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DS. Senado, Comisiones, núm. 184, de 14/06/2005
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2005 VIII Legislatura
Comisiones. Núm. 184
COMISIÓN DE JUSTICIA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA MARÍA ANTONIA MARTÍNEZ GARCÍA
celebrada el martes, 14 de junio de 2005


ORDEN DEL DÍA:

Dictaminar el Proyecto de Ley por el que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. (Número de expediente 621/000015).


Comparecencia, a petición del Gobierno, de la subsecretaria de Justicia, Dª Ana María de Miguel Langa, para informar sobre el estado de ejecución presupuestaria correspondiente a dicho Departamento. (Número de expediente 713/000263).


Dictaminar los siguientes Proyectos de ley:

-- Por el que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio. (Número de expediente 621/000014).


-- Por el que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para regular las especialidades de los litigios transfronterizos civiles y mercantiles en la Unión Europea. (Número de expediente 621/000020).


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Se abre la sesión a las doce horas y cinco minutos.


La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
Comenzamos con el punto primero, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna observación? (Pausa.) En consecuencia, queda aprobada el acta de la última sesión de la comisión.


-- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO (621/000015).


La señora PRESIDENTA: El punto segundo es el dictamen del proyecto de ley por el que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.
A este proyecto se han presentado dos propuestas de veto, la número 1, del señor Casas i Bedós, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y la número 2, del Grupo Parlamentario Popular, así como 14 enmiendas distribuidas de la siguiente manera: una del señor Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto; una del señor Cuenca Cañizares y de la señora López Aulestia, del Grupo Parlamentario Mixto; una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; una del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y 10 del Grupo Parlamentario Popular.
La ponencia se reunió el día 1 de junio y emitió informe en el que, tras rechazarse las propuestas de veto por no alcanzar éstas la mayoría absoluta, se desestimaban, también por mayoría, las enmiendas presentadas. Por consiguiente, la ponencia mantuvo el texto con la misma redacción que fue aprobada en el Congreso de los Diputados.
Procede, señorías, que debatamos en primer lugar las propuestas de veto.
Después de cada turno de defensa habrá un turno en contra, así como la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios, salvo que opten por hacer un único turno, que también están sus señorías en su derecho a hacer.
Pasamos por tanto a debatir la propuesta de veto número 1, del señor Casas i Bedós, para lo cual tiene la palabra su señoría.


El señor CASAS I BEDÓS: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi defensa va a ser breve, porque prefiero utilizar la argumentación en profundidad en el debate plenario, cuando proceda, aunque ahora sí voy a hacer unas reflexiones a partir de lo que me sugiere la presentación del proyecto de ley.
En primer lugar, creo que es un proyecto de ley que se ha presentado de forma precipitada --y sólo hay que ver lo que ha pasado en los distintos países de la Unión Europea, como referente más cercano de nuestra cultura, para ver cómo estos temas se están tratando--, por lo que ha faltado --y de hecho falta todavía-- un amplio debate social en el que la sociedad haya podido manifestarse, explicarse y profundizar en las consecuencias y en el contenido de las modificaciones que se nos plantean en este proyecto de ley.
Sugiero a sus señorías que hagan una incursión en el debate que sobre esta cuestión se ha producido en Francia, singularmente en el debate interno que desde hace más de 2 años se ha suscitado dentro del propio Partido Socialista francés. Es francamente interesante y creo que a muchos de ustedes les sería muy útil leer los documentos que se han generado dentro del propio Partido Socialista francés.
Personalmente, con la presentación de esta enmienda no me opongo a las uniones de parejas homosexuales; de hecho, el Parlamento catalán, con Gobierno de Convergència i Unió y un consejero de Unió Democràtica, el partido que yo represento al ser un veto particular, legisló sobre esta cuestión hace años a través de una ley de parejas de hecho que regulaba todos los derechos civiles. Por lo tanto, no mantenemos una actitud que vaya contra la posibilidad de que personas del mismo sexo formalicen una relación estable.
Las objeciones que planteamos en la enmienda de veto son de otro orden y coinciden con lo que señala el dictamen del Consejo de Estado; dictamen que merece la pena leer detenidamente. Dice textualmente --y hago mías estas palabras--: El reconocimiento legal y la atribución de efectos jurídicos a las uniones de personas del mismo sexo no requiere de la desnaturalización de la institución matrimonial. Es decir, un modelo distinto de convivencia en pareja demanda un distinto tratamiento jurídico, sin forzar la aplicación de normas previstas para un modelo diferente con los problemas que ello puede acarrear.
Puede parecer una discusión semántica inútil, pero no lo es. Si ustedes repasan el Código Civil, nuestras costumbres y las de los países que nos rodean y tienen el mismo tronco cultural, se darán cuenta de que la institución del matrimonio es una cosa y la unión de parejas entre personas del mismo sexo es otra radicalmente distinta y, por tanto, requiere un tratamiento jurídico distinto e incluso una terminología distinta. No es un tema menor y a veces las cuestiones semánticas son muy importantes, máxime cuando se regulan las relaciones personales y humanas. En tal caso, los principios y los valores son elementos de primera magnitud y no se pueden despreciar ni mezclar conceptos de una forma tan frívola como, a mi juicio, se hace en este proyecto de ley.
La otra objeción, aunque en el debate en Pleno profundizaré más en ello, se refiere a la adopción. En Europa hay muy pocos Estados que admitan la adopción conjunta por parte de parejas homosexuales; en concreto, Suecia y Holanda, aunque no a menores extranjeros, con matices Inglaterra y Gales, y en Dinamarca sólo se admite la adopción del hijo o hija del otro miembro de la pareja.
El mismo Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en su Sentencia de 26 de febrero de 2002 --no hace tanto tiempo--, reconoce que la adopción pretende dar una familia a un niño y no un niño a una familia, y éste es un matiz sustancial. Se trata de que los poderes públicos, tutores de niños que pueden ser dados en adopción, protejan el derecho del menor a tener una familia y no el derecho de una

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pareja a adoptar un niño; es decir, lo que los poderes públicos amparan es el derecho del niño a tener una familia.
Por tanto, antes de la presentación de este proyecto de ley, debía haberse buscado un consenso político y social mucho más amplio en relación con la adopción, que insisto se da en pocos países de nuestro entorno y no en gran medida. Debía haberse propiciado el debate con mucha más tranquilidad y no de una forma tan rápida y precipitada, máxime cuando se trata de elementos como los que he apuntado. Desde luego, no se pueden confundir conceptos ni ir tan lejos en cuestiones en las que países con mucha más tradición democrática que nosotros han sido más prudentes y, antes de entrar a legislarlas, han tenido amplísimos debates, algo que aquí, desgraciadamente, no se ha podido hacer.
Espero poder profundizar en el Pleno en estos argumentos porque no me parece que el trámite en comisión sea el más oportuno, con todos los respetos hacia sus señorías. Prefiero el debate en el Pleno porque creo que el tema merece la solemnidad de las sesiones plenarias, por lo que espero explayarme con más detalle y extensión allí.
Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Casas.
Para la defensa del veto presentado por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Vindel.


La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el objetivo de esta ley es, tal y como recoge la exposición de motivos, acabar con cualquier tipo de discriminación por razones de orientación sexual. Quiero decir, en primer lugar, que el PP comparte plenamente el objetivo de esta ley, pero no el camino elegido ni la opción, señorías, que ha escogido el Gobierno.
El Grupo Parlamentario Popular, señora presidenta, está a favor de regular la convivencia en parejas de personas del mismo sexo mediante un estatuto jurídico que atribuya derechos y obligaciones análogos a los que derivan del matrimonio, pero sin que eso suponga una alteración sustancial de la institución del matrimonio, que, desde nuestro punto de vista, es lo que realiza este proyecto.
Déjenme que les recuerde, señorías, porque es muy interesante, que en junio del año pasado el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad acabar con toda discriminación jurídica de las parejas estables, con independencia de su orientación sexual. Nosotros hemos presentado una iniciativa en este sentido, en realidad somos el único grupo parlamentario que lo ha hecho. Se trata de una enmienda a la totalidad con texto alternativo que fue registrada el 20 de octubre de 2004 en el Congreso de los Diputados. A través de esta iniciativa, que insisto fue registrada en octubre del año pasado en el Congreso de los Diputados, proponemos crear una figura jurídica específica, la figura de la unión civil estable, que configura un marco de derechos y obligaciones para estas parejas sin que quepa discriminación alguna.
Entendemos, señora presidenta, que el Gobierno ha perdido una oportunidad extraordinaria, la de llegar a un acuerdo parlamentario con dos objetivos: en primer lugar, construir entre todos los grupos parlamentarios un instrumento jurídico valioso para parejas del mismo sexo y, en segundo lugar, alcanzar un gran acuerdo político que diera estabilidad y garantías de futuro --algo imprescindible, desde nuestro punto de vista-- a la hora de hablar de derechos y libertades de las personas. Lamentamos, sinceramente, que esto haya ocurrido, porque se podía haber alcanzado un acuerdo que contara con un gran respaldo social, o al menos mayor del que tiene este proyecto.
Desde nuestro punto de vista, señora presidenta, la actuación del Gobierno al presentar este proyecto de ley ha sido unilateral, precipitada --como decía el senador Casas--, francamente controvertida y completamente despreciativa con los dictámenes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. En cuanto a mi grupo parlamentario, este proyecto de ley suscita en nosotros serias dudas sobre su adecuación, su proporcionalidad y, desde luego, sobre su constitucionalidad.
Es verdad que disfrutamos de un Gobierno que presume de gobernar escuchando a la sociedad. Dice que gobierna para todos, por medio del diálogo, y que escucha mucho a la sociedad; en feliz expresión de alguien que no recuerdo quién fue, su acción se resume en la frase paz, ciudadanía y talante. Por mi parte, siempre he pensado que el talante, si no se acompaña de un objetivo, es papel mojado; pero, como últimamente se está convirtiendo en estandarte de no sé qué, me gustaría saber qué pasa con el talante del Gobierno ante las más de medio millón de firmas que han promovido una iniciativa legislativa popular registrada en el Congreso de los Diputados y cuyo objetivo es remarcar el carácter heterosexual del matrimonio, así como impedir la adopción por parte de parejas homosexuales. Me pregunto también dónde va a quedar tanto talante del Gobierno, señora presidenta, frente a cuatro religiones --salvo la musulmana, todo hay que decirlo-- pidiéndole con una única voz que se retire este proyecto y que no se llame matrimonio a lo que no es un matrimonio.
El artículo 32.1 de la Constitución dice --seguro que lo tienen todos en mente, pero se lo voy a recordar-- que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Y, como muy bien decía el senador Casas, el informe del Consejo de Estado afirma que ello no impide que el legislador pueda regular --que podamos regular-- otros modelos de convivencia en pareja entre personas del mismo sexo, y atribuirles análogos derechos a los previstos en el ámbito del matrimonio. La opción adoptada en el proyecto --dice el Consejo de Estado-- no es indispensable para el logro de los objetivos que este se propone --se refiere, recuerden, a la discriminación por razón de sexo--.
En todo caso --sigue diciendo el Consejo de Estado--, suscita dudas que sea proporcionada, a partir de una ponderación de los bienes, valores e intereses en juego, y se aprecia un riesgo de afectación de la garantía institucional del matrimonio. La garantía institucional del matrimonio --dice el Consejo de Estado-- impide alterar la institución matrimonial más allá de lo que su propia naturaleza tolera. Y termina el informe remarcando

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que el legislador puede adecuar las instituciones garantizadas al espíritu de los tiempos, pero se le impide hacerlo en términos que las hagan irreconocibles por la conciencia social de cada tiempo.
Antes de pasar al asunto de la adopción --otro de los motivos por los cuales hemos vetado la ley--, me voy a referir brevemente al Derecho comparado, porque el senador Casas se ha referido también a él. En la Unión Europea, señorías, la apertura del matrimonio a parejas del mismo sexo es totalmente minoritaria, y en el ámbito internacional también.
Esto significa que, si este proyecto de ley se aprueba tal cual viene, la postura española será absolutamente excepcional.
En cuanto a la adopción, quiero recordarles que el Tribunal Constitucional admite únicamente un plus de protección de derechos en cuanto a la infancia, en cuanto a los menores; no, desde luego, en cuanto a los adultos. En la adopción, el propio Tribunal Constitucional, a lo largo de una jurisprudencia más que acreditada, prima el interés del menor sobre el de la familia que le va a acoger. Tal como lo regula el proyecto, parece que se premia a un matrimonio de homosexuales con uno o varios hijos, y no a un menor con una familia. Es decir que no se protege el interés preferente del menor, su derecho a tener padre y madre, en el mejor de los casos, o a tener un padre o una madre, no: se está poniendo por delante el interés de quienes quieren adoptar.
Además, señora presidenta, el proyecto se ha hecho con prisas --y en esto coincido también con el senador Casas--: con muchas prisas. No hay más que ver lo que se nos presenta como informe económico, que, desde nuestro punto de vista, no es más que un telegrama. ¿Cómo se entienden estas prisas, y este galope parlamentario que no permite ni un resquicio de libertad en ningún artículo? Porque el Gobierno sabe que su iniciativa no es pacífica para la sociedad a la que debe gobernar; y me estoy refiriendo a la libertad de conciencia. El Tribunal Constitucional manifestó hace ya 20 años que la objeción de conciencia existe y puede ser ejercida, con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. Dice el Tribunal que la objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa, que está reconocido en el artículo 16.1 de la Constitución, y es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales. Este pronunciamiento del Tribunal Constitucional lo comparte también, señorías, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Tribunal y la Comisión de Derechos Humanos de Estrasburgo y, por supuesto, el Parlamento Europeo. Sé que la objeción de conciencia plantea problemas de choque entre la norma y las conciencias individuales. Pero también sé, señora presidenta, que en las sociedades democráticas avanzadas se hacen compatibles los derechos ciudadanos con razones sólidas de conciencia.
En suma, señorías, el Grupo Parlamentario Popular entiende que el Gobierno ha perdido en este aspecto una oportunidad de oro de demostrar su respeto por el pluralismo ideológico de los españoles, que consagra la Constitución, y, en consecuencia, muy brevemente también y sin perjuicio de lo que ocurra en el Pleno --una vez que ocurra lo que tiene que ocurrir en esta comisión--, estas son las razones por las cuales el Grupo Parlamentario Popular ha presentado este veto.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA. Gracias, señora Vindel.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, consumo un turno en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para realizar algunas consideraciones sobre las dos intervenciones que se han producido y que van en la misma línea argumental.
En primer lugar, no hay sorpresa de tipo alguno, porque esta propuesta estaba incluida en el programa electoral con el que se presentó el Partido Socialista a las últimas elecciones generales. Tuvo, pues, el refrendo de cerca de 12 millones de votos de españoles, que conocían ese programa electoral. Es más, parte del programa fue redactado por muchos socialistas, y por personas no encuadradas en ese momento en el Partido Socialista --entre los que me encontraba--, como los que redactaron en particular ese apartado. Luego no se habla de memoria, sino con conocimiento exacto de que la propuesta está incluida en el programa electoral del Partido Socialista.
Si no lo llevamos a cabo, incumplimos un compromiso electoral, un contrato electoral --entre comillas--. Si lo llevamos a cabo, estamos cumpliendo el compromiso y la palabra dada. Y sabido es que a un ser humano o a un grupo de seres humanos --y un partido político no deja de ser un grupo de seres humanos-- se les evalúa en función del cumplimiento de la palabra dada, en función de la firmeza de su palabra; primer aspecto. Segundo aspecto: la necesidad de un amplio debate social. En esto coincidimos: es necesario un debate social; por ejemplo, como el que estamos teniendo. ¿O es que acaso no hay debate social en la actualidad? ¿Acaso no han sido muchos los senadores y senadoras de esta Casa a los que se les ha llamado a tantos lugares a explicar su criterio y su forma de pensar sobre esta materia? Ha sido así, hasta el punto de que ha habido meses de reflexión y de debate.
El esfuerzo consiste en gran medida en adecuar el ordenamiento jurídico a la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicado. Y la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicado, como exige el Código Civil en cuanto a la aplicación de las normas, muestra que la sociedad española --con todos los pueblos que integran España, con todos sus territorios y todos sus núcleos familiares (hasta 17 modelos de familia describen algunos sociólogos)--, es tremendamente plural, y también es plural en esta materia. En la vida real ya hay adultos que fueron educados como niños y niñas en familias homoparentales, bien de hombres o bien de mujeres. El único estudio empírico que hay afirma que no fueron mejores ni peores que cualquier otro niño o niña de su edad. Por lo demás, presentaron igualdad en el proceso de aprendizaje, en el de integración socioafectiva

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o en el de madurez relacional. En todo caso, destacaron por tener un mayor grado de tolerancia. Es uno de los datos que se destaca en este informe que se ha podido leer durante los últimos meses, y que ha sido entregado hoy a los senadores de esta comisión.
Luego, dejando a un lado las fórmulas adjetivadoras, se podría decir que si alguien califica de frívola esta forma de hacer las cosas, con la misma fluidez calificadora se podría decir: ¡Cuánta homofobia late de fondo en tantos planteamientos! (El señor Ramírez Rodríguez: ¡Vaya tela!) Es igual de frívolo calificar de frívolo al partido socialista que decir que quien se opone a esto está demostrando un pánico espantoso a las personas que tienen una orientación sexual en relación con su mismo sexo, bien sea varón o bien sea mujer. Pero es que en cualquiera de los casos yo no quiero utilizar la línea adjetivadora, porque a veces la sobreabundancia de adjetivos lo que demuestra es la incapacidad argumental en torno a la materia. Es lo mismo que cuando hablando sobre el derecho a contraer matrimonio se alude a otros asuntos; se puede no acusar recibo de los exabruptos o se puede decir simplemente: Vamos a hablar estrictamente de lo que estamos hablando sin meter otras consideraciones porque, si no, da la impresión de que se carece de argumentos en torno a esta materia.
Para algunos es recoger lo que es real. Hay una vieja expresión que se le adjudica a una persona a la que todos deseamos un pronto restablecimiento, que fue presidente del Gobierno de España, Adolfo Suárez, que hablaba de elevar a oficial lo que es real. Esto de lo que estamos hablando es real en todos los pueblos de España. Todos tenemos amigos, tenemos parientes, tenemos vecinos o vecinas que con toda claridad tienen esta orientación, tienen esta opción y algunos de ellos, a título individual, ya han adoptado niños y niñas que, insisto, ya son adultos. Para otros esto es motivo de escándalo, un escándalo similar a cuando en España empezó el matrimonio civil; el calificativo que se les dedicó a las personas que contraían sólo matrimonio civil es que eso era un amancebamiento, pero con el transcurso del tiempo a nadie se le ocurre usar esa expresión. Es más, cuando se plantearon como un derecho la separación o el divorcio también ello generó motivo de escándalo y hoy son tantas las personas que se casan sólo por lo civil y son tantas las personas que incluso casándose por otras opciones se separan o se divorcian con entera naturalidad... Pues con esto ocurre lo mismo: ahora para algunos es motivo de escándalo; con el transcurso del tiempo será un hecho absolutamente natural que no generará ninguna expectación ni noticia alguna.
Se dice: respetamos a los homosexuales pero que esa unión no tenga carácter de matrimonio. Y la pregunta es: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿A qué se debe ese mantenimiento en última instancia de un motivo de discriminación? ¿Acaso la orientación sexual de algún ser humano, sea el que fuere, supone algún mérito especial, supone alguna capacidad especial? Ningún mérito, ninguna capacidad, son factores que tienen que ver con el nacimiento, con la educación, con las experiencias, con la trayectoria vital de cualquier ser humano. Nadie es especialmente mejor que otro ser humano porque tenga una orientación sexual o tenga otra, nadie, ni es mejor ni es peor, es un dato absolutamente neutro; luego, en la práctica de ese ser humano ya se verá si tiene o no otras características, otras cualidades u otros defectos.
A nosotros nos parece que si se trata de que tenga todas las características del matrimonio en todos los terrenos --fiscales, sociales, etcétera--, si tiene todas las características, ¿por qué tanto pánico a llamarle eso, un matrimonio, que es lo que es? Yo he casado a mucha gente como juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5, encargado del Registro Civil, de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, y he hecho lo mismo que cuando los he casado como concejal: les explicas los artículos 14 y 32.1 de la Constitución y luego los artículos 66, 67 y 68 del Código Civil. ¿Y qué es lo que haces ahí? ¿Acaso realizas una prestación profesional, como ocurre para el caso del razonamiento de la objeción de conciencia en materia de aborto, donde realizas una actividad, una prestación de un servicio en función de una pericia? No, lo único que haces es registrar en el acta que la manifestación de voluntad ha sido libre, ha sido espontánea y que efectivamente en ese momento contraen matrimonio; tú no estás oficiando nada, eres un testigo de cómo dos personas contraen matrimonio. Es una diferencia fundamental a la hora de contrastar con otras formulaciones en relación con la objeción de conciencia.
Si tanto interés se manifiesta que se ha tenido por regular estas situaciones como uniones estables, ¿por qué en los últimos ocho años no se ha hecho? ¿Por qué 32 veces se ha votado en contra de esa posibilidad? (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--La señora Vindel López: ¿Y por qué no en los 14 años anteriores?) Estamos muy interesados en la pasión despertada por las uniones estables ahora, cuando se plantea esta opción; en este tiempo atrás tal cosa no ha acontecido. Al final yo creo que lo prudente y lo sensato es plantear que es bueno que el Derecho, en la medida de lo posible, se acompase con la realidad social. En muchas ocasiones el Derecho va en elefante y la realidad social en Fórmula 1; intentemos, repito, en la medida de lo posible, que la norma jurídica reconozca, sí, reconozca la realidad social, la realidad humana, la realidad familiar, y no busquemos subterfugios para impedir tal cosa.
Un último apunte y acabo, señora presidenta. La mejor de las instituciones públicas que educa a un menor, insisto, la mejor de las instituciones públicas que educa a un menor siempre será peor que el adulto o la adulta que previamente ha pasado la prueba de idoneidad de esa Administración pública, porque esa Administración pública cuando va a evaluar la idoneidad de esa persona lo que va a evaluar no es el cromosoma o las características secundarias sexuales de esa persona o cuál es su orientación sexual, lo que valora es la estabilidad afectiva, la madurez personal para poder desarrollar todas las potencialidades de ese ser humano concreto, de esa individualidad concreta que es el niño o la niña. Podríamos acudir a expedientes demagógicos al estilo de: Evaluemos en los centros de protección, en los centros de reforma, en los centros penitenciarios y en una franja de edad si provienen de familias homosexuales o de

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familias heterosexuales. Pero a mí eso me parece absolutamente demagógico, lo razonable es plantearnos en este supuesto concreto si es bueno o no para esas parejas --sea cual fuere su orientación sexual--, si es bueno o no para los niños y las niñas que no están atendidos por un adulto o por una adulta, que se dediquen de forma exclusiva a esa persona --y no como la institución, que tiene que atender a tantos otros más-- y puedan facilitar el desarrollo potencial de ese ser humano. A mí me parece que cerrar estas posibilidades es malo porque supone no respetar el pluralismo --que es un valor superior de nuestro ordenamiento-- y no respetar el artículo 9.2 de la Constitución: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.» Aquí se están removiendo obstáculos para hacer posible que el pluralismo sea recogido también en el ámbito matrimonial, en el ámbito del Código Civil.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (El señor Casas i Bedós pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, senador Casas.


El señor CASAS I BEDÓS: Quisiera hacer una pequeña intervención por alusiones muy directas que creo que merecen réplica.


La señora PRESIDENTA: Como su señoría no va a intervenir en turno de portavoces, le concedo unos minutos.


El señor CASAS I BEDÓS: Se ha dicho por parte del portavoz socialista que detrás de mi intervención había un profundo sentimiento homófobo. Yo le ruego al señor portavoz socialista que retire inmediatamente esta afirmación por absolutamente injusta, por no tener nada que ver con lo que yo he dicho, absolutamente nada que ver, y porque me parece ofensiva.
Si queremos mantener el respeto parlamentario le pido y le ruego que retire inmediatamente esta afirmación. (El señor Díaz Tejera pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, señor Díaz.


El señor DÍAZ TEJERA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor senador, yo no tengo inconveniente alguno en retirar la expresión homófobo si usted también retira la expresión frivolidad respecto al Gobierno socialista. Es decir, si usted retira la expresión frivolidad y frívola, yo retiro la expresión homófobo. (El señor Iribas Sánchez de Boado: ¡Qué barbaridad!)

El señor CASAS I BEDÓS: Señor senador, haga usted lo que crea conveniente. Yo he calificado una actitud política. Usted ha hecho una ofensa personal.


El señor DÍAZ TEJERA: Yo he calificado que culturalmente también hay una actitud tremendamente agresiva en torno a esta posición. (El señor Iribas Sánchez de Boado: ¡Fatal! ¡Qué vergüenza! Vergonzoso.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, constan sus expresiones en el «Diario de Sesiones». No vamos a abrir un debate. Por lo tanto, lo dejamos aquí.
Iniciamos el turno de portavoces. (Pausa.) La señora López Aulestia tiene la palabra.


La señora LÓPEZ AULESTIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, yo no voy a entrar en el debate de fondo pues, como ya se ha dicho, tiempo tendremos de hacerlo en Pleno. Sí quiero decir que no coincido con ninguna de las líneas de argumentación que han defendido el senador Casas ni con las de la senadora Vindel. Por tanto, votaré en contra de los dos vetos que se proponen.
Al igual que ha señalado el senador Díaz, en el sentido de que el contenido de este proyecto de ley estaba en su programa electoral y que, por lo tanto, lo que hacen es dar cumplimiento a dicho programa, también está en el de Izquierda Unida y no solamente en este último, sino en otros desde hace muchos años. Por ello, nos alegramos de que el Partido Socialista y otros, que en su momento no argumentaban de esta manera, ahora hayan acordado su postura a la de Izquierda Unida.
Ésos son los motivos por los cuales votaremos en contra de los dos vetos que se presentan.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, el señor Ayala tiene la palabra.


El señor AYALA FONTE: Muchas gracias, señora presidenta.
También voy a ser muy breve. En nombre de mi grupo quiero anunciar el voto contrario a los dos vetos presentados porque esta modificación de la ley que se producirá en el Pleno simplemente trata de reconocer la realidad y de reflejar en la ley la plena igualdad de derechos y deberes de todas las parejas, con independencia de su orientación sexual. Lo mismo puedo decir con respecto a la adopción, pues es una realidad social que existe actualmente. Hay muchos homosexuales que ya tienen hijos biológicos e hijos en adopción a título individual y, por lo tanto, no vemos la razón para que, si están casados, no puedan adoptar niños.
Por otro lado, ¿cuál es el problema? Se dice que si no es bueno que estos niños tengan dos padres o dos madres, cuando los niños que se adoptan están recluidos en un centro de acogida y no tienen ni padre, ni madre.
Por tanto, ¿es mejor que no tengan nada o que tengan dos padres o dos madres? Es una ley que no perjudica a nadie, que no va contra nadie, ni siquiera perjudica a la familia; al contrario, la

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complementa. Por todo ello, como dije al principio, rechazamos los dos vetos.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ayala.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señora presidenta.
Evidentemente, lo primero que quiero es lamentar las palabras del portavoz socialista. Entiendo que no es bueno debatir en este tono y no estoy de acuerdo, en ningún caso ni en cualquier planteamiento de orden político o personal, en ir a la descalificación porque en todo caso no se compagina lo que es un debate de una ley tan importante como ésta.
Discutimos, además, un tema polémico que no lo debería ser, porque estamos hablando de derechos y libertades de las personas, y aquí debería hacer alusión al pronunciamiento de nuestro grupo político que va a partir desde el respeto del posicionamiento plural de los diferentes miembros del mismo y evidentemente del respeto a la conciencia personal.
Por eso, vamos a plantear el máximo respeto a la libertad de nuestros senadores. Otra cosa es el planteamiento en esta comisión, en la que vamos a mantener el voto en contra de los dos vetos, tanto el del senador Casas, como el del Grupo Parlamentario Popular, pero --repito-- evidentemente el posicionamiento del grupo parlamentario en el Pleno del Senado respetará la libertad personal de cada uno de nuestros senadores en función de sus creencias y de sus valores personales.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la señora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señora presidenta.
Sencillamente tampoco voy a entrar en las cuestiones de fondo, pero sí quisiera que quedara por lo menos meridianamente claro que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos va a votar en contra de los dos vetos presentados porque el punto de arranque o aquel sobre el que sustentan la defensa tanto del veto presentado por el senador Casas, como el presentado por el Grupo Parlamentario Popular, defendido, en este caso, por su portavoz, la señora Vindel, no es el nuestro; el punto de partida sobre el que sustentan sus posiciones es diferente al nuestro y, evidentemente, lo digo desde el mayor de los respetos y entendiendo la absoluta legitimidad de defender todo lo contrario a lo que yo pueda apoyar.
Sin embargo, yo entiendo --y permítanme simplemente aportar un par de ideas-- que el matrimonio, como toda institución humana, es cultural y está sujeto a los avatares de cada momento y de cada tiempo histórico. El matrimonio, pues, como institución no pertenece al contenido de ninguna ley natural ni tampoco divina y, en su consecuencia, será lo que en cada momento la sociedad, en la que dicha institución se reconoce y cobra valor, quiera y democrática y legítimamente así decida. Estamos en un momento en que ese debate se ha puesto sobre la mesa y de alguna forma todos estaremos legítimamente defendiendo una postura o no, contraria frontalmente o a favor, frontalmente también, cual es la mía.
Por eso, el Estado legislador no sólo puede sino que debe regular la realidad que hoy cabe entender por matrimonio en sus legítimas y diversas formas en orden al reconocimiento --así al menos lo entiendo yo-- de la plena dignidad de todas las personas y el pleno reconocimiento a la igualdad de todos ante la ley, porque el proyecto de ley que nos ocupa --yo al menos, así lo entiendo--, lejos de corromper o de desnaturalizar --que aquí también se ha dicho-- la institución del matrimonio, la defiende y la enriquece porque no obliga a nadie y no va en contra del matrimonio heterosexual, simple y sencillamente respeta las opciones de todos, cuando ahora las opciones de algunos posiblemente se respeten, pero no tienen juego.
Por todo ello, voy a votar en contra de los dos vetos, y respecto de otra serie de cuestiones que también se han suscitado aquí, como la posibilidad o no de adopción por parte de las parejas homosexuales de niños y demás, el fondo de este tema lo debatiremos con mucha más profundidad en el plenario.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Etxegoyen.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el señor Bofill.


El señor BOFILL ABELLÓ: Muchas gracias, señora presidenta.
También, como los demás grupos --me repetiré--, reservaré lo esencial de nuestra argumentación para el debate en plenario, pero no podemos dejar de señalar nuestra posición.
Nuestro grupo está de acuerdo con este proyecto de ley y su principal artículo: el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Por tanto, votaremos en contra de los vetos.
Por un lado, se trata de un paso importante para acabar realmente con toda discriminación jurídica y social por motivo de sexo --que no es una cuestión de afirmarlo sino que, en este caso, de una manera meridiana, se afirma-- y, por otro lado, permite un reconocimiento pleno de la existencia de familias homoparentales, que son una realidad en nuestro entorno social, a las cuales se les da una opción de reconocimiento por la vía del matrimonio en igualdad de condiciones e independientemente de la orientación sexual. Se reconocen plenamente derechos y deberes mutuos de los cónyuges y protege plenamente a los hijos existentes ya dentro de estas familias homoparentales. Es una hipocresía hablar de la adopción o de los hijos en las familias homoparentales como si fuera una hipótesis cuando es una realidad bien tangible que hoy en día se intenta tapar.


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¿Cuál es la realidad? La realidad es que los homosexuales están adoptando, porque individualmente nadie puede no permitir la adopción a título individual y, en cambio, se encuentran viviendo en el seno de las familias que no tienen un reconocimiento pleno y, por lo tanto, estas familias deben tener una opción clara al matrimonio en igualdad de condiciones al resto de las familias. Esto me parece una cuestión fundamental y, en este sentido, en la adopción se trata claramente de dar una familia a un niño, y una familia homoparental es igual a otra de orientación sexual distinta.
Por otra parte, este proyecto de ley no va contra nadie, y abundo en lo que ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria. Lo que se está haciendo es ampliar los derechos a unos colectivos que hasta ahora han carecido de los mismos; además, la aplicación de estos derechos no tiene limitación alguna. Por lo tanto, no acabamos de entender las posiciones restrictivas respecto a ampliar estos derechos a las personas homosexuales.
El Gobierno ha sido valiente; podemos ser avanzados alguna vez a nivel social; en Europa hay otras legislaciones donde ya existe este tipo de matrimonio y no hay ninguna motivación para que el Estado español no pueda avanzar y adoptar una posición coherente con unos principios afirmados en nuestra propia Constitución.
Por tanto, votaremos a favor de este proyecto de ley, y esperamos que tenga efectos sociales muy positivos sobre estos colectivos y estas familias que, no por ser minoritarios en nuestra sociedad ,deben tener menos derechos que el resto.
Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bofill.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señora presidenta.
Si se quiere perder el tiempo y comprobar las intervenciones grabadas de este portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, tanto en comisión como en Pleno, se constatará -- e invito a un almuerzo a quien quiera, que, por supuesto, pagaré-- que jamás cito el nombre y apellidos de persona alguna, y que jamás cito las siglas de partido político alguno; nunca lo hago. Es más, invito a que se compruebe si en la intervención anterior he citado a persona o grupo alguno. Lo único que he planteado es que el uso del idioma permite adjetivar tanto a unos como a otros, y apelo a la legítima defensa, porque se califica de frívolo al Gobierno socialista y al Partido Socialista por haber hecho este planteamiento, no obstante, haber sido refrendado en las elecciones generales porque figuraba en su programa electoral, y, como ustedes comprenderán, es tan frívolo calificar de frívolo al Partido Socialista como, con la misma alegría, calificar a quienes no apoyan este planteamiento y decir que verbalizan la homofobia, con entera libertad de pensamiento y de expresión.
A lo largo de este tiempo, nunca he recibido tantas cartas sobre cualquier materia como en esta ocasión, y en varias ocasiones se ha explicado que España es uno de los países con experiencia terrorista que no sólo no ha restringido derechos sino que los ha ampliado; es más, es una de las líneas de intervención del Ministerio de Justicia, en los tres vectores que le caracterizaban: ajustar el servicio público, la ampliación de derechos y adecuar el ordenamiento jurídico; y precisamente uno de los ejemplos era la ampliación de derechos civiles para capas de la población española.
Por tanto, no creo que haya motivos de intranquilidad ni de nerviosismo.
Me sorprende el hecho de que un día me llegó un informe de Amnistía Internacional, tremendamente denso de contenido, y al lado, en términos canarios, un fleje, aquí un montón, o como se quiera calificar, de cartas que no citaban ninguno de los asuntos planteados por Amnistía Internacional y sí se generaba un motivo de escándalo ante la opción de que dos hombres o dos mujeres puedan unirse y que se califique de matrimonio; a mí me sorprende y, en todo caso, me escandaliza el escándalo de otros ante una realidad social absolutamente incontestable en el conjunto de España.
Nada más, señora presidenta. Doy por reproducidas las consideraciones hechas en mi primera intervención.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Díaz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Vindel, para cerrar el turno de portavoces.


La señora VINDEL LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Lo primero que me pregunto es si hemos de ver todas las intervenciones televisadas del senador Díaz para que nos invite a comer, por supuesto, pagando él la comida, o si nos vale simplemente con la intervención que ha tenido hoy aquí, que ha sido muy ilustrativa; después me pondré de acuerdo con él. (El señor Díaz Tejera: También la invitaré.) No le quepa duda. ¡Naturalmente!

La señora PRESIDENTA: Señor Díaz, no está en el uso de la palabra.


El señor DÍAZ TEJERA: Señora presidenta, era sólo un comentario cariñoso.


La señora PRESIDENTA: Continúe su señoría.


La señora VINDEL LÓPEZ: Gracias, señora presidenta, y disculpe esta digresión.
Me corresponde cerrar el debate y, evidentemente, al final de mi primera intervención, no sabía qué suerte iban a correr los dos vetos presentados; ahora ya lo sé y, por tanto, soy consciente de que los vetos llegarán a Pleno, donde tendremos más oportunidad de explayarnos unos y otros. Pero me gustaría decir algo.
Cuando se me esgrime el artículo 9 de la Constitución, he de decir que prefiero quedarme con el artículo 16, entre otras cosas, porque establece la libertad de conciencia, la libertad ideológica, la libertad religiosa, y no por casualidad es el segundo que aparece en el catálogo de derechos

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fundamentales, tras el elemental derecho a la vida y a la integridad física. En fin, creo que es mucho más identificativo de una postura de respeto al pluralismo ideológico de los ciudadanos de este país.
Señorías, no creo que la postura mantenida por el Grupo Parlamentario Popular sea restrictiva; nos oponemos a que estas uniones se denominen matrimonio, consiguientemente, nos oponemos a que se puedan realizar adopciones y, por último, solicitamos que se incluya la libertad de conciencia. No estamos pidiendo nada raro; no estamos pidiendo nada ajeno al ordenamiento jurídico de los países de nuestro entorno y del resto de países que pertenecen al mundo occidental.
Señorías, sobre todo, lo que no entendemos es por qué la iniciativa que hemos presentado en octubre, que es la plasmación de nuestra postura, que ahora tengo en la mano, no se ha tramitado y se ha preferido una iniciativa que, sin duda, figurará en el muy respetable programa del Partido Socialista, pero que está siendo francamente controvertida, y a las pruebas me remito.
Por tanto, no me voy a explayar más pero, señora presidenta, si me lo permite, no me resisto a leer un texto que después les diré a quién pertenece. El texto, que ha aparecido hoy en un teletipo Barcelona 14, dice lo siguiente. (La señora Granado Paniagua: ¡De quién será!): Como legisladora, considero que las normas jurídicas deben garantizar el bien común, algo que esta ley no cumple a mi juicio, ya que no mantiene el equilibrio necesario entre la ampliación de derechos civiles para la minoría homosexual y la salvaguarda de intereses generales.
Coincido en mi oposición a esta ley con las posiciones sobre esta cuestión de buena parte de la socialdemocracia europea, y las del socialismo francés, que representa Lionel Jospin, y con los argumentos jurídicos expresados por organismos representativos como el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.
Mi crítica es a la regulación jurídica concreta por la que se ha optado para el reconocimiento de derechos a la unión de personas homosexuales, que rompe la configuración objetiva del matrimonio y no da prioridad a los derechos de la infancia.
La ley --sigo leyendo el teletipo-- confunde una institución de relevancia social, como es el matrimonio, con formas de convivencia basadas en la orientación sexual que, como reconoce la propia ley, son algo de trascendencia personal, aunque puedan generar derechos. Por el contrario, la unión de un hombre y una mujer en la que se basa el matrimonio, de la que procedemos todos, y que asegura el futuro de la humanidad, genera beneficios sociales y requiere por ello una regulación jurídica propia y una protección adecuada.
La ley va más allá de equiparar uniones homosexuales y matrimonio, ya que propone cambiar la esencia de la institución matrimonial basada en la ley natural civil y de la que procede también el matrimonio canónico, y esta alteración del matrimonio implica debilitar la institución más importante de la sociedad. No parece que convenga a la sociedad en su conjunto que se debiliten instituciones jurídicamente consolidadas que son su propio cimiento.
Finalmente, lamento que en una ley de esta trascendencia no se haya propiciado un gran consenso parlamentario y que se haya creado una situación de fuerte división social, desoyendo la posición contraria de millones de ciudadanos españoles representados por otros partidos políticos democráticos y expresada también a través de asociaciones e instituciones importantes de nuestra sociedad.
Con respecto a la adopción, no hay estudios concluyentes sobre los efectos para el desarrollo armónico de los niños en parejas del mismo sexo. Hay opiniones contradictorias de los expertos. (Rumores.) Paciencia, señorías, enseguida acabo. Por tanto, ante la duda, hay que inclinarse por anteponer los derechos de los menores que, según nuestro ordenamiento jurídico, han de tener prioridad absoluta para el legislador.
Pues bien, quien ha hecho público este comunicado, señora presidenta, señorías, es una senadora del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, doña Mercedes Aroz, que no debió estar muy presente en esas mesas de debate que, al parecer, se organizaron a la hora de confeccionar el programa electoral. (El señor Mansilla Hidalgo: ¡No invitamos a Cercas!) Señora presidenta, quiero decir que , a la vista de todo esto, ésta no es una cuestión de ideología sino de sentido común y, por tanto, el Grupo Parlamentario Popular se reafirma, con más fuerza si cabe, en la presentación de su veto.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Varios señores senadores piden la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Vindel.
Señorías, ¿por qué me piden el uso de la palabra? El debate está cerrado.


El señor DÍAZ TEJERA: No es sólo el debate. Iba a decir al señor Casas que retiro la expresión y le pido disculpas.


La señora PRESIDENTA: Ruego a sus señorías que tengan a bien dejarse conducir por esta Presidencia, que está ejerciendo su función con amabilidad y concediéndoles el tiempo que ustedes necesitan.
Vamos a proceder a la votación de los vetos.
En primer lugar, veto número 1, del señor Casas i Bedós.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos en contra, 13; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos el veto número 2, del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


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Pasamos al debate de las 13 enmiendas presentadas a este proyecto de ley.
Antes de comenzar debo anunciarles que, dado que también se está celebrando la Comisión General de Comunidades Autónomas, cuya vicepresidenta se encuentra en la sala, se me ha pedido que fije una hora para la votación del informe de la ponencia. ¿Les parece que esa votación no se produzca antes de las dos menos cuarto de la tarde? (Asentimiento.) Muchas gracias.
En primer lugar, están las enmiendas 1 y 2, del Grupo Mixto.
Para su defensa tiene la palabra la señora López Aulestia.


La señora LÓPEZ AULESTIA: Gracias, señora presidenta.
Doy por defendida la enmienda número 1, del senador Quintana, que él mismo defenderá en el Pleno.
La enmienda número 2, de Izquierda Unida, también la mantenemos para su defensa en Pleno. Dicha enmienda hace referencia exclusivamente al reconocimiento, por su constancia y fe, a aquellas organizaciones sociales que han mantenido a lo largo de muchos años una actitud favorable a la aprobación de una ley de estas características.
Yo misma la defenderé en su momento en el Pleno.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de la enmienda número 14, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Gracias, señora presidenta.
Nuestra enmienda se refiere a la creación de una disposición adicional nueva. Se trata de una propuesta en positivo, pues, evidentemente, no estamos de acuerdo en que haya leyes contra nadie y sí en buscar el máximo consenso posible, aunque tras el debate de los vetos creo que eso va a ser complicado.
Proponemos que se garantice la celebración del matrimonio en el consistorio seleccionado por los contrayentes respetando la conciencia, el derecho de contraer por parte de quienes lo soliciten, así como lo previsto en la propia ley. Con ello creemos dar respuesta a los ciudadanos ante cualquier requerimiento para el cumplimiento de una ley, como la que ahora estamos debatiendo, y por esta vía pensamos que también damos una salida lógica al respeto a la conciencia personal del alcalde o los concejales.
Repito que es una propuesta en positivo que viene a resolver una duda que se ha producido durante las últimas semanas de debate de esta ley. Todo el mundo tiene derecho a que se cumplan las leyes, y también al respeto a la propia conciencia. Ésa es la filosofía de esta enmienda, al margen de que estamos abiertos a una salida más consensuada de esta cuestión o a una mejor redacción.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Badia.
A continuación, tiene la palabra la señora Etxegoyen para la defensa de la enmienda número 3, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señora presidenta.


Doy por defendida la enmienda en sus propios términos, cuya justificación todos ya conocen y figura en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales».
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Etxegoyen.
Corresponde ahora el turno de defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, números 4 a 13.
Tiene la palabra el senador Conde.


El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señora presidenta.
En nuestra enmienda de veto, que lamentablemente no ha prosperado en la comisión, hemos dejado establecida nuestra opinión absolutamente contraria a este proyecto de ley; en definitiva, nuestra opinión absolutamente contraria a que las personas del mismo sexo puedan unirse de modo estable llamando a esa unión matrimonio, teniendo los mismos derechos que las parejas heterosexuales en lo que a la adopción se refiere y no estableciendo una cláusula de conciencia para permitir que aquellos a quienes sus profundas convicciones no les aconsejen la intervención en ese proceso matrimonial puedan abstenerse de hacerlo.
Como comprenderán, nuestras enmiendas pretenden precisamente vaciar de contenido este proyecto de ley. Son básicamente enmiendas de supresión, por entender que la regulación del matrimonio en el Código Civil es una regulación sensata, una regulación tradicional, histórica en nuestro Derecho, una regulación compartida por la inmensa mayoría del pueblo español. Por ello, como ya ha dicho mi compañera de grupo parlamentario, la senadora Vindel, de regularse --entendemos que sería interesante hacerlo-- las uniones civiles entre personas del mismo sexo debería hacerse en otra figura jurídica completamente diferente. Ésa es la razón por la que las enmiendas del Grupo Popular tienden, insisto, a vaciar de contenido este proyecto de ley remitido por el Gobierno.
No voy a extenderme en exceso en la defensa de nuestra postura, que básicamente es la misma que la de un veto. Sin embargo, se me permitirá hacer una serie de consideraciones, empezando por la enmienda en sentido positivo que ha planteado el Grupo Popular en relación con la objeción de conciencia.
Señorías, la objeción de conciencia, derecho constitucionalmente reconocido, es la posibilidad que debe tener una autoridad o funcionario llamado a intervenir en un determinado negocio jurídico de abstenerse en dicha intervención cuando ésta atente de modo profundo a sus convicciones. Es, en definitiva, una salvaguarda de la libertad individual. Lo que nos llama poderosamente la atención no es que en este proyecto de ley el Gobierno no haya tenido en cuenta esta posible cláusula de conciencia, sino el hecho

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de que, planteada esa posibilidad por los grupos parlamentarios de Convergència i Unió y Popular, la actitud del segundo grupo de la Cámara, que sostiene al Gobierno, sea tan tajantemente contraria a admitirla.
Señorías, no comprendemos ese miedo a la libertad. En el caso de ser aprobado este proyecto de ley, es decir, en el caso de que exista el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, entenderíamos la preocupación que se podría suscitar en el partido del Gobierno por que la abstención, basada en razones de conciencia y hecha por persona encargada de celebrar el matrimonio, no implicara que esas personas no pudieran llegar a contraer matrimonio. Por ello, ha de preverse algún régimen de sustitución para que se garantice la posibilidad de contraer ese matrimonio. Y nosotros mismos lo hemos redactado en esos términos. Así, sus señorías han podido leer el texto de nuestra enmienda, relativo a la posibilidad de que quien se abstenga de intervenir sea sustituido por otra persona que no aduzca esas razones de conciencia. En suma, el derecho a contraer matrimonio por personas del mismo sexo --insisto, en caso de ser aprobada esta ley-- quedaría en todo caso garantizado, a la vez que también se garantizaría el derecho a esa libertad de conciencia por parte de las autoridades. Repito que no comprendo la actitud del grupo del Gobierno.
Señorías, defender el matrimonio tal y como lo configura nuestra constitución no es discriminar a nadie. El matrimonio es una institución presocial, señorías: la unión estable entre hombres y mujeres viene existiendo en la Humanidad desde mucho antes de que naciera el Derecho.
Nuestra Constitución, en su artículo 32, dice taxativamente «el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio». No utiliza nuestro texto constitucional la expresión «los ciudadanos» o «los españoles», que son las expresiones que sí utiliza al referirse a los derechos fundamentales y libertades públicas y proclamarlos en el resto del articulado. Utiliza taxativa, específica y expresamente los términos «el hombre y la mujer», porque, señorías, el matrimonio, guste o no guste, es la unión estable del hombre y de la mujer. Habrá figuras tremendamente respetables, figuras jurídicamente necesarias, figuras políticamente justificables y justas, figuras que tiendan a la igualdad jurídica de personas que mantienen un punto de vista diferente, pero no serán un matrimonio, señorías. Serán otra cosa, pero no un matrimonio. Así piensa no poca gente en este país, pero hoy nos encontramos ante el punto de vista dominante del Partido Socialista que, según nos dice el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, lleva en su programa semejante propuesta y que justifica, según el senador Díaz, la remisión a esta Cámara del proyecto de ley.
En primer lugar, quisiera hacerles ver que las palabras del señor Díaz, que constarán en el «Diario de Sesiones», son extraordinariamente jugosas. Esa proclamación de cómo el valor de un partido se mide por el grado de cumplimiento de su programa electoral va a ser sin duda muy repetida; serán palabras y frases tremendamente utilizadas en lo que quede de legislatura. Es una lástima que el Partido Socialista no muestre ni ponga el mismo empeño en cumplir el resto de su programa electoral. Ya recordaremos puntualmente --esta misma tarde vamos a tener una ocasión de oro cuando con la comparecencia de la señora subsecretaria del Ministerio de Justicia-- la promesa, incluida también en ese mismo programa electoral y asimismo con un gran debate social, de aumentar en un 2 por ciento, en los Presupuestos Generales del Estado, la dotación económica para el Ministerio de Justicia, que este año se ha quedado en el 0,8. Ya veremos entonces dónde queda la palabra del Partido Socialista y del Gobierno que emana de su partido.
Pero no es una simple cuestión de programa electoral ni es una cuestión del número de votantes que han refrendado con su apoyo ese programa electoral. Dando por cierto que los 12 millones del votantes del Partido Socialista compartieran este punto en concreto, no dejaría de ser cierto que faltan 32 millones de españoles. Si nuestro país, España, tiene 44 millones de habitantes --aunque el Instituto Nacional de Estadística rebaje la cifra para que le cuadre la cuenta del producto interior bruto y de la renta per cápita--, suponiendo que 12 millones estuvieran de acuerdo con este asunto, faltarían 32, y lo que al Partido Popular le parece que no puede hacerse es gobernar en contra de una mayoría social suficientemente amplia que considera que este asunto atenta de modo radical y fundamental contra una concepción de la sociedad muy determinada.
Si esto es el talante, si esto es el consenso y si esto es el diálogo...; en realidad estamos ante el puro rodillo. El Partido Socialista y algunos de sus socios parlamentarios han decidido pasar el rodillo por el lomo de la sociedad española para dar cumplimiento a una exigencia de su programa. ¿Tienen derecho a hacerlo? Sin duda lo tienen. ¿Tienen legitimidad democrática para hacerlo? Sin duda la tienen. ¿Tienen mayoría parlamentaria bastante para imponerlo? Sin duda la tienen. Pero ¿es eso revelador de ese supuesto carácter dialogante y negociador del que hace gala el Partido Socialista, básicamente su secretario general? Entendemos que no. En este asunto ni se ha buscado el consenso, ni se ha querido escuchar a la otra parte, ni se han buscado puntos de encuentro, ni se han buscado lazos de conexión entre dos visiones diferentes de la vida.
Tendrán la mayoría, pero probablemente no tendrán la razón, porque la razón se gana y no se impone.
Señorías, no se trata de discriminar a nadie, se trata simplemente de llamar a las cosas por su nombre. Permítanme que les diga, señorías, que yo no puedo participar en las olimpiadas en natación sincronizada femenina, pongamos por caso, por muchas razones, primero, porque no soy un deportista de élite y, segundo, porque no soy mujer, y no por ello voy a sentirme discriminado; simplemente, mi naturaleza no se ajusta a los requisitos establecidos para una determinada situación. Si la Constitución dice que son el hombre y la mujer los que tienen derecho a contraer matrimonio, negar el matrimonio a dos hombres o a dos mujeres, no es discriminarlos; es, simplemente, hacerles ver que no se encuentran dentro de las previsiones de la norma constitucional, porque la naturaleza del matrimonio no es la unión de personas del mismo sexo sino la unión de personas de distinto sexo. Y no es discriminar. ¿Tendrá el Derecho la necesidad, la obligación, el deber de regular las relaciones

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personales entre esos dos hombres o dos mujeres que deciden unir sus vidas? Tendrá que hacerlo. ¿Tendrá que hacerlo de modo tal que esa regulación sea esencialmente idéntica a la que tenga el matrimonio? Tendrá que hacerlo así. Pero esa unión no es un matrimonio.
Esto es, en definitiva, señorías, lo que defendemos en el Partido. En España, hay aproximadamente nueve millones de matrimonios --por supuesto, heterosexuales--, frente a unas 10.000 parejas estables homosexuales, según revelan los datos del censo. Es una desproporción numérica de tal calibre, que no justifica en modo alguno la necesidad social de la figura que pretende imponérsenos.
Señorías, en lo que se refiere a la enmienda de la objeción de conciencia --y termino-- vamos a defender el texto de nuestra propia enmienda, y vamos a abstenernos en relación con la enmienda presentada por Convergència i Unió en esta comisión, salvo que de aquí a las dos menos cuarto, cosa que considero probable, seamos capaces de llegar a un acuerdo sobre un texto transaccional. Espero que de aquí a la hora de votación nos haya dado tiempo a redactar ese acuerdo, que será un acuerdo en defensa de la libertad de conciencia de los ciudadanos, que no perjudicaría a nadie, que no impediría a nadie contraer ese matrimonio homosexual civil, en caso de ser aprobada esta ley, pero que permitiría salvaguardar la conciencia de otros españoles. Si tanto se defiende el derecho a la propia libertad, al desarrollo de la personalidad, y en esto se fundamenta la existencia del proyecto de ley, utilícese el mismo argumento, empléense los mismos valores aducidos para proteger el derecho a la libertad de conciencia de quien no quiera intervenir en esto.
Veremos ahí dónde llega de verdad el talante, hasta qué punto se practica el diálogo y de qué modo se ejerce el consenso.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Conde.
Pasamos al turno en contra. La señora Granado va a hacer uso de la palabra.


La señora GRANADO PANIAGUA: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, respeto profundamente los planteamientos de la senadora Aroz, de la que se ha mostrado portavoz la senadora Vindel, pero lamento que coincida con los planteamientos del Partido Popular y con los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad. (La señora Vindel López: ¡Hala!) De la misma manera, señorías, respeto profundamente la posición de la diputada, doña Celia Villalobos, que votó a favor del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, y de la diputada, doña María Pía Sánchez, que no votó en dicha Cámara.
Señorías, nos encontramos en un momento histórico, pues estamos ante una ley cuya finalidad es eliminar una discriminación secular que han sufrido muchas personas en nuestra sociedad por razón de su orientación sexual.
Esta ley amplía parcelas de libertad, de justicia, de solidaridad, de igualdad, de dignidad de las personas, de tolerancia y de libre respeto hacia el desarrollo de la personalidad. En definitiva, estamos hablando de la extensión de la ciudadanía plena a todos los ciudadanos sin distinción, extendiendo el ejercicio de los derechos que gozamos la mayoría de los ciudadanos a aquellos a quienes les han sido denegados hasta ahora.
Esta ley permitirá que aquellos que libremente adoptan una opción sexual y afectiva con personas de su mismo sexo puedan desarrollar su personalidad y sus derechos en condiciones de igualdad. Por ello, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista se opone a la modificación del texto, y por tanto, a todas las enmiendas presentadas.
A nuestro entender el reconocimiento del matrimonio a todos los ciudadanos sin ningún tipo de exclusión es la culminación de la lucha por la igualdad jurídica de un colectivo de ciudadanos que tiene que gozar de todos los derechos constitucionales, sin que pueda ser discriminado por su orientación sexual, tal y como establece el artículo 14 de la Constitución Española.
La reivindicación del matrimonio no es un capricho de gays y lesbianas, sino la culminación de una lucha de siglos en defensa de la dignidad. A nuestro entender, es la legítima expresión de una ambición por la igualdad plena y por acabar con la injusticia y con la discriminación.
Señorías, defendemos esta ley porque supone una oportunidad real de ampliar el concepto de ciudadanía y profundizar en la democracia, reconociendo como matrimonio la convivencia en pareja por parte de personas del mismo sexo basada única y exclusivamente en la afectividad.
Entrando ya directamente en el análisis de las enmiendas presentadas, voy a comenzar por las del Grupo Parlamentario Mixto. En la enmienda número 1, del Bloque Nacionalista Galego, que lo es de adición a la disposiciones adicionales, se propone una nueva disposición adicional tercera. No aceptamos esta enmienda, señorías, porque no creemos que sea necesario hacer una referencia explícita a que los hijos habidos en el seno de las parejas homosexuales hayan de ser tratados de forma igual, pues el trato en igualdad es un mandato directo, claro y tajante reconocido en el artículo 39.2 de nuestra Constitución.
La enmienda de adición a la exposición de motivos presentada por Izquierda Unida, debo decir que no la vamos a aceptar, pues, aun estando de acuerdo con lo que ésta plantea, consideramos que el espíritu de la misma ya quedó recogido en la transaccional que sobre dicha enmienda se aprobó en el trámite del Congreso de los Diputados. No obstante en su caso, y de aquí al trámite del Pleno, veremos si podemos llegar a algún acuerdo.
La enmienda número 3 de modificación a la disposición final primera, presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, no podemos aceptarla porque el texto al que afecta ya fue consensuado en el Congreso de los Diputados a través de una enmienda transaccional de Esquerra Republicana de Cataluña que contempla la salvaguarda de determinadas competencias de las comunidades autónomas en el Derecho Civil. Creemos que la adición que se propone sobre el texto del proyecto no sólo no aporta mayor claridad, sino que además puede generar confusión sobre el título competencial de Derecho Civil.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió presenta la enmienda número 14, que rechazamos,

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porque supone admitir tácitamente la posibilidad de una cláusula de objeción de conciencia para la celebración de matrimonios.
Por último me referiré de forma global a todas aquellas enmiendas de supresión presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y de forma separada a las dos restantes presentadas por dicho grupo, una de adición y otra de modificación. No vamos a aceptar las enmiendas números 4, 5 y 6, de supresión de distintos párrafos de la exposición de motivos, la número 7, de supresión del artículo único, las números 8 y 9, de supresión de las disposiciones adicionales primera y segunda respectivamente, y las números 11 y 12, de supresión de las disposiciones finales primera y segunda, respectivamente.
Señorías, no podemos aceptar ninguna de sus enmiendas, porque en ellas se sigue manteniendo la discriminación y el reconocimiento de que existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, negando, por tanto, el reconocimiento a la ciudadanía plena a determinados ciudadanos. No podemos aceptarlas, porque esta ley pretende apostar de una manera clara por la plena igualdad jurídica de todos los ciudadanos, y es que, señorías, ésta no es una concesión gratuita, sino simple y llanamente una cuestión de Derecho, y porque desde el Grupo Parlamentario Socialista no queremos que los homosexuales sigan siendo ciudadanos de segunda. No lo son respecto de las obligaciones que tienen con el Estado, y por tanto, tampoco deben serlo respecto de los derechos, y desde luego ni el Gobierno ni el Grupo Parlamentario Socialista les vamos a dar un matrimonio de segunda.
Con su enmienda número 7 pretenden cambiar el modelo igualitario de inclusión en la institución del matrimonio a las parejas formadas por personas del mismo sexo por un modelo diferenciador, sin justificar tal diferencia, y no podemos aceptarlo, pues la finalidad de esta ley es el reconocimiento de un derecho en igualdad: el derecho al matrimonio. A nuestro entender con las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular se mantiene la discriminación.
En la justificación de sus enmiendas proponen, además, la regulación del derecho de los homosexuales al matrimonio en el marco de las proposiciones de ley de parejas de hecho que se están tramitando en el Congreso de los Diputados. Una vez más creemos que el Partido Popular llega tarde. Ustedes gobernaron durante ocho años, los cuatro últimos con mayoría absoluta, y en 31 ocasiones se mostraron contrarios a reconocer los derechos de las personas homosexuales bajo la figura las parejas de hecho.
Por lo que se refiere a la enmienda número 10, con la que se propone establecer una nueva disposición adicional, ustedes pretenden regular la objeción de conciencia, algo que en modo alguno podemos admitir en el cumplimiento de las leyes por parte de las autoridades y funcionarios que tienen encomendada dicha función. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, ya respondió en esta comisión a una pregunta formulada en ese sentido por su señoría. Decía así: Yo diría que los jueces estamos obligados. Hemos jurado o prometido cumplir la ley, por lo que debemos cumplirla y acatarla, nos guste o no nos guste. Yo he aplicado en mi vida profesional leyes que no me gustaban, y sin embargo había jurado cumplir la ley, y aunque no me gustara la he tenido que cumplir, acatar y aplicar. Esto lo decía el presidente del Consejo General del Poder Judicial ante esta misma comisión respondiendo a una pregunta del senador Conde.
A nuestro entender, exigir que se regule la objeción de conciencia para dejar en manos de algunas autoridades el cumplimiento de la ley iría directamente en contra de la Constitución, ya que el artículo 9.1 recoge el principio de sujeción de los ciudadanos y de los poderes públicos al ordenamiento jurídico. Se trata, pues, señorías, de un principio constitucional sobre el que, entendemos, no se puede establecer una excepción.
Por último rechazamos la enmienda número 13, de modificación de la disposición final segunda, con la que se pretende establecer una «vacatio legis» de seis meses. Entendemos que la vacatio legis no está justificada en una ley que otorga un derecho individual de tal relevancia como el de poder contraer matrimonio. Además de ello, no creemos necesario que se lleve a cabo adaptación alguna para poder hacer frente a la misma eficazmente desde el mismo momento de su aprobación.
El Gobierno socialista presenta este proyecto para eliminar esta injusta discriminación basada, como decía anteriormente, en la orientación sexual, pues entendemos que el Derecho debe ser respetuoso con la elección personal que cada ciudadano adopta en virtud de sus principios morales, religiosos o éticos. El Gobierno y los poderes públicos tienen la obligación y el deber de garantizar a todos los ciudadanos, por minoritarios que sean, el libre ejercicio de sus derechos, uno de los cuales es a nuestro entender, señorías, el derecho a contraer matrimonio, un derecho de todos sin distinción que no puede concebirse como un privilegio de unos sobre otros. Este proyecto de ley tiende a reconocer un derecho de igualdad, y la igualdad, señorías, no se regatea. Si la igualdad no es plena y completa, no es igualdad y, si no es así, la discriminación se sigue manteniendo.
En definitiva, señorías, lo que pretendemos con esta ley es el reconocimiento de un derecho y no la imposición de una obligación. Esta medida --como ya han dicho otros señores senadores que me han precedido en el uso de la palabra-- no va contra nada ni contra nadie, por una razón muy sencilla, porque la extensión del reconocimiento de un derecho no devalúa el derecho que se reconoce, al contrario, creemos sinceramente que lo fortalece.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Granado.
Turno de portavoces.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.)

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¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Tiene la palabra el senador Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Oídas las intervenciones de los portavoces, a mí me gustaría hacer incidencia en el tema al que hace referencia nuestra enmienda.
Desde el máximo respeto a las manifestaciones vertidas, tanto por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Popular como por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, nuestra propuesta conjuga los dos intereses, es decir, los derechos de los ciudadanos que opten por este tipo de matrimonio y los derechos de quienes han de cubrir los trámites procesales para que esto sea una realidad. Por lo tanto, quiero incidir nuevamente en que nuestra propuesta lo es en positivo y desde el máximo respeto a los posicionamientos personales. Por esta razón, instamos a los grupos que se han manifestado en contra a estudiar la posibilidad de aceptar nuestra propuesta.
Muchas gracias, señoría.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) El señor Conde tiene la palabra para cerrar el turno de portavoces.


El señor CONDE BAJÉN: Muchas gracias, señora presidenta.
No voy a entrar en el debate anterior, pero si al senador Badia le parece bien, podemos anunciar en este momento que su grupo y el mío han llegado a un acuerdo sobre la regulación del derecho de objeción de conciencia a través de una enmienda transaccional, que paso a leer «in voce», con independencia de hacer entrega del texto a la Mesa, lamentablemente manuscrito, pues no hemos tenido tiempo de presentarlo más pulcramente.
La enmienda, de adición de una nueva disposición adicional, diría lo siguiente:

1º. Las autoridades y funcionarios de todo tipo que, debiendo intervenir en cualquier fase del expediente matrimonial entre personas del mismo sexo, adujeren razones de conciencia para no hacerlo, tendrán derecho a abstenerse de actuar.
2º. La Administración o Corporación a la que perteneciere la Autoridad o funcionario que se acogiere al derecho reconocido en el apartado anterior proveerá el sistema de sustitución adecuado para garantizar en todo caso que quienes tengan derecho a contraer matrimonio puedan efectivamente celebrarlo. Este es el texto de una cláusula de conciencia que, como muy bien ha dicho el senador Badia, conjuga dos cuestiones: por un lado, el derecho de conciencia a no actuar por parte de quien se vea impedido a ello debido a sus convicciones y, por otro lado, el derecho de que quien tiene la intención de contraer matrimonio, amparándose en una norma legal vigente, pueda realmente celebrar ese matrimonio. Todo ello se hace a través de un sistema de sustitución, cuestión perfectamente prevista en nuestro Derecho sustantivo y regulado tanto en la Ley de Procedimiento Administrativo como en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en la Ley Orgánica del Poder Judicial, a través de procedimientos como la recusación o abstención de jueces o funcionarios. En este caso habría otra nueva causa de abstención, que sería la de aducir razones de conciencia para no poder intervenir en el expediente. Ello no impide en modo alguno, insisto, que aquellos que tengan derecho a contraer matrimonio puedan efectivamente contraerlo.
A mí me gustaría, señorías, que se planteasen lo siguiente: ¡Qué más les da a dos hombres o dos mujeres que quieren casarse el nombre y apellidos del juez encargado del Registro Civil, del concejal o del alcalde que materialmente va a oficiar la ceremonia! ¡Qué más les da a esos dos contrayentes quién sea el individuo que tenga que celebrar el matrimonio! Les es indiferente. Lo que quieren es casarse. No quieren que les case fulano, sino casarse. (El señor Mansilla Hidalgo: ¡Algunas veces sí!) Lo que sucede es que esa persona llamada a celebrar el matrimonio puede aducir razones de conciencia para no intervenir cuando se trate de personas del mismo sexo.
A mí me llama la atención que, históricamente, la izquierda hizo gran bandera del asunto de la objeción de conciencia, por ejemplo, en relación con el servicio militar. Entonces tenían razón y se llegó a situaciones de consenso, quedando el derecho a la objeción de conciencia regulado y recogido en nuestro Derecho positivo. Ahora, ¿qué sucede con la conciencia de los del otro lado? ¿Ésa ya no es respetable? ¿Era sólo la suya la conciencia que merecía un respeto? ¿No será la conciencia de cada individuo, al margen de su orientación política o de las urgencias, necesidades o compromisos de cada partido político? Nosotros entendemos que sí, que la conciencia no tiene partidos, como ha demostrado el hecho, y que ha sido objeto de un cierto debate, de que haya diputados y senadores del Partido Socialista que están en contra del proyecto de ley de su Gobierno, como podría haberlos en el Partido Popular (La señora Granado Paniagua: Haberlos, hailos.), y los ha habido; se ha citado a la señora Villalobos, nuestra diputada más progresista por su trayectoria, según se ve. Por lo tanto, se trata de una cuestión de conciencia. Es evidente que no es una mera cuestión de siglas ni de pertenencia a un grupo o partido, sino de conciencia. Por consiguiente, respétese la conciencia en un asunto tal como la celebración del matrimonio.
Yo tengo la profunda convicción, señorías, de que esta enmienda transaccional --que lo único que hace es defender la libertad individual--, al final, va a ser una enmienda transaccional apoyada por todos los grupos de esta Cámara. (El señor Mansilla Hidalgo: Es una enmienda trampa.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Conde.
Entiendo que se va a hacer entrega a la Mesa de una modificación del Informe de la Ponencia aprobada por mayoría de ésta.


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Esperando ese informe que nos van a remitir y la hora de la votación, suspendemos la sesión hasta las dos menos cuarto. (Pausa.) Señorías, se reanuda la sesión.
Procede la votación del Informe de la Ponencia, que acaba de ser modificado y está compuesto por el texto remitido por el Congreso de los Diputados más una disposición adicional nueva que ha sido introducida por la Ponencia.
Paso a dar lectura de dicha modificación. Se añade una nueva disposición adicional, que queda como sigue: Disposición Adicional.
1º. Las autoridades y funcionarios de todo tipo que, debiendo intervenir en cualquier fase del expediente matrimonial entre personas del mismo sexo, adujeren razones de conciencia para no hacerlo, tendrán derecho a abstenerse de actuar.
2º. La Administración o Corporación a la que perteneciere la Autoridad o funcionario que se acogiere al derecho reconocido en el apartado anterior, proveerá el sistema de sustitución adecuado para garantizar, en todo caso, que quienes tengan derecho a contraer matrimonio puedan efectivamente contraerlo.
¿Algún grupo desea hacer votación separada? (Pausa.)

La señora GRANADO PANIAGUA: Sí, nosotros pedimos votación separada del informe y de la enmienda.


La señora PRESIDENTA: Antes de proceder a la votación, ¿algún grupo parlamentario quiere hacer alguna manifestación o precisión sobre la modificación del Informe de la Ponencia? (Pausa.) Tiene la palabra, señor Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, una de las buenas maneras y de los buenos modos parlamentarios es acusar recibo de las distintas argumentaciones y, razonando, tratar de explicar por qué se coincide o se discrepa.
He hablado con mi compañera, la senadora Granado, que es la ponente del Grupo Parlamentario Socialista en esta materia --junto con un servidor de ustedes--, y le he preguntado si tenía interés en precisar algún concepto pero, dado que me ha dicho que prefería que lo hiciera yo, es por lo que estoy utilizando este turno de intervenciones.
Creo que el razonamiento que se ha utilizado para incorporar esta disposición no se ajusta a la realidad y, por eso, espero que me permitan hacer alguna consideración. En este sentido, en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, que contempla las figuras de la recusación y la abstención, no aparece por lado alguno la posibilidad de incorporar el pensamiento reflejado en la disposición adicional. No tengo conocimiento de que esté contemplada tal posibilidad, entre otras cosas porque la Ley 30/1992 está prevista para otros asuntos y no para los de esta naturaleza.
En alguna ocasión, algún juez me ha preguntado si, comoquiera que era agnóstico o ateo, cabía la posibilidad de negarse a registrar un matrimonio celebrado por el rito de alguna religión concreta; la respuesta que siempre he dado es que no puede hacer eso, que está obligado a acatar el conjunto del ordenamiento jurídico y sus opciones son de otra naturaleza.
Mi compañera, la senadora Granado, leyó anteriormente un párrafo del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial respecto a la obligación de los jueces de acatar el conjunto del ordenamiento jurídico y, por tanto, que no podían negarse a inscribir matrimonios de cualquiera de las confesiones religiosas existentes en España.
En este sentido, hay que distinguir entre el aborto, en el que se realiza una prestación profesional y se es sujeto activo en la realización de tal hecho, previsto en nuestro ordenamiento jurídico ante determinados supuestos o en el caso del servicio militar, que entonces ocupaba un año de tu vida, y este hecho, en el que el concejal, el juez o el funcionario que participan en el asunto no realizan prestación profesional activa, más allá del mero registro de que, efectivamente, la voluntad manifestada por los contrayentes ha sido libre, espontánea y en ese momento, de manera efectiva, contraen matrimonio. Por esta razón, a mí me parece que no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico ni en toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional este supuesto como una de las posibilidades de objeción de conciencia.
Haciendo una interpretación al absurdo, podríamos plantear mil y una situaciones en las que los funcionarios y autoridades, de cualquier naturaleza --sea administrativa o judicial--, en toda España, pudiesen adoptar esa postura; por ejemplo, voy a mencionar la figura del desalojo por impago de rentas cuando se trate de una persona que tenga unos ingresos inferiores al salario mínimo. En este sentido, se podría considerar que afecta a una cuestión de conciencia y, por lo tanto, no se procede a llevarlo a cabo, afectando al desarrollo del servicio público de la Justicia. Es decir, caben múltiples interpretaciones al absurdo en virtud de las cuales en la sujeción a la Constitución y al ordernamiento júridico se abre una espita para que se puedan prestar alegaciones de esta naturaleza en mil y una situaciones que, insisto, podrían generar un marco de profunda inseguridad jurídica y que, ciertamente, no consiguen lo que se pretende conseguir.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz.
Tiene la palabra el senador Conde.


El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señora presidenta.
Tomo la palabra para contestar a la argumentación que nos acaba de facilitar el portavoz del Partido Socialista. Es posible que haya tenido alguna dificultad a la hora de expresar mi pensamiento o quizá el portavoz del Partido Socialista no ha sido capaz de comprenderlo adecuadamente, pero en modo alguno he dicho que en la legislación procesal administrativa o jurisdiccional exista el derecho de abstención basado en razones de conciencia, he dicho que, dado que existe la figura de la abstención basada en una serie de causas tasadas por la ley, podríamos incluir una causa más, una causa que hoy no está prevista por la ley.


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Tiene todo el sentido lo que estoy diciendo porque si la legislación previera ya la abstención basada en razones de conciencia, señorías, no sería preciso que incluyésemos aquí esta disposición adicional con esta nueva causa de abstención; precisamente porque la ley no lo regula, no lo recoge, hay que modificar el sistema para que aparezca esa nueva causa de abstención, como es obvio.
Creo que así me he expresado, pero quizá no lo he hecho con la fortuna que debiera o quizá el portavoz del Partido Socialista no lo ha entendido adecuadamente.
Señorías, el derecho a la abstención basado en razones de conciencia, el derecho a la objeción de conciencia no es un derecho que en modo alguno aparezca expresamente recogido en nuestro texto constitucional y que sea directamente oponible por parte del ciudadano que a tal se acoja, porque no es un derecho como por ejemplo el de reunión pacífica y sin armas, que está reconocido en la Constitución, sin necesidad de regulación legal posterior. Por tanto, dado que éste no es un derecho de la categoría del de reunión pacífica y sin armas, y precisamente por ello, hace falta recoger esa posibilidad de abstención por parte del funcionario o autoridad que adujere las razones de conciencia en el propio texto de la ley que hoy estamos dictaminando.
Se podrá estar o no de acuerdo con esto y me parece muy respetable que haya grupos parlamentarios que digan que no quieren que se recoja en nuestra legislación positiva esa causa de abstención, pero también está en su derecho quien diga lo contrario, que quieren que se establezca una nueva causa de abstención basada en razones de conciencia.
En definitiva, señorías, estamos ante posiciones políticas contrapuestas, ambas absolutamente legítimas, pero en ningún caso ante una contradicción legal, que es lo que parece que pretendía alegar en su intervención anterior el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. No se trata de una contradicción legal y no se trata de una mala interpretación de nuestro sistema jurídico, en modo alguno, sino que se trata de introducir una nueva circunstancia en nuestro Derecho positivo.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Conde.
Tiene la palabra el señor Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Gracias, señora presidenta.
Independientemente del fundamento jurídico expresado por los portavoces del Grupo Popular y del Grupo Socialista, creo que estamos ante una enmienda práctica, que es la garantía absoluta para el ejercicio de un derecho. Ésa es la filosofía y el posicionamiento de mi grupo parlamentario. Evidentemente hay que respetar los argumentos jurídicos manifestados por los dos portavoces, pero entiendo que estamos ante una cuestión práctica, lo que significa que el que opte por esta vía no puede expresar rechazo en base a ningún argumento.
Ése era nuestro planteamiento al presentar la enmienda de referencia.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Badia.
Vamos a efectuar la votación del informe de la ponencia en dos bloques.
En primer lugar, vamos a votar la nueva adicional introducida por la modificación que les acabo de leer.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, 11; abstenciones, una .


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la incorporación de esta disposición al informe de la ponencia.
Votamos el resto del informe de la ponencia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del informe de la ponencia, incorporada la disposición adicional que acabamos de votar.
Resta designar quién presenta el dictamen ante el Pleno. (Varios señores senadores: La señora presidenta.) Muchas gracias, por su confianza.
Suspendemos la sesión hasta las cinco de la tarde.


Eran las catorce horas y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las diecisiete horas y cinco minutos.


La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.


-- COMPARECENCIA, A PETICIÓN DEL GOBIERNO, DE LA SUBSECRETARIA DE JUSTICIA, DOÑA ANA MARÍA DE MIGUEL LANGA, PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A DICHO DEPARTAMENTO (713/000263).


La señora PRESIDENTA: Vamos a comenzar con el tercer punto del orden del día, que es la comparecencia, a petición del Gobierno, de la subsecretaria de Justicia, doña Ana María de Miguel Langa, para informar sobre el estado de ejecución presupuestaria correspondiente a dicho departamento.
Tiene la palabra, señora De Miguel.


La señora SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (De Miguel Langa): Muchas gracias, señor presidenta.
Señoras y señores senadores, tengo el honor de comparecer por primera vez ante ustedes en esta Comisión de Justicia. Uno de los objetivos que tiene marcados el Ministerio de Justicia para esta legislatura es ofrecer la mayor transparencia y claridad sobre su realidad económica y presupuestaria; resulta por ello que uno de mis principales

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compromisos, como subsecretaria de Justicia, es contribuir al mejor conocimiento de la gestión presupuestaria realizada en el ministerio.
Entiendo, por tanto, que una de las mejores maneras de impulsar esta iniciativa es comparecer ante ustedes exponiendo y explicando la información y los datos más significativos que arroja la ejecución del presupuesto del departamento, en lo que lleva transcurrido de este año.
Asimismo, deseo con esta comparecencia contribuir a la transparencia, propiciando que sus señorías puedan disponer de la mejor información acerca de la gestión y aplicación de los recursos públicos con que se ha dotado el Ministerio de Justicia.
Antes de entrar propiamente en las cifras y magnitudes de la ejecución presupuestaria, me van a permitir que efectúe una pequeña introducción centrada en las características del presupuesto del Ministerio de Justicia, aprobado por las Cortes Generales para el ejercicio 2005. La Justicia es una de las políticas de gasto prioritarias orientadas hacia dos grandes ejes en su actuación. De una parte, fortalecer el papel esencial que la Administración de Justicia tiene en el efectivo ejercicio de los derechos y deberes de sus ciudadanos; de otra, mejorar su funcionamiento, intentando aproximarnos cada vez más a la excelencia en sus actuaciones, exigencia ineludible para satisfacer la demanda de los ciudadanos y contribuir a la necesaria mejora de la productividad y la convergencia de nuestra economía.
Como muestra de lo que acabo de decir baste señalar que la política de gasto, Justicia, en la que se incluye el presupuesto del Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, es una de las que ha tenido mayor crecimiento, dentro de los presupuestos del 2005, con un 8,6 por ciento de aumento. Este incremento ha sido superior al resto de políticas de gasto dirigidas a la prestación de los servicios públicos básicos. Y si nos centramos exclusivamente en el presupuesto del departamento, sin considerar los organismos a él adscritos, y que se corresponden con la Sección 13 de los Presupuestos Generales del Estado, éste ha tenido un crecimiento en sus dotaciones iniciales del 8,41 por ciento con relación a 2004, incremento notable tanto por su propia magnitud como en comparación con el resto de secciones de los Presupuestos Generales del Estado.
Tras esta breve introducción, paso a continuación a explicar cuáles son los resultados que la ejecución del presupuesto del departamento ha arrojado hasta el pasado 31 de mayo.
El conjunto de la sección13 del presupuesto del Estado --que, como he señalado, corresponde al Ministerio de Justicia, sin los organismos dependientes o adscritos a él--, ha tenido una ejecución global del 37,88 por ciento sobre los créditos disponibles a 31 de mayo de 2005. Ese dato debe contemplarse como normal y adecuado a esta fecha del ejercicio. Si se compara con el año 2004,la ejecución en la misma fecha fue del 37,46 por ciento, esto es, prácticamente igual.
Por capítulos de gasto, observando en qué se ha realizado el gasto, es posible comentar lo siguiente. En lo que respecta al capítulo 1, gastos de personal, es importante señalar que el crédito inicial de este capítulo se ha incrementado un 7,41 por ciento respecto al año 2004. Su ejecución, a 31 de mayo, ha sido del 40,98 por ciento, colocándose ligeramente por encima de la ejecución del año 2004 en la misma fecha, que fue del 39,93 por ciento. A través del gasto de este capítulo se tiene el objetivo de financiar importantes actuaciones durante el año 2005. Entre ellas debe mencionarse la ampliación de la Planta Judicial, habiéndose creado ya 69 nuevos órganos, así como 35 plazas en la Carrera Fiscal. También se encuentra presupuestada la extensión y adecuación del nuevo sistema retributivo de personal de auxilio, tramitación y gestión procesal, alguno de cuyos complementos retributivos se han empezado a aplicar desde el pasado mes de abril, si bien en estos momentos todavía se está negociando la distribución y fechas de aplicación de distintos componentes de la masa salarial.
En cuanto al capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, es importante señalar dos aspectos. Por un lado, el capítulo del presupuesto cuyas dotaciones más han crecido, después de las transferencias corrientes, aumentando en un 10,89 por ciento respecto al año 2004. Y, por otro, la significativa desaceleración en la ejecución del gasto de este capítulo, ya que, a 31 de mayo, las obligaciones contraídas alcanzaban un 33,82 por ciento del crédito disponible, cifra que en la misma fecha del año 2004 era del 40,66 por ciento. En términos de comparación del gasto realizado, el saldo de las obligaciones contraídas a día 31 de mayo de 2005 ha disminuido un 7,04 por ciento respecto a la misma fecha de 2004. La ejecución de este capítulo se ajusta mejor a la que normalmente cabe esperar en la fecha señalada, invirtiendo la preocupante tendencia de crecimiento que mostraba en igual fecha durante el año 2004. En el ejercicio 2005 se están obteniendo los resultados de las medidas de contención y eficiencia del gasto adoptadas en el segundo semestre de 2004, dirigidas, entre otros, a la racionalización en la contratación de servicios de mantenimiento y conservación, comunicación y apoyo. El conjunto de estas medidas, añadidas al incremento que el presupuesto ha tenido en el año 2005, han permitido acometer con una mayor suficiencia presupuestaria las actuaciones previstas para este año, como son la extensión de los juicios rápidos al ámbito civil, la creación de nuevos órganos judiciales, así como la reforma, modernización y mejora de la oficina judicial.
El capítulo 4, transferencias corrientes, también muestra una situación positiva en comparación a igual fecha en el año 2004. Se trata del capítulo de gasto cuyos créditos iniciales crecen más con relación al ejercicio anterior, haciéndolo en un 40,29 por ciento. Este incremento no es sino una clara manifestación del compromiso que el Gobierno tiene con la efectiva garantía de los derechos de los ciudadanos, como ya he señalado al comienzo de mi comparecencia.
Además del incremento en las dotaciones de crédito que acabo de señalar, también quiero resaltar que la ejecución presupuestaria, a día 31 de mayo de 2005, se ha colocado dos puntos por encima de la insuficiente ejecución que se alcanzaba en igual fecha durante el año 2004. Una parte significativa del esfuerzo presupuestario efectuado

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en este ejercicio a través del gasto de este capítulo se orienta al ámbito de la integración de las minorías religiosas por medio de la creación de la Fundación del sector público, Pluralismo y Convivencia, cuya puesta en funcionamiento ya se ha producido, así como en el imprescindible aumento de las transferencias para financiar de manera suficiente, a diferencia de ejercicios pasados, la asistencia jurídica gratuita y las actuaciones contra la violencia doméstica.
Un comentario relevante merece también el capítulo 6, inversiones, que se encuentra dotado con 75,5 millones de euros en el año 2005, lo cual significa el 6,61 por ciento del presupuesto del departamento. La ejecución de las inversiones, a 31 de mayo de 2005, demuestra que se está efectuando una gestión más eficiente que la producida hasta igual fecha en el año 2004, habiéndose mejorado el grado de ejecución en más de 3 puntos. Esto ha permitido que las obligaciones contraídas en esa fecha se hayan incrementado un 27,02 por ciento. El principal esfuerzo inversor se corresponde, lógicamente, a la ejecución de obras de los edificios de tribunales y juzgados, tanto de carácter nuevo como de reparación y reforma. También se está impulsando la inversión en nuevas tecnologías y sistemas de información.
Una vez que me he referido a los datos más destacados en la ejecución de los diferentes capítulos de gasto, me van a permitir hacer un sucinto recorrido sobre la ejecución de los diferentes programas de gasto. De esta manera, intentaré ofrecer una mejor respuesta sobre el destino de los recursos presupuestarios asignados al ministerio.
El programa 111N, Dirección y Servicios Generales, recoge el gasto aplicado a proporcionar el soporte directivo y administrativo para el desarrollo del conjunto de actuaciones del ministerio, orientándose preferentemente a las áreas de dirección, medios técnicos y humanos, asesoramiento y asistencia a la alta dirección y garantía al derecho a la libertad religiosa y de culto. Los créditos iniciales de este programa se han incrementado un 6,75 por ciento respecto al año 2004. El aumento más relevante de las dotaciones se ha producido en el capítulo 4, de transferencias corrientes, en el que se han recogido 3 millones de euros para la integración social y cultural de minorías religiosas, gestionados a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia. A día 31 de mayo de 2005, la ejecución de este programa ha mejorado su gestión casi 2,5 puntos más que durante la misma fecha en el año 2004, alcanzando el 29,7 por ciento del crédito disponible. En este programa también se puede destacar el incremento de ejecución que está teniendo el capítulo 2, compra de bienes y servicios, cuyo porcentaje ha mejorado en 5 puntos y medio respecto al año 2004, logrando así una gestión más eficiente.
Asimismo, el capítulo 6, inversiones reales, también ha incrementado su porcentaje de gestión en 17 puntos respecto al año pasado. En este capítulo, el gasto en obligaciones contraídas se ha multiplicado por 1,4 respecto al año 2004, debido a la práctica finalización durante este ejercicio de la inversión en el edificio de la plaza de Jacinto Benavente en Madrid, así como las inversiones en tecnologías de información para el ministerio.
El programa 112A, tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal, recoge los créditos presupuestarios que dotan a la Administración de Justicia de los medios necesarios para cumplir con sus cometidos. Este programa tiene una gran importancia cuantitativa; basta señalar que comprende el 92 por ciento del presupuesto inicial asignado al departamento. Con respecto al año 2004, este programa ha tenido en el año 2005 un crecimiento del 8,61 por ciento de sus créditos iniciales, aumento que se está aplicando a lo largo del ejercicio a actuaciones como la ampliación del mapa judicial, mejora retributiva del personal de la Administración de Justicia o a los primeros pasos de la puesta en marcha de la nueva oficina judicial. En cuanto a la ejecución presupuestaria del programa, se ha conseguido desacelerar de manera notable el incremento del gasto del capítulo 2. A 31 de mayo, el porcentaje de ejecución sobre créditos iniciales ha sido del 35,46 por ciento, dato que contrasta con la ejecución a igual fecha en el año 2004, que fue del 44,46 por ciento.
Otro dato positivo es la evolución del capítulo 4, transferencias corrientes, cuyo porcentaje de ejecución se ha incrementado en 3,5 puntos respecto al año 2004, acercándose a los niveles óptimos deseables. En consonancia con esto, el saldo de obligaciones contraídas ha aumentado un 52,13 por ciento respecto a 2004 en igual fecha. Ésta es una constatación del compromiso del Gobierno con la efectiva tutela de los derechos de los ciudadanos, ya que este incremento de gasto corresponde a las transferencias a colegios de abogados y procuradores por la asistencia jurídica gratuita, así como a actuaciones desarrolladas contra violencia doméstica.
En los 5 primeros meses del año también se ha mejorado la ejecución de inversiones reales, que en el año 2005 ha sido 2,33 puntos mayor que en igual período durante el año 2004, incrementándose el saldo de obligaciones contraídas en un 17,48 por ciento.
Respecto al programa 113M, registros vinculados con la fe pública, hay que señalar que éste recoge las funciones ejercidas por el Ministerio de Justicia en el ámbito de los registros públicos y fe pública, así como en cuestiones relativas al estado civil. La nota más destacada de este programa es que el presupuesto inicial del mismo se ha incrementado en un 16,57 respecto al año 2004, justificado por el esfuerzo que se está realizando en la mejora del funcionamiento y la gestión de los registros civiles. En este sentido, es significativo el incremento que se ha producido del 32,34 por ciento en las dotaciones de inversiones con respecto a 2004.
En los términos de gestión presupuestaria de este programa merecen destacarse los mejores porcentajes de ejecución alcanzados en este año, que se aproximan a cifras indicativas de una gestión más eficiente. Así, las obligaciones contraídas en la compra de bienes y servicios han mejorado la ejecución en 6,5 puntos con relación a 2004. También en las inversiones reales la evolución positiva ha sido manifiesta en 2005, superando en cuatro puntos la baja ejecución registrada para el mismo período de 2004. Esto ha propiciado que la ejecución de este capítulo, a 31 de mayo, sea un 76,53 por ciento mayor que en igual fecha de 2004.


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El Programa 921S, asesoramiento y defensa de los intereses del Estado, recoge los créditos destinados a sostener la actividad desplegada por el servicio jurídico del Estado desde el ámbito central. Aunque aparentemente sus dotaciones de crédito han disminuido con respecto al ejercicio 2004, realmente no ha sido así, ya que corresponde a un cambio de imputación contable el arrendamiento de un edificio en el que se encuentran ubicados parte de los efectivos de personal que hasta el 2004 se recogía en este programa y que desde el 2005 se imputa ya al programa 111N. En lo que respecta a su ejecución a 31 de mayo, muestra una evolución satisfactoria, alcanzando el saldo de obligaciones contraídas el 35,54 por ciento del presupuesto del programa, lo que supone un nivel adecuado.
No quiero poner fin a mi intervención sin hacer unas referencias breves a los organismos dependientes o adscritos al Ministerio de Justicia, como son el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, la Mutualidad General Judicial y la Agencia de Protección de Datos.
En lo que respecta al Centro de Estudios Jurídicos, muestra una ejecución, en términos de obligaciones contraídas, del 28,77 por ciento inferior a la efectuada en el mismo período del 2004, debido, principalmente, a que todavía no se ha producido el ingreso de las promociones previstas en la oferta de empleo público de 2004: 150 secretarios judiciales y 32 médicos forenses.
En cuanto a la Mutualidad General Judicial, el dato más destacado que puede comentarse es que sus obligaciones contraídas han alcanzado el 39,93 por ciento de su presupuesto.
Para concluir esta breve referencia a los organismos, baste decir que la Agencia de Protección de Datos muestra una ejecución presupuestaria durante los cinco primeros meses de 2005 del 32,24 por ciento en obligaciones contraídas, cifra muy similar a la registrada el año pasado.
Asimismo, debe destacarse que el presupuesto inicial de este organismo en 2005 ha crecido un 29,87 por ciento con respecto a 2004.
Como conclusión, y para terminar, puedo decir que la gestión presupuestaria y económica realizada por el Ministerio de Justicia en los primeros cinco meses de 2005 es claramente positiva, tanto en lo que respecta a la propia evolución desarrollada durante el ejercicio, como si se la compara con la efectuada en el mismo período de 2004. Considero que éstos son los resultados de un mayor rigor en la toma de decisiones que tienen consecuencia sobre el gasto, además de haberse enfatizado una mayor sensibilidad en la gestión eficiente de recursos económicos.
La Administración de Justicia, así como el resto de las funciones desarrolladas por el ministerio, constituyen un servicio público preferente para el ciudadano. Una de las mejores formas de contribuir a su consolidación e impulso no es solamente por medio de la asignación de más recursos económicos, sino que también es preciso observar la correcta aplicación de los mismos en un entorno de racionalidad y eficiencia de las decisiones de gasto.
En el Ministerio de Justicia apostamos por esta línea de actuación, desde la convicción de que una Justicia moderna, de calidad, ágil y cercana al ciudadano, no solamente es compatible con una gestión eficiente y transparente de los presupuestos públicos, sino que debe ser capaz de interiorizar la eficiencia económica a sus propias decisiones y actuaciones.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores senadores, por la atención que me han prestado, especialmente tratándose de un tema como éste, el presupuestario, técnicamente complejo y que puede resultar arduo en su exposición y comprensión. Quedo, por tanto, a su disposición para cuantas preguntas quieran formularme.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Miguel.
Vamos a abrir un turno de portavoces en el que podrán intervenir los diferentes grupos de menor a mayor.
En primer lugar, tiene la palabra la señora Etxegoyen, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señora presidenta.
Lo primero que debo hacer es disculparme ante la compareciente y los técnicos del ministerio que la acompañan, pero hoy no ha sido un día fácil para los miembros de esta comisión. La verdad es que no he podido prestarle la debida atención a lo largo de su exposición, y es que se complica un poco más el tema cuando se trata de un grupo pequeño que sólo cuenta con un miembro en la comisión.
En cualquier caso, ello no obsta para agradecerle su comparecencia y la información que nos ha proporcionado y, desde luego, me comprometo a prestarle la debida atención una vez que haya sido publicado en el boletín oficial. De todas maneras estoy segura de que cualquier duda que pueda surgirme respecto a lo que hoy nos ha comentado podrá ser aclarada en otra ocasión.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Etxegoyen.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el señor Bofill.


El señor BOFILL ABELLÓ: Muchas gracias, señora presidenta.
«Benvinguda». Bienvenida a esta comisión, señora Ana María de Miguel. No voy a extenderme pero sí quiero aprovechar su presencia para formularle algunas preguntas concretas que no sé si son muy pertinentes, en el sentido de que quizá no sea el momento oportuno o no esté en condiciones de responderlas pero, dado que se encuentra aquí y están relacionadas con aspectos presupuestarios y de financiación de la Administración de Justicia, las voy a plantear para que pueda contestarlas en esta comparecencia o en otro momento.
En primer lugar, en su comparecencia en el Congreso habló de la creación de 250 nuevas unidades judiciales y 135 fiscales, y me gustaría saber cómo está el tema en relación con la ejecución presupuestaria.
Por otro lado, en respuesta a una pregunta que sobre los jueces sustitutos formuló una senadora se apuntó desde el

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ministerio que actuaban en todos los ámbitos jurisdiccionales, que, aproximadamente, había 930 jueces sustitutos o magistrados suplentes y 287 fiscales cada mes y que esto representaba un 24 por ciento del total de los efectivos titulares.
Recientemente, en esta Comisión de Justicia se planteó justamente el problema del pago de los sueldos de estos jueces sustitutos y se aprobó por unanimidad una moción en la que se instaba al Gobierno a fijar de manera objetiva y concreta el gasto con cargo a los presupuestos del ministerio referido a estas sustituciones para el ejercicio en curso, así como a establecer las medidas necesarias para evitar el retraso en el pago de los sueldos de todo el personal adscrito al ministerio y los créditos necesarios en este ejercicio para hacer frente a la atención de sustituciones y suplencias. No sigo leyendo la moción porque seguramente usted ya la conoce y ha tenido oportunidad de leerla, pero tenemos noticias de que la situación, al menos en Cataluña, no es nada positiva, o eso es lo que manifiestan los jueces y magistrados afectados.
Concretamente, nos hablan de retrasos habituales de 2 meses en el cobro de sus sueldos por una burocracia --dicen ellos-- innecesaria en un mundo informatizado, que sigue exigiendo un certificado del secretario y una centralización administrativa excesiva. Además, parece que estamos a punto de encontrarnos con la situación del año pasado; se agotó el presupuesto, al menos por lo que se refiere a Cataluña, y a mediados de año ya hubo un conflicto por no poder hacer frente al pago de los jueces sustitutos. También nos dicen, entre otras cosas, que no se les retribuye la antigüedad y que mensualmente se les descuenta en su nómina una deducción por concepto de formación; formación que no reciben, por lo que me gustaría saber a qué se destina ese dinero.
Por otro lado, entre las demandas que llegan desde mi territorio cabe citar aquellas en las que piden información sobre cuál es el presupuesto de funcionamiento --y sé que puede responderme que es competencia del Consejo General pero, si tiene información al respecto, me gustaría saberlo-- de la Escuela Judicial de Barcelona y cuál es grado de ejecución de las partidas de inversiones destinadas a la citada escuela, que éstas sí constan en los Presupuestos Generales del Estado.
A otro nivel, quizá de más calado, son otras demandas de información que le voy a formular, ya que desde Cataluña quisiéramos saber --ésta no es tanto una cuestión presupuestaria como de financiación--, por un lado, cuáles son los importes de los ingresos que percibe el Ministerio de Justicia procedentes de los rendimientos de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales en todo el Estado, y nos gustaría en algún momento tener el detalle por comunidades autónomas, desde la fecha de adjudicación al grupo Banesto del servicio de apertura y gestión de estas cuentas en septiembre de 2002. Seguramente no podrá darme el detalle exacto, pero son cuestiones que quisiera dejar planteadas.
Por otro lado, también del mismo orden, me gustaría conocer cuáles son los importes que el Ministerio de Hacienda ingresa en el Tesoro público en concepto de tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, también global para el Estado, y el desglose por comunidades autónomas, por órdenes jurisdiccionales y desde la entrada en vigor de esa tasa en 2003. Nos gustaría que nos pudiese dar esta información y, si no fuera posible ahora mismo, que nos expresase cuáles son globalmente estos ingresos por cada uno de estos conceptos y cuándo y de qué manera nos podría suministrar datos más detallados.
También --es una cuestión particular--, nos ha hablado usted del Programa de Registros vinculados con la fe pública. En concreto, me gustaría conocer qué cantidades se han destinado actualmente para la modernización del Registro Civil Central.
Asimismo, nos gustaría que nos precisara cuál es el grado de cumplimiento de las previsiones presupuestarias por lo que se refiere a la asistencia jurídica gratuita --a la vista de que nos parece que es una cuestión presupuestaria no plenamente resuelta--, teniendo en cuenta que hoy mismo trataremos este asunto, aunque sea sólo en relación a los litigios transfronterizos civiles y mercantiles en la Unión Europea.
Nada más. Ruego perdone esta quizá excesiva petición de detalles. Veremos si me puede responder.
«Moltes gràcies.»

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bofill.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes.
Ilustrísima señora subsecretaria doña Ana, me uno a la bienvenida que le dio el portavoz de Entesa Catalana a esta Comisión de Justicia, tanto a usted como al equipo de su área dentro del Ministerio.
Lo propio que dice el guión y los clásicos es que el grupo parlamentario que apoya al Gobierno se ponga en pie y aplauda con un entusiasmo fervoroso --no sé si con las manos y las orejas o con todos los miembros del cuerpo--, pero, en cualquier caso, eso es lo que exige el guión. No obstante, yo eso no lo voy a hacer, aunque siempre resulta grato el esfuerzo de concreción y precisión minuciosa que usted ha hecho en relación con el objeto central de la comparecencia, que es explicar la ejecución del presupuesto en este ejercicio.
He observado que, en ese análisis concreto, ha utilizado dos puntos de comparación por cada uno de los capítulos del presupuesto, tanto en el capítulo de personal, gastos corrientes, como en bienes, servicios e inversiones. Esta mañana hemos estado trabajando en torno a uno de los tres vectores que el señor ministro de Justicia nos explica, con paciencia académica, de manera regular y con amplitud en cada una de sus comparecencias, en cuanto a que una de las líneas es la extensión de los derechos de ciudadanía. Esta mañana hemos estado hablando sobre esta materia, en particular de la la extensión de los derechos de ciudadanía a un conjunto de hombres y mujeres que integran los diversos pueblos de España sobre el derecho a contraer matrimonio.


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Esta tarde trabajamos sobre otro de los aspectos: cómo garantizar mayor transparencia, cómo acercarnos para conseguir esa Justicia ágil, cercana, moderna, eficaz --por aquello de que una Justicia que no es eficaz no es justa--. Alguno puede pensar que esto de una Justicia moderna, ágil, eficaz, una Justicia justa, es una especie de objeto inaprensible, como el horizonte --que siempre se está tras él y al final no consigues atraparlo--, pero necesariamente ese objetivo utópico sí está al alcance de los mortales, porque de los mortales depende el que la Justicia funcione bien, no es un asunto que dependa de la biología, de la química o de la matemática, sino que depende de cómo organizamos los recursos humanos y materiales bien en el Poder Judicial, que presta un servicio público, o bien directamente en el servicio público de la Justicia.
Yo asumo alguna de las preguntas que ha formulado el portavoz de Entesa Catalana --no sé si para esta comparecencia o para otra--, ya que, de alguna forma, lo que él ha hecho ha sido recoger algunas de las inquietudes que se han ido formulando en diversas comisiones, echando una mirada hacia atrás en el tiempo; es decir, son asuntos sobre los que permanentemente vamos reflexionando de una forma o de otra. En consecuencia, cuando tenemos la oportunidad de que va a comparecer una autoridad del ministerio, siempre se trata, en la medida de lo posible, de abordar los asuntos que se puedan acometer.
Yo no puedo dejar de acudir a la condición territorial que tiene uno.
Estoy hablando en representación de los socialistas de toda España, pero uno no puede dejar de abdicar de su condición de socialista canario y, como quiera que tiene que aprovechar también la oportunidad por aquello de: ¿y de lo mío qué?, tiene que preguntar alguna cosa sobre el territorio. Y es que mañana, en Lanzarote, como quiera que los operadores jurídicos allí están bastante expectantes sobre lo que va a pasar en la isla con las demandas que se realizan en torno a mayores órganos y a una mayor fluidez en la tramitación de los asuntos, yo mañana estaré allí, como dice el otro, a dar la cara por lo que se está haciendo, y lo hago con muchísimo gusto. Insisto, no porque esté en el guión, sino porque estoy convencido de la magnífica trayectoria y el magnífico trabajo que están haciendo el conjunto de personas, y usted es una de las integrantes de ese equipo que dirige mi paisano, Juan Fernando López Aguilar.
Pues bien, en el archipiélago, en algunos órdenes jurisdiccionales --como por ejemplo en el orden penal-- se suele plantear que el número de asuntos supera la media de otros lugares de España y siempre se plantea la creación de más órganos jurisdiccionales. Ésa es siempre una petición general de todos los territorios en el conjunto de España. Algunos planteábamos la necesidad de que la creación del órgano jurisdiccional en lugar de depender del mayor grado de presión de los representantes electos de unas provincias, de unos territorios o de otros, establecer criterios objetivos y predeterminados, en función de la litigiosidad, la pendencia, para establecer así mecanismos para decidir la creación de unos órganos en aquellos lugares donde realmente hay una litigiosidad pendiente, con datos objetivos --no por presiones de ninguna naturaleza-- que establezcan la idoneidad de crear esos órganos.
Cuando usted ha utilizado dos puntos de comparación, lo que es el ejercicio 2003-2004 y la altura del año en que estamos ejecutando este presupuesto, yo en particular tendría especial interés en plantearle un apartado --que no sé si ha abordado el portavoz de Entesa--, en relación a cuales son los ritmos de aplicación en la reforma de la Oficina Judicial. Me parece que la obtención de esa Justicia de calidad que todos anhelamos, sin excepción de orientación ideológica partidista, religiosa ni sexual de ninguna naturaleza --lo digo por el debate tan intenso de esta mañana en esta materia--, pasa por que en cualquiera de los casos todos aspiramos a que esa Justicia de calidad tenga una oficina judicial donde al menos impere el sentido común --que a veces es el menos común de los sentidos, una frase muy tópica pero que es así--; pues uno se asombra de cómo en otros ámbitos se hacen las cosas con un sentido común y con una naturalidad que, en lo que es el ámbito del servicio público de la Justicia --no sólo en cuestión de lenguaje, sino en método de trabajo-- estamos a años luz.
Yo en particular le preguntaría en torno a las perspectivas de desarrollo de la oficina judicial con los presupuestos con que se cuenta en el año 2005. Sé que la secuencia establecida para la fundación, consolidación, desarrollo, reglamentos de los cuerpos de funcionarios, etcétera, que hay que ir desarrollando está en una secuencia amplia de años, pero sí me gustaría saber, en su opinión, en este ejercicio presupuestario, qué posibilidades hay de ir avanzando en la dirección de la creación de la oficina judicial, lo que sería bueno, por ser una manera de ir incorporando algunos elementos en las reflexiones que tendremos que hacer en un futuro en torno a ella.
Nada más, muchas gracias. Señoría, estamos encantados de nuevo de verla aquí en territorios continentales.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Díaz.
Cerrará este primer turno de portavoces el señor Conde, del Grupo Parlamentario Popular.


El señor CONDE BAJÉN: Con la venia, señora presidenta. Señora subsecretaria, yo también quiero, en nombre de mi grupo, darle la bienvenida a esta comisión; comisión a la que viene usted porque este grupo lo ha solicitado. Lo digo y lo hago notar porque, del exordio de su intervención, parece que usted ha venido aquí por voluntad propia, porque usted ha querido darnos cuenta del gasto de su ministerio porque así lo ha considerado conveniente y quiero recordarle que eso no es así. Usted está compareciendo porque lo ha pedido el Grupo Parlamentario Popular y, por cierto, lo hace tarde, porque esta petición de comparecencia se formuló en el mes de marzo y ya casi estamos concluyendo el mes de junio.
En este sentido y con el mismo objeto hemos pedido la comparecencia del ministro de Justicia, cuya presencia es poco menos que imposible, como hemos pedido también la comparecencia de otros altos cargos de su ministerio, que tampoco están ni se les espera en la comisión.
Desde luego, a nosotros nos causa un profundo malestar y, además, se contradice de modo claro y notorio con

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las palabras que usted ha pronunciado al inicio de su intervención, relativas a ese esfuerzo de transparencia, de claridad, de rendición de cuentas ante la comisión y ante el Parlamento; pero insisto en que no es cierto, como lo demuestran los hechos.
Sé que no depende de usted --y no quiero ser como aquel cura que reñía a los que estaban en misa por los que no acudían--, pero hemos pedido la comparecencia de la directora general de Asuntos Religiosos, y la directora general de Asuntos Religiosos ni está ni se la espera; y hemos pedido la comparecencia del señor ministro y el señor ministro ni está ni se le espera. Por ello, señora subsecretaria, los hechos demuestran lo que no son capaces de acreditar las razones: se viene cuando no queda más remedio, se viene cuando lo pide la oposición, se viene tarde y, además, mal, y espero que me permita que le argumente el porqué.
Me ha llamado profundamente la atención la dualidad de su discurso a la hora de evaluar el gasto de los créditos presupuestarios consignados en la Sección 13 del presupuesto. Así, cuando la ejecución presupuestaria es mayor que la del ejercicio anterior en el capítulo, sección o programa correspondiente, usted lo atribuye al gran interés y al compromiso del ministerio con la prestación del servicio de la Justicia y, sin embargo, cuando resulta que la ejecución presupuestaria es menor que la del ejercicio anterior por estas fechas, se atribuye a la contención y a la eficiencia del gasto producido. Realmente es una situación curiosa: cuando se gasta mucho es porque existe un gran compromiso y cuando se gasta poco es porque se es muy eficiente en el gasto. En este sentido, a mí me gustaría que nos ofreciese alguna explicación porque o vale todo o no vale nada, y el mismo argumento tendrá que ser aplicable absolutamente a todos los capítulos y a todos los programas porque de otra manera, insisto, no se puede comprender.
Por otra parte, o no he tomado bien nota o me parece que usted no nos ha dicho cuál es el estado de ejecución del capítulo 6. Nos ha dicho que el capítulo 6, de la Sección 13, se ha incrementado en determinado porcentaje respecto del año anterior, pero no ha dicho exactamente cuál era la cifra de ejecución presupuestaria a día de hoy, y me gustaría que en su segunda intervención pudiera aclarar este aspecto.
Por otro lado, señora subsecretaria, usted ha pasado por encima de graves problemas que, en este momento, han saltado a la opinión pública en materia de gasto y relativos al ministerio en el que usted presta sus servicios. No seré yo quien desvele --porque insisto en que ya lo ha señalado la prensa--, que el ministerio está atravesando una situación de deficiencia en cuanto a sus pagos de algunas cuestiones menores y en otras de mucha mayor importancia; así, el Consejo General del Poder Judicial tuvo que prestar dinero al Tribunal Supremo para que pudieran comprar libros --aunque finalmente el ministerio les adjudicase 100.000 euros, para solucionar el problema-- o, cómo ha denunciado la asociación de jueces sustitutos y magistrados suplentes, no se pagan los sueldos a estos profesionales y, además, según su opinión, los créditos presupuestarios disponibles se agotarán en este mes de junio. Desde luego, a nosotros nos gustaría saber si esto es cierto o no, si va a haber dinero o no para pagar a los jueces sustitutos y magistrados suplentes porque estamos inquietos, habida cuenta de cuál ha sido su experiencia de gestión en el ejercicio anterior, en el que ustedes estuvieron cinco meses sin pagar a estos profesionales. Los antecedentes que usted pueda exhibir hoy, desde luego, no son los que mejor la acreditan para despejar dudas, salvo en el caso de que ofrezca datos concretos.
Asimismo, el Colegio de Abogados de Madrid ha denunciado que tampoco se está pagando a los abogados de oficio que asisten a las víctimas de malos tratos; el Consejo General del Poder Judicial está denunciando que se han denegado 31 medidas de refuerzo acordadas por el Consejo porque ustedes aducen que no disponen de presupuesto suficiente; los decanos de los juzgados de Castilla y León se han quejado de la absoluta inseguridad en sus sedes judiciales por falta de vigilancia; y, en definitiva, el propio Consejo General del Poder Judicial manifiesta su descontento --que, desde luego, hacemos nuestro--, por la ausencia de un incremento suficiente en la dotación presupuestaria en materia de Justicia.
Señora subsecretaria, usted es colaboradora de un ministro que se llenó la boca en la pasada legislatura diciendo que la Justicia, para ser eficaz, necesitaba mucho más dinero, que necesitaba el 2 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado como mínimo indispensable para avanzar y poder considerarla una Justicia de calidad. Hasta tal punto ustedes, los socialistas, hicieron hincapié en este dato que fue el argumento --que, en realidad yo calificaría de pretexto--, para romper el Pacto de Estado por la Justicia. Ustedes se bajaron del Pacto de Estado por la Justicia porque, desde su punto de vista, no había créditos presupuestarios suficientes y esos créditos presupuestarios deberían llegar al techo, como ya he dicho, en los Presupuestos Generales del Estado.
Ustedes incluyeron en su programa electoral semejante cifra y esta mañana, con otro motivo, el portavoz del grupo que sostiene a su Gobierno, el señor Díaz Tejera decía, y cito de memoria, que uno vale tanto como su cumplimiento de la palabra dada. Sacaré sus palabras del Diario de Sesiones porque le aseguro que las vamos a utilizar con fruición. Eso es lo que estaba en su programa electoral: el 2 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado, pero ese 2 por ciento no existe. Sólo han destinado el 0,5 por ciento y eso significa que estamos muy lejos, en la cuarta parte, y el esfuerzo presupuestario que han hecho, del que tan orgullosos se sienten --ese incremento del 8,5 por ciento--, es en realidad prácticamente el mismo incremento que se realizó en el ejercicio anterior.
En consecuencia, esas promesas electorales, ese programa --en el que, por cierto, estoy convencido de que intervino con gran interés e influencia el senador Díaz Tejera, según nos ha hecho saber esta misma mañana--, y en el que se produjo un gran debate social, desde mi punto de vista se lo podrían haber ahorrado porque para este viaje, señor Díaz Tejera, la verdad es que pocas alforjas resultan precisas.


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¿Dónde está ese dinero? No lo sabemos, señora subsecretaria. ¿Dónde ha quedado esa promesa? Ustedes alegan --y ése es el truco--, que este incremento se producirá al final de la legislatura, que cuando acabe la legislatura habremos llegado al 2 por ciento, pero esa es una cuestión que ya por sí misma resulta curiosa porque, en ese caso, no sé por qué se apearon del Pacto de Estado por la Justicia. ¿No era tan urgente? ¿No era tan inmediato? ¿No era tan inminente esa partida de gasto como para romper uno de los grandes consensos, en una de las grandes políticas de Estado? Parece ser que esas urgencias en la oposición se tornan mucho más relajadas cuando se disfruta del asiento en el Gobierno; pero, en todo caso, con el incremento que ustedes están propugnando no llegarán al 2 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado ni en broma.
Dentro de muy pocos meses tendremos ocasión de ver cuál es el esfuerzo presupuestario. Por cierto, señora subsecretaria, ya que desde el Gobierno se dedican a la adivinación del futuro, y no hay más que ver como hace predicciones de futuro el señor Rodríguez Zapatero --parece un nuevo Rappel, instalado en la Presidencia del Gobierno--, le rogaría que nos facilitase algún dato concreto sobre las previsiones de su Departamento relativas al incremento presupuestario de Justicia de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado. Estoy convencido de que usted ya tiene encima de la mesa, en estas fechas, los primeros estudios y borradores, y seguro que en aras de esa transparencia y de su deseo de informar al Parlamento, nos los facilitará con gran interés.
Señora subsecretaria, si nos dejamos llevar por lo que aparece en los distintos medios de comunicación, si seguimos lo que destacados y autorizados portavoces de distintas instituciones y asociaciones manifiestan, tienen ustedes al Ministerio de Justicia casi en suspensión de pagos o, por lo menos, en suspensión de pagos en asuntos muy importantes, que pueden llevar al colapso o a la falta de prestación de determinados servicios realmente sensibles e importantes.
Señora subsecretaria, prefiero beber en las fuentes auténticas que en los teletipos de prensa y no es porque no conceda credibilidad a lo que se publica en la prensa sino porque creo que hay que contrastarlo con la fuente auténtica. Y sobre los asuntos que le he planteado de jueces sustitutos, abogados del turno de oficio, vigilancia de juzgados, etcétera, me gustaría tener algunas aclaraciones en concreto sobre la evolución del gasto en el próximo ejercicio, y sobre los datos que usted tenga también me gustaría conocer alguna cuestión, e igualmente qué ha pasado con los cinco millones de euros consignados en el ejercicio 2004 como transferencias a comunidades autónomas, que no se han transferido, y qué sucede con los consignados por la misma cifra y el mismo importe en este ejercicio, que tampoco se han transferido. ¿Tampoco va a pagar el Ministerio de Justicia a las comunidades autónomas los créditos que tiene consignados? Y, sobre todo, señora subsecretaria, me gustaría que me explicara cómo cuando se gasta mucho se está muy comprometido, y cuando se gasta menos resulta que uno es más eficiente en el gasto.
Con sus aclaraciones estoy convencido de que podremos tener una animada charla en la segunda intervención.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría. Espero que sea animada, pero no muy larga. Les pido concisión, por favor, ya que tenemos por delante un largo orden del día.
Tiene la palabra, señora de Miguel.


La señora SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (De Miguel Langa): Muchas gracias, señora presidenta.
Intentaré responder a las preguntas planteadas, aunque algunas no podré contestarlas en este momento, porque o no son de mi competencia o caen fuera, como bien ha señalado el portavoz de Entesa Catalana de Progrés, del presupuesto del departamento, ya que el presupuesto de funcionamiento de la Escuela Judicial de Barcelona pertenece al Consejo General del Poder Judicial; es decir, la ejecución de los créditos o la responsabilidad del presupuesto se gestiona desde la Sección 13, de la que está excluido el Consejo General del Poder Judicial, con lo cual me temo que no podré darles esa información.
En lo que se refiere a cómo está la situación de las 250 nuevas unidades judiciales y 135 fiscales que se habían comprometido, y que estaban en la propuesta del Ministerio de Justicia para este año, como ya le he indicado en mi primera intervención, se han convocado ya 69 unidades judiciales y 35 fiscales. Está hecha ya tanto la ampliación de Planta Judicial en esos 69 nuevos órganos judiciales como también publicada la ampliación y la creación de 35 plazas de fiscales, creo recordar que en la primera semana de este mes de junio, en el Boletín Oficial del Estado del día 5 ó 6 --no se lo puedo precisar--. A lo largo de lo que queda de año cumpliremos el compromiso de las 250 unidades judiciales y las 135 fiscales.
También se ha preguntado por las cuentas de consignación de los intereses. Desde el Ministerio de Justicia se escucha la reclamación que efectúan las comunidades autónomas sobre este tema de los intereses, sin embargo también entendemos que de momento no es posible atender dicha reclamación. La postura del ministerio en cuanto a los intereses de cuentas de consignación podría ser doble. Por un lado, y siguiendo los informes del servicio jurídico, se considera que esos ingresos son de titularidad estatal. De cualquier forma, la Generalitat de Cataluña ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, que ha sido admitido a trámite, y cuya resolución se encuentra todavía pendiente. Por otro lado, el actual modelo de financiación de comunidades autónomas establece el principio de suficiencia financiera. En todo caso, entendemos que este asunto afecta al sistema de financiación, y que, por tanto, el marco adecuado de discusión con las comunidades autónomas sería el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En lo que se refiere a la asistencia jurídica gratuita, también se me ha preguntado por los créditos consignados en el presupuesto. Debo decir que, en comparación con ejercicios anteriores, los incrementos que se han producido en las partidas sociales del presupuesto, tanto destinadas a justicia gratuita como a violencia doméstica, en 2005 han

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sido bastante considerables. Respecto a la justicia gratuita en 2005, en comparación con 2004, los créditos han subido un 50,90 por ciento.
En los años 2002 y 2004 estas subvenciones estuvieron congeladas.
Incluso en el ejercicio 2003 disminuyeron, siendo el porcentaje de descenso ese año del 33,47 por ciento.
En cuanto a la nueva oficina judicial, el senador Díaz preguntaba por el calendario para el ejercicio 2005. Ya se va a adoptar la reforma de 22 leyes orgánicas, en materia procedimental, para adecuar las normas procesales a la nueva oficina judicial. Esta nueva regulación --ley orgánica que se presentará en las próximas semanas al Consejo de Ministros para su tramitación-- afecta a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Criminal, Contencioso, etcétera. También se aprobarán a lo largo de este año los tres reglamentos que se verán afectados por esta nueva oficina judicial: el reglamento disciplinario, el reglamento de provisión de selección y de ingreso, así como el reglamento de los secretarios judiciales, que se verán afectados grandemente en sus funciones con respecto a las que actualmente vienen desarrollando.
El calendario continuará a lo largo de 2006, y tendrá una primera fase en la que intervendrán nueve comunidades autónomas de las gestionadas por el ministerio, como experiencia piloto, integrará a once partidos y a 244 órganos judiciales. Habrá una segunda fase en el 2007, que culminará en 2008, en la que se integrará a los ya incorporados en 2006, es decir, a otros 222 órganos judiciales más. En la tercera fase se incorporarán aquellos partidos judiciales que, por su escaso tamaño, no se hubieran incorporado en las dos fases anteriores; comenzarán a hacerlo a lo largo del primer trimestre de 2008, finalizando en este año la implantación de la oficina judicial.
Indudablemente, el coste que se estima en esta implantación de la oficina judicial será de unos cien millones de euros, y además será necesario el desarrollo e implantación de nuevas aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías de la información, como Lexnet o Inforeg.
El señor Conde se ha referido fundamentalmente a la ejecución y al capítulo 6, inversiones, sobre los que no se habían dado cifras. Como bien conoce su señoría la ejecución del capítulo 6 no tiene el mismo grado de periodificación que otros capítulos de gasto, como el capítulo 1, retribuciones, o el capítulo 2, gastos en bienes y servicios. La imputación contable que se hace en el presupuesto de las inversiones no se ajusta al mismo carácter periódico o de tracto sucesivo que pueda tener en los dos capítulos mencionados, ya que estas inversiones se encuentran supeditadas al momento en que se halla la tramitación del correspondiente expediente administrativo. Esa tramitación contable o ese expediente sigue diversas fases, que sería arduo señalar aquí, pero empezaría con la retención de crédito, seguiría con la elaboración, aprobación y apertura del procedimiento de adjudicación, que en los documentos contables sería el de autorización, posteriormente se procedería a la adjudicación y firma del contrato, después a la ejecución y por último al pago, a través de las certificaciones de obra.
Por tanto, el saldo de obligaciones contraídas no es por sí mismo un indicador adecuado de una gestión eficiente en este capítulo de inversiones. Si consideramos el saldo de disposiciones que hay actualmente, éste sería de un 51,64 por ciento con relación con el presupuesto a fecha de 31 de mayo de 2005.
Ha hablado también el señor Conde de eficiencia en ejecución en determinados capítulos en materia de inversión y especialmente ha hecho referencia al capítulo de la presunta insuficiencia o no atención a la dotación en el gasto de libros del Tribunal Supremo. La partida que se está destinando a este concepto en el presupuesto es de 50.000 euros, cantidad que se ha venido repitiendo en ejercicios anteriores y cantidad que con el concepto de «Suscripciones, libros y revistas» se ha adscrito a la Gerencia de Órganos Centrales, que es la unidad encargada de gestionarla. La Gerencia de Órganos Centrales solicitó en mayo una retención de crédito por un importe de 85.288 euros, sobre la que se le dio toda la información. En ningún momento la partida ha sido insuficiente y es la misma que figura en otros presupuestos de años anteriores. Esta partida se ha visto incrementada, indudablemente, en este ejercicio a 85.000 euros y se prevé también un futuro incremento para el presupuesto de 2006.
En cuanto a la referencia al presupuesto de 2006, todavía existen las fichas presupuestarias y la propuesta del ministerio está hecha; como bien sabe, se está en una fase de elaboración y discusión para la fijación de ese presupuesto del Estado para 2006. Me temo que no le puedo avanzar todavía ningún dato; estaré sumamente encantada, una vez que se apruebe, de venir a presentárselo en octubre, cuando se pueda comparecer en esta Cámara trayendo el presupuesto del año que viene.


La señora PRESIDENTA: Como se ha incrementado el número de portavoces, voy a reiterar el orden por el que hemos empezado por si alguno quiere intervenir.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el señor Bofill Abelló.


El señor BOFILL ABELLÓ: Quiero hacer uso de la palabra no porque quiera que me conteste a todo en este momento, sino porque no ha hecho referencia a algunas de las cuestiones planteadas y me gustaría saber de qué manera me las puede responder, aunque no sea ahora mismo.
Concretamente, respecto a los jueces sustitutos no me ha dicho nada y es una cuestión que será de actualidad, que saldrá en la prensa dentro de dos días porque si realmente es cierta la noticia de que, por ejemplo, en el caso de Cataluña la partida está prácticamente agotada y estamos en camino de encontrarnos con una situación parecida a la del año pasado, será, repito, un tema de actualidad; por otro lado, hay una moción aprobada por unanimidad en esta comisión para que justamente se resuelva este problema. Por todo ello quisiera que me diera alguna respuesta.


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Por lo que se refiere a las cuentas, a los intereses, a las consignaciones judiciales y al tema de los ingresos --al que usted no ha hecho referencia pero supongo que lo ha incluido en el mismo paquete de los ingresos de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional--, yo no le hablaba exactamente de la reclamación de las comunidades autónomas que no se puede atender. Yo no le pedía tanto, no le pedía que atendiera una reclamación, sino que le he hablado de la posibilidad de tener los datos, de forma que cuando se hable de esta cuestión sepamos exactamente de qué cantidades estamos hablando para cada uno de estos conceptos y además, si es posible, tener estos datos desglosados por comunidades autónomas y en el caso de la tasa aparte de por comunidades autónomas también por unidades jurisdiccionales. No le pido, evidentemente, que me dé estos datos hoy mismo, pero sí quiero saber cuál es el camino para obtenerlos.
Por último, hay otra cuestión a la que no me ha contestado --como es menor si es necesario seguiré otro camino--, que es el tema del Registro Civil Central respecto a la partida de registros de fe pública.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bofill.
Señor Díaz ¿quiere hacer uso de la palabra? (Asentamiento.) Tiene la palabra su señoría.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señora presidenta.
Doña Ana, para el Grupo Parlamentario Socialista su presencia aquí siempre es muy grata en cualquiera circunstancia por la que esté, con lo cual debo subrayar lo ya manifestado al comienzo: que nos es particularmente grato el que esté aquí y que nos informe acerca de su gestión.
Me parece una descortesía por mi parte --lo dije esta mañana y lo vuelvo a decir ahora--, no acusar recibo de los argumentos esgrimidos y limitarnos cada uno a reiterar argumentos en bloque semeja a un burro que usa orejeras, que sólo mira en una dirección y vuelve a repetir lo que dice sin acusar recibo de lo que plantean los portavoces de otros grupos.
Yo al menos procuro acusar recibo de los argumentos relativos a la materia y en la medida de lo posible razonar al respecto.
Le agradezco mucho al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que tenga tan en cuenta las manifestaciones de este portavoz y reitero para precisar que mi padre, en paz descanse, me decía que el valor de un ser humano no está en lo que tiene, sino que está en el valor de la palabra dada. Ciertamente yo recojo esa sabiduría popular, la mantengo, la subrayo, en la medida de lo posible procuro no sólo no deshonrar a mis ascendientes, sino que procuro que mis descendientes no se deshonren con mi práctica, y subrayo esa formulación. Hasta el punto de que cuando esta mañana justificaba algunos de los textos --entre ellos en el que tuve la oportunidad de intervenir, sobre el derecho a contraer matrimonio-- insistía mucho en que no había sido una improvisación de una noche alocada, sino que era producto de un compromiso electoral, que estaba en un programa electoral, en el que tantos españoles sin estar afiliados al Partido Socialista Obrero Español tuvieron oportunidad de intervenir. Yo no estaba afiliado al Partido Socialista Obrero Español en el momento de hacer ese programa; me invitaron a participar, a exponer con toda libertad lo que pensaba, lo que proponía, y ciertamente fue de las cosas que más convence a la hora de hacer propuestas para cambiar la política, para ampliarla el que tanta gente pueda participar en la misma. De ahí el haber subrayado que el programa electoral --reitero-- ha sido una creación de los afiliados y afiliadas al Partido Socialista y de mucha otra gente que quiso participar en su elaboración.
Insistiendo en lo que planteaba, he de decir que, en general, si ha habido grandes pactos en España en torno a diversas materias --entre ellas Justicia-- ha sido en momentos históricos en los cuales el Partido Socialista Obrero Español no estaba gobernando, por eso han sido posibles esos pactos, y no voy a aludir a asuntos ajenos a lo que es el Pacto de Estado por la Justicia por ser estricto con una de las premisas que trato de consolidar, que es hablar de lo que estamos hablando y no demostrar, aludiendo a otros asuntos, que se carece de argumentos sobre la materia que se está debatiendo. Entonces fue posible, quien representaba al PSOE en esa materia es hoy el ministro de Justicia y creo que tanto en el momento de la redacción y firma del mismo como antes, en el momento en el que se decidió, las razones fueron suficientemente expuestas en términos públicos como para ahora no tener que volver a hacer defensa de algo que fue de notorio conocimiento.
Sí quiero reiterar un último comentario. Acojo la respuesta que usted me da en las secuencias de ejecución presupuestaria para este ejercicio y para los próximos en lo relativo a la oficina judicial. Subrayo que ahora ha sido la primera vez en la historia que el Ministerio de Justicia ha creado tantas plazas como le ha pedido el Gobierno de Canarias --sólo en los primeros ocho meses se han creado tantas plazas como en los últimos cuatro años, exactamente 20 plazas--, que eso nunca se había dado en el archipiélago y que nosotros lo saludamos con entusiasmo. Vuelvo a recordarle la necesidad de ajustar los órganos y la planta judicial a la demanda de litigiosidad e insisto en que mañana en Lanzarote tendré que abordar este asunto con todos los operadores. Si se plantea algún tipo de reflexión en torno al grado de creación de los órganos jurisdiccionales en el próximo año será recibida como agua de mayo por este portavoz en el momento de estar ante todos los operadores que, insisto, están bastante preocupados con el aumento de la litigiosidad en los órganos judiciales con sede en el territorio concreto de Lanzarote unos y otros de Lanzarote y Fuerteventura, en función de que estén en los órdenes jurisdiccionales social o penal.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Díaz.
Señor Conde, con su intervención se cierra este segundo y último turno.


El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señora presidenta.
Dice el señor Díaz Tejera --y tiene toda la razón-- que es de elemental cortesía hacerse eco de los argumentos del

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contrario, así como de sus sugerencias y preguntas. En este caso, señora subsecretaria, lamento que usted no haya tenido esa elemental cortesía, porque, de los asuntos que le he planteado, no se ha tomado usted la molestia de contestar prácticamente a ninguno.
Señora subsecretaria, le he mencionado una serie de asuntos que resultaban de interés para mi grupo. Para nosotros son importantes. A lo mejor, no lo son para usted, pero para nosotros sí. Y le decía que unos son más importantes que otros, desde los libros del Tribunal Supremo, lo menos importante, hasta otra serie de cuestiones que antes le mencionaba, y usted se ha tomado mucho interés en contestar a lo anecdótico y no ha pronunciado ni una sola palabra respondiendo a lo que consideramos fundamental.
Le hemos preguntado por la vigilancia en los juzgados y la existencia o no de créditos presupuestarios suficientes para ello, le hemos preguntado sobre la intención de su ministerio de cubrir esa vigilancia de los juzgados a demanda de los jueces decanos en este caso de Castilla-León, le hemos preguntado sobre las 31 medidas de refuerzo propuestas por el Consejo del Poder Judicial, le hemos preguntado por si existe o no crédito presupuestario bastante como para cumplir el pago a los abogados de oficio que asisten jurídicamente a las víctimas de malos tratos; le hemos preguntado también sobre si se va a producir en este ejercicio lo que ya sucedió en el ejercicio anterior en relación con los jueces sustitutos y magistrados suplentes, y sobre todo esto, señora subsecretaria, usted no ha pronunciado una palabra. Está usted en su derecho, pero luego no se queje cuando digamos que eso del talante, la transparencia y la centralidad del Parlamento en la vida política española es una pura --déjenme que elija la palabra--, apariencia, que no obedece en absoluto a la realidad.
Si piensa usted decir, por ejemplo, en relación con el capítulo 6, que no ha dado el dato porque no es periodificable, déme usted los datos, ya sabremos qué uso hacer en mi grupo parlamentario; déme usted los datos en todas y cada una de esas fases a las que usted ha aludido y ya veremos el uso político que se puede hacer del particular. Usted me puede decir que hay una serie de fases desde el bloqueo del crédito hasta el pago efectivo, me parece perfecto, pero dénos los compromisos presupuestarios adquiridos en todas y cada una de esas fases relativas al capítulo 6. No nos omita el dato, que ya seremos muy capaces --insisto-- de hacer la valoración correspondiente.
Solamente, dos consideraciones más. En primer lugar, comprendo perfectamente --como usted me entenderá a mí-- que no me conteste --y en este asunto no le voy a hacer reproche alguno-- sobre los créditos presupuestarios que el Gobierno pretende incluir en la próxima ley de Presupuestos Generales del Estado. Es natural que usted no me lo conteste hoy, como es natural que yo se lo pregunte. Es natural que se lo pregunte y es natural que usted no me lo conteste. En este caso no hay reproche alguno porque es obvio, hay unos plazos, hay unos tiempos, hay una fecha en la que ha de tener entrada ese proyecto de ley y, lógicamente, hasta ese momento, usted no tiene obligación de contestar. Incluso --fíjese--, ni siquiera lo tomo como descortesía, porque es natural que en política haya ciertos datos objeto de discusión interna, de negociación dentro de un gabinete. Hay una frase célebre, aunque no recuerdo su autor, que dice que todos son gobiernos de coalición entre el ministro de Hacienda y el resto de ministros del gabinete. Es comprensible que estén ustedes en la fase de concertación interna de los Presupuestos Generales del Estado.
Como ve, hay cosas que me parece natural que no se contesten. Sin embargo, hay asuntos que no veo lógico que no se contesten en una comparecencia parlamentaria.
Una última consideración a mi dilecto compañero y amigo, si él me lo permite, el senador Díaz Tejera. Sigue usted teniendo mucha razón. Me encanta oírle hablar, porque, cuanto más abunda usted en el particular, más se enriquece la cita para un futuro. Dice usted que, siguiendo la memoria de su padre --cosa que le honra perfectamente--, el que no cumple con sus compromisos deshonra a sus descendientes. Si se me permite que hagamos una traslación y pongamos que el padre en este caso es el secretario general del Partido Socialista y hoy presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, si no cumple sus compromisos, deshonra a sus descendientes, es decir, a todos ustedes, los que le están sosteniendo en el Gobierno. Tiene usted mucha razón, señor Díaz Tejera. ¿Qué quiere que le diga? Le aplaudo extraordinariamente sus observaciones y le animo a que siga abundando sobre el tema, porque, cuanto más se explaye usted sobre el particular --insisto--, más perlas nos va a dejar escritas en el Diario de Sesiones. Le animo vivamente, considéreme el director de su club de fans en este particular y permítame que le anime a seguir explayándose sobre el asunto. (El senador Díaz Tejera pronuncia palabras que no se perciben.) Pero, bromas aparte --y, por favor, le rogaría que mantuviera usted un mínimo respeto en esta Comisión, porque ya esta mañana ha dado usted el número y le agradecería que por la tarde no diese otro--, la cuestión...
(El señor Díaz Tejera pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, sí, ya que no lo hace la señora presidenta, tendrá que hacerlo este portavoz.


La señora PRESIDENTA: Señor Conde, deje que la presidenta haga su trabajo.


El señor CONDE BAJÉN: Hágalo, señora presidenta. Le exhorto a que lo haga. Le pido el amparo, señora presidenta, para este portavoz.


La señora PRESIDENTA: Tiene todo mi amparo.
Yo procuraré tener el suyo.


El señor CONDE BAJÉN: Muchas gracias. Cuenta usted, desde luego, con nuestro manifiesto apoyo para que se nos permita por lo menos estar en el uso de la palabra y que estas gracias del señor Díaz Tejera tengan un límite y todos nos ajustemos al Reglamento exactamente igual, seamos o no del partido del Gobierno.
Estábamos en la cuestión de la promesa electoral del Partido Socialista del dos por ciento en los Presupuestos Generales del Estado. Y el señor Díaz Tejera nos dice que fue don Juan Fernando López Aguilar el que propuso el

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Pacto por la Justicia. Enhorabuena, para él el mérito de la propuesta. Pero fue también el Partido Socialista el que rompió el Pacto de Estado por la Justicia.
Y aunque el senador Díaz Tejera dice que por razones que son de sobra conocidas y que no es preciso repetir, me va a permitir que en esto discrepe, porque son del todo conocidas pero sí es preciso repetirlas.
Las razones por las que se rompió el Pacto de Estado por la Justicia fueron la falta de consignación presupuestaria suficiente, a juicio del Partido Socialista, que debía llegar al dos por ciento en los Presupuestos Generales del Estado. Ésa fue la razón y no otra, o, por lo menos, esa fue la razón confesada, o, incluso, diría más, ésa fue la razón confesable. Pero ésa fue la que se dijo.
Y resulta que llegan ustedes al Gobierno, de repente --en fin, no entremos en por qué--, porque ganaron las elecciones, desde luego, y de lo dicho, nada. El dos por ciento de los Presupuestos Generales del Estado para Justicia se queda en el 0,5 por ciento. Y el incremento de este año, muy similar al que hubo en el último ejercicio presupuestario gestionado por el Partido Popular.
Ahora, senador Díaz Tejera, tendré que parafrasearle a usted sobre eso de quien deshonra o deja de deshonrar al que cumple o deja de cumplir la palabra que da y ofrece, etcétera, etcétera. Ustedes mismos saquen la conclusión. Pero, desde luego, sobre este particular, sí se puede decir con rotundidad que el Gobierno socialista ha mentido a este Parlamento y a los ciudadanos españoles, que su promesa electoral es una promesa defraudada, que su oferta electoral fue un manifiesto engaño a la vista de los hechos que hoy nos traen y nos ocupan en esta Comisión.
Le vuelvo a reiterar las preguntas, señora subsecretaria. Si quiere usted contestarlas, las contesta y, si no quiere hacerlo, no tenemos sistema de compelerle a ello, pero, por lo menos, quedará constancia de cuál es el talante que se tiene en estos nuevos tiempos.
Muchas gracias, señora presidenta. He concluido.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Conde.
Tiene la palabra la señora subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (De Miguel Langa): Gracias.
Por empezar por el señor Conde, al menos, según las notas que he registrado, sí he contestado a sus preguntas. Me preguntó, en principio, por el capítulo 6, el grado de ejecución de inversiones, y le he contestado. Me preguntó y sacó a colación el tema de los libros del Supremo y le he contestado. Me preguntó sobre las líneas del presupuesto y cuáles son las propuestas del Ministerio de Justicia para el año 2006 y le he contestado. He hablado de asistencia jurídica gratuita ante una pregunta general que me ha planteado usted, así como el portavoz del Grupo Entesa Catalana de Progrés.
A ese respecto, sí quiero volver a incidir en el hecho de que no existe ningún problema en el pago respecto al concepto de asistencia jurídica gratuita. Ni se paga en el Colegio de Abogados ni tampoco en el caso del Colegio de Procuradores. En ambos casos se está ejecutando correctamente.
En lo que respecta a los pagos al Consejo General de la Abogacía en materia de asistencia jurídica gratuita, nos situaríamos en un 37,8 por ciento de ejecución y, en el caso del Consejo General del Colegio de Procuradores, estaríamos en un 43,91 por ciento. No existen problemas en esta materia, cuyas cuantías --y vuelvo a resaltarlo-- son las que más incremento han tenido en los presupuestos de 2005, en concreto ha crecido un 50,90 por ciento --porcentaje que no se había producido en otros momentos.
Respecto al pago de jueces sustitutos, indudablemente hay una partida que, comparando este período con el de 2004, en este año hemos tenido ya un incremento de un 39,84 por ciento en concepto de pagos a jueces sustitutos y magistrados suplentes. No habrá problema alguno en abonar las retribuciones al personal sustituto.
Es cierto que el Ministerio de Justicia no ha aceptado una serie de medidas de refuerzo propuestas por el Consejo del Poder Judicial por entender que no se encontraban en su momento justificadas y por un tema de racionalización de créditos y una mayor eficiencia en la consecución de la justicia.
En cuanto al Registro Civil Central, se me ha preguntado sobre cuál es el porcentaje o las cantidades invertidas, y sí que puedo decirle, con los datos que de momento dispongo aquí, que en lo que se refiere a inversiones en el edificio de la plaza de Jacinto Benavente, que se está ahora mismo rehabilitando, se van a proceder a modificaciones en el proyecto original, precisamente para atender a las demandas de modernización del Registro Civil Central, y una mejora en la ubicación y en el servicio que se presta a los ciudadanos, que actualmente en las instalaciones de la calle Montera no se producen. Respecto a esta modificación del proyecto, fundamentada por el hecho de que este edificio acogerá, a parte del Registro Civil Central para aliviar la situación en la que se presta el servicio, les puedo decir que tiene un importe de licitación de alrededor de un millón de euros. Respecto a otras inversiones que puedan realizarse en el Registro Civil Central en materia de informática o de nuevas tecnologías, indudablemente para mejorar la gestión, en este momento no les puedo dar los datos.
La mayoría de las cuestiones están contestadas y salvo que quieran volver a insistir en alguna de ellas, daré por finalizada mi intervención. En todo caso, si quieren alguna aclaración más, me la pueden formular por escrito al ministerio y se las contestaré en la medida de lo posible y a la mayor urgencia.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Miguel.
Como es costumbre en las comisiones del Senado, cabe ahora preguntar si algún senador o senadora de los que no han intervenido quieren formular alguna observación a la señora subsecretaria. (Pausa.) Pues no siendo esto así, le damos las gracias a la señora subsecretaria de Justicia por esta segunda comparecencia en esta comisión.
Suspendemos un minuto la comisión para despedir a la señora subsecretaria de Justicia. (Pausa.--El señor vicepresidente, Gutiérrez González, ocupa la presidencia.)

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El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez González): Señorías, continuamos la sesión.


DICTAMINAR LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE LEY:

-- POR EL QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO (621/000014).


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez González): Pasamos a dictaminar el proyecto de ley por el que se modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio. Tras el informe de la ponencia, ha pasado a denominarse proyecto de ley por el que se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.
A este proyecto de ley se presentaron 39 enmiendas, dos del señor Cuenca Cañizares y de la señora López Aulestia, del Grupo Parlamentario Mixto; una del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, siete del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, una del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, cinco del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, cuatro del Grupo Parlamentario Socialista y 19 del Grupo Parlamentario Popular.
La ponencia se reunión el día 1º de junio y emitió informe en el que, tras incorporar por unanimidad una corrección técnica a la enmienda número 36 del Grupo Parlamentario Socialista, que modifica el título del proyecto e introducir algunas mejoras técnicas, resolvía diferir al debate en comisión el pronunciamiento sobre las demás enmiendas.
Procede entrar, en consecuencia, en la defensa de las enmiendas. Después de cada turno de defensa, cabrá un turno en contra, así como la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios, salvo que estos opten por hacer uso de la palabra en un único turno de portavoces al final.
Para la defensa de las dos enmiendas presentadas por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la senadora López Aulestia.


La señora LÓPEZ AULESTIA: Muchas gracias, señor presidente.
Doy por defendidas las enmiendas. Una hace referencia a la forma que entendemos la guarda y custodia y la otra a la creación de un fondo de garantía para asegurar las pensiones compensatorias y de alimentos. No sé si se llegará a algún acuerdo transaccional, pero mientras tanto mantengo las dos enmiendas.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez González): Gracias, senadora López Aulestia.
Si están de acuerdo se defenderán todas las enmiendas en bloque y después habrá turno de portavoces.
Tiene la palabra el señor Ayala para defender una enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


El señor AYALA FONTE: Muchas gracias, señor presidente.
Solamente he presentado una enmienda. En principio la voy a dar por defendida, a la espera de llegar a un acuerdo en una enmienda transaccional que se está estudiando.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez González): Muchas gracias, señor Ayala.
Tiene la palabra el senador Badia para defender las enmiendas número 10 a 16 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señora presidente.
Con las enmiendas 10 y 11 vamos a intentar llegar a una transaccional tal y como se ha planteado en la ponencia.
La enmienda 12 es una propuesta del Derecho transitorio del efecto retroactivo a la que la ley debe limitarse.
La número 13 propone un apartado nuevo a la disposición final primera consistente en la eliminación de diferencias y en crear un cauce procesal coherente y adecuado en el tema de las parejas de hecho. Por lo tanto, lo que queremos es eliminar la duplicidad de procedimientos.
La enmienda número 14 propone un apartado nuevo por la necesidad de asesoramiento independiente para las dos partes, es decir, que cada parte tenga su abogado e ir modificando, evidentemente, la Ley de Enjuiciamiento Civil que permite un solo abogado para las dos partes.
Entendemos que es una cuestión lógica porque, si no, se produciría de entrada un grave perjuicio para la parte más débil.
La enmienda 15 propone también un apartado nuevo que se refiere a la adopción de medidas que afectan a los menores que deben ser oídos. Sobre esto hemos presentado una proposición de ley en el Senado y ha sido un tema suficientemente debatido en los últimos días por toda la problemática de cómo se producen las declaraciones de los menores.
Finalmente, la enmienda número 16 propone la inscripción de las sentencias matrimoniales en el Registro Mercantil o Registro de la Propiedad para potenciar la seguridad jurídica de los cónyuges.
Por tanto, damos por defendidas las enmiendas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez González): Gracias, señor Badia.
Para la defensa de la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora señora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señor presidente.
La doy por defendida en los términos y por la justificación que obra en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez González): Para la defensa de las enmiendas números 5 a 9, del Grupo

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Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.


El señor BOFILL ABELLÓ: Muchas gracias, señor presidente.
También las doy por defendidas. Sólo quiero precisar que el objetivo de la enmienda número 5 es dar plena potestad al juez para poder acordar la guardia y custodia compartida a instancia de una de las partes.
La intención de la enmienda número 6 es evitar las falsas denuncias en los procedimientos para obtener la guardia y custodia compartida, y la número 7 va en la misma dirección.
Sólo me queda precisar que la número 8, que hemos dividido en 8.1 y 8.2, es una enmienda que viene viva del Congreso de los Diputados y presentada por uno de los grupos que forman nuestra coalición.
Nada más.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez González): Gracias, señor Bofill.
Para la defensa de las enmiendas números 37 a 39, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora señora Martínez.


La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Como bien dice, el Grupo Parlamentario Socialista tiene en estos momentos vivas esas tres enmiendas. La número 39, como ha dicho el señor Badia, está sujeta a una transacción con la número 12, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que espero que podamos sacar adelante, estando, como está la ponencia en el seno de la comisión. Esta transacción va dirigida a regular y limitar la retroactividad de la ley en cuanto a las causas de separación y divorcio, así como el plazo para interponer la acción. También se delimita el alcance del plazo extraordinario que se da para ambas partes.
Las enmiendas números 37 y 38 están dirigidas a introducir garantías adicionales que aseguren la estabilidad del menor respecto al régimen de guardia y custodia compartida, sea ésta o no acordada por los cónyuges.
La defensa de estas enmiendas, y sobre todo la propuesta de transacción que hacemos para regular los apartados 6, 8 y 9, del artículo 92, me exige, señor presidente, hacer una breve consideración de carácter general, en relación, concretamente con la custodia compartida.
El proyecto de ley, impulsado por el Gobierno y en los términos en que viene recogido en el texto remitido por el Congreso, asume la idea de la corresponsabilidad parental, que no cesa ante la situación de crisis de la pareja, y por ello acoge, por primera vez expresamente, que no en la práctica, la posibilidad de que la guardia y custodia sea compartida.
Los requisitos de esta especial situación, cuando la misma no sea decisión conjunta de los progenitores, hacen que deba ser excepcional, atendiendo esencialmente al interés de los menores, que ha de ser el principal objetivo de la decisión. Sólo si se garantiza esa estabilidad, si se informa sobre la conveniencia para ello de esta forma de régimen de guarda, si las relaciones con los progenitores lo permite, si la vida de relación de los menores no se ve sustancialmente alterada y si no hay ningún elemento negativo que desaconsejen este régimen, podrá aplicarse el mismo. Esa es la filosofía que, como digo, impera en este proyecto.
La excepcionalidad es, así, un mensaje de garantía para los menores, y una decidida exigencia en la motivación de la decisión, cuestiones ambas claramente implicadas en la filosofía del proyecto. Es por eso que, atendiendo a los distintos planteamientos de los grupos parlamentarios, con los que coincidimos en la intencionalidad del proyecto, queremos dar respuesta a los requerimientos de cada uno de ellos. Así, a requerimiento de Coalición Canaria, rechazamos en el contenido de nuestras enmiendas el término «sólo», con el que pretendíamos remarcar el carácter excepcional del régimen de nuestra enmienda número 37.
La referencia al ejercicio alterno de la guardia y custodia, que está contenida en las enmiendas números 1 y 8, del Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida y Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, respectivamente, se asumen desde el punto de vista terminológico y también del contenido real de dicha atribución, y lo recogemos en el ámbito de los apartados 8 y 9 del artículo 92.
Por otra parte, como la necesidad de adscripción a la Administración de Justicia de los profesionales a los que puede dirigirse el juez para pedir informe en estos supuestos puede convertirse en un criterio limitador de las reales posibilidades probatorias que tiene el juez lo que hacemos, para respetar esa función, es asumir la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, concretamente la número 3, pero como adicional, no sustitutiva, para que el juez pueda hacer uso también de especialistas debidamente cualificados.
Compartimos con la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, el interés del menor como criterio rector de la división judicial sobre guardia y custodia, recogiendo en el nuevo texto la eficacia del informe del Ministerio Fiscal, que no sea necesariamente favorable, sino asumiendo su propuesta, de tal modo que se evita el problema derivado de la vinculación del juez incluso al acierto o no del propio informe del Ministerio Fiscal.
Entendemos que pueden darse circunstancias concurrentes y que el interés del menor exija que el juez ejerza con toda su potencialidad las potestades que en estos momentos le son propias en relación con las prácticas probatorias, tanto de acuerdo con el Código Civil como con la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Termino, señorías, haciendo una breve referencia al texto que nos ha sido remitido desde el Congreso. Quiero recordarles que dicho texto parte de una transacción de las enmiendas entonces números 48, del Grupo Parlamentario Socialista; 17, 18 y 19, de Esquerra Republicana de Cataluña; 32 y 36, del Bloque Nacionalista Galego, y 38, Grupo Vasco. El texto que ahora proponemos, si lo acepta la mayoría o la totalidad de la ponencia, supone abundar en aquello que nos une a todos los grupos,

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que no es otra cosa que el modo más eficaz de velar por el supremo interés del menor además de recoger el espíritu en unos casos y la letra en otros de las enmiendas presentadas en el Senado, concretamente la número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida; la 3, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; la 4, de Coalición Canaria; las números 5 y 8, de Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; la 10, en parte y la 11, también del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y las números 37 y 38, del Grupo Parlamentario Socialista.
Quiero también llamar la atención sobre el hecho de que, si bien no incide sobre el contenido de este artículo 92 ni sobre la transacción que presentamos, sí coincide el espíritu con que regulamos la regla general y la excepcionalidad con el contenido de la enmienda número 29, que presenta el Grupo Parlamentario Popular al artículo 103 del Código Civil, que regula concretamente las medidas provisionales que debe acordar el juez cuando no haya acuerdo entre los cónyuges que, como bien sabemos todos, muchas de ellas pasan de ser provisionales a definitivas.
Éste es el espíritu que queremos trasladar al defender nuestras enmiendas, y aprovecho este turno, señor presidente, ya que no es solamente un turno en contra sino también a favor del resto de las enmiendas, para anunciar que junto a esa transaccional que presentamos al artículo 92, con la que creo que está de acuerdo la mayoría de la ponencia, quizá la totalidad, para indicar una serie de transacciones que pueden ser asumidas por la totalidad de la ponencia.
La primera afecta a la exposición de motivos, párrafo 16, concretamente a la enmienda número 17, del Grupo Parlamentario Popular, en los términos que figura en el escrito que he trasladado a la Mesa.
La segunda es una transacción con la enmienda número 11, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que modifica el párrafo a) del artículo 90, del Código Civil, en los términos que figura también en la transacción.
El texto transaccional con las enmiendas números 37 y 38 que afecta al artículo 92 ha sido debidamente explicitado, concretamente a los apartados 6, 8 y 9, y también es conocido por todos los señores miembros de la ponencia (La señora España Moya: No.) A la disposición transitoria única, hay una transaccional con las enmiendas números 12, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y 39, de mi grupo parlamentario, a la que ha hecho referencia tanto el señor Badia como yo misma en la defensa de la petición.
La transaccional con la enmienda número 15, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, afecta a la disposición final primera, que hace referencia al sistema de exploración de menores en los procesos civiles.
Por último, la transaccional relativa a la enmienda número 31, del Grupo Parlamentario Popular, a la disposición final primera.
También quiero adelantar que el Grupo Parlamentario Socialista no tendría ningún inconveniente en aceptar en su literalidad el contenido de la enmienda número 29, a la que antes he hecho referencia y que sustancialmente es congruente con la propuesta de transacción que en estos momentos acabo de exponer.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez González): Gracias, señora Martínez.
Entiendo que hay un gran número de enmiendas transaccionales y de diálogos entre los grupos, por lo que si les parece, una vez que se haya terminado el turno de fijación de posición de todos los grupos, haríamos una pausa para reordenar el debate antes de pasar a la votación. La ponencia informará de lo que acepta o no acepta y después procederemos a las votaciones.
Para la defensa de las enmiendas números 17 a 35, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Inmaculada de España.


La señora DE ESPAÑA MOYA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo al objeto de defender las enmiendas números 17 a 35, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular a este proyecto de ley de modificación del Código Civil y Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de separación y divorcio, después del informe de la ponencia, el conocido divorcio o separación exprés.
En primer lugar, mi grupo considera absolutamente necesaria la reforma en esta materia, pues hay que acomodar la legislación a la realidad social, que va cambiando. Lo que ocurre es que, aunque estamos de acuerdo en el fondo, la agilización de los procedimientos y la reducción de la tramitación, que originaban muchos sufrimientos psicológicos y también muchos costes económicos a las partes, no lo estamos en cuanto a la forma, pues no está suficientemente clara la forma de regular muchas materias en este proyecto ni tenemos las mismas sensibilidades.
Voy a ir desgranando y concretando estas distinciones en las 19 enmiendas presentadas por mi grupo.
Las enmiendas números 17 a 20 hacen referencia únicamente a la exposición de motivos, y están en coherencia con las enmiendas presentadas al articulado.
En cuanto a la enmienda número 22 , cuando la separación o el divorcio sea instado por uno de los cónyuges, nosotros mantenemos un esquema causal, porque estas causas se han actualizado y reducido enormemente.
Creo importante resaltar la distinción de que son causas y no culpas ni sanciones; la supresión de las causas es excepcional en nuestro Derecho comparado y sólo existe en dos países, Suecia y Finlandia; en cambio, existe un plazo mayor para presentar la demanda.
También es importante, como hace el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, mantener un sistema causal, acorde con lo preceptuado en el artículo 32 de nuestra Constitución, que en concreto establece que la ley regulará las causas de separación y disolución y sus efectos; esto proporcionará al juez un mayor grado de conocimiento respecto de las decisiones que deberá adoptar a lo largo del procedimiento, cuestiones que

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afectan a los hijos, como la custodia, la patria potestad, la comunicación con el progenitor, etcétera.
Por otro lado, desde el punto de vista puramente contractual, no se concibe la ruptura de un negocio sinalagmático sin alegación de causa alguna; incluso algunos hablan de contrato basura, pues para extinguirlo no hace falta ningún tipo de causa.
Por lo que respecta a las enmiendas que hacen referencia a la mediación familiar, concretamente las números 21 y 23, la primera alude a la forma de separación y la segunda al divorcio; discrepamos con respecto a lo recogido en el proyecto porque, en cuanto se produce la solicitud de separación o divorcio por uno de los cónyuges y cuando haya hijos menores, pensamos que es necesaria la intervención de un mediador familiar. No nos gusta hablar de obligatoriedad; al igual que es necesaria la intervención del Ministerio Fiscal cuando hay menores, sería también conveniente la intervención del mediador familiar.
En el ámbito familiar, nos parece importante potenciar esta figura extrajudicial para la solución de conflictos, ya que son las mismas partes las que deben tomar decisiones que afecten a su vida futura, a sus relaciones de futuro; las partes son en realidad las que más conocen su situación; el mediador es un encargado de facilitar y devolver la comunicación entre las partes para que puedan lograr acuerdos.
Por otro lado, las enmiendas números 25 y 31 inciden sobre la mediación familiar y la necesidad de recoger expresamente los procesos matrimoniales, la posibilidad de que las partes soliciten la suspensión del procedimiento para someterse a la mediación familiar y favorecer así la terminación de los procesos mediante acuerdos.
La enmienda número 34 hace referencia a que hasta la entrada en vigor de la ley de mediación familiar, la mediación prevista en la ley se realizará con los servicios actuales de mediación.
Por último, en cuanto a la enmienda número 35, y dado que el proyecto entra en vigor al día siguiente de su publicación, nos parece conveniente que el Grupo Parlamentario Socialista se comprometa en un plazo a presentar un proyecto de ley de mediación familiar, aunque lo cierto es que se ha adelantado bastante en este aspecto en el Congreso de los Diputados.
Por lo que respecta a una cuestión tan delicada, de tanta sensibilidad y que tanto hemos debatido en ponencia, como es la custodia compartida, mantenemos las enmiendas números 24 y 26.
Nuestro grupo considera que sólo debe otorgarse la custodia compartida cuando se solicite por mutuo acuerdo de las partes y no debería concederse en caso de discrepancia de las partes; pensamos que es más beneficioso para el menor porque para que funcione la custodia compartida, debe existir un grado de colaboración, de buena comunicación entre los padres, un cierto grado de armonía entre los progenitores, al menos en lo que respecta a los hijos, su vida, su salud, educación, etcétera.
El Grupo Parlamentario Popular, al igual que otras personas entendidas en la materia, considera que resulta incompatible este grado de sintonía cuando no existe conformidad sobre la misma. Difícilmente habrá conformidad entre las partes si no han logrado siquiera ponerse de acuerdo en la forma de su separación. Algunas personas consideran incluso que nos encontramos ante un experimento, un ensayo, una prueba, y partiendo de esta calificación, se niegan a que el objeto de estas experimentaciones sea sus propios hijos.
Esta senadora considera humildemente --no sabe si está en lo cierto-- que se debería esperar a que se dictaran muchas custodias compartidas de mutuo acuerdo, comprobar cómo funcionan, y después, cuando la sociedad estuviera ya preparada, proceder a la ampliación de la misma.
Igualmente mantenemos las enmiendas números 27 y 29, nuevas en el Senado; la primera se refiere al artículo 93 y persigue garantizar que la contribución para satisfacer los alimentos sea dedicada a este fin, estableciendo el juez medidas al respecto cuando se solicite por la parte interesada.
La segunda enmienda, la número 29, trata de modificar el artículo 103 del Código Civil; se tata de garantizar que el cumplimiento del deber de velar por los hijos del cónyuge que no ejerza la custodia sea acorde a las circunstancias personales, tanto de los progenitores como de los hijos, y que, efectivamente, el cónyuge no custodio pueda comunicarse con su hijo; es el menor el que tiene que comunicarse con el progenitor no custodio.
En cuanto a la enmienda número 28, no estamos de acuerdo con que la pensión compensatoria pueda ser temporal, sí por tiempo indefinido o prestación única, y la justificación es que esto supondría limitar arbitrariamente el derecho del cónyuge beneficiario de la pensión cuando los artículos 100 y 101 del Código Civil ya señalan las causas que permiten extinguir o modificar esa pensión. No es posible determinar a priori el tiempo en que van a existir causas para que exista esta pensión compensatoria.
Mantenemos la enmienda número 30 ya que no es posible eliminar el derecho del cónyuge viudo cuando exista separación de hecho, pues habría dificultades de prueba y permitiría desheredaciones de hecho.
Asimismo, mantenemos la enmienda 32 porque si uno de los objetivos de este proyecto es agilizar los procesos de separación y divorcio y reducir el tiempo de su tramitación, es imprescindible contar con el número necesario de juzgados que permita asumir esta reducción de plazos anunciada. Por cierto, en referencia al número de juzgados necesario aprovecho esta ocasión para mencionar que Fernando de la Rosa, secretario de Justicia de la Comunidad Valenciana, denuncia que no se ha contestado a la propuesta de modificación de la Ley de Planta y Demarcación Judicial que afecta a la Comunidad Valenciana, que remitió al ministerio el 15 de julio de 2004.
Por lo que respecta a la enmienda número 33, la seguimos manteniendo porque aunque en el Congreso se recogió lo relacionado con el fondo de garantía de pensiones de alimentos, nosotros pretendemos que se amplíe a las pensiones compensatorias porque a ellas se refiere la ley y este nos parece el momento idóneo. Anuncio la existencia de una posible enmienda transaccional cuya votación, como hemos acordado en ponencia también para otras enmiendas, se dejará para el Pleno. Se trata de una enmienda transaccional

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con el Grupo Parlamentario Mixto y trata de regular este fondo de garantía de pensiones.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez González): Gracias, senadora España.
Señores portavoces, ¿alguno de ustedes quiere utilizar el turno en contra? Tiene la palabra la senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, separación y divorcio sin culpables, dando la máxima relevancia a la voluntad de los contrayentes, los esposos o cónyuges, junto con el principio de corresponsabilidad parental son uno de los dos ejes que forman el núcleo fundamental de este proyecto de ley. Por tanto, es evidente que nos oponemos a las enmiendas números 22 y 23, a las que ha hecho una referencia expresa el Grupo Parlamentario Popular, que regulan las causas tanto de separación como de divorcio. Por razones que a continuación expondré también nos oponemos a las números 24 y 26 que regulan la custodia compartida. Pero centrándome en las causas, verdaderamente hemos hecho un esfuerzo por atender la filosofía de otro tipo de causas contempladas en las enmiendas presentadas. Me refiero concretamente a las contenidas en la enmienda número 10 de CiU. El objeto de establecer unas causas es que a la hora de adoptar determinadas medidas, el juez pueda valorar el grado de cumplimiento o no de lo que se llaman los deberes conyugales y paternofiliales. Sin embargo, el proyecto alcanza esta finalidad sin incluir estas causas de separación o indagatorias para decretar la separación y el divorcio. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el artículo 97 regula la forma en que el juez debe valorar los aspectos económicos de una separación o divorcio, los elementos, las circunstancias y la capacidad probatoria y alegatoria de las partes en el procedimiento que se regula al efecto, le dan al juez todas las posibilidades para, precisamente, indagar o comprobar las alegaciones que se hace por uno u otro de los cónyuges y en base a ello determinar la parte económica. Pero es que, además, apreciando en parte la finalidad y la filosofía de la enmienda número 10 de CiU, al incorporar en la primera parte del artículo 92 la posibilidad de que el juez amplíe su indagatoria al posible cumplimiento o incumplimiento no sólo de las relaciones entre los cónyuges, sino de éstos con sus hijos, también estamos dando al juez o al tribunal que en última instancia tiene que decidir sobre la guardia y custodia, elementos suficientes para valorar, sopesar y dictaminar sobre posibles incumplimientos en estas relaciones paternofiliales o entre los cónyuges. Por tanto, a través de los artículos 92 y 97 se recogen los efectos, como no puede ser de otra manera, de los posibles cumplimientos o incumplimientos de las obligaciones que el Código Civil impone a los cónyuges que, por cierto, en esta reforma ampliamos a ciertas responsabilidades en relación con los descendientes y ascendientes. En consecuencia, nos oponemos frontalmente a estas enmiendas que retoman el elemento causal como definidor de la separación o el divorcio.
Otro tanto sucede con la custodia compartida. Respeto la posición del Grupo Parlamentario Popular, magníficamente expuesta por la señora De España, pero quiero poner sobre la mesa que el grado de conflicto que hay en un pareja cuando se rompe con motivo de una separación o divorcio, no puede ser medido por nadie al margen de ellos. Son los cónyuges los que deciden si siguen compartiendo el cuidado de los niños, su guardia y custodia o no, de tal modo que el simple no consentimiento de uno de los cónyuges coloca al otro automáticamente en la posición de veto. El juez es el que debe valorar el alcance de un conflicto en la pareja, precisamente con todas las cautelas y garantías que incluimos en las enmiendas transaccionales que he expuesto para conseguir la estabilidad y el bien del menor. El juez debe medir el alcance de esa crisis y valorar si por las relaciones de los cónyuges y de éstos con sus hijos, del entorno que les acompaña, domicilio, situación, ambiente social, en determinados casos puede dictaminar la custodia compartida o no. Hay que decir que en estos momentos los tribunales están adoptando sentencias de custodia compartida -- han llegado, por supuesto, muchísimas a la Audiencia-- con independencia de que el Código Civil no recoja tal figura. Y yo entiendo que lo hacen porque los tribunales de justicia españoles además de aplicar las disposiciones del Código Civil, están vinculados por otros muchos derechos y obligaciones que deben aplicar, me estoy refiriendo a los propios derechos fundamentales de los menores recogidos en convenios internacionales. Yo no voy a hacer en el día de hoy una relación exhaustiva de cuáles son esos derechos, pero evidentemente existe la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos Humanos y otras normas que conceden al menor el derecho a gozar de su padre y de su madre, con independencia de que haya separación o ruptura entre ellos.
Señorías, honestamente creo que si somos capaces de sacar adelante esa enmienda transaccional -- y si estamos de acuerdo la mayoría de la ponencia, como parece ser, me gustaría que la pudiéramos incorporar tal y como hemos hecho en la tramitación de otro proyecto de ley esta mañana--, se mejoraría bastante el texto remitido por el Congreso. Además, aúna posiciones en torno a la defensa del interés del menor que es fundamental y la plena libertad de los cónyuges.
Dejando a un lado estas enmiendas quiero hacer una referencia, grosso modo, a otro bloque de enmiendas que presenta y ha defendido el Grupo Parlamentario Popular y para las que tenemos razones para oponernos. Me refiero a todas aquellas relacionadas con la mediación familiar, concretamente las números 19, 21, 23, 25 y 31 en parte, 34 y 35 para modificar los artículos 81, 86, 91 del Código Civil y 751, 770 y 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Junto a esta modificación se incluye la regulación del llamado plan de responsabilidad parental que acompaña siempre a este tipo de mediación. El Grupo Parlamentario Socialista se opone a todas estas enmiendas por una razón evidente, y es que las consideramos contrarias al espíritu y a la letra de la opción elegida por este proyecto de ley. El compromiso que asume el Gobierno en la regulación de la mediación

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se recoge en la disposición final tercera de este proyecto de ley, a cuyo tenor el Gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de ley sobre mediación familiar basada en los principios establecidos en las disposiciones de la Unión Europea, y en todo caso --con independencia de cuál sea esta directiva pendiente de promulgación--, en los de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad y en el respeto a los servicios creados por las comunidades autónomas.
Precisamente en consonancia con esta disposición, en el proyecto de ley se introduce la regla 7ª en el artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la que las partes de común acuerdo pueden solicitar la suspensión del proceso de conformidad con el artículo 19.4 de la ley para someterse a mediación. De este modo la mediación queda regulada de forma voluntaria. En este sentido hemos transaccionado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular a la exposición de motivos, la enmienda número 31, al apartado 2 del artículo 777, a la que por lo menos esta mañana el Grupo Parlamentario Popular ha mostrado su conformidad.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular contemplan, en el esquema que han hecho, una mediación familiar con un presupuesto obligatorio previo a la separación y al divorcio, extremo que choca frontalmente, repito, con el proyecto de ley.
Por lo que respecta al plazo de los tres meses que introduce la enmienda número 35, saben bien que el Gobierno está a la espera de que se promulgue esa directiva comunitaria para proceder a dar cumplimiento a esa ley especial en materia de mediación familiar.
En cuanto a la enmienda número 34, me lleva a la consideración de que hay una situación muy dispar entre las distintas comunidades autónomas, y esa enmienda, bajo un supuesto reconocimiento, lo que hace es plasmar la existencia de una situación de desigualdad para usar estos servicios que, según su propuesta, tendrían que ser obligatorios en el resto del país.
Por otra parte, al margen de las enmiendas defendidas, todavía quedarían vivas --y nos opondremos a ellas-- las enmiendas números 18, 20, 27, 28, 30 y 32.
Si se acepta la enmienda número 18 la transaccionaríamos y la incluiríamos en la exposición de motivos. (Varios señores senadores: ¡No!) No, perdón. Sobre ésa había un error esta mañana. Perdone, señor presidente, esta equivocación. Evidentemente, no podemos darla por transaccionada y la vamos a rechazar por coherencia con las enmiendas a las que antes hacía referencia.
La enmienda número 20, también relativa a la exposición de motivos, la rechazamos por propia coherencia con la finalidad del proyecto.
En cuanto a la enmienda número 22 --antes he hecho referencia a la misma--, mantiene el sistema causal, igual que la número 23.
Por lo que se refiere a la enmienda número 24, introduce la figura del plan de responsabilidad parental al que he hecho referencia al referirme a la mediación, y también la vamos a rechazar.
La enmienda número 26 es la que regula, junto con la siguiente, la guarda y custodia simplemente cuando hay acuerdo de los cónyuges y, por las razones expuestas, también nos vamos a oponer.
Queda la enmienda número 27, por la que se introduce una modificación al artículo 93 del Código Civil. Esta enmienda exige que se garantice que la contribución para satisfacer los alimentos se dedique exclusivamente a este fin. Es una especie de mandato que pone bajo sospecha el destino o la gestión que el cónyuge que quede al cuidado de los niños, y por tanto administre este tipo de pensiones, pueda hacer. Entendemos que no hay razones para que legalmente se dé traslado a una sospecha y que existen mecanismos judiciales más que suficientes para poder pedir la protección del juzgado si fuera necesario.
En cuanto a la enmienda número 28, que excluye la pensión temporal, entendemos que existen razones objetivas --y más en una sociedad avanzada y moderna, donde ambos cónyuges en muchos casos ya trabajan--, aunque en algunas ocasiones no dependen de los cónyuges, pero sí de elementos externos a ellos, donde se puede y se debe, porque es aconsejable, fijar una pensión temporal, porque concluida la causa que establece el equilibrio entre ellos no tiene ningún sentido que atendamos a una pensión que sea indefinida.
En cuanto a la enmienda número 30, relativa a las separaciones de hecho como causa difícil de probar para no concurrir con los herederos, nos parece que, en cualquier caso, será un problema de prueba, desde luego no dificultoso. En la actualidad las separaciones de hecho son absolutamente normales, públicas, y algunas veces hasta constan en documentos públicos que habitualmente hacen los cónyuges en operaciones de compraventa. Nos parece que la pérdida del usufructo del tercio para mejora es una razón de justicia intrínseca a que se excluya de esta situación si es separación de hecho.
Por lo que se refiere a la enmienda número 32, la rechazamos porque entendemos que es ajeno al objetivo que marca esta ley.
Por lo demás, señorías, he de manifestar que también nos oponemos a las enmiendas que quedan ajenas a la transacción, que son las números 6 y 7, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así como las números 13, 14 y 16, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
En la enmienda número 6, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, se prevé la denegación de que la guarda conjunta sea provisional porque dice que se vulnera el principio de presunción de inocencia.
Entendemos que la designación de la guarda y custodia por los juzgados, sea de forma conjunta o alterna, no es una decisión cautelar, sino judicial, sometida en todo caso a revisión si cambian las circunstancias objetivas, tal y como reconoce y garantice el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que prevé este tipo de revisiones.
En cuanto a la número 7, relativa a la valoración de las pruebas practicadas y no a las meras alegaciones en caso de violencia de género, quiero resaltar que este tipo de conductas están consolidadas en la tramitación y en la letra de la Ley Orgánica de Protección contra la Violencia

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de Género, y también llamo la atención por el hecho de que va a haber una conexión directa entre ambas causas porque, como saben sus señorías, analizamos que siempre que exista una denuncia de este tipo va a ser el propio juez el que conozca de las separaciones y el divorcio.
Por lo tanto, tampoco entendemos que las cautelas sean suficientes.
En cuanto a la enmienda número 13, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por la que se adiciona un nuevo apartado a la disposición final --es un precepto no afectado por el proyecto--, proclama extender las medidas de este capítulo a las parejas de hecho.
Entendemos que no es éste el momento porque existen en el Congreso siete iniciativas vivas para la regulación de las parejas de hecho y entendemos que en esta misma legislatura vamos a tener ocasión de regular con serenidad, sin avanzar posiciones parciales o no sopesadas, en todo lo que afecta a los derechos y obligaciones de las parejas de hecho.
También nos oponemos a la enmienda número 14 --es un precepto no afectado por el proyecto--. Quiere modificar el artículo 750 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, suprimiendo la posibilidad de que en los casos de separación y divorcio de mutuo acuerdo intervenga un solo abogado.
Señorías, creo que debemos tener en cuenta el esfuerzo que el legislador, en este caso nosotros, y el Gobierno cuando remitió la iniciativa, debe hacer por conseguir la compatibilidad o el equilibrio entre garantías y ahorro. Entendemos que aligerar el proceso no sólo en el tiempo, sino de gasto económico, es importante. En cualquier caso, y sabiendo --porque se sabe-- que algunas veces puede haber una colisión de intereses entre los cónyuges, entendemos que la propia Ley de Enjuiciamiento Civil tiene garantías para remediarlo si ese fuera el caso. Me refiero, por ejemplo, al requisito del artículo 777.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando pide que se ratifique de forma separada la demanda. Es un acto personal y separado ante el juez. Por ejemplo, la propuesta de convenio es revisable tanto por el juez como por el propio fiscal. Si no se aprueba el convenio entra en juego el párrafo segundo del artículo 750, donde se pregunta precisamente por el juez si se quiere seguir con la representación conjunta o no, y en el caso de que haya ejecución de acuerdo por una de las partes también se prevé que el juez se someta a ese interrogatorio.
La enmienda número 16, a la que también nos oponemos, hace referencia a la inscripción o anotación en los registros de la propiedad mercantil de las resoluciones recaídas en los procesos matrimoniales cuando afecten a bienes inmuebles. En ese sentido, quiero decir que ahora mismo el artículo tercero de la Ley hipotecaria permite la inscripción de sentencias, es decir, que hay un marco legal suficiente para dar cobertura al problema que se pretende solucionar con la enmienda. En todo caso, creo que no es una cuestión procesal que debiera afectar a la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino Hipotecaria y, por lo tanto, si hay que hacer una reforma, nos lo podemos pensar y que sea objeto de cualquier iniciativa parlamentaria al respecto.
Creo, señorías, que he dado contestación a todas las enmiendas en el turno en contra, excepto a aquellas que están referidas al fondo de pensiones y que afectan a más de un grupo. Me refiero concretamente a la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Mixto e Izquierda Unida, a la enmienda número 9 de Entesa y --aunque con distinto alcance, bien hay que decirlo-- a la enmienda número 33 del Grupo Parlamentario Popular, que propone el compromiso de crear un fondo de garantía que asegure no solo el pago de alimentos, sino también las pensiones compensatorias previstas en el Código Civil, enmienda que tenemos que rechazar.
Mi grupo no ha cambiado de opinión ni creo que hayan cambiado las circunstancias que nos llevaron en el Senado a lograr ese acuerdo contenido en la disposición adicional novena de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, donde existe un compromiso por el Estado de garantizar el pago de alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos o hijas menores de edad en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial, a través de una legislatura específica que concretará el sistema de cobertura en dicho supuesto. Esta misma disposición y acuerdo se ha recogido como disposición adicional única en este proyecto de ley. Entonces será el momento de debatir nuestras diferencias --porque haberlas, hailas-- y abordar con toda intensidad el proyecto de ley que de forma específica el Gobierno está obligado a presentar.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez González): Gracias, señora Martínez.
Pasamos al turno de portavoces, de menor a mayor, a efectos de fijar posición.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora López Aulestia.


La señora LÓPEZ AULESTIA: Gracias, señor presidente.
Intervengo para decir que mantengo las dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, las números 1 y 2.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez González): Gracias, señora López Aulestia.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Ayala.


El señor AYALA FONTE: Gracias, señor presidente.
Coalición Canaria va a mantener sus enmiendas.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez González): Gracias, señor Ayala. (La señora Martínez García pide la palabra.) Señora Martínez.


La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Señor presidente, a la vista del mantenimiento de las enmiendas, creo entender --aunque me estaban diciendo algunos portavoces otra

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cosa-- que sí vamos a introducir las transacciones en el dictamen, puesto que parece que mayoritariamente se mantienen las enmiendas.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez González): Hagamos el turno de portavoces y, después, hacemos un paréntesis y lo discutimos.


La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez González): Gracias, señora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.
Quería solamente hacer constar una cuestión procedimental y es que esta mañana hemos quedado en no retirar las enmiendas. Por lo tanto, no las retiraré, sino que voy a mantenerlas, si bien tengo que decir que, tanto en la enmienda número 10 como la11, estaríamos de acuerdo en una enmienda transaccional, así como a llegar a una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Popular respecto a la enmienda número 12, donde estamos dispuestos a profundizar.
Finalmente, respecto a nuestra enmienda número 15, donde existe una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular, estaríamos dispuestos a profundizar a la hora de ver cómo solucionamos el tema.
En cualquier caso, vamos a mantener las enmiendas para su discusión en Pleno.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez González): Gracias, señor Badia.
En principio, esta presidencia entendía que se diferían al Pleno las posibles transaccionales sobre las enmiendas. Es por ello por lo que quería terminar con el turno de portavoces y, después, si surgía alguna cuestión, abrir el debate.
Tiene la palabra la señora Etxegoyen, en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.
Habida cuenta que nuestro grupo solo había presentado la enmienda número 3, y teniendo en cuenta --si no es así que se me corrija-- que el texto a transaccionar propuesto por la senadora María Antonia Martínez --que supongo que será sometido a votación--, acoge la finalidad que persigue nuestra enmienda, yo retiraría la mía, siempre y cuando esto fuera sometido a votación posteriormente.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez González): Señora Etxegoyen, quizá fuera mejor que mantuviera su enmienda por cuestiones de procedimiento, a los efectos de saber si la retira, por si se acoge transaccionalmente por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Corrijo con toda mi buena voluntad.
La mantengo.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez González): Gracias, señora Etxegoyen.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el señor Bofill.


El señor BOFILL ABELLÓ: También voy a mantener todas las enmiendas, lo que ocurre es que estábamos explotando hasta el final la posibilidad de que los otros grupos hubieran cambiado de posición desde la mañana hasta ahora, para así llegar a un acuerdo en las enmiendas transaccionales, tanto la que hace referencia al apartado 8 del artículo 92, respecto a la guardia y custodia compartida a instancia de parte, como la que hacía referencia a una posible transacción entre Entesa y el Grupo Parlamentario Popular en los casos de personas incursas en procesos penales por violencia doméstica.
Mantengo las enmiendas y ya lo debatiremos.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez González): Gracias, señor Bofill.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Martínez.


La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Como no puede ser de otra forma, estoy a plena disposición de los miembros de la ponencia con respecto a esta ley.
Yo tenía entendido que había un acuerdo total en relación con las enmiendas transaccionales sobre la enmienda número 17 del PP, la número 11 de CiU, las números 12 y 39 de CiU y PSOE respectivamente, la número 15 de CiU, la número 31 del Grupo Parlamentario Popular, así como la aceptación del artículo 29, y que había mayoría en aceptar la transaccional sobre el artículo 92, puesto que recoge las enmiendas de todos los grupos y que el Grupo Parlamentario Popular lo pensaría.
Si esto es así, pediría a los señores portavoces que lo incorporáramos como informe de la ponencia y concentráramos nuestros esfuerzos de aquí al Pleno en buscar nuevas vías y nuevas tesis.
Estoy a disposición de lo que digan sus señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez González): Gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De España.


La señora DE ESPAÑA MOYA: Con la venia del señor presidente, esta mañana, tal y como han ratificado los demás portavoces, hemos quedado en que se valorarían las transaccionales propuestas, mostrando la posibilidad de

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llegar a acuerdos en determinadas materias y dejando su votación posterior para el Pleno. De hecho, yo no he buscado apoyos para las dos enmiendas transaccionales que proponemos ni sé quién las va a votar a favor o en contra, porque hemos quedado en posponerlo para el Pleno. Éste es el momento de dejar la puerta abierta a las valoraciones y reflexiones sobre un asunto tan delicado e importante como esta ley. Simplemente, quiero decir que mantendremos nuestras enmiendas, pues esto es lo que hemos acordado.
Esta reforma nos parece necesaria, pues a lo largo de estos 24 años se han producido cambios sociales que justifican la reforma de la ley.
Estamos de acuerdo en el mantenimiento de la separación previa y en la posibilidad de acudir a la separación o al divorcio, así como acudir directamente al divorcio. En lo que no estamos de acuerdo --a lo que ha hecho mención la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-- es en la eliminación de causas. Al igual que otros grupos, me remito en este asunto a lo que he dicho anteriormente, así como a la necesidad de que existan estas causas, tal y como propugna la Constitución, nuestra norma suprema. Estamos de acuerdo en reducirlas y flexibilizarlas, pero no en quitarlas.
Por lo que respecta a la custodia compartida, la senadora María Antonia Martínez ha dicho que los cónyuges son los que deben llegar a acuerdos.
Efectivamente, la custodia compartida sólo la admitimos cuando lo haya sido de común acuerdo, cuando la hayan elegido las partes y no haya sido impuesta por el juez, porque consideramos que esto va en contra de la filosofía y naturaleza de la custodia compartida, donde debe haber un clima de armonía que garantice la necesaria colaboración entre las partes. Si existen enfrentamientos agudos y permanentes entre las partes, difícilmente se podrá dar una adecuada custodia compartida sin riesgo de estabilidad psicológica o educacional del menor. También hemos aludido al fomento de la mediación familiar como procedimiento extrajudicial de solución de conflictos más adecuado. Nadie mejor que los cónyuges conoce sus realidades. La institucionalización de esta figura ha comenzado en Estados Unidos y, hasta 1998, la Unión Europea no ha sentado las bases de la mediación familiar. En España ya se ha regulado esta figura, en concreto en Cataluña, Galicia, Canarias, Valencia --mi tierra-- y en otras regiones.
Por último, he de decir que el Grupo Parlamentario Popular, aunque considera que es necesaria la reforma en esta materia, no esta de acuerdo en la regulación de algunos temas. Por ello, vamos a abstenernos en la votación al dictamen, sin dejar de valorar y reflexionar sobre los diferentes asuntos.
También, quiero pedirles que reflexionen sobre la enmienda número 6 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez González): Gracias, senadora España.
Concluido el turno de portavoces, procede pasar a la votación. (La señora Martínez García pide la palabra.) Tiene la palabra, señora Martínez.


La señora MARTÍNEZ GARCÍA: Después de oír a los distintos portavoces, quiero aclarar que el Grupo Parlamentario Socialista también va a mantener sus enmiendas para el Pleno.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez González): Así lo había entendido la Presidencia.
Esta Presidencia entiende que se mantiene el Informe de la Ponencia, tal y como ha sido publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» del Senado, y que cualquier transaccional puede llevarse al Pleno. En consecuencia, procede votar única y exclusivamente el Informe, sin perjuicio de que cada uno defienda sus enmiendas ante el Pleno.
El proyecto de ley consta de dos artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria, cuatro disposiciones finales y una exposición de motivos, precedido todo ello de un título que ha sido modificado por la ponencia. ¿Puede someterse a votación en su conjunto? (Asentimiento.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; abstenciones, 12.


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez González): Habiendo obtenido 12 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones, queda aprobado en los términos publicados el Informe de la Ponencia.
Corresponde, ahora, designar el miembro de la comisión que llevará a cabo la presentación del dictamen ante el Pleno del Senado. (Varios señores senadores: El presidente.) Esta Presidencia en funciones agradece la designación. (Varios señores senadores: Han sido 13 votos a favor.) Me comunica el señor letrado que hay una senadora que no estaba al inicio de la sesión. Esta mañana el senador Curiel ha sustituido al senador Castro y, tal y como establece el Reglamento, las sustituciones duran todo el día.


-- POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 1/1996, DE 10 DE ENERO, DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA, PARA REGULAR LAS ESPECIALIDADES DE LOS LITIGIOS TRANSFRONTERIZOS CIVILES Y MERCANTILES EN LA UNIÓN EUROPEA (621/000020).


El señor VICEPRESIDENTE (Gutiérrez González): Continuando con el orden del día, procede iniciar el debate del dictamen del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para regular las especialidades de los litigios transfronterizos civiles y mercantiles en la Unión Europea.
A este proyecto de ley se han presentado quince enmiendas así distribuidas: siete del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, dos del

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Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y seis del Grupo Parlamentario Popular. Este proyecto de ley debe ser dictaminado directamente por la comisión, puesto que no se ha designado ponencia.
Procede entrar en la defensa de las enmiendas.
Por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y para la defensa de las enmiendas 9 a 15, tiene la palabra su portavoz, el señor Badia.


El señor BADIA I CHANCHO: Gracias, señoría.
Intervengo para indicar que damos por defendidas las enmiendas y nuestra intención de defenderlas ante el Pleno. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Badia.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la señora Etxegoyen para defender las enmiendas 1 y 2.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señora presidenta.
Las doy por defendidas en sus propios términos y por la justificación que obra en el boletín oficial.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Etxegoyen.
El señor Iribas va a defender las enmiendas números 3 a 8 del Grupo Parlamentario Popular.


El señor IRIBAS SÁNCHEZ DE BOADO: Muchas gracias, señora presidenta.
Casi parecería una descortesía no seguir la inercia que han marcado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. En todo caso, quiero anunciar que se trata de un buen proyecto y que éste se ha visto mejorado con la incorporación de algunas de las enmiendas que nuestro grupo presentó en el trámite llevado a cabo en el Congreso de los Diputados.
Mantenemos todas las enmiendas que obran en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» del Senado y, lógicamente, las vamos a defender en sus propios términos.
Además, queremos adelantar que, aunque en este momento existen algunos matices con respecto a alguna de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por algún error mecanográfico en el redactado de las mismas, coincidimos con muchas de las presentadas por dicho grupo y las apoyaremos.
Sustancialmente, queremos una mejor adecuación de la trasposición de la directiva a lo que es la modificación de la regulación de la Ley 1/1996.
Pero, también, queremos adecuar el contenido de la ley a lo que es jurisprudencia del Tribunal Constitucional en cuanto al ámbito de la misma.
No me extiendo en más consideraciones y, simplemente, doy por defendidas las enmiendas en sus propios términos. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iribas.
¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.) Señor Díaz, tiene la palabra.


El señor DÍAZ TEJERA: Muchas gracias, señora presidenta.
Por razones de hipoglucemia o respeto al ritmo de la comisión, parece que lo propio es subrayar la misma línea de generosidad en cuanto a la amplitud de los turnos de palabra de los portavoces anteriores.
En ese sentido, quiero reiterar que la razón de fondo por la cual el Grupo Parlamentario Socialista se opone a las mismas en esta Cámara, no es tanto por la falta de racionalidad, sentido común y lógica que tienen las diversas enmiendas, sino por tratar de acompasar en la medida de lo posible el desarrollo de las mismas tanto con la transposición de la directiva como con el esfuerzo que se ha hecho para actualizar la materia relativa a la justicia gratuita.
No obstante, queda pendiente la redacción de un texto más amplio sobre esta materia, que contemplará alguno de los supuestos ya planteados aquí con una mejor regulación y ajuste a la realidad de la litigiosidad que se presenta en este campo. En ese sentido, consideramos que lo adecuado es remitir a ese texto una regulación más pormenorizada.
Por esta razón nuestro grupo no asume en este momento las diversas enmiendas, aunque insiste en la racionalidad, sensatez y lógica de las mismas, en general, y de algunas, en particular. De hecho, aunque sería plausible incorporar algunas en nuestro ordenamiento jurídico, creemos que el momento más adecuado para contemplar tal asunto coincide con la regulación completa de la asistencia jurídica gratuita.
Ésa es la razón de fondo y, por ello, votaremos en contra de las mismas en este momento. Nos oponemos en relación al cómo y al dónde, pero no a los qué que animan muchas de estas enmiendas, que nos parecen razonables.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Díaz.
¿Algún grupo parlamentario quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.) Entonces, señorías, ya que no existe Informe de la Ponencia, procede votar las enmiendas. ¿Podemos votarlas conjuntamente? (Asentimiento.) Votamos, en primer lugar, las enmiendas números 9 a 15, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, ocho; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 17; abstenciones, una.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas. (El señor Mansilla Hidalgo pide la palabra.) Tiene la palabra su señoría.


El señor MANSILLA HIDALGO: Señora presidenta, continuamente se está dejando de anotar el voto de la compañera doña Elena Víboras, quien esta mañana, a mi lado, era quien sustituía al compañero ausente y la que ha estado votando, con independencia de que también estuviera presente el compañero don Enrique Curiel.


La señora PRESIDENTA: Senador Mansilla, vamos a hacer una comprobación de las sustituciones que tenemos formalmente anotadas en la Mesa. (Pausa.) Señorías, habiendo deliberado los miembros de la Mesa, vamos a computar el voto de la señora Víboras en la próxima votación así como en las dos anteriores. Lo que debe quedar meridianamente claro es que no se anulan las votaciones y se dan por válidas las dos efectuadas hasta el momento, que las voy a repetir a efectos de información. En la primera votación ha habido un voto a favor, ocho en contra y 12 abstenciones. Respecto a las enmiendas números 1 y 2, el resultado ha sido dos votos a favor; 17 en contra y una abstención.
Vamos a proceder ahora a votar las enmiendas números 3 a 8, del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 11; en contra, 10; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Procede, a continuación, votar el dictamen con las enmiendas incorporadas del Grupo Parlamentario Popular.
¿Desean sus señorías votación separada? (Pausa.) En consecuencia, procede votar el dictamen con las enmiendas números 3 a 8, del Grupo Parlamentario Popular. Por ello, pregunto a sus señorías si desean hacer votación separada en la parte afectada por las enmiendas y en la parte no afectada por ellas. (Pausa.) En primer lugar, votamos la parte del dictamen no afectada por las enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 22; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos el resto del dictamen, al que se han incorporado el contenido de las enmiendas números 3 a 8, del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 11; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Señorías, a continuación, procede designar a un miembro de la comisión para la presentación del dictamen ante el Pleno.
¿Alguna sugerencia? (Pausa.) Queda designada la presidenta. Se lo agradezco a sus señorías.
Terminado el orden del día, levantamos la sesión.


Eran las diecinueve horas y cuarenta minutos.

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