Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 829, de 17/05/2007
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 829
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ
Sesión núm. 46
celebrada el jueves, 17 de mayo de 2007


ORDEN DEL DÍA:

Celebración de las siguientes comparecencias, para informar en relación con el proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria para facilitar y agilizar la tutela y garantía de los derechos de la persona y en materia civil y mercantil. (Número de expediente 121/000109.)... (Página 2)

- Del señor presidente del Ilustre Colegio Nacional de Secretarios Judiciales. (Dorado Picón). (Número de expediente 219/000799.)... (Página 2)

- De la señora decana del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.
(Giménez-Salinas Colomer). (Número de expediente 219/000800.)... (Página 7)

- Del señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Gerona. (Capdevila i Bas). (Número de expediente 219/000801.)... (Página 14)

Página 2


Del señor vicepresidente del Comité Español de Representantes de Minusválidos CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y Presidente del FEAFES (Morata Andreo). (Número de expediente 219/000802.)... (Página 19)

- Del señor fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba, coordinador del Foro Andaluz del Bienestar Mental (Santos Urbaneja). (Número de expediente 219/000803.)... (Página 28)

Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.


- CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA PARA FACILITAR Y AGILIZAR LA TUTELA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA Y EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL.


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ILUSTRE COLEGIO NACIONAL DE SECRETARIOS JUDICIALES (DORADO PICÓN). (Número de expediente 219/000799.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar la sesión. El orden del día, como saben, incluye la realización de cinco comparecencias para analizar el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria para facilitar y agilizar la tutela y garantía de los derechos de la persona y en materia civil y mercantil.


En primer lugar, quiero dar la bienvenida -no solamente la enhorabuena sino la bienvenida-, en nombre de la Comisión de Justicia, a don Antonio Dorado Picón, presidente del ilustre Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, así como a la representación del colegio nacional que nos acompaña en la mañana de hoy. Sin duda alguna esta comparecencia es de gran utilidad, para todos los ponentes y para el trabajo de la ley, y deseo reiterarles el carácter de fino jurista del señor Dorado Picón y su permanente actitud de colaboración con esta Cámara con motivo de otras reformas legislativas, respecto de las cuales también nos ha ilustrado en otros momentos en los trabajos legislativos. Por tanto, le reitero doblemente nuestro agradecimiento. Y ya sin más rodeos, le cedo el uso de la palabra.


El señor PRESIDENTE DEL ILUSTRE COLEGIO NACIONAL DE SECRETARIOS JUDICIALES (Dorado Picón): Gracias, señor presidente.


Señorías, primero, presidente, quiero agradecerte la enhorabuena; también por la Copa de la UEFA del Sevilla, la segunda. Pido disculpas por si la voz se me quiebra, pero ha sido una noche intensa de celebraciones.
Asimismo agradezco a la Comisión que me haya permitido venir nuevamente a esta casa a hablar de temas de justicia; no es la primera vez y os lo agradezco sinceramente.


Hoy nos toca hablar de la jurisdicción voluntaria, y vamos a abreviar el nombre porque es muy largo; hablamos de jurisdicción voluntaria y nos entendemos todos. Cuando leí el proyecto, me sorprendió enormemente la diferencia que había con los trabajos que se habían realizado y la atribución competencial que se trataba. Voy a intentar -como no puede ser de otra forma, por el tiempo- hablar del trazo grueso de la ley, de algunas cuestiones que nos afectan a los secretarios judiciales en general. En primer lugar, me sorprendió que haya una atribución de competencias a notarios y a secretarios judiciales; y me sorprendió porque con esta distribución competencial se rompía lo que había venido siendo una forma de entender la jurisdicción voluntaria en la etapa posconstitucional. Tanto la Ley orgánica de 1985 como la reforma que se opera por la Ley 19/2003 establecen una vía de lo que es la jurisdicción voluntaria en un sentido determinado. Se entiende que la jurisdicción voluntaria es una materia que debe quedar en aquello que decía Carnelutti cuando hablaba de que el oficio de juez no es un oficio de una persona sino de un grupo de personas, en ese concepto amplio de juez, más referido a juzgado que al propio juez, más referido a órgano, y por tanto atribuido a otras personas, dentro del órgano, que no fuese el propio juez. Se entendía que era una materia que -aunque no fuese resolución de controversia entre partes, no fuese una jurisdicción contenciosa- tenía que tutelar determinados derechos que requerían una cierta cualificación o imparcialidad de la persona que lo hacía. Me refiero con esto a que la Ley de 1985 establecía que la jurisdicción voluntaria se resolvería mediante propuestas por el secretario judicial de auto definitivo, que luego, con el visto bueno del juez, se convertía en la resolución definitiva. La Ley 19/2003, abundando en este camino, establece que la jurisdicción voluntaria se le atribuya al secretario judicial, que en esta ley se le entiende como un tertium genus en cuanto a su cualificación profesional; no es un funcionario público

Página 3


cualquiera, sino que es un funcionario público que de alguna forma participa de la naturaleza jurídica del titular del órgano, por cuanto los deberes e imcompatibilidades son los mismos que los del titular del órgano. Por tanto, estamos ante un funcionario público con alguna cualificación que refuerce su imparcialidad. Por eso me extraña enormemente que el proyecto de ley se aparte de esta línea y que estemos entrando en una concepción de la jurisdicción voluntaria netamente administrativa. Esto se verifica, estudiando el proyecto, en cuanto a que las cuestiones de jurisdicción voluntaria que se atribuyen a un juez o a un secretario están sometidas a un sistema de regulación de la competencia totalmente reglada, por lo que se llega, mediante las reglas de aplicación, al juez natural predeterminado por la ley y que establece la Constitución. Sin embargo, cuando hablamos de notarios estamos hablando de la libertad de elección del notario. Se está perdiendo, desde otro punto de vista, la imparcialidad del funcionario al que se atribuye esta competencia. Nosotros no entendemos la razón por la que se ha optado por esta medida, porque de esta forma vamos a llegar a tener una justicia de ricos y otra justicia de pobres; justicia de ricos ya que aquel que tenga medios económicos podrá elegir un notario y una notaría para solucionar sus temas de jurisdicción voluntaria y el que no los tenga tendrá que ir a un juzgado y tendrá que someterse a unas reglas de competencia, cosa que el otro no tendrá que hacer. No entiendo que en el siglo XXI se llegue a una distribución competencial estableciendo una discriminación entre las personas que pueden tener acceso a la Administración de Justicia, aunque sea una jurisdicción voluntaria, y las que no.


Hay otro tema en el proyecto que me preocupa enormemente, que es el de los recursos. Si no se puede recurrir ninguna resolución de un secretario judicial, mal se podrá, cuando haya discrepancias, establecer una unificación de criterios; además, se sustrae el conocimiento del juez, del Poder Judicial, en definitiva. Sin embargo, en una de las disposiciones finales, para los notarios se establece la posibilidad de que la Dirección General de los Registros y del Notariado, a través de la inspección, también pueda de alguna forma intervenir en la jurisdicción voluntaria. De este modo se puede dar que sea el Poder Ejecutivo el que, en definitiva, interprete las discrepancias en materia de jurisdicción voluntaria. Esto, con ser grave, no lo es tanto como lo que voy a decir ahora. Si la deriva a la que va nuestro Estado autonómico consolida que notarios y registradores son cuerpos transferidos, son cuerpos autonómicos, nos podemos encontrar con diecisiete cuerpos de notarios y registradores y diecisiete direcciones, que pueden interpretar de distinta manera los conceptos de jurisdicción voluntaria. Estamos hablando de derechos sustantivos, de derechos con reserva de norma estatal, luego estamos hablando de interpretación de normas desiguales para los ciudadanos en los distintos territorios. Por eso me parece muy grave esta atribución de competencias a notarios, no solo por el hecho de que hayamos enfrentado una justicia de ricos y otra de pobres, no solo por la posible no suficiente imparcialidad del operador jurídico al que se le atribuye, sino por la intromisión del Poder Ejecutivo en una materia que me parece que debe estar reservada siempre al ámbito de lo jurisdiccional, aunque sea en ese concepto amplio de Carnelutti sobre la oficina judicial. La Ley Orgánica 19/2003 estableció claramente que será en la oficina judicial donde se residencie la jurisdicción voluntaria a cargo del secretario judicial.


Como tengo poco tiempo, voy a intentar tocar otra serie de puntos que no quiero pasar por alto. En la conciliación, este proyecto también es cicatero, puesto que, al contrario de lo que dice la ley orgánica cuando habla de atribución de la conciliación al secretario judicial, incluso habla de mediación, en el proyecto solamente se habla de la conciliación extraprocesal. Para nada se habla de la conciliación intraprocesal ni tampoco de la mediación. La atribución de la conciliación al secretario judicial en la Ley Orgánica 19/2003, que modifica la Ley de 1985, va en el sentido de que el tema conciliatorio se atribuya a un funcionario distinto del titular del órgano. No tiene tampoco mucho sentido que se mantenga la atribución al juez de Paz; me parece que atribuir a un funcionario lego una calificación de unas actuaciones que tienen trascendencia en el proceso no tiene mucho sentido.


En cuanto a la distribución de competencias entre el juez y el secretario, el proyecto se queda corto, puesto que tanto el capítulo X, como el II, el VI o el VIII podían perfectamente atribuirse al secretario judicial en vez de al juez o al magistrado. Concretamente, en el capítulo X, la declaración de ausencia y fallecimiento se atribuía en el anteproyecto al secretario judicial y ahora se atribuye al magistrado. Hay un tema que se ha pasado por alto en el proyecto y que no se ha incluido y es la división judicial de patrimonio, que entendemos que se podía incluir en la materia de jurisdicción voluntaria, tanto cuando hablamos de la división judicial de patrimonio en una sociedad de gananciales como en la división judicial hereditaria. En el artículo 1.2 se habla de la atribución a otros funcionarios designados; me preocupa porque me parece que produce inseguridad jurídica el hecho de que se hable de una norma abierta, ya que cualquier funcionario público -suponemos que será público- se podrá encargar de esa jurisdicción. Esto no casa muy bien con la seguridad jurídica.


Por último, quisiera referirme a las diligencias preliminares. Las diligencias preliminares recogidas en el enjuiciamiento civil podrían perfectamente incardinarse dentro de la jurisdicción voluntaria. Estamos hablando de cuestiones que la parte tiene que conocer para entrar en un proceso, cuestiones que muchas veces son simplemente la exhibición de documentos o la respuesta del futuro demandado de alguna cuestión referida a su legitimación o a su capacidad, incluso la exhibición de la cosa. La protección de derechos fundamentales, cuando haya que entrar en un lugar cerrado para exhibir la cosa

Página 4


o para buscar un objeto, se puede solventar con la autorización judicial.
En definitiva, las diligencias preliminares habría que sacarlas de la Ley de Enjuiciamiento Civil e incardinarlas en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, porque se trata puramente de derechos no controvertidos por las partes y por tanto incardinables en esta materia.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) agradezco la comparecencia del señor Dorado Picón representando al ilustre Colegio Nacional de Secretarios Judiciales. El señor Dorado Picón sabe que Convergència i Unió ha colaborado históricamente con la institución a la que representa; en muchas ocasiones hemos debatido incluso la concepción futura de los secretarios judiciales. Una vez más le agradezco que hoy esté en el Congreso de los Diputados y que pueda aportar sugerencias de modificaciones a un proyecto de ley que en estos momentos estamos tramitando en esta Cámara. Son útiles estas comparecencias y ha sido útil su comparecencia hoy aquí.


Ha empezado diciendo que el nombre hay que abreviarlo. Hay un consenso entre los portavoces de la Comisión de Justicia para que una de las enmiendas que aprobemos sea que este proyecto de ley pase a denominarse únicamente de jurisdicción voluntaria. Me gustaría que, en el ámbito de los recursos, pudiera ahondar un poco más en la propuesta que ha expuesto en su intervención inicial y ver de qué manera entenderían que está mejor resuelto lo que debería ser un sistema de recursos distinto y que afecta directamente a los secretarios judiciales; es una pregunta concreta que le quería formular. También le quería tranquilizar de alguna manera en lo que es una preocupación debatida desde hace ya tiempo y que usted englobaba en lo que mencionaba la deriva del Estado autonómico. Tuvimos ocasión a lo largo del debate estatutario de contraponer distintas propuestas en el artículo 147 del Estatuto catalán, que atribuye a la Generalitat nuevas competencias, que son ejecutivas, en el ámbito de los registradores y de los notarios, sin negar en ningún caso la unidad de cuerpos. Desde esta óptica, yo quería dar una visión que a lo mejor es distinta del diagnóstico que a veces se puede dar de que esto se va a romper en diecisiete subgrupos distintos; no era esta la intención, sino atribuir mayores competencias ejecutivas, tal y como hizo después, y con una unanimidad casi total el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Quería hacer esta precisión.


Termino ya, con un recordatorio. Sabe el señor Dorado Picón que en todos los proyectos de ley que se han tramitado en esta Cámara nuestro grupo parlamentario ha defendido la figura del secretario judicial, las funciones que debe realizar el secretario judicial, su formación jurídica y el especial estatus que debe tener. Ello no tiene por qué contraponerse a lo que pueda ser una voluntad de cada grupo parlamentario sobre cómo debe ser la dependencia del secretario judicial, en todo caso, siempre respetando los derechos adquiridos. Por tanto, una vez más, y hoy que está el señor Dorado Picón, les quiero agradecer la labor que realizan, espero que siga así en un futuro y que, sea cual sea la configuración final que se dé al conjunto de la Administración de Justicia y del Poder Judicial, ustedes puedan seguir desarrollando la función e incrementándola como se hace hoy a través de este proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Guillermo Mariscal.


El señor MARISCAL ANAYA: Gracias al señor Dorado Picón por su intervención. Le garantizo que el Grupo Popular tomará muy en cuenta su intervención, con la posterior lectura del "Diario de Sesiones". A raíz de su intervención nos han surgido una serie de dudas que me gustaría comentarle. En primer lugar usted ha manifestado su preocupación acerca del artículo 1 del proyecto de ley en la referencia que hace a la posible intervención de otros funcionarios; yo lo tengo entrecomillado. Nosotros entendemos que eso puede suponer un evidente proceso de desjudicialización y que puede plantear en algún momento una suerte de inseguridad jurídica. Creemos en mi grupo que posiblemente la razón última estriba en que existe una querencia por la equiparación de procedimientos. Más adelante, cuando estemos en el trámite de enmiendas, así actuaremos, en consecuencia con nuestra posición, pero me gustaría saber su opinión acerca del criterio de imparcialidad que abre la existencia de otros funcionarios. También quiero que amplíe la idea que ha planteado de justicia de ricos y de pobres, porque nosotros estamos totalmente de acuerdo con su posición. Tampoco este grupo comprende por qué se ha suprimido del proyecto, por qué se ha hecho desaparecer el recurso al decreto del secretario judicial y queremos saber cuál es su posición, como experto.


Nos ha parecido muy preocupante su consideración de la deriva de diecisiete cuerpos y diecisiete direcciones generales de Registro y Notariados por lo que de intromisión del Poder Ejecutivo puede suponer dentro del Poder Judicial. Estamos de acuerdo con el Grupo Catalán (Convergència i Unió) en que, efectivamente, los notarios poseen y tienen competencia ejecutiva y no competencia judicial. Esperamos que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) actúe en consecuencia y que lo que acaba de decir su portavoz lo mantenga en el trámite de enmiendas. En relación con el tema de los recursos, quisiéramos saber si usted cree que es más garantista que se supriman los recursos o no, porque en este grupo tenemos la creencia de que se están reforzando unas garantías en detrimento de otras. También queremos saber si usted cree que es razonable que no actúen abogados

Página 5


y procuradores, si eso aporta garantías al procedimiento. Finalmente, ¿cuál es su opinión sobre la idea de que se suprima o de que en cuanto aparezca contradicción entre las partes, automáticamente se recurra a lo contencioso? El caso más evidente es el de la disputa conyugal.
Evidentemente, si hay una disputa conyugal es porque hay controversia. El hecho de que se suprima la contradicción dentro de la jurisdicción voluntaria va a producir un encarecimiento de la justicia, una dilatación de procedimientos, la posibilidad de existencia de fraude, etcétera.
Muchas gracias por su comparecencia.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, la señora Couto.


La señora COUTO RIVAS: Muchas gracias por su intervención, señor Dorado Picón. Le puedo manifestar que desde el Grupo Parlamentario Socialista damos importancia a la figura de los secretarios judiciales.


Por ser el último grupo en intervenir, tomando como referencia el informe que ustedes remitieron, que formaba parte del expediente que acompañaba al anteproyecto, oído lo que usted ha manifestado y lo que han manifestado los diputados que me han precedido, tengo que decir que se han tocado los puntos a los que yo quería hacer referencia, pero se los voy a reiterar por si usted quiere hacer alguna ampliación, porque considero que son importantes y, además, los resaltan ustedes en su informe.


Un punto que abordan con profundidad es la distribución de competencias entre secretarios y otros profesionales de acreditada preparación jurídica, como son los notarios y registradores; invocan también, junto a otras críticas, un nuevo elemento no abordado en los demás informes, que ha sido resaltado por usted y por otros diputados. Resaltan que la prestación de los notarios y registradores sería de modo y manera lucrativa, mientras que el colectivo de secretarios serían prestadores de un servicio público gratuito, produciéndose así una justicia de ricos y otra de pobres, a pesar de que la disposición adicional quinta obliga al Gobierno a que, en el plazo de seis meses desde la promulgación de la ley, apruebe los aranceles de los notarios y registradores de la propiedad en los expedientes de jurisdicción voluntaria. Esta argumentación y seguramente otras también serán aplicables a las puertas que quedan abiertas en el artículo 1 cuando se habla de compartir competencias no solo con un juez, secretario judicial, notario o registrador, sino también -se añade- con otro funcionario designado para la administración o tutela de cuestiones de derecho civil o mercantil. Me gustaría que abundara en este aspecto un poco más. ¿Qué opinión le merece a usted que quede en competencia exclusiva del notario las declaraciones de herederos ab intestato? ¿No le parece que hay una quiebra del principio general de las competencias compartidas?

Se hace una comparación en el informe que ustedes han presentado entre el texto de la comisión general de codificación y el texto actual del proyecto, estimándose que en el primero se partía de una consideración de la jurisdicción voluntaria más cercana a lo jurisdiccional, mientras que en el proyecto que estamos debatiendo la jurisdicción voluntaria tiene un carácter más administrativo. Existen opiniones que consideran excesiva la intervención de notarios y registradores, pero, dejando aparte esta consideración, le agradecería que abundara un poco más en la opinión que le merece el reparto de competencias entre jueces y secretarios. Ha tocado usted el tema de la conciliación, que es importantísimo para ustedes. A lo mejor quiere añadir algo más. ¿Qué opinión le merece que en el anteproyecto que elaboró la comisión general de codificación se regulara, en el título II -me parece-, junto a la conciliación, la mediación, y que haya decaído en este proyecto?

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Dorado Picón.


El señor PRESIDENTE DEL ILUSTRE COLEGIO NACIONAL DE SECRETARIOS JUDICIALES (Dorado Picón): Como hay algunos temas recurrentes, voy a intentar agruparlos.


Yo entiendo que, aunque alguien pueda pensar que no es recurrible el decreto del secretario, que qué buenos somos que no hace falta que nos recurran, hay que hablar de recursos, sobre todo por abrir una vía donde alguna instancia unifique estos temas. Estamos hablando de una materia donde se pueden afectar derechos muy importantes de los ciudadanos y hay que tener cierta seguridad jurídica. No puede ser que cada uno tenga su criterio y que por ello las personas se puedan ver con derechos distintos en lugares distintos. Esto nos parece absolutamente prioritario y por tanto habría que abrir la vía de recurso. Ya he dicho que el problema que se podía plantear era que la unificación se produjera a través del Poder Ejecutivo con la Dirección General de los Registros y del Notariado.


En cuanto a la unidad del cuerpo, voy a entrar en el tema, que también ha comentado el portavoz del Grupo Popular, de la deriva autonómica. Me preocupa enormemente y no ya por un problema corporativo, por ser o no cuerpo nacional, yo voy un poco más allá, voy al tema del derecho del ciudadano a tener una justicia igual, y digo justicia con mayúscula, englobando tanto la jurisdicción contenciosa como la voluntaria, en cualquier lugar. El hecho de que los cuerpos se conviertan en autonómicos influirá necesariamente; no se puede estar dando respuesta a un derecho estatal por un funcionario autonómico, eso es muy complicado. Además, la jurisdicción voluntaria no se administra, se tramita y se resuelve y en esta ley parece que solo se administra. Hablamos de administrador y el término me resulta totalmente chirriante; cuando he leído administrador, no sabía muy bien a qué venía todo esto y la verdad es que

Página 6


todavía sigo preguntándome el porqué de esta administrativización excesiva de la jurisdicción voluntaria y de esta entrada de notarios y registradores. En relación con la justicia de ricos y de pobres, sobre lo que se me ha preguntado -también me lo ha dicho la señora Couto-, hablaba de aranceles y yo tengo aquí un dato de los aranceles de los herederos ab intestato; tengo datos del año 1999 de la Dirección General de los Registros y del Notariado de que hay 79.574 declaraciones de herederos ab intestato. Como el arancel va de 100 a 170 euros, saco una media de 125 euros y me salen 9.946.760 euros, que es lo que ha costado a los españoles la jurisdicción voluntaria en esa parcela, que se desgajó para notarios y registradores. Eso que no costaba nada antes, la declaración de herederos ab intestato, les costó a los ciudadanos en el año 1999 casi 1.600 millones de pesetas; no costaba antes y, desde que se atribuyó a un notario esta competencia que antes tenía el secretario judicial, calculo que le ha costado al ciudadano español más de 20.000 millones de pesetas.
Por eso, cuando usted me habla de aranceles, ¿por cuánto vamos a multiplicar esto? ¿Cuánto le va a costar al ciudadano la jurisdicción voluntaria, cuando ahora mismo no cuesta nada? La Ley Orgánica 19/2003 establecía claramente que sería en la oficina judicial, en el ámbito del servicio común; era producto de un pacto de Estado, todos los operadores jurídicos estábamos de acuerdo, todos. Hay acuerdos firmados por el hoy diputado y ponente del Grupo Popular, José María Michavila, con todos los operadores jurídicos -jueces, fiscales, secretarios y sindicatos-, y todo el mundo estaba de acuerdo en que ese era el camino. Está el pacto firmado por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Todo el mundo piensa que ese es el camino, todo el mundo piensa que ahí hay que residenciar la jurisdicción voluntaria y de pronto aparece un proyecto donde se dinamita todo esto. Yo no lo entiendo. Va a costar dinero al ciudadano y el ciudadano tiene que saber que le va a costar dinero lo que no tiene por qué costarle. El Estado tiene que poner los medios para que haya una Administración de justicia ágil y que haya una oficina judicial ágil y moderna, dotarla de medios y que el secretario judicial, mucho más imparcial que el otro funcionario del que estamos hablando, dé tutela a sus derechos.


En cuanto al recurso y a la deriva autonómica, ya lo he tratado antes y no voy a hablar más sobre ello. En relación con la distribución de competencias -me parece que la señora Couto me preguntaba sobre ello- entre jueces y secretarios, ya le he dicho las materias en las que entendemos que debe tocarse y, si quiere, le repito los capítulos en los que me parece que debe intervenir el secretario, en vez del juez: me parece que eran el capítulo II, el VI, el VIII y el X. En el tema de conciliación y mediación, también quiebra el trabajo de la ponencia en el anteproyecto el hecho de que la mediación desaparezca. ¿Por qué entendemos que la mediación debe atribuirse al secretario judicial? Porque al juez hay que dejarle en una posición mucho más alejada de las partes. Si el juez interviene en un proceso de mediación o de conciliación intraprocesal, de alguna manera puede estar afectada, aunque inconscientemente, su capacidad de alejarse del problema a la hora de resolverlo. Por tanto, creo que lo lógico es atribuírselo a un funcionario que está junto a él formando parte del tribunal y que tiene capacidad jurídica completa para poder resolverlo. También me preocupa, como decía la señora Couto, que se quiebre que la declaración de herederos ab intestato, que se llama declaración de herederos ab intestato en línea recta, se atribuya solo a un notario. Es curioso, el notario comparte con el secretario todas las cuestiones de jurisdicción voluntaria prácticamente y la única que tenía en exclusiva el notario no se atribuye al secretario; declaración de herederos que, como digo, le costó al ciudadano 1.600 millones de pesetas en el año 1999.


El diputado del Grupo Popular me preguntaba sobre la intervención de abogados y procuradores. Entiendo que en la jurisdicción voluntaria deberían intervenir en determinados supuestos, porque el secretario judicial no puede realizar ese asesoramiento jurídico que se le atribuye al notario cuando conoce, porque le está prohibido. Es un funcionario público dotado de una serie de derechos, deberes, incompatibilidades y prohibiciones que le impiden eso. No es solamente que el ciudadano tenga libertad de acudir al abogado para ver si va o no a un procedimiento de jurisdicción voluntaria, sino que debería estar en el propio procedimiento. Lo de los procuradores me parece que es una buena forma de agilizar la relación del ciudadano con la justicia, porque a los que trabajamos en juzgados y tribunales muchas veces nos causa una paralización del procedimiento tenernos que relacionar directamente con el ciudadano. Ellos no están acostumbrados a esta dinámica y nos parece oportuno que haya un profesional del derecho que intervenga, siquiera sea para acercar al ciudadano a ese mundo desconocido de la justicia. Por tanto, veo con buenos ojos que intervengan abogados y procuradores en la jurisdicción voluntaria. (El señor Michavila Núñez pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Michavila.


El señor MICHAVILA NÚÑEZ: Al hilo de la mención que ha hecho de mi persona el compareciente y también de las intervenciones de los demás compañeros, quería intervenir. Quiero, don Antonio, agradecerle su presencia, como hemos hecho todos los grupos, pero saco una conclusión de su comparecencia y de la de su compañero de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales del otro día, así como de las palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y es que en esta ley hubo una matriz que fue el trabajo que se hizo desde el consenso, desde el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, desde el pacto de Estado; hubo una comisión de codificación, que se nombró también desde el consenso, se pacto en relación con sus miembros con los grupos parlamentarios, singularmente con Juan

Página 7


Fernando López Aguilar. Ahora hablaba la decana del Colegio de Abogados de Barcelona de cómo el representante el otro día en la Comisión coincide también con él. En fin, el modelo inicial de consenso -sin colores políticos, por el hecho de que el secretario progresista esté en la misma posición que ha demostrado usted hoy o que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista manifieste las mismas preocupaciones- es la mejor forma de aprovechar la oportunidad de sacar esta ley. Por eso, el Partido Popular está a favor de sacar esta ley, que tiene 202 artículos y en 195 estamos prácticamente todos de acuerdo. Donde hay un desacuerdo es donde el señor Dorado Picón ha puesto el punto y es en la excesiva administrativización de la jurisdicción, en que esa administrativización produce también riesgo de una cierta injerencia política en la jurisdicción voluntaria; el coste de esa nueva atribución de jurisdicción voluntaria; el impacto que ese coste tiene también de alguna manera; y, estando absolutamente de acuerdo con el portavoz de Convergència i Unió en el hecho de que a mí quizá no me preocupe tanto esa deriva nacionalista, me preocupa que no se respete el ámbito de la unidad jurisdiccional y dar funciones jurisdiccionales a quien, como bien ha dicho, tiene que tener funciones ejecutivas; ahí es donde está la raya que desborda este proyecto, así como en la carencia de seguridad jurídica. Quizá son esos los ejes en los que yo creo y en los que hubo un modelo que se hizo desde el consenso; la Comisión fue consensuada, el trabajo de la Comisión fue muy consensuado también, porque se habló con todos los sectores -abogados, secretarios judiciales, notarios, registradores, procuradores-, y luego ocurrió algo extraño, ese proyecto se metió en una caja, intervinieron dos o tres personas que sinceramente no sabemos los grupos parlamentarios quiénes son, porque creíamos que lo íbamos a deducir de estas comparecencias pero no hemos sido capaces de hacerlo; algunos de los propuestos pensamos que podían ser los autores y lo primero que dijeron es que no eran los autores de los cambios. Resulta que los cambios no nos satisfacen a nadie y quizá lo lógico sea volver al consenso que hicimos todos y que es lo que puede hacer que esta sea una ley buena para todo el mundo y, al final, de jurisdicción voluntaria.


Finalmente, si se puede incluso recuperar la mediación, como me ha parecido que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha sugerido, sería un gran acierto. En definitiva, en unos momentos en los que hay tanta tensión en la vida pública y singularmente tanta tensión en el ámbito de la justicia, si lográramos que se hiciera una excepción y volviéramos al consenso que ya se fraguó cuando se hizo esta ley, sería muy bueno. El hecho de que se haya huido del consenso se manifiesta en que ni siquiera en la exposición de motivos de la ley se menciona el trabajo de la Comisión de Codificación, que trabajó negociando con todos los grupos. Es un pequeño matiz, pero se ha querido huir del consenso al final. De 202 artículos hay seis que nos separan a todos. Valdría la pena volver a unirnos todos. Cuando el señor Dorado ha dicho que yo nombré esa comisión, es verdad que firmé como ministro, pero, sinceramente, ni siquiera conocía a los miembros. Fueron los grupos los que se pusieron de acuerdo y he tenido ocasión el otro día de conocer al representante de dicha comisión a raíz de su comparecencia, lo cual demuestra que a veces es mejor dejar que sean los profesionales, los que conozcan esos temas quienes tomen las decisiones y que los políticos tratemos de ponernos de acuerdo para que los criterios técnicos sean los mejores posibles.


Muchas gracias por su comparecencia. Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Michavila.


Quiero recordar tanto al compareciente como al resto de los miembros de la Comisión que la metodología legislativa que hemos decidido adoptar desde la Mesa solicitando la realización de este trámite de comparecencias precisamente busca que el proceso legislativo sea lo más ilustrado y lo más dialogado posible y que conozca de primera mano todas las tensiones o puntos de fricción que pudieran existir en el seno de este proyecto de ley. No cabe duda de que no finalizará el plazo de enmiendas hasta que no termine la realización de todas las comparecencias y, por supuesto, también es costumbre de esta Presidencia presidir todas las ponencias de la Comisión de Justicia y en ese sentido propiciaremos e impulsaremos que las ponencias sean fructíferas para que los trabajos de la Comisión, con posterioridad, sean lo más consensuados, acordes y clarificadores para todos y sobre todo para las ciudadanas y para los ciudadanos.


Quiero agradecer la presencia esta mañana de don Antonio Dorado Picón y también la de la representación del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales que le han acompañado. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE DEL ILUSTRE COLEGIO NACIONAL DE SECRETARIOS JUDICIALES (Dorado Picón): Muchas gracias.


- DE LA SEÑORA DECANA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA (GIMÉNEZ-SALINAS COLOMER). (Número de expediente 219/000800)

El señor PRESIDENTE: Tenemos entre nosotros -y es siempre una satisfacción poder contar con la participación en esta Comisión de un colegio de abogados de referencia y de gran prestigio- a doña Silvia Giménez-Salinas Colomer, decana del ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Por tanto, quiero agradecer su presencia en la mañana de hoy y su colaboración en los trabajos legislativos y, por supuesto, reiterar que para nosotros, sobre todo desde la experiencia práctica y el buen hacer del Colegio de Abogados de Barcelona, es una satisfacción poder escucharla en la mañana de hoy. Sin más rodeos, tiene la palabra.


Página 8


La señora DECANA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA (Giménez-Salinas Colomer): Me toca devolver el agradecimiento, señor presidente. Tanto en mi calidad de abogada de a pie, y por tanto cliente habitual como tal en los juzgados, como en mi calidad de decana, es un honor no aportarles ciencia jurídica, porque ustedes van sobrados, sino simplemente hacerles reflexionar sobre las consecuencias prácticas que tiene la promulgación de una ley de este tipo.


Si bien es cierto que en principio desde la abogacía no se observa ningún impedimento para ampliar el campo de aplicación de determinadas cuestiones que pueden o no ser objeto de intervención judicial y no veríamos un problema grave en este aspecto en ampliar las posibilidades, sí que es importante determinar que todo ello se debe hacer con seguridad jurídica. Por tanto, si hay cuestiones en que se puede plantear, como el compareciente anterior ha explicado, resulta contraproducente pensar que un decreto de un secretario no pueda ser recurrido, porque parece de lógica el principio de doble instancia en cualquier actuación de los tribunales y juzgados de nuestro Estado; no parece tener mucho sentido que se haga en otras cuestiones y no se pueda resolver si es nuestra práctica habitual en los juzgados el hecho de que siempre cualquier resolución judicial puede ser recurrida y revisada, porque caben todo tipo de actuaciones, sean providencias, autos, sentencias, etcétera. Es una tónica habitual en nuestro sistema de justicia y no parece tener mucho sentido que en el proyecto que estamos analizando no tenga que ser así.


Quisiera hacerles reflexionar desde el punto de vista evidentemente del artículo 17 del proyecto de ley. ¿Por qué? Porque ya la propia definición que realiza sobre la intervención letrada, a nuestro entender, manifiesta el espíritu que el legislador, y en ese caso SS.SS. lo pueden entender, tiene sobre la intervención, precisamente en la palabra que determina el artículo 17 cuando dice que el solicitante que pretendiere acudir asesorado de un técnico, como es un abogado... A nosotros ya nos sorprende eso de pretendiere porque lo que estamos analizando es qué efectos va a tener en la ciudadanía. Por tanto, nosotros, desde la Constitución y desde lo que nos determina la Ley Orgánica del Poder Judicial, entendemos que tenemos el asesoramiento técnico y profesional cualificado para que el ciudadano se sienta seguro ante los tribunales.
Eso no lo podemos olvidar y debe ser el objetivo de esta ley, que el ciudadano se sienta seguro cuando se encuentra en una situación que requiere una determinación. En consecuencia, desde el punto de vista de la abogacía, tampoco estamos de acuerdo en la redacción del artículo 1 cuando establece que el objeto y ámbito de aplicación de esta ley son situaciones que no determinan una controversia entre los interesados. Es evidente que toda la ley determina u obliga a que alguien tome una decisión por el solicitante de un expediente de jurisdicción voluntaria; no todos serán en controversia, pero en la mayoría de los procedimientos que aquí se establecen ya ab initio se plantea una controversia. Sería clarificador que en el artículo 1 no se determinara esta ley como si fuera únicamente para aquellos procedimientos que no tienen controversia entre los interesados. Les voy a poner un ejemplo que resulta siempre mucho más gráfico. El capítulo IV del título V afecta a los derechos de las personas y establece un procedimiento importante para la sociedad en la que estamos. En un mundo globalizado como el que tenemos ahora, todos somos conscientes de que un procedimiento de restitución de menores tiene que ser un procedimiento con garantías. La Ley de Protección Jurídica del Menor, del año 1996, estableció este procedimiento utilizando jurisdicción voluntaria. Hoy en día todos sabemos, incluso por la prensa, lo que comporta el secuestro internacional de menores por parte de los progenitores y eso es algo que nos viene sucediendo y sucederá cada vez más. Al inicio, los tribunales no sabían ni concebían cómo se realizaban estos procedimientos. Sin embargo, en la actualidad todos tienen asumido que el Convenio de la Haya, del año 1980, que determina el secuestro parental, tiene que ser controlado con garantías jurídicas y que cada país debe tener los instrumentos necesarios para que este convenio sea efectivo ante los tribunales de Justicia de todos los países. En un procedimiento de este tipo, en el que evidentemente desde el inicio hay una controversia, resulta curioso o al menos sorprendente que no tenga un letrado de intervención preceptiva. En el momento en que el menor es sustraído de su lugar de residencia habitual, llega a España y se insta cualquier procedimiento de derecho de familia a través de un juicio verbal, tendrá un letrado que garantice su defensa jurídica; sin embargo, en este procedimiento -que, insisto, de inicio es una controversia, porque el solicitante será un nacional de otro país cuando el traslado se haya realizado a España- no tiene un letrado de intervención preceptiva.
Resulta bastante contradictorio. Aprovecho la ocasión, porque dentro del redactado de este procedimiento -y disculpen que en este aspecto se lo sugiera- se determina que será solicitante aquel que tenga reconocida la custodia. La realidad es que en la mayoría de ocasiones el traslado ilícito supone que no ha habido una resolución judicial previa anterior al traslado. Eso significa que no hay una atribución de custodia, que no hay una atribución de potestad; por tanto, no pongamos únicamente, como personas legitimadas para instar, a aquellas a las que se les atribuya la custodia, sino que vamos a hacerlo con carácter extensivo, porque el Convenio de La Haya también establece, y aprovecho la ocasión para repetirlo, que este procedimiento que tenemos hoy, a través del 1902 y siguientes, se utiliza también para la garantía de los derechos de visitas de los nacionales de otros países. Por tanto, las personas legitimadas no son únicamente aquellas a las que se les atribuye la custodia, sino que son los progenitores que instan el derecho de visitas o que carecen de una resolución y, por tanto, tienen una custodia atribuida por no haber resolución. Sugeriría que se reflexionase sobre la

Página 9


redacción y que se pudiera utilizar la atribución de custodia de derecho o de hecho y, con ello, ya estamos dando amplitud a las personas legitimadas para instar el procedimiento. Si alguno de nosotros pensase que se encuentra en esta situación, a nadie se le escaparía la utilización de un letrado para que le asesorara respecto a este procedimiento judicial. Cualquiera de nosotros, trasladados con nuestros hijos a este país, al nuestro, querríamos un asesoramiento técnico cualificado que nos concretara qué documentación se necesita, qué elementos probatorios tenemos que acreditar delante del juez para que nos confirme la decisión que hemos tomado previamente.


Esto era en el capítulo IV dentro del título V y otro ejemplo me remite a los procedimientos administrados por jueces y secretarios, porque quizá la reflexión resulte más sencilla para la modificación del objetivo que tiene mi intervención, que es la modificación del artículo 17 del proyecto. ¿Creen ustedes que con el simple redactado de uno de los procedimientos, que se llama controversias en el ejercicio de la potestad, no se inicia un conflicto entre los interesados solamente con ese título? Es evidente que es así. Es evidente que no entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 1 y que aquellas situaciones que derivan de un conflicto familiar -en el que cada una de las partes ha tenido un abogado, porque es de intervención preceptiva según la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el procedimiento de juicio verbal-, esas derivaciones de ese conflicto familiar que persiste, y una de ellas son las controversias en el ejercicio de la potestad, necesitan el mismo asesoramiento que han tenido en el procedimiento familiar. ¿Por qué la elección de un centro escolar, en lugar de modificación del domicilio familiar, del domicilio de los menores, si el menor ha de tener un tipo de formación u otra, resulta que eso no es un procedimiento de controversia y resulta que no es preceptiva la intervención del letrado? Entiendo además que eso perjudica sobre todo a aquella parte de la ciudadanía que carece de recursos para financiarse un letrado. ¿Por qué? Porque los poderes públicos que tienen atribuidas las competencias sobre justicia gratuita tienen la obligación de facilitar al ciudadano la asistencia de un letrado cuando la ley obliga de forma preceptiva a hacerlo. Si la ley no obliga a la intervención del letrado, los poderes públicos competentes en estos supuestos no están obligados a proporcionar al ciudadano que lo solicita un letrado y, por tanto, el ciudadano va sin asesoramiento técnico a un procedimiento cuando, repito, en derecho de familia, en cualquier procedimiento, va asesorado por un letrado y, sin embargo, resultará que en los derivados de la jurisdicción voluntaria carecerá de él. Hay que tener en cuenta que en unos lugares los poderes públicos podrán de forma voluntaria acceder a satisfacer los honorarios de la intervención letrada, pero si la ley no dice que la intervención es preceptiva, no están obligados a ello, con lo cual acabaríamos como siempre perjudicando a aquellos que tienen menores ingresos y a una ciudadanía que necesita ser satisfecha.


Como verán, mi intervención no es absolutamente corporativista, como se pretendería de la decana de un colegio de abogados, sino que esto lo miro desde el punto de vista de los destinatarios finales de la justicia, que son los ciudadanos, y creo firmemente que nuestra intervención durante el procedimiento es necesaria. Esta mañana hacíamos la reflexión de que la abogacía no está de moda, pero no es cierto; lo único cierto es que parece que el legislador pretenda que la celeridad, la urgencia y la rapidez se debe siempre a que no haga obligatoria la intervención letrada y que con eso se agilizan los procedimientos.


Esas son las últimas modificaciones no tan solo a nivel legislativo sino también a nivel social. Buscamos métodos alternativos en la resolución de conflictos pensando que evitarnos intervenciones jurídicas puede afectarnos, y lo que estamos buscando es que se garanticen todos los procedimientos con un asesoramiento técnico cualificado. A nadie se le escapa que el objetivo de esta ley será facilitar la vida del ciudadano que tiene un conflicto y, para ello, una de las cosas fundamentales es que se le dote de seguridad jurídica a través de los únicos que estamos cualificados para darla porque actuamos a instancia de parte. La reflexión que anteriormente se hacía sobre el asesoramiento de los notarios es correcta y adecuada, siempre han servido de asesoramiento, pero determinar el asesoramiento a cada una de las partes cuando no vienen representadas por ningún otro profesional puede significar una distorsión en un momento determinado. La modificación del artículo 1 del reglamento notarial en estos momentos no tendría mucho sentido. Dejemos que se desarrolle esta ley, dejemos que se desarrolle cómo se administran los procedimientos en los notarios y, a partir de ese momento, podríamos observar cuáles son las consecuencias para el ciudadano.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Turno de intervención de los grupos parlamentarios. Señora Uría, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, querida decana, por la intervención que has efectuado. Voy a preguntarte solo dos cosas concretas. Me ha parecido entender de la intervención que la exigencia de letrados, si bien podría generalizarse, se circunscribe exclusivamente al contenido del título IV, referido a la materia de personas, o bien se considera que podría ser conveniente establecerla con carácter general para cualquiera de los procedimientos que la ley regula.


La segunda cuestión -esta tiene más calado- hace referencia a qué naturaleza podríamos dar en general a la jurisdicción voluntaria, cuestión ya suscitada por

Página 10


quien compareció representando a la Comisión de Codificación en el trámite de comparecencias de la semana pasada. La definición que contiene el artículo 1 considera esencia de la jurisdicción voluntaria que no exista contraposición entre los interesados. Puesto que es general considerar que contraposición existe en bastantes de los procedimientos, sobre todo en los que tienen que ver con materia de personas, nos gustaría que desde tu experiencia nos sugirieses cómo puede retocarse el artículo 1 para que la definición de jurisdicción voluntaria pueda llegar a ser distinta de la que en esencia establece la ley en este proyecto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Catalán el señor Jané tiene la palabra.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente, señorías.


Muchas gracias, señora decana del ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, bienvenida al Congreso de los Diputados y felicidades por su exposición, porque ha sido pedagógica y ha conseguido unir una doble faceta, la faceta institucional como decana y como representante de la profesión de abogado -y desde esta óptica ha defendido la función del abogado en la sociedad- y la faceta práctica y pedagógica por su propia experiencia, señora Giménez-Salinas, desde su visión del ejercicio de la abogacía, sobre lo que debe ser un modelo de jurisdicción voluntaria, que en algunos aspectos merecerá la modificación del proyecto que ahora estamos tramitando. La primera reflexión es sobre la utilidad de esta comparecencia, porque a los legisladores se nos está alertando sobre aspectos que aún estamos a tiempo de modificar desde ese consenso que esta ley ha suscitado. Es una ley de consenso porque no ha tenido enmiendas a la totalidad, pero es una ley que merece ser revisada -lo decía antes algún portavoz- en el sentido de buscar que ese inicio consensuado sea también un final consensuado en la tramitación parlamentaria de esta ley. Efectivamente, hay artículos concretos que plantean serias dudas.


Me ha gustado muchísimo cómo la señora Giménez-Salinas ha definido el artículo 17, relativo a la intervención preceptiva o no de abogado y procurador. Cuando se dice: quien pretendiere tener o no abogado, no es una pretensión sino una necesidad en relación con el derecho a la tutela de ese ciudadano, el derecho a estar bien asesorado, bien conducido. Por tanto, en cuanto a ese cambio que se ha producido en la etapa prelegislativa sobre la intervención de abogado y procurador, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió está convencido de que debemos ahondar en un futuro cambio del artículo 17 y que deberíamos hacerlo con el consenso de todos. Mi grupo cree que aquí hay un motivo de preocupación, por lo que pide a la señora Giménez-Salinas una redacción alternativa o que nos diga si piensan aportarla al artículo 17, junto con el artículo 1, artículo que quiere englobar la jurisdicción voluntaria como si nunca existiera controversia, y un ejemplo claro es el que ha puesto la señora Giménez-Salinas sobre los procesos de menores y el secuestro internacional de menores, en los que existe una controversia; es un ejemplo práctico de en qué medida la actual redacción del artículo 1 puede llevar a una disfunción en lo que se pretende, en el objeto final de esta ley que ahora estamos tramitando.


También quiero preguntarle a la señora Giménez-Salinas por su valoración -lo ha hecho en su intervención inicial- sobre la disposición final tercera, una disposición que modifica una ley centenaria, la Ley de Organización del Notariado, con el nuevo párrafo que se introduce en el artículo 1, en relación con el cual la semana pasada otro compareciente, concretamente el decano de Madrid, el señor Martí Mingarro, se preguntaba si definir al notario como profesional del derecho cuando también realiza una función pública evidente y otorgarle por ley esa función de asesoramiento puede producir alguna disfunción o no con el ejercicio de la abogacía. A Convergència i Unió le gustaría conocer la opinión de la decana de Barcelona.


Nos gustaría conocer su criterio sobre la regulación de la mediación, si considera que en esta Cámara, en las Cortes Generales, debe realizarse una regulación más global y específica en aras de lo que deben ser las garantías jurídicas que deben acompañar a la mediación.


Termino, señor presidente, señorías, haciendo una reflexión. En ocasiones legislamos demasiado deprisa y a veces se incumplen los calendarios de tramitación de los proyectos de ley. Esta ley viene de una disposición de la Ley de Enjuiciamiento Civil que mandataba al Gobierno a presentar un proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria. Ha llegado tarde. No pasa nada si la fase de tramitación la hacemos con el sosiego necesario para integrar las distintas propuestas que se realizan y finalmente conseguir una ley con el mayor consenso y sobre todo con la mayor eficacia. En muchas ocasiones hemos comentado con la señora Giménez-Salinas, que es mi decana y también de la señora Pigem y de otros abogados que estamos en el Congreso de los Diputados, de qué manera los abogados llegan tarde a la fase legislativa. Leen las leyes cuando ya están publicadas en el BOE y entonces las perciben como algo que debe aplicarse, evidentemente, pero no han podido incidir en la fase de modificación. Me consta que el ilustre Colegio de Abogados de Barcelona está esforzándose muchísimo en esta etapa para hacer llegar a todos los grupos parlamentarios propuestas de cambio cuando hay proyectos de ley en discusión. Esto va en la buena dirección; por tanto, todo lo que sea integrar las distintas propuestas que nos llegan desde colegios profesionales y desde personas que conocen bien los resultados y las consecuencias finales que puede tener un cambio normativo enriquece el proceso legislativo y no pasa nada si ampliamos alguna semana más el plazo de enmiendas para poder digerir entre todos estas propuestas. No es un atrevimiento

Página 11


antes decía la señora Giménez-Salinas: me atrevo a sugerirles-, sino que para los que estamos aquí es de gran utilidad recibir propuestas, sugerencias y cambios normativos. Felicidades, pues, por su comparencia.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Muchas gracias, señor presidente.


Bienvenida, señora Giménez-Salinas. Muchas gracias por sus reflexiones y por sus ideas. Ya le adelanto que nosotros en nuestras enmiendas, cuando finalice el plazo de presentación, nos haremos eco de las inquietudes que usted transmite en torno al nulo papel que en este caso el proyecto de ley deja a los abogados. La cuestión es entender cuál es el concepto, la naturaleza jurídica de la jurisdicción voluntaria. Ese el problema nuclear. En la medida en que podamos consensuar cuál es ese concepto, nos llevará a una serie de consecuencias de regulación específica en cada uno de los temas y esa es la cuestión. Si la jurisdicción voluntaria no es siquiera jurisdicción y únicamente se trata de regular expedientes administrativos en los que no hay controversia, ustedes, obviamente, no tienen por qué participar de él. De alguna manera eso es lo que se traslada en este proyecto. No es lo que antes se trasladaba y no es, desde luego, lo que este grupo comparte, pero en la medida en que hoy podemos analizar los distintos artículos, da la sensación de que eso es lo que está pasando. Obviamente entre todos los grupos existe un consenso y un mandato de modificar y de mejorar la jurisdicción voluntaria. En eso todos estamos de acuerdo. La cuestión es cómo lo hacemos. En ese cómo hacerlo debemos cumplir dos objetivos: primero, que lo que hagamos sea más práctico que lo que hoy tenemos y sea obviamente más útil para permitir agilidad y flexibilidad, y, segundo -y muy importante-, que en ningún caso menoscabemos la garantía y los derechos que los ciudadanos tienen hoy con la actual regulación. Desde luego, ese es el marco en el que el Grupo Parlamentario Popular se mueve: que consigamos que efectivamente aquello que vayamos a hacer y el texto definitivo mejore la praxis del foro en relación con todos esos expedientes y que en ningún caso el texto reduzca las garantías que hoy tienen los ciudadanos a la hora de enfrentarse a un expediente de jurisdicción voluntaria. Nosotros, ya le digo, compartimos la naturaleza de la jurisdicción voluntaria y consideramos que sigue siendo jurisdicción. Sin perjuicio de que también exista un consenso en que pueda ser útil una cierta administrativización de los expedientes, en lo que no debemos caer, ni en este caso ni en ningún otro, es en el exceso y en que los términos en los que se fijen los distintos artículos hagan que se pierda la naturaleza de la institución; ahí es donde nos movemos.


Sin perjuicio de las preguntas que le haré sobre la praxis y sobre la utilidad, también le comunico que ha sido una crítica generalizada de todos los comparecientes anteriores que de alguna manera este proyecto sigue teniendo, a pesar de muchas mejoras que recoge, una serie de incoherencias y de aspectos que le dan un perfil ilógico, porque me da la sensación de que el problema nuclear de la naturaleza no está definido.
Se pretende que sean las dos cosas: jurisdicción y expediente administrativo. Aquí es donde habría que incidir. ¿Por qué? Porque si es una jurisdicción, no parece correcto que no se regule la controversia; si es una jurisdicción, no parece correcto o lógico que no se regule el régimen de recursos y si es jurisdicción, no parece correcto que no se contemple la asistencia preceptiva de abogado y procurador. Nosotros defendemos esa tesis, que igual está más cercana a la suya, en la medida en que nos parece que con estos instrumentos se garantizan los derechos de los ciudadanos.


Una de las preguntas sería si a usted le parece más o menos garantista que tanto recursos como eliminación de controversia -obviamente lo ha dicho en el tema de los abogados- mejoran o pueden mejorar la institución de la jurisdicción voluntaria. Si pensamos que es un expediente administrativo, ustedes sobran, y realmente la visión que tiene este proyecto de ustedes, tanto en la memoria justificativa como en la memoria económica, es que son una carga; es así. Dice la memoria económica: Finalmente, desde el punto de vista del impacto económico, otro factor relevante, muy relevante, verdaderamente relevante, de cara a facilitar el acceso de los ciudadanos a la jurisdicción voluntaria, se concreta en la supresión de la obligación de intervenir con abogado o procurador en cualquier expediente de este tipo. Es decir que ustedes encarecen. No solo por corporativismo sino porque además creemos que el papel de los abogados ayuda y abarata los expedientes, obviamente consideramos que deben estar y que son una garantía para los ciudadanos. La eliminación de que su asistencia sea preceptiva no es que permita un mejor acceso de la ciudadanía. No le pido que nos exprese aquí cuáles son las circunstancias por las cuales deben estar, yo me las creo, aparte de que también soy abogado, pero es verdad que hacen un papel, sin que siquiera existiera controversia, como asesores; es así. Estoy convencido de que al final el proyecto lo regulará así.


¿Qué pasa en la praxis? Usted ha empezado diciendo que aparte de decana es abogada de a pie y quiero ir ahí. ¿Qué es lo que ocurre en los expedientes que hoy se están viendo en los distintos tribunales? ¿Existe controversia? ¿Se soluciona la controversia que no genera oposición dentro de los expedientes? Porque igual resulta que estamos cambiando un régimen que hoy por hoy no está dando ningún problema. ¿Se producen recursos? ¿Se solucionan sin problemas? Obviamente, siendo preceptiva la asistencia de abogado y procurador, no hace falta que me diga que en la práctica es útil, porque lo sé. Estas son las cuestiones. En la medida en que aclaremos cuál es el concepto nuclear de lo que entendemos como jurisdicción voluntaria, tendremos que hacer un texto que sea

Página 12


lógico y que recoja aspecto por aspecto aquello que se deduce de su propia naturaleza.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Couto.


La señora COUTO RIVAS: Gracias, señor presidente.


Gracias por sus palabras, porque aunque este proyecto ha llegado tarde, ha llegado, y tanto sus palabras como las que se han oído en las demás comparecencias y las que oiremos nos van a ayudar, en la labor parlamentaria que queda por delante, a realizar una regulación de la jurisdicción voluntaria que realmente nos está pidiendo la sociedad. En eso pondremos toda nuestra voluntad y todo nuestro empeño.


Quiero tocar dos temas que están relacionados con la participación letrada. Lógicamente, el artículo 17 es un artículo que, como hemos escuchando en las anteriores comparecencias, es muy debatido. Se ha oído aquí que incluso tiene una regulación incompleta. Me gustaría saber su opinión, aparte de lo que usted decía que se pretende, sobre si considera que falta algo en la regulación de este artículo.


No voy a utilizar las palabras que ha manifestado el diputado del Grupo Parlamentario Popular en el sentido de que ustedes sobran, o algo así he entendido, porque en este artículo 17 del proyecto no se prescinde de la intervención del abogado, aunque sí rige el principio de voluntariedad.
Me gustaría preguntarle, según la materia de los expedientes a regular, si considera que en algunos tendría que regir el principio de voluntariedad y en otros la presencia de letrado tendría que tener un carácter preceptivo. El segundo elemento que se liga a la participación letrada es la existencia o no de controversia. En este proyecto no se prescinde de la controversia, se dice que sí que hay controversia, pero hay una controversia atenuada que no tiene entidad suficiente para ser dirimida en un proceso contencioso. Me gustaría que abundara un poquito más en cómo entienden ustedes que están regulados los efectos de la controversia, porque nosotros aquí oímos por una parte a los que pedían que se volviera a definir e incluso otros pedían suprimir el título V, que es el de la jurisdicción voluntaria en materia de familia. Me gustaría saber su opinión sobre cómo está regulada aquí la controversia, que sí entendemos que existe pero de una forma atenuada. Otro tema que usted ha tocado, pero lo planteo por si quiere profundizar un poquito más, es el tema de los recursos, que nos parece muy importante.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Couto.


Señora Giménez-Salinas.


La señora DECANA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA (Giménez-Salinas Colomer): A la señora Uría le quiero decir que a lo mejor de mi intervención no se ha deducido, pero yo sostengo que en el procedimiento genérico administrado por jueces y secretarios debe ser preceptiva la intervención letrada, como mínimo, no solamente en los temas de familia y de menores. Esto en lo que se refiere al procedimiento administrado por jueces y secretarios. En los expedientes administrativos, porque se excluyen de la necesidad de que exista una resolución judicial y por tanto se otorgan a la competencia de notarios y registradores, entiendo que podría caber, dentro de la redacción del artículo 17, esa diferencia: la voluntariedad, pero no esa palabra peyorativa que significa que aquel que pretendiere... tendrá derecho a solicitar la justicia gratuita, tal como está redactado en la actualidad, sino que se determinase en qué materias, y, por supuesto, en todas las que son procedimiento genérico administrado por jueces y secretarios, la intervención es preceptiva, y, en las otras, el ciudadano podrá ir asesorado por un abogado. Quizás aquí, con independencia de lo que puedo responder a las diversas intervenciones, últimamente se confunden los roles profesionales, es decir se utilizan técnicas mixtas para confundir las profesiones. El abogado es a instancia de parte, el abogado tiene como único objetivo la defensa de los intereses de un ciudadano no de la otra parte. Por tanto tenemos una defensa técnica de calidad de una parte, y la otra debe ir asesorada exactamente igual. Ese equilibrio, esa igualdad de las partes es lo que en ocasiones hace que los jueces en los juicios de faltas, en los que no es preceptiva la intervención letrada, designen por entender que hay desigualdad entre las partes. Lo que vamos a determinar es qué roles realiza cada profesional.


En cuanto a la opción que se ha tomado en esta ley de que notarios y registradores resuelvan un conflicto, pediría a SS.SS. que analizasen que cualquiera que utilice esta ley tiene un conflicto, de mayor o menor entidad, pero un conflicto. A lo mejor no tiene una controversia, pero sí tiene un conflicto, porque necesita una decisión de alguien que le puntualice lo que está ocurriendo; necesita un día de señalamiento del cumplimiento de la obligación, necesita una inscripción, necesita algo.
Por tanto, podríamos determinar que no tiene una controversia, pero tiene un conflicto. Si estamos buscando la intervención de esos terceros que lo resuelvan, podríamos analizar cuál es la naturaleza jurídica de esta ley que da respuesta a ese conflicto. Hay una serie de materias para las que la respuesta es necesariamente jurisdiccional, sea de secretarios o sea de jueces, y hay respuesta jurídica al conflicto en una parte que se adjudica a otros profesionales muy cualificados. Si se garantizase un precio público que pudiera ser accesible a la totalidad de la ciudadanía, podríamos entender que estamos abriendo un camino para no hacer pruebas en contra de la seguridad jurídica del ciudadano, porque son profesionales cualificados que pueden resolver un conflicto

Página 13


que afecta al ciudadano de una manera más ágil. Podríamos estar de acuerdo, pero siempre que se determine que hay unas competencias y unas decisiones absolutamente jurisdiccionales. Por tanto aquí es operativo el artículo 24 de la Constitución así como el sistema de recursos que contemplamos en la LEC. La LEC fue un cambio en el derecho de familia, porque el ciudadano entiende perfectamente qué es lo que está sucediendo en su juicio; antes no sabía qué ocurría. A través del juicio verbal hemos conseguido que el ciudadano sepa qué es lo que está sucediendo, porque tiene al juez delante y porque todo es verbal. Ese procedimiento ha sido realmente muy práctico para la ciudadanía.


No digamos, señora Couto, que es una controversia atenuada, por ejemplo, la contraposición entre unos progenitores que practican religiones distintas, contrarias totalmente, cuando cada uno quiere que su hijo se eduque en su fe. Esa decisión no es de menor entidad. El ciudadano, que en virtud del 156 del Código Civil puede ejercer esa controversia y debe convencer al juez de que su educación para el menor es mejor que la que le da el otro progenitor, tiene todo el derecho a que de todos aquellos razonamientos o documentos que cree que le pueden servir para convencer al juez haya alguien que le diga cuáles son necesarios y cuáles no, y ese alguien solo es el abogado, que le dirá cómo llevar la línea de defensa, porque el ciudadano no tiene por qué conocer el lenguaje jurídico, ni saber cómo convencer a un juez; no es su función. El ciudadano tiene un conflicto y hay unos profesionales cualificados que le ayudan a resolverlo, unos mediante el asesoramiento de parte y otros con las decisiones judiciales. Yo jamás llamaría a este tipo de procedimientos controversia atenuada. Estos procedimientos judiciales causan un elevado sufrimiento en los intervinientes, por tanto el legislador debe estar más preparado para dotarles de otros elementos que no necesitan en un juicio cambiario, en el que no pesan tanto los elementos psicológicos que también afectan a la seguridad jurídica. Repito, el ciudadano no tiene por qué saber cómo se defiende ante un tribunal; para eso tiene a su abogado. Por tanto yo jamás llamaría a este procedimiento controversia atenuada ni proceso de menor relevancia. Quizás lo que se deberían plantear es si remiten a la LEC todo este tipo de procedimientos a través del juicio verbal. También se podrían plantear: vamos a excluir todo este sistema de procedimientos en derecho de personas y en derecho de familia y se contemplará dentro de una modificación de la LEC. No me parece mal la regulación que se hace aquí, lo único que digo es que, si en unos se dota de garantías jurídicas, en estos también. Lo que no podemos hacer es optar, haciendo ver que se administrativiza en aras de una simplificación lo que es una controversia y un conflicto sustancial de la sociedad.
Insisto, los mayores perjudicados serán aquellos carentes de ingresos, a los que los poderes públicos no dotarán de abogados por carecer de la obligatoriedad conforme a la ley. Esto es importante tenerlo en cuenta.


Definición del artículo 1. Insisto en torno al conflicto. Por su naturaleza jurídica, podría ser una ley que resolviese de una forma distinta en función del conflicto; no la controversia sino el conflicto.
Si no se necesita que nadie resuelva nada, no se acude a esta ley. Por tanto, podríamos entender que la nueva redacción del artículo 1 contemplara la necesidad de acudir a un tercero, sea jurisdiccional o sea de otras profesiones, a que resuelva un conflicto. Esa podría ser una de las redacciones, pero no he venido preparada para darles en este momento un texto alternativo al artículo 1. En cuanto al asesoramiento, ya me he pronunciado en diversas ocasiones sobre la modificación del artículo 1.
Señor Jané, queda bien claro que es innecesario redactar en esta ley cuáles son las funciones del notario. Este ha sido siempre un profesional cualificado al que la ciudadanía pregunta sobre determinadas cuestiones, por ejemplo en el momento de formalizar una escritura. Eso está bien, pero si se va prescindiendo de los abogados de las partes y tiene que dar respuesta jurídica a unas peticiones distintas, porque -repito- tienen un conflicto, ese asesoramiento difícilmente encontrará el equilibrio. Por tanto, demos a cada uno lo suyo. Yo decía: Determinemos bien los roles de los profesionales. El notario tiene unas funciones, el abogado tiene otras, el juez tiene otras y el secretario judicial tiene otras. No intentemos mezclarlas en aras de una supuesta celeridad, no cambiemos nuestras profesiones.


Al hilo de lo que usted ha preguntado respecto a la mediación, esta se puede entender de dos maneras, como instrumento en la negociación o como un procedimiento de mediación. No debemos ser frívolos introduciendo la mediación en cualquier sistema que tengamos, porque la mediación requiere un procedimiento. Para la seguridad jurídica se requiere un compromiso de imparcialidad, de confidencialidad, de voluntariedad; todo esto no está regulado. Al revés, necesitamos una ley general de mediación que determine cómo se hace un procedimiento. Una de las partes más fundamentales de la mediación es la confidencialidad. Un tercero imparcial pone de acuerdo a dos partes con su profesionalidad, no asesorando; si ese tercero no cumple con la confidencialidad y después acude como perito a un tribunal a manifestar lo que las partes han realizado en un procedimiento de mediación, esta no existirá. Por tanto, empecemos a regular lo que es un procedimiento y las obligaciones de mediación en cualquier ámbito (mercantil, civil, familiar), y así podremos introducirlo. Parece que todos los profesionales nos impregnamos de la utilización de la técnica de mediación. Está bien que la utilicen los secretarios, está bien que la utilicen los jueces, pero un juez tiene que juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, no tiene que ser un mediador. Un secretario judicial tiene que conciliar y puede utilizar técnicas de mediación, pero esta es un procedimiento y debe estar regulado en aras de la seguridad jurídica. Es una resolución alternativa a los conflictos, por tanto tiene que dotarse de una norma legal

Página 14


que contemple cómo debe funcionar y cómo se debe adecuar a las situaciones de conflicto.


Con esto creo que he dado respuesta de forma genérica a todos ustedes.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señora Giménez, quiero reiterarle el agradecimiento en nombre de toda la Comisión y decirle que estamos abiertos a cualquier ilustración por escrito que se realice con posterioridad a esta comparecencia, aunque efectivamente de sus sugerencias se desprende una indudable capacidad de traducción por los distintos grupos para que sean reflejadas como posibles enmiendas.


- DEL SEÑOR DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GERONA (CAPDEVILA I BAS). (Número de expediente 219/000801.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, sin más rodeos, damos paso a la siguiente comparecencia, no sin antes hacer dos indicaciones previas para que también queden reflejadas. La voluntad en la tramitación es el sosiego, y como saben SS.SS. hay dos clases de sosiego, el paralizante y el productivo; este será sin duda alguna sosiego productivo. En segundo lugar, quiero hacer una ligera recomendación a SS.SS. porque llevamos un cierto retraso, y es que en la medida en que les sea posible no comparezcan ustedes ante los comparecientes; limítense, por tanto, a la formulación de preguntas, lo cual podría abreviar la duración de la sesión a lo largo de la mañana.


Dicho esto, quiero dar la bienvenida a don Salvador Capdevila i Bas, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Girona, cuya comparecencia puede ser interesante, ilustrativa y sin duda alguna productiva en la misma línea de trabajos que venimos realizando en la Comisión. Tiene la palabra.


El señor DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GERONA (Capdevila i Bas): Ante todo quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la invitación de esta Comisión de Justicia en un acto de reflexión y estudio tan importante como es el de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Voy a realizar mi modesta contribución por si puede ser de interés a SS.SS. en esta ardua, solitaria y muchas veces no reconocida labor legislativa parlamentaria. A estas alturas, y después de haber intervenido juristas de prestigio, no sé si voy a ser muy original, pero trataré de plasmar también unas reflexiones prácticas. Empezaré por el título, el cual todavía no he tenido tiempo de memorizar: proyecto de Ley de jurisdicción voluntaria para facilitar y agilizar la tutela y garantía de los derechos de la persona en materia civil y mercantil, en adelante proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria. Como decíamos antes, el título está condicionado por la naturaleza del propio proyecto de ley; es decir, ¿es jurisdicción o no es jurisdicción? ¿Cómo hay que interpretar el artículo 117 de la Constitución, según el apartado 3 o según el 4? Dependiendo de la interpretación que se dé, según sea un apartado u otro, se hará énfasis precisamente para que en el título se incluya: facilitar y agilizar la tutela y garantía de los derechos de la persona. Quiero referirme a una sentencia del Tribunal Supremo y a otra del Constitucional, en las que claramente se dice que estas potestades de la jurisdicción voluntaria son jurisdiccionales, por consiguiente tienen que estar amparadas en el apartado 3 del artículo 117 de la Constitución. De este modo contestaría en cierto sentido la pregunta que se ha ventilado en la anterior intervención. Debe matizarse y entenderse que la jurisdicción voluntaria es una verdadera jurisdicción.


En cuanto a la confianza en ciertos operadores jurídicos a que se hace referencia en la exposición de motivos, no creo que la atribución al juez y a los secretarios judiciales del conocimiento de todos los expedientes de jurisdicción voluntaria constituyera un obstáculo del que hoy fuera necesario prescindir, y ello sin menoscabar y echar de menos esta progresiva especialización de ciertos profesionales del derecho y la confianza que el ciudadano pueda depositar en ciertos operadores jurídicos. Señorías, ya me dirán qué confianza puede tener la sociedad en este otro funcionario, entre comillas, designado y que la ley propiamente no determina. Por consiguiente, basándonos en esta confianza de la sociedad en los operadores jurídicos, aquí se quebraría también la motivación según el contenido del proyecto de ley. Asimismo, se utiliza como argumento para la presente reforma la necesidad de plasmar esta conexión con la actual realidad social, pero la sociedad no ha reclamado esta reforma social que aquí se incluye. La verdad sea dicha, yo no he observado ni en las calles ni en los juzgados que la gente reclamara la intervención de otros operadores jurídicos que no fueran los jueces y los secretarios en el juzgado. Yo no he percibido este clamor social, por consiguiente me choca que se haya empleado el clamor social como causa de reforma. Otra cosa es que el proyecto de ley sea necesario desde el punto de vista de la unificación normativa, orden y agilización de los procesos de jurisdicción voluntaria e incluso por la propia distribución de competencias entre los jueces y secretarios judiciales, pero las razones históricas de política legislativa no encajan como razón de cambio. Si así hubiera sido y funcionase bien, ¿por qué cambiarlo? Lo que sucede en la práctica es que a veces los juzgados descargan sobre este tipo de expedientes de jurisdicción voluntaria la presión de los plazos en los procedimientos contenciosos, pero esto se arregla poniendo orden y agilizando una serie de plazos en el procedimiento de jurisdicción voluntaria. Tras lo dicho es evidente la conclusión, que es compartida por la generalidad de la abogacía, de conferir la potestad jurisdiccional a quienes hasta ahora la han tenido, es decir los jueces y los secretarios judiciales, y excluir en principio las competencias asignadas a operadores jurídicos ajenos como son los notarios y los registradores.


Página 15


A lo largo del proyecto de ley que comentamos, cuando se hace referencia a un procedimiento este es el del juez y del secretario y cuando se hace referencia a la intervención o competencia de los notarios o registradores de la propiedad o mercantiles es con relación a la legislación del reglamento notarial o hipotecario o a una futura reglamentación. Por consiguiente, no es necesario desjudicializar la jurisdicción voluntaria en favor de otros operadores jurídicos, y en este sentido el proyecto de ley no tendría que contemplar la competencia de los registradores de la propiedad y notarios ni renovar su intervención.
En cuanto al notario se han hecho comentarios un poco al aire; de hecho tiene competencia para efectuar ciertos negocios muy afines a la jurisdicción voluntaria, por consiguiente no hay necesidad de introducirlo. No es jurisdicción voluntaria, pero tiene competencia para intervenir en ciertos negocios; además, conceder la facultad de asesoramiento y cesión de la condición del Poder Judicial en trámite de jurisdicción voluntaria a quien va a otorgar el título constitutivo de derecho supone la quiebra de la independencia e imparcialidad de que vienen investidos jueces y la estructura judicial. En cuanto al registrador de la propiedad, no parece adecuado que quien haya de calificar el documento para su inscripción sea también quien lo tramite.


También se ha comentado el monopolio del ab intestato. Tampoco es adecuado que el proyecto de ley conlleve cierto monopolio en la tramitación de expedientes a favor de operadores jurídicos ajenos a la jurisdicción voluntaria, comportando -se ha dicho- un procedimiento público, por tanto gratuito, más riguroso y con más garantías, y un procedimiento privado, de pago, más flexible y menos riguroso. Si bien por la Ley de Jurisdicción Voluntaria o por el propio reglamento notarial o hipotecario existe la posibilidad de acudir a ambas vías, estas tendrían que ser alternativas, y el ciudadano podría acudir libremente a una u otra, sin que existiera este tipo de monopolios como subsiste tras la reforma operada en 1992 en el ámbito del ab intestato de herederos directos, en el que forzosamente hay que acudir al notario. El proyecto de ley en su artículo 136 sobre la declaración de herederos entre parientes colaterales contempla el límite hasta el cuarto grado. Quiero exponer ante SS.SS. como punto de reflexión la posibilidad de equiparar esta gradación de dicho límite al contemplado en algunas legislaciones de comunidades autónomas. Hoy día existe el clamor social de buscar la exención de impuestos en las herencias directas de padres a hijos, prácticamente la sociedad así lo exige, para evitar cierta discriminación existente al exigir por lo menos en esta jurisdicción voluntaria hasta el cuarto grado como límite para acceder a la herencia ab intestato.
Podríamos hacer un esfuerzo y ampliar este derecho de sucesión hereditaria a parientes hasta el sexto o séptimo grado. Por ejemplo, en Navarra tienen opción hasta el sexto grado; en el País Vasco, en caso de bienes troncales, también tienen un límite superior al cuarto grado; en Aragón los parientes colaterales también tienen acceso hasta el sexto grado en el caso de bienes troncales o de abalorio, es decir aquellas herencias que tienen un patrimonio que se viene transmitiendo de padres a hijos durante dos generaciones inmediatas como mínimo al fallecimiento causante. Otra caso del que no se habla en la Ley de Jurisdicción Voluntaria es el de las personas incapacitadas. ¿Qué sucede cuando hay declaración de incapacidad? No puede hacer testamento y, por consiguiente, se abre la vía ab intestato. Tuve el caso -simplemente lo comento- de una señora que falleció incapacitada a los 96 años.
Obviamente los parientes más cercanos la mimaron -estos eran de quinto grado-, pero a la hora de la verdad al hacer el ab intestato no podían heredar porque sobrepasaban el cuarto grado. Es injusto porque esta señora no tenía facultad para optar entre hacer testamento o no, que es la opción que contempla el artículo 912 del Código Civil. Al estar incapacitada, se veía imposibilitada para hacer testamento, por consiguiente, alargando la vida se acortaba la de los parientes, como así sucedió. Si en una resolución se incapacitara a una persona, acto seguido se podría abrir automáticamente la vía ab intestato, por lo menos en el momento en que se declarara incapaz a esa persona.


Hecho este inciso, de las ramas vuelvo otra vez al tronco en pro de la exclusión de los operadores jurídicos ajenos al Poder Judicial. Ya lo he dicho antes: el proyecto de ley regula procedimientos que son competencia de jueces y secretarios judiciales y que se tramitan ante ellos, previendo incluso el procedimiento común en el trámite de juicio verbal, con la aplicación supletoria de la Ley procesal civil. Todos los procedimientos de los que habla la ley son especiales, muy concretos, destinados a jueces y sobre todo a secretarios. El profesor Fernández de Buján contabilizó 37 procedimientos específicos. Quizás la opinión de la decana del Colegio de Abogados de Barcelona de hacer un procedimiento común sería lo mejor, pero hay procedimientos especiales que quizás no encajarían; de todas formas, están aquí y son 37. La regulación de la materia ajena a los juzgados y tribunales debería estar, como se desprende del propio contenido del proyecto de ley, en otra normativa legal.


La remisión del proyecto de ley a la normativa notarial u otro tipo de procedimientos hipotecarios no prevé ningún tipo de control de plazos ni de procedimiento a seguir. Como decíamos antes, habrá una incógnita, no se sabrá qué control puede existir ni qué rigurosidad habrá; por consiguiente, el control que habrá en los procedimientos judiciales será más riguroso que en los que prevé la Ley de Jurisdicción Voluntaria respecto a otros operadores jurídicos. Es más, la estructura que hoy día tienen los notarios y registradores de la propiedad es de oficina, muy distinta a la que tienen los juzgados y tribunales. Quién no ha intentado un acto de notoriedad; yo, por ejemplo, he llevado algunos. Es difícil que el notario pueda salir en un momento dado de su despacho a hacer todos los trámites que el reglamento hipotecario exige para este tipo de actas de notoriedad. Si fuera en

Página 16


hilera la mayoría de los ciudadanos a consultar y utilizar estos operadores jurídicos llegaríamos al colapso de las notarías y registros de la propiedad, por lo que necesitaríamos más oficinas notariales y más registros de la propiedad. No hemos de olvidar que el profesional que dirige este tipo de expedientes de jurisdicción voluntaria es el juez o el secretario, y los operadores jurídicos ajenos al Poder Judicial, notarios y registradores, tendrían que ser ellos en persona los que dirigieran este tipo de expedientes; por consiguiente, prácticamente no tendrían posibilidad física de seguir los procedimientos tal como se siguen en los juzgados y tribunales. Aquí llegamos a la garantía. Aquí, en el Congreso de los Diputados, hubo una iniciativa para agilizar los procedimientos de desahucio por falta de pago, y de entrada se rehusó la tramitación de esta iniciativa precisamente porque no garantizaba del todo los derechos del arrendatario. Esta fue una de las motivaciones por la que se rehusó este tipo de expediente. Otro apoyo de la competencia judicial es la necesidad de cierto matiz de contradicción. La sentencia que he citado antes del año 2000 y otra de 2002, una del Tribunal Supremo y otra del Constitucional, claramente admiten que la jurisdicción voluntaria es un proceso que se permite, y debe haber cierto grado de contradicción. Muchos de los títulos de la Ley de Jurisdicción Voluntaria dicen que para poder acudir a la jurisdicción voluntaria tiene que haber, y es inherente, un cierto grado de conflictividad o contradicción. Por consiguiente, este grado de contradicción tiene que existir en la jurisdicción voluntaria.


Otra sugerencia, que se ha dicho por activa y por pasiva, es la preceptiva intervención del abogado y procurador en los expedientes de jurisdicción voluntaria. Aquí daría una solución, dejando de lado casos específicos: debería seguirse el proceso que actualmente existe. La disposición derogatoria primera.1 de la Ley procesal actual se remite precisamente al procedimiento de la jurisdicción voluntaria de 1881, aún vigente, concretamente a los artículos 11.1 y 10.3 del texto, estableciendo este último que los litigantes serán dirigidos por abogado habilitado legalmente para ejercer su profesión en el juzgado o tribunal que conozca del proceso, exceptuando los actos de jurisdicción voluntaria de cuantía determinada que no excedan de 400.000 de las antiguas pesetas, o sea 2.404 euros. Hoy, en atención a que el propio proyecto de ley de jurisdicción voluntaria que introduce la posibilidad de ventilarse por los trámites el juicio verbal, el límite podría ser el mínimo para la intervención de los abogados que establece el artículo 23.2.1º de la Ley procesal civil, que lo sitúa en 900 euros, o bien el límite para determinar el proceso que establece el artículo 150 de la propia Ley procesal civil de 3.000 euros. Esta intervención letrada es un control mayor del expediente y una mayor garantía para el justiciable; por consiguiente debe ser preceptiva en los expedientes de jurisdicción voluntaria no solo en las materias consideradas por la reserva jurisdiccional por el proyecto, sino en todos aquellos expedientes cuya cuantía haga preceptiva su postulación con inclusión de aquellos contemplados en las leyes diversas que están dispersas, a las que el artículo 13.3 del propio proyecto se remite.


Se ha hablado también, con la excusa de la exclusión de la intervención de los abogados, del abaratamiento de los expedientes. Lo que propugno es que la intervención en la jurisdicción voluntaria sea competencia de los juzgados y tribunales y que el justiciable tenga un verdadero asesoramiento con la defensa letrada. No es razonable que cada vez que se pretende abaratar la Administración de Justicia lo sea a costa y con merma competencial de la intervención de letrados y a costa y cargo de los justiciables. El primer interviniente ha dado cifras. Es escandaloso que al justiciable le cueste en total 20.000 millones de las antiguas pesetas excluir la jurisdicción voluntaria del ab intestato en línea directa de padres a hijos. Evidentemente el coste que va a representar la exclusión de esta rama será incalculable para los ciudadanos. Dentro de las medidas de control el artículo 24 del proyecto de ley supone una disminución importante de las garantías del ciudadano al no permitir recurso alguno contra las resoluciones dictadas en los expedientes de jurisdicción voluntaria, hecha salvedad de los que afecten a intereses del menor o incapaz para los que sí existe el recurso de apelación o de queja, pero sin producir efectos suspensivos. A pesar de que las resoluciones dictadas en el expediente de jurisdicción voluntaria carezcan de los efectos de cosa juzgada, no es menos cierto que deberíamos reflexionar sobre el particular, y es una voz unánime de los tratadistas que todas las resoluciones sean recurribles, tanto las que competan al juez, mediante el recurso de apelación y queja, como los decretos dictados por el secretario judicial, mediante el recurso de revisión y posteriormente el auto dictado por el juez que pudiera ser recurrido en apelación; así se respetaría esta doble instancia y se aumentaría la garantía constitucional. Se ha dicho que la no admisión de estos recursos en el proyecto de ley se basa en la reducción de la duración de los expedientes. Esta no es causa legítima para fundamentar, ni tampoco el hecho de que se pueda utilizar los recursos de una forma fraudulenta. Como se ha comentado antes, en la práctica no existen muchos recursos contra las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria. Yo recientemente he recibido un recurso de apelación en un auto que impone las costas a la parte instante por el desistimiento efectuado por motivo de la oposición invocada por mí. Hablando de esto, el recurso que se hace es precisamente por una imposición de costas. El proyecto de ley tampoco habla de la imposición de costas, por tanto pudiera ser un tema de reflexión para que no tengamos que ir luego a buscar la doctrina jurisprudencial para saber si deben imponerse las costas del letrado o procurador que han intervenido, o del más barato o del más caro. El justiciable cuando acude a la jurisdicción voluntaria es porque tiene un conflicto y a lo que va es a resolver estos inconvenientes que le surgen en el quehacer diario, por ejemplo la persona que en su finca viene

Página 17


arrastrando años ha una condición resolutoria pide una hipoteca, pero el banco le dice que tiene que resolver la cuestión de la carga que hay en el registro. Por tanto, al justiciable lo que le interesa es que se resuelva rápido el expediente de jurisdicción voluntaria, por lo que difícilmente va a poner dilaciones en el expediente.


Por último, en coherencia con todo lo dicho y con la interpretación que he dado, sería procedente retirar las disposiciones finales segunda, tercera, cuarta, sexta y octava del proyecto de ley, desapareciendo del texto cualquier referencia a expedientes de jurisdicción voluntaria administrados por registradores o notarios, al no pertenecer concretamente esta función a la jurisdicción voluntaria, pero con mayor razón respecto a la disposición final tercera, en cuanto propugna la modificación del artículo 1 de la Ley 28 de mayo de 1862 de la representación notariada, muy anterior a la Ley procesal civil que regula todavía la jurisdicción voluntaria, que es de 1881, en cuanto preceptúa que el notario, como profesional del derecho, tiene la obligación de asesorar a aquel que solicite el ejercicio de su función. Aquí ya escapa la función del notario como persona pública y fedatario que dirige este expediente de jurisdicción voluntaria y entonces se convierte en profesional del derecho. Esto podría llegar a ser una carga de profundidad contra la abogacía, otra de tantas que venimos recibiendo, y contraviene un poco o mucho el artículo 542.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando preceptúa que corresponde de forma exclusiva a la función del abogado el asesoramiento y consejo jurídico de las partes.


El señor PRESIDENTE: Gracias por su concreción y por sus aportaciones.


Rogaría máxima brevedad a los grupos parlamentarios. Tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Quiero dar las gracias al decano del Colegio de Girona, señor Capdevila, por su exposición porque, aunque han intervenido otros representantes de la abogacía, es el que con mayor claridad se ha manifestado en contra de que desaparezca la facultad que la ley atribuye a la intervención de operadores distintos de los judiciales y el secretario judicial. (El señor vicepresidente, Galache Cortés, ocupa la presidencia.)

Da pena que la intervención del único representante de la comisión de codificación se haya producido ya -habrá que repasarla- puesto que, si unimos a las manifestaciones que provienen de la abogacía el escaso entusiasmo que tanto notarios como registradores han manifestado por estar en esta norma, habrá que saber cuál es la voluntad del legislador o del Gobierno que nos propone la norma para considerar que a los notarios, por ser titulares de la fe pública extrajudicial y a los registradores, especialmente expertos en materia de sociedades, procedía encomendarles algunas materias dentro de esta norma. Usted ha ido más lejos, pretendiendo que respecto del ab intestato desaparezcan las funciones que hasta ahora han venido desempeñando. Tendría que pronunciarme en parecidos términos a como lo he hecho con la decana del Colegio de Barcelona. En cuanto a la existencia o no de controversia en los procedimientos -todos los comparecientes han manifestado que existe-, lo que podría ser el elemento definitorio de la jurisdicción voluntaria, llegaríamos a que la definición que aparece en el artículo 1 debería ser la siguiente: son expedientes de jurisdicción voluntaria los que la ley diga. Dígame si se le ocurre que existe alguna naturaleza jurídica común a los 37 procedimientos distintos -según el profesor Fernández de Buján- que esta ley prevé, si hay un hilo conductor, y podríamos establecer una teoría de qué es jurisdicción voluntaria o si simplemente es lo que al legislador le guste o le parezca conveniente que los sea.


En relación con la parte primera de mi exposición, querría saber por qué se ha pretendido introducir a notarios y registradores. O nos han engañado -creo que no-, o me pareció que no les hacía particular ilusión tener encomendadas las funciones que la ley les atribuye, aunque sean facultativas.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Para el mismo turno por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Haré una precisión formal previa. Decía el presidente de esta Comisión, el señor Cuesta, que deberíamos realizar un sosiego productivo en esta tramitación. Nuestro grupo lo comparte y anuncia -lo ha hablado también con otros grupos presentes hoy aquí- que sería necesario que el plazo de enmiendas fuera más allá del día 22, el martes próximo. Sugerimos el segundo martes de junio para dar un plazo suficiente para asimilar el conjunto de propuestas que los distintos comparecientes han hecho llegar a esta Comisión. Al hilo de esta sugerencia, Convergència i Unió agradece la presencia hoy aquí de Salvador Capdevila, decano del Colegio de Abogados de Girona. Al inicio de su intervención hacía referencia a la ardua tarea parlamentaria y él lo sabe bien porque ha sido un excelente senador en las Cortes Generales.
Le damos la bienvenida al Congreso de los Diputados en esta labor distinta de hacer aportaciones.


Habrá pocas preguntas porque el señor Capdevila ha hecho propuestas concretas de cambios normativos. Ya sabemos cuál es su posición sobre el artículo 17, si debe ser o no preceptiva. Sabemos en cada aspecto cuál es su voluntad, pero le queremos hacer una pregunta concreta sobre en qué casos siempre debería ser preceptiva o no la intervención del abogado.
Hacía referencia a encontrar el punto de partida en la legislación actual y nos daba como sugerencia los propios límites cuantitativos del proceso, que podrían actualizarse en 900 euros. Señor Capdevila, ¿cree usted que solo debería haber este criterio

Página 18


o que deberían existir otros además del meramente cuantitativo?

Para finalizar, le agradezco este conjunto de aportaciones y coincido, una vez más, con esa longitud desmesurada del título de este proyecto de ley porque, efectivamente, si cada ley tuviera que tener el ánimo tuitivo de decir las finalidades que pretenden la aprobación de la nueva normativa, tendríamos títulos incomprensibles porque, en algunas ocasiones, también tramitamos leyes cuya finalidad final no se conoce. Repito que coincidimos en esa necesidad de que se conozca la futura ley como Ley de la Jurisdicción Voluntaria. Gracias también por las nuevas labores que le ha encomendado de coordinar las relaciones con los grupos parlamentarios el conjunto de abogados de Cataluña.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor Capdevila, muchas gracias porque hemos podido hacer un listado muy bien organizado de aquellas cosas que, desde su punto de vista, no estamos acertando y las tendremos en cuenta. Es difícil hacerle preguntas porque podemos compartir o no este listado de errores o faltas que, según su punto de vista, habrá que mejorar en el texto, tanto por lo que se refiere a la posible mutación de su naturaleza jurídica como a la eliminación de la naturaleza jurisdiccional de los procedimientos de jurisdicción voluntaria, así como a la excesiva, a mi juicio, administrativización que se produce. Es decir, nos hemos pasado al admitir que cualquier funcionario u operador puede hacer las mismas funciones que un juez. La alerta que hace sobre que pretendamos cambiar algunos procedimientos cuando en la práctica están funcionando bien; que desjudicialicemos a veces sin lógica; que se pueda establecer un doble procedimiento desequilibrado en garantías; la eliminación de la preceptividad de la concurrencia de abogado y procurador o la eliminación de la cosa juzgada, etcétera. Cada vez que comparece un nuevo interviniente me da la sensación de que hay un cierto consenso en aquellas cosas en las que no estamos acertando. Después de tantos comparecientes, la pregunta no a usted sino al aire, es quién ha sido el que ha generado estos cambios en asuntos en los que con anterioridad había un cierto consenso. Nos hubiera gustado tener al padre para que nos lo explicara, para oponer nuestras razones a las suyas, ver si tienen un punto de vista práctico y a qué responden estos cambios que todos los comparecientes nos dicen que no parecen del todo útiles, que no permitirían esa flexibilidad o mejora de las garantías en los procedimientos nuevos tal y como van a quedar en la jurisdicción voluntaria. Es bueno aplicar aquello de que si algo funciona bien, mejor no cambiarlo. Eso es básico y lo deberíamos tener presente.


Reproduzco aquellas preguntas que surgen del cambio de la naturaleza y de si en la práctica, con lo que estamos haciendo y tal y como está, desde su punto de vista van a funcionar mejor las cosas o no, es decir, eliminando las controversias, los recursos y la preceptividad. Ha quedado suficientemente demostrado en su exposición, pero si quiere ampliar la información en estos campos se lo agradecería. Repito nuestro agradicimiento por su intervención.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Couto puede hacer uso de la palabra.


La señora COUTO RIVAS: Quiero también darle las gracias por su intervención y por sus palabras. Nosotros participamos en la idea de que la labor parlamentaria que nos queda por delante debe hacerse con sosiego y con el máximo consenso posible.


Voy a partir del artículo 17, artículo que para usted es más importante.
Se han oído en esta Comisión otras voces procedentes de la abogacía donde, aparte de reclamarse el carácter preceptivo de la participación del letrado, se decía que era incompleta la redacción del citado artículo 17. Quería preguntarle si considera que debe regir el rasero económico de la regulación actual, si debe ser preceptiva la intervención del letrado en todos los expedientes o si por razón de la materia debe regir el principio de voluntariedad que es el que contiene este proyecto puesto que no prescinde de la intervención de la defensa técnica. Me gustaría que ahondara en la controversia, que es muy importante en este proyecto.
Otro punto que hemos tratado reiteradamente con todos los comparecientes es la regulación del régimen de recursos. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Vamos a devolverle la palabra al señor compareciente para cerrar su intervención. Creo que los campos objeto de un posible debate y enriquecimiento están bastante perfilados.
Le pido la concisión suficiente, dados sus amplios conocimientos, para dar satisfacción y utilidad a esta Comisión.


Señor Capdevila.


El señor DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GERONA (Capdevila i Bas): Muchas gracias, señor presidente.


Las preguntas son redundantes y puedo contestarlas brevemente. La señora Uría se refería a buscar un hilo conductor. Con la distribución de competencias a favor de operadores ajenos al Poder Judicial, obviamente se pretende descargar a los jueces de los juzgados y tribunales, pero estamos siempre en lo mismo, en que quitar esa excesiva carga a cargo -valga la redundancia- de los contribuyentes, de los ciudadanos, es una pesada carga y, por consiguiente, sobre esta cuestión habría que reflexionar. Esto va enlazado también con otra pregunta que se me ha hecho por el señor Salvador: si en la práctica existe alguna problemática en la tramitación de la

Página 19


jurisdicción voluntaria. La verdad es que no existe ninguna. En ninguno de los expedientes de jurisdicción voluntaria que he llevado en los juzgados -y he llevado varios- ha habido problemas y se han hecho oposiciones, no ya simples controversias; no ha habido ningún problema porque en la práctica siempre se llega a una negociación con la parte contraria -si es la parte instante o la opositora- y se llega a una resolución acorde con el conflicto. Por consiguiente, no hay problemas prácticos pero, como he dicho antes, es un cajón de sastre y los juzgados dejan aparcados estos expedientes de jurisdicción voluntaria, porque no hay plazos estrictos que les obliguen y se van directos a la tramitación de los juicios contenciosos, como es obvio. Dentro de lo que cabe y en un plazo razonable, se van resolviendo estos procedimientos. Por tanto, con una ley de jurisdicción voluntaria en la que se establezcan unos plazos determinados se va a solucionar este pequeño lapso que puede existir en la práctica en los juzgados.


Me parece que la señora Uría se refería a la naturaleza del expediente, si contencioso o jurisdiccional, no he entendido bien.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: No, la pregunta era la siguiente. Si el único elemento que utiliza la ley para definir qué es la jurisdicción voluntaria es el hecho de que no exista controversia, que se solicite la intervención de unos funcionarios determinados sin que haya controversia y lo ponemos en duda o lo relativizamos respecto de un número importante de expedientes, habría que llegar a la conclusión de que jurisdicción voluntaria es lo que la ley diga que es jurisdicción voluntaria, si no hay algo que una a la naturaleza que puedan tener este tipo de intervenciones de una única persona en relación con determinadas cuestiones.


El señor DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GERONA (Capdevila i Bas): Exactamente. El proyecto de ley va encaminado a esta finalidad, pero el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo admiten una cierta carga de controversia en los expedientes de jurisdicción voluntaria.
Sería difícil definir en cada momento cuál es el límite de esta controversia, pero la controversia existe y es admitida tanto por el Tribunal Supremo como por el Constitucional. Por tanto, irá un poco en relación con el tipo de expediente que se entable en el juzgado. Hay diversos procedimientos como, por ejemplo, la patria potestad, la solución de controversias -el propio título indica que efectivamente tiene que haber cierta conflictividad-; las relaciones de menores con el progenitor que no ejerce la patria potestad y parientes -aquí también tiene que haber cierta conflicitividad-; el ejercicio inadecuado de la patria potestad o de la guarda o administración de bienes del menor; desacuerdo conyugal y administración de bienes gananciales, etcétera.
Toda controversia que verse sobre esas materias es perfectamente admisible en la jurisdicción voluntaria.


Al señor Jané quiero darle las gracias por sus palabras. Efectivamente, soy coordinador del Consejo de los ilustres colegios de abogados de Cataluña para evitar lo que he dicho antes, que nos enteremos siempre por el Boletín Oficial del Estado cuando surge algún proyecto de ley o alguna ley que pueda afectar a la abogacía. Dentro de lo que cabe, intentamos colaborar con todos los partidos políticos para enterarnos de las iniciativas que puedan tener cierta relación, no simplemente con la abogacía, porque seríamos excesivamente corporativistas, sino en general con la justicia. Cuantitativo y cualitativo. Creo que la intervención del letrado puede combinar las dos facetas. Cualitativo, lo marca el procedimiento en el que intervenga el juez o el secretario. Aquí quien tendría que intervenir de una forma preceptiva sería el letrado. En cuanto a lo demás, podría aplicarse el cuantitativo en el sentido de que en los expedientes en que hubiera una cuantía determinada que obligara a la postulación -a tenor de los límites: 900 ó 3.000 euros ahora para determinar la cuantía del juicio verbal-, también se podría incardinar esta intervención letrada o del procurador.


La señora Couto se refería al artículo 17 a su incompleta redacción. Me parece que ha intervenido algún jurista que decía que estaba bien la redacción del artículo 17, pero que no era de recibo el que se incluyera la voluntariedad de los procuradores pero no la intervención letrada. La intervención letrada tendría que existir en estos parámetros que he dicho antes: cuantitativo por un lado a través de este tipo de procedimientos y cualitativo por el otro. Respecto a la voluntariedad, me parece que ya lo he contestado. La voluntariedad existiría -lo ha dicho la decana del Colegio de Abogados de Barcelona- respecto a ciertos expedientes que se pudieran tramitar ante el notariado, por ejemplo. Actualmente el reglamento notarial lo permite y si el ciudadano acude directamente al notario no hay ningún inconveniente.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Muchísimas gracias, don Salvador Capdevila, compareciente en esta mañana. Hacemos extensivo el agradecimiento en nombre de la Comisión y, por supuesto, en nombre de los ponentes y diputados que han usado este turno para ilustrarse con sus palabras que se tendrán en consideración no solo en este momento sino en lo sucesivo. Se lo agradecemos de nuevo y le despedimos con mucha cordialidad.


- DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS CERMI (COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD) Y PRESIDENTE DEL FEAFES (MORATA ANDREO) (Número de expediente 219/000802.)

El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Comparece don Francisco Morata Andreo, vicepresidente del Comité Español de Representantes de Minusválidos

Página 20


(Cermi) y también presidente del Feafes, para oír sus opiniones que, sin duda, seguirán en la línea de ilustración de esta Comisión.


Tiene la palabra el señor compareciente.


El señor VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS (CERMI) Y PRESIDENTE DEL FEAFES (Morata Andreo): Señor presidente, señoras y señores diputados, en primer lugar, agradezco en nombre de Cermi y de la confederación Feafes la oportunidad de comparecer ante esta Comisión en relación con el proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, proyecto que desde su inicio el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) conocíamos y apoyábamos, pues sin duda con esta ley se mejorarán circunstancias personales de muchos ciudadanos.
Particularmente en esta ocasión, y en relación con la regulación del tratamiento ambulatorio, es doblemente interesante la oportunidad que se nos brinda. La regulación del tratamiento ambulatorio no solo vendrá a cubrir una laguna legal, sino que responde a la necesidad de regular un procedimiento que garantice y ampare los derechos de las personas con enfermedad mental cuando se encuentran en la situación de precisar un tratamiento médico no hospitalario. Espero que tengamos la oportunidad de exponérselo brevemente. Si hablo en plural, es porque me acompaña don Carlos Eloy Ferreiros Marcos, fiscal de Alicante desde el año 1991, fiscal coordinador del servicio de incapacidades de la fiscalía de Alicante. Es asesor jurídico del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana y gran conocedor de la materia en salud mental; autor de varios libros y tratados en este sentido, a quien recientemente se le han concedido varios premios por su estudio de derecho comparado sobre el tratamiento ambulatorio, como son el premio Jaime Albert Solana, que fue entregado por el anterior ministro de Justicia, señor López Aguilar, y últimamente el premio Cermi, obra social de Caja Madrid, derechos humanos, trabajo que está publicado y que entrego a esta Comisión, con independencia de que está disponible a través de la página web del Cermi.
También me acompaña doña Raquel Blanco, que tuvo ocasión de comparecer ante esta Comisión en marzo de 2005. Es asesora jurídica de Feafes, entidad promotora, como miembro del Cemi, de esta iniciativa, coordinadora del grupo de trabajo que estudió las propuestas, en el que también participó activamente, entre otros prestigiosos profesionales, el señor Ferreiros. Ambos podrán contestar mucho mejor que yo a todas aquellas cuestiones que SS.SS deseen formular. Yo solo soy un familiar, un padre y esposo de personas con enfermedad mental, que actualmente tengo el honor y a la vez la gran responsabilidad de representar y defender los intereses de las personas con discapacidad a consecuencia de una enfermedad mental. En el amplio espectro del mundo de la enfermedad mental, créanme si les digo que no hay personas más vulnerables y necesitadas de que se vigile y se defiendan sus intereses que aquellos que, como consecuencia de la propia enfermedad, no tienen conciencia de ello y, por tanto, se abandonan a las trágicas consecuencias de la enfermedad, entrando en un círculo sin salida de deterioro, estigma y marginalidad social, que compromete muy seriamente su calidad de vida.


En aras de rentabilizar al máximo el tiempo del que disponemos, que sabemos que es escaso, voy a limitarme a exponer a SS.SS las ideas clave por las que consideramos que es necesaria y beneficiosa la regulación del tratamiento ambulatorio involuntario, tratándose además de una regulación que, a nuestro juicio, es totalmente respetuosa y garantista en un Estado de derecho. Las enmiendas que hemos hecho llegar a esta Comisión iban en esa línea -más tarde me volveré a referir a ellas-; en cualquier caso, las personas expertas que me acompañan podrán explicarlas ampliamente.
Las principales ideas clave son: el tratamiento involuntario ambulatorio ya existe, se hizo eco de ello la Oficina del Defensor del Pueblo, en su informe de noviembre de 2005. Existe cuando un sujeto ha quedado incapacitado legalmente en aspectos de salud. En ese caso se produce una laguna legal de procedimiento, ausencia que en la enmienda presentada por Cermi a este proyecto de ley ha quedado cubierta. Sin embargo, tener que acudir a una incapacitación legal para poder otorgar la garantía de continuidad de un tratamiento a una persona es algo no solo excesivo, sino estigmatizante. No es una medida generalista, será de aplicación en aquellos casos individuales en los que los médicos especialistas lo prescriban. Quiero insistir en el carácter individual, porque nosotros defendemos la individualidad y la integridad de la atención a las personas con enfermedad mental. Como todos sabemos, no hay dos pacientes iguales. Señorías, les aseguro que aquellas personas u organizaciones que pudieran estar reticentes y tener escrúpulos respecto a esta medida conocen casos, personas, que si hubieran recibido un tratamiento continuado su situación personal, familiar y social sería bien distinta.
La medida es acto médico, repito, acto médico. Se trata de una garantía de salud, de ofrecer a los pacientes la accesibilidad y disfrute de las oportunidades de tratamiento, como medida alterativa en muchos casos al internamiento forzoso. Nuestro sistema sanitario es uno de los mejores del mundo. Bien es cierto que la salud mental es la cenicienta del sistema, aunque en los últimos años estamos asistiendo a cambios significativos. ¿De qué les van a servir a los pacientes estos cambios y avances en la salud mental si para algunas de estas personas es indiferente que ya exista un centro de salud mental bien dotado en su zona si simplemente no van a acudir? Garantizar un tratamiento es prevención. El abandono del tratamiento solo genera mayor deterioro personal, mayor estigma social, nuevos ingresos de vuelta giratoria, costes sanitarios -todos sabemos cuál es el coste de la cama del hospital-, costes sociolaborales, bajas laborales, procesos de invalidez e incapacitación y un largo etcétera de circunstancias muy penosas. En nuestras manos está contribuir a que se

Página 21


disponga de un instrumento más, que puede ser en muchos casos alternativo al internamiento hospitalario y, por tanto, que respete en mayor medida el derecho a la individualidad y libertad de las personas enfermas. El mismo médico que informa la necesidad de un internamiento involuntario podrá optar entre esta medida o un tratamiento ambulatorio según disponibilidad de servicios y del paciente. Merece la pena el esfuerzo.
Esta medida siempre limitada en el tiempo evitará no solo la generalización de los ingresos repetidos en algunos casos, sino la incapacitación legal de personas con enfermedad mental. Las críticas a la medida la tachan de intervencionista y de proteccionista y yo me pregunto si no somos más intervencionistas o proteccionistas cuando incapacitamos a una persona por no tener conciencia de enfermedad. Realmente por su temporalidad y por las garantías judiciales de proteger los derechos fundamentales de las personas, siempre será menos lesiva para los derechos de los pacientes. A nuestro juicio, el hecho de que se regule no es vulnerar derechos, sino más bien todo lo contrario. Es fácil enarbolar la bandera de la libertad y el respeto de derechos fundamentales, pero, señorías, para nosotros el derecho a la salud como integridad física y psicológica es un derecho fundamental que en el caso de las personas con enfermedad mental sin conciencia de ésta, está seriamente comprometido.


Permítanme que les refiera un comentario de una persona con enfermedad mental, perteneciente a una de las asociaciones de usuarios miembros de Feafes, durante una jornada celebrada el pasado año en la que debatíamos este asunto. Decía: Qué libertad es la mía cuando estoy sometido a la enfermedad, esclavo de mis alucinaciones, cuando soy esclavo de esta enfermedad que no me deja vivir, que no me permite discernir la realidad, mi realidad. Quiero tener la oportunidad de sanar mi cabeza para entonces realmente poder decidir.


Los debates de salud y la ley son siempre polémicos. Sin embargo, la regulación del tratamiento ambulatorio es necesaria y así se lo están planteando y están adoptándolo los países de nuestro entorno político y cultural y todos los países desarrollados. Quiero referirles como ejemplo la Resolución 10/2004, de 29 de septiembre, del Consejo de Europa, que planteaba la necesidad de regular en este campo. Esto no es una cuestión política ni de tendencias progresistas o conservadoras, es una realidad y una necesidad social que hasta el momento carece de regulación. Les refería antes una de las jornadas de debate celebradas en torno a este asunto. Les aseguro, señorías, que han sido muchas las jornadas, los seminarios, los encuentros de familia, enfermos y profesionales que hemos reflexionado y debatido sobre esto. Nuestro comité jurídico, el grupo de trabajo constituido para esto trabajó en ello durante casi dos años y fue en el 2004 cuando llegó por primera vez a esta Cámara. Ahora en el marco de la Ley de Jurisdicción Voluntaria tenemos la oportunidad de resolverlo. Señorías, tienen ustedes la oportunidad de resolverlo por fin. El sector de la discapacidad en su conjunto, articulado en el marco del Cermi, con más de 2 millones de personas en nuestro país y, en particular, la Confederación Feafes, representante de las personas con enfermedad mental grave, con casi 40.000 socios, espera disponer de este marco normativo legal para que aquellas personas que lo precisen se beneficien de ello.


Para concluir, tanto desde el Cermi como desde la Confederación Feafes hicimos llegar una enmienda, de la que también he traído una copia para entregarles, que a nuestro juicio mejoraría la propuesta original, ya que aclara que estamos hablando de un tratamiento en régimen ambulatorio, que el procedimiento marcado en esta ley sirva también en los tratamientos ambulatorios de personas incapacitadas judicialmente. El proyecto de ley originario daba, a nuestro juicio, una legitimación activa al facultativo médico -repito, facultativo médico- y un médico deberá ser siempre el impulsor, pero nunca parte activa en un procedimiento judicial. Su misión es prescribir un tratamiento e informar al juzgado o al ministerio fiscal. Acertadamente se prevé en el proyecto la participación de parejas de hecho y guardadores, pero necesariamente, a la luz de la última normativa, se debe dar también legitimación a las personas nombradas a este fin en los documentos de instrucciones previas. También debe haber un plazo limitado y conocido máximo. Cualquier limitación debe ser temporal para evitar vulneración de otros derechos. A nuestro juicio, la medida siempre cesaría por prescripción facultativa. Se trata de una decisión médica. Asimismo se debe prever un seguimiento administrativo de casos y apelar al incremento de recursos asistenciales multidisciplinares de salud mental y, por último, ajustar la terminología a otras normas en vigor como el Convenio de Oviedo, la Ley de Autonomía del Paciente y desde luego la Ley de Enjuiciamiento Civil.


Les reitero nuestro agradecimiento por esta oportunidad. Gracias por su atención. Tanto los expertos que me acompañan como yo quedamos a su disposición para todas aquellas cuestiones que se planteen. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Agradecemos en nombre de la Comisión a don Francisco Morata Andreo su exposición tanto por la demostración de los conocimientos como por lo que ha transmitido de experiencia por razones de vivencia personal. Asimismo damos la bienvenida a esta Comisión de Justicia a quienes les acompañan en calidad de asesores, a doña Raquel Blanco y a don Carlos Ferreiros. En la medida en que el desarrollo de la comparecencia lo permita, se oirá su opinión si ello fuera necesario.


Continuando con el trámite de los señores diputados por el Grupo Vasco doña Margarita Uría tiene la palabra.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente. Quiero dar las gracias a los comparecientes que conocen perfectamente, al igual que esta diputada, que estamos hablando de una materia que ha

Página 22


tenido distintas graduaciones de interés o aceptación por parte de los señores diputados a la hora de intentar su regulación. Se ha citado que se presentó una proposición de ley en tiempos pasados y hubo un trámite de comparecencias previas los días 1 y 2 de marzo del año 2005, del que algunos grupos concluyeron que era abrumadoramente mayoritaria la posición de quienes no querían regulación alguna frente a quienes sí la querían. Por eso la proposición de ley, como todos ustedes conocen, está paralizada desde esos tiempos y con sucesivos trámites de enmienda.


El grupo al que pertenezco era relativamente favorable a la tramitación y también aportamos la comparecencia de quien es jefe de los servicios psiquiátricos de la Sanidad del Gobierno vasco, de Osakidetza, Álvaro Iruin, que es conocido por ser un firme defensor de la posibilidad, muy matizada, de que exista este tipo de tratamientos para quienes no están ingresados con un control judicial. Sin embargo, nos sorprende la forma en la que esto se ha introducido en este momento en el proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria y ni siquiera le vemos visos de cohesión con el resto de los procedimientos que se regulan. No sé si conocen los comparecientes -supongo que sí- que el anteproyecto no preveía nada de esto y, por tanto, lo que se remite a informe del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal no tiene este capítulo. Esto es un añadido respecto del que no existen informes tan fundamentales, desde mi perspectiva, como son los dos organismos que he citado, Consejo General del Poder Judicial y Consejo Fiscal. Lo introduce el Gobierno porque sí, no en el anteproyecto sino en el proyecto. Creemos que estos informes preceptivos hubiesen arrojado importante luz sobre un procedimiento que nosotros sí creemos debe regularse, pero quizá no como está contenido en el proyecto en la actualidad, de tal forma que se nos dice por quienes son usuarios de este tipo de procedimientos que causaría quizá más problemas de los que vendría llamado a resolver. Por eso les manifiesto que entre el texto que manejábamos como proposición y lo que ahora el Gobierno nos sugiere existen diferencias que consideramos importantes.
Nos gustaría conocer si quienes avalan que exista un procedimiento de intervención judicial de este estilo consideran más correcta la regulación anterior o esta y si les parece adecuado que el Gobierno haya prescindido de los informes del Consejo general y de la fiscalía, que en realidad van a tener una intervención importantísima en estos procedimientos.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Continuamos con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Jané tiene la palabra.


El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, en primer lugar, quiero dar la bienvenida y agradecer el testimonio del señor Morata ante esta Comisión de Justicia y también el de la señora Blanco y el del señor Ferreiros por la labor que han realizado en este ámbito y por realizar propuestas normativas para dar una solución a un problema que ustedes han vivido de cerca, por lo que saben que el problema existe. Saben que nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) recibió ya en el año 2004 una propuesta articulada para realizar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Saben que se debatió en el Pleno de la Cámara y que se tomó en consideración por unanimidad, pero saben también -no nos engañemos- que en este momento tras la aceptación unánime de la tramitación de esa proposición de ley se generó una muy viva controversia y una gran oposición por parte de distintos profesionales que nos hicieron entrar a los grupos parlamentarios en una zona de duda razonables sobre la posibilidad o no de continuar con su tramitación. La proposición de ley no se ha retirado, sigue ampliándose semana tras semana. No ha sido retirada pero no existe en este momento el consenso necesario que debería exigirse a una tramitación legal para que pueda ver la luz final de su publicación en el BOE. Por tanto, antes de que se rechace está en lo que podríamos llamar stand by.


Ahora el hecho de que se recupere ese texto en un proyecto de ley probablemente no va a subsanar la oposición que sigue existiendo. La semana pasada contamos con la presencia en el ámbito de las comparecencias realizadas en torno a este proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria de un fiscal del Tribunal Supremo que era partidario de esta medida, pero, repito, el tema no es pacífico. Recuerdo muy bien porque creo que además quienes han trabajado en esta cuestión conocían bien la problemática existente sobre los ingresos de puerta giratoria, el problema constante que se da y de qué manera el texto normativo que ustedes proponen pretende darle una solución. Repito que desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tampoco queremos imponer una solución si esta no cuenta con un acuerdo global. Esta es nuestra posición y la manifestamos a todos cuantos tanto en sentido favorable como contrario opinan a partir de los textos presentados. Esta será la labor de mi grupo. Si hay un problema sería positivo encontrarle una solución y sería deseable también que esa solución fuera de consenso y aceptada por todos.


Nuestro grupo tiene un solo voto aquí. Es decir, cuando vayamos a tramitar el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria, que se aprobará en esta Comisión de Justicia, mi grupo tendrá un voto, mientras que esta Comisión tiene 41 miembros, con lo cual al final necesitaremos que exista una posición de consenso alrededor de qué es lo más adecuado y, a poder ser, unánime. Como recordaba ahora la señora Uría, se celebraron una serie de comparecencias en el año 2005 tras las que los diputados salimos con más matices de aquellos con los que habíamos entrado. ¿Por qué? Porque realmente no es un tema pacífico. Por tanto, nuestro grupo, que les agradece su labor y que presentó la proposición de ley, quiere manifestar hoy públicamente que ante esa problemática existente estamos a la expectativa de ver si somos capaces de generar una posición mayoritaria en esta

Página 23


Cámara y que pueda dar respuesta a las distintas inquietudes que se han planteado. Ya digo de entrada que mi grupo no retira la proposición de ley pero tampoco quiere imponer un calendario a la misma, ni vamos a intervenir de manera muy activa en este capítulo de este proyecto de ley, dejando que sea al final el consenso parlamentario el que defina cuál debe ser la solución.


Repito que les agradecemos muchísimo la labor que realizan y que seguirán realizando y esperemos que finalmente pueda encontrarse en esta Cámara una solución de consenso que es la deseable porque el problema real sí existe. Ustedes han dado testimonio del mismo y lo han hecho desde la propia complicidad de las familias afectadas, por lo que no estamos hablando de una posición irreal o inventada. Sin embargo, reitero que la solución normativa debería contar con el consenso y las garantías necesarias de aprobación por parte de todos y de dar respuesta a las posiciones contrarias que se habían manifestado en esta Cámara en el año 2005. Esta es nuestra posición. Les agradecemos una vez más su comparecencia y su labor.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): En igual turno por parte del Grupo Popular su portavoz, don Guillermo Mariscal tiene la palabra.


El señor MARISCAL ANAYA: Deseo agradecer tanto al señor Morata como al señor Ferreiros y a la señora Blanco su presencia en esta Comisión. Es sabido por el Cermi el interés que el Grupo Popular ha mantenido siempre por conocer lo que el sector opina acerca de todo aquello en lo que está implicado y la vinculación que debe tener siempre el legislador con aquel que se siente más interesado por lo que le afecta. En este caso es para nosotros un honor contar con su presencia, fundamentalmente después del último libro que el Cermi ha editado sobre este problema. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Coincidimos con el compareciente en que nos encontramos ante una gran enfermedad que afecta -creo que ha dicho- a dos millones de personas. Nos vemos en la obligación de acertar tanto este grupo parlamentario como el resto de grupos. Evidentemente, dentro de la Comisión hay una modificación del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y si esta es una oportunidad para que lleguemos a una entente cordial y a un acuerdo para modificar esta cuestión el Grupo Popular estará siempre abierto a ello.


Esta enfermedad supone un deterioro personal, sociolaboral y familiar y una carga que fundamentalmente soportan las familias y por este motivo estudiaremos atentamente las enmiendas que nos han remitido tanto desde Feafes como desde Cermi para poder incorporarlas. Tengo cinco cuestiones que plantear y paso a relatarlas dejando claro -y estamos de acuerdo con ello- que es un instrumento alternativo al tratamiento hospitalario decretado judicialmente. Esto supone evitar la parálisis de los hospitales, de la justicia, etcétera. Supone un paso previo que evitar males y problemas posteriores. En primer lugar, este grupo considera que estamos hablando de un tipo de discapacidad emergente debido a problemas con las drogas, etcétera. Quisiera saber la opinión del compareciente al respecto y si está de acuerdo con nosotros en esto. En segundo lugar, deseamos que ahonde en el planteamiento que ha efectuado acerca de la diferenciación entre la libertad y el derecho a la salud. Me parece que ha sido una aportación interesante y queremos que continúe por esa línea.
En tercer lugar, hemos entendido que las garantías están, por un lado, en que es un plan individualizado de atención médica y en que tiene una duración máxima de 18 meses, y quisiera saber su opinión sobre esto. En cuarto lugar, antes ha hecho referencia a una disposición del Consejo de Europa, la 10/2004. Quería saber si hay casos de derecho comparado en otros países y si puede comentarlos. Incluso creo que existen casos de derecho comparado -entre comillas- entre algunas comunidades autónomas donde ya se está practicando esto mediante disposiciones judiciales y quiero saber su opinión. En último lugar, más que una pregunta deseo compartir la experiencia que usted nos ha transmitido en cuanto a que es una necesidad social solucionar el problema que para las familias implica soportar -digo soportar en el sentido más llano de la palabra- la carga que supone el enfermo en cuanto a la posibilidad de desarrollo de la libertad de las propias familias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista la señora Grande Pesquero tiene la palabra.


La señora GRANDE PESQUERO: Ante todo quiero agradecer con todo el cariño del mundo al señor Morata su comparecencia de hoy y, por supuesto, no con menos cariño a la señora Blanco a quien ya conocimos en esta Comisión anteriormente y al fiscal Ferreiros, que sabemos que es un experto en estos temas no solamente por lo que ha dicho el señor Morata sino porque ha publicado libros que muchos hemos leído no solo por obligación sino también por devoción.


En principio, quiero poner en valor la propuesta de Feafes, que está avalada por el Cermi, sobre el tratamiento no voluntario, porque realmente ha provocado un debate intensísimo en la sociedad, no solo en la civil, sino también en la profesional -hablo tanto de profesionales jurídicos como de sanitarios-, entre las asociaciones de pacientes, los pacientes afectados y los familiares, que son quienes soportan y cuidan a estos enfermos mentales. Por ejemplo, tenemos el dato de un enfermo de esquizofrenia, que es un enfermo mental agudo. La persona que cuida a este tipo de pacientes dedica entre seis y nueve horas diarias exclusivamente a su cuidado, con todo lo que supone eso para el cuidador.
La Ley de Dependencia -en la que el Cermi también ha colaborado enormemente-, en relación con los grandes dependientes -y los enfermos mentales agudos lo son-, viene a echar una mano y a aliviar a estos cuidadores, que en su inmensa mayoría son las

Página 24


familias y, dentro de ellas, las mujeres son las que soportan esa carga.


Me gustaría también resaltar un trabajo de colaboración del Cermi con el Ministerio de Sanidad y Consumo. En abril del año 2005 se firmó un convenio entre ambas instituciones que está dando sus frutos. Tampoco puedo dejar de resaltar que el pasado mes de diciembre ha visto la luz una estrategia de salud mental, que era muy esperada y que fue aprobada por unanimidad dentro del Consejo Interterritorial de Salud, con el consenso de todas las comunidades autónomas, que son al fin y al cabo las que aplican todo lo referido a asistencia sanitaria, y la salud mental lo es. Como ha dicho el señor Morata, la salud mental ha sido la cenicienta, y me alegra decir que ha sido, porque parece que en muchas comunidades autónomas -esperemos que dentro de poco en todas- está dejando de serlo.
Dicen muchos expertos que la falta de regulación y de aplicación del contenido del artículo 20 de la Ley de Sanidad, sobre la salud mental, es en cierta medida un fracaso y es lo que ha llevado a pensar en la necesidad de medidas como las de los tratamientos no voluntarios para enfermos mentales agudos. Los seis puntos de la estrategia de salud mental van en la dirección de ahondar en el desarrollo de este artículo 20 de la ley.


No quiero hablar de todos los puntos de la estrategia de salud mental, porque todos ustedes los conocen probablemente igual o mejor que yo, pero me gustaría destacar uno de ellos, el segundo, en el que se dice que la atención a los trastornos mentales tiene que abordar medidas encaminadas a que las personas enfermas y sus familiares reciban una atención basada en todas las innovaciones tecnológicas, en una atención personalizada y en un plan individualizado de atención, y coordinada e integrada en una red comunitaria accesible con diferentes dispositivos. Estamos hablando de dispositivos sanitarios y de dispositivos sociales; yo no termino todavía de ver el término sociosanitario, pero sí social y sanitario.
También habla de la accesibilidad y del aumento del número de personas con estos trastornos mentales que necesitan tratamientos de psicoterapia y rehabilitación y, desde luego, del apoyo específico a las familias en los medios comunitarios. No se trata solamente de que puedan acudir a un centro de salud mental, como decía el señor Morata, sino de que los dispositivos sanitarios -trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos- puedan asistir a los pacientes y apoyar a las familias en sus domicilios, en su ambiente, e incluso puedan colaborar a la reintegración en el mundo laboral. También se habla de atención específica para los niños y los adolescentes, que es un tema tremendamente importante, y de medidas para evitar precisamente los abandonos de los tratamientos y para aplicar los tratamientos adecuados a las personas que cumplen condena en instituciones penitenciarias, que también es otro problema. En este punto -el único del que voy a hablar- la estrategia considera necesario implantar procedimientos que garanticen el respeto a los derechos y la dignidad de los pacientes en cuestiones tan delicadas como los tratamientos y hospitalizaciones no voluntarios; es decir, la estrategia de salud mental habla del tema que estamos tratando hoy. Me ha parecido oportuno traer esto aquí no solo por mi doble condición de vicepresidenta de la Comisión de Sanidad y profesional de la sanidad, sino también porque estoy de acuerdo en que muchas veces cuando hablamos de sanidad y legislación, como ha dicho el señor Morata, entramos en conflictos que algunos profesionales de la sanidad no tenemos tan claros.


Paso directamente a las preguntas. Las propuestas del Cermi no solamente se referían a los tratamientos no voluntarios, sino también a otros aspectos, y aprovecho la presencia del fiscal Ferreiros y de la señora Blanco para hablar de ellos. Sobre los tratamientos no voluntarios, mis preguntas serían: ¿Ustedes creen que ya existe ese consenso necesario para que se contemple una norma de este tipo? ¿Existe ya el consenso profesional, social y de todos los operadores para poder introducir los tratamientos no voluntarios en una ley? Mi siguiente pregunta sería: ¿Creen ustedes que es bueno legislar para una parte de los enfermos mentales? ¿Eso no aumentaría la discriminación, la estigmatización, que es algo que siempre hay que tener en cuenta? Aprovechando la presencia del fiscal, otra pregunta sería: ¿Cómo cree usted que deberían ser los mecanismos de control, los dispositivos y los recursos necesarios para el cumplimiento del tratamiento obligatorio? ¿Qué pasa si una persona dice que no, por mucho que lo diga el juez? ¿La declaramos en rebeldía? ¿La buscamos con la policía? ¿Cómo hacemos? Por último, ¿creen ustedes que si hubiera suficientes recursos sanitarios, como parece que va a ser, sería necesaria una norma de este tipo, una legislación específica sobre los tratamientos no voluntarios?

En cuanto al internamiento, que ustedes comentan en su informe, me gustaría saber cuál sería la ventaja de tramitar el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico en la jurisdicción voluntaria.
Aprovechando la presencia de los juristas, me gustaría que me ampliaran el tema de la autorización judicial para la esterilización de deficientes psíquicos para los que no se pide al mismo tiempo la incapacitación, porque lo he leído, pero no me ha quedado excesivamente claro cuál sería la ventaja.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Van a intervenir los dos asesores. Voy a permitir que se repartan el tiempo. En primer lugar, damos la palabra al fiscal don Carlos Ferreiros.


Muchas gracias.


El señor FISCAL FERREIROS MARCOS: Muchas gracias por su atención. Voy a intentar contestar a sus preguntas, que son bastantes, creo que más de doce. Voy a ir poco a poco.


Página 25


En primer lugar, dicen ustedes que el anteproyecto no contemplaba esto y que ha sido un añadido. Como ustedes comprenderán, nosotros no somos responsables de la forma de tramitación parlamentaria, simplemente nos beneficiamos de ella en la medida en que agradecemos que lo contemplen.


Preguntan ustedes si debe estar en un proyecto de jurisdicción voluntaria.
Les voy a recordar una cosa. Lo que dicen las recomendaciones es que las garantías de un tratamiento ambulatorio involuntario deben ser por lo menos las mismas que para el internamiento. Vamos a partir de cómo ha sido históricamente la legislación de internamiento. La primera regulación que se hizo fue en Valencia en el siglo XV, pero la moderna partía de los reglamentos de los establecimientos según los cuales había que realizar una intervención judicial únicamente para recoger datos sobre la situación del enfermo y evitar que existieran internamientos espurios. Las primeras normas se hacían a partir de informaciones, que eran procedimientos de jurisdicción voluntaria; después, en 1885, se reguló específicamente la intervención judicial, y era un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Durante el año 1931 hasta 1983 desapareció.
En el año 1983 reaparece y vuelve a ser un procedimiento de jurisdicción voluntaria. En el año 1996 se introduce una nueva norma en la Ley orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor y modificación del Código Civil, que hace matizaciones en ese mismo procedimiento de jurisdicción voluntaria, y hoy día, con el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hay tendencias que dicen que es un procedimiento especial, pero hay otras que dicen -y esa es la posición de la Fiscalía General del Estado y la que aplican muchos profesionales- que es un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Por tanto, para nosotros que esta materia se regule en esta ley no supone un problema especial.
Además, de facto, tanto el internamiento como las formas de tratamiento ambulatorio involuntario se regulan en jurisdicción voluntaria, por ejemplo, en Italia o en Alemania, que son países que conocen este tipo de regulación. Ustedes han hablado mucho del consenso, y naturalmente nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, intentamos que haya el mayor consenso posible y por supuesto defendemos y naturalmente respetamos, como no puede ser de otra manera, la posición de otras personas. De hecho, cuando hablamos con ellas muchas veces me sorprendo y les digo que estamos completamente de acuerdo, lo que pasa es que ellos están haciendo un planteamiento distinto del que nosotros pretendemos. Se está enfocando la cuestión desde el punto de vista de que nosotros pretendemos cambiar el ordenamiento sanitario y no es cierto. Nosotros planteamos unas cuestiones específicas ante los problemas de capacidad de obrar.


Señorías, a continuación me voy a remitir a las preguntas concretas. El representante del Grupo Popular me decía que había un problema de discapacidad emergente. El problema sanitario es el siguiente: si ustedes analizan el contexto de patologías de un hospital psiquiátrico tradicional en los años sesenta observarán que más de la mitad de los pacientes eran personas con esquizofrenia. Hay patologías que han desaparecido, por ejemplo, la demencia senil, que no es que haya salido fuera del internamiento, porque desgraciadamente se mantienen en internamiento y además en ascenso, pero cuando llega la reforma estas patologías desparecen del contexto de la unidad o del centro de salud mental tradicional. En la actualidad las patologías que acuden allí son fundamentalmente personas con problemas de ansiedad, problemas de depresión e incluso personas que no tienen propiamente patologías psiquiátricas sino problemas de duelo de la vida cotidiana que tienen que afrontar, por ejemplo, una situación difícil desde el punto de vista emocional como pueda ser la pérdida de un familiar querido. Hemos encontrado muchísimos casos como estos y yo personalmente los vi cuando realicé el informe de salud mental de mi propia comunidad. ¿Qué ocurre con el paciente con esquizofrenia, que generalmente es el candidato a esta medida? Nunca se puede decir una persona con esquizofrenia; las personas son personas y cada proceso es distinto. Por tanto, en general parece que hay un problema de conciencia de enfermedad; no acuden a las unidades de salud mental. Esta cuestión puede tener muchísimas y diferentes explicaciones, y desde luego el sistema más humano, como actualmente ocurre, es que no se esté dando una actuación adecuada, ya que el paciente prácticamente tiene que acudir como a un servicio ordinario ambulatorio, cuando habría que llevar a cabo un servicio que atienda. Eso es lo que propone la estrategia, que haya un seguimiento de cuidados y un sistema de tratamiento selectivo que nosotros naturalmente apoyamos y defendemos, pero no solo aquí, sino en todo el mundo todas las organizaciones familiares. Pues bien, ese es el sistema que debe prevalecer. Estas actuaciones son excepcionales, pero además están reguladas. Esta es una ley procesal, y en este sentido, nosotros decimos que hay una ley material, que es la Ley de Autonomía del Paciente y el Convenio de Oviedo, porque a veces se olvida que el artículo 7 dice que hay unas normas específicas para tratamientos involuntarios en general de personas con trastorno mental. Por tanto, ¿cuál es el problema de legislación que detectamos? El problema de legislación está en que existe la norma material pero no se han regulado las garantías, y así ocurre que en una misma ciudad con tres juzgados distintos uno tiene una opinión favorable, otro dice que no y el tercero no sabe, no contesta, lo cual deja en absoluta perplejidad al intérprete.


En cuanto a la colisión entre la libertad y el derecho a la salud, efectivamente desde un punto de vista del derecho al consentimiento informado se produce la restricción de un derecho, pero, cuidado, no hay derechos absolutos, sino que hay que valorarlos, porque por un lado está el derecho a la salud y por otro lado está el derecho al consentimiento informado. En este sentido, una excepción que se da en todo el mundo es aquella situación en que el paciente no tiene autonomía. Si la

Página 26


decisión no es autónoma, hay que proteger, por tanto, ¿cómo se articula eso y en qué casos? El convenio lo dice muy claramente: cuando la persona no tiene capacidad de decisión, es decir, no tiene autonomía para formular esa decisión y, en segundo lugar, cuando hay un riesgo grave, y eso es lo que diferencia el trastorno mental de las restantes patologías en que puede ser simplemente beneficioso. Cuando hay un riesgo grave para la salud parece que es necesario intervenir. Por tanto, esa colisión no existe hoy día ni tan siquiera en el derecho material, y tampoco en el ámbito de los derechos humanos, y si no, repasen ustedes los principios de Naciones Unidas del año 1991 o las propias recomendaciones del Consejo de Europa. En tercer lugar, ¿por qué hablamos de plan individualizado y plazo de dieciocho meses? Nosotros intentamos garantizar que haya un plan individualizado para estas personas que no tienen autonomía en ese momento y que además se establezca un plazo. La solución del plazo es característica en todos los países. ¿Por qué elegimos el de dieciocho meses? Porque en los países con estadística se ha demostrado que en ese plazo hasta el 85 por ciento de las personas pueden experimentar mejoría.
Estamos hablando de un número impresionante de personas y, por otro lado, haría innecesaria la incapacitación, que es muchísimo más gravoso.
Asimismo, me han preguntado por el derecho comparado, y tengo que decirles que a la vez que aquí se está tramitando este proyecto, en Inglaterra se está tramitando otra de ampliación de facultades ya existentes. Los franceses tienen un sistema de salidas de ensayo, que está regulado en la ley sanitaria francesa. Los portugueses tienen un sistema llamado suspensión de internamiento, regulado en la ley de internamientos portuguesa. Los escoceses tienen una ley específica aprobada hace poco. Los ingleses cuentan con una legislación específica del año 1995, pero además ahora se encuentran en proceso de reforma de la legislación del año 1983. Los italianos también la tienen en la ley nacional de servicios sanitarios, que ha tenido mayores o menores problemas de aplicación, pero que se está aplicando. También la tienen Suiza y Luxemburgo, y fundamentalmente en la actualidad se está produciendo un gran fenómeno de regulación en Estados Unidos, Canadá, en todas las regiones de Australia y en Nueva Zelanda. En cuanto a las comunidades autónomas que lo están practicando, tengo que decir que yo lo he hecho, lo han hecho en Guipúzcoa, lo están haciendo aquí en Madrid y concretamente en Valencia, lo que ocurre es que el fundamento legal difiere entre nosotros y no estamos de acuerdo en cuanto a las distintas formas de aplicación, pero la técnica se realiza.


Respecto a la necesidad y la estrategia, naturalmente estamos de acuerdo con la estrategia, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con una estrategia que nos beneficia?, pero con relación al consenso necesario para la implantación, hay sociedades científicas que se han posicionado en contra, como es la Asociación Española de Neuropsiquiatría -a la que por supuesto respeto-, pero también hay otras igual de importantes y mayoritarias en número como son la Sociedad Española de Psiquiatría, la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica o la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, que se han posicionado a favor, naturalmente con sus matizaciones, porque todos pretendemos hacerlo lo mejor posible. En cuanto a si es bueno legislar para una parte de los enfermos mentales, lo que aumenta la discriminación, tengo que decir que este es el problema de la legislación especial. España es uno de los escasos países que no tiene legislación especial en materia de salud mental. Nosotros estamos de acuerdo en los beneficios que eso plantea en cuanto a que es menos estigmatizante y en cuanto que se cohonesta con el resto de la legislación de los pacientes. Estamos completamente de acuerdo, pero nosotros hemos partido de un sistema preexistente, y es que existía un precepto específico para el internamiento y otro también específico, que es toda la legislación sanitaria general. Además responde a un sistema muy razonable, y es que los médicos están para proponer tratamientos, los pacientes pueden aceptarlos o no, y en caso de pérdida de autonomía hay unas personas que ejercen el consentimiento por representación, y los jueces están para garantizar que los procesos y los derechos se vean respetados. Este es el esquema actualmente legal. No hemos introducido nada nuevo, hemos respetado el que había y podían articularse muchísimas fórmulas. Ustedes me dicen: ¿Es bueno legislar para una parte? ¿Esto aumenta la discriminación? Legislación en materia de trastorno mental y tratamientos existe ya en nuestro país. La esterilización es uno de los casos. Existen tratamientos somáticos, por ejemplo. Puede haber un tratamiento mental para la atención de un trastorno por oncología o por diálisis renal o por diabetes y eso es ambulatorio también; requiere un tiempo y un tratamiento y el enfermo se puede oponer. Naturalmente, nadie se plantea si no hay que administrar el tratamiento y si es o no conveniente para el paciente, sobre todo cuando la opción es que este paciente muere si no se administra el tratamiento. ¿Por qué para el paciente mental no? Porque para el paciente mental hay una diferencia legal: exige unas garantías extraordinarias que están expresadas en el artículo 7 del Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina. Nosotros lo único que planteamos es que se regule esto. Si ustedes quieren hacer una regulación general sobre tratamientos ambulatorios, extraordinario, nosotros no tenemos ningún problema, pero lo que hemos intentado hacer es respetar el sistema actual de legislación.


Mecanismos de control y dispositivos, cómo se realizan en la práctica. Se ha extrapolado, y además lo he visto incluso en muchísimas imágenes, como si hubiera una hilera de pacientes conducidos policialmente con esposas a los dispositivos de salud mental para el cumplimiento del tratamiento.
Esto no es así. Es cierto que las dos modalidades más extremas de tratamiento involuntario son las modalidades de tratamiento forzoso que implican: uno, la conducción a los centros y, dos, el

Página 27


tratamiento en administración involuntaria. Efectivamente, si usted realiza cualquiera de esas dos intervenciones, es que algo está funcionando mal, porque el tratamiento en la práctica y en la mayoría de los casos -cuando me refiero a la mayoría no es un 60 ó 70 sino más del 95 y 98 por ciento- no se practica. Pueden consultar las estadísticas de la Asociación Psiquiátrica Americana, están en el libro. Esto no es así.
Un paciente mantiene la mayoría de las capacidades -ya he dicho que hay que distinguir entre las distintas personas- y simplemente el problema fundamental es que no tiene conciencia de enfermedad. Cuando se ve que hay un riesgo grave y se puede actuar, ellos intentan cumplir la orden del juez, naturalmente, y si usted les hace un seguimiento la intentan cumplir mucho más; de hecho, yo nunca he necesitado hacer una conducción en estos casos. Además, las estadísticas que he comprobado en otros países es así. En el Reino Unido también se realiza y he ido comprobando que punto por punto ha sido así. El tratamiento involuntario en un centro de salud mental se estima internacionalmente que no es correcto, que se tiene que hacer ya en un centro de internamiento, porque no es seguro para el paciente ni tampoco para los profesionales que lo aplican, pero ya entramos en el terreno del internamiento. Hay distintas fórmulas. Lo que se está haciendo actualmente es un reconocimiento. Lo que autoriza el incumplimiento es: Usted no lo sigue, hemos agotado todos los mecanismos y lo que hacemos es observarle. Le conducimos en un internamiento de muy corta duración -en general, los países que lo tienen regulado es de seis o hasta 72 horas-, se observa si verdaderamente el paciente no tiene capacidad de decisión y si cumple los requisitos para el internamiento entonces se le ingresa y se le administra la medicación involuntariamente. Observe que no hay ninguna diferencia con el internamiento tradicional, pero a ese paciente se le tiene que hacer un seguimiento.


¿Si hubiera suficientes recursos sanitarios sería necesario una legislación específica? Ya he explicado la legislación específica, pero con un sistema sanitario completo, no. ¿Sería necesario un sistema de estos para este tipo de pacientes? También. Nosotros prácticamente no tenemos dispositivos de tratamiento asertivo en las comunidades autónomas y esta es la carencia fundamental en los recursos de salud mental. El Reino Unido, que sí los tiene desde hace muchos años y además quieren más, también está proponiendo una ley de estas características. Siempre habrá pacientes que incurran en estos tres problemas: falta de conciencia de enfermedad, falta de capacidad de decisión y riesgo muy grave, y cuando hablo de riesgo grave no me refiero a cualquier riesgo, sino a un deterioro muy serio o incluso muerte. Se lo digo por propia experiencia porque he entrado en esas casas de los enfermos a los que he tenido que proteger.


¿Cuál sería la ventaja de tramitar en jurisdicción voluntaria? Hay opciones que entienden que el internamiento es un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Ya está regulado en el 763. En definitiva, lo que es importante es que se respeten las garantías que nosotros pretendemos trasladar hoy aquí.


Por último, me hablan de la esterilización y de los otros tratamientos. La esterilización es un tratamiento distinto, es somático y ya está regulado en el Código Penal. Naturalmente, hay otros tratamientos que también están regulados. El internamiento es otro tratamiento que está regulado.
Hay una regulación general que está en la Ley de autonomía del paciente que vale para todos. Son distintas interpretaciones. Incluso hay recomendaciones internacionales para el tratamiento de salud mental específicos como la psicocirugía o la terapia electrocombulsiva. No hay ningún inconveniente en que se exija una ley especial, sobre todo en el ámbito que ha sido tradicionalmente el más polémico, que es el ensayo clínico. Creo recordar que el procedimiento en el que se tramita todo esto es también jurisdicción voluntaria. Confío en haber contestado a sus preguntas porque eran muchas.


El señor PRESIDENTE: Señora Blanco.


La señora BLANCO DEL BARRIO: No se puede puntualizar nunca nada de lo que dice el señor Ferreiros, pero solamente quería matizar una cosa. El tratamiento involuntario, que supuestamente afecta a libertades y que está en entredicho por un grupo de sectores profesionales y por algún grupo social, ya se está haciendo. Estamos dando tratamientos involuntarios cuando un señor está hospitalizado -y no nos rasgamos vestidura alguna- y estamos dando tratamientos ambulatorios a personas incapacitadas judicialmente. Lo estamos haciendo sin un procedimiento específico de seguimiento más allá que el libre criterio de los jueces.
Se están dando ya tratamientos ambulatorios en Alicante a través de incapacitación; en Valencia hay una circular del fiscal coordinador a todas las fiscalías que dice que se pueden dar ya en la Comunidad Valenciana; en Guipúzcoa se están haciendo con un seguimiento según con qué centro de salud se trabaje, porque siempre es una propuesta médica.
Se está haciendo sin ningún tipo de procedimiento específico más allá que el criterio del juez. El debate no está en si se pueden o no se pueden hacer, sino en si ponemos o no un procedimiento que dé un criterio de homogeneización. Lo que se ha pretendido con la propuesta del 763, que tuvimos en su momento -y con esto de la jurisdicción voluntaria, que realmente ha sido una sorpresa para nosotros-, es, acumulando el bagaje de los 20 años de experiencia que hemos tenido con regulación de internamientos y adoptando la mejor praxis de aquellos juzgados especializados y fiscalías concienciadas en cómo hay que hacer coherentemente un internamiento, trasladar esa mejor praxis y esa experiencia de 20 años de muchos fracasos entremedias a una norma de procedimiento que garantice el derecho fundamental a la libertad de un paciente. No estamos hablando de un tratamiento forzoso judicial sino de una prescripción médica, y el médico valorará en su momento qué servicios tiene a su disposición porque -perdónenme ustedes- el territorio de

Página 28


España no es homogéneo. No es lo mismo salud mental en Extremadura que en Guipúzcoa o que en la comunidad catalana; no es lo mismo en el ámbito rural que en las grandes ciudades; y no es lo mismo en las ciudades de millones de habitantes que en las de centenares de miles de habitantes nada más. La salud mental no es homogénea en servicios asistenciales.
Ojalá el plan de estrategia venga a dar unos criterios mínimos, pero la situación es que el médico, con los dispositivos que tiene a su alcance y valorando individualmente a ese paciente que tiene delante, prescribirá o no este seguimiento de un tratamiento continuado, y será él quien decida si en un momento determinado de crisis le manda al hospital en un internamiento o propone al propio paciente qué le parece un tratamiento ambulatorio y si van a realizarlo.


Por lo demás, únicamente quiero puntualizar que el Cermi tiene dos millones de discapacitados -esperemos que nunca los afectados por enfermedad mental lleguen a ese número- y que el grupo de población al que esto iría destinado es minoritario dentro de lo que es la enfermedad mental grave, y en enfermedad mental grave hay estadísticas de hace años, de Ufami y demás, que hablaban de unas 450.000 personas en España. Esta no es una medida generalista. No se va a extender absolutamente a todas las personas con enfermedad mental. Va a ser un núcleo reducido de personas el que se va a poder beneficiar, pero que cualquier persona se pueda beneficiar, desde mi punto de vista, no supondría estigmatizarla más, simplemente será poder sacarla adelante y darle una oportunidad de vida y de dirección de su propia vida.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para concluir el turno, a modo de despedida y agradeciéndoles por supuesto su comparecencia, le cedo la palabra a don Francisco Morata Andreo.


El señor VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS, CERMI (COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD). PRESIDENTE DEL FEAFES (Morata Andreo): Muchas gracias.


Mi tema es más bien humano. Yo sé que la parte minoritaria está en desacuerdo con esta ley y quisiera mandarles una especie de mensaje: tienen ustedes que vivir la enfermedad mental más cerca, ver el día a día. ver los suicidios que hay -yo les puedo decir que en mi familia en cinco años ha habido tres, y no quiero hablar de mi problema- y a estos grupos que son minoritarios, les diría que si esta ley no es posible va a perjudicar mucho a la persona con enfermedad mental a la que no se atiende con un tratamiento. Por eso quiero enviarles este mensaje para que rectifiquen y, si quieren más información, que se pongan de acuerdo con la confederación y les daremos pruebas para que vean que esto es muy necesario.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- DEL SEÑOR FISCAL DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CÓRDOBA. COORDINADOR DEL FORO ANDALUZ DEL BIENESTAR MENTAL (SANTOS URBANEJA). (Número de expediente 219/000803.)

El señor PRESIDENTE: Quiero agradecer la presencia entre nosotros, y no es la primera vez que lo hace ante el Congreso de los Diputados para ilustrar trabajos legislativos, de don Fernando Santos Urbaneja, que es fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba y coordinador del Foro Andaluz del Bienestar Mental, al que muy sinceramente agradecemos sus trabajos, su dedicación y, por supuesto, la presencia entre nosotros en el día de hoy. Sin más, tiene la palabra.


El señor FISCAL DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CÓRDOBA. COORDINADOR DEL FORO ANDALUZ DEL BIENESTAR MENTAL (Santos Urbaneja): Muchas gracias, señor presidente. Vaya por delante también mi agradecimiento al grupo proponente y a la Comisión, que ha considerado que quizá puedan ser útiles mis reflexiones a la hora de forjar su opinión sobre este tema tan comprometido y candente como son los tratamientos ambulatorios involuntarios.


No hay tiempo ni es preciso extenderse hoy en exposiciones, pienso que estamos ya en trámite de conclusiones. Como se ha puesto de manifiesto y todos saben, el debate se hizo a caballo entre los años 2004 y 2005; fue un debate intenso, amplio y vivo, del cual yo al menos he aprendido muchísimas cosas. Ha sido para mí un debate fructífero que, resumiendo, tenía dos polos: quienes pensaban que regular los tratamientos ofrecía un instrumento más para aliviar la situación de esos enfermos y de sus familiares apoyándose en la experiencia de algún juez de un territorio concreto; y los que pensábamos que esto no era bueno puesto que antes de acudir a más juez y más legislación, había que llenar un inmenso vacío, vacío que llevamos arrastrando varios lustros, y que aquel diseño para la atención de la salud mental que dibujaba y dibuja magníficamente el artículo 20 solo se ha cumplido en una cuarta parte. En aquel desarrollo se hace bien la atención en centro de salud mental para quien acude voluntariamente, también hay que decir que acuden muchas personas que acaso no están dentro de esta categoría: hay algunas tristezas menores o el antisocial -donde hubo debate sobre si les tocaba ir allí o no-, pero hay quien no acude, y esto es peculiar de la enfermedad mental. Algunos desarrollan esa falta de capacidad y, coherente con ella misma, no se los espera y, por tanto, hay que hacer otras cosas con ellos. También ha habido grandes deficiencias para todos, para los que tienen consciencia y para los que no, en el abordaje social de reinserción que todavía es latente. Si es devastadora la enfermedad mental para el cerebro, también lo es para las relaciones familiares, sociales y laborales y eso hay que reconstruirlo. Aplazando

Página 29


esto hasta el año 2005 -y así se han expresado muchos grupos parlamentarios- hemos llegado a cómo tienen que estar de desesperadas las familias para pedir esto, es decir ¿qué ha fallado, qué hemos estado haciendo mal? Nosotros pensábamos que no era oportuno dar más juez y más legislación, sino abordar de una vez por todas este vacío de la Ley General de Sanidad cuyo planteamiento después, cuando ha sido desarrollado por la Ley de Cohesión de 2003 e incluso por la cartera de servicios, ha sido un planteamiento coherente.


También teníamos un modelo, hoy mucho más documentado, el modelo de tratamiento asertivo de Avilés. Resulta que cuando se hacen las cosas de esa manera obtenemos también magníficos resultados sin tener que haber acudido al juez. En definitiva, pensamos que hay una mejor manera de hacer esto y hay una mejor manera en el ámbito de lo sanitario, sin tener que acudir al ámbito judicial. Ese debate, que todos conocen, tuvo un punto de inflexión con el informe del Defensor del Pueblo de 11 de noviembre del año 2005. Lo que viene a decir el Defensor del Pueblo en este informe es, precisamente, que no hace falta más legislación y lo que sí hacen falta son más medios. Dice, literalmente, este informe: Resulta prioritario en estos casos desarrollar en toda su plenitud los principios ya contemplados en la Ley General de Sanidad para cubrir las necesidades asistenciales de los pacientes con trastorno mental. A juicio de esta institución, un adecuado desarrollo de los recursos sanitarios, sociosanitarios, terapéuticos y de los servicios de rehabilitación y de reinserción social en el ámbito de la salud mental -hospitales de día, centros de día, unidades de crisis psicoterapéuticas, una red de pisos, programas de seguimiento individualizado, equipos de visitas domiciliarias, prestaciones sociales, programas para incorporar a la vida laboral a los enfermos, etcétera- y un correcto ejercicio de las acciones legales que contempla nuestro ordenamiento hacen innecesario que deba proponerse una reforma del marco legal actual, pues las previsiones actuales permiten solicitar el auxilio judicial para aplicar un tratamiento involuntario a una persona que no sea capaz de prestar su consentimiento.


Realmente, lo que pone de manifiesto el Defensor del Pueblo no es ningún descubrimiento. Recuerdo bien la sesión del día 5 de octubre de 2004 cuando ante la propuesta de modificación para añadir un párrafo quinto al artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la toma en consideración, que se apoya, todos los grupos, con más o menos certeza, con más o menos tino, ponen de manifiesto que es algo que hay que abordar desde más lejos, que no puede limitarse a una pequeña modificación legal, que hay que encarar de una vez por todas el tema de la atención en salud mental, que es un ámbito disonante. Tenemos un ámbito de salud en general del que podemos presumir y la salud mental -se ha dicho tantas veces- es la cenicienta. A partir del informe creo haber advertido que el debate bajó muchos enteros y que se situó la cuestión donde creo que debe estar, que es en el ámbito de la sanidad, de los recursos y de la organización de los servicios. El Ministerio de Sanidad, que a mi juicio ha tenido una postura completamente coherente en esta materia, convocó un comité técnico y en ese comité técnico estaban todos, tanto representantes de los territorios, como los profesionales y expertos independientes. Se hizo un diagnóstico y una propuesta -la propuesta ya aludida de estrategia en salud mental del Sistema Nacional de Salud- con la que yo no pueda estar más de acuerdo. En definitiva, aquí, para nada, se habla todavía -seguramente, al final diré que haya que abordarlo- del tema de los tratamientos. Esto no es lo prioritario. Ahora tenemos que abordar el tema de los recursos, tenemos que ganar el terreno perdido.


Una vez hecho el documento, pero no mucho antes de que se presentarse al público -tiene fecha de 12 de diciembre de 2006-, asistimos al hecho de la reaparición de la regulación de los tratamientos no voluntarios en el proyeccto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, lo cual ha sido para todos una absoluta sorpresa -esto lo decimos todos- y causa de desconcierto, porque ya estaban las cosas pienso que consensuadas y bastante asumidas por todos. Los que tenemos que explicar esto no sabemos cómo aparece aquí, creo que es un hecho insólito, porque tenemos -y todos lo sabemos- paralizada la propuesta tan debatida y de la que ya sacamos las conclusiones en el año 2005. No sé si ha sido un despiste, pero tampoco pasa nada. Si se quiere arreglar, mi propuesta, lo que quiero transmitir a SS.SS. es la conveniencia de que volvamos a estadios anteriores. Esto no figuraba en el anteproyecto, no ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial, ha aparecido. Creo que es bueno que volvamos al consenso, que volvamos al documento de estrategia. Muy al principio del debate yo califiqué de inoportuna la propuesta de añadir un quinto párrafo al artículo 763, puesto que en Andalucía estábamos en el modelo del tratamiento asertivo, nos iba bien y esto me parecía que podía venir a desviar la atención. Hoy tengo que decir que la propuesta del año 2004, a través del Grupo Catalán (Convergència i Unió), ha sido muy buena, ha servido para crear un debate y ha servido para tener este documento de consenso sobre el que podemos trabajar y sobre el que tenemos un camino trazado. Esta es la tarea ahora. No digo que no haya que regular los tratamientos ambulatorios, digo que sería perturbador hacerlo; más allá de que el consenso creo que no existe, ahora hay que poner la prioridad en desarrollar estos servicios. Sé que corresponde hacerlo a las comunidades autónomas en la legislación que les compete, pero el hecho de desviar la atención, de reenviarlo al ámbito judicial en este momento me parece que no vendría a solucionar los problemas. Creo que se ha generado un interés, una presión sobre el sistema sanitario y que si los casos más complejos los derivamos

Página 30


al auxilio judicial, no estaríamos colocando la cuestión donde debe estar.


He dicho que voy a ser breve y termino ya con una consideración también al hilo de la libertad. Sé perfectamente las magníficas intenciones de quien hace la propuesta y que quieren que sea absolutamente nuclear para un grupo, pero el otro día oí a un psiquiatra -y creo que tenía razón- que decía que, tal y como vamos, todos somos susceptibles de ser encasillados ya en dos o tres diagnósticos psiquiátricos, porque realmente en este proceso de psiquiatrización de la vida cotidiana, no sé dónde vamos a llegar. Esto, que puede ser divertido, en algunos momentos lo puede ser menos e incluso dramático. Uno puede decir: yo no lo tengo, pero los psiquiatras dicen que no hay nadie que vaya al psiquiatra y que salga de allí sin un diagnóstico. Contra eso se puede luchar, contra el que te lo ponga no, pero contra el tratamiento sí porque el tratamiento es un ámbito de libertad. Hoy todavía se puede decir en cuestiones de salud: no, ahora no, o de esa otra manera. He visto esgrimir este tipo de razones en procedimientos muchas veces de custodia de niños: no puede ser custodio porque tiene esto; que se trate. He visto poner en autos que si se llegase a tratar tendría magníficos resultados y pudiese tener... He visto procedimientos de incapacitación por cuestiones de opinión: porque tiene esta pareja y no estoy de acuerdo, e incluso por haber ingresado en una orden religiosa. Sé que no es esto lo que está pensado, pero cuando damos facilidades y posibilidades, después se emplean a veces de una manera excesiva, y cuando tocan a la libertad hay que tener cuidado.


Creo que lo que ahora toca es dar verdadera prioridad a la cuestión de los medios. Como eslogan siempre digo que antes de acudir al ámbito judicial hay que agotar las iniciativas sociales y sanitarias, y en un momento posterior, cuando las cosas estén más maduras, con mucho cuidado, en la Ley de Autonomía del Paciente, podremos abordar el tema de los tratamientos ambulatorios, pero en este momento quizá lo prioritario sea poner todas las energías en cubrir los pasos, cubrir los objetivos que están diseñados en ese documento, que fue y es de consenso, y que se llama estrategia de salud mental para los próximos años.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señorías, les informo que haremos una distribución del documento y que por supuesto quedará a disposición de la Comisión.


El señor FISCAL DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CÓRDOBA. COORDINADOR DEL FORO ANDALUZ DEL BIENESTAR MENTAL (Santos Urbaneja): No es completo.


El señor PRESIDENTE: Efectivamente, como no es completo, lo tendrán simplemente a efectos de identificación, porque, lógicamente, luego los servicios de la Cámara conseguirán hacerse con todos los fondos documentales que mejoren la actividad legislativa.


¿Grupos parlamentarios que deseen intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña Los Verdes...
¿Está bien pronunciado ahora?

La señora NAVARRO CASILLAS: No. Si le soy sincera al presidente, lo cierto es que no, pero le agradezco el esfuerzo profundamente.


El señor PRESIDENTE: Es cooficial y tengo derecho a pronunciarlo así.


La señora NAVARRO CASILLAS: Como denominación, no, pero, en cualquier caso, no lleva delante el los: Los Verdes es otro partido político que, por cierto, a nivel estatal está con el PSOE y en las comunidades autónomas...


El señor PRESIDENTE: Con Izquierda Unida.


La señora NAVARRO CASILLAS: ... con mucha variedad.


El señor PRESIDENTE: Entonces, para que no haya problemas sobre la denominación: Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias por el esfuerzo, señor presidente y muchísimas gracias a Fernando Santos Urbaneja por su comparecencia hoy aquí y por su exposición rotundamente clara que nosotros compartimos en su totalidad. Efectivamente, entendemos que la solución está en la Ley General de Sanidad y en la estrategia de salud mental y por ello presentamos una enmienda de supresión a todo el título al que se ha hecho referencia respecto a la regulación de la autorización judicial.
Entendemos que son necesarios más medios, que la solución está en la sanidad, en los recursos y en la organización de los servicios, como se ha referido, y el objetivo debe ser que la salud mental deje de ser la cenicienta del sistema. Cada vez se oyen más estas voces, hay un reclamo, se ha llegado a acuerdos y lo que nos queda es el desarrollo. (El señor vicepresidente, Galache Cortés, ocupa la Presidencia.) Por tanto, sencillamente compartimos en su totalidad sus palabras y en mi grupo parlamentario trabajamos en esa línea.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Muchas gracias, doña Isaura.


Continuamos con el Grupo Parlamentario Vasco. Doña Margarita Uría tiene la palabra.


Página 31


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias también al fiscal Santos Urbaneja. Quiero manifestarle que la postura que mi grupo sostiene en la actualidad coincide básicamente con lo que por él se ha expresado desde esta tribuna. Si bien inicialmente tuvimos una postura favorable a que se pudiese tramitar la proposición, lo que alrededor de ella hemos ido averiguando nos ha llevado a una posición distinta. En primer lugar, también a mi grupo le parece muy sorprendente, y así lo tenemos explicado en la justificación de la enmienda que pensábamos presentar para la supresión de este capítulo del proyecto de ley, que del anteproyecto al proyecto resultase introducido el texto de estos artículos y que no haya sido objeto de informe por el Consejo General del Poder Judicial ni por el Consejo Fiscal. También nos parecía que quizá ha llegado el momento de dar mayor importancia a la normativa sanitaria en la materia, al margen de lo que podía ser judicialización sí o no, teniendo en cuenta tanto la Ley General de Sanidad -respecto a la cual siempre hay quejas de lo poco desarrollada que ha sido en cuanto a esta cuestión- como el artículo 9 de la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente, y sobre todo la estrategia de salud mental. Me corresponde en esta legislatura ser presidenta de la Comisión de Sanidad y, por tanto, tuve el enorme agrado de estar presente en el ministerio el día que se presentó, por cierto, de manera lujosísima, por el profesor Rojas Marcos. Las virtualidades que se arrojan ante todos estos instrumentos normativos en el ámbito de la sanidad pueden hacer que resulte prematuro intentar judicializar y que traiga más inconvenientes que beneficios un procedimiento del estilo que el proyecto de ley propone. Además, como también él ha manifestado, el asunto ahora pivota en los recursos, en si estos son bastantes o no y en si no se conseguirían también resultados parecidos con la instauración de programas de seguimiento intensivo, programa de tratamientos de casos, gestión de casos o lo que ahora se llama tratamientos asertivos comunitarios. En nombre del Grupo Socialista intervendrá quien es profesional de la medicina, además pertenece al grupo mayoritario en la Cámara y estoy convencida de que si por todos se hace el esfuerzo de proporcionar recursos bastantes, lo que pretendemos arreglar se puede hacer por vía distinta de la inclusión de un procedimiento judicializado, aunque solo sea a través de la jurisdicción voluntaria como el proyecto prevé.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Gracias, señora Uría.


Para igual turno, por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar, agradezco al señor Santos Urbaneja su comparecencia hoy aquí y le voy a plantear algunas cuestiones que preocupan a nuestro grupo parlamentario. Nuestro grupo fue el autor de la proposición de ley que ha generado tantos debates. Quiero constatar que el mero hecho de haberla presentado y de que se tomara en consideración ha sido positivo por el debate generado, pero evidentemente -hemos tenido la anterior comparecencia de representantes del Cermi y de Feafes- hay unos motivos. Cuando se presentó nuestra proposición de ley venía avalada por una petición y por un problema existente y hemos tenido ocasión de escucharles ahora aquí. Mi pregunta es: ¿por qué razón no debe atenderse a quienes nos solicitan que realicemos esa tarea normativa? Porque usted no ha negado la necesidad de la misma. Usted ha dicho que debería venir después. Quiero plantearle que efectivamente coincidimos en que debemos incrementar todos los esfuerzos en iniciativas y recursos sociosanitarios, cuantos más, mejor, y que trasladar el tema al ámbito sanitario es positivo. ¡Claro que sí! Claro que debemos buscar la anuencia de todos los profesionales, disponer los recursos sanitarios e implicar en esto al Ministerio de Sanidad. ¿Pero es incompatible o contradictorio con la regulación, en los casos en que realmente es necesaria, en casos angustiosos, como nos han dicho los anteriores comparecientes que viven de cerca este problema? Es que para esto hacen falta más recursos sanitarios. Sí, pero en aquellos supuestos en que sea realmente necesario, ¿no debe realizarse la regulación? Y si debe realizarse, ¿por qué debe demorarse? Esta es la pregunta que nos hacemos en Convergència i Unió. Lo trasladamos con la mejor de las intenciones, porque nos pedían -y quiero agradecérselo al Cermi y a Feafes- ese esfuerzo legislativo. Hubo unanimidad en su toma en consideración, pero nuestro grupo fue el primero en decir que no íbamos a imponer ninguna regulación a nadie: si esto no es de consenso, abramos comparecencias -y tuvimos ocasión de celebrarlas aquí-. Constatamos que se ha avanzado, cosa que puede verse incluso en esta documentación que se nos entrega de la propuesta de estrategia en salud mental del Sistema Nacional de Salud.
Esa estrategia es positiva y ha dado sus frutos, pero nos quedamos con esa sensación de no acabar de entender por qué razón no sería también compatible lo que se hace en ese ámbito global de la salud mental con lo que sería, en los casos en que fuera realmente necesario, esa regulación normativa, tal y como nos piden el Cermi y Feafes. En esa posición de preservar, en el sentido de buscar la solución de consenso, ya adelanto que no presentaremos enmiendas. Nos vamos a mantener en la posición de buscar ese consenso necesario. Al igual que en la proposición de ley no pedimos que se acelerera su tramitación -y era una proposición de ley tomada en consideración-, sino que fuimos los primeros en decir que si había voces discrepantes, abriésemos el diálogo y el debate -y el debate ha sido positivo-, no acabamos de entender por qué,

Página 32


si es necesaria esa regulación, debe demorarse a un momento futuro y no puede ser compatible con esa mayor atención en el ámbito sanitario.


Una vez más, muchas gracias por su comparecencia y por sus aportaciones ante la Comisión de Justicia.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Muchas gracias, señor Jané.


Por el Grupo Parlamentario Popular don Guillermo Mariscal tiene la palabra.


El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, señor presidente.


Gracias al señor Santos Urbaneja por su intervención y le garantizo que este grupo parlamentario tomará buena nota, con su lectura en el "Diario de Sesiones", de posibles iniciativas que podamos presentar en el plazo de enmiendas. Como esta es la última comparecencia respecto a este procedimiento legal, quería dejar constancia de que mi grupo entiende que había un consenso en el proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria basado en el Pacto de Estado por la justicia firmado en la anterior legislatura.
Por eso, nos sorprende enormemente que durante estas dos sesiones de comparecencias todos los sectores afectados -discapacidad, secretarios judiciales, notarios, registradores, fiscales, etcétera- hayan manifestado su incredulidad acerca de los cambios que han tenido lugar del anteproyecto al proyecto e incluso de que no se les haya consultado, como usted ha planteado, en el caso del informe del Consejo General del Poder Judicial referido a la discapacidad. Nosotros seguimos sin saber dónde está el responsable, y lo digo en el buen sentido, no es una crítica, sino que si algún responsable nos lo hubiera explicado, hubiéramos podido preguntarle el porqué de esta modificación legal. En cualquier caso, he de decir que todos los grupos parlamentarios, incluido el nuestro, esperamos acertar, puesto que coincido con su diagnosis: este es un procedimiento social enorme y, por supuesto, esperamos acertar en dar una respuesta a la sociedad sobre algo que la sociedad ha demandado ante un problema galopante, como usted y anteriormente también el vicepresidente del Cermi lo han calificado.


Usted ha dicho que hay que mejorar en el ámbito sanitario -en eso estaremos siempre todos de acuerdo-, en referencia a la atención a la salud mental, pero coincidiendo con el portavoz de Convergència i Unió quería saber en qué medida es incompatible que se aprovechara esta oportunidad -con la garantía de jueces y fiscales y de un procedimiento garantista como es este- para darle una posible solución a este problema.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Muchas gracias, señor Mariscal.


Cerramos el turno de intervenciones de los diferentes portavoces con el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra doña Pilar Grande.


La señora GRANDE PESQUERO: Muchas gracias, señor presidente.


Bienvenido de nuevo a esta Comisión, don Fernando. Para preparar la comparecencia de hoy me releí la que tuvo lugar hace dos años, en el mes de marzo de 2005, con motivo de la ya mencionada proposición de ley sobre modificación del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Lo primero que quiero hacer es agradecerle su trabajo, que se extiende a lo largo de más de 12 años, al frente o coordinando el Foro de bienestar mental andaluz, que reúne a profesionales no solamente del derecho, sino también de la psiquiatría, a enfermos y a familiares de enfermos, con lo cual nadie mejor que usted para iluminarnos sobre el asunto que nos trae hoy a la Comisión y concretamente sobre este punto de los tratamientos no voluntarios para enfermos mentales.


Decía antes que he repasado su comparecencia anterior y, escuchando la de hoy, me doy cuenta de que sigue usted sin ver la medida, pero que hay matices entre aquel momento y este. Eso es debido a lo que pasa con todo, que las cosas, como decía el señor Jané y como he comentado antes con los anteriores comparecientes, han cambiado y lo han hecho para mejor, primero y fundamentalmente porque este tema se ha debatido extensa y ampliamente por los interesados, juristas, profesionales de la sanidad, familiares, enfermos y legisladores, y, segundo, porque el Ministerio de Sanidad, que es el que competencialmente tiene la responsabilidad de coordinar con las comunidades autónomas la asistencia sanitaria -la salud mental es una parte de ella, una parte a veces excesivamente olvidada-, también se ha puesto las pilas y ha empezado a hacer su trabajo y hoy tenemos -lo he comentado antes y usted también lo ha dicho en su intervención- una estrategia de salud mental que abre unos caminos bastante adecuados y en la línea de lo que todos, tanto familiares como enfermos y profesionales, están pidiendo. Sinceramente, tengo que coincidir con la intervención de la representante del Partido Nacionalista Vasco, no porque sea la presidenta de la Comisión de Sanidad y yo su vicepresidenta, no por eso, que también, sino porque realmente es fundamental escuchar la opinión del Consejo General del Poder Judicial y del ministerio fiscal, que no han informado sobre esta medida. Me gustaría saber qué dicen los órganos que se encargan de coordinar y que tienen la responsabilidad de los jueces, que luego serán los que tengan que aplicar esta medida, venga en jurisdicción voluntaria o no.


Escuchándole, me ha recordado una frase que decía uno de los profesores de cirugía que yo tenía. Decía que la cirugía es la especialidad que al final se ocupa del fracaso de la medicina, esto es, cuando la medicina fracasa hay que aplicar la cirugía. Esta historia me hace pensar si nosotros estamos aplicando la cirugía en vez de la medicina, es decir, si estamos empezando la casa por el tejado, si es realmente necesario o no.
Aquí coincido

Página 33


también con el señor Jané y con el señor Mariscal, representante del Grupo Popular. Creo que en esta pregunta estamos todos de acuerdo y también me gustaría escuchar su opinión sobre si es necesario, o si lo cortés no quita lo valiente, legislar esta parte, aunque la estrategia de salud mental siga su camino.


De nuevo quiero agradecerle su comparecencia y su iluminación en esta parte, que espero nos ayude a conseguir el consenso suficiente para aprobar esta medida, que debe hacerse fundamentalmente por consenso de la inmensa mayoría, si no de la totalidad, de los grupos parlamentarios, pues no se entendería hacerlo de otra manera.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Gracias a usted, señora Grande.


Vamos a cerrar no solo la comparecencia, sino también la sesión de esta Comisión con la intervención final de don Fernando Santos Urbaneja, que podrá atender las peticiones concretas que se han hecho de información, así como contestar puntualmente a las preguntas que se le han formulado, que indiscutiblemente son de trascendencia y que, sin duda ninguna, serán de mucha utilidad para los diferentes portavoces y para esta Comisión.


Tiene la palabra, señor Santos Urbaneja.


El señor FISCAL DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CÓRDOBA Y COORDINADOR DEL FORO ANDALUZ DEL BIENESTAR MENTAL (Santos Urbaneja): Me ayuda mucho que prácticamente la pregunta que se me hace por parte de todos sea la misma.
Tengo que decir que algunas veces a los que nos hemos opuesto se nos ha acusado de insensibilidad con el problema. Tengo que rechazarlo. He pasado quince años recibiendo a gente en la fiscalía, me han enseñado mucho, no siempre he estado de acuerdo con ellos, pero desde luego el homenaje a ese inmenso dolor ha sido el no tener nunca horario. He estado a disposición de todos los familiares de enfermos mentales y de algún enfermo mental en concreto y he visto el dolor enorme de los familiares, que yo que veo a otros considero que no es equiparable, cualquier otro es menor; es el mayor dolor, lo cual nos ha puesto a todos en situación de buscar una solución. Hay que encontrar una solución, y en eso estamos.
Todos queremos mejorar esto, pero tenemos una diferencia de estrategia o de método. Sin duda, hay motivos para que llegara al Parlamento y para que Convergència i Unió lo trajese. La bondad de la medida es absoluta y gracias a ello tenemos hoy un horizonte nuevo, un horizonte bueno.


¿Por qué no es un instrumento más? Yo acudiría a la teoría de los efectos secundarios. ¿Qué ganamos y qué perdemos si ahora legislamos? ¿Nos damos cuenta de la cantidad de cosas que podemos perder? Acaso por arreglar unos casos concretos compliquemos y generemos otros muchos problemas. Yo suelo acordarme de una estadística que dice que en el 3 por ciento de los accidentes la muerte la causa el cinturón de seguridad. ¿Y por eso hay que plantear quitarlo? No. Hay un problema, pero hay que ver qué ganamos y qué perdemos. ¿Por qué estimo ahora que es perturbador aprobar una legislación específica? Por los efectos secundarios -esto es una opinión-, que supondría en un momento en el que tenemos este horizonte en el que hemos dejado de lado lo judicial devolverle la pelota. Hay un montón de sitios donde no hay ningún tipo de recursos, donde no hay tratamiento asertivo, donde no hay programas de apoyo familiar y en todos esos casos graves muchas veces se cae en la tentación de que el juez sirva de locomotora. Cayó en mis manos un documento médico que decía: este paciente lleva tres meses sin venir por el centro, por tanto, se le da el alta. Lo que la Ley General de Sanidad prevé para ese que no va es que hubiese en el medio una serie de recursos que son los que se establecen en la ley general y se desarrollan en el plan de estrategia.
Si eso se desarrolla bien, si eso se hace homogéneo, porque en algunos sitios funciona, pocos, estoy de acuerdo con mi compañero y querido amigo que habrá algunos casos en los que ni todo eso bastará y que sea legítimo acudir al juez. Pero es que si acudimos al juez cuando no tengamos los medios ni los recursos, el juez va a copar todo lo que le corresponde hacer al ámbito sanitario. Es un problema de estrategia, un problema de opinión. Como demos esa posibilidad, es como el gas, no van a sentirse un poco obligados. Sobre todo me preocupa el tema de acudir al juez en lo que después se dio en llamar la función terapéutica. Esto me preocupa, porque se ha venido a decir que el juez sería una parte del equipo al que se acudiría para que ejerciese esa persuasión que acaso le faltase. Esto se ha dicho. No, el juez tiene que ser juez. Yo creo que hay que ordenar las cosas, cuando tengamos capacidad de analizar esto cabalmente en el ámbito judicial, porque la realidad de los juzgados no permite analizar una cosa tan compleja como la capacidad para decidir por sí mismo. Si tuviésemos que tomar la tensión arterial o la temperatura o si es una cosa sencilla, podríamos abordarlo, pero ¿alguien se piensa que científicamente se puede abordar la valoración de la capacidad para decidir de un enfermo en una pequeña comparecencia? Esto servirá para llenar algún trámite, pero no es nada científico. Cuando haya una especialización, y ya estamos en camino, porque ya hay veintitrés juzgados en España que tienen una concentración que les llevará a la especialización, pero mientras tanto creo honestamente que no se puede mandar a los jueces que hagan esto, porque los supera. Yo haría lo siguiente. Tenemos ocasión de profundizar ahora mismo en los servicios, porque tenemos el documento, consideremos eso prioritario. La legislación que tenemos es suficiente; tan suficiente es que se está haciendo. La prueba del nueve -y tiene razón el Defensor del Pueblo- no hace falta, porque tenemos principios generales y se está haciendo y a nadie le han dicho que esté cometiendo una ilegalidad. Como estrategia:

Página 34


Dejemos eso como está. Donde se haga, porque tienen recursos, que se siga haciendo, pero donde no haya nada, el juez podría convertirse, no en el último recurso, sino en el único recurso; esta es la cuestión. La estrategia es que ahora, dada la tradicional derivación a lo judicial, no compete abrir por ahí nuevos flancos, sino, como tantas veces he dicho, apurar y que el ámbito sanitario haga los deberes, que lleva algunos lustros sin hacerlos. Esto respondiendo un poco a sus preguntas.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Muchísimas gracias por sus aclaraciones y por su intervención. Tengo la seguridad de que se tomará muy buena nota de sus afirmaciones y de sus razonamientos. Dando las gracias expresamente a los servicios de la Cámara, a todos los comparecientes y a los miembros de la prensa que han estado con nosotros, y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal