinada a prevención de incendios forestales, cuál ha sido el incremento que destinan para que las comunidades autónomas puedan invertir en prevenir dichos incendios.
Si considera suficiente, después de los incendios ocurridos este verano, la dotación presupuestaria del Ministerio de Medio Ambiente para sus medios aéreos y la dotación presupuestaria para el PAPIF. Querríamos conocer cuál es la participación que tendrán las comunidades autónomas en inversión en el plan forestal español.


Hay algo que me preocupa -es una cosa que he leído- porque hablan ustedes de un nuevo marco legal para los parques nacionales. No sabemos a qué se refiere usted con esto y sí le agradecería que nos lo explicara, de qué nuevo marco legal hablan ustedes cuando se refieren a los parques nacionales, y asimismo, si nos puede pormenorizar la previsión de inversión que hay para cada uno de los parques nacionales en el año 2005.


El señor PRESIDENTE: Señora De Lara hay un turno de réplica también.


La señora DE LARA CARBÓ: Para la réplica ya tengo.


El señor PRESIDENTE: Hemos cumplido a rajatabla la primera comparecencia.
Ya ha sobrepasado su tiempo.


La señora DE LARA CARBÓ: Tengo aquí unas preguntas que no me da tiempo a formular. Si le parece

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lo entrego a los servicios de la Cámara para que nos las contesten ustedes por escrito.


El señor PRESIDENTE: Lo haremos constar en acta en las comparecencias de presupuestos.


Por el Grupo Parlamentario Mixto-Xunta Aragonesista, el señor Labordeta tiene la palabra.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias por su comparecencia.


Para empezar, quisiera conocer -la actualidad manda- si existen previsiones o no, si existen inversiones presupuestarias o no para impulsar 3 minitrasvases del Ebro, que según informaban ayer varios medios de comunicación podían detraer hasta 200 hectómetros cúbicos de este río. Sabemos que se ha derogado el trasvase mayor, el del Partido Popular, pero surgen inquietudes, y usted disculpará porque llevamos muchos años, décadas, luchando contra la irracionalidad de estas obras como para no tener siempre el oído despierto y el ojo avizor cuando aparece la mínima sospecha. Nos gustaría una aclaración sobre este particular.


Los Presupuestos Generales del Estado para 2005 han conseguido algo difícil en Aragón; unir a todos contra un proyecto que se considera insuficiente, y es que cámaras de comercio, sindicatos, partidos y empresarios han manifestado públicamente su denuncia del recorte inversor para el próximo año, y especialmente los ministerios de Fomento y de Medio Ambiente. Pero también existe un denominador común que nos aleja de la depresión colectiva histórica tan típicamente aragonesa, y es que hay confianza en que con la tramitación parlamentaria se puedan mejorar estas cifras. Es precisamente en este Ministerio de Medio Ambiente donde existen cifras en las que se produce un bajón enorme en la inversión en Aragón. Sabemos que ACESA, la sociedad estatal de aguas, invertía poco y que los presupuestos finales no correspondían a la realidad. Así entre el 2000 y 2003 sólo invirtió el 24 por ciento de lo presupuestado, puede ser un problema de gestión de presupuestos hinchados para aparentar más inversión, pero nos gustaría que se atajase el problema en la raíz y no en las tijeras.


Nos gustaría que nos aclarase por cierto, o que nos lo envíen por escrito, las partidas presupuestarias de estas sociedades para el próximo año, que siempre aparecen ocultas y nunca hemos conseguido saber qué es lo que tenía ACESA y parece ser que tenía demasiado dinero, así como otras partidas genéricas denominadas otras actuaciones cuenca Ebro, incluidas en los Presupuestos Generales del Estado del 2005 y que se convierte en otro oscuro cajón de desastre donde se esconden las mayores partidas inversoras de este ministerio. Existen proyectos concretos que necesita Zaragoza, como el plan de riberas, que demandan inversiones de más de 140 millones de euros, que tienen que ir ligados a la Expo, pero que aunque no se realizasen finalmente, tendrían que impulsarse porque la capital aragonesa no puede seguir viviendo de espaldas al río. Además, en cuestiones más puntuales, vuelven a repetirse inversiones de 27 millones de euros, como los del pantano de Yesa, inmerso en una maraña de procesos judiciales, mientras que otras actuaciones demandadas por todos y que no tienen ningún impacto social y ambiental siguen esperando su oportunidad, como por ejemplo, San Salvador, La Loteta, entre otros.


Si utilizan como excusa que se hinchaban los presupuestos en medio ambiente con obras no ejecutadas, ¿por qué insisten en esta obra que ahora está en pleno proceso de revisión y a la que la fundación Nueva Cultura del Agua ha presentado diversas opciones que se plantean como alternativa a este proyecto que no nos convence ni convence en la zona afectada directamente, ni convence a los científicos, ni en su cuota máxima ni en su cuota media? Por cierto, ¿destinan obras al pantano de Biscarrués y al de Santa Liestra? ¿Han abandonado definitivamente el proyecto de Jánovas? Nos lo ha asegurado esta mañana el secretario de Estado de Infraestructuras, pero nos gustaría que ustedes también nos lo confirmaran. Las más elementales normas de prudencia aconsejarían establecer una demora hasta resolver la situación en estos tres pantanos y descartar ya el de Jánovas. Fíjese que no hablamos de responsabilidades políticas, muy graves a nuestro juicio, que implican las acusaciones de la fiscalía. Este no es el foro para denunciarlo, ya lo denunciamos en su tiempo, pero sí para reclamar otros criterios de inversión para la distribución del gasto en el departamento de su competencia. ¿Por qué no impulsan decididamente con euros presupuestados aquellas obras que tienen apoyo mayoritario tanto político como social y, sin embargo, se sigue insistiendo en estos grandes pantanos?

El año anterior preguntábamos por qué no había un impulso prioritario y decidido de aquellas obras de regulación reiteradamente demandadas por la sociedad aragonesa, que cuentan con consenso social y político, cuyas afecciones e impactos son asumibles y que constituyen la abrumadora mayoría de las obras comprometidas y contempladas en el denominado pacto del agua de Aragón. Últimamente han aparecido unas noticias en la prensa aragonesa que a nosotros realmente nos inquieta y nos preocupa, que es la contaminación del río Ebro. Parece ser que el Gobierno del Partido Popular ocultó los problemas en Flix para no obstaculizar el trasvase, es lo que dice el Heraldo de Aragón, yo no lo digo. Nos gustaría saber qué es lo que va a hacer el Ministerio de Medio Ambiente con este problema.
Algunos especialistas dicen que en este momento lo que hay en el fondo del Ebro es mucho más peligroso que lo que había en Aznalcóllar.


Muchas gracias, señor secretario general, y espero alguna respuesta concreta sobre algunas preguntas indeterminadas que yo he hecho. Siempre las hacemos y siempre nos contestan con muchas indetermina­ciones.


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El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir?

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Simón.


El señor SIMÓN DE LA TORRE: Primero deseo agradecer la presencia del secretario general para el Territorio y la Biodiversidad en su primera comparecencia ante la Comisión. Decía la portavoz del Grupo Popular que se nota la nueva política. Yo digo que sí, que se nota que vivimos en una nueva etapa, con nuevas políticas y sobre todo con una capacidad de negociación que a lo largo de los últimos años esta Comisión y este Parlamento no habían vivido. Esa capacidad y esa nueva política trae solidaridades que se demuestran dotando de becas a los estudiantes, en sanidad, en servicios sociales, en infraestructuras y también en el agua, como va a hacer este Gobierno. Por eso mi grupo encuentra que estos presupuestos buscan una racionalidad económica, mejoran la cohesión económica y social sin por ello abandonar ideas tan esenciales como la transparencia y la veracidad. Digo esto porque analizando los programas que nos atañen observamos que no se ha tratado de llenarlos de actuaciones que aparentasen una gran eficacia, pero que en muchos casos, a la hora de ver su ejecución, suponían tan sólo cifras que nunca han sido llevadas a la práctica. Por eso mi primera pregunta es: ¿qué grado de ejecución se ha realizado en anteriores presupuestos de los distintos programas que afectan a su presupuesto? Ligada a esta pregunta me surge una segunda: ¿en qué porcentaje estos presupuestos están condicionados por compromisos derivados de decisiones anteriores o, lo que es lo mismo, qué margen de maniobra tienen desde la secretaría? Todos somos conscientes de que determinadas obras presupuestadas anteriormente venían determinadas por ayudas europeas como los Fondos de Cohesión o los Fondos FEDER que, como todos sabemos, en un futuro no demasiado lejano, unos van a desaparecer y otros van a ser disminuidos en una gran medida. Por eso le pregunto: ¿tienen presente en estos presupuestos esta situación que se va a dar con los fondos europeos?

Tanto el presidente del Gobierno como la ministra de Medio Ambiente han hablado reiteradamente en distintas ocasiones de una nueva política del agua que necesariamente debe llevar aparejada una reorientación respecto a la que hasta hace poco era la dominante. (La señora vicepresidenta, García-Hierrro Caraballo, ocupa la Presidencia.) Si miramos el programa 452 vemos que éste crece unos 15 millones de euros. ¿A qué va destinado ese incremento? Para llevar adelante una política de desarrollo sostenible es necesario poder evaluar cómo se transforman los suelos en nuestro país y cuáles son las circunstancias reales en materia de regadío, por lo que le pregunto: ¿qué recursos destinan a este fin y qué reorientación le piensan dar?

Es notorio y conocido por todo el mundo que durante los gobiernos del Partido Popular se han incumplido directivas de la Unión Europea respecto a programas de calidad, saneamiento y depuración; incumplimientos que han supuesto importantes perjuicios para nuestro país. Por eso le pregunto: ¿cómo piensan corregir presupuestariamente estas políticas? ¿Cómo trata el presupuesto actuaciones de restauración hidrológico-forestal en nuestros ríos? ¿Qué actuaciones contemplan para la limpieza y la restauración de los cauces? Igualmente, desearíamos conocer en qué grado las confederaciones hidrográficas saben quién usa el agua, para qué las utiliza, en qué grado las contamina y cuánto pagan por ella. Como la subsecretaria ha dicho en la comparecencia anterior que usted lo iba a explicar, yo se lo pregunto: ¿cómo van a evolucionar en un futuro las confederaciones hidrográficas? Del mismo modo, querríamos saber con qué partidas se cuenta y con qué incrementos para deslindar de los dominios públicos hidráulicos con el fin de evitar agresiones urbanísticas y las inundaciones.


En el programa 456.B observo un incremento en las partidas dedicadas a la política forestal y a la lucha contra incendios. Por eso le pregunto: ¿contemplan actuaciones con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos? ¿Piensan desde el ministerio variar la Ley de Montes y en qué aspectos? Todos somos conscientes de que a lo largo de los últimos años el medio ambiente ha experimentado transformaciones que no son favorables para la biodiversidad. Por eso le pregunto: ¿cuál es el esfuerzo que dedica su departamento para la lucha contra la desertificación? En el programa 456.C, ligado a actuaciones en la costa, ¿cuál es el incremento? ¿Cuál es el porcentaje del presupuesto que viene comprometido por decisiones anteriores y cuáles son las prioridades? Igualmente, querría conocer las líneas del ministerio para colaborar con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos para coordinar la regeneración de las playas. También desearía conocer cuáles son los criterios de actuación de la Fundación Biodiversidad.


Todas estas preguntas me surgen porque a lo largo de ocho años muchos de esos temas de los que se nos ha ido trasladando que estaban solucionados están como están y quiero que desde su secretaría nos expliquen claramente qué ministerio es el que se han encontrado y por dónde lo quieren encauzar. Para finalizar, querría saber cuál es la actuación orientada a desaladoras y en qué consiste. Además, ya que la portavoz del Grupo Popular ha hablado de la desaladora de Carboneras, yo le querría hacer tres preguntas concretas. Cada uno tiene su pensamiento de por qué se encuentra en la situación en la que se encuentra en estos momentos.
Nosotros estamos convencidos de que es por la ineficacia de un gobierno anterior del Partido Popular y por la ineficacia de la Diputación de Almería. Pero yo le quiero preguntar, ¿en estos momentos no funciona porque tiene problemas técnicos? -primera pregunta-, ¿por irregularidades presupuestarias? -segunda pregunta-, ¿porque ha sido mal gestionada? -tercera pregunta-. Querría que lo aclarasen. Con respecto a las

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sociedades estatales del agua, me gustaría saber si piensan reconducir o variar sus actuales circunstancias.


La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): ¿Algún grupo más desea intervenir?

Tiene la palabra por espacio de cuatro minutos, con la flexibilidad del interviniente anterior, doña Rosa Bonás.


La señora BONÁS PAHISA: Primero le voy a formular una pregunta sobre la Fundación Biodiversidad. Ha dicho que esta fundación tiene un presupuesto no menor de 11 millones de euros, sin ninguna información más. Queríamos saber si nos puede comunicar, si no ahora por escrito, exactamente a qué actividad se dedica esta fundación y a qué va destinado su presupuesto.
Respecto al Plan hidrológico, queríamos saber en qué partidas están las secciones previstas en los anexos III y IV porque no las hemos encontrado. Si estamos hablando de agua, sabe usted que ha salido a la luz la contaminación del pantano de Flix, aunque ya era conocido desde hacía meses por el ministerio -un consejero decidió hacerse la foto y vender la exclusiva, lo que ha generado consternación en la zona-, y hubo una promesa del ministerio de descontaminar cuanto antes el pantano de Flix, aunque, como sabe usted, la contaminación viene de río arriba. Hubo una serie de acciones que han salido en la prensa -no sabemos quién las publicó porque no las hemos encontrado en los presupuestos-, donde se prometen 12 millones de euros para descontaminar el pantano, un programa de calidad de aguas de 6 millones, un programa de lucha contra la regresión y para la subsistencia del delta de 5.400.000 euros que tampoco hemos encontrado, la instalación de una red de indicadores medioambientales del Ebro de 2.700.000 euros que tampoco hemos encontrado, una restauración hidrológica del Ebro de dos millones de euros y una inversión en sistemas de riego en Mora de Ebro de 2.500.000 euros. Supongo que están, pero le agradecería que nos pudiera indicar dónde podemos encontrar estas inversiones.


Respecto a las costas, hemos visto que hay prevista una inversión importante para la playa olímpica de Barcelona, pero para el resto de las playas de Barcelona no hay nada previsto. Hay puntos graves como Cabrera de Mar sobre la que hubo una promesa ante una pregunta escrita que yo formulé al ministerio acerca de que se estaba haciendo un estudio que preveía subsanar el sistema el próximo año, pero tampoco hemos visto la inversión prevista. Sobre Gavà hubo una proposición no de ley aprobada por este Congreso en la que se insta a hacer una acción en la playa y tampoco está en el presupuesto. Respecto a los parques naturales, hemos visto que la inversión real en Cataluña es ridícula. Nos gustaría saber si realmente hay previstas otras inversiones en otros apartados que tampoco hemos encontrado.


En general, como he dicho antes, la inversión real en Cataluña es un 2,7 por ciento del presupuesto. Si es cierto lo que dice la subsecretaria acerca de que teníamos que espabilarnos y pedir, le diré que nosotros tenemos otra solución en nuestro partido, ya lo sabe usted. Espero que nuestra solución salga adelante cuanto antes para que en Cataluña tengamos las inversiones que deben hacerse.


La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Tiene usted la palabra para contestar a las preguntas formuladas.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Dada la magnitud de las preguntas planteadas, voy a intentar contestar de la manera más breve y concreta posible a todas ellas.


Voy a intentar huir de aquellas cifras que ya conocen SS.SS. porque están publicadas y a disposición de todos ustedes, para centrarme fundamentalmente en los conceptos y las justificaciones de la evolución de esas cifras.


La primera pregunta que me planteaba la señora De Lara hacía referencia a la variación comparativa entre los presupuestos de años anteriores y lo que sucede en la realidad. Esa variación comparativa, en el caso de la dirección general, requiere una matización que tiene también que ver con las cuestiones que me planteaba posteriormente el señor Simón. La evolución presupuestaria queda claramente reflejada en las cifras de un cuadro al que han hecho referencia e incluso han publicado los medios de comunicación. Este cuadro refleja la evolución del gasto real, las inversiones reales en el periodo 2000-2003 en relación con los presupuestos aprobados en los boletines oficiales correspondientes para cada año. Las cifras son muy elocuentes. En lo que respecta sólo a la secretaría general, en el gran capítulo que podríamos denominar agua, el total de inversiones presupuestadas en relación con las inversiones efectivamente realizadas se sitúa en el 60,24 por ciento, es decir, en el período 2000-2003 sólo menos de dos terceras partes de las inversiones presupuestadas dentro del capítulo agua se habían llevado a efecto, con una gran variación. En efecto, la Dirección General de Agua tiene un porcentaje del 89 por ciento, las confederaciones hidrográficas sólo del 54 por ciento y las sociedades estatales de agua el 37 por ciento. Es decir, prácticamente sólo una de cada tres pesetas presupuestadas se habían invertido realmente en las sociedades de agua. Pero estas sociedades de agua, pese a que sus presupuestos no se manifestaban en hechos reales, han venido incrementando muy sensiblemente la cifra del presupuesto desde el año 2000 hasta el año 2004, pasando de 1.513 millones de pesetas presupuestadas en el año 2000 a 3.518 presupuestadas en el año 2004. La máxima inversión real se ha efectuado en el año 2003 y ha sido de 1.800 millones. Para el total del capítulo agua, en el año 2005 presupuestamos 2.977 millones, que superan con mucho los 1.835 millones que realmente se habían invertido en el año 2003. Por

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tanto, las inversiones que figuran en los presupuestos para el año 2005 superan ampliamente las inversiones reales que se han materializado por parte de la Dirección General de Agua, confederaciones hidrográficas y sociedades estatales de agua a lo largo del periodo 2000-2003; del 2004 no tengo las cifras del año completo cerrado sino los datos hasta el mes de junio. En este caso se encontraría Teruel, como decía el señor Labordeta. En la provincia de Teruel se han ido presupuestando sistemáticamente inversiones del orden de 50 millones de euros, y la media de la inversión se ha situado en tres millones de euros. Las cifras presupuestarias eran muy altas y las cifras reales materializadas sobre el territorio no lo eran tanto. Evidentemente, llevar el agua donde no la tienen se hace con inversiones, no con presupuestos. Los presupuestos son cifras meramente nominales que no sirven para mucho si luego no se materializan. Yo siempre digo que los planes, para ser reales y no ser propaganda, tienen que ser viables económicamente, materialmente y en cuanto a capacidad de gestión. Ninguna de estas tres circunstancias se daba en muchas de las obras que se han venido planificando reiteradamente en los presupuestos, fundamentalmente las de alguna sociedad estatal.
Sirvan de muestra algunas de las obras desarrolladas: Confederación Hidrográfica del Tajo, una presa que está terminada pero no tiene usuarios, pues se hizo para regantes que ahora no quieren saber nada del riego, o una balsa en Almería, realizada por Acusur, que se hizo sin demandantes y sin utilidad; ahora no se sabe muy bien qué hacer con esa balsa, perfectamente terminada por Acusur, sociedad para la que también estamos intentando buscar vías de solución.


Su señoría me ha hablado también del conjunto de actuaciones urgentes en las cuencas mediterráneas. Como sabe, el conjunto de actuaciones urgentes en las cuencas mediterráneas surge como alternativa a una obra inviable, prácticamente sin posibilidades de obtener financiación, que se encontraba, igual que otras en este momento en la Comisión Europea, pendiente del visto bueno para acceder a los fondos correspondientes de cofinanciación. Hace dos semanas tuve ocasión de acudir a una reunión para intentar poner en marcha o recuperar alguna de las obras allí detenidas, en algunos casos desde el año 1996. Como sabe S.S., la Comisión Europea no dice que no a las obras, pero va solicitando informes reiterados para subsanar lo que consideran son defectos desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista técnico. Así se encontraban muchas obras y así se encontraba también el famoso trasvase del Ebro, que difícilmente iba a ser cofinanciado con fondos europeos y que no sabemos muy bien cómo podría llegarse a financiar con fondos estatales. En todo caso, las actuaciones urgentes responden a buscar una solución que resuelva el problema que más preocupa en este momento en el ministerio: el que puedan producirse dos años continuados de sequía y que los recursos hídricos de que disponemos no sean suficientes para cuestionar la viabilidad de alguna de las actividades productivas que se desarrollan en ese territorio. El abastecimiento de agua está prácticamente solucionado, pero podría haber riesgos en caso de sequía para el mantenimiento de la actividad productiva. Nuestra máxima preocupación es poner en marcha de forma urgente las obras para que esa situación no se llegue a producir. En lo que hace referencia a las cuencas mediterráneas afectadas, las obras de abastecimiento se están desarrollando en la Comunidad Autónoma de Murcia y en la Comunidad Autónoma de Valencia, en lo que hace referencia al Alicantí y a la cuenca baja del Segura, por parte de Canales del Taibilla. Muchas de estas obras están en funcionamiento, algunas provienen de principios de la década de los noventa y estamos intentando, pese a los retrasos que llevan, que entren en funcionamiento a partir del próximo año, de manera que Canales del Taibilla, que es una mancomunidad con un funcionamiento ejemplar desde el punto de vista de lo que es el abastecimiento del agua de la zona, pueda garantizar ese abastecimiento para todas las poblaciones de Murcia y de Alicante. De hecho, hay dos poblaciones en Murcia que no son abastecidas por Canales del Taibilla, Yecla y Jumilla, y estamos estudiando en este momento la posibilidad de realizar las obras que las incorporasen a esta extraordinaria mancomunidad para el abastecimiento de agua. Las obras previstas, entre las cuales hay varias desaladoras, permitirían obtener el agua que Canales del Taibilla obtiene en la actualidad de otras fuentes y dedicarlas al abastecimiento de los municipios del litoral, utilizando esas fuentes alternativas para regadíos o, en su caso, para la recuperación de acuíferos sobreexplotados.


Parte de estas obras están en Canales del Taibilla y en su inmensa mayoría están en Acuamed, la sociedad que se ha creado como alternativa a Trasagua y que está encargada de desarrollar las obras correspondientes.
Como sabe S.S., Acuamed es una sociedad que funciona por convenios de gestión. Estos convenios de gestión tienen como objetivo fundamental asegurar la financiación de las obras y asegurar el funcionamiento que cubra las demandas correspondientes. Las sociedades de gestión llevan varios años en marcha, han sido objeto de discusión en este Parlamento y SS.SS. las conocen suficientemente. No obstante, si desean un detalle mayor podemos ir analizando sociedad por sociedad.


Hay que señalar que algunas de estas sociedades tienen problemas muy graves, y con esto contesto a la pregunta que ha formulado el señor Simón sobre la desaladora de Carboneras. Estos problemas graves han sido objeto de una malísima gestión, de un malísimo planteamiento y de una ausencia total de respeto a los principios de constitución de la sociedad. Se supone que estas sociedades tienen tres fuentes de financiación: la cofinanciación europea, la financiación que proviene de la sociedad y que es recuperada a lo largo de un determinado periodo de tiempo por medio de las

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tarifas y la cofinanciación de los usuarios, que sistemáticamente no se ha tenido en cuenta. Las sociedades han subsumido las obligaciones de los usuarios y ni siquiera -como parecería recomendable- han obligado a los usuarios a que avalaran los préstamos que iban negociando con los bancos.
En el caso concreto de Acusur, la situación alcanza niveles esperpénticos. Acusur ha convenido que durante los próximos 25 años los usuarios van a pagar con sus tarifas el préstamo que ha contratado la sociedad a cargo de los usuarios. Es decir que durante los primeros 25 años los usuarios pagan con su tarifa el dinero que tenían que haber puesto y por el cual tenían que haberse endeudado, no lo han hecho, lo ha hecho la sociedad, y se supone que por medio de las tarifas pagarán esa parte de la sociedad. La pregunta es: ¿cuándo recupera su parte la sociedad? Pues entre los años 25 y 50. Ustedes mismos han señalado que si una depuradora tiene que modificar cada 25 años las membranas y tiene que proceder a importantes inversiones de reposición, no es muy comprensible que se haya dado un plazo de 50 años para recuperar sus inversiones con las tarifas. Hay más datos curiosos, y no me voy a entretener en ellos.
Sirva como ejemplo que esta sociedad tiene la tremenda ventaja de que cuanta más agua proporcione más pierde con cargo al capítulo 8, que tendría que ir aportándole el Estado. La sociedad está pensada para dar agua pero, como cobra 0,30 euros por el agua y paga a la empresa encargada de la gestión del agua -gracias a esa maravillosa gestión que han realizado- 0,67 euros, cuanta más agua produzca más nos cuesta a todos los españoles si queremos seguir manteniéndola. Un buen ejemplo de gestión es esta de la desaladora, que ha batido récords de incumplimiento de plazos, de incumplimiento de presupuesto y de problemas técnicos, y en este momento se le está haciendo una auditoría técnica. Que conste que la Comunidad Autónoma de Andalucía no la ha parado nunca. Ha habido con los vertidos de Endesa un problema que se subsanó y que no tenía nada que ver con la desaladora. La información que publicaron los periódicos era incorrecta y se desmintió, pero normalmente la información se da en titulares muy grandes y los desmentidos en notitas muy pequeñas que la gente no suele leer.


Otro de los muchos temas que se han planteado -y lamento tener que extenderme- es el pacto del agua en Aragón; lo han planteado tres de los intervinientes. Quiero desmentir categóricamente, en primer lugar, otra información publicada por la prensa, que a veces no está muy bien informada o recoge informaciones que no son ciertas y que le son transmitidas con distintos objetivos. En lo que se refiere a los tres minitrasvases, tengo que señalar que el denominado CAT-ATLL, que es el trasvase desde Tarragona al Llobregat, se retiró de Bruselas a petición de la Generalitat catalana. Yo firmé la petición de retirada del proyecto de Bruselas para su cofinanciación. Es un proyecto retirado de Bruselas, retirado de los presupuestos, es un proyecto que no se va a llevar a cabo. Ninguno de los dos, en realidad. El otro minitrasvase, que tiene que ver con el supuesto trasvase a Castellón, es un canal que existe y se utiliza para el riego dentro de la provincia de Tarragona. Hay una concesión antigua para riego en la provincia de Tarragona. Agricultores de la provincia de Castellón han sugerido que se podría utilizar para llevar agua a las zonas próximas, pero es una cuestión que no está decidida y no está en los presupuestos y, por tanto, no existe más que en la imaginación de las personas que hayan transmitido la información a los periódicos que la recogieron incorrectamente.


Me han preguntado también por obras como la de Santa Liestra, sobre la que hay una sentencia. Es una obra que se abandona, que pasa a tener dotación cero en los Presupuestos Generales del Estado. La Sociedad de Aguas está negociando con los regantes, que tenían elaborado el proyecto de San Salvador, la incorporación de éste como alternativa para los regantes de la zona. Es una negociación que, al igual que las demás obras del pacto del agua de Aragón, se lleva muy directamente con la Comisión de Aguas de Aragón en primer lugar, con la comunidad autónoma en segundo lugar, y con los regantes o usuarios en tercer lugar. Una de las políticas claras del ministerio es que las obras que realicen las sociedades de agua tienen que ser obras que tengan efectivamente demandantes (no nos vaya a suceder lo que ha sucedido en la Confederación Hidrográfica del Tajo), que se comprometan a la cofinanciación de las actuaciones y que, por tanto, cumplan los objetivos para los que fueron creadas las sociedades de agua, y con ese compromiso dejen claro que las obras tienen una utilidad y una demanda potencial, de modo que si el estudio de impacto ambiental, la evaluación económico-financiera y la evaluación técnica así lo recomiendan se puedan llevar a cabo.


Estamos llevando a cabo el proceso de revisión de las obras incorporadas en el Plan Hidrológico Nacional, y lo estamos haciendo en coordinación con las comunidades autónomas. En el ministerio, la ministra y yo personalmente nos hemos reunido con los consejeros de todas las comunidades autónomas y hemos ido haciendo un primer análisis de índole socioeconómico-política para ver la adecuación o no de las correspondientes obras a lo que son objetivos o proyectos de futuro de las distintas comunidades autónomas. Tenemos obras en todas las situaciones y hay obras sobre las que las opiniones de las comunidades autónomas difieren de la opinión del ministerio y que, por tanto, son todavía obras objeto de discusión. Como norma general, se han mantenido en el presupuesto todas aquellas obras que teniendo un grado de desarrollo lo suficientemente elevado, y respondiendo a objetivos compatibles con la nueva política del agua del ministerio, se ha considerado que era pertinente mantener. Hay muchas otras obras de las que simplemente nos podemos plantear su estudio con toda tranquilidad porque, si analizamos qué sucede con el Plan Hidrológico Nacional,

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tenemos que de los 19.851 millones de euros en que el Plan Hidrológico Nacional, anexo 2, cifraba su inversión, obras terminadas las hay por un importe de 4.632 millones de euros. Es decir que está terminada el 23 por ciento de la inversión prevista en el famoso anexo 2. Están en ejecución 1.193 millones de euros, luego en total tenemos un 29 por ciento de todas las obras previstas en ese anexo 2 terminadas. Si ustedes se remiten a la comparecencia de mi antecesor el año pasado, verán que la cifra que les he dado de estas obras difiere bastante sensiblemente de la cifra que se dio el año pasado; el año pasado se daba una cifra del 44,7 por ciento.
(La señora De Lara Carbó: Era mentira ¿no?-El señor Simón de la Torre: No era verdad.) No, era simplemente otro criterio de interpretación que les voy a explicar para que vean que las dos cifras son verdad. Los ingenieros y los economistas rara vez damos cifras falsas, lo que hacemos es dar cifras que responden a determinadas hipótesis y a determinadas preguntas. Lo que yo he dado ha sido la cifra certificada, luego efectivamente invertida; lo que él daba era una cifra que respondía al epígrafe en marcha. ¿Qué quiere decir esto? Que si había una obra de 100 millones de euros que acababa de ser adjudicada, esa obra estaba en marcha y, por tanto, esos 100 millones de euros se incorporaban a la cifra correspondiente de obras en marcha. Creo que es mucho más real dar la cifra certificada que responde a lo efectivamente ejecutado en cada uno de los territorios. De ahí proviene la diferencia entre este 23 por ciento y el 44,7 por ciento del año pasado.


Son tantos temas que cuando...


La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Es preferible, señor secretario general, que conteste y así todos tenemos la oportunidad de estar bien informados, porque vamos bien de tiempo.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Muy bien.


Otro de los temas que se habían planteado hace referencia a los centros de intercambio de derechos del uso del agua. No es un estudio, los centros de intercambio de derechos del uso del agua es uno de los dos mecanismos de gestión que se habían incorporado al texto refundido de la Ley de Aguas; se había incorporado la cesión de derechos entre particulares y se había incorporado la posibilidad de los centros de intercambio de derechos del uso del agua para que, en aquellos casos en que en las cuencas hidrográficas hubiera necesidad de intervención para racionalizar los usos del agua o que hubiera necesidad de intervenir porque los acuíferos estuvieran sobreexplotados o en una serie de supuestos, las confederaciones hidrográficas pudieran realizar ofertas públicas de adquisición y, en su caso, también de venta de derechos de uso del agua.
Ofertas públicas que tienen una gran flexibilidad: permiten fijar el ámbito espacial al que afectan, el ámbito temporal durante el que se adquieren los derechos y que permiten también fijar las mismas condiciones para la adjudicación posterior de estos derechos. Estos centros de intercambio de derechos del uso del agua son una aproximación a lo que pensamos que pueden y deben ser los bancos del agua, que es una de las iniciativas legislativas que, dentro de lo que será la reforma de la Ley de Aguas, se propone el actual Gobierno. En la actualidad, estos centros de intercambio de derechos del uso del agua tienen limitaciones que hacen que su utilización esté muy restringida. La principal limitación es que sólo pueden adquirir el agua personas o instituciones que ya sean concesionarias de derechos del uso del agua. Estos centros de intercambio del uso del agua no se habían puesto en marcha y nosotros los vamos a poner en marcha para que sirvan, de alguna manera, como pauta de lo que serán con posterioridad los bancos del uso del agua y la gestión de esos bancos que tendrán que desarrollar las correspondientes confederaciones hidrográficas. De esta manera se van a poner en marcha el último trimestre de este año y van a funcionar, esperamos, durante el año que viene, aunque nos tememos mucho que su capacidad de funcionamiento sea relativamente reducida en las tres cuencas hidrográficas y en los ámbitos espaciales en que los pensamos desarrollar. De ahí que contemos con una cifra presupuestaria relativamente reducida pero, en su caso, ampliable si el éxito de su puesta en funcionamiento así lo recomendara.


Otro conjunto de preguntas hace referencia a convenios con los ayuntamientos y, en particular, hay que señalar una de las preguntas que se han realizado con respecto a los convenios con ayuntamientos del Pirineo aragonés que, como muy bien se ha señalado, se firmó en febrero de este mismo año, en febrero de 2004; unos convenios con ayuntamientos que tienen una peculiaridad muy interesante y es que se firman por más del cien por cien del importe de las obras, una peculiaridad curiosa que deja un poco que desear teniendo en cuenta los objetivos y teniendo en cuenta quiénes tienen que aportar las cantidades presupuestarias correspondientes. En todo caso, estos convenios con los ayuntamientos difícilmente responden a la filosofía de las sociedades de agua, en las que se supone que hay una cofinanciación por parte de los usuarios y que responden, por tanto, a una actuación que nada tiene que ver con lo que aquí se desarrolla. Hay otro grupo de convenios con ayuntamientos que también entran bastante en contradicción con el capítulo sobre el que se desarrollan y con las ayudas de cofinanciación que se obtienen de la Unión Europea. Este conjunto de convenios, que teóricamente tienen que ver con restauración hidrológica forestal, en muchos casos han implicado no la actuación que a partir de ahora este Gobierno piensa desarrollar a través de estos convenios sino una actuación con filosofías sensiblemente distintas. Los convenios que se mantienen para el año que viene al respecto son convenios

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como el que se acaba de firmar y se está materializando en el caso de la ciudad de Soria. Son convenios que fundamentalmente se centran en la recuperación ambiental de márgenes, en la recuperación del dominio público hidráulico y en la utilización de ese dominio público hidráulico para favorecer el acceso de los ciudadanos al disfrute del río, para la educación ambiental y para el turismo ambiental. Son convenios que van acompañados de planes estratégicos de reforestación, desarrollados conjuntamente con las comunidades autónomas, y en los que van a intervenir tanto las confederaciones hidrográficas como la Dirección General de Aguas y la Dirección General de Biodiversidad. El criterio fundamental es la reforestación, la recuperación de la biodiversidad, la participación y la colaboración en la educación ambiental y en la promoción del turismo ambiental. Desde esa perspectiva, hay un programa que depende directamente de la secretaría general, dentro de la división de desarrollo territorial, un programa heredado, pero que se va a imbricar directamente con estos convenios que estoy comentando y con las actuaciones en costa y que implica la definición de una red de itinerarios naturales, vías verdes, que sirvan nuevamente a través de convenios con ayuntamientos, con administraciones locales o con administraciones autonómicas que se comprometan en la gestión a posteriori de este patrimonio para implicar la definición de una red de itinerarios verdes por todo el territorio nacional de una manera racional, integrada en red, y no de una forma discrecional.


En relación con el capítulo de convenios se me ha preguntado por los convenios con el Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Respondiendo a la pregunta que me formulaba el señor Simón, hay que señalar que una de las peculiaridades con la que nos hemos encontrado en el ministerio es la gran cantidad de convenios comprometidos, en el caso de las Baleares totalmente comprometidos, con cantidades presupuestarias asignadas a distintos años. En el caso de las Baleares, se trata de un aspecto específico, singular. En particular, el convenio con el Ayuntamiento de Palma de Mallorca es uno de los que nos hemos encontrado en esta situación, con un presupuesto para 2004 de 3.365.000 euros que no se ha podido materializar hasta ahora porque el ayuntamiento no ha cumplido con la parte de su convenio. Estamos todavía pendientes de las tramitaciones correspondientes y, puesto que hay un fuerte retraso en la gestión de este convenio, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 se mantiene dentro de la secretaría general con un presupuesto de sólo 352.000 euros. Es un convenio que hay que renegociar, ya que los objetivos y las actuaciones no formarían parte de las prioridades del ministerio. Hay que señalar que el ministerio ha hecho un tremendo esfuerzo por mantener los compromisos anteriores, salvo, naturalmente, en aquellos casos en que esos compromisos entran en contradicción con su nueva política, puesto que no tendría mucho sentido que tales compromisos se mantuvieran cuando los objetivos políticos son claramente distintos.
En estos casos, estamos manteniendo reuniones con las corporaciones locales y con las comunidades autónomas para renegociar los contenidos del convenio y llegar a acuerdos que satisfagan a ambas partes.


Hay todo un grueso de preguntas que hacen referencia a la Dirección General de Biodiversidad y que tienen que ver fundamentalmente con los incendios, con la política forestal y con los parques nacionales. A este respecto, la política de incendios también va a sufrir variaciones importantes. Para nosotros la mejor política de incendios es la política de prevención. Los incendios deben prevenirse en su origen, prevención que va directamente ligada a todo lo que es una política forestal adecuada. Tanto en la Ley de Montes como en los convenios de colaboración que se mantienen con las distintas comunidades autónomas queremos incidir de una manera muy clara en esa política de prevención, que en todo caso debe ser una política coordinada con las comunidades autónomas, con las diputaciones y en su caso con los ayuntamientos. Desde ese punto de vista, los convenios con las comunidades autónomas, con las corporaciones locales e incluso en algunos casos con algunos agentes sociales, como pueden ser los propietarios privados de bosques, son el ámbito fundamental de intervención, un ámbito que no suele costar dinero o que tiene unos costes reducidos, pero que a veces tiene una eficacia muy importante. Los fondos disponibles para la prevención de incendios forestales nunca van a ser suficientes y menos en un país como España, en donde un 25 por ciento del territorio tiene categoría de LIC, de lugar de interés comunitario, incluido dentro de la Red Natura 2000, y en donde por tanto la prevención de incendios y la protección de la biodiversidad debe ser un capítulo fundamental. Se incrementan los presupuestos desde el punto de vista de los incendios forestales y quedan estabilizados los procesos de transferencias a las comunidades autónomas en estos capítulos. Fundamentalmente el capítulo 7 en lo que hace referencia a incendios forestales sufre un incremento nulo, y queda en la misma cantidad que para el año 2004, pero por lo que se refiere a las partidas dedicadas a incendios forestales el incremento se sitúa en el 4 por ciento. Cuando hablamos de incendios forestales, como antes señalaba, también tenemos que hacerlo de actuaciones de prevención, que estarían dentro de los capítulos conservación de la biodiversidad y restauración hidrológica forestal. Allí el incremento es más sensible. También la colaboración con las comunidades autónomas es más sensible y esperamos que los resultados sean positivos. Consideramos que sigue habiendo problemas desde el punto de vista del control, de la policía de incendios y de la policía en los usos del suelo. Consideramos que hay que modificar la Ley de Montes en dos direcciones muy importantes. En primer lugar, aunque ya hay algunas comunidades autónomas que han regulado este aspecto, en la línea que señalaba de manera clara la ministra de que aquellas superficies con vocación

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forestal que se integren en los inventarios forestales, inventarios forestales que se hacen con conocimiento y acuerdo de las correspondientes comunidades autónomas, mantengan su vocación forestal y por lo tanto su uso forestal a muy largo plazo. Estaríamos hablando de 30 años o, quizá con mayor corrección, del espacio temporal que requieren las especies autóctonas de ese bosque para alcanzar su clímax, de forma que estaríamos protegiendo prácticamente a perpetuidad aquellos espacios con vocación forestal de posibles cambios en los usos del suelo. El segundo grupo de medidas iría ligado fundamentalmente a la intervención de prevención. Hay que incluir en la Ley de Montes los intereses y la participación del sector privado y de todos los agentes sociales en esa mayor prevención. Esa es una de las líneas de intervención que consideramos fundamentales.


Respecto a los parques nacionales, la política del ministerio es muy clara. Estamos de acuerdo con el concepto de red. Consideramos que los parques nacionales que existen en el territorio español en este momento son un extraordinario ejemplo de sistema integrado de biodiversidad de calidad; que la red de parques nacionales, el Plan director de los parques nacionales y el esquema de funcionamiento de los mismos, junto con el funcionamiento de las comisiones mixtas, forman un esquema adecuado. Efectivamente, hay que introducir mejoras en la gestión. No estamos satisfechos con el funcionamiento de esos parques nacionales que llega al usuario, al turista potencial o al ciudadano normal. Hay que promover en todos ellos la realización de evaluaciones y gestiones ambientales adecuadas. Tenemos que establecer un sistema de indicadores de calidad para cada uno de los parques nacionales y ver su evolución a lo largo del tiempo, estableciendo sistemas de acicate a aquellos parques nacionales que mejor se adecuen a los objetivos de preservación de la biodiversidad, de preservación de la riqueza española en paisaje y en ecosistemas. Esto implica mejoras susceptibles, que deben ir acompañadas de los correspondientes planes de desarrollo sostenible en los parques nacionales. Por poner un ejemplo concreto de la nueva política que se recoge muy claramente en los presupuestos, quiero hacer referencia a la comisión mixta que ayer se celebró en los Picos de Europa para el Parque Nacional Picos de Europa, en la que se ha propuesto específicamente una actuación integrada de la Confederación Hidrográfica del Norte, de la Dirección General de Biodiversidad y de Parques Nacionales para conseguir una utilización sostenible del agua en todas sus facetas en el parque; que todos los municipios del parque nacional puedan beber agua de sus ríos, porque tengan una calidad excepcional, y que demos ejemplo en los propios parques nacionales de lo que debe ser un desarrollo sostenible donde la biodiversidad sea el eje gestor de la política.


Siguiendo con las preguntas, entraríamos en tema de las riberas del Ebro y las actuaciones para la Expo. En principio hay unos proyectos que ha desarrollado la sociedad de la Expo, incluso se ha realizado una evaluación de impacto ambiental que acaba de terminarse hace poco. Estos proyectos tienen que ser trasladados a la Confederación Hidrográfica y a partir del año que viene empezarán las actuaciones en esas riberas del Ebro. El año que viene está previsto que la inversión que se realice sea muy pequeña, porque será una inversión que se realizará fundamentalmente en 2006 y 2007. Es una inversión prevista, aunque su plasmación en los presupuestos del año 2006 es muy pequeña.


Respecto a Flix y a la contaminación del Ebro, que es otra de las preguntas que se ha realizado, cuando el equipo ministerial tomó posesión de su cargo, yo no tuve conocimiento de Flix como no lo tuve prácticamente de ningún asunto, porque me encontré el despacho totalmente vacío. Sin embargo, a lo largo de los meses de gestión nos encontramos el estudio que se había realizado sobre el pantano de Flix y sobre el funcionamiento de los vertidos en esa área. Inmediatamente y de acuerdo con la Comunidad Autónoma de Cataluña, se incluyó dentro de las actuaciones urgentes -y así figura en el real decreto publicado y aprobado- un presupuesto que asciende a 90 millones de euros, en lo que hace referencia a las actuaciones que llevaría a cabo Acuamed, y a 14 millones de euros, en lo que hace referencia a las actuaciones que corresponden a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Automáticamente, se ha puesto en funcionamiento una comisión de seguimiento en la que se ha dado cabida a las organizaciones ecologistas, a todas las administraciones de la zona, al Consejo Nacional de Seguridad Nuclear, a Enresa, a Endesa, a la Generalitat de Cataluña, a la Comisión del Delta del Ebro, es decir, a todos los organismos públicos y privados implicados espacialmente. En esta comisión de seguimiento están representados absolutamente todos los implicados en el tema, y en su primera reunión se ha adoptado la decisión de dar cabida en la misma a cuantas organizaciones e instituciones lo soliciten. En paralelo, en esa primera reunión de la comisión de seguimiento se creó una comisión técnica que preside el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que tiene como objetivo proponer en el plazo de un mes -que vencerá a finales de este mes- el pliego de prescripciones técnicas y las bases del proyecto que sirvan para realizar la solicitud de ayuda de fondos de cohesión a la Unión Europea. Ya hemos informado a la Unión Europea de la existencia de este problema, de la solicitud de ayuda para su resolución y de la necesidad de que los proyectos que se consideren pertinentes sean presentados en Bruselas antes de mayo o junio del año que viene para poder disponer de estos fondos. La contaminación del Ebro es un problema realmente grave, pues son 360.000 metros cúbicos de desechos muy fuertemente contaminados, aunque por suerte están en una situación de estabilidad. Parte de los fondos a los que he hecho referencia se están destinando en este momento a incrementar de una manera muy

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sustancial los controles de calidad del agua, para evitar que pueda afectar a la salud de los ciudadanos, y a incrementar los elementos para impedir que en caso de riada, de gota fría o de temporal pueda haber remoción que dé lugar a incrementos de contaminación, como ha pasado ya en alguna ocasión singular. Aparte de estos proyectos que están ya en marcha, está en estudio lo que esperamos que sea la solución definitiva, o al menos absolutamente segura para los ciudadanos, a implantar en los próximos años.


Creo que me estoy saltando algunas preguntas, pero no quisiera excederme demasiado en el tiempo. Me han hecho algunas consideraciones respecto a la Dirección General de Costas. Hay una serie de temas concretos que tienen que ver con Cataluña y hay unas cuestiones generales. En cuanto a éstas, ha habido una modificación importante de las líneas de actuación, aunque su reflejo en los presupuestos sea relativamente exiguo, porque -como antes señalaba la subsecretaria- un porcentaje muy importante de los presupuestos del próximo año responde a actuaciones ya comprometidas con un grado de desarrollo elevado y cubre parcialmente objetivos compatibles con los de este Gobierno, que siguen en marcha y absorben una gran parte de los presupuestos. Aun así, con el margen de actuación que tenemos, hay un cambio sustancial en las actuaciones. Lo que más nos preocupa son las políticas a largo plazo. La política cotidiana, anual, de reposición de arenas en playa era una política que se realizaba porque había problemas coyunturales en playas como consecuencia de temporales.
Esa situación antes era coyuntural, pero ahora, como consecuencia del cambio climático o porque cada año los temporales se repiten, hay una elevación del nivel del mar que tiene importantes consecuencias desde el punto de vista de la regresión costera en tramos muy amplios del litoral y nos lleva a que sea imposible mantener la política de ir aportando arena cada vez que hay un temporal y se descabalgan las playas y los paseos marítimos correspondientes. La solución es buscar actuaciones que den posibilidades de reforma estructural que acaben con estos problemas que nos tememos que tienden a agravarse en el tiempo y que afectan de una manera importante a una de las actividades más importantes en España, como es la actividad económica del sector turístico. Nuevamente aquí la solución pasa por convenios con comunidades autónomas y con los ayuntamientos implicados. Como ejemplo, en este momento está en tramitación un convenio que trata de resolver los problemas desde el puerto de Gandía al puerto de Denia, una de las zonas más inestables, con mayores problemas de regresión, donde se ha hecho un paseo marítimo que agrava en mayor medida el problema, se han ocupado urbanísticamente las dunas y la solución estructural a largo plazo pasa por una colaboración con la comunidad autónoma y con los ayuntamientos, con un compromiso de éstos de apoyar reformas estructurales que pueden implicar también, en algunos casos, el derribo de edificaciones y su traslación a suelo urbano o urbanizable en otras zonas del municipio. Desde este punto de vista, nos preocupan mucho las playas, nos preocupa mucho la estabilidad del litoral a largo plazo, nos preocupa la regresión y ese es uno de los ámbitos más importantes de intervención, que implica igualmente la potenciación de un programa fundamental, el programa de deslinde de la zona marítimo-terrestre. Programa de deslinde que ha estado bastante abandonado en los últimos años, que se ha desarrollado en áreas no problemáticas, pero que donde exige un mayor esfuerzo es precisamente en las áreas conflictivas, en las áreas donde nos encontramos también con estos problemas más graves de regresión del litoral.


En lo que hace referencia a Barcelona, estamos también en contacto con la Comunidad Autónoma de Cataluña. De hecho, hemos mantenido una reunión con todas las comunidades autónomas a las que se les ha ofrecido la firma de un convenio marco similar al que ya se ha firmado con el Principado de Asturias y está a punto de firmarse con la Comunidad Autónoma Valenciana, para actuar de manera concertada en estos temas. En el caso de Barcelona también estamos en esta situación. Son prioritarias aquellas comunidades autónomas que han desarrollado planes de ordenación y gestión integrada del litoral, como es el caso de Asturias y de Cataluña. En particular, hay varias zonas con problemas graves en Cataluña. Respondiendo exactamente a las preguntas sobre Gavà, le puedo decir que está inmerso en una problemática que es general a muchas costas donde incide la realización de puertos deportivos, lo que está muy directamente relacionado con la exigencia que se viene estableciendo desde la Dirección General de Costas, y que consta en los estudios de impacto ambiental correspondientes, de que cada vez que se haga un puerto deportivo, se le exija el traslado de aquellos sólidos en suspensión que se acumulan mar arriba y que implican recesión costera mar abajo. Ese traslado de áridos es un compromiso que se suele poner en las evaluaciones de impacto ambiental, que tienen que hacer cumplir las comunidades autónomas, pero que normalmente no hacen cumplir y que en muchos casos están en la base de ese deterioro del litoral. Ese es el caso de Gavà y ahí el puerto de Barcelona, tal y como estaba establecido en la declaración de impacto ambiental que se hizo para su ampliación, tiene la obligación de proceder a esas operaciones de traslado de áridos; operaciones en las que la Dirección General de Costas está dispuesta a cooperar desde el punto de vista de lo que es protección de los ecosistemas, protección del dominio público marítimo-terrestre, evitando que se produzcan daños sobre praderas de poseidóneas, en su caso, etcétera. Pero la responsabilidad económica corresponde en estos casos al puerto.


Respecto a los otros ámbitos que señalaba, todos ellos tienen proyecto redactado, en algunos casos también la declaración de impacto ambiental, y su desarrollo va a depender de las prioridades que se establezcan,

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como antes he señalado, de común acuerdo con las corporaciones locales y la comunidad autónoma, atendiendo a la gravedad de la regresión de la costa en los distintos ámbitos costeros.


Creo que me he dejado pendientes temas, pero quizá en las repreguntas pueda contestar si hay alguno específico que plantee el interés de sus señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Carballo): Ahora sí que vamos ya muy ajustados de tiempo porque tendríamos que comenzar la siguiente comparecencia. No obstante, vamos a respetar lo acordado por la Mesa y portavoces y vamos a dar estrictos tres minutos a todos los grupos que deseen intervenir, independientemente de que esta comparecencia haya sido solicitada por el Grupo Parlamentario Popular y la Chunta Aragonesista.


Hemos recibido una circular interna en la que se indica que aquellos grupos a los que alguna cuestión no les haya quedado contestada o sobre la que deseen mayor amplitud de información, lo pueden solicitar por escrito a través del letrado para que puedan ser contestados.


Señora De Lara, tiene la palabra por tres minutos.


La señora DE LARA CARBÓ: Señora presidenta, intentaré ceñirme al tiempo que me ha concedido.


Señor secretario general, usted ha venido aquí con un texto preparado y no ha contestado a las preguntas. De lo que se trata aquí, más que hacer política o explicar cómo funciona alguna partida concreta, es de darnos una serie de datos de actuaciones que van en los presupuestos y de su importe. Es la costumbre en todas las comparecencias presupuestarias que han tenido lugar en esta Comisión de Medio Ambiente.


Yo le he preguntado qué desaladoras nuevas había previstas y usted me ha dicho que estaban previstas en Acuamed y en Canales del Taibilla. Yo le digo que en los presupuestos de estas sociedades se habla solamente de proyectos iniciados antes de 2005, por consiguiente no son proyectos nuevos. Por favor, conteste a la pregunta de qué nuevas desaladoras van incluidas en los presupuestos del año 2005.


Decía usted que los minitrasvases a Cataluña no se van a hacer, con lo cual la pregunta que le he hecho está contestada. No me ha contestado a mi pregunta sobre los embalses del Ureña y del Arenoso, en la provincia de Córdoba. No me ha contestado a mis preguntas sobre las actuaciones de abastecimiento a pueblos de la provincia de Murcia en la cuenca del Segura. Le he hecho una serie de preguntas sobre partidas que han desaparecido de los presupuestos y cuál era el motivo. Estamos hablando simplemente de abastecimiento. No he tenido respuesta.


Respecto al centro de intercambio de derechos de uso de agua, me dice que tiene una capacidad reducida y que confía poco en su funcionamiento inicialmente. Como no es momento de preguntar, pediremos una comparecencia para hablar de este tema. En cuanto a los convenios con los municipios de los Pirineos, no son de las sociedades estatales, señor secretario general, son convenios firmados por la Dirección General de Obras Hidráulicas con estos municipios, y son municipios afectados por embalses que no tienen solucionado el problema del abastecimiento, por eso se pagaba el cien por cien de la obra invertida. Aquí no tienen que ver nada las sociedades de agua. Nos ha dicho usted que el Ayuntamiento de Palma no lo considera objetivo y que por eso han borrado del mapa ese convenio. Nos parece bien, pero bueno será que se sepa en los lugares que no están de acuerdo con convenios ya firmados. En cuanto a su apuesta por la prevención de incendios forestales, la compartimos totalmente. Dice S.
S. que sí que se incrementa, pero añade que la partida destinada a prevención de incendios forestales se incrementa cero porque queda estabilizada. Creo que es vergonzoso que esta partida quede estabilizada después de lo que ha ocurrido este verano, cuando hemos visto que la prevención -y coincido con usted- es absolutamente necesaria. Creemos que es escaso el incremento del 4 por ciento para el tema general de incendios. Quiero que sepa que nosotros estamos completamente de acuerdo en modificar la Ley de Montes. Entérese de que quien no quería poner el tope de los 30 años para cambiar el uso de suelo forestal después de un incendio eran comunidades gobernadas por el Partido Socialista. Nosotros estamos encantados de que ponga 30 años, no hay ningún problema. No hemos preguntado por la política de costas. Usted nos ha querido contar cuál era su política de costas, pero como aquí usted viene a contestar las preguntas que le hacemos sobre inversiones, hoy no correspondía hablar aquí de política de costas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) En cuanto a los parques nacionales, me dice usted que lo que va a hacer es mejorar la gestión. Nos parece muy bien, pero esto no es un nuevo marco legal, como han descrito ustedes en el libro de los presupuestos del año 2005. Yo creo que un nuevo marco legal es otra cosa. Mejorar la gestión nos parece estupendo y estamos de acuerdo en ello.


Finalmente quería agradecerle sus explicaciones, pero no nos ha contestado, no nos ha dado datos, y le agradeceré que en este segundo turno me pueda hablar tanto de las nuevas desaladoras que están en el presupuesto como de las obras que mejoran la gestión del agua que no estuvieran ya en los presupuestos de 2004, sino que sean obras nuevas de las que ha anunciado la señora ministra.


El señor PRESIDENTE: Por parte de la Chunta Aragonesista, el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Desde Chunta Aragonesista queríamos preguntar una serie de cosas muy concretas.


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Yo le he dicho que Acesa ha sido siempre una empresa de inversiones absolutamente ocultista, y como entre 2000 y 2003 sólo se invirtió el 24 por ciento de los presupuestos de una sociedad que tenía mucho dinero, ahora que hemos acabado con el trasvase y que hemos visto cómo los presupuestos de Medio Ambiente han descendido en Aragón, nos gustaría saber si de esa sociedad, Acesa, se podría sacar algún resultado positivo para Aragón, porque nunca hemos sabido qué dinero había ahí, dónde estaba, dónde se ocultaba y a dónde salía, porque al final no salía nunca, salía un 24 por ciento del dinero que había.


Otro tema sobre el que a lo mejor nos podría usted contestar, no aquí, pero sí por escrito, es qué es lo que hay en la partida genérica denominada otras actuaciones cuenca del Ebro, porque también parece otro cajón de sastre típico de los gobiernos anteriores, cuando se metían cosas rarísimas.


Yo vuelvo a insistir. Usted ha dicho que las actuaciones en la ribera del Ebro irán apareciendo poco a poco, mientras que yo creo que las riberas del Ebro a su paso por Zaragoza necesitan una inversión rápida. A lo mejor de Acesa se podría sacar algo para invertir allí y mejorar las riberas del Ebro para empezar en 2005 y no esperar a la Expo, que es como una lotería, puede tocar o no. El Ebro a su paso por Zaragoza en este momento, con todos los problemas que tiene abajo de las aguas del Ebro, debería ser importante.


Por otra parte, me alegro mucho de que haya dicho usted que el Santa Liestra definitivamente es no, me gustaría que Biscarrués fuera también no, pero lo que no sabemos muy bien es cómo siguen ustedes invirtiendo 27 millones de euros en el pantano de Yesa cuando hay un proceso judicial muy complicado por el que hay personalidades de la Administración anterior que ya están procesadas y posiblemente tienen que comparecer en el juicio. El pantano de Yesa es una especie de locura, es como el Plan Hidrológico Nacional, había que hacerlo por encima de todo. Se está demostrando que es una obra faraónica que no tiene mucho sentido, porque además de los 500 hectómetros cúbicos que se quieren subir se habla siempre de los regadíos de Cinco Villas y de Bardenas, pero la verdad es que para esos regadíos solamente se quedaría un 10 por ciento de esa ampliación y el resto nos dicen que sería agua para que los de Zaragoza bebamos agua del Pirineo. Pues muchas gracias, pero quedaría mucha más agua y nosotros pensamos, y así lo dijo el señor Matas un día que estuvo en Yesa, que allí se estaba empezando el trasvase del Ebro, allí se estaba conteniendo el agua para los futuros trasvases del Ebro. Ahora que hemos acabado con el trasvase del Ebro, ¿por qué hay que seguir aumentando Yesa? Es otra pregunta que yo le haría.


Otra cosa que no acabo de entender muy bien es que ha dicho que había un presupuesto de 50 millones para Teruel y se invirtieron solamente tres, me parece. ¿En qué se invirtió esto? Sería de Acesa, seguro, que era como un lugar extraño donde entraban y salían los dineros.


Esas son las preguntas que quería hacerle.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Simón.


El señor SIMÓN DE LA TORRE: Por educación, quiero agradecerle al secretario general las explicaciones que nos ha dado y matizar dos cosas.
Era imposible, en el tiempo que tenía, contestar a todo lo que se le preguntaba, pero han sido muy aclaratorias sus explicaciones, sobre todo porque yo acabo de descubrir, aunque tenía esa convicción -pero, como siempre, desde ese lado, en los años de Gobierno del Partido Popular se nos decía que no y yo quería creer que no me mentían-, que muchas de las obras que estaban en el anexo del Plan Hidrológico Nacional, cuando se pusieron, ya estaban empezadas y algunas incluso terminadas. Yo quería que me aclarara si esto es así.


Por último quiero felicitarle, porque con su exposición usted ha logrado algo que no había ocurrido aquí en la pasada legislatura, cuando gobernaba el Partido Popular, y es que, aunque echásemos la culpa a las comunidades socialistas, el Grupo Popular sí va a votar a los treinta años en la renovación de la Ley de Montes, porque dirían lo que dijesen las comunidades autónomas socialistas, pero el Grupo Popular y su portavoz hoy votaron que no a la enmienda que en nombre del Grupo Socialista presenté a la Ley de Montes.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Serrano Rodríguez.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD (Serrano Rodríguez): Con respecto a las desaladoras, las inversiones, como antes he señalado, están recogidas dentro de los presupuestos de Acuamed y dentro de las actuaciones que corresponden en algunos casos a algunas sociedades de agua o alguna confederación hidrográfica. Las desaladoras son: una desaladora en el Bajo Almanzora, Acuamed, cuenca del sur, inversión para el año 2005, 8.400.000, y ya en el año 2004 había una inversión de 4.000.000. Una desaladora en Níjar, Acuamed sur, inversión en el año 2005, 5.550.000; inversión en el año 2004, 3.000.000.
Desalación en el poniente almeriense, a desarrollar por Acuamed, inversión en el año 2005, 2.025.000; inversión prevista para 2004, 1.500.000. Desaladora en el Campo de Dalías, que seguramente sea un sistema de desaladoras, probablemente tres desaladoras, según se está llegando a acuerdo con los regantes, inversión para el año 2005, 8.400.000; inversión prevista para 2004, 4.000.000. Todas estas desaladoras están contempladas dentro de la Confederación Sur y corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía.


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En el caso de la cuenca del Segura, tenemos también una serie de actuaciones que implican remodelación y ampliación de desaladoras existentes en algunos casos; en otros implican la realización de nuevas desaladoras. En concreto, por parte de Aguas de la Cuenca del Segura está prevista la desaladora de agua en el sector norte y sur de Campo de Cartagena, que era una desaladora existente que se va a ampliar, cuyo presupuesto total era de 93 millones de euros y hasta la actualidad se había realizado una inversión bajísima, y lo que está previsto para 2005 son aproximadamente 17 millones de euros.


Otras desaladoras. Una planta desaladora a desarrollar por Acuamed para garantizar los regadíos del trasvase Tajo-Segura con una inversión prevista de 6 millones para este año y 11.100.000 para el presupuesto de 2005. Hay una planta desaladora para el Guadalentín prevista por Acuamed con un presupuesto para este año de 3 millones y con un presupuesto para 2005 de 5.055.000. Hay una planta desaladora para riego en Murcia prevista por Acuamed con un presupuesto para este año de 1,5 millones y con un presupuesto para el año 2005 de 4.275.000. Hay una ampliación de la desaladora de los Canales del Taibilla, en Alicante, una duplicación de la desaladora existente, con una inversión prevista para 2005 de 5,5 millones. Hay una nueva desaladora para la comarca de L'Alicantí y la Vega Baja con un presupuesto previsto de 11,1 millones. Hay una planta desaladora previsible para La Pedrera a desarrollar por Acuamed, con un presupuesto de 2,7 millones de euros. Hay una planta desaladora para Acuamed en Pilar de la Horadada, con un presupuesto de 1,35 millones de euros. Hay unas previsiones de intervención en desalación, que es más bien desalobración, en la Marina Baja, con unos presupuestos de 7,1 millones de euros. Está prevista la duplicación de la desaladora de Jávea, con un presupuesto de 4 millones de euros. Y está prevista, en su caso, una desaladora en la Marina Alta, con un presupuesto de 4 millones de euros. Desde la Marina Alta hacia el Norte sólo está prevista la ampliación de la desaladora en la Tordera, en Cataluña, con unos presupuestos para 2005 de 2,1 millones de euros, y la nueva desaladora para Barcelona, con unos presupuestos de 30 millones de euros para el año 2005. Esas son las desaladoras y los presupuestos previstos para el año que viene.


Con respecto a La Breña 2, es una presa que tenía problemas de cofinanciación en la Unión Europea, es una presa que las sociedades de regantes consideran fundamental y es una presa a la cual la Unión Europea ha puesto una serie de condicionantes ambientales para su desarrollo.
Para vigilar el cumplimiento de esos condicionantes, donde el fundamental es que no haya nuevas superficies de regadío, se ha creado una comisión en la que participan la comunidad autónoma, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Medio Ambiente, por supuesto la Comisión Europea. Se está haciendo un seguimiento de la presa que, por lo demás, sigue su marcha, está contemplada dentro de los presupuestos, y si quiere también le puedo dar las cifras presupuestarias previstas para estas obras, tengo que buscarlas en Andalucía, luego si quiere en un momento se las busco.


Con respecto al abastecimiento en Murcia, no han desaparecido las partidas presupuestarias, sino que se han recolocado. Acuamed y Canales del Taibilla, como antes he señalado, son los que pasan a heredar las obras correspondientes a lo que eran actuaciones dentro de esos ámbitos, en concreto las actuaciones correspondientes de Calasparra y Torre-Pacheco no figuran porque se terminan en el año 2004, con lo cual difícilmente van a aparecer en el año 2005. Las otras actuaciones de inversión que había para abastecimiento han quedado subsumidas dentro de las obras que va a desarrollar los Canales del Taibilla y en un caso complementario Acuamed. Por tanto, el abastecimiento en general de Murcia junto al saneamiento son una máxima prioridad y, como antes he señalado, a través de Canales del Taibilla se cubre de una manera prioritaria; además esperamos contar con la colaboración de la comunidad autónoma para el logro de ese objetivo de asegurar el abastecimiento sin ninguna duda.


Con respecto a las cifras de inversión en parques nacionales, no he querido abrumar con las cifras, aunque, por supuesto las podemos comentar. Son cifras que recogen esa filosofía a la que antes hacíamos referencia de potenciar al máximo la calidad ambiental de los parques nacionales. Como antes he señalado pretendemos que las actuaciones sean ejemplares o paradigmáticas de lo que debe ser la actuación correspondiente. Para cada uno de los parques la cifra que corresponde, y también si lo desea los principales objetivos a cubrir en el año 2005, son: para Picos de Europa, 948.000 euros; para Ordesa y Monteperdido, 180.000 euros; para Aigüestortes, 1.100.000 euros; para Cabañeros, 1.968.000 euros; para Tablas de Daimiel, 1.004.000 euros; para el archipiélago de Cabrera, 143.000 euros; para Doñana, 1.324.000 euros; para Sierra Nevada, 2.780.000; para el Teide, 1.315.000; para la Caldera de Taburiente, 821.000; para Garajonay, 923.000; para Timanfaya, 434.000; y para islas Atlánticas, 742.000. Estas son las inversiones previstas dentro de las principales actuaciones a desarrollar en cada uno de los parques nacionales.


Siguiendo con las cuestiones planteadas, hay que señalar que las inversiones en Parques Nacionales varían mucho de un año a otro, porque una actuación de un centro de interpretación puede disparar la inversión en un año en un parque y al año siguiente tener una fuerte caída.
Realmente la inversión de un año refleja inadecuadamente lo que se está haciendo en cada parque nacional, porque hay esas puntas que pueden desvirtuar lo que se hace, pero contestando de una manera concreta a las cifras pedidas, esas serían las cifras de inversión.


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El señor Labordeta me preguntaba por la posible utilidad de Acesa. En este momento Acesa, y se lo puedo confirmar porque también soy consejero de esa sociedad, es una sociedad que creo que, como ha sucedido en prácticamente todas las sociedades, ha enderezado el rumbo. Acesa en la actualidad únicamente va a poner en marcha aquellas obras que efectivamente se cofinancien o haya un compromiso de cofinanciación por los usuarios correspondientes. Por tanto, Acesa no puede enfocar las actuaciones en la ribera del Ebro, porque requeriría que existiera un demandante de recursos que pagara, a través de una tarifa, los correspondientes recursos. Esa actuación corresponderá, en su caso, a la Confederación Hidrográfica del Ebro.


¿Qué ha sucedido en Teruel? Pues igual que en muchas otras provincias con este desfase entre cantidades presupuestadas y cantidades invertidas, que se han ido poniendo en marcha actuaciones que difícilmente se iban a realizar. Hay que recordar, como antes señalaba, que el Plan Hidrológico Nacional era un fondo de saco donde se habían metido todas las actuaciones que desde el año 1985, en algunos casos desde principios del siglo XX, estaban previstas desarrollar en las confederaciones hidrográficas. Hay algunas que podían tener sentido a principios del siglo XX que difícilmente lo tendrían en la actualidad. Evidentemente esas actuaciones no se han llevado a cabo. Otras, en el caso de Teruel, han tenido el problema del freno de Bruselas, de la no cofinanciación de las correspondientes actuaciones, y ello ha dado lugar a que tampoco se hayan podido materializar. Sería el caso del abastecimiento de Alcañiz que sigue todavía teniendo problemas desde el punto de vista de la cofinanciación europea.


Quiero agradecer a SS. SS. las preguntas y espero haber contestado, al menos dentro de mis posibilidades, satisfactoriamente a las mismas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Serrano.


Dejaríamos dos minutos para hacer el cambio, no más, porque si no vamos a perder tiempo y podemos salir muy tarde hoy de aquí.


-DEL SECRETARIO GENERAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO (GONZALO AIZPIRI). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000267.)

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a continuar con la comparecencia del secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, don Arturo Gonzalo Aizpiri.


El Grupo Popular es quien ha hecho la petición y tiene la palabra el señor Pintado por un tiempo máximo de siete minutos.


El señor PINTADO BARBANOJ: Señor presidente, con la mayor celeridad y concisión que sea capaz haré mi intervención.


Doy la bienvenida al secretario general a esta Comisión y le agradezco también por su comparecencia, al tiempo que desde el Grupo Popular ofrecemos nuestro apoyo para trabajar en todos los aspectos relacionados con la protección del medio ambiente y que son competencia de su secretaría general.


En los presupuestos se manifiesta la voluntad en cuanto a la ejecución de las políticas marcadas por un gobierno determinado, en este caso para el Ministerio de Medio Ambiente. Independientemente de la polémica con la que ha arrancado, a nuestro juicio, este ministerio, en relación con todos los temas del agua la paralización de obras importantes del Plan Hidrológico Nacional, nos parece que las palabras y las declaraciones hasta la fecha de la ministra de Medio Ambiente sobre que iba a ser un ministerio de carácter más medioambientalista, a nuestro juicio no se corresponden con la realidad en cuanto a lo que es la función presupuestaria que se ha presentado ese año a la consideración del Congreso de los Diputados.


Digo esto porque las proclamas y declaraciones de intenciones no cuestan dinero, es decir, que se puede salir en los medios de comunicación haciendo grandes panegíricos sobre las intenciones y hacia dónde se quiere llevar el Ministerio, pero al final la realidad, a nuestro juicio, es que, desde el punto de vista medioambiental, este presupuesto creemos y entendemos, y por eso le queremos hacer una serie de consultas, que no recoge ese espíritu manifestado por la ministra. Nos basamos en dos criterios concretos. Uno de ellos es la reducción del propio ámbito competencial de la secretaría general, que a nuestro juicio queda bastante mermada por la aparición de esa nueva Secretaría General de Territorio y Biodiversidad, cuyo titular acaba de comparecer. El otro es la propia introducción del anexo de inversiones, donde se hace referencia a la disminución de ese 13,39 por ciento del presupuesto con respecto al año anterior. Bien es cierto que existe un debate en la sociedad española, en todas las administraciones con relación a la capacidad o no de los departamentos de medio ambiente, bien sean de los gobiernos de las comunidades autónomas o del Gobierno de la nación en cuanto a lo que es la parte ejecutoria, que serían en este caso, básicamente, las obras hidráulicas, todo lo que tenga que ver con el ciclo del agua y, por otro lado, la parte fiscalizadora que le corresponde más directamente a su secretaría general en cuanto al control no solamente de la otra parte del ministerio para que funcionen y apliquen correctamente todas las normativas medioambientales, sino también, lógicamente, en todo el resto de las administraciones, sea la autonómica o la local.


Entendemos que en los presupuestos enviados estamos hablando dentro del ámbito competencial del programa 456.B, del programa 467.F y del programa

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459.B, aunque hemos visto también que hay una serie de partidas presupuestarias, en las que luego entraré con mayor detalle para que usted nos pueda aclarar si es que pueden estar en otros ámbitos, sea en la subsecretaría o en otros órganos. De los ámbitos que hemos recogido como criterios principales, estaría la puesta en marcha del Protocolo de Kioto, dentro de los aspectos de la contaminación, el Instituto Geológico y Minero, la meteorología, los planes de residuos, la descontaminación de suelos (que me ha extrañado poderosamente en la intervención que ha tenido anteriormente el secretario general de Territorio y Biodiversidad, porque entiendo, por lo que he visto en los presupuestos y por lo que hasta ahora he leído del ministerio, que ese es un aspecto que le corresponde a esta secretaría general, en cualquier caso nos gustaría que nos aclarara este concepto) y el control de las declaraciones de impacto ambiental.


Comienzo por esto último. Es el programa 456.B y los estudios de impacto ambiental pasan de 2004 a 2005 de 1,2 millones de euros a 1,6 millones de euros, pero bien es cierto que en la legislatura anterior este programa estaba anexo, iba en el mismo apartado que el programa de prevención de riesgos. Suponemos que lo que ustedes han hecho ha sido apartar, digamos, las partidas correspondientes a ese programa, para dejarlo de este modo.
Número de expedientes 350, número de expedientes para 2005, 400, con proyectos en trámite, 700. Hago especial incidencia en ello, porque una de las preguntas que le quiero hacer es si considera suficiente el aumento presupuestario para dar salida a los expedientes que plantea su secretaría general para el próximo año. Conocemos que durante estos últimos meses ha habido un problema dentro de la subdirección general relacionado con las declaraciones de impacto ambiental en cuanto a no contar -no sabemos por qué se rescindió, pero parece ser que fue la rescisión de un contrato- con un organismo dependiente de la casa, en este caso el Instituto Geológico Minero, para el apoyo en cuanto a las declaraciones de impacto ambiental. Creo que hace pocas fechas se ha solucionado este asunto, pero ha podido suponer una paralización de importantes proyectos en cuanto a la declaración preceptiva de impacto ambiental.


Otra pregunta que le queremos hacer concretamente es si dentro de las partidas de este capítulo está incluida la contratación externa. De no ser así, nos gustaría saber a cuánto asciende esa contratación externa.
También me gustaría manifestarle nuestra preocupación porque las declaraciones de impacto ambiental pueden llegar a ser un cuello de botella que estrangule de una forma peligrosa el desarrollo de inversiones muy importantes no sólo por parte de las administraciones, como podría ser el caso del Ministerio de Fomento con las autovías, los aeropuertos, los puertos, sino también por parte del propio Ministerio de Medio Ambiente en cuanto a declaraciones de impacto ambiental para zonas de regadíos, para embalses, y muy especialmente -y en este sentido tenemos ahora mismo una gran preocupación- con lo que son centrales de carácter térmico o con centrales de ciclo combinado, en cuanto a que hay un parón de expedientes durante estos últimos meses que pone en peligro que estas inversiones se lleven a efecto definitivamente. Con un problema tan serio como el que tenemos en cuanto al abastecimiento energético, nos parece que son proyectos que tienen que ir con una gran celeridad. En cualquier caso, el tema tiene la suficiente enjundia como para que en un momento determinado quizás solicitemos a través de la Comisión una comparecencia explícita para hablar con detalle no solamente de la normativa en relación con las declaraciones de impacto ambiental, sino de cuál es el proceso de estos últimos años y cuál es la orientación que su departamento quiere llevar a efecto.


En cuanto a la gestión de residuos, estudios de la ley de residuos, ley de embalses, nos gustaría que nos hiciera un detalle de cuáles son los convenios que prevén firmar con las comunidades autónomas, si van a prorrogar los actuales convenios que hay hoy en marcha, y también la recuperación de los suelos contaminados con los residuos urbanos. En este sentido, me gustaría aclarar, no por cogerle fuera de juego, ni muchísimo menos, sino por saber exactamente si el aspecto de la descontaminación de suelos, sea de lechos de ríos, que por un lado puede tener la competencia en este caso la parte hidráulica, o bien por ser su secretaría general la que lleva este apartado, el caso concreto del embalse de Flix; y hablamos del embalse de Flix porque en una reciente interpelación de la representante del Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña la propia ministra se ha ido comprometiendo a unas cantidades y al final uno ya no sabe si está en la ficción o en la realidad. Aquí se ha hablado por parte de la portavoz o por parte del secretario general, no recuerdo ahora muy bien, que fueron cantidades que salieron dadas en la prensa. Yo lo que veo en el "Diario de Sesiones" es el compromiso por parte de la ministra de una inversión de hasta 24 millones de euros durante el ejercicio de 2004, y no hemos visto dónde pueden estar estos millones en un programa que anteriormente ha detallado muy bien la portavoz de Esquerra Republicana en cuanto a una serie de actuaciones. Pero también recogía ese "Diario de Sesiones" el total de inversión de 104 millones de euros en relación a lo que sería la ejecución total de ese proyecto, y dentro de lo que es el presupuesto no vemos por ningún sitio que aparezcan estas cantidades. En cualquier caso, el secretario general anteriormente ha dicho que se pensaba realizar con financiación europea, pero nos extraña en cuanto a la aportación de este año, porque si no estaba en ningún programa operativo difícilmente vemos que pueda ser con fondos europeos.
En este caso concreto también le queremos preguntar qué participación prevén de la Generalitat de Cataluña. Y aunque no sea una cuestión presupuestaria quiero decir, a efectos de que conste en el "Diario de Sesiones", que por parte de un portavoz

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se ha dicho que el Gobierno anterior había tratado de ocultar ante la opinión pública el asunto de Flix. Nada más lejos de la realidad, porque el asunto de la contaminación del embalse de Flix data, como dijo la propia ministra, de hace cien años. Es decir, que no solamente son los residuos que ha ido dejando la empresa en el embalse de Flix durante estas últimas décadas, sino de todas las escorrentías que venían de las zonas mineras aguas arriba del embalse de Flix. En este sentido me parece que es bueno no hacer demagogia y no actuar con intenciones quizás torticeras, por utilizar un adjetivo suave, en relación a un hecho que ha aparecido en los medios de comunicación a bombo y platillo, cuando toda la gente de Flix se ha extrañado porque decían que lo sabían absolutamente todos desde hace bastantes años, y hay una serie de controles específicos, como pudimos constatar, a lo largo de las tomas de agua de esa zona para evitar que pueda haber alguna intoxicación o algún problema.


En cuanto al tema de biotecnología, solamente me gustaría consultarle si de los objetivos presupuestarios se puede desprender la autorización de alguna nueva variedad de semillas transgénicas. Hemos visto el cuadro durante la ejecución de 2003-2004 y para el año que viene parece ser que también iría en este sentido. ¿Qué seguimientos se están haciendo hasta la fecha de estas semillas, sobre todo el cumplimiento del etiquetado? También me gustaría saber si hay alguna asignación presupuestaria concreta en cuanto al seguimiento de la comprobación de estos apartados.


Por otro lado, quisiéramos abordar el aspecto del cambio climático. A pesar del bombo y platillo que se le ha dado al hecho de la puesta en marcha del plan de asignaciones nacionales, la publicación del propio decreto en cuanto al mercado de derechos de emisiones, vemos que en el capítulo 6, de inversiones reales, aparece con 1,1 billones de euros. Con lo cual, tras la apuesta de la ministra, el decreto regulador, el plan nacional de asignación de derechos, nos parece que ha habido mucho ruido y pocas nueces. Ya sabemos que de todos aquellos apartados especificados en la directiva al final tiene que haber un cumplimiento determinado con ese plan que se ha puesto encima de la mesa, y que hay unas sanciones, pero no sabemos si el ministerio tiene previsto, a través de la recuperación de esas posibles sanciones económicas, dedicar dinero a los no incluidos; sectores tan importantes como el transporte, la vivienda, los residuos y la agricultura, que suponen un 60 por ciento del total.
Desde el Partido Popular planteamos que a estos sectores se les debería estimular con medidas que incentiven la reducción de las emisiones y que no sea por la vía de la penalización, para crear una nueva cultura, como algún portavoz en sede parlamentaria ha dicho durante estas últimas semanas, en relación a que independientemente de que no estén incluidos, se les pueda ayudar, se les pueda incentivar y motivar con acuerdos del Ministerio de Medio Ambiente con las comunidades autónomas para trabajar en ese sentido. En cualquier caso, respecto a este asunto le proponemos una discusión con todos los sectores implicados y por supuesto también con el propio Parlamento, donde nosotros nos prestamos a analizar este asunto.


Por último, me gustaría decirle que dispone de un presupuesto poco expansivo. A juicio del Partido Popular la ministra se contradice ante lo que podemos llamar las proclamas medioambientalistas. Parece que desde Medio Ambiente se quiere hacer un esfuerzo por los usuarios sin poner prácticamente nada el ministerio, y esto se contradice con lo que han sido sus proclamas en cuanto a esas declaraciones del ministerio de cambiar absolutamente la fachada en relación a dar impulso a las políticas de medio ambiente. Nosotros queremos ayudarle y estimular al ministerio y por eso ya anunciamos que propondremos partidas, modificaciones a través de enmiendas en relación al impacto ambiental, a la gestión de residuos, al cambio climático...


El señor PRESIDENTE: Señor Pintado.


El señor PINTADO BARBANOJ: Termino en treinta segundos, señor presidente.


Además desde de lo que entendemos que debe ser lógico y sin querer hacer algaradas ni llamar la atención con partidas que quizás no fueran siquiera ejecutables.


Termino, y ahora ya sí definitivamente, señor presidente, con una anécdota. Es una anécdota que viene reflejada en el propio documento de presupuestos, en el tomo XIII de la sección 23, del Ministerio de Medio Ambiente, y es que en relación al Instituto de Meteorología ustedes hablan de que recibe un esfuerzo inversor por encima de lo que se ha hecho hasta ahora, y nada más y nada menos que el año 2004 llevaba 2,3 millones de euros y este año bajan ustedes a 360.000 euros. La anécdota se basa en que si usted analiza el mismo documento del año 2004 han copiado literalmente la frase que ponía el año pasado, pero el año pasado sí que subía espectacularmente respecto a 2003. Me gustaría que nos explicara por qué hay un descenso tan importante en cuanto a esta partida.


El señor PRESIDENTE: ¿Alguno de los otros grupos quiere pedir la palabra? Vamos a empezar de mayor a menor por el Grupo Socialista.


La señora ORTIZ RIVAS: En primer lugar, cómo no, quiero agradecer de antemano en nombre del Grupo Socialista al secretario general para la prevención de la contaminación y del cambio climático su comparecencia porque estoy segura que nos aportará datos concretos que necesitamos y, por supuesto, despejará muchas dudas.


Voy a ser muy breve porque además soy consciente de que es un turno que la Presidencia de la Comisión ha tenido a bien concedernos a todos los grupos. Voy a centrarme de forma sintética en algunas cuestiones. En

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concreto, y ha salido ya en las anteriores comparecencias y acaba de hacerlo el portavoz del Grupo Popular, la reflexión primera en cuanto a la subida presupuestaria de la sección en su conjunto del presupuesto del ministerio, concretamente de los programas referidos a esta secretaría general. Obviamente, como es lógico, estoy segura que en cada una de las comisiones en las que están compareciendo los distintos altos cargos de los ministerios todos los portavoces dicen lo mismo, pero se ha hecho una reflexión importante aquí en relación con la subida global del 2,74 por ciento para el ministerio. Aunque al Grupo Socialista le gustaría que fuera más, creemos que el presupuesto es suficiente para llevar a cabo las políticas que se tienen planteadas, teniendo en cuenta que es el primer presupuesto de esta legislatura y, sobre todo, con un razonamiento claro y sencillo, como es la comparación con lo ejecutado realmente en los presupuestos del año 2004 y no con lo que se pintaba en los papeles por el anterior Gobierno. Se hace un gran esfuerzo en ese presupuesto. Si comparamos este presupuesto con lo realmente ejecutado y llevado a cabo, es transparente y claro -por lo tanto, no tiene trampa ni cartón- y se va a ejecutar en su totalidad.


Entro en concreto en algunas partidas de la secretaría general para la prevención. Es verdad que uno de los principales objetivos del presupuesto para el año 2005 ha sido -y lo ha dicho también el portavoz del Grupo Popular- la puesta en marcha del real decreto -en un futuro posiblemente ley- por el que se regula el régimen de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero y la puesta en marcha del mercado de comercio de emisión. El portavoz del Grupo Popular calificaba este planteamiento -no sé si usaba esta expresión- de bombo y platillo.
Aquí hay hechos concretos de un ministerio que en un corto periodo de tiempo ha traído a este Parlamento ese real decreto y ahora tenemos un presupuesto que va a dar -y yo le pido al secretario general que nos lo explique más concretamente- respuesta más que a una promesa, a una realidad. Hemos podido leer todos los portavoces que no hemos estado aquí en anteriores periodos legislativos en los diarios de sesiones cómo el Partido Popular prometía año tras año en los debates presupuestarios que iba a hacer esto y la prueba real es que nunca se llegó a hacer, a pesar de que era una promesa constante en los debates presupuestarios, de lo que ha quedado constancia. El Gobierno del Partido Popular, en este caso, el Grupo Popular, perdió y no tiene legitimidad política, si me permite la expresión, para en este caso concreto hacer un planteamiento cuando hemos visto incumplimientos sistemáticos en esta materia, con el consiguiente perjuicio no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino también empresarial. Por lo tanto, es un tema importante de esta secretaría general. Le pediría al secretario general que nos explicase en concreto cuáles van a ser las actuaciones encaminadas a cumplir este compromiso que ya es más una realidad puesta en marcha.


En concreto, pregunto por el programa 451.O, en el que se produce un incremento, si no tengo mal los datos, del 6,7 por ciento; pregunto por el incremento que se produce en el capítulo 4, así como por las actuaciones que se piensan realizar en colaboración con otras organizaciones y organizaciones no gubernamentales. En otra de las comparecencias también se planteaba la poca participación que en anteriores políticas medioambientales el Gobierno del Partido Popular tenía con organizaciones no gubernamentales. Vemos el capítulo 4 y los posibles convenios, que son una partida que sube. Yo querría que el secretario general nos explicase cuáles van a ser las actuaciones que se tienen pensadas para la ejecución de estas partidas. Igualmente sería importante saber cómo se van a orientar en esta nueva etapa, con una propuesta concreta de la Oficina para el Cambio Climático, este tipo de actuaciones.


En el programa 456.B se produce un decremento y queríamos saber a qué es debido. Una de las cosas que ha quedado clara -además, ya el anterior secretario general hacía referencia en su comparencia- es que se ha producido una nueva reestructuración organizativa y algunos de los programas que estaban ubicados aquí han pasado a la otra secretaría general como, por ejemplo, las vías verdes -creo que ha sido-. Por lo tanto, querríamos que el secretario general nos explicase este decremento y si se podría justificar en parte por el cambio de la estructura organizativa en el tema de caminos naturales y de vías verdes. Un tema muy importante al que se ha hecho referencia es la gestión de los residuos y los convenios con las comunidades y con los ayuntamientos. Me gustaría saber las líneas de actuación específicas.


Ha salido también el programa de caracterización y sensibilización de suelos contaminados. Es verdad que ya hemos hablado también con el anterior secretario general en la Comisión. El debate sobre la contaminación del embalse de Flix es un debate que ya se ha producido en esta Cámara en distintas ocasiones. Decía el portavoz del Partido Popular que cómo decíamos desde el Grupo Socialista que se habían escondido los posibles informes de contaminación si hacía más de 100 años que todo el mundo lo sabía. Si hacía más de 100 años que todo el mundo lo sabía, la pregunta obvia es cómo sabiéndolo el Gobierno del Partido Popular no hizo nada durante ocho años; parece que es de sentido común. Por tanto, pregunto por esa actuación. Nos parece importante el programa globalmente. No sé si, en concreto, esta actuación corresponde a esta secretaría general o tiene que ver más con políticas de agua, por ser un embalse; quizás sería bueno concretarlo. En este tipo de actuaciones también es muy importante conocer las líneas de las nuevas partidas presupuestarias para lo que son los temas de I + D. Veo que el presidente me hace señas, acabo entonces rápidamente.


Por último, la referencia que se hacía desde el Grupo Popular acerca de la preocupación, que también es nuestra, sobre la gestión de los informes de evaluación

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de impacto ambiental. Decía -y puedo coincidir con las afirmaciones del portavoz del Grupo Popular- que las declaraciones de impacto ambiental han sido un cuello de botella que ha estrangulado en muchas ocasiones la inversión, y lo ha puesto en pasado, como debe ser: han sido, porque estamos hablando de un gobierno que lleva menos de seis meses, de una secretaría general y de un programa que es el primer presupuesto.
Verdaderamente hay que trabajar, y le pediría al secretario general que nos especificase las actuaciones para que no sigan siendo lo que han sido en el pasado los informes de evaluación -ese cuello de botella- para que se ponga remedio y se puedan acometer con la rapidez que sea necesaria.


Finalmente, nos debería explicar el secretario general el programa de meteorología porque querría saber a qué es debido que se diga a veces, por un lado, que baja y, por otro, yo tengo aquí que el capítulo 6 sufre un importante crecimiento.


Pienso que pueden ser unos buenos presupuestos para iniciar una legislatura y para abordar las políticas que tiene encomendada la secretaría general.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Esquerra Republicana, la señora Bonás.


La señora BONÁS PAHISA: Muy brevemente.


Señor secretario, yo también estoy buscando la partida del embalse de Flix, primera fase. Igual usted sabe dónde está.


Respecto a residuos, usted sabe que en Cataluña hay un problema grave, los purines, y ha sido transferido, pero hay recursos del Gobierno del Estado. Queríamos saber si parte de estos recursos se destinarán a resolver el problema de los purines de Cataluña. (La señora vicepresidenta, García-Hierro Caraballo, ocupa la Presidencia.) La Oficina del Cambio Climático. Hemos visto que se prevén recursos para convenios con entidades locales, con ayuntamientos; en cambio, con las comunidades autónomas, que van a tener una función si no de responsabilidad en cuanto a dar derechos de emisiones sí de gestionar estos derechos, no hemos visto que esté previsto ningún fondo para que puedan gestionarlos. Respecto a meteorología, la inversión para el año 2004 en toda Cataluña será de 400.000 euros. No sabemos qué se puede hacer con esto.


La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Tiene la palabra el secretario general técnico y, posteriormente, habrá un turno brevísimo.
Vayan apuntando las dudas para preguntar, aunque también pueden hacerlo por escrito y se les contestará de igual manera.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO (Gonzalo Aizpiri): Siendo esta mi primera comparecencia ante la Comisión, me pongo enteramente a su disposición para, conjuntamente, llevar adelante todas las iniciativas que consideren oportunas en este ámbito, que todos los son, pero éste singularmente es responsabilidad de todos.


Empezaré contestando a las preguntas del señor Pintado, que iniciaba su intervención con un ofrecimiento de apoyo para trabajar conjuntamente, ofrecimiento que acepto y agradezco. Es nuestra voluntad que las iniciativas de medio ambiente conciten el mayor consenso posible dentro de la Cámara. Eso es bueno para la estabilidad a largo plazo de las políticas ambientales y, en ese sentido, nos congratulamos, por ejemplo, ante la unanimidad que ha suscitado la convalidación del Real Decreto-ley de comercio de emisiones. Cuenten con mi mejor disposición para venir todas las veces que sea necesario a discutir con todo detalle los asuntos concretos de su interés. La propuesta que trae a esta Cámara el Gobierno en el ámbito de mi secretaría general refleja ciertamente ese impulso político que el Gobierno quiere dar a los asuntos ambientales en esta legislatura, y voy a intentar explicarlo. Su señoría se ha referido a la reducción del ámbito competencial de la secretaría general. En realidad, ha habido una reorganización del ministerio en distintos centros directivos. Respecto a la situación anterior, ha salido de la responsabilidad de la secretaría general -entendiendo que somos herederos más o menos directos de la anterior Secretaría General de Medio Ambiente- la Dirección General de Biodiversidad -tal como se llama actualmente- y, sin embargo, se ha adscrito a la secretaría general la Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología. En conjunto, la secretaría general resulta un ámbito de responsabilidad más razonable, más coherente, más, si me permiten la palabra, sinérgico. Dentro de la secretaría general queda la Oficina del Cambio Climático, Calidad y Evaluación Ambiental y el Instituto Nacional de Meteorología, áreas entre las que hay evidentes coincidencias. Precisamente esta nueva conformación de la secretaría general nos va a permitir optimizar esas áreas de coincidencia. Por ejemplo, en el ámbito de la atmósfera tenemos el departamento que se ocupa del cambio climático, tenemos la dirección general que elabora las normas que tienen que ver con la calidad del aire, que hace los inventarios de emisiones de España y que administra las redes de medida de la contaminación atmosférica, y tenemos el Instituto Nacional de Meteorología, con todas su capacidades de obtención de datos, de realizar el estudio y la predicción del clima y su comportamiento. Entendemos que con esta nueva configuración de la secretaría general vamos a poder aprovechar al máximo las capacidades de estas tres áreas en temas, como este que he mencionado, de enorme importancia. Por tanto, mi opinión es que no se produce una reducción del ámbito competencial, sino un nuevo ajuste con mayor coherencia interna y con mayor capacidad de aprovechamiento de los recursos de las dos direcciones generales y de la oficina en ámbitos de coincidencia.


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Respecto al comportamiento general del presupuesto de la secretaría general, diré que, en términos homogéneos, se incrementa en un 12,3 por ciento, excluyendo el capítulo 1. Digo que en términos homogéneos porque, efectivamente, hay programas que anteriormente estaban en el ámbito de la secretaría general y que ahora han pasado a la Secretaría General de Territorio y Biodiversidad. El más importante de ellos es el programa de caminos naturales, que tiene un importe superior a ocho millones de euros, que ya está en el presupuesto de la Secretaría General de Territorio y Biodiversidad, y algún convenio específico, en particular uno en las Islas Baleares, con un importe próximo a los tres millones de euros. Por tanto, en términos homogéneos, la secretaría general pasa de un presupuesto de aproximadamente 109,2 millones de euros a un presupuesto de 122,6 millones de euros, un incremento de 12,3 millones de euros, ciertamente significativo y que va a ser suficiente para llevar adelante las prioridades políticas del Gobierno. Por tanto, en conjunto no se produce una disminución del 13 por ciento, sino un incremento de casi exactamente esa cifra.


Abordaré ahora los distintos temas que ha planteado su señoría. Evaluación de impacto ambiental. Comparto plenamente con S.S. y con la señora Ortiz, la portavoz del Grupo Socialista, la extraordinaria importancia que tiene la evaluación de impacto ambiental como elemento decisorio en relación a la obra pública que se hace en España por la Administración General del Estado y, en general, en la organización del sistema energético, y compartimos la preocupación sobre el efecto que el retraso en la tramitación de estos expedientes puede tener sobre esa obra pública y sobre la modernización del sistema energético en España. Ciertamente, en los últimos años se ha venido produciendo un retraso cada vez más preocupante, que se corresponde en gran medida con un incremento casi exponencial del número de expedientes que se han sometido a la declaración de impacto ambiental. Le doy las cifras de los últimos años.
En el año 2001 entraron en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 346 expedientes; en el año 2002, 431; en 2003, 515, y en 2004, a esta fecha, 475. Algunos de estos expedientes finalmente no tienen que ser sometidos a declaración de impacto ambiental y se someten al procedimiento de evaluación previa, siendo proyectos del anexo 2 y, por tanto, queda a juicio del órgano ambiental si deben ser o no objeto de declaración de impacto ambiental, de ahí esa discrepancia aparente con los números que figuran en la memoria de los presupuestos. Como ven, el incremento es notable; sin embargo, el número de declaraciones de impacto ambiental realmente formuladas en estos mismos años ha sido: en 2001, 86; en 2002, 74; en 2003, 109, y en 2004, hasta el día de hoy, 41. Nuevamente hago notar que en algunos casos los expedientes se han resuelto, por ser proyectos de anexo 2, estimando que no requerían la evaluación completa de impacto ambiental.


Estas cifras han conducido inevitablemente a una acumulación cada vez mayor de expedientes esperando su resolución. Ha citado la cifra de 700; estos son expedientes vivos, pero hay muchos otros que tienen una cierta paralización por falta de respuesta del promotor. Hoy, los expedientes que están en la secretaría general esperando resolución, muchos de ellos paralizados en algunos casos desde hace cuatro y cinco años por falta de respuesta del promotor, son 1.627; a 31 de diciembre de 2003, 1.282; a 31 de diciembre de 2002, 1.030; a 31 de diciembre de 2001, 830. Obviamente, hay una situación de acumulación y retraso progresivo en estos expedientes que nos preocupa a todos. No cabe duda de que se ha hecho un esfuerzo, pero tampoco cabe duda de que ese esfuerzo no ha sido suficiente. Por ejemplo, ha venido creciendo el número de funcionarios dedicados a estas tareas (en 2001, 17; en 2002, 20; en 2003, 20 nuevamente, y en 2004, 25), pero mucho más lentamente que el número de expedientes en tramitación. Esto es algo que nos debe preocupar a todos y desde luego le preocupa al Gobierno.


¿Qué vamos a hacer para intentar resolver esta cuestión? Hemos hecho una reorganización de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de modo que funcionarios dedicados a otras tareas que estimamos que no eran estrictamente prioritarias se han dedicado a partir de ahora a tareas de evaluación de impacto ambiental. Eso significa que, de los 25 funcionarios técnicos que están hoy trabajando en esta materia, pasamos a partir del 1 de enero a 32. Es un incremento quizá modesto en términos absolutos, pero es casi un 30 por ciento de incremento de los recursos técnicos dedicados a esta materia. Presupuestariamente hablando, hemos hecho también un esfuerzo importante. En el año 2004, asistencias técnicas de distinta naturaleza, la principal de ellas con el Instituto Geológico Minero de España, sumaban 546.000 euros en total (hay algunos convenios que no están íntegramente dedicados a esta materia, por tanto lo que incluyo en esta cifra es la parte proporcional de esas asistencias técnicas dedicadas a esta materia) y pasamos en 2005 a 1.668.000 euros, es decir, un incremento de un 205 por ciento, o lo que es lo mismo multiplicar por tres la cantidad anterior. Dentro de esta previsión, incluimos asistencia técnica para la evaluación ambiental estratégica, que es una responsabilidad nueva, como saben perfectamente. Este año esperamos enviar al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley para trasponer la Directiva de evaluación ambiental estratégica, lo que va a ocasionar una nueva carga de trabajo para la dirección general muy considerable, por lo que tenemos previsto una cierta cantidad en asistencias técnicas para abordar este tema. Existe un esfuerzo del Gobierno, aunque les puedo anticipar que seguro que no es suficiente porque el problema es de gran envergadura, y vamos a tener que recurrir a otras formas de abordar el problema.


En primer lugar, estimamos que debemos valorar alguna modificación normativa para evitar lo que les he

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explicado, que haya proyectos que están desde hace años esperando una respuesta del promotor, con lo que eso supone de cierto bloqueo o ralentización de todo el expediente administrativo. Esto es particularmente visible en áreas como la que usted ha mencionado de los ciclos combinados. Fíjese que en este momento tenemos en tramitación en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental aproximadamente 40.000 megavatios de ciclos combinados, que es mucho más de lo que necesita España en los próximos 10 años como nueva potencia de generación. Se ha producido en esta materia un fenómeno en algún caso; naturalmente no quiero prejuzgar la intención de los operadores, pero al menos el resultado concreto ha sido un cierto bloqueo de la tramitación de proyectos.


La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental tiene un sistema riguroso de turno, de modo que se van resolviendo los expedientes en orden de entrada; eso significa que proyectos que el promotor está gestionando con extraordinaria lentitud están causando un retraso en la aprobación de otros proyectos en los que el promotor puede tener una voluntad mucho más clara de llevar adelante el proyecto y una mayor agilidad en su tramitación. Esto en algunos casos lleva a extremos un tanto absurdos. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en este momento, tenemos en tramitación siete proyectos que suman casi 8.000 megavatios; tenemos noticias de que se va a presentar próximamente otro importante que llevaría la cifra total casi a 10.000 megavatios en un radio de unos 30 kilómetros, una zona geográfica relativamente pequeña. Nos parece que tenemos que abordar esto, primero, ajustando la normativa de modo que los proyectos queden sin efecto cuando hay una falta de respuesta del promotor, y queremos también abordar el problema globalmente con las administraciones regionales. En este caso concreto de la Comunidad de Madrid, que lo menciono expresamente porque hay proyectos como el de Morata de Tajuña o el de la finca La Torrecilla en las proximidades de Vademingómez que han sido objeto de una gran polémica pública, nos parece que es bueno que las dos administraciones hablemos de cuál es la visión del sistema energético en cada territorio. En este caso concreto les anticipo que hemos propuesto a la Comunidad de Madrid una reunión para conocer las previsiones de planificación energética que tiene la Comunidad de Madrid, que ha anunciado que está elaborando un plan energético regional. Por tanto, estamos de acuerdo con la preocupación que han expresado. Como ven por las cifras, es una situación que ha venido agravándose de forma significativa en los últimos años, creemos que el Gobierno demuestra con claridad, con las cifras que les he dado, la voluntad de abordar seriamente este problema, creemos que va a necesitar también alguna modificación normativa y una más estrecha colaboración institucional. Ha anticipado S.S. que tal vez haya una comparecencia específica sobre esta materia y con muchísimo gusto podremos abordar con más detalle estas cuestiones.


En cuanto a la gestión de residuos, me preguntaba por los convenios con las comunidades autónomas. Los convenios con las comunidades autónomas se amparan en el Plan nacional de residuos que tiene vigencia hasta final del año 2005, por tanto, nuestra voluntad es mantener esa línea de colaboración con las comunidades autónomas al menos hasta final del año que viene y la previsión presupuestaria en ese sentido da continuidad a los convenios existentes. ¿Estamos plenamente satisfechos? Le diré que no, tenemos graves problemas de ejecución presupuestaria en esa partida porque la ejecución por la secretaría general depende de la certificación de los trabajos por las comunidades autónomas. Como sabe, estos convenios contemplan la financiación al 50 por ciento de las actuaciones y, para poder librar los pagos, necesitamos que la comunidad autónoma certifique haber hecho los trabajos correspondientes. A este respecto la situación no es satisfactoria, hay importantes retrasos en la certificación de los trabajos y pensamos que el año próximo, encarando el final del Plan nacional de residuos, debemos estudiar en la conferencia sectorial si el instrumento que se está aplicando es plenamente satisfactorio o no porque, como decía, hay retrasos muy considerables en esta materia en algunas comunidades autónomas incluso de algunos ejercicios anteriores.


En cuanto a suelos contaminados -y abordo aquí la pregunta que me han hecho los tres portavoces sobre el embalse de Flix-, les diré que la secretaría general es responsable de elaborar la normativa relativa a suelos contaminados y de dirigir los trabajos de inventario, estudios técnicos, etcétera, con ámbito nacional, pero la secretaría general no es responsable de descontaminar los suelos. La clave en esta materia va a ser el real decreto de suelos contaminados, que esperamos que se envíe al Consejo de Ministros en este mismo año. El texto ha sido ya acordado íntegramente con las comunidades autónomas y ha sido remitido al Consejo asesor de Medio Ambiente, como es preceptivo, para que haga comentarios, en este caso para agilizar el proceso por escrito en un plazo de quince días. Tenemos, como saben, conferencia sectorial de Medio Ambiente la semana que viene; confiamos en que para entonces se va a poder dar el visto bueno definitivo al texto e inmediatamente empezará su tramitación para la aprobación en Consejo de Ministros.


El real decreto de suelos contaminados atribuye la responsabilidad de la descontaminación al titular o al poseedor del suelo, y en este caso, estando el suelo contaminado en dominio público hidráulico, su descontaminación será responsabilidad de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, como si lo estuviera en dominio público marítimo o terrestre. Si el suelo contaminado está en un suelo particular, será su propietario el responsable, y así sucesivamente. Por tanto, en el caso de Flix, la parte que está fuera de la

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lámina de agua, porque la contaminación sumergida es otro problema, será responsabilidad del titular de ese suelo, que en este caso será la confederación.¿Cuál es la previsión de actuación de la secretaria general a este respecto? La secretaria general tiene claro que, en el momento en que se apruebe el real decreto de suelos contaminados, va a existir una responsabilidad de todos los titulares de suelo cuando esos titulares -en lo que a nosotros concierne directamente- sean de la Administración General del Estado. Es decir, obviamente, hay suelos contaminados del Ministerio de Defensa, en los puertos, en el dominio público hidráulico y marítimo terrestre, en Renfe, en todo tipo de organismos dependientes de la Administración General del Estado. Lo que queremos empezar en 2005 es un inventario de esos suelos que son titularidad de la Administración General del Estado y el inicio de proyectos de remediación para los que tengan mayor urgencia. Desde la secretaria general no vamos a ejecutar todos esos proyectos de remediación, pero queremos agilizar y facilitar a los titulares de los suelos el inicio de las actuaciones de remediación que sean exigibles. Hemos previsto una partida en el capítulo 6, correspondiente a la Dirección General de Calidad y Evaluación, de 8,77 millones de euros para iniciar estos trabajos fundamentalmente de inventario y proyectos de remediación.


En cuanto a las variedades genéticamente modificadas, vamos a seguir cumpliendo con la responsabilidad que tenemos atribuida en esta materia con relación a su autorización. Sin embargo, querría decirles que el Gobierno cree necesario abordar este tema con una prudencia mayor a la que en los últimos años se ha venido teniendo, y me remito a las cifras.
España se ha convertido en el país de la Unión Europea que tiene una mayor superficie cultivada de organismos genéticamente modificados, pero de una forma espectacular. España tiene más superficie cultivada que todos los demás juntos, España se ha elegido como la ventanilla preferente para presentar las solicitudes de autorización. Nos hemos encontrado con que los planes de seguimiento y control, que son responsabilidad de los propios autorizados a realizar la plantación, no se han venido realizando más que excepcionalmente. Nos hemos encontrado que incluso variedades que habían sido autorizadas han sido retiradas por el propio proponente, en este caso porque se ha identificado una resistencia a los antibióticos que resultaba preocupante. Nos parece que tenemos que examinar en su conjunto el problema y diseñar nuevas medidas de control que nos den a todos la garantía y la seguridad de que la supervisión sobre esta materia es suficiente. Por ejemplo, no existe en las aduanas españolas un sistema adecuado de control de las variedades que se importan. Es necesario poner mecanismos de control efectivos, porque lo que no tiene sentido es ser exigente y riguroso en la autorización de nuevas variedades y que luego no haya controles aduaneros suficientes para que esos mismos controles se apliquen a la importación.
Por tanto, vamos a mantener esa actividad, que es nuestra responsabilidad. No tenemos una actitud dogmática apriorística en contra de los OGM, pero es necesario reflexionar entre todos un poco sobre esta materia y ver qué nuevos controles pueden ser suficientes que se estén poniendo realmente en práctica en otros países comunitarios y que expliquen por qué en España esta cuestión está teniendo este enorme desarrollo, mucho mayor que en otros países. No hace falta decir que esto lo tenemos que hacer con los otros ministerios competentes, en particular con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.


En relación con el cambio climático, el presupuesto de la secretaría general refleja esa apuesta política de máxima prioridad en esta materia.
Su señoría ha dicho que en este caso hay mucho ruido y pocas nueces. Si me permite el retruécano, yo le diría que en este caso ha habido poco ruido y muchas nueces. Creemos que el proceso de consenso para la elaboración del real decreto-ley, el Plan nacional de asignación, ha sido excepcionalmente rico, abierto, transparente, participativo, creemos que el nivel de satisfacción entre los agentes directa o indirectamente implicados ha sido alto. Naturalmente, no escucharán esa autosatisfacción de labios del Gobierno, pero hay una percepción de que se ha alcanzado un adecuado punto de equilibrio y de que el esfuerzo que hemos hecho en estos meses ha sido fructífero y ha producido -y por eso he utilizado esa expresión- muchas nueces.


En términos presupuestarios, es cierto que las cantidades absolutas pueden no parecer muy importantes, pero -fíjese- en el año 2004 sumando aquellas partidas de la secretaría general atribuibles directamente a la Oficina Española de Cambio Climático teníamos un presupuesto total, exceptuando el capítulo 1, de 689.000 euros y la suma de todas las partidas en el presupuesto de 2005 asciende a 1.376.000 euros. Ahí hay una pequeña discrepancia con la cifra que ha dado usted que fundamentalmente se debe a aportaciones a la Convención marco de Naciones Unidas sobre cambio climático, al mecanismo de cooperación para el sistema mundial de observación y alguna otra partida menor. Esto supone duplicar el presupuesto anterior. Si tenemos en cuenta las dos partidas de apoyo a iniciativas municipales y de apoyo a iniciativas ciudadanas, a las que luego me referiré, estimando de forma muy conservadora que un 50 por ciento de esas dos partidas se dedique a cambio climático, entonces habremos pasado de 689.000 euros a 2.751.000 euros o, lo que es lo mismo, un crecimiento del 300 por ciento o multiplicar por cuatro la cantidad anterior. Las cantidades absolutas no son impresionantes, pero el crecimiento sí lo es.


Su señoría preguntaba de qué modo con este presupuesto podemos abordar el problema de las emisiones difusas, colaboración con comunidades autónomas, etcétera. La prioridad del Gobierno en esta materia es

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exactamente la de emisiones difusas, pero los recursos presupuestarios para ello no deben estar en esta secretaría general. El instrumento con el que queremos abordar las emisiones difusas es el plan de acción de eficiencia energética, el plan de acción que va a aplicar la estrategia española de eficiencia energética y que va a identificar las medidas adicionales necesarias para alcanzar los objetivos del Plan nacional de asignación. El Plan nacional de asignación español tiene una característica que le diferencia, que yo sepa, de todos los demás, y es que pone objetivos cuantitativos concretos para los sectores difusos. El Plan nacional dice que, además de cumplir todo lo previsto en la E-4 tenemos que ahorrar, en el trienio 2005-2007, 52 millones de toneladas adicionales, que obviamente tenemos -y con mucho gusto les puedo proporcionar esa información- ya atribuidas a los principales sectores que contribuyen a las emisiones difusas, que son el transporte, el residencial, la agricultura, los residuos y los gases fluorados. En este momento se está elaborando este plan de acción para identificar esas medidas adicionales, cuya financiación corresponde a los ministerios que en cada caso sean responsables de la materia. Por ejemplo, en materia de eficiencia energética en edificios es el Ministerio de Vivienda el principal responsable de llevar a cabo las actuaciones correspondientes, que en muchos casos son actuaciones normativas. Por ejemplo, en vivienda la gran urgencia que tenemos es tener un nuevo código técnico de edificación en España, pues el que hoy tenemos es de los años 70. Tenemos que trasponer la Directiva de eficiencia energética en edificios y queremos hacerlo sin agotar el plazo previsto hasta el año 2006. Hoy en España una vivienda nueva puede consumir hasta un 40 por ciento más de energía que una vivienda nueva en Francia; esto tendrá un coste económico para el conjunto del país, pero un ahorro muchísimo mayor. Es decir, muchas de las cosas que debemos hacer no necesitan directamente reflejo presupuestario y en otros casos sí lo necesitan en muchos otros ministerios o en otras administraciones públicas, que luego me referiré a ello. Seguramente no tenemos hoy tiempo de entrar con más detalle en cuáles deben ser las prioridades en estos ámbitos, en cualquier otra ocasión sería de gran interés poder comentarlo.


En cuanto al Instituto Nacional de Meteorología, más allá de que se haya reproducido una frase que si es así es un error que lamento, el Instituto Nacional de Meteorología ha aumentado de forma muy importante su presupuesto. El presupuesto del INM en 2004 era de 55.086.000 euros, el presupuesto del INM en 2005 es de 61,78 millones de euros, exceptuando capítulo 1, repito. Es decir, tiene un presupuesto del 12,5 por ciento.
¿Para qué? Fundamentalmente para la modernización tecnológica del instituto. Como saben, la meteorología tiene un nivel de instrumentación y de automatización cada vez mayor, son equipos con un periodo de obsolescencia muy corto y es necesaria una inversión constante en la actualización tecnológica del instituto. En concreto -y es un tema que ha suscitado también la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-, en el capítulo 6, la inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios pasa de 5,94 millones de euros a 8,56 millones de euros, con un incremento del 43,9 por ciento. Esta partida se dedica a infraestructuras de radares, estaciones automáticas, sistemas de telecomunicaciones, algo a lo que hemos dado una gran importancia este año, al programa nacional del clima. Este es uno de los ámbitos de inversión que tienen que ver con el cambio climático y que no está en la Oficina Española de Cambio Climático, donde tenemos prioridades como las redes de observación climática, el archivo nacional de datos climáticos, etcétera. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Un apartado muy importante en esta materia es la meteorología aeronáutica, donde tenemos un programa de instrumentación de aeropuertos, equipamiento de meteorología para la defensa, etcétera.


Un segundo concepto muy importante en el capítulo 6 es la inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo, donde pasamos de 8,49 millones de euros a 11,53 millones, con un incremento del 35,7 por ciento, y que en general se corresponde con lo que les he dicho anteriormente, solo que con actuaciones de reposición. Puedo destacar algunas: sustitución del actual sistema de recepción del satélite Meteosat, reposición de equipamientos de meteorología aeroportuaria, con renovación en 13 aeropuertos civiles y ocho bases aéreas, etcétera.
Pensamos que este presupuesto permite dar un paso importante en la renovación tecnológica del Instituto Nacional de Meteorología.


Creo que he contestado a las preguntas de S.S., repito mi reconocimiento por sus preguntas y por su ofrecimiento de colaboración; naturalmente nos encontrarán siempre dispuestos a colaborar.


Pasando a las preguntas de la portavoz del Grupo Socialista, en la respuesta al portavoz del Grupo Popular he explicado ya algunas de ellas.
El presupuesto de la Secretaría General tiene un incremento notable, del 12,3 por ciento. En relación con el Protocolo de Kioto, me preguntaba S.S. por cuáles van a ser las actuaciones. Probablemente, el mayor desafío a corto plazo que tenemos desde la Administración General del Estado es la creación y puesta en marcha del registro nacional de derechos de emisión. El registro nacional va a ser la espina dorsal de funcionamiento del sistema. Que España participe en condiciones competitivas en este mercado, lo cual quiere decir que lo hagan sus empresas, exige un registro ágil, eficiente, transparente, seguro, que pueda dar servicio a los usuarios y conectarse adecuadamente con el supervisor central europeo, que va a asegurar la corrección de las transacciones. Fíjense que en este mercado una empresa española va a poder comprar derechos en Lituania y aplicarlos en su cuenta de haberes en España. Por tanto, los registros nacionales no son suficientes, tiene que haber un administrador europeo que case las operaciones entre los dos registros.


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En este momento, el Gobierno está valorando las distintas opciones de gestión y esperamos en el próximo mes tomar una decisión sobre la opción de gestión. ¿Qué quiero decir con ello? El registro está adscrito en el real decreto-ley al Ministerio de Medio Ambiente y es responsabilidad nuestra la gestión del mismo, pero queremos contar con un operador que lleve -valga la redundancia- la llevanza técnica del registro, y ahí queremos acertar.


Estamos evaluando los dos sistemas de software más maduros en el mercado, que son el del Reino Unido y el de Francia. Los distintos países de la Unión se han adherido a uno u otro sistema. En el caso del sistema francés, Alemania, Bélgica, parcialmente la propia Comisión, se han adherido a él y otro gran número de países lo ha hecho al sistema del Reino Unido. Estamos valorando ambos sistemas antes de tomar una decisión y estamos esperando también a que la Comisión apruebe el reglamento de registros que está previsto que reciba la luz verde en noviembre. Por eso, si recuerdan, en el real decreto-ley se dice que, una vez esté aprobado el reglamento comunitario, habrá un desarrollo reglamentario por real decreto de la operación del registro español. Por cierto, que el registro va a tener un carácter esencialmente virtual y electrónico, no es claro que vaya a tener una sede física como tal -lo he comentado estos días con la Generalitat de Cataluña, que como saben ha propuesto que la sede del registro esté en Barcelona- y en gran medida dependerá de cuál sea el operador técnico lo que determine la sede física del registro porque será donde esté la máquina del operador lo que se pueda asociar a la sede física del registro. No obstante, hemos agradecido ese ofrecimiento de la Generalitat de Cataluña y nos hemos comprometido a evaluarlo detenidamente con ellos.


Para completar el esquema hay otra gran prioridad, que en gran medida está en manos de las comunidades autónomas, que es el sistema de seguimiento y notificación. Cuando un operador presenta un informe diciendo que se han emitido 100, una tonelada arriba o abajo son 10 euros arriba o abajo. Por tanto, tener un sistema bien afinado de verificación de datos es esencial para que haya tranquilidad en los operadores y que el mercado funcione correctamente. Para ello estamos ofreciendo a las comunidades autónomas fundamentalmente apoyo técnico, pero he querido mencionarlo porque a nuestro juicio es la segunda gran prioridad para el 2005 en esta materia.
Pensamos que el registro no va a tener un gran esfuerzo económico inicial y está previsto, como en todos los países, que los gastos de operación y mantenimiento sean por cuenta de los propios operadores, de los propios titulares de instalaciones.


Me ha preguntado también S.S. por las actuaciones con ONG. Quiero destacar -y lo he mencionado brevemente respondiendo al portavoz de Grupo Popular-, dada la importancia de las emisiones difusas en el problema, que involucrar a las administraciones locales -y luego me referiré a las comunidades autónomas- y a los propios ciudadanos es esencial para que España efectivamente pueda cumplir con el Protocolo de Kioto. Muchas de las medidas que hay que tomar caen en el ámbito de la competencia municipal y muchas de las acciones que hay que llevar a cabo dependen de la propia voluntad de los ciudadanos de hacerlo. De modo que hemos pensado en dos iniciativas. Primero, un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, que se va a firmar próximamente, para promover la sostenibilidad en las ciudades y específicamente crear una red española de ciudades por el clima. Es una iniciativa que nació en Andalucía con ese nombre. Hoy mismo dicen los teletipos que Castilla-La Mancha ha acordado con una entidad ecologista la creación de una red de ciudades por el clima Castilla-La Mancha. Existen iniciativas muy importantes en ciudades como Barcelona, Vitoria, Bilbao, etcétera.
Queremos apoyar y dar soporte técnico a esas iniciativas. Nuestra idea es una red de ciudades en la que los municipios se adhieran voluntariamente, pero que, al hacerlo, adquieran compromisos concretos en relación con ordenanzas de alumbrado público, ordenanzas de energías renovables en la edificación, de sustitución de combustibles en flotas municipales. Con este convenio nos gustaría apoyar la creación de una secretaría técnica, en la Federación Española de Municipios y Provincias, que respalde esas iniciativas y que al mismo tiempo gestione un sistema de indicadores para comprobar que estos compromisos producen resultados y que no se quedan en una manifestación de deseos más o menos con traducción práctica.


En relación con las organizaciones ciudadanas, nos parece que son una interfase óptima para comprometer a los ciudadanos en esta tarea que es reducir el consumo energético y las emisiones. Todos sabemos que en España hay poca cultura de ahorro energético. El porcentaje de electrodoméstico de alta eficiencia o de luminarias de alta eficiencia y de bajo consumo en los hogares españoles es muy bajo. Hay hábitos de comportamiento que necesitan a nuestro juicio ser corregidos urgentemente. ¿Saben que España es el país que utiliza el vehículo privado en mayor medida para desplazamientos de menos de tres kilómetros? Yo cuando comento esto, a los finlandeses les produce estupor, aunque también caminar por Finlandia en febrero es algo bastante más complicado que en Madrid en julio. De modo que queremos dedicar 1.750.000 euros a prevención de la contaminación y en gran medida específicamente al cambio climático. Por tanto nos parece algo enormemente importante.


Preguntó S.S. por el aparente decremento del presupuesto de la secretaría general. Lo he explicado ya; era en gran medida, como apuntaba, los caminos naturales. En cuanto a la gestión de residuos, me he referido a nuestra voluntad de dar continuidad a los convenios durante el año 2005, en el que concluye el plan nacional. Habrá que elaborar otro, pero teniendo presente que habrá que introducir modificaciones en el enfoque,

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porque no está dando un gran resultado. Por cierto, nos gustaría, a la conclusión de este Plan de Residuos, elaborar una política de residuos mucho más integrada, una estrategia global de residuos de la que cuelguen los planes específicos de las distintas corrientes de residuos, pero sin una visión relativamente fragmentada, que es la que puede existir en este momento por la génesis histórica de cada plan cuando se aprobó la directiva correspondiente, etcétera. Nos gustaría aprovechar la ocasión para dar una visión más integrada a la gestión de los residuos en España.
En el I + D nos parece que la apuesta es muy visible en el presupuesto.
Hemos pasado de 10 millones de euros a 10.920.000, si no recuerdo mal; un incremento de casi un 10 por ciento en I + D para tecnologías de prevención de la contaminación. He explicado también por qué el capítulo 6 sube tan significativamente en el Instituto Nacional de Meteorología.


Por último, contestaré a la portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, la señora Bonás, en relación con el embalse de Flix, lo expliqué ya.
Podemos dar, como estamos haciendo, apoyo técnico, soporte, asesoría, pero la competencia de ejecutar el proyecto no es de la Secretaría general. Obviamente está en examen de qué modo puede comprometerse también a quien la causó, pero el titular en este momento de esos suelos es la Confederación y, como en otros casos, por tanto, la Secretaría general no tiene una competencia directa. Nos preocupan enormemente los purines y sabemos que son una gran dificultad y una importante fuente de contaminación en estos momentos, singularmente en Cataluña. Conocemos la reivindicación de un adecuado tratamiento de la prima para cogeneración en gestión de purines. Sin embargo, a la Secretaría general le gustaría tener un debate más abierto sobre cuál es la mejor técnica de gestión de los purines y con una perspectiva en gran medida de eficiencia energética.


Tenemos la impresión de que la cogeneración que produce calor para evaporar la fracción líquida de los purines, que como sabe S.S. es muy mayoritaria, probablemente no sea la técnica más eficiente de gestión.
Existen hoy tecnologías perfectamente solventes, comerciales, que apuestan por la biodigestión de los purines, producción de biogás, generación incluso de energía eléctrica, pero que resultan mucho más eficientes, visto globalmente, que la tecnología de cogeneración.
Queremos dar todo nuestro apoyo a buscar una solución al problema de los purines. No está en nuestra competencia regular la prima que se paga a la cogeneración para tratamiento de purines, pero sí queremos, en la medida de lo posible, dirigir, como tecnologías preferentes de gestión de los purines, a otras que resultan mucho más eficientes energéticamente. Para ello vamos a hablar con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con los titulares de instalaciones y con las comunidades autónomas, en cuyo territorio está concentrada la cabaña porcina en España. Podemos llevarnos sorpresas eligiendo tecnologías que tienen costes unitarios de tratamiento mucho menores y para ello queremos incluir esta iniciativa. Tampoco quiero desviar el tema por elevación, pero nos parece que en términos generales hay un enorme desconocimiento en España de qué se está haciendo con la biomasa.
Nos parece que la biomasa en España es el gran yacimiento de energía desaprovechado. Hay enormes cantidades de residuos agroganaderos, residuos sólidos urbanos, residuos industriales, que no están siendo adecuadamente gestionados. Nos parece que es prioritario hacer un buen inventario de biomasa en España, ver realmente a dónde está yendo, con qué costes, con qué sistemas logísticos, ver realmente cuál es la mejor forma de gestionar esa biomasa. Le pongo un ejemplo, se estima que hoy unas 300.000 toneladas de harinas cárnicas están yendo a los vertederos.
¿Es eso adecuado o no? Lo mismo ocurre con los purines, de modo que en este año ya hay una actuación prevista en el presupuesto para abordar en su globalidad el problema de la biomasa.


Me preguntaba, señoría, por los convenios con entidades locales, si eso no va a dar lugar a convenios también con las comunidades autónomas.
Nosotros vemos la participación de las comunidades autónomas en esta materia en otro plano, en un plano de corresponsabilidad. El gran instrumento que queremos utilizar es la Comisión de coordinación de políticas de cambio climático que crea el real decreto-ley. Hemos dirigido ya, la ministra de Medio Ambiente, cartas a todos los presidentes de las comunidades autónomas para que designen un representante en esa comisión, que nos urge constituir, porque como saben la comisión tiene que informar la asignación individual que proponga el Gobierno. Esa comisión tiene otras muchas funciones, por ejemplo, fijar los criterios de aceptación de proyectos para los mecanismos de flexibilidad. La autoridad nacional designada española va a trabajar con esos criterios fijados en la comisión de coordinación y, al mismo tiempo, con la posibilidad de firmar convenios de colaboración con aquellas comunidades autónomas que quieran crear centros autonómicos de apoyo a los mecanismos de desarrollo limpio. En el caso de la Generalitat de Catalunya nos ha anticipado su voluntad de crear un centro catalán de apoyo a los mecanismos de flexibilidad y, en cuanto ello sea así, estamos absolutamente dispuestos a firmar un convenio de colaboración específico para esta materia. Yo le diría que nos parece que el problema no es que la Administración General del Estado apoye financieramente esta nueva responsabilidad que ha recaído sobre las comunidades autónomas. Como sabe S.S., igualmente ha recaído esta nueva responsabilidad sobre la Administración General del Estado. Las comunidades autónomas, el Estado, debemos cubrir financieramente nuestras nuevas obligaciones, en su caso buscando sistemas o tasas de precios públicos cuando ello esté justificado, pero la colaboración entre las comunidades autónomas y el Estado tiene mucho más que ver con la gestión compartida

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de un ámbito como éste que con una línea de subvenciones, que creemos que sí se justifica en el caso de las entidades locales.


Respecto a las inversiones del Instituto Nacional de Meteorología en Cataluña, le proporcionaré ese dato concreto, no tengo la impresión de que haya una caída de inversión en Cataluña. De hecho, uno de los proyectos concretos es dotar de equipamiento meteorológico aeronáutico a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y es una iniciativa de gran envergadura. No obstante, con mucho gusto le daré esa información concreta.


El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar un brevísimo turno de réplica o de aclaraciones.


Tiene la palabra el señor Pintado.


El señor PINTADO BARBANOJ: Con mucha brevedad.


En primer lugar quiero agradecer la información facilitada y lo bien estructurada que ha estado. Ha sido fácil seguirle en cuanto a cómo está planteada. Deseo hablar de tres cuestiones: sobre el tema del impacto ambiental en relación con las declaraciones, hay una contradicción entre los datos que nos ha dado y lo que nos aporta en su presupuesto con relación al 2004. Nos ha hablado de que había quinientos y pico millones y en el presupuesto del año pasado aparecen 1.218 millones y tanto su previsión como la de los años anteriores incluyen declaraciones de impacto ambiental formuladas de mayor importancia. Decía la portavoz del Grupo Socialista que habíamos reconocido que la declaración era un problema. Realmente es un problema de la Administración bastante serio en cuanto al poder dar salida no solamente en el ámbito de la Administración General del Estado, sino también de las comunidades autónomas. Valoramos positivamente el esfuerzo que se hace por parte de la Secretaría General y tiene nuestro apoyo para que incluso se vaya haciendo la normativa que nos anunciaba el secretario general, para tratar de limar y de quitar peso, que al final lo que hace es retrasar este asunto.


En cuanto a la biotecnología, le pediría la superficie actual en España de cultivos transgénicos. Creemos que la más importante es la de maíz, aunque es posible que haya también de soja. Quiero hacer una pequeña reflexión. Aquí ha habido distintos posicionamientos independientemente del grupo político al que se pertenecía, porque el propio Partido Socialista ha manifestado su voluntad de seguir adelante con los alimentos transgénicos y el Partido Popular también y a los hechos nos remitimos. Sin embargo, vemos el grave problema que hay en cuanto a lo que supone, sobre todo en el sudeste asiático, la gran proliferación de miles y miles de hectáreas de superficie de cultivo, tanto de soja como de arroz y últimamente también de maíz, lo que puede suponer el impacto en cuanto al tema de los precios de la competencia para nuestra agricultura europea.


Por último, en relación con el tema que ha tocado de las energías renovables y de la biomasa, tema apasionante, recientemente he tenido la oportunidad de estar en alguna de estas plantas y lógicamente hablamos de energías renovables, energías muy interesantes, desde el punto de vista de la Administración, desde el punto de vista de los usuarios, especialmente desde el punto de vista medioambiental, pero en cuanto a la aplicación de las tarifas, incluso con los regímenes especiales, la rentabilidad de estas plantas hoy sigue siendo un problema que con la aplicación de las tecnologías es muy posible que consigamos paliar. Ellos hablan de ir por el camino de en medio, que es variar las tarifas de régimen especial para conseguir una rentabilidad más rápida, pero sí me parece que estamos en buena dirección en tanto en cuanto sigamos promocionando ese tipo de energías y apoyando lo que son las energías renovables. Sobre el Plan nacional de asignación, los objetivos cuantitativos de las emisiones o de los grupos que no están sujetos en la directiva comunitaria, estos 52 millones de toneladas, deseo preguntarle si el seguimiento de ese control de la emisión difusa, si esos indicadores están previstos solamente para convenios, en este caso para la Federación Española de Municipios y Provincias, o también va a haber otro tipo de indicadores que nos permitan, ya no como parlamentarios, sino como ciudadanos, hacer un seguimiento y un control para saber exactamente en qué situación estamos dentro del Plan nacional.


El señor PRESIDENTE: Señora Ortiz, le ruego que sea breve.


La señora ORTIZ RIVAS: Sí, muy brevemente.


Solo quiero apuntar una cuestión muy concreta por eso de que ha salido la gestión de los residuos y de la biomasa de mi provincia, pero sin ánimo de profundizar en ello. También está el tema de los residuos que genera la agricultura intensiva, como es el caso de mi provincia, y las posibilidades que ofrece para el futuro. No quiero abrir ningún debate.
Solamente agradecer al secretario general su intervención y sus aportaciones, que han sido muy aclaratorias y muy exhaustivas.


El señor PRESIDENTE: Señora Bonás, ¿quiere añadir algo?

La señora BONÁS PAHISA: Solamente le quiero dar las gracias.


El señor PRESIDENTE: El señor Gonzalo tiene la palabra.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO (Gonzalo Aizpiri): En relación con las cuestiones del señor Pintado, y también muy brevemente, la contradicción sobre los datos

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del presupuesto de 2004 tiene su origen en que había una importante partida de asistencia técnica que sólo parcialmente estaba dedicada a evaluación de impacto ambiental. Hemos hecho un prorrateo en esa partida y le puedo decir que aproximadamente medio millón de euros correspondía a evaluación de impacto ambiental y por la carga de trabajo que ha tenido esa asistencia técnica hemos estimado sólo una tercera parte. En todo caso, el debate que hemos tenido se puede mantener más o menos en sus mismos términos. Pero creo que la causa es esa. Respecto a los OGM, es el maíz el que hoy está siendo cultivado en España. Ha habido autorizaciones para la soja, pero para procesamiento, no todavía para cultivo y de hecho esa ha sido una preocupación tradicionalmente del Ministerio de Agricultura, porque se entiende que es una pérdida de competitividad autorizar la importación de una variedad genéticamente modificada, pero no su cultivo, desde el punto de vista de la preocupación por la competencia. Respecto a la competencia, deberemos trabajar para preservarla estableciendo los adecuados controles aduaneros, como he dicho anteriormente, y haciendo cumplir la normativa de etiquetado y trazabilidad. Los consumidores tienen que tener derecho a elegir y eso significa asegurar que se aplica esa normativa. De lo contrario podremos entrar en una situación de desventaja competitiva, que naturalmente este Gobierno quiere evitar. Tenemos que preservar la competitividad de la agricultura, el derecho a elegir y la protección de la salud pública y del medio ambiente. Tenemos que reunir esos tres objetivos.


En cuanto a las energías renovables, hay un impacto en la tarifa del sistema de primas a las energías renovables. Nuestra convicción es que eso resulta rentable. No me meteré ahora en el detalle de lo que le cuesta a España la factura energética. Todos sabemos que con el brent a 51 dólares muchas cosas que antes no parecían rentables empiezan a serlo.
Fíjese S.S. que España importa al año más de 400 millones de barriles de petróleo. Cada dólar sostenido durante un año en el precio del crudo supone una pérdida de renta directa a la economía y a los ciudadanos españoles de 400 millones de euros. Y eso últimamente está ocurriendo cada semana. Nosotros pensamos que la eficiencia es rentable, que acudir a recursos autóctonos y duraderos, como son las energías renovables, es rentable. Obviamente lo que hay que ser es eficiente, colocando los recursos donde es necesario. Hoy hay tecnologías que están ya muy cerca de no necesitar ese apoyo en la tarifa, porque se ha conseguido una dimensión crítica que ha dado lugar a un sector industrial con una capacidad de innovación suficiente como para estar ya hoy muy cerca de la rentabilidad; es el caso de la energía eólica. Hay tecnologías que están muy lejos de esa masa crítica y necesitan aún un importante incentivo en la tarifa; por ejemplo, la energía solar de alta temperatura de la que están arrancando los primeros proyectos con una importante prima.
Nosotros pensamos que, cuando haya una suficiente masa crítica, un sector empresarial lo suficientemente potente y con suficiente capacidad de innovación, esas primas se van a ir reduciendo. Sin perder de vista que no se puede desestabilizar el sistema de formación de precios en el mercado eléctrico, pensamos que esto se paga a medio plazo y, además, hay recorrido en la tarifa eléctrica para asumir estos sobrecostes.
Obviamente aquí yo le cuento lo que es la posición del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Como sabe, dentro del sistema de formación de precios en el pool eléctrico hay elementos, como la moratoria nuclear, los CTC, etcétera, y pensamos que la apuesta que se está haciendo por las renovables no pone en riesgo el incremento máximo autorizado de la tarifa, teniendo en cuenta otros elementos de holgura en la formación de precios.


Respecto al Plan nacional de asignación y los sistemas de indicadores y control de las emisiones reales que se producen, lo que no nos deja plenamente satisfechos es que sólo haya un inventario nacional al año, que además, por lo complejo de su elaboración, se publique a final del año siguiente y que en gran medida andemos con muy poco conocimiento de lo que realmente está ocurriendo. Sin que sea un compromiso sí es un deseo y un objetivo poner en marcha un sistema de inventarios provisionales aproximados, estimativos que puedan publicarse, por ejemplo con carácter trimestral o semestral -nos gustaría que pudiera llegar a ser trimestral-; que trimestralmente haya un avance del comportamiento de las emisiones en España que nos permita saber por dónde vamos. Con todo, como sabe S.S., un objetivo de este Gobierno es crear un observatorio de sostenibilidad que pondría en marcha un sistema completo de indicadores con carácter independiente; eso nos parece valioso, siguiendo en cierto modo la experiencia de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que es un organismo de carácter público, pero independiente. Que sepamos todos, con un organismo independiente, los distintos indicadores que tienen que ver con las emisiones pero también con el consumo energético, y otras cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, la producción de residuos, etcétera, con carácter independiente.


Respecto al comentario que hizo la señora Ortiz, es exactamente así. La agricultura intensiva produce residuos intensivamente y tiene la gran ventaja de que por estar concentrados facilitan su gestión, pero tiene el inconveniente de que por estar concentrados superan con facilidad la capacidad de recepción del medio. Creemos que en general el sector agroganadero es una prioridad para tener una visión de conjunto y hacer nuevas propuestas de gestión de los residuos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gonzalo.


Levantamos la sesión por hoy. Muchas gracias por su paciencia y por su tranquilidad.


Eran las nueve de la noche.

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