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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 92, de 30/09/2004
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 92
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO CUEVAS DELGADO
Sesión núm. 6
celebrada el jueves 30 de septiembre de 2004


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Montilla Aguilera) para informar sobre:

-Los acuerdos de la comisión interministerial para el futuro de Izar. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000077.) ... (Página 2)

-Los costes e incidencia en la competitividad de los sectores industriales y energético del Plan nacional de asignación de emisiones presentado por el Estado español ante la Comisión Europea para dar cumplimiento al Protocolo de Kioto. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000089.) ... (Página 2)

-El plan industrial para la empresa Izar. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000100.) ... (Página 2)

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- Los temas de actualidad del departamento de Industria. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 213/000105.) ... (Página 2)

Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Vamos a comenzar la sesión de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio referida a la petición de comparecencia por parte de varios grupos del ministro de Industria, Turismo y Comercio en la tarde de hoy. La primera comparecencia reseñada en el orden del día ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Mixto, la segunda por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la tercera por el Grupo Parlamentario Mixto y la cuarta y última a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. Vamos a agrupar las cuatro comparecencias. El Grupo Mixto, que ha sido el primero en solicitar la comparecencia, va a hacer uso de la palabra en primer lugar; después hablará el representante del Grupo de Convergència i Unió y por último lo hará el del Grupo Socialista. A continuación intervendrán el resto de grupos que no han solicitado la comparecencia del señor ministro. Vamos como siempre a respetar el Reglamento en cuanto al tiempo establecido, que será de 10 minutos. Hay algún grupo que me ha pedido dividir su tiempo y yo les voy a rogar que se atengan al tiempo conjunto.


Sin más, tiene la palabra el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Señorías, comparezco en esta Comisión para explicar las principales actuaciones que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha puesto en marcha desde la toma de posesión del nuevo Gobierno y para dar cuenta, en definitiva, de los grandes temas de actualidad que son competencia de este ministerio.


Señorías, tras cinco meses de Gobierno el balance que podemos hacer del trabajo realizado es razonablemente positivo. En materia legislativa el Gobierno ha remitido al Parlamento, y se encuentran en tramitación en esta Cámara, dos proyectos de ley: uno, el de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y, otro, el de horarios comerciales. El primero de ellos, aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de junio, pretende, como ustedes saben, corregir la competencia desleal que a través de la morosidad puedan realizar grandes operadores frente a pequeños operadores; constituye además la trasposición de la Directiva comunitaria 2000/35 que España debería haber efectuado antes de nuestra llegada al Gobierno, y que ya nos ha costado, como ustedes saben, la apertura de un procedimiento de infracción. El segundo de ellos es el proyecto de ley de horarios comerciales, que se está discutiendo en la Cámara y que responde a un compromiso del Gobierno de dotar al sector de un nuevo y a ser posible definitivo régimen de horarios, con la intención de que puedan entrar en vigor antes del 1 de enero de 2005. Quiero reiterar, señorías, la disposición del Gobierno a dialogar con todos los grupos parlamentarios durante la tramitación de este proyecto de ley con el ánimo de obtener un texto lo más consensuado posible en el plazo previsto.


Señorías, la política industrial del Gobierno, como ustedes ya conocen, no se limitará a la aplicación de políticas sectoriales, sino que se extenderá a objetivos de carácter horizontal, tales como la implementación de las tecnologías de la información y el conocimiento en todos los aspectos del proceso industrial o en el apoyo a iniciativas encaminadas a fomentar la internacionalización de nuestras empresas.
Nuestras acciones estarán sin duda alguna marcadas por estrategias que fortalezcan las bases competitivas de manera muy especial de nuestras empresas y fundamentalmente de nuestras pyme y las actividades industriales, de forma tal que se eviten en la medida de lo posible fenómenos de deslocalización en el futuro. Así ha habido ya iniciativas al respecto en sectores tradicionales como el textil o el calzado, que se enfrentan a una fuerte competitividad internacional. Algunas de estas iniciativas son la previsión de la puesta en marcha de seis observatorios para el análisis y el seguimiento de las industrias tradicionales del sector textil, de la química de la automoción, de los componentes de la automoción, de los bienes de equipo y de material eléctrico y electrónico. Estos observatorios, en los que estarán representados los agentes económicos y sociales, las administraciones y las entidades relacionadas con la innovación de la tecnología, no sólo reforzarán la infraestructura de información y de comunicación del ministerio con estos sectores, sino que permitirán la presentación permanente en su foro de las propuestas de análisis y actuaciones multilaterales de cualquiera de los agentes representados en ellos, teniendo en cuenta, como ustedes saben, que las competencias en materia de industria son unas competencias concurrentes con otras administraciones,

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y de manera muy particular con las comunidades autónomas.


También con gobiernos, patronales, asociaciones empresariales, analistas y sindicatos en su conjunto debemos aunar esfuerzos para incrementar los niveles de productividad y competitividad de nuestro tejido empresarial a niveles superiores a los de los países competidores. Este y no otro es el objeto del pacto industrial, cuya formulación les anuncié en el mes de mayo y que ofreceremos formalmente en las próximas semanas a las comunidades autónomas, un pacto para una nueva estrategia industrial. Se trata de buscar nuevos instrumentos adaptados a la economía abierta en la que la presión competitiva es mucho más fuerte y en la que las posibilidades de los países de proteger a sus empresas se ven muy disminuidas, además de tener consecuencias negativas para el futuro.


La estrategia en este escenario, lejos del proteccionismo, debe perseguir que los acuerdos sociales alcanzados se traduzcan en inversión productiva en las empresas y en sectores localizados en el territorio y en formación directa de los trabajadores. En este ámbito jugará un papel muy importante la Conferencia sectorial de Industria y Energía, que ha de ser el ámbito de cooperación y búsqueda de acuerdos que nos permitan aumentar la capacidad de inversión de nuestra economía y el anclaje de la actividad económica. La primera reunión que hubo de la conferencia fue para tratar precisamente el Plan Nacional de Asignación de Emisiones y la segunda, que convocaremos próximamente, será para tratar estos temas a los que ahora aludía. Del mismo modo revitalizaremos la comisión para la competitividad industrial que existe formalmente, pero que no ha tenido actividad en los últimos años, y de la que formarán parte, junto al Gobierno, empresarios y sindicatos y expertos al máximo nivel.


Respecto a las pyme, nuestras prioridades se centran en el desarrollo de una política coordinada y concertada en cuanto a la aportación de servicios, cuyas iniciativas más destacables podían ser: en primer lugar, el apoyo a los clusters sectoriales al objeto de promover el desarrollo económico regional y la capacidad de innovación reforzando la cooperación interempresas; en segundo lugar, el fomento de las relaciones entre centros, organismos y entidades públicas empresariales para la transferencia de experiencias, conocimientos, prácticas de benchmarking e identificación de las mejores prácticas de las pymes; en tercer lugar, la reducción de la brecha existente entre la competitividad de las pyme españolas respecto a sus competidoras, mejorando su capacidad de innovación mediante el desarrollo de tecnologías propias en la incorporación de nuevos desarrollos tecnológicos; en cuarto lugar, el apoyo a la financiación de los proyectos de inversión para las empresas de base tecnológica, que se realiza en el caso de las pyme fundamentalmente a través del préstamo participativo gestionado por ENISA, y la creación de una línea de financiación para todo tipo de empresas, especialmente para las que tengan capacidad de innovación, que utilizará también el préstamo participativo para su implantación y desarrollo; en quinto lugar, el relanzamiento y potenciación del Observatorio de la pequeña y mediana empresa convirtiéndolo en un foro ágil y riguroso en el que se estudien y analicen los comportamientos de las pequeñas y medianas empresas de la economía nacional. Todo ello evidentemente tendrá traslación en los presupuestos que tendrá oportunidad de discutir esta Cámara los próximos meses, continuando además el desarrollo de otros programas, como el plan de consolidación y competitividad de las pyme, plan 2000-2006 (cuyo objetivo básico, como ustedes saben, es consolidar el tejido empresarial español, aumentar su competitividad y, como consecuencia, incrementar la generación de empleo y la generación de riqueza); un plan que desde sus inicios hasta el 15 de septiembre, por poner una fecha, ha permitido apoyar 11.419 proyectos empresariales en los ámbitos de cooperación, información, gestión, calidad y diseño tanto de las pyme como de organismos intermedios.


Señorías, en coherencia con lo acordado por unanimidad por este Parlamento en su momento respecto a la ratificación del Protocolo de Kioto y al compromiso del Gobierno español con la reducción de gases de efecto invernadero, el Gobierno ha aprobado el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión y la creación del mercado de derechos de emisión con la trasposición de la correspondiente directiva comunitaria. El Plan nacional de asignación a nuestro juicio puede constituir una oportunidad de modernización para nuestra economía, que preservando la competitividad y el empleo nos permitirá estar mejor posicionados con nuestros competidores y corregir una ineficiencia que podría terminar perjudicándonos a largo plazo. Observando los derechos de emisión que se asignan en el PNA, y dado que cubren en un alto porcentaje, como es bien conocido, las necesidades de cada uno de los sectores afectados, el Gobierno entiende que sus costes no supondrán ningún impacto significativo en la competitividad de la industria; más bien al contrario, generará beneficios al inducir a las empresas a la inversión en procesos productivos limpios, que no sólo contribuyen al desarrollo sostenible sino que son un activo importante para la actividad futura.
Respecto al Plan Nacional de Asignación de Emisiones y el Protocolo de Kioto hoy también hay una buena noticia, porque finalmente un país que todos esperábamos que se adhiriera y lo ratificara lo ha hecho, como supongo que ustedes conocen.


En materia energética, señorías, en lo que se refiere a la reestructuración de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las cuencas mineras, el planteamiento general de la política del departamento se apoya en el reconocimiento de la realidad que define al sector desde hace tiempo: su falta de competitividad, su condición de agente contaminante y la ausencia de perspectivas de que la situación pueda cambiar en un futuro previsible. En el marco de las ayudas estatales a la

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industria del carbón fijado por la Unión Europea la política del Gobierno se centra en su reestructuración de manera ajustada a la regulación comunitaria vigente y coherente también con los objetivos comprometidos en materia de emisiones de CO2. En este sentido trataremos de buscar fórmulas apropiadas para adaptar el sector a la exigencia y normativa y continuar con la reducción de la actividad cuando esta sea inevitable. La urgencia de dicha adaptación deriva, como SS.SS. saben, de que el pasado 30 de marzo la Comisión Europea adoptó la apertura de un procedimiento, dejando en suspenso en parte la aprobación de las ayudas notificadas para el ejercicio 2003. Todos ustedes saben que el Gobierno anterior no hizo público este hecho y, por supuesto, no tuvimos conocimiento hasta pasados unos días de la toma de posesión del nuevo Gobierno. En respuesta a la apertura por parte de la Unión Europea de este procedimiento de investigación contra España por considerar que las ayudas concedidas a la minería (en concreto a partir de julio de 2002 y 2003) podrían ser contrarias a la normativa europea, el Gobierno ha adoptado el siguiente planteamiento. Hasta el 31 de diciembre de 2005 se va a continuar aplicando con las adaptaciones imprescindibles lo previsto en el Plan 1998-2005, que regula la actividad de este sector en el periodo; es decir, el Gobierno cumplirá el plan vigente en sus estrictos términos.
Una vez quede configurado el mercado nacional de carbón, tras la reciente publicación del PNA, se iniciará la negociación del nuevo plan del carbón. Este plan habrá de contemplar dos horizontes: uno, a 31 de diciembre de 2007, en el que quedarán delimitadas las producciones y las ayudas a las unidades que han de cerrar por inviables a la fecha indicada, de acuerdo con la legislación comunitaria; y, dos, a 31 de diciembre de 2012, que incluirá la evolución de las unidades que van a continuar incluidas en el plan de acceso a reservas, también de acuerdo con la legislación comunitaria. En los primeros meses de 2005, por tanto, se procederá a realizar un balance de la aplicación del Plan 1998-2005, tanto en la vertiente de reestructuración como de las acciones de reactivación de las comarcas mineras, y a negociar un nuevo plan 2006-2012 con los sindicatos, con la participación de los gobiernos regionales afectados, siempre en el marco de la legislación comunitaria.


Respecto a la creación del mercado ibérico de la electricidad, el MIBEL, iniciado el 14 de noviembre de 2001, como SS.SS. saben, se basa en los principios de una garantía de acceso al mercado y a las interconexiones en condiciones de igualdad para todos los agentes, en la ampliación de las interconexiones España-Portugal que han de permitir un incremento notable de la capacidad comercial de las transacciones y en el establecimiento de procedimientos armonizados de explotación conjunta de los sistemas eléctricos por los distintos operadores. Tras un análisis de la evolución del proceso de creación del MIBEL el Gobierno, en opinión compartida con el Gobierno portugués, ha llegado a la conclusión de que el enfoque dado no era seguramente el más adecuado. Por ello en esta nueva legislatura se ha considerado necesario efectuar un proceso de revisión del convenio firmado por ambos países, si bien esta revisión y nuevo convenio suponen un retraso en la fecha de inicio del MIBEL, prevista inicialmente, como SS.SS. saben, para el 20 de abril, dos días después de la toma de posesión de este Gobierno y fecha fijada seguramente más como un ejercicio voluntarista que como consecuencia del análisis y la realidad del sector. El nuevo marco permitirá que tanto las posibilidades de las operaciones que no se realicen como la participación de los agentes sean más competitivas y equilibradas desde sus inicios, dada la asimetría de los mercados y su regulación no precisamente conver­gente. Otro de los objetivos que nos propusimos al inicio de la legislatura era la modificación del Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. Este real decreto se está modificando (está en estos momentos en la Comisión Nacional de la Energía) en principio de manera puntual, dado que introduce cambios relevantes en el régimen especial que afectan, entre otros, a las plantas de purines y concretamente a la cuantía de la prima, de manera que permita la viabilidad de las plantas, pero también conviene decir que esta es una revisión puntual porque creemos que este tema debe enfocarse desde una perspectiva más amplia, y así lo haremos con algo más de calma.


En lo referente a la política de ahorro y eficiencia energética la actuación del Gobierno tomará como referencia los objetivos marcados en la Estrategia de ahorro y eficiencia energética 2004-2012, particularmente la reducción de los índices de intensidad primaria en un 7,2 por ciento durante todo su período de vigencia, lo que ha de suponer una reducción del 0,83 por ciento anual. Sin embargo, la actual estrategia es un documento con pocos compromisos y concreciones, que no tuvo en cuenta en su redacción, seguramente porque no era posible, la Directiva sobre comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Por ello estamos elaborando un plan de acción para concretar las actuaciones a poner en marcha, así como una serie de medidas complementarias que aumentan los objetivos de ahorro inicialmente previstos en la estrategia con vistas principalmente a cumplir los requerimientos del Plan Nacional de Asignación de Emisiones. En otro orden de cosas merece resaltar que se ha establecido una estrategia de actuación en materia de comunicación y sensibilidad sobre el ahorro energético y las energías renovables a través de la puesta en marcha en el mercado de productos de comunicación y de formación. El objetivo es informar a la sociedad de la necesidad de promover las energías renovables y el ahorro energético en el hogar para que se valore la energía como un bien de todos y de cuya utilización depende en gran

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parte un desarrollo sostenible del planeta; en otras palabras, señorías: hacer también educación energética.


En materia de telecomunicaciones y sociedad de la información, como ustedes ya conocen, una de las ­prioridades de este Gobierno es el aprovechamiento de las TIC no sólo como factor de crecimiento catalizador para el resto de sectores sociales y económicos, sino también como una estrategia de modernización del conjunto de nuestra economía. Por ello nuestros esfuerzos han ido, van e irán encaminados a mejorar la competitividad de nuestros sectores productivos y a reducir la brecha digital, contribuyendo con ello a la generación de riqueza y bienestar social, a la cohesión y a la igualdad de oportunidades. En materia de telecomunicaciones una de nuestras prioridades era reenfocar el modelo regulatorio aprovechando la Ley General de Telecomunicaciones para diseñar un marco jurídico estable que evite duplicidades e incremente la competencia, adaptándose a la nueva situación de los mercados. A este respecto quiero señalar que dos de los reglamentos más importantes de desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones ya han cubierto el trámite de información a la CMT y se está completando el resto de pasos necesarios para su promulgación. Concretamente, el reglamento sobre mercados de referencia, operadores con poder significativo y acceso y numeración fue enviado al Consejo de Estado el 1 de agosto y el reglamento del servicio universal fue enviado a la Agencia de Protección de Datos el 29 de julio para que en los próximos días se pueda enviar también al Consejo de Estado. Dentro del reenfoque del modelo regulatorio quiero destacar también las actuaciones llevadas a cabo en lo que respecta al despliegue y explotación de infraestructuras de red, que son el sustento imprescindible para la provisión de servicios de telecomunicaciones. Además este despliegue de infraestructuras contribuye a crear un mercado altamente competitivo para el sector que a su vez coadyuva al incremento de la productividad y competitividad de las empresas, al crecimiento económico general y a reforzar la libre elección de operador por los usuarios. Las decisiones más recientes que hemos adoptado en este ámbito han sido, en primer lugar, la finalización de los acuerdos de modificación de las licencias con los cuatro adjudicatarios del concurso de telefonía móvil de UMTS, lo que redundará sin duda en el beneficio de los futuros usuarios y en la solidez jurídica y comercial que enmarcará la actuación de los operadores; y, en segundo lugar, la liberalización completa de los avales de los operadores del servicio de telecomunicaciones por cable con el objeto de impulsar el nivel de actividad de estos operadores mediante la reducción de sus cargas financieras. La última decisión en este sentido ha consistido en la liberación de las fianzas definitivas vinculadas al servicio de difusión de televisión, que alcanzan un montante global próximo a los 20 millones de euros. Por otra parte, al objeto de mejorar la coordinación y cooperación entre las administraciones públicas, que es uno de los objetivos del Gobierno, el pasado 15 de julio se constituyó la Comisión sectorial para el despliegue de infraestructuras de radiocomunicación, a la que se refiere la disposición adicional décima de la Ley General de Telecomunicaciones, cuya finalidad primordial, como SS.SS. saben, es impulsar, salvaguardando las competencias de las administraciones públicas implicadas, el despliegue de infraestructuras de radio y comunicación, especialmente las redes de telefonía móvil y fija inalámbrica. La principal conclusión a la que se llegó a lo largo de su primera reunión fue el reconocimiento unánime por parte de todos los asistentes de la oportunidad de la constitución de esta Comisión y de las dificultades que se vienen experimentando en el despliegue e instalación de infraestructuras de red de radiocomunicación, especialmente de telefonía móvil y fija inalámbrica. Por todo ello mostraron la necesidad de articular medidas que faciliten el despliegue de infraestructuras de red de radiocomunicación, de manera que se reduzcan claramente los plazos actuales que requiere la instalación de las antenas. A ello responde la constitución de un grupo de trabajo, cuya primera reunión se celebró el 15 de septiembre de 2004 y cuya visión es analizar los procedimientos existentes (los trámites, requisitos, plazos...) y diseñar un procedimiento de referencia para el despliegue de infraestructuras de radio y comunicación que respetando, repito, las competencias de cada administración pública facilite y agilice la tramitación administrativa necesaria para llevar a cabo dicho despliegue.


Señorías, la política del ministerio en materia de telecomunicaciones debe prestar una especial atención a consumidores y usuarios. Por ello se ha creado la Oficina de atención al usuario de telecomunicaciones, cuyas funciones básicas son las de regulación de controversias entre operadores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones y también las de información y atención a los usuarios de telecomunicaciones. Dentro de esta política de protección a los usuarios también debe incluirse la publicación en el BOE de 21 de julio de la orden ministerial que modifica la Orden 361/2002, de 14 de febrero, que regula los servicios de tarifi­cación adicional. Esta nueva regulación aumenta de forma sensible la protección y las garantías de los usuarios, estableciendo importantes obligaciones para los operadores y proveedores de estos servicios, como: la nece­sidad de solicitud escrita de los abonados para tener acceso a los servicios vocales de tarificación adicional, cuyo precio supone el eurominuto, y para todos los de acceso a internet, independientemente del coste de llamadas; el derecho de desconexión gratuito y la obligación de informar y desglosar las facturas entre otros. En esa misma línea se procederá a regular la prestación de servicios de tarificación adicional mediante el envío de mensajes cortos (SMS, MMS, etcétera). Esta orden ministerial no supone una solución global ni tampoco definitiva a los problemas que generan los servicios de tarificación adicional, sino que tan sólo constituye un

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paso más en el largo camino que debemos recorrer para proteger a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.


Por lo que respecta al desarrollo de la sociedad de la información y a la integración en ésta de toda la ciudadanía y de los sectores sociales y económicos, tal y como señalé en su día, esta es una prioridad no sólo de este ministerio, sino del conjunto del Gobierno. Por eso mantenemos el firme compromiso de aprobar antes del 1 de enero de 2006 un plan para el desarrollo de la sociedad de la información y convergencia con Europa, en el que ya estamos trabajando. Junto a esta iniciativa se han puesto en marcha otras que tienen como finalidad llevar las ventajas de la sociedad de la información a todos los ciudadanos para de esta forma luchar contra los efectos de la denominada brecha digital. Algunas de estas medidas son, en primer lugar, la creación de Fundetec, Fundación para el desarrollo tecnológico en la sociedad y en la empresa (el día 29 de julio se firmaron las escrituras para la constitución de esta fundación público-privada), cuyo objetivo será impulsar el desarrollo de las TIC y de la sociedad de la información, haciendo de arrastre de otros agentes socioeconómicos y favoreciendo la reducción de la brecha digital que actualmente existe entre las grandes y las pequeñas empresas de nuestro país, lo que sin duda traerá consecuencias en el incremento de la productividad de nuestro sector empresarial. En segundo lugar, el 14 de septiembre se presentó la campaña de comunicación Todos en internet, cuyo objetivo es sensibilizar a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos colectivos que están hoy más lejanos de las tecnologías de la información y de la comunicación, de la gran utilidad que tiene internet y las nuevas tecnologías. Se trata de mostrar que internet favorece enormemente las relaciones sociales y profesionales y que facilita la vida a los ciudadanos.


Asimismo, durante este periodo, se han agilizado las actuaciones relativas a los proyectos de ciudad digital en municipios de Castilla-La Mancha, de Galicia y de Baleares. De hecho, se ha autorizado la firma de varios convenios de colaboración para la realización de numerosos proyectos de ciudad digital en diversos municipios de estas comunidades autónomas, cifrándose la inversión del conjunto de las administraciones públicas en cerca de 19 millones de euros.


Por último, en los últimos meses, se ha dado un fuerte impulso a los programas de fomento de la sociedad de la información desarrollados por Red.es. En primer lugar, en el marco del programa internet en la escuela, desde mayo se han adjudicado los concursos de Andalucía, Extremadura, Cataluña y otros concursos de Baleares, La Rioja y Cantabria. En segundo lugar, en relación con el programa internet en las bibliotecas, desde mayo se han adherido la Comunidad Autónoma de Canarias y se ha iniciado la ejecución en Andalucía, Murcia, Ceuta, Melilla, Castilla-La Mancha y Canarias. Galicia ha finalizado una parte importante de sus actuaciones en este periodo. En tercer lugar, desde mayo se ha adherido un total de 1.018 nuevos municipios al programa internet rural que, unidos a los 497 municipios que ya estaban comprometidos, da un total a fecha de hoy de 1.515 municipios, de 27 diputaciones y cabildos, en los que ya se está instalando un telecentro de acceso a internet gratuito, provisto de las últimas tecnologías. Las previsiones son que a 31 de diciembre de 2004 se hayan instalado y esté operativos un mínimo de 1.000 telecentros de los 1.515. En cuarto lugar, y por último, el Observatorio ha presentado las oleadas segunda y tercera del estudio de demanda de telecomunicaciones y sociedad de la información en el hogar. Asimismo, se han publicado los informes de GAPTEL evolución del negocio de la voz y banda ancha.


Por último, en este apartado, me gustaría destacar la firma, el pasado 23 de septiembre de 2004, de un convenio-marco entre la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información y la Asociación de Editores de Diarios Españoles, cuyo objetivo es constituir un amplio marco de colaboración entre ambas partes para potenciar la penetración y el uso de internet en España por los ciudadanos. Para conseguir este objetivo, las partes firmantes se han comprometido a estudiar las posibilidades de colaboración para la utilización por parte de la Secretaría de Estado de las ediciones digitales de los diarios que forman parte de la asociación, con el fin de acercar las informaciones y servicios que ofrece a los ciudadanos de forma más fácil y directa, potenciando de este modo este canal de comunicación.


Señorías, en lo que respecta a las competencias del ministerio en materia audiovisual, es preciso destacar la publicación del Real Decreto 1652/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula la inversión obligatoria para la financiación anticipada de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas de televisión europeas y españolas. Con la publicación de esta norma, resultado de un amplio proceso de consenso entre los sectores implicados, se viene a dar plena aplicabilidad, en beneficio de una mayor seguridad jurídica, a determinados aspectos del apartado quinto del artículo único de la Ley 22/1999, de 7 de julio, por el que se imponía a los operadores de televisión la obligación de destinar cada año a la financiación de películas cinematográficas y para televisión europeas el 5 por ciento de sus ingresos de explotación del año anterior.


También en materia audiovisual, una de las líneas de actuación que señalé en mi primera comparecencia hacía referencia a la transformación del ciclo de gestión del espectro radioeléctrico, fomentando el desarrollo de nuevos servicios audiovisuales. Para ello, vamos a modificar los aspectos puramente técnicos del Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, por el que se aprobaba el Plan técnico nacional de la televisión digital local. Esta modificación, que se está preparando, va a suponer la aparición de nuevos canales y cambios en la

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configuración de las demarcaciones actuales. Como consecuencia de ello, se abrirá de nuevo el cómputo de los plazos para la convocatoria de los correspondientes concursos, lo que otorgará a las comunidades autónomas una amplitud del plazo para poder presentarse a los mismos.


Por lo que respecta al turismo, señorías, quiero que quede bien clara la opinión del ministerio, compartida por la casi totalidad del sector, de que no es cierto que esta temporada haya sido una mala temporada -no es cierto que haya crisis del turismo en España-, sino que lo que ha sucedido es que nuestro crecimiento no ha sido el mismo de otros años. De hecho, desde el año 2000, el turismo va teniendo un crecimiento decreciente, valga la paradoja. No obstante, todos estamos convencidos de que conviene trabajar para desarrollar productos turísticos alternativos que complementen nuestro liderazgo europeo en el producto Sol y playa, al tiempo que buscamos fórmulas para reforzar este producto, teniendo presente, eso sí, este acompasamiento del crecimiento que se está dando estos últimos años no sólo, como es conocido, en el caso de España, sino también, como SS.SS. saben, de otros países vecinos, como por ejemplo Italia y Francia. Para ello, la Conferencia sectorial de Turismo, órgano de gran importancia para la coordinación de la política turística entre el Estado y las comunidades autónomas, se reactivará con la próxima reunión que, tras tres años, se celebrará en Toledo el próximo día 21 de octubre. Nuestro objetivo es que la Conferencia sectorial se consolide como foro de debate y punto de encuentro entre el Gobierno y las comunidades autónomas para procurar la convergencia de criterios en beneficio de la competitividad del conjunto de nuestro sector turístico.


Por otra parte, el Gobierno ya tiene bastante avanzada la nueva estrategia de comercialización de España como destino turístico, que se plasma en un plan de objetivos para la promoción, que estamos elaborando a partir de un completo estudio-diagnóstico del sector, que pretendemos que sea ampliamente consensuado con las administraciones públicas y con el sector, y que tendrá una validez temporal entre 2006 y 2008, además de un plan concreto de promoción para el próximo año. Por otra parte, ya han sido aprobados, durante estos meses, 20 nuevos planes de excelencia y dinamización turística con el conjunto de las comunidades autónomas, y también se han acordado nuevas bases para la presentación de una propuesta con nuevos criterios de aprobación de estos planes de cara a los próximos ejercicios; criterios que se definen en términos de calidad, sostenibilidad y accesibilidad.


En cuanto al Instituto para la calidad turística española, éste se ha incorporado como miembro corporativo de AENOR, con el fin de integrar a cada subsector turístico de forma que se trabaje de modo independiente con cada una de las normas sectoriales, hasta conseguir una norma única para cada uno de los sectores. Esperamos que así se abrirá el paso hacia la normalización internacional.


En materia comercial, señorías, uno de los objetivos que nos marcamos fue el establecer un nuevo plan-marco de modernización del comercio interior y que sus programas fueran definidos y consensuados con las comunidades autónomas, además de delegar en éstas la gestión de las subvenciones. El Gobierno acordó el pasado 17 de septiembre la prórroga y los criterios de distribución de los fondos del actual plan-marco, de cara a elaborar el nuevo plan para su entrada en vigor a partir de 2005. Este nuevo plan está elaborándose por una comisión constituida en la reunión de la mesa de directores de comercio del pasado 29 de junio, en la que participan técnicos de las comunidades autónomas y de la Dirección General de Política Comercial del ministerio. Los programas que prevé contemplar persiguen la consecución del interés general, tratando de impulsar actuaciones que constituyen un estímulo para la realización de inversiones adicionales, procedentes de la iniciativa privada, y que puedan generar un efecto-demostración para otras empresas del sector.


Desde el punto de vista del comercio exterior, además de continuar apoyando el acuerdo de Mercosur y las conversaciones de la Ronda de Doha, hemos puesto especial esfuerzo en mantener el buen ritmo de nuestras exportaciones, que entre enero y julio de este año han crecido un 5,9 por ciento respecto al año pasado, gracias en parte al tirón de la industria de la automoción. Es evidente que el apoyo a la internacionalización de las empresas españolas debe ser realizado ajustando los distintos instrumentos a las necesidades específicas de cada empresa, en función de la fase en que se encuentre en su proceso de internacionalización. Es fundamental, señorías, apoyar especialmente la internacionalización de las pymes, que constituyen la inmensa mayoría de las empresas españolas y que concentran la mayor parte de empleo. Con este fin hemos iniciado ya un proceso de reflexión sobre los actuales instrumentos financieros públicos de apoyo a la internacionalización de la empresa española. El objetivo fundamental es lograr una adaptación y mejora de las herramientas actualmente disponibles para que sean más eficaces. Nuestro objetivo último es que ninguna empresa española opere en inferioridad de condiciones financieras oficiales respecto de las empresas de su entorno competitivo.


Del mismo modo, pretendemos contribuir al desarrollo de la internacionalización de las empresas de productos, proyectos y servicios con alto contenido tecnológico, mediante la realización de actividades promocionales que además mejoren, tanto de forma directa como indirecta, la percepción del exterior sobre la capacidad tecnológica española.
Actualmente se está desarrollando una serie de actividades promovidas por el IFEX sobre la base también de añadir de forma explícita al objetivo promocional del made in spain el objetivo puramente comercial o de mercado.


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Para terminar esta intervención sólo quiero añadir que España ha adoptado la posición común 2003 PESC, del 23 de junio, sobre el control del corretaje de armas a su nueva legislación, a través del Real Decre­to 1782/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el reglamento de control de comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos de tecnología de doble uso.


Por lo demás, señorías, estoy a su disposición para cualquier otra aclaración que ustedes deseen.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la primera intervención, que corresponde a don Francisco Rodríguez, por el Grupo Mixto, y agruparemos las dos peticiones de comparecencia, la petición para informar de los acuerdos de la comisión interministerial para el futuro de IZAR y la que figura con el número 3 para explicar el plan industrial para la empresa IZAR.


Tiene la palabra don Francisco Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: La verdad es que, aunque estuve atento a toda la intervención del señor ministro, no la seguí con excesivo entusiasmo, en la medida en que quiero dejar claro que mi interés fundamental era escuchar las palabras del ministro de Industria sobre el único sector público de la industria que hay en el Estado español por ahora. Una vez que se privatizó el sector energético, que se privatizó el sector de las telecomunicaciones, que se privatizaron empresas, industrias desde luego mucho menos importantes que esta, que aún está en pie y que es propiedad prácticamente del Estado, que este sector de tan gran importancia estratégica no merezca, cuando menos, un diseño o un análisis del ministro de Industria es indicativo de dos cosas. Primero, que los sucesivos gobiernos y este ahora en concreto desechan cualquier posibilidad de participar activamente en un modelo industrial no solamente como regulador de la situación, sino como artífice y protagonista fundamental y, en segundo lugar, que parece como si el sector naval sea un tema realmente molesto desde el año 1984.


Nunca fuimos capaces de averiguar por qué razón este sector industrial tan importante, que todo el mundo considera estratégico, de una gran potencialidad tecnológica, el único que realmente estaba dentro del mercado internacional, incluso ya en la etapa del franquismo y compitiendo en unas condiciones de libre mercado relativas, en definitiva en el mercado internacional; por qué razón es tan desatendido y fue tan poco considerado a la hora de hacer las negociaciones con la entonces Comunidad Económica Europea y en todo el proceso posterior hasta llegar a hoy, tanto que, señor ministro, a un lego le resulta imposible entender este tipo de actitud. Una de dos, o hay un pacto desde el momento de la integración en la Comunidad Económica Europea, conforme al cual se admitió que el Estado español tenía que ser residual o prácticamente inexistente en el sector industrial naval, o bien ahora está sirviendo como moneda de cambio para otro tipo de concesiones que no sabemos si tienen que ver con los fondos de cohesión o con lo que tenga que ver; si no es irracional este tipo de conducta. Por eso en el debate político sería muy importante que tuviéramos los elementos de racionalidad que llevan al Gobierno a actuar de una determinada manera.


Fíjese bien en que usted mantiene esta actitud de: no sé, no intervengo, pero es que el ministro de Economía y Hacienda, desde el punto de vista industrial, hace exactamente lo mismo. Después tenemos la SEPI, que es un organismo de liquidación de las empresas públicas o de transición de empresas públicas a empresas privadas para hacerlas rentables, una entidad que se comporta con criterios directamente gestores y supuestamente empresariales. Vuelvo a repetir, resulta paradójico e inasumible desde una actitud mínimamente razonable y racional.


En todo caso, me gustaría, ya que usted no hace la intervención, repetirle algunas cuestiones y después plantearle otras nuevas. Las primeras son los contrastes y las discrepancias. No creo que hoy haya nadie que discuta que el sector de la industria naval española es un sector viable.
Por mucho que ustedes intenten demostrarnos lo contrario, los argumentos que nos ofrecen para decir que hay que hacer una reestructuración del sector no son de carácter empresarial, puesto que no manejan ni uno solo de los argumentos empresariales, son todos declaradamente vinculados a opciones o decisiones políticas. Es una decisión política tan clara, primero, porque se toma en un momento en que resulta que en el mercado internacional había más demanda de buques que nunca, por lo que no sería difícil obtener contratos de buques para tener las gradas de los astilleros prácticamente llenas. En segundo lugar, porque hay un intento, que ya viene de meses atrás, conforme al cual se hizo una política que lleva a que: o ustedes aceptan esto o viene la liquidación de la empresa o hay que ir sobre los activos. La falta de contratos está conduciendo ahora a esta situación de decir que si aquí no se actúa así, con mano de cirujano de hierro, realmente viene el colapso de todos, es decir, hay que liquidar a todos, pero creo que esto fue buscado de forma estratégica, en una continuidad -y ahí sí que no hago diferencias- entre el anterior Gobierno y el actual. Por tanto algo de peso debe haber en las negociaciones con la Comunidad Económica Europea o en las formas de proceder. En tercer lugar, porque ya vimos que muchos astilleros habían realizado regulaciones de empleo.


¿Qué hay en esta confluencia de los criterios de la Comisión Europea, con los criterios que hay desde 1986, con los criterios de los sucesivos gobiernos, con los precedentes históricos en los que se fue paulatinamente reduciendo capacidad productiva en el Estado español sin hacer viables los astilleros según va pasando el tiempo? El resultado final tiene que ser la reducción o la nada o simplemente que ahora nos acepten

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un determinado sector de la producción, porque ya está suficientemente disminuido, concentrado en algún lugar y entonces ir a un proceso de transnacionalización, que me imagino que a usted no se le escapa, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó en otros sectores industriales.
Entonces diríamos que transnacionalización, concentración, reducción de producción, reducción de empleo, aunque ahora ya tiene que ser relativamente pequeña -me estoy refiriendo al empleo directo- y después un modelo que no son capaces ustedes de explicar con corrección, porque incluso cuando van a registrar la nueva marca IZAR no aparece para nada como una empresa de construcción naval preponderantemente militar, aparece, y son palabras muy expresivas, como una empresa de construcción -dice literalmente- dedicada a la actividad de construcción, conversión, modificación, transformación, reparación y desguace de todo tipo de buques. Además ustedes disponen que esa empresa tenga como socio único a IZAR construcciones navales, por tanto este nuevo IZAR tendrá una especie de dependencia de ese grupo constructor que hoy tenemos como grupo civil y militar.¿Usted cree que con el mismo modelo es lógico decir que vamos a ser capaces de superar el impasse, a no ser que el nuevo modelo a lo que conduzca exclusivamente es a que haya menos producción civil y a que nos tengamos que dar de tortas en la etapa transitoria por el trabajo militar que exista en el Estado español? De hecho, y a mí no me gustan las rivalidades localistas, ni siquiera territoriales, estamos asistiendo ya a un proceso de a ver quién presiona más. Por ejemplo, ya llevaron el barco gemelo del Patiño de Ferrol para Cádiz, para mantenerlo en Puerto Real, y se está planteando la posibilidad de llevar para el sur parte de la carga de trabajo de construcción de barcos que estaban en las páginas de IZAR destinados a Ferrol, que habrían dado trabajo durante cinco años a 1.600 personas.


Este modelo de política empresarial es disparatado y usted sabe que también es disparatado ir a un proceso donde uno de los elementos más negativos de la antigua Izar, que era andar repartiendo carga de trabajo con grandes bloques de barcos por el océano, era uno de los elementos más perniciosos e incluso con desajustes tecnológicos graves, pues había que estar continuamente restaurando y rectificando cuando venían de vuelta los bloques con sus equipos instalados. Ese modelo no es empresarial y la nueva Izar eso no lo soluciona, sino que lo va a agudizar por lo menos de forma transitoria. Por eso, señor ministro, a nosotros nos es difícil no pensar que esto se hace exclusivamente para reducir capacidad, reducir empleo e ir a un proceso de transnacionalización y concentración. De hecho, la conclusión final del señor Ruiz Jarabo, que escribía en contra del actual Gobierno del PSOE en las páginas de Cinco días, era: hay que dar caña, hay que ser más agresivos con la Unión Europea, hay que defender los astilleros, pero es necesaria una nueva reconversión. Es una palabra que a mi no me gusta mucho porque no es suficientemente ilustrativa pues no es reconvertir una industria en otra, sino es prácticamente desmantelarla.


La importancia, señor ministro -y me gustaría que le hubiese dedicado o le dedique ahora unos momentos-, de la moción aprobada en el Congreso de los Diputados por todos los grupos parlamentarios a excepción del que sustenta al Gobierno, está basada en que no se trata de un brindis al sol y mucho menos -como yo he escuchado por ahí- de que esto es algo así como una alternativa que ni un sindicato de extrema izquierda defendería. Yo creo que eso es un juicio, además de apresurado, tendencioso, muy tendencioso, porque la moción estaba centrada en todos los argumentos sólidos que avalan hoy una posición de este tipo. Lógicamente, no es una moción fácil, porque si fuera fácil aceptamos lo suyo, pero lo suyo es que tampoco nos convence desde el punto de vista de la viabilidad del sector. Esto no es fácil porque, aunque tiene elementos de gran racionalidad, de gran base, necesitan un contraste político con poderes reales también, tan poderosos como el Gobierno español; sobre todo, cogemos una línea de inercia, que se inició en el año 1986, que ahora rectificarla es muy difícil. Eso sí se le puede achacar, pero no que está fundamentada en términos reales. Es real que, con el acuerdo del Consejo de Ministros de julio del 2004, vamos a una reducción de empleo, de capacidad productiva y desde luego a la inviabilidad de la continuidad de todos los centros productivos de Izar. Es cierto, además, que hay una gran actividad comercial en el sector. Creo que está demostrado por lo de ahora que sería mejor tener carga de trabajo que no esta situación que, vuelvo a repetir, si perdura durante mucho tiempo habrá que ir sobre los activos de la empresa. De hecho ya nos anuncian progresivamente: señores, es que no hay dinero, tenemos que ir a por los activos, que se están reduciendo. Esta situación no sería tan dramática de haber trabajo, y lo podría haber, eso ni ustedes ni nadie son capaces de negarlo en estas circunstancias internacionales. Por tanto, ustedes pusieron un escollo grave a la situación, es decir, la empeoraron. Este es un elemento de racionalidad. En tercer lugar, es racional e incluso exigible que hubiese una actividad comercial que permitiese que el conjunto de los centros de Izar tuviese trabajo en este momento.


Hay un contraste grande entre el modelo que ustedes presentaron, las líneas generales de la actuación del Gobierno, y la moción que aquí se aprobó. La diferencia es la siguiente. Una cosa es tener objetivos que no se cumplan al cien por cien y otra cosa es no tenerlos y partir de una idea de que hay que desmantelar, que es realmente lo que se presenta en las líneas de actuación. Primero, podemos tener como objetivo mantener todos los centros, después veremos si es posible o no o si incluso hay que reconvertir algunos, siguiendo alguna línea industrial diferente; ése es un objetivo presentable en una discusión política y técnica. Segundo, las plantillas

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actuales están tan reducidas que, si se mantienen los centros, es imposible reducirlas más, se entiende plantillas ordinarias, no todas las empresas auxiliares. ¿Por qué razón ustedes no aprueban que hay que mantener todas las plantillas, que están en mínimos? Es decir son astilleros inviables si se reducen más las plantillas estables y ordinarias. Tercero, ¿por qué no dicen ustedes claramente que van a combatir con la Unión Europea para que se mantengan 191.000 toneladas de registro bruto compensado? Es bajísima la proporción en relación con el resto de la Unión Europea, ya no digamos en relación con el mundo; si no digan ustedes cuánta van a dejar, porque si dejan algo menos que esto tampoco es viable el nuevo grupo Izar desde ningún punto de vista, sobre todo viable a largo plazo. Si están de acuerdo en mantener el carácter dual civil y militar, todos estamos de acuerdo.


Hay dos aspectos que ustedes debían de pormenorizar, presentárnoslos y ponernos en un apuro diciendo que para mejorar la productividad presentan estas medidas: la competitividad internacional y la mejora de la gestión comercial y empresarial y la diversificación industrial. Entonces hablen con los sindicatos, que los sindicatos y las fuerzas políticas se definan también sobre esto, pero ustedes no nos presentan esto. Entonces entre una posición que ustedes consideran maximalista o de extrema izquierda, pero razonada, y una que es simplemente un vacío siguiendo un derrotero que empezamos en 1986 y que no valió para parar el proceso de deterioro, dígame usted cuál es la sensata, cuál es la racional. Sería importante que ustedes consideraran esto. Exactamente igual que la posibilidad de conformar complejos industriales.


No voy a entrar en la cuenta de resultados de cada centro. Podemos entrar, usted las puede mirar, yo no las voy a utilizar aquí porque puede dar pie a argumentos tendenciosos que no quiero utilizar. Si usted mira la cuenta de resultados da la casualidad que el nuevo grupo que se va a hacer no se hace con todos los centros que en la cuenta de resultados eran más rentables, se hace con criterios políticos. Yo acepto eso, pero entonces ¿por qué no se emplean criterios políticos para el conjunto y debatimos el tema? En este sentido, un Gobierno que tuviera un plan empresarial empezaría por agrupar astilleros que están próximos territorialmente -eso es lo que haría cualquier empresario- y en todo caso después discutiría si especializar territorialmente a unos en una cosa y a otros en otra dentro de una empresa única, pero con especialización, precisamente para poder utilizar las economías de escala, para poder ir a algo eficiente desde el punto de vista empresarial. Ahora, paliar Izar Ferrol con Puerto Real, dejar a Izar-Fene al lado sin ningún tipo de consideración, sin ningún tipo de relación, sin sinergia de ningún tipo y abandonada a su suerte, comprenda que es totalmente inaccesible desde una posición racional, genérica de todo el Estado español, y ya no digamos desde una posición gallega. Igual que si esto se planteara así, sería...


El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, hay que ir terminando.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Ya acabo.


Si esto se planteara así, sería exigible y asumible que las comunidades autónomas se tuvieran que definir de una forma no solamente política, sino también empresarial.


Señor ministro, es imposible explicarse la situación del sector naval si no se va en la Unión Europea a una discusión sobre las condiciones de libre competencia a escala de la Unión Europea -y ahí podrán descubrirse cosas inimaginable- y las condiciones en el mundo. Las primeras son difíciles, las segundas no, porque hasta que haya la reunión en la OCDE no hay condiciones de libre competencia en el mundo, hasta que se decida en la OCDE lo que no pudieron acordar en 1994, que es qué condiciones va a haber en el mercado internacional. Había un periodo. En la OCDE no iban a tener ustedes problemas de ningún tipo, ni en el mercado internacional aunque hubiese ayudas, hay problemas curiosamente dentro de la casa grande en la que estamos instalados todos. Discutamos el tema. Yo creo que es un tema que no se puede excusar y hay que enfrentarlo definitivamente.


Por último, por este proceso vamos a ir a una dislocación territorial, a una concentración y a un resultado muy negativo dentro del Estado español, y a usted que es ministro de Industria, señor Montilla, nada más le quiero instar a que mire unos datos elocuentes. De hecho, es curioso cómo se reparte la construcción naval española, y la gallega en particular, hasta hace unos años. Si usted mira la reducción de producción es curioso cómo se reparte entre el Estado español; mire los datos, verá qué curioso. Hay un problema con la Unión Europea y hay un problema que se reproduce aquí de una determinada manera. Es uno de los escasos sectores manufactureros del Estado español en los que exijen ventajas comparativas relevantes frente al mundo y frente a la Unión Europea, y usted puede mirar los distintos informes anuales del Ministerio de Industria al respecto. Puedo asegurarle que no hicimos desde el Bloque Nacionalista Galego una moción así para fustigar al Gobierno, lo hicimos porque teníamos la santa sensación de que teníamos razón por lo menos en cuanto a los objetivos. (El señor Fernández de Mesa Díaz del Río pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa.


El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Solamente una pregunta, señor presidente, por una cuestión de orden. ¿Debemos entender que se han celebrado ya las cuatro comparencias objeto de la presencia

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del señor ministro aquí esta tarde? ¿Ha unido las cuatro comparecencias que figuran en el orden del día y es lo que debemos entender?El señor PRESIDENTE: No, el señor ministro contestará cuando terminen de intervenir los demás autores de comparecencias y los demás portavoces de los ­grupos.


El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Pregunto si el señor ministro ya ha informado de las cuatro comparecencias, que es lo que había dicho al principio de la sesión el señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa, usted sabe perfectamente que el Reglamento de la Cámara prevé que el compareciente -el señor ministro- haga una exposición, la que él crea conveniente -exactamente es lo que ha sucedido-; después intervienen los portavoces de los distintos grupos que han pedido las comparecencias y, a continuación, los portavoces de los demás grupos que no hayan pedido las comparecencias. Eso es así ahora, ha sido así siempre y es exactamente como lo vamos a hacer.


El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: De acuerdo.


El señor PRESIDENTE: Para intervenir con relación al 2.º punto, la comparecencia pedida por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), referida al Plan Nacional de Asignación de Emisiones en cumplimiento del Protocolo de Kioto, tiene la palabra el señor Guinart.


El señor GUINART SOLÁ: Gracias por su presencia en la Comisión. Debo confesar un cierto desconcierto por el desarrollo de la sesión. Yo partía del orden del día que me ha facilitado mi compañero, el señor Sánchez i Llibre, que hoy no puede estar con nosotros porque tiene otro compromiso político en Lérida y que me pide que traslade sus disculpas por ello, y entendía que hoy hablaríamos sobre todo de Izar y de Kioto.


El señor PRESIDENTE: Señor Guinart, usted puede hablar de lo que usted quiera. Usted ha pedido la comparecencia para hablar del Plan Nacional de Asignación de Emisiones en cumplimiento del Protocolo de Kioto y para eso tiene la palabra, pero además puede hablar de otros temas, porque hay comparecencias pedidas en otro sentido. Incluso hay una que se refiere a los temas de actualidad del departamento de Industria. Es así en todas las comparecencias. Lo único que hemos hecho, y usted me puede decir que interfiere algo en el orden del día, es que, al haber dos comparecencias del Grupo Mixto, por acuerdo de la Mesa y en conversaciones con el propio proponente, habíamos decidido que se agruparan en una única intervención, porque parece lógico y porque siempre se hace de esta forma. Lo demás sigue todo igual, señor Guinart.


El señor GUINART SOLÁ: Discúlpeme, no quería que usted se enfadara, simplemente decía que estaba desconcertado por mi inexperiencia. (Risas.) Pensaba que seguiríamos el orden que estaba aquí establecido e iríamos viendo los temas uno por uno -Izar, el Plan Nacional de Asignación de Emisiones en cumplimiento del Protocolo de Kioto, etcétera-, pero el señor ministro, en su derecho y según el Reglamento del Parlamento, ha hecho una exposición inicial más amplia. Yo reconozco mi limitación al no haber preparado suficientemente otros temas que el señor ministro ha tocado, que francamente no conozco -temas de telecomunicaciones, de energía, etcétera-; no me pasará en otra ocasión, porque me prepararé de otra manera. Venía pensando hoy que hablaríamos básicamente, al menos desde nuestro punto de vista, de Kioto y que lógicamente también participaríamos en otros comentarios.


El señor PRESIDENTE: De todas formas le informo que nadie le obliga a hablar de todo lo que hablen los demás grupos. Usted tiene la libertad de hablar y nadie le obliga.


El señor GUINART SOLÁ: Nuestro grupo pidió la comparecencia del ministro, y agradecemos su presencia, para hablar del Plan Nacional de Asignación de Emisiones para cumplir el Protocolo de Kioto. Nosotros queríamos manifestar el interés y la preocupación de nuestro grupo, que también comparten otras asociaciones, sobre todo empresariales, por la forma en que se ha aplicado y cómo se ha decidido. Seguimos pensando que es un impacto probablemente negativo para nuestras empresas, principalmente las afectadas por la aplicación de este protocolo -empresas siderúrgicas, empresas de la cerámica, del vidrio, de la cal, del papel, etcétera-.
Seguimos sin conocer cuáles son los planes del Gobierno en relación con el 60 por ciento restante del total de emisiones, sobre todo del sector transporte y del sector doméstico, y nos gustaría saber si el ministerio ha ido avanzando en la previsión de medidas, coordinadamente con el Ministerio de Medio Ambiente, para reducir las emisiones de estos sectores.


El secretario de Estado, hace unos días, en su comparecencia, cuando le preguntamos sobre los costes que había calculado el Gobierno que podía representar para esas industrias la aplicación del Plan Nacional de Asignación de Emisiones en los periodos 2005-2007 y 2007-2012, nos sorprendió respondiendo que el coste sería nulo, que no existiría ningún coste. Entiendo que se refería a que no tenía ningún coste para el Gobierno esta aplicación, pero debe quedar abierto el coste que debe tener para la industria española, y también su competitividad, la aplicación de forma tan precipitada de este protocolo o al menos, queriendo ser ahora líderes en su aplicación, con relación al resto de los países

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del entorno más inmediato, el mercado europeo, que es tres cuartas partes de nuestro mercado en competencia, que, excepto el Reino Unido, irán de forma mucho más lenta aplicando el Protocolo de Kioto y, por tanto, reduciendo de forma más paulatina esas emisiones. Con ello tendrán unos menores costes, que afectarán negativamente a nuestra competitividad, competitividad que además puede producir, en el caso de España, una acentuación del fenómeno de la deslocalización, tema sobre el cual quería insistir, relacionado precisamente con el Protocolo de Kioto, como un ejemplo de que, según qué medidas toma el Gobierno, pueden influir más o menos en la radicación de industrias en España o en su posible traslación a otros países, en donde, por razones incluso de la normativa o de los costes sociales, puede ser más atractivo.


Comentamos también esta cuestión al secretario de Estado de Industria y pusimos como ejemplo el interés, que ha trascendido, del Gobierno francés, que, según un titular de prensa, se dice que se inmoviliza para poner freno a las deslocalizaciones de forma muy intensa. En Francia han hablado de iniciativas del Gobierno, como los polos de competitividad, que lógicamente nosotros no queremos reproducir, porque cualquier tipo de polo puede inducir a los polos de desarrollo de memoria indeseada actualmente. En Francia, el gobierno se ha conjurado para luchar contra la deslocalización y para incrementar los paquetes de medidas, sociales, fiscales y tecnológicas, para poder luchar contra este fenómeno. Con la ampliación de la Unión Europea, ese 25 por ciento de población que incorpora el 5 por ciento más del PIB, es más atractivo para las implementaciones de la industria, en nuestro caso agravado por la aplicación singular del Protocolo de Kioto. Incluso el Gobierno francés se plantea presionar a la Unión Europea para que esos países tengan una presión fiscal más elevada y que ésta no sea un atractivo para la deslocalización. Se habla del proceso de relocalización en contra de la deslocalización, para recuperar o mantener, incluso incrementar, inversiones en el propio país, que lógicamente genere riqueza y especialmente la recuperación o la no pérdida de puestos de trabajo.


Por la singularidad de nuestro grupo de interesarse de forma permanente, y parece que casi exclusiva, para evitar la deslocalización, presentamos, perfectamente justificada, una propuesta para crear en el seno de esta Comisión una subcomisión que estudie las medidas a proponer al Gobierno para evitar esos procesos y para estimular las mejoras de la competitividad española. Me gustaría conocer la opinión del ministro en relación con esta propuesta y si realmente considera que desde esta sede y a través de esa subcomisión podemos, con la participación y el apoyo de expertos y de conocedores de esta materia, hacer aportaciones que redunden en beneficio de la economía y de la competitividad de nuestro país.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Mas, que ha solicitado la comparecencia para que se informara sobre los temas de actualidad del departamento de Industria.


El señor MAS I ESTELA: Nuestro grupo, más allá de las preocupaciones puntuales que reflejan otras peticiones de comparecencia, preocupaciones que nos parecen realmente importantes e interesantes en sí y que evidentemente no se deben rehuir, creía que también era interesante que estas preocupaciones no fueran únicas y que el señor ministro nos informara de otros temas de actualidad de su departamento. Este es un departamento recreado, con amplias competencias, como se ha puesto de manifiesto en la intervención del señor ministro, y pensamos que, como dije antes, más allá de preocupaciones puntuales e importantes en sí, no eran únicas y que sería interesante que nos expusiera otros temas. Por tanto, muchas gracias, señor ministro, por su extensa exposición sobre los asuntos de su competencia. En cinco meses de actividad en esta legislatura, esta es la segunda comparecencia del señor ministro para explicarnos cuáles son sus preocupaciones y hemos tenido las comparecencias de dos secretarios de Estado y de dos secretarios generales de su departamento. Me parece que esta Comisión puede tener una buena idea, unas buenas referencias, de cuál es el marco general por donde se va a mover el nuevo Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Hay algún tema que el señor ministro ya puede anotarse en su haber, como es que, en el proyecto de presupuestos, que ya estamos discutiendo en esta Cámara, aprobado por el Consejo de Ministros, el apartado de innovación, investigación y desarrollo sea uno de aquellos a los que el Gobierno da importancia y por tanto es una buena baza que ha conseguido el recreado departamento de Industria, Turismo y Comercio. A pesar de todo, nos gustaría centrar nuestras preocupaciones en algunos aspectos concretos de cada uno de los diversos apartados que ha presentado el señor ministro, para que tenga presentes nuestras preocupaciones en algunos temas muy específicos.


Por seguir el mismo orden que ha seguido el señor ministro en su intervención, empezaré con el tema industria. El señor ministro ha dicho que la política de actuación del ministerio no se limitará a políticas sectoriales. Supongo que esto quiere decir que no las abandona, pero que se centrará en objetivos horizontales. Si tomamos como punto de referencia la explicación que el secretario general de Industria nos hizo hace pocos días en esta misma Comisión, me parece que este objetivo es importante y que sería muy interesante que nos desarrollara esto mucho más o que, como al final diré, en una comparecencia, mucho más adelante, pudiéramos ver el desarrollo de estas preocupaciones en actuaciones concretas puestas en marcha. El hecho de plantear objetivos horizontales en la economía productiva

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española, en la economía industrial, y no limitados a políticas sectoriales concretas, puede ser interesante y demostraría una nueva visión de la capacidad productiva de la industria española en los próximos años.


Respecto a energía, el señor ministro ha planteado unas cuantas cosas con relación a la minería del carbón y al mercado eléctrico y ha acabado con un tema que es importante, pero a nosotros nos parece que, más allá de su preocupación por el ahorro energético, centrado, como él ha dicho, en la educación energética -lo que puede tener bastante importancia, al menos mediática, respecto al consumo energético de las familias- sería importante profundizar en el ahorro energético en relación con la economía productiva, con la empresa. Y, en este mismo apartado, el señor ministro no ha hablado hoy de un tema que en la anterior comparecencia motivó la preocupación de mi grupo y que nos gustaría repetir, la calidad del suministro energético a las empresas.


En el apartado de tecnologías de información y comunicaciones, sociedad de la información, ha incidido en lo que representa el desarrollo de la sociedad de la información como estrategia para la modernización del conjunto del país, cosa con la que nuestro grupo está completamente de acuerdo. Cuando habla de modernización, lo concreta en el Plan de desarrollo de la sociedad de la información como objetivo para luchar contra los efectos de la brecha digital, contra el desarrollo de la brecha digital. Hay algunas acciones que ya han empezado a iniciarse estos días, incluso con una cierta presencia interesante mediáticamente, como es la campaña Todos en internet. Más adelante sería bueno que el ministro nos pudiera rendir cuentas de algunos aspectos concretos: ciudades digitales, todos los programas que puede desarrollar la empresa Red.es, la interesante propuesta en relación con la Fundación Fundetec, que puede ser muy importante en esta lucha contra los efectos de la brecha digital, etcétera. Espero que en próximas comparencias del ministro nos pueda explicar mejor cómo se concretan estos puntos y cómo se van desarrollando.


Sobre el turismo, asunto que esta temporada de verano ha salido mucho en los medios de comunicación, coincidimos totalmente con la valoración que ha hecho el ministro de que no es cierto que haya sido una mala temporada. Probablemente era algún miembro del sector quien, tiempo atrás, intentando comprender yo qué es lo que estaba pasando en el sector, me contaba que si continuábamos valorando las temporadas turísticas sólo a partir del crecimiento del número de viajeros, del número de turistas, en general, que podía tener el país, íbamos mal y que lo que había que valorar es qué tipo de turismo tenemos, qué tipo de gasto hace este turismo y qué efectos tiene sobre la economía, más que contar, en general, cuántos turistas entran en cada temporada. Por tanto, coincidimos en que hay que trabajar en productos turísticos complementarios a nuestra oferta actual y deseamos que este esfuerzo que plantea el ministerio de nueva estrategia de comercialización de España como destino turístico se vea reconocido con un turismo que no conlleve que durante los próximos años tengamos que debatir cada verano, a través de los medios de comunicación, si ha sido una buena o mala temporada turística, sino si vamos teniendo el turismo que este país puede tener por sus cualidades de historia de formación de oferta turística, pero al mismo tiempo por lo que puede ofrecer a la demanda a partir de sus cualidades propias naturales, climatológicas, etcétera.


Por último, entre los cinco o seis temas que componen su ministerio, el ministro ha hablado en cierto momento de los temas de comercio. A nuestro grupo nos gustaría que se hiciera especial referencia al comercio exterior, porque yo casi diría que este último punto liga con el primero; cuando hablaba de que la industria tenía que tener objetivos horizontales, acaba diciendo que el comercio exterior tiene que apoyarse en la internacionalización del comercio de las pequeñas y medianas empresas, especialmente en aquellas empresas que tengan proyectos de alto contenido tecnológico.


Industria, energía, sociedad de la información, turismo, comercio. El señor ministro nos ha dado una panorámica interesante de cuáles son los temas de actualidad de su departamento y nosotros, como grupo político, estaremos detrás, estaremos apoyando las políticas que el ministerio lleve a cabo, centrados en estas preocupaciones que acabo de reseñar. Nos gustaría, para terminar, que en el futuro, ya que ahora la Cámara probablemente durante los próximos meses va a estar muy centrada en los debates presupuestarios, el señor ministro, cuando tenga una posibilidad, pudiera volver a explicar en esta Comisión cómo ha ido avanzando en estos temas y cómo se han materializado muchas de las propuestas, para que podamos debatir de una forma más concreta las acciones que el ministerio va a llevar a cabo.


Muchas gracias, señor ministro, por explicar en su intervención cuáles son los temas de actualidad que está gestionando su departamento y muchas gracias a todos los miembros de la Comisión por su atención.


El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a las intervenciones de los grupos que no habían solicitado su comparecencia.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Folgado.


El señor FOLGADO BLANCO: Quisiera que mis primeras palabras, y es la primera vez que intervengo como portavoz en esta legislatura, fueran para agradecer la intervención del señor ministro de Industria, Turismo y Comercio. Su intervención sí que responde a una de las preguntas que aquí se ha realizado, que hiciera un análisis general de las líneas que va a seguir su departamento. Usted ha hecho un repaso general sintético. Yo le deseo éxito en esas amplísimas responsabilidad que tiene, por supuesto compartidas por razones

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competenciales con comunidades autónomas u otros departamentos ministeriales.


Sinceramente me parece bien que haya hecho ese repaso general de las distintas materias que gestiona su departamento. Sin embargo, señor ministro, permítame que le diga que también me encuentro un poco perplejo porque aquí se habían hecho unas preguntas muy concretas sobre Izar y sobre Kioto y la competitividad. Por supuesto que ya hemos hablado con el ministro de Economía y Hacienda en el Pleno de Izar, de la Sepi, ha habido una interpelación y una moción como consecuencia de la interpelación y todo sigue su curso, perfecto. Asimismo, en materia de medio ambiente, todos los grupos aprobaron por unanimidad un real decreto-ley y su tramitación como proyecto de ley. Pero es que aquí se le ha pedido al ministro de Industria, Turismo y Comercio que nos hable de estos temas. Además, probablemente iba a tener, en nosotros y en los distintos grupos, unos coaligados para defender estos temas concretos desde la perspectiva que debe tener el ministro de Industria. No estamos hablando sólo de cuestiones, como Kioto y las emisiones, que tengan que ver con la cuestión medioambiental. Nosotros entendemos que el Ministerio de Medio Ambiente ponga énfasis en todo lo que se refiere al desarrollo sostenible, pero también entendemos que sería muy importante que el señor ministro de Industria hiciera especial referencia a la compatibilización óptima entre competitividad de los sectores industriales y desarrollo sostenible y aplicación de los criterios de Kioto. Todos estamos de acuerdo, naturalmente, en suscribir Kioto y en lograr ese objetivo.
Podemos criticar si se fue poco ambicioso al pedir que nuestro límite de emisiones fuera más allá de 1990 más 15. Es verdad que toda Europa se puso la primera de la fila, 1990 menos 8 por ciento, a escala planetaria, 1990 menos 5 por ciento y nosotros, más 15 por ciento. Como era un país menos desarrollado, nos tenían que dar más. La verdad es que, a juzgar por la evolución de la primera mitad de los años noventa, hasta podíamos decir que nos venía bien. ¿Por qué? Porque no creció la economía española. Con un 23 por ciento de tasa de paro al terminar la primera mitad de los años noventa y la economía española creciendo poco, la demanda de electricidad, por ejemplo, fue de 1.700 megavatios en toda esa primera mitad, es obvio que las emisiones fueron menores. Resulta que ahora se ha creado confianza y se han creado 600.000 viviendas, lo que significa más gasto de energía. Además, la gente quiere comprar aires acondicionados. Además, la gente quiere y compra coches y, aunque cada vez son más eficientes, son más grandes y se mueven más, porque hay confianza. Esto es lo que tiene que estemos en una fase de crecimiento realmente importante, que lo hemos logrado. Cuando los demás países crecía, pero también cuando en los demás países no se crecía. Se ha generado confianza y uno de los problemas que surgen, desde el punto de vista industrial, es el problema que trae cómo compatibilizar ambas cosas. Por un lado, desarrollo sostenible, ser buenos chicos desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos de emisiones y, por otro, no dar al traste con nuestra capacidad de bienestar y que las industrias puedan competir.


Señor ministro, el Consejo Europeo de los días 16 y 17 de octubre -no hace tanto- dice expresamente que la legislación de la Unión Europea no debe ser un obstáculo a la competitividad europea, en comparación con los otros espacios, y que deben evaluarse los efectos de las medidas que se adopten. Y decía allí, en ese punto, comenzando ya por la iniciativa Reach, que estaba en relación con la iniciativa que Europa ha tenido en materia química. Es decir, es muy importante que el señor ministro de Industria, en el Consejo de competitividad, asuma la bandera de cómo optimizar ambos objetivos. Ya sabemos que los ministros de Medio Ambiente se encargarán de cómo optimizar el objetivo de emisiones y aunque nos diga el comisario o la comisaria que somos poco ambiciosos todavía en Europa, a lo mejor está en lo suyo. Pero desde luego está en lo suyo el ministro de Industria precisamente haciendo referencia a que Europa no puede ser que sea el espacio más limpio de todo el globo pero generando un cementerio. Porque puede suceder, señor ministro, si no resaltamos esto, que incluso vayamos contra Kioto y que las emisiones globales del planeta sean superiores. Basta por ejemplo que, si no hacemos las cosas bien, una empresa cementera que esté aquí o en Alemania se vaya a Ucrania o a otro país y allí emita, por cada 100 toneladas de cemento, muchas más emisiones de gases de efecto invernadero para que luego traigamos aquí el cemento. Nosotros aquí dejamos el paro y allí las mayores emisiones, como consecuencia de una deslocalización. Esto significaría que hacemos un pan como unas tortas si no se cumple este equilibrio entre la competitividad y el desarrollo sostenible, sobre la base de que haya más paro y además más emisiones a nivel global. Esto puede suceder, pero puede no suceder si realmente se hacen las cosas bien. Como decía muy bien el señor ministro, podemos hacer de la necesidad, virtud. Si estamos debidamente unidos todos en esta lucha por la competitividad y el desarrollo sostenible, podemos hacer que las empresas tengan desarrollo tecnológico, incorporen las mejores tecnologías disponibles e incluso hagan un desarrollo de internacionalización utilizando los instrumentos de desarrollo limpio. De esto sí que se tenía que hablar, señor ministro. Yo espero que nos diga algo.


Quiero hacerle algunas preguntas concretas en relación con este tema. ¿Se tiene pensado llevar a cabo acuerdos negociados con los distintos sectores en orden a que se analicen, se evalúen, se hagan auditorías incluso, utilizando por ejemplo el IDAE -era una de las propuestas que hacíamos nosotros-, para ver si los distintos sectores y unidades industriales están utilizando las BAT, las best available technologies, las mejores tecnologías disponibles, de manera que no se pueda

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decir a ninguna empresa española que ella está siendo más sucia que su equivalente en Alemania? A partir de ahí se le dan todos los derechos de emisión, sin que nadie nos pueda decir en ningún otro país europeo que nosotros estamos actuando inadecuadamente, porque si no sería ir contra las normas de la competencia. Si resulta que una empresa española con un determinado volumen de emisiones le tuviera que comprar derechos a una empresa alemana que produce más emisiones del mismo sector, estaríamos yendo contra normas europeas de la competencia. Por tanto, ni podemos ir contra Kioto, ni podemos ir contra las normas de competencia, ni debemos ir contra las normas de cohesión. No vaya a ser que a los países menos desarrollados se nos vayan a poner mayores exigencias que a los países más desarrollados y vayamos contra lo que es la convergencia real.¿Cómo podemos hacerlo? Y estas son las preguntas. ¿Cómo se están estableciendo medidas adecuadas de incentivación de la introducción de las mejores tecnologías disponibles por parte de las empresas y los sectores, es decir, la introducción de las mejores tecnologías disponibles por parte de las empresas? En qué medida se está facilitando que estas empresas, estos sectores, puedan invertir también en desarrollo limpio en terceros países y en qué medida se hacen estos análisis de manera que de cara al período definitivo 2008-2012 -ahora estamos en período de rodaje, en el período 2005-2007- veamos los derechos que se les asignen, que algunos sectores parece que, si bien no estarían satisfechos, sí lo podrían asumir, y otros, en cambio, se quejan de que son insuficientes. En cualquier caso debemos tomar este período piloto como un período de rodaje en orden a que establezcamos un sistema de asignación de derechos de emisión que haga compatibles ambos objetivos. Esto en cuanto al 40 por ciento de sectores, que son los suyos. Por eso yo aquí no insistiría, como había hecho el representante de Convergència i Unió, en cuanto al otro 60 por ciento, pero sí pediría que la comisión interministerial y el Ministerio de Industria, insistieran muy claramente en que no se les obligue a este 40 por ciento de sectores industriales y a los sectores energéticos a hacer ajustes por lo que no les corresponde a ellos en cuanto a emisiones; tenemos el sector del transporte, por ejemplo, que es responsable de más del 50 por ciento del exceso de emisiones, o el sector residencial, el sector agropecuario o el de tratamiento de residuos.


Señor ministro, creo que la implementación de la estrategia de ahorro y eficiencia energética, donde se exponían más de 400 líneas de actuación, debiera ser objetivo prioritario del actual Gobierno. Era una estrategia, y ahora exige llevar a cabo medidas en todos esos sectores. Algunos corresponderán a otros departamentos ministeriales, pero es muy importante que el señor ministro de Industria se tome este tema con mucha seriedad porque ahí es donde podemos lograr que se hagan más inversiones por parte de las empresas, que sigan siendo competitivas, lograr desarrollo sostenible, avance tecnológico y, con las medidas existentes de incentivación de la incorporación de nuevas tecnologías que, como dice la OCDE, son de las mejores de Europa, podríamos lograr esos objetivos.


En cuanto al sector energético en particular, creo que se han logrado tres líneas de actuación importantes: el Plan Energético Nacional, haciendo hincapié en el aumento de las instalaciones con gas natural, la cogeneración y los ciclos combinados y las energías renovables. Me parece que el decreto de energías renovables incentiva mucho para el cumplimiento del plan de fomento de energías renovables, que es absolutamente vital, y todo lo que puedan mejorarlo ustedes estará muy bien, pero somos de los más ambiciosos de todo occidente en cuanto a incentivación...


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Folgado.


El señor FOLGADO BLANCO: ... de las energías que nos permitan cumplir con ese objetivo.


Estos serían los puntos más importantes. ¿Qué es lo que piensan hacer en torno a la implementación de todo este desarrollo limpio en materia energética? ¿Qué papel jugaría, para lograr estos objetivos, la energía nuclear o la incentivación de la energía del hidrógeno? Ya sé que esto es a medio y largo plazo, pero no cabe duda que varios países se están moviendo de manera muy intensa para tratar de incentivar el desarrollo tecnológico en esta línea, precisamente para lograr esa compatibilización de lo que es la competitividad, el crecimiento económico y el empleo y al mismo tiempo el desarrollo sostenible.


No entro en otros temas, como el de las pymes, etcétera, que creo que también hubieran sido importantes, pero se ha agotado el tiempo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, señor ministro, señorías, tengo la impresión de que la comparecencia de hoy, por lo que ha ocurrido hasta ahora, recibiría el calificativo periodístico de la comparecencia del desconcierto, de la perplejidad, términos que han sido usados previamente por otros portavoces, y no lo digo despectivamente, sino constatando un hecho. Adelanto que mi grupo hoy no tiene interés ni deseo de entrar en ninguno de los temas que ha expuesto el ministro, que son temas de su departamento, temas que vienen desarrollando, buena parte de los cuales en fechas recientes tuvimos comparecencias de secretarios de Estado que nos hablaron de ellos y temas de los que en pocos días vamos a poder hablar también con motivo de los presupuestos, por lo que desde esa perspectiva tengo la impresión de que es una comparecencia bastante innecesaria. En cualquier caso, esa es una opinión

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muy personal y que puede no ser compartida por nadie más.


De los temas sobre los que otros grupos parlamentarios querían hablar no es exacto que el ministro no haya hablado. Yo diría que ha dicho dos frases al comienzo de su intervención que eran la respuesta -al menos es mi impresión- a esas dos solicitudes. Las dos frases, que las he podido coger más o menos textualmente, son que ha venido a dar explicación de las actuaciones llevadas a cabo, que es lo que ha hecho, y que va a hablar de los temas que son competencia de este departamento, y con eso ha acotado los términos de su comparencia. Ahí se ha producido el desconcierto y la perplejidad, que unos venían a hablar de unos temas y el ministro venía a hablar de otros, y ahí estamos, en la mitad de ese lío, hasta este momento. Yo, ministro, le animaría a que en la segunda parte lo paliara algo, y le voy a exponer por qué, y va en línea con lo que el anterior interviniente exponía también.


En repetidas ocasiones me he manifestado en esta misma Comisión ante diversos secretarios generales de su departamento diciéndoles que yo esperaba de este departamento no sólo el desarrollo de lo que el decreto de estructura les haya otorgado como competencias propias, sino que además esperaba y sigo esperando el liderazgo industrial y empresarial del conjunto del Gobierno, y más allá del Gobierno del conjunto de la sociedad. El hecho de crear un Ministerio de Industria no es únicamente para desarrollar unas competencias que ya antes más o menos se venían desarrollando en otros ámbitos, sino para dar un signo claro de que se quiere liderar una línea de trabajo, una determinada visión de las cosas.
Yo creo que eso es lo que hace que en los temas que algunos grupos han expuesto aquí, como Izar o como el Protocolo de Kioto, haya una visión propiamente empresarial o industrial que es necesario exponer aquí, al menos esa es mi impresión, porque estoy convencido de que el ministerio habrá hecho esa exposición y esa defensa, quiero creer, en la comisión interministerial, ya que se ha creado una comisión interministerial donde están ustedes presentes, y supongo que algún tipo -por calificarlo así- de discrepancias habrán mantenido ustedes ahí, porque si todo el mundo piensa exactamente igual basta con que uno piense. En una comisión interministerial habrá distintos puntos de vista.


Entiendo también que usted quiera remitirse a la voz del Gobierno, máxime cuando todas las semanas estamos asistiendo por parte del grupo principal de la oposición al debate de que si usted dice matizadamente una cosa distinta está generando una confusión, etcétera. Las dos cosas no son posibles, defender una visión propia, que no tiene por qué coincidir en sus detalles con la visión de otro departamento, y achacar eso a un desconcierto o a una falta de coordinación, y al mismo tiempo querer que se haga, creo que son dos cosas que no se deben reclamar. Yo reclamo que usted señale su visión, aunque sea matizadamente distinta de la que otros ministros puedan exponer, porque me parece que es la mejor forma de hacer una buena política industrial y medioambiental, en definitiva una buena política de interés general con un equilibrio de intereses que siempre se dan de forma contrapuesta, porque este no es el mundo de los ángeles, donde todos quieren las mismas cosas. Aquí va a haber que luchar, unos desde una perspectiva y otros desde otra, y se buscará un punto de equilibrio entre las cosas, al menos esa es la forma de pensar de mi grupo.


De ahí que crea que su voz en esta Comisión tendría los aliados que estamos en esta perspectiva. Si algo en esta Comisión queremos hacer es apoyarle para que cuando otros u otras le digan otras cosas diga usted que su comisión le dice que no, que tiene que defender los intereses empresariales que están ahí, los intereses de las industrias, etcétera.
Insisto, finalmente el Gobierno fijará una posición y todos los grupos parlamentarios fijaremos una posición, pero eso llega al final de la historia, y entre tanto cada cual tiene que defender su punto de vista.
Creo que eso debiera haberlo hecho usted con Izar y también con Kioto, si es que estamos hablando de proyectos en los que la vertiente empresarial o industrial tiene que ver, y yo creo que tiene mucho que ver. Por tanto, para que no sea lo que yo antes calificaba como la comparecencia de un cierto desconcierto, de una cierta perplejidad, quizá en la segunda parte de esta comparecencia podamos entrar algo en estos temas. En cualquier caso, le animo a que, si no es hoy, no pierda esta perspectiva que es al menos la que mi grupo quisiera que mantuviera su ministerio.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor ministro, por su comparecencia y su información.


Respecto al coste que incide en la competitividad de las industrias que tengan que verse inmersas en el cumplimiento del Protocolo de Kioto como consecuencia de lo legislado por el Gobierno a través del real decreto-ley que actualmente se está tramitando en sede parlamentaria como proyecto de ley, hay una cuestión que me preocupa, señor ministro. Vista la estadística que pone de manifiesto que España se encuentra en la cola del cumplimiento del Protocolo de Kioto, con altos índices de emisión de gases de efecto invernadero y por tanto de repercusión en el cambio climático, la industria española tendrá que adquirir derechos de emisión.
Hay un informe -es el único que conozco- de la empresa Price Waterhouse Consulting Cooper sobre la evaluación de lo que puede significar para la industria española la adquisición de derechos de emisión entre 2005 y 2008, que lo cifra en 19.000 millones de euros. Esto quiere decir que las industrias afectadas por el alcance de ese real decreto-ley y la futura ley que salga del Congreso de los Diputados, así como para cumplir con la directiva comunitaria en lo relativo al

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Protocolo de Kioto, tendrán que comprar derechos de emisión. Francia y Alemania se han preocupado de tener unas cifras de emisión muy aceptables dentro del Protocolo de Kioto pero la industria española, si tiene que pagar esos costes, va a perder competitividad porque el coste de la compra de derechos de emisión lo tendrá que repercutir en la cuenta de resultados, donde puede repercutir el coste es en el precio de lo que esté fabricando o produciendo, sea gasolina en la industria de refino, sea cemento en las cementeras, por poner un ejemplo de dos sectores que están tocados, o la industria petroquímica que produzca la emisión de estos gases de efecto invernadero. Mi pregunta es si la adquisición de estos derechos de emisión, que van a tener un precio, se va a transformar en un activo financiero de las empresas que vendan, pues habrá empresas que cumpliendo con el Protocolo de Kioto y la normativa española y comunitaria les sobrarán derechos de emisión porque están por debajo y por tanto puede vender. ¿Está previsto, señor ministro, que haya una lonja o bolsa para comprarlos? Entiendo que se transforman en activos financieros y esto va a tener el efecto del precio de libertad de mercado. ¿Está previsto que haya una intervención del Estado para fijar el precio de los derechos de emisión y de que esto tenga un lugar de encuentro donde la empresa o la industria que necesite comprar derechos de emisión los compre? Éste es el aspecto de orden financiero empresarial que a mi grupo le preocupa en estos momentos, porque si va a haber un mercado solamente español de la compra y venta de financieros, entiendo que estará muy limitado, pero si hay ofertas de derecho de emisión en el mercado francés, alemán, italiano o británico, que están dentro de la normativa europea, existirá ese lugar de compraventa, esa lonja internacional. Me preocuparía que no lo hubiera dentro del propio territorio español, porque una refinería o una industria cementera ubicada en una comunidad autónoma, A, si en otra comunidad autóno­ma, B, hay otra industria similar y a una le sobran derechos y a otra le faltan, pienso que habrá un mercado interautonómico para la compra de estos derechos.


En Coalición Canaria estamos preocupados por despejar esta incógnita porque nosotros no somos limítrofes con ninguna comunidad autónoma por el hecho de ser un archipiélago que está aislado en el Atlántico y no tiene al lado una industria; por ejemplo, la refinería de petróleo de Cepsa de Tenerife lo más cercano que tiene es la refinería de Algeciras. Por eso le hago esta pregunta, para que la legislación tenga en cuenta que junto al efecto invernadero, al efecto Kioto, etcétera, va a haber un efecto financiero porque la compra de derechos de emisión va a repercutir en la cuenta de resultados de esa empresa y sería ilógico que esa empresa lo tuviera que trasladar al precio del producto que fabrica, con lo cual estaría perdiendo competitividad frente a una industria europea o española que está produciendo el mismo producto y que no tiene que cargar el coste de la compra de derechos de emisión porque ha adoptado las medidas pertinentes.


El señor PRESIDENTE: Para contestar a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Comenzaré por las intervenciones que hacen referencia a la petición de comparecencia para informar de los acuerdos de la comisión interministerial para el futuro de Izar y a la petición realizada por Convergència i Unió para informar sobre el Plan Nacional de Asignación de Emisiones.


En lo que hace referencia al primer tema, yo diría que el sector naval -el señor Rodríguez lo sabe perfectamente- es un sector plural, no sólo es Izar. Izar, como bien sabe, es una empresa pública con 11 centros, adscrita a la Sepi, y la Sepi es un organismo adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, con quien compartimos el trabajo, la preocupación y tratamos de participar también en la solución, pero no nos compete liderar el tema porque hay que ser respetuoso con la atribución de funciones establecida y que usted perfectamente conoce. Ello no quiere decir que nosotros no tengamos opinión y que no participemos, lo que evidentemente hacemos allá donde nos toca, en este caso en la comisión interministerial. Yo comprendo su interés pero creo que he de ser respetuoso con esa delegación de competencias y este tema le compete liderarlo en concreto a la Sepi, que es a quien pertenece la empresa Izar y por supuesto al ministerio correspondiente al que está adscrita la Sepi. Repito que eso no quiere decir que no tenga opinión. Como usted sabe, la Sepi no depende de este ministerio, no depende Izar, pero sí que es competencia de este ministerio la preocupación por las políticas que tienen que ver con el sector naval, que no sólo es esta empresa pública.
Usted, que es de una comunidad donde hay astilleros privados -por cierto, algunos de ellos emplean una buena parte de mano de obra, astilleros no sólo viables sino competitivos- creo que es sobradamente conocedor de esta problemática.


El ministerio, este año, a través de la gerencia del sector naval, invertirá en programas de apoyo al sector naval, público y privado, cerca de 10 millones de pesetas de primas a la construcción naval pública y más de 22 millones de pesetas a la privada. Estamos hablando de la industria naval civil. Usted sabe que la singularidad del sector militar tiene unas determinadas características y una protección que en su momento las autoridades comunitarias creyeron oportuno dar, con la aquiescencia de los gobiernos nacionales, que no le dieron al sector civil, que sí que es un sector en competencia, como aquí también se reclamaba. Unos 168 millones de pesetas en intereses para préstamos, por tanto, de recursos destinados a un sector que es el naval,

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que no es sólo Izar. Izar es una parte importantísima, la empresa más importante, y una empresa pública, pero no la única, pero que a la vez pone en evidencia que hay espacio para un sector naval competitivo en nuestro país. El privado lo es, porque, si no lo es, cierra, y que está en el meollo de la discusión que tenemos estos días. El plan de la Sepi es sobradamente conocido, lo ha presentado el vicepresidente del Gobierno, máximo responsable del ministerio, y, por tanto, de la Sepi y de Izar. Se está discutiendo en estos momentos con los agentes sociales, hay prevista una reunión, como usted muy bien sabe, en Bruselas con el comisario de la competencia, a la que asistirán, aparte del presidente de la Sepi, los sindicatos. Yo no quiero interferir en esta comparecencia ese proceso de negociación, pero evidentemente no sólo lo seguimos, sino que participamos, porque cualquier cosa que afecte negativamente al empleo industrial en este país es algo que no sólo nos preocupa, sino que estamos dispuestos a solucionarlo -¡faltaría más!- y tenemos algunos instrumentos diseñados para tratar de paliar el mismo, en función de cómo vaya derivando la negociación del plan industrial que en estos momentos está encima de la mesa y que yo por supuesto hago mío; es la propuesta del Gobierno, como usted muy bien sabe. Por supuesto, soy absolutamente solidario con la posición que ha expresado tanto la Sepi como el vicepresidente económico del Gobierno.


Algunas de las acusaciones que se nos hacen creo que no se sostienen, porque nosotros no es por distraernos o porque se haya creado esta situación. ¿Ustedes creen que a nosotros nos favorece el que se tenga la percepción de que se quiere destruir empleo o el que se genere tensión? ¿Piensan que obtenemos rentabilidad política y que lo hacemos por razones que no tienen que ver con un problema heredado? Aquí se habla de la carga de trabajo, pero hay centros que hace dos años que no tienen carga de trabajo. Digo yo que por algo será. Me dirán que en el mercado se construye más. Sí, a pérdidas cuantiosas, señor Rodríguez, seguramente podríamos contratar. Lo que pasa es que no sé si la Comisión Europea, con la que tenemos que negociar y pactar este plan, nos dejaría, si eso nos facilitaría precisamente poder aprobar un plan que garantice una viabilidad al sector público de los astilleros, que lo garantice en el marco de la legalidad europea y que además sea una apuesta de futuro y no un parche, que eso también hay que tenerlo presente.


Nosotros hemos abordado el problema y lo hemos hecho con seriedad y con rigor; también forzados por las circunstancias, porque los expedientes de la Comisión Europea han llegado cuando han llegado. Hubo quienes marearon la perdiz durante años, nosotros no hemos tenido ni esa posibilidad y hemos afrontado el problema yo creo que con rigor y con seriedad, y en eso estamos. Vamos a trabajar por que llegue a buen puerto una solución para Izar, que mantenga la máxima actividad posible y el mayor empleo posible. No entraría a discutir otras cosas sobre las que, como usted muy bien sabe, tenemos puntos de vista diferentes respecto al sector también en otros países, cuando se habla de la situación europea y de cosas que desde mi punto de vista no son ciertas. El sector naval en otros países de Europa está en una situación diferente a la nuestra. Hay muchos países en los que han hecho procesos de reconversión más duros que el nuestro y precisamente son aquellos países que nos señalan con el dedo por la situación existente en los últimos años en nuestro país.


Dicho esto, paso a los temas que tienen que ver con el Plan nacional de asignación de emisiones y con Kioto. Cuando se acordó ratificar el protocolo, se hizo no ya en el año 1990, sino cuando nuestra economía crecía, por tanto, cuando ya se podía haber pensado que tomar como referencia el año 1990 e incrementar el 15 por ciento sobre las emisiones históricas del año 1990 no era lo más conveniente. Yo lo creo, lo he dicho, pero, seguramente, lo políticamente correcto en ese momento era eso y por eso todo el mundo se apuntó a que tomando como referencia el año 1990 e incrementando un 15 por ciento ya era suficiente. Pero -repito- eran unos momentos en los que la economía ya crecía y en los que se detectaba que íbamos a tener problemas y problemas serios a ese respecto. En cualquiera de los casos, lo que hay que afrontar es que el protocolo se ratificó, forma parte de nuestro ordenamiento y hay que ser consecuente con ello.


Los objetivos del protocolo limitan enormemente el Plan nacional de asignación de emisiones. No obstante, en la elaboración del Plan nacional de emisiones, que evidentemente ha sido objeto de un trabajo de una comisión interministerial, con una participación más que activa del Ministerio de Industria, nosotros lo hemos planteado, porque tenemos esa sensibilidad, que no necesariamente han de tener otros ministerios, que no quiere decir que tengan posiciones diferentes, simplemente que lo normal es que la sensibilidad y la defensa de los sectores industriales afectados por la directiva los tenga el ministerio correspondiente. Por eso, con la participación activa de las secretarías de Industria y de Energía, se ha elaborado el Plan nacional de asignación de emisiones, de manera muy especial con una intervención decisiva de ambas en lo que hace referencia a los sectores afectados por la directiva, los sectores energéticos y los otros sectores industriales. Pensamos que las asignaciones que recoge el plan no ponen en peligro la competitividad de nuestras empresas, al menos durante el periodo 2005-2007 que, como muy bien decía el señor Folgado, es transitorio, otra cosa será el periodo 2008-2012, porque eso depende de otros muchos factores. Hoy tenemos la buena noticia de que el Gobierno de Rusia ratifica el protocolo y lo envía a la Duma, que esperemos que lo ratifique, por tanto, eso es una buena noticia. Una mala noticia sería llegar a 2008 con Estados Unidos sin ratificar el protocolo, con Rusia sin ratificar el protocolo y con China y la India creciendo sus emisiones cada año como están

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haciéndolo. En ese contexto seguramente que la Unión Europea tendría que replantearse los objetivos fijados para 2008-2012. Esto es lo que yo pienso, aunque es hacer un poco política ficción, pero al menos es lo que tendría que hacer cualquier gobernante responsable, si queremos defender la competitividad de las industrias y no dar argumentos y facilidades a su deslocalización en Europa. A ese respecto también tengo mis opiniones sobre uno de los temas a los que hacía alusión el señor Folgado, que es al Reach, que en estos momentos se está discutiendo y donde obviamente hay posiciones no coincidentes dentro de los países de la Unión Europea.
Hay países que no tienen industria química y, por tanto, les preocupa relativamente poco y quieren ser muy exigentes en las normativas y otros no somos tan exigentes, porque dependiendo de las exigencias que hagamos, podemos poner en peligro 150.000 puestos de trabajo que hay en el sector.


Por tanto, tenga en cuenta, señor Beloki, que estas sensibilidades están presentes en el Gobierno y evidentemente las trasladamos a los foros que hay que trasladar, seguramente sin darles mucha publicidad, que no es el caso, pero tratando de ganar en eficacia.


Decía que el Plan Nacional de Asignación de Emisiones es suficiente. Se ha discutido con los sectores y en algunos casos corrigiendo las peticiones de los mismos. Hubo uno que trajo unas demandas a la baja, equivocadas, y se lo demostramos: el sector de la cerámica, sin ir más lejos. Después lo pudieron comprobar y lo agradecieron. Las asignaciones recogen el 95 por ciento de las peticiones de los sectores para este periodo. El Plan Nacional de Asignación de Emisiones es para reducir emisiones, no para incrementarlas. Lo que no se puede es venir con la pretensión de incrementar las emisiones que están realizando hoy.. Este periodo ha de servir entre otras cosas, como muy bien decía el señor Folgado, para las empresas que puedan reducir. Hay algunas que lo tienen más difícil y otras que tienen más fácil introducir nuevas tecnologías menos contaminantes. En cualquiera de los casos, durante este periodo que va hasta el 2007 les vamos a ayudar a reducir dichas emisiones. Por tanto, recogemos el 95 por ciento de las peticiones, haciendo unas reservas para nuevos entrantes, porque es evidente que no sólo en el sector energético sino en otros va a haber nuevas industrias que van a requerir la correspondiente asignación. Hoy no podemos decir que el Plan de Asignación de Emisiones ponga en peligro la competitividad de nuestras empresas. No sé qué será de Kioto después de 2008, pero para el periodo en el que está elaborado el plan y en lo que hace referencia de manera muy clara a los sectores afectados, industriales y energéticos, eso es así.


Sectores difusos, sectores no afectados por la directiva, ciertamente son los responsables de más del 50 por ciento de las emisiones. Es mucho más difícil medirlos porque en estos momentos, como SS.SS. saben, estamos en un proceso, que está a punto de acabar, en el que después de la asignación por sectores hay la asignación por instalaciones. En estos momentos, con la participación de las comunidades autónomas, porque así lo prevé nuestro reparto competencial, estamos estudiando el procedimiento para asignar las emisiones por instalación. Por tanto, se harán asignaciones que no pongan en peligro una determinada empresa. Otra cosa es si es posible que con la aplicación de tecnologías menos contaminantes esas emisiones se puedan reducir. Evidentemente, si alguien contamina más de la asignación que tenga en este periodo están previstas unas multas. Sus señorías lo conocen porque seguro que han tenido ocasión de leer lo previsto en el Plan nacional de asignación al que me refiero.
También existe la posibilidad, por supuesto, de comprar derechos. ¿A quién se compran? Se pueden comprar en el mercado europeo que se irá conformando. De hecho ya hay uno funcionando. ¿A qué precio? Al que fije el mercado, depende de la oferta y de la demanda. Aquel que aplique tecnologías limpias y pueda ahorrar podrá vender una parte de sus derechos. ¿A quién? A aquellos que quieran contaminar más o que pongan en marcha nuevas actividades y no se les asigne una cantidad porque no haya reservas suficientes para nuevos entrantes en un determinado momento.
También hay otros mecanismos sobradamente conocidos y a los que se ha hecho alusión, como son los de desarrollo limpio y de aplicación conjunta que pueden utilizar las empresas y sobre los que puede actuar la Administración. La reforestación o los sumideros son un mecanismo para reducir emisiones.


En definitiva, tal y como ha quedado la propuesta del plan, en lo que hace referencia a los sectores afectados por la directiva, no pone en peligro en absoluto la competitividad de las empresas. Se han atendido razonablemente las demandas; repito que el 95 por ciento. En algunos casos se ha atendido más de lo que solicitaban porque los sectores no habían hecho bien los cálculos. En algunos casos no se pudieron atender peticiones que lo que pretendían era continuar aumentando el número de emisiones. Kioto nos obliga a reducir las emisiones, no es un cheque en blanco para continuar creciendo. Repito que hay algunos sectores y algunas empresas que si quieren lo pueden hacer. Habrá derechos en el mercado que podrán comprar o participar a través de los mecanismos a que he hecho alusión. Sobre esto ha habido algunos estudios francamente alarmistas. Como ustedes saben, tienen un origen, no son casualidad, responden a unos determinados intereses. Hoy no se puede hablar de un impacto económico porque entre otras cosas en nuestro país, como saben, a diferencia de otros que han tratado de hacer asignaciones mixtas, las asignaciones son gratuitas; es decir, la asignación que se hace a cada sector y a cada instalación es gratuita. Hay países que han optado por que una parte de la asignación sea gratuita y otra no. Aquí, la asignación a cada sector y a cada instalación será gratuita, por tanto coste inicial no existe, aunque después todo dependerá de si

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quieren incrementar sus emisiones o no. Para eso se hace la trasposición de la directiva y la creación del mercado. No sé si con estas aclaraciones respondo a lo que se planteaba tanto por Convergència i Unió como por el señor Mardones, de Coalición Canaria, y por el señor Folgado.


Respecto a los sectores que no están en la directiva, en cuanto a la estrategia de eficiencia energética de España, la E4, he hecho alusión en mi intervención a que estábamos elaborando un plan de acción precisamente para concretar algunos de los aspectos que eran seguramente demasiado genéricos. Evidentemente lo estamos haciendo con la colaboración de otros ministerios afectados porque hay sectores difusos que no están en la directiva, como el transporte, la vivienda, el agropecuario y otros. Por tanto, hay esta voluntad de manera muy clara. No tenga dudas, señor Beloki, de que en las comisiones interministeriales pertinentes procuramos aportar esa perspectiva, desde el punto de vista no sólo de la protección de los intereses de la industria sino también de trabajar con una cierta visión de futuro al respecto.


En cuanto a otras cuestiones energéticas que han salido en las intervenciones, como las energías renovables, tengo que decir que estamos revisando el plan actualmente vigente porque algunos de los objetivos difícilmente se van a cumplir. De manera muy especial, en lo que se refiere a la biomasa, requerirá seguramente una modificación de la ley para que tenga una prima que haga rentable poder invertir en este sector, seguramente para corregir al alza las previsiones en energía eólica, que pensamos que son perfectamente posibles, y para algunos otros ajustes.
Estamos trabajando en ello, en estos momentos tenemos prácticamente lista la revisión del Plan de energías renovables, como también el Plan de acción E4, de la estrategia energética de España. Respecto a la nuclear e hidrógenos, son conocidas nuestras posiciones al respecto. Ciertamente tenemos que incorporarnos a esa labor pionera que algunos países en Europa están poniendo en marcha en materia de hidrógeno. Y en el tema nuclear los compromisos del Gobierno los explicitó de manera muy clara el presidente del Gobierno en el debate de investidura. Y poca cosa más tengo que decir.


Hago alusión a algunas cuestiones que también habían aparecido en las diversas intervenciones que se han hecho relativas, en este caso, al sector turismo. Quisiera a este respecto dejar claro que nuestro objetivo es trasladar a la opinión pública que las cosas no están mal. Eso es lo que nos transmiten los operadores del sector. Como ustedes saben, en los ocho primeros meses del año ha habido un crecimiento de un 1,3 por ciento en la entrada de turistas y han crecido de manera sustancial también las pernoctaciones, lo cual tiene mucho mérito teniendo en cuenta también que hay un crecimiento importantísimo del turismo residencial, del número de turistas que vienen y no se instalan en hoteles sino en apartamentos, que -como digo- han crecido de manera sustancial, especialmente en las costas, en lo que es el turismo de sol y playa. También valoramos como positivo un fenómeno que es reciente, el de la utilización de las nuevas tecnologías por parte de los turistas, la creciente importancia que tienen las líneas de bajo coste para aportar turistas del exterior.
Valoramos de una manera muy positiva también el crecimiento del turismo nacional, porque seguramente estamos muy acostumbrados a medir el turismo con parámetros muy clásicos cuando era un elemento fundamental en nuestra balanza de pagos, por los turistas que vienen de fuera, pero para el sector es tan importante el ciudadano de otro país de la Unión Europea o de Estados Unidos que un ciudadano de cualquier comunidad autónoma porque, en definitiva, genera actividad, genera empleo y deja riqueza.
También hay que poner esto de relieve porque creo que a veces utilizamos algunos parámetros que conviene ir dejando de lado porque se corresponden con otra etapa.


El señor Mas hacía referencia a los incrementos de I+D+I. No he hecho mención en mi intervención a ello de manera especial porque son temas que están recogidos en el proyecto de presupuestos que se ha presentado.
Corresponde, evidentemente, a un compromiso del Gobierno y tienen que ver con algunas de las políticas que he apuntado, que sería muy difícil de realizar si no hubiera esos recursos de más, que son recursos públicos que esperamos que sirvan para apalancar inversión privada en I+D.


Ha hecho alusión el señor Mas al tema de la calidad del suministro en lo que hace referencia a nuestro sistema eléctrico, que es algo que nos preocupa de especial manera. Hemos estado trabajando con las empresas y con las comunidades autónomas planes de mejora. Estos planes de mejora tienen una dotación pequeña, 50 millones de euros con cargo a tarifa este año, que se están asignando en estos momentos, a los que hay que sumar, la aportación de las comunidades autónomas en algunos casos, y por supuesto de las empresas. Tenemos la firme convicción de que este es un camino en el que tenemos que profundizar, porque uno de los déficit de nuestro sistema es precisamente el de la distribución, especialmente en algunas zonas geográficas, donde es necesario incrementar la inversión para evitar esos problemas en la calidad del suministro a los que usted hacía alusión. Por supuesto que más adelante tendremos ocasión de rendir cuentas de algunos de los programas que tienen que ver con la sociedad de la información, que se están en estos momentos desarrollando, y evaluarlos.


Respecto de los temas de comercio exterior, por último, a los que usted hacía alusión, exclusivamente me he referido al incremento de las exportaciones, que se comportan de manera razonable durante este primer semestre. El dato no positivo es que las importaciones crecen de manera sustancial entre otras razones por la fortaleza del euro. Este es un dato que no es tan positivo

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pero sobre el que es más difícil incidir desde los instrumentos de que dispone el Gobierno.


Termino aquí la respuesta a las intervenciones, en el bien entendido de que después, señor presidente, podré contestar a algunas de las cuestiones si es que hay otro turno.


El señor PRESIDENTE: No está previsto ningún turno más, pero si hay alguna petición de aclaraciones o información puntual daré la palabra a quien me lo solicite.


Tiene la palabra el señor Rodríguez por un tiempo de tres minutos.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Tres cuestiones solamente. La primera es que el señor ministro de Industria será consciente de que sobre Izar opinó fuera de la Cámara siempre que fue preguntado por los medios de comunicación. Creo que no es una buena táctica política opinar de un tema que ahora aquí se pone como pretexto que no se es competente o que no se tiene liderazgo. Resulta sarcástico que un cargo que lleva el nombre de ministro de Industria no tenga nada que decir por iniciativa propia en el Congreso de los Diputados sobre el único sector industrial que hay en manos públicas. Comprenderá que este no es un problema competencial, es un problema político. Y esto lo vinculo con la segunda cuestión.


Efectivamente hay un sector naval privado, pero tenga en cuenta como ministro de Industria que eso al lado de lo que estamos hablando es el chocolate del loro. Solamente en Sestao son 73.000 toneladas de registro bruto compensado las que tiene legalmente reconocidas e Izar-Fene, que somos nosotros, que ya sabe que estamos fuera, no tiene nada pero con capacidad para construir 150.000 toneladas de registro bruto sólo. Los astilleros de Vigo han sufrido un proceso de reestructuración brutal, no son lo que eran tampoco, pero no tiene nada que ver una cosa con otra.


Por último, la tercera cuestión, ya le dije por qué no hay carga de trabajo, porque a propósito se llevó a esta situación y eso es una opción política, y todos los estados contratan por debajo del coste del barco, todos. Precisamente en las conversaciones de la OCDE se quiere acabar con esa situación y había un margen de maniobra hasta finales del año 2005, si es que triunfan una serie de tesis, para llegar a unas condiciones de libre competencia. Pero en el caso asiático y también en el europeo se dan los siguientes fenómenos y se podría hacer un estudio sobre la condonación de deudas. En las negociaciones con la Comisión Europea no es descartable incluso la condonación de la deuda. También la conversión de deuda en capital, la bonificación de intereses por la banca estatal o de control estatal. Ir a Alemania a ver lo que pasa con esas cuestiones sería interesante. En las prácticas desleales, la fijación de precios posible, entre otras razones, por la integración de los astilleros en grupos multisectoriales. Es lo que hace por ejemplo Corea, pero también Alemania e Italia en cierta manera. Hubo un intento por parte del Estado español de realizar la fusión entre astilleros civiles y militares; también se iba en esa dirección. Ha habido muy escasa claridad en la financiación de la construcción naval: mercados internos reservados a los astilleros locales; restricción al acceso de importaciones, incluso créditos y garantías crediticias a los armadores por debajo de las condiciones normales del mercado. Esto se da en países europeos, señor ministro. Estamos hablando de un problema económico pero también político, y este era el gran debate. Siento que siempre tengamos que hurtar la cuestión de fondo. Evidentemente, si no vamos a la cuestión de fondo esto no tiene solución y estamos en un diálogo absurdo y de besugos. Creo que el ministro de Industria -que como buen catalán tiene capacidades políticas- no debería huir de ese diálogo absurdo y de besugos. No se huye de ningún tema catalán en el Parlamento autonómico y me parece que es muy importante comportarse así porque es de rigor político y es lo realmente democrático. Me parece que a nivel del Estado español deberíamos hacer lo mismo con muchos temas, aunque no sean estricta competencia profesionalizada de quien habla. Solamente me queda expresar mi pena porque no podamos tener este debate abierto y claro.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Guinart.


El señor GUINART SOLÁ: Hablaré de tres puntos en tres minutos.


En relación con el Plan nacional de asignaciones -que el ministro repetía que no preveía que afectara a la competitividad de nuestras empresas en el periodo 2005-2007, que luego se vería- simplemente quiero decirle que estaría bien convencer a la CEOE, a las organizaciones empresariales, de que esto no será así porque en sus alegaciones del 19 de julio de 2004 dice textualmente: El propio documento aprobado por la Comisión interministerial indica que el Plan nacional de asignaciones debe preservar la competitividad y el empleo de la economía española, pero esto no se ve reflejado en la comparación con las asignaciones realizadas en otros países donde los sectores industriales tienen una mayor cobertura de sus emisiones, por lo que tendrán mejor posición competitiva que las empresas españolas. Esa es la opinión de la CEOE. Estaría bien que nosotros llegáramos a un acuerdo teniendo en la mano cifras y datos.


En segundo lugar, me hubiera gustado escuchar algún comentario sobre lo que yo he presentado en relación con los temas de la deslocalización, aunque solamente fuera para conocer la percepción del señor ministro sobre este tema.


Finalmente -de forma rápida- uno de los muchísimos aspectos que ha citado de forma preferencial y que me afectan muy directamente es el tema del turismo y

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esa estadística que según el señor ministro refleja que ha habido un crecimiento y que no hay que hacer caso de los comentarios que últimamente se han publicado en la prensa. Yo no soy partidario, ni mucho menos, de hacer catastrofismo en esta cuestión, pero tampoco nos debemos situar en el otro extremo. No se trata de hacer triunfalismo, de decir que no pasa nada, hemos ido bien, cada vez vamos mejor, sino que realmente ha habido -y usted lo ha reconocido en parte- un grado de crecimiento negativo que ha supuesto un punto de inflexión. No se trata de hablar de que el modelo de sol y playa esté agotado o de hacer afirmaciones de este tipo, sino que hay que decir que vale la pena poner atención en esta industria que es de las más importantes del país. Sabe usted que le hablo desde el conocimiento como alcalde de un municipio turístico que pasa de 8.000 a 80.000 personas en verano, y este verano he comprobado -desde la proximidad que permite una alcaldía- que no se puede calificar de un buen año turístico sino que ha sido flojo, sin ser pésimo, sin ser malo. Esto se puede comprobar estadísticamente con diversos indicadores, por ejemplo, el agua depurada, desechos llevados al vertedero, etcétera. En cualquier caso, el tema turístico también se debe compartir con las comunidades autónomas y con las organizaciones locales, municipios y diputaciones, pero desde la óptica parlamentaria nos tiene a su disposición para colaborar en todas las medidas, estudios e iniciativas que desde el ministerio lleven a cabo, entre ellos, este instituto para la calidad turística, que nos parece que es un tema clave para el desarrollo futuro de este sector.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mas.


El señor MAS I ESTELA: Sólo quería hacer una pequeña matización para que conste en el "Diario de Sesiones", porque me da la impresión de que el señor ministro se ha confundido. Ha hablado de ayudas al sector naval privado en pesetas y me parece que debía haber hablado en euros. (El señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Montilla Aguilera: Son euros.) Lo digo para que quede constancia de que debía ser un error del ministro.


El señor PRESIDENTE: Señor Folgado.


El señor FOLGADO BLANCO: Voy a ser telegráfico. Hablaré sobre cuatro puntos concretos.


En primer lugar, señalaré dos cuestiones sobre las pymes de las que no puede hablar en mi primera intervención. En materia de pymes se ha realizado durante los últimos años una envolvente administrativa, fiscal, de Seguridad Social y financiera que ha hecho posible que hayan sido la pioneras en creación de empleo y que España haya sido el país en el que más empleo se ha creado de Europa y de mayor dinamismo. Hay dos aspectos concretos que quería preguntarle al señor ministro y que me parecen relevantes. Uno de ellos es el relativo a los PAIT, los puntos de asesoramiento e inicio de tramitación de empresas. Nosotros tenemos mucho interés en facilitarle la tarea a todo aquel que quiere ser empresario, que quiere iniciar la aventura empresarial, de manera que incluso en 48 horas se pudiera crear una empresa utilizando las más modernas tecnologías y poniendo en relación a la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y naturalmente notarios, registradores, etcétera. Quisiera saber cómo va el tema este de los puntos de asesoramiento e inicio de tramitación, que me parece que es muy relevante. En segundo lugar, el ministro hizo referencia -y creo que con acierto- al capital-riesgo.
Durante los últimos años hemos dado pasos muy importantes en España para reducir los tipos de interés y beneficiar frente a los bancos particularmente a quien menos capacidad negociadora tiene en materia financiera, a los pequeños empresarios, y se ha creado un contexto favorable, pero es muy importante -y creo que en estos nos ganan los países anglosajones- incentivar el capital-riesgo. Sería muy importante para España en esta nueva etapa. ¿Qué está haciendo el ministerio para enriquecer lo que hasta ahora se ha hecho? Entendemos que ha sido positivo pero que es necesario profundizar mucho más en materia de capital-riesgo.


En cuanto a Izar, sinceramente señor ministro me parece increíble e impresentable que casi lo único que se haya hecho -no digo hoy aquí; me estoy refiriendo a lo que se ha hecho por parte del Gobierno- es hablarnos de que las ayudas son ilegales y que, por consiguiente, hay que devolverlas y que eso significa que van a la quiebra. Es decir, se ha lanzado un mensaje al mercado justo en las antípodas de lo que han hecho franceses, alemanes y todo el mundo que es ir allí, discutir el plan de empresa y negociar detenidamente con ellos, que es lo que hicimos también con mucha dureza en materia de minería, aprovechando la Presidencia española, logrando mediante un acuerdo del Consejo de Energía que hubiera ayudas hasta 2010? Ya sé que en este ámbito no lo hay, pero siempre se puede negociar. Lo han hecho los alemanes quienes incluso han recurrido y han obtenido sentencias favorables en algún caso. Así que yo creo que en esta cuestión tenemos que tener una actitud mucho mejor para los mercados que decir que es un desastre, se han dado ayudas ilegales, ahora hay que devolverlas, esto va a la ruina y va a desaparecer. No. Ha habido unas ayudas y durante un determinado período de tiempo hemos logrado que los astilleros militares, que hace ocho años estaban en situación de deshecho, se colocaran en una posición mundial de tecnología punta con las F-100 y, salvo la X el sistema operativo de combate americano, aquí hemos logrado hacer no sólo las fragatas más modernas del mundo sino además fabricar para los noruegos, que es lo mismo que vender hielo a los esquimales. Se estaba negociando también el tema de los fast-ship. ¿Qué pasa con estos contratos que hubieran sido muy importantes

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y cuya negociación estaba muy avanzada? No sabemos nada de ello y esto es tecnología avanzada. ¿Qué pasa con los metaneros? ¿Qué pasa con proyectos complementarios de desarrollo alternativo en este ámbito, igual que hemos hecho en la minería? El señor ministro también tendría que insistir en esta cuestión.


En materia de I+D+I no es verdad que vayan a aumentar los gastos un 25 por ciento. Para empezar, se excluyen los gastos militares, cuando yo creo que todo contribuye al I+D+I. Crecen el 16 por ciento y eso incluyendo los créditos. Al final creo que no estamos diciendo toda la verdad como es debido. En cuanto a la materia de Kioto, yo quisiera oír al señor ministro que ninguna empresa industrial española va a tener que comprar derechos a una alemana si no emite unitariamente más que aquella porque, si no, iríamos contra las normas de la competencia comunitaria e iríamos contra los principios de la convergencia real. ¿Qué ayudas en concreto -y habló de ello- se les va a dar a las empresas para que esas inversiones durante todo este periodo piloto sean desde luego más eficientes desde el punto de vista medioambiental? ¿Se va a crear el fondo de carbono? Sería muy importante para compensar los excesos de emisión en las fuentes difusas -véase el transporte o el residencial-. Espero que, dentro de unos meses, nos expliquen el plan de acción en el que se concretan las 400 líneas de actuación que estaban en la Estrategia de ahorro y eficiencia energética, porque sería muy importante para hacer de este país un país moderno desde el punto de vista medioambiental y también con capacidad de crecimiento.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Por supuesto que los astilleros civiles privados no son importantes si los comparamos con la capacidad de producción de algunos públicos, y el señor Rodríguez citaba al de Sestao. Lo que pasa es que, como S.S. sabe, los pequeños astilleros de Vigo durante estos dos últimos años, a pesar de tener menor capacidad, realmente han construido más toneladas que los de Sestao.


Constantemente se ha hecho alusión a la situación de los astilleros en Europa. La situación general en Europa se caracteriza, como S.S. sabe, por una dispersión geográfica y empresarial. La reducción de la cartera de pedidos, especialmente desde el año 2000, que es el último año en el que se permitieron las ayudas públicas, supone que menos en Alemania, en el resto de países se mantiene, y S.S. lo sabe, un volumen de contratación que apenas cubre el 50 por ciento de la actividad. Es de destacar que ya no existe construcción naval en Bélgica ni en Suecia, y S.S. sabe que en los años setenta era el segundo constructor mundial, ni casi en el Reino Unido, que era líder allá por los años cincuenta, y que hay multitud de astilleros inactivos en Rusia, Ucrania, Bulgaria, en las repúblicas bálticas y con una grave crisis casi todos los estados de la Unión Europea con construcción naval, más Noruega y Polonia. Han desaparecido muchos astilleros y se han visto reducidas las plantillas en los países de la Unión Europea. Se cita, para establecer un cierto paralelismo con Izar, la fusión de los astilleros alemanes. Su señoría sabe que no es equiparable, principalmente porque son astilleros que no habían recibido con anterioridad, hasta ese momento, ayudas; además, son empresas de titularidad privada, y ambas empresas han reorientado su actividad desde lo civil a lo militar; S.S. también lo sabe. Digo esto porque, en fin, no está tan bien el mercado como se pinta, porque, a veces, da la sensación de que aquí no se quiere contratar por no sé qué extrañas razones, y yo he dado antes las nuestras. Si hay astilleros que llevan dos años sin cartera de pedidos supongo que es, entre otras cosas, porque contratar a pérdidas es también difícil de justificar ante de la Unión Europea, cuando además se tienen cinco expedientes abiertos y cuando además se ha de pactar un plan que pretendemos, repito, que sirva para salvar la mayor actividad posible y el mayor empleo posible. Por supuesto que hay ayudas que reciben otros astilleros europeos; también los españoles. Yo he hecho alusión a esos algo más de 200 millones de euros de ayudas anuales que se dan al sector y que son perfectamente legales. Esas ayudas también existen en Europa, pero la Unión Europea no ha abierto los expedientes por esas ayudas, y estos expedientes han sido, son y serán todavía objeto de debate durante mucho tiempo más.


El Plan Nacional de Asignación de Emisiones y la posición de la CEOE. La CEOE ciertamente ha cuestionado no el plan, sino el Protocolo de Kioto.
El protocolo de Kioto fue ratificado por el Gobierno español en un ambiente de unanimidad y yo me siento absolutamente solidario, al margen de las manifestaciones que he hecho sobre si se podía haber negociado de otra manera, porque, seguramente, no se tuvo en cuenta algo que ahora se constata y es que, no nos cuadran los números ni por PIB ni por población. Seguramente eso pone más difícil conseguir algunas de las cuestiones que aquí se planteaban. Por supuesto que hay previsto crear un fondo de carbono y supongo que son conocedores de ello, pues está en los textos presentados, tanto en el plan como en la trasposición de la directiva.


Respecto a Izar, no creo que haya que enviar un mensaje catastrofista, pero no hay que olvidar que el tema ha venido provocado por lo que ha venido provocado: Bruselas. El Gobierno actual no es el responsable de estos expedientes. Están abiertos por acciones realizadas durante la gestión del anterior Gobierno. Espero que entre todos seamos capaces de conseguir mantener el mayor número de actividad y empleo, sobre la base del respeto a la legalidad comunitaria. Cuando se está en un club no se está sólo para lo que a uno le interesa, sino también para aquello que son normas comunes para todos los miembros. Con el PAIT consolidaremos

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esa línea de actuación. Hace falta capital-riesgo, porque aunque existe capital, de riesgo hay poco, sobre todo en las empresas de capital riesgo privadas. En estos momentos estamos trabajando algunas iniciativas que les podremos comunicar cuando estén más avanzadas. Sí que les puedo anticipar que el año que viene Fersa incrementará sustancialmente los recursos para créditos participativos. No es capital riesgo, es algo similar, que yo creo que, según como, mucho mejor, sobre todo para las pymes, que es algo que nos preocupa de manera especial.


Respecto al turismo, repito, en los últimos 8 meses ha crecido el número de turistas, prácticamente, cerca de medio millón y han crecido en algo más de un 4,6 por ciento las pernoctaciones. Los datos no son malos. Eso no quiere decir que no debamos estar preocupados. Debemos estar preocupados, sobre todo, por el medio plazo, porque cada vez tenemos más competencias en determinados sectores. Un euro fuerte no favorece que determinada clientela opte por venir a nuestras playas y no vaya a otras que van ganando en la relación calidad-precio, como son Egipto, Túnez, Croacia o Turquía. Este es un peligro, como es obvio, para nuestro sol y playa. Por supuesto, también es necesario segmentar más la oferta, porque la demanda lo solicita, y valorar más determinados activos que tiene nuestro país. Eso no quiere decir abandonar el sol y la playa, que son y seguirán siendo elementos centrales, pero sí que quiere decir darle más valor añadido a nuestra oferta. En eso estamos trabajando. Eso va a ser objeto de discusión en las propuestas que vamos a llevar a la conferencia sectorial que se celebrará en Toledo próximamente.


Muchas gracias, señor presidente, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Terminamos agradeciéndole su comparecencia en esta comisión y también su celeridad para aceptar haber estado aquí cuando se lo hemos pedido.


Muchas gracias.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y diez minutos de la tarde.

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