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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 82, de 23/09/2004
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 82
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN MARÓN BELTRÁN
Sesión núm. 12
celebrada el jueves, 23 de septiembre de 2004


ORDEN DEL DÍA:

Debate y votación de las siguientes solicitudes de creación de subcomisiones y ponencias:

- Solicitud de creación de una subcomisión, para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas. Formulada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió). (Número de expediente 158/000003.) ... (Página 2)

- Solicitud de creación de una subcomisión, para la emisión de un informe que analice la ordenación y adecuación del tiempo de trabajo, la flexibilidad horaria y de la jornada, así como de las posibilidades de adecuación del horario laboral a la conciliación de la vida laboral y profesional. Formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 158/000009.) ... (Página 6)

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Proposiciones no de ley:

- Sobre reconocimiento del periodo de tiempo dedicado a la prestación del servicio militar obligatorio o a la prestación social sustitutoria para la percepción de prestaciones de la Seguridad Social y del Régimen General de Clases Pasivas. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000037.) ... (Página 8)

- Relativa al establecimiento para Canarias y Baleares de una única tarifa en los paquetes vacacionales del IMSERSO. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000063.) ... (Página 12)

- Relativa a la necesidad de solventar para Canarias y Baleares algunos aspectos relativos a los viajes de vacaciones del IMSERSO que hacen que actualmente exista discriminación entre los pensionistas que viajan desde islas capitalinas frente a islas menores. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000160.) ... (Página 12)

- Sobre medidas para incrementar la asistencia social y sanitaria a los emigrantes españoles y sus descendientes. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000093.) ... (Página 15)

- Para impulsar la atención a las personas dependientes en España.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000237.) ... (Página 17)

Se abre la sesión a las once y treinta minutos de la mañana.


DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS:

- SOLICITUD DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN, PARA POTENCIAR Y PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 158/000003.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, en esta sesión de la Comisión debatiremos la solicitud de creación de subcomisiones y ponencias, y proposiciones no de ley.


Antes de dar comienzo al orden del día, quiero decir a los miembros de la Comisión que las votaciones no se realizarán antes de la una y media.
Varios diputados me recomiendan agilidad para que podamos concluir el debate de las proposiciones no de ley a una hora que permita a SS.SS.
desplazarse.


Iniciamos el orden del día con el punto primero: Solicitud de creación de una subcomisión para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.)

Tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Todos los grupos, y al menos unos cuantos diputados de esta Cámara y específicamente de esta Comisión, tanto durante la pasada legislatura como en esta, han seguido con interés el debate abierto sobre la denominada responsabilidad social de las empresas o responsabilidad social corporativa.


El concepto aparece con fuerza con motivo de la cumbre de Lisboa de la Unión Europea, cuando se perfila la necesidad de articular un nuevo paradigma de crecimiento económico y social de la Unión Europea, orientado a hacer posible el crecimiento económico y el mantenimiento del Estado del bienestar, a hacer posible que el modelo europeo se continúe desarrollando. Más en concreto, desde el momento en que la Unión Europea elabora, en el año 2000, un libro blanco sobre la reforma social de las empresas; libro blanco que manda a los gobiernos de la Unión Europea articular iniciativas, reflexiones y propuestas en ese ámbito. Al mismo tiempo, aparecen iniciativas de carácter mucho más amplio, como la lanzada por el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, conocida como Pacto global, que ha tenido un importante éxito por lo que hace referencia a las empresas del Estado español, y que orientaba a un compromiso de las empresas de todo el mundo en determinados valores como expresión de su responsabilidad social. En paralelo, en el marco del Estado español, se han originado iniciativas por parte de ONG vinculadas a la cooperación internacional y a los derechos humanos con la creación de un observatorio específico sobre esta cuestión. Los centros de estudio

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en el ámbito de los negocios -Esade, IESE, Instituto de Empresa- vienen desde hace tiempo lanzando propuestas, análisis, estudios y trabajos para profundizar alrededor de ese concepto. En la pasada legislatura, el Grupo Socialista planteó una proposición de ley para regular estas cuestiones; en réplica, el gobierno del Partido Popular activó un grupo de trabajo sobre esta misma materia para alentar la acción del gobierno y son numerosísimas las empresas españolas que vienen incorporando importantes actividades de acción social o la incorporación de memorias de sostenibilidad como nuevos compromisos tanto en términos de transparencia como en términos de responsabilidad social de las empresas. Estamos, por tanto, en un momento de ebullición alrededor de la RSE o de la RSC. Esta situación aconsejó a mi grupo plantear la posibilidad de creación de una subcomisión parlamentaria para analizar estas cuestiones, convencido además de que el debate sobre la RSE es tremendamente interesante.
Llegamos a la convicción de que más allá de que las empresas deban de crear actividades económicas, crear puestos de trabajo, prestar servicios u ofrecer productos, pueden aportar más al conjunto de la sociedad en términos de respuestas colectivas a los problemas colectivos que hoy abordan las sociedades avanzadas como son los cambios demográficos, los problemas asociados a la globalización económica, las propias evoluciones en el comportamiento de nuestras familias en la sociedad post industrial avanzada que evoluciona desde el peso sustancial de la industria hacia el peso sustancial de los servicios en relación con los debates sobre la flexibilidad. El Grupo Popular plantea también la creación de una subcomisión muy interesante sobre la ordenación y la adecuación del tiempo de trabajo. Todo ello configura a las empresas no tan sólo como elementos clásicos respecto a lo que convencionalmente todos entendemos que deben ser sus principales actividades sino también en esa perspectiva de un mayor compromiso de las empresas en la solución de los problemas colectivos de la sociedad. Al mismo tiempo, ha ido ganando peso en nuestras percepciones colectivas que esa dicotomía que durante tantísimos años habíamos establecido entre lo público y lo privado se va difuminando. Podemos asumir objetivos públicos desde la participación del ámbito privado. En este sentido, las empresas, como exponentes de la sociedad civil, pueden ser un instrumento activo de carácter público, de carácter colectivo para hacer frente a esos retos.Esa cuestión de fondo que enlaza con el debate que en su día provocó el libro blanco de la Unión Europea y la propia Cumbre de Lisboa al impulsar una estrategia europea que mantenga ese modelo europeo que combina crecimiento económico y cohesión social, a nuestro entender, encuentra en la RSE una vía interesante para avanzar. Todo ello, señorías, en un contexto de confusión quizá terminológica o conceptual alrededor de esta idea, aconsejaba a nuestro grupo que en sede parlamentaria fuésemos capaces de profundizar en la necesidad de ponernos de acuerdo grupos parlamentarios, Gobierno, sociedad civil y expertos alrededor de lo que entendemos por responsabilidad social de las empresas o por responsabilidad social corporativa. Mi grupo plantea la creación de esta subcomisión con la idea de que se intente superar la confusión existente y que esta subcomisión sirva para ponernos de acuerdo en lo que pretendemos sobre esta materia.
En segundo lugar, que esta subcomisión fuese capaz de elaborar un estudio, un informe que estableciese recomendaciones al Gobierno para desarrollar una verdadera política pública de apoyo a la responsabilidad social de las empresas, en la línea precisamente de lo que el libro blanco y los posteriores documentos de la Unión Europea mandataban al conjunto de los gobiernos: Una política pública de fomento, de orientación, de compromiso, de clarificación, de regulación incluso en algunos aspectos; en definitiva, una política pública del Estado español en materia de RSC. Hay, por tanto, las dos pretensiones con esta subcomisión: trabajar para fomentar una clarificación consensuada de lo que entendemos por RSC, y recomendar al Gobierno una política pública sobre responsabilidad social de las empresas. Una estrategia gubernamental española de apoyo a la responsabilidad social de las empresas en este contexto, insisto, de cambios profundos.


La forma específica en la que mi grupo formula la subcomisión corresponde al estándar que funcionó al menos en la pasada legislatura por lo que hace a metodología, composición de miembros de la subcomisión y duración de la misma. En concreto y en este extremo, planteamos que la subcomisión tenga una duración de un año. Por tanto, que durante este año activemos comparecencias de sociedad civil, de expertos, de empresas, que profundicemos en el estudio de esta nueva realidad y que, finalmente, valoremos la elaboración de un informe que nos pueda permitir, insisto, clarificar y mandatar el desarrollo de una política.


Estoy seguro de que esta iniciativa va a contar con el apoyo de todos los grupos de la Cámara y que podremos efectuar un trabajo de calidad que permita en los próximos años, de verdad, que el Estado español sea capaz de convertirse, en esta materia, en una referencia para el conjunto de Estados de la Unión Europea. En los últimos tiempos, países como Gran Bretaña, Dinamarca y Francia han desarrollado políticas que han comprometido a las empresas en la solución de los problemas sociales.
Ahora tocaría que el Estado español se sumase a esa ola. Eso con independencia -y termino, señorías- de los trabajos que el propio Gobierno, retomando el grupo de trabajo que se creó por el anterior Ejecutivo, también ha puesto o va a poner en marcha próximamente en el marco del diálogo social. Nos parece oportuno que, en paralelo a los trabajos que impulse el Ejecutivo, también el Legislativo sea capaz de convertirse en caja de resonancia de esa cuestión que cada día interesa más a la sociedad civil, a las ONG, a

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las empresas y a los centros vinculados al estudio del mundo de los negocios.La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Intervengo con suma brevedad, sólo para decir que nos parece muy oportuna, de nuevo, la iniciativa que nos presentan el señor Campuzano y su grupo parlamentario. La verdad es que este es un requerimiento de la cumbre de Lisboa, pero definido en forma un tanto deletérea en esta cumbre y quizá esta subcomisión pueda concretar mejor los objetivos de lo que se pretende. La responsabilidad social de las empresas es un concepto casi omnicomprensivo, hace referencia a muchas cuestiones, y quizás tendremos que hacer un esfuerzo de concreción, sobre todo vinculado a un aspecto que es a veces polémico, a veces discutido y, sobre todo, ajeno a cualquier tipo de control por parte de los poderes públicos del Estado, que es el denominado marketing social; es decir, ese porcentaje que, de sus beneficios empresariales, las empresas destinan a trabajos de cooperación, a trabajos vinculados al desarrollo, a colaborar con las ONG, aunque desde una perspectiva marketinista, desde una perspectiva publicitaria, que hay que concretar y sobre todo buscar un mecanismo institucional de control que verifique realmente esa parte de los beneficios tienen ese destino.


Señora presidenta, como lo que se pretende es algo tan pluridisciplinar, quizás la pertinencia de esta subcomisión esté en concretar sus objetivos, concretar un poco aquello a lo que nos requiere la cumbre de Lisboa pero en términos demasiado genéricos, demasiado filosóficos. Sólo por esta razón merece la pena decir que sí.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Comparto las intervenciones de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra y evitaré hacer historia, porque ya la ha reflejado el proponente Carles Campuzano. A nosotros también nos parece que puede ser una buena ocasión, como decía el señor Olabarría, para establecer una clarificación conceptual, porque, evidentemente, cuando hablamos de la responsabilidad social, incluso en el propio nombre, hay división entre corporativa y empresarial; a mí me gusta más hablar de responsabilidad social empresarial. Esto es omnicomprensivo y quizá estemos en una situación de totum revolutum que conviene clarificar. Evidentemente va a haber muchas cuestiones en las que tengamos que conocer los criterios de expertos, de afectados o de empresarios que practican la responsabilidad social, y es indudable que tiene una incidencia muy importante. Se acaba de señalar lo que es marketing social, pero, incluso, podríamos hablar -y me imagino que lo haremos en el futuro- de los propios certificadores de las empresas que se consideran con una capacidad de responsabilidad social empresarial respecto a lo que hacen o que son inversiones socialmente responsables.
No es un tema baladí, sobre todo para las grandes empresas.


El proponente nos plantea como objetivo de la subcomisión potenciar y promover, coincidente justamente con lo que establecía la Comisión Europea, que hablaba de fomentar. Nos parece que eso es muy importante y, como acabo de decir, exige previamente la clarificación del concepto para saber de qué hablamos, de quién practica y de quién puede practicar y en qué sectores del mercado empresarial se debe hacer un fomento, porque estamos viendo -como se dice en la exposición de motivos- que las grandes empresas del tercer sector, las ONG o las fundaciones laborales concurren en acciones que no son de asistencia social, sino que se pueden calificar de responsabilidad social empresarial. Hay que clarificar todo esto, hay que clarificar el concepto y, sobre todo, por encima de cualquier otra consideración, hay que poner de relieve un elemento fundamental, que es el carácter voluntario de lo que significa el concepto que definamos o concretemos de la responsabilidad social. Todo aquello que sea el cumplimiento legal, es simplemente satisfacer una obligación de vida y, por lo tanto, no es ningún plus, que es lo que la cumbre de Lisboa proponía a las empresas con el acuñamiento de este término de la responsabilidad social empresarial. Por lo tanto, insisto en este factor, porque se podrán establecer marcos que potencien, que fomenten, que favorezcan y, por supuesto, que aclaren, pero que no exijan, porque estaríamos hablando de otras cuestiones. En ese sentido, por ejemplo, la proposición hace una descripción y una ambientación, pero llega a decir: organizaciones cívicas y sociales que exijan el cumplimiento de la normativa social y ambiental. Esta no es en mi opinión ni en la del Grupo Parlamentario Popular, y sé que tampoco en la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), lo que configura la responsabilidad social, que es otra cosa. El cumplimiento de la legislación medio ambiental es el cumplimiento de la legislación medio ambiental y la responsabilidad social, interna o externa, será el plus con que se dota para actuaciones que mejoren los requerimientos legales, en relación con el medio ambiente en este caso o con las relaciones laborales o la estabilidad y sostenibilidad del proyecto empresarial de que se trate. Es un reto interesantísimo el de esta subcomisión y estoy convencido, por las intervenciones que acabo de escuchar, que seremos capaces de desbrozarlo para intentar aclarar, lo que es imprescindible, para luego poder fomentar y arrojar luz sobre algo que, hoy en día, todavía hay mucha confusión, pero que, indudablemente, marca un futuro interesante dentro del marco de la actuación de las empresas, como factor de competitividad, por un

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lado, y, por otro, de ir más allá de las exigencias legales, porque tienen posibilidades y quieren favorecer conductas dentro del entorno social. Es verdad, y no debemos olvidarlo, que el nacimiento de esta cuestión en la Unión Europea lo ha sido desde una perspectiva cuasi estrictamente económica. La responsabilidad social es un factor de competencia positivo en su quehacer para las empresas que lo tienen, pero, indudablemente, hay otras que lo hacen con otros condicionamientos y otras perspectivas.Nosotros vamos a apoyar esta subcomisión. Ya han sido muchos los foros donde nos hemos encontrado habitualmente el señor Jáuregui, el señor Campuzano y yo, y sé que todos los grupos intervinientes haremos una labor positiva, en paralelo, como decía el señor Campuzano, con la labor del Gobierno, al cual habrá que recabar la documentación del grupo de expertos que constituimos en la legislatura anterior y que, aunque no concluyó sus trabajos, sin duda también van a aportar elementos de interés, y lo que ahora se pueda hacer en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de cara al futuro. Mi compañero Miguel Barrachina sabe bien de esta cuestión y contribuirá con su conocimiento directo desde esa comisión de expertos a apoyar ideas que vayan en la senda de lo que yo he expuesto.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Nunca insistiremos lo suficiente, creo yo, en la profundidad y en la entidad de los cambios que se están produciendo en el entorno de lo que llamamos la sociedad laboral, hasta el punto de que cabe decir que en el comienzo del nuevo siglo se está alumbrando probablemente una nueva sociedad con parámetros, inclusive con una regulación laboral que está transformando todo lo que se llama el complejo mundo de las relaciones laborales. En ese proceso de cambios trepidantes, la empresa está recibiendo una transformación cada vez más grande de su rol en la sociedad.


El contexto en que se sitúa esta iniciativa es que la empresa ya no es un elemento aislado de la actividad económica y de la sociedad que busca únicamente el beneficio para los accionistas, porque la empresa, siendo como es tan importante para la vida de la gente, no solamente para la economía, sino para la sociedad en su conjunto, para los trabajadores, para los accionistas, para los proveedores, para los clientes, para los consumidores, estando, pues, la empresa tan sometida a lo que llamaríamos un entorno sociopolítico, no podemos concebirla como un elemento aislado desde el punto de vista de su responsabilidad para con ese entorno.


En ese contexto, como ya han explicado varios de los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, nace una iniciativa que tiene una entidad, en mi opinión, importante, que es lo que se llama tradicionalmente la responsabilidad social de las empresas, que viene a ser, como bien se ha dicho, una iniciativa que en Europa cobra su raíz en la cumbre de Lisboa, que después en el libro verde de 2001 la Unión Europea formaliza y conceptualiza y desarrolla en 2002 y que está recibiendo en los últimos tres años una serie de impulsos muy diversos, muy variados, de un buen número de organizaciones cívicas, de las ONG y también empresariales y políticas en todo el mundo.


En este contexto, el Parlamento español, y en este caso la Comisión de Trabajo, hará bien en crear una subcomisión y en avanzar sobre la materia, teniendo en cuenta que, como también se ha dicho, sobre la cuestión existe todavía un debate ciertamente complejo, desde luego incipiente, cabe decirlo así, y no exento de profundas contradicciones, porque conviene precisar que sobre la RSC existe una conceptualización bastante diversa según quién la haga, según lo que pretenda.
Personalmente y en el Grupo Socialista, en nombre del que hablo, cabe decir que la responsabilidad social puede ser una gran palanca de cambio, una extraordinaria oportunidad para que empresas socialmente responsables hagan mejor el mundo sociolaboral, el mundo ecológico, el mundo de la disponibilidad de los accionistas sobre las empresas, por el buen gobierno de las mismas, el mundo de la influencia de los medios sobre las empresas, el mundo de los consumidores... Digamos que hay un buen número de planos que afectan no solamente a la economía, sino también, como digo, a la sociedad, que pueden mejorar si la RSC se expande.


Ahora bien, ¿cómo se expande si es voluntaria? ¿Es, por tanto, factible, necesaria u oportuna la intervención del Legislativo o del Ejecutivo? Si lo es, ¿de qué manera? ¿A través de leyes o no? ¿Con qué responsabilidad desde la Administración se fomenta y se impulsa esta política? ¿Cuáles son los baremos que miden la RSC? ¿Con arreglo a qué criterios se audita y se permite etiquetar las empresas bajo la denominación de si es o no una empresa que ha cumplido con lo que llamaríamos la etiqueta RSC? ¿Quién audita, cómo, con qué parámetros? Hay diez mil preguntas; hay un buen número de interrogantes, repito, no exentos de contradicción. El problema, por ejemplo, de las empresas que digamos se catalogan como responsables socialmente pero sólo en los países en los que están sus centrales y luego mantienen actitudes muy poco responsables socialmente en las empresas de los países en los que operan; empresas que funcionan muy bien en su interior y son, por tanto, socialmente responsables, pero no lo son sus proveedores, sus cada vez más e innumerables proveedores, cuyos comportamientos a su vez resultan completamente contradictorios con lo que es una política de RSC. En fin, hay muchas cuestiones que responder, y en ese sentido tenemos que avanzar en el marco de un proceso que se ha iniciado ya hace algún tiempo en nuestro país.


Quiero recordar, y no es por oportunismo protagonista, que el Grupo Socialista presentó una proposición de ley sobre esta materia hace ya dos años, en 2002,

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que fue objeto de debate en la Cámara y que en gran parte motivó la creación de la comisión de expertos que unánimemente acordamos en la legislatura pasada. De aquella proposición de ley del Grupo Socialista se han ido después moviendo toda una serie de iniciativas en multitud de foros universitarios, empresariales, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, etcétera, que están impulsando la política de RSC.Para finalizar quiero señalar que el Gobierno ha asumido, porque el programa del Partido Socialista así lo contemplaba, un compromiso a favor de desarrollar la política de RSC; lo ha incluido como una de sus propuestas en el diálogo social, y aunque no expresamente, porque no aparece así en el compromiso que firmaron en Moncloa sindicatos, empresarios y Gobierno a propósito de los objetivos del diálogo social, es lo cierto que dentro del diálogo social ambos protagonistas sociales y el Gobierno se han comprometido a abordar lo que puede ser su política en esta materia.


¿Qué vamos a hacer? Va a haber dos procesos paralelos, porque en el Gobierno y en el marco del diálogo social, repito, se va a constituir una mesa integrada previsiblemente por cuatro grandes actores: el Gobierno con los expertos, los sindicatos, los empresarios y la sociedad civil (universidades, las ONG, etcétera). Esas cuatro patas de esa mesa van a desarrollar la propuesta que el Gobierno estudiará para abordar una intervención legislativa probablemente a finales del año que viene. Pues bien, paralelamente es oportuno que creemos una subcomisión en el Parlamento para que también aquí vayamos determinando cuál es nuestra posición sobre la materia, vayamos aprendiendo todos de qué se trata, vayamos difundiendo esta idea, y sobre todo permitamos que el Parlamento abra una ventana a la sociedad, cosa que me parece muy sano desde el punto de vista de que la subcomisión pueda convocar a los diferentes protagonistas que hay en España, inclusive acuda al derecho comparado, porque también hay experiencias muy interesantes en varios países europeos, para que tengamos un dossier suficientemente documentado de lo que se hace, de lo que es posible hacer, de lo que la gente que sabe del asunto cree que debe hacerse, y que después converjamos con el Gobierno, al final de este mismo proceso, tanto la subcomisión legislativa, como el propio diálogo social del que les hablaba antes, y eso permita una iniciativa previsiblemente gubernamental en favor de una regulación en España que favorezca la expansión de la cultura de RSC en nuestro país.


Daremos nuestro voto afirmativo a esta propuesta en el bien entendido de que queremos que la subcomisión trabaje bien en el próximo año y que bajo los parámetros de lo que es una ponencia clásica prevista en el Reglamento al efecto podamos desarrollar un buen informe de RSC que falta nos hace.


- SOLICITUD DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN, PARA LA EMISIÓN DE UN INFORME QUE ANALICE LA ORDENACIÓN Y ADECUACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO, LA FLEXIBILIDAD HORARIA Y DE LA JORNADA, ASÍ COMO DE LAS POSIBILIDADES DE ADECUACIÓN DEL HORARIO LABORAL A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y PROFESIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 158/000009.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al segundo punto del orden del día: Solicitud de creación de una subcomisión, para la emisión de un informe que analice la ordenación y adecuación del tiempo de trabajo, la flexibilidad horaria y de la jornada, así como de las posibilidades de adecuación del horario laboral a la conciliación de la vida laboral y profesional.


Tiene la palabra por el Grupo Popular, proponente de esta iniciativa, la señora Quintanilla.


La señora QUINTANILLA BARBA: Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular trae hoy al seno de esta Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales la creación de una subcomisión para la emisión de un informe que analice la ordenación y adecuación del tiempo de trabajo, la flexibilidad horaria y de la jornada, así como las posibilidades de adecuación del horario laboral a la conciliación de la vida profesional y familiar. Sabemos todos que el trabajo remunerado representa la fuente esencial de la seguridad económica de la familia. La necesidad de acceso al empleo o a una ocupación remunerada por parte de las personas útiles para el trabajo no ha de hacernos olvidar que hoy uno de los grandes retos a los que se enfrentan los hombres y las mujeres y, por supuesto, las familias españolas es la conciliación de la vida profesional y familiar. El tema central del debate de la conciliación habla de la calidad y la cantidad de tiempo que pasamos junto a nuestra familia, de las plazas de guardería a disposición de los padres que trabajan fuera del hogar, del permiso de paternidad y maternidad más adecuado a las necesidades de los padres y de sus hijos y de excedencias para el cuidado de nuestros familiares o personas dependientes. Pero la conciliación, no sólo la tenemos que plantear desde esas necesidades. Es también necesario que establezcamos espacios para nuestras vidas, para el ocio, para actividades formativas, culturales, cívicas o deportivas. Por ello, es necesario que nos marquemos objetivos que estudien y que investiguen medidas en relación con el mercado laboral. Es necesario que logremos una mayor flexibilidad en la organización de los tiempos de trabajo para que hombres y mujeres puedan hacer frente a sus responsabilidades familiares, medidas que igualmente puedan satisfacer nuestra libertad personal en el uso del tiempo para aplicarlo a múltiples actividades humanas de enriquecimiento

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personal para nosotros mismos. Debemos incentivar medidas más innovadoras, y la única manera de mantener la vida familiar sin descuidar el trabajo es la de aproximar la jornada laboral al resto de los países de nuestro entorno comunitario, o, lo que es lo mismo, trabajar desde las ocho o nueve de la mañana hasta las cuatro o cinco de la tarde. Ello requiere concentrar en unas horas la jornada laboral y poder participar en mayor medida en la educación de los hijos y en vivir con los tuyos, como ocurre en el resto de los países de la Unión Europea, donde la mayor parte de los sectores económicos tienen este tipo de jornadas. Las medidas que hagan posible una prolongación de jornada no tendrían por qué suponer una reducción de horas sino una nueva reordenación de las mismas, un nuevo planteamiento que, sin reducir la productividad, haga compatibles la vida personal y familiar con la profesional. La implantación de esta nueva reordenación horaria no debería restar competitividad, porque ésta no representa en sí una medida innovadora, pues ya se está aplicando en otros países.Señorías, tenemos que reconocer que en la actualidad la mayoría de las trabajadoras y trabajadores en España hacen una jornada eterna, y me van a permitir que les diga que en algunos casos, maratoniana. Esas jornadas producen gente saturada en el trabajo e incapacitada para una vida familiar normalizada. Conciliar los horarios habituales con los europeos sería una apreciable contribución al bienestar de los trabajadores. Por otra parte, el concepto de flexibilidad horaria en su sentido más amplio a todos los fines referidos, no sólo a la importantísima conciliación de la vida familiar y laboral, plantea en su estudio múltiples formas y posibilidades. Por señalar algunas, citaré el aumento de la excedencia con derecho a reserva de puesto de trabajo para cuidado de hijos y familiares enfermos o discapacitados; incremento de la duración de los permisos de trabajo; ausencia del puesto de trabajo por emergencia familiar; horario flexible; jornada laboral reducida, etcétera. Es verdad que en los últimos años hemos avanzado en la negociación colectiva con respecto a una mejor ordenación y adecuación del tiempo de trabajo; sin embargo, continúa primando en los debates el aspecto cuantitativo de las jornadas sobre el cualitativo, flexibilidad que en estos momentos deseamos abordar y potenciar. Por lo tanto, señoras y señores diputados, se deduce que estamos ante una nueva realidad social que resulta necesario en primer lugar analizar y, en segundo lugar, determinar si la reordenación de la jornada laboral afecta a la productividad de la empresa, incrementándola o disminuyéndola, y a la disposición del tiempo para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Por todo ello debemos de ser conscientes de la nueva realidad que abordamos, una realidad que está cambiando sustanciosamente, y una vez más es responsabilidad política nuestra estudiar medidas que doten a la vida laboral de la flexibilidad necesaria para hacer compatible la realización profesional y personal de hombres y mujeres. Por ello, señorías, en nombre de mi grupo les pido su voto favorable para crear la subcomisión y abordar medidas para lograr en el futuro la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores y trabajadoras en España.


La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, esta iniciativa de creación de una subcomisión que nos plantea el Grupo Popular, orientada a estudiar y a analizar la adecuación del tiempo de trabajo a la nueva realidad social, familiar y empresarial, va a contar con el apoyo de Convergència i Unió. La portavoz del Grupo Popular ha profundizado en las razones de fondo que aconsejan esta iniciativa. Coincidimos en esencia con ese análisis: se necesita adecuar las jornadas laborales a las realidades de familias que hoy deben de satisfacer aún muchísimas necesidades en un contexto del Estado del bienestar insuficientemente desarrollado en ese ámbito. A pesar de los esfuerzos realizados en las últimas legislaturas, el sistema de licencias parentales no es adecuado a las necesidades hoy existentes en este ámbito; aún nos queda mucho camino a recorrer en el derecho comparado. Hace escasos días, y, por desgracia, la mayoría de la Cámara rechazó una propuesta de Convergència y otros grupos para la creación de un permiso específico para los padres. Al mismo tiempo, cualquier tipo de iniciativa orientada a la creación de guarderías continúa siendo insuficiente para las necesidades de buena parte de la generación del baby boom que está asumiendo su paternidad en estos últimos años. Finalmente, muchas veces existe incomprensión en las empresas por parte de los responsables de las mismas ante las necesidades de las familias jóvenes que tienen hijos; seguramente también hay una insuficiente presencia en el ámbito de la negociación colectiva y de ahí la responsabilidad de los propios agentes sociales de incorporar este tipo de cuestiones como elementos esenciales de la política de relaciones entre empresas y trabajadores; todo ello, insisto, ante la necesidad creciente hoy de las familias jóvenes españolas que tienen hijos y de la decisión inequívoca de las mujeres de incorporarse al mundo del trabajo, sin vuelta atrás, con un insuficiente compromiso aún de una parte de los varones en asumir sus propias responsabilidades de la familia. Esta iniciativa nos brinda la oportunidad de mandatar al Gobierno el desarrollo de una política potente en el ámbito de las licencias parentales, en el ámbito de los servicios de proximidad, en el ámbito de los cambios de cultura de los hombres, de los empresarios y de las empresas en la necesidad de entender que se debe hacer compatible el crecimiento económico y la competitividad con la felicidad de las personas, aspiración que todos debemos de compartir.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra Sánchez Rubio.


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La señora SÁNCHEZ RUBIO: Señora presidenta, señorías, la presentación aquí hoy de la iniciativa sobre la creación de una subcomisión para analizar la conciliación de la vida laboral y familiar nos parece un buen momento para poder entrar en este análisis. Como ustedes bien saben, el Partido Socialista ha puesto de manifiesto su compromiso para abordar uno de los problemas que sufren las familias y que es la gran dificultad para conciliar la vida laboral y familiar. El mercado de trabajo, altamente competitivo, genera fuertes tensiones y unos horarios que no tienen en cuenta para nada la vida afectiva y familiar de las trabajadoras y los trabajadores. Como todos sabemos, es particularmente la mujer la que lleva la peor parte, ya que sobre ella recae en la mayoría de las ocasiones esta tarea conciliadora. No les voy a explicar yo a SS.SS. en qué consiste esto, porque en esta casa, tanto los trabajadores como los diputados y diputadas, sabemos la dificultad que existe para esa tarea conciliadora. Este compromiso, que el Partido Socialista ha manifestado reiteradamente, se expresa ampliamente en nuestro programa electoral en el que ponemos de manifiesto la necesidad de que nuestra legislación laboral y la negociación colectiva aborden una larga lista de materias que favorezcan la conciliación de la vida personal y laboral, como la jornada laboral flexible o la incorporación de las buenas prácticas en conciliación familia-trabajo a la cultura de responsabilidad social de las empresas. Por su parte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en su primera comparecencia en esta Comisión, el 18 de mayo, aceptó la posibilidad de crear un foro que analice la flexibilidad del tiempo de trabajo que haga posible, precisamente, compatibilizar la jornada de trabajo con las necesidades de la familia y el desarrollo familiar y creo que SS.SS. lo recordarán. Entre otras cuestiones manifestó que podemos crear este foro para poder ir analizando cómo esta flexibilidad no debe suponer la prolongación permanente de la jornada de trabajo y debe hacer posible compatibilizarla con las necesidades de la familia y el desarrollo personal. No es necesario, como comentaba usted muy bien anteriormente, una reducción del tiempo de trabajo, sino una mejor organización; es decir, sea cual sea la duración de la jornada en términos anuales, mensuales o diaria, que ésta se organice de un modo racional y permita además una flexibilidad en la organización individual de los horarios. Esto nos va a llevar más tiempo, pero deberíamos considerarlo como un elemento fundamental para el bienestar del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la sociedad española. Este compromiso del Partido Socialista y del Gobierno lo ha sido igualmente del Grupo Parlamentario Socialista, como se ha puesto de manifiesto en diferentes legislaturas. En concreto, en la pasada en el debate en torno a la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, pusimos de manifiesto nuestro posicionamiento, trabajado éste con las organizaciones feministas y, prioritariamente, con las demandas de las organizaciones sindicales, como señaló la señora Cortajarena, vicepresidenta hoy de esta Comisión, manifestando entonces el apoyo del Grupo Socialista a todas las iniciativas que en esta materia se adopten encaminadas a mejorar dicha conciliación, dejando claro que quedaban temas fundamentales que abordar.
En este análisis, se enmarca el posicionamiento del Grupo Socialista en el Pleno del pasado día 14 en relación con las iniciativas planteadas por varios grupos parlamentarios relativas al permiso de paternidad, como manifestó la diputada López i Chamosa. Es necesaria una reforma en profundidad y más amplia, adelantando el compromiso del Gobierno de traer un proyecto de ley a esta Cámara con una modificación amplia de la Ley 39/1999, de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.


Señorías, creo haber puesto de manifiesto nuestro interés en profundizar en esta materia, por lo que el Grupo Socialista va a apoyar la creación de la subcomisión en el seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, que analice la ordenación horaria de las jornadas, así como la posibilidad de adecuación del horario laboral a la conciliación de la vida laboral y profesional.


No obstante, tendríamos que hacer alguna precisión y es que, en la definición del objetivo quisiéramos que se matizara con un texto alternativo, que sería una enmienda in voce, en cuanto a analizar las posibilidades de aplicación de criterios de flexibilidad horaria o de la jornada de acuerdo con las prácticas y experiencias de los países de nuestro entorno, y añadimos nosotros: en el marco de la conciliación de la vida laboral y familiar. Creo que eso no lo altera, puesto que en el segundo punto aparece. Tengo el texto si es que los grupos lo quieren conocer. En ese sentido, conforme a la norma que regula la creación de las subcomisiones en el tema de los plazos y de la composición, estamos de acuerdo en las propuestas que ustedes formulan en su proposición.


La señora PRESIDENTA: Señora Sánchez Rubio, le ruego haga llegar a la Mesa y a los grupos el texto al que acaba de hacer mención.


PROPOSICIONES NO DE LEY

- SOBRE RECONOCIMIENTO DEL PERIODO DE TIEMPO DEDICADO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO O A LA PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA PARA LA PERCEPCIÓN DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DEL RÉGIMEN GENERAL DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000037.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de las proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición

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no de ley sobre el reconocimiento del periodo del tiempo dedicado a la prestación del servicio militar obligatorio o a la prestación social sustitutoria para la percepción de prestaciones de la Seguridad Social y del régimen general de clases pasivas del Estado, presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra para su defensa, el señor Campuzano.El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora presidenta, efectivamente el Grupo Parlamentario Catalán ha presentado para su discusión en esta Comisión, esta proposición no de ley, que pretende resolver un problema quizá aún poco debatido en esta Cámara, aunque en la pasada legislatura, en concreto el 5 de noviembre de 2003, tuvimos ya ocasión de discutirlo y analizarlo, como es el reconocimiento o no del periodo del servicio militar obligatorio o de la PSS para la percepción de prestaciones de la Seguridad Social. Muchos varones que hicieron servicio militar obligatorio, cuando necesitan conocer cuál ha sido su vida laboral o cuando perciben una pensión en función de la misma, se dan cuenta de que hay un periodo de su vida, de entre nueve y veinticuatro meses, en este caso para las generaciones de varones españoles que hicieron mili de dos años, en el que existe un vacío. Son periodos donde su trabajo, su esfuerzo, su dedicación a un servicio público no les cuenta a la hora de recibir una pensión. Esa es una realidad que, insisto, hemos debatido poco en esta Cámara, pero que en la calle está. Es más, esta iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es el resultado de consultas que ciudadanos concretos nos hicieron llegar y a raíz del debate que se produjo en noviembre de 2003 y de la iniciativa presentada en esta ocasión han sido numerosos los ciudadanos de todo el Estado que se han dirigido a nuestro grupo parlamentario a contarnos sus casos, alguno de los cuales, si me permite la señora presidenta, apuntaré, aunque sea brevemente.


Señorías, hoy el servicio militar no existe, ni tampoco la prestación social sustitutoria. Desde el punto de vista de Convergència i Unió es un éxito colectivo del que se han beneficiado miles de jóvenes de las actuales generaciones; es un éxito de toda la sociedad en el que mi grupo tuvo una participación activa, ya que en la legislatura 1996-2000 la mili dejó de existir porque fue una de las condiciones que Convergència i Unió entendió como esencial para poder apoyar la investidura del señor Aznar.
Ese éxito colectivo, señorías, partía, por un lado, de una convicción de que los tiempos habían cambiado, de una convicción sobre la pérdida de tiempo que para muchos jóvenes suponía el servicio militar obligatorio, pero también de las consecuencias negativas que el servicio militar había tenido históricamente para muchos varones: desde perder un puesto de trabajo, no poder acceder al mismo por no tener realizado el servicio militar obligatorio, hasta el coste económico para muchas familias, especialmente para las de rentas más modestas, para las que la realización del servicio militar obligatorio suponía muchas veces un incremento de gastos por desplazamiento o por pérdida de oportunidades de que aquella persona pudiera aportarles recursos. Además, en un contexto de desempleo juvenil importante, suponía un alivio para las arcas del Estado, porque eran miles de jóvenes que no se consideraban desempleados, que no eran beneficiarios ni de políticas activas de empleo ni de prestaciones económicas de desempleo y que formaban parte de un importante ejército de reserva para el mundo del trabajo.


Señorías, ha habido algunos momentos históricos, y creo que es bueno recordar las quintas de 1960, con consecuencias absurdas, puesto que la mitad de la quinta de ese año fue declarada excedente de cupo; sortearon y no tuvieron que hacer el servicio militar obligatorio. Aquellos jóvenes pudieron acceder e incorporarse a puestos de trabajo y sus familias no se vieron obligadas a hacer frente a esas situaciones; en cambio, la mitad de los jóvenes pertenecientes a esa quinta hicieron el servicio militar obligatorio y tuvieron que pagar con su tiempo la mala suerte de haber perdido esa oportunidad en el sorteo. Esta era una situación que tenía consecuencias negativas para la perspectiva de la jubilación de aquellos jóvenes, hoy adultos, hombres maduros, que a la hora de percibir su pensión se encontraron con que esos nueve o veinticuatro meses no les servían para mejorarla. Incluso se dieron situaciones más dramáticas, porque hubo personas a las que les faltaban meses o días para poder llegar a los quince años cotizados y poder tener derecho a una pensión y a las que ese período de tiempo no les contaba o no les permitía acceder a los 35 años necesarios para cobrar el cien por cien de una pensión. Esa es la realidad que mi grupo pretende abordar de nuevo, como se abordó en los debates del 5 de noviembre de 2003. Es bueno recordar que la portavoz del Grupo Socialista, la amiga y diputada señora Peris Cervera -diputada por el País Valencià-, planteaba la necesidad de adoptar una serie de medidas para paliar los efectos negativos que ha supuesto para muchos ciudadanos la obligatoriedad de realizar estas prestaciones personales que no llevaban aparejada ningún tipo de cobertura. En ese debate la señora Peris afirmaba también que hoy hay que reparar esa enorme injusticia histórica que ha terminado generando perjuicios enormes en el acceso a derechos sociales para muchos de estos trabajadores. El 5 de noviembre de 2003 el Grupo Socialista votaba a favor de dos iniciativas de Convergència i Unió, orientadas precisamente a considerar efectivamente cotizados los períodos de mili y los períodos de la prestación social sustitutoria.


Posteriormente, mi grupo ha conocido que a lo largo de estos últimos años ha habido ciudadanos españoles que se han dirigido al Ministerio de Defensa y a los que se les han reconocido períodos de servicio militar, incluso esos períodos reconocidos les han permitido mejorar sus percepciones, siendo en algunos supuestos reconocidos por los servicios de la Seguridad Social. Pero mi grupo también ha conocido a ciudadanos en relación con los que la Seguridad Social afirma desconocer

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la normativa existente en esta materia; también se ha llegado al absurdo, finalmente, de que en algunas instalaciones del Ministerio de Defensa en Barcelona tardan cerca de nueve meses para expedir el documento que acredita esas situaciones.Todo ello lleva a mi grupo a instar al Gobierno a que tome las medidas para hacer efectivo que esos periodos de la mili o de la prestación social cuenten a efectos de prestaciones vinculadas a la Seguridad Social. Como decía la señora Peris, hay que hacer frente a esa enorme injusticia social que existe, hay que dar respuesta a una generación de hombres maduros, hombres que dieron gratuitamente una parte de su tiempo al Estado, que dedicaron muchas veces hasta 24 meses a trabajar gratis para el Estado y que de manera absurda y triste muchas veces se quedan sin pensión o sin el cien por cien de una pensión por una tacañería de ese mismo Estado al que sirvieron gratuitamente. Yo espero que hoy seamos capaces de aprobar en esta Comisión un texto que nos permita abordar de verdad la solución al problema que Convergència i Unió ha planteado.


La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley hay una enmienda del Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora Arnaiz.


La señora ARNAIZ GARCÍA: Siendo esta mi primera intervención ante esta Comisión, desearía que con el trabajo de todos contribuyéramos a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Reconociendo el valor de la propuesta efectuada por CiU, que trata de hacer frente a una situación real, tengo que decir también que esta proposición no de ley que nos ocupa parte de una premisa errónea, entender que el periodo de prestación del servicio militar o de la prestación social sustitutoria se debe computar como cotizado siempre que medie solicitud del interesado, citando distintas normas jurídicas, cuando por el contrario tal reconocimiento no está previsto para la generalidad de los ciudadanos, sino sólo y exclusivamente para los que hayan acreditado la condición de funcionarios. Intentaré explicarme apoyándome en las normas citadas.


La Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la Función pública, establece en su artículo 29.2 que los funcionarios públicos pasarán a la situación de servicios especiales cuando cumplan el servicio militar o prestación social sustitutoria, computándoseles el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de derechos pasivos, es decir, sólo cuando con anterioridad al cumplimiento del servicio militar o prestación social tenían la condición de funcionarios. Así, el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado abunda en los mismos términos, estableciendo en el artículo 32.1.b) que se entenderán como años de servicio efectivo al Estado aquellos que hayan permanecido en situación de servicios especiales, pero fuera de este supuesto excluye de la consideración como servicios prestados al Estado tanto el servicio militar obligatorio como la prestación social sustitutoria, según el artículo 32.3 de esta ley. El Real Decreto 691/1991, sobre cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad Social, establece en su artículo primero que será de aplicación a quienes acrediten cotizaciones en más de uno de los regímenes de Seguridad Social, a saber, régimen de clases pasivas del Estado, régimen general o regímenes especiales, y su artículo 4 manifiesta que cuando el causante de una prestación tenga acreditados periodos de cotización en más de un régimen, dichos periodos podrán ser totalizados a solicitud del interesado para la adquisición del derecho a pensión. Lo que prevé es que el interesado puede solicitar el cómputo de cotizaciones efectivas realizadas a distintos regímenes, no el cómputo como cotizados de unos periodos que en realidad no lo fueron. Para el resto de los trabajadores no funcionarios el servicio militar o la prestación social sustitutoria constituye causa de suspensión del contrato de trabajo, manteniendo a efectos de Seguridad Social la situación asimilada al alta, sin obligación de cotizar y sin que exista previsión legal alguna que obligue a computar tales periodos como cotizados, según el artículo 45.1.e) del Estatuto de los Trabajadores.
Estas prestaciones obligatorias que estamos tratando fueron suprimidas con efectos del 31 de diciembre de 2001 y resultaría muy difícil dar efectos retroactivos sin incurrir en discriminaciones. El servicio militar sufrió variaciones a lo largo del tiempo y en su regulación existían causas de exención del mismo, como eran los excedentes de cupo, enfermedades, lesiones, circunstancias familiares, que dificultarían de manera sustancial la determinación del periodo objeto de reconocimiento, e incluso posibilitaría la aparición de casos de discriminación injustificada al permitir tal reconocimiento a personas que no lo hubieran completado o realizado. Reconociendo estas dificultades, consideramos necesario examinar en profundidad estas situaciones para paliar los efectos negativos que ha supuesto para muchos ciudadanos la obligatoriedad de estas prestaciones personales. Y dado que afecta al sistema de pensiones, se deberá atender a las recomendaciones del Pacto de Toledo. Por eso agradecería al grupo proponente la aceptación de nuestra enmienda para que, desde esta Cámara, instemos todos al Gobierno a que analice la posibilidad de que el período de prestación del servicio militar o prestación social sustitutoria tenga incidencia en las prestaciones de la Seguridad Social mediante la utilización de la mesa del diálogo social.


La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)

Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Caracuel.


La señora CARACUEL DEL OLMO: Señorías, la proposición que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre el reconocimiento

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del período de tiempo dedicado a la prestación del servicio militar obligatorio o a la prestación social sustitutoria para la percepción de prestaciones de la Seguridad Social y del régimen general de clases pasivas del Estado, no viene por primera vez, como ya se ha dicho, a esta Cámara, ya que fue debatida en esta misma Comisión el 5 de mayo de 2003, presentada por el Grupo Socialista -hoy día en el Gobierno de la nación-, así como también en la Comisión de Defensa el 5 de noviembre de 2003, presentada en esta ocasión por el mismo grupo que hoy lo hace, por el de Convergència i Unió.Señorías, como hay antecedentes, permítanme que me refiera brevemente a ellos para destacar alguna, si no contradicción, sí al menos duda que se me ha planteado. En primer lugar, y lo digo sin acritud, me sorprende que Convergència i Unió presente esta proposición no de ley ante los miembros de esta Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, ya que en marzo de 2003 y ante la misma Comisión el señor Companys Sanfeliú consideraba más coherente que fuese el Ministerio de Defensa el que ingresase las cantidades necesarias, porque no es justo -decía- que eso vaya a cargo del sistema de pensiones; motivo quizá más que suficiente para que más tarde, en noviembre de 2003, se volviera a debatir este tema en la Comisión de Defensa, precisamente como consecuencia de la proposición no de ley presentada por Convergència i Unió. Yo le preguntaría al señor Campuzano por los motivos que hoy tienen para traer esta proposición precisamente a la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales cuando consideraban entonces que no era justo que eso fuera a cargo del fondo de pensiones.


Señorías, otra de las cuestiones que quisiera destacar en el día de hoy porque es justo recordarlo es que fue precisamente durante el Gobierno del Partido Popular cuando se hizo efectiva la suspensión del servicio militar el 31 de diciembre de 2001. Respecto a esto, he de señalar que el Partido Socialista tuvo tiempo más que suficiente para haber acometido dicha suspensión en sus años de Gobierno y en pro de esa sensibilidad que en anteriores intervenciones han demostrado hacia este tema. Y digo que han demostrado porque si hoy el Partido Socialista se guiara por la coherencia su posición tendría que ser la de aprobar la proposición de Convergència i Unió tal cual, ya que, de adoptar distinta postura, incurrirían en una gran incoherencia. Sin embargo, esa sensibilidad demostrada anteriormente por el Partido Socialista se ve hoy debilitada con la presentación de una enmienda en la que se pide al Gobierno que, en el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo y a través del diálogo social, se analice la posibilidad de que el período de prestación del servicio militar tenga incidencia en las prestaciones de la Seguridad Social, especialmente los períodos voluntarios de realización de dicho servicio. Por lo tanto, como he dicho, con la presentación de esta enmienda también queda reflejada una vez más la distinta vara de medir del Partido Socialista, que demuestra posturas radicalmente distintas cuando gobierna de las que adopta cuando están en la oposición. Además, señoría, si realmente respondiera a un ejercicio de responsabilidad por parte del Partido Socialista y no se hubieran dedicado a la confrontación por la confrontación con el Gobierno del Partido Popular, ese estudio ya estaría más que realizado.


En cuanto a la posición de mi grupo, diré que el Partido Popular, en aras de la coherencia -cosa de la que, como he puesto de manifiesto, carece algún que otro grupo- y una vez analizado en profundidad el contenido de la proposición no de ley, cree que, de aprobarse, estaríamos aprobando una medida discriminatoria, ya que se pueden dar otros supuestos aquí no contemplados, y sirva a título a ejemplo el perjuicio que hayan podido tener estudiantes que perdieron su curso por no tener prórroga, trabajadores a tiempo parcial, trabajadores de temporada y un largo etcétera que podríamos ir desmenuzando. Por tanto, y sin ánimo de polemizar más, tendríamos que hacer un análisis global de todos los españoles que pudieran tener cualquier tipo de perjuicio o de limitación como consecuencia de que se llegara a aplicar el espíritu de esta proposición no de ley.


Ya hemos dicho en anteriores debates, y lo mantenemos ahora, que si todos los trabajadores que han realizado el servicio militar a lo largo de la historia vieran incrementadas sus cotizaciones en 9, 13, 18 ó 24 meses, habría que revisar todas las prestaciones económicas y las pensiones de las que fueron titulares directos, por incapacidad, desempleo, jubilación e invalidez o indirectos, por viudedad, orfandad u otras ayudas familiares. Incluso puede darse el caso de que trabajadores que han muerto y que vieron denegado su derecho a las prestaciones por falta de cotizaciones suficientes, considerando cotizados estos periodos llegarían a cubrir los años de carencia necesarios para devengar el derecho a las prestaciones en su día solicitadas y denegadas. Establecer el límite es lo tremendamente difícil. Si llegamos a las últimas consecuencias, esto sería interminable y lo contrario podría ser discriminatorio.


A todo ello habría que sumar la dificultad administrativa que supondría y, lo que para nosotros tiene más importancia, la ruptura del equilibrio presupuestario. Mi grupo, señorías, no ha abandonado el objetivo del equilibrio presupuestario y estamos plenamente convencidos de que, de aceptar esta proposición, romperíamos la estabilidad presupuestaria ya que esta medida supone un impacto presupuestario fuerte que daría al traste con el fondo de la Seguridad Social que el Partido Popular fue capaz de crear con las políticas que llevó a cabo y que dieron lugar a tener una Seguridad Social saneada, muy lejos de la situación de quiebra en la que la tenía sumida el Gobierno socialista.


No obstante, dado que el Partido Socialista ha presentado hoy esta enmienda y en aras de no entorpecer la labor del Gobierno -cosa muy distinta a aquello a lo

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que el Partido Socialista nos tenía acostumbrados-, y también con el fin de que, a la hora de adoptar tales medidas, se haga con las máximas garantías y el máximo conocimiento de los supuestos, así como de que pudiéramos conocer las cantidades por las que se entendería cotizado el periodo de actividad del servicio militar, el coste económico de esta medida y su repercusión en las arcas de la Seguridad Social, he de decir que, siempre que Convergència i Unió apoye esta enmienda presentada por el Partido Socialista, nosotros votaríamos a favor. En caso contrario, votaremos en contra.La señora PRESIDENTA: ¿El portavoz de Convergència i Unió va a aceptar la enmienda presentada?

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora presidenta, el portavoz de Convergència i Unió va a ofrecer al Grupo Socialista, sobre el texto que ha leído su portavoz, añadir un segundo punto, precisamente para clarificar algunas de las afirmaciones que, con cierta frivolidad, ha efectuado la portavoz del Grupo Popular.


Como la señora presidenta no me permite replicar las cuestiones de fondo que ha expresado nuestra colega del Grupo Popular, no lo haré, pero voy a leer...


La señora PRESIDENTA: Señor Campuzano, ¿le parece bien negociar hasta el final los términos de la votación?

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Voy a leer la propuesta que efectuamos. Se trataría de que figure un segundo punto, añadido al texto que ofrece el Grupo Socialista, que diría así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de ocho meses haga llegar a la Cámara un estudio sobre el contenido de dicha proposición. Mi grupo entiende que esta cuestión tiene consecuencias económicas que es necesario valorar, y que es posible interpretar la legislación vigente de una manera más flexible. No en vano el 5 de noviembre de 2003 un grupo amplio de diputados votó esta proposición no de ley.


La señora PRESIDENTA: Señor Campuzano, le ruego que deje los términos de la transaccional o de lo que usted esté dispuesto a aceptar. Para abreviar y no seguir con este debate, planifíquenlo ustedes adecuadamente y, al final, díganme lo que se someterá a votación; le doy las gracias.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora presidenta, me estoy explicando en aras de una mayor transparencia. Así, quien esté interesado en conocer algún día los términos de este debate podrá conocer a fondo cuál es la postura de Convergència i Unió. El "Diario de Sesiones" es siempre útil, a efectos de opinión pública, para los ciudadanos y para quienes estudien estos temas.


La señora PRESIDENTA: Está perfectamente claro.


- RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO PARA CANARIAS Y BALEARES DE UNA ÚNICA TARIFA EN LOS PAQUETES VACACIONALES DEL IMSERSO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000063.)

- RELATIVA A LA NECESIDAD DE SOLVENTAR PARA CANARIAS Y BALEARES ALGUNOS ASPECTOS RELATIVOS A LOS VIAJES DE VACACIONES DEL IMSERSO, QUE HACEN QUE ACTUALMENTE EXISTA DISCRIMINACIÓN ENTRE LOS PENSIONISTAS QUE VIAJAN DESDE ISLAS CAPITALINAS FRENTE A ISLAS MENORES. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000160.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir los puntos 4.º y 5.º del orden del día, que se acumulan por ser ambos relativos a vacaciones del Imserso. En primer lugar, damos la palabra al Grupo Parlamentario Popular, proponente de la iniciativa que constituye el punto 4.º Señor Reguera, tiene la palabra.


El señor REGUERA DÍAZ: Antes de nada, queremos manifestar nuestra satisfacción porque salga adelante esta iniciativa para los mayores de Canarias y Baleares, en la que venimos trabajando desde hace tiempo. Así se podrá corregir la situación que sufren los mayores de las islas periféricas, que consideramos injusta.


El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por medio del Instituto Nacional de Migraciones y Servicios Sociales -Imserso-, promueve desde hace años un programa de vacaciones para mayores y para el mantenimiento del empleo en zonas turísticas, que ha cosechado gran éxito entre la población mayor de 65 años. Uno de sus objetivos se centra en facilitar la incorporación de este colectivo a las corrientes turísticas, lo que ha permitido que las personas mayores puedan acceder a un turismo de calidad en condiciones económicas más ventajosas que las existentes en el mercado, conectar con otros ambientes y acceder a los bienes culturales.
(El señor vicepresidente, Burgos Gallego, ocupa la Presidencia.)

En Canarias y Baleares el Imserso oferta varios tipos de paquetes vacacionales destinados a las personas mayores que residen en las islas, pero estos incluyen los desplazamientos de ida y vuelta desde la capital de provincia al hotel de destino. De este modo, por la configuración de los archipiélagos -por su singularidad geográfica-, los viajes tienen que partir de los

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aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife o Palma de Mallorca, de forma que los residentes de las islas que no son capital de provincia tienen que trasladarse previamente a la capital en avión. Este desplazamiento supone para los habitantes de las islas periféricas un gasto añadido al precio final del viaje. El coste del viaje para las personas mayores residentes en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro, Menorca, Ibiza, Formentera o La Graciosa, es considerablemente más alto que para las residentes en Gran Canaria, Tenerife o Mallorca. Aquéllas deben sumar al coste del paquete que les ofrece el Imserso los siguientes gastos: traslado de ida y vuelta en avión a las islas de las que sale el paquete ofertado -Gran Canaria, Tenerife o Mallorca-, una noche en hotel y la comida, puesto que, en numerosas ocasiones, debido a los horarios de salida de los paquetes del Imserso, se ven obligados a pernoctar en las islas capitalinas; claro, si pernoctan, tendrán que comer, cenar, etcétera. El traslado de una isla periférica, como Menorca, Ibiza, El Hierro, La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma o La Gomera, al punto de salida de estos viajes vacacionales que ofrece el Imserso supone un coste superior al que tienen que pagar los mayores por ocho días y ocho noches de hotel más la comida. Esto lo consideramos un agravio comparativo que debemos corregir. A un mayor que quiera viajar a Andalucía, a Cataluña, a Murcia o a la Comunidad Valenciana desde Canarias o Baleares le cuesta el viaje de ocho días 136 euros; si viaja de Canarias a Baleares, 159. Si el viaje se produce a Portugal, costaría 151 euros. Pues bien, desplazarse un mayor de las islas periféricas a las islas capitalinas le cuesta 87,74 euros sólo el billete de avión, la noche de hotel puede estar en torno a 50 euros y la comida puede estar alrededor de 20 euros, lo que supone que el traslado para poder salir en igualdad de condiciones que los de las islas capitalinas le cuesta 157,74 euros. Le cuesta 20 euros más trasladarse a la isla capitalina que lo que cuestan los ocho días que oferta el Imserso. Es tremendamente injusto.
Hay muchos mayores que sin duda alguna utilizarían este tipo de viajes y lo harían con muchísimas ganas e ilusión pero no se acogen a ello por el aumento de costes que esto les supone.Este tipo de programas a nivel nacional supone que viajan en torno a 600.000 mayores al año, creando sobre todo en zonas turísticas cuando no es temporada alta en torno a 36.000 puestos de trabajo, con unas pernoctaciones que oscilan en torno a los seis millones, lo que sin duda alguna es importante. Yo espero que esta iniciativa se apruebe con el apoyo de todos los grupos para que en el año 2005 los mayores tanto de las islas periféricas de Baleares como de Canarias puedan viajar en igualdad de condiciones que los de las islas capitalinas.


Esta proposición no de ley se debatió en el Senado y fue aprobada por unanimidad, con un texto un tanto diferente puesto que se había presentado en su día una enmienda del Grupo Socialista que no fue aceptada pero hoy sí hemos conseguido llegar a un acuerdo los dos grupos que hemos presentado esta iniciativa y yo creo que debemos sentirnos satisfechos puesto que vamos a conseguir que a partir de 2005 el costo del viaje sea exactamente el mismo para los mayores de las islas periféricas y de las islas capitalinas.


Señorías, el talante se demuestra con hechos, y ustedes entienden lo que les quiero decir. Llegar a acuerdos siempre es bueno y por parte del Grupo Popular ese talante que hemos demostrado aquí hoy lo vamos a seguir demostrando siempre que vaya en beneficio de los ciudadanos, en este caso de los canarios y de los baleares.


El señor VICEPRESIDENTE (Burgos Gallego): Para la defensa de la segunda proposición no de ley, la relativa a la necesidad de solventar para Canarias y Baleares algunos aspectos relativos a los viajes de vacaciones del Imserso que hacen que actualmente exista discriminación entre los pensionistas que viajan desde islas capitalinas frente a islas menores, tiene la palabra la señora Cedrés, del Grupo Socialista.


La señora CEDRÉS RODRÍGUEZ: Es para mí un honor que mi primera intervención en esta Comisión sea para defender un tema que afecta directamente a los territorios insulares del territorio español y en concreto a los pensionistas de las islas llamadas menores, donde resido.


La realidad de los pensionistas que viajan con los programas vacacionales del Imserso desde las islas no capitalinas es algo que me ha preocupado enormemente en el ámbito municipal, en el que ejercí como técnico y a nivel político, ya que he vivido el testimonio de pensionistas, en el caso de Canarias, que no podían acogerse a estos viajes porque para pagar el traslado a la capital de provincia debían emplear en algunos casos casi un cuarto de su pensión si este gasto se limitaba a lo expuesto, siempre que no tuvieran que pernoctar en la capital de provincia. Me consta que en las Islas Baleares ocurre de modo similar. Basándome en lo expuesto y teniendo en cuenta la injusticia y falta de equidad que hoy en día padecen los pensionistas usuarios de las vacaciones para mayores del Imserso de las islas no capitalinas de los archipiélagos balear y canario, paso a defender la enmienda transaccional que hemos acordado los dos grupos proponentes y que creo que todos tienen.


El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Imserso, promueve desde hace años un programa de vacaciones para mayores y para el mantenimiento del empleo en zonas turísticas, que dispone de una oferta de unas 600.000 plazas ubicadas en todas las comunidades autónomas y Portugal, suponiendo 50 localidades de destino distintas. Este programa ha tenido un gran éxito entre los ciudadanos y ciudadanas mayores de 65 años, y no podemos olvidar que este programa

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fue puesto en marcha por un Gobierno socialista. El programa también ha ayudado al sector turístico facilitando el mantenimiento de empleo en zonas turísticas, ya que si no fuera por éste, la temporada turística en algunas zonas de España se acortaría.La demanda y el éxito del programa están determinados por lo que significa para estas personas salir de su entorno habitual y conectar con otros lugares, por la promoción de la convivencia entre las personas de su entorno, estableciendo una actividad a realizar, por posibilitar a nuestros mayores acceder a entornos diferentes y a bienes culturales de otras zonas y, por ello, posibilitar la apertura hacia otras formas de vida. No podemos obviar que estos programas tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Este objetivo es uno de los que siempre ha propuesto el Partido Socialista y en el programa electoral se cita la intención de fomentar políticas que eviten el aislamiento de los mayores y remover los obstáculos de diversos tipos que todavía condenan a muchas personas mayores. De remover obstáculos, de marginación trata esta iniciativa, ya que por la configuración singular de las provincias de ambos archipiélagos, y teniendo en cuenta que para acceder a estos viajes del Imserso los residentes en islas menores han de desplazarse a sus respectivas capitales de provincia, el costo de su viaje es mucho más caro que para los residentes en Mallorca, Gran Canaria y Tenerife. Al hecho de tenernos que trasladar a la isla capital de provincia para después trasladarnos al continente le dominamos doble insularidad, y claramente refiere un agravio comparativo con los residentes de las islas mayores. Y este es el agravio que tratamos de resolver hoy aquí.


La desventaja que sufren los territorios fragmentados en forma de archipiélagos está reconocida por la Constitución española en su artículo 138.1, que recoge lo siguiente: "El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular". Y para concretar aún más, en el caso del archipiélago canario se reconoce por la Unión Europea la denominación de RUP, región ultraperiférica, por las circunstancias de lejanía e insularidad en el ámbito de la Unión Europea, como un handicap respecto a territorios de naturaleza continental.


Todo lo esgrimido hasta ahora nos lleva a la necesidad de articular las medidas necesarias que corrijan este agravio comparativo entre los residentes de las islas capitalinas y los de las islas menores con respecto a los viajes del programa de vacaciones para mayores de 65 años del Imserso, consiguiendo que el coste resultante represente el mismo independientemente de dónde resida la persona. En síntesis, se deben proveer las medidas necesarias para que el desplazamiento de los usuarios del programa desde sus lugares de residencia a dichos puntos de embarque no implique para quienes residan en las islas no capitales de las comunidades autónomas balear y canaria un incremento de su coste efectivo.


Desde su inicio, el programa de vacaciones contempla la asignación de la oferta de plazas de manera provincializada y proporcional a la población de personas mayores existentes en cada una de las provincias. Las más de 500 salidas que, con periodicidad quincenal o semanal, se suceden de manera continua durante los meses de ejecución del programa obligan a una agrupación y, en consecuencia, a establecer un punto concreto de salida que suele fijarse, y no de manera arbitraria, en la capital de provincia, por considerar que este punto es el que posee mejor comunicación para los usuarios que residen en las distintas localidades que integran la provincia y el mejor dotado en cuanto a infraestructuras de transporte.
También se entiende que las personas mayores residentes en las islas menores de los dos archipiélagos balear y canario disponen de la misma oferta que cualquier ciudadano residente en las islas capitalinas, con la única salvedad de que deberían dirigirse al punto de origen establecido para iniciar su viaje, lo que es igualmente aplicable a cada usuario que ha de desplazarse hasta la ciudad de partida de viaje si es distinta de su lugar de residencia, y esto en las 52 provincias españolas y en la treintena de países que participan en el programa. No obstante, en las últimas temporadas se han venido adoptando medidas excepcionales para los usuarios residentes en los dos archipiélagos, con el ánimo de facilitar el acceso a las plazas del programa de vacaciones.


Por lo expuesto, no se trata de modificar una tarifa única establecida para el territorio nacional, ni de establecer una tarifa única exclusivamente para los territorios insulares, sino de adoptar las medidas necesarias que permitan compensar el gasto de los desplazamientos que tuvieran que efectuar los pensionistas desde su lugar de residencia hasta el lugar de partida o salida del viaje programado, para así hacer efectivo el principio de solidaridad en todo el territorio. En este sentido, defendemos la enmienda transaccional antes citada, buscando garantizar la máxima equidad para todos los pensionistas mayores de 65 años, independientemente de la isla donde residan. Por este motivo, pido que se vote en la Comisión esta enmienda presentada por los dos grupos proponentes. No es momento de entrar aquí en discusiones de si no se hizo antes y por qué no fue, se trata de actuar en beneficio de los ciudadanos mayores de 65 años residentes en las islas menores de los archipiélagos balear y canario y cumplir así con la petición que desde estos territorios se hace al Gobierno, teniendo en cuenta que el 30 de junio de 2004, la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, doña Amparo Valcarce García, se comprometió en esta misma Comisión a contemplar la financiación que

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residen en las islas menores de Baleares y Canarias, con el fin de compensar los gastos extra de transporte que les originan su traslado a los puntos de salida.La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean fijar posición?

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Desde la perspectiva de Convergència i Unió, cualquier iniciativa orientada a mejorar la calidad de vida de las personas mayores de las islas de Menorca, Ibiza y Formentera, va a contar con nuestro apoyo. Los vínculos históricos, lingüísticos, culturales, económicos, sociales y afectivos de Cataluña con estas islas nos obligan.
Ahora bien, este voto favorable al texto que han pactado conjuntamente el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular no indica, ni mucho menos, que Convergència i Unió renuncie a aprovechar esta ocasión para recordar que es un absurdo anacronismo el hecho de que los programas de mayores continúen siendo gestionados de manera centralizada y centralista por parte del Imserso. El sentido común y la concepción de un estado avanzado y moderno y progresista nos debería llevar a que este tipo de programas fuesen gestionados por los organismos correspondientes de las comunidades autónomas con competencias exclusivas en el ámbito de los servicios sociales y en el ámbito del turismo. Yo espero que en próximas ocasiones, y ante la perspectiva de la discusión del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, los programas de mayores del Imserso de Cataluña, y ojalá que también algún día los programas de mayores de Islas Baleares, sean gestionados por los correspondientes gobiernos autonómicos.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.


Entiendo que lo que se va a someter a votación es el texto transaccional presentado por los grupos.


- SOBRE MEDIDAS PARA INCREMENTAR LA ASISTENCIA SOCIAL Y SANITARIA A LOS EMIGRANTES ESPAÑOLES Y SUS DESCENDIENTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000093.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 6 del orden del día: Proposición no de ley sobre medidas para incrementar la asistencia social y sanitaria a los emigrantes españoles y sus descendientes.


Tiene la palabra la portavoz del grupo proponente, el Grupo Parlamentario Popular, la señora Muñoz.


La señora MUÑOZ URIOL: Señorías, nuestro grupo va a presentar hoy una proposición no de ley dentro del ámbito de una de nuestras prioridades durante los años de gobierno y ahora que estamos en la oposición. El tema de la atención de los españoles en el exterior, el tema del retorno, el tema de la atención a los más desfavorecidos, va a ser una constante dentro de nuestro grupo, porque, además, tenemos un bagaje importante. Yo creo que lo que se ha hecho en estos últimos años en apoyo a los españoles en el exterior ha sido mucho, ha ido en constante incremento y, concretamente, un tema que preocupaba, como era la atención sanitaria, sobre todo en aquellos países donde la atención sanitaria no es universal, no podía quedar relegado de lo que pensamos tiene que ser también un compromiso de los que ahora mismo están en el Gobierno.


Tengo que decirles que este programa de atención sanitaria se puso en marcha en el año 1997 y, precisamente porque ha sido una constante y ha ido en aumento, nuestro compromiso es que no se abandone y que se siga avanzando. Hay que decir que hoy, al parecer, dentro de lo que es la intención del Grupo Socialista, además de hablar de talante lo vamos a practicar, porque se ha presentado por parte del Grupo Socialista una enmienda en la que hemos consensuado una transaccional, con lo cual espero que sea aprobada por unanimidad de todos los grupos de esta Cámara. Independientemente de lo que hayamos acordado en esta transaccional, yo creo que es importante decir lo que ha supuesto en estos años la atención sanitaria hacia el exterior, hacia los españoles que viven y residen en el exterior. Este plan de salud, que se puso en marcha en el año 1997, ha hecho posible que países como Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Marruecos, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Colombia o México hayan podido firmar convenios de colaboración con 25 instituciones para que se pueda dar esa asistencia sanitaria a los españoles en el exterior. A mí me parece que es muy importante poder contemplar el esfuerzo que se ha hecho desde el año 1997 para abarcar una cobertura sanitaria digna a los españoles que no tuvieran recursos, y yo espero que en esta nueva etapa, con un gobierno socialista, no se abandone esa disposición -ahí están los resultados- de diálogo, de compromiso y de firma de acuerdos con estos países, porque es la única manera y el único método.


A lo largo de esta legislatura entendemos que los incrementos presupuestarios van a ir acompañados de las políticas de emigración, y espero, y estoy convencida de que también el Partido Socialista, que no vayan a disminuir, porque en los últimos años el compromiso ha sido muy importante. Estoy hablando de un compromiso interanual por encima del 10 por ciento; concretamente en el año 2003 el incremento fue aproximadamente un 15 por ciento, lo cual supone un compromiso muy serio dentro del ámbito presupuestario. Hoy en esta proposición no de ley nos estamos refiriendo al

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aspecto sociosanitario y fundamentalmente a aquellos españoles que tienen una discapacidad que les impide un acceso al trabajo, y también nos estamos refiriendo a aquellas familias que tienen hijos a cargo con discapacidad. Por tanto, habrá que ampliar esas partidas presupuestarias.
Entendemos que el talante del Gobierno socialista asumirá como compromiso propio lo que nosotros llevábamos en el programa, espero que también el Partido Socialista, y que siga siendo una realidad esa atención a más de 6.000 españoles en el exterior, atención sanitaria y protección dentro del ámbito farmacológico.Le hemos hecho llegar a la Presidencia que en nuestro espíritu está aprobar esta enmienda transaccional. A nuestro grupo siempre le van a encontrar en este tema, como en muchos otros, cada vez que hablemos de emigración, de retorno, y yo espero que los acuerdos que podamos alcanzar en esta materia se materialicen y que estas proposiciones que hoy aquí aprobamos con el apoyo de nuestro grupo vengan reflejadas en los presupuestos.


La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Fidalgo.


El señor FIDALGO FRANCISCO: Hay más de un millón y medio de ciudadanos españoles en el extranjero, más de la cuarta parte de ellos son gallegos, y no lo digo por casualidad, porque lo digo como diputado orensano, y quiero resaltar precisamente que en mi provincia 65.000 están inscritos en el CERA, es decir, la quinta parte de los ciudadanos orensanos con derecho a voto, lo cual les traslado por la importancia que para todos los ciudadanos españoles -pero para Galicia concretamente y sobre todo para los orensanos- tiene el asunto que ahora estamos tratando. Este dato es significativo, y quiero recordar lo que decía del CERA y los votos, porque de alguna manera, desde la óptica gallega, esta cuestión ha condicionado las políticas del Partido Popular con respecto a la emigración. Quiero resaltar en este sentido la doble cara de la moneda: por una parte, desgraciadamente, de Galicia siguen saliendo todos los años una media de 15.000 personas, la mayoría jóvenes, en busca de trabajo y mayor fortuna, y al mismo tiempo se practica desde la administración autonómica una política de paternalismo hacia los emigrantes. Resalto esto por una simple cuestión de paradoja. También por lo mismo me parece cuando menos paradójico que después de 15 años de Gobierno del Partido Popular en la Xunta de Galicia y de los años de Gobierno del Partido Popular a nivel del Estado se presentase aquí el 3 de junio una proposición no de ley diciéndole al nuevo Gobierno Socialista lo que debía de hacer en esta materia, después de haber transcurrido tantos años estando ellos en el Gobierno y sin ir mucho más allá de lo que anteriormente se había realizado, al menos en el terreno de los derechos. Puede ser que también me equivoque yo y ahora empiece el Partido Popular a compartir con nosotros el interés por las personas emigradas y sus problemas, y si es así, bienvenido sea.


Señorías, los emigrantes son españoles en el extranjero y eso ya fue concebido así por los primeros gobiernos socialistas, los gobiernos de Felipe González, que tomaron las primeras medidas que aún hoy facilitan precisamente dar salida a esa preocupación por los emigrantes. Pues bien, para dar continuidad a aquel trabajo realizado durante los gobiernos del Partido Socialista queremos insistir, y así lo recogíamos en el programa, en que los emigrantes son españoles en el extranjero y, por tanto, deben disfrutar como españoles de ciudadanía plena, y así se ha comprometido en el programa del Partido Socialista como una de sus prioridades. Por eso, todo ese compendio de ciudadanía quiere recogerse en el estatuto de los ciudadanos españoles en el mundo, como marco legal que sistematice sus derechos y garantías y establezca las obligaciones que corresponden a los poderes públicos para hacerlos efectivos. Evidentemente tienen que erradicarse las políticas graciables, más o menos emotivas, pero que realmente quieren ocultar una preocupante desprotección y, en consecuencia, tienen que acabarse las políticas de dádivas y entrar en las de los derechos, la efectividad y la transparencia. Por eso, hasta la elaboración compleja de ese estatuto al que me refería, se están tomando ahora medidas efectivas que afectan a la realidad cotidiana de miles de emigrantes y sus familias, a través de las ayudas o pensiones, la asistencia sanitaria, la mejora de la calidad de vida, y todo ello con el máximo respeto, lo cual es muy importante, a la dignidad de las personas y de los países que les acogen. Tenga por seguro la señora Muñoz que vamos a insistir en estas políticas, porque además son propias e inherentes del Partido Socialista.


El Gobierno, en el escaso tiempo transcurrido desde su toma de posesión, ya ha puesto en marcha diferentes medidas con el correspondiente reflejo presupuestario, en la línea, por ejemplo, de mejorar las pensiones asistenciales con la tendencia a homologarlas con las no contributivas; se ha reducido el período de cobro de seis a tres meses; se han elevado los umbrales para poder acceder a las ayudas, lo cual supone, por ejemplo, sólo en Argentina, en donde hay muchísimos emigrantes españoles, sobre todo gallegos, pasar más o menos de unos 12.000 beneficiarios a unos 30.000 a final de año, y se han revisado coeficientes que relacionan el nivel de vida en cada país con la pensión no contributiva en España; también se ha mejorado la asistencia sanitaria financiando a través de convenios y de la financiación de cooperación, lo que supone caminar hacia la universalización y al disponer las personas de más liquidez por adelantar a esos tres meses a los que me refería antes el cobro de las ayudas se permite una mejora en la accesibilidad a los medicamentos; además, el acceso a las pensiones asistenciales, como saben, conlleva ya de por sí la asistencia sanitaria a través de los convenios; también se han iniciado las gestiones

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para mejorar la atención a los mayores, tanto en el aspecto asistencial como residencial.Quiero destacar otra cuestión, que es la filosofía que está impregnando toda actuación, y ello es muy importante, porque todo el proceso de las actuaciones, sin obviar las asociaciones de emigrantes -quiero recordar aquí que sólo entre el 15 y el 20 por ciento de los emigrantes se mueven alrededor de las asociaciones-, se quiere realizar a través de las consejerías laborales, garantizando así la transparencia, la igualdad de oportunidades y, al fin y al cabo, la universalidad y la ciudadanía. Los siguientes pasos queremos que estén dirigidos al retorno, las actuaciones del Imserso y los programas de salud.


Señorías, el propósito del Grupo Parlamentario Socialista y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es establecer una protección social para los emigrantes y sus familias a través de normas que las configuren como derechos subjetivos. El Gobierno así lo ha entendido y así ha iniciado el proceso. Hemos presentado una enmienda de sustitución concretando medidas centradas, sobre todo, en la garantía de derechos con normativa legal y hemos hablado de esta transaccional que orienta hacia un camino esperanzador y reafirma la atención socio-sanitaria, la atención a las familias de los emigrantes y consagra esos derechos que para nosotros son tan importantes.


La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa.)

- PARA IMPULSAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS DEPENDIENTES EN ESPAÑA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000237.)

La señora PRESIDENTA: El punto 7 del orden del día se ha retirado.


Suspendemos durante cinco minutos, ya que habíamos fijado la votación a las 13,30. (Pausa.)

Iniciamos la votación, señorías, del punto 1 del orden del día. Se somete a votación en los términos de la propia iniciativa. ¿Lo acuerda así la Comisión? (Asentimiento.) Queda aprobado el punto 1.


Punto 2 del orden del día, creación de la segunda subcomisión. Hay una transaccional presentada. ¿Se entiende aprobada en los términos de la transaccional propuesta? (Asentimiento.) Queda aprobado.


Iniciamos la votación de las proposiciones no de ley. Punto 3 del orden del día. Hay una transaccional propuesta y la sometemos a votación en los términos que resultaron del debate.


Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.


Sometemos a votación los puntos 4 y 5 del orden del día también en los términos de la transaccional propuesta, que resultaron del debate.


Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.


Finalmente, proposición no de ley número 6 del orden del día. Se somete a votación la transacción propuesta que ha resultado del debate.


Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.


Señorías, muchas gracias y esperamos mantener este clima de entendimiento.


Se levanta la sesión.


Eran las trece y treinta minutos de la tarde.

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