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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 18-11, de 28/06/2005
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VIII LEGISLATURA
Serie A: PROYECTOS DE LEY
28 de junio de 2005

Núm. 18-11


VETO DEL SENADO

121/000018 Mediante mensaje motivado al Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del veto opuesto por el Senado al Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, acompañado de mensaje motivado.


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


El Senado ha deliberado, en su sesión del día 22 de junio de 2005, sobre el Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio y, en uso de las facultades que le confiere el artículo 90.2 de la Constitución, ha opuesto veto a dicho Proyecto de Ley, que se traslada con el correspondiente mensaje motivado.


Palacio del Senado, 22 de junio de 2005.-El Presidente del Senado, Francisco Javier Rojo García.-El Secretario Cuarto del Senado, José Manuel Barquero Vázquez.


Mensaje motivado

Desde el respeto a la libertad que ha de tener toda persona para escoger la opción de convivencia que estime oportuna, se entiende el matrimonio como la unión estable y comprometida entre un hombre y una mujer. Una institución fundamentada en la alteridad, la diferencia y la complementariedad entre la mujer y el hombre. Lo que le convierte en el ámbito más estable y comprometido de procreación, cuidado y educación.


El Consejo de Estado, en su Dictamen de 16 de diciembre de 2004 sobre el Anteproyecto de Ley, concluye que, tanto desde la perspectiva jurídica, como desde la perspectiva cultural y civilizadora, como desde el punto de vista de las concepciones sociales, se considera como uno de los elementos inherentes al matrimonio lo que se ha llamado el principio de heterosexualidad. Por ello, continúa señalando: "Puede apreciarse -también desde la perspectiva del Derecho Comparado- la general concepción del matrimonio como una unión entre personas de distinto sexo, siendo muy pocos los casos en que la institución matrimonial ha quedado abierta a parejas homosexuales".


Son solamente dos los Estados que admiten por ley el matrimonio de personas del mismo sexo -a saber, Bélgica y Holanda-. Es decir, un 95% aproximadamente de los ciudadanos de la Unión Europea han hecho la opción democrática de no regular el matrimonio de personas del mismo sexo.


Sin embargo, sí se percibe una relativa extensión del reconocimiento de uniones civiles de parejas del mismo sexo, cuya regulación -también en cuanto a sus efectos-- encuentra un mayor o menor nivel de aproximación al matrimonio, aunque manteniéndose diferencias, sobre todo, en materia de filiación y adopción (convivencia o pareja registrada, en los países nórdicos, el Pacto Civil de Solidaridad, en Francia, la comunidad de vida, en Alemania).


Página 40


El Proyecto de Ley del Gobierno no es una reforma institucional. Supone una alteración sustancial. "La apertura de la institución matrimonial a parejas del mismo sexo no supone una simple ampliación de la base subjetiva del matrimonio, reconociendo a las parejas del mismo sexo un derecho que no tienen constitucionalmente garantizado", sino que supone, en expresión del Consejo de Estado, una "alteración de la institución matrimonial", "un cambio especialmente profundo de dicha institución" y, en definitiva, "alterar los perfiles propios o los principios sobre los que se articula la institución matrimonial".


Nos encontramos, pues, no ante una reforma, sino ante una ruptura de la garantía institucional del matrimonio. He aquí el primer motivo fundamental de este veto: el reconocimiento legal y la atribución de efectos jurídicos a las uniones de personas del mismo sexo no requiere de la desnaturalización de la institución matrímonial, sin que haya en esta posición ningún ánimo ni voluntad discriminatorios. También aquí la opinión del Consejo de Estado es coincidente con la que sustenta este veto, cuando defiende que "un modelo distinto de convivencia en pareja demanda un distinto tratamiento jurídico, sin forzar la aplicación de normas previstas para un modelo diferente, con los problemas que ello puede acarrear".


Hay también una segunda motivación: la admisión -a través de la regulación del matrimonio de personas del mismo sexo- de la posibilidad de adopción conjunta por éstas.


Establece el artículo 108 del Código Civil que "la filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción". Es decir, reproduce los efectos jurídicos, sociales y económicos de la filiación biológica. Todo niño o niña viene de un padre y de una madre, todo niño o niña tiene derecho a una familia constituida por un padre y una madre. Se trataría de reproducir el hábitat natural. O dicho de otro modo: la ecología humana.


Hay Estados, pocos, que admiten la adopción conjunta por parte de parejas homosexuales. Concretamente, Suecia, Holanda (aunque no a menores extranjeros) y, con matices, Inglaterra y Gales. En Dinamarca, sólo se admite la adopción del hijo/a del otro miembro de la pareja. El mismo Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en su Sentencia de 26 de febrero de 2002, reconoce que la adopción pretende dar una familia a un niño, y no el dar un niño a una familia.


Por congruencia con el modelo de familia que se defiende, por congruencia con el hecho de considerar al niño como verdadero sujeto de derecho en el proceso de adopción, y también porque se considera la adopción como una institución que genera vínculos equivalentes a los de la filiación biológica, se estima que debe reservarse la adopción únicamente para las uniones estables -matrimoniales o no- entre personas de diferente sexo, así como para las personas individuales, entendiendo en este último caso que ni se excluye ni se sustituye la alteridad.


Se comparte pues la conclusión del Consejo de Estado, cuando considera que la opción del Proyecto de Ley no es indispensable para el logro de sus objetivos y "suscita dudas de que sea desproporcionada en sentido estricto, a partir de una ponderación de los bienes, valores e intereses en juego y se aprecia un riesgo de afectación de la garantía institucional del matrimonio".


El Proyecto de Ley parte de una confusión grave. La cuestión es el reconocimiento de derechos y de efectos de las uniones homosexuales, no la eliminación de una inexistente discriminación vinculada a las instituciones del matrimonio y la adopción.

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