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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 78, de 17/03/2005
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 78
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 73
celebrada el jueves, 17 de marzo de 2005


ORDEN DEL DÍA:

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (procedente del Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 3-1, de 13 de julio de 2004. (Número de expediente 121/000003.) ... (Página 3745)

- Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 18-1, de 21 de enero de 2005. (Número de expediente 121/000018.) ... (Página 3769)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 3745)

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (procedente del Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio.) ... (Página 3745)

Presenta el proyecto de ley la señora ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz), en nombre del Gobierno, nueve meses después de la presentación ante esta Cámara del Decreto-ley por el que se modificaba la Ley del Plan Hidrológico Nacional y se aprobaba la realización de más de 100 actuaciones en las cuencas mediterráneas, tiempo que ha servido para el enriquecimiento y la mejora del texto y confía en que se siga por este camino durante el debate de todas las enmiendas que se han presentado por parte de los grupos parlamentarios.


En defensa de la enmienda a la totalidad interviene la señora Ramón-Llin i Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, pide la palabra por una cuestión de orden, que es desechada.


Continúa el turno de fijación de posiciones con las intervenciones de la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Contesta la señora ministra de Medio Ambiente.


En un segundo turno intervienen, las señoras Ramón-Llin Martínez y Colldeforns i Sol.


Cierra el debate la señora ministra de Medio Ambiente.


El señor Martínez-Pujalte López pide, en virtud del artículo 72.2, que se dé lectura al informe sobre la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, realizado por los expertos del Consejo Nacional del Agua designados por los ministerios de Educación y Ciencia y Medio Ambiente, abajo firmantes.


La Presidencia suspende unos minutos la sesión para consultar la petición del Grupo Popular con los señores portavoces.


La Presidencia pregunta al Grupo Parlamentario Socialista si, en el caso de que se aceptara la lectura por la señora secretaria del informe técnico solicitado por el Grupo Parlamentario Popular, ellos pedirían la lectura del recto de dictámenes técnicos.


El señor Pérez Rubalcaba renuncia a que se lean los informes que apoyan al Gobierno.


Los señores Zaplana Hernández-Soro y Herrera Torres intervienen en relación con la cuestión de orden planteada.


La señora secretaria (Sainz García) da lectura al informe sobre la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional realizado por los expertos del Consejo Nacional del Agua.


Sometida a votación la enmienda a la totalidad con texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al proyecto de ley por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, se rechaza por 136 votos a favor y 178 en contra.


Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio ... (Página 3769)

El señor ministro de Justicia (López Aguilar) presenta y defiende, en nombre del Gobierno, un proyecto de ley de reforma del Código Civil en materia de matrimonio, que es escueto desde el punto de vista técnico, pero trascendente desde el punto de vista social y desde el punto de vista de su potencial de cambio. Explica el contenido de la iniciativa, que es la modificación del artículo 44 del Código

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Civil, deteniéndose en especial en la institución de la adopción, y muestra su convencimiento de que con este proyecto de ley se está dando un paso en la dirección correcta del cumplimiento de los mandatos más profundos de nuestra Constitución y de la Constitución europea, en sintonía con los sentimientos y percepciones mayoritarias de la sociedad española.


En defensa de las enmiendas de totalidad intervienen los señores Duran i Lleida y Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


El señor Duran i Lleida pide la palabra en virtud del artículo 71 del Reglamento y la Presidencia se la concede en virtud del artículo 73.


Continuando con el turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y los señores Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


La señora Torme Pardo pide la palabra, en virtud del artículo 71, que le es denegada por la Presidencia.


Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas a este proyecto de ley por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, son rechazadas por 135 votos a favor y 178 en contra.


Se levanta la sesión a las dos y veinticinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 10/2001, DE 5 DE JULIO, DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 2/2004, DE 18 DE JUNIO). (Número de expediente 121/000003.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Se reanuda la sesión.


Entramos en el punto VI del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Trataremos el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, procedente del Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio.


Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señores diputados, vuelvo a ocupar la tribuna en el Congreso de los Diputados nueve meses después de la presentación ante esta Cámara del decreto-ley por el que se modificaba la Ley del Plan Hidrológico Nacional y se aprobaba la realización de más de cien actuaciones en las cuencas mediterráneas.
Estos nueve meses han servido, como el Gobierno pretendía al aceptar desde el primer momento la tramitación del decreto-ley como proyecto de ley, para el enriquecimiento y la mejora del texto. Y espero que así ocurra con el debate de todas las enmiendas que los grupos parlamentarios han presentado. Hace nueve meses todos los grupos de la Cámara excepto uno apoyaron con su voto la urgencia de la aprobación de este decreto-ley y su contenido. Esa urgencia ha permitido que en estos nueve meses el Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno, avance en la solución tanto de los problemas hídricos desde el punto de vista de las demandas insatisfechas en este país y en particular en las cuencas mediterráneas, como para comenzar a desarrollar el conjunto de las reformas y los avances que constituyen esa reorentación de la política del agua anunciada por el presidente Rodríguez Zapatero en su intervención en el discurso de investidura, que tiene muchísmo más alcance que el decreto-ley presentado aquí hace nueve meses, que puede considerarse un simple punto de partida para una ambiciosa reorentación de la política del agua en nuestro país. Una reorentación que, como decía el presidente del Gobierno en su intervención, persigue garantizar la disponibilidad de agua en la calidad y cantidad adecuada, optimizando su uso y perservando su calidad y los ecosistemas asociados a los ríos. Todo ello dentro de la exigencia de la Unión Europea respecto a las directivas, tanto a la Directiva-marco sobre el Agua como al conjunto de las directivas ambientales. Por lo tanto, una reorientación de la política del agua en cuyo contexto quiero presentar hoy el proyecto de ley al que se ha presentado una enmienda a la totalidad.


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Como se señaló en el discurso de investidura, la reorientación de la política de agua incluye la reforma de las confederaciones hidrográficas, reforma absolutamente necesaria para que las confederaciones hidrográficas funcionen como organismos más acordes con nuestra realidad social y política del Estado de las autonomías que con el Estado preconstitucional y preautonómico. Mientras se elabora la reforma completa de las confederaciones hidrográficas, el Ministerio de Medio Ambiente ha comenzado a incorporar en la práctica algunas novedades en el funcionamiento de las confederaciones hidrográficas de nuestro país. En primer lugar, ha llevado a cabo la transferencia a la Junta de Andalucía de la Confederación Hidrográfica del Sur, transferencia derivada de la Constitución y de los estatutos de autonomía, que en el año 1996 ya había quedado prácticamente acordada. Han tenido que pasar ocho años y llegar un nuevo Gobierno para que se cumpla con el compromiso derivado del marco estatutario de transferir una cuenca completamente interna a la Junta de Andalucía al Gobierno autónomo correspondiente. Además de ello, hemos comenzado a establecer relaciones bilaterales estables con las comunidades autónomas de todas las cuencas de este país, relaciones bilaterales que van teniendo un éxito progresivo, donde se van alcanzando acuerdos más allá del color político del Gobierno autonómico de turno, a lo que hay que añadir las relaciones establecidas con los ayuntamientos.
Los ayuntamientos no habían tenido un fácil acceso a las confederaciones hidrográficas en los años anteriores y hoy día están trabajando en muchos casos de acuerdo con sus propuestas en el ámbito de la planificación concreta de las actuaciones a realizar. En el debate de los distintos órganos de las confederaciones hidrográficas se está dando entrada también a organizaciones ecologistas y sociales, que tienen que jugar un papel de defensa en la protección del medio ambiente y en la correcta aplicación de las directivas europeas en esta materia. Mañana, por primera vez, en la Región de Murcia la organización ecologista ANSE comenzará a participar en la comisión correspondiente a la explotación del acuífero de los pozos del Sinclinal de Calasparra, junto con el propio alcalde de Calasparra. (Rumores.-El señor Ayala Sánchez pronuncia palabras que no se perciben.)

Como muestra del avance, que podría ser mucho más amplio, y recogiendo alguno de los elementos en los que hemos trabajado a lo largo de este año, se está dotando a las confederaciones hidrográficas de un número más elevado de medios humanos. Para que se hagan una idea, señorías, en la Confederación Hidrográfica del Segura, al inicio de esta legislatura había en la comisaría de aguas más plazas vacantes que cubiertas; prueba clara de cuánto importaba cumplir con las exigencias de gestión y de vigilancia del dominio público hidráulico. Hoy tenemos ya a 12 personas más trabajando en la Confederación Hidrográfica del Segura, precisamente en esas funciones, y se incorporarán próximamente dos personas más. ¿Qué están haciendo? Entre otras cosas... (El señor Ayala Sánchez: ¡Eso no tiene nada que ver con el agua!.-Protestas)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Un momento, señora ministra.
Por favor, señor diputado, deje intervenir a la señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Escucho que, por lo visto, nada tiene que ver con el agua el hecho de que haya un mayor control y vigilancia del dominio público hidráulico. (Aplausos.)

Señorías, durante estos meses se han cerrado en toda España docenas de pozos ilegales, algunos de los cuales estaban detrayendo hasta un hectómetro cúbico de agua. El control y vigilancia del dominio público hidráulico también significa más agua; más agua y más justicia.
(Aplausos.) Además del esfuerzo de dotar con mejores medios humanos a las confederaciones hidrográficas para que puedan hacer correctamente su labor, y en particular la de control, vigilancia y gestión del dominio público hidráulico, hemos comenzado con el Ministerio de Agricultura el desarrollo de los trabajos que permitirán que se incorpore en España el principio de recuperación de costes previsto en la directiva marco en el horizonte del año 2010, con todas las excepciones y con todas las consideraciones que sean necesarias en el caso de la agricultura. El Ministerio de Medio Ambiente ha llevado a cabo el primer trabajo que nos permite identificar la modulación de la rentabilidad de cada cultivo en cada territorio, lo que será una base formidable para acometer en los próximos planes de cuenca que de acuerdo con la directiva europea tienen que comenzar a establecerse a partir del año que viene para ser aprobados en 2009 aquellas consideraciones que permitan una mejor gestión de la demanda. Una mejor gestión de la demanda, señorías, es lo que necesita la política del agua en nuestro país.


Por ello, el Gobierno ha activado también los centros de intercambio de derechos del agua. Seguramente, el primer centro que podrá llevar a cabo actuaciones que permitan una reasignación eficiente de los derechos del agua será el que se ha creado en la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Ello permitirá que aflore mejor la realidad, apenas conocida, de los usos efectivos del agua en España. Hasta que esa realidad no sea mejor conocida, no tiene sentido seguir haciendo grandes previsiones de demanda a 20 años vista. La realidad del uso del agua en España están cambiando. Como señala la OCDE -que, como ustedes saben, no pertenece a ninguna organización social extremista-, en España ha llegado la hora de pasar de la pura previsión de la demanda a una verdadera gestión de la oferta.


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Lo dice la OCDE y lo dicen, por supuesto, las directivas europeas. La OCDE deriva de ello que debería revisarse el Plan Hidrológico Nacional y su financiación desde la perspectiva ambiental y económica; informe 2003 de la OCDE, sobre la situación de la política ambiental en España, con una larga consideración sobre las carencias de la política del agua en nuestro país. Principio de recuperación de costes, por lo tanto, como elemento fundamental, para que hagamos durante los próximos años un uso mucho más eficiente del agua y aflore mejor la realidad de cada una de nuestras cuencas.


Estos nueve meses han permitido también que el Consejo Nacional del Agua debata sobre posibles modificaciones de la Ley de Aguas que contribuyan a avanzar en la misma línea que el Gobierno anunció desde el primer momento de la legislatura. Así, se ha aprobado en el Consejo Nacional del Agua un informe que se remitió posteriormente a los portavoces de todos los grupos parlamentarios, y observo que se ha convertido en iniciativas de varios grupos parlamentarios en forma de enmiendas al proyecto de ley que hoy se somete a debate de totalidad. Todo ello viene complementado con actuaciones que estaban previstas, sí, en la Ley del Plan Hidrológico Nacional en vigor. Por cierto, ya saben que la Ley del Plan Hidrológico Nacional no se ha derogado, como tampoco se ha derogado el anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional, aunque, a lo largo de estos nueve meses hemos tenido que oír en muchas ocasiones que se había derogado el PHN. No; se ha derogado exclusivamente aquello que en el PHN tenía que ver con el trasvase del Ebro. Esto significa que este Gobierno cumplirá con algunas de las determinaciones que aparecen en la Ley del Plan Hidrológico Nacional y que el anterior Gobierno no había cumplido, por ejemplo, la elaboración de los planes de sequía, que estaba incorporada en el artículo 27 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional como una obligación del Gobierno antes del mes de julio de 2003; planes de sequía que no se habían elaborado, que este Gobierno está elaborando y está anticipando ya las medidas de gestión que pueden aplicarse para mitigar los efectos de la disminución de las precipitaciones durante el pasado otoño a la vista de cuál sea la situación en la próxima primavera.
Estamos haciendo los planes de sequía y anticipando ya las medidas que con carácter urgente podrán estar en marcha este mismo año, en verano si ello es necesario. Las confederaciones hidrográficas en aquellas cuencas que tienen mayores carencias, tanto de carácter permanente, como es la cuenca del Segura, como también otras cuencas como las del Ebro, del Tajo o del Duero, están llevando a cabo las negociaciones correspondientes con los regantes puesto que, aunque para este año hidrológico está perfectamente garantizado el suministro de agua potable a los núcleos urbanos en toda España, puede haber sin embargo tensiones en determinados regadíos y ello obliga, como se hizo hace diez años con la importante sequía que se produjo a principios de los años noventa, a determinadas medidas de gestión que ya están concretándose en estos momentos. Además de ello este Gobierno ha declarado obras de emergencia contemplando la situación preocupante de algunas cuencas y de algunos ámbitos territoriales de nuestro país. Así, ha declarado como obra de emergencia, por ejemplo, la realización de una modernización de los regadíos en Lorca que llevaba mucho tiempo prometida, sí; que estaba en el anexo de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, sí, pero que no se estaba haciendo. Una modernización de regadíos en Lorca, porque la Región de Murcia -como he tenido oportunidad de repetir en muchas ocasiones- es la comunidad autónoma que alcanza un mayor porcentaje de regadíos eficientes y hay situaciones como la que cualquiera de ustedes puede comprobar directamente en el caso de Lorca y de su entorno, con conducciones sin ningún tipo de cobertura, sin ningún tipo de eficiencia, por las que se pierde mucho agua, una parte importante de los 5.000 hectómetros cúbicos que se pierden en España de acuerdo con datos oficiales del año 2003 en todas las infraestructuras hidráulicas de nuestro país. Y también allí, en esa modernización de regadíos, el conjunto de actuaciones previstas va a permitir aumentar la disponibilidad de agua en 10 hectómetros cúbicos; modernización de regadíos en Lorca que ha sido declarada obra de emergencia por un importe de 21 millones de euros. Obra de emergencia también en el caso de la Comunidad Autónoma de Murcia, en la cuenca del Segura, para la segunda planta desaladora de San Pedro del Pinatar que, ciertamente, no tardará diez años en ponerse en funcionamiento. La primera planta de San Pedro del Pinatar fue licitada en la última legislatura de Gobierno socialista y comienza por fin este año a dar agua. (Aplausos.) Mientras tanto, la Región de Murcia ha tenido que sufrir restricciones en el año 2003 simplemente por no haber tenido esa agilidad que comprendo que se exija a los poderes públicos, pero entiendo que a todos. Diez años para que una desaladora se ponga en marcha no es precisamente lo que va a hacer este Gobierno. A finales del año que viene podremos tener la segunda planta desaladora de San Pedro del Pinatar, con otros 24 hectómetros cúbicos, en funcionamiento, no solo porque hemos declarado de emergencia esa obra, sino también porque hemos declarado de urgencia las conducciones desde las plantas desaladoras que están en construcción, para que, cuando se acabe la planta desaladora, al mismo tiempo, tengamos las conducciones que permitan llevar el agua donde se necesita.


El Gobierno ha trabajado con la máxima intensidad durante estos meses y ello ha servido para que, en este momento, en la cuenca del Segura en particular, estén ya adjudicados todos los proyectos informativos, y en algunos casos proyectos constructivos, dentro del programa

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AGUA, que es como denominamos, en su conjunto, a todas las actuaciones que tienen que ver con la reorientación de la política del agua en España.
Además, la Mancomunidad de Canales del Taibilla también está en estos momentos en condiciones de anunciar que a finales de este año, entre diciembre de 2005 y enero de 2006, podrá comenzar a funcionar la ampliación de la desaladora de Alicante. Agua con la máxima urgencia allí donde se necesita, sin esperar diez años, como hizo un Gobierno anterior en el caso de la cuenca del Segura, siempre a la espera de esa obra faraónica que tendría que llegar en algún momento para resolver la situación. (Aplausos.)

Señorías, durante estos meses también hemos cumplido algún otro compromiso asumido desde esta tribuna hace nueve meses. Se han puesto en conocimiento de toda la opinión pública los informes encargados por el Ministerio de Medio Ambiente durante la elaboración del proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional. Hoy día cualquier ciudadano de nuestro país puede leer en una página web todos esos informes y puede, también, leer otros informes, los que las tres direcciones generales de la Comisión Europea emitieron en el momento del estudio de la solicitud de fondos europeos para el trasvase del Ebro, informes que concluían todos ellos con el rechazo a seguir adelante con la solicitud de financiación para el trasvase del Ebro. Hoy, en nuestro país, cualquier persona puede leer lo que decían esos informes y puede también leer, como antes anunciaba, lo que dedica a la política del agua la OCDE.


La OCDE, en su informe del año 2003, dice: La gestión del agua en España dista mucho de ser sostenible. La calidad del agua de muchos ríos sigue siendo baja, especialmente durante el estiaje, cuando los caudales, ya de por sí bajos, se ven diezmados por la extracción de agua para consumo humano, en regadíos, industria y abastecimiento. La instauración de unos requisitos mínimos de caudal permitiría el reconocimiento integral de las necesidades de las especies acuáticas. Muchos de los embalses siguen teniendo graves problemas de eutrofización. Hay una serie de acuíferos subterráneos contaminados que siguen sufriendo problemas de sobreexplotación que provocan la intrusión salina en zonas costeras. Es necesario que el marco de gestión de las zonas costeras se aplique estrictamente para afrontar de modo adecuado las muchas presiones que ejerce el desarrollo sobre estas zonas. Queda mucho por hacer para dar un mayor alcance a la depuración de aguas residuales. No se sabe exactamente en qué medida se ha progresado en la depuración de las aguas residuales de la industria. Una gran parte de los vertidos municipales e industriales carece todavía de una autorización de vertido definitiva.
Las confederaciones hidrográficas no consiguen recuperar el 20 por ciento de los costes del suministro de agua a los regantes. A pesar de las nuevas disposiciones legislativas, los precios del agua siguen siendo bajos y no se recurre lo suficiente a la tarificación para gestionar la demanda. Por encima de todo, España deberá completar el cambio desde una previsión de la demanda hacia una verdadera gestión de la demanda para aplicar con éxito la letra y el espíritu de la nueva Ley de Aguas y la directiva marco de la Unión Europea. En este contexto debería producirse una revisión del Plan Hidrológico Nacional y de su financiación desde las perspectivas medioambiental y económica. OCDE, año 2003. (Aplausos.-El señor Ayala Sánchez: ¡Qué cara!-Un señor diputado: ¡Ven a debatir la ley!-El señor Cuesta Martínez: ¿Qué opinan las mujeres de vuestro grupo?-El señor Martínez-Pujalte López: ¿Qué opina Peces-Barba?-Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señoras y señores diputados, silencio, por favor.


Señora ministra, adelante.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señorías, durante el inicio de la tramitación de este proyecto de ley ha tenido lugar también la presentación en la Comisión de Medio Ambiente (Varios señores diputados: ¡Ahora!) de las opiniones de expertos que pueden ser consultadas por SS.SS. para que se vea el abanico de opiniones que existen, algunas de ellas documentadas por personas de solvencia reconocida internacionalmente, como, por ejemplo, el profesor Pedro Arrojo, premio Goldman de Medio Ambiente y catedrático de economía, que hizo un análisis muy preciso de la ausencia de rigor en cuanto al precio y a los costes del agua del previsto trasvase del Ebro. Sobre estas cuestiones no me detendré, porque todos ustedes tienen la capacidad de verificar estas opiniones y no solo la mayoritaria de esta Cámara. La opinión mayoritaria de esta Cámara, señorías, ya se produjo hace nueve meses y si estamos debatiendo hoy un proyecto de ley es porque ese proyecto de ley, de acuerdo con la voluntad del Gobierno, se va a haber enriquecido con enmiendas que tienen que ver también -y por eso lo estoy explicando- con lo que el Gobierno de la nación está haciendo con carácter más amplio en materia de política de agua y, por cierto, también con lo que está haciendo en las cuencas mediterráneas.


El proyecto de ley que hoy vuelve a esta Cámara prevé que en Andalucía se invertirán 188 millones de euros, en la Región de Murcia -no en la cuenca del Segura, sino exclusivamente en la Región de Murcia- 807 millones de euros, en la Comunidad Valenciana 1.262 millones de euros y en Cataluña 1.110 millones de euros; un total de 3.748 millones de euros, cuyo estado de tramitación permite ya avanzar que desde este mismo año empiece a haber agua en las cuencas del Mediterráneo. Como he señalado antes, se han puesto en marcha mecanismos de colaboración -estoy muy satisfecha por cómo están avanzando,

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cada día mejor, señorías- con todos los gobiernos autónomos de las cuencas mediterráneas, al margen de que allí donde gobierna una determinada fuerza política se siga manteniendo que cuando cambie esta legislatura volverán a presentar en su programa electoral el trasvase del Ebro.
Mientras eso llega los ciudadanos de las cuencas mediterráneas y de toda España, porque en toda España hay problemas de disponibilidad y de calidad de agua, tienen derecho a que sus administraciones, las administraciones que han elegido con su voto en las elecciones municipales, autonómicas o generales, trabajen de forma concertada por los ciudadanos, por resolver de la forma más rápida posible los problemas severos que este Gobierno ha encontrado al llegar después de las elecciones generales de hace un año y que desde hace nueve meses, desde la aprobación del decreto-ley que hoy vuelve como proyecto de ley, el Gobierno está desarrollando y está muy atento a todo aquello que pueda acelerar esa reorientación de la política del agua en nuestro país, que fue en su momento una de las prioridades para esta legislatura del presidente Rodríguez Zapatero.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora ministra.


Para consumir un turno a favor de la enmienda, tiene la palabra la señora Ramón-Llin.


La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señora ministra, nos ha sorprendido muchísimo su intervención inicial, la cual, aunque reglamentaria, fuerza un poco la realidad de esta Cámara, pero sobre todo porque usted no ha venido hoy aquí a hablar de este proyecto de ley procedente del real decreto, que ni siquiera sometieron a la aprobación del Consejo Nacional del Agua. Su problema y el de su Gobierno es que no han venido aquí a hablar de su alternativa porque no la tienen y ha inundado esta Cámara de una serie de disquisiciones que, aunque relacionadas como tantas cosas con el agua, no son el motivo de este debate ni de este proyecto de ley. Por algo será, señora ministra. (Aplausos.) Por tanto, señora ministra, usted no ha hecho más que un anecdotario de las cuestiones -es muy libre de hacerlo-, obviando las que son fundamentales, porque sabemos muy bien que no habla de otros temas porque no puede explicar nada de lo que se está haciendo hasta este momento. (Aplausos.) El día 22 de marzo del año 2001, también en esta tribuna y a la misma hora, el entonces ministro de Medio Ambiente, don Jaume Matas, presentaba -él sí lo hacía, no como usted- el proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional y lo hacía calificando ese hecho de acontecimiento histórico, que lo fue, señoras y señores diputados, porque, como también indicó en su intervención en ese momento el señor Matas, estábamos resolviendo un problema secular, un problema que llevaba casi cien años pendiente de ser abordado y sobre todo de ser resuelto, cosa que usted no sabe. Y asimismo habló de esos 10 ó 15 años de estudios llevados a cabo para resolver esta cuestión, sin que nadie hasta ese momento se hubiera atrevido, como bien decía entonces el señor Matas, a coger el toro por los cuernos. Nada de lo que dijo ese día del año 2001 el señor Matas tiene desperdicio y, además, todas las ideas expuestas como presentación a esta ley siguen vigentes y nadie con solvencia ha podido rebatirlas.


La ley inicial del Plan Hidrológico Nacional, a la que nosotros pretendemos volver a través de esta enmienda de totalidad que hoy defendemos, armonizaba dos realidades de España: por un lado, la realidad -que aunque no nos guste existe- de una España húmeda con excedentes de agua y con nula inversión de infraestructuras para poder utilizar esa agua, y por otro lado, la realidad de una España seca, cada vez más seca, que puede recibir esa agua sin perjudicar a las cuencas y a las regiones cedentes. Esa era y es la obligación del Estado a través del Gobierno, aunque ahora, como ustedes muy bien plantean, estamos convencidos de que las obligaciones de este Gobierno van en función de la necesidad de votos que tienen cada día por parte de sus socios de Gobierno, que son los que marcan el rumbo en esta y en tantas otras cuestiones. (Aplausos.) Su obligación, señores del Gobierno y señores socialistas, es corregir las disfunciones naturales sin perjudicar a nadie y beneficiando a todos, todo ello, evidentemente, con solvencia, con rigor científico y técnico y con la integración participativa que reunía la Ley del Plan Hidrológico Nacional que se aprobó en 2001. Por tanto, esa ley, no como la de ahora o esa cosa que nos presentan, surgió del diálogo, de la participación y del compromiso con todos y cada uno de los ciudadanos, con un tremendo respeto a las cuencas cedentes, como debe ser, y con una protección necesaria a las zonas y cuencas receptoras. Carecía de la arbitrariedad y de la irracionalidad con la que se produjo la modificación que ustedes han hecho del Plan Hidrológico Nacional y que ahora nuevamente debatimos nosotros, que no usted, señora ministra. Bastaría recordar al respecto de ese consenso que el Plan Hidrológico Nacional del año 2001 gozó de un amplísimo consenso en el Consejo Nacional del Agua -que no les gusta recordar-, contando con un apoyo de casi el 90 por ciento de los presentes y, aunque todos los apoyos son igualmente válidos, con el cien por cien de los regantes, incluidos los de Aragón, que veían por fin culminadas sus expectativas de inversiones en un territorio siempre marginado por sus gobiernos. Por tanto, no creemos que tengamos esa capacidad de engaño que a veces nos imputan -anticipándome a lo que siempre nos dicen-, atribuyéndonos unos poderes casi paranormales de convencimiento social.


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Al respecto habría que hacer un paralelismo importante con lo que pasó en el reciente plenario del Consejo Nacional del Agua, en el que su pretendida reforma de la Ley de Aguas -dicho sea de paso, la cuelan a través de este proyecto de ley, cosa que no tiene ningún sentido, porque en cualquier caso en esta ley podríamos hablar de miles de cuestiones- no tuvo más que un respaldo del 62 por ciento, teniendo en contra a los regantes y a los propios expertos de dichos ministerios. Todo un ejemplo, señores socialistas, del consenso social que tanto predican.
Desgraciadamente, esto es solo el principio de lo que parece que va a ser un verdadero master de despropósitos dirigido por el Gobierno socialista y teniendo como director del mismo al señor Rodríguez Zapatero. ¿Por qué no ocurría eso con el Gobierno popular? Se lo voy a decir, porque había racionalidad y cordura, muy por encima de los intereses de partido y de las votaciones de esta Cámara, como ahora pasa. De todas formas, sabemos que a ustedes les da lo mismo, que hacen oídos sordos a cualquier propuesta que no sea la que a ustedes les gusta y, por tanto, mi grupo puede decir lo que quiera que no nos van a escuchar.


En este turno también quisiera clarificar y reiterar una cuestión que siempre hemos venido diciendo y que ustedes intencionadamente obvian: el trasvase del agua del Ebro era -digo era, no sé si el era durará muchos años por las declaraciones de muchos de ustedes- el último eslabón de una cadena. La exposición de motivos del Plan Hidrológico Nacional ya recogía esta filosofía, y sus contenidos así la desarrollaban, cuando establecía textualmente que la transferencia de recursos entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos constituye la solución última - ustedes dicen que todo lo basábamos en ello y no es cierto- y más comprometida para solucionar los déficits hídricos estructurales. El Plan Hidrológico Nacional, sin renunciar a ellas, contempla otras medidas para la racionalización y optimización de los recursos hídricos, que es lo que ustedes siempre dicen y por lo que nosotros siempre apostamos, porque a veces da la sensación de que están de acuerdo, pero no pueden estarlo por razones puramente matemáticas y políticas. En este sentido -decía-, el plan fomenta la obtención de recursos alternativos procedentes de la desalación de aguas de mar y salobres, de la reutilización y depuración de aguas residuales, de la canalización y escorrentía de agua de lluvia y un largo etcétera, cuya plasmación práctica se encontraba en el anexo II.


Por otro lado, también reconocía que esas transferencias previstas en el Plan Hidrológico Nacional no pueden verse de una forma aislada, sino como uno de los componentes del instrumento integrador que supone el Plan Hidrológico Nacional en el que, junto a estas, se contemplan otras actuaciones. Esto, señora ministra y señores socialistas, se corresponde exactamente con la Directiva-marco del Agua, porque si en algo han coincidido los muchos expertos que han pasado por la Comisión de Medio Ambiente es en que nadie ha podido decir que las transferencias y el contenido del Plan Hidrológico Nacional fueran contrarios a la directiva marco, como ustedes se encargan de decir.


Al principio hablábamos de ese 22 de marzo de 2001 como un hito en nuestra historia que lógicamente se reconocerá con el tiempo y a lo mejor incluso por ustedes. Desde la presentación de ese proyecto de ley y su posterior aprobación como ley el 5 de julio de 2001, hasta hoy ha llovido mucho, pero no en agua, sino en acontecimientos, como se suele decir coloquialmente. La llegada del Partido Socialista al Gobierno del Estado, hace ya un año, truncó -quieran o no- las esperanzas de miles de ciudadanos de todos los territorios que estaban convencidos de que se había iniciado en el año 2001 una nueva etapa en la política del agua. El PSOE cumplía una de las múltiples promesas electorales hechas alocadamente, cuando además ni soñaba en ganar las elecciones y gobernar: derogar el trasvase del Ebro. Y rápidamente, porque los votos de los socios de Gobierno -y digo de Gobierno porque aunque no estén físicamente sentados en el Consejo de Ministros mandan más que ustedes- necesitaban todo esto para desgobernar España y, por tanto, había que derogar a toda costa el trasvase del Ebro. Así lo hicieron con el Real Decreto-ley de 18 de junio de 2004, con el que culminaban sus ansias de destrucción. Y nace, o nos quieren hacer creer que en aquel momento nace un nuevo proyecto. En un parto prematuro nace el plan AGUA, conocido en la cuenca mediterránea con el nombre de plan humo, que es lo que hay, mucho humo y nada más. Ya tenemos un plan. Hoy en día podemos decir que solo le falta añadir un tres por uno o una oferta de llamadas a números familiares por un bajo coste. Ya tenemos un plan, porque hoy en día un plan es algo que se hace con toda rapidez desde un Gobierno.


En la convalidación de ese real decreto en esta misma Cámara, como ya nos tiene acostumbrados, no aportó, como hoy, ningún argumento de peso y se encargó, como lo hace habitualmente, de falsear la realidad. Pero si esa fecha del 22 de marzo de 2001 fue un día histórico, no podemos decir lo mismo de ese 29 de junio de 2004, que ha pasado a formar parte de la historia más negra y antidemocrática de los últimos años en España, y tampoco podemos decir que la intervención de la señora ministra de Medio Ambiente en aquel momento contuviera datos dignos de reseñar, como había ocurrido con anterioridad.


Por otro lado -ya se lo dijimos en aquel momento-, se han manipulado los datos. ¿Por qué sus estudios o sus supuestos estudios, hechos con rapidez, tienen que ser más fiables que los que existían de múltiples expertos durante 10 años? Porque se han manipulado los informes -lo vimos recientemente en el debate en la Comisión-, han transmitido una imagen falsa de lo que Bruselas pensaba, porque Bruselas

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no había decidido. Y en cualquier procedimiento se incorporan muchísimos informes de muchísimos funcionarios. Ustedes entienden la democracia solo desde el pensamiento único que pretenden imponer. De nada les sirven esos muchos estudios previos y análisis realizados durante casi 10 años para aprobar la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Parece ser que nadie sabía nada de aguas ni en España ni en Europa ni en todo el mundo hasta que llegaron ustedes y descubrieron cómo se manejaba el agua. De nada sirven para usted los conocimientos ancestrales en el manejo de agua que tienen los regantes valencianos y murcianos, porque el PSOE y la señora ministra los suspenden en esta asignatura y encima les dan clases.


Con ustedes es imposible mantener un debate coherente en esta materia, porque no hay propuestas reales. Estamos ante una contradicción permanente entre diferentes miembros del Gobierno. Si no, háblenos de esa posibilidad o no de realizar trasvases en un futuro. Ustedes se remiten, como el secretario general de Territorio y Biodiversidad, a decir que ese trasvase y en esas condiciones, no se hará. Pero esto es un jeroglífico que desde el Grupo Popular resolvimos rapidísimamente. Conclusión de esa terminología: no sabemos lo que vamos a hacer ni tan siquiera mañana; ahora, eso sí, no haremos nada de lo que hizo el Partido Popular. Y tan pancho se fue el señor secretario, igual que se queda la señora ministra cada vez que nos avanza un capítulo más, que nunca es el definitivo, de lo que van a hacer en materia de agua.


Hablaríamos de la evaluación estratégica ambiental, que ustedes negaron hace nueve meses en esta Cámara porque no lo requería la ley y que sí tenía el Plan Hidrológico Nacional, aunque todavía no estaba en vigor la normativa europea. Ahora dicen que sí lo van a hacer, en una clarísima contradicción. También podíamos hablar de la tasa del agua, en la que tuvieron que echar marcha atrás porque el Ministerio de Agricultura tuvo que decirles que eso no se podía plantear así a los regantes. De este tema también me gustaría hablar para que aclararan si van a seguir desarrollando el Plan Nacional de Regadíos en los términos que estaba aprobado, porque estaba en función de las cantidades de agua disponibles y como ahora no se sabe de qué disponemos, no sabemos qué se va a modernizar.


Hoy defendemos esta enmienda a la totalidad y lo hacemos por el firme compromiso que en su día adquirimos con los ciudadanos y ciudadanas en el tema del agua, compromiso que hemos mantenido en el tiempo, a pesar de las circunstancias, y que seguiremos manteniendo. No hemos cambiado de actitud porque ningún argumento técnico y racional nos haya indicado que nuestro Plan Hidrológico Nacional sea incorrecto; muy al contrario. ¿Y qué queremos con esta enmienda? Queremos que ustedes, desde el Gobierno socialista, recapaciten y podamos volver a ese plan hidrológico inicial que recogía el trasvase del Ebro. Además queremos se marquen el calendario y las actuaciones para todas esas obras que se recogían en el anexo II y que ustedes no han derogado. También porque queremos ser y somos la voz de miles de españoles que no están de acuerdo con su política revanchista y derogadora del trasvase del Ebro solo porque lo aprobó el Partido Popular -tengan en cuenta que también hay votantes suyos que no han votado solo por esto, pero que pueden dejar de hacerlo- y porque queremos contribuir al desarrollo económico y social de la Comunidad Valenciana, de Murcia y de Almería, que ven sus expectativas de desarrollo cercenadas o cuando menos con incertidumbre debido a su errática política del agua. También queremos, como ya demostramos, que regiones como Aragón y Castilla-La Mancha, como cedentes en este caso, reciban las inversiones necesarias para que no vean que tienen agua, pero que nadie les construye las infraestructuras necesarias para sus abastecimientos, porque ese es el problema, no la falta de agua, sino la falta de infraestructuras que no tiene nada que ver en esta cuestión.
Estas son algunas de nuestras razones, entre otras muchas cuya exposición nos llevaría más tiempo.


Por otro lado, señora ministra, han roto el equilibrio entre regiones, han roto la solidaridad interterritorial en materia de agua. En este momento se están generando grandes agravios comparativos entre territorios que el Partido Popular, con el Plan Hidrológico Nacional, corrigió con coherencia. Queremos volver al texto inicial, sin la derogación del trasvase del Ebro; queremos volver a recoger actuaciones vitales en todos los territorios afectados, pero siempre con el eje fundamental del trasvase del Ebro, como último eslabón de esa cadena. Ahora, han roto ustedes la convivencia -por cierto, son especialistas en hacerlo- y han abierto heridas ya cicatrizadas. Se ha abierto la veda y todos pensamos -dicho de modo coloquial- que han abierto un melón que se les va a complicar de una forma bastante importante. Esto, señores del Gobierno, señores del Partido Socialista, es una locura absoluta. Con su actitud irresponsable y débil frente a sus socios de Gobierno, han derogado el trasvase del Ebro y además han posibilitado que desde las propias filas de su partido se cuestionen realidades consolidadas como el trasvase Tajo-Segura, muy bien regulado en el Plan Hidrológico Nacional, pero donde nunca se dejó a su suerte a la cuenca del Segura, como usted afirmó recientemente en su comparecencia en Comisión, porque ese déficit que no se podía cubrir con estas actuaciones, se cubría con el trasvase del agua del Ebro.


Buena la han liado también en el tema del Tajo-Segura. Arman un lío y luego se hacen una foto, pero en realidad, ¿qué han hecho? Porque usted ha prometido obras en Castilla-La Mancha que ya estaban incluidas, como ha reconocido, en el anexo II del Plan Hidrológico Nacional y, por tanto, simplemente cumple con su obligación. Además, da pie a que el presidente de

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Castilla-La Mancha diga cosas que no son reales, como que al final no va a haber suficiente agua para trasvasar al Segura porque la necesitan toda.
Ahí sí que necesitan infraestructuras, infraestructuras de abastecimiento que tampoco ha realizado su Gobierno autonómico en manos del Partido Socialista. Creo que sería bueno recordar que cuando el señor Bono gobernaba en Castilla-La Mancha llegaba a importantes acuerdos en materia hidráulica y jamás le ha negado el agua a otro territorio, como la cuenca del Segura, y jamás ha dejado a su territorio, a parte del Tajo, sin esa agua necesaria. ¿Por qué con el señor Bono, que ahora tiene otros menesteres que cumplir, sí, y en este momento no? Porque ustedes incitan a la rebelión e incitan al desastre absoluto. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señora diputada, debería ir terminando.


La señora RAMÓN-LLIN I MARTíNEZ: En definitiva, señora ministra, el problema de todo esto es que nosotros no abandonamos a su suerte a nadie.
Todas las obras y las actuaciones del Plan Hidrológico Nacional permitían la frase de agua para todos, permitían que la hubiera en un país donde hay agua para todos, pero distribuida irregularmente por la naturaleza y no fruto de la acción de nadie. Ahora no sabemos para quién ni para cuándo habrá agua. Usted habrá oído decir, porque lo han dicho ustedes mismos, que habrá más agua, más pronto y más barata. Eso suena como lo de bueno, bonito y barato, que se rompe a la semana de comprarlo, porque otra cosa no podemos entender. (Aplausos.) Pues bien, casi un año después no hay nada nuevo en el horizonte más que sus palabras repetitivas en todas las regiones. No hay nada, ni tampoco más barato -aunque ya no nos da tiempo a entrar en el tema del precio-, solo hay sueños e ideas. Por ejemplo, en su reciente comparecencia en la Comisión se demostró que para Almería faltarían todavía esos 90 hectómetros cúbicos del trasvase, porque, efectivamente, ustedes manipulan por sistema. Además, quiero dejar constancia de algo grave que a veces ha pasado desapercibido.
Mientras todo esto ocurre, además de que la señora ministra manipulara por sistema las cifras, que lo hace con cierta habilidad -todo hay que reconocerlo-, usted festejaba con todo descaro, en una fiesta de los socialistas catalanes en Tarragona, la derogación del trasvase del Ebro, provocando a muchos ciudadanos del área mediterránea.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señora diputada, tendría que terminar, se ha excedido mucho tiempo.


La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Terminaré lo antes que pueda, pero creo que el tema requiere un poco de margen. (Rumores.) No conocen la vergüenza y sólo tienen ansias de provocación. Pero le quiero decir dos cosas, si el señor presidente y SS.SS me lo permiten, porque están muy nerviosas. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Le ruego termine.


La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Mientras ustedes no hacen nada, ¿qué pasa con las obras del plan AGUA o plan humo, por llamarle de alguna forma, después de casi un año? Nada de nada. No existe. Seguro que usted me dirá, como ya han hecho, que hay un listado de obras en marcha. Ese listado lo han licitado para los estudios informativos. Después de los estudios informativos, habrá que hacer la declaración de impacto ambiental. Posteriormente, cuando se haya realizado el proyecto, que no existe, podrán licitarse las obras. ¡Cuán largo me lo fiáis!, le podría decir, señora ministra. Demasiado. En el año 2007 no habrá ni una obra ni una gota de agua de ese proyecto, pero a lo mejor les ha crecido la nariz. Eso también les puede ocurrir. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señora diputado, ha superado cinco minutos. Por favor, acabe.


La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Me saltaré algunas cuestiones, pero no quisiera terminar mi intervención sin recordar que hace dos días, en Valencia, se plantaron las Fallas, y también en muchos municipios de la comunidad valenciana. Estamos en plena fiesta de las Fallas, que no son solo un elemento folclórico, sino también una expresión social y artística de un pueblo mediterráneo, el valenciano, que usted conoce poco. El día 19 se quemarán los monumentos falleros y todos vibraremos con el fuego. El deseo del Partido Popular y de muchos ciudadanos de la comunidad valenciana y de Murcia es que el contenido de este proyecto de ley pudiera ser un ninot más de la falla, para purificarlo con la acción del fuego, que falta le hace, y que de sus cenizas pudiera resurgir una obra de arte que contuviera un plan hidrológico nacional con el trasvase.
(Aplausos.) También quiero decirle, señora ministra, y es lo último que digo, que usted no se salvará de esas llamas, no en su persona, pero está escenificada en multitud de fallas de forma satírica y respetuosa. Igual que el señor Plá, que ayer apareció en la comunidad valenciana presentando obras que habíamos empezado los populares cuando estábamos en el Gobierno. (Rumores.-Aplausos.) Señor presidente, señores diputados, escuchen al pueblo, no les invada esa soberbia propia de los socialistas, no sigan manipulando y dejen de hacer cantos de sirena porque en España, a pesar de lo que ustedes digan, hay agua para todos.


Muchas gracias. (Aplausos.-El señor presidente ocupa la Presidencia.)

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El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea ejercer un turno en contra? (Pausa.)

Si no es así, fijación de posiciones. En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.


Buenas días, señora ministra. Seguimos con la misma historia de todos los días y ya estamos todos un poco cansados. Se dice que miles de personas se entristecieron porque se quitó el trasvase del Ebro, pero yo puedo decir también que hubo cientos de miles que se alegraron.


Aquí se está poniendo como ejemplo de diálogo y de participación al señor ministro Matas. El señor ministro Matas trajo aquí un plan hidrológico nacional casi clandestino, hubo que preguntarle dónde estaban los informes que solicitó de los expertos y no hubo manera de encontrarlos.
Hubo que violentar el ministerio y allí, casi clandestinamente, nos dieron unas botellas de agua -tres botellas de agua exactamente-, nos metieron en una habitación y nos dieron todos los estudios, pero no nos dejaron hacer fotocopias porque estaba prohibido. Las ocho o diez personas que fuimos, tuvimos que estar allí leyendo los 84 informes porque eran clandestinos, cuando realmente las personas que habían hecho estos informes, los profesores, los ingenieros, etcétera -señores como Llamas, Prats, Pedro Arrojo, etcétera-, decían que habían cobrado esos informes, pero que el ministerio no se los dejaba publicar y estaban bastante enfadados, por no decir cabreados, porque no los podían utilizar en sus currículos.


Yo estoy absolutamente asombrado porque ya llevamos dos o tres años dando vueltas al pirulo este del Plan Hidrológico Nacional. Es un poco la ideología del Partido Popular, pierden las elecciones y siguen insistiendo. Nos lo presentan como un sueño ideal para el levante español. Señora diputada del Partido Popular, las conclusiones de los expertos son: que hubo ausencia de debate, que el Plan Hidrológico Nacional adolece de rigor científico, que el trasvase es un impacto medioambiental, que hay errores en el análisis económico... Porque ustedes están hablando de que la ministra falsea, pero quienes falseaban eran ellos cuando decían que el hectómetro cúbico de agua costaría 50 pesetas. Y cuando le decías a algún campesino murciano: No, a usted le costará ciento y pico pesetas -y digo pesetas porque eran pesetas lo que teníamos entonces- el hectómetro cúbico de agua para regar, el campesino decía que a ese precio no le interesaba regar. Naturalmente, el agua que se trataba de conseguir para el trasvase no era para regar -se sacaba el sentimentalismo de los riegos-, era fundamentalmente para unas urbanizaciones especulativas que se están haciendo en toda la costa mediterránea, seamos así de claros, y naturalmente hay muchos intereses.
(Aplausos.) Cuando aquí los diputados del Partido Popular, algunos de ellos, se... -iba a decir una palabra pero no la digo- envalentonan un poco y gritan mucho, es porque sus especulaciones y sus proyectos de playas y de urbanizaciones se quedan sin agua, y entonces vamos a ver cómo se van a lavar los turistas que vamos a ir, o que van a ir. Yo ya no puedo ir porque dicen que hemos dividido España, pero a mí sí que me han dividido. Yo no puedo ir a Murcia ahora porque, cuando lo he intentado, me han insultado y me han llamado hijo de mala madre. Yo eso jamás lo he hecho. Y no lo han hecho solamente conmigo, sino que cuando el Real Zaragoza fue a jugar a Murcia, en el hotel también les insultaron. Fíjese usted a qué punto hemos llegado de enfrentamiento interterritorial en este país. (Rumores.)

Creo que ya está bien de darle vueltas a esta historia. Yo estoy acostumbrado a que ustedes sigan insistiendo e insistiendo en todo, y lo vuelvan a repetir, pero la verdad es que estamos un poco cansados, yo estoy un poco cansado, porque vienen ustedes insistiendo desde el año 2001. Yo le recordaría cosas verdaderamente sorprendentes que ha dicho usted esta mañana aquí. Dice: Arreglar las infraestructuras de Aragón. Y en los ocho años que ustedes han gobernado, ¿qué han hecho? Nada, nada, nada. (Aplausos.) Ustedes pierden la Alcaldía de Zaragoza porque se empeñan en hacer el trasvase del Ebro y ustedes pierden el Gobierno de Aragón porque se empeñan en hacer el trasvase del Ebro. Y ustedes dicen: Celebraron en Tarragona una fiesta. Nosotros, en Aragón, celebramos una gran fiesta el día que se dijo que no al trasvase del Ebro. Lo celebramos nosotros, no el Partido Socialista, lo celebramos los ciudadanos de Zaragoza, lo celebramos los aragoneses. Ya está bien. (Aplausos.)

No sé qué más decirle, porque ya llevamos muchos debates. Hemos discutido, ustedes vuelven a insistir, ustedes vuelven a mentir continuamente. A pesar de lo que le digan a la ministra, son ustedes quienes mienten aquí, porque todo lo que dicen es mentira. Y no hay más que acordarse del maravilloso barco que el ministro de Medio Ambiente mandó a Mallorca, lleno de agua, para que tuvieran agua. Resulta que como el barco estaba recién pintado el agua no les sirvió. Señora diputada, yo creo que un ministro que hace eso, lo que tiene que hacer al día siguiente es dimitir y aquí no dimitía ni su padre.


Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Dígame, señor Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Pido la palabra al amparo del artículo 74.2 del Reglamento, señor presidente. Usted ha preguntado si había turnos en contra, turnos a favor o fijación de posiciones. Dicen que están fijando posiciones cuando realmente está habiendo un turno en contra, donde se vierte además.... (Protestas.)

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El señor PRESIDENTE: Dígame exactamente el artículo al cual se refiere usted.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: El 74.2. Le digo que el turno ha sido en contra, por lo que nosotros deberíamos tener un turno de réplica. Si no, se está vulnerando el Reglamento, señor presidente. (El señor Labordeta Subías pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: No, no, señor Labordeta.


Desechada su petición. Su interpretación no es correcta. Se está fijando posiciones y no cabe pues ningún turno de réplica.


Continúa el debate. (Aplausos.)

Señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Tomo la palabra para fijar la posición de mi grupo. Entendemos que el Plan Hidrológico Nacional, aprobado en la anterior legislatura por el Gobierno del Partido Popular, significó la plasmación de la idea de poner la política del agua al servicio del resto de las políticas sectoriales, que la política del agua estuviese dirigida primordialmente a evitar el estrangulamiento de actividades económicas vinculadas a la misma.
Siguiendo de ese modo las propuestas del denominado Libro Blanco del agua, ese Plan Hidrológico era, y en muchos aspectos aún lo es, la expresión clara de los cambios registrados en la política hidráulica, dejando definitivamente de lado la política regeneracionista diseñada desde los cuerpos de ingenieros para pasar a una política fundamentada en criterios económicos, dirigida ahora por los economistas, que considera el agua de forma prioritaria como factor de producción del sector agroalimentario e industrial. Es evidente que en ambas vertientes de la política hidráulica, siempre ocupan un segundo plano las consecuencias ecológicas y ambientales, los desequilibrios territoriales y los impactos sociales que puedan ocasionarse en la gestión de los recursos hídricos.


El real decreto-ley que aprobó el actual Gobierno es positivo, pues en realidad deroga uno de los aspectos más polémicos y ambientalmente más insostenibles. El Plan Hidrológico Nacional ha suscitado un importante rechazo social, a través del trasvase del Ebro hacia toda la costa mediterránea. Además esa decisión había originado una importante fractura entre territorios del Estado difícil de reconducir en estos momentos, lo que demuestra la irresponsabilidad del Partido Popular en este aspecto.
Sin embargo, esta modificación parcial, pese a su vertiente positiva, no varía sustancialmente la filosofía del Plan Hidrológico Nacional pues se prevé realizar importantes inversiones con un fuerte gasto público para mantener actividades económicas en una zona concentrada y con un grave problema de insuficiencia de recursos hídricos. La construcción de desaladoras es más sostenible ambientalmente que un trasvase de más de 1.000 kilómetros de longitud, pero no va a la raíz del problema. No se apuesta por integrar la política del agua con las demás, sino que se sigue poniendo al servicio de políticas sectoriales.


La planificación hidrológica va a seguir siendo un instrumento al servicio de la política agraria, en concreto de una determinada política agraria intensiva, y del incremento de la oferta del sector servicios turísticos en el arco mediterráneo, sin tener en cuenta otras variables ambientales y de vertebración territorial importantes. Se ha desaprovechado la oportunidad de apostar fuerte por que la política del agua tuviese entidad suficiente para influir decisivamente en el resto de las actividades económicas desarrolladas a lo largo del Estado. A efectos prácticos, podríamos traducirlo en que lo mismo se puede llevar el agua donde la industria y el sector agrario lo necesitan, como se puede potenciar la industria y el sector agrario allí donde el agua existe. Por tanto, el agua debe ser elemento fundamental en la ordenación del territorio, en la política agraria y en la política industrial y del sector turístico, y la planificación hidrológica debe ser el cauce para coordinar esas políticas y no simplemente un instrumento de sumisión de la política del agua a estas últimas, como reflejaba el Plan Hidrológico aprobado inicialmente. A pesar de esta modificación, para nada cuestiona la sostenibilidad de determinadas actividades en zonas cuyas cuencas hidrográficas y acuíferos subterráneos están bajo mínimos, algo que comentaba el señor Labordeta anteriormente.


Desde Galicia seguiremos insistiendo en una modificación sustancial del Plan Hidrológico Nacional, puesto que únicamente seremos beneficiarios de aproximadamente el 3 por ciento de sus inversiones, además de invertir la actual tendencia a perpetuar la intervención pública en los recursos hídricos de Galicia sólo cuando haya una valoración energética de los mismos, sin dar prioridad a la interconexión de la planificación hidrológica con la vertebración territorial de Galicia y la potenciación de su acuicultura.


Para finalizar, apoyaremos este proyecto de ley porque anula uno de los aspectos más negativos en términos ambientales y que más contestación social ha suscitado del Plan Hidrológico Nacional, pero al mismo tiempo declaramos nuestra insatisfacción por que se siga apuntando al análisis económico de la demanda del agua como factor esencial de la planificación hidrológica, por encima de considerar como prioritario una planificación y gestión de los recursos hídricos a partir de la gestión medioambiental de los mismos. Por tanto, nos posicionamos a favor del proyecto de ley que presenta el Gobierno y en contra de esta enmienda a la totalidad.


Gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández Davila.


Para fijación de posiciones, por Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Comienzo diciendo que Coalición Canaria va a votar en contra de esta enmienda de totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, porque nosotros entendemos que un tema polémico, como es la cuestión del trasvase del Ebro en el Plan Hidrológico Nacional, requiere un debate reglado en el Parlamento. Si hurtáramos este debate en ponencia, en Comisión y posteriormente en Pleno, estaríamos cercenando una posibilidad de entender las distintas variables al tema del trasvase del Ebro y, sobre todo, lo que estamos discutiendo de verdad, que es una modificación del Plan Hidrológico Nacional a los efectos de una serie de obras que se señalan en el proyecto que ha mandado el Gobierno, que es el que tenemos que debatir con nuestras enmiendas parciales al articulado en ponencia, en Comisión y en Pleno en su momento.


Se introducen dos nuevos anexos complementarios en la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional, para complementarla con algo que es un principio jurídico de seguridad, que es la declaración de interés general que señala la vigente Ley de Aguas. Desde Canarias siempre hemos prestado una especial atención al debate que se produjo aquí en el Parlamento, con gran vehemencia, sobre la Ley de Aguas por la peculiaridad de la titularidad de las aguas para el riego, para el servicio público, el abastecimiento y el turismo en Canarias, donde hoy tenemos la red doble y complementaria, el agua fósil extraída de las galerías del subsuelo volcánico y las potabilizadoras o desaladoras del agua de mar. Ahora, el Gobierno socialista está contemplando buscar la solución de que se puedan declarar obras de interés general, con una gran carga de desaladoras de agua de mar, idea de la que desde Canarias queremos sentirnos propulsores, así como el anexo IV, actuaciones prioritarias y urgentes.


Por la experiencia parlamentaria que tengo, creo que el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno han aprendido de lo que fue un fracaso en 1993, una política trasvasista que había hecho el entonces ministro, señor Borrell, creo que con buena intención, a la que, por cierto, el Grupo Popular se opuso muy frontalmente. Ahora se corrige, y nos parece una medida acertada.


Para estudiar la solución a este problema, nosotros habíamos conectado, dentro de la legitimidad parlamentaria, con el Partido Aragonés, que ha ido con Coalición Canaria en las elecciones al Parlamento Europeo, y habíamos hecho un vínculo de información para ver qué ocurría si se llevaba adelante la idea de un grupo político o la del otro. Yo quiero recordar aquí, porque nos sirvió de orientación, el eslogan que el Partido Aragonés había trasladado al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tanto aquí como en el Senado, que fue su lema en muchas actuaciones: agua regulada, agua para todos. Las concesiones del servicio hidráulico y las obras hidráulicas están basadas en un interés general de la obra civil de realización, pero están sobre un bien material, que es el agua, y el agua, y es el agua la que tiene un tratamiento a través de las concesiones, pero no se le puede dar el tratamiento esperpéntico de que quien tiene el agua, la vea pasar por delante de él y no la puede utilizar porque la va a utilizar la estructura territorial o productiva que está más abajo en esos escalones. Eso desde luego constituye no solamente un agravio comparativo, sino algo que tenemos que regular de una manera inteligente.


Con el proyecto del Gobierno lo que se pretende es modificar la Ley 10/2001. Nosotros estamos abiertos a que todos los grupos parlamentarios nos expresemos allí con nuestras enmiendas al articulado para perfeccionar lo que se tenga que perfeccionar, pero no podemos crear una polémica y que unas poblaciones, sobre todo Aragón, se pueden sentir violentadas y disminuidas en su voluntad popular, porque mi grupo no quiere que haya un enfrentamiento, demagógico o no demagógico, realista o no realista, entre la opinión pública, entre los que tienen el agua, y la tienen en su inmediatez visual, y los que la van a recibir. El problema de quien la tiene para cederla no es el mismo que el de quien no la tiene y la desea recibir. Por tanto, nosotros colocamos en una línea de prudencia, de sensatez, de moderación, de racionalidad a un proyecto que tiene que beneficiar a toda la economía nacional, pero sobre todo no debe ser motivo de crispación ni de enfrentamiento; la sensatez, el sentido común y la inteligencia parlamentaria están para resolver a los ciudadanos estos problemas. Si es así, nosotros estamos en la misma línea de colaboración. De ahí que votemos en contra de esta enmienda de totalidad y demos el pase al trámite parlamentario del proyecto de ley que ha mandado el Gobierno, que creo que merece dedicación parlamentaria para racionalizar un problema que tenemos que dejar resuelto de una vez por todas.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Izquierda Verde, señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


La portavoz del Grupo Popular decía: los socios del Gobierno hacen hacer al Gobierno lo que no debería. La verdad es que no pensábamos que tuviésemos tanto poder, porque sí hablamos en el debate de investidura de que esto era un elemento imprescindible, pero también creo que estaba en el sentido común de la ministra y del hoy presidente del Gobierno. Es más, no sabía que nuestro poder alcanzase la OCDE, a la Directiva-marco

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del Agua, a las políticas que se hacen hoy en todo el planeta. ¿No será que simplemente lo que planteábamos está en el sentido común, en lo racional, en lo que es propio del siglo XXI y no en lo que se hacía en el desarrollismo de los años cincuenta?

Hoy nuestro grupo va a votar en sentido contrario a la enmienda de devolución. Lo vamos a hacer porque su política es una política antiquísima, porque está en las antípodas de lo sostenible, de lo racional, desde el punto de vista económico, social, ambiental. Ustedes mintieron en las cifras. El coste medio del metro cúbico era de 70 céntimos; cuando llegaba a Murcia y a Almería pasaba mucho más del euro.
El coste añadido si no había subvenciones de la Unión Europea, como ustedes reconocieron ante la Comisión, era de 3.100 millones de euros.
Votamos en contra porque creemos que los ríos son espacios vivos, porque van llenos de vida, porque nacen, porque crecen, porque desembocan en el mar, porque el ecosistema del río es algo más que un cauce de agua que se transporta, porque la aportación de aguas tiene relación después con la aportación pesquera. Votamos en contra porque desde hace muchos años se viene demostrando que lo solidario entre territorios, entre generaciones, presentes y futuras, no es una política precisamente, es gestionar la demanda, no poner el precio del agua a precio de ganga, en definitiva conseguir un uso racional de un bien escaso. Hoy, su lógica es la lógica del crecimiento urbanístico: para eso hicieron el Plan Hidrológico Nacional, para eso hicieron una política que, como decía el señor Labordeta, lo que llevaba era agua, eso sí, a precio de oro y no para las necesidades de boca. Hoy nuestro argumento principal es que su propuesta no obedecía a las necesidades hídricas, sobre todo no obedecía al equilibrio ambiental del territorio.


El Real-Decreto de 18 de junio de 2004 y el proyecto de ley suponen sin lugar a dudas un avance para nosotros; un avance que nosotros también celebramos, lo celebramos en tierras del Ebro con toda la gente que se ha movilizado en contra del Plan Hidrológico Nacional, claro que sí. Como sabe la ministra según se desprende de las enmiendas que hemos presentado, es un avance importantísimo pero que aún tiene campo que recorrer. Es importante que no hablemos más de planes hidrológicos y, como dice la Directiva-marco del Agua, se pase a planes de gestión de cuencas, tal como recogía Narcís Prat en su comparecencia, un plan de gestión, que es mucho más que un plan hidrológico. Esta debe ser una ley de transición, una ley de lo pésimo a lo mejor, pero que aún es mejorable. Es importante reconocer que es una necesidad recuperar los caudales ecológicos y la calidad ecológica de nuestros ríos porque un 50 por ciento de los ríos en el territorio español están en mal estado; también lo decía Narcís Prat en su comparecencia. En verano la salinidad a la altura de Zaragoza es entre 12 y 24 veces superior a la que debería ser y se sitúa entre 5.000 y 10.000 microsiemens; por tanto lo fundamental es un estudio ecológico no sólo del Ebro, sino del Mijares, del Turia, del Júcar, del Segura; de todos los ríos afectados.


Decía la portavoz del Grupo Popular una cosa fantástica: hay que corregir las disfunciones naturales. Un poco más y salto de la silla aquí mismo.
Lo digo porque, ¿qué es corregir las disfunciones naturales? ¿El delta del Ebro es una disfunción natural? ¿La aportación de agua al Mediterráneo es una disfunción natural? ¿El transcurso normal de los ríos es una disfunción natural? Miren, es un disparate decir que el que los ríos lleven agua al mar es una disfunción natural. No cabe en ningún discurso contemporáneo. Ha dicho usted, y lo puede mirar en el "Diario de Sesiones", que hay que corregir las disfunciones naturales, lo he anotado y la verdad es que no salgo de mi asombro. Hay que decirlo, disfunciones naturales no es la distribución incorrecta del agua; el agua es la que es y lo que hay que hacer es gestionar la que existe.


Decía a la ministra que para nosotros es importante corregir algunas de las obras que aparecen en el anexo II porque, como decía Narcís Prats y reconocía Pedro Arrojo, hay obras en dicho anexo que pueden influir tan negativamente en el desarrollo del Ebro como el propio trasvase.


De la misma manera creemos que se dan trasvases cuando no se deberían dar.
Está ubicado aquí el trasvase Júcar-Vinalopó; un río, el Júcar, que la mayoría de días del año no llega al mar; un río cuya reserva de acuíferos está muy limitada y un río sobre el que no debería planificarse una infraestructura sabiendo que se hará en función de calmar el estado de ánimo de parte de la opinión pública, pero que sin lugar a dudas servirá de bien poco.


Volviendo al Ebro, decía la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que ellos habían hecho unos estudios que garantizaban la calidad de las aguas y la aportación suficiente para que la lengua salina de mar no entrase en el Ebro. ¿Saben ustedes de cuántos hectómetros cúbicos al año hablaban? Hablaban de 3.000. ¿Saben cuántos son necesarios? No lo digo, sino todos los expertos: de 10.000 a 12.000 hectómetros cúbicos. Lo que hay que plantearse cuando usted da determinadas cifras es cómo las da y si son realmente solventes.


Por último, quiero decir que nuestra postura es coherente; es coherente cuando decimos no al trasvase y sí a una nueva cultura del agua, y que hay que hacer una gestión distinta de la política del agua. Lo digo cuando nosotros -en este caso yo, diputado por Barcelona- hemos presentado una enmienda que dice no a la conexión CAT-Abrera, no a la conexión del Consorci d'Aigües de Tarragona -el agua procedente del Ebro- hacia el área de Barcelona. Se lo digo en mi condición de diputado de Barcelona, porque cuando ustedes hablan de solidaridad, se olvidan de que precisamente en cuencas teóricamente deficitarias se está haciendo

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una gestión del agua distinta, que no se basa precisamente en la cultura del trasvase.


La pregunta que hay que hacerse es la siguiente. Si en un área de más de tres millones de personas, con déficit hídricos según ustedes planteaban, hay consenso político y consenso social para decir no al trasvase, ¿por qué no se puede hacer en otras zonas del Estado? La respuesta es muy sencilla: no se puede hacer porque ustedes basaban su política del agua precisamente en el conflicto territorial y en la cultura de la especulación; ustedes basaban su política del agua en que los territorios se confrontasen intentando sacar réditos electorales y les servía para hacer una política de desarrollo urbanístico en el litoral mediterráneo que de sostenible no tenía nada y de negocio tenía mucho. Lo importante es que esta gestión de la demanda vaya acompañada de instrumentos para que sea llevada a la práctica. Nosotros valoramos de forma muy positiva, en sentido contrario a lo que planteaba la portavoz del Partido Popular, que se haya adjuntado la Ley de Aguas, si bien, desde nuestro punto de vista, la propuesta del ministerio, como bien sabe la ministra, se ha quedado corta, porque ahí es fundamental que la gestión de la demanda signifique un canon del agua que se aproxime al precio real del agua y que diferencie dos elementos muy básicos, muy elementales. Lo que está claro es que el acceso al agua para, digamos, garantizar derechos básicos, tiene que ser un acceso a un coste bajo y, a su vez, para hacer negocio -y con el agua se hace negocio-, se tiene que pagar el agua al precio que tiene; creemos que aún hay mucho recorrido en el ministerio y que el Gobierno no debe hacer equilibrios en esta materia. Me consta que esa es la voluntad del ministerio, pero es que el conjunto del Gobierno debe apostar por que, cuando se hace negocio con el agua, se pague al precio real de su coste.


Lo eficiente -y ya acabo, señor presidente- es gastarnos recursos en reutilización y no en trasvases. En la comparecencia de Pedro Arrojo, premio Goldman en Medioambiente de 2003, él relataba las declaraciones de Daniel P. Beard, director del Bureau of Reclamation, el instituto que más obras hidráulicas ha hecho en el mundo; en su relato, llegaba a la conclusión de que las alternativas no estructurales son a menudo menos costosas de llevar a cabo y pueden tener un menor impacto ambiental. La conclusión es que la construcción de grandes presas, no en Europa, no en la OCDE, no por supuesto en España, sino en los Estados Unidos de América, ha llegado a su fin, decía. La verdad es que esto clarifica mucho las cosas.


Para acabar, quiero decir que el día de hoy, a diferencia del debate habido el 29 de junio, hemos podido ver que ha habido, digamos, una intervención dura de la portavoz del Partido Popular, pero tenemos una ventaja: ya no hay pancartas. Como no hay pancartas, podemos deducir que realmente tenemos más margen de maniobra; que, por mucho que insista el Partido Popular, mucha de la gente de Valencia, mucha de la gente de Murcia, mucha de la gente de Almería, ya ve que hay alternativas y que las alternativas se basan precisamente en lo que tiene que ser la nueva cultura del agua. ¿Por qué lo digo? Porque eso les da a ustedes más margen, señora ministra. Les da más margen para pisar el acelerador en las obras del anexo II, y no quedarse a medio camino, en el trasvase del Xucar-Vinalopó o en el pacto del agua, que tiene repercusión en el Ebro.
La intervención puede ser agria, pero los argumentos lo dicen: lo dice la OCDE, lo dice la política que se hace en Estados Unidos, lo dice la Directiva-marco del Agua y lo dice el sentido común de la mayoría de la Cámara, a excepción del Partido Popular; todos dicen que ustedes pueden ir mucho más allá.


Por mi parte, quiero aprovechar la ocasión para pedirles que, tanto si se trata de la Ley de aguas, del Anexo II o de las políticas que apuestan por una nueva cultura del agua, valoren que ya no hay pancartas, que hay recorrido y que, tal como señala el sentido común de los tiempos, podemos ir mucho más allá.


Muchas gracias. (El señor Martínez-Pujalte López: ¡Agua para todos!) ¿Agua para todos? ¡Agua para todo, es lo que queréis!

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente. Intervendré con brevedad.


La verdad es que el debate del agua está, paradójicamente, un tanto encendido esta mañana, señor presidente. Vamos a ver si nosotros podemos contribuir a apaciguarlo algo.


Nos da la impresión, y me dirijo a la portavoz del Partido Popular, de que se ha abdicado ya de cualquier tipo de reflexión técnica, y se está dando al asunto una impronta ideológica preocupante. Nos parece que el deslizamiento de los predicamentos políticos del Partido Popular está muy vinculado a la confrontación política. Da le impresión de que un problema estructural, un problema de Estado, como la escasez de recursos hídricos, se está utilizando para provocar de facto la fractura territorial del Estado. Hay cosas que fracturan más traumáticamente un Estado que determinados planes políticos o de reforma estatutaria. Estas sí que son cosas peligrosas, frente a las cuales la apelación al sentido común es particularmente relevante, señor presidente.


Nosotros pensábamos abstenernos -y me refiero de nuevo a la portavoz del Partido Popular- en la votación de su enmienda. Tras escuchar su intervención -y se lo digo con todo respeto, y con todo cariño, si me lo permite-, vamos a votar que no. La materia es delicada; hay incógnitas que usted ha planteado bien y que deben ser resueltas, puesto que la legislación no las

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resuelve todavía, desafortunadamente, hay preguntas muy atinentes que hacerse, que usted ha planteado; pero nosotros no vamos a jugar a la confrontación y a la desestructuración -este es un Estado que ya tienen bastantes problemas para mantener su cohesión territorial interna-, incorporando elementos con los que se busca la confrontación política desde una perspectiva estratégica utilitarista y de pura búsqueda de réditos electorales; a eso no jugaremos nunca, señor presidente.


Nosotros sólo queremos que se nos responda algunas preguntas concretas, que ya hicimos en debates anteriores. Queremos saber si va a existir el agua prometida o comprometida por el Gobierno, si existe fehacientemente elementos de garantía que nos permitan presumir que el agua prometida existirá realmente. Nos gustaría saber si esa agua prometida va a ser suficiente para la totalidad de las necesidades. Me refiero a las necesidades razonables -esta es una disquisición difícilmente mensurable-, hablemos de necesidades razonables. Preguntamos también a qué coste y en qué plazo. Los costes de la desalinización de aguas marinas de los que se habla son muy elevados todavía; estamos hablando de más de medio euro por hectómetro cúbico de agua, a pesar de que se ha avanzado mucho, pues hace bien poco hablábamos de 100 pesetas. Eso sí, se van sofisticando las técnicas, y se está rebajando el precio razonablemente. Ahora bien, aunque estos costes parecen asumibles por el consumo doméstico privado, e incluso por determinados usos turísticos, también legítimos puesto que son fuente de riqueza para determinadas zonas del Estado, parecen difícilmente asumibles para utilización agrícola, y nos preocupa de forma muy particular, señora ministra, si medioambientalmente es asumible el sistema propuesto en este real decreto.


Hay dos problemas. En primer lugar, el laconismo de la legislación en relación con las plantas de desalinización. He visto expurgando la ley preceptos en los que la regulación es particularmente escasa, muy lacónica; estamos hablando de la Ley de Aguas, artículo 2, o del artículo 3 de su texto refundido. En fin, es una regulación muy escasa y muy poco complementada con legislación complementaria de las comunidades autónomas. Nos parece que el tema no está bien resuelto legislativamente y tampoco desde el punto de vista técnico. Ya le comenté en su día, en un debate que tuvimos, cómo, de las desaladoras de Almería, prácticamente ninguna está en funcionamiento. Algo pasará con este tema desde la perspectiva técnica y desde la perspectiva legislativa. También nos debe preocupar el laconismo en materia de impacto medioambiental, pues apenas hay regulación jurídica ni siquiera en este real decreto-ley en relación con el impacto medioambiental. Yo apelaría a las comunidades para que lleven a cabo el ejercicio de una competencia que les es propia, que es el desarrollo de las normas básicas en materia de medio ambiente, principalmente para introducir normas adicionales de control del impacto medioambiental. Esos son los dos grandes problemas que hay que resolver.


El señor Mardones ha dicho algo que me parece particularmente relevante, señor presidente, y es que no debemos utilizar el problema del agua como un instrumento de confrontación cuando desde una perspectiva de consenso no solo no es imposible conseguir un acuerdo sino que no sería difícil técnicamente según lo que está convencionalmente aceptado por la comunidad científica y en el ámbito jurídico por normas que han sido ya citadas. Por lo tanto, no convirtamos esta cuestión en un elemento de confrontación por el que se provoquen distorsiones, algunas de ellas de naturaleza anecdótica. Por ejemplo, a mí me da mucha pena que el señor Labordeta no pueda acudir a Murcia y que el Real Zaragoza sea insultado cuando acude a jugar allí, y espero que esta intervención de mi grupo parlamentario me permita a mí seguir asistiendo a esas bellas comunidades y el Atlético de Bilbao no sea insultado por razones adicionales a aquellas por las que ya es insultado cuando se desplaza a determinados campos ni se incorporen insultos nuevos.


En definitiva, solo quiero hacer una apelación a la racionalidad. No provoquemos estos espectáculos ni utilicemos ideológicamente, desde una perspectiva bastarda, un problema grave como es la escasez de recursos hídricos en determinados lugares del Estado español y no provoquemos fracturas que sabemos cómo se inician pero no cómo pueden acabar.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra el señor Cerdà.


El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, señor presidente.


Una de las mayores satisfacciones que hemos tenido las personas a las que nos preocupa el medio ambiente, y muy particularmente los habitantes de la zona del Ebro y también del Júcar y el Vinalopó, ha sido la derogación del trasvase del Ebro, porque en el Ebro no sobra el agua y el agua tampoco se pierde en el mar. Con el derogado Plan Hidrológico Nacional se hubiera ocasionado un impacto irreparable en el ecosistema del delta, debido, como ya saben todos ustedes, a la reducción de su caudal. El delta del Ebro está ya en regresión imparable porque no llegan sedimentos suficientes. Su regresión empezó con la construcción de los embalses en la zona del Pirineo y con una acción irreversible, difícil de reparar.
Este es uno de los motivos fundamentales que hacía necesaria una urgente paralización del trasvase del Ebro y la realización y ejecución de un plan integral de protección del delta del Ebro.


También hay que mencionar la imposibilidad técnica, económica y legal del conjunto del Plan Hidrológico

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Nacional, sobradamente debatida y descrita ya por muchos de los oradores.
Somos de los que pensamos que los trasvases son un modelo caducado de la gestión del agua. Para no hacer comparaciones con países europeos con alto grados de pluviometría, pues posiblemente no sería pertinente, tenemos ejemplos como el de Estados Unidos, con zonas desérticas y de clima mediterráneo como California. En este país se ha desestimado la política fundamentada en infraestructuras hidráulicas de trasvase, no por motivos políticos sino de eficiencia. Se dieron cuenta de que los costes de construcción y operatividad de proyectos de gran envergadura no pueden recuperarse. Con el tiempo, y basándose en la experiencia práctica, también reconocieron los impactos ambientales de estos proyectos, su agresividad y lo complicado que es corregirlos posteriormente. Estas constataciones también se han llevado a cabo por expertos desde diversos ámbitos científicos y técnicos en relación con el derogado Plan Hidrológico. La reacción social y científica que ha supuesto el derogado Plan Hidrológico Nacional ha sido ejemplar y prolífica; la rigurosidad y perseverancia con la que la sociedad civil y la comunidad científica han afrontado este conflicto ha puesto sobre la mesa una ingente cantidad de deficiencias en esta política pública y ha ofrecido un amplio abanico de alternativas de gestión del todo viables desde nuestro punto de vista. La derogación del trasvase del Ebro nos compromete de nuevo a votar a favor de una modificación del proyecto de ley, pero volvemos a exponer que creemos que los cambios deben ser de más calado y deben tener más coherencia. En este sentido, ya saben ustedes que hemos presentado cerca de 50 enmiendas. El Plan Hidrológico Nacional tiene unos objetivos muy concretos, especificados en la Ley de Aguas: regular medidas de coordinación entre planes de cuenca; ofrecer soluciones a las alternativas propuestas; modificar la planificación del uso del recurso que afecte a aprovechamientos existentes y regular la previsión en las condiciones de las transferencias de recursos hídricos entre ámbitos territoriales de distintos planes de cuenca. En este sentido, la modificación del Plan Hidrológico Nacional tan solo matiza un aspecto, el último objetivo, aunque esencial, como ya hemos comentado. Nuestro grupo considera que las modificaciones debieran ser más amplias y consistentes.


En cuanto a la coordinación de los diversos planes de cuenca, creemos que el Plan Hidrológico es una oportunidad para profundizar en el cumplimiento de la Directiva-marco del Agua, y así lo proponemos en diversas enmiendas. Creemos que el nuevo Plan Hidrológico podría coordinar esta tarea común de adaptarse a la normativa europea, estableciendo los criterios mínimos de adaptación y un compromiso temporal para el establecimiento de estos criterios. En cuanto a transferencias de recursos hídricos, a nuestro parecer este objetivo debe descartarse radicalmente del presente Plan Hidrológico objeto de esta modificación. El exhaustivo estudio del contexto hidrológico realizado en estos últimos años ha demostrado que su revisión no pasa por la opción de los trasvases intercuencas; por el contrario, han salido a la luz numerosas opciones de gestión mucho mejores y más efectivas en términos de garantía, en términos económicos, en términos ecológicos, y muchas de ellas constan ya en el anexo III de este mismo plan. Así pues, queremos trasladar también nuestro convencimiento de que hay que profundizar en la modificación del Plan Hidrológico Nacional con el fin de prescindir de este objetivo en su totalidad, por lo que hemos presentado las enmiendas que a nuestro entender materializan esta voluntad, entre las que destacan poner en cuarentena las inversiones del anexo II hasta que no sean rigurosamente estudiadas sus consecuencias ambientales y su coherencia con la Directiva-marco del Agua y con una necesaria nueva cultura del agua. Respecto al plan integral de la protección del delta del Ebro, nuestras enmiendas se incorporan también al texto original, entendiendo por original el que ha sido debatido y acordado por los diversos grupos en el territorio del delta. Finalmente, hemos presentado diversas enmiendas sobre inversiones entre las que hay unas pocas que cuestionan la vigencia de determinados proyectos, entre los que queremos destacar la conducción Júcar-Vinalopó y la conexión Cat-Abrera. Volvemos a exponer que los argumentos que nos llevan hoy a rechazar esta enmienda a la totalidad son los mismos que tuvimos para rechazar el trasvase Júcar-Vinalopó, e insistimos en que, por coherencia y por respeto al río Júcar y a la gente que allí vivimos, se debió reconsiderar el posicionamiento de esta Cámara al respecto. Otras enmiendas proponen añadir un conjunto de nuevas inversiones de carácter local -seguro que en algunas de ellas coincidiremos- que consideramos que mejoran la disponibilidad y la calidad del agua y para las que justificamos el interés de cada una de ellas.


Esperamos, sinceramente, que en la medida de lo posible nuestras enmiendas sean incorporadas al proyecto de ley. Ya hace nueve meses de la aprobación inicial del real decreto, y en aquel momento la urgencia que requería la derogación del trasvase comprometió nuestro voto favorable.
Pasado este tiempo, seguimos reclamando lo que ya exigimos en su día, es decir, coherencia y amplitud en la reforma del Plan Hidrológico Nacional.
No nos parece riguroso que como criterio de planificación del Estado se mantenga vigente el anexo II como una carta a los Reyes Magos o como un listado de proyectos posibles, y nos parece inaceptable la vigencia de la conducción Júcar-Vinalopó. Esquerra Republicana, comprometida con la salud de nuestros ríos, de nuestros ecosistemas, preocupada por la herencia ambiental que vamos a dejar a las generaciones futuras, y con la voluntad de que se suministre agua real y no ficticia y de forma equilibrada y segura a los diversos territorios, va a votar que no a la enmienda a la totalidad que ha propuesto el Partido Popular porque

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evidentemente es contraria a nuestros planteamientos. Insistimos una vez más, señora ministra, en que se inicie el debate de las enmiendas, en las que vamos a exigir más coherencia y amplitud en las reformas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.


Tiene la palabra Convergència i Unió, señor Guinart.


El señor GUINART SOLÁ: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar nuestra posición respecto a la enmienda a la totalidad del Grupo Popular a la modificación del Plan Hidrológico Nacional, y lo hago reiterando una vez más el sentido de nuestra posición política ante esta cuestión con la sensación hastiante del déjà vu, por lo visto, no del déjà passé, posición de rechazo a la actitud numantina del Partido Popular de mantener los principios de actuación hidrológica que giran en torno al trasvase del Ebro. Efectivamente, nuestro grupo ya se ha pronunciado hasta la saciedad y en diversas ocasiones, Pleno, comisiones, declaraciones varias y mecanismos parlamentarios, convalidación de decretos, proposiciones de ley, proposiciones no de ley, mociones, etcétera, en contra del anterior plan hidrológico, sobre todo por lo que representaba su eje principal, que era el trasvase del Ebro. Señores del Partido Popular, por favor, no nos recuerden más que nuestro grupo se posicionó inicialmente en la línea de su plan hidrológico, porque es el recuerdo y la evocación de su deslealtad, de su engaño, de su traición.
Recordarlo, además de ser desagradable para nosotros y no hacerles ningún bien a ustedes, les desprestigia y les pone en evidencia a ustedes y no a nosotros. Si nuestro grupo apoyó inicialmente el proyecto popular fue por una legítima actitud de posibilismo político, dada la mayoría absoluta y arrolladora de su partido, que no dejaba ninguna rendija de esperanza para evitar el trasvase, que es lo que hubiera deseado idealmente nuestra opción política. Dada, pues, la certidumbre inevitable de esta magna e inoportuna obra hidráulica, y solo por esta causa, nuestro grupo optó por la política del mal menor y negoció una serie de mejoras del Plan Hidrológico, entre ellas la que se denominó plan integral del delta del Ebro, para evitar entre otros aspectos su regresión; plan que debía ser definido y gestionado por la Generalitat, los consejos comarcales afectados y los municipios de la zona. Y enorme fue nuestra decepción cuando nuestra buena fe se vio burlada, menospreciada, con nocturnidad y alevosía, en el trámite parlamentario del Senado a través de un proceder torticero y reprobable como fue la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado. Por eso les rogamos que no nos hagan revivir más aquella sensación de haber sido traicionados en nuestra defensa racional de los intereses de Cataluña y de los catalanes, y mucho menos nos pidan que apoyemos su propuesta de hoy que recupera el trasvase del Ebro. Esta petición hoy está fuera de tiempo, está en las antípodas de nuestra voluntad política y, dada toda la trayectoria de esta cuestión, podríamos considerar su petición casi ofensiva.


Nuestro grupo, fiel a su compromiso con los catalanes y con la defensa integral de nuestro territorio, ya se mostró contrario y con muchas reservas al trasvase del Ebro en la época del ministro socialista señor Borrell, siguió posicionándose en contra con la mayoría absoluta del Partido Popular y solo transigió con contrapartidas ligadas a la sostenibilidad cuando era irremediable lo inevitable. Nuestro grupo se ratifica hoy una vez más en contra de trasvase del Ebro, en la convicción de que hay alternativas mejores y de todo tipo para suministrar agua a todas las zonas del Estado y según sus necesidades racionales, con una gestión reflexiva y sensata de la demanda y una gestión ecológicamente respetuosa de la oferta, porque, en definitiva, debe representar el doble objetivo del nuevo Plan Hidrológico que hoy estamos discutiendo.
Precisamente a este respecto nuestro grupo quiere hacer algunas consideraciones sucintas, que más adelante discutiremos en ponencia y Comisión, relativas tanto a las enmiendas presentadas por nuestro grupo como por otros grupos.


En primer lugar, y considerando que la derogación del trasvase del Ebro no garantiza la protección medioambiental del delta, queremos hacer una mención especial a nuestra propuesta de recuperar la elaboración de un plan integral de protección del delta -en este tema coincidimos con Esquerra Republicana- con la finalidad de asegurar el mantenimiento de sus especiales condiciones ecológicas, utilizando la capacidad de regulación de los embalses de Maquinenza, Ribarroja y Flix, que contempla la definición del régimen hídrico para las funciones ecológicas del río, del delta y del ecosistema marino y las medidas para evitar la subsidencia, la mejora de la calidad del agua del hábitat físico de los ecosistemas, la definición de un modelo agronómico, la interrelación con actividades humanas y también el método de control e indicadores, entre otros aspectos. Todo ello, decimos en nuestra enmienda, deberá redactarse en un plazo no más allá de 2005, aprobado por el Gobierno y ejecutado y coordinado por una organización presidida por la Generalitat e integrada por todas las administraciones y entidades con competencias e intereses en el ámbito del delta: Ministerio de Medio Ambiente, Generalitat, ayuntamientos, consejos comarcales, usuarios y organizaciones sociales.


En segundo lugar, nos referimos al Pacto del Agua de las Cortes de Aragón, que lógicamente merece todo nuestro respeto pero que entendemos que debe contemplar - y así debe reflejarlo la redacción final del plan hidrológico- la problemática de la continuidad del cauce del río en y a través de su comunidad nacional vecina, Cataluña, y la necesidad de garantizar los caudales mínimos necesarios de sostenibilidad y abastecimiento

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hasta su desembocadura en el delta, porque de ser de otra manera produciríamos unos desequilibrios impropios y unos perjuicios medioambientales a medio plazo tal vez irreparables. Parecería adecuado como criterio de partida orientativo que Aragón no extrajera del Ebro más agua de la que las cuencas interiores de sus afluentes le aportan.


En tercer lugar, quiero destacar nuestra enmienda de interconexión Cat-Abrera, que antes se ha comentado. No estamos hablando de ningún trasvase ni minitrasvase, sino simplemente de una conexión entre flujos hídricos que forman parte del concepto de la gestión de los ríos y del agua, y disponer así de alternativas de suministros para ciertas necesidades que pueden surgir en el futuro. Sin ir más lejos, por ejemplo, está el caso del pantano de Flix, en el que habrá que llevar a cabo alguna actuación para abordar su descontaminación, actuación que, según cuál sea, podría dejar sin suministro de agua a la Costa Dorada.
Además, esta interconexión, como instrumento, repito, de gestión, no tendría un caudal constante todo el año, sino que sería variable en función de los ciclos hídricos y las necesidades de cada periodo y, por otra parte, permitiría recuperar algunas cuencas internas muy deterioradas -dicen los expertos-, como la del río Francolí o incluso la del río Ter, en Girona, en peligro esta última de sobreexplotación por suministrar cada vez más agua a Barcelona y su área metropolitana, que por cierto, dicho sea de paso, sigue creciendo desarrollísticamente en el ámbito urbanístico de forma desbocada, insostenible y sin ningún control ni planificación supramunicipal, curiosamente con la connivencia de corporaciones locales gobernadas mayoritariamente por el Partido Socialista o el ecocomunista.


Mi grupo ha presentado otras enmiendas en la línea de acelerar la priorización de ciertas obras previstas en el Plan Hidrológico relativas a las cuestiones fiscales y cánones del agua, así como el modelo de gestión de las cuencas, distinguiendo entre la planificación y coordinación en manos del Estado central a través de las cuencas hidrográficas como organismos, por un lado, y la gestión y administración de las mismas bajo la responsabilidad de las autonomías, por otro, entre varios temas.


No quiero finalizar sin hacer un comentario somero sobre las enmiendas presentadas por otros grupos y que resultan de vital trascendencia, coincidiendo algunas de ellas con la orientación de excluir de las obras del Plan Hidrológico algunas obras de las cuencas interiores de Cataluña, alegando que estas cuencas son competencia de la Generalitat. Su inclusión en el plan, y por tanto su valoración o consideración como de interés general, significaría algo tan inocuo en cuanto al fondo, en cuanto a la decisión de cuáles hacer, pero trascendente para su viabilidad a corto plazo, como la cofinanciación por parte del Estado y tal vez con fondos europeos junto con el ACA, Agencia Catalana del Agua.
Precisamente, esta entidad gestora integral de todo el ciclo del agua en Cataluña, el ACA, no destaca por su abundancia económica, o al menos esto es lo que alegan a numerosísimos alcaldes para dar fe a los que niegan ayudas comprometidas por los anteriores gestores de la agencia en obras de captación, potabilización y almacenaje de agua para ser distribuida.
Excluir todas las obras relativas a las cuencas interiores de Cataluña, entre otras la desaladora de Barcelona o el refuerzo de aportación de agua de la Costa Brava, nos parece un error grave y nos preocupa enormemente. No obstante, habrá tiempo y ocasión para debatir pormenorizadamente las 170 enmiendas restantes a este proyecto de ley del agua tan apasionante y trascendental.


Mi grupo acaba, como empezó, anunciando nuestro más rotundo rechazo a la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular, que pretende recuperar el ya extemporáneo trasvase del Ebro.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Colldeforns.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, señor presidente.


Señorías, después de escuchar a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, constato que el Partido Popular se va a quedar otra vez solo, pero solo de verdad (Aplausos.), porque después de mi exposición va a quedar claro que también le van a abandonar los ciudadanos que le votaron. Anuncio una vez más el firme compromiso del Grupo Parlamentario Socialista con la gestión sostenible del agua en España y, por tanto, anuncio el voto en contra, como no podía ser de otra manera, de esta enmienda a la totalidad.


Señorías, el agua es un bien básico para la vida y por lo tanto en España es imprescindible una reorientación de la política del agua. No podemos analizar los problemas del siglo XXI con las ideas y concepciones del siglo XIX. No voy a extenderme sobre este tema tan obvio, lógicamente, pero sí voy a recordar las premisas que a comienzos del siglo XXI debe tener en cuenta una verdadera política del agua. La primera, evidentemente, es su escasez, lo que supone la necesidad de introducir racionalidad económica, por ejemplo, para que no se ejecuten obras costosísimas, como el trasvase del Ebro, cuando existen alternativas más baratas y técnicamente superiores, pero también para que de una manera gradual y concertada nos vayamos acercando al principio de recuperación de costes. La segunda premisa obvia es el mantenimiento de los ecosistemas fluviales y del litoral, para que no se ejecuten obras que puedan suponer pérdidas irreparables o irreversibles y para que la calidad sea tanto o más importante que la cantidad. Otra premisa, señorías, que casi da vergüenza recordar en este hemiciclo, es el respeto al marco normativo

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europeo. En el año 2000 se aprobó la Directiva-marco del Agua, que obliga a considerar alternativas para valorar cualquier proyecto y, en particular, a agotar todas las posibilidades antes de aceptar una transferencia de agua entre cuencas. Señorías, no se extrañen de que la Unión Europea pusiera tantos reparos y se resistiera tanto a financiar el trasvase del Ebro, pues era un proyecto que iba en contra de su propia normativa. Existe la alternativa, aunque el Partido Popular se esfuerza en decirnos que no. Otra premisa, señorías, es la corresponsabilización de todos los agentes, en particular todas las administraciones, puesto que la buena gestión del agua, el control de su uso, de su calidad y la restauración de los ecosistemas naturales es tarea de todos. La política del agua alcanza también a la política agraria, a la política de ordenación del territorio y a la política urbanística. La corresponsabilización, señorías, nos lleva al consenso y al acuerdo, y desde luego la premisa envolvente a cualquier política es la de buscar la paz y el acuerdo y evitar la confrontación y la lucha.


El Grupo Parlamentario Socialista está comprometido con esta reorientación. Este compromiso, señorías, no es una novedad, no es una necesidad política, sino que fue claramente anunciado en el programa electoral del Partido Socialista que los ciudadanos españoles refrendaron ahora hace un año manifestando así su apoyo al cambio, a un cambio radical en todas las políticas del Gobierno de Aznar y, desde luego, a un cambio radical también en la política del agua en España. Este compromiso, señorías, fue expresado de manera nítida y clara por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura, y me permitirán que cite textualmente que anunció una nueva política del agua, una política que tomará en consideración tanto el valor económico como el valor social como el valor ambiental del agua. Prometió una revisión del Plan Hidrológico priorizando -y vuelvo a citar textualmente- las inversiones destinadas a mejorar la situación de carencia del levante, en particular de la cuenca del Segura. Son palabras de nuestro presidente.


Nos encontramos, pues, señorías, con una enmienda a la totalidad del proyecto de ley que tiene su origen, como ha recordado la señora ministra, en el real decreto-ley aprobado en junio del año pasado, que deroga del Plan Hidrológico solamente los artículos referentes al trasvase del Ebro, a la vez que aprueba, lógicamente, un conjunto de actuaciones urgentes en las cuencas inicialmente receptoras de dicho trasvase, que es exactamente lo que prometió el presidente del Gobierno en su discurso de investidura. Y es exactamente lo que se está cumpliendo.


Señorías, el PP no para de afirmar, sin demostrarlo, que no hay otra solución que la que ellos propusieron. Yo sí les voy a dar algunas razones. La primera ha sido ya mencionada en esta Cámara, y la más importante: no hay suficiente agua en el Ebro. Incluso desechando necesidades ambientales, uno de cada cuatro años no hubiera llegado suficiente agua. Y entonces, ¿qué? ¿Qué hubiéramos hecho? Segunda, el trasvase es caro, caro en términos de obras -son 900 kilómetros-, y también consume energía, venga de donde venga. El PP lo sabe, pero no lo dice. Tercera, el trasvase tiene un impacto ambiental alto no solo en la cuenca cedente y en particular en el delta sino también a lo largo de su recorrido. Cuarta, una obra de esta magnitud requiere tiempo, por lo menos ocho años. Se aprobó en 2001. Se puso una primera piedra, ¿recuerdan, señorías?, del todo falsa en 2004. Esto nos lleva al 2012.
¿Hasta entonces no hubiera habido agua? ¿Qué hubieran hecho hasta entonces? ¿Y a qué precio? El Partido Popular no lo dijo nunca, no se atrevió o no lo calculó. Mejor: dijo que ya se vería, cuando llegara el agua, a qué precio se podía vender.


El Partido Popular sabe que la alternativa planteada por el Gobierno socialista es mejor y que esta alternativa existe. Porque, señorías, lo ha explicado la ministra muy claramente esta mañana: existen posibilidades de ahorro de agua y hay margen aún para mejora en las infraestructuras de regadío. Hay margen para la reutilización de aguas depuradas. Es posible obtener agua de mar a un precio aceptable y con un impacto menor que el del trasvase. España, señorías, es ya líder en esta tecnología por su experiencia de más de 30 años. La alternativa que se aprobó en junio de 2004 con el real decreto-ley está en marcha y pronto se empezará a ver resultados, precisamente porque es una alternativa inteligente, modular, flexible, que permite avanzar en distintos frentes a la vez, con obras pequeñas en relación con el trasvase que evidentemente podrán mejorarse. Por último, señorías, porque se ha demostrado que es posible el consenso y la paz social desde la defensa legítima de los intereses de los territorios y de los usuarios, siempre que haya posibilidad de diálogo y de debate sereno, como lo está demostrando el Gobierno socialista.


El Partido Popular sabe todo esto, pero no lo dice. Y la verdad es que después de escuchar a la portavoz del Grupo Popular me parece que prefiere repetir consignas en lugar de analizar la realidad, porque prefieren confundir y crear conflictos en lugar de aceptar el debate; porque prefieren trasladar a los ciudadanos el miedo y la frustración -seguramente su miedo por quedarse solos de verdad-, en lugar de trasladarles confianza en el futuro; prefieren, porque así lo han dicho, augurar el desastre en lugar de trabajar por la paz y el bienestar de los españoles. Ahora, señorías, el Grupo Popular nos plantea otra alternativa, la del proyecto de ley que se presenta hoy, al que se atreve a llamar proyecto de ley alternativo, que consiste simplemente en no derogar el trasvase del Ebro, pero añadiendo el conjunto de obras que como sustitución había previsto el Gobierno. ¿Creen de verdad, señores del Grupo Popular, que reclamando para las cuencas mediterráneas el doble de agua de la que habían prometido en 2001 van a recuperar

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su credibilidad? ¿De verdad creen que pueden decir: Oiga, perdone, es que ahora necesito el doble? ¿Por qué no el triple? ¿Tanto habían errado sus estimaciones? ¿Hasta dónde su apuesta por el disparate y la exaltación en lugar de por el sosiego y la mesura? ¿Hasta dónde su frivolidad con los valencianos, los murcianos y los andaluces a quienes dicen defender? Miren, señores del Grupo Popular, no solo saben ustedes que será el Gobierno del Partido Socialista quien resolverá el problema de las cuencas mediterráneas, su problema es que esto ya lo empiezan a saber los ciudadanos. Saben y se dan cuenta de que la crispación y el enfrentamiento no resuelven problemas, en cambio, el diálogo, el talante, el famoso talante socialista sí que los resuelve.


Por todo ello, señorías, por convicción, por compromiso, por coherencia, repito, el Grupo Socialista va a rechazar esta enmienda a la totalidad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señorías, señor presidente, solo quiero agradecer las intervenciones de todos los grupos parlamentarios que van a rechazar hoy con su voto la enmienda de totalidad que se presenta; quiero agradecer la coincidencia en los argumentos que defiende el Gobierno y también reconocer esa exigencia mayor que se plantea por parte de muchos grupos parlamentarios para que sigamos adelante en un proceso de reorientación de la política del agua que simplemente ha comenzado. Se nos pide mayor coherencia y se nos pide mayor esfuerzo, y quiero anticipar ya que además del resultado del debate de las enmiendas parciales, que estoy seguro de que van a enriquecer de manera muy notable el texto del decreto ley, el Gobierno tiene el compromiso de abordar a lo largo del presente ejercicio una más profunda reforma de la Ley de Aguas para poder incorporar en la misma algunas cuestiones que sin duda requieren algo más de tarea previa.


El portavoz de Izquierda Verde y también el de Esquerra Republicana han hecho alusión a que lo que ha empezado a hacer este Gobierno tiene que ver con el sentido común. Eso es verdad, pero es verdad también que a veces el menos común de los sentidos es ese, y ahora hay que intentar gestionar una herencia recibida de demasiadas promesas, de demasiadas expectativas que hay que ser capaces de reconducir evidentemente en la medida de lo posible desde el consenso; del consenso que a lo largo de estos nueve meses hemos alcanzado por ejemplo con el Gobierno y el Parlamento de Aragón todas las fuerzas políticas para rechazar Santa Liestra y para aceptar procesos de mediación social, que creo que ayudarán muchísimo a que ese sentido común que quiere estimular este Gobierno efectivamente sea la brújula de nuestras siguientes actuaciones.
Eso significa también, señorías, que tal como me correspondió anunciar en el anterior debate el Gobierno está concluyendo en este momento un informe de sostenibilidad sobre el contenido del proyecto de ley que hoy traemos a la Cámara por segunda vez; ese informe de sostenibilidad será puesto a disposición de todos los ciudadanos, en plena información pública, antes de finalizar el presente mes. Espero que también sea una ocasión para profundizar en el análisis de las actuaciones que vamos a desarrollar y mejorar continuamente, porque ese es el deseo de este Gobierno a lo largo de esta legislatura, mejorar la política del agua.


Señorías, sé muy bien que solo hemos dado un primer paso. Agradezco todas las sugerencias y todas las exigencias que han planteado los grupos parlamentarios que hoy van a votar en contra de la enmienda de totalidad.
Señorías del Grupo Popular, escuchemos al pueblo, lo ha dicho su portavoz. Hoy estamos escuchando al pueblo en esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señorías se ha reabierto el debate. No se debería haber citado a los dos portavoces que se ha citado, lo siento. En consecuencia, una breve réplica y luego terminará definitivamente la ministra.


Señora Ramón-Llin, puede intervenir rápidamente y desde el escaño, porque va a ser una réplica de dos o tres minutos nada más, en la parte que su portavoz ha sido citado, como también lo ha sido otro portavoz, al que luego también le daré un turno de réplica, terminando la ministra y votamos.


La señora RAMÓN-LLIN MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente. Aquí se han dicho verdaderos disparates desde todos los grupos parlamentarios, sobre todo porque aquí se ha planteado... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Terminemos este punto y votemos.


La señora RAMÓN-LLIN MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente. Se ha planteado que nosotros, y ya estamos hartos de oírlo, queríamos el agua para hacer un desarrollo urbanístico algo desaforado. Por lo que se refiere a los campos de golf, quiero recordar que en Andalucía, que no está gobernada precisamente por el Partido Popular, es donde más campos de golf existen. Quiero recordar que los municipios socialistas del Mediterráneo son los que demandan campos de golf, y quiero recordar también que hubo quien en 1995 manifestó en torno al control de vertidos al Segura: No seré yo quien cierre empresas en el actual estado de desempleo regional. Eso lo dijo la entonces presidenta de la Comunidad Autónoma de Murcia, doña María Antonia Martínez, a la que creo que ustedes conocen. Por tanto, es una falsedad absoluta todo lo que están diciendo en estos momentos porque no existe la solidaridad, porque se había cerrado esta herida muy bien, con una solidaridad interterritorial muy

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importante, pero en estos momentos (ustedes siempre son los que consiguen romper esa solidaridad y esa tranquilidad) quieren achacarnos a nosotros todo eso. Por último, están falseando los datos constantemente. Los 1.050 hectómetros cúbicos que se iban a transferir del Ebro era el déficit existente una vez realizadas todas y cada una de las obras del anexo II del Plan Hidrológico Nacional. Si una gran parte de esas obras son las que van a ejecutar ¿de dónde van a seguir saliendo los 1.050 hectómetros cúbicos que siguen faltando? Ustedes manipulan y dicen que esos 1.050 son los que van a traer. No, todo el sistema de ahorro que había planteado es que después de ese existían 1.050 hectómetros cúbicos de déficit; eso es lo más preocupante que ustedes, señora ministra, jamás han explicado, porque esas obras provenían de las que ya planteó el Partido Popular. No sigan engañando porque el talante (no se lo cree nadie, aunque hayan ganado las elecciones, y no las han ganado por su política del agua, no se confundan) está altamente cuestionado. Ustedes también han utilizado muchas cuestiones sentimentales en zonas en las que jamás había actuado el Gobierno socialista y ahora piden esas obras. Quiero recordar que el Pacto del Agua de Aragón y el compromiso de infraestructuras para las cuencas excedentes lo llevó a cabo el Partido Popular. (Rumores.) Eso era importante porque ya estaban iniciándose las obras. Cuando se dice que el trasvase no se terminaría hasta el año 2010 ó 2012, o no sé que año ha dicho la representante del Grupo Parlamentario Socialista, es una falsedad en el sentido de que no iba a haber agua hasta ese momento. Iba a haber los 1.000 hectómetros cúbicos que provenían de las obras del anexo II, y paralelamente se irían haciendo las infraestructuras para conseguir en ese momento y sin necesidad de que cada año fueran los 1.050 hectómetros, porque podía haber problemas en el Ebro, como usted ha dicho y está recogido en el Plan Hidrológico, o podía no haber en un determinado año hídrico tanta necesidad de agua en la cuenca mediterránea. Esa es la virtud del trasvase, quieran o no. Esto no es California indudablemente, que también lo dicen. Los propios expertos, incluso algunos que ustedes mencionaban como contrarios al trasvase (ya hemos tenido tiempo de debatir esto), hablan de que el Plan Hidrológico Nacional sí contempla las opciones de gestión de la demanda.


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora diputada.


La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: ¿Cómo no va a ser gestión de la demanda si se habla de unas medidas que contribuyen a reducir las necesidades de agua? No vengan siempre con el cuento de que no se sabía qué agua se gastaba porque los regantes de muchas zonas (que debería visitar a menudo), como la vega baja del Segura, que no tienen casi agua y cuya desertización avanza a pasos agigantados, no entienden nada de esto.


El señor PRESIDENTE: Señora diputada, termine ya.


La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Este grupo tampoco entiende, además de todo esto, cómo van a luchar contra la desertificación de zonas que ya parecen un desierto sin llevar agua y con esa política de embuste, de engaño y de manipulación. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


¿Algún otro grupo? (Pausa.)

Señora Colldeforns.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, presidente. Solamente haré dos pequeñas observaciones ante este ejemplo que no me resisto a calificar de muy parecido a la rabieta que hace un niño pequeño cuando se da cuenta de que no tiene ninguna otra opción. (Rumores.) Señoría, le recuerdo que las obras del anexo II, de las que ustedes tanto hablan, en el año 2003 habían sido realizadas en Murcia solamente en un 6 por ciento y en la Comunidad Valenciana en un 9 por ciento. El ritmo de cumplimiento del anexo II era muy lento, por no decir otra cosa. Una segunda observación: Le recuerdo simplemente que el presidente de la Comunidad de Murcia, un líder del Partido Popular, ha dicho (cito, si es que los periódicos son correctos) en relación con el debate suscitado (en este caso se refería al trasvase Tajo-Segura, pero me parece que también se aplica al trasvase del Ebro) que había dos caminos: Uno, la irresponsabilidad y la confrontación, que es el camino fácil, que es el que ustedes han tomado; y el otro, la actitud de rigor para alcanzar acuerdos, que es el que ha tomado el Partido Socialista. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Ahora el Gobierno tiene su turno de cierre y cualquier cosa que el Gobierno manifieste ya no reabre debate (Rumores.), naturalmente, me estoy refiriendo a la parte del Reglamento relativa a argumentos contradictorios.


Adelante, turno de cierre del Gobierno.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.


Solo voy a decir dos cosas. La primera es: Obras son amores y no buenas razones. (Aplausos.) A lo mejor no han oído ustedes esta mañana que la desaladora de San Pedro del Pinatar va a empezar a dar agua en mayo, diez años después de haber sido licitada. Obras son amores, señorías.


En segundo lugar, tan legítima fue la mayoría parlamentaria que apoyó la Ley del Plan Hidrológico Nacional con Gobierno del Partido Popular, como la mayoría parlamentaria que hay en esta Cámara hoy para votar en contra de la enmienda de totalidad. (Aplausos.-El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)

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El señor PRESIDENTE: Dígame, señor Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, artículo 72.2. Mi grupo solicita que se lea el informe sobre la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, realizado por los expertos del Consejo Nacional del Agua designados por los ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología y de Medio Ambiente abajo firmantes.


El señor PRESIDENTE: Entréguelo al letrado y veremos si es pertinente o no. (Pausa.)

Por favor, ¿los señores portavoces tendrían la amabilidad de acercarse al lado derecho de la tribuna? (Pausa.)

Señorías, les explicó brevemente cuál es la cuestión y lo que creo que se debería hacer, sabiendo que es un tema que concita dificultades entre los grupos parlamentarios y distintos puntos de vista, bien conocidos dentro de la Cámara y por parte de la opinión pública.


El Grupo Parlamentario Popular ha presentado un documento que efectivamente tiene relación, en opinión de la Presidencia, con el objeto de debate. Esto parece fuera de toda duda. Ha sido, por los diferentes grupos parlamentarios, con mayor o menor intensidad -lo hemos verificado con el servicio-, objeto de debate contradictorio en el Parlamento y, en consecuencia, desde el punto de vista de la Presidencia, es innegable que es un documento que, si se pide su lectura, se puede leer y el grupo parlamentario que lo ha propuesto tiene perfecto derecho. Ahora bien, como ustedes saben perfectamente, porque es público y notorio, junto a este informe técnico hay toda otra serie de informes técnicos que dicen lo contrario. (Rumores.) El problema que se le plantea a la Presidencia es el siguiente: Teniendo en cuenta que otros grupos parlamentarios han señalado que, si se accediera a esta lectura, que entiendo que es conforme al Reglamento, el presidente tendría que atender sucesivas lecturas de otros dictámenes técnicos que también son conformes al Reglamento... (Rumores y protestas.) Déjenme que termine y que les haga una reflexión elemental. Los letrados están recuperando todo el expediente administrativo. Simplemente les digo que podría ser insólito que los secretarios leyesen en el hemiciclo todo el expediente administrativo, con los diferentes dictámenes de unos y de otros.
(Rumores.) Les pido sencillamente una reflexión. (Rumores.) ¡Silencio, por favor! ¡Silencio por favor! Ya les he dicho qué es lo que me preocupa. Este texto, como el de los otros, está fundado y se puede leer.
Solo quiero exponerles una apreciación personal como presidente. Piensen en la sensación que podemos trasladar a la opinión pública, la de un Parlamento que se va a dedicar a leer un expediente administrativo, en una lectura sucesiva por los secretarios y secretarias. Me parece un caso insólito ante la opinión pública. (Rumores.)

Este debate tenía como objeto votar una enmienda a la totalidad. Quiero pedirles, en nombre de la Presidencia y para evitar lo que yo creo que es una imagen no positiva de este Parlamento -créanme que no se trata de negar ningún derecho a ustedes ni a los que me lo van a pedir a continuación (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben), ya lo han pedido-, que por favor acepten que todo el expediente administrativo, en lugar de leerlo en la tribuna, se distribuya a toda la Cámara (Varios señores diputados: ¡No, no, no!), de modo que se dé conocimiento del mismo y evitemos de esta manera una situación que creo que la opinión pública no entenderá. Me gustaría que esta propuesta que hace la Presidencia fuera aceptada de buena voluntad por todos los grupos parlamentarios. (Rumores.) La Presidencia tiene que velar también un poquito por la imagen que vamos a transmitir a la opinión pública.
(Rumores.) ¿Algún grupo parlamentario se opondría a que se distribuyera todo el expediente a la Cámara? (Rumores.-Varios señores diputados.
¡Sí!-Varios señores diputados: ¡No!) ¿Insiste, pues, el resto de los grupos parlamentarios en que se lea la totalidad del expediente? (Rumores y protestas.-El señor Pérez Rubalcaba pide la palabra.) Señor Rubalcaba.


El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.


Junto a la reflexión del presidente, que comparto plenamente, quisiera dejar otra encima de la mesa y es el precedente. El Grupo Parlamentario Popular, que tiene un comportamiento, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, sistemáticamente contrario al funcionamiento normal de esta Cámara... (Protestas.-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor!

Sinceramente creo, y lo digo una vez más, que nos estamos equivocando como institución, pero yo hago lo que puedo.


Pregunto lo siguiente al Grupo Parlamentario Socialista: En el supuesto de que autorizara a la secretaria la lectura de los documentos que presenta el Grupo Parlanentario Popular -que, insisto, reglamentariamente tiene derecho, como todos los demás, a que se lean los sucesivos dictámenes técnicos atinentes al debate que hemos tenido-, ¿ustedes me van a pedir que se proceda a la lectura del resto de los dictámenes técnicos? (Rumores.)

El señor PÉREZ RUBALCABA: Señor presidente, quisiera contestar a eso.
(Rumores y protestas.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor!

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El señor PÉREZ RUBALCABA: Quisiera contestar a eso, si es que alguna vez puedo hablar. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!

El señor PÉREZ RUBALCABA: No pasa nada. Hay insultos que descalifican al que los hace y no al que los recibe. (Rumores.-Aplausos.)

Señor presidente, aun teniendo presente el precedente que se sienta al aceptar esta petición insólita del Grupo Popular, la situación de la Cámara, el decoro que reclama el presidente y la amplitud de los informes, contrarios a los que pretende que se lean el Grupo Popular, por tanto a favor del Plan Hidrológico Nacional -este que tengo aquí, por ejemplo, ocupa 10 folios- (Rumores.), el Grupo Socialista...


El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!

El señor PÉREZ RUBALCABA: Decía que el Grupo Socialista renuncia a que se lean los informes. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor! ¡Silencio!

El señor PÉREZ RUBALCABA: Repito que el Grupo Socialista renuncia a que se lean los informes mayoritarios que apoyan la posición del Gobierno y de la mayoría de esta Cámara, en aras del buen funcionamiento de esta institución (Rumores.) y de poner un poco de cordura en la marcha del Parlamento, pues parece que el Grupo Popular no acaba de entender que debe funcionar bien.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra.)

Por parte de la señora secretaria, se va a proceder a la lectura del documento. (Protestas y rumores.)

Señor Zaplana, adelante.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señor presidente, se han vertido unos comentarios a los que mi grupo necesariamente... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Vamos a continuar.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Me va a permitir la Presidencia que, al amparo del Reglamento y del debate que nos ocupa, haga en este momento algunas manifestaciones que me parecen de importancia y de interés.
(Rumores.)

Primera, en la historia de este Parlamento, de esta Cámara, se han leído de forma permanente en los debates documentos pertinentes con el objeto que se estaba tratando, sin que nunca se haya generado una cuestión tan polémica como en esta ocasión y sin que nunca -probablemente ahí radique el problema fundamental del debate que nos acompaña- se haya animado desde la Presidencia al resto de los grupos a pedir la lectura de más documentos, basándose en la lectura de un documento presentado en este caso por mi grupo. Si esa posición de la Presidencia se tomara como válida y aceptable, nunca más se volvería a leer un documento en esta Cámara, nunca más, porque el resto de los grupos amenazaría siempre con leer muchos más documentos y los debates se harían interminables.


La responsabilidad de la situación en la que nos encontramos ahora es de la dirección del debate y por tanto de la Presidencia. Y lo digo con todo el respeto. Dicho esto, lo único que mi grupo está pidiendo y exigiendo es el cumplimiento del Reglamento. Y al amparo de este debate el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha hecho algunas afirmaciones que simplemente me parecen intolerables. Cuando esta Cámara, que siempre demuestra un comportamiento cívico y razonable en el debate parlamentario (Protestas.)...


El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor!

El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Cuando esta Cámara ha conocido -y alguna vez esporádicamente lo ha conocido- algún planteamiento que se podría calificar de antidemocrático y desleal para con la institución, ha sido con protagonistas del Grupo Parlamentario Socialista.
(Aplausos.-Protestas.-El señor Llamazares Trigo pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares. Perdón, señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Señor presidente, como usted debería saber, el informe que plantea el Grupo Popular viene acompañado de un dictamen ampliamente mayoritario en el sentido contrario. El artículo 72.2 del Reglamento dice: Cualquier diputado podrá también pedir, durante la discusión o antes de votar, la lectura de las normas o documentos que crea conducentes a la ilustración de la materia de que se trate. La Presidencia podrá denegar las lecturas que considere no pertinentes o innecesarias. (El señor Martínez-Pujalte López: Sigue leyendo.) El artículo 72 acaba ahí.


El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!

El señor HERRERA TORRES: Está claro que leer un documento de la minoría y que no se lea el documento de la mayoría como mínimo es abuso de derecho.
(Rumores.)

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El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor! ¡Silencio!

El señor HERRERA TORRES: Dejen hablar, que es un buen ejercicio para cualquier demócrata.


Nuestro grupo plantea que, habiendo dictámenes contrapuestos y habiendo un dictamen claramente mayoritario, que también expresa la sensibilidad mayoritaria de la Cámara, la solución pertinente y razonable, a no ser que lo que se quiera es bloquear el funcionamiento de la Cámara, sabiendo además que todos y cada uno de los diputados -al menos que yo sepa- sabemos leer, es que nos pasen los documentos y que procedamos a una lectura sin bloquear el funcionamiento. (Rumores y protestas.) Creemos que el Grupo Popular plantea un bloqueo de la Cámara, que sienta un precedente muy negativo y que a partir de este momento se entra en la dinámica del bloqueo, en la dinámica, no de la mala imagen, sino del mal funcionamiento. Y el mal funcionamiento es el preludio de la falta de un ejercicio democrático precisamente donde se tiene que hacer, que es en el Congreso de los Diputados.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a terminar con estas cuestiones de orden. Les pido a ustedes que sigan atentamente la lectura de este documento.


No obstante, la Presidencia, al objeto de facilitar el voto e iluminar a SS.SS. en estas cuestiones, dará orden a los servicios para que se distribuya a toda la Cámara por escrito el componente del conjunto del expediente administrativo sobre la ley relativa al Plan Hidrológico Nacional y se procederá inmediatamente después a la lectura.


Simplemente quiero hacer una corrección. Yo no he animado a nadie. Yo ya sé que, como presidente, tengo siempre la responsabilidad de todo, es el sino del presidente del Congreso, pero quiero decir una cosa, no he animado a nadie, no he animado absolutamente a nadie. Sea correcto conmigo. Es que algunos grupos parlamentarios inmediatamente, cuando han visto esta demanda, han dicho: En ese caso pediremos todo. (Rumores.) Yo les he propuesto -señorías, ya termino- una solución razonable, porque no me preocupa la lectura del documento. Me preocupa, y mucho, la imagen que estamos transmitiendo. Es todo.


Que se proceda a la lectura. Inmediatamente después se procederá a la votación.


La señora SECRETARIA (Sainz García): Informe sobre la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de julio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, realizado por los expertos del Consejo Nacional del Agua designados por los ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente, abajo firmantes.


Los componentes del Consejo Nacional del Agua designados por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Medio Ambiente emitimos un voto particular con fecha 30 de enero de 2001 sobre el proyecto del Plan Hidrológico Nacional, aprobado por la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. En el voto particular abogábamos por un cambio de mentalidad sobre cómo abordar los problemas del agua en España que condujese a la elaboración de un plan que incluyera una serie de aspectos que considerábamos que no estaban tratados de forma satisfactoria. Nos referíamos a los análisis sesgados e injustificados, la inadecuada consideración de los recursos subterráneos y su utilización conjunta con los superficiales, el no considerar todas las posibilidades, reutilización de aguas usadas o los ahorros que se podrían conseguir aumentando la eficiencia de los riegos o con la mejora de la gestión de los sistemas existentes. Nos referíamos a las carencias de objetos ambientales o para preservar nuestras aguas, especialmente las subterráneas, de la contaminación. Decíamos que las soluciones propuestas no parecían ser las óptimas desde el punto de vista económico y criticábamos la incidencia excesiva de los riesgos, dado el futuro incierto para la agricultura, dada la situación del mercado global de productos agrarios y en especial de la política agraria común.


Proponíamos que se prestase una atención especial a la disminución de las cantidades de agua utilizada en la industria, lo cual incidiría positivamente en disminuir las posibilidades de contaminación de los ríos y acuíferos. Destacábamos la sorprendente ausencia de objetivos detallados, de análisis ambientales y de argumentos socioeconómicos para la lista de actuaciones estructurales del anejo II del Plan Hidrológico Nacional, que choca con la Directiva-marco del Agua y también con el Plan Nacional de Regadíos. Propugnábamos la transformación de los planes hidrológicos de cuenca en planes de gestión de cuenca fluvial, tal como lo define la Dirección de Medio Ambiente, y que las confederaciones hidrográficas deberían transformarse de ser organismos de fomento a ser organismos de gestión de la cantidad y la calidad del agua. Por último, proponíamos un tiempo de reflexión para la elaboración de un plan que incluyera los aspectos mencionados con el máximo consenso científico, económico y social. Tres años después se solicita al Consejo Nacional del Agua un informe sobre la tramitación como proyecto de ley del real decreto por el que se modifica la Ley 10/2001. Para la realización del informe, se aporta el texto del Real Decreto-ley 2/2004, la memoria económica, la memoria ambiental, y asimismo se ofrece a la reunión del Consejo Nacional del Agua una nota sobre las propuestas de reforma de la Ley de Aguas a incluir en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.


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Sobre dicho proyecto de ley, y con relación a las modificaciones que se plantean en el Real Decreto-ley 2/2004, se realizan las consideraciones siguientes. En primer lugar, consideramos que el nuevo proyecto de ley constituye un nuevo Plan Hidrológico Nacional. Los motivos son los siguientes. Uno, modifica la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional, sustituyendo el trasvase del Ebro por la construcción de desaladoras entre otras obras. Segundo, en las memorias económica y ambiental del Real Decreto-ley 2/2004 es considerado una alternativa al Plan Hidrológico Nacional, realizándose comparaciones con el mismo. En tercer lugar, después de analizar el real decreto y sus memorias económica y ambiental, consideramos que podemos presentar similares conclusiones con respecto a las actuaciones que se propusieron en el Plan Hidrológico Nacional. Los objetivos siguen siendo los mismos: aumentar la oferta de agua para reducir los supuestos déficit existentes, que parecen localizados en los mismos sitios. Lo que cambia es la alternativa para solucionarlos, alternativa que sigue siendo única. Entre la documentación presentada, no aparece ningún análisis de demandas, ni técnico, ni hidrológico, ni sociológico. ni económico, que la justifique. No se sabe qué demandas van a servir a cada actuación y ni siquiera hay un solo plano o figura de localización. Con relación a la memoria económica, consiste en un listado de las actuaciones urgentes, en el que las únicas cifras que se proporcionan son las aportaciones de recursos hídricos y las inversiones estimadas para cada una de las actuaciones, documentación que carece de justificación hidrológica o económica. La memoria ambiental es un documento de 18 páginas del que se desconocen los autores y cuya única conclusión en el ámbito jurídico es que no es preciso realizar una evaluación ambiental estratégica, pues el real decreto-ley ha sido aprobado con anterioridad a la fecha de 21 de julio, fecha de entrada en vigor de la Directiva 2001/42/CE, lo que parece justificar la rapidez de su aprobación. En cuarto lugar, pensamos que con la propuesta actual, además de mantenerse los mismos objetivos, ahora es más radical y evidente la falta de justificación de los aspectos que criticábamos en enero de 2001.

En quinto lugar, en relación con la propuesta actual realizamos los siguientes comentarios. Uno. Existe una incoherencia entre los motivos esgrimidos en el preámbulo del proyecto de ley de modificación de la Ley 10/2001, que pueden considerarse correctos, con la propuesta que se hace por parte del Ministerio de Medio Ambiente. En concreto nos referimos a los puntos siguientes. La crítica a los beneficios que suponían el Plan Hidrológico Nacional aprobado, cuando se dice que se han exagerado los beneficios del proyecto, cuando los objetivos de la propuesta actual parecen ser los mismos. Con la crítica a las pretendidas carencias hidrológicas, socioeconómicas y ambientales al proyecto del Plan Hidrológico Nacional aprobado deberían haberse excluido del Plan Hidrológico Nacional no solo el trasvase del Ebro, sino también una gran mayoría de los embalses propuestos en el anexo II, incluidos los del Pacto del Agua en Aragón, al mantener carencias análogas. Se esgrime la misma retórica de déficit estructural y graves problemas de sobreexplotación de acuíferos que en los escritos anteriores que justifican los trasvases. No se ve la mínima preocupación por los problemas de contaminación del agua superficial y subterránea o por la adecuada gestión de los acuíferos y de las aguas superficiales. Dos. La memoria económica carece de información suficiente para considerarla como tal. Es un presupuesto de inversiones y no un análisis económico. No se calcula el coste del metro cúbico de agua desalada y para poder calcularlo es preciso conocer los costes de explotación y las amortizaciones. Es necesario conocer cómo se van a repercutir los costes y cuál es el destino del agua. Por todo lo anterior, no existe una estimación del precio del agua. En consecuencia se perpetúan las políticas de oferta sin cuestionarse la demanda, exagerándose los beneficios del proyecto y desconociendo sus costes. Tres. Al constar la alternativa que propone el Ministerio de Medio Ambiente de un conjunto de muchos proyectos independientes se entiende que para resolver problemas localizados en zonas concretas era de esperar una planificación temporal de las realizaciones e inversiones para inventar su eficacia técnica y económica. Al no existir es un indicio adicional de que la programación y las propuestas están sin madurar y que se han hecho de forma precipitada.
Cuatro. Con relación a la memoria ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente debería realizar una evaluación ambiental estratégica que corrobore las bondades de la nueva propuesta.


Por todo lo que acabamos de exponer (El señor Martínez-Pujalte López: ¡Ahora!), pensamos que el real decreto-ley no representa una mejora de gestión de nuestros recursos hídricos ni supone una mejor alternativa al Plan Hidrológico Nacional, por lo cual los miembros del Consejo Nacional del Agua abajo firmantes creemos que la propuesta en su estado actual no está justificada. (Varios señores diputados: ¡Bien!) Por otra parte, y en relación con los nueve puntos que se pretenden incluir en el proyecto de ley y que se refieren a modificaciones en la Ley de Aguas, consideramos que no existe un texto articulado que permita realizar una valoración sobre los mismos y emitir un informe sobre dichos puntos. Esperamos que se ofrezca el texto que se pretende incluir para poder realizar el citado informe. En Madrid, a 29 de septiembre de 2004. Firmado: Andrés Sauquillo, Amelia Pérez Zabaleta, Lucía Candela y Santiago Hernández.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a votar.


Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Enmienda

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a la totalidad con texto alternativo, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 136; en contra, 178.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda a la totalidad.
(Prolongados aplausos.)

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO. (Número de expediente 121/000018.)

El señor PRESIDENTE: Continúa la sesión.


Proyecto de ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. Se han presentado dos enmiendas a la totalidad de devolución por los siguientes grupos: en primer término, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y, en segundo lugar, por el Grupo Parlamentario Popular. Se aplicarán, pues, las disposiciones sobre el debate de totalidad: presentación del proyecto por un miembro del Gobierno y a continuación, sucesivamente, las enmiendas a la totalidad.


Tiene la palabra el señor ministro para la presentación del proyecto. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señor presidente, señorías, subo a la tribuna para la presentación y defensa del proyecto de ley de reforma del Código Civil en materia de matrimonio. Es un proyecto de ley que ocupa un espacio muy escueto en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 21 de enero del presente año. Sin embargo, tiene una enorme potencia simbólica, social y política. Es un proyecto de ley muy escueto desde el punto de vista técnico, pero trascendente desde el punto de vista social y de su potencial de cambio. Ello está presente hoy en el ánimo de los diputados y es lo que explica la presentación de dos enmiendas a la totalidad de devolución cuyo objeto me gustaría atender en este turno de palabra.


En primer lugar, voy a exponer el contenido de la iniciativa. Se trata de una modificación del artículo 44 del Código Civil, que afecta casi al exclusivo objeto de homologación terminológica de otra quincena de artículos del mismo. El artículo 44 es el que regula la institución del matrimonio. De acuerdo con la regulación que ahora se propone, el matrimonio pasará a comprender también como institución jurídica las uniones entre personas del mismo sexo. Se propone la adición al artículo 44 de un segundo párrafo que diga lo siguiente: El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de distinto sexo. Se trata, por tanto, del cumplimiento de un compromiso expreso del programa de investidura del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, del cumplimiento de un compromiso expreso del programa electoral del Partido Socialista que ganó las elecciones del pasado 14 de marzo de 2004 con más de 11 millones de votos y, sobre todo, del cumplimiento de un contrato de credibilidad con la ciudadanía, que entronca con la profesión de los valores más profundos del proyecto político que inspira al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, me atrevo a decir en este punto, del proyecto de convivencia que pusimos en marcha los españoles cuando nos dimos la Constitución de 1978, que consagró como valores superiores de su ordenamiento jurídico los de libertad, igualdad, justicia y pluralismo. Todos esos valores se enhebran simbólicamente en algo tan técnicamente sencillo y tan escueto como la adición de este segundo párrafo al artículo 44 del Código Civil.


Para empezar, se trata de la extensión de libertad y de la consagración de un espacio de igualdad, de un espacio de ciudadanía, al mismo tiempo que de la remoción de una barrera de desigualdad. Con ello se cumple un mandato que la Constitución encierra en su título preliminar, artículo 9, párrafo segundo, cuando ordena a los poderes públicos, como función distintiva, la de remover cuantas barreras y obstáculos puedan impedir que la libertad y la igualdad que la Constitución consagra como valores superiores del ordenamiento jurídico sean reales y efectivas, no solamente entre las personas o entre los individuos, sino también entre los grupos en los que las personas y los individuos se integran.
Efectivamente, al establecer la viabilidad jurídica del matrimonio entre personas del mismo sexo, se está ensanchando un espacio de libertad.
Estamos hablando sin duda de una libertad que se ejerce facultativa y potestativamente en la medida en que el ordenamiento jurídico la acoge como un derecho, nunca como un deber ni como una obligación. Esa expansión de la libertad se funda en la consagración de la dignidad de la persona, de los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político y de la paz social, es decir, como fundamento del orden constitucional entero.
Estamos ensanchando, por tanto, la libertad y estamos removiendo una barrera de desigualdades en la medida en que una institución jurídica crucial y característica de nuestro orden de convivencia no acoge, sin embargo, la posibilidad de reconocimiento, en términos de status civil jurídico social, pero también simbólico, de reconocimiento social de toda la categoría o grupo que integran a personas y a individuos que, sin embargo, son parte de esta sociedad en función de su orientación sexual.
Libertad e igualdad se dan la mano para propender a un objetivo que estaba en el programa genésico, desde el primer punto y hora, el punto de arranque en la historia del constitucionalismo: la persecución de la felicidad. Decía la Declaración de Independencia de

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los Estados Unidos en 1776, que todo el mundo atribuye a Thomas Jefferson, que los hombres -podemos decir ahora los hombres y las mujeres-, todas las personas son creadas libres e iguales y tienen derecho a la persecución de la felicidad. Es indudable que la relación afectiva y la convivencia son un espacio para la consecución de la felicidad, son un espacio para el establecimiento de un status cívico de dignidad personal y colectiva, que busca su visibilidad, su reconocimiento social en unos términos simbólica y socialmente equiparables a los de cualquier otra. Es por ello que formas tradicionales reconocidas por nuestro derecho civil para la convivencia y para la relación de afectividad, la relación de pareja, se han visto progresivamente acompañadas en el tiempo, al hilo de los cambios sociales, de otras formas en las que ha ido juntándose la afectividad y la convivencia, buscando la misma equiparación uniones de hecho y familias monoparentales. Pero nos desafía en este momento la remoción de una barrera de desigualdad que nos convoca a abrir la institución matrimonial a las uniones afectivas y a la convivencia entre personas del mismo sexo. Se trata, por tanto, del cumplimiento de un compromiso muy expreso, que a nadie coge por sorpresa. Se trata de una operación técnicamente sencilla, pero cargada de gran potencia simbólica y social. Se trata, lo subrayo, del cumplimiento honesto y profundo de un mandato constitucional, que el legislador acuda a las citas que tiene con la historia de las desigualdades y las remueva, derribe barreras y cree nuevos espacios de dignidad radicalmente igual de todas las personas.


Con esta ley se cumple el objetivo de modificar la institución del matrimonio, sin que ello suponga ningún desdoro, ninguna minoración del matrimonio civil entre personas de distinto sexo, del matrimonio heterosexual, ni ninguna otra forma de matrimonio que tenga lugar en una sociedad democrática libre y abierta, en modo particular aquellas que el Estado se ha comprometido a reconocer y validar en su ordenamiento jurídico, proveniendo de formas matrimoniales reconocidas por el ejercicio de la libertad religiosa, de acuerdo con los ritos o incluso con la consideración sacramental que le otorguen las confesiones religiosas que tienen presencia en nuestra sociedad. El matrimonio entre personas del mismo sexo no viene a minorar el matrimonio heterosexual. No viene a perjudicar, tampoco, la pervivencia en nuestro ordenamiento del matrimonio canónico, que continúa siendo convalidado por el Estado. No tiene ninguna contraindicación porque no va contra nada ni contra nadie.
No perjudica absolutamente los derechos de nadie. Sin embargo, otorga reconocimiento a una realidad que lo busca, que está entre nosotros. Es una realidad a la que no tiene ningún sentido continuar hurtándole la vista. Las personas homosexuales son un componente de toda sociedad y exigen reconocimiento en una sociedad democrática, libre y abierta.
Quiere eso decir que la remoción de la barrera de desigualdad debe empezar por encontrar su lugar en el Código Civil y proyectarse en todas las instituciones en las que el matrimonio resulta una institución jurídica relevante: el derecho de familia, el derecho a la asociación, a la herencia. Consiguientemente, también se produce una afectación respecto del régimen jurídico de la adopción, así como en otras instituciones ajenas al Código Civil pero incardinadas igualmente en la configuración institucional de la familia: derecho a la Seguridad Social, a la protección social, a la protección de la salud y otras afectaciones.


Me importa en este trámite prestar la atención que merece la institución de la adopción, porque ha estado presente en el debate y sería incomprensible que no lo estuviera en este turno de palabra. El objeto del proyecto de ley no es regular la adopción y por ello no existe en él una afectación directa ni específica de la institución de la adopción, pero debe decirse una vez más que la adopción no involucra derechos fundamentales de los adoptantes. La adopción no se predica del ejercicio de un derecho fundamental a adoptar, sino que es una institución jurídica que busca articular la protección de los derechos del menor. Son los derechos del menor los derechos fundamentales involucrados en la institución, y a partir de ahí se organiza un procedimiento que tiene componentes civiles y administrativos en el cual personas adultas, en disposición de ser parte, se ofrecen como sujetos idóneos de una relación de protección respecto de un menor que puede necesitar afecto u oportunidades.


La realidad jurídica del presente es que la adopción está abierta por igual a las personas heterosexuales que a las personas homosexuales; sin embargo, solo las personas heterosexuales pueden concurrir en matrimonio.
La razón es simple y es porque el matrimonio solo es disponible para las personas de distinto sexo. Pero lo cierto es que una persona de orientación homosexual puede concurrir a un procedimiento de adopción, y la evidencia empírica, la experiencia prueba que lo hacen, que lo han hecho y que discriminarlos por el solo criterio de su orientación sexual sería plenamente inconstitucional. Discriminarlos única y exclusivamente por la interrogación inquisitoria sobre la propia orientación sexual, como si ése fuere un criterio válido, dirimente por sí mismo acerca de la inidoneidad para ser parte de un procedimiento de adopción, sería plenamente insconstitucional, aparte de -creo que está presente en el ánimo de esta Cámara- no resistir el menor análisis desde el punto de vista científico u objetivo, porque no existe evidencia científica alguna que permita discriminar a toda una categoría de personas como inidóneas para ofrecer protección, ayuda o entorno afectivo a un menor que lo necesite simplemente por su orientación sexual.


Estamos completando un mandato contraído con los electores, en un sentido congruente con la Constitución y sin introducir nuevas barreras de discriminación. Por

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ello, con todo el respeto que merecen las opiniones que se han escuchado en sentido contrario, el legislador, en este caso el Gobierno, al tomar la iniciativa y poner en marcha el procedimiento legislativo conducente a la aprobación por esta Cámara del proyecto de ley y su conversión definitiva en ley, ha optado por no inventar ninguna nueva categoría terminológica para establecer la homologación civil de las uniones homosexuales. Es cierto que se puede recurrir a una nueva acuñación. Se ha hablado de uniones civiles y de uniones conyugales, y ésa podría ser una opción constitucionalmente legítima también, pero a nuestro juicio prolongaría, afianzaría, profundizaría la misma barrera de discriminación y de diferenciación contra la que esta ley quiere precisamente pronunciarse de una vez por todas. En términos históricos, quizá pospondría cinco, diez, quince años más un debate que seguiría siendo hasta entonces necesario, pero que tarde o temprano tendría lugar. Podría hacerse si se quiere por fases, por etapas, por eslabones, por píldoras, como si no fuese aceptable, como creemos que es, y como si no fuese congruente con un Estado de tolerancia, de comprensión y de receptividad ampliamente mayoritaria en la sociedad española, el acogimiento por parte de nuestro ordenamiento jurídico de las uniones entre personas del mismo sexo con equiparación jurídica, civil, institucional y simbólica plena con las uniones heterosexuales. Si estuviésemos optando por una nueva acuñación terminológica dentro de cinco o diez años estaríamos en esta tribuna convocados a un nuevo envite de este deber constitucional de remover barreras de desigualdad. Este es el momento de hacer la tarea y este es el momento de hacerla completa. Merece la pena, dando cuenta del proyecto, dar cuenta también de las argumentaciones que hemos escuchado en contra del proyecto, salir a su paso y refutar las que creemos distinguir han sido las líneas de impugnación argumentativa más recurrentes en el tiempo en el que esta iniciativa, una vez puesta, en marcha ha estado en la palestra de la opinión pública.


En primer lugar, la relativa a su constitucionalidad. Se invoca el artículo 32 de la Constitución que es el parámetro ineludible, un artículo en el que se establece constitucionalmente el derecho al matrimonio. Se hace con una literatura que no da lugar a equívocos.
Afirma que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Y creo poder decir que el sentido de esa redacción es el de reaccionar contra toda una historia de discriminación, sí, pero entre el hombre y la mujer. Toda una historia de discriminación que hacía que con anterioridad a la Constitución la mujer perdiese status civil, perdiese derechos y perdiese categoría como persona en tanto estuviese casada con un hombre, porque antes de casarse la mujer estaba minorada por la patria potestad y después de casarse por la relación matrimonial con el hombre. Durante tanto tiempo -por increíble que parezca ahora recordarlo- la mujer no podía contratar sin permiso del marido. Durante tanto tiempo asesinar a la propia esposa por razones de honor no era simplemente asesinato, sino femicidio por causa de honor. Lo que establece el artículo 32 es una afirmación rotunda, la plena igualdad jurídica entre los contrayentes del matrimonio. No excluye la posibilidad de un matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Incluso si la Constitución no lo afirma todas las técnicas de interpretación constitucional conducen inequívocamente a la conclusión de que aquello que no contradice la Constitución, y es una opción legítima del legislador, es una opción constitucional.


En segundo lugar, hemos escuchado argumentaciones de carácter naturalista en dos versiones al menos: una de orden etimológico y una segunda de orden finalista. La etimológica es la que pretende que las instituciones jurídicas son esclavas de las palabras que las definen y que trazando la genealogía de una palabra o su etimología podemos encerrar un concepto hasta el punto de hacerlo completamente inválido para su modificación por el legislador. No estamos de acuerdo con esto. Si esto fuera así, la Corona nunca habría dejado de ser la impersonación de la soberanía y ya no lo es. La Corona no es la impersonación de la soberanía, sino el símbolo de la unidad y permanencia del Estado porque eso es lo que dice ahora la Constitución que es y ese es el sentido constitucional de la Corona. De la misma forma, si eso fuera así, el salario tendría que seguir siendo una retribución en especie, en sal, y si eso fuera así la patria potestad no sería accesible a las mujeres, porque la etimología es la que señala la filiación con el padre, no con la madre. La patria potestad hoy es perfectamente predicable de las mujeres porque no ha hecho falta cambiar la etimología de la palabra para introducir esa acuñación lexicológica que sería la matria potestad, basta con decir que la patria potestad es perfectamente predicable de las mujeres y las mujeres pueden ser titulares de la patria potestad. De la misma forma, ninguna etimología puede encerrar de manera inalterable un concepto que es disponible para el legislador, el concepto que define una relación jurídica con derechos y obligaciones, con sujetos, con contenidos y efectos. Eso es una institución jurídica, eso es el matrimonio, y eso es, por tanto, de lo que debe entender el legislador en esta ocasión.


Hay otra variación de esta refutación, que es la que atiende a la dimensión teleológica del matrimonio como una institución destinada a la procreación. Si fuera así, no tendría cabida en nuestro ordenamiento el matrimonio entre personas que se saben estériles o entre personas de la tercera edad, es absurdo, claro que es absurdo. Por ello es absurdo pretender que el matrimonio no puede ser concebido como una institución jurídica entre personas que no pueden procrear entre sí, y sin embargo esas argumentaciones jurídicas las hemos escuchado en el curso del debate. Pensamos que ni se sostienen ni tienen recepción ni acogida en las

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percepciones ampliamente mayoritarias de la sociedad española, que está en disposición de acoger nuevas modalidades afectivas y de convivencia que tienen lugar en esta sociedad, que no resultan ofensivas para nadie, que no resultan lesivas para los derechos de nadie y que, sin embargo, deben trascender de la tolerancia más o menos amplia de los sectores mayoritarios de la sociedad española a su acogimiento en términos de institución jurídicamente relevante, ocupando su lugar en la ordenación de la sociedad.


Una cuarta línea de argumentación es la que pretende que actuando así, con la ley, desde la ley democrática, se devalúa la institución hasta hacerla irreconocible. Pensamos, por el contrario, que extender un derecho no es devaluarlo, extender el ámbito de los sujetos que pueden hacer valer ese derecho, que pueden ejercerlo libremente, teniendo en cuenta una vez más que no estamos hablando de ninguna obligación, no es devaluar en absoluto el derecho ni tampoco la institución. Por el contrario, es reforzarla, es fortalecerla, es afianzar su pervivencia, es afianzar su significación y es incluso reconocer que esa institución puede ser relevante para personas o colectivos que nunca lo han podido ejercer y que quizás por esa misma razón, porque lo han tenido denegado, porque lo han tenido cerrado, porque lo han tenido cegado como camino, han llegado a apreciarlo hasta dimensionarlo como un valor simbólico del que reclaman respuesta al legislador cuando llega el momento, y pensamos que el momento es este.


Finalmente, hemos escuchado en este mismo orden de consideraciones algunas argumentaciones que merecen muy poca atención desde esta tribuna, desde la de que abrir la puerta con la ley en la mano por decisión de este Parlamento al matrimonio entre personas del mismo sexo es lo mismo que abrir la puerta a la poligamia hasta la de que abrir la puerta al matrimonio entre personas del mismo sexo equivale a abrir la puerta a la consagración jurídica de relaciones de zoofilia. La poligamia es sencillamente inviable en nuestro ordenamiento jurídico porque ahí el artículo 32 de la Constitución es perfectamente explícito. Estamos hablando de una relación con plena igualdad jurídica, y la poligamia no puede basarse en la plena igualdad jurídica, como tampoco la poliandria.
Y en cuanto a la zoofilia, no rebajaré la estatura de este Parlamento dedicando un solo segundo de atención a esas consideraciones que se descalifican por sí solas. (Aplausos.)

Se nos ha preguntado más de una vez por qué establecer el matrimonio entre personas del mismo sexo en un contexto institucional, en un contexto como el europeo, en el que pocos países hasta la fecha han dado ese paso adelante. En primer lugar, hay ejemplos en el derecho comparado de las democracias avanzadas de la Unión Europea que invitan a dar un paso al frente a una sociedad y a un Parlamento cuya mayoría apueste por el cambio. Ahí están los ejemplos belga y holandés, que han establecido esta institución. El caso de Bélgica puede ser especialmente llamativo, no solamente por su configuración como Estado federal, sino porque ha sido perfectamente capaz de combinar la presencia en su seno de una importante representación de una confesión religiosa como es la confesión católica, sin que este asunto resulte divisorio en la sociedad, abriéndose paso de manera pacífica y habiéndose consolidado en el momento presente. Otros ordenamientos, como el británico o el canadiense, han dado acogida ampliamente a equiparaciones perfectamente análogas a las del matrimonio entre personas del mismo sexo a efectos tan sensibles como el que antes subrayé de la adopción. Cinco de las provincias que componen la unión federal de Canadá han establecido en sus ordenamientos civiles respectivos el matrimonio entre personas del mismo sexo. De hecho, también en la diversidad del derecho civil foral o especial autonómico español comienzan a darse manifestaciones de avances dispersos en esta línea de futuro, como es el caso de que Navarra y Euskadi hayan establecido ya asiento legal para la adopción por parte de parejas homosexuales aun cuando convivan sin estar casados, de modo que puedan ser parte de un procedimiento de adopción de manera conjunta.


Lo importante es que la Constitución europea en su conjunto nos está apuntando la línea de futuro. La Constitución europea ha sido votada por los españoles en referéndum el pasado 20 de febrero y debemos celebrarlo como un éxito de todos. Es el camino del futuro. Una de sus grandes contribuciones es la de haber incorporado por fin en su parte segunda una Carta de Derechos Fundamentales, en donde se consagra de manera rotunda el derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación. Y cuando consagra el derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación en el artículo 81 lo hace en unos términos muy parecidos al modo en que lo hace nuestra Constitución en el artículo 14, pero aun más explícitos, y prohibe toda discriminación por razón de orientación sexual, no solamente como lo hace nuestro artículo 14 por razón de raza, religión, creencias, sexo y cualquier otra condición personal o social, sino que también prohibe cualquier discriminación por razón de orientación sexual.
Este es un mandato que, sin lugar a dudas, se abrirá paso en el conjunto de la Unión Europea a través de una verdadera onda de modificaciones legislativas que irán armonizando la receptividad de los ordenamientos de los Estados miembros en relación a esta forma de convivencia. Pero es que además el artículo 69 de esa misma Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea al establecer el derecho al matrimonio se preocupa de señalar que el derecho al matrimonio acoge a todas las personas de acuerdo con lo que establezcan las leyes de los Estados miembros. No señala, por tanto, siendo una opción que se consideró en el conjunto del debate, que el derecho al matrimonio sea consagrado por la Constitución europea solo para los hombres con las mujeres o

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las mujeres con los hombres, sino para todas las personas de acuerdo con lo que establezcan las legislaciones de los Estados miembros. Esta es la hora, por tanto, de que acogiéndonos a la invitación que nos señala el camino de la Unión Europea, del mismo modo en que España fue la primera en ratificar por referéndum la Constitución europea, dé un paso y lo haga además entre las primeras en Europa, entre las primeras sociedades democráticas, abiertas, libres y pluralistas en Europa que deciden dar una recepción y una acogida positiva, desde la tolerancia y desde la receptividad, a esta modalidad de afecto y de convivencia.


Déjenme decir, para acabar, que ninguna consideración de orden ajeno a este debate de valores debe tener lugar en este preciso trámite. No desde luego aquellas consideraciones que pretenden que acoger el matrimonio entre personas del mismo sexo requiere una evaluación de gasto o una memoria económica. No solamente porque es evidente que no nos hallamos ante una ley que implique gasto, no solamente porque es evidente que no nos hallamos ante una ley de carácter económico, sino porque los derechos económicos que puedan devengarse de las modalidades de afecto o de convivencia no tienen nada que ver con el matrimonio. Tienen que ver con el hecho de haber cotizado a la Seguridad Social o de haber pagado impuestos. Tiene que ver con el hecho de haber convivido largamente y poder por tanto reclamar ante tribunales en el caso de resultar perjudicado por una pérdida, por un fallecimiento inesperado o por un desahucio, algún tipo de derecho. Pero en última instancia porque es innoble, es sencillamente innoble pretender vincular una extensión de derechos civiles a la causación o la irrogación de algún tipo de perjuicio económico, de desestabilización de las variables de nuestro bienestar. Por tanto, creemos que estamos dando un paso en la dirección correcta del cumplimiento de los mandatos más profundos de nuestra Constitución y de la Constitución europea, en sintonía con los sentimientos y percepciones mayoritarias de la sociedad española, coherente con los compromisos que hemos contraído con la ciudadanía, honestamente, en el momento oportuno y atendiendo de manea ineludible la palabra dada. Esperamos que a partir de ahora el Parlamento, que tiene que cumplir su trabajo, esté igualmente a la altura de ese compromiso.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


Se han presentado dos enmiendas a la totalidad. En primer lugar, va a ser defendida la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por dos portavoces, que se van a repartir el tiempo. Tiene la palabra el señor Duran.


El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señora presidenta.


Como usted acaba de señalar, a la Cámara no le sorprenderá que en el caso del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) existan posiciones diversas en torno a este proyecto de ley y que, consecuentemente, reparta el tiempo que voy a utilizar, no tanto en cuanto portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sino en cuanto a portavoz, que tengo el honor de serlo en estos momentos, de los diputados de Unió Democrática de Catalunya.


No voy a rebatir, señor ministro, sus argumentos. Sinceramente no me siento aludido en la referencia a lo que ha sido la evolución del trato a la mujer. Tampoco va conmigo cuando usted se refería a elementos distorsionadores de este debate como la poligamia. Cuando hace referencia a la Constitución, no le voy a dar más autoridad a usted para interpretarla que al propio Consejo de Estado, cuyos argumentos le recordaré a lo largo de mi intervención. Y mucho menos voy a ampararme en sus argumentos a la Constitución europea. Yo fui de los que se mojaron públicamente para la defensa de la Constitución europea, la voté y no comparto en absoluto la interpretación que usted hace de la misma. Entre otras cosas, usted mismo señala que lo remite a las legislaciones de los Estados y eso es algo que forma parte de otro documento o principio de la Constitución europea que es el principio de subsidiariedad. Por tanto, no es cierto que la Constitución europea abra o no el terreno, lo que hace es permitir que cada Estado haga lo que crea oportuno, cosa que era exactamente igual antes que después de la Constitución europea.


De todas formas, entiendo que este es un debate importante, el ministro hablaba de lo escueto del contenido de la propuesta, y quisiera recordar dos ideas de Lionel Jospin. En primer lugar, defendía la necesidad de una auténtica libertad para debatir esta cuestión. Estaba pensando en que no era justo que no pudiera defenderse sin ser tachada de homófoba una posición contraria al reconocimiento del matrimonio de los homosexuales, que no tanto al derecho, de lo que después hablaré, a las uniones civiles de los homosexuales. Eso sirve tanto para quienes mantenemos una posición en este sentido como para aquellos que en este debate han hecho alusiones, a las que usted ha hecho alguna referencia, y que yo, como usted, no suscribo. En segundo lugar, Lionel Jospin hacía una observación respecto al sentido o importancia de las instituciones que, por otra parte, veo que es creciente en una sociedad caracterizada por el individualismo y por la desvinculación. Las instituciones vertebran la sociedad, ofrecen un estatus y unos puntos de referencia y, desde esa perspectiva, el valor jurídico que se les da a esas instituciones requiere un reconocimiento que nosotros deseamos lo sea para el matrimonio como unión de hombre y mujer, por diversas razones.


Decía en la justificación nuestro grupo parlamentario o, mejor dicho, los diputados de Unió Democrática, que defendíamos, dentro de que aceptamos y recordamos

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el respeto a la libertad que ha de tener toda persona para escoger la opción de convivencia que estime oportuna, el matrimonio como una unión estable y comprometida entre hombre y mujer. Este no es un debate entre derecha e izquierda y menos todavía entre un supuesto progresismo y una iglesia, la Iglesia católica en particular, sino un debate que en toda Europa sobrepasa las barreras ideológicas o partidarias. He hecho referencia, y podría reiterarle conceptos milimétricamente asumidos por esta persona, al líder socialista francés, pero podría hablarle de idénticas declaraciones de la ministra de Justicia, miembro del SPD alemán y, por tanto, miembro del gabinete de Schroeder; podría hacer referencia a declaraciones de la ex ministra Ségolène Royal, conocida en Francia como la zapatera, compañera del secretario del Partido Socialista francés; del candidato que lo va a ser frente a Berlusconi, Romano Prodi, cuando afirmaba categóricamente: no tengo ninguna duda al respecto, soy contrario a ese matrimonio, o del candidato demócrata John Kerry, por no hablar de Bill Clinton, que el año 1996 aprobó y defendió la Ley de Defensa del Matrimonio, Defense of Marriage Act.


El propio Consejo de Estado ratifica estas opiniones y, desde esa perspectiva, deja claro en diversas partes del dictamen de 16 de diciembre de 2004 la importancia del matrimonio y, a partir de aquí, no comparte lo que proclama el Gobierno en su proyecto de ley. El ministró recordó que es cierto que en Europa -hablando de derecho comparado- solo son dos países los que contemplan esta posibilidad y, en cambio, sí que han cogido cuerpo fórmulas como convivencia o pareja registrada en los países nórdicos, pacto de solidaridad en Francia, comunidad de vida en Alemania y esta es, por otra parte -idea que también suscribía Kerry como pacto civil de solidaridad; estoy por la unión civil, decía Kerry, su candidato en la campaña norteamericana en las últimas elecciones presidenciales, en uno de los debates electorales en la CNN en alguna confrontación con su opuesto, hoy presidente, George Bush- nuestra posición, exactamente la tendencia que se sigue en los países del norte de Europa, que es la posición de Kerry, la posición de Jospin y de tantos líderes socialistas. Tanto es así, que usted sabe perfectamente que el primer Gobierno en el conjunto del Estado español que reguló y reconoció los derechos de las parejas de hecho, sean homosexuales o heterosexuales, fue el Gobierno catalán, reconociendo los derechos sobre los que tiene competencia nuestra legislación al respecto, y lo hizo, además, una consejera de Justicia miembro del partido que tengo el honor de representar y, consecuentemente, siendo, insisto, la primera institución, el primer Gobierno, el primer Parlamento que reconocía esos derechos.


No estoy de acuerdo con que no admitir el matrimonio de personas del mismo sexo es discriminatorio. A mi juicio, nada más lejos de la realidad.
Podemos tratar de manera diversa aquello que es diferente; la discriminación vendría por el tratamiento idéntico de realidades distintas. Me remito al Consejo de Estado, señor ministro: La remoción de toda discriminación por razón de la orientación sexual no requiere la inserción del nuevo modelo de pareja en la institución matrimonial: por una parte, porque la limitación del matrimonio a las parejas heterosexuales no supone un trato discriminatorio ni desde la perspectiva de la Constitución, que usted interpreta al revés que el Consejo de Estado, ni desde las declaraciones internacionales de derechos, como se ha visto; y por otra parte, porque las discriminaciones que se puedan dar en el tejido social no se evitan mediante la configuración legal de un matrimonio. La pluralidad de realidades -añade- demanda una diversidad de instituciones. Y esa es nuestra posición al respecto.


Otro punto de la iniciativa es el que hace referencia a la adopción. En este sentido, en vez de reproducir los argumentos sobre posiciones políticas para subrayar el carácter transversal de este debate o hacer referencia al derecho comparado, quiero señalar lo que dice el artículo 108 del Código Civil: la filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción. Desde nuestro punto de vista, no puede sostenerse que la adopción sea, desde la perspectiva jurídica o social, una institución de guarda y cuidado nada más; reproduce los efectos jurídicos, sociales y económicos de la filiación biológica, aquello que viene del derecho romano, base de nuestro derecho, que es la adopción, sigue la naturaleza.


Le recuerdo una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 26 de febrero de 2002, sobre la adopción: no se pretende dar un niño a una familia, sino dar una familia a un niño. Esta expresión la recordaba ayer el presidente de Extremadura, que es una de las comunidades que ha avanzado en esta legislación. Hace unos meses, leí unas declaraciones en las que decía el señor Rodríguez Ibarra: buscamos parejas para los niños, no niños para las parejas. Además, participando ayer con él en una cena-homenaje a Santiago Carrillo (por cierto, algunos de los valores presentes en aquella cena le convendrían a la Cámara, a la vista de algunas de las reacciones de unos y otros grupos), me decía: explica, además, que lo que rechazan, mientras que mi comunidad lo permite, es el acogimiento. ¿Por qué no se acepta la figura del acogimiento y tenemos que regular la figura de la adopción?

Insisto en que nuestra posición no es contraria al respeto y dignidad de las personas homosexuales; no es contraria al reconocimiento de sus derechos. No es válido el argumento de que ya tienen lugar adopciones, porque el consejo consultivo de la Generalitat, en un dictamen de 5 de enero de 2005, hace precisamente el ruego de que se introduzcan en la legislación civil cláusulas no elusivas, que impidan burlar las legislaciones. Por otra parte, no creo que la posición de nuestro grupo

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sea incompatible -este es otro argumento- con la adopción por personas solteras, todo lo contrario. Que una persona soltera adopte no la excluye ni, menos aún, la sustituye.


Acabo, señor ministro, diciéndole que hubiera deseado un debate en su partido, y en los demás partidos en general, como el que ha tenido el Partido Socialista francés, un debate más profundo. Esta Cámara va a rechazar, sin duda, nuestra enmienda a la totalidad. Nuestro grupo parlamentario lo respeta, faltaría más; pero seguramente habrá que debatir otro proyecto de ley como consecuencia de una iniciativa popular y, en cualquier caso, creo sinceramente -dicho con todo respeto- que ustedes se equivocan. Este es un error que, al final, lo pagará toda la sociedad: escueto en cuanto a disposición, pero profundo en cuanto a repercusiones. Una comparación, señor ministro: he visitado recientemente en París una exposición de Paul Virilio. Había una primera escenificación de la velocidad y una segunda del accidente; creo que estamos en la primera parte, en la velocidad, y que después vendrá el accidente.


Muchas gracias, señora presidenta, señor ministro.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Duran.


Continuamos, señor Campuzano, con el turno de Convergència.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, subo a la tribuna en representación de los diputados y de la diputada de Convergència Democràtica de Catalunya, para fijar nuestra posición respecto a estas dos enmiendas de totalidad. Tengo que empezar diciendo que Convergència Democrática se aproxima a la iniciativa del Gobierno, que está íntimamente conectada con valores y creencias, partiendo del respeto a la conciencia personal de sus militantes y otorgando a sus diputados la libertad de posicionarse en función de sus valores y creencias. Como en la sociedad, las posiciones de Convergència Democrática son plurales y somos los diputados quienes asumimos esta responsabilidad frente a nosotros mismos, frente a nuestras creencias y frente a nuestros electores. Pues bien, en este ámbito de valores, de creencias y de prácticas, esta aproximación de Convergència Democrática es la más adecuada, porque además nuestra posición es plural. En nuestro grupo habrá compañeros que se sentirán perfectamente amparados por la intervención del señor Duran; habrá compañeros que entenderán que el proyecto del Gobierno es adecuado, pero que puede ser discutible en lo relacionado con la adopción, y algunos compartiremos la literalidad de este proyecto. Precisamente desde esa pluralidad de posiciones, Convergència Democrática deja a la responsabilidad de sus diputados las votaciones que se vayan produciendo en este asunto a lo largo del trámite parlamentario, eso sí, partiendo de una posición expresada en el reciente Congreso de Convergència Democrática de Catalunya, en el sentido de remover los obstáculos que impiden la efectiva igualdad de las personas homosexuales, respetando todas las opciones, especialmente la opción que plantea Unión Democrática en este debate, socios de federación y de coalición durante más de 25 años, y sin prejuzgar el voto final de cada uno de nosotros en función del propio debate y de esas posiciones de partida.


Los diputados de Convergència Democrática no vamos a poder apoyar hoy las enmiendas a la totalidad de devolución del texto del Gobierno, porque entendemos que debemos entrar en la discusión parlamentaria de este proyecto. Teniendo en cuenta que algunos de nosotros concebimos el matrimonio civil como una institución laica y dinámica, orientada a promover relaciones estables de adultos, por su bien y en beneficio del conjunto de la comunidad, hoy ya no puede configurarse de manera discriminatoria respecto a un conjunto de ciudadanos, impidiendo a las personas homosexuales beneficiarse de la protección que esta institución supone. Lo hacemos también en defensa de la familia y de sus valores, convencidos de que una concepción realista y moderna de la familia -como núcleo vertebrador de la sociedad, como espacio de solidaridad y afecto entre las personas, como espacio de socialización y educación de los hijos- no se les puede negar a las personas homosexuales. Amarse y convivir de forma amparada por la ley en los mismos términos que la mayoría, justifica perfectamente la orientación de este proyecto. Lo hacemos también, señorías, en defensa de los hijos de las familias homosexuales. Quiero citar una sentencia reciente del Tribunal Supremo de Massachusetts, de 3 de febrero de 2004, donde se afirmaba: excluir a las parejas del mismo sexo del matrimonio civil no beneficia a los hijos de los matrimonios heterosexuales, sino que priva a los hijos de las parejas del mismo sexo de las innumerables ventajas que se derivan de la seguridad de una estructura familiar estable para la educación y cuidado de los hijos. Por lo tanto, en la defensa de los hijos de las familias homosexuales, estamos a favor de la extensión de este derecho a estas personas. Además, lo hacemos en la defensa de la igualdad ante el acceso a los derechos, pues estos no deben vincularse nunca a que de ellos se beneficien pocas o muchas personas; los derechos son de todos, con independencia del número de ciudadanos que se puedan beneficiar de ese reconocimiento. Y también en defensa de la libertad, de la libertad de todos y no de la mayoría. La libertad es un concepto que debe abrazar al conjunto de los ciudadanos.


Convergència i Unió ha llegado a este debate después de un largo recorrido en esta materia durante muchísimos años, recorrido que hemos hecho de la mano de Unió Democràtica. El señor Duran nos recordaba que la Ley de Parejas de Hecho fue aprobada en

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el Parlamento de Cataluña -pionera no solo en el conjunto del Estado, sino en el conjunto de la Europa latina-, durante la etapa de Miguel Roca, junto con los debates de la Ley de Arrendamientos Urbanos, las modificaciones del Código penal, etcétera. Se trata de un largo recorrido en la materia, precisamente en la remoción de los obstáculos en los que se fundamentaba la discriminación histórica de las personas homosexuales.


Hoy, acompañándonos en la tribuna activistas del movimiento gay, y desde la coherencia con ese largo recorrido de Convergència i Unió y específicamente desde Convergencia Democràtica de Catalunya, queremos expresar nuestro compromiso con una sociedad abierta y democrática, con una sociedad basada en la dignidad de todas las personas y con una concepción de la política al servicio de la persona concreta, de todas las personas concretas. En este sentido y con esta orientación nos vamos a posicionar todos respecto a este proyecto de ley en las próximas semanas y en los próximos meses.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Campuzano.


Continuamos con la siguiente enmienda a la totalidad.


Para su defensa, tiene la palabra la señora Torme.


La señora TORME PARDO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, tomo la palabra para defender la enmienda de totalidad que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado al proyecto de ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio; proyecto que, en mi opinión, ha sido defendido con escasa convicción por el señor ministro de Justicia y, además, empleando argumentos que carecen de una rigurosa fundamentación, como ya se ha podido acreditar en la intervención de anteriores portavoces.


Nosotros no presentamos esta enmienda contra el objetivo que dice perseguir el Gobierno en la exposición de motivos de este proyecto: acabar con cualquier tipo de discriminación por razones de orientación sexual. Este objetivo es sin duda compartido. De hecho, sustenta la propuesta que mi grupo ha presentado en esta Cámara para la regulación de las uniones civiles estables. Presentamos una enmienda de devolución a la opción que ha elegido el Gobierno para conseguir este objetivo, una opción -usted lo sabe, señor ministro- nada pacífica, muy controvertida, tanto desde el punto de vista social como del jurídico, que puede generar una gran incertidumbre en una institución fundamental en nuestra convivencia como es el matrimonio y que, a juicio de muchos, ofrece serias dudas de inconstitucionalidad.


Señorías, ¿cuál es la cuestión de fondo que hoy debatimos aquí? No debería ser otra que la de abordar la convivencia en pareja de personas del mismo sexo mediante un estatuto jurídico que atribuya derechos y obligaciones, si se quiere, análogos a los que derivan del matrimonio, pero sin que esa regulación suponga una quiebra, una alteración sustancial de la institución matrimonial, reconocida y protegida por nuestra Constitución.
Señorías, deberíamos abordar la regulación jurídica de la convivencia de parejas homosexuales con un gran acuerdo, porque de esa manera estaríamos dando una solución a un vacío legal existente y, además, recogeríamos el sentir mayoritario de la sociedad española.


Esta Cámara ya acreditó en junio del año pasado que comparte unánimemente el objetivo de acabar con toda discriminación jurídica de las parejas estables, con independencia de cuál sea su orientación sexual. Prueba de ello fue el debate de toma en consideración por este Pleno de las iniciativas que pretenden regular las denominadas parejas de hecho, entre las que se encuentra la del Grupo Parlamentario Popular. Todas SS.SS.
saben que nuestro grupo ha propuesto crear una figura jurídica específica, la unión civil estable, que configura un marco de derechos y obligaciones para estas parejas sin que pueda haber discriminación alguna. Pues bien, cuando teníamos la oportunidad, la posibilidad de construir entre todos un instrumento jurídico valioso para las parejas formadas por personas del mismo sexo, cuando podíamos alcanzar un gran acuerdo político que diera garantía y estabilidad, no solo para el presente sino también para el futuro -algo que es fundamental-, cuando estamos hablando de convivencia, cuando hablamos de derechos y libertades de las personas, cuando ese acuerdo podía contar con un mayoritario respaldo social, ¿qué es lo que hace el Gobierno? El Gobierno socialista desprecia todo ese esfuerzo, se aparta de esa voluntad de acuerdo y, de manera unilateral y precipitada, salta en el vacío proponiendo una reforma nada pacífica, muy controvertida, en una cuestión transcendente en la que el Gobierno debería buscar el mayor de los consensos. Además, desde distintos ámbitos sociales, desde distintas instituciones y organismos, como la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el Consejo General del Poder Judicial, el propio Consejo de Estado, les están diciendo que la opción que ustedes han elegido no es la idónea para el logro de los objetivos propuestos. También suscita serias dudas en cuanto a su adecuación, proporción e incluso constitucionalidad.


Señorías, para que no haya dudas, de todas las instituciones y organismos que les están pidiendo que reconsideren su iniciativa, voy a leer unos párrafos del informe del Consejo de Estado, que es el máximo órgano consultivo del Gobierno. Antes de hacerlo, quiero resaltar que desde que ustedes han asumido sus responsabilidades de Gobierno vienen pregonando de manera propagandística esta medida diciendo que es la única forma posible de eliminar la discriminación que sufren

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las parejas homosexuales, que es la opción mayoritaria de todos los países de nuestro entorno, que es plenamente constitucional y que no supone ninguna alteración de la institución matrimonial. Lo hemos escuchado en boca de muchos dirigentes socialistas y hoy también por parte del señor ministro de Justicia.


Todas estas afirmaciones que ustedes vienen realizando quedan rotundamente desmentidas en el informe del Consejo de Estado y este órgano a este respecto afirma -cito literalmente- lo siguiente: Frente a la opción que refleja el anteproyecto, no deben desconocerse otras vías que permiten alcanzar los objetivos que se persiguen y en particular la regulación diferenciada de la nueva forma de convivencia en pareja al margen del matrimonio. Cierro comillas. Esta es exactamente la postura que defiende mi grupo parlamentario y mucha más gente en nuestro país. Retomo la cita: En la Unión Europea se aprecia con claridad un progresivo reconocimiento y regulación de nuevos modelos de convivencia, también entre parejas del mismo sexo, con atribución de derechos análogos o próximos a los que derivan del matrimonio. En cambio, la apertura del matrimonio a parejas del mismo sexo es absolutamente minoritaria, tanto en la Unión Europea como en el ámbito internacional. Señor ministro, se lo repito, absolutamente minoritaria. Con esta reforma, la postura española sería totalmente excepcional.


El Consejo de Estado también manifiesta que el artículo 32 de la Constitución solo garantiza el derecho fundamental a contraer matrimonio a parejas de personas de distinto sexo. No existe este mandato constitucional del que usted ha hablado, si bien ello no impide que el legislador pueda regular otros modelos de convivencia en pareja entre personas del mismo sexo y les atribuya análogos derechos a los previstos en distintos ámbitos en relación con el matrimonio. Sigue diciendo el Consejo de Estado: La concreta opción adoptada en el anteproyecto no es indispensable -se lo recalco, señor ministro, no es indispensable- para el logro de los objetivos que este se propone, a la vista de las distintas opciones que evidencia el derecho comparado en la materia. En todo caso, suscita dudas que sea proporcionada a partir de una ponderación de los bienes, valores e intereses en juego y se aprecia un riesgo de afectación de la garantía institucional del matrimonio. La garantía institucional -sigue diciendo el Consejo- impide alterar la institución matrimonial más allá de lo que su propia naturaleza tolera.
No excluye que el legislador pueda adecuar las instituciones garantizadas al espíritu de los tiempos, pero le impide hacerlo en términos que las hagan irreconocibles por la conciencia social de cada tiempo y lugar.
Señor ministro, vuelva a leerse con detenimiento este informe. Concluye el Consejo de Estado pidiendo al Gobierno que reconsidere la vía escogida para conseguir estos fines, teniendo en cuenta la posibilidad de dar cauce a los objetivos perseguidos por el legislador a través de otros medios más acordes con la Constitución. Se lo vuelvo a decir, el Consejo pide que el Gobierno reconsidere esta iniciativa.


Disculpen, señorías, la extensión de la cita, pero me parece de sumo interés, máxime viniendo de donde viene. Al igual que el Consejo de Estado, mi grupo les pide a ustedes, señores de la mayoría, que reconsideren esta reforma, que retiren este proyecto de ley, que iniciemos un proceso de diálogo a través de las iniciativas que ya se encuentran en tramitación en esta Cámara. Saben -así lo dice de forma muy clara el Consejo de Estado- que esta no es la única opción posible; al contrario, es la menos adecuada y más perjudicial. No es la opción mayoritaria en el ordenamiento internacional, sino lo contrario, minoritaria y excepcional. Además, hay serias dudas jurídicas sobre su constitucionalidad y desde luego no existe el mandato constitucional al que usted ha hecho referencia. No es una opción respaldada por un amplio consenso político y social, como recomienda también este organismo, lo que sería garantía de la necesaria estabilidad y seguridad jurídica en cuestiones tan trascendentes como estas.


Señor López Aguilar, usted que forma parte de un Gobierno que presume de gobernar escuchando a la sociedad, que presume de gobernar para todos con diálogo y talante, sabe que aquí están haciendo todo lo contrario.
Ignoran las recomendaciones de los informes y dictámenes de órganos constitucionales, desprecian a miles de ciudadanos que han promovido una iniciativa legislativa popular, admitida a trámite en esta Cámara, que tiene como objeto remarcar el carácter heterosexual del matrimonio, así como impedir la adopción por parejas homosexuales. Rechazan la oferta de nuestro grupo para alcanzar entre todos un gran acuerdo que de una forma pacífica, adecuada, sensata y eficaz, dé respuesta a las demandas de las parejas homosexuales.


Si, como decía esta semana el señor Rodríguez Zapatero, los tres grandes conceptos de su mandato son paz, ciudadanía y talante democrático, en esta reforma que ustedes proponen vulneran todos ellos. La iniciativa no es pacífica, sino que provoca confrontación y crispación social; no cuenta con el respaldo mayoritario de la sociedad y ese concepto de ciudadanía, al que ustedes les gusta tanto aludir, se traduce en gobernar para muy pocos. Por último, su talante democrático lleva en esta ocasión a la fractura social y a la imposición parlamentaria. No creo que sea una buena forma de conmemorar su primer año de Gobierno. Un Gobierno tiene como misión esencial arreglar y resolver conflictos, no crearlos, como hacen ustedes -hemos tenido otro debate de gran interés-, su obligación es atender las demandas de la sociedad, pero no violentar sus relaciones internas, no violentar su convivencia. Esta ley no contribuye a esa obligación que tiene todo Gobierno, muy al contrario. Las personas del mismo sexo que deseen vivir en pareja y acordar las consecuencias jurídicas de su relación es lógico que puedan

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hacerlo, pero extender la institución del matrimonio a esa unión, a esa relación, es algo que no tiene ningún sentido, es simplemente un error que no beneficia a nadie y genera problemas, como cualquiera puede alcanzar a comprender.


Por otra parte, atribuirse la representación de los derechos e intereses de los homosexuales no solo es una atribución que no les corresponde, es que además es una gran tontería. Los derechos de las personas homosexuales nos preocupan a todos y afortunadamente en una sociedad plural, como es la nuestra, nadie puede atribuirse en exclusiva su representación, porque todos los representamos. Este proyecto ni siquiera representa el sentir del conjunto de las personas homosexuales, solo atiende a esa ridícula posición que ustedes mantienen, muy probablemente por ausencia de otras iniciativas y con voluntad de situarse en lo que para ustedes es la vanguardia y pronto se demostrará que es retroceso y perturbación social. El radicalismo no tiene por qué ser vanguardista.
Más bien, con frecuencia, se convierte en fanatismo retrógrado. No han valorado las consecuencias, han actuado con precipitación; no han valorado ni se han preocupado por los efectos de esta ley; por no valorar, no han valorado ni el coste económico que conlleva, lo que debería generar gran inquietud en aquellas personas a quienes ustedes han despertado grandes expectativas. Señor ministro, ¿qué pretende usted con esta reforma, que no haya un derecho a la pensión de viudedad para una persona que vea cómo fallece su cónyuge. ¿Esto no tiene ningún coste económico? ¿Es que para estas personas no va a haber derechos laborales con costes económicos? ¿Es que la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas no se les va a aplicar con las desgravaciones consiguientes? Hay costes económicos. Quien hace una propuesta seria y rigurosa analiza también el importe económico que eso conlleva. Ya no nos causa extrañeza, lo hemos pedido aquí y se nos ha denegado.


Lo que resulta mucho más inquietante es que no han reflexionado sobre los efectos que puede generar en la adopción de niños. Señores de la mayoría, señores del Gobierno, ¿están ustedes seguros de que no se va a condicionar el libre desarrollo de la personalidad de los niños adoptados por parejas homosexuales? ¿Están protegiendo el interés preferente del menor en las adopciones, su derecho a tener un padre y una madre, o ponen por encima el interés de quienes quieren adoptar? Además, señor ministro, quiero recordarle que en España el 90 por ciento de las adopciones que se realizan vienen de 10 Estados que tienen suscritos convenios con nosotros y expresamente prohíben que se pueda adoptar por parejas homosexuales, con lo que ustedes crean riesgos e incertidumbre. España puede convertirse en un país poco fiable desde el punto de vista de la adopción internacional. Reflexionen. Algo tan controvertido como esto -estoy segura de que muchas de SS.SS. están preocupadas y les inquieta tomar una decisión sobre una cuestión tan delicada como esta de una manera precipitada- lo resuelven con discursos simplistas y vacíos, sin estudios ni valoraciones de fondo, por pura pose y sin valorar sus consecuencias.
Probablemente, ahí radica su principal responsabilidad y los efectos más perniciosos de este proyecto de ley. Sé que es muy difícil hacerles recapacitar desde posiciones políticas, pero al menos escuchen a las instituciones, a los organismos, a las asociaciones y a la gente. No estamos en un debate ideológico, no hablamos de derechas e izquierdas, como ha dicho el señor Duran i Lleida, estamos ante posiciones de sentido común, de racionalidad, y hoy ustedes cometen un grave error.
Recapaciten.


De los muchos errores que ustedes han cometido, el principal no se concreta en una iniciativa legislativa ni en alguna de sus actuaciones, sino en la filosofía que inspira todas ellas. Ustedes se dedican a dividir, a fraccionar, a distinguir entre buenos y malos, entre mejores y peores, víctimas del terrorismo buenas y víctimas del terrorismo menos buenas (Rumores.), católicos y no católicos, homosexuales y heterosexuales, defensores de los derechos de los homosexuales y homófobos. Apártense, señor ministro, de esta postura; dedíquense a integrar, a hacer una sociedad para todos en la que quepan todos, hacer de España una tierra de convivencia. Les aseguro que merece y merecerá la pena. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Torme.


¿Algún grupo desea ejercer el turno en contra? (Pausa.)

Pasamos, señorías, al turno de fijación de posiciones. Comenzamos con el turno del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


En esta Cámara, en la anterior legislatura, se presentaron ya iniciativas en relación con admitir al matrimonio a las personas de conducta homosexual; en esta misma legislatura se registró el día 5 de abril de 2004 una proposición de ley del Bloque Nacionalista Galego taxativa, elemental y contundente a este respecto. Más adelante, hubo un acuerdo mayoritario de la Cámara instando al Gobierno a que efectivamente ejercitase a través de una ley este derecho, ley que fue registrada, o por lo menos firmada, el 21 de enero del año 2005.


La exposición que voy a hacer a continuación en nombre del Bloque Nacionalista Galego quiero que se fundamente, primero, en un pequeño análisis cultural sobre lo que significó y lo que debe de significar en el futuro el matrimonio. Voy a recurrir a una cultura común en el mundo occidental, que es la cultura literaria, tanto la del mundo más circundante, el del que

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ahora llaman Unión Europea, yo diría más bien de toda Europa, y lo que es en particular mi país, Galicia.


Seguramente todas y todos ustedes leyeron obras maestras como Madame Bovary, Anna Karenina, Tristana o La Regenta. Podríamos extender la nómina y comprobar que en todas estas grandes novelas de la literatura del siglo XIX hay una obsesión por la institución del matrimonio como una institución opresiva en contra de las mujeres. Son mujeres infelices por su dependencia económica; son mujeres infelices por su falta de autonomía moral, por su falta de aprecio psíquico y también, por supuesto, por su dependencia económica respecto de los maridos. No era, por lo tanto, un contrato entre iguales, y el esfuerzo que hubo que hacer para que ese contrato se fuese aproximando a un contrato entre personas aún no ha acabado definitivamente.


Ahora voy a citar el caso particular de mi país. El gran clásico de nuestra literatura, Rosalía de Castro, era una mujer hija de hidalga arruinada y de un cura de la Iglesia católica, de un sacerdote. Nunca sintieron resquemor ni sentimiento de pecado ni su madre ni ella ni el padre curiosamente, al que reconoció en vida e incluso fue a su entierro con entera tranquilidad. Quiero decir que la sociedad de hace siglos, de hace tiempo, veía determinado tipo de comportamientos con más naturalidad de lo que hoy se puede ver. ¿Qué pasó entonces entre el siglo XIX y hoy para que estas cosas se vean con anormalidad?

La propia Rosalía, hablando del matrimonio, decía precisamente en el debate poético con la Iglesia católica, que ella comprendía que el matrimonio era efectivamente un ensayo, una pesada cruz, un auténtico lodo y un dogal, incluso una cuerda para ahorcarse. Era como veía ella el matrimonio. Decía a la Iglesia católica que era curioso que ninguno de sus miembros, de los miembros más importantes, practicase el sacramento del matrimonio, y veía ella una contradicción poderosa para criticar a aquellos que se oponían al matrimonio civil y al divorcio en nombre de un sacramento que, por lo que se ve, era indisoluble. Pues bien, la única manera que veía Rosalía de superar estas contradicciones de la Iglesia católica desde una posición no confesional era decir: Digan ustedes lo que quieran. En todo caso, el matrimonio, si está justificado -y lo decía poéticamente como conclusión- es por lo siguiente. (El señor Rodríguez Sánchez pronuncia palabras en gallego, continuando su intervención en castellano.) Por una necesidad física, por una necesidad económica, en todo caso, por una necesidad material. Esto era lo único que admitían las personas normales que se veían abocadas a esa situación porque no había otro margen de maniobra.


Me gustaría recordar desde este estrado que las reacciones intolerantes que hemos visto estos días de una mayoría de iglesias oficiales -quiero remarcarlo-, católicas o protestantes, olvidan que esta es una institución, tal como la conocemos, del siglo XIX. Si uno va atrás en el cristianismo, se podría encontrar con sorpresas si recurre a un análisis de la historia no oficialista. Hay razones y datos más que fundados para saber que, no de forma jurídico-burguesa o democrático-burguesa, sino de forma de convivencia, había hermanamientos entre personas del mismo sexo justamente en el primer cristianismo, en el cristianismo evangélico.


Señorías, nos interesa decirles todo esto para que vean que desde la institución del matrimonio burgués del siglo XIX hasta hoy hubo un trayecto para democratizarlo, para llegar a una institución auténticamente civil. Ahí cumplió un papel fundamental el divorcio, divorcio que solamente es justo si las mujeres pueden ser también independientes e iguales. Por tanto, señorías, estamos ante una institución humana y ante un contrato de convivencia, con o sin procreación, porque imagino que nadie de la Iglesia católica está disolviendo matrimonios porque él o ella no puedan o no quieran procrear.
Hay un dato contundente: lo que está excluido hasta ahora de esta tradición oficialista es el matrimonio homosexual.


Como representante de una fuerza política, me asusta observar como una parte del Poder Judicial, con retórica sofisticada, con galimatías jurídicos, intenta justificar la discriminación u ocultar el prejuicio, cuando lo que hay en esas posiciones es el peso de barreras y límites de la tradición, de la costumbre o de una historia contada oficialmente o, lo que es mucho peor, de unas concepciones biologistas atávicas que están además perfectamente condicionadas por las estructuras de poder. No es que vayan por detrás de la sociedad, señorías, es que se están oponiendo a la fuerza de la vida, de la naturaleza, que quiere que todas las personas seamos iguales.


Estos días, pueden todos ustedes ir al cine y ver una película que se titula Kinsey, de Bill Condon. Kinsey fue un americano que, como muchos americanos, tiene que tropezar siempre con la sociedad convencional y con el poder político para estudiar nada menos que la conducta sexual de la sociedad americana. Efectivamente, llegó a establecer una escala de cero a seis, en la que estoy por asegurar que nos podríamos introducir todas las personas que estamos aquí. El cero es totalmente homosexual y el seis es totalmente heterosexual, pero las conductas intermedias son muy variables. ¿Qué se propone, unas estructuras rígidas en las que no quepa nada más que un determinado tipo de conducta, por cierto teórica y simbólica, porque entre el seis y el cero hay muchas cuestiones? ¿Es que vamos a seguir con estas actitudes de carácter homofóbico? ¿Vamos a seguir excluyendo socialmente? ¿Vamos a dejar el aparato jurídico solamente para la sanción, la sacralización de la homofobia y de la exclusión? ¿Es que la igualdad no tiene que estar al servicio de los cambios culturales y de los cambios mentales también? ¿Es que la adopción no debe de estar en función de la madurez de las

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personas y no de su conducta sexual? ¿Va a estar en función también de la capacidad de procreación? Esto no es que sea solamente injusto, es que científicamente a estas alturas ni siquiera es contrastable.


En todo caso, señor ministro, creo que el Estado español va a dar un paso cualitativo, y esto es verdad, con relación al resto de la humanidad. No es un paso exclusivo, va a ser un arma de cuya incidencia y de cuyo alcance la propia evolución social dará cuenta, porque hay que pensar que hay mucha gente de cualquier condición que no le vale ya el matrimonio como institución, que siguen considerando la visión del matrimonio en esa visión, no decimonónica por los problemas del siglo XIX, sino porque consideran que es mejor una convivencia libre, sin ataduras de carácter institucional sacralizado.


Nosotros, los que vamos a votar en este caso con el Gobierno, lo que queremos es desacralizar, reconocer y legitimar la convivencia, los deseos de muchas personas en el terreno de derecho civil: materia tributaria, materia sucesoria, protección social y adopción. Queremos que el matrimonio sea una institución racional y de la justicia. Hay que perder el miedo a nosotros mismos, a lo que somos como hombres y mujeres, también muchas veces por naturaleza o por opción libre. Solamente hace falta que compartamos respeto, dignidad y responsabilidad de los actos que hacemos. Eso es igual para los casados ahora, para los heterosexuales, para los casados que son homosexuales, para las mujeres que no están casadas, para las mujeres que adoptan o para los hombres que adoptan. Las iglesias seguirán celebrando sus ceremonias matrimoniales conforme a sus ritos que, por supuesto, nosotros respetamos, incluso respetamos que tenga trascendencia de carácter civil. Podrán también seguir excluyendo de sus matrimonios a los homosexuales; allá ellos y su concepción de la moral. Aquí abrimos las puertas del derecho civil, de la institución del matrimonio con sus efectos jurídicos hasta ahora excluidos. Es precisamente la culminación de un proceso, no el final, que consistió en recelar y minusvalorar a las mujeres en el matrimonio y recelar y minusvalorar a los homosexuales, que no sólo no tenían derecho al matrimonio, sino que no tenían derecho a manifestarse incluso como tales personas.


Creo señorías, y acabo ya, señora presidenta, que lo que vamos hacer es dar un paso más para liberar de adyacentes y para liberar de efectos perturbadores a lo que nosotros consideramos la institución matrimonial, que está aún cargada de ciertos matices de tabú, de cierta sacralización que, francamente, ni los hombres ni las mujeres tienen por qué soportar.
La humanidad avanza precisamente porque hay momentos en que alguien toma decisiones excepcionales, y así se va cambiando la norma. En todo caso, el Bloque Nacionalista Galego sabe que no solo algunos de sus electores, sino algunos de sus militantes, pueden no compartir lo que yo dije aquí, pero seguro que la inmensa mayoría comparte el derecho de todos a vivir, de todos a que nos reconozcan y que la ley nos ampare a todos por igual.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA(Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez.


Continuamos con el turno de Coalición Canaria. Tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta. Estamos ante un debate de enmiendas a la totalidad que se han presentado por el Grupo Parlamentario Catalán, tanto por el sector de Convergència como por el de Unió Democrática de Cataluña, y por el Grupo Parlamentario Popular sobre un tema de los que pueden ser tratados en los debates parlamentarios, ante la opinión pública sobre todo, desde un punto de vista político, desde un punto de vista ideológico, desde un punto de vista religioso; de los que se puedan llevar al debate con todos los matices que se quiera tener, desde un puro sentido tecnológico de juridicidad, de principios de legalidad, como desde un principio ideológico, más centrado en la vehemencia de la polémica.


Por las razones que voy a especificar ahora y tomando una posición parlamentaria dialéctica, mi grupo va a votar en contra de las enmiendas de totalidad que se han presentado a este proyecto de ley y que han defendido tanto el señor Durán y Lleida como la señora Torme. Decimos esto porque si el tema es polémico desde un punto de vista iedológico, jurídico, incluso etimológico y semántico por la palabra matrimonio y por el alcance que puede tener respecto al concepto de las libertades constitucionales españolas, es bueno que se debata en ponencia, en Comisión y posteriormente en el Pleno, para que los grupos parlamentarios, tanto a través del amplio paquete de enmiendas que se pueden presentar a un proyecto de esta envergadura como del debate dialéctico, podamos defender nuestras posiciones.


Mi grupo quiere respetar porque se sitúa en una posición de libertad de conciencia, al mismo tiempo que quiere libertad para que se manifiesten todas las legítimas opiniones, expresiones, argumentos y justificaciones de defensa ante una materia de este tipo que, como digo, trasciende a veces el propio debate parlamentario para situarlo en la opinión pública y en la que puede haber posiciones a favor, posiciones en contra y posiciones que tratan de dar una solución a los temas polémicos. Es necesario que la sociedad española se normalice respecto a estos temas para que podamos, como decimos siempre, y como aprendimos de lo que decía el que fue presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, en los albores de la transición desde el grupo que entonces acogía aquí a parlamentarios de la Unión de Centro Democrático, hacer normal a nivel de Gobierno lo que era normal a nivel de calle y que, por tanto, tengamos pacificados estos debates una vez que se puedan defender

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todos los principios, ideológicos, desde un punto de vista laico o religioso, en cualquiera de las acepciones del cristianismo o del catolicismo, o cuestiones de pura técnica legislativa en un sistema democrático como el que nos da nuestra Constitución. Creemos que esto permite ampliar el debate para que todos los grupos, desde cualquiera de sus posiciones, a favor, en contra o intermedia, puedan pronunciarse al respecto.


En la línea de favorecer este debate, mi grupo va a votar en contra de estas enmiendas para que, a través de la tramitación parlamentaria del proyecto que ha presentado el Gobierno y que ha defendido el señor ministro de Justicia, podamos hacer un documento definitivo que sea plenamente aceptable al menos por aquellos a los que va dirigido, que son los que tratan de utilizar una fórmula del matrimonio nueva en nuestro derecho de relación de pareja y cívico en España, en cualquiera de sus acepciones, en una página nueva en la concepción jurídica de este derecho al que mi grupo entiende que tenemos el deber de defender en el Parlamento.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones, muchas gracias.


Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Tiene la palabra la señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, el 29 de junio fue un gran día para las libertades y los derechos civiles, sobre todo para los colectivos de gays y lesbianas de nuestro país, a los cuales desde aquí quiero de nuevo saludar y reconocer todo el trabajo que durante tantísimos años han realizado de manera silenciada y además frente a una dureza difícil de comprender en este momento histórico. La lucha que estos colectivos han realizado ha sido el auténtico motor del cambio en nuestra sociedad y de que hoy demos un paso más hacia la plena equiparación de derechos. Gracias a ellos y fundamentalmente a ellos, después, en todo caso, también gracias a que hay una mayoría progresista en estos momentos en la Cámara, es posible que hoy podamos realizar un debate de estas características. Nosotros ya adelantamos que, por supuesto, apoyamos el proyecto de ley y rechazamos las enmiendas a la totalidad que se han presentado.


El día 29 de junio, la mayoría de los grupos parlamentarios nos mostramos satisfechos porque se trajera de nuevo a debate a esta Cámara, ya que en otras legislaturas se había traído innumerables veces por diferentes grupos parlamentarios. En esta ocasión se traían cuatro proposiciones de ley, de Convergència i Unió, de Esquerra Republicana, del Grupo Mixto y de Izquierda Verde, y cada una de ellas sobre un mismo tema, la igualdad jurídica para las parejas o las uniones de hecho. También ese día se debatió la proposición no de ley relativa al matrimonio entre personas del mismo sexo, en este caso del Grupo Socialista, que ha dado lugar al proyecto de ley que modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio y que hoy ha traído a debate a este Pleno el Gobierno. En aquel momento, el Grupo Popular y Convergència i Unió ya se manifestaron en la línea de lo que hoy ha sido el debate. Queremos recordar que nuestro grupo parlamentario ya había presentado también al inicio de esta legislatura de nuevo, como en otras legislaturas había hecho, una proposición de ley en los mismos términos que el Gobierno.


Decía que el 29 de junio fue un gran día por varias razones. Primero, porque las proposiciones de parejas de hecho, todas ellas con mayor o menor apoyo, tuvieron el suficiente como para que se aprobara la toma en consideración y ahora están en proceso parlamentario de presentación de enmiendas por parte de cada grupo. Esperamos, y adelanto ya porque creemos que el debate de las parejas de hecho -y por esto lo sitúo- va a ser otro debate importante, que el resultado sea una ley de máximos, ya que ni está superada ni es innecesaria, como pretende el Grupo Popular, sino que complementará y cerrará el círculo de este proceso de cambios legislativos por la igualdad jurídica y el reconocimiento de la diversidad de modelos familiares. Ese día también se aprobó la proposición no de ley, un paso trascendental sin duda, que ha dado origen a este proyecto de ley que hoy debatimos. Se aprobó con el voto de una amplia mayoría de todos los grupos menos los que hoy han presentado la enmienda a la totalidad. Yo les quiero decir a estos dos grupos, en primer lugar, que tienen todo su derecho político y parlamentario a presentar, como han hecho, enmiendas de totalidad, pero también les digo que eso no cambiará las cosas y, sobre todo, no enturbiará la satisfacción que tuvimos el día 29 de junio y que volveremos a tener, todos y todas, los que sí confiamos y creemos en el Estado de derecho, el día en que finalmente esta Cámara apruebe el texto que regulará el matrimonio entre personas del mismo sexo. Con su enmienda a la totalidad tan solo nos están dando una nueva oportunidad de hacer pedagogía en esta Cámara y de poder explicarles de nuevo las razones por las que esta proposición debe avanzar y, quién sabe, quizá poco a poco ustedes vayan viendo las cosas de otra manera, de una manera más sencilla, más simple y más humana y que quisiera resumir de la siguiente forma. Sencillamente, hay hombres que se quieren entre sí y parejas de mujeres que se quieren entre sí y que pretenden algo tan básico como poderse casar, si así lo deciden libremente. En definitiva, pretenden casarse como en principio el resto de las parejas. Pretenden casarse por amor, que no se ha dicho. Se habla de afectividad tímidamente. Se quieren casar por amor, señorías.
¿Qué les

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parece? Nos preguntamos dónde está el problema. El problema no existe y ahora intentaré demostrárselo.


En primer lugar, no existe el problema por cuestiones legales. Tenemos la obligación de respetar la Constitución, y ustedes, al igual que nosotros, son grandes defensores de ella. El artículo 9.2 de la Constitución española habla de la obligación de los poderes públicos de hacer efectivo el disfrute de los derechos por todos los ciudadanos de manera real y efectiva; el artículo 10.1 nos habla de la dignidad de la persona y del libre desarrollo de la personalidad; el artículo 32 atribuye al legislador ordinario la regulación de este derecho a contraer matrimonio, la edad, la capacidad para ello, los derechos y deberes del cónyuge, etcétera. Nos deja por tanto el legislador constitucional la potestad a nosotros, los legisladores ordinarios, para regular estas cuestiones.
Cierto que el artículo 32.1 que aducen dice: El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Fíjense, el hombre y la mujer. No dice entre sí, obligatoriamente entre sí. Lo que pretendía sin duda, señorías, en aquellos momentos el legislador constitucional era algo que ya se ha dicho en esta Cámara: reforzar la igualdad entre el hombre y la mujer, ya que, como seguramente todos ustedes saben, salíamos de más de 40 años de dictadura, con una cultura y una política de sumisión y de desigualdad hacia las mujeres enorme. Eso pretendía el legislador en aquellos momentos. Hay más referencias legales, señorías. Lo que hoy debatimos ni siquiera, ya se ha dicho, es una primicia en el ámbito europeo. En 1994, el Parlamento Europeo recomendó a todos los países miembros en su resolución del 8 de febrero la no discriminación de gays y lesbianas y que se eliminaran los obstáculos que impidieran contraer matrimonio, y además el año pasado, el 22 de marzo de 2004, se dio un paso más en el Parlamento Europeo aprobando un informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en el que se pide a los Estados miembros que se reconozcan los mismos derechos a las parejas de hecho, tanto a las formadas por parejas heterosexuales como homosexuales. Se ha dicho -no me voy a extender- que Bélgica y Holanda ya han establecido el matrimonio civil para parejas homosexuales.


No duden que podría seguir -de hecho me han pedido que sea muy breve y voy a intentar serlo, pero podría seguir- mencionando cuestiones de amparo legal. Por ejemplo, ustedes han sido, tanto el grupo de Unió como el Grupo Popular, grandes defensores de la Constitución europea, también se ha dicho. Mi grupo no lo ha sido, queríamos más Europa, pero en todo caso reconocemos, como reconocíamos, que había aspectos de la Constitución europea que eran realmente positivos. Por ejemplo, en su título III, referido a la carta de los derechos, dedicado a la igualdad, prohibe toda discriminación por razones de orientación sexual. ¿Van a ir ustedes, señorías, en contra de la Constitución europea?

El Grupo Popular pide una regulación diferenciada. Eso, señorías, es discriminación, lo miren como lo miren y lo quieran vender como lo quieran vender, y hay cosas que no se pueden disfrazar, son lo que son, y los gays y lesbianas son como usted y como yo, y como el otro y la otra diputada y el otro diputado, y como aquel juez, y como aquella abogada, aquel lampista o aquel o aquella peluquera. Resulta que son y están en igualdad con todos, perteneciendo a todos y a todas, en todas las familias, en todas las clases sociales, en todos los grupos políticos y en todos los grupos parlamentarios, me atrevería a decir; están para lo bueno y para lo malo, están para pagar impuestos y para recibir prestaciones, para ser reconocidos y para ser respetados, como todos y todas merecemos ser respetados sin diferenciación legal ni de derechos.


Aquí quisiera pararme en una cuestión que me ha afectado profundamente de la intervención del Grupo Popular. Señorías, sincera y personalmente les digo que hablar del coste económico en un tema como este es no tener en cuenta la dignidad de la persona. ¿Qué precio ponemos a la dignidad de las personas? (Aplausos.)

Los diputados de Unió, si me permiten, van más allá, su enmienda tiene calado más ideológico y moral, menos jurídico que el del Partido Popular, y desde mi punto de vista con más carga subjetiva y de valores, que sin duda yo les respeto profundamente pero que no puedo compartir. En primer lugar, se desprende de su enmienda a la totalidad que aquellas parejas que no puedan tener hijos no son matrimonio. Podría leer, pero se ha comentado y todos lo sabemos. Entendemos que está muy mal, señores de Unió, y ya se ha dicho también aquí, pues hay muchas parejas que deciden casarse, unirse en matrimonio y que han decidido ya de antemano no tener hijos, lo cual no quiere decir que esto no sea un matrimonio en toda regla, con todos los derechos y todos los deberes. Ese no es hoy el objetivo principal de una pareja. Salgan a la calle y pregunten, la gente se casa porque quiere casarse, porque quiere vivir en pareja y se casa, repito, por amor, pero no en principio exclusivamente o con el objetivo de tener descendencia.


Por otro lado, quieren tratar de manera diversa, dicen, aquello que es diferente, ustedes lo dicen así en su enmienda. Volvemos a lo mismo: ¿diferente a quién? ¿A usted? ¿A mí? ¿A quién? Están dispuestos a conceder todos los reconocimientos legales y jurídicos -fiscalidad, Seguridad Social, laboral, nacionalidad-, todos menos el sagrado matrimonio. Aquí estamos regulando el matrimonio civil, entre otras cosas porque es el único que tiene una validez jurídica y legal. El otro matrimonio, el sagrado, no nos corresponde a nosotros regularlo ni nos inmiscuimos en ello.


Por último, nos describen un modelo de familia que ustedes defienden, pero parece que no se han enterado de que ya no responde al modelo familiar único y uniforme de nuestro país. Nos hablan -podría leer el

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párrafo tres, pero no lo voy a hacer por falta de tiempo- de una familia estable. Señores de Unió, ¿qué es una familia estable hoy en día? En este mismo Parlamento, según los datos públicos, hay un porcentaje importantísimo de diputados y diputadas separados y divorciados, entre ellos yo misma. ¿Cree usted que nuestras familias son estables? Hoy tenemos tantas tipologías de familias como personas y núcleos familiares y solo hay una cosa en que podamos estar de acuerdo, en que debería coincidir que entre todas ellas hubiera una cuestión en común, la decisión libre de convivencia y el amor -y lo repito porque se habla muy poco de esto- que les une. Señores de Unió, ese es el punto de confluencia. Ahí está lo que a pesar de ser diferentes nos identifica como seres humanos.


Por último, señorías, no puedo evitar un poco de historia. El matrimonio tal y como lo conocemos nace en la antigua Roma más o menos seis años antes de Cristo, que es lo mismo que decir antes que la Iglesia católica.
Básicamente era un contrato entre pater familias. En concreto, el objetivo era que el hombre pudiera tener descendencia legítima y sobre todo que fuera masculina. Los hijos pasaban a ser propiedad del hombre y no de la mujer. El nombre de la familia pasaba de hombre a hombre. El matrimonio servía para la descendencia. Era un acto privado entre dos genes o familias y el Estado no participaba en nada. En ese contexto el matrimonio no tenía sentido entre personas de diferente sexo, pues el objetivo realmente era la procreación. El amor quedaba fuera absolutamente del matrimonio y eso estaba muy entendido por toda la sociedad, sobre todo por los señores en este sentido. Con los debidos respetos, algunos párrafos de su enmienda a la totalidad, señores de Unió, nos retrotraen a esta época, en la que el concepto de matrimonio romano era ducere virginem in matrimonium, que es conducir a la virgen a ser madre. Señorías, es evidente que ha llovido mucho desde entonces y mi ilustración era tan solo para poner en evidencia que no son las leyes divinas las que inventaron el matrimonio, sino que fueron la sociedad y los poderes de aquel momento los que buscaron normas que fueran acordes a sus intereses y a su sistema de vida. Y aunque me encantaría seguir detallando elementos que demuestran la evolución de las sociedades y las culturas, termino diciendo, como ya se ha dicho, que no es hasta el siglo XIX cuando aparece en nuestra sociedad el casamiento tal y como ahora lo concebimos, y es la propia evolución de las sociedades hacia la libertad, el respeto y la igualdad la que hace posible que hoy estemos debatiendo este tema y que muy pronto, como ya vaticinó mi compañero Joan Saura en su intervención de la legislatura pasada, muy pronto, lo quieran o no, aprobaremos esta proposición que parte de una realidad social y que queremos la mayoría de los grupos y de la sociedad, la mayoría de los ciudadanos.


Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Duran i Lleida pide la palabra.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora García Suárez.


A antes de darle la palabra, señor Duran, me gustaría decirles, señorías, que existe una función en los móviles que se llama reunión o silencio.
Por favor, o los apagan o hagan uso de la misma, y se lo recuerdo también al señor Moragas, que por tercera vez le ha sonado. Si todos los diputados hacemos lo mismo, es imposible seguir un debate.


Adelante, señor Duran.


El señor DURAN I LLEIDA: Pido la palabra por el artículo 71, que se refiere a cuando se formulan alusiones que implican un juicio de valor.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Entonces, señor Duran, le daré la palabra por el artículo 73, porque ha sido usted directamente contradicho en sus argumentos por dos veces. Tiene usted una breve réplica.


El señor DURAN I LLEIDA: La pido por el 71 en cuanto juicios de valor que ha emitido en función de mi intervención.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Yo entiendo y así lo juzga la Presidencia, y tendrá usted su réplica, que lo único que ha sucedido es que por dos veces ha sido aludido de manera directa contradiciendo los argumentos que usted había expuesto.


Adelante.


El señor DURAN I LLEIDA: Insisto en que no pido la palabra por los argumentos utilizados sino por la interpretación y el juicio de valor que ha hecho de mis argumentos. En ningún momento he hecho ninguna mención o referencia a la defensa del matrimonio sagrado. La señora diputada sí ha aludido a que esa era mi intención. Por tanto, ese es un juicio de valor sobre mi opinión. Y en cuanto a lo que he dicho respecto a soluciones desiguales para realidades desiguales, lo que dice nuestra enmienda es exacta y literalmente lo que dice el Consejo de Estado, y me imagino que la interpretación que pueda hacer el Consejo de Estado como mínimo será aceptable por cualquier grupo parlamentario como respetuosa.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Duran. Dudaba si estaba utilizando usted el turno de réplica o todavía no. Muchas gracias en cualquier caso.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra la señora Uría.


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La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, señor ministro, el Grupo Vasco votará que no a las dos enmiendas a la totalidad hoy presentadas, pero lo hará en el mismo contexto en el que formulamos nuestra intervención cuando el pasado 29 de junio del año 2004 nos posicionábamos en cuanto a la proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a traer un proyecto de ley sobre la materia que hoy nos trae. Decíamos que nuestra formación política reconoce que en esta materia hay un sustrato de convicciones personales y que quizá en un futuro, según se vaya desarrollando la tramitación de esta norma, el voto que hoy puede ser colectivo y que el otro día lo fue, dé paso a posturas individuales, existiendo, como nos ha dado nuestra formación política, libertad de voto en esta materia. No obstante, nuestra libertad de voto se mueve dentro de un abanico que intentaré exponer a sus señorías.


Nuestro grupo en su conjunto está desde luego a favor de los derechos de los homosexuales, que deben gozar de los mismos derechos y tener los mismos deberes y responsabilidades que cualquier otra pareja heterosexual; es decir, propugnamos que las parejas homosexuales tengan idéntica consideración y protección legal que aquella que el matrimonio otorga a las parejas que contraen matrimonio. Sin embargo, si la institución adecuada es la denominada matrimonio o si ha de denominarse de otra manera es lo que diferencia las posturas que se sostendrán en mi formación política. Tenemos, por tanto, un abanico de posibilidades dentro de la postura, insisto, de rechazo a las dos enmiendas a la totalidad. El abanico iría desde quienes, como esta diputada, entienden que la redacción que la Carta Magna da al artículo 32 atribuye al legislador ordinario le regulación de los pormenores de este derecho, la edad, la capacidad para contraer derechos y deberes de los cónyuges; el legislador constitucional deja que el legislador ordinario -nosotros lo somos- regulemos cuál ha de ser el contenido de la institución del matrimonio. Además, es fácil decir que cuando el artículo 32 habla del hombre y la mujer, no dice el hombre con la mujer. Quizá la interpretación sea simplista, pero cabe esa interpretación. También es fácil decir que cuando el artículo 32 de la Constitución habla del elemento igualdad dentro del matrimonio no está pensando en la situación actual referida a la condición de homosexuales. Corría entonces, señorías, el año 1978 y se trataba de regular el matrimonio igualitario entre hombres y mujeres. Por tanto, tampoco es cierto que la institución del matrimonio haya sido siempre igual e idéntica. El matrimonio entre iguales solo existe en nuestro ordenamiento a partir de la Constitución, no en tiempos anteriores, cuando había, como recuerdo por haber ejercido antonces de joven abogada, determinadas sumisiones de la mujer respecto a la institución matrimonial. Por tanto, cabría pensar que una adecuación a los tiempos actuales podría pasar, por lo menos para algunos de quienes formamos parte de mi formación política, por la admisión del matrimonio entre homosexuales.


Decíamos que la lectura que se hace de la institución del matrimonio en la Constitución en el artículo 42 intenta imbuirla del artículo 14 en relación con la igualdad de sexos, pero podíamos pensar también ahora que podría estar influido por el artículo 9.2, cuando habla de la obligación de los poderes públicos de hacer efectivo el disfrute de los derechos por todos los ciudadanos de manera real y efectiva, o el artículo 10.1, cuando habla de la dignidad de la persona y del libre desarrollo de la personalidad. Entendemos que la Constitución no prohibe la admisibilidad de estos matrimonios; es posible, en derecho, admitirlo y, por tanto, insisto, una parte de mi formación política apoya esta idea. Sin embargo, no es así, y creemos que no lo es, no solo respecto a nuestra formación política sino también a una gran parte de la ciudadanía en la medida en que nos es dado trasladar su opinión. Si es posible una interpretación tan flexible del texto constitucional como he manifestado, es puesto en duda incluso por altas instituciones: el Consejo de Estado -se ha aludido al informe que acompaña a este proyecto de ley-, en su dictamen 2628/2004, de 16 de diciembre, que, no teman, no pediré que sea leído en esta Cámara, o el propio Tribunal Constitucional, que en su auto 222/1994, de 11 de julio, tampoco se manifiesta partidario del principio heterosexual como calificador del vínculo matrimonial. El Consejo de Estado es taxativo en relación con la interpretación que ha de darse al 32.1 en cuanto que dicho precepto garantiza el derecho a contraer matrimonio al hombre y la mujer y no a las parejas del mismo sexo. Ello, no obstante, no significa que el matrimonio suponga una reserva exclusiva de los derechos derivados de la convivencia estable, puesto que las uniones homosexuales tienen derecho a acceder al conjunto de derechos y deberes que integran aquel estatuto matrimonial. Como acertadamente señala, se debe dar una equiparación de efectos jurídicos sin identidad institucional, postura que, insisto, sostiene parte de la formación política a la que represento. En definitiva, el dictamen del Consejo de Estado posibilita que se dé una regulación adecuada y ad hoc al nuevo modelo o modelos de convivencia de pareja, siendo así que la regulación diferenciada no supone por fin un distinto nivel de derechos y deberes ni una limitación en cuanto a las prestaciones sociales. Se cree necesario en el marco de la Unión Europea -dice- un progresivo reconocimiento de los nuevos modelos de convivencia, con derechos análogos a los derivados del matrimonio, pero con perfiles propios en cada país en función de la propia tradición y en el marco de sus respectivas constituciones.


Por lo anteriormente expuesto, las enmiendas parciales que va a presentar nuestro grupo van dirigidas al reconocimiento íntegro de la figura de las uniones civiles

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entre personas del mismo sexo, que, con una regulación en cuanto a formas y requisitos de eficacia que deberá aprobar el legislador de forma independiente, alcanzará los mismos efectos que el matrimonio -insisto- y reconocerá a los unidos civilmente los mismos derechos y obligaciones que otorgan las leyes a los contrayentes en el matrimonio. Ello es así para que exista la posibilidad de que todos los miembros de nuestra formación política puedan plasmar en su voto la identidad de su querencia en esta materia, aunque dentro de ella habrá quien, como quien es ponente en este momento en relación con las enmiendas a la totalidad, vote la identidad con la totalidad del proyecto que es presentado por el Gobierno. Estamos de acuerdo, además, con el fundamento constitucional de la competencia estatal que contiene el proyecto del Gobierno, cuando lo engancha en el artículo 149.1.8 de la Constitución española y deja amplio campo a lo que está ya regulado en las diversas normas aprobadas por las comunidades autónomas; normas de las más amplias en cuanto a reconocimiento de derechos, adopción incluida, como la de la comunidad autónoma en la que tiene responsabilidades de gobierno el partido al que tengo el honor de pertenecer y en cuyo nombre hablo en esta tribuna.


Haré referencia a las dos enmiendas a la totalidad presentadas por dos formaciones políticas, ninguna de ellas excesivamente exhaustiva, al menos en cuanto a su formulación escrita. La presentada por los diputados que pertenecen a Unió tiene una carga ideológica -espero que no se me ofenda el portavoz del grupo y que no considere necesaria la réplica o la puntualización- que consideramos absolutamente respetable; carga ideológica religiosa, si me permite manifestarlo, que no hay que asumir necesariamente -aunque sí respetar, insisto- cuando se quiere legislar para la sociedad civil, que es lo que quiere esta Cámara. Las referencias que se hacen en el párrafo primero a los valores de generación y estabilidad nos parece que no son atendibles en absoluto en un país -en un Estado- que tiene el divorcio completamente normalizado como institución legal y en el que además incluso desde el punto de vista del sacramento del matrimonio el valor de la generación no es el único ni el primordial en la institución matrimonial. Con ello debo manifestar también que su defensa en esta tribuna ha tenido una altura extraordinaria y ha expuesto argumentos de gran importancia respecto, insisto, a quien sostiene un determinado sustrato ideológico. No considero necesario extenderme sobre las referencias que se han hecho a la adopción, puesto que la formación política a la que pertenezco ya manifestó su criterio al legislar para la Comunidad Autónoma vasca tal posibilidad en toda su extensión.


La enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular nos parece que una vez más hace trampa. Últimamente, todas las enmiendas a la totalidad que presentan incumplen de forma palmaria el artículo 110 del Reglamento en cuanto a que por escrito no se manifiesta nada sobre la oportunidad, principios o espíritu que rigen la iniciativa. Debo manifestar que tampoco desde la tribuna se nos ha aclarado gran cosa, excepto una colección de obviedades que suelen ser los tópicos al uso cuando se trata de esta materia. Dice que no se considera ni posible ni adecuado. He querido explicar anteriormente que posible sí es; adecuado, se lo parece a mi formación política. Es además tramposa la iniciativa -si se me permite manifestarlo- en cuanto a la mención que hace de informes que puedan avalar su posición, o de países que ya tienen legislada la materia, citando únicamente aquellos que le afectan, de la misma manera que se citan instituciones y organismos que se han manifestado en un sentido, cuando son muy numerosos los que se han manifestado en cuanto a posibilidades en sentido contrario. Además, el párrafo tercero nos parece abiertamente cínico -si me permiten decirlo- en cuanto hace referencia a la posibilidad de regulación de los derechos de los homosexuales en una unión civil, cuando, tras ocho años en el Gobierno, en ningún momento han considerado que la sociedad civil demandaba una regulación de este estilo, y han sido numerosísimas las veces en que, por uno u otro conducto, han llegado iniciativas sobre este asunto a esta Cámara. Quizá sea que perder las elecciones les ha persuadido de que la sociedad demandaba cuestiones distintas de las que su formación política venía sosteniendo y quizá por eso las perdieron.


Insisto, nuestra formación política rechaza las dos enmiendas a la totalidad y prefiere entrar en el debate del texto concreto que hoy se nos presenta, sin adelantar ahora cuál sea la postura definitiva que respecto a su tenor -si la institución debe llamarse matrimonio o no, con identidad de derechos- vayan a sostener los siete miembros que componen el Grupo Parlamentario Vasco en esta Cámara. No obstante, nuestra postura estará siempre anclada en lo que es proclama política de nuestra formación. Cuando celebrábamos la asamblea general, en enero del año 2004, el presidente de nuestro partido decía: Reivindicamos la plenitud de derechos de este segmento de la población, que durante muchos años ha permanecido discriminado, que han sido continuamente desposeídos de sus derechos como personas y que todavía no pueden ejercer sus opciones en igualdad con respecto a su condición de ciudadanos. Añadía además que seguiríamos pidiendo que alcancen el pleno respeto y las mismas opciones de desarrollo personal que los demás. En estos parámetros se moverá la formación política a la que represento y, una vez más, insisto en que rechazaremos las dos enmiendas a la totalidad que se presentan.


Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora Uría.


Continuamos con el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.


Tiene la palabra el señor Cerdà.


El señor CERDÀ ARGENT: Señora presidenta, señorías, la palabra es normalidad. Es clave reconocer y asumir una realidad existente y la normalidad del reconocimiento de la homosexualidad por el conjunto de la sociedad como una variante más y sin más dentro del riquísimo mundo de las relaciones afectivas. Normalidad social significa equiparar en derechos civiles y conseguir la convivencia de las diferencias sin que se pierdan sus rasgos más identitarios y característicos. Gays, lesbianas y transexuales han hecho un largo y duro camino, que viene de un trayecto histórico lleno de obstáculos, aversiones, discriminaciones, presiones y vejaciones, que nosotros de manera humilde queremos reconocer aquí. En estos momentos gracias a la organización y al trabajo de todos ellos y de todas ellas las cosas están cambiando socialmente y también debemos cambiarlas legalmente. Muchas de las iniciativas que tomamos son fruto de años de trabajo y de empuje; no obstante, sigue habiendo muchos puntos oscuros. No podemos dejar de condenar las agresiones y los actos violentos que todavía se producen en nuestra sociedad contra este colectivo.


Se ha trabajado duro y ahora hemos de pedir coherencia a nuestras señorías. Por eso, reclamamos ahora el pleno reconocimiento social. El imperio restringido y opresivo del heterosexualismo y el androcentrismo ha de dejar paso a las prioridades de expresiones afectivas, libres, individuales y respetuosas con todas las personas. El matrimonio es una institución reconocida constitucionalmente; tradicionalmente el ordenamiento jurídico español ha considerado el matrimonio y el parentesco como supuestos de hecho que producen una serie de consecuencias jurídicas, y la realidad de las parejas de hecho no ha sido ignorada tampoco por la Constitución cuando acordó protección constitucional a la familia en el artículo 39.1 y la desligó el matrimonio. La Constitución recoge el derecho al matrimonio en el artículo 32, así como las condiciones de su ejercicio y sus efectos. La Constitución no identifica la familia a la que manda proteger con la que tiene origen en el matrimonio. Por ello, afirmar la necesaria protección de diferentes modelos sociales de familia no significa afirmar que la protección a las familias de hecho y al matrimonio haya de ser idéntica.
Las personas cuya opción sexual es homosexual han de poder elegir entre las diferentes formas de relación de pareja y de familia que contempla nuestra Constitución, de la misma manera que podemos elegir las personas con opción sexual heterosexual. Por ello, se nos puede plantear un problema de diferenciación entre la opción sexual de las parejas. Se trata de normalidad e igualdad, igualdad de todas las parejas a la hora de elegir la constitución de su relación. (El señor presidente, Cisneros Laborda, ocupa la Presidencia.) El principio de libertad matrimonial que deriva de la Constitución implica una libertad positiva, entendida como el derecho de todas las personas a casarse, y una libertad en sentido negativo, como derecho a no casarse. En este sentido, esta Cámara no puede imponer a ninguna persona o unión estable ningún modelo de relación. Debemos poner fin a todas las restricciones de los derechos que actualmente sufren lesbianas y homosexuales. Debemos eliminar las restricciones que lesbianas y homosexuales tienen actualmente para ser padres y a adoptar, así como para educar hijos. El marco de convivencia del Estado español no puede ignorar más a lesbianas, a gays, a mujeres y hombres transexuales. Estamos en una nueva etapa política en la que se pretende cambiar las políticas reaccionarias del Gobierno anterior del Partido Popular; es el momento de hacer posible que la homosexualidad y la transexualidad dejen de estar satanizadas y reprimidas. Hemos de establecer dignidades ignoradas, hemos de permitir la determinación individual que representan lesbianas, hombres y mujeres transexuales y gays. Desde Esquerra Republicana queremos un Estado español y unos países catalanes que sean vanguardistas en derechos y donde todas las opciones y expresiones sexuales, respetuosas, libremente elegidas, todas, tengan reconocido su espacio. Es una cuestión, señorías, de libertad, de libertad de elegir, de vivir y de convivir armónicamente cada uno con su condición; es una cuestión de igualdad, de igualdad de derechos; es una cuestión de fraternidad, de fraternidad con la diferencia. Libertad, igualdad y fraternidad, una música republicana que ahora y aquí suena a marcha nupcial. (Aplausos.)

Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Cerdà.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Villarrubia tiene la palabra.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.


Señorías, estamos hoy de nuevo ante el cumplimiento de un compromiso electoral del Partido Socialista y de la palabra dada por el presidente del Gobierno en el discurso de investidura. Estamos en pleno proceso de ampliación de los derechos civiles y de las libertades públicas: Ley orgánica integral de violencia de género, Ley de separación y divorcio, esta misma de matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera. Se trata del desarrollo de la libertad como valor fundamental del ordenamiento jurídico, se trata del respeto al ser humano por encima de cualquier otro interés o consideración coyuntural. Con este proyecto de ley, señorías, queremos poner fin a una larga historia de discriminación

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basada en la orientación sexual; apostamos por la plena igualdad jurídica, la equiparación jurídica sin reparos, sin adjetivos, sin hipocresía, sin concesión de derechos. No es una concesión, es una equiparación, corrigiendo una injusticia histórica que en muchas partes del mundo, pero en nuestro país en concreto, tenemos. Es, señorías, otro acto de política con mayúsculas de este Parlamento, que dignifica al Parlamento y a la sociedad en su conjunto. Estamos luchando por la plena igualdad jurídica, a la vanguardia, cierto es, de los países europeos y no va contra nadie, sino a favor de la igualdad.


Señorías, hay dos enmiendas de totalidad. Respecto a la primera, con una reglamentaria teórica división de la intervención de Convergència i Unió, lo digo con todo respeto, no compartimos la enmienda de totalidad de Unió, sí la respetamos, igual que la del Grupo Popular pese a que su portavoz no ha respetado al resto de los grupos y yo diría que al conjunto de la sociedad lamentablemente; discrepamos profundamente de ustedes, señor Duran. Ustedes en su enmienda de totalidad hablan del respeto a la libertad. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.) Permítame dentro del mismo tono que le diga que los socialistas, y creo que muchos más, no solo hablamos del respeto a la libertad, sino que lo desarrollamos, lo aplicamos, lo posibilitamos y no simplemente predicamos respeto a la libertad. Ustedes hablan de un contrato de unión civil con consecuencias jurídicas determinadas, nosotros hablamos de la igualdad real. Ustedes dicen que solo la adopción para personas heterosexuales, y yo le pregunto ¿por qué? Alguna alusión le haré y algún dato le daré en este breve turno del que ahora dispongo.


Al Grupo Popular le tengo que decir que presentan una enmienda de totalidad pobre, lamentable, no ya su intervención, señora Torme, aunque con todo el respeto le digo que se tiene que tranquilizar un poquito, que no se puede jugar tanto con las víctimas del terrorismo. No se puede afirmar en esta tribuna, en el templo de la democracia, que distinguimos entre víctimas buenas y víctimas malas. ¡Por favor, tengan un poco de vergüenza política! (Aplausos.) Está en el "Diario de Sesiones" y sería bueno que lo retiraran. Vamos al fondo del tema. Presentan una enmienda de totalidad con tres párrafos. En el primero dicen que no es posible ni adecuado. Pues va a ser posible y creo que es adecuado. Segundo, así lo aduce (no se atreven ni a retratarse por escrito y me pregunto si se avergüenzan quizá de lo que defienden y de lo que piensan) el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. No se atreven a decir lo que piensan.
(Rumores.) ¿Qué dice (algo les comentaré ahora) el Consejo General del Poder Judicial en su informe no preceptivo, antirreglamentario y contra la Ley Orgánica del Poder Judicial, que entra no en la Administración de Justicia, sino en las razones de oportunidad de la ley y en la inconstitucionalidad, según dicen, cuando expresamente este Parlamento les ha mandatado que no se pronuncien, pues no es su competencia, sobre la constitucionalidad o la oportunidad política, que corresponde a la representación del pueblo, que es el Parlamento, que es este Congreso? A eso se acogen ustedes, además por deferencia, porque no se atreven a retratarse por escrito; sin embargo, se retratan un poquito en la tercera parte de su intervención y hablan de regular las parejas de hecho. ¿No les parece un poco tarde? Creo que se han rechazado hasta 31 iniciativas por mayoría absoluta. Como llegan tarde, como siempre, y obligados, ahora para intentar boicotear y paralizar este procedimiento, este proyecto de ley y algún otro (esperemos que lo desbloqueemos dentro de 15 ó 20 minutos en la reunión de Mesa y portavoces que se va a celebrar de Justicia), hablan de impulsar esas uniones de hecho sobre las que han votado en contra hasta hace cuatro días, impidiendo que la voluntad del resto de la Cámara pudiera abrirse camino. Pues no, va a ser que no.
(Aplausos.) Va a ser que no porque hace falta una equiparación jurídica y real plena. Ya no nos vale solo regular las uniones civiles con menos derechos para las parejas homosexuales que ustedes plantean. Además usted ha vertido (se lo digo con todo el respeto, señora Torme) algunos adjetivos, que yo no quiero reproducir, del estilo de fanático y ridículo. ¿Le parece a usted este proyecto fanático y ridículo? A mí me parece que ridículo es lo que plantean (lo digo suavemente, no les voy a llamar fanáticos) diciendo que se regulen las uniones civiles en cada caso con un contrato entre las partes en el que se diga qué es lo que quieren regular. ¿Saben lo que está diciendo? En cada caso, en definitiva, es una contrarreacción y ustedes siempre llegan tarde.


En aras de la brevedad, voy a hablar de dos temas rapidísimamente: constitucionalidad del proyecto. No manipulen al Consejo de Estado. En el informe de 16 de diciembre de 2004 cierto es que sobre la oportunidad y la forma el Consejo de Estado realiza una serie de observaciones, pero comparte plenamente la finalidad del proyecto y el respeto pleno de la constitucionalidad del mismo. Léanse el informe del Consejo de Estado, porque eso es lo que dice el Consejo de Estado. El artículo 32 de la Constitución española, respetuosamente, no admite dudas. El Tribunal Constitucional desde el año 1994, que no 2005, habla de que no hay obligación de regular el matrimonio homosexual desde el punto de vista constitucional. Esto lo decía el Tribunal Constitucional en la sentencia que brillantemente ha citado la portavoz del PNV, doña Margarita Uría, pero a continuación manifiesta (ya en el año 1994, repito) que todo depende de la facultad que tienen los Estados de regular el derecho a casarse. Sí posibilidad, no obligación, como dice el Parlamento Europeo en recomendaciones del año 1994, del año 2003, del año 2004, en que mandata (recomienda, para ser más correcto)

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que se acabe con la discriminación que supone que parejas de gays y lesbianas puedan contraer matrimonio, y como no puede mandatar a los Estados dice que por lo menos tengan igualdad plena en derechos civiles y que cada Estado regulará. Ese es el margen que hay. La Constitución europea, cuya interpretación se ha manipulado (lo digo suavemente), en su artículo 69 habla del matrimonio sin decir expresamente la diversidad sexual, no entre hombre y mujer, y el propio Consejo de Estado, que tanto les gusta nombrar, dice: Cuando la Constitución europea se redacta de esta forma, algo quiere decir. ¿Qué quiere decir? Está diciendo que no se discrimine, como expresamente dice el otro artículo, y que se posibilite el matrimonio entre parejas de gays y de lesbianas. Señorías, son numerosos los artículos de la Constitución española (ya lo ha desarrollado magníficamente el señor ministro de Justicia) que expresamente recogen esta posibilidad y hay uno en concreto, que a mí personalmente me gusta, el artículo 9.2 que establece que los poderes públicos están obligados a remover los obstáculos que impidan el ejercicio real de la libertad y de la igualdad. Ya lo hicimos con la Ley orgánica integral de violencia de género y aquí lo estamos haciendo de nuevo. Algunos que manejan una Constitución, que no debe ser la de todos, manifestaban que era inconstitucional algo que acordamos por unanimidad en el Parlamento; son los mismos que mantienen ahora la inconstitucionalidad.


Para ir terminando, hay un tema del que lógicamente no podemos huir, porque es importante, que se manipula y se maneja, y en el que hay que ser honestos, decentes y valientes al decir lo que se piensa: la adopción. No vamos a huir de ese debate especialmente sensible, pero permítanme decirles una primera cuestión. Este derecho no es de los adoptantes, es un derecho de los niños y las niñas a tener quien les adopte, siendo personas idóneas, con independencia de la orientación sexual. (Aplausos.) Actualmente, señorías, en España puede adoptar cualquier persona como persona individual, como soltero, con independencia de su orientación sexual; sin embargo, si ya vive en pareja lo impedimos. ¡Qué hipocresía! ¿No les parece? Además desde el punto de vista de la protección del menor, un niño o una niña (ahora está ocurriendo lamentablemente), que tiene dos padres o dos madres, cuando fallece uno de ellos termina en el orfanato, ya que en muchos casos no tiene abuelos. ¿Eso es proteger el interés superior del menor? Numerosos estudios realizados avalan que no existe ninguna diferencia ni ningún riesgo, señorías. Un informe concluye que no hay diferencias en el desarrollo de los niños educados por parejas de gays o lesbianas respecto a los que lo han sido por parejas heterosexuales. La conclusión continúa diciendo: Lo relevante para la adecuada educación de los niños no es la orientación sexual de los progenitores, sino la dosis de afecto, de cariño y de comunicación que rodea a los menores. ¿Saben quién encargó este informe, amplio y exhaustivo? Don Alberto Ruiz Gallardón en la Comunidad de Madrid. Son numerosos los informes en este sentido. La Asociación Americana de Psicología dice que la evidencia indica que los ambientes de los hogares con padres gays y lesbianas son semejantes a los de padres heterosexuales en cuanto al crecimiento psicosocial de los niños y de las niñas. El Consejo de Europa en un reciente informe concluye lo siguiente, (¡atención, señorías!): De todos los estudios realizados durante los últimos 25 años ninguno concluye que el hecho de ser educado por padres homosexuales perjudique a los niños ni que sean peores padres que los heterosexuales. En definitiva, en aras de la brevedad, señorías, la idoneidad de los adoptantes será la garantía de la protección del menor y no su orientación sexual. Para concluir, permítanme una pequeña licencia. Me parece que la labor del Parlamento debe ser la de aprobar normas que ayuden a las personas a ser felices y no la de poner trabas a dicha felicidad. Este proyecto de ley es un ejemplo.


Muchas gracias, señorías. (La señora Torme Pardo pide la palabra.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Villarrubia.


Señora Torme.


La señora TORME PARDO: Señora presidenta, en este momento invoco el artículo 71, por alusiones a un diputado. Se ha pronunciado por parte del señor Villarrubia...


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Torme, vamos a ver si distinguimos. Lo he hecho antes con el señor Duran y se lo reitero ahora a usted. En el artículo 71 se habla de alusiones o juicios de valor sobre su persona, que evidentemente no se han dado. Si acaso se han hecho alusiones o juicios respecto de los argumentos que usted ha emitido en esta tribuna. (Aplausos.)

La señora PARDO TORME: Se han dicho palabras que no se han formulado por mi parte. Por otro lado, se nos ha tachado de cobardía, de no atrevernos a dejar clara nuestra posición. Creo que ese es un juicio de valor, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Torme, discúlpeme.
Como mucho tendría derecho, según el artículo 73, por haber sido contradicha en sus argumentos, pero no porque se hubieran emitidos juicios de valor o alusiones directas a su persona, porque me parece una evidencia que no ha sido así. En cualquier caso, lo que yo he observado, y se lo digo con toda cordialidad, son las habituales idas y venidas de los argumentos de unos y otros, que a

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veces solo tienen que ver y caben más o menos en función del orden de las intervenciones. Cuando usted ha aludido a este grupo conocía el turno en que le tocaba la suya y el turno del socialista cuando les tocaba a ellos. No hubiera tenido ningún problema si, como en el caso del señor Duran, me hubiera parecido pertinente la aplicación de la réplica, pero en este caso, los siento, señora Torme, con toda cordialidad, no me lo parece.


Muchas gracias. (Aplausos.)

Señorías, vamos a someter a votación las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas a este proyecto de ley por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de manera conjunta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 135; en contra, 178.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas las dos enmiendas de devolución. (Aplausos.)

Se levanta la sesión.


Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.

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