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DS. Senado, Pleno, núm. 125, de 27/02/2003
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2003 VII Legislatura
Núm. 125
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LUCAS GIMENEZ
Sesión del Pleno
celebrada el jueves, 27 de febrero de 2003


ORDEN DEL DIA:

Tercero

Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados (Continuación):

--De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de Ley Orgánica para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III B, número 12, de fecha 24 de febrero de 2003). (Número de expediente S. 624/000011) (Número de expediente C.
D. 122/000248).


Cuarto

Toma en consideración de proposiciones de ley del Senado:

--Proposición de Ley sobre delimitación de los espacios marítimos de Canarias. (Autor: Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria).
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III A, número 21, de fecha 22 de febrero de 2003). (Número de expediente 622/000018).
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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas y cuarenta minutos.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación) (Página 7719)

De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de Ley Orgánica para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales (Página 7719)

El señor Agramunt Font de Mora, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


Se inicia el debate de totalidad.


El señor Quiroga Churruca consume un turno a favor. No se consumen turnos en contra ni de portavoces.


Comienza el debate del articulado.


La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 21. El señor Aurrekoetxea Bergara defiende las enmiendas números 27 a 34, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. Decaen las enmiendas números 35 a 40, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Florensa i Tomàs defiende las enmiendas números 42 a 45 y 47 a 49, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor García Miralles defiende la enmienda número 41, del Grupo Socialista. El señor González Pons consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y los señores Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Aurrekoetxea Bergara, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Molas i Batllori; por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Florensa i Tomàs, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Galán Pérez, por el Grupo Socialista, y Sanz Pérez, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 7 a 20, del Grupo Mixto, señora De Boneta y Piedra, por 5 votos a favor, 172 en contra y 4 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 27 a 34, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 5 votos a favor, 165 en contra y 12 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 42, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 12 votos a favor, 164 en contra y 6 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 43 a 45 y 47 a 49, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 11 votos a favor, 164 en contra y 7 abstenciones.


Se aprueban los artículos 1, 4 y 5 en lo que modifica los artículos de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General números 127, 127 bis, 133.4, 133.6, 134, nuevo apartado 5, 140, nueva letra b), 153, nuevo apartado 3, 175, nuevo apartado 5, 183, 193, nuevo apartado 5, 201, nuevo apartado 11, y 227, nuevo apartado 5, así como el artículo 6 en lo que modifica al artículo 61.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, por 177 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.


Se prueba el resto del dictamen por 181 votos a favor y 1 abstención.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales la proposición de ley.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Página 7739)

Proposición de Ley sobre delimitación de los espacios marítimos de Canarias (Autor: Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria) (Página 7739)

El señor Ríos Pérez defiende la toma en consideración. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Hernández Rodríguez, por el Grupo Mixto; Ríos Pérez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Molas i Batllori, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Saavedra Fajardo, por el Grupo Socialista, así como la señora Navarro de Paz, por el Grupo Popular. El señor Ríos Pérez interviene de nuevo en virtud del artículo 87.


Se aprueba la toma en consideración de la proposición de ley por asentimiento de la Cámara.


Se levanta la sesión a las trece horas y cincuenta y cinco minutos.


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Se reanuda la sesión a las nueve horas y cuarenta minutos.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Buenos días, señorías. Se reanuda al sesión.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación):

--DE LA COMISION CONSTITUCIONAL EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA PARA LA GARANTIA DE LA DEMOCRACIA EN LOS AYUNTAMIENTOS Y LA SEGURIDAD DE LOS CONCEJALES (S. 624/000011) (C. D. 122/000248).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Corresponde el debate en relación con la Proposición de ley orgánica de la Comisión Constitucional para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante que designó la comisión, en este caso el Presidente de la Comisión Constitucional, señor Agramunt.


El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, de acuerdo con el artículo 120 del Reglamento del Senado y del nombramiento de la Comisión Constitucional, vengo a presentar, en nombre de la misma, el dictamen recaído en la proposición de ley orgánica para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y de seguridad de los concejales, que entró en el Senado el 26 del diciembre de 2002, cuyo plazo prorrogado de enmiendas finalizó el 13 de febrero de 2003.
Las enmiendas presentadas han sido 49; de la 1 a la 21, de la senadora De Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto; de la 22 a 26, del senador Quintana González, también del Grupo Parlamentario Mixto; de la 27 a 34, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; de la 35 a 40, de los senadores Bonet i Revés y Cid Pañella, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; la número 41, del Grupo Parlamentario Socialista, y de la 42 a 49, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El Informe de la ponencia, aprobado el 18 de febrero, mantuvo el texto del Congreso y otro tanto ha hecho el dictamen de la Comisión Constitucional aprobado el pasado 20 de febrero, siendo retirada en comisión por el representante del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió la enmienda número 46.
Señor presidente, señorías, éstas son los precedentes del dictamen que tengo el honor de presentar ante el Pleno de la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente; señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Agramunt.
Damos comienzo al debate de totalidad. En primer lugar, en turno a favor, tiene la palabra el senador Quiroga.


El señor QUIROGA CHURRUCA: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Intervengo en el turno a favor de esta proposición de ley orgánica desde un punto de vista testimonial, entendiendo como tal el de una persona, un cargo electo, que ha sufrido el insulto, incluso el ataque a su domicilio, en varias ocasiones.
Señorías, mi testimonio hoy es el de una persona que tiene sus ideas, que piensa, que dice lo que piensa y que por encima de todo quiere seguir pensando y diciendo lo que piensa.
Es el testimonio en primera persona de los que, en la mal denominada tregua de ETA, teníamos que oír por las calles cómo nos gritaban los de siempre: ése de ahí tortura y asesina.
Mi testimonio es también el de una persona que ha asistido desde el año 1977 a demasiados funerales --uno hubiera sido demasiado-- por víctimas mortales de ETA, obviamente alguno de ellos de compañeros de partido.
Mi testimonio es el de una persona que aun recuerda, y recordará siempre, el activismo por la libertad de Joseba Pagazaurtundua o que hace tan sólo unos días, concretamente el domingo, asistía en el cementerio donostiarra de Polloe al decimonoveno aniversario del asesinato del senado socialista Enrique Casas.
Mi testimonio, en fin, es el de una persona que tiene amigos, que tiene compañeros, concejales, que, si me lo permiten, les voy a relatar brevísimamente cómo viven.
Unos ven cómo su compañero de partido es asesinado, cómo su compañero de escaño en un ayuntamiento es asesinado, y cómo otros no pueden cubrir las vacantes de la lista electoral, sin duda por el miedo, y el miedo es libre, y por ello se tiene que formar una gestora --pongamos que estoy hablando de Zumárraga--; otros tienen que trabajar en el campo, que es su oficio, conduciendo un tractor, con dos escoltas detrás --pongamos que hablo de La Rioja Alavesa--. Otras, tienen que dedicarse también a lo que es su trabajo: limpiar bares, cafeterías y establecimientos, en general, a primeras horas de la mañana bajo la atenta mirada de dos escoltas --pongamos que hablo de Rentería.
En fin, señorías, los ejemplos podrían continuar, pero les ruego que hoy me permitan aportar un campo de visión distinto del problema en el País Vasco. Es el campo de visión de los niños, de esos niños que no entienden muy bien lo que está pasando, pero que en cualquier caso no les parece normal. Además de la lógica preocupación que siento por su formación, esa formación que debería ser en libertad y no lo es, permítanme relatarles lo que piensan, lo que dicen o lo que comentan porque algunos de ellos, muchos de ellos son hijos de concejales constitucionalistas en el País Vasco: «Aita», ¿por qué miras debajo del coche? Es una de las preguntas que más suelen hacer los niños cuando ven que su padre, su «aita», toma determinadas precauciones antes de llevarles al colegio o al cine o a

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donde sus señorías prefieran. Estos niños no entienden que su padre tenga que hacer cosas que otros padres no hacen y seguramente en muchos casos su padre es concejal, pero en otros casos ni es un dirigente político, sino que es simplemente una persona, una persona de la calle comprometida con unas ideas o que posee esa extraordinaria virtud de sentir pasión por la libertad.
De verdad, señorías, ¿a ustedes les parece normal que haya víctimas del terrorismo, víctimas mortales, y que además haya otras víctimas por la libertad? ¿De verdad creen que es posible construir un País Vasco en el que muchos niños se hacen estas preguntas a diario, estas preguntas a las que me estoy refiriendo? En definitiva, señorías, nos están obligando a vivir con miedo y no sólo eso, sino que a los futuros activos del País Vasco, a esos también se les está obligando a crecer con miedo, y ese es un peligro que algunos no miden. ¿O es que estamos condenados a vivir de esta manera para toda la eternidad? Pues bien, señorías, me niego a creerlo, no lo acepto, me rebelo contra ello y les pido que hoy , mediante esta proposición de ley se rebelen ustedes también contra ello.
¿Por qué los amigos de la «ama» son tan callados? La «ama» en euskera es la madre. Pues no se lo van a creer, pero esta pregunta la he oído varias veces, doy fe de ello, la hacen los niños cuando van a pasear, cuando van al parque a montar en bicicleta, cuando van con sus padres, sus «aitas», de merienda y llevan detrás unos escoltas a los que ellos llaman los amigos de la «ama», que cumplen lo mejor que pueden con su función y que por norma general hablan más bien poco. Cuando esos niños crezcan, va a ser muy difícil explicarles cuál es la función de los amigos de la «ama», por qué unos llevan escolta y otros no la llevan. A esos niños habrá que explicarles términos como justicia e injusticia, conformismo e inconformismo, libertad y opresión.
Pero lo más importante, a mi juicio, será relatarles con sinceridad y sin apasionamiento que a lo largo de la historia muchas personas han tenido que sacrificarse y se sacrifican simplemente porque querían la libertad para ellos o porque querían la libertad para un colectivo oprimido. Lo más difícil será intentar explicarles por qué no todos viven así y cuando sean un poco mayores comprenderán, estoy convencido de ello, que lo que para unos es normal a unos pocos kilómetros de distancia del País Vasco, allí en Euskadi, para unos es normal y para otros es simplemente un anhelo. Y también esto, señorías, me niego a aceptarlo, me rebelo contra ello y les pido que hoy en esta Cámara se rebelen contra ello.
Son malos, pintan las paredes. Cuando al salir de tu casa o al pasar por algunas calles los niños ven pintadas con dianas, con siglas o con nombres dentro no aciertan a comprender muy bien qué significa eso, pero desde luego no se muestran contentos, no comprenden por qué además esas pintadas aparecen en los portales de las casas de sus «aitas», de sus padres (Rumores.--Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Silencio!) y no aparecen en las casas de los padres de sus compañeros de colegio o de ikastola. Algún día habrá que explicarles, señorías, que aquí, en el País Vasco, en este rincón de Europa y, como a mí me gusta decir, en pleno siglo XXI se marca a las personas como se marcaba a las personas en la Alemania de Hitler, en los días más oscuros que vivió Europa. Pero más difícil aún será explicarles que las pintadas, las amenazas y los escoltas son el fruto de la manera de actuar de unos pocos --porque son una minoría--, pero son asimismo el fruto de la ceguera y de la sordera de otros que, como dice un amigo mío, no se mojan ni siquiera en la ducha. Y es que los dirigentes nacionalistas del País Vasco no se mojan ni siquiera en la ducha. También me niego a aceptar esto, señorías; también me rebelo contra ello, y también les pido que se rebelen ustedes contra ello.
«Aita», ¿por qué vas a tantas manifestaciones? La contestación a esta pregunta es sencilla: por dignidad. Pero a un niño de pocos años habrá que explicarle muy bien lo que significa la palabra dignidad o se quedará sin entenderlo. O lo que es peor aún, entenderá que unas personas son dignas y que otras no lo son. Y, evidentemente, aquí somos todos dignos o debemos serlo. Yo les diría a esos niños, y se lo digo de hecho, que en el País Vasco tenemos un problema pero que no es un problema político sino de que unos odian a otros, de que unos matan a otros que sólo se defienden con la palabra. Que unos asesinan siempre que pueden y otros mueren asesinados. Esto lo van a entender a duras penas, pero más les va a costar entender que dentro del capítulo de los que no matan unos viven mejor y otros viven peor. Es decir, unos son libres de decir lo que piensan y otros no. Unos pueden decirlo y otros no. Unos piensan que hay que ser solidarios con los que sufren y otros pensamos que la solidaridad está muy bien pero que no basta con eso, que lo importante es que no haya nadie que sufra y que, por tanto, hay que poner los medios para ello.
Habrá que hacer comprender a los niños el sentido de la palabra patria y de esas marcas punteadas que figuran en los mapas y que separan los territorios unos de otros, y habrá que explicarles que esas marcas cada día son menos importantes, que lo más importante es el humanismo, que lo más importante es el hombre y que lo más importante es la dignidad del hombre. Claro está que para cuando puedan comprender esto serán ya menos niños, serán más mayores, pero tendremos la seguridad de que habrán sido educados en libertad y en la verdad. Y sólo así, señorías, conseguiremos un futuro más libre, más justo y más digno.
Hasta entonces, permítanme decirles que la responsabilidad es de nosotros los mayores; es una responsabilidad de hoy y de mañana. Por eso les pido, señorías, que no se queden quietos ante las nuevas formas de esclavitud en el País Vasco, porque, se lo aseguro, existen. Por eso solicito su voto favorable a esta proposición de ley orgánica.
Muchas gracias, señor presidente. (Fuertes y prolongados aplausos.--Los señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular aplauden puestos en pie.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Quiroga.
¿Desea algún señor senador hacer uso del turno en contra? (Pausa.) ¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso del turno de portavoces? (Pausa.)

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Pasamos, pues, al debate del articulado. En primer lugar, enmiendas números 1 a 21 originariamente presentadas por la senadora De Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa tiene la palabra la senadora De Boneta.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor presidente, señorías, y muy especialmente gracias a usted, senador Quiroga.
Debo decir en primer lugar que no he utilizado ninguno de los turnos de que podría haber hecho uso por economía parlamentaria.
Debo decir que me conmueven y estoy de acuerdo con el contenido moral de las palabras del senador Quiroga, que sabe que siempre ha tenido mi solidaridad y que, efectivamente, ha sido objeto de repetidos ataque en sus propiedades y, afortunadamente, no ha sido afectado directamente en su integridad física. No obstante, sabe que tiene mi solidaridad en todos los casos.
Debo decir en este sentido que, efectivamente, la situación del País Vasco en lo que se refiere a la adopción de medidas de seguridad necesarias no sólo para los concejales sino para políticos y otras personas afectadas, repercuten también en esos niños de los que se ha preocupado el señor Quiroga y en general en todas las personas del entorno.
Dicho esto, que me parece de justicia y más en una senadora de Eusko Alkartasuna, representante del Parlamento Vasco, tengo que añadir que comparto absolutamente todos los planteamientos que se están haciendo para mejorar la seguridad, insisto, no sólo de los concejales sino de todas aquellas personas que tienen mayor peligro de sufrir cualquier tipo de atentado, aunque nunca se sabe dónde está el peligro ni para quién.
Compartiendo todas esas medidas, no estamos de acuerdo con algunas de las cuestiones que se plantean en esta proposición de ley, por discrepar de que las recetas que ofrecen para solucionar o para paliar algunos problemas sean las adecuadas para producir el efecto pretendido. Estando de acuerdo en todas aquellas cuestiones que hacen referencia a la seguridad, no lo estamos, por coherencia con nuestra actitud ante la ley de partidos políticos, con aquellas modificaciones que hacen referencia y que traen causa de dicha ley.
Ha sido suficientemente explicada nuestra posición en relación a la Ley sobre Financiación de los Partidos Políticos o sobre algunas modificaciones de la Ley Electoral General. Entendemos que estas medidas no son las más adecuadas para producir el efecto que se desea y sí crean una situación que puede afectar a la libertad o incluso puede dar una sensación de excesiva --tengan en cuenta el matiz-- excepcionalidad.
Por eso hemos presentado estas 20 enmiendas, que ya fueron planteadas en el Congreso de los Diputados, aunque algunas cosas se han modificado.
Teniendo en cuenta que en su paso por el Congreso la proposición sufrió algunas modificaciones que consideramos buenas y aceptables, tenemos que decir que algunas de nuestras enmiendas van dirigidas, en primer lugar, a mejorar o clarificar desde el punto de vista técnico algunos aspectos de la ley. Un segundo grupo de enmiendas plantean la supresión de determinados puntos, y otras piden la supresión de determinadas modificaciones. Todas estas enmiendas van encaminadas a mantener nuestra filosofía y democráticamente pueden plantearse, puesto que discrepar acerca de cómo debe atajarse un mal va en la propia filosofía y en la propia forma de ver la vida de las distintas opciones políticas. Insisto en que hay otras, como las números 2 y 3, que tratan de modificar desde el punto de vista técnico la proposición.
Por último, hay una enmienda que hace referencia a la tercera parte de nuestra exposición y que no hemos podido incluir porque no venía al caso o no se podían introducir algunas cuestiones que deberían haber sido objeto de tratamiento en esta ley y, sin embargo, no se han tenido en cuenta. En las reuniones celebradas en la comunidad autónoma vasca, en la llamada Mesa de Arkaute --en la que participan todos los grupos políticos salvo el Partido Popular--, se han adoptado algunas medidas que creemos que son buenas, sobre todo para aplicarlas «in situ» en el País Vasco que es donde más directamente se puede padecer esta violencia, sin perjuicio de que --como alguien recordaba ayer-- se haya sufrido en muchas comunidades autónomas, en muchos territorios del Estado. Por lo tanto creemos que deberían haberse incorporado algunas cuestiones y que sobre todo --y hago referencia a la enmienda número 21-- se debería haber tenido en cuenta el planteamiento de la Mesa de Arkaute, en el que coincidían todos los grupos políticos presentes, relativo a la necesidad de aumentar la dotación de la «Ertzantza» y el número de «ertzainas» por lo menos en 200 nuevos funcionarios, precisamente para cubrir flancos que no están suficientemente cubiertos por falta de efectivos o que deberían cubrirse con mayor celeridad.
Mi compañera Lasagabaster, en el Congreso de los Diputados, hablaba de una serie de sugerencias y a mí me parece bueno reiterarlas aquí porque a lo mejor se pueden plantear en otro momento y ser objeto de un consenso posterior por parte de todos los grupos políticos. Por ejemplo, no se atiende a la reforma de los registros de la Propiedad y el Mercantil, o a la publicidad de datos tributarios y actividades y bienes de los miembros de las corporaciones locales para aumentar su seguridad y también la de otras personas. Parece necesario por lo menos estudiar el tema de una forma global y no solamente referido a determinados estamentos, porque precisamente en esas fuentes --que son públicas y que deben ser públicas en una sociedad democrática-- es donde hallan a veces los datos necesarios para atentar contra los bienes, incluso contra las personas, por constar referencias a propiedades concretas, como puede ser una segunda vivienda que no es conocida, de un determinado político o de una determinada persona del País Vasco.
Estas cuestiones no han sido contempladas, espero que sean objeto de posterior consenso y quiero anunciar aquí que estamos de acuerdo con la mayor parte del articulado. Si se vota en conjunto deberemos abstenernos precisamente por ese planteamiento filosófico que nosotros tenemos

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en relación con lo que aquí se ha recogido de la ley de partidos políticos, pero si se vota separadamente votaremos a favor de todo menos de aquello que hace referencia a las enmiendas que hemos presentado en esos grandes grupos a los que me he referido: partidos políticos, modificaciones de la legislación electoral que nos parece que no son oportunas o que nos parece que no van a servir al fin que se plantea en esta ley, etcétera. Insisto en nuestro acuerdo en todo aquello que se refiere a la seguridad no sólo para los concejales, sino para todas las personas y bienes en el País Vasco, sean políticos o no, atendiendo especialmente a aquellos que la desgraciada experiencia nos indica que pueden tener mayor peligro personal en sus bienes y en su entorno familiar y social.
Nada más, señorías, y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora De Boneta.
A continuación, pasamos a las enmiendas números 27 a 34 presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Para su defensa, tiene la palabra el senador Aurrekoetxea.


El señor AURREKOETXEA BERGARA: Gracias, señor presidente.
Señorías, «egun on denori». Como hemos manifestado ya en comisión, entendemos que este proyecto, además de las medidas vinculadas con la seguridad de los concejales que cuentan con nuestra total adhesión, contiene otras cuya vinculación con dicha seguridad es más que cuestionable o nula. Por ello, hemos mantenido una serie de enmiendas en aras a situar la cuestión en sus justos términos, a nuestro entender, y con el ánimo no sólo --como se nos supone-- de realizar el trabajo que tenemos encomendado de segunda lectura sino también para buscar el acuerdo y la negociación, así como profundizar en el consenso, ampliándolo si cabe sobre toda la proposición, en una cuestión, como ya hemos mencionado, que nos afecta a todos, necesaria para continuar con el trabajo que comenzamos y que tan buenos resultados obtuvo en la Mesa de Arkaute entre los partidos que en ella participamos.
Evidentemente, para conseguir resultados hay que sentarse a hablar, discutir, dialogar y, si es posible, llegar a un acuerdo y en el caso de las enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario no ha sido posible.
Para ser justo tengo que decir que no tenía muchas ilusiones al respecto, ya que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, nos guste o no, anunció que deseaba finalizar el trámite en esta Cámara, cuya claridad agradecemos, aunque consideramos que no es un buen procedimiento para el funcionamiento de esta Cámara y de su autoestima, pero es así y debo reconocerlo.
Por ello, intentaré concretar mi defensa de las enmiendas y voy a resumirlas en dos, que son las objeciones básicas, el leit motiv de las mismas, aunque afecten a distintos preceptos encuadrados en diferentes normas legales. Por un lado, lo que hace referencia al régimen de financiación de los partidos políticos y, por otro, las previsiones vinculadas a la disolución de las corporaciones locales.
En cuanto al régimen de financiación de los partidos políticos son varias las discrepancias: en primer lugar, en coherencia con nuestra posición en la ley de partidos políticos, una norma que, como todos ustedes conocen, contó con nuestro rechazo, fundamentalmente su artículo 9 que, como hemos denunciado, consideramos que está redactado en términos tan imprecisos que a todo lo que se le relacione le aseguramos una vida conflictiva ya que, a nuestro entender, está llamado a ser una fuente de conflicto permanente.
En segundo lugar, no aprobamos que la norma establezca regímenes de financiación distintos para partidos igualmente legales, apoyándose en motivos vinculados a su identidad ideológica o a su actividad política; además, la modificación del artículo 4 de la ley de financiación y el artículo 127 de la LOREG privan de toda la financiación pública, afecta a todos los recursos y a los partidos políticos que en principio son legales, ya que no se dan las circunstancias --como afirma el texto-- de gravedad y reiteración que en teoría provocarían el procedimiento para su ilegalización, pero que se verán afectados por una medida limitativa de derechos.
Así, algo tan básico para el normal funcionamiento de una formación política que recordemos es legal, como es la financiación pública en una democracia, se vería afectada y ¿quién en nuestra sociedad puede desenvolverse si no cuenta con dinero ni capacidad económica para realizar sus trabajos? En nuestra opinión, afectaría --así lo planteamos-- al principio de igualdad, incluso al propio régimen de asociación y todo ello unido a algo tan impreciso como el artículo 9 de la ley de partidos y a tenor de la interpretación políticamente correcta del momento, lo que consideramos de una gran inseguridad y podríamos citar algunos ejemplos prácticos, como ya hicimos en el Congreso, para avalar este planteamiento, pues evidentemente algunas horas le hemos dedicado y alguna casuística hemos podido presentar a este respecto.
Además, sólo la sospecha de que se pudieran plantear estas situaciones de inseguridad al albur de interpretaciones y criterios arbitrarios o libres en una materia que afecta al ejercicio de derechos fundamentales no nos parece bueno para los fines que queremos preservar.
Por otro lado, la exigencia del rechazo público de los fines y medios utilizados en el artículo 127.4 y otros, puede vulnerar la libertad ideológica, el derecho de asociación y algún otro, ya que el interesado habría de rechazar públicamente no ya el hecho violento utilizado sino también el fin y sólo tenemos que leer el artículo 472 del Código Penal al configurar el delito de rebelión y su referencia a los fines para darnos cuenta de que éstos son legítimos en sí mismos: pretensión de modificar total o parcialmente la Constitución, etcétera, y lo que los hace ilegítimos y es el medio o la actuación violenta a través de los cuales se intenta imponer. Por tanto, entendemos que esta exigencia iría más allá de lo que se puede plantear.
Otra cuestión es la previa justificación de la adquisición por parte de los candidatos electos de la condición plena de miembros de la cámara o corporación para la que hayan

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sido elegidos y del ejercicio efectivo del cargo, lo que condicionaría el devengo y el pago de las subvenciones.
A nadie se le escapan las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo entre 1990 y 2000 --siete, en concreto--en relación con las reclamaciones de subvención formuladas en su día por Batasuna. La aprobación de la LOREG vino a sentar la tesis de que los gastos electorales no pueden quedar subordinados a la plena adquisición por el candidato electo de la condición de miembro de la cámara o corporación para que la que hubiera sido elegido, gastos en los que, además, en ese momento todos concurrimos por igual. Por tanto, son gastos asumidos por todos, independientemente de que posteriormente unos adquieran esa condición plena y otros no. A pesar de su rango de ley orgánica, estas previsiones fueron modificadas por la disposición adicional vigesimotercera de la ley ordinaria de acompañamiento correspondiente a 2002. Y aunque esta reforma pudiera ser llamativa, ya que operaba aun cuando el devengo derive de su reconocimiento por sentencia judicial firme, entendemos que con el precepto que se incluye en este proyecto de ley orgánica se pretende cambiar el régimen previsto de la LOREG con objeto de hacer legal lo que hasta ahora el Tribunal Supremo había considerado ilegal. Pero en nuestra opinión eso no puede hacerse sin vulnerar de alguna manera la Constitución. Sólo en un caso podríamos considerar lícita esta sanción: en el supuesto de que el objeto de la financiación fuera cubrir los gastos que genera la propia actividad institucional, de la que se excluyen las formaciones políticas que no van a desempeñar efectivamente esos cargos, pero no los correspondientes a toda la financiación pública y, sobre todo, no la derivada de los propios gastos electorales, los cuales, como ya he dicho, son previos.
Otro soporte a nuestra argumentación la encontramos en la sentencia del Tribunal Constitucional de febrero de 1985 sobre los sindicatos más representativos y los que no lo son, sentencia que, como todos ustedes saben, declaró esa disposición contraria a la Constitución por ser contraria precisamente al principio de igualdad en el que nos basamos.
Una cuestión recurrente, a la que ya hacíamos mención en el debate de la propia ley de partidos, es la equiparación constante entre partidos políticos y grupos políticos. Sobre este asunto se ha producido una amplísima jurisprudencia en la que no voy a insistir. En cualquier caso, consideramos que el planteamiento que se propone es erróneo, y mientras siga proponiéndose seguiremos recordando que en nuestra opinión no es acorde con la jurisprudencia ya establecida.
Para finalizar, y en lo que a la disolución de las corporaciones locales se refiere, queremos mantener la coherencia con lo que ya manifestamos durante el debate de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Como ya se recordó en comisión, casi todos los grupos han mantenido diferentes posiciones sobre este asunto a lo largo del tiempo. Algunos las han variado, algo que nos parece completamente legítimo; pero, como digo, nosotros queremos ser coherentes, por lo que mantenemos nuestra posición de defensa de la autonomía local, sin recordar ahora lo que cada uno dijo o dejó de decir en su momento. En cualquier caso, repito que es tan lícito cambiar de postura como el intentar mantener la adoptada si se considera que las condiciones no han variado.
En aquel tiempo nuestra posición fue contraria a la posibilidad de que una decisión gubernativa adoptada por el consejo de ministros a través de un real decreto pudiera llevar a la disolución de una corporación local.
Todos lo recordarán. Como también saben, en1981 una sentencia del Tribunal Constitucional tomó como base la doctrina de los intereses respectivos y declaró que esa posibilidad no era inconstitucional. Y a partir de entonces cada uno ha ido fijando sus posiciones a lo largo del tiempo, y también en función de cómo le haya ido en las diferentes etapas electorales que se han vivido.
La discusión podría encontrarse ahora en si los supuestos recogidos en la reforma son o no de interés general en el sentido en que se utiliza este término, precisamente atendiendo a la sentencia sobre la doctrina de los intereses respectivos. Pero lo que en realidad está en juego, y nosotros al menos defendemos, son las posiciones en torno al alcance y los contenidos de la propia autonomía local. Y repito que queremos mantener nuestra posición de 1985 por considerar que todavía está vigente.
Otras serían nuestras discrepancias, como he dicho al principio, que se podrían resumir en dos: el régimen de financiación y las previsiones vinculadas a la disolución de las corporaciones locales, subrayando una vez más que hay un consenso pleno en todo lo que se refiere a las medidas orientadas a salvaguardar la seguridad de los electos en las corporaciones locales, y reiterando que seguimos abiertos a todo tipo de acuerdo, de negociación, sobre nuestras enmiendas o sobre otros planteamientos que se nos quieran hacer.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Pasamos a la defensa de las enmiendas números 35 a 40, originariamente presentadas por el senador Bonet i Revès y la senadora Cid Pañella, del Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés.
¿Quién va a intervenir en su defensa? (Pausa.) No se defienden estas enmiendas, y por tanto decaen las enmiendas números 35 a 40.
Pasamos a la defensa de las enmiendas números 42 a 45 y 47 a 49, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Para su defensa tiene la palabra el senador Florensa.


El señor FLORENSA I TOMËS: Muchas gracias, señor presidente.
Llegamos a este trámite parlamentario con el mantenimiento de siete enmiendas vivas a esta proposición de ley, cuyo fundamento debemos encontrarlo --como no puede ser de otra manera y como se explicará a continuación-- en la preservación, en la defensa, en el respeto a las competencias de las comunidades autónomas, en especial de la Generalitat de Cataluña.


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Estas enmiendas versan sobre los artículos 5 y 6 de esta proposición de ley, es decir, en torno a las modificaciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local. No realizaré una defensa pormenorizada de las mismas, ya que tuve ocasión de hacerlo en comisión. Sin embargo, sí quisiera hacer una serie de reflexiones, formalmente de carácter jurídico, en torno a las enmiendas que presentamos y su razón de ser.
Por lo que se refiere a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, a su modificación, nuestras enmiendas giran en torno al artículo 183, que habla de las consecuencias de la disolución de las corporaciones locales.
La reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, desde nuestro punto de vista, provoca dudas, desde la perspectiva de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas que, como Cataluña, han asumido competencias en materia de régimen local. Podríamos aducir dos razones, dos argumentos sobre los cuales basarse para reivindicar en este trámite un margen más amplio de actuación de la Generalitat, y por extensión de las comunidades autónomas que han asumido competencias en materia de régimen local, en el ámbito de este régimen electoral local. En primer lugar, la propia jurisprudencia constitucional. La jurisprudencia constitucional nos tiene dicho que hay que interpretar restrictivamente el campo de las leyes orgánicas, el campo reservado a la ley orgánica. Lo ha dicho claramente en el ámbito del desarrollo de los derechos fundamentales, hablando de que sólo se permite el desarrollo directo del Derecho. Se trata pues de evitar la petrificación del ordenamiento jurídico, la congelación de rango, para que, con posterioridad a esa regulación, las comunidades autónomas puedan intervenir en el ámbito de su competencia. Pues bien, este criterio de interpretación restrictiva que nos ofrece la jurisprudencia constitucional, en el ámbito del desarrollo de los derechos fundamentales, creemos que es plenamente extrapolable al ámbito de otras materias reservadas a la ley orgánica, como es la de régimen electoral.
Un segundo argumento sería que las comunidades autónomas como la catalana han asumido competencias en materia de régimen local. Desde esta perspectiva, creemos que la regulación mediante ley orgánica nunca debería desvirtuar el título competencial autonómico, sino que precisamente sería este título competencial autónomico el que debería modular el alcance de la ley orgánica, en este caso electoral. También el Tribunal Constitucional se ha pronunciado de este modo al tratar de la distribución competencial en otras materias como, por ejemplo, sobre educación.
Pues bien, desde nuestro punto de vista, esta proposición de ley recorta todavía más la capacidad de intervención de la Generalitat en el ámbito del régimen electoral local. Por ejemplo, se incluye una regulación de detalle que impide la intervención autonómica. Este es el motivo que justifica nuestra enmienda número 47, cuando se solicita que no tengan carácter orgánico ni de norma básica algunos de los preceptos de esta proposición. Ese detalle en el que se entra en la proposición, en ningún caso es atribuible a materia orgánica. No creemos que el número de suplentes sea materia orgánica; no creemos que la intervención extraterritorial del interventor sea materia orgánica o que el voto del interventor extraterritorial del artículo 79.1 sea materia orgánica o básica; ni tampoco el número de hecho de miembros elegidos de la corporación.
En definitiva, incluyendo esa regulación de detalle, lo que se impide es la intervención legislativa o ejecutiva de las comunidades autónomas y se arroja a estas comunidades a una situación de mera espectadora pasiva, resignada a contemplar cómo se fosilizan una vez más sus competencias en materia local electoral.
Hay otro ejemplo que para nosotros manifiesta este recorte de la capacidad de intervención de la Generalitat o de las comunidades autónomas por extensión. Se trata de las atribuciones a las diputaciones provinciales. Sabemos que esta proposición de ley no es una novedad, pero para nosotros su presencia sigue siendo perturbadora. No voy a esconder a sus señorías que nuestra fuerza política es refractaria a la propia esencia de las diputaciones provinciales y que para nosotros están llamadas, en un futuro más o menos lejano, a desaparecer. Nosotros sustentamos la eliminación de toda referencia a las diputaciones provinciales. Para nosotros, su presencia interfiere en las atribuciones de las comunidades autónomas y las distorsiona. Parece difícil sostener que las facultades que les sigue atribuyendo esta proposición de ley integren las funciones de coordinación y de apoyo propias de los entes locales. Además, entendemos que la competencia para designar qué instancia debe desarrollar estas funciones que ahora se atribuyen a las diputaciones compete a las comunidades autónomas. Esa es la razón de nuestras enmiendas 44 y 45.
La segunda ley orgánica afectada por nuestras enmiendas es la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, concretamente en sus artículos 61 y 75.7, sobre la potestad de disolución de los órganos de corporaciones locales por gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
Nosotros sustentamos la inclusión del Consejo de Gobierno de las comunidades autónomas para decidir sobre la disolución de la corporación local, y eso se aviene perfectamente con el modelo de bifrontalidad que preside las relaciones entre los entes locales y las administraciones territoriales superiores. La interlocución en el ámbito local pertenece tanto al Estado como a las comunidades autónomas. Sustentamos la inclusión de la potestad del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma competente para decidir sobre la disolución precisamente en la alusión a los intereses generales que hace el mismo artículo 61.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, en el sentido de que también los intereses autonómicos son intereses generales. Creo que no se puede defender lo contrario. También los intereses autonómicos son intereses generales.
Esta es la razón que sustenta nuestra enmienda. (El señor presidente ocupa la presidencia.) Además, si se quiere, una vez más se puede aducir la competencia de las comunidades en materia local. Y, además, la propia Constitución señala que la Generalidad, las comunidades autónomas, sus órganos de representación son el representante del Estado en el territorio propio.


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Por último, he de decir que estas enmiendas en torno a la Ley de Bases de Régimen Local no se improvisan en este trámite parlamentario, sino que son una vieja aspiración de nuestro grupo parlamentario, que ya en el año 1985, en el debate sobre la Ley de Bases de Régimen Local, defendió dos enmiendas en este mismo sentido.
Por último, la enmienda número 42 es de carácter técnico. No insistiré en el detalle. Tuve ocasión de hacerlo en la comisión. Creíamos que, más allá de cuestiones competenciales, ésta de carácter técnico, que aporta un procedimiento que le falta al artículo 127 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, introducido nuevamente por esta proposición de ley, se podía haber asumido en el informe de la ponencia.
Estas son, someramente presentadas, nuestras enmiendas que hemos mantenido vivas en este trámite en el Pleno.
He escenificado en este turno cuáles son nuestros desacuerdos con la proposición de ley pero también tendré oportunidad de escenificar en el turno de portavoces cuáles son nuestros acuerdos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para defender la enmienda número 41, tiene la palabra el senador García Miralles.


El señor GARCIA MIRALLES: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista presentó en el trámite de ponencia en Comisión del Senado una enmienda nueva, enmienda que a lo largo de la tramitación en el Congreso de los Diputados no se suscitó y que, a pesar del trabajo magnífico por los consensos obtenidos en muchísimos temas tratados en el Congreso de los Diputados, pensamos que supone una mejora no solo al texto sino que además permite una clarificación de los posibles destinos de las asignaciones para la seguridad en los gastos, haciendo referencia tanto a los personales como a los materiales.
Pensamos que ello también puede suponer una mejor garantía en la medida en que se concreten estos supuestos y, como consecuencia de todo ello, supondría una mayor eficacia y menos dudas en las decisiones que posteriormente tengan que adoptar aquellos órganos de la administración correspondiente en cuanto al desarrollo en estos aspectos de la ley.
Pensamos también que si la enmienda es recogida en el texto, puede reconfortar a aquellos representantes políticos, sobre todo concejales, del País Vasco y de Navarra, que, lógicamente, seguirán con mucha atención no solo el debate sino la redacción final y las conclusiones de esta proposición.
El texto de la proposición de ley, literalmente, dice lo siguiente: «Igualmente, podrá incluirse en los Presupuestos Generales del Estado una asignación anual para sufragar los gastos de seguridad en los que incurran los partidos políticos para mantener su actividad política e institucional.» Nuestra enmienda propone que detrás de «gastos de seguridad», se añada la expresión «tanto personales como materiales».
Permítanme hacer una breve reflexión en este turno para destacar la importancia que puede tener este planteamiento en el conjunto de la proposición de ley. Señorías, vivimos una realidad dolorosa. Hay quienes quieren eliminar a quienes viven, piensan y votan de otra forma, pretendiendo ejercer una limpieza étnico--política que empieza por algo tan simple como querer enterrar la palabra.
Decía Rosa Luxemburgo que la libertad no puede ser la de un gobierno, por poderoso que sea; la de un partido, por poderoso que sea. La libertad siempre es la libertad del que piensa de otra manera, pero la realidad en estas tierras queridas del País Vasco y de Navarra, sobre todo, nos llevaría a completar esa frase de Rosa Luxemburgo y decir que la libertad nunca puede ser la de una banda terrorista asesina que mata, que extorsiona y coacciona a toda una sociedad.
La libertad, lamentablemente, no existe en el País Vasco y Navarra.
Quienes así actúan no respetan ni la Constitución ni el Estatuto, y esta ley, que pretende garantizar y defender la democracia, hay que entenderla también como una ley que defiende la Constitución y el Estatuto, y defender la Constitución y el Estatuto es defender a todos y cada uno de los ciudadanos vascos y navarros, y a todos y cada uno de los concejales que son perseguidos simplemente por querer defender aquel pequeño interés de un municipio bajo las siglas de un determinado grupo político al grito de viva la Constitución y viva el Estatuto.
Por tanto, creo que lo que hoy hacemos aquí debe ser entendido también como un homenaje a todos esos hombres y mujeres que demuestran día a día el coraje cívico de ejercer esa noble función de representar a sus conciudadanos en un pequeño ayuntamiento o en un gran ayuntamiento.
Hemos de entender, y somos conscientes, que estas medidas son insuficientes, pero son necesarias para que todos los ciudadanos, y singularmente estos representantes municipales, puedan sentirse amparados por la democracia, puedan sentir el abrazo solidario de todos los demás ciudadanos.
Me viene también a la memoria algo que hace muchos años que no recordaba y que se ponía como ejemplo para significar lo que era vivir o no vivir en democracia. Decíamos entonces: Vivir en democracia es tener la seguridad de que si te llaman a la puerta a las seis de la mañana es el lechero y no un señor encapuchado con una pistola humeante en la mano.
Pues bien, este texto pretende no sólo la seguridad de los concejales, sino defender y garantizar la democracia.
Decía en la Comisión el senador González Pons que había quedado tremendamente impresionado por un vídeo en el que se mostraba el estado de las casas del pueblo socialistas en el País Vasco. Este es un elemento más y un reflejo más de cuál es la situación y qué pretendemos garantizar y qué pretendemos proteger cuando estamos haciendo esta ley.
Esta ley, que está bien trabajada y llega con un amplio consenso, gracias al esfuerzo, no sólo de los grupos proponentes sino también...


El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya terminando.


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El señor GARCIA MIRALLES: ... sino también de todos y cada uno de los grupos de esta Cámara, ha llegado a este trámite del Senado. Nosotros, que somos coautores solidarios del texto inicial y solidarios también de todas las mejoras, queremos decir algo muy simple. El Senado es una Cámara de segunda lectura, una Cámara de reflexión. Nosotros valoramos mucho lo que supone el acuerdo y el consenso y debemos agotar todas las posibilidades para perfeccionar la proposición de ley. Es un deber al que no debemos renunciar; en ese sentido, hemos aportado esta enmienda.
Pero quiero decir algo que ya señaló mi colega el senador Galán en el trámite de Comisión: para nosotros lo importante es el gran acuerdo al que hemos llegado. Lo importante es poder ofrecer a la sociedad una respuesta lo más unida posible y por ello quiero decir, fundamentalmente a los senadores del Grupo Parlamentario Popular, que a veces en el debate parlamentario es tan importante lo que se vota como la fijación de una posición interpretativa y de compromiso ante la Cámara, sobre todo cuando eso parte del grupo que sostiene al Gobierno, que es el Grupo Parlamentario Popular. Nos gustaría que aceptaran ustedes esta enmienda pero, en todo caso y al hilo de lo que ha sido el debate en Comisión, creemos que es muy importante también, porque ustedes respaldan al Gobierno, que en la práctica es el que va a tener que desarrollar todos los preceptos de esta ley, que exista un compromiso claro, puesto que se ha reconocido que en el fondo están de acuerdo con lo que pretende nuestra enmienda.
Con estas ideas presentamos y defendemos este voto particular, que corresponde a la enmienda número 41. Es una enmienda, señor González Pons, congruente con todo lo que se ha desarrollado a lo largo de los debates y, además, con la mayor confluencia de voluntades a lo largo del debate de esta ley, en la que han coincidido todos los grupos parlamentarios y así lo han expresado en sus intervenciones aquellos que me han precedido en el uso de la palabra.
Este es nuestro planteamiento, desde la solidaridad con todo lo que se ha hecho, desde la voluntad de unir el esfuerzo y desde la convicción de que hoy el Senado puede dar un paso adelante en defensa de la libertad y de la democracia en el País Vasco y Navarra.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el señor González Pons.


El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero hacer una matización a uno de los dichos más populares del sistema democrático que ha sido utilizado en esta tribuna por el senador García Miralles. En España no hay lecheros y nosotros, los senadores y los políticos, deberíamos cambiar ese refrán para decir que, si nuestro teléfono suena a las 6 de la mañana, probablemente sea un programa de radio.
Quiero agradecer a todos su participación en este debate de forma tan constructiva y el tono en el que el mismo se está desarrollando. Creo que desde que la proposición de ley empezó su trámite en el Congreso de los Diputados han sido muchas las aportaciones que han hecho los distintos grupos parlamentarios y, además, poco a poco hemos ido haciendo un texto que puede ser compartido en líneas generales por la mayor parte de las dos Cámaras. Sin embargo subsisten diferencias de fondo, subsisten algunos desacuerdos importantes que yo creo que no deben ser minimizados.
Trataré de mantener el mismo tono con el que se ha desarrollado el debate hasta el momento, pero procuraré no adormecerme por ese tono, porque el asunto del que hoy nos estamos ocupando no debe tolerar que tengamos ni un gramo de somnolencia.
Debo decir al Grupo Parlamentario Socialista que compartimos plenamente el sentido de su enmienda y queremos que conste en el «Diario de Sesiones». Consideramos que lo que en ella solicitan es exactamente lo que debe estar incluido en la ley, y lo único que tenemos que añadir es que, en nuestra opinión, ya está recogido en la misma. Si el «Diario de Sesiones» sirve como manifestación de la voluntad del legislador, entendemos que la misma queda en esta intervención definitivamente expresada. Lo que sus señorías señalan es que las ayudas que se prestan puedan ser utilizadas tanto para el sostenimiento material de los partidos, como para las personas que pasan por extraordinarias situaciones de necesidad. En nuestra opinión ello ya está plasmado en la ley, y hacer una matización excesivamente explícita podría dar lugar a la generación de una expectativa de derecho individual por personas que, no perteneciendo a los partidos políticos, pudieran reclamar este tipo de ayudas. Por ello, y haciendo la declaración formal de que, en nuestra opinión, esto ya lo hemos incluido en el texto de la ley, les solicitamos que reconsideren el mantenimiento de su enmienda, puesto que compartimos su sentido y damos por hecho que el mismo ya está debidamente plasmado.
También me comprometí en el trámite de ponencia a contemplar una enmienda nueva presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que en este momento no me encuentro en condiciones de incluir, por lo menos con el voto de mi grupo, en el dictamen que finalmente aprobará esta Cámara. Valoramos muy positivamente el contenido de esa enmienda, pero por ser la misma una enmienda que hace referencia al aspecto procedimental de la ley, entendemos que tendrá mejor tratamiento en los múltiples desarrollos reglamentarios a los que esta ley va a dar lugar, y les garantizamos que en ese momento el Gobierno, al que mi grupo parlamentario da soporte, tendrá presente la enmienda, el sentido y la vocación de técnica procedimental que ha sido manifestada tanto en el contenido de la misma, como en la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en este acto.
Señorías, ésta es una ley muy importante porque afecta a personas muy importantes, no por el cargo que ostentan, sino por la dignidad y la valentía con que lo hacen. Son personas que ostentan cargos que en la escala de los políticos todos consideraríamos humildes: concejal de pueblo; dicho sea con todos los respetos para los pueblos y para los

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concejales. Concejal de pueblo. Es un cargo político mal remunerado; un cargo político normalmente incompatible con el desarrollo de cualquier tarea profesional; un cargo político que acarrea el estar a disposición de los votantes 24 horas al día; un cargo político que en cualquier parte de España demuestra una extraordinaria vocación de servicio hacia los conciudadanos, pero que en algunos lugares de España, y particularmente en Navarra y en el País Vasco, viene a representar una extraordinaria vocación de servicio por la democracia, una extraordinaria vocación de sacrificio por la democracia, una extraordinaria vocación por todos los valores que todos y cada uno de nosotros hoy afirmamos estar representando en esta Cámara.
Esta es una ley importante porque está destinada a personas importantes o, dicho en otros términos, a personas que a todos nosotros nos importan mucho, o deberían importarnos mucho. Sin embargo, también es una ley atípica, también es una ley que no es habitual que exista, también es una ley especial en algún sentido --no en un sentido de técnica jurídica, pero sí de técnica legislativa--, porque se aplica a una situación especial: una situación que es distinta a cualquier otra en el continente europeo, una situación que ha desaparecido prácticamente de todo el continente europeo, una situación política en la cual la libertad, como ha señalado el senador García Miralles, no existe.
Deberíamos hacernos una pregunta, ¿por qué esta ley atípica ha sido necesaria? ¿Por qué tenemos que aprobar hoy, con el soporte de prácticamente todos los grupos parlamentarios, una ley atípica? ¿Por qué no estamos aprobando leyes típicas? O, simplemente, ¿por qué no podemos estar ocupándonos de otras cuestiones, puesto que las leyes típicas ya están en vigor? Caben dos tipos de respuesta: para algunos, los que causan la violencia, la respuesta será que es así porque el Estado todavía no ha comprendido que éste es un conflicto político y no se ha sentado a negociar; para ellos tiene sentido que esta ley atípica esté debatiéndose en este momento porque, desde su punto de vista, es una ley defensiva propiciada por un Estado que no quiere negociar. Pero, ¿y para nosotros? ¿Qué ocurre con los que tenemos la convicción de que no estamos ante ese tipo de conflicto? ¿Cómo podemos explicarnos que hoy tengamos que aprobar esta ley atípica? ¿Cómo podemos explicárselo a esas personas tan importantes a las que hoy nos estamos dirigiendo y en nombre de las cuales el senador Quiroga ha hecho una intervención hoy que a mí, personalmente, me ha estremecido? Honestamente, creo que sólo podemos decirles una cosa: que seguramente hay algo que debimos hacer antes y no hicimos; y, a lo mejor, alguien tiene que añadir que hay algo que se pudo hacer antes y no se hizo, y que hoy tampoco se está haciendo.
Decía al principio de mi intervención que, pese a que hay una gran unanimidad en torno a la ley, también hay graves diferencias en su seno y no tenemos por qué minimizarlas ni perder el tono en el que el debate se está desarrollando. En este sentido, la senadora De Boneta ha dicho que éstas no son medidas adecuadas, que hay algunas medidas que no son adecuadas para garantizar la seguridad de los concejales y dan la sensación de que estamos ante una situación de excesiva excepcionalidad.
Pues bien, yo creo que estamos en una situación de excesiva excepcionalidad; mis compañeros concejales en el País Vasco sienten que están ante una situación de excesiva excepcionalidad; y los familiares de concejales del Partido Popular o del Partido Socialista en el País Vasco sienten que están en una situación de excesiva excepcionalidad y, ¿cómo podemos explicar a esas personas a las que les pueden matar, o a los familiares de esas personas a las que les pueden matar, cuál sería una situación de excesiva excepcionalidad si no lo es ésta? El portavoz del Partido Nacionalista Vasco ha completado el razonamiento de la senadora De Boneta al decir que dentro de la ley hay medidas cuya vinculación con la seguridad de los concejales es nula y se refería, por ejemplo, a que no se dé financiación pública a los partidos políticos que puedan haber apoyado el terrorismo, que enaltezcan a los terroristas o que humillen a las víctimas. Refiriéndose a esas medidas, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco decía que su vinculación con la seguridad de los concejales era nula. Esa es la diferencia de fondo que radica en los discursos que se están haciendo y que van a seguir haciéndose esta mañana.
La diferencia se encuentra adormecida, muy tapada por un caudal de eufemismos, como nunca antes se había visto en el debate político. A veces --y esto en el País Vasco sucede con una frecuencia impresionante-- en política, para no llamar a la verdad con el nombre que le corresponde, se utiliza un eufemismo. Pero lo que se persigue en política al utilizar el eufemismo no es disfrazar la realidad, es construir otra realidad. Y con la utilización de palabras que no significan nada o que significan poco, se disfraza una realidad terrible hasta convertirla en una realidad soportable. Se construye un mundo diferente del mundo que se está viviendo.
Del País Vasco nos llegan a borbotones palabras que han perdido completamente el significado. Nos llegan manantiales de verbos y frases hechas que no significan nada, y llega un momento en el que ya no abrigan a un muerto caído en el suelo, que ya no abrigan el miedo que padece una familia en su domicilio, y que ya no abrigan el dolor de quienes no se atreven a ser candidatos en una lista electoral. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Esa es, señorías, la diferencia. Porque al final deberíamos retirar las palabras y los eufemismos y quedarnos con la esencia, con las preguntas clave, y formularnos las preguntas clave.
Cada uno de los grupos parlamentarios cuando interviene en esta Cámara defiende una posición; en términos políticos, defiende un interés, defiende a alguien, defiende algo. Cuando nosotros, cuando la gran mayoría se opone a que se le pueda dar financiación pública a un partido político que enaltece a los terroristas o humilla a las víctimas, está defendiendo unos valores, está defendiendo unos principios, está defendiendo a unas personas determinadas. Y yo pregunto cuando otros grupos parlamentarios se oponen a que nosotros prohibamos financiación pública para partidos que puedan haber enaltecido a los terroristas o humillado a las víctimas, ¿de quién están siendo los abogados? ¿A quién están defendiendo? ¿El derecho de quién a percibir esas ayudas?

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La ley prevé la disolución de municipios que adopten medidas que favorezcan el terrorismo. La ley prevé que se retiren las ayudas de dinero público a las fuerzas que puedan enaltecer terroristas o humillar a víctimas. A nosotros ese nos parece un principio muy razonable. Cuando alguien se opone a ese principio, ¿por qué se opone? No quiero argumentos jurídicos, la ley la hacemos nosotros, somos el legislador, podemos modificarla, en nuestra mano está, las leyes previas a ésta no nos atan.
¿A quién estamos defendiendo? ¿Alguien honestamente en esta Cámara piensa que, remotamente, alguien tiene en su imaginación que alguna vez pueda ser disuelto un municipio presidido por el Partido Popular, por el Partido Socialista, por el PNV, por Convergència i Unió, por Eusko Alkartasuna? ¿Alguien piensa que alguna vez a alguien se le puede llegar a ocurrir disolver un municipio presidido por alguna de estas fuerzas políticas democráticas y con historia democrática acreditada? Yo creo que no. No ha habido un alcalde de ninguna de estas fuerzas políticas que haya dado ningún motivo para una polémica de esta magnitud; estamos hablando de alcaldes de otras fuerzas políticas.
Cuando decimos desde esta tribuna que no se le puede dar financiación pública a una fuerza política que enaltece a los terroristas o que humilla a las víctimas, ¿alguien está pensando que estamos queriendo retirar la financiación pública del PVN, del Partido Socialista de Cataluña, del Partido Popular, de Convergència i Unió? No. Yo creo que nunca ha surgido esa polémica, estamos pensando en otro tipo de fuerza política. Probablemente hay quien lo entendería muchísimo mejor si yo dijera: Si de repente un alcalde de un municipio de Andalucía, de la Comunidad Valenciana, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Madrid se vuelve loco, se declara nazi, prohíbe la presencia de determinadas razas en su municipio y declara la supremacía absoluta de la raza blanca en su municipio ¿entienden sus señorías que ese alcalde y su corporación deben ser disueltos por la autoridad competente que es el Gobierno de España? Si yo les dijera a sus señorías: Si de repente un alcalde de Murcia, de Cataluña, de Castilla y León, de Cantabria, de Asturias, decidiera enaltecer a los terroristas y humillar a las víctimas, por ejemplo, del 11 de septiembre o de cualquier otro atentado fatal que se haya cometido, ¿entienden sus señorías que no le demos dinero del que se recauda de los impuestos de esos ciudadanos para que ese alcalde siga haciendo política? ¿A que sus señorías lo entienden? ¿Por qué cuando la causa que se encuentra detrás es una podemos entender la razón y, cuando la causa que se encuentra detrás es otra, dejamos de entender la razón? ¿Por qué permitimos que ese caudal de eufemismos, que ese caudal de palabras nos distraiga de aquello que es realmente esencial? Señorías, tiene sentido que los partidos políticos que enaltecen a los terroristas y humillan a las víctimas no reciban dinero recaudado de los contribuyentes, tiene todo el sentido del mundo.
En primer lugar, en ningún lugar de la Constitución se dice que los partidos políticos deban recibir subvenciones públicas, no es obligatorio que las reciban. Sólo reciben subvenciones públicas aquellos partidos que promocionan la democracia. Ese es el sentido de la subvención pública.
En segundo lugar, hay partidos que no reciben subvención pública. Son los partidos que no tienen representación, y no por eso son partidos que tengan menos derechos que los demás.
En tercer lugar, a los partidos se les debe aplicar lo mismo que a las personas; hay personas que reciben subvención y personas que no reciben subvención; hay personas que reciben sanciones y personas que no reciben sanciones. Lo mismo que la conducta de las personas ante situaciones determinadas puede obtener respuestas distintas del ordenamiento jurídico, también los partidos políticos deben recibir respuestas distintas del ordenamiento jurídico ante actitudes claramente diferenciadas.
Dice el Tribunal Constitucional que la igualdad consiste en tratar desigual a los que son desiguales. Yo les aseguro una cosa: los partidos políticos en esta Cámara son desiguales a los partidos políticos que pueden enaltecer a los terroristas o humillar a sus víctimas. Me niego a creer que alguno de los partidos políticos aquí presentes sea ni siquiera parecido a esos partidos que pueden enaltecer a los terroristas o humillar a las víctimas. Por ello, creo que no hay ninguna quiebra del principio de igualdad si se trata diferente a los que de verdad se comportan diferente.
Lo mismo sucede con la posible disolución de municipios. Es una fórmula que ya está prevista en la ley. El Tribunal Constitucional la ha aceptado. Es un supuesto excepcional, y queda la duda sobre la competencia planteada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Nosotros entendemos perfectamente la posición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Es una posición histórica que, además, han mantenido reiteradamente en distintos textos legislativos, y siempre que surge el asunto vuelven a plantear la cuestión porque pertenece a su ideario político. Tiene que ver con el reparto competencial y con la idea del estado de las autonomías que cada partido tenemos y, en concreto, en este caso, con la que tienen sus señorías. Saben sus señorías que no la compartimos, por eso no podemos aceptar sus enmiendas. Ahora bien, comprendemos perfectamente y damos por congruente con posiciones mantenidas en otras ocasiones la idea que ustedes vienen a sostener aquí de que la competencia debería corresponder a las comunidades autónomas. En nuestra opinión, no hay ningún texto en el que se diga que son las comunidades autónomas las que deberían ser competentes. De hecho, es la Administración central la que convoca las elecciones municipales y, por lo tanto, creemos sinceramente que estamos dando un texto que es perfectamente constitucional.
Señorías, voy a terminar. En mi intervención en comisión decía que el Derecho es sentido común codificado y no otra cosa. Esta ley es una ley de sentido común codificado y frente a la cual difícilmente caben argumentaciones en contra, y cuando digo esto me estoy refiriendo a toda la ley.
Para que haya verdadera democracia se requiere que haya igualdad de condiciones. Sin igualdad de condiciones

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no hay democracia. Las condiciones pueden ser mejores o peores. Cuando son peores decimos que estamos en una democracia precaria; cuando son algo peores decimos que estamos en una democracia inestable; cuando son aún peores decimos que estamos en una democracia vigilada. Pero si hay igualdad de condiciones para todos, decimos que estamos en democracia.
Cuando no hay igualdad de condiciones no hay democracia ni siquiera precaria, ni siquiera disminuida, ni siquiera vigilada. Simplemente no hay democracia.
Cuando un partido puede presentar libremente candidatos, cuando puede hablar libremente con los ciudadanos, cuando puede circular libremente y opinar libremente en tanto que otro partido no puede buscar candidatos, le cuesta presentar candidatos, tiene dificultades para hablar con los ciudadanos y no puede caminar libremente, cuando se produce esa desigualdad, el elector no puede percibir a esas dos fuerzas políticas que se le presentan en condiciones tan dispares con la misma o idéntica visión. No hay igualdad, y cuando no la hay, no hay democracia.
El Senador García Miralles hacía referencia al vídeo que tuvimos ocasión de ver recientemente y en el que pudimos apreciar la situación en que se encuentran las Casas del Pueblo del Partido Socialista de Euskadi en el País Vasco. Aquello fue tremendamente revelador. Un Partido, como el Socialista de Euskadi, que pasa por esa situación, no está en las mismas condiciones en que están otras fuerzas políticas. Hay fuerzas políticas en el País Vasco que tenemos problemas para encontrar candidatos, y además tenemos también problemas para resituar en la vida a quienes han sido concejales nuestros y van a dejar de serlo. Tenemos problemas asimismo para proteger a las personas que van a ser candidatos nuestros, pero es que los tenemos hasta para hablar con los familiares de esas personas a las que les pedimos que nos acompañen en una candidatura.
Donde no hay igualdad no hay democracia. Con esta ley damos un paso adelante para que la igualdad sea real y efectiva en términos políticos en algunos lugares donde hoy, simple y llanamente, no lo es. Ese es nuestro papel como legisladores democráticos; ahí estamos cumpliendo con nuestra función de legisladores democráticos.
Yo he escuchado muchas intervenciones en las que se hace referencia a la seguridad de los concejales, pero quiero recordar algo muy importante: la ley no se llama --como se lee en este panel luminoso del hemiciclo-- ley de seguridad de los concejales. La ley se llama de garantía de la democracia en los ayuntamientos y de seguridad de los concejales. Es muy distinto. Porque podemos subir a esta tribuna y decir: vamos a garantizar la seguridad de los concejales para luego marcharnos muy tranquilos porque hemos garantizado la seguridad de los concejales. Pero si subimos a esta tribuna y decimos: es necesaria una ley para garantizar la democracia en los municipios, nuestra salida será entonces muy distinta porque nuestra conciencia democrática, como mínimo, nos obligará a preguntarnos: ¿Por qué tenemos que hacer una ley para garantizar la democracia en algunos municipios? ¿Es que la democracia necesita ser garantizada en algunos municipios? Pues la respuesta es sí. Hay quienes creen que aquí sólo se trata de garantizar la seguridad de algunas personas --y el poder hacerlo siempre da una extraordinaria paz interior--, pero no puede darnos esa misma paz interior el reconocer que esta ley también es, y así reza en su título, de garantía de la democracia en los municipios.
Me van a permitir ahora sus señorías una licencia. Ayer, cuando fui a preparar el debate de hoy, me dirigí a la biblioteca y busqué entre mis libros de Derecho, algunos de ellos --debo reconocerlo-- algo empolvados por la falta de uso desde que me dedico más a la política que al Derecho.
Pues al final acabé cogiendo un libro de poesía porque no encontraba razones jurídicas que pudiera esgrimir aquí para justificar los principios que venía a defender en este Pleno.
Me van a permitir sus señorías que lea ahora lo que leí anoche, unos versos cortos de un poeta vasco, además creo que amigo personal de algunos de los presentes, que durante muchos años luchó por salvarnos de una dictadura, Blas de Otero.
Decía Blas de Otero en su poesía «En la inmensa mayoría»: «Podrá faltarme el aire,/ el agua,/ el pan,/ sé que me faltarán./. El aire, que no es de nadie,/ El agua que es del sediento,/ El pan... Sé que me faltarán./ La fe, jamás./ Cuanto menos aire, más./ Cuanto más sediento, más./ Ni más ni menos. Más". Padecía Blas de Otero una asfixia que, desgraciadamente, algunos ciudadanos de España hoy, tantos años después de aquello, todavía siguen padeciendo. Y yo les digo, señorías, como Blas de Otero, ni menos ni más, con esta ley, más.
Muchas gracias. (Aplausos)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
Tiene la palabra la senadora De Boneta.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como Blas de Otero, me queda la paz y la palabra, además de la fe.
Señorías, quiero agradecer el tono con el que hasta ahora se han producido todas las intervenciones, también la del representante del Grupo Parlamentario Popular que ha realizado el turno en contra de las enmiendas.
Voy a centrarme especialmente en algunas cuestiones que han hecho referencia a mi intervención anterior, dejando claro que, compartiendo un mismo objetivo se pueden producir diferentes interpretaciones, como antes decía.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor González Pons, se ha referido a una expresión mía en la que decía --aunque no he tomado nota de mis propias palabras y he improvisado-- que esta ley podría representar una excesiva excepcionalidad. Pues bien, efectivamente podemos estar en una situación excepcionalmente dura en cuanto a la posibilidad de expresión o de libre circulación para muchos ciudadanos en el País Vasco, pero cuando yo hablaba de excesiva excepcionalidad me refería a una excesiva excepcionalidad en la respuesta, que estamos dando a esa excesiva excepcionalidad que, a lo mejor, en este caso a lo peor, no va a conseguir el efecto deseado en relación

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a la garantía de la seguridad de los concejales y en relación, como bien ha señalado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, a la democracia en los ayuntamientos. Parece importante y hay visiones diferentes de cómo se resuelven estas cuestiones.
Quiero recordar en esta Cámara que en una situación muy dura, muy excepcional, cuando se estaba tramitando la primera ley antiterrorista que se planteaba en Madrid en el año 1981, un ilustre representante de un grupo político --por cierto, quizá en estos meses vaya en algunas listas municipales de algún grupo al que no pertenecía y muy distinto al que pertenecía--, ante las dudas de algunas personas en relación con la respuesta que se debía dar o el planteamiento que se debía hacer en esta ley en el momento en que caía asesinado el señor «Rayan» --para los amigos era José María Ryan, él mismo se titulaba así y su asesinato tuvo mucha repercusión--, decía con sus palabras: Contra el terrorismo, contra la barbarie, más democracia, más profundización en la democracia, más instrumentos democráticos y de defensa de todos los planteamientos y de todas las posibilidades de expresión. Eso se planteaba de esa manera, pero tiene muchas traducciones: puede tener una traducción que esté perfectamente insertada en la ley que estamos debatiendo o puede tener una traducción en la que se plantee una respuesta contraria. Ese es el problema: la diferente interpretación. Tenemos discrepancias en algunas cuestiones, concretamente, como decía antes, las referentes a las que traen causa de la Ley de partidos políticos o algunas cuestiones de régimen electoral --que, por cierto, tienen por medio problemas competenciales puesto que, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía del País Vasco, el régimen electoral municipal corresponde a las instituciones del País Vasco, luego ahí hay una cuestión técnico--jurídico--política no trivial--, y estamos oponiendo una distinta visión de la solución.
El senador del Grupo Parlamentario Popular decía también que los eufemismos en los que se encierran o nos encerramos --no sé cómo interpretarlo, pero es igual, yo lo asumo porque puede que haya eufemismos por todas partes en muchos momentos-- quieren convertir una situación terrible en soportable. Considero que algunas cuestiones que se consideran eufemismos lo único que desean y lo único que plantean --y me parece que no se puede llamar a esto un eufemismo-- es recuperar un diálogo político y un diálogo democrático entre todas las fuerzas políticas, concretamente en el País Vasco. Recuperar, por ejemplo, ese diálogo en el seno de una institución y recuperar el que, entorno a estos planteamientos que hoy estamos haciendo aquí sobre la seguridad de los concejales, el Partido Popular esté también presente en la Mesa de Arkaute, quizá para decir lo mismo o cosas más duras de las que hoy se han dicho en este Pleno, pero precisamente para todos tengamos todas las percepciones en todos los sitios. Eso nos parece importante y creemos que no es ningún eufemismo.
Por otra parte, cuando se habla de la retirada de la financiación pública, yo estoy absolutamente de acuerdo en que para quien delinque --todos los ejemplos que ha puesto el portavoz del Grupo Parlamentario Popular-- la ley prevé una serie de castigos o penalizaciones. Pero cuando estamos planteando dudas en relación con estas cuestiones y con la Ley de Partidos Políticos, estamos teniendo dudas de índole estrictamente democrática también.
Pensamos que la retirada de determinado candidato de un partido concreto puede dejar sin voz a mucha gente de un partido. Respecto de un alcalde que gana una mayoría concreta en determinado pueblo, ¿puede decirse que todo ese pueblo mantiene unas ideas supuestamente nazis, aunque lleguemos a pensar o a acordar que este alcalde puede tener una cierta connivencia con ideas no democráticas? ¿Puede calificarse a todos esos ciudadanos de nazis porque dan su confianza a esa determinada persona, por ejemplo, para encabezar una determinada lista para la alcaldía de un pueblo? Es difícil la contestación. No creo que se pueda calificar de nazis a 100.000, 200.000 personas --espero que cada vez sean menos, hasta 200, 100 o, incluso, cero-- que puedan votar unas determinadas ideas y puedan quedarse sin voz. Me cuesta creerlo. Por eso, creo que estas cuestiones podrían solucionarse, por lo que mantenemos las enmiendas que hemos presentado.
Por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo con que no puede apoyarse a nadie ni a ninguna idea que enaltezca a terroristas y humille a las víctimas. Esto me parece gravísimo. Pero tampoco creo que las soluciones que se plantean aquí sean las adecuadas, como las cuestiones de tipo competencial en torno a la disolución de municipios. Debe propiciarse, por supuesto, que absolutamente todos puedan presentarse a una candidatura, con la garantía de que no tengan que mantener escondidas sus ideas o tener miedo. Hay que garantizar que puedan existir distintos discursos y distintas ofertas electorales.
Señorías, desde una perspectiva estrictamente respetuosa y de apoyo total a todo tipo de víctimas, a todas las personas que están realizando una labor a veces heroica por su adscripción o permanencia en determinadas instituciones, desde ese apoyo indiscutible que Eusko Alkartasuna da a todo este tipo de personas, quiero insistir en que pueden existir otras recetas que garanticen esa profundización en la democracia y esa respuesta que no debe ser excepcionalmente lesiva para un sistema de un Estado de Derecho y de libertades que todos queremos y estamos convencidos de que se quiere mantener por parte de todos los grupos aquí presentes.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ DIAZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervendré muy brevemente para manifestar nuestro apoyo global y de fondo a este proyecto de ley, aunque pudiéramos manifestar, pero no lo vamos a hacer, algunas reticencias en cuanto a las formas legales en que se traducen estos planteamientos de fondo, que nosotros apoyamos plenamente.


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Respecto de estas reticencias, solamente quiero manifestar que se podían haber recogido explícitamente las responsabilidades y las competencias de las comunidades autónomas en materia de régimen local. Aun con esas reticencias en las formas, que no en el fondo --repito--, y que no disminuyen nuestro apoyo global y absoluto a esta proposición de ley, quiero manifestar nuestro apoyo, al margen, como digo, de estas consideraciones.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Aurrekoetxea.


El señor AURREKOETXEA BERGARA: Gracias, señor presidente.
Señor González Pons, he de decirle que no me ha gustado el tono que ha empleado al referirse a los concejales, no porque no haya sido amable y cortés , además ha dicho bien que no debemos dormirnos en los laureles, pero quizá porque he sido concejal --no sé si usted también-- no me ha gustado que se haya referido a ellos casi como pobres cargos. Creo que no es así ni mucho menos.
Me gustaría seguir siendo concejal porque considero que es uno de los puestos más reconfortantes en la política y una piedra angular de la democracia; además, provengo de un partido municipalista, y en la democracia vasca, anterior incluso a este período democrático, los ayuntamientos y los concejales siempre han desempeñado un papel fundamental.
Por tanto, debo decirle en confianza y con todo el cariño que no me ha gustado ese planteamiento, como tampoco que haya mencionado que desde el País Vasco nos llegan eufemismos. Estamos hablando de la realidad del País Vasco que me afecta directamente porque soy vasco y creo que este planteamiento es una forma de relativizar y frivolizar en exceso; evidentemente, también a nosotros nos duelen muchos eufemismos que se utilizan y se han utilizado durante muchos años por personas que precisamente hoy en día están en sus filas cuando oímos hablar tanto de libertad y democracia, por personas que se han opuesto tanto a que hoy esté instaurado este régimen de libertades y, sobre todo, en estos días que, aunque no pertenezca a este debate, se habla de guerra para preservar la paz. No sé qué se puede decir de los eufemismos cuando su partido está utilizando muchos en estos días.
Por ello, no se trata de acusarnos ni de estancarnos en un debate que, desgraciadamente, suele ser estéril; debemos intentar alcanzar un acuerdo desde el conocimiento de que existen discrepancias, de que tenemos diferentes diagnósticos sobre la situación del País Vasco --al comienzo de este debate se ha realizado una visión sobre el extremo, y nosotros también tenemos la nuestra, que, evidentemente, será distinta-- y me preocupa que con esas diferentes visiones de la realidad, que no tratan de conformar una realidad distinta, no seamos capaces, no sólo desde esta tribuna sino también desde allí, de ponernos de acuerdo y de hacer un planteamiento en el que se marquen y se discutan claramente las prioridades que hemos diseñado. Y no creo que sea bueno que entremos en un cruce de acusaciones sobre lo que hacemos unos y otros. Mi talante es optimista y, además, como también he manifestado al hablar de la Ley de partidos políticos, espero legar a mis hijos una Euskadi en paz y normalizada y voy a luchar y comprometerme en ello, como creo que lo está haciendo mi grupo y mi partido con el lehendakari a la cabeza.
Creo firmemente que cada vez que alcanzamos un consenso, cada vez que entre todos avanzamos un paso en esta materia, damos un poco más de esperanza e ilusión a la sociedad y, en cambio, cada vez que le trasladamos desunión, crispación o confrontación conseguimos sumirla más en la desesperación y en la falta de ilusión. Por tanto, quiero quedarme en esa parte de consenso alcanzado , aunque a este Senado le cabe la desgracia de no haber podido profundizar aun más para conseguir un mayor acuerdo en lo que se refiere a las medidas que se han planteado.
Evidentemente, nosotros hacemos la ley; pero, lo quiera o no, le damos un carácter jurídico. Y al margen de nuestra voluntad de elaborar una ley para este caso especial, como usted sabe, la ley es general, abstracta, se debe aplicar, y la ignorancia de la misma no exime de su cumplimiento.
Por tanto, a la pregunta sobre si alguien puede pensar que puedan ser disueltos algunos municipios del PNV yo le respondo que así es. Quizá eso no ocurra en estos momentos, pero no sé qué puede pasar dentro de unos meses. Porque estamos oyendo hablar de: elecciones, no, porque no se dan condiciones democráticas. Y, como usted decía en comisión, si se puede lo más, ¿cómo no se va a poder lo menos? Incluso durante estos días estamos oyendo hablar de suspender la propia autonomía; estamos oyendo hablar del cumplimiento íntegro de las penas, cuando se defiende la reinserción, y estamos oyendo hablar de pluralidad, cuando se trata de eliminar partidos. Así pues, ¿cómo no voy a tener dudas sobre la forma en que se va a aplicar esta ley? Además, esta ley está vinculada necesariamente --como he dicho, ese es el origen de nuestro problema-- a la Ley de Partidos Políticos, a la que nosotros nos hemos opuesto. Por ello, simplemente por coherencia, también en este caso nos vamos a oponer.
Me gustaría saber quién determina lo que es enaltecer el terrorismo o humillar a las víctimas ¿En manos de quién lo deja usted? ¿De los jueces? (El señor González Pons hace signos afirmativos.) Veo que su señoría asiente. Pues no, señoría. Como usted ha dicho, creo que existe una voluntad política predeterminada. A este respecto, precisamente el otro día yo le planteaba, y usted se enfadaba por ello, que, como en muchos otros casos, en esta proposición de ley no se ha admitido todo lo que nosotros hemos aportado de la Mesa de Arkaute y tampoco se nos ha reconocido que nos sentimos coautores de ella, haciéndonos intentar ver que provenía de ese pacto por las libertades, que yo sigo denominando pacto antinacionalista. Y no soy yo sólo el que lo piensa; precisamente hace unos días el señor Castells lo planteaba claramente en un artículo de «El País», en el que dudaba de quién es el enemigo: si no es antes el nacionalismo que el terrorismo. Y eso lo hacía un miembro del Partido Socialista Catalán, no yo, ni el Partido Nacionalista

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Vasco. Así pues, ¿cómo no se nos van a plantear dudas acerca de que esta ley no tiene un fin determinado y una voluntad política prefijada? Nosotros nos queremos defender; y, como hemos dicho siempre, lo mejor para defenderse es la propia democracia, es poder dialogar, es poder discutir y llegar a acuerdos sobre todas estas cuestiones y ponerlos en común, desde la discrepancia, sí, pero buscando soluciones desde el diálogo. Y eso, desgraciadamente, no se ha querido hacer aquí. Yo ya le he indicado qué partes de la financiación pública estamos de acuerdo que pueden ser preservadas y cuáles no, algo que incluso se ha demostrado con sentencias jurídicas que indican que por esa línea no vamos bien.
Estamos llevando a cabo una defensa de lo que nosotros entendemos es la propia democracia; porque, guste o no, nosotros sí creemos en la democracia. Y nos empieza a preocupar el camino que está tomando el Partido Popular en este planteamiento. Quizá ese buen fin que es la democracia esté llevando a una contradicción, a un verdadero problema, porque nos estamos encontrando con un recorte de libertades, algo que tenemos que plantear y denunciar, y ese recorte se está haciendo mediante ciertas leyes que realmente no van dirigidas al fin en el que nosotros creemos, que es precisamente preservar el régimen democrático que nos hemos dotado.
Esa es la realidad. Por tanto, si ustedes siguen vinculando este tema a la Ley de Partidos Políticos, que es la primera iniciativa que surgió sobre este asunto, y derivan de ella estos planteamientos, nosotros no vamos a poder apoyarlos por considerar que en su origen esta ley ya está viciada.
Por tanto, queremos seguir manteniendo un sistema garantista, equilibrado, respetuoso con las libertades y con sus principios fundadores, sin que de pie a abusos por el hecho de plantearse, al final, un recorte en las libertades que subliminalmente vayan a dejarle supeditado a las medidas que se están planteando. Ese es el camino que nosotros creemos que se está llevando.
En el caso de la disolución de los ayuntamientos ocurre lo mismo, señorías. Yo creo que nuestro planteamiento es razonable; nosotros queremos mantener la coherencia con la posición que mantuvimos en el año 1985, que en ningún caso ha sido cuestionada. Me parece muy bien que ustedes tengan la idea de que puede ser planteada la disolución mediante el Consejo de Ministros, pero nosotros consideramos que no es la vía, y nos tenemos que oponer precisamente porque creemos en la autonomía local.
Señorías, sigo diciendo lo que decía al principio: a pesar de que no nos reconozcan, en lo que se refiere a las medidas que tienen por objeto garantizar la seguridad de los miembros de las corporaciones locales y hacer posible el ejercicio de la función representativa municipal en unas mínimas condiciones de dignidad y de libertad, no sólo estamos de acuerdo, sino que además nos consideramos promotores o autores --como quieran denominarlo-- de buena parte de esta proposición. Hubiéramos querido en este trámite haber avanzado más y haber profundizado en ese consenso, porque lo hubiéramos conseguido, como así lo pudimos hacer en Arkaute, y no voy a cuestionar quién estuvo o quién dejó de estar. La realidad es que los mismos discursos que se hacen aquí me gustaría que se hicieran y se discutieran allí y que fuéramos capaces de llegar a acuerdos.
Soy optimista, como les decía antes, y creo que algún día perderán ese miedo a discutir, a dialogar y a buscar acuerdos con sus oponentes, desde el respeto, que es lo que nosotros estamos planteando, porque además será más gratificante y satisfactorio para todos. No voy a decir que son malas las mayorías absolutas, porque para mí las quisiera, pero sí hay que saber llevarlas con elegancia y con estilo, porque la vida da muchas vueltas y estos períodos sólo duran cuatro años. Pero eso pido que entiendan nuestras razones. No quita en nada que estemos planteando solidaridad, que tengamos un objetivo muy claro como desterrar la violencia y el terrorismo de nuestro país, que nos opongamos a ciertas medidas porque creemos que se produce un recorte de libertades, porque creemos además que garantizar la democracia, como usted decía, es profundizar en ella y vivirla día a día, porque no aceptamos la vulneración de los derechos humanos, porque no aceptamos tampoco recortes en las libertades democráticas, porque no aceptamos la incomunicación.
Por todas estas cuestiones, nosotros en principio, como decía, nos quedamos con el consenso y vamos a votar afirmativamente todo lo que, en nuestra opinión va a ayudar a la seguridad de los miembros de las corporaciones locales, aunque todavía mantenemos una serie de discrepancias.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Molas.


El señor MOLAS I BATLLORI: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la Ley de garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales es muy importante en la coyuntura histórica en que nos encontramos, porque quiere llegar a tener efectividad para conseguir el objetivo que se refleja en el título de la ley: la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales, dos cosas distintas que están unidas, quizá porque el segundo aspecto del título influye mucho en el primero.
Aunque se mantienen posiciones distintas, ha habido un amplio acuerdo en el pacto antiterrorista, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, para que el objetivo de la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales sea un elemento capital en esta coyuntura política que vivimos.
Sobre la garantía democrática y la erradicación del terrorismo, mantenemos una posición relativamente simple, sencilla y clara. Tenemos dos puntos. Primero, un amplio acuerdo a partir del pacto antiterrorista que, si es posible, llegue al conjunto de los sectores democráticos de España. Segundo, nuestro límite es la Constitución. No vamos a admitir que se llegue a acuerdos que desborden el marco de la constitución, porque estos acuerdos se justifican en

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los valores constitucionales. A partir de estos dos puntos, nosotros vamos a estar de acuerdo, y lo estamos. Creemos que esta ley está de acuerdo con estos dos puntos y, por tanto, apoyamos plenamente esta ley.
Se han formulado enmiendas, y no es malo que se expresen posiciones distintas. Sé que toda ley que necesita un consenso tan amplio presenta aspectos que son matizables e incluso mejorables y que pueden recoger muchas de esas enmiendas y aspiraciones que muchos podamos tener. Pero lo importante es que la ley expresa un amplio acuerdo democrático que puede ser útil, que compartimos y que apoyamos. Una ley de estas características es una ley de amplio acuerdo, y un acuerdo quiere decir que no todo el mundo está conforme con todo, pero lo importante es que esté de acuerdo con lo que dice la ley. Por eso la apoyamos plenamente, porque es un acuerdo, y estos están hechos para ser cumplidos una vez que se han adoptado. Es un todo. Insisto en que, al final, los acuerdos son un todo. Hasta que se llega a ellos, todos son mejorables, pero cuando se llega al punto final, se convierten en un todo. Como las píldoras --hoy pastillas-- si se toman enteras, sin paladear, como decía Hobbes, y en las dosis adecuadas, y si además son las que corresponde tomar, producen resultados salutíferos. Aunque no sea un médico quien lo decía, sino un filósofo, es bueno recordarlo. Esta ley es un todo y puede producir resultados salutíferos. ¿Puede resolver un problema? No sé si las leyes resuelven inmediatamente los problemas, pero pueden contribuir a mejorar la situación, a hacer avanzar la consolidación democrática y el uso libre de la voluntad de las personas en todo el territorio de España, y en concreto allí donde más se necesita esta expresión, como ocurre en el País Vasco y en Navarra.
Por lo tanto, con esta ley y en este turno, en nombre de mi grupo parlamentario, y creo que en nombre de todos los demócratas de Cataluña y casi me atrevería a decir en nombre de todos los ciudadanos de Cataluña, quiero expresar una solidaridad profunda con todos los ciudadanos que se encuentran en una situación en la que deben luchar día a día por mantener su propio espacio de libertad y su propia dignidad individual, quiero expresar mi admiración por la dignidad con que muchos realizan su función de edil en unas circunstancias no siempre fáciles y, a veces, de una incomodidad que va más allá de la persona y que se transmite a su entorno. Los valientes no son los que sienten miedo; los que no tienen miedo, a veces son insensatos. Los valientes son los que, sintiendo miedo, mantienen su posición con dignidad. Seguramente muchos de ustedes han sentido miedo en algún momento de su vida, y seguramente hayan pensado en que hay gente que no lo siente, pero la solución no es tener o no miedo; la solución está en que, teniendo miedo, se mantenga la dignidad, y eso conlleva un riesgo: un riesgo personal, un riesgo para el entorno y, además, un riesgo psíquico. Por ello, debo expresar el apoyo, sin fisuras, de todos los demócratas, y diría más, de todos los liberales, de todos los que creen que la democracia significa libertad, a todos aquellos que realizan esta función en unas condiciones de plus de exigencia respecto a su compromiso.
La democracia no debe exigir un plus de valentía para poder ser concejal.
Eso es lo que debe ser erradicado. Nosotros tenemos nuestro instrumental, que es elaborar una ley que les ayude. No debemos exigir héroes, sino ciudadanos activos y conscientes, y nuestra obligación como legisladores es hacer lo posible para que no tenga, repito, que haber héroes, sino ciudadanos activos y conscientes.
La ley debe garantizar que existan ciudadanos sin más valentía para aspirar a un cargo que la de llegar tarde a cenar, la de enterrar el tiempo libre o la de sacrificarse por sus convecinos.
Esto es lo que nosotros debemos garantizar. Son las bases de esta democracia mínima que permite que personas con opciones muy distintas, que personas que tenemos proyectos sociales, políticos o estatales distintos podamos coexistir en paz en una democracia con libertad. Eso es lo que debemos garantizar, y esta ley debe contribuir a hacerlo posible.
Si tiene ese amplio acuerdo --y lo tiene--, y además es una ley que se inscribe no fuera de la Constitución, sino dentro de ella y apoyándola, nosotros no tenemos ninguna duda: apoyamos esta ley sin fisuras porque creemos que será buena para hacer avanzar la consolidación y garantizar la democracia, allí donde esté en este momento más débil en su eficacia, a través del reforzamiento de la seguridad de los concejales.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Florensa.


El señor FLORENSA I TOMËS: Muchas gracias, señor presidente.
Como había anunciado, escenificado el turno para manifestar nuestro desacuerdo, toca ahora escenificar el turno de nuestro acuerdo.
Estamos ante una norma, decía el senador Molas, importante. Yo digo que es una norma de profundo calado en la vida democrática de este país, plurirreformadora desde el punto de vista legal-formal --son seis leyes afectadas, cuatro de ellas orgánicas--, que pretende, desde nuestra perspectiva, un objetivo último, que es cerrar un proceso que se inició con la aprobación de la Ley Orgánica de Asociaciones y que se continuó con la Ley Orgánica de Partidos Políticos.
Es verdad --y no lo hemos dicho con anterioridad-- que tenemos serias dudas de que en algunos aspectos no se les pueda haber ido un poco la mano. Sin embargo, en este turno de portavoces queremos manifestar nuestro acuerdo con el grueso de la iniciativa legislativa, y lo queremos decir de manera clara y diáfana, sin complejos y también sin dudas.
Estamos de acuerdo en aislar e identificar a los violentos. Estamos de acuerdo en favorecer el desarrollo democrático de la vida de las corporaciones locales. Estamos de acuerdo en proteger la seguridad de los demócratas con responsabilidades políticas, en este caso municipales, incluso,

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como hace la ley, primando el estatuto personal por encima del territorial. En todo ello estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo en aportar en lo máximo normalidad, ya que partimos de una situación de anormalidad. El señor González Pons nos pidió en Comisión que en este trámite primáramos el acuerdo sobre los desacuerdos y así lo hacemos en aras del consenso que ya reunió esta proposición en el Congreso de los Diputados. Pero es que haciéndolo así ejercitamos nuestra propia coherencia y somos coherentes con el compromiso de Convergència i Unió en la lucha contra el terrorismo; compromiso que hemos manifestado en tantas ocasiones como ha sido necesario, tanto desde la acción del Gobierno como desde los respectivos grupos parlamentarios.
Creo que hemos dado suficientes muestras de ello y, una vez más, sabemos dónde debemos estar, y estoy convencido de que ustedes también saben dónde estamos. Estamos del lado de la paz, del lado de la normalidad de la vida democrática, del lado de la dignidad, de la libertad y de la vida, y no estamos del lado del terror, de las mafias, de las bandas, de la muerte. Así de claro y así de rotundo. Queremos seguir haciéndolo así en el futuro. ¿Por qué digo esto? Y permítanme una pequeña digresión, sin ningún ánimo de frivolidad, porque queremos seguir haciéndolo así en el futuro.
No den crédito a esas declaraciones de un correligionario del Partido Socialista Obrero Español en las que pide que los nacionalismos desaparezcan del Parlamento español, vista la lealtad que los nacionalistas han tenido con el proceso constitucional español. ¿Es que el señor Rodríguez Ibarra nos va a dar lecciones a Convergència i Unió, nos va a dar lecciones de lealtad al proceso constitucional español? No oigan, señores del PP, esos cantos de sirena que provienen de algún representante significativo del partido mayoritario de la oposición. Les pido que no los oigan. Les pido más, que lo censuren explícitamente. No quisiera verme, y permítanme la licencia, en el futuro en algún trámite parlamentario debatiendo sobre una iniciativa conjunta, como ésta que hoy debatimos, donde tuviéramos que defender la garantía de la democracia en el Parlamento y la supervivencia del nacionalismo democrático en el mismo.
Insisto en que hemos dado suficientes muestras de cuál es nuestra posición política, y una vez más la vamos a dar hoy con toda rotundidad.
Vamos a primar el consenso en aras del interés superior protegido por esta proposición de ley. Sabemos cuál es, lo dijimos en trámite de Comisión y lo reiteramos ahora. Nuestras enmiendas no iban dirigidas a desviar la atención de este objetivo, pero ustedes han de entender que es nuestra obligación actuar como lo hemos hecho, y seguiremos haciéndolo porque una cosa no quita la otra.
Creemos tener acreditado nuestro respeto y lealtad al bloque de la constitucionalidad entendido desde el punto de vista jurídico, no político. Y es ese respeto y esa lealtad, son esas mismas virtudes las que nos han permitido y nos siguen permitiendo mantener vivas la siete enmiendas que hemos presentado. Pero ese mismo bloque de constitucionalidad --entendido en su acepción política, al menos tal como lo interpretamos nosotros-- nos permite hoy votar a favor del texto remitido por el Congreso de los Diputados, más allá incluso de la celeridad con que se quiere hacer y sin haber dado cabida a ninguna de las enmiendas que hemos planteado, ni siquiera la de carácter técnico.
No quiero insistir más en ello; quiero insistir en que vamos a votar a favor de esta proposición, porque todos, y nosotros, los nacionalistas catalanes los primeros, estamos concernidos en este proyecto de profundización de libertad en la democracia que se llama País Vasco.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Galán.


El señor GALAN PEREZ: Señor presidente, señorías, me toca en este turno de portavoces fijar la posición de nuestro Grupo en relación con la proposición de ley que el Grupo Parlamentario Popular y el Socialista presentamos conjuntamente en el Congreso de los Diputados, los dos Partidos firmantes del pacto de Estado por las libertades y contra el terrorismo. Esta es una proposición que evidentemente se ha enriquecido en su tramitación parlamentaria en el Congreso con aportaciones de otros muchos grupos y que hoy está sustentada --lo hemos visto en las intervenciones de los anteriores portavoces-- en una base parlamentaria mucho más amplia que la que tenía en su primer momento.
En la votación final del Pleno del Congreso de los Diputados esta proposición no tuvo ningún voto en contra, sólo cuatro abstenciones, y nos gustaría que en el Senado no obtuviera un menor apoyo. Ello no significa que nuestro Grupo no sea partidario, tanto en esta como en cualquier otra iniciativa, de que el Senado trabaje y extraiga toda la virtualidad de esta Casa en su función de Cámara de segunda lectura para seguir mejorando cualquier iniciativa que nos llegue procedente del Congreso. Por ello nuestro Grupo, sin rubor, presentó una enmienda nueva que entendíamos necesaria en el sentido que el portavoz del Grupo Popular, el señor González Pons, ha explicitado en su intervención con toda claridad.
Creo que ha quedado expresamente recogido en el «Diario de Sesiones» la voluntad del legislador, la voluntad de la Cámara respecto de qué tipo de gastos de seguridad hay que sufragar desde los Presupuestos Generales del Estado a los partidos políticos, gastos tanto de carácter material, como de carácter personal, y por tanto, en aras de una tramitación lo más rápida posible --tenemos ya anunciado en breve plazo una convocatoria de elecciones municipales para el día 25 de mayo--, en este trámite vamos a retirar la enmienda número 41 que nuestro Grupo todavía mantenía.
Agradecemos también la retirada de enmiendas por parte de otros portavoces que hacen que quede perfectamente claro, sin matices ante la opinión pública, el apoyo real que esta proposición de ley tiene en todos sus términos.
Es evidente, lo saben los portavoces de los demás grupos, que de las enmiendas que aquí han defendido, no todas

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nos han merecido la misma consideración; algunas de ellas, concretamente las números 7, 8 y 13 de la senadora De Boneta fueron votadas a favor en el Congreso; también nos ha parecido muy razonable la enmienda técnica del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, No vamos a apoyarlas en aras de esa finalidad de despejar cualquier tipo de interpretación tendenciosa de que el apoyo a esta futura ley es un apoyo con reservas, con matices y con alguna fisura. Queremos que quede claro que apoyamos, desde la primera palabra de la exposición de motivos hasta el final, la ley. Y queremos que quede claro porque esta proposición no pretende otra cosa que garantizar la total y absoluta seguridad física, la integridad moral y personal de los concejales y sus familias en los ayuntamientos democráticos de cualquier parte del territorio español y la garantía del funcionamiento democrático de los ayuntamientos.
Es evidente que la situación del País Vasco es la que es y que nos debe preocupar por igual a todos los españoles. Al menos como socialista andaluz puedo decirles que desde Andalucía nosotros nos sentimos absolutamente atacados y vulnerados no sólo cuando los asesinos matan a concejales de Sevilla o de Málaga, o a fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sino exactamente igual cuando se agrede física o incluso verbalmente a un concejal en el País Vasco o Navarra. En ese momento los socialistas, en cuanto demócratas, nos sentimos agredidos.
Cuando se insulta a un concejal por sus convicciones políticas, nos sentimos insultados; cuando se menosprecia o se deshonra a las víctimas, nos sentimos menospreciados o deshonrados; cuando a un concejal, como a nuestro compañero José Luis Vela en Andoain, se le deja un mensaje donde se le dice: Vete de Euskalerria o vete de esta vida, dándole a elegir entre la huida --para seguir avanzando en esa limpieza étnica, objetivo claro de los asesinos-- o la muerte, los socialistas de Andalucía y de toda España nos sentimos escandalosamente conmovidos y afectados.
Por tanto, me parece que cuando un ayuntamiento homenajea a los terroristas, sean vivos o muertos; da cobertura o apoyo de forma reiterada a acciones de carácter terrorista o a posiciones de grupos que apoyan clara y decididamente la violencia, no condenando las acciones de ETA; menosprecia y persigue a las víctimas; financia con los recursos públicos del ayuntamiento actos, actividades, fiestas en la línea de enaltecer al terrorismo o a sus protagonistas; cuando se violenta de esta manera la función constitucional de la autonomía local de los ayuntamientos, se está incurriendo en una gestión gravosamente dañosa para los intereses generales, se están incumpliendo las obligaciones constitucionales de los propios ayuntamientos. En tal supuesto, plantearse la posibilidad de disolución de los órganos de un ayuntamiento no nos parece extraño ni excesivo; sería una forma de remoción de obstáculos a la libertad y a los derechos en clave de defensa de la Constitución.
El tema es controvertido, pero tengo que recordar a sus señorías que el artículo 61 de la vigente Ley de Régimen Local, de 2 de abril de 1985, ya prevé la posibilidad de disolución de las corporaciones locales.
Igualmente, el Tribunal Constitucional, en sus sentencias 4/1981 y 27/1987, declara claramente constitucional el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local.
El artículo 9 de la Constitución Española regula, señorías, la función promocional de los derechos que incumbe a los poderes públicos. Hoy aquí invocamos su cumplimiento. Corresponde, en efecto, a todos los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivas.
Este objetivo del artículo 9 de la Constitución es un objetivo de esta proposición de ley. Es preciso abordar con normas jurídicas la garantía plena de la democracia en los ayuntamientos y de la seguridad de los concejales. Esta proposición de ley viene a proteger penalmente a los concejales y el orden en los plenos municipales; garantiza la movilidad de los escoltas y de las funciones de protección; protege la confidencialidad de datos que figuran en los registros y en el propio censo electoral, y mejora los mecanismos de control de los procesos electorales impidiendo que un partido se quede sin representantes porque el terrorismo directo --o el terror-- ha provocado que la lista haya quedado vacía de voluntarios dispuestos a ser héroes, poniéndose en primera línea del objetivo de ese círculo del tiro al blanco que en Euskadi se practica.
Para dar acogida a estas reformas modificamos una serie de leyes importantes y, por eso, esta ley --como han dicho otros portavoces-- es muy importante. Creo que la ley no pretende extralimitarse ni un ápice en los límites fijados por la Constitución, y si nos hemos pasado en algo, quiero tranquilizar al senador Florensa en el sentido de que ya vendrá el supremo intérprete de la Constitución a poner las cosas en su sitio.
Creemos sinceramente que con el apoyo que ha tenido esta proposición en el Congreso de los Diputados, merece también el apoyo de todos en esta Cámara.
Voy terminando, señor presidente. Señorías, ésta es una norma que garantiza la democracia, el correcto funcionamiento de las instituciones y que se enfrenta abiertamente al terrorismo y sus acólitos, y nosotros apoyaremos cualquier medida como ésta, de lucha contra el terrorismo, siempre que quede dentro de la Constitución, que es la que nos fija a los demócratas todas las reglas del juego.
Señorías, como ha señalado hace pocos días en «El País» el profesor Daniel Innerarity: el terrorismo es un fenómeno de nuestro tiempo que parasita de causas a las que permanentemente perjudica y que son causas nobles, como la defensa de los derechos humanos, la defensa de los principios religiosos o la libertad de los pueblos. No pretende, como en la guerra convencional, la aniquilación física y total de sus enemigos, sino que actúa contra víctimas concretas para modificar, eso sí, el comportamiento completo y colectivo del conjunto de la sociedad.
Si como dice el profesor de la universidad de Zaragoza hemos pasado del tiempo de la justificaciones a la era de las disculpas; considera justificación aquello que se construye en un sistema riguroso de argumentaciones a través de un proceso absolutamente lógico y correcto --de este

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orden eran los razonamientos de las grandes ideologías del pasado--, la disculpa sería un modesto artefacto de la estrategia política en el que no hay relaciones causales, deducciones y silogismos sino manejos oportunistas que no exigen el esfuerzo teórico de las grandes justificaciones ideológicas. Creo, señorías, que a estas alturas de desarrollo de nuestra democracia ¡ya está bien de disculpas! ¡Ya está bien de pretextos! Quiero dirigirme, sin acritud, a mis amigos del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, a Joseba Andoni, a Xabier, y también a todos los restantes, y decirles: abandonad la ambigüedad, dejad de ser a todos los efectos jugadores de ventaja. ¿Por qué no habéis adoptado en el Parlamento vasco medidas que están en esta ley y que se podían haber adoptado allí? ¿Por qué no censuráis a un alcalde como el de Andoain, de Herri Batasuna, que es alcalde con vuestros votos y que es incapaz de condenar la muerte en atentado terrorista de su propio jefe de la policía local? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular.) ¿Por qué habéis abandonado las mesas de los demócratas para pactar en Lizarra con los cómplices de los asesinos? ¿Cómo es posible que vosotros, demócratas de toda la vida, compañeros de lucha por la libertad, os hayáis podido hacer merecedores de esas terribles palabras de nuestra compañera, Mayte Pagazaurtundua, cuando tras maldecir a los asesinos, a los chivatos que aconsejan la muerte, a los falsos patriotas que siguen alimentando la locura en el País Vasco, a los ciegos que no ven que ha dejado de existir espacio intermedio alguno ente la víctima y el verdugo, os llama políticos de corazón de hielo, que para guardar la forma enviáis plañideras tras las pancartas? Dejad de ser merecedores, con alguna razón, con algún motivo, de ese tipo de palabras.
Y a vosotros, compañeros en la presentación de la proposición, compañeros del Grupo Parlamentario Popular, os digo que el Grupo Parlamentario Socialista luchará con vosotros a tope contra el terrorismo. Estamos con vosotros en esa lucha, siempre dentro del límite de la Constitución.
Pero, por favor, no utilicemos nunca, ni vosotros, ni nosotros, el antiterrorismo como disculpa para satanizar ninguna ideología, el nacionalismo democrático o cualquier otra; para ganar legitimidad ante la calle; para incomodar a veces al adversario político poniéndolo en situaciones difíciles; para desviar la atención de otros temas, también preocupantes para la opinión pública --alguna catástrofe o problema de otra índole-- para imponer prioridades que poco tienen que ver con la superación del fenómeno terrorista; para usar el poder de una manera que, sin esa disculpa, no sería soportable por una sociedad auténticamente democrática.
Creemos, señorías --y hago una referencia--, que por ejemplo, el mantenimiento todavía de nombres típicos de represores de las dictaduras, como el del General Queipo de Llano o el del Comandante Castejón, en las calles de pueblos de Andalucía o Extremadura gobernados desde 1979 por el Partido Popular, es una ofensa a las víctimas de la dictadura. Es una ofensa a los familiares de esas personas que fueron asesinadas, sencillamente por tener una ideología. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Para usar el poder hay que ser siempre absolutamente coherente en todo. Por eso separaos de esa línea del antiterrorismo como pretexto, que fundamentalmente es la línea que claramente lleva el Presidente de los Estados Unidos, George Bush, desde el 11 de septiembre. Invadió Afganistán, derrocó a los talibanes para capturar a Bin Laden. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Silencio, señorías.
Senador Galán, le ruego que vaya concluyendo.


El señor GALAN PEREZ: Termino, señor presidente.
Utilizó la guerra de Irak como fórmula de combate contra Al Qaeda y el terrorismo internacional. Son meras disculpas, no es ése el tema. ¿Ha habido democracia después de la invasión en Afganistán? ¿Es un régimen democrático el que se instauró en 1992 en Kuwait? No practiquen la disculpa, no sigan el camino que marca el Presidente de los Estados Unidos. No sigan esa línea de utilizar a veces torticeramente algo tan noble como es la lucha por la democracia y contra el terrorismo, siempre en defensa de la libertad, porque en esa senda no les acompañaremos, sino que estaremos siempre, en defensa de las víctimas, radicalmente en contra.
Termino, señorías, con una cita, para no ser menos que el senador González Pons. El citaba a Blas de Otero, yo quiero citar a Friedrich Holderlin, en «La muerte de Empédocles». El decía una frase que creo que debe servirnos de guía de conducta a todos, al menos para mí ha sido mi auténtica iluminaria en mi propia trayectoria personal y política. Es la siguiente: «Abiertamente consagré mi corazón a la tierra, a los seres que la habitan en la noche sagrada y le prometí fielmente que la amaría sin temor, con toda su carga de fatalidad y que no despreciaría ninguno de sus enigmas. Así quedé ligado a ella con un lazo mortal.» Acerquémonos más, tomemos decisiones, no es la hora de las disculpas ni de los pretextos, es la hora de las decisiones compartidas al máximo, como es esta ley, para afrontar los problemas de una sociedad, como es la sociedad del siglo XXI, donde tenemos que garantizar cada día las libertades democráticas en la mayor parte posible del mundo.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Galán.
Corresponde, para finalizar, el turno de portavoces al Grupo Parlamentario Popular. En su nombre, tiene la palabra el senador Sanz.


El señor SANZ PEREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Yo quisiera, en primer lugar --lo que se suele decir, pero lo hago de corazón--, agradecer el tono de las intervenciones, sobre todo el debate constructivo, que ha sido un debate democrático, en defensa firme por parte de todos los grupos de la democracia. El Grupo Parlamentario Popular se felicita sobre todo por algo muy importante; lo más importante de todo ha sido la fortaleza demostrada

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esta mañana, la cohesión demostrada hoy aquí de todas las fuerzas políticas en un asunto serio, preocupante, en el que se vienen dando pasos decisivos en los últimos años.
Agradezco, señor Galán, la retirada de las enmiendas. Debo decirle que la voluntad del legislador y la del Grupo Parlamentario Popular, mayoritario en esta Cámara, es la que usted ha manifestado. Y sí le puedo decir que un partido como el Partido Popular y el gobierno del Grupo Parlamentario Popular, democrático, alineado con la paz, alineado con la libertad, alineado con la defensa de la vida, alineado y defensor de la Constitución, también está alineado con la legalidad internacional y con algo muy importante, con la coherencia. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señor presidente, señorías, hace escasos meses celebrábamos el 25 aniversario de las primeras elecciones democráticas en España. Estamos en la antesala de unas elecciones también democráticas: las municipales y autonómicas. Y en 500 municipios de los 8.000 que tiene nuestro país, nos encontramos una excepcionalidad, que son más o menos los municipios del País Vasco y Navarra; nos encontramos con que ciudadanos de bien, ciudadanos que defienden la paz, la libertad, la vida, la Constitución y el Estatuto de Autonomía no pueden, no les dejan, les amenazan y les matan si participan en algo tan importante como es la vida social y política de sus municipios. Trabajan muy especialmente en defensa de la libertad, y no les dejan, no pueden, les matan.
Por lo tanto, a los senadores compañeros del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos les digo que está fallando algo tan esencial como a lo que usted se ha referido, está fallando la piedra angular de la democracia, porque la democracia tiene una cuna de nacimiento, y una de sus cunas de nacimiento es la vida municipal. En El País Vasco y en Navarra está fallando la piedra angular de la democracia.
Hemos sido capaces de construir en estos años entre todos un sistema político en el que caben todas las opciones. Nos dimos en el año 1978 una Constitución, la Constitución que todos hemos defendido de la concordia y de la libertad, que fue un gran acierto colectivo y que lo sigue siendo.
En estos años todos los partidos democráticos hemos progresado y hemos participado en el progreso social de nuestro país. Hemos disfrutado de la libertad y de la democracia; hemos abierto nuestra economía; hemos abordado con decisión una distribución del poder político del Estado; hemos solucionado problemas inquietantes que padecía la sociedad española, pero lamentablemente hoy podemos decir que sólo persiste un grave problema: el del terrorismo, junto con el apoyo que le prestan determinadas organizaciones que se disfrazan de partidos políticos para tener acceso a todas las ventajas legales que la democracia les otorga, con el único fin, eso sí, de destruir precisamente la democracia.
En estos últimos años --también se ha dicho hoy aquí-- la sociedad española se ha movilizado después de cada asesinato y acción criminal de ETA. Todo el pueblo español y todos los demócratas vascos se han levantado contra el terror y se han unido en un inmenso grito solidario pidiendo paz y libertad. Es un hecho que mientras que nosotros, los demócratas, estamos trabajando desde hace más de cinco lustros en un marco de convivencia inédito y privilegiado en nuestra historia moderna, plasmado muy especialmente en la Constitución, estamos trabajando por desarrollar una democracia consolidada y cada vez más avanzada, por intentar crecer y transformar lo que se precisa para incrementar el bienestar común, hay otros que, desde luego, no trabajan en el mismo camino.
Hemos venido trabajando por abrir puertas y ventanas al diálogo, Senadora De Boneta, pero yo le pregunto: Diálogo, sí, pero ¿cómo, cuándo, dónde y con quién? ¿Con los que llevan armas en los bolsillos? Este Grupo, este Gobierno, desde luego no va a dialogar ni dialogará nunca jamás con Batasuna. Porque las ventanas de la libertad y las puertas abiertas a la libertad también buscan una pluralidad en nuestro país tanto interior como exterior. Y unos pocos, con los que usted dice que dialoguemos, dedican todos sus esfuerzos a imponer su política matando a los demás.
Por tanto, falta democracia, pero esa falta se ha de combatir con más democracia, desde luego, sin llevar armas en los bolsillos. Cualquiera que sea la concepción de democracia que se tenga, nadie puede considerar admisibles tales conductas, e ignorar, sobre todo, que las mismas cuestionan de raíz el Estado de Derecho, el imperio de la ley y ponen en riesgo algo tan esencial como el Estado democrático, aniquilando a través de ello los derechos humanos.
Se han puesto en marcha reformas legales --a ello me he referido anteriormente-- que están fortaleciendo el Estado de Derecho. Y la proposición de ley orgánica para la garantía de la democracia y la defensa y seguridad de los ciudadanos, y de los concejales muy especialmente, va a fortalecer más aún el Estado de Derecho. Porque la democracia es la lucha de un pueblo por la libertad y la dignidad humana, y éste es el proyecto histórico más importante de esta España del siglo XXI.
La democracia, señorías, señor presidente, se asienta en los sentimientos más nobles de un pueblo, en su memoria histórica, en su razón crítica y sobre todo en las convicciones individuales y colectivas y en el respeto a los ciudadanos y de ellos a sí mismos, a su propia identidad como nación y a las instituciones que ellos se han dado libremente para procurar el bien común. La democracia es el fruto de la libertad porque sin libertad no hay democracia.
Pero, ¿qué ocurre cuando estos derechos se pisotean poniendo en riesgo en muchos casos la vida de muchos ciudadanos? ¿Qué tiene que hacer el legislador o qué tienen que hacer los demócratas? Senador Molas, lo que estamos haciendo hoy aquí. Usted lo ha dicho muy claramente y yo le felicito. Estamos garantizando la libertad porque, como usted, tampoco nosotros queremos héroes en el País Vasco ni en Navarra. Queremos hombres libres y, desde luego, queremos responsables políticos libres. Y el legislador tiene legitimidad plena, tanto desde la lucha contra el terror, como desde la defensa de la democracia. No pueden ser los partidos políticos, como efectivamente ocurre en España aquí y ahora, depósitos de armas, viveros o refugios de asesinos, formadores de cátedras de violencia o centros de apoyo logístico a los terroristas. Se trata, señorías, de legislar en defensa

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de la democracia. Eso es exactamente esta ley: un esfuerzo honesto y razonable hacia el progreso humano para la que, por tanto, solicito el apoyo de sus señorías.
Los legisladores nos estamos ocupando hoy de ello, estamos promoviendo las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; estamos removiendo obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y faciliten la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social de nuestro país.
Es un hecho notorio, señorías, que el desenvolvimiento de esta vida social, cultural, económica y política en el País Vasco y Navarra, particularmente en aquellos aspectos que afectan a las libertades y derechos reconocidos en la Constitución, tales como la libertad de expresión, la libertad de circulación o la participación política, se ve reiteradamente limitada.
Partiendo de este análisis, esta proposición de ley orgánica, suscrita por todos los grupos, muy especialmente por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, es una apuesta decidida y firme hacia el pacto por las libertades, contra el terrorismo, y a la que estoy seguro se adherirán el resto de grupos de esta Cámara.
Señorías, en una democracia, y España es una democracia, los municipios son la célula básica de la organización política, y es en ellos donde esta democracia debe comenzar. Pero la democracia verdadera no puede existir sin libertad, sin igualdad y sin pluralismo, y en una querida tierra, como es el País Vasco y Navarra, no hay libertad, no hay igualdad y desde luego no hay pluralismo. Y nosotros trabajaremos, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, por la libertad, por la igualdad, y desde luego también por el pluralismo político.
Pero esta democracia que tanto nos ha costado alcanzar está siendo hurtada, como vengo diciendo y, señorías, no hay democracia sin libertad.
Y no hay libertad cuando la intimidación ejercida por un grupo logra que los integrantes de una determinada opción electoral renuncien a su derecho a ejercer libremente una función pública. No hay libertad cuando los concejales de las formaciones políticas y sus familias, que defienden la democracia, son perseguidos y amenazados y cuando estas formaciones no pueden elaborar sus listas electorales porque sus militantes tienen miedo a que les maten.
La mejor prueba de esta falta de libertad, señorías, son los sillones vacíos en los plenos consistoriales de muchos ayuntamientos del País Vasco. En esta Cámara hay un sillón vacío, en esta Cámara el Grupo Parlamentario Popular tomó una decisión, que es dejar vacío un sillón de un senador, de un compañero de todos nosotros que, por defender la libertad, por defender la paz, por defender la vida y por defender la Constitución, asesinaron y mataron (Aplausos), y ese sillón vacío es una prueba clara de aquello por lo que debemos trabajar.
El derecho a designar representantes es un derecho reconocido en el artículo 23 de la Constitución, es un fundamento del sistema democrático.
Los asesinos de concejales y dirigentes del Partido Socialista y del Partido Popular, los atentados contra la sede de partidos o contra las viviendas y los negocios de sus militantes, las continuas intimidaciones a que se ven sometidos en los plenos los concejales no nacionalistas crean unas condiciones de manifiesta desigualdad.
Por tanto, señorías, tengo la certeza de que el mejor blindaje de los demócratas contra el terrorismo es la superioridad moral del Estado de Derecho. Son las convicciones democráticas del pueblo español, es el ejercicio cotidiano de las libertades políticas, la irrenunciable fe en nuestro futuro y la permanente búsqueda de la paz, y con las medidas que estamos tomando y las que hemos debatido hoy aquí estoy seguro --el Grupo Parlamentario Popular está seguro, y me felicito de que todos los grupos también lo estén-- de que estamos trazando una línea nítida de conducta frente al terrorismo por parte de todos los demócratas; estamos garantizando la libertad, garantizando la vida y defendiendo la Constitución de concordia que nos dimos todos los demócratas, porque los problemas de la democracia se resuelven sobre todo con más democracia.
Quiero terminar, señor presidente, señorías, agradeciendo y teniendo un recuerdo para los amigos de la «ama» a los que se refería mi compañero, el senador Quiroga. Los amigos de la «ama» forman parte esencial de la defensa de la democracia, y yo quiero hacer un reconocimiento a su trabajo, a su dedicación, pero también a eso que están haciendo que es exponer su vida.
Muchas gracias (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Sanz.
Finalizado el debate, llamamos a votación (Pausa.) Comenzamos la votación de la proposición de ley orgánica para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales.
En primer lugar votamos las enmiendas. Como saben sus señorías se han ido retirando una serie de enmiendas y vamos a votar únicamente las que han quedado vidas.
Enmiendas números 7 a 20, del Grupo Parlamentario Mixto, de la senadora De Boneta y Piedra.
Se inicia la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a favor, cinco; en contra, 172; abstenciones, cuatro.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Enmiendas números 27 a 34, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 182; a favor, cinco; en contra, 165; abstenciones, 12.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en dos bloques.
En primer lugar, votamos la enmienda número 42.


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Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 182; a favor, 12; en contra, 164; abstenciones, seis.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
También del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, votamos las enmiendas números 43 a 45 y 47 a 49.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 182; a favor, 11; en contra, 164; abstenciones, siete.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
A continuación, votamos el dictamen en dos bloques.
En primer lugar, los artículos 1, 4 y 5 en lo que modifica los artículos de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General números 127, 127 bis; 133.4, 133.6, 134, nuevo apartado 5; 140, nueva letra b); 153, nuevo apartado 3; 175, nuevo apartado 5; 183; 193, nuevo apartado 5; 201, nuevo apartado 11, y 227, nuevo apartado 5, así como el artículo 6 en lo que modifica al artículo 61.1 de la Ley de Bases de Régimen Local.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 182; a favor, 177; en contra, cuatro; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobado.
A continuación, votamos el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 182; a favor, 181; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley Orgánica para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales.
(Fuertes aplausos.) Muchas gracias, señorías.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO:

--PROPOSICION DE LEY SOBRE DELIMITACION DE LOS ESPACIOS MARITIMOS DE CANARIAS (622/000018).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto cuarto, que es la toma en consideración de proposiciones de ley del Senado.
Proposición de ley sobre delimitación de los espacios marítimos de Canarias.
No se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa.
En consecuencia, corresponde la defensa de la toma en consideración, que realiza el senador Ríos, portavoz del Grupo de Coalición Canaria.
(Fuertes rumores.) Silencio señorías.
Señorías, les ruego que guarden silencio mientras abandonan el hemiciclo para que el senador Ríos pueda comenzar su intervención. (Pausa.) Señor Ríos, puede comenzar.


El señor RIOS PEREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la cuestión de la delimitación de las aguas archipielágicas canarias no es una novedad en las Cortes Generales españolas; se remonta como mínimo al año 1981 cuando el Estatuto de autonomía de Canarias se encontraba en proceso de elaboración, que fue aprobado en 1982. Por aquel entonces, en la ponencia correspondiente se discutía si en su artículo 2, además de indicar el ámbito de la comunidad canaria, en su punto dos se debía incluir el mar territorial, la zona económica exclusiva e incluso su plataforma continental. Esto no significa que antes de la Constitución Española no se hubiera planteado esta situación. Las leyes 10/1977, sobre mar territorial, y la 15/1978, sobre zona económica --que, por cierto, aún están vigentes y en muchos aspectos sin desarrollar--, habían orientado correctamente la delimitación de las aguas archipelágicas canarias, pero no se alcanzó un acuerdo por una falta de voluntad política. (Continúan los rumores.) Esta es la quinta vez que se afronta este asunto en las últimas legislaturas: dos en la quinta, una en la sexta, otra al comienzo de la séptima y otra en la actual, ya en sus postrimerías...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Ríos, un momento, por favor.
Senadora Aránega, Senadora Arnáiz, señorías, les ruego silencio. El senador Ríos está en uso de la palabra. Puede continuar, señoría.


El señor RIOS PEREZ: Gracias, señor presidente.
Volvamos al proyecto inicial estatutario del año 1981. Parece obvio que la entidad territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias del Estado español está formada por el archipiélago canario que, a su vez, conforman las islas, los islotes y el mar que los conecta. Pero, señorías, me van a permitir que cite algunas definiciones recogidas en diversos diccionarios sobre la voz archipiélago. En el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua se dice que es un conjunto generalmente numeroso de islas agrupadas en una superficie más o menos extensa de mar; en el Diccionario de María Moliner, por extensión, se aplica a cualquier porción de mar poblada de islas; en el Casares se afirma que archipiélago es una parte de mar poblada de islas; y en la Convención del Mar, celebrada en Jamaica en el año 1982, se entiende que archipiélago es un conjunto de islas, las aguas que las conectan y otros elementos

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naturales tan estrechamente relacionados entre sí que formen una entidad geográfica, económica y política intrínseca.
En la ponencia constituida en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados se desarrolló un amplio debate a este respecto, pero una enmienda de la entonces UCD suprimió definitivamente esta alusión al archipiélago y al mar en el artículo 2º del proyecto de estatuto. Uno de los ponentes aquí presente como senador socialista, el señor Saavedra, llegó a afirmar que dejar a las islas sin agua era surrealismo puro. También el senador Solé i Tura, hoy miembro de Entesa Catalana de Progrés, dijo que no era un problema de soberanía sino de saber sobre qué zona del territorio actuaban las competencias otorgadas a la comunidad autónoma de Canarias.
Como he mencionado, una enmienda de UCD suprimió definitivamente toda alusión al archipiélago y al mar en este artículo 2º del proyecto de estatuto. Durante la tramitación en el Senado varios intentos de corregirlo resultaron infructuosos y ha habido que esperar a la modificación estatutaria del año 1996, catorce años después, y a la propuesta por unanimidad del propio Parlamento de Canarias, para obtener la nueva redacción del artículo 2º y del 40.1, que deja totalmente expedita la determinación del ámbito territorial de la comunidad en lo que respecta a las aguas que definen el archipiélago y con la que se le confiere el rango jurídico a esta consideración. Además, la consagración jurídica en el Estatuto de autonomía del concepto archipiélago reclama la materialización del trazado, generando una obligación del Estado para la comunidad autónoma, cuyo cumplimiento queda amparado en el principio de lealtad constitucional.
Según la profesora Paz Andrés, este concepto de lealtad constitucional ha sido proclamado en repetidas ocasiones por el Tribunal Constitucional en múltiples sentencias, como la número 181/88 o la 46/90, implica un deber de lealtad de todos los poderes jurídicos en el ejercicio de sus propias competencias, de modo que no obstaculicen el ejercicio de las ajenas.
Esta novedad trascendental en la modificación de 1996 es la que movió a Coalición Canaria a solicitar un impulso político que promoviera el cumplimiento de este mandato estatutario.
Además, desde 1978, en la Constitución Española el término «archipiélago» está presente tanto en el artículo 141.4 como en la disposición adicional tercera, lo que hace decir al profesor Jiménez Piernas que la Constitución, al afirmar la identidad del archipiélago, abre camino a la aplicación de este principio y lleva de la mano al artículo 147.2.b) de la Constitución Española, que establece que el Estatuto de Autonomía debe contener la delimitación de su territorio, siendo el Estado el que tiene competencias exclusivas para realizarlo en los espacios marítimos por ser una cuestión que, además, afecta al ámbito de las relaciones internacionales, según el artículo 149 de la Constitución Española. Por tanto, corresponde al Estado proceder a su concreción material en cumplimiento del principio de lealtad ya invocado, que indicará el ámbito espacial en el que opere el reparto de competencias que se derive del bloque de la constitucionalidad.
Por otro lado, ya existe jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el concepto archipielágico en relación con Canarias en sentencias pronunciadas por la Sala Tercera durante los años 1992, 1993, 1994, 1995 y 1997, en las que se concreta el ámbito espacial en el que transcurre la navegación marítima interinsular a fin de determinar la validez de la repercusión de las cuotas del impuesto especial de la comunidad autónoma de Canarias sobre los combustibles derivados del petróleo, afirmándose que el consumo del combustible se realiza en el territorio de la comunidad autónoma; es decir, el mar interinsular es Canarias a todos los efectos.
Asimismo, durante los dos últimos años se han acumulado múltiples actuaciones producto de relaciones internacionales que afectan a las islas por su ubicación estratégica intercontinental y por las nuevas circunstancias que afectan a la navegación marítima: tráfico de drogas, rutas de sustancias radiactivas contaminantes; prospecciones en plataformas próximas; tráfico ilegal de inmigrantes; intercambios comerciales con países próximos del área; problemática pesquera, así como la evolución de la Unión Europea con el Tratado de Amsterdam y la nueva redacción del derecho primario de la Unión, en su artículo 299, vinculado a la definición de los territorios ultrperiféricos. Todas estas circunstancias aconsejan la voluntad política de estudiar y dictaminar la situación del archipiélago en relación con su zona marítima.
Nada más lejos de la verdad que la acusación de que en estas iniciativas haya dosis de oportunismo o alarmismo en relación con la recentísima catástrofe marítima.
Como decía, la incidencia de los temas internacionales ha ido en aumento, sobre todo en lo que afecta a las navegaciones aérea y marítima. En lo que se refiere a esta última, los habitantes del archipiélago oceánico que es Canarias contemplan con precaución y angustia cómo buques petroleros totalmente obsoletos, cobijándose en la situación anómala en que se encuentran determinados espacios marinos cercanos a las islas --por ejemplo, entre Gran Canaria y Tenerife median 30 millas, seis de las cuales son consideradas mar internacional o alta mar, ya que las 24 millas restantes corresponden, tal como indica la Ley de 4 de enero de 1997, sobre el mar territorial, a la suma de los mares territoriales de ambas islas: 12 millas cada una--, realizan vertidos de todo tipo de forma incontrolada. Asimismo, existe la posibilidad de que se lleve a cabo cualquier otra actividad en esa zona, que no es prácticamente de nadie.
De cualquier forma, ésta no es sólo una reivindicación medioambiental: también ha tenido auge el tráfico ilícito de emigrantes, que cuenta con una problemática propia debido al tipo de embarcaciones que se utilizan, con el peligro de la pérdida de vidas humanas.
Pero lo que verdaderamente ha acelerado la presentación de esta iniciativa ha sido el que recientemente la Secretaría General de la Comisión Europea, en el informe sobre las regiones ultraperiféricas, entre las que se encuentran las islas Canarias, como consecuencia del desarrollo del Tratado de Amsterdam --artículo 299--, especifique lo siguiente: Gracias a estas regiones ultraperiféricas, la

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Unión Europea cuenta con el primer territorio marítimo mundial, con 25 millones de kilómetros cuadrados de zona económica, que tendrá una importancia crucial en el siglo XXI debido a los numerosos recursos y potencialidades que encierra. Pues bien, como se sabe, estas regiones ultraperiféricas son los territorios franceses de ultramar: Guadalupe, Martinica, Guayana y Reunión, los archipiélagos portugueses de Azores y Madeira, y las islas Canarias. Como decía, todas estas regiones tienen ya delimitadas sus zonas marítimas económicas exclusivas, salvo el archipiélago canario.
La proposición de ley que presentamos ahora es muy sencilla. Sólo cuenta con un artículo, una disposición adicional y una disposición final, y está basada en el concepto archipielágico del Derecho Internacional del Mar de 1982.
Por último, si bien la Comisión de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, celebrada en 1982, en Montego Bay, Jamaica, dedica una parte a la aplicación del régimen de delimitación de los distintos espacios marinos de acuerdo con el método de las líneas de base rectas a los Estados archipelágicos, ello no impide que ese método también pueda ser aplicado conforme con el régimen general de la delimitación recogida en dicha convención en su parte general a los Estados mixtos o archipiélagos de Estados, que es el caso de Canarias, como efectivamente lo han realizado diversos países como Australia, con las islas Houtman; Portugal, con Azores y Madeira; Dinamarca, con las islas Feroe; Noruega, con las islas Spitzberg y Ecuador, con Galápagos, entre otras.
El artículo 132.2 de la Constitución considera bien de dominio público estatal tanto el mar territorial como los recursos naturales de la zona económica exclusiva, lo que viene a significar la competencia del Estado para su delimitación, de acuerdo con las normas del derecho internacional que regulan la materia. A su vez, el artículo 147.2.b) de la Constitución establece como contenidos necesarios de los estatutos de autonomía la delimitación del territorio de la comunidad autónoma, ya que éste será límite a la eficacia de sus normas y al ejercicio de sus competencias.
En desarrollo de estas prescripciones constitucionales, el artículo 2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, en la redacción dada por la modificación operada en la Ley Orgánica de 1996, describe que el ámbito territorial de la comunidad autónoma canaria comprende el archipiélago canario, integrado por las islas y los islotes. Este ámbito territorial está incompleto sin la delimitación de los espacios marítimos incluidos en el concepto archipelágico que introduce el referido artículo 2 del Estatuto de Autonomía en relación con la proyección competencial que define el artículo 40.1, ya que engloba los espacios terrestres y marítimos de Canarias. Dentro de estos espacios marítimos, el Derecho Internacional distingue dos tipos de aguas: las interiores --aquellas que quedan encerradas dentro del perímetro del archipiélago, delimitado por las líneas de base rectas-- y las exteriores --que comprenden tanto el mar territorial como la zona económica exclusiva-- contadas a partir de dichas líneas.
Por último, la razón fundamental de presentarlo aquí, en el Senado, es porque consideramos que es donde corresponde, por ser ésta, según la Constitución Española de 1978, la Cámara territorial y referirse esta iniciativa legislativa de Coalición Canaria a la delimitación del territorio de la comunidad autónoma de Canarias. Este artículo único dice lo siguiente: «Delimitación de los espacios de Canarias.
Entre los puntos extremos de las islas e islotes que integran, según el artículo 2º de su Estatuto de Autonomía, la Comunidad Autónoma de Canarias, se trazarán líneas de base rectas de manera que el perímetro resultante siga la configuración general del archipiélago, tal como se establece en los Anexos I y II de esta Ley» (y también el mapa que se ha distribuido para una fácil comprensión).
«Las aguas interiores serán aquellas que quedan encerradas dentro de las líneas de bases rectas configuradas de acuerdo con el apartado anterior.
Los demás espacios marítimos reconocidos internacionalmente serán contados a partir de las líneas de base rectas que configuran el perímetro archipelágico.» Y la disposición adicional se titula «Respecto al Derecho Internacional y al reparto competencial».
Espero y deseo, señorías, que todos los grupos políticos de la Cámara hayan comprendido el alcance de esta proposición de ley, la compartan y apoyen su toma de consideración para ser enviada, con la máxima urgencia, y al Congreso de los Diputados para la tramitación de sus enmiendas parciales y un ulterior trámite en esta Cámara. Espero y deseo que para finales de este año 2003 esté definitivamente aprobada esta ley. Para la comunidad canaria supondría un hito histórico. Hasta ahora sólo hemos sido islas aisladas --valga la redundancia--, una comunidad autónoma sin continuidad, geográficamente fragmentada y con un pueblo disperso. Al aprobarse esta ley de forma definitiva nos convertiríamos en una comunidad unida, en un pequeño continente que abarcaría un solo pueblo, seríamos dueños entonces de nuestros propios horizontes. Dejaremos de ser islas y nos convertiremos en archipiélago. Depende de ustedes, señorías.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Procede a continuación el establecimiento de turno a favor, si lo hubiera. (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) Pasamos entonces al turno de portavoces. En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Hernández Rodríguez.


El señor HERNANDEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro Partido de Independientes de Lanzarote, isla y partido a quienes represento en esta Cámara, considera importantísima esta proposición de ley. Nuestro partido lleva también años reivindicando la delimitación de estas aguas. Esperamos que sus señorías lo entiendan y apoyen esta proposición de ley.
Muchos son los problemas que padece nuestra tierra, nuestra comunidad canaria, agravados quizá en Lanzarote

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y en Fuerteventura, más cercanas al continente africano, que, como consecuencia de la indefinición de los espacios marítimos. Por eso esperamos que la definición de las mismas resuelva muchos de nuestros problemas, sobre todo pesqueros, porque la isla de Lanzarote tiene una flota pesquera de las más importantes de Canarias, aunque los problemas que ha sufrido en los últimos años han hecho que su peso sea únicamente testimonial; problemas tan importantes como la inmigración ilegal que hoy padecemos; problemas con el país vecino por las prospecciones petrolíferas que se están llevando a cabo en la plataforma continental.
La clara definición de estas aguas, de estos espacios marítimos hará que muchos de ellos se vean encauzados. Por eso espero que los grupos parlamentarios representados en esta Cámara así lo consideren y vean la importancia de esta proposición de ley, apoyándola.
Como bien decía el senador proponente de esta proposición, nuestro Estatuto de Autonomía define claramente el ámbito territorial, pero, ¿qué pasa con esas aguas que nos rodean? Consideramos insuficiente la legislación española para regular un territorio discontinuo como es el canario, porque la delimitación de las aguas territoriales a doce millas en ese espacio archipelágico nos crea muchos problemas, dados los pasillos que se ocasionan entre islas al considerarse aguas internacionales. Así, tenemos que echar mano del Derecho Internacional, del Derecho del Mar, recogido en la Convención de Naciones Unidas de Montego Bay, en Jamaica, que indica que esa ley relativa a los archipiélagos Estados puede ser perfectamente aplicable a los Estados de archipiélago, como es nuestro caso, delimitando estas aguas interiores, una vez establecida la línea de base, y uniendo todos los puntos salientes de los islotes y las islas, lo que se delimitaría las aguas territoriales, es decir, las exteriores, desde la línea de base hasta esas doce millas, al igual que la zona económica exclusiva, sin duda una delimitación importante, que partiría de la línea de base hasta las doscientas millas.
Muchos de los problemas quedarían encauzados. Como ya dije anteriormente, existen esos pasillos prácticamente entre todas las islas, excepto en Lanzarote y Fuerteventura debido a esa distancia inferior a las 24 millas. Pero en el resto de las islas existen esos pasillos de agua que que pertenecerían a las aguas internacionales, lo que supondría el tránsito de cualquier buque por su interior, con el riesgo que ello conllevaría. Con la delimitación de estas aguas archipelágicas, éstas quedarían totalmente bajo control de esta comunidad o de aquellos a quienes correspondan estas competencias.
Esadefinición de la zona económica exclusiva daría lugar a una importante definición, como puede ser la de la mediana que se debería establecer entre Canarias y el continente africano, entre Canarias y Marruecos, entre Canarias y Portugal, con lo que problemas como el de la pesca, problemas como el que mencioné antes de las prospecciones petrolíferas, problemas como la inmigración ilegal, quedarían en parte encauzados.
La definición de este importante espacio, de esta zona económica exclusiva, también podría dar lugar a la petición a la Organización Marítima Internacional de declarar la zona marítima de Canarias como zona especial por su alto valor ecológico, algo sin duda importante para nuestra comunidad después de los graves problemas que tenemos por los vertidos incontrolados de buques, por la limpieza de tanques en nuestra zona marítima, que las corrientes marinas arrastran hacia nuestro litoral, donde muchas de nuestras costas se encuentran ahora mismo afectadas.
Podría mencionar también, como ya se hizo antes, aquellos países que han aplicado esta legislación, como Portugal, Dinamarca, Noruega, Ecuador, Australia, pero deseo establecer una diferencia clara entre las islas Azores y Madeira, en Portugal, y las islas Feroe, en Dinamarca. Estas últimas gozan de una soberanía plena y respetarían por supuesto el derecho internacional marítimo--ese no sería el caso de Portugal, con sus islas de Azores y Madeira--, porque allí tienen bien definidos sus espacios marítimos, su zona económica exclusiva, recogidos en su estatutos de autonomía. Se da el caso ahora mismo de que los armadores de nuestra flota atunera de la isla de Lanzarote se encuentran negociando con las autoridades de Madeira un convenio de pesca por la importancia de estas aguas y por la gran rentabilidad que supone para ellos, y negocian directamente con aquellas autoridades.
Termino, como dije anteriormente, apoyando esta proposición de ley.
Coincidimos en su finalidad. Es importante que se abra este debate, importante para nuestra comunidad, pero difiero un poco en el aspecto competencial. La proposición de ley propone que las aguas interiores, esas aguas delimitadas por estas líneas de base, estén bajo la soberanía del Estado español, y nuestro partido propone que esta competencia la ejerza nuestra comunidad, algo que consideramos importante. Ahí tenemos el ejemplo claro de Azores y Madeira, que recogen en sus propios estatutos de autonomía estas competencias en recursos pesqueros, sus aguas y su territorio.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Hernández Rodríguez.
Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria. En su nombre tiene la palabra su portavoz, el senador Ríos. (El señor vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.)

El señor RIOS PEREZ: Señorías, en este turno de fijación de posiciones no voy a tratar ningún tema constitucional ni estatutario, sino que haré solamente un enfoque político de esta proposición de ley.
El Estado español nunca había hecho uso en aguas de Canarias del derecho soberano basado en las leyes internacionales del mar de la zona económica exclusiva de las 200 millas. Haciendo un juicio de valor, quizá por no entrar en colisión con Marruecos, principalmente en su zona del Estrecho y el Mediterráneo, y por otro lado, por la situación especial del Sahara Occidental y su pendiente proceso de autodeterminación propiciado por la ONU.
En 2002 el Gobierno central aprueba un decreto autorizando a la compañía Repsol a nuevas prospecciones petrolíferas

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al este de las Islas de Fuerteventura y de Lanzarote fuera de las 12 millas de las aguas jurisdiccionales y hasta muy cerca de la posible mediana o equidistancia con la costa continental marroquí, rompiendo así su tradicional omisión de reivindicar en el mar de Canarias la zona económica exclusiva.
Consideramos que el Estado español estaba en su perfecto derecho. Una situación similar ya la había originado Marruecos al norte de las islas Canarias para las compañías anglo-francesas dentro de su zona económica exclusiva, y también lo había hecho al sur de la península de Jandía, de Fuerteventura, en aguas pendientes de soberanía al estar enfrente del antiguo ex Sahara occidental español y cuyo derecho ha puesto en duda la propia ONU.
En cuanto a la ley que hoy propugnamos, no afecta en absoluto --repito, en absoluto-- las relaciones actuales con Marruecos, pues las líneas de base que proponemos al este de Lanzarote y Fuerteventura--vean el mapa que les muestro-- abarca mucho menos que las aguas jurisdiccionales españolas. Por lo tanto, esta proposición de ley no afecta en absoluto, repito, el este de Fuerteventura y Lanzarote.
En cuanto a Portugal, teóricamente tampoco le afecta de forma novedosa, pues la posible controversia en las Islas Salvajes no tiene nada que ver con las aguas interiores, sino con la zona económica exclusiva, con o sin el trazado de la línea de base recta que señala esta proposición de ley.
Si repito esto es porque ha sido uno de los argumentos que siempre han esgrimido para plantear el problema de dificultades internacionales.
Insisto en que esta proposición de ley no afecta en absoluto ni a Portugal ni a Marruecos.
Otro aspecto es que ante los intentos que Coalición Canaria ha hecho para que se estudie y dictamine la delimitación, sólo se ha esgrimido un argumento, y es que la zona contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva a partir de las líneas de base recta que une los extremos de las islas sólo se podrían delimitar, según la Convención de los Derechos del Mar de 1982--hecha en Montego Bay, Jamaica, y que entró en vigor en 1994--, en los Estados archipelágicos, Indonesia y Filipinas, y no en los Estados mixtos continente y archipiélago, como Ecuador, India, Portugal, Canadá, Noruega y España.
Hay que aseverar que dignísimos representantes españoles defendieron en tales reuniones los mismos derechos de ambos tipos de archipiélago, como los señores Poch, Aberoa y Goñi.
Los textos finales de las sucesivas convenciones reconocen ese derecho a los Estados archipelágicos, pero no dicen nada sobre los Estados mixtos, y el Tribunal Permanente de Justicia Internacional incide en que las limitaciones a la soberanía de los Estados no se presumen, y lo que no está regulado no está prohibido.
Al no haber prohibición expresa no sería un acto contra ley. Según Jiménez Piernas, lo determinante del principio archipelágico es el fenómeno natural y cultural del propio archipiélago, que permanece idéntico ya se trate de un Estado independiente o sólo forme una parte de él; es decir, es aplicable a una situación geográfica y no a su estatus político.
De la misma opinión es el profesor Remiro Brotons, que dice: Dialécticamente es imposible negar a los archipiélagos de Estado lo que se les reconoce a los Estados archipelágicos. De similar opinión son otros muchos autores, como los profesores Puello e Iturriaga; este último, además, opina que las consecuencias jurídicas debieran resultar aplicables a todo tipo de archipiélagos conforme a un recto principio de interpretación analógica. Para Remiro Brotons serán, en definitiva, los Estados mixtos los que decidan libremente sobre sus archipiélagos. Así lo han hecho ya, por ejemplo, Noruega con las islas Spitzberg desde el año 1970, Ecuador con las islas Galápagos desde el año 1971, Dinamarca con las Feroe desde 1983 y Portugal con las Azores y la vecina Madeira desde 1985. No invocan como base jurídica la convención, sino las reglas generales de delimitación y el principio archipelágico general, dejando libre el llamado «paso inocente» de embarcaciones que no contaminen ni realicen actos ilegales como tráfico de droga o de inmigrantes no permitidos.
Ultimamente España ha dado pasos decisivos para rectificar, acogiéndose el año pasado a la jurisdicción del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La decisión de España de añadir el Tribunal Internacional del Derecho del Mar como opción para recurrir legalmente en el caso de que otros países demanden delimitaciones marítimas especiales favorecerá a Canarias, según reconoció el Ministro de Asuntos Exteriores al senador que les habla.
Esta iniciativa gubernamental, que recibió más tarde el respaldo definitivo de este Senado en su trámite parlamentario en las Cortes Generales, permitirá a partir de ahora al Gobierno del Estado formular una declaración oficial ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, acogiéndose a la jurisdicción del mencionado Tribunal Internacional. Hasta ahora España únicamente podía acceder a la Corte Internacional de Justicia para dirimir disputas relativas a la interpretación o aplicación de la Convención del Mar.
En cuanto a la política interior --porque hasta ahora hemos hablado de la política exterior--, en las tres últimas legislaturas los dos grandes partidos estatales, el Partido Popular y el Partido Socialista, han mantenido opiniones distintas según estuvieran o no en el poder. En el año 1995 el PP apoyó las iniciativas y el PSOE se opuso a ellas. Fue el senador Miguel Angel Barbuzano, ya fallecido, quien defendió la proposición de ley, y deseo que conste nuestro recuerdo más emocionado.
Posteriormente, hasta el año 2000, se invirtieron las opiniones, con el apoyo del PSOE y la oposición del PP.
Ha sido necesario llegar al 2001 para lograr una propuesta de resolución, que fue aprobada después del debate del estado de la nación celebrado en junio. La propuesta de resolución número 36, que fue aprobada por unanimidad --es decir por el Partido Popular y por el Partido Socialista--, dice lo siguiente: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que establezca la demarcación de las aguas interiores, mar territorial y zona económica de Canarias de acuerdo con el artículo 2 del Estatuto de Autonomía de Canarias y con la Convención de los Derechos del Mar.» Repito que esta propuesta de resolución fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados en junio de 2001.


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Por parte del Parlamento de Canarias han sido aprobadas por unanimidad mociones similares varias veces. La última proposición no de ley, que data del 16 de enero de 2003, dice lo siguiente: El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que inste al Gobierno de España a que se establezca la demarcación de aguas interiores, mar territorial y zona económica de Canarias, de acuerdo con el artículo 2 del Estatuto de Autonomía y la legislación internacional aplicable.
También fue aprobado por unanimidad, y les recuerdo que hay grupos parlamentarios del Partido Popular, del Socialista y de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias.
El Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos siempre han apoyado estas iniciativas. Uno de los más brillantes senadores del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, el señor Solé Tura, defendió en 1987, tal y como ya he dicho anteriormente, que las aguas eran del ámbito territorial de la comunidad para poder ejercer sus competencias; y a su vez, el voto del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió respecto de la moción que se tramitó en el año 2000 también fue positivo.
Por último, el acuerdo de estabilidad y cooperación entre el Partido Popular y Coalición Canaria, aprobado, firmado y publicado, indica en su punto segundo que entre los objetivos a conseguir y establecer se encuentra esta delimitación de las aguas archipelágicas canarias. Por tanto, señorías, el que la comunidad canaria deje de ser isla y pase a ser archipiélago está en sus manos.
Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a ustedes, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Ríos.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario va a apoyar positivamente esta proposición de ley planteada por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria. Tal y como ha dicho su portavoz, nuestro grupo es el único que siempre ha votado a favor de todas las iniciativas que han planteado los senadores nacionalistas canarios, así como el Grupo Parlamentario Mixto.
No olvidemos que en la legislatura pasada estaban incluidos en el Grupo Mixto los senadores que antes no tenían grupo en Coalición Canaria, como el senador Barbuzano, que en paz descanse y que tuvimos ocasión de conocer en las Cortes Generales, o el mismo senador Ríos; era el grupo en el que se integraban los representantes nacionalistas canarios. Pero, como digo, una vez que se han constituido como grupo con autonomía e identidad propia distinta, ha sido únicamente el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos el que siempre ha votado a favor de esta iniciativa planteada por parte de los senadores nacionalistas canarios.
El resto de los grupos--y también lo ha dicho el senador Ríos-- les apoyan o no dependiendo de dónde estén, si en la oposición o en el gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que los antecesores del Partido Popular en la UCD fueron quienes pactaron la regulación de la zona económica exclusiva con los representantes canarios del Partido Socialista. Ese era el argumento en el que se solía fundamentar la proposición de ley, que, por cierto, esta vez no se hace así, no hay ninguna referencia a la ley de la zona económica exclusiva, imagino que teniendo en cuenta los argumentos contrarios que, unas veces el PSOE y otras el PP, dependiendo de si están en el gobierno o en la oposición, mantienen. No obstante, en mi opinión sí hay que basarse en dicha regulación porque sí hay un soporte histórico y legal en virtud del cual el Gobierno puede actuar en la materia.
Esto comienza fundamentalmente desde que Indonesia hizo una declaración en favor de la «archipelagicidad» en 1957. El próximo mes de junio se cumplen 30 años desde la consagración en el plano internacional del principio archipelágico, que viene a decir que los Estados que son archipiélago tienen el derecho de soberanía territorial sobre las aguas interiores, las aguas del mar territorial y las aguas archipelágicas, definiendo estas como aquel perímetro marítimo trazado entre los diferentes cabos de las islas que integran un archipiélago determinado.
Treinta años son los que se cumplen desde la consagración del principio archipelágico con ocasión de los debates mundiales que hubo en el seno de la III Conferencia sobre el Derecho del Mar. La consagración de dicho principio supuso la consolidación de las tesis de Indonesia, Filipinas, Fidji y Mauricio--y no me refiero al portavoz, don José Carlos, sino a las islas-- que, en definitiva, venían a reconocer la identidad y la personalidad de archipiélagos existentes a lo largo de todos los mares del mundo. Sin embargo, a la hora de la redacción de las conclusiones de la Convención del Derecho del Mar se hizo una remisión analógica a los Estados con archipiélago, de manera que se reconocía la archipelagidad para los Estados archipelágicos, pero no para los Estados con archipiélago o archipiélagos oceánicos. Así, en la convención se previó una referencia en el sentido de que los principios de la archipelagidad se aplicarían también a los Estados con archipiélago o archipiélagos oceánicos.
De esa manera se mantuvo hasta el año 1976, momento en el que, por un lado, las presiones de grandes potencias como Estados Unidos, la URSS o China --estábamos en los tiempos de la «guerra fría»--, con capacidad de veto en el Consejo de Seguridad --la situación internacional era conflictiva, había terminado la guerra de Vietnam-- y a quienes no les interesaba que los archipiélagos oceánicos pudieran tener esa personalidad, y, por otro, los Estados archipelágicos, que veían consagrada la archipelagidad exclusivamente para ellos, consideraron que si se resolvía su reivindicación con el reconocimiento expreso en la convención de sus intereses, no había necesidad de dar más batalla frente a los demás archipiélagos oceánicos y de las grandes potencias, de manera que aceptaron este statu quo y, en consecuencia, desapareció la remisión de la aplicación analógica de la archipielagidad a los archipiélagos oceánicos.


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¿Hay algún fundamento lógico o jurídico para ello? Ninguno. Se debió a la presión de las grandes potencias, pero es que no se puede comparar la capacidad de presión de Mauricio, Filipinas o Fidji con China, la URSS, Reino Unido o Estados Unidos, a los que no les interesaba la situación y, todos ellos, con capacidad de veto. De esta manera, las presiones políticas hicieron que desapareciese la aplicación de la archipelagidad para los Estados con archipiélago y queda reservada únicamente para los Estados archipelágicos.
Ese es el fundamento. No hay ningún otro fundamento jurídico o lógico porque la situación geográfica, económica, su ubicación en el planeta y la problemática de los Estados archipelágicos y la de los Estados con archipiélago es la misma. ¿Por qué se hizo esa exclusión expresa en la convención? Por la presión política.
Sin embargo, esa presión política, sin tener un sustento racional, lógico ni jurídico fundamentado no puede tener esa trascendencia si analizamos todos los trabajos parlamentarios de la III Conferencia del Derecho del Mar y, por lo tanto, hay que intentar que a los Estados con archipiélago se les reconozca la posibilidad de marcar el perímetro marítimo entre los cabos de sus distintas islas.
Esa es una cuestión esencial y una petición de principios para Canarias, ¿por qué? Porque se trata de una cuestión de identidad, es una cuestión de personalidad y cuando tratamos este tipo de cuestiones hay que ir al fondo del asunto. ¿Qué pasa si se aprueba esta proposición de ley de Coalición Canaria? Espero que no se quede en un cajón del Congreso de los Diputados, siguiendo la técnica parlamentaria del grupo mayoritario, según la cual se hacen sucesivas peticiones de ampliación del plazo para la presentación de enmiendas, para que transcurra la legislatura y no se apruebe. Insisto en que espero que no ocurra esto, pero la experiencia parlamentaria viene demostrando que cuando algo no interesa por determinada coyuntura política queda parado y es posible que al Partido Popular ahora no le interese aparecer como el malo de la película negándose a aceptar una reivindicación de identidad, de principio, de personalidad archipelágica para Canarias, aceptada por unanimidad en su parlamento, de manera que le pueda parecer más interesante meterlo en el cajón del Congreso de los Diputados porque bastantes problemas tiene y no quiere saber nada de este asunto. Esa es la sospecha de mi grupo parlamentario y hay antecedentes parlamentarios --que no voy a citar-- tanto en la pasada como en la presente legislatura.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no puede más que apoyar una reivindicación nacionalista de este calibre y de esta entidad, efectuada por los senadores de Coalición Canaria.
La proposición de ley en su artículo único, apartado 1, hace referencia a la delimitación del perímetro marítimo archipelágico en base a los conceptos de la Ley 15/1978. No se menciona la ley, pero es una traslación mimética de la regulación contenida en el artículo 1, apartado 2, de la Ley 15/1978, que fue fruto de la negociación UCD de Canarias, PSOE de Canarias, y aceptada por unanimidad de los grupos parlamentarios en su tramitación en Cortes Generales. Por lo tanto, habrá que hacer, en su caso, alguna referencia al respecto.
En segundo lugar, el apartado 2 --valga la redundacia-- hace una ficción jurídica, y es que las aguas encerradas en el perímetro archipelágico se califican como aguas interiores, y éstas no son ni aguas interiores ni mar territorial, es un «tercium genus», un tercer género. La discusión doctrinal es que a veces tiene características de mar territorial, y algunos como Ramiro Brotons, dice que no sólo de mar territorial, sino también de zona de alta mar o de aguas interiores. Si el grupo mayoritario admite la tramitación y, después, no es objeto de boicot y de retraso en su tramitación en el Congreso de los Diputados, éste es el debate que tendremos que tener y el meollo de la cuestión: el régimen jurídico del apartado 2 del artículo único.
La definición de aguas interiores, de mar territorial, de zona de alta mar está efectuada y, también, la de las aguas archipelágicas. Por lo tanto, ¿qué régimen le damos a estas aguas? Estas aguas son las mismas que prevé la Ley 15/1978. La ley de Cortes efectúa el mandato al Gobierno, pero no dice qué régimen tendrán esas aguas cuando el Gobierno español fije en el archipiélago canario el perímetro marítimo archipelágico. No fija el régimen, ¿aguas interiores, mar territorial, zona de alta mar?¿O puede ser, como alguien opina, una zona económica interior sui géneris, con capacidad de regulación en cuestiones de salvamento, medioambientales, de protección marina, etcétera? Es importante la fijación del régimen al respecto, porque si le damos el carácter de aguas interiores tiene unas determinadas connotaciones, si le damos el de mar territorial, otras, o el de aguas archipelágicas. La lógica jurídica lleva a que fueran aguas archipelágicas y, por lo tanto, de soberanía española y que pudieran estar en el ámbito competencial canario. Lo que sucede es que la calificación tiene una repercusión enorme, porque depende de que se dé una calificación u otra, el escenario y el haz de facultades del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias en determinadas competencias es muy distinto. Las competencias en la Constitución y en los estatutos muchas veces se delimitan en función de un determinado criterio, que en este caso es el espacio marítimo de las aguas interiores. Si son aguas interiores, fíjese el incremento competencial que asume la Comunidad Autónoma de Canarias, que no nos parecería mal, sino perfecto en cuestiones como pesca, salvamento, contaminación, tráfico y transporte marítimo interinsular.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Señor Gatzagaetxebarría, vaya terminando, por favor.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Voy terminando, señor presidente.
Por lo tanto, es una cuestión que consideramos importante, pero de segundo orden, la primera es la discusión de los principios. ¿Están dispuestas las Cortes Generales a aprobar una ley, si o no? Si están dispuestas, creo que hay que ir al fondo. Y si alguien apela a que es contrario a la convención, hay un mecanismo fácil como en todas las demás

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iniciativas que adopta esta Cámara. La legislación que se aprueba en esta Cámara es susceptible de judicializarse y de fiscalización constitucional por el Tribunal Constitucional. Pues esta ley, además de esa fiscalización constitucional, podrá ser enjuiciada por la Corte Internacional de Justicia o por el Tribunal Internacional del Mar de Hamburgo. Quien se sienta perjudicado por ellas que apele, y las Cortes cumplimentarán y respetarán la sentencia que en el ámbito internacional se produzca, pero que se produzca si alguien discute en el plano internacional la proposición de ley que ha planteado el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.
Nosotros defendemos que las Cortes sean valientes, que el grupo parlamentario mayoritario de la Cámara sea valiente, se apruebe, y quien entienda que está investida de una presunción de ilegalidad en el ámbito marítimo internacional, tiene dos cauces: la Corte Internacional de Justicia, o el Tribunal Internacional del Mar de Hamburgo. Allí esperaremos a que dictaminen los tribunales internacionales, mientras tanto nuestro grupo sería partidario de dar plena operatividad y validez a esta proposición que ha planteado el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Molas.


El señor MOLAS I BATLLORI: Señor presidente, señorías, con mi intervención seguramente recuperaremos algo del tiempo en que nos hemos excedido, pues simplemente voy a formular el criterio de nuestro grupo.
Un grupo de la Cámara ha presentado una proposición de ley, en la que ha trabajado sobre una materia relevante e importante y creo que debe ser estudiada, aceptada como material de trabajo y perfeccionada en la medida en que las Cámaras puedan aportar mejoras. Por lo tanto, el criterio general, y como corresponde a cualquier grupo de la oposición, es apoyar la toma en consideración de las propuestas razonables que presenten los grupos de la oposición, lógicas, pensadas y que articulan una posible solución a un problema planteado.
El texto y contenido ya lo discutiremos en su momento. Lo importante ahora es el reconocimiento de que desde la oposición también existe la posibilidad de plantear alternativas legislativas válidas y sólidas para los problemas que hay suscitados.
Agrademos al Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria que haya presentado esta proposición de ley, y debo anunciarles que nosotros estamos a favor de la aceptación de su tramitación.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Molas.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Gracias, señor presidente.
Igualmente vamos a ser muy breves en nuestra exposición, felicitando, en primer lugar, al Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria por su iniciativa y sobre todo por su constancia.
Nos ha recordado el senador Ríos que el tema ya se suscitó en 1981 y, tanto en el momento de redactar el estatuto como en sede parlamentaria, en diversas ocasiones, el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria ha sido constante.
A mí me corresponde el honor de haberme posicionado el 27 de junio del año 2000 apoyando una moción que presentó en este sentido el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, el mismo senador Ríos, quien en aquellos momentos creo que me convenció plenamente y, por lo tanto, por descontado, hoy ya teníamos el mismo convencimiento de la ocasión anterior. El estatuto de autonomía lo permite; la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982 lo consiente y, en consecuencia, es lógico que apoyemos esta delimitación de los espacios marítimos de Canarias. Canarias siempre ha sido para todos un archipiélago, pero ahora interesa que sea un archipiélago con toda su unidad, con toda su correspondencia legal y que esta demanda histórica se convierta en una realidad.
Por lo tanto, espero que hoy el Senado sí acepte esta proposición de ley que, como digo, por nuestra parte apoyamos plenamente.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Saavedra.


El señor SAAVEDRA ACEVEDO: Gracias, señor presidente.
Señorías, me corresponde expresar la opinión del Grupo Parlamentario Socialista a la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, que anticipo será favorable a la toma en consideración.
A mí particularmente me satisface defender la posición de mi grupo, por cuanto que ya ha hecho mención el portavoz, señor Ríos, a mi casi presencia continua en esta materia, desde la primera redacción del Estatuto de Autonomía de Canarias, a diversas iniciativas que luego en esta misma Cámara se han adoptado, pasando por la modificación del Estatuto de Autonomía del año 1996, donde se racionaliza finalmente con el apoyo de todos los grupos la consideración de nuestra comunidad autónoma como un archipiélago. Estoy totalmente de acuerdo en que las definiciones de los diccionarios acerca de lo que son archipiélagos no se respetaban en la redacción estatuaria de 1982 y sí en la de 1996. Pero si no va acompañada de una definición de qué parte de mar es el que nos une, cuál es el mar que integra ese archipiélago, seguiremos con una definición teórica sin que tenga ninguna repercusión práctica en materia de ejercicio competencial por parte de la comunidad autónoma.


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Por tanto, estamos definiendo la superficie de nuestra comunidad, es decir, el territorio de nuestra comunidad, el ámbito en que la Comunidad Autónoma de Canarias ejerce sus competencias.
Ha habido algunas referencias a la Ley de 1978 por parte del portavoz vasco. Da la casualidad de que yo también fui ponente en el Congreso de los Diputados en aquella legislatura constituyente, pero no creo recordar que se llegase a ningún acuerdo entre el Grupo Parlamentario de la UCD y el Grupo Socialista por cuanto que allí ya estábamos definiendo a partir de dónde se contaba que empezaba la zona económica Pues bien, ésta es la cuestión. La cuestión no está en hasta dónde llega la zona económica o hasta dónde no llega puesto que llegará hasta donde fijemos las líneas de base rectas que unen puntos de la costa. Si se acomodan al seguimiento de esa costa o se trazan líneas entre las puntas más salientes de ella tendremos una zona económica que llegará hasta un punto o que llegará hasta otro. De manera que eso también debe servir de referencia a la segunda intervención de don Victoriano Ríos respecto de la delimitación de la zona económica hacia el Este. El mismo mapa nos indica, con la legislación vigente, que las líneas de base rectas no son las que aquí les muestro a sus señorías, caso de Fuerteventura y Lanzarote, por cuanto que se acomodan al contorno mismo de la costa. Eso es lo que dicen las líneas rectas tanto en la legislación española como en la Convención de Naciones Unidas de Montego Bay de Jamaica. Es decir, que se estaría avanzando en el tramo de agua que hay en las costas de Lanzarote y Fuerteventura pero en el resto no por cuanto que no avanzará la zona económica. Exclusivamente en ese punto tendrá sus efectos que no creo sean de naturaleza conflictiva ni mucho menos.
Hechas estas aclaraciones, creo que la cuestión se centra en la redacción de la iniciativa legislativa en cuanto que utiliza un truco jurídico dicho en sentido elogioso. ¿Por qué? Porque los redactores de Coalición Canaria están definiendo como aguas interiores lo que son aguas archipelágicas. El Convenio de Jamaica ratificado por España en el año 1998 no prohíbe tal utilización. En consecuencia, al redactar se ha sido muy astuto al decir: las aguas interiores. Y es que las que tenemos hoy no nos sirven para nada. Es decir, que nos quedamos en la misma situación de surrealismo que yo ya definía en el año 1981 durante la discusión en Ponencia del estatuto de autonomía. Porque, ¿cuáles son nuestras aguas si hoy, como digo, se acomodan a la línea que sigue la costa? No tenemos agua interior. Por eso es un eufemismo que cuando se habla de las competencias de ejecución del estatuto de autonomía en materia de salvamento marítimo se hable de salvar. ¿Salvar a quién? ¿En dónde? ¿Hasta dónde llegan nuestras obligaciones? Porque a su vez esa competencia de ejecución no ha venido acompañada de unos medios para ejercer ese derecho, pero hay una serie de obligaciones que se contraen ante un mar donde los accidentes se han incrementado desgraciadamente.
Vemos a través de los medios la situación padecida, por ejemplo, por algunos de los supervivientes de una de tantas pateras y las distancias a las que ha tenido que acudir el servicio de salvamento del Estado por la solidaridad internacional, a más de 150 ó 160 kilómetros al sudoeste de la isla de Gran Canaria.
La cuestión hay que precisarla para determinar el ejercicio de las competencias y las aportaciones financieras que tendrá que hacer el Estado a la comunidad canaria una vez que tenga bien delimitado el campo de sus aguas interiores. Y digo que está bien utilizado el recurso de la Convención de Jamaica porque las líneas que aquí se trazan, se dibujan desde un auténtico respeto de lo que se dice sobre las líneas rectas que deben fijar las aguas archipelágicas.
Las líneas rectas que usa la Convención de Jamaica para cualquier mar son distintas que las que fija para delimitar las líneas rectas en el caso de un archipiélago que es Estado, porque habla de que se podrán unir las puntas salientes, y establece un límite: que ninguna línea recta podrá tener más de 100 millas. Además está bien calculado, y le felicito, porque el punto que va desde el oeste de Lanzarote, que se denomina Parque Nacional Timanfaya, hasta la punta de La Isleta está justo rozando el límite máximo de las 125 millas que excepcionalmente dice la Convención de Jamaica que se puede establecer siempre que no supere en la totalidad de ese tramo el tres por ciento de la totalidad de líneas rectas. Está técnicamente muy bien hecho aplicando los criterios de la Convención para los archipiélagos Estado. Insisto que, como nada prohíbe que apliquemos este criterio para delimitar cuáles son las aguas que forman parte del territorio de la comunidad canaria, bienvenido sea y creo que esto no originará ningún conflicto jurídico internacional.
Lo que ocurre es que en lugar de llamarlas aguas archipelágicas, la iniciativa legislativa la llama aguas interiores, pero están definidas como si fuesen aguas archipelágicas, y es perfectamente válido. El problema que plantea mi grupo a la iniciativa legislativa es la disposición adicional ¿Por qué? Porque se hace una referencia casi automática a la distribución competencial cuando se señala que el ejercicio de los derechos y facultades sobre dichos espacios por parte de los órganos del Estado de la Comunidad Autónoma de Canarias se realizará de acuerdo con el reparto competencial establecido constitucional y estatutariamente.
Si se deja así la redacción puede generar una cantidad de conflictos de interpretación tremendos e incluso que puedan rozar la constitucionalidad. Tenemos la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de medio ambiente que ya ha mencionado en su intervención el senador Ríos, pero las competencias de pesca en aguas interiores es exclusiva de la comunidad autónoma, según el estatuto de autonomía. De no tener eso hoy ninguna entidad, porque no tenemos aguas interiores, no sirve para nada, es una definición del estatuto de autonomía carente de efecto, por una ley ordinaria vamos a establecer un campo en el que tendremos competencia exclusiva de pesca marítima en aguas interiores ateniéndonos a lo que dice el estatuto de autonomía. En mi opinión roza la constitucionalidad que mediante una ley ordinaria, como es ésta, se pueda hacer ese traspaso competencial. Tendría que hacerse mediante una ley orgánica o transformar ésta

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en una ley orgánica de las previstas en el artículo 150.2 de la Constitución Española, por cuando que son competencia exclusiva del Estado en este momento, y por una ley ordinaria como ésta, cuya tramitación iniciamos no sería constitucionalmente factible.
Esta es una de las reservas que debe ser objeto de enmiendas en la tramitación parlamentaria con el fin de que el texto sea correcto con el cuadro constitucional.
Por último, hago una observación en una enmienda que casi es de redacción. Me sorprende que en la disposición final primera se diga: «...
previo informe del Organo Superior Ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Canarias...» cuando se llama Gobierno de Canarias, ¿Por qué tienen que salir con esta definición de órgano superior ejecutivo? En el estatuto de autonomía eso no existe, lo que existe es el Gobierno de Canarias, luego corríjanlo a través de la primera enmienda que puedan presentar.
Insisto en lo que decía al principio, y es que el grupo al que represento va a apoyar la toma en consideración porque va a contribuir a algo que el señor Gatzagaetxebarría ha apuntado perfectamente: para nosotros el mar forma parte de nuestra identidad, como puede ser incluso --y creo que no estoy abusando-- la lengua para otras comunidades autónomas, forma parte de nuestra cultura. Es inimaginable que un canario llegue al borde de la orilla de su isla y diga: «Esto ya no es mío, ¿esto qué es?, ¿a quién pertenece?», por muy español que proclame ser. Los isleños no podemos vivir exclusivamente pensando que nuestro territorio acaba ahí, por eso el acierto de la reforma estatutaria de 1996 al decir que es archipiélago y el reconocimiento de la unidad de esas islas. Si no estaríamos resucitando viejos demonios --utilizando la expresión de la novelista Carmen Laforet--, que nos han acosado bastante en la historia política de nuestra comunidad autónoma, como son los insularismos egoístas, que creemos que están superados o por lo menos bastante superados en el sentido que los canarios damos a la palabra bastante. Ese sentirnos unidad es como consecuencia de ser un archipiélago que se llama Canarias, y si no definimos de una vez qué es lo que une las islas y qué es lo que no nos une estaremos empantanados e incumpliendo el espíritu de la España de las autonomías plasmado en la Constitución de 1978.
Yo concluyo diciéndoles que personalmente espero que la toma en consideración se adopte por unanimidad y que me sentiría muy satisfecho de concluir ya pronto mi vida pública política --que inicié en 1977 vinculándome a toda la batalla por la democracia y por la autonomía-- con este reconocimiento de un precepto plasmado ya en nuestro estatuto de autonomía y que, como les decía, forma parte de nuestra identidad. No en vano en esta sesión que tanto se ha invocado a los poetas yo invoco a la poesía y la poesía canaria sin mar no existiría. El arco que podemos trazar de la poesía del siglo XX en Canarias arrancaría con Tomás Morales --con su «Oda al Atlántico»-- y concluiría con Manuel Padorno, fallecido hace muy poco y que bellísimos poemas dedicó al mar. Yo creo que no hay poeta canario que no tenga como tema de sus poemas la referencia al mar, la contemplación del mar como elemento de descargue psicológico, como proyección hacia una utopía, hacia un horizonte lejano... En definitiva forma parte de algo más que una palabra en el estatuto de autonomía.
Gracias, señorías, a todos ustedes (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Saavedra.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Navarro de Paz.


La señora NAVARRO DE PAZ: Gracias, presidente, señorías.
La proposición de ley del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria sobre delimitación de los espacios marítimos de Canarias viene a plantear esencialmente, al amparo del artículo 1 primero de la Ley 15/1978, de 20 de febrero, la delimitación de las aguas interiores del archipiélago canario mediante las líneas de base recta trazadas en el perímetro de las islas en su conjunto, lo cual constituye una iniciativa que mi grupo, el Grupo Popular, entiende como positiva a efectos de poder ejercer el control sobre dichas aguas interiores en materias como vigilancia aduanera, inmigración ilegal o vertidos incontrolados, entre otros.
Pero, señorías, una cosa es compartir las razones que han llevado al Grupo de Senadores de Coalición Canaria a presentar esta proposición de ley --pues entendemos que ha llegado el momento de plantearnos este asunto--, y otra bien distinta es plasmarlas en un texto normativo adecuado y que respete escrupulosamente tanto el Derecho Internacional del mar como nuestro propio Derecho interno sobre esta materia. Por eso, aun aceptando la toma en consideración de esta proposición de ley, nos reservamos el derecho a presentar en su trámite parlamentario las enmiendas que procedan en orden a mejorar el texto de dicha proposición y adecuarlas en su caso a la legalidad vigente.
En este sentido, conviene recordar, señorías, que la convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar celebrada en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982, que ha pasado a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico interno al haber sido ratificada por España el 20 de diciembre de 1996, entrando en vigor en nuestro país tras su publicación oficial conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución Española en fecha 14 de febrero de 1997, permite en su artículo 47 a los Estados archipelágicos trazar estas líneas de base rectas que unen los puntos extremos de las islas, sin que tal posibilidad --entendemos nosotros-- se contemple para los archipiélagos de Estado, también llamados archipiélagos oceánicos, como es el caso de las islas Canarias.
Por tanto, entendemos que aquí se plantea una cuestión jurídica de indudable importancia, que exige un estudio profundo y sosegado del tema, así como recabar los oportunos informes o dictámenes jurídicos que nos permitan movernos siempre dentro de los cauces de la estricta legalidad, pues no debemos olvidar, señorías, que las normas contenidas en la citada Convención del Derecho del Mar, al tratarse de disposiciones de Derecho internacional, según dispone el artículo 96.1 de nuestra Constitución, no

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pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas sino en la forma prevista en dicha convención o de acuerdo a normas generales de Derecho internacional, por lo que entendemos que debemos de ser prudentes ante esta proposición de ley y asegurarnos ante su aprobación definitiva de que es conforme al Derecho internacional de mar y a nuestro propio Derecho interno.
Por otra parte, señorías, habrá que estudiar también las reacciones de la comunidad internacional y sus consecuencias ante esta proposición de ley, así como los posibles conflictos que pudieran plantearse con los Estados soberanos con los que limita el archipiélago canario, como es el caso del Reino de Marruecos, que se halla a una distancia mínima de 50 millas, y de Portugal, cuyas islas Salvajes se encuentran a 96 millas de distancia.
Por todo ello, señorías, en cumplimiento de los pactos suscritos con Coalición Canaria y haciendo gala de ese escrupuloso respeto que el Partido Popular ha venido teniendo y tiene hacia todos los pactos que firma y los compromisos que asume, mi grupo va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo de Coalición Canaria, reservándose, no obstante --reitero--, el derecho de enmendar en su tramitación parlamentaria el texto de la misma, así como promover un estudio en profundidad sobre este tema, recabando cuantos informes y dictámenes jurídicos se precisen hasta adecuarlo, en su caso, al ordenamiento jurídico del mar internacional e interno, debiendo surgir de dicha tramitación parlamentaria un texto definitivo, en el que además puedan participar con todas sus aportaciones y enmiendas todos los grupos parlamentarios, en aras del consenso, siempre deseable y más aún cuando se trata de temas como el que nos ocupa, en el que se plantea la delimitación de los espacios marítimos de una comunidad autónoma como la de Canarias, cuya lejanía del resto de España y demás singularidades le confieren una especial relevancia que yo como canaria debo subrayar en este momento.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (García Rojo): Gracias, senadora Navarro de Paz.
(El señor Ríos Pérez pide la palabra.) Tiene la palabra el senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Gracias, señor presidente, por su amabilidad.
Pido la palabra por el artículo 87.
Quiero emplear unas breves palabras para agradecer, en primer lugar, al senador por la isla de Lanzarote, el senador Hernández, su apoyo y sus palabras.
Quiero agradecer al experto miembro del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el senador Gatzagaetxebarría, su claridad conceptual y su conocimiento de las leyes del mar, así como su apoyo de siempre.
Al senador Molas quiero agradecer esa fórmula según la cual se debe apoyar cualquier proposición de ley que se presente en esta Cámara. Creo que es una invitación para todos, ya que tenemos algo olvidada en el Senado la posibilidad de que los grupos parlamentarios pongan en marcha iniciativas parlamentarias de rango de ley.
También quiero dar las gracias a mi querido amigo Beguer, quien en otras ocasiones ya me ha apoyado en esta aventura, en la que llevo siete u ocho años --ya he perdido la cuenta al respecto.
Al senador Saavedra, que ha implorado una especie de terminación de su vocación política activa, le deseo que, si empezó con ella, después de haber sido ministro pero, sobre todo, después de haber sido presidente de la comunidad autónoma, pueda soslayar ese pequeño lunar que tiene en su mandato, consiguiendo que el archipiélago sea definitivamente lo que pretendemos.
A mi querida amiga y senadora por Gran Canaria, Australia Navarro, quiero agradecer su gentileza por adaptar una serie de cuestiones con rapidez y comunicarle que el Partido Popular ha cumplido lo que tenía escrito en su primera fase, que era comenzar la marcha para establecer la delimitación.
Esperamos que entre todos podemos enmendarla, mejorarla a todos los efectos y que el Estado español en su conjunto, en su parte continental, contemple a las partes periféricas y sobre todo a las insulares con sus grandezas y servidumbres. (Aplausos.) Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Ríos.
He querido entender por las distintas intervenciones que está todo el mundo de acuerdo. Por tanto, ¿puede aprobarse por unanimidad? (Asentimiento.) Queda aprobada.
Se levanta la sesión.


Eran las trece horas y cincuenta y cinco minutos.

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