Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Senado, Pleno, núm. 46, de 22/06/2005
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2005 VIII Legislatura
Núm. 46
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 22 de junio de 2005


ORDEN DEL DÍA:

Primero

PREGUNTAS:

-- De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la fecha prevista por el Gobierno para adoptar una resolución con respecto al expediente de creación del consorcio de la zona franca de la isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000482).


-- De D. CARLES ALFRED GASÒLIBA I BÖHM, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la evaluación que hace el Gobierno de las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo, celebrada en Bruselas los pasados 16 y 17 de junio de 2005, en relación con los recursos financieros de la Unión Europea para el período comprendido entre los años 2007 y 2013. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000486).


-- De D. FÉLIX AYALA FONTE, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre si la instalación de un radar de carácter móvil en lugar de uno fijo en el pico de Malpaso, en la isla de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), supone que la zona no está considerada como de interés para la defensa nacional. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000481).


Página 2428


-- De D. PEDRO GORDILLO DURÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los motivos que ha tenido el Gobierno para que los Comandantes Generales de Ceuta y Melilla dejen de ser vocales natos del Consejo Superior del Ejército de Tierra. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000492).


-- De Dª MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ PARDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración del Gobierno respecto a la nueva actuación del Fiscal General del Estado en contra de la opinión del Consejo Fiscal. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005).
(Número de expediente S. 680/000491).


-- De D. ANTONIO GERMÁN BETETA BARREDA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si comparte el Gobierno el criterio manifestado por el Fiscal General del Estado de que las «actitudes vociferantes» en una manifestación constituyen un indicio de delito. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000497).


-- De D. LUIS MIGUEL SALVADOR GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Ministerio de Justicia para adaptar la oficina judicial a las nuevas tecnologías. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005). (Número de expediente S.
680/000503).


-- De D. ANTOLÍN SANZ PÉREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los objetivos previstos por el Gobierno con el anuncio de su intención de prejubilar a más de veinticinco mil funcionarios.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005). (Número de expediente S.
680/000496).


-- De D. MANUEL ARJONA SANTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas adoptadas por el Ministerio de Administraciones Públicas para hacer efectiva una administración más eficaz y cercana a los ciudadanos.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005). (Número de expediente S.
680/000500).


-- De D. PERE MACIAS I ARAU, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre el alcance del anunciado modelo de cogestión aeroportuaria con relación a la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000487).


-- De D. JUAN JOSÉ IMBRODA ORTIZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las gestiones realizadas por el Gobierno para que las comunicaciones aéreas de la ciudad de Melilla con la península sean declaradas de interés público. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000493).


-- De D. FRANCISCO JAVIER IGLESIAS GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las previsiones del Gobierno respecto a reunirse con el Alcalde de Salamanca o con el Presidente de la Junta de Castilla y León, tras la masiva asistencia a la manifestación convocada en defensa del Archivo General de la Guerra Civil Española. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005). (Número de expediente S.
680/000495).


-- De Dª MARÍA JOSÉ NAVARRO LAFITA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Ministerio de Cultura para contribuir al desarrollo del sector de la danza en España.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005). (Número de expediente S.
680/000501).


-- De D. FRANCISCO JAVIER CASTAÑO DEL OLMO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las campañas puestas en marcha por el Gobierno para erradicar la transmisión del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) entre los jóvenes. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005).
(Número de expediente S. 680/000498).


-- De D. FRANCISCO JAVIER CASTAÑO DEL OLMO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas propuestas por el Gobierno para erradicar el consumo de tabaco entre los adolescentes. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000499).


-- De D. JAVIER SOPEÑA VELASCO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si el Gobierno contempla la posibilidad de que la intensa sequía que padece España pueda precipitar las restricciones

Página 2429


de agua para consumo doméstico. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000494).


-- De D. PEDRO RODRÍGUEZ CANTERO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la situación en que se encuentra la construcción de la presa de La Breña II en la provincia de Córdoba. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000502).


-- De Dª ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las acciones que tiene previsto impulsar el Gobierno como consecuencia del proceso de regularización de inmigrantes. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000483).


-- De Dª INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las previsiones del Gobierno respecto a solicitar para España el estatus de miembro de pleno derecho de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005). (Número de expediente S.
680/000485).


-- De D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre la manera en que el Gobierno tiene previsto actuar en relación con la actitud hacia el Senado por parte del Embajador de España en la República Bolivariana de Venezuela. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005). (Número de expediente S.
680/000460).


-- De Dª ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre la posición del Gobierno y las medidas que tiene previsto impulsar para lograr una solución urgente, justa y definitiva del conflicto del Sáhara occidental. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000462).


-- De D. EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las razones que tiene el Gobierno para mantener una posición tan condicionada por el Reino de Marruecos en la solución al comprometido referéndum de autodeterminación del Sáhara occidental. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000484).


-- De D. RAMÓN ALEU I JORNET y D. LLUÍS MARIA DE PUIG OLIVE, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre la valoración que hace el Gobierno del acuerdo del Consejo de Ministros de Asuntos Generales en relación con el uso de las lenguas oficiales en España dentro de los organismos de la Unión Europea. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005). (Número de expediente S. 680/000488).


-- De Dª MARÍA JOSÉ ELICES MARCOS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las medidas que tiene previsto poner en marcha el Gobierno para impulsar la convergencia de nuestro país en materia de Sociedad de la Información con relación a la media europea. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005). (Número de expediente S.
680/000489).


-- De Dª ISABEL LÓPEZ AULESTIA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a las centrales nucleares dentro de su política energética. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005).
(Número de expediente S. 680/000490).


Segundo

INTERPELACIONES:

-- De D. ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO LEDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la reorientación de su política exterior para hacer frente a la pérdida de influencia y de peso internacional de España durante el último año.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005). (Número de expediente S.
670/000059).


Página 2430


-- De D. LUIS EDUARDO CORTÉS MUÑOZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las iniciativas que piensa acometer el Gobierno para contribuir a la salvaguarda de los derechos de la población saharaui tras el incremento de la tensión registrado en las últimas fechas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005). (Número de expediente S.
670/000060).


-- De D. LLUÍS BADIA I CHANCHO, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la política energética que tiene previsto desarrollar el Gobierno para evitar las graves repercusiones que puedan tener los problemas energéticos actuales sobre la economía española. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005). (Número de expediente S. 670/000056).


-- De D. JOSEP MARIA BATLLE FARRÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre la elaboración de un Plan Estratégico del Vino. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 258, de fecha 20 de junio de 2005). (Número de expediente S. 670/000061).


Tercero

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

-- De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto de Ley sobre las cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 22, de fecha 22 de junio de 2005). (Número de expediente S. 621/000022). (Número de expediente C. D.
121/000022).


-- De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio (antes Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio). (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 14, de fecha 17 de junio de 2005). (Número de expediente S. 621/000014).
(Número de expediente C. D. 121/000016).


-- De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 15, de fecha 17 de junio de 2005). (Número de expediente S. 621/000015). (Número de expediente C. D. 121/000018).


SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


PREGUNTAS (Página 2437)

De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la fecha prevista por el Gobierno para adoptar una resolución con respecto al expediente de creación del consorcio de la zona franca de la isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) (Página 2437)

El señor Melchior Navarro formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Melchior Navarro.


De D. CARLES ALFRED GASÒLIBA I BÖHM, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la evaluación que hace el Gobierno de las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo, celebrada en Bruselas los pasados 16 y 17 de junio de 2005, en relación con los recursos financieros de la Unión Europea para el período comprendido entre los años 2007 y 2013 (Página 2437)

El señor Gasòliba i Böhm formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Vicepresidente Segundo

Página 2431


del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Gasòliba i Böhm. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).


De D. FÉLIX AYALA FONTE, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre si la instalación de un radar de carácter móvil en lugar de uno fijo en el pico de Malpaso, en la isla de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), supone que la zona no está considerada como de interés para la defensa nacional (Página 2439)

El señor Ayala Fonte formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de Defensa (Bono Martínez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ayala Fonte. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (Bono Martínez).


De D. PEDRO GORDILLO DURÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los motivos que ha tenido el Gobierno para que los Comandantes Generales de Ceuta y Melilla dejen de ser vocales natos del Consejo Superior del Ejército de Tierra (Página 2440)

El señor Gordillo Durán formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de Defensa (Bono Martínez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Gordillo Durán. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (Bono Martínez).


De Dª MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ PARDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la valoración del Gobierno respecto a la nueva actuación del Fiscal General del Estado en contra de la opinión del Consejo Fiscal (Página 2441)

La señora Fernández Pardo formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de Justicia (López Aguilar). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Fernández Pardo. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Justicia (López Aguilar).


De D. ANTONIO GERMÁN BETETA BARREDA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si comparte el Gobierno el criterio manifestado por el Fiscal General del Estado de que las «actitudes vociferantes» en una manifestación constituyen un indicio de delito (Página 2443)

El señor Beteta Barreda formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de Justicia (López Aguilar). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Beteta Barreda. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Justicia (López Aguilar).


De D. LUIS MIGUEL SALVADOR GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Ministerio de Justicia para adaptar la oficina judicial a las nuevas tecnologías (Página 2445)

El señor Salvador García formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de Justicia (López Aguilar).


De D. ANTOLÍN SANZ PÉREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre los objetivos previstos por el Gobierno con el anuncio de su intención de prejubilar a más de veinticinco mil funcionarios (Página 2446)

El señor Sanz Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Sanz Pérez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura).


De D. MANUEL ARJONA SANTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas adoptadas por el Ministerio de Administraciones Públicas para hacer efectiva una administración más eficaz y cercana a los ciudadanos (Página 2447)

El señor Arjona Santana formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura).


De D. PERE MACIAS I ARAU, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre el alcance del anunciado modelo de cogestión aeroportuaria con

Página 2432


relación a la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas (Página 2448)

El señor Macias i Arau formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Macias i Arau. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D. JUAN JOSÉ IMBRODA ORTIZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las gestiones realizadas por el Gobierno para que las comunicaciones aéreas de la ciudad de Melilla con la península sean declaradas de interés público (Página 2449)

El señor Imbroda Ortiz formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Imbroda Ortiz. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza).


De D. FRANCISCO JAVIER IGLESIAS GARCÍA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las previsiones del Gobierno respecto a reunirse con el Alcalde de Salamanca o con el Presidente de la Junta de Castilla y León, tras la masiva asistencia a la manifestación convocada en defensa del Archivo General de la Guerra Civil Española (Página 2451)

El señor Iglesias García formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Iglesias García. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato).


De Dª MARÍA JOSÉ NAVARRO LAFITA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Ministerio de Cultura para contribuir al desarrollo del sector de la danza en España (Página 2452)

La señora Navarro Lafita formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Cultura (Calvo Poyato).


De D. FRANCISCO JAVIER CASTAÑO DEL OLMO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las campañas puestas en marcha por el Gobierno para erradicar la transmisión del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) entre los jóvenes (Página 2453)

El señor Castaño del Olmo formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).


De D. FRANCISCO JAVIER CASTAÑO DEL OLMO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las medidas propuestas por el Gobierno para erradicar el consumo de tabaco entre los adolescentes (Página 2454)

El señor Castaño del Olmo formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Salgado Méndez).


De D. JAVIER SOPEÑA VELASCO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si el Gobierno contempla la posibilidad de que la intensa sequía que padece España pueda precipitar las restricciones de agua para consumo doméstico (Página 2455)

El señor Sopeña Velasco formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Sopeña Velasco. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).


De D. PEDRO RODRÍGUEZ CANTERO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la situación en que se encuentra la construcción de la presa de La Breña II en la provincia de Córdoba (Página 2456)

El señor Rodríguez Cantero formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).


De Dª ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las acciones que tiene previsto impulsar el Gobierno como consecuencia del proceso de regularización de inmigrantes (Página 2457)

Página 2433


La señora Etxegoyen Gaztelumendi formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Etxegoyen Gaztelumendi. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán).


De Dª INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las previsiones del Gobierno respecto a solicitar para España el estatus de miembro de pleno derecho de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (Página 2458)

La señora Loroño Ormaechea formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Loroño Ormaechea. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán).


De D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre la manera en que el Gobierno tiene previsto actuar en relación con la actitud hacia el Senado por parte del Embajador de España en la República Bolivariana de Venezuela (Página 2459)

El señor Anasagasti Olabeaga formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Anasagasti Olabeaga. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).


De Dª. ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre la posición del Gobierno y las medidas que tiene previsto impulsar para lograr una solución urgente, justa y definitiva del conflicto del Sahara occidental (Página 2461)

La señora Etxegoyen Gaztelumendi formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Etxegoyen Gaztelumendi. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).


De D. EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las razones que tiene el Gobierno para mantener una posición tan condicionada por el Reino de Marruecos en la solución al comprometido referéndum de autodeterminación del Sahara occidental (Página 2462)

El señor Cuenca Cañizares formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cuenca Cañizares. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).


De D. RAMÓN ALEU I JORNET y D. LLUÍS MARIA DE PUIG OLIVE, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre la valoración que hace el Gobierno del acuerdo del Consejo de Ministros de Asuntos Generales en relación con el uso de las lenguas oficiales en España dentro de los organismos de la Unión Europea (Página 2463)

El señor Aleu i Jornet formula su pregunta. En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).


De Dª MARÍA JOSÉ ELICES MARCOS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las medidas que tiene previsto poner en marcha el Gobierno para impulsar la convergencia de nuestro país en materia de Sociedad de la Información con relación a la media europea.


Esta pregunta ha sido aplazada.


De Dª ISABEL LÓPEZ AULESTIA, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a las centrales nucleares dentro de su política energética.


Esta pregunta ha sido aplazada.


INTERPELACIONES (Página 2464)

Página 2434


De D. ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO LEDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la reorientación de su política exterior para hacer frente a la pérdida de influencia y de peso internacional de España durante el último año (Página 2464)

El señor Muñoz-Alonso Ledo realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).


De D. LUIS EDUARDO CORTÉS MUÑOZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las iniciativas que piensa acometer el Gobierno para contribuir a la salvaguarda de los derechos de la población saharaui tras el incremento de la tensión registrado en las últimas fechas (Página 2470)

El señor Cortés Muñoz realiza la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate el señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Moratinos Cuyaubé).


De D. LLUÍS BADIA I CHANCHO, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la política energética que tiene previsto desarrollar el Gobierno para evitar las graves repercusiones que puedan tener los problemas energéticos actuales sobre la economía española.


Esta interpelación ha sido aplazada.


De D. JOSEP MARIA BATLLE FARRÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre la elaboración de un Plan Estratégico del Vino.


Esta interpelación ha sido aplazada.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2475)

De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto de Ley sobre las cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 2475)

La señora Rubial Cachorro presenta el dictamen.


Se inicia el debate del articulado.


El señor Alonso García defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 9, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y 1 a 7, del Grupo Parlamentario Popular. En turno de portavoces, intervienen los señores Casas i Bedós, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Bravo Durán, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; la señora Burgués Bargués, por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, y los señores Alonso García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se suspende la sesión a las catorce horas y diez minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


Saludo a una delegación encabezada por el señor Presidente del Senado de Polonia (Página 2482)

El señor Presidente anuncia la presencia en la tribuna pública de la delegación de Polonia, a la que la Cámara da la bienvenida.


De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio (antes Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio) (Página 2482)

El señor Gutiérrez González presenta el dictamen.


Se inicia el debate del articulado.


La señora López Aulestia, del Grupo Parlamentario Mixto, retira las enmiendas números 1 y 2. El señor Ayala Fonte defiende la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.


Página 2435


El señor Badia i Chancho defiende las enmiendas números 10, 13, 14 y 16, retirando las números 11, 12 y 15, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora Etxegoyen Gaztelumendi defiende la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Bofill Abelló retira las enmiendas números 5 a 9, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés.
La señora Martínez García defiende las enmiendas números 37 a 39, del Grupo Parlamentario Socialista. La señora De España Moya defiende las enmiendas números 18 a 35 y retira la número 17, del Grupo Parlamentario Popular. La señora Martínez García consume un turno en contra. En turno de portavoces, intervienen la señora López Aulestia, po el Grupo Parlamentario Mixto; los señores Ayala Fonte, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, y Badia i Chancho, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; el señor Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, y las señoras Martínez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y De España Moya, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se procede a votar.


De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto de Ley sobre las cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Votación) (Página 2497)

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la número 9 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 117 votos a favor, 131 en contra y 8 abstenciones.


Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las números 1 a 7 del Grupo Parlamentario Popular, por 118 votos a favor, 125 en contra y 12 abstenciones.


Se aprueba el texto del dictamen por 255 votos a favor y 1 en contra.


El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio (antes Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio). (Votación) (Página 2498)

Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, por 6 votos a favor, 241 en contra y 8 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 6 votos a favor, 249 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 13, 14 y 16, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 6 votos a favor, 238 en contra y 12 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 22 y 23, del Grupo Parlamentario Popular, por 125 votos a favor y 131 en contra.


Se aprueba la enmienda número 29, del Grupo Parlamentario Popular, por 249 votos a favor y 7 abstenciones.


Se aprueban las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, excepto las números 17, 31 y 33, por 125 votos a favor, 124 en contra y 7 abstenciones.


Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 32925 por asentimiento de la Cámara.


Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 32926 por 130 votos a favor y 125 en contra.


Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 32927 por asentimiento de la Cámara.


Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 32928 por asentimiento de la Cámara.


Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 32929 por asentimiento de la Cámara.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 32930 por asentimiento de la Cámara.


Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 32931 por 147 votos a favor y 108 en contra.


Se aprueba la disposición final quinta, nueva, por 145 votos a favor y 111 en contra.


Se rechaza el texto del dictamen en lo modificado por las enmiendas aprobadas del Grupo Parlamentario Popular

Página 2436


por 7 votos a favor, 124 en contra y 125 abstenciones.


Se aprueba al resto del dictamen por 130 votos a favor y 125 abstenciones.


El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio (Página 2499)

Se inicia el debate de las propuestas de veto.


El señor Casas i Bedós, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, defiende la propuesta de veto número 1. El señor Díaz Tejera consume un turno en contra. Ambos señores senadores intervienen de nuevo en virtud del artículo 87. La señora Vindel López defiende la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor Díaz Tejera consume un turno en contra. La señora Vindel López y el señor Díaz Tejera vuelven a hacer uso de la palabra en virtud del artículo 87. En turno de portavoces, intervienen la señora López Aulestia y el señor Mur Bernad, por el Grupo Parlamentario Mixto; los señores Ayala Fonte, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, y Badia i Chancho, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; los señores Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, y Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Vindel López, por el Grupo Parlamentario Popular.


Se aprueba la propuesta de veto número 1, del señor Casas i Bedós, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 131 votos a favor, 119 en contra y 2 abstenciones.


El señor Presidente anuncia a la Cámara el traslado del resultado al Congreso de los Diputados.


Se suspende la sesión a las veinte horas y cincuenta minutos.


Página 2437


Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días, se abre la sesión.


PREGUNTAS:

El señor PRESIDENTE: Las preguntas de las senadoras Elices Marcos y López Aulestia han sido aplazadas.


-- DE DON RICARDO MELCHIOR NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA ADOPTAR UNA RESOLUCIÓN CON RESPECTO AL EXPEDIENTE DE CREACIÓN DEL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE LA ISLA DE TENERIFE (SANTA CRUZ DE TENERIFE) (S. 680/000482).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Melchior Navarro para formular su pregunta.


El señor MELCHIOR NAVARRO: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente del Gobierno, el pasado 6 de abril, en esta Cámara, y dado el gran interés de las autoridades locales, le formulé una pregunta sobre el estado de tramitación para la creación del consorcio de la zona franca en Tenerife, que ya duraba algo más de treinta meses a pesar de que no existía ningún problema formal, administrativo ni técnico. El señor Solbes me dio una respuesta satisfactoria y muy amable, además de comprometerse a prestar una especial atención a este tema.
Sin embargo, dado que ya han transcurrido dos meses y medio, ante la proximidad del mes de agosto y que en septiembre hará tres meses que se inició este trámite, mi pregunta es cuando prevé el Gobierno resolver este expediente y dar el visto bueno para la creación del consorcio de la zona franca en Tenerife.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señoría.
Como su señoría ha señalado, no hay ningún problema de tipo legal sino de evaluación y de viabilidad económica, tal y como le dije el pasado 6 de abril.
Estamos trabajando en los impactos de la nueva zona franca y hemos detectado algunos puntos de interés. Es cierto que no hemos recibido ningún estudio por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre la creación de la zona franca, pero hemos pedido a la Agencia Tributaria que analice la evolución de la exportación y la importación en Tenerife, el número de operadores y, sobre todo --porque nos parece fundamental--, la interrelación e impacto entre ambas zonas, porque no resultaría lógico desvestir a un santo para vestir a otro. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta que existen ciertas dificultades para llevar a cabo este análisis porque la zona de Las Palmas no tiene todavía suficiente trayectoria como para poder establecer rápidas conclusiones.
Por otro lado, se ha suscitado una segunda cuestión y es la naturaleza de la zona que se quiere establecer en Tenerife y si es una zona tipo 2, que parece que podría ser lo más razonable. Además, nos parece importante la evolución del nuevo código aduanero --y estamos negociando en este sentido-- que, inicialmente, había previsto la supresión de este tipo de zonas; sin embargo, tras nuestros contactos en Bruselas, en el nuevo borrador que se está elaborando da la sensación de que se va a mantener esta posibilidad, de manera que se elimina uno de los obstáculos posibles.
Por tanto, seguimos trabajando en este tema y espero que dentro de algunas semanas podamos dar una respuesta a esta cuestión.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente del Gobierno Tiene la palabra el senador Melchior.


El señor MELCHIOR NAVARRO: Sólo intervengo para dar las gracias al señor vicepresidente del Gobierno y para decir que esperamos que, como muy tarde en el mes de septiembre, podamos recibir esa buena noticia.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON CARLES ALFRED GASÒLIBA I BÖHM, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LA EVALUACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO DE LAS CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO EUROPEO, CELEBRADA EN BRUSELAS LOS PASADOS 16 Y 17 DE JUNIO DE 2005, EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2013 (S. 680/000486).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Gasòliba, para formular su pregunta.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente del Gobierno, mi pregunta se refiere a la evaluación que hace el Gobierno sobre lo tratado en el Consejo Europeo en Bruselas, los días 16 y 17 de este mismo mes, en relación a los recursos financieros que se han de acordar para el período 2007-2013.


Página 2438


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias.
Señor Gasòliba, usted conoce bien la importancia de las perspectivas financieras en los procedimientos comunitarios y su dificultad en términos de negociación, dado lo compleja que es la definición de los ingresos y de los gastos.
Es cierto que, lamentablemente, no se ha podido llegar a un acuerdo sobre las perspectivas 2007-2013. Digo lamentablemente porque yo creo que sería bueno para todos tener un acuerdo. Si queremos planificar de forma correcta la utilización de estos recursos a partir de 2007, es absolutamente imprescindible contar con tiempo suficiente para aprobar los reglamentos base que nos permitan saber cómo los vamos a utilizar.
Desgraciadamente, no ha habido acuerdo. Es verdad que nosotros, a pesar de nuestra posición flexible y cooperativa, no estuvimos en condiciones de aceptar la última propuesta formulada por la Presidencia luxemburguesa. La razón fundamental es que, ni en términos de gastos ni en términos de ingresos, se satisfizo al final la posición que España consideraba mínima. En términos de gastos porque, aunque es verdad que en el Fondo de Cohesión se amplió el plazo hasta cuatro años, no se modificó la cuantía. Además, en I+D se producía una disminución sustancial, y es una política a la que nosotros damos mucha importancia. No se aceptaba el concepto del «gap» tecnológico, que nos parece fundamental para que aquellos países que, como el nuestro, no están en las mejores condiciones, traten de mejorar su situación actual.
Desde el punto de vista de los ingresos, el gran problema fue el cheque inglés. El Reino Unido se opuso a hacer un esfuerzo adicional. Ni siquiera la idea de la congelación, tal como se planteaba, le parecía aceptable, y la distribución propuesta por la Presidencia no recogía mínimamente nuestras aspiraciones.
Nuestra posición sigue siendo la misma. Creemos que es bueno llegar a un acuerdo, y estamos dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios, pero creemos que los esfuerzos tienen que ser equitativos, y que los nuestros deben ser equivalentes a los que hagan los demás.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Gasòliba.


El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, la Presidencia británica --la que comenzará a ejercer a partir del 1 de julio-- ha manifestado por medio de su primer ministro que quiere llegar a un acuerdo sobre los recursos financieros, pero que, a la vez, le gustaría poder considerar un nuevo enfoque que incorporara una revisión de la política agraria comunitaria y de los fondos que se le dediquen en las perspectivas financieras para el período que hemos citado. Me gustaría conocer su opinión sobre cuáles son los márgenes de maniobra para aceptar esta nueva orientación.
Además, si no recuerdo mal, antes de la discusión del Consejo Europeo de Bruselas, había una serie de Estados miembros que sostenían una posición taxativa: no pasar del 1 por ciento del PIB de la Unión. A raíz de las discusiones que tuvieron, ¿entra en la consideración de los recursos financieros la posibilidad de acercarse a la propuesta de la Comisión Europea --que es superior--, o continúa viva la frontera del 1 por ciento, que le da sin duda a España menos margen de maniobra para mantener los recursos que considera que ha de obtener durante este período? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira)): Muchas gracias, presidente.
Señoría, la posición británica ha sido clara. Ha dicho: estamos dispuestos a hacer un esfuerzo; consideramos que el cheque inglés puede ser una anomalía. Sin embargo, es una anomalía consecuencia de una política agrícola común, de la que no nos beneficiamos. De modo que, en la medida que se modifique esa política, el cheque inglés podría tener menos sentido.
Es una idea comprensible. Sin embargo, también hay que entender a la otra parte, que dice: de la política agrícola discutimos ya en 2003, llegamos a un acuerdo, y establecimos un techo de gasto; un techo de gasto aceptado unánimemente por todos los Estados miembros en un Consejo Europeo. En consecuencia, tenemos una dificultad: hay una contradicción entre ambas posiciones.
Desde el punto de vista español, obviamente, siempre estamos dispuestos a discutir todo, pero no olvidemos que la política agrícola común para nuestro país es un tema también fundamental y, por lo tanto, tenemos que saber cuál es la propuesta concreta que se puede hacer, antes de adoptar una posición clara sobre cuál puede ser nuestro punto de vista en este punto concreto.
La línea argumental que se suele utilizar de que la mayor parte del gasto del presupuesto comunitario va al gasto agrícola no es totalmente convincente porque realmente sólo hay dos políticas de gasto en la Unión que son la de cohesión y la agrícola.
El segundo punto es el 1 por ciento. La posición negativa de Holanda y de Suecia va vinculada al 1 por ciento. Hay un cierto movimiento alemán que acepta el 1,06 de la propuesta de Luxemburgo. Entre el 1 y el 1,06 es de lo que estamos hablando ahora, pero la posición especialmente sueca y holandesa fue muy negativa en cuanto a sobrepasar el 1 por ciento. De ahí, la dificultad para llegar a un acuerdo en el que encajáramos ingresos y gastos entre todos.


Página 2439


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


-- DE DON FÉLIX AYALA FONTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE SI LA INSTALACIÓN DE UN RADAR DE CARÁCTER MÓVIL EN LUGAR DE UNO FIJO EN EL PICO DE MALPASO, EN LA ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ DE TENERIFE), SUPONE QUE LA ZONA NO ESTÁ CONSIDERADA COMO DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL (S. 680/000481).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Ayala Fonte. Tiene la palabra su señoría.


El señor AYALA FONTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, buenos días.
En su último viaje a Canarias, el pasado 2 de junio, señaló que su Departamento instalará en la isla de El Hierro un radar de carácter móvil y no uno fijo como estaba previsto. También señaló a los medios de comunicación que un radar fijo sólo podrá cumplir una función, mientras que uno móvil puede ser trasladado según las necesidades. A pesar de ello, señor ministro, aún permanece vigente el Real Decreto, aprobado en febrero de 2002 por el Consejo de Ministros, por el que se declara el Pico de Malpaso como zona de interés para la defensa nacional, decreto que cuenta con el rechazo social, político e institucional no sólo en la isla de El Hierro, sino de todo el archipiélago, dado que se trata de un territorio que apuesta por el desarrollo sostenible y principalmente por su condición de Reserva de la Biosfera que le obliga a armonizar la intervención del hombre con la naturaleza y, por tanto, proyectos de esta naturaleza no tienen cabida.
Señor ministro, en alguna comparecencia en esta Casa usted también se ha manifestado a favor de alcanzar un consenso previo con las autoridades y sectores sociales de la isla de El Hierro antes de adoptar una decisión.
Por tanto, y dado que aún no se sabe si se trata de una decisión en firme o de una mera declaración de intenciones, es por lo que le formulo la siguiente pregunta: ¿Supone esa iniciativa que el Pico de Malpaso y su entorno, en la isla de El Hierro, ya no es considerado como zona de interés para la defensa nacional, con la consiguiente derogación o modificación del Real Decreto 191/2002 por el que se declara zona de interés para la defensa nacional el asentamiento de la estación de vigilancia aérea número 23 del Ejército del Aire y del acceso a la misma? Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Muchas gracias, señor presidente.
Su señoría formula la pregunta en base a un decreto por el que se declara el Pico de Malpaso de interés para la defensa nacional y que está vigente. Sinceramente creo que esa afección no resulta negativa, por ejemplo, desde un punto de vista ambiental, y es verdad --no es una mera declaración-- que deseamos sustituir la primitiva intención de instalar un radar fijo en el Pico de Malpaso por la eventual localización, es decir, no instalación, de un radar móvil cuando los intereses de la defensa nacional y, en concreto, de la defensa de aquel territorio lo exija y lo requiera, pero también es cierto que deseamos hacerlo con el máximo nivel de acuerdo con el Gobierno de Canarias y con los parlamentarios que, como su señoría, han mostrado un interés que sin duda no tengo más que agradecer. Por tanto, repito la disposición del ministerio para poder llegar a acuerdo en este asunto.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el señor Ayala Fonte.


El señor AYALA FONTE: Gracias, señor ministro.
Las dudas que teníamos ya han quedado disipadas. Es evidente que, si se instala un radar móvil en el Pico de Malpaso y no se mueve de ahí, en realidad, es como si fuese un radar fijo, y estamos en las mismas condiciones de siempre.
No obstante, me alegra que haya dicho que piensa contar de nuevo con las autoridades de la isla de El Hierro y con las autonómicas para tratar este tema.
Le diré como anécdota, con mucho cariño, que los ciudadanos lo han bautizado con el nombre de «bonomóvil». No es que lo quieran comparar con el Papa, pero es el nombre que le han dado.
Y como ese cariño es como la energía, que no se pierde sino que se transforma, espero que la actitud del Ministerio de Defensa no haga que ese cariño que hoy le hemos mostrado se transforme en otra cosa peor.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Gracias, señor presidente.
Señoría, lo pueden llamar como quieran y no me voy a enfadar. Pero un radar móvil, por su propia naturaleza, como sabemos los que estudiamos algún principio escolástico, se mueve. ¿En qué cabeza cabe que adquiramos un radar móvil para dejarlo fijo en el Pico de Malpaso? ¿Alguien puede creer que tenemos tan mala cabeza, nos llamen como nos llamen? Si compramos un radar móvil, que vale carísimo, es para poderlo llevar a los lugares donde necesitamos conocer aquellos asuntos que pueden afectar eventualmente a la Defensa Nacional, por ejemplo, acontecimientos que deben

Página 2440


ser seguidos a través de radar. Se me ocurren varios y luego, si quiere, le puedo contar alguno de manera más reservada.
Pero en el caso del Pico de Malpaso es el único lugar, dicho por los ingenieros de telecomunicaciones de Las Palmas, donde se puede cumplir la misión de vigilancia y seguridad ¿Para quién? Para las islas. ¿Qué función va a cumplir ese radar? Ese radar va a cumplir la misión de ayuda a aviones civiles, apoyo al salvamento, a la vigilancia aduanera y no va a necesitar infraestructuras especiales precisamente porque es móvil.
Y fíjese lo que ha dicho sobre este particular el responsable de la Unión Europea. Dice que algunos parajes declarados de interés para la Defensa se preservan mejor desde el punto de vista medioambiental que, como muy bien sabe su señoría, si se les dan otros usos.¿Me va a comparar usted un pico de interés para la Defensa, para que alguna vez llevemos un radar, por ejemplo, con un pico lleno de chalés? No hay duda de que es mucho mejor el móvil, lo llamen como lo llamen.
Y eso queremos negociarlo, pero el Ministerio de Defensa no va a abdicar de este triángulo importante, que, como su señoría sabe, está determinado y bien determinado técnicamente. El Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire me mandaba ayer una carta donde me decía que no podemos dejar desguarnecida la seguridad de la isla de El Hierro y de las islas Canarias, que tenemos que ver y observar en determinadas circunstancias, no de manera permanente, que vamos a modificar el emplazamiento del radar móvil, etcétera.
Queremos hacerlo, de común acuerdo, pero, por la propia seguridad de los ciudadanos que viven en las islas, es conveniente que tengamos cubierto todo nuestro espacio.


El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Incluso, para labores no militares, como le decía: salvamento marítimo, vigilancia aduanera y para facilitar el tráfico civil.
Ayúdennos, que los Ejércitos no hacen daño, les llamen como les llamen.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON PEDRO GORDILLO DURÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS MOTIVOS QUE HA TENIDO EL GOBIERNO PARA QUE LOS COMANDANTES GENERALES DE CEUTA Y DE MELILLA DEJEN DE SER VOCALES NATOS DEL CONSEJO SUPERIOR DEL EJÉRCITO DE TIERRA (S. 680/000492).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Pedro Gordillo Durán.
Tiene la palabra su señoría.


El señor GORDILLO DURÁN: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor ministro.
El Consejo de Ministros de 3 de junio acordó que los comandantes generales de Ceuta y de Melilla dejaran de ser vocales natos del Consejo Superior.
Nuestra pregunta es: ¿Cuales son los motivos que ha tenido el Gobierno para que los comandantes generales de Ceuta y de Melilla dejen de ser vocales natos del Consejo Superior del Ejército de Tierra? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Gracias.
Dos razones: una concreta, la reiterada petición del jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra al ministro de Defensa; la segunda, lo que motivaba la petición del JEME, razones de coherencia en la actual estructura funcional de los Ejércitos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra su señoría.


El señor GORDILLO DURÁN: Señor ministro, como usted sabe, con la cercanía de cada período electoral todos los partidos realizan encuestas para conocer cuáles son las inquietudes que tienen los ciudadanos, para saber cuáles son sus preocupaciones y lo que les afecta. Como no podía ser de otra manera, también hemos efectuado estas encuestas en la Ciudad Autónoma de Ceuta y una de las preocupaciones más importantes y más constantes para el pueblo ceutí eran las dudas e inquietudes en relación con la defensa de su identidad y pertenencia a la unidad de España. Tan evidentes son estas reflexiones que todos los líderes políticos que visitan nuestra ciudad en tiempo de campaña electoral aplican estos conocimientos que dan las encuestas y les hablan a nuestros ciudadanos de su inalterable pertenencia a España, de su indudable identidad española y de que siempre serán tenidos en cuenta como tales por el partido que representan. Usted mismo, señor Bono, estuvo en nuestra ciudad en la pasada campaña electoral de 2004 y defendió su postura electoralista en los mismos términos con los que me acabo de expresar.
Ésta era la dinámica que hemos tenido en nuestra ciudad durante mucho tiempo y en la última encuesta se logró que este hecho ya no fuera tan prioritario en las inquietudes de nuestro pueblo ceutí. Mostraban más confianza en el Gobierno y sabían que éste estaba dispuesto a defender su identidad y la pertenencia a la unidad de España por encima de todo. Con esta medida de eliminar la figura de los comandantes generales de Ceuta y Melilla como vocales natos en el Consejo Superior del Ejército de Tierra --la cual, supongo, ha propiciado usted-- ha dado un paso atrás en esta confianza en el Gobierno y ahora podemos afirmar sin temor a equivocarnos que cuando ha gobernado el Partido Socialista no sólo hemos perdido en inversión

Página 2441


para nuestra ciudad en los presupuestos --así, este año hemos descendido un 12 por ciento con respecto al anterior--, sino que --y quizás esto sea lo más importante-- no se ha tenido en cuenta la sensibilidad de este pueblo a la hora de gobernar, como dicen en nuestra tierra, desde Madrid.
Usted, empleando un argot militar, ha degradado a las ciudades de Ceuta y Melilla, ya que por este acuerdo del Consejo de Ministros del 3 de junio nos ha quitado la representación en el órgano más significativo que tiene el Ejército de Tierra. Permítame decirle, señor ministro, que usted no sólo no ha tenido delicadeza con las repercusiones que esto tiene en estas dos ciudades, sino que además tampoco la ha tenido con compañeros suyos de Gobierno. Sí, señor ministro, con compañeros suyos de Gobierno, los cuales le aconsejaron sobre las consecuencias negativas que esto podría acarrear no sólo para nuestras ciudades, sino también para otras fuera de ellas. Usted me entiende perfectamente porque sabe de lo que le hablo.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.


El señor GORDILLO DURÁN: Sí, señor presidente.
Sé que toda mi intervención caerá en saco roto no sólo por estar en desacuerdo con usted, sino también por lo que es mucho más importante, porque no nos va a hacer caso. Dirá usted: ¿Y por qué lo digo? Lo digo para que usted, los pueblos de Ceuta y Melilla y el pueblo español sepan lo que piensa el Partido Popular, que está en ese real decreto que usted ha modificado.
Quedando patente su contradicción, como el discurso que realizó en nuestra ciudad...


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.


El señor GORDILLO DURÁN: Termino.
Ceuta no ha sido defendida, sino ultrajada, señor ministro, pero aquí no ha sido consecuente con su discurso de campaña electoral. Ceuta, usted y yo lo sabemos.
Muchas gracias (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor presidente, señor senador.
Francamente, incomprensible su discurso --en ese caso leído, pero cuando usted habla sin leer todavía es peor, ahora le diré por qué--. Y es que cuando se quiere aludir seriamente a una discrepancia en el Gobierno sobre un decreto, lo que ha de hacer un senador --creo yo-- o una persona que quiere decir verdad es decir el nombre y los apellidos del ministro que discrepa. Y se lo digo con esta fortaleza, sencillamente, porque es mentira que en el Gobierno haya habido discrepancia, ni siquiera la más leve, sobre este asunto.
En segundo lugar, señoras y señores senadores, lo que al senador le preocupa le debe preocupar a él y a cuatro más. Se trata del asunto de los comandantes generales de Ceuta y Melilla, integrados en el Consejo Superior del Ejército de Tierra desde el año 1998, que ahora no lo están como consecuencia de un decreto del Gobierno. El jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general García González, el JEME, me decía con insistencia: no tiene sentido que estén los comandantes generales en el mismo Consejo en que está su superior, el jefe de la fuerza terrestre, porque no es funcional. Le escuché cuatro o cinco veces, hasta que, finalmente, me convenció. No tiene sentido que su señoría diga ahora que esto tiene que ver con aspectos de carácter electoral y me hable de la españolidad de Ceuta y Melilla, como queriendo arrogarse su señoría mayor defensa. Para mí, Ceuta y Melilla, porque lo dice la Constitución, son tan españolas como Alicante o San Sebastián. Nadie duda que eso lo piensa el ministro de Defensa, lea su señoría lo que lea o diga lo que diga.
Lo que ha dicho su señoría cuando no le escuchan sus compañeras y compañeros es peor. Lo que usted ha dicho en «El Telegrama» de Melilla es un puro disparate, impropio de un parlamentario que quiere ser serio; seriedad que yo reconozco a su señoría, por lo menos, en aspiración.
Usted ha dicho en el telegrama: Bono ha quitado la voz al pueblo de las dos ciudades. Esto es de morirse de risa. ¿Usted cree que porque el comandante general de Ceuta o de Melilla no esté en el Consejo Superior del Ejército de Tierra se le quita la voz a las dos ciudades? Esto sí que es exagerar, y cuando se exagera se pierde razón. ¿Sabe para qué está el Consejo Superior del Ejército? Para asesorar al ministro. Quien representa a Ceuta y Melilla debía ser su señoría y no el comandante general, sea usted o no su amigo. El día en que a Ceuta y a Melilla las representen los comandantes generales y no los senadores y diputados será un sistema malo. Usted ha hecho un discurso malo, porque evoca barbaridades en esa dirección.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


-- DE DOÑA MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ PARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO A LA NUEVA ACTUACIÓN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO EN CONTRA DE LA OPINIÓN DEL CONSEJO FISCAL (S. 680/000491).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Fernández Pardo.
Tiene la palabra su señoría.


La señora FERNÁNDEZ PARDO: Gracias, señor presidente.
Buenos días señor ministro. (Rumores)

Página 2442


El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.


La señora FERNÁNDEZ PARDO: Hace pocos días, el Consejo de Ministros ha procedido a la renovación del fiscal jefe de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y al nombramiento de Juan Ignacio Campos en detrimento de Eduardo Torres Dulce, propuesto por la mayoría del Consejo Fiscal.
¿Como valora, señor ministro, que la propuesta del Fiscal General del Estado vaya en contra de la opinión del Consejo Fiscal?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El señor ministro de Justicia tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.
Señora senadora, lo valoro desde la única perspectiva que creo puede hacerse, es decir, que se trata de una decisión que el fiscal general del Estado eleva al Gobierno en el ámbito de su competencia y de su autoridad conforme a la legalidad, cumpliendo punto por punto el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, que señala que esos nombramientos se producen después de evacuar consulta con el Consejo Fiscal, que tiene ese carácter de consultivo y asesor del fiscal general del Estado, que es quien tiene el poder de decidir, y usted lo sabe. Usted sabe que la opinión del Consejo Fiscal a la que usted alude es puramente asesora y, en ningún caso, vinculante. Lo sabe, entre otras cosas, porque así lo aprobaron los gobiernos del Partido Popular, que llevó a cabo nombramientos, como usted ha dicho, y lo cito entre comillas, «en contra de la opinión del Consejo Fiscal»,sin que le temblara el pulso, alguno de los cuales fue impugnado ante el Tribunal Supremo, que dio la razón al Gobierno, señalando que correspondía al fiscal general del Estado elevar esos nombramientos al Consejo de Ministros, fuera cual fuera la opinión del Consejo Fiscal.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra su señoría.


La señora FERNÁNDEZ PARDO: Gracias, señor presidente.
Es curioso, señor ministro, cómo cambian ustedes de opinión dependiendo de dónde se encuentren.
Hace apenas dos años, ustedes mismos ponían el grito en el cielo cuando el entonces Fiscal General del Estado, el señor Cardenal, pedía el relevo de los señores Fernández Bermejo y Jiménez Villarejo. La diferencia entre aquel momento y éste es que entonces contaban con el avenimiento del Consejo Fiscal, mientras que ahora está en contra. Señor ministro, sabemos que la actuación es legal --y yo diría que legítima; no será esta senadora quien proponga un sistema de nombramiento diferente--: el fiscal general del Estado es nombrado por el Consejo de Ministros y, bajo la dependencia del principio de legalidad, debe actuar en consonancia con la política criminal que le marque el Gobierno. Además, el Consejo Fiscal debe ser un órgano de representación de los fiscales y velar por la pureza de la elección de los miembros fiscales que deben ocupar los órganos de la jerarquía fiscal.
Pero no es solamente esta actuación o este nombramiento lo que preocupa al Partido Popular, nos preocupa el conjunto de actuaciones que desde la Fiscalía General se siguen con un solo criterio, y es el seguidismo del Gobierno, sin pensar en la función del fiscal y el principio de legalidad. Todo esto hace que le tildemos de seguidismo, de sectarismo y que, en algunos sectores, al fiscal general del Estado se le conozca como el fiscal general del Partido Socialista.
Sólo en este sentido, y sirviendo de correa de transmisión del Gobierno, del Ministerio de Justicia, podemos entender la disposición de la Fiscalía sobre la defensa de los policías que, salvo error, siguiendo órdenes, procedieron a la detención ilegal de dos militantes del Partido Popular en la denominada «trama Bono» sobre su virtual agresión. Y no de otro modo podemos entender la diligencia del fiscal general del Estado sobre el estudio y análisis de las posibles pancartas alusivas a un político español que reside en Cataluña en la manifestación que se celebró en Salamanca para reivindicar la unidad del Archivo sobre la Guerra Civil española.
En definitiva, señor ministro, no solamente nos preocupa esto, sino también que el fiscal general del Estado se negara a recurrir el archivo del caso Atutxa en contra del requerimiento del Tribunal Supremo. Señor ministro, nos preocupa que por parte del fiscal general del Estado no se actúe en cumplimiento de la legalidad sobre el Partido Comunista de las Tierras Vascas como heredero de Batasuna e integrado en el entorno de la banda terrorista ETA, o que se haya negado a investigar la procedencia de los 400.000 euros que se depositaron como financia del señor Otegui.
En definitiva, cada uno de estos hechos merecerían por sí solos que el señor Conde Pumpido abandonase el cargo y yo diría que hasta la carrera fiscal. (Varios señores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Venga, hombre!--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio. Concluya, señoría.


La señora FERNÁNDEZ PARDO: Permítame que haga una reflexión en voz alta.
Cuando fiscales independientes y de reconocidísimo prestigio como Torres Dulce son apartados de su cargo mientras se permite a proetarras como los del Partido Comunista de las Tierras Vascas continuar en el suyo, nos podemos hacer una idea del fiscal general del Estado que tenemos, pero también de quién o quiénes le propusieron, de quién o quiénes le mantienen en el cargo.


El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya.


La señora FERNÁNDEZ PARDO: Termino, señor presidente.


Página 2443


Para finalizar, hago mías las palabras pronunciadas hace escasas fechas por el presidente del Consejo General de la Abogacía, señor Carnicer: La Justicia mejorará cuando le cueste el cargo a los políticos que reiteradamente cometen errores.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señora senadora, ayer estuve con el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer y, efectivamente, yo también hago mías sus palabras, incluyendo a los políticos que se permiten decir disparates acerca de la Justicia. Porque usted ha intentado mezclar --como era predecible-- en un «totum revolutum» toda una serie de argumentaciones que nada tienen que ver con la que planteaba en la pregunta, cuyo único hilo conductor es la falta de respeto por la verdad, el desprecio a las entendederas de las personas y, desde luego, una contradicción supina con la trayectoria que ejerció el Partido Popular en este preciso ámbito.
Como le indicaba, la naturaleza del Consejo Fiscal es asesora y nada tiene que ver con lo que usted ha parafraseado como si estuviese recitando algún artículo inexistente del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para describirlo como un órgano de representación de la carrera fiscal que vela por la pureza de los nombramientos. No, no es eso lo que dice el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que lo describe como un órgano asesor de quien ostenta la jerarquía y garantiza la unidad de actuación en la estructura del Ministerio Fiscal, que es el fiscal general del Estado.
En segundo lugar, ha hecho algunas alusiones con respecto a fiscales que en su momento fueron removidos. Efectivamente, fueron removidos por razones que en su momento fueron denunciadas como estrictamente políticas y nada tenían que ver con la valoración de idoneidad para el ejercicio de aquella posición profesional y, además, dio la casualidad de que estaban involucrados en investigaciones que molestaban al Partido Popular y al Gobierno del Partido Popular. No tiene nada que ver con el supuesto que ha motivado su pregunta. Nadie ha proferido una sola palabra de descalificación del trabajo del fiscal Torres Dulce que, por cierto, no ha perdido su posición, continúa siendo fiscal de sala del Tribunal Supremo y, por lo tanto, no ha visto perjudicado su estatuto profesional ni por supuesto su prestigio, porque nadie ha proferido ninguna valoración negativa con respecto a su ejecutoria y el reconocimiento que merece por todos los que conocen su trabajo en la Fiscalía. Otra cosa distinta es que el fiscal general del Estado se reserve su autoridad --por supuesto que sí-- para proponer...


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, le ruego concluya.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Sí, señor presidente.
Decía que distinto es que el fiscal general se reserve su autoridad a la vista del Consejo Fiscal, y que en una votación equilibrada...,

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, por favor, termine.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): ... en una votación en que hayan existido votos a favor y en contra, pueda proponer a otra persona.
Eso está perfectamente dentro de su ámbito de maniobra.
Per déjeme que le diga que lo que hay detrás de todo esto es un intento del Partido Popular de buscar permanentemente la bronca a partir de esta técnica del doble rasero, que constituye un ejercicio continuado de hipocresía, de falta de autocrítica y, sobre todo, de desprecio por la verdad de las cosas y por las entendederas de la gente. (Rumores.) En relación con el resto de las actuaciones del fiscal general del Estado...,

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, termine.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): ... estoy seguro de que su compañero de grupo que le va a dar a usted relevo me dará oportunidad para completar el argumento. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON ANTONIO GERMÁN BETETA BARREDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI COMPARTE EL GOBIERNO EL CRITERIO MANIFESTADO POR EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE QUE LAS «ACTITUDES VOCIFERANTES» EN UNA MANIFESTACIÓN CONSTITUYEN UN INDICIO DE DELITO (S. 680/000497).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Beteta Barreda.
Tiene la palabra su señoría.


El señor BETETA BARREDA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, malos tiempos corren para la libertad en este país (Risas en los escaños de la izquierda.) cuando un senador de la oposición se ve en la obligación de formular al Gobierno la siguiente pregunta.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor BETETA BARREDA: ¿Comparte el Gobierno el criterio manifestado por el Fiscal General del Estado de que las «actitudes vociferantes» en una manifestación constituyen un indicio de delito?

Página 2444


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Muchas gracias, señor presidente.
Senador, lo primero que no comparte el Gobierno es que el fiscal general haya manifestado que por sí solas «actitudes vociferantes» en una manifestación constituyen indicios de delito. Lo que sí ha manifestado es que existen unas actuaciones judiciales que investigan hechos que aparentemente revisten caracteres de delito y que en estos momentos están en las conciencias de todos: unos hechos que se produjeron en una manifestación el pasado 22 de enero en la que, de acuerdo con las apariencias --no hay más que repasar los vídeos--, no solamente se insultó, se increpó, se zarandeó y se amenazó, sino que se intentó agredir al ministro de Defensa. Por tanto, procede una investigación para intentar esclarecer si en esas actuaciones existe efectivamente delito y cabe depurar responsabilidades penales por ello. (La señora Vindel López: Hay autos judiciales.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene su señoría la palabra.


El señor BETETA BARREDA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, no crea que no me he dado cuenta de que estas declaraciones son una cortina de humo (Rumores.) para distraer la atención de la opinión pública de las resoluciones judiciales que han puesto de manifiesto la permanente actitud persecutoria que tiene el Gobierno hacia la oposición, y la responsabilidad política que han tenido en esa actitud tanto el ministro del Interior como el delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid. Pues bien, esa conducta del fiscal general no puede sino calificarse de grotesca ya que está vulnerando claramente el artículo 124 de la Constitución Española, en el que se establecen las funciones del Ministerio Fiscal, entre las cuales precisamente está la de promover la acción de la Justicia ¿en defensa de quién? En defensa de los derechos de los ciudadanos.
Señor ministro, la misión del fiscal general no es defender ni ser abogado del Gobierno o de sus socios parlamentarios. Pero como se ha dicho hace un momento, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si el señor Carod dice que hay que actuar, se actúa inmediatamente, pero si se manda una carta amenazadora al senador Piqué, pues que se aguante. Si se grita, si se zarandea a un consejero de un gobierno de una Comunidad Autónoma del Partido Popular, que se aguante, pero si quien recibe «actitudes vociferantes» es un ministro del Gobierno de España, entonces hay un indicio de delito.
¡Basta ya, señor ministro! ¡Cesen a ese fiscal general del Estado! Asuman que estamos en un Estado de Derecho donde todos somos iguales ante la ley. Asuman que es lícito y legítimo criticar al Gobierno: en esta Cámara, los representantes del pueblo, y en la calle, todos y cada uno de los ciudadanos que lo entiendan pertinente. Asuman que los ciudadanos tenemos derecho a asistir a las manifestaciones y a expresarnos sin el temor a ser detenidos ilegalmente. Dejen ya de usar los poderes del Estado para perseguir con detenciones ilegales a quienes no piensan como ustedes. (Rumores.) Y me refiero a los vecinos de mi municipio de Las Rozas, a mis vecinos de comunidad, la de Madrid, y a dos militantes de mi partido, el Partido Popular.
Señor presidente, señor ministro, malos tiempos corren para la libertad corren para este país (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) si continúan con sus conductas antidemocráticas y sectarias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señor presidente, senador, créame que las libertades en nuestro país están garantizadas, y comparto con la mayoría de la sociedad española la impresión bien fundada de que respiran mucho mejor desde que ustedes fueron desalojados democráticamente del Gobierno. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y eso se decidió el pasado 14 de marzo.
Déjeme que le diga, además, que las actuaciones que están teniendo lugar en el juzgado de instrucción número 42 de Madrid ponen de manifiesto que hubo indicios de delito y que deben ser esclarecidos. Ésa es la función que ejerce el Ministerio Fiscal en ese y en todos los casos, en igualdad de condiciones para con todos los ciudadanos, cada vez que hay indicios de delito. Se trata de intentar promover la acción de la Justicia en el orden jurisdiccional penal e intentar esclarecer si hubo delito en eso que, de acuerdo con todas las apariencias y los testimonios y de acuerdo con el video que han podido visionar todos los españoles, fue una actitud de intimidación y de violencia ejercida sobre ese ciudadano que resulta ser ministro de Defensa del Gobierno de España. Pero sobre todo lo afirman los autos del titular del juzgado de instrucción número 42, y lo afirma la actuación seguida para intentar esclarecerlo con respecto de las personas que firmaron el acta, habiendo manifestado comparecer voluntariamente, sin que existiese ni detención ilegal ni ninguno de los elementos constitutivos del tipo de detención ilegal; desde luego no se les esposó, no se les tomó fotografías ni huellas dactilares. Ellos comparecieron, ofrecieron su testimonio, firmaron el acta voluntariamente, y abandonaron por su propio pie la dependencia policial, habiendo manifestado comparecer voluntariamente, sin que en ningún momento existiese interdicción de su libertad deambulatoria. Esos hechos están siendo investigados y a los hechos judiciales y a las investigaciones judiciales habrá que remitirse.
Pero déjeme que le diga que es la obligación del Ministerio Fiscal intentar impulsar la acción de la Justicia en el orden penal para intentar que ningún hecho que pueda revestir caracteres de delito quede, no ya impune, sino ni siquiera sin investigar. Y no le hacemos ningún servicio...


Página 2445


El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): No le hacemos ningún servicio al sistema democrático con esas grandilocuencias tan alejadas de la verdad y del sentido común, que se dan de bofetadas, como dio la impresión que era el ambiente que intentaba promoverse en aquella manifestación, con lo que es la sensación mayoritaria de los españoles, y es que quieren vivir en este país en libertad y respirarla con toda normalidad. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON LUIS MIGUEL SALVADOR GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA ADAPTAR LA OFICINA JUDICIAL A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (S.
680/000503).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Salvador García.
Tiene la palabra su señoría.


El señor SALVADOR GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Bienvenido, señor ministro de Justicia a esta cu casa, el Senado. La pregunta que vengo a manifestarle tiene que ver con la era que nos ha tocado vivir: la era de la información y del conocimiento, ese tránsito entre dos culturas, esa nueva revolución que, en caso de ser aprobada, nos debe permitir cambiar el patrón de crecimiento de nuestra economía, apostando por la investigación, por el desarrollo, por la innovación, por el conocimiento. Esa nueva cultura que nos tiene que permitir aumentar la productividad de nuestras empresas al incorporarle las nuevas tecnologías, pero que nos debe permitir también mejorar la calidad de nuestros servicios públicos, mejorar nuestra sanidad, modernizar integralmente la educación, mejorar nuestras políticas sociales, mejorar la Justicia.
Recientemente, este Senado presentó un informe al Gobierno sobre las medidas que considerábamos importantes que incorporase al nuevo plan de convergencia con Europa con las comunidades autónomas para el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento. Considerábamos a la Administración electrónica como el motor de cambio de una sociedad avanzada y considerábamos que debía establecer un catálogo de 20 servicios básicos para los ciudadanos que nos permitiesen modernizar nuestro país.
Pero quiero manifestarle también que el Defensor del Pueblo recientemente, en su intervención en este Senado, cuando expuso su informe del año 2004, manifestaba: debo insistir en los problemas planteados por las dilaciones, retrasos y acumulación de asuntos en buen número de órganos jurisdiccionales, deficiencias que padecen muchos ciudadanos cuyos asuntos se estancan sin resolver. Una Justicia lenta no es una auténtica Justicia, en muchas ocasiones esa lentitud agrava la indeseable situación de quienes tienen que acudir a los tribunales.
Además, en estos casos se va minando la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial, que es uno de los pilares básicos de nuestra convivencia. Este humilde senador le respondió: De acuerdo también en sus reiteradas recomendaciones; llevamos así ya muchos años, porque esto viene de largo.
Con relación a que la Justicia debe ser ágil y desarrollarse sin dilaciones indebidas, como determina el artículo 24.2 de nuestra Constitución, todos debemos ayudar para conseguir este objetivo, pero corresponde al Gobierno la responsabilidad de marcarlo como prioritario --algo que me consta, señorías, que es así--, y como estoy seguro, señor ministro, de que usted no me va a dejar mal, como estoy seguro de que vienen aires de cambio para la Justicia, para su modernización y también para la mejora de este país y de nuestra democracia, quiero plantearle la siguiente pregunta: ¿qué medidas tiene previsto adoptar el Ministerio de Justicia para adaptar la oficina judicial a las nuevas tecnologías? En la seguridad de que su respuesta va a permitir que mis palabras anteriores sean ciertas.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar) Muchas gracias, señor presidente.
Señor senador, objetivo principal del Ministerio de Justicia para esta legislatura es el de la modernización del servicio público judicial para que esté en condiciones de rendir más y mejor, con mayor calidad, en la demanda de protección de derechos de la ciudadanía. Tiene esto un elemento cuantitativo, que tiene que ver con la planta y con las inversiones sostenidas, pero tiene también un elemento cualitativo, que tiene que ver con la metodología, la organización de los recursos, de los métodos y técnicas de trabajo, pero también, y sobre todo, con la implantación masiva de las herramientas del conocimiento para hacer que las nuevas tecnologías tengan presencia en la Justicia del siglo XXI, la pongan en hora.
El Ministerio de Justicia ha elaborado un plan de implantación de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia que acompaña la implantación, en los próximos tres años, de la nueva oficina judicial mandatada por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las herramientas principales de este plan de implantación de nuevas tecnologías las he explicado en una comparecencia reciente en el Congreso de los Diputados. La primera de ellas, LexNet, que es una herramienta de comunicación de órganos de la Administración de Justicia entre sí y también con las profesiones del Derecho, con la Abogacía y la Procura, que permitirá la presentación de demandas y escritos de trámite a través de las herramientas informáticas y electrónicas que son propias de la ciencia y la tecnología de nuestro tiempo, pero sobre todo la notificación telemática con características de individualización y certificación, así como de seguridad, plenamente dignas de confianza.


Página 2446


La segunda herramienta es el llamado módulo de intercambio genérico, el llamado MIG, que es el que va a permitir la comunicación ofimática generalizada en las distintas oficinas, servicios y unidades procesales de apoyo integrantes de la Administración de Justicia, para poder comunicar, en tiempo real, exhortos, recursos, dictámenes, notificaciones, documentos destinados a la ejecución de las sentencias.
Todo ello nos va a permitir cumplir un doble objetivo. En primer lugar, minimizar el tiempo en el que la justicia cumple su función, y, por tanto, combatir el mal que de forma más insistente y severa es identificado como tal por la ciudadanía: la lentitud, a la que se acompaña de ineficiencia y de irresponsabilidad. Pero, en segundo lugar, liberar espacio y energía, es decir, desterrar el formato papel de las oficinas de justicia, que en estos momentos ocupa tanto espacio físico, pasillos enteros, despachos enteros, de modo que se pueda liberar todo un conjunto de infraestructuras a la determinación de la justicia de servir mejor a los ciudadanos. Ése es el objetivo en el que tenemos puesta la vista: una mejora general del servicio público judicial, a la que se acompañará además, en otro plano, la implantación de una informatización plena de los registros civiles que, a la vista está, están dando muchos problemas, de los que somos conscientes, y necesitan por tanto también una implantación general y masiva de herramientas informáticas que pongan en hora el reloj de ese servicio público para poder hacer efectivos de una mejor forma los derechos de la gente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON ANTOLÍN SANZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS OBJETIVOS PREVISTOS POR EL GOBIERNO CON EL ANUNCIO DE SU INTENCIÓN DE PREJUBILAR A MÁS DE VEINTICINCO MIL FUNCIONARIOS (S.
680/000496).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Sanz Pérez. Tiene la palabra, señoría.


El señor SANZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, el pasado día 13 anunció usted y denunció que la edad media de los empleados públicos andaba rondando los 47 años, que eran personas muy poco cualificadas, y que la distribución geográfica de los funcionarios no era la más adecuada, por lo que, para hacer frente a lo que usted consideraba un problema, anunció un inquietante plan de prejubilaciones incentivadas para los funcionarios públicos que estuvieran entre los 58 y los 64 años, y que podía suponer unas veinticinco mil prejubilaciones.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular quiere saber cuáles son los objetivos previstos por el Gobierno en ese plan.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, le puedo asegurar que esa propuesta del Gobierno ha podido ser acogida de cualquier forma salvo con inquietud, especialmente entre los funcionarios. Lo que el Gobierno pretende es que la Administración que ha quedado tras el proceso de transferencias se convierta en la que necesitamos para cumplir con los deberes constitucionales que tenemos encomendados.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra, senador Sanz.


El señor SANZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, los hechos demuestran lo contrario de lo que usted acaba de decir. Hay propuestas que son polémicas, y ésta lo es desde el mismo momento en que la anunció por contradictoria, nada coherente, e inasumible, como ha dicho su compañero de gabinete, el ministro de Trabajo.
El Gobierno propone a las empresas privadas un camino contrario al que quiere para sí mismo. ¿Qué razones hay para ello, señor ministro? Porque en países de nuestro entorno se recomienda, como hizo el señor Solbes cuando era comisario, que se flexibilice el retraso de la jubilación. Por otro lado, estudios muy recientes, de esta misma semana, recomiendan a la sociedad española que la edad de jubilación vaya aumentado progresivamente. E incluso en la página 127 de su programa electoral ustedes anunciaron que incentivarían la prolongación voluntaria del trabajo.
Con este anuncio usted también incumple lo acordado con las organizaciones sindicales, ya que en septiembre de 2004 firmó con ellas un acuerdo para el diálogo social con el que pretendía implantar la figura de la jubilación parcial, la cual, por cierto, es criticada por el Ministerio de Trabajo por considerar que es una sangría para el sistema público de pensiones. Y la propuesta que ahora nos ocupa también ha sido criticada tanto por el ministerio de Trabajo como por el ministro Solbes debido a su coste económico, que usted no se atreve a valorar. Pues bien, le diré que el 15 por ciento de la plantilla cotiza a la Seguridad Social, y según el estudio elaborado por el Ministerio de Trabajo el coste ronda los 3.500 millones de euros. Por tanto, ¿qué coste para el erario público cree usted que puede suponer esa medida? Además, pretende llevarla adelante mediante una legislación básica para que a ella se puedan adherir las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Pues bien, con esas decisiones no está garantizando el equilibrio presupuestario y, lo que es mucho más peligroso, está poniendo en riesgo la viabilidad del sistema de pensiones.
Por otro lado, no ha acordado esa medida con nadie. No lo ha hecho con los representantes de los trabajadores, que la han calificado de perversa, de proceso de reconversión

Página 2447


encubierta, de discriminatoria, equiparándola, y perdóneme que se lo diga, con una mascletá. Pero tampoco lo ha hecho con los ayuntamientos y las comunidades autónomas, los principales responsables en esta materia por contar con cerca de un millón de funcionarios en sus departamentos.
Señor ministro, la propuesta que usted ha anunciado va en la dirección equivocada. Por ello, le pido que la retire. Si tiene intención de hacer una reforma de la Administración general del Estado, si lo que pretende es que el servicio a los ciudadanos sea más eficaz, cosa que no dudo, entendemos que ese no es el camino.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.


El señor SANZ PÉREZ: Sí, señor presidente.
Termino pidiéndole que rectifique. E insisto en que si lo que pretende es mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos a través de las administraciones y de los funcionarios, el camino es otro: consiste en mejorar la cualificación y la profesionalidad de los funcionarios públicos y valorar la importancia del desarrollo de su carrera profesional con principios tan elementales como la igualdad, el mérito y la capacidad; y la carrera profesional debe ser atractiva, bien remunerada, invirtiendo en formación y, desde luego, despolitizada. Pero las decisiones y anuncios que usted está haciendo últimamente huelen, se lo digo con todo el cariño del mundo, a preocupante, como es la politización de la Administración Pública.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Gracias, señor presidente.
Señoría, hay varias cosas que han quedado claras tras su intervención: que ustedes no están de acuerdo con la propuesta de rejuvenecer, modernizar y recualificar la Administración; que quieren que los funcionarios existentes trabajen más años, y que no tienen una solución para mejorar la Administración Pública española, como, por cierto, ha quedado claro después de ocho años de pasividad absoluta del Gobierno del Partido Popular en esta materia.
Señoría, el punto tres del acuerdo que yo firmé con los sindicatos en septiembre del año pasado dice lo siguiente: Estudiar los criterios esenciales para el establecimiento de un plan de jubilación anticipada para colectivos específicos, teniendo en cuenta las necesidades de las Administraciones Públicas y los derechos de los empleados. Eso es lo que yo estoy desarrollando, por cierto, con esos mismos sindicatos con los que hemos puesto en marcha un grupo de trabajo el pasado día 14.
¿Sabe usted dónde está el problema? El problema es que tenemos ya la Administración más pequeña de las tres. Tenemos una Administración central del Estado que es periférica --tres de cada cinco funcionarios están en la periferia--, tenemos una Administración general del Estado con un peso muy elevado de los niveles C y D --siete de cada diez funcionarios están en niveles de gestión, cuando esta Administración cada vez tiene menos gestión--, y tiene la edad media más elevada de todas las administraciones. Algo habrá que hacer, y este Gobierno no se resigna a asumir pasivamente la Administración que tenemos, la que hemos heredado.
Hay que hacer muchas cosas y en muchas direcciones: organización, modificación de las estructuras administrativas --la ley de agencias que próximamente enviará el Gobierno a las Cámaras va en esa dirección--, modernización tecnológica de las administraciones --por ejemplo, que desde Internet se puedan hacer muchas gestiones-- y formación, adecuación geográfica y cualificación de los funcionarios que integran esta Administración Central, no la de hace veinte años. Para eso hay muchos instrumentos que el Gobierno está poniendo en marcha, y uno de ellos, desde luego, es cumplir el acuerdo con los sindicatos. No le quepa ninguna duda: el grupo de trabajo funcionará; el grupo de trabajo elaborará propuestas, y el grupo de trabajo permitirá, también en esto, que el Gobierno no se detenga ante el inmovilismo que permanentemente propugna su grupo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON MANUEL ARJONA SANTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA HACER EFECTIVA UNA ADMINISTRACIÓN MÁS EFICAZ Y CERCANA A LOS CIUDADANOS (S. 680/000500).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Arjona Santana.
Tiene la palabra su señoría.


El señor ARJONA SANTANA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Administraciones Públicas, su Gobierno consideró desde el primer día que las administraciones públicas constituyen un instrumento esencial para el desarrollo democrático y el progreso conjunto de la sociedad. Disponer de unos servicios públicos de calidad que hagan efectiva la igualdad de oportunidades entre las personas y les garantice el ejercicio de sus derechos constitucionales sabemos que es una de las prioridades de su ministerio.
Una Administración cercana a los ciudadanos es fundamental, así como el compromiso de una mejora de la calidad de los servicios públicos, que debe ser firme y decidida por parte de su Gobierno. Es necesaria una Administración Pública que se fije objetivos, que sea transparente y evaluable por los ciudadanos. Ése sabemos que es uno de los objetivos irrenunciables del Ministerio de Administraciones Públicas. Lograr una mejora de los servicios públicos

Página 2448


es una exigencia democrática, y hacer una Administración Pública cercana al ciudadano y que estos la sientan como suya requiere una serie de actuaciones por parte del Gobierno. Los servicios públicos sabemos que deben buscar que la igualdad de derechos se pueda hacer efectiva sin considerar la condición personal o social de los ciudadanos. Su Gobierno tiene el firme compromiso de configurar una Administración Pública que asegure la cohesión social y facilite el desarrollo de todos los territorios. Conocemos que el diálogo social es un factor muy importante en la Administración Pública como sistema más adecuado para tomar decisiones que van a afectar a un colectivo muy amplio y muy diverso. Actualmente la sociedad española necesita disponer de una Administración moderna, con una estructura ágil que facilite el acceso al ciudadano y un funcionamiento más eficaz.
Señor ministro, sabemos que durante el poco más de un año que lleva al frente del Ministerio de Administraciones Públicas se han tomado importantes decisiones dirigidas a la mejora y modernización de la Administración Pública, buscando conseguir unos servicios públicos de más calidad, más transparentes y eficaces para el ciudadano. En definitiva, señor ministro, ¿qué medidas está adoptando su ministerio para hacer efectiva una Administración más eficaz y más cercana a los ciudadanos? Muchas gracias.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, le agradezco especialmente que formule esta pregunta hoy, cuando se celebra el día mundial de la Administración Pública. La ONU celebra este día porque se considera que las administraciones públicas son fábricas de libertades y garantías de derechos y que es inexcusable tener unas buenas administraciones públicas si queremos tener países democráticamente avanzados y funcionales y socialmente cohesionados.
Por tanto, no es independiente del criterio y la visión política que se tenga de una sociedad la decisión de qué se hace y cómo se aproxima y se aborda el problema de su administración pública. Este Gobierno está empeñado en mejorar y modernizar la administración en aquello que le compete directamente: la Administración General del Estado, para que sea capaz de cumplir las tareas constitucionales y de fortalecer ese sentimiento de identificación de los ciudadanos con los poderes públicos.
Eso exige una administración próxima, que facilite el acceso de los ciudadanos a través de todas las formas que hoy las nuevas tecnologías permiten. Eso exige una administración que facilite el acceso de todos los que necesitan una gestión, con independencia de que sea en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma o en un ministerio. Tenemos que ofrecer ventanillas integradas a las que cualquier ciudadano, en demanda de cualquier información sobre cualquiera de las tres administraciones, pueda dirigirse. Entendemos que la cooperación entre administraciones es un problema interno, y resulta fundamental si queremos ser capaces de gestionar esa demanda que cualquier ciudadano tiene derecho a plantearnos y exigirnos ante cualquier administración.
Debe ser una administración que no moleste a los ciudadanos pidiéndoles reiteradamente datos e información que ya tiene; una administración que ponga en marcha algunos de los proyectos que este Gobierno ha diseñado, como el Plan Conecta, y haga uso del acceso informático y telemático en los procedimientos administrativos, que están dando pasos muy importantes este año y aún serán mayores después de la aprobación del DNI electrónico, que es una pieza cardinal de toda la estructura y estrategia de Lisboa en España y de la sociedad de la información y del conocimiento. En definitiva, la administración debe ser percibida por los ciudadanos como algo amable, eficaz y transparente y el código de conducta de sus altos cargos ha de responder a las más elevadas exigencias de los ciudadanos.
Ésa es la administración que este Gobierno tiene comprometida y la que estamos poniendo en marcha.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON PERE MACIAS I ARAU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE EL ALCANCE DEL ANUNCIADO MODELO DE COGESTIÓN AEROPORTUARIA CON RELACIÓN A LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (S. 680/000487).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Macias i Arau. Tiene la palabra su señoría.


El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra. Nuestra pregunta se refiere al alcance del anunciado modelo de cogestión aeroportuaria con relación a la participación de las comunidades autónomas y otros entes.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como usted bien sabe, a esta cuestión he contestado reiteradamente en el Pleno de esta Cámara. Pero también lo ha hecho el presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso en los términos que reproduzco textualmente: «Nuestro objetivo es que los usuarios tengan el transporte aéreo con el mayor nivel de seguridad y calidad. Para ello, queremos contar con la participación activa de las comunidades autónomas, de las entidades locales y de otras entidades de relevancia social en la gestión actual de la red de aeropuertos del ente público aeropuertos nacionales, AENA.» Ésa es la posición del Gobierno, que reitero y mantengo.


Página 2449


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra su señoría.


El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora ministra.
Como usted puede suponer, el fragmento que ha leído es conocido por los señores senadores. Lo que pasa es que, por informaciones periodísticas que nos han llegado por parte de miembros del Partido Socialista, creíamos --no sé si es cierto y espero que nos lo aclare-- que se había avanzado algo en esta pretensión. Es decir, usted nos cuenta un objetivo que incluso puede ser compartido, pues sabe que de hecho nuestro grupo defiende un modelo que iría mucho más allá de estas pretensiones. En cualquier caso, nos parece positivo que dicho objetivo se plantee. Pero una vez planteado, conocido desde hace meses, reiterado, como usted dice, nuestra función es intentar saber si se ha avanzado en su consecución.
Señora ministra, supongo que es usted consciente de la importancia de ese objetivo, y para que esta pregunta pueda enriquecer algo esta cuestión, me gustaría reiterarle que esta participación, más allá de lo que está escrito, ya se está produciendo en algunos aeropuertos. Así, por ejemplo, en el aeropuerto de Girona, y respecto de ese importante aumento del tráfico que se ha logrado con una compañía de las denominadas de bajo coste, y que acapara el 90 por ciento del mismo, los trámites para conseguir que esa compañía operara fueron ejecutados por un consorcio en el que participa la Diputación de Girona, el Gobierno de la Generalitat y la Cámara de Comercio, y por tanto, quien se preocupa de que vengan aviones a un aeropuerto no es AENA, sino ese consorcio.
Otro tema que usted sin duda conoce perfectamente es que ese aeropuerto, fruto de este espectacular crecimiento, ha sufrido graves problemas referidos al estacionamiento de vehículos, y quien lo ha resuelto no ha sido tanto AENA, si bien ha colaborado para ordenar un poco el aparcamiento existente, sino el Gobierno de la Generalitat, que tiene un polígono logístico al lado, y el ayuntamiento; un ayuntamiento, por cierto, realmente pequeño, de 2.000 habitantes, que es quien gestiona dicho aparcamiento.
La realidad a veces supera la propia norma administrativa, y por tanto, parecería lógico que aquélla se adecuara como mínimo a esa realidad. Y esto es, precisamente, lo que ha llevado a mi grupo a demandar una mayor precisión, repito, mucho más allá de un objetivo que incluso podemos compartir.
Ayer mismo vi que el Congreso de los Diputados aprobó una moción con una enmienda de su grupo que decía textualmente: «Desarrollar un nuevo modelo de gestión aeroportuaria en los aeropuertos de Barcelona, Girona y Reus, con participación del Estado, de la comunidad autónoma, de los municipios y de las entidades representativas». Es decir, que además, y por si fuera poco, de su voluntad...


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.


El señor MACIAS I ARAU: Voy terminando.
Como decía, además de lo que parece que se está trabajando, existe ya un mandato claro aprobado por unanimidad, y a propuesta, por cierto, del Grupo Parlamentario Socialista.
Nos gustaría que usted pudiera concretar algo más en este sentido.
Muchas gracias, señora ministra.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señoría, siento mucho que tenga usted la impresión de que quien resuelve los problemas en los aeropuertos, incluidos, por supuesto, en los catalanes, no es AENA, sino todos los demás. Los resuelve AENA con todos los demás, que es precisamente en lo que estamos trabajando y de lo que estamos hablando.
Se está avanzando, puesto que se están analizando alternativas, y se está viendo cómo podemos mejorar el servicio público que prestamos al ciudadano. Se está trabajando y analizando las diferentes alternativas desde la perspectiva del objetivo que he planteado. Y he reproducido las palabras del presidente puesto que esto es un compromiso de legislatura que le puedo asegurar que llevaremos a cabo.
En la medida en que estamos trabajando en ello, no le puedo avanzar alternativas, ya que sería fijar una posición que todavía no tiene el ministerio porque aún no se ha decidido cuál es la mejor fórmula para que participen en la gestión, tanto las comunidades autónomas como los entes locales u otras instituciones, garantizando lo que está por encima de todo, que es el mejor servicio público.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON JUAN JOSÉ IMBRODA ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO PARA QUE LAS COMUNICACIONES AÉREAS DE LA CIUDAD DE MELILLA CON LA PENÍNSULA SEAN DECLARADAS DE INTERÉS PÚBLICO (S. 680/000493).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Imbroda Ortiz, que tiene la palabra.


El señor IMBRODA ORTIZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, deseo preguntarle qué gestiones ha hecho el Gobierno para que las comunicaciones aéreas de Melilla sean declaradas de interés público.
Usted conoce perfectamente la problemática que existe en la ciudad de Melilla en relación con las rutas aéreas. La calidad del servicio es buena, así como el número de rutas y la frecuencia, sin embargo, las tarifas son muy altas a pesar

Página 2450


de las bonificaciones de que gozamos todos los residentes, de manera que para los no residentes son prohibitivas, lo que impide el desarrollo socioeconómico de la Ciudad de Melilla, por lo que respecta a la navegación aérea.
Señora ministra, el día 13 de enero me dirigí a usted en este sentido y no he obtenido respuesta hasta el momento. Por ello, le formulo esta pregunta en el Pleno del Senado, a ver si tengo suerte y ahora sí me contesta.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señor Imbroda, usted que ha sido presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla en los últimos cuatro años, siempre ha hecho declaraciones en contra de lo que ahora plantea en esta Cámara. Es decir, su opinión siempre ha sido favorable a la libre competencia y a no declarar las obligaciones de servicio público en Melilla. No sé si usted ha cambiado ahora de postura o si simplemente quiere cuestionar la posición del Gobierno actual.
Tras los análisis realizados sobre las circunstancias en las que se desarrolla la conexión aérea de Melilla con la península y sobre una posible declaración de obligación de servicio público en las rutas aéreas entre Melilla y la península, como usted ha dicho, se llega a la conclusión de que con la oferta comercial actualmente existente está garantizada la continuidad, la regularidad y la capacidad de transporte aéreo en dichas líneas.
Por lo que se refiere a los precios, que es donde creo que puede radicar el problema, venimos aplicando una política de subvención a los ciudadanos residentes en los territorios no peninsulares y, como usted bien sabe, el porcentaje de la subvención lo ha subido el Gobierno actual.
En cualquier caso, estamos estudiando la estructura de costes de las rutas aéreas entre Melilla y la península, a fin de analizar si el establecimiento de una obligación de servicio público pudiera servir para reducir las tarifas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra el señor Imbroda.


El señor IMBRODA ORTIZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, su respuesta es correcta, pero sólo hasta cierto punto.
Como usted sabe, siempre manifesté que la pista del aeropuerto de Melilla era corta, que había que ampliarla y, en este sentido, se hizo un plan director del aeropuerto, gracias al cual tenemos ya una pista ampliada.
Tal y como se podrá comprobar en las hemerotecas, dijimos que había que esperar a que esa pista fuese ampliada porque AENA anunciaba que, con la ampliación, iban a entrar aeronaves de mayor capacidad y, en ese caso, se podría incrementar la competencia; y, a renglón seguido decía que, si no fuera así, habría que acudir al interés público de la línea.
Señora ministra, me extraña que alegue que están ahora estudiando la cuestión porque su partido se ha hartado de decir, por activa y por pasiva, que creía en el interés público. Por lo tanto, ya debería haberse tomado esa decisión política al día de hoy.
Tal y como le decía en mi escrito, y es el sentir general de todos los melillenses, gracias a las gestiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma hay una compañía aérea nueva, disponemos de frecuencias y rutas muy interesantes, la calidad del servicio comercial es buena, igual a cualquier otra ruta nacional, pero sigo diciendo que es caro y no sólo para aquellos que no son residentes --que es un elemento muy importante a tener en cuenta de cara al posible desarrollo de la Ciudad Autónoma de Melilla--, sino también para los residentes, a pesar de las mencionadas bonificaciones, sobre todo porque vivimos en una ciudad, como usted bien sabe, que tiene una serie de carestías añadidas que hacen que la vida sea superior en coste a la peninsular.
Señora ministra, le he formulado esta pregunta porque no he recibido respuesta a mi escrito del 13 de enero, hace ya seis meses, y esperaba que usted me dijera cuáles son las gestiones que se habían llevado a cabo, con el fin de ir al BOE y declarar el interés público de la línea una vez que, por supuesto, hubiese tenido a bien ponernos al corriente de sus trabajos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señoría, está claro que sé que se ha producido la ampliación de la pista de Melilla; de hecho, la ha puesto en servicio este Gobierno.
Señoría, nosotros estamos estudiando todas las alternativas porque, a diferencia del Partido Popular, mi partido siempre está abierto a posibles soluciones y analiza las propuestas de todos.
La opción que usted defiende hoy presenta el dilema --y bien lo sabe-- de subvencionar a los residentes, como hasta ahora, o subvencionar a las compañías. Si defiende la opción de declararlo servicio público sin subvención, esta no tendría efecto sobre la tarifa, sino el de impedir la entrada de otras compañías aéreas. Le pido que analice con cuidado todas las alternativas que propone, y que no haga con ellas un «totum revolutum», porque sus propuestas entran en conflicto entre sí. Por otra parte, y como sabe, la Unión Europea no ha aceptado la doble subvención.
En concreto, la rechazó tras una consulta de Francia sobre Córcega.
Insisto en que estamos estudiando todas las alternativas; entre otras, la de posibilitar la entrada de otras compañías para que, al ampliar la competencia, se abaraten las tarifas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Página 2451


-- DE DON FRANCISCO JAVIER IGLESIAS GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO RESPECTO A REUNIRSE CON EL ALCALDE DE SALAMANCA O CON EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, TRAS LA MASIVA ASISTENCIA A LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA EN DEFENSA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (S.
680/000495).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Iglesias García.
Tiene la palabra su señoría.


El señor IGLESIAS GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra de Cultura, después de la multitudinaria manifestación celebrada el 11 de junio en Salamanca, ¿cuándo tiene previsto el Gobierno reunirse con el alcalde de Salamanca o con el presidente de la Junta de Castilla y León?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Cultura.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.
Señoría, nos hemos reunido en multitud de ocasiones, y nos reuniremos de nuevo cuando ellos lo pidan. Hasta ayer, no lo habían solicitado.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS GARCÍA: Señora ministra, Salamanca vivió el 11 de junio una auténtica fiesta de democracia. Más de 80.000 personas gritaron al unísono sí a la unidad del Archivo. Eran decenas de miles de manifestantes, ciudadanos anónimos, que querían expresar en la calle su indignación por la decisión del Gobierno --y sólo del Gobierno-- de expoliar, dividiéndolo, el Archivo de Salamanca. Por cierto, a pesar de los malos augurios, los manifestantes se mostraron como una multitud tranquila, respetuosa y cívica, en todo momento.
Señora ministra, no queremos que aproveche de nuevo la oportunidad para dar una versión increíble del Gobierno, ni para hablar de buenos y malos; una argumentación trasnochada, dicho sea de paso. Lo que deseamos es saber si el señor Rodríguez Zapatero recibirá al señor alcalde de Salamanca. Por cierto, acaba de mentirnos, porque tengo una carta, fechada el 15 de junio, en la que el alcalde de Salamanca solicita formalmente que le reciba el presidente del Gobierno.
El Gobierno ha hecho un esfuerzo --es verdad-- por dialogar, por comprender y por llegar a acuerdos; pero sólo con una de las partes, señora ministra. Usted y el señor Rodríguez Zapatero han hablado --y nos parece muy bien-- con la Comisión de la Dignidad, con Esquerra Republicana de Catalunya, con el Partido Socialista catalán, con Iniciativa per Catalunya, con la Generalidad de Cataluña, etcétera; pero la otra parte ha sido sistemáticamente silenciada, y despreciada en ocasiones, cuando no zarandeada.
Han hecho caso omiso de las numerosas peticiones de diálogo --formales, a pesar de lo que usted diga-- de la Junta de Castilla y León: hasta ahora, nada. Sólo accedieron, en el primer momento, a que el señor alcalde de Salamanca se entrevistara con el señor Rodríguez Zapatero; entrevista que, por circunstancias, le interesaba al presidente del Gobierno, y en la que prometió diálogo.
Pues bien, las importantes instituciones citadas desean que se las reciba con la legitimidad que otorga el respaldo mayoritario del pueblo de Salamanca y el de la aplastante mayoría de los ciudadanos de Castilla y León. Quieren exponer al presidente lo que probablemente no querrá oír: que está vendiendo la dignidad de todos los españoles, y que gobernar también es decir que no. Por cierto, el señor Caldera tampoco se digna recibir al señor alcalde de Salamanca. Será porque dijo hace unos años, y cito literalmente: «y me opongo al traslado de los documentos».
Si estas audiencias no se hacen efectivas, señora ministra, se confirmará lo que algunos ya sospechamos: el Gobierno del Partido Socialista es un Gobierno sectario, cuyo fin último es, por encima de todo --por encima del bien común de los españoles--, perpetuarse en el poder.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.


El señor IGLESIAS GARCÍA: Voy concluyendo, señor presidente.
El señor Rodríguez Zapatero dijo que se debe escuchar a la calle. Ahora tiene una oportunidad de oro, señora ministra. Señora ministra, esos más de 80.000 manifestantes que estuvieron en las calles de Salamanca y a los que estamos convencidos de que se suman millones de españoles merecen ser escuchados, merecen una oportunidad, es otra parte de España muy significativa y muy importante que también merece estar en La Moncloa, con el presidente del Gobierno, para ser escuchada.
Le pido que ponga fecha, día y hora para que el alcalde de Salamanca o el presidente de la Junta de Castilla y León sean recibidos por el presidente del Gobierno y expongan las verdades, las únicas verdades del archivo de Salamanca.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Cultura.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.
Señoría, me va a permitir que le conteste como yo quiera, exactamente igual que usted pregunta como usted quiere, si le parece oportuno, por aquello del respeto mutuo entre usted y yo.


Página 2452


Tiene un problema grave y es que habla usted del Archivo de Salamanca y no es el Archivo de Salamanca, es el Archivo de todos los españoles en Salamanca. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El Archivo de Salamanca es el Archivo Municipal del Alcalde de Salamanca, que no sé cómo está. El Archivo de Salamanca es el Archivo Provincial Histórico de Salamanca, que gestiona la Junta de Castilla y León. Saque usted a los españoles de ese enredo. Igual sucede respecto del Museo de El Prado, que no es el museo de los madrileños, sino el museo de todos los españoles en Madrid.
Señoría, tienen ustedes un gravísimo problema de viga en el ojo propio.
¿Sabe usted cuántas veces me he reunido con el alcalde de Salamanca y con el presidente de Castilla y León, en donde hay que hacerlo, que es en el Patronato del Archivo? Cinco veces, repito, cinco veces, donde han manifestado libre y tranquilamente su posición, que es la misma de la manifestación, que no se ha alterado a lo largo del tiempo. ¿Y sabe usted por qué? Porque cuando su Partido gobernaba creó un patronato en el que daba cabida al Ayuntamiento de Salamanca y a la comunidad autónoma.
¿Sabe usted por qué en el Archivo de Indias, un archivo de todos los españoles en Sevilla, no se puede sentar el alcalde de Sevilla ni el presidente de la Junta de Andalucía? Porque cuando ustedes gobernaban, con instituciones gobernadas por los socialistas, nunca les dieron cabida en ese patronato. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Fíjese usted hasta qué punto tienen participación y han podido manifestar tranquilamente sus posiciones. Lo han hecho con toda libertad y hasta el último momento. Y este Gobierno se dedica, por cierto, a hacer lo que tiene que hacer un gobierno democrático política y jurídicamente: cumplir una proposición no de ley, que es una resolución de obligado cumplimiento, aprobada en el Congreso de los Diputados. No hay más debate que una ley, que es lo que este Gobierno ha traído al Congreso de los Diputados.
No enrede usted a los españoles, no enfrente a unos españoles con otros.
Y, si nos ponemos a recordar, le diré que el señor Piqué, senador de esta Cámara, ha reconocido y agradecido a este Gobierno que se devuelvan a Cataluña los documentos legítimos de su autogobierno en la España republicana y en la Constitución de 1931.
Si usted no puede comprender la España actual, el modelo democrático constitucional actual hablando del Archivo de Salamanca es su problema, no es el problema de este Gobierno. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DOÑA MARÍA JOSÉ NAVARRO LAFITA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL MINISTERIO DE CULTURA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL SECTOR DE LA DANZA EN ESPAÑA (S.
680/000501).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Navarro Lafita.
Tiene la palabra su señoría.


La señora NAVARRO LAFITA: Gracias, señora presidente.
Señora ministra, en la última encuesta sobre hábitos y prácticas culturales en España, publicada hace unos meses, observamos respecto a la danza que los españoles tenemos poco hábito de acudir a este tipo de representaciones. Esta encuesta revela que tan sólo un 8,3 por ciento de población afirma que asiste con cierta regularidad a este tipo de eventos y que, de este porcentaje, el 66, 1 por ciento es público femenino, el 44,2 por ciento es menor de 35 años, su nivel de formación es de bachiller o universitario y que, entre las barreras que separan al público de esta disciplina de las artes escénicas, destaca, en primer lugar, la escasez de oferta en la zona de residencia.
Los profesionales de la danza han venido reclamando en los últimos años el apoyo de las distintas administraciones públicas, ya que para ellos la situación resulta dramática, puesto que, salvo en las grandes ciudades, encuentran muy pocas posibilidades de saltar al mundo profesional.
Resulta necesario, pues, buscar nuevos públicos, formar nuevas generaciones de aficionados, apostar por la creación coreográfica y consolidar las estructuras artísticas de la danza, consiguiendo su estabilidad y mejorando su promoción y difusión.
Señora ministra, hemos observado por parte del Gobierno voluntad de apoyo económico al sector de la danza en la consignación presupuestaria del año 2005, pero ¿qué medidas tiene previsto adoptar el Ministerio de Cultura para contribuir al desarrollo del sector de la danza en España? Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Cultura.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, a usted, a mí y a muchas personas en este país nos preocupa el escaso apoyo que tradicionalmente se ha venido prestando a la danza como hecho artístico, al mundo coreográfico y naturalmente a las compañías que en nuestro país existen. Es verdad que a lo largo de 30 años de modelo democrático y naturalmente de la concurrencia de diferentes administraciones públicas se ha avanzado algo, pero las cifras que usted da, más otras que yo podría añadir nos colocan en esa situación.
En esta legislatura tenemos la voluntad de poner foco y atención, dentro de las artes escénicas, a la danza. Es verdad que en una sola legislatura no se puede remontar --cuantitativamente hablando-- el escaso gusto y aprecio del público de nuestro país por el hecho artístico que la danza representa. Aún así, y teniendo en cuenta que el objetivo en esta legislatura es tener un área específica para la ayuda y el fomento de la danza, que todavía la estructura del ministerio no tiene ni nunca ha tenido a lo largo de estos 30 años de gobierno

Página 2453


democrático, hemos tomado medidas ya en las órdenes de subvenciones de este año; hemos propiciado una costumbre que en España no existía, que es tener a las compañías de residentes en los teatros, de tal manera que se aprovecha la utilidad de las infraestructuras y el modelo de trabajo que ellos necesitan; hemos aprovechado también en estas órdenes de subvenciones para animar a los teatros públicos a que programen danza financiando una parte importante de esa programación y obligando a que haya cinco compañías rotando por el territorio español, de tal manera que con esta cooperación del ministerio los teatros se animen a programar más danza; hemos procurado que en nuestra orden de subvenciones, que ha crecido económicamente en 2005, haya más ayudas a las compañías de reciente creación, que en donde hemos de jugarnos los recursos públicos y, naturalmente, correr el riesgo desde las políticas públicas de cultura con los creadores y, de paso, ayudar a la financiación de las giras internacionales de las compañías consagradas en nuestro país.
Tendremos pronto un portal de Internet específico para la danza porque un problema de la danza es que hay poco trasvase de información no solamente en el ámbito de la creación coreútica, sino también en el ámbito de las propias compañías que se forman y de la rotación posible. Y, finalmente, en su momento y en el marco de esta legislatura, tendremos un departamento específico que nunca ha existido y que pondremos en marcha con mayor dotación económica porque compartimos con usted que hay que hacer un esfuerzo en el hecho artístico de la danza.
No obstante, este país tiene dos instituciones extraordinarias en nuestro Ballet Nacional, en el que, por primera vez, este año se va a montar un taller de coreografía para proteger la escuela bolera, que es una parte importante del patrimonio histórico español que no podemos perder.
Como ve, señoría, hemos tomado medidas, algunas rápidas, no todavía suficientes, pero sí será una legislatura en la que pongamos empeño en ese terreno por razones de justicia.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


-- DE DON FRANCISCO JAVIER CASTAÑO DEL OLMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS CAMPAÑAS PUESTAS EN MARCHA POR EL GOBIERNO PARA ERRADICAR LA TRANSMISIÓN DEL SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA) ENTRE LOS JÓVENES (S. 680/000498).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Castaño del Olmo.
Tiene la palabra su señoría.


El señor CASTAÑO DEL OLMO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, el informe del Ministerio de Santidad y Consumo revela que en 2004 se diagnosticaron un total de 2.034 enfermos de sida, lo que supone un 10,7 por ciento menos que el año anterior. Casi la mitad de ellos contraían la enfermedad por vía sexual. El 22,8 por ciento de los casos eran mujeres y un 77,2 eran hombres, y prácticamente la mitad, el 43 por ciento, se contrajo por vía sexual.
Aunque continúan disminuyendo los nuevos casos diagnosticados en todos los grupos de transmisión, especialmente los debidos al uso compartido de jeringuillas entre usuarios de droga, los descensos son menores en los casos de transmisión sexual. Las personas que han contraído la enfermedad como consecuencia de mantener relaciones heterosexuales no protegidas descendieron un 10,97 por ciento mientras que los casos debidos a relaciones sexuales entre hombres disminuyeron en un 6,8 por ciento. En este balance se puede observar que desde la extensión de los nuevos tratamientos antirretrovirales en 1996, la incidencia de esta enfermedad se ha extendido en España en un 69,5 por ciento. La disminución más destacada lo fue en el período 1997-1999, y luego hubo otro más moderado a partir de 2000. Sin embargo, España sigue siendo uno de los países de mayor incidencia en Europa occidental.
Así pues, a tenor de los datos expuestos, podemos comprobar la disminución de los casos de contagio del VIH, pero nos vemos en la obligación de no bajar la guardia y seguir trabajando para erradicar el contagio del sida entre los jóvenes.
Por todo lo expuesto, señora ministra, mi pregunta es la siguiente: ¿Cuáles son las campañas que tiene en marcha el ministerio para erradicar la transmisión de sida entre los jóvenes? Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de sanidad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, efectivamente la infección por VIH incide mayoritariamente en el ámbito juvenil porque tres de cada cinco casos nuevos de sida declarados y adquiridos por vía sexual han afectado a jóvenes de entre 20 y 39 años y, teniendo en cuenta que la infección por VIH se habrá producido entre 8 y 13 años antes, indica que en el momento de la infección eran jóvenes o adolescentes. Necesitamos, por lo tanto, concienciar de ese riesgo a nuestros jóvenes e impulsarles para que adopten conductas más saludables y también para que utilicen con mayor frecuencia los preservativos.
En este año la transferencia de fondos desde el ministerio para el desarrollo del Plan Multisectorial de Lucha contra el Sida ha ascendido a 4.800.000 euros para abordar este problema y entre las áreas de atención especial está, por supuesto, la prevención de los jóvenes con las siguientes actividades: Programas de educación y promoción de la salud afectivo-sexual en la escuela, en colaboración con los centros de atención primaria en la planificación familiar;

Página 2454


facilitar la accesibilidad del preservativo mediante subvenciones y mediante su distribución en lugares de especial interés, así como enseñanzas para su correcto uso; información a través de campañas dirigidas a la población en general, pero especialmente a los jóvenes. La primera de esas campañas, que se realizó en noviembre de 2004, tiene el lema de «Por ti, por todos, úsalo», para destacar la responsabilidad individual en esas medidas de prevención y en la promoción de un sexo más seguro. Esta campaña tuvo una gran aceptación entre los jóvenes, será difundida de nuevo en los meses de junio y julio y quiero anunciarle que estamos diseñando en este momento otra campaña específica dirigida a la población homosexual.
Hemos firmado también un convenio entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Consejo de la Juventud para difundir guías de información, carteles, postales, vídeos con materiales educativos y para distribuir gratuitamente preservativos.
Se ha preparado material divulgativo multilingüe, en 12 lenguas distintas, para atención a la población inmigrante y se ha distribuido todo este material entre los planes de sida de las comunidades autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Señoría, del éxito de esas intervenciones resultará el éxito en la prevención de la transmisión del VIH en nuestro país.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
¿Desea intervenir, señor Castaño? (Denegaciones.)

-- DE DON FRANCISCO JAVIER CASTAÑO DEL OLMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS PROPUESTAS POR EL GOBIERNO PARA ERRADICAR EL CONSUMO DE TABACO ENTRE LOS ADOLESCENTES (S. 680/000499).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, del señor Castaño del Olmo.
Tiene la palabra su señoría.


El señor CASTAÑO DEL OLMO: Muchas gracias, señor presidente.
El consumo de tabaco ha aumentado en un 40 por ciento entre los adolescentes españoles en los últimos 15 años, según los datos de la Fundación Atenea. Un 40 por ciento de las españolas con una edad comprendida entre 15 y 25 años consume habitualmente tabaco, por lo que España ocupa el primer lugar de la Unión Europea con más mujeres fumadoras, según datos del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. El 20 por ciento de los adolescentes de 14 a 18 años fuma todos los días, según datos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, dato realmente espeluznante de la adicción tabáquica entre los adolescentes y los anteriormente expuestos. Si esto no es poco, también hay que exponer los estudios de publicidad y «marketing» de compañías tabacaleras, según los cuales esta industria necesita incorporar cada año 170.000 jóvenes fumadores para reponer a las personas que han dejado de fumar o han fallecido, según datos del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo. El 90 por ciento de los fumadores regulares empezaron a fumar antes de los 18 años.
Así pues, vistos estos datos, creo que todos estamos de acuerdo en que donde hay que empezar a ganar la guerra en la lucha contra el tabaco es en la prevención en los segmentos de población más jóvenes. Toda persona que no comience a fumar en estas edades es muy difícil que comience a fumar en edad adulta.
Por ello, señora ministra, ¿cuáles son las medidas propuestas por el Gobierno para erradicar el consumo de tabaco entre los adolescentes? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, ha aportado usted algunos datos que indican la prevalencia del consumo de tabaco entre los jóvenes. Yo le voy a aportar uno más: el 60 por ciento de la población fumadora empezó a hacerlo a la edad de 13 años, concretamente la media de la edad de inicio del consumo de tabaco en nuestro país es 13,1 años, la más baja de la Unión Europea. Es evidente, por tanto, que los adolescentes representan el grupo con mayor incidencia de nuevos fumadores y le aseguro por ello que desde el inicio de la legislatura es el grupo al que estamos dedicando nuestra máxima atención para reducir y prevenir el consumo de tabaco.
Por eso, en el año 2004 se transfirieron 12 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas para llevar a cabo actividades de prevención del tabaquismo, dedicando el Ministerio de Sanidad 1.370.000 de euros más para la realización de la campaña informativa, «Gracias por no fumar», que llevamos a cabo el pasado mes de diciembre y que fundamentalmente perseguía decirle a los jóvenes cuáles eran las consecuencias del consumo de tabaco.
En este ejercicio 2005, el Consejo de Ministros ha autorizado ya el reparto de otros 12 millones de euros para financiar programas de actuación específicos dirigidos a disminuir la incidencia del tabaquismo entre la población adolescente. En este ejercicio el ministerio ha dispuesto de 4.200.000 euros para la firma de convenios de colaboración y para la realización de dos campañas informativas; una para la prevención del consumo de tabaco entre los adolescentes y otra para promover espacios sin el humo ambiental del tabaco.
Además, como sabe, está en trámite parlamentario un proyecto de ley reguladora de la venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco, que establece limitaciones que incidirán en la prevención del consumo entre los adolescentes, con medidas como la prohibición de venta a menores de 18 años; la prohibición de venta por menores de 18 años; la exigencia de acreditar la

Página 2455


edad; el empaquetamiento mínimo en 20 unidades, sin permitir la venta de cigarrillos sueltos; la prohibición de la entrega de muestras o de productos promocionales; el mayor control de la venta a través de máquinas expendedoras y la prohibición de toda clase de publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco, porque, como usted bien ha dicho, las empresas tabaqueras necesitan incorporar nuevos fumadores entre la población joven que sustituyan a las personas que han fallecido por causa del consumo de tabaco.
Todas estas medidas tienen como finalidad hacer que nuestro país deje de estar en el farolillo rojo de las medidas de prevención del hábito del tabaquismo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


-- DE DON JAVIER SOPEÑA VELASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI EL GOBIERNO CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE QUE LA INTENSA SEQUÍA QUE PADECE ESPAÑA PUEDA PRECIPITAR LAS RESTRICCIONES DE AGUA PARA CONSUMO DOMÉSTICO (S. 680/000494).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Sopeña Velasco.
Tiene la palabra su señoría.


El señor SOPEÑA VELASCO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Medio Ambiente, ¿contempla el Gobierno la posibilidad de que la intensa sequía que padece España pueda precipitar las restricciones de agua para uso doméstico?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno viene actuando desde el año pasado para evitar el problema que usted está planteando.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra su señoría.


El señor SOPEÑA VELASCO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, desde el momento en que sonaron las primeras alarmas de la sequía que nos asola parecía, incluso en los pronósticos más pesimistas, que quedaba a salvo el consumo doméstico. Las previsiones de lluvia en primavera tampoco se han cumplido y la situación a día de hoy ha sido calificada de catástrofe para la agricultura y la ganadería. Las medidas que ha puesto en marcha este Gobierno, según nuestro grupo parlamentario --como le hemos repetido en numerosas ocasiones--, han sido escasas y tardías, destinadas principalmente a paliar en lo posible las restricciones de agua para la agricultura.
Estamos todavía en el primer día de un verano que se presenta sumamente seco y caluroso y, a día de hoy, ya hemos conocido situaciones de emergencia que intentan ser corregidas por iniciativas de algunos ayuntamientos, por ejemplo en la provincia de Huesca, para garantizar el consumo humano, así como en la Comunidad de Madrid, que ha entrado en la fase cero por alerta de sequía y donde se ponen en marcha medidas para evitar las restricciones al agua de boca.
Por otra parte, su ministerio empieza a lanzar mensajes en los que recomienda tomar medidas extremas en el uso y consumo de agua disponible.
Además, ya se empiezan a escuchar voces de expertos autorizados poniendo en duda la seguridad de la que hacen gala los portavoces de su ministerio en lo que a consumo doméstico se refiere.
Señora ministra de Medio Ambiente, el Gobierno del que usted forma parte está en posesión de un triste récord de desmentidos a declaraciones y anuncios de sus ministros, transformando lo que en su momento fue una afirmación o anuncio tajante en reflexión, pensamiento en voz alta o en ideas para el debate. Hace pocos días, el ministro Montilla nos anunciaba que no había restricciones en el suministro de energía, y hoy en los medios de comunicación se nos anuncian una serie de medidas que huelen a restricciones y racionamiento.
Señora ministra, me alegro de que, manteniendo por nuestra parte las reservas mencionadas, usted pueda mantener a día de hoy, al comienzo del verano, que con los acopios actuales de agua no habrá ningún tipo de restricción al consumo humano. Así lo he querido entender de su respuesta. Espero que esto no sea una reflexión, un pensamiento en voz alta o una idea para el debate y sirva su afirmación, el mantenimiento de su postura o la de su Gobierno para tranquilizar a nuestros paisanos de las zonas más secas...


El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya.


El señor SOPEÑA VELASCO: ... y también a todos aquellos turistas que nos visitan en la época estival.
Gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.
Señoría, precisamente para tranquilizar a quienes nos visitan en verano y a todos los habitantes de 77 municipios de Alicante y de Murcia, el año pasado el Ministerio de Medio Ambiente puso en marcha las medidas necesarias para que la planta de San Pedro del Pinatar adelantara en más de un año su puesta en funcionamiento. Esa planta garantiza este verano 1 hectómetro cúbico más gracias a ese anticipo en su puesta en funcionamiento que hemos llevado a cabo cumpliendo estrictamente todas las condiciones

Página 2456


que ha exigido, con buen sentido, el gobierno de la Región de Murcia.
Por lo tanto, en lo que se refiere al abastecimiento del litoral de Alicante y de Murcia ya hemos actuado.
También hemos actuado en la ciudad de Huesca --fue una de las primeras obras de emergencia que decretó este Gobierno y en estos momentos se está desarrollando-- podemos hoy confirmar ante la Cámara que, a mediados del mes de julio, Huesca dejará de tener problemas de abastecimiento, por la inversión de casi 2 millones de euros acordada por el Gobierno, por supuesto en colaboración con las actuaciones que está llevando a cabo la Diputación General de Aragón y el propio Ayuntamiento de Huesca. Señoría, en el caso de Huesca, se trata de una conducción desde el canal del Cinca, que va a permitir a la ciudad de Huesca superar la situación, sin ninguna duda problemática, que por supuesto había sido detectada por el Gobierno, el cual no se limita a reflexionar o a transmitir mensajes sino a actuar.
Así pues, desde el año pasado estamos llevando a cabo actuaciones que garantizan el abastecimiento a los núcleos urbanos en nuestro país.
Además de esto, creo que es bueno --y usted lo señalaba-- que recordemos a todos los ciudadanos de este país que en el uso doméstico podemos llegar a ahorrar hasta un 30 por ciento del agua que utilizamos, y que además esos hábitos no se deben olvidar cuando llueve, como ha sucedido en anteriores ocasiones. Hacer un uso responsable del agua en nuestros hábitos diarios es algo que tiene que ver con un nivel de responsabilidad y conciencia propio de un país desarrollado, como los países de nuestro entorno, donde incluso en las zonas donde llueve más tienen adquiridos esos hábitos desde hace tiempo.
Por lo tanto, señoría, puede usted tranquilizar, junto conmigo, a la ciudadanía española. El Gobierno está actuando para evitar restricciones en el abastecimiento. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON PEDRO RODRÍGUEZ CANTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DE LA BREÑA II EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (S. 680/000502).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Rodríguez Cantero.
Tiene la palabra su señoría.


El señor RODRÍGUEZ CANTERO: Gracias, señor presidente. Buenos días, señora ministra.
La Breña II es un embalse, como bien sabe, muy demandado por los usuarios de la cuenca del Guadalquivir. Su construcción, en la provincia de Córdoba, tiene como objeto completar la regulación del río Guadiato e incrementar la regulación del río Guadalquivir, de manera que pueda aportar a la regulación general de la cuenca unos 260 hectómetros cúbicos. El proyecto de la obra fue adjudicado en 1992 y la exposición e información pública se realizó en marzo de 1996, es decir, en la etapa del anterior Gobierno socialista. Pues bien, a partir de ese momento la construcción de La Breña II sufrió un cúmulo de retrasos y de vicisitudes y, además, su ejecución estuvo condicionada por los reiterados incumplimientos medioambientales del Gobierno de Partido Popular y fue utilizada en su estrategia electoral y para sus intereses partidistas. Lo explico.
Usted sabe que la Unión Europea tuvo que bloquear los fondos de financiación por los reiterados incumplimientos medioambientales de las directivas comunitarias, denunciadas por la Dirección General 11 y especialmente de la Directiva Hábitat. Eso suponía retener el 50 por ciento de la inversión, en torno a 60 millones de euros.
El Gobierno del Partido Popular anuncia la licitación de la obra en enero del año 2000, es decir, en plena campaña para las elecciones generales, y cuatro años después hace la adjudicación provisional, en enero de 2004, es decir, otra vez en campaña electoral, y a partir de ahí, señora ministra, la verdad es que uno no tiene más remedio que pensar que faltaba voluntad para ejecutar esta obra y, sobre todo, que esta obra estaba siendo utilizada por el Partido Popular y por el Gobierno del Partido Popular en esa estrategia de confrontación sobre el agua. Porque todo su empeño a lo largo de esos años de gobierno era culpar a los socialistas, y especialmente a usted, de que la obra no se hacía porque usted se oponía a ella porque iba a Bruselas a decir que no hubiera fondos; o sea, toda una sarta de disparates y toda una sarta de mentiras que, al final, generaban en los ciudadanos, a través de los medios de comunicación, la incertidumbre. Además le voy a poner el último ejemplo de esa estrategia. Anteayer, en «El Día de Córdoba», hay unas declaraciones de un senador popular diciendo que los retrasos de La Breña son consecuencia de adaptar los ritmos de obra a la agenda de la ministra. Señora ministra, esta mañana quiero saber cómo está el proyecto, y qué problemas tiene usted de agenda. La Breña II debería estar terminada y así hoy, al hablar de sequía, tendríamos un instrumento más para combatirla y para paliar sus efectos. Deseo saber si La Breña, definitivamente, va a ser una realidad llevada a cabo por el mismo Gobierno que la empezó, o sea, por el Gobierno socialista.
Muchas gracias, señora ministra.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Gracias, señoría.
Desconozco si fueron problemas de agenda de anteriores ministros los que tuvieron como consecuencia que esa obra haya tenido la evolución que usted ha descrito. Como ministra de Medio Ambiente de este Gobierno lo que puedo decir es que, en primer lugar, fue en febrero de 2005 cuando se aprobó definitivamente ese proyecto por un importe de 120 millones de euros. El 28 de abril se firmó el contrato con la empresa Dragados. El 25 de mayo se llevó

Página 2457


a cabo el replanteo de la obra. El 28 de mayo dieron inicio las obras.
El plazo para su terminación es de 40 meses a partir de ese momento, por lo que la obra puede estar finalizada en septiembre de 2008.
Es verdad que ésta era una obra que por su impacto ambiental requería un plan de medidas de compensación en materia ambiental que tardó bastante tiempo en ser elaborado en la anterior legislatura, y en estos momentos ya existe ese plan de compensación que significa la inversión de otros 20 millones de euros.
También se ha puesto en marcha, señoría, un grupo ad hoc por la preocupación de la Comisión Europea de seguir el impacto de esta obra. En ese grupo ad hoc están presentes las distintas administraciones y la Comisión Europea, porque se trata, señoría, de que la obra se lleve a cabo conforme a lo establecido en las exigencias de la Comisión Europea para que tengamos acceso a esos fondos, que han estado a punto de perderse por actuaciones contrarias a la legislación europea, exigencias que en estos momentos significan cumplir el calendario y los contenidos del plan de medidas compensatorias en lo que se refiere al impacto ambiental. No se pueden ampliar los regadíos en la zona Genil-Cabra, pues ésa es una de las condiciones para el buen fin de este proyecto. Se tienen que adoptar medidas para favorecer el ahorro de agua en los regadíos de la zona. Esto significa la adopción de medidas tanto en la mejora de las conducciones como en las técnicas de regadío. Por último, es necesario que exista un plan de control y seguimiento de las extracciones de aguas subterráneas.Todo eso forma parte de ese trabajo de un grupo ad hoc que no sólo vigilará el desarrollo de la obra sino también de estas medidas complementarias, con lo cual creo que este Gobierno está haciendo lo que se podía haber hecho hace algunos años y que, como usted dice, hubiera significado en estos momentos que en esa zona regable se estaría disponiendo de bastante más agua de la que ahora se dispone. Como digo, el plazo es de 40 meses, la obra ya se ha iniciado, y mi agenda no tiene nada que ver, por supuesto, con la situación actual de la obra.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DOÑA ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS ACCIONES QUE TIENE PREVISTO IMPULSAR EL GOBIERNO COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES (S. 680/000483).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Elena Etxegoyen.
Tiene su señoría la palabra.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Buenos días a todos. Buenos días, señor ministro.
A dos meses de la finalización del proceso de regularización de inmigrantes, puesto en marcha al amparo del vigente Reglamento de Extranjería, y a un mes, si no me equivoco, de que finalice el plazo establecido para la tramitación gubernativa de los expedientes incoados, es interés de mi grupo parlamentario conocer el análisis que el Gobierno hace, porque supongo que ya lo habrá hecho, no sólo de los resultados que dicho proceso ha arrojado, sino singularmente de la situación que a día de hoy debemos enfrentar en este país en materia de extranjería. De ahí el planteamiento concreto de mi pregunta, cuyos términos, señor ministro, usted ya conoce.
Espero, pues, su respuesta.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Trabajo.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
Gracias, señora Etxegoyen. Como usted sabe, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, el proceso de normalización de trabajadores ha contado con un plazo de tres meses para presentar las solicitudes, durante el cual empresarios y empleadores han podido solicitar la concesión de las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena.
Quiero recordarle que en ese período que transcurrió entre el 7 de febrero y el 7 de mayo de 2005 se acogieron al mismo unas 700.000 solicitudes. Todos los interlocutores que han participado en este proceso lo han calificado como un éxito.
Lo que ha concluido no es el proceso de normalización, sino el período hábil para la solicitud. El proceso podrá entenderse concluido una vez la totalidad de los expedientes hayan sido resueltos, que dichas resoluciones hayan sido notificadas y que los trabajadores titulares de las nuevas autorizaciones hayan sido afiliados y dados de alta en Seguridad Social.
Teniendo en cuenta lo anterior, me complace informarle a su señoría de que en fecha de ayer ya se han resuelto positivamente 361.881 expedientes, es decir, el 53 por ciento, y que de todos ellos ya están en alta en Seguridad Social 220.455. Recuerdo algunas interpretaciones que se hacían en el Partido Popular diciendo que no iba a haber ni 20.000 altas en Seguridad Social; pues bien, ya hay 220.455. Pero fíjese su señoría. Lo más importante es que frente a quienes auguraban el fracaso, esta cifra confirma que prácticamente el cien por cien de los casos resueltos positivamente son dados de alta en la Seguridad Social, porque hace un mes había en torno a las 220.000 peticiones ya resueltas y, como sabe usted, el empresario dispone de un mes para dar el alta definitiva.
Es decir, que todos están cumpliendo con los trámites de legalidad. Por tanto, todos los expedientes resueltos acaban en la Seguridad Social en el mes siguiente.
A pesar de que todavía está en marcha el proceso, quiero indicarle también que el Gobierno ha puesto ya en marcha un plan específico de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de economía

Página 2458


irregular y trabajo de extranjeros. Este plan, cuya programación deriva en gran medida del análisis de comportamiento de los distintos sectores empresariales en el marco del proceso, contempla la realización de 472.000 actuaciones inspectoras entre mayo y diciembre de 2005.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra su señoría.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, tengo que decirle que no esperaba que me respondiera con fechas, datos estadísticos, cifras o porcentajes; no obstante, agradezco la información detallada que a este respecto ha proporcionado. No esperaba esa respuesta sino una mayor concreción a la hora de abordar la problemática que todavía nos rodea, y que a pesar del proceso por concluir y tiene por protagonista a la población inmigrante.
Por ejemplo, ¿qué quiere decir exactamente --y abro comillas-- que a las personas extranjeras irregulares que no hayan podido normalizarse en este proceso y que no puedan acogerse a otro supuesto se les aplicará la ley de extranjería? ¿O que la irregularidad será combatida por este Gobierno con toda contundencia? Esto lo dijo tal cual la secretaria de Estado, doña Consuelo Rumí. ¿O cuál es el número de inmigrantes irregulares hoy en nuestro país a sumar a aquellos inmigrantes cuyo expediente de regularización, según su propia estimación entre 100.000 y 150.000, vaya a ser resuelto negativamente? ¿O cuál es el juego previsto para la denominada Comisión Laboral Tripartita recientemente constituida, cual es el de la figura de la contratación en origen, que al parecer va a servir de guía en las políticas concretas a desarrollar por esta comisión? ¿O cuáles son las medidas concretas que se han puesto en marcha para procurar la modernización de las políticas de gestión de la inmigración en aras de hacer más eficaz la labor de las distintas oficinas de extranjería en este país? ¿O cuáles van a ser, a la luz de esta nueva situación tras el proceso de regularización, las directrices de colaboración y coordinación de su ministerio con las autoridades autonómicas y locales que tienen reconocidas competencias de gestión en materia de extranjería y que se ven obligadas a ejercerlas todos los días? A estas cuestiones, que parecen diversas pero que, en definitiva y a mi entender, confluyen en una, me refería en mi primera intervención. Espero que en su réplica pueda aclarar mis dudas, aportando novedades más allá de los números y datos estadísticos.
«Eskerrik asko.»

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señor ministro, tiene 24 segundos.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
No son datos estadísticos, es la realidad. Éste ha sido un proceso de lucha contra la economía sumergida que ha acabado con un notable éxito.
Me pregunta usted qué se hará con esas situaciones a las que hacía referencia. Se aplicará la ley de extranjería a todas aquellas personas que no hayan podido acogerse a este proceso. Son pocos. Quiero recordarle que el proceso ha sido un éxito porque ha aflorado la inmensa mayoría de la economía sumergida existente en España en relación con el trabajo de extranjeros. Se ha constituido ya la Comisión Laboral Tripartita, que ha aprobado por consenso el catálogo de puestos de trabajo de difícil cobertura, que va a permitir flexibilizar mucho la contratación en origen de inmigrantes cuando sean necesarios.
Por otra parte, manifestamos nuestra total cooperación con las comunidades autónomas, entre otras medidas, con la aplicación ya de los criterios de reparto del fondo de integración de inmigrantes, que va a ser firmado a partir de los próximos días con todas las comunidades autónomas por parte de este Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DOÑA INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO RESPECTO A SOLICITAR PARA ESPAÑA EL ESTATUS DE MIEMBRO DE PLENO DERECHO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) (S.
680/000485).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Loroño.
Tiene la palabra la señora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor ministro. Es interés de esta senadora del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos conocer cuáles son las previsiones del Gobierno en relación con solicitar para España el estatus de miembro de pleno derecho en la oficina internacional sobre migraciones.


El señor PRESIDENTE: Gracias, tiene la palabra el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.
Gracias, señora Loroño. Si me lo permite, supongo que se refiere usted --si no, corríjame-- a la Organización Internacional para las Migraciones. España en la actualidad está incorporada a la Organización Internacional para las Migraciones como Estado con estatuto de observador. Esta organización tiene ya una oficina en Madrid y existe un memorando de entendimiento con el objetivo de diseñar y ejecutar medidas que fomenten la migración ordenada, el retorno voluntario, la integración de inmigrantes y la lucha

Página 2459


contra la trata de seres humanos. Además, las autoridades competentes en materia de inmigración mantienen una relación fluida e intensa con los representantes de la oficina internacional para las migraciones.
Prueba de ello, señoría, es la carta que me han dirigido. Le leo el primer párrafo: Tengo el honor de dirigir esta carta a su excelencia para manifestarle, en nombre de la OIM y el mío propio, nuestras más sinceras felicitaciones por la puesta en práctica y exitosa culminación del proceso de regularización de emigrantes en España.
Quiero anunciarle que la previsión del Gobierno es la incorporación como miembro de pleno derecho en el futuro a la Organización Internacional para las Migraciones.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, le agradezco los datos facilitados, señor ministro, y, por supuesto, me refería a la Organización Internacional para las Migraciones, que fue fundada en el año 1951 y que tiene su sede en Ginebra. Esta organización, como bien decía usted, tiene por mandato promover la migración ordenada y ayudar a proteger los derechos de los migrantes y cooperar con los estados miembros. Usted bien decía que España en estos momentos tiene el estatus de observador. La cuestión en concreto es que una de las acciones que en la pasada legislatura se planteaba en la ponencia que concluyó en esta Cámara en relación con el tráfico internacional de mujeres, niñas y niños en el seno de la Comisión Mixta de Derechos de la Mujer era que España adquiera el estatus de pleno derecho o fuera miembro de pleno derecho en la Organización Internacional para las Migraciones.
Usted sabe, señor ministro, que en estos momentos uno de los principales desafíos de esta organización y de todos sus estados miembros es luchar contra la trata de personas. Ya no nos referimos a una migración regularizada, sino irregular, y además con la característica de que vulnera los derechos humanos.
A fin de luchar contra la trata, como bien decía usted --y ésa es la colaboración que mantienen en la actualidad con la oficina en Madrid de la Organización Internacional para las Migraciones--, se colabora mutuamente para que estas migraciones se hagan de forma ordenada. Pero a este grupo parlamentario y a esta senadora lo que fundamentalmente les preocupa es la trata de seres humanos y la lucha contra esa trata, por ser una clara violación de los derechos humanos.
Es responsabilidad de las distintas administraciones con competencias en la materia poner en marcha las medidas y las actuaciones para acabar con esta lacerante y sangrante forma de esclavitud en pleno siglo XXI, sobre todo denunciando las situaciones vinculadas a este tráfico, y persiguiendo y sancionando de forma decidida a quienes las cometen, y, por otro lado, apoyando, amparando y protegiendo a las víctimas. Usted sabe, señor ministro, que en estos momentos hay 112 Estados que son miembros de pleno derecho, prácticamente la totalidad de los Estados miembros, junto con España, de la Unión Europea. Por eso, este grupo parlamentario y esta senadora consideran urgente que, teniendo en cuenta la dimensión que ha adquirido el fenómeno del tráfico de personas, no sólo en España, sino a nivel internacional, se solicite el estatus de miembro de pleno derecho, tal y como lo son otros países de la Unión Europea, de forma inmediata y con la mayor celeridad.
Concluyo, señor presidente, instándole, señor ministro, a que se den los pasos para adquirir ese estatus con inmediatez al objeto de avanzar en la lucha, de forma efectiva, contra la esclavitud del siglo XXI, que, como usted bien sabe, por desgracia, tiene rostro de mujer en estos momentos.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, coincido plenamente con sus apreciaciones, como no podía ser de otro modo. Fíjese lo que dice el director general de esta oficina, en su escrito: el futuro y destino del manejo de la migración, como fuerza positiva y motora del desarrollo, dependerá en gran medida de este tipo de iniciativas, el proceso de legalización de ciudadanos extranjeros en España que estaban trabajando en nuestro mercado laboral. Por tanto, creo que hemos tomado una medida que la propia Organización Internacional para las Migraciones considera como ejemplo a seguir.
Sabe usted que España fue Estado miembro de esta oficina hasta mediados de la década de los setenta, cuando decidió abandonar la organización, y adoptar el estatuto de país observador. En los últimos años, efectivamente, la Organización Internacional para las Migraciones ha solicitado a España la reincorporación como Estado miembro, y en este momento quiero indicarle que el Gobierno mantiene los contactos y hace las gestiones necesarias para incorporarse, como Estado miembro de pleno derecho, a esta oficina.
Por tanto, quiero que sepa usted y toda la Cámara que tenemos esa voluntad, y que estamos trabajando para que, en un plazo de tiempo razonable, se produzca esta plena incorporación de España a la Organización Internacional para las Migraciones.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LA MANERA EN QUE EL GOBIERNO TIENE PREVISTO ACTUAR EN RELACIÓN CON LA ACTITUD

Página 2460


HACIA EL SENADO POR PARTE DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (S. 680/000460).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Anasagasti.


Tiene la palabra su señoría.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, usted pensará que soy un pelmazo, pero hay cosas que no se pueden dejar pasar. Usted sabe que nuestro grupo parlamentario tuvo la iniciativa de presentar una moción, sobre todo por la preocupación que tenemos en relación con la libertad de expresión y de prensa en Venezuela, la llamada «ley mordaza». Esa moción fue aprobada por todos los grupos de la Cámara, salvo por el Partido Socialista, que se abstuvo.
España es uno de los países amigos de Venezuela, y considerábamos que era de interés que se ejercitara una cierta presión al respecto.
El embajador de España en Caracas, señor Raúl Morodo Leoncio, fue a visitar al vicepresidente José Vicente Rangel, y a la salida le preguntaron los periodistas por esta moción aprobada en el Senado, y contestó lo siguiente: es una cosa muy simbólica, y no tiene significación especial. El sistema político español es bicameral, y la importancia política realmente es de la Cámara de Diputados. Luego dijo, para completar esta perla, que como el Partido Socialista se había abstenido, no tenía la menor importancia.
Nosotros pensamos que es un menosprecio a la Cámara, y deseamos saber qué opina usted al respecto.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Señoría, en mi última intervención en la Comisión de Asuntos Exteriores ya tuve oportunidad de manifestarle que tanto el Gobierno como el ministro de Asuntos Exteriores tienen plena confianza, respeto y satisfacción por el trabajo y la labor que lleva a cabo nuestro embajador en Caracas, señor Morodo.
En esa misma comparecencia me comprometí a verificar si las declaraciones a que usted se ha referido eran ciertas. Pues bien, he tenido la satisfacción de que el propio embajador Morodo me hiciera llegar una carta, que le entregaré personalmente al finalizar este turno de preguntas orales, en la que manifiesta claramente que sus palabras no fueron del tenor de las que se recogieron por esa agencia de prensa. En cualquier caso, como usted sabe, el embajador Morodo, que tiene una larga trayectoria política, ya que fue diputado en las Cortes Generales constituyentes, miembro del Parlamento Europeo y profesor de Derecho Constitucional, siempre ha manifestado su profundo respeto por las Cámaras, el Parlamento, el Senado y el Congreso de los Diputados. Y en esa misma carta el embajador Morodo lamenta ese incidente y me pide que le traslade que no puede más que reconocer la labor esencial que tiene, como función constitucional, el Senado.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra, senador Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, le diré que también yo tengo información sobre la trayectoria política del embajador Morodo, porque precisamente en estos momentos estoy leyendo un libro titulado «Memorias de un conspirador moderado», que se editó en 2000. Y, efectivamente, fue una persona clave en la transición política. Sin embargo, no está acertando como embajador de España en Venezuela. Creemos que España requiere en Venezuela un diplomático de primera, que sepa dónde está, en aquel punto caliente, que sepa hacer uso de la información, y sobre todo que también abra la embajada a las necesidades de la oposición, porque tenemos información de que no trabaja en la propia embajada.
Nosotros hemos reiterado esta pregunta durante estos cinco meses porque, si tras lo que ha ocurrido en Israel usted ha apercibido al embajador Eduardo Mirapeix y ha abierto un expediente disciplinario al número dos, creemos que insultar de esa manera al Senado español en condiciones normales debería suponer el cese del señor Morodo.
Efectivamente, el embajador Morodo ha dado esas explicaciones, pero las tendría que haber dado en el mismo momento en que, según él, se tergiversaron sus palabras, porque sus declaraciones fueron un escándalo político en Venezuela; y creo que también lo deberían haber sido para el Gobierno en el sentido de que un embajador no puede menospreciar a una de las instituciones de este país.
Por tanto, señor ministro, acepto sus explicaciones, pero me parece que se quedan muy cortas.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Señoría, creo que el desmentido del embajador Morodo ha sido suficiente, por lo que no pienso que haya que ahondar más en ese malentendido. No obstante, tal como ya le he indicado en otras ocasiones, como creo que usted va a participar en una delegación del Senado que próximamente realizará una visita a Venezuela, tendrá ocasión entonces de ser testigo de que la embajada de España es la embajada de todos los demócratas en Venezuela, que está abierta a todos aquellos que quieren defender la estabilidad institucional y democrática en Venezuela, y que la labor del embajador es intensa y comprometida en favor de la consolidación política y democrática en Venezuela. Por

Página 2461


ello, espero que tras su viaje sus percepciones y aprensiones desaparezcan y confíe en la misión y el trabajo que está llevando a cabo el embajador de España en Caracas.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DOÑA ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO Y LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO IMPULSAR PARA LOGRAR UNA SOLUCIÓN URGENTE, JUSTA Y DEFINITIVA DEL CONFLICTO DEL SAHARA OCCIDENTAL (S. 680/000462).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Etxegoyen.
Su señoría tiene la palabra.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor ministro. Durante las últimas semanas venimos siendo testigos de gravísimos incidentes en los territorios ocupados del Sahara Occidental, donde ante manifestaciones pacíficas de la población saharaui se está respondiendo con una violencia inusitada por parte del ejército y la policía marroquíes con detenciones, amenazas, vejaciones e intimidación a familias enteras. Todo ello ha provocado una oleada de indignación a nivel internacional, a lo que se puede sumar la decisión de la autoridad marroquí de impedir la entrada en El Aaiún a diferentes delegaciones que tan sólo pretendían conocer, eso sí, de primera mano, esta situación.
Éste no es un hecho aislado, señor ministro, sino un suma y sigue en la política de represión que Marruecos viene protagonizando contra los legítimos intereses y derechos del pueblo saharaui. De ahí que le pregunte directamente, señor Moratinos, cuál es la posición del Gobierno y qué medidas tiene pensado impulsar para logar una solución urgente, justa y definitiva al conflicto del Sahara.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente, y gracias también a usted, señoría.
Como usted sabe, desde que este Gobierno asumió sus funciones una prioridad absoluta del mismo fue precisamente tratar de facilitar la solución urgente y justa al problema del Sahara Occidental. Queríamos pasar de lo que había sido una tradición en la diplomacia española, que era una postura de neutralidad pasiva, ni siquiera neutralidad activa, a una actitud de compromiso activo para buscar una solución definitiva a este problema que, como ya he dicho en muchas ocasiones, ha durado mucho tiempo, casi 30 años desde que España abandonó los territorios del Sahara Occidental.
Por ello, y a raíz de los incidentes que se han producido --nosotros ya éramos conscientes de la urgencia que había a la hora de realizar todas las gestiones diplomáticas para poder llevar a cabo la aplicación de la legalidad internacional, y por tanto, aplicar la última resolución del Consejo de Seguridad y llevar a la práctica la aplicación del Plan Baker-- quisimos desde el principio ponernos en interlocución con todas las partes, no sólo con Marruecos, sino también con el Frente Polisario, como también con aquellos países interesados en la solución definitiva del problema.
Por ello España va a seguir insistiendo, dentro del marco de Naciones Unidas, dentro de la responsabilidad del secretario general de Naciones Unidas y de su Secretaría, como de todas aquellas partes implicadas en el conflicto, para atender a lo que usted ha señalado, y que es lograr una solución urgente, justa y definitiva al conflicto del Sahara Occidental.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra la senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, tengo que reconocer que me ha gustado como ha comenzado su intervención, pero no como la ha terminado, pues lo segundo no se compadece con lo primero.
Entiendo que los saharauis saben desde hace muchísimos años qué es la mentira o el abandono. Por no adentrarnos en la historia, que bien podríamos hacerlo, pues tenemos motivos para ello, yo me detendría tan sólo en la resolución aprobada con motivo del debate del estado de la nación el pasado mes en el Congreso de los Diputados, donde la misma salió adelante con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios y que no voy a reproducir ahora porque seguro que usted, y todos los demás, lo conocemos muy bien.
La pasividad mostrada por su Gobierno ante los últimos acontecimientos --yo al menos así lo veo, porque me parece muy evidente-- se compadece bastante poco con aquello a lo que usted mismo, señor Moratinos, se comprometió con su voto en el Congreso en su calidad de diputado. No nos sirven ya, como tampoco al pueblo saharaui, discursos contradictorios ni los gestos vacíos de contenido.
De un lado entiendo que se ha de presionar y exigir ya formalmente al Gobierno marroquí el respeto y la salvaguarda de los derechos de la población saharaui que habita el Sahara Occidental, porque no me negará, señor ministro, que están siendo machacados mientras nosotros miramos educadamente hacia otro lado.
Y de otro lado debemos liderar a nivel internacional, por una cuestión de obligación histórica, la exigencia en pro del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, o lo que es lo mismo, el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, la celebración del referéndum previsto

Página 2462


en el Plan Baker y la suficiencia de la ayuda humanitaria a enviar a los campamentos de Tinduf.
Termino ya, señor presidente, diciendo que valoro positivamente las misiones de observación que se ha anunciado se realizarán en los territorios ocupados, no lo duden, pero el conflicto del Sahara Occidental se está recrudeciendo. Todos lo sabemos y usted también. Los saharauis, que no han perdido ni un ápice de su dignidad en este camino, cosa que no todos pueden decir en esta historia, e intentan a duras penas mantener viva la esperanza de una salida pacífica y negociada a este problema, merecen de su Gobierno, señor Moratinos, algo más que indiferencia.
Si usted me lo permite le diré en un tono coloquial que se ponga las pilas, pero póngaselas ya, que no va a estar solo en esta historia. Se lo aseguro.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Gracias, señoría, agradezco su consejo, pero las pilas las tenemos puestas desde el primer día de Gobierno. Mire usted con cierto respeto a los datos objetivos. ¿Cuál ha sido la actitud de este Gobierno hacia la población saharaui hacia los representantes del Frente Polisario? ¿Qué Gobierno, en los últimos treinta años, ha mandado en tres ocasiones a secretarios de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores? Dígamelo.
Ninguno. Es la primera vez en la Historia, desde 1975, en que un Gobierno español envía a campamentos de Tinduf en dos ocasiones al secretario de Estado de Asuntos Exteriores y de Política Exterior y a la secretaria de Estado de Cooperación. Se ha duplicado la ayuda humanitaria a la población saharaui; se ha mantenido una reunión de trabajo entre el secretario general del Frente Polisario, señor Abdelaziz, y el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, señor Rodríguez Zapatero; yo he mantenido dos reuniones de trabajo con el denominado responsable de relaciones internacionales del Frente Polisario, y todo eso sin perder un ápice de interlocución con Marruecos y buscando la aprobación del secretario general de Naciones Unidas sobre lo que debe ser la involucración de Naciones Unidas, porque estoy de acuerdo con su señoría en que hace falta que la Cámara y la resolución que se apruebe se lleve a cabo y, desde luego, cuento con su apoyo para seguir con los esfuerzos intensos de la diplomacia española para alcanzar ese objetivo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON EDUARDO CUENCA CAÑIZARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS RAZONES QUE TIENE EL GOBIERNO PARA MANTENER UNA POSICIÓN TAN CONDICIONADA POR EL REINO DE MARRUECOS EN LA SOLUCIÓN AL COMPROMETIDO REFERÉNDUM DE AUTODETERMINACIÓN DEL SAHARA OCCIDENTAL (S. 680/000484).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Cuenca Cañizares.
Tiene la palabra su señoría.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿cuáles son las razones del Gobierno para mantener una posición tan condicionada por Marruecos en la solución al comprometido referéndum de autodeterminación del Sahara?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente. Gracias, señoría.
Ninguna, porque nosotros no nos movemos para resolver el problema del Sahara Occidental por una posición condicionada en nuestras relaciones con Marruecos. Nosotros nos movemos por defender los principios, y entre ellos el principal, es decir, que el pueblo saharaui pueda ejercer libremente su derecho a la libre autodeterminación. Ese principio está recogido en las últimas resoluciones de Naciones Unidas, incluido el Plan Baker, y por eso lo que queremos es que el Plan Baker pueda aplicarse, y para aplicarse hace falta diálogo, contacto político entre las partes e involucración internacional, de Naciones Unidas y de todas las partes interesadas.
Nosotros no defendemos los intereses ni de los marroquíes ni del Frente Polisario. Defendemos los intereses de España y, desde luego, los principios y aquellos acuerdos que se aceptan y España vota en el marco de Naciones Unidas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra su señoría.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, eso de que no se mueven no es la sensación que algunos percibimos. Recientemente tres delegaciones de Madrid, Cataluña y Asturias han acudido a El Aaiún y ni siquiera se han podido bajar del avión. Ministro, tres delegaciones que habían tramitado los permisos pertinentes, que habían informado del viaje a través de Exteriores, unas delegaciones respetuosas hacia las autoridades de Marruecos, aunque, eso sí, defienden una salida del pueblo saharaui con la realización del referéndum y que el pueblo saharaui pueda disfrutar del terreno y de su propio Estado independiente.
Ministro, ninguno de los miembros de esas delegaciones iba a hacerse fotos, sino a conocer el grado de respeto de los derechos humanos por parte de Marruecos hacia el pueblo saharaui. Estas delegaciones estaban formadas por

Página 2463


cargos públicos, alcaldesas, concejales, diputados autonómicos, diputados del Congreso y entidades sociales. Ministro, ¿en qué se distinguen esos representantes de los que usted pretende negociar como delegación parlamentaria para que visiten los territorios? ¿No son tan legítimos y tan democráticos como los que usted pretende negociar? Ministro, ¿a qué es debida la ambigüedad y el silencio del Gobierno sobre el futuro del pueblo saharaui? Percibimos una extraña indefinición sobre el futuro de las reclamaciones de este pueblo, y cada vez tenemos más interrogantes sobre su actitud. ¿Van a pasar a tener una posición activa sobre la celebración del referéndum? ¿Van a incrementar las ayudas al pueblo saharaui? En los territorios ocupados están en una situación límite, donde Marruecos actúa como fuerza administradora y ocupante y, mientras tanto, ¿qué hace el Gobierno español? Porque cabe reflexionar e interrogarnos igualmente sobre si lo que nos está ocurriendo con Marruecos es fracaso, es debilidad o, ministro, ¿es que ustedes están de acuerdo con Marruecos sobre el futuro del pueblo saharaui? ¿Están mirando para otro lado? ¿O es que ya han olvidado lo que decían cuando estaban en la oposición? Y nuestra duda en estos momentos, ministro --y por último-- es si al final van a abandonar o no al pueblo saharaui, porque no valen las sensaciones que ustedes transmiten. Lo que valen son los compromisos y en este momento hay un pueblo machacado por el Gobierno marroquí.
En mi país hay un Gobierno que, cuando van las delegaciones de mi país, mira hacia otro lado e incluso insinúa que iban a hacerse fotos, a pesar de que son tan legítimos y representativos como los que nos sentamos aquí y en el Congreso de los Diputados. No entiendo que la actitud de mi Gobierno sea mirar hacia otro lado y dejar caer, por decirlo de alguna forma, la situación y el futuro del pueblo saharaui.
Mientras tanto les oímos retahílas de cosas que hacen, pero queremos hechos. Y los hechos concretos son que hemos ido allí tres delegaciones y no nos han dejado ni bajar. Nos han vapuleado y, por decirlo de alguna forma y entrecomillas, humillado y, mientras tanto, usted mira hacia otro lado. Pero no sólo me preocupa que usted mire hacia otro lado, sino si ha decidido abandonar a su suerte al pueblo saharaui.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señoría. El Gobierno no mira hacia otro lado y respeta plenamente las decisiones que a nivel personal o institucional pueda adoptar cualquier representante, sea del Parlamento catalán, de Asturias o de cualquier otro recinto institucional o español.
Quiero recordarle, señoría, que en el año 1975 se firmaron los denominados Acuerdos de Madrid y que, según las Naciones Unidas --como usted bien ha señalado--, hoy Marruecos es la potencia administradora.
Por lo tanto, le corresponde a la potencia administradora decidir si tienen capacidad de entrar o no en ese territorio del Sahara Occidental.
Ya expresé públicamente, en nombre del ministerio y del Gobierno, nuestra decepción porque las autoridades marroquíes no dejasen entrar a estos representantes institucionales españoles. Por eso, el Gobierno de Marruecos ya ha ofrecido, tanto al Senado como al Congreso de los Diputados, la posibilidad de designar una delegación del mismo carácter representativo y con la misma capacidad que pueda visitar el territorio del Sahara occidental y, por tanto, conocer la realidad. Creo que la Mesa del Senado ya ha aprobado esta delegación y que la Mesa del Congreso de los Diputados lo va a hacer próximamente. Por lo tanto, podrán ustedes comprobar in situ la situación.
El Gobierno no está olvidando el derecho del pueblo saharaui y, desde luego, parece que no ha escuchado mi anterior intervención. El Gobierno está comprometido con que el pueblo saharaui pueda ejercer libremente su derecho a la autodeterminación, que es lo fundamental. Pero tiene que hacerlo dentro del marco de las Naciones Unidas y debe ser el secretario general de las Naciones Unidas el que marque la dinámica para poder llevar a cabo ese legítimo derecho. En eso nos estamos ocupando. El 3 de junio remití una carta al secretario general de las Naciones Unidas, así como a los distintos ministros de Asuntos Exteriores de la zona.
Por lo tanto, no estamos renunciando, olvidando o apartándonos de lo que es el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui. Pero lo estamos haciendo con consciencia de la capacidad del resultado y lo seguiremos haciendo, a pesar de las incomprensiones y críticas que se nos puedan hacer. Nos vemos comprometidos y estamos seguros de que con nuestra acción, al final, podremos poner punto y final a un conflicto que ya dura muchos años. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON RAMÓN ALEU I JORNET Y DON LLUÍS MARIA DE PUIG OLIVE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE ASUNTOS GENERALES EN RELACIÓN CON EL USO DE LAS LENGUAS OFICIALES EN ESPAÑA DENTRO DE LOS ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA (S. 680/000488).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Aleu i Jornet. Tiene la palabra su señoría.


El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, en una sesión parlamentaria reciente los mismos senadores que hoy formulamos esta pregunta

Página 2464


planteamos al Gobierno la cuestión del uso oficial, en el seno de las instituciones europeas, de las lenguas que son oficiales en alguna comunidad autónoma de España.
El memorándum presentado el pasado 13 de diciembre y las muchas gestiones realizadas por el Ejecutivo español ante otros gobiernos comunitarios han movido el asunto. Finalmente, hace dos semanas se ha producido un acuerdo que incluye las conclusiones del Consejo relativas al uso oficial de las lenguas adicionales en el seno del Consejo y, eventualmente, de otras instituciones y órganos de la Unión Europea. Se puede entender que los objetivos fundamentales del memorándum, aquellos que justificaron su razón de ser, se han conseguido. En este documento, además de reconocer la necesidad de una mayor atención a la riqueza de la diversidad lingüística de la Unión y la importancia del uso oficial de dichas lenguas para reforzar la identificación de los ciudadanos con los proyectos políticos de la Unión Europea, se concede un papel fundamental a los Estados, para que este uso oficial pueda llevarse a cabo. Así, entre otros aspectos, los Estados deberán facilitar la traducción para la publicación de los actos adoptados en codecisión por el Parlamento Europeo y el Consejo y también deberán facilitar los medios personales y materiales necesarios para que este uso de una lengua sea posible en una sesión del Consejo. Finalmente, el documento invita a otras instituciones comunitarias a seguir el mismo camino, estableciendo acuerdos administrativos con los Estados sobre esta base.
Para nosotros es un acuerdo importante. En Cataluña se considera un acuerdo importante, muy importante. La lengua es probablemente el factor más sentido por el conjunto de la población; incluso, hay quien interpreta que el menor grado de apoyo que recibió el proyecto de constitución de la Unión Europea se debe, en buena medida, a las dudas que generaba el texto sobre el reconocimiento de las lenguas. Por eso, decimos que puede ser muy importante.
Los aspectos del reconocimiento de la lengua y de relación con las instituciones comunitarias generarán, sin duda, una mayor identificación y confianza en el proyecto europeo, pero también puede generar frustración si no se ponen los medios para que esta relación sea fluida y fácil o si no se extiende a otras instituciones de la Unión.
Por eso, le pedimos que nos explique las previsiones del Gobierno para poner en práctica estos acuerdos y para facilitar la extensión de los mismos a otras instituciones comunitarias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Gracias, señoría.
La valoración del Gobierno de las conclusiones del último Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, celebrado el pasado 13 de junio, en relación con el reconocimiento del uso oficial de aquellas lenguas que --de conformidad con el artículo 3 de la Constitución Española--, tienen estatuto oficial en territorio español, es sumamente positiva.
Señoría, no puedo negar que ha sido una labor difícil e incluso que estuvo a punto de capotar el último día, debido a las muy intransigentes posiciones de algunos Estados miembros, que seguían teniendo dudas sobre la oportunidad de dar validez al reconocimiento del uso oficial de las lenguas cooficiales españolas.
Sin embargo, al final se logró, e incluso diría que se consiguió en un tiempo muy rápido. Desde la presentación del memorándum sólo han transcurrido seis meses y se han aceptado aquellas reivindicaciones que los distintos grupos políticos de esta Cámara y del Congreso de los Diputados nos habían hecho llegar: en primer lugar, la posibilidad de intervenir en cualquiera de estas lenguas, previa petición, en las sesiones plenarias del Parlamento Europeo y del Comité de las Regiones, así como en las reuniones ministeriales del Consejo que tuvieran lugar; en segundo lugar, el derecho de los ciudadanos de dirigirse a las instancias comunitarias en su lengua y recibir la respuesta de estas instituciones comunitarias en la misma lengua; y, por último, la publicación en los medios apropiados del Consejo de las traducciones a estas lenguas de los actos legislativos europeos finales, adoptados de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 251 del tratado constitucional europeo.
Como preguntaba su señoría, el Gobierno se va a poner inmediatamente a trabajar para formalizar los acuerdos con las distintas instituciones de la Unión Europea --con todas ellas--, y esperamos que en el mes de octubre hayamos podido señalizar los acuerdos administrativos y, por lo tanto, a partir de ese momento, poder utilizar las lenguas mencionadas, con carácter oficial, en la Unión Europea.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


INTERPELACIONES:

-- DE DON ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO LEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA REORIENTACIÓN DE SU POLÍTICA EXTERIOR, PARA HACER FRENTE A LA PÉRDIDA DE INFLUENCIA Y DE PESO INTERNACIONAL DE ESPAÑA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO (S.
670/000059).


El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno de preguntas, pasamos al segundo punto del orden del día: interpelaciones.
Las interpelaciones de los senadores Badia i Chancho y Batlle Farrán han sido aplazadas.
Tiene la palabra el senador Alejandro Muñoz-Alonso, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la reorientación de su política exterior para hacer frente a la pérdida de influencia

Página 2465


y de peso internacional de España durante el último año.
Tiene la palabra su señoría.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, presidente.
Señor ministro, España ha perdido, durante los últimos 14 ó 15 meses --desde que ustedes llegaron al Gobierno--, el peso y la influencia que tuvo durante los últimos años en el ámbito internacional. Y esto que le digo no es una afirmación caprichosa que se hace partiendo de posiciones partidistas, sino una constatación de la realidad, compartida por la enorme mayoría de los observadores internacionales independientes.
España ha desaparecido de los medios internacionales de comunicación.
Apenas hay noticias sobre nuestro país, y cualquier análisis comparativo mostraría que hemos entrado en una fase que podría titularse la de la España menguante. A veces, ni se la cita cuando se habla de los grandes países europeos, y, si aparece, el tono suele ser de sorpresa, o de incredulidad por lo que pasa aquí o por lo que hace el Gobierno en el ámbito internacional; en no pocas ocasiones, ese tono es hasta un poco despectivo. Duele decirlo, pero es una triste realidad que no podemos desconocer, y menos que nadie, usted, señor ministro.
No interesa la opinión de España en los medios y en los foros internacionales. En la reciente cumbre de Bruselas, el presidente español ni siquiera fue llamado por el presidente de turno --el luxemburgués Juncker-- al turno de consultas que se llama confesonario en el argot comunitario. Basta leer las informaciones y ver las imágenes transmitidas por los medios de comunicación durante el pasado fin de semana, para comprobar la patética soledad de los representantes españoles.
No hace muchos meses, me decía un avezado diplomático español que, antes, cuando hablaba el representante de España en algún foro internacional, todos los demás acudían a oírle. Ahora --añadía-- todos siguen en los pasillos. La causa de esto es patente: nuestra política exterior --y digo nuestra porque a todos nos atañe y afecta, aunque más bien parece sólo suya, señor ministro-- es errática, carece de orientaciones claras y conocidas, se equivoca una y otra vez en las apuestas que hace, y pierde amigos sin lograr sustituirlos por otros nuevos y auténticos. Se mueve a trompicones, como a verlas venir, sin brújula ni GPS, y sin un discurso comprensible y realista más allá de gastados tópicos --uno de los más conocidos es el de la famosa alianza de las civilizaciones--, que nada significan y que carecen de efectividad en el rudo mundo de la política internacional; pura retórica verborreica y vacía: ni softpower ni hardpower; ni de Marte ni de Venus; España se ha convertido con ustedes en una potencia retórica que se pierde en un bla, bla, bla que a nadie interesa y que nadie escucha.
La política exterior del Gobierno socialista de Zapatero --de cuya diplomacia su señoría es el jefe-- ha perdido por completo la idea de interés nacional; aunque es cierto que su señoría habla mucho de intereses nacionales, interpretados a su leal saber y entender o al de sus socios de Gobierno. Unos socios que difícilmente pueden compartir la idea de interés nacional, cuando ni siquiera comparten la idea de nación tal y como está expresado en la Constitución. Por supuesto, en la definición de ese interés nacional para nada cuenta la oposición; para nada cuenta el primer partido de la oposición.
Además, su política exterior, señor ministro, no tiene otro motor que el deshacer o hacer lo contrario de lo que hicieron los gobiernos del PP; y ello aunque el auténtico interés nacional acabe pisoteado y por los suelos. Por supuesto, no se reconoce nada de lo que hicieron aquellos gobiernos. El otro día le oía hablar en la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación de esta Cámara, señor ministro, y, cuando abordó el segundo principio de su política --europeísmo--, manifestó su voluntad de continuar lo realizado por anteriores gobiernos socialistas; como si los gobiernos del PP no hubieran hecho nada y ni siquiera hubieran existido.
¿Acaso estaríamos en la Unión Económica y Monetaria --en el euro-- con los gobiernos socialistas, que ya había tirado la toalla en este terreno en 1995? ¿Quién, sino los gobiernos del PP, han impulsado en la Unión Europea la lucha contra el terrorismo --el espacio de libertad, seguridad y justicia--, con la euroorden, el impulso a Europol, Eurojust, etcétera? (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.) En vez de una política basada en el interés nacional, este Gobierno hace una política puramente ideológica, sin más norte que los intereses partidistas del socialismo gobernante, de sus líderes y de sus socios y compañeros de viaje, una política ideológica que cae con frecuencia en el más lamentable sectarismo, un punto de partida que en política exterior sólo tiene un punto de llegada: el fracaso más absoluto y el descrédito internacional inevitable. Esta actitud es la antítesis de una política exterior razonable que, como sucede en los grandes países, en los países serios, es siempre fruto del acuerdo entre las grandes fuerzas políticas nacionales.
Señor ministro, su señoría, que admira tanto a Francia, sabe muy bien cómo su política exterior es prácticamente la misma desde De Gaulle a Miterrand o Chirac, a pesar del distinto color político, y, aunque es menos conocido, cómo de Clinton a Bush hay menos diferencias de las que por aquí se creen algunos. Basta leer, por ejemplo, las memorias de Madelaine Albright, especialmente los capítulos dedicados a Sadam Husein.
Señor ministro, el otro día le escuchaba en la Comisión de Asuntos Exteriores y me llamaba la atención su insistencia en referirse desde el principio a la nueva política exterior. Este adjetivo no es muy apropiado en este terreno. Por todo lo que le he dicho, en el ámbito de la política exterior es más adecuado hablar de continuidad, por una cuestión de seriedad pero también porque es la única vía para que los otros países nos tomen en serio. Cuando se dan bandazos en la política exterior, se pierde todo prestigio y ya nadie escucha.
A renglón seguido, hablaba su señoría de búsqueda de consenso y concluía, señor ministro, haciendo una llamada al consenso. ¿Cómo quiere obtener nuestro consenso

Página 2466


cuando nos ningunea, nos menosprecia, nos ataca llamándonos golpistas o poco menos y desconoce cualquier realización de los Gobiernos de nuestro partido? Se lo dije en otra ocasión aquí mismo, no se puede conseguir el consenso a pedradas y ustedes no han dejado ni un momento el apedreamiento ideológico.
No puede existir interés nacional cuando se disuelve la propia idea de nación y algo que aquí es patente, que está pasando, como muestra el regreso impulsado por el Gobierno del que forma parte, de la vieja tentación cantonalista, que tanto gusta a sus socios y a ciertos sectores de su propio partido, que se dedican, por usar unas palabras de Julián Marías, al deporte de jugar a las «nacioncitas». Un país que se dedica a ese deporte, señor ministro, pierde cualquier atisbo de prestigio, respeto o credibilidad internacional.
Por referirme a algunos de los ámbitos o escenarios de la política exterior --es imposible hacerlo refiriéndome a todos--, en política europea, tras la crítica destructiva y engañosa de lo que hicieron los gobiernos del Partido Popular, lo cierto es que España está peor situada en Europa que hace año y medio. Lo dicen, por supuesto, en privado, incluso algunos respetables diplomáticos españoles, testigos directos de la nueva situación a que nos ha llevado su nueva política exterior.
Sin más motivación que llevar la contraria al Partido Popular, el Gobierno socialista no hizo nada para defender la posición española conseguida en Niza, o para obtener compensaciones, con grave daño de nuestro interés nacional. Renunció a que el tratado constitucional se firmara en Madrid, una pérdida de prestigio también inaceptable. Afirmó usted mismo, señor ministro, que jamás utilizaría el veto, lo que de antemano le marginó de la dura negociación. Hablaron de volver al corazón de Europa y pronto supimos que para ustedes eso significaba ponerse dócilmente a las órdenes del eje franco-alemán, en un momento en que ya era evidente, para cualquiera que no estuviera en la luna, que la hora de ese eje ya había pasado.
Estuve en la Convención Europea representando a esta Cámara y allí se palpaba que, pese a los esfuerzos de esos dos grandes países, la Unión Europea ampliada ya no se podía dirigir como la primitiva Europa de los seis. Francia y Alemania son dos países esenciales para la Unión Europea por toda clase de razones, eso no se pone en duda, pero en la Europa de los Veinticinco no tiene ese eje el monopolio de la dirección.
Ese eje además es responsable de la actual situación Europea, una situación de regresión. No respetó el compromiso del Pacto de Estabilidad propiciado por ellos mismos, ha echado por tierra el compromiso de la agenda de Lisboa, ha destrozado el compromiso del Tratado de Niza, trabajosamente conseguido y, por supuesto, tan elogiado por el señor Chirac en su momento; ha metido en vía muerta la directiva Bolkstein, una de las causas del no francés en el referéndum, asustando ridículamente a los ciudadanos con el fantasma del fontanero polaco.
Que el eje está obsoleto lo reconocen hasta en los propios países que lo forman, al menos, los políticos con futuro, como la señora Merkel, que rechaza la teoría del contrapeso contra Estados Unidos --tan cara para Chirac--, o Sarkozy, que ve un nuevo motor europeo formado por los seis países más grandes, incluida España.
Cito además a un anterior colega suyo, el señor Barnier, que acaba de decir, hace aproximadamente diez días que Francia debería dejar de imponer sus puntos de vista a los socios de la Unión Europea y empezar a usar la persuasión, en vez de la oposición. Y todo esto ha tenido la máxima expresión en la reciente cumbre de Bruselas, en donde España no ha existido y el eje amigo ni ha contado con ella ni ha movido un dedo para defenderla. En Bruselas, señor ministro, España se quedó colgada de la brocha o, si lo prefiere, del eje.
Por lo que hace a la política Iberoamericana, este Gobierno se ha convertido en el abogado defensor del régimen castrista cubano y ha logrado que la Unión Europea suavizara las sanciones contra Cuba. ¿Pero está más cerca de la democracia aquella dictadura? ¿Ha avanzado hacia la democracia? Ni un centímetro. Por el contrario, el comandante no ha desaprovechado la ocasión de tomar despectivamente a pitorreo a la Unión Europea y, por lo tanto, a nosotros también. Todos nos felicitamos de la liberación de Rivero, pero ¿qué pasa con los otros presos? ¿A quién engaña Castro con estas maniobras de meter y sacar presos? Está muy claro: a nadie salvo, al parecer, al Gobierno español.
Señor ministro, su señoría dijo el otro día que antes no había habido liberaciones. Está mal informado, como puede constatarlo fácilmente.
Pregunte a sus servicios. Sí las hubo con las anteriores políticas. (El señor Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Moratinos Cuyaubé, hace signos negativos.) Algo parecido se puede decir de la política respecto a Venezuela. Su señoría ha reconocido que le preocupa el populismo de Chávez --le felicito--, pero insiste en su legitimidad electoral. ¿Dónde está la limpieza electoral, reconocida inicialmente, es verdad, un tanto vergonzantemente por la Fundación Carter o por la OEA para, una vez fuera del país, expresar en público sus dudas? ¿Qué me dice de la ley de contenidos, más conocida como «ley mordaza»? ¿Qué pasa con la inexistente independencia del poder judicial en aquel país, dónde la neutralidad política del Ejército y su sometimiento al poder civil, si es que se puede hablar allí de un poder civil? ¿Qué piensa del papel del coronel Chávez en casi todas las crisis de aquel continente, de Bolivia, Ecuador? Podíamos hablar también de Colombia, de la que usted en alguna ocasión se ha referido al presidente Uribe, que ha contemporizado y ha dicho que está satisfecho de la situación, pero hay otro Uribe, su colega, que expresa puntos de vista muy distintos, expresa su inquietud por la situación de inestabilidad que está provocando Chávez en la zona.
Y por lo que hace a Argentina, por referirnos a otro país, ¿cómo se justifica que el Gobierno español, en vez de defender los intereses de las empresas españolas allí establecidas, que también son intereses nacionales, les pida que se sometan a los caprichos del atrabiliario presidente argentino? Por lo que hace a la política respecto de los Estados Unidos. Su señoría insiste en la normalidad en nuestras relaciones

Página 2467


con aquel país y aduce las visitas ministeriales al mismo. ¡Claro está que seguimos teniendo relaciones diplomáticas! ¡Faltaría más! Pero lo cierto es que hemos dejado de ser un aliado privilegiado de la única superpotencia mundial, y eso es negativo para el interés nacional de España. Curiosamente estamos, con todas las diferencias del mundo, lo coja por donde lo coja, como en los años cincuenta del pasado siglo cuando el Pentágono, por obvias razones estratégicas, apostaba por estrechar relaciones con España, mientras que el Departamento de Estado marcaba distancias y se mostraba reticente. Por eso se entiende tan bien el señor Bono con el señor Rumsfeld, pero sus relaciones con la señora Rice no son precisamente calurosas.
No puedo tocar todos los temas, señor ministro, pero por referirme a un viejo tema de nuestra agenda exterior, ¿está su señoría orgulloso de haber trilateralizado la cuestión de Gibraltar, que las propias Naciones Unidas decidieron que era un tema a resolver bilateralmente entre España y el Reino Unido? Sin un ápice de exageración, señor ministro, se puede afirmar que su nueva política exterior se resume así: Hacia el exterior, inconsistencia e inexistencia, hacia dentro, propaganda. El panorama, señor ministro, no puede ser más negativo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Para contestar a la interpelación, tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, coincido con usted en que ha habido un cambio, una, como usted señala, reorientación de la política exterior. Se trata de unos cambios exigidos por la ciudadanía que pidieron, con el cambio de Gobierno, un cambio de orientación en la política exterior. Esa reorientación son los ciudadanos, la democracia y el multilateralismo. Es, además, una política exterior comprometida, con unos objetivos, seguridad, lucha contra el terrorismo y erradicación de la pobreza, y con resultados que se materializan en más paz, más estabilidad y más prosperidad en las áreas y escenarios donde España debe defender sus intereses.
No considero que España haya perdido peso o influencia, todo lo contrario (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Hace apenas dos días tuve la oportunidad de debatir en la Comisión de Asuntos Exteriores de esta misma Cámara sobre los mismos aspectos sobre los que hoy me interpela; nos les extrañará, por ello, que hoy me remita a muchas de las explicaciones que ya dí en ese momento.
Me cuesta creer que el Grupo Parlamentario Popular --al menos el Grupo Parlamentario Popular de esta legislatura-- no comparta este enfoque, este conjunto de principios que orientan la política exterior española. Y desde el Gobierno --sin pedradas, sino con extrema cortesía-- hacemos de nuevo un llamamiento al Grupo Parlamentario Popular a que se sume al consenso en torno a estos principios, un consenso que se expresa en las mociones y proposiciones no de ley aprobadas por este Senado y por el Congreso de los Diputados.
Me referiré a la Unión Europea. Se critica a veces --así se hizo en la anterior ocasión en la reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores-- la oportunidad de haber celebrado en España el referéndum sobre el tratado constitucional antes que en el resto de países europeos. Pues bien, en este punto, ¿su señoría se ha parado a pensar cuánto mayor hubiese sido el impacto del no francés si Francia hubiese sido el primer Estado en celebrar el referéndum? España está en la punta de lanza de la construcción europea, nos sentimos europeos, la sociedad española se siente europea y se siente comprometida, y el peso y la influencia del Gobierno español y de España en la Unión Europea sigue siendo extremadamente relevante. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular pronuncian palabras que no se perciben.) Es cierto que el no del referéndum francés abre una crisis de reflexión en el seno de la Unión Europea, pero el no del referéndum francés no paraliza la construcción de Europa. España está teniendo y tuvo durante el Consejo Europeo una participación activa a la hora de buscar soluciones a la crisis que el no francés y holandés plantean a la Unión.
España será parte de la solución y no del problema. Defenderemos, por supuesto, nuestros intereses, pero buscaremos también afianzar en nuestro continente y subsidiariamente en su vecindad un área de progreso donde rija el Derecho y se administre justicia, donde exista una auténtica cohesión social, donde la protección y el respeto de los derechos fundamentales en su más amplio sentido sean el código de conducta de los Gobiernos. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Amén!) Señoría, a nadie se le oculta el gran calado de la crisis en el proceso de integración europea. Señalaba durante mi última intervención en la Comisión de Asuntos Exteriores que todos, todos los grupos políticos deberíamos participar en la reflexión, en el debate y en la propuesta de soluciones para profundizar en la construcción europea. Lógicamente, esta crisis europea dio al traste con la posibilidad de cerrar en el último Consejo Europeo la negociación sobre las perspectivas financieras, pero esta crisis --vuelvo a subrayar-- no ha hecho perder ni peso ni influencia a España en el seno de la Unión, todo lo contrario.
Como tuvimos ya ocasión de discutir en los últimos días en esta Cámara, la falta de acuerdo en las perspectivas financieras se ha producido fundamentalmente por la cuestión de los ingresos, por defender algunos de los países una visión de Europa diferente, de revisión del sistema general de financiación, y en el caso concreto de España por no estar de acuerdo con el sistema de ingresos. Por lo tanto, en la defensa de los intereses nacionales --sí, de los intereses nacionales españoles--, España no se sumó a lo que ustedes denominan el eje, el eje franco-alemán; nosotros optamos por adoptar una posición diferente a la de Francia y Alemania porque lo que estaba en juego era la construcción europea y la defensa de los intereses españoles.


Página 2468


La situación en este momento no está clara. Evidentemente, habrá que seguir negociando. Lo que está claro es que las circunstancias que justificaban el cheque británico, como el propio primer ministro Blair ha señalado, suponían una anomalía y deben ser revisadas.
Por lo que se refiere a la posición española, considero que ha sido un éxito mantener la misma situación relativa de equilibrio, a pesar de la caída del techo de gastos. Nuestro objetivo era facilitar la transición de España desde sus actuales perspectivas financieras. Por lo tanto, considero que se han conseguido avances concretos, como el reconocimiento del «phasing out», es decir, la gradualidad en la reducción de las ayudas recibidas del fondo de cohesión, ampliando un mecanismo novedoso de dos años a cuatro años. También se han conseguido otras mejoras específicas en cuanto a los fondos respecto a algunas regiones, entre ellas Canarias.
En todo caso, el no haber llegado a un acuerdo no quiere decir que se haya detenido el proceso de negociación. España sigue abierta al diálogo y lo hace desde una perspectiva europea y constructiva.
Su señoría se ha referido a nuestras relaciones con Estados Unidos. Le puedo señalar que nuestras relaciones se han mantenido a un nivel de estabilidad y profundidad estratégica que corresponde a dos socios y aliados. Los Estados Unidos son una gran democracia y España tiene la firme voluntad de desarrollar plenamente nuestras relaciones en todos los ámbitos. España tiene que desempeñar un papel importante en zonas del mundo donde los Estados Unidos también comparten los mismos objetivos y las mismas preocupaciones como Europa, Iberoamérica, Oriente Medio, el Mediterráneo y Afganistán, cosa que hacemos en plena concertación y comunicación con la Administración norteamericana.
Por otro lado, yo no quiero calificar cuál es el nivel de relaciones que tengo con la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice. Creo que son muy favorables. (Rumores.) Últimamente he tenido ocasión de firmar un artículo conjunto, por lo que si la Administración norteamericana o la secretaria del Departamento de Estado norteamericano tuviese alguna dificultad en firmar algo con su colega y ministro español, no lo hubiese hecho, y lo ha hecho. Tampoco tuvo dificultad en expresar públicamente su satisfacción a la hora de trabajar conjuntamente para resolver las crisis en Bolivia y Ecuador.
Esta tarde, si llego a tiempo de incorporarme a la conferencia que se va a celebrar sobre Iraq al término de esta sesión parlamentaria, podremos discutir y debatir sobre nuestra actuación conjunta en relación con el futuro de Iraq. Por lo tanto, existe una relación fluida y estable entre ambas Administraciones.
Es deseo del Gobierno impulsar en el Magreb una política integral destinada a promover su estabilidad, integración y desarrollo económico.
Me imagino que en la siguiente interpelación tendré ocasión de explicar con más detalle el compromiso de este Gobierno en relación con el Sahara Occidental. Nuestro país tiene también una vocación mediterránea. En este sentido, tendremos ocasión de medir el peso y la influencia de España y del Gobierno, nada más y nada menos que acogiendo una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Barcelona, el 29 de noviembre de este año, así como la celebración de una cumbre iberoamericana en Salamanca, con una presencia activa, importante y numerosa de países, y con resultados sobre el futuro del espacio iberoamericano. Así se mide el peso y la influencia de nuestro país, como también se hizo en las Naciones Unidas.
Usted se ha referido a los comentarios de ciertos diplomáticos. Tengo que decirle que en el Ministerio de Asuntos Exteriores no hay caza de brujas, todos pueden hablar y comentar; ésa es la riqueza de nuestra Administración. Por lo tanto, a esos avezados diplomáticos que les dan a ustedes información les podría recordar cuál fue el papel del presidente del Gobierno en la última sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas y la presentación de la plataforma de la alianza contra el hambre y la miseria, donde solo cuatro jefes de Estado presentaron sus conclusiones, frente a más de 100 países, jefes de Gobierno y de Estado, que escuchaban las propuestas novedosas de la lucha contra la pobreza.
Por lo tanto, el Gobierno va a seguir trabajando en favor de ese multilateralismo eficaz, y el Gobierno va a seguir prestando interés a la lucha internacional contra el terrorismo. Por eso, tampoco fue casual --dado que hemos perdido peso e influencia-- que el propio secretario nacional de Naciones Unidas, el señor Kofi Annan --que creo es una personalidad relevante--, escogiese precisamente a Madrid para proponer lo que es la nueva estrategia de Naciones Unidas contra el terrorismo.
En consecuencia, el Gobierno sigue trabajando intensamente en todos los escenarios: en el escenario multilateral, en el escenario europeo, en el escenario mediterráneo, en el escenario iberoamericano, y en otros ámbitos, como África y Asia, y en un ámbito muy importante para buscar la estabilidad y la prosperidad, que es la lucha contra el subdesarrollo, aumentando precisamente de manera exponencial lo que es su ayuda oficial al desarrollo.
Concluyo. Señoría, como señalaba al principio, coincidimos en que hemos realizado una reorientación de la política exterior. Ante los graves problemas a los que nos tenemos que enfrentar, nuestra respuesta no va a ser el conformismo o mirar hacia otro lado. El Magreb debe ser un área esencial para España. El problema del Sahara Occidental debe ser abordado desde el Gobierno alentando el diálogo entre las partes. Iberoamérica es una comunidad de países hermanos en la que España debe jugar un papel relevante con respeto y confianza hacia esos países. Europa por fin es un proyecto conjunto de todos los europeos en el que España no debe participar con una perspectiva cortoplacista.
Este Gobierno, como es obvio, defenderá con todo rigor los intereses españoles, pero al hacerlo no perderemos de vista en ningún momento el interés general de un proyecto político, Europa, al que generaciones de españoles han consagrado tantos y tantos esfuerzos. Tampoco a ellos les fallaremos. Este Gobierno no ha perdido peso e influencia, la ha ganado y lo ha hecho con el apoyo de la ciudadanía española, y espero también que con el apoyo de todos los grupos políticos.


Página 2469


Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el senador Muñoz-Alonso.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, me ha dado usted la razón, ha repetido un discurso lleno de retórica y me ha confirmado lo que yo estaba diciendo: mucha retórica pero pocas realizaciones. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Usted fija los éxitos de su política exterior en las cumbres de Salamanca, y de Barcelona, con las que estamos todos de acuerdo y, además, deseamos que salgan muy bien. Pero ese tipo de cuestiones no llenan una política exterior. A todos los países les llega el momento en que tienen que organizar reuniones; a España le toca ahora y seguro que lo hace muy bien y, como digo, deseamos que lo haga muy bien. Pero eso no llena una política exterior.
Hablaba usted de que compartiéramos principios. Los compartimos, hay muchos principios con los que estamos de acuerdo. Es más, lo que no tiene ningún sentido es que, por ejemplo, quiera monopolizar el europeísmo; como poco, tan europeos son ustedes como nosotros.
Multilateralismo. Estamos plenamente de acuerdo, no tengo que hacerle ninguna objeción al respecto, pero no nos monopolice esos principios como si fueran exclusivamente suyos.
Habla usted de sumarse al consenso. Uno no se puede sumar a los consensos; los consensos se elaboran conjuntamente, y cuando se han elaborado conjuntamente entonces son compartidos por todos. Pero decir: aquí está el consenso, a ver quién se suma, ése no es un procedimiento adecuado, que es el procedimiento que ustedes han utilizado hasta ahora mismo.
Posteriormente me ha sacado usted temas a los que yo no había aludido, como el asunto del referéndum. Mi compañero, el senador Cortés, le habló el otro día de ello. Sigo pensando que fue precipitado pero, no nos equivoquemos, yo siempre he estado a favor del tratado constitucional como, por otra parte, no tendría ningún sentido no estarlo, estando como estuve en la Convención, con las reservas que hemos señalado. Siempre he pensado que ese tratado era un punto importante y lamento que haya entrado en la crisis en que ha entrado en Europa. Pero no se apunte usted también eso como si fuera una cosa exclusiva. El tratado constitucional es tan nuestro como suyo. Es más, casi le diría que mi grupo tuvo una participación mucho más intensa. Había dos personas en mi partido político que estaban en el presidium, que al final era el órgano decisivo que redactaba el tratado; posiblemente no había ningún otro partido que tuviera esa posición.
Me habla también de las perspectivas financieras. Yo tampoco le habría hablado de eso, pero no es para estar muy contento. Las cosas han salido como han salido; la crisis estaba allí planteada, pero tampoco se podían esperar muchos éxitos para España porque fuimos allí prácticamente derrotados de antemano. El presidente Zapatero, que no vino a esta cámara ni a la Cámara Baja para informar de cuáles eran sus planes en esa cumbre, sí se reunió con los agentes sociales, empresariales y sindicales sencillamente para invitarles a que fueran preparándose a apretarse el cinturón, con un argumento que a mí me preocupa muchísimo. ¿De veras se cree usted, señor ministro, que como somos más ricos tenemos que empezar a apretarnos el cinturón? ¿Somos más ricos? Evidentemente este país ha evolucionado mucho en los últimos 20 años, qué duda cabe, pero ¿somos más ricos porque han entrado unos países más pobres que nos han empujado más hacia arriba en el «ranking» estadístico? Por favor, seamos serios. Somos exactamente igual que hace un año o un año y medio. Por lo tanto, no es ese el argumento para justificar la cuestión de las perspectivas financieras.
Me ha dicho: lo que ustedes denominan el Eje. No, señor ministro, yo no me he inventado esa denominación del Eje. Es una denominación que circula, que corre y que incluso comparten algunos de los miembros de ese Eje, y no voy a ser malicioso, pero es un eje que, en la medida en que ha funcionado, tenía la misma misión y los mismos objetivos, democráticamente hablando, que otros ejes que han existido históricamente, que eran dirigir y controlar Europa y meter en vereda a los nuevos países que iban a entrar. Hay una frase muy conocida del presidente Chirac referida precisamente a esos nuevos socios, y muy inoportuna. Lo que pasa es que ya le he dicho que ese eje ha dejado de existir.
Dicen ustedes: No nos sumamos al Eje en la última cumbre. Me felicito y, además, reconozco que lo debieron hacer así y que lo hicieron adecuadamente, que era mejor mantenerse un poco a distancia en vez de sumarse a una posición que evidentemente no favorecía nuestros intereses.
Veo que por lo que hace referencia a la política con los Estados Unidos está usted muy satisfecho. Me alegro de que lo esté, pero creo que es muy mejorable y que debían hacer esfuerzos por mejorarla.
Está usted tan satisfecho de su política exterior, señor ministro, que me atrevo a decirle una cosa: cuiden más a los medios de comunicación internacionales para que hablen más de nosotros y para que lo hagan positivamente, porque le repito lo que le dije al principio: hablan poco y cuando hablan lo suelen hacer de una manera bastante negativa. Cuiden más esa política de comunicación porque nos puede ser útil.
No le voy a decir nada más, señor ministro, salvo el punto de partida de esta interpelación. La situación exige, a nuestro entender, medidas rápidas y enérgicas, nuevas orientaciones, seguramente un poco distintas de aquellas a las que usted ha aludido y sobre todo un nuevo espíritu que recupere el criterio del interés nacional, que recupere el criterio de un consenso bien entendido como norte de nuestra política exterior.
Abandonen la política ideológica que les sume en un sectarismo estéril, como les decía, y que acabará volviéndose contra ustedes, pero también contra todos nosotros. Busquen el auténtico consenso, que no se logra, como decían antes, a pedradas, sino escuchando a

Página 2470


la oposición, jugando limpio y procurando no meterle a esa oposición, una y otra vez, el dedo en el ojo. Y señor ministro, no se crea usted su propia propaganda, porque si lo hace sería incapaz de salir de ese hoyo y no podrá corregir los errores obvios en que está sumido.
En suma, señor ministro, se lo sintetizaría en una sola frase: deje de ser ministro de Asuntos Exteriores del PSOE y empiece a ser ministro de Asuntos Exteriores de España. Será mucho mejor para todos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente. Gracias, señoría.
Agradezco su réplica porque creo que es constructiva, ya que señala y expresa su voluntad de compartir unos principios en política exterior que este Gobierno y este ministro de Asuntos Exteriores no quieren monopolizar, pues son principios válidos que considero que en un país como España y en una democracia como la española todos tenemos que defender y compartir. Por lo tanto, parto de esta primera respuesta positiva de compartir los principios de la política exterior de España.
Señala su señoría, con acierto, que el consenso no se impone, sino que hay que construirlo y que la percepción de su grupo político es que el Gobierno ha impedido lograr espacios de diálogo, de coordinación, de concertación, para crear consenso en áreas fundamentales y vitales para la política exterior española. Quizá es que partimos de percepciones contrapuestas. El Gobierno y este ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación consideramos que hemos hecho esfuerzos suficientes, pero ello no parece ser entendido así por parte de la oposición. No obstante, les vuelvo a brindar la oportunidad de tratar de buscar cauces de diálogo y de concertación en temas esenciales que afectan a la estabilidad y al futuro de nuestro país.
Europa somos todos, y me siento muy satisfecho de que su señoría haya subrayado que el tratado constitucional votado en referéndum por los ciudadanos españoles se debe en gran parte, y así lo hemos reconocido, a la involucración del Partido Popular, y por tanto, éste tiene la misma responsabilidad que nosotros de defenderlo.
Temas europeos, como el económico y el financiero, el tema del Sahara, que ahora volveremos a tratar, el tema iberoamericano o el de la lucha contra el terrorismo, son áreas donde yo creo que se podría alcanzar un acuerdo si hubiese esa voluntad de abrir espacios de diálogo y de concertación, incluso en el de Gibraltar. Su señoría señalaba que a veces lo que hace falta es una política de Estado, y una de esas políticas de Estado es la de Gibraltar. Éste no es un Gobierno que haga una política ideologizada. Nosotros tenemos principios, valores y objetivos, pero no estamos haciendo una política ideologizada. Este ministro quiere representar los intereses generales del Estado español y de la ciudadanía española. Ése es mi compromiso y mi desafío, y brindo al Grupo Parlamentario Popular la posibilidad de iniciar el diálogo en áreas importantes, esenciales para el futuro común de los españoles.
Voy a hacer una breve referencia a las perspectivas financieras. Creo que se está hablando mucho, y quizá sin la suficiente profundidad, de la situación en la que se encuentra nuestro país en relación con el presupuesto comunitario. Se quiere trasladar a la ciudadanía española la idea de que España va a perder fondos, que no va a recibir fondos de la Unión Europea, y eso no es verdad. Lo que sucede es que en 1992 había una situación en España; en 1999, cuando negoció el presidente Aznar, había otra situación distinta en España, y en 2005 hay otra diferente, para el bien de los españoles.
Pero, a pesar de todo, este Gobierno está comprometido precisamente en que los fondos europeos lleguen a España y en mejorar la propuesta de la Comisión, que, por cierto, fue presentada durante el mandato del anterior Gobierno. Hemos tratado de mejorarla tal y como hubiesen hecho ustedes si se hubiesen encontrado con una propuesta negativa para los intereses españoles. Tratamos que los fondos sigan llegando a nuestro país, pero en una situación diferente. No podemos comparar los fondos recibidos en 1992 con los de 2005; como tampoco podemos pararnos y no reflexionar sobre cuál debe ser el futuro de España en Europa, un futuro donde la investigación y el desarrollo reciban más fondos, y ahí es donde vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo.
Concluyo señalando que nuestro Gobierno desea mantener y desarrollar una política exterior consensuada, una política de Estado, pero ésta no tiene por qué ser continuista. Cuando yo me refiero a la nueva política exterior no quiero decir que con ella se trate de abandonar los ejes tradicionales --y utilizo la palabra eje--, los vectores tradicionales de la política exterior, que lógicamente siempre estarán presentes, pero sería un gravísimo error que el Gobierno actual no pusiese en la agenda internacional los nuevos desafíos, totalmente diferentes a los anteriores, que existen hoy día, a comienzos del siglo XXI. La política exterior no puede ser la política de los años ochenta ni de los noventa, sino que tiene que ser una nueva política exterior de Estado, pero que recoja las prioridades para España en un mundo globalizado, en un mundo de nuevos desafíos. En ese sentido, vuelvo a subrayar la voluntad del Gobierno de ampliar el consenso, de dialogar con los grupos políticos, incluido el Partido Popular, para alcanzar esa política de Estado.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


-- DE DON LUIS EDUARDO CORTÉS MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS INICIATIVAS QUE PIENSA ACOMETER EL GOBIERNO PARA CONTRIBUIR A LA SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN SAHARAUI TRAS EL INCREMENTO DE LA TENSIÓN REGISTRADO EN LAS ÚLTIMAS FECHAS (S.
670/000060).


Página 2471


El señor PRESIDENTE: Interpelación de Luis Eduardo Cortés Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las iniciativas que piensa acometer el Gobierno para contribuir a la salvaguarda de los derechos de la población saharaui tras el incremento de la tensión registrado en las últimas fechas.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra el senador Cortés Muñoz.


El señor CORTÉS MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señor ministro, entiendo que esto también es dialogar, es una forma de hablar y de decirnos cosas. Usted dice que busca acuerdos a través del diálogo, pues aproveche las cosas que decimos, que son importantes, que son interesantes y que, sin duda, mejorarían su actuación. No las desperdicie.
Ha dicho el senador Muñoz Alonso --y lo ha dicho no porque le divierta, y lo dije yo el lunes y tampoco me divertía-- que España ha perdido peso internacional. ¿Cree usted que eso a nosotros nos gusta? No nos gusta en absoluto, pero es una realidad, y es una realidad constatable no sólo por los políticos, y no sólo por los políticos que trabajamos en esta materia, sino que lo saben en los medios de comunicación y lo van sabiendo, desgraciadamente, también los españoles, que son listos y lo van percibiendo en una cosa, en otra; en un aspecto se nota más, en otro menos, pero al final la sensación es la que se traslada a todo el pueblo español y es la que tenemos todos y es --repito-- lamentablemente una pena.
A usted no le gusta la palabra eje. Me parece bien, hay palabras más bonitas y otras más feas. Pues no hablemos de ejes en el caso de París y Berlín; pero podemos hablar de un eje, que en el caso de la política exterior española es fundamental, y es el eje Zapatero-Moratinos, que es el que nos está llevando y nos ha llevado a la situación actual.
Voy a recordar una frase, no diré que célebre ni que vaya a pasar a la historia --en todo caso, no merecería hacerlo--, del presidente del Gobierno de España, el señor Zapatero poco después de tomar posesión --creo que fue en una visita a París, pero eso es lo de menos--. Dijo que el problema del Sahara estaría resuelto en seis meses. Eso lo dijo el señor Zapatero, no lo dijo ningún senador, ni ningún diputado, ni ningún político del Partido Popular. No está resuelto el problema del Sahara, evidentemente. El primer error fue decir que se iba a resolver en seis meses. Hay que tener un poco más de sentido común, sobre todo cuando se habla políticamente y cuando se está hablando siendo la máxima jerarquía del Estado de España. Ahí tiene usted en su eje un error importante.
A usted le gusta hablar de neutralidad activa. Cuando menos, es difícil de entender qué es eso de ser neutral pero al mismo tiempo activo. ¿En qué dirección? Porque si es usted neutral entre dos partes y me dice que es activo, tenderá usted a apoyar más a uno que a otro. Desgraciadamente, eso es lo que estamos comprobando, que la posición del Partido Socialista ha cambiado radicalmente en menos de un año. Pero sobre todo lo que estamos viendo es que están ustedes abandonando cada vez más desde el Gobierno de España la obligación que tenemos --que tenemos todos los españoles, ustedes, nosotros, los que no están aquí, todos-- con el pueblo saharaui, y que ustedes han defendido a lo largo de muchos años.
Han estado ustedes muy cerca del Polisario y ahora el pobre Polisario lo que tiene que hacer es alejarse de ustedes. Ahora usted, con su neutralidad activa, lo que está haciendo es ponerse claramente de parte de Marruecos y dejar en una situación de indefensión, por lo menos por parte de España, al Polisario, a los saharauis, a la República Árabe Democrática del Sahara, aunque ya sé que a usted no le gusta que se utilice esa expresión.
¿Cuál es la situación actual? En primer lugar, hay que recordar y destacar un hecho, ahora que estamos en un momento de tensión, en el que han pasado cosas en tierras del Sahara y en tierras de Marruecos. Lo primero que hay que decir es que el pueblo saharaui lo que ha demostrado a lo largo de treinta años y desde el año 1991, cuando aceptan dejar las armas, es una gran paciencia. Se les podrá pedir muchas cosas, pero no se les podrá pedir o exigir más paciencia y mejor voluntad de la que han tenido.
Usted habla permanentemente del referéndum. Cuando no se sabe resolver un tema, se recurre a eso. Pero es muy fácil. Sonría usted, señor ministro, ¡si a mí me encanta verle sonreír! Pero cuando no se sabe resolver un tema, es facilísimo decir: es la ONU la que lo tiene que resolver.
Nuestra postura es clarísima; la postura de España es lo que diga la ONU.
Lo que diga la ONU y algo también nosotros ¿no? Pero usted todo lo reduce a ese contexto, y al Plan Baker, que ahora es Plan Baker II, y al final, ¿a qué? Al referéndum. ¿A qué referéndum? Es como el velo de Penélope: tejerlo, y destejerlo por la noche; lo mismo ocurre sucesivamente con el referéndum.
¿Quién está impidiendo el referéndum? ¿Quién lo ha impedido a lo largo de estos años? No será el Polisario, no serán los saharauis. Quien lo está parando, quien lo está dilatando es claramente Marruecos, pero además con un agravante. Porque en el referéndum lo primero que se planteaba era que se hiciera conforme a un censo elaborado por España en el año 1974; y los marroquíes protestaron y dijeron: No, en ese censo tienen que estar también todos los marroquíes que en estos años se han asentado en esas tierras y que ahora también tienen derecho a opinar. Y los saharauis, el Polisario, lo acepta, y dice: de acuerdo, que se elabore el censo con los saharauis de allí y también con los marroquíes que, aun no siendo de allí, ahora están allí. Y lo aceptan, pero Marruecos no quiere. ¿Por qué? Supongo que eso usted lo sabrá, como ministro de Asuntos Exteriores, o al menos lo sospechará, es decir, por qué los marroquíes, aun así, no quieren el referéndum. Porque tienen miedo a perderlo, aun así. Porque tienen miedo de que hasta los marroquíes que ahora están asentados en el Sahara estén a favor de la tesis del Polisario y de la autodeterminación o independencia --o como quiera usted llamarla-- del Sahara.
Llegamos ya a unos hechos más recientes todavía. Los saharauis, que he dicho antes que son un modelo --y es verdad-- de paciencia, llega un momento en que saltan, y empiezan a manifestarse. Y unos se manifiestan en las

Página 2472


propias tierras del Sahara, y otros en Marruecos, arriesgándose; porque manifestarse en Marruecos no es lo mismo que manifestarse aquí.
Naturalmente se arriesgan y se manifiestan, y la represión, señor ministro, es brutal; la hemos visto todos en televisión; la represión es brutal. Luego están los viajes de españoles: políticos, periodistas, representantes de ONGs, etcétera; el viaje de llegar y volver, que se ha repetido ya varias veces. Y luego la crítica y la acusación, no velada, de Marruecos hacia España diciendo que ha instigado estas manifestaciones de los saharauis.
¿Qué ha hecho usted, como ministro de Asuntos Exteriores español, para defender a España en estos temas? ¿Qué ha hecho usted con respecto a la represión? ¿Dónde están sus críticas, duras, y las del presidente del Gobierno a esa represión real, que sabemos que ha existido y que la hemos visto? ¿Qué ha hecho usted frente a la expulsión de políticos, representantes de ONGs, periodistas, etcétera? ¿Qué ha hecho usted para defender a España de esa acusación, absolutamente indigna y falsa, de que hemos instigado las manifestaciones? Y no salga usted aquí ahora a contarnos una historia de diálogo. Le he hecho preguntas concretas.
Dígame, pues, qué es lo que ha hecho para defendernos. Vuelve usted a sonreír; me parece maravilloso. Hay alguien que a través de un retrato ha pasado a la Historia sólo por su sonrisa, señor ministro. A lo mejor ese es su caso; algo tendría de positivo.
Y voy a terminar con dos referencias. La primera, a Francia, nuestro amigo. Por cierto, algún día debería reunir a los senadores por Madrid y decirnos unas palabras, porque en Madrid todavía seguimos celebrando, supongo que torpemente, el 2 de mayo; y creo recordar que dentro de tres años celebraremos el segundo centenario de nuestro levantamiento frente a los franceses. Como digo, debería usted hablarnos sobre eso y llamarnos a capítulo. (Risas y rumores.) Es que han elegido ustedes mal a los amigos.
¡Qué le vamos a hacer! Es que no tienen vista; y perspicacia tampoco tienen mucha. (Varios señores senadores pronuncian palabras que no se perciben.) Por otro lado, usted será más pacifista que nadie pero ya le ha dado armas a Chávez y a Marruecos. Tiene narices --y perdón por la expresión tan coloquial-- darle armas a Chávez, que es el prototipo, el buque insignia de la democracia y la elegancia. Y como hay un contencioso entre Marruecos y el Sahara, ¡qué maravilla!: les doy 20 tanques y además, a precio simbólico, para que no haya problemas. (El señor Castro Rabadán pronuncia palabras que no se perciben.--Rumores.) ¿Sabe que ha habido una declaración del Ayuntamiento de Vitoria, con el voto a favor de los concejales socialistas, por supuesto --es que también hay muy buena gente entre los socialistas, señor ministro. (Risas y protestas.)--, para que usted intente resolver ese tema y por lo menos se ponga un poco de parte de los saharauis? Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Me pregunta usted, como bien se indica en el texto de la interpelación, sobre la salvaguarda de los derechos de la población saharaui. En mi opinión ese aspecto es indisociable de algo esencial, como es la búsqueda de una solución justa y duradera del conflicto del Sahara. Y es que no buscar una solución a ese conflicto supone no buscar la salvaguarda de los derechos de la población saharaui. Por tanto, concentrémonos en lo principal: la solución definitiva del problema del Sahara occidental.
Recientemente, con motivo del debate sobre el estado de la nación, se aprobó una resolución por parte de todos los grupos parlamentarios sobre el Sahara, por tanto, con el voto a favor del Grupo Parlamentario Popular. En ella, entre otros puntos, se insta al Gobierno a que promueva todas las iniciativas políticas que contribuyan a conseguir un acuerdo consensuado entre las partes; y le recuerdo que las partes son Marruecos y el Frente Polisario. Insisto en que su grupo aprobó una resolución que solicita el acuerdo consensuado entre las partes.
En efecto, se trata de un acuerdo de principios, de un consenso político sobre un aspecto esencial de nuestra política exterior que el Gobierno ha recogido con gran satisfacción. Y ese acuerdo nos permite trabajar desde un mismo enfoque; esa es todavía mi intención, a pesar de la interpelación de hoy y los comentarios sobre mi labor y la del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin duda podremos discutir sobre las tácticas para concretar esos principios compartidos, pero la existencia de un soporte parlamentario compartido por todos los grupos, por el Socialista y por los demás grupos aquí representados, es lo que hace que nuestra política exterior sea más eficaz y más fuerte en este ámbito.
He reiterado ya en múltiples ocasiones que este Gobierno tuvo como prioridad en su acción exterior, como un objetivo de máxima importancia, ayudar a desbloquear el conflicto. No creo que haya habido --y pueden ustedes consultar en las hemerotecas-- ningún otro gobierno, ni el anterior Gobierno del Partido Popular ni los gobiernos socialistas del pasado, que desde su inicio se involucrara con mayor dedicación y esfuerzo diplomático para encontrar una solución.
Y en ese sentido aprovecho para volver a señalar que no utilicen ustedes declaraciones del presidente del Gobierno fuera de contexto. El presidente del Gobierno en su primera reunión de trabajo con el presidente de la república francesa dijo en París que en seis meses habría una resolución del Consejo de Seguridad. No dijo que se resolvería el problema del Sahara Occidental. Así pues, no manipulen ustedes la información, no la saquen de contexto. Lo que dijo el presidente del Gobierno, insisto, es que habría una resolución del Consejo de Seguridad que nosotros votamos y que animaba a las partes a buscar el diálogo político para encontrar una solución definitiva.
Este Gobierno tiene la convicción de que es urgente y más que nunca necesario encontrar y dar un horizonte político al pueblo saharaui y a todas las partes para encontrar

Página 2473


una solución definitiva. Pero el llamar a Naciones Unidas no es una denegación de responsabilidad, sino que todos los gobiernos españoles, todos los actores, incluido el Frente Polisario, piden actuar dentro del marco de Naciones Unidas. ¿O es que ahora el Partido Popular pide al Gobierno que abandone Naciones Unidas? Porque recuerdo que hubo una moción, que no fue aprobada por el Grupo Parlamentario Socialista, que nos decía lo contrario y que fue propuesta por sus señorías, por el Grupo Parlamentario Popular.
Este Gobierno no va a abandonar el marco de Naciones Unidas, sino que quiere dinamizar su involucración, quiere apelar a la responsabilidad del secretario general, que no ha nombrado un sustituto para el representante especial y personal para que pueda iniciar una dinámica de diálogo y cooperación entre las partes a fin de encontrar una solución. Y ese mensaje de urgencia y necesidad se ha trasladado por primera vez a todos los interlocutores de la zona, tanto por parte del presidente del Gobierno como por mí mismo, incluido al propio secretario general del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, cuando vino a Madrid o al presidente Buteflika, al rey de Marruecos y a todos los actores influyentes, como Francia, que tiene mucho que decir sobre el futuro del Sahara Occidental y sobre la manera en que podremos lograr una solución definitiva.
Por ello los hechos de las últimas semanas han vuelto a demostrar que la involucración de nuestro Gobierno era la acertada. Y quiero volver a solicitrle --porque me sabe mal, tal y como se dice coloquialmente-- que utilice o cite lo dicho con mayor rigor, senador Cortés, porque como ministro de Asuntos Exteriores no he empleado el término «neutralidad activa», sino que quien lo hace es su compañero de partido, don Gustavo de Arístegui. En anteriores gobiernos se utilizaba el término «neutralidad pasiva»,y su compañero de partido, para darle un sentido de mayor compromiso, habló de neutralidad activa, pero yo le indiqué que no, que el Gobierno tiene que tener un compromiso activo. Ésa es la terminología que utiliza este Gobierno, porque no se puede ser neutral con la defensa de los derechos y de los principios y ante la solución justa de un conflicto que dura ya tantos años. Ese fue el error de otras políticas de gobierno --y no quiero citar cuáles--, cuando no existía una política global hacia el Magreb, cuando había una política de vaivenes --hoy nos llevamos bien con Argelia porque nos llevamos mal con Marruecos; hoy nos llevamos bien con Marruecos porque nos llevamos mal con Argelia--. Ésa no es la política de este Gobierno. Este Gobierno se lleva bien con todos los actores del norte de África, incluido el pueblo saharaui, buscando la modernidad política y económica en esa zona vital para los intereses españoles, y más aún después del 11 de marzo. Por lo tanto, no damos neutralidades, no las adjetivizamos. Son miembros de su partido los que lo hacen. En consecuencia, nuestro Gobierno seguirá trabajando de forma activa para precisamente dinamizar la solución de este conflicto.
A raíz de los últimos acontecimientos vuelvo a reiterar lo que he señalado en una respuesta oral. Marruecos --y usted tendrá memoria histórica--, a partir de los acuerdos de Madrid del año 1975, es la potencia administradora, nos guste o nos disguste, por razón de esos acuerdos, que fueron luego avalados por Naciones Unidas, y Naciones Unidas, que creo que tiene todo el respeto de esta Cámara, señala a Marruecos como potencia administradora. Algunos de sus representantes nos dijeron: ¿Por qué no fue el cónsul a recibir a las delegaciones y a protestar en El Aaiún? ¿Por qué no fue el cónsul, señor Cortés? Pues porque si hubiésemos mandado al cónsul hubiésemos estado reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Cuando se habla se debe hacer con propiedad. No ha habido un funcionario diplomático español que haya bajado para atender y reconocer la soberanía de Marruecos, porque los diplomáticos españoles --eso sí, diplomáticos españoles en Naciones Unidas-- cedieron la administración, pero no la soberanía sobre esos territorios.
Usted dice que a mí me disgusta la referencia a la República Árabe Saharaui Democrática. No es que me disguste ni me guste, sino que creo que todos los que han defendido esta cuestión a lo largo de la historia, todos los miembros del Gobierno y representantes españoles, han mantenido el ejercicio libre de autodeterminación, y una contradicción que siempre hemos oído al Gobierno de España después de 1975 es cómo vamos a reconocer un Estado antes de que el pueblo ejerza libremente su derecho a la libre autodeterminación. ¿O no tenemos que respetar el derecho del pueblo saharaui, cómo usted señala en su interpelación? Pues claro, y dejemos que actúe y que decida. Por eso es importante el referéndum, porque en definitiva mantendremos el compromiso de Naciones Unidas para que pueda ejercer libremente el derecho de autodeterminación.
Y me hace usted preguntas concretas. ¿Qué ha hecho este Gobierno? ¿Qué ha hecho este ministerio después de que representantes de ONG y representantes electos de distintos parlamentos de comunidades autónomas intentasen aterrizar en El Aaiún? Pues mostrar nuestra insatisfacción con el Gobierno de Marruecos, mostrar nuestro desagrado por la no autorización para que puedan realizar la visita y decirles que ellos son libres para invitar al Congreso o al Senado. No es el señor Moratinos, el ministro, el que ha organizado una visita, sino que le corresponde al Poder Legislativo, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado, decidir si ustedes quieren ir al Sahara Occidental o no. Lo único que he hecho como ministro ha sido facilitar que cuando se pueda llevar a cabo esa misión los representantes del pueblo español puedan tener acceso, puedan visitar y puedan tener interlocución y conocer in situ las realidades del Sahara Occidental. Aparte de eso, hemos enviado una carta al secretario general y a todos los ministros de la zona preocupándonos por los acontecimientos que han ocurrido estas semanas en El Aaiún y en el territorio del Sahara Occidental. Hemos pedido al secretario general que precisamente la Minurso, que es la misión de vigilancia militar y civil para el mantenimiento de la paz en el Sahara Occidental, elabore un informe que pueda ser objeto de publicidad. Hemos pedido que las manifestaciones que se puedan llevar a cabo en los territorios del Sahara occidental sean pacíficas y libres, de modo que puedan celebrarse en todo momento.


Página 2474


Aparte de eso, hemos enviado a nuestro secretario de Estado de Asuntos Exteriores para, precisamente, llevar al ánimo de todas las partes la recuperación de la confianza de manera que puedan involucrarse en un ejercicio diplomático, algo esencial a la hora de encontrar una solución justa y duradera en el Sahara Occidental.
Concluyo, señoría. El Gobierno está procurando conseguir de forma activa el retorno a las condiciones de serenidad necesarias para poder revitalizar el proceso político de arreglo en el seno de las Naciones Unidas, para ofrecer un horizonte político a las partes y a sus poblaciones, tan necesario en estos momentos, y para que todos los grupos políticos españoles, tal como se aprobó en la resolución del Congreso de los Diputados, trabajemos juntos con el mismo objetivo: Resolver, definitivamente, el problema del Sahara Occidental de manera justa y adecuada, que es la mejor forma de defender los derechos del pueblo saharaui.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra su señoría.


El señor CORTÉS MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, lamento decirle que al escuchar su intervención no me he emocionado tanto como sus compañeros de grupo, que no sólo se han emocionado sino que lo han puesto de manifiesto con sus aplausos, lo cual me parece maravilloso.
Voy a ser muy breve, señor ministro, porque al final ha hecho uso del mismo enredo de palabras que viene usted utilizando sistemáticamente cada vez que tenemos un debate, sea una comparecencia en comisión o preguntas e interpelaciones en Pleno, etcétera. Es igual, al final usted nos lleva a un confusionismo verbal; y lo malo no es que pueda llegar a confundir a alguno de nosotros, sino que a lo mejor le tiene confundido a usted mismo.
He anotado algunos de sus comentarios, ya casi lo hago por oficio; después de tantos años apuntando cosas cuando habla un ministro, sigo haciéndolo. Dice que cuando se enfrentan a problemas afirman: Vamos a concentrarnos en la solución total del problema. ¡Pues claro! ¿Qué otra cosa vas a hacer cuando te enfrentas a un problema? Te enfrentas a él para solucionarlo y lo que ha dicho usted es una obviedad, hablando políticamente, y una perogrullada, hablando coloquialmente, señor ministro.
Luego, me dice: No sé si sabe usted lo que son las partes. Lo sabemos desde hace muchos años, señor ministro, y en este caso concreto de Marruecos y el Frente Polisario, por supuesto que lo sé. No nos ha descubierto la pólvora a ninguno de los presentes.
Me acusa, después, de manipulador. No lo he sido nunca pero a lo mejor, si sigo debatiendo con usted, puedo llegar a serlo. Me dice: Fíjese usted si habrá manipulado la frase del señor Rodríguez Zapatero que la ha sacado de contexto. Cuando el señor Rodríguez Zapatero fue a París dijo que dentro de seis meses iba a haber una nueva resolución en el Consejo de Seguridad. Y esto se lo dice en París al presidente de Francia. ¡Pues le descubre la pólvora! Claro, Chirac se quedaría atónito y pensaría: ¡Ay que ver qué secreto me está desvelando este hombre, que me está contando que dentro de unos meses va a haber una resolución en el Consejo de las Naciones Unidas! Ésa es la manipulación.
Luego, me dice que si yo no estoy de acuerdo o que he dicho que no estemos en Naciones Unidas. No. ¡Cómo voy a decir eso! Al contrario, está claro que siempre hay que estar en Naciones Unidas, pero la cuestión es que también hay que saber estar. No basta con estar, también hay que saber estar.
Unos Gobiernos lo hacen de una forma y, otros, de otra; en ocasiones unos ministros lo hacen mejor y, en otras, lo hacen peor, pero no voy a utilizar calificativos, como ha hecho usted.
Señor ministro, se le ha escapado una frase --que, probablemente, proviene de su subconsciente--, en el sentido de que Francia tiene mucho que decir con respecto al Sahara. ¿Por qué? ¿Por qué va a tener Francia algo que decir sobre el Sahara? ¿Por qué Francia y no Austria o Japón? ¿Por qué? Usted está obsesionado con Francia, señor ministro, y ya ve usted las gabelas que se derivan de nuestra amistad --de su amistad-- cerrada con los franceses; y no diga usted luego que no respeto a Francia, que es un país admirable por otras razones, pero no por ésa.
Ha vuelto a caer en otro error. En varios debates le he dicho que su mención a la alianza de civilizaciones me recuerda al colegio y le he explicado el porqué. Cuando yo estaba en el colegio ya se utilizaban esos términos y, ¡fíjese si hace años que fui al colegio! Ya se hablaba de eso y, de hecho, nos mandaban hacer trabajos sobre ese tema.
Por otro lado, señor ministro, es que no hay una sola vez que asuma usted la responsabilidad de un error, de un semierror o de un acierto matizado; sistemáticamente le echa la culpa a alguien, y eso también me recuerda al colegio: ¡No he sido yo, ha sido ése! (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Eso es lo que hace usted sistemáticamente, señor ministro: que si el Gobierno anterior, que si el ministro de antes, que si nosotros... Eso es lo que hace siempre, pero ahora es usted el ministro y ha de tener la arrogancia de asumir hasta los errores.


El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, le ruego que concluya.


El señor CORTÉS MUÑOZ: Su ruego será atendido inmediatamente, señor presidente.
¿Referéndum? Trabaje usted en favor del referéndum, que no quiere Marruecos, que sí quiere el Polisario y que, naturalmente, queremos nosotros, supongo que casi todos ustedes y pienso que también la mayoría de los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--El señor Pezzi Cereto pronuncia palabras que no se perciben.--La señora Vindel López: ¡Hacen falta vacaciones!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Página 2475


Señoría, le ruego que guarde silencio.
Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Señoría, comprendo que quizá las expresiones no sean las más acertadas en algunas ocasiones, pero trato de ser riguroso con las que utilizo, porque la palabra es muy importante en diplomacia --y supongo que su señoría me dará la razón--. Cada palabra tiene su peso jurídico y político, y no es lo mismo hablar de neutralidad pasiva o activa, o del derecho a la libre autodeterminación. Todo tiene su importancia y no hay posibilidad de confusión.
Quizá usted se haya quedado confuso después de escuchar mis palabras, pero me gustaría pedirle que, al término de esta interpelación y sosegadamente, leyera con mayor detenimiento mis intervenciones porque estoy seguro de que podrá encontrar un hilo conductor claro, riguroso y comprometido. En cualquier caso, si sigue usted confuso, trataremos de facilitársela por escrito, para que lo pueda entender mejor e, igualmente, comprender el compromiso del Gobierno, que creo que también es el compromiso de todos los representantes de esta Cámara. Ésta es la primera reflexión que quería hacerle.
Usted afirma que digo obviedades al hacer referencia a las partes, a Marruecos y a la solución definitiva al conflicto del Sahara Occidental, pero perdóneme si le digo que lo que es una obviedad es presentar una interpelación --y leo textualmente-- sobre las iniciativas que piensa acometer el Gobierno para contribuir a la salvaguarda de los derechos de la población saharaui tras el incremento de la tensión registrado en las últimas fechas. Pues bien, le vuelvo a recordar que lo importante es resolver el conflicto del Sahara Occidental, y, para ello, hay dos partes, tal como reconoció la Cámara en sus mociones y resoluciones. Se lo he vuelto a recordar, por si se le había olvidado: las dos partes son el pueblo saharaui y Marruecos. Me llevó a mencionar esta obviedad el hecho de que parecía olvidar en su interpelación lo esencial del problema, que es precisamente encontrar una solución definitiva al conflicto.
Manipulación. No digo que haya manipulación; digo que sacaron de contexto una respuesta del presidente del Gobierno en París. No al presidente de la República, lógicamente; fue una respuesta a los medios informativos, que se habían preocupado de saber cuál era la postura francesa sobre la política del Magreb y sobre la política del Sahara. Tengo que recordarle, senador, que Francia es importante en el norte de África. Lo es por razones históricas, por razones políticas y por razones financieras.
Ignorar que Francia tiene algo que decir en el norte de África es ignorar la historia y la realidad.
Por mi parte, tengo una experiencia mediadora muy modesta, en otra zona del mundo: en Oriente Próximo. Una lección que aprendí allí fue que, cuando las partes no se ponen de acuerdo, los actores internacionales que pueden intervenir, facilitar e imponer un acuerdo, tienen que hablar con una sola voz. Sin embargo, lo que ha ocurrido durante las últimas décadas, es que, cuando Francia decía una palabra, España decía otra. O que, cuando Argelia decía una palabra, España acudía a respaldarla. De modo que no había una comunidad política decidida a resolver definitivamente el conflicto del Sahara Occidental.
Para eso se creó el Grupo de Amigos en Naciones Unidas, para que hubiese concertación política, y en ese sentido Francia es fundamental. Le diré más: Francia está cambiando de postura sobre Sahara Occidental, y empieza a comprender nuestra preocupación por el pueblo saharui, y esa labor la está llevando a cabo el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Gobierno español. Insisto en que no podemos ignorar o menospreciar el papel de Francia en el norte de África. Ignorarlo sería un grave error político.
Retomo la última parte de su intervención: vamos a trabajar por el referéndum; pero por el referéndum en el marco de Naciones Unidas, contando con los esfuerzos del secretario general y amparados por la dinámica de Naciones Unidas. Para esto, espero y deseo poder contar con el apoyo de toda la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

-- DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY SOBRE LAS CLÁUSULAS DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS REFERIDAS AL CUMPLIMIENTO DE LA EDAD ORDINARIA DE JUBILACIÓN. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000022) (C. D. 121/000022).


El señor PRESIDENTE: Señorías, de acuerdo con la Junta de Portavoces, y teniendo en cuenta que vamos bien de tiempo, pasaremos al punto siguiente del orden del día: dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
La votación se producirá por la tarde.
Dictamen de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, en relación con el proyecto de ley sobre las cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la senadora Rubial.


La señora RUBIAL CACHORRO: Gracias, señor presidente.
El proyecto de ley sobre las cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación tuvo entrada en el Senado el 8 de junio, y se publicó en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» en

Página 2476


esa misma fecha. El plazo de presentación de enmiendas acabó el 13 de junio de 2005.
A este proyecto de ley se han presentado 13 enmiendas: cuatro, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; una, el Grupo Entesa Catalana de Progrés; una, el Grupo Parlamentario Socialista; y siete, el Grupo Parlamentario Popular.
La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales dictaminó dicho proyecto en su sesión de ayer, día 20 de junio, incorporando las siguientes enmiendas: número 9, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; número 13, del Grupo Parlamentario Socialista, y números 1, 3, 4, 5 y 6, del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Entiendo que no hay debate de totalidad, por lo que pasamos directamente a debatir las enmiendas.
Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, en la que se pide la vuelta al texto del Congreso, oponiéndose a la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, y a las enmiendas números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, del Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el senador Alonso.


El señor ALONSO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el proyecto de ley que nos ocupa tiene por objeto incorporar al texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, una disposición para que en los convenios colectivos se puedan establecer cláusulas que permitan, en determinados supuestos y bajo ciertos requisitos, la extinción del contrato de trabajo al cumplir el trabajador la edad ordinaria de jubilación.
Como ustedes saben, señorías, una previsión similar fue derogada por el Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo. La Ley 12/2001, de 9 de julio, fruto de la tramitación parlamentaria del citado Real Decreto, ratificaría esa derogación, aunque matizó su justificación.
Dicha derogación no iba acompañada de otras medidas que imposibilitaran este tipo de cláusulas, a la vista del carácter vinculante que el artículo 37.1 de la Constitución Española reconoce a los convenios colectivos. Recientes sentencias del Tribunal Supremo han interpretado que la ausencia de una norma habilitante en esta materia priva a la negociación colectiva de poder establecer cláusulas, produciendo así cierta inseguridad jurídica y motivando problemas en la negociación colectiva.
Como consecuencia, las organizaciones sindicales más representativas, la Unión General de Trabajadores y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, conjuntamente con la CEOE y también la CEPYME, firmantes del acuerdo interconfederal para la negociación colectiva vigente para el año 2004, se dirigen al Gobierno para expresar su preocupación por los efectos de la doctrina jurisprudencial en la negociación colectiva, al objeto de abordar el problema y, por tanto, poder articular los mecanismos necesarios para dar cumplida respuesta a la mencionada inseguridad jurídica.
Por otra parte, el Gobierno, sindicatos y empresarios, es decir, también las organizaciones más representativas, Unión General de Trabajadores, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, CEOE y CEPYME, firman una declaración el día 8 de julio de 2004 para el diálogo social, competitividad, empleo estable y cohesión social, en la que se comprometen a abordar en el diálogo social ciertas materias, entre las que figura la que hoy nos ocupa. Desde ese ámbito y con el acuerdo de los agentes implicados, les presentamos hoy esta reforma normativa, que se incorpora en sus propios términos a esta Ley.
Señorías, la propuesta que hoy presentamos es equilibrada, porque está vinculada a objetivos coherentes con las políticas de empleo expresadas en los convenios colectivos; va orientada a mejorar la estabilidad en el empleo, a transformar contratos temporales en indefinidos, al sostenimiento del empleo, a la contratación de nuevos trabajadores. Es también equilibrada porque el trabajador afectado tiene que tener cubierto necesariamente el período mínimo de cotización u otro superior, si así se hubiese pactado. Es una propuesta que tiene origen y emana del diálogo social.
Señorías, ustedes saben que nuestro grupo parlamentario siempre concedió al diálogo social un valor extraordinario. Así, cuando éramos oposición y el Gobierno alcanzó acuerdos con los agentes sociales, como el Acuerdo para la Estabilidad en el Empleo y la Negociación Colectiva de 1997, los acuerdos interconfederales en materia de negociación colectiva o el acuerdo en materia de salud y prevención de riesgos laborales de 31 de diciembre de 2001, nosotros fuimos total y absolutamente respetuosos con todo aquello que emanaba del diálogo social y no pusimos ni la más mínima cortapisa para poder materializar todas aquellas materias que procedían de dicho diálogo.
Por lo tanto, señorías, si cuando éramos oposición entendíamos que el diálogo social era un valor a preservar, ahora consideramos que deben respetarse, exactamente igual como nosotros lo hacíamos, todas aquellas materias que tienen la aquiescencia y la legitimidad de contar con el acuerdo, con el consenso, con el apoyo de las organizaciones más representativas, con las organizaciones empresariales, conjuntamente con el Gobierno. Pero, señorías, si el diálogo social es un valor a preservar, también lo es el Pacto de Toledo, pues todos entendimos en su día que era el mejor instrumento y sus señas de identidad son suficientes para que bajo ningún concepto la materia que hoy nos ocupa pueda ser utilizada desde una opción partidista.
Precisamente por las razones que acabo de exponer, la enmienda número 9 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que se incorpora para su debate y análisis, tendría que tener la aquiescencia, el apoyo y el acuerdo de las organizaciones sindicales, conjuntamente con el Gobierno, en la mesa de diálogo social y trasladarse con posterioridad al organismo creado ad hoc --como fue la Comisión no permanente del Pacto de Toledo--, y lo mismo respecto a las enmiendas incorporadas por el Grupo Parlamentario Popular, precisamente por esa

Página 2477


responsabilidad que solicitamos a dicho grupo. Todo aquello que cuente con el apoyo, el acuerdo, el consenso y la legitimidad de las organizaciones empresariales y sindicales, conjuntamente con el Gobierno, como ocurre con el texto que se nos remite por parte del Congreso de los Diputados, no entendemos que tenga que ser modificado en la línea que marcan las enmiendas incorporadas en comisión. Ésta es la razón que nos animó a presentar este voto particular y manifestar así nuestra posición respecto a lo que en comisión se incorporó a través de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y la número 9 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Turno en contra. (Pausa.) Pasamos al turno de portavoces.
El Grupo Parlamentario Mixto no hace uso de la palabra.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tampoco hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Casas.


El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, presidente.
En el debate en comisión tuve ocasión de hacer una pequeña reflexión que me gustaría repetir hoy en la solemnidad de un Pleno casi vacío, ya que al menos quedará escrito en el «Diario de Sesiones».
Dice el portavoz socialista que estas cuestiones hay que tratarlas en el Pacto de Toledo. Punto número uno, el diálogo social --del que soy muy partidario, pues el acuerdo entre empresarios y trabajadores es fundamental-- no puede sustituir de ningún modo la capacidad legislativa que corresponde al Congreso y al Senado, y de ningún modo tenemos que dar por sentado, como costumbre o como precedente, que un acuerdo que nos venga de sindicatos y patronal necesariamente tengamos que tramitarlo aquí sin más. Yo no renuncio a lo que dice la Constitución: que la capacidad legislativa reside en las Cámaras. Esto es importante tenerlo en cuenta porque aunque un acuerdo entre sindicatos y patronales pueda ser bueno para un sector determinado, pero además puede ser malo para el conjunto. Y como la visión de conjunto quien la tiene que tener es la Cámara, estamos aquí para matizar y para legislar y no simplemente para trasladar un acuerdo de las partes al «Boletín Oficial del Estado».
Por otra parte, dice el portavoz socialista que nuestras enmiendas no se han debatido en el Pacto de Toledo. Tampoco se ha debatido en el Pacto de Toledo el acuerdo entre sindicatos y patronales que hace referencia a las jubilaciones. Y lo que les dije en la comisión y quería decir ahora es que estamos legislando contracorriente, estamos yendo contra el interés general de la economía. Yo les sugiero que miremos lo que está pasando alrededor y que veamos los debates que están teniendo en los países de nuestro entorno, que es nuestro mercado --es decir, hoy no se puede hablar de Europa como del extranjero, es nuestro mercado, es nuestro ámbito de referencia--, porque están pasando muchas cosas. Mientras, aquí estamos legislando cosas muy importantes, muchísimas, pero estamos mirando hacia el otro lado y no estamos entrando en serio en problemas estructurales que tiene nuestra economía y que hay que abordar. Y aunque hoy voy a votar a favor porque viene de los sindicatos y de las patronales, tengo que decirles que estamos legislando en dirección contraria.
El domingo pasado, don Alfredo Pastor --que, para entendernos, no es de los míos, fue secretario de Estado de Economía con Pedro Solbes en la anterior época de Solbes en el Gobierno-- escribía un interesantísimo artículo en La Vanguardia en el que decía lo siguiente --y esto viene a cuento de lo que vamos a aprobar hoy--: La convergencia de los niveles de bienestar dentro de la Unión Europea puede hacerse al alza o a la baja; si se quiere igualar al alza, el resultado inmediato será un aumento de paro en las regiones menos productivas --esto es así de claro--. Dice además que en Alemania desde 1970 hasta 2002 el aumento del paro --3,2 millones de personas-- coincide con la cifra de inmigración que se ha empleado en el mercado oficial. Y en Alemania acaban de acordar sindicatos y patronal pasar en el sector de la construcción de 39 a 40 horas semanales sin incremento salarial, y en Alemania están debatiendo alargar la vida laboral y retrasar la edad de jubilación.
Sigue diciendo Alfredo Pastor que un inmigrante tarda 25 años en saldar la deuda con el país de acogida. Puede parecer que esto no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, porque en España en este momento --datos del mes pasado-- los pagos de la Seguridad Social ya crecen más que sus ingresos; es decir, los pagos están creciendo a un nivel del 8 por ciento y los ingresos del 5 por ciento. Esto que se ha dicho tantas veces de que la inmigración tiene un efecto positivo porque son más cotizaciones a la Seguridad Social es falso. Estos números no cuadrarán nunca porque son empleos que muchos españoles no quieren coger, con un ingreso a la Seguridad Social mínimo, que provocan más coste que los ingresos. Por tanto, a pesar de la ecuación y de ir diciendo que vamos creciendo en número de afiliados, la realidad del último mes es que el gasto crece por encima de los ingresos, y esto en Europa se lo están tomando en serio muchos países. Hoy mismo el ministro de Economía francés dice que o se trabaja más o el modelo de Estado del bienestar es insostenible.
¿Por qué hago yo estas reflexiones? Hace poco tuvimos el debate del calzado --con la competencia de los chinos-- y yo lamentaba que el del sector del juguete ya no lo hayamos podido tener porque ya no existe, ha ido tan deprisa que ya no existe; tuvimos también el del textil y dentro de seis meses tendremos el de otro sector, y dentro de un año tendremos el del sector de la automoción. Tuvo lugar el debate, donde aprobamos las correspondientes resoluciones, pero yo quisiera ver una política del Gobierno --y no dedicarnos a bendecir los acuerdos de los sindicatos y empresarios-- que entre a fondo en estos problemas estructurales, que vea cómo el país puede recuperar competitividad y cómo mantenemos un empleo industrial estable; no lo veo. Sin embargo, estamos legislando jubilaciones anticipadas, que tienen un coste que no podremos sostener y de difícil

Página 2478


cumplimiento, porque las condiciones establecidas en el proyecto de ley son de imposible cumplimiento para cualquiera que tenga una mínima noción de cómo funciona una pequeña y mediana empresa. Esas condiciones se podrían dar en grandes compañías, pero el empleo en España se sustenta en pequeñas y medianas empresas, y lo que el proyecto establece difícilmente se puede llevar a la práctica.
Insisto, no tengamos debates sobre temas puntuales y coyunturales que no llevan a ninguna parte. Yo deseo que el Gobierno venga algún día con un plan estratégico de verdad que aborde la financiación del Estado del bienestar, que está en riesgo, en grave riesgo, y que está condicionando a los gobiernos europeos en este momento. Otros gobiernos socialistas están diciendo cosas muy serias en ese sentido, abordando políticas que suponen costes electorales, mientras que aquí estamos mirando hacia otro lado. Perdonen que ponga ciertos ejemplos --porque pueden parecer groseros, aunque no lo son--, pero la ley de violencia doméstica o de los matrimonios homosexuales aun estando muy bien, no garantizan el empleo, el progreso y el Estado del bienestar.
Los problemas que nos afectan van a mucha velocidad. El problema Chino no supone el asunto de las exportaciones, sino también la presión que ejercen sobre el precio de las materias primas, respecto a lo que no estamos haciendo nada. La Unión Europea es lenta en tomar decisiones, muy lenta. Nuestros mercados competidores, como Estados Unidos, toman decisiones de hoy para mañana, mientras que la Unión Europea es lenta, muy democrática, pero lenta. Además, en el ámbito de nuestra competencia no he visto en el ánimo del Gobierno ninguna medida seria que dé un poco de luz a un horizonte económico que, si bien es verdad que la economía española sigue creciendo, está presentando síntomas de mucha preocupación. Italia está decreciendo, Francia está en una situación de poco crecimiento y Alemania está estancada. Todo esto tendrá consecuencias en nuestra economía a medio plazo y no veo por ninguna parte medidas en este sentido.
Ustedes me dicen que presentamos una enmienda que no hemos discutido en el Pacto de Toledo, pero ¿se ha discutido el proyecto de ley en el Pacto de Toledo? Está desfasado, no se trata pues de un problema del Pacto de Toledo. Tomen en serio el asunto de las prestaciones sociales y resolvamos los problemas estructurales de competitividad señalados por todos los agentes económicos. Léase usted la prensa. Le recomiendo el artículo de Alfredo Pastor, porque es muy serio lo que dice. En los parlamentos europeos está teniendo lugar este debate, mientras que aquí traen un proyecto de ley de tres al cuarto, que no resuelve nada, y encima me riñen por presentar una enmienda que no ha pasado por el Pacto de Toledo. Dije que lo íbamos a votar a favor, pero advierto que no estamos yendo en la dirección que apunta la tendencia económica y que es necesario un debate mucho más profundo. Reivindico el papel de la Cámara, no limitándonos a pasar al Boletín Oficial del Estado acuerdos procedentes de los agentes sociales, por buenos que sean, porque estos acuerdos son de parte y nosotros estamos representando a la totalidad.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Bravo.


El señor BRAVO DURÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como ya anunció en el Congreso de los Diputados el señor Olabarría, y yo mismo en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, debemos poner de manifiesto ciertas objeciones al presente proyecto de ley, sin que eso altere el sentido de nuestro voto, pues estamos convencidos de que es nuestro derecho y también nuestra obligación. Estas objeciones no son otras que las derivadas de ciertos riesgos jurídicos e incluso constitucionales que contiene la redacción de este proyecto de ley. Los riesgos legales o constitucionales a los que me refiero no son otros que los derivados de una posible colisión de derechos colectivos procedentes de los diferentes convenios que se firmen, frente al derecho individual de acceso a una pensión, que puede verse limitado en su cuantía como consecuencia de lo pactado en el convenio. Éste es un asunto que perfectamente pueden acabar en los tribunales, también en el Tribunal Constitucional, pudiendo establecerse por el tribunal competente lo contrario a lo señalado por cada convenio colectivo.
Me explico. La Constitución vigente, en el artículo 41, reconoce el régimen público de pensiones, como todo mundo conoce. También es sabido que la forma de establecer la cuantía de la pensión concreta está en función de las cotizaciones realizadas y del tiempo cotizado. El texto del proyecto de ley señala que en los convenios colectivos podrán establecerse cláusulas que posibiliten la extinción del contrato por alcanzar el trabajador la edad ordinaria de jubilación; pero, eso sí, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Por un lado, unos requisitos que me atrevo a calificar de subjetivos y de indefinidos como, por ejemplo, vincularse a objetivos coherentes (¿y quién decide si son o no coherentes?, lo que para uno es coherente para otro seguramente que no lo es); o mejora de la estabilidad (y yo me pregunto ¿quién califica si es o no mejora?, ¿en qué grado?); o transformación de contratos temporales en indefinidos (¿de cuántos?); o sostenimiento del empleo (¿por cuánto tiempo?); o contratación de nuevos trabajadores (¿de cuántos trabajadores?, ¿y en qué condiciones?) o, finalmente, cualesquiera otros, una especie de cajón de sastre, eso sí, dirigido a la calidad del empleo (¿nos inventamos esos otros requisitos?, ¿hay barra libre?). En cualquier caso, auguramos que puede ser fuente de inseguridad y de conflictividad.
Segundo requisito: que el trabajador tenga cubierto el período mínimo de cotización, o mayor si se pacta en el convenio. Imaginemos que no se pacta uno mayor, o que para un trabajador concreto lo pactado para él sea insuficiente. La pregunta es: ¿Se puede impedir el deseo de alguien a alcanzar una pensión mayor, vía seguir cotizando y, por supuesto, seguir trabajando? Evidentemente, se le estaría perjudicando en sus derechos individuales. ¿No es razonable pensar que pueda presentar también reclamación

Página 2479


en defensa de esos derechos? En cualquier caso, consideramos que no se elimina la inseguridad jurídica que se pretende y, en consecuencia, sigue siendo una fuente de conflictos.
No obstante lo anterior, no nos vamos a oponer al proyecto de ley, que quede claro, pero hemos querido transmitir a la Cámara esta reflexión y, además, poner de manifiesto que este proyecto de ley viene forzado por diversas circunstancias. En primer lugar, está forzado por una interpretación jurídica, realizada legítimamente por el Tribunal Supremo, que en lugar de arreglar el problema ha generado otro, y sobre todo ha generado una inseguridad jurídica que ahora se nos pide que corrijamos.
Esa interpretación jurídica podía haber sido perfectamente otra y, desde luego, ahora no estaríamos en esta tesitura, sino en una diferente. Y, con esta misma ley, en el futuro nos podemos encontrar también con una nueva interpretación de signo contrario y vuelta a las andadas. No digo que la culpa no sea nuestra, que también la tenemos, por legislar quizá de una manera deficiente con textos legales difíciles de entender y peores de interpretar. Pero que cada palo aguante su vela.
Si unimos a esto la presión ejercida sobre el Gobierno, que lo único que hace es ser correa de transmisión de las organizaciones sindicales y empresariales, resulta que aquí quien realmente está legislando es cualquiera menos las Cortes Generales, además, precisamente por quienes en modo alguno fueron elegidos por nadie, y menos para esto.
No obstante, como he señalado, no vamos a ser nosotros quienes nos posicionemos en contra, desde luego que no, pero sí queremos advertir de los riesgos y de las consecuencias futuras que puede comportar.
«Eskerrik asko». Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Burgués.


La señora BURGUÉS BARGUÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, este proyecto de ley incorpora a la Ley del Estatuto de los Trabajadores, a través del artículo primero, una disposición adicional que permite incluir en la negociación de los convenios colectivos unas cláusulas que posibiliten en determinados supuestos la extinción del contrato al cumplir el trabajador la edad de jubilación, no siendo la extinción del contrato de carácter genérico e incondicionado como hasta ahora, sino que deberán expresarse en el convenio colectivo objetivos como la mejora de la estabilidad en el empleo, la transformación de los contratos temporales en indefinidos, la contratación de nuevos trabajadores que favorezcan la incorporación de los jóvenes al mundo laboral y cualquier objetivo que vaya dirigido a la mejora de la calidad del empleo.
La derogación del Real Decreto ley 5/2001, de 2 de marzo, y la tramitación de la ley 12/2001, de 9 de julio, como consecuencia de la derogación del citado real decreto ley, en opinión del Tribunal Supremo en recientes sentencias, reconoce una ausencia de norma legal que en la negociación colectiva no permite establecer en los convenios una cláusula que recoja los objetivos citados en el momento de extinción del contrato por cumplimiento de la edad de jubilación.
Es cierto que organizaciones empresariales y sindicales, como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, UGT y Comisiones Obreras, han manifestado su preocupación por esta situación, solicitando al Gobierno la reforma normativa que permita dotar de la necesaria seguridad jurídica en la negociación colectiva. Consecuencia de ello es la petición al Gobierno de dicha reforma normativa como acuerdo tomado, entre otras materias, en la Declaración para el Diálogo Social de 2004, para superar esta inseguridad jurídica.
Se trata, pues, de hacer compatibles los derechos individuales, legítimos, de los trabajadores, como el derecho al trabajo, con los intereses colectivos que permitan al Gobierno y a las organizaciones realizar una política orientada al pleno empleo y a la mejora de la calidad del mismo, más acorde con las necesidades actuales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un voto particular pidiendo la retirada de las enmiendas de los grupos parlamentarios de Convergència i Unió y Popular, introduciendo únicamente dos modificaciones en enmiendas, consecuencia de la aprobación reciente de dos leyes que, lógicamente, debe tenerse en cuenta en estas circunstancias.
Debido a todo lo expuesto, el Grupo Entesa Catalana de Progrés da apoyo a la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista y rechaza las otras enmiendas presentadas.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Alonso.


El señor ALONSO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Planteaba el senador Casas --lamento que ahora no esté en el hemiciclo-- que debíamos preocuparnos de la financiación del Estado del bienestar.
Miren ustedes si nos preocupamos, que en todas sus intervenciones en esta materia el presidente del Gobierno fía las mismas a dar una viabilidad financiera al sistema de protección de nuestro país más allá del año 2020. ¡Claro que al Gobierno le preocupa la viabilidad económica de la protección social en España! Yo creo que el senador Casas no ha debido de leer muy bien la enmienda que presenta el grupo catalán, porque lo que se plantea sobre el acceso a la jubilación anticipada por la vía del artículo 161.3 de la Ley General de la Seguridad Social, en especial respecto a la alteración de los coeficientes reductores de la pensión de jubilación en tales supuestos; a la modificación de los porcentajes aplicables a la base reguladora en función de los años de cotización para determinar la cuantía de la pensión de jubilación; a la variación de los requisitos de acceso a la jubilación anticipada, acreditando la condición de mutualista antes del 1 de enero de 1967 y, por último, al incremento del porcentaje aplicable a la base reguladora

Página 2480


en casos de diferir el acceso a la pensión de jubilación más allá de los 65 años y con 35 o más de cotización, lo que se plantea --digo-- supone, señorías, una alteración total y fundamental de lo que es el cálculo de la pensión de jubilación.
De lo que no cabe duda, como antes planteaba, es que esta iniciativa legislativa va dirigida para dar respuesta, entre otros, a problemas estructurales que tiene nuestro mercado de trabajo. Como antes apuntaba, se trata de una iniciativa orientada a la mejora y estabilidad del empleo, que va orientada a transformar los contratos temporales en indefinidos, al sostenimiento del empleo, a la contratación de nuevos trabajadores. Por tanto, está claramente vinculada a lo que tienen que ser las políticas de empleo. Entiendo, pues, que en absoluto se trata de una situación irresponsable puesto que precisamente va en la dirección que el senador Casas planteaba. Y de lo que tampoco cabe duda es de que la enmienda que plantea el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en absoluto colabora a financiar mejor el sistema público de protección social.
Y como decía el senador Bravo, ¿quién va a legislar aquí? ¿Los agentes sociales y los económicos? ¿Los empresarios y los sindicatos? Las organizaciones sindicales, al igual que los grupos parlamentarios, en las empresas de seis o más trabajadores cada cuatro años tienen que someterse a la confianza del conjunto de los trabajadores de este país, y en términos porcentuales es muy elevado el número de empresas en que se realizan elecciones sindicales. La Constitución reconoce en su Título Preliminar el papel de vertebradores sociales que tienen las organizaciones sindicales y cuál es la función. Si el diálogo social es un valor a preservar, ¿cómo es que es un valor cuando se gobierna desde determinada instancia y deja de serlo cuando cambia el gobierno? El diálogo social es un activo en sí mismo que todos estamos llamados a preservar. Y no legisla; estamos legislando aquí. En todo caso, en la mesa de diálogo social proponen al Gobierno, y éste remite a las Cortes el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo.
Por tanto, señorías, entiendo que lo que es en sí mismo un activo, y se plantea en la enmienda número 1 presentada por el Grupo Parlamentario, en la que se dice que no podrá ser afectado un trabajador si no tiene adquirido el derecho a una pensión mínima, está recogido en la ley.
Porque lo que dice la ley no está referido a una pensión mínima, pero ningún trabajador puede estar afectado por esta iniciativa en el supuesto de que no tenga cubierto el período mínimo de cotización u otro superior en el supuesto de que así se hubiese pactado. Por tanto, creo que la propia ley recoge el espíritu de la enmienda.
Señorías, lo que tuvo su origen en la mesa de diálogo social hoy se nos traslada a esta Cámara. Si en situaciones anteriores desde el Grupo Parlamentario Socialista fuimos respetuosos y nunca quisimos meter la cuchara en acuerdos de esta naturaleza, entiendo que en este tema que hoy nos ocupa debemos ser cuando menos responsables y respetar aquello que tiene la aquiescencia del Gobierno y de empresarios y sindicatos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Fernández.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presiente.
Señorías, a estas alturas del debate, quisiera centrarme --sin marcarlo como desagradable-- en la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2004, que es la que ha complicado --entre comillas-- la situación actual de los trabajadores, ya que las cláusulas del convenio colectivo establecían que la jubilación podía ser a los 65 años. Esta sentencia, que unifica doctrinas como consecuencia de otra más que había del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña, determina la inconstitucionalidad de los preceptos que se establecen.
Existe el caso específico de un trabajador de AENA que entiende que su jubilación no puede producirse a los 65 años, y ello conlleva --incluso con un dictamen favorable del Ministerio Fiscal que la sentencia de contraste llevada a cabo hay que anularla y el famoso real decreto que hoy se debate queda derogado en función de lo que acabo de decir ahora, y que figura en esa disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores.
Pero no olvidemos que este asunto, señorías, es un asunto por el que no se puede pasar de puntillas, ya que trajo problemas en su momento. En años precedentes, una sentencia del Tribunal Supremo, de junio de 1966, precisaba que la orden del Ministerio de Trabajo de 1 de julio de 1953, que establecía en los convenios colectivos cláusulas parecidas de jubilación, quedaba derogada, diciendo que no se puede atener a ello. Por tanto, la doctrina la elimina. De hecho, no podemos olvidar que el Tribunal Constitucional, con la sentencia número 22 de 1981, resolvió como inconstitucional lo que el Estatuto de los Trabajadores decía. Todos recordaremos que el Estatuto de los Trabajadores contemplaba la edad de jubilación a los 69 años. Esto también lo delimita el Tribunal Constitucional y establece que la jubilación no puede hacerse así, que hay que buscar fórmulas para que la jubilación esté dentro de la limitación que tiene cualquier trabajador y dentro de la libertad del propio trabajador. Se llega a un acuerdo por consenso en aquel entonces y se establece, con centrales sindicales y patronales, la cláusula que existe hasta el momento en los convenios colectivos. En relación a esto nos llevamos la gran sorpresa, recientemente, al ver la sentencia que he mencionado de marzo de 2004 que establece que es anticonstitucional y de alguna forma discrimina por razón de edad la situación de estos trabajadores.
Los convenios colectivos pasan en estos momentos por una dificultad grande. Incluso un portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ha dejado bien claro cómo esta situación se queda en el aire, puesto que tendríamos que tener en cuenta --de prosperar la tesis que mantiene el Grupo Parlamentario Socialista con algunos grupos parlamentarios más que le apoyan-- la libertad del propio trabajador y el derecho individual de llegar a esa jubilación.
De hecho, la sentencia del Supremo que hoy hemos mencionado se enmarca en unas directivas, en la Directiva

Página 2481


78/2000 del Consejo, donde se establece claramente cuál es la esencial diferencia de trato justificada para la jubilación de un trabajador.
Y entonces se firma como objetivo que tiene que ser la voluntad del trabajador, siempre y cuando tengamos en cuenta las políticas de empleo, el mercado laboral, la formación profesional y, por tanto, debe prohibirse la discriminación. El artículo 13 de la propia directiva dispone que los convenios colectivos respetarán los requisitos mínimos establecidos en ella y las correspondientes medidas nacionales de aplicación. El 16 dice lo mismo, que los estados miembros adoptarán las medidas necesarias para velar por que se supriman las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contrarias al principio de igualdad de trato, se declaren o puedan declararse nulas e inválidas o se modifiquen todas las disposiciones contrarias al principio de igualdad de trato que figuren en estos contratos.
En esto se basa la sentencia. Y no olvidemos que tiene un voto particular de uno de los ponentes, que discrepa de la decisión del resto de los magistrados que componen la sala basándose en una actual sentencia del Tribunal Constitucional para discrepar, pero dejando muy claro que el apoyo que deben tener los trabajadores a título individual debe ser claro y contundente. Esto ha hecho que el Gobierno de la nación esté preocupado en estos momentos, y no por el Pacto de Toledo, sino porque muchos convenios colectivos que están ahora en negociación van a ver derogada esta cláusula --que figura en casi todos los convenios--, y será el trabajador quien tenga la moneda de cambio para poder jubilarse. Es una situación controvertida, es cierto, a veces de presunta coacción, porque hay trabajadores que, para poder jubilarse, quieren recibir una indemnización --la que corresponda--, ir al desempleo, cobrar mayores prestaciones económicas o incluso ir a la jubilación. Todos los convenios colectivos tienen esa cláusula.
Pero la situación que hoy se trae aquí por el Gobierno --como ha dicho algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra-- supone que los parlamentarios hagamos aquí de florero --permítanme la expresión-- para ratificar algo que puede ser derogado mañana por otro tribunal, y eso me parece que es jugar un poco a la sorpresa, o querer salir al paso de algo que aquí se acuerde, que va a ser ilícito. Digo esto porque en la enmienda que se propone a la disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores figura que en los convenios colectivos se podrá establecer, no se deberá, sino se podrá, con lo cual queda un abanico abierto para que los convenios que así lo deseen lo pongan, y los que no quieran ponerlo, no lo hagan. Fíjense ustedes la cantidad de millones de convenios colectivos que hay en este país, no sólo a nivel nacional, sino también provinciales, interprovinciales, de empresas y propios. Por tanto, para que esa cláusula pueda moverse, tendría que estar de acuerdo la parte sindical, representada en muchos casos por UGT y Comisiones Obreras, aunque en otras parcelas no es así, cuando están diciendo que la expresión «podrán» expresa voluntad, y no tiene por qué imponerse de forma imperativa dentro de la ley.
También se dice que esta medida deberá vincularse a objetivos coherentes en la política de empleo, tales como la mejora de la estabilidad en el empleo. ¿Estamos ante una mejora de la estabilidad del empleo? Si un trabajador que vaya a jubilarse y deba hacerlo, por imperativo de edad, a los 65 años, ¿tendrá que someterse a una mejora de estabilidad en el empleo? ¿En qué empleo? ¿En el de su empresa, en el del convenio propio, en el interprovincial, en el provincial, en el del sector general? La cláusula es demasiado ambigua.
Se habla también de la transformación de contratos temporales en indefinidos. ¿Y si sólo hay dos trabajadores, y no existen esos contratos? ¿Cómo se transforman? Puede haber trabajadores afectados por un convenio interprovincial o provincial, ya que aquí no se habla de grandes empresas, aunque probablemente en esos casos exista menos problema.
Sigue de la siguiente manera: para el sostenimiento del empleo, la contratación de nuevos trabajadores o cualesquiera otros que se dirijan a favorecer la calidad del empleo. Creo que estas cláusulas --con todos mis respetos y, al haber estado negociadas tanto por la patronal como por los sindicatos, así lo piensan-- no pueden prosperar, porque las partes están sometidas a una espada de Damocles que, en cualquier momento, va a caer sobre ellos, porque un trabajador --que será quien lo imponga-- diga que no está de acuerdo con esta cláusula, y que lo somete a los tribunales.
Así, dentro de poco estaremos otra vez buscando una fórmula.
Lo que sí es cierto es que, tanto la directiva europea como las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional son claras y tajantes en cuanto a que no se puede jubilar forzosamente a alguien con 65 años. Eso es clarísimo, señorías. Por muchas flores que le pongamos --porque el papel todo lo admite--, no estamos convencidos de que esto pueda ser efectivo, porque habrá convenios en los que prospere, pero en otros no.
Digo esto porque entiendo, señorías, que el Gobierno de la Nación y el partido que lo sustenta intenten llevar esto como un acuerdo, aunque a mí no me consta que forme parte del diálogo social, sino que es un acuerdo que incluso el dictamen del CES dice que no vulnera nada, pero que también le suscita muchas dudas. Ese dictamen, que tiene fecha 13 de enero de 2005, ya habla de que esto se presta a muchas dudas, y que, aunque no comete ninguna ilegalidad, lo somete a consideración. ¿Qué significa eso? Que, sin ser vinculante, también el propio dictamen considera que hay expresiones, frases y adjetivos con los que no está conforme; en unos casos se ha tenido en cuenta su opinión, y en otros no.
Hoy hace un año, señorías, que le formulé una pregunta escrita al Gobierno, porque el día anterior el ministro de Trabajo había estado compareciendo en esta Cámara, y se le preguntó por la situación del mercado de trabajo. Como el Tribunal Supremo, en sentencia de 9 de marzo del presente año, había anulado la edad forzosa en los convenios colectivos, que se establecía a los 65 años, dicha sentencia provocaba una controversia --publicada recientemente en los medios de comunicación-- y era necesario que el legislador alcanzara otro acuerdo.
En la pregunta que le formulaba solicitaba conocer qué se iba a hacer al respecto. En concreto pregunté lo siguiente. ¿Piensa el Gobierno de

Página 2482


la nación llevar a las Cortes Generales algún proyecto de ley con motivo de la laguna jurídica que se ha creado con esa sentencia? De ser así, ¿piensa establecer alguna fecha límite de jubilación? ¿A qué edad? Mi sorpresa, señorías, fue que a esta pregunta de 23 de junio de 2004 el Gobierno me contestó --se lo puedo facilitar a todas sus señorías-- que la disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores habilitaba a las partes negociadoras en los convenios colectivos para establecer edades forzosas de jubilación como instrumento de políticas de empleo, y que es a partir del Pacto de Toledo cuando se establece la necesidad de aplicar el Real Decreto-ley 5/2001.
Es decir, que se impone ese real decreto-ley. Y es a partir de dicha normativa, que estaba en vigor, cuando en el ordenamiento jurídico español se elimina la posibilidad de establecer edades de jubilación forzosa en los convenios colectivos.
Por otro lado, el ministro de Trabajo en una comparecencia ante la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Senado se refirió a las líneas a seguir por su departamento en materia de Seguridad Social, entre ellas, a la de incentivar la prolongación de forma voluntaria de la vida laboral de los trabajadores... --él mismo lo decía-- ... con el fin de evitar cualquier clase de discriminación por razón de edad que tenga como consecuencia la expulsión prematura del mercado de trabajo de trabajadores con facultades para continuar desarrollando su actividad, en consonancia con lo que se contempla en el Pacto de Toledo.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Voy terminando, señor presidente.
Y continúo con lo que entonces me contestaba el Gobierno: En consecuencia, cabe concluir que no existe laguna legal alguna que deba ser cubierta... --fíjense en la incongruencia entre lo que hoy debatimos y lo que entonces dijo el ministro precisamente hace un año-- ..., y por tal motivo es inequívoca la inspiración constitucional que deben contener las cláusulas de los convenios colectivos: que no hay discriminación y que no puede haber cláusulas de jubilación forzosa bajo ningún concepto.
Cuando se me contestó en tal sentido me quedé sorprendido, como es lógico, porque pensé que el tema iba a quedar así. Sin embargo, hoy también nos sorprendemos al decir ustedes que esa medida se adoptó en el Pacto de Toledo. Por ello, señor Alonso, con todos mis respetos debo decirle que lo que a usted le dicen que diga puede ser distinto a lo que le dicte su conciencia. Usted defiende algo que dice han pactado los sindicatos y empresarios. Muy bien; pero yo, como legislador que soy, creo que debemos atenernos a la legislación vigente. Y es que mi grupo no se va a prestar a modificar algo que puede ser contraproducente o contrario a Derecho.
Tal vez el Grupo Socialista no supo interpretar la votación que se produjo el otro día en comisión. En cualquier caso, respetaremos, por supuesto, lo que aquí se decida, aunque creemos que se tendrá que someter a los tribunales por ser este un tema muy cambiante debido a lo establecido en las directivas europeas y también por el propio mercado de trabajo, que al final puede dar lugar a discriminaciones en algunos convenios. Todos lo sabemos, porque éste es un tema arduo, complicado y que a la larga puede ocasionar muchas desigualdades y muchas situaciones de inconstitucionalidad ante las cuales, como digo, los tribunales emitirán sus sentencias.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.


Eran las catorce horas y diez minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.


-- SALUDO A UNA DELEGACIÓN ENCABEZADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DEL SENADO DE POLONIA (S. 826/000010).


El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de continuar con el orden del día, quiero manifestarles que se encuentra en la tribuna una delegación de amigos polacos, encabezada por el presidente del Senado de Polonia.
(Aplausos.) Gracias, señorías.


-- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL Y LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL EN MATERIA DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO (ANTES PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO) (S.
621/000014) (C. D. 121/000016).


El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Justicia en relación con el proyecto de ley por la que se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, antes proyecto de ley por la que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio.
¿Va a haber presentación del dictamen, señorías? (Pausa.) El senador Gutiérrez tiene la palabra para la presentación del dictamen.
(Rumores.) Ruego a sus señorías que guarden silencio o salgan del hemiciclo. (Rumores.--Pausa.) Puede empezar, señoría.


El señor GUTIÉRREZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Página 2483


Se presenta ante el Pleno el proyecto de ley por la que se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. La ponencia designada ha estado integrada por las siguientes personas: don Félix Ayala Fonte por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, don Lluís Badia i Chancho del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, don Miguel Bofill Abelló por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, don Arcadio Díaz Tejera por el Grupo Parlamentario Socialista, doña María Inmaculada de España Moya por el Grupo Parlamentario Popular, doña Elena Etxegoyen Gaztelumendi por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, doña Isabel López Aulestia por el Grupo Parlamentario Mixto, doña María Antonia Martínez García por el Grupo Parlamentario Socialista y don Evaristo Nogueira Pol por el Grupo Parlamentario Popular. Tras las reuniones de la ponencia y la presentación de enmiendas de los distintos grupos parlamentarios, se aprobó el informe de la ponencia en la comisión del pasado día 14 de mayo, que hoy se presenta en este Pleno como proyecto de ley por la que se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Algún senador desea intervenir en el debate de totalidad? (Pausa.) Pasamos a debatir las enmiendas. En primer lugar, enmiendas de la senadora López Aulestia y del senador Cuenca Cañizares. Tiene la palabra su señoría.


La señora LÓPEZ AULESTIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a defender las dos primeras enmiendas que son las que ha presentado Izquierda Unida a este proyecto de ley de reforma del Código Civil en materia de separación y divorcio. La primera de ellas hace referencia a la custodia compartida que, como ustedes seguramente saben, ha sido uno de los asuntos más polémicos y que más controversia ha generado en esta ley. Ustedes lo habrán comprobado por la avalancha de correos en sus ordenadores. Desde Izquierda Unida hemos defendido siempre la custodia compartida. Creemos que las leyes debe tener un efecto pedagógico y el hecho de que tanto los padres como las madres, es decir, los progenitores, tengan la obligación de hacerse cargo de los hijos, de su cuidado, mantenimiento y educación, nos ha parecido fundamental.
Creemos que también hay una enmienda transaccional en relación con este mismo asunto. Esa no es nuestra transacción, no obstante, si efectivamente todos los grupos parlamentarios mayoritariamente aceptan esa transacción, en ese caso retiraríamos nuestra enmienda y votaríamos a favor de la enmienda transaccionada.
Quiero poner especial énfasis en la segunda de nuestra enmiendas referida al fondo de garantía de pensiones, tanto para alimentos como compensatorias. El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió había presentado una enmienda en la que se solicitaba un fondo de garantía para las pensiones de alimentos. A nosotros nos parece claramente insuficiente porque no supone prácticamente ningún avance en relación con lo que estaba legislado anteriormente y, por tanto, hemos pedido que ese fondo de garantías haga frente también a las pensiones compensatorias. Esa es una reivindicación tradicional de Izquierda Unida, ha estado siempre en sus programas, e incluso en esta legislatura, en el Congreso de los Diputados Izquierda Unida ha presentado una proposición de ley en este sentido.
Creemos que el Estado debe garantizar los derechos de aquellas personas que, tras un proceso de separación y divorcio, no reciben la prestación que les reconoce la resolución judicial. Por tanto, nos parece muy importante que se apruebe esta enmienda.
Hemos llegado a un acuerdo con otros grupos parlamentarios del Senado, agradezco a Convergència i Unió, al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y al Grupo Parlamentario Popular que hayan sido sensibles a esta situación de desprotección en la que la parte más débil de la pareja, tradicionalmente la mujer, ha quedado abandonada, y sin esta enmienda, sólo con el apoyo de la legislación vigente, seguiría quedando igualmente desprotegida. Por tanto, apoyaremos esta enmienda transaccional firmada por los grupos que acabo de mencionar, a los que agradezco su colaboración.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Ayala. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio, apenas se oye a quien está en el uso de la palabra.


El señor AYALA FONTE: Muchas gracias, señor presidente.
Cuando hace unos meses el Gobierno anunció la reforma de esta ley del divorcio, fue acogida con satisfacción por la mayoría de los colectivos implicados. Era preciso y urgente poner al día la ley del divorcio en lo que se refiere a las relaciones paternofiliales.
La gran novedad de esta reforma --y a ello está enfocada la enmienda número 4, de Coalición Canaria-- es la introducción en la ley de la custodia compartida que reconozca el derecho de los hijos a relacionarse por igual con ambos progenitores. Sin embargo, al ver el proyecto de ley que ha salido del Congreso de los Diputados me ha dado la impresión de que el Gobierno no está totalmente convencido de las bondades que la custodia compartida aporta a la protección de los derechos de los menores, y ha introducido una custodia compartida muy tímida. Me da la impresión de que la ha introducido no por convicción propia, sino por presiones de algún otro colectivo, o bien que le ha faltado en esta ley la valentía que le ha sobrado en la polémica ley del matrimonio, que debatiremos más tarde y con la que yo estoy de acuerdo, impidiendo, por tanto, que se apruebe hoy una ley totalmente progresista, igualitaria y respetuosa con los derechos de los hijos y de los padres.


Página 2484


Nosotros entendemos que una separación matrimonial no debe implicar una separación de padres e hijos, que el ejercicio de la patria potestad compartida que dictan las jueces en casi todas las separaciones no es posible ejercerla con eficacia sin que la guardia y custodia sea también compartida. La enmienda que ha presentado Coalición Canaria va dirigida a que la custodia compartida no sea concedida de manera excepcional sino que se estudie --no que se imponga-- en todos los casos en que es solicitada por uno de los cónyuges, porque de no ser así puede convertirse en algunos casos el criterio de mutuo acuerdo en un veto de un cónyuge contra otro.
Queremos una ley que proteja el derecho de los hijos a continuar teniendo un padre y una madre después de la separación de éstos, lo que pasa por la implantación de la custodia compartida, que es un derecho de los hijos que será otorgada por decisión judicial, no por imposición judicial, como algunos nos pretenden confundir, en aquellos casos que, previo estudio, se estime adecuado por el juez.
Por eso la enmienda de Coalición Canaria es muy sencilla, sólo pide que se borre la palabra excepcionalmente del texto, y en lo demás estamos totalmente de acuerdo.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Badia, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


El señor BADIA I CHANCHO: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos ante el debate de una ley con amplia discusión social.
A lo largo del mismo tendremos ocasión de manifestar todas las aportaciones que desde los colectivos sociales interesados por este tema se han producido; en todo caso, mis primeras palabras son evidentemente de agradecimiento a todos los que han hecho aportaciones positivas a una ley que ha de significar un avance respecto a la anterior.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado siete enmiendas, a las cuales me gustaría hacer alguna referencia y posteriormente concretaré la retirada de algunas.
En primer lugar, la enmienda número 10 habla de la supresión de la cautela de los tres meses para interponer la separación cuando no haya acuerdo. Evidentemente, introducimos dos causas genéricas que consideramos importantísimas para la separación contenciosa: primera, la vulneración de los deberes entre cónyuges y entre éstos y los hijos, y, segunda, la voluntad unilateral de finalizar la convivencia por quiebra de afecto. Ésta sería nuestra primera enmienda que vamos a mantener en el debate y en la votación.
La segunda enmienda es la número 11, que habla de la inclusión del régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva con ellos en régimen de guarda y custodia. Entendemos que esta es una enmienda positiva, que ha sido recogida mediante una transaccional por otros grupos parlamentarios y vamos a proceder a su retirada.
La tercera enmienda es la número 12, que hace referencia al derecho transitorio que se va a producir una vez se apruebe la ley por esta Cámara. Entendemos que el efecto retroactivo de la ley debe limitarse sobre todo a la aplicación a los procesos en curso. La retroactividad no debe alcanzar a los efectos cuando el pleito esté en tramitación y más cuando esté en fase decisoria o en apelación. Esta enmienda ha supuesto igualmente una transaccional por una serie de grupos y vamos a proceder a su retirada.
La siguiente enmienda, que vamos a mantener, es la número 13, y propone la inclusión de una nueva disposición final primera relativa a la eliminación de diferencias y a crear un cauce procesal coherente y adecuado a las parejas de hecho. Entendemos que esta es una cuestión muy importante; hemos de evitar la duplicidad de procedimiento vigente en la actualidad y, repito, vamos a mantener esta enmienda.
La enmienda número 14 propone un apartado nuevo y hace referencia a la necesidad de asesoramiento independiente para las dos partes.
Consideramos de ley que cada parte tenga su abogado, en tanto en cuanto la situación actual en ciertos casos puede perjudicar a una de las partes; es una cuestión lógica, desde muchos puntos de vista: deontológico, práctico, de garantía de derechos de las partes, y en particular de una cuestión que consideramos fundamental , como es que la defensa del más débil en esta propuesta quedaría perfectamente garantizada, y no como sucede actualmente. Por tanto, vamos a mantener esta enmienda.
La enmienda número 15, también propone un apartado nuevo y hace referencia a las medidas que afectan a los menores, cómo y de qué forma deben ser oídos; en la propuesta que nos viene del Congreso no se regula y consideramos que sería necesario hacerlo. Todo ello, en tanto en cuanto existe un consenso general sobre la necesidad de regular la defensa y protección de los menores en su declaración ante los tribunales; es una cuestión muy importante que debemos abordar con todas las consecuencias y evidentemente estamos de acuerdo con la presentación de una transaccional, a la que nos podamos sumar, que resuelva un tema tan grave como éste.
Finalmente, la enmienda número 16 propone un apartado nuevo, relativa a la inscripción de las sentencias matrimoniales, que pretende garantizar la seguridad jurídica de los cónyuges. Entendemos que la inscripción en el Registro Mercantil y en el Registro de la Propiedad a petición de las partes es una garantía para no perjudicar a terceros de buena fe.
En definitiva, entiendo que el trabajo hecho hasta el momento es positivo y, por ello, repito, vamos a mantener nuestras enmiendas, salvo las números 11, 12 y 15.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.
Mi grupo ha presentado una única enmienda al presente proyecto de ley, concretamente la que figura con el número

Página 2485


3 de la relación de todas ellas. Se trata de una enmienda de modificación que propone dar una nueva redacción al artículo 92.9 del Código Civil a los efectos de que el juez, antes de adoptar alguna de las decisiones que afecten a la custodia, cuidado y educación de los menores, pueda recabar el dictamen de un equipo psicoasistencial adscrito a la Administración de Justicia, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia de estos menores.
Consideramos, sinceramente, que mejora la redacción del texto original y que es la fórmula más adecuada en la creencia de que puede favorecer no sólo el acierto de los tribunales a la hora de decidir, sino también la propia diligencia de todo el procedimiento. Siendo conscientes de que no todas las administraciones, además, tienen capacidad para que actúe este servicio o no cuentan con la dotación de medios suficientes, sin embargo creemos que caben soluciones coyunturales en las que profesionales no funcionarios queden adscritos a las oficinas judiciales en calidad de peritos, de forma y manera que aquellos otros legítimos informes que las partes interesen incorporar al procedimiento se consideren, en su caso, informes periciales de parte.
Como les digo, creo que, de alguna forma, mejora la redacción original, aunque algunos que llevamos ya muchas horas de trabajo a cuestas con este proyecto de ley conocemos de la existencia de una posible propuesta de transacción sobre la base de esta enmienda y otras, por lo que no tendríamos, en su caso, ningún inconveniente no solamente en suscribirla, sino en votar favorablemente.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.


El señor BOFILL ABELLÓ: «Gràcies, senyor president.» Las enmiendas que hemos presentado, así como las transaccionales que hemos firmado, parten de un acuerdo fundamental con el contenido de este proyecto de ley en la medida en que representan un progreso indiscutible en la regulación del derecho a la separación y al divorcio. Además, refuerzan el principio de libertad de cada uno de los cónyuges en el matrimonio.
Al presentar nuestras enmiendas e intentar llegar a acuerdos con otros grupos hemos sido muy conscientes del contexto social y político en que estamos. Este proyecto de ley llega al Senado después de un intenso trabajo del Gobierno y del Congreso de los Diputados, por lo que nos corresponde ahora perfeccionarlo en la medida de lo posible, es decir, que no estamos aquí para definir nuevos modelos ideales, sino para perfeccionar un instrumento jurídico que facilite la resolución de los conflictos, sobre todo que no los complique y que asegure una adecuada protección a los derechos e intereses de cada uno de los cónyuges, pero sobre todo de los menores, los de los niños y niñas, que con el divorcio no deberían perder sino, en la medida de lo posible, ganar un marco afectivo y de convivencia estable, conservar e incluso mejorar los vínculos tanto con la madre como con el padre, necesarios para el pleno desarrollo de su personalidad.
Hemos mantenido hasta el día de hoy cinco enmiendas. La número 5 tenía como finalidad, por un lado, eliminar la idea de excepcionalidad de la demanda de la guardia y custodia compartida a instancia de parte, es decir, cuando no existe un acuerdo previo de los padres. Por otro, no limitar la capacidad jurisdiccional del juez con la exigencia del informe favorable del Ministerio Fiscal, al que se otorgaba de esta manera una capacidad de decisión que, desde nuestro punto de vista, no le es propia en nuestro ordenamiento jurídico.
Finalmente, retiraremos nuestra enmienda número 5 a favor de la enmienda transaccional que hemos firmado todos los grupos de esta Cámara, menos el Grupo Parlamentario Popular, porque creemos que recoge el espíritu fundamental de nuestra enmienda de posibilitar que el juez acuerde la guardia y custodia compartida cuando de esta manera se protejan mejor los intereses de los menores, que comprenden también la conservación y, si es posible, mejora de los vínculos de convivencia con su madre y con su padre, con los adultos que habían sido hasta el momento de la separación referentes fundamentales en el marco familiar para su desarrollo cuando esto haya sido efectivamente así.
La transacción que hemos firmado enmarca mejor la decisión del juez, que deberá considerar, para otorgar la guardia y custodia compartida en este caso, la idoneidad de la ubicación de los domicilios de los padres y que contará necesariamente, para tomar la decisión, no sólo con las orientaciones del informe del Ministerio Fiscal, sino con las del dictamen de un equipo psicoasistencial.
No hemos conseguido quitar la palabra «excepcionalmente», pero creemos que esto no puede ser óbice, en ningún caso, para que el juez admita a trámite la demanda de guardia y custodia compartida y, por lo tanto, en el procedimiento verá si, dadas las circunstancias del caso, éste debe continuar hasta conceder la guardia y custodia compartida o no, con las condiciones que estime pertinentes.
Paso a nuestra enmienda número 6. Estando de acuerdo con el contenido fundamental del apartado 7 del artículo 92, que dice que no procederá la guardia conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso por violencia o por atentar contra la libertad del otro cónyuge o de los hijos, con esta enmienda intentábamos dejar claro que esta decisión es revisable, de acuerdo con el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la finalidad de poner alguna cortapisa a las denuncias falsas, al margen de la consideración penal que puedan merecer.
La verdad es que nos hubiera gustado transaccionar esta enmienda con los demás grupos de esta Cámara, especialmente con el grupo del Gobierno, promotor de estas reformas, pero no ha sido posible. Por este motivo, visto por otro lado que hemos conseguido transaccionar un importante paquete de enmiendas con los demás grupos de esta Cámara y atendiendo al hecho de que Entesa Catalana de Progrés está formada por senadores socialistas catalanes, de

Página 2486


Esquerra Republicana y de Iniciativa per Catalunya Verds, hemos decidido retirar las enmiendas números 6 y 7.
En honor a la verdad, he de decir que, desde la primera reunión en la que empezamos a examinar esta ley en el Senado, los senadores del Grupo Parlamentario Popular mostraron su acuerdo con el contenido esencial de nuestras enmiendas sobre el apartado 7 del artículo 92 y que la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en esta materia ha hecho un importante esfuerzo para intentar, incluso, mejorar el redactado de nuestra enmienda y llegar a una transacción. Se lo agradezco sinceramente pero, como ve, cuestiones de oportunidad política nos llevan a retirar esta enmienda que mejoraba la ley, pero sin ella sigue siendo esencialmente una buena ley.
Por lo que se refiere a las enmiendas 8 y 9, he de precisar que eran enmiendas del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en el Congreso y, en virtud del acuerdo de constitución de Entesa Catalana, las hemos presentado en el Senado, a petición de Iniciativa per Catalunya Verds. Pero, dado que se correspondían exactamente con las de Izquierda Unida, ha sido la senadora López Aulestia quien las ha defendido en su trámite en el Senado.
Dado que la enmienda número 8 se ha tenido en cuenta en la transacción del redactado de algunos apartados del artículo 92, la retiramos. A la vista de que la senadora López Aulestia ha llegado a un acuerdo transaccional con el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y Catalán en el Senado de Convergència i Unió sobre el fondo de garantía al que se refería nuestra enmienda número 9, también la retiramos, dejando claro que los grupos que forman la Entesa votaremos en consonancia con el voto que sobre este extremo se produjo en el Congreso de los Diputados.
Así pues, señor presidente, retiramos por motivos distintos todas nuestras enmiendas y votaremos favorablemente la que hemos transaccionado.
«Moltes gràcies, senyor president».


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Tres son las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista ha mantenido vivas para su debate ante este Pleno, las números 37, 38 y 39.
Sobre la número 39, tal y como ha anunciado el senador Badia i Chancho, hay una transaccional dirigida a regular y limitar la retroactividad de la ley en cuanto a las causas de separación y divorcio y el plazo para interponer la acción, así como delimitar el alcance del plazo extraordinario previsto para resolver las alegaciones presentadas por las partes.
Las enmiendas 37 y 38 están dirigidas a introducir garantías adicionales que aseguren la estabilidad del menor respecto al régimen de guarda y custodia compartida, sea este acordado o no por los cónyuges. La defensa de estas enmiendas y, sobre todo, la propuesta de transacción que hacemos para regular los apartados 6, 8 y 9 del artículo 92 me exigen hacer alguna consideración de carácter general. En parte ya lo hice en comisión pero considero conveniente, señorías, hacerlo hoy, porque realmente es el punto que más diferencias y opciones ha suscitado entre los distintos grupos parlamentarios. A día de hoy, espero y deseo que la transaccional que presentamos nos permita encontrar una posición centrada y meditada que busque, como debe ser, el interés del menor.
Quiero decir, señorías, que el proyecto de ley impulsado por el Gobierno en los términos en que viene recogido por el texto del Congreso asume la idea de la corresponsabilidad parental, que no debe cesar, si es posible, ante la situación de crisis de una pareja, y, por ello, acoge por primera vez expresamente la posibilidad de la guarda y custodia compartida.
Los requisitos de esta especial situación, cuando la misma no sea decisión conjunta de los progenitores, hacen que deba ser excepcional, atendiendo esencialmente al interés del menor, que ha de ser el principal objetivo de la decisión. Sólo si se garantiza la estabilidad, se informa sobre la conveniencia de esa forma de régimen de guarda, se examinan las relaciones entre los progenitores que así lo permitan, la vida de los menores no se ve alterada sustancialmente y no hay ningún elemento negativo que desaconseje este régimen, será entonces aplicable el mismo.
Señorías, todas las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios sin duda están basadas en el interés del menor que, además, se puede calificar de interés supremo, dejándonos llevar por el espíritu y la alta proclamación que sobre sus derechos recoge la Constitución. También en nombre del interés del menor se están proponiendo soluciones distintas, por distintos colectivos de hombres y de mujeres; señorías, por tanto, no es baladí la decisión que esta tarde debemos adoptar y, por ello, les convoco --también al Grupo Parlamentario Popular--, para que hagamos un esfuerzo por sacar adelante esta transacción; que limemos aristas y adoptemos la mejor solución para el menor y sobre quién tiene que decidir, en última instancia, qué es lo mejor para él, que no puede ser otro que el juez, según nuestro ordenamiento jurídico, ya que los padres están incursos en un conflicto de mayor o menor intensidad, que alguien tiene que evaluar por encima y sobre ellos.
Por ello, quiero recordar a sus señorías en este momento que si bien es un derecho y una obligación de los padres velar y cuidar de los niños, también es un derecho de los niños poder disfrutar, ser atendidos y cuidados por ambos progenitores. En este sentido, quiero mencionar la Convención Internacional de Derechos del Niño --que es de aplicación directa, en cumplimiento del artículo 39.4 de nuestra Constitución--, y que señala que el niño tendrá derecho: según el artículo 7.1 «... a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.»; según el artículo 8.1 «... a las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.»; según el artículo 9.1 «Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos...»; y según el artículo 9.3 «Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de

Página 2487


uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular...» Señorías, todos estos preceptos han llevado a los jueces, a pesar de que el Código Civil no contemple actualmente la figura de la guardia y custodia compartida, a acordarla cuando estiman que la relación de los cónyuges y de estos con los hijos lo requiere y es lo mejor para el menor.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.


La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Voy terminando, señor presidente.
Por ello, señorías, entendemos que la excepcionalidad que contempla el texto remitido por el Congreso de los Diputados y que, sin duda, mejoramos con esta transacción, es una clara garantía para los menores, que exige la constatación por el juez de que sólo cuando no es posible puede verse privado del derecho a ser protegido, cuidado y gozar de la compañía de su madre y de su padre, al tiempo que es también una decidida exigencia en la motivación de la decisión, cuando ambas claramente están implicadas en la filosofía del proyecto.
Por ello, señorías, creemos que hemos recogido en esta propuesta de transacción la letra, en muchos casos y, en otros, el espíritu de las enmiendas presentadas y que se someten a su consideración. Es una transacción en la que se establece, como regla general, que la guarda y custodia compartida sea acordada por el juez cuando haya acuerdo entre los cónyuges, y que pueda ser acordada excepcionalmente, a pesar de no haberse producido este acuerdo entre los cónyuges --porque uno la solicite y el otro la reclame exclusivamente para sí--, siempre y cuando se den las garantías necesarias que, si somos capaces hoy de ponernos de acuerdo, introduciremos en este trámite, en el Pleno del Senado, mejorando sustancialmente la propuesta remitida por el Congreso de los Diputados.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora España.


La señora DE ESPAÑA MOYA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para defender las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular a este proyecto de ley: el denominado de separación o divorcio exprés.
La reforma nos parece necesaria, ya que la legislación debe acomodarse a la realidad social, que está en continuo cambio; y más, si tenemos en cuenta que la ley que reformamos lleva 24 años vigente. Lo que ocurre es que, si bien estamos de acuerdo en la necesidad de la reforma, en reducir y agilizar el procedimiento --cuestión que incluíamos en nuestro programa electoral--, no lo estamos en la regulación de determinadas materias, como por ejemplo la custodia compartida, la eliminación total de causas, la mediación familiar o el fondo de garantía de pensiones. Estos desacuerdos quedan reflejados en las enmiendas que paso a defender.
Se mantienen las enmiendas 18 a 21, que se refieren a la exposición de motivos, cuyo contenido es coherente con las presentadas al articulado.
Se retira la número 17, puesto que hay una transaccional que alude a la posibilidad de que las partes puedan solicitar la suspensión de actuaciones para acudir a la mediación familiar.
Por lo que se refiere a la enmienda número 22, somos partidarios de un esquema causal cuando la separación o divorcio sean instados por uno de los cónyuges. Las causas se han actualizado, y se han reducido únicamente a dos; por otra parte, hablamos de causas, y no de culpas. Consideramos, al igual que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que debe mantenerse un esquema causal, porque así lo recoge expresamente nuestra Constitución en su artículo 32, que dice que la ley regulará las causas de separación y disolución y sus efectos. Con este proyecto sin causas no se respeta la Constitución.
El mantenimiento de estas causas que propugnamos daría al juez un mayor conocimiento para acordar las decisiones que debe tomar durante el procedimiento: cuestiones que afectan a los hijos, como la custodia o la patria potestad; el régimen de comunicación con el no custodio, etcétera.
Por otro lado, desde el punto de vista puramente contractual, no se concibe la ruptura de un negocio sinalagmático sin alegación de causa alguna. Algunos piensan que será incluso peor que los denominados contratos basura, que se pueden extinguir sin alegación de causa.
En cuanto a las enmiendas que se refieren a la mediación familiar, la número 21 y la número 23, la primera alude a las formas de separación y la segunda a las de divorcio. Nuestro grupo considera que, cuando el divorcio o la separación han sido instados por una de las partes y cuando haya hijos menores, debería ser necesaria la intervención de un mediador familiar. No me gusta hablar de obligación, pero, al igual que interviene el Ministerio Fiscal cuando hay menores, debería intervenir también la mediación familiar. Nos parece importante potenciar en el ámbito familiar esta figura extrajudicial de solución de conflictos entre las partes, aunque serían estas las que tomarían sus propias decisiones y acuerdos, que afectarán a su vida y a sus relaciones futuras. Las partes son las que saben más de su realidad y de su situación; el mediador sería el encargado de propiciar la comunicación entre ellas para que puedan llegar a acuerdos.
Los dos primeros párrafos de las enmiendas 25 y 31 se refieren también a la mediación familiar, y hacen referencia a la posibilidad de solicitar la suspensión del procedimiento para someterse a la mediación familiar que favorezca el acuerdo entre los cónyuges. Por lo que respecta a la enmienda 31, en lo que se refiere al artículo 777.2, hay una transaccional.
Mantenemos la enmienda número 34, que establece que, hasta la entrada en vigor de la ley de mediación familiar, la mediación prevista en esta ley de separación y divorcio se realizará por los actuales servicios de mediación.
La enmienda número 35 alude a que, puesto que este proyecto entrará en vigor al día siguiente de su publicación,

Página 2488


haya un compromiso con plazo para la realización del proyecto de ley de mediación familiar.
En las enmiendas números 24 y 26 abordamos la custodia compartida, tema tan importante en este proyecto de ley de separación y divorcio. Nuestra postura es clara, y ha sido clara desde el primer momento: consideramos que sólo debe otorgarse la custodia compartida cuando haya acuerdo entre las partes y que no debería otorgarse en el caso de discrepancia de los padres, ya que consideramos que no es lo más beneficioso para el menor y que, además, para que funcione, debe haber un cierto grado de colaboración, un cierto grado de comunicación entre los padres y un cierto grado de armonía entre los progenitores, al menos en lo que respecta a los hijos, su forma de vida y su educación. El Grupo Parlamentario Popular, al igual que personas expertas en relación a esta materia, consideran que resulta totalmente incompatible este grado de sintonía cuando no existe conformidad en lo que respecta a la custodia compartida. Además, si dos partes no se ponen de acuerdo en la separación, en sí misma, difícilmente lo van a hacer en relación a sus hijos.
El presidente del Gobierno se comprometió a revisar este tema, en el mismo sentido en que había quedado el texto en el Congreso de los Diputados, pero en el Senado se sigue manteniendo la custodia compartida contradictoria, con carácter excepcional, y se establecen todavía más restricciones con respecto a este tema: informe preceptivo en unos casos, otras vinculante, otras veces favorable del Ministerio Fiscal, así como respecto de los domicilios.
Si hay dudas, ¿no sería más coherente admitirlas únicamente en caso de mutuo acuerdo? Consideramos que al no determinar el proyecto la custodia compartida, no marcar límites ni distinciones para este tipo de custodia, cada juez aplicará su criterio, con la consiguiente inseguridad jurídica.
Algunas personas incluso consideran que nos encontramos ante un experimento, un ensayo, una prueba y, partiendo de esta calificación, niegan que el objeto de estas experimentaciones sean sus propios hijos.
Seguimos manteniendo las enmiendas números 27 y 29, nuevas en el Senado.
La primera de ellas se refiere al artículo 93 del Código Civil y persigue garantizar que la contribución respecto de los alimentos sea efectivamente dedicada a tal fin. Se establecen por parte del juez una serie de medidas y garantías para que se respete esta dedicación a los alimentos si lo pide la parte interesada.
Por lo que respecta a la enmienda número 29, que es muy importante, trata de garantizar que el cumplimiento del deber de velar por los hijos del cónyuge que no tenga la custodia sea acorde con las circunstancias personales, pero no solo con las circunstancias personales del hijo sino con las del progenitor que no tenga la custodia. En realidad, lo que se pretende con esto es que el no custodio pueda comunicar con sus hijos.
Por lo que respecta a la enmienda número 28, no estamos de acuerdo en que la pensión compensatoria pueda ser temporal, ya que supone limitar arbitrariamente el derecho del cónyuge beneficiario de la pensión y los artículos 100 y 101 del Código Civil ya señalan las causas de extinción y modificación de esa pensión. No es posible determinar a priori el tiempo que va a pervivir la causa para que se preste esa pensión compensatoria.
Mantenemos la enmienda número 30, porque consideramos que no es posible eliminar el derecho del cónyuge viudo cuando exista separación de hecho, pues habría dificultades de prueba y además podría llevar a desheredaciones de hecho.
Respecto a la enmienda número 32, si uno de los objetivos de este proyecto es agilizar los procedimientos de separación y divorcio y reducir el tiempo de tramitación, es imprescindible contar con el número de juzgados necesarios que permitan asumir la reducción anunciada. Y por lo que se refiere al número de juzgados necesario, solamente quiero hacer alusión a que el presidente de la Audiencia de Alicante cree que ante el previsible aumento de las denuncias por malos tratos, al menos deberían crearse cinco juzgados de violencia de género en Alicante cuando solamente se ha previsto uno, tres en Castellón y siete en Valencia, donde también se ha previsto solamente uno.
Por último, en cuanto a la enmienda número 33 sobre la que existe una transaccional, agradezco su apoyo al Grupo Parlamentario Mixto, al Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Nos parece una enmienda muy importante y se refiere a la creación de un fondo de garantía de pensiones, que no sólo incluirá las pensiones de alimentos sino las pensiones compensatorias de las personas que carezcan de medios económicos suficientes. En nuestra enmienda se establecen las suficientes garantías, de modo que mediante este fondo el Estado pagará anticipadamente los alimentos y compensaciones económicas reconocidos a favor del cónyuge o de los hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial, en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad de matrimonio, proceso de filiación o de alimentos, siempre y cuando el cónyuge o la persona a cuyo cargo se encuentren los hijos o hijas menores de edad carezca de medios económicos suficientes. Para tener derecho a este pago anticipado el interesado deberá haber instado judicialmente sin efecto la ejecución de las cantidades adeudadas. En las demás cuestiones me remito a dicha enmienda.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Turno en contra? Tiene la palabra la senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Aunque si sus señorías han tenido oportunidad de aproximarse al «Diario de Sesiones» de la Comisión de Justicia, donde se dictaminó esta ley, verán que allí se trataron con mucha minuciosidad argumentos a favor y en contra de casi cada una de las enmiendas mantenidas por todos los grupos parlamentarios, razones de cortesía y porque, efectivamente, se han puesto sobre la mesa argumentos nuevos, me llevan a usar este turno y espero que con la benevolencia

Página 2489


del señor presidente pueda hacerlo en el tiempo debido.
Empezaré dando la gracias al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés que ha retirado sus enmiendas. De forma global haré una referencia a aquellas enmiendas de los distintos grupos parlamentarios -- a las del Grupo Parlamentario Mixto y Coalición Canaria lo haré de modo especial-- relacionadas precisamente con el asunto de la custodia compartida, sobre lo que con anterioridad he presentado una transacción.
No quiero volver sobre ello, pero para cerrarlo de forma definitiva comentaré, aunque sea anticipadamente porque luego hablaré del resto de las enmiendas, las enmiendas y explicaciones que el Grupo Parlamentario Popular ha puesto sobre la mesa precisamente en relación con este extremo. Extremo que está contenido concretamente en su enmienda número 26, donde mantiene que la custodia compartida sólo pueda ser ejercida cuando así lo acuerden los cónyuges. Señorías, creo que en sus propios argumentos están las contradicciones. Por un lado, ponen de manifiesto la insuficiencia de regulación que conlleva mantener esa figura porque, aun a pesar de que prosperara -- espero que no-- ese contenido, los tribunales de familia de este país tendrían que seguir aplicando la Constitución y los derechos del niño reconocidos en convenios internacionales. Por tanto, esa situación la seguirían determinando en sentencias los tribunales siempre que fuera lo mejor para el menor. Pero es que además quiero llamar la atención sobre la merma de derechos que supone que, sin entrar a valorar las características de un conflicto entre dos personas que se separan o que se divorcian, uno solo de los cónyuges pueda vetar que el otro tenga derecho a la custodia compartida.
Pueden ser muchas y variadas las circunstancias que hagan que una pareja, un matrimonio no llegue a un acuerdo, pero alguien tendrá que ver si esa disconformidad que existe entre ellos puede o no ser compatible con el ejercicio de la guardia y custodia conjunta. No lo voy a traer a colación, pero algunas de las propuestas de transacción que había hecho el Grupo Parlamentario Popular sobre la enmienda número 6 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés son el colmo de la contradicción porque se pretendía que el juez, al acordar la custodia conjunta, lo hiciera también en el supuesto de que se resolviera un fallo con sobreseimiento de culpabilidad, cuando la calidad del conflicto entre los cónyuges haya dado lugar nada más y nada menos que a un proceso penal.
Pienso, señorías, que se lo deben replantear porque es de difícil justificación que ustedes les digan a la gran mayoría de ciudadanos de este país que porque uno no quiera, sin entrar a conocer el porqué, ya no tiene derecho a tener consigo a sus hijos, teniendo en cuenta que cuando se le priva a uno de los cónyuges de la guarda y custodia de un niño, se le priva también normalmente de sus abuelos, de sus tíos y todo lo que significa de disfrute familiar. Dejo, por tanto, ese tema y les vuelvo a decir, señorías, que apoyen, si es posible, la transacción.
Quiero entrar brevemente en las enmiendas mantenidas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El portavoz ha hecho referencia a las transacciones, y yo no voy a volver a hacerlo y solamente me referiré a aquellas enmiendas que se mantienen al margen de esas transacciones.
La enmienda número 10 coincide, aunque no fundamentalmente, con las números 22 y 23 del Grupo Parlamentario Popular, a la que nos oponemos también, una regula las causas de la separación y la otra las causas para el divorcio. Por qué digo que son esencialmente distintas, aunque ambas mantienen diversas causas. La razón es que la enmienda número 10 de CIU mantiene genéricamente sólo dos tipos de causas, una, la voluntad de las partes que es la que coincide con el proyecto de ley y, otra, el incumplimiento de los deberes entre los cónyuges o de los cónyuges con sus hijos. Pues bien, señorías, tanto en lo que afecta a la enmienda de CIU, como a la 22 y 23 del Grupo Parlamentario Popular, he de decir que, manteniendo estas causas, tanto en separación como en divorcio, sí estamos hablando de culpabilizar la separación y el divorcio porque si el efecto de tener en cuenta las causas en la separación o el divorcio es que el juez de familia pueda analizar ampliamente los incumplimientos que pueda haber entre los cónyuges o de estos con los hijos para fijar o el régimen de custodia o bien el régimen de pensiones, el proyecto de ley lo resuelve perfectamente, y más todavía si aprobamos la transacción esta tarde. ¿Por qué? Porque el apartado 6 del artículo 92 dice que el juez antes de terminar el régimen de custodia tiene que valorar muchas cosas, entre ellas, la relación de los cónyuges entre sí y también de estos con sus hijos, o sea, los cumplimientos e incumplimientos de los deberes de unos con otros, además de otros extremos, que también están previstos en ese apartado 6, que el juez debe probar, entrar y conocer de todas las alegaciones que hagan las causas.
Algo sucede igualmente con el artículo 97 donde se fijan las compensaciones y las pensiones económicas. En estos momentos no habido grupo parlamentario alguno ni colectivo alguno con los que hemos tenido ocasión de reunirnos que haya sido capaz de mejorar el contenido del artículo 97 para recoger las causas que los jueces deben tener en cuenta para fijar, atendiendo a cumplimiento o incumplimiento de todos los que forman estas unidades familiares, la fijación de las compensaciones tanto económicas entre los cónyuges como en pensiones alimenticias.
Quiero, por último, hacer una referencia a la enmienda número 10 de CIU --recogida en la transaccional, no en la letra pero sí en su espíritu--, cuya finalidad clarísima es que el juez pueda valorar los posibles incumplimientos que haya por parte del otro entre los progenitores o bien de éstos hacia los niños.
En cuanto a la enmienda número 13 de CIU tenemos que oponernos porque no es este el momento ni el lugar de extender las previsiones de esta ley a las parejas de hecho. Quiero recordar a sus señorías que en estos momentos existen en el Congreso de los Diputados siete iniciativas vivas en torno a la regulación de las parejas de hecho. Yo espero que muy pronto podamos acometer en profundidad esta reforma y que fijemos los derechos y las obligaciones de las parejas de hecho en esa ley estatal y no a través de soluciones parciales.


Página 2490


En cuanto a la enmienda número 14 y la necesidad o no de utilizar un abogado o dos en esos procesos por los cónyuges, quiero recordar al Grupo de Convergència i Unió que ésta es una cualidad potestativa, no es una cualidad imperativa de la ley que utilicen un solo abogado cuando haya acuerdo. La ley lo prevé de forma potestativa, pero es necesario y conveniente mantenerlo porque se da una compatibilidad entre las garantías legales que queremos conseguir y el ahorro económico que pretendemos que se produzca en los procesos de separación y divorcio. Por otra parte, quiero señalar a sus señorías que el juez les pide a los cónyuges que separadamente ratifiquen ante él la demanda de separación o divorcio, que también el convenio lo aprueban y lo revisan el juez y el ministerio fiscal y que si no se aprueba entra en juego la requisitoria que el juez hace a los cónyuges, en la que pueden utilizar abogados conjuntamente o por separado, al igual que sucede en el caso de que se pida la ejecución de un acuerdo, donde también se ofrece a las partes, si tienen un solo abogado, la posibilidad de volver a utilizar uno cada uno.
Respecto a la enmienda número 16, la Ley Hipotecaria establece mecanismos suficientes para inscribir las sentencias que se produzcan en este ámbito de separación y divorcio y no hace falta, por tanto, entrar en otras consideraciones.
Ahora me van a permitir que haga una argumentación en contra de las enmiendas de distintos grupos relacionadas con la mediación familiar y con el fondo de pensiones. En cuanto a la mediación familiar, a ella están dirigidas las enmiendas números 19, 21, 23, 25, 31 en parte, 34 y 35, del Grupo Parlamentario Popular, y junto a estas modificaciones se regula también el llamado plan de responsabilidad parental. A todas estas modificaciones nos oponemos, señorías, por razones evidentes, y es que son contrarias al espíritu y a la letra por la que ha optado este proyecto de ley.
El compromiso que mediante esta ley contrae el Gobierno en cuanto a regular la mediación viene recogido en la disposición final tercera, a cuyo tenor el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley sobre mediación familiar basado en los principios establecidos en las disposiciones de la Unión Europea y, en todo caso, en los principios de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad, así como en el respeto a los servicios creados en las comunidades autónomas. Sobre la base de dicho criterio --precisamente como ha dicho la señora España-- hemos fijado una transacción donde recogemos su enmienda número 17 y parte de la enmienda número 31. Lo que quiero decir es que, en consonancia con esos preceptos, la disposición final primera.dos de este proyecto de ley introduce una nueva regla, la número siete, en el artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la cual las partes, de común acuerdo, pueden solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 19.4 de esta Ley para someterse a mediación. Partiendo de este tenor, hemos admitido ambas transacciones, que han firmado todo los grupos, en relación con las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
No obstante, como el resto de las enmiendas contemplan la mediación familiar como un presupuesto obligatorio, previo a la separación o al divorcio, extremo éste que choca frontalmente con el proyecto de ley, es por lo que nos oponemos a todas ellas, incluida la número 35, que pretende introducir un plazo de tres meses cuando saben sus señorías que el Gobierno está esperando que se apruebe la directiva europea para acometer ese proyecto de ley, y la número 34, porque yo personalmente entiendo que consolida legalmente un principio de discriminación territorial, ya que al ser obligatoria la mediación y no existir servicio en todas las comunidades autónomas realmente coloca a aquellas que no lo tienen en una situación de inferioridad no comprensible, desde luego, por mi parte. Es, por tanto, señorías, que nos oponemos a todas esas enmiendas.
En cuanto al fondo de pensiones, ha habido alguna novedad. Sobre la base de la enmienda número 2 del Grupo Parlamentario Mixto-Izquierda Unida y la número 33 del Grupo Parlamentario Popular, se presenta una transaccional que mi grupo no va a poder apoyar, porque para nosotros no han cambiado las circunstancias que nos llevaron a lograr en el Senado el acuerdo en la Ley Orgánica de medidas contra la violencia de género, recogida en el texto remitido por el Congreso en su disposición adicional única, a través de la cual se crea ese fondo de garantía de pensiones, por el que el Estado garantiza el pago de alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial, a través de una legislación específica que concretará el sistema de cobertura en dicho supuesto.
Las razones que ahora se aducen por los grupos que han firmado la enmienda transaccional, fundamentalmente el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y que he seguido con muchísimo interés, vienen a reforzar y no a disipar las razones por las cuales vamos a mantener nuestra oposición a estas enmiendas. ¿Por qué digo esto? Porque comprendo y respeto la base del apoyo que el PNV presta esta tarde a esta proposición. Conozco y valoro bien la ley que sobre igualdad tiene el País Vasco, donde se contempla precisamente la creación de este fondo, y de cuya presentación en Madrid tuve el gran honor de ser moderadora. Por lo tanto, y precisamente porque conocemos la ley y sabemos las razones de su apoyo a esta transacción, creo que no nos encontramos en el trámite adecuado para aprobar una ley nacional de igualdad --que sin duda tramitaremos pronto-- ni tampoco la ley específica comprometida por el Gobierno para regular este fondo de pensiones. Espero que tengamos tiempo de discutir sobre nuestras coincidencias --que creo son muchas-- y nuestras diferencias, --que espero sean pocas-- cuando tramitemos esas dos leyes nacionales y los trámites de consulta previa a las mismas. Sin duda, respetaremos la distinta legislación que hayan aprobado comunidades autónomas como el País Vasco, garantizando en el ámbito nacional unas condiciones económicamente dignas para la mujer, con las cuales pueda comprometerse el Gobierno central. Por ahora, mantenemos esta posición y espero que podamos avanzar sobre ella.


Página 2491


El Grupo Parlamentario Popular ha defendido distintas enmiendas, a las que quiero dar una respuesta, aunque sea muy somera, dado que el tiempo corre y no precisamente a mi favor. En primer lugar, quiero referirme a la enmienda número 28, donde se opone a que la pensión pueda serlo por tiempo determinado. Señora España, considero que nosotros modernizamos el régimen compensatorio entre los cónyuges introduciendo la posibilidad de una pensión temporal. Existen elementos objetivos que pueden hacer conveniente la fijación de una pensión temporal y no indeterminada. Me estoy refiriendo a casos de matrimonios de corta duración o a situaciones personales objetivas, como puede ser una incapacidad transitoria por tiempo cierto y no dependiente de los cónyuges, que haga conveniente la fijación de una pensión compensatoria temporal y no indefinida.
Por otro lado, la enmienda número 30 del Grupo Parlamentario Popular establece para las parejas separadas de hecho, que no de derecho, la posibilidad de concurrir, junto a hijos o descendientes, al usufructo del tercio de mejora. La razón que el Grupo Parlamentario Popular aduce es la dificultad de probar la separación de hecho. Sin embargo, no es tan difícil y, en cualquier caso, los tribunales pueden dilucidarlo perfectamente.
Por último, haré una breve referencia a la enmienda número 32 en relación con los medios personales y materiales que reclama el Partido Popular respecto a los nuevos juzgados de familia. Por supuesto, considero que hacen falta más juzgados, pero entiendo que el trámite de una ley sustantiva de modificación del Código civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil no es el adecuado para hacer esa valoración. Señorías, tenemos que dabatir unos presupuestos después del verano, donde tenemos la voluntad de pedir al Ministerio de Justicia y al Gobierno el máximo esfuerzo en la creación de órganos judiciales. Por lo pronto, el compromiso del Gobierno para este año no solo duplica, sino que triplica la creación de órganos judiciales previstos en los últimos años.
Sé, señorías, que podría dar alguna respuesta más cumplida, y no quiero que tomen como una falta de cortesía que no responda a algunas de las enmiendas vivas que mantiene CiU, ya que realmente tuvimos ocasión de discutir ampliamente sobre ellas en la comisión; sus señorías conocen las razones y así se mantienen.
Termino afirmando nuestra oposición a todas aquellas enmiendas de los grupos que no estén sostenidas por las transacciones que, en número de seis, ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y hemos firmado todos los grupos, a excepción de dos; una que no ha firmado el Grupo Parlamentario Socialista y otra que no ha firmado el Grupo Parlamentario Popular, concretamente la del fondo de pensiones y la de la custodia compartida.
Además de oponernos a ellas, vuelvo a reiterar a sus señorías la necesidad de hacer un esfuerzo para que podamos reducir las diferencias que en torno al artículo 92 todavía existen y han sido expuestas de forma legítima y absolutamente respetable por parte de cada uno de los grupos parlamentarios.
Tenemos la posibilidad de mejorar la ley. No me gusta repetirme, pero lo tengo que hacer: si queremos, podemos hacerlo en esta segunda lectura en el Senado, para que vuelva al Congreso con una aportación útil, que no sea levantada por la mayoría que sustentó el proyecto cuyo debate terminamos hoy en este Pleno. Pediría un esfuerzo por limar esas aristas y un último esfuerzo también al Grupo Parlamentario Popular para ofrecer a la sociedad española una solución sobre la custodia compartida, sobre la corresponsabilidad parental común y compartida, a través de unos grupos parlamentarios que son el reflejo de la sociedad moderna y actual que tenemos, donde la mujer quiere incorporarse cada vez más al mundo del trabajo, al mundo social y al mundo público, y para ello necesita compartir las tareas y el cuidado de los hijos con un grupo cada vez más emergente --y yo espero que pronto mayoritario-- de hombres que quieren compartir la responsabilidad de cuidar y guardar a sus hijos, aunque, desgraciadamente para lo uno y para lo otro, tengan que llegar a separarse o divorciarse.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Abrimos un turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora López Aulestia.


La señora LÓPEZ AULESTIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, voy a ser breve. Nuestro grupo, formado por el senador y la senadora de Izquierda Unida, se va a mostrar favorable a la aprobación de este proyecto de ley, puesto que la anterior ley tiene casi 25 años, como se ha señalado, y en un día como el de hoy es especialmente interesante recordarlo, ya que en su momento, cuando se aprobó la anterior Ley de divorcio, el entonces partido conservador --del que hoy es heredero el Partido Popular-- se mostró contrario a la aprobación de esa Ley. Sin embargo, hoy en día resulta prácticamente insólito que alguien pueda estar en contra de cualquier divorcio pero, efectivamente, los hechos son así y dejo constancia de ello en esta tribuna.
Para nosotros esta ley necesitaba de esta reforma. No es ésta la reforma que a nosotros nos hubiera gustado. Efectivamente, lo ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en lo que se refiere al artículo 92, todo lo que es la custodia compartida, hemos constatado diferencias importantes. La enmienda transaccionada, que nosotros aceptamos porque asume parte de nuestra enmienda número 1, no es la que a nosotros nos hubiera gustado pero, en cierto modo, mantiene un equilibrio entre las exigencias contrapuestas, es decir, lo que es la custodia compartida, pues, como sabemos, en los momentos traumáticos en los que se produce la ruptura de la pareja, los hijos suelen ser un elemento fijo de discusión, y es en el mantenimiento y la custodia de los hijos donde se suele centrar el debate entre la pareja que se rompe.
Y esta enmienda que nosotros aceptamos mantiene un cierto equilibrio entre esos intereses contrapuestos, poniendo por delante la garantía de la protección de los derechos

Página 2492


de los menores. Para nosotros es muy importante y consideramos que añade un plus positivo y mejora sustancialmente la ley el hecho de que hayamos podido llegar a una transaccional sobre el fondo de garantías compensatorias. Es importantísimo para nosotros. Estamos contentos por ello, nos felicitamos y también felicitamos a los grupos que han permitido que esta vieja reivindicación del movimiento feminista y de Izquierda Unida pueda por fin aprobarse. Esperamos que en el trámite del Congreso de los Diputados también se superen todas las dificultades. Puede decirse que este proyecto de ley va a llegar a la otra Cámara realmente mejorado. Por eso digo que el Senado puede felicitarse en este aspecto.
En conjunto significa un avance importante sobre una ley que fue aprobada hace 25 años y que necesitaba una reforma porque, afortunadamente, tanto las circunstancias políticas como sociales que había entonces no son como las actuales. Por eso repito que damos la bienvenida a este proyecto de ley que verdaderamente podía mejorarse y que esperamos se mejore aún algo más.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Ayala.


El señor AYALA FONTE: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero manifestar brevemente que hemos dado apoyo a la enmienda transaccional al artículo 92 y que, por tanto, nuestra enmienda queda retirada. Esta transaccional mejora ligeramente el texto original y por eso la vamos a apoyar en la esperanza de que esta ley se provisional y dentro de pocos años las mayorías se convenzan de que la custodia compartida es lo mejor para el desarrollo de los hijos.
Solamente quería decir eso. Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.
Es evidente que esta tarde estamos en un período importante en tanto en cuanto vamos a llegar a acuerdos en este debate que van a significar modificaciones legislativas importantes que van a incidir claramente sobre la vida de muchas personas.
La iniciativa de modificación por parte del Gobierno tuvo amplios apoyos sociales y políticos --creo que esto es una realidad-- y la necesidad de la misma ha sido una realidad compartida, evidentemente, por mucha gente.
La regulación vigente es del año 1981, de hace 24 años, y supone tanto experiencia como también la necesidad de una adecuación a la realidad de hoy, del siglo XXI. Coincidimos, por tanto, en la supresión --no entro en el propio debate de la ley ni en los posicionamientos hechos por nuestro grupo parlamentario-- ya que no hacen falta dos procesos, uno de separación y otro de divorcio. Coincidimos en la superación respecto a la necesidad de acreditar las causas de separación de la vigente ley, si bien seguimos creyendo en la necesidad de mantener dos tipos genéricos de causas, la vulneración de los deberes entre cónyuges y de éstos con los hijos y la voluntad mutua de acabar con la convivencia.
Existen además, en nuestra opinión, respecto de este proyecto de ley y respecto de la Ley aún vigente, problemas de transitoriedad en relación a procedimientos en curso que no pueden producir de ninguna manera indefensión entre las partes. Por eso, lo lógico sería , a nuestro entender, que si no hubiera acuerdo entre las partes éstas pudieran optar solamente sobre si quieren divorcio en lugar de separación.
En cuanto a otras modificaciones, algunas indirectas, como es la propia de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de orden técnico, en lo que se refiere a la necesidad de regular la inscripción de las resoluciones, seguimos manteniendo nuestra opinión en este sentido, aunque, evidentemente, respetamos el posicionamiento de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pero en todo caso creemos que la ley debería contemplar expresamente la posibilidad de inscripción de las resoluciones para garantizar la seguridad jurídica de los cónyuges y de los terceros.
También mantenemos la necesidad de información y asesoramiento independiente como requisito para prestar el consentimiento válido.
Entendemos que la filosofía de esta enmienda es garantizar que el más débil, de alguna manera, no se vea presionado por las propias circunstancias, cuestión que la práctica jurídica nos dice que en muchas ocasiones es así.
Coincidimos en la no necesidad de que los hijos de más de doce años deban ser oídos por el juez, sí respecto a las singularidades que puedan darse, pero no por imperativo legal, y ésta es una cuestión que creemos fundamental.
Coincidimos asimismo con la exclusión de la mediación alternativa de conflictos, especialmente en comunidades como Cataluña, donde ya existe una ley de mediación familiar, que entendemos debe ser también referencia en la práctica y en el día a día de la modificación de la ley que estamos discutiendo.
Igualmente coincidimos en la aceptación y compromiso de la creación de un fondo de garantía de alimentos, coherente con lo aprobado en la Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género. La salida de la situación de pobreza en situaciones como las que estamos discutiendo, y el impago de cantidades en concepto de alimentos, son una realidad que debemos afrontar con todas las consecuencias.
Respecto a la custodia compartida, sobre todo en esa fijación de interés del menor, entendemos que la transaccional presentada mejora el texto del Congreso de los Diputados, y por tanto la vamos a dar apoyo.
Quería volver a la enmienda número 15, a la que antes he hecho referencia de pasada, referida a la protección de los menores en sus declaraciones, especialmente para evitar situaciones conflictivas con las producidas en los últimos

Página 2493


meses, no en cuestiones directamente relacionadas con temas como el que hoy discutimos, pero sí en la presencia de menores ante el juzgado. Entendemos que ésta es una cuestión sobre la que deberíamos incidir de alguna manera, y éste es un buen momento para hacerlo.
En definitiva, señorías, agradecemos a todos los representantes de las entidades sociales afectados por la materia --lo he dicho al principio de mi intervención, en el momento de la defensa de nuestras enmiendas-- su trabajo constructivo, y el reconocimiento especial al ingente trabajo desarrollado.
La discusión que hoy estamos teniendo es de vital trascendencia, porque incide en la vida de muchas personas. Es una modificación importante, que espero asuma la experiencia de los años de aplicación de la misma desde su aprobación en el año 1981; es una modificación adecuada a la realidad del siglo XXI, y no es la ley que nos gustaría, evidentemente, pero entendemos que debemos de hacer una parte de cesión y, en todo caso, el proyecto de ley que hoy discutimos va a tener el apoyo de nuestro grupo parlamentario.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra la senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el mero trascurso del tiempo ha hecho aflorar y ha puesto en evidencia --ya se ha dicho en esta tribuna con anterioridad-- las disfunciones de la actual regulación en materia de separación y divorcio contenida en el Código Civil. Lo cierto es que con el debate parlamentario de la modificación legislativa que ahora nos ocupa estamos abordando una cuestión que va mucho, pero mucho más lenta que la evolución que a ese respecto ha protagonizado la sociedad. Una vez más, la ley debe acompasar su dictado a lo que ya es un hecho admitido y validado por la realidad social. Y es que han pasado ya veinticinco años desde la aprobación de la Ley 30/1981, que todos conocimos --y reconocemos aún-- como la ley del divorcio, pero que significó, en lo que a alcance legislativo se refiere, al igual que ahora, una concreta e importante modificación del Código Civil que, a día de hoy, presenta numerosas lagunas y múltiples disfunciones que complican --unas y otras-- el procedimiento establecido legalmente para proceder a la ruptura del vínculo matrimonial.
En todo caso, tengo la plena seguridad de que el texto final que resulte del trabajo parlamentario que a Congreso y Senado nos ocupa, con todas las dificultades que, con mayor o mejor fortuna, podamos y sepamos sortear en algunas cuestiones todavía ahora inconclusas, resultará más acorde a las exigencias de nuestro tiempo que la obsoleta ley del año 1981, que, como todos sabemos, nació con vocación de interinidad, pero que ha estado vigente un cuarto de siglo. Bienvenida sea pues la hora presente, el momento de superar los principios que inspiraron la reforma de 1981, para dar paso al de la libertad como valor fundamental dentro de las relaciones de pareja. Y dicho esto, entro un poco más en materia.
Es el libre desarrollo de la personalidad el que justifica la oportunidad, a mi entender, de la presente modificación legislativa, y que altera sustancialmente, como decía antes, la regulación del Código Civil en materia de separación y divorcio: el reconocimiento de una mayor trascendencia de la voluntad del individuo cuando ya no desea seguir vinculado a su cónyuge, de modo y manera que el derecho a no continuar casado no puede hacerse depender ni de la demostración de la concurrencia de causa alguna, ni de una previa e ineludible situación de separación, superando con ello numerosas lagunas, pero también y sobre todo las obligadas acciones procesales que complican el procedimiento matrimonial innecesariamente, a través de un proceso contencioso, largo y plagado de enfrentamientos, lo que agrava la relación de los cónyuges entre sí, y de éstos con los hijos, las más de las veces los más perjudicados en esta situación.
La reforma favorece que quien inicie una ruptura conyugal no tendrá que pasar por tantos obstáculos y verá reducidos notablemente los costes económicos al tener que sufragar un solo proceso. Pero en este nuevo panorama, señorías, los hijos seguirán igual de protegidos, sino más, que con la ley actual, toda vez que en los supuestos contenciosos será el juzgador quien determine los efectos en relación con la guardia y custodia, los alimentos, el uso del domicilio familiar y cuantas cautelas necesarias sean para evitar el abandono de sus obligaciones por parte de los progenitores.
Así, el presente proyecto de ley se ocupa de determinadas cuestiones que afectan al ejercicio de la patria potestad y la guarda y custodia de los menores o incapacitados al objeto de procurar, como no puede ser de otra manera, la mejor defensa de sus intereses habida cuenta que, como no, son los más necesitados de protección también en estos procesos. ¿Y cómo? Pues yo diría que provocando que ambos progenitores perciban que también en el caso de ruptura su responsabilidad para con los hijos no sólo continúa, sino que, incluso, se les exige una mayor dedicación y un plus de diligencia en el ejercicio de la patria potestad.
En definitiva, contraer matrimonio es un derecho, pero lo es también la disolución del vínculo matrimonial porque se establece una disolución sin causas, ergo sin culpables, porque se minimizan los plazos suprimiendo los tractos temporales que ahora es imprescindible enlazar para proceder a la disolución del vínculo marital, que sólo hace --como decía-- dilatar la resolución del proceso alargando una situación personal siempre difícil y en no pocos casos muy, pero que muy dolorosa. Porque incluso el plazo establecido de tres meses desde la celebración del matrimonio para la interposición de la correspondiente demanda de divorcio decae como requisito ineludible si se acredita un caso de violencia doméstica; porque desaparece el requisito del doble procedimiento al no exigirse la separación previa para acceder al divorcio; porque hemos sido capaces de regular de alguna forma la guarda y custodia compartida haciendo que con toda su complejidad sea una realidad a validar y tener en cuenta, y porque no

Página 2494


participamos de las voces críticas que todavía se alzan contra la reforma alegando razones una vez más a favor de la institución familiar o de protección de los hijos.
Sencillamente no creo que tengan razón y pasará seguramente lo mismo que pasara en su día cuando idénticas voces auguraban que con la ley de divorcio se asestaba un golpe mortal a la familia. No ha sido así, señorías, y todos los sabemos. Porque la familia, a mi entender, goza hoy de muy buena salud y así seguirá en un futuro. No me cabe la menor duda de que esto va a ser así; porque nuestra sociedad reconoce hoy ya superada la noción --lo pongo entre comillas-- de familia modelo y gozamos de una realidad mucho más rica y enriquecedora, cual es la que usando un juego de palabras que me van a permitir utilizar reconoce variados y diferentes modelos de familia.
En cualquier caso, no quiero finalizar sin poner un pero a esta reforma.
Es oportuna, positiva y eficaz, pero por mucho que esto resulte y se considere así no servirá de nada si siguen faltando juzgados suficientes para atender a las demandas y si el colapso de las dilaciones siguen siendo la nota dominante en la Administración de Justicia.
Es ésta una cuestión todavía, señorías, que no tenemos resuelta, lo que en modo alguno es baladí porque la eficacia de lo que espero aprobemos todos hoy por unanimidad, y si no por una amplísima mayoría, depende en gran medida de ello.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos votará favorablemente al proyecto de modificación de la Ley del Código Civil en materia de separación y divorcio.
«Eskerrik asko».


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.


El señor BOFILL ABELLÓ: «Moltes gràcies, senyor president». (El señor Bofill Abelló pronuncia palabras en catalán, que se reproducen según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones».) «Avui ens toca debatre la modificació d´uns articles del Codi Civil dÆuna gran incidència social; nÆhi ha prou amb recordar que el 2003 hi va haver 210.155 matrimonis i 86.711 casos de nul-litat, separació o divorci declarats en els jutjats de tot lÆEstat».
Hoy nos toca debatir la modificación de unos artículos del Código Civil de una gran incidencia social. Baste recordar que en 2003 hubo 210.155 matrimonios y 86.711 casos de nulidad, separación o divorcio declarados en los juzgados de todo el Estado según los datos del INE. Al tiempo, y abundando en los datos cabe destacar que vamos a modificar el Código Civil en materia de separación y divorcio en un contexto de amplia aceptación social del divorcio como la mejor solución cuando una pareja no parece capaz de solucionar sus problemas conyugales. Ésa es la opinión de un 78, 7 por ciento de la población según una encuesta del CIS de junio de 2003.
Esta aceptación social del divorcio y el elevado número de ciudadanos que recurren a él para disolver el vínculo del matrimonio cuando, según su libre criterio, consideran que éste no satisface a su desarrollo personal y social nos da una idea de la importancia de esta ley.
La regulación del divorcio existente hasta hoy en el Estado español era totalmente inadecuada porque, tal como estaba formulada, en algunos casos venía a agravar los conflictos familiares en lugar de favorecer que en dichas situaciones de conflicto se dieron los acuerdos posibles entre las partes. Con esta nueva regulación se privilegia la voluntad libre de las personas y desaparece la utilización judicial de las causas y el señalamiento de un culpable. Como se subraya en la exposición de motivos, la intervención judicial debe reservarse para cuando haya sido imposible el pacto o cuando se requiera para proteger los intereses de los hijos o de uno de los cónyuges.
También por lo que se refiere a la guardia y custodia de los hijos, que está en el centro de un gran debate social que previsiblemente continuará en los años venideros, esta reforma legislativa favorece el pacto entre las partes y se acordará de forma compartida, cuando ambos padres lo soliciten en la propuesta de convenio regulador o si lo acuerdan en el transcurso del procedimiento. En los casos en que no haya acuerdo, pero que una de las partes reclame la guardia y custodia compartida cuando la otra la esté reclamando en exclusiva para sí, la ley, tal como fue presentada por el Gobierno en el Congreso de los Diputados, preveía que el juez podría acordarla fundamentándola siempre en la mejor protección del interés del menor. Nosotros consideramos que éste era un buen redactado, pero en el trámite del Congreso se modificó en un intento de restringir la capacidad del juez para adoptar la decisión que le pareciera más justa en Derecho. Se introdujo la expresión «excepcionalmente», que quizás contente a algunos que temen las decisiones judiciales en esta materia, porque en su experiencia han visto cómo algunas decisiones se han tomado con poco conocimiento de situaciones familiares que, por la carga emocional que arrastran, acostumbran a ser muy complejas, pero me parece que la excepcionalidad propuesta es improcedente e ineficaz porque el juez siempre deberá admitir a trámite la demanda presentada en debida forma de una de las partes para acceder a la guarda y custodia compartida y examinar su fundamento, en virtud del cual y realizando las pruebas que estime pertinentes, acordará una u otra decisión.
También en el trámite del Congreso se introdujo el informe obligatoriamente favorable del Ministerio Fiscal como otra cortapisa a la decisión judicial, atendiendo seguramente las demandas de algunos colectivos, aunque desatendiendo las de otros, pero sin tener en cuenta algo fundamental, y es que en nuestro ordenamiento jurídico el Ministerio Fiscal tiene un papel y el juez otro. El Ministerio Fiscal no puede tener la última decisión y, en este caso, si dicho informe fuera negativo resolvería el caso, y el juez se vería limitado en su jurisdicción y obligado a rubricar una opinión, un informe del Ministerio Fiscal. Esto me parece que no se ajusta a Derecho; hay normas de rango superior que amparan al juez para que adopte la decisión que le parezca más justa y ajustada a Derecho. No es el mejor camino para orientar la decisión judicial, para que decida

Página 2495


dentro de sus competencias con pleno conocimiento de las circunstancias concretas del caso y en beneficio de los niños y niñas afectados.
Sinceramente, en la Comisión de Justicia del Senado, y en trámite de la ponencia, con múltiples contactos entre los grupos parlamentarios, hemos trabajado muy seriamente en una mejora de la ley en esta cuestión. Hemos concretado en una enmienda transaccional, con un consenso muy amplio, ya que hemos firmado todos los grupos parlamentarios menos el Grupo Parlamentario Popular, que el informe del Ministerio Fiscal debe ser preceptivo, pero no obligatoriamente favorable. Estoy particularmente satisfecho de haber insistido de manera continuada en la necesidad de suprimir esta obligatoriedad del informe favorable. Así mismo añadimos una serie de cautelas que favorecen una resolución judicial fundamentada en la concesión de la guarda y custodia a instancia de parte. Así, añadimos a la norma el dictamen preceptivo de un equipo psicoasistencial designado por el juez y la necesidad de que la ubicación de los domicilios de los padres favorezca el mejor desarrollo personal y social de los hijos e hijas menores. Estoy convencido de que la guarda y custodia compartida o, mejor dicho, la responsabilidad parental compartida de forma alterna irá abriéndose camino, porque también estoy convencido de que va pareja a un avance de la igualdad entre hombre y mujer en la sociedad y en la familia, al fin del reparto tradicional de roles y al fin de la discriminación de la mujer.
Justamente la primera modificación del Código Civil que introduce esta ley que hoy debatimos no se refiere al divorcio, sino al matrimonio y las obligaciones de los cónyuges. A partir de ahora la propia ley contempla no sólo que los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente, sino que a partir de hoy por imperativo legal deberán, además, compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo. Esto nos parece fundamental porque de esta manera se deja muy claro que la desigualdad entre hombres y mujeres en la vida familiar, la tradicional división del trabajo doméstico y familiar en perjuicio de la mujer, propio de un modelo de familia que algunos se emperran en defender contra viento y marea, debe pasar, ha pasado o, como mínimo, está pasando a la Historia.
Este cambio, que lo que hace es introducir en el ordenamiento jurídico lo que felizmente ya empieza a ser habitual en un gran número de hogares, no debería quedar en pura tinta, debe traducirse en un impulso definitivo de la igualdad entre hombre y mujer en la vida familiar y muy especialmente en la atención y cuidado de los hijos. Esto deberían entenderlo muy bien los hombres, que son aún en demasiados casos quienes más han de modificar sus actitudes en la vida familiar.
Si en el matrimonio, hombres y mujeres han de compartir en pie de igualdad las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, cuando el matrimonio se disuelve lo lógico es que también se compartan aquellas responsabilidades respecto a los hijos que subsisten aún después de la disolución del vínculo, no sólo mediante unas compensaciones económicas sino en el ejercicio efectivo de la responsabilidad parental, que si es posible compartirla seguramente es lo mejor para el desarrollo de los hijos.
Hemos avanzado en esta dirección y creo que nos podemos felicitar por ello. Hemos avanzado, tendremos un nuevo instrumento jurídico que, sin duda, nos permitirá adaptar el divorcio y el ejercicio de responsabilidad parental a los cambios sociales que induce el ejercicio de la libertad y la igualdad.
«Moltes gràcies, senyor president.»

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, sin duda la ley sobre separación y divorcio, de Fernández Ordóñez, en el año 1981, fue importante y en ella empleó mi partido, y muchos de los que estamos todavía sentados en este banco, un gran esfuerzo para explicarla y defenderla pueblo a pueblo; supuso recoger un estado de opinión, un estado de Derecho para unos tipos de relaciones interpersonales y familiares; supuso, sin duda, recoger una realidad de entonces. Yo creo, señorías, que ha cumplido su papel y que la ley que hoy estamos tramitando recoge lo que hoy supone una sociedad moderna, recoge la realidad que nos ha tocado vivir y en la que hemos tenido el gran honor de poder plantear unas soluciones para mejorar las relaciones interpersonales y familiares. Es por eso una ley moderna, basada en las actuales relaciones que existen en el seno de las parejas, en el seno de los matrimonios y en el seno de la sociedad. Es una ley que afecta precisamente al corazón de esas relaciones.
Creo, señorías, que es una ley que en estos momentos viene a agilizar de forma importante tanto los procesos de separación como los de divorcio, suprimiendo la separación como estadio previo y obligatorio a la consecución del divorcio, y eliminando las causas para conseguir lo uno o lo otro. Nos parece que con esto ponemos fin a las separaciones y divorcios culpables, garantizando al mismo tiempo en la ley las herramientas necesarias para que el juez analice los posibles incumplimientos y situaciones que se den en la familia, con los hijos o entre la pareja, que deban ser relevantes para fijar tanto el régimen de guarda y custodia de los hijos como el régimen económico por el que tienen que regirse cada uno a partir de esa separación.
Esta agilización de los procesos, señorías --es doblemente grato que lo reconozcamos hoy aquí--, sin duda va a suponer una minoración importante de los efectos secundarios que estos procesos tan largos y dolorosos de separación y divorcio están produciendo en nuestro país, donde más del 40 por ciento de los casos de malos tratos reconocidos están surgiendo precisamente en torno a situaciones en las que se están dilucidando separaciones y divorcios entre los cónyuges, y no hablemos de los sufrimientos que los menores experimentan en este proceso.


Página 2496


Es una ley, señorías, que también responde al interés del menor, recogido constitucionalmente y por convenios internacionales.
Señorías, esta ley apuesta decididamente por unas relaciones familiares en términos de más igualdad, recogiendo la corresponsabilidad parental entre padre y madre, haciendo posible por primera vez, al menos en la letra del Código Civil, que pueda abordarse de forma conjunta, aunque alguno de los cónyuges no esté de acuerdo.
Esta ley también es una apuesta decidida por los derechos de la mujer.
Creo sin duda alguna que esta ley no es un logro sino una apuesta; remueve pequeños y grandes obstáculos que en estos momentos tiene la mujer, como mujer y como madre, a la hora de enfrentar su vida laboral, social y su vida pública. Al mismo tiempo que pretende más igualdad hace una decidida apuesta por proteger al más débil: recoge y consolida todo el sistema económico de régimen de pensiones alimenticias y, cómo no, de pensiones compensatorias entre los cónyuges para que en esa ruptura, cualquiera de los dos --la gran mayoría de las veces sigue siendo la mujer--, pueda tener unas percepciones dignas, como administradora de los alimentos de sus hijos y para compensar el desequilibrio económico que se produce. Por ello, modernizamos y actualizamos los tipos de compensación.
Señorías, quiero hacer una breve referencia a la opción garantista que, si prospera y sacamos adelante esta transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Parlamentario Popular, supondrá el ejercicio de la guarda y custodia de los hijos.
He dicho que es una opción garantista porque, optando por esa corresponsabilidad parental, también estamos acotando el campo de actuación de los jueces a la hora de abordar esta cuestión y le estamos dando las pautas a través de las cuales debe el juez tomar sus decisiones, algo que hoy no sucede en el Código Civil y, por tanto, en la actualidad cada juez adopta las decisiones que considera oportunas.
Quiero terminar como en mis anteriores intervenciones, dirigiéndome al Grupo Parlamentario Popular, que es el que tiene en este momento una posición más reticente. Y traigo a colación la posición que mantiene, que ya comenté en comisión y hoy vuelvo a reiterar aquí, porque no entiendo las razones por las cuales dicho grupo no se suma a esta transaccional.
Señorías, si es únicamente por oponerse al Grupo Parlamentario Socialista no lo hagan, porque esta enmienda transaccional ya no es sólo de nuestro grupo sino de todos los grupos de la Cámara. No entiendo que puedan oponerse a la regulación que hacemos en el artículo 92, de la custodia compartida cuando no hay acuerdo, y, sin embargo, con su enmienda número 29 regulen las medidas que debe tomar un juez cuando no hay acuerdo entre los cónyuges en relación con los menores. Modifiquen el artículo 103, que son las medidas provisionales que, como saben aquellas de sus señorías que ejercen la abogacía, suelen ser en gran parte las definitivas.
Voy a terminar con la lectura de la enmienda número 29, del Grupo Parlamentario Popular, que mi grupo va a apoyar, que dice lo siguiente en cuanto a la competencia del juez: «Determinar, en interés de los hijos, con cuál de los cónyuges han de quedar los sujetos a la patria potestad de ambos y tomar las disposiciones apropiadas de acuerdo con lo establecido en este Código y, en particular, la forma en que el cónyuge que no ejerza la guarda y custodia de los hijos podrá cumplir el deber de velar por éstos y el tiempo, modo y lugar en que podrá comunicarse con ellos y tenerlos en su compañía, garantizando en todo caso que ese tiempo sea lo más amplio posible y sea, junto con el modo y el lugar, los más adecuados a su finalidad, teniendo en cuenta para ello las circunstancias personales, tanto de los progenitores como de los hijos.» Señorías, señoras y señores senadores del Grupo Parlamentario Popular, ¿por qué quieren que esto pueda servir para un régimen provisional y no lo aceptan para un régimen de corresponsabilidad parental entre hombre y mujer, marido y mujer, que tienen la responsabilidad y el derecho a guardar a sus hijos? Realmente no lo entiendo y les pido una vez más que lo reconsideren.
Quiero agradecer al resto de los grupos parlamentarios el trabajo y el esfuerzo realizado para llegar a posiciones comunes , incluso cuando no hayamos alcanzado un acuerdo porque, como siempre, ha sido un gran placer y una gran satisfacción trabajar con todos y cada uno de los componentes de esta ponencia.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora España.


La señora DE ESPAÑA MOYA: Muchas gracias, señor presidente.
Como he adelantado en mi anterior intervención, mi grupo considera que esta reforma es necesaria porque se han producido cambios sociales y se hace perciso la agilización de los procedimientos. Asimismo, estamos de acuerdo en mantener la separación previa o bien acudir directamente al divorcio. Sin embargo, no estamos de acuerdo en numerosas cuestiones, como la eliminación de causas de separación o divorcio o la custodia compartida.
Senadora Martínez, no pensamos lo mismo que usted. Se lo hemos argumentado antes y lo repito ahora. Simplemente no pensamos lo mismo que usted, y no me puede hacer alusión a la enmienda número 29, porque aquí lo único que pretendemos es que el régimen de comunicación con el padre sea más amplio. Es algo diferente a lo de la custodia compartida, porque entre otras cosas la ley ni siquiera la define.
No estamos de acuerdo con esa cuestión, ni con que no se fomente la mediación familiar, ni con el fondo de garantía de pensiones --usted no nos ha admitido la enmienda transaccional--, por lo que adelanto que nos vamos a abstener en la votación final del proyecto, si bien es cierto que, gracias a la incorporación de numerosas enmiendas de diferentes grupos parlamentarios, el proyecto está más perfeccionado.


Página 2497


Agradezco expresamente el apoyo de los grupos parlamentarios a la enmienda transaccional que hemos presentado. Asimismo, agradezco el ofrecimiento del Grupo Parlamentario Socialista de enmiendas transaccionales a enmiendas nuestras y de otros grupos. La verdad es que sobre este tema se ha trabajado mucho por parte de todos.
Con nuestras enmiendas propugnamos el fomento de la mediación familiar como el procedimiento extrajudicial más adecuado para la solución de conflictos en el ámbito familiar, dado que se trata de evitar el enfrentamiento de personas que mantendrán relaciones de futuro --se rompe la pareja pero siguen siendo padres-- que surgen en un contexto emocional. A través de la mediación se trata de devolver el protagonismo a la pareja y resolver sus conflictos ellos mismos, ya que nadie mejor que ellos conocen sus necesidades y su propia situación. El mediador actúa para facilitar la comunicación entre las partes, salvar las situaciones de «impasse» que se producen en cualquier negociación ofreciendo alternativas de solución y, fundamentalmente, mostrar una visión de futuro para las decisiones adoptadas. En España ya se ha regulado esta figura de la mediación en algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, Canarias, etcétera.
Cumple un importante papel preventivo, dado que la mayoría de actos violentos se produce una vez iniciado el proceso de separación. Mientras que es difícil encontrar una sentencia que satisfaga a ambas partes, el acuerdo alcanzado en la mediación es el resultado de la aceptación de ambos, lo que supone una mayor responsabilidad y cumplimiento de este acuerdo.
No obstante, el tema clave del proyecto, lo que ha marcado efectivamente la diferencia, es el de la custodia compartida. En nuestro grupo únicamente la admitimos en el caso en que las partes, de común acuerdo, la hayan elegido, nunca que haya sido impuesta a una de las partes por vía judicial, ya que consideramos --y ésta es mi argumentación, senadora Martínez-- que esto va en contra de la filosofía y de la naturaleza de la propia custodia compartida. Debe haber un clima de armonía que garantice la necesaria colaboración entre las partes y conseguir que dejen a un lado sus egoísmos y piensen lo que es mejor para su hijo y en condiciones normales, que efectivamente tenga una relación con el padre y con la madre, que estos reflexionen que no es una propiedad sobre la que se puede tener la posesión. Si existen enfrentamientos agudos y permanentes entre las partes, difícilmente se puede dar adecuadamente la custodia compartida sin poner en riesgo la estabilidad psicológica y educacional del menor, que estará sometido a directrices contrarias de sus progenitores; hoy en una casa y mañana en otra, con los consiguientes perjuicios que esto puede ocasionar al menor. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


La señora DE ESPAÑA MOYA: Hablando del interés del menor y de su beneficio, por último, me parece oportuno incluir en mi intervención las declaraciones que hizo un niño en un programa de radio expresando cómo se sentía tras la separación de sus padres. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio. Por favor, apenas se oye a quien está en el uso de la palabra.


La señora DE ESPAÑA MOYA: Escuchaba la psicóloga Vallejo-Nájera, que ha escrito un libro titulado «Hijos de padres separados», en el que se recoge el siguiente testimonio. Dice así: Uno de mis padres se ha ido. No lo entiendo porque cuando lo veo me dice que me quiere mucho. Entonces pienso: Si me quiere, ¿por qué se ha ido? A veces me he portado mal, he desobedecido a mamá y creo que, por eso, se ha marchado. ¿Estás seguro?, pregunta la psicóloga. Sí, porque cuando era malo me decían: Ya no te quiero. Y también, si sigues así, acabarás conmigo, y otras cosas parecidas. Por las noches le echo de menos, aunque a veces me siento más cómodo porque no hay tantos gritos en casa. Mamá está tranquila, aunque la he visto llorar, y papá me da lo que le pido. Quiero que todo vuelva a ser como antes. ¿Algo más?, pregunta la psicóloga. Bueno, la verdad es que ahora me peleo con mis amigos más que antes. ¿Así que ya no lo pasas bien en el colegio?, pregunta la psicóloga. No, siento que mis amigos ya no son mis amigos. Vaya --continúa diciendo la psicóloga--, debe ser muy duro eso de tener amigos simpáticos que ahora ya no lo son. Dime, con ellos eres igual que siempre, ¿no? Sí --dice-- aunque no tengo ganas de jugar como antes. Es porque me da rabia que a ellos no les pase lo mismo que a mí. Al volver a casa, después del colegio, me da miedo portarme mal por si acaso me dejan solo.
Pónganle cara a este niño. Puede ser el hijo, el sobrino o el nieto de cualquiera de nosotros. Por eso, espero que, al final de la tramitación de esta importante ley en el Congreso, tengamos una mejor ley.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos a la votación. (Pausa.)

-- DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY SOBRE LAS CLÁUSULAS DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS REFERIDAS AL CUMPLIMIENTO DE LA EDAD ORDINARIA DE JUBILACIÓN. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000022) (C. D. 121/000022) (Votación).


El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio.
En primer lugar, vamos a proceder a la votación del proyecto de ley sobre las cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, que hemos debatido esta mañana.


Página 2498


Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la que solicita la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 9, de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 256; a favor, 117; en contra, 131; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda socialista por la que se solicita la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 1 a 7, del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 255; a favor, 118; en contra, 125; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 256; a favor, 255; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


-- DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL Y LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL EN MATERIA DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO (ANTES PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO) (S.
621/000014) (C. D. 121/000016) (Votación).


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de ley por la que se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio (antes proyecto de ley por la que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio).
Pasamos a votar, en primer lugar, las enmiendas. Las enmiendas de la senadora López Aulestia han sido retiradas.
Votamos la enmienda número 4, de Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 255; votos a favor, seis; votos en contra, 241; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas de Convergència i Unió. En primer lugar, la número 10.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 256; a favor, seis; en contra, 249; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 13, 14 y 16, de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 256; a favor, seis; en contra, 238; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, votaremos la número 22 y la número 23, a petición del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 256; a favor, 125; en contra, 131.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 29, del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 256; a favor, 249; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, salvo las números 17 y 33, sobre las que hay transaccionales, y la número 31 en lo que se ve afectada por la enmienda transaccional.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 256; a favor, 125; en contra, 124; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las propuestas de modificación. En primer lugar, la número de registro 32925, firmada por todos los portavoces.
Entiendo que se aprueba por asentimiento. (Asentimiento.) Votamos la número de registro 32926, firmada por todos los grupos salvo el Grupo Parlamentario Popular, al artículo primero.ocho en lo que corresponde al artículo 92, apartados 6, 8 y 9 del Código Civil.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Página 2499


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 255; a favor, 130; en contra, 125.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la propuesta de modificación con número de registro 32927, firmada por todos los grupos parlamentarios.
Entiendo que se aprueba por asentimiento. (Asentimiento.) Votamos la número de registro 32928, firmada también por todos los grupos parlamentarios.
Entiendo que se aprueba por asentimiento. (Asentimiento.) Asimismo, votamos la propuesta de modificación cuyo número de registro es el 32929, firmado por todos los grupos.
¿Se aprueba de la misma manera? (Asentimiento.) Queda aprobada.
Votamos la propuesta de modificación con número de registro 32.930, firmada también por todos los grupos parlamentarios.
¿Se aprueba por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobada.
Votamos la propuesta de modificación con número de registro 32931, que la firman el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Mixto, de adición de la disposición final quinta.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 255; a favor, 147; en contra, 108.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar el dictamen.
En primer lugar, la disposición final quinta, que es nueva, introducida por la enmienda consecuencia de la propuesta de modificación con número de registro 32931.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 256; a favor, 145 ; en contra, 111.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar el dictamen en lo modificado por las enmiendas aprobadas del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 256; a favor, siete; en contra, 124; abstenciones, 125.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos a votar el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 255; a favor, 130; abstenciones, 125.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


-- DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO (S. 621/000015) (C. D. 121/000018).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el siguiente proyecto de ley.
Dictamen de la Comisión de Justicia en relación con el proyecto de ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.
¿Para la presentación del dictamen? (Pausa.) No hay presentación del dictamen. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.) Pasamos al turno de las propuestas de veto.
Para la defensa del primer veto, tiene la palabra el senador Casas.


El señor CASAS I BEDÓS: Muchas gracias, señor presidente.
Escribía el director de «La Vanguardia», el pasado día 16, refiriéndose a la concentración del pasado sábado, es decir, antes de la misma, lo siguiente: Dije en su día que había otras fórmulas para definir la unión entre homosexuales que la del matrimonio y que consideraba precipitado incluir en un proyecto de ley las polémicas adopciones. Reclamé un debate sin disciplina de voto entre los políticos y valentía para defender en privado lo que muchos sostienen en público. Perdón, al revés. (Risas.) Es una lástima haber llegado a esta situación. Coincido con la lección de sentido común de estas afirmaciones del director de «La Vanguardia».
(Varios señores senadores colocan sobre sus hombros la bandera del arco iris.) Señorías, creo que el Gobierno no ha acertado en el fondo, en la forma y en el modo de tramitar este importante proyecto de ley. Voy a intentar con toda modestia, pero con convicción, argumentar estas afirmaciones.
(Rumores.) Lionel Jospin formulaba, con ocasión del debate en Francia sobre el matrimonio homosexual y la homoparentalidad, una doble reflexión.


El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senador Casas.
Señorías, ruego guarden silencio. No vamos a seguir la sesión hasta que se guarde silencio en la Cámara. A quien no tenga interés, le rogaría que saliera de la Cámara. Señorías, tenemos todo el día. El asunto es lo suficientemente importante como para guardar el respeto que nos merecemos todos cuando estamos en el uso de la palabra. (Pausa.) Prosiga, señoría.


Página 2500


El señor CASAS I BEDÓS: Decía que Lionel Jospin formulaba dos tipos de reflexiones. Una primera sobre la necesidad de una auténtica libertad para debatir la cuestión. Hacía así referencia a que una nueva tentación biempensante o incluso el temor de verse tachado de homófobo podría impedir la conducción irreprochable y razonable del debate. En este sentido reivindicaba que es perfectamente factible reprobar y combatir la homofobia sin dejar de ser contrario al matrimonio homosexual.
Una segunda es la del sentido e importancia de las instituciones, importancia que considero creciente en la sociedad actual, caracterizada por el individualismo y la desvinculación. Las instituciones vertebran la sociedad, ofrecen un estatus y puntos de referencia sólidos a los individuos. Desde el punto de vista jurídico acotan realidades sociales sustancialmente homogéneas que reclaman un tratamiento jurídico unitario.
El matrimonio es sin ninguna duda una de estas instituciones básicas.
En la justificación de la enmienda a la totalidad que los diputados de Unió Democràtica presentaron en el Congreso de los Diputados decían que, desde el respeto a la libertad que ha de tener toda persona para escoger la opción de convivencia que estime oportuna, entienden el matrimonio como la unión estable y comprometida entre un hombre y una mujer, una institución fundamentada en la alteridad, la diferencia y la complementariedad entre la mujer y el hombre, lo que le convierte en el ámbito más estable y comprometido de procreación, cuidado y educación de los hijos.
No es esta una concepción diferente a la que manifestaba recientemente el presidente del Gobierno socialista francés, Lionel Jospin, cuando escribía en «Le Journal du Dimanche» y en «La Vanguardia» lo siguiente: El matrimonio es en su origen y en tanto que institución la unión de un hombre y una mujer. Esta definición no obedece al azar. No remite, en primer lugar, a una inclinación sexual, sino a la dualidad de sexos que caracteriza nuestra existencia y que constituye la condición de la procreación y en consecuencia, de la continuación de la Humanidad. Por esta razón la filiación de un niño se ha establecido siempre con relación a los dos sexos. El género humano no se divide entre heterosexuales y homosexuales --en tal caso cabría consignar una preferencia--, sino entre hombres y mujeres. Así escribía Jospin un artículo en «Le Journal du Dimanche» el 16 de mayo de 2004, reproducido en «La Vanguardia» el 20 de mayo de 2004.
Tampoco es una concepción diferente la que yo expresaba a la que no hace mucho tiempo la ministra de Justicia del Gobierno del Canciller Esröder y miembro del SPD, la señora Herta Daeubler-Gmelin, cuando decía que el matrimonio se refiere a un círculo de personas distinto, se orienta a un hombre y a una mujer. Las relaciones del mismo sexo no pueden pretender esto ni tampoco pueden quitarle nada al matrimonio. O de la también ex ministra de Justicia del Gobierno socialista francés, Ségolène Royal, precisamente la esposa del secretario general del Partido Socialista Francés. O de Arnaud Montebourg, cofundador de la corriente Nouveau Parti Socialiste, y de tantos y tantos socialistas franceses, y evito citar tantos miembros del Partido Socialista Obrero Español que se han manifestado en el mismo sentido. O del líder de El Olivo italiano --que deberá enfrentarse con Silvio Berlusconi en las próximas elecciones--, Romano Prodi, que afirma: No tengo ninguna duda, soy contrario al matrimonio gay. «La Reppublica», 9 de febrero de 2005. O del ex candidato demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos, John Kerry, que dijo textualmente: Personalmente, creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. «The Washington Post», 15 de mayo de 2004. Para no hablar de Bill Clinton, que suscribió en 1996 la Ley de Defensa del Matrimonio.
Pero no se trata ahora exclusivamente de aportar argumentos de autoridad, aunque sean éstos procedentes de diversas personas y opiniones del espectro político. El propio Consejo de Estado, en su dictamen de 15 de diciembre de 2004 sobre el anteproyecto de ley, concluye que tanto desde la perspectiva jurídica como desde la perspectiva cultural y civilizadora como desde el punto de vista de las concepciones sociales se considera como uno de los elementos inherentes al matrimonio lo que se ha llamado el principio de heterosexualidad. Por ello --continúa señalando--, puede apreciarse también desde la perspectiva del Derecho comparado la general concepción del matrimonio como una unión entre personas de distinto sexo, siendo muy pocos los casos en que la institución matrimonial ha quedado abierta a parejas homosexuales. Concretamente, son sólo dos Estados los que admiten por ley el matrimonio de personas del mismo sexo, Bélgica y Holanda; es decir, un 95 por ciento aproximadamente de ciudadanos de la Unión Europea han hecho la opción democrática de no regular el matrimonio de personas del mismo sexo. Si tenemos en cuenta los países miembros del Consejo de Europa, el porcentaje es incluso muy superior. De los dos Estados citados sólo uno admite la adopción conjunta por parejas del mismo sexo, Holanda, y ni siquiera éste admite --a diferencia de lo que hace el proyecto de ley que hoy debatimos-- la adopción internacional por personas del mismo sexo. Por el contrario, sí se percibe una relativa extensión del reconocimiento de uniones civiles de parejas del mismo sexo, cuya regulación --también en cuanto a sus efectos-- encuentra un mayor o menor grado y nivel de aproximación al matrimonio, aunque manteniéndose diferencias sobre todo en materia de filiación y de adopción. Es el caso de los países nórdicos, que regulan la convivencia o pareja registrada, del pacto civil de solidaridad francés o de la comunidad de vida alemana. Es también ésta la opción de Lionel Jospin, el pacto civil de solidaridad, y era la opción de John Kerry cuando el 5 de noviembre de 2003 decía en la CNN: «Estoy por la unión civil. Y lo afirmaba durante la campaña de las recientes presidenciales norteamericanas, y se opuso al matrimonio gay y apostó por la unión civil.
Señorías, esto me permite recordar que precisamente el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, con una "consellera" de Justicia de Unió Democràtica, ya en 1998 fue el primero en España en impulsar la regulación y reconocer efectos, haciendo uso de las competencias de la Generalitat en materia de Derecho Civil, a las uniones estables de pareja del mismo o diferente sexo, posición que fue, asimismo,

Página 2501


defendida en el Congreso de los Diputados en los debates de la VI Legislatura en relación con la atribución de efectos a estas uniones en otros ámbitos jurídicos como el laboral o el de la Seguridad Social.
Incluso éste ha sido también el criterio expresado en el programa electoral con el que CiU se presentó a las últimas elecciones generales de 2004: reconocimiento de la libertad de las personas para configurar sus relaciones de convivencia, atribución de efectos a las uniones estables homosexuales y heterosexuales, no atribución de la denominación de matrimonio ni equiparación con éste.
¿Qué efectos produce el proyecto de ley que ahora debatimos sobre la institución del matrimonio? Tal y como manifestaba --y perdonen la insistencia-- Lionel Jospin, a las instituciones se las puede defender, se las puede combatir y se las puede reformar; lo que no es procedente es negar su sentido y significación. En este sentido, no cabe desconocer --como tampoco lo hace el Consejo de Estado-- que el proyecto del Gobierno socialista no es una pura reforma institucional, sino una alteración sustancial. La apertura de la institución matrimonial a parejas del mismo sexo no supone una simple ampliación de la base subjetiva del matrimonio reconociendo a las parejas del mismo sexo un derecho que no tienen constitucionalmente garantizado, sino que supone --dice el Consejo de Estado, en expresión del alto órgano-- la alteración de la institución matrimonial, un cambio especialmente profundo de dicha institución; en definitiva, alterar los perfiles propios o los principios sobre los que se articula la institución matrimonial.
Por lo tanto, no estamos hablando de una reforma, sino de cómo el Consejo de Estado se plantea reiteradamente, entre benignos interrogantes, una ruptura de la garantía institucional del matrimonio. Éste es el primer motivo fundamental de la propuesta de veto que estoy defendiendo.
El reconocimiento legal y la atribución de efectos jurídicos a las uniones de personas del mismo sexo no requiere la desnaturalización de la institución matrimonial. Se podía haber regulado perfectamente de otra manera. Habrá quien objete que no admitir el matrimonio de personas del mismo sexo es discriminatorio. Nada más lejos de la realidad, señorías.
Como decíamos en la justificación de la enmienda a la totalidad presentada en el Congreso de los Diputados, proponemos tratar de manera diversa aquello que es diferente. La discriminación vendría por el tratamiento idéntico de realidades distintas. No solo lo decimos nosotros, sino que el Consejo de Estado vuelve a respaldar esta opinión; leo textualmente: La remoción de toda discriminación por razón de la orientación sexual no requiere la inserción del nuevo modelo de pareja en la institución matrimonial. Por una parte, porque la limitación del matrimonio a las parejas heterosexuales no supone un trato discriminatorio ni desde la perspectiva de la Constitución ni desde las declaraciones internacionales de derechos. Por otra parte, las discriminaciones que se pueden dar en el tejido social no se evitan mediante la configuración legal de un matrimonio que dé cabida a dos realidades diferentes. El alto órgano consultivo reitera que la pluralidad de realidades demanda una diversidad de instituciones, favoreciendo la especialización institucional con reflejo en el plano terminológico. Un modelo distinto de convivencia en pareja demanda un distinto tratamiento jurídico, sin forzar la aplicación de normas previstas para una modelo diferente, con los problemas que ello puede acarrear.
El segundo de los motivos de la enmienda a la totalidad es la admisión, a través de la regulación del matrimonio de personas del mismo sexo, de la posibilidad de la adopción conjunta por éstas. Aquí pueden reproducirse, con el contenido que les corresponde, los argumentos institucionales y de Derecho comparado que he formulado en relación con el matrimonio. El artículo 108 del Código civil establece que la filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción. Por ello, no puede sostenerse que la adopción sea, desde la perspectiva jurídica o social, una institución de guardia y cuidado. La adopción reproduce los efectos jurídicos, sociales y económicos de la filiación biológica. Decían los jurisconsultos romanos que la adopción sigue a la naturaleza, es decir, todo niño o niña viene de un padre y una madre, todo niño o niña tiene derecho a una familia constituida por un padre y una madre. Sencillamente, se trataría de reproducir el hábitat natural o ecología humana. Esta es la posición ampliamente extendida en Europa, al igual que con el matrimonio. Solo se admite la adopción conjunta por parejas del mismo sexo en Suecia y Holanda, aunque no a menores extranjeros, y con matices en Inglaterra y Gales, mientras que en Dinamarca solo se admite la adopción del hijo del otro miembro de la pareja.
Como reconoció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia de 26 de febrero de 2002, con la adopción no se pretende dar un niño a una familia, sino dar una familia a un niño, que no es lo mismo. El tribunal respaldó la posición del Estado francés de denegar la adopción a un homosexual sobre la base, entre otras, de la controversia científica sobre los efectos que para el menor pueda tener crecer sin el referente paterno y materno. Sirva esta justificación sucinta para no entrar en argumentos científicos. Aprovecho también este momento para expresar mi rechazo más profundo a alguna de las afirmaciones que el profesor Aquilino Polaino hizo esta semana en la Comisión de Justicia. En este tema tampoco hay discriminación de ningún tipo por razón de la orientación sexual. Dos hombres o dos mujeres, sea cual sea su orientación sexual, no pueden adoptar conjuntamente, porque lo que pretende la adopción es que el niño tenga un padre y una madre. Por eso no se ha permitido hasta ahora que dos hermanos varones adopten al sobrino, hijo de un tercer hermano o hermana que ha quedado huérfano.
Habría que añadir tres apuntes muy breves. La posición que sostenemos no es incompatible con la adopción por parte de personas solteras, prohibida en algunos países, porque esta adopción ni excluye la alteridad, pues el soltero adoptante puede contraer matrimonio, ni la sustituye, porque hay un padre o una madre, pero no dos padres o dos madres. No es válido el argumento de que ya tienen lugar estas adopciones. Hay un dictamen del Consell consultivo de la Generalitat de Catalunya, de 5 de enero de 2005, que insta precisamente a introducir en la legislación civil cláusulas antielusivas que impidan burlar las legislaciones de

Página 2502


los países de origen de los menores que prohíben la adopción por homosexuales.
Finalmente, problemas concretos que se puedan producir en relación a los hijos biológicos de uno de los dos miembros de la pareja pueden resolverse perfectamente mediante la distribución de facultades de autoridad parental o la tutela.
Por ello, como exponíamos en nuestra enmienda de totalidad en el Congreso, consecuentes con el modelo de familia que defendemos, consecuentes con el hecho de considerar al niño como verdadero sujeto de derecho en el proceso de adopción, y también porque consideramos la adopción como una institución que genera vínculos equivalentes a los de la filiación biológica, entendemos que debe reservarse la adopción únicamente para las uniones estables, matrimoniales o no, entre personas de diferentes sexo, así como para las personas individuales, entendiendo en este último caso --como decíamos-- que ni se excluye ni se sustituye la alteridad. Valga señalar que ésta es también la posición de Lionel Jospin.
No se agotan aquí todos los argumentos, aunque posiblemente sí los de fondo. No hay, a mi juicio, una demanda social ni un clamor popular que reclame estas medidas que vamos a aprobar o no. No ha habido un debate social. Cabría contemplar, con envidia, el debate producido en el seno del Partido Socialista francés. Una buena forma de suscitarlo sería, como propuso en el Congreso el portavoz de CiU, señor Duran i Lleida hace pocos meses, someter esta cuestión a referéndum. Acaba de pasar en Suiza.
Para regular estas uniones sin darles el nombre de matrimonio, en Francia ha habido un profundo debate dentro del Partido Socialista; en Suiza, referéndum.
Voy terminando, señor presidente. Como concluyó el Consejo de Estado, la opción del proyecto de ley no es indispensable para el logro de sus objetivos y suscita dudas la expresión piadosa empleada por el Consejo de Estado de que sea proporcionada en sentido estricto, a partir de una ponderación de los bienes, valores e interese en juego, y se aprecia un riesgo de afectación de la garantía institucional del matrimonio.
El proyecto de ley parte, a mi juicio, de una confusión grave. La cuestión es el reconocimiento y efectos de las uniones homosexuales, no la eliminación de una inexistente discriminación vinculada a la institución del matrimonio y la adopción. El proyecto de ley se equivoca, pero el error lo pagará toda la sociedad.
Señorías, a mi juicio, estas reflexiones justifican sobradamente la presentación de un veto. Qué fácil hubiera sido --y hubiese concitado la unanimidad de la Cámara-- haber legislado como hizo el Parlamento de Cataluña, haber regulado las uniones estables de parejas indistintamente del sexo, que es lo que han hecho la mayoría de los países de nuestro entorno, lo que hubiese concitado también un consenso social muy amplio, y no haber introducido un elemento como éste que es complejo, que tiene muchos matices, que tiene muchas sensibilidades distintas, con rapidez, situando algunas veces a los que hemos defendido mi posición en situaciones francamente incómodas --no quiero recordar lo que sucedió en la comisión--, ya que hubiese sido mucho más fácil, y con el tiempo se hubiese visto qué aceptación habría tenido en la sociedad y el resultado final.
Debo decir, como he empezado, que insisto en que ha sido una lástima cómo se ha hecho este debate y que se ha cometido un grave error.
Gracias, señor presidente. (Aplausos)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para un turno en contra, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.
Señorías, ruego guarden silencio.


El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, señorías, permítanme, en primer lugar, expresar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el agradecimiento a tantos hombres y mujeres que con su lucha y su sufrimiento a lo largo de décadas han hecho posible que esto se debata hoy. (Aplausos.) Es de bien nacidos ser agradecidos, y nosotros entendemos que ese esfuerzo, que esas represalias vividas, que ese sufrimiento tienen como compensación, en primer lugar, que demos las gracias; en segundo lugar, que pidamos disculpas, puesto que la Constitución Española, que está en vigor desde el día 29 de diciembre de 1978, dice en su artículo 14 lo siguiente: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pues bien, en estos 25 años ha habido discriminación en España con respecto a todos los hombres y mujeres que tenían una orientación homosexual. Hay que reconocerlo y hay que pedir disculpas porque no se ha tratado a todos los españoles de la misma forma.
Hoy tenemos la oportunidad, dicho en expresión de Azaña, de poder dar lo mejor de nosotros. Decía Machado que nadie es más que nadie. Podemos optar por el modelo de explicar el mundo, podemos optar por el modelo de embellecer el mundo, u optar por el modelo de hacerlo más justo. Pues aquí tenemos una oportunidad de hacer que la sociedad española vea reflejado su pluralismo y su diversidad en el plano de la orientación sexual también en el Derecho. Se trata, en una clásica expresión de una persona querida por todos los españoles y a quien deseamos una pronta recuperación, de elevar a legal lo que ya es real en el conjunto de los pueblos de España.
Todos tenemos amigos, parientes, vecinos y vecinas que a lo largo del tiempo no han podido expresar su orientación sexual debido al sufrimiento que llevaba aparejada tal opción. Hoy tenemos la oportunidad de escribir esta página para hacer más justo y más igualitario el Derecho. ¿Por qué razón tanta dificultad para hacerlo posible? ¿Por qué razón tanta furia? ¿Por qué razón tanta agresividad? ¿Por qué razón tanta descalificación? En 1870, cuando se introduce el matrimonio civil, ya se hacían advocaciones respecto a que el cielo se iba a desplomar, y se argumentaba --aparece en un texto que me ha entregado Francisco Rodríguez, senador por Sevilla-- que la introducción del matrimonio civil en España suponía la legalización del

Página 2503


concubinato y el amancebamiento. (Rumores.) De allá hasta acá el cielo no se ha caído, y muchas personas se han podido casar por lo civil.
Expresiones similares se plantearon en 1981 --hoy lo recordaba María Antonia Martínez-- cuando se introdujeron la separación y el divorcio. Se dijo entonces que ello iba a suponer el desplome de la familia modelo, pero ya sabemos que hoy no hay sólo una familia modelo sino que hay diversos modelos de familia. Algunos sociólogos dicen que hay 17 modelos y otros dicen que hay 63. En cualquier caso, no hay un único modelo.
Se planteó el mismo debate con la despenalización de los anticonceptivos, con los tres supuestos de despenalización del aborto, con el debate sobre la adopción, con las técnicas de reproducción asistida, con la investigación de las células madre... Pues lo que ahora se plantea y se cuestiona es la garantía institucional del matrimonio. Hay una especie de formulación atemporal, ahistórica, aterritorial, fuera del tiempo, del espacio y del ser humano, en virtud de la cual, en algún lugar, no se sabe por quién, se ha fijado que eso es el matrimonio y que todo lo demás no lo es. Ya se había dicho que por lo civil no era matrimonio sino concubinato y amancebamiento. Ya se había dicho que separación y divorcio suponían la destrucción del matrimonio. Ya se había dicho que las campañas de prevención del sida con el uso del preservativo también suponían la destrucción del núcleo básico de convivencia.
Nosotros entendemos que estamos haciendo una ley civil, que estamos en el ámbito del poder civil, que no se llama a la insumisión ni a la desobediencia ni al desacato a ningún otro ámbito grupal en el conjunto de la sociedad española, y no se está plantando ni se debe plantear que no hay que someterse a los dictados de la Constitución y del ordenamiento jurídico, porque entendemos que nadie, nadie, ninguna jerarquía de ningún tipo está ni al margen de la Constitución ni al margen del ordenamiento jurídico y, como dice el artículo 9.1, todos los ciudadanos, todos los españoles estamos obligados a respetar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico; también la Constitución es ordenamiento jurídico.
Se plantean dos tipos de argumentos en este veto. Primero, la garantía institucional exige que tenga que ser hombre y mujer. En el artículo 39.1 de la Constitución se hace referencia a la protección jurídica, económica y social de la familia, punto. No dice la familia heterosexual, tampoco dice la familia homosexual; se refiere estrictamente a la familia. No precisa, y donde no distinga el constituyente, no debe distinguir ningún intérprete. Es más, la referencia que hace el artículo 14, que antes he citado, con respecto a que no haya discriminación por cualquiera otra condición o circunstancia personal y social, es una formulación omnicomprensiva que incluye el género. En el año 1995, en Sudáfrica, se produjo un debate similar, cuando elaboraban la vigente Constitución del año 1996, y se planteaba por parte de algunos jueces la negativa a registrar los matrimonios entre personas de diversas razas: negros y blancas, blancos y negras, y por eso en esa Constitución se recoge de manera precisa la expresión de no discriminación, «ni por sexo, ni por género, ni por orientación sexual». Pues bien, de manera precisa la expresión «ninguna otra circunstancia personal o social» incluye esas tres y cualesquiera otras, porque es un «numerus apertus» y no un número cerrado, a los efectos de garantizar que los españoles son iguales ante la ley, y no debe prevalecer ningún tipo de discriminación. (Varios señores senadores despliegan la bandera arco iris.) Conjugando el artículo 14 con el 10.1 no parece que haya razonamiento alguno que justifique esa visión restrictiva, unitarista y unidimensional de lo que es la familia y lo que es el matrimonio. Se podría argüir, y con razón --se planteó en la sesión de debate de la comisión de expertos--, la expresión exacta que usa el artículo 32.1, relativa a «el hombre y la mujer», y tendría razón quien dijera: ahí, en la Constitución, se refiere al hombre y a la mujer, y la interpretación histórica, con toda razón, lo plantearía; pero como bien se nos explicó en la propia comisión, una interpretación gramatical y una interpretación sistemática, combinándola con el artículo 14 y con el artículo 10.1, es suficiente título para justificar la necesidad de evitar fórmulas discriminatorias. No tiene por qué haber una interpretación similar a la del Derecho Natural, una especie de derecho preestablecido, al margen del tiempo y de la historia, sino que en cada momento los representantes de la soberanía son los que deciden cómo quieren configurar las instituciones básicas. Éste es un núcleo básico de convivencia, es un agente socializador que comparte con los medios de comunicación, con la educación formal, con la educación informal, en general con las redes que hacen posible la socialización de los individuos, tanto niños como niñas.
Respecto al concepto de garantía institucional, alude el senador que presenta esta enmienda a la totalidad --en términos clásicos el veto-- no sólo a la garantía institucional del matrimonio, alude también a los problemas que puede acarrear; como quiera que no ha citado los problemas que puede acarrear, no puedo entrar a abordarlos. Sí alude por el contrario al Derecho comparado, y podemos hablar de Derecho comparado.
Podemos hablar de los 49 Estados, de la República de Estados Unidos de América del Norte, que lo contemplan, a excepción de Florida. Podemos hablar de Canadá, de Ontario, del Yukón, de Columbia, etcétera. Podemos hablar de diversos Estados que lo contemplan.
Usted de manera inteligente no cita a Bélgica, no cita a Holanda, pero también podemos hablar de los modelos que se han planteado. Es algo progresivo. Cuando se planteó el reconocimiento del voto a la mujer o el reconocimiento de las fórmulas de convivencia interracial inicialmente todos los países no dijeron el mismo día, el mismo año y a la misma hora qué iban a hacer. Fue algo progresivo. Yo le puedo indicar que el 17 de mayo de 1990 ya, por acuerdo de la Organización Mundial de la Salud, la homosexualidad no es una enfermedad. ¿Y qué es lo que ha planteado el presidente del Gobierno de Canarias, que es de Coalición Canaria, o el presidente de Asturias o el presidente del Parlamento europeo? Convertirlo en el día mundial contra la homofobia y la transfobia. ¿Por qué razón? Porque es una conquista imprescindible aceptar la diversidad, aceptar la pluralidad que existe en la sociedad.


Página 2504


Esto no va contra nadie. Es una reafirmación de la autonomía del poder civil para regular aquello sobre lo que tiene competencia y quizás sería una premisa básica sobre la que podríamos ponernos de acuerdo .
¿Tenemos competencia como representantes de la soberanía para regular esto o grupos ajenos a la soberanía son quienes tienen que dictar cómo regular la institución matrimonial? Yo reafirmo aquí hoy que esta legislación no va contra nadie. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y como no va contra nadie va a favor de reconocer derechos a grupos sociales que lo de menos es el número porque eso también es objeto de debate. Algunos expertos que comparecieron el lunes --no seamos ruínes, no recordemos nombres y apellidos, seamos respetuosos, pues suficiente es la petición de disculpa que se ha formulado; dejemos ya a un lado el asunto--, alguno de estos --decía-- presuntos expertos insistía mucho en que era un 0,99, no llega ni al uno por ciento. Otro, por el contrario, insistía en que era un 10 o un 15 por ciento. ¿Es que acaso la nobleza y la justicia de una causa está en función del número? (Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Bien!) Por supuesto que bien, magníficamente. (Risas.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.


El señor DÍAZ TEJERA: Nada tiene que ver que sea un uno por ciento, un 10 por ciento o un 15 por ciento, entre otras cosas, porque sinceramente no hay registros. Esa es una pregunta que no permite la Constitución. Hay un dato que ofrecía el representante de Berdindu del País Vasco --perdonen mi pronunciación--. Planteaba que de mayo de 2003 a mayo de 2005 se habían dado exactamente 5.436 registros de parejas, de los cuáles el 7 por ciento eran homosexuales. En estos dos años se han cancelado 102 registros, todos de heterosexuales. Es más, se insiste con mucha frecuencia en los efectos de la separación. Antes se nos leyó un texto francamente conmovedor de una niña de una familia que se separaba. Pero hay que aducir lo que es evidente: a nadie le gusta la enfermedad, a nadie le gusta, pero no por eso vamos a hacer desaparecer los hospitales ni los médicos, es así; a nadie le gusta, pero es así.
¿Qué ocurre con las separaciones y divorcios? A nadie le gustan las separaciones y divorcios, pero hoy hemos aprobado un texto que contempla algo que la jurisprudencia ya había desarrollado y es que si a nadie se le pregunta por qué se casa usted con esa persona, a nadie tampoco hay que preguntarle por qué se separa, anula o se divorcia. Es un asunto que depende sólo de la voluntad de los cónyuges. Pues bien, la jurisprudencia ya había desarrollado, lo que no contemplaba la ley para la que los jueces aplican una célebre expresión, la de que las leyes no dicen lo que dicen las leyes, sino que las leyes dicen lo que dicen los jueces que dicen las leyes; y ya en la práctica con la inexistencia de la «affectio» maritales, la voluntad de uno de los cónyuges es causa suficiente para la disolución o para la suspensión del vínculo en el supuesto de la separación.
Pues bien, en este caso concreto lo que se plantea es que a nadie le gusta la separación ni el divorcio en términos reales --el senador Bofill antes nos ofrecía un dato y he procurado que me lo proporcionara. Yo había recogido la cifra de 210.000 matrimonios pero, siendo más riguroso, son 210.155, durante el año 2003--, en el año 1996 la proporción de nulidad, de separaciones y de divorcios fue mucho mayor. Sin embargo, en el año 2003 se dieron 86.711 casos de nulidad, de separación o de divorcio.
El lunes, en sesiones celebradas desde las 10 de la mañana a las 8 de la tarde, nos explicaron que el promedio de matrimonios que acaban en nulidad, separación o divorcio es de 40 ó 45 por ciento. ¿Esta es una buena noticia? No, pero es la realidad, incluso los que de manera furiosa y con mucha ira han estado en contra del matrimonio civil, han celebrado un matrimonio civil, y los que de manera furiosa y agresiva han estado en contra de la separación y del divorcio también se han separado y divorciado. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Es más, muchos de los que han estado en contra de fórmulas que suponen --según dicen-- concubinato y amancebamiento, han estado en situación de parejas de hecho. ¿Por qué razón? Porque la realidad del ser humano es infinitamente más diversa que la imagen clásica de dos y dos, de hombre-mujer, chico-chica y televisor-sofá. Esa es una imagen que no se corresponde con la realidad, es infinitamente más plural.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego vaya concluyendo.


El señor DÍAZ TEJERA: Por eso la formulación es que hay hombres y mujeres, tiene usted razón, y tenemos en común, por ejemplo en términos de cromosomas, un porcentaje del 90 por ciento similar al de la mosca del vinagre, y con los primates un 96 por ciento. Pero a pesar de esa equivalencia cromosómica no hay dos hombres iguales y no hay dos mujeres iguales. Junto a esa unicidad que usted ha destacado, yo trato de destacar la diversidad y el pluralismo, y se trata de que esa diversidad y ese pluralismo, que es real en la sociedad española, se eleve al ámbito de lo legal. ¿Por qué razón? Porque tenemos esa deuda y esa asignatura pendiente con miles y miles de españoles y de españolas que en estos veinticinco años han comprobado que no se respetaba el artículo 14, que antes he mencionado.
El segundo argumento lo expongo con toda rapidez para respetar la indicación del señor presidente. Usted planteaba el asunto de la adopción. De los diez expertos que han venido, sólo dos han cuestionado que no sea cuestión de creencias, precisamente dos que no han llevado a cabo ninguna investigación empírica. Algunas investigaciones se han planteado no con estudios concretos, sino con metaanálisis, recogiendo todos los análisis que se han hecho sobre el desarrollo en términos psíquicos, en términos de aprendizaje, en términos de autoconcepto, de autoestima, de prestigio en su núcleo, con los profesores,

Página 2505


con los tutores, en el barrio en que se encuentran, y todos, desde la asociación de psicólogos y psiquiatras norteamericanos hasta el Consejo Nacional norteamericano en materia de adopción, insisten en que no hay ningún dato riguroso, que sólo hay creencias.


El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya.
Imagino que tendrá todavía dos turnos más.


El señor DÍAZ TEJERA: Acabo ya. Puede haber creencias o preferencias, pero en términos reales lo importante es que el niño o la niña encuentre la calidad emocional suficiente y el orden suficientes para su desarrollo, y en la práctica, eso, señorías, se ha demostrado en términos científicos, no en términos morales, no en términos de creencias ni de preferencias sino en términos de la realidad, que en esto, como en todo, es mucho más tozuda. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--El señor Casas i Bedós pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Imagino que su señoría pide la palabra por el artículo 87.


El señor CASAS I BEDÓS: Sí, señor presidente. Voy a intervenir sólo durante un minuto.
Le felicito por su intervención, pero no tiene nada que ver con la mía.
Usted no ha hecho un turno en contra del mío, usted ha hecho un discurso muy bonito, que ha provocado muchos aplausos (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Un señor senador pronuncia palabras que no se perciben.--Rumores)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.


El señor CASAS I BEDÓS: Creo que tienen que estar un poco más calmados.
Yo no he utilizado la furia, la agresividad ni la descalificación, ni he hablado del concubinato ni del amancebamiento, no he hablado de nada de eso. Usted haga el turno en contra al Consejo de Estado y sepa que mi posición es mayoritaria en el socialismo europeo, y usted está solo con su posición. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--El señor Díaz Tejero pide la palabra.--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Imagino que su señoría pide la palabra por el artículo 87.
Tiene la palabra.


El señor DÍAZ TEJERA: Sí, señor presidente, pido la palabra por el mismo artículo por el que el señor senador ha intervenido, y con el mismo tono de respeto.
Ha aludido usted a tres asuntos: uno, garantía institucional del matrimonio, que he evaluado; dos, Derecho Comparado, que he comenzado a evaluar y que no he podido acabar porque habría que analizar otros muchos Estados, los que usted ha mencionado y otros más; y un tercero que me es particularmente querido y me hubiera gustado disponer de más tiempo para extenderme con amplitud, y por eso he mencionado los estudios empíricos con respecto a la adopción. En España, en el año 1987 había muchos niños y niñas así educados, que hoy son adolescentes, tienen 20 ó 30 años, y en la práctica se ha demostrado que han tenido un desarrollo educativo y social absolutamente idéntico al resto. Esto es lo que he hecho. Si usted quiere decir que además de estas consideraciones he hecho otras, tiene usted razón. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la senadora Vindel.


La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Lo primero que debo hacer, señorías, es lamentar no poder dirigirme al ministro de Justicia porque se conoce que no ha tenido a bien estar esta tarde con nosotros (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio, por favor.


La señora VINDEL LÓPEZ: Supuestamente, los objetivos de la reforma son, en primer lugar, la remoción de toda discriminación fundada en la orientación sexual; en segundo lugar, otorgar a las formas de convivencia marital de personas del mismo sexo la protección jurídica que se deriva del artículo 32 de la Constitución, que establece un derecho a contraer matrimonio a favor del hombre y la mujer; y, en tercer lugar, poner fin a una supuesta situación de inseguridad jurídica, en particular la que resulta de las regulaciones autonómicas en materia de Derecho Civil, colindante con la institución matrimonial.
Pues bien, de estos tres grandes objetivos, el Grupo Parlamentario Popular está plenamente de acuerdo con el primero: la eliminación de cualquier discriminación por razón de sexo, entre otras cosas, señorías, porque es un mandato constitucional. En lo que no estamos en absoluto de acuerdo es en la fórmula que ha elegido el Gobierno para intentar hace desaparecer esa discriminación, permitiendo el matrimonio entre homosexuales, cuando se podía haber elegido cualquier otra mucho más pacífica, menos controvertida y más acorde con nuestro ordenamiento y con los de nuestro entorno. Y el Grupo Parlamentario Popular manifiesta también sus dudas en cuanto a que la aprobación de este proyecto acabe con esa pretendida situación de inseguridad jurídica.
Señorías, es cierto que en los últimos años han aparecido junto al matrimonio otras formas de convivencia que demandan una regulación por parte de los poderes públicos. El hecho de que dos personas, con independencia de su orientación sexual, convivan, unidas por un vínculo de efectividad análogo al conyugal, genera un conjunto de relaciones, de derechos, de deberes patrimoniales y personales entre sus miembros y con relación a terceros que en el momento actual no pueden ser desconocidos por el Derecho

Página 2506


Positivo y que merecen la protección de los poderes públicos a través de una regulación legislativa.
Así comienza, señorías, el preámbulo de la iniciativa presentada en octubre del año pasado por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Consta de 16 artículos, 2 disposiciones adicionales, 1 disposición derogatoria y 15 disposiciones finales que, a su vez, modifican nada menos que un conjunto de diez importantísimas leyes. Les hablo de la Ley de Enjuiciamiento Civil; la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita; la Ley del Registro Civil; la Ley Orgánica del Poder Judicial; la Ley General de la Seguridad Social; la Ley de la Función Pública; la Ley de Clases Pasivas; la Ley Orgánica Reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus; la Ley de Protección al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen; y, por supuesto, más de 20 artículos del Código Civil.
Todo ello, señorías, para dar un instrumento jurídico de ámbito estatal al amparo del artículo 149 de la Constitución que permita a las parejas que lo deseen ordenar su convivencia en el aspecto personal y patrimonial.
Una iniciativa legislativa mucho más elaborada y clarificadora que el proyecto que hoy tramitamos, además de mucho más pacífica, porque resulta que no hiere sensibilidades ni convicciones personales algunas, y perfectamente respetuosa con el contenido del artículo 32 de la Constitución.
Sepan, señorías, que este proyecto del Gobierno ha merecido el dictamen desfavorable del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Sepan también que nada menos que cuatro religiones asentadas en nuestro país, salvo la musulmana, han pedido su retirada, así como una inmensa mayoría de la sociedad, como hemos tenido oportunidad de ver este fin de semana.
(Rumores.) El Grupo Parlamentario Popular veta este texto porque considera que la institución del matrimonio está reservada al hombre y a la mujer, tal y como proclama el artículo 32 de nuestra Constitución y, consiguientemente, se opone a la adopción. Además, rechazamos de plano que ni tan siquiera se contemple el respeto a la libertad de conciencia de las personas.
Señorías, no entendemos esta actitud de un Gobierno aparentemente tan dialogante y que presume de escuchar tanto a la gente. No escucha ni a los órganos consultivos del Estado, ni a los que les podían haber ilustrado ampliamente dada la importancia de la materia regulada, como la Comisión General de Codificación, o en materia de adopción que no hayan recabado un informe de la Dirección General de las Familias y la Infancia, máxime cuando el informe que acompaña a este proyecto dice expresamente: «Los problemas sustanciales del proyecto vienen planteados por los hijos habidos en el seno de estos matrimonios».
El matrimonio, señorías, es la unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales. Por lo tanto, la heterosexualidad es un elemento constitutivo esencial del propio concepto del matrimonio. El matrimonio o es heterosexual o no es, porque el dato de la heterosexualidad aparece con toda naturalidad como un elemento indiscutible y obvio.
En cuanto a la situación en países de nuestro entorno, omito cualquier referencia porque ya lo ha hecho con todo detalle el senador Casas.
Nuestra Constitución, señorías, reconoce el derecho a contraer matrimonio entre el hombre y la mujer. En el único artículo en que se refiere al hombre y a la mujer es en el 32, mientras que en otros, como la regulación de cualesquiera otros derechos y libertades fundamentales, se emplean expresiones como «todos», como «las personas», como los «españoles», y lo hace, además, en consonancia con los convenios y tratados internacionales suscritos por España, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Convenio de Roma de 1950, o el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Señorías, yo me pregunto: ¿Tienen las parejas homosexuales en España un derecho constitucionalmente garantizado a contraer matrimonio? El Tribunal Constitucional ha respondido que tal derecho no existe; al contrario, que el matrimonio entre hombre y mujer sí es un derecho constitucional. Desde la perspectiva de la garantía institucional, es un completo contrasentido el argumento de que para fortalecer la protección de los homosexuales se les debe incorporar a la garantía constitucional del artículo 32. Señorías, si el contenido de ese artículo queda en manos del legislador, la Constitución no ofrece garantía alguna; por el contrario, si hay protección constitucional, el legislador tiene límites y no puede disponer libremente de la institución garantizada por la Constitución. Por lo tanto, para cambiar el concepto de matrimonio, señorías, lo que hay que cambiar es la Constitución, porque la ley no puede, en modo alguno, cambiar el contenido de los conceptos mediante la alteración radical de los conceptos, como es este caso. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Tal y como ha subrayado el Tribunal Constitucional, no existe un derecho constitucional al establecimiento de la unión entre personas del mismo sexo. Se debe admitir la plena constitucionalidad del principio heterosexual como calificador del vínculo matrimonial, tal y como prevé nuestro Código Civil, de tal forma que los poderes públicos puedan otorgar un trato de privilegio a la unión familiar constituida por hombre y mujer frente a una unión homosexual, lo cual no excluye --sigue diciendo el Tribunal Constitucional-- que por el legislador se pueda establecer un sistema de equiparación por el que los convivientes homosexuales puedan llegar a beneficiarse de los plenos derechos y beneficios del matrimonio. Es el auto del Tribunal Constitucional 222/1994.
Por lo que se refiere a la adopción, la prudencia aconseja que la aplicación a las uniones homosexuales derive de una voluntad expresa y consciente del legislador, y no como aparece aquí, señorías, como un efecto colateral de la integración en bloque de un nuevo modelo de convivencia en el régimen matrimonial.
La filiación adoptiva tiene como modelo la filiación biológica, por lo que la adopción conjunta por una pareja homosexual es contraria a la protección integral que los poderes públicos deben asegurar a los hijos, tal y como dice el artículo 39 de la Constitución, precisamente por ser

Página 2507


contraria al interés del menor, que es el principio rector de la adopción tanto en nuestras normas como en las suscritas internacionalmente por España.
Como dice la futura Constitución Europea, el niño tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y su madre, salvo si ello es contrario a sus intereses, lo que implica una vez más la constancia de que el ámbito natural en el que se desenvuelve el menor es el de una unión heterosexual.
La adopción está pensada en beneficio del adoptado y ni el adoptado ni la adopción, como instituto, pueden ser instrumento de legitimación u homologación de relaciones homosexuales. Como dice el presidente de la Junta de Extremadura, el señor Rodríguez Ibarra: «Ante la duda, hay que ponerse de parte del más débil. Nosotros buscamos parejas para los niños, no niños para las parejas.» Es muy ilustrativo en este punto, señorías, la suspensión que ha llevado a cabo el Tribunal Constitucional de un artículo de la ley del País Vasco que regula las parejas de hecho y permite, entre otras cosas, que los miembros de parejas homosexuales adopten de forma conjunta. En dicho auto se lee: Dado que la adopción produce, por regla general, la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptando y su anterior familia y que es irrevocable, salvo acuerdo en contrario del juez, es obvio que quienes fueron adoptados experimentarían perjuicios de muy difícil y acaso imposible reparación si el precepto recurrido fuera en su día considerado inconstitucional y nulo. Perjuicios extensibles también a la familia por naturaleza y a los adoptantes, con vulneración de las exigencias del principio de seguridad jurídica. Señorías, este auto es del año 2003.
Pero, además, lo recomendable y prudente sería que esta cuestión y su regulación estuviera respaldada por un amplio consenso social y político, requisitos que en la actualidad no se dan según muestra la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas de junio del año pasado.
España ratificó el Convenio de La Haya en 1995. De acuerdo con el mismo, para que la adopción sea reconocida de pleno derecho ha de ser certificada como conforme por la autoridad competente del Estado donde haya tenido lugar. El sistema de garantías de este convenio, señorías, está presidido por la necesidad de observar en todo proceso de adopción el interés superior del niño y los derechos fundamentales que al menor le reconoce el Derecho Internacional.
En fin, privar a un niño de la presencia de sus padres o de un padre o de una madre, en el mejor de los casos, unido al hecho de que en nuestro país hay un mayor número de parejas con deseos de adoptar que hijos adoptables, implica que no hay una necesidad social de buscar nuevas formas de adopción.
Por último, señorías, el Grupo Parlamentario Popular veta este proyecto de ley porque, conocedor su autor, el Gobierno, de que es un cambio radical y nada pacífico para la sociedad, lejos de ir hacia una legislación prudente y gradual, rechaza frontalmente admitir la libertad de conciencia o, si lo prefieren, la objeción de conciencia para quienes están autorizados por la ley a celebrar matrimonios. Qué razón tenía, señorías, Carl Schmitt cuando en la Teoría de la Constitución decía que en el origen mismo de las libertades se halla el reconocimiento de la libertad de pensamiento como derecho esencial de la persona. Y este pensamiento está reflejado en el artículo 16 de nuestra Constitución, que no por casualidad es el segundo derecho fundamental en el catálogo constitucional, tras el derecho a la vida y a la integridad física.
Señor presidente, ¿por qué no podemos parecernos a Dinamarca, que en su ley de parejas de hecho ha introducido cláusulas que defienden la libertad de conciencia de las personas facultadas por la ley para intervenir en estos casos? Creo que la aparición de conflictos jurídicos, por razón de creencias ideológicas o religiosas, no puede extrañar de ninguna de las maneras en una sociedad como la nuestra, que proclama, de un lado, la libertad de creencias y de culto de los individuos y, de otro, la neutralidad del Estado.
¿Por qué hay que impedir a los ciudadanos que se comporten de acuerdo con sus creencias más profundas? No me parece de recibo intentar disuadir a los objetores con amenazas sobre lo que puede ocurrir si no se cumplen las leyes, ni afirmar, como se ha llegado a hacer, que la objeción de conciencia en esta ley es una barbaridad o una aberración jurídica. (El señor Castaño del Olmo: ¡Es una barbaridad!) No. No es una barbaridad y déjeme que se lo explique.


El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio.


La señora VINDEL LÓPEZ: ¿Desde cuándo un resquicio de libertad, en el ordenamiento jurídico, es una barbaridad? Y, por cierto, ¿por qué el PSOE tiene tanto miedo a la palabra libertad? Me gustaría saberlo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--El señor Curiel Alonso hace gestos a la oradora.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) ¿Quizá tienen miedo, por prevención, a que esta ley no tenga virtualidad práctica... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio.


La señora VINDEL LÓPEZ: ¿Le tienen miedo, por prevención, a que esta ley no tenga virtualidad práctica si se introduce la libertad de conciencia? ¿Se trata quizá del deseo a ultranza de hacer valer no su autoridad sino su fuerza? ¿Qué es, señorías? Señor presidente, señorías, la integración en las sociedades abiertas y avanzadas no pasa por la imposición sino por el desarrollo que proporciona igualdad de oportunidades a sus ciudadanos, sin fracturarles y sin dividirles.
En este momento, señor presidente, le pido al Gobierno y al grupo que lo soporta que abandonen la fatal arrogancia de los gobernantes que imponen su propia visión del mundo e, incluso, de la propia vida de cada persona.
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-- Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Les pido que abandonen este proyecto y que permitan

Página 2508


que, entre todos, busquemos una respuesta jurídica sensata y centrada que ofrecer a la sociedad.
Nada más, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--La señora Fernández-Delgado y Cerdá: ¡Bravo!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, nosotros no soportamos un Gobierno sino que estamos encantados con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. ¡Ustedes sí que lo soportan! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) En segundo lugar, me parece que no tiene mucha autoridad moral a la hora de hablar de libertad quien ha traído aquí a Aquilino Polaino. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Bien!--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y tampoco me sentiría muy seguro después de haber traído a una asesora que habla de ese determinismo biológico y gonadal, en virtud del cual buscan el gen gay en las autopsias realizadas a personas homosexuales. (Fuertes risas.) No creo que sea motivo de gozo su planteamiento de que se puede hacer de otra forma cuando votaron en 32 ocasiones en contra de regular las uniones estables de parejas homosexuales. ¡32 veces! (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) No hablaría mucho del informe emitido por el vocal que ustedes propusieron, y que forma parte del Consejo General del Poder Judicial, teniendo en cuenta que comparaba la homosexualidad con la zoofilia. (El señor Vázquez Portomeñe: ¿Y eso qué?) Creo que no es muy razonable aludir a ese informe.
La pregunta de fondo es, ¿por qué asocian tanto la institución matrimonial a la reproducción? (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular hacen gestos negativos.) También se casan personas que están fuera de la edad reproductiva, y son matrimonios, ¿o no lo son? (Rumores.) De igual manera que se cita al señor Rodríguez Ibarra, si quieren, citamos a doña Celia Villalobos y a doña Marta Pía; o, mejor aún, al alcalde de Vitoria, que ya saben ustedes cómo calificaba a quien calificaba. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio.


El señor DÍAZ TEJERA: Hace algunas semanas, estuvimos evaluando algo que se llamaba derecho penal preventivo, que era hacer un derecho penal con nombre propio: «ad hominem». Ahora, los que inventaron la guerra preventiva y siguen buscando todavía las armas de destrucción masiva están inventando la psicología preventiva y la psiquiatría preventiva.
(Rumores.--Risas.) En el fondo, la psicología preventiva y la psiquiatría preventiva --esa que está buscando el gen gay-- lo que vienen a poner de manifiesto es que le tienen un pánico infinito a la libertad de poder elegir. (Rumores.--Risas.--Aplausos.) Miedo a que hombres y mujeres, que libérrimamente tienen una orientación sexual, puedan escoger. No es que tengan predilección por ritos o ceremonias; se trata de que si escogen casarse, puedan casarse.
¿A qué se debe tal batalla por la palabra? Si se dice que ahora se busca --no durante los últimos ocho años, porque la lengüita se la había comido el gatito durante los últimos ocho años-- la equiparación en materia de derecho sucesorio, de derecho tributario, en seguros, en el momento de contratar una hipoteca o en el momento de acceder a servicios públicos, si se dice todo esto, ¿por qué cuando se dice: podemos equipararlos en todo, ¿existe ese temor al uso de la palabra? ¿Es sólo un debate nominal? ¿Es un debate en torno al «nomen», a llamarlo o no matrimonio? No entiendo qué sentido tiene.
Contrastemos con la realidad esa especie de psicología o pedagogía preventiva respeto a la adopción, y no con las creencias o preferencias.
¿Qué dicen todos los estudios de la asociación norteamericana de psicología? Son 135.000 profesionales. O la asociación de psiquiatría, con 35.000 profesionales. ¿Qué dicen? Dicen claramente que es un rasgo no relevante para la prueba de idoneidad. Es más, en España hay personas de más de 30 años que han sido educadas en familias homoparentales, y dicen todos los estudios, particularmente los de metaanálisis --una especie de pull de todas las muestras, que evalúa con un grado de confianza del 99 por ciento-- que ningún dato empírico --dejando de lado creencias y preferencias-- cuestiona la idoneidad de un ser humano --de uno-- que haya educado en la práctica a ese niño o niña. Luego, si uno ya lo ha hecho, ¿por qué tienen tanto pánico a que sean dos? ¿No será mejor para compartir responsabilidades? Yo creo que sí porque en términos reales lo que supone el orden, la contención, el límite, la calidad y la calidez emocional en la crianza del niño o de la niña, no entraría motivo alguno para generar tanta furia y tanto pánico.
¿Por qué razón? Porque esto no perjudica a nadie. Que nadie se sienta molestado. ¿O es que acaso creen que se les va a obligar a casarse con personas del mismo sexo? (Rumores.) Si no se les va a obligar a casarse con personas del mismo sexo, no hay motivo alguno para la preocupación.
Que cada uno opte por el modelo de pareja o por la fórmula de unión que estime oportuna. ¿Por qué razón tanto pánico a que miles de personas en España, que hasta ahora no han podido formalizar su relación de pareja dándole trascendencia jurídica, puedan hacerlo y tengan toda la tutela, todos los derechos y todas las obligaciones de la relación matrimonial? Respecto a la prueba de idoneidad, que es una competencia transferida a las comunidades autónomas, nunca se ha preguntado a la persona respecto de su orientación sexual. En la práctica, no ha habido en toda España ni un solo caso en el que se haya impugnado una adopción unipersonal a alguien cuya fórmula de pareja homosexual sea masculina o lesbiana. ¿O quizás conocen ustedes algún caso? Si no conocen ningún caso, lo propio sería que no

Página 2509


cuestionásemos «ad futurum» algo que en la realidad actual no existe de ningún modo.
En España hay 100.000 menores en situación de riesgo --lo dijeron el lunes en la comisión--, y 40.000 menores en sistemas de protección. Todos insisten en la necesidad de fórmulas de apego y fórmulas de referentes adultos y que en ese núcleo de convivencia tiene que darse la doble función: la función nutricia, de cuidado, y la función de límite, de contención, de orden. En cualquiera de los casos, esas tareas las pueden llevar a cabo los adultos que estén debidamente cualificados en términos de idoneidad, en términos de madurez.
¿Por qué razón se argumenta ahora lo de la objeción y se inventa una nueva interpretación? Existe el derecho a la objeción, no es un derecho fundamental, es un derecho constitucional. Puedo esgrimir un conjunto de sentencias respecto de este derecho, no respecto de esta ley, porque, si todavía no está en vigor, ¿cómo se puede intuir --ni que se fuera zahorí, en términos canarios o Rappel, en términos de mago-- lo que va a decir el Tribunal Constitucional? De forma precisa, puedo citar las sentencias del Tribunal Constitucional 2990/1996, 1883/1992, 53/1985, 15/1982, 160/1987 y 119/1990. No existe como derecho fundamental, es un derecho constitucional circunscrito al ámbito del servicio militar, que ya no es obligatorio en España.
En particular, el artículo 103.1 de la Constitución dice que «La Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con pleno sometimiento a la ley y al Derecho». Pues bien, ¿les parece a ustedes ajustado a Derecho que un juez --que haberlos, hailos en España-- que pueda ser agnóstico o ateo cuestione no registrar un matrimonio musulmán, judío, católico o evangelista?, ¿verdad que no? Porque está obligado por el ordenamiento jurídico, por el artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a registrarlo.
Pues bien, si esto es así, ¿cómo se cuestiona la función del testigo cualificado, que es el alcalde, es el concejal, es el juez, que verifica dos elementos, primero, que no haya errores de prohibición y, segundo, que se da la forma, es decir, que dos adultos han decidido contraer matrimonio? Quien oficia la ceremonia se limita a recordar los artículos 14 y 32.1 de la Constitución, y tres artículos del Código Civil, los números 66, 67 y 68. Explica deberes y explica obligaciones.
En absoluto dice la Constitución en su artículo 32 que el matrimonio es entre el hombre y la mujer. Dice el hombre y la mujer, pero no el hombre y la mujer entre sí. Esa interpretación no es correcta. Me impresiona que compareciera un único jurista, catedrático de Derecho Constitucional en la Comisión de Justicia el pasado lunes, cuya presencia casualmente solicitó el Grupo Parlamentario Socialista. Cuando se preguntó a este catedrático de Derecho Constitucional por el artículo 32.1, silencio absoluto, y, cuando explicaba el juego del artículo 14 y que con el artículo 10 era suficiente con una interpretación gramatical y sistemática, silencio absoluto. ¿Cuál puede ser la razón? En términos reales es así.
El propio profesor Pérez Royo citaba una vieja expresión en el sentido de que la ley es siempre mucho más inteligente que el propio legislador, y su adecuación a la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicado permite la comprensión de tal manera que no se plantee otro tipo de debate ajeno a la voluntad para eliminar obstáculos.
Se trata de remover obstáculos que impiden o dificultan que el individuo y los grupos en que se integran vivan de manera real y efectiva la libertad y la igualdad. Así lo establece el artículo 9.2 de la Constitución y en términos reales eso es lo que tratamos de que prevalezca.
La pregunta de fondo sigue siendo la misma, ¿a quién perjudica esto? ¿Es un puro debate del nombre? No creo que sea así. Si es una cuestión de contenidos materiales, ¿a quién le perjudica en términos tributarios, en términos sucesorios, en términos de seguridad social? Creemos que a nadie. No se va contra nadie. No es una propuesta visceral.
De lo que se trata es de recoger la diversidad, la pluralidad, las diversas variables que están en la condición humana y que en términos reales tenemos la oportunidad ahora de hacer. Apelo a lo que decía al comienzo de mi primera exposición, ¿por qué razón no se hace el esfuerzo de elevar al ámbito del Derecho lo que existe en la realidad social de tantas y tantas familias en el conjunto de España? No lo entiendo. No parece que se cuestione absolutamente nada. Es una propuesta positiva. No se desploma el cielo, como dijo uno de los comparecientes. Se trata de ser comprensivo con la realidad.
Acabo con una cita que un compañero me insistía mucho en que la dijera, es de Rosalía de Castro --de la que tanto hay que aprender-: Cristo, Jesús de Nazaret sólo habló de sexo en dos ocasiones y siempre fue para comprender.
Por tanto, se trata de que aquí comprendamos la diversidad humana que existe en el conjunto de los españoles y las españolas. Hay un montón de niños y niñas que vivirían mucho mejor, como han dicho los expertos, siendo educados por una persona o por dos personas. La prueba de idoneidad certifica que ese adulto, que esas personas prestan unos criterios educativos y de inserción social infinitamente mejor que el mejores de los hospicios y la mejor de las calles. Por tanto, un ser humano o dos seres humanos siempre será mejor que un hospicio o que una calle sea del tipo que fuere.
Les invito a escribir una página de justicia y de reparación histórica para el colectivo de hombres y mujeres que tienen una orientación homosexual. Ningún ser humano es mejor que otro. Ningún ser humano es peor que otro. (Rumores.) Insisto en que nadie es más que nadie y en virtud de tal cosa invito a hacer posible que empecemos a cumplir con el colectivo de gays y lesbianas, bisexuales y transexuales lo establecido en el artículo 14 de la Constitución.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.


El señor DÍAZ TEJERA: El conjunto de la sociedad española yo creo que está más avanzada que algunos de los gritos y pateos que he escuchado, ¡cómo no!, en el banco de la derecha.


Página 2510


Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista. La senadora Vindel López pide la palabra.--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Senadora Vindel, entiendo que me solicita la palabra en virtud del artículo 87. Tiene su señoría la palabra.


La señora VINDEL LÓPEZ: Sí, señor presidente, por el artículo 87 en relación con el 37.2.
Por el orden de intervención del senador Díaz le diré, primero, que cuando yo utilizo el verbo soportar a la hora de apoyar a un Gobierno lo hago en sentido sajón, «support», que es dar apoyo. (Risas.--Rumores.) Por lo tanto, lamento que su señoría no haya recordado que además del apoyo en castellano, hay otros tipos de apoyo para el verbo soportar.
Segundo. Señor presidente, yo he corrido la misma suerte que mi colega el senador Casas y a mí se me ha intentado contestar a algo de lo cual yo no he hablado. Es el problema de prepararse los turnos en contra frente a un espejo y en soledad, sin escuchar a nadie. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) No sé en qué estaba pensando el senador Díaz Tejera a lo largo de mi intervención si yo no he hablado de reproducción, señoría; en ningún momento he hablado de reproducción.
Y ya que ha hecho usted tan magnífica glosa del paso de expertos por esta Casa el otro día, en la Comisión de Justicia (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista), me importa mucho señalar que su señoría se ha olvidado de que el experto propuesto por sus señorías --muy respetable-- en Derecho constitucional dijo --y lo voy a citar textualmente porque lo recuerdo perfectamente-- que el artículo 32 de la Constitución incluye única y exclusivamente al hombre y la mujer a la hora de poder contraer matrimonio. (La señora Granado Paniagua: ¡Siga, siga, dijo más!-- Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y, por último, libertad de conciencia. Es una barbaridad jurídica porque hay que cumplir la ley. Muy bien, pues sigamos su razonamiento, señoría.
¿Es qué, según usted, un funcionario estaría obligado a aplicar una ley que regulara la tortura, que reconociera la esclavitud o que estableciera la eliminación de una etnia? (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-- Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señorías, la regla de la mayoría no es razón suficiente para justificar la obligación incondicionada de acatar una norma legal.
Muchas gracias. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--El señor Díaz Tejera pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Díaz Tejera, supongo que por el mismo artículo (Rumores.) Ruego que guarden silencio, por favor.


El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, por el mismo artículo por el que ha hablado la senadora.
En primer lugar, senadora, como usted se ha fijado, yo no leo, expongo lo que pienso. Usted sí lee, no sé si lo que piensa usted o lo que piensa el grupo. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡No, no!) En segundo lugar, yo no he citado a un señor, Carl Schmitt, que dividía al mundo entre amigos y enemigos. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien, muy bien!) A mí me parece que lo que hay que hacer es integrar y nuestra responsabilidad es legislar para el conjunto de los pueblos de España. (La señora Vindel López: ¡Demuéstralo!) Yo le podría citar a usted expresiones exactas de lo que dijo este señor.
Concretamente dijo que, interpretando desde el punto de vista gramatical y sistemático el artículo 32.1 en comparación con los artículos 14 y 10.1, llega a la conclusión --y fue la intervención más breve de todo el día-- que la Constitución contempla, es más, exige el cumplimiento estricto de que no haya discriminación por razón de orientación sexual, como hay actualmente en España. (La señora Vindel López: ¡Pero no el artículo 32!) Y acabo con lo siguiente. Las asociaciones que usted ha hecho entre esta materia y la tortura me hacen llegar a pensar que no han estado ustedes muy equivocados cuando han llamado a alguien que sí les representa, que es don Aquilino Polaino. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Turno de portavoces.
Señorías, el Grupo Parlamentario Mixto me ha solicitado el que puedan intervenir el senador Mur y la senadora López Aulestia repartiéndose el tiempo. Entiendo que, dada la pluralidad y la diversidad de su grupo, puede accederse a ello si los portavoces no tienen ningún inconveniente.
(Pausa.) Gracias.
Tiene la palabra la senadora López Aulestia (Rumores.)

La señora LÓPEZ AULESTIA: Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego que guarden silencio, por favor.


La señora LÓPEZ AULESTIA: Gracias, señor presidente.
Gracias, señorías, por permitirnos compartir este espacio de tiempo al senador Mur y a mí misma. (Rumores.) En mi infinita ingenuidad, yo esperaba que hoy pudiéramos venir a esta Cámara para poner fin a una situación histórica de discriminación y que tomáramos esta decisión por unanimidad de todos los senadores y todas las senadoras. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, senadora López Aulestia, por favor. Me dicen los senadores que no están oyendo absolutamente nada. Dada la importancia que tiene el debate, ruego que guarden silencio.
Tiene la palabra, senadora.


Página 2511


La señora LÓPEZ AULESTIA: Gracias, señor presidente.
Decía que, en mi infinita ingenuidad, pensaba que en tal día como hoy podíamos reunirnos en esta Cámara para poner fin a una discriminación histórica y que esa decisión la tomaríamos por unanimidad. No sólo no es así, sino que incluso antes de empezar a debatir el contenido de la ley nos enfrentamos nada menos que con dos vetos a la misma. Supongo que yo tendría la obligación de intentar convencerles para que no voten esos vetos y para que lo hagan a favor de esta ley, pero, aunque ya he dicho que mi ingenuidad es infinita, sé que no puedo convencerles; es más, sé que aunque una luz especial iluminara mi oratoria, ustedes han tomado ya su decisión sobre el voto y, por tanto, nada puedo cambiar. No obstante, debo actuar como si efectivamente pudiera convencerles, y eso es lo que voy a intentar hacer.
Hace un momento se ha aprobado una reforma de la Ley del Divorcio, y en ese momento yo señalaba un hecho que me parece relevante. Hace 24 años que se aprobó la ley y en aquel momento contó con el rechazo de los que entonces representaban al partido conservador, del que ahora son herederos los señores y señoras senadores y senadoras del Partido Popular. Entonces rechazaron la posibilidad del divorcio en nombre de la indisolubilidad del matrimonio y, por lo tanto, iba contra la naturaleza aprobar una ley de divorcio. Ahora, no han pasado más que 24 años y esta argumentación suena vieja, incluso, grotesca. Es más, estoy convencida de que a muchos senadores y senadoras que están felizmente divorciados les parece insólito pensar que su matrimonio no pudiera disolverse. Pues bien, yo creo que con este asunto va a pasar lo mismo. Además, no van a ser necesarios 24 años, sino muchísimos menos. Desde mi punto de vista, éste es un tema tan normal que dentro de muy poco tiempo a nadie se le va a ocurrir cuestionarlo. Es más --fíjense lo que les digo--, estoy segura que dentro de muy poco tiempo habrá muchos senadores y senadoras de los que hoy van a votar que no a esta ley que, probablemente, estarán «casa-dos» y «casa-das», felizmente «casa-dos» y «casa-das» (Aplausos.) y les parecerá normal. Entonces les resultará insólito leer este acta y dirán: Nos opusimos a aquello, qué cosa más curiosa. Lo mismo que ha ocurrido con el divorcio y lo mismo con otras cosas.
Yo voy a intentar contestar brevemente a las objeciones que se han hecho, ya que debo compartir mi tiempo con el senador Mur.
Me sorprende que se defina el matrimonio unido al concepto de familia, así como el esencialismo que se le atribuye diciendo: el matrimonio es..., la familia es... Además, se recurre a autoridades como Lionel Jospin, el Consejo de Estado o el presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura para justificar ciertas posiciones. Son todas muy respetables, pero me parece infantil. Me parece inmaduro recurrir a eso hoy en día, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad civil y madura, así como aplicar ese esencialismo al matrimonio, porque lo haya dicho tal o lo ha dicho cual persona. ¿Por qué? Porque entiendo que una religión o una iglesia defienda que el matrimonio sea la unión de un hombre y una mujer --incluso, como dice la Iglesia Católica, que sea indisoluble y un sacramento para toda la vida--, igual que hay religiones que dicen que el matrimonio es la unión de un hombre y varias mujeres, cosa que me parece muy bien, pero en una sociedad civil, una institución laica como el matrimonio es lo que los ciudadanos y ciudadanas democráticamente decidimos que sea. Eso es lo único que puede ser.
Podemos decidir hoy que el matrimonio es esto y dentro de unos años decidir que el matrimonio es otra cosa. Recurrir a definiciones esencialistas es algo que está fuera de esta Cámara o, por lo menos, debería estar fuera de esta Cámara y fuera de la política.
Cuando hace dos años abandoné el instituto donde daba clases de filosofía, les confieso que nunca me pude imaginar que tendría que venir a este Senado a explicar lo que viene en los libros de texto de primero de Bachillerato. Porque les aseguro que esto que he dicho aquí viene --leánlo ustedes-- en los libros de Filosofía de 1º de Bachillerato.
(Varios señores senadores: De la LOGSE.) Sí, de la LOGSE y de la anterior, que yo llevo muchos años dando clases de filosofía, incluso antes de la LOGSE. (Aplausos.) Contra la familia, contra el matrimonio. Yo no entiendo qué es lo que está detrás de todas esas manifestaciones que dicen que esta ley va contra la familia. Lo único que hace esta ley es ampliar el concepto de familia, pero no va en contra de la familia. No entiendo qué es lo que dicen defender, porque se defiende cuando se ataca algo, pero ¿quién está atacando nada? ¿Quién está atacando a un determinado concepto de familia? Los expertos nos dijeron el otro día --casi todos ellos-- que no hay una familia, que hay muchas, que hay distintos modelos de familias. Esta ley lo único que hace es ampliar ese modelo. Yo no sé por qué hay sectores que se oponen a que una parte de la sociedad, una parte de ciudadanos y ciudadanas puedan disfrutar de los mismos derechos que tienen ellos. Les recuerdo que también decían eso los que se oponían al divorcio. Y ya hemos visto que no ha pasado nada.
Por lo tanto, no sigan diciendo que esta ley ataca a la familia; no sigan sacando a la calle a personas, a niños --a 40 grados, en el Madrid tórrido de las seis de la tarde-- bajo el pretexto de que están defendiendo a la familia. Tienen un concepto completamente equivocado y quizá manipulado de lo que es esta ley.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le recuerdo que tiene que compartir el tiempo con el senador Mur.


La señora LÓPEZ AULESTIA: Gracias, señor presidente.
Tampoco estoy de acuerdo con la objeción de conciencia. Considero que supone introducir la sospecha de que hay algo inmoral y que por lo tanto, uno puede tener derecho a oponerse a eso. Entiendo que se contradice con esas afirmaciones de que no tienen nada en contra de la homosexualidad.
Yo quiero terminar haciendo un reconocimiento a los movimientos sociales, a todos los que han conseguido que hablar hoy en día de una forma despectiva de la homosexualidad

Página 2512


sea políticamente incorrecto; que cuando se oigan declaraciones tan estrafalarias --como las que hemos oído esta semana en la Comisión de Justicia-- todo el mundo proteste, e incluso quienes propiciaron esa comparecencia se desmarquen y digan que no están de acuerdo. Eso es así gracias al trabajo de todos los movimientos sociales, de todos los que les han apoyado, de su valor, de su constancia, de su tenacidad y de su convencimiento de que luchaban por unos derechos que eran justos.
Voy a terminar diciendo una cosa extremadamente dura. Me dirijo a todos aquellos partidos que llevaban en su programa esta ley. Si esta ley no se aprueba aquí no digan que ha sido por culpa de aquellos que siempre han dicho que no estaban de acuerdo y que han anunciado que iban a votar en contra. Si esta ley no se aprueba es porque esos partidos que lo llevaban en su programa no han sido capaces de exigir a sus miembros que fueran fieles, que respondieran a lo que en su momento prometieron a sus electores. Ésa es la auténtica razón por la que quizá esta ley no se apruebe hoy aquí. Y yo, en nombre de esos electores que votaron a esas personas que ahora han manifestado que van a votar en contra de esa ley, en su nombre les voy a exigir lo que su partido no tiene el valor de exigirles: que devuelvan el escaño, porque ése sí que es un problema de dignidad. Ahí está realmente el el problema de conciencia, que en un político está en responder a los compromisos con sus electores, no en votar en contra de una ley que iba en su programa electoral. Yo se lo exijo; exíjanselo ustedes también.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.
Tiene la palabra el senador Mur.


El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor presidente, señorías.
Gracias a mi compañera de grupo parlamentario, la senadora López Aulestia, no solamente por haber compartido conmigo el tiempo, sino porque me ha dejado el ambiente un poco más calmado de lo que estaba hace unos minutos, lo que siempre es bueno y, además, me permitirá partir de una cuestión previa que quiero les quede clara a sus señorías.
Los homosexuales no deben, no pueden ser discriminados en sus derechos civiles --primera declaración--, en sus derechos ciudadanos. Las Cortes Generales pueden y deben regular los comportamientos civiles. Las convicciones morales son individuales y cada persona las ejerce según su conciencia. Dicho todo esto, quiero decir que hay más de una fórmula para regular con toda garantía los derechos civiles de los homosexuales, quizá incluso con más garantías que las que se derivarán del proyecto de ley que hoy nos ocupa. Y quiero recordar a sus señorías que en Aragón también fuimos pioneros a la hora de regular en las Cortes de Aragón las uniones estables de parejas del mismo o distinto sexo creando un registro en la sede del Gobierno de Aragón y dotando a las parejas de amplios derechos, aprovechando en todo ello las posibilidades de nuestro Derecho Civil propio.
Como ven, señorías, hasta aquí el debate no es nuevo y, desde luego, en aquel momento transcurrió con menos enfrentamiento y con menos tensiones que con el proyecto de ley que esta tarde nos ocupa. Será quizá --pregunto yo-- si es que en estos momentos subyacen otras cuestiones que poco o nada tienen que ver con algunos derechos que poco o nada tienen que ver con los derechos de los homosexuales, o será porque en este complejo momento político no conviene un debate sosegado, serio y ajustado a la cuestión. Pero, señorías, debo decir que a nosotros no nos gustan el ruido ni el barullo, como tampoco nos gustan los arrepentimientos tardíos. Con mayorías absolutas esto se regula bastante mejor que teniendo que hacer muchos pactos.
Yo confiaba en que la tramitación en el Senado sería precisamente la oportunidad para sosegar el debate, buscar aproximaciones y limar asperezas para dejar de utilizar, en definitiva, a un grupo que nos merece todos nuestros respetos como arma arrojadiza de unos contra otros y viceversa. Las características del Senado, Cámara de segunda lectura subordinada al Congreso de los Diputados en el trámite legislativo me hacían concebir esperanzas de que encontraríamos algunos acuerdos en aspectos quizá no básicos que sí hubieran bajado la tensión ambiental.
Aspectos como el «nomen iuris» o la denominación de la unión conyugal homosexual podían haberse modificado sin ningún perjuicio para los derechos civiles de los homosexuales, respetando, eso sí, otras sensibilidades. O la introducción de la objeción de conciencia, un derecho constitucional que en todo caso, señorías, se podrá ejercer.
No voy a repetir yo los argumentos históricos, jurídicos y comparativos con otros países que con tantísima claridad ha expresado esta tarde aquí el senador Casas y que yo hago míos. Señorías, aquí esta tarde podemos creer que somos pioneros, e incluso podemos quizá dejar asombrados a países de nuestro entorno como Francia, Alemania o Reino Unido y, sin embargo, al no reservar el nombre de matrimonio para el varón y la mujer, olvidamos causas históricas, culturales y hacemos un flaco servicio, en mi opinión, a la necesaria claridad jurídica. El Consejo de Estado así lo apuntó en su informe de diciembre de 2004, del mismo modo también hay serias dudas sobre la constitucionalidad de lo que ahora estamos tramitando.
Señorías, parece que se quiere partir de cero, olvidar de dónde venimos y no esforzarnos por buscar consensos en materia tan delicada y sensible, pero eso es una pena porque en materia de convivencia entre hombres y mujeres, desde los griegos y los romanos, todo o casi todo está experimentado, y en esta materia, señorías, les recuerdo que hay caminos de ida y vuelta. Solamente hay que repasar un poco la historia. Y debates como el de hoy sólo contribuyen, creo yo, a recrudecer las posturas de cada uno, a separarnos más todavía y, en definitiva, a que crezca la oposición. Las consecuencias, como todas, las veremos con el tiempo, quizá con mucho tiempo.
Pero, señorías, no nos hagamos ilusiones. No podemos hacer igual jurídicamente lo que naturalmente es diferente. En todo caso, señorías, y ya termino, el Congreso tendrá la última palabra parlamentaria y legislativa.
Muchas gracias.


Página 2513


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Ayala.


El señor AYALA FONTE: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente para manifestar la posición del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria respecto a este tema.
Quiero empezar diciendo que este proyecto de ley que se está debatiendo trata del matrimonio civil como un simple contrato firmado por dos personas, que reconoce derechos y obligaciones entre los contrayentes. No se trata por tanto de un sacramento, ni se hacen en este decreto valoraciones, ni contiene connotaciones de tipo religioso. La ley sólo trata de adaptarse a la realidad social en que vivimos hoy en día, y es una opción para los que quieran acogerse a ella libremente; no obliga a nadie, no daña a nadie ni a nada, y no va contra nadie. Por ello, creemos que el matrimonio entre personas del mismo sexo no desvirtúa en absoluto ni produce minoración alguna al matrimonio civil entre personas de distinto sexo.
No rompe ni corrompe a la familia, coincido plenamente con los argumentos de la portavoz de Izquierda Unida; las parejas de homosexuales en la actualidad ya viven juntos y esto no escandaliza a nadie; se trata ahora simplemente de legalizar esa convivencia, y, ¿cómo puede esta legalización --un simple registro en el juzgado-- destruir a las familias tradicionales? Muchos de los que se oponen a esta ley lo hacen, según dicen, por el uso de la palabra matrimonio para nombrar esta unión. Es verdad que etimológicamente significa lo que significa, pero aunque hoy, en aras del consenso, le pongamos otro nombre, lo cierto es que el ciudadano de a pie seguirá llamándole matrimonio, y al final, dentro de pocos años, a los académicos no les quedará más remedio que incluir esa nueva acepción en el diccionario. Porque lo importante de un mensaje no es cómo está redactado ni qué palabras se utilizan; lo importante es que se entienda lo que quiere decir. Por ejemplo, en esta ley que hoy estamos debatiendo no aparece en ningún sitio la palabra homosexual; sólo en el artículo 48 se dice: matrimonio entre personas del mismo sexo, que no necesariamente tienen por qué ser homosexuales; sin embargo, todos sabemos que nos estamos refiriendo a ellos. O cuando a una madre que se separa se le otorga la patria potestad de sus hijos, sabemos también que etimológicamente no es posible aplicar ese término a las mujeres, pero se acepta, nadie se escandaliza, y todos sabemos lo que se quiere decir con ello.
Hay otros que se oponen por motivos religiosos. Yo quiero ser tremendamente respetuoso con la Iglesia; no voy a comentar ni a rebatir ninguno de sus argumentos; sólo quiero decir que la institución del matrimonio, tal como se concibe hoy, no es propiedad de la Iglesia Católica, ya que es anterior a la fundación de ésta, ni es consecuencia de las Sagradas Escrituras, porque el matrimonio existe desde la antigüedad, en todas las partes del mundo, y estas escrituras sólo se conocían en una pequeña parte de Oriente.
En cuanto a la adopción --por qué negar lo que ya es una realidad--, ya existen niños en familias compuestas por parejas del mismo sexo, y también se concede la adopción actualmente a una sola persona soltera, homosexual o heterosexual, ¿por qué no concedérsela a una pareja, teniendo en cuenta además que existe una ley de protección del menor y que es imposible conceder una adopción sin un certificado de idoneidad? En definitiva, mi grupo parlamentario va a votar en contra de los dos vetos presentados porque esta ley sólo pretende conceder los mismos derechos y las mismas obligaciones a todos los ciudadanos, independientemente de su orientación sexual; y, sobre todo, porque también existe un derecho muy importante que tenemos todos, incluidos los homosexuales y que posiblemente no esté incluido en ningún Código pero del que no se debe privar a nadie: el derecho a ser felices. Por eso, señorías, vamos a votar en contra de los vetos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición de los senadores de Convergència Democràtica de Catalunya, en este Senado Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Y subo para fijar nuestra posición en el veto presentado por mi compañero el senador Casas y por el Grupo Parlamentario Popular.
Estamos discutiendo un tema polémico que no lo debería ser. Estamos hablando de igualdad de derechos y libertades de las personas. Y estoy seguro de que todos los miembros de esta Cámara en eso estamos de acuerdo. Nuestro grupo político, entiendiendo que en un tema como éste prima la conciencia personal, desde un posicionamiento plural, va a dar libertad a nuestros senadores en función de sus creencias y valores personales. Pero siempre con el firme convencimiento, como coalición y como grupo parlamentario, de que la igualdad de todas las personas es independiente de su opción sexual. Ésta es una cuestión fundamental en nuestra coalición y en nuestro grupo parlamentario. Planteamos, evidentemente, opciones diferentes dentro de nuestra coalición. Pero estas opciones diferentes nos merecen el máximo respeto a todos los efectos.
Permítanme que, sobre el tema que hoy debatimos, les explique la experiencia de nuestra coalición a lo largo de muchos años. El otro día, en la comparecencia de diferentes personas en la Comisión de Justicia, nuestro grupo parlamentario propuso una que ha trabajado y ha estudiado mucho el tema y que, de alguna manera, ha llevado ya a la práctica muchos de los planteamientos que hoy pretenderíamos que fuesen unánimes.
La jurista Nuria Gispert, honorable Nuria Gispert, exconsejera de Justicia del Gobierno de Cataluña, nos dio cuenta de todo lo que supuso el debate previo a la aprobación

Página 2514


por el Parlamento de Cataluña en el año 1998 de la Ley de Parejas de Hecho, primera en España y primera en Europa. Nos explicó el trabajo previo, porque esa ley fue fruto de más de dos años de intercambio de diferentes opiniones, de diferentes sumas de intereses, de diferentes posicionamientos de la sociedad catalana que dieron como resultado una ley que fue aprobada por todos los grupos del Parlamento de Cataluña, con la excepción del Grupo Parlamentario Popular, y que se supuso un paso importante para eliminar las trabas a la discriminación histórica de las personas homosexuales.
Creemos que éste es el camino a imitar. Estamos convencidos de que éste, hoy, era el camino a imitar. El Parlamento de Cataluña, sin enfrentamientos y con un debate sosegado, solucionó un tema que daba respuesta al requerimiento de la sociedad catalana, pero es más, a lo largo de los últimos 25 años, Convergència i Unió ha avanzado en todo tipo de iniciativas parlamentarias para conseguir esa igualdad: enmiendas en el Código Penal o en la propia Ley de Arrendamientos Urbanos son una referencia de todo ello y nuestra garantía de seguir en esta línea, de seguir con esta dinámica.
Permítame, por otra parte --entrando en el debate concreto de lo que hoy estamos discutiendo--, hacer referencia a una propuesta formulada por nuestro grupo en el debate en comisión del proyecto de ley. Se trataba de añadir una disposición adicional para discutir el tema en positivo, porque no estamos de acuerdo en hacer leyes contra nadie y sí de hacer leyes con el máximo consenso. En la Comisión de Justicia propusimos, mediante una enmienda, la garantía de celebración del matrimonio en el consistorio seleccionado por los contrayentes, respetando así tres cuestiones fundamentales: la conciencia, el derecho a contraer y lo previsto en la ley. Ya veremos que pasará cuando se apruebe la ley y algún ayuntamiento se niegue a celebrar el matrimonio, ya veremos el camino del contencioso administrativo, ya veremos la indiferencia o la imposibilidad de celebrarlo. Y me refiero a esta enmienda porque nos parecía una aportación en positivo que resolvía un problema que no debe darse pero que, tal como está la ley, se puede producir.
En definitiva, tengo la convicción absoluta de que la dignidad y la libertad de las personas ha de ser independiente de su orientación sexual. Hemos debatido una cuestión de concepto personal. Y estoy seguro de que deberíamos profundizar más en lo que nos une que en lo que nos separa. Hoy hemos hecho lo contrario, hemos debatido, hemos discutido, y hemos visto más lo que nos separa que lo que nos une. Espero y deseo que la división social que se ha puesto de manifiesto en esta Cámara y que, al parecer, también se produce en la sociedad, no sea referente de futuro. En cualquier caso, lo hoy escenificado aquí --esta sociedad dividida-- no es mi opción para compartir en el futuro.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra la senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, a estas alturas del debate son ya de sobra conocidas las posturas de unos y otros en relación con el proyecto de ley que nos ocupa, y es que algunos llevamos ya muchísimas horas de reuniones formales en comisión y no menos de conversaciones entre amigos --que también lo somos y los hay en este Senado--, sin que tenga nada que ver en eso ni el color político, ni tampoco con quien nos acostemos, seamos heterosexuales u homosexuales.
Hemos podido hablar de lo divino y de lo humano y, a fe mía --que diría un castizo-- que lo hemos hecho. A estas alturas todos ustedes conocen que mi grupo, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, va a votar en contra de los vetos presentados al presente proyecto de ley, el primero defendido por nuestro compañero el senador Jordi Casas y el segundo por la senadora Vindel, en representación del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Pero ello no obsta para que también hoy --especialmente hoy que estamos ante el plenario de la Cámara-- deba argumentar el porqué de dicha negativa, lo que intentaré hacer, señorías, sin aburrir en exceso ni a ustedes ni al público que hoy nos acompaña.
En primer lugar, permítanme una breve reflexión previa sobre la institución del matrimonio. Yo entiendo que el matrimonio es claramente una institución de Derecho Civil, por lo que de entrada debemos dejar definitivamente de lado vincular necesariamente matrimonio con Derecho Público. De manera que atendiendo al Derecho Privado, al ámbito natural --si me lo permiten-- del matrimonio, lo que quiero es acotar su definición conforme a las características generalmente aceptadas por todos, hoy en día, en la sociedad de la que todos formamos parte.
En primer lugar, estamos ante una unión legal protegida por el Derecho.
Estamos ante una unión que se concierta de por vida. Y pese a que puede no durar tanto ni llegar a eso, conceptualmente el compromiso matrimonial desde luego tiene vocación de perdurar en el tiempo. Estamos ante una unión solemne, dado que requiere una forma muy concreta regulada en nuestro Código Civil y demás normas complementarias. Es una unión que tiende a generar una comunidad de existencia entre los cónyuges, lo que todos entendemos por ese proyecto de vida en común. Una unión solemne para instituir un proyecto de vida en común que, históricamente, ha conllevado la procreación como premisa; históricamente, que no hoy, al menos no necesariamente. Y por último, a día de hoy, es una unión de hombre y mujer. Y éste es, precisamente, el extremo de entre todos los mencionados que es objeto de debate, como consecuencia de la puesta sobre la mesa de esta modificación que ahora nos ocupa.
Por eso la cuestión a dirimir lisa y llanamente, según lo entiendo yo, es la siguiente: ¿Existe conceptualmente algún inconveniente para que el matrimonio así entendido sea contraído por personas del mismo sexo? Antes de abordar la respuesta a dicha pregunta, que es el meollo de la cuestión, creo necesario subrayar dos cosas que, no por evidentes, muchas veces producen confusión, lamentablemente, incluso de una forma interesada y deliberada.


Página 2515


De un lado voy a excluir expresamente la reflexión del matrimonio canónico porque no tiene nada que ver con el objeto del debate y, por otro, la dignidad de hombres y mujeres heterosexuales no es distinta, ni mejor, ni más o menos legitimada o necesitada de protección que la dignidad de los hombres y mujeres homosexuales, o viceversa.
En este contexto abordo el grueso de mi intervención ordenando la misma en cuatro bloques, cada uno de ellos consecuencia de la reflexión del análisis desarrollado en el anterior.
En primer lugar, parece evidente que es el Código Civil, de la mano del legislador ordinario, en este caso nosotros, el que determina cuál es el matrimonio que la sociedad demanda o requiere, si bien, como se ha dicho aquí --y es cierto--, es la Constitución la que determina el encuadre de dicha encomienda.
La clave, pues, en este punto, es el artículo 32 de la Constitución, cuando nos dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, y en su párrafo segundo añade: La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo y los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y divorcio y sus efectos.
Así pues, la Constitución de 1978 reconoce, de un lado, al hombre y a la mujer el derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica; igualdad que inspira no sólo su celebración, sino todo el sistema matrimonial y la configuración de la familia; y de otro, lo que hace es reconocer el derecho a la libertad personal, separándolo de lo que podemos expresar como la institucionalización de la familia. El matrimonio y la familia, así, son dos instituciones que el constituyente español ha querido garantizar. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en otras Constituciones --si no me equivoco la italiana, por ejemplo--, la Constitución de 1978 no ha identificado familia y matrimonio, y es que no parte del clásico principio de que la familia matrimonial es un elemento natural de la sociedad, que es lo que ha afirmado la señora Vindel. No estoy de acuerdo con ella, no lo hace, querámoslo o no.
La regulación del matrimonio en el artículo 32 y de la familia en el artículo 39 están diferenciados y ubicados en normas y secciones diferentes del texto legal, y la Constitución hace suya una concepción mucho más moderna, que no desnaturalizada, de matrimonio y familia, intentando prever o, haciéndolo de hecho, situaciones posibles, así como su propia evolución en el tiempo. Y por muy relevante que sea nuestra cultura, el concepto de familia de origen matrimonial no se concibe en modo alguno con el sentido de las normas constitucionales, y ya desde la propia sentencia del Tribunal Constitucional 222/1992, la jurisprudencia ha establecido que la Constitución no identifica el modelo de familia exclusivamente con el modelo de familia matrimonial, por lo que procede defender --yo lo entiendo así-- en un Estado de Derecho que es tarea del legislador identificar y remitirse al concepto socialmente aceptado, al concepto de familia vigente en cada momento histórico, para acordar y proceder normativamente sobre dicha institución, que es precisamente lo que estamos haciendo ahora y cumplir así con el mandato del artículo 39 de la Constitución --que es tan Constitución como cualquiera-- que dice: Hay que remover los obstáculos que impidan o dificulten la libertad y la igualdad del individuo desde el respeto a la dignidad de todas las personas y el libre desarrollo de su personalidad.
El profundo cambio que ha experimentado la sociedad, la cada vez mayor aceptación social de la homosexualidad y de los nuevos modelos de familia, la normalidad, por fin, con la que venimos aceptando estas novedades, no pueden sino llevarnos al reconocimiento social --que ya lo es-- pero también, y obligadamente, al reconocimiento jurídico de dicha realidad, porque, señoría, no nos queda otra. Porque estas familias ya existen, ¿o es que a alguien se le escapa esta realidad? No van a surgir ni a multiplicarse como consecuencia de que aprobemos o no el presente proyecto de ley. Esas familias son ya una realidad, y además, a mi entender --y gracias a Dios, si algo tiene que ver en este asunto--, una realidad indestructible.
Además, esto ha sido ya reconocido mucho antes del día de hoy. Nos olvidamos de que no pocos parlamentos autonómicos han legislado ya sobre la materia regulando, por ley, la realidad de las familias no matrimoniales y las uniones estables de parejas, sean éstas heterosexuales u homosexuales; y no han ido más allá, al menos algunas, porque no han podido, habida cuenta de que los legisladores autonómicos no tienen competencia plena en todas y cada una de las materias sobre Derecho de familia; no la tienen, por ejemplo, a la hora de determinar qué es y qué no es matrimonio, no pueden legislar sobre la tipología, formas, requisitos, sujetos o deberes de la institución matrimonial, y no pueden sencillamente porque dicha posibilidad está reservada «ex lege» a la legislación estatal --léase Código Civil--. Por eso parece oportuno, además, acometer la tarea de modificar la regulación matrimonial en el Código Civil en la línea que ahora nos ocupa para reconducir de alguna manera la protección dispersa y obligadamente limitada de la familia homosexual y dotarla, porque así lo exige la propia Constitución, porque son una familia, de la máxima protección que nuestro ordenamiento jurídico puede brindarles, que es posibilitar su acceso al matrimonio civil. Y porque lo que procede en esta línea es una visión relativa, en modo alguno absoluta, del matrimonio, conviene tener en cuenta también lo siguiente: vaya por delante mi profundo respeto hacia las convicciones éticas, morales y religiosas de cada cual. Yo también las tengo. Pero lo cierto es que la regulación del matrimonio civil en nuestro entorno tiene una fuerte connotación canónica y parece que se olvida, cuando menos algunos y con demasiada facilidad, que estamos en un Estado aconfesional y debería empezar ya a notarse.
Dicho todo esto, el artículo 32 de la Constitución permite abordar este tema. Entro así pues en mi segunda reflexión y, como ya les he dicho, como portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, entiendo que sí lo hace, porque, tal y como se ubica en el texto constitucional, el derecho a contraer matrimonio no es un derecho fundamental sino que se erige como reconocimiento de un derecho subjetivo a suscribir el pacto que

Página 2516


necesariamente comporta el matrimonio en términos de igualdad jurídica entre hombres y mujeres.
Este artículo 32 proclama que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, como ya se ha dicho varias veces en esta Cámara, pero desde la rotundidad de dicha afirmación lo que subraya no es tanto la definición del matrimonio sino la necesaria eliminación del trato y situación discriminatorios de la mujer en esa institución; tal vez no ahora, pero les aseguro que sí hace muchos años.
Y es que durante muchísimo tiempo, aunque ahora nos parezca increíble, la mujer no podía contratar sin permiso del marido. Todavía guardo como una especie de reliquia la licencia marital que mi padre firmó ante notario para que mi madre pudiera disponer de lo suyo y de lo común como mejor le viniera en gana. Mi padre era un hombre íntegro, cabal, inteligente, pero, señorías, sólo de inteligencia y cordura no vivían las mujeres en ese tiempo.
También durante muchísimo tiempo ,si el marido mataba a la esposa alegando razones de honor, se le tenía por atenuante, y no era considerado asesinato en el Código Penal. Y qué les voy a decir a ustedes de la nunca bien ponderada --y permítanme la ironía -- de la cuasi institución social del adulterio. Estaba bien claro socialmente que las consecuencias de tales juegos favorecían siempre al varón, también en lo jurídico. En fin, éste era el contexto en el que surgió la literalidad del artículo 32, precisamente para combatirlo y acabar con él.
Dicho lo cual, y aceptando como cierto, que también lo es, que el legislador constituyente no estaba pensando en el matrimonio homosexual además de en el heterosexual para redactar el artículo 32 como lo hizo, o, dicho de otro modo, si bien la apertura al matrimonio entre homosexuales no constituye una exigencia de la Constitución, tan cierto como esto es que tampoco la Constitución establece prohibición alguna contra el matrimonio entre dos personas del mismo sexo.
Señorías, el hecho de que la tradición jurídica se pronuncie de una forma concreta, que lo ha hecho, o que el constituyente pensase en un modelo concreto de matrimonio no son argumentos suficientes ni en modo alguno definitivos para impedir una interpretación en consonancia con la realidad social ahora mucho más avanzada. Y cada vez hay más razones para que el artículo 14 de la Constitución ilumine la literalidad del artículo 32, pero no sólo este artículo, también el 9.2, el 1.1, y el 10,1, y todos ellos son Constitución; sin olvidar tampoco algo que me ha hecho recordar antes mi compañero el senador Bravo, que el propio artículo 3.1 del Código Civil obliga a tener en cuenta para interpretar la letra y el espíritu de la ley el momento histórico y la sociedad en la que debe aplicarse.
Ello no supone en modo alguno, señorías, minusvalorar, despreciar, postergar el matrimonio entre hombre y mujer, y muchísimo menos ofender, ultrajar o desconsiderar a quienes lo defienden, desde cualquier que sea la convicción en la que lo hagan, incluida la religiosa, porque no se trata de eso. Lo que hace es reconocer y dar forma a un principio que en el plano intelectual nadie podría estar por desoír: que todas las personas, hombres y mujeres, somos libres e iguales ante la ley y nos asiste a todos el derecho a ver plenamente proyectada dicha realidad en las instituciones que informan y conforman nuestro ordenamiento jurídico, que es precisamente lo que estamos haciendo hoy. Hoy reivindico, pues, en nombre de mi grupo parlamentario, el derecho a proyectar en el Código Civil dichos principios de libertad e igualdad en la institución del matrimonio --¡claro que sí!--, así como todos los campos del Derecho Civil en el que éste despliega eficacia, como pueden ser el Derecho de familia, incluido el controvertido tema de la adopción, o el derecho sucesorio.
La plena igualdad, señorías, pasa por eliminar categorías terminológicas, en función de que seamos hombres o mujeres, atendiendo o no a nuestra concreta orientación sexual, porque todas las personas podemos elegir si queremos o no contraer matrimonio, si queremos o no formalizar una unión de hecho o si queremos o no convivir sin otra formalidad que la sola voluntad de vivir el día a día como nos dé la real gana. Y en virtud de nuestra libre elección, evidentemente aquello que decidamos desplegará unos u otros efectos, los cuales no pueden venir dados, si de lo jurídico se trata, ni en función de nuestra cualidad de varón o hembra ni en función de si varones o hembras somos hetero u homosexuales. Y no cabe invocar, como también se ha hecho, razones de orden etimológico, puesto que nunca las instituciones jurídicas pueden ser esclavas del término que las define, porque la función del legislador --y en gran medida lo somos-- devendría inútil. Si lo hiciéramos depender de la inmutabilidad de los términos utilizados quedaría vacía de contenido. No se puede apresar un concepto jurídico hasta el punto de hacerlo inválido para su modificación por el legislador.
Mi tercera reflexión va a ser muy breve y pretendo que sirva para contraargumentar dos razones que, de una u otra manera, también han sido invocadas hoy aquí para justificar posturas contrarias al presente proyecto de ley. La primera de ellas es de orden teleológico o finalista cuando se dice que el matrimonio --se ha dicho de alguna forma-- es una institución destinada o mediatizada por la procreación. Pues también va a ser que no en este tema, y va a ser que no, y que no, y que no cien veces, todas las que ustedes quieran, porque, entre otras cosas, roza el absurdo. ¿Y las parejas casadas que no pueden o que sencillamente han decidido libremente no tener familia? ¿Son o no son matrimonio? Y digo ahora. Cuando dos personas mayores se casan en una residencia de ancianos --para estirar el argumento--, ¿contraen matrimonio o qué clase de cosa contraen? Porque se casan.
La cuestión, a mi entender, es bien sencilla. El matrimonio no puede ser concebido como una institución jurídica sólo para y entre personas que pueden procrear entre sí. Es indiscutible a estas alturas --quién lo va a negar-- que una pareja del mismo sexo no puede concebir un hijo, pero tan cierto y tan indiscutible como esto es que hay parejas heterosexuales que tampoco. Ése es un hecho palpable y nadie lo puede contradecir y, sin embargo, estas últimas pueden ser consideradas matrimonio y las otras no, es decir, aquellas lo son únicamente porque se trata de varón

Página 2517


y hembra, y las otras no lo son porque o sobra varón o falta hembra.
No tiene ningún sentido.
Señora Vindel, este argumento no se sostiene jurídicamente, es indefendible, es discriminatorio y anticonstitucional. Eso es o que dijo el profesor Pérez Royo el otro día, no la descontextualizada frase que usted ha puesto en su boca.
El segundo argumento a contradecir es el que habla de la inexistencia de precedentes en nuestro entorno europeo, salvo Holanda y Bélgica. Pues de acuerdo. ¿Y luego qué? Si hay pocos precedentes y se pretende utilizar este argumento como valedor para la no modificación, ¿qué quieren ustedes que les diga? Creo que tenemos derecho a ponernos un poco chulos y chulear, claro que sí. Invoco desde esta tribuna nuestra libertad y capacidad de decisión como miembros de esta Cámara hoy, en su VIII Legislatura, en junio de 2005, para avanzar como nos dé la gana y para decidir libre y democráticamente un paso en una línea trazada por esos dos Estados. Y lo hago, chulerías aparte, con la esperanza y la plena seguridad de que después de éste van a venir otros pasos. No me cabe ninguna duda porque, además, no conozco ninguna otra manera de hacer camino que echarse a andar.
Y termino ya, señor presidente, con mi cuarta reflexión. Ustedes saben, porque se nos nota, que los senadores de mi grupo somos todos miembros del PNV y, como tales, hacemos nuestro el compromiso político y los principios de nuestro partido en relación con la cuestión que nos atañe; principios y compromiso que bien pueden quedar resumidos en las palabras de nuestro presidente, Josu Jon Imaz, dichas en la clausura de la última asamblea general de mi partido en el Palacio Euskalduna de Bilbao, si no recuerdo mal en enero de 2004. Decía nuestro presidente Josu Jon Imaz: Reivindicamos como nuestra la plenitud de derechos de ese segmento de la población que durante muchos años ha permanecido discriminado, que ha sido continuamente desposeído de sus derechos como personas y que todavía hoy no pueden ejercer sus opciones en igualdad como con el resto de la ciudadanía. Me refiero a las y los homosexuales, personas que, como ciudadanos de nuestra nación cívica, y con los mismos sentimientos y anhelos que los heterosexuales, deben alcanzar el mismo respeto y las mismas opciones de desarrollo personal que los demás. El respeto a la pluralidad y la tolerancia no deben ser expresiones, sino afirmaciones del contenido social real hoy aquí y en Euskadi.
Y les aseguro, señorías, que de lo bueno que queremos para Euskadi, que la amamos como vascos y la defendemos y a la que nos debemos como políticos, lo que de bueno queremos para nuestra tierra, señorías, les aseguro que lo queremos para todos los demás. No lo duden.
En definitiva, creo que ha quedado claro que, en coherencia con todo ello, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos va a votar en contra de los dos vetos presentados al presente proyecto de ley.
Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: «Eskerrik asko». Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.


El señor BOFILL ABELLÓ (El señor Bofill Abelló pronuncia palabras en catalán, que se reproducen según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones»): «Gràcies, senyor president. El matrimoni tindrà els mateixos requisits i efectes quan ambdós contraents siguin del mateix o de diferent sexe.» El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo. Con este redactado la ley que felizmente saldrá aprobada de las Cortes Generales en los próximos días resuelve de la manera más efectiva posible, sin medias tintas y recelos, la discriminación intolerable que sufrían cientos de ciudadanos y ciudadanas con motivo de su orientación sexual.
Este lunes el señor Pérez Royo --por lo visto tiene mucha suerte porque le citamos todos-- nos ilustraba con autoridad sobre la constitucionalidad de la ampliación de estos derechos, el del matrimonio y los que van asociados a él, a las personas del mismo sexo, y lo hacía con rotundidad. No tengo aquí la transcripción literal de sus palabras pero en esencia decía que no sólo es constitucional, sino que lo anticonstitucional es que ciudadanos del mismo sexo no puedan acceder al matrimonio. Por otra parte, insistía en una idea que me parece fundamental y que algunos no acaban de entender: que la igualdad constitucional no pretende que todos seamos iguales sino el derecho a ser diferentes. Continuaba diciendo que es el ejercicio de la diferencia.
Es decir, hay razones y principios para garantizar y extender la posibilidad del libre ejercicio de derechos a todos los ciudadanos sin discriminación por la orientación sexual, principios que amparan nuestra decisión de apoyar este proyecto de ley. Reconocemos un derecho a todos estos ciudadanos para que lo ejerzan o no lo ejerzan como resultado de su libre decisión.
Pero hay más, la existencia de familias homosexuales y homoparentales es un hecho social indiscutible. No estamos hablando, pues, de una realidad nueva que esta ley se esté inventando. Nada más lejos de la realidad.
Como pasa en tantos casos, también en éste, el legislador va a remolque de los hechos, de los cambios sociales, y llega tarde, al menos para aquellos que han tenido que sufrir tantas discriminaciones y malos tratos, que han tenido que plantar cara a la incomprensión y luchar para llegar hasta aquí.
Hoy en nuestra sociedad viven muchas familias homoparentales sin estar amparadas plenamente por nuestro ordenamiento jurídico. Otro objetivo fundamental, pues, de esta reforma legislativa es dar a estas parejas homosexuales que conviven de forma estable, con o sin hijos, la opción de un reconocimiento por la vía del matrimonio, en igualdad con el resto de los ciudadanos, de derechos y deberes mutuos entre cónyuges y de la protección plena de los hijos existentes hoy ya dentro de las familias homoparentales en casos extremos, como puede ser la muerte de uno de los cónyuges o el divorcio, y también en situaciones mucho más habituales, que van desde el acompañamiento

Página 2518


en actos médicos hasta la presencia en ciertas prestaciones a las que sólo tienen acceso con los hijos legalmente reconocidos, a la participación a las reuniones escolares y a tantas otras situaciones en las que los padres pueden intervenir en beneficio de sus hijos en virtud de su patria potestad.
Es una hipocresía y una maldad esconder esta situación y es una equivocación no darle la mejor respuesta posible. Se nos dice que estos mismos derechos se podrían reconocer con otras figuras jurídicas que no fueran el matrimonio. En primer lugar, me parece que, en este caso, algunos se olvidan de que no estamos hablando de una sacrosanta institución natural consagrada por alguna religión, sino de matrimonio civil, de una institución regulada por el Derecho Civil, y lo lógico es que, si ya lo tenemos regulado, no nos inventemos ahora una copia para homosexuales, que lo único que haría es mantener en un registro aparte, en una lista aparte, es decir aparte y marginados, a una serie de ciudadanos tan respetables a priori como cualesquiera otros.
Me parece que lo que pasa es que no se quiere reconocer plenamente a estas familias como familias normales. No se les quiere reconocer plenamente sus derechos y, sobre todo, se teme la normalización de la homosexualidad como una orientación sexual y una opción vital personal más, sin adjetivos. Hay un miedo a la diferencia, seguramente heredado de años, como si esta diferencia fuera a limitar la propia libertad. Con esta ley estamos extendiendo un derecho, una libertad; no se la negamos a nadie.
Ahora, y mucho menos después de la intervención de un personaje como Aquilino Polaino, prácticamente nadie se atreve a calificar la homosexualidad como una patología, como una enfermedad o una cosa mala ante la cual hay que evitar el contagio social. Nadie razonable y mínimamente documentado se atreve hoy en día a sostener abiertamente tamaña barbaridad; pero en cambio, un gran número de personas, un gran número de ciudadanos, en todos los horizontes sociales y políticos --aunque en unos más que en otros--, manifiestan como mínimo una prevención ante el hecho de que las parejas homosexuales puedan convivir y educar adecuadamente a sus hijos y a hijos adoptivos.
No entiendo muy bien cómo se puede estar convencido plenamente de que la homosexualidad no es una patología, que no es en sí una cosa mala ni buena, sino una forma de la condición humana --que, en cuestiones de sexualidad, no es puramente heterosexual--; no entiendo que se pueda pensar que los homosexuales son unos seres humanos más, algunos con problemas y otros no, con unas competencias o no, con unas sensibilidades o no, exactamente igual que los heterosexuales y, posteriormente, decir que pueden representar un problema o que puedan ser dañinos para los niños que convivan en su entorno familiar.
Acerquémonos a la realidad empírica. En las comparecencias de estudiosos del máximo prestigio en cuestiones de psicología infantil y de pedagogía, que se reunieron con nosotros el lunes pasado, se afirmó con total rotundidad que ninguno de los estudios empíricos sobre poblaciones significativas realizados en el mundo, con solvencia científica y reconocidos por las principales asociaciones de psicología y psiquiatría, ha revelado que niños y niñas educados en familias homoparentales padezcan trastornos significativos en su desarrollo personal y social que los diferencien de los niños educados en familias heterosexuales.
Subrayaron que existe una sola diferencia, la mayor tolerancia en las relaciones sociales y la mayor aceptación de la diferencia en los educados en familias homoparentales, que es algo lógico habiéndose educado con unos adultos que tanto han sufrido a causa de la discriminación.
En este momento, nuestra propia legislación está permitiendo la reproducción asistida a mujeres lesbianas y la adopción a personas homosexuales, sean gays o lesbianas, individualmente en todo el Estado y, en pareja, en aquellas comunidades autónomas que ya tienen reconocido este derecho a la adopción conjunta por parte de parejas de hecho homosexuales; es decir, no nos estamos inventando nada, existen ya esos hijos educados en el entorno familiar homoparental y los principales problemas que tienen derivan de las discriminaciones existentes y de las limitaciones a sus derechos.
Por lo tanto, con esta ley no estamos abriendo la puerta a nada que no exista ya, sino que estamos posibilitando el acceso al matrimonio y a la adopción a aquellas personas homosexuales que lo deseen y, subrayo, que reúnan los requisitos necesarios para casarse o para acceder a la adopción; y esto es muy importante.
Dejemos de agitar fantasmas, porque mediante la adopción estamos dando una familia a un niño o una niña, estamos dando la posibilidad de que un niño o una niña que esté en una institución pueda vivir en una familia, recibiendo el afecto de unos adultos que le protegerán y velarán por su sustento y por su desarrollo personal y social.
Disponemos de unas instituciones públicas que velan muy celosamente para que las familias que acceden a la adopción reúnan las características idóneas para educar a esos menores; unas instituciones que, de la misma manera que no darán en adopción a un niño o niña a una persona o una pareja heterosexual que viva en la marginalidad o que sea inestable, tampoco lo harán en el caso de una persona o pareja homosexual que viva en la marginalidad o que sea inestable. Por cierto, el acceso a una mayor normalidad social de las familias homoparentales que propicia esta ley favorecerá, sin duda, su mayor estabilidad y menor marginalidad. (El señor Bofill Abelló pronuncia palabras en catalán que se reproducen según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones») «Votarem doncs contra els vetos, contra les esmenes, i a favor del text de la Llei tal com ens ha estat tramès des del Congrés dels Diputats.» Votaremos pues contra los vetos, contra las enmiendas y a favor del texto de la ley, tal y como nos ha sido remitida desde el Congreso de los Diputados, sin miedos y abiertos a la diversidad, con inteligencia y tolerancia.
«Moltes gràcies, senyor president.» (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.


Página 2519


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.
Señorías, dice el Tribunal Supremo del Estado de Massachusetts, en la República de Estados Unidos de América del Norte, que la libertad de todos es la libertad de cada uno. Se planteó esta tesis a propósito del matrimonio homosexual. Los magistrados del Tribunal Supremo consideraban que había una parte de la sociedad que decía que el matrimonio tenían que constituirlo un hombre y una mujer, según su formulación tradicional, pero había otra parte de la sociedad que pensaba que podía tener lugar entre dos hombres o dos mujeres. El Tribunal Supremo de este Estado determinó que, en cualquier caso, era una cuestión ajena a la Constitución y que los magistrados no tenían por qué pronunciarse sobre ella, aunque lo que la Constitución sí imponía era la libertad de todos, y la libertad de todos era la de cada individuo que integraba la comunidad.
Pues bien, este es el razonamiento de fondo por el que los socialistas hemos presentado esta propuesta de modificación del Código Civil, con el objetivo de cumplir un mandato electoral. En la elaboración del programa del Partido Socialista para las elecciones del 14 de marzo participaron muchas personas, y muchas de ellas no estaban afiliadas al Partido Socialista. Yo fui una de esas personas; otra, un compañero magistrado de Córdoba --Juan Luis Rascón-- que es hoy diputado; y otra, un compañero que colabora en el Gobierno como ministro del Interior: José Antonio Alonso. Colaboramos, pues, en el esfuerzo de redactar el programa electoral, y pensamos que era importante abrir la política a toda la sociedad. Parafraseando aquello que dijo Clausewitz sobre los militares, de que la guerra es demasiado seria para dejarla en manos de los militares. Nos dijimos que la política era un asunto demasiado serio para dejarlo sólo en manos de los políticos. De ahí la necesidad de cambiarla y de dar la posibilidad de participar a mucha más gente.
En coherencia, pues, con la palabra dada, y con el apoyo de cerca de 12 millones de personas, trajimos esta propuesta. No es una improvisación, no es algo que hayamos pensado en una noche. Al contrario: ha sido reflexionado, debatido y elaborado contando con los socialistas de todos los pueblos de España, y nos hemos dado este año de reflexión y de debate, más o menos mesurado o apasionado, pero en todo caso reflexivo.
¿Y qué late en el fondo del debate? Mi compañero Joaquín me explicaba antes que, en el fondo, aparece cierto planteamiento eugenésico, de darwinismo social, en virtud del cual no se ve como algo... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio. Apenas se puede oír al senador que está en el uso de la palabra. Les ruego silencio.
Prosiga.


El señor DÍAZ TEJERA: En el fondo, no es un dato neutro, como el color de los ojos o la forma de la nariz; por el contrario, es un dato con connotaciones negativas y que lleva a infravalorar al ciudadano o ciudadana de que se trate.
En este punto es importante subrayar que la Asociación Americana de Psiquiatría retiró del DSM III, del DSM-IV-TR e incluso del DSM-V en 1973, la homosexualidad como enfermedad mental. Luego, el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud declaró que la homosexualidad no era una enfermedad, sino una variable del comportamiento y de la orientación sexual, sobre cuyo origen no había llegado la ciencia a una conclusión. La mayor parte de los homosexuales, por no decir todos ellos, provienen de familias heterosexuales, de modo que el determinismo que indica que si la pareja es homosexual la criatura que eduque también lo será no se sostiene frente al hecho cierto de que la inmensa mayoría de los homosexuales en España, tanto masculinos como femeninos, provienen de familias heterosexuales. La cuestión es que son múltiples los factores, como la experiencia, los medios formales o informales de la educación, el azar, los referentes del núcleo familiar, los que pueden influir en que una persona opte por una orientación o por otra.
En cualquiera de los casos --es la única cita que no quiero hacer de memoria, sino leyéndola de forma exacta--, el Consejo de Europa concluye en un reciente informe sobre la situación de los gays y las lesbianas y qué dicen los estudios científicos sobre el bienestar de los niños que viven con padres homosexuales en los Estados miembros lo siguiente: «Han tenido lugar multitud de estudios en este sentido en los últimos 25 años.
Ninguno ha podido determinar que el hecho de ser educado por padres homosexuales perjudica a esos niños, ni que los padres homosexuales sean peores padres que los padres heterosexuales, ni que estos niños se vean expuestos, a su vez, a ser homosexuales.» Es más, todos los estudios empíricos insisten en el mismo dato, en que no es una variable significativamente estadística, relevante, sino todo lo contrario.
En ese estudio empírico encargado por el Defensor del Menor a través del presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, hoy alcalde de la capital de España, al Colegio de Psicólogos de Madrid y a la Universidad de Sevilla, Facultad de Psicología, se insistía en que, en términos de autoestima, de integración social y de prestigio en el barrio, después de haber evaluado a los profesores, a los tutores, a los padres, la conclusión a que se llegaba era que, en términos generales, el proceso de aprendizaje y de integración era idéntico y que si había algún factor distinto era una especial tolerancia a la diversidad, a la aceptación de la homosexualidad e, incluso, a una mayor flexibilidad con respecto a los roles de género, no adjudicando de forma estándar determinadas funciones, es decir --en una expresión gráfica de la investigadora--, el uso del martillo o del biberón no se asociaba a la mujer o al hombre sino que se entendía de una forma flexible. Se aducían, pues, diferentes manifestaciones en la exposición por parte de los propios niños y niñas, ya adolescentes o adultos, que insistían en esta idea.
Pues bien, si, en general, no se ve como un dato relevante, si no se ve como un factor a tener en cuenta en términos educacionales, creo que en el fondo lo que sigue latiendo es que hay resistencia a aceptar que no es un dato que se deba tener en cuenta y que hay que evaluar la madurez

Página 2520


individual o la madurez de las personas que quieren adoptar. Creo que ésta es una cuestión fundamental.
En términos de Derecho Comparado, hay ejemplos como el de Holanda y Bélgica, a los que antes aludí, así como en otros continentes, aunque no es cuestión a estas alturas del debate de hacer un análisis prolijo. Sí me parece particularmente interesante tratar de dejar a un lado los razonamientos relativos a la creación de una nueva causa de abstención.
Es una asunto un tanto aburrido en términos técnicos pero me parece importante hacerlo porque no está previsto así.
En los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, la Ley de régimen jurídico de administraciones públicas y procedimiento administrativo común, se fijan las causas de abstención y recusación, y se hace para la autoridad o el funcionario que va a tramitar un procedimiento, que va a evaluar unas pruebas, unos documentos y va a redactar una propuesta de resolución en la que resuelve, dicta un acto administrativo. Entonces, cuando se entiende que hay una tacha de parcialidad, porque tiene o ha tenido algún tipo de vínculo profesional, o un vínculo de consanguinidad en cuarto grado, o segundo de afinidad, cuando ha tenido algún tipo de relación profesional o contacto con algún testigo o algún tipo de vinculación societaria de alguna naturaleza, como quiera que hay que garantizar que el titular del órgano es imparcial en la tramitación del procedimiento, cualquiera de los interesados en el mismo puede recusar a ese funcionario. Éste es el único supuesto en el que se suspende la tramitación del procedimiento, se eleva al órgano superior y en tres días éste resuelve; no se admite recurso, excepto al final del procedimiento administrativo, momento en el que se puede dictar recurso sobre esto y sobre el conjunto del acto. El artículo 89, apartado 4, de la Ley 30/1992, establece la obligación por parte del funcionario de resolver un procedimiento administrativo. Por ello no se puede plantear la posibilidad de la abstención porque el artículo 404 del Código Penal contempla la figura de la prevaricación; el artículo 89.4 de la Ley 30/1992 obliga a resolver, y el artículo 31.1, apartados a) y b) de la Ley de la Función Pública exige el deber de lealtad a la Constitución y de manera precisa excluye la discriminación incluyendo de manera explícita la discriminación por orientación sexual. Ya no aludo a los jueces titulares de Registro Civil porque antes lo argumenté en relación con el artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Éstas son razones a partir de las cuales hay que entender que la posibilidad de evaluar una nueva causa de abstención es un asunto a tramitar en el procedimiento. Por el contrario, cuando se hacen alusiones a la diversidad de pensamiento en el socialismo europeo es absolutamente razonable, es un pensamiento plural, hay diferentes opciones. En esta Cámara hay algún grupo que tiene diversidad de posiciones. Esto es parte de la condición humana y hay que verlo así, sin mayor consideración, sin mayor aspaviento.
Es bueno que estos vetos no salgan adelante porque eso permite al Senado que sea útil en el mejoramiento de los textos que llegan del Congreso de los Diputados. Por el contrario, el rechazo «ad initio» de una propuesta supone no entrar a mejorarla, sino remitirla tal cual está al Congreso de los Diputados. La diferencia entre la mayoría simple y la mayoría absoluta, según exige la Constitución, para que los asuntos prosperen es una cuestión de mayor dificultad en el procedimiento, pero impide que el Senado pueda mejorar los textos que vengan de la Cámara Baja. Y como quiera que estamos en un sistema de bicameralismo desigual, el hecho cierto es que va a acontecer tal cosa.
Acabo ya, señor presidente, invocando la necesidad de reflexionar sobre el sentido de la frase, muy gráfica, de la senadora Etxegoyen, de que no hay otra manera de hacer camino que la de echarse a andar. Y una forma de echarse a andar es no aprobando los vetos para que podamos entrar a analizar las propuestas y evaluar la conveniencia de algunas de ellas a los efectos de poder mejorar el texto que salga del Senado para conseguir que sea una página de justicia, una página de reparación histórica, una página en virtud de la cual pedimos disculpas a tantos hombres y mujeres que a lo largo de estos 26 años de vigencia del texto constitucional han visto cómo la formulación del artículo 14 de la Constitución no se ha llevado a la práctica con respecto a las personas que han tenido una orientación sexual, con respecto a las personas que se definen como sexuales, como lesbianas, como gays, como bisexuales o transexuales.
No acabo sin plantear la posibilidad de llegar a un acuerdo en algo que ya es una realidad en algunas comunidades autónomas, y es que el 17 de mayo pueda ser declarado el día mundial contra la homofobia y la transfobia. Insisto en que es un proceso progresivo, cada vez se va planteando más en un conjunto de países, de instituciones, como el Parlamento Europeo, también se ha planteado en comunidades como Canarias o en Asturias. Yo creo que sería bueno que el Senado se incorporase a este proceso que insisto en que es lento, progresivo, no siempre es fácil, no es una espiral sencilla, pero progresivamente cada vez más los españoles serán iguales ante la ley y no podrá haber discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista. Un señor senador: ¡Bravo!)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Vindel.


La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, atendiendo a lo que establece el Reglamento y seguro que también al deseo del presidente, yo no voy a intervenir en este turno de portavoces para contestar a ninguna de las señorías que han tenido a bien nombrarme. Les agradezco que se hayan dirigido a mí. Tiempo tendremos de discutir este asunto. Me interesa dejar claro una serie de cosas.
Señorías, yo creo que cuando se presenta un proyecto de un calado como éste y con una resonancia como la ha

Página 2521


tenido éste lo deseable es que entre en el Registro lo más documentado posible, sobre todo cuando, insisto, suscita tanta controversia. (Rumores.) En esta Cámara hemos logrado cosas, pero lo que no hemos logrado de ninguna de las maneras --y miren que lo hemos intentado desde el Grupo Parlamentario Popular-- es que nos enviaran algo que considerábamos fundamental, y era el informe económico. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, señora Vindel.
Ruego a sus señorías que guarden silencio o salgan del hemiciclo.
(Pausa.) Por favor, prosiga.


La señora VINDEL LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Una de las razones del mismo es que los homosexuales puedan acceder a las prestaciones sociales, como se nos dice en el preámbulo. Se nos ha dicho que este proyecto no supone ningún aumento de gasto y que no crea ninguna prestación, por lo que no procede estimar coste alguno --se nos dice-- a la reforma que en él se contiene.
Nosotros no sabemos qué pensar ante esta afirmación, señorías, porque, ¿qué se nos está diciendo? ¿Que estas personas no van a poder tener derecho a pensión dado que el Gobierno no lo ha previsto económicamente? (Rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) ¿Que los homosexuales no van a poder heredar, como heredan los matrimonios actuales españoles, porque el Gobierno no lo ha previsto económicamente? ¿O que incluso en la Ley del Impuesto sobre la Renta, señorías, no se les van a poder aplicar las desgravaciones fiscales porque el Gobierno no lo ha previsto económicamente? ¡Pues claro que hay costes económicos, señorías! Y si ésta fuera una propuesta seria, rigurosa y no viniera con tanta prisa, tan apresurada, se habría analizado el importe económico, que les aseguro que es bastante, que les aseguro que es bastante.
Cabe la posibilidad de que esa información tantas veces reclamada por mi grupo no se haya querido dar por propia voluntad, no se haya podido dar por la prisa a la que antes me refería o porque no se quiere que se sepa que se está legislando para una gran minoría, que según el Instituto Nacional de Estadística supone un 1 por ciento de la población.
Que se quiera ocultar información al Grupo Parlamentario Popular, señorías, a mí me parece grave porque está en su derecho de pedir información a quien tiene la obligación de entregarla, pero me parece mucho más grave que se estafen los sentimientos y las expectativas de aquéllos a los que va dirigida la ley. Porque, señorías, ¿de qué sirve un hermoso párrafo en la exposición de motivos si el efecto práctico más inmediato es la no previsión económica por parte del Gobierno? ¿Ésta es la forma del Gobierno de acabar con la discriminación de los homosexuales? Pues tengo mis serias dudas, pero déjenme que les dé otro dato. Según informes del Programa de información y atención a homosexuales, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid --gobernada por el PP, por cierto, y déjenme que les diga: primer servicio de estas características de carácter multidisciplinar e integrado en la red pública de servicios sociales de una comunidad autónoma, el primero--, en mi comunidad, que es Madrid, hay 61 casos relacionados con vivencias de posibles situaciones de discriminación laboral para homosexuales; incluso desde este mismo Programa de información me dicen que no descartan en absoluto que haya muchos más casos en la realidad que permanecen todavía invisibles.
Sinceramente creo, señorías, que a estas personas se les ha creado más de un serio problema porque al menos uno de sus derechos fundamentales lo tienen seriamente lesionado; ahora bien, yo tengo dudas de que por el hecho de que se puedan casar entre sí se vaya a solucionar el problema que se les ha creado --como dice el texto: que puedan desarrollar su personalidad y sus derechos en condiciones de igualdad--. ¿O qué se nos está diciendo? ¿Que por el simple hecho de estar casados con alguien del mismo sexo va a cesar esa discriminación laboral tan contraria a la Constitución? El proyecto habla de la sociedad y habla de una realidad, pero a mí me gustaría saber, señorías, de qué realidad y de qué sociedad estamos hablando: si de la verdadera según los datos que yo les acabo de dar o, por el contrario, de lo que dice el «Boletín Oficial de las Cortes», que lo que hace es reproducir el texto del Gobierno. No se debe engañar a nadie, señorías, y mucho menos estafar los sentimientos de nadie.
En lo que se refiere al matrimonio, yo siento decirles que nadie cuestiona que es la unión de un hombre y una mujer. Se podrá no compartir esta visión, evidentemente, pero, señorías, de aprobarse esta innovación legislativa se va a llevar incertidumbre e inseguridad al tráfico jurídico, a la convivencia basada en una serie de institutos jurídicos que forman parte del patrimonio identificativo de una sociedad, de una cultura, en definitiva, de una manera de organizar la convivencia en sociedad, porque se trataría de pasar de la actual nada jurídica en la regulación de la convivencia entre personas homosexuales a irrumpir de lleno en una institución con unos caracteres cerrados. A lo largo del tiempo, es cierto, habrán cambiado las formas del matrimonio, habrán cambiado los requisitos para contraerlo, habrá diferencias en cuanto a su naturaleza, se habrán diseñado figuras jurídicas basadas en una aproximación analógica al matrimonio como las uniones de hecho, pero lo que siempre permanece es su carácter heterosexual. Una reforma que afecta a este núcleo identificador lleva el riesgo de modificar una institución jurídica hasta el punto de hacerle perder su reconocimiento en Derecho.
Déjenme que les ponga unos ejemplos. Del mismo modo que la compraventa es el cambio de una cosa por precio, si no hay precio, señorías, no hay compraventa, sino que habrá donación si a cambio de la cosa no se entrega nada, o habrá permuta si a cambio de una cosa no se entrega otra.
Por lo tanto, llamar compraventa a la donación o a la permuta no les añade nada, absolutamente nada, pero hace inservible el concepto de compra-venta, aparte de introducir serias dosis de incertidumbre e inseguridad jurídica. Además, la permuta es la permuta y la compraventa es la compraventa, y no se discrimina a la permuta por no llamarle

Página 2522


compraventa. No hay, como se dice, una exigencia constitucional en el artículo 9 de la Constitución en relación con la doctrina constitucional.
Por razones de justicia material, como dice el Tribunal Constitucional, se podrá avanzar en el trato jurídico análogo, pero no convertir en matrimonio una relación que no se identifica con él.
Se nos dice que el matrimonio entre personas del mismo sexo es una conquista de la igualdad. Yo no quiero dar más ideas a este Gobierno, pero sepan, señorías, que tras la aprobación del matrimonio para personas del mismo sexo en Ontario, Canadá, se ha tenido que borrar nada menos que de 73 leyes toda mención a la existencia de dos sexos, eliminando palabras como esposo y esposa, viuda y viudo, hombre y mujer, de donde se deduce que negar la existencia de hombre y mujer, más que un avance en la igualdad es toda una conquista sí, pero de las ideologías de género, cuando resulta que el género humano, señorías, no se divide entre heterosexuales y homosexuales, sino entre hombres y mujeres y el matrimonio es connatural hasta ahora a nuestra propia existencia.
Y ya que hablamos de familia (Rumores.), el aspecto más controvertido del proyecto...


El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio, apenas se oye a la senadora Vindel.


La señora VINDEL LÓPEZ: Ya que hablamos de familia, el aspecto más controvertido del proyecto es la posibilidad de adopción por parte de parejas homosexuales. España es el primer país adoptante de Europa y la adopción internacional es la mayoritaria en nuestro país, siendo de más de un 85 por ciento. Pues bien, ninguno de los países que tienen convenio con España permite la adopción a parejas del mismo sexo. Es más, Rusia, China, Ucrania y Colombia ya han anunciado que no darán niños en adopción a parejas homosexuales. La progresista Holanda, señorías, prohíbe la adopción internacional y Suecia, que sí la permite, acaba de reconocer que les es casi imposible adoptar en el extranjero. Creo recordar que algún miembro de la Administración española ha reconocido públicamente hace bien pocas fechas que las parejas de homosexuales españoles no podrán adoptar internacionalmente, al menos de momento. Es decir, que se está ofreciendo a los homosexuales españoles un derecho que en la práctica no se va a llevar a efecto, porque ningún país consiente esas adopciones. España podrá considerar idóneas a estas parejas, pero no así los organismos del resto de países, con lo cual, lo único que se ha conseguido, señor presidente, señorías, es engañar y nuevamente estafar los sentimientos de los destinatarios de esta ley. El niño no se trata de un bien que se pueda procurar una pareja heterosexual u homosexual. El niño es una persona nacida de la unión, sea cual sea su modalidad, de un hombre y una mujer.
Ya que sus señorías no hacen caso ni al Consejo de Estado, ni al Consejo General del Poder Judicial, ni a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, yo les acabo de citar a Lionel Jospin, que a lo mejor entre ustedes tiene alguna autoridad, pero si Lionel Jospin es poco para ustedes, déjenme que les cite también a Fernando Savater.
Señorías, Fernando Savater, en un artículo publicado en el diario «El País» que se titula «Jugar a papá y mamá» afirma: El tema de la adopción implica a otro que no forma parte de la pareja. La dificultad con las parejas homosexuales en lo que toca a reproducción humana no es que amen a los de su propio sexo, sino que sean del mismo sexo; es decir, que no puedan aunar procreadoramente lo masculino y lo femenino. No es lo mismo --dice Fernando Savater-- ser padres que jugar a papá y mamá. Si de derecho vamos a hablar, no sólo cuenta el de ser padre o madre, sino el de tener padre y madre, y cosa muy distinta es programar deliberadamente huérfanos de padres o madres rechazando el triángulo genésico desde su inicio como un prejuicio irrelevante. Fin de la cita del señor Savater.
En conclusión, señor presidente, señorías, la adopción no es un derecho de adultos por mucho que este Gobierno se empeñe, sino de niños, y proteger al más indefenso y no hacer experimentos en esta materia es propio de sociedades maduras, responsables y avanzadas. Nos reafirmamos en lo expuesto en nuestra primera intervención en cuanto a la defensa de este veto, y solamente les pido una cosa: juzguen ustedes mismos y voten en consecuencia.
Gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Vamos a proceder a la votación del primer veto del senador Casas i Bedós, sobre el proyecto de ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 252; a favor, 131; en contra, 119; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Habiendo prosperado el veto, se da traslado del resultado al Congreso de los Diputados para que se pronuncie sobre el mismo.
Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve y media.


Eran las veinte horas y cincuenta minutos.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal