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DS. Senado, Pleno, núm. 60, de 03/11/2005
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2005 VIII Legislatura
Núm. 60
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el jueves, 3 de noviembre de 2005


ORDEN DEL DÍA:

Séptimo

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

-- De la Comisión de Defensa en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de la Defensa Nacional. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 31, de fecha 27 de octubre de 2005).
(Número de expediente 621/000031). (Número de expediente C. D.
121/000031).


-- De la Comisión de Cultura en relación con el Proyecto de Ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 30, de fecha 31 de octubre de 2005). (Número de expediente S. 621/000030). (Número de expediente C. D. 121/000035).


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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 3284)

De la Comisión de Defensa en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de la Defensa Nacional (Página 3284)

El señor Blanco García, presidente de la comisión, presenta el dictamen.


Se abre debate de totalidad.


El señor Ministro de Defensa (Bono Martínez) hace uso del turno a favor.
El señor Muñoz-Alonso Ledo consume un turno en contra. En turno de portavoces, intervienen los señores Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, quien retira en este acto las enmiendas números 4, 6 y 9; Mendoza Cabrera, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; Companys i Sanfeliú, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que a su vez retira las enmiendas números 15 a 24; Aleu i Jornet, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Caballero Moya, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Muñoz-Alonso Ledo, por el Grupo Parlamentario Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Defensa (Bono Martínez).


Se inicia el debate del articulado.


El señor Uzquiza González defiende vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 42 del Grupo Parlamentario Popular. En turno de portavoces, intervienen los señores Jorquera Caselas, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Cosidó Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se procede a votar.


Se aprueba la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 42 del Grupo Parlamentario Popular por 130 votos a favor y 117 en contra.


Se aprueba el texto del dictamen por 121 votos a favor, 117 en contra y 9 abstenciones.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.


De la Comisión de Cultura en relación con el Proyecto de Ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica (Página 3304)

La señora Flores Fernández, presidenta de la comisión, presenta el dictamen.


Comienza el debate de la propuesta de veto.


El señor Van-Halen Acedo defiende la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular. La señora Navarro Lafita consume un turno en contra. En turno de portavoces, intervienen el señor Perestelo Rodríguez, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; la señora Aleixandre i Cerarols, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; los señores Maqueda Lafuente, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; la señora Navarro Lafita, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Van-Halen Acedo, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular por 117 votos a favor y 127 en contra.


Se inicia el debate del articulado.


El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 10. El señor Maqueda Lafuente defiende las enmiendas números 11 a 25, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Muñoz Martín defiende las enmiendas números 26 a 44, del Grupo Parlamentario Popular. En turno de portavoces, intervienen el señor Jorquera Caselas, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Aleixandre i Cerarols, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; los señores Maqueda Lafuente, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; la señora Navarro Lafita, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Muñoz Martín, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 1 a 9, del Grupo Parlamentario Mixto, por 9 votos a favor, 228 en contra y 6 abstenciones.


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Se rechaza la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Mixto, por 17 votos a favor, 220 en contra y 6 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 11 a 25, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 21 votos a favor, 216 en contra y 6 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 40, 43 y 44, del Grupo Parlamentario Popular, por 115 votos a favor, 127 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las restante enmiendas del Grupo Parlamentario Popular por 114 votos a favor y 128 en contra.


Se aprueba el texto del dictamen por 129 votos a favor y 114 en contra.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.


Se levanta la sesión a las catorce horas y treinta y cinco minutos.
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Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

-- DE LA COMISIÓN DE DEFENSA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSA NACIONAL (S. 621/000031) (C. D. 121/000031).


El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día. Dictamen de la Comisión de Defensa en relación con el proyecto de ley orgánica de la Defensa Nacional.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el senador Blanco.


El señor BLANCO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días. Intervengo para la presentación del dictamen del proyecto de ley orgánica de la Defensa Nacional.
Este proyecto de ley tuvo su entrada en el Senado el día 26 de septiembre del año en curso, determinando la Mesa de la Cámara su remisión a la correspondiente comisión. El plazo de presentación de enmiendas concluyó el día 7 de octubre, aunque se solicitó una ampliación hasta el día 14.
Se presentó una propuesta de veto por parte del Grupo Parlamentario Popular, así como un total de 79 enmiendas, que han sido distribuidas de la siguiente manera: De la una a la 14, de los senadores Cuenca Cañizares y López Aulestia; de la 15 a la 24, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; las enmiendas 25 a 37, del senador Mur Bernad, y las enmiendas números 38 a 79, del Grupo Parlamentario Popular.
Con fecha 4 de octubre se reunió la comisión para designar la ponencia, integrada por las siguientes señorías: don José María Mur Bernad, don Ramón Aleu i Jornet, don Ramón Companys i Sanfeliú, don Ignacio Cosidó Gutiérrez, don Alejandro Muñoz-Alonso, don Miguel Ángel Uzquiza González, don Hilario Caballero Moya, don José Mendoza Cabrera y don Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga. La ponencia se reunió el día 20 de octubre, con asistencia de todos sus integrantes, desarrollando un amplio intercambio de posiciones acerca de las posturas de los diferentes grupos. Durante el transcurso de esta ponencia, el senador Mur Bernad manifestó que retiraba todas sus enmiendas.
La comisión se reunió el día 24 de octubre para dictaminar el proyecto y fue debatida y rechazada la propuesta de veto al no alcanzar la mayoría absoluta requerida. Se procedió posteriormente al debate de las enmiendas. En el transcurso del mismo fueron retiradas diversas enmiendas de los senadores Cuenca Cañizares y López Aulestia que, a su vez, ya habían presentado un escrito retirando otro conjunto de enmiendas.
Sometidas a votación las enmiendas, la comisión acordó la incorporación de una sola enmienda, la número 42, que afecta al preámbulo del proyecto.
Después del trámite en comisión han quedado vivos tres votos particulares, dos de ellos con las enmiendas que se mantienen vivas de los mencionados senadores del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y un tercero del Grupo Parlamentario Socialista que solicita la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo que respecta a la enmienda número 42, que fue aceptada en comisión.
Muchas gracias. (El señor ministro de Defensa pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Comienza el debate de totalidad.
Tiene la palabra el señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor presidente del Senado, señoras y señores senadores, en nombre del Gobierno quiero comenzar mis palabras agradeciendo a sus señorías el trabajo que han realizado en esta Cámara para mejorar el proyecto de ley de la Defensa Nacional.
No era necesario, no es de suyo necesario modificar el texto para poder decir que hoy, cuando culmina el paso de este proyecto de ley por el Senado, la ley de la Defensa Nacional es mejor que cuando vino, porque ese texto ha sido considerado por sus señorías, le han prestado atención y ello le ha añadido legitimidad, ha ratificado y respaldado aún más el texto que venía aprobado desde el Congreso de los Diputados. Es también mejor el texto después de su paso por el Senado porque algunas de las observaciones y advertencias que han hecho sus señorías a su paso por esta Cámara servirán para que el Gobierno, por vía reglamentaria, complete el trabajo y atienda sus observaciones. Es mejor también, porque la aplicación de la ley de la Defensa Nacional será efectiva mucho antes que si, por ejemplo, este proyecto hubiese sido vetado. Por eso, como ministro de Defensa me alegro de que este proyecto de ley no haya sido vetado y que los ejércitos puedan tener la ley de la Defensa Nacional que deberían haber tenido desde hace años. ¿Y por qué digo que deberían tenerla desde hace años? Porque así se determinó por mandato legal, exactamente en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, que en su disposición final séptima establecía que antes del 31 de diciembre de 2002 el Gobierno debería remitir los proyectos de ley necesarios para adaptar el ordenamiento legal de la Defensa y el régimen de derechos y deberes de los militares. Como es evidente, pasó esa fecha sin que se cumpliera el mandato; es más, mi antecesor tuvo ocasión de decir en el Parlamento el día 18 de diciembre de 2002 lo siguiente: «Yo asumo el compromiso en lo que queda de legislatura para la modificación integral de la Ley de Criterios Básicos de la Defensa Nacional.» Se asumió el compromiso, pero no se cumplió. Y por eso, insisto, me alegro de que, tras tantas circunstancias, finalmente este proyecto de ley pueda ser pronto la ley de

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los Ejércitos y la Armada, algo que no se podría haber logrado en el mismo tiempo si se hubiesen presentado enmiendas o vetos que obstaculizaran su rápida tramitación.
El paso por el Senado ha evidenciado la solidez de un acuerdo básico en torno a la ley de defensa nacional, acuerdo alcanzado por la mayoría de los grupos parlamentarios tanto en el Congreso como en el Senado. Piensen que esta es una iniciativa que ha sido apoyada por seis grupos parlamentarios en el Congreso y por cinco grupos en el Senado. En el Congreso sólo votó en contra el Grupo Popular --no lo digo como desprecio cualitativo ni cuantitativo, pero eso es ni más ni menos lo que ocurrió--; no deja de ser significativo que un partido como el Popular vote en contra de una ley que se denomina ley orgánica de la Defensa Nacional.
Señorías, afirmar que la ley de la Defensa Nacional es un tema de Estado resulta razonable, y el propio Partido Popular así lo ha dicho en diversas ocasiones. Y es lógico que se haya querido explicar que el ministro buscara el consenso en un asunto que afecta al Estado. Así, en un artículo publicado por el grupo Gees, titulado «Bono pide tregua», se decía: «Bono quiere a toda costa un pacto con el Partido Popular...» Y se añadía: «... pero lo quiere más por necesidad que por virtud». A lo largo del artículo se pretende explicar cómo resultaría imposible que se llegase a un acuerdo con los partidos regionalistas y nacionalistas en la ley de la Defensa Nacional, si bien se dice: «En la nueva ley hay diferencias lógicas, pero no hay nada sustancial que lleve al contundente enfrentamiento de otras leyes.» Y cita la del Poder Judicial: «El Ministerio de Defensa... --añade-- ... tampoco se encuentra en el caos...» --gracias--, y termina diciendo: «A Rajoy le puede interesar, por tanto, ofrecer la imagen de que el PP también sabe pactar cuestiones de Estado.» Ésta es una de las cuestiones de Estado de las que, por lo que quiera que sea --y, desde luego, sin hacer un juicio moral ni de valor, pero sí político--, no se ha sabido pactar. Afirmar que la Defensa es un tema de Estado, desde mi punto de vista, significa que su planificación, su organización y sus tiempos no se miden por ministros, no se miden por gobiernos, no se miden por legislaturas, sino que los tiempos de la Defensa necesariamente han de medirse por épocas, y la ley que hoy saldrá del Senado ha sido diseñada en su inicial redacción con una vocación duradera tan extensa como la época a la que responde.
A estas alturas, prácticamente nadie piensa que no es necesario y urgente sustituir la actual ley que regula la Defensa Nacional. Es necesario hacerlo --como les decía con anterioridad, señoras y señores senadores-- porque lo ordena la Ley 17/1999. Pero, además, es necesario porque, desde que se aprobó la ley que hoy se sustituiría, en 1980, han cambiado sustancialmente muchas cosas: ha cambiado la sociedad española; ha cambiado el escenario internacional y ha cambiado el diseño de los ejércitos.
La sociedad española actual es distinta de aquélla de la transición cuando se hizo la anterior ley. Qué duda cabe que la diferencia más elocuente, la que más se debe resaltar en materia de Defensa es que en el año 1980, cuando se hizo la ley que hoy podría ser sustituida por la que sus señorías han trabajado y estudiado, en algunos cuarteles había ruido de sables y, veinticinco años después, no hay ningún ruido antidemocrático en ningún cuartel de España. Hoy, más claramente que ayer, la sociedad ve a las Fuerzas Armadas como lo que realmente son: un instrumento para la defensa de España, para garantizar el orden constitucional y como una herramienta para contribuir a la paz internacional.
La ley que hoy puede salir del Senado responde a una visión de los ejércitos no aislados, sino aliados con otros ejércitos en organizaciones internacionales diversas y son unos ejércitos modernos por su sociología, por su composición y también por su preparación. Es una ley acorde con la sensibilidad de la sociedad española, que no solamente impone obligaciones a los militares sino que, además, desea que se contemplen sus derechos y quiere que exista un observatorio cercano sobre la vida militar. Es una ley que afirma el papel de control y decisorio de los españoles en las misiones internacionales.
Señoras y señores senadores, sólo por este punto inserto en el artículo 17 del texto que han considerado sus señorías, sólo por este asunto merecería la pena la atención que presten al proyecto de ley de la Defensa Nacional; es aquel en el que se establece que para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o el interés nacional, el Gobierno no puede actuar por su cuenta sino que debe consultar al Parlamento y, además, se exige la autorización del Parlamento para que las tropas españolas puedan ir al exterior siempre que no se trate de la defensa de España o de un asunto de interés nacional. Ya pueden imaginarse, con la historia que se encierra detrás de estas cuatro líneas del inciso primero del artículo 17, que solamente ese artículo y ese párrafo quizá merecerían un proyecto de ley orgánica.
No faltan --lo sé-- quienes critican el control parlamentario, diciendo que retrasa la reforma, que además retrasa las decisiones, y que hasta tendremos dificultades en España para ser alguien --se ha dicho literalmente-- por culpa del control parlamentario. Se ha dicho literalmente que España tendrá dificultades para ser alguien en la comunidad internacional. Pero ¿qué se podría responder a quien crea que, para ser alguien, hay que obviar al Parlamento, hay que dejarlo de lado? ¿Habrá todavía gente a quien no le importe que nuestros militares acudan allí donde los españoles no quieren que vayan? ¿Y quién representa a los españoles? No los representa un instituto demoscópico ni los representa institución distinta que el Parlamento.
Entonces, repito: la voluntad de ser alguien en el contexto internacional es tan legítima que no se puede desconsiderar; pero ¿hay alguien todavía dispuesto a que los soldados de España vayan, para que alguien sea alguien, donde no deben ir, porque los españoles no quieren que vayan? Con esta ley, la respuesta está clara: haya los que haya dispuestos a que eso ocurra, no podrá ocurrir la salida de soldados de las fronteras de España a una misión en el exterior si no es porque así lo han decidido los ciudadanos que representan la soberanía nacional. ¿Creerá alguien que España es más relevante de espaldas a sus Cortes Generales

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que desde ellas? Desde luego, el ministro que tiene el honor de presentar este proyecto de ley piensa que España no es relevante si no parte de la democracia y del respeto a la voluntad de los españoles.
Por otra parte, y en cuanto al escenario internacional, al que también esta ley se debe y responde, hemos de observar dos hechos rotundos. Por un lado, los cambios en el mundo desde que la ley vigente fue promulgada.
Se han producido cambios tan evidentes desde que la Ley de 1980 se promulgó, que simplemente los enuncio: ha acabado la guerra fría, la política de bloques, y han aparecido nuevas amenazas --y de qué dimensión-- para la paz, de tal manera que hoy sabemos que un solo terrorista puede producir más daño a la sociedad que todo un cuerpo de ejércitos según la consideración de la Defensa de épocas anteriores.
Por otro lado y en cuanto a España, la realización plena de nuestra integración internacional ha llevado a que España pertenezca a la Unión Europea. Sin embargo, cuando se publicó la ley que hoy sería sustituida por la que debatimos no existía la Unión Europea y España no pertenecía siquiera a la Comunidad Europea. Además, no estábamos en la Alianza Atlántica. En 1984, cuando ya sí estábamos en la Alianza Atlántica, no pertenecíamos a la estructura militar integrada. Son cambios a los que las leyes de España tienen que dar respuesta.
La nueva ley orgánica de la Defensa Nacional establece en su artículo 19, además, que su actuación debe acomodarse, cuando de misiones en el exterior se trate, a la solicitud del Gobierno del país en el que se pretende actuar, o que tiene que tratarse de una actuación legítima que cuente con la legalidad internacional. Tenemos que responder lealmente a nuestros aliados --la OTAN, la Unión Europea-- y nuestra participación en misiones exteriores tiene que tener un compromiso inequívoco con la legalidad internacional. Por eso las actuaciones de nuestros ejércitos han de ser conformes a la Carta de las Naciones Unidas que, como saben, prohíbe la guerra y sólo permite las acciones armadas en los casos de legítima defensa o cuando el Consejo de Seguridad así lo determina por votación, que también está reglamentada. Además, en el proyecto de ley que ahora se tiene en consideración en el Senado establecemos que esas actividades estén autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Ya sé que hay quienes no están de acuerdo. Han dicho que someterse a este filtro, es decir, la aprobación del Consejo de Seguridad, es, y cito literalmente, restringir las posibilidades de actuación de nuestros ejércitos más allá de nuestras fronteras. Sí, someterse a la aprobación del Consejo de Seguridad es, repito, «restringir las posibilidades de actuación de nuestros ejércitos más allá de nuestras fronteras». Pues claro que es restringirlo para someterse a lo que un país miembro de las Naciones Unidas tiene que estar sometido, que es a la legalidad de las propias Naciones Unidas. Lo contrario, no someterse a la legalidad de las Naciones Unidas, no tener esa restricción, ¿sería aceptable hoy día en España por sus señorías, cualquiera que sea el carnet político que lleven en su bolsillo? ¿Cuántos españoles, voten a quien voten, estarían dispuestos a suscribir que los ejércitos de España no deben restringir sus posibilidades de actuación en el exterior porque lo digan las Naciones Unidas? Creo que no encontraríamos ni media docena de fanáticos dispuestos a decir que los ejércitos de España pueden actuar al margen de las Naciones Unidas. Pero díganme una sola misión internacional de carácter militar que pueda ser asumida por la opinión pública española y que no quepa en esta ley debido a las restricciones que, como algunos dicen, se imponen en la misma. Me someto no a una pregunta-apuesta, sino a una pregunta clarificadora. ¿En qué acción militar podrían participar los ejércitos y la armada españoles que no estuviese recogido en alguno de los apartados de los que la ley ha dispuesto y que la opinión pública española exigiera que se levantasen los controles que la ley establece? No encontrarán ni uno solo, porque cuando se pone el ejemplo de Kosovo y se habla de que en Kosovo no hubo resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es cierto, tan cierto como que en la ley que sus señorías considerarán hoy en Pleno se establece que España ha de cumplir con la legalidad internacional que queda dicha y con los compromisos que tiene asumidos con sus aliados, la OTAN y la Unión Europea. Y para que deje de mentirse al respecto de Kosovo, la decisión fue adoptada por la unanimidad del Consejo Atlántico de la OTAN. Ésa es la realidad y, sobre ese asunto, no cabe mentir.
En cuanto al diseño de los ejércitos y de las fuerzas armadas, es mucho lo que han cambiado en el último cuarto de siglo, tanto en España como en el resto del mundo. En la ley se establece un diseño homologable al de las fuerzas armadas de países avanzados de nuestro entorno. En ella se distinguen claramente la estructura orgánica de la operativa y concretamente en esta última, en la estructura operativa, se refuerza el carácter de lo conjunto, destacando, por tanto, la figura del JEMAD.
La gratitud del ministro hacia sus señorías es sincera. Gratitud por la consideración de la ley que ha hecho el Senado. Si no sonara a irónico, también les diría que me constan las facilidades que todos los grupos políticos han dado a la tramitación de esta ley, pero lo cierto, y sin juzgar la intención o el motivo, es que por acción o por omisión cada grupo ha dado las facilidades que ha podido, y algunas no son desdeñables. (Rumores.) Quiero hacer un reconocimiento especial al senador Anasagasti...


El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego guarden silencio, por favor.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Quiero hacer un reconocimiento especial al senador Anasagasti y a su Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Su grupo mantuvo en el Congreso de los Diputados una posición de abstención que, si no aplaudía el texto, desde luego facilitó el camino de este proyecto de ley. Valoro sus aportaciones en orden a conseguir un mayor protagonismo del Senado en materia de defensa. El Gobierno, a través del ministro de Defensa, asume en esta tribuna el compromiso de que por la vía reglamentaria introducirá dos elementos en la dirección que su señoría pretende,

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señor Anasagasti. Así, y en primer lugar, cada vez que se solicite al Congreso de los Diputados una comparecencia para recabar autorización a una misión en el exterior, simultáneamente se comunicará oficialmente al Senado para que sus señorías puedan ejercer la labor de control más plenamente y para que puedan tomar las correspondientes iniciativas --que el Gobierno aceptará de buen grado-- en lo que a la misión de control se refiere. Y en segundo lugar, y también por la vía del desarrollo reglamentario, el Gobierno establecerá claramente el compromiso de exponer anualmente en el Senado y en el ámbito que sus señorías deseen, lo que se ha efectuado, para que de ese modo se pueda hacer un seguimiento de las operaciones en el exterior en el mismo sentido en que se han presentado las enmiendas que su señoría ha propuesto.
También quisiera agradecer a los representantes de Izquierda Unida, senador Cuenca Cañizares y senadora López Aulestia, su apoyo y el de su grupo parlamentario en el Congreso a este proyecto de ley. En cuanto a las enmiendas presentadas en el Senado, les hago una propuesta: les agradecería que las retirasen. A cambio, el Gobierno asumiría, y asume ya desde aquí, el compromiso de informar anualmente sobre la utilización de las bases de uso conjunto que con nuestros aliados mantenemos en España.
Ésta ha sido una petición de Izquierda Unida que a la vez es coherente con la línea de transparencia responsable que nos hemos empeñado en mantener en el ámbito de la defensa. Es un seguimiento que el Gobierno realiza y que no tiene ningún inconveniente en trasladar a sus señorías en los términos debidos. Así, en la propuesta que estoy haciendo desde esta tribuna comprometo al Gobierno para que anualmente informe sobre las actividades en las bases que conjuntamente mantenemos con nuestros aliados, singularmente con los Estados Unidos.
Senador Mur, mi agradecimiento también. Gracias, porque el diálogo que hemos mantenido durante la tramitación de este proyecto de ley nos ha permitido comprendernos. Pues bien, como resultado de ese entendimiento, su señoría ha tenido a bien retirar las enmiendas que su grupo parlamentario había presentado, en cuyo espíritu trabajará el Gobierno en los términos que quedan dichos.
Gracias también al senador Companys i Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, senador Mendoza Cabrera, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y senador Jorquera Caselas, del Bloque Nacionalista Galego, sin cuya aportación esta ley no podría ir al «Boletín Oficial del Estado». La ley de la Defensa Nacional sale del Parlamento con el apoyo de los socialistas, de los nacionalistas y de los regionalistas. ¡Quién lo diría! Pues bien, yo lo digo porque es verdad. Y lo que no comprendo es que algunos dirigentes del Grupo Parlamentario Popular hayan dejado pasar la oportunidad, no sólo de presentar sus enmiendas y su veto --es público y notorio--, sino de presentarse como moderados, como centristas en una ley como esta que, repito, se llama orgánica de la Defensa Nacional, y en la que, por cierto, es falso que se restrinjan las facultades del jefe del Estado. Las acusaciones que a esta ley se han hecho no se tienen de pie en cuanto a que haya ni una sola línea que no pudiese ser aprobada, esa es mi percepción, por los votantes del Partido Popular en términos generales.
En relación con ustedes, con el Partido Popular, debo evocar lo que dije al intervenir ante el Congreso el pasado mes de septiembre. Terminé expresando el deseo del Gobierno de que la seguridad de los españoles y la defensa nacional contasen con nuestra voluntad de aunar en vez de con la intención de dividirnos, y les convocaba en el Congreso a que en el Senado pudiésemos, con sentido común, acabar imponiendo el sentido común.
Los ejércitos, la Armada --les decía--, la Defensa Nacional valen más que las discrepancias entre el PSOE y el PP por importantes que estas sean.
No ha sido así y lo lamento.
¿Por qué razones no se han aproximado al acuerdo? Un artículo del pasado jueves, el 27 de octubre, en la órbita del pensamiento del Partido Popular, firmado por el grupo GEES --por eso digo que está en la órbita del Partido Popular-- decía textualmente: El PP no puede más que oponerse a una ley que es contraria a su interés como partido. ¡Pues menuda razón! (Risas.) «El PP no puede más que oponerse a una ley que es contraria a su interés como partido.» «Dixit» grupo GEES, el pasado 27 de octubre.
Pero añadía más. Refiriéndose a la participación de España en la guerra de Iraq, el Grupo GEES decía que el ministro --por mí-- debería entender que pedir que el PP se condene a sí mismo en contra de sus principios es pedirle demasiado, y coincido plenamente. ¿Cómo va a pedir el ministro al Grupo Popular que se condene a sí mismo en contra de sus principios? Por supuesto, eso no se lo pido.
Como se mencionaba la guerra de Iraq en ese mismo artículo que estoy citando, no les pido que en contra de sus principios hagan aquello que pueda convenirle al Gobierno. No, no les pido eso. Pero yo les haría dos preguntas: la primera, ¿no se dan cuenta de con estos argumentos, o mejor dicho, que la expresión de esos argumentos son los que mantienen justamente esa condena de la que ustedes hablan? ¿No se dan cuenta de que la mejor manera de dejar atrás de una vez por todas la dichosa guerra Iraq, en la que nos metieron en contra de la ONU y en contra de los españoles, es precisamente una ley que como esta evite los problemas que entonces se produjeron? ¿No se dan cuenta de que en esta ley no se habla como en el artículo que cito de la guerra de Iraq? Con lo que se hace es imposible que vuelva a repetirse una circunstancia que tanto daño, desde mi punto de vista, les ha hecho sus señorías y les sigue haciendo por la voluntad de recordar permanentemente la guerra de Iraq.
En fin, lamento que no se hayan sumado al consenso básico que esta ley de Defensa Nacional ha logrado concitar, y lo lamento de veras porque, como les decía, creo que no hay ningún votante del Partido Popular, alejado del fanatismo, que ponga reparo ni a una sola línea de este proyecto de ley. No lo puedo entender. No puedo entender que no apoyen esta ley desde el sentido común, y menos puedo entender que, no apoyándola o no atacándola, no presenten las enmiendas ni el veto, pero este es otro asunto. Solamente lo entiendo, solamente me lo explico desde un cierto --permítanme que les diga-- fanatismo fariseo de quienes, tras el golpe de pecho, forman secta

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pseudorreligiosa o una cuadrilla partidista que ha llegado a afirmar... (Fuertes rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Aplausos en los escaños del Grupo parlamentario Socialista.) Sí, sí, sí. Señor presidente, repito y reitero: solamente puedo entenderlo, y aquí no incluyo ni a los votantes del PP ni a la inmensa mayoría de los militantes del PP ni a sus dirigentes sino a la cuadrilla --he dicho-- o secta pseudorreligiosa que se esconde detrás de grupos como, por ejemplo, el GEES, y han escrito, a pesar de la moderación y de la idoneidad recíprocamente equilibrada de la que hablaba el Tartufo, que el ministro de Defensa es un auténtico canalla --entre comillas--, que es lo que han escrito los fariseos del golpe de pecho que quieren aparecer como moderados. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Fariseos que hablan de un ministro que es un auténtico canalla. Yo comprendo que en la secta pseudorreligiosa con el golpe de pecho se puede uno perdonar a sí mismo.
Yo también perdono a quien ha escrito que el ministro es un auténtico canalla, pero no lo paso por alto sencillamente porque en el Parlamento es donde los que no insultamos, los que queremos llegar a acuerdos no podemos pasar por alto los insultos tan gravísimos como son, en un caso, trilero --como dijo otro compañero de la secta-- o auténtico canalla, dicho también por el grupo al que me he referido, señoras y señores senadores. Muchas gracias.
Tras el paso por el Senado esta ley emprende definitivamente el camino de su aplicación, y con ella los españoles estarán más defendidos y de manera más eficaz. Nuestro soldados contarán con el aliento del Parlamento en sus misiones, que no es cosa distinta que el aliento de los españoles, cuando salgan al exterior. Y con esta ley, como les decía al principio, señoras y señores senadores, los soldados de España nunca irán donde nunca debieron ir, donde los españoles no quieren que vayan, que para eso son ejércitos democráticos, subordinados al Gobierno y al Parlamento.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Para turno en contra, tiene la palabra el senador Muñoz-Alonso.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Señor presidente, señorías, la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre este proyecto de ley es bien conocida, y aunque por razones burocráticas no han llegado a este pleno nuestro veto y nuestras enmiendas, voy a consumir un turno en contra, porque no creemos que responda ni a las necesidades de nuestra Defensa ni a las corrientes que en este momento predominan en este ámbito.
Se trata de un proyecto que ni formalmente ni por su contenido podemos apoyar con nuestros votos, como ya manifestamos en comisión. Allí quedó expresada nuestra voluntad política de mantener el veto y las enmiendas que, por esas razones a las que he aludido, nos han impedido mantener aquí.
Señor ministro, un proyecto de ley sobre esta materia era importante y necesario, como su señoría ha dicho. La actualización de la Ley de Criterios Básicos de la Defensa, de 1980, parcialmente reformada cuatro años después, era una necesidad sentida y compartida por cuantos se ocupan de la Defensa Nacional y también estaba, como bien ha señalado, en la Ley 17/1999, y había llegado a convertirse en una cuestión pendiente que era urgente abordar. Por ello, señor ministro, quiero felicitarlo por su iniciativa de poner en marcha este proyecto legislativo. Pero si le felicito por su iniciativa, no puedo hacerlo por el modo y el procedimiento con que la ha llevado a cabo ni por el resultado final.
Por primera vez desde que se instauró la democracia en España nos hallamos ante una ley del ámbito ante una ley del ámbito de la defensa que no ha logrado el deseable consenso del que necesariamente debe formar parte el primer partido de la oposición. Tanto cuanto gobernó UCD, como después con el PSOE y más tarde con el PP, todas las leyes relativas a la defensa se hicieron con un amplísimo consenso del que siempre formaron parte los dos grandes partidos nacionales y siempre también algunos de los otros partidos, casi todos.
No hay consenso básico en esta ley, señor ministro, a pesar de lo que ha dicho, porque no hay consenso básico si falta el primer partido de la oposición. Se hicieron aquellas leyes con el consenso y eso significó que antes, mucho antes de las etapas finales del procedimiento legislativo se dedicaron muchas horas a escuchar criterios y opiniones, a pulir fórmulas, a introducir mejoras técnicas, a dar satisfacción a enfoques particulares. Por referirme a los casos más recientes y que he vivido desde dentro, eso fue lo que sucedió con la Ley 17/1999, que introdujo el nuevo modelo profesional de Fuerzas Armadas y que fue fruto de un largo proceso que se inició en el otoño de 1996 y culminó casi tres años después en la primavera de 1999.
La Revisión Estratégica de la Defensa, aunque no tiene carácter legislativo, es otro buen ejemplo de la incesante búsqueda de consenso en este ámbito de la defensa, iniciada de alguna manera con el libro blanco de la Defensa en el año 2000, culmina dos años después con su presentación ante ambas Cámaras. En todos los casos fueron innumerables las consultas que se llevaron a cabo con expertos, altos cargos, profesionales de la milicia y sobre todo con los grupos parlamentarios.
En el segundo de los casos citados también diferentes sectores de la sociedad civil tuvieron la oportunidad de pronunciarse. Tras esos complejos procesos no puede extrañar que el resultado final fuera favorablemente acogido y, en su caso, votado por la mayor parte de las fuerzas políticas con representación parlamentaria.
Por el contrario, señor ministro, usted ha preferido utilizar un procedimiento expeditivo; le han ganado las prisas que en un terreno como este son malas consejeras. El resultado ha sido un texto con el que era muy difícil --por no decir imposible-- para nosotros estar de acuerdo.
Pero debe quedar claro que el desacuerdo no se basa sólo en el hecho de no haber sido consultados, sino porque el resultado final ha sido tanto desde el punto de vista de su contenido,

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como por la técnica legislativa empleada, francamente deplorable. Alguien ha dicho que da toda la impresión de que se encontraron en un cajón del ministerio un texto preparado por anteriores equipos y para borrar su marca de origen hicieron algunos cambios con un resultado romo y carente de aciertos.
Parece que han seguido aquel consejo de Eugenio dÆOrs que, tras preguntar a su secretaria si un determinado texto se entendía bien y al contestar esta afirmativamente, dictaminó obscurezcámoslo.
El texto efectivamente adolece de importantes defectos formales y de técnica legislativa, carece de cohesión interna y da la impresión de proceder de borradores diferentes que no han sido debidamente articulados para lograr la indispensable unidad del conjunto --lo señalamos así ya en la Comisión--. Ésa fue la razón principal por la que mi grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados presentó una enmienda a la totalidad, retirada después porque usted mismo, señor ministro, mostró una disposición --desde luego bastante tardía-- al consenso al mostrarse aparentemente dispuesto a aceptar una batería de enmiendas que pretendían mejorar el texto. Fue usted, señor ministro, el que ya con el proyecto, en el trámite de comisión de la Cámara Baja, rompió aquel fugaz atisbo de consenso al que había llegado con el propio presidente de mi partido. Las razones aducidas para esa ruptura nunca nos convencieron del todo y más bien creo que se debió a una de las premisas con las que por imposición de los socios que le mantienen en el poder funciona este Gobierno, del que su señoría forma parte: No pactar nada con el Partido Popular; condenarles, si fuera posible, a extramuros del sistema; cortar la hierba bajo sus pies y conducirle también, si fuera posible, a la insignificancia. Un pacto que tiene forma escrita en el llamado Pacto del Tinell y que hace bien poco ha sido ratificado públicamente. Y usted, señor ministro, ha seguido dócilmente esa consigna, consigna del propio presidente, señor Zapatero --del que usted ha dicho en ocasiones que recibe órdenes, como es natural--, aunque a mí me da la impresión de que piensa y cree que llegar a acuerdos con el primer partido de la oposición es lo adecuado --creo que hoy mismo lo ha demostrado-- y es lo que le gustaría hacer, si tuviera una libertad de acción más amplia, pero al final ha preferido los votos de los grupos que ni siquiera creen en esa nación española de la que su señoría se siente valedor.
Efectivamente, usted habla mucho de consenso con relación a esta ley y con relación a otros asuntos, pero lo hace de una manera muy peculiar. Yo le dije una vez a su colega, el señor Moratinos, que no se podía conseguir el consenso a pedradas y ahora podría decírselo también a usted ya que esta misma mañana nos ha soltado unas cuantas de esas pedradas.
Como es natural, sigo con interés sus comparecencias públicas y he observado, no sin cierta sorpresa, que con ocasión o sin ella, le pregunte o no el periodista de turno, usted tiene dos o tres párrafos aprendidos de ataques al Partido Popular que introduce en el discurso vengan o no vengan a cuento, párrafos mortificantes que rayan en el insulto y que no tienen nada que ver con la realidad. Mal punto de partida para el consenso.
Yo respeto sus credenciales democráticas, señor Bono, y creo que debe exigírsele que respete la de los demás y que no caiga en banalidades acerca del supuesto radicalismo de mi partido. Hace sólo unos días, y hoy mismo lo ha repetido aquí, no vaciló en referirse al supuesto fanatismo de mi partido que --añadió-- no tiene enmienda. ¿Lo cree de veras, señor Bono? Pues que Santa Lucía le conserve la vista porque se equivoca de medio a medio, y creo que su señoría lo sabe.
Ciertos excesos verbales, alguno esta misma mañana aquí, pueden quizá aceptarse en un mitin electoral pero carecen de sentido cuando se está diciendo que se trata de acercar posiciones en ésta o en otras cuestiones. El consenso en política es siempre fruto de una larga paciencia, que su señoría no ha practicado mucho, nunca puede ser un trágala ni se consigue haciendo pasar por el aro al adversario. Hay que escucharle, y nosotros, señor ministro, no hemos sido escuchados sino vituperados en todo este proceso.
Pero más allá de intemperancias y demasías, que yo estoy siempre dispuesto a dejar de lado e incluso a perdonar, nuestras discrepancias con este proyecto de ley se centran en el contenido, plagado de errores de bulto e insuficiencias que se podrían haber evitado con la práctica del método del encuentro y del diálogo, del que ustedes hablan mucho pero practican poco, al menos con nosotros.
No voy a recordarle cuántas veces el líder de mi partido, don Mariano Rajoy, ha ofrecido consenso y diálogo al presidente del Gobierno, siempre con el mismo resultado negativo. Ayer vivimos un último y señero ejemplo.
Pero vayamos a algunos de los aspectos de esta ley que nos parecen inaceptables, y voy a empezar por reconocer paladinamente que en el trámite del Congreso se han introducido en el texto algunas mejoras que, no obstante, no logran compensar el juicio negativo que nos merece el proyecto.
Sorprende, por ejemplo, la poca importancia que se da en el texto al concepto de seguridad, hoy día inseparable del de defensa, y que desde el fin de la guerra fría es prioritario. Ha cambiado el acento de la defensa a la seguridad en la terminología del propio Ministerio de Defensa desde el año 1993, bajo mandato socialista, según sus textos y publicaciones, y en la propia Unión Europea, donde se habla de política europea, de seguridad y de defensa.
Algo parecido ocurría con el concepto de intereses nacionales, básico en este ámbito pero que los redactores olvidaron, aunque después lo han introducido con calzador en el trámite del Congreso. Faltan en el proyecto definiciones y precisiones indispensables para saber qué estamos regulando. No sabemos qué se entiende por Defensa Nacional, no se define, por supuesto, la mentada política de seguridad y defensa ni la política militar y en una ley como ésta no es aconsejable dar por supuesto el significado de los conceptos que se utilizan.
Prescindiendo de otras cuestiones de detalle, voy a aludir brevemente a las competencias de las Cortes Generales en este ámbito de la Defensa que, por lo pronto, entendemos que deben abordarse y regularse todas ellas conjuntamente y no por separado en dos títulos diferentes, como hace el proyecto. No creemos que las competencias de las

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Cortes en relación con las misiones en el exterior tengan que tratarse en dos lugares distintos. Entendemos que es un error de la máxima trascendencia el principio general de la autorización previa del Congreso de los Diputados para la participación de las Fuerzas Armadas fuera del territorio nacional.
Como dato de derecho comparado, señalemos que sólo dos países de la Unión Europea, Alemania y Dinamarca, mantienen por razones muy peculiares este principio de la previa autorización parlamentaria. En esta línea del derecho comparado es muy interesante el caso de los Países Bajos. Tras la experiencia de Kosovo se abrió en aquel país un debate que un año después, en el 2000, concluía con la reforma del artículo 100 de su Constitución que, rechazando la posibilidad de la autorización previa, se inclinó por la fórmula de la obligación de información previa que, sin embargo, dejaría de ser obligatoria si se daban circunstancias perentorias.
La autorización previa que se establece en el proyecto no sólo parece responder, señor ministro, a tentaciones demagógicas y electoralistas, que no deben tener cabida en una ley de este tipo, sino que rompe frontalmente la doctrina tradicional española y podría entrar en conflicto con el artículo 97 de la Constitución, que establece taxativamente que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y lo dice sin condicionamientos ni excepciones. No creo, o sí, que una vez más se quiera modificar la Constitución por la vía encubierta de una ley orgánica.
Señor ministro, vivimos en un sistema de separación de poderes; cada poder tiene el suyo; las Cortes tienen los que tienen y el Gobierno tiene también las suyos.
Al oponernos a la autorización previa, no se trata, por supuesto, de escamotear competencias a las Cortes, sino de reconocer sus lógicas funciones de control, que no de decisión, en estas materias; incluso se podría encontrar una flagrante contradicción entre esta competencia de previa autorización, que se atribuye al Congreso, y el propio artículo 5 del proyecto, según el cual corresponde al Gobierno acordar la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional.
Quiero aludir también a otros aspectos del proyecto, como el concepto de lo conjunto, que aparece, pero insuficientemente tratado, y que tiene consecuencias importantes.
Señor ministro, considero fundamental que nos pusiéramos antes de acuerdo en el tipo de Fuerzas Armadas que queremos; por ello, mi grupo ha solicitado en la Comisión de Defensa de esta Cámara la constitución de una ponencia que estudie la transformación de nuestras Fuerzas Armadas al hilo de las tendencias actuales en el mundo, especialmente en el ámbito de la OTAN.
La formidable actuación de nuestros soldados en misiones de ayuda humanitaria en tantas partes del mundo, de la que todos nos sentimos tan orgullosos, ha llevado a muchos a la falsa creencia de que las Fuerzas Armadas vienen a ser algo así como una ONG de uniforme, una especie de Cruz Roja, con armas o sin ellas, como en Melilla, y a este respecto se han escuchado opiniones un tanto chocantes.
Usted mismo en el Congreso manifestó no hace mucho que nuestros soldados son los españoles sin fronteras, contribuyendo así a esa confusión que desnaturaliza la identidad y la razón de ser de las Fuerzas Armadas.
Nosotros, por el contrario, hacemos nuestro el criterio básico 3 de la Revisión Estratégica de la Defensa, que taxativamente establece que todas las unidades deben estar preparadas para las acciones más exigentes del combate, independientemente de que puedan desempeñar otro tipo de misiones; idea que se reitera más adelante.
Si se piensa que el destino deseable de los ejércitos es el de suprimirlos, o en pleno ataque de lo que ahora se denomina «buenismo» se estima que vivimos en un mundo en el que han desaparecido todos los riesgos y amenazas, será imposible elaborar una ley de defensa a la altura de nuestro tiempo.
Señor ministro, todos aspiramos a la paz, pero mala cosa cuando la paz degenera en el pacifismo, antesala del derrotismo; las Fuerzas Armadas no son sólo un instrumento de defensa ,y si es necesario de combate, son también el elemento básico de la disuasión y la garantía de la paz. Deje para otros la prédica pacifista y contribuya a crear las Fuerzas Armadas que España necesita a la altura de este tiempo; este proyecto no sirve para esos fines, y por eso lo rechazamos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces del debate de totalidad.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares, quien me solicita repartir su tiempo con el otro miembro de su grupo, por lo que, evidentemente, dispone de cinco minutos .
Tiene la palabra su señoría.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.
Buenos días, señor ministro. He aquí a Izquierda Unida trabajando y apoyando la ley orgánica de Defensa Nacional. (Risas.) No es que me sienta mal, no, en absoluto; tengo que reconocer que he aprendido cosas, que siempre es bueno, y, además, hemos reafirmado nuestro compromiso de formación política de izquierdas en algunos de los momentos, por qué no decirlo, radicales en determinadas posiciones pero comprometida con nuestro país, en este caso, con la Defensa Nacional.
Y he dicho lo de mi grupo, porque nos hemos encontrado en la otra parte del hemiciclo con el Grupo Parlamentario Popular con una actitud negativa, como viene sucediendo últimamente, y no sé si su olvido, tanto del veto como de las enmiendas, es positivo y de reconciliación, eso ya se verá, pero mi grupo quiere destacar que se han producido avances considerables e importantes, por qué no decirlo.
Considero que hay cuatro apartados importantes por los que apoyar esta ley orgánica. Primero, porque en esta norma hay una voluntad de modernización de nuestro ejército y de las relaciones entre éste, la sociedad civil y la política.


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Segundo, para mi grupo parlamentario tiene mucha importancia que la democracia no se detenga a la puerta de los cuarteles, y por ello considero muy importante haber alcanzado un acuerdo para la creación del observatorio y para la aprobación de la ley de los derechos y libertades de los militares de nuestro país.
Tercero, porque el principal acuerdo entre las formaciones políticas en lo relativo a la participación del Parlamento en las misiones en el exterior de nuestras fuerzas armadas se concreta en la obligación y autorización previa de éste. En consecuencia, son tres razones que a nosotros nos parecen fundamentales.
Les tengo que decir, ministro, señorías, que ésta no es la ley de defensa que nosotros hubiéramos hecho, evidentemente, porque nos dejamos algunas cosas en el tintero, pero reiteramos al Gobierno, y a usted, señor ministro, que vamos a seguir trabajando y presionando para intentar mejorar todo lo que tiene que ver con el carácter militar de la Guardia Civil y con la dependencia de mando único, y en este caso concreto del mando de Interior, en función de lo que nosotros entendemos debe ser su futuro.
Nosotros hemos apostado por estas tres mejoras, que se han incorporado, además de desear que la Ley de Defensa Nacional democratice a las fuerzas armadas y supere cualquier residuo del pasado en lo que respecta a una pretendida primacía del ejército frente al poder civil, pasando a depender del Consejo de la Defensa y del presidente del Gobierno, cuando antes dependía de la Junta de Jefes de Estado Mayor y del propio Rey.
Nos parecen importantes estas decisiones, ministro, y le anticipo --y, si no es necesario, no utilizaré el turno de defensa de las enmiendas-- que a mi grupo le ha satisfecho la información sobre la utilización de las bases militares en territorio nacional, por lo que anunciamos que, con ese compromiso que usted ha adquirido en la Cámara, que a nosotros nos sirve como punto de partida y de avance de las cosas que quedan pendientes --la Guardia Civil y la utilización de las bases militares--, retiramos las enmiendas números 4, 6 y 9 que quedaban vivas.
Al retirar nuestras enmiendas reiteramos nuestro compromiso de incorporarnos al consenso, aunque quiero matizar algo, ministro. Usted ha dicho que hay un acuerdo entre el Partido Socialista, fuerzas nacionalistas y regionalistas, pero hay algunas más, ministro: las fuerzas de izquierdas, porque de lo que no cabe ninguna duda es de que hoy algunas fuerzas políticas de izquierdas adquirimos un compromiso con un tema de Estado, que es la defensa nacional, y también un compromiso con miles de trabajadores: todos y cada uno de los militares, porque nos preocupa en qué condiciones trabajan, y deseamos que lo hagan bajo condiciones de supervisión y con el apoyo de sus instituciones parlamentarias, en este caso las instituciones de la democracia, como son el Congreso de los Diputados y el Senado.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Mendoza.
El señor MENDOZA CABRERA: Muchas gracias, presidente.
Buenos días, señor ministro, señoras y señores senadores. Intervengo brevemente para anunciar nuestro voto favorable a este proyecto de ley, primero porque introduce aspectos que para nosotros son fundamentales, como es la autorización de las Cortes Generales a las misiones de nuestras tropas en el exterior y, segundo, porque para obtener esa autorización es necesario que esas intervenciones en el exterior de nuestras tropas vengan avaladas por decisiones de Naciones Unidas, único mecanismo multilateral, y de acuerdo con el Derecho Internacional.
A nosotros nos parece que en este sentido esta ley responde a una posición mayoritaria de nuestra sociedad; que nunca más un gobierno, por mucha mayoría absoluta que tenga, decida una intervención en el exterior en contra de la opinión pública española, mayoritariamente expresada.
Insisto, solamente por esos motivos merecería la pena nuestro apoyo. Pero tengo que reconocer que, además, se ha hecho un gran esfuerzo fundamentalmente en el Congreso de los Diputados por acercar posiciones entre nuestro grupo parlamentario y el Grupo Parlamentario Socialista o los representantes del ministerio.
Por tanto, el grado de acuerdo con el que llegaba esta ley al Senado era tan alto que, en definitiva, nosotros no presentamos ninguna enmienda y, por consiguiente, nuestro voto va a ser favorable a este proyecto de ley porque consideramos que es un avance muy significativo sobre lo existente hasta ahora.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Companys.


El señor COMPANYS I SANFELIÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, subo a esta tribuna para posicionarme en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió por lo que hace referencia al proyecto de ley orgánica de la Defensa Nacional.
Efectivamente, se trata de poner al día la vigente Ley de 1980, reformada, como se ha dicho, en el año 1984, para adaptarla a las nuevas necesidades y, si ustedes me lo permiten, hacerla más participativa y, a fin de cuentas, más democrática.
En los últimos años y de forma especial en el momento en que las Fuerzas Armadas han salido del territorio español, sobre todo cuando su misión no ha sido la interposición bajo mandato OTAN o de la ONU, se ha despertado el viejo debate sobre la necesidad de que esas acciones tuvieran la autorización de las Cortes Generales. Y esa necesidad se hacía más patente, vistos los cambios semánticos que se están produciendo en la línea de lo que denominaríamos políticamente correcto, ya que si bien es cierto que está prevista la necesaria autorización de las Cortes Generales en la actual reglamentación, ese supuesto sólo está reservado en el caso de guerra. Pero es que si no recuerdo

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mal, desde la Segunda Guerra Mundial no se ha declarado ninguna más, aunque los conflictos, como ustedes saben, han sido múltiples y permanentes. Más como ahora a las guerras se les denomina conflictos, a los bloqueos de determinados territorios acciones de paz, y bombardear zonas de Bosnia en 1995 o Kosovo en 1999 con la participación del Ejército del Aire parece que tampoco era ninguna agresión, es por lo que en nuestro grupo parlamentario desde hace mucho tiempo y en numerosas ocasiones nos hemos posicionado a favor de la modificación de la Ley 6/1980 de Defensa Nacional, a fin de que la salida del Ejército español al exterior se hiciese en el marco de los mandatos de las instituciones internacionales y siempre con autorización de las Cortes Generales.
Cuando el Gobierno expresó esa voluntad de poner orden en este asunto, nos llenó de satisfacción porque también era una vieja demanda de nuestro grupo parlamentario. Pero si bien es cierto que en el preámbulo de la ley se dice de una forma clara en relación con las misiones en el exterior, que las Cortes Generales que representan la soberanía popular deben tener una mayor participación y protagonismo, lo cierto es que a la hora de la verdad esa voluntad expresada en el preámbulo no se ve reflejada en el articulado.
Es cierto que el enunciado del título IV habla de las Cortes Generales, y que en el punto primero del artículo 4 del actual proyecto de ley se recogen una serie de obligaciones que corresponden a las Cortes Generales. Por lo tanto, no constituye ninguna novedad; en todo caso, repetiríamos normas de rango superior. Pero es en el punto segundo del mismo artículo donde, a nuestro entender, se comete un grave error, la marginalización de esta Cámara, ya que atribuye en forma exclusiva al Congreso la autorización para la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio español. Y esa voluntad de exclusión se ve reafirmada en el artículo 17, en el que se regula el sistema de autorización. Pero si eso es grave en sí, lo es todavía más --si me permiten-- el ninguneo que representa el artículo 18 cuando dice que el Gobierno informará periódicamente, en un plazo no inferior a un año, al Congreso de los Diputados sobre el desarrollo de las operaciones en el exterior, sin hacer ninguna mención a esta Cámara.
Me parece un exceso de celo, una autoprotección del Gobierno, que se atribuya un año de plazo para informar de las operaciones en el exterior y que mediante una ley, aunque sea orgánica, se conculque un derecho constitucional de control de la acción de Gobierno que la Constitución, en su artículo 66.2, atribuye a las Cortes Generales cuado dice, textualmente: Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban los presupuestos y controlan la acción del Gobierno.
Por tanto, señor ministro, en ese caso, mi intervención es extremadamente institucional y en defensa de la institución en que estamos, el Senado, y me cuesta entender ese doble lenguaje, ya que, si bien se recoge en el preámbulo del proyecto de ley esa voluntad de participación de las Cortes Generales, lo cierto es que después, en el articulado, se ve muy disminuido. Y, en realidad, la ley atribuye ese derecho exclusivamente al Congreso --artículo 17-- e, incluso, en el artículo 18, cuando se refiere al seguimiento de las operaciones, como he dicho antes, se margina a esta Cámara. Se podría contradecir con el artículo 66.2 de la Constitución, de control al Gobierno por parte de esta Cámara.
Por tanto, señor ministro, es una verdadera pena que una buena ley como esta, que nosotros vamos a aprobar, que intenta que sea más difícil que se produzcan situaciones como las vividas no hace mucho tiempo, no tenga en cuenta, como dice la Constitución, que los senadores también representamos al pueblo español. La lástima es que, a diferencia del artículo 63.3 de la Constitución, por el que las Cortes Generales juegan un papel primordial, el Gobierno no hable en este proyecto de ley de las Cortes Generales sino de Parlamento, en una línea de difícil explicación técnica y jurídica.
¿Qué problema existe, señor ministro, para que en esta ley se hubiese previsto, al igual que para el Congreso, que el presidente del Gobierno o el ministro de Defensa venga a esta Cámara a explicar el seguimiento de las misiones en el exterior? No dudo, señor ministro, que venir, vendrán, usted o el presidente del Gobierno. Lo pueden hacer y seguro que lo harán, fruto de la transparencia política y por el compromiso que usted ha aceptado. Pero, efectivamente, también existe el artículo 66.2 de la Constitución, que otorga a los senadores la capacidad de solicitar al Gobierno sus comparecencias para debatir sobre temas relevantes.
Ya sé que en su caso no hay problema, como usted ha dicho hace unos instantes, para comparecer las veces que sean necesarias con el fin de explicar esos temas. Pero, en todo caso, creo que no es bueno que en cuestiones tan importantes lleguemos a un enfrentamiento, entre comillas, entre lo que dice la Constitución sobre los derechos de los senadores por lo que se refiere a la solicitud de comparecencias y el racaneo que muestra esta ley, puesto que, efectivamente, no contempla esta posibilidad para el Senado.
Señor presidente, señor ministro, he sido diputado en dos legislaturas y seguramente este hecho me da más autoridad moral para denunciar esta situación de menoscabo a esta Cámara. Ya ve que no he entrado a debatir sobre los entresijos del propio proyecto de ley, porque podría haber optado por otro modelo --seguramente, si lo hubiésemos presentado nosotros, hubiese sido diferente, como es normal--, no obstante, afirmo que es bueno que esta ley haya entrado en un tema importante, cual es el de regular los mecanismos de la salida de las tropas de territorio nacional. Y es un tema tan importante que hace que nosotros pasemos por encima otros asuntos que efectivamente nos hubiesen podido dar argumentos para posicionarnos de forma diferente a como lo vamos a hacer.
Me parece que habría que haber hecho un mayor esfuerzo para que una ley de este calibre hubiese sido aprobada por unanimidad. Creo que en los países que quieren tener un puesto notable en la escena internacional hay una serie de materias que son temas de Estado. Entre ellos señalaría, por ejemplo, la Defensa, Asuntos Exteriores y las grandes infraestructuras.
Estos son temas de Estado y no es bueno que sobre ellos no se alcancen acuerdos. Pero, en

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fin, cada uno tiene sus posicionamientos y será responsable de sus votaciones en cada momento.
Por tanto, a veces se nos exige a los grupos pequeños que seamos consecuentes, se pide a los parlamentos autonómicos sentido de Estado y, sin embargo, vemos que en otros casos grupos que son muy importantes en ese momento, por las razones que sean, no lo demuestran.
Por lo tanto, señor ministro, aunque la política es el arte de lo posible y seguramente podríamos encontrar más argumentos para criticar este proyecto de ley, el solo hecho de regular la salida al exterior de nuestras tropas, aunque sea a través del Congreso --con lo que, personalmente, no estoy de acuerdo--, supone tener un mayor control al respecto. Aunque sólo sea por ese motivo, vamos a votar favorablemente el proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores senadores.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, estamos en el Senado, una Cámara de teórica representación territorial, pero las discusiones sobre las posibles reformas estatutarias empiezan en el Congreso y cuando hay que realizar alguna consulta, esta Cámara, que forma parte de las Cortes Generales, es preterida.
De todas maneras no quiero iniciar mi intervención sin dejar de reconocer la importancia de que el ministro de Defensa haya venido hoy aquí a presentar un proyecto de ley que, seguramente, va a ser aprobado. A nuestro juicio, esta ley es necesaria, aunque, como bien sabe el señor ministro, no somos especialmente fanáticos de las leyes relativas a la Defensa. Sin embargo, consideramos que esta iniciativa tiene dos virtudes y dos defectos.
Las dos mejoras consisten en la derogación de todas aquellas disposiciones previas a la propia ley, sean leyes orgánicas o reales ordenanzas, porque muchas de ellas son preconstitucionales. Con este proyecto de ley se limpia, se moderniza, se civiliza, se aclaran las funciones de cada quien y de alguna manera se fija y da esplendor a la acción del Gobierno. Incluso se observa un atisbo de incursión en relación con las comunidades autónomas, que en una ley de Defensa no es baladí, aunque sea tan restrictivo y temeroso como decir que el Consejo de Defensa podrá convocar a las comunidades autónomas cuando lo estime oportuno. Señor ministro, confiamos en que las convoque porque creemos que hay materia suficiente para hacerlo, por ejemplo, cuando se decidan cuestiones relativas a los polígonos de tiro o el despliegue de una acción militar de maniobra en un momento determinado.
Otra de las virtudes de este proyecto de ley, como ha dicho el portavoz de Convergència i Unió, resulta fundamental, y me refiero al control parlamentario. Si hubiera existido un control parlamentario adecuado cuando se declaró la guerra de Iraq, y no sólo aquí, en España, sino también en los Estados Unidos --en este momento es noticia los debates que mantienen los demócratas y republicanos en el Senado--, quizá a la sociedad en su conjunto se le hubiera evitado algún que otro dolor de cabeza.
Por eso, consideramos que el control parlamentario que autoriza con carácter previo las misiones en el exterior es el nudo gordiano de este proyecto de ley y lo que nos lleva a mantener una actitud distinta a la que habitualmente solemos tener.
Señor ministro, usted conoce bien nuestra estimación y rendida pleitesía al artículo 8 de la Constitución, que de vez en cuando saca a pasear y nos recuerda que no figura ahí de adorno. Pero uno de los defectos de este proyecto de ley es que, si no quieres taza, vas a tener taza y media. Si no quieres artículo 8, metemos un artículo 2 en el que se habla de la finalidad de la política de defensa y se consagra el pleno ejercicio de los derechos y libertades, la garantía, independencia e integridad territorial de España, algo que ya figura en la propia Constitución. Vemos también que en el capítulo tercero, referido al Centro Nacional de Inteligencia, artículo 26, se atribuyen a dicho Centro facultades para la obtención, evaluación e interpretación de la información necesaria para prevenir y evitar riesgos o amenazas que afecten a la independencia e integridad de España. Es decir, si no quieres taza, taza y media.
Señor ministro, usted sabe mejor que nadie, porque es ávido lector de textos históricos, que Napoleón decía que con las bayonetas se podía hacer absolutamente todo menos sentarse sobre ellas. Nosotros creemos más en la persuasión y en que un Estado compuesto por naciones, una nación de naciones, no tiene que asentarse sobre las bayonetas, sino en la voluntad popular. Creemos que en estos artículos subyace cierta sospecha y un intento en ciertos momentos de convertir el ejército en una fuerza policial, cosa que nos preocupa, señor ministro.
Hace muy poco tiempo, cuando conmemoraba usted una derrota, la batalla de Trafalgar, hizo un discurso que no dejó de llamarnos la atención: hablaba de remontarse a la estratosfera para abolir las fronteras nacionales vistas desde el espacio exterior y recurrió a la ciencia para certificar que las diferencias del genoma entre un negro y un blanco, o entre una mujer de derechas y un hombre de izquierdas, es menos del 0,1 por ciento del ADN. Cada vez se parece usted más al señor Arzalluz, señor ministro, y usted sabe la que se organizó cuando él dijo algo parecido. Sin embargo, estamos totalmente de acuerdo con usted en que cuanto más se sube, menos fronteras se ven. Nosotros no queremos poner fronteras.
Nosotros queremos quitar fronteras, pero quien quiere poner fronteras en este proyecto de ley es quien lo ha redactado. Por tanto, nos parece muy bien que usted haga este tipo de discursos, totalmente efectistas, pero luego no se traducen en un texto articulado.
La segunda parte, esbozada también por el senador Companys, hace referencia al control político. El preámbulo de este proyecto de ley habla de esto claramente cuando dice: en relación con las misiones en el exterior, las Cortes Generales, que representan la soberanía nacional, deben tener una mayor participación y protagonismo. Pues bien, señor ministro, las Cortes Generales son el Congreso

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y el Senado. Sabemos que usted ha sido miembro de la Mesa del Congreso de los Diputados y quizá se le fue un poco la mano, porque en el artículo 4, que atribuye a las Cortes Generales sus cometidos, deja usted al Senado no como Cámara de segunda lectura, sino como Cámara de tercera, cuarta o quinta consulta, pues dice que corresponde al Congreso de los Diputados en particular autorizar con carácter previo la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional, de acuerdo con lo establecido en esta ley.
Señor ministro, desde el punto de vista del control político, el Congreso y el Senado tienen la misma capacidad de control político, exactamente la misma. Otra cosa es que seamos Cámara de segunda lectura y que la representación territorial sea tan débil como para que una discusión de reforma de los estatutos empiece por el Congreso, pero desde el punto de vista del control político es exactamente la misma. Por tanto, la redacción de este artículo nos preocupaba, porque de alguna manera menoscababa la posibilidad de control parlamentario. Nosotros alabábamos su iniciativa de una mayor participación de las Cortes Generales, representantes de la soberanía nacional, en lo que respecta a las autorizaciones previas, pero, posteriormente, esta función solo ha correspondido al Congreso de los Diputados.
En su primera intervención usted se comprometía a una presencia anual y a tratar de establecer un tipo de control para el Senado en el desarrollo reglamentario. Pues bienvenido sea ese compromiso, señor ministro, porque esta Cámara se ve huérfana de debate político en una materia tan importante como es la Defensa; y es que debates como los de Iraq, Afganistán, Pakistán, Haití o el del Yakolev no se han producido aquí. Y le recuerdo que el mismo control político puede hacerse en el Congreso o en el Senado.
Tras su intervención, nosotros, que pensábamos mantener nuestras enmiendas, vamos a retirarlas por considerar que hay que dar una oportunidad para que se explicite esa buena voluntad día a día, y sobre todo para que se dicten cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente ley orgánica.
Finalizo, señor ministro, volviendo a Trafalgar. Le vi a usted en la televisión regalando 30 campanas. (El señor ministro de Defensa, Bono Martínez: Eran tres.) ¿Eran tres? Me he equivocado. Usted celebraba una derrota convirtiéndola en victoria. Nosotros también celebramos una derrota: la del Senado; y para convertirla en victoria no estaría de más que también le regalara una campana al presidente del Senado. (Risas.) Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti. He de decirle que me regaló una campana. (Risas.) Por el Grupo de Entesa tiene la palabra el senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señoras y señores senadores, creo que ya deberíamos estar acostumbrados a que el proceso legislativo empiece formalmente el día en que se presenta el proyecto de ley de que se trate en el Congreso; y hay que entender todo el debate desde ese momento, hasta que la ley, tras su paso por el Senado, se aprueba definitivamente por el Congreso de los Diputados. Pues bien, desde el 31 de marzo, fecha en la que se publicó el proyecto de ley que ahora nos ocupa, se han mantenido suficientes debates como para que las posiciones estén perfectamente definidas, por lo que hoy no ha habido ninguna sorpresa, es decir no se ha producido ningún movimiento espectacular respecto de las posiciones de cada grupo. El nuestro, compuesto por tres formaciones políticas, pactó esta ley en el Congreso de los Diputados y hoy va a darle de nuevo su voto favorable.
Pero eso no nos ha impedido escuchar las razones esgrimidas por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el senador Muñoz-Alonso, para razonar su oposición al proyecto de ley; precisamente algunas de esas razones son las que nosotros hemos argüido para votar favorablemente este texto.
La primera argumentación del senador citado es que este es un proyecto técnicamente malo. Pues bien, mi formación jurídica no me permite juzgar eso, pero puedo dar fe de que el proyecto es claro, porque se entiende perfectamente. ¿Que es mejorable? Sin duda, como todos los proyectos de ley, pero en él se dice de forma inequívoca lo que se quiere decir. Y es de agradecer esa cualidad, esa claridad de sus disposiciones.
Y paso ya a hablar de las tres divergencias que mantiene nuestro grupo.
La primera de ellas se refiere al concepto de seguridad y defensa, ¿por qué esta ley sólo es de defensa sin que se asuma la terminología generalmente aceptada en la Unión Europea y la OTAN, que incluye ambos términos? Aquí se ha hablado de que durante la pasada legislatura se pactó la revisión del Plan Estratégico de la Defensa.
En este debate de 2002 se presentó la misma situación que hoy tenemos; ¿por qué no hablamos de plan estratégico de la seguridad y la defensa? En aquel momento las razones fueron las mismas que hoy. Pues bien, en aquel momento había un gobierno del Partido Popular; hoy hay un gobierno del Partido Socialista, pero las razones continúan siendo las mismas que en 2002. Por lo tanto, ustedes podrían entender que la situación es la misma pero cambiada.
Otra cuestión que nos separa es la autorización previa del Congreso de los Diputados para que se pueda producir una actuación del Ejército español en el exterior. Desde nuestro punto de vista --y después del debate público que ha tenido la sociedad española--, ésta era una exigencia de la ley, por lo que estamos contentos de que esto esté claramente definido y estamos bastante convencidos de que será la línea que van a seguir otros Parlamentos, ya que la exigencia de que el Parlamento controle las actuaciones del Ejecutivo en actuaciones fuera del territorio nacional se va a generalizar.
Finalmente, el hecho de que uno de los requisitos para poder aducir una actuación española en el exterior sea que esté acordado por las Naciones Unidas, nos parece que clarifica y da fuerza legal al concepto. Por lo tanto, nosotros entendemos de la bondad de este proyecto de ley y vamos a votarlo favorablemente.


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Nada más, de momento. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Caballero.


El señor CABALLERO MOYA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, después de las intervenciones anteriores y antes de entrar en las razones por las que el Grupo Parlamentario Socialista no comparte las opiniones del Grupo Parlamentario Popular, aunque sea de una manera muy esquemática, me gustaría resaltar la importancia del proyecto que hoy nos ocupa. Como a nadie se le escapa, es una ley de gran importancia, de carácter orgánico, que responde a la idea de reformar la legislación vigente para adaptarla a las nuevas realidades y en las que se revisan las atribuciones que en el ámbito de la Defensa corresponden a los diferentes poderes del Estado.
Ley que regula las bases de la organización militar a tenor de lo establecido en el artículo 8.2 del texto constitucional, cuyos aspectos básicos han sido expuestos por el señor ministro en la intervención que ha tenido esta misma mañana en esta Cámara.
El Grupo Parlamentario Popular presentó en el Congreso una enmienda a la totalidad --que luego retiró--, aunque el sentido del voto de las distintas fuerzas políticas quedó reflejado en las sucesivas votaciones a lo largo de la tramitación del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, tanto las que se referían a las enmiendas como las que se refieren al dictamen.
Ya en esta Cámara, volvieron a manifestar su oposición al proyecto formulando el correspondiente veto, que fue debatido en la Comisión de Defensa, sin que la votación reflejase cambios que permitiesen al Grupo Parlamentario Popular abrigar la esperanza de una modificación en las posiciones de los grupos parlamentarios. Un error burocrático impide que en el día de hoy podamos votar el veto del Grupo Parlamentario Popular así como sus enmiendas, aunque no creo que duden del sentir mayoritario de la Cámara y de la previsible suerte que correrían sus enmiendas a tenor de las distintas intervenciones que se han producido hasta este momento.
En cualquier caso, quiero insistir en que el Senado tuvo ocasión de pronunciarse al respecto en la Comisión de Defensa; por cierto, con la asistencia de todos sus miembros. En todo caso, el debate se está produciendo aunque el veto y las enmiendas no se hayan presentado por un error lamentable.
De todos modos, lo que es realmente lamentable es que el Grupo Parlamentario Popular no haya sido capaz de sumarse al bloque de consenso forjado en torno a este proyecto de ley, rompiendo con ello el tradicional acuerdo en política de defensa mantenido por los grupos políticos mayoritarios. Nos decía el senador Muñoz Alonso que el consenso no es pasar por el aro; que no es adherirse forzosamente a lo que dice el poder. Estoy de acuerdo con él, y por eso quiero significar que, durante la tramitación del proyecto en el Congreso de los Diputados, se han atendido más de una treintena de enmiendas, varias más en ponencia y en comisión, y un gran número de ellas mediante las transaccionales que se presentaron en el Pleno; aparte de las que, en número significativo, fueron retiradas en aras del consenso.
Que no ha sido un pasar por el aro se comprueba fácilmente comparando el texto tal como entró en el Congreso con el que, tras su aprobación, se publicó en el Senado. Les recuerdo algunos datos: un plazo de tres meses para remitir un proyecto de ley reguladora de los derechos fundamentales de los militares profesionales, que incluirá la creación del observatorio de vida militar; la introducción del artículo 2, sobre la finalidad de la política militar; la adición de un tipo de operación --la del artículo 16 d)--, que pueden realizar las Fuerzas Armadas sobre las aeronaves utilizadas con fines terroristas; el plazo no superior a un año para informar sobre operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior; la desaparición del código de conducta del Título IV; el desarrollo mediante real decreto de las reglas esenciales de comportamiento; por fin, la autorización previa del Congreso de los Diputados de las misiones en el exterior, que se materializará por vía reglamentaria y que el señor ministro ha señalado en esta Cámara.
A lo largo de la tramitación y atendiendo a lo que acabo de decir, el proyecto se ha enriquecido, se ha cambiado y ha mejorado. Lo reconocen incluso los portavoces del Grupo Parlamentario Popular, aunque entienden que los cambios no compensan el juicio negativo que les merece el conjunto, y por ello vuelven a objetarlo.
Nos decían durante el debate en la Comisión de Defensa que el proyecto se había elaborado sin el consenso necesario en una materia propia de política de Estado, y que el consenso exige tiempo, paciencia y buena disposición. También estamos de acuerdo en que la política de defensa, como política de Estado, requiere que se obtenga el máximo grado de consenso posible. Por ello, se ha tratado de lograr con todos los grupos, y especialmente el Grupo Parlamentario Popular. Se han mantenido muchas reuniones tratando de conseguir un acuerdo y ofreciendo distintas transacciones a las enmiendas; algunas incluso se han atendido, porque coincidían con las demandas de otros grupos, como por ejemplo la que se refería a la supresión del código de conducta. El acuerdo se ha intentado con todos, y logrado con la mayoría.
Lamentablemente, con el Grupo Parlamentario Popular no ha sido posible, quizá porque las razones que exponía en la justificación del veto que presentó y sobre las que ya tuve ocasión de pronunciarme durante el debate en la Comisión de Defensa --es decir, los defectos formales de técnica legislativa, el olvido de la división estratégica y los conceptos de seguridad y defensa-- enmascaraban la auténtica razón de su posicionamiento, el punto de discrepancia real, que no es otro que el núcleo modular de la ley: que las tropas españolas no saldrán al exterior sin autorización del Parlamento, y que la legalidad internacional deberá quedar garantizada.
Tras la implicación de España en la guerra de Iraq, las misiones de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior, además de contar con la legalidad internacional, han de contar

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con el respaldo político y social.
El presidente del Gobierno se comprometió en el debate de investidura a reforzar la participación parlamentaria en las decisiones relativas a las Fuerzas Armadas en el exterior, y por ello el proyecto da relevancia a esta atribución, separándola de los mecanismos tradicionales de control parlamentario. Así, el Gobierno ha de realizar una consulta previa y recabar la autorización del Congreso de los Diputados para las operaciones en el exterior que no estén relacionadas con la defensa de España y del interés nacional; lo señalaba el señor ministro en su intervención. Además, entre las condiciones para realizar misiones en el exterior que no estén relacionadas directamente con la defensa de España y del interés nacional, se incluye la de contar con una petición expresa del Gobierno del Estado en cuyo territorio se vaya a desarrollar la misión, o con una autorización por resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o acordada por organizaciones internacionales de las que España forme parte. Las otras dos condiciones se refieren a la adecuación de las misiones en el exterior con los fines previos y ordenados por esas organizaciones internacionales y a su conformidad con el Derecho internacional. Ya ve, señor senador Muñoz-Alonso, que no se trata sólo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino que los requisitos son mucho mayores y mucho más amplios.
Señorías, el voto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados durante la tramitación del proyecto y de las distintas enmiendas pone algo de manifiesto. Votó en contra de la referida a la legalidad internacional y se abstuvo en la referida a la autorización del Congreso. A mi juicio, esto pone en evidencia los motivos de su rechazo, el punto de discrepancia real ante nuestra negativa a que esta ley pueda legitimar una intervención ilícita. No ha sido posible el acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular por su empecinamiento en contemplar el proyecto desde la óptica de legitimar el pasado en lugar de mirar el futuro. No han sido capaces de superar sus obsesiones, sus influencias y condicionantes, y hemos llegado a esta situación que, por otra parte, y dentro de un contexto general, no es sino el reflejo del «todo está mal», del catastrofismo de su discurso, donde la economía es un desastre, la familia se rompe y existe el riesgo de fractura nacional.
La confluencia del vector del discurso general del Grupo Parlamentario Popular con el vector de sus intentos legitimadores de decisiones equivocadas, hacía que no cupiese esperar otra postura que la que se ha mantenido en el proyecto de ley de la defensa nacional. Creo que me atrevería a hablar incluso de un tercer vector --lo ponía de manifiesto ayer en el debate en el Congreso el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Pérez Rubalcaba--, y es que si la economía va bien, si se crea empleo, si se avanza hacia la regulación de las libertades, si se atienden derechos sociales, ¿qué campo le queda al Grupo Parlamentario Popular para ejercer su oposición? Pues los temas de Estado, el terrorismo, la articulación territorial, la Constitución y, en este caso, la defensa nacional. Ésta es, al menos, la opinión de mi grupo, y no que el marco político que vivimos sea no pactar con el Grupo Parlamentario Popular, como afirmaba su portavoz en la Comisión de Defensa.
Finalmente, y para terminar, no es cierto que este proyecto de ley sea contrario al interés de las Fuerzas Armadas. Tampoco es cierto que sea contrario al interés nacional. Sí es cierto, como decía el ministro, que no puede votarse afirmativamente por parte del Grupo Parlamentario Popular porque es una ley contraria a sus intereses como partido.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Muñoz-Alonso.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, presidente.
En mi intervención anterior ya he explicado los argumentos que me parecen más importantes y que explican nuestro rechazo a esta ley.
Ha habido una parte de su intervención, señor ministro, que me ha sorprendido mucho. Ha hablado del Gees en varias ocasiones, de sectas religiosas... No sé a qué vienen ni a qué responden. Quiero insistir en que mi punto de vista, y los argumentos que yo he manejado aquí, son los argumentos de mi partido, los que están en sus programas, los que obedecen a su trayectoria tradicional en estas materias y no responden a nada. Sé, evidentemente, lo que es el Gees. Me parece un grupo que se ocupa de estas cosas, pero no tiene por qué dictarme --ni dicta-- mis intervenciones.
En todo caso, se ha referido su señoría a un artículo reciente de ese grupo, pero no lo cite a medias, cítelo entero porque se ha parado en una frase cuando decía: Los intereses del partido... Pero sé que esa frase seguía hablando de los intereses de la defensa. Señor ministro, se la han pasado a usted cortada porque decía muchas más cosas. Aparte de eso, y lo estoy citando muy de memoria, los argumentos son nuestros y, por lo tanto, no viene al caso hacer otra referencia.
En otro momento ha hablado usted de los insultos y que se ha sentido insultado. Señor ministro, yo rechazo los insultos en el debate político.
Me parece que no tienen razón de ser. Por otra parte, en muchísimos años de vida política y parapolítica, a mí me han llamado de todo y uno ya está acostumbrado. Más recientemente nos llamaban asesinos. Usted hoy me ha llamado fanático, y es que nos ha incluido entre los fanáticos, o al menos estaba hablando de una manera que lo daba a entender. (Fuertes rumores.) Pues creo que no hay nada más alejado del fanatismo que mi persona. No usemos esas expresiones porque se prestan al equívoco tal y como se han dicho aquí. Si no, ¿a qué viene decirlas? Puesto que estamos en un debate entre grupos, hablemos de argumentos entre grupos.
Ha vuelto a insistir su señoría en que nos quedamos solos y en que somos los únicos que no votamos. Pues no estamos solos. Su señoría sabe perfectamente que nos respaldan unos diez millones de votos. Señor ministro, permítame que yo interprete mejor que usted lo que piensan

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quienes han emitido esos diez millones de votos, aunque, evidentemente, y como decía aquél, yo no conozco a todos esos millones de votantes. Lo que creo es que respondemos perfectamente a lo que piensa la gente que nos vota y que apoya al Partido Popular. Y soy el primero en lamentar que no podamos llegar a un consenso, pero a la vez quiero decir que tan democrática es la convergencia de puntos de vista como lo es la discrepancia. Desgraciadamente no la hemos logrado, y es lamentable, pero así es. Y en todo caso le digo, señor ministro, que antes prefiero nuestra sólida soledad --porque yo creo que es una sólida soledad-- que la variopinta multitud que le acompaña a usted, qué quiere que le diga.
¡Qué le vamos a hacer! No es por capricho el que no hayamos alcanzado ese consenso, pero sí quiero decir a este respecto que no hemos sido nosotros los que hemos roto el consenso. Nuestra buena voluntad creo que queda manifiesta por la retirada de la enmienda a la totalidad que se hizo en el Congreso y de la que se ha hablado esta mañana en varias ocasiones.
Eso demostraba que queríamos alcanzar el consenso. Al final no se pudo, pero no fue por nosotros. Precisamente fue su entorno --aunque no quiero insistir en ello-- el que no quiso debatir más ese consenso. Y ya que hablaba usted hoy de sectas religiosas, le diré que lo que no se debe creer -- e insisto en ello-- es que el consenso significa hacer comulgar al otro con ruedas de molino. No es eso. Sencillamente, tenemos y mantenemos nuestros puntos de vista, creemos que tenemos razones suficientes para mantenerlos, y ésa es, evidentemente, nuestra posición.
Como era inevitable, ha salido el tema de la guerra de Iraq. Yo no he hablado de la guerra de Iraq, pero ha hablado de ello su señoría, señor ministro, y también lo ha mencionado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, senador Caballero. Pues bien, vamos a empezar a decir las cosas con claridad; lo dije en comisión y lo vuelvo a decir ahora. Señor ministro, dejemos de decir cosas que no son ciertas. No estuvimos en la guerra de Iraq. (Rumores.) Estuvimos en una primera intervención de carácter puramente humanitario cuando se envió aquel buque hospital y luego en una segunda que tenía por objeto la reconstrucción del país cuando teóricamente habían acabado las hostilidades. No estuvimos en la guerra de Iraq. (Fuertes rumores.) No fuimos neutrales, es verdad, pero tampoco fuimos beligerantes. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Fuertes rumores.) Usted sabe perfectamente la diferencia que hay entre esos dos conceptos. No fuimos beligerantes, que quede muy claro. Y, por supuesto, en cuanto a la reconstrucción de Iraq, ya que lo sacan ustedes a colación (Fuertes rumores.), habrá sido todo lo a posteriori que quieran, pero debo decir que está amparada por Naciones Unidas, un organismo del que ustedes hablan continuamente, pero ahora ya no quieren oír hablar de eso.
Señor ministro, no estamos obsesionados por esa guerra, pero por lo que se ve, los que están obsesionados con ella son ustedes. Usted recordará seguramente, señor ministro, que hace ya muchos años hubo en España un ministro de Asuntos Exteriores al que se le llegó a llamar el ministro del asunto exterior porque se decía que estaba obsesionado con Gibraltar.
Pues ahora parece que el único asunto exterior o de defensa que tienen ustedes es el de la guerra de Iraq puesto que lo sacan ustedes continuamente venga o no a cuento. Nosotros no lo hemos sacado aquí porque en nuestra posición no hay pretensión alguna ni de legitimar la guerra ni de nada parecido. Lo que pretendemos pura y simplemente es establecer, mirando hacia el futuro, unas condiciones y unas bases para nuestra defensa nacional que creemos son las más adecuadas para nuestro país. Y, por supuesto, nosotros no tenemos ninguna pretensión de tratar de actuar en misiones exteriores al margen de Naciones Unidas. Podríamos volver a hablar de las resoluciones de Naciones Unidas, de cuándo se cumplen o de cuándo se incumplen, de hasta qué punto todas son legalidad internacional o hasta qué punto algunas obedecen a razonamientos o intereses políticos. Podríamos hablar mucho de eso, pero creo que ni nos daría tiempo ni es el momento adecuado. Lo único que nosotros pretendemos es que el Gobierno tenga las manos libres para utilizar las fuerzas armadas en cierto tipo de misiones en las que, por estar en juego los intereses de España, no se requiere ni el permiso ni el amparo de ninguna organización internacional. En buena medida lo dice la ley, pero lo hace de una manera que no acaba de ser plenamente satisfactoria, sobre todo --vuelvo a insistir-- porque ustedes después lo someten a esa otra cuestión de la autorización previa del Congreso de los Diputados, y eso, insisto, sí que rompe lo que ha sido una tradición en toda la democracia española, por no ir más lejos, una tradición muy asentada de nuestra política de defensa, y ustedes la han roto y la han roto alegremente. Y permítame que le diga que la han roto precisamente por esa obsesión por Iraq, porque ésa ha sido una manera de responder a ciertos planteamientos que se vivieron hace un par de años en relación con la guerra de Iraq.
Nosotros nos hemos olvidado de eso y ahora decimos qué es lo que requiere una política de Defensa mirando al futuro, una política de defensa seria, sin quedarnos atrapados por el pasado. Ésa es nuestra posición. Son ustedes los que han convertido un asunto importante, sin duda, como lo fue aquel pero al fin y al cabo anecdótico, en categoría y lo han llevado a la ley. Y eso no lo podemos aceptar, eso va en contra de lo que estimamos que es una política de defensa que, como he tratado de demostrar en mi intervención anterior, es la política de defensa no sólo nuestra, sino de la mayor parte de nuestros países socios y aliados en la Unión Europea y en la organización del Tratado del Atlántico Norte. En la propia ley hay una serie de cuestiones donde eso aparece. Por ejemplo, cuando se habla de las operaciones para evacuar residentes españoles en el extranjero. De eso estamos hablando. Entonces, seamos consecuentes y que eso no aparezca de una manera confundida y un tanto abstrusa en la ley.
Ésa es nuestra posición, señor ministro, y creo que justifica perfectamente por qué no podemos, lamentablemente pero no podemos, apoyar esta ley. Y bien que lo sentimos, pero no será porque no hayamos hecho esfuerzos para lograrlo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor presidente, señoras y señores senadores, debo comenzar diciéndole, señor Muñoz-Alonso, que no se trata de rectificar, pero me agrada aclarar, con toda sinceridad, que no le tengo, ni le he tenido, ni por su intervención ni por su propia biografía en la medida que le conozco, como un fanático. Simplemente, digo que sólo desde el fanatismo puede mantenerse la oposición a un texto como el de la Ley de la Defensa Nacional, en el que no hay, desde mi modesto punto de vista, ni una sola línea que pueda ser tachada, que pueda ser negada, ideológica o partidistamente --me he permitido decir-- hasta por aquellos que les otorgan su confianza y su voto.
He querido decir y reitero --me parece que lo he dicho--, que ¡cómo voy a calificar de fanáticos a los votantes del Partido Popular ni a sus militantes, ni a sus dirigentes! He calificado de fanáticos a los dirigentes que nos insultan creyendo que mansamente vamos a aceptar lo que nos diga. Y déjeme decirle, porque su talante me lo permite, que el ministro que está ahora en el uso de la palabra ha recibido de algún fanático de su grupo, o de algunos, varios calificativos, y ya verán como coinciden conmigo cuando les diga lo que me han dicho y pensarán que o es un maleducado o es un fanático. No se puede aceptar mansa y silenciosamente que a un ministro le digan canalla, trilero, sádico, fascista, sinvergüenza, cínico. No se puede aceptar, sinceramente. Y quien dice y habla de este modo no puede ampararse en el silencio cómplice de un grupo como el suyo, que es respetable, lo que no es respetable es que algunos hablen de esta manera. Lo quise poner de manifiesto especialmente citando aquello de los sepulcros blanqueados que por fuera son capaces de colar un comino y por dentro son capaces de tragarse un camello. A eso es a lo que llamé fariseo y es lo que de algún modo dije que era inaceptable. Pero no estoy en disposición de darles ni a su señoría ni a la inmensa mayoría de sus dirigentes el calificativo de fanáticos, porque no lo pienso.
Respecto de la felicitación de su señoría por la iniciativa, se la agradezco. Y en cuanto a la falta de consenso, quisiera decirle, señor Muñoz-Alonso, que he llamado por teléfono para saber cuántas veces habíamos hablado el secretario de Estado o yo con el Partido Popular personalmente sobre esta ley en reuniones bilaterales, y me han pasado la información de que el secretario de Estado o el ministro han hablado personalmente en más de treinta ocasiones. Incluso el grupo Gees, al que se refería anteriormente --yo no quiero que asuma su paternidad, ni lo pretendo--, decía que Bono está buscando el acuerdo con el PP, sabedor de que resultará imposible encontrarlo con los grupos que usted llamaba ahora «variopinta compañía». Pues mire cómo son las cosas, a veces hasta puede sorprenderse el Partido Popular de que grupos de «variopinta compañía» sean responsables para aceptar un texto que ha sido pactado y que, hasta el día de hoy, ha podido encontrar acuerdo sin forzar.
Es más, señor Muñoz-Alonso, mientras hablaba el senador que hacía uso de la palabra antes que su señoría, me ha llegado un recado en virtud del cual el Grupo Parlamentario Popular aceptaría votar a favor del texto del dictamen si el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos mantenía las enmiendas a las que se hacía referencia. Como habíamos llegado a un acuerdo con el señor Anasagasti, le he dicho a éste que la voluntad de consenso del Gobierno es de tal nivel que, aunque él ha formalizado el acuerdo con la retirada de esas enmiendas, para que el Senado pueda examinar, juzgar y votar la salida de tropas al exterior, el Gobierno está en disposición de aceptar un cambio en el acuerdo con el señor Anasagasti si el Grupo Parlamentario Popular acepta votar favorablemente el dictamen de la ley de Defensa. Veo que me dice que no.
Simplemente relato lo que el señor Anasagasti me ha trasladado. Me dicen que no, y paso la página. Al pasar la página, quiero dejar constancia de que hasta en el último momento y en la última sesión parlamentaria en que esta ley ha sido debatida el Gobierno ha estado en disposición de aceptar cambios esenciales y fundamentales en el texto con tal de que pudiese salir con el voto del Grupo Parlamentario Popular. Esto no se podrá negar, porque tengo como testigo al señor Anasagasti, que ha sido quien ha trasladado esa posición.
Señor Muñoz-Alonso, cuando habla de que hemos actuado con prisas, quisiera decirle simplemente que no, que antes de llevar el proyecto de ley al Congreso de los Diputados, antes de que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto, habíamos mantenido ya muchas reuniones con el Partido Popular, y había prácticamente un acuerdo que luego se sustanció en que la diferencia era una «y» o una «o», lo que, en el Congreso de los Diputados, llevó al señor Maldonado, de Convergència i Unió, a decir algo que me parece muy ilustrativo --como sabe, Convergència i Unió votó favorablemente el dictamen de esta ley--. Mantuvo que era una ley que ellos habrían hecho de modo diferente, como es lógico, pero que la votaban porque les parecía una buena ley. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular dijo en el Congreso que era una mala ley, y el señor Maldonado le contestó de una manera que a mí me parece suficientemente elocuente. Le respondió: Una ley no pasa de ser buena a ser mala por una «y» o por una «o», sea de quien sea la responsabilidad de esa «y» o de esa «o». Y a él me remito. Esta ley no puede ser mala porque no la vote el Partido Popular; en todo caso, será porque tiene contenidos que resulten inaceptables política, moralmente o desde un punto de vista partidista. Yo entiendo que pueda juzgarse de modo negativo, pero lo que le digo es que por cambiar una «y» o una «o» una ley no pasa de ser buena a ser mala --«señor Maldonado dixit».
En relación con los contenidos que su señoría ha llamado inaceptables, a mí me pueden parecer más o menos convenientes, pero no me parece inaceptable el que la Ley de la Defensa Nacional establezca que se exigirá no sólo una consulta al Parlamento, sino una autorización previa del Parlamento. No es ésta la única cuestión en la que el Gobierno está obligado a la consulta vinculante del Parlamento, pero es que ésta es muy importante. Es decir,

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cuando los soldados de España salgan al exterior en una misión que puede estar decidida por las Naciones Unidas, por la Unión Europea o por la OTAN, no sólo es importante que sientan la confianza más o menos entendida de una encuesta favorable, sino también y sobre todo, el aliento de los españoles. Y el único modo en democracia de que los soldados cuando salgan al exterior sientan el aliento de los españoles es que tengan la conformidad, el voto del Parlamento. Por eso nos ha parecido que era bueno que la consulta se transformase en votación.
Y dice su señoría que la guerra de Iraq es algo que los socialistas traemos de forma recurrente por dañarles a ustedes. Pues bien, respecto del acuerdo al que se llegó durante minutos, según dijo el Partido Popular, y que minutos después se rompió, ¿sabe exactamente cuál fue la explicación que dio el portavoz del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados? Que en la redacción que decían que yo había aceptado --y que no lo había hecho-- se justificaba la guerra de Iraq.
Fue el Partido Popular el que trajo a colación --desde mi punto de vista, con perdón, humildemente lo digo-- de una manera torpe la guerra de Iraq al debate de esta ley. En ese sentido, el que haya habido una intervención española en Iraq --llámele como quiera su señoría-- no puede pasarse por alto a la hora de diseñar cómo han de ser las misiones de nuestras tropas en el exterior. Hubo un importante número de españoles contrarios a la intervención española en Iraq --llamémosle así--. ¿No le parece lógico que un año después de esa intervención, de ese repliegue, ordenado ya por el Gobierno al que pertenezco, si se va a redactar una ley de la Defensa Nacional, se intente evitar que se vuelva a producir el conflicto que creó el envío de tropas en contra de, desde mi punto de vista, la inmensa mayoría de los españoles? Dice su señoría que las tropas de España no estuvieron en la guerra de Iraq. Todo depende de cómo quieran usarse las palabras. Yo lo que sí le puedo asegurar es que, acompañado de importantes directivos de medios de comunicación, cuando ya se ordenó el repliegue de Iraq, estuvimos en Diwaniya y las opiniones que me trasladaron directamente los mandos recordaban más a una guerra que a lo que su señoría decía. Aquello no era un lugar hortofructícolamente importante. Allí caían --podría entenderse en ese sentido hortofructícola-- los pepinos de los morteros dentro del acuartelamiento de Diwaniya, y tuvimos problemas muy serios por el bombardeo de nuestra unidad en Diwaniya, como sabe su señoría. No sé si se le puede o no llamar guerra, no entro en esa discusión. Lo que sí le digo es que la guerra de Iraq no es que la saquemos nosotros, señor Muñoz-Alonso, es que a estas alturas son muchos los españoles --no sé si votantes suyos o no-- los que ya piensan que también les sacó a ustedes del Gobierno. Por tanto, no es extraño que hablemos de lo que ocurrió en Iraq cuando hablamos de la Ley de la Defensa Nacional.
Entre los contenidos inaceptables, su señoría ha hecho referencia a los soldados sin armas, y probablemente se refiere a la apreciación que como ministro de Defensa hice en el sentido de que los soldados españoles en la frontera con Marruecos de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla tenían orden de no abrir fuego si no era en caso de legítima defensa y, por supuesto, siempre que estuviese proporcionada la respuesta con la agresión recibida, y añadí que en el cargador llevaban balas de fogueo y que en el de repuesto, la primera también era de fogueo. Simplemente le sugeriré que por responsabilidad se informe de qué armas y qué munición llevaban los soldados de España que estuvieron en la frontera con Marruecos de las ciudades de Ceuta y Melilla cuando gobernaba el Partido Popular, y verá que de lo que se acusa hoy al Gobierno sobre la ausencia de armas se puede predicar exactamente o un poco más cuando gobernaba el Partido Popular.
Respecto de la afirmación crítica acerca de qué puede hacer un ministro que ha hablado de los soldados definiéndoles como españoles sin fronteras, ¿sabe que le digo? Que me gusta la afirmación. Se trata de españoles que, efectivamente, no reconocen frontera; cuando les asiste la legalidad internacional, el aliento de su pueblo y una misión donde son precisos para mantener la paz o para imponerla no van a dar un paso atrás, y esto es algo en lo que su señoría coincidirá. Son españoles sin fronteras que en muchos casos se han jugado la vida por defender con el aliento del pueblo español la legalidad internacional, el orden internacional y la paz, y es importante que se pueda seguir definiendo de esa manera, aunque cuando se habla de españoles sin fronteras, a algunos les suena a ONG, y tienen tan mala opinión de ellas que les molesta que se hable en términos favorables, aunque sea por simple comparación. Yo debo decirle que sí, que tengo buena opinión de las ONG, especialmente de aquellas que, a cambio de nada material se juegan la vida trabajando por los más pobres del planeta. En ese sentido, nuestros soldados pueden sentir el orgullo de estar dando lo mejor de su juventud y de sus vidas en defensa de causas parecidas a las de muchas organizaciones no gubernamentales.
Al senador Cuenca debo pedirle disculpas porque he dicho que había un amplio consenso en torno al grupo que apoyaba al Gobierno por parte de nacionalistas y regionalistas, y he olvidado a Izquierda Unida y a su formación política. Le pido disculpas, porque el apoyo en el Congreso de los Diputados, su anuncio ahora en el Senado y el compromiso que el Gobierno ha asumido por solicitud de su grupo, que le puedo asegurar que estará incluido en una norma que resulta exigible, es algo que tengo que reconocer.
Quiero agradecer también la disposición del señor Mendoza y de su grupo, Coalición Canaria, tanto en el Senado como en el Congreso.
Señor CompanysÜ, la respuesta que daba al señor Anasagasti puede satisfacerle en lo que a la función del Senado se refiere. No está en el texto literal de la ley. Ya sé que, de alguna manera, todos somos responsables de la consideración que a veces se tiene de esta Cámara.
Permítame que le diga que aquello de: aquí vendrán, se diga o no se diga en una ley, es una buena intención que yo apoyo. Pero no siempre ocurre así, porque hay una norma según la cual se ha de producir el debate sobre el estado de las comunidades autónomas una vez al año, pero éste no ha tenido lugar desde el año 1997 en esta Cámara.


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Por tanto, hay aspectos que, incluso reglados en el ordenamiento jurídico, los gobiernos incumplen. Y es compromiso del Gobierno, que asume el ministro, que lo dicho para el señor Anasagasti vale y se cumplirá, aunque no estuviera incluido en ninguna norma --yo deseo que figure en el desarrollo reglamentario--, para poder acudir al Senado, informar de las misiones en el exterior una vez al año, y cada vez que haya que pedir autorización comunicarlo a la Cámara, por si ésta considerase oportuna y conveniente la comparecencia.
Señorías, fíjense que hasta en este momento estoy en disposición --el señor Anasagsti me ha dado su conformidad-- de cambiar el acuerdo inicial a fin de que el Grupo Popular se una para aprobar el texto , siempre y cuando --afirmé yo-- la aprobación no quede únicamente en el Senado, sino que, de alcanzar un acuerdo en esta Cámara, sea válido también en el Congreso de los Diputados; no vaya a ser que alcancemos acuerdos que valen por la noche y no valen por la mañana, como sucedió con esta ley en un momento procesal distinto.
Pero la tramitación está aún abierta, y mientras que el Pleno trate esta ley, el Gobierno asume lo que dijo. Si el Partido Popular acepta lo que el señor Anasagasti me ha trasladado y aquí he resumido, es decir, el hecho de votar sus enmiendas para que el Senado sea tan protagonista como el Congreso, el Gobierno acepta la modificación inmediata como procedimentalmente sea oportuno; no tengo la más mínima dificultad, pues me agradaría mucho que esta cuestión, deseada por los ejércitos, se tramitara en el Congreso y el Senado con el máximo nivel de acuerdo.
Quiero manifestar mi gratitud hacia el señor Anasagasti, como he dicho al principio de mi intervención y ahora reitero; también por sus buenos oficios en la mañana de hoy para incrementar la mayoría que pudiese aprobar esta ley. Pero ya sabe su señoría que, aunque coincidamos en este aspecto y en tantas otras cosas --hay sindicatos a los que pertenecemos, no a los famosos y nominados, sino de otra naturaleza-- en las que nos satisface estar juntos y pensar lo mismo, hay otras cuestiones en las que más fácil será hacer de un hombre una mujer y de una mujer un hombre que usted y yo coincidamos en algunos aspectos a los que su señoría ha hecho mención. Pero esto es algo que está en la esencia de las cosas. Si yo fuese nacionalista no sería socialista, y si usted fuese socialista no sería nacionalista, porque la mezcla es mala, e históricamente fue muy complicada. (Rumores.) Su señoría se ha referido a una campana, y por el son de la campana ha traído a colación lo que Pedro Duque, cuando estaba en el espacio, contestó a unos niños que le preguntaron desde Castilla-La Mancha qué se veía desde el espacio. Dijo que no se veían fronteras. Y me agradó esa expresión, que después repetí en Trafalgar. Claro que hay fronteras, aunque dicho astronauta no las viera desde allí. Lo que quiero es que no haya más, con las que hay ya tenemos bastante. Pero me gustó más esta expresión --y creo que también a su señoría-- que aquella otra de Gagarin , quien a la pregunta del camarada Bresnev sobre qué se veía en el espacio respondió que no veía a Dios. Más hermosa era la respuesta de Duque que la de Gagarin. En cualquier caso, lo he traído a colación a fin de mostrar alguna coincidencia más entre nosotros.
El señor Muñoz-Alonso en su intervención final ha manifestado que no estaban solos. No me he referido a la soledad que puede acompañar a un grupo de un solo votante. Por supuesto, hago los esfuerzos que ahora trato de acreditar porque me parece muy importante lo que ustedes representan, esto es, un sector muy relevante del electorado y de España, que sería muy conveniente se sintiera representado a la hora de que ustedes votaran esta ley, y por eso me he esforzado. Pero nosotros no podemos obligar a quien no quiere votar una ley que, en su contenido, desde mi punto de vista, no ofende ni contraría los principios que el Partido Popular ha defendido desde siempre.
Por último, señor Muñoz-Alonso, decía su señoría que el Ejecutivo debe tener las manos libres para llevar a cabo determinadas acciones en el ámbito militar, que no sean exactamente la defensa del territorio nacional o la defensa de España, y que tampoco sean ordenadas por ningún organismo internacional al que pertenecemos, la OTAN, la Unión Europea, o incluso --su señoría no lo decía, pero yo lo añado-- las Naciones Unidas.
Pues bien, su señoría dice que ha sido enmendado en parte. No, señor senador: ha sido enmendado en su totalidad, y por eso hoy dice la ley que no hace falta una solicitud especial ni una autorización exterior para que, en defensa de España o de los intereses nacionales, el Gobierno pueda tomar una decisión que tiene trascendencia respecto de nuestras tropas en el exterior. Por ejemplo, defender a unos nacionales españoles refugiados en una embajada. La explicación es bien sencilla: esa embajada es territorio nacional. También podríamos poner otro ejemplo. ¿Hay algún interés nacional, que no tenga que ver con el territorio ni con la OTAN ni con la Unión Europea, que no estuviere previsto en la ley? Mi respuesta es sí: hay la posibilidad de un interés, que no está recogido en la OTAN ni en la Unión Europea, pero sí está recogido en la ley, que es cuando se habla de los intereses nacionales que el Gobierno ha de defender. Por ejemplo, en la llamada guerra del fletán había intereses nacionales en juego, y fueron las tropas españolas, la Armada, quienes defendieron aquellos intereses, que hoy, con esta ley en la mano, podrían volver a defender, y la legalidad les ampararía.
Por tanto, no ha habido una modificación respecto del primer proyecto que pactamos con ustedes. Ha habido una modificación total en ese punto, y los intereses nacionales están bien defendidos con el texto del dictamen del Senado.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Pasamos a la defensa de las enmiendas. Han sido retiradas las enmiendas del senador Cuenca Cañizares y de la senadora López Aulestia; asimismo, han sido retiradas las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y sólo queda viva la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados, en lo referente a lo modificado

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por la enmienda número 42, del Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el senador Uzquiza.


El señor UZQUIZA GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a utilizar un único turno, por brevedad, para explicar nuestro voto particular y también valorar los otros dos votos particulares presentados al dictamen, renunciando por tanto --igualmente por brevedad-- al turno de portavoces.
Es obligado, señorías, comenzar agradeciendo a los grupos parlamentarios su voluntad de entendimiento, unos porque no han presentado enmiendas, otros porque las han retirado después de transar. En todo caso, esta ley es un poco de todos ellos, ya que todos ven parte de sus principios recogidos en este texto.
Dicho esto, voy a hacer una rápida valoración de los votos particulares incluidos en el dictamen de la comisión. Senadores de Izquierda Unida, ustedes están preocupados por la autorización de las bases e instalaciones militares conjuntas en territorio español. Como saben, estas bases conjuntas están acordadas en convenios cuya aprobación compete a las Cortes Generales, luego el control parlamentario está garantizado. Lo importante es que las Cortes participen, primero, con su autorización, y después con el seguimiento, para lo que estarán puntualmente informadas por el Gobierno, como así nos ha manifestado esta mañana el ministro, y cuando digo las Cortes, me estoy refiriendo al Congreso de los Diputados y al Senado.
También pretenden la desaparición de la jurisdicción militar entendiendo que no se aseguran las garantías para los afectados. Como saben, la jurisdicción militar se reconoce solamente en el ámbito estrictamente castrense y en los casos de estado de sitio y, por supuesto, garantizando los principios de independencia e imparcialidad de la jurisdicción ordinaria. Comprendo su interés, senadores de Izquierda Unida, pues recordamos épocas pasadas de triste memoria donde abundaban los consejos de guerra, pero les aseguro que en el Estado Democrático y de Derecho que configura nuestra Constitución, las garantías prevalecen y son inviolables en todos los supuestos. Podemos, por lo tanto, estar tranquilos. En definitiva, senadores de Izquierda Unida, entiendo su voluntad de defender en el Pleno estas enmiendas para fijar su posición, pero les agradezco que las hayan retirado.
Sobre las diez enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, su portavoz nos anuncia su retirada, cosa que le agradezco. Haré simplemente un par de comentarios al respecto.
Senador Anasagasti, usted ha dado mucha importancia al hecho de que el Senado también participe en la autorización, con carácter previo, de las misiones que se realizan fuera del territorio nacional. Yo comprendo su interés porque, precisamente, nos corresponde a nosotros potenciar las competencias de esta Cámara. Pero como ya le dije en comisión, lo hemos vuelto a estudiar y estamos seguros de que reglamentariamente encontraremos una fórmula para que, como ha anunciado esta mañana el señor ministro, el Senado no solamente esté informado, sino que también participe en una decisión tan importante como es la autorización parlamentaria de las misiones en el exterior. Y digo y recalco autorización parlamentaria, es decir, el Parlamento decide y no se limita a conocer, a ser informado de las decisiones del Gobierno, como pretende el Grupo Parlamentario Popular, porque para ello nos bastaría con recibir un simple mensaje en el móvil y no se trata de eso.
También les preocupa la referencia explícita que se hace al artículo 8 del texto constitucional, donde se habla de las misiones de las Fuerzas Armadas concretadas en garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial. Usted ha hablado en su intervención de este asunto. En su justificación y con sus palabras manifiestan sus dudas sobre una supuesta función represiva de las Fuerzas Armadas en el interior del Estado. Yo le seguro, senador, que después de los 40 años de dictadura militar, la única pretensión que tenemos es que las Fuerzas Armadas colaboren dentro de España para ayuda humanitaria y en caso de catástrofes, cuando sean necesarias y cuando se les llame, siempre a disposición de las autoridades civiles, como corresponde.
Finalizo mi intervención sobre este voto particular que ustedes han retirado, señalando que valoramos muy positivamente la actitud constructiva del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos a lo largo de todo este debate, y agradeciendo que por encima de las legítimas diferencias que ustedes han señalado hoy nuevamente, haya primado el interés de alcanzar puntos de encuentro.
Sobre las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, si bien por un error no se han incorporado al dictamen, no tengo ningún inconveniente en comentarlas como ya hicimos en comisión, donde fueron discutidas y rechazadas. Simplemente y por abreviar voy a dar un par de pinceladas, pues sé que ya me contestarán en el turno de portavoces. Y es que, senadores del Grupo Parlamentario Popular, he estudiado con detenimiento sus enmiendas y no veo que planteen una diferencia radical en política de defensa, y menos aún en cuanto al modelo organizativo de nuestras Fuerzas Armadas. Por tanto, trasladar a la ciudadanía la idea de rechazo y la posición de enfrentamiento es algo artificial y, además, no es conveniente. Las discrepancias fundamentalmente las tenemos en lo relativo a las misiones en el exterior, que ustedes justifican en obsesiones del pasado que ya no interesan a nadie. ¿Qué mejor regulación podemos hacer, qué mayor garantía podemos dar a nuestros soldados, que someter la decisión a la autorización parlamentaria y al Derecho internacional? Ciertamente, no se nos ocurre nada mejor.
Señorías, sabemos que estamos haciendo una buena ley, no sé si durará otros 25 años, pero estoy seguro de dos cosas, y con ello termino.
Primero, que esta ley cuenta con el apoyo mayoritario de los españoles.
Señorías, hay encuestas que han sido publicadas y ustedes conocen, como las conocemos todos, donde se indica que más del 70% de los españoles están conformes con esta ley. Y aún les digo más, de las personas consultadas y que se declaraban votantes del Partido Popular, más de la mitad estaban a favor de esta ley. Creo que con eso está dicho todo.


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En segundo lugar, les diré que con esta ley vamos a gobernar nosotros, los socialistas, y ustedes cuando les corresponda; sí, señor, porque no van a cambiar ustedes esta ley, no la van a cambiar cuando tengan mayoría para ello, y no lo van a hacer porque ustedes y nosotros sabemos que nos encontramos ante una buena ley.
No estamos, por tanto, ante una ley efímera, como andan pregonando. No se equivoquen, esta ley va a tener una larga vida, a pesar de su empeño en utilizarla como objeto de confrontación política. Ustedes sabrán.
Pero les diré algo más. Se puede discrepar con el contenido de esta ley, pero no confundir. Y eso es lo que pretende hacer quien afirma que existe malestar en las Fuerzas Armadas, porque no solamente no es cierto, sino que es rotundamente falso.
Por último, señalo que el voto particular que presenta el Grupo Socialista pretende la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados. La única diferencia con el que se aprobó en el dictamen de la comisión se refiere a la incorporación de la enmienda número 42, del Grupo Popular, que no solamente pretende justificar la labor de anteriores gobiernos, lo cual en sí mismo no tiene mayor importancia, sino que --ya más preocupante-- intenta suprimir la regulación de las condiciones que deben cumplir las decisiones gubernamentales en las misiones en el exterior.
Senador Anasagasti --y me refiero a usted porque fue quien solicitó la inclusión de esta enmienda en el dictamen--, sé que su voluntad y la de su grupo es exactamente la contraria a la que en ella se refleja. Lo que se pretende suprimir --y lo que, por tanto, es preocupante-- es la regulación de las condiciones que deben cumplir las misiones gubernamentales en el exterior. Esto es lo que figura en la enmienda número 42. La rapidez de la votación en comisión a buen seguro que tiene efectos de este tipo.
Finalizo anunciando que votaremos en contra de esta enmienda del Grupo Popular, solicitaremos la vuelta al texto original, que insisto en que es un texto pactado, producto de numerosas transacciones y que ha generado un gran consenso en el conjunto de la sociedad y en las Fuerzas Armadas.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego respecto a este proyecto de ley.
El BNG tiene motivos de discrepancia con este proyecto de ley, en particular, en lo relativo a los artículos 16 y 19, artículos en los que el proyecto intenta adaptarse a un orden internacional con el que nuestro partido no puede estar en absoluto de acuerdo. No podemos aceptar que, bajo eufemismos como la prevención de conflictos, la disuasión, el mantenimiento de la paz o la estabilización, en muchas ocasiones organizaciones militares de las que forma parte el Estado español encubran lo que es la vulneración de la soberanía de países e intervenciones militares que no tienen otro calificativo que agresiones y guerras.
No obstante, el Bloque Nacionalista Galego reconoce que este proyecto de ley significa un avance y una mejora sensible respecto a las leyes anteriores y que, además, se ha hecho un esfuerzo muy importante para mejorarla en su tramitación parlamentaria. En este sentido, destacamos la adaptación de la ley al espíritu y a la letra de la Constitución Española en aspectos tales como el papel atribuido al jefe del Estado y al presidente de Gobierno y al Ejecutivo en general, la racionalización de los valores por los que deben regirse las Fuerzas Armadas, la objetivización de cuál debe ser el comportamiento militar y el ordenamiento legal de la función militar en términos que lo homologan a la sociedad civil. En particular, destacamos el refuerzo del control parlamentario y, fundamentalmente, el hecho de que las intervenciones en el exterior deban tener la autorización previa de las Cortes Generales, así como el mayor rigor garantista al concretar los compromisos atlantistas del Estado español.
Teniendo en cuenta este esfuerzo de diálogo y de negociación hecho por el Gobierno, teniendo en cuenta estas mejoras, el Bloque Nacionalista Galego, por todo lo expuesto, se va a abstener en la votación final, pero, al mismo tiempo, va a apoyar el voto particular del Grupo Socialista, para contribuir a que se mantenga el texto original del Congreso de los Diputados.
Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular tendría al menos cuarenta razones para votar no a esta enmienda y al dictamen de la comisión sobre el proyecto de ley de la defensa nacional, pero, como dispongo de poco tiempo, sólo voy a citar las cuatro que me parecen fundamentales.
En primer lugar, porque atenta a la dignidad de esta Cámara. En segundo lugar, porque esta ley está anclada conceptualmente en el pasado. En tercer lugar, porque es una ley contraproducente para la defensa nacional. En cuarto lugar, porque es una ley que pretende engañar a la opinión pública española.
Atenta a la dignidad de esta Cámara, como muy bien han explicado los portavoces de Convergència i Unió y el PNV, y lo voy a explicar no con mis argumentos sino citando

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a alguien que, sin duda, tiene más autoridad que yo en esta Cámara, al menos entre el Grupo Parlamentario Socialista, me refiero al senador Laborda, que hoy tenemos la suerte de que nos acompaña. En un debate celebrado el año 1999, cuando los gobiernos del Partido Popular sí venían a esta Cámara a informar sobre las misiones en el exterior de las Fuerzas Armadas, cosa que no ha hecho este Gobierno, decía el senador Laborda --y cito textualmente-- con mucho acierto en mi opinión: A mí me parece que es necesario establecer un sistema de relaciones entre el Gobierno y las Cámaras parlamentarias de manera que previamente el Gobierno informe a las dos Cámaras de los compromisos de esta naturaleza, como sucede en países que pertenecen a la Alianza Atlántica. A las dos Cámaras, digo, y no por una mera defensa corporativa de ésta, sino porque me parece que eso es lo que ha de derivarse del papel que ésta tiene en política exterior y del análisis del artículo 63 de la Constitución. No me extiendo más en este punto porque me parece que no podría explicarlo mejor de lo que lo hizo el senador Laborda.
En segundo lugar, es una ley anclada conceptualmente en el pasado porque renuncia a un concepto moderno de seguridad y defensa para retrotraernos a un concepto estricto de defensa más propio de la guerra fría que del momento actual. Además, esta ley es víctima de la relación existente entre los ministros de Defensa y del Interior, porque como se llevan mal el ministro del Interior veta al ministro de Defensa y no permite que podamos hablar, como sucede en la Unión Europea y en cualquier país civilizado y moderno, del concepto de seguridad y defensa y no estrictamente de defensa.
En tercer lugar, nos oponemos a esta ley porque es contraproducente para la Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas. Supone un paso atrás en el consenso logrado por el Gobierno anterior en la revisión estratégica, que situaba al Jemad --y hoy tenemos la suerte de que nos acompaña-- como el único mando operativo de las Fuerzas Armadas, y esta ley se retrotrae a situaciones anteriores dando a los jefes del Estado Mayor de los distintos ejércitos el mando operativo de las misiones permanentes en tiempo de paz. Nos parece que es un serio retroceso en cuanto a la doctrina de lo conjunto que debía haber inspirado esta ley, en lugar de ir en contra del sentido de los tiempos.
En cuarto lugar, es engañosa para la opinión pública y el ministro de Defensa ha hecho un gran ejercicio --ha hecho muchos, pero uno en especial-- de demagogia esta mañana, recriminarnos que estamos en contra de que tenga que haber una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que pueda haber una intervención de las Fuerzas Armadas españolas en el exterior. Estamos en contra nosotros y el Gobierno, porque basta una autorización del Consejo Atlántico, como ha reconocido el propio ministro, para que esas misiones puedan realizarse.
Es más, gracias a una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, basta que estén comprometidos los intereses nacionales y no es necesaria una autorización del Consejo de Seguridad.
Por tanto, basta de hacer demagogia con ese tema.
Creo que el ministro de Defensa tenía dos objetivos con motivo de la presentación de esta ley. En primer lugar, quería colgarse su primera medalla legislativa, pero quiero advertirle al señor ministro que sin el consenso del Grupo Parlamentario Popular esa condecoración puede ser tan efímera como la que se autoimpuso por su huida de Iraq. En segundo lugar, el ministro pretendía criminalizar con carácter retroactivo la actuación de los gobiernos anteriores del Partido Popular, y quiero que sepa que ni este Gobierno, ni este ministro, ni cien ministros como él pueden manchar la labor espléndida de las Fuerzas Armadas españolas en Iraq en defensa de la libertad del pueblo iraquí y en su misión de ayuda humanitaria.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Yo le haría una última sugerencia al Gobierno, tras escuchar la intervención del presidente del Gobierno ayer en el Congreso de los Diputados, y es que cambiara el nombre de esta ley y, en vez de llamarla ley de Defensa Nacional, la llamara ley de defensa de España porque, si no, no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo.
También le diría al señor ministro que tuviera un poquito más de talante democrático, que supiera aceptar mejor las críticas, porque vivimos afortunadamente en un país libre y en un país libre las críticas al Gobierno las puede formular no solamente la oposición, como es su obligación, sino también la sociedad civil, como es el caso de esa asociación a la que, sin posibilidad de defensa, ha estado descalificando permanentemente. Ese Gees, al que se refería el ministro y al que ha calificado de secta, es una asociación legal. Espero que, como el ministro Montilla, no intenten cerrar la COPE e ilegalizar el Grupo de Estudios Estratégicos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Llamen a votación. (Pausa.) Señorías en primer lugar votamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, de vuelta al texto remitido por el Congreso en lo referente a lo modificado por la enmienda número 42 del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 247; a favor, 130; en contra, 117.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el texto del dictamen de la ley orgánica de la Defensa Nacional.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 247; a favor, 121; en contra, 117; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley orgánica de la Defensa Nacional.


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Gracias. (Fuertes aplausos.--El señor ministro de Defensa, Bono Martínez, hace entrega de una bolsa, que contiene una campana, al presidente de la Cámara.--Risas.) Señorías, el señor ministro no ha hecho sino cumplir la petición del señor Anasagasti. (Risas y aplausos.)

-- DE LA COMISIÓN DE CULTURA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE RESTITUCIÓN A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA DE LOS DOCUMENTOS INCAUTADOS CON MOTIVO DE LA GUERRA CIVIL CUSTODIADOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y DE CREACIÓN DEL CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA (S. 621/000030) (C. D. 121/000035).


El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Cultura en relación con el proyecto de ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra la senadora Flores.
(Rumores.) Señorías, ruego que guarden silencio o salgan del hemiciclo para que podamos dar comienzo a la presentación del dictamen. (Los señores senadores del Grupo Parlamentario Popular levantan sus micrófonos, en los que se exhibe una pegatina que dice: «Archivo de la Guerra Civil.
Salamanca. Por la unidad "para que nada se pierda"».) Puede empezar, señoría.


La señora FLORES FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, me cabe el honor de haber sido designada para presentar ante el Pleno el dictamen de la Comisión de Cultura en relación con el proyecto de ley de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del centro documental de la memoria histórica.
A este proyecto, que se tramita por el procedimiento ordinario, se han presentado una propuesta de veto por el Grupo Parlamentario Popular y 44 enmiendas por los distintos grupos parlamentarios.
La comisión procedió a dictaminar el proyecto de ley el día 26 de octubre, adoptando los siguientes acuerdos. Primero, rechazar la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Popular. Segundo, rechazar las enmiendas números 1 a 10, del señor Cuenca Cañizares y la señora López Aulestia, ambos del Grupo Parlamentario Mixto; las números 11 a 25, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y las números 26 a 44, del Grupo Parlamentario Popular, aceptando como dictamen, por tanto, el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Para su debate ante el Pleno se han formulado tres votos particulares, manteniendo el veto y las enmiendas presentadas que a continuación del mismo se defenderán.
Señorías, con estas palabras creo que haber resumido fielmente la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo.
Nada más, señor presidente. Señorías, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Empezamos, a continuación, por el debate de la propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa del mismo, tiene la palabra el senador Van-Halen.


El señor VAN-HALEN ACEDO: Señor presidente, señorías, siento la ausencia de la señora ministra de Cultura, que probablemente esté haciendo declaraciones o rodando el spot en favor de la campaña de la lectura. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia).
Éste es una tema del que hemos hablado varias veces en esta Cámara y es importante. El Grupo Parlamentario Popular presenta un veto por razones de fondo, por razones de forma y por razones de insensibilidad del Gobierno. Trataré de argumentar estas tres razones.
Razones de fondo. El Gobierno no ha defendido el patrimonio documental común de los españoles. La salida del Archivo de la Guerra Civil es un error. Debería haber sido precisamente el Gobierno desde su responsabilidad quien defendiera la unidad de archivo.
Señorías, ésta es la primera ley de cultura que viene a la Cámara, y no es en defensa del patrimonio cultural, podría ser una ley de libros, de museos, de archivos, de música, no, es una ley que justamente atenta contra el patrimonio común cultural de los españoles. Ya sabemos que las mociones sobre cultura no se han cumplido y ahora nos traen esta ley peculiar.
Señor presidente, señorías, hay que custodiar la memoria histórica --todos estamos en ello-- sin trocearla, siguiendo los dictados de la Unesco. La Comisión de la Unesco se reunió en París después de caer la utopía del llamado socialismo real --aquéllos eran también archivos de la represión-- y también se reunió tras la reunificación de Alemania y llegó a la conclusión de un principio de unidad de archivo.
Por supuesto no vamos a negar el origen del Archivo de Salamanca porque es negar la realidad; es doloroso, es repugnante y naturalmente no es tranquilizador. Pero, señorías, prácticamente el origen de los archivos es muy diverso. Habría que preguntarse cómo se han iniciado otros archivos, desde el Archivo de Indias hasta cualquier archivo histórico, pues a veces su gestación es dolorosa. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el Archivo de la Inquisición y si los descendientes de las víctimas de la Inquisición, entre otros, yo mismo, nos presentáramos en el mismo a recoger los papeles de nuestros antepasados.
El Archivo de la Guerra Civil se crea en 1999 y también se creó entonces el Centro de Estudios y Documentación. El Gobierno crea ahora el centro documental de la memoria histórica, cuando lo que tenía que haber hecho era dotar de personal --y adecuadamente-- al centro que ya existe. La creación de este centro nos suena a una cortina de humo

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para que no fuera sólo un proyecto de ley sobre el traslado del Archivo de Salamanca.
La andadura de esta iniciativa en su etapa prelegislativa fue controvertida. La decisión ya estaba tomada sin que se votase lo que vamos a hacer esta mañana. Los socialistas lo habían votado con sus socios, y santas pascuas. Y de ahí pasamos a la segunda razón de nuestro veto: la forma. El Gobierno tiene la iniciativa parlamentaria --¡no faltaría más!--, pero no ha cuidado las formas. Hubo una resolución del Congreso de los Diputados, de 18 de mayo de 2004, en la que se comprometieron a que hubiese informes técnicos y a llegar a una solución en todo caso dialogada. Ya sabemos cómo dialogan sus señorías socialistas: el diálogo quedó en nada.
La Real Academia de la Historia hizo un informe negativo, a consulta de la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León no fue consultada, pese a que se determinaba que lo sería en la resolución del Congreso. Una resolución de las Cortes de Castilla y León se ignoró, y sus señorías socialistas en las Cortes de Castilla y León votaron a favor de ella. No se consultó a la Junta Superior de Archivos; la ministra dijo que no era competente, pero la orden de marzo de 1996 de dicha junta dice claramente que es una junta consultiva de la Administración y que su informe es preceptivo. Al Patronato del archivo tampoco se le consultó, y debería haberse hecho, según el Real Decreto de 12 de marzo de 1999, que creaba el archivo. Tampoco se ha acompañado el proyecto de los informes preceptivos sobre necesidad y oportunidad y antecedentes, como marca la Ley 50/1997.
Para paliar tantas lagunas y en contestación a una pregunta escrita ante el Congreso, el Gobierno adujo razones de urgencia. ¿Qué urgencia? Se lo diré: la urgencia del tripartito, que ha urgido muchas veces al Gobierno con la finura y delicadeza que acostumbra, y que puede definirse como el estilo Carod. Por cierto, como el informe de la Junta Superior de Archivos es perceptivo, no podía eximirse de él a ninguna propuesta sobre fondos archivísticos, aunque se estimase de urgencia. Ustedes no han actuado con urgencia por el interés general, sino por su interés político, de partido: por la debilidad de este Gobierno.
Tercera razón del veto: la insensibilidad del Gobierno. Ustedes, señores del Gobierno, se comprometieron a dialogar con las partes afectadas --Resolución del Congreso de los Diputados, con el voto favorable socialista, de 18 de mayo, ya mencionada--, pero no han dialogado con nadie; bueno, sí: con el tripartito catalán. Un buen número de intelectuales, reunidos en Salamanca, firmaron un documento apoyando que no se trasladase el archivo; ni caso, ni les recibió la ministra, y al alcalde de la ciudad le ningunearon. Tampoco han tenido en cuenta 90.000 firmas de ciudadanos de Castilla y León, apoyando la unidad de archivo.
Tampoco les han llegado los ecos de la manifestación que, cívicamente, recorrió las calles de Salamanca. ¿Qué le dicen al Gobierno aquellas bellas frases, que le sonarán, de que un Gobierno es responsable y escucha a los ciudadanos, y que hay que gobernar con la gente y no contra la gente? Ahora las pancartas son otras, y no contienen insultos por cierto, pero ustedes no escuchan a los ciudadanos y gobiernan contra la gente; esta es la realidad.
La señora ministra se basa en la opinión de una comisión de expertos, pero no han nombrado una comisión de expertos de consenso: han sido sus expertos, y en el seno de la comisión nunca se produjo una votación admitida por todos; no digo una votación favorable, sino una cuya celebración fuera admitida por todos. Una comisión de expertos debe ser lo más neutral posible, como el jurado de un premio literario, pongo por caso. Deberíamos pedirle a la señora ministra que le pregunte a su hermano, escritor que acaba de ser distinguido con un premio, si hubiera podido estar en el jurado la señora ministra. No sería lógico, porque no sería neutral. Hubiera sido un jurado casero, y la comisión de expertos fue casera a más no poder. En la comisión de expertos figuraba el profesor Mayor Zaragoza que, últimamente, aparece en todas las salsas, como la señora Bardem --bueno, en todas las salsas, no; sólo en las que les conviene--, y que, curiosamente, fue director de la Unesco y avaló la resolución de la misma protegiendo la unidad de archivos. Una mutación personal; las consecuencias de todo esto.
Tuve ocasión de preguntarle a la señora ministra en la Comisión General de las Comunidades Autónomas de esta Cámara por qué tomaba esta decisión que troceaba el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, y por qué no lo habían hecho gobiernos de distinto signo durante los últimos 25 años. No me contestó. Supongo que ella se cree más lista que sus antecesores; o acaso es más inconsciente del melón que abre. Digo que supongo que se cree más lista, por sus declaraciones, cuando dijo: pienso mucho, muchísimo, y llego a la certeza; ¡qué envidia! Yo creo que no es más lista que sus antecesores, pero sí está entre la espada y la pared.
Depende de las delicadas y finísimas presiones del tripartito. Claro que gobiernos anteriores en minoría no sucumbieron a la presión. No; definitivamente, no es más lista que sus antecesores; tiene menos cintura política, a mi modesto entender.
Entiendo a las comunidades autónomas o ayuntamientos que, año tras año, solicitan documentos u otros elementos dispersos de su patrimonio cultural. Lo entiendo. Gobiernos de nuestro partido en autonomías también solicitaron documentos, e incluso apoyaron lo que esta ley concede. A ellos les entiendo. Es un imperativo sentimental, y lo entiendo. A la que no entiendo es a la ministra y al Gobierno actual que lo concede. Una autonomía puede tener el tirón sentimental de pedirlo, pero el Gobierno de la nación tiene el deber de no concederlo, de defender el patrimonio común de los españoles. Es su responsabilidad, y esa responsabilidad no la ha sabido o no la ha podido ejercer este Gobierno.
El Gobierno abre un melón arriesgado, como lo abre aprobando el traslado de La Dama de Elche --ahora la dama errante-- a Elche. Entiendo el interés de esa ciudad, legítimo, pero entiendo menos el deber del Gobierno que cuenta con un informe negativo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Abrir un melón siempre es un riesgo --por eso ha pasado al lenguaje cotidiano lo de abrir un melón--. Acabamos

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de abrir un melón en el que todo vale en las pretensiones territoriales, y parece que aquí no ha pasado nada.
Si el presidente pudo decir en esta Cámara --por cierto, la señora ministra de Cultura también-- que el término nación es puro relativismo, ya me lo creo todo.
Abrir el melón es abrir el banderín de enganche para que todas las autonomías, después de los papeles de Salamanca, empiecen a pedir papeles o trozos del patrimonio cultural común, y el Gobierno no tendrá argumentos válidos para negarse. Eso es como lo de los transportistas, que se negocia mal, y luego vienen los agricultores, los pescadores, y acabarán pidiendo trato singular los viajantes de comercio porque gastan mucho en gasolina.
Y la propia Castilla y León podría pedir el gran patrimonio disperso que tiene, entre otros lugares, en Cataluña. Abrir el melón es muy peligroso, y este proyecto de ley abre el melón. Un día, enarbolando esta ley, se presentarán delante de un museo unos señores y harán de «ocupas», como en el municipio granadino de Jun, donde andan a la greña porque unos señores ocuparon unas viviendas enarbolando uno de los borradores rectificados de la señora Trujillo. Un día ya no nos asombraremos de nada.
La señora ministra dijo en esta Cámara que esto no es un conflicto, que es una discusión. También dijo que cerraba heridas. Creo --y lo siento de corazón-- que no cierra heridas y que, en todo caso, es una discusión que supone un conflicto. No cierra heridas, sino que las mantiene abiertas.
Esto de los conceptos es importante. Estamos ahora en un momento en que los conceptos, entre algunos políticos, han caído en un descrédito. Creo que los conceptos sirven y siempre tienen detrás algo importante, sobre todo cuando se refieren al patrimonio, a expolios, a lo que estamos hablando aquí.
Por todo esto, y porque nos parece un error desde el fondo a la forma, y por la falta de sensibilidad que ha evidenciado el Gobierno, presentamos este veto para el que sin mucha esperanza --realmente con nula esperanza-- pido el apoyo de sus señorías.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.
En turno en contra tiene la palabra la senadora Navarro.


La señora NAVARRO LAFITA: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero comenzar mi intervención, como hice en la Comisión de Cultura, manifestando la satisfacción de mi grupo, del Grupo Parlamentario Socialista, ante la tramitación de este proyecto de ley de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del centro documental de la memoria histórica, ya que mediante este proyecto el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero apuesta por dar una solución definitiva a las continuas reivindicaciones de devolución de estos papeles incautados en Cataluña para cerrar así una herida histórica que realmente todos lamentamos y, además, con el compromiso de la creación en Salamanca de un centro de referencia nacional e internacional que sea un verdadero archivo de la memoria.
Aunque soy consciente de que a estas alturas del trámite parlamentario ya todos conocemos las motivaciones que nos llevan a debatir el contenido de este proyecto de ley --motivaciones que están expuestas en su preámbulo--, que conocemos las circunstancias históricas que originaron estas reivindicaciones, estas peticiones de devolución de papeles, y que también conocemos el largo historial parlamentario de estas solicitudes, quiero comenzar mi intervención recordando esa proposición no de ley que se aprobó en el Congreso de los Diputados el pasado 18 de mayo de 2004 mediante la cual se instaba al Gobierno a iniciar un proceso de diálogo con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña a fin de alcanzar un acuerdo que permitiera resolver el contencioso planteado en relación con la documentación incautada que, como decíamos, está recogida en el Archivo General de la Guerra Civil Española.
Como consecuencia de este mandato parlamentario, y asimismo por los motivos reseñados, el Gobierno consideró procedente aprobar una norma con rango de ley que permitiera el restablecimiento de esas situaciones jurídicas ilegítimamente extinguidas en lo que respecta a la Generalitat de Cataluña y a las personas naturales y jurídicas de carácter privado, salvaguardando al mismo tiempo, en razón de ese interés histórico y cultural, la integridad del archivo y los documentos y fondos que en él se custodian. Estoy segura de que todos coincidimos en reconocer esa dificultad, esa complejidad, el apasionamiento y la emotividad que caracterizan, no sólo hoy sino también en el pasado, todos los intentos de resolución de esta reclamación de devolución de esos documentos. Nos encontramos, pues, ante un asunto delicado y controvertido.
El Grupo Parlamentario Popular mantiene en este Pleno del Senado un veto a este proyecto de ley, y objeta el texto en su conjunto y por escrito basándose en cuatro razones: en que hace incuria técnica en la fase prelegislativa; en que se ignoran las funciones de conservación del patrimonio histórico, que son propias del Gobierno; en que hay parcialidad por parte del legislador; y en que en el articulado se crea la máxima inseguridad jurídica. Oralmente, y en esta tribuna, el senador Van-Halen nos resumía este veto basándose en tres razones: por su fondo, por su forma y por el sentimiento general de expolio y del daño que se genera.
Señorías, además de argumentar en esos términos el veto al proyecto de ley, el Grupo Parlamentario Popular aprovecha también esta ocasión que le brinda el Pleno del Senado para intentar continuar confundiendo en cierto modo a la opinión pública creando controversia con sus declaraciones en un intento de obtener rédito electoral. Por ello queremos decirle, señor Van-Halen, que no compartimos esas razones que usted nos ha presentado, que no estamos de acuerdo con las reflexiones de su grupo ni con esa particular visión de la situación que tienen ustedes. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por esos motivos

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argumentaré en contra de esa propuesta de veto para justificar nuestra posición.
Acusan ustedes de incuria técnica la expresión «prelegislativa». Quiero recordar a sus señorías que el primer paso del Gobierno, tras la aprobación de esa proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, que es origen de la ley que hoy estamos tratando, fue convocar al Patronato del Archivo General de la Guerra Civil, el cual acordó en pleno la creación de ese comité de expertos que usted comentaba para que dictaminara, desde una perspectiva multidisciplinar, sobre la posible restitución. Ese comité de expertos se estructuró en grupos de trabajo desde esa perspectiva histórica, jurídica y archivística, y quiero subrayar que entre sus conclusiones se consideran justas y legítimas las razones que avalan la devolución de los fondos documentales a la Generalitat, aconsejan el establecimiento de un proceso administrativo a seguir y señalan la necesidad de transformación del actual archivo estatal ampliando las instalaciones y los servicios.
En la justificación al veto usted también nos decía que se debería haber tenido en cuenta la opinión de la Junta Superior de Archivos de la Junta de Castilla y León, la de los informes de la Academia de la Historia, etcétera. Señorías, el artículo 22 de la Ley de Gobierno exige que dentro del procedimiento de elaboración de proyectos se elabore un anteproyecto acompañado de una memoria y de los estudios e informes sobre la necesidad y la oportunidad del mismo, así como también el informe de la Secretaría General Técnica del Departamento. Pero aparte de estos informes, no prevé ningún otro que deba acompañarlo. En cuanto a títulos competenciales del Estado y de las comunidades autónomas, no cabe ninguna duda de que el Archivo General de la Guerra Civil tiene la consideración de archivo de titularidad y gestión estatal, es decir, es competencia exclusiva del Estado según consta en el artículo 149.1.28ª de la Constitución, y que, por tanto, es un órgano adscrito al Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, con lo cual no resulta preceptivo informe o participación en la elaboración de ese anteproyecto de otra administración autonómica o local.
No obstante, aprovecho que estamos hablando de la Junta de Castilla y León para recordarles lo que dice el artículo 17 de la Ley de archivos y patrimonio documental de Castilla y León. Dice en su punto 1º «La Administración Autonómica fomentará la compra y cesión de fondos documentales del Patrimonio Documental castellano-leonés que se encuentren dentro o fuera del territorio de la Comunidad para su integración en los archivos del Sistema». Y en su punto 2 dice: «La Consejería de Cultura y Bienestar Social velará por la reintegración a la Comunidad Autónoma de los documentos de su Patrimonio Documental que se encuentren depositados fuera de su territorio, bien sea obteniendo los documentos originales, o bien copias en cualquier tipo de soporte.» Convendrán conmigo, señorías, que resulta paradójico que se diga que no se entiende o no se ha escuchado a la Junta de Castilla y León, cuando teniendo este artículo en su propia ley de archivos, parece que sería lógico que entendiesen que lo que ellos quieren para sí, también sean otros quienes lo reclamen. También quiero recordar que esta proposición no de ley de 18 de mayo de 2004, aprobada en el Congreso de los Diputados, y el mandato que de ella se deriva, se refiere al proceso de diálogo y no a la presentación de un proyecto de las Cortes para su aprobación como ley, ya que éste debe seguir las previsiones de la ley del Gobierno y de los reglamentos parlamentarios.
Por lo que se refiere al informe de la Junta Superior de Archivos, quiero recordar que se trata de un órgano consultivo de la Administración General del Estado, que depende del Ministerio de Cultura y cuyas funciones --también las voy a leer-- son: Elevar al titular del Departamento las propuestas que considere convenientes para la mejor investigación, conservación, enriquecimiento, protección y difusión de los bienes integrantes del patrimonio documental y de los archivos y, en general, asesorar e informar sobre cuantos asuntos relativos a las materias enumeradas en el apartado anterior le sean consultadas por el titular del Departamento en los términos de la citada ley y sus normas de desarrollo, motivo por el cual, señorías, entenderán que estas funciones de asesoramiento y de información las ejerce a solicitud del titular del Departamento y también de cualquier órgano o entidad de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas que tengan a su cargo la protección del patrimonio documental y de los archivos. Así pues, queda claro que según esta normativa y en contra de su opinión, los informes de este órgano colegiado adscrito al Ministerio de Cultura no son preceptivos ni tampoco vinculantes.
Señoría, acusa usted al Gobierno de incumplir el deber de velar por la conservación y defensa del patrimonio común y nos lo dicen pegando ustedes en este patrimonio común un montón de pegatinas. Es un mal ejemplo, es justamente lo contrario de lo que ustedes proponen. Ademas, considero que es una falta de respeto para los trabajadores de esta Cámara, que luego tendrán que retirar las pegatinas de los micrófonos, una a una, cuando acabe todo. (Protestas en los escaños del grupo Parlamentario Popular.) Lo siento.
También acusan ustedes al Gobierno de romper la unidad del archivo. No podemos coincidir ya que, por lo que se refiere al traslado de la documentación institucional y al igual que sucede en cualquier traspaso de funciones y servicios del Estado a una comunidad autónoma, la nueva administración titular se subroga los derechos y obligaciones que antes tenía la Administración General del Estado. Entendemos que la Generalitat integrará esos documentos en sus archivos y que cuidará, por supuesto, de que cumplan las previsiones que en esa materia y en cuanto a su conservación y visita pública y demás señalan no solamente la normativa autonómica, sino también la Ley del Patrimonio Histórico Español. Por ello, señorías, estamos seguros, no lo duden, de que ese patrimonio común continuará estando bien conservado y bien custodiado.
Nos hablan también de catastrofismo, de ruptura de la unidad de archivo, de vulneración de criterios científicos o de las recomendaciones de la Unesco. Pensamos que no solamente no son ciertas estas afirmaciones, sino que además

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llevan este catastrofismo al punto de vincular la unidad del archivo a la unidad de España. En este sentido, quiero recordarles que el comité de expertos dijo textualmente que no puede hablarse de ruptura de la integridad de archivos si una parte de los originales de sus fondos de origen y procedencia distinta al de los demás fondos se remitiera a otra institución, con las consiguientes obligaciones de conservación, consulta y, en su caso, excepcionalmente acceso a originales.
Por lo que se refiere a la restitución de documentos a particulares, la ley articula el derecho de restitución de estos documentos injustamente sustraídos. En la propia ley queda claro que la devolución de los originales no atenta contra la función ordinaria del archivo, esa función de consulta de documentos, ya que se prevé que en todo caso quede depositada en el archivo una copia o un duplicado de esos documentos restituidos que tendrán la consideración de copia auténtica en los términos previstos en la legislación de régimen jurídico de las Administraciones públicas. Señorías, los tiempos evolucionan, estamos en el siglo XXI y con ayuda de las nuevas tecnologías, los nuevos sistemas de microfilmación y de digitalización cada vez va a ser menos necesario que los documentos y los investigadores coincidan físicamente en un archivo para investigar.
Acusa también al Grupo Parlamentario Popular en el veto de que hay parcialidad del legislador, ya que únicamente regula un caso concreto.
Señorías, entendemos que, siendo el espíritu de esta ley el de conciliar los derechos de la Generalitat y de los particulares a la restitución con la conservación del Patrimonio, se opta por acotar al máximo la documentación que es susceptible de ser restituida, de modo que ésta sea únicamente la documentación incautada por la Delegación del Estado para la recuperación de la documentación que se custodia en Salamanca. En el caso de que se ampliara esa medida relativa a los documentos de la guerra civil custodiados en otros archivos e instituciones, sí que se produciría un desmantelamiento notable del patrimonio cultural. Lo que propone este proyecto de ley es justamente lo contrario: agrupar todos esos documentos en un nuevo centro documental de la memoria histórica. Fíjense, además, que el procedimiento para la restitución también es muy restrictivo. Tras un primer acto de identificación de los documentos que fueron incautados a particulares, se abre el plazo de un año para que éstos soliciten la restitución siempre que exista una identificación precisa, se acredite la titularidad documental en el momento de la incautación y, en su caso, la condición de sucesor legítimo de personas físicas o jurídicas con estos derechos.
El procedimiento para los particulares de Cataluña será aprobado y puesto en marcha por el Gobierno catalán, con sujeción a las previsiones de la ley, y para el resto de las comunidades autónomas será aprobado por el Gobierno español, pero también sujetándose a esos mismos requisitos. En este último caso, la restitución podrá llevarse a cabo, además, por aquellas comunidades autónomas que así lo soliciten.
En cualquier caso, señorías, no creo que podamos hablar de parcialidades.
No es un problema ideológico, no es un problema territorial. No creemos que se trate de cosas de unos o de cosas de otros. Además, consideramos que mantener esas afirmaciones es un intento de dividir y confrontar a la sociedad en asuntos tan delicados.
Por último, el veto del Grupo Parlamentario Popular acusa de que en el articulado se crea la máxima inseguridad jurídica. Nos decían en la justificación del veto que hay indeterminación con respecto a lo que se delega a Cataluña, indefinición en el carácter de la comisión mixta prevista e imprecisión en el futuro del centro documental de la memoria.
Sin embargo, entendemos que el ámbito subjetivo de los documentos sí que queda claro en el artículo 2. En cuanto a la indefinición de la comisión mixta Estado-Generalitat, no entendemos bien cuál puede ser el reproche que hacen ustedes en esta enmienda de veto. Consideramos que es correcto y que, además, es aconsejable que una norma con rango de ley prevea únicamente la existencia de esta comisión, dejando otros aspectos más concretos para que los acuerden las partes, pues al tratarse de un órgano interadministrativo de colaboración entre dos administraciones distintas no tendría razón de ser la participación de otras instituciones o administraciones ya que la restitución de esos documentos institucionales afecta únicamente a la Generalitat que era la institución que existía en el momento de la incautación, y cuyo Estatuto de Autonomía fue abolido por la ley de 5 de abril de 1938, en la que se declararon revertidos al Estado la competencia de legislación y ejecución y los servicios que le habían sido cedidos previamente y que, por último, fue restaurada con derogación expresa de esa ley de 1938 mediante un real decreto ley en 1978.
En cuanto al centro documental de la memoria, entendemos que es suficiente que la ley únicamente se refiera a su creación y objeto principal ya que se trata de un archivo estatal, es decir, de un órgano del ministerio y lo correcto es que su regulación más concreta y detallada figure en su norma de creación, ya que al tener un carácter nacional deberá ser aprobada mediante real decreto, según la Ley del Patrimonio Histórico Español.
Lógicamente, en el desarrollo parlamentario de la ley para trasladar a la actividad administrativa el contenido de sus disposiciones, se regularán otros aspectos como el de la defensa de los documentos en cuanto a bienes del Patrimonio Histórico o de regularización pormenorizada del procedimiento de devolución.
Señorías, lamento haber tenido que ir tan rápida para poder exponer todos estos argumentos que quería emplear en esta primera intervención. Como he comentado al comienzo, el Grupo Parlamentario Popular, en la presentación del veto, ha hecho más consideraciones a las que me referiré posteriormente en el turno de portavoces por falta de tiempo en éste. En cualquier caso, quiero que tengan en cuenta las argumentaciones que he manifestado.
Por todo lo expuesto anteriormente, señorías, por el consenso que la aprobación de este proyecto de ley necesita y por el cumplimiento de ese doble objetivo de restitución a la Generalitat y de creación del centro documental de la memoria histórica, el Grupo Parlamentario Socialista

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votará en contra del veto presentado por el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Comienza el turno de portavoces.
¿Grupo Mixto? (Pausa.) No hacen uso de la palabra.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente, señorías.
Intentaré fijar la posición del Grupo de Coalición Canaria en relación con el veto presentado a este proyecto de ley.
No vamos a reproducir los argumentos empleados por nuestro grupo en la Comisión de Cultura cuando se dictaminó el proyecto de ley. En aras de la fluidez del debate damos por reproducidos esos argumentos y manifestamos nuestro voto contrario al veto presentado en este caso por el Grupo Parlamentario Popular y, por tanto, nuestro apoyo a la ley.
En la comisión apoyamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, defendidas por el senador Maqueda, y seguimos manteniendo que esas enmiendas son positivas, mejoran la ley, amplían el ámbito de misma y, sobre todo, señorías, entendemos que existe una enmienda con la que ojalá se pudiera hacer una transaccional firmada por los grupos que apoyen el proyecto de ley, la número 10 de Izquierda Unida, defendida por el senador Cuenca Cañizares en su día en la comisión. Nos gustaría que todos hiciéramos un esfuerzo de consenso porque indudablemente estoy seguro de que el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos estaría de acuerdo con una transaccional sobre esa enmienda número 10 de Izquierda Unida.
Seguimos pensando que la unidad de archivos en el siglo XXI se puede mantener por las tecnologías que existen en este momento. El senador que les habla y que representa a una isla periférica de Canarias defiende que los archivos insulares no deben traspasar el ámbito insular para ir a un archivo provincial, sino que deben permanecer en esa isla y que, por tanto, con las nuevas tecnologías se pueden llevar las copias en el formato que se desee a cualquier lugar que pueda ser requerido para su estudio por la comunidad científica. Lo mismo ocurre con la Generalitat de Cataluña, pues en los papeles de Salamanca existen documentos que fueron traídos --por no utilizar otra expresión-- desde la isla de La Palma, documentos que pertenecen a la sociedad palmera y que entiendo que con la posibilidad que se abre con esta ley --y por ese motivo defendemos la enmienda número 10 de Izquierda Unida-- deben volver al territorio de donde nunca debieron salir.
Señorías, nosotros vamos a apoyar este proyecto de ley y, por tanto, votaremos en contra del veto. Por supuesto, seguiremos apoyando las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos que ya respaldamos en comisión y sobre todo, repito, nos gustaría que todos hicieran un esfuerzo de consenso con la enmienda número 10 de Izquierda Unida.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, iniciamos hoy el penúltimo paso parlamentario de una larga y penosa historia, una andadura que dura prácticamente 27 años, durante los cuales se han dicho tantas cosas, que queda poco nuevo por decir, como hemos podido comprobar en las intervenciones anteriores.
El azar ha hecho que hoy coincida en el tiempo con el trámite parlamentario del nuevo Estatut de Cataluña, una nueva andadura, el inicio de una nueva etapa que tampoco debería ser traumática. Ayer --y son palabras de Artur Mas--, la Cataluña real, la de carne y hueso, la de la tierra de oportunidades para quienes las han querido aprovechar, una sociedad que aspira a ser más abierta, más convivencial, tierra de aluviones y sedimento, mezcla de gentes de toda procedencia, protagonistas de un proyecto común, solidario como los demás, esta Cataluña es la que ayer inició la andadura del nuevo Estatut.
Pero volviendo al nuevo proyecto de ley diré que hemos invertido tanto tiempo en debates que poco puede decirse hoy ya. De lo que sí estamos convencidos es de que hoy es el principio del fin; desde el retorno de la Generalitat de Cataluña en 1977, cuando por primera vez se reclaman estos documentos al Estado, propietario de ellos, la historia ha sido larga; innumerables has sido las peticiones, ya desde 1978; por ejemplo, en el Parlamento, Congreso y Senado, por miembros no sólo de nuestro Grupo Parlametario, de los que destacaría, por cierto, la realizada por don Manuel Fraga Iribarne en 1980, cuando, formando parte de Coalición Democrática, presentó un proyecto de ley en este sentido; o las reiteradas peticiones del Gobierno en la Generalitat a los distintos gobiernos de España, destacando momentos como la decisión tomada en Consejo de Ministros presidido por Felipe González, en 1995, que cediendo a las peticiones del entonces presidente de la Generalitat, el honorable Jordi Pujol, decide el retorno de los documentos. ¡Qué cerca estuvieron de nosotros en aquellos momentos! Pero la negativa de un alcalde Socialista de Salamanca por motivos electorales lo impidió. También durante los primeros meses del Gobierno de don José María Aznar, cuando la ministra de Cultura crea una comisión de estudio --y estamos hablando de 1996--, se pudo acabar el problema. No fue así.
Se ha recorrido un largo camino para llegar hasta la resolución del Pleno del Congreso del 18 de mayo de 2004, que dio lugar al presente proyecto redactado por la comisión de la dignidad. Veintisiete años durante los cuáles, como agua sobre piedra, sin hacer ruido, hemos ido reclamando lo que era nuestro, parte de nuestra historia cotidiana, de nuestra memoria, de nuestro dolor, de nuestro pasado,

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consiguiéndolo a veces, como cuando esta Cámara, siendo presidente el excelentísimo señor Laborda, consiguió que la Biblioteca Nacional devolviera exactamente 5.600 fotografías pertenecientes al «Comissionat de Propaganda» de la Generalitat, a través del conseller Guitar, fruto de la moción del senador Joaquim Ferrer, de Convergència i Unió, que fue aprobada por unanimidad de esta Cámara ya que todo el Pleno la apoyó. Se devolvieron el 7 de mayo de 1990, señorías, y no ocurrió nada. Madrid no levantó olas de protesta, ni pancartas ni manifestaciones, y no era la primera vez. En 1981, 127 pinturas que habían experimentado vicisitudes similares fueron devueltas a la Generalitat.
Señorías, nunca se debió politizar la cuestión hasta el extremo que se ha hecho. Ha sido lamentable que el retorno de unos documentos, fruto de un expolio y utilizados para la represión durante nuestra guerra civil, retorno que hubiese servido para cerrar heridas todavía abiertas y rencores todavía vigentes, se haya convertido en un enfrentamiento entre comunidades, nada más lejos de lo propuesto.
Artur Mas decía ayer en el Congreso: No hay ni un sólo ámbito de interés general español en el que Convergència i Unió no haya colaborado a fondo, casi tanto como el que más, sin excepción. Lo hemos hecho --ustedes lo saben, en esta Cámara son testigos-- por responsabilidad, pero también por convicción, padres de la Constitución y defensores de la misma.
Salamanca fue sencillamente la depositaria de nuestros documentos, como lo podía haber sido cualquier capital española. No hay nada contra Salamanca, ni contra nadie, señorías, si de algo debemos estar orgullosos todos es de haber realizado una transición sin venganzas, aunque a algunos les pese. Quizá les pesa porque no han soportado en carne propia ni en su familia las consecuencias de la guerra ni la represión posterior. Una guerra fratricida, como son todas las guerras civiles y como lo fue la nuestra. Por desgracia, las venganzas sólo traen venganzas y odios dentro de las mismas familias. Nosotros logramos, al menos eso creíamos, superar odios y venganzas y empezar de nuevo. Es difícil encontrar en la actualidad una sola familia en todo el territorio español en la que alguno de sus miembros no estuviera implicado de forma activa en el bando de los vencedores o en el de los vencidos. Es igualmente difícil encontrar una familia que no haya sufrido en carne propia o en la de alguno de sus miembros persecución, cárcel, exilio o muerte. Entonces ¿a quién vamos a vengar? ¿Contra quién estamos luchando? Señorías, cerremos heridas de una vez, no abramos nuevas, el cuerpo de este país tiene demasiadas cicatrices. (Una señora senadora del Grupo Parlamentario Popular: ¡Por favor!) Por favor ¡qué! (Rumores)

El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego guarde silencio, por favor.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Votaremos en contra del veto del Partido Popular porque no estamos de acuerdo con sus planteamientos, porque creemos que es un nuevo error que sólo sirve para enfrentarnos los unos a los otros, porque mezcla propiedad y cuadros de museos con productos de expolio durante una contienda y porque lo hace voluntariamente, no por error ni por ignorancia, algunos dirían que con mala fe. Nosotros hubiésemos deseado que no fuese así, que la forma hubiese sido distinta, pero tampoco la forma utilizada por ustedes para evitar el retorno nos parece correcta. Hubiésemos deseado que un partido que fue y que será --porque esto es un democracia-- Gobierno de España, la una, no la separe, la haga fuerte y sólo es fuerte si estamos todos en ella.
Por último, quiero pedir a todos los grupos políticos que en esta etapa no haya ni vencedores ni vencidos, las guerras civiles sólo tienen perdedores, y esta vez, para variar, deberíamos ser todos vencedores.
Aprendamos de la historia, porque un pueblo que no acepta su historia y no la conoce está condenado a repetirla. Por ello, no sólo apoyaremos decididamente la realización del archivo de la historia de Salamanca sino que utilizaremos todos los instrumentos parlamentarios a nuestro alcance para que se haga en los plazos previstos y para que se le dote de las nuevas tecnologías que le permitan ser centro de referencia de todo el Estado español, para estudiosos propios y de todo el mundo que aglutinen en él nuestra historia desde vertientes políticas, sociales y económicas, dentro y fuera de nuestras fronteras, con alianzas que fueron, quizás, erróneas, de una vez por todas para que las futuras generaciones dispongan de un lugar donde aprender de nuestros errores y no los repitan. (Aplausos.) Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el señor Maqueda

El señor MAQUEDA LAFUENTE: «Egun on danori». Buenos días a todos y a todas, señorías.
Señor presidente, estamos ante el proyecto de ley de los archivos de Salamanca, muy importante para nuestro grupo, y posteriormente en el turno de defensa de las enmiendas comentaré por qué son importantes las reivindicaciones que desde el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos hacemos.
A este proyecto de ley se ha presentado un veto por el Grupo Parlamentario Popular que, como ya comentamos en la Comisión de Cultura, mi grupo no va a apoyar.
En esta breve intervención voy a hacer un poco de historia para situarnos, es decir, qué son estos papeles, qué son estos archivos de Salamanca, y cómo se ha gestionado desde sus inicios. No es algo que venga de ahora; allá por el año 1978 --como recordé en la Comisión de Cultura-- en esta Cámara, el senador vasco don Manuel de Irujo ya reclamaba la devolución de los archivos de Salamanca al País Vasco. Y ahora nos encontramos con un proyecto de ley en el que se ignora absolutamente al País Vasco y únicamente se centra, por motivos que después comentaré, en Cataluña.
Quiero recordar que el antiguo centro de recuperación de documentos, domiciliado en la calle Gibraltar, 2, en Salamanca, fue creado para recepcionar y clasificar aquellos

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documentos que eran capturados a medida que el ejército franquista iba ocupando nuevos territorios durante la guerra. Ésta es la historia del archivo: fotografías, publicaciones, etcétera.
Sobre la base de estos documentos --también hay que recordarlo porque es importante-- se abrieron aproximadamente tres millones de fichas personales que durante varias décadas --no olvidemos que la historia es muy reciente-- sirvieron de información a los tribunales y a los servicios del Estado.
El material procedente de Euskadi es muy rico y abarca desde periódicos, revistas, boletines aparecidos durante la guerra en esa zona a multitud de documentos, de correspondencia, etcétera de muy variado tipo, personales, institucionales, etcétera; igualmente, hay cosas anteriores a la guerra incluidos en dicho archivo.
El grueso del material se halla en el apartado denominado Bilbao Político-Social, pero también se han analizado otros que contienen documentos clasificados en Barcelona Político-Social, Madrid Político-Social, en menor medida Santander Político-Social, Asturias Político-Social, y Valencia Político-Social.
Por no alargarme en este turno, quiero recordar --también se comentó en la mencionada comisión-- que este archivo estuvo cerrado durante muchos años y bajo custodia por funcionarios de la Guardia Civil retirados.
Hace menos de 10 años se abrió por primera vez a particulares, con muchísimas restricciones y dificultades, para consultar los documentos que allí se encontraban. Ahora se consiente más fácilmente la investigación, e incluso se puede fotografiar y fotocopiar lo que se desee.
Pero no todos los ciudadanos de Salamanca opinan como aquí se ha manifestado, y posteriormente me referiré a la reunión celebrada con el alcalde de Salamanca. Siempre han existido y existirán personas con honor. Muchas personas nos han llamado, hemos hablado con ellas, y nos apoyan. Pero este apoyo no es de ahora; y como muestra voy a leer una breve carta enviada por un doctor de Salamanca en el año 1983, José María Muñoz de Partearroyo, quien se dirigía a nuestro entonces «lehendakari», Carlos Garaikoetxea, diciéndole lo siguiente: Señor presidente, habiendo llegado a nuestro conocimiento que un ex ministro del primer Gobierno Vasco había regresado a España, es lo que nos ha movido a dirigirnos a usted para comunicarle que desde hace 45 años obra en mi poder una pequeña carpeta, cuya fotocopia adjunto, la cual contenía un bloc de anotaciones del que fuera presidente del antes mencionado gobierno vasco, José Antonio Aguirre Lecube, el cual dejó abandonados los objetos sobre su mesa de despacho oficial cuando tuvo que salir. Pero esa pequeña carpeta, que me la donó un jefe del Ejército, que estaba a las órdenes inmediatas de Franco, hoy puede ser fácilmente reconocida e identificada por el ya octogenario ex ministro. Hacemos esta aclaración por si algún organismo oficial de esa autonomía tuviera algún interés en ella.
Quiero decir con esto, señorías --y termino mi intervención--, que la reivindicación, como luego diré en el turno de defensa de las enmiendas, no es de ahora; data de tiempos antiguos, y creemos que es justo que lo que se quitó y expolió en su día vuelva a sus legales propietarios.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.


El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor Bofill Abelló pronuncia palabras en catalán, que se reproducen según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones»): «Gràcies, senyor president. Permetin-me que saludi la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i els membres del seu departament que lÆacompanyen, que amb la seva presència avui aquí posen de manifest la significació que té per a la nostra més alta institució nacional i per al poble català la restitució als seus legitims propietaris del poc que resta dÆallò que els fou arrabassat a punta de pistola. Alhora vull saludar la Comissió de la Dignitat que ha catalizat les energies de la societat catalana, dÆamics demòcrates de tot lÆEstat, també de Salamanca, de personalitats i professors universitaris de tot el món que han fet possible aquesta llei.» Señor presidente, permítame --decía-- que salude a la consejera de Cultura de la Generalitat de Cataluña y a los miembros de su departamento que la acompañan, que con su presencia hoy aquí ponen de manifiesto la significación que tiene para la más alta institución nacional catalana y para el pueblo catalán la restitución, a sus legítimos propietarios, de lo poco que queda de aquello que se les arrebató a punta de pistola.
También saludamos a la «Comissió de la Dignitat», que durante estos últimos años ha catalizado las energías de la sociedad catalana, de amigos demócratas de todo el Estado, significativamente también de Salamanca, de personalidades y profesores universitarios de todo el mundo que han hecho posible esta ley.
Dado que la justificación del veto que debatimos es prácticamente idéntica a la de la enmienda a la totalidad que presentó el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, yo también me voy a remitir al texto que redactó para aquella ocasión la «Comissió de la Dignitat», con el apoyo de los grupos parlamentarios de Iniciativa per Catalunya-Verds, de Esquerra Republicana de Catalunya, de Convergéncia i Uniò y de los diputados del Partit dels Socialistes de Catalunya, no tri, sino cuatripartito, señor Van-Halen. Dice la «Comissió de la Dignitat»: queremos que salga adelante esa ley que se ha ido perfilando en los últimos meses, y lo queremos por varias razones: en primer lugar, para saldar una deuda largos años pendiente con la justicia histórica. En este sentido, tengan ustedes por seguro que miles de familias, entidades, sindicatos, partidos e instituciones catalanas y no catalanas van a sentir una profunda emoción al ver que al final se hace justicia sin perjuicio de nadie.
En segundo lugar, nuestra posición quiere coincidir en la necesidad de cumplir con un hito que se había quedado, inexplicablemente, marginado en el camino. Si bien la transición democrática, como proceso pactado común, se había planteado la creación de un Estado donde ya no se

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tuviera que hablar más de vencidos y vencedores, sabido es que todavía quedaron áreas sin democratizar del todo. Esta laguna quedaba, por ejemplo, en el campo de la archivística y en la recomposición de centenares de archivos diezmados por la requisa realizada debido a la guerra, para ponerlos al servicio de la persecución política y hacerlo según recomiendan los cánones de la archivística internacional, amparados por la Unesco, porque ahí usted se equivoca, señor Van-Halen: la Unesco recomienda hacer lo que estamos haciendo hoy aquí, la existencia de lo que en su día fuera un depósito policial, planeado por golpistas con apoyo logístico nazi (Rumores.), sí, señores, pieza clave de unas operaciones de incautaciones y represión sin precedentes en la reciente memoria europea, sin precedentes, para muchos quedaba como herida abierta de la derrota.
Celebramos que esta ley, que recoge los anhelos de largas décadas de buena parte del pueblo catalán, permitirá hacer justicia y devolver los originales que en mala hora se incautaron. Tengan todos la absoluta certeza de que estos documentos van a seguir siendo objeto de conservación, uso documental y estudio histórico, incluso con más esmero y cariño, si cabe, que hasta ahora. A la vez, hay que recordar que de todo ello quedará copia en el Archivo General de la Guerra Civil, donde hasta hoy ha estado confinado. Saludamos también que se quede en Salamanca un gran centro para trabajar en la memoria histórica reciente.
Es necesario realizar un gran esfuerzo para que los verdaderos archivos de la guerra y la represión franquista sean puestos a la luz para conocer y estudiar aquellos hechos tan reprobables. Este esfuerzo es también un acto necesario de reafirmación democrática, de justicia y de reconocimiento hacia las víctimas de aquella barbarie.
No quisiéramos acabar sin romper una lanza a favor de la reconciliación y el acercamiento entre los pueblos que debe derivarse de este caso. Por encima de los intentos de politizarlo, queremos hacer llegar nuestro más fraternal abrazo a todos esos sectores populares, universitarios, intelectuales y políticos, salmantinos y de Castilla y León, y no han sido pocos, que han sabido ver que aquí no eran miserables rivalidades territoriales las que estaban en juego, como algunos han querido hacer creer, sino la recuperación de la memoria histórica, la justicia y la dignidad de muchas personas e instituciones. Hasta aquí el texto de la «Comissió de la Dignitat» que Entesa Catalana de Progrés hace suyo.
Antes de acabar, quisiera recordar a los senadores del Grupo Parlamentario Popular que el «Parlament» de Cataluña por unanimidad, es decir, también con el Partido Popular --ahora ni tri, ni cuatri, sino pentapartito--, aprobó una resolución para que se hicieran --abro comillas-- las actuaciones pertinentes ante el Gobierno del Estado para que éste retorne antes del final de esta legislatura a sus legítimos propietarios, entre los cuáles está la Generalidad de Cataluña, la documentación expoliada por el régimen franquista y que actualmente está depositada en el Archivo General de la Guerra Civil Española en Salamanca --cierro comillas--. Eso lo pedían en junio de 2004. Pues bien, estamos en noviembre de 2005, las actuaciones pertinentes han dado su fruto y tenemos una ley que cumple el requerimiento del Parlamento catalán.
Parece que ha sido una gestión eficaz de la cual deberíamos felicitarnos todos, incluso el Partido Popular de Cataluña, ¿no? Y sobre todo hay que felicitar a la sociedad catalana porque esa unanimidad del Parlamento catalán es un reflejo de lo que en esta cuestión reclama toda la sociedad civil catalana. Hágase justicia, repárese lo poco que aún puede repararse, restitúyanse los papeles, háganse copias para que continúe la actividad investigadora en Salamanca. Es decir, vayamos enterrando el franquismo, que ya es hora, y vivamos en paz y libertad, no mantengamos heridas abiertas. Es una cuestión de dignidad democrática para todos los ciudadanos de este Estado y, también, una cuestión de dignidad nacional para Cataluña.
(El señor Bofill Abelló pronuncia palabras en catalán, que se reproducen según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones».) «Així doncs, per dignitat democràtica i per dignitat nacional, rebutgem aquest veto i ens pronunciem rotundament a favor del retorn a Catalunya dels papers i documents expoliats».
Por dignidad democrática y por dignidad nacional, rechazamos el veto y nos pronunciamos rotundamente a favor del retorno a Cataluña de los papeles y documentos expoliados.
«Gràcies, senyor president». (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Navarro.


La señora NAVARRO LAFITA: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista se suma al saludo de bienvenida del senador Bofill a la consejera de Cultura de la Generalitat de Cataluña.
Señorías, aunque entiendo que la posición de nuestro grupo parlamentario ya ha quedado fijada en mi anterior intervención, no obstante, quiero utilizar la posibilidad que me ofrece el turno de portavoces para reiterar los argumentos que hemos dado a favor del proyecto de ley y, también, para aludir a algunos aspectos a los que no he podido hacer referencia en mi anterior intervención por falta de tiempo, así como para sumarme a las argumentaciones a favor que han esgrimido los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.
Señorías, esta ley supone un acto de justicia y soluciona un contencioso que recorre todo el proceso democrático como un alma en pena. Una ley de conciliación, de concordia, que repara agravios, que cicatriza heridas históricas y que, en definitiva, devuelve la dignidad a los incautados.
El senador Van-Halen en su intervención ha calificado al centro documental de la memoria histórica como una cortina de humo, y hay que decir que no, que no estamos de acuerdo. Supone una inversión de más de 12 millones de euros, que dotará al Archivo de Salamanca de más espacios, más medios tecnológicos, más personal, más fondos originales y digitalizados que en estos momentos se encuentran dispersos por España y en otros países. En realidad,

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se convertirá en un centro de referencia nacional e internacional de la memoria histórica sobre la República, la Guerra Civil, la represión, el exilio y la transición política. No es una cortina de humo, como podemos ver ya reflejado en los próximos presupuestos, con una partida bastante importante.
Señorías, es una ley con la que nadie pierde, una ley de interés general.
Gana Cataluña, gana Salamanca, ganamos todos. Pero el Grupo Popular no sólo ha hecho referencia a este centro documental de la memoria histórica, sino que, como decía, también ha hecho ocasión para hacer consideraciones con las que continuar confrontando.
Por ello, quiero insistir en que en el contenido de la ley no hay conflicto ideológico, no hay conflicto territorial. No nos gusta esa confrontación y ese enfrentamiento que parecen ustedes querer provocar entre Cataluña y Castilla y León. Insisto también en que no nos gusta el catastrofismo que vincula esa unidad de archivo a la unidad de España, como leíamos en las pancartas de la manifestación de Salamanca. En este sentido, quiero pedirles que se tranquilicen, ya que tanto la unidad del archivo como la unidad de España están a salvo.
Señorías, el Grupo Popular ha acusado a la señora ministra --no nos extraña ya-- y al Gobierno, en general, de falta de sensibilidad y de falta de diálogo por no atender a los requerimientos de los ciudadanos que se manifestaron en Salamanca, de ningunear a su alcalde. En fin, sería fácil entrar a considerar la manifestación de Salamanca por sí sola o como parte integrante de esa serie de manifestaciones que ustedes protagonizaron en la primavera, con los autobuses que fletaron, la preparación mediática que hicieron de ella, etcétera.
También nos acusaba el senador Van-Halen de que el Gobierno ha sido irresponsable ya que ha iniciado esta tramitación legislativa. Queremos manifestar que opinamos todo lo contrario, que es un Gobierno valiente y un Gobierno con voluntad, que tiene la firme decisión de cerrar heridas, como hemos dicho anteriormente, y poner solución así a ese contencioso que recorre todo el período democrático, al tiempo que, como también hemos comentado, consolida el centro documental de la memoria histórica.
En definitiva, señorías, queremos dejar claro que no podemos hacer demagogia con asuntos tan delicados como el que nos ocupa. Cuando hablamos de los papeles de Salamanca, hablamos para muchos ciudadanos de algo más que de papeles, hablamos de una horrible Guerra Civil, que no enfrentó territorios, enfrentó a personas, una guerra que fue fratricida, un expolio, una represión, ajusticiamientos y muerte, hablamos de vencedores y vencidos. Y consideramos que es un asunto tan delicado porque afloran los sentimientos de las personas y de las colectividades.
Por eso, decía que no podemos hacer demagogia. Debemos evitar caer en crispación, evitar la tentación de caer en controversias, evitar la tentación de enfrentar a los territorios y, mucho menos, señorías, hacer electoralismo. Enfrentar a los territorios, agitar esas pasiones colectivas, eso sí que de verdad es abrir un melón, senador Van-Halen, por lo que debemos cuidar nuestro lenguaje, debemos evitar ser negligentes con nuestros mensajes y transmitir ni más ni menos que la normalidad y la paz que envuelve a cualquier procedimiento democrático.
Debemos ser ni más ni menos que políticamente responsables.
En definitiva, señorías, todas estas son razones para votar en contra del veto que hoy nos presenta el Grupo Popular en esta Cámara.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Van-Halen.


El señor VAN-HALEN ACEDO: Gracias, señor presidente.
Voy a empezar por las últimas palabras de mi querida amiga y colega, la senadora Navarro, del Grupo Socialista. Dice que el Partido Popular desata pasiones colectivas. No voy a entrar en la cuestión en profundidad. Pero, estando sentada en esos bancos, si dice que el Grupo Popular desata pasiones colectivas en referencia a estos documentos, póngase usted vídeos en su casa de hace un par de años.
La senadora Navarro ha leído un informe del Gobierno, cosa que me parece bien, y ha dicho que no le gusta nuestro veto. Realmente, no nos ha sorprendido. Estamos haciendo una escenificación de lo que vimos ayer en la otra Cámara, todos contra uno, pero estas cosas pasan.
Me ha sorprendido una de las intervenciones, la realizada por una persona a la que, como ella sabe bien, estimo mucho, la senadora Aleixandre. Nos ha hablado del pasado y ha dicho con muy buena fe --a mí casi me enternece, porque soy de lágrima fácil-- que hay que acabar con vencedores y vencidos y con los enfrentamientos y que hay que mirar para adelante y no para atrás. Desde luego, comparto su buena voluntad y considero que no se puede acusar al Grupo Parlamentario Popular de propiciar el desenterramiento del «guerracivilismo», pero mire usted en otros ámbitos y a lo mejor encuentra a los responsables.
Ya que ha hecho alusión al debate de ayer --de hecho, es la primera persona de esta Cámara que lo ha comentado--, le recomiendo que se lea el debate celebrado en el mes de mayo del año 1932, que supongo que conoce, con intervenciones como las de Ortega y Azaña, que sin duda hoy en día serían tildados de representantes del Partido Popular y no de otros grupos. Como ustedes saben bien, el proyecto de Estatuto del año 32, en palabras de Azaña, salió del Parlamento catalán con la palabra Estado en su primer artículo y acabó hablando de la región catalana dentro del Estado de la República Española. O sea, en todas partes cuecen habas.
También decía el señor Azaña que él entendía el sentimiento legítimo de esos catalanes que tenían una sensibilidad especial, pero que también había que entender el sentimiento del resto de españoles de otras partes de España que tenían otra sensibilidad especial, y precisamente dos cosas que se han dicho aquí me han recordado ese argumento. Por una parte, el señor Maqueda ha manifestado algo muy grave que no me hubiera gustado escuchar pues,

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cuando se ha referido a las personas que quieren que la totalidad del archivo permanezca en Salamanca, ha dicho que gracias a que existen y existirán personas con honor. Yo no lo hubiera expresado nunca en esta Cámara siendo un representante de los ciudadanos, porque presupone que el honor está en los que coinciden con su señoría y el deshonor en los otros. Si yo fuera usted lo retiraría porque no querría que apareciera publicado en el «Diario de Sesiones» como mis palabras.
Por otra parte, el senador Bofill ha leído un texto de la llamada Comisión de la Dignidad. Respetando la dignidad de los señores que la componen y de los textos que elaboran, evidentemente, la dignidad no sólo les pertenece a ellos sino que está muy repartida entre más personas.
Por lo visto no coinciden el senador Bofill y la señora Aleixandre en la necesidad de superar el pasado violento, porque otra vez lo ha sacado a colación el señor Bofill. Se habla mucho de golpismo y pienso que hay que condenarlo en toda su intensidad. Salir en el año 1934 a dos balcones, uno enfrente de otro, de la Plaza de San Jaime a proclamar el «Estat Català» y enviar una nota conminatoria al capitán general para que se entregue, a mí me parece golpismo, aunque a lo mejor a ustedes no. Yo condeno todos los golpismos y no sólo algunos. Creo que el señor Bofill no ha estado demasiado atinado al recordar los hechos de violencia porque yo tenía familia en Barcelona, y la sigo teniendo, y algunos se quedaron por el camino. No vamos a desenterrar historias desagradables porque, como ha dicho la senadora Aleixandre con toda la razón del mundo, en la generación anterior de todas nuestras familias hubo enfrentamientos.
Vamos a procurar no hacerlo nosotros y, sobre todo, no desenterrar el pasado; aunque algunos sean partidarios de ello, nosotros no.
Me preocupa lo de abrir el melón, broma que ha hecho la senadora socialista. En la intervención del señor Maqueda ya se ha abierto el melón porque ha dicho que en el año 1977 ya se pedían legítimamente, por supuesto, dada su especial sensibilidad y sentimiento, documentos del País Vasco. Me parece muy bien y, de hecho, ha contado una historia enternecedora, pero si abrimos ese melón que sea para todos. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio, a penas se oye a quien está interviniendo.


El señor VAN-HALEN ACEDO: Gracias, señor presidente.
¿Cómo sentaría a otras instituciones que, por ejemplo, Castilla y León solicitase la documentación que hay en el Museo Marès procedente, aunque no de forma clara, de Castilla y León? Hay un libro, cuya lectura recomiendo a sus señorías, titulado «El museo de la niebla», de un catedrático de literatura llamado Gonzalo Santonja, que enumera parte de lo que, procediendo de Castilla y León, está en otras comunidades e instituciones. Yo creo que la decisión del Gobierno es un disparate. No trato de convencer a sus señorías, que ya están convencidas de lo contrario, pero el tiempo, muy probablemente, nos dará la razón.
La senadora socialista ha dicho que se ha acabado con el problema definitivamente. Señora senadora, Herodes acabó con el problema de la gripe de los niños, pero acabó liquidándolos. Verdaderamente, no me parece que el modo de solucionar el problema sea liquidarlo. Eso de solución final nos suena fatal y no me parece que se deba trasladar a estas cosas ni a ninguna.
Dice la senadora socialista que lo que planteaba la resolución del Congreso de los Diputados del año 2004 era el diálogo con la Generalitat, pero cuando dos personas están de acuerdo eso es un monólogo. Lo que se ofrecía en la resolución era el diálogo con todas las partes afectadas: la parte de destino, la Generalitat, y la parte de salida, la Junta de Castilla y León. Eso sí hubiera sido un diálogo, lo otro es un monólogo; dos personas que están de acuerdo pueden dialogar, pero ese diálogo tiene muy poca salsa.
La senadora socialista ha hablado de las técnicas del siglo XXI, que permiten hacer reproducciones (Rumores.)...


El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio, por favor.
No se oye nada y me imagino que quienes están en las tribunas oirán muchísimo menos. Por lo tanto, rogaría que guardemos silencio. El debate es lo suficientemente importante como para que estemos todos atentos.


El señor VAN-HALEN ACEDO: Gracias, señor presidente.
A las técnicas del siglo XXI se han referido la senadora socialista y el senador de Coalición Canaria. Es evidente, pero él quiere que en La Palma se queden los documentos originales y enviar las copias a otro sitio.
(Risas.) Evidentemente, las técnicas de reproducción son muy fieles, pero ¿por qué tienen que salir los documentos originales de Salamanca y no reproducciones muy fieles como a las que se refería nuestro compañero de Canarias? Parece como si nosotros quisiéramos unirnos a la unidad de archivo, tal y como ha dicho la senadora Aleixandre, y eso sí me inquieta. Parece que queremos unir la unidad de archivo a la unidad de España y que nos sentimos como el Cid Campeador defendiendo la unidad de España. Lo que hay que defender es lo que dice la Constitución, aunque cada vez tengo menos fe, porque ayer escuché cosas que, para una aficionado a la Historia como puedo ser yo, me divirtieron mucho. Por ejemplo, el hecho de que el presidente del Gobierno invocara la palabra nación, diciendo que Calderón y Cervantes hablaban ya de la nación catalana, es una de las cosas más pintorescas que he oído en mi vida, porque todo el mundo sabe... (Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista pronuncia palabras que no se perciben) Sí, pero el presidente del Gobierno lo hacía suyo.


El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya.


El señor VAN-HALEN ACEDO: Todo el mundo sabe que el término nación en tiempos de Calderón y Cervantes no se entendía como se entendió a partir del siglo XVIII. A mi me avergüenza mucho lo que dijo el señor Zapatero, porque yo no soy... (Rumores.--Protestas)

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El señor PRESIDENTE: Yo le pediría que terminara, porque ha concluido su tiempo y todavía queda otro turno de portavoces en el turno de las enmiendas.


El señor VAN-HALEN ACEDO: Termino en un minuto.
Quiero decir que el término nación en esa acepción se utilizaba para decir: fulanito es de tal nación, es decir, es natural de ese lugar; igual que se decía tonto de nación, y no señalo a nadie, que quiere decir tonto de nacimiento. O sea que nación en tiempos de Calderón y Cervantes significaba nacimiento. Por tanto, decir de alguien que era de nación catalana significaba que nació en Cataluña. Cualquiera que haya leído ocho libros de la época lo sabe. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: Al tema, al tema.) A mí me preocupa mucho que el presidente de mi Gobierno, porque es mi presidente, no lo sepa, sobre todo, siendo de Castilla y León, que tiene una tradición de hablar bien.
(Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: No lo sabes tú.) En definitiva, siento mucho que ustedes no apoyen este veto, lo que para nosotros es un error.
Sólo me queda saludar muy afectuosamente a la consejera de Cultura de la Generalitat de Cataluña, a quien no conocía, que veo se encuentra en la tribuna.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a favor, 117; en contra, 127.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos al debate de los votos particulares.
Voto particular del senador Cuenca Cañizares, y de la senadora López Aulestia, enmiendas números 1 a la 10. (Rumores.) Tiene la palabra el senador Cuenca Cañizares.
Señorías, ruego abandonen el hemiciclo o guarden silencio para poder continuar el debate. (Pausa.) Señoría, puede comenzar.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos en un momento importante, que forma parte de la restitución de la memoria histórica. Además, es uno de los primeros pasos que se van dando en todo lo que tiene que ver con la recuperación de la memoria histórica en nuestro país. (Rumores.) Nosotros ya hemos manifestado, tanto en el Congreso como hoy rechazando el veto del Partido Popular...


El señor PRESIDENTE: Señorías, rogaría silencio. Si no quieren escuchar, pueden salir del hemiciclo, que estarán más cómodos.
El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente.
Además, señorías --entre paréntesis--, cuanto más rápido sea al debate, más pronto podrán las señorías que viven fuera desplazarse.


El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Estaba diciendo que hemos presentado diez enmiendas para intentar mejorar el texto. Nosotros sabemos de lo que estamos hablando: estamos hablando de devolver unos archivos, unos documentos que fueron incautados, expoliados --si se acepta la palabra--, robados a la Generalitat.
Consideramos que es un hecho importante, y hace un momento hemos rechazado el veto del Partido Popular. Insisto, estamos ante una ley que habla de devolver unos documentos a la Generalitat. Somos conscientes de ello y asumo esa responsabilidad. Pero, señorías, ya que estamos de acuerdo con la devolución de los documentos incautados en la Guerra Civil a la Generalitat, que es un hecho específico, con estas diez enmiendas pretendemos también que se contemple la posibilidad de que otras comunidades u otras entidades puedan reclamar también la devolución de los documentos que les fueron incautados en la Guerra Civil. Estamos hablando de que otras comunidades que, al igual que la comunidad catalana, vieron usurpada, expoliada parte de su memoria, aprovechando la oportunidad de la restitución a la Generalitat de Catalunya puedan contemplar también ese derecho.
Hemos presentado un conjunto de enmiendas, algunas simplemente para mejorar el texto, entendemos que técnicamente se mejoraba el borrador del proyecto; y otro grupo pequeño para hablar de una comunidad, en este caso de Euskadi, parte de cuyo patrimonio y memoria histórica también fue expoliado.
Posteriormente me quiero centrar en la enmienda número 10, que puede resumir en una las diez que hemos presentado. Además, señor presidente, anuncio que queremos votarla por separado del conjunto de las diez enmiendas que presentan los dos senadores de Izquierda Unida.
Al defender la enmienda número 10, señorías, les llamo a la reflexión; les llamo a tener en cuenta lo siguiente. Hemos dicho que debatimos una ley que habla de Cataluña, de restituir la memoria y de devolverle a Cataluña lo que le fue incautado. Pues bien, nuestra enmienda pretende que quede una puerta abierta a la posibilidad de que, al cabo de un año, otras comunidades puedan reclamar lo suyo, si lo creen conveniente. Hay al menos tres comunidades --Euskadi, la Comunidad Valenciana y Asturias-- que están en situación similar a la de Cataluña, y que podrían demandar la devolución de los documentos que les fueron incautados durante la Guerra Civil. Y hay también herederos legítimos y personas jurídicas, como partidos políticos y sindicatos, en la misma situación. Hay formaciones políticas como el Partido Comunista de España, centrales sindicales como la Unión General de Trabajadores o la Confederación Nacional del Trabajo, y entidades y asociaciones que

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deberían tener igualmente la posibilidad de reivindicar, demandar o solicitar la devolución, custodia y administración de los documentos que les fueron incautados durante la Guerra Civil.
Llegados a este punto, señorías, no comprendo la cerrazón del grupo que sustenta al Gobierno, del Partido Socialista; no la entiendo. No entiendo por qué no puede ser admitida esta enmienda número 10. Es una enmienda que abre la puerta a la posibilidad de actuar, pasado un año y de acuerdo con las acciones que ha puesto en marcha la ley para una comunidad. No entendemos por qué el Partido Socialista no acepta esta enmienda para posibilitar que otras comunidades y otras personas jurídicas hagan lo mismo que aquella comunidad.
Por otra parte, señorías, esta no es materia para una moción. Esto es muy serio como para hablar de mociones. Hace un momento se me ha ofrecido la posibilidad de que presentemos una moción. ¿Cómo que una moción? ¿Por qué no puede tener el asunto el mismo protagonismo que tiene el debate de esta ley? Señorías del Partido Socialista, lo voy a decir en manchego para que se me entienda: ustedes abusan de nuestra responsabilidad. Saben que no pondremos en peligro la aprobación de esta ley; saben que no nos iremos con esos señores ni a sus posiciones. Por eso se aprovechan. Sin embargo, tomamos buena nota; habrá más días.
Hoy ejerceremos nuestra responsabilidad, y apoyaremos esta ley, como lo hemos hecho al votar en contra del veto; se acepte o no la enmienda número 10. De todos modos, insisto en que tomamos buena nota. La nuestra no es una formación política que presenta mociones o pide a Dios o a no sé quién que haga algo; no. Hemos planteado el asunto en el momento adecuado. Es una cuestión de justicia que otras comunidades y personas jurídicas puedan tener el mismo derecho. Además, nuestra enmienda propone diferirlo durante un año: un año después. Sabemos de qué estamos discutiendo y a qué nos referimos al aprobar esta ley. Sabemos que esta ley se refiere a una identidad histórica: Cataluña; pero no pasa nada si una disposición transitoria --según nuestra enmienda-- deja abierta la posibilidad de que otras comunidades hagan lo mismo.
No entendemos, pues, su cerrazón, por mucho que nos digan que ya está, que es posible, que lo estudiarán, que ya lo verán, o que habrá otras leyes. ¿Es que vamos a promulgar tantas leyes como comunidades o personas jurídicas se sientan afectadas? ¡No parece lógico! No parece lo más adecuado, por economía procesal. Insisto en que Izquierda Unida no tiene ninguna duda sobre el proyecto de ley: votará a favor, se incorporen o no las 10 enmiendas, se incorpore o no la enmienda número 10. No obstante, ya les digo que tomamos buena nota del abuso --entre comillas-- de nuestra generosidad y de nuestro compromiso.
Nos reafirmamos en lo que hemos dicho, pero esto empieza a agotarnos. No se nos puede llamar los lunes y los martes para no sé qué cosas, y pensar los miércoles que, como no nos vamos a ir con el Partido Popular, ajo y agua. No iremos por ese camino, señorías. Por eso apelamos a la memoria histórica y al compromiso, y solicitamos que la enmienda número 10 se vote de forma separada.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y para defender las enmiendas 11 a 25, tiene la palabra el senador Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Gracias, señor presidente.
Señorías, antes de entrar en el debate quiero hacer una aclaración al señor Van-Halen. Yo procuro ser respetuoso con todo el mundo, y he dicho que siempre han existido y existirán personas con honor. Ni me refería a él ni me refería a nadie en particular. No creo que deba retirar nada de lo dicho y sigo manteniéndolo. Existirán y han existido personas con honor. Señor Van-Halen, nosotros no le hemos llamado la atención cuando nos ha mandado al psicólogo por defender cuestiones como el euskera.
Repase los diarios de sesiones.
En cuanto la carta --que dice usted que es un cuento-- mandada por este doctor, que tuvo 45 años en poder sus documentos y que vivía en Salamanca --repito, don José María Muñoz de Partearroyo--, si a usted le parece un cuento quédese con los cuentos y siga leyendo la historia del siglo XVII.
Vamos con las enmiendas. A este proyecto de ley se han presentado 44 enmiendas por el Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y Grupo Parlamentario Popular. En la sesión de la comisión del pasado día 26 de octubre no se aprobó ninguna, como era de esperar. Nuestro grupo va a pedir a esta Cámara el apoyo a las enmiendas que mantenemos vivas, en concreto las enmiendas números 11 a 25, y antes que nada quiero plantear a sus señorías una pregunta y una reflexión. La pregunta es la siguiente: ¿Por qué el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno apoyan la devolución de los documentos a Cataluña y no a Euskadi y a otras comunidades, como ha dicho el senador Cuenca? Queremos una respuesta clara y concreta. No se nos ha dado ningún argumento en la Comisión y hasta el momento tampoco hemos recibido ningún argumento por parte de la representante socialista.
Queremos que expliquen a los ciudadanos vascos y a las ciudadanas vascas por qué una vez más nos vuelven a castigar. Si ustedes no lo explican nosotros sí lo vamos a explicar. Señores socialistas, a ustedes les da igual tratar como ciudadanos de tercera al Parlamento vasco, y al lehendakari, y no se dan cuenta de que con esta actitud están humillando a todo un pueblo, el pueblo vasco. Ayer en el Congreso nos dieron una muestra más de ese talante. Admiten a trámite en comisión el estatuto catalán, y nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa con el estatuto vasco? ¿Qué pasó el 1 de febrero? El 1 de febrero se permitieron sentar a nuestro lehendakari, al máximo representante de todos los vascos y de todas las vascas, en el gallinero, dejándolo sólo en una esquina, y ayer, en la butaca de patio, con una alfombra roja y con una mesa muy bonita, sentaron a tres

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representantes del Gobierno catalán. Igual trato. La respuesta es clara: ustedes necesitan a los catalanes y no nos necesitan a nosotros.
El PP, el Grupo Parlamentario Popular, por lo menos es claro: nada para nadie, ni estatutos, ni archivos de Salamanca, ni visitas para recibir al lehendakari, ni nada de nada para nadie. Pero ustedes nos engañan.
Siempre nos prometen cosas. El año pasado les recuerdo que en esta Cámara sacaron adelante la Ley de estabilidad presupuestaria, que luego se encargaron de suprimir, y nos engañaron con unas promesas que no cumplieron nunca. Yo soy de la opinión de que este año nos van a volver a engañar, pero no se preocupen. Nosotros somos coherentes --se lo demostramos el otro día al Partido Popular apoyando dos mociones en las que por una vez se han vuelto autonomistas--, tenemos buena memoria y además el camino es largo, no somos para un día. Aunque sea una evidencia este trato desigual que recibimos los ciudadanos y ciudadanas vascos y vascas, nuestro grupo va a seguir denunciandolo, pero a la vez vamos a seguir siendo coherentes a la hora de desarrollar nuestro trabajo. No se preocupen. Aunque insisto, tomamos nota.
Nos sorprende y nos decepciona la posición del Partido Socialista, y también la de algunos otros grupos, y no me estoy refiriendo al Grupo Parlamentario Popular, que mantiene, como he dicho, su coherencia. Lo dicho también: tomamos nota.
Intentamos sacar adelante una enmienda transaccional, la presentada por los senadores del Grupo Parlamentario Mixto, la número 10. Todos estábamos de acuerdo en la comisión menos el PP, pero el Partido Socialista no quiso fijar un plazo, en principio, de un año, para comprometerse a devolver los documentos incautados.
Por otro lado, encima tenemos que aguantar que se diga que el Partido Socialista nos mima. Lo dice hoy un senador del Partido Popular en un artículo de opinión publicado en el diario económico «Expansión» cuando interpreta que el Gobierno socialista tiene que tener contento al PNV. Se refería a los presos y a los títulos que, según él, regalaba la universidad pública vasca, la Euskal Herriko Unibersitatea. Pues miren ustedes, no es que no nos tengan contentos, es que estamos tan encantados que pactan con ustedes en Euskadi, caso insólito --se lo tenemos que repetir siempre que podamos para que se sepa en toda España--, siempre que necesitan desalojarnos, como lo han hecho, de diputaciones y de ayuntamientos o para torpedear las iniciativas que presentamos en el Parlamento vasco. Ya es hora de que todos nos vayamos quitando la careta y de que hablemos claro. A nadie van a engañar con estas actitudes.
Ustedes, la derecha y la izquierda, tienen dos terrenos de juego claramente delimitados: uno, el Estado español, dos, el País Vasco. No voy a profundizar en sus intereses comunes ni en sus estrategias, porque no es el momento, pero tratan ustedes de destruirnos, como han hecho con otros nacionalismos. Pero tengan clara una cosa: nosotros los vascos somos diferentes. No nos van a doblegar ni nos van a comprar ni los unos ni los otros. Unirán sus fuerzas a su manera, como en este caso del proyecto de ley de los archivos de Salamanca, y con el silencio no entendible de otros grupos, como he dicho, nos van a dejar prácticamente solos.
Desde aquí quiero dar las gracias a algunos grupos que nos han manifestado su apoyo porque entienden justa esta reivindicación. Pero no se confíen. Como el pequeño David, vamos a seguir luchando seguros de alcanzar la victoria con las únicas armas que tenemos y que son la verdad y la razón. En nuestras enmiendas no solicitamos nada nuevo, únicamente reclamamos la restitución a las instituciones autonómicas y forales de Euskadi de los documentos incautados durante la Guerra Civil, y lo he dicho antes, no es de ahora. En el año 1977 ya el senador don Manuel Irujo lo reclamaba. Existen numerosos documentos en los archivos de Salamanca, como he indicado antes, que fueron arrebatados a ciudadanos y ciudadanas y a instituciones vascas. Los de los particulares volverán, según este proyecto de ley, y los otros deben volver por justicia.
Y ahora un comentario a la enmienda número 25. En virtud de la actualización del régimen foral contemplada en la disposición primera de la Constitución --esa Constitución en que se amparan cuando quieren y cuando no la olvidan--, a partir de la entrada en vigor de la ley las secciones históricas de los archivos de protocolos de los notarios en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco formarán parte del patrimonio cultural vasco. Por tanto, no estamos pidiendo nada que venga de Salamanca; estamos pidiendo que esos archivos formen parte del patrimonio cultural vasco y se tengan que constituir en archivos de titularidad pública vasca. No entendemos por qué tampoco esto se admite.
Señorías, termino diciendo que no queremos ningún enfrentamiento con nadie: ni con los castellano-leoneses, ni mucho menos con los ciudadanos de Salamanca. Así lo manifestó nuestro portavoz, Joseba Zubia, y yo en fechas recientes al alcalde de Salamanca. Ahora bien, nadie nos puede negar la propiedad de lo que nos pertenece y se nos ha expoliado. Si a los catalanes se les da, ¿por qué no a nosotros? A lo mejor es que los vascos no tenemos la habilidad negociadora de los catalanes. ¡Qué le vamos a hacer! Ahora bien, quiero dejar bien clara una cosa: si se restituyen a la Generalitat de Cataluña los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil que están custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca, lo cual nos parece muy justo y lo apoyamos, pero no se hace exactamente lo mismo con los documentos incautados al pueblo vasco, nosotros iremos a buscarlos.
«Eskerrik asko». Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Muñoz.


El señor MUÑOZ MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, decía el otro día en el comisión, y repito ahora, que si esta es una Cámara de reflexión, yo pediría a sus señorías que reflexionasen previamente antes de votar no ya el veto, al que se han opuesto, sino incluso las enmiendas que presenta el Partido Popular. Que reflexionasen además en un día que parece adecuado para este proyecto

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de ley que traemos hoy aquí, que ha sido convocado en el día de los difuntos, porque hoy tristemente vamos a celebrar un desaguisado cultural.
Desde nuestro punto de vista, la ley que se nos presenta es una ley injusta y discriminatoria, que contraviene el mandato constitucional al Gobierno de la nación de defender su patrimonio. Y recordé, y lo vuelvo a recordar ahora, el informe de la abogacía del Estado en el contencioso contra la Junta de Castilla y León, sibilinamente silenciado en un principio por el Ministerio de Cultura, en el que se manifestaba que el archivo de la Guerra Civil de Salamanca, junto con el de Simancas, el de la Real Chancillería de Valladolid, el Archivo de Indias de Sevilla y la Corona de Aragón son piezas fundamentales de ese patrimonio y, en consecuencia, exigen la exclusiva titularidad y gestión de dicho Estado.
Una ley también en contra de los técnicos, de la Real Academia de la Historia, del criterio de la UNESCO sobre los archivos de represión --sí, sobre archivos de represión--, de los archiveros --en palabras de Carlos Travesí, no hay ni un solo argumento archivístico que avale la salida de documentos-- y de la opinión de tres gobiernos de la nación, los de la UCD, el PSOE y el PP, los que han existido desde que se instauró la democracia en España hasta la llegada del actual Gobierno PSOE y tripartito, que no sé si es de coalición o de sumisión.
Voy a pasar por encima la historia, que ya se ha referido y todos conocemos, de este archivo, tristemente iniciado en mayo y abril de 1937, con unas oficinas realmente siniestras y que acaba finalmente con el informe de la Junta Superior de Archivos en 1996, sobre la base del mandato previo del Congreso de los Diputados de 28 de mayo del mismo año, mandato del Congreso de los Diputados por unanimidad --y fíjense ustedes, aquí lo que estamos, en definitiva, es volviendo a jugar un partido cuyo resultado no nos gustó a algunos y se repite unos años después--, con la creación, el 12 de marzo de 1999, del Archivo General de la Guerra Civil Española.
Básicamente este archivo --y todos ustedes lo conocen-- es un archivo de fichas creado a partir de lo confiscado y de lo que también llevaban a cada una de las ciudades por donde iban pasando y por el impulso de la guerra el bando republicano. De aquí que muchas de las célebres 507 cajas no contengan ni documentos catalanes ni de la Generalitat. Pero también es preciso señalar que en los años 1937 y 1938 se produce una asunción de competencias de la Generalitat por parte del Gobierno de la II República, por lo que parte de estos archivos, que podría pensarse que corresponden a la Generalitat, corresponden realmente al Gobierno de la II República.
El Grupo Parlamentario Popular, como ha hecho siempre, defiende el criterio técnico y racional que es el de la reconciliación frente a los impulsos sentimentales, que pueden tener su justificación en cuanto a la petición por impulso del corazón, pero que no puede ser la explicación para el otorgamiento de la razón desde el Gobierno, cuya obligación está en defender el patrimonio común de todos y cada uno de los españoles y porque en materia de Estado antes que la restitución está el servicio público, y este archivo sigue siendo un archivo fundamental para conocer la II República Española.
Pretendemos, y este es el motivo de las enmiendas, una ley general y no específica y concreta, como la presentada que además es discriminatoria y confusa, como la presentada y que, como no podía ser menos, será el comienzo de nuevas solicitudes y peticiones, como ya se ha visto a través de las intervenciones de los anteriores portavoces, porque instaura la existencia de dos tipos de españoles: los de primera, a los que se les entregarán documentos de un archivo de la nación, y los otros de segunda, a los que se les niega esa posibilidad, como si los gobernantes del Estado, puestos a destruir una unidad archivística, repartiendo documentos del acervo común como si de bienes propios se tratase, estuvieran legitimados para determinar beneficiarios o castigados, según obliguen los pactos del Gobierno de turno.
Y como es injusta, abre el camino a las reivindicaciones. Y no quiero hablar ahora de las justas peticiones de reivindicaciones con respecto no a materia archivística y no a materia de museos, sino con respecto a lo que puede ser el patrimonio cultural. Y en eso mi región y mi ciudad tiene mucho que decir y no voy a hacer mención ahora de las 159 obras, al menos el 17 por ciento de un museo existente en Barcelona, y esas sí que no son ni «digitables» ni «fotocopiables» porque son piedras. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y me van a permitir que cite, copiándolas, algunas frases con las que me siento totalmente identificado en mis planteamientos. Cito: De lo que se trata aquí es de resolver un problema y no de crearlo. No puede en modo alguno compartirse que la simple devolución de un documento constituya reparación alguna o cierre de heridas. Ello haría, señorías, imposible la misma existencia de los archivos, así como la conservación de la memoria colectiva de un pueblo, en este caso por acumulación, de todos los documentos conservados en el Archivo de Salamanca del pueblo español.
Aquí no discutimos titularidades dominicales, por lo tanto, es claramente un archivo de titularidad y gestión estatal. Un archivo, como parte de la memoria colectiva de un pueblo, aún cuando contenga secuencias de hechos luctuosos que hay que superar --que nunca olvidar-- deben radicarse --repito-- como unidad, con todas estas razones, en un solo sitio.
Creemos que en este caso y por las competencias descritas, este lugar debe ser Salamanca.
Estas frases, señorías, son suyas, son del Partido Socialista, son del discurso de su portavoz, a la sazón de mi paisano --no sé si lo seguirá siendo todavía--, el señor Caldera, en el Congreso de los Diputados el 14 de junio de 1994. (Un señor senador pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, del señor Caldera, el mismo que un año después, en 1995, gritaba "No pasarán" en la manifestación promovida por el alcalde socialista en Salamanca, aquel que decía que las cajas del archivo no saldrían si no era con él dentro y que contaba, según las palabra del señor Caldera, con todo su apoyo nítido, claro y sin reservas en su defensa de la unidad de los documentos. Pero además era --supongo, porque ya no debe de serlo-- persona que no

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tenía por costumbre desdecirse cuando los criterios corresponden a un análisis sosegado.
Es curioso cómo estando tan de acuerdo en los argumentos y en el análisis para mantener la unidad de un archivo de la nación, sito en la ciudad de Salamanca, tengamos ahora que pedirles que reflexionen ante este desaguisado fruto de la presión y exigencia política de un partido que, lógicamente, no presta su apoyo a una investidura con carácter gratuito; y la frase no es mía, la aseveración no es mía, es de quien lidera ese partido y ustedes ya conocen, un partido que representa a un 2,5 por ciento de los votantes españoles y que no cree en la unidad de archivos y que tampoco cree en la unidad España. Es legítimo que así lo manifieste si lo piensa, porque estamos en una democracia, pero lo que no es legítimo y lo que es vergonzante es que ustedes accedan a ello.
Por esas razones, por el intento de hacer primar criterios técnicos y políticos, es por lo que se han presentado las enmiendas. De la 26 a la 40, básicamente, van en la línea de mantener por un lado el cambio de título, que sería un título general. Segundo, mantener un procedimiento reglado y objetivado. Tercero, un método de seguridad jurídica y, finalmente, potenciar lo existente.
Incidiré, finalmente, si me lo permiten, en tres enmiendas: la 40, la 43 y la 44. Como en la comisión, también pediré para ellas un voto separado.
La enmienda 40 ratifica ese carácter científico. En ella se solicita el informe previo de la Junta Superior de Archivos y de los patronatos u órganos rectores de las instituciones a las que se demanden fondos documentales. Pero es que, además, lo que se demuestra con esta enmienda es la incoherencia del Partido Socialista, porque lo que pedimos es lo mismo que el Gobierno ha legislado mediante un decreto el 24 de junio de este año para otros archivos de la nación, como es el Archivo General de Indias, que exige la emisión de informe previo y preceptivo por parte del pleno de su patronato sobre cualquier propuesta de salida de fondos. Y lo pedimos, además, las señorías del Grupo Socialista y de los demás grupos, por coherencia con una igualdad de tratamiento ante la ley, porque si el archivo de la Guerra Civil es un archivo de Estado --y así se nos ha dicho, y se nos ha negado por el ministerio que fuese un planteamiento autonómico, aunque la ministra dijo lo contrario respecto al de Medinaceli--, no hay razón para que en este archivo de la nación no sea preceptivo el informe previo del patronato, como exige ese artículo quinto para el Archivo de Indias. Además, al omitir esto, se vulnera el artículo 4.2 del decreto de creación del archivo de la Guerra Civil, e incluso se vulnera el acuerdo del Congreso de los Diputados de 18 de mayo de 2004. Me pregunto si aquí también está patente lo de españoles de primera y de segunda, y si existe alguna razón para medir con distinta vara a unos y a otros, porque incluso respecto al archivo de Juan de Juni, de Ciudad Rodrigo, la señora ministra dice que tiene que opinar el patronato y no el ministerio. Distinta vara en cada sitio.
Las enmiendas números 43 y 44, que sustituirán las disposiciones adicionales primera y segunda, tratan de potenciar lo ya existente desde su creación por el Real decreto 426, de 12 de marzo de 1999. Nos parece muy bien que se quiera dotar con mayor presupuesto y mayores medios a lo existente, pero para ello no es necesario tergiversar la realidad de su existencia aparentando una nueva creación ex novo con «shows» y palmeros incorporados del ampulosamente denominado archivo de la memoria compartida, petulante redundancia absurda porque todo archivo y todo museo son por naturaleza una memoria compartida. Incluso, para mayor vergüenza, la ministra del ramo se permite la licencia de aseverar que esta recreación de algo ya existente daría mucha dignidad a Salamanca, olvidándose sin duda esta señora --que pretende meter esos 4.000 metros que necesita en 2.444, incluyendo las galerías, no sé cómo lo hará, en el Palacio de Orellana que denomina colindante al colegio de San Ambrosio, pero que se encuentra a la misma distancia que este Senado del Palacio de Congresos-- olvida sin lugar a dudas --digo-- que Salamanca lleva y le lleva a ella muchos siglos de dignidad y de categoría cultural.
Dar mejores dotaciones presupuestarias al archivo existente nos parece excelente, pero no tergiversar la realidad. Un archivo existente que desde su creación, y especialmente desde el convenio de 1983, ha enviado a la Generalitat toda la documentación digitalizada y microfilmada que ahora se reclama, lo que ocurre es que ahora lo que se piden son los originales, y si da lo mismo, como dicen, yo pregunto, por qué no se llevan las copias y dejan los originales, porque desde luego en la biblioteca de la Universidad no da lo mismo llevarse un incunable que dejar una fotocopia.
Reflexionen, pues, sus señorías, y me dirijo especialmente a los bancos del Partido Socialista: Recuerden sus argumentos de hace unos años; acuérdense de las frases del presidente de una conocida fundación que hace unos meses decía en Salamanca que en este archivo hay bastantes más fondos de la UGT que de la Generalitat y que razones históricas, técnicas y científicas aconsejan tanto su unidad, como su actual ubicación.
Acuérdense de estas palabras y también de los buenos consejos que daban con respecto al espíritu de la Constitución de 1978 --y en estos bancos hay algunos de los que entonces la hicieron y que probablemente en este momento estén olvidando ese espíritu--, y apelo especialmente a la coherencia de los senadores de Castilla y León para que recuerden la resolución que por unanimidad se acordó en las Cortes de Fuensaldaña en marzo de 1994, en la que se instaba al Gobierno resultante del proceso electoral --obviamente no pensaban que eran ustedes-- a respetar el acuerdo adoptado por el Patronato del Archivo Histórico Nacional del 22 de julio de 2002, expresando nuestra firme oposición al deseo de la Generalitat de romper la unidad del Archivo de Salamanca. En beneficio, pues, de la justicia, de la razón y también de su propia coherencia y dignidad, acepten estas enmiendas. En caso contrario, asuman la responsabilidad del comienzo de la disolución de un archivo de la nación de cara a la historia.
Y termino recordando --es curioso, nunca pensé que esto fuera aplicable-- las célebres frases que un rector vasco-salmantino, don Miguel de Unamuno --como él se gustaba llamar, vasco-salmantino--, pronunció el 12 de

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octubre de 1936 en nuestro paraninfo: Venceréis, pero no convenceréis.
Convencer significa persuadir y para persuadir necesitáis algo más que os falta: razón y derecho en la lucha. Me parece inútil pediros que penséis en España.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo tan sólo para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego.
Desde el punto de vista del BNG, en este debate subyacen dos visiones diferentes de España. De un lado, una visión cerrada, uniformista que apelando a la unidad de España, lo que hace es enfrentar a unas comunidades con otras; una visión de España que, amparándose en supuestos argumentos técnicos y científicos, ignora cuál debe ser el criterio científico fundamental: si los documentos fueron robados o expoliados deben ser devueltos al lugar de origen; una visión de España que, apelando a la unidad del archivo, obvia que se va a dejar una reproducción digital de los documentos costeada por la propia Generalitat de Cataluña y que se va a dar un impulso al archivo, creando un centro documental de la memoria histórica. Frente a esto el Bloque Nacionalista Galego aboga por una visión del Estado respetuosa con su diversidad, respetuosa con la historia plural de los pueblos que lo componen; una visión del Estado donde se asuma que las instituciones catalanas, vascas y gallegas también son Estado, así como el respeto a la legitimidad histórica de las mismas; una visión del Estado donde se respete el derecho de cada pueblo a conocer su propia historia.
Por este motivo manifiesto que el Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la enmienda número 10 de Izquierda Unida y también las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. En cualquier caso, se incorporen estas enmiendas o no, va a dar su apoyo a este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria quieren hacer uso de la palabra? (Denegaciones.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.


La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Muchas gracias, señor presidente.
(La señora Aleixandre i Cerarols pronuncia palabras en catalán.) Bienvenida, consejera Midas, bienvenidos miembros de la Comisión de la Dignidad, ignoraba que estuvieran en la sala. A veces estamos tan cerca y a veces tan lejos.
Señor presidente, señores senadores, mis disculpas por el voto erróneo en la votación anterior. Si estuviéramos en Galicia diríamos que las «meigas», que no existen pero haberlas haylas, han hecho su aparición. Lo siento.
Señor Van-Halen, yo he hablado de conocer la historia, toda la historia, la del 32, la del 34 y la del 36. Llegamos al 36 por algo y deberíamos conocer no la historia oficial que han intentado enseñarnos durante 30 o casi 40 años, no, ni la oficial que algunos quieren implantar ahora, toda la historia. La Segunda Guerra Mundial empezó cuando se firmó la primera; cuando se firmó la rendición de la Primera Guerra Mundial se inició la segunda. Esto podía haber pasado en España si no hubiéramos sido capaces de aprender de nuestra historia.
Señor Van-Halen, seguramente conoce más de Azaña que yo. Mi obligación sería conocerlo, aunque sólo fuera por la relación que tuvo con un miembro de mi familia.
Voy a ser muy breve en lo que se refiere a las enmiendas. Algunos hubiésemos deseado que al mismo tiempo que se cierra este triste capítulo, se hubiese hecho igual con el País Vasco, con Valencia y, como ha dicho el senador Maqueda, con Asturias, sería justo, pero parece que habrá que esperar. No es justo, y menos para algunos que han practicado con el ejemplo. Hace tres años el lehendakari Ibarretxe devolvió personalmente documentos semejantes depositados en París y custodiados después de la retirada del ejército alemán por el PNV durante más de 40 años y, señorías, ningún vasco se rasgó las vestiduras. Por ello, nuestro voto a sus enmiendas será favorable, pues creemos que debe ser así por coherencia.
Votaremos en contra de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto porque no están en nuestra línea ni teórica, ni técnica, ni ideológica.
Hubiésemos deseado llegar a una transaccional, pero parece que es imposible. Y votaremos en contra de las enmiendas del Grupo Popular porque lo que pretenden es hacer real el veto.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Maqueda.


El señor MAQUEDA LAFUENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para fijar la posición de mi grupo.
Vamos a votar a favor de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, como hicimos en la comisión. Nos parece adecuada la solicitud del senador Cuenca de votar la número 10 por separado. Votaremos en contra de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, y aprovecho para dar las gracias a los grupos que han manifestado el apoyo a la proposición y felicitar a los catalanes por el logro que van a conseguir con esta ley de recuperar sus archivos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


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Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.


El señor BOFILL ABELLÓ: «Gràcies, senyor president».
El debate de esta ley ha puesto de manifiesto que ha llegado la hora de recuperar la memoria histórica del siglo XX del Estado español. Esta ley es un buen inicio porque subyace en ella el reconocimiento del carácter ilegítimo del régimen franquista, y es aquí donde les debe doler a algunos que quieren evitar condenar el régimen franquista y su origen criminal y mantener escondidas a las víctimas.
Justamente por el motivo contrario, creo que es de justicia que hoy me refiera al alcalde de Salamanca, Casto Prieto Carrasco, también profesor de la Facultad de Medicina de Salamanca, fusilado por los sublevados en 1936. Fue de las primeras víctimas del golpe de Estado. En 1939 le tocó el turno a Cataluña y empezó la requisa de bienes y documentos. En Salamanca se acumularon unas 1.000 toneladas de documentos, se procesaron algunas toneladas y se destruyeron muchas más. Se acumularon tres millones de fichas personales para la represión en un país de apenas 28 millones de habitantes. Éste es el origen monstruoso de ese archivo que alguien tuvo aún la desfachatez no hace mucho, en una comisión del Senado, de llamar ejemplar. Ni lo era ni lo es. Al contrario de lo que se dice, es justamente esta ley la que, al tiempo que restituye los documentos originales a sus legítimos propietarios sienta las bases para que empiece a existir realmente un gran centro de documentación de la memoria histórica.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular pretenden desnaturalizar esta ley y, por tanto, son inaceptables. Quiero hacerles notar que aquí no estamos todos contra uno sino uno contra todos, que es muy distinto.
Ése es su problema.
Esta ley es ejemplar para nosotros. Recuerda que el restablecimiento de la Generalitat de Catalunya en 1977 es anterior a la Constitución y de ahí la legitimación de la devolución de los papeles, cuyo restablecimiento supuso también el renacimiento del derecho de sus instituciones a recuperar su memoria histórica y sus archivos. Viene a recordar que la legitimidad de la Generalitat de hoy se enraíza en la historia, también en la más reciente de la Generalit republicana, y actualmente es la única institución en el Estado español que enraíza su legitimidad en la República, lo cual es algo a tener en cuenta; quizá habría que hacer reformas legislativas para avanzar en este sentido.
Esta ley es justa pero limitada. Los grupos enmedantes Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tienen cierta razón. Es una ley limitada porque no restituye a los ayuntamientos la documentación que les fue incautada; tampoco se restituye la documentación incautada en el País Valencià, donde una parte de la sociedad civil se movilizó junto a la Comissió de la Dignitat para recuperarla; no se ha dado satisfacción a la más que legítima reivindicación de las instituciones vascas, que ha de ser considerada en próximas iniciativas legislativas, como han de serlo también todas las reclamaciones de instituciones y personas víctimas del expolio y la represión franquista; de ahí que sea muy conveniente la tramitación de otras iniciativas, como la demasiadas veces retrasada ley de memoria histórica. Al mismo tiempo, es bueno recordar que la disposición adicional primera de esta ley que hoy aprobaremos abre la puerta para que las comunidades autónomas reclamen documentos y efectos incautados en condiciones similares.
En consecuencia con lo expuesto, y porque esta ley es fruto de un pacto en el Congreso de los Diputados que queremos respetar, y aun estando de acuerdo con la mayoría de enmiendas de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, no vamos a aceptarlas.
Para finalizar, debemos felicitarnos todos. Lo que fue arrebatado por la fuerza de las armas será restituido a sus legítimos propietarios por la fuerza de los votos de este Parlamento ,después de un debate libre y democrático. «Esperem tenir-los per Nadal a Catalunya. Visca la democracia.
Gràcies, senyor president.» (Aplausos)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Navarro.


La señora NAVARRO LAFITA: Gracias, señor presidente.
Señorías, debatimos una vez más en el Pleno las enmiendas de los grupos parlamentarios Izquierda Unida, Senadores Nacionalistas Vascos y Popular.
Dado que en la Comisión de Cultura ya argumentamos el sentido de nuestro voto en contra de la totalidad de las enmiendas presentadas, que mantenemos hoy, no voy a entrar de nuevo a detallar el porqué de cada uno de los razonamientos, ya que el senador que lo desconozca y tenga interés en ello podrá leerlo en el «Diario de Sesiones». Así, quiero aprovechar mi intervención en este turno de portavoces para contestar a las alusiones que los diferentes grupos parlamentarios han hecho al Grupo Parlamentario Socialista como grupo que sustenta el Gobierno.
Quiero comenzar mi intervención recordando algunos aspectos a los que me he referido en el turno en contra del veto del Grupo Parlamentario Popular. Y digo recordar porque sé que todos los conocemos, pero considero imprescindible tenerlos en cuenta, pues así podrán comprender mejor nuestro posicionamiento, ya que a través de ellos se van a responder algunas de las preguntas formuladas por el senador Cuenca Cañizares o por el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Quiero recordar el título del proyecto de ley que hoy nos ocupa: De restitución a la Generalitat de Catalunya de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del centro documental de la memoria histórica.
También quiero subrayar que el espíritu de este proyecto de ley es conciliar los derechos de la Generalitat y de los particulares a la restitución con la conservación del patrimonio, y por ello queda acotada al máximo en este proyecto

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de ley la documentación susceptible a restituir, de modo que sea única y exclusivamente la documentación incautada por la DERD.
Igualmente, quiero insistir en el carácter institucional de la reclamación de la Generalitat. No se trata de repartir por todo el territorio el contenido del archivo de la guerra civil, sino devolver a una institución, que ya existía en 1936, los documentos que le fueron expoliados injustamente. Hay que recordar también que este proyecto deriva del mandato parlamentario de la proposición no de ley aprobada el 18 de mayo de 2004 en el Congreso de los Diputados, y de la existencia de esas recomendaciones del comité de Expertos.
Señorías, es conveniente que tengamos muy en cuenta estas referencias para entender y comprender, en la medida de lo posible, nuestro voto.
El senador Cuenca nos ha hablado de cerrazón. Ha dicho que tenemos una postura muy cerrada al no entender su defensa de las enmiendas, en especial de la número 10. Teniendo en cuenta estas referencias que le acabo de mencionar, no sé de qué forma calificar su postura, pero sí le pediría que intentase entender el debate que hoy asumimos.
Ha dicho su señoría que abusamos de su responsabilidad, de su generosidad y de su compromiso, y que toma nota. Nosotros no abusamos de su responsabilidad, sino que cada uno debe saber asumir la que le corresponde. Tenemos bastante con asumir la nuestra, y no nos hacemos cargo de la de otros. Por tanto, señor Cuenca, vote según su responsabilidad.
El portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos decía que no tenía respuesta a que el Grupo Parlamentario Socialista devolviera documentación a Cataluña y no a otras comunidades. He dicho al comienzo de mi intervención --y si hubiera prestado atención a mis argumentaciones lo sabría, señoría-- que el mandato de la proposición no de ley del Congreso de los Diputados es el origen del proyecto de ley que hoy debatimos.
También decía su señoría que resultaban castigados por el proyecto.
Hablar hoy de castigos cuando lo que intentamos con esta ley es justamente lo contrario, esto es, reparar, acabar con agravios, con situaciones que todos lamentamos, no nos parece de recibo, porque no creemos que se intente castigar a nadie, sino iniciar el final de un agravio.
Nos hablaba su señoría de ciudadanos de tercera: el pueblo vasco. Una mención similar ha formulado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular --ciudadanos de primera y de segunda--, pero francamente para nosotros no hay ciudadanos de primera, de segunda o de tercera, sino que la igualdad de los ciudadanos es un principio constitucional que no podemos dejar de respetar, ni tampoco nos amparamos en la Constitución Española cuando nos viene bien. Siempre debemos ampararnos en la Constitución, señoría.
Igualmente comentaba su señoría que tomaba toma; no sé si ese tomar nota por parte de los grupos o esa buena memoria de la que han hecho gala se traduce en una amenaza. En cualquier caso, nosotros también tomamos nota de sus reivindicaciones, y créanme que entendemos sus argumentos, pero en el ámbito de la ley que hoy nos ocupa se recoge lo que hoy debatimos, y no podemos ir más allá, que, en cualquier caso, supone un gran avance.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular se refería a las competencias transferidas a las comunidades autónomas. Ha quedado claro también en nuestras intervenciones iniciales que el Archivo General de la Guerra Civil tiene la consideración de archivo de titularidad y gestión estatal, le guste o no a la Junta de Castilla y León. Pretender algo que no sea constitucional, no es nuestro problema.
Nuevamente se ha referido su señoría a unos y a otros; nos ha recordado frases de nuestro compañero, el señor Caldera, pero ésos eran otros momentos en la historia, en los que no había ese mandato parlamentario, no había una ley que debatir; en cualquier caso, señoría, en cuanto a frases de compañeros, cada uno tenemos los nuestros. En mis intervenciones anteriores no he nombrado ni al señor Fraga ni al señor Piqué ni a doña Esperanza Aguirre, que viajó a Salamanca y prometió la creación de un centro de documentación, que no cumplió; la señora Aguirre, que en su etapa de ministra de Cultura también prometió que devolvería los documentos a Cataluña cuando fuera posible, y que tampoco cumplió; no sabemos si sería por el celo de proteger el patrimonio histórico y no sacar los documentos del territorio nacional, como le hemos escuchado decir en algunas ocasiones. También le recordaría algunas de las frases de su compañero de filas, señor Lanzarote, alcalde de Salamanca --aparte de que ordenó vallar el archivo--, como, por ejemplo, «lo diga quien lo diga, el archivo no se mueve», o «los salmantinos van a impedir, incluso físicamente, la salida de cualquier papel». Son actitudes y reflexiones tan poco democráticas que nos sorprenden.
Hablaba su señoría de coherencia, y citaba a Unamuno. Yo les pediría un poco de respeto por Unamuno; no le metan en sus historias de grupo. Ha hablado de vencer, de convencer; ha dicho: venceréis y no convenceréis.
Señoría, estamos en sede parlamentaria, y aquí vencemos intentando convencer; aquí vencen las mayorías parlamentarias, aunque la palabra vencer parece que usted la atribuye más --como su compañero Lanzarote-- a la fuerza física, y desde luego nosotros no estamos de acuerdo con eso.
Por lo que se refiere a citas, yo le podría recordar, por ejemplo, una de William Shakespeare, en la que dice que la memoria es la conciencia del espíritu, y a nosotros la conciencia se nos va a quedar muy tranquila hoy si se aprueba este proyecto de ley.
Quiero dar las gracias a todos los grupos parlamentarios que apoyan este proyecto de ley, y felicitar a todas las personas, instituciones, consejerías, asociaciones, que han trabajado a lo largo de estos años para conseguir lo que hoy esperamos que salga de esta Cámara por mayoría parlamentaria y no por la fuerza.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Muñoz.


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El señor MUÑOZ MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, seré muy breve porque realmente ya está casi todo dicho sobre este asunto. Voy a contestar telegráficamente a los distintos portavoces.
Por deferencia, empezaré saludando a la señora consejera de Cultura.
Agradezco mucho que esté presente en un debate importante para Cataluña y para toda España. Lamento profundamente que no esté la ministra responsable del ramo, como lamento también que no esté mi compañero Caldera. Ya está el senador Castro que, lógicamente, fue compañero suyo en las manifestaciones de hace años y, por tanto, supongo que le transmitirá todo lo que hemos dicho aquí. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) A la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista le diría que repasara sus citas, porque lo de la defensa física y la guardia urbana con los mosquetones o las pistolas no fue de mi compañero, el señor Lanzarote, y actual alcalde de la ciudad, sino de su compañero, el señor Málaga, actual delegado del Gobierno por méritos propios, después de haber sido alcalde de la ciudad de Salamanca. Repase sus citas porque no las tiene bien tomadas, señoría.
Yo no voy a entrar en la historia, ni en los personajes, pero ya que ha aludido a mi compañero Piqué, que está pasando una temporada complicada en Barcelona, me gustaría mucho que los senadores de Castilla y León defendiesen lo que consideran suyo de la misma forma que él. Tengo verdadera envida, me gustaría tener senadores como el señor Piqué en Castilla y León, así de coherentes y así de valientes. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señoría, esta tierra de donde procedo es lo que Sánchez-Albornoz llamó tierra de hombres libres. Por tanto, no me hable usted de ataduras, no me hable de dignidad, lo mismo que decía la ministra, porque de eso sabemos mucho en esta tierra. Y ya le he dicho que también sabemos mucho del patrimonio que está desperdigado por toda España y que hasta ahora no hemos empezado a reivindicar. Probablemente ahora se empiece a abrir otra triste pauta para el patrimonio cultural español. Y aquí hemos tenido una prueba de ello con las intervenciones de los portavoces del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y del Grupo Parlamentario Mixto, que han iniciado ese camino. Un camino que se ha abierto a través de una ley absolutamente incoherente e injusta, con la que nosotros no estamos de acuerdo. Pero tampoco podemos votar las enmiendas que han presentado estos grupos parlamentarios porque sería una incoherencia, puesto que lo que nosotros decimos es, precisamente, que hay que tener en un solo archivo de la nación española todo ese patrimonio correspondiente a la Guerra Civil, para que sirva a los estudiosos, conozcan lo que fue esa triste realidad y no vuelva a suceder.
Y fíjese usted que hablo de un archivo sito en Salamanca por motivos históricos, porque yo no estoy reivindicando --que también podríamos hacerlo y decir por qué está allí y por qué se iría a otro lado--, aquí hemos defendido la unidad del archivo y nunca se ha planteado que ese archivo de Salamanca se pudiera haber trasladado íntegramente a otro sitio. Como usted sabe, en la provincia de Ciudad Real hay un museo marítimo y no se ha reivindicado su existencia en Cádiz o en Vigo. Es decir, lo que estamos pidiendo es que no se desmiembre un archivo de la nación española, que no se cuartee, que no se rompa un archivo español.
La incoherencia de esta ley lleva a muchos temas concretos. Probablemente su votación, señora Aleixandre, es un acto fallido porque, a lo mejor, estaba pensando que esta no es la ley más adecuada. Los psicólogos saben que estas cosas ocurren de cuando en cuando. Pero fíjese, esta es una ley tan imperfecta que nos vamos a encontrar con la incoherencia de que documentación incautada en Madrid a entes de Cataluña, incluso de la Generalitat, no se podrá reclamar. Esta ley es así de absurda, tiene que ser uno residente. Uno se podrá encontrar algo tan absurdo como que mis nietas catalanas, como no residen en este momento en Barcelona, no podrán reclamar documentos de sus antepasados.
O yo mismo, residente en Salamanca, que tengo el archivo allí al lado, no podré reclamar para mí-y creo que tengo el mismo derecho que la Generalitat a llevarse documentos-- las fichas que pueda haber de mi familia y saber la razón por la que mi padre estuvo seis años en la cárcel de Salamanca, por ejemplo. Fíjese usted en la incoherencia de esta ley.
Pero nosotros defendemos no desde el rencor, como algunos han dicho...
(El señor Bofill Abelló hace gestos negativos) Sí, sí, usted ha rezumado rencor. Por desgracia, es así. Eso es lo que vemos algunos, y ése no es el camino. Nosotros defendemos un archivo de la nación española sito en cualquier lugar y que las circunstancias históricas nos lo han llevado a Salamanca.
A partir de ahora se abre otra nueva etapa y espero que, a pesar de las pautas que nos dan, sea para bien de España. Y no sé si lo que se ha repetido en el debate acerca de que los documentos irán a otra parte de la nación española será una realidad, porque he leído el proyecto de Estatut y ahí no se dice exactamente esto. No sé si esos documentos van a otra parte de la nación española o dónde van. Ojalá me equivoque.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas que acabamos de debatir.
En primer lugar, votamos las enmiendas números 1 a 9 del senador Cuenca Cañizares y la senadora López Aulestia.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, nueve; en contra, 228; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos, a continuación, a votar la enmienda número 10.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 17; en contra, 220; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos las enmiendas números 11 a 25 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 21; en contra, 216; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas números 40, 43 y 44 del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 115; en contra, 127; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 242; a favor, 114; en contra, 128.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar el dictamen en bloque.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a favor, 129; en contra, 114.


El señor PRESIDENTE: Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del centro documental de la memoria histórica. (Fuertes y prolongados aplausos desde los escaños de todos los grupos parlamentarios a excepción de los del Grupo Parlamentario Popular.) Gracias, señorías.
Se levanta la sesión.


Eran las catorce horas y treinta y cinco minutos.

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