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BOCG. Senado, serie II, núm. 15-c, de 26/05/2005
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SENADO
VIII LEGISLATURA
Serie II: PROYECTOS DE LEY
26 de mayo de 2005

Núm. 15 (c)
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 18 Núm. exp. 121/000018)


PROYECTO DE LEY

621/000015 Por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.


PROPUESTAS DE VETO

621/000015

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las propuestas de veto presentadas al Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.


Palacio del Senado, 24 de mayo de 2005.--P. D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.


PROPUESTA DE VETO NÚM. 1 De don Jordi Casas y Bedós (GPCIU)

El Senador Jordi Casas i Bedós, de Unió Democràtica de Catalunya, al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.


JUSTIFICACIÓN

Desde el respeto a la libertad que ha de tener toda persona para escoger la opción de convivencia que estime oportuna, entendemos desde Unió Democràtica de Catalunya el matrimonio como la unión estable y comprometida entre un hombre y una mujer. Una institución fundamentada en la alteridad, la diferencia y la complementariedad entre la mujer y el hombre. Lo que le convierte en el ámbito más estable y comprometido de procreación, cuidado y educación.
El Consejo de Estado, en su Dictamen de 16 de diciembre de 2004 sobre el Anteproyecto de Ley concluye que, tanto desde la perspectiva jurídica, como desde la perspectiva cultural y civilizatoria, como desde el punto de vista de las concepciones sociales, se considera como uno de los elementos inherentes al matrimonio lo que se ha llamado el principio de heterosexualidad. Por ello, continúa señalando: «Puede apreciarse --también desde la perspectiva del Derecho Comparado-- la general concepción del matrimonio como una unión entre personas de distinto sexo, siendo muy pocos los casos en que la institución matrimonial ha quedado abierta a parejas homosexuales».
Son solamente dos los Estados que admiten por ley el matrimonio de personas del mismo sexo --a saber, Bélgica y Holanda--. Es decir, un 95% aproximadamente de los ciudadanos de la Unión Europea han hecho la opción democrática de no regular el matrimonio de personas del mismo sexo.
Sin embargo, sí se percibe una relativa extensión del reconocimiento de uniones civiles de parejas del mismo

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sexo, cuya regulación --también en cuanto a sus efectos-- encuentra un mayor o menor nivel de aproximación al matrimonio, aunque manteniéndose diferencias, sobre todo, en materia de filiación y adopción (convivencia o pareja registrada, en los países nórdicos, el Pacto Civil de Solidaridad, en Francia, la comunidad de vida, en Alemania).
El Proyecto de Ley del Gobierno no es una reforma institucional. Supone una alteración sustancial. «La apertura de la institución matrimonial a parejas del mismo sexo no supone una simple ampliación de la base subjetiva del matrimonio, reconociendo a las parejas del mismo sexo un derecho que no tienen constitucionalmente garantizado», sino que supone en expresión del Consejo de Estado una «alteración de la institución matrimonial», «un cambio especialmente profundo de dicha institución» y, en definitiva, «alterar los perfiles propios o los principios sobre los que se articula la institución matrimonial».
Nos encontramos, pues, no ante una reforma, sino ante una ruptura de la garantía institucional del matrimonio. He aquí el primer motivo fundamental de la propuesta de veto de Unió Democràtica de Catalunya: el reconocimiento legal y la atribución de efectos jurídicos a las uniones de personas del mismo sexo no requiere de las desnaturalización de la institución matrimonial.
No encontrarán en nuestra actitud ningún ánimo ni voluntad discriminatorios. También aquí la opinión del Consejo de Estado es coincidente con la de quienes presentamos esta propuesta de veto, cuando defiende que «un modelo distinto de convivencia en pareja demanda un distinto tratamiento jurídico, sin forzar la aplicación de normas previstas para un modelo diferente, con los problemas que ello puede acarrear».
Hay también una segunda motivación que nos lleva a presentar esta propuesta: la admisión --a través de la regulación del matrimonio de personas del mismo sexo-- de la posibilidad de adopción conjunta por éstas.
Establece el articulo 108 del Código Civil que «la filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción». Es decir, reproduce los efectos jurídicos, sociales y económicos de la filiación biológica. Todo niño o niña viene de un padre y de una madre, todo niño o niña tiene derecho a una familia constituida por un padre y una madre. Se trataría de reproducir el hábitat natural. O dicho de otro modo: la ecología humana.
Hay Estados, pocos, que admiten la adopción conjunta por parte de parejas homosexuales. Concretamente, Suecia y Holanda (aunque no a menores extranjeros), y con matices Inglaterra y Gales. En Dinamarca, sólo se admite la adopción del hijo/a del otro miembro de la pareja. El mismo Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en su Sentencia de 26 de febrero de 2002, reconoce que la adopción pretende dar una familia a un niño, y no el dar un niño a una familia.
Como exponíamos en nuestra enmienda a la totalidad en el Congreso, consecuentes con el modelo de familia que defendemos, consecuentes con el hecho de considerar al niño como verdadero sujeto de derecho en el proceso de adopción, y también porque consideramos la adopción como una institución que genera vínculos equivalentes a los de la filiación biológica, creemos que debe reservarse de adopción únicamente para las uniones estables --matrimoniales o no-- entre personas de diferente sexo, así como para las personas individuales, entendiendo en este último caso, como decíamos, que ni se excluye ni se sustituye la alteridad.
Concluimos como concluye el Consejo de Estado, cuando considera que la opción del Proyecto de Ley no es indispensable para el logro de sus objetivos y «suscita dudas de que sea desproporcionada en sentido estricto, a partir de una ponderación de los bienes, valores e intereses en juego y se aprecia un riesgo de afectación de la garantía institucional del matrimonio».
El Proyecto de Ley parte de una confusión grave. La cuestión es el reconocimiento de derechos y de efectos de las uniones homosexuales, no la eliminación de una inexistente discriminación vinculada a las instituciones del matrimonio y la adopción.


Palacio del Senado, 5 de mayo de 2005.--Jordi Casas i Bedós.


El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.


Palacio del Senado, 23 de mayo de 2005.--El Portavoz, Pío García-Escudero Márquez.


PROPUESTA DE VETO NÚM. 2 Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.


JUSTIFICACIÓN

El Grupo Parlamentario Popular, que ha presentado en el Congreso de los Diputados iniciativas legislativas para dar una regulación a la situación jurídica de las parejas formadas por personas del mismo sexo, no considera posible ni adecuado que la forma de plasmar dicha regulación sea su inclusión en la institución del matrimonio.
Así lo han manifestado también el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, que en su informe al Proyecto de Ley propone una regulación diferenciada al margen del matrimonio, no sólo por ser la opción

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que mayoritariamente se ha preferido en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno (Alemania, Francia, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, ...), sino, fundamentalmente, por entender que tendría mejor encaje en nuestro Ordenamiento y sería más adecuada para la consecución de los objetivos perseguidos por el Proyecto. Es sabido que en el mismo sentido se han manifestado otros numerosos organismos, como la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y la Asociación Española de Abogados de Familia.

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