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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 891, de 19/09/2007
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 891
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO CUEVAS DELGADO
Sesión núm. 54
celebrada el miércoles, 19 de septiembre de 2007


ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Sobre la inclusión de la planta de regasificación de El Ferrol en la categoría de infraestructuras gasísticas urgentes, en el marco de la planificación energética 2002-2011 y la mejora de la red gasística en el noroeste de España. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001934.)... (Página 2)

- Relativa a la realización del proyecto de la línea de alta tensión entre Bescanó-Figueres-frontera francesa. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001088.)... (Página 6)

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Sobre medidas para mejorar la calidad en el suministro eléctrico.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001841.)... (Página 11)

- Para la mejora de la transparencia en las actividades de la Comisión interministerial encargada de estudiar la ubicación del almacén temporal centralizado (ATC), paralización de sus conclusiones hasta el cumplimiento de ciertos requisitos ambientales y sociales y garantizar el consenso en la toma de decisiones. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/001894.)...
(Página 16)

- Relativa a problemas y soluciones del sector de distribución minorista de gases licuados de petróleo envasado (bombonas de butano y propano).
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002247.)... (Página 21)

- Relativa al impulso de la generación eléctrica de origen eólico.
Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente 161/001777.)... (Página 23)

- Acerca de la elaboración de un estudio sobre el fenómeno conocido como Todo incluido. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001626.)... (Página 25)

Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión número 54 de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, cuyo orden del día obra en poder de SS.SS., que se refiere al debate y votación de las siguientes proposiciones no de ley: la primera relativa al proyecto de la línea de alta tensión entre Bescanó-Figueres-frontera francesa; la segunda acerca de la elaboración de un estudio sobre el fenómeno conocido como Todo incluido; la tercera sobre medidas para mejorar la calidad en el suministro eléctrico; la cuarta relativa al impulso de la generación eléctrica de origen eólico; la quinta para la mejora de la transparencia en las actividades de la comisión interministerial encargada de estudiar la ubicación del almacén temporal centralizado; la sexta sobre la inclusión de la planta de regasificación de Ferrol; y la séptima relativa a problemas y soluciones del sector de distribución minorista de gases licuados del petróleo envasado. El Grupo Popular quiere plantear un cambio en el orden del día para que se debata en primer lugar la proposición que figura en sexto lugar.


El señor GUINART SOLÁ: Nos gustaría, si puede ser, que la 4.ª pase a ser la última.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo propone algún cambio más en el orden del día? (Pausa.)

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE FERROL EN LA CATEGORÍA DE INFRAESTRUCTURAS GASÍSTICAS URGENTES, EN EL MARCO DE LA PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA 2002-2011 Y LA MEJORA DE LA RED GASÍSTICA EN EL NOROESTE DE ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001934.)

El señor PRESIDENTE: Sin más preámbulos, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa para defender su proposición no de ley sobre la inclusión de la planta de regasificación de Ferrol en la categoría de infraestructuras gasísticas urgentes, en el marco de la planificación energética 2002-2011 y la mejora de la red gasística en el noroeste de España.


El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Muchas gracias a los portavoces parlamentarios que han aceptado el cambio del orden del día.


El Grupo Parlamentario Popular presentó esta proposición no de ley en el mes de noviembre del año pasado porque realmente existe una preocupación.
Desde luego la planta que se está construyendo, que ya está finalizada y rematada, en la ciudad de Ferrol es controvertida. Vemos con preocupación las graves restricciones que puede haber en su producción cara al futuro por la ausencia total hasta el año 2011 de nuevos gasoductos de salida de gas de Galicia hacia Asturias y la meseta, en la planificación gasista obligatoria de la Subdirección General de la Planificación Energética del Ministerio de

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Industria, tal y como además pone de manifiesto una respuesta parlamentaria del mes de marzo de este mismo año en la que el Gobierno dice con toda claridad que debido al actual desarrollo de la red de gasoductos existen razones técnicas y económicas que aconsejan que la producción de Renagosa, es decir de la planta de Ferrol, se destine fundamentalmente a abastecer la demanda de gas de la zona noroeste, es decir exclusivamente a Galicia, y a suministrar gas natural a los ciclos combinados de la zona, y añade: siendo más favorable el suministro hacia el centro y norte de la Península mediante el resto de las plantas. Este hecho ha provocado que las plantas de Barcelona, Huelva, Cartagena, Gijón y Sagunto vayan aumentando su capacidad, ya que están conectadas a una red de gasoductos de transportes adecuada para poder suministrar gas a amplias zonas geográficas. Lo realmente paradójico es que quienes están compitiendo en este momento por esa expansión y por ese suministro de gas al resto de España sean Gijón y Ferrol, la planta de Ferrol ya en funcionamiento y la planta de Gijón, que todavía no está ni siquiera empezada. Nosotros no queremos plantear ningún problema ni ninguna controversia entre dos comunidades autónomas, ni siquiera entre dos puertos, el de Ferrol y el de Gijón, sino que simplemente creemos que la ciudad de Ferrol tiene el mismo derecho que cualquier otra -máxime cuando ya está finalizada la planta, mientras que la otra no ha comenzado a construirse- para realizar ese suministro al resto de España; no deseamos que exista una lucha soterrada entre Enagas y Reganosa que es la que al final está determinando por quién se deciden unos u otros. Señor presidente, señorías, todo ello provocaría unas pérdidas para la ciudad de Ferrol si no pudiera realizar este tipo de suministro, según un estudio, de cerca de unos 6 millones de euros anuales, lo que supondría su entrada, estancia y atraque en el puerto de Ferrol y una actividad importante en el número de puestos de trabajo. Es imprescindible que la planta de la ciudad de Ferrol tenga la catalogación de urgente dentro de la categoría A, para ampliar su capacidad de tener exactamente la misma que tienen otras instalaciones en España, sin que la dejen completamente marginada, cuando se ha hecho esa inversión y esa instalación en Galicia, que desde el punto de vista social fue bastante controvertida. Además solicitamos que se pueda realizar el enlace, que tampoco está en el borrador, entre Tui y Llanera, que sería lo que daría cara al futuro la posibilidad de que no fuera una planta de carácter local, sino también nacional y pudiera estar suministrando gas al resto de España.


El Grupo Popular entiende que con el esfuerzo que se ha realizado, siendo sobre todo Ferrol y su comarca una zona especialmente castigada tanto desde el punto de vista industrial como del empleo y de la proyección de futuro, y ya que se ha hecho la inversión y llevamos unos años de ventaja sobre otra planta, nos pongamos en igualdad de condiciones que el resto y no se nos relegue a ser una planta de segunda que no pueda ofrecer más que servicio doméstico dentro de la comunidad autónoma. Así aprovechemos al máximo toda la potencialidad de una gran inversión, pero controvertida, y que desde luego cara al futuro no puede quedarse reducida al mero ámbito local, sino que tiene que llegar a poder realizar las mismas funciones que las plantas que acabo de señalar. Por tanto, aunque esta proposición no de ley haya sido presentada el año pasado, como no han variado las condiciones de manera constatada en un documento oficial, sino que simplemente hasta ahora se han tomado decisiones que todavía están en el aire porque no hay nada por escrito, pedimos lo que está escrito literalmente en la proposición no de ley: que se incluya de manera inmediata la planta de gas de la ría de Ferrol en la planificación gasística del Ministerio de Industria dentro de la categoría A y urgente, en su ampliación de capacidad y que se dé la autorización y se construya un nuevo gasoducto de alta capacidad de conexión Galicia con la meseta por donde cada una de las empresas lo considere oportuno. Sería fundamental que estuviera incluido en el borrador el tramo Tui-Llanera.
Esto es lo que el Grupo Parlamentario Popular propone en este momento.


El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han planteado tres enmiendas: de los grupos parlamentarios Mixto, Izquierda Unida y Grupo Socialista.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El tema que hoy nos ocupa debemos aprovecharlo desde el punto de vista clarificador y para que esta planta de gas rinda lo que la sociedad esperaba cuando se empezó a hablar de este proyecto, que era estratégico y que inicialmente fue asumido por la Administración pública, cuando Enagas era una empresa pública y cuando ya habían comprado los terrenos, en concreto en la zona exterior de Caneliñas, del Ayuntamiento de Ferrol. Por motivos políticos, por una decisión totalmente contraria a las necesidades de Galicia, el Gobierno de aquel entonces decidió eliminar la posibilidad de ubicar esta planta de gas como planta pública de Enagas en el exterior de la ría; sin embargo, el proyecto siguió contando con un impulso o con un interés por parte de iniciativas privadas, en particular de un sector capitalista local gallego, del grupo Tojeiro, que se empeñó contra viento y marea en llevar adelante lo que era una necesidad objetiva para Galicia. Tengo que recordar que en el año 1999 en este Congreso de los Diputados el Grupo Popular, aún en el Gobierno, votó en contra no ya de que hubiese una planta de gas pública en el exterior, sino también de cualquier proyecto, aunque fuese privado, con el argumento de que Galicia no necesitaba ninguna planta de gas porque no había mercado para una infraestructura de semejante calado. Con anterioridad a esta fecha, al año 1999, en el Parlamento de Galicia el conselleiro de Industria respectivo también opinó lo mismo. Las cosas empezaron a cambiar

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lentamente a partir del año 2000, cuando por una conjunción de elementos y de interacciones políticas, no solamente el grupo Tojeiro sino también el Gobierno del Partido Popular en Galicia y más tarde aquí, acabaron convenciendo a los grupos de Endesa y de Fenosa de que la opción de montar la planta de gas desde una perspectiva privada y en unos terrenos que estaban comprados previamente por el grupo Tojeiro debía hacerse viable en Galicia. Es cierto que el objetivo era estratégico, cambiaba la ubicación, pero se contemplaba lo que era una necesidad para Galicia.
Desde ese punto de vista la necesidad es objetiva: teníamos dos grandes centrales térmicas, las más contaminantes del Estado español, y se necesitaba cambiar las centrales térmicas con carbón por centrales de ciclo combinado. En atención a esta necesidad, dado que un supuesto grupo químico lo montaría el grupo Tojeiro y lo que fuera el gasto de gas industrial para los parques empresariales de Galicia, se justificaba una planta de estas características. Por tanto, existía la necesidad de que el país no dejase de producir energía eléctrica y en cierta manera más limpia que la que producía hasta entonces y en cumplimiento del compromiso de Kioto, así como posibilitar las realidades energéticas de Galicia para que por lo menos no desapareciese. Digo todo esto porque es muy importante entender esta cuestión para saber que el proceso conflictivo que padeció esta planta de Renagosa es una de las historias que aclara hasta que punto Galicia padece por falta de planificación a su debido tiempo y por falta de intereses de los poderes públicos del Estado.


Dicho esto la iniciativa del Grupo Popular, aunque en algún aspecto es ociosa, la vamos apoyar, pero nos gustaría que contase con algún tipo de enmiendas que nosotros hemos presentado. Es ocioso el párrafo primero porque en la planificación energética 2002-2011 figura la planta de Reganosa precisamente en la categoría A, de urgencia. Costó trabajo, pero ya les dije que en 2002 esta planta Reganosa apareció allí, contra viento y marea, contra intereses de todo tipo e incluso con una cierta dejación o desinterés de los máximos accionistas, que primero expropiaron al grupo Tojeiro para hacerse ellos mayoritarios, en concreto Endesa y Fenosa.
Este punto, por tanto, nos parece ocioso. Vuelvo a repetir que no hace falta, tampoco a nosotros nos preocupa excesivamente que figure. Al segundo apartado le pasa exactamente igual; está recogido en el replanteamiento 2007-2016, donde figura esa salida de gas para la meseta, en par-ticular para Madrid. Ustedes comprenderán que no se ubicó una planta de gas -además con un proceso tan conflictivo-, en la ría de Ferrol para que ahora el gas sea para Madrid. Si se justifica es en la medida en que se necesitaba para los proyectos industriales de Galicia.
Por tanto, esta interconexión o conexión con el sistema es correcta, todos debemos estar conectados; pero le faltaría una enmienda de adición, que es precisamente para desdoblar el actual gasoducto Tui-Villalba, que no tiene precisamente el tamaño requerido. Sus tubos son solamente para consumir gas doméstico, para que pueda servir de gasoducto con finalidades industriales. El Gobierno aún no lo ha aceptado; eso es propiedad de Enagas, y para que la planta rinda, no solamente para el exterior sino también para el interior, haría falta esto. No cabe duda de que todo ello significaría que la planta duplicaría su emisión actual, pasando de 400.000 a 800.000 metros cúbicos.


Por último -nosotros fuimos el único partido que en su debido momento se manifestó contra la ubicación de la planta-, una vez que está construida, no se pueden mantener posiciones que muchas veces llegan a la irracionalidad ni sobre todo a un tipo de combate contra ella que se basa más en un sensacionalismo extremo de peligrosidad que en un análisis riguroso de los hechos. Ahora bien, quien se opone a esta ubicación está en su pleno derecho de hacerlo, y por supuesto está claro que no es el lugar más adecuado. Esto quiere decir que hay algunas casas que están afectadas por la zona del perímetro de protección de Reganosa, y los propietarios de estas casas, en la medida en que tengan alguna discrepancia o se vean afectados de forma desconsiderada, debían ser atendidos en sus demandas, o por lo menos escuchados, por quien es la máxima autoridad competencial en este caso, que es el Ministerio de Industria. Por ello como último punto -ya acabo- pedimos que el Gobierno, el Ministerio de Industria o representantes cualificados, reciba una representación de los vecinos para escuchar sus demandas y después actuar como se considere oportuno. Desgraciadamente las limitaciones y las incoherencias, que no son precisamente responsabilidad de la sociedad gallega sino de la falta de planificación y de adecuación a su debido tiempo, no pueden hacer que ahora Reganosa se convierta en un monumento a la estupidez y que no cumpla las funciones sociales y económicas para las que fue pensado.


El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Seré relativamente breve, pero poniendo el énfasis en la enmienda que hemos presentado. Precisamente va en sentido opuesto a la que planteaba el Grupo Parlamentario Popular, por múltiples razones. De hecho este no es un tema nuevo para nuestro grupo parlamentario ya que presentamos una proposición no de ley el 30 de septiembre de 2004, al inicio de la legislatura. Recientemente hemos formulado diferentes preguntas sobre la materia; sin ir más lejos, el 22 de junio de 2006 planteábamos una batería de preguntas, como: si pensaba el Gobierno paralizar o no las obras de construcción de la planta de gas de Reganosa, cuando se estaba produciendo esa construcción, anulando la autorización de construcción por las irregularidades de procedimiento a que después me referiré; si valoraba el Gobierno la opción de reconducir el proyecto hacia el litoral exterior de la ría de Ferrol; si podía el Ministerio de Medio Ambiente realizar un estudio de impacto ambiental de ese proyecto, tal y como se ha

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producido en plantas de gas en la Comunidad Autónoma del País Vasco o en el País Valencià. Después, el 13 de noviembre de 2006, volvíamos preguntar sobre el tema para que el Gobierno nos diese una explicación satisfactoria. Hasta el momento esa satisfacción no es que no la haya tenido nuestro grupo parlamentario, es que no la han tenido los centenares de personas que se han movilizado en contra de la planta de la empresa Reganosa. Existe una gran movilización, existe un proyecto dentro de la bahía, porque -no lo decimos nosotros, lo dicen diferentes informes- no se respetan las normas europeas de entrada en puerto. Como ustedes bien saben, un buque que transporta gas necesita entrar en puerto a una distancia del núcleo urbano; en este caso la ubicación de la planta no respeta las normas europeas de entrada en puerto de este tipo de buques.


Además, existe una queja ante la Comisión Europea, y ustedes saben que la autorización administrativa previa que se concedió por la Dirección General de Política Energética y Minas, con fecha de 3 de junio de 2002, debía haberse producido con una serie de condicionamientos de carácter ambiental. El Tribunal Superior de Justicia, en una sentencia de 2004, declaró nula de efectos ambientales el informe emitido por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Galicia. Ustedes saben que esa sentencia fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo por la empresa impulsora, y hoy existe un litigio. Pese a ello, la empresa Reganosa continuó las obras y hoy tenemos una situación de hecho, ya que ha continuado las obras de construcción de la planta y hoy está pendiente de una autorización administrativa definitiva para entrar en funcionamiento.
Por eso ante esta situación exigimos también lo que solicitan diferentes representantes vecinales, que han pedido que se respeten las condiciones exigidas en las autorizaciones realizadas hasta la fecha. Se espera la resolución del recurso judicial con objeto de comprobar la legalidad o no de la actuación antes de continuar con la autorización para el funcionamiento de la planta de gas de Mugardos. En esa línea nuestro grupo presenta una enmienda de sustitución en un sentido claramente opuesto a lo que propone el Grupo Parlamentario Popular para paralizar cualquier tipo de decisión administrativa, para solicitar los correspondientes informes de las diferentes administraciones, para dejar sin efecto -en el caso de que algunos condicionantes o requisitos de funcionamiento previstos en las correspondientes resoluciones ya aprobadas no se hayan cumplido- las autorizaciones existentes hasta el momento, tal y como prevé la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de fecha 3 de junio de 2002.


Estamos hablando de un caso que además ha trascendido a la opinión pública más allá de las fronteras de Galicia, sobre el que el Gobierno debería tener una especial sensibilidad. Estamos además ante un caso de especial arrogancia de una empresa que lo que ha hecho es, si me permiten la expresión, tirar millas pese a los requerimientos ambientales de las diferentes autoridades e incluso del Poder Judicial. Por tanto, sería responsabilidad de este Congreso y también del Gobierno, en vez de aplaudir o instar al funcionamiento de la planta de Reganosa, hacer todo lo contrario: poner más exigencias ambientales, y mientras éstas no se cumplan, que la planta no empiece a funcionar. Así debería ser por contrariar precisamente estas normas europeas de entrada en puerto; por existir además alternativas que, de haberse llevado a cabo, serían más eficaces; y porque, en definitiva, ha existido una actitud arrogante y prepotente de la empresa Reganosa, que perjudica a los vecinos, al medio ambiente y podría llegar a afectar a la seguridad.


El señor PRESIDENTE: La siguiente enmienda está planteada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Carro.


El señor CARRO GARROTE: Tal como planteaba el diputado del Grupo Popular don Arsenio Fernández, la proposición no de ley es presentada por el Grupo Popular con fecha 30 de octubre de 2006 y desde entonces han cambiado las circunstancias de la planta de gas. Es cierto lo que él comentaba de la situación de la planificación gasística que aparecía para el periodo 2002-2011; sin embargo, recientemente, en los estudios realizados por la propia Enagas, el gestor técnico del sistema gasístico, para la elaboración de la planificación de 2007 a 2016, se ha visto la necesidad de contribuir a la alimentación de la zona centro de la Península desde la planta gallega. Así, según lo recogido en el documento preliminar de planificación de los sectores de electricidad y gas 2007-2016, la planta de Reganosa será ampliada en 2013, pasando de 412.000 a 825.000 y conectará Galicia con el resto de España a través del gasoducto Guitiriz-Lugo-Ponferrada-Zamora-Algete previsto para 2013, salvo el tramo Guitiriz-Lugo que se prevé ya para 2012. Esta voluntad del gestor del sistema gasista de ampliar la capacidad de Reganosa y de conectarla con la meseta no es una entelequia ni una cuestión planteada en términos de desiderátum sino una realidad; de hecho, es un documento que puede consultarse en la página web del ministerio en el epígrafe Energía, planificación eléctrica y de gas, donde hay un documento que se titula Desarrollo de redes y aumentos de capacidad. Ahí se recoge la ampliación de la planta de Reganosa y los objetivos también con relación al gaseoducto. Por tanto, la proposición no de ley del Grupo Popular se convierte a día de hoy en una realidad cumplida por el Gobierno aunque no queremos en absoluto que exista ningún tipo de duda en cuanto a la voluntad del Gobierno para sacar adelante estas actuaciones. Por eso es por lo que presentamos una enmienda para continuar llevando a cabo las acciones necesarias para la construcción de este gaseoducto de alta capacidad.


Con relación a otras enmiendas presentadas no podemos aceptar los dos aspectos recogidos en la del Grupo Mixto dado que, por una parte, la cuestión del gaseoducto Tui-Villalba es una cuestión nueva, que no

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aparece en la PNL -sería motivo de otra iniciativa parlamentaria- y, por otra, porque nos parece improcedente que desde el Congreso de los Diputados se inste a un ministerio a recibir a un colectivo. El ministro de Industria tuvo ocasión de estar en Ferrol recientemente y los colectivos que están realizando una movilización en contra de la instalación de esta planta de gas tuvieron ocasión de entregarle personalmente un documento en el que se recogen sus demandas. Por tanto, no me parece que el procedimiento adecuado sea concertar una entrevista a través de una iniciativa parlamentaria como esta. Sobre la enmienda de Izquierda Unida me choca que, cuando estamos hablando del gasoducto, se confunda el gasoducto con la ubicación de la planta de gas. Por un lado se dice por quienes se oponen a la planta de gas de Reganosa que la ubicación correcta sería en el puerto de Caneliñas -también comparto esa opinión; comprenderán que el cambio de una instalación de este tipo no es una decisión ni una acción que pueda realizarse en un par de semanas-, pero no parece que la voluntad sea la de modificarla, manteniendo esa infraestructura en una ubicación nueva; lo que se hace a día de hoy en la propia planificación es negar el gasoducto, que sería lo que garantizaría, como decía antes el parlamentario del Grupo Popular, su futuro o que no sea una infraestructura absurda. En el procedimiento judicial abierto los demandantes han planteado también medidas cautelares que paralizaran las actuaciones, medidas que han sido desestimadas por los tribunales; por tanto, corresponde al Gobierno cumplir con la legalidad e instar a que la empresa Reganosa acate sus compromisos inversores y el contenido de las propias autorizaciones que tiene otorgadas en este momento. Proponemos esta enmienda al Grupo Popular y solicitamos al Grupo Mixto que retire las suyas para poder llegar a un consenso sobre esta cuestión.


El señor PRESIDENTE: Como no hay ningún grupo que vaya a fijar posición, tiene la palabra para opinar sobre las enmiendas el señor Fernández de Mesa.


El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Como en este turno no hay posibilidad de contestación de nada, me limitaré a decir que el Grupo Parlamentario Popular no acepta la enmienda presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y no tiene ningún inconveniente en votar a favor de la enmienda del Bloque Nacionalista Galego, puesto que lo único que pretende es que un sector social que en este momento está planteando una reivindicación pueda ser atendido en un momento determinado. Aceptamos la enmienda del Grupo Socialista como adición, puesto que ya ha aclarado su portavoz señor Carro en qué momento se encuentran los dos puntos anteriores, pero no es menos cierto que de lo que estamos hablando, lo que está en discusión ahora, es de la planificación hasta el año 2013 y no hasta el 2016, y que en ese momento la planta de Gijón estaría a pleno rendimiento. Por tanto, no aceptamos la enmienda de Izquierda Unida, pero sí la del Bloque Nacionalista Galego y también la del Grupo Socialista como enmienda de adición a la proposición no de ley presentada.


El señor PRESIDENTE: Me parece que no es una enmienda de adición

El señor CARRO GARROTE: Nosotros solo podríamos votar afirmativamente si es aceptada como enmienda de sustitución, sin incluir la enmienda del BNG; sólo en esas circunstancias podríamos votar afirmativamente.


El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa.


El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: No sabemos si el Bloque Nacionalista Galego va a retirar o no su enmienda.


El señor PRESIDENTE: Yo les rogaría a los portavoces que hablaran entre ellos, ya que la aceptación o rechazo de las enmiendas tiene que ver con su opinión, y que antes de la votación se lo aclararan a la Mesa.


Antes de pasar a la siguiente proposición quiero comunicarles que la votación no será antes de la una de la tarde.


Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que es este caso sería la que figuraba con el número 1.º

El señor CASTELLÓ BORONAT: No, señor presidente...


El señor PRESIDENTE: Perdón, hemos fijado que la 6.ª pasaba a ser la 1.ª y la 4.ª iría al final, pero no hemos hablado nada de la 1.ª (Pausa.)

Señora Mendizábal, ¿el Grupo Socialista está en condiciones de discutir la 2.ª?

La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: No podemos.


El señor PRESIDENTE: Vamos a reordenar el debate. Ruego atención a SS.SS.
porque si no hacemos complicado innecesariamente lo que tiene que ser muy fácil. Continuaremos debatiendo la número 1, la número 2 pasa a ser la penúltima, y seguiremos con las números 3, 7, 2 y 4.


- PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN ENTRE BESCANÓ-FIGUERES-FRONTERA FRANCESA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001088.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda proposición, que es la que figuraba como primera en el orden

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del día original, relativa a la realización del proyecto de la línea de alta tensión entre Benascó-Figueres-frontera francesa, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra para su defensa el señor Castelló.


El señor CASTELLÓ BORONAT: Esta es una proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Popular presentó en junio del año 2005 como consecuencia, fundamentalmente, de que se produjeron en aquellos momentos discrepancias serias dentro del Gobierno de la Generalitat, incluso con algunas actuaciones institucionales -por ejemplo, una moción de la Diputación de Gerona- en contra de un proyecto que a nuestro entender era y sigue siendo de actualidad -ayer tuvimos la ocasión de discutir sobre el mismo tema en el Pleno-, que es la ampliación de la interconexión eléctrica con Francia, concretamente de la línea de muy alta tensión de 400 kilovoltios de Bescanó-Figueres-frontera francesa. Las dudas, la incertidumbre que produjo en aquellos momentos es lo que propició la presentación de esta proposición no de ley en el año 2005; y esas dudas, esa incertidumbre sobre la ejecución de la infraestructura se ha venido produciendo por las circunstancias que ayer también manifesté. Creo que el Gobierno de la nación ha tenido una actitud muy poco decidida en defensa de los intereses generales y de los intereses de Cataluña, concretamente de las comarcas de Gerona. Es una infraestructura básica y fundamental para el sistema eléctrico español, para el sistema europeo en general -así ha sido asumido últimamente también por el Consejo Europeo- y muy, muy importante para el desarrollo de las comarcas catalanas y de Gerona en todos los sentidos, por lo que no vamos a reiterar argumentos que todos conocemos. El Gobierno de España, como manifestaba ayer en mi intervención, ha estado mucho más preocupado por otras cosas que por resolver problemas importantes, en este caso una infraestructura estratégica para nosotros que como iniciativa del Gobierno del Partido Popular, en el año 2001, fue asumida en la Cumbre franco-española y posteriormente por la propia Unión Europea, por lo tanto asumida por Europa. Esas circunstancias han propiciado que en política exterior hayamos perdido una gran credibilidad y el respeto de Europa, de nuestros socios franceses fundamentalmente. Además, intuimos que los pactos, los acuerdos con el tripartito, con los nacionalistas radicales, también han propiciado que esta sea una cuestión sobre la que no se ha puesto toda la carne en el asador y que haya habido un retraso muy importante y haya producido también algunos problemas al otro lado de la frontera. Pero nosotros tenemos que defender lo que el Gobierno de España debería haber hecho y no ha hecho. Como digo, aunque presentada el año 2005 aún está de actualidad. La posición del Grupo Parlamentario Popular es de defensa de una infraestructura absolutamente necesaria e imprescindible. Queremos que esas infraestructuras del tren de alta velocidad y de las comarcas catalanas, y en su conjunto del sistema eléctrico español y de la Unión Europea, puedan verse resueltas en el menor tiempo posible. En ese sentido entendemos que sigue vigente el texto de la proposición no de ley.


Hay algunas enmiendas presentadas y ya avanzo a la Presidencia que estamos en disposición de llegar a una enmienda transaccional sobre esta proposición no de ley con el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y con el Grupo Parlamentario Socialista. En cualquier caso, antes de que se produzca la votación le trasladaremos a la Presidencia, si es posible, que entendemos que sí, la enmienda transaccional de defensa de esta estructura fundamental del sistema para beneficio de las comarcas catalanas, para todo lo que debe significar el desarrollo futuro y las posibilidades de la ampliación de las interconexiones con Francia, teniendo en cuenta que España es una isla energética y tenemos que hacer todo lo posible para que deje de serlo cuanto antes en materia de infraestructura y de interconexiones, porque tenemos una gran dependencia del exterior de nuestro suministro energético. Esto es clave para el futuro. Las grandes infraestructuras conllevan ciertos problemas, eso es evidente, y esta es una gran infraestructura energética. Lo mismo ocurre con el desarrollo de las infraestructuras de comunicaciones, de carreteras, autovías y autopistas. Estamos convencidos de que esta infraestructura se puede llevar perfectamente a cabo con el mínimo impacto ambiental. También ha habido una falta de disposición por parte del Gobierno de la nación de cara a informar de manera clara y decidida a los municipios y a las comarcas afectadas de cuál era realmente el impacto, porque primaban otras cuestiones más políticas y más de la agenda del señor Zapatero que resolver esta cuestión, cuya operatividad era muy importante que hubiera estado en el plazo previsto, en torno al año 2008. Vamos a tardar algo más, pero entendemos que es necesario instar al Gobierno para que haga posible que se realice cuanto antes.


El señor PRESIDENTE: Hay tres enmiendas presentadas a esta proposición no de ley. Para defender la primera, presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guinart.


El señor GUINART SOLÁ: Nuestro grupo ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, que a diferencia de lo que debatimos ayer en el Pleno a propuesta de Esquerra Republicana pretende el mantenimiento de los trabajos de definición y construcción de la interconexión eléctrica entre Francia y Cataluña y España a través de los Pirineos. En relación con este tema, Convergència i Unió considera, en primer lugar, que en un marco más amplio a nivel de normativa europea, en el Consejo Europeo del año 2002 celebrado en Barcelona, se acordó que los Estados miembros de la Unión asumieran un objetivo de interconexión eléctrica de al menos un 10 por ciento de su capacidad de producción instalada en el año 2005, objetivo que España está lejos de alcanzar; estuvo ya lejos en aquel momento. Actualmente, en el año 2007, España alcanza el 3 por ciento de esa interconexión, que

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existe evidentemente pero en parámetros muy inferiores a los deseados por el conjunto de la Unión Europea. El marco se aprobó por la Decisión 1229 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, por la que se establece un conjunto de orientaciones sobre las redes transeuropeas del sector de la energía. Entre otros proyectos de interés común y prioritarios en el ámbito de las redes transeuropeas, la nueva interconexión de la electricidad se hace a través de los Pirineos entre Francia y España. (El señor vicepresidente, Beloki Guerra, ocupa la Presidencia.) Por otro lado, la sociedad civil catalana manifiesta reiteradamente la necesidad de acometer la interconexión. La Cámara de Comercio de Barcelona reitera la necesidad de construir la línea transfronteriza de alta tensión Bescanó-Figueres -según la definición del Grupo Popular- Francia por diversos motivos. En primer lugar, porque permite avanzar en el objetivo de interconexión con Francia. Se pasaría de 1.100 kilovatios de interconexión a 2.200 -se doblaría-, aunque seguiría estando lejos de los 4.000 vatios que son necesarios para dar cumplimiento al objetivo de interconexión del 10 por ciento que antes citaba que establece la Decisión 1229. En segundo lugar -también lo reitera la Cámara de Comercio de Barcelona-, satisfaría una demanda energética creciente en Cataluña, que aumenta a un ritmo estimado del 4,5 por ciento, lo que se prevé que suceda hasta el año 2010. En tercer lugar, se garantizaría un suministro de calidad que actualmente no está garantizado y que los últimos acontecimientos de este verano en Barcelona, y también por otros motivos, lo han demostrado. Permitiría también suministrar electricidad al área de Girona-Costa Brava -la zona turística de la Costa Brava-, que cuenta actualmente con una sola línea desde Senmenat y que puede tener problemas de abastecimiento en el futuro, como reiteradamente ha pronosticado la compañía distribuidora.
Esta línea permitiría asimismo dar suministro a la zona norte de Barcelona, donde algunas industrias han manifestado las dificultades que encuentran para ubicar nuevas plantas o ampliar instalaciones existentes debido a la falta de potencia eléctrica. Finalmente, de forma más general, esta interconexión favorecería la competitividad de la industria catalana y de todo el Estado.


Los sindicatos se han manifestado igualmente a favor de realizar esta interconexión eléctrica, con lo cual la sociedad civil no solo es la patronal sino también la parte social. La Generalitat de Cataluña, administración que debería ser la impulsora del proyecto, no pone las cartas sobre la mesa, no pone la carne en el asador, como decía el señor Castelló. Ya en la anterior legislatura catalana, como en la presente, la Generalitat no se ha pronunciado de forma unitaria. Mientras consejeros del Partido Socialista anunciaban acuerdos del Gobierno al respecto, consejeros de Esquerra Republicana y de Iniciativa per Catalunya se mostraban contrarios a la línea y hasta ponían de manifiesto públicamente que no existía un acuerdo unánime en el Gobierno. La gestión de este asunto por el tripartito catalán ha sido de absoluto conflicto sin llegar a ningún acuerdo y sin tener en cuenta el territorio y las administraciones locales. Convergència i Unió no está dispuesta a actuar de la misma forma contradictoria que lo ha hecho Esquerra Republicana, y ello por dos motivos. En primer lugar, porque considera prioritaria la interconexión eléctrica con Francia. Cataluña necesita más energía para el tren de gran velocidad, para las desaladoras, para las nuevas implantaciones logísticas e industriales, para la mejora de las comunicaciones ferroviarias y para la mejora de la calidad del servicio en las comarcas gironinas que dependen económicamente del turismo, por lo que el suministro eléctrico tiene una gran importancia. En segundo lugar, y tan importante como la rotundidad con que reclamamos la interconexión eléctrica, también expresamos la necesidad de construir las nuevas líneas eléctricas que se realicen con el máximo de medidas medioambientales y de seguridad a través del diálogo con el territorio afectado. La conexión eléctrica es imprescindible, pero está claro que el trazado es mejorable.
Por ello es necesario reclamar que se escuche al territorio y que se construya la infraestructura con la participación de las partes afectadas, velando para que exista un mínimo impacto ambiental. Ello solo puede conseguirse mediante un verdadero diálogo y consenso del trazado con todos los ayuntamientos afectados, lo que hasta el momento no se está constatando. Desde esos principios no debe rechazarse sino, al contrario, debe estudiarse a fondo y valorarse la opción de soterrar parte de la nueva línea allí donde sea necesario, especialmente por motivos medioambientales. La incapacidad de gestión de la Generalitat de Catalunya y del Gobierno del Estado para definir el recorrido de la línea ha provocado la intervención -todo el mundo lo sabe- de la Comisión Europea. Recientemente la Comisión Europea ha acordado el nombramiento del ex comisario de la Competencia, señor Monti, como coordinador del proyecto de conexión. Este proceso, como se ha especificado por parte de la Comisión, parece que será largo. El mediador ha sido nombrado por un periodo de cuatro años, con la obligación de presentar un informe antes de septiembre del año próximo. Es decir, la incapacidad de la Generalitat y del Gobierno ha comportado el retraso en la toma de decisiones de la construcción de la línea en una infraestructura que consideramos prioritaria, como decía el señor Castelló, y estratégica para el futuro.
Esa incapacidad ha sido provocada por la falta de diálogo con las administraciones locales, los ayuntamientos, los consejos comarcales, las diputaciones y los ciudadanos de la zona, a los cuales no se les ha informado ni se les ha dado la posibilidad de poner sobre la mesa sus propuestas, a veces alternativas, y valorando la previsión de soterrar parte de la línea. Por ello, en atención a las consideraciones a las que me he referido, hemos formulado la siguiente enmienda de sustitución a la proposición, que dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en primer lugar, a apoyar la efectiva interconexión eléctrica con Francia, con el fin de disponer de un sistema eficiente y

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estable en el conjunto del sistema energético europeo, cooperando en los trabajos que iniciará próximamente el coordinador nombrado por la Comisión Europea. En segundo lugar, el Congreso insta al Gobierno a garantizar que el proceso de definición del trazado y construcción de la línea de alta tensión se realizará con el máximo diálogo y consenso con el territorio y con las administraciones locales afectadas en Cataluña, las cuales podrán tener acceso directo al coordinador europeo. (Dato importante.) En tercer lugar, en el ámbito medioambiental se propone que se prevea el menor impacto ambiental posible del trazado de la línea de alta tensión y de su construcción, asumiendo el soterramiento de la línea allí donde sea necesario. Como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, es posible que lleguemos a una transaccional entre la propuesta inicial y las enmiendas de nuestro grupo y las de otros grupos, con lo cual presentaríamos una enmienda transaccional para su votación final.


El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Otro de los grupos enmendantes es el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, al que en el orden habitual le hubiera correspondido iniciar el turno de intervenciones por ser de menor a mayor. En cualquier caso, volviendo a la situación derivada de lo que hemos hecho hasta ahora, voy a dar la palabra al señor Herrera para que defienda su enmienda.


El señor HERRERA TORRES: Podría repetir los argumentos que expuse ayer mismo en el Pleno, pero voy a intentarlo hacerlo de forma más breve. Para nosotros existe un gran tópico, el de la necesidad de la interconexión con Francia, basado no en un apriorismo ideológico sino en datos. Dicen que es más eficiente un modelo absolutamente interconectado, pero la realidad es que uno de los modelos liberalizados más eficientes que existen en Europa es el del Reino Unido, cuya interconexión con Europa es el 3 por ciento. Otro de los modelos más interconectados con Europa, claramente ineficientes desde el punto de vista energético, es el italiano, cuya interconexión con Europa es el 40 por ciento. La pregunta es: ¿Es la interconexión la clave de la eficiencia? La respuesta es bien sencilla; No. No lo es porque lo que existen son realidades diferentes, mercados regulados de forma distinta, incluso realidades empresariales diferentes. Una de las hipotecas de nuestro modelo eléctrico es un práctico duopolio de nuestro sistema y una ley del sector eléctrico, que hemos renovado recientemente -ustedes se acordarán- con el apoyo del Partido Socialista, de Convergència i Unió y del Partido Popular, que hace que existan limitados elementos de planificación. Por eso entendíamos que tenía que haber un gran debate, pero no solo sobre por dónde pasa la línea sino sobre la oportunidad o no de la misma, sobre si es o no necesario. Deberíamos quitarnos de encima apriorismos que basan la modernidad en la interconexión y pasar a lo que nosotros entendemos que tiene que ser una nueva cultura de la energía, fundamentada en la gestión de la demanda. No lo decimos nosotros; lo dice Valeriano Ruiz, referente del Partido Socialista en materia eléctrica, quien habla no de grandes interconexiones sino de un mallado más tupido y de muchos más centros de producción. Llevábamos años oyendo que la interconexión era necesaria para evitar los apagones y resulta que el apagón llegó por la falta del mantenimiento de la red. Hubo quien se atrevió a conectar lo que pasó en Barcelona este verano con la falta de interconexión con Francia, cuando en realidad lo que pasó es, si me permiten el paralelismo, que hubo una fuga de agua porque las cañerías no funcionaban, hubo quien en vez de querer cambiar las cañerías ha abogado por el trasvase del Ebro o del Ródano, nos es igual. Lo que tenemos que hacer en Cataluña es que haya una inversión más eficiente en el mantenimiento de la red convencional. Incluso en las comarcas de Girona, para asegurar la alimentación del tren de alta velocidad, tendría que haber mayores puntos de generación, porque si una cosa es cierta es que en las comarcas de Girona, a diferencia del agravio que existe, por ejemplo, con las de Tarragona, no existen centros de producción.


Desde Iniciativa per Catalunya Verds hemos planteado una alternativa, un modelo más descentralizado con dos plantas de ciclo combinado de 100 megavatios cada una que permitan abastecer al tren de alta velocidad, que permitan abastecer las puntas de demanda que puedan existir en las comarcas de Girona y que serían suficiente para plantear, repito, una alternativa. No tratamos de imponer a nadie nuestra propuesta, pero queremos que se discuta. Por eso hemos presentado una enmienda que lo que pretende es sustituir la propuesta del Partido Popular, avalada por el Partido Socialista y por Convergència i Unió, para que se discutan las diferentes alternativas y se haga, en parte, lo que se está haciendo en Francia. Mientras que en Cataluña norte, al otro lado de los Pirineos, existe una gran movilización -en el Rosellón lo que se está haciendo es un gran proceso de participación con todas las entidades, asociaciones, municipios, organizaciones sociales, políticas e institucionales-, a este lado de los Pirineos no hay marco de interlocución. Por eso entendíamos que se tenía que crear una comisión hispano-francesa independiente que organizase un debate público en el que participasen todos los sectores, que no hubiese apriorismos, que se hiciese con la participación de la ciudadanía, de los autores sociales e institucionales; en definitiva, que pudiésemos construir un nuevo consenso en torno a cuáles deben ser las alternativas. Nuestra voluntad de consenso -teniendo una postura de partida- se acabará agotando si lo que hacen unos y otros es tirar -si me permiten la expresión- por la calle de en medio, porque esa no es una actitud leal. Existen diferentes opiniones, claro que sí, existen diferentes alternativas y existen visiones antiquísimas y otras mínimamente contemporáneas -ya no digo modernas sino contemporáneas-, y lo normal es que la propuesta que nosotros planteamos, que es simplemente no imponer

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nada a nadie sino que haya un marco para encontrar el consenso y el punto de acuerdo, fuese lo que se acabase imponiendo; no una propuesta sino un método, no la imposición de nadie sino simplemente una solución ante unas comarcas, las gironinas -ustedes bien lo saben y los diputados de Girona lo saben mejor-, que tienen una fuerte movilización. Nuestra propuesta, sin tratar de imponer nada a nadie, lo que intenta es sumar y no restar, en definitiva, lo que intenta es buscar una solución. Por eso nos gustaría -aunque somos escépticos en cuanto a que así sea porque la práctica habitual es la imposición- que hubiese un marco de consenso para buscar soluciones y que estas no fuesen las de siempre cuando las de siempre no funcionan. Vayan ustedes a Italia, donde hay un modelo radicalmente interconectado, con el 40 por ciento de interconexión con Europa, y se darán cuenta de que es uno de los modelos más ineficientes.
No nos expliquen que la interconexión es la solución, porque la interconexión son modelos mixtos, con instrumentos de planificación, más mallados y con más centros de producción. Nuestra apuesta es por las energías renovables. El señor Castelló decía ayer en la tribuna que se necesita la interconexión para una mayor potencia eólica. Pues bien, se necesita para una mayor potencia eólica de muchas cosas, pero se necesita una red mallada y un mix energético mucho más variado. Mal negocio haremos si lo que hacemos es generar eólica y cuando no tira la eólica consumimos la nuclear de Francia. Precisamente por eso hay que estudiar las diferentes alternativas y hay que ir con menos dogmas y con más flexibilidad. Por eso hacemos esta propuesta, para abandonar los dogmas y apuntarnos a la flexibilidad.


El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): El tercer grupo enmendante es el Grupo Socialista. En su nombre tiene la palabra el señor Sáez Jubero.


El señor SÁEZ JUBERO: Hoy reproducimos el mismo debate que tuvimos en la sesión de Pleno de ayer sobre la iniciativa de Esquerra Republicana que nos proponía diferir la decisión, la no interconexión. Hoy el grupo proponente, sensu contrario, nos exhorta a que definitivamente tomemos una decisión o que continuemos llevando a cabo las acciones necesarias para construir esa línea eléctrica y esa interconexión eléctrica del Estado español con el Estado francés.


Se han escuchado muchos argumentos. En buena parte comparto algunos de los expuestos por los portavoces del Grupo Popular y de CiU, que me han precedido en el uso de la palabra, pero no comparto algunas de las cuestiones expresadas por mi compañero y diputado de Iniciativa per Catalunya, el señor Herrera. En definitiva, creo que el diálogo no debe ser nunca incompatible con la toma de decisiones. Lo digo porque a veces tengo la sensación de que, como esa decisión está tomada y se va a interconectar, se va a mejorar esa línea eléctrica, se va a dar solución a algunos de los problemas que tiene el sistema eléctrico español y catalán, es más cómodo mostrarse contrario a esas posiciones sabiendo que se tiene la garantía de que el Gobierno va a cumplir sus compromisos y va a dar solución a los problemas de los ciudadanos y de los servicios públicos; situarse a favor de alguna de las posiciones contrarias suele ser más cómodo. Nosotros no estamos en esta línea. Somos un partido de Gobierno, gobernamos en Cataluña, gobernamos en España, gobernamos muchos municipios y sabemos que el diálogo no debe ser incompatible con esa toma de decisiones. Por eso para nosotros esa línea de 400 kilovoltios y la interconexión es una opción estratégica imprescindible, y en eso estamos.
Por tanto, vamos a compartir la iniciativa que nos propone el Grupo Popular, a la que hemos presentado una enmienda que lo único que dice es que vamos a continuar por el camino de llevar a cabo la construcción de esta línea y la interconexión, porque así se ha manifestado ya desde hace mucho tiempo, y respetar además, en ese buen diálogo, las competencias de la Generalitat y de los ayuntamientos interesados. Ayer dimos los argumentos que se han reiterado en esta sesión de hoy por los portavoces que me han precedido. Como diputado por Girona soy buen conocedor de las dificultades que tiene nuestra red, nuestro sistema eléctrico; también lo expresé ayer. Efectivamente, existe riesgo de colapso de tensión porque es una de las líneas eléctricas más precarias que hay en toda España y el sector turístico -lo ha expresado el señor Guinart-, el sector industrial nos lo pide. Ciertamente en algunos municipios por donde pasa la línea hay quejas -porque cualquier infraestructura provoca heridas en el territorio- y si pasa una línea eléctrica, un tren, una carretera o cualquier infraestructura viaria, hay que entender que algunos alcaldes se muestren contrarios, aunque creo que si pasara por otro trazado estarían claramente a favor. Pero finalmente las decisiones sobre infraestructuras se tienen que tomar del mejor modo posible y reduciendo los impactos medioambientales y sociales, tanto por la deficiencia de las infraestructuras eléctricas en Girona como por las nuevas necesidades que plantea el tren de alta velocidad, que hace incompatible nuestro sistema eléctrico actual en Girona, en Cataluña, con esa infraestructura, sin que haya riesgo de que la calidad del servicio se vea afectada.


Volvemos al debate que ha planteado el señor Herrera sobre las renovables.
Ha puesto ejemplos de interconexiones -según él- no eficientes, pero el modelo danés a mí me parece remarcable, como manifesté ayer. Lo que permite la interconexión es un mejor uso de las energías renovables, en lo que este Gobierno y este grupo parlamentario también están comprometidos. Si hay otros grupos parlamentarios que creen en las renovables también deberían creer en la interconexión. Por otra parte -ya se ha dicho aquí-, nuestras decisiones son soberanas, pero estamos en un marco europeo y la Unión Europea consideró objetivo prioritario la necesidad de las interconexiones. Si no se produce esta interconexión, España tendrá una situación de isla eléctrica, de aislamiento que no conviene ni a nuestro Estado ni a la Unión

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Europea. La propia Unión Europea -ya se ha comentado- ha decidido que el ex comisario Mario Monti ponga de acuerdo al Estado español y al Estado francés sobre el punto definitivo de la interconexión y se avanza en este sentido. Los portavoces que me han precedido nos han hablado sobre el Gobierno de la Generalitat. El Gobierno de la Generalitat ya tiene un plan de energía aprobado en 2005, el Plan de Energía de Cataluña 2006-2016, que contempla precisamente la opción de esta línea y la interconexión como la solución adecuada a los problemas eléctricos. Esa es la propuesta, esa es la hoja de ruta y esa es la posición del Gobierno de Cataluña. Ayer decía que también algunos estudios planteados precisamente para oponerse a esta línea de alta tensión han resultado ser contraproducentes. El señor Guinart conocerá el informe que finalmente encargó el Cilma, a instancias de la Diputación de Girona, presidida por un alcalde opositor de su grupo político, el grupo de CiU, que se opone a la línea de alta tensión. Finalmente, las conclusiones de los expertos encargados de hacer un informe que pudiera ser contradictorio con otros mostraron su conformidad y la necesidad de esa interconexión y de esta línea eléctrica. Por todo ello entiendo que generar este debate ofrece dudas a los ciudadanos, dudas sobre todo en nuestro territorio. Nosotros no vamos a contribuir a que haya más dudas en cuanto a la decisión estratégica de nuestro Gobierno de optar por esta nueva línea de alta tensión y la interconexión, con lo cual vamos a votar favorablemente esta iniciativa. Esperamos encontrar con el resto de grupos enmendantes una propuesta con la que nos sintamos más cómodos y dar también un mensaje claro sobre la necesidad de esa línea que dará respuestas a los problemas de infraestructura eléctrica en Girona, en Cataluña y también en este sistema mallado que queremos que sea el sistema eléctrico español.


El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): No sé si alguno de los grupos presentes que no han intervenido hasta este momento quiere fijar su posición. (Pausa.) Como no es así, pregunto simplemente al representante del grupo proponente si quiere fijar su posición sobre las enmiendas presentadas por el resto de los grupos.


El señor CASTELLÓ BORONAT: Ya hemos anunciado que estamos en disposición de hacer una enmienda transaccional con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y por el Grupo Parlamentario Socialista. Evidentemente, no vamos a aceptar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Señor Castelló, entiendo que antes de proceder a la votación dispondremos de la enmienda transaccional.


Me gustaría comentarles que el presidente ha dicho que no se votará antes de la una y entiendo que los miembros de esta Comisión están haciendo sus previsiones para poder estar aquí a esa hora. Lo recuerdo porque como vamos a comenzar el tercero de los puntos del orden del día y todavía nos quedan otros cuatro, la previsión de la una se va a quedar corta. Hago esta consideración por si quieren moderar el tiempo de sus intervenciones.


-SOBRE MEDIDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001841)

El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): El tercero de los puntos a abordar hoy es la proposición no de ley sobre medidas para mejorar la calidad en el suministro eléctrico, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Esta es una proposición no de ley que nuestro grupo parlamentario presentó el 21 de julio de 2006. Ustedes se acordarán de que en ese mes, concretamente los días 16 y 17, dos apagones sucesivos en doce horas en Madrid afectaron a más de 250.000 personas como consecuencia del incendio de subestaciones de Iberdrola y un centro de transformación de Unión Fenosa. Lo cierto es que esta proposición no de ley que presentamos en julio de 2006 hoy, después del verano de 2007, es más actual que nunca. Lo digo porque resulta que este verano, en agosto de 2007, un año después, la falta de mantenimiento por parte de diferentes compañías eléctricas según Red Eléctrica, o la falta de mantenimiento por parte de Red Eléctrica de la red convencional según Endesa, supuso que miles y miles de catalanes, concretamente de barceloneses, pasasen una semana sin suministro eléctrico. Entendíamos el verano pasado y entendemos hoy, que tenemos un problema grave de suministro eléctrico, pese a los diferentes informes de la Comisión Nacional de la Energía que asegura que los índices de calidad aumentan cada año y que los tiempos de interrupción equivalente de potencia instalada no dejan de bajar cada año. Aunque la Comisión Nacional de la Energía nos da esas cifras, lo cierto es que lo que se ha vivido este verano en la ciudad de Barcelona expresa una evidente falta de mantenimiento.


El talón de Aquiles del sistema eléctrico no está en las líneas de muy alta tensión, como se decía hace un momento, sino en las redes de transporte y distribución, incapaces de atender a puntas de demanda seguramente porque hay, por un lado, una renuncia a la gestión de la demanda -tal y como vienen reclamando grupo ecologistas, tal y como viene demandando nuestro grupo parlamentario desde el principio de la legislatura- y, por otro lado, porque las obligaciones de mantenimiento

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por parte de las compañías eléctricas de la red convencional año tras año no se cumplen.


Nosotros mantenemos esta proposición no de ley, más actual que nunca, como les decía, entendiendo que hay diferentes puntos fundamentales para garantizar el acceso al suministro eléctrico y sobre todo el cumplimiento por parte de unas compañías eléctricas que no han dejado de ganar cifras millonarias con beneficios que en algunos casos han superado el 40 por ciento anual, en los últimos años. Por eso nosotros planteamos que se reúna previamente a las compañías eléctricas para que expliquen las causas de los apagones; que se abra una investigación sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones de calidad y de suministro por parte de las compañías eléctricas; que se presente un informe resultante al Congreso de los Diputados, que por tanto haya una actitud activa del Gobierno que suponga una información al Congreso; que nos cercioremos del cumplimiento de los plazos obligatorios de la inspección de las subestaciones y transformadores y el control del estado de resistencias, inductores, condensadores, reles, cableado, etcétera. No se trata de invadir ninguna competencia de la comunidad autónoma; se trata de tener un conocimiento por parte del Gobierno y después por parte del Congreso.
Planteamos también que se controle el cumplimiento del calendario establecido por ley para la eliminación progresiva de los aceites de refrigeración que contengan compuestos tóxicos, y que se haga antes del 2011. Estos aceites, como ustedes saben, son utilizados en todos los transformadores de más de veinticinco años de antigüedad, factor clave por el que ha habido diferentes accidentes. En el punto quinto pedimos que, en colaboración con las comunidades autónomas, se hagan cumplir las obligaciones que derivan de la ley para que haya una mayor exigencia a las empresas de generación eléctrica y de distribución. Además de satisfacer la demanda con servicios eléctricos con mínimo consumo de energía primaria o de promover la generación distribuida, es fundamental que haya un mandato del Congreso para la mejora de las tecnologías de gestión de Red Eléctrica y se incremente la transparencia que hoy no tenemos; faltan instrumentos para conocer cómo se opera desde Red Eléctrica. Planteamos que se encomiende a Red Eléctrica un programa de mejora de la red garantizando que éste soporte las energías de origen renovable. Todos sabemos del discurso por parte de Red Eléctrica que dice que no es posible acometer una mayor carga de las energías de origen renovable. Pues bien, queremos que se haga ese programa y que ese informe de la Comisión Nacional de la Energía sobre el grado de realización de las infraestructuras energéticas se presente anualmente ante la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, para lo cual establecemos un listado que se nos dice que se hace pero que nosotros queremos que se presente ante el Congreso.


Tengo que decirles también que nos han presentado tres enmiendas: una, del Grupo Parlamentario Popular, en la que cuando hablamos del peso de las energías renovables simplemente nos remiten a la ley, cosa que nos parece razonable; una del Grupo Parlamentario Socialista, que en algunos puntos se queda por detrás de lo que nosotros planteamos y vamos a ver si es posible llegar a un acuerdo, porque si no someteríamos a votación nuestra enmienda, y una de Convergència i Unió que nos parece razonable, porque trata de conectar esta proposición no de ley que, como decía, es de julio de 2006, con lo acontecido este mismo año en Barcelona. Nos parece positivo que en relación con el apagón eléctrico sufrido en la ciudad de Barcelona se presente un informe ante la Comisión de Industria sobre las causas y las medidas adoptadas, más aún cuando tenemos estas diferencias entre Red Eléctrica Española y Endesa, atribuyéndose los unos a los otros las responsabilidades; que se presente un informe ante la Comisión de Industria para que se determinen los plazos obligatorios de inspección en las subestaciones, transformadores -lo que venimos planteando en el conjunto de la proposición no de ley sobre lo que ha pasado en Barcelona-, y que también se presente, antes de un mes, un informe encargado a la Comisión Nacional de la Energía en relación con el mismo suceso para aclarar lo que ha pasado ante las diferentes versiones.
Esperamos llegar finalmente a un consenso, si es posible, y esperemos que, en definitiva, de la Comisión de Industria salga hoy un mandato a las diferentes instituciones, a Red Eléctrica Española, en el que se exija más a las compañías eléctricas, porque hoy el problema no lo tenemos en la línea de muy alta tensión. Lamentablemente, el problema más grave que hemos tenido en los últimos años es por falta de mantenimiento de la red más elemental, de la red más básica.


Me gustaría saber qué hubiese pasado si lo sucedido este verano en Barcelona lo hubiesen podido atribuir al mantenimiento de la línea de muy alta tensión. Si hubiese pasado lo que ha pasado en Barcelona por falta de interconexión con Francia, hoy tendríamos a los agoreros, que dicen que hay un problema grave, diciendo que sí, que la responsabilidad era no de Red Eléctrica Española o Endesa, sino de Iniciativa Verds que se opone a la interconexión con Francia. Hoy me hubiese gustado -a lo mejor lo oigo- que aquellos que abogan por la interconexión con Francia -y el resto de los portavoces- nos digan que los responsables del principal apagón que ha padecido este país en los últimos años, que es el apagón de Barcelona, son Endesa y Red Eléctrica Española por falta de mantenimiento en la red convencional.


El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Como el señor diputado acaba de decir, se han presentado tres enmiendas y para defender la primera de ellas tiene la palabra en nombre de Convergència i Unió el señor Guinart.


El señor GUINART SOLÁ: Intervengo para defender la enmienda que presenta Convergència i Unió a la proposición no de ley de Iniciativa per Catalunya Verds, que se planteó a raíz del apagón sufrido por la ciudad de

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Barcelona en el verano y sobre las posteriores incomodidades que se generaron para los ciudadanos en relación con el mismo. Esta proposición de Iniciativa per Catalunya Verds parece recoger su propuesta de medidas al respecto para que esos hechos no vuelvan a suceder en el futuro.


Hemos de poner de relieve que casi dos meses después de los hechos, de ese famoso apagón veraniego, continuamos sin saber las causas o las responsabilidades definitivas, aunque hay indicios y opiniones, pero no sabemos las causas incontestables de este hecho. La Comisión Nacional de la Energía no ha cerrado sus informes, Red Eléctrica Española y Endesa continúan con versiones dispares y sin asumir responsabilidades. Ni el Gobierno central ni la Generalitat ni el Ayuntamiento de Barcelona han tomado cartas en el asunto en profundidad como es evaluar e informar sobre el estado de las redes y la necesidad de construcción de nuevas redes o no. Las consideraciones son claras: por un lado, el bajo nivel de inversiones en Cataluña y, por otro lado, la falta de política energética de este y de anteriores gobiernos.


En cuanto al bajo nivel de inversiones en Cataluña, como ya hemos expresado en otras ocasiones, estos hechos se producen por esta mínima inversión en Cataluña en relación con la necesidad de la misma. Hemos insistido en la falta de inversión en infraestructuras aeroportuarias, de cercanías, viarias, de alta velocidad, etcétera, y también, lógicamente, este es el tema que nos ocupa, en infraestructuras de transporte y distribución eléctricas. El Colegi d'Enginyers de Cataluña pone de manifiesto un dato de peso: Cataluña paga el 25 por ciento de la factura eléctrica en España, pero únicamente revierte en Cataluña el 15 por ciento en nuevas instalaciones y en mantenimiento de la red de distribución. Este déficit inversor viene provocado por la tarifa eléctrica y el marco regulatorio que impone la Comisión Nacional de la Energía y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Por tanto, hay una causa clara y definida. No insistimos en el déficit por el simple hecho de reclamar, por el simple interés político, sino que reclamamos porque después sucede lo que sucede y este es el caso, esos déficits son los que provocan, por ejemplo, la huelga de El Prat, en julio del año pasado, los retrasos en Cercanías o el apagón de este verano. Se reclama porque los ciudadanos quieren alcanzar el nivel de vida que se merecen y es más que evidente que con estos hechos poco podemos considerar que disfruten de las máximas comodidades en su vida cotidiana.


En segundo lugar, la falta de política energética de este y de anteriores gobiernos. La política energética española ha sido variable e inestable, con un componente muy coyuntural, una estrategia a medio y largo plazo poco estructurada y que adolece de la suficiente solidez para dar una respuesta adecuada a los retos futuros. La gestión de la política energética desarrollada por los miembros del PP y del PSOE tiene por nuestra parte un suspenso, una mala nota. Ha existido y continúa existiendo un comportamiento errático del Gobierno del PSOE, el Ministerio de Industria ha impulsado muchas modificaciones legislativas y normativas sin que sepamos a qué responden y sin que exista una coherencia entre ellas. En estas fechas continuamos desconociendo, igual que al principio de la legislatura, cuál es el modelo energético del Gobierno, qué infraestructuras quiere impulsar, qué piensa hacer en materia de interconexión eléctrica, cuál es el papel de las energías renovables, etcétera. Es inverosímil que acabemos la legislatura con las mismas dudas que cuando empezamos. Esa indefinición es lo que provoca con el tiempo que las cosas fallen y fallan porque, entre otras causas, el Gobierno en ningún caso ha exigido, como debería haber hecho, las inversiones y el mantenimiento suficientes para configurar un sistema eléctrico muy diferente al que actualmente tenemos, más eficaz y que no tenga fallos como los que hemos sufrido y que, en definitiva, demuestran que estamos en una situación absolutamente precaria e insatisfactoria.


Ahora nos parece -debería haber sido ya antes- el momento oportuno para adoptar medidas y las contempladas en la proposición no de ley del grupo proponente no nos parecen inadecuadas, sino todo lo contrario. Hemos formulado una enmienda, que podría ser de adición, que contempla la necesaria presentación de diversos informes, especialmente el que prepara la Comisión Nacional de la Energía ante esta Comisión, y con carácter de urgencia. El señor Herrera decía que la presentación de la enmienda ha permitido actualizar el estado de la cuestión, con lo cual celebramos que acepte nuestra enmienda de adición para conocer más datos y responder a la actualidad en este tema. Nuestra enmienda de adición -que sería el punto 10-, formulada a la parte expositiva del grupo proponente, pretende que, en relación con el apagón sufrido por la ciudad de Barcelona, se presente un informe ante la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso, en el plazo de un mes, sobre las causas y medidas adoptadas con relación al apagón de referencia. También pide presentar un informe ante la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, en el plazo de un mes, en relación con los plazos obligatorios de inspección de subestaciones, transformadores y el control del estado de las resistencias, inductores, condensadores, ralés y cableado, situados en la ciudad de Barcelona y sus cercanías, así como su cumplimiento en las infraestructuras causantes del apagón. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio comparecerá ante la misma Comisión del Congreso para presentar los mencionados informes.
Finalmente, también se pide en esta adición a la enmienda presentar ante la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, en el plazo de un mes, el informe encargado de la Comisión Nacional de la Energía en relación con el suceso de referencia. A estos efectos, la Comisión acordará la comparecencia de la presidencia de la Comisión Nacional de la Energía.
Entendemos que esta enmienda va a ser aceptada por el grupo proponente, con lo que celebramos que en este aspecto haya una coincidencia en el tema energético en grupos tan dispares

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como Convergència i Unió e Iniciativa per Catalunya Verds.


El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Otro de los grupos enmendantes es el Grupo Popular, en cuyo nombre y para la defensa de la enmienda tiene la palabra el señor Castelló.


El señor CASTELLÓ BORONAT: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a la proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds que entendemos que matiza lo único en lo que podríamos tener alguna discrepancia en lo que se refiere al modelo que defiende Izquierda Unida y el que defendemos desde el Grupo Popular. Con el resto de la proposición no de ley estamos fundamentalmente de acuerdo. Esto es curioso y por eso me gustaría explicar el porqué estamos de acuerdo, teniendo en cuenta lo diferentes que son desde el punto de vista de modelo, los posicionamientos políticos que defiende izquierda y los que defiende el Grupo Parlamentario Popular. Estamos de acuerdo porque de lo que se trata en la proposición no de ley es precisamente de cuestiones que hacen referencia a lo que tiene que hacer el Gobierno de España, a lo que tiene que hacer en colaboración con las comunidades autónomas y a lo que tiene que hacerse con respecto al control del Parlamento sobre algunas circunstancias, que son seguridad y calidad de suministro, pero no tiene nada que ver, en principio, con esos dos modelos diferentes que defendemos Izquierda Unida y el Grupo Popular. Por tanto, estamos de acuerdo en que el Gobierno de España -y ha sido una de las críticas que hemos venido manteniendo durante estos tres últimos años- ha estado preocupado por otras cuestiones, pero en absoluto por el tema energético y fundamentalmente por los principales problemas que tenía nuestro sistema energético, por lo que es importante que se le inste a que esté mucho más encima del propio sistema y del sector, en colaboración con las comunidades autónomas, por una parte y, por la otra, en el control. En lo único en donde podemos tener una discrepancia, en cuanto al modelo que se defiende por Izquierda Unida y por el Grupo Popular, es porque en el punto 6 de la proposición no de ley se habla de la introducción masiva de las energías renovables. Nosotros estamos a favor de las energías renovables, nuestro gobierno fue el que inició el Plan de Energías Renovables, y así lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, pero partimos de la base que el mix de generación del sistema energético español ha de ser un mix de generación lo más amplio y lo más flexible posible, donde, evidentemente, las energías renovables tienen que tener un protagonismo fundamental en los próximos años y donde tenemos que conseguir el compromiso -en el que estamos todos de acuerdo- de que en el año 2020 el sistema de generación energético español se produzca en un 20 por ciento por energías renovables. Este es un objetivo que se ha marcado en la Unión Europea, que nosotros hemos asumido ya por ley y creo que es conveniente para ese mix amplio y flexible que defendemos. Pero ahí está la contradicción con la introducción masiva de las energías renovables, ya que puede ser perjudicial para el sistema en el futuro. Nosotros entendemos que en el futuro, en los próximos quince o veinte años, es muy difícil que se produzca esa circunstancia y por eso hemos planteado esta enmienda.


Evidentemente, esta proposición no de ley podría dar lugar a un debate muy amplio sobre calidad y seguridad del suministro, en unos momentos en los que estamos muy sensibilizados por lo que ha sucedido, especialmente en el tema de Cataluña. Por ello, habría que reforzar la responsabilidad del Gobierno de España. Con esto quiero entrar en alguna cuestión que se ha comentado antes sobre la responsabilidad de lo que ha ocurrido en Barcelona. Evidentemente, la responsabilidad es de las empresas eléctricas, Red Eléctrica, Endesa, ya veremos en qué medida ya que aquí estamos aún pendientes de los informes, pero es responsabilidad también de las administraciones públicas correspondientes, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España, especialmente del Gobierno de España que tiene las competencias de garantizar esa calidad y la seguridad del suministro, especialmente y muy especialmente. Se lo dijimos aquí -en la comparecencia que hubo al efecto- al ministro señor Clos. No se le puede decir exclusivamente a las empresas correspondientes, también están las administraciones, ya que quien tiene esa responsabilidad de gobierno tiene que asumir la responsabilidad política cuando ocurren estas circunstancias. A nadie nos gusta que ocurran este tipo de circunstancias y menos de la manera que se han producido, pero cuando se producen se tienen que asumir las responsabilidades correspondientes. Por tanto, no voy a decir que si la línea de interconexión con Francia no se ha hecho es por culpa de que el planteamiento de unos u otros era contrario, ni que esto sería lo que ha motivado o no el accidente si se hubiera producido, en lugar de donde se ha producido, en la alta tensión. Es una barbaridad plantearlo en esos términos. Igualmente, pienso que el discurso de tener un sistema mucho más eficiente no tiene nada que ver con una interconexión más o menos.
Estas son cuestiones que si se miran individualmente se pueden discutir pero tenemos que ver el global del sistema. Es evidente que hemos de mejorar la eficiencia de nuestro sistema y que debemos reducir el aislamiento que tenemos; eso es bueno, y las posibilidades que hay para reducir el aislamiento que tenemos son las que son, es decir, no son absolutamente incompatibles.


Nosotros, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, podemos votar a favor la proposición, si se acepta la enmienda que hemos presentado. Con esto doy por concluida mi intervención.


El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): El tercer grupo de enmendantes es el Grupo Socialista y, en su nombre, tiene la palabra la señora Mendizábal.


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La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: La seguridad en el suministro de energía eléctrica es uno de los objetivos fundamentales de cualquier política energética, tanto a nivel español como comunitario y, por tanto, consideramos del máximo interés la proposición no de ley que estamos debatiendo.


Mi grupo quiere hacer constar nuestro total acuerdo con el interés que plantea el grupo proponente para implementar una serie de medidas que contribuyan a mejorar la calidad del suministro, por lo que anuncio nuestro apoyo genérico a esta proposición no de ley. Sin embargo, no a todos y cada uno de los puntos de los que consta esta proposición no de ley por distintas razones pero, fundamentalmente, por razones competenciales. Por todo ello, hemos presentado una enmienda de modificación de alguno de los puntos de los que consta esta proposición y hemos mantenido exactamente igual otros.


Respecto al primer punto, que habla de reunir periódicamente a las compañías eléctricas, queremos hacer constar que ya desde 2002 las empresas deben emitir informes detallados sobre las causas de los incidentes, los medios que se han empleado para su corrección, el número de consumidores afectados, el tiempo de interrupción o cualquier otro dato que se considere necesario. Lo único que hemos hecho aquí es sustituir el término reunir a las compañías eléctricas porque consideramos que simplemente con que se soliciten periódicamente los informes que tienen que presentar bastaría; no es necesaria la reunión, es decir, es una enmienda de matiz y para aligerar el procedimiento. En cuanto al segundo punto, como bien señala la propia proposición no de ley, el Real Decreto 1955 del año 2000 establece los parámetros que miden los niveles de calidad y los valores límite de los mismos por cada tipo de zona. No obstante, hay que recordar que las competencias relativas a la distribución de energía eléctrica corresponden a las comunidades autónomas y, por tanto, es en la distribución en la que se producen la mayoría de las incidencias que provocan estas interrupciones en el suministro. Consideramos importante conocerlo, pero lo de abrir una investigación no nos corresponde directamente a la Comisión del Congreso de los Diputados o al Gobierno de España. Lo que hemos hecho es proponer que se haga un seguimiento ya que la investigación no nos corresponde.
Respecto a los puntos 3 y 4, tanto la inspección de distribución como el control en el cumplimiento de la eliminación progresiva de los aceites de refrigeración son temas cuya competencia corresponde a las comunidades autónomas. Por tanto, consideramos que no es de recibo que en los puntos 3 y 4 se inste al Gobierno a hacerlo. En cuanto al punto 5, que dice en colaboración con las comunidades autónomas, mantenemos exactamente como está la proposición no de ley presentada, excepto el apartado c), ya que también es una competencia de las comunidades autónomas y, por tanto, no debe instarse al Gobierno a que así lo haga. Los puntos 6 y 7 se mantienen igual que figuran en la proposición no de ley. En el punto 7 eliminamos la primera parte, porque no entendíamos muy bien lo de la mejora de las tecnologías de gestión de red eléctrica. Quizás sí entendemos lo del tema de la transparencia y permeabilidad, pero no sabemos si se refería a la red eléctrica o a Red Eléctrica Española. En cuanto al punto 8, que pretende encomendar a Red Eléctrica un programa de mejora de la red garantizando que ésta soporte las energías de origen renovable, nos parece bien. Finalmente, el punto 9 de la proposición no de ley también lo acepta mi grupo, ya que la Comisión Nacional de la Energía elabora informes semestrales de seguimiento de las infraestructuras de transporte eléctrico y, por tanto, nos parece bien que se presente el informe de la Comisión Nacional de la Energía.
Respecto a los apartados b), c) y d) de esta última proposición, nosotros en nuestras enmiendas los hemos retirado por razones puramente de funcionamiento. El apartado b) se refiere al listado de los expedientes informativos sancionadores establecidos por parte de las distintas administraciones, un listado que ya es público. El apartado c) se refiere a los valores Tiepi y Niepi, que son informes que están en la web del ministerio y, por tanto, no nos parece que tengan por qué aparecer, si queremos solicitarlo tampoco pasa nada, pero hay que decir que ya son públicos. Respecto al punto d), el resumen anual de las auditorías de niveles de calidad realizados a las compañías de distribución es competencia de las comunidades autónomas. Aquí no cabe que el Gobierno inste a las compañías de distribución a tener un resumen anual de las auditorías. En todo caso, lo único que se podría hacer es que el ministerio aunara los informes que las distintas comunidades autónomas hicieran sobre este tema, pero no puede meterse en competencias que no le corresponden.


Por tanto, vuelvo a insistir que por parte de mi grupo aceptamos plenamente el fondo de lo que significa esta proposición no de ley, que se ocupa de un tema tan importante como la calidad del suministro eléctrico, pero la mayoría de las pegas que hemos puesto para presentar una enmienda a esta proposición no de ley son de carácter competencial, por no competir al Gobierno todo aquello que sea relativo a la distribución, que es competencia única y exclusiva de las comunidades autónomas.


El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Pregunto al resto de los grupos aquí presentes, y que no son enmendantes de la proposición no de ley, si desean intervenir para fijar su posición. (Pausa.)

Señor Herrera, para fijar definitivamente su posición.


El señor HERRERA TORRES: Hay elementos fundamentales de la proposición no de ley que tienen que incorporarse, como el abrir una investigación porque entendemos que es responsabilidad también de este Gobierno y de este Congreso de los Diputados garantizar la calidad del suministro. La proposición no de ley es muy escrupulosa con el tema competencial, por tanto, nos parece que existe un doble lenguaje, hay veces que

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se es muy escrupuloso y otras veces no. En todo caso, intentaremos negociarlo y, si no es posible, se votará en los términos en que se ha presentado.


- PARA LA MEJORA DE LA TRANSPARENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL ENCARGADA DE ESTUDIAR LA UBICACIÓN DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO (ATC), PARALIZACIÓN DE SUS CONCLUSIONES HASTA EL CUMPLIMIENTOS DE CIERTOS REQUISITOS AMBIENTALES Y SOCIALES Y GARANTIZAR EL CONSENSO EN LA TOMA DE DECISIONES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA ERC. (Número de expediente 161/001894).


El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Pasamos al punto del orden del día que figura como punto 5, aunque de hecho va a ser la cuarta proposición no de ley que debatamos esta mañana, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y hace referencia a la mejora de la transparencia en las actividades de la comisión interministerial encargada de estudiar la ubicación del almacén temporal centralizado (ATC), paralización de sus conclusiones hasta el cumplimientos de ciertos requisitos ambientales y sociales y garantizar el consenso en la toma de decisiones. En nombre del grupo proponente tiene la palabra don Jordi Ramón.


El señor RAMÓN TORRES: Señorías, uno de los problemas más graves, y estaremos seguramente todos de acuerdo, asociados a la utilización de la fisión nuclear como fuente de energía eléctrica es la generación de residuos radiactivos de alta actividad y de larga duración. Mientras la generación actual se beneficia de la producción eléctrica de las centrales nucleares, las generaciones futuras van a heredar irremediablemente un gravísimo e irresuelto problema ambiental. A finales de 2006, como consecuencia del combustible gastado en centrales nucleares, había casi 3.400 toneladas de uranio almacenadas, sobre todo en las piscinas de las diversas instalaciones. A esta cantidad hay que añadir otros residuos que fueron exportados para su reprocesamiento y que deberán volver -como ustedes saben también- inmediatamente. Entre tanto la producción de residuos continúa y lo seguirá haciendo en la medida que continúe la actividad de las centrales. Señorías, Enresa viene anunciando hace años la necesidad de tomar alguna decisión en este ámbito por lo que se han ido desarrollando informes sobre la viabilidad de diferentes formas de almacenamiento de los residuos. El Congreso de los Diputados inicialmente fue protagonista del inicio del debate, pero progresivamente ha pasado a ser espectador de los hechos consumados que proceden del Gobierno. Decía que inicialmente fue protagonista porque se creó a petición del Congreso la mesa que tenía que debatir el tema nuclear, pero que ni las indicaciones ni los informes que han salido de esta mesa han sido tomados en cuenta, a nuestro entender, por el Gobierno y, como les decía, ese debate que progresivamente había protagonizado el Congreso ha ido progresivamente pasando a esos hechos consumados por parte del Gobierno. En abril de 2000 esta Comisión de Industria aprobó sin unanimidad -y quiero recalcar que no hubo unanimidad porque nuestro grupo no apoyó el texto que se aprobó- la creación de una comisión interministerial para el almacenamiento en un almacén temporal centralizado, lo que se viene conociendo como ATC. Esta Comisión tenía que establecer los criterios para la ubicación de dicho almacén y tenía que ver las conclusiones sobre unas propuestas concretas. Quiero recordarles que dicha comisión interministerial se creó en junio de 2006 y que en la proposición no de ley que se aprobó entonces se había propuesto que la decisión de esta comisión interministerial fuera tomada antes de finales de 2006. Bien, no se ha tomado antes de 2006, a nuestro entender mejor, porque las tareas que ha llevado esta comisión interministerial no han sido todo lo transparentes que tenían que ser. La comisión se ha mostrado esquiva al necesario control parlamentario y no ha sido posible conocer el estado actual y real del proceso de selección de los emplazamientos ni saber para cuándo se prevé la finalización de los estudios de esta comisión interministerial. La proposición no de ley que nuestro grupo presenta hoy pide, en primer lugar, que instemos al Gobierno a que paralice cualquier tipo de conclusión sobre las condiciones y ubicación del ATC por parte de la comisión interministerial encargada de proponer las ubicaciones hasta que se haya elaborado un programa de cierre y de desmantelamiento de las centrales nucleares, y que determine la fecha límite de vida operativa de cada central. Solo con el cierre de las instalaciones puede solucionarse de raíz el problema de la generación de residuos radioactivos. Entendemos que no es útil intentar buscar una solución alternativa a estos residuos que generan las centrales nucleares sin tener un plan, ya no diría de cierre, pero sí de vida útil de las centrales nucleares. Lo que no podemos hacer es buscar una solución temporal sin saber al final qué soluciones vamos a tener que acometer e ir generando residuos nucleares sin saber qué finalidad le damos a estos residuos. Como les decía al principio de mi intervención, puede ser que esto ayude a la generación actual, pero va a suponer graves riesgos y graves problemas a generaciones venideras que no se merecen esa indecisión del Gobierno actual en el tema de las vidas útiles de las centrales nucleares.


Por otro lado, la proposición también propone que el VI Plan General de Residuos Radiactivos se someta a lo dispuesto en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.


La proposición no de ley también busca poner de manifiesto que ni Enresa ni la comisión interministerial

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encargada de proponer las ubicaciones del ATC están realizando sus actividades de forma suficientemente transparente. Entendemos que este es un punto importante. Nosotros pedimos que haya mucha más transparencia y en ese sentido va esta PNL, pero creemos que no solo lo pide el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya sino que también la opinión pública en general demanda transparencia. Además, cuando se creó esta comisión interministerial uno de los objetivos era dar transparencia a todas las decisiones que tomara la propia comisión.


Igualmente, señorías, y en relación con los contactos que la comisión interministerial está realizando unilateralmente con algunos municipios, singularmente en la provincia de Tarragona, la proposición no de ley pide que la disponibilidad para aceptar el ATC por parte de una corporación municipal sea condición necesaria pero no suficiente y que también se requiera necesariamente el consentimiento de los municipios limítrofes y, por descontado, el de la comunidad autónoma de este territorio. Nosotros entendemos que el hecho de que la comunidad autónoma tenga que dar el consentimiento para que este ATC se pueda instalar en su territorio es una condición sine qua non, y también debe serlo el consentimiento de los municipios limítrofes. Como les decía, en la provincia de Tarragona, muchos de los municipios están alarmados porque tienen conocimiento de que esta comisión interministerial ya ha tenido contactos con algunos municipios limítrofes al suyo, pero ellos no tienen ningún tipo de información sobre si este ATC va a instalarse cerca de su municipio.
Entendemos que en la provincia de Tarragona esto es mucho más grave, porque ustedes sabrán -por decirlo de una manera suave- el número de instalaciones nucleares que tienen que soportar los vecinos de Tarragona, que entienden que tendría que ser mucho más equitativa la distribución de los problemas asociados que vienen de la generación energética.
Actualmente -ustedes lo habrán leído en la prensa- se está planteando la instalación de un depósito de gas licuado que también va a afectar a esta provincia. Digo esto porque hay provincias o demarcaciones del Estado que parece que están abonadas a según qué tipo de instalaciones, y eso no es lo más grave. Lo más grave es que estas demarcaciones y sobre todo los municipios y la opinión pública de estas demarcaciones no tienen la información necesaria de si, al final, se instalarán o no se instalarán y qué compensaciones se están prometiendo a según qué alcaldes y, como digo, ellos no tienen la información necesaria para estar de acuerdo o no.


En definitiva, esta proposición no de ley lo que pide es que esta decisión sea mucho más transparente, que sea mucho más eficaz. Por eso nosotros entendemos que, de una vez por todas, el Gobierno tiene que hacer un plan de vida útil de las centrales nucleares -ya no pedimos un plan de cierre, pero sí un plan de vida útil- y nosotros entendemos que es imprescindible que los municipios afectados sean consultados y se pida su consentimiento, pero, sobre todo, como decía, el consentimiento de la comunidad autónoma es una condición sine qua non para nuestro grupo parlamentario. Solo me queda decir que espero que los demás grupos parlamentarios den apoyo a esta iniciativa.


El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Esta proposición no de ley no tiene grupos enmendantes. ¿Qué grupos desean fijar su posición? (Pausa.) Siguiendo el orden de menor a mayor, tiene la palabra por el grupo minoritario el representante del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Yo quisiera situar el debate del ATC planteando lo que en su día se discutió en esta Comisión. Ustedes se acordarán de que en su día esta Comisión mandató al Gobierno la creación de una comisión interministerial para la instalación de un ATC. En aquel entonces hubo un voto en contra de ese mandato de la Comisión, que fue el de nuestro grupo parlamentario. El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana se abstuvo porque se incorporó un elemento de participación de comunidades autónomas, como ustedes recordarán, y el resto de los grupos parlamentarios votó a favor. Estamos hablando de un mandato de hace años ante el que nuestro grupo parlamentario anunció que, sin un escenario de cierre de las centrales nucleares, sería imposible solventar dónde se instalaría el ATC. El diagnóstico es sencillo: difícilmente podemos hablar de un almacén temporal centralizado donde ubicar todos los residuos nucleares sin saber hasta cuándo se van a estar generando los residuos nucleares. Dicho de otra manera: no hay solución para los residuos si no sabemos cuántos son los residuos que vamos a tener que gestionar. El problema está en que el Gobierno -o esta Comisión con el mandato de creación de esa comisión interministerial- pretendió solventar el tema de los residuos sin solventar cuál era el escenario futuro en torno a la energía nuclear, y una cosa es incompatible con la otra.


Nosotros entendíamos que lo que iba a pasar es lo que finalmente ha pasado. Estamos hablando día tras día sobre dónde se va a instalar el ATC, pero lo cierto es que la comisión interministerial no avanza, pese a que existe un sondeo de diferentes municipios por todo el territorio del Estado -también por todas las comarcas de Tarragona- en el que se van sondeando municipios aleatoriamente para ver dónde se pueden instalar. Lo que vaticinamos es que mientras no se resuelva cuál es el horizonte en el funcionamiento de las centrales nucleares no habrá solución para los residuos. Es más, a mí me han trasladado desde espacios claramente pro nucleares que la tecnología nuclear solo tiene un -cito literalmente- problemilla; ese problemilla son residuos que duran miles de años. Eso no es un problemilla, señoras y señores diputados, es un problemazo. Y, claro está, cuando hay un problema tan grave como ese, sin un consenso social y político no se puede llegar a una solución.


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Por eso nosotros vamos a votar positivamente a la proposición no de ley de Esquerra Republicana, porque, de hecho, es lo que nosotros hemos planteado también en diferentes ocasiones, en diferentes proposiciones no de ley en esta Comisión, en preguntas en Pleno, en interpelaciones.
Digamos que desde nuestro grupo parlamentario -el señor Ramón también lo sabe- hemos hecho un trabajo activo en la misma línea que plantea hoy Esquerra Republicana. Lo que esperamos es responsabilidad. Nosotros somos conscientes de que antes de las elecciones generales no va a haber solución alguna para el ATC y es posible que después de las elecciones generales tampoco la haya, porque después vendrán elecciones autonómicas en algunas partes del Estado, y después vendrán elecciones municipales y después vendrán las elecciones europeas, y como después vendrán otras elecciones, tampoco habrá solución para el ATC. Dicho de otra manera: mientras ustedes no resuelvan el debate de qué hacer con las centrales nucleares, nosotros vaticinamos que no habrá solución al problema de los residuos.


Por último, quiero decir que existe una preocupación razonable por parte de los municipios que están en el entorno de las centrales, por parte de AMAC. Hay algunos planteamientos de AMAC con los que puedo coincidir y otros con los que no coincido, lo pongo encima de la mesa, pero lo cierto es que existe una preocupación porque hay algunos ATI -los almacenes temporales individualizados que están en las centrales nucleares- están en el límite de su capacidad. Sí, sí, ahí. Pero lo que es muy irresponsable es decir que los ATI están al límite de su capacidad, solventar qué hacer con el ATC y no solventar el debate de fondo, que es qué hacer con la energía nuclear. Es muy egoísta pensar hoy que vamos a buscar una solución, sin pensar en la solución para 2020. El problema lo vamos a tener en muy poquitos años. Ustedes saben que para que haya una alternativa energética en 2020, las decisiones se tienen que tomar hoy, a finales de esta década. Si no se toman las soluciones, tendremos un escenario en 2020 con centrales nucleares obsoletas, sin saber qué hacer con los residuos y con una situación complicada. Por eso, le pediríamos al Gobierno ir a un escenario de aclaración. Yo recordaría que, fruto de un debate sobre el estado de la Nación y de una pregunta mía en particular al presidente del Gobierno se creó una comisión para conocer el futuro de la energía nuclear en España. Aquella comisión fue un pasar la pelota hacia delante sin tomar decisión alguna. Pues bien, nosotros decimos que fruto de esos polvos se recogen estos lodos y fruto de la falta de decisión política hoy no hay solución para el debate nuclear.
Nosotros decimos que la política del Gobierno Zapatero no puede continuar siendo, en materia energética y especialmente en materia nuclear, la no decisión. Por eso emplazamos a la decisión, a un escenario claro donde se afronte el debate sobre qué hacer con los residuos pero de forma rigurosa. Por todo ello, vamos a votar favorablemente e la proposición no de ley.


El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Guinart.


El señor GUINART SOLÁ: Intervengo para fijar nuestra posición con relación a esta proposición no de ley de Esquerra Republicana sobre la mejora de la transparencia de las actividades de la comisión interministerial encargada de estudiar la ubicación del almacén temporal centralizado de residuos nucleares. Desde Convergència i Unió debemos manifestar, en primer lugar, que existe una necesidad evidente y urgente de adoptar las medidas necesarias para la construcción del almacén centralizado. No puede demorarse demasiado tiempo más esta decisión y una comisión interministerial no debería ser motivo para ir retrasando esa decisión urgente. Por otro lado, no entendemos en el texto de la proposición no de ley, la relación que se establece entre la decisión de su construcción y el cierre de centrales nucleares. Los residuos nucleares, nos guste o no, son un problema actual al que debemos dar una solución, ahora, concreta y urgente. En esta línea que comentaba, a nuestro entender, sin ningún sentido el texto de la proposición contiene un dato inexacto, ya que la tabla adjunta al texto no contempla la central nuclear de Trillo que ya dispone para su uso actualmente de un almacén temporal y que, por tanto, sin decidir nada sobre el almacén centralizado deberá alargar el almacenamiento de residuos.


Por otro lado, la construcción o no del almacén centralizado no tiene nada que ver con la vida de cualquier central nuclear, sino que tiene que ver con el hecho de que, si no se construye, el combustible o fuente nuclear utilizada y agotada deberá quedarse de forma indefinida hasta no se sabe cuándo, en sus emplazamientos actuales, con los riesgos que esto comporta, dado que es difícil establecer medidas de seguridad de alto rigor de forma dispersa en el territorio. Si no se construye el almacén centralizado, a la larga, deberemos tener almacenes individualizados -algunas ya lo tienen- en todas las centrales nucleares. De hecho Trillo lo tiene, Zorita lo acaba de construir y Ascó deberá tomar la decisión de construirlo el año próximo, si no existe ninguna decisión sobre la construcción de almacenes centralizados de residuos nucleares.


También queremos poner de manifiesto una incoherencia en el texto propuesto por Esquerra Republicana en el Congreso y en el Parlament de Catalunya. En el Congreso, en el punto cuarto, se pide que se oiga el rechazo de los ciudadanos de la provincia de Tarragona a instalar el almacén en su territorio. En el texto presentado en el Parlament de Cataluyna, por contra, se habla de su extensión a toda Cataluña para buscar una solución a esta problemática. En este caso, Esquerra Republicana debe considerar que los ciudadanos de las provincias de Barcelona, Girona o Lleida tampoco rechazan el almacén. En definitiva, nuestro grupo defiende el avance de esos trabajos por parte de la comisión interministerial

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en aras a que en un plazo breve se puedan iniciar los trabajos para la construcción de este almacén, por lo que mantendremos una posición de abstención en la votación de la proposición.


El señor VICEPRESIDENTE(Beloki Guerra): Para fijar la posición del Grupo Popular tiene la palabra don Javier Gómez Darmendrail.


El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Señorías, el 27 de abril de 2006 esta Comisión de Industria, Turismo y Comercio aprobó la proposición no de ley relativa al establecimiento de una comisión interministerial cuyo cometido consistiría en establecer los criterios que deberá cumplir el emplazamiento del almacén temporal centralizado. Esta proposición no de ley fue presentada por el Grupo Socialista, por el Grupo Catalán y por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), a la que el Grupo Popular se adhirió. Pues bien, cinco meses después, el 28 de septiembre de 2006 -y lo digo porque aunque la estamos viendo esta proposición no de ley está firmada el 28 de septiembre de 2006- cuando la comisión interministerial creada por esta Cámara empieza a trabajar, resulta que Esquerra Republicana de Catalunya nos presenta otra proposición no de ley para la mejora de la transparencia en las actividades de esta comisión interministerial encargada de estudiar la ubicación del ATC para que se proceda también a la paralización de sus conclusiones hasta el cumplimiento de ciertos requisitos ambientales y sociales, y para garantizar el consenso de la toma de decisiones.


Pues bien, señorías, mi grupo cree que el tema está claro: O bien esta comisión de trabajo no consigue ponerse de acuerdo ni siquiera en el establecimiento de los criterios definidos en la propia proposición no de ley, trasladando sus profundas divergencias hasta un tema puramente técnico; o bien, una vez más, el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya pretende enturbiar el tema de fondo que no es otro que la energía nuclear. Yo creo que pretende enturbiarlo, señorías, simplemente porque no ven colmadas sus condiciones de apoyo al Gobierno en lo referente al cierre de las centrales nucleares españolas. En el Grupo Popular creemos que, independientemente de si se está a favor o en contra de la energía nuclear, hay que garantizar su operatividad. Efectivamente, los residuos nucleares no son solamente peligrosos, como dice el Grupo de Esquerra Republicana, son muy peligrosos y, por eso, deben de ser tratados de la forma adecuada. Por tanto, una ATC es necesaria por seguridad, por garantía y por responsabilidad política. Los residuos nucleares en España, con o sin opción nuclear de futuro, deben ser abordados sin demora. Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que es necesario encontrar una ubicación apropiada para descargar las actuales instalaciones nucleares, pero el Grupo de Esquerra Republicana parece que pretender paralizar esta cuestión y saturar las centrales nucleares de forma que no se puedan seguir utilizando por no poder almacenar estos residuos. Por supuesto, señorías, esto llevaría implícito un alza del precio de la electricidad, un incremento de las importaciones de hidrocarburos y una mayor vulnerabilidad energética.


Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular no compartimos los criterios ni el contenido de la proposición no de ley, entre otras, por las siguientes razones: En primer lugar, la construcción del almacén temporal centralizado es una necesidad de la industria nuclear española y su retraso afectará a la operatividad de las centrales. Es una instalación necesaria y esto no está sujeto a opinión. Existe la necesidad de ubicar los residuos a corto plazo, independientemente de los posicionamientos pro o antinucleares, pro o anticierre de las centrales nucleares españolas. En segundo lugar, sin entrar a valorar la conveniencia o no de la energía nuclear, lo cierto es que actualmente muchos países avanzados están relanzando sus programas nucleares, como son Estados Unidos, Finlandia o Reino Unido. En España la generación nuclear ahorra millones de toneladas de CO2 cada año, cuestión importantísima para cumplir los requisitos de Kioto y porque el cambio climático, también, como diría el señor Herrera, es un problemilla, pero es que, además, la generación nuclear proporciona electricidad de forma segura y barata. Puesto que en los próximos años seguirá siendo una fuente importante de nuestro sistema eléctrico, se hace necesario realizar una planificación para los residuos. En tercer y último lugar, los residuos procedentes de la generación eléctrica mediante el uso de la energía nuclear son extremadamente peligrosos, como es bien sabido y como argumenta el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Precisamente por su peligrosidad y por su durabilidad en el tiempo se hace necesario un control, un almacenamiento y, en su caso, un mantenimiento adecuado.
Negarlo, posponerlo o simplemente poner trabas a cualquier cuestión que tenga que ver con la industria nuclear solo supone entorpecer la planificación y dilatar una infraestructura que por su importancia es de interés social para toda España.


Señorías del Grupo Parlamentario Popular, consideramos que el ATC es una infraestructura prioritaria y que debe ser realizada. Creemos, y con esto concluyo, que corresponde a expertos de probada solvencia el decidir la ubicación apropiada e iniciar todos los procedimientos. Por nuestra parte, siempre apoyaremos que la ATC se realice con celeridad porque esta infraestructura beneficiará al conjunto de los españoles y garantizará la operatividad de las centrales termonucleares para seguir proporcionando energía limpia, barata y segura. Por todas estas razones, señorías, y alguna más que he omitido en atención a la solicitud del presidente de modular el discurso por el retraso que se ha producido, el Grupo Popular votará en contra de esta proposición no de ley.


El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Gracias, señor Gómez Darmendrail por todo y, entre otras cosas, por la comprensión que ha mostrado con quienes estaban trabajando a su alrededor y que le estaban molestando en su discurso.


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Finalmente, doy la palabra para fijar la posición del Grupo Socialista a doña Rosario Velasco.


La señora VELASCO GARCÍA: La posición del Grupo Socialista en esta proposición no de ley no puede ser otra que la mantenida en diciembre de 2004, cuando esta Comisión de Industria instó al Gobierno a que, en colaboración con Enresa, desarrollara los criterios necesarios para llevar a cabo en España la instalación de un ATC en consonancia con el Plan General de Residuos. Por tanto, no podemos admitir la proposición no de ley de Esquerra Republicana. Digo que es la misma posición porque el Grupo Socialista no ha variado su posición respecto a la necesidad de construir un ATC en España. Quiero decir una cosa: se parte de una premisa falsa cuando en la intervención del portavoz de Esquerra Republicana se vincula la solución del ATC a saber el calendario de vida útil de las centrales. Le quiero decir al señor Ramón que el calendario de vida útil de las centrales está definido y, en cualquier caso, el incremento o no en el tiempo de la operatividad de las centrales no depende de esta Comisión sino de las garantías de seguridad que se testen a través del Consejo de Seguridad Nuclear, que es el órgano responsable en nuestro país de garantizar la seguridad en nuestras instalaciones. Por ello en diciembre de 2004 esta Comisión insta al Gobierno a desarrollar los criterios para la instalación de un ATC por parte de todos los grupos, salvo los grupos que o bien se abstuvieron o votaron en contra, grupos que representábamos la mayoría, porque cuando los temas se aprueban por mayoría, evidentemente se cumplen. Parece que aquí apelamos a las unanimidades y a las mayorías cuando nos interesa. El Grupo Socialista en diciembre de 2004 mantuvo esa posición que posteriormente, en abril de 2006, como han dicho otros portavoces, se ha mantenido cuando solicitamos al ministerio que se creara una comisión interministerial cuyo cometido sería establecer los criterios que debería cumplir el emplazamiento del ATC. En esta proposición no de ley, apoyada por todos los grupos excepto por Esquerra Republicana e Izquierda Unida, teníamos una voluntad muy clara de transparencia, de que el sistema o la metodología de trabajo fuera absolutamente técnica, dirimida por criterios técnicos y que garantizara la seguridad en toda la toma de decisiones y, por supuesto, la transparencia en toda y cada una de las decisiones.


Por último, el VI Plan de residuos aprobado por el Gobierno, al que hace referencia en la proposición no de ley el portavoz de Esquerra Republicana, ha sido sometido a información pública y la forma de gestionarlo y abordar todas las alegaciones ha sido absolutamente transparente por lo que por parte de nuestro grupo no tenemos la menor duda de que la firma del convenio de Arus por nuestro Gobierno y posteriormente el traslado a la ley que protege los intereses de los usuarios y de los ciudadanos en cuanto a sus derechos a la información en materia de medio ambiente, se está cumpliendo con todo rigor.


Quería entrar en un tema que me parece que tiene una cierta dosis de demagogia. No se trata de abordar un debate nuclear. De lo que estamos hablando aquí es de un problema que existe en nuestro país, que es el de los residuos, el de unas centrales nucleares con almacenes temporales individualizados, muchos de los cuales ya están rebosando y hay que buscar una solución. No es responsable que el Gobierno y los grupos políticos miren para otra parte y discutamos sobre el sexo de los ángeles. El problema existe ahora, ya, hay que dar una solución pronto y desde luego tendrá que ser la mejor posible. No somos un país extraño, no es solo un problema de nuestro país sino que para tomar esta decisión se ha contrastado técnicamente, se ha visto lo que están haciendo otros países. Le quiero decir que en la mesa por la energía nuclear, cuando se debatió monográficamente este tema, no hubo ni una sola declaración de científicos, de expertos en el tema que fuera en contra de esta decisión del ATC como la solución más razonable que permita a largo plazo tomar una decisión definitiva con respecto a los residuos radiactivos.


Vamos a estar en contra, primero, porque sería irresponsable por parte del Grupo Socialista mirar para otra parte a la hora de abordar el tema de los residuos radiactivos, porque queremos garantizar la seguridad en este tipo de instalaciones y, sobre todo, porque hay una cuestión fundamental, y aquí me permito también hacer una reflexión. Es curioso, desde el catalanismo que se ejerce, que no quiera un ATC, un almacén único para toda España y permita que en Cataluña haya la posibilidad de que existan dos ATI, castigando a los sitios que han soportado las centrales nucleares a no tener una solución para el problema de sus residuos. Por tanto, me gustaría que reflexionaran sobre estas contradicciones y entendieran que lo que es bueno para Cataluña es bueno para España y que lo que es bueno para los ciudadanos de nuestro país es que haya gobiernos y grupos parlamentarios que se tomen en serio este tema y sean responsables a la hora de buscar soluciones. Todo lo demás, las cuestiones políticas, que si hay elecciones o deja de haberlas o cómo influyen las elecciones, permítame decirle que es bastante demagógico.
Somos los representantes de los ciudadanos y debemos buscar soluciones sin cubrirnos las espaldas con un discurso que a veces interesa hacerlo ante la opinión pública pero que es muy poco responsable y muy poco riguroso desde el punto de vista científico.


Como ya he dicho, vamos a votar en contra, con el convencimiento de que ustedes también van a reflexionar y de que en este proceso de toma de decisiones tienen mucho que decir, porque forman parte de un territorio que tiene dos centrales nucleares y problemas serios con los residuos radiactivos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Quiero recordar que ya hemos abordado el debate de cuatro puntos y que quedan tres más, que hemos iniciado la Comisión al filo de las once menos cuarto y que es la una.


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RELATIVA A PROBLEMAS Y SOLUCIONES DEL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA DE GASES LICUADOS DE PETRÓLEO ENVASADO (BOMBONAS DE BUTANO Y PROPANO).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002247.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Pasamos a la defensa de la próxima proposición de ley que, como ustedes saben, es la que figura en el punto 7.º del orden del día: proposición no de ley relativa a problemas y soluciones del sector de distribución minorista de gases licuados de petróleo envasado, bombonas de butano y propano, que ha sido presentada por el Grupo Mixto y que defiende en su nombre el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El sector de distribución minorista de butano está viviendo este momento de crisis -y todos lo podemos conocer directamente- porque están cambiando los hábitos de consumo en cuanto a la fuente de energía que se utiliza e incluso su canalización. Estamos ante un sector de empresas independientes, muchas de ellas pequeñas empresas, ligadas con contratos de agencia con las grandes compañías operadoras, las grandes petroleras, Repsol Butano, Cepsa, gas licuado y Petrogal Española. Este tipo de contratos de agencia obligan a las pequeñas empresas distribuidoras a tener una exclusividad territorial, es decir, a estar vinculadas a una de estas grandes empresas operadoras en un espacio determinado y a 0operar en función del contrato con el gran operador. Se trata de pequeñas empresas que siempre están sometidas de forma unilateral a retribuciones que establecen las grandes empresas operadoras. Lo único que hacen ellas es recibir una comisión por cada bombona que entregan en los términos del coste de comercialización que se estableció en el año 1993. Este sistema de dependencia de las pequeñas compañías distribuidoras en relación con las grandes ha provocado que desde 1993 el incremento del coste de comercialización se haya situado en el 35, 6 por ciento, pero el IPC ha aumentado hasta hoy el 48,6 por ciento.


Lo más grave no es esto, que sería un problema de debate en relación con el contrato de agencia, que hay que cambiarlo radicalmente en cuanto a los porcentajes de los que cada uno se beneficia, el problema es que el mercado decreciente está haciendo entrar en una grave crisis al sector porque hoy muchos hogares están conectados al gas natural, otros al gasóleo de calefacción y otros a grandes bombonas y no a pequeñas bombonas o, si quieren, a tanques de GLP. Por lo tanto, hay menos usuarios de bombonas de butano, pero las pequeñas empresas distribuidoras están obligadas a distribuir en una zona delimitada y, además, en un plazo máximo que no puede pasar de las 48 horas, una vez hecha la petición. Por tanto, menos compradores, menos usuarios, pero los gastos de reparto son los mismos. En un país como Galicia esto es muy notorio cuando se tiene que atender a las zonas rurales, muy diseminadas, que son las que siguen haciendo uso de la bombona, junto con los barrios más periféricos de la ciudad. El incremento en el término de costes de comercialización no se produce en relación con el coste real. Esto lleva a la desaparición de empresas, que prácticamente se calcula en 30 cada año. Podríamos hablar de la situación de inestabilidad y de indefensión en que se encuentran los trabajadores de estas empresas o, incluso, la necesidad de que en cualquier proceso de reestructuración se contemplasen unos derechos mínimos, ya que muchos de ellos son trabajadores mayores de 40 años. En definitiva, si el Gobierno acepta, como lo hace en sus respuestas, que los problemas por los que atraviesa el sector se derivan fundamentalmente de la disminución de la demanda de GLP a favor de otras energías alternativas, el gas natural y la electricidad, proceso que se ha consolidado en los dos últimos años, y que la caída de la demanda ha supuesto una disminución en el consumo del GLP basado en un 3,5 por ciento en 2005 y de un 9,9 por ciento en el año 2009, acepta ya una de las premisa. La otra la tiene clara también cuando en otra parte de la respuesta que ha dado a las demandas que le hemos planteado, a pesar de decir que son contratos prácticamente privados entre las grandes operadoras y las distribuidoras y que no se puede hacer nada, sí reconoce que se trata de un sector de la población de menor poder adquisitivo el que es atendido por estas distribuidoras y al mismo tiempo que el precio tiene que ser razonable, y por eso fija los precios máximos de venta.
Pues bien, si fija los precios máximos de venta y por tanto es un sector regulado, creo que por lo menos debería dar indicios de regular también la relación entre el gran operador y el pequeño distribuidor.


Por eso planteamos una proposición no de ley con cuatro puntos, uno de los cuales creo que ya está en marcha, que es elaborar un estudio de los costes en que incurre el sector minorista de distribución de gases licuados de petróleo -ya lo ha reconocido también en la respuesta a la que he aludido-. El segundo es regular por ley una cuantía independiente por el servicio de entrega domiciliaria desvinculada del precio de la bombona. El tercero es obligar por ley a las compañías petroleras a incrementar sus inversiones en I+D para sustituir los actuales envases por otros más ligeros en un plazo temporal asumible. Esto es fundamental porque, en cuanto a las medidas mínimas de seguridad e higiene en el trabajo, los trabajadores no deben cargar con kilos abusivos cuando se pueden tener unos contenedores que lo posibiliten por otros métodos más ligeros. Por último, algo muy importante, colaborar para que se constituya una mesa sectorial en la que estén representados los distintos agentes del sector, con el objeto de acometer del modo menos traumático la posible reestructuración del sector.


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En definitiva -acabo ya, señor presidente-, creemos que debemos contribuir como Congreso de los Diputados a deshacer las diferencias de poder, deshacer las contradicciones entre tener un sector regulado en cuanto a los precios máximos y después desentenderse de la relación mercantil y la regulación contractual entre las grandes empresas y las pequeñas distribuidoras y, sobre todo, atender a un hecho objetivo: la crisis del sector es evidente por datos que el propio Gobierno da, y si se trata de seguir suministrando las bombonas de gas a los consumidores más desfavorecidos algo tendremos que hacer para que esto sea posible como un derecho universal y no a costa de las pequeñas empresas y de los trabajadores.


El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): A la proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista. Para la defensa de la misma tiene la palabra la señora Velasco.


La señora VELASCO GARCÍA: Compartimos esta proposición no de ley, tanto en el análisis que se hace en la exposición de motivos como en las propuestas, porque conocemos la preocupación de este sector. Nosotros como grupo también recibimos a la Asociación Española de Empresas Distribuidoras a través de sus representantes y compartimos con ellos las dificultades por las que está atravesando el sector. Nuestra enmienda plantea una serie de matices respecto a la proposición del Bloque Nacionalista Galego. Compartimos los puntos 1 y 4, y respecto a los puntos 2 y 3 podríamos pasar a la Mesa una nueva redacción porque tenemos que comprobar si alguno de los aspectos de los que hemos hablado el portavoz del Bloque Nacionalista Galego y yo misma podría vulnerar la legislación vigente. En síntesis, estamos de acuerdo con esta proposición no de ley con los límites que he dicho. Por tanto, si el portavoz del Bloque Nacionalista Galego lo tiene a bien, nos damos unos minutos con posterioridad para poder fijar exactamente las condiciones del texto que definitivamente votemos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) El señor Guinart tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor GUINART SOLÁ: Solamente para fijar la posición de nuestro grupo respecto al texto de la proposición no de ley que trae a debate el Bloque Nacionalista Galego. Hemos de entender que se ponen las bases para la reestructuración del sector de distribución minorista de bombonas de butano y de propano. Además de proponer un estudio de la situación de retribución, aspecto en el que podríamos coincidir, se añaden una serie de consideraciones como regular la cuantía con independencia del servicio de entrega, la obligación de incrementar inversiones para sustituir los actuales envases o la constitución de una mesa sectorial para acometer la reestructuración del sector, que creemos que orientan y casi condicionan el modelo que pretende el grupo proponente que exista en el futuro. Desde nuestro punto de vista, ahora no es el momento de poner esas bases que podríamos discutir y que definirían cómo debe ser este sector económico en el futuro. Debe estudiarse el tema, atender las reclamaciones que sostienen los diferentes agentes afectados y decidir de forma conjunta y consensuada, si es posible, hacia dónde queremos ir.


Nuestra intención inicial era abstenernos en la votación, pero veremos si la enmienda que ha propuesto el Grupo Socialista y la configuración final de la que se ha anunciado que puede ser una transaccional nos satisface.
Si fuera así, votaríamos a favor; si no, nos abstendríamos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Para fijar la posición del Grupo Popular tiene la palabra el señor Castelló.


El señor CASTELLÓ BORONAT: El Grupo Parlamentario Popular también ha tenido reuniones con la asociación que representa a los distribuidores de bombonas de butano y de propano y, efectivamente, conocemos, como los demás grupos parlamentarios, la situación que hace tiempo está viviendo este sector. Estamos de acuerdo con la proposición no de ley. Sabíamos que había una iniciativa y por eso nosotros no la presentamos.
Consideramos que el Gobierno, sin ser intervencionista en la economía, sí debe ocuparse de lo que realmente está ocurriendo.


Ya se ha dicho con anterioridad que esto es una reestructuración sectorial clarísima, es decir, es un sector económico de pequeñas empresas que, por circunstancias regulatorias y por circunstancia de mercado, incluso en estos momentos por circunstancias que hacen referencia a cuestiones de higiene y seguridad en el trabajo, necesita que desde las administraciones públicas -y en este caso quien tiene la competencia es el Gobierno de España- se facilite el tránsito desde la situaciones que se han vivido a las nuevas situaciones y a las nuevas expectativas que pueda tener el sector en el futuro. Y para ello es imprescindible que tome una serie de decisiones y de determinaciones, y creo que en la propuesta del Bloque Nacionalista Galego se concretan algunas de las cuestiones que pueden hacer que ese cambio se produzca y, por lo tanto, la viabilidad del sector en el futuro. En cualquier caso, creo que es bueno que pueda haber una transaccional, que vamos a apoyar, porque se trata de que el Gobierno no solamente conozca o prepare alguna iniciativa desde el ministerio, que luego en otros departamentos se ha tumbado, sino de que se ponga manos a la obra para facilitar ese tránsito o esa reestructuración sectorial de la manera menos traumática posible y con las máximas opciones de garantizar la viabilidad de muchas pequeñas empresas que tienen sobre ellas esa espada de Damocles del cierre, a una media de 30 por año, según nos informa el sector. Por lo tanto, en principio estamos de acuerdo en votar favorablemente la

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propuesta del Bloque Nacionalista Galego y también estaríamos en disposición de apoyar una posible transaccional del Grupo Socialista.


El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Queda, pues, la Mesa a la espera de la enmienda transaccional que se ha anunciado. De acuerdo con el orden previsto para el día de hoy, pasaríamos al punto número 2, que es una proposición no de ley acerca de la elaboración de un estudio sobre el fenómeno incluido como "todo incluido", pero como el portavoz del Grupo Socialista que debe presentarla no está presente, si no hay inconveniente por su parte, pasaríamos al último punto del orden del día.


- RELATIVA AL IMPULSO DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA DE ORIGEN EÓLICO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 161/001777.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Pasamos a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al impulso de la generación eléctrica de origen eólico. Si no tiene inconveniente el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), le damos la palabra para la defensa de su proposición no de ley al señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, efectivamente nuestro grupo parlamentario ha presentado ante esta Comisión una proposición no de ley relativa al impulso de la generación eléctrica de origen eólico en nuestro país. A modo de antecedentes y como exposición de motivos recordaré a SS.SS. que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio presentó una propuesta de distribución de la potencia eólica entre las diferentes comunidades autónomas, estimando que la potencia total instalada en España en los próximos años no debería superar los 21.000 megavatios. La asignación de potencia que debería asumir Cataluña que se hacía en esta propuesta estaba entre los 585 y los 1.284 megavatios. Por otra parte, el Plan de energía de la Generalitat de Catalunya para el periodo 2006-2015, aprobado en octubre de 2005 por la Generalitat, establece como una de las prioridades de la política energética para los próximos años, alcanzar el máximo de potencia eólica con el fin, como todas SS.SS. saben, de ir disminuyendo la dependencia energética que existe en estos momentos en España y así poder incrementar el uso de energías renovables. En esta línea, la potencia eólica prevista por la Generalitat de Catalunya era de unos 3.500 megavatios para el año 2015, es decir, situaba el peso de la energía eólica en el 25,7 por ciento del total de las energías renovables en Catalunya. Por este motivo, ante esta propuesta y basándonos en las necesidades que existían en Cataluña y que, probablemente, este ejemplo sería extrapolable también al resto de comunidades autónomas de España, vemos que existe un desfase entre la potencia que ha aprobado el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio -ya que situaba el techo en 21.000 megavatios- y la extrapolación que hacíamos de lo que nos correspondía a Cataluña y al resto de comunidades autónomas. En resumen, existe un diferencial importante entre las necesidades planteadas por la Generalitat y lo que ha dispuesto el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Señorías, este desfase que se produce en Cataluña es, repito, extrapolable al resto de comunidades autónomas de España. Por este motivo, Convergència i Unió, basándose en las propuestas aprobadas por unanimidad, por todas las formaciones políticas en esta Comisión del Congreso de los Diputados, en la línea de implementar medidas dirigidas a incrementar el uso de las energías renovables en España para rebajar la dependencia que existe en nuestro país de otros recursos energéticos y que son, al mismo tiempo, recursos que incrementan las emisiones de CO2, ha presentado esta proposición no de ley, planteando tres puntos que consideramos necesarios para que podamos cumplir las previsiones de la Comisión de la Unión Europea para incrementar las energías renovables. Así, las necesidades de las diferentes comunidades autónomas podrán llegar a los topes que estimen oportuno en cuanto a potenciar la energía eólica. Por todo esto hemos planteado esta proposición no de ley.


El primer punto de esta proposición no de ley consiste en aprobar una propuesta de distribución de potencia eólica por comunidades autónomas aplicable en el año 2010, ya que entendemos que la que está en estos momentos no es suficiente de cara a las necesidades que se han autoimpuesto las comunidades autónomas, tomando en consideración todas aquellas previsiones de potencialidad y expectativas de desarrollo contempladas en los diferentes planes energéticos adoptados por las comunidades autónomas. Aquí estaríamos de acuerdo en suprimir el último párrafo de nuestro punto número 1, ya que es probable que algún grupo parlamentario vote favorablemente dicha propuesta en el caso de que aceptáramos quitar este párrafo. Por eso, de entrada, expongo a la Presidencia que no tenemos inconveniente en que el final del punto 1 no esté presente en esta proposición no de ley.


También existe un punto 2, en el que estarían de acuerdo todas las comunidades autónomas, para elevar la asignación inicialmente prevista, no solamente para Cataluña, sino para toda España, en el documento de distribución de la potencia eólica entre las diferentes comunidades autónomas peninsulares realizada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Este punto 2 es consecuencia del 1 que hemos propuesto anteriormente porque es indispensable que se pueda elevar la potencia prevista para la distribución de la energía eólica en todas las comunidades autónomas. Finalmente, hay un punto 3 que consiste en adoptar todas aquellas medidas oportunas para que las infraestructuras

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energéticas de transporte y distribución puedan incorporar la totalidad de la energía renovable que pueda llegar a producirse en España, de forma que la penetración de las energías renovables no se vea limitada más que por la propia capacidad de inversión de los agentes. Existe un plan aprobado inicialmente por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, pero si hoy existiera un acuerdo de todos los grupos que configuran esta Cámara para elevar la potencia de energía eólica en España probablemente instaríamos al ministerio a que revisara la que se pueda producir y distribuir en toda España para ver cumplido un requisito con el que todas las comunidades autónomas estarían muy conformes.


El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa doy la palabra a don Cándido Reguera.


El señor REGUERA DÍAZ: Nuestro grupo está dispuesto a llegar a un acuerdo en una materia por la que apostamos claramente; hay que apostar e impulsar la generación de energía eólica en toda España. Hemos presentado dos enmiendas, una, consistente en elevar la asignación inicialmente prevista por el Ministerio de Industria para todas las comunidades autónomas en general sin limitarla a una comunidad autónoma, y que esto se añada a los sistemas insulares. Parece que el señor Sánchez i Llibre aceptaría esta enmienda. La otra era de supresión. Con la propuesta que ha hecho el señor Sánchez i Llibre para acordar una distribución de potencia eólica por comunidades autónomas aplicable al horizonte de 2010, tomando en consideración las previsiones contempladas en los diferentes planes energéticos adoptados por las comunidades autónomas, la potenciación y expectativas de su desarrollo, estaríamos dispuestos a apoyar esta iniciativa en aras de llegar a un consenso. Estamos de acuerdo literalmente con él, por tanto nuestro grupo votará a favor de la propuesta que ha hecho el señor Sánchez i Llibre con esa matización, como lo hará con la enmienda que hemos presentado, porque entendemos que la demanda de energía eólica existe en toda España (en el País Vasco, Galicia, Canarias, Baleares, Andalucía), por eso no vemos que se deba circunscribir o ceñir solamente a una comunidad autónoma. Con estas medidas pretendemos conseguir el objetivo que se ha planteado la Unión Europea de llegar a ese 20 por ciento de energías renovables en el año 2020. Nuestro grupo va a votar a favor del punto número 1, tal y como ha establecido el señor Sánchez i Llibre; al punto número 3 en su literalidad y al punto número 2 con la modificación de la enmienda que hemos presentado.


El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Para la fijación de posiciones de los grupos, tiene la palabra la señora Mendizábal, en representación del Grupo Socialista.


La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Aumentar el peso de las energías renovables en el mix energético es un objetivo que compartimos y defendemos, máxime teniendo en cuenta los compromisos que en estos momentos se derivan de nuestra pertenencia a la Unión Europea; por tanto el tema de renovables hay que debatirlo. La PNL que hoy nos presenta Convergència i Unió se preocupa de una de esas fuentes de energías renovables, que es la eólica, y de un territorio, que es Cataluña, aunque ahora ha matizado por la aportación que ha hecho el Grupo Popular.


El punto 1, que es la propuesta de distribución por comunidades autónomas de la potencia eólica aplicable en el horizonte del 2010, ya está aprobado. Dentro del Plan de Energías Renovables 2005-2010, que se aprobó en agosto de 2005, ya se contemplaba una planificación indicativa -quiero señalar lo de indicativa- de los objetivos de potencia eólica, que además fueron elaborados de acuerdo con las comunidades autónomas en las múltiples reuniones que tuvieron con el IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético). El objetivo de potencia que se establece en este plan, como no puede ser de otra manera, es puramente indicativo, porque la generación eléctrica no está sometida en ningún caso a planificación vinculante. En el caso de Cataluña, en el I Plan de fomento de energías renovables el de 1999-2010, el objetivo indicativo -vuelvo a insistir en lo de indicativo- era de 45,25 megavatios, pero porque en el 2004 ya no había más que 94 megavatios, es decir la planificación se hace según lo que hay y cuáles son las expectativas En el Plan 2005-2010 se elevó dicho objetivo a 1.000 megavatios. Quisiera aclarar, aunque ya lo ha retirado el representante de Convergència, que para alcanzar esas previsiones en ningún caso se ha tenido en cuenta lo que ellos proponían (el PIB, el número de habitantes), porque no se consideran factores determinantes a la hora de definir la potencia eólica, sino criterios de carácter técnico, fundamentalmente la capacidad de evacuación e integración en el sistema, la eficiencia eléctrica zonal, el grado de adecuación de la tecnología eólica en los parques actuales, la calidad del propio recurso eólico y otros criterios derivados de las autorizaciones administrativas que habían dado las propias administraciones públicas e incluso las comunidades autónomas, aparte de otros criterios respecto al potencial existente o a las expectativas que había. Dicho todo esto, ya que Convergència se propone retirar esa última parte para que no se tenga en cuenta, no me queda más que repetir que ese punto 1 ya existe. Ya está aprobada la distribución por comunidades autónomas, pero insisto en que esta propuesta de distribución por comunidades autónomas es puramente indicativa. El Gobierno no impone nada, por tanto no hay ninguna limitación a la potencia eólica. Serán las propias comunidades autónomas las que den las autorizaciones y las que pongan sus límites; probablemente las únicas limitaciones que pondrán serán las derivadas de la falta de capacidad técnica para evacuar la propia

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energía a través de las redes de transporte o distribución. Por tanto, las autorizaciones corresponden a la Administración autónoma, no al Gobierno central.


Respecto al punto 2, en donde propone elevar la asignación inicial prevista para Cataluña -ahora dice para toda España-, está bastante relacionado con el 3. Ya ha habido un aumento desde el I Plan de fomento de las energías renovables al II plan, pero se producirá una revisión, que probablemente podrá ir hacia arriba, en el próximo plan. El actual está hecho según la capacidad de evacuación de las infraestructuras eléctricas aprobadas en la planificación -esa sí vinculante- que se aprobó ya en la anterior legislatura hasta el año 2011. No se puede pensar ahora en cambiar todo, porque entonces no tendría ningún sentido la planificación indicativa y mucho menos la vinculante. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

En el punto 3 se propone adoptar las medidas oportunas. Aquí tengo que recurrir a lo otro. El Ministerio de Industria no tiene competencias en materia de distribución, por tanto no puede ampliar las redes de distribución porque no le corresponde. En cuanto a la red del transporte tengo que recurrir al anterior ejemplo. Existe la planificación de los sectores de la electricidad y el gas, aprobada de 2002 a 2011, por cierto, apoyada por Convergència i Unió y también por el Grupo Socialista en aquel momento, planificación que prevé cuál debe ser el horizonte de la energía eléctrica para el año 2011, que es de 20.000 megavatios, que es la máxima potencia que se puede asegurar para que no se produzcan problemas de estabilidad en la red. En la próxima planificación de redes, que es la de 2007-2016, que ya se está elaborando, se podrá establecer la posibilidad de ampliación de las redes para evacuar la energía. Nos vemos en la obligación de rechazar esta proposición no de ley, no porque estemos en contra de la energía eólica ni de las renovables -no tiene nada que ver-, sino por no tener en cuenta la distribución competencial y por olvidarse de las restricciones técnicas, que resultan de primordial importancia cuando se trata del desarrollo de un sistema de redes que es muy sui géneris. No se puede improvisar en el último momento, ni cambiar la planificación de un día para otro. Las redes requieren su tiempo, hay una planificación vinculante; por tanto, si todos los grupos estamos de acuerdo en que se produzca una ampliación, tendrá que producirse, pero en su tiempo y con las circunstancias más controladas.


El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez i Llibre, tiene la palabra para pronunciarse sobre las enmiendas.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro grupo acepta la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular y también suprimirá el último párrafo del punto 1. Asimismo, pedimos al Grupo Socialista que se sume a esta iniciativa, porque, escuchando a su portavoz, hemos visto que va en la misma dirección que la planteada por Convergència i Unió.


- ACERCA DE LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE EL FENÓMENO CONOCIDO COMO TODO INCLUIDO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001626.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última proposición no de ley, que figuraba en el orden del día con el número 2.º, acerca de la elaboración de un estudio sobre el fenómeno conocido como Todo incluido. Para su defensa, tiene la palabra la señora Fuentes.


La señora FUENTES PACHECO: El pasado año el turismo generó en nuestro país más de 37.000 millones de euros, según informa el Banco de España. Esto quiere decir que somos una potencia mundial y que el turismo no solo está generando ingresos directos, sino también indirectos, con lo cual su valor está en alza, y está permitiendo que la economía funcione holgadamente. Lo que nos hace más competitivos en el mercado es la calidad que estamos ofertando; cuando hablamos de calidad, nos referimos a seguridad en sentido amplio y a que España es un destino singular, que tiene además una gran riqueza cultural y gastronómica. Es evidente que en la última época ha irrumpido una nueva modalidad de turismo, la que se conoce como Todo incluido o All-inclusive. Estamos hablando de un modelo en el cual no solamente se oferta el hotel, sino también animación, actividades deportivas, alimentación y todo tipo de bebidas, todo ello dentro de un establecimiento. En definitiva, estamos importando un sistema que comenzó a desarrollarse en los años treinta, que se generalizó con los Club Mediterranée en la década de los sesenta y que donde verdaderamente ha tenido importancia ha sido en el Caribe y en las zonas de Cancún, la Ribera Maya y la República Dominicana. En estas zonas el fenómeno ha ido vinculado a la seguridad que tienen los turistas cuando acuden a este tipo de hoteles. Más extraño es la implementación y la importancia que está cogiendo este tipo de turismo en un país como el nuestro, donde precisamente la singularidad ha sido nuestra punta de lanza. En definitiva, este tipo de paquete turístico que conocemos como Todo incluido ha hecho que un producto como el español, que tenía una diferenciación clara, empiece a ser competitivo en otros sectores en los que lo más importante es la competitividad en los precios, en los que lo más importante es que se le está dando al turista un precio final conocido y en el que no se está diversificando tanto los productos que se están ofertando, ni se está hablando de la potenciación que tienen de otros sectores vinculados directamente al turismo de sol y playa. Existen multitud de motivos que podrían explicar cómo se está implantando y desarrollando en nuestro país el fenómeno conocido como Todo incluido, que no es otro que la mayor rentabilidad para el que lo está poniendo en marcha, la inexistencia o baja calidad de oferta en determinados sitios y que además está provocando ese consumo en determinados sectores de la

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población que hasta ahora no habían acudido al turismo de sol y playa, puesto que la oferta está siendo mucho más competitiva que en el resto de los países. Debido a la gran diversidad de motivos que explican el desarrollo de la modalidad Todo incluido es necesario que empecemos de verdad a definir el perfil. Hay autores que ya hablan de que el Todo incluido está acabando con nuevas formas de turismo, que está haciendo que se baje la rentabilidad y que nos hace menos competitivos.
Verdaderamente no conocemos las cifras y no se ha hecho un estudio serio en España que demuestre que realmente en las zonas de expansión del Todo incluido están disminuyendo otros sectores y otros segmentos turísticos.
Tampoco se ha medido la repercusión que tiene en el sector comercial, no se ha medido si este tipo del Todo incluido resta otro tipo de turistas a España, o está haciendo que surja un nuevo sector y que además tenga un segmento poblacional que no haría otro tipo de turismo. Al Grupo Parlamentario Socialista le parece importante que, cuando se esté hablando de un fenómeno de tanta trascendencia para la economía española como es el sector turístico, no lo hagamos sobre la base de coletillas ya adquiridas sin base, sino con conocimiento de causa y conociendo perfectamente cuáles son las consecuencias y cómo se está desarrollando el sector, entre otras cosas, porque hay zonas donde prácticamente el Todo incluido es la única forma que se está promocionando. La proposición no de ley pide al Congreso de los Diputados que inste a su vez al Gobierno a realizar un estudio sobre el fenómeno que conocemos como Todo incluido para conocer cuál es la dimensión en el litoral español, cuál es su repercusión en el sector turístico en general y qué efectos produce en la economía de las zonas donde es está ubicando.


El señor PRESIDENTE: Como no se han presentado enmiendas, ¿grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Guinart.


El señor GUINART SOLÁ: Voy a intervenir brevemente, solo para manifestar nuestra posición en relación con esta iniciativa del Grupo Socialista.
Nos parece acertada, ya que es necesario conocer cuál es el modelo y cuáles son las características del Todo incluido. Se han iniciado experiencias en este momento, pero es interesante profundizar más todavía en sus parámetros, sus contenidos, sus motivaciones turísticas, psicológicas, en la oferta, etcétera. Es importante saber cómo influye en el territorio y en la oferta de las zonas turísticas (en las consolidadas, en las que son incipientes o en las emergentes), cómo influye en la calidad del producto turístico; y también cuál es el público al que va dirigido mayoritariamente, etcétera. El Todo incluido es un modelo turístico -lo ha definido la señora Fuentes hace un momento- que se inició en otros destinos, en otros países en donde había un turismo de turoperadores de grupos ya consolidados, sobre todo en la zona del Caribe o en países en vías de desarrollo; sin embargo, también ha trascendido o se ha desplazado a otras zonas turísticas ya consolidadas y a mercados maduros como el nuestro. El Todo incluido ha llegado a ser, como una experiencia novedosa y puntual, una oferta con verdadera importancia. Por tanto, es cierto que en la geografía española, sobre todo en la zonas turísticas más consideradas y más maduras como destinos del Estado español, también se ha importado el modelo y plantea en este punto sus incertidumbres. En cualquier caso, se trata de una oferta que merece la pena ser estudiada profundamente. Otra cosa distinta es que Convergència i Unió se pronuncie a favor de ese tipo de oferta y que considere -en este caso sería lo contrario- que debe promocionarse. No obstante, como la proposición no de ley pretende como objetivo simplemente estudiar el fenómeno y conocer sus contenidos y formas de conducta, en este caso va a contar con nuestro apoyo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fajarnés.


El señor FAJARNÉS RIBAS: El Grupo Parlamentario Popular quiere expresar como primera cuestión que le parece bien la finalidad de la proposición no de ley que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista sobre el Todo incluido. Desde nuestro punto de vista es bueno disponer de estudios, siempre y cuando lógicamente sean independientes y no manipulados, sobre cuestiones, en este caso servicios, que plantean críticas determinadas y muchas opiniones a veces sin tener clara la dimensión, su repercusión y los efectos que tienen, tal y como reza la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Esa preocupación de algunos sectores afectados por el Todo incluido ha sido recogida por el Grupo Popular, transformándose incluso en iniciativas de estudio parlamentario y de consenso para regularlo, poniendo la calidad como eje fundamental, como es el caso de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears. Desde nuestro punto de vista cualquier iniciativa, como consecuencia de los estudios correspondientes, debe ir acompañada por el consenso y la colaboración con las comunidades autónomas, los municipios, cabildos y consells, que son los auténticos competentes, pero fundamentalmente por el sector turístico en general.


Dicho esto, para que no haya ningún tipo de dudas sobre cuál es la posición del Grupo Parlamentario Popular, sinceramente pensábamos que el Grupo Parlamentario Socialista iba a retirar la proposición no de ley que estamos debatiendo hoy. ¿Por qué? Sencillamente porque ese estudio que ustedes están solicitando en esta proposición no de ley hace dos años que está redactado, ya que se presentó en noviembre del año 2005 en Cala Ratjada, en Mallorca, durante un acto del Partido Socialista por el entonces secretario general de Turismo, mientras, por cierto, no asistía a la World Travel Market, aunque era su obligación como secretario general de Turismo. Ese estudio que se solicita en la proposición no de ley, realizado, redactado y presentado, en contestación parlamentaria se le adjudicó a la empresa Magma

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Consultora, S.L., que por cierto costó al ministerio 11.500,50 euros, IVA incluido. Esa es contestación parlamentaria del 8 de marzo del año 2006.
Como consecuencia de su presentación por el anterior secretario general -presentación desafortunada y que se criticó desde el Partido Popular y desde el Grupo Parlamentario Popular-, nosotros estamos convencidos de que el ministerio les mandó a ustedes presentar como grupo parlamentario el 22 de marzo de 2006 esta proposición no de ley para camuflar la actitud, para nosotros reprobable, del anterior secretario general de Turismo. Señorías, por este motivo sinceramente pensábamos que ustedes hoy iban a retirar esta proposición no de ley para no tener que escuchar nuestro recordatorio de la esperpéntica situación que se produce ahora y en su momento con un estudio sobre el Todo incluido presentado hace dos años durante un acto socialista por un secretario general con dinero público pagado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, tal y como nos contestó el propio ministerio. En fin, no voy a entrar en otras lindezas que dijo el secretario general de Turismo sobre los hoteleros de Canarias y de Baleares que utilizan el Todo incluido, y que generalizando decía que realizaban actuaciones fraudulentas; lo vamos a dejar de lado.
En definitiva, al Grupo Parlamentario Popular nos parece una burla la presentación de esta proposición no de ley solicitando un estudio ya realizado y presentado aquí el 22 de marzo de 2006.


El señor PRESIDENTE: Concluido el debate vamos a hacer un breve receso, de tres minutos, para ordenar la votación. (Pausa.) Vamos a comenzar las votaciones utilizando el orden original, que no se ha modificado para no confundirnos con los puntos; es decir, cuando digamos punto 1 será el que figuraba en primer lugar en el orden del día original.


A la primera proposición no de ley hay una enmienda transaccional, que va a leer el señor Castelló.


El señor CASTELLÓ BORONAT: La enmienda transaccional sobre nuestra proposición no de ley relativa al proyecto de la línea de alta tensión entre Bescanó-Figueres-frontera francesa y sobre las enmiendas de CIU y el Partido Socialista Obrero Español, dice lo siguiente: Punto 1.
Mantener el proyecto de construcción de la línea de muy alta tensión, de 400.000 voltios de potencia, entre Bescanó-Figueres-frontera francesa, interconexión con Francia, y llevar a cabo las acciones necesarias para su puesta en servicio, desde la máxima colaboración con el coordinador nombrado por la Comisión Europea, señor Monti, para garantizar el suministro adecuado a las necesidades, tanto del desarrollo de las comarcas catalanas y el tren de alta velocidad, AVE como del sistema energético español y europeo, sin perjuicio de las competencias de la Generalitat de Cataluña y de los ayuntamientos interesados. Punto 2.
Garantizar que el proceso de definición del trazado y construcción se realizará con el máximo diálogo y consenso con las administraciones locales afectadas, y con el menor impacto ambiental posible.


El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Proposición no de ley número 2, acerca de la elaboración de un estudio sobre el fenómeno conocido como "Todo incluido", que se vota en sus propios términos porque no hay enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Proposición no de ley número 3, sobre medidas para mejorar la calidad en el suministro eléctrico. Votamos la proposición, que es de Izquierda Unida, más una enmienda del Partido Popular, más una enmienda de CIU, que se ha entregado a la Mesa.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: En esta votación se aplica el voto ponderado. Por tanto, no queda aprobada esta proposición. (Rumores.)

Según el resultado de la Mesa no queda aprobada, porque no tiene la mayoría suficiente. (Rumores.)

El señor CASTELLÓ BORONAT: Si se aplica el voto ponderado, sí queda aprobada.


El señor HERRERA TORRES: Efectivamente es así.


El señor PRESIDENTE: Un segundo. Vamos a hacer una consulta porque no lo tenemos claro. Si les parece, dejamos para el final el resultado de la votación, y mientras se van haciendo los números, porque ya está votado.


Proposición no de ley número 4, relativa al impulso de la generación eléctrica de origen eólico, de CIU, transaccionada con la enmienda del Partido Popular. Puede leerla, señor Sánchez.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: La enmienda del Partido Popular, transaccionada in voce, dice: Punto 1. Aprobar una propuesta de distribución de potencia eólica por comunidades autónomas, aplicable al horizonte del año 2010, tomando en consideración las previsiones

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contempladas en los diferentes planes energéticos adoptados por las comunidades autónomas, la potencialidad y expectativas de su desarrollo.
En el punto número 2 aceptaríamos íntegramente la enmienda del Partido Popular, tal y como se ha planteado en la discusión.


El señor PRESIDENTE: Votamos la proposición no de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la proposición no de ley que figura con el punto número 5, para la mejora de la transparencia en las actividades de la Comisión interministerial encargada de estudiar la ubicación del almacén temporal centralizado (ATC), paralización de sus conclusiones hasta el cumplimiento de ciertos requisitos ambientales y sociales, y garantizar el consenso en la toma de decisiones. Es del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la proposición no de ley que figura con el número 6, sobre la inclusión de la planta de regasificación de El Ferrol. Esta proposición no de ley tiene una transaccional que ha llegado a la Mesa, que paso a leer: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se mantenga la planta de gas de la vía de El Ferrol en la planificación gasista del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, dentro de la categoría A. El siguiente apartado dice: Se continúen llevando a cabo las acciones necesarias para la construcción de un nuevo gasoducto de alta capacidad, que permita la conexión de Galicia con el resto de España; y, por último: Se continúe con la tramitación administrativa que permita la construcción de estas importantes infraestructuras.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, uno; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la proposición no de ley que figura como punto número 7, relativa a problemas y soluciones del sector de distribución minorista de gases licuados de petróleo envasado. Es también objeto de una transaccional compuesta de un primer punto, que es el de la PNL, y los siguientes puntos los va a leer el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El segundo punto sería: Revisar el sistema vigente de precios máximos, indicando el porcentaje mínimo que debe corresponder, dentro de los costes de comercialización, por el servicio de entrega domiciliaria realizado por la distribución minorista encargada de suministrar este tipo de energía a un precio razonable.


El tercer punto sería: Proponer a las compañías petroleras que, dentro de sus inversiones en I+D, se contemple la sustitución de los actuales envases por otros más ligeros en un plazo temporal asumible.


El cuarto punto quedaría como está, pero retirándole la frase del modo menos traumático posible.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la proposición no de ley, tal como la hemos leído.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Vamos a resolver el resultado de la votación de la proposición no de ley número 3. Habíamos quedado en que eran 18 votos a favor, 18 votos en contra y 2 abstenciones; los votos a favor suman 174 diputados, los votos en contra suman 164, y, por tanto, queda aprobada la proposición no de ley.


Se levanta la sesión.


Eran las dos de la tarde.

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